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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 213, de 23/07/2014
cve: DSCD-10-PL-213-C1
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 213
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión de la Diputación Permanente núm. 14
celebrada el miércoles,
23 de julio de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo (número de expediente
062/000189), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, para que informe sobre las declaraciones que ha realizado sobre la posibilidad de indemnizar a ACS por el valor residual de la inversión efectuada en el proyecto de almacenamiento
de gas Castor, así como de si van a impulsar algún mecanismo técnico y/o jurídico para que el coste de la renuncia de ESCAL UGS no recaiga en las arcas públicas ... (Página17)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de sesiones extraordinarias de las comisiones de Justicia, de
Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Cultura, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad (número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de los ministros de Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Cultura, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo y de Economía y Competitividad, con el objeto de
informar en relación con las disposiciones sobre materias objeto de su competencia incluidas en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (Números de
expediente 213/001505, 213/001506, 213/001507, 213/001508, 213/001509, 213/001510, 213/001511 y 213/001512) ... (Página21)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia
(número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Justicia, para que explique las razones por las que ha otorgado la llevanza del Registro Civil a los registradores mercantiles, mediante Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (Número de expediente 213/001502) ... (Página25)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000210), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre la privatización del Registro Civil. (Número de expediente 213/001539) ... (Página25)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia
(número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Justicia, para informar de su valoración respecto del rechazo provocado en la abogacía y en amplios sectores de la judicatura por sus iniciativas legislativas, y específicamente por el proyecto de ley
de asistencia jurídica gratuita y el anteproyecto de Ley orgánica del Poder Judicial. (Número de expediente 213/001522) ... (Página31)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas (número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para informar acerca del procedimiento de investigación abierto por la Comisión Europea sobre la práctica sistemática de guardar 'facturas en los cajones' por
parte de la Comunitat Valenciana. (Número de expediente 213/001514) ... (Página35)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y
Deporte (número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, para explicar los criterios que ha utilizado el Gobierno para la aprobación del decreto que obliga a la Generalitat de Cataluña a financiar el coste de la escolarización en
centros privados de los alumnos que soliciten la enseñanza en castellano. (Número de expediente 213/001516) ... (Página40)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte (número de expediente 062/000204), con
el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, para explicar el decreto que impone la enseñanza en castellano en Cataluña y permite reducir las transacciones económicas a la Generalitat de Cataluña como compensación al pago
por parte del Estado de los 6.000 euros a cada estudiante que se acoja a la propuesta del ministerio. (Número de expediente 213/001524) ... (Página40)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte (número de expediente 062/000220), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, para informar sobre el 'Real Decreto por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización
previstos en el apartado 4 de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación', y los criterios seguidos por el Gobierno para su aprobación ... (Página40)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar de las medidas a adoptar por el Gobierno para paliar los daños producidos por las inclemencias climatológicas en diversas comarcas. (Número
de expediente 213/001499) ... (Página46)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000199), con el siguiente
orden del día:
- Creación de una Comisión de investigación sobre corrupción política y sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de partidos políticos. (Número de expediente 156/000017) ... (Página50)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior (número de expediente 062/000200), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro del Interior, para explicar el ataque a la libertad de reunión y de expresión que supone la Ley de Seguridad Ciudadana. (Número de expediente 213/001518) ... (Página56)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores (número de expediente 062/000201), con
el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para explicar la situación en la Franja de Gaza y la muerte de civiles inocentes en la escalada de tensión en la zona. (Número de expediente 213/001519) ...
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos
Exteriores (número de expediente 062/000207), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para informar de la situación entre Israel y Palestina y de las gestiones realizadas y en curso para conseguir el cese de la violencia y para atender a la crisis
humanitaria generada en la Franja de Gaza. (Número de expediente 213/001530) ... (Página61)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000217), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del presidente del Gobierno, para que informe de las medidas que ha adoptado el Gobierno ante el conflicto en Gaza e instarle a que adopte todas aquellas medidas necesarias para que se paralice éste y se investiguen los
crímenes que se están cometiendo en Gaza por parte del Gobierno de Israel. (Número de expediente 210/000102) ... (Página61)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo (número de expediente
062/000202), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre el expediente de la Unión Europea a España por la falta de estudio ambiental de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de Gramenet.
(Número de expediente 213/001521) ... (Página69)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000203), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para informar sobre el expediente de la Unión Europea a España por la falta de estudio ambiental de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de Gramenet. (Número de expediente
213/001517) ... (Página69)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo (número de expediente 062/000209), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Industria, Energía y Turismo, para informar de las previsiones del Gobierno respecto de la revisión del proyecto de línea de Muy Alta Tensión (MAT) en Santa Coloma de Gramenet y su impacto ambiental,
tras el expediente abierto por la Comisión Europea. (Número de expediente 213/001531) ... (Página69)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000205), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para explicar las acciones que piensa llevar a cabo el Ministerio para combatir los delitos de odio. (Número de expediente 213/001520) ... (Página74)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas (número de expediente 062/000223), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para valorar la reciente liquidación de los recursos del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las participaciones en los fondos de
convergencia, correspondientes al ejercicio 2012, con especial atención a lo ocurrido en Cataluña ... (Página77)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales (número de expediente 062/000206), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para informar de las cuantías y de los criterios de distribución utilizados para el reparto, entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla,
de los fondos destinados a la lucha contra la pobreza infantil. (Número de expediente 213/001526) ... (Página77)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales (número de expediente
062/000213), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para informar sobre el Plan de emergencia sobre pobreza infantil y su reparto entre comunidades autónomas y la paralización del sistema de atención a la dependencia.
(Número de expediente 213/001540) ... (Página77)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales (número de expediente
062/000222), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para informar sobre el Fondo extraordinario de 16 millones de euros para combatir la pobreza infantil, acordado el pasado 16 de julio en el seno del Consejo Territorial
de servicios sociales y dependencia ... (Página77)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo (número de expediente 062/000206), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Industria, Energía y Turismo, para explicar la situación y perspectivas de la Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado de Puertollano (Ciudad Real), propiedad de Elcogas, S.A. (Número de
expediente 213/001523) ... (Página81)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo (número de expediente
062/000211), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, para explicar la amenaza de cierre que pesa sobre la central termoeléctrica situada en la localidad de Puertollano (Ciudad Real) y propiedad de Elcogas, S.A., lo que supondría un
desastre para esta localidad, su comarca y, a largo plazo, para toda Castilla-La Mancha donde esta actividad económica supone un importante factor de cohesión económica. (Número de expediente 213/001541) ... (Página81)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de Unión Progreso y Democracia y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000208), con el siguiente orden del
día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para explicar los planes del Gobierno sobre la privatización de AENA ... (Página86)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000221), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para explicar el informe: 'El sector aeroportuario en España: situación actual y recomendaciones de liberalización', así como de los demás informes
elaborados por la CNMC en relación a la anunciada privatización de AENA ... (Página86)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000210), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre la propuesta de proyecto de ley a aprobar por un próximo Consejo de Ministros que pretende modificar la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Número de expediente
213/001538) ... (Página92)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia
(número de expediente 062/000214), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Justicia, para informar de las intenciones del Gobierno en relación con la reforma de la legislación reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo. (Número de expediente 213/001533) ...
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000212), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre la posición del Gobierno con respecto a la represión penal del derecho de huelga. (Número de expediente 213/001537) ... (Página97)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales (número de expediente 062/000214), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que explique los planes del Gobierno respecto a la financiación de nuevas terapias para los pacientes de hepatitis C. (Número de expediente 213/001458)
... (Página100)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y
Competitividad (número de expediente 062/000215), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Economía y Competitividad, para informar de las actuaciones del Gobierno tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha pronunciado sobre la Ley 1/2013 a instancias de la
Audiencia Provincial de Castellón, declarando que dicha ley no reconoce, en igualdad de condiciones, el derecho a recurrir de los consumidores, así como de la necesidad de paralizar los desahucios que se están produciendo mientras no se garanticen
los derechos de los deudores hipotecarios. (Número de expediente 213/001534) ... (Página103)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Competitividad (número de expediente
062/000219), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Economía y Competitividad, para explicar las medidas que va a adoptar el Gobierno ante el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con fecha de 17 de julio, respecto de la Ley 1/2013, de 14
de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. (Número de expediente 213/001544) ... (Página103)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior (número de expediente 062/000216), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del ministro del Interior, a fin de que informe sobre la actitud del ministerio en relación a los presos de ETA que forman parte de la denominada Vía Nanclares. (Número de expediente 213/0001535) ...
Petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000218), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del presidente del Gobierno, para que dé cuenta de actuaciones de su Ejecutivo que están poniendo en riesgo el entramado institucional y la articulación propia del Estado, al romper las reglas del juego democrático en su
relación con gobiernos autonómicos como el de Andalucía. (Número de expediente 210/000100) ... (Página113)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social (número de expediente 062/000224), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, para informar del contenido del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, y su incidencia, junto con el proyecto de ley de mutuas, en la gestión de los procesos por incapacidad
temporal de los trabajadores y en la labor de los facultativos de los servicios públicos de salud. (Número de expediente 213/001546) ... (Página115)
SUMARIO
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
La Presidencia informa de la ordenación de los puntos del orden del día, así como de la tramitación del debate y las votaciones.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo (número de expediente
062/000189), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, para que informe sobre las declaraciones que ha realizado sobre la posibilidad de indemnizar a ACS por el valor residual de la inversión efectuada en el proyecto de almacenamiento
de gas Castor, así como de si van a impulsar algún mecanismo técnico y/o jurídico para que el coste de la renuncia de ESCAL UGS no recaiga en las arcas públicas ... (Página17)
Defienden la petición solicitada los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Hernando Fraile, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de sesiones extraordinarias de las Comisiones de Justicia, de
Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Cultura, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo; y de Economía y Competitividad (número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de los ministros de Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Cultura, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, con el objeto
de informar en relación con las disposiciones sobre materias objeto de su competencia incluidas en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ...
Defiende la petición solicitada el señor Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia
(número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Justicia, para que explique las razones por las que ha otorgado la llevanza del Registro Civil a los registradores mercantiles, mediante Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia ... (Página25)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000210), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre la privatización del Registro Civil ... (Página25)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Larreina Valderrama, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Esteller Ruedas, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia
(número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Justicia, para informar de su valoración respecto del rechazo provocado en la abogacía y en amplios sectores de la judicatura por sus iniciativas legislativas, y específicamente por el Proyecto de Ley
de asistencia jurídica gratuita y el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial ... (Página31)
Defiende la petición solicitada el señor Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Conde Bajén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas (número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para informar acerca del procedimiento de investigación abierto por la Comisión Europea sobre la práctica sistemática de guardar 'facturas en los cajones' por
parte de la Comunitat Valenciana ... (Página35)
Defiende la petición solicitada el señor Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y
Deporte (número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, para explicar los criterios que ha utilizado el Gobierno para la aprobación del Decreto que obliga a la Generalitat de Cataluña a financiar el coste de la escolarización en
centros privados de los alumnos que soliciten la enseñanza en castellano ... (Página40)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte (número de expediente 062/000204), con
el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, para explicar el decreto que impone la enseñanza en castellano en Cataluña y permite reducir las transacciones
económicas a la Generalitat de Cataluña como compensación al pago por parte del Estado de los 6.000 euros a cada estudiante que se acoja a la propuesta del Ministerio ... (Página40)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte (número de expediente 062/000220), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Educación, Cultura y Deporte, para informar sobre el 'Real Decreto por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización
previstos en el apartado 4 de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación', y los criterios seguidos por el Gobierno para su aprobación ... (Página40)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Macias i
Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (número de expediente 062/000198), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar de las medidas a adoptar por el Gobierno para paliar los daños producidos por las inclemencias climatológicas en diversas comarcas ...
Defiende la petición solicitada el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), así como la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000199), con el siguiente
orden del día:
- Creación de una Comisión de investigación sobre corrupción política y sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de partidos políticos ... (Página50)
Defiende la petición solicitada el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Muñoz González,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Tardà i Coma y Gómez de la Serna y Villacieros.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior (número de expediente 062/000200), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro del Interior, para explicar el ataque a la libertad de reunión y de expresión que supone la Ley de Seguridad Ciudadana ... (Página56)
Defienden la petición solicitada los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores (número de expediente 062/000201), con
el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para explicar la situación en la Franja de Gaza y la muerte de civiles inocentes en la escalada de tensión en la zona ... (Página61)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos
Exteriores (número de expediente 062/000207), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para informar de la situación entre Israel y Palestina y de las gestiones realizadas y en curso para conseguir el cese de la violencia y para atender a la crisis
humanitaria generada en la Franja de Gaza ... (Página61)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000217), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del Presidente del Gobierno, para que informe de las medidas que ha adoptado el Gobierno ante el conflicto en Gaza e instarle a que adopte todas aquellas medidas necesarias para que se paralice éste y se investiguen los
crímenes que se están cometiendo en Gaza por parte del Gobierno de Israel ... (Página61)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Tardà i Coma y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto, y Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Rodríguez Ramos, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), así como la señora Rodríguez-Salmones Cabeza.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo (número de expediente
062/000202), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, para informar sobre el expediente de la Unión Europea a España por la falta de estudio ambiental de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de Gramenet ...
(Página69)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000203), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para informar sobre el expediente de la Unión Europea a España por la falta de estudio ambiental de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de Gramenet ...
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo (número de expediente 062/000209), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Industria, Energía y Turismo, para informar de las previsiones del Gobierno respecto de la revisión del proyecto de línea de Muy Alta Tensión (MAT) en Santa Coloma de Gramenet y su impacto ambiental,
tras el expediente abierto por la Comisión Europea ... (Página69)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Esteve Ortega y el señor Sánchez Díaz.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000205), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para explicar las acciones que piensa llevar a cabo el Ministerio para combatir los delitos de odio ... (Página74)
Defienden la petición solicitada los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, y Prada Presa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas (número de expediente 062/000223), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, para valorar la reciente liquidación de los recursos del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las participaciones en los fondos de
convergencia, correspondientes al ejercicio 2012, con especial atención a lo ocurrido en Cataluña ... (Página77)
La Presidencia informa de que este punto ha sido retirado por el grupo proponente.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales (número de expediente 062/000206), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para informar de las cuantías y de los criterios de distribución utilizados para el reparto, entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla,
de los fondos destinados a la lucha contra la pobreza infantil ... (Página77)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales (número de expediente
062/000213), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para informar sobre el Plan de emergencia sobre pobreza infantil y su reparto entre Comunidades Autónomas y la paralización del Sistema de Atención a la Dependencia
... (Página77)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales (número de expediente
062/000222), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para informar sobre el Fondo extraordinario de 16 millones de euros para combatir la pobreza infantil, acordado el pasado 16 de julio en el seno del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y Dependencia ... (Página77)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo (número de expediente 062/000206), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Industria, Energía y Turismo, para explicar la situación y perspectivas de la Central de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado de Puertollano (Ciudad Real), propiedad de Elcogas, S.A. ...
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo (número de expediente
062/000211), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, para explicar la amenaza de cierre que pesa sobre la central termoeléctrica situada en la localidad de Puertollano (Ciudad Real) y propiedad de Elcogas, S.A., lo que supondría un
desastre para esta localidad, su comarca y, a largo plazo, para toda Castilla-La Mancha donde esta actividad económica supone un importante factor de cohesión económica ... (Página81)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Bonilla Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de Unión Progreso y Democracia y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000208), con el siguiente orden del
día:
- Comparecencia de la ministra de Fomento, para explicar los planes del Gobierno sobre la privatización de AENA ... (Página86)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento (número de expediente 062/000221), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para explicar el informe: 'El sector aeroportuario en España: situación actual y recomendaciones de liberalización', así como de los demás
informes elaborados por la CNMC en relación a la anunciada privatización de AENA ... (Página86)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000210), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre la propuesta de proyecto de ley a aprobar por un próximo Consejo de ministros que pretende modificar la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Número de expediente
213/001538) ... (Página92)
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia
(número de expediente 062/000214), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Justicia, para informar de las intenciones del Gobierno en relación con la reforma de la legislación reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo. (Número de expediente 213/001533) ...
Defienden las peticiones solicitadas los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Torrado de Castro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia (número de expediente 062/000212), con el
siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre la posición del Gobierno con respecto a la represión penal del derecho de huelga ... (Página97)
Defienden la petición solicitada los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, y García-Tizón López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales (número de expediente 062/000214), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para que explique los planes del Gobierno respecto a la financiación de nuevas terapias para los pacientes de hepatitis C ...
Defiende la petición solicitada el señor Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y
Competitividad (número de expediente 062/000215), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente del ministro de Economía y Competitividad, para informar de las actuaciones del Gobierno tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha pronunciado sobre la Ley 1/2013 a instancias de la
Audiencia Provincial de Castellón, declarando que dicha Ley no reconoce, en igualdad de condiciones, el derecho a recurrir de los consumidores, así como de la necesidad de paralizar los desahucios que se están produciendo mientras no se garanticen
los derechos de los deudores hipotecarios ... (Página103)
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Competitividad (número de expediente
062/000219), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia del ministro de Economía y Competitividad, para explicar las medidas que va a adoptar el Gobierno ante el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con fecha de 17 de julio, respecto de la Ley 1/2013, de 14
de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social ... (Página103)
Defienden las peticiones solicitadas los señores Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista; Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y Catalán (Convergència i Unió), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior (número de expediente 062/000216), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del ministro del Interior, a fin de que informe sobre la actitud del Ministerio en relación a los presos de ETA que forman parte de la denominada Vía Nanclares ... (Página108)
Defiende la petición solicitada el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Hernando Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000218), con el siguiente
orden del día:
- Comparecencia del Presidente del Gobierno, para que dé cuenta de actuaciones de su Ejecutivo que están poniendo en riesgo el entramado institucional y la articulación propia del Estado, al romper las reglas del juego democrático en su
relación con gobiernos autonómicos como el de Andalucía ... (Página113)
Defiende la petición solicitada el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista, y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y
Seguridad Social (número de expediente 062/000224), con el siguiente orden del día:
- Comparecencia urgente de la ministra de Empleo y Seguridad Social, para informar del contenido del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, y su incidencia, junto con el Proyecto de Ley de Mutuas, en la gestión de los procesos por
incapacidad temporal de los trabajadores y en la labor de los facultativos de los servicios públicos de salud ... (Página115)
Defiende la petición solicitada la señora Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Álvarez-Arenas Cisneros.
Vuelven a hacer uso de la palabra las señoras Carcedo Roces y Álvarez-Arenas Cisneros.
Sometidos a votación separada los 35 puntos del orden del día, excepto el 34 por haber sido retirado, se aprueban por unanimidad los números 10, 17, 26 y 30, y se rechazan el resto.
Se levanta la sesión a las ocho y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Se ha distribuido a sus señorías la ordenación de los puntos del orden del día que, como saben, trataremos conjuntamente. No ha habido ningún reparo en la Junta de Portavoces, por lo tanto adoptamos esa resolución. No tengo que repetirles
que los tiempos son siete minutos para los proponentes y cinco minutos para los restantes grupos. Se trata siempre de tiempos máximos que no exigen que se consuman completamente. Las votaciones van a ser al final y votaremos por el orden numérico,
independientemente de cómo hayan sido debatidos los puntos.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Número de expediente
062/000189), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, PARA QUE INFORME SOBRE LAS DECLARACIONES QUE HA REALIZADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INDEMNIZAR A ACS POR EL VALOR RESIDUAL DE LA INVERSIÓN EFECTUADA EN EL PROYECTO DE ALMACENAMIENTO
DE GAS CASTOR, ASÍ COMO DE SI VAN A IMPULSAR ALGÚN
MECANISMO TÉCNICO Y/O JURÍDICO PARA QUE EL COSTE DE LA RENUNCIA DE ESCAL UGS NO RECAIGA EN LAS ARCAS PÚBLICAS.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el punto 1: Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, para que informe sobre las declaraciones que ha realizado sobre la posibilidad de indemnizar a ACS por el valor residual de la
inversión efectuada en el proyecto de almacenamiento de gas Castor, así como de si van a impulsar algún mecanismo técnico y/o jurídico para que el coste de la renuncia de Escal UGS no recaiga en las arcas públicas. Para la defensa de esta petición,
por el Grupo Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos solicitado conjuntamente con el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural la comparecencia del ministro de Industria a fin y efecto de poder debatir de forma urgente todo aquello que compete y está relacionado con el
depósito de gas natural Castor. No podemos aceptar que todo quede en agua de borrajas, que todo quede confundido, confuso y olvidado, porque nos tememos que al fin y al cabo lo que va a ocurrir puede ser lo que acabo de mencionar. No vamos a
aceptar -o al menos lo intentaremos- que el Gobierno se pueda ir de rositas ante esta enorme chapuza que creo que es digna de estudio para aquellos que quieran profundizar sobre la marca España. Fíjense que todo se ha hecho de la forma más
chapucera posible, con informes en contra, poniendo en peligro a las personas, contemplando indemnizaciones a la empresa en caso de no querer gestionar el proyecto y con una total y absoluta opacidad informativa. El último escándalo, como ya es
sabido, es la noticia de que la empresa Escal UGS renuncia a la gestión de la explotación. Entonces viene la siguiente pregunta: ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Y ahora qué? ¿Quién se hace responsable de todo ello? No solamente de los perjuicios
materiales, sino también de los perjuicios inmateriales: el dolor, la inquietud, el pánico, todo aquello que vivió la población costera con el proyecto Castor. Es evidente -yo diría que nadie lo cuestiona, y lo digo aquí porque en anteriores
debates hubo quien llegó a cuestionarlo- la relación causa-efecto entre la inyección del gas y los terremotos. Esto nos debería servir como perspectiva a tener en cuenta porque hoy quizás se nos niegue aquello que hace unos meses no se nos negaba y
lo que hace unos meses se nos negaba hoy en cambio no se nos niegue; de manera que la dialéctica del proceso hace que nosotros incluso relativicemos la negativa que hoy quizá obtendremos por parte del grupo mayoritario.
¿Quién se hace responsable de la propuesta de construcción del contrato con la indemnización al señor Florentino Pérez, por ejemplo? ¿Quién se hace responsable de todo ello? ¿Quién se hace responsable del desprecio con que se ha tratado a
la población, incluso hoy día? Y les hablo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Alcalá, pero hay otros que todavía no han recibido ningún tipo de información. El desprecio que ha habido respecto a los ayuntamientos, tanto hacia los de la provincia de
Castellón como hacia los de Tarragona, es para tenerlo en cuenta incluso en un futuro inmediato para saber cómo no deben actuar nunca las administraciones, en este caso la Administración central. Queremos saber -cuando digo queremos lo digo en
nombre de la ciudadanía o de la de buena parte de los territorios afectados- cuándo se va a desmantelar la plataforma, con qué coste, cómo; sobre todo queremos saber -esto atañe a todos, a toda la ciudadanía, creo que es nuestra obligación, y así
lo exigiremos- cómo piensa el Gobierno evitar pagar -repito, como piensa el Gobierno evitar pagar- con dinero de todos los 1.700 millones que se va a embolsar el señor Florentino Pérez y otros como él, que, como ustedes saben, atienden básicamente a
sus intereses personales siempre, siempre, siempre por encima de los colectivos.
Con lo dicho y con aquello que pueda complementar los compañeros de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds queda justificada nuestra solicitud de comparecencia urgente, ya, del ministro de Industria, señor Soria, porque repito que
no vamos a aceptar que nos tome el pelo como nos lo están tomando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.
Queremos saber si el ministro de Industria, Energía y Turismo aún lo puede hacer peor. Por desgracia tenemos la convicción de que sí, de que aún lo puede hacer peor. Al miedo y a la inseguridad que ha
provocado el proyecto Castor en una buena parte de los habitantes de la costa levantina podría ser que tuviésemos que sumar que encima tuviéramos que pagar con dinero público de todos los españoles este inmenso despropósito, esta chapuza
morrocotuda que significa el proyecto Castor. Por tanto, se lo queremos preguntar al ministro en su propia cara, si se va a superar a sí mismo y va a superar al Gobierno del Partido Popular en este tremendo disparate. Por tanto, pedimos la
comparecencia del ministro, que dé la cara ante la población, que asegure a los vecinos y vecinas de la costa levantina que pueden estar seguros; pero, sobre todo, que esto lo van a pagar los causantes de esta chapuza: la empresa por una falta de
estudios previos, por una falta de análisis geológicos previos, y no la ciudadanía a través del Gobierno del Partido Popular, aunque tal vez este le quiera hacer un regalito de nuevo a sus amigos. Quizá luego se encuentra con algún regalo de
vuelta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervengo muy brevemente, señor presidente, para anunciar solo que votaremos a favor de esta petición, como de la mayoría de las peticiones que se han hecho, para poder discutir las cuestiones que se han
anunciado, sin que eso prefije ninguna otra posición de nuestro grupo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo muy brevemente para anunciar que nuestro grupo va a votar a favor de la comparecencia del ministro. Creemos que el ministro tiene que tener también un interés
personal y político en comparecer, porque nos hemos enterado el 27 del mes pasado a través de un medio de comunicación de que no tiene otra opción que indemnizar a la empresa. Dice que no tiene otra opción, sin que nos haya informado, al Congreso,
de los estudios que ha llevado a cabo el Gobierno en cuanto a la determinación en términos exactos de que se pueda o se deba producir esa indemnización ni de si estaba a la búsqueda de medidas alternativas. Al mismo tiempo nos enteramos hace unos
días de que la empresa Escal ha iniciado los trámites de renuncia de la concesión y el ministro sigue sin considerar la posibilidad ni la necesidad de comparecer en el Congreso. Es la tónica habitual de toda la Administración en este asunto -la ha
tenido el ministro de Industria, la ha tenido el Gobierno- porque cuando se produjeron los seísmos en septiembre del año pasado todos tuvimos ocasión de comprobar de qué manera tan descoordinada, de qué manera tan desordenada se ha tratado el asunto
con los representantes de las otras administraciones, bien sean los ayuntamientos, comunidades autónomas, y sobre todo el poco respeto que se tuvo con las personas afectadas, tanto en un primer momento y a lo largo de este proceso. Ha habido
iniciativas de la oposición en el Congreso y en el Senado, y el 10 de octubre del año pasado compareció el ministro en su Comisión; él dijo que era a petición propia pero realmente venía a remolque de las peticiones de los grupos de la oposición.
En ese momento de la comparecencia del ministro le pedimos desde nuestro grupo que hiciera una investigación exhaustiva. Si la hubiera hecho en aquel momento, seguramente hubiéramos podido determinar mejor las causas y habríamos podido llevar
también una acción no solo más coordinada sino más efectiva; pero el ministro no se movió del ámbito de lo general, no tenía informes definitivos.
Así fuimos pasando hasta el 28 de mayo de este año cuando en una proposición no de ley en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente nuestro grupo, por medio del diputado Ruiz i Carbonell, pidió al Gobierno, pidió al ministro
que tuviera una intervención decidida a favor de las personas afectadas. Obtuvo el voto en contra, por supuesto, como era de esperar, del Grupo Parlamentario Popular, cuya portavoz dijo textualmente: Una vez concluidos todos los trabajos en todos
los ejes actualmente en curso se contará con una base técnica sólida sobre la cual tomar una solución definitiva, incluido el desmantelamiento, etcétera. De esto hace ni dos meses. Parece ser que ya alguien habrá visto unos informes, alguien habrá
tomado resoluciones, porque, si no, no se entiende que el ministro diga el 26 de junio que ya tiene tomada una decisión, y que no tiene además ninguna otra opción. Por tanto si el ministro hace ese tipo de declaraciones será, primero, porque hayan
hecho todos los informes, sepan ya cuáles
son las cuestiones, cuáles son las alternativas descartadas para adoptar la que han tomado. En ese caso no ha de tener ningún problema para venir aquí, al Congreso, donde está la representación de la soberanía nacional, a explicar cuál es y
por qué ha sido tomada esa decisión. Si no lo hace cabrá pensar que el Grupo Popular no nos dijo la verdad cuando señalaba que estaban haciendo tantos estudios e informes; o simplemente se habían resignado y habían adoptado la posición que el
ministro anunció en un medio de comunicación, estando una vez más en la descoordinación, en el desorden y, de manera muy singular, en el desprecio a la inquietud de tantos ciudadanos que se han visto afectados por ese problema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Estamos ante un asunto sobre el que ha habido numerosos debates a lo largo del último año, tanto en el Congreso de los Diputados con el en Senado. Hace exactamente dos semanas en el Senado, aunque el señor Tardà
parece que no está muy bien informado al respecto, una compañera de su grupo parlamentario preguntaba sobre este asunto, dando el señor ministro las explicaciones oportunas sobre lo planteado por el señor Tardà y otros grupos esta mañana. Me van a
permitir que para conocimiento de esta Diputación pongamos las cosas en sus justos términos porque ya decía san Agustín que Dios nos libre de la fe del converso. Todo esto se inicia cuando Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida vivían
aquellas épocas de vino y rosas con el Partido Socialista de la señora Cunillera, que también ahora pide grandes responsabilidades. En 2008 con el Decreto 855, de 16 de mayo, se otorga la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo de
Castor, yacimiento de titularidad estatal. El 30 de mayo de 2008, con el Gobierno socialista, el Consejo de Ministros da a este proyecto categoría A, es decir, sin condicionante alguno, declarándolo además urgente, lo que supone la agilización
máxima en plazos de este proyecto, y dentro de un documento global, también aprobado por el Gobierno socialista, de planificación del sector gasístico y eléctrico para el periodo 2008-2016. A mayor abundamiento, el 23 de octubre de 2009 el
Ministerio de Medio Ambiente aprueba la declaración de impacto medioambiental, asumiéndose todas sus consideraciones conforme a la Ley de evaluación de impacto medioambiental aprobada por el Gobierno socialista en enero de 2008. Además, también el
7 de junio el Gobierno declaraba la utilidad pública de las instalaciones del yacimiento de Castor previo informe favorable de la Comisión Nacional de la Energía. Por tanto, todo este proyecto se desarrolla y tiene consecuencias (El señor
Llamazares Trigo: ¡Tres, cuatro, cinco y seis!) -que ahora hemos conocido- según decisiones que adoptó el Gobierno socialista -insisto, cuando en aquel entonces, señor Tardà, gozaba del apoyo de su grupo parlamentario aquí, en esta Cámara, y del de
los señores de Izquierda Unida, también en esta Cámara, por mucho que el señor Llamazares ahora nos diga que no-.
No ha habido en ningún momento opacidad y no se puede hablar de chapuza. El Gobierno lo que ha hecho ha sido paralizar la inyección de gas cuando se produjeron los seísmos tras los estudios efectuados -estudios que se podían haber hecho en
la época socialista y que no se hicieron nunca- del Instituto Geológico Minero y que vinculaban los seísmos a la inyección de gas. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben). Ahora de lo que se trata exactamente es de llegar
al término o punto final, que es paralizar y desmantelar la instalación, que se realizará conforme al Real Decreto 855 de 2008 del Gobierno socialista. No sé por que ustedes se extrañan de que el Gobierno cumpla un real decreto que ha aprobado el
Gobierno socialista y que además, por otra parte, también este Gobierno intentó recurrir, clasificando una de esas cláusula -precisamente la que determina la indemnización- como a abusiva. Ya saben ustedes cuál ha sido frente a esa pretensión del
Gobierno la resolución del Tribunal Supremo. Por tanto, las decisiones del Gobierno están absolutamente amparadas y condicionadas por las decisiones -insisto- del tripartito de los días de vino y rosas y por las decisiones del Tribunal Supremo.
(El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben). Insisto en que sobre todo esto recientemente ha informado el ministro. Por tanto, entiendo que en esta Diputación Permanente quieran hacer una miscelánea de comparecencias
variopintas, y una de ellas es esta -comprendo cuál es su pretensión-, pero no estamos de acuerdo con ella. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA, DE
DEFENSA, DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE FOMENTO, DE CULTURA; DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, Y DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (número de expediente 062/000198), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DE LOS MINISTROS DE JUSTICIA, DE DEFENSA, DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, DE FOMENTO, DE CULTURA, DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, Y DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, CON EL OBJETO
DE INFORMAR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SOBRE MATERIAS OBJETO DE SU COMPETENCIA INCLUIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO, DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA. (Números de
expedientes 213/001505, 213/001506, 213/001507, 213/001508, 213/001509, 213/001510, 213/001511 y 213/001512).
El señor PRESIDENTE: Punto 2: Petición formulada por el Grupo Socialista de que se acuerde la celebración de sesiones extraordinarias de las comisiones de Justicia; de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento; de
Cultura, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, con el siguiente orden del día: Comparecencia -supongo que en cada caso- de los ministros de Justicia, de Defensa, de Hacienda y
Administraciones Públicas, de Fomento, de Cultura, de Empleo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Turismo, y de Economía y Competitividad, con el objeto de informar en relación con las disposiciones sobre materias objeto de su competencia
incluidas en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Para la defensa de esta propuesta, por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Valeriano Gómez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ya manifestó hace unos días su posición en el debate de convalidación de este decreto-ley, denominado de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad y la eficiencia, nada más y nada
menos. No voy a repetir aquí los argumentos que entonces esgrimió la portavoz de mi grupo. El problema, señorías, no era y no es la convalidación del decreto-ley, una vez más lo repito; al fin y al cabo lo hemos hecho, si no recuerdo mal, más de
cincuenta veces -cincuenta y cinco exactamente- durante lo que va de legislatura. El problema -es algo que parece obvio a estas alturas- es tener que hacerlo con un decreto-ley que modifica más de treinta leyes, sin contar, por cierto, con las
leyes de presupuestos, algunas de las cuales también modifica; más de treinta leyes y también alguna otra norma de rango menor que sin ningún tipo de justificación, que no sea la de obviar precisamente los trámites informativos que se exigen, se
modifican nada menos que por decreto-ley. Parece como si la información pública, el asesoramiento de los órganos consultivos, el papel del Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social fueran meros estorbos, meros trámites inútiles que merece la
pena suprimir; suprimir incluso a costa de convertir meros decretos en normas de rango de ley aprobadas por razones de urgencia. Esta forma de proceder, señor presidente, es la que merece un rechazo aún más contundente que la propia utilización
del decreto-ley, señorías.
Hoy venimos a plantear en esta Diputación que al menos se produzca la comparecencia y el debate correspondiente en el seno de cada Comisión de los nada menos que nueve ministros impulsores de las normas contenidas en este decreto-ley, que
solo puede ser considerado, en mi opinión, sin ningún género de dudas desde el punto de vista de las formas, un verdadero desatino. Por eso lo que pretendemos con esta petición no es ni más ni menos que tener la oportunidad de entrar en un debate a
fondo en todas y cada una de estas cuestiones de política pública, esenciales además algunas de ellas como ahora veremos.
Sinceramente, nuestra petición no es solo necesaria desde el punto de vista de la dignificación del papel de esta institución parlamentaria, sino también para descender a cada uno de esos problemas. Señorías, son ocho leyes en el ámbito del
Ministerio de Economía. Algunas de ellas llevan años e incluso décadas en vigor, pero otras -me estoy refiriendo a la Ley de garantía de unidad de mercado- las hemos aprobado en esta Cámara hace solo unos meses. No son temas menores: financiación
empresarial,
convenios del ICO con las corporaciones locales, nuevos procesos de liberalización comercial -en nuestra opinión, por cierto, muy cuestionables desde el punto de vista del pequeño comercio en ciudades de tamaño intermedio-; otras seis leyes
en el ámbito del Ministerio de Fomento: seguridad aérea, aeropuertos -por cierto, para preparar una futura privatización-, puertos del Estado, marina mercante, competencias en el ámbito de Fomento y de Defensa que deben ser delimitadas; cómo iba a
faltar también -¡se aborda!- el transporte terrestre, etcétera. Son seis leyes importantes también en este ámbito. Me pregunto si estas materias no merecen un debate específico al menos en Comisión, ya que por voluntad del Gobierno ha sido
imposible hacerlo en el Pleno. Algo similar, por absurdo que parezca, ocurre también en el Ministerio de Industria y Energía. Son otras cuatro normas con importantes preceptos las que pasan a mejor vida: la Ley del sector de hidrocarburos, el
Reglamento de gases licuados del petróleo, la actualización del marco retributivo de la comercialización del gas -un tema fundamental también en la política energética- y, cómo no, la Ley de Minas, cuya modificación pasará a la historia del absurdo
parlamentario, señor presidente. Hace años que se promulgó el decreto que se revisa en este decreto-ley. Hace años que se promulgó y era urgente modificarlo, nada menos que por ley, para decir -en esta famosa frase que no me resisto a repetir una
vez más aquí, porque forma parte de la historia del absurdo- que como elipsoide de referencia se utilizará el internacional de Hayford -datum europeo, eso sí- y el meridiano de Greenwich como origen de longitudes. Esto se produce en este
decreto-ley, por eso pido la comparecencia del ministro de Industria para que nos explique la urgencia y la necesidad de llevar a cabo esta modificación de la Ley de Minas.
Más allá de este episodio, señorías, se lleva a cabo una reforma fundamental en el sector del gas. Hay un nuevo régimen retributivo, por decreto-ley, señorías: cuatro normas legales en Industria y Energía y otras cinco leyes en el ámbito
de competencias del Ministerio de Empleo: el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la Ley de empresas de trabajo temporal, la Ley de medidas de apoyo al emprendedor -por cierto, una ley que aún no ha cumplido un año-, la Ley de Empleo
de 2003 -otra vez también modifica el Ministerio de Empleo la Ley de garantía de la unidad del mercado; lo hacía el Ministerio de Economía en su apartado correspondiente, también aquí lo hace el Ministerio de Empleo, aunque para liberalizar sin
control alguno el ejercicio empresarial de las agencias privadas de colocación-. Y, cómo no, también se revisa el Decreto-ley de medidas urgentes para el fomento del empleo, que cuenta ciertamente con una inmensa raigambre en nuestro edificio
legislativo; fue aprobado hace cuatro meses y medio, el 28 de febrero de 2014, señorías. No tengo demasiado tiempo, pero hay nuevas leyes afectadas en Defensa, en Educación y Cultura; afectan al cine y a la carrera militar -por cierto, algo
tendrán que ver, estoy seguro, con la eficiencia de nuestra economía y, por supuesto, con su competitividad-, pero no merecen ni siquiera un debate específico y separado tanto la carrera militar como la cinematografía. Lo mismo ocurre en Hacienda y
Administraciones Públicas, y en Justicia. ¿Es que no exige al menos un debate en Comisión una norma que modifica el Registro Civil para privatizar un servicio público esencial, que solo debe ser universal y gratuito, en nuestra opinión, y que ahora
se entrega a los registradores mercantiles? ¿No merece un debate el hecho de que todos los datos de nuestra vida, los más íntimos e incluso los más vinculados al ejercicio de derechos fundamentales, puedan ser explotados empresarialmente, cobrando
un arancel a los ciudadanos?
Termino ya. La petición del Grupo Socialista de este conjunto de comparecencias es justa y absolutamente necesaria; en este caso, también es por dos razones que no me resisto a repetir aquí. ¿Por qué se altera, señorías, la prescripción
legal de que la legislación laboral no resultará afectada por la trasposición de la Directiva europea de Servicios? Parece una frase difícil de interpretar, pero la interpretaré. ¿Por qué se permite que para que exista algo tan importante como una
agencia privada de colocación baste a partir de este decreto-ley una simple declaración responsable? Unas entidades que gestionarán un régimen de colaboración importantísimo...
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, voy a ser estricto en los tiempos, porque no me queda más remedio.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: No se preocupe, solo utilizaré cinco segundos.
Digo que no es posible que agencias que juegan un papel fundamental en la intermediación laboral, que financiarán y gestionarán fondos públicos, puedan ser pura y simplemente autorizadas en su régimen de funcionamiento a través de una
declaración responsable. Esto es lo que queremos discutir en el Parlamento, señorías. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente para fijar nuestra posición con relación a este asunto. A pesar del ímpetu y de los argumentos que ha demostrado el portavoz socialista -al que no le falta razón-, en este caso se puede aplicar aquel refrán: Burro
muerto, cebada por el rabo. Volver a sacar esta cuestión, más allá de mantener vivo el debate de los grupos parlamentarios con relación al rechazo que la mayoría de los presentes manifestamos por el real decreto, no sé si va a servir para algo
positivo. Los ministros concernidos por este decretón, con montones de medidas que afectan a muchísimas leyes, tenían que haber dado explicaciones previamente. Ahora ya es tarde, aunque queda una posibilidad. Como se va a tramitar como proyecto
de ley, en lugar de hacerlo de un modo apresurado y solo cuidando las formas, pero con poco ánimo de aceptar las propuestas de la oposición, el Gobierno podría plantear una forma más pausada y consensuada, compareciendo en esta Cámara los ministros
que van a proponer reformas en sus diferentes departamentos; podría retomar con sensatez este real decreto y hacerlo realmente útil y democrático, incorporando las medidas que los demás grupos parlamentarios podamos plantear, en vez de cumplir solo
con un procedimiento embarazoso con el ánimo de que no se acepte ninguna propuesta. Por tanto, vamos a votar sí a la comparecencia, pero siempre y cuando se interprete como una comparecencia útil para tratar de tramitar con todo el sentido, con
toda la tranquilidad y con toda la transparencia democrática este real decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.
El Grupo de La Izquierda Plural apoya la petición del Grupo Socialista de celebrar estas sesiones extraordinarias de las diferentes comisiones y la comparecencia de los nueves ministros y ministras cuyos departamentos están afectados por el
decreto...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor LARA MOYA: ... por el Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio.
El señor PRESIDENTE: Le pido perdón, señor Lara, creí que había terminado.
El señor LARA MOYA: Disculpado, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.
El señor LARA MOYA: Decía que apoyamos la comparecencia de los nueve ministros y ministras cuyos departamentos están afectados por el Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio. Algunas de las medidas que contiene el decreto deberían haber sido
tratadas como decretos-leyes diferentes y otras como proyectos de ley por la importancia y contenido de las mismas. El Gobierno no nos trae la regeneración de la democracia, sino la degeneración de la democracia parlamentaria. Creo que sería una
buena definición de este decreto-ley. Se está dando un paso más en la degradación de este Parlamento porque nadie puede entender que se modifiquen treinta leyes con un real decreto-ley utilizando la vía de urgencia. La privatización del 49 % de
AENA no solo no es urgente, sino que es gravísima porque se siguen socavando los pilares públicos del Estado. En todo caso, esta privatización tiene relevancia suficiente como para haber sido tratada en un proyecto de ley en el que participe la
propia sociedad civil, además de los sindicatos. La privatización del Registro Civil pasándolo al Registro Mercantil también debería tratarse en otro proyecto de ley, y además la pretendida urgencia es falsa, ya que no entrará en vigor hasta julio
de 2015. Por tanto, no hay tales urgencias. Tal vez lo que esté en la cabeza de quienes han tomado la decisión es que se puedan adelantar las elecciones y por si acaso se perdieran dejar atado y bien atado el espolio de una parte importante de lo
público, del Estado. Cuando en la calle y en las urnas se está pidiendo más regeneración democrática, no entendemos que se responda con más degradación y creo que todos sabemos que este decreto es una cacicada del Gobierno, que podemos calificar de
libro. Además, la táctica de negar las propuestas que hemos venido haciendo los diferentes grupos y colocarlas
ahora, adulteradas, en un amasijo de reformas en un decreto de urgencia es, sencillamente, un esperpento. Es un decreto con claros visos de inconstitucionalidad, aunque tal vez algunos piensen que en el Tribunal Constitucional no habrá
mayores problemas porque también podría estar todo atado debidamente.
En fin, concluyo diciendo que apoyamos las comparecencias que se piden de los distintos ministros y ministras y -hasta que lleguemos al esperpento final de tener que votar todo el conjunto de medidas en una única votación, con temas tan
dispares e incluso contradictorios- nos sumamos a la petición de estas comparecencias y los tratamientos individualizados de temas, repito, de tanta envergadura y tan dispares.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El debate de fondo de este famoso real decreto-ley en el que se incorporan muchísimas modificaciones y se plantean muchísimos cambios que afectan a muchísimos ministerios ya lo tuvimos, señorías, en el último Pleno del Congreso de los
Diputados y en la última Diputación Permanente. La posición de Convergència i Unió en aquellos momentos fue clara y contundente: no estábamos de acuerdo con la manera de legislar en este sentido por parte del Partido Popular y me remito al 'Diario
de Sesiones' para que ustedes conozcan cuál era nuestra posición, que fue coincidente con la de todos los grupos parlamentarios. Ahora bien, hay que decir a continuación que nosotros -conjuntamente con los demás grupos parlamentarios- conseguimos
persuadir al Grupo Parlamentario Popular de que este real decreto-ley se tramitara como proyecto de ley. Y no solamente esto, sino que en la Comisión de Economía hubo una reunión de Mesa y portavoces en la que todos los portavoces de economía
estuvimos de acuerdo en tramitar este real decreto-ley como proyecto de ley, con carácter de urgencia, eso sí, para que se pudiera formalizar a finales del mes de agosto. Con lo cual, como nosotros ya tomamos esta decisión, conjuntamente con el
resto de grupos parlamentarios, no podemos asumir este planteamiento que ahora nos hacen estos grupos parlamentarios. Sí queremos manifestar que el Grupo Parlamentario Popular tendría que ser sensible a todas aquellas aportaciones que pudiéramos
hacer los diferentes grupos parlamentarios para que esta tramitación como proyecto de ley con carácter de urgencia no se convierta en un pimpampúm y que no se nos acepte ningún planteamiento razonable. Por lo tanto, apelo a la sensibilidad del
Grupo Parlamentario Popular y de su portavoz para que en la tramitación parlamentaria, en el mes de agosto, sea sensible a todos aquellos planteamientos razonables que hemos hecho los diferentes grupos parlamentarios. Con este ánimo, nosotros
estamos de acuerdo con la metodología apuntada -repito- por consenso de todos los portavoces de economía de la Comisión de Economía y Competitividad para que se pueda materializar de la forma que acabo de anunciar.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, en esta interesantísima jornada donde vamos a debatir que durante los meses de julio y agosto (El señor Llamazares Trigo: ¡Ya estamos!) vengan al Parlamento diecisiete veces cada ministro
(El señor Llamazares Trigo: Es que no vienen. ¡Que vengan una vez!), cosa que incluso los portavoces que lo han planteado saben que es una tontería (El señor Llamazares Trigo: ¡El control parlamentario es una tontería!), vamos a seguir el juego a
este asunto, y me refiero al punto que ha planteado ahora el señor Valeriano Gómez.
No entro en el fondo del debate sobre la oportunidad y las razones que motivan el decreto-ley; hubo un debate en el Pleno del Congreso entre la vicepresidenta del Gobierno y los distintos portavoces -la portavoz socialista fue la que lo
defendió-, y ahí quedó reflejado por qué ciento ochenta y pico diputados pensábamos que era bueno que el decreto-ley se aprobara con tal fórmula -un instrumento recogido en la Constitución, el decreto-ley- y el porqué: entendíamos que era muy bueno
para aprovechar la recuperación económica y hacerla llegar a los ciudadanos. Pero no entro en el fondo. El mismo día se reunieron Mesa y portavoces de la Comisión de Economía, una vez que el conjunto de la Cámara -en este caso por unanimidad-
había aceptado la tramitación como proyecto de ley y quedamos en abrir un plazo de enmiendas que podría acabar hacia mitad de agosto. Es decir, había mes y medio para que los grupos pudieran plantear las
enmiendas que entendieran conveniente. Luego tendríamos sesión de la Comisión la última semana de agosto, en dos días, y dividiríamos el decreto-ley por partes, una propuesta que nos podría hacer la letrada de la Comisión para que se
debatiera pormenorizadamente y por bloques todo el decreto-ley para que cada grupo parlamentario pudiera mantener las posiciones que entendiera convenientes sobre el contenido del decreto y sobre las enmiendas. Y, señor Lara, no se vota una vez, se
vota artículo por artículo, si así lo quiere usted. Usted se confunde con la votación de la convalidación del decreto-ley y, a lo mejor, dice hoy aquí lo que debería haber dicho en el decreto-ley. Si el Reglamento de la Cámara no permite que los
decretos-leyes se voten más que en bloque, puede hacer una propuesta sobre el Reglamento de la Cámara, que seguro que lo estudiarían: que los decretos-leyes se puedan votar por bloques para que un señor no esté obligado a votar sí, no o abstención
a todo en la misma unidad de votación. Todos hemos vivido los decretos-leyes en una posición y en otra (El señor Llamazares Trigo: Siempre en la misma.-Risas), y sabemos que a veces es complicado votar sí, no o abstención, a todo. Eso no es
posible con el Reglamento actual y se votó la convalidación, pero en la Comisión se votará enmienda por enmienda si lo entienden conveniente, y artículo por artículo si lo entienden conveniente, y votaremos por bloques. Ese fue el acuerdo. Es un
acuerdo que da cabida a que tengamos un debate sosegado, a que los grupos puedan presentar las enmiendas que entiendan conveniente, a que se puedan debatir las enmiendas, a que podamos llegar a acuerdos sobre algunos temas. Pero entonces dicen:
Oigan, vamos a tener un punto de debate en la Diputación Permanente. Pues lo tenemos y dedicamos nuestro tiempo a esto, pero creo, señorías, que si nos centráramos en dos o tres puntos, y además de forma seria y no planteando treinta y siete, a lo
mejor los ciudadanos pensarían que la Diputación Permanente es más útil.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
(número de expediente 062/000198), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE HA OTORGADO LA LLEVANZA DEL REGISTRO CIVIL A LOS REGISTRADORES MERCANTILES, MEDIANTE REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO, DE APROBACIÓN DE MEDIDAS
URGENTES PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA. (Número de expediente 213/001502).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA (número de expediente 062/000210), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA INFORMAR SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL. (Número de expediente 213/001539).
El señor PRESIDENTE: Vamos ahora a debatir los puntos 3 y 20 en la parte relativa al Registro Civil. Punto 3, petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Socialista de que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Justicia, con el siguiente orden del día: Comparecencia urgente del ministro de Justicia para que explique las razones por las que ha otorgado la llevanza del Registro Civil a los registradores mercantiles mediante
el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Y, punto 20, petición formulada por los grupos de La Izquierda Plural y Mixto de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de Justicia, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Justicia para informar sobre la privatización del Registro Civil.
Intervienen los grupos autores de las iniciativas. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero iniciar mi intervención con una primera afirmación, casi conclusión: la adjudicación del Registro Civil a los registradores mercantiles supone la privatización del Registro Civil y una coartada
para privatizar la gestión electrónica de los registros de la propiedad y mercantiles. Señorías, el sistema registral inmobiliario y mercantil español es un modelo de éxito reconocido que aporta grandes beneficios a los ciudadanos. Es el
que exhibe mejores resultados de toda la Unión Europea y el que mayor seguridad jurídica garantiza, además a un precio razonable. A diferencia del Registro Mercantil, el Registro Civil es gratuito para el usuario, es decir, que en lugar de pagar el
servicio el usuario lo paga el contribuyente a través de los Presupuestos Generales del Estado. Hay un amplio consenso en que el Registro Civil siga siendo gratuito para los usuarios, entonces no se entiende por qué el Gobierno ha decidido asignar
la llevanza a los registradores mercantiles, poco más de cien, por cierto, de los más de mil registradores de la propiedad y mercantiles que constituyen un cuerpo único.
Señorías, la Ley del Registro Civil de 2011, que tenía que haber entrado en vigor en estas fechas, fue aprobada con un total consenso político en la Cámara y ahora el Gobierno decide asignar la llevanza a registradores mercantiles, en contra
de todo el mundo: de los grupos parlamentarios -menos el del PP, claro-, de trabajadores y sindicatos, de los propios registradores y sus trabajadores, de los jueces, de los secretarios judiciales. La decisión adoptada por el Gobierno significa
que con el arancel del Registro Mercantil debe financiarse el Registro Civil, con los mismos aranceles de los usuarios. La decisión plantea además dos tipos de problemas: jurídicos y económicos. Desde el plano jurídico significa que se está
obligando al usuario del Registro Mercantil a que pague también el Registro Civil, problemas con la Unión Europea. En el plano económico no está claro que los registros mercantiles puedan soportar el coste del Registro Civil y tampoco está claro
qué va a pasar con el personal actualmente a cargo del Registro Civil -diga lo que diga el ministro de Justicia-, pues nada aclara el real decreto-ley. Causa sorpresa que la memoria económica no contenga referencia alguna al coste del Registro
Civil. ¿Quién lo paga? Porque estamos hablando de que el coste fluctúa, según distintas estimaciones, entre 150 millones y 400, mucha diferencia nunca aclarada ni desmentida por el Ministerio de Justicia. ¿Van a pagar esto entre cien
registradores? ¿Pero quién se lo cree? Señorías, los registros mercantiles, fuera de Madrid, Barcelona, Valencia o quizás Zaragoza, no tienen apenas margen de maniobra y no pueden asumir nuevos costes. ¿Por qué ha adoptado el Gobierno esta
decisión? ¿Por qué el Gobierno adopta una decisión contraria a todo el mundo? Si vemos el real decreto-ley podemos ir perfilando la respuesta: obsesión por la uniformidad informática en lugar de por la interoperabilidad entre aplicaciones y
sistemas. Se crea una corporación de derecho público cuya única función consiste en firmar un contrato -¡ay, señorías!- que le diga el Ministerio de Justicia con la empresa informática que también le diga, por el precio que este decida y en tres
meses. Por si fuera poco, se somete a unas exigencias de seguridad exageradas el archivo de datos del Registro Civil. Todo ello, ¿para qué? En primer lugar, para privar a los registradores de la competencia que tienen legalmente atribuida de
custodiar los archivos registrales por vía indirecta de exigir unos requisitos de seguridad absurdos, sin parangón en el derecho comparado. En segundo lugar, para evitar los requisitos de los concursos del sector público. Lo importante es que en
tres meses el contrato esté firmado. Esta operación, señorías, no solo implica al Registro Civil. Veamos la memoria de impacto normativo, en la que se dice: Se prevé la incorporación de los demás registros jurídicos a cargo de los registradores
de la propiedad y mercantiles al sistema informático único en la forma que reglamentariamente se determine. En otros términos, se prevé una operación a gran escala de privatización de la gestión electrónica de los registros a cargo de los
registradores y su adjudicación a un tercero privado previamente elegido, además, según todos los indicios, a través de un diseño jurídico fraudulento.
Señorías, ahora sí se entiende por qué el Gobierno quiere asignar la llevanza del Registro Civil a un grupo de registradores mercantiles y por qué tiene tanta prisa en hacerlo. Es la percha para privatizar la gestión electrónica de todo el
sistema registral inmobiliario, mercantil y civil español, según indicios -denuncian entre otros los sindicatos-, pensando en un grupo predeterminado, algo que ya hemos visto anteriormente en la privatización, por ejemplo, de la gestión de la
sanidad en Madrid, bajo el señuelo de la modernidad. Lo que se pretende es externalizar obligatoriamente la gestión electrónica del sistema registral: que el ministro de Justicia adjudique el macrocontrato a una empresa y que respondan
financieramente de ellos los registradores. En definitiva, señorías, creemos que lo procedente es prorrogar la entrada en vigor de la ley; que se busque el consenso para un servicio público fundamental como es el del Registro Civil, consenso
idéntico al que existió cuando elaboramos la ley, y que se mantenga el servicio público y gratuito. Para los que están pensando en algún lucro muy sustancial en el medio plazo, tengan la certeza de que un nuevo Gobierno no dentro de demasiado
tiempo, en cuanto el Partido Popular -confío y confiamos demasiados- no tenga la mayoría absoluta, volveremos a
retrotraer este atropello, este negociazo, esta privatización. Lo volveremos a traer como servicio público, universal y gratuito para el conjunto de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, y para presentar también la iniciativa, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar mi intervención agradeciéndole al señor Martínez-Pujalte su sinceridad: Considera que la labor de control parlamentario es una tontería. Nosotros no pensamos así; creemos que esta labor de control parlamentario, aunque le
moleste al Gobierno, es necesaria y es imprescindible, y los parlamentarios de la Cámara que apoyan al Gobierno deberían considerarlo también así, porque hoy apoyan al Gobierno y mañana estarán en la oposición.
Señorías, esta iniciativa tiene que ver con el real decreto en el que, en forma de miscelánea -siguiendo la terminología del señor Alonso-, el Gobierno ha incorporado muchas medidas, algunas de ellas muy importantes. Se puede llamar el
decreto portaaviones, donde había misiles y había misiles nucleares. En nuestra opinión, hay dos misiles nucleares: uno de ellos es la privatización de AENA, la venta en saldo -igual que de Catalunya Banc- de AENA y el segundo misil nuclear es la
privatización de todos los registros del Estado. Es decir, la privatización de la intimidad de los ciudadanos, que además se hace a manos de una corporación que ha resultado ser sancionada por la Agencia de Protección de Datos por mercantilizar los
datos que tenía el Registro de la Propiedad. Señorías, da la impresión de que no estamos tan solo ante un escándalo, estamos ante una posible prevaricación. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros: ¡Qué barbaridad!). ¿Por qué escándalo? Señorías, lo
que tiene que explicar el señor ministro es si los responsables, que además son registradores de la propiedad, se han abstenido en la aprobación de esta medida; es decir, si han cumplido o no la Ley de Conflicto de Intereses, que creemos que no, el
director general, el presidente del Gobierno y otros miembros del Gobierno que tienen una cercanía demasiado peligrosa respecto a los registradores y a los registros.
Pero no solamente queremos aclarar ese tema. Como les comentaba, también queremos aclarar si el Gobierno cumple con la Ley de Protección de Datos, porque esta adjudicación de la llevanza no solamente del Registro Civil, sino de todos los
registros, se va a hacer a gente muy poco fiable, con muy poca fiabilidad a tenor de la propia sanción -como digo- de la Agencia de Protección de Datos por incumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Es decir, vamos a poner al zorro a cuidar
las gallinas no solamente respecto de los datos económicos de los ciudadanos, sino de los datos íntimos de los ciudadanos. Estamos ante la privatización y mercantilización de la intimidad de los ciudadanos y creemos que eso es muy grave.
También creemos que es muy grave el hecho de que en tres meses -y por eso no podemos esperar al trámite parlamentario, porque el real decreto ha sido aprobado ya y entra en vigor- se vaya a dar la llevanza, digamos, la propiedad de esos
datos a una corporación de registradores. Es como si le diéramos la propiedad de los datos de Hacienda a una corporación de inspectores. Ustedes dirían que es un escándalo, pero es menos escandaloso que el suyo, porque los inspectores son
funcionarios y no así los registradores y sus trabajadores, que no son funcionarios, señorías, que no tienen ningún deber para con el sector público, que no tienen obligaciones que sí tienen los funcionarios. Por lo tanto, para nosotros es un hecho
gravísimo que esta medida se haya adoptado en el marco de un decreto, pero también es muy grave que, como dice el señor Martínez-Pujalte, si nos hemos dado un tiempo para las enmiendas, no demos un tiempo para la comparecencia de los respectivos
ministros. Lo lógico es que el ministro de Justicia comparezca para explicar qué ha hecho durante este tiempo, durante estos años para que no haya sido posible otra alternativa, por qué presenta esta alternativa y en qué condiciones.
Por último, me referiré a algo que nos parece muy importante. Señorías, el decreto dice que la llevanza será gratuita para los ciudadanos, pero no dice si será gratuita para el Estado; no lo dice. ¿Saben lo que pensamos? Que como se
trata de la financiación de los registros lo que va a ocurrir es que los ciudadanos no lo van a pagar directamente, pero el Gobierno va a modificar los ingresos a los registradores para que puedan llevar el conjunto de los registros; es decir, no
lo pagarán los ciudadanos cuando acudan, como no pagan cuando acuden a un hospital de gestión privada, lo pagaremos todos en los Presupuestos Generales del Estado. Esa es la realidad. Por tanto, se trata de una privatización de libro, de una
mercantilización de libro pero de temas muy delicados, de los temas que afectan a la intimidad de los
ciudadanos, para adjudicar a una corporación a dedo, al margen de la Ley de Contratos del Estado, en un plazo urgentísimo de tres meses y con colusión de intereses con miembros del Gobierno. Señorías, no puede ser peor. Por eso, hay que
comparecer ante esta Cámara para explicarse.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Mixto, y también para defender la iniciativa, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de mi grupo, de Amaiur, quiero expresar nuestro apoyo a la iniciativa, por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque pensamos que es inconcebible e inadmisible que datos privados de la ciudadanía, que son públicos pero
con ese carácter precisamente de control público, sean puestos en manos de organismos privados. Desde ese punto de vista pensamos que no tiene ningún sentido esta privatización. También pensamos que no va a mejorar el servicio, sino todo lo
contrario; de hecho, hay que señalar que al menos los registros que están en Euskal Herria funcionan con total normalidad y no tienen problemas. Seguramente esta privatización va a originar más problemas; de hecho, ya desde el ámbito de los
propios registradores se ha avisado que va a ser complicada la gestión de este servicio. Por tanto, no hay ninguna razón desde el punto de vista de servicio a la ciudadanía para privatizar el Registro Civil.
Tampoco hay ninguna razón desde el punto de vista del ahorro público; pensamos que esto no va a arreglar las cuentas del Estado. Volvemos a insistir en lo que en muchas ocasiones hemos señalado: el problema del Estado español no es de
gasto sino de ingreso, y precisamente porque es un problema de ingreso cualquier recorte que se haga en los servicios sociales no va a afectar a la solución del problema general del Estado, sino a la ciudadanía, con ese recorte de derechos sociales,
del Estado del bienestar. Y en este caso también se va a producir eso; es decir, un recorte de derechos, una peor gestión, un peor servicio a la ciudadanía, y desde luego no soluciona el problema general del Estado. Sería preferible que el
Gobierno insistiese más en solucionar el problema de ingreso, aunque sea incomodar a sectores próximos al partido del Gobierno, que seguir incomodando al conjunto de la ciudadanía.
La otra razón por la que nos oponemos es porque va en contra de los ámbitos de soberanía limitados que tenemos ahora mismo en Euskal Herria, pero que son ámbitos de soberanía. Creo que no tiene en cuenta la situación actual del Estado de
las autonomías, las competencias que existente en los distintos ámbitos autonómicos y, en concreto, en el caso de Euskal Herria. Esto -y acabo, señor presidente- nos reafirma en lo que tantas veces decimos en esta Cámara desde Amaiur: es necesario
cuanto antes contar con los instrumentos de soberanía, precisamente para dar respuesta a los problemas de nuestros ciudadanos y ciudadanas, de la ciudadanía vasca, para dar una respuesta eficaz, para dar una respuesta que respete los derechos de la
ciudadanía y, desde luego, una respuesta en clave claramente social, de reforzamiento del Estado del bienestar. Por eso vamos a votar a favor de la iniciativa y nos oponemos a este proceso de privatización del Estado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Esta medida -la de la privatización de los registros civiles- es una medida más que se incluye en este decretón del que hemos hablado hoy y que padecimos hace unos pocos días. Nosotros estamos en contra de esta privatización. Entendemos
que los registros civiles deben seguir siendo públicos, deben seguir siendo gratuitos y deben seguir siendo gestionados por la Comunidad Autónoma Vasca, en nuestro caso; de ahí también que nos quejemos de la invasión competencial que esta medida
supone en esta cuestión. Sinceramente les decimos al Gobierno y al Grupo Popular que tengan en cuenta esta cuestión, que vamos a presentar una enmienda al respecto y que esperamos que de esta manera podamos corregirlo. El propio Gobierno vasco se
ha manifestado en contra de esta medida de una forma contundente, nuestro grupo parlamentario también. Queremos que conste esta posición de nuestro grupo parlamentario e, insisto, esperemos que el Grupo Parlamentario Popular tenga a bien aceptar la
enmienda que pueda corregir este, a nuestro juicio, auténtico desaguisado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió comparte la necesidad de que se convoque una Comisión de Justicia y que comparezca el ministro para hablar de un tema sensible, el tema del Registro Civil, que por su importancia, por lo que supone como servicio
público, exigimos que se aborde desde un amplio consenso. No podemos utilizar un decreto-ley para realizar una reforma como la que se pretende; podemos utilizar un decreto- ley para subsanar la entrada en vigor de una norma para lo que no
estábamos preparados este mes de julio. Por tanto, sí que queda justificada la prórroga de la vacatio legis. Coincidimos con el planteamiento que el propio señor Villarrubia anunciaba al analizar lo que supone este decreto-ley; en la prórroga
podríamos coincidir, no en la encomienda del Registro Civil a los registradores mercantiles. ¿Por qué? Porque no es un tema que esté aceptado; no hay consenso; supone una privatización; no lo quieren los propios afectados que se han manifestado
públicamente en contra; también los colegios de notarios se han manifestado en contra; los operadores jurídicos, en contra; las comunidades autónomas, en contra. Como decían ahora los representantes del Grupo Vasco claramente, el Gobierno vasco
está en contra; el Gobierno de la Generalitat de Catalunya está en contra de esta reforma que se pretende hacer vía decreto-ley, que se pretende hacer además con un afán centralizador no únicamente en materia informática sino también en materia
territorial. Se produce una encomienda hacia las capitales de provincia y son muchos los ciudadanos que entienden que con esto se debilita también su derecho a ese acceso al Registro Civil tal y como se venía operando. Repito, es un tema sensible,
con datos sensibles, es un servicio público y requiere de una reforma distinta a la que se está planteando. Nosotros también vamos a plantear enmiendas a este decreto-ley en el ámbito del Registro Civil, pero pedimos más, pedimos que no se
solucione esta reforma en el ámbito de este proyecto de ley que va a seguir al decreto-ley, porque requiere de un debate más pausado, requiere volver al consenso que hizo posible la Ley 20/2011 en la pasada legislatura, que fue una ley trabajada y
en la que se pudieron realmente debatir los programas sobre Registro Civil que existían. Es una mala noticia que a golpe de decreto-ley, aunque se tramite después como proyecto de ley, se intente realizar una reforma de este calado en algo tan
importante como es el Registro Civil. Por tanto, nosotros también somos partidarios de que se convoque la Comisión de Justicia, comparezca el ministro y podamos debatir desde el consenso cuál es el futuro que queremos dar al Registro Civil, que no
pasa, como creemos desde Convergència i Unió, por este intento de encomienda a los registradores mercantiles de la llevanza del Registro Civil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Esteller.
La señora ESTELLER RUEDAS: Muchas gracias, señor presidente.
Ante de centrarme en las dos solicitudes de comparecencia, quiero decirle al señor Llamazares que la gravedad de sus palabras la emplea como un recurso parlamentario. Usted ya tiene como un recurso parlamentario el insulto, el acusar al
Gobierno de cometer delitos y esto, señor Llamazares, no puede ser. Sus palabras son graves y quiero que quede constancia de esta gravedad antes del inicio de esta Comisión. (Aplausos). Usted no puede utilizar la acusación de delitos y el insulto
como recurso parlamentario habitual en esta Cámara.
Quiero decir varias cosas a los que han solicitado la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Justicia y la comparecencia urgente del ministro de Justicia, entre otras cosas, porque la premisa básica sobre la que lo piden,
que es la privatización del Registro Civil, no se va a realizar. Les niego la mayor: no se va a privatizar el Registro Civil; los registradores mercantiles y los registradores civiles son funcionarios públicos y luego me extenderé en los motivos
por los que no se va a hacer. Antes que nada quiero centrarme en la justificación -ya lo ha comentado el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra- sobre la necesidad de incorporar la modificación del Registro Civil en el Real Decreto
8/2014, que además fue objeto de un profundo debate en el Pleno del 10 de julio, en el que se acordó su convalidación y, tal como se ha recordado anteriormente, se acordó también por unanimidad que se tramitaría como proyecto de ley. La Mesa y
portavoces y la Comisión de Economía llevarán a cabo este debate, se acordó este procedimiento y por lo tanto esto va a ser así. Se votará por separado y por tanto se podrá debatir sobradamente este ámbito de modificación del Registro Civil, como
otros que también se
van a tocar. Por lo tanto, usted y todos los grupos van a poder presentar enmiendas en este trámite que se ha abierto en estos momentos. Así pues, el debate está garantizado, la participación de los grupos a través de las enmiendas está
garantizada y no tiene sentido que se solicite y se convoque esta reunión extraordinaria de la Comisión porque no es urgente.
Todos ustedes hablan de cuestiones relativas a la gestión y, en cambio, ninguno ha hecho mención -aunque son conocedores de ello- a las deficiencias y el colapso en el que se encuentra el Registro Civil y las consecuencias de estas demoras
para muchos ciudadanos. Lo ponen de manifiesto reiteradamente los informes del Consejo General del Poder Judicial -en el último año el 37 % de las quejas eran causadas por esta inoperancia- y también las quejas que recibe anualmente la Defensora
del Pueblo a través de los informes. Sorprende que sobre este tema ustedes no digan nada, no hablan de la protección a los ciudadanos, que ven incluso como parte de sus derechos no pueden ejercerse por la dificultad que tienen a la hora de
inscribirse en el Registro Civil. Usted, señor Llamazares, tiene conocimiento de que el Gobierno estaba negociando con los registradores y con los secretarios cómo gestionar mejor este Registro Civil. De hecho, el secretario de Estado de Justicia
le respondió el 14 de abril de 2014 a una pregunta y le dijo que estaban negociando y que estaban viendo cómo podían mejorar esta tramitación; incluso le dijo que la Ley de 2011, de la que todos hablan y que es verdad que se aprobó por un amplio
consenso, es la que atribuye la llevanza a funcionarios sin especificar en ningún momento si han de ser o no registradores. Esto se vio en la Comisión y desde entonces ustedes tampoco han pedido la comparecencia del ministro para que les explique
en qué condiciones, cómo se iba a hacer y qué decisiones se iban a adoptar en este sentido.
Por otro lado, son conocedores de las deficiencias del Registro Civil, como decía antes, y de la necesidad de abordar esta reforma. Se ha aprovechado este real decreto para hacerlo de la mejor manera posible, y ahora voy a dar una serie de
razones que se han tratado también en este debate para poder referirse a la urgente necesidad. De urgente necesidad era prorrogar hasta el 15 de julio la entrada en vigor de las disposiciones pendientes y esta vacatio legis, que ya se ha comentado,
de la Ley 20/2012, y acometer aquellos cambios organizativos que eran necesarios para resolver el mal funcionamiento del registro. Y también asignar a los registradores civiles y mercantiles, como decía al principio de mi intervención, que son
funcionarios públicos dependientes del Ministerio de Justicia, con una formación y con una organización interna adecuada, para que asuman con mayor eficacia el Registro Civil. Son cuestiones importantes y por ello se van a reservar y proteger los
datos de todos los ciudadanos.
Uno de los pilares de esta reforma es la gratuidad, pero la gratuidad para los ciudadanos y también para la Administración, y la gratuidad en las inscripciones y en la emisión de certificaciones. Gratuidad total y absoluta en esos extremos
que le acabo de señalar. Por todo ello, es importante avanzar hasta esta reforma que es tan necesaria, y también afianzar los trámites por Internet. Es muy importante que los ciudadanos puedan hacer trámites a cualquier hora y cualquier día. Esto
es necesario para agilizar todas estas tramitaciones. Esta reforma se adecua a la distribución constitucional de competencias del Estado y de las comunidades autónomas y se respeta plenamente el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución. Por lo
tanto, no hay ningún tipo de invasión de competencias.
No quiero profundizar, pero he tenido que hacer mención a algunos aspectos de la reforma que se han tratado aquí para acabar diciendo que la reforma supone un importante avance en los procedimientos registrales, suprimirá trabas
administrativas, beneficiará a los ciudadanos que tanto se quejan -y por eso es tan necesario abordar esta reforma-, se optimizarán los servicios públicos, se eliminarán los requisitos burocráticos innecesarios y naturalmente, en el trámite
parlamentario a través de las enmiendas y en el debate posterior, se podrán abordar los extremos del alcance de esta reforma y de estas medidas. Por lo tanto, el debate se va a hacer...
El señor PRESIDENTE: Señora Esteller, tiene usted que acabar.
La señora ESTELLER RUEDAS: ... no se va a evitar la alusión a todas esas cuestiones, y ese es el motivo por el que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la petición de comparecencia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteller.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
(número de expediente 062/000198), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA INFORMAR DE SU VALORACIÓN RESPECTO DEL RECHAZO PROVOCADO EN LA ABOGACÍA Y EN AMPLIOS SECTORES DE LA JUDICATURA POR SUS INICIATIVAS LEGISLATIVAS, Y ESPECÍFICAMENTE POR EL PROYECTO DE LEY
DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA Y EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 213/001522).
El señor PRESIDENTE: Punto 4: Petición formulada por un número suficiente de Diputados miembros de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de
la Comisión de Justicia con el siguiente orden del día: Comparecencia urgente del ministro de Justicia para informar de su valoración respecto del rechazo provocado en la abogacía y en amplios sectores de la judicatura por sus iniciativas
legislativas y específicamente por el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita y el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Para defender esta iniciativa, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Con este importante anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial estamos con la sexta reforma, en lo que va de legislatura, contra todos de esta ley procesal: Consejo General del Poder Judicial, recurrida al Tribunal Constitucional, el
ERE en la Administración de Justicia, la jurisdicción universal, el aforamiento de la Familia Real -de lamentable tramitación-, y no se dan cuenta de que la justicia es una cuestión de Estado y no de partido. En estos momentos, y respecto de este
tema, ¿qué ocurre, señorías? Que no se garantiza ni la independencia judicial ni el juez ordinario predeterminado por la ley. Es una ley mordaza que limita en extremo la libertad de expresión de todo el mundo, que persigue absolutamente a todo el
discrepante y que incluso pone la mordaza a los jueces, a las asociaciones judiciales, a la prensa. Es una ley que liquida los partidos judiciales, las audiencias provinciales, los juzgados de Paz, aleja la justicia a los ciudadanos y crea órganos
pluripersonales para la instrucción, auténtico despropósito. ¿Cómo encaja esto con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pendiente, con una presumible puesta a disposición de la dirección de la investigación criminal a favor del
ministerio fiscal? Hace desaparecer a los jueces decanos de elección judicial con arraigo democrático, de lo casi poco democrático que hay en los sistemas de elección dentro de ese ámbito con competencias concretas. En cuanto a los trabajadores de
justicia, suprime las garantías hasta de su propio centro de trabajo; la privatización de los actos de comunicación procesal; los aforamientos, señorías. Olvida que la Constitución los prevé solo para quien está en el ejercicio de determinados
cargos y solo en el orden penal. Otro despropósito es la declaración de agosto como mes hábil. El concepto de jurisprudencia vinculante, que no respeta el artículo 117.1 de la Constitución, que dice claramente: El exclusivo sometimiento de los
jueces al imperio de la ley. El propio Tribunal Supremo, que dice que se alteran principios básicos de la función jurisdiccional, como la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces. El Consejo Fiscal, que censura algunos artículos por
inconstitucionales, critica la regulación de la justicia universal, la introducción de la prejudicialidad, que puede permitir suspender un proceso, por ejemplo, por corrupción por el mero hecho de hacer una solicitud por algunos hechos ante
cualquier otro tribunal. ¿Esto es la regeneración democrática? Esto es un auténtico despropósito y además va contra todos. ¿Dónde está la memoria económica, la entrada en vigor? Auténtico engaño. ¿Cómo van a funcionar los tribunales de
Instancia sin modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que se dice que no se va a plantear hasta la siguiente legislatura? ¿Pero esto qué es? Fuegos artificiales, más engaño, más propaganda. Eso es lo que están haciendo, deteriorar, ¡y
de qué forma!, el servicio público de la justicia, y recortar derechos y libertades.
Hay poco tiempo pero existe otro tema fundamental, que es el proyecto de ley de justicia gratuita. Otro ataque a derechos constitucionales: Artículo 24, a la tutela judicial efectiva y artículo 119, al derecho constitucional a la justicia
gratuita, que dice que, en todo caso, se garantizará respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Mañana -y es un hecho sin precedentes- hay manifestación de los propios abogados. Parece ser, señor presidente, según me han
informado, que incluso quieren entregarle a usted una carta y no sé si ha contestado a su recepción al propio presidente
del Consejo General de la Abogacía; presidente del Consejo General de la Abogacía, y de la Procura también, que vieron rechazadas sus comparecencias después de haberlas acordado verbalmente con ellos el Partido Popular. Nuevamente estamos,
como en todas las reformas -y sobre la que también presentamos enmienda de totalidad-, ante la ausencia no ya de consenso, sino también de diálogo. ¡Pero qué forma de gobernar tienen ustedes, señorías! Estamos además ante el desarrollo de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, del copago o tasazo judicial, que trae a nuestro país una justicia de dos velocidades, una para ricos y otra para pobres, que tenemos recurrida, cómo no, ante el Tribunal Constitucional, junto con el Decreto-ley 3/2012,
de 22 de febrero. ¿Dónde están esos cientos de millones de recaudación para financiar la justicia gratuita? Además, la Unión Europea nos pondrá otra vez en nuestro sitio. El servicio público de la Administración de Justicia, de la justicia
gratuita tiene que financiarse vía Presupuestos Generales del Estado. Confunden, señorías, el derecho a la justicia gratuita con el derecho a la asistencia letrada, que tienen, en el ejercicio de legítima defensa, todos los ciudadanos. Con
auténtica demagogia hablan de proteger a no sé quienes, aunque sean multimillonarios, con un criterio absolutamente demagógico. La justicia gratuita es para quienes carecen de recursos. Rebajan el umbral en las personas físicas individuales de
protección, de poder ejercer estos derechos. Endurecen las condiciones, tienen que indicar los servicios para los que piden el letrado. ¿Cómo una persona normal puede conocer eso? Exigen la ratificación en la segunda instancia. ¿Y si alguien
está en el extranjero o en la cárcel para poder recurrir manteniendo el derecho? Auténticas barbaridades. No se garantiza, en absoluto, la percepción de los honorarios de los abogados que presten el servicio en el turno, incluso se les reducen.
Se gravan las cargas administrativas, pero además hay un tema gravísimo: la territorialidad, artículo 25.2, ¿a qué conduce? A una futura privatización hasta de la justicia gratuita, permitiendo que los grandes despachos con implantación en todo el
territorio nacional copen este servicio público constitucional fundamental de un derecho, estableciendo tres horas. ¿De Cádiz van a ir a A Coruña o a Tarragona o a Girona o a Zaragoza? ¿Pero esto qué es? Esto es un auténtico despropósito, en
contra de la normalidad de los despachos que están implantados en su territorio. Esta barbaridad, señorías, hay que corregirla. ¿Va a ir en avión en esas teóricas tres horas? ¿Y quién lo paga? ¿Y si uno no acepta? ¿Y si no llega a las tres
horas, el siguiente, el siguiente...?
El señor PRESIDENTE: Señor Villarrubia, tiene usted que concluir.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Concluyo.
Apunto solo la desprotección de inmigrantes, la limitación a tres pleitos en un año. En definitiva -señor presidente, concluyo; sé que hay muchos temas-, una vez más estamos en un deterioro del servicio público de la justicia y en recortes
de derechos y libertades de los ciudadanos a los que nos tiene acostumbrados este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para manifestar nuestro apoyo a la solicitud de comparecencia del ministro Gallardón en relación con el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita y al anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Nosotros
entendemos que el ministro Gallardón sigue con su marcha triunfal, pero también es cierto que va dejando en la cuneta restos del Estado de derecho. Su objetivo es claro -de hecho no hay que negarle su éxito en tal empeño-, ir desguazando la
justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva, pero también es cierto que existe un creciente rechazo por parte de la abogacía y por parte de la judicatura. No contento con el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que no va a
resolver los problemas de tramitación que tiene este servicio público, el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial antes de que llegue a este Parlamento ya ha sido rechazado por la misma judicatura. Es evidente que el ministro Gallardón está
en un cul de sac y también es cierto que, atendiendo a lo que ha demostrado hasta ahora, en términos populares, es políticamente muy cabezota -digo políticamente muy cabezota-, con lo cual creemos que no atenderá a razones ni con esto ni con
aquello, es decir, con todo lo otro de su infausta memoria en cuanto a sus acciones políticas, pero tenemos que ser perseverantes reclamando que comparezca ante este Parlamento porque no solamente está disolviendo la tutela judicial efectiva, sino
que está descabezando lo poco que nos queda del Estado de derecho. Pasará a la historia,
por supuesto, pero creo que para su misma vergüenza, dentro de unos años. En todo caso, apoyaremos la petición del Grupo Socialista de que comparezca, aun cuando creemos que no lo hará.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Vamos a apoyar la comparecencia del señor Gallardón y, si es posible, también con el señor senso, porque, como siempre va con el consenso, estimaríamos mucho conocer a ese señor porque las iniciativas ante esta Cámara en relación con el
ministro de Justicia tienen que ver con la resistencia del señor ministro a cualquier asunción de diálogo, de negociación o de enmiendas. Eso es lo que está pasando. Por tanto, los grupos parlamentarios se precaven de esa actitud de frontón y
presentan peticiones de comparecencia del señor Gallardón a sabiendas de que por lo menos les va a escuchar, porque hasta ahora ni escucharnos. Es importante que nos escuche con relación a la ley de justicia gratuita y también es importante que nos
escuche con relación a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque en esas medidas el señor Gallardón profundiza en una deriva de nuestra justicia, que tiene deficiencias, por ejemplo, en la tardanza de las sentencias y en las
diferencias entre el garantismo para unos y la inmediatez para otros, es decir, la desigualdad ante la justicia, pero que es una justicia de un país democrático. En estos momentos, con las medidas del Gobierno corremos el peligro de que el servicio
público de justicia se convierta en un servicio mercantil, al que unos podrán tener acceso en función de sus recursos y otros se verán ante una especie de justicia de beneficencia, como la que dibuja el señor Gallardón en la justicia gratuita. Esa
no es la justicia que necesita nuestro país, es una regresión en materia de servicio público de la justicia.
Por otra parte, también se está produciendo una regresión en cuanto a la intervención política en la justicia, en cuanto a la autonomía del Poder Judicial. No hay más que ver el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial para darse
cuenta de cuáles son las pretensiones del Gobierno con relación a los jueces: reducir los mecanismos de participación directa de los jueces, reducir su libertad de expresión, incrementar también el número de jueces en determinados procedimientos
para dificultar el avance de la lucha contra la corrupción, medidas que van en sentido contrario a la eficiencia y a la igualdad de los ciudadanos ante la justicia. Por esa razón, creemos que el señor Gallardón tiene que comparecer en esta Cámara,
al menos para que escuche nuestra preocupación sobre la deriva de la justicia y sobre todo para que deje de hacer tanta rueda de prensa, tanto anuncio público fuera de la Cámara y alguna vez anuncie algo que luego se transforme en un proyecto
efectivo dentro de la Cámara. Nos da la impresión de que está más preocupado de las fotos que del Parlamento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los frentes abiertos en el ámbito de la justicia durante este mes de julio han sido importantes. Es importante el debate abierto -se trataba en el punto anterior- sobre el futuro del Registro Civil; es importante el debate
abierto sobre el anteproyecto de la ley orgánica del Poder Judicial. Solo hace falta leer los informes que acompañan al anteproyecto de ley para percibir la necesidad de debatir serenamente con el ministro en este Congreso de los Diputados hacia
dónde vamos y qué consensos se quieren construir, con el horizonte que el Gobierno legítimamente pueda marcar. Para construir ese horizonte que todo Gobierno legítimamente puede marcar, puede hacerlo desde una posición aislada o intentando un gran
acuerdo en materia de justicia. En Convergència i Unió estamos preocupados, porque además todas las reformas que se están impulsando se alejan del marco competencial que en materia de justicia muchos estatutos de autonomía han asumido. Reformamos
la Ley Orgánica del Poder Judicial y no avanzamos en nada en lo que sería esa implantación del Poder Judicial en aquellas comunidades autónomas cuyos estatutos de autonomía de nueva generación han previsto unos consejos de justicia y mayores
competencias para sus tribunales de justicia. En todo este ámbito, en lugar de avanzar, damos pasos atrás con los anteproyectos que se presentan. Ha quedado ya clarificado con algunos votos particulares que determinados vocales del Consejo General
del Poder Judicial han emitido, al tratar la ley orgánica
futura, si es que llega finalmente a presentarse ante esta Cámara. Lo hemos visto en materia del Registro Civil y lo vemos también en el ámbito de lo que es el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Aquí quizá es menos urgente la
comparecencia, pues ya se celebró un debate a la totalidad en el Pleno de la Cámara, pero aún quedan abiertas las enmiendas al articulado. Convergència i Unió pide un mayor plazo para esas enmiendas al articulado, para buscar un consenso, ya que
son fuertes las oposiciones a ese proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita y necesitaríamos claramente buscar una solución distinta, tal y como Convergència i Unió reflejó en el debate a la totalidad.
Por todas estas razones, daremos nuestro voto favorable a esta petición de comparecencia, que podría unirse a otra petición, la que se refiere al Registro Civil. Así, en una sola comparecencia podríamos tratar todos estos temas que están en
la calle, que están en la sociedad, que están en los operadores jurídicos, que los están exigiendo y por los que están preocupados. Este Congreso de los Diputados debería dar una pronta respuesta a ese debate, porque si está en la calle merece
también estar con el ministro de Justicia en este Congreso de los Diputados, convocando una sesión extraordinaria de la Comisión.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Conde.
El señor CONDE BAJÉN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, lo que está claro es que al señor Villarrubia no le gustan los proyectos legislativos del Gobierno, pero lo que estamos debatiendo aquí, porque es lo que ha pedido el Grupo Socialista, es la convocatoria de una sesión
extraordinaria y urgente de la Comisión de Justicia para -abro comillas- analizar la valoración del ministro respecto del rechazo provocado en la abogacía y en amplios sectores de la judicatura por sus iniciativas legislativas. Es decir, lo que
piden el señor Villarrubia y el Grupo Socialista es que se reúna la Comisión de Justicia para que el señor ministro nos diga qué opina de las críticas que se hacen a sus proyectos legislativos. Se cuenta que una vez a un obispo le hacían una
entrevista periodística y le dijeron: Señor obispo, díganos qué opina del pecado. Y el obispo dijo (El señor Llamazares Trigo: Que no soy partidario): No soy partidario. Pues en este caso parecería bastante razonable que, si convocamos una
reunión de la Comisión de Justicia para que el ministro nos diga qué opina de las críticas que hacen a sus proyectos legislativos, concluyamos con que el ministro no es partidario.
Señor Villarrubia, si ustedes querían que se debatiese sobre la Ley de Justicia Gratuita y sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrían ustedes haberlo pedido. (El señor Villarrubia Mediavilla: ¡Pero si está pedido!-Muestra un
documento). Podrían ustedes haberse tomado por lo menos la molestia de hacer con un mínimo de rigor las peticiones que someten a esta Diputación Permanente. -Señor Villarrubia, le estoy leyendo a usted, a usted es a quien estoy leyendo. (Muestra
un documento)-. Es esto lo que pedía usted y sobre esto, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, no se justifica en absoluto convocar la Comisión de Justicia para que el ministro nos diga qué opina de las críticas que, según usted, se hacen a
determinados proyectos legislativos. Lo que sí sabemos es lo que le sucede al Grupo Socialista. Al Grupo Socialista no le gusta absolutamente nada de lo que pretenden hacer el Grupo Parlamentario Popular ni el Gobierno que le sostiene, nada (Un
señor diputado: Eso es verdad); porque el Grupo Socialista con eso de repetir el mantra de que no hay que tocar nada de lo que ellos dejaron hecho, y que en el momento en que ustedes vuelvan al Gobierno derogarán todas y cada una de las leyes que
nosotros hemos aprobado, creen que han cubierto su labor. Pues no, señor Villarrubia, algo más debería exigírseles a ustedes. Por lo menos nos gustaría saber cuál es su modelo en materia de justicia o su modelo en materia de justicia gratuita.
Señorías, los que ahora pretenden darnos lecciones de cómo se gestiona la justicia tienen que saber que durante los ocho años -perdón, gracias a Dios siete años- en que ejercieron el Gobierno, en las dos últimas legislaturas, hicieron cinco
reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por supuesto más orientadas a garantizarse determinadas minorías de bloqueo que a resolver de verdad los problemas de la justicia; y con tres ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el
Breve, Mariano Fernández Bermejo, el Efímero, y el señor Caamaño, el Ausente, no dieron solución ni respuesta a ninguno de los retos que la justicia española tenía planteados. Lo que deberían saber ustedes, y cuento a sus señorías, es que desde que
llegamos al Gobierno hemos mejorado la tasa de dependencia; que por primera vez este año se han resuelto más asuntos de los que ingresan en la Administración de Justicia y que, desde
luego, este Gobierno sí tiene un proyecto en relación con lo que debe ser una justicia eficaz que dé respuesta rápida, profesional y eficiente a los problemas que le son sometidos por parte de los ciudadanos en aras de conseguir el objetivo
de la seguridad jurídica.
Señorías, estamos debatiendo sobre un absurdo, porque en realidad no hay ni siquiera un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; señorías, no existe. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido aprobar un anteproyecto
sobre la base de una comisión de expertos que han elaborado un dictamen. El anteproyecto de ley ha sido remitido a los distintos órganos constitucionales y todas las instituciones interesadas para que emitan sus opiniones, y el Gobierno a la vista
de ellas redactará un proyecto de ley que será sometido a la Cámara. En definitiva, señorías, todavía ni siquiera hay un texto sobre el que podamos pronunciarnos. No existe todavía un proyecto de ley, tengan un mínimo respeto por el proceso
legislativo. En lo que se refiere a la Ley de Justicia Gratuita, ni siquiera está concluido el plazo de enmiendas. Todavía no sabemos qué opina el Grupo Socialista al respecto, porque todavía no se han presentado las enmiendas, luego difícilmente
se puede intentar llegar a consensos y acuerdos con propuestas alternativas cuando esas propuestas alternativas ni siquiera están sobre la mesa. ¿Y sobre esto, señorías, pretenden que convoquemos una sesión extraordinaria y urgente de la Comisión
de Justicia para debatir de qué?, ¿de las críticas que se le hacen al ministro por parte de terceros?, ¿debatir sobre proyectos inexistentes o sobre consensos sobre enmiendas que ni siquiera se han presentado?
Señorías, ustedes ya han hablado de su libro; ya ha dicho el señor Villarrubia lo que tenía que decir. El señor Llamazares ya nos ha dicho que tampoco es partidario, ya sabemos que a él le gustará más la justicia de Cuba. (El señor
Llamazares Trigo: ¡Qué chorradas dices!-Soy de Asturias). O la de los territorios palestinos o similar, pero no es el caso del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores.-El señor Madina Muñoz: ¡Qué poca clase!).
En definitiva, señorías, no nos parece justificada en absoluto la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Justicia tal y como ha sido solicitada, y el Grupo Parlamentario Popular votará en contra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Conde.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (número de expediente 062/000198), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA INFORMAR ACERCA DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ABIERTO POR LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE GUARDAR 'FACTURAS EN LOS CAJONES' POR
PARTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (Número de expediente 213/001514).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, el número 5. Petición formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas con
el siguiente orden del día: Comparecencia urgente del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para informar acerca del procedimiento de investigación abierto por la Comisión Europea, sobre la práctica sistemática de guardar facturas en los
cajones por parte de la Comunidad Valenciana.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, presidente.
Este punto del orden del día no existiría si el ministro de Hacienda hubiera actuado como tal y hubiera comparecido a voluntad propia, con la responsabilidad que se le supone, tras el anuncio del pasado viernes de que la Comisión Europea
investigaba a la Comunitat Valenciana por manipulación estadística. La sanción, como saben, podría ascender a 2.000 millones de euros además de suponer una revisión de los datos de déficit y deuda que afectarían a los compromisos adquiridos por
España en el Pacto de Estabilidad. Lo peor, en cualquier caso, es que se pone en jaque la fiabilidad de nuestras cuentas. Además, en el caso concreto de la Comunidad Valenciana esta investigación pone una vuelta de tuerca más a una situación
financiera imposible. Solo faltaba que a los 35.000 millones de euros de deuda -el 35 % del PIB- se sumen las dudas sobre la veracidad de las estadísticas. La existencia de gasto no
contabilizado, de gasto oculto ha sido una práctica sistemática en la Generalitat Valenciana. Lo denunciamos los socialistas y lo denunciaron otros grupos de la oposición, pero lo denunció sobre todo la Sindicatura de Cuentas y no hacían
nada, ni el conseller ni la Generalitat. Para que nos entienda todo el mundo, había gastos que no se anotaban en ningún sitio, había facturas que quedaban en el limbo al margen de cualquier registro. Una práctica iniciada, además, antes de la
crisis. Lo hacían cuando con una burbuja inmobiliaria creciente la recaudación llenaba la caja. -Por cierto, antes hablaba alguien de los años de vino y rosas, esos años de vino y rosas en los que algunos de ustedes aquí presentes y otros ausentes
aplaudían al señor Fabra, este que hoy finalmente el Tribunal Supremo ha decidido meter en la cárcel-. En aquellos tiempos ya empezaba la feria: en 2007 empezaron a ver la luz gastos ocultos del trienio 2002-2004 por 847 millones de euros; en
2008, 145; en 2009, 766 millones, y cuando estalla la crisis la situación ya se hace insostenible. En la caja B empiezan a acumularse centenares de millones de facturas sin pagar. Tres años después, en 2012, cuando la Generalitat se ve obligada a
aflorar más facturas para pagarlas con cargo a los préstamos del Estado, el volumen era tal que afecta incluso a las cifras del déficit de España. La desviación del déficit comprometido al déficit real entre 2010 y 2012 en total suma 3.200 millones
de euros.
Señorías, la única forma de reparar el daño sobre la imagen de España y la maltrecha imagen de la Comunidad Valenciana, a la que se suma todo el efecto corrupción, el efecto despilfarro, además del efecto estadístico ahora, es investigar lo
sucedido, establecer mecanismos para que no vuelva a pasar y asumir responsabilidades. Está en juego la credibilidad de nuestras estadísticas, y el silencio del señor Montoro no es la respuesta adecuada. Los ciudadanos tienen derecho a saber si el
ministro piensa abrir una investigación, si son fiables las actuales estadísticas oficiales, si piensa tomar alguna medida adicional y, desde luego, si piensa exigir algún tipo de responsabilidad o piensa asumirla en su caso. Quien ha engañado
sistemáticamente ha sido el Gobierno valenciano, pero con su silencio surgen dudas razonables sobre la complicidad durante este tiempo del señor ministro.
Por todo esto, es bastante obvio pedir que se convoque una sesión extraordinaria de la Comisión, que el señor Montoro dé explicaciones y que los ciudadanos sepan la verdad de lo que ha pasado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Esquerra Republicana de Catalunya también solicita y apoya la petición del Grupo Socialista para que comparezca el ministro Montoro a raíz de la investigación abierta por la Comisión Europea, como consecuencia de la práctica sistemática por
parte de la Administración valenciana de guardar en los cajones facturas. Queda absolutamente razonada nuestra solicitud, atendiendo a la desgracia que pesa sobre buena parte de la ciudadanía valenciana y del País Valencià. En primer lugar, porque
son víctimas de una financiación inaceptable, lo cual en estos momentos ha sido asumido incluso por la mayoría del mundo empresarial valenciano, y porque además los ciudadanos del País Valencià son víctimas de la mala gestión del Gobierno del
Partido Popular. Así pues, los valencianos viven entre la España y la pared; es decir, entre el expolio fiscal que ha padecido históricamente el País Valencià respecto a su financiación por parte de los Gobiernos españoles y, por otro lado,
víctima de la corrupción y la mala gestión de aquellos valencianos que son cómplices de los Gobiernos derechistas de Madrid. La ciudadanía está -repito- casi llegando al límite de lo asqueado; la ciudadanía está asqueada por esta situación; el
mundo empresarial ya se ha posicionado, un mundo que ha tardado años, quizás demasiados, en despertar ante tanta corrupción y tanto sometimiento a un statu quo que conlleva la pobreza y el desguace acelerado del mínimo Estado del bienestar que se
había conseguido en el País Valencià, y ahora Bruselas ha descubierto las trampas, las miserias, cuán podrido estaba todo ello, mediante esta práctica habitual de guardar las facturas en los cajones. Que la Administración se exponga -en definitiva,
la ciudadanía- a una multa de 2.000 millones genera una alarma y una responsabilidad, que tarde o temprano van a tener que pagar; porque en el escenario actual de una Administración situada en el límite, casi de caer en la bancarrota, que ahora se
haya descubierto todo ello, francamente es vergonzoso. Lo que genera más alarma y esta creciente indignación es que se demuestre que todo ello, además, es fruto de un comportamiento sistemático, e incluso que lo paguen las paredes maestras del
Estado de bienestar. No es casual que todo este sistema tan alambicado al final generara estos grandes agujeros y que, cuando se tenían que llenar parcialmente para que no se descubriera el
escándalo, quien pagaba los platos rotos era la financiación de la sanidad. Todos sabemos con qué velocidad se ha desguazado el sistema público sanitario y de salud en el País Valencià y todo aquello que atañe también, por ejemplo, al
desarrollo de la Ley de la Dependencia. Entendemos que es urgente la comparecencia del ministro porque la situación ha llegado ya a un extremo inaceptable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Vamos a apoyar esta petición de comparecencia, aunque como he dicho antes vamos a apoyar la gran mayoría de ellas. En este caso, quería aprovechar para poner encima de la mesa, en el improbable de que se produjera la comparecencia que
solicita el Grupo Socialista, una reflexión importante, de fondo, que hay que hacer. Aunque este caso afecta directamente al Gobierno de la Generalitat Valenciana y tiene que ver con la gestión del Partido Popular, desgraciadamente no es un caso
excepcional ni aislado, sino que la práctica de guardar facturas en los cajones para maquillar las cuentas públicas y sacar cifras más halagüeñas para la gestión del Gobierno de turno ha sido común en algunos Gobierno nacionales -lo sigue siendo, en
nuestra opinión, en el actual-, y es una práctica común y extendida que debería llamarnos la atención sobre algo que es responsabilidad nuestra: solucionar de una vez uno de los principales problemas, déficits institucionales, que tiene la
democracia española: el buen funcionamiento de los reguladores y supervisores.
No sirve de gran cosa que haya tribunales de cuentas -el Síndic de Cuentas en Valencia o en otras comunidades otras figuras análogas- que hagan advertencias de que hay gestión irregular o de que se están cometiendo diferentes prácticas
desaconsejables, cuando no a veces rozando lo delictivo, en materia de gasto público o cosas similares, si luego eso no va a ninguna parte. Tenemos un problema muy serio con eso en España; es un problema grave y es un problema que probablemente
nos va a llevar -no es la primera vez que ha ocurrido, recordaré de pasada el desafortunado caso de las vacaciones fiscales de las diputaciones forales vascas- a que los ciudadanos que sean, que al final seremos todos como ocurre siempre, paguen por
una gestión que era perfectamente evitable, es decir, por una mala gestión que se hizo, porque no tenemos un sistema democráticamente exigente con los adecuados contrapesos y los adecuados supervisores que impidan que una mala gestión se convierta
en un desastre para el país. Porque las consecuencias no son meramente administrativas o fiscales, que ya de por sí son graves como una multa -otra más de las que España acumula por parte de la Comisión Europea-, sino que aquí está el origen en
buena parte de situaciones socialmente intolerables. El hecho de que tengamos casi 6.000.000 de parados, un 25 % de pobreza infantil y otros indicadores sociales inaceptables, tiene que ver con el mal uso y el mal empleo de los fondos públicos y de
la Hacienda pública, como demuestra la noticia que ayer mismo supimos: los otros 12.000 millones de euros que se han perdido en el saneamiento de otro banco público salido de la liquidación de una serie de cajas de ahorro en Cataluña. (El señor
Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben). Bueno, no es un banco público pero viene de una banca pública peculiar, que fue hundida por la mala gestión de los partidos, sindicatos y patronales que la administraron.
Por todo eso vamos a apoyar esta comparecencia y cualquier otra que se haga en este sentido, porque es una reflexión absolutamente urgente. Esto tiene solución y se puede arreglar, pero tenemos que ir más allá de la anécdota de quién es el
responsable partidista. Tenemos un sistema que funciona mal y tenemos un sistema que funciona mal porque hemos dejado que llegue hasta este punto de deterioro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Lara.
El señor LARA MOYA: Nosotros apoyamos plenamente la petición de comparecencia del ministro de Hacienda; es necesario que comparezca. No es bueno para la marca España -cuando tanto se intenta vender la marca España- que aparezcan noticias
de investigación de la Comisión Europea por ocultar facturas en los cajones de una comunidad determinada. Además, como ya se ha dicho -los datos están ahí-, se han ocultado muchas facturas acumuladas durante tantos años, años por los que han pasado
Gobiernos de los señores Zaplana, Olivas y Camps. Llama poderosamente la atención que la Sindicatura de Cuentas del País Valenciano en 2002 detectara un gasto sanitario de 840 millones de euros que no se había contabilizado, cuyas facturas
estaban en los cajones. Lo dijo la Sindicatura de Cuentas en su momento; probablemente era tiempo de haber tomado algún tipo de medidas para resolverlo, pero no se tomaron y a nadie se le escapa que esta ocultación de facturas, junto con otras, ha
influido en el déficit de la propia comunidad y, aunque mínimamente, en el déficit del Estado en cuanto a la alteración de las cifras concretas. El presidente Fabra llegó a reconocer en un momento determinado de su mandato que había 2.000 millones
de euros en los cajones. Lo dijo el presidente y ahí está formando parte de la hemeroteca.
De cualquier forma, para nosotros el problema de fondo, donde hay que situar la atención, es que se produce un desfase clarísimo a lo largo de los años entre las necesidades, el gasto sanitario en la Comunidad Valenciana, y el presupuesto de
cada uno de los ejercicios. Fruto de ese desfase, en lugar de buscar las fórmulas alternativas para resolverlo, la solución fue tan fácil como dejar las facturas en los cajones. Por tanto, en esa comunidad hay un déficit crónico y además se ha
producido -toda España lo sabe- un gasto desenfrenado amparado en políticas corruptas y caciquiles en muchísimos casos. Esta ha sido más o menos la regla general. Por tanto, es importante que el ministro comparezca. Va a decir que esto no es de
su tiempo, a pesar de que hablamos de 2002. Ha habido Gobiernos distintos al frente de España, que tal vez, aunque solo fuera in vigilando tendrían que haber tenido responsabilidades en estas materias en el caso de la comunidad, más allá de las
propias y fundamentales de los gobernantes de la comunidad autónoma. El ministro debería decirnos si se va a investigar la situación real, si se va a clarificar; si se van a determinar responsabilidades sobre las actuaciones; por qué no se
detectó esto durante tantísimos años y, algo relevante: cómo se piensa resolver el problema crónico de financiación de la sanidad en las comunidades autónomas.
Este es el problema fundamental, el problema central, y no es raro que los gobernantes de las comunidades autónomas estén preocupados por conocer ya que el techo de gasto para el año que viene lleva un recorte presupuestario general del 3,2
% del producto interior bruto, que sin duda alguna en algo tendrá que afectar a financiaciones determinadas. Del mismo modo, existe preocupación al conocer -hoy está en la prensa- la existencia de un grupo de trabajo -¡qué sorpresa!- creado en el
ministerio para reunirse con Farmaindustria antes de las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es algo incomprensible. No sé si será para que Farmaindustria eche una mano o para buscar fórmulas de cómo acudir a nuevas figuras de
repagos o copagos para, en definitiva, resolver el problema que se puede tener en determinadas comunidades, o si la cuestión reside en la apetencia de Farmaindustria por recursos determinados.
En definitiva, hay razones suficientes que avalan la necesidad de que el ministro Montoro comparezca y, en la medida del planteamiento de los solicitantes de la petición de comparecencia, se den las explicaciones suficientes para que haya
-repito- claridad y, sobre todo, alternativas que planteen la resolución definitiva de un problema crónico que existe en esta como en otras comunidades autónomas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gerardo Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señor Puig, no deja de sorprenderme. Hoy en este debate, por el Grupo Socialista, se ha llegado a extremos que superan con mucho el critica que algo queda, aunque habitualmente no tengamos razón. Fíjese, usted ha rizado hoy el rizo
parlamentario: ha pedido la comparecencia de un ministro del Gobierno no por algo que entienda usted que ha hecho errónea o equivocadamente, no; tampoco pide la comparecencia de un ministro del Gobierno por algo que no haya hecho y que entienden
ustedes que debería hacer con relativa urgencia o necesidad. La solicitan porque ha hecho algo que usted no ha contradicho en toda su intervención. ¿Dónde está la urgencia, señor Puig?, ¿dónde está lo extraordinario de su petición?, ¿por la
decisión adoptada? No, la comparten ustedes prácticamente. ¿Por cómo se adopta esa decisión? Tampoco parece. ¿Por cuándo se lleva a cabo? Este proceso lleva más de dos años; no veo lo urgente y lo extraordinario por ningún lado.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, señor Puig, esta solicitud de comparecencia es una más, una muestra más de los esfuerzos baldíos que llevan realizando en los últimos tiempos, una vez tras otra, para intentar socavar la
credibilidad de un Gobierno, el Gobierno de España, del Partido Popular, que
ha hecho lo que debía, y además -esto se lo dirijo a usted directamente- en este caso buscando otra vez denigrar la imagen de la Comunidad Valenciana, que ha hecho y que sigue haciendo grandes esfuerzos por reducir sus cifras de déficit y
equilibrar sus cuentas, pese a arrastrar graves problemas de financiación, a lo que no ha hecho ninguna referencia en su intervención. (Rumores).
Hablemos del asunto con rigor: son las autoridades estadísticas españolas las que detectaron en mayo de 2012 -mayo de 2012, señor Lara- la existencia de gastos realizados erróneamente -subrayo, erróneamente- y no notificados. Estos fueron
notificados formalmente y de manera inmediata a los responsables de Eurostat. No hubo, por tanto, ningún tipo de ocultación ni actuación irregular. De hecho, España hizo una revisión en el mes de abril de 2012, a iniciativa propia, del
procedimiento de déficit excesivo, y el citado gasto sanitario fue registrado correctamente, tal como se ha reconocido ya por Eurostat. Nadie engaña a nadie, señor Puig. No hay déficits ocultos que aparecen como por arte de magia, señor Lara. No
se dice una cosa que luego resulta ser otra. Hoy algunos de ustedes se escandalizan porque se investigan datos conocidos aflorados hace años y que en nada afectan a las cifras de déficit de la Comunidad Valenciana ni de España. Hoy se rasgan las
vestiduras parlamentarias por un hecho: la existencia de obligaciones no reconocidas en el ámbito del gasto sanitario, que es algo conocido desde hace más de veinte años y que no ha sido ajeno prácticamente a ninguna comunidad autónoma, con
independencia del color político de quien la gobernara.
Miren ustedes el caso de la Comunidad Valenciana. Han nombrado la Sindicatura de Cuentas; yo también lo voy a hacer. Según los informes de la Sindicatura de Cuentas, existieron obligaciones no reconocidas en el ámbito de la sanidad
durante los años 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994, años de Gobiernos socialistas, en los que usted, señor Puig, tenía alguna responsabilidad -no recuerdo exactamente cuál porque yo era muy joven, pero usted andaba por allí-. (El señor Puig
Ferrer: ¡Qué morro!). Además le voy a decir la cifra del año 1994. Debería usted recordar cuántas obligaciones no reconocidas, según la Sindicatura de Cuentas, había a 31 de diciembre de 1994: en total 15.134 millones de las antiguas pesetas al
menos, en palabras de la sindicatura. Para que se ahorre el esfuerzo que yo he tenido que hacer de búsqueda: página 3.086 del volumen II del informe del ejercicio al que le he hecho referencia. Por cierto, 15.134 millones de entonces, de las
antiguas pesetas, que contabilizaron y pagaron los Gobiernos del Partido Popular. ¡Qué frágil es la memoria de algunos de ustedes!
Han olvidado también, por ejemplo, que en los años 2006 y 2007 un Gobierno de España -socialista, por si no lo recuerdan-, realizó un ajuste en las cuentas públicas reconociendo obligaciones en el ámbito sanitario por un importe superior a
los 2.000 millones de euros, ajuste que afectaba a varias comunidades autónomas. Tengo aquí el informe de la Intervención General de la Administración del Estado de 2006. ¿Sabe a qué comunidades autónomas afectaba? A Andalucía, Cataluña y Aragón,
gobernadas en todo o en parte por el Partido Socialista. Igualmente participaba de aquellos Gobiernos, señor Tardà, Esquerra Republicana de Catalunya; además participaba de aquellos Gobiernos, señores de La Izquierda Plural, Iniciativa per
Catalunya. Se reconocieron obligaciones no reconocidas de varios ejercicios, que estaban en los cajones -se iba hasta el año 2002-, por un importe superior a los 1.020 millones de euros. Tal vez por eso entonces no pusieron el grito en el cielo
como lo hacen ahora. Como tampoco recordamos que pusieran el grito en el cielo por los 30.000 millones de diferencia entre el déficit que dijo el señor Zapatero que dejaba y lo que realmente había dejado. Como tampoco lo hacen -al contrario,
guardan un silencio casi vergonzante- ante el desvío de fondos europeos que se está investigando en alguna comunidad autónoma que ustedes, señores de La Izquierda Plural y señores socialistas, gobiernan. Por cierto, desvío de fondos públicos -ahí
sí- a manos privadas...
El señor PRESIDENTE: Señor Camps, tiene usted que terminar.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo inmediatamente.
... que es algo muy distinto a gasto no contabilizado en gasas, jeringuillas o fármacos.
Señores socialistas, son ustedes incoherentes, como casi siempre, y sectarios, como siempre. Pero no se dejen llevar por un nerviosismo preelectoral acelerado por el cambio de liderazgo; dejen trabajar a los organismos de la Unión Europea.
Aunque comparta en gran parte la extrañeza de muchos valencianos por el hecho de que la Comisión Europea haya decidido abrir una investigación sobre unas cuentas transparentes...
El señor PRESIDENTE: Señor Camps, tiene usted que terminar.
El señor CAMPS DEVESA: ... fiscalizadas y enviadas...
El señor PRESIDENTE: No, no puede seguir leyendo. Tiene que terminar.
El señor CAMPS DEVESA: ... al ministro de Hacienda, tengo plena confianza en su labor.
Acabo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Acabe, acabe, pero con una frase.
El señor CAMPS DEVESA: Acabo, señor presidente. Casi podía haber pedido un turno por alusiones también, pero acabo. (El señor Llamazares Trigo: No te lo van a dar). Estoy convencido de que la conclusión de la investigación no será otra
que se ha cumplido con las obligaciones por parte de la Generalitat porque recuerden, señorías, que han sido los Gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y en España los que han acabado con eso que ustedes muy bien conocen, y que dan
por llamar facturas en los cajones.
Muchas gracias. (Aplausos).
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE (número de expediente 062/000198), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA EXPLICAR LOS CRITERIOS QUE HA UTILIZADO EL GOBIERNO PARA LA APROBACIÓN DEL DECRETO QUE OBLIGA A LA GENERALITAT DE CATALUÑA A FINANCIAR EL COSTE DE LA ESCOLARIZACIÓN EN
CENTROS PRIVADOS DE LOS ALUMNOS QUE SOLICITEN LA ENSEÑANZA EN CASTELLANO. (Número de expediente 213/001516).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE (número de expediente 062/000204), CON
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA EXPLICAR EL DECRETO QUE IMPONE LA ENSEÑANZA EN CASTELLANO EN CATALUÑA Y PERMITE REDUCIR LAS TRANSACCIONES ECONÓMICAS A LA GENERALITAT DE CATALUÑA COMO COMPENSACIÓN AL PAGO
POR PARTE DEL ESTADO DE LOS 6.000 EUROS A CADA ESTUDIANTE QUE SE ACOJA A LA PROPUESTA DEL MINISTERIO. (Número de expediente 213/001524).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE (número de expediente 062/000220), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA INFORMAR SOBRE EL 'REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AL RECONOCIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN DE LOS COSTES DE ESCOLARIZACIÓN
PREVISTOS EN EL APARTADO 4 DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMO OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN', Y LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR EL GOBIERNO PARA SU APROBACIÓN.
El señor PRESIDENTE: Puntos 6, 13 y 31.
El 6 es la petición, formulada por el Grupo Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte, con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro de Educación, Cultura y
Deporte, para explicar los criterios que ha utilizado el Gobierno para la
aprobación del decreto que obliga a la Generalitat de Cataluña a financiar el coste de la escolarización en centros privados de los alumnos que soliciten la enseñanza en castellano.
El 13 es la petición, formulada por La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte para que comparezca el ministro para explicar el decreto que impone la
enseñanza en castellano en Cataluña, y permite reducir las transacciones económicas a la Generalitat de Cataluña como compensación al pago por parte del Estado de los 6.000 euros a cada estudiante que se acoja a la propuesta del ministerio.
Y, finalmente, la 31 es una petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJE-PNV), de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte, con el
siguiente orden del día: Comparecencia del ministro para informar sobre el real decreto por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado
4 de la disposición adicional trigésimo octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y los criterios seguidos por el Gobierno para su aprobación.
Intervienen, en primer lugar, los grupos autores de las iniciativas. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Vallès Vives.
El señor VALLÉS VIVES: Muchas gracias, señor presidente.
Desde que el ministro Wert lanzó, hace ahora más de un año aquí en el Congreso, su amenaza de españolizar a los alumnos catalanes la verdad es que no ha parado ni un solo día. El último intento ha sido la aprobación por el Consejo de
Ministros el pasado día 11 de un real decreto de desarrollo de la disposición adicional trigésimo octava de la Lomce, que bajo el aparentemente inofensivo título de lengua castellana, lenguas cooficiales y lenguas que gocen de protección legal,
pretende que las administraciones educativas garanticen el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en castellano. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Señorías, aquí hace mucho tiempo que todos hemos dejado de ser ingenuos, porque todos sabemos que este decreto no se aprueba para garantizar el conocimiento del castellano en toda España. Esto ya está suficientemente garantizado, si me
permiten la expresión. Este decreto tiene como único objetivo atacar frontalmente el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, en esa obsesión enfermiza del ministro por acabar con la escuela catalana. Y no es que lo diga yo, es que ya lo dijo
él mismo en esta misma casa. Lo que pretende el ministro con este decreto no es solo una enorme irresponsabilidad política, sino que es también un error monumental desde el punto de vista pedagógico y educativo, porque atenta contra un modelo que
lleva dando unos excelentes resultados durante más de tres décadas, un modelo eficaz, un modelo de éxito acreditado y reconocido en todo el mundo, un modelo que garantiza el conocimiento del catalán y del castellano al finalizar la formación, y que
ha sido fundamental para la cohesión social y para la garantía de la igualdad de oportunidades. Es evidente pues que con la aprobación de este decreto el ministro confirma dos cosas: una, que no sabe nada de educación, y dos, que tampoco sabe nada
de Cataluña; no sabe ni de educación ni de Cataluña. Y lo único que pretende desde que verbalizó su voluntad de españolizar a los alumnos catalanes es romper con una convivencia lingüística ejemplar, agitando la lengua para hacer batallas
partidistas, y eso si me permiten es tan indigno como irresponsable.
Señorías, estamos hablando de que unas 25 familias en toda Cataluña han pedido la escolarización en castellano, 25 familias, ¿y para eso un decreto? ¿Para eso un decreto como el que se ha aprobado, cuando la Generalitat de Cataluña tiene
instrumentos, competencias y recursos humanos, materiales y pedagógicos suficientes para garantizar soluciones satisfactorias para esos alumnos y para sus familias? Eso, señorías, demuestra que la aprobación de este decreto es una muestra más de la
desconfianza institucional de este Gobierno, de la falta de respeto a las competencias estatutarias, y también una demostración de la falta de confianza en los instrumentos jurisdiccionales como el propio Tribunal Constitucional. El ministro está
provocando un problema donde no lo había, está buscando confrontación donde había convivencia, y encima lo hace impulsando una doble red de escolarización, incentivando la segregación lingüística a través de la escuela privada y además pagada con
fondos públicos. ¿Por qué razón deberíamos pagar con dinero de todos la escolarización en centros privados? ¿Por qué razón deberíamos pagarlo con fondos públicos? Dinero que además nos dicen en este decreto, en palabras del ministro, que va a ser
descontado de la financiación de la Generalitat, 6.000 euros, 6.057 euros por alumno. Esta mañana he estado hablando con el rector de una universidad catalana y me ha dicho en tono jocoso, de cinismo, si sería posible ampliar ese decreto también a
las universidades públicas catalanas,
porque la subvención pública por alumno universitario es de 4.000 euros; para un alumno de educación primaria es de 6.000 euros, ¿cómo han hecho las cuentas, de dónde sale todo esto? No tiene ningún sentido, esto es un auténtico
despropósito.
En definitiva el ministro ha aprobado un decreto que es una chapuza monumental, un decreto que va a provocar un daño irreparable en el corazón del sistema educativo catalán. Y por si fuera poco, dos semanas después de haber sido aprobado
por el Consejo de Ministros el decreto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado; ¡es que aún no aparece el texto del decreto en el BOE! Una vez más prisas y falta de rigor en la acción de gobierno. Fíjense hasta qué punto es un
despropósito lo que han aprobado en este decreto que pretenden que se aplique cuando la preinscripción escolar en Cataluña ya ha finalizado; ¡es que ya ha finalizado la preinscripción escolar en Cataluña! ¿Qué eficacia tiene pues ese decreto?
Señora presidenta, por todas estas razones pedimos la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación para que comparezca el ministro, dada la gravedad del contenido del decreto, las consecuencias que su aplicación
podría comportar, por la inminencia del inicio del curso escolar, por las implicaciones presupuestarias y financieras que conllevaría su aplicación, y porque a fecha de hoy el texto del decreto aún no ha sido publicado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Mixto, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Fíjense en qué locura estamos. Las cuatro entidades, las cuatro asociaciones que agrupan toda la escuela concertada catalana, las cuatro federaciones que incluyen todas las escuelas concertadas catalanas ya han manifestado su total apoyo al
modelo lingüístico catalán. Denominan ataque frontal -textual- a lo que pretende el Gobierno español, y reafirman su total apoyo a la Ley de Educación de Cataluña. Pero es que además la asociación de centros de enseñanza privada no concertada de
Cataluña, y su presidenta, doña María Pilar González, afirman que en Cataluña no hay escolarización privada, absolutamente privada, en castellano. Y dice: sí que hay escuelas que imparten en inglés, alemán o italiano, y todas ellas establecen unas
horas para las materias de catalán y castellano. Es decir, la escuela concertada da su total apoyo al modelo, en parte porque el éxito del modelo catalán es producto del buen hacer de la escuela concertada y de la escuela pública. Y la escuela
privada, que es residual pero existe, también afirma que no hay escolarización en castellano. ¿Esto lo sabe el ministro Wert? ¡Por supuesto que lo sabe, claro que lo sabe! Entonces, ¿a qué obedece su comportamiento? Pues a que está protagonizando
una cruzada; que por suerte para los catalanes ahora no es, en estos tiempos, a sangre y fuego. Pero sabemos que es la misma cruzada. ¿Cuál es la cruzada? Intentar fracturar nuestra sociedad, que es el gran pacto. La inmersión lingüística ha
sido el gran pacto de la ciudadanía catalana para generar cohesión social y salvaguardar la lengua. Y ahora lo que pretende esta cruzada -a la que el señor Wert llamó la cruzada de la españolización; de hecho recuerda al puro fascismo de otros
tiempos; es la misma cruzada, aun cuando el precio a pagar sea fracturar la sociedad catalana- es segregar: segregar por lengua.
Yo creo que deberían ser un poco más inteligentes. Nunca han podido: ni la intolerancia ni el fascismo ni el belicismo ni la catalanofobia... Siempre, siempre, siempre, al final -hemos sufrido mucho ¿eh?, lo reconozco- ha ganado la
libertad. Y el señor Wert, al final, será una anécdota. De hecho al final incluso los inteligentes, la derecha inteligente española finalmente lo va a repudiar. ¡Les dará vergüenza dentro de un tiempo que políticamente se haya expresado esta
actitud tan agresiva, tan poco inteligente, tan alejada de los valores democráticos y de civilización! De manera que ustedes no defienden el castellano. ¡El castellano lo defendemos los catalanes, porque también es una lengua nuestra! Ustedes lo
que quieren es imponer el castellano. Porque si no fuera esto, ¿cómo es que permiten que 125.000 familias valencianas, que reclaman la enseñanza en la lengua catalana en el País Valencià, no puedan escolarizar a sus hijos? ¡125.000 frente a 25 o
26 familias! Lo que hay detrás es una voluntad asimilacionista, razón por la cual parece mentira que incluso las personas más razonables, las personas que son conocedoras de la historia, y las personas que de alguna manera incluso han intentado
siempre desde la cultura española crear puentes de diálogo, puentes de fraternidad para con los territorios del actual Estado español con lenguas distintas de la española, ¿cómo es que no se rebelan ante esta situación? De hecho ustedes están dando
la razón a quienes decimos que no han sido capaces no solamente de romper con el franquismo, sino de iniciar una catarsis, un proceso de descastellanización del Estado español.
Andan muy equivocados si creen que van a fracturar la sociedad catalana; hemos vivido tiempos mucho más difíciles que los actuales, y su cruzada, aun cuando ahora no sea, repito, a sangre y fuego como en otros tiempos, está condenada al
fracaso, razón por la cual pedimos la comparecencia del ministro Wert para que nos utilice como espejo de algunas virtudes, al menos la virtud de la modernidad, y pueda verse reflejado, y a ver si así se le cae la cara de vergüenza.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Hay un refrán, un dicho muy conocido por las tierras catalanas que dice, en catalán, cornut i pagar el veure, cuya traducción al castellano no es fácil, pero viene a ser algo parecido a ser cornudo y encima pagar la
fiesta. Esto es lo que nos está diciendo el señor Wert, que en sede parlamentaria nos dijo que nos iba a españolizar porque los catalanes no éramos lo suficientemente españoles, según su vara de medir, pero le faltó añadir que además lo íbamos a
pagar nosotros. Por tanto estamos ante un verdadero insulto a la inteligencia que nos indica que el señor Wert y el Partido Popular intentan torpedear un modelo lingüístico de éxito desde hace décadas en Cataluña, tanto desde el punto de vista
académico como desde el punto de vista de la convivencia cívica y la integración de nuestra sociedad. Es eso lo que les preocupa. Ya lo dijo la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES: se partirá Cataluña antes de que en España
se abra un nuevo horizonte. En eso están ustedes erre que erre, intentando partir nuestra sociedad, utilizando -es cierto- uno de los aspectos más sensibles para Cataluña, que es nuestra lengua, de la que evidentemente estamos orgullosos, pero
ustedes en lugar de darse cuenta de que es un patrimonio cultural del conjunto de los pueblos de España, hacen precisamente lo contrario: segregar, dividir e insultarnos de forma cotidiana. En consecuencia les decimos algo muy claro: no lo vamos
a tolerar, porque la sociedad catalana, como se ha dicho anteriormente, que ha pasado ya por cosas peores, tiene la suficiente fortaleza cívica y democrática para levantarse también de este golpe.
Ustedes intentan ahora rematar la tarea de la Lomce. Por un lado, intentan hacer un regalo a sus escuelas, las escuelas privadas y religiosas, que se están lamiendo ante la posibilidad de que les caigan algunos cheques regalo con su
política de subvencionar a aquellas familias que de alguna forma no buscan integrarse en un sistema lingüístico plural. Por otro lado, intentan romper la convivencia, por supuesto; ya hace tiempo que lo están haciendo, utilizando, repito, la
lengua como ariete. En tercer lugar, intentan atacar también las finanzas públicas de la Generalitat, que no andan muy bien paradas, pero si además con esto pueden retorcer un nuevo recorte de aportaciones y de obligaciones al Estado sin duda lo
van a hacer. Asimismo atacan las competencias recogidas en el Estatuto de Cataluña en esa cruzada recentralizadora en la que el Partido Popular está inmerso en nuestro país, riéndose de las sentencias del Tribunal Constitucional, que en su momento
defendió el sistema lingüístico catalán como un sistema plenamente constitucional y plenamente estatutario. En eso estamos, pero repito que no se lo vamos a poner fácil.
Además también les queremos decir que no es solo ya un problema de partidos políticos, sino también de la sociedad catalana, de su sector educativo. Vamos a levantar con fuerza esta bandera, y como decía se lo vamos a poner muy difícil y en
esto van a perder, van a fracasar.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo también presenta la solicitud de convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Educación y Deporte para que comparezca el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte e informe de este real decreto. Lo pedimos
por dos motivos. Un primer motivo formal, puesto que se trata de una chapuza desde todos los puntos de vista, denunciada incluso por el Consejo de Estado, que ha hecho un dictamen durísimo en relación con el proyecto de este real decreto, y no han
sido, parece -digo parece porque aún no conocemos el decreto, pues no ha sido publicado-, atendidas las recomendaciones del Consejo de Estado; chapuza también porque no parece propio que aún no esté publicado este decreto, y chapuza también porque
el objetivo de este real decreto ya no puede conseguirse al menos para este curso en el momento en el que, como se ha dicho, ya las inscripciones están realizadas. Chapuza y Wert andan de la mano. Chapuza y Wert son lo peor de este Gobierno, un
Gobierno que con el señor Wert no
puede ir a ninguna parte. No se puede ir a Europa de la mano de un ministro tan chapucero como el señor Wert. Por esto solo nosotros creemos que valdría la pena que viniera, pero hay un tema mucho más grave, señorías, un tema que afecta a
aquello más sagrado de toda sociedad, y a aquello que como se ha podido ver a los representantes catalanes nos indigna absolutamente. Lo que está haciendo el ministro Wert, intentando destruir algo tan preciado como el sistema de educación en
Cataluña, es un pecado mortal. Ustedes deberían pedir en la presente reunión que el señor Wert cesara ahora mismo.
Les voy a contar algo para que se den cuenta de lo que este ministro está haciendo. A principios del restablecimiento de la democracia en España y la autonomía en Cataluña hubo muchos acuerdos, eran tiempos de acuerdos, y aquí tenemos
ejemplo de siete personas que trabajaron para estos acuerdos. En Cataluña hubo un acuerdo muy importante, un acuerdo político y social donde participó todo el mundo. Por ejemplo, participaron los sindicatos, Comisiones Obreras, Unión General de
Trabajadores, USO, participaron todos los partidos, un partido muy importante en aquellos momentos en Cataluña, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, todas las sensibilidades políticas, y este acuerdo era para hacer de la escuela un marco de
cohesión y de convivencia. Esto se hizo con el acuerdo de todos, con el visto bueno de todos, en Cataluña y aquí, y se ha dicho también del propio Tribunal Constitucional. El propio presidente José María Aznar durante los ocho años de su mandato
respetó plenamente el modelo lingüístico catalán. Hay que preguntarse: ¿qué ha sucedido ahora para que el mismo partido, el Partido Popular, quiera realizar un acto tan depravado como cargarse todo este proyecto de convivencia? ¿Es obra solo de
un individuo que no merecería pertenecer ni un minuto más al Consejo de Ministros, y representar a un país como España? Pido a las señoras diputadas y a los señores diputados del Partido Popular que recapaciten, porque este es un tema de extrema
gravedad, es una responsabilidad histórica, no el decreto, sino la política del señor Wert. Habrá que pedirle cuentas. La historia le va a pedir cuentas. Un individuo como este, con estas chapuzas legislativas, con este mal estilo y con estas
formas de no tener en cuenta los valores más preciados en la sociedad, no puede pertenecer ni un momento más al Consejo de Ministros de un país como es España. Tengo muy buenos amigos en el Partido Popular y les pido que hagan lo que sea para parar
este despropósito.
¿Por qué todo el mundo participó en este gran acuerdo del sistema de normalización lingüística en Cataluña? Porque era una situación ciertamente desigual, había algunos que sabían los dos idiomas, el catalán y el español -porque podían-, y
otros que, porque habían pertenecido a oleadas migratorias que se habían instalado en determinados barrios, no tenían uno de estos valores, que eran básicos para el ascensor social que era el catalán. Por tanto era necesario que todos y cada uno de
los ciudadanos de Cataluña y de los alumnos de la escuela catalana tuvieran la joya de poder tener los dos idiomas, y por tanto igualdad de oportunidades. Este es el gran valor. Ahora, porque hay una mínima cantidad, 25 familias que por el motivo
que sea -a lo mejor comprensible desde el punto de vista humano- piden un trato especial, que por otra parte se les da, resulta que vamos a crear un sistema que rompe esta convivencia, que rompe el ascensor social en Cataluña, lo rompe todo. Desde
la solemnidad de esta sala, ante los padres de la Constitución, pido al Grupo Popular que por favor abandone de una vez esta nave, que cese inmediatamente al ministro Wert. No pido que venga, pido que le cesen, porque está haciendo muchísimo daño.
Señora presidenta, le agradezco que usted entienda perfectamente esto, pero quiero transmitir a través de los señores diputados que este es un tema muy delicado, profundamente delicado, y que va a romper las cosas. Los que queremos que no
se rompan las cosas preferiríamos que hubiera una decisión valiente, cesar el ministro Wert.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Macias, pero la señora presidenta no tiene criterio, y el que tiene se lo reserva.
Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Si se produjera esta comparecencia lo que haría más bien sería preguntar al ministro el porqué de este sistema, que en realidad es una consecuencia de la Lomce. Ya expliqué la posición de mi grupo durante el largo y prolijo debate de la
Lomce, que es completamente en contra de este sistema que no va el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión, que es lo realmente importante en un sistema educativo al servicio de la democracia, es que existe un derecho básico -los derechos
básicos no se pueden
derogar ni abolir por acuerdos entre fuerzas políticas-, que es el derecho básico de todo escolar a ser escolarizado en su lengua materna cuando es oficial en un Estado. Este es el caso del que estamos hablando, que en las comunidades que
son bilingües debería existir la posibilidad, garantizada por la ley, de que las familias con niños que quieran ser escolarizados en una de las dos lenguas maternas que son oficiales puedan tener la oportunidad y la ocasión de hacerlo. En nuestra
opinión esto es lo que no se garantiza ni con el actual sistema escolar en Cataluña ni con la Lomce.
Dicho esto, la cuestión que nos parece importante es cambiar el sesgo del asunto, porque más allá de que algunas fuerzas políticas estén entusiasmadas con los pactos a los que han llegado con otras -lo cual siempre tiene su valor-, conviene
trazar una línea roja muy importante: esos pactos nunca pueden ir en el sentido de derogar de hecho lo que es un derecho básico, derecho básico que no solamente reconoce la Constitución española, sino todos los convenios internacionales suscritos
por España, y las propias posiciones de la Unesco desde hace ya muchos años. En nuestra opinión esta es la cuestión que debería preocuparnos, es decir, la cuestión de permitir algo que es normal, que es poder elegir en aquellas comunidades donde
hay dos lenguas, y sobre todo en un periodo crítico de la educación y del aprendizaje, que es precisamente en la enseñanza primaria, aunque luego evidentemente haya un aprendizaje suficiente y completo de la otra lengua cooficial a lo largo de toda
la etapa educativa. A nosotros todo lo que sea alejarse de este objetivo nos parece renunciar a lo que tiene que ser no ya solo un principio, que lo es, sino un objetivo de la democracia. Por tanto nunca estaremos de acuerdo ni apoyaremos nada que
se aparte de ese objetivo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que escuchando a algunos de ustedes e intentando comprender algunas de sus intervenciones -aquí evidentemente lo que menos importa es la comparecencia del ministro, ya que compareció en esta Cámara el pasado día 24 y
dio todas las explicaciones sobre esta cuestión- me preguntaba qué opinarían o cómo podrían entender este debate algunos países vecinos, como Francia, Portugal, Italia o tantos otros, cuando hoy lo que realmente es objeto de debate, lo que
cuestionan algunos de ustedes es ni más ni menos que el derecho que tienen los alumnos a estudiar, a utilizar dentro del sistema educativo, de la enseñanza obligatoria la lengua oficial del Estado, una lengua sobre la que la Constitución establece
que es un deber conocerla para todos los españoles y el derecho a usarla. Me preguntaba qué extrañeza puede existir en que una ley orgánica educativa, una ley de aplicación en todo el territorio nacional, aunque a algunos de ustedes no les guste,
preserve ese derecho que reconoce nuestra Constitución. Quizá lo extraño sería que la Ley orgánica de mejora de la ley educativa no hubiese hecho referencia a esta cuestión, que una ley cuyo uno de sus objetivos principales, que marca precisamente
a los alumnos, es conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma, hubiese ignorado en su articulado una referencia específica al uso del castellano y de las lenguas
cooficiales en el sistema educativo, cuya protección, por cierto, también reconoce la Constitución española.
Señorías, lo verdaderamente sorprendente es su beligerancia ante una medida que simplemente pretende garantizar que aquellos padres que deseen que el castellano sea utilizado también como lengua vehicular en una comunidad autónoma con lengua
cooficial, tengan la oportunidad de conseguirlo. Pues bien, de esta cuestión tan lógica, tan básica, tan elemental, que es el derecho que tienen los alumnos a utilizar la lengua oficial del Estado como lengua vehicular, provienen todas sus
descalificaciones, pero ¿saben qué ocurre? Que precisamente su firme oposición a que el Estado ejerza sus competencias en cumplimiento de la Constitución y su frontal negativa a una medida que en la práctica además debe tratarse como excepcional y
transitoria, siempre, por supuesto, que la correspondiente Administración educativa, en este caso la comunidad autónoma, cumpla con su deber, el deber de garantizar el derecho al alumno de recibir las enseñanzas en ambas lenguas, señorías,
cooficiales, no puede sino evidenciar una realidad, y esa realidad es la que ha obligado a los padres a acudir a los tribunales para que les sea garantizado este derecho. Esto, señorías, es de una gravedad extrema, así que no nos hablen de
normalidad ni nos acusen de crear conflictos, porque quien crea conflictos es quien incumple sistemáticamente la ley. Ni defiendan la pacífica convivencia de un modelo integrador, como tantas veces hemos tenido que escuchar en esta Cámara, porque
basta con que una sola familia -ustedes hablan de
veinticinco familias y yo me pregunto si les han permitido elegir al resto- se sienta discriminada para que su modelo idílico, que defienden a capa y espada, se desvanezca. Y si tan bien se están haciendo las cosas, ¿por qué les preocupa
esta disposición adicional, señorías? No tendrían ni que sentirse aludidos por su existencia. El problema es que algunos de ustedes vienen a esta Cámara a defender el incumplimiento de la ley.
Debo decirles que el problema no lo tenemos nosotros ni este Gobierno; lo tienen ustedes, que avalan un modelo lingüístico que discrimina a las familias que quieren elegir el castellano. Esa es la realidad y dejemos las cosas claras. Ni
la Lomce ni la disposición adicional trigésimo octava suponen ni una imposición del castellano, puesto que en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial ambas lenguas, las dos, serán utilizadas como lenguas vehiculares en el ámbito
educativo; ni un ataque a las lenguas cooficiales, puesto que no existe exclusividad del castellano sobre la lengua cooficial, señorías. Lo que se defiende es un bilingüismo integrador, como defienden las diferentes sentencias del Tribunal
Constitucional, la formación en el respeto, en el reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España, tal y como contempla la Lomce y ya contemplaba la LOE, señores del Grupo Socialista. Tampoco suponen una referencia específica a
ninguna comunidad autónoma. Díganme sus señorías qué comunidad autónoma viene nombrada en el texto de la ley. Ninguna. Cuestión diferente es que alguna se sienta aludida, pero si se siente aludida se tendrán ustedes que preguntar por qué. Y no
suponen una invasión competencial, por cuanto el Estado cumple simplemente con las obligaciones que le vienen determinadas en la defensa de los derechos que garantiza la Constitución española; ni por supuesto esta medida favorece a la escuela
privada. En primer lugar, porque, tal y como he señalado anteriormente, se trata de una medida transitoria y excepcional, que se extinguirá en el momento en que la comunidad autónoma cumpla con su deber constitucional de garantizar la presencia de
ambas lenguas cooficiales en su programación educativa. En segundo lugar, porque la compensación económica a la que tendrá que hacer frente la comunidad autónoma que incumpla con su obligación, que incumpla con la ley, es el coste de la
escolarización en un centro público, tal y como ha sugerido el propio Consejo de Estado. Señorías, aquí los únicos beneficiados serán los alumnos y sus familias, que podrán tener la seguridad de que el sistema educativo les permitirá conocer y
expresarse libremente en la lengua oficial del Estado y en la cooficial de la comunidad autónoma.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Moneo, acabó su tiempo.
La señora MONEO DÍEZ: Acabo.
De esta forma podrán enriquecer su formación, algo prioritario por lo menos para este grupo parlamentario, aunque no tengo tan claro que lo sea para el resto de sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Moneo.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (número de expediente 062/000198), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA INFORMAR DE LAS MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS INCLEMENCIAS CLIMATOLÓGICAS EN DIVERSAS COMARCAS. (Número
de expediente 213/001499).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto 7. Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembro de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con la presencia de la ministra de Agricultura, para informar de las medidas a adoptar por el Gobierno para paliar los daños producidos por las
inclemencias climatológicas de diversas comarcas.
Interviene en primer lugar el grupo promotor de la iniciativa. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Núñez.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Según los últimos datos que se han facilitado por instituciones públicas y privadas, los daños en la agricultura ocasionados por la sequía y por el pedrisco en los últimos meses son los mayores que se han registrado
en los últimos treinta y cinco años. Es evidente que estamos en un año agrícola en el que los fenómenos meteorológicos están causando estragos en muchas comarcas agrarias españolas. En primer lugar, la sequía. Una sequía que se hizo presente en
los últimos meses de primavera, en marzo, abril y mayo, en los que las precipitaciones han sido las más bajas desde hace ochenta años en algunas comarcas y las temperaturas han sido las más altas de las registradas en algunos de los observatorios.
Los daños por la sequía han sido dramáticos en algunas zonas: en Murcia, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía, especialmente en Almería. También ha habido pérdidas muy importantes en Aragón, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en
Madrid y en las Islas Baleares. Se podría hacer un listado exhaustivo de las zonas afectadas, pero creo que no viene a cuento y tampoco tendría tiempo. Son datos que ya tiene el Ministerio de Agricultura, han sido facilitados por las distintas
comunidades autónomas y, por tanto, obvio leer el amplísimo listado de zonas afectadas. La sequía afectó gravemente a la ganadería extensiva -ovino y caprino- por ausencia de pastos, a los cereales de secano, a las legumbres y en este momento ya
están evaluadas como perdidas totalmente -por muerte por sequía- más de 180.000 hectáreas de almendros en estas comunidades autónomas que he señalado. Las pérdidas en su conjunto han sido evaluadas por algunas organizaciones profesionales agrarias
y totalizan cifras superiores a los 500 millones de euros. En segundo lugar, el pedrisco. Si esta situación de sequía fuera poca, la proliferación de tormentas de pedrisco han asolado campos y cosechas en las comunidades autónomas de Aragón, La
Rioja, Navarra, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha; y con menor incidencia pero también con presencia importante se han dado algunos sucesos en prácticamente todas las comunidades autónomas. En este caso, por el pedrisco los daños han
sido en cereales de invierno y de primavera, en frutales, en viñedo, en olivar y en hortaliza. Asimismo, en el caso del pedrisco se han contabilizado daños además de en la agricultura, en viviendas, en enseres y también en infraestructuras
públicas.
Alguien podría decir y seguramente lo dirá que en España son frecuentes estos fenómenos y que se producen todos los años. Efectivamente, casi todos los años hay algún episodio de tormentas, pero no con la intensidad de los daños que se han
producido en esta ocasión. Además, y quizá esto es lo relevante, históricamente en España desde hace muchísimos años el Gobierno español -los Gobiernos de distinto signo tanto del Partido Socialita como los del Partido Popular hasta ahora- han
atajado estos problemas de daños en la agricultura con dos medidas: con el sistema nacional de seguros agrarios y con la aprobación de medidas extraordinarias adaptadas a la realidad de los daños que se han producido en distintas comarcas. El Plan
nacional de seguros agrarios en esta ocasión -que es la referencia obligada y no lo vamos a poner en duda- llega a donde llega, nunca ha llegado a compensar el cien por cien y además es que en esta ocasión el Plan nacional de seguros agrarios está
dando síntomas de agotamiento, porque en los distintos presupuestos del Gobierno del Partido Popular se ha ido recortando en más de un 30 % y podríamos decir que está al límite de sus posibilidades. Por otra parte, la posibilidad de que se apruebe
un real decreto-ley, como venimos solicitando el Grupo Socialista y las organizaciones profesionales agrarias, parece ser que ha sido descartada -vuelvo a repetir- por primera vez en la historia. Los daños catastróficos siempre han dado lugar a la
aprobación de un real decreto que establezca un presupuesto y unas medidas extraordinarias para compensar los mismos. Cuando hemos pedido la aprobación de un real decreto-ley escuchamos a la ministra, al Gobierno -creo que demuestra buena voluntad-
prometer ayudas cuando visitan las zonas, pero ella sabe mucho mejor que yo que el ministerio está tieso, que el ministerio no tiene presupuesto para aprobar un plan de medidas que compense los daños ocasionados. Es absolutamente imprescindible y
necesario, y hacemos esta petición, para, si lo quieren entender ustedes así, reforzar la posición de la ministra, que necesita un real decreto-ley que ponga fondos encima de la mesa para poder atender esta situación catastrófica. Si no lo hacen,
estarán mareando la perdiz, dando largas al asunto, pero todos los agricultores saben que las medidas que ha anunciado la ministra, y que seguramente ahora relatará quien intervenga por el Grupo Popular, son calderilla, son absolutamente
intranscendentes por el volumen de daños que ha habido. Por eso, creemos que la ministra debe comparecer con urgencia a fin de que confirme aquí los daños que se han producido en las distintas comarcas agrarias de prácticamente todas las
comunidades autónomas y para que, sobre todo, explique las medidas. ¿Por qué en esta ocasión, por qué en este año 2014 lo que ha sido tradicional, lo que históricamente se hace en una situación de catástrofe o por daños a la agricultura, que es la
aprobación de un real decreto-ley con medidas fiscales, con créditos sin interés, con medidas de Seguridad
Social, con medidas de planes específicos de inversión para reponer los daños, el Gobierno del Partido Popular no lo quiere atender?
Esta petición que les hacemos no es un capricho ni algo que el Partido Socialista se esté inventando. Las organizaciones profesionales agrarias lo están diciendo todos los días. No hay que irse muy lejos. Ayer, en Almería, en una de las
zonas más afectadas por estos daños y, especialmente, por la sequía, las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y Faeca, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias, se manifestaron ante la sede de la Delegación del Gobierno y también
de la Junta de Andalucía, reclamando un plan de ayudas específicas para compensar una situación que consideran catastrófica. Esto es lo que estamos haciendo, recoger un sentir general del sector agrario que reclama ayudas por una situación
catastrófica en distintas comarcas. Esperamos -vuelvo a repetir lo que dije al principio- que la voluntad, en este caso del Partido Popular, atienda a esta petición que hacemos, en representación, en nombre o recogiendo el sentir del sector agrario
en este momento.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Alonso.
Para fijación de posición, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros también somos partidarios de la comparecencia urgente de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para tratar esta cuestión. Es una cuestión que también afecta a nuestro país, Euskal Herria. En los últimos meses
se han producido unas inundaciones importantes, con ocasión de un temporal climatológico, que han afectado fundamentalmente al valle del Baztán y Luzaire, en Nafarroa los dos. Ahí se han producido importantes daños, tanto en bienes públicos como en
bienes privados, en viviendas, en negocios, en pequeñas y medianas empresas, en talleres, etcétera, y la realidad es que la normativa estatal ordinaria presenta unas compensaciones que son ridículas, que no cubren ni muchísimo menos los daños
producidos. Por otro lado, las actuaciones del Gobierno de Navarra tampoco cubren esos años. Por tanto, es necesario que, así como en otras ocasiones desde el Gobierno central y desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se
han articulado medidas extraordinarias para compensar ese desfase, en esta ocasión también se produzcan esas medidas extraordinarias que afecten no solo a estos valles de mi país, Euskal Herria, sino también a todas las zonas que han resultado
afectadas de distinta forma en todo el ámbito del Estado.
También pensamos que hay que plantear al ministerio otra cuestión importante que está en la base de muchos de estos daños, al menos en este caso. Me estoy refiriendo al papel que está jugando, o mejor, que no está jugando la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico, que sería la responsable del mantenimiento de las regatas y ríos de esa zona y que no se está produciendo. Es decir, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico no se ha hecho cargo de la limpieza de esas regatas y
ríos, ni de mantenerlos en una situación idónea para hacer frente a las crecidas que se producen con estos fenómenos y, lo que es peor, tampoco ha facilitado que se hagan por parte de ayuntamientos o particulares, o bien a través de una institución
propia de Euskal Herria, que es el auzolan, que son los trabajos comunitarios que se realizan en los distintos municipios y poblaciones y que nunca han contado con la autorización por parte de la confederación hidrográfica, llegándose a una
situación absurda en la que la confederación no cumple con su obligación y además impide que otros ejerzan esa labor subsidiaria para garantizar que no ocurran este tipo de cuestiones. Por eso, nosotros consideramos que es importante la
comparecencia de la ministra, tanto para ver qué medidas van a articular desde el ministerio para dar respuesta a ese desfase en las ayudas, como para ver qué medidas va a tomar para que en este caso la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
cumpla con sus obligaciones, que no son otras que, entre otras cosas, prevenir para que no se produzcan este tipo de inundaciones y, al mismo tiempo, ver qué va a hacer para cubrir el mantenimiento y la reparación de infraestructuras públicas, como
puede ser el tema de puentes, etcétera.
También hay otra cuestión que ha tenido influencia grave en este caso, en las inundaciones de Baztán, que es el no vigilar por parte de la confederación hidrográfica los proyectos de construcciones de puentes. Es decir, hay un puente en la
entrada de Elizondo en el valle de Baztán que hace de presa y donde se producen avalanchas de agua en los ríos y regatas, porque es un puente que se construyó hace treinta años sin tener en cuenta las necesidades de caudal de ese río y sin tener en
cuenta la existencia y la estructura que tenía el puente anterior, que tenía mucha mayor altura precisamente porque la experiencia histórica decía que era importante. Por esas razones consideramos que es importante la comparecencia de la ministra y
desde Amaiur planteamos que se vote favorablemente y que se lleve a cabo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán. (Denegación). De acuerdo. Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.
Quiero manifestar nuestro apoyo a la petición del Grupo Parlamentario Socialista de comparecencia urgente de la ministra de Agricultura y, por tanto, anuncio nuestro voto favorable.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Seré muy breve. Quiero anunciar nuestro voto favorable. A veces las comparecencias se piden -hoy se ha dicho aquí- a favor de que el propio ministerio, en este caso la propia ministra, pueda tener una sesión
positiva para intercambiar puntos de vista, para recibir informaciones y a nosotros, que conocemos de la labor positiva que está haciendo la nueva ministra, nos gustaría en este caso que pudiera venir, nos gustaría comentar con ella también algunos
temas especialmente de las comarcas de Lleida y de Girona de algunos fenómenos meteorológicos que han afectado a la producción frutícola y, por tanto, desde este punto de vista absolutamente positivo nos gustaría que pudiera tener viabilidad esta
sesión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy, señorías, la petición de comparecencia de la ministra, señora García Tejerina, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para informar de las medidas a tomar para paliar los
daños producidos por las inclemencias metereológícas en diversas comarcas. El asunto es evidentemente importante por lo que es la inquietud expresada por el portavoz socialista y por el resto de portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra. Pero, señorías, en estas preocupaciones estivales en las que se piden comparecencias urgentes en sesiones extraordinarias de las comisiones correspondientes, muchas veces se cae en la demagogia, en el desconocimiento o en el olvido. Digo
esto porque la ministra ha comparecido en un mes y medio tres veces ante la Cámara. Ha comparecido dos veces ante el Congreso de los Diputados y una vez en el Senado y nos ha informado ampliamente de la situación de la sequía, de las tormentas de
granizo y de las actuaciones que el ministerio está efectuando. Voy a recordárselas, señorías: 28 de mayo, recién incorporada al ministerio, interpelación sobre la situación de la sequía -el interpelante fue precisamente el señor Alonso-; 10 de
junio, comparecencia de la ministra ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso con una amplia referencia a todas las medidas que se estaban tomando -usted, señor Alonso, participó en el debate-; 15 de julio,
comparecencia de la ministra ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado explicando no ya lo que se iba a hacer sino lo que se estaba haciendo. Todo ello viene recogido en los diarios de sesiones y todos hemos podido asistir a las sesiones.
Señorías, creo que con esto que he dicho sería suficiente para explicar nuestro voto negativo a una nueva comparecencia urgente de la ministra y podría dar por finalizada mi intervención. No obstante, voy a hacer algunas puntualizaciones.
Primera, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, las precipitaciones estatales entre el 1 de octubre y el 20 de mayo han sido un 7 % inferiores a las normales en este periodo, pero se han producido grandes diferencias entre
territorios; ha llovido más de lo normal en la España húmeda, pero lamentablemente en la España seca ha llovido menos de lo normal. Podemos decir que la escasez de lluvias se ha circunscrito al área del sureste español. Nada tiene que ver la
situación, señor Alonso, con la sequía del año 2005, a la que se ha referido en varias ocasiones. En el año 2005 la sequía fue sequía meteorológica, sequía agronómica y sequía hidrológica. No había agua para el consumo humano en muchas zonas; el
famoso programa AGUA de la señora Narbona no funcionó. Afectó al turismo, a la industria y a los servicios, por tanto, la situación no es comparable. No intente confundir, señor Alonso, que es usted demasiado aficionado a ello.
Segundo, como ustedes conocen, señorías, el principal instrumento de que disponemos ante las sequías y ante cualquier otra adversidad climatológica es el Plan de seguros agrarios. A pesar de las medidas de contención del gasto público que
este Gobierno ha tenido que tomar debido a la situación en
que nos dejó el Gobierno socialista, se ha mantenido la dotación asignada a los seguros para el año 2014: 204 millones de euros, de los cuales el 97 % está destinado a subvencionar las pólizas de seguros. El Sistema Nacional de Seguros
Agrarios no está dando síntomas de agotamiento, señorías socialistas, como no se cansan de repetir; ni mucho menos, y lo saben. De su intervención, señor Alonso, deduzco que su único indicador para avalar la política del Gobierno es cuánto dinero
de los ciudadanos se gasta y cuanto más, mejor. Esto es lo que siempre opinan ustedes. El Grupo Popular cree que lo que hay que valorar son los servicios que se ofrecen y el resultado, señorías, está claro: con menos gasto se está dando un mejor
servicio de seguros agrarios. Recuerden que la mayor caída del número de pólizas del seguro agrario se produjo entre 2009 y 2010 y la mayor caída de la superficie contratada entre 2009 y 2010; un 30 %, señorías.
¿Qué está haciendo el Gobierno para afrontar la situación planteada en el sureste español? Decía el señor Alonso que yo lo iba a explicar. No tengo que explicarlo yo, señor Alonso, lo ha explicado la ministra, no una vez sino tres, como he
citado, pero brevemente le hago un resumen. El Gobierno trabaja en las medidas que permitan a los agricultores el fraccionamiento del pago de las pólizas agrícolas; Saeca facilitará los avales para garantizar esta operación. Ha establecido una
línea de diálogo permanente con representantes del sector y comunidades autónomas afectadas para analizar la evaluación de la situación. Ha solicitado y ha conseguido de la Comisión Europea el adelanto a 15 de octubre de las ayudas de la PAC,
incluidos los derechos de pago único, y en su momento se propondrá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas una rebaja de los módulos de cara a la declaración de la renta. Además, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se ha
comprometido a facilitar -si así se solicita- aplazamiento de las obligaciones de cotización a la Seguridad Social. De otro lado, durante el mes de junio y primera semana de julio han tenido gran cantidad de fenómenos tormentosos con frecuentes e
importantes descargas de granizo, que han producido importantes daños en producciones agrarias e infraestructuras. Las hectáreas con declaración de siniestro ascienden a 307.000, de las que el 80 % se encuentran en Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Aragón y Navarra.
Quiero decir que todas las producciones vegetales agrarias tienen cobertura frente a los daños por pedrisco y que ante el elevado número de siniestros por granizo en las últimas semanas, se han reforzado los equipos de tasación...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De Lara, finalice. Ha terminado su tiempo.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señoría.
... habiéndose peritado ya el 80 % de la superficie que ha dado parte de sequía y de pedrisco. Por otro lado, como conocen, señorías, los daños por pedrisco se incluyeron entre los daños susceptibles de acogerse a las medidas de apoyo
establecidas en el Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre. Por todo ello, como ya conocían lo que he dicho, porque se lo ha explicado la ministra en más de dos ocasiones, vamos a votar en contra de la comparecencia de la ministra.
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracia, señora de Lara.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000199), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE CORRUPCIÓN POLÍTICA Y SUS VINCULACIONES CON LA FINANCIACIÓN IRREGULAR E ILEGAL DE PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 156/000017).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente petición, formulada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y el Grupo Mixto, en la que se acuerda solicitar una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con
el siguiente orden del día: creación de una comisión de investigación sobre corrupción política y sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de partidos políticos. En primer lugar, en representación de los peticionarios, tiene la
palabra el señor Centella, del Grupo de La Izquierda Plural.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Se nos podrá decir que este no es un tema urgente ni novedoso para traerlo a una Diputación Permanente, y efectivamente así puede ser, pero la realidad del Reglamento nos lleva a que este tema, que consideramos importante, no se pueda
debatir nunca en un Pleno, porque la Junta de Portavoces, la mayoría del Partido Popular, bloquea no ya la creación de la comisión, que podría tener cierta lógica si así lo considera, sino el debate. Por tanto, nosotros lo traemos a esta Diputación
Permanente porque queremos que haya debate, queremos que sitúen sobre la mesa los argumentos para explicar y tratar de convencer de la necesidad de crear esta comisión de investigación.
El Partido Popular no se puede presentar con propuestas de futuro, con propuestas que nos hablan de regenerar la vida política, de dar más transparencia a la vida política sin investigar lo que ha pasado en este país en los últimos veinte
años. No puede haber leyes de punto final, no se puede dar la sensación de que queremos mirar para el futuro y enterrar el pasado, porque hay pasado y hay que investigar y aclarar. Por eso, nuestro grupo considera que es importante la creación de
esta comisión. No hay más que mirar las encuestas y hablar con la gente para saber que hay un problema, que nos atañe a todos y que todos tenemos que afrontar. Por eso, creemos que en estos momentos abrir los cajones, abrir los archivos, abrir los
discos duros -eso sí, los que no se hayan destruido- para ponerlos a disposición de la investigación parlamentaria es una obligación. Además, va a ser una realidad más pronto que tarde. Ustedes lo podrán bloquear mientras tengan mayoría absoluta,
pero en la medida en que esa mayoría absoluta desaparezca esta comisión se va a crear. Situarse a la defensiva no solamente no es bueno para quien lo haga, sino que es malo para el conjunto. Nosotros creemos que cuando ha ocurrido en este país lo
que ha ocurrido en los últimos tiempos es obligatorio investigar, es obligatorio aclarar, es obligatorio dar la mayor información posible no solamente a la Cámara sino fundamentalmente a la población.
Es verdad que ha habido corrupción, hay sentencias que así lo certifican, aunque la justicia sea lenta, y también hay investigaciones que así lo van aclarando, pero por encima de la investigación, por encima de la sentencia hay algo mucho
más importante, y es dar transparencia y credibilidad a la vida pública. Por eso, nuestro grupo tiene esta propuesta, que, repito, no señala a ningún grupo en concreto; plantea investigar a todos y a cada uno de los grupos que tengan
representación institucional parlamentaria. Se nos dirá, se nos contestará, se nos señalarán -lo comento para no usar luego el turno de alusiones- problemas que tiene nuestra formación política, y nosotros diremos: evidentemente; por eso queremos
que se investigue, porque no tenemos nada que temer. Quien se sitúe en contra es el que tiene que temer, es el que se pone a la defensiva. Nuestra formación política, que ha tenido problemas de financiación -porque no tenemos a nadie que nos dé
sobresueldos ni aportaciones y tenemos deudas-, no los oculta y queremos que se nos investigue. Somos los primeros interesados en que se nos investigue, a nosotros y a los demás. Por lo tanto -dicho esto, para no hacer uso del turno de alusiones
porque ya estamos acostumbrados a que cuando pedimos que se investigue se nos intente situar en el punto de mira-, decimos: muy bien, no nos importa. Quien no quiera que se investigue, por algo será; nuestra fuerza política, al contrario:
nuestros archivos, nuestros discos duros están a disposición de la comisión de investigación. No puede haber elementos que ocurren, que están ocurriendo y que la respuesta del Parlamento sea que no se investigue. El Partido Popular está a tiempo,
está en disposición de facilitar, de quitar ese elemento de bloqueo que lleva ejerciendo desde el inicio de la legislatura, de entender que no se va contra él, sino al contrario, que se va a favor de la democracia y de la transparencia. Es evidente
que si se ponen a la defensiva, si el Partido Popular lo impide, como ha venido haciendo semana tras semana en la Junta de Portavoces, uno tiene que pensar que es por algo. Es lo que tendría que explicar, por qué no quiere ni siquiera que se
discuta en un Pleno la creación de la comisión de investigación. Le repito que nuestro grupo no tiene ningún problema y, si hay un turno de investigación, que se nos ponga los primeros para que sea nuestro grupo el que dé cuentas, porque eso es lo
que tenemos que hacer. Este país necesita regeneración política, necesita transparencia, necesita situar la actividad institucional en la mejor disposición para que se pueda, de una vez por todas, recuperar la credibilidad. La credibilidad no se
recupera solamente en esta institución, se recupera también fundamentalmente cuando uno entiende que el Parlamento no es algo ajeno a la realidad, a la vida política, sino al contrario, el Parlamento debe ser el primero en dar ejemplo y el primero
en mostrar su disponibilidad para ser auditado o para ser investigado. No voy a señalar los temas que pueden ser investigados porque no se trata de que yo señale los de otro grupo y otros grupos señalen los nuestros, no; al contrario, se trata de
hacer ese llamamiento para que nadie frene esta investigación.
Nosotros creemos -y con esto termino- que sería una aportación a la recuperación de la credibilidad de la democracia, del Parlamento. Por otra parte, si el Partido Popular se empeña en blindar, en bloquear, en impedir esta investigación
serán ellos los que tengan que dar cuenta porque es verdad que hoy aquí se va a votar. Por fin, hemos conseguido que se debata y vamos a seguir insistiendo Junta de Portavoces tras Junta de Portavoces porque no se puede evitar el debate. Nos
comprometemos a que en el futuro, como ya hicimos en otras instituciones, cuando nuestro voto pueda determinar mayoría se van a constituir comisiones de investigación de este y de otro tipo. Porque lo contrario -repito- no es ni más ni menos que
intentar aparentar que aquí hay algo oscuro, que aquí hay algo que tapar. Quien tenga que tapar que lo tape y que vote que no; quien no tenga nada que tapar que no lo tape y que vote que sí.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Mixto va a intervenir el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Ya me dirán cuál es la razón por la cual una vez más pueden negarse a aceptar la creación de una comisión de investigación a fin y efecto de investigar sobre la corrupción política y sus posibles, hipotéticas, vinculaciones con la
financiación irregular de los partidos políticos. A mí no me cabe otra respuesta que el miedo. Y yo me pregunto qué futuro se puede construir si nos basamos, si todo se fundamenta, en el miedo. Yo creo que la respuesta inteligente, la respuesta
razonable, la que creo que compartiremos todos, al margen de la ideología política, es que no se puede construir nada si el cimiento es el miedo. De hecho, me gustaría que alguien pudiera rebatir lo que acabo de decir, que creo que es tan elemental
que incluso me sonrojo por tener que utilizar este argumento, porque estoy convencido de que aquí, al margen del pensamiento político, todos -repito- estamos de acuerdo en que bajo el signo del miedo, del temor no hay futuro.
¿Cómo se pueden poner puertas al campo ante esta reclamación que se ajusta a un clamor popular, a un clamor de la ciudadanía? Yo tengo amigos, conocidos, que votan al Partido Popular, otros que votan a Izquierda Unida y otros que votan a mi
partido y les aseguro que cuando hablamos de todo ello estamos de acuerdo. De manera que cuál es la razón por la que hoy aquí no salimos todos con un acuerdo; un acuerdo que sería aplaudido por todos los electores de todos los partidos políticos
aquí presentes: Que el Parlamento español asume un reto, asume el reto de crear una comisión de investigación. Creo que las palabras del compañero Centella han sido muy honradas; yo las comparto, creo que las compartimos todos. Aquí nadie debe
esconderse y creo que ha hecho un ejercicio de honestidad que merece la pena remarcar. Luego aquí quien se esconda es cómplice; es cómplice no sé si muy activo o pasivo, pero es cómplice.
Estamos sujetos a un escenario en el que un cáncer en estado de metástasis está matando, carcomiendo el sistema democrático, parece que prevalezca la omertà, una estúpida e imbécil omertà, que acabará quizás con el sistema democrático, y
ustedes saben que precisamente hay un discurso creciente no solamente en el Estado español, sino en toda Europa, un discurso fascista, que pretende deconstruir el sistema democrático, que lo basa todo en un argumento, en alguno más pero básicamente
en hablar de la descomposición del sistema democrático, lo cual me remite a otros tiempos, al período de entreguerras en el siglo XX en Europa, con lo cual creo que esta omertà, esta pasividad tiene unas consecuencias horribles, nuestros hijos
seguro que dentro de muy poco tiempo -porque la historia ha cogido velocidad- nos van a pasar cuentas a todos nosotros, también es cierto que a algunos más que a otros.
No se justifica pues que hoy no se apruebe esta solicitud de comparecencia, los últimos informes del barómetro CIS evidencian que la ciudadanía cada vez más no diferencia nada; de hecho, estamos situados ya en una zona de riesgo y hacer
oídos sordos a todo ello, quedarnos en el regate corto no solamente es perjudicial desde el punto de vista incluso de los intereses legítimos de cada partido político, que es lo de menos, aun cuando todos tenemos derecho a defender nuestras
posiciones y nuestros escenarios, sino que respecto al conjunto del escenario hay que provocar una catarsis que quizá podría ser singular ejemplo y praxis ejemplar para con otras instituciones, y solicitamos la creación de una comisión de
investigación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Vamos a pasar a la fijación de posiciones. Señor Martínez Gorriarán por el Grupo de Unión Progreso y Democracia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo apoya la creación de esta comisión por algunas razones que se han apuntado, no quiero repetirlas o abundar más en ellas, las comparto, me parece que es cierto que la única manera política de responder a los avances peligrosos de la
antipolítica es así: con iniciativa política, no tratando de tapar las cosas debajo de la alfombra y más en una época en la cual esto es sencillamente imposible. Simplemente quería aprovechar la oportunidad para añadir que creo que esta comisión
desde luego no debería entenderse como una acusación contra nadie, ni con el tú más; en este caso mi grupo está muy tranquilo, no se trata de eso, no queremos acusar a nadie de nada, creemos que sería muy oportuna para que se vean las deficiencias
sistemáticas que todavía seguimos arrastrando pese a algunas reformas legales que han sido positivas, y me explico.
Cuando se aprobó la reforma de la Ley sobre Financiación de Partidos en octubre de 2012, que fue un avance efectivo y real sobre lo anterior, aunque también insuficiente, una de las cosas que en esa reforma legal se aprobó fue la prohibición
de condonaciones de deudas a partidos políticos por entidades bancarias con la salvedad de que se podían permitir como donativos hasta un límite de 100.000 euros. Esto es lo que se aprobó y esto es lo que dice la ley. En el último informe del
Tribunal de Cuentas ya se habla de lo que parecen ser posibles condonaciones que ya estarían desobedeciendo y desde luego incumpliendo la ley, la reforma de 2012. Lo cual llama la atención sobre el hecho de que algo funciona mal, es insuficiente y,
en fin, hemos hecho también una pregunta al Gobierno de si se va a tomar algún tipo de iniciativa, pero en cualquier caso no sirve de mucho que se hagan reformas legales si luego una vez más parece que son insuficientes o ineficaces o no consiguen
el objetivo que sinceramente se compartía en aquella Comisión. O también, en ese sentido, hay otras críticas que hace el Tribunal de Cuentas a algo que en su momento ya dijimos que nos parecía una insuficiencia de esa reforma legal que convendría
abordar y creo que para eso esta comisión podría ser sumamente útil, que es el hecho de que los partidos presenten desagregadamente su contabilidad de lo que es el aparato nacional y luego sus federaciones, etcétera. Es un fallo. Es evidente que
ahí sigue habiendo insuficiencia y es evidente que a día de hoy sí existen instrumentos tanto técnicos como jurídicos para mejorar esto. Por eso creo que esta sería una buena idea y sería desde luego un mensaje muy positivo de cara a relegitimar el
sistema de partidos y la democracia representativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Socialista, señor Muñoz González.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición, que será favorable a la iniciativa planteada por el Grupo Mixto y por el Grupo de La Izquierda Plural, que además ha sido defendida en esta sesión de la
Diputación Permanente de forma muy acertada por los dos grupos proponentes puesto que estamos hablando de un asunto de interés público. Y frente a un asunto de interés público como es este, que nadie negará -han sido referidos también aquí los
estudios sociológicos sobre este tema-, desde luego la transparencia es el mejor de los antídotos. Esta iniciativa tiene su causa en una iniciativa ya planteada por el Grupo de La Izquierda Plural el 29 de abril de 2014. Pero resulta, señorías,
que nuestro grupo ha planteado hace mucho más tiempo, el 2 de agosto de 2013, una iniciativa de términos más o menos similares que tampoco ha sido debatida en el Pleno, y a ello me referiré en primer lugar, a la dificultad de incorporar al orden del
día de las sesiones de los plenos unas iniciativas como esta que tiene una cobertura reglamentaria, el artículo 52 del Reglamento de la Cámara, y que por ello deberían ser incorporadas. Pero la mayoría del Grupo Parlamentario Popular, especialmente
aplicada por la Mesa de forma férrea, hace que tengamos que buscar otras alternativas, como han buscado hoy el Grupo de La Izquierda Plural y el Grupo Mixto, para que se pueda llevar al debate este tipo de iniciativas que a nosotros nos parece que
tienen que ser atendidas. Porque en esta legislatura, señorías, hay que saberlo, son dieciséis las peticiones de comisiones de investigación y en alguna habrá que acertar. Sin embargo, no ha sido ninguna de ellas objeto de apreciación por el Grupo
Parlamentario Popular y ninguna de ellas ha sido debatida. Por eso es hoy la primera vez que tenemos la posibilidad de debatirlo en el Pleno de la Cámara. Ha habido iniciativas de creación de comisiones de investigación que han abarcado diversas
causas: la crisis financiera, el proceso de nacionalización y saneamiento del grupo financiero Bankia, la amnistía fiscal, la corrupción, la financiación ilegal del Partido Popular, las dimisiones existentes en la Agencia Tributaria, con la
importancia que tiene de ejemplificación ante los ciudadanos. En definitiva,
este tipo de iniciativas, todas ellas por no poner hoy el último veto en la Mesa cuando se ha impedido la comparecencia de la ministra Báñez para que explique las causas que tienen su causa en una resolución que es importante por la alarma
social generada con la última sentencia de uno de los juzgados de lo Social de Madrid en relación con el despido 'en diferido' del señor Bárcenas, el tesorero del Partido Popular; y en este caso también ha sido vetado por la mayoría de la Mesa, del
Partido Popular. Por lo tanto, son pocas las alternativas que tenemos desde los grupos de la oposición y por ello es necesario que se lleve a cabo esta petición y la misma se apruebe.
Nosotros entendemos que el Grupo Parlamentario Popular no va a votar a favor. Pero sí tenemos que hacerle ver al Grupo Parlamentario Popular que por más que intenten poner esas puertas a la transparencia y a que resplandezca la verdad en
todo aquello que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos y la relación que ello tiene con la corrupción política, a nosotros nos parece que mal vamos a poder hablar de medidas de regeneración democrática, de regeneración de la
vida parlamentaria si no convertimos al Parlamento en el centro de la iniciativa política y de la transparencia. Y desde luego, votar en contra de iniciativas como la que hoy se presenta por estos grupos nos parece que sería un paso atrás y, por
tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa diciendo y recuperando esa centralidad del Parlamento, que creo que es donde tiene que producirse ese debate, con transparencia de todo aquello que es el objeto de la petición que hacen estos dos
grupos.
Muchas gracias, señoría.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Muñoz.
Por el Grupo Popular, señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, he escuchado con máxima atención y con respeto y consideración sus intervenciones. Yo creo que cuando se trae una iniciativa de estas características al Parlamento se debe exigir un mínimo de coherencia o de consecuencia. Yo creo
que es fácil dar lecciones en lo general y abstracto y vetar iniciativas en lo concreto. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque en el fondo de la cuestión lo que se está planteando -y es la razón por la que no vamos a apoyar la iniciativa- es una
especie de presunción sibilina o subliminal de culpabilidad o de ligazón entre partido, financiación y corrupción. Ese planteamiento abstracto general tan contundente es lo que hará que no votemos a favor de su intervención. ¿Por qué decía que yo
creo que es fácil dar lecciones en lo general y no ser consecuente en lo concreto? Porque los mismos que traen esta iniciativa aquí y los mismos que apoyan esta iniciativa han dado ejemplos sobrados de impedir comisiones de investigación no para
planteamientos generales, sino para hechos de corrupción muy concretos.
Sin ánimo de polémica, le voy a citar cuatro que son llamativos. Caso Invercaria. Lo recordaré muy brevemente: 40 millones de euros del erario público repartidos a los amigos políticos de la izquierda en Andalucía. Comisión de
investigación vetada en el Parlamento andaluz por Izquierda Unida y el Partido Socialista. Caso de la Fundación andaluza del fondo de formación y empleo. Es un epígono de los ERE. Hay cantidades ingentes de millones de euros de dinero público
destinados a formación, concursos que nunca se llevaron a efecto. Comisión de investigación vetada en el Parlamento andaluz por el Partido Socialista y por Izquierda Unida. Caso Isofotón. Es un escándalo descomunal de 60 millones de euros de
dinero público destinado a una supuesta empresa puntera en investigación fotovoltaica, dinero que nadie sabe donde está y ha desaparecido. Comisión de investigación vetada por el Partido Socialista y por Izquierda Unida en el Parlamento de
Andalucía. Plan Bahía Competitiva, un entramado de cincuenta empresas que iba a destinar 25 millones de dinero público a la creación de empleo, de puestos de trabajo; dinero que ha aparecido, nadie sabe por qué ni cómo, en un paraíso fiscal.
Comisión de investigación vetada por el Partido Socialista y por Izquierda Unida.
Por tanto, con los planteamientos generales estoy completamente de acuerdo, pero hay que ser consecuente y hay que serlo, señor Tardà, porque tampoco tengo noticia -si no es así, acláremelo- de que en el Parlamento de Cataluña Esquerra
Republicana pidiera comisión de investigación para indagar sobre las famosas cartas de un conseller de su grupo político que pedía, que extorsionaba a los trabajadores de la Generalitat, un porcentaje determinado para financiar Esquerra Republicana
de Cataluña. No sé si se refiere a ese tipo de planteamientos, pero no lo han hecho tampoco. Pido coherencia con hechos concretos y determinados y no con presunciones generales, sibilinas, subliminales de corrupción, de financiación irregular para
el conjunto del sistema. ¿Por qué? Porque eso deslegitima el sistema político representativo de partidos, que es el que tenemos, y con esas cosas, en mi opinión, no debemos jugar.
Creo además que hay una confusión manifiesta en el planeamiento de la petición de la creación de la comisión porque se confunden, por una parte, los mecanismos de financiación irregular o ilegal de los partidos políticos y, por otra, los
delitos que tienen que ver con la corrupción política, que son distintos y no tienen por qué coincidir; pueden coincidir en determinados casos y pueden no coincidir. Tampoco es bueno extender en la opinión pública la idea de que aquí todos los
partidos se financian irregular o ilegalmente y que los partidos políticos son nidos de corrupción. Que yo sepa, en España ha habido dos sentencias, dos, por financiación ilegal de partidos políticos, dos sentencias.
Creo que la corrupción no es nueva, la hemos padecido todos los grupos políticos y en eso comparto plenamente la opinión de los que me han precedido en el uso de la palabra. Lo que sí es nuevo es la reacción del Gobierno por primera vez
frente a la corrupción. Si otros hubieran aprobado las medidas que nosotros estamos aprobando en esta legislatura, no estaríamos ahora, se lo aseguro, en la situación en la que estamos. Somos el único Gobierno de la democracia española que ha
presentado aquí un Plan nacional de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. Por lo tanto, lecciones, las justas.
Le voy a hacer un recorrido muy breve de las medidas que hemos traído. Hemos reformado en 2012 la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos. Establecimos que las subvenciones se tuvieran que definir en los Presupuestos
Generales del Estado, redujimos en un 20 % la aportación en la primera y segunda ley de los Presupuestos Generales del Estado, eliminamos la cláusula de revalorización automática...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Gómez, tiene que finalizar.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Voy terminando.
Hemos introducido medidas de control y transparencia, hemos aprobado la Ley de Transparencia y hemos incluido en la ley a los partidos políticos con obligaciones durísimas al efecto de un mayor control. Hemos modificado la Ley Orgánica
sobre Financiación de Partidos. Hemos traído a este Parlamento y está en la Comisión Constitucional, como ustedes saben perfectamente, el proyecto de ley de control de actividad económico-financiera de los partidos políticos. Ahí prohibimos las
donaciones de personas jurídicas en su totalidad. Ahí se prohibirán las condonaciones en su totalidad, no solamente las superiores a 100.000 euros, sino todas, y se obligará a los partidos políticos que hayan recibido donaciones indebidas a
devolverlas o a ingresarlas en el Tesoro. En definitiva, señorías, este es el primer Gobierno que ha planteado a la Cámara un plan integral de regeneración democrática de lucha contra la corrupción con carácter absolutamente ambicioso. En
septiembre vamos a renovar los pactos de lucha contra la corrupción y por la regeneración democrática y a algunos de los grupos políticos que no nos han querido acompañar hasta la fecha les esperamos con la mano tendida para recuperar el consenso.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Tardà i Coma pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez de la Serna.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, ¿me permite quince segundos para aclarar una cuestión?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Quince segundos, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Quince segundos. Los hechos a los que hace referencia el diputado compañero del Grupo Popular acaecieron en el año 2006 y fueron archivados por la Fiscalía, con lo cual no hubo nada de lo que se dijo, para el buen
honor de la persona afectada.
Gracias. (El señor Gómez de la Serna y Villacieros pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Señor Gómez de la Serna, quince segundos también.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señora presidenta.
De la misma manera no es menos cierto que no se abrió una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez de la Serna.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INTERIOR (número de expediente 062/000200), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR, PARA EXPLICAR EL ATAQUE A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE EXPRESIÓN QUE SUPONE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 213/001518).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la petición del Grupo Parlamentario Mixto y de La Izquierda Plural de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior, con el siguiente orden del
día: Comparecencia del ministro del Interior, para explicar el ataque a la libertad de reunión y de expresión que supone la ley de seguridad ciudadana.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señora presidenta, ¿puede dar la palabra primero al diputado de La Izquierda Plural?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Es que es por orden de presentación y por eso se la he dado a usted esta vez.
El señor TARDÀ I COMA: Es que he perdido los papeles. (Risas).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Si ha perdido usted los papeles, entonces le damos la palabra al señor Llamazares, que seguro que no los ha perdido.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Desgraciadamente, en este Parlamento no se ha creado ninguna comisión de investigación y en otros parlamentos sí. Por ejemplo, en el Parlamento asturiano sí ha habido comisión de investigación y en el Parlamento andaluz también ha habido
una comisión de investigación. El que falta es el Parlamento español.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llamares, vamos a hablar del ministro del Interior y de seguridad ciudadana.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
En todo caso, la demanda de este grupo parlamentario es que comparezca el ministro del Interior porque estamos perplejos en relación con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley de seguridad ciudadana, llamado con
otro nombre, ley mordaza o ley de represión ciudadana. Estamos perplejos porque el Gobierno ha presentado este proyecto cuando todavía no ha terminado el periodo de enmiendas del Código Penal y cuando este proyecto lo que dice intentar es salvar
los vacíos del libro III del Código Penal. Estamos realmente perplejos porque, si las cosas siguen como están, el Código Penal terminará su tramitación probablemente a finales de este año, con suerte, y, sin embargo, el proyecto de ley de seguridad
ciudadana ha sido aprobado de manera precipitada no por razones que tengan que ver con el procedimiento parlamentario, sino por otras razones.
En opinión de mi grupo, esta ley es una parte más del entramado represivo y la deriva autoritaria del Partido Popular. El Partido Popular ha caído en la tentación autoritaria que se produce como consecuencia del conflicto social en el que
nos encontramos a raíz del desmantelamiento de las medidas de política social de lo que se ha dado en llamar el Estado de bienestar. El Partido Popular sustituye el Estado social por el Estado penal y, cuando no es suficiente el Estado penal, por
el Estado de la sanción administrativa arbitraria al margen de las garantías judiciales. Esa es la situación en la que nos encontramos y la explicación de una aprobación abrupta, al margen del procedimiento parlamentario, que remite
fundamentalmente a un mensaje: Ni os mováis, porque utilizo todo el aparato del Estado contra vosotros antes de la existencia de la ley, la ley como símbolo y después de la ley. Digo antes de la existencia de la ley, señorías, porque entre el año
pasado y este año se han multiplicado por cuatro el volumen de las sanciones al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuando por el contrario no ha habido ningún incremento de incidentes en esas movilizaciones. Por tanto, sin
incidentes, más sanciones, se demuestra el talante del Gobierno, palo y tentetieso. Ese es el talante del Gobierno ante el conflicto
social. Nosotros queremos denunciar esa utilización preventiva de la deriva autoritaria como antesala de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Se trata de una ley que el Gobierno ha presentado como si se hubiera rectificado a
sí mismo. Da la impresión de que el Gobierno nos ha perdonado la vida y, en vez de cincuenta y seis sanciones, tenemos cuarenta y siete. Nosotros saludamos que la presión social y que el desacuerdo de los órganos constitucionales del Estado hayan
hecho rectificar mínimamente al Gobierno, pero estamos convencidos de que el núcleo fundamental de una ley represiva no ha variado. Ha variado el maquillaje, no ha variado el núcleo represivo de la ley.
¿En qué se basa el núcleo represivo de la ley? Se basa fundamentalmente en la voluntad de controlar y recortar los derechos ciudadanos y también en la voluntad correlativa de rebajar el control de la autoridad, de tal manera que los
ciudadanos, en vez de inocentes de partida, son sospechosos de partida y la autoridad es omnipresente e infalible. Esa es la verdad de los preceptos en que se basa la ley de seguridad ciudadana. Es una concepción de la seguridad que no tiene nada
que ver con la seguridad moderna y con la seguridad democrática. El orden público no es el palo y tentetieso, el orden público no es la paz ciudadana, el orden público es el ejercicio de los derechos ciudadanos, y el Gobierno parece olvidarlo.
Por eso nosotros creemos que el Gobierno tiene necesariamente que comparecer, tiene que explicarnos por qué aprueba de esta manera abrupta una ley que solamente se va a discutir inmediatamente después del Código Penal y que estará
condicionada por cómo quede el libro III del Código Penal. Si la utiliza como represión simbólica, si la utiliza como mensaje represivo a los ciudadanos, en nuestra opinión, es un mal mensaje. En segundo lugar, el Gobierno tiene que explicar por
qué en un contexto de bajísimo nivel de violencia, que hace de nosotros uno de los países menos violentos de Europa, es necesario que el Gobierno tenga que utilizar todo el aparato del Estado para reprimir a los ciudadanos, para amordazar la
contestación social, para acallar a los que discrepan. Señorías, en estos momentos se están produciendo encarcelamientos por participar en la huelga general, encarcelamientos basados en un artículo del Código Penal que es una herencia del
franquismo y que se está utilizando por primera vez, al margen de lo que ya existe en el Código Penal, que son las coacciones. Al margen de las coacciones, se utiliza un artículo por el cual una pintada -es el caso de este joven médico que ha
entrado en prisión y ha salido por la petición de indulto- es concebida como una grave alteración del derecho a la huelga. No hay ni un solo caso donde se reprima la obstaculización del ejercicio del derecho a la huelga y hay cientos donde se
pretende reprimir el ejercicio del derecho a la huelga. Esta es una deriva autoritaria inaceptable, señorías, que tiene muy mala pinta. Cuando un Gobierno se ve obligado a utilizar el brazo derecho del Estado, está llamando a la contestación de la
ciudadanía. Deberíamos plantearnos este tema y por tanto creemos importante que el ministro comparezca ante la Comisión y nos explique esta ley, que ha presentado con mucho maquillaje, pero que no deja de ser una ley de represión ciudadana o una
ley mordaza.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Ahora sí, ¿no, señor Tardà?
El señor TARDÀ I COMA: Sí, gracias, señora presidenta.
A lo largo de la jornada de hoy, cuando hablamos y hacemos referencia a la regresión de los derechos civiles, de los derechos democráticos, siempre vamos a parar a dos ministros, al ministro Gallardón y al ministro Fernández Díaz, uno con la
reforma del Código Penal -que acabará siendo el Código Penal más duro y a la vez más inútil de Europa- y otro con la ley mordaza, con la ley antiprotesta, que hace del señor Fernández Díaz un aprendiz de Putin. De hecho, hay bastantes similitudes
entre uno y otro. Los dos, en sus actuaciones, nos remiten a etapas predemocráticas, porque la ley mordaza que pretende el ministro Fernández Díaz lo que hace es retrotraernos a épocas pasadas, donde lo que prevalecía era lo represivo. En las
sociedades modernas de lo que se trata es de garantizar los derechos civiles y no lo que pretende esta ley, que es garantizar el orden público. La concepción de orden público -y si no recuerden el maldito Tribunal de Orden Público, el TOP, que
sufrimos- es la concepción totalitaria de la sociedad, mientras que la garantía de las libertades entraña civilización democrática. Luego ¿qué tenemos ahora? Tenemos el rechazo unánime de las entidades sociales, de los sindicatos, de las
asociaciones de juristas y también de las organizaciones internacionales, que tienen como objetivo el predicamento de los derechos humanos.
El señor Fernández Díaz es un peligro para la democracia, como creo que aquellos que todavía no acaban de tener asumidos los valores democráticos -por eso he hecho referencia al señor Putin- también son una amenaza para los progresistas
rusos. Por esto creo que uno, el señor Fernández Díaz, no ha roto con el franquismo, con aquello que supongo tiene metido en el tuétano, pero ya es mayorcito y
debería haberse desintoxicado, y en otras latitudes todavía no saben exactamente lo que es la democracia, al menos profunda, porque, fíjense, con este proyecto de ley, una manifestación como la que se celebró en Madrid a raíz del atentado
desgraciado del 11-M no se podría celebrar. Ojalá que nunca, nunca se vuelva a repetir, pero hoy día aquellos que fuesen a una manifestación como aquella serían castigados con 600.000 euros. Sí, sí, 600.000 euros, pero además se habla de ultrajes
a España. ¿No existe el Código Penal? Si existe el Código Penal para castigar los ultrajes -sería discutible si el Código Penal tiene que contemplar aquello de lo que hablamos y que convenimos en llamar símbolos, sean del Estado o de las
comunidades autónomas-, ¿a qué viene ahora una ley que bajo el parámetro administrativo también contemple ese tipo de sanciones? Por cierto, deberíamos entender y comprender qué incluye el ultraje a España, porque esto es algo muy abstracto. En
todo caso, lo que está claro es que lo que pretende es amordazar la contestación, y si creen que van a resolver la contestación creciente que hay, producto de las desigualdades y de sus políticas neoliberales, si creen que con esto van a atajar la
indignación en las calles, es como querer curar un cáncer con cataplasmas de sor Teresa de no sé dónde, de manera que parece mentira que sean tan inteligentes, que tengan tantas fundaciones, que ustedes incluyan tanta academia para acabar redactando
proyectos de ley tan reduccionistas desde el punto de vista intelectual y que más bien les dejan en muy mal lugar. Hay un dicho popular en Cataluña que dice: Tan sabios y a la vez tan tontos. (Risas). Pues de esto se trata.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al turno de fijación de posiciones. El Grupo Vasco no va a intervenir. Tampoco está el señor Martínez Gorriarán. Por el Grupo Socialista, señor...
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, yo sí iba a intervenir.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Perdone, no está ni siquiera reflejado y he preguntado si iba a intervenir. Estaba usted hablando con su compañero, pero, adelante, tiene usted la palabra, por supuesto.
El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a ser muy breve, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene cinco minutos.
El señor ESTEBAN BRAVO: Mi grupo va apoyar la solicitud que se realiza, porque se trata además de un proyecto de ley que exige -que hubiera exigido ya- la presencia del ministro del Interior por todos los cambios y por todas las
circunstancias que ha tenido, desde aquel anteproyecto que ha pasado por diversos órganos y que ha recibido una serie de baquetazos muy importantes: reprimendas por parte del Consejo Fiscal, por parte del Consejo General del Poder Judicial, por
parte del Consejo de Estado. O sea, aquello que era un texto perfecto parece que no lo era tanto y aun así sigue viniendo, en opinión de muchos grupos de esta Cámara, con evidentes defectos y tratando temas que son muy delicados. Por lo tanto,
debería haberse producido ya esa comparecencia y nos parece lógico que se solicite ahora también. Estamos hablando de temas tan delicados como registro domiciliario, identificaciones, controles, cacheos, sujetos responsables de determinadas
acciones colectivas, de un catálogo de infracciones en el que, si bien se han reducido algunas, muchas de ellas son discutibles en opinión de varios grupos parlamentarios. Estamos hablando de las concentraciones ante las instituciones. En
definitiva, la libre reunión y la libertad de expresión están en juego en esta normativa, lo está el propio derecho de manifestación, que da la sensación -como han dicho otros portavoces- que cada vez se ve más restringido con las medidas que está
proponiendo el Gobierno en este caso al Parlamento.
Se produce también otro hecho que a nuestro modo de ver debe ser aclarado por el ministro urgentemente y es que hay un proceso de desjudicialización de determinados ámbitos que antes quedaban claramente al albur de lo que decidiera, en un
proceso con todas las garantías, un juez y ahora quedan en gran medida en manos de la Administración pública y esto nos parece que en conjunto produce o podría producir -y que venga el ministro para aclararlo si no es así- que los derechos civiles
en su conjunto quedan en una posición desmejorada respecto a lo establecido en los términos constitucionales. Esto debemos unirlo a que el Gobierno se había comprometido a la elaboración de un plan de derechos humanos ante la Comisión
Constitucional. No es solo que no lo haya hecho, sino que, pese a la demanda de mi grupo parlamentario, allá por febrero, de que nos informara por qué no se había hecho y en qué punto estaba su desarrollo, todavía seguimos esperando a que se
produzca esa comparecencia en la
Comisión Constitucional. Por una parte, la modificación de los derechos civiles y, por otra, la no protección en un plan de derechos humanos al que se había comprometido el Gobierno obliga a que el Ministerio del Interior aclare sus
posiciones. Por lo tanto, una vez más exigimos que comparezcan el ministro y otros responsables del Gobierno, por lo que votaremos favorablemente la solicitud.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Socialista, señor Muñoz González.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar a favor de la comparecencia que se pide por los dos grupos proponentes de esta iniciativa, puesto que nos encontramos con un proyecto de ley que ha sido el objeto de un trabajo previo por parte del Gobierno de ocho
meses en fase de anteproyecto, que lo único que ha cosechado -como ha dicho alguno de los anteriores intervinientes- es varapalos tanto por parte del Consejo de Estado, como del Consejo Fiscal o del Consejo General del Poder Judicial. Además, no es
sino una versión edulcorada de aquel anteproyecto que ha sido objeto, como digo, de estos varapalos y a nosotros nos parece que es un proyecto de ley absolutamente rechazable. Ese rechazo lo basamos en varias cuestiones. No hay ninguna demanda
social que justifique la redacción de una nueva ley de protección de la seguridad ciudadana, más bien es al contrario. En segundo término, entendemos esta iniciativa legislativa del Gobierno como un paso más. Primero fue una actuación contundente
y programada por parte del Gobierno del Partido Popular en relación con los derechos que dimanan del Estado del bienestar, ese desmantelamiento sistemático de los ejes fundamentales sobre los que se sustenta la sanidad pública, la educación pública,
el sistema nacional de dependencia. Una vez que se ha producido esa situación en relación con los derechos que provienen del Estado del bienestar, se inicia ahora una nueva etapa que ya tiene otros antecedentes legislativos, a los que me referiré
con posterioridad y que tienen que ver con la actuación, también contundente, en contra de los derechos fundamentales y las libertades públicas, cuyo ejemplo señero es este proyecto de ley de seguridad ciudadana. En tercer lugar, se trata simple y
llanamente de criminalizar la protesta social, que tiene su causa fundamental en una crisis económica como la que atravesamos. Junto a esto se abre una nueva vía, una potenciación de la seguridad privada con la nueva Ley de Seguridad Privada: como
dijo el secretario de Estado, una oportunidad de negocio a este respecto.
Se trata por tanto de una ley de represión ciudadana, de desprotección de la seguridad ciudadana, que no tiene nada que ver con aquello que establece nuestro artículo 104 de la Constitución, con el concepto de la seguridad ciudadana, y que
hay que incardinar dentro de una estructura que tiene que ver con otros proyectos que ya desgraciadamente están en esta Cámara. Alguno de los intervinientes ya se ha referido a esa nueva reforma del Código Penal con la desaparición de las faltas, a
la que hay que unir la Ley de Tasas Judiciales y la Ley de Justicia Gratuita, a la que se ha referido nuestro grupo en alguno de los puntos de esta Diputación Permanente. Estamos ni más ni menos ante la eliminación de un proceso de garantías ante
unos jueces independientes, como era el proceso de faltas, un proceso en principio gratuito, y su sustitución por un proceso administrativo sancionador, donde quien impone la sanción es el representante ordinario del Gobierno y quien tiene que
recurrir es el ciudadano, y lo tiene que hacer en un procedimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde además de las tasas judiciales hay una condena en la primera instancia. Si a eso unimos el cercenamiento que se producirá con la
implementación de la Ley de Justicia Gratuita, llegamos a un cóctel explosivo, pues las iniciativas legislativas del Gobierno van encaminadas a conculcar la gratuidad en el ejercicio de los derechos, y por ello se está afectando fundamentalmente al
núcleo esencial de los derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidos en nuestra Constitución.
Hacen bien los grupos proponentes en unir esta ley de seguridad ciudadana con los artículos 20 y 21 de la Constitución, los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión, porque así lo hace también nuestra
jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando se ha referido a que el derecho de reunión no es sino una caracterización del derecho fundamental de la libertad de expresión ejercida de forma colectiva. Por eso esa unión ha de ser especialmente
cuidadosa, como se ha empeñado el Tribunal Constitucional en reflejar en varias de sus resoluciones. Podría argüirse que ya es un proyecto de ley que tiene su devenir en el trámite de la Cámara, pero junto a la petición de comparecencias que
nosotros haremos en relación con ese proyecto de ley, creemos que es muy importante que se produzca la del ministro del Interior para que explique el alcance de esta reforma y, sobre todo, cómo piensa que se
han llevado a cabo las iniciativas que se ponían sobre la mesa por parte de los órganos consultivos, que nosotros entendemos que en ningún caso han quedado amparadas en el proyecto de ley que aprueba el Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Muñoz González.
Por el Grupo Popular, señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias.
La comparecencia solicitada es innecesaria, a juzgar por nuestro grupo, señorías, porque pretende que el señor ministro explique lo inexistente, explique un supuesto ataque a la libertad de reunión y de expresión que su señorías han
imaginado a partir de una lectura creativa del proyecto de ley -muy creativa en el caso del señor Tardà, hay que reconocerlo-, pero que es una lectura que poco tiene que ver con el texto y mucho o casi todo con las obsesiones y prejuicios de los
solicitantes, empeñados en justificar su discurso vacío de la deriva autoritaria. Son de tal calado sus prejuicios que llevamos meses asistiendo a un discurso plagado de contradicciones, un discurso en el que se denuncia la despenalización de
determinadas conductas, para acusar por otra parte de ser un Estado penal. Se critica esa despenalización y se critica su sanción en vía administrativa, algo que en mi opinión resulta difícil de comprender para quienes siempre hemos considerado la
sanción penal como última ratio, como algo reservado solo a las conductas más graves. La reforma naturalmente se hará desde la coherencia entre Código Penal y esta ley. Señor Llamazares, por supuesto, no se va a incurrir en contradicciones en ese
trámite parlamentario.
Se pretende por los solicitantes que el proyecto coarta la libertad de manifestación, cuando lo que hace es proteger ese derecho y sancionar como infracción grave la perturbación del desarrollo de una manifestación. Se eleva el tono, se
cargan las palabras de descalificaciones, se incurre en tonos faltones a falta de argumentos y, sin embargo, cuando se habla de las sanciones muy graves y de su importe, lo que se pretende es que no se sepa que los supuestos de sanción muy grave se
reducen de los nueve actuales, de los que llevan vigentes dos décadas, a tan solo cuatro, y vienen a considerar desmesuradas sanciones máximas de 600.000 euros quienes nada dijeron sobre las sanciones de 650.000 euros en la Ley de Deporte o quienes
han encontrado adecuadas desde el año 1992 y hasta la fecha las vigentes sanciones máximas de 100 millones de pesetas, o sea de 600.000 euros, en la vigente ley. Desde 1992 -insisto- tiempo han tenido de levantar la voz como ahora pretenden hacer
ante un proyecto de ley. Queda constatada por tanto la doble vara de medir, en sentido estricto la vara de medir a conveniencia, que emplean los solicitantes.
Merece la pena que dediquemos algún tiempo a destacar que la ley viene a proteger -no a atacar, sino a proteger- los derechos de reunión y de expresión, porque el proyecto de ley de protección de la seguridad ciudadana es una norma para la
convivencia y el ejercicio de las libertades de todos los españoles, libertades que disfrutamos y ejercemos desde hace más de tres décadas, algo por cierto que es la primera vez en toda nuestra historia que podemos afirmar con sentido. Llevamos más
de tres décadas ejerciendo derechos y libertades y debemos seguir protegiendo y garantizando el ejercicio de esas libertades. El derecho de reunión es un valor esencial en nuestro sistema democrático y como tal está reflejado en el artículo 21 de
la Constitución. Su ejercicio fue regulado en los términos más amplios por la Ley Orgánica 9/1983 y de hecho el derecho de reunión y manifestación se ejerce libre y profusamente en nuestro país, como hemos podido ver a lo largo de estas décadas,
insisto, libre, profusa y pacíficamente, algo que es importante destacar, de forma legal y ejemplar y de modo absolutamente generalizado.
En el año 2013 se han producido en España más de 33.000 manifestaciones, menos del 1 % registraron incidentes, apenas 323, y menos de 1 de cada 1.000, 27, es decir, el 0,08 %, requirió el uso de material de protección por la Fuerzas de
Seguridad. Por tanto, el derecho de reunión, sin ser un derecho absoluto, tiene dos únicos límites: primero, la exigencia de desarrollo pacífico, es decir, que no afecte al ejercicio de otros derechos -así lo contempla la jurisprudencia
constitucional-, y, segundo, la comunicación a las delegaciones de Gobierno, es decir, para ser claros, en España no hay una autorización previa para el ejercicio del derecho de manifestación y solo caben prohibiciones o condicionamientos en su
desarrollo en casos excepcionales y tasados por la ley. Esto seguirá siendo así, un derecho que se ejerce libre y profusamente, porque en nada afecta el proyecto de ley a la regulación orgánica del derecho de reunión de la Ley 9/1983. Lo que sí
viene a hacer es garantizar y reforzar su ejercicio. El artículo 23.1 del
proyecto de ley protege expresamente el ejercicio del derecho de manifestación y exige a las autoridades la protección de la celebración de las manifestaciones y persigue también expresamente -como antes recordaba- a quienes perturben el
desarrollo de una manifestación. Es decir, la principal prioridad del anteproyecto es proteger la celebración de reuniones y manifestaciones impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana y el propio desarrollo de la manifestación. Se trata de
proteger y garantizar, no de recortar ni de controlar, de proteger y garantizar. Se sancionan en efecto acciones violentas o coactivas con ocasión del derecho de manifestación o que afecten a la seguridad ciudadana. Es el caso de manifestaciones
no comunicadas o prohibidas que se desarrollen en infraestructuras o instalaciones que presten servicios básicos y que perjudiquen su funcionamiento o generen riesgo para las personas. Es la previsión del artículo 35.1 del proyecto...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barreda, tiene que terminar.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Termino, señora presidenta.
... y de la disposición adicional sexta, que incorpora una previsión extraordinariamente matizada. Es decir, no basta con perjuicios o riesgos para las personas. Hace falta que la instalación preste servicios básicos y que además la
manifestación haya sido previamente prohibida o se haya incluido el deber de comunicación. Estas matizaciones son fruto del diálogo con múltiples entidades públicas o privadas, como Amnistía Internacional o Greenpeace, y de las observaciones del
Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y de la Agencia de Protección de Datos.
En resumen y termino, es una ley para la convivencia y la libertad que garantiza el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, que sanciona menos conductas con importes máximos idénticos a los del año 1992 y una ley dialogada -no
maquillada, dialogada- en fase de proyecto y que seguirá siendo dialogada en el trámite parlamentario. Esa es la realidad que no tiene nada que ver con la caricatura del proyecto sobre la que han pretendido fundamentar su petición los grupos
solicitantes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barreda.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES (número de expediente 062/000201), CON
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN EN LA FRANJA DE GAZA Y LA MUERTE DE CIVILES INOCENTES EN LA ESCALADA DE TENSIÓN EN LA ZONA. (Número de expediente 213/001519).
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
EXTERIORES (número de expediente 062/000207), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, PARA INFORMAR DE LA SITUACIÓN ENTRE ISRAEL Y PALESTINA Y DE LAS GESTIONES REALIZADAS Y EN CURSO PARA CONSEGUIR EL CESE DE LA VIOLENCIA Y PARA ATENDER A LA CRISIS
HUMANITARIA GENERADA EN LA FRANJA DE GAZA. (Número de expediente 213/001530).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000217), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO ANTE EL CONFLICTO EN GAZA E INSTARLE A QUE ADOPTE TODAS AQUELLAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SE PARALICE ESTE Y SE INVESTIGUEN
LOS CRÍMENES QUE SE ESTÁN COMETIENDO EN GAZA POR PARTE DEL GOBIERNO DE ISRAEL. (Número de expediente 210/000102).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a los puntos 10, 17 y 28, que se verán conjuntamente. En primer lugar, petición del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural de que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación para explicar la situación en la Franja de Gaza y la muerte de civiles inocentes en la escalada de tensión en la zona. La
número 17 corresponde a la petición formulada por los diputados miembros del Grupo Parlamentario Socialista de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores con la comparecencia del ministro de
Asuntos Exteriores y de Cooperación para informar de la situación entre Israel y Palestina y de las gestiones realizadas y en curso para conseguir el cese de la violencia y para atender a la crisis humanitaria generada en la Franja de Gaza. Por
último, la 28 es la petición formulada por los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural y Mixto de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con la comparecencia del presidente del Gobierno para que
informe de las medidas que ha adoptado el Gobierno ante el conflicto de Gaza e instarle a que adopte todas aquellas medidas necesarias para que se paralice este y se investiguen los crímenes que se están cometiendo en Gaza por parte del Gobierno de
Israel. En primer lugar, por los grupos proponentes, tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, no sé si sabe que compartiré el tiempo con mi compañero.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, con el señor Larreina.
El señor TARDÀ I COMA: Muchas gracias.
Señorías, creo que la suma de intervenciones que hoy se van a producir aquí a raíz del caso Gaza conllevará un mensaje de indignación y de profunda tristeza ante lo que está ocurriendo en aquellas tierras. Llevamos 636 muertos, muchos de
ellos niños, en dos semanas, y de una vez por todas hay que decir algunas cosas claras, aun cuando ya las hemos repetido en otras ocasiones. Se trata de crímenes contra la paz, de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, y esto lo
decimos sin ningún ataque -al contrario- hacia el pueblo judío. Nosotros solamente basamos nuestro anhelo de libertad en la reconciliación, en la fraternidad y en la libertad de los pueblos, y el pueblo palestino tiene derecho a la
autodeterminación, a vivir en su propio Estado y a no ser víctima de estos crímenes, lo cual significa recordar dos cosas. Una, los crímenes contra la humanidad desde Núremberg han quedado consagrados como crímenes que nunca pueden prescribir y no
pueden quedar impunes, lo cual atañe a las democracias. Todo lo que está ocurriendo en Israel no sería posible si las democracias no fueran tan hipócritas y, entre ellas, la democracia española, el Estado español, que vende armas a Israel a
mansalva, vende balas, vende armamento, vende tecnología -y así lo hemos denunciado durante años-, tecnología y armas que sirven para masacrar al pueblo palestino.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, tiene que finalizar.
El señor TARDÀ I COMA: Solamente diré unas palabras para terminar. El pueblo palestino solamente nos tiene a nosotros, es decir, a la buena gente; en cambio, no tiene ni tan solo el apoyo solidario de aquellas democracias que publicitan
valores y en cambio lo que hacen es vender terror, vender miseria y dolor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, aparte de dar las gracias a la presidenta, quiero decir que desde mi grupo Amaiur consideramos que es necesaria esta comparecencia urgente del ministro. Pensamos que los Gobiernos de todos los
Estados de la Unión Europea están actuando con demasiada pasividad, con demasiada tardanza a la hora de dar respuesta a las matanzas, a la crisis humanitaria que se está produciendo en la Franja de Gaza. Hoy mismo la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas da un dato muy significativo. Decía que los niños que han fallecido eran más del
doble de los fallecidos pertenecientes a grupos armados, es decir, frente a las 87 personas de grupos armados, de militares de los dos ejércitos, han fallecido, según estos datos, 150 menores, y al mismo tiempo vemos que los fallecidos
civiles son la inmensa mayoría. Es un dato muy significativo y que clama contra la indiferencia práctica que se está produciendo en los Gobiernos de la Unión Europea. Por eso, tanto nuestro representante en el Parlamento Europeo como nosotros aquí
mismo queremos pedir en esa comparecencia al ministro que se suspendan temporalmente las relaciones diplomáticas con Israel como una forma efectiva de presionar al Gobierno de dicho país a que pare esta ofensiva totalmente inhumana, que va en contra
del sentido más elemental de humanidad. Lo queremos hacer con contundencia. Es hora ya de poner fin a las contemplaciones, es hora de poner fin a mirar para otro lado y es hora de tomar medidas. Por parte de otros portavoces se ha señalado la
necesidad, por ejemplo, de cortar el suministro de armas. El Estado español e incluso empresas que están en mi país son los grandes beneficiarios en esta cuestión. Hay que ser coherentes. No se puede hacer negocio con la sangre inocente, no se
puede hacer negocio con todas estas personas a las que se les está arrebatando la vida. Insisto, la inmensa mayoría de las 630 personas a las que se les ha arrebatado la vida, quitando 87, son civiles inocentes.
Es una crisis humanitaria, como decía antes, que clama por la justicia, clama por la reparación, clama por el fin de la ofensiva armada del Estado de Israel, y todos los Gobiernos de la Unión Europea, que tradicionalmente han sido los
representantes de la defensa de los valores humanos, los representantes de la democracia, los representantes de la humanidad, tienen que abandonar esa indiferencia, esa pasividad y tomar cartas en el asunto. Por eso consideramos que la
comparecencia es urgente, nos sumamos a la solicitud y pedimos el voto favorable para la misma.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.
El Grupo de La Izquierda Plural está convencido de que no es una exageración pedir la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y del presidente del Gobierno en una sesión extraordinaria de la Cámara, porque la gravedad de los hechos
que están ocurriendo merece sobradamente esas comparecencias. ¿Qué está ocurriendo en la Franja de Gaza, señoras y señores diputados? Un verdadero exterminio. Estamos hablando en primer lugar de un territorio, la Franja de Gaza, que, según los
distintos informes y resoluciones de Naciones Unidas, es un territorio ocupado, con una potencia ocupante, Israel, y con un pueblo ocupado, el pueblo palestino. Por otro lado, los datos y las cifras son absolutamente escalofriantes. Estamos
hablando ya de más de 636 muertos. Durante el tiempo en que se está produciendo esta sesión de la Diputación Permanente, hay hombres, mujeres y niños que están siendo asesinados, ahora mismo, señoras y señores diputados, mientras nosotros
discutimos y nos tomamos un café. Estamos hablando en este momento de más de 150 niños, pero de los 4.600 heridos, 1.000 son niñas y niños palestinos. Estamos hablando de 3.500 viviendas destruidas por el Ejército de Israel. Estamos hablando de
190.000 desplazados. Estamos hablando de 900.000 personas sin agua desde hace más de diez días. Estamos hablando evidentemente de 115 escuelas total o parcialmente destruidas, una de ellas escuela de la ONU, bombardeada ayer mismo. Estamos
hablando de 18 centros sanitarios parcial o totalmente destruidos y estamos hablando de que también desde ayer los periodistas son objetivo militar del Ejército de Israel, como ha demostrado el ataque a las oficinas de Al Jazeera o de Associated
Press, porque, hoy, informar de lo que está pasando en Gaza, Israel lo premia con un disparo. Estas cifras merecen esas comparecencias. No existe, según la comunidad internacional, una tierra sin pueblo, como ha afirmado en muchas ocasiones el
ideario sionista. En esa tierra había y hay un pueblo, y ese pueblo tiene derecho a vivir en paz en su tierra. Además estamos totalmente en contra del recurso de hablar de guerra. No estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un
genocidio; en demasiadas ocasiones, cuando se ha producido un genocidio en el mundo, ha sido porque al lado del genocidio ha habido indiferencia. La indiferencia es la forma en que el genocidio se produce. Hoy no es posible en este caso, en el de
la Franja de Gaza, mirar hacia otro lado. Por tanto, todos y todas debemos tomar el asunto en serio y proponernos acciones concretas que impidan que siga adelante el ataque del ejército israelí sobre la Franja de Gaza. Se están conculcando todas
las disposiciones de la legislación internacional, por supuesto la Convención de Ginebra, que regula los crímenes de guerra. Esta mañana, mientras esta reunión empezaba, se reunía el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su presidenta,
la señora Navi Pillay, presentaba un informe demoledor que hablaba de violación de leyes humanitarias internacionales por el ejército
israelí; hablaba de forma clara y nítida de crímenes de guerra. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas no es una aliada de los terroristas. Es la máxima representante internacional del organismo regulador de los derechos humanos más
importante de la comunidad internacional.
Estamos hablando de que hay que hacer cosas. Estamos hablando de que 1,7 millones de personas se encuentran en este momento en una especie de campo de concentración llamado Franja de Gaza que se está convirtiendo cada vez más en un campo de
exterminio. Estamos hablando de que el Gobierno de España no puede tampoco mirar hacia otro lado. En esas comparecencias vamos a exigir tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Asuntos Exteriores que de forma inmediata se llame a
consultas al embajador de Israel en España y que se le indique que va a ser expulsado en el caso de que la ofensiva militar no se detenga. No queremos que eso sea la semana que viene, el jueves, cuando va a intervenir el ministro de Asuntos
Exteriores, porque el jueves que viene habrá en nuestras conciencias cientos de muertos más fruto de ese conflicto, y seguro que docenas de ellos serán niños y niñas palestinos. Es mañana cuando hay que tomar esa decisión, es mañana cuando hay que
convocar al embajador de Israel en España y es mañana cuando hay que decirle al embajador de forma clara que el Estado español no es indiferente frente al exterminio; hemos tomado partido.
Les voy a enseñar una fotografía. (Muestra la fotografía de un niño herido). Hay fotografías terribles, pero vale la pena mirarlas. Esta es la de un niño vivo, un niño palestino vivo. A aquellos diputados y diputadas que justifican el
exterminio de Israel, la ofensiva militar, que la comprenden, me gustaría decirles que repitan conmigo: esto es un niño. No es un terrorista, es un niño. Hasta que eso no lo entienda la comunidad internacional y ante el asesinato de civiles
inocentes a centenares, la comunidad internacional no podrá levantar la cabeza y mirarnos los unos a los otros a los ojos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Les pido por favor que apoyen las comparecencias, pero sobre todo que detrás de
ellas tomen partido por la gente inocente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo también ha pedido la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores para que informe y debatamos sobre la escalada de violencia en la Franja de Gaza y sobre las gestiones realizadas o en curso para conseguir un alto el
fuego inmediato. Señorías, en Gaza se viven jornadas sangrientas. El parte diario que conocemos es el incremento diario del número de personas civiles muertas, como ya se ha repetido por las personas que han intervenido. Contamos hoy los
fallecidos en la Franja de Gaza: 636 palestinos, pero cuando acabe esta Diputación Permanente desgraciadamente esta cifra se verá aumentada. Más de 4.600 heridos y más de 100.000 refugiados. Son, en su mayoría, en más del 85 %, población civil.
Igualmente han fallecido 27 soldados israelíes y dos civiles; son, por lo tanto, jornadas sangrientas, de dolor, de sufrimiento, de destrucción que, de nuevo, en un episodio más de violencia, se vuelve a vivir en este territorio. Se ha dicho
también, pero quiero repetirlo, que la Franja de Gaza es una pequeña porción de territorio. Se llama franja porque es esto, una franja de 360 kilómetros cuadrados donde viven 1.800.000 personas, la mayor parte de ellos refugiados palestinos. Es la
zona del mundo con más alta densidad de población por kilómetro cuadrado, 4.167 habitantes por kilómetro cuadrado. Nadie puede imaginarse que se puede bombardear la Franja de Gaza sin que caigan por centenares hombres, mujeres, niños, adultos,
mayores, asesinados por esos bombardeos. La Franja de Gaza, señorías, es una ratonera, no se puede salir de ella. La frontera norte, Erez, está controlada por las autoridades israelíes; el paso de Rafah con Egipto está cerrado y controlado por
las autoridades egipcias; no se puede salir por mar, los buques israelíes controlan las costas de Gaza; y no se puede salir por aire, ya que no hay aeropuertos en Gaza -el último fue construido por la cooperación internacional y destruido por un
bombardeo israelí-.
Señorías, no es este el momento de debatir el origen del conflicto -más de sesenta y cuatro años-; no es el momento tampoco de hablar de la única solución viable al conflicto: el establecimiento de dos Estados independientes y libres, que
garanticen el legítimo derecho del Estado de Israel a su seguridad, pero que garanticen también el derecho del pueblo palestino a tener un Estado independiente, libre, donde los palestinos puedan vivir con su derecho a la seguridad. Ni tan
siquiera, señorías, es el momento de debatir sobre el origen de esta nueva escalada militar; no. Es el momento de pedir un alto el fuego inmediato, el cese efectivo de esta escalada militar por uno de los ejércitos más poderosos del mundo en un
territorio sin salida,
que se convierte en una verdadera cárcel para los habitantes de la franja. Señorías, es el momento de que la comunidad internacional exija el cumplimiento de sus propias normas, es el momento de exigir que el derecho internacional
humanitario se cumpla. El derecho internacional humanitario, señorías, es el derecho de la guerra, porque la comunidad internacional también en la guerra nos hemos dado normas que tenemos que respetar. El derecho internacional humanitario es el
que habla de la protección de los enfermos y de los heridos en un conflicto; es el derecho que habla de la protección de los no combatientes; es el derecho que habla de la protección de las víctimas civiles de la población civil, indefensa en un
conflicto armado. Son nuestras normas, señorías, las de la comunidad internacional y solo ella en estos momentos es la responsable de que este derecho se cumpla. Señorías, el derecho internacional humanitario no aconseja, no sugiere, no recomienda
a las partes en conflicto que no causen daños a la población civil. El derecho internacional humanitario exige el cumplimiento de sus normas y, por lo tanto, prohíbe, entre otras cosas, que se bombardeen casas y viviendas de familias de sospechosos
de ataques criminales -repito, lo prohíbe-; prohíbe que se obligue a poblaciones enteras a abandonar sus domicilios, sus barrios, sus localidades; prohíbe que se bombardeen instalaciones civiles necesarias para la supervivencia de la población
civil por ejemplo hospitales, pero ya han sido bombardeados dos en Gaza; prohíbe que se bombardeen infraestructuras hidráulicas que rompan el abastecimiento de agua a la población, así como infraestructuras eléctricas y escuelas; prohíbe que se
ataquen ambulancias, pero están siendo atacadas en Gaza; prohíbe que se ataquen escuelas, almacenes de Naciones Unidas, como está sucediendo con las instalaciones de Unrwa en estos momentos. El derecho internacional humanitario exige que se abran
pasillos, corredores humanitarios para atender a los heridos, para abastecer de alimentos, de medicinas; en Gaza no se están garantizando ni los pasillos humanitarios de menos de dos horas, no para atender a los heridos sino para recoger a los
muertos entre charcos de sangre que recorren sus calles.
Señorías, el derecho internacional claro que garantiza el legítimo derecho a la defensa de cualquier Estado, pero exige proporcionalidad en la respuesta a los ataques. Es inasumible, es denunciable que se estén tirando y disparando cohetes
contra Israel desde zonas pobladas, desde viviendas. El derecho internacional humanitario no exonera al que recibe el ataque de sus acciones; y es indecente, es inasumible que se estén bombardeando edificios, viviendas civiles, donde viven
familias, niños, población civil indefensa. Se intenta legitimar avisando con un cohete primero, con un bombardeo de aviso; pero el otro día con ese bombardeo de aviso murieron siete niños en la azotea de su vivienda. Señorías, el uso
desproporcionado de la fuerza armada por Israel en Gaza no es compatible con el derecho internacional. La Unión Europea, España, la comunidad internacional no se atreverá a decirlo, no se atreverá a condenarlo; pero no hay amparo jurídico, no hay
amparo legal a lo que en estos momentos está haciendo Israel con la población civil en la Franja de Gaza. El asedio a Gaza, señorías, es ilegal porque no tiene amparo jurídico; es inhumano porque está matando, asesinando a civiles indefensos; y
es indecente por la inacción en estos momentos de la comunidad internacional. Por eso exigimos a España que actúe en el ámbito de la Unión Europea...
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, tiene usted que terminar.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Sí, termino, presidente.
... de forma inmediata para solicitar este alto el fuego. Si no lo hacemos -permítame presidente- en Gaza seguirá muriendo la gente. Yo estuve en Gaza, señorías, después de 2009, cuando acabó la operación denominada Plomo fundido; 1.500
civiles murieron. Conocí y escuche sobre el terreno a padres -los que tengan hijos lo entenderán- que habían perdido en esa operación, en ese bombardeo masivo de mes y medio, a todos sus hijos; además se sentían culpables porque decían que no les
habían protegido, que no les habían encontrado refugio. Los psicólogos de Unrwa no podían consolarles, no había nada para consolar la devastación de esos padres. Entonces entendí allí, sobre el terreno, entre esa destrucción, que cuando se
bombardea Gaza no hay opciones, o se muere o se muere; allí habían muerto sus hijos y también murieron sus padres. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Nos parece lógica la solicitud de los grupos parlamentarios de una comparecencia; lo sorprendente es que no se haya producido ya la del ministro, pero luego volveré sobre ello. La verdad es que creo que a
todos nos está sobrecogiendo la situación que se está produciendo en estos momentos. Tal como empezó y por algunas circunstancias, ya de por sí terribles, ha habido una escalada de posiciones de unos y de otros absolutamente inaceptable:
aquel secuestro de tres jóvenes judíos que aparecieron muertos, aquel niño palestino quemado vivo. Está claro que los extremos buscan incendiar las situaciones, y en esta ocasión lo han conseguido. Desde luego se está produciendo una conculcación
de derechos humanos clarísima y este Parlamento debería tener la oportunidad de expresar una condena rotunda en tal sentido.
En la operación del ejército israelí ha habido miles de casas registradas y destruidas, bombardeos nocturnos, acumulación de armamento pesado entrando en barriadas -ya sabemos cómo es aquello, una zona urbana limitada por un vallado
perfectamente establecido por Israel-. Todas estas acciones es evidente que rompen el principio de proporcionalidad. A nadie se le niega el derecho a la defensa pero el principio de proporcionalidad es evidente que queda roto; no se ha actuado
con precaución y con diligencia y tampoco se está procediendo a realizar una diferenciación entre los objetivos militares -no tendría por qué haberse llegado a eso- y los civiles. Por otra parte, nos encontramos también con un extremo en algunos
ámbitos ideológico-políticos de Palestina donde siguen lanzando cohetes, y la población civil del otro lado también está en peligro. Insisto, la desproporción de unos medios y otros es evidente para cualquier observador. Este lanzamiento de
cohetes también sirve de excusa para que las hostilidades, las acciones sigan produciéndose, para que algunos puedan justificar determinadas acciones, que en nuestra opinión en absoluto pueden ser justificables. En algunos casos se está utilizando
a la población de Gaza como escudo para proteger material militar o hacer movimientos militares. Hay que denunciar una conculcación de derechos humanos en general en la zona y la desproporción en los medios con que Israel está actuando sobre la
población palestina.
Todo esto lo único que va a producir y a lo que nos lleva es a más inestabilidad en la zona, a un sinfín de víctimas civiles y, desgraciadamente, a la prolongación del conflicto. Antes la portavoz socialista ponía el ejemplo de padres que
habían perdido a todos sus hijos, etcétera; todas esas situaciones lo único que pueden producir es odio hacia el diferente y odio hacia el otro; con esto, desde luego, ninguno va a conseguir los objetivos de una paz duradera, hundiendo a las
partes más razonables, por un lado, el Estado de Israel y, por otro, el Gobierno palestino dentro de Gaza. Creo que sería urgente reclamar por este Parlamento el desbloqueo de Gaza para que pueda entrar ayuda humanitaria y medicamentos, para que se
pueda ofrecer ayuda a la población civil, puesto que no está ocurriendo en estos momentos. Debería ser exigible rotundamente el cese de hostilidades según la declaración que aprobó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que creo que era
bastante taxativa y apelaba a ambas partes. De esta manera se podría dar lugar a una tregua permanente y a una apertura de diálogo que en todo caso debería estar auspiciado, sustentado y animado por Naciones Unidas, por la Liga Árabe y por la Unión
Europea, que deberían implicarse más directamente.
Sé que se va a producir la comparecencia, porque así nos lo ha manifestado el ministro; pero nos lo ha comunicado tarde, cuando ya se le había solicitado por los grupos. Desde luego vaya día que ha elegido, nada más y nada menos que el de
san Ignacio, el último día de este mes -fíjense si todavía tenemos días-. Este conflicto lleva desarrollándose mucho tiempo; el ministro tenía que haber venido antes, no tiene por qué esperar hasta el último día, que además no es el más adecuado
para una actividad parlamentaria. Concluyo señor presidente. No solo debía haber buscado hacer una comparecencia y explicar a los parlamentarios cuál es la información, sino que debía haber generado motu proprio la búsqueda de una declaración
conjunta de este Parlamento en este tema. El Gobierno no lo ha hecho y se echa en falta. Desgraciadamente esto no se puede pedir en esta Diputación Permanente, por eso se buscado esta fórmula de la comparecencia pero debería ser el objetivo de
todos los grupos políticos de esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Como no puede ser de otra manera por supuesto me sumo al apoyo a esta petición de comparecencia por el fondo de la cuestión que, como bien se acaba de exponer por parte de Aitor Esteban, tiene que ver no solo con una fórmula de rendición de
cuentas o de comparecencia de un ministro sino sobre todo con poder discutir de una cuestión que tiene una extrema importancia, y que sin embargo se ha retrasado de un modo verdaderamente difícil de aceptar. El espectáculo que están dando en estos
momentos las
instituciones europeas -que siguen discutiendo todavía determinados repartos de cargos dentro del Consejo, de la Comisión, etcétera, mientras pasan por alto o tienen una enorme pasividad en algo en lo cual la Unión Europea debería ser un
agente fundamental- es escasamente edificante y habla mal del proyecto europeo, porque al fin y al cabo los que creemos en él siempre hemos hablado de que es el proyecto de una democracia inclusiva y que por lo tanto no puede permanecer ajena al
imperio del derecho internacional. En ese sentido es necesario efectivamente que este Parlamento pida la comparecencia del ministro, que el Gobierno de España actúe y lo haga en el sentido de implicar de una manera mucho más proactiva y colectiva a
las instituciones europeas, en una acción no solamente reactiva, que por supuesto hace falta por razones humanitarias en la Franja de Gaza, sino para tratar de hacer algo que hasta ahora la Unión Europea no ha sido capaz de acometer; es necesario
que sea un agente político internacional creíble para que además permita profundizar en algo que redundará en el beneficio de todo el mundo -con mundo me refiero a mundial-, es decir, una Unión Europea que sea un agente político real y que tenga
además capacidad de disuasión incluso militar ante desafíos que son de tipo bélico y militar.
Dicho eso, creo que nunca conviene olvidar la necesidad que existe en las democracias de repetir cosas obvias, entre ellas aquello en lo que parece que la mayoría de los grupos coincidimos, que la única solución razonable que hay al
conflicto en Oriente Medio es que haya dos Estados, el de Israel y el de Palestina, y que se garanticen mutuamente la seguridad porque ambos acepten resolver sus diferencias basándose en el derecho internacional, y que todo lo que nos aparte o no
sea ese objetivo no dejará de llevar, por una parte, a la melancolía porque no tendrá solución y, por otra, a catástrofes humanitarias y a actos verdaderamente terribles como las actuales.
Simplemente -para acabar-, nuestro grupo también comparte la idea de que no es tolerable que se ataque a Israel desde la Franja de Gaza, no es tolerable el tipo de Gobierno extraño que ha montado Hamás, que es una organización que está en
las listas internacionales de grupos terroristas; pero de ninguna manera se puede justificar, como reacción contra esa situación extraña que se ha credo en la Franja de Gaza y no de una manera inocente, tomar como rehén a una población acorralada
que además no tiene alternativas, no tiene dónde ir en uno de los lugares con mayor densidad de población del mundo, que es precisamente esa franja. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga para acabar con eso no tiene otra condición que el
mínimo de decencia, de justicia y de humanidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo como no puede ser de otra manera va a dar apoyo a la petición de comparecencia del ministro formulada por los grupos. Parece que en estos momentos ya hay confirmación de que se va convocar esta Comisión de Asuntos Exteriores
el día de san Ignacio. Para nosotros hay una cuestión que resulta absolutamente prioritaria, que es conseguir cuanto antes el alto el fuego, el cese inmediato de todo tipo de hostilidades. También nos parece que obviamente el Gobierno español, por
una serie de circunstancias que creo que podemos comprender perfectamente, como son un nivel de relaciones muy intensas tanto con el Estado de Israel como con Palestina y con muchos países árabes, está en condiciones -o debería estarlo- de jugar un
papel muy decisivo por sí solo, pero también en el marco de la Unión Europea, para conseguir cuanto antes este alto el fuego. Nos parece que solo por este motivo, es decir, que alguien puede jugar en un momento determinado un papel muy importante
-solo por este motivo, insisto-, el señor ministro del ramo y quizás el presidente ya deberían dar cuenta ante el Parlamento de hasta dónde esta capacidad, esta potencialidad, estas posibilidades de intermediación, estas posibilidades de
intervención han sido puestas en valor efectivamente. Yo creo que este es el elemento básico que como diputados nos corresponde. Me parece que esto justifica del todo estas peticiones de comparecencia. Evidentemente el día 31 es ciertamente
lejano -sería deseable cuanto antes-; precisamente porque el 31 es un día muy lejano y porque en estos momentos, como ya se ha dicho anteriormente, seguramente se están produciendo víctimas, por desgracia, hay que pedirle al Gobierno -mucho más que
esta comparecencia, que parece que ya está concedida- que cuanto antes juegue este papel de forma decisiva. Yo creo que esta debería ser la aportación más importante en un conflicto sobre el cual yo no voy a extenderme. Todos conocemos la magnitud
de la tragedia y simplemente por una consideración de piedad humana, de derechos humanos, de incapacidad ante el horror, por todos estos motivos deberíamos
ser capaces de hacer abstracción y saber dar sentido político; este sentido político para mí lo tiene el Parlamento, intentando forzar al máximo que el Estado español en su conjunto sea capaz de jugar un papel tan importante como lograr
este alto el fuego inmediato. Este es nuestro objetivo y en él creo que todos deberíamos concentrar nuestros esfuerzos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidente.
Retomo las palabras del señor Macias cuando ha dicho que debíamos compartir -así lo hacemos- la magnitud de la tragedia que estamos viendo. Es realmente una tragedia de una gigantesca envergadura la que estamos viendo ante nosotros, de la
población civil, especialmente los niños, en las cifras que ustedes han citado. Por esta razón el ministro no es que haya acordado en el último momento -lo ha solicitado a petición propia- venir aquí. Si hoy se ha fijado el día 31, es porque en
este momento se está viajando para lo que han reclamado, participar en la solución de esta cuestión en el ámbito bilateral y también en el multilateral. Por lo tanto, compartimos sin la menor duda el dolor y la necesidad de actuar ante la magnitud
de la tragedia. Nos sorprende que digan que se haya obviado que el ministro va a venir. El ministro va a venir precisamente después de hacer todas las gestiones para ello; va a venir a petición propia y ahora también de los grupos que lo han
solicitado, por el voto favorable de esta Diputación.
Nos ha sorprendido igualmente que se haya dicho: No se ha condenado. Tengo delante -supongo que ustedes también- los diez puntos de ayer del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Aquí están. Es decir, todos los
países de forma unánime han manifestado su condena. Sin duda, la Unión Europea condena la pérdida de cientos de vidas civiles, entre ellas muchas mujeres y niños, lo que ocurre es que este documento de ayer de la Unión Europea, que hemos suscrito
todos los países, empieza condenando los ataques que Hamas a Israel en su párrafo anterior, algo que debemos hacer nosotros también. Esto es lo que recoge el documento de ayer de la Unión Europea. Por tanto, hagamos nosotros lo mismo también.
Aquí hay un origen, que no justifica lo que está pasando, pero sigamos el documento de la Unión Europea, que ninguno de ustedes ha mencionado, algo que nos sorprende porque aquí está clarísimamente recogida la condena de lo que está sucediendo, pero
con la previa condena a Hamas, dicho así, exactamente así, al igual que está recogido el origen de la cuestión y del derecho de Israel a defenderse, añadiendo que con proporcionalidad. Esta proporcionalidad no consiste, como parece que algunos
están pidiendo, en que haya el mismo número de muertos en un lado y en el otro, parece que es de eso de lo que estamos hablando. No; estamos hablando de los medios utilizados contra algo que es muy fácil llamar cohetes domésticos, pero que están
matando gente y que han conseguido cerrar, por ejemplo, un aeropuerto. Es decir, esto de que por un lado las armas son domésticas y por otro lado las armas son mortíferas... Sí, son mortíferas, pero también hay que condenar lo demás.
Por tanto, nosotros queremos expresar nuestra radical condena, así como que nuestra prioridad es atajar esta situación. No creemos que se pueda decir que no es el momento de. Es el momento de dar prioridad a la cuestión humanitaria, sin
duda. Esperamos, porque se está trabajando en ello, que incluso esta tarde pudiera haber un alto el fuego. Están en ello tanto el secretario general de Naciones Unidas como el secretario de Estado americano, que están trabajando en un alto el
fuego esta tarde, que quizá se produzca y luego dure sencillamente unas horas, pero eso no puede demorar las medidas humanitarias que todos tenemos que adoptar y exigir los corredores. Ahora bien, es el momento de decir que la solución de este
problema está en un alto el fuego inmediato y, con ese alto el fuego o no, exigir el tratamiento humanitario, pero también es el momento de seguir trabajando en la única solución de esta cuestión -y esto nos coloca cada vez más en nuestra
obligación-, que es la posibilidad de que existan dos Estados, Israel y Palestina. Si en cada ocasión decimos que no es el momento, este conflicto, esta tragedia durará muchísimos años.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (NÚMERO DE EXPEDIENTE
062/000202), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, PARA INFORMAR SOBRE EL EXPEDIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA A ESPAÑA POR LA FALTA DE ESTUDIO AMBIENTAL DE LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN (MAT) A SU PASO POR SANTA COLOMA DE GRAMENET.
(Número de expediente 213/001521).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000203), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE FOMENTO, PARA INFORMAR SOBRE EL EXPEDIENTE DE LA UNIÓN EUROPEA A ESPAÑA POR LA FALTA DE ESTUDIO AMBIENTAL DE LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN (MAT) A SU PASO POR SANTA COLOMA DE GRAMENET. (Número de expediente
213/001517).
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000209), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, PARA INFORMAR DE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA REVISIÓN DEL PROYECTO DE LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN (MAT) EN SANTA COLOMA DE GRAMENET Y SU IMPACTO AMBIENTAL,
TRAS EL EXPEDIENTE ABIERTO POR LA COMISIÓN EUROPEA. (Número de expediente 213/001531).
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a debatir los puntos 11, 12 y 19. El punto 11 es la petición formulada por grupos parlamentarios Mixto y de La Izquierda Plural de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Industria, Energía y Turismo, con la comparecencia del ministro, para informar sobre el expediente de la Unión Europea a España por la falta de estudio ambiental de la línea de muy alta tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de
Gramenet.
El punto 12 es la petición formulada por los grupos Mixto y de La Izquierda Plural de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento con el siguiente orden del día: Comparecencia de la ministra de
Fomento para informar sobre el expediente de la Unión Europea a España por la falta de estudio ambiental de la línea de muy alta tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de Gramenet.
Finalmente, el punto 19 es la petición formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, con la comparecencia urgente del ministro de
Industria, Energía y Turismo, para informar de las previsiones del Gobierno respecto de la revisión del proyecto de línea de muy alta tensión (MAT) en Santa Coloma de Gramenet y su impacto ambiental tras el expediente abierto por la Comisión
Europea.
En primer lugar, para la defensa de sus iniciativas, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente solicitamos la comparecencia de los ministros de Fomento e Industria, señora Pastor y señor Soria, a raíz de la alarma provocada concretamente en Santa Coloma de Gramenet, una de las ciudades más pobladas del área
metropolitana de Barcelona, al conocerse el proyecto de instalación y construcción de la línea de muy alta tensión, que no solamente afecta al núcleo urbano -de hecho, a dos zonas muy pobladas, los barrios de las Oliveras y Can Franquesa-, sino
también al conjunto de un parque natural colindante, concretamente la Serralada de Marina.
Seguramente ustedes son conocedores de la contestación vecinal, que ha sido unánime, y de la posición del mismo ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, alarmado ante lo que al parecer se avecina. De hecho, por suerte -digo que por suerte
porque en los últimos tiempos la voz y la fiscalización de Europa es un aliento y una esperanza para el mismo ayuntamiento y para el movimiento ciudadano que se opone a este proyecto-, la Comisión Europea ya se ha pronunciado y quiere averiguar si
se aplican correctamente todas las leyes medioambientales europeas, porque, al parecer, antes de autorizar el proyecto -en este caso me remito al ámbito de la Administración española- no se aseguraron de que estuviera hecho el estudio de impacto
ambiental y de ponerlo a disposición del público. Esto puede parecer inverosímil, pero es la realidad. De hecho, Red Eléctrica habla de un estudio hecho en los años setenta. Si no fuera porque es alarmante lo que se pretende, esto provocaría una
cierta hilaridad. De hecho, se habla de un proyecto elaborado en la década de los setenta del siglo pasado, en plena dictadura, y con leyes ambientales anteriores a la entrada en la Unión Europea. La Comisión Europea ya ha dado al Estado un plazo
de dos meses para que dé explicaciones ante tamaño desacierto. Considera que la línea de muy alta tensión entre Sentmenat y Santa Coloma de Gramenet -y cito textualmente el documento de la Comisión Europea- puede provocar efectos significativos en
el medio ambiente y también en las personas por la naturaleza y la situación del proyecto. Cierro comillas.
Se trata, repito, de una de las regiones más pobladas del Estado, concretamente el área metropolitana de Barcelona, y creo que está justificado que solicitemos la comparecencia tanto de la ministra Pastor como del ministro Soria porque,
además, aceptar este tramo conllevaría que su prolongación afectara al gran pulmón verde de Barcelona, que es el parque natural, entrecomillado, de Collserola. De manera que no es la primera vez que hablamos de la MAT, de la línea de muy alta
tensión, porque, como saben, ya ha afectado y está afectando a otros territorios y a otras comarcas catalanas, por supuesto sin ninguna contemplación hacia el equilibrio medioambiental y ahora sigue la pesadilla, en este caso centrada en una zona,
repito, de las más pobladas del área metropolitana, Santa Coloma de Gramenet, y amenazando Collserola. Si esto no es motivo para que comparezcan los ministros, atendiendo a lo reclamado por las instituciones europeas, atendiendo a la alarma que se
ha creado, atendiendo a la contestación ciudadana y atendiendo a lo que se vecina, pues que baje Dios y lo vea.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Nuestro grupo parlamentario pide la comparecencia de dos ministros, tanto del ministro de Industria, Energía y Turismo en su correspondiente Comisión como la comparecencia de la ministra de Fomento, que también está afectada en el tema.
¿Por qué? Porque este Gobierno acaba de sufrir un varapalo -iba a decir sin precedentes, pero por desgracia con precedentes- por parte de las instituciones europeas en el trámite de determinados proyectos, que evidentemente no se han adaptado
suficientemente a la legislación europea en temas ambientales o de otros derechos. En primer lugar, lo que toca es recordar al Gobierno que la legislación europea es de obligatoria trasposición a la legislación española y que no podemos desarrollar
proyectos ni leyes al margen de las instituciones europeas. Si les llegase una directiva de recortes, la aplicarían con saña y rapidez, pero si lo que les llega son directivas y recomendaciones de tipo ambiental y de garantía de derechos, se hacen
los remolones, porque tienen dos varas de medir para las cosas que vienen de Europa y se quedan con las peores. Por tanto, hay que hacer caso al trámite del expediente que la Unión Europea les ha abierto, modificar el proyecto de la red eléctrica
española y sobre todo pisar el terreno. Estamos hablando, en primer lugar, de una de las poblaciones del área metropolitana de Barcelona con una densidad poblacional más importante. En esa ciudad, Santa Coloma de Gramenet, cambiar una esquina o
una señal de tráfico se puede convertir en muchas ocasiones en un debate, dada la alta densidad y complejidad del tejido urbano en ese sector del área metropolitana de Barcelona. Un proyecto de estas características, con su nivel de agresividad,
sin diálogo con el ayuntamiento y con los vecinos, indica que esto tenía mala pinta, mal aspecto. Proyectos de estas características hay que concertarlos con el territorio, y el territorio son personas, el territorio no es un concepto abstracto,
son hombres, son mujeres, son ayuntamientos y son barrios y vecinos. Por tanto, lo que hay que hacer es dialogar. Hace poco tuvimos la ocasión de visitar la zona de impacto, de conocer a los vecinos. La gran pregunta de los vecinos es: ¿por qué
no hay diálogo? Yo también lo pregunto. No lo sé. Posiblemente no hay diálogo porque con el sistema de palo y tentetieso es mucho más fácil hacer las cosas, pero luego
vienen este tipo de situaciones, que alguien nos recuerda -en este caso por suerte la Unión Europea- que las cosas no se han hecho bien.
En definitiva, vuelvan hacia atrás, repiensen el proyecto, dialoguen con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y con otras instituciones, y sobre todo con los vecinos y vecinas que viven en esa ciudad. Hagan las cosas bien y
posiblemente entonces tendrán el aval de la Unión Europea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Socialista, señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente.
Mi grupo también ha pedido la comparecencia del ministro Soria para tratar este tema, que consideramos que tiene un carácter urgente, dado el requerimiento que nos ha hecho la Unión Europea para, en un plazo de dos meses, dar solución a
todas las incógnitas de carácter medioambiental que presenta el proyecto, pero también porque este es un problema que se está enquistando desde hace tiempo, y a ello me quiero referir. A la vez, nos vamos a sumar a la petición de comparecencia de
la ministra de Fomento, que han planteado tanto La Izquierda Plural como el Grupo Mixto.
Quisiera señalar tres elementos que han sido ya comentados por las personas que me han precedido, pero me gustaría situarlos en el tiempo y en el contenido para justificar el motivo por el cual es importante que pueda producirse esta
comparecencia de inmediato. En primer lugar, el proyecto de instalación de la línea de muy alta tensión en Santa Coloma vulneraba ya antes del requerimiento de la Unión Europea la legislación ambiental y esto por parte de diversas instituciones del
área metropolitana de Barcelona se había hecho constar a Red Eléctrica, con la que se ha mantenido un constante no diálogo porque no ha habido una respuesta afirmativa al requerimiento que se le hacía, pero era tal la envergadura del proyecto y tan
denso el lugar donde se pensaba instalar que ya había generado en los dos últimos años un tira y afloja para situar la subestación. Tal como decían mis compañeros, se quiere instalar muy próxima a núcleos de habitantes, en una zona de gran
densidad, donde 6.500 personas se verían inmediatamente afectadas por esta subestación y por las dos torres, y al lado del Parc Natural de la Serralada de Marina, que es el único pulmón que tiene Santa Coloma de Gramenet. Por tanto, ya hay una
cuestión previa al proyecto.
En segundo lugar, la posición contraria de la sociedad colomense, sus organizaciones sociales e instituciones, como la Diputación de Barcelona, el Consejo Comarcal, el Área Metropolitana, la Generalitat de Catalunya y al frente el
Ayuntamiento de Santa Coloma. Por cierto, el conseller de la Generalitat, don Felip Puig, señaló el pasado mes de abril que hoy por hoy esta infraestructura es inviable. El ramal de Santa Coloma no responde ya a una necesidad objetiva, por lo que
el informe de viabilidad por parte de la Generalitat ha sido denegado y -añade- se ha hecho sin diálogo y sin voluntad de consenso. Por tanto, lo que señala el conseller es que la mejor opción es una moratoria, además de que el ayuntamiento votó
desfavorablemente en su día esta iniciativa.
En tercer lugar, y para colmo, la Unión Europea el 10 de junio abrió expediente sancionador, como se ha dicho también, a España, exigiendo al Gobierno la presentación en el plazo de dos meses del informe de impacto medioambiental que esta
infraestructura requiere y que el proyecto no contempla ni ha contemplado nunca, a pesar de las peticiones reiteradas y de los informes que hoy tenemos hechos por técnicos expertos, que desaconsejan la instalación en el lugar donde se pretende, al
lado del cementerio municipal y al lado de los barrios de Can Franquesa y las Oliveras. Lo digo con esta propiedad porque yo soy vecina de Santa Coloma de Gramenet y realmente les invito a que vayan para que comprueben lo que decía el senor Nuet
sobre la densidad y la falta de oportunidad al pensar en situar esta infraestructura donde Red Eléctrica y el ministerio tienen previsto hacerlo. No tiene ningún sentido. Los habitantes tienen miedo por cuestiones de salud y por la agresión que
supone para el territorio, las fisuras y las heridas que va a causar en un territorio especialmente vulnerable y castigado. Por tanto, la organización vecinal, que en todo momento se ha mostrado con ganas de dialogar y de trabajar conjuntamente con
las instituciones, va a seguir trabajando para impedir que las cosas se hagan de esta manera, pero en este caso toda las instituciones, incluido el Ayuntamiento de Barcelona, vamos a acompañarles.
Decía el Ayuntamiento de Barcelona -voy acabando- que el proyecto es un despropósito, y tampoco se ajusta a las necesidades energéticas del territorio barcelonés, decía el alcalde Trias. Desde que se planteó -los compañeros decían que ya en
el año setenta había informes- hasta la actualidad las necesidades y las opciones tecnológicas y energéticas han ido cambiando, según los expertos. Por tanto,
es posible buscar una alternativa para que este proyecto no siga adelante, al menos tal como está planteado. Yo misma, hablando con Red Eléctrica, le ofrecí a su presidente -que además ha sido diputado compañero nuestro- la posibilidad de
dialogar, buscar nuevas ubicaciones, trabajar con nuevas tecnologías, porque entendemos que ya ha habido una inversión previa, pero no puede ser que esta inversión previa esté hipotecando un proyecto que de todas, todas resulta inadecuado, con un
grave impacto para vecinos y territorio y que hoy no tiene ningún sentido. Habrá que estudiar los costes, pero estos costes nunca pueden ir en contra de toda una población y de un área metropolitana de casi 4 millones de habitantes, que son los que
tiene el área metropolitana de Barcelona, que en su conjunto están en contra del proyecto. Por tanto, sería bueno que compareciera el ministro, que lo pudiéramos hablar tranquilamente, que se paralizara esto, que estudiáramos otras opciones...
Seguro que va a encontrar colaboración porque nadie quiere torpedear las infraestructuras, que en nuestro país son necesarias, pero hay que ver de qué modo lo hacemos, buscando el consenso, el diálogo y sobre todo no avanzando en una barbaridad como
la que ahora se está intentando llevar a cabo sin cumplir con la normativa actual y de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente intervengo para decir que vamos a apoyar las peticiones de comparecencia, aunque la verdad es que no acabamos de comprender las segundas peticiones que incluyen a la señora ministra de Fomento para informar sobre la falta de
estudio ambiental. No sé por qué piden Fomento, la autoridad competente en este caso no es el Ministerio de Fomento sino el de Energía al tratarse de Red Eléctrica y la autoridad ambiental es el Ministerio de Agricultura. No sé si aquí hay un
error, pero nos parece que esto no toca -déjenme ser pujolista.
¿Cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que esta línea es un tramo de algo que tenía en su momento un gran sentido -y a lo mejor lo tiene al final-, que es una especie de ronda eléctrica para evitar el paso de otras
líneas de alta tensión tanto por todos los ámbitos protegidos -como la sierra de Collserola- como por los aledaños de los municipios metropolitanos, Santa Coloma, Barcelona y en parte Badalona. ¿Qué ha sucedido? Curiosamente, parte de esta
transformación se ha ejecutado con satisfacción, por ejemplo en Collserola, incluso con tramos subterráneos evitando el medio natural, y me parece muy bien. Me parece muy bien que protejamos a las ardillas de Collserola porque se lo merecen y
porque es de país civilizado hacerlo, pero yo que tengo en gran consideración a las ardillas de Collserola creo que a los habitantes de Santa Coloma de Gramenet hay que tratarles como mínimo igual de bien. Curiosamente, todo aquello que en el tramo
de parque se hacía con sumo esmero y cuidado, cuando llegamos a un tramo urbano se hace a lo loco, pasando torres de alta tensión a pocos metros del barrio de Oliveras y haciendo un trazado absolutamente incomprensible incluso pasando por encima de
un cementerio, una agresión desagradable. Desde este punto de vista, me parece que hay que exigir que se ejecute bien si es que es necesaria la línea y además con evaluación del impacto ambiental respecto a los efectos ambientales sobre las
personas, que son, como mínimo, de la misma importancia que los efectos ambientales sobre los arbolitos o sobre las ardillas.
Por tanto, me parece absolutamente de rigor que se presenten estas peticiones. Nosotros vamos a votar favorablemente la 11 y la 19 y no vamos a votar favorablemente la que pide la comparecencia de la ministra de Fomento, porque creo que es
simplemente un error, no sé si habría incluso que retirarla. Me parece un cierto ridículo que nosotros pidamos algo a alguien que no tiene absolutamente nada que ver y creo que esta casa debe ser rigurosa. Por tanto, vamos a votar la 11 y la 19
favorablemente, pero no la 12 por cuanto nos parece que la buena de la ministra de Fomento en esto poco tiene que ver.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Ovidio Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Esto es un poco el mundo al revés. Estamos tratando de un trazado con el que podemos estar hasta de acuerdo. Muchas veces con Red Eléctrica -en otras regiones de España se da- hay un gran enfrentamiento, posiblemente porque no se busca o
no se encuentra la mejor ubicación para estos tendidos, que es verdad que nadie quiere junto a su casa. En Asturias tuvimos un tema histórico, que era Lada-Velilla, y este será similar. Por tanto, aceptando siempre la negociación, buscar mejores
ubicaciones, estando todos de acuerdo, digo que es un poco el mundo al revés porque al que no entiendo es al PSOE. No los entiendo. Este es un tema de su Gobierno. El último documento se aprobó en el Consejo de Ministros de 18 de noviembre de
2011, dos días antes de las elecciones. ¿Dónde estaba usted, señora Esteve, que ya era diputada? ¿Dónde estaba que no se enteró de que le pasaban las líneas por delante de su casa, que su Gobierno estaba apoyándolo y usted se callaba? Es muy
cómodo esperar a que gane el PP para empezar a protestar. Mientras tanto, usted está muy a gusto mientras le ponen la torre delante de casa, y sus amigos van a decirle y usted dice: Es que es necesario, es que es la modernidad, son 4 millones de
personas, hay que dejar pasar la energía eléctrica. Pero es que no lo hicieron solo ahí, lo hicieron en toda España y había quejas en todos los lados. Y ahora tengo que venir yo aquí a defender a su Gobierno y a decirle que el Gobierno de España,
consecuente con los actos de los Gobiernos anteriores, está contestando a la Unión Europea conforme a derecho, y le dice: Esto se tramitó conforme a la Ley de 2008. Era la ley que había; la última directiva a este proyecto no le afectaba, porque
hábilmente lo aprobaron ustedes antes de que se pusiese en marcha esa directiva, que era en enero de 2012. Qué casualidad que lo aprueben a finales de noviembre con un Gobierno perdido, antes de que entre la directiva que ya estaba discutida y que
entraba en enero. ¿No le parece mucha casualidad? ¿Qué dijo usted en esa campaña electoral? Porque supongo que usted se cogería a esas torres para decir: Aquí no la van a poner. Pero era su Gobierno el que lo ponía.
Algunas veces hay que rellenar estos actos parlamentarios, pero la diputación permanente no se pensó para esto, se pensaba para actos urgentes donde el Pleno no se podía reunir o no se estaba reuniendo. Ahora me viene usted con un tema de
hace cuatro años, cuando usted era diputada, a reclamárnoslo a nosotros. Pues mire, el ministro vendrá a comparecer, vendrá en septiembre, como suele venir siempre -qué casualidad, nunca le preguntaron nada de esto en todas sus comparecencias; se
ve que no le preocupaba mucho- y dará explicaciones, pero sepa usted que serán en defensa de su Gobierno, no de las ideas que tiene el Partido Popular sobre medio ambiente.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Esteve Ortega pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
Señora Esteve, he seguido con atención la intervención de don Ovidio y, en efecto, ha sido usted aludida, pero no se trata de reabrir el debate sino de contestar a aquello en que ha sido aludida personalmente.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente, por su amabilidad.
Solo una cuestión. Es lamentable que en el debate parlamentario el análisis de las necesidades que tenemos en nuestro país al final se acabe puliendo personalizando en una persona, agrediendo, lo cual dice muy poco de aquel que utiliza esta
práctica. Estoy aquí para resolver problemas, me imagino que igual que usted, señor presidente, y que mis compañeros, y si algunas cosas se hicieron a destiempo o no se hicieron de acuerdo con lo que era necesario, estamos a tiempo de rectificar.
En esta situación llevamos ya dos años, era un tema que venía de lejos y se trata es de buscar soluciones. Si queremos buscar soluciones, en mi intervención he dicho que estamos dispuestos a hablar, que veamos cómo lo podemos arreglar. No se trata
de fastidiar a nadie, sino de cómo podemos solucionar problemas. Este era el espíritu. Lamentablemente, siento decirle que usted, además de utilizar una técnica parlamentaria poco elegante, ha rayado en la grosería.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: En primer lugar, para disculparme si en algún momento la he molestado. No era mi intención. La he tratado como representante de un partido político que utiliza la demagogia como sistema. No puede usted venir a
decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer cuando usted
estaba en el Gobierno y se ha callado la boca. Si la he molestado, le pido mil disculpas; no era mi intención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA (número de expediente 102/000205), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA PARA EXPLICAR LAS ACCIONES QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL MINISTERIO PARA COMBATIR LOS DELITOS DE ODIO. (Número de expediente 213/001520).
El señor PRESIDENTE: Punto 14, petición formulada por los Grupos Mixto y de La Izquierda Plural de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia con el siguiente orden del día: comparecencia del
ministro de Justicia para explicar las acciones que piensa llevar a cabo el ministerio para combatir los delitos de odio. Para defender la propuesta, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, pedimos la comparecencia del ministro Gallardón ante la Comisión de Justicia atendiendo a una alarma social creciente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). El 14 de este mes, el 14 de julio, se
celebró la primera sesión de un juicio que ya ha concluido y que está a la espera de sentencia, alrededor del caso llamado operación Panzer. Se trata de la mayor causa judicial abierta en el Estado español contra grupos neonazis, en este caso
contra un grupo neonazi organizado desarticulado en el año 2005, llamado Frente Antisistema, en el cual militaba el ciudadano Pedro Cuevas, asesino confeso y condenado por la muerte en el año 1993 del joven Guillem Agulló. A este grupo neonazi la
Policía y la Guardia Civil le intervinieron material militar, incluso algún bazooka, armamento de calibre y miles y miles de puños de hierro, los denominados panzer, que una vez comercializados generaban ingresos para su financiación. Es cierto que
esperamos justicia y que el proceso judicial -que, repito, ya ha finalizado- no perpetúe una cierta impunidad con la que se ha venido actuando básicamente, y por desgracia para la buena gente del País Valencià, en el País Valencià, aun cuando
también en otros territorios del actual Estado español.
Todos los observatorios vienen denunciando, anunciando y publicitando que los delitos de odio racial, pero también contra las personas por su orientación sexual, no solamente han ido creciendo en los últimos tiempos, lo que es alarmante,
sino que además se producen a la luz del día, con testigos e incluso utilizando nuevas tecnologías para publicitarlos de mejor manera. En algunos territorios del Estado español ha habido alguna connivencia entre estos grupos y algunos -repito,
algunos- miembros de las fuerzas de seguridad. Todo ello ha generado una cierta impunidad. Lo preocupante es que, repito, estos delitos de odio racial son crecientes, razón por la cual creo que sería interesante y necesario que pudiera comparecer
el ministro Gallardón a fin y efecto de debatir cómo y de qué manera piensa encarar esta cuestión en la tramitación de la reforma del Código Penal, porque estas personas han podido ser juzgadas por tenencia de armas, pero queda lo más duro, lo más
preocupante, el temor con que vemos que la bestia que creíamos enterrada siete metros bajo tierra desde Nuremberg esta creciendo en todas partes. Podemos mirar hacia otra parte, podemos ponernos de perfil, pero lo cierto es que la bestia existe,
que la bestia crece y que además se está infiltrando incluso de manera un tanto sibilina, y esto lo pagaremos muy caro si no actuamos. Tenemos una gran oportunidad, la reforma del Código Penal, y creo que deberíamos homologarnos al resto de
sociedades que, viendo lo que se avecina, viendo lo que existe, viendo cómo la bestia crece, ya han encarado el problema. Esta es la razón por la cual pedimos la comparecencia del ministro Gallardón.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Señor Llamazares, Grupo de La Izquierda Plural.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Brevemente, y en el mismo sentido, mi grupo parlamentario ha firmado esta iniciativa porque considera que esa operación Panzer no es más que una de las cabezas de la hidra. En España se establece una
conexión entre lo que podríamos denominar ultraderecha y movimiento nazi, que además tiene el carácter de organización de odio y tiene como objetivo fundamentalmente la diversidad étnica, racial, la diversidad sexual, es decir, lo que
podríamos denominar la promoción del delito de odio. En nuestro país el Código Penal incorpora esa noción; sin embargo, tiene un grado muy alto de ambigüedad, para bien y para mal, para el debate en el que fundamentalmente el Código Penal aborda
hechos y no intenciones. Nosotros estamos de acuerdo, no nos parece adecuado que el Código Penal criminalice ningún tipo de intención, por repugnante que sea, pero sí que particularice los hechos. En otros códigos penales se particulariza el hecho
del delito de odio, del de racismo, de la promoción del nazismo, por ejemplo, en el caso de Alemania, y nosotros creemos que es por ahí por donde debe ir la concreción de la futura redacción del Código Penal. En ese sentido, el hecho de que se
hayan producido 4.000 denuncias por posible delito de odio, que haya más de 1.500 páginas web en las que se promueve y se agita ese odio hacia el diferente, en nuestra opinión, debe motivar que la redacción del Código Penal se afine con respecto a
estos delitos que en nuestro país avanzan, igual que en otros países europeos, al calor de la crisis económica, al calor de la búsqueda del enemigo interno, al calor -como hemos dicho antes- del odio. Esa es la voluntad de mi grupo parlamentario.
Por eso hemos firmado esta iniciativa, junto con el Grupo Parlamentario Mixto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Turno de fijación de posiciones. El Grupo Vasco no va a intervenir; el señor Martínez Gorriarán tampoco. Pasamos al Grupo Socialista. Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias.
Señorías, en el libro II, título XXI, delitos contra la Constitución, en su capítulo IV, de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, se recogen toda una serie de delitos que podríamos considerar
como delitos de odio. El proyecto de ley de Código Penal, actualmente en fase de enmiendas en el Congreso, modifica parte de los preceptos sobre esta materia, pero lo hace sobre la única señal que conoce el Gobierno en materia penal, que no es más
que un incremento de la respuesta punitiva. La razón que invoca el Gobierno es la acomodación a la decisión marco de 28 de noviembre de 2008 y a la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, de 7 de noviembre. En esta sentencia se interpreta
que la negación del genocidio se castiga exclusivamente cuando suponga una modalidad de incitación indirecta al odio y/o violencia; en caso contrario, no podrá sancionarse. Sin embargo, el proyecto no respeta ese límite y, junto a los casos de
incitación directa o indirecta, amplía la conducta típica a los supuestos de fomentar y promover, que serían conductas previas al acto preparatorio. En la decisión marco de 28 de noviembre de 2008, que he mencionado antes, ya se expresa que la
lucha contra el racismo y la xenofobia requiere varios tipos de medidas en un marco global y puede no estar limitada a cuestiones penales, excepto la lucha contra las formas particularmente graves de racismo y xenofobia, pero nada ha hecho el
Gobierno que no tenga que ver con el derecho penal, donde se siente verdaderamente cómodo. Conviene recordar, señorías, que antes de finalizar la pasada legislatura el Consejo de Ministros socialista aprobó el 27 de mayo de 2011 un proyecto de ley
integral para la igualdad de trato y no discriminación, que tenía la vocación de convertirse en el mínimo común denominador normativo que debería contener las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo,
albergar las garantías básicas para asegurar la protección real y efectiva de las víctimas. Nada en esta vía se ha hecho y no podemos olvidar, señorías, que los grupos de extrema derecha, legal e ilegal, proliferan en Europa y, por lo tanto,
también en España, induciendo en muchas ocasiones a esos delitos de odio con una total impunidad.
Concluyo. Señorías, creemos necesario, tal y como hemos venido exigiendo en varias proposiciones no de ley en esta Cámara, el establecimiento de un marco legal adecuado para la prevención, atención y eliminación de todas las formas de
discriminación; el impulso de la aplicación transversal de la igualdad de trato en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas; la aprobación de la estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia
y otras formas conexas de intolerancia; y, finalmente, la creación de fiscalías especializadas en delitos de odio y discriminación. Nos parece oportuna la propuesta de comparecencia y la petición de habilitación para esta comparecencia del
ministro de Justicia, solicitada por el Grupo Mixto y por La Izquierda Plural, y la votaremos a favor.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Villarrubia.
Por el Grupo Popular, señor Prada.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero dejar bien claro desde el primer momento que para mi grupo, para el Grupo Popular, no procede en este momento procesal ni en este periodo extraordinario de sesiones la comparecencia del ministro de Justicia que han
solicitado el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo de La Izquierda Plural. Si a lo largo de todo el día de hoy los portavoces de mi grupo llevamos diciendo reiteradamente que se está pervirtiendo de alguna manera el sentido reglamentario que podría
tener la celebración de una Diputación Permanente y, en especial, celebrar posteriormente sesiones de Comisión o incluso plenarias por acuerdo de esta Diputación Permanente, es evidente que en este caso se está pervirtiendo todavía más. Las
explicaciones tanto del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya como del portavoz de La Izquierda Plural se fijan en un juicio que ya se ha celebrado y para nada tienen en cuenta, entre otras cosas, que si esta modificación se produjera con
urgencia o antes de que ese juicio pudiera tener una resolución definitiva, en todo caso, saben sus señorías que el derecho penal no tiene efecto retroactivo salvo que sea favorable para el reo, con lo cual no creo que esa sea la intención de los
que han propuesto esta solicitud de comparecencia. Pero es que es más, olvidan, y es sorpresivo también, que estamos tramitando en el Congreso de los Diputados precisamente una reforma amplia de la Ley Orgánica del Código Penal que incorporaría a
nuestro ordenamiento jurídico el delito de negacionismo, así como también modificaría la tipificación de los denominados discursos del odio en un sentido mucho más amplio que actualmente. Por todo ello, verán con sentido que mi grupo no apoye esta
solicitud de comparecencia del ministro. Por otra parte, el ministro ya ha comparecido recientemente en esta Cámara en una interpelación y señaló que la respuesta que va a tener el derecho penal español en este tema para el que ahora se le pide su
comparecencia, va a ser una respuesta más avanzada que en cualquier otro país europeo.
Les significo a continuación las acciones que se están llevando a cabo para combatir estos delitos, que evidentemente, señor Llamazares, todos queremos combatir, como son los delitos de odio. La reforma del Código Penal se ajusta no solo a
la Decisión marco 2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia, que debe ser traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico, como es obvio. El proyecto de ley, que actualmente se encuentra
tramitando en el Congreso de los Diputados, establece una nueva regulación que va más allá incluso de esa decisión marco; refleja el rechazo radical de todos los actos de incitación a la discriminación, odio o violencia de que puedan ser objeto
cualesquiera colectivos o minorías delimitadas por la raza u origen nacional pero también por razones de sexo, identidad de género o motivos políticos, incluyendo los actos de incitación al odio o a la violencia por motivos ideológicos; todas las
acciones de incitación directa o indirecta al odio o a la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a la ideología, religión, etnia o pertenencia a otros grupos minoritarios. También se incluye la
tipicidad de la producción, elaboración o distribución de materiales cuyo contenido sea idóneo para incitar al odio u hostilidad, así como la negación de los delitos de genocidio o de lesa humanidad. Los actos de humillación o menosprecio contra
ellos, el enaltecimiento o justificación de los delitos cometidos contra los mismos o sus integrantes con una motivación discriminatoria y todo ello sin perjuicio de un castigo más grave cuando se trata de acciones de incitación al odio o a la
hostilidad contra los mismos o de conductas idóneas para favorecer el clima de violencia.
Señorías, además se agravan las penas en esa propuesta de reforma y, por si esto fuera poco, está en manos del Gobierno, en fase de anteproyecto, un estatuto de la víctima del delito. Es decir, se refuerza con el contenido del estatuto de
la víctima del delito, en donde se prevé de forma expresa que se valoren especialmente las necesidades de protección de las víctimas de los delitos cometidos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a ideología, religión o creencias,
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad.
Termino, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, señor Prada, porque ha acabado su tiempo.
El señor PRADA PRESA: Sí, señora presidenta, termino.
Manifiesto y reitero que en esto el Gobierno del Partido Popular está sumando: reforma del Código Penal, estatuto de la víctima -que, por cierto, estará en esta Cámara en el próximo periodo de sesiones- para que todo este tema que a ustedes
tanto les preocupa, y a nosotros también, pueda tener la solución adecuada. Pero, sin duda, hoy no merece que apoyemos la comparecencia del ministro.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Prada.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (número de expediente 062/000223), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARA VALORAR LA RECIENTE LIQUIDACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y DE LAS PARTICIPACIONES EN LOS FONDOS DE
CONVERGENCIA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LO OCURRIDO EN CATALUÑA.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Antes de continuar con el orden del día debo anunciar que el grupo proponente ha retirado su punto 34. Lo digo por los diferentes portavoces de otros grupos que pensaran intervenir.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (número de expediente 062/000206), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DE LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, PARA INFORMAR DE LAS CUANTÍAS Y DE LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADOS PARA EL REPARTO, ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA,
DE LOS FONDOS DESTINADOS A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 213/001526).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (número de expediente
062/000213), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, PARA INFORMAR SOBRE EL PLAN DE EMERGENCIA SOBRE POBREZA INFANTIL Y SU REPARTO ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LA PARALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.
(Número de expediente 213/001540).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (número de expediente
062/000222), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, PARA INFORMAR SOBRE EL FONDO EXTRAORDINARIO DE 16 MILLONES DE EUROS PARA COMBATIR LA POBREZA INFANTIL, ACORDADO EL PASADO 16 DE JULIO EN EL SENO DEL CONSEJO
TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a los puntos 15, 23 y 33. El punto 15: Petición, formulada por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, para que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales con la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para informar de las cuantías y de los criterios de distribución utilizados para el reparto, entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta
y Melilla, de los fondos destinados a la lucha contra la pobreza infantil.
El punto 23: Petición formulada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUIA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, para que se acuerde la celebración de la misma Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para informar sobre el plan de
emergencia sobre pobreza infantil y su reparto entre comunidades autónomas y la paralización del sistema de atención a la dependencia.
Y el 33: Petición, formulada por los Grupos Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), para que se acuerde la celebración de la citada Comisión con la comparecencia de la ministra para informar sobre el fondo extraordinario de 16
millones de euros para combatir la pobreza infantil, acordado el pasado 16 de julio en el seno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia.
En primer lugar, intervienen los grupos que han planteado la iniciativa, por orden de presentación. Por el Grupo Socialista, señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Al Grupo Parlamentario Socialista le parece injusto el reparto que el Gobierno del Partido Popular ha hecho del Plan de lucha contra la pobreza infantil. Es un plan que perjudica claramente a Andalucía y es insuficiente para atajar este
problema. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero: ¡Qué raro!). Por eso pedimos que comparezca la ministra Mato en sesión extraordinaria -claro que sí, señora presidenta, perjudica a Andalucía, su comunidad- de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales, y explique la cuantía y criterios de distribución utilizados para el reparto entre comunidades autónomas de fondos destinados a la lucha contra la pobreza infantil.
Los 17 millones que destina el Gobierno son absolutamente ridículos porque hace muy pocos días se ha gastado casi la misma cantidad, 14 millones de euros, en obras y muebles para cuatro ministerios; es decir, le da la misma importancia a
comprar muebles que a combatir la pobreza. Además, la distribución de esta cantidad no contempla la realidad poblacional. Andalucía va a recibir menos de 2 euros por niño en situación de pobreza frente a los 55 -que también son ridículos- que
recibirá, por ejemplo, La Rioja. ¿Alguien puede entender qué se puede hacer con menos de 2 euros por niño? Además de esos 17 millones, que es una cantidad ridícula, quiero poner en valor qué se está haciendo en Andalucía. En Andalucía se han
aprobado dos reales decretos y diferentes medidas y programas impulsados desde nuestra comunidad, como el ingreso mínimo de solidaridad, el programa de inserción sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión
social o las ayudas económicas familiares. En conjunto, se han invertido 158 millones de euros dedicados a políticas de inclusión en el presente año 2014. Pero en lo referente a la pobreza infantil, se han destinado el presente año a tres
conceptos: por una parte, 11 millones para el Plan extraordinario de garantía alimentaria 2014, más de 20.000 menores se benefician de tres comidas en más de 1.000 centros escolares, de los cuales 1,5 millones se destinan para la temporada de
verano. Además, otros 6 millones de euros para ayudas económicas familiares y otros 6,5 en el programa de suministros mínimos vitales y prestación de urgencia social. Eso es lo que estamos haciendo desde Andalucía.
Insisto, el Gobierno de Rajoy ha hecho un reparto que perjudica manifiestamente los territorios con mayor población, fundamentalmente a nuestra comunidad, que es la que sale peor parada. Por ejemplo, con el dinero con el que en Ceuta se
trata a un menor en Andalucía deberíamos tratar a cien niños. En dicho reparto no se ha tenido en cuenta la población; si se distribuyera equitativamente por población, Andalucía recibiría 4 millones mientras que en realidad solo recibe 1,2. El
reparto injusto del Gobierno del Partido Popular constituye un nuevo castigo a Andalucía. El PP está jugando nuevamente con los más vulnerables para castigar a un Gobierno de izquierdas. El Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Rajoy, haría
bien en aprender de Andalucía en lugar de atacarla, ya que esta -Andalucía- fue la primera comunidad en ponerse al lado de los que peor lo están pasando.
Termino con una frase que ha dicho hoy mismo la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Ha dicho que es insensible y cruel que este Gobierno haya destinado a reflotar los bancos ochocientas veces más que a combatir la pobreza
infantil.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario considera imprescindible la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que nos explique esta medida extraordinaria contra la pobreza infantil y también para que explique su reparto. La
medida extraordinaria contra la pobreza infantil es a todas luces insuficiente, por no decir ridícula. Ni siquiera sirve para compensar la reducción de los presupuestos destinados a la lucha contra la pobreza infantil en nuestro país, presupuestos
que desde 2010 a 2014 se han reducido en un 15 %. Esa reducción de presupuestos para la lucha contra la pobreza infantil por
supuesto no se puede paliar con una medida tan magra como es la medida del Gobierno en torno a los 16 o 17 millones de euros; digo 16 o 17 millones de euros porque vienen bailando desde el mes de diciembre y no acaban de aclararse en
relación con el presupuesto final. En todo caso, es un presupuesto final de una gran precariedad, por decirlo de alguna forma. Pero además este presupuesto se ha distribuido de una forma extraña. El Gobierno ha terminado creyéndose su propia
manipulación de los datos de pobreza. Utilizó la pobreza relativa para demostrar que en la crisis económica no había más pobreza, y es que como bajaba la renta de todos, aumentaba el dintel y por tanto disminuía la pobreza. Pero eso es solamente
un engaño. La pobreza se ha visto incrementada en el periodo de crisis; en particular la pobreza infantil, que está por encima del 30 % y que se ha visto incrementada de manera muy importante. Ha sido el incremento de las familias con ambas
personas mayores en desempleo -que se han incrementado en un 300 %- lo que ha provocado un incremento de la pobreza familiar, y fundamentalmente de la pobreza infantil, y no otra cosa.
También ha sido el recorte social del Gobierno que, vuelvo a repetir, ha sido de más de 6.400 millones de euros, en definitiva un 15 % menos de lo que dedicábamos en el año 2010 a la lucha contra la pobreza infantil. Y el Gobierno ha
terminado creyéndose sus propios datos y en función de esa propaganda lo que hace es financiar más el porcentaje que al niño. Es una verdadera aberración. Lo que hay que financiar es al niño que tiene una situación difícil, no al porcentaje. Por
lo tanto, esa es la situación en la que nos encontramos, una situación extraña que no debería haberse producido y que no debería motivar esta petición de comparecencia. Pero es que no queda más remedio. Y no queda más remedio, en primer lugar, que
traer al Gobierno a esta Cámara de nuevo para que adopte medidas urgentes y extraordinarias, no medidas de medio pelo sino urgentes y extraordinarias, para abordar la pobreza infantil en el sentido de lo que le han recomendado las organizaciones de
la infancia y las instituciones relacionadas con la infancia, que tiene que ver con la ayuda directa, con la educación, también con las medidas de protección al desempleo y con los servicios sociales. Y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno y
presentarlo ante esta Cámara, no presentar públicamente un plan de inclusión de 130.000 millones de euros -35.000 millones de euros anuales-, que nadie encuentra, sino medidas extraordinarias o urgentes dedicadas a lo más frágil, que son los niños
en situación de pobreza. Y por otra parte, tiene que trasladar a esta Cámara un proyecto de reparto que sea mínimamente racional, señorías. No puede ser que el reparto lo sea al porcentaje y no al niño. Creemos que eso es así y que en vez de
provocar la unidad en el marco de las comunidades autónomas para aumentar el compromiso con la pobreza infantil, lo que ha provocado es la discordia y además con razón. Por lo tanto, nosotros creemos que el Gobierno debe rectificar esa posición y
debe trasladar también a la Cámara un reparto racional para que sea posible luchar contra la pobreza beneficiando a la parte más frágil, que son los niños en situación de pobreza, y beneficiar a los niños, no al porcentaje de niños.
Estas son las motivaciones de mi grupo parlamentario para pedir la comparecencia del Gobierno, la comparecencia urgente del Gobierno en un tema que no admite el aplazamiento, porque la medida adoptada por el Gobierno es una medida mínima.
Fíjense que las organizaciones internacionales le proponen al Gobierno español aproximadamente 1.200 euros anuales por niño; 1.200 euros anuales por niño de ayuda directa, independientemente de las medidas de vivienda, de las medidas de empleo y de
las medidas sociales. Señorías, ve uno la dimensión de esos 16 o 17 millones de euros y ve el absurdo también de un reparto territorial más preocupado por el porcentaje que por la pobreza.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Señoras y señores diputados, en primer lugar, estamos ante un problema de falta de recursos. Ya se ha dicho que las comunidades autónomas han visto en los últimos ejercicios disminuir las aportaciones de los
distintos programas sociales de la Administración General del Estado y han sido disminuciones muy importantes, por tanto, hay una gran insuficiencia de recursos. En un momento determinado la ministra ve la posibilidad de disponer de una partida de
17,4 millones y decide destinarla a la pobreza infantil -creo que es un gesto a agradecer-; además les plantea a las mismas cuál puede ser el criterio de reparto. Las comunidades autónomas manifiestan que quien más riesgo de exclusión social tenga
por pobreza -el llamado índice Arope- más reciba, pero lógicamente ponderado a la población. En estos momentos ocurre algo muy curioso: Andalucía, que tendrá aproximadamente 9 millones de habitantes, recibe menos que Ceuta, que tendrá unos 100.000
habitantes. ¿Qué ocurre? Que
por niño andaluz se da un euro y por niño de Ceuta 180 euros. ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar utilizando un problema matemático para que se lo trasladen a la ministra para ver si lo podemos rectificar. Imagínense ustedes que
tenemos cien personas y cien frutas y queremos ser justos en el reparto. Tenemos un melón, diez naranjas y ochenta y nueve cerezas. (Risas). ¿Qué hace la ministra? Decide que como son 100 personas y tiene cien piezas de fruta les da a cada cual
una fruta, dando al de Ceuta el melón; al andaluz, una cereza y, a no sé quien, una naranja. Está muy bien repartido, pero fíjese usted que no ha tenido en cuenta algo tan importante como es el peso del melón y el peso de la cereza. Es grave que
en estos momentos todo un ministerio no sepa matemáticas elementales, porque es un problema de ponderación. Me parece muy bien que se utilice el indicador Arope porque da más a la comunidad que tiene más porcentaje de pobreza pero, hombre
¡multipliquen ustedes por el número de niños! Estamos ante un suspenso matemático del ministerio, y es también una barbaridad política. No sé si exigir que venga la ministra, pero que vaya a clase de matemáticas este verano ¡coño! (Risas). Es que
este hecho es grave, no es broma, porque si detrás no hubiera niños pobres podríamos bromear toda la tarde, pero los hay. Por tanto, estaría muy bien que se corrigiera inmediatamente, antes de que venga -¡que no venga si no quiere!-, pero que lo
corrija y que aprenda matemáticas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Y por lo visto, conocimientos hortofrutícolas también, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Sí, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la fijación de posiciones. ¿Señor Martínez Gorriarán, va a intervenir? (Denegación).
Pasamos, por tanto, al Grupo Popular. Señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Desde luego, me ha parecido vergonzoso y ridículo no la cantidad de la que se hablaba, sino la actitud de la mayor parte de los grupos de la oposición ante el discurso del portavoz de CiU, con esas
carcajadas, que en nuestro caso no se han producido. (El señor Simancas Simancas: ¡Os ha puesto en ridículo!). Es un tema muy serio del que estamos hablando y como es así, desde el ministerio se ha hecho un reparto justo y equitativo,
absolutamente justo y equitativo (Rumores), y les ruego que me escuchen como yo les he escuchado a ustedes, que aplican el rodillo hasta en la oposición.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Montesinos. El orden lo pongo yo, por lo que hagan ustedes el favor de guardar el mismo silencio con el que hemos escuchado todas las intervenciones, incluida la del melón.
Adelante, señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Como decía, se ha hecho un reparto sobre la base de la tasa Arope, que es la que se utiliza en la Unión Europea, para que tengamos todo claro, y teniéndose en cuenta la población en riesgo de pobreza, no el
global de la población de cada una de las comunidades. ¿O es que aquí se trata de repartirnos unos dineros entre las comunidades autónomas para vaya usted a saber qué? No. Aquí se trata de repartir un fondo de 17 millones de euros para atajar y
dar solución, mediata e inmediata, a ese gran problema de las familias con niños que están en riesgo de pobreza, no a la población en su conjunto. Además, menciono este indicador porque ahora me ha sorprendido enormemente la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que además es andaluz, y entiendo que usted está en absoluto desacuerdo con la presidenta de la Junta de Andalucía porque, si no, no se entiende que, cuando se produjeron las reuniones previas al Consejo
Interterritorial, reuniones técnicas en las que se acordó este criterio para el reparto, ustedes estuvieran absolutamente de acuerdo y que votaran a favor. Sin embargo, ahora han cambiado el paso y han decidido todo lo contrario. No, Andalucía
estaba de acuerdo con el ministerio y con el resto de las comunidades autónomas; el reparto es absolutamente justo y equitativo y estamos hablando de un problema muy serio que, entre otros, generaron ustedes. Absolutamente avergonzados y ridículos
deberían sentirse, porque la mayor bolsa de pobreza en España la generó el anterior Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista. Con ustedes España desgraciadamente llegó a ser el segundo país de la OCDE con la tasa más alta en pobreza infantil, y
eso no debería de honrarles. El riesgo de pobreza y de exclusión creció cinco veces más rápido en España
que en la Unión Europea en el periodo 2008-2011. Todos son datos oficiales, transparentes y claros. ¡Ojalá no tuviera yo que recordarlos!
Igualmente, asfixiaron a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos al no darles la financiación necesaria y requerida para los servicios públicos. Colapsaron el sistema de la dependencia, porque de eso no hemos hablado, pero en
dependencia hay una lista de espera de más de 300.000 personas, y ahora estamos sufriendo desgraciadamente los resultados de esa falsa progresía que han representado ustedes, a lo largo de los últimos años de Gobierno, y parte de la oposición al
sustentarles a ustedes y en colaboración en muchas de las comunidades autónomas. El 16 de julio se reunieron, y esa sí que era una reunión de carácter urgente y no que se pida ahora la comparecencia de la ministra porque, al fin y al cabo, la
ministra hizo esa reunión con carácter urgente el día 16 de julio para el reparto de esos millones. Sin embargo, no se ha limitado única y exclusivamente a esa dotación de los 17 millones de euros. A ustedes les molestará que yo se lo recuerde,
pero son políticas activas para atajar la exclusión social y el riesgo de pobreza. Es el II Plan de inclusión social y dicen, con un tono de desprecio absoluto: es un plan con 135.000 ó 136.000 millones. Dudo mucho que las familias que en este
momento están sufriendo la exclusión social entiendan que esos 136.000 millones son para tomárselos a broma. Son 93 millones de euros al día que este Gobierno ha comprometido y que no solamente van destinados, como hicieron ustedes, a inmigrantes y
dependientes, sino a toda la población que está en riesgo de exclusión.
La Comunidad Europea ha alabado no solamente el Plan de inclusión social, sino además el Plan a favor de la infancia y de la adolescencia, dotado también con 5.950 millones de euros y, de forma transversal, se lucha para atajar el problema
que está sufriendo gran parte de la infancia en cuanto a la infancia y la pobreza. Por tanto, ya está bien de chascarrillos cuando hablamos de estos temas porque esto es mucho más serio y es indignante escucharles. Igualmente, les voy a recordar
que no solamente estamos hablando de la dotación de esos 17 millones, sino que se suman 27,4 millones de euros del Plan concertado; 20 millones de euros del Plan de emergencia social; 40 millones de euros del Fondo de alimentos; 22,4 millones de
euros de proyectos de inclusión social y 25,6 millones de euros de proyectos de familia e infancia subvencionados con cargo al IRPF y, sobre todo, y fundamentalmente lo que para nosotros es muy importante: la creación de empleo, porque no hay mejor
política social que la creación de empleo. Se han creado, desde el primer semestre del año 2014, 300.000 puestos nuevos de trabajo y seguimos creando empleo de forma consecutiva. Eso sí que es un compromiso. El Grupo Parlamentario Popular
aprovecha desde aquí para felicitar a la ministra y para decirle que siga en la senda de lo que ha iniciado. Una vez más, nuestro más absoluto reproche a la actitud que portavoces como el del Grupo Parlamentario Socialista han empleado en su
intervención en el día de hoy.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Montesinos.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y TURISMO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000206), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, PARA EXPLICAR LA SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA CENTRAL DE GASIFICACIÓN INTEGRADA EN CICLO COMBINADO DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), PROPIEDAD DE ELCOGAS, S.A. (Número de
expediente 213/001523).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (NÚMERO DE EXPEDIENTE
062/000211), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, PARA EXPLICAR LA AMENAZA DE CIERRE QUE PESA SOBRE LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA SITUADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTOLLANO (CIUDAD REAL) Y PROPIEDAD DE ELCOGAS, S.A., LO QUE SUPONDRÍA UN
DESASTRE PARA ESTA LOCALIDAD, SU COMARCA Y, A LARGO PLAZO,
PARA TODA CASTILLA-LA MANCHA DONDE ESTA ACTIVIDAD ECONÓMICA SUPONE UN IMPORTANTE FACTOR DE COHESIÓN ECONÓMICA (Número de expediente 213/001541).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a los puntos 16 y 21. (Rumores).
Por favor, señor Nuet. En primer lugar, el número 16: petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros del Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo con la comparecencia del ministro para explicar la situación y perspectivas de la Central de gasificación integrada en ciclo combinado de Puertollano (Ciudad Real), propiedad de Elcogas, S.A. El número 21 se refiere a
la petición formulada por los grupos de La Izquierda Plural y Mixto, también para una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria con la comparecencia del ministro, para explicar la amenaza de cierre que pesa sobre la Central termoeléctrica
situada en la localidad de Puertollano y propiedad de Elcogas, lo que supondría un desastre para esta localidad, su comarca y, a largo plazo, para toda Castilla-La mancha donde esta actividad económica supone un importante factor de cohesión
económica.
En primer lugar, los grupos proponentes; por el Grupo Socialista el señor Alonso tiene la palabra.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias.
Traemos a la Diputación Permanente lo que es, sin duda, el mayor problema industrial que tiene Castilla-La Mancha y que es el posible cierre de la Central de Elcogas. El pasado 16 de junio el consejo de administración de Elcogas decidió y
anunció públicamente el cese de actividad, el desmantelamiento y la liquidación de la sociedad de la Central de gasificación de carbón integrada en ciclo combinado de Puertollano. Voy a leer el comunicado del consejo de administración que dice:
los cambios regulatorios aplicados en el sector eléctrico en los últimos dos años -lo digo por si acaso alguien apela a la herencia-, la introducción de nuevos impuestos en la generación de energía a la utilización de combustibles fósiles y la
evolución del propio mercado mayorista de generación de electricidad, caracterizada por una fuerte reducción del denominado hueco térmico -es decir, el volumen de electricidad de origen térmico que entra en el mercado-, han hecho que la retribución
que la central puede obtener por la electricidad que genere esté muy por debajo de los costes reales de producción, dando así lugar a una larga sucesión de pérdidas económicas y, en definitiva, a una situación de clara inviabilidad.
Lo que se está pidiendo por los titulares es un cambio regulatorio, es, en definitiva, un apoyo del Gobierno mediante legislación, un apoyo que necesita Elcogas para situar su rentabilidad en términos razonables, es un apoyo limitado. De
acuerdo con los que lo han estudiado, lo que se está pidiendo no es nada imposible. Se trata de situar los apoyos regulatorios en la banda baja de las actuales primas de las energías renovables de régimen especial.
Hemos traído este tema a la Diputación Permanente, porque es un tema sensible. El Grupo Socialista cree que ni Castilla-La Mancha ni Puertollano ni su comarca se pueden permitir el cierre de Elcogas. Por ello, con independencia de lo que
hoy se decida, vamos a realizar cuanto esté en nuestras manos para impedirlo. Los ciudadanos de Puertollano, los trabajadores de Elcogas que están siguiendo hoy este debate desde una sala del Congreso, más de 300, deben recibir solidaridad. Han
venido esta mañana aquí para tratar de recibir el apoyo de todos los grupos parlamentarios a una reivindicación que consideramos justa y que es que no se cierre Elcogas.
Señores del Partido Popular -no sé quién va a intervenir a continuación-, les ruego por favor que no echen la culpa a nadie de lo que está sucediendo, porque han sido ustedes, son los cambios regulatorios aprobados por el Gobierno del
Partido Popular los que pueden abocar al cierre de la central. Han sido y son las decisiones del Partido Popular las que están ahogando, arruinando a Puertollano. Ustedes, señores del Partido Popular, son responsables de la paralización de varios
proyectos que tienen que ver con las renovables en Puertollano. Ustedes son culpables del cierre de las empresas dedicadas a la producción de elementos para las energías renovables como Solaria o Silicio Solar. Ustedes son los culpables de que
estas dos empresas hayan echado a la calle a 1.500 trabajadores directos y a otros más de 1.500 indirectos en este sector. Deben saber, señores del Partido Popular, que si Elcogas se cierra, si ustedes toleran el cierre de Elcogas, le van a dar el
golpe definitivo al mayor complejo industrial que tiene Castilla-La Mancha, que es el complejo de Puertollano. Si toleran el cierre de Elcogas va a suponer una nueva caída de una pieza más del dominó industrial de Puertollano. Si cierra Elcogas la
consecuencia inmediata será el cierre de la mina de Encasur, que es la que suministra el carbón que produce la combustión y la energía en esta central. Si cierra Elcogas, ustedes van a ser responsables de meter un
problema adicional al complejo petroquímico de Puertollano, puesto que la central de Elcogas quema y hace desaparecer el coque de petróleo, que es un residuo industrial difícil de situar.
Señores del Partido Popular, especialmente me dirijo a ustedes, no sé si son conscientes de lo que se cierne sobre la comarca de Puertollano. El complejo atraviesa la crisis más grave de toda su historia. Es que ustedes, el Gobierno del
Partido Popular -es así-, están dibujando en Puertollano un escenario dramático de destrucción de empleo y de riqueza. Es una decisión tras otra que perjudica la economía, el empleo y la actividad de esta comarca de Puertollano. Y los ciudadanos
de esta comarca han dicho: ¡basta ya! La semana pasada salieron a la calle; se celebró una manifestación en la que hubo muy pocos dirigentes del Partido Popular, ninguno con responsabilidad política. Más de 20.000 ciudadanos de Puertollano,
ciudad que tiene escasamente 50.000 habitantes, han pedido el ¡basta ya! y una decisión que haga que se mantenga la actividad industrial; en este caso concreto están pidiendo que el Gobierno no permita, no tolere el cierre de Elcogas.
Lo que está ocurriendo en Puertollano es incomprensible, señores del Grupo Popular. La Central de ciclo combinado de gasificación de carbón es un proyecto pionero no solo en España, sino también en Europa. Hasta ahora, desde que se
construyó, todos los Gobiernos han demostrado su apoyo a un proyecto que, lógicamente, es difícil, pues se trata de una tecnología compleja y novedosa, pero ha recibido apoyos desde el primer momento. Elcogas fue seleccionado como un proyecto
objetivo por la iniciativa Thermie de la Unión Europea. Elcogas fue seleccionado por el actual Rey de España dentro de los proyectos emblemáticos de Castilla-La Mancha, y fue a visitarla cuando era Príncipe de Asturias. Quiso conocer la central de
Elcogas porque, en definitiva, era uno de los proyectos más importantes desde el punto de vista industrial. El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha ha dicho esta mañana que sería dramático el cierre de Elcogas para los trabajos de
investigación y docencia de la universidad. Hasta ahora Elcogas y Puertollano han sido referentes mundiales en la producción limpia de energía, utilizando como fuente el carbón. Actualmente, deben saber ustedes que ingenieros, técnicos,
trabajadores de Elcogas están colaborando en el desarrollo de proyectos similares en China, en India, en México. En definitiva, un referente industrial español va a caer por tierra por una decisión regulatoria del Partido Popular. Es una central
que aporta ventajas, es una central estratégica, la más moderna de todas las que existen en Europa de esta tecnología, la que menos gases de efecto invernadero emite. Es imbatible, es la que tiene mejores posibilidades para capturar CO2, la que
podría, en definitiva, colaborar en la eliminación de otros residuos porque esta tecnología permite quemar residuos industriales, biomasa e incluso residuos sólidos urbanos. En definitiva, vuelvo a repetir que esto es incomprensible. No entendemos
la pasividad del Gobierno, ...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso, tiene que terminar.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Termino, señora presidenta.
... no comprendemos la pasividad del Gobierno del Partido Popular, la tolerancia con la situación. Ayer el propio ministro de Industria visitó Castilla-La Mancha y no dedicó ni un segundo a este problema de Elcogas. Por eso pedimos, me
atrevería a decir que exigimos...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: ... que el ministro venga al Parlamento y diga qué va a hacer, si va a permitir el cierre de Elcogas o si va a hacer algo para impedir que esta tropelía se pueda consumar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero decir que lo que votaremos al final de la sesión será la petición que hemos formulado para que se celebre una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria para tratar la situación de Elcogas; es decir, no vamos
a votar ninguna propuesta. Más que nunca está justificada esta petición y, si el Grupo Popular, vota en contra de que se reúna la Comisión de Industria para hablar de este problema con carácter urgente, cuando es un problema urgente, es verdad que
se retrata. Negarse a que se celebre una reunión de la Comisión de Industria para que entre todos podamos ver cómo resolver una situación que es grave, nos parece una irresponsabilidad y nos parece que es decir a los ciudadanos afectados que
esperen cuando no pueden esperar. Por eso pedimos al Grupo Popular que, más allá de lo que piense, acepte la celebración de esta sesión. Porque es lo que se vota. Aquí no vamos a votar quién es más responsable o quién es menos, aunque en
nuestra argumentación todos podamos decirlo, ni vamos a votar las propuestas que tendría cada grupo para afrontar la situación. No, no; vamos a votar si el Parlamento considera necesario, oportuno, urgente reunirse. Creemos que sí, con toda
claridad, independientemente de lo que cada uno piense, porque además en esa reunión nos podremos poner de acuerdo, buscar puntos de encuentro. Por esto es por lo que a nosotros nos parece grave que el Grupo Popular se niegue a que se celebre esta
Comisión extraordinaria en este momento. Ya se ha dicho que la situación es grave, que llueve sobre mojado en una comarca que está afectada por el problema, y que además afecta a una empresa industrial que es claramente viable, porque más allá de
los problemas que ha tenido -y de los que podría tener- tiene presente y puede tener futuro. Además hablamos de una empresa que desde su nacimiento tiene tecnología de futuro, una tecnología que demanda la sociedad: crear energía de forma limpia y
pudiendo utilizar el carbón, que tanta leyenda negra tiene, en aspectos medioambientales. Cuando se aúna todo eso, no tiene lógica que no dediquemos todas las horas necesarias para buscar una salida, por eso vuelvo a repetir la necesidad de que
ustedes admitan que se celebre esa reunión extraordinaria. Todos, ustedes también señoras y señores del Partido Popular, han dicho que están dispuestos a salvar esta empresa. Además, estamos hablando de una empresa que está participada por las
grandes empresas del sector, empresas a las que ustedes defienden -hacen bien- en ámbitos internacionales, y ustedes dan la cara por ellas, pero también hay que exigirles. El Gobierno no puede decir que es algo que no le atañe. El Gobierno también
tiene la obligación y la necesidad de implicarse en la solución, igual que la tenemos todos los grupos políticos. Ese es nuestro ofrecimiento: celebremos la sesión extraordinaria de la Comisión para implicarnos todos, para implicarnos todos en esa
salida porque si no, ¿qué estamos diciendo? Que quienes mandan son las empresas privadas, las grandes empresas que obligan al Gobierno a que las defienda y a que luego mire para otro lado cuando el tema les viene torcido.
Nosotros consideramos que Ecogas es una empresa que tiene futuro, es una empresa viable, es una empresa que resuelve problemas medioambientales y tiene que tener solución. Una comarca no puede estar dispuesta a convertirse en un desierto no
solamente industrial y económico, sino de todo tipo. Es una comarca que no solamente por el apoyo de la manifestación -que fue importante-, sino por la presión de los ciudadanos y los colectivos sociales, viene a demostrar que estamos ante una
realidad que tendría un efecto dominó, como también se ha dicho. No sería solamente un cierre más; estaríamos lanzando un mensaje incluso fuera de la comarca de Puertollano. Estaríamos mandando un mensaje a la totalidad del sector que pensaría
que si una central de combustión limpia del carbón viable se ve abocada a su cierre, qué no pasaría con otros sitios.
Por lo tanto, ustedes tienen hoy aquí una oportunidad; tenemos todos una oportunidad porque no estamos -por lo menos nuestro grupo- buscando culpables, no estamos arrojándonos nada a la cara. Estamos pidiéndole una oportunidad para el
debate, para que nos pongamos de acuerdo según lo que nos pide la ciudadanía, para que la Comisión de Industria se reúna con carácter urgente porque el problema es urgente. A partir de ahí, nosotros les mostramos a todos los ciudadanos y a todos
los grupos políticos nuestra disposición a implicarnos sabiendo que todo tiene su coste. Si hoy la comarca se lleva un portazo, nuestro desinterés, o que esperemos a septiembre u octubre -cuando toque-, es una mala señal. Es la señal de que
ustedes aplican su mayoría mecánica para decir que no a todo lo que viene por parte de la oposición y que lo que menos les importa es el problema real. Les repito que tenemos la oportunidad de que hoy de aquí salga un acuerdo unánime de celebrar la
Comisión. Cada uno llevaríamos nuestras propuestas y saldríamos con una luz de esperanza para que -repito- no se salgan una vez más los poderosos con la suya, sino que el pueblo, la gente que trabaja, la gente que ha hecho próspera una comarca en
su día no vea que cuando las cosas vienen torcidas el Gobierno, su Gobierno, les da la espalda.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Señor Martínez Gorriarán? (Denegación).
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar la posición de mi grupo en cuanto a las dos peticiones formuladas por el Grupo Socialista y por La Izquierda Plural y Mixto acerca de la
comparecencia del ministro de Industria sobre el cierre de la Central de gasificación integrada en ciclo combinado en Puertollano. En concreto, el Grupo Socialista solicita que comparezca el ministro para explicar la situación y
perspectivas de la central y, el Grupo de La Izquierda Plural, solicita que el ministro explique la amenaza de cierre que pesa sobre la central de Puertollano.
En primer lugar, y antes de pasar a explicar el posicionamiento de mi grupo, quiero dejar claro el apoyo abierto e incondicional y nuestra solidaridad con todos los trabajadores de la empresa Elcogas y, por supuesto, nuestro compromiso, que
ha sido desde el minuto uno, de trabajar en pos de solucionar la situación. Si uno escucha al señor Alonso y no conoce la historia de Puertollano ni conoce la historia de Castilla-La Mancha, se pensaría que son nuevos y que no han tenido
responsabilidad. Decía el señor Centella, y yo lo comparto, que aquí no vamos a buscar culpables. Ese es el posicionamiento del Grupo Popular. El Grupo Popular está para trabajar por todos y, en este caso muy especial, por buscar una solución
para esta central. Pero hemos tenido que escuchar del señor Alonso, de manera incomprensible porque hay que ser más serio, que el Partido Popular es el responsable de que Puertollano esté en una situación complicada y que esto se une a la situación
complicada. Le quiero recordar a usted, señor Alonso, que en Puertollano, a nivel local, históricamente ha gobernado su partido en la democracia, no ha gobernado otro. (El señor Alonso Núñez pronuncia palabras que no se perciben). No, no, es que
hablamos de una situación muy complicada de Puertollano, que no es nueva -ahora entramos en la situación de esta empresa-. Quiero recordarle que en la región de Castilla-La Mancha han gobernado hasta el año 2011, y que a nivel del Gobierno nacional
la responsabilidad de la política energética, que algo tendrá que ver, también ha sido de ustedes, sobre todo en las dos últimas legislaturas del Gobierno de Zapatero. (El señor Alonso Núñez muestra un documento a la oradora). Usted hoy no puede
venir aquí a decir -repito que aquí no se trata de buscar culpables- que el Partido Popular es culpable hoy de que cierre la empresa Elcogas. (El señor Alonso Núñez pronuncia palabras que no se perciben y muestra un documento a la oradora). La
empresa Elcogas, que además así lo ha dicho la central...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento señora diputada. Aquí no hay debates entre la interviniente y usted. Ruego al señor Alonso que mantenga la misma posición que han mantenido el resto de los grupos en su
intervención.
Adelante, señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Lo único que quería recordarle es que ustedes tienen mucho que ver. La herencia que usted dice tiene mucho que ver en las decisiones, y podríamos hablar del déficit tarifario y de cómo se han planteado la política energética. Sin embargo,
ese no va a ser el tema del debate, aunque usted lo ha querido llevar ahí. Nosotros hoy aquí lo que estamos debatiendo es si tiene que comparecer el ministro para dar explicaciones sobre una decisión que ha tomado un consejo de administración de
una empresa que ha decidido cesar en su actividad. He querido empezar diciendo que estamos con los trabajadores, y ahí está el compromiso no solo de este grupo sino el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha y el del Gobierno de España. Me
remito a los hechos, señor Alonso y señor Centella. Que hoy no se vote a favor de una comparecencia del ministro ni muchísimo menos se puede interpretar como que no se está apostando por defender a esta empresa, en el sentido de defender todos los
puestos de estos trabajadores.
Lecciones de defender a Castilla-La Mancha no nos van a dar ni una, porque nosotros apostamos por el empleo y por dar soluciones, que es a lo que nos estamos dedicando desde del minuto uno. En cuanto se tuvo conocimiento de esta decisión,
que le quiero recordar que según la propia empresa se debe a que vienen arrastrando un déficit de 150 millones de euros a lo largo de los años noventa, desde el minuto uno el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su consejera de Empleo, ha
mostrado el apoyo incondicional hacia los trabajadores y su disposición para llegar a una solución para que sea viable. Segundo: reunión de la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha con el ministro para trasladarle la preocupación por los
trabajadores. No se puede engañar a los trabajadores, señor Alonso, y no se puede hacer demagogia. Usted ha dicho que nos están escuchando, y yo me alegro profundamente para que vean que sus Gobiernos, el de Castilla-La Mancha y el de España,
están preocupados por llegar a una solución viable. Sí, señor Alonso. Pero están preocupados con actuaciones concretas. Está muy bien pedir iniciativas, pero lo que vale, además de las iniciativas, que son absolutamente legítimas, son los hechos,
y le decía que los hechos son que la consejera se reunió con el ministro, que está prevista una nueva reunión del secretario de Estado con la consejera, y que este martes este grupo parlamentario se va a reunir con los representantes sindicales.
Ahí están las declaraciones del ministro, su compromiso de buscar solución -y
está en ello-, su compromiso de estar cerca porque es una cuestión prioritaria del Gobierno de Castilla-La Mancha para buscar soluciones, y su compromiso de apostar por el carbono nacional a la hora de ser utilizado en ese mix energético que
es fundamental para empresas como a la que nos referimos, Elcogas...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Termino, señora presidenta.
Por tanto lo que yo les rogaría es un poco de rigor. En democracia es muy legítimo que unos grupos presenten iniciativas, pero también es legítimo que unos grupos decidan en un momento determinado y pongan sobre la mesa hechos concretos, y
los hechos concretos hoy son el apoyo del grupo parlamentario, del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Gobierno de España a los trabajadores de Elcogas, y además estar trabajando como lo estamos por conseguir una solución viable para salvar la
empresa, salvar los puestos de trabajo y a la sociedad de Puertollano y de Castilla-La Mancha.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Bonilla.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO (número de expediente 062/000208), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE FOMENTO, PARA EXPLICAR LOS PLANES DEL GOBIERNO SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE AENA.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO (número de expediente 062/000221), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA, PARA EXPLICAR EL INFORME: 'EL SECTOR AEROPORTUARIO EN ESPAÑA: SITUACIÓN ACTUAL Y RECOMENDACIONES DE LIBERALIZACIÓN', ASÍ COMO DE LOS DEMÁS INFORMES
ELABORADOS POR LA CNMC EN RELACIÓN A LA ANUNCIADA PRIVATIZACIÓN DE AENA.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a los puntos 18 y 32. El 18 es una petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia de una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento con la comparecencia de la
ministra para explicar los planes del Gobierno sobre la privatización de AENA.
El 32 es una petición de los Grupos de Convergència i Unió y Vasco para que se acuerde la celebración de la misma Comisión con la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para explicar el informe
'El sector aeroportuario en España: situación actual y recomendaciones de liberalización', así como los demás informes elaborados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anunciando la privatización de AENA.
Para la presentación por pàrte de los grupos proponentes, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
La razón de la petición de esta comparecencia supongo que es bastante evidente. Una de las medidas que venían en el Real Decreto-ley 8/2014, en ese monstruo legislativo extraño, era precisamente la privatización de AENA. Se explicaba de
una manera sumamente sumaria e incompleta lo que es un tema sin duda de enorme importancia en la política económica de infraestructuras del país, porque afecta a muchos sectores, y además es una de las últimas empresas públicas de gran volumen que
queda. Por tanto de ninguna manera está justificada la urgencia que se argumentaba en el real decreto-ley ni este Congreso ha recibido las explicaciones mínimas a las que tiene derecho, y que es una obligación política del Gobierno, sobre cuáles
son sus planes concretos para la privatización de AENA. Es más, en el propio real decreto-ley venía de pasada allí metida la creación de un nuevo ente, que en
parte sustituiría a AENA -puesto que se iba a encargar de llevar la parte de acciones, el 51 %, que seguirían en poder del Gobierno-, que se va a llamar, según se decía allí, si no recuerdo mal, Enaire. También en algún medio de
comunicación se publicó más o menos simultáneamente con la publicación del real decreto-ley que ya existe un candidato para presidir Enaire, una persona muy cercana a otros miembros del Gobierno, y que de alguna manera todo estaba atado y previsto
para esas dos operaciones de una sola tacada y sin ninguna explicación: la privatización de AENA, como digo, y la creación de un nuevo ente público. Esto último por cierto no tiene el menor pase ni congruencia con la tantas veces proclamada y
nunca llevada a cabo reducción de entes y entidades públicos superfluos por parte del Gobierno, que era, según recordamos todos, uno de los compromisos del señor presidente del Gobierno en su discurso de investidura.
Lejos de eso, no solamente no se reducen, sino que proliferan milagrosamente y además sin explicaciones de para qué ni por qué ni qué utilidad tienen, porque que se conserve por parte del Estado el 51 % de las acciones de AENA, si siguiera
adelante este plan de privatización, no parece que justifique en absoluto la necesidad de un nuevo organismo cuando AENA va a seguir existiendo dentro del Grupo Fomento. Por tanto creemos que es una comparecencia absolutamente necesaria, máxime
cuando no ha sido solo a petición de mi grupo, sino de otros. Concretamente quiero recordar a la diputada Ana Oramas, de Coalición Canaria, del Grupo Mixto, que lleva mucho tiempo insistiendo sobre esta cuestión, y que apoya esa petición de
comparecencia. Llevamos meses pidiendo a la ministra de Fomento diversos grupos de esta Cámara esta comparecencia. No la hemos conseguido hasta ahora y hemos tenido que enterarnos por un real decreto-ley, de una manera absolutamente parcial e
incompleta y desde luego parlamentariamente injustificable e impresentable, de los planes del Gobierno. Esta es la razón principal y creo que suficiente para esta petición de comparecencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Mixto, señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros querríamos subrayar una cuestión importante: no admitiremos nunca la privatización de servicios esenciales como son las infraestructuras de transporte que pueden ser los aeropuertos. Siempre hemos defendido que una estructura de
Estado debe tener bajo su control, bajo su dominio precisamente esa infraestructura básica que constituye la red de aeropuertos generales. Desde ese punto de vista nosotros nos oponemos a la privatización de AENA y se lo queremos plantear al
Gobierno en esa comparecencia. Además tenemos una razón añadida: la situación de los aeropuertos en Euskal Herria, es decir, los cuatro aeropuertos que ahora mismo hay en Euskal Herria. Precisamente toda la gestión que ha realizado AENA sobre
esos aeropuertos pensamos que está siendo muy negativa, no está garantizando ni la operatividad correcta de los cuatro aeropuertos ni la complementariedad ni desde luego las posibilidades de futuro. Por eso nosotros nos oponemos a esa
privatización, exigimos que se reconozca la competencia que ahora mismo existe en el ámbito de la comunidad autónoma vasca de gestión de los propios aeropuertos, que esos aeropuertos dejen de ser de gestión del Estado, sean gestionados por las
instituciones vascas, y sean puestos al servicio de la sociedad vasca manteniendo su operatividad. En el caso del aeropuerto Foronda sería importante recuperar las veinticuatro horas de operatividad, buscando la complementariedad entre todos los
aeropuertos, precisamente para aplicar criterios de racionalidad y sobre todo criterios de servicio.
La privatización que se plantea al final lo que va a conseguir en el conjunto del Estado es que los aeropuertos rentables pasen a manos privadas para que sigan obteniendo beneficio, y el Estado al final se quedará con las infraestructuras no
rentables, lo cual le llevará a cerrar algunas de ellas, a prescindir de puestos de trabajo, a prescindir de servicios para la ciudadanía, y a aumentar el déficit público. Desde todos esos puntos de vista pensamos que no tiene ninguna lógica la
privatización, insisto, nos oponemos a ella, y reivindicamos que los aeropuertos vascos estén bajo el control, la gestión y la competencia de las instituciones vascas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros solicitamos la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para explicar el informe del sector aeroportuario en España, situación actual y recomendaciones de liberalización. Creo que la
mejor forma de poder comprender por qué solicitamos esta comparecencia es que yo les lea algunos párrafos de este informe, y que los puedan ustedes comparar con las intenciones del Gobierno. Leo textualmente el informe de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia: Una de las principales conclusiones que pueden extraerse del análisis de los datos presentados es que el modelo de gestión centralizada en España, si bien ha permitido la consecución de ciertos objetivos, ha derivado
sin embargo en algunos resultados económicamente ineficientes, y por tanto susceptibles de ser mejorados. La reforma de calado más importante sería permitir una gestión más flexible y descentralizada, idealmente a nivel individual, de los
aeropuertos, lo que les permitiría adaptarse mejor a las presiones competitivas ejercidas por las fuerzas del mercado. A este respecto la búsqueda de la apertura de la competencia al mercado requeriría la reorientación del sistema de gestión
centralizada hacia un escenario de individualización de la gestión, en el cual los gestores de los diferentes aeropuertos, con independencia de su carácter de público o privado, y salvaguardando el interés público, posean libertad en la
determinación de las principales variables competitivas de sus negocios, primordialmente tarifas e inversiones.
Sigo leyendo textualmente las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: Asumiendo que el modelo se someta al proceso de gestión descentralizado y reforma reguladora deseable, la entrada de capital privado
debería realizarse de forma individualizada en determinadas unidades de la red, a través de contratos de concesión o mediante la privatización de los aeropuertos, salvaguardando siempre los intereses públicos en juego. De esta forma la presencia de
un número suficiente de gestores en el mercado en competencia entre sí maximizaría el valor de las reformas, al añadir a las ventajas de la descentralización y diferenciación las ganancias en gestión. La posible imposición de regulación económica a
los aeropuertos deberá realizarse sobre una base individual, analizando de forma minuciosa caso por caso; a título ejemplificativo, en países de nuestro entorno como Francia o Reino Unido esta limitación de la competencia vía regulación únicamente
se impone fundamentalmente a los aeropuertos de la capital que no superen dicho análisis. Finalmente el último párrafo dice: La entrada de capital privado de forma minoritaria sin capacidad de gestión y sin acometer las reformas sobre el modelo,
si bien puede tener algún efecto positivo sobre la supervisión de la gestión pública, genera una serie de riesgos que deben valorarse. El primero y más obvio es que supone comenzar la privatización de un monopolio público que pasará a manos
privadas, y en el que los intereses particulares pueden confrontarse con los intereses públicos a la hora de determinar la acción de toda la red de aeropuertos, tanto en términos de inversiones como de precios. El segundo es que, traspasada
parcialmente la propiedad de dicho monopolio a manos privadas, puedan hacerse patentes con más urgencia las reformas necesarias, fundamentalmente la descentralización y flexibilización en la gestión de la red, dificultando la posibilidad del sector
público de meditar el necesario proceso de liberalización. Yo creo que de la lectura de estos párrafos se desprende que esto no tiene nada que ver con el modelo que el Gobierno ha planteado, y por tanto me parece muy sensato que venga el presidente
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a contarnos por qué han escrito este texto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Macias.
Por el Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Otra vez nos topamos con el decretón, el famoso decreto que nos va a llevar de cabeza durante bastante tiempo a lo largo de lo que queda de legislatura. A través de este decreto el Gobierno ha descrito el marco para la privatización de
AENA, y lo ha hecho además de una forma absolutamente unilateral. No sé si al final privatizará el 49 o el 51 %, ahora bien yo estoy convencido de que ningún gestor privado va a quedarse con el 49 sin tener el poder o el control; tenga el
porcentaje que tenga el privado seguro que va a tener el control, y el control público de los aeropuertos se va a ir claramente a manos privadas. ¿Qué pretende el Gobierno? Supongo que lo que pretende es hacer caja, pero hacer caja rompiendo los
consensos que había hasta el momento en relación con el tema de AENA. El Estatuto de Autonomía de Euskadi al menos, y supongo que otros también, asume la gestión de los aeropuertos de interés general -dice- cuando el Estado no se reserve la gestión
directa. En nuestra opinión este es el caso, este es el
resultado que se va a derivar de la privatización. Decir que el Estado se va a quedar con el 51 % y entender que es una parte suficiente para gestionar directamente el tema de los aeropuertos es absolutamente un fraude de ley, una
vulneración competencial, y una ruptura del acuerdo político al que antes hacía referencia.
En opinión del Grupo Vasco esta es una agresión competencial más de las muchas que venimos sufriendo con el Gobierno del Partido Popular especialmente en estos últimos tiempos, pero no solo con el Gobierno del Partido Popular, sino
anteriormente también. Pedimos pues respeto y desde luego explicaciones detalladas a quien proceda, a la ministra de Fomento o al presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a quien sea. Como se ha mencionado aquí en
Euskadi hay cuatro aeropuertos, en Euskadi Sur, y desde luego la gestión de Foronda es un tema que ha estado en los medios de comunicación recientemente y al que hemos dedicado bastante tiempo y debate, porque nos preocupa, y la actuación del
Gobierno dificulta la gestión de Foronda y como grupo vasco tenemos que denunciarlo. Por ello el Grupo de Convergència i Unió y nuestro propio grupo parlamentario hemos firmado conjuntamente una proposición no de ley con el fin de que se debata
esta cuestión y se restituya el consenso anterior, respetándose el ámbito competencial. Creemos que el Gobierno no puede y no debe hacer caja a costa de las comunidades autónomas, al menos no del Gobierno vasco. Por lo tanto queremos que
comparezca quien proceda -y los que solicitamos también- para explicarnos esta cuestión y evitar las sospechas. Es decir, que nos dejen claro que efectivamente se va a respetar el consenso y no se va a privatizar de malas maneras AENA.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, presidenta.
El Grupo de La Izquierda Plural lleva ya tiempo pidiendo la comparecencia de la ministra para que explique la privatización de AENA, desde que se empezó a hablar de ello, en julio de 2013. Lógicamente nosotros apoyamos la petición de
comparecencia que presenta UPyD porque la ministra tiene que explicar por qué quiere privatizar el 49 % de AENA, de una empresa pública que además ha tenido y tiene beneficios. Desde el Grupo de La Izquierda Plural encuadramos esta privatización
dentro de un expolio del sector público que se está produciendo desde hace ya muchos lustros en España por diferentes Gobiernos, y en cuya acción el Partido Popular se ha situado históricamente a la cabeza. Entendemos que la ministra tiene que
explicar por qué quiere privatizar este 49 % de un sector que también es estratégico para la economía española; de una empresa que ha sido saneada con dinero público y en la que ya se han sacrificado 1.600 puestos de trabajo; que ha duplicado el
beneficio bruto de explotación en el periodo 2011-2013, obteniendo beneficios en el último año cercanos a los 600 millones de euros; que además está aumentando las operaciones; que los pasajeros aumentan de forma notable, y que hay además unas
claras perspectivas de incremento en los próximos años. La ministra debería explicarnos por qué plantea congelar las tasas hasta el año 2025; dónde reside el interés general del Estado en esta operación, más allá del interés particular que pueda
tener algún grupo o sector empresarial; cuáles son las garantías que se le van a dar a los trabajadores y trabajadoras en lo que tiene que ver con sus derechos laborales, y en especial con la estabilidad en el empleo; por qué se esconde la
propuesta detrás de esta modificación de treinta leyes en el ya referido tantas veces hoy decreto-ley. La ministra debe responder también -y queremos que responda explícitamente- si de forma encubierta, como en tantas privatizaciones y expolios de
lo público, queda negociado de forma tácita el paso por la puerta giratoria de algún alto cargo actualmente en el Gobierno a la nueva empresa. Como ejemplos tenemos a decenas, incluidos dos expresidentes del Gobierno, no nos llamaría la atención
que en este caso también esté en la prenegociación algún pase más por la puerta giratoria, que parece un desfile de modelos. También entendemos que esta privatización no tiene razones que la avalen de una manera seria. Por tanto entendemos -y
concluyo- que tiene relevancia suficiente esta operación para que hubiera sido tratada como un proyecto de ley y discutida con todos los parabienes y toda la participación en el Congreso de los Diputados. Por eso reitero una vez más la importancia
y apoyamos la iniciativa de UPyD para que la ministra comparezca y nos explique estas preguntas y seguramente muchas más que le haríamos los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Lara.
Por el Grupo Socialista, señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista respalda la solicitud de comparecencia de la ministra de Fomento y del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que ambos ofrezcan explicaciones en torno a los objetivos, en torno a las
condiciones del proceso de privatización en marcha sobre parte del capital de AENA Aeropuertos. De hecho así lo hemos solicitado ya reiteradamente en la Comisión de Fomento de esta casa. Fundamentalmente queremos conocer el propósito real de esta
privatización; queremos saber para qué; para qué se privatiza parte del capital de AENA; para quién; a quién se pretende beneficiar con este proceso puesto que entendemos no es el interés general, no son los ciudadanos y ciudadanas de España los
que se van a ver beneficiados en este proceso. Se va a poner en riesgo nada más y nada menos que la viabilidad y la supervivencia de los aeropuertos de interés general del Estado. ¿Quién se va a beneficiar de esto? ¿Por qué?
El Gobierno se remite a una norma del Gobierno socialista del año 2010 que ciertamente abría la puerta a la entrada de inversores privados en AENA bajo determinadas condiciones, pero entonces los objetivos estaban muy claros. Se trataba en
primer lugar y ante todo de obtener dinero, el Estado tenía dificultades entonces para financiarse normalmente en los mercados, se trataba de vender unas acciones de AENA para obtener recursos para el Estado. Ahora ese no es el caso, ahora el
Estado se puede financiar normalmente en los mercados, de hecho la prima de riesgo está suficientemente baja para ello. Se trataba también de blindar la continuidad de la red aeroportuaria española, la primera del mundo en número de viajeros, la
más eficiente precisamente por su disposición en red. Ahora esta disposición en red está en riesgo porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llama, literal y explícitamente, por escrito a quebrar la red y a generar entre tres y
cuatro lotes con los cuarenta y seis aeropuertos españoles. El decreto del año 2010 llamaba a la gestión individualizada de algunos aeropuertos relevantes que daban lugar a una gestión específica a este respecto. Ahora la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia llama a privatizar uno a uno los aeropuertos -lo dice así, como propósito explícito-, y el Gobierno en el último decreto, en el macrodecreto, se reserva la facultad de cerrar o enajenar todos y cada uno de los aeropuertos
de la red de aeropuertos de interés general del Estado. No se trata por lo tanto de esto tampoco.
En la norma de 2010 se buscaba la mayor participación de las administraciones territoriales y de los agentes económicos y sociales en la gestión de los aeropuertos, para mejorar su eficiencia y la cercanía a su gestión en los territorios;
bien. El Gobierno limita ahora esa participación prácticamente a los comités de rutas. Tampoco se trata de esto; no podemos aceptar el argumento de que se busca la sostenibilidad en las cuentas de AENA o que se busca la mejor competitividad de la
red aeroportuaria de AENA, porque llevan ustedes dos años machacando con el marketing, con la propaganda de que AENA está mejor que nunca, que sus cuentas están mejor que nunca, y que nuestra red de aeropuertos es la más competitiva de Europa.
Entonces aclarémonos, o es la más competitiva de Europa y sus cuentas están muy bien, o es la menos competitiva de Europa, sus cuentas están muy mal y hay que privatizarlos. Cuéntennos ustedes qué es lo que realmente pretenden. No se trata de
bajar las tasas porque las tasas con AENA pública ya están congeladas para el futuro próximo. Por lo tanto si el propósito de la privatización no es obtener recursos para el Estado, no es blindar la red de aeropuertos españoles, no es
individualizar su gestión, no es fomentar la participación territorial, no es mejorar las cuentas de AENA y no es rebajar las tasas, ¿para qué se hace esta privatización, señores del Gobierno? ¿Para qué y para quién?
En realidad esto es otra cosa, esto es la primera fase de algo que va más allá de la privatización del 49 % del capital de AENA; lo que quieren ustedes es privatizar AENA, punto; privatizar AENA y dársela a alguien, punto. ¿Por qué
creemos esto? Porque lo han planteado ustedes en el informe que piden al Consejo de Privatizaciones. Es que en el informe que AENA pide al Consejo de Privatizaciones del Estado no se habla del 49, se habla del 60, se habla de poner AENA en manos
privadas, punto. Y es que a diferencia del proceso de 2010 ahora el Gobierno no prevé una serie de inversores privados que obtengan un rendimiento por su inversión, no, no, lo que pretende es crear un núcleo estable que participe en la
planificación estratégica y en el futuro de AENA, eso es lo que pretenden ustedes, y este es el germen, el inicio de una privatización total en AENA. El decreto 8/2014 además...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Ya termino, señora presidenta.
... faculta al Gobierno a cerrar o vender directamente cualquier aeropuerto de la red de AENA, que es precisamente el requisito sine qua non parar hacer atractiva la privatización total de AENA. Insisto, el decreto faculta al Gobierno a
vender, enajenar o cerrar cualquier aeropuerto con Ebitda negativo. ¿Saben los señores diputados cuántos aeropuertos tenemos de la red de interés general del Estado con Ebitda negativo en el año 2013? Cuarenta de los cuarenta y seis han tenido
Ebitda negativo. Se facultan ustedes a sí mismos para cerrar cualquier aeropuerto de la red estatal. Esta es una operación bárbara. Los aeropuertos son un sector estratégico para la economía de este país. La red aeroportuaria española garantiza
derechos básicos de los ciudadanos, sobre todo en las islas, el derecho a la movilidad. No pueden ustedes ponerlos en manos privadas. Es una barbaridad y nos van a tener enfrente. Cuenten con ello.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ayala. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Se han solicitado dos comparecencias acumuladas que son las que estamos viendo, la de la ministra de Fomento para explicar los planes del Gobierno sobre la privatización de AENA, y la del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y
de la Competencia para explicar el informe del sector aeroportuario en España. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos en esta Diputación Permanente es dónde está la urgencia para que se tengan que celebrar ahora estas dos comparecencias.
Con respecto a la primera hay una petición formal de comparecencia ya solicitada por el Gobierno para explicar estas cuestiones, que se sustanciará cuando se reinicie el siguiente periodo de sesiones a partir de septiembre, como muy bien
saben los portavoces de los demás grupos. Y además parece que sería más oportuno sustanciar la comparecencia cuando finalicen todos los cambios normativos en marcha, porque parece que a algún diputado le falla la memoria a estas horas de la tarde y
no sabe que estamos tramitando como proyecto de ley el Real Decreto-ley 8/2014. Por lo tanto sí se está tramitando como proyecto de ley, sí tenemos oportunidad de analizarlo en profundidad, sí tenemos ocasión de ver las enmiendas que puedan
introducirse, y no parece en absoluto oportuno en este momento. Pero además se plantea y se utiliza el Real Decreto-ley 8/2014 como fundamento de la prisa y la urgencia de esta comparecencia de la ministra cuando en el Real Decreto-ley 8/2014 ni se
acuerda la privatización de AENA ni se crea además ninguna entidad, porque tengo que recordar que lo único que se hace en el artículo 18.2 es el cambio de denominación de la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que
pasa a denominarse Enaire, con lo cual ni se está creando ningún organismo ni se está dando un cargo a nadie, porque precisamente ya está previsto que un cargo del ministerio, y sin ningún tipo de retribución, se haga cargo de esa presidencia, es
decir que no hay nombramiento de ningún tipo, el secretario de Estado de Fomento, y además como digo es un cambio de denominación: la sociedad estaba creada, la privatización acordada desde el año 2010, le guste o no le guste a quien sea, y desde
luego parece que es más oportuno esperar a ese momento.
El proceso de entrada de capital privado en AENA se está abordando con absoluta y total transparencia, pero no por el acuerdo del Real Decreto-ley 8/2014, sino en consejos de ministros anteriores, e insisto además en que se olvida que
evidentemente AENA está en beneficios en este momento, 2013; estaba en pérdidas en el 2010. No hace falta repetir las palabras de la vicepresidenta cuando defendió el real decreto-ley, pero el Partido Socialista sí puede acordar la privatización
de un ente cuando está en pérdidas -que veremos a ver qué fondos se hubieran obtenido para el Estado; eso sí que era vender algo mal gestionado para que luego bien gestionado valiera mucho más de lo que el Estado pudiera sacar- y no ahora, que
después de una buena gestión se obtienen unos Ebitda positivos, y por lo tanto sí es posible obtener para el Estado mayores rendimientos que los que antes se hubieran obtenido. Antes se podía hacer porque lo había hecho la izquierda española, y
ahora, cuando se organiza una sociedad que estaba totalmente descabezada, se consiguen cambiar los números rojos por números negros, no se puede hacer y entonces todo eso es en beneficio de alguien, que desde luego somos adivinos y sabemos a quién
va. Por lo tanto me parece ridículo.
Y en cuanto a la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia me parece que no se han leído el informe por el que piden que venga a comparecer el señor presidente de esta Comisión. Este informe no
es del real decreto-ley, y tiene además un voto particular en
el que se dice que, tanto el informe del real decreto-ley como este informe, exceden y extralimitan las atribuciones a que les autoriza la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en
concordancia y armonía con lo prevenido en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Es decir, ustedes están dando carta de naturaleza a un documento que no responde a la obligatoriedad que tenía de emitirse en el marco de las
decisiones que el Gobierno ha tomado. O sea, ustedes pretenden que algo que en absoluto tiene nada que ver con el real decreto-ley se sume a este y que un voto o una idea sobre un modelo aeroportuario basado en el fraccionamiento de la red de
aeropuertos españoles sea lo necesario y oportuno para que el presidente de ese comité venga aquí a analizarlo ahora, en el mes de julio con toda urgencia, cuando tengo que señalar que este informe no es el que se corresponde con el Real Decreto-ley
8/2014, que ustedes están utilizando de percha para justificar las peticiones de estas comparecencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Acabo, señor presidente.
Léanse mejor tanto el real decreto-ley como los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y entonces celebraremos las comparecencias oportunas ya solicitadas por el Gobierno, pero evidentemente en el mes de
septiembre.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Ayala.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA (número de expediente 062/000210), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA INFORMAR SOBRE LA PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY A APROBAR POR UN PRÓXIMO CONSEJO DE MINISTROS QUE PRETENDE MODIFICAR LA VIGENTE LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente
213/001538).
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA
(número de expediente 062/000214), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA INFORMAR DE LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (Número de expediente 213/001533).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos al debate de los puntos números 20 y 25. El punto número 20 se refiere a la petición, formulada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, de que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Justicia, para informar sobre la propuesta de proyecto de ley a aprobar por un próximo Consejo de Ministros
que pretende modificar la vigente Ley de interrupción voluntaria del embarazo.
El punto 25 se refiere a la petición, formulada por un número suficiente de diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia con el siguiente
orden del día: Comparecencia urgente del ministro de Justicia, para informar de las intenciones del Gobierno en relación con la reforma de la legislación reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo.
Intervienen en primer lugar los grupos proponentes. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares por siete minutos.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Seguramente, esta iniciativa nos la van a agradecer no solamente las mujeres en general de este país, que ven con preocupación a esta serpiente de verano que se ha
convertido en una serpiente de legislatura -la iniciativa de derogación de la Ley del Aborto por parte del Partido Popular-, sino que me la va a agradecer sobre todo el propio Partido Popular, que no sabe a qué atenerse en relación con la
Ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque tan pronto se anuncia la presentación del proyecto para el mes de diciembre, como se retrasa a los primeros meses del año y ahora para el verano, siempre y cuando se entienda el verano como el mes
de septiembre. Esa el la última declaración del ministro de Justicia. Nosotros creemos que esa serpiente de legislatura ya por sí misma debería justificar la comparecencia del ministro de Justicia, pero hay más razones para esa comparecencia, y
una de ellas es este manoseo perverso que se está produciendo respecto de una ley que afecta y preocupa a una parte importante de la ciudadanía. Hay que decir que la actual Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del
embarazo tiene un apoyo muy amplio en la ciudadanía española, incluso más allá de los sectores de la izquierda, en sectores de la derecha, en sectores liberales; sin embargo, el Gobierno sigue empeñado en un proyecto que además de ser, desde el
punto de vista de su contenido, muy precario, en los últimos tiempos se ha visto acompañado de otras iniciativas también llamativas. Estas iniciativas son las que le han hecho decir a la ministra de Sanidad que es la ley más consultada de la
historia. Sin lugar a dudas es la ley que tiene más informes de la historia porque para argumentar que va a continuar dándole vueltas a la manivela, el ministro de Justicia siempre busca un nuevo informe. Pero siendo la ley más informada,
seguramente es la ley menos modificada y menos dialogada de la historia, porque el ministro únicamente habla -como es tradicional en el ministro de Justicia- con los que están de acuerdo con él.
En ese sentido, tenemos una gran preocupación por la Ley de interrupción voluntaria del embarazo o, mejor dicho, por la ley de protección de la maternidad que pretende aprobar el Gobierno y que no acaba de hacer. Por eso queremos que
comparezca, pero sobre todo queremos que comparezca para que la retire, para que retire el proyecto o el anteproyecto de reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. Decía que estaba acompañada de otras normas. Hasta ahora sabíamos
que la norma que se ponía en marcha por parte del Gobierno nos sacaba del contexto europeo y negaba a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad. Le daba el derecho a los profesionales y con mucho cuidadín porque pueden caer en la cárcel
si no tienen cuidado. Ahora acaban de acompañar esa ley de un documento que pretende introducir todo lo relativo a la salud sexual y reproductiva de manera parcial en el ámbito sanitario. Se ha discutido en el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud y, eso sí, la salud sexual para el Partido Popular es únicamente sanitaria, no es educativa, queda totalmente fuera de cualquier ámbito educativo -de hecho, el Partido Popular ha decidido derogar todo lo relativo a la Educación
para la Ciudadanía-, pero, además, por si no fuera suficiente, el grupo proponente va a prohibir todo tipo de información con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, contraviniendo todas las recomendaciones internacionales en materia de
salud pública y de salud sexual.
Esas razones nos llevan a pedir la comparecencia del Gobierno, en primer lugar para que nos explique este ir y venir del proyecto de reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo con el ánimo de que lo retire, no con el ánimo de
que lo mantenga. Por otra parte, también nos lleva a pedir esta comparecencia la cercanía, en el próximo mes de septiembre, por tanto, no podemos esperar, de la Convención de Naciones Unidas sobre salud sexual y reproductiva, donde se recomienda lo
contrario de lo que va a hacer el Gobierno. Se recomienda claramente favorecer la salud sexual y reproductiva, apoyar el derecho a decidir de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo en una convicción con la que termino, de que las
medidas restrictivas no restringen el aborto, sino que aumentan el número de abortos, de que las medidas restrictivas lo que hacen es que ese número de abortos sea clandestino y más peligroso y, por tanto, que aumentan la mortalidad materna. Esa es
la conclusión que sacan los organismos internacionales y por eso recomiendan a los Gobiernos de los Estados miembros en sus documentos que huyan de la restricción a la interrupción voluntaria del embarazo y que faciliten sobre todo entre las
jóvenes, entre aquellas que tienen menos posibilidades y menos información, la salud sexual y reproductiva y también la accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo.
Parece que el Gobierno va a hacer lo contrario y nosotros esperamos que estas dudas que tiene el señor Gallardón se resuelvan finalmente en que no se llegue a presentar o que, cuando se presente, ya no llegue a aprobarse la ley de
interrupción voluntaria del embarazo o la ley de protección de la maternidad, que no llegue a aprobarse esa nueva ley en esta legislatura porque los ciudadanos no la piden, la mayoría de los ciudadanos consideran que la actual legislación es una
legislación adecuada, y porque está creando un lío en el seno del Partido Popular y para qué tener líos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Me pregunto si el señor Rouco Varela y los sectores más integristas que controlan la Conferencia Episcopal conocen el accidentalismo del señor Gallardón. Creo que el señor Rouco Varela debe estar muy decepcionado, porque debe pensar: estos
que son los míos y que son gente de fe y convencida, ¿cómo es que juegan con esto que es tan importante? Porque siempre hemos puesto como ejemplo de materialización de la hipocresía que si tan, tan importante era actuar, cómo es que el señor
Gallardón ha dejado pasar el tiempo, vive instalado en el accidentalismo y quizás empieza a comprobar cómo y de qué manera al mismo Partido Popular no le interesa presentar la ley. De manera que creo que el ministro Gallardón va por el camino de
darle matute a los suyos, darle matute al señor Rouco Varela y a toda la carcunda que representa esta persona y, en cambio, vamos adentrándonos en el camino, repito, del oportunismo. Esto no sería tan preocupante si no significara amenazar los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en definitiva, amenazar a una parte muy importante de aquello que hemos considerado un valor de civilización, que se ha conquistado con muchos esfuerzos. Solicitamos la presencia del ministro
Gallardón para decirle que retire la ley, pero también para que tenga la oportunidad de ser un tanto coherente. Si realmente cree que esta ley es fundamental y de urgente necesidad, que es lo que siempre ha venido a decir, atendiendo a las muertes
de seres vivos que provocaba, que venga aquí, que haga un acto de contricción -él ya sabe de qué va esto de la contricción y los actos- y que pida perdón a los suyos diciéndoles: miren, hemos estado durmiendo. Pedimos perdón porque mientras no
hemos actuado durante estos meses, hemos provocado tantas muertes.
Me remito a todo ello, porque es de una hipocresía brutal, doble moral, irresponsabilidad y, además, atenta contra los derechos. Tenemos una ley de la cual estábamos todos muy orgullosos porque nos homologaba al resto de sociedades
avanzadas, al resto de Estados democráticos, por ejemplo, de la Unión Europea. Ciertamente, hemos tenido muchos problemas para desarrollarla por ciertas resistencias bien pertrechadas en algunas administraciones, pero como mínimo habíamos iniciado
un camino que nos llevaba hacia escenarios en los que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y todo aquello que compete a la interrupción del embarazo se dirimía a partir del ejercicio libre de estas personas.
Así pues, solicitamos la comparecencia del ministro Gallardón y esperamos que el Grupo Popular se atenga a razones, porque van a hacer el ridículo cuando la legislatura termine y todavía no la hayan presentado, incluso cuando hagan cuentas y
vean que muchos de los suyos no están por la labor y que quizá esto signifique hasta una merma electoral, entonces veremos cómo puede ser que estas verdades tan absolutas, estas declaraciones de ustedes quedan en nada ante las necesidades
electorales. En todo caso, ahí queda esto. Señores del Grupo Popular, esperamos una cierta cordura y que dejen de jugar con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para condenar el último asesinato machista en Mallorca, trasladar nuestra solidaridad a la familia y a las amistades de la víctima y para seguir denunciando que el machismo mata.
Vuelvo al orden del día. Señorías, en numerosas ocasiones hemos pedido la comparecencia del Gobierno para que dé explicaciones de las razones por las cuales pretende derogar la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria
del embarazo y, en su lugar, quiere penalizar el aborto, a excepción de dos supuestos para los que establece un itinerario de tortura y estigma. Hace ya cuatro años que la ley de 2010 está en vigor y no se ha detectado ningún mal uso ni abuso, sino
al contrario. Según fuentes del propio Ministerio de Sanidad, se ha producido un descenso de las tasas de aborto. Señorías, explíquenme esto. Si ya lleva en funcionamiento cuatro años con total normalidad, si respeta la decisión responsable y
autónoma de las mujeres, si está en línea con las leyes europeas y las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas y hasta del Parlamento Europeo, si no hay voces de alarma y si ha conseguido disminuir
las tasas de aborto, ¿por qué hay que retroceder? Este Parlamento merece saber cuáles son las razones para la contrarreforma del Gobierno de Rajoy, que ataca la libertad de las mujeres. Es necesario que el Gobierno explique por qué quiere
eliminar el derecho a decidir sobre nuestra propia maternidad y por qué considera a las mujeres sujetos irresponsables, incluso malvadas, a la vez que incapaces de tomar nuestras propias decisiones.
Señorías del PP, les ruego que dejen el cinismo a un lado por una vez y apoyen que Gallardón acuda a la Comisión. Si tan convencidos están de cercenar la libertad de las mujeres, que venga al Parlamento y que dé la cara. Dejen esa
estrategia cobarde de no debatir y jugar con el calendario rebuscando fechas -fechas navideñas o en plenas vacaciones estivales- para intentar que pase desapercibida esta barbaridad legislativa. Esa estrategia no les va a dar resultado. Ha habido,
hay y habrá contestación política y social. A principios de este mes se pudo constatar nuevamente, precisamente en esta sala Constitucional en la que hoy estamos, que la mayoría social y política está en contra de cualquier modificación
legislativa, es decir, que apoya la Ley vigente de salud sexual y reproductiva. Esta misma semana se han sumado, exigiendo ante las puertas del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad la retirada del anteproyecto, los representantes de
los Gobiernos de Asturias, País Vasco, Canarias y Cataluña. Lo cierto es que la mayoría de los Gobiernos autonómicos o están en contra abiertamente o ponen algún tipo de objeción. La realidad es que este anteproyecto solo recaba apoyos de los
sectores más ultras y minoritarios de la sociedad. Eso debería hacerles reconsiderar su postura y emplear el esfuerzo y trabajo gubernamental en cuestiones que realmente resuelvan los problemas de la ciudadanía, que se ve asfixiada por sus recortes
y por el aumento del desempleo.
Esta contrarreforma del aborto encaja con el diseño social que ustedes están ejecutando, porque en estos años de Gobierno lo que están diseñando a base de recorte social y retroceso en derechos es una sociedad dual, una sociedad desigual y
en la interrupción voluntaria del embarazo también siguen este principio rector. Esta es una contrarreforma, además de innecesaria y peligrosa, clasista. Cuando aterrada les he preguntado una y otra vez por el porvenir de 100.000 mujeres que
quedarán fuera de la ley y no se inmutan, quizá sea porque piensan que en esas mujeres no habrá nadie que conozcan o que podrán pagar un billete de avión a cualquier país europeo con una ley de plazos como la actual española. Por ellas también
estamos dando la batalla y sobre todo por las que se verán abocadas al aborto clandestino e inseguro, poniendo en riesgo su salud y su vida. Sé que ustedes se amparan en su mayoría absolutista, que los revela como un grupo político sordo y ciego a
voluntad, que se escuda en lo hago porque puedo y no porque debo. Ustedes pasan su rodillo carentes de reflexión y de empatía alguna con las mujeres que sufrirán su crueldad legislativa. Se alinean con las posturas más ultras, apartándose de la
ciencia, de la medicina, del concepto de viabilidad fetal, y legislan con unos parámetros que no puedo dar por buenos. La moral y las creencias, señorías, no pueden ser mandatos de imperativo legal. Probablemente, hoy su actitud no sea distinta a
la que acostumbran y no afronten la petición de debate, como tampoco lo han hecho -a pesar de que se había solicitado expresamente por varios Gobiernos autonómicos- en la reunión de esta semana de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Porque en
toda esta ceremonia de la confusión que están llevando a cuenta de amenazar la libertad de las mujeres, lo único que es inmutable y certero es que no quieren debatir, no quieren confrontar ideas, y la pregunta que surge es si esta actitud es por
prepotencia, por vergüenza de lo que están haciendo o por la insolvencia de los argumentos.
Señorías del PP, solo les hago unas últimas consideraciones, una política y otra personal. La primera, que por más que ustedes sigan obstinados en acometer el mayor retroceso en la libertad y los derechos de las mujeres de la historia de
nuestra democracia, desde el Grupo Socialista no vamos a parar de luchar contra ello. (El señor Hernando Fraile: ¡Límite de tiempo!). Y no crean que vamos a aceptar el supuesto encubierto de malformación como solución, porque no lo es, eso es un
apaño, una chapuza hipócrita que nos ofende y, sobre todo, ofende a las mujeres. (El señor Hernando Fraile: El tiempo). Continúe hablando de fondo que no me voy a callar. Y en lo personal les digo que lo piensen muy bien. Piensen lo que van a
hacer, piensen esos que hablan de fondo en lo que les van a plantear que voten, porque ojalá ustedes mismos, ustedes mismas no padezcan en sus propias carnes el sufrimiento que van a imponer con la contrarreforma de penalización del aborto de su
Gobierno; ojalá ni ustedes mismos, ni ustedes mismas, ni sus hijas, ni sus amigas. Si finalmente Gallardón se esconde y no viene al Parlamento díganle a su Gobierno que guarde definitivamente el anteproyecto en un cajón en Moncloa. Si lo hacen y
aprueban la contrarreforma, sepan que un Gobierno socialista la derogará -termino- antes de lo que ustedes esperan, porque supone la mayor agresión a la libertad, los derechos, la dignidad y la salud de las mujeres en toda nuestra historia
democrática.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Montón.
Fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo brevísimamente, señor presidente, para decir que nuestra postura no ha cambiado y seguimos entendiendo que no es necesaria por el momento ninguna modificación de la ley y que esta debe todavía
desarrollarse para ver cuáles son los efectos concretos que produce. Evidentemente, apoyaremos la solicitud que se hace porque el Gobierno lo único que está haciendo continuamente es emitir opiniones y lanzar mensajes a los medios de comunicación
muchas veces contradictorios acerca de cuál es su voluntad y no estaría mal que la aclarase de una vez.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán. (Denegación). Renuncia a la palabra. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.
Señorías, no sé si se han dado cuenta de que estamos en el Congreso de los Diputados, que estamos hablando de un anteproyecto de ley del Gobierno y que este todavía no ha llegado a esta Cámara. Por tanto, seamos respetuosos con la
separación de poderes. Sí, un anteproyecto que todavía no ha llegado a estas Cortes, se ha ultimado ahora por el Gobierno su proceso de tramitación a los distintos órganos consultivos: al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial,
al Comité de Bioética, a los colegios de médicos y de enfermería, a la Organización Médica Colegial, al Consejo Nacional de Discapacidad, a las asociaciones de mujeres y también a las comunidades autónomas. Este Gobierno lo está tramitando como
otros anteproyectos de ley, es decir, se inicia en el Consejo de Ministros, se remite a todos los órganos consultivos para que emitan así sus informes y una vez que se incorporan sus informes es entonces cuando llegará aquí, al Congreso. Además, el
ministro de Justicia ya ha anunciado que lo remitirá a las Cortes antes de que finalice el verano. Pero, todo esto corresponde al Ejecutivo y nosotros, señorías, somos el Legislativo. Por eso, votaremos que no a la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Justicia para una comparecencia urgente del ministro, porque cuando llegue a esta Cámara será cuando nos corresponderá a nosotros dialogar, debatir y analizar posiciones y sugerencias. Pero todavía no estamos en el
trámite parlamentario, ahora estamos en una cuestión de procedimiento político y de iniciativa del Gobierno, y eso, señorías, tenemos que respetarlo. Cuando llegue aquí, al Congreso, será entonces cuando tendremos un debate, que requerirá
prudencia, serenidad y sosiego, y desde el Grupo Parlamentario Popular insistiremos en la formación, en la información y en la prevención, porque hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando, y seguiremos diciendo muy alto y muy claro que ninguna
mujer irá a la cárcel con una ley del Partido Popular. Ha sido también un Gobierno del Partido Popular el que acompañe a la mujer en un trance tan duro como es poner fin a un embarazo, el que no la deje sola, el que le facilite asesoramiento y
alternativas y, mucho más, el que no permite que una niña de dieciséis años tome en absoluta soledad y sin el conocimiento de sus padres una decisión que podrá marcar toda su vida, la misma niña a la cual no permitimos ir de excursión sin la
autorización de sus padres, pero a la que con su ley la damos carta blanca para poder abortar. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Por eso resulta tan contradictorio que sean precisamente ustedes, señoras y señores diputados de la izquierda, que alardean y van de defensores de las mujeres, los que se sientan tan inquietos ante una ley que pretende aumentar la protección
de las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. (La señora Montón Giménez: ¡No te pases!). Ustedes, que siempre presumen de ser los únicos que están junto al débil y junto a las mujeres, que presumen de ser los más feministas
y de solidaridad con todas las mujeres, de ser los únicos defensores de la mujer, se quitan el problema de encima con una sencilla intervención y dejan a la deriva toda una vida, la de una niña, la de una mujer, la de una chica de dieciséis años.
(Rumores). Escuchándoles parece que hablan del embarazo como si se tratara de una enfermedad que hay que tratar quirúrgicamente (La señora Montón Giménez: ¡No te pases, Marta!), pero un embarazo es mucho más, es mucho más que un proceso biológico
por el que pasa una mujer. También hablan del aborto como una opción exclusivamente de la mujer, olvidando a la otra parte, eximiendo de responsabilidad a quien también, digo yo, tiene algo que ver en esa situación y que no siempre tiene que ser el
culpable. Dicen que hablan en nombre de las mujeres, pues eso no es así.
Hay muchas, muchísimas mujeres que no piensan como ustedes, hay muchísimas mujeres que no pensamos como ustedes, y por no pensar como ustedes ni somos menos modernas ni tenemos esa animadversión casi patológica de algunas hacia los hombres.
Los tiempos, señorías, han cambiado. Estamos en el siglo XXI y estamos aquí, en el Parlamento, y nuestro trabajo se dirige a las personas, a solucionar sus problemas. Dejemos trabajar al Gobierno, y, cuando llegue aquí, a las Cortes, entonces
hablaremos, escucharemos, dialogaremos, debatiremos y nos esforzaremos por ponernos en el lugar de quienes pasan por esos momentos, por estar una vez más junto al más débil.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torrado.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA (número de expediente 062/000212), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, PARA INFORMAR SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA REPRESIÓN PENAL DEL DERECHO DE HUELGA. (Número de expediente 213/001537).
El señor PRESIDENTE: Punto 22. Petición, formulada por los grupos de La Izquierda Plural y Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, con el siguiente orden del día: Comparecencia del
ministro de Justicia para informar sobre la posición del Gobierno con respecto a la represión penal del derecho de huelga. Interviene, en primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Brevemente, porque ya hice referencia a esta cuestión en la intervención anterior en la que pedía la comparecencia del ministro de Justicia en relación con situaciones similares, en lo que se refiere a la restricción de derechos
fundamentales que se está produciendo en los últimos tiempos en el ámbito legal, pero también en el ámbito de la práctica concreta.
En estos momentos, existe una alarma entre los trabajadores organizados sindicalmente y entre aquellos que no organizados formaron parte de la movilización de las últimas huelgas generales, porque por parte de la fiscalía, de forma
generalizada y no al margen del Gobierno, se ha pedido la máxima dureza con esos trabajadores en los juicios que se han mantenido. En estos momentos hay más de un centenar de trabajadores que corren el riesgo de acabar en la cárcel con penas
importantes precisamente por haberse significado como piquetes en torno a la huelga general y porque con ellos no se utiliza la cuestión relativa a las coacciones, que en algún caso podría formar parte del balance fiscal, sino que la fiscalía está
pidiendo la utilización del artículo 315.3, una herencia de un artículo del Código Penal anterior, del Código Penal de los años setenta, que se utilizaba para reprimir la contestación en aquellos momentos previos a la transición política, aquellos
momentos de efervescencia de la movilización social. Resulta curioso que en plena democracia se esté utilizando un artículo del Código Penal de la época de Franco (El señor Conde Bajén: De Felipe González). para reprimir a los huelguistas, para
reprimir a los trabajadores. Creemos que paradójicamente, mientras los dos primeros puntos del artículo 315 van en el sentido de defender el derecho de huelga, hay un tercer punto en el que se introduce la defensa del derecho de los que no quieren
ir a la huelga. De hecho, en estos momentos no ha habido ni una sola causa en favor del derecho de huelga y todas las causas han sido por coacciones, por el artículo 315.3, a los que han movilizado a los trabajadores o que se han movilizado con los
trabajadores, lo cual en estos momentos motiva una ofensiva fiscal y judicial contra el derecho de huelga en nuestro país.
En ese sentido se han manifestado los secretarios de los principales sindicatos de este país expresando su preocupación al Gobierno y al ministro de Justicia y se ha producido ya alguna sentencia grave que, por ejemplo en el caso de un
médico y de otra mujer, Carlos y Carmen, en estos momentos les lleva a la cárcel. En el primer caso ha salido recientemente, en las últimas horas, con motivo de la petición de indulto. Nos parece que esta cuestión es un hecho grave que incide en
el mismo sentido de la orientación penal o de populismo penal del Código Penal y también de la orientación represiva de la Ley de Seguridad Ciudadana. Queremos alertar sobre esta materia y queremos que el ministro de Justicia comparezca ante el
Congreso de los Diputados para evitar males mayores. Creemos que los ciudadanos, por ejercer el
derecho de huelga y por hacer una pintada, no pueden terminar condenados a tres años de cárcel, que es lo que se ha pedido para este médico recientemente excarcelado con motivo de la petición de indulto. Creemos que es una barbaridad y, por
tanto, pensamos que el ministro de Justicia tiene que comparecer para explicarnos por qué el Código Penal está como está, si piensa modificar ese artículo del Código Penal y cuál es la actitud del Ministerio de Justicia con respecto a los posibles
indultos a estos ciudadanos que no han hecho otra cosa que ejercer su derecho a un derecho fundamental, como es el derecho de huelga.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros también queremos que comparezca el ministro de Justicia ante la Comisión para decirle con toda claridad que la represión no es la solución, que la represión nunca es la solución. Cuando la libertad se somete a la seguridad, cuando
la libertad se quiere sustentar en la subordinación a la seguridad, al final la que acaba aherrojada es la libertad, la libertad acaba desapareciendo, mientras que apostar por la libertad -incluso, como decía aquel, en caso de duda apostar siempre
por la libertad- es lo que asegura las libertades, la seguridad y la cohesión social. Al final, estamos ante una oleada continua de iniciativas por parte de este Gobierno que tienen todas un denominador común, que es el recorte de libertades, como
en este caso el recorte de una libertad fundamental, cual es el derecho de huelga o el derecho de la libre expresión, que son derechos fundamentales en democracia y que no pueden ser condicionados. Cuando en el ámbito de las libertades, al igual
que en el ámbito de los derechos humanos, se admiten excepciones, esa frase hecha que dice que la excepción confirma la regla, en el caso de las libertades y en el caso de los derechos humanos, la excepción no solo no confirma la regla sino que se
carga la regla, desaparecen las libertades y desaparece el respeto a los derechos humanos. Por eso precisamente nosotros queremos decir con total claridad, y este es el motivo de esta petición de comparecencia -y con esto acabo, señor presidente-,
al señor ministro de Justicia y en general al Gobierno del Partido Popular, que la represión nunca es la solución, en ningún campo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor presidente.
Es preocupante el incremento de las peticiones fiscales de prisión en virtud del artículo 315.3 del Código Penal y, lo que es más preocupante, la falta de humanidad de algunos jueces a la hora de sentenciar, imponiendo penas privativas de
libertad de hasta cuatro años y medio cuando el delito de que se trata tiene unos límites muy difusos entre el ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido y la comisión de un delito, sin valorar adecuadamente la fuerza expansiva de los
derechos fundamentales, frente a las normas limitadoras. Hasta ahora el Gobierno, incluso por boca del presidente, solo invoca la existencia de este precepto y su aprobación por la Cámara en el año 1995, pero olvida que en todos estos años hasta su
llegada al Gobierno en 2011 prácticamente no se dictaron sentencias bajo la cobertura de este precepto.
Señorías, con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades, y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública
del desacuerdo con las políticas del Gobierno. En este contexto, y con el recorte de la negociación colectiva con su reforma laboral, recurrida ante el Tribunal Constitucional, como medio para encauzar los conflictos laborales en un Estado social,
es inevitable que hayan aumentado los conflictos colectivos y las huelgas y para atajar esta cuestión el Gobierno recurre a la Ley de Seguridad Ciudadana y al Código Penal, con sus reformas también, así como a la continua utilización de la fiscalía
y las fuerzas y cuerpos de seguridad como brazo ejecutor, en obediencia debida, de dicha política.
Señorías, en 2012, primer año de gobierno del Partido Popular, aumentaron un 500 % las sanciones por manifestarse en España; un 900 % en Madrid, a la vez que fueron sancionados 3.200 ciudadanos por estos motivos. Hoy, don Gaspar, alrededor
de 300 trabajadores, no de 100, españoles, la inmensa mayoría sindicalistas, están condenados o la fiscalía pide penas de prisión para ellos. Los atestados o informes
que redactan las fuerzas y cuerpos de seguridad o los escritos de acusación de la fiscalía presentan sospechosas notas en común con la consideración de todas las actuaciones como, entrecomilladas, preconcertadas, elemento esencial para que
sea de aplicación la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal sobre la más atenuada de coacciones genéricas del 315.1, que no tendría estas consecuencias fatales. No tiene sentido, es un despropósito en
una razonable interpretación constitucional, la aplicación que se está haciendo del artículo 315.3 del Código Penal reprimiendo conductas que se desarrollan en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental como la huelga, imponiéndose a
trabajadores en el contexto de la protesta y la reivindicación por mejorar sus condiciones o salvar su empleo y el sustento de sus familias y que no han cometido ningún otro delito con anterioridad.
Termino, señorías. Creemos que es necesaria esta comparecencia y la vamos a votar favorablemente porque queremos que el Gobierno, como le corresponde, garantice el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, a la vez que debe
interesar del ministerio fiscal una actuación decidida en defensa del derecho de huelga y, mientras la derogación legislativa que proponemos, que ya hemos propuesto y que llevaremos en enmienda del Código Penal, no sea efectiva, los fiscales y los
jueces han de tener muy en cuenta la interpretación ultrarrestrictiva a que debe estar sometido el artículo 315.3 del Código Penal, ya que, y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe
el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor García-Tizón.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Muchas gracias, presidente.
La verdad es que la cuestión que nos atañe en este momento no parece que deba ser una cuestión a debatir en un periodo de sesiones extraordinario y en la Diputación Permanente, esto es algo que corresponde al debate de política general, a
debates de política legislativa ordinaria y que debería ser debatido, discutido y resuelto en un periodo ordinario de sesiones. Sinceramente, no parece que haya motivos ni causas suficientes para que sea vista en una Diputación Permanente. Esto es
así, los grupos proponentes lo han querido así y hablamos de ello. En segundo lugar, en esta misma línea que les adelanto, es un tema debatido ya, y además no hace mucho tiempo, concretamente, en la sesión de control del pasado 9 de julio el
presidente del Gobierno contestó a esta misma cuestión en la correspondiente pregunta que se le hizo al respecto y además por uno de los grupos proponentes, La Izquierda Plural, y saben perfectamente y conocen cuál es la posición del Gobierno.
Entre el 9 de julio y la fecha actual, 23 de julio, no parece que haya habido ninguna causa, motivo o circunstancia que deba alterar o modificar la respuesta que dio en su momento el presidente del Gobierno.
Pero ya entrando en algunos de argumentos que han dado los portavoces que han intervenido al respecto, concretamente de La Izquierda Plural y del Grupo Socialista, me parece, presidente, asombroso que tanto desde La Izquierda Plural como
desde el Grupo Socialista se pida, y se pide lisa y llanamente, una interferencia en la labor de los jueces y de los tribunales por parte del Gobierno. Yo no sé cuál será el concepto o el criterio que tienen de nuestro régimen constitucional, pero
pedir que el Gobierno interfiera en la posición de los jueces cuando en estos momentos el artículo 124.2 de nuestra Constitución dice que el ministerio fiscal actúa con criterios de legalidad, no veo que el Gobierno deba interferir en esa línea y
menos en la labor de los jueces. Presidente, señorías, una lectura chiquitita, rápida, urgente del artículo 117.1 de la Constitución -que supongo conocido por todos los intervinientes- nos dice que los jueces en España son imparciales, no tienen
que seguir obedeciendo instrucciones del Gobierno. (Rumores). Nosotros sí creemos que los jueces son imparciales en España. En cuanto al artículo 135, he de recordarles, aunque también lo saben, que la redacción que tiene en estos momentos se
aprobó -como bien recordaba el portavoz del Grupo Socialista- en la reforma del año 1995, que aquilató el alcance que tenía respecto del contenido anterior. Preguntaba el señor Llamazares ¿quién lo votó? Ustedes, ustedes lo votaron. (Rumores.-El
señor Conde Bajén: Sí, sí). Dense ustedes mismos la respuesta. Ustedes fueron los que lo votaron.
Entrando en el fondo del asunto, señorías, no hay represión en España del derecho de huelga, no hay represión; al contrario, el artículo 135 del Código Penal protege el derecho de huelga, al menos en los dos primeros apartados, y la
protección del derecho al trabajo, en el último precepto. Por cierto, tiene una interpretación muy restrictiva por parte de los tribunales y ya, en la modificación que se hizo, se acotó
bastante en las acciones de conjunto, no individualizadas. En cualquier caso, el derecho de huelga es un derecho que se protege, un derecho fundamental, pero que hay que ponerlo en relación con otros derechos fundamentales como el derecho a
la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a la intimidad. Es decir, no hay un derecho absoluto, no hay un poder ilimitado. En nuestro sistema constitucional no hay ningún derecho fundamental absoluto e ilimitado; hay que ponerle los
límites propios cuando colisiona, choca o se pone en relación con otros derechos tan fundamentales como la libertad, la integridad moral, la dignidad de la persona o -no con carácter fundamental- el derecho al trabajo.
En definitiva, señoría, la desaparición del artículo 315 del Código Penal puede proponerse y si el Partido Socialista en el momento actual entiende que lo que hizo en su día fue malo y ahora quiere hacer algo mejor está en su perfecto
derecho de proponer una modificación de ese artículo. Pero tendrá que convenir conmigo al menos que el hecho de que se modificara o desapareciera este precepto no significaría que el derecho de huelga no tuviese una limitación, que sería por el
mínimo general de las coacciones, porque en definitiva vendría por ahí, pero están ustedes en su perfecto derecho de proponer esa modificación.
Es decir, no hay por parte...
El señor PRESIDENTE: Señor García-Tizón, le ruego que termine.
El señor GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ: Ya termino. Gracias, presidente.
No hay ninguna actuación del Gobierno que justifique la petición de una comparecencia del ministro en estos momentos porque no es el ministro el que juzga, no es el ministro el que actúa como ministerio fiscal y no es el ministro ni siquiera
el que ha propuesto ese Código Penal del que ustedes ahora mismo hacen rechazo en sus manifestaciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García-Tizón.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES (número de expediente 062/000214), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DE LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, PARA QUE EXPLIQUE LOS PLANES DEL GOBIERNO RESPECTO A LA FINANCIACIÓN DE NUEVAS TERAPIAS PARA LOS PACIENTES DE HEPATITIS C. (Número de expediente 213/001458).
El señor PRESIDENTE: Punto 24: Petición, formulada por el Grupo Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, con el siguiente orden del día: Comparecencia
urgente de la ministra para que explique los planes del Gobierno respecto a la financiación de nuevas terapias para los pacientes de hepatitis C.
Para defender la iniciativa tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Muchas gracias, presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, creo que es importante que en el seno del Congreso de los Diputados, y en este caso en la Diputación Permanente, podamos abordar como lo estamos haciendo aquellas cuestiones que preocupan al conjunto de
la ciudadanía. En este caso el Grupo Parlamentario Socialista trae a este punto del orden del día una cuestión que tiene que ver con una preocupación, cada vez más creciente, en un sector concreto de pacientes, los que están afectados por el virus
de la hepatitis C. Es una realidad en esta legislatura la situación en la cual el Ministerio de Sanidad está demorando muchísimo más allá de lo razonable, incluso sobrepasando los plazos que se establecen en la propia normativa española y europea,
la autorización de fármacos que suponen innovaciones relevantes para atender de mejor forma diversas patologías fruto de las investigaciones que se van produciendo de manera continua. En algunos casos hay cierta justificación porque los precios de
los nuevos fármacos pueden no estar justificados con lo que supone el avance en términos terapéuticos, pero en otros casos hay enormes dudas de que esta sea una decisión acertada. Concretamente, en lo que tiene que ver con
la hepatitis C, una enfermedad que está conociéndose cada vez mejor, tiene una trascendencia importante porque en muchos casos termina teniendo consecuencias graves para la salud de las personas e incluso termina en la necesidad de
trasplantes hepáticos. Todo lo que suponga una innovación terapéutica que mejore de manera relevante las posibilidades de éxito al tratar a estos pacientes genera una atención de la comunidad científica, de los profesionales médicos, de los
profesionales del ámbito farmacéutico, de los pacientes, de las asociaciones, de las familias y lógicamente también de los grupos parlamentarios. Hace ya tiempo que disponemos en el arsenal terapéutico de nuevas terapias que, con la información de
que se dispone en los ensayos clínicos, aportan aparentemente una importante mejora en las posibilidades de resolver esta importante patología.
Hoy mismo la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento al conjunto de los Gobiernos para que favorezcan el acceso a estas nuevas terapias y recientemente también el director de la Organización Nacional de Transplantes ha hecho
referencia a que estas nuevas terapias, bien aplicadas, van a evitar situaciones de trasplante que hoy son más necesarios. De hecho, aproximadamente la mitad de los trasplantes hepáticos son producidos como consecuencia de esta enfermedad de la
hepatitis C.
Nosotros lamentamos que la ministra, acumulando ya muchas peticiones de comparecencia hace tiempo -hace más de mes y medio que solicitamos la comparecencia de la ministra por esta cuestión de las nuevas terapias de la hepatitis C-, no dé la
cara para explicar qué es lo que está sucediendo para que haya estas dificultades de acceso y que se estén produciendo manifestaciones públicas de profesionales relevantes de la medicina española, jefes de servicio que están pidiendo que se eviten
las barreras de acceso a estas nuevas terapias que están perjudicando a los pacientes. Yo sé que hay una estrategia de acceso a través del uso compasivo mientras que determinadas terapias no forman parte de la cartera de servicios del Sistema
Nacional de Salud, pero también hay que reconocer que desgraciadamente la desigualdad en el acceso es hoy peor que nunca. Esta es una de las graves preocupaciones que manifiestan los profesionales médicos y que manifiestan los pacientes.
Señorías, estamos viviendo unos momentos especialmente delicados respecto de las decisiones que se adoptan desde los poderes públicos. No me gustaría que los pacientes pensarán que en España es más fácil rescatar bancos que rescatar
personas, porque incluso siendo terapias enormemente costosas, y vaya por delante nuestro apoyo al Gobierno en que trate de conseguir el mejor precio posible de las terapias que supongan avances terapéuticos relevantes, eso no significa que no sea
posible atender la exigencia de que esas terapias estén ya en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Incluso en la peor de las hipótesis, el coste de atender con el precio más caro de alguno de estos productos a todos los pacientes
que serían susceptibles en términos clínicos de utilizar estos tratamientos no supondría ni el 1,5 % del coste que ha tenido el rescate de Caixa Catalunya, que hemos conocido recientemente que el Estado asume la pérdida de casi 12.000 millones de
euros. No quiero hacer demagogia sinceramente, pero si ustedes van por la calle verán que esto es lo que le preocupa a la gente. Y cuando hay argumentos, si es que los hay, para tomar decisiones de incorporar o no una prestación, la ministra de
Sanidad tiene que venir a la Cámara a explicarlo, porque son momentos muy delicados donde la gente que tiene problemas reales -y tener una hepatitis C es un problema real- necesita una explicación de la principal autoridad sanitaria que tiene este
país, que es la ministra de Sanidad.
Nosotros hemos propuesto, y queremos que se discuta de inmediato, un plan para prevenir la hepatitis C porque el abordaje de esta patología empieza a parecerse a lo que fue en su momento el abordaje del sida. Esta es una enfermedad que es
prevenible, es una enfermedad en la que se empieza a disponer de terapias y merece la pena que nos pongamos de acuerdo para poder hacer una prevención eficaz y el tratamiento adecuado cuando proceda, siempre al menor coste posible. Pero eso
requiere una estrategia concreta y un plan concreto de la hepatitis C y lo que no puede ser es que la ministra no sea consciente -y el Grupo Parlamentario Popular la proteja en exceso del desgaste político- de que es la líder de un ministerio que
tiene que atender las necesidades de las personas, las necesidades de las familias, y de un ministerio donde desgraciadamente ha conseguido que los profesionales sanitarios no reconozcan en ella el liderazgo que le corresponde a un ministerio como
el que estamos comentado. Por eso, señoras diputadas y señores diputados, especialmente los del Grupo Popular, creemos que es importante que la ministra venga a la Comisión de Sanidad a explicar cuáles son sus planes, sus proyectos, sus decisiones
en esta materia. También que explique a los pacientes y a sus familiares por qué hay en España un retraso tan relevante en la incorporación de estas terapias que se están mostrando eficaces, por qué España no puede atender de inmediato lo que está
pidiendo la Organización Mundial de la Salud para que sean rápidamente accesibles estas terapias y por qué hay tanta desigualdad para acceder al uso compasivo
como hay en España en estos momentos. Estos son los problemas reales que tienen los pacientes, estos son los sufrimientos que tienen muchos pacientes desgraciadamente en nuestro país y es lo que hace que nosotros les pidamos a ustedes que
hagan el favor...
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Olmos, tiene que acabar.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: ... de activar la presencia de la ministra para que evite el sufrimiento de la gente y no evite que nosotros estemos trabajando desde la oposición para hacer posible que se debatan estas cuestiones aquí.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural va a respaldar esta iniciativa toda vez que hay cada vez mayor inquietud entre los pacientes con respecto a la posibilidad de tratarse con la mejor terapia. Los pacientes son conocedores, como
lo son los profesionales que los tratan, de que existe en estos momentos una terapia muy avanzada que puede erradicar prácticamente la hepatitis C; es decir, que puede conseguir una curación del 90 % o superior de las personas que padecen la
hepatitis C. En ese sentido ha habido distintas iniciativas en las que parece que el Gobierno arrastra las piernas. Nosotros queremos creer que el Gobierno está participando de manera activa en todas las iniciativas; pero al menos en la iniciativa
europea propuesta por el Gobierno francés para una posición común de presión a la compañía farmacéutica propietaria de este fármaco, el Gobierno español no ha estado a la altura del respaldo a esta iniciativa y se ha dejado para el mes de septiembre
u octubre la próxima reunión en la Unión Europea sobre esta cuestión.
A nosotros esto nos parece relevante porque en este caso no es únicamente una compañía innovadora, es una compañía que ha comprado el fármaco a una compañía innovadora. Es decir, tiene una voluntad especulativa. Por tanto, tiene que tener
frente a ella a Estados miembros, incluso a regiones completas que presionen en el sentido contrario para que el fármaco se pueda poner en circulación a un precio viable. Y nosotros creemos que ese es el objetivo, que el fármaco se ponga cuanto
antes en circulación y se pueda tratar a los pacientes con un precio viable, con un precio sostenible para el Sistema Nacional de Salud. Nosotros nos hemos dirigido a la ministra para que este tema avance, para que se acelere un acuerdo con la
compañía que permita su aprobación y su incorporación al Sistema Nacional de Salud. Queremos creer que las cosas van mejorando, esa es la información que nos llega, que el precio va siendo cada vez más adecuado. Pero ya no podemos esperar más, los
pacientes tampoco pueden esperar más y creemos que es necesario solucionar cuanto antes este problema. Por eso vamos a respaldar la petición de comparecencia de la ministra ante esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, presidente.
Desde que Ana Mato preside y dirige el Ministerio de Sanidad se han producido diversos avances extraordinarios en el tratamiento de la hepatitis C. Les quiero recordar que aparecieron dos fármacos enormemente novedosos en el 2012, que
fueron, como es natural, incorporados rápidamente a la cartera de servicios y logramos mejorar la supervivencia de los pacientes de hepatitis de un 50 % a un 75 %, sin erradicar el virus. Este año han aparecido dos medicamentos aprobados por la
Agencia Europea del Medicamento, uno de ellos en enero y el otro en mayo. La Agencia Española del Medicamento está trabajando para definir precio y para definir las condiciones con las que se incorpora porque son precios caros. Ayer la comisión de
precios aprobó el Sineprevil, que es el primer fármaco que actúa sobre la replicación del virus y produce la erradicación de la enfermedad con un 90 % de éxito, y vamos a pasar del 75 % al 90 % de éxito. Lo tendrán los facultativos españoles y los
médicos a partir del 1 de agosto próximo. El precio: 25.000 euros por tratamiento. No 60.000, sino 25.000 por tratamiento. Pero abundo más para general información porque creo que esto es bueno para el Congreso de los Diputados y para todas las
comunidades autónomas. Hay un techo de gasto, de tal manera que las comunidades autónomas
solo se podrán gastar equis cantidad de dinero, que es exactamente el que han tenido el año pasado para el tratamiento de la hepatitis C. Pero es más, no habrá techo de enfermos y para todos aquellos enfermos que requieran el tratamiento
será abonado por el laboratorio. Estos son noticias de ayer que han sido publicadas por el ministerio.
En cuanto al otro fármaco -y no quiero utilizar mucho tiempo- se sigue negociando, porque es completamente natural que el coste-eficacia del fármaco no lo podamos mantener. El tratamiento vale 60.000 euros, ¡ojo!, si es eficaz; si no lo
es, se nos va a 120.000 o a 180.000. Por tanto, parece razonable que se incida extraordinariamente en el coste-beneficio de ese fármaco, que tiene otro nivel de actuación, pero sobre el mismo complejo: evitar la duplicación del virus. Así pues,
tenemos ya el primer fármaco a los dos meses de ser aprobado por la Agencia Europea y las negociaciones serán eficaces en beneficio de la sostenibilidad del sistema, pero siempre garantizando la existencia del medicamento por uso compasivo con las
comunidades autónomas para que los pacientes más graves que lo requieran tengan el tratamiento a su disposición. Creo que estas son noticias agradables y que vienen a demostrar que la ministra ejerce su acción en beneficio de los pacientes y
garantizando la solvencia del Sistema Nacional de Salud, que no es otra cosa que su responsabilidad.
Muchas gracias, señor presidente. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo. Le agradezco su brevedad.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD (número de expediente 062/000215), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA URGENTE DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA INFORMAR DE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO TRAS LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, QUE SE HA PRONUNCIADO SOBRE LA LEY 1/2013 A INSTANCIAS DE LA
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN, DECLARANDO QUE DICHA LEY NO RECONOCE, EN IGUALDAD DE CONDICIONES, EL DERECHO A RECURRIR DE LOS CONSUMIDORES, ASÍ COMO DE LA NECESIDAD DE PARALIZAR LOS DESAHUCIOS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO MIENTRAS NO SE GARANTICEN
LOS DERECHOS DE LOS DEUDORES HIPOTECARIOS. (Número de expediente 213/001534).
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (número de expediente
062/000219), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL FALLO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE), CON FECHA DE 17 DE JULIO, RESPECTO DE LA LEY 1/2013, DE 14
DE MAYO, DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL. (Número de expediente 213/001544).
El señor PRESIDENTE: Puntos 26 y 30. El punto 26 es el relativo a la petición formulada por un número suficiente de diputados del Grupo Socialista para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y
Competitividad con el siguiente orden del día: comparecencia urgente del ministro de Economía y Competitividad para informar de las actuaciones del Gobierno tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha pronunciado sobre
la Ley 1/2013 a instancias de la Audiencia Provincial de Castellón, declarando que dicha ley no reconoce, en igualdad de condiciones, el derecho a recurrir de los consumidores, así como de la necesidad de paralizar los desahucios que se están
produciendo mientras no se garanticen los derechos de los deudores hipotecarios.
El punto 30 se refiere a la petición formulada por los grupos parlamentarios de La Izquierda Plural y Mixto de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Competitividad con la comparecencia del
ministro para explicar las medidas que va a adoptar el Gobierno
ante el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con fecha de 17 de julio, respecto de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Interviene en primer lugar, por el Grupo Socialista, don Valeriano Gómez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Nuestra solicitud de comparecencia, como tantas y tantas de las que llevamos acumuladas a lo largo del día, tiene la virtualidad y también en parte la intención de discutir sobre estos aspectos en esta Diputación
Permanente y no solo el hecho en sí de la petición de comparecencia. Hay que aprovechar estos momentos para poner de relieve algunas cuestiones importantes como son las que se suscitan en este caso en esta sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, un tribunal que poco a poco, lenta pero decisivamente, también está afectando, está conformando y diseñando derechos fundamentales en el ámbito de la Unión, no solo de las instituciones sobre las que habitualmente discutimos en la
Cámara. El tribunal está conformándose como un verdadero órgano que está diseñando una Unión también de derechos para el conjunto de los ciudadanos europeos. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Este es el caso que hoy nos ocupa. Es la segunda vez además en poco tiempo que el tribunal se pronuncia sobre nuestra legislación; legislación que tiene que ver en este caso con un fenómeno o acontecimiento fundamental: los desahucios y
lo que implican, así como la posición de equilibrio entre el deudor y el acreedor, que es al fin y al cabo sobre lo que ocupa esta sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Es un asunto que procede nada más y nada menos que del año 1993, pero que
vuelve a ser puesto de manifiesto en el itinerario judicial hace muy poco tiempo. Es una cuestión prejudicial que se suscita en la Audiencia de Castellón, pero que afecta al núcleo fundamental de nuestra legislación en esta materia, que no es otro
que el de que tenemos que hacer una legislación -así lo establece la sentencia- que equilibre derechos entre el deudor y el acreedor; que no es posible impedir, como se hace en la legislación vigente, que un juez pueda paralizar la ejecución de un
desahucio. Esto es lo que está en este momento en disputa y lo que dice el tribunal es exactamente eso, que si se impide la posibilidad a un juez de que paralice un desahucio, se están violando los derechos fundamentales de la Unión Europea. Por
esta razón, dada la importancia, dada la trascendencia de esta sentencia, creíamos por supuesto necesaria la comparecencia del ministro para que nos dé su opinión respecto a la necesidad de alterar y de volver a revisar nuestra legislación a ese
respecto. Es la segunda vez que se produciría en este caso, porque ya una sentencia del propio tribunal obligó efectivamente a modificar nuestra legislación.
Nosotros sabemos perfectamente, en el caso del ministro de Economía, que no suele ser un ministro que se esconda del Parlamento, al contrario, es un ministro que suele comparecer con habitualidad ante la Comisión. No tenemos ninguna queja
en ese sentido. Lo hace, por cierto, dentro de muy pocos días -si no recuerdo mal, el propio día 29 de julio, a petición propia en este caso-, así que sería un momento para que de forma distinta del motivo por el que él comparecerá -y por el que
pidió la comparecencia en este caso-, se produzca también esta comparecencia para un asunto, insisto, que creemos fundamental, por dos cosas, en primer lugar, porque el número de desahucios y el número de beneficiarios de la ley que pone en cuestión
esta sentencia del tribunal está siendo todavía muy importante; en segundo lugar, porque la ley no está cumpliendo con sus objetivos. Estábamos hablando entonces, lo recuerdo bien, de paralización de ejecuciones de alrededor de 120.000 familias
afectadas -este era el objetivo de la ley- y apenas se han alcanzado alrededor de 1.500 paralizaciones de ejecuciones hipotecarias en este caso en forma de desahucio. Estamos hablando de una ley que, por desgracia, no está cumpliendo, como tantas
otras, los objetivos planteados.
Junto con la comparecencia solicitaríamos también algo más, que el Gobierno tome medidas con carácter urgente, que pueda efectivamente pensar en la paralización de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria mientras que se produce la
correspondiente reforma de nuestra legislación. La voluntad del Grupo Parlamentario Socialista en este aspecto ya la hemos manifestado en más de una ocasión, una voluntad que también nace, por cierto, de la autocrítica respecto a cómo se han
abordado estos asuntos en el pasado, también de la autocrítica, sabiendo que ha sido muy insuficiente la actuación de los Gobiernos, del actual y del anterior al actual, en una materia como esta y sabiendo, como sabemos bien, que una parte
fundamental de nuestra legislación ha estado durante demasiado tiempo sesgada contra el deudor. Esto es lo que hemos querido poner de manifiesto permanentemente en cada discusión establecida a este respecto.
Planteamos que se paralicen los procedimientos de ejecución hipotecaria y no solamente los desahucios, como alguna fuerza política propone, cuando afectan, por supuesto, a la primera vivienda, esta es la clave. Ante una situación de
insolvencia, los poderes públicos tienen efectivamente que realizar las acciones necesarias para que, de la misma forma que se fomenta el acceso a la vivienda a veces de una forma inadecuada con ese auge, con esa proliferación de crédito a troche y
moche que hemos vivido en este país durante los últimos veinte años, se haga en este momento lo necesario para que aquellas familias afectadas puedan, cuando estamos en presencia de la primera vivienda, ver resueltos sus principales problemas.
En segundo lugar, pedimos que se eliminen en nuestra legislación toda las prácticas, todas las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios. La sentencia a la que aludimos es contundente en este sentido. El artículo 3 de la Directiva
de 1993, que es sobre la que se pronuncia esta sentencia, dice: Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Esta es la clave, que nuestra legislación sigue presentando aspectos de evidente desequilibrio entre el deudor y el acreedor.
Creemos fundamental que se aborde un procedimiento de segunda oportunidad ante la insolvencia, un procedimiento mediante el que las familias que se declaren en situación de insolvencia puedan acudir a una mediación pública que les permita
además acceder a una reestructuración, a una quita y a una forma de abordar los problemas, su crédito hipotecario.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Gómez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Termino ya diciendo que nuestra legislación tampoco está abordando ni cumpliendo con un problema esencial. Tiene que haber una alternativa eficiente en forma de fondo social para vivienda. Estas cuestiones, desde
la autocrítica, insisto, son las que el Grupo Parlamentario Socialista se plantea en la necesaria revisión de nuestra legislación en esta materia. Para eso hemos solicitado la comparecencia del ministro de Economía en la Comisión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gómez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, presidenta.
Nosotros también pedimos la comparecencia del ministro de Economía a resultas de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la cuestión prejudicial que planteó la Audiencia Provincial de Castellón con respecto a la Ley
1/2013, de 14 de mayo. El Tribunal de Justicia ha dicho que la ley española no garantiza la tutela judicial efectiva de los deudores hipotecarios. La sentencia ha sido dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el día 17 de julio y
viene a abundar en que la legislación española viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que es la que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. Dice que dicha ley deja en inferioridad
de condiciones a las personas afectadas frente a las entidades financieras. Dice que la legislación española contradice la Directiva 93/13 de la Unión, que establece literalmente que los Estados miembros velarán por que, en interés de los
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en contratos celebrados entre profesionales y consumidores. La Ley 1/2013 antedicha modificó la Ley de Enjuiciamiento
Civil del año 2000 en materia de ejecución hipotecaria. Con ello se da la situación de que si un juzgado de lo Mercantil da la razón a una persona hipotecada frente al banco por aplicar este la cláusula abusiva y se suspende la ejecución de la
hipoteca, el banco puede recurrir, pero si el juez sentencia a favor del banco, el deudor no puede recurrir en segunda instancia, por lo que con toda razón puede perder su vivienda.
Desde La Izquierda Plural y otros grupos parlamentarios, así como desde las plataformas de afectados por la hipoteca, hemos venido criticando que la reforma antedicha no resolviera esta grave cuestión. El resultado de esta sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión tiene un efecto doble. El primero es que el juez competente pueda suspender una ejecución de desahucios con independencia de lo que diga la legislación española. El segundo es que, en aplicación de doctrina, el
Gobierno debe proceder a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar a los deudores hipotecarios los mismos recursos de los que disponen los acreedores. En todo ello fundamentamos la petición de comparecencia del ministro de
Economía y Competitividad para que explique las medidas que va a adoptar el Gobierno para adaptar la legislación española a la sentencia del Tribunal de Justicia. Es urgente y es de justicia que se dé una solución rápida a este tema, sobre
todo en un país donde las malas prácticas bancarias han llevado al colapso de la economía española, cuando hay un rescate para la banca de en torno a 85.000 millones de euros, de los cuales una parte muy importante vamos a financiar el conjunto de
ciudadanos y ciudadanas, es decir, hay razones sobradas para que el ministro comparezca y nos explique cómo va a adaptar la legislación española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Lara.
Por el Grupo Mixto, señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros también apoyamos la comparecencia del ministro De Guindos precisamente para que nos plantee cuáles son las medidas que va a tomar ante esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además estamos convencidos de que,
si dependiese directamente del ministro, seguramente aceptaría la comparecencia el próximo día 29. Ese sería también un motivo de reflexión por parte del Grupo Popular para apoyarla. Creo que es importante dar respuesta con prontitud a esta
sentencia, una sentencia que no hace sino confirmar lo que Amaiur ha denunciado en muchas ocasiones. Lo que hace la sentencia es decir con claridad que hay una doble vara de medir por parte de este Gobierno, una vara de medir que se aplica de forma
diferente a la banca y a los ciudadanos y ciudadanas que sufren a esa banca; una doble vara de medir que también se materializa en la prontitud con que el Gobierno siempre responde a las necesidades, angustias y demandas de la banca y de las
grandes empresas y en la lentitud con que responde ante las angustias de la gente de la calle. Es una reflexión que hay que hacer. Ahora mismo el tribunal ha dicho claramente que toda la legislación que se ha hecho en estos dos últimos años
referente a la protección de los consumidores, a la protección de las personas afectadas por hipotecas, etcétera, es una legislación fallida, porque no responde ni a los principios de la Unión Europea ni desde luego al principio elemental de dar
respuesta a las personas que tienen más dificultades, a las personas que tienen menos oportunidades, a las personas que se encuentran más indefensas frente a los grandes poderes. Por eso apoyamos la comparecencia y además creemos que es urgente,
porque llevamos ya demasiado retraso. Como decía antes, es una legislación que está resultando fallida y es hora ya de dar respuesta a las necesidades de todas esas personas afectadas por las hipotecas fallidas y por todo el ámbito de los
desahucios.
Ahí hay que poner, como contrapunto y como comprobación de que todo esto que estamos diciendo responde a la realidad, el propio proceso de privatización que se ha producido en estos últimos días de Catalunya Banc, en que vemos que una vez
más se produce un trato muy favorable para la gran banca, que se ha hecho con una entidad que ha sido rescatada por el conjunto de la ciudadanía y que ahora mismo se pone, casi podíamos decir que gratis et amore, en manos de uno de los grandes
bancos que ha estado detrás de toda esa burbuja especulativa que está detrás de la crisis y detrás de todos los problemas que ha sufrido y sufre tanta gente alrededor de las hipotecas, los desahucios, etcétera. Por esto vamos a votar a favor y sin
más les agradezco la atención.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, voy a intervenir muy brevemente porque ya se han dicho muchas cosas, aunque eso no quiere decir que no tengamos interés, porque los desahucios son un tema realmente importante, y esta sentencia
es una buena noticia para todos, especialmente para aquellos que están padeciendo un proceso de desahucio o para los que lo pueden padecer, porque, desgraciadamente, la crisis económica y el problema de los desahucios aún nos van a acompañar durante
mucho tiempo.
Como el ministro de Economía va a comparecer el día 29, como ya se ha dicho aquí, el Grupo Popular podría apoyar esta iniciativa, pues creemos que el propio ministro no va a tener ningún inconveniente sino todo lo contrario en responder a
las preguntas que le podamos realizar en relación con este asunto. Lo que le vamos a preguntar es, dado que Europa exige que se resuelva esta cuestión, cuándo lo va a hacer y de qué manera, tratando de que, efectivamente, esta sentencia europea
tenga
una plasmación jurídica lo antes posible, de manera que eso garantice y dé seguridad a todos los afectados por el tema de los desahucios. Esta es una de las pocas veces, afortunadamente, en las que Europa resuelve temas -aunque sea con
retraso- que este Gobierno ha sido incapaz de resolver, pero insisto en que es una buena noticia, habida cuenta de la importancia, en nuestra opinión, del tema.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Como es natural, apoyamos esta comparecencia porque el tema de los desahucios no solamente es en sí mismo grave y preocupante -y comparto la opinión de que por una vez las instituciones europeas han demostrado una gran ventaja respecto a las
nacionales en lo que se refiere a preocuparse por la calidad democrática y por los derechos básicos de los ciudadanos-, sino también por algo que es bastante más lamentable, que es uno de los temas -me refiero al de los desahucios y a la legislación
hipotecaria- que más tiempo nos han ocupado seguramente en esta legislatura y que peor se han resuelto. Desde principio de 2012 -prácticamente desde que iniciamos la legislatura- ha habido ya -antes lo he estado mirando por curiosidad- solamente de
mi grupo, y desde luego de todos los demás, varias docenas de iniciativas e intervenciones de todo tipo sin que hayamos conseguido nunca desbloquear la cerrazón fundamental de lo que ha sido desde el principio la línea roja que puso el Gobierno,
creo que con enorme imprudencia porque ahora está siendo desautorizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que es el de dar por hecho que no hay derecho a una segunda oportunidad en un contrato hipotecario, algo que es completamente
excepcional y que no tiene nada que ver con el trato reservado por ejemplo -afortunadamente, claro- a las empresas en el caso de las suspensiones de pagos, etcétera.
Desde luego, una comparecencia no va a ser el momento para poder resolver todas las cuestiones pendientes, que son muchas y además muy debatidas y muy trabajadas, como digo, con una gran cantidad de iniciativas y propuestas que siempre han
chocado con ese muro de un no extraño, que va incluso más allá del interés bancario de las propias entidades de crédito, por parte del Grupo Popular, pero puede servir al menos para que sepamos -también hemos preguntado nosotros por escrito- qué va
a hacer el Gobierno no solo para transcribir a la legislación nacional la sentencia, los resultados de la jurisprudencia europea y de las directivas, sino también para poner remedio a su propia imprevisión, porque una de las cosas que van a ocurrir
dentro de muy poco es que se van a acabar las previsiones excepcionales que se hicieron en su momento mediante real decreto-ley, y ahora mismo hay 8.000 familias en riesgo de ejecución hipotecaria, que se suspendió en su momento pero de modo
temporal, sin que sepamos si va a continuar o no esa prórroga temporal que se decretó en su momento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Popular, señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural han presentado esta iniciativa de solicitud de comparecencia del ministro De Guindos para informar sobre las acciones o medidas que va a adoptar el Gobierno
ante el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del 17 de julio, en relación con la Ley 1/2013, de protección de los deudores hipotecarios. Quiero decirles que, efectivamente, como han reconocido, el ministro va a comparecer el próximo
martes día 29 y por lo tanto va a informarnos sobre aquellas cuestiones de actualidad o de evolución de la economía y también va a informar del fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Va a ser así y por lo tanto aquí se podría
terminar mi intervención.
Yo había venido preparado para una intervención del Grupo Parlamentario Socialista crítica con la Ley 1/2013, como lo fue en el debate que se produjo el año pasado aquí en el Congreso de los Diputados, y me he encontrado con una intervención
en la cual se hace autocrítica de todo lo que se ha hecho en la ejecución hipotecaria. Ha dicho que la ley no resuelve nada, pero ha hecho autocrítica de lo que ha pasado durante todos estos años. Entiendo que se haga esa autocrítica. He repasado
las enmiendas y el debate que se produjo con motivo de la tramitación de esta ley y he encontrado que, en las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley 1/2013 con relación a este tema que ha suscitado el fallo del Tribunal de la Unión Europea, los textos que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista son exactamente iguales a los
textos aprobados por el Grupo Parlamentario Popular en estas Cortes Generales y así venían además en el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Tengo aquí delante el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 13 de febrero de 2013, en el cual
figuran las enmiendas, y en las páginas números 27, 28 y 29 está la enmienda número 10, que es una enmienda a la totalidad, en la cual el Grupo Parlamentario Socialista proponía modificar el artículo 695 -que es objeto del fallo del Tribunal de
Justicia Europeo- con este texto: Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución podrán interponerse los recursos de apelación. Fuera de este caso -es decir, si no estiman la oposición-, no podrá presentarse ningún recurso. Eso es
precisamente lo que está en el texto de la ley y ahora es cuestionado por el Tribunal de Justicia Europeo. En las enmiendas al articulado, en la página 130 de ese Boletín Oficial de las Cortes, en la número 133 se dice: Se modifica el artículo 695
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado en los siguientes términos. Tres. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución -es decir, que falle a favor del deudor-, podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de este
caso, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno. El Grupo Socialista presentó en su día textos al artículo 695 exactamente iguales que el presentado por el Grupo Parlamentario Popular
y que el que había redactado el Gobierno. Por tanto, entiendo la autocrítica. Va a venir el ministro De Guindos a explicar las medidas que va a adoptar respecto al fallo del Tribunal de Justicia Europeo y ahí se tendrá ocasión de debatir con él
sobre las modificaciones que sea oportuno hacer.
Solo una cosa más. En estos dos años siempre he notado una posición de la izquierda muy agresiva con las políticas de vivienda del Partido Popular y con el Decreto 1/2013. Quiero recordarles una vez más, por mucho que podamos debatir sobre
si es necesario ampliar, extender y revisar esta ley, que, en esta ley, es la primera vez que en España se incorpora como causa de oposición a la ejecución hipotecaria la existencia de cláusulas abusivas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Matos.
El señor MATOS MASCAREÑO: Dos frases, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Dos frases.
El señor MATOS MASCAREÑO: Es la primera vez que se limitan los intereses de demora. Es la primera vez que se suspenden lanzamientos sobre viviendas habituales. Es la primera vez que se permite reestructurar la deuda, la dación en pago y
el alquiler social y se crea el Fondo social de vivienda. Por tanto, es bueno que reconozcan la labor que está haciendo este Gobierno en materia de reforma del sistema hipotecario.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Matos, muchas gracias.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS VASCO (EAJ-PNV) Y CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE INTERIOR (número de expediente 062/000216), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR, A FIN DE QUE INFORME SOBRE LA ACTITUD DEL MINISTERIO EN RELACIÓN A LOS PRESOS DE ETA QUE FORMAN PARTE DE LA DENOMINADA VÍA NANCLARES. (Número de expediente 213/0001535).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto 27, petición de los grupos parlamentarios PNV y Convergència i Unió para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior con el siguiente
orden del día: comparecencia del ministro a fin de que informe sobre la actitud del ministerio en relación con los presos de ETA que forman parte de la denominada vía Nanclares. En primer lugar intervienen los proponentes. Por el Grupo Vasco,
PNV, el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Siendo la hora que es, voy a ir directo y al grano. Sobre este asunto el Ministerio del Interior debe una comparecencia desde hace mucho tiempo, pero recientemente se han dado unas circunstancias que provocan, como luego explicaré, que la
perplejidad entre unos cuantos grupos del Congreso sea mayúscula respecto a la política concreta que dicho ministerio quiere realizar respecto a los presos de la organización terrorista ETA y también respecto a los que se han separado de ella y
están insertos, y de manera muy especial sobre estos queríamos preguntar acerca de la vía de Nanclares. Una y otra vez estamos oyendo de bocas autorizadas del Gobierno, del propio ministro, que los miembros de ETA tienen que separarse del conjunto
de los presos, tomar la decisión y por tanto escapar del control de ese colectivo, tomar decisiones personales acogiéndose a los beneficios penitenciarios, hacer un rechazo de la violencia explícita y públicamente, un arrepentimiento crítico, un
compromiso con resarcir a las víctimas, etcétera. Lo cierto es que los únicos que han aplicado los beneficios penitenciarios, en cumplimiento de la legislación actual y en vigor, han sido los jueces. El Ministerio del Interior no ha movido una
coma, a pesar de que hay personas que han dado estos pasos que se exigen una y otra vez por parte del Gobierno.
Ahora voy al caso que ha ocurrido recientemente y que provoca cierta perplejidad sobre la política del ministerio. ¿Qué pretende el ministerio? ¿Hacia dónde quiere encaminar sus pasos? Recientemente un exmiembro de ETA, un activista de
los más destacados y que tiene bastantes asesinatos a sus espaldas, Urrusolo Sistiaga, acudió a un programa de radio, en concreto de la SER, a nivel de todo el Estado. En el programa, en el que participaron también otras personas, entre ellas el
hijo de una persona asesinada por ETA, este ex activista de ETA, Urrusolo, se mostró autocrítico, contrario a que se pueda justificar de ninguna manera la violencia, y no entró a enaltecer al terrorismo, sino más bien todo lo contrario. De hecho,
yo diría que en su comparecencia puso de manifiesto expresamente todas aquellas cuestiones que han sido requeridas por el ministerio: el abandono explícito de ETA; el reconocimiento del daño causado no solo por su parte, sino también por la
organización ETA en su conjunto, y así lo dijo expresamente; la solicitud de perdón personal a las víctimas -lo hizo en el programa, pero lo ha hecho en numerosas ocasiones de manera privada con diversas víctimas-; la petición a ETA de que se
disuelva y criticar incluso a quienes impiden acogerse a los beneficios penitenciarios, al denominado colectivo de presos de ETA. Todas esas cosas las hizo en el propio programa y las había hecho antes.
Si en mayo de este mismo año el señor Fernández Díaz pidió que los presos de ETA mostraran coraje, manifestaran todo esto que yo les acabo de comentar y siguieran la vía de Nanclares, ¿cómo se entiende que a raíz de este programa todos
aquellos beneficios penitenciarios que habían concedido a este preso hayan sido suspendidos? No sabemos si es por parte de la junta correspondiente de la cárcel en la que está o por orden del propio Ministerio del Interior. Por la parte
gubernativa de la Administración se han cortado todos esos beneficios. Yo creo que no se puede hablar de que se produjera un enaltecimiento del terrorismo. Se está pidiendo a los presos de ETA una y otra vez precisamente esto, y responder con la
suspensión de permisos nos hace pensar que al menos aparentemente hay una contradicción entre lo que se manifiesta por el máximo responsable de Interior y la forma de actuar del Gobierno. De esa manera se obstaculiza los procesos de reinserción e
incluso se va en contra de la propia legislación. ¿Cuál es la política que lleva el Gobierno? ¿Por qué las cosas que dice se contradicen una y otra vez con sus hechos? ¿Qué más quiere pedir? Si quiere pedir algo más que no haya en la
legislación, si quiere que haya algún paso más, ¿cuál puede ser? No se nos ocurre. Creemos que es urgente que el ministro del Interior manifieste cuál es la política que el Gobierno sigue con respecto a todo este tema. Que ha variado con respecto
a los pasos dados por el Gobierno anterior es evidente, que no se quieren dar pasos también; pero lo que cabría pedir es que las manifestaciones hechas verbalmente luego vayan a una con las actuaciones del Gobierno, y eso en estos momentos no está
ocurriendo.
Gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Amaiur también considera imprescindible la comparecencia urgente del ministro del Interior para hablar, reflexionar y plantear cuál es la política penitenciaria que está aplicando el Ministerio del Interior, porque no responde a la realidad,
no plantea soluciones sino que genera nuevos problemas. Es una política penitenciaria que se basa en una interpretación apócrifa de la propia legislación penitenciaria y que no responde al espíritu ni a la letra de la ley penitenciaria. Es una
política penitenciaria que no
coadyuva a que avancemos en este nuevo escenario hacia esos objetivos que el conjunto de la sociedad vasca -estoy convencido de que el conjunto de la sociedad del Estado español- tiene muy claros, los desea y quiere que se produzcan cuanto
antes: ese nuevo escenario de paz y libertad, un nuevo escenario en el que la reparación de todas las injusticias sea una realidad, en el que la reconciliación pueda ser posible para todo aquel que quiera intentarlo como un objetivo deseable para
el conjunto de la sociedad. Esto es lo que no se está haciendo desde el Partido Popular y desde el Ministerio del Interior. Están obstaculizando continuamente cualquier leve avance en esa dirección, hacia una solución. Por eso tenemos que decir
una vez más con total claridad que la justicia no se puede sustituir por la venganza. Además, cuando eso se hace desde las instituciones públicas, que tienen una obligación especial de salvaguardar la justicia y de buscar soluciones, es
especialmente grave. Añadimos claramente que las personas que están en prisión que han tenido relación con ETA pueden aportar mucho, en positivo, precisamente para esta nueva etapa de reconciliación, para este nuevo proceso de reparación de todas
las injusticias cometidas. Tenemos el ejemplo de lo que ocurrió en Irlanda; en Irlanda del Norte las personas que estaban en prisión salieron a la calle y contribuyeron enormemente a avanzar en la nueva etapa, a rechazar la utilización de la
violencia, a buscar la reparación de todas las injusticias. Creemos que eso es posible también aquí, porque hay voluntad de todos los actores; sobre todo hay una voluntad absolutamente mayoritaria de la sociedad vasca. Por eso -con esto acabo,
señora presidenta- queremos decirle con toda claridad en esta Comisión al Ministro del Interior: basta ya de esta interpretación apócrifa de la legislación penitenciaría; basta ya de poner obstáculos para que no se avance en la nueva etapa de
reconciliación y de reparación de todas las injusticias que demanda la sociedad vasca; y basta ya de segar las posibilidades de que las personas que están en prisión o que han estado en prisión puedan aportar en positivo a esa nueva etapa de
reconciliación, de paz y de libertad. Eso es lo que le pedimos al señor ministro y pensamos que hay que abordarlo además con urgencia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán. (Denegación).
Pasamos al Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervendré brevemente para señalar que nuestro grupo considera oportuna la comparecencia del señor ministro. Efectivamente, alguna explicación tiene que dar de lo que ha ocurrido. Nos parece que es un mal
precedente porque, como ya se ha dicho, si se insiste en una fórmula, que no solamente no es fácil sino que además ha comportado tensión e incluso riesgos, y una vez que se adopta se desautoriza de la peor manera, eso crea un gran desconcierto. Lo
ocurrido a raíz de ese programa de radio nos parece que necesita una explicación. Debe tenerla, pensamos que el Gobierno no esté actuando por venganza o al dictado del último comunicado de prensa de algún colectivo. Como creemos que tiene que
tener una explicación, debe darse; además debe darse en positivo, porque en estos momentos cualquier impedimento que se ponga a un proceso que debe terminar con el fin definitivo de la violencia y, dentro de lo posible, pueda deshacer el daño
causado y ofrecer colaboración con la justicia, todo lo que se pueda hacer en ese sentido hay que apoyarlo. Si lo que hace el Gobierno es poner piedras en el camino, nos parece realmente que necesita una explicación. Por eso nuestro grupo va a
apoyar la comparecencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Pasamos al Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta
Señorías, nuestro grupo apoya la aplicación de la legislación penal vigente a los presos de ETA y, por lo tanto, también -en eso consiste la vía Nanclares- la aplicación de los beneficios penitenciarios cuando objetivamente se dan una serie
de circunstancias que creemos, por otra parte, que en este caso se estaban dando; por eso Urrusolo estaba disfrutando de una serie de beneficios penitenciarios que le permitían salir de prisión, etcétera. Estamos de acuerdo con que se aplique el
artículo 72 de la Ley General Penitenciaria en relación con el 90 y el 93 del Código Penal; si así se está haciendo, creemos que se está haciendo bien. Otra cosa es su intervención en un programa de radio de la Cadena SER, A vivir que son dos
días. Parece que lo que se ha dado por parte de Urrusolo es que no se ha comunicado a la
Administración penitenciaria su participación en dicho programa; comunicación a la que estaba obligado porque él mismo la había firmado, había aceptado esas condiciones. Es una limitación, en principio, legítima y legal del derecho a la
libertad de expresión de una persona que se encuentra en este régimen específico; pero no me quedaré ahí. Yo no había escuchado el programa de radio pero hoy, preparando este punto del orden del día, lo he escuchado. Desde luego da la impresión
de que ninguna de las manifestaciones de Urrusolo sean constitutivas de un delito de enaltecimiento del terrorismo, más bien lo contrario; estoy de acuerdo con el portavoz del PNV. Durante muchos años hemos estado pidiendo que estos presos de ETA,
estos terroristas hagan lo que ha hecho este señor y se puedan acoger a los beneficios penitenciarios que establece claramente la legislación vigente.
Señorías, durante muchos años el terrorismo ha estado marcando nuestras agendas y nuestras urgencias. Sinceramente, no creemos que el hecho de que la Administración penitenciaria haya abierto un expediente disciplinario sea suficiente para
convocar una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior para pedir explicaciones al ministro del Interior; en estos momentos, cuando estamos en el fin del fin no creemos que esto sea suficiente. Esto tendrá que llevar su cauce, que será que
esté señor recurrirá o no recurrirá y finalmente los tribunales dirán lo que tengan que decir sobre eso. Ya adelanto que creemos que no haya un delito de enaltecimiento del terrorismo, sino una irregularidad administrativa; de ahí que no vayamos a
apoyar la petición de la comparecencia del ministro en una sesión extraordinaria de la Comisión de Interior. Solamente haré una reflexión más. En nuestro partido han de cambiar muchas cosas, pero hay algunas que ni pueden ni deben cambiar; una de
ellas, que explica una parte de este voto en contra de esta petición de comparecencia del ministro del Interior, es nuestro compromiso de recíproca lealtad con el Gobierno y con el resto de fuerzas políticas en la gestión del fin del fin del
terrorismo, así como nuestro trabajo para que haya un éxito total del Estado de derecho y de la democracia sobre el terrorismo. Esto también explica una parte del voto en este punto del orden del día.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Hernando.
Por el Grupo Popular, señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Gracias, señora presidenta.
Hoy, ciertamente, el PNV en esta sesión traslada al Congreso la obsesión de las últimas fechas del señor Urkullu por los terroristas presos o -por mucho que se me escape- qué sentido tiene que el PNV y el lehendakari actúen de abogados y
valedores de terroristas condenados por la justicia y además con esta frivolidad e irresponsabilidad con que se ha traído el tema a esta sesión de la Diputación Permanente. Se me escapa sobre todo porque creemos que mucha más atención merecen dos
millones de vascos que unos cientos de terroristas condenados por sus crímenes, o más bien dos millones de vascos que tienen otras prioridades y otras preocupaciones, como hoy mismo ha puesto de manifiesto la última encuesta realizada en nuestra
comunidad autónoma.
En todo caso, quiero comenzar diciendo que entre las finalidades de la política penitenciaria, siguiendo el mandato constitucional, está lograr la reeducación y la reinserción social de los penados, como establece el artículo 25.2 de la
Constitución. Así pues, la Administración penitenciaria además de garantizar el cumplimiento de la parte retributiva de la pena debe propiciar la actividad encaminada a la reeducación y reinserción social de los penados; por supuesto, sin garantía
de éxito, como es obvio, pero debe garantizar esa actividad encaminada a la reeducación con el objetivo de que cumplida la condena el penado retorne a la sociedad con la capacidad y la voluntad de vivir respetando la ley. Esta obligación legal es
un importante pilar de la política penitenciaria y por extensión de la política antiterrorista. No podemos olvidar, por mucho que el PNV lo haga en esta petición de comparecencia, que en el caso de los delincuentes terroristas las características
de los penados, su disposición a reconocer el daño causado y su denuncia de los pretextos sobre los que pretendieron justificar sus delitos presentan peculiaridades que es preciso abordar con una estrategia específica, sobre todo cuando, como es el
caso, la organización de referencia no se ha disuelto, cuenta con quienes aplauden su trayectoria criminal y aspira a mantener la cohesión, el control y la disciplina de sus militantes encarcelados mediante una estrategia dirigida a imponerse sobre
el Estado, tanto en el diseño como en la ejecución de la política penitenciaria. Todo eso es lo que representan los planteamientos de acercamiento de presos, de presos a la calle, de tratamiento de los presos como colectivo; es voluntad de
imposición sobre el Estado en materia de política penitenciaria.
En España la política penitenciaria es responsabilidad del Gobierno, en particular de Instituciones Penitenciarias; es una política individualizada, con sujeción a la ley y sometida, por supuesto, a control
judicial. Por todo ello, el Gobierno del Partido Popular impulsó para presos terroristas y vinculados con el crimen organizado el denominado Programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de
la ley. El objetivo del programa es, como conocen sus señorías, dotar de seguridad jurídica y de transparencia al sistema y a la política penitenciaria y lograr una mayor eficacia al sistematizar los requisitos y eliminar todo elemento de
arbitrariedad y discrecionalidad por parte de la Administración. Ya son varios los internos que se han acogido a las líneas maestras del programa, tanto de ETA como de otros grupos terroristas, y paralelamente no son pocos los casos de internos a
los que se les está monitorizando en aplicación de los principios del programa. Reitero que el programa es individual, por tanto se adapta a cada preso, al que se le exigen todos y cada uno de los requisitos que la ley prevé y se le hace transitar
por un itinerario individualizado de reinserción; un itinerario que debe ser progresivo, estable en el tiempo y también reversible. Son los técnicos de Instituciones Penitenciarias los que dirigen y orientan las actividades del penado, tanto en el
interior del centro penitenciario como en sus actividades públicas como consecuencia de salidas por actividades o permisos penitenciarios; insisto, en este caso sin que haya cabida a comportamientos autónomos que se aparten de los límites impuestos
en ese itinerario individualizado de reinserción, y que en el caso que usted plantea estaban expresamente aceptados por el recluso en cuestión.
Precisamente esa educación en valores, y concretamente en el respeto a los compromisos adquiridos y a las normas vigentes, es uno de los elementos claves del proceso de reinserción; su incumplimiento, en aras del fin resocializador, debe
tener una consecuencia proporcional en el ámbito disciplinario, como es el caso que usted viene a plantear. Por supuesto, siempre cualquier discrepancia de un penado con una sanción disciplinaria -ya se ha dicho- puede ser objeto de recurso en la
jurisdicción de vigilancia penitenciaria, como sucede todos los días en el ámbito de nuestra Administración. Para ser aún más claros, desde una perspectiva más amplia, no solo la función resocializadora sino la dirección de la política
antiterrorista en general, y específicamente la faceta de comunicación pública, forman parte inequívocamente de la acción de gobierno, y en ningún caso -repito, en ningún caso- pueden estar condicionadas por las decisiones personales de un interno
por muy voluntariosas que puedan considerarse y, por supuesto, independientemente del interés mediático que puedan despertar.
Paralelamente, como factor más relevante, también hay que considerar en este caso la dimensión de las víctimas del terrorismo, en particular de las víctimas concretas causadas por el terrorista que sigue el itinerario de reinserción. Así,
debemos evitar el riesgo de que el propio proceso resocializador, si no se realiza adecuadamente, suponga una segunda o una doble victimización para sus víctimas. En el caso de que hablamos resulta obligado tener en cuenta una obligación
institucional de primer orden, garantizando la memoria y dignidad de las víctimas del terrorista y el respeto por su dolor en ese proceso de reinserción social de un penado con víctimas directas e indirectas de atentados producidas en una de las
épocas más duras del actor terrorista; un penado por delitos muy graves como ustedes mismos han recordado. En esta difícil tarea no son admisibles conductas que se alejen del itinerario marcado y de los compromisos adquiridos; es particularmente
exigible, insisto, a quienes se les debe reclamar el estricto cumplimiento de la ley por haber practicado el terrorismo con resultados especialmente dolorosos.
Termino. Señores del Grupo Vasco, tampoco se puede elevar a categoría una conducta impropia de un penado en procesos de reinserción.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Termino, señora presidenta.
Y mucho menos parece lógica su utilización política como ariete contra la Administración, que precisamente invierte sus esfuerzos en que dicha reinserción llegue a buen puerto; eso sí, a buen puerto por la línea recta con el cumplimiento
estricto...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Termino.
... de los límites legales y del programa de reinserción, y sin costes añadidos para las víctimas directas de los atentados o el colectivo de víctimas del terrorismo. Por tanto, rechazaremos su petición.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barreda.
PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CÁMARA (número de expediente 062/000218), CON EL SIGUIENTE
ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, PARA QUE DÉ CUENTA DE ACTUACIONES DE SU EJECUTIVO QUE ESTÁN PONIENDO EN RIESGO EL ENTRAMADO INSTITUCIONAL Y LA ARTICULACIÓN PROPIA DEL ESTADO, AL ROMPER LAS REGLAS DEL JUEGO DEMOCRÁTICO EN SU
RELACIÓN CON GOBIERNOS AUTONÓMICOS COMO EL DE ANDALUCÍA. (Número de expediente 210/000100).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto 29: Petición, formulada por los grupos de La Izquierda Plural y Mixto, para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con una
comparecencia del presidente del Gobierno, para que dé cuenta de actuaciones de su Ejecutivo que están poniendo en riesgo el entramado institucional y la articulación propia del Estado, al romper las reglas del juego democrático en su relación con
Gobiernos autonómicos como el de Andalucía. Para su presentación, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Yo le podría decir a la presidenta que ya ha hecho prácticamente la intervención al leer el enunciado del punto. Además, como lo ha hecho con cierto énfasis...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tengo que leerlo, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí. Permítame la ironía a esta hora de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por supuesto. Pero como decimos los andaluces: Bromas, las justas.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Permítame la ironía al menos a esta hora de la tarde.
Efectivamente hemos pedido la comparecencia del presidente porque nos parece grave un hecho ocurrido y lo queremos poner en valor. Cuando la Junta de Andalucía pide la reunión de la comisión mixta entre ella y el Gobierno central para
resolver problemas, para buscar acuerdos, para trabajar en conjunto en unos temas importantes, lo que obtiene de él es la respuesta de que simplemente no considera oportuna la celebración de esa comisión. Dice textualmente: La Secretaría de Estado
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento tras el análisis de la propuesta no considera oportuno celebrar actualmente la citada reunión, toda vez que no se dan las circunstancias adecuadas para tratar en este momento los
temas planteados por la Junta. Realmente es sorprendente; sin más explicaciones. El Gobierno central no da explicaciones a la Junta de Andalucía de por qué no accede a una reunión que debía ser lo normal, que debía ser lo habitual siempre que lo
pida una de las dos partes. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Que el Gobierno central sigue pensando que la Junta de Andalucía es su contraria, parece que todavía no ha asumido aquella noche electoral -eso podría entrar dentro de cierta lógica
política y no tendría más importancia-; pero hay otra cosa que es importante, como dice nuestra propuesta, que esto pone en peligro las normales relaciones institucionales entre dos partes del Estado, porque la Junta de Andalucía es tan Estado como
el Gobierno central. Aquí no estamos hablando de una prioritaria y una secundaria. No es la primera vez; también se rechazó la petición de que hubiese reunido esa comisión para dirimir las diferencias cuando se planteó la Ley de la función social
de la vivienda. El Gobierno no consideró oportuno relacionarse y discutir con la Junta de Andalucía sino que directamente lo llevó al Constitucional para la suspensión cautelar y provocar los problemas que hace pocos minutos hemos discutido, es
decir, más desahucios y más poder para la banca.
Venimos a hacer hincapié en que son necesarias las relaciones. Entre dos poderes del Estado debe haber una normal relación y comunicación. Cuando la Junta de Andalucía pide una reunión para tratar temas que son importantes (el
levantamiento del peaje de la A-4, Sevilla-Cádiz; la Ley de la función social de la vivienda u otro tema) lo normal es que el Gobierno central acepte y no dé una contestación tan escueta, yo diría tan poco elegante, como la que ha dado. Como
queremos ponerlo de manifiesto lo hemos traído a esta de Diputación Permanente y pedimos que de una vez por todas el Gobierno dé explicaciones de por qué sus relaciones con la Junta de Andalucía no son de igual a igual.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Turno de fijación de posiciones. Unión Progreso y Democracia. (Denegación). Por el Grupo Socialista, señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señora presidenta.
Vamos a apoyar esta iniciativa porque son muchas las razones para hacerlo. La semana pasada nos enteramos con estupor de que pretenden recortar 80 millones la liquidación del presupuesto para Andalucía 2012. El Ministerio de Hacienda
comunicó el año pasado a la Junta que la liquidación provisional de 2012 sería de 507 millones a favor de Andalucía, dinero que tendría que recibirse en 2014, por lo que podría incluirlo en sus presupuestos ya que también lo estaba en los del
Estado. La semana pasada ya no son 507, sino 427 millones, los que va a recibir Andalucía; 80 millones menos, y este no es un caso aislado. Desde que comenzó la legislatura, en cuanto a financiación y transferencia del Estado a Andalucía, hemos
puesto en marcha reclamaciones al Ministerio de Hacienda por discrepancia en las liquidaciones de varios ejercicios por importe de 5.865 millones de euros; otros 1.000 millones de euros al año de infradotación por una incorrecta aplicación del
sistema de financiación; no se ha aplicado la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía en los tres últimos ejercicios presupuestarios, lo que implica una falta de inversión de alrededor de 750 millones de euros; y a eso se une que
no se haya procedido a la liquidación por la falta de ejecución de inversión durante 2008 y 2009, ya reconocida por el Gobierno, que asciende a 1.504 millones de euros. Desde 2011 se ha reducido en 428 millones de euros la financiación estatal para
políticas activas de empleo en Andalucía. Se nos ha negado un plan de empleo extraordinario que se ha concedido a otras comunidades autónomas. Somos la única en la que bajan la asignación de la PAC en 418 millones y se han reducido los fondos de
dependencia en 300 millones de euros desde 2011 -repito, 300 millones de euros-.
Ahora vamos con la deslealtad institucional, que de eso también hay, y mucho. Solo en esta legislatura el Gobierno central ha puesto diez recursos de inconstitucionalidad contra medidas tomadas por la Junta de Andalucía, que siempre han
estado encaminadas a tratar de la mejora de la vida de los andaluces y a aliviar la situación que por culpa de la crisis están padeciendo miles de ciudadanos. Han recurrido repetidamente las subastas de medicamentos puestas en marcha por la Junta
de Andalucía. Han recurrido dos veces las medidas antidesahucio tomadas por el Gobierno andaluz, primero recurrieron el decreto-ley y luego la ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Han recurrido la
oferta de plazas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Recurrieron la decisión de reabrir las minas de Aznalcóllar poniendo en peligro la creación de cientos de puestos de trabajo y al final tuvieron que entrar en razón y dieron
marcha atrás. Ahora que la señora Cospedal está en boca de todos por el pucherazo electoral que ha cometido en Castilla-La Mancha y que los socialistas hemos llevado ante el Tribunal Constitucional, también han recurrido la Ley andaluza electoral
por la que se declaraba incompatible ser alcalde y diputado autonómico. Cospedal recorta en democracia mientras ustedes pretenden que en la sucursal del PP de Andalucía unas decenas de sus militantes acumulen todos los cargos electos disponibles.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Olmos.
Grupo Parlamentario Popular, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, yo creo que el estado de nervios que tiene Izquierda Unida desde las últimas elecciones del 25 de mayo con la aparición de alguna formación política, le lleva a copiar el discurso de ella. Que usted diga que se está poniendo en
cuestión el Estado de derecho, los pilares de la democracia y todo lo que usted señala en su petición de comparecencia del presidente del Gobierno porque no se ha celebrado una reunión de una comisión mixta de una secretaría de Estado con una
consejería es, señor Centella, el mayor de los ridículos que yo he visto en esta Cámara; es el mayor de los ridículos y la mayor demagogia que yo he visto en esta Cámara, porque no se sostiene por ningún lado. (Rumores).
Yo pediría, por favor, un poco de silencio, señora presidenta, porque es difícil poder hablar con tranquilidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Señor Centella, ¿cómo valora usted que un presidente de la Junta de Andalucía mientras estuvo en ese cargo -no me refiero al señor Chaves, que tenía respeto a las instituciones- no se reuniera ni con un solo alcalde de las capitales de
provincia durante dos años? (El señor Centella Gómez: Mal). ¿Cómo
llamaría usted a esa situación? Esa situación era vivida por su socio de Gobierno hoy en día, y yo no le oí ni a usted ni a nadie de Izquierda Unida criticar esa situación; a nadie, ni decir que el señor Griñán estaba poniendo en tela de
juicio la democracia ni los pilares de la democracia. (Rumores). Cuando el señor Zapatero incumplía año tras año, presupuesto tras presupuesto, la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, tampoco oí al señor Martínez Olmos ninguna
propuesta en esta Cámara ni en ningún otro sitio ¡Qué casualidad que en ese momento era miembro del Gobierno el señor Martínez Olmos. ¡Hay que echarle valor a sus afirmaciones aquí, señor Martínez Olmos! ¡Hay que echarle valor! (Aplausos.-Varios
señores diputados: Muy bien).
Habla usted de liquidaciones. Usted era Gobierno en 2008 y 2009, cuando se engañó masivamente a todas las administraciones públicas, y todas están teniendo que devolver dinero de las liquidaciones de 2008 y 2009, siendo el Gobierno del
Partido Popular el que ha tenido que aumentar el plazo para que puedan llevar a cabo esas devoluciones. ¿De qué están ustedes hablando? Yo les pediría un poco de seriedad. Hablan ustedes de recursos. Señor Martínez Olmos, entérese de lo que pasa
en su tierra, porque no se entera. (El señor Martínez Olmos: Claro). El Gobierno de la Junta de Andalucía ha planteado más recursos contra el Gobierno de España que leyes ha hecho en esta legislatura en la Junta de Andalucía. Están dedicados a
hacer recursos de inconstitucionalidad en vez de hacer leyes para resolver el problema del 36 % de paro en Andalucía; o para resolver el problema de la corrupción provocada por la propia Junta de Andalucía. Tenemos más de 240 imputados en el caso
de los ERE, 40 de ellos altos cargos en la Junta de Andalucía, además de un escándalo por cursos de formación. Es una vergüenza para todos los andaluces que la Junta de Andalucía haya estado en esa amalgama de corrupción que allí hay organizada.
De eso ustedes no hablan; ustedes vienen aquí a decir que comparezca el presidente del Gobierno para hablar de que no se ha celebrado una reunión de una secretaría de Estado con una consejería. Oiga, de verdad, esta Diputación Permanente se merece
un respeto y el presidente del Gobierno se merece un respeto. El Gobierno de España tiene un diálogo permanente y fluido con la Junta de Andalucía, y si no pregúntenselo a la presidenta de la Junta de Andalucía. Déjense ustedes de estas
demagogias, dedíquense a trabajar en serio, a copiar los nuevos discursos que han aparecido en la escena política española, porque creo que si no ese nuevo discurso les va a sustituir a todos ustedes, tanto a Izquierda Unida como al Partido
Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Merino.
PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL (número de expediente 062/000224), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
- COMPARECENCIA DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, PARA INFORMAR DEL CONTENIDO DEL REAL DECRETO 625/2014, DE 18 DE JULIO, Y SU INCIDENCIA, JUNTO CON EL PROYECTO DE LEY DE MUTUAS, EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL DE LOS TRABAJADORES Y EN LA LABOR DE LOS FACULTATIVOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD. (Número de expediente 213/001546).
El señor PRESIDENTE: Último punto. Lo señalo para que los grupos lo tengan en cuenta. Nada más terminar este punto procederemos a las votaciones.
Punto 35, petición formulada por el Grupo Socialista de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Empleo y Seguridad Social con el siguiente orden del día: Comparecencia urgente de la ministra de Empleo y
Seguridad Social para informar del contenido del Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, y su incidencia, junto con el proyecto de ley de mutuas, en la gestión de los procesos por incapacidad temporal de los trabajadores y en la labor de los
facultativos de los servicios públicos de salud.
Para defender la iniciativa, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señor presidente.
Estableceré el régimen de los enfermos de la manera que les sea más provechosa según mis facultades y a mi entender, evitando todo mal y toda injusticia. Esto dice el juramento hipocrático procedente
del siglo V antes de Cristo. Y dice el código ético deontológico de la Organización Médica Colegial de 2011: La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de este debe anteponerse a cualquier otra conveniencia.
Entre el juramento hipocrático del siglo V antes de Cristo y el siglo XXI han pasado millones de profesionales sanitarios que estuvieron siempre al lado de los pacientes en las dolencias. En el caso nuestro, en el caso de España, en la edad actual,
están actuando en un Sistema Nacional de Salud que está basado en los principios de equidad y calidad, un sistema muy bien organizado y planificado pero que está siendo presa de los depredadores y de los ambiciosos de la privatización y del
beneficio a costa del servicio público. No hay límites, por tierra, mar y aire, por todos los frentes, se está intentando privatizar el Sistema Nacional de Salud. Estamos ante estas mutuas, ante este proyecto de ley y este decreto que ya entrará
en vigor en el próximo septiembre, ante un intento más de privatización del Sistema Nacional de Salud y de derivación de los recursos hacia las mutuas privadas. Cabría preguntarse si esto se debe a la búsqueda de una mayor eficacia en el control de
los gastos procedentes de la incapacidad temporal de la Seguridad Social, pero si uno pierde dos minutos en comprobar los datos se da cuenta de que entre 2007 y 2013 ha habido un descenso de la incidencia de la incapacidad temporal del 40 %, de que
ha habido un descenso de la duración de las bajas del 13 % en ese periodo y de que, la prueba del 9, que son los costes de la Seguridad Social destinados a la incapacidad temporal, se reducen en un 30 % entre 2008 y 2012, último ejercicio del que se
dispone de la liquidación de la Seguridad Social: 2.200 millones de ahorro en este periodo. Por tanto, es difícil entender que estos cambios normativos se deban a una intención de ahorro, y más teniendo en cuenta que se va a proceder a conciertos
con las mutuas, a los que se van a destinar evidentemente recursos que deberían estar bien radicados en el Sistema Nacional de Salud.
Estamos hablando de un asunto que se debe a una intencionalidad política y se basa en dos gravísimos prejuicios: uno, que los trabajadores enfermos son potenciales defraudadores; hacen una equiparación entre la incapacidad temporal y el
absentismo injustificado, y, otro, que los médicos de familia son cómplices en este fraude. Para solucionar estos dos falsos y graves prejuicios desembarcan a las mutuas con toda su batería de actuaciones y la preeminencia de su juicio y de su
criterio sobre el del médico de cabecera, en una actitud absolutamente vergonzosa y regulando una nueva acepción, una nueva modalidad de contingencia -en palabras del CES, indiferenciada-, alterando así la distinción tradicional entre enfermedad
profesional y enfermedad común. Por eso, pedimos que comparezcan la ministra de Empleo y la ministra de Sanidad, miembros del Consejo de Ministros, que tendrán que responder de esta situación. Nos tendrán que decir si realmente esto responde a una
intención de ahorro, cuestión que los datos contradicen; nos tendrán que decir cuál va a ser la protección de datos con ese uso indiscriminado que van a hacer las mutuas de los datos de los pacientes y del Sistema Nacional de Salud, incluso
accesibles a profesionales no sanitarios, y nos tendrán que decir por qué la reducción de cargas administrativas es buena para otros procedimientos administrativos y no es buena para el médico, que tendrá que aportar nuevos informes y sujetarse a
unos plazos absolutamente incumplibles y que van a suponer una alta de oficio para sus pacientes. Nos tendrán que decir también por qué peluquerías, por qué bares, por qué otro tipo de establecimientos y servicios pueden funcionar con declaración
responsable y los médicos del Sistema Nacional de Salud van a ser sometidos al juicio de agentes privados, como es el caso de las mutuas, cuyo criterio va a prevalecer sobre el del profesional sanitario.
En definitiva, una regulación que parte de estos dos prejuicios a los que antes hacía referencia y que podemos resumir con el todos contra uno, -ese uno es el trabajador enfermo- y uno solo contra todos, todos los riesgos de ser un
trabajador hoy: riesgo de desempleo, riesgo de precariedad, riesgo de baja salarial y riesgo de pobreza incluso trabajando. Desgraciadamente, ya no le dejan ni tener el amparo de su médico de cabecera. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Carcedo.
Si no hay ninguna otra intervención, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, por lo que veo el Grupo Parlamentario Socialista tiene una fijación en sus intervenciones. No sé si intencionadamente, pero usted cuando se ha referido a cómo tiene que ser el Sistema Nacional de Salud ha dicho que se tiene que
basar en la equidad y en la calidad. Se le ha olvidado decir: y en la gratuidad. Porque así es el Sistema Nacional de Salud y es lo que se practica. (Rumores.-Aplausos).
Señoría, llevo oyendo muchos años, muchos, porque he sido muchos años parlamentaria en la Asamblea de Madrid, que la sanidad se iba a privatizar empezando por la Comunidad de Madrid, que era donde gobernaba el Partido Popular. Se ha dicho
en debates electorales -y creo que algún representante de aquellos debates está en este momento en esta sala- que habría que ir a los hospitales con la tarjeta VISA en la boca. Eso es tan falso como que después de tantos años los ciudadanos saben
que nadie tiene que ir a la sanidad pública con la VISA en la boca. Eso lo han dicho ustedes. Han... (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara), han metido el miedo a los
españoles, y en concreto a los madrileños, sobre una cuestión que sabían desde el principio que es falsa, tan falsa como todo lo que ha venido usted sosteniendo esta tarde.
Señorías, se pide la comparecencia de la ministra para hablar de un aspecto muy puntual de un proyecto de ley de suma importancia, como es el nuevo proyecto de ley de regulación de las mutuas como entidades colaboradoras del Sistema Nacional
de Salud y de la Seguridad Social. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular va a votar no. Rechazamos por inexactos, por no decir que por falsos, los argumentos que su señoría ha planteado aquí, pero además el propio secretario de Estado, que
es Gobierno, va a comparecer a petición propia en la Comisión de Empleo el próximo día 30. Y, señorías, lo va a hacer para hablar de la ley de mutuas en su integridad. Usted ha hablado de opacidad y de depredadores pero, señoría, lo que hace esta
nueva ley es aumentar el control de la gestión de las mutuas, porque están manejando prestaciones públicas. Va a controlar el sistema de excedentes y de reservas, así como la regulación de sus cargos, señorías: el sueldo del presidente, de todos
los miembros de las mutuas, los contratos y otras cuestiones de funcionamiento, los contratos que van a poder hacer los cargos de las mutuas y sus propios familiares. Además, va a articular la participación de los agentes sociales en las comisiones
de control y seguimiento de las mutuas. Señorías, va a introducir elementos de transparencia en estas instituciones de colaboración con la sanidad pública y además va a dar cumplimiento a la exigencia del Tribunal de Cuentas, que ha pedido
exactamente mayor control desde el primer momento de las deducciones que por esta prestación hacen las empresas al ingresar las cuotas de la Seguridad Social. También va a regular aspectos tan importantes como que los trabajadores ya no tengan que
ir a su médico de cabecera cada semana a pedir su baja, sino que lo puedan hacer con una mayor dilación en el tiempo en función de sus propias patologías -que parece algo moderno- y va a introducir, señorías, algo que parece razonable, que es la
coordinación telemática de todos los actores que intervienen en la incapacidad laboral temporal de los trabajadores, la Seguridad Social, el INSS y los servicios públicos de salud, que además dependen de las comunidades autónomas. Para ello,
señorías, es este plan global, que tiene la ley de mutuas, el real decreto y unos convenios que ya se firmaron hace tiempo con las propias comunidades autónomas, que son las responsables de los servicios públicos de salud -por cierto, que han
firmado también las gobernadas por el Partido Socialista-, para mejorar la eficacia y la eficiencia en la IT, no para perjudicar a nadie ni para acabar con el derecho a la intimidad de nadie. Ustedes, como siempre, leen lo que les conviene, pero el
propio real decreto dice en su artículo 9: Los reconocimientos a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo respetando en todo caso el derecho a la intimidad y a la dignidad de los trabajadores. En todo caso serán de aplicación las
garantías establecidas en el artículo 8 en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de los trabajadores y la confidencialidad de la información objeto de tratamiento. Asimismo, será de aplicación lo
dispuesto para las historias clínicas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Por tanto, no vuelvan a... (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara), no vuelvan a decir lo que no es cierto, no intenten meter miedo. Esto no va más que a favor de la
eficacia, de la mejora para los trabajadores y sus familiares, y de la mayor transparencia en lo que supone la gestión de las mutuas de trabajo como entidades colaboradoras de la Seguridad Social.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas. (La señora Carcedo Roces pide la palabra).
Dígame, señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Intervengo para pedir que retiren del 'Diario de Sesiones' la acusación de... (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara), porque son datos
sacados de Seguridad Social. (Rumores.-Varios señores diputados: No). Por favor, un poco de nivel en el debate.
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, ¿ha dicho usted...? (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara).
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Aquí se han vertido acusaciones en relación con que se va transgredir el derecho a la intimidad en las historias clínicas y acabo de leer lo que dice el decreto. Se ha dicho aquí que se está privatizando la sanidad y he demostrado
flagrantemente que de eso se ha acusado al Partido Popular -yo he sido testigo en la Comunidad de Madrid de que se dijo que habría que ir con la VISA a la Seguridad Social-, pero es tan falso como que lo conocen todos los españoles. Por tanto, aquí
se ha... (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones', de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara), esta tarde diciendo lo que no es verdad. La mentira es aquello que no es verdad, señorías, y eso está demostrado.
(Aplausos).
La señora CARCEDO ROCES: Solicito su amparo para que se retire del 'Diario de Sesiones' esa afirmación.
El señor PRESIDENTE: Lo veremos. Si lo veo adecuado, lo retiraré.
Vamos a empezar las votaciones. Procederé a decir el punto que votamos, por lo que pido a los portavoces que estén atentos para que sepan qué estamos votando. Por supuesto, si alguien me pide que lo lea, lo leeré, pero en principio voy a
decir solo punto 1, punto 2...
Punto 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 29.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 10.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 17.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 20.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 26.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 27.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 47.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 28; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 30.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 32.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 33.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 28; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
El punto 34 ha sido retirado.
Punto 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cincuenta y cinco minutos de la tarde.