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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 194, de 10/04/2014
cve: DSCD-10-PL-194
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 194
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 182
celebrada el jueves,
10 de abril de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 388, de 17 de enero de 2014. (Número de expediente
162/000829) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la planificación de los trasplantes en el Sistema Nacional de Salud. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 391, de 24 de enero de 2014. (Número de expediente
162/000834) ... (Página12)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 68-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000067)
... (Página19)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 81-1, de 21 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000081) ... (Página25)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política agraria y pesquera desarrollada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Número de expediente 173/000141) ... (Página47)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), relativa a la política del Gobierno en relación con Navarra y el respeto a sus leyes y decisiones. (Número de expediente 173/000142) ... (Página55)
Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de prórroga del plazo para la conclusión de los trabajos de la subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar hasta el 1 de junio de 2014. (Número de expediente 154/000006) ...
Enmiendas del Senado. (Continuación):
- Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. (Número de expediente 121/000067) ... (Página61)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página63)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página63)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página64)
Avocación por el Pleno ... (Página64)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Proposiciones no de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal ... (Página5)
Defiende la proposición no de ley el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y
Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Saura García.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la planificación de los trasplantes en el Sistema Nacional de Salud ... (Página12)
Defiende la proposición no de ley el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Cabezón Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como las señoras Díez González, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia, y Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Mingo Zapatero.
Enmiendas del Senado ... (Página19)
Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española ... (Página19)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y los señores Lavilla Martínez,
del Grupo Parlamentario Socialista, y González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página25)
Proyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ...
El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y en turno de turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández y los señores Tardà i Coma y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los
señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Ruano Gómez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página47)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política agraria y pesquera desarrollada por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ... (Página47)
Defiende la moción el señor Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Alonso Núñez.
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), relativa a la política del Gobierno en relación con Navarra y el respeto a sus leyes y decisiones ... (Página55)
Defiende la moción el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Surroca i Comas, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página61)
La Presidencia somete al Pleno la solicitud de prórroga hasta el 1 de junio de 2014 del plazo otorgado para emitir informe a la Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar constituida en el seno de la
Comisión de Defensa, lo que se aprueba por asentimiento.
Enmiendas del Senado. (Continuación) ... (Página61)
Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española... (Página61)
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, el señor secretario (Gil Lázaro) da por leído, con el acuerdo de dicho grupo, un documento relacionado con el debate al amparo del artículo 72.2, indicando que la expresión no figura en el
texto.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro del Interior, sobre la actuación del Gobierno en relación con la trágica muerte de quince personas cuando intentaban entrar a
territorio español en Ceuta el pasado 6 de febrero, en los términos de la autoenmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 126 votos a favor, 173 en contra y 19 abstenciones.
Sometidos a votación separada cada uno de los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política agraria y pesquera desarrollada por el Ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, son rechazados todos.
Sometidos a votación separada cada uno de los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Cuadra), relativa a la política del Gobierno en relación con Navarra y el respeto a sus leyes y
decisiones, son rechazados todos.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal, con la incorporación de la enmienda transaccional presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se rechaza por 128 votos a favor, 174 en contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la planificación de los trasplantes en el Sistema Nacional de Salud, con la incorporación de la enmienda transaccional presentada por el
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se aprueba por 312 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página63)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, son aprobadas todas.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página64)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se rechazan por 124 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 126; 175 en contra y 19 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página64)
Sometidas a votación las solicitudes de avocación por el Pleno del proyecto de ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se rechaza por 139 votos a favor, más 2 votos telemáticos, 141; 172 en contra y 5 abstenciones.
Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA LUCHA CON CARÁCTER URGENTE Y DE FORMA EFICAZ CONTRA EL FRAUDE Y LA ELUSIÓN FISCAL. (Número de expediente 162/000829).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la lucha con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
En cualquier país del mundo la lucha contra el fraude constituye un tema central, un tema de Estado, y además se construye sobre dos grandes estrategias. La primera estrategia son los medios materiales y
humanos disponibles para combatir el fraude y la elusión fiscal, y la segunda gran estrategia consiste en apuntalar la conciencia fiscal de un país. Sin duda esta es la estrategia más importante. Hablemos de la primera, de los medios.
Justamente cuando en España el Gobierno ha realizado la mayor subida de impuestos de la democracia, y en menos tiempo, toma la decisión de reducir los medios y los recursos destinados a la lucha contra el fraude. La plantilla de la Agencia
Tributaria se ha reducido entre 2011 y 2013 en 1.432 efectivos, un 5,2 %, y todo ello cuando la plantilla de la Agencia Tributaria española está a la cola de la OCDE. Por ejemplo, frente a los 26.200 efectivos que hay en España en Francia hay
140.000. Los recursos presupuestarios de la Agencia Tributaria también se han reducido en estos dos años en un 12 %, de forma que después de ser el Gobierno que más ha subido los impuestos, como decía al principio, los resultados son evidentes. El
Gobierno consignó en los presupuestos de 2014 de ingresos tributarios 177.860 millones de euros, pero solamente recaudaron 168.847 millones de euros, es decir, hubo un desfase en los ingresos en torno a 9.000 millones de euros; casi un punto del
PIB. Ese fue el desfase. Lógicamente si se incrementan los impuestos, particularmente el IVA, y lo que haces es reducir los medios, los resultados son evidentes. El resultado es que te has colado desde el punto de vista de los ingresos en 9.000
millones de euros. Después de esta disminución de los medios y de los empleados de la Agencia Tributaria la propia agencia reconoce que se va a jubilar en los próximos años un cuarto de la plantilla, alrededor de 6.500 efectivos. El Gobierno
decide incrementar la plantilla, en un real decreto-ley del pasado 4 de abril, sin ninguna planificación previa, en nada más y nada menos que 166 plazas, de las cuales 12 son inspectores, y que después de un periodo de formación esas 166 personas se
incorporarán en los próximos dieciocho o veinte meses. Eso en relación con la primera estrategia, los medios.
¿Qué hay de la conciencia fiscal? A partir de la llegada del PP y de Montoro al Gobierno lo que se hace en la Agencia Tributaria por primera vez en su historia es discutir. Hay escándalos en la Agencia Tributaria a partir de la llegada del
Partido Popular. Defraudar no tiene coste. Se hacen leyes y se interpretan para los amigos y para el partido del Gobierno de forma que no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En la Agencia Tributaria se toman decisiones no profesionales,
y se persigue a profesionales que quieren hacer bien su trabajo. Los escándalos como decía anteriormente se suceden, pero además está ese viaje a las tinieblas que supone la amnistía fiscal, y que ha supuesto en pérdida de recaudación un expolio al
Estado del bienestar de alrededor de 6.000 millones de euros -6.000 millones de euros-, amnistía fiscal a la que se acogen defraudadores para blanquear capitales procedentes de actividades delictivas. ¿Qué pensarán esos ciudadanos que han aguantado
la mayor subida de impuestos de la democracia, o que ahora están haciendo la declaración de la renta cuando descubren que muchos dirigentes del PP tenían cuentas en Suiza, incluso el tesorero del Partido Popular, y que esos dirigentes se han acogido
a la amnistía fiscal, o que el PP se ha financiado en B, o que las obras de la sede del PP se han hecho en B, o que el arquitecto de confianza del PP ha recibido el dinero en B, y además lo ha sacado fuera de España y se ha acogido a la amnistía
fiscal, o que el PP se puede desgravar gastos que se han pagado en B, es decir, que son ilegales y que se pueden desgravar de acuerdo con la interpretación de la Agencia Tributaria? La conclusión a la que se llega es que la política del PP en la
lucha contra el fraude no ha sido una política de Estado, ha sido una política descaradamente de partido. Ese es el problema de fondo desde el punto de vista de la conciencia fiscal de los españoles, y eso ha tenido dos consecuencias: una quiebra
de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones, en particular de la Agencia Tributaria, y una reducción del 9 % en los resultados de la lucha contra el fraude en el año 2013. Desde 1991, desde que se creó la Agencia Tributaria, los
resultados de la lucha contra el fraude no habían dejado de crecer, y sin embargo en el año 2013 se disminuyen esos resultados en un 9 %.
¿Por qué el PP no tiene entre sus prioridades la lucha contra el fraude? En primer lugar, porque luchar contra el fraude fiscal implica subir los impuestos a los grandes patrimonios y bajar los impuestos a las rentas medias y a las rentas
bajas; es decir, que cuando luchas contra el fraude fiscal quienes pierden son los grandes patrimonios, las grandes fortunas, y quienes ganan son las rentas medias. Y digo esto porque el PP parte de una falacia; la derecha, los liberales parten
de una falacia que quieren imponer -y muchos compañeros de viaje del PP lo repiten machaconamente-, y es que reduciendo los impuestos a las rentas más altas y a los grandes patrimonios se incrementa el empleo, aunque no hay evidencia teórica ni
empírica que diga eso, sino todo lo contrario: que no se crea empleo y se incrementa la desigualdad. Por tanto por ahí no. Además el PP no tiene entre sus prioridades la lucha contra el fraude porque la lucha contra el fraude no es algo que
convenga a los amigos del PP ni a su partido como partido.
En esta proposición no de ley proponemos un plan, una estrategia para incrementar de manera progresiva la recaudación anual de la Agencia Tributaria, de los ingresos tributarios en 30.000 millones de
euros. Son veinte medidas. Se puede hacer porque entre 2001 y 2005 se llegaron a ingresar por la lucha contra el fraude en torno a 56.000 millones de euros. Se puede hacer. No voy a relatar esas veinte medidas porque están en el texto de
la proposición no de ley, pero el objetivo es de 30.000 millones de euros más: incrementar, por ejemplo, en 5.000 empleados públicos los efectivos de la Agencia Tributaria destinados a la lucha contra el fraude, es decir, doblar los efectivos que
la Agencia Tributaria dedica a la lucha contra el fraude; o destinar al presupuesto de la Agencia Tributaria el 5 % real de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación; o exigir a las entidades financieras información sobre las
empresas y particulares que tengan cuentas e intereses económicos en paraísos fiscales; o incluir en el plan de control tributario anual de la Agencia Tributaria los aproximadamente 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal. Una
apuesta seria y ambiciosa para la lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal supondría apostar por la creación de empleo y por la justicia social. Señorías, en definitiva una reforma fiscal que ambicione crear empleo, que ambicione la
justicia social inevitablemente como primera medida debe contemplar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal; esa es la primera medida. De lo contrario no habrá una reforma fiscal que incremente los recursos, y que además apueste por la
cohesión social.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe usted terminar.
El señor SAURA GARCÍA: Termino inmediatamente, señor presidente.
Y para acabar con el fraude fiscal no se puede tener una política partidista de lucha contra el fraude, es necesaria una política de Estado de lucha contra el fraude.
Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Para su defensa interviene, en primer lugar, por el Grupo de La Izquierda Plural el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista abunda en una cuestión de gran importancia, fundamental para el desarrollo de una economía social, de una economía que nos
permita una salida real y justa de la crisis. Desgraciadamente no es por donde van los tiempos, desgraciadamente no es a lo que se ha dado importancia en los debates parlamentarios. Nuestra Constitución, esa que tanto se manosea, es clara al
exigir un sistema fiscal progresivo, pero es evidente que esa Constitución ha sido poco interesante para el partido que nos gobierna, más allá de su celebración o de la pura fachada; ha sido vaciada de contenido y tenemos un sistema fiscal que ni
es justo ni mucho menos realmente progresivo. Por lo tanto nuestro grupo parlamentario siempre ha señalado que la cuestión del déficit público no puede enfocarse únicamente desde la óptica del gasto, que es mucho más importante hablar de los
ingresos, y que al hablar de los ingresos es clave la fiscalidad progresiva y justa. Por eso nosotros estamos básicamente de acuerdo con la propuesta, bienvenida, porque defendemos lo que viene en la propuesta, pero ya lo defendíamos hace pocos
años cuando gobernaba el Partido Socialista y llevaba a cabo reformas fiscales claramente regresivas: el impuesto de patrimonio, el IRPF, deducciones, etcétera; y cuando planteamos acabar con los billetes de 500 euros y algunas de sus señorías se
reían de esta propuesta. Celebramos por tanto que el Grupo Socialista venga al encuentro de una idea que es importante, la fiscalidad, pero esperamos que no sea un viaje de ida y vuelta, que no sea una cuestión coyuntural, porque nos preocupa
cuando escuchamos al candidato del Partido Socialista europeo hablar de austeridad o estar en contra del eurobono; nos preocupa, no sé si es por contagio de su cogobierno con la señora Merkel, pero nos preocupa ese discurso del Partido Socialista
europeo en estos momentos cuando vamos a debatir sobre el futuro de Europa. Por tanto estamos de acuerdo en líneas generales, como decía, con esta proposición presentada, estamos de acuerdo porque creemos que hay margen para recaudar más y hacerlo
justamente, no se trata de subir los impuestos, como ustedes dicen, de forma alarmista, se trata de hacerlos más justos, y por tanto que se les suban a los que pagan menos, a los que en estos momentos ganan más y pagan menos, y que incluso se les
puedan recortar a aquellos que tendrían que pagar menos de lo que pagan, porque son los que menos ganan.
La realidad ya se ha dicho, se dijo en el debate de ayer en esta misma tribuna por nuestro portavoz: que estamos por debajo de la recaudación media de la Unión Europea, así que hay margen, hay margen siempre que se haga de una forma justa.
Y no nos digan más eso de si suben los impuestos, los impuestos
no son algo igual para todos, por tanto subir los impuestos es algo que si se hace de forma justa para unos y no para otros es algo progresista y progresivo. La salida de la crisis no puede ser de ninguna manera un ejercicio que se realice
a costa de los que menos tienen, de los que no tienen ni siquiera culpa de la crisis, y sin embargo tenemos que ver cómo los que más pueden, los que pueden buscarse triquiñuelas son los que finalmente es posible que puedan evadirse y escaparse de la
presión fiscal.
Desconfiamos -y lo volvemos a repetir- de la reforma fiscal que nos plantea el Partido Popular, y desconfiamos porque nos ha demostrado ya en estos dos años largos de ejercicio del gobierno que no tiene interés en perseguir el fraude fiscal,
porque sigue sin apostar por la inspección fiscal, que es el elemento fundamental para atajar el fraude. Sigue sin preocuparse -incluso amnistías fiscales de por medio- de que las grandes bolsas de fraude fiscal -que no está en el pequeño comercio,
que no está en los autónomos- sean realmente eliminadas. Volvemos a señalarlo: la salida de la crisis no vendrá -y permítanme que les mire a ustedes- de las políticas de austeridad, por mucho que lo defiendan desde el Gobierno de Alemania. No
podrán venir nunca, sino que por el contrario la agravarán. Solo el Estado, el gasto público -el gasto público eficiente, no el que malgastan en aeropuertos que no tienen aviones o en carreteras que no son utilizadas o en autovías que luego hay que
recuperar-, el gasto público eficiente puede conseguirlo. Pero -y con esto termino- solamente puede hacer gasto público eficiente el que crea en el gasto público. Los que quieren liberalizar nunca podrán gestionar lo público bien, porque no creen
en ello. Ahora nosotros hemos presentado enmiendas que simplemente lo que tratan es de mejorar, pero anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Ha presentado también una enmienda el Grupo Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, sobre el tema del fraude fiscal y la economía sumergida hemos traído a este hemiciclo varias veces el debate, y tengo que lamentar las palabras que ha dicho aquí el portavoz socialista, el señor Saura, porque ha dicho que la lucha
contra el fraude no conviene a los amigos del Partido Popular. Me parece una afirmación que es realmente una auténtica barbaridad cuando usted mismo ha empezado diciendo que esto es una cuestión de Estado, porque el Partido Socialista parece ser
que en esta legislatura ha decidido hacer de la lucha contra el fraude fiscal una materia de confrontación política, en lugar de un punto de encuentro. Los objetivos, señorías, son comunes a todos los grupos políticos; al Grupo Parlamentario
Popular tampoco le gusta el fraude fiscal y quiere combatirlo. Todos estamos de acuerdo en una guerra sin cuartel a los defraudadores.
Leyendo la exposición de motivos de su iniciativa creo que todos los grupos de esta Cámara podríamos suscribirlo. ¿En qué no estamos de acuerdo? En las medidas que plantean ustedes a través de veinte puntos recogidos en esta iniciativa.
¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque el Partido Popular desde su llegada al Gobierno ha sido el más combativo y el más comprometido en la lucha contra el fraude fiscal, y muchas de las medidas que ustedes proponen en esta iniciativa están ya
produciendo efectos y resultados. Señorías, pensamos desde el Grupo Popular que no es desde la demagogia fiscal desde donde podemos encontrar puntos de encuentro en esta materia, que efectivamente -coincido con ustedes- es una cuestión de Estado.
Por ello, señorías, entrando a grandes rasgos en el contenido de su proposición no de ley, que es muy extensa, en primer lugar vemos que hay un gran bloque que hace referencia a la estructura y organización de la Agencia Tributaria y a los medios de
los que dispone. El Grupo Socialista solicita en este bloque la implementación de medidas que ya están en marcha, que ya son una realidad. Hablan ustedes de incrementar los efectivos personales, y hablaba el señor Saura de que efectivamente se ha
publicado en estos días la oferta de empleo público para el año 2014. ¿Se han leído ustedes esa oferta de empleo público? Porque se ofertan 238 plazas de nueva creación para la Agencia Tributaria, más 627 de promoción interna. ¿Es una prioridad o
no es una prioridad la Agencia Tributaria para el Gobierno del Partido Popular? Yo creo que con medidas así se pone de manifiesto esa prioridad. Hablan también de elaborar planes estratégicos como si esto fuese algo novedoso, y cada año la Agencia
Tributaria elabora planes estratégicos de lucha contra el fraude.
Otro segundo bloque del que me gustaría hablar hace referencia a la necesidad de hacer cambios legislativos en materia de fiscalidad, y aquí nos hablan de acercar tipos nominales y efectivos. El Partido Socialista en esta materia no nos
puede dar lecciones; como diría el presidente Rajoy: no nos cuenten
historias, señores socialistas, porque en el impuesto sobre sociedades se recaudaban en el año 2007 casi 45.000 millones de euros. ¿Saben ustedes cuánto se recaudó en el año 2011, cuando dejaron el Gobierno, por el impuesto sobre
sociedades? 16.600 millones de euros, y en el primer año de gobierno del Partido Popular se ha incrementado la recaudación casi un 30 %.
Piden también elaborar leyes antifraude anualmente, y hemos hecho una en esta legislatura con medidas combativas de lucha contra el fraude y el Partido Socialista no la ha apoyado. Piden también hacer públicos los nombres de los grandes
defraudadores, y yo me pregunto, ¿por qué no cambió el Gobierno socialista la legislación para que se hicieran públicos los nombres de esos defraudadores? Al Partido Socialista no le gustan los paraísos fiscales, al Partido Popular tampoco, y lo
podemos decir alto y claro, porque este Gobierno está participando intensamente en todos los grupos que existen en la Unión Europea, OCDE y G-20, para firmar nuevos convenios de intercambio de información tributaria.
Y un último bloque de sus medidas hace referencia a modificar las conductas de los ciudadanos con Hacienda, y en esto estamos completamente de acuerdo, pero hablan de propuestas que ya están en marcha, que ya están produciendo resultados, y
que por tanto no son novedosas; olvidan un aspecto que me parece muy importante, que es el trabajo que hace la Agencia Tributaria para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales: el programa Padre, el borrador de la
declaración, el envío de datos fiscales, este año como novedad el PIN24H. Todas esas innovaciones hacen que los contribuyentes, señor Saura, desde el pasado 3 de abril estén ya recibiendo sus devoluciones del impuesto sobre la renta.
Voy concluyendo porque se me agota el tiempo, señorías, y termino como empecé. No hagan ustedes del fraude fiscal una materia para la lucha partidista, no creo que sea el camino; la demagogia fiscal no nos conduce a ningún resultado. Esto
es una tarea de todos, y por eso si conseguimos acabar entre todos con el fraude fiscal perderán unos pocos y ganaremos todos. Por ello el Grupo Popular ha presentado una enmienda, que parece que usted no se ha leído, que intenta abordar y
profundizar en todas las áreas que ustedes plantean en esta iniciativa. La Agencia Tributaria trabaja día a día con enorme profesionalidad, y sus resultados en la lucha contra el fraude mejoran año tras año, en 2013 se han obtenido casi 11.000
millones, lo que tenemos que hacer en esta Cámara es reconocer el esfuerzo de todos esos grandes profesionales que trabajan en la Agencia Tributaria, porque esos resultados se han conseguido en una época de recesión económica y de caída de las bases
imponibles. Por eso en materia de fraude debemos ser capaces de encontrar puntos de encuentro, y por eso les solicito que retiren su iniciativa y apoyen la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Para fijar posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy sabemos que el arquitecto que hizo la reforma de la sede del Partido Popular, que cobró en B, se acogió a la amnistía fiscal del Partido Popular; una casualidad más. Hubo un tiempo no muy lejano en el que estaban de actualidad los
sobres en negro que recibían algunos destacados dirigentes del Partido Popular, sobres provenientes de donantes no identificados que nunca se declararon, porque es el Partido Popular, el partido de este Gobierno el que tiene una contabilidad B, eso
que nunca ha declarado; sí, ya sabemos que tienen las cuentas auditadas, pero eran las cuentas que presentaban al Tribunal de Cuentas, no las que se ocultaban y que ya son una evidencia para todos, incluso para el juez Ruz. Justamente hoy están
más de actualidad porque el juez investiga lo que muchos ya nos tememos: confirma que Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, se lucró con dinero B de esa caja del Partido Popular.
¿Para que sirve una contabilidad B? Para realizar pagos sin pasar por Hacienda, como es el caso de la reforma de la sede, o de los sobres a diputados, ministros e incluso al propio presidente, según cuenta el extesorero del Partido Popular,
señor Bárcenas. También este dinero sirve para recibir sobornos de empresas. Todo esto es dinero negro, pura evasión fiscal, y corrupción. Por eso esta iniciativa de instar al Partido Popular para que incremente mucho más de lo que ha expuesto su
portavoz los medios contra el fraude y la elusión fiscal es como pedirle que se investigue a sí mismo, algo que nos tememos que no hará nunca. No permitió ni siquiera que los inspectores del sindicato Gestha auditaran sus cuentas cuando se hizo
público que tenía una contabilidad B.
En el caso de la Comunidad Valenciana, de donde provengo, el Gobierno tiene a bien realizar pagos en paraísos fiscales como el de la Fórmula 1 o el caso de Julio Iglesias por su promoción de la comunidad, que al final nunca hizo. Por contra
está la política de perseguir al pequeño defraudador, a los autónomos
y a los profesionales liberales cuyo fraude fiscal representa, según los técnicos de la Agencia Tributaria, solo el 8 % del fraude fiscal total. Olvidarse o perdonar a las grandes familias, a las grandes empresas y a la gran banca, que son
los tres grandes defraudadores del Estado español, es lo propio de un partido que defiende los intereses de los suyos. Las 3.100 sociedades de inversión de capital variable, la sicav, que gestionan un patrimonio de más de 26.000 millones de euros,
son las que más utilizan los paraísos fiscales, según datos de la propia Agencia Tributaria española. El 74 % del fraude fiscal se centra en estos grupos, las grandes fortunas. La cantidad global defraudada, 89.000 millones de euros, equivale al
famoso déficit del Estado. Pero, claro, sin el déficit no se tendría la coartada para imponer a la gente recortes sociales.
Aquí, en el Parlamento, los diputados nos retratamos cada semana con nuestro voto, y hoy ustedes, el PP, tienen una buena oportunidad de retratarse. Decidan qué foto prefieren, ¿la de los defensores de las cajas B y las cuentas en los
paraísos fiscales, la de perpetuar la opacidad, la de seguir habitando los lóbregos mundos de Bárcenas? Eso sería, como es previsible, un no pertinaz a la propuesta. Pero si prefieren la foto de buscar la transparencia, la limpieza, ya saben que
pueden hacerlo con un sí. Ustedes eligen con qué foto se quedan.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, un debate más que se nos trae, en este caso el Grupo Socialista, en relación con el fraude y la elusión fiscal, pero no por ello menos importante. Creemos que es un debate realmente importante y necesario. Nos hemos manifestado a
favor de plantear medidas que eviten el fraude y la elusión fiscal en multitud de ocasiones, y siempre hemos defendido todas, como siempre las vamos a defender, sea quien sea el que las traiga, en este caso el Grupo Socialista, o las que traigan
otros grupos a esta Cámara. Por lo tanto vamos a votar favorablemente a esta iniciativa. Pero lo que nos preocupa desde el Grupo Vasco, y lo que nos gustaría, es que estas ideas propuestas y medidas se concretaran y se llevaran a la legislación
para que fueran efectivas, para que sean un hecho, y que sirvan como un instrumento para solucionar el problema del fraude. No creemos que deba haber más demoras, los ciudadanos exigen que los demás, que todos, paguemos nuestros impuestos pues no
pagarlos es robar al conjunto de los ciudadanos, y eso no debe ocurrir.
No voy a repetir los argumentos que han mencionado ya otros portavoces y que nuestro propio grupo ha manifestado en esta Cámara en multitud de ocasiones, pero sí quisiera decir que sería muy importante que esta iniciativa tuviera un amplio
acuerdo. La unanimidad sería deseable, pero no para quedar bien, sino para que quedara claro que hay una voluntad firme de atajar el fraude fiscal, por necesidad de recursos, para no tener que recortar políticas sociales y políticas que incentiven
la actividad económica, por equidad, para que no haya problemas de corrupción y de insolidaridad. Por todo ello, el Grupo Vasco va a votar favorablemente esta iniciativa u otras que se planteen, como les decía, tengan el contenido y las medidas que
tengan, pero, sobre todo, pedimos al Gobierno que se adopten ya las medidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Hemos tenido ocasión de debatir a menudo en esta Cámara sobre el fraude fiscal, y con razón, porque sigue siendo uno de los grandes retos pendientes no solo de nuestra economía sino del conjunto de nuestra sociedad. El 22 % de nuestra
economía es economía sumergida y eso implica, como también hemos señalado a menudo, que cada año se dejan de recaudar 7 u 8 puntos del PIB, 70.000 u 80.000 millones de euros en las arcas públicas. Reducir esto a la mitad cambiaría radicalmente la
suficiencia de nuestro sistema fiscal, la equidad y acabaría con la competencia desleal que los defraudadores realizan a los que no defraudan. Digo a la mitad porque es difícil erradicar totalmente esta lacra, pero es posible llegar a niveles
similares a los que tienen nuestros vecinos europeos.
Frente a este problema tan grave, la política del Gobierno ha sido, en nuestra opinión, radicalmente equivocada, porque partíamos de una situación de escasez de medios en la lucha contra el fraude. El señor Saura daba algunos datos: la
Agencia Tributaria española tiene 27.000 efectivos, la francesa
cuadruplica esa cifra y Holanda, una economía más pequeña que la nuestra, tiene 29.000 efectivos, más que nosotros. Partiendo de esa falta de medios, lo que se ha hecho es reducirlos todavía más con una de estas políticas de recortes
equivocados que en el fondo perjudican las cuentas públicas. Se han recortado, Presupuestos tras Presupuestos Generales del Estado, los recursos de la Agencia Tributaria. Ha habido una tasa de reposición del 10 %, es decir, se han dejado noventa
de cada cien puestos sin cubrir, y han caído los efectivos. Se nos ha negado esto una y otra vez, pero es muy curioso, porque el propio Gobierno, en la memoria económica del real decreto que convoca unas nuevas plazas públicas, habla de que los
efectivos de la Agencia Tributaria, cito, están en mínimos históricos y que ha habido una preocupante disminución del personal en los últimos años. Esto se intenta corregir en ese real decreto con una mínima subida que no llega al 1 % del personal.
¿Cuáles han sido las consecuencias de esta política equivocada? Las que cabía esperar. Hemos sabido en las últimas semanas que en 2013 cayeron los ingresos que se lograron en la lucha contra el fraude en un 9 %. Esto es algo que no pasaba
desde principios de los noventa. Por primera vez, en un año se recauda un 9 % menos que el anterior. También hemos conocido últimamente el informe del Tribunal de Cuentas donde señala estas deficiencias en la lucha contra el fraude. Menos medios,
peores resultados. Era previsible.
Unión Progreso y Democracia ha hecho numerosas propuestas de lucha contra el fraude y será una de las piezas esenciales en nuestra propuesta de reforma fiscal. Sorprende que en el informe de los expertos esto se haya tratado tan por encima
como si de un tema secundario se tratase, cuando tiene que ser una pieza fundamental de cualquier reforma fiscal seria. Creemos que hay que dedicar más esfuerzos a concienciar a los ciudadanos. Hay un pequeño fraude que acaba siendo masivo cuando
se agrega, que solo se puede combatir concienciando a los ciudadanos a través de los medios de comunicación o en el propio sistema educativo. La Agencia Tributaria necesita más medios, un programa sostenido de incremento de medios que nos lleve en
el año 2020 a las cifras que tienen los países de nuestro entorno, pero también necesita usar mejor los medios que hoy tiene, y para eso creemos que hay que diseñar un nuevo estatuto de la agencia -el ministro de Hacienda ofreció un acuerdo sobre
eso y nunca más se supo-, un nuevo estatuto que garantice su independencia, que le devuelva el prestigio que ha sido cuestionado por su papel en los últimos y polémicos casos judiciales y que mejore la asignación de esos recursos, los concentre en
los focos de fraude, potencie la inspección in situ, incluso empiece a utilizar la inspección de incógnito; más recursos, pero también mejor uso de los recursos existentes. Es importante también aumentar la coordinación con la Inspección de
Trabajo, con la agencia de la Seguridad Social, con los organismos internacionales y con los organismos autonómicos dedicados a la lucha contra el fraude. Sería importante crear una policía fiscal que ayudase a la Agencia Tributaria en sus tareas.
El tercer elemento tiene que ver con los cambios legales: aumento en los plazos de prescripción y de inspección, agravamiento del delito fiscal o conceder a los consumidores el derecho a pagar con medios electrónicos en transacciones por encima de
los 10 euros.
Como pueden ver, nuestras propuestas van en la línea de buena parte de las que propone el Grupo Socialista -y de ahí nuestro apoyo global a la iniciativa-, pero no compartimos dos de ellas y por eso pediríamos votación separada. No creemos
que haya que suprimir los billetes de 500 euros, en primer lugar porque no podemos, ya que depende de la Unión Europea; en segundo lugar porque los billetes no son la causa del fraude, son uno de sus efectos. Eso respecto al punto 11. El punto 14
está formulado de forma tan radical -quitar licencias bancarias a quien tenga una operación en un paraíso fiscal- que da la sensación de que deberíamos quitar la licencia bancaria al BBVA si hace una operación con un cliente que esté en un paraíso
fiscal. Por eso, compartiendo y apoyando el conjunto de la iniciativa, querríamos poder votar por separado estos dos puntos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, presidente. Hablaré desde el escaño.
Señorías, de nuevo debatimos en el Pleno de la Cámara una iniciativa sobre la adopción de medidas de lucha contra el fraude fiscal. No es la primera ni será la última. En un Estado de derecho la plena eficacia de la recaudación de un
determinado sistema tributario debiera ser medida por la inexistencia -o al menos una existencia residual- de fraude fiscal. En el caso del sistema tributario español, las memorias de la Agencia Tributaria suelen informar sobre el número de
actuaciones realizadas,
las inspecciones y actas levantadas y el importe de las recaudaciones. Precisamente ayer recibíamos el informe de la agencia en relación con los resultados de su actividad del año pasado y, entre otros datos, con los resultados derivados
que las actuaciones de prevención y control del fraude, se recaudaron unos 11.000 millones de euros. Sin ninguna duda avanzamos en ese sentido. En cambio, en ningún caso las memorias hacen referencia a indicadores objetivos que permitan
cuantificar el principal objetivo de la agencia, que es la recaudación del fraude fiscal.
Cuantificar la recaudación del fraude exige previamente haber cuantificado su magnitud y tener capacidad para poder analizar su evolución, es decir, poder conocer si de un año al siguiente, si de un lustro al siguiente el fraude aumenta o
disminuye con relación al PIB. Desconocemos esta información para la economía española sobre la base de fuentes oficiales, porque sobre la base de estudios privados tenemos algunas referencias. Me referiré por ejemplo al último informe elaborado
por la Caixa en septiembre del año pasado y basado en las estimaciones realizadas por Friedrich Schneider. En este informe se nos dice que el impacto en la recaudación por la reducción del fraude fiscal y la economía sumergida sería muy apreciable
para nuestras arcas públicas, ya que acarrearía un aumento de la recaudación fiscal de entre 60.000 y 80.000 millones de euros. Los 30.000 millones de euros que prevé la iniciativa que debatimos hoy parecen quedarse cortos. Les quiero recordar en
este sentido la iniciativa que presentó mi grupo parlamentario a finales del año pasado con medidas como la fijación de indicadores de estimación del volumen de la economía sumergida, objetivos plurianuales de reducción, simplificación de la
normativa fiscal o la concentración de la actuación de la Agencia Tributaria en las rentas no declaradas, entre otros puntos.
Entrando ya la iniciativa, debo decirles que no compartimos algunas de las medidas que propone el Grupo Socialista y con relación a otras mantenemos algunas dudas. Por ejemplo, ¿es necesario que se haga cada año una ley antifraude como
regla general? O, por ejemplo, ¿debe destinarse a presupuesto de la AT para lucha contra fraude fiscal el 5 % real de la recaudación bruta derivada de los actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o
dictados por la propia agencia? ¿Es suficiente, más que suficiente o insuficiente en cada momento? Lo dudamos. Además echamos de menos algunas medidas que consideramos más que necesarias. Por ejemplo, no se incorporan herramientas que aumenten
la colaboración entre las administraciones tributarias, no se incorporan herramientas de simplificación administrativa de las obligaciones tributarias sino todo lo contrario y tampoco se contempla que la lucha contra el fraude fiscal debe centrarse
más en luchar contra los rendimientos no declarados y ocultos que en revisar exhaustivamente la correcta declaración formal de los rendimientos efectivamente declarados, que también debe hacerse. Tampoco lo ha hecho suficientemente el informe de
los expertos sobre la reforma fiscal. Sus propuestas son manifiestamente insuficientes y no se entiende cómo no se ha profundizado en el principal problema de nuestro sistema económico y fiscal, la economía sumergida y el fraude. Siendo
conscientes, como decía el señor Azpiazu, de la necesidad de adoptar medidas en esta materia, y a pesar de dudar de algunas de las medias propuestas por el Grupo Socialista, mi grupo está dispuesto a dar apoyo a la iniciativa para alcanzar hoy un
consenso en esta materia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
A efectos de saber qué es lo que vamos a votar respecto a las enmiendas, le pregunto al señor Saura si acepta alguna de las enmiendas o las rechaza. Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
A lo largo de la mañana este grupo comunicará a la Mesa lo que finalmente va a votar esta tarde.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PLANIFICACIÓN DE LOS TRASPLANTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 162/000834).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la planificación de los trasplantes en el Sistema Nacional de Salud. Para su presentación tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, subo a la tribuna para defender la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en relación con la planificación de los trasplantes en el Sistema Nacional de Salud. En el año 2014, en el que vivimos,
celebramos el 25.º aniversario de la creación de la Organización Nacional de Trasplantes, veinticinco años que representan un éxito mantenido en el tiempo, un éxito común a los científicos, a las administraciones y a la sociedad general en su
conjunto; veinticinco años de liderazgo en el mundo, veinticinco años de reconocimiento nacional e internacional, con numerosísimos premios y reconocimientos de la comunidad científica y de la sociedad internacional en su conjunto.
Señorías, las razones del éxito no son discutibles. La realidad del éxito se basa en la constante acomodación año tras año a las evidencias científicas, al conocimiento científico y a la incorporación de las distintas circunstancias
sociodemográficas del país. Les pongo como ejemplo dos datos. En el primer año de la implantación de la Organización Nacional de Trasplantes, la mayor parte de los órganos procedían de la donación en accidentes de tráfico. El año pasado esta
cifra era del 4,4 %. La mayoría de las donaciones se realizan como donaciones en asistolia y donaciones en vivo, que se incrementarán, como es natural, muchísimo en los próximos años. El segundo dato que les quiero recordar es que en aquel primer
año se obtenían 14 donaciones por millón de habitantes. El año pasado se obtuvieron 346 donaciones por millón de habitantes. Las expectativas son de crecimiento, como es natural, y esto es consecuencia de la respuesta de una sociedad solidaria
como la española.
Esta es la razón por la que mi grupo ha presentado esta proposición no de ley. ¿Cuál es la razón en concreto? Algunas de sus señorías podrían pensar que a lo mejor es innecesaria. Pues yo les digo que en este momento la Organización
Nacional de Trasplantes y el Sistema Nacional de Salud tienen que afrontar nuevos e interesantes retos que están perfectamente en el conocimiento de todas sus señorías y que afectan fundamentalmente a dos aspectos. El primero de ellos es que
tenemos que garantizar un modelo altruista, de generosidad y de solidaridad, y tenemos que afrontarlo de una manera contundente ante cualquier amenaza en relación con la compraventa o con el tráfico de órganos y tejidos y frente a cualquier
incidencia de turismo de trasplante. En ese sentido, creo que todas sus señorías están de acuerdo con mi grupo. En segundo lugar, porque en relación con la constante evaluación que hace la Organización Nacional de Trasplantes, en los últimos cinco
años, un informe que han hecho los expertos dirigidos por el doctor Matesanz, que ha sido presentado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el pasado mes de noviembre y que afortunadamente ha sido aprobado por unanimidad en
este consejo interterritorial, aconseja introducir criterios de planificación adecuados, por supuesto en colaboración con las comunidades autónomas, bajo criterios de coste-efectividad y, sobre todo, de evaluación científica, que busquen incrementos
y mejoras en los resultados de morbimortalidad, fundamentalmente, porque cuanta mayor experiencia tengan los centros y los profesionales, muchísimos mejores resultados en salud tendremos. Por tanto, superar barreras artificiales, evitar
duplicidades, mejorar resultados para nuestros pacientes son los objetivos prioritarios que tiene esta proposición no de ley; buscar, como es natural, la eficacia y buscar el mejor resultado para nuestros pacientes. Por eso les pido a todos
ustedes el apoyo a esta proposición no de ley.
Se han presentado dos enmiendas, por parte del Grupo de La Izquierda Plural y del Grupo Socialista, y les agradezco que lo hayan hecho. La del Grupo de La Izquierda Plural es una enmienda de adición que desde luego vamos a aceptar. La del
Grupo Parlamentario Socialista tiene una redacción distinta de la nuestra, pero tiene el mismo objetivo, la misma finalidad y el mismo espíritu constructivo. Por tanto, intentaré a lo largo de la mañana alcanzar con todos ustedes una enmienda
transaccional que permita al Congreso de los Diputados mantener una situación homogénea y única en relación con el éxito futuro de la Organización Nacional de Trasplantes en el incremento de la calidad y de los resultados para nuestros enfermos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.
Como ha manifestado el señor Mingo, han sido presentadas enmiendas por dos grupos. En primer lugar y por el Grupo de La Izquierda Plural, para defender la suya tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, saben ustedes que mi grupo parlamentario no es muy partidario de las iniciativas incienso, por razones obvias, por parte del grupo parlamentario que apoya Gobierno. En algunas ocasiones el incienso se puede convertir en un
conflicto y, en este caso, ni en la exposición de motivos -y agradezco
que no esté en la exposición de motivos- ni tampoco en la exposición del portavoz del Grupo Parlamentario Popular aparece alguna materia de discordia; sin embargo, si no lo hacemos bien, por primera vez el Parlamento puede ser un elemento
de discordia en la Organización Nacional de Trasplantes y me explico.
Se ha referido el señor Mingo a la reunión de noviembre sobre planificación de los trasplantes y en particular ha hablado de los trasplantes cardiacos. En aquella reunión se establecieron un criterio y unos indicadores que, aplicados manu
militari y mandatados desde Parlamento español, pueden ser objeto de conflicto, objeto de conflicto porque el ratio aplicado estrictamente significa el cierre del servicio de trasplante cardiaco en el Clinic de Cataluña, significa el cierre del
trasplante cardiaco en el Hospital Central de Asturias, significa el cierre del trasplante cardiaco en Aragón y significa el cierre del trasplante cardiaco en Valladolid, señorías. Es verdad que ha cambiado el volumen de trasplante cardíaco en
función de la evolución del arte, pero si tiene que producirse una concentración de los centros de trasplante, se producirá por consenso clínico y por consenso territorial y no se producirá porque este Parlamento lo mandate. ¿Saben ustedes por qué,
señorías? Porque la Organización Nacional de Trasplantes es una unidad técnica, no es una unidad de gestión; la gestión es de las comunidades autónomas y, como consecuencia, la orientación y los ratios de la Organización Nacional de Trasplantes es
una orientación que podríamos denominar de autoridad consultiva y no es una orientación de planificación ejecutiva. Creo que es evidente. Pero podemos estar corriendo el riesgo de transformar un acuerdo que existe en el consejo interterritorial y
que existe dentro de la Organización Nacional de Trasplantes en un conflicto y no debería ser así.
Mi grupo parlamentario no es partidario de que de este Pleno salga algo que parezca un cierre de unidades de trasplante cardiaco por razones economicistas. No lo vamos a aceptar, sencillamente. Por tanto, la redacción final debe ser muy
clara y debe basarse en un criterio de consenso clínico y de accesibilidad. ¿Por qué, señorías? Porque no es lo mismo el trasplante cardiaco en Canarias que el trasplante cardiaco en dos calles de Madrid o en dos calles de Barcelona, no es lo
mismo, o el trasplante cardiaco en mi tierra, en mi país, en Asturias, no es lo mismo. En consecuencia, señorías, eso debe quedar muy claro en la redacción final de la propuesta. Puestos en contacto con miembros de la Organización Nacional de
Trasplantes anuncian que están buscando medidas de eficiencia a través del diálogo. Vamos a meternos nosotros como elefantes, no en cacharrería, la ONT no es una cacharrería, la ONT es un organismo precioso del Sistema Nacional de Salud;
entraríamos en una cristalería rompiéndolo todo por en medio. Creo que no debemos hacerlo. No debemos hacerlo porque, además, no son los problemas hoy de la ONT. ¿Por qué no se traslada a esta Cámara un problema reciente -lo ha dicho señor Mingo
también-, la compraventa de órganos? Ese sí que es un escándalo, ese sí que es un problema, y la ONT ha sido capaz de detectar el problema y de transformar ese problema en una iniciativa incluso de carácter judicial. Ese sí es un problema que hay
que atajar, pero no son un problema para la ONT en estos momentos ni los ratios, ni la organización del trasplante en general, ni del trasplante cardiaco en particular. Es un reto que se debe abordar con criterios de consenso y que se debe abordar
con criterios clínicos y de accesibilidad.
Esa es la posición de mi grupo parlamentario y no nos gustaría que pasara en esto -y termino- como ha pasado recientemente con las áreas de gestión clínica, que eran un modelo de microgestión que estaba desarrollándose en las comunidades
autónomas, entra por en medio el Gobierno y el Ministerio de Sanidad y ahora se han convertido también en objeto de conflicto; en objeto de conflicto porque la interpretación del Ministerio de Sanidad es una interpretación economicista y de
privatización de servicios. Pues no, señorías, no puede ser. Ese no es el modelo y yo creo que no es el modelo de autoridad clínica y de autoridad política que debe tener el Ministerio de Sanidad en este caso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cabezón.
La señora CABEZÓN RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, de sobra conocen que nuestro Sistema Nacional de Salud es un referente y que instituciones como el Sistema Nacional de Trasplantes vienen a avalarlo. Solo en un Sistema Público de Salud como el nuestro, gratuito, universal y de
calidad como el español, puede ser un referente mundial de solidaridad, tecnología y garantía de calidad de vida nuestro Sistema Nacional de Trasplantes. No es casualidad que España sea referente internacional por tener el mejor sistema de
trasplantes del mundo con la mayor tasa de donación por habitante, que sea la elección para la inmensa mayoría de los profesionales del mundo que piensen formarse en trasplantes o que sea el modelo a exportar para el resto de países que quieren
poner en marcha o mejorar su respectivos sistemas de trasplantes. Señorías, lo primero que hay que hacer cuando se habla del Sistema Nacional de Trasplantes español es esto, reconocer que es fruto de un Sistema Nacional de Salud pionero,
eficiente, como lo demuestra su coste per capita, y garante de la cohesión social, habiendo permitido un acercamiento en cohesión social de la población española hasta de 20 puntos a lo largo de las últimas décadas.
Señorías, hoy se debate una PNL donde parece que el Grupo Parlamentario Popular se hace eco de las recomendaciones realizadas por la ONT el pasado mes de noviembre de 2013, a petición de la Dirección General de la Cartera Básica de Servicios
del Ministerio de Sanidad, en lo relativo a la necesidad de revisar los criterios de planificación de las unidades de transplante, lo cual, para empezar, no debemos olvidar que es una competencia de las comunidades autónomas, y así lo reconoce la
propia ONT en su informe, siendo estas las que deben tomar las medidas necesarias para poner en marcha esas recomendaciones en su caso y, sobre todo, cuando este informe ha sido ya aprobado por el Consejo Interterriorial de Salud, por lo que en
principio, señorías, esta PNL, de entrada, no tendría mucho sentido.
No obstante, partiendo de que probablemente el mayor mérito de la Organización Nacional de Trasplantes es haber sabido conjugar las sensibilidades y haber hecho sentirse partícipes al conjunto de profesionales implicados, y todo ello dentro
de un escenario de competencia institucional y diferenciada, mi grupo estará siempre de acuerdo con impulsar todas aquellas medidas y recomendaciones procedentes de la ONT que busquen preservar y mejorar este modelo que tanta satisfacción nos ha
dado al conjunto de la población española. Efectivamente, de este informe podría extraerse que pueda haber algunas unidades que no estarían dentro del criterio deseable, con un número mínimo de intervenciones que puedan justificar su necesidad, su
sostenibilidad y probablemente su calidad. Sin embargo, todo ello debe entenderse siempre de forma relativa, pues también hay que tener en cuenta que el criterio geográfico es importante o que el hecho de que el número de procedimientos sea menor
no siempre implica peores resultados, y me refiero concretamente a la unidad de trasplantes cardiacos de Navarra, con excelentes resultados como sus señorías conocen.
Por otro lado, la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular en esta PNL a nuestro entender es poco concreta, con el riesgo de que puedan considerar haber obtenido un cheque en blanco que les avale para aplicar su ya conocido
principio de sostenibilidad con el que viene justificando los recortes en el Sistema Nacional de Salud. No en vano, el pasado año, el señor Montoro amenazaba a las comunidades autónomas que no cumpliesen con el objetivo del déficit con la retirada
de los fondos destinados a la formación en trasplantes. Además, si hablamos de sostenibilidad del Sistema Nacional de Trasplantes, hay que poner de manifiesto que este es claramente sostenible, desde el punto de vista social y también económico.
Está calculado y publicado el ahorro que se obtiene con el trasplante renal concretamente, al desprenderse del tratamiento crónico y costoso que supone la diálisis, lo cual no solamente hace que el trasplante renal se autofinancie, sino que lo hace
y además financia el resto de trasplantes. De hecho, algunos profesionales proponen incrementar el número de trasplantes para mejorar precisamente aún más los resultados al prescindirse de tratamientos crónicos costosos.
Por todo lo expuesto, compartiendo la necesidad de alguna de las recomendaciones, al menos de estudiarlas, y partiendo de la premisa de que debe preservarse siempre el carácter autónomo y coordinador de la ONT, presentamos una enmienda que
viene a concretar la propuesta del Grupo Popular en torno a las recomendaciones de la organización, siempre preservando el protagonismo y el aval de esta en la formulación de todas las medidas que por su parte se consideren necesarias y que se deben
de tomar siempre en coordinación con las comunidades autónomas competentes. Por tanto, señor Mingo, espero que lleguemos a una enmienda transaccional a lo largo de la mañana, pero siempre preservando esa autonomía de la propia organización del
sistema de transplantes y por supuesto de las comunidades autónomas, que son realmente las competentes, en función de sus criterios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cabezón.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
En esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno, de acuerdo con los criterios de la Organización Nacional de Trasplantes, a optimizar todos los recursos y garantizar la sostenibilidad del modelo de donación y
trasplantes, y en la exposición de motivos hablan ustedes concretamente de racionalizar el número de hospitales y proceder a la concentración de unidades.
Y cuando ustedes hablan de optimizar o de racionalizar están hablando -lo demuestra toda su actuación hasta el día de hoy en materia sanitaria- de suprimir, de eliminar servicios, tal como expresó con toda claridad la conselleira de Sanidad
de Galicia hace unas semanas, quien habló sin eufemismos de posible pérdida de alguna unidad de trasplantes. Entendiendo que, según los propios datos y criterios de la Organización Nacional de Trasplantes, hay unidades de trasplantes de órganos
concretos que están muy por debajo de la actividad mínima considerada tolerable y cuya modificación por tanto puede ser susceptible de estudio, creemos que en otros casos el criterio de dividir el número de trasplantes llevados a cabo por el número
de unidades repartidas por toda España, tal y como lo hacen ustedes en la exposición de motivos de su proposición no de ley refiriéndose al trasplante cardiaco, no es suficiente y no debe ser el único a tener en cuenta. Les pongo un ejemplo. Según
el criterio de la ONT, la actividad mínima deseable para cada centro de trasplantes cardiacos infantiles que se propone es de ocho trasplantes en cinco años. Hay cinco centros en todo el Estado español. El centro hospitalario de A Coruña, único en
todo el norte-noroeste del Estado, ha llevado a cabo seis trasplantes y ha sido de los cinco centros el que no ha cumplido ese criterio mínimo que se establece. Aquí, por ejemplo, no se tiene en cuenta que hay trasplantes cardiacos infantiles de
Asturias, Cantabria, Castilla y León e incluso de la propia Galicia que son derivados, por ejemplo, a los dos centros que los realizan en Madrid, que sí cumplen con los criterios establecidos. En este caso nosotros creemos que lo lógico es que se
potencie y no que se elimine el centro de A Coruña, actuando como centro de referencia para todo el norte-noroeste del Estado, de manera que así cumpliría sobradamente los criterios mínimos.
La concentración de unidades a la que ustedes se refieren nos llevaría en este caso a concentrar en Madrid toda la actividad de trasplante cardiaco infantil de la mitad norte del Estado. Distribuyamos la población entre las unidades, en vez
de eliminar determinados servicios. Digo esto porque la ONT considera que, según la demanda previsible de trasplantes cardiacos infantiles, debe haber una unidad por cada 12 millones de habitantes, pero consideramos que esos 12 millones de
habitantes tienen -es la realidad- una distribución geográfica determinada; no están todos concentrados, por ejemplo, en Madrid y sus alrededores. Por otra parte, la hoja de ruta de la propia ONT dice que los criterios de planificación de
trasplantes que proponen se debatan y se aprueben en el consejo interterritorial, tal y como ya ha sucedido, y a partir de esa aprobación en el consejo interterritorial -dice textualmente el documento- serán las propias comunidades autónomas quienes
tengan las competencias para adoptar las medidas oportunas. Aunque en su propuesta nos hablan ustedes de coordinación con las comunidades autónomas, también instan al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, cuando es el Gobierno, sí
efectivamente, pero los de las propias comunidades autónomas, los que tienen las competencias en materia sanitaria y, por tanto, a los que corresponde actuar. Nos preocupa, señorías, que esa optimización y racionalización de la que ustedes hablan
se convierta de nuevo y también en este caso en recortes, en supresión de servicios o sirva para concentrarlos en determinados puntos geográficos sin tener en cuenta de qué manera está distribuida la población dentro del Estado y sin tomar como
referencia más criterio que el poblacional cuando, por ejemplo -voy terminando, señor presidente-, en el caso de los trasplantes estos aportan y suponen también capacidad docente y capacidad operativa en laboratorio y cirugía. Nosotros, señorías,
estamos por un reparto de los servicios, no por una supresión basada únicamente en un criterio, en este caso el poblacional, y por supuesto descartamos el argumento al que usted hizo alusión de coste-efectividad porque esto significaría, entre otras
cosas, concentrar los servicios básicos o muchos de ellos única y exclusivamente en determinados puntos geográficos, alejándolos y dificultando su acceso a miles de usuarios.
Reconocemos, señorías, la labor de la ONT y de todos y cada uno de los equipos en los centros en los que se llevan a cabo los trasplantes, el importante servicio de trasplantes que se da, pero de su proposición poco clara y poco concreta se
desprenden consecuencias negativas para miles de ciudadanos y, por tanto, no podemos apoyarla.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Vasco, PNV, para fijar posición, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Vasco, para empezar, tengo que expresar una pequeña paradoja; diciéndolo a modo de titular sería algo así como: Estamos tan a favor de lo que dice el texto propuesto que estamos muy en contra de que se haya
presentado. Lo que le preguntaría al Partido Popular es lo siguiente:
¿si no se hubiera traído esta PNL a este hemiciclo no se hubiera desarrollado lo que se pide en la misma? ¿Es necesario que nosotros aquí hagamos una especie de reafirmación de algo obvio para que el Gobierno lo lleve a cabo? El señor
Mingo, en su intervención, ha dicho que él consideraba necesario traerlo. Me da la sensación de que si no se trae no se cumple algo que es de obligado cumplimiento. Y no solo eso, da la sensación de que el Partido Popular trae a la Cámara aquellas
cuestiones que sabe que son lo único que está funcionando decentemente dentro de la sanidad en el Estado, que es la oportunidad de poder traer aquí -no para hacer un brindis al sol, porque tampoco es así- algo que es muy difícil que no reúna
unanimidad, aunque estoy viendo en el debate que al final se están buscando otra serie de recovecos, otra serie de problemas -que no son precisamente los que aparecen en la PNL- en el entorno del mundo de los trasplantes y al final parece que no va
a haber esa unanimidad.
No vamos a hacer aquí una loa al ministerio, porque podemos tener el riesgo, como decía el señor Llamazares, de que busquemos una interferencia de un elemento tercero cuando algo está funcionando bien tanto en el mundo de la ONT como en los
diferentes servicios de salud de las comunidades autónomas, que están llevando a cabo muy bien el tema de los trasplantes, la coordinación de los trasplantes y la función a la cual están encomendados. Pero este no es un pecado solamente de ustedes,
también el Partido Socialista traía aquí cosas que ya funcionaban, cosas que objetiva y presupuestariamente no comprometían a nadie ni a nada; solo era una especie de declaración de principios, traer cosas que el propio Gobierno les había mandado
que lo trajeran para que así pareciera que a petición de la Cámara el Gobierno respondía en una especie de quid pro quo. Este juego lo conocemos, pero en este caso puede ser muy inocuo porque al fin y al cabo en la proposición no de ley no se
compromete nadie a nada, lo único que dice es que se adopten las medidas necesarias -¿cuáles son las medidas necesarias?- para optimizar -¿qué es optimizar?- los recursos y garantizar la sostenibilidad. Podemos tener criterios totalmente
diferentes de lo que puede ser garantizar la sostenibilidad; podemos tener criterios totalmente diferentes sobre lo que son las medidas necesarias. Por lo tanto, esta serie de proposiciones en las que no se cuantifican las cosas pueden caer en una
especie de saco sin fondo en el cual hasta el propio Gobierno puede no hacerle ni caso.
Creo que esta es una crítica sana y natural que está dentro de nuestro quehacer como parlamentarios, buscar aquellas cuestiones en las que digamos: señores, nos parece muy bien que esto se traiga, pero quizá es una especie de obviedad.
Dicho esto, quiero manifestar que estamos de acuerdo con la proposición no de ley, incluso estamos de acuerdo con lo que han planteado otros parlamentarios, los cuales han incidido en cuestiones en las que digamos, cuidadito, porque aquí se dice que
será la Organización Nacional de Trasplantes, pero las comunidades autónomas son las competentes en esta materia. Podría citar la gran labor que en el caso de Euskadi ha hecho el Departamento de Salud del Gobierno vasco, participando activamente en
la unidad de trasplantes, en la elaboración del famoso documento Criterios de planificación de trasplantes, que es el que se ha llevado a cabo, cuyo objetivo final es racionalizar la utilización de recursos en aras de la eficiencia y la calidad de
los programas de trasplantes, para lo que es recomendable un número mínimo de trasplantes, que es lo que dice ese documento.
Yo no le tengo tanto miedo al concepto de racionalización. Sabemos que a veces se ha utilizado para lo que se ha utilizado, para quitar dinero directamente, pero racionalizar es algo justo y necesario; racionalizar puede ser incluso
aumentar la dotación, es decir, ver, ajustar lo que se necesita y cuánto se necesita y cuánto se tiene para lo que se necesita. En este sentido, en el caso de Euskadi, por ejemplo, la tasa de donación el año pasado fue del 40,6 por millón de
población, siendo la media estatal del 34,8, por lo tanto, estamos por encima. Euskadi continúa siendo una de las comunidades autónomas más activas y supera ampliamente la media europea. Estamos hablando de trasplantes renales en un 53,4, un 28,8
de trasplantes hepáticos, un 5,9 por millón de trasplantes cardíacos y 5 por millón de trasplantes pulmonares. Por tanto, estamos por encima de la media obtenida en otros países europeos. La tasa de donación y trasplantes de tejidos, de córneas,
membranas amnióticas, tejidos osteotendinosos, piel, precursores, etcétera, durante estos años se ha mantenido en unas cifras que dan cobertura a la práctica totalidad de las necesidades que hemos tenido en Euskadi.
Creo que hay que hacer una loa y un agradecimiento a los profesionales que han participado en los procesos de donación de trasplantes en los diferentes centros autorizados para este tipo de casos; son personas que saben muy bien cuál es su
trabajo y cómo han de hacerlo, y son los verdaderos artífices, junto con los donantes, evidentemente, de todo esto. La generosidad de los ciudadanos es el elemento fundamental para que los trasplantes funcionen y cada vez nos debemos concienciar
todos un poquito
más de que se pueden salvar muchas vidas, de que son necesarios y de que hay que quitarse prejuicios para que, cuando uno no pueda vivir, otros lo puedan hacer.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Hay cosas en España que funcionan muy bien, el Sistema Nacional de Trasplantes es una de ellas, funciona muy bien. Funciona tan bien que realmente lo único que tendría que hacer el Gobierno es decirles: ¿qué necesitáis para seguir
funcionando bien? Exclusivamente, dirigirse a ellos y decirles: ¿qué hace falta? ¿qué necesitáis para seguir funcionando bien? Porque no conozco a nadie que no esté orgulloso de nuestro Sistema Nacional de Trasplantes, no conozco a nadie, no he
escuchado a nadie en esta tribuna ni fuera de esta Cámara que no haya mostrado su satisfacción y su orgullo. Por tanto, ¿para qué nos metemos? Lo que no está roto, ¿para qué arreglarlo? ¿Para qué nos metemos? ¿Para qué planteamos aquí este
debate aparentando -se está viendo en las intervenciones- que hay un problema de carácter político que hay que resolver políticamente? No hay un problema que requiera la solución política en el sentido partidario del término, más allá de la
solución política de un Gobierno que les diga: ¿qué hace falta? Venga, aquí estamos. Para resolver los problemas, los que pudiera haber, pero que tienen una solución, como se ha dicho, técnica, una solución clínica que no necesita este debate
parlamentaria.
El señor Mingo no lo ha planteado en su intervención ni está en la exposición de motivos, pero ya han surgido en algunas intervenciones recelos, negativas, criterios y cuestiones político-partidarias. Vamos, que da la impresión de que
podemos estropear lo que funciona bien. A mí me parece que es una proposición no de ley probablemente -probablemente no, seguro- con muy buena intención pero que resulta inoportuna, resulta innecesaria y es potencialmente dañina para un sistema que
funciona muy bien. Desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, estando de acuerdo con muchas de las cosas que aquí se han dicho -con las que ha dicho el señor Mingo, y por supuesto con las que ha dicho el señor Llamazares-, lo que le
pido al grupo proponente es que si no somos capaces de lograr un gran consenso, retire la iniciativa para no estropear lo que todos estamos de acuerdo en que funciona bien. Vamos a no estropear aquello de lo que podemos estar orgullosos y vamos a
dedicarnos a ayudar a que lo que funciona muy bien siga funcionando extraordinariamente bien.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención, en nombre de Convergència i Unió, anunciando que vamos a apoyar esta proposición no de ley. Vamos a apoyarla por diferentes motivos. Primero, porque es una proposición no de ley que va en la misma
línea -incluso recoge párrafos enteros- que una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario en una Comisión en el mes de octubre de 2012. En esa proposición no de ley ensalzábamos el trabajo de la Organización Nacional de
Trasplantes; alabábamos su buen funcionamiento; reconocíamos, como está siendo reconocido a nivel internacional, empezando por la Organización Mundial de la Salud y la gran cantidad de premios que ha recogido a lo largo de todos estos años por su
trabajo, esa labor que está ejerciendo la Organización Nacional de Trasplantes. Además, vamos a apoyarla porque en la parte dispositiva, la parte que cuenta a la hora de hacer cumplir al Gobierno estos mandatos, dice que se hará en total
coordinación con las comunidades autónomas.
Quiero también recalcar que nos hemos quedado muchísimo más tranquilos cuando el proponente, el doctor Mario Mingo, que la ha defendido hace unos momentos, ha anunciado que iba a recoger la enmienda del Grupo de La Izquierda Plural,
defendida por el señor Llamazares, donde se concreta muy bien que el Congreso de los Diputados expresa su reconocimiento y apoyo a la Organización Nacional de Trasplantes y el carácter de referencia internacional como organización pública, accesible
y de calidad con la cooperación y el compromiso profesional y de las comunidades autónomas. Esto nos deja muchísimo más tranquilos por esas reticencias que pueda haber.
Nosotros entendemos -vuelvo a repetirlo otra vez- que la Organización Nacional de Trasplantes es un poco la joya de nuestro Sistema Nacional de Salud. Su estructura está basada en tres niveles, como todos ustedes conocen, que son la
coordinación estatal, la coordinación autonómica y la coordinación hospitalaria. Sin esta coordinación, la Organización Nacional de Trasplantes no podría funcionar, y esa coordinación no debe romperse de ninguna forma y de ningún modo. Estos
acuerdos a los que se ha llegado en el consejo interterritorial me consta que es una de las cosas en las que se ha trabajado más. He dicho que íbamos a apoyar esta proposición por estos motivos, pero también quiero decir que estaremos muy
vigilantes para que estos aspectos se cumplan, para que esta gestión, que en realidad llevan las comunidades autónomas -la coordinación estatal da las directrices, pero en realidad son las comunidades autónomas y los hospitales los verdaderos
artífices del éxito de la Organización Nacional de Trasplantes-, no se rompa y continúe funcionando tan bien como hasta ahora.
Por otra parte, tengo que reconocer que el Partido Popular, de cuando en cuando, nos trae estas proposiciones no de ley que, como ha dicho el señor Llamazares, son un poco proposiciones no de ley incienso, porque es traer a votación cosas a
las que es muy difícil oponerse; por lo menos nuestro grupo no se puede oponer a continuar trabajando en algo que ya funciona. Estamos de acuerdo en que hay que continuar con ese trabajo, hay que impulsarlo, hay que apoyarlo, completamente de
acuerdo, lo que pasa es que a veces nos traen estas proposiciones no de ley -no quiero ser mal pensada- por la necesidad de que en el tema sanitario, donde están sacando las cosas tan en solitario, donde no cuentan con el apoyo de ningún grupo
últimamente en las medidas sanitarias que están trayendo, como saben que aquí sí que lo van a tener, quieren apuntarlo en su haber para que se vea que alguna cosa ha sido apoyada por otros grupos de la Cámara.
Nuestro grupo parlamentario seguirá vigilante, expectante y completamente convencido de que la Organización Nacional de Trasplantes va a continuar siendo un éxito, y no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecer a los donantes, a las
familias de los donantes, que son los auténticos artífices de este éxito, su solidaridad, su generosidad, y decirles que gracias a ellos la pérdida de una vida puede dar lugar a que nazca otra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Aunque ya lo ha dicho en el curso del debate, para que conste en el 'Diario de Sesiones', le pregunto al señor Mingo cuál es su propósito para someter a votación esta proposición no de ley.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, presidente.
A lo largo de la mañana intentaremos llegar a una enmienda transaccional. Si no lográramos alcanzar un acuerdo, pediría la votación de la proposición no de ley, incorporando la enmienda del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mingo.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY SOBRE COBERTURA POR CUENTA DEL ESTADO DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000067).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Se trata, naturalmente, de fijar posición. No hay nadie del
Grupo Mixto y del Grupo Vasco tampoco, por tanto, empezaríamos por el Grupo de Unión Progreso y Democracia. Señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente, simplemente para recordar lo esencial de la postura de mi grupo, que ya tuve el honor de defender en dos ocasiones; en el debate de totalidad en Pleno sobre el proyecto de ley y también en el debate de las enmiendas
en Comisión. Como ya manifesté en estas dos ocasiones, nosotros pensamos que el Cesce es un organismo que está funcionando bien; es un organismo que tiene un personal experimentado y con prestigio reconocido; es un organismo que ha ampliado su
campo de actuación en mitad de la crisis. Quiero llamar la atención sobre esto porque ha ampliado su campo de actuación y sus coberturas en mitad de la crisis precisamente por su carácter público, lo que le ha
permitido tener este comportamiento anticíclico. Es un organismo que tiene beneficios y, por tanto, no supone ninguna carga para el presupuesto público.
Si funciona bien, ¿por qué hay que reformarlo? Es el mismo problema que se planteaba en el debate anterior. Se podía decir que funciona bien, pero que con estos cambios va a funcionar todavía mejor; la cuestión es que lo que sería
necesario para que funcionase todavía mejor ni se plantea en el proyecto de ley. Tal vez sería necesario cubrir nuevos países, pues hasta ahora hay un elenco de países limitados en los que se da esta cobertura a las exportaciones y la
internacionalización, pero nada de esto se plantea. Se podrían cubrir nuevos riesgos, ampliar los tipos de riesgos que disfrutan de cobertura, o se podría facilitar el acceso de las pymes a estas coberturas, que hasta ahora están excluidas. (La
señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). El proyecto de ley no plantea nada de todo esto. ¿Qué es lo único que plantea? Que esta institución, que funciona bien, que es pública y tiene beneficios, se convierta en una
institución privada. ¿Con qué ventajas? No lo sabemos. De ahí nuestra oposición de conjunto al proyecto. Lo que hoy debatimos, que son las enmiendas del Senado, no cambian en lo fundamental nada de todo esto; son enmiendas de detalle que no
introducen cambios fundamentales. Manifestaremos nuestra postura al respecto, señor presidente, en la propia votación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, las modificaciones del Senado a este proyecto de ley son mínimas en lo que a su contenido se refiere y no modifican la esencia de nuestro posicionamiento ante este proyecto de ley sobre el que
ya nos manifestamos en su debate en Pleno y en Comisión. Tenemos un posicionamiento favorable, de apoyo a un instrumento al servicio de la internacionalización de nuestras empresas y de nuestro tejido productivo. Es sobre todo un posicionamiento
de apoyo a una apuesta por conseguir instrumentos más eficientes, más eficaces y más útiles para que, desde la flexibilidad, la transparencia y la objetividad en sus decisiones, estén al servicio de las empresas y del tejido económico del conjunto
del Estado, al servicio de su crecimiento, de su internacionalización y también de la diversificación por la que apostamos. Consideramos que el Cesce, en su función de cobertura de riesgos, es un instrumento clave, determinante, no solo en la
internacionalización de nuestro tejido económico y productivo, sino, sobre todo, como decía antes, en su diversificación en términos de mercados que necesitamos y que hoy constituye uno de los grandes retos que tiene nuestra economía y nuestras
empresas.
De este modo seguimos creyendo, desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que este proyecto de ley es globalmente positivo y define un nuevo modelo de gestión que no persigue un objetivo exclusivo de caja, sino un objetivo de
mejora de la eficiencia y de la gestión de un importante instrumento, como decía antes, al servicio de la internacionalización de las empresas, como es un sistema de cobertura por cuenta del Estado respecto de los riesgos que comporta la
internacionalización de la economía española. Por ello se pretende asegurar la estabilidad del sistema de seguros; el objetivo principal de este instrumento ha de continuar siendo la prestación de un servicio adecuado a las empresas exportadoras,
garantizando que tanto estas como los inversores cuenten con condiciones tan competitivas como la de sus competidores.
Cierto es también que en su primer trámite en el Congreso ya advertimos que, a pesar de esta valoración globalmente positiva, debían incorporarse aspectos que permitiesen garantizar el cumplimiento de las funciones que este instrumento debe
seguir ejerciendo y los objetivos a los que de ninguna manera puede renunciar. En este sentido nuestras enmiendas fueron claras e iban en una dirección muy específica. En primer lugar, deseamos fijar y definir los objetivos, funciones y parámetros
de actuación que permitan y garanticen abordar este proceso de cambio, y que la nueva figura del agente gestor continúe cumpliendo sus funciones y objetivos de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas conforme a las instrucciones de
los órganos responsables de la política comercial española. A tal efecto nos satisface mucho que, de las pocas modificaciones que se han realizado en el Senado, se haya recogido en gran parte nuestra solicitud. Desde Convergència i Unió insistimos
en que se garantizase que la propiedad de la información que genere Cesce en la gestión por cuenta del Estado quede en manos del Estado. Creemos que la redacción actual contempla y cumple con esta demanda. Es necesario para evitar que este
organismo mantenga una posición preeminente ante otros posibles competidores en el momento en que haya pasado el periodo de transición, evitando una situación de posible monopolio y garantizando que
esta información sobre operaciones, sobre clientes, sobre deudores sea de uso futuro por parte del agente gestor que gestione en el futuro y, con el convenio de gestión, la cuenta del Estado. Otro aspecto que consideramos importante por lo
que se refiere al agente gestor es que, a nuestro entender, tenía que ser una condición necesaria que el mismo no tuviese intereses de forma directa o indirecta en otras ECA o entidades de gestión por cuenta del Estado de otros países, pues podría
generar un conflicto de intereses muy perjudicial para nuestro tejido productivo. También quiero resaltar favorablemente que se mejoró ya en el Congreso una indefinición, a nuestro juicio, en el régimen transitorio. Considerábamos fundamental
esclarecer quién ejercerá dentro de la Administración General del Estado las funciones para garantizar la cobertura del riesgo por cuenta del Estado, una vez privatizado Cesce, y este rechace continuar con esta específica función sin que se
encuentre otro gente gestor o no se presente otro candidato. Este aspecto es, a nuestro entender, también muy importante y ya ha quedado clarificado.
Hechas estas consideraciones positivas y de apoyo al proyecto de ley, quiero señalar una cuestión que nos ha preocupado y nos preocupa, que está estrechamente relacionada con la cooperación. En este sentido lamentamos, señor presidente,
señorías, que se haya ignorado nuestra petición de que en la actividad del agente gestor, en el desarrollo de sus funciones de coberturas de riesgos por cuenta del Estado, se debían tener en cuenta las directrices de la OCDE, de las Naciones Unidas
y de la OIT, reafirmándose así también el compromiso del Estado con estas directrices internacionales con la cooperación y con el desarrollo sostenible. En esta línea desde nuestra perspectiva negativa nos mostramos muy críticos con la
incorporación de dos enmiendas que nada tienen que ver con el proyecto objeto de debate. Me refiero a la enmienda relativa a Fonprode, que se incorporó en el trámite del Congreso, y a la relativa a los consorcios de zonas francas, introducida en el
Senado. Respecto a la primera, ya mostramos nuestro rechazo en su momento en nuestra intervención tanto en Pleno como en Comisión por cuanto se incorporó mediante enmienda del Grupo Parlamentario Popular una auténtica reforma del Fondo para la
promoción del desarrollo, Fonprode, que en opinión de mi grupo parlamentario no es ni oportuna ni adecuada. En todo caso, no entendemos esta forma de introducir cambios tan sustanciales de una manera indirecta, poco transparente y poco dialogada.
En este sentido, el modo en el que el Gobierno ha modificado la Ley 32/2010 del Fonprode, evitando su discusión en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo -sobre todo, cuando existía un acuerdo para ello y sin considerar la
opinión de los órganos y áreas consultivas propias de la materia-, supone a nuestro entender un rechazo al diálogo y al consenso. Cabe recordar que la aprobación del instrumento se alcanzó con un muy amplio consenso parlamentario. Por otra parte,
se transforma radicalmente un instrumento que marca de manera clara y significativa la política de cooperación al desarrollo en una línea que dudamos que mejore su eficacia. En cuanto a la segunda enmienda relativa a las zonas francas, nos parece
mal enfocada y poco oportuna en el marco de esta ley. Consideramos además que sería conveniente definir con más precisión cuáles son los bienes destinados específicamente al desarrollo y a la dinamización económica y social de su área de
influencia, que no estarán integrados en el patrimonio del Estado. Esta mayor claridad hubiese otorgado una mayor seguridad jurídica a los gestores de consorcios de zonas francas en relación con los bienes no sometidos a la normativa patrimonial.
Hechas estas consideraciones que me parecía necesario y obligado realizar, y a pesar de estos dos aspectos sobre los que continuaremos insistiendo y trabajando, como decía al inicio de la intervención, pensamos que el proyecto de ley en su
conjunto es positivo y aporta cambios positivos para las empresas y para el conjunto de la economía en sus procesos de crecimiento, de internacionalización y, sobre todo, de diversificación. Por todo ello, hechas estas consideraciones, nuestro
grupo votará favorablemente a este proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy regresa a este Congreso de los Diputados el proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Me acaban de mandar un mensaje los representantes de los 1.600
trabajadores que van a quedar en el aire diciendo que es posible que ganen un puñado de euros con la privatización de una empresa pública rentable, pero que ponen en jaque la vida de 1.600 familias. Por lo tanto, es muy razonable que compañeros
nuestros de Madrid y Barcelona, allí donde están fundamentalmente los trabajadores, tengan esta preocupación por una
empresa pública rentable que se privatiza sin decir por qué. El ministro cuando vino aquí debería haber explicado las razones que llevaban a privatizar esta empresa pública que funciona y que tiene beneficios, pero no las dio. Luego me
referiré a ello. Ya de partida el título era engañoso porque no decía que era para la privatización de Cesce. Se denomina proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. El
título no aventuraba ningún contenido de privatización; estaba bastante oculto. Tal es así que el Grupo Parlamentario Socialista -quiero recordarlo- fue el único grupo político de la Cámara que presentó en el Congreso de los Diputados una enmienda
a la totalidad que fue respaldada después por otros grupos. ¿Qué ha pasado en la tramitación parlamentaria? Ha sucedido que una enmienda a la totalidad en el Senado se ha convertido en cuatro vetos -la enmienda a la totalidad en el Senado se
denomina veto-; es decir, de una hemos pasado a cuatro. ¿Qué ha sucedido con las enmiendas que se han presentado en el Senado? La respuesta es muy sencilla, no han aceptado absolutamente nada. Solamente ha habido una transacción sobre una
enmienda del Grupo Popular y el resto han sido todas rechazadas. Si ya no estábamos de acuerdo con la ley, han incorporado un caos legislativo: endosan materias que no corresponden a este proyecto de ley. Al ser una enmienda del Grupo Popular, el
resto de los grupos políticos no tienen capacidad, porque -adivinos no somos- no podemos saber qué demonios va a presentar el Grupo Popular en sus enmiendas. Es una técnica legislativa que limita, coarta los derechos de los parlamentarios, es
decir, de la democracia en sí. Es verdad que se ha podido hacer, pero si está mal hecho, tenemos que exigir que no se haga, no repetir lo que no funciona bien. Una de estas modificaciones que nos preocupa es precisamente la del Fonprode. Se
legisló sobre él para gestionar la cooperación al desarrollo. En la Ley 32/2010, de 22 de octubre, el Fondo de la promoción para el desarrollo contó con un gran consenso de los grupos políticos. Ahora se modifica unilateralmente por el Grupo
Popular de una forma poco transparente. En la adicional séptima se introduce una enmienda sin debate, sin transparencia, sin consenso, sin haber implicado a todos los sectores y las ONG que trabajan en la cooperación al desarrollo internacional.
Además de que España aporta poco -concretamente estamos a la cola del mundo en aportación para la cooperación, un 0,16 % de España frente a un 0,41 % de la media- hacemos modificaciones legislativas que no benefician para nada esa transparencia que
nosotros exigimos.
Se privatiza un ente con mayoría pública que es rentable -ya me referí a ello-. Ayer escuché como diputado a la ministra Pastor intentar justificar el hecho de recuperar, rescatar con dinero de todos los ciudadanos empresas no rentables,
las autopistas que Aznar construyó; como no son rentables ahora se nacionalizan para repercutir y prorratear a los ciudadanos esa empresa no rentable. Es decir, nacionalizamos a costa del dinero de los ciudadanos una empresa no rentable -como muy
bien explicó mi compañero don Rafael Simancas ayer- y luego privatizamos una empresa rentable que funciona bien y que además da a las empresas españolas seguridad a la hora de exportar. ¿Qué razón hay? Nacionalizamos pérdidas a costa del
contribuyente y la empresa que es rentable y que además apoya a la empresa española la privatizamos. El ministro no ha dado ninguna razón. El 21 diciembre solamente dijo: persigue una mayor eficacia y contribuye a la racionalización del sector
público. Bien, ¿mayor eficacia en qué, en dar más apoyo a la empresa? No, las empresas ya nos han dicho que se sienten más seguras con el apoyo del Estado. Entonces, ¿mayor eficacia en qué, en qué parámetros, cómo se va a medir esa eficacia?
¿Cómo que racionalización del sector público? Lo de las autopistas, racionalizar pérdidas y vender lo rentable, no sabemos tampoco cómo funciona. De todo su discurso solamente pudimos enganchar esta argumentación, todo lo demás hablaba sobre las
exportaciones, a las cuales me referiré. Cesce está presente, España tiene presencia gracias a estos trabajadores en diez países, tiene unos ingresos superiores a 420 millones de euros, más de 140.000 clientes, 3 millones de usuarios on line, 4.000
clasificaciones de riesgos al día, 1,2 millones de límites de riesgo en vigor, información comercial, 1.600 empleados que están viendo con preocupación una privatización injusta que no se justifica -repito, una privatización que no se justifica-
porque es rentable, no le cuesta al Estado nada.
Hablaba después de las exportaciones, a las que me referiré, porque apoya a la empresa española a la hora de exportar. (Muestra un gráfico). El gráfico, señorías, es este. Esto no lo verán ustedes nunca en Televisión Española. Se
manipula la información. Siempre que tenga la oportunidad lo voy a decir: se manipula la información cuando se habla de las exportaciones. Las exportaciones españolas en dos años -no lo digo para elogiar la gestión socialista en materia de
exportaciones, lo digo por decir la verdad y para que no nos recreemos en algo que no es cierto- crecieron más de un 34 % en dos años. En dos años de Gobierno del Partido Popular han crecido un 7 %, es positivo. Esto es lo que hay. Es verdad que
muchas veces se ha conseguido ese equilibrio presupuestario bajando las importaciones. El secretario de
Estado dijo: Se importa menos porque ahora producimos más en España. Cuando ahora empezamos a importar más, dice lo que nosotros le señalábamos: ¿No estará el consumo hundido porque su austericidio, este que nos están imponiendo los
Gobiernos conservadores en Europa, está matando el consumo? Cuando ahora crecen las importaciones manifiesta lo que nosotros decíamos, que se está reactivando un poco la economía. La competitividad que gana España -a la que se refirió el señor
ministro- se logra bajando salarios que hunden el consumo. Señorías, este es el gráfico de las ayudas a la competitividad a las empresas españolas. (Muestra un gráfico). El color rojo es el de las ayudas que concedió -no digo si son pocas o
muchas- el Gobierno socialista y el azul es el porcentaje de ayudas que se ha gestionado con el Gobierno del PP. Por tanto, las empresas españolas reciben menos apoyo a la hora de exportar, menos apoyo directo. Se han reducido un 34 % las ayudas a
las empresas españolas para exportar, pero las ayudas para que sean más competitivas también se reducen. Por tanto, las empresas españolas exportan a pesar del Gobierno, a pesar de la menor ayuda del Gobierno.
Todas las razones que teníamos cuando presentamos la enmienda a la totalidad se ratifican en la vuelta de este texto al Congreso de los Diputados. No hay ninguna razón, como decía, para privatizar una empresa pública rentable que genera
beneficios y con la que las empresas españolas están muy conformes. Genera incertidumbre en esos 1.600 trabajadores, que ven con preocupación que por hacer caja se pone en jaque el apoyo a la empresa española y el futuro de sus trabajadores. No
hay ninguna razón para privatizar. La única razón, que no se ha explicado, es hacer caja. Todas las razones que expuso el Grupo Socialista en la enmienda a la totalidad se mantienen, se ratifican; este caos legislativo las ratifica todavía más.
Nosotros queremos apostar por el apoyo a la empresa española con más recursos, con una cobertura del Estado a la exportación y con más apoyo, todo lo contrario a lo que este proyecto de ley ha consolidado con la mayoría absoluta del PP. El
austericidio no nos trae más que desgracias. Termino ya, señorías. Este austericidio nacionalizando pérdidas para que las paguen los ciudadanos, como las autopistas, y privatizando lo que es rentable -las empresas están de acuerdo con ello- no es
un buen camino. Entendemos que es un camino equivocado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Lavilla.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor González Vázquez.
El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, Presidencia.
Retomamos el debate del proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía. Es un proyecto que, tras su paso por el Senado, ha sido mejorado en algunos aspectos, que fueron
planteados, como ha dicho la señora Riera, en el debate en la Comisión de Economía pero que quedaron pendientes para conseguir un mayor consenso. Quienes me han precedido en el uso de la palabra han reiterado argumentos que ya fueron expuestos
anteriormente, pero apenas han hablado de las enmiendas sobre las que debemos pronunciarnos en este Pleno. Yo me voy a referir a ellas, pero también quiero aprovechar -porque estoy obligado- para recordar, aunque sea brevemente, algunos objetivos
que persigue este proyecto de ley.
Con este proyecto de ley, señor Lavilla, se fomenta la capacidad competitiva de nuestra economía y, en especial, la capacidad competitiva de nuestras empresas. Yo creo que es un objetivo y una justificación importante, aunque a usted no le
parezca. Se potencia un sector cada día más pujante en nuestra economía, en el que crecen las empresas que orientan su actividad hacia el exterior, como usted también bien ha dicho, pero no a pesar del Gobierno sino gracias a las políticas de este
Gobierno. Es un sector que está teniendo una evolución positiva desde que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha su plan de reformas para el crecimiento económico y la creación de empleo. Antes no existía ese crecimiento económico. Señorías,
España es uno de los países de la zona euro en el que más crecen sus exportaciones, pero no podemos relajarnos, no podemos conformarnos. Tenemos que seguir perseverando en políticas que fomenten y faciliten la internacionalización de nuestras
empresas. Este proyecto forma parte de esas políticas de optimización de nuestros recursos. Con él se quiere hacer más eficaz y más eficiente la gestión de la cuenta del Estado para la cobertura de los riesgos a la exportación. A la vez, también
se revisa un instrumento que ha sido muy eficaz a lo largo de los últimos cuarenta años; sigue siendo eficaz, pero que hay que adaptarlo a la realidad actual y, sobre todo, a las normas que rigen en los países del consenso OCDE.
El principal argumento de quienes se oponen a este proyecto ha sido la privatización Cesce. Algunos grupos políticos se oponen básica y radicalmente a la entrada de capital privado a la compañía con el
único argumento de que como la gestión del Cesce va bien dejémoslo así. Bueno, son posiciones -a nuestro juicio- inmovilistas, que pretenden dejar las cosas como están, sin ninguna ambición por mejorar y ganar en eficacia y eficiencia. Mi
grupo no puede estar de acuerdo con ese inmovilismo. Nosotros ambicionamos reformar para mejorar, para crecer y para crear empleo. Nos sorprende la actitud contradictoria del Grupo Socialista cuando en el debate de totalidad fija su posición en
contra de la privatización -como ha hecho hoy aquí también- y, a la vez, en su enmienda a la totalidad -también se ha referido a ella- dice que no descarta en el futuro esa privatización. Bueno, esas son cosas que tendrá que explicar especialmente
a los trabajadores. Tiene guasa que quienes han pretendido privatizar aeropuertos, ahora, en una cuestión estrictamente técnica, hagan un discurso político de la privatización y tengan una actitud más oportunista que de responsabilidad en un
partido que aspira a gobernar. También me sorprende cómo en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, incluso con el apoyo de Izquierda Unida, se privatizan toda clase de servicios públicos, algunos esenciales, como en la
educación y la sanidad, y ahora se utilicen argumentos que allí no se aplican. Tiene guasa, señor Lavilla.
Señorías, la entrada de más capital privado en una sociedad que gestiona la cuenta pública, pero que además su mayor actividad se desarrolla en el ámbito de la actividad privada, es una decisión coherente y razonable. Aquí quiero aprovechar
para despejar preocupaciones que se han trasladado a los trabajadores de Cesce. Mi grupo considera que más que el futuro incierto que se les ha transmitido por determinados grupos políticos, lo que va a producirse es todo lo contrario. Va a ser
una oportunidad de crecimiento y de desarrollo profesional que nosotros apoyamos y apoyaremos. El otro argumento importante empleado es la pérdida del control público de la cuenta del Estado, algo que tampoco es así, ya que estamos ante un servicio
económico general que va a prestarse por un agente especializado, al igual que en los países de nuestro entorno, pero con un control económico, financiero y contable de la cuenta que seguirá siendo totalmente público. También se ha criticado aquí
que en este proyecto se hayan incluido algunas modificaciones de Fonprode y del régimen jurídico de las zonas francas. Efectivamente, esto ha sido así porque entendemos que también forma parte de la mejora de internacionalización de nuestra
economía. Estas enmiendas no dejan de ser modificaciones puntuales que pretenden, en un caso, establecer con claridad y acorde con las realidades internacionales las operaciones realizables del Fonprode y, por otro, introducir en su gestión a
Cofides como entidad experta en la utilización de instrumentos de carácter reembolsable, pero siempre respetando, señora Riera, los convenios internacionales y los derechos humanos, como hace siempre España. En el caso de las zonas francas tan solo
se trata de aclarar la dispersión normativa, la propia doctrina de la Abogacía del Estado.
Termino haciendo una referencia breve a las enmiendas del Senado, a las cuales vamos a dar nuestro voto favorable, como dije antes; mejoran y clarifican algunos aspectos del proyecto. Una de ellas define con mayor claridad la situación de
conflicto de intereses en el agente gestor y establece su existencia cuando el agente gestiona o pertenece a un grupo que gestiona la cuenta del Estado de otro país. Era una inquietud de Convergència i Unió, planteada por la señora Riera, que nos
parece correcto que apareciera en el texto. Otra da cumplimiento a la contención de gasto público que exige la ley de presupuestos del año en curso para el caso de que quedara desierto el procedimiento para la designación del agente gestor. Otra
enmienda, fruto de una transaccional, autoriza a Cofides a contratar al personal laboral de la Sociedad Estatal de Expansión Exterior, S.A. Otra modula el régimen patrimonial de los consorcios de la zona franca, para permitirles una gestión más
eficiente de sus actuaciones de promoción. Hay otra enmienda que plantea mejorar la adjudicación de las ejecuciones de los proyectos y programas financiados con cargo al Fonprode, algo importante que había que regular. Estas son básicamente las
enmiendas a las que va a dar apoyo mi grupo. No quiero terminar sin agradecer el apoyo de Convergència i Unió y -cómo no- el trabajo que han realizado en ponencia mis compañeros María Arenales Serrano y Santiago Martínez. Asimismo, quiero reiterar
mi invitación a todos los demás grupos a que apoye un proyecto de ley que consideramos importante para la mejora de la internalización de nuestra economía, para el crecimiento económico y para la creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor González.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente
121/000081).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Continuamos con el punto del orden del día relativo a debates de totalidad sobre iniciativas legislativas. En este punto corresponde el debate de totalidad del proyecto de ley por la que se
modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en
nombre del Gobierno, el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, todos somos conscientes de que está siendo una larga semana parlamentaria, y siendo este el último punto del orden del día del
Pleno no es, en absoluto, propósito de este ministro que este trámite suponga una estampida de esas que luego da lugar a portadas en los medios de comunicación, con lo cual sin minusvalorar en absoluto la importancia de este trámite de presentación
de este proyecto de ley voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que el debate se desarrolle no solo de la mejor y más constructiva manera posible, sino sobre todo con la brevedad deseable. Y lo haré así no solo porque estemos ante una semana
parlamentaria tan intensa como la que estamos viviendo, sino porque realmente, habiéndose determinado que este proyecto de ley sea discutido en Comisión con competencia legislativa plena y siendo -y quiero ponerlo así de manifiesto en el pórtico de
esta intervención- el propósito del Gobierno la búsqueda del máximo consenso posible en la aprobación de esta norma -como en cualquier norma que se refiera a la protección de la propiedad intelectual, es un determinante de primer orden a la hora de
establecer el mejor futuro posible para nuestras industrias culturales y creativas-, creo que este trámite que celebramos hoy en el que se van a someter a votación las seis enmiendas a la totalidad de devolución que han sido presentadas -es mi
razonable esperanza que tales enmiendas no prosperen y el texto pueda pasar a la Comisión- debe dar paso justamente a ese foro que tiene un acrisolado historial de búsqueda de consensos y donde realmente se puedan alcanzar esos deseables acuerdos.
Empiezo por decir que el proyecto de ley que hoy se trae a la consideración de este Pleno es una reforma importante y oportuna, pero también es una reforma acotada a una serie de aspectos limitados del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual que, como saben sus señorías, se aprobó mediante Real Decreto legislativo 1/1996, y a su vez a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000. Por tanto, ese objetivo limitado tiene que ver con la solución legislativa a los
aspectos más urgentes y que más tienen que ver con la actuación de los poderes públicos en el reforzamiento de los mecanismos de protección de nuestros creadores y titulares de derechos de propiedad intelectual y también, y en no menor medida, con
facilitar el desarrollo y la transición a un modelo digital de nuestras industrias culturales y creativas, siempre persiguiendo -como es natural- el mejor equilibrio posible entre los titulares de derechos y los usuarios de estas industrias
culturales y creativas. Además, como en la propia disposición adicional tercera de la ley se establece, no solo no pretende ser una revisión de alcance general, sino que compromete justamente esa revisión para el plazo de un año. Para ser más
precisos, el Gobierno se compromete a realizar los trabajos preliminares y preparatorios para una reforma de carácter general de texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo de un año a partir de la aprobación de esta ley. Puede
que algunos se planteen, y de hecho son observaciones que aparecen en algunas de las enmiendas a la totalidad que han sido presentadas, por qué un planteamiento parcial si existe el compromiso de una revisión general. Esto tiene que ver
fundamentalmente con la percepción de la urgencia de algunas modificaciones pero también y muy destacadamente con aspectos muy importantes relacionados con la redefinición de copia privada. Hace apenas unos días se ha aprobado la Directiva
2014/26/UE, que tiene que ser traspuesta a la legislación española y también hay una resolución del Consejo y del Parlamento sobre el control de las entidades de gestión. Esto por lo que se refiere al alcance la norma.
Por lo que se refiere a su contenido, la modificación trata fundamentalmente cuatro cuestiones: primero, los límites a los derechos de propiedad intelectual, la definición de los límites tanto por lo que se refiere a la copia privada, a la
ilustración con fines científicos y académicos como, por último, a la utilización
por parte de los agregadores de algo más que frases aisladas de los proveedores de información en el entorno digital. Este es, por tanto, el primer bloque de cuestiones que la reforma trata. El segundo tiene que ver fundamentalmente con el
régimen de las entidades de gestión de derechos y supone un intento de ordenación de ese mercado de derechos y el control de las actividades de gestión de los mismos. El tercero -probablemente el más importante, también el más urgente y el de mayor
repercusión social- es el de la mejora de mecanismos en la lucha contra la piratería. Finalmente, se aprovecha esta reforma para trasponer dos directivas: la primera, la 2011/77/UE, que es la que establece una ampliación en veinte años de la
protección de los derechos de propiedad intelectual sobre fonogramas de artistas y ejecutantes. Esta es una directiva cuyo plazo de trasposición venció en el mes de noviembre pasado -y, por tanto, se traspone una directiva que ya hubiéramos debido
trasponer- y otra, cuyo plazo no está vencido, la 28/2012, que se refiere al tratamiento de las obras huérfanas. Esta directiva se podría trasponer hasta finales de este año pero, obviamente, se aprovecha una oportunidad como la que supone esta
reforma para trasponerla anticipadamente.
Paso a hacer de forma muy resumida una descripción de los elementos fundamentales de este proyecto en cada uno de los cuatro temas que acabo de exponer: primero, los límites de la copia privada. Saben sus señorías que una de las primeras
medidas que tomó este Gobierno, concretamente con el Real Decreto-ley 20/2011 que se aprobó el 30 de diciembre de 2011, fue la supresión del llamado canon digital pero sin modificar el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual. Simplemente se dejaba en suspenso la aplicación de las compensaciones que ese canon digital suponía sobre los aparatos susceptibles de ser utilizados para la producción de copias privadas -aparatos de grabación y de reproducción-, pero
se dejaba a una regulación reglamentaria, que es la que se plasma en el Real Decreto 1657/2012, de los criterios de estimación de esa compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y se advertía -por supuesto, también se hace en este
proyecto de ley- de la condición transitoria de ese tratamiento legislativo de la copia privada. ¿Por qué se define específicamente como transitorio ese tratamiento? Pues son varias las razones: primero, evidentemente, porque el propio entorno
tecnológico está produciendo una mutación profunda del mecanismo de la copia privada. Lo que hace unos años fundamentalmente consistía en la grabación de soporte físico a soporte físico -es decir, la grabación de discos compactos o DVD a partir de
aparatos de grabación y reproducción- es cada vez más, cada vez más, una copia o un uso similar a la copia privada a través de dispositivos inmateriales y, por tanto, predomina no tanto el límite o excepción de la copia privada cuanto el sistema de
copia licenciada. Desde ese punto de vista, evidentemente, hay un cambio profundo en la conducta sobre la que intentamos actuar pero, sobre todo, lo que le da carácter transitorio es el hecho de que en la Unión Europea se esté en un avanzado
proceso ordenado a la armonización del tratamiento de esta cuestión en todo el ámbito de la Unión.
Tengo que decir también en esta primera intervención sobre el asunto que somos conscientes -lo somos desde luego por todo lo que sobre la cuestión se ha publicado pero también por lo que al respecto se señala por parte de los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas de totalidad en torno al tratamiento que se le da a esta cuestión de la copia privada- de que hay argumentos que son dignos de consideración, es decir, que por sí mismos merecen un amplio debate y son
atendibles acerca de dos aspectos: la condición excepcional que tiene que esa compensación corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y también el establecimiento de un régimen en el que se puede estimar por parte de algunos que esa
compensación no tiene la efectividad deseable. Quiero decir que esta es una cuestión en la que yo estoy seguro de que existe un campo para aproximar posiciones en la discusión en Comisión y que en este terreno nosotros no partimos de líneas rojas
predeterminadas en absoluto sino que intentaremos incorporar aquello que sirva para dar efectividad naturalmente a la compensación equitativa por copia privada y que sea compatible con las orientaciones que ya se desprenden de los trabajos que en el
ámbito comunitario se están realizando sobre esta materia.
Las características del tratamiento que se contienen en el proyecto es la exclusión, en línea con la sentencia Padawan que modifica obviamente el tratamiento de la copia privada, del uso profesional o empresarial de los soportes físicos que
no sean propiedad del usuario y se amplían los supuestos excluidos que antes se referían únicamente a las bases de datos y a los programas de ordenador y que ahora se extienden también a obras puestas a disposición por parte de sus autores en
cualquier lugar y en cualquier tiempo. Por tanto, básicamente la copia privada acotada con estos nuevos criterios viene a referirse a las copias de los CD y DVD y a las grabaciones en lo que se llama time shifting obtenidas de fuentes de televisión
o radio. Esto conlleva obviamente a la hora de la estimación una reducción de la cuantía sobre
todo lo que en su momento estaba cubierto por el canon digital y es coherente con lo que se desprende del informe del mediador que puso en marcha la Unión Europea llamado informe Vitorino, que se hizo público a mediados del año pasado y que
obviamente será la base de la armonización que va a realizar la Unión Europea.
Una cuestión importante dentro de este tratamiento de los límites es el límite que tiene que ver con la ilustración en el proceso de enseñanza e investigación, en definitiva, lo que supone la reforma del artículo 32.2 del texto refundido.
La filosofía inspiradora de esta modificación es una ampliación del llamado derecho de cita de la ilustración científica y académica en varios sentidos. El primero de ellos, el extenderlo a todas las enseñanzas, regladas y no regladas; el segundo,
el no limitarlo a los recintos académicos, es decir, sacar del aula el derecho de cita, por tanto permitir su utilización en cualquier ámbito en el que esté incluido, obviamente el de las enseñanzas on line, y también establecer una modalidad de uso
docente de este derecho de cita, de la utilización de pequeños fragmentos de obras científicas o académicas cuando se enlace a webs en las que se ofrece legalmente el contenido de que se trate. También se contempla la utilización de fragmentos
mayores, de partes mayores de estos contenidos científicos o académicos para fines educativos o de investigación científica con compensación equitativa a los autores, con el derecho de una remuneración equitativa a los autores gestionada a través de
las entidades de gestión de derecho, con la filosofía de fomentar el uso de esos recursos en la educación, en la investigación; de no imponer ningún sobrecoste a los establecimientos académicos, particularmente a las universidades sobre las que
tiene mayor incidencia esta regulación del derecho de cita pero también a los establecimientos de enseñanzas no universitarias y, en definitiva, tratar de articular la protección armónica del derecho de los autores de obras científicas con la más
amplia utilización de las mismas en el nuevo entorno.
El tercer aspecto que tiene que ver con esta primera parte de la norma es el que se refiere a la compensación a los editores frente a los agregadores de contenido que, en unas condiciones sumamente específicas y limitadas que se definen en
la norma, utilizan contenidos propiedad de estos editores. Seguimos aquí el ejemplo de dos países que han intentado regular esta utilización por parte de los agregadores. Uno es Alemania, a través de un sistema de licencias individuales; otro es
Francia, donde se ha negociado un acuerdo entre los editores; acuerdo por el cual el más importante de estos agregadores, de esos proveedores de servicios de la sociedad de la información se compromete a contribuir durante tres años con una
cantidad -concretamente 20 millones de euros al año- para facilitar e investigar el mejor desarrollo de la transición de los medios al entorno digital. Aquí, la óptica de tratamiento legislativo por la que hemos optado es evidentemente la de no
sujetar a ningún tipo de compensación lo que es meramente una tarea de búsqueda que no tiene intereses comerciales, es decir, simplemente el redireccionamiento de contenidos de los editores a través de fragmentos no significativos porque aquí no hay
ni autorización ni compensación equitativa. Se limita de esta posibilidad -o se excluye de esta posibilidad para ser más precisos- a las fotografías, que siempre van a requerir autorización. Como decía, cuando se trata de motores de búsqueda que
solo remiten a palabras aisladas la utilización es libre, la utilización no requiere compensación con lo cual en definitiva, ¿qué es lo que se está articulando? Se está articulando el hecho de que cuando los agregadores de contenido utilicen
fragmentos significativos de editores materiales que tienen derechos, que tiene copyright, materiales que tienen protección de propiedad intelectual exista un derecho irrenunciable a una compensación equitativa y que esa compensación equitativa se
gestione a través de una entidad de gestión colectiva de derechos.
El segundo bloque de cuestiones al que me refería tiene que ver con el régimen de las entidades de gestión. Todas sus señorías son conscientes del hecho de que en los últimos años ha habido varios episodios que han puesto de manifiesto dos
tipos de fenómenos que era preciso atajar legislativamente. De un lado, un cierto desorden y por tanto una cierta ineficiencia, además, en la gestión de estos derechos colectivos y, de otro lado, una falta de control en algunas de las entidades que
los gestionaban. Tanto el uno como el otro son susceptibles de crear, por un lado, un incremento de los costes de transacción que dificultan además el desarrollo y la mejor gestión de estos derechos y, por otro, también el perjuicio obviamente a
creadores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual por la falta de control de esas entidades. Sobre este tema, como saben sus señorías, especialmente aquellos que han pertenecido en la legislatura anterior a la Comisión de Cultura,
trabajó una subcomisión que emitió un informe el 24 de febrero de 2010, buena parte de cuyas recomendaciones se han recogido en esta modificación y también existe un informe de la Comisión Nacional de la Competencia del año 2009.
En definitiva, se trata de que las entidades de gestión colectiva de derechos tengan un régimen que en la medida de lo posible prevenga o evite fraudes o abusos y, además, tanto las administraciones como los usuarios, como sobre todo los
propios titulares de los derechos tengan una información transparente acerca de su funcionamiento. Se trata de establecer requisitos con muy limitada, por no decir que ninguna, discrecionalidad, requisitos objetivos, mecanismos, en definitiva, de
supervisión y control, que involucran tres tipos de agentes. En primer lugar, el propio ministerio a través de la secretaría de Estado de Cultura, por lo que se refiere fundamentalmente al cumplimiento de obligaciones legales en cuanto a deberes de
información a usuarios y administraciones, rendición de cuentas, llevanza de contabilidad adecuada, auditoría de esa contabilidad y el establecimiento de un régimen correlativo de infracciones y sanciones para quienes no cumplan. Esto por lo que se
refiere a las entidades de gestión que tengan un ámbito de actuación de carácter nacional. Es verdad que hay entidades de gestión que limitan su actividad, exclusiva o predominantemente a alguna comunidad autónoma, y para esto se establece un punto
de conexión en un equilibrio razonable, considerando supraterritoriales aquellas entidades de gestión que no tienen más del 50 % de sus actividades o el 60 % de sus ingresos confinado a una sola comunidad autónoma. En ese caso estas facultades que
con carácter general para las de ámbito supraterritorial tiene el ministerio se atribuyen a las propias comunidades autónomas, aplicando también una sentencia del Tribunal Constitucional que establece el hecho de que las comunidades autónomas pueden
tener estas competencias de gestión. El segundo, y muy importante, de estos tres actores del control de gestión de las entidades es la Sección primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Básicamente, la función de esta sección en este
terreno consiste en el control de tarifas, es decir, en conseguir que las tarifas que se apliquen sean equitativas, no sean discriminatorias, que exista un proceso de determinación a través de una metodología determinada por el ministerio, informada
por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia e informada igualmente por la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. En defecto de acuerdo existe una competencia de esta Sección primera de la Comisión de Propiedad
Intelectual para la determinación subsidiaria de tarifas para la explotación de los derechos de gestión colectiva obligatoria y voluntaria cuando concurra un derecho de remuneración sobre la misma obra o prestación. Y el tercero de los agentes,
también importante, es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a la que compete la supervisión general del mercado de los derechos.
Decía antes que una cuestión en la que también era necesario intervenir normativamente en beneficio de todas las partes interesadas en la propiedad intelectual es la de la reducción de los costes de transacción y para ello se establece en
esta norma un sistema de ventanilla única. Este sistema de ventanilla única lo que pretende conseguir es que en el plazo de los seis meses que se establece en el proyecto las entidades de gestión colectiva constituyan una entidad privada
participada por todas ellas para gestionar una ventanilla única de facturación y pago. Se trata de evitar que, como hasta ahora, concurran para perjuicio del obligado al pago de derechos de propiedad intelectual distintas instancias que se
superponen porque a veces no está claro lo que gestiona cada una de ellas y, en definitiva, suponen, como decía al principio, un incremento injustificado que es preciso reparar de los costes de transacción en esta cuestión. Se trata de garantizar
-y los garantes de ese proceso tienen que ser tanto el ministerio como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia- un funcionamiento objetivo, transparente y no discriminatorio de esta ventanilla.
El tercer aspecto es el fortalecimiento de los instrumentos de reacción frente a vulneraciones de los derechos para impulsar la oferta legal en el entorno digital. Aquí hay básicamente dos tipos de medidas. La primera -que afecta, como
decía al principio, a una modificación parcial del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- es abrir como cauce ordinario la vía civil, superando lo que hasta ahora era la dificultad de identificar al vulnerador porque a partir de esta
reforma siempre cabe utilizar la vía civil para esa identificación, solicitando la identidad última del prestador de servicios de la sociedad de la información sospechosos de albergar contenidos ilegales o servir de enlace a tales contenidos.
Por lo que se refiere al refuerzo de las potestades sancionadoras de la Comisión de la Propiedad Intelectual, evidentemente lo que estamos buscando aquí es ser más eficaces en la persecución de los grandes infractores. Quiero hacer especial
hincapié en que seguimos el sistema de no sancionar al usuario, sino al facilitador de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual. Se trata de proteger el modelo de negocio legal y, por tanto, de facilitar también que se desarrolle un
modelo de negocio legal en la red, persiguiendo a los intermediarios que prestan servicios de enlace sofisticados que redireccionan a gran escala hacia las direcciones de almacenamiento ilegal. Estamos buscando precisamente la mayor eficacia frente
a estos prestadores de servicios de la sociedad de la información que básicamente vivan
de facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria, especialmente listados ordenados y clasificados de enlaces a esos contenidos. No se trata, desde luego, de afectar a quienes
facilitan una mera intermediación técnica, es decir, a los motores de búsqueda, enlaces ocasionales o contenidos de tercero, sino que estamos persiguiendo una actividad que tiene una extraordinaria importancia y sobre la que tengo que decir
-evidentemente sin echar las campanas al vuelo-, pero sí...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor ministro, no le quiero cortar porque tiene tiempo ilimitado, pero el debate se está alargando.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Pensé que me iba a recordar mi promesa. No, el debate no, se está alargando mi intervención. El debate vendrá luego. Voy a intentar sobre todo responder a mi propia
palabra. No se inquiete, señora presidenta, que lo que queda es muy poco, si bien es importante porque yo creo que aquí existe mucho equívoco. Aquí de lo que se trata es de permitir que se desarrolle un modelo de negocio legal. Y tengo que decir
que lo que se ha conseguido hasta ahora a través de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual es que España haya bajado muchos puestos en el ranquin de presencia en la famosa lista Alexa de las doscientas direcciones con más
descargas en las que hay contenido ilegal; teníamos 29 y tenemos ahora 16. En todo caso, se trata de un mecanismo en el que se busca que se abandone voluntariamente esa actividad de intermediación ilegal, en el que se implica también a terceras
partes, a los proveedores de plataformas de pago por Internet y a los propios agentes publicitarios para facilitar esa retirada y, por supuesto, en el que también se introducen todo tipo de mejoras técnicas para generalizar el uso de la notificación
por medios electrónicos. Finalmente, en este sentido está en tramitación, y lo saben sus señorías, la reforma del artículo 270 del Código Penal.
El último aspecto, y este sí que lo voy a tratar con extrema brevedad, es el que tiene que ver con la trasposición de directivas. Son dos directivas, la primera, la 2011/77 Unión Europea, que amplía de cincuenta a setenta años el plazo de
protección de los derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas y la segunda, la 2012/28 Unión Europea, que describe los usos autorizados de obras huérfanas, dotando de mayor seguridad jurídica a la utilización de esas
obras huérfanas.
Como decía al principio, se trata de una reforma parcial, pero eso no excluye que se trate de una reforma importante; se trata de una reforma acotada, pero eso no excluye que no se vaya a abordar una reforma de mayor ambición, y se trata -y
con esto concluyo- de una reforma que es importante para que nuestras industrias culturales y creativas, unas industrias que hoy producen cerca del 4 % de nuestro producto interior bruto, que suponen algo más del 3 % de nuestro empleo, puedan
desarrollarse y puedan también ser parte importante y efectiva del proceso de recuperación, del proceso de crecimiento y creación de empleo.
Finalizo como empecé, haciendo una llamada a todos los grupos, a los que han presentado enmiendas de totalidad y a quienes no lo han hecho, a que entre todos busquemos el mayor consenso en la discusión en Comisión para que esta norma, al ser
fruto de ese consenso mayor, suponga también una contribución importante a esos objetivos que he descrito.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado seis enmiendas a la totalidad de devolución. Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra, por el Grupo Mixto -fijarán posiciones en este punto tres diferentes intervinientes-, la
señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, este proyecto de ley no está fundamentado en el consenso y en la aproximación de las partes interesadas. Entendemos que deja abiertos muchos frentes y plantea muchas incógnitas sobre el futuro de los derechos de autor. Por tanto,
este proyecto de ley, como tantos otros del Ministerio de Educación y Cultura, apenas convence a nadie; por el contrario, creemos que añade conflictividad.
En primer lugar, el concepto legal de copia privada queda absolutamente difuminado y crea inseguridad jurídica, con lo que serán muy pocas las que puedan considerarse copias legales. Entendemos que la solución que se propone desconoce la
realidad porque sitúa en la ilicitud incluso el contenido legal descargado en Internet. Se opta por una vía totalmente alejada de la que han adoptado gran parte de los
Estado europeos, que es incluir a la industria tecnológica como sujeto obligado a establecer compensaciones a los autores. El Gobierno se niega a ver la realidad de que esta industria tecnológica existe en gran parte porque existen
contenidos que generan los creadores y se difunden por la red. Mientras no reconoce este hecho, mantiene, sin embargo, el pago por parte de todos los ciudadanos a través de la compensación de los Presupuestos Generales del Estado, en vez de que la
industria y los operadores tecnológicos contribuyan por el beneficio que reciben de la difusión cultural a través de la red, como pasaba precisamente en el propio Estado español hasta el año 2011. A lo que sí accede el Gobierno en este proyecto de
ley es a los intereses de editores de medios de comunicación, ya que incluye una más que discutible remuneración a los editores de las webs de enlace que no reproducen contenidos pero sí facilitan el acceso y difusión en la página del propio editor.
En cuanto a las entidades de gestión, entendiendo que es deseable un mayor control de su actividad, obliga a crear una ventanilla única de facturación y pago frente a los usuarios, que acentúa desde nuestro punto de vista la línea de
centralización de competencias en materia de derechos de autor, quedando relegadas una vez más las comunidades autónomas, a pesar de la estrecha relación de las entidades de gestión con la cultura, ámbito competencial exclusivo de las comunidades
autónomas. En cuanto a la Comisión de Propiedad Intelectual, los propios creadores reconocen la escasa incidencia práctica de esta a la hora de detener las descargas contrarias a sus derechos. Pues bien, el proyecto de ley no solo no reconoce el
fracaso de la comisión, sino que amplía sus funciones con la posibilidad, entre otras, de extender las sanciones a agencias de publicidad o servicios de pago ajenos al contenido de las webs ilícitas. Se contradice la normativa europea al respecto,
que establece que los prestadores de servicios de intermediación no están obligados a una supervisión general de los datos que alojan o los contenidos que enlazan. La comisión -y para nosotros esta es la cuestión esencial- no ha sido útil para
regularizar la difusión de contenidos culturales en Internet, ya que su enfoque está centrado exclusivamente en la sanción y sus funciones se amplían precisamente en esa línea.
Entendemos que este proyecto de ley no entra en profundidad en la regulación de los derechos de la propiedad intelectual, que no se adapta a la irrupción de las nuevas tecnologías y a las nuevas fórmulas de acceso, distribución y difusión de
los contenidos culturales. Las modificaciones que está proponiendo en este momento el ministerio son parciales y entendemos que mantienen esquemas ya superados. Pero, sobre todo, creemos que no recoge la intervención de todas las partes con
intereses en la difusión cultural y que esquiva especialmente a las empresas tecnológicas. Por todo ello, hemos presentado nuestra enmienda a la totalidad porque creemos que el proyecto de ley sigue yendo a remolque de presiones y lobbies
determinados, lo que supone sin duda otro fracaso por parte de un ministerio que adopta decisiones sin anuencia de nadie o de casi nadie y que creemos que aumentarán la conflictividad.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Pérez.
Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, presentamos una enmienda a la totalidad de devolución entendiendo que se nos pretende dar gato por liebre. Incluso diría que se nos pretende dar gato por liebre por segunda vez, porque ya en la pasada legislatura le dijimos
al Grupo Parlamentario Socialista que era necesario ir hacia una reforma global e integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Entonces no se nos hizo caso, se hizo una reforma parcial y ahora otra vez estamos con las mismas, con otro parche. Es
cierto que existe una disposición adicional que incluye que dentro de un año se llevará a cabo esta reforma que desde hace muchos años los republicanos venimos reclamando. En la sociedad actual se trata de fomentar las industrias culturales, se
trata de adecuar todo aquello que tiene que ver con la creación del marco del mundo digital, porque es una gran oportunidad para socializar y universalizar el acceso a la cultura por parte de la ciudadanía.
Es cierto que tenemos muchos desencuentros con el actual Gobierno español. De hecho hemos criticado el incremento del IVA cultural, reclamamos una ley de mecenazgo, hemos manifestado nuestro desacuerdo en todo aquello que afecta a los
Presupuestos Generales del Estado/Ministerio de Cultura, pero lo más preocupante ahora es este proyecto de ley, un proyecto de ley que, atendiendo a nuestros razonamientos, introduce algo un tanto perverso. ¿Qué sentido tiene que sean los
Presupuestos Generales del Estado los que soporten lo que deberían pagar las operadoras y los fabricantes? Ciertamente hubo un momento en que se consideró que el canon digital -nosotros siempre lo habíamos reclamado- no tenía
razón de existir, pero resulta que los ciudadanos dejamos de pagar el canon digital y lo continuamos pagando a través de los Presupuestos Generales del Estado. Los fabricantes y las operadoras, Movistar, Telefónica y otros grupos que han
hecho grandes acumulaciones de capital, se fueron de rositas y todavía están en el burladero viendo cómo los ciudadanos pagamos, pagamos y volvemos a pagar. Todo es un círculo vicioso, además perverso, porque, fíjense, antes se ingresaban 100
millones de euros y ahora los Presupuestos Generales del Estado incorporan menos de 10 millones. ¿Esto tiene sentido? Porque ciertamente al menos aquel dinero, aquellos recursos permitían fomentar la cultura a través de las entidades de gestión;
en cambio, ahora se trata de garantizar menos ingresos y por supuesto menos libertades, porque esta es otra de las derivadas, menos libertades. En tanto en cuanto se ingresa menos dinero porque se consignan menos recursos a los Presupuestos
Generales del Estado, lo que hay que hacer es reducir los supuestos bajo los cuales los ciudadanos podemos amparar las copias como privadas. En definitiva, menos dinero para los creadores, menos dinero para el fomento de la cultura y, por supuesto,
menos derechos; por no hablar de otros aspectos de esta reforma que nosotros calificaríamos de desastrosos. En lugar de legislar siguiendo el espíritu de las directivas comunitarias, por ejemplo, en relación con la excepción por ilustración con
fines educativos o de investigación científica, se continúa insistiendo en limitar los supuestos. En definitiva, batacazo a la educación y a la investigación.
Ciertamente, no todo el mundo sale perjudicado. El señor Cebrián, del Grupo Prisa, no sale perjudicado, y tampoco otros señores de la guerra informativa. Especialmente a través del 23.2, ellos conseguirán ingresar dinero, pero no hay
ninguna garantía de que esto no pudiera afectar a otros, como por ejemplo Google. Hay bastantes contradicciones, de hecho la misma CEOE se ha levantado; que la CEOE haya criticado esto que podríamos llamar la tasa Google pone ya de manifiesto
estas contradicciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Tardà, tiene que ir terminando.
El señor TARDÀ I COMA: Voy terminando, señora presidenta, un segundo por favor.
Quería criticar, finalmente, lo que significa la invasión competencial. Aun cuando hay sentencias del Tribunal Constitucional, es una vergüenza que exista esta invasión competencial respecto a la capacidad de las autonomías de inspeccionar
las entidades de gestión. A partir de ahora, con el redactado, tal como lo ha dicho el mismo ministro, la incorporación del término principalmente y el porcentaje del 60 % de lo recaudado en una autonomía para que un Gobierno autonómico pueda
inspeccionar y controlar una entidad de gestión, significa desmantelar las pocas competencias que las comunidades autónomas tenían respecto a las entidades de gestión. Este es un nuevo batacazo a lo poco que queda de este Estado, que antes
llamábamos de las autonomías y que ahora no saben ni lo que es.
Muchas gracias y perdone, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Tardà.
Ahora tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, cuando leí la ley no acababa de ver el sentido de la reforma que proponía, me parecía que no tenía razón de ser. Después de oírle eso a usted, me reafirmo en mi opinión. Creo que no aborda el problema de fondo.
Al final usted mismo ha dicho que el problema fundamental era combatir la piratería, y lo que ha hecho para combatir la piratería es establecer una patente de corso; es decir, quiere erradicar a los piratas promoviendo los corsarios. Toda su ley
está centrada en favorecer a los editores y se olvida de los autores, que es en quienes debería estar centrada la ley de protección de la propiedad intelectual. Esa es la raíz del error de su ley.
Por eso, Amaiur ha presentado una enmienda a la totalidad, que se basa en una filosofía. Nosotros hemos denunciado en repetidas ocasiones la política neoliberal de este Gobierno que, como norma general, defiende la no intervención en los
mercados salvo, como en el caso que nos ocupa, hay que proteger los intereses de los grandes grupos financieros o empresariales. En el caso de este proyecto de ley se aborda la protección y reforzamiento de los grandes grupos empresariales y grupos
de interés, olvidándose de los autores -insisto-, con un intervencionismo que recorta libertades, supone un ataque a la socialización del conocimiento, da la espalda a la nueva economía y al progreso científico y técnico y, finalmente, ignora el
derecho de Euskal Herria, de mi país, a decidir su propio futuro, obstaculizando nuestro derecho a fijar un modelo social propio de propiedad intelectual. Aquí la opinión pública muchas veces ha centrado esta cuestión en la tasa Google, y yo creo
que es lo menos importante de la ley y lo
que menos afecta a la propiedad intelectual. Para nuestro grupo lo más importante es el ataque que supone esta ley a la socialización del conocimiento y a la propia universidad. Me sorprende que el ministro de Educación y Cultura, con unas
responsabilidades importantes sobre la educación y sobre la universidad, haga una ley que ataca realmente a la universidad.
Esta ley supone un recorte de libertades, supone una limitación de la creatividad. Esta reforma parcial de la ley de protección intelectual, bajo el leitmotiv de la protección de esa propiedad intelectual, aborda un nuevo recorte de
libertades, supone un nuevo obstáculo a la creación en los ámbitos digitales, que lejos de favorecer la competencia en los sectores artístico, científico, técnico, educativo o periodístico, va a reforzar a los grandes grupos editoriales o
discográficos, perpetuando el actual oligopolio existente en dichos ámbitos de aplicación de la ley y -vuelvo a insistir- olvidándose de los autores. Este proyecto de ley niega derechos fundamentales de carácter universal, que son recogidos incluso
en su propio texto constitucional, como es el derecho a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, así como el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Este proyecto de
ley es un ataque, como decía antes, a la socialización del conocimiento, y este es uno de los temas para nosotros más importantes y por el que nos oponemos a esta ley. El modelo de protección de la propiedad intelectual que promueve esta reforma
legislativa ignora que existe una hipoteca social sobre el conocimiento, que debe estar al servicio de toda la sociedad y que no debe estar sometido a los intereses económicos y mercantiles de las grandes corporaciones. La mercantilización de los
derechos de propiedad intelectual contribuye a incrementar la brecha social entre ricos y pobres, contribuye a la privatización de los resultados de las investigaciones científicas, pudiendo llegar a afectar a la salud y alimentación de la
ciudadanía, como ya se da de hecho en los casos de control por empresas multinacionales de los derechos de propiedad intelectual sobre medicamentos o semillas.
El establecimiento en el proyecto de ley de la figura del derecho irrenunciable derivado de citar textos en Internet va a afectar también, sin excepción, a todos los creadores y generadores de producción cultural, artística, científica,
técnica y docente, a los cuales se les va a impedir renunciar voluntariamente a este derecho. Esto supone hacer ineficaces en la práctica las licencias creative commons, que tienen un uso muy extendido sobre todo en ámbitos universitarios y en
todos aquellos relacionados con la nueva economía. Estas licencias, que ofrecen en la actualidad cobertura jurídica a los derechos de autor de una parte muy significativa de los contenidos en Internet, quedarían sin valor práctico ante la
imposición del copyright sobre el copyleft, en contra del criterio y decisión de los propios autores. Esto va en contra de los derechos e intereses colectivos que promueve la socialización del conocimiento, y solo tiene la virtualidad de favorecer
la recaudación de derechos por parte de unos pocos que, además, no son los titulares de la mayoría de las obras de creación que generan dichos derechos.
Otro de los elementos negativos de este proyecto es la amenaza que supone el derecho de cita, que está en la base del ejercicio de la profesión periodística. Además, la criminalización de los enlaces...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Larreina, tiene que ir terminando.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Sí, acabo.
Por otro lado, la criminalización de los enlaces genera inseguridad jurídica en el amplio espectro de los blog y otros agentes activos en la red, aparte de que supone negar la esencia de la difusión del conocimiento en Internet, basada en la
triada compartir, enlazar, difundir a través de la web. Ahora bien, desde la responsabilidad de un Gobierno que tiene que estar comprometido con el progreso científico y el desarrollo universitario es incomprensible la aprobación de este proyecto
de ley, cuya entrada en vigor supone una tasa adicional para el conocimiento.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Larreina, tiene que ir terminando.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Sí, acabo, cinco segundos. Es que, además, inicialmente me habían dicho que tenía más tiempo. Lo siento. Creo que este es otro de los obstáculos que tienen su origen en la irregularidad que se produjo al
comienzo de esta legislatura negándonos el derecho a tener grupo propio.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Creo que esto no viene a cuento. Eran quince minutos; tres intervinientes, cinco minutos cada uno.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Sí, acabo ahora mismo con dos conceptos, este concepto y la fase de cierre. Le agradezco la generosidad.
Decía que con esta modificación legal, las universidades deberán pagar por los contenidos acogidos a licencias creative commons que los profesores publican para sus alumnos, un canon de 5 euros por alumno recaudado en régimen de monopolio
por la entidad de gestión de derechos Cedro, que representa tan solo alrededor del 20 % de los creadores universitarios. Esto es atentar contra el dominio público y el procomún y la aportación de la comunidad universitaria al bien común.
Acabo ahora mismo yendo al final de mi intervención con una idea también muy clara. Esta ley impide a Euskal Herria el derecho a decidir su propio modelo. Con esta ley no vamos a poder promover la socialización del conocimiento, va a
impedir el progreso económico y social por las vías de la nueva economía, de la sociedad de la información y del conocimiento; con esta ley se está proponiendo un modelo que claramente es ajeno a Euskal Herria y lesivo para los intereses de la
ciudadanía vasca, que no concibe que la cultura, la creación y producción intelectual, artística y científica tenga que ser necesariamente objeto de transacción para ser comprado y vendido, sino que también puede ser una aportación que sus creadores
hacen al conjunto de la sociedad para el beneficio común y para que forme parte de la entidad colectiva de nuestro pueblo. Por eso, presentamos esta enmienda a la totalidad y vamos a pedir la devolución al Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Entrando en materia, la explicación que ha dado usted, señor ministro, del porqué de la urgencia de esta extraña reforma a mí no me ha convencido, porque es que además no ha explicado nada. Ya sabemos que hay en curso una serie de
importantes reformas europeas de legislación, pero no solo directivas, hay además algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que podrían entrar en conflicto con muchas de las disposiciones de esta minirreforma. Francamente, no
entiendo, no comprendo sus prisas, salvo que no tengan que ver con un acuerdo, que sabemos que ha existido, entre el Gobierno y los grandes editores de prensa, que son algunos de los beneficiarios ad hoc de esta reforma legal. Estamos hablando de
una cuestión muy seria. Creo que estaremos de acuerdo -usted lo ha dicho de pasada, aunque ha intentado descafeinar el significado de esta reforma y el contenido de sus objetivos políticos- en que la reforma de la propiedad intelectual es una de
las cuestiones estratégicas y fundamentales para el futuro no solamente de los derechos de los autores, que sin duda es algo importante, sino sobre todo de la economía, de la cultura y de la ciencia en España. De lo que se trata es de si nos
adaptamos o no nos adaptamos legalmente a la auténtica revolución -que en este caso es un término que hay que emplear- que se ha producido y nos ha conducido a lo que se ha llamado la sociedad de la información y del conocimiento. Y no es una
cuestión menor, porque ustedes han traído un proyecto de reforma de la propiedad intelectual que a mí la verdad me deja profundamente perplejo. Parece que no ha ocurrido nada, parece que una vez más se trata de adaptar la legislación al modelo de
negocio dominante, en vez de tratar hacer una legislación proactiva que se adelante a los cambios en la medida de lo posible y favorezca la innovación y la renovación del sistema ligado a la información y al conocimiento, que en la actualidad es
todo.
Como ya ha pasado en las infinitas reformas eléctricas que ha presentado el Gobierno, como ya pasó con la Lomce, como ya ha pasó con la Ley de transparencia o con la reforma de la justicia universal, nos traen aquí otra colección de parches,
que en gran parte son completamente inadecuados porque no tienen en cuenta la pura realidad. Es que hay que legislar sobre hechos reales, sobre cosas que están pasando -ahora me referiré a un par de casos o de ejemplos que me parecen verdaderamente
importantes-, porque su ley ignora por completo la dimensión económica de la propiedad intelectual, salvo en lo que se refiere al aspecto recaudatorio. Da la impresión de que esta ley ha salido también del laboratorio de alquimistas de Hacienda,
por el afán recaudatorio y por las cosas increíbles que traen ustedes aquí. Por ejemplo, le dan una gran importancia al aspecto que tiene que ver con las tasas, etcétera, pero todo eso queda pendiente de un desarrollo posterior que aquí, en la ley,
no se especifica: cómo se va a calcular lo que hay que pagar por cada copia privada o cuestiones de otra índole a las usted ya se ha referido por encima. Le ha dado la importancia que refleja el proyecto del Gobierno desde el punto de vista legal,
pero desde luego ignora por completo la realidad de lo que es a día de hoy el mundo digital, el mundo de esa famosa sociedad de la información y del conocimiento, que no tiene nada que ver
con lo que han presentado ustedes. Es como si nos traen aquí un proyecto de ley para que hablemos de cómo se regula la investigación con células madre y resulta que en la mitad de la ley se dedican a hablar de las aspirinas. Hombre sí, las
aspirinas son muy importantes, pero no es la investigación con células madre. Ustedes han ignorado por completo el desarrollo del mundo de la industria digital, que hoy en día ya agrupa y tiene en su contenido un mundo enormemente complejo que
incluye no solamente los libros tradicionales o la música, lo que luego se cuelga en soportes digitales, sino que implica un mundo nuevo y propio que se ha creado y ha aparecido sobre la base de un desarrollo tecnológico sin precedentes y a una
enorme velocidad.
Estamos hablando, ni más ni menos, que de una revolución que ha cambiado la relación que existía hasta ahora, hasta hace no tantos años, entre autores, editores, productores y consumidores. Hasta ahora el consumidor era un receptor pasivo
que consumía una obra, es decir, que se comprobaba un libro, iba al cine y pagaba por ver una película, se compraba un periódico y lo leía. Eso ha cambiado por completo y lo sabe todo el mundo, menos el que ha escrito esta reforma de la Ley de
Propiedad Intelectual. Hoy en día los papeles son mucho más dinámicos porque, por ejemplo, los propios diarios de papel, aunque sus editores -que no sus periodistas- se empeñen en ignorarlo, en gran parte alimentan su información de las cosas que
la gente pone en las redes sociales, de las noticias que dan, de la información que tienen de primera mano, de las fotografías, etcétera. Esto ha llevado incluso, como es sabido por todo el mundo salvo en el Gobierno, a revoluciones políticas en
los países árabes, como se pudo ver en las famosas primaveras, que desde luego no fueron ni radiadas ni comentadas por los medios tradicionales sino a través de las redes sociales. Lo mismo pasó con el accidente de la central nuclear japonesa de
Fukushima, que casi toda la información, incluida la que daban los propios medios de comunicación más poderosos, venía de las informaciones que las propias gentes allí implicadas estaban dando en tiempo real on line, para decirlo con la jerga de
este mundo. Uno puede optar por dos posiciones. Una es proteger los intereses empresariales de un sector que no ha sabido adaptarse, sobre todo en España, a la revolución del mundo de la información y que lo que pretende es que ahora todo el mundo
les paguemos como si la información fuera de su propiedad, cosa que no lo es; será de su propiedad la noticia que ellos produzcan, no la información como tal, que esa es una de las bases de la sociedad de la información: la información es de libre
disposición, lo que cambia es su significado, su administración y su comunicación, es decir, de qué manera la transferimos, la canalizamos y de qué manera podemos acceder a ella, y eso Internet lo ha cambiado por completo. Tenemos una serie de
empresas muy respetables y dignas de aplauso y admiración, pero que como cada día venden menos periódicos y menos productos comerciales de los de antes y obtienen menos rentabilidad porque tienen una competencia a la que no han sabido adaptarse, nos
dicen: Ahora todos ustedes van a pagar no solamente por lo que yo les digo, sino que van a pagar por lo que ustedes dicen; por esa fotografía que usted ha colgado en una red social y que yo he utilizado en mi periódico porque es gratuita y de
libre disposición, por este tuit o por eso que ha puesto usted en Facebook donde cuenta algo de lo que yo me acabo de enterar gracias a que usted lo ha contado, por ejemplo, que ha habido una asamblea en no sé qué plaza de El Cairo y que esto ha
tenido unas consecuencias tremendas para el régimen político en Egipto. ¿Eso es adaptarse a la sociedad de la información? No, eso es un esfuerzo melancólico que va a conducir al fracaso. Es tratar de ponerle una vez más puertas al campo. Ha
pasado en otros sectores y aquí se repite ese problema. Por cierto, este es un debate importantísimo, pero van a ver cómo mañana, cuando se recoja en los medios los debates del Congreso, esta ley, que es de las más importantes de la legislatura por
sus efectos, será de las que menos espacio ocupe en la información política. Es lo que suele ocurrir y también tiene que ver con la manera de regular todo lo relativo a esta revolución informativa y comunicacional en la que estamos inmersos, por
mucho que algunos intenten ignorarlo.
Fíjese, la ley introduce conceptos de estos prejurídicos o metajurídicos -como le gusta decir al señor Olabarría- que son completamente incomprensibles. Pero, ¿qué es un fragmento no significativo? Si un fragmento no es significativo, ¿por
qué lo iba a reproducir alguien? Las cosas se reproducen si son significativas; si no, en teoría de la comunicación, se les llama ruido. ¿Qué es lo que no es significativo y por lo tanto libre de derechos? ¿Quién podría tener el capricho de
hacer algo que equivale a una pérdida de tiempo? ¿Por qué el productor de una película iba a poner, por ejemplo, en YouTube como promoción de su película -como está ocurriendo todos los días- un fragmento no significativo de ella? ¿Qué sería, la
escena del protagonista saliendo de espaldas por una puerta que aparecería en cualquier película? Pues no; pondrá algo significativo, algo que enganche el interés del posible usuario de ese producto, de alguien que quiera ir al cine a ver esa
película. Pero con esta ley en la mano, si la aplicáramos literalmente,
resulta que habría que pagar no por ver la película, sino por ver la película, por ver el fragmento no significativo porque resulta que sí que lo es, etcétera. Otra vez van a volver a crear un mundo de una inseguridad jurídica alarmante
porque, ¿cómo se juzga eso?
Ese bárbaro invento -lo voy a calificar así- del derecho de cita, ¿a qué mente se le ha ocurrido? Los científicos, los académicos, la gente que escribe libros -libros de los normales; son muy pocos los libros que forman parte de la lista
de los Best Sellers, hay muy poca gente en España, y ahora mucha menos debido a los cambios que ha supuesto Internet, que viva de lo que escribe, de sus libros, de sus textos-, la inmensa mayoría de los autores lo que quieren es que se les cite, no
que se cobre por citarles, porque además eso es una medida completamente absurda para la situación financiera de las universidades españolas. En España se están cerrando bibliotecas en universidades importantísimas; se están cerrando las
facultades y los departamentos los fines de semana y se está quitando la calefacción porque no hay dinero para pagarla, y ustedes pretenden cobrar una tasa por citar en clase, en un seminario, en una fotocopia que se reparte a los alumnos o en un
texto que se cuelga en Internet para que lo vean, lo que son textos de libre disposición. No solamente lo han sido siempre; es que también lo son ahora. La ley ignora que han aparecido nuevos sistemas de regulación de los derechos de autoría.
Por ejemplo, el copyleft ni lo citan. Es más, hay otro muy usual en el mundo científico y académico, que es de los creative commons, y para que vean, la mayor parte de las revistas científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
cuelgan en Internet sus artículos con una licencia creative commons. ¿Saben lo que significa eso? Que son de libre disposición, que cualquiera puede citarlos, reproducirlos y ponerlos como quiera y enlazarlos, a condición -que es lo que regula ese
tipo de licencias- de que se cite estrictamente la autoría y no se altere su contenido. Y ustedes salen ignorando que eso exista, ignorando que eso es el 99 % del tráfico de ese tipo de información en el mundo académico y científico y pretendiendo
cobrar los derechos de autores que expresamente han renunciado al derecho que les asistía a cobrar. Vamos a ver, ¿de qué mentalidad neofeudal ha salido este nuevo impuesto que a mí me recuerda cosas como la fonsadera y el chapín de la reina que
estudiábamos en historia como ocurrencia de los recaudadores medievales? Resulta que ahora hay que cobrar, por ejemplo, si se cita a Einstein -aunque Einstein ha muerto y no puede cobrar sus derechos, igual tiene herederos-, a su traductor,
pongamos por caso. Esto es hacer completamente imposible la labor educativa. Es un atropello desde el punto de vista jurídico el hecho de que si yo renuncio a cobrar un derecho alguien esté autorizado a cobrarlo en sustitución mía. ¿Pero de qué
estamos hablando? Además, se está dando por hecho que hay un tráfico de citas que puede ser tasado, estimado y recaudado.
Hay muchas más cosas, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención esta y, como usted ha tenido a bien señalarla, me ha parecido importante pararnos un momento porque, aunque no sea lo más importante de la ley, realmente refleja una
filosofía de fondo, y la filosofía de fondo ya la conocemos, es la montoriana, la recaudatoria: un nuevo fenómeno, ¿qué puedo cobrar, qué puedo sacar de esto? Así se mata la gallina de los huevos de oro, lo que hay que hacer es lo contrario.
Hablamos de la economía de la propiedad intelectual. Este proyecto de reforma lo ignora por completo. Usted ha hecho una mención al asunto: cada vez es una parte más importante del producto interior bruto de los países, pero se le ha olvidado
decir una cosa, y es que España es de los pocos países de las economías avanzadas en el que durante la crisis el porcentaje de la industria digital en el PIB en vez de subir ha disminuido, y esto es increíble porque somos un país que tiene una
enorme ventaja que, por cierto, está desaprovechando absolutamente, que es la propia importancia de la lengua castellana, de la lengua española, en Internet. Es decir, nosotros tendríamos que sacarle partido a eso como hace, por ejemplo, Gran
Bretaña, que tiene casi un 8 % del PIB ligado a la industria digital. ¿Cuánto tenemos nosotros? Las estimaciones, como siempre, oscilan, pero entre el 3,6 % y el 3,8 %. Es que Italia tiene más que nosotros, Italia tiene casi el 6 % del PIB de la
industria digital y resulta que el italiano es una lengua que desde el punto de vista de su peso en Internet no tiene punto de comparación con el castellano. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿Sabe lo que está ocurriendo? Que ustedes, este
Gobierno, el anterior y el otro, han creado un marco regulatorio y un marco fiscal completamente hostil a la industria digital y esta ley lo empeora, lo hace más difícil, porque todo son tasas, todo son problemas, todo es pase usted por ventanilla
ante todo.
Ayer mismo estuve también en el debate de una PNL que presentó el Partido Popular en la Comisión de Industria hablando de la internacionalización de las TIC, de las pymes que usan las TIC, las tecnologías de la información y el conocimiento.
Pues otro anacronismo, no enterarse de nada. En España se están creando muchísimas empresas por parte de gente joven que utilizan las TIC, pero ¿saben lo que hacen? Se meten en Internet, rellenan un formulario del Gobierno británico, pagan 15
libras y ahí se ha acabado todo el trámite; en dos días son empresarios, tienen una empresa y no pagan impuestos hasta que no tienen beneficios. Hagan eso ustedes en España y déjense de mandangas. Eso permitirá disminuir el paro juvenil,
porque precisamente la mayor parte de los empresarios digitales son gente joven, que son los que tienen la formación y los conocimientos adecuados para este nuevo sector. Dejen de proteger a empresas que no van a hacer nada en este campo, dejen de
perjudicar y de expulsar de España a los emprendedores en el campo digital, si no necesitan leyes regulatorias para que se cobren tasas por citarles, lo que necesitan es un marco regulatorio que estimule la actividad digital y fiscal y aquí no hay
nada de esto, aquí es recaudatorio una vez más y en vez de regulatorio es hiperregulatorio. Fíjense que una vez más nos encontramos con que la Ley de Protección de Datos, que es una ley que también carece de realismo y es en muchos aspectos un
brindis al sol, tiene una importancia mayor en sus disposiciones y en su carácter que esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Claro, ¿qué es lo que ocurre al final? Pues que la famosa lucha contra la piratería que ustedes también exhiben
como uno de los objetivos de esta ley -y que sin duda es completamente legítima porque en España la extensión de la cultura del todo es gratis ha resultado ser nefasta como en tantas otras cosas-, ha sido un completo fracaso. ¿Qué es lo que hace
esta ley? ¿Acaso cambia el sistema de lucha contra la piratería? ¡Qué va!, mantiene el que había. Vamos a ver, el gremio de libreros, para entenderos, de editores de libros, dijo -y no ha sido desmentido por el Gobierno- que concretamente el año
pasado -tengo por aquí el dato, pero lo diré de memoria porque me queda poco tiempo- se consiguió la gran hazaña de quitar de la red cuatro libros, cuatro, cuando resulta que las descargas ilegales, según ellos, ascendían a 226 millones en un año.
¡Hombre!, algo andará mal y funcionará mal en este sistema cuando los resultados son tan magros. Según la coalición de creadores, en un informe muy documentado que presentaron ayer o anteayer, en el año 2013 la piratería no ha disminuido, ha
aumentado en España. Según ellos -creo que es gente bastante informada por razones evidentes-, el 84 % de todos los contenidos culturales consumidos en España es pirata. Bueno, pues entonces habrá que cambiar el sistema de luchar contra esta
lacra, pero desde luego no puede ser mantener el que había si ya ha fallado. ¿Van a cambiar el sistema? No, lo mantienen, con una comisión que una vez más depende de un ministerio. Ya estamos con lo mismo, que esto no funciona, que tienen que ser
reguladores y supervisores independientes, no funcionarios; no creen más criaturas ministeriales, no sirven para nada, solo para engordar la Administración elefantiásica que ya tenemos.
En fin, se me acaba el tiempo; evidentemente podríamos estar hablando varias horas, pero como es un tema importante interesa muy poco, así que yo lo voy a dejar aquí, por supuesto en Comisión tendremos ocasión de hablar de todo esto. Pero,
señor ministro, quiero acabar diciendo que no nos hagan ustedes esta faena, presente una ley de protección intelectual que sirva para el desarrollo económico y científico del país, no para defender los intereses rancios de gente que no se quiere
adaptar porque sabe que les tienen a ustedes para defenderles. Eso no es lo que necesitamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).
Señor ministro, este proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es la expresión de un fracaso, un nuevo fracaso en su gestión al frente del ministerio. Después de dos años y medio de Gobierno del Partido Popular se
esperaba una nueva legislación de propiedad intelectual que permitiera conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y que en concreto contribuyera a resolver el problema
generado en torno a la compensación equitativa por copia privada, sin embargo no ha sido así, la reforma legislativa que impulsa este Gobierno ha concitado la unidad de todos los sectores culturales en su contra. Qué capacidad tiene usted, señor
Wert, para crear problemas en lugar de resolverlos. (Aplausos).
La principal causa del fracaso de su ministerio en la elaboración de este proyecto de ley es precisamente la falta de consenso con los sectores implicados, no ha dejado satisfechos a los autores ni a los consumidores de productos culturales.
Tras el fracaso del canon indiscriminado, el ministerio ha renunciado de entrada a buscar mediante el diálogo con las partes implicadas una fórmula que permita de forma definitiva atender la compensación equitativa por copia privada y ha preferido
optar por dar continuidad a la salida provisional instaurada en diciembre de 2011, esto es, al pago con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, que es -hay que decirlo así- una barbaridad. Además, se ha reducido la cuantía, ahora es un 95 % inferior a la que se recaudaba con anterioridad, lo que supone un notable perjuicio para los creadores, según han
denunciado al unísono todas las organizaciones concernidas, entidades que ven cómo peligra el mantenimiento de su función.
Esta nueva configuración legal de la compensación por copia privada no se adapta a la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad
de la información. Además, el proyecto de ley declara ilegales todos los supuestos de reproducción o copia para uso privado que hasta el momento eran legales, perjudicando claramente al consumidor y todo ello para justificar la reducción de la
compensación que corresponde pagar al creador con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, el proyecto menoscaba la dimensión cooperativa de las entidades de gestión autogobernadas por los propios creadores, de hecho se
desregulariza la actividad de gestión de los derechos de autor. Estamos ante una de las leyes más intervencionistas de este Gobierno, sorprende en un Gobierno tan liberal, y no me refiero al control y a la transparencia que se les exige a las
entidades de gestión, que eso está muy bien y hay que darle la bienvenida, nos referimos a que de hecho el Gobierno interviene en la relación entre las entidades y los creadores, interviene rebajando directamente las tarifas un 30 % -¿y por qué esa
cifra y no cualquier otra?-, interviene imponiendo extrañas herramientas como la ventanilla única, etcétera. La única novedad relevante es la llamada tasa Google o canon AEDE, como se le quiera llamar, la compensación que se establece a los
editores por los agregadores de noticias.
Señor ministro, ¿por qué solo se reconoce ese derecho a los editores y no, por ejemplo, a los periodistas que elaboran las noticias y cuyo derecho de autor ha sido reconocido por la Comisión Europea? Permítame, en todo caso, que abra el
foco. Si los prestadores de servicios en Internet van a pagar a los editores, ¿por qué no se ha empleado esa misma fórmula en general? ¿Por qué el resto de los derechos de autor los vamos a pagar todos los contribuyentes, todos los ciudadanos vía
Presupuestos Generales del Estado y no pagan los prestadores de servicios de Internet y en Internet, que son precisamente quienes se estarían lucrando con la creación de terceros? Para el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural debe resolverse
ya de una forma definitiva la forma de pago de la compensación por copia privada. Los discursos están muy bien, pero de aquí conviene salir sabiendo quién va a pagar a los creadores. Quiero adelantar, como se verá en nuestras enmiendas parciales,
que ese pago a nuestro juicio debe recaer no en todos los contribuyentes vía Presupuestos Generales del Estado, no en los consumidores de determinados productos tecnológicos como se intentó por parte del Gobierno anterior, sino directamente por
parte de las empresas prestadoras de servicio de Internet y en Internet en la medida en que están beneficiándose de esas copias privadas.
También defendemos el papel de las entidades de gestión, su carácter cooperativo, pues deben ser gestionadas por los propios creadores, y también su función social a favor de la promoción de la cultura y a favor de los propios creadores en
situación de dificultad o de riesgo social. Pero por otra parte, también desde nuestro grupo defendemos que los autores, intérpretes y ejecutantes, en suma el conjunto de los creadores, tienen derecho a escoger entre adherirse a una entidad de
gestión de derechos de autor o autogestionarse. Tienen libertad para decidir sobre qué derechos quieren licenciar su obra o incluso para renunciar a los mismos. Sin embargo, el proyecto de ley ignora eso, así como la posibilidad de utilizar
licencias libres u otras alternativas al copyright tradicional como el creative commons que ya se ha mencionado con anterioridad. El Gobierno de hecho ha renunciado a generar mejores condiciones para la difusión cultural al no garantizar el apoyo a
la creación y a los creadores y creadoras, al no consolidar la accesibilidad universal y alcanzar a la vez un compromiso en defensa de la diversidad cultural, la libertad y el impulso del procomún y el trabajo colaborativo en la red.
Nos hayamos, pues, ante un proyecto de ley elaborado sin diálogo con los sectores implicados, sin alcanzar el más mínimo acuerdo y que debilita la protección de la propiedad intelectual en beneficio de las grandes empresas tecnológicas. Por
tanto, resulta imprescindible retirarlo inmediatamente y abrir un proceso de diálogo que permita abordar sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual que garantice la máxima transparencia y el control público en
las entidades que gestionan esos derechos y que resuelva definitivamente la fórmula que permita atender la compensación equitativa por copia privada a la que tienen derecho los creadores, sin cargar sobre el conjunto de contribuyentes ni penalizar
al conjunto de la ciudadanía.
También señalamos la injustificada provisionalidad de este proyecto de ley que podría tener apenas un año de vigencia. Lo cierto es que la reforma parcial presentada por el Gobierno adolece de falta de oportunidad y de cierta precipitación,
porque no permite adecuarla al resultado de los trabajos de las instituciones comunitarias en materias tan sensibles como compensación por copia privada o el régimen de la gestión colectiva. La reforma de verdad no es esta; vendrá no antes de un
año, según reconoce la disposición adicional tercera del proyecto de ley. Para entonces el Gobierno deberá abordar la elaboración de un proyecto definitivo, en el que habrán de evaluarse, entre otros aspectos, el régimen aplicable a la gestión
colectiva de derechos, el régimen de compensación equitativa por copia privada y las competencias y naturaleza del regulador. Estamos ante una ley parche que podía haberse hecho hace dos años, podía haberse hecho a principio de la legislatura y
podríamos estar ahora abordando la ley definitiva. Para nosotros es capital que el Gobierno no se haya atrevido a abordar en este proyecto de ley la compensación por copia privada, salvo esa tasa aplicada a los agregadores de noticias que tan
controvertida está resultando. El sistema diseñado por el Gobierno español se aleja de los trabajos realizados por la Comisión Europea. Recordemos que en esta materia concreta hay varias denuncias interpuestas contra el Reino de España ante la
Comisión Europea por las entidades de gestión, como consecuencia del sistema de financiación con cargo a los presupuestos del Estado, cuya resolución está pendiente ante las autoridades comunitarias. El Consejo General del Poder Judicial en el
informe emitido con objeto de analizar esta reforma ya ha alertado del riesgo de que el sistema de pago con cargo a los Presupuestos del Estado no se ajuste a las exigencias derivadas del derecho comunitario, y respecto a la restricción del límite
de copia privada, que justificaría una disminución de la cuantía de la compensación equitativa, el consejo general sostiene que podría situar el límite y la compensación en unos niveles tan exiguos que los titulares no se vieran compensados
adecuadamente del perjuicio efectivamente sufrido. Por otra parte, el informe del Consejo de Consumidores y Usuarios es igualmente crítico con este nuevo sistema, al considerarlo gravemente perjudicial para usuarios y consumidores, que se ven
obligados, a través de los impuestos, a mantener un sistema de copia privada independientemente de si realizan copias o no. Por eso, señor ministro, me alegra que hoy haya abierto la posibilidad de que se puedan alcanzar acuerdos en concreto en
esta materia con los grupos de la oposición, la posibilidad de que podamos alcanzar acuerdos acerca de la composición por copia privada, y le digo sinceramente, ojalá alcancemos acuerdos, desde luego nuestro grupo va a hacer propuestas en positivo
para intentar resolver de una forma definitiva esta cuestión.
Con respecto a otras materias, a otras cuestiones, nuestro grupo parlamentario expresará su opinión a través de las enmiendas parciales con más claridad, pero quizá convenga hoy fijar algunas posiciones como punto de partida para el debate.
Por ejemplo, con respecto a la piratería, lo hemos dicho en anteriores ocasiones, estamos de acuerdo con que se persiga a quien se lucra con el trabajo de terceros, pero ¡ojo!, salvaguardando siempre la relación P2P, que para nosotros es una pieza
fundamental en la sociedad del conocimiento y en el mundo de Internet, por lo tanto, la relación P2P tiene que estar a salvo de cualquier política antipiratería, y en ese sentido hay alguna sentencia en un tribunal que también parece que va en esa
misma dirección. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Otra cosa es la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual, excesivamente jerárquica, excesivamente gubernamental, otro rasgo del intervencionismo que
decía anteriormente, y desde luego nosotros haremos nuestras propuestas para mejorar su composición. Tampoco nos termina de convencer la ventanilla única, otra de las novedades del proyecto de ley, es muy controvertida, muy confusa también en su
redacción. Somos conscientes de que en algunos sectores, por ejemplo en la hostelería, es una molestia que vayan los representantes de las entidades de gestión uno detrás de otro a negociar cada uno lo suyo, lo entendemos, pero tenemos dudas de que
la fórmula recogida en el proyecto de ley sea la más adecuada, y tenemos dudas también de que las entidades de gestión actualmente existentes sean capaces de ponerse de acuerdo de una manera constructiva, ojalá, pero en todo caso vamos a ver si
podemos encontrar una fórmula mejor que esa.
Concluyo ya. Por la falta de consenso con los sectores culturales implicados, por la injustificada provisionalidad, porque no resuelve, no aborda la resolución de la compensación por copia privada, porque menoscaba la gestión colectiva de
los derechos de autor, por el excesivo intervencionismo del ministerio, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural reclama la devolución de este proyecto de ley al Gobierno, para que se abra una nueva etapa de negociación con todos los sectores
culturales implicados y se aborde ya la reforma integral que tanta falta hace para el sector.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Socialista, señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, es evidente que estamos ante un tema controvertido, pero la controversia no debería llevarnos a la confusión. Así, para evitar cualquier tipo de confusión, pondré en el frontis de mi intervención que la enmienda a
la totalidad del Grupo Socialista milita a favor de los derechos de los creadores y del respeto a la propiedad intelectual y que lo que pretendemos con nuestra enmienda es contribuir a que la ley sirva mejor a ese propósito. Ciertamente, nosotros
somos socialistas y creemos que la propiedad intelectual, como cualquier otra propiedad, debe estar sometida al interés general, tal y como establece el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando dice que toda persona
tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Promover el acceso a la cultura es una seña de identidad de las
políticas socialistas y los socialistas, por cierto, celebramos la existencia de Internet porque facilita el acceso a la cultura. De hecho, eso es también lo que quieren los autores cuando crean una obra, que el máximo número de personas la
conozcan y la disfruten. Uno se siente autor el día que publica y, además de querer que el máximo número de personas puedan acceder a sus obras, los creadores quieren también acceder a una retribución justa por su aportación a la cadena de valor de
los productos culturales, lo que es razonable.
El mencionado artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos dice también: Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o
artísticas de la que sea autora. Desde muy pronto los trabajadores de la cultura comprendieron que son trabajadores y defienden sus derechos como lo hacen los trabajadores, de manera colectiva y mutualista. Por cierto, curiosamente sus
organizaciones reciben los mismos injustos ataques que los sindicatos de los trabajadores. Hoy nos acompañan algunos responsables de las entidades de gestión de los derechos de los creadores, a los que desde aquí expreso nuestro reconocimiento y
nuestro apoyo en defensa de los derechos de sus asociados. El cambio tecnológico no deroga el derecho de los creadores a recoger los frutos de su trabajo, no deroga los principios fundamentales del derecho, como tampoco deroga los principios y los
valores que rigen la convivencia entre las personas; en el mundo virtual, como en el mundo material, la decencia es la decencia, el robo es el robo, y no son compatibles, por más que algunos crean que sí. Les hablo en nombre de un partido que
pertenece a una vieja tradición de la izquierda, de una izquierda que aprendió que, además de predicar, hay que dar trigo y sabemos el papel que cumple la propiedad en esa tarea de dar trigo. En nuestro país hay 7.500 empresas y 150.000 personas
que reciben de manera directa ingresos relacionados con los derechos de propiedad intelectual -de manera indirecta, todo el sector de la cultura-, pero la propiedad no solo sirve a la economía. Decía Hannah Arendt que Proudhon, el mismo que
afirmara que la propiedad es un robo, vaciló en aceptar el dudoso remedio de la expropiación general puesto que sabía muy bien que la abolición de la propiedad privada, aunque curara el mal de la pobreza, atraía muy probablemente el mayor mal de la
tiranía. También decía Hannah Arendt que la lógica de la acumulación de la riqueza de las sociedades modernas ha sacrificado la propiedad cada vez que ha entrado en conflicto con ella. Algunas grandes empresas tecnológicas no muestran hoy más
respeto por la propiedad de los creadores del que tenían en los albores del capitalismo los grandes poderes económicos por las propiedades de los pequeños agricultores. Unas empresas que, no obstante, defienden con uñas y dientes los derechos de
explotación de sus patentes y licencias, dándose la paradoja de que para esas empresas Piratas del Caribe 2 debe ser patrimonio de la humanidad desde el día antes de su estreno, pero el genoma de las semillas del maíz es una propiedad privada
inviolable. Algunos quieren ir más atrás aún, y dos siglos y medio después de la Revolución Francesa y en nombre del progreso quieren reducir a los creadores a la condición que tenía Haydn en la familia Esterházy, la de un sirviente protegido por
un mecenas, así también nuestros creadores se sumarán a la sinfonía de los adioses que están interpretando muchos jóvenes en nuestro país.
Señorías, hace unos días leí que en Gran Bretaña un canal de música en línea destina el 50 % de sus beneficios a los propietarios de las canciones que emiten. Pues bien, hay una disputa entre músicos y compañías discográficas sobre cómo
repartir esos beneficios, porque los músicos dicen, con razón, que la distribución de la música por Internet no supone el mismo gasto para las discográficas que cuando se hace a través de la venta de discos compactos. Este debería ser el debate
convencional entre izquierda y derecha provocado por el cambio tecnológico, y en ese debate político convencional seguramente ustedes
estarían ahora defendiendo los intereses de las empresas discográficas y nosotros los intereses de los músicos. Es probable que ustedes se inclinaran por los intereses de las editoriales y nosotros por los intereses de los autores. Quizá
ustedes defendieran con más ardor los derechos de los propietarios de los medios de comunicación y nosotros los derechos de los periodistas y los fotógrafos de prensa. Sin embargo y por desgracia no estamos ante una situación que permita un debate
convencional entre izquierda y derecha, porque la situación es que, según los últimos datos disponibles, en nuestro país en el año 2013 se produjeron 2.000 millones de accesos ilegales a obras musicales protegidas por derechos de autor, 720 millones
de accesos ilegales a películas, 196 millones de accesos ilegales a videojuegos, y 302 millones de accesos ilegales a libros -y luego dicen que no se lee-. Todo ello suma un valor superior a 16.000 millones de euros. Esta es la realidad que
reflejan los datos del sector, los únicos que tenemos por cierto, y agradecemos. Y no son, señorías -y no hay que perder mucho tiempo-, académicos e investigadores los que hacen esas descargas para sus publicaciones.
No podemos discutir cómo distribuir los frutos de la inversión y del trabajo del sector cultural si esos frutos no llegan al sector cultural. Por eso vamos a intentar llegar a un acuerdo con ustedes, vamos a intentar ayudarles, y no crean,
de verdad -no se lo crean-, que les ayudamos porque hemos olvidado su comportamiento en la pasada legislatura cuando el Gobierno socialista en minoría trató de resolver este problema; no solo en la acumulación de riqueza, también en la acumulación
de poder hay quienes sacrifican sin complejos los derechos de propiedad cuando les conviene. Entonces el responsable de comunicación del Partido Popular afirmó: el Gobierno reinventa la censura y crea una policía del pensamiento. No; no nos
mueve el olvido, la verdad, y a fuer de ser sincero tampoco nos mueve la esperanza. Dejo esto dicho para el 'Diario de Sesiones' para que algún diputado socialista del futuro sepa que no esperábamos, aunque agradeceríamos, reciprocidad. Lo hacemos
porque debemos hacerlo, porque se lo debemos a la sociedad y a la cultura españolas, porque nos los debemos a nosotros y a nuestra conciencia. (Aplausos).
Ustedes nos reprochan que no aprobáramos el reglamento de la Ley de Economía Sostenible en el último Consejo de Ministros del Gobierno socialista. Es verdad, no lo hicimos, y bien que lo lamentamos. Ustedes a cambio aprobaron el
reglamento, y para hacérselo perdonar modificaron la compensación por copia privada. El reglamento sin medios no ha servido a la cultura, pero la modificación del canon la ha perjudicado seriamente. A la crisis que ha producido en la industria
cultural el cambio tecnológico se han sumado la crisis económica, los recortes presupuestarios, la subida del IVA, y por si fuera poco la animadversión de un ministro, que en aras de la paz no nombraré, pero que todo el mundo sabe que es el señor
Montoro. Y no podemos permitirnos la crisis de la cultura porque necesitamos la cultura para salir de la crisis. Necesitamos la energía espiritual de la cultura, y también la fuerza material de la cultura. La marca España de la que ustedes tanto
hablan, señores del Gobierno, está compuesta en gran medida por nuestros creadores culturales, nuestros cineastas, nuestros músicos y nuestros artistas plásticos, que dan más nombre a nuestro país que muchas de nuestras empresas, con escasas y
honrosas excepciones.
Además de todo lo dicho, la cultura es un sector económico de primera magnitud, tan importante para nuestro PIB como la agricultura, y todos estamos preocupados por los empleos que se pierden, por las empresas que se cierran, por la riqueza
material que deja de crearse en el sector cultural. La cultura necesita una reconversión industrial. Si tiene que haber nuevos modelos de negocio en la industria cultural -que los tiene que haber-, el Estado debe contribuir a la reconversión y
acompañarla. Una buena Ley de Propiedad Intelectual es algo esencial para esa reconversión, aunque no sea lo único esencial.
Durante dos años hemos esperado este proyecto de ley y la sensación que tuvimos al leerlo fue pensar que si este proyecto es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Si los problemas a los que tenía que dar solución el proyecto de ley son los
que recoge acertadamente la exposición de motivos, el proyecto no da respuesta adecuada o suficiente. Un ejemplo de respuesta no adecuada es la respuesta a la cuestión del canon. Como se ha dicho aquí va en sentido contrario de la legislación y de
la última jurisprudencia europea. Un ejemplo de respuesta insuficiente es la solución que ofrece a los accesos ilegales a obras protegidas por los derechos de autor, como advierte el Consejo de Estado. La seguridad jurídica es la gran víctima de
este proyecto. Sin seguridad jurídica no hay comercio, y sin comercio no suele haber más que conflicto. No se han quejado las entidades de gestión de los derechos de autor de nuestro país de las exigencias de transparencia que les hace este
proyecto de ley, pero se han preguntado si este proyecto de ley las prepara de verdad para competir en un mercado europeo de derechos de propiedad. El proyecto no ha pacificado viejas disputas y ha introducido otras nuevas, como la ventanilla única
y las tarifas.
Ayer leí que el ministerio contestaba al informe sobre la piratería diciendo que era un informe de parte. Ahí está parte del problema. Falta un diagnóstico imparcial de lo que está ocurriendo en el sector sobre el que legislamos. Dado que
el Congreso tiene un presupuesto más bajo que el Club de Fútbol Villarreal, los únicos que pueden encargar o hacer un informe imparcial son ustedes en el ministerio -además son los dueños de esta iniciativa-, pero no lo han hecho. Ustedes legislan
y nosotros legislamos sin esos informes a ojo de buen cubero. En 2011 en una sesión celebrada el 19 julio ustedes pidieron al Gobierno socialista que en dos meses presentara ante el Pleno un proyecto de ley de reforma de la propiedad intelectual.
Disponiendo de una mayoría absoluta han tardado dos años en traer un proyecto con una reforma parcial, en el que nos dicen que dentro de un año traerán otro proyecto con una reforma total. Es un mal sistema, poco kantiano, ser más exigentes con los
temas que con uno mismo. Por eso lo sensato sería que ustedes retiraran el proyecto y trajeran en cuanto pudieran la reforma global, sistemática y coherente que prometen. Pero ustedes tienen 186 votos y nosotros tenemos la voluntad de ayudar al
sector de la cultura, que es una forma razonable de ayudar a toda la sociedad. Queremos pensar que es una voluntad compartida, así que lo único que podemos hacer es intentar acordar con ustedes enmiendas razonables para la sociedad y para la
cultura; para que la sociedad acceda fácilmente a la cultura y para que a la cultura se la retribuya por su trabajo y por sus inversiones. Estoy convencido de la buena voluntad del secretario de Estado y del ministro, también de la buena
disposición del señor Ruano. Fuimos capaces en momentos de mucha dificultad, señor Surroca, de llegar a acuerdos. Hay condiciones subjetivas entre nosotros para el acuerdo, y también hay una necesidad objetiva de la cultura y de la sociedad
española para el acuerdo. No va a ser fácil, pero tenemos que intentarlo, aunque solo sea porque se lo debemos a la sociedad y la cultura. Y porque se lo debemos, estamos obligados a intentarlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Torres Mora.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Vasco para fijar posición en torno a las enmiendas a la totalidad que se han presentado a esta reforma parcial de la llamada Ley de Propiedad Intelectual.
En primer lugar, quiero decir que este debate ha llegado en un momento malo; malo para poder gestionar y posicionarse con claridad cuando unas elecciones acechan, y desgraciadamente los intereses de los partidos pasan a ser otros. Por ello
las actitudes y posicionamientos que se han visto quedan muchas veces fijados por un denominado postureo -una palabra que se utiliza hoy en día- que a veces no es acorde al texto ni es tanta la contrariedad, pero después se sube a esta tribuna y se
dicen cosas que supongo que se piensan. De todas formas mi grupo no ha presentado enmienda a la totalidad, pero sin duda eso no quiere decir que nosotros llegado el momento apoyemos el texto, o no. Sin duda en este texto partimos de la base de que
es mejorable, sobre todo ha de ser mucho más claro y eficaz de lo que lo es en sus términos, cosa que con esta redacción no se refleja. Entre enmendar la mayor o dialogar, hemos querido optar por poner a prueba la capacidad de negociación de su
Gobierno, señor ministro, y tras ello será el momento en que nuestro grupo fijará verdadera posición, no ahora que nos estamos basando en las enmiendas a la totalidad de otros grupos. Cuando sea usted capaz de negociar, acordar, discutir y pactar,
veremos cuál es nuestra posición.
Por otra parte, tampoco estamos de acuerdo con algunos criterios, por lo menos de forma global, que algunos enmendantes han esgrimido cuando han subido a esta tribuna a la hora de plantear la retirada del texto, pero eso es a posteriori.
Seguramente nuestras razones también podrían tener suficiente entidad para enmendar; tenemos razones que desde una cierta perspectiva en otro momento podrían valer también para una enmienda a la totalidad, pero como he citado hemos preferido
esperar, sin aventurarnos, y con un margen de confianza que no es sinónimo de ingenuidad pardilla, porque ya nos conocemos mucho y bien. Por lo tanto hay un error en el punto del tema competencial en este proyecto de ley -más tarde lo citaré y
desarrollaré- y espero que se subsane de manera lógica. Asimismo cabe señalar las ciertas coincidencias entre los argumentos en las enmiendas a la totalidad que han tenido algunos partidos tan dispares entre sí, que es algo también anecdótico.
Estamos ante un proyecto de ley que no deja de ser un parche más -se ha citado y eso es así-; es un parche, una medida transitoria que se autorreconoce como tal, con fecha de caducidad, y que no cubre
todas las necesidades de este complejo e importantísimo aspecto para nuestra sociedad. Nosotros reclamamos que para afrontar una reforma total de una ley de esta índole primero tenemos que realizar un verdadero diagnóstico de la situación:
cómo estamos en esta materia, cuáles son los verdaderos problemas que acucian a la propiedad intelectual, a quién se está perjudicando con las actitudes que tenemos hoy en día, y a quién se está beneficiando. Es más, cuando se ha realizado un
proyecto de ley, ¿a quién se perjudica y a quién se beneficia? Está claro que tenemos problemas nuevos, con un mundo nuevo y desconocido, y que necesitamos soluciones nuevas.
Yo creo que la propiedad intelectual no es una institución jurídica inocua, está al servicio de un determinado modelo de sociedad y de una determinada idea de la creación, y partimos de la base clara y rotunda de que si existe una obra con
un creador de la misma, existe una propiedad intelectual, y esa propiedad es poseedora de derechos, es un principio claro para nuestro grupo. A lo largo de la historia esos derechos han sido gestionados por entidades que bien, mal, mejor o peor han
realizado la labor colectiva que individualmente hubiera sido imposible, pero hoy en día a la hora de legislar el legislador tiene que partir de los siguientes criterios: ¿estamos igual que antes? ¿Los problemas que antes teníamos los podemos
reconocer como los de hoy en día? ¿Es lo mismo leer un libro que hemos comprado que encender un ordenador y leer algo que aparece en la pantalla? ¿Necesita la misma legislación? Creo que venimos de un mundo físico a un mundo virtual, y quizá esa
problemática no puede tener la misma solución. No podemos llegar a las mismas conclusiones reconociendo los principios que he dicho al comienzo de mi intervención, que son ineludibles. Por tanto la reflexión ha de ser mucho más profunda que la de
plantear una ley como si fuera de cualquier otra cuestión puramente mercantil, que no lo es. Se ha hablado mucho de las entidades de gestión. Esta ley no debería ser una ley para saber cómo gestionamos estas entidades, aunque son un elemento
fundamental en este proyecto de ley.
Hay una cuestión clara, y es hasta qué punto hemos seguido a Europa en todo esto. A mi grupo le gustaría que en esta materia, como en otras de tanta importancia, existiera una legislación europea, una legislación válida para todos los
europeos, porque esto no es ningún capricho, ya que hay muchos millones de usuarios y de beneficiarios. Llegará un día en que deberíamos de aspirar a tener una legislación europea, porque puestos a ceder soberanía cedámosla hacia arriba; es decir,
vamos a hacer que sea Europa la que legisle en esta materia. Nos quejamos mucho cuando se cede abajo soberanía, por tanto vamos ir para arriba hoy. Desde hace lustros se piden trasparencia en Europa, competencia y equilibrio, y el Estado español
se ha acostumbrado a aceptar a regañadientes lo que debería ser automático. Se han de trasponer al ordenamiento jurídico español, sin rodeos y con perspectiva de futuro, las diferentes directivas que se han planteado. Nosotros lo celebramos cada
vez que se produce, pero nos preocupa que tras la aprobación formal no se pongan en marcha los mecanismos de control de los que se dota la Administración para esta práctica. Hay que agarrar también a ese toro por los cuernos. Europa lo está
exigiendo, y de hecho en casa ya tenemos un demoledor informe de 2010 de la antes Comisión Nacional de la Competencia sobre gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual, que ya se refería claramente a la falta absoluta de claridad en las
tarifas, a la inexistencia de una licencia única, a la ausencia general de diferentes tipos de licencias, etcétera. Es decir, vamos a ser correctos en esto también. El señor Torres Mora decía que hay que ser decente; el que roba, roba, y el que
no es decente es indecente, sin duda alguna.
Se me está yendo el tiempo porque hay mucho que hablar en esto, pero hay un elemento que no quiero obviar. En Euskadi también nos sentimos apelados y corresponsables de hacer que un sistema equitativo de gestión de derechos de autor
funcione, y de hecho hay algo que se ha obviado en este proyecto. El Real Decreto 896/2011, de 24 de junio, sobre ampliación de servicios de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco por Real Decreto
3069/1980, en materia de ejecución y legislación sobre propiedad intelectual, dice -porque ya está traspasado- que el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, ya aprobado, sobre la base de las previsiones constitucionales y estatutarias, tiene que
proceder a formalizar el acuerdo sobre la ampliación de servicios de la Administración General del Estado traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ese traspaso le da al Gobierno vasco la capacidad para poder gestionar y para poder crear
sus propias entidades de gestión. Dice el artículo 3.1: la autorización y revocación de autorización de las entidades o asociaciones de entidades que pretendan dedicarse de manera exclusiva o mayoritariamente en el ámbito de la comunidad del País
Vasco...; la aprobación de estatutos de dichas entidades, etcétera. ¿Qué significa todo ello? Que esta ley o este proyecto de ley contiene un lapsus, un despiste que es eminentemente jurídico, y que esperamos que en el plazo de enmiendas se pueda
subsanar, porque si no sepa, señor
ministro, que no vamos a poder apoyar este proyecto, ya que han de recogerse por pura mecánica constitucional las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que a esta le corresponde no solo la inspección, vigilancia y control,
o la potestad sancionadora, que dicen que aparecen en el proyecto de ley, en el artículo 1, apartados 20 y 21, sino también como he citado la autorización y revocación de autorización de las entidades o asociaciones de entidades. Por tanto habrá
que introducir una disposición adicional tercera o el formato jurídico oportuno para que se recoja esto que aparece y que le he citado. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Podemos seguir hablando mucho del tema de la copia privada, de la tasa denominada Google, que nadie ha querido citar, pero de la que ya todos hablamos, del tema de la ventanilla única, pero al fin y al cabo debemos ir hacia un modelo social.
Podemos hacer discursos surfeando, sin decir muchas cosas, en el cual apelemos a la cultura, al favorecimiento de los creadores, a la defensa social que la misma, etcétera, en los que nosotros también creemos, pero en este sentido hace falta una ley
de consenso, porque aquí no pueden ser unos los beneficiados y otros los perjudicados de una manera desigual.
No voy a entrar ahora en el tema de tarifas. Todo eso ya llegará en su momento, porque además seguro que me llama la atención enseguida la Presidencia. Creemos en el derecho a la propiedad intelectual. Creemos en la protección del mismo.
Creemos que las nuevas formas de acceso a la información necesitan nuevas soluciones. Creemos en una sociedad informada, con acceso por las nuevas tecnologías a esos nuevos sistemas de información. Yo creo que al fin y al cabo el deber de esta ley
es ser una ley balanza; una ley que poniendo en un lado el derecho al acceso que tienen los ciudadanos, y en el otro platillo de la balanza el reconocimiento del valor que tienen las obras, y que tienen unos derechos, tener la posibilidad de llegar
a un equilibrio en el que todas las partes se vean reconocidas en sus derechos y en sus obligaciones.
Mi grupo no va a votar a favor de las enmiendas a la totalidad. Como he citado no estamos de acuerdo con la ley. Vamos a dar un margen de confianza al Gobierno para que sea capaz de articular una predisposición al diálogo, a la lectura de
las enmiendas presentadas, al reconocimiento de las mismas, y sobre la base de los acuerdos a que podamos llegar o no decidiremos nuestro voto en su momento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió hemos defendido desde la anterior legislatura la necesidad de una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Pero como esta reforma integral no llega, y lo que nos presenta el Gobierno es esta
avanzadilla en forma de proyecto de modificación de la ley ya existente, de reforma parcial, que llega tarde pero que finalmente ha llegado, por ello nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmienda a la totalidad. No podemos demorar más
determinados cambios en la actual regulación de la propiedad intelectual, que urgen al sector cultural. La propia exposición de motivos del proyecto reconoce también esa necesidad de reforma integral. Sin embargo no la plantea. Nos ofrece una
reforma mucho más tímida en la que quedan muchísimos puntos por solucionar, muchos flecos sueltos o pendientes de perfeccionar. No obstante es un punto de partida para trabajar, y desde nuestro grupo no queremos desaprovechar la ocasión. No
queremos correr el riesgo de que este proyecto se pudiera convertir en una nueva ley como la de mecenazgo, que planea durante toda la legislatura sin concretarse en nada. Por lo tanto desde este punto de vista nuestro grupo parlamentario va a
intentar trabajar en forma de enmiendas al articulado para mejorar su contenido.
Esta reforma que nos presenta el Gobierno es necesaria, sin duda, pero insuficiente y mejorable en su contenido. Nuestro grupo parlamentario es crítico, y será crítico durante la tramitación de ese proyecto, porque su enfoque no nos parece
el más adecuado. Pero al menos este primer texto sobre el que ya estamos debatiendo -y ya estamos en la segunda mitad de la legislatura- nos permite establecer un punto de partida para que -esperemos-, con la voluntad que hoy ha manifestado el
señor ministro, lleguemos a puntos de encuentro, lo mismo que sucedió en la anterior legislatura con la denominada Ley Sinde.
Las modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual que tenemos sobre la mesa se centran fundamentalmente en cuatro grandes bloques: la revisión del sistema de copia privada, tanto de la definición de
copia privada como del mecanismo de compensación de copia privada; la introducción de la regulación de las obras huérfanas; el diseño de mecanismos eficaces de supervisión
de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, y la mejora -muy necesaria por otra parte- de la Comisión de Propiedad Intelectual; y por último, el endurecimiento de los instrumentos de reacción frente a la
vulneración de los derechos de propiedad intelectual, que permita el impulso de la oferta legal en el entorno de Internet. A modo de titular es toda una declaración de buenas intenciones, y los cuatro bloques son puntos capitales de esta reforma.
Déjenme que vaya punto por punto para exponerles la posición de Convergència i Unió al respecto.
Como ya he dicho anteriormente somos fervientes partidarios de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, lo cual -lo vuelvo a repetir para que nadie se llame a confusiones- no significa que estemos completamente de acuerdo con el texto
que hoy nos presenta el Gobierno, ya que, aun a riesgo de resultar reiterativa, nos resulta insuficiente y no acaba de convencernos su enfoque. Para eso está la tramitación parlamentaria, para eso tendremos las enmiendas al articulado. Espero y
confío en la palabra en este caso que hoy nos ha ofrecido el ministro de llegar a consensos, la misma disposición que también hemos escuchado del portavoz socialista, al igual que sucedió en la anterior legislatura en la que llegamos a un acuerdo en
la denominada Ley Sinde. Además para Convergència i Unió la protección de la propiedad intelectual es especialmente importante, y lo es porque representamos en este Parlamento a una cultura y a una lengua que están en inferioridad de condiciones en
relación con otras. Si a esa inferioridad de condiciones le añadimos una mayor desprotección de nuestros autores, estamos poniendo en peligro una cultura y una lengua milenarias. Debemos y queremos velar por nuestros autores, y por ello es tan
importante la tramitación de este proyecto.
Pero vayamos por partes, o mejor por bloques. El primer bloque versa sobre el concepto de copia privada y la compensación estipulada en esos casos para el autor. Por lo que se refiere al concepto de copia privada, este se restringe sin
justificación, pudiendo producir situaciones de falta de seguridad jurídica, fundamentalmente para el sector de difusión de contenidos protegidos. Además el proyecto de ley pretende dejar fuera del cómputo para la estimación de la compensación
equitativa determinadas reproducciones que en principio serían compensables por cumplir los requisitos, pero cuyo perjuicio para los titulares puede calificarse de mínimo. Por otra parte, en los supuestos de copia privada no compensable nos
encontramos con tipos de reproducción que no pueden acogerse al límite de copia privada, y por lo tanto no tiene sentido exceptuarlas del cómputo. Nos referimos a las copias realizadas por personas no físicas y/o con equipos, aparatos y soportes
manifiestamente reservados a usos distintos a la realización de copias privadas. Es más, el Gobierno tiene la obligación de actuar para que no se realicen tales reproducciones, no limitándose únicamente a desconocer su existencia a efectos de
compensación equitativa a los titulares, en el sentido precisamente de lo señalado en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de junio de 2013. Por tanto este será uno de los puntos sobre los que debamos debatir. De hecho
todo el artículo 25, tal como ha quedado redactado en estos momentos, no nos gusta, especialmente en lo que se refiere al sistema de compensación por copia privada adoptado por el Gobierno, donde se establece la financiación de la compensación
equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Permítanme que les diga que es un despropósito que quien asuma nuevamente el pago de los cánones o la compensación por copia privada sea el consumidor, el ciudadano, y que además los pague dos veces, una vez a través de los presupuestos y
otra al comprar aparatos y soportes tecnológicos. La adopción de esta medida de supresión del canon que gravaba los equipos, aparatos y soportes susceptibles de ser usados para realizar reproducciones tenía su origen aparentemente en la sentencia
del Tribuna de Justicia de la Unión Europea, de 21 de octubre de 2010, a raíz de una cuestión prejudicial interpuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona. En dicha sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que la
aplicación indiscriminada del canon por copia privada en todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resultaba
conforme a la directiva europea. De este modo y para excluir la aplicación del canon a los usos profesionales y empresariales, por resultar indebido, conforme a la citada sentencia, la opción de reforma del Gobierno ha sido eliminar directamente el
mismo, cargando la compensación por copia privada directamente a los Presupuestos Generales del Estado. La medida, que aparentemente pretendía terminar con una aplicación indiscriminada del pago de la compensación equitativa, sin embargo, a nuestro
parecer, consigue todo lo contrario. Por ello ya le adelanto, señor ministro, que ahí encontrará una enmienda de nuestro grupo parlamentario que esperemos que sea bien recibida.
En cuanto al tercer bloque de la reforma, con el que estamos de acuerdo en sentido general, creemos que es susceptible de mejora. Las nuevas exigencias para las entidades de gestión eran indispensables si queremos avanzar realmente hacia
una mayor transparencia y mayor control. Hoy, como se ha dicho, nos acompañan en la tribuna determinados representantes de entidades de gestión colectiva de derechos de autor. Como los demás grupos, hemos hablado en muchas ocasiones con ellos.
Habíamos hablando de la necesidad de mejorar en ese sentido y las propias entidades de gestión están de acuerdo con ello. Este aspecto del proyecto que hoy se está debatiendo es importante, avanza en la buena dirección, pero aún es muy mejorable.
Nuestro grupo parlamentario también va a presentar medidas al respecto.
No obstante, hay una cuestión que nos preocupa y mucho. Encontramos en este proyecto determinados aspectos que invaden competencias de las comunidades autónomas, y es precisamente en este tercer bloque, el que hace referencia a las
entidades de gestión. Como bien sabe, señor ministro, corresponde a la Generalitat de Catalunya, de conformidad con el artículo 155.1.b) del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de propiedad intelectual, incluyendo en
cualquier caso tanto la autorización y la revocación de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en Cataluña como las funciones complementarias de inspección y control de esa
actividad. Consideramos que hay una clara vulneración de competencias de la Generalitat de Catalunya y esperamos que se rectifique a lo largo de la tramitación parlamentaria. Este es un punto muy importante para nuestro grupo parlamentario.
Finalmente, el último gran bloque y sin duda de capital importancia en la sociedad actual es la mejora de los instrumentos para la lucha contra la vulneración de derechos de autor, con el fin de conseguir una oferta legal en el entorno de
Internet y que nos permita ser más competitivos en ese campo. No podemos olvidar que la singularidad más destacable de esta indispensable reforma es que afecta, más que a posiciones ideológicas, a la defensa de intereses diversos y a menudo en
conflicto. Creemos que es importante que se consiga un equilibrio precisamente en la defensa de esos distintos intereses en conflicto. Se aborda una importante reforma de la Comisión de Propiedad Intelectual.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe usted ir terminando.
La señora SURROCA I COMAS: Muchas gracias, señor presidente, voy terminando.
En este último bloque nos preocupa enormemente que no haya ninguna previsión por lo que se refiere a los medios de los que va a disponer esa Comisión de Propiedad Intelectual. Por bien que esté redactada la ley, si no dispone de medios
económicos y materiales para hacer frente a la tramitación de las denuncias, estaremos en el mismo lugar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ruano.
El señor RUANO GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, desde el inicio de esta legislatura, el Grupo Parlamentario Popular viene manteniendo diversas reuniones con colectivos, asociaciones y sociedades vinculados a la defensa de la propiedad intelectual; unas reuniones
que han supuesto una escucha activa que se ha intensificado aún más si cabe con la presentación en el Congreso de los Diputados de este proyecto de ley sobre la propiedad intelectual. Y es que en el Grupo Popular estamos convencidos de que escuchar
es la antesala de una buena decisión, y en esta escucha activa, señorías, hemos tenido ocasión de conocer dos de los calificativos más citados cuando se nos demandaba esta reforma. Se nos ha dicho que esta reforma era necesaria y se nos ha dicho
que esta reforma era urgente y, efectivamente, la reforma de la propiedad intelectual que supone este proyecto de ley es necesaria y urgente. Es necesaria porque tiene, entre otros objetivos, dos que son fundamentales: primero, reforzar los
mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual asegurando así una mayor eficacia y transparencia en su funcionamiento y, segundo objetivo, mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual
de nuestros creadores culturales frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital. Además de necesario, este proyecto de ley es urgente y lo es porque se hace preciso trasponer dos directivas europeas que quedaron pendientes de la
anterior legislatura.
Dicho esto y pasando ya a las enmiendas formuladas, es justo comenzar reconociendo que los grupos enmendantes no han presentado un texto alternativo que acompañe a las mismas. Por esta razón,
entenderán sus señorías que el proyecto de ley presentado por el Gobierno constituye la base para el diálogo, el acuerdo y el consenso sobre aquellas enmiendas parciales que pudieran mejorar técnicamente el texto y desde ahora mismo deseo
manifestarles al conjunto de los grupos parlamentarios la firme voluntad del Grupo Parlamentario Popular de impulsar el diálogo, el acuerdo y el consenso para mejorar el texto técnicamente en todo cuanto sea posible.
Por otra parte, comprenderán sus señorías que deba referirme a la sorpresa que han causado en el Grupo Popular algunos de los motivos que aducen algunas formaciones políticas para rechazar el proyecto de ley, porque de esos motivos se deduce
que no tienen el mismo interés por defender a nuestros creadores culturales frente a la vulneración de sus derechos en el entorno digital y que tampoco exigen los mismos niveles de eficacia y transparencia que desde el Grupo Popular queremos que se
establezcan en el funcionamiento de las sociedades de gestión.
Ahora, permítanme referirme, en primer lugar, a la coincidencia entre algunos de los motivos aducidos por UPyD, Amaiur y La Izquierda Plural para rechazar este proyecto de ley. Y es que la clara sintonía argumental entre Amaiur, UPyD y La
Izquierda Plural les hace coincidir en calificar el proyecto de ley como de intervencionista, así como acusarle de frenar el desarrollo de Internet. Pues bien, señorías de La Izquierda Plural, Amaiur y UPyD, permítannos decirles con toda cortesía
que entendemos que han malinterpretado el texto cuando dicen que esta ley hará ineficaces las licencias creative commons en los ámbitos de la nueva economía y la socialización del conocimiento y también han malinterpretado el texto cuando dicen que
las universidades con esta ley pagarán por los contenidos creative commons que los profesores publican en la red para sus alumnos. Porque, señores de UPyD, Amaiur y La Izquierda Plural, en realidad en nada afecta a la posibilidad del autor de
explotar contenidos mediante licencias libres que permitan la reproducción o comunicación de estos contenidos cuando ello se haga sin ánimo de lucro o citando el nombre del autor. Y es que, incluso, las licencias libres son una forma regulada de
licenciar o autorizar.
Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, en la que se pide la devolución del proyecto de ley presentado en el Congreso de los Diputados el 14 de febrero -el 14- porque echa en falta que no se recoja una directiva europea aprobada el 26
de febrero -el 26-, pues qué quieren que les diga. Nosotros lo que sí hemos echado en falta en los años de Gobierno socialista es que en el año 2006 su ministra de Cultura afirmase que resultaba necesario abordar una reforma de mayor calado de la
Ley de Propiedad Intelectual y que luego pasasen seis años de Gobierno socialista sin hacerlo. (Aplausos). Nosotros lo que hemos echado en falta en los años de Gobierno socialista es que en marzo de 2010 la Comisión de Cultura instase al Gobierno
socialista a que revisase y elaborase una nueva ley de propiedad intelectual en la anterior legislatura y que tampoco lo hiciese, y nosotros lo que hemos echado en falta es que se cumpliese el mandato legal previsto en la Ley de Economía Sostenible
de revisar el canon digital antes del 6 de junio de 2011 y que tampoco lo hiciese.
Finalmente, como los grupos aluden a ello, queremos subrayar que, naturalmente, se trata de una reforma parcial y urgente. Es parcial porque así lo señala además el propio proyecto de ley, porque estamos esperando a que la Unión Europea
armonice precisamente el conjunto de legislaciones nacionales con relación a la copia privada. Y es urgente porque, como acabo de comentar, es preciso trasponer dos directivas europeas.
Señorías, termino. Este es un proyecto de ley sobre el que nos gustaría que quedase claro lo siguiente. Primero, que supone una reforma necesaria para proteger a nuestros creadores culturales en Internet y, segundo, que conlleva una mejora
de los niveles de eficacia y de transparencia de las sociedades de gestión de derechos de autor.
Señor presidente, señor ministro, señorías, concluyo. Este proyecto de ley, como ocurre con las cosas importantes de la vida política, no es para llegar solos aunque seamos los primeros. Es para llegar todos juntos y a tiempo.
Muchísimas gracias por su atención y su consideración. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señoras y señores diputados, muy brevemente y sin voluntad de reabrir el debate, quería únicamente en primer lugar agradecer a todos los grupos
intervinientes, tanto a los enmendantes como a aquellos que han fijado posición, el contenido y el tono de sus intervenciones. Quería aclarar alguna cuestión de las que
han sido objeto de tratamiento por parte de los intervinientes, pero alguna cuestión simplemente de hecho no de debate. Son cuestiones tales como cómo engarza este proyecto con la posibilidad de utilización de creative commons o copyleft,
pero la intervención del representante del Grupo Popular me exime de hacerlo, porque creo que han quedado suficientemente aclaradas. No quiero tampoco competir con el portavoz del Grupo Socialista en la utilización de esa figura retórica que a mí
me gusta tanto como es el lítote, porque desde luego de atenuación ha tenido poco. Simplemente quisiera reiterar el propósito que anima al Gobierno y que materializará el Grupo Popular en el Congreso de que seamos capaces realmente de llegar a un
norma que goce del máximo respaldo en esta Cámara. Es importante que tenga ese respaldo porque yo sé que en este tema como en otros tantos las leyes no lo hacen todo, pero las leyes pueden ayudar a que se genere una conciencia social, que es
probablemente lo más necesario que en este momento se plantea en esta cuestión.
En el curso de los últimos días, concretamente ayer y hoy, se ha hablado mucho de los resultados de un trabajo encargado por la Coalición Creativa a una empresa de investigación acerca de la piratería. Se han discutido -de hecho el
ministerio las ha discutido- algunas de las cifras que de ese trabajo se deducen. No es esa la cuestión importante a mi juicio; la cuestión importante es aquella que tiene que ver con las actitudes de la gente sobre la piratería y,
particularmente, las actitudes de aquellos que incurren sin ningún sentimiento de culpa en comportamientos ilícitos en el marco de la protección de la propiedad intelectual. Nuestra obligación es trasladar a la sociedad que la condición de
pervivencia, la condición de desarrollo, la condición de crecimiento de nuestras industrias culturales y creativas es que se entienda la necesidad de cohonestar el derecho de los creadores y de otros titulares de derechos de propiedad intelectual
con, por supuesto, las inmensas oportunidades que ofrece el entorno digital para aumentar el acceso a los recursos educativos, a los recursos culturales, a los recursos de entretenimiento y que todo ello permita que nuestras industrias culturales y
creativas tengan un desarrollo mayor y más próspero. Creo que hay un acuerdo más que sustancial sobre los objetivos y que en este sentido las diferencias ideológicas no tienen por qué constituir un obstáculo insalvable para que seamos capaces de
conseguir ese acuerdo. Animo a todos los grupos a que, en el trabajo de la Comisión que seguirá a la votación que espero favorable en el día de hoy, trabajemos todos para conseguir ese acuerdo y de nuevo les agradezco su cooperación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA AGRARIA Y PESQUERA DESARROLLADA POR EL MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 173/000141).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista sobre la política agraria y pesquera desarrollada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para su defensa tiene la palabra el señor
Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, presidente.
Esta moción es consecuencia de la interpelación que hicimos al ministro de Agricultura saliente, al señor Arias Cañete, nombrado ayer candidato a las elecciones al Parlamento Europeo. Permítanme que aproveche la tribuna para desearle suerte
al ministro -ya lo hice ayer personalmente-; un ministro con el que mantenemos evidentes discrepancias ideológicas, pero que tengo que reconocer que es un ministro con el que es fácil llevarse bien.
La verdad es que muchos piensan, pensamos que el ministro se va dejando importantes problemas sin resolver en el ministerio y a esos problemas es a los que trata de dar respuesta esta moción que hoy vamos a debatir. Sabemos que el ministro
candidato no tenía muchas ganas de encabezar la candidatura europea -él sabrá por qué-, pero desde el punto de vista del tema que nos ocupa hoy, sí puede estar contento, porque va a quitarse la presión que en este momento tiene por evidentes
problemas que abruman a los agricultores, a los ganaderos, a la industria agroalimentaria española. Se deja varias patatas calientes sin resolver y algunas de estas patatas huelen, huelen mal. El ministro se va por ejemplo sin resolver el destino
de millones de toneladas de estiércol, de purines de explotaciones porcinas, que en este momento nadie sabe dónde van a terminar. Por tanto, señores del Grupo Popular, si ustedes quisieran
facilitarle el trabajo al nuevo o nueva responsable de la cartera de Agricultura, bien harían en aprobar en todo o en parte la moción que hoy les sometemos a votación, porque el nuevo ministro o la nueva ministra no va a poder apelar, como
hacía siempre Cañete, a la herencia socialista. Estos problemas reales van a ser herencia popular, y la moción, como -vuelvo a repetir- son problemas reales, ayudaría, si ustedes la votaran en todo o en parte, a aligerar la carga de quien vaya a
asumir la responsabilidad.
La moción tiene varios puntos. El primero se dedica a la política agraria europea, el tema más importante lógicamente. Ya dijimos en la interpelación que ustedes, el Partido Popular, ha desaprovechado una oportunidad histórica, y es que
por primera vez en la historia el reglamento comunitario permite diseñar un modelo de ayudas que se dirijan a los agricultores profesionales, a los que crean empleo, y ustedes sin embargo han optado por diseñar un modelo que lo que hace es consagrar
todas las injusticias del modelo anterior, que prioriza las ayudas hacia los grandes terratenientes de tierras, algunos de ellos ociosos, en definitiva un modelo que no tiene que ver con el compromiso de la creación y el establecimiento del empleo
en el medio rural. ¿Y qué les pedimos con relación a la PAC? Les pedimos que seamos capaces de dar respuesta a la principal pregunta que se hace cualquier agricultor o ganadero de España, que en este momento pregunta -y nadie le contesta- cuánto
va a cobrar en el nuevo modelo. El Partido Popular, el ministro ahora en la campaña europea se va a hartar de decir que nadie se preocupe, que todo el mundo va a cobrar por lo menos lo mismo, que nadie pierde, y nosotros y ellos sabemos que para la
nueva PAC va a haber menos dinero, que va a haber más superficies sobre las que aplicar las ayudas, que el presupuesto va a descender año por año y, por tanto, se temen que puedan perder dinero de las ayudas.
Les pedimos que hagan público ese plan de regionalización, ese modelo de aplicación de las ayudas, que efectivamente difuminará los efectos negativos de la tasa plana, que el Gobierno socialista nunca apoyó -por si acaso se vuelve a reiterar
esto-, para que cada agricultor sepa, comarca a comarca, cuánto va a cobrar y que él mismo haga su cálculo: si es más, enhorabuena por la negociación; si es menos, hagan el favor de no mentir. Le pedimos también al Gobierno que atienda el
requerimiento que le han hecho seis consejeros de comunidades autónomas, algunas del Partido Popular, para que convoque la conferencia sectorial, que reasigne los fondos del desarrollo rural, que elimine las injusticias y sobre todo que reponga el
compromiso del Estado con la aplicación de los programas de desarrollo rural, porque su decisión, la decisión de cofinanciar al 30 % y no al 50 %, supone robarles más de 2.000 millones de euros a las políticas de desarrollo rural en nuestro país.
La moción pretende por otra parte que el Congreso fije posición ante los nubarrones, ante las iniciativas que están apareciendo en todos los medios de comunicación de establecer modificaciones fiscales que pueden afectar muy gravemente a
este sector. Se está pidiendo algo elemental, señores del Grupo Popular, como que digan aquí que no van a subir el IVA de la alimentación, que digan aquí que no van a eliminar el sistema de módulos, que digan aquí, y lo voten, que no van a
establecer un impuesto al vino, como dice ese informe que ha encargado el ministro de Hacienda. Pedimos al Gobierno que tome medidas inmediatas que eviten dos problemas graves que tiene la agricultura, en primer lugar, por lo que se refiere a la
agricultura de regadíos, con unas tarifas eléctricas que por sus decisiones están siendo en este momento inasumibles y haciendo totalmente inviables miles y miles de explotaciones. En segundo lugar, les estamos pidiendo que tomen una decisión, pero
una decisión seria, coherente, que permita el mantenimiento de las veintinueve plantas de purines que están funcionando, que tienen un acuerdo para quince años, que ustedes están unilateralmente modificando y que va a suponer el cierre de las
plantas y un destino ambientalmente no compatible de estos purines de las explotaciones porcinas.
En relación con la política pesquera les estamos pidiendo algo muy elemental, que den contestación a las manifestaciones que está habiendo en la calle. Desde el Partido Socialista le pedimos al Gobierno que ustedes voten aquí que se
convoque inmediatamente a todas las partes, a las administraciones públicas, al sector para conseguir un mecanismo de reparto adecuado, con suficiente consenso, equilibrado y justo de la cuotas de caballa y jurel para cerco y otras artes en el
caladero regional Cantábrico noroeste, y en cada una de ellas, entre las flotas y las embarcaciones. Esto es lo que está pidiendo el sector. Recogemos sus demandas, que traemos aquí para que se reúna a las partes y se acuerde un mejor reparto y
más consensuado. Por otra parte, también en materia de pesca, reclamamos que el Gobierno se esmere, se ponga a la tarea de pedir a las autoridades de la Unión Europea mayores cuotas de atún rojo o atún del Atlántico basándose en el informe del
comité científico sobre el estado de la población del atún rojo y en las valoraciones efectuadas sobre la mejora observada en este recurso en los últimos años.
Les quiero decir que de verdad hemos tratado de hacer una moción que en términos políticos podríamos denominar blandita. Hemos puesto cosas que se pueden votar intentando buscar un compromiso del Partido Popular que elimine incertidumbre.
Si ustedes no votan esto, ...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar con la última frase.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Ya termino, señor presidente.
... si ustedes no votan que no suba el IVA de la alimentación, si no votan a favor de una solución para los regadíos o para los purines o para asegurar un futuro o un marco estable en estos sectores, es que en definitiva es imposible que
nosotros podamos traer algo que pueda ser votado y finalmente aprobado por esta mayoría del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Hay enmiendas presentadas por los grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, presentamos esta enmienda a esta moción, que ya anunciamos que vamos a votar favorablemente, independientemente de que se nos acepte o no, pero nos gustaría que fuese aceptada, por varias razones, en primer lugar, porque planteamos
en la enmienda unos puntos que nos parecen importantes tanto para el sector agrario como para el sector de la pesca; por otro lado, porque estos puntos inciden en algo que desde nuestro punto de vista debería haber resuelto ya el Gobierno. Me
refiero concretamente a criterios más justos en la distribución de las ayudas de la PAC y también más justos en relación con la definición de la realidad de la actividad agraria y, por lo tanto, de la figura del agricultor o de la agricultora.
El Gobierno no puede decir en estos momentos que son cosas que vienen decididas por Bruselas y que por tanto lo que tiene que hacer es llevarlas a cabo. Para nada. En esta ocasión, con la nueva PAC, los criterios a establecer para esa
distribución correspondían al Gobierno, que no quiso afrontar, resolver o dar solución a muchos de los problemas que se venían presentando por el sector agrario, que reclamaba unos criterios mucho más sociales y más ajustados, como digo, a la
realidad territorial del sector agrario en el Estado español. Por eso entendemos que se deberían revisar los acuerdos de distribución de los fondos de la PAC con el objetivo de modificar el criterio de reparto de las ayudas, sobre la base del
número de hectáreas y la cuantía de las mismas, de manera que sean más progresivas y no perjudiquen a las pequeñas superficies.
En Galicia, señorías, donde la agricultura está en manos de pequeñas explotaciones familiares, hemos calculado que por el criterio establecido, donde las grandes superficies y los grandes latifundios son los más beneficiados, se han perdido
aproximadamente unos 300 millones de euros. Por eso también planteamos en la enmienda que se mejoren las ayudas al sector lácteo y al vacuno. Es verdad que este es un momento dulce, por decirlo entre comillas, para el sector lácteo, porque está
teniendo un precio, en relación con épocas anteriores, más justo, pero en este momento, señorías, ya es noticia que la industria quiere rebajar 3 céntimos-litro el precio de la leche por el exceso de producción de los países europeos y que llega al
Estado español. Por tanto, vamos ya a verificar los problemas que la liberalización de la producción de leche van a producir a nuestros ganaderos. Concretamente estoy hablando de Galicia, y cuando se habla del sector lácteo en Galicia tenemos que
ser muy incisivos en ello porque en nuestro sector agrario es la base fundamental y porque, además, es el que más produce del Estado español. Por eso, señorías, entendemos que estas enmiendas que presentamos en relación con el sector agrario y las
ayudas de la PAC son justas y se haría mayor justicia si se tuvieran en cuenta.
El punto número 2 de nuestra enmienda está relacionado con las cuotas de la caballa y el jurel, pero concretamente con el de la caballa, porque, si bien compartimos lo que se expresa en la moción presentada por el Grupo Socialista, creemos
que es necesario ir más allá de lo que es la solución que se le tiene que dar a la distribución de las cuotas que tiene el Estado español. El Gobierno debe insistir y debe trabajar para que se mejoren las cuotas que se le dan al Estado español en
esta pesquería. No puede ser que, teniendo unos niveles óptimos en las pesquerías de caballa en el litoral del Estado español, concretamente el litoral cantábrico, atlántico o noroeste, como se denomina en muchas ocasiones, el Estado español solo
tenga un 7 % de cuota de caballa porque los Estados del norte de Europa, que algunos incluso no son de
la Unión, son los que mayor cuota tienen. Sabemos que no es un problema de la situación biológica de la pesquería, sabemos que es un problema comercial, un problema de total y absoluto interés comercial y nosotros no podemos compartir la
pasividad del Gobierno para no querer entrar en igualdad de condiciones en ese mercado europeo de la caballa. Por tanto, presentamos esta enmienda para que el Gobierno trabaje a nivel europeo en la dirección de mejorar la cuota de caballa para el
Estado español.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Catalán de Convergència i Unió valoramos positivamente esta moción porque la consideramos oportuna, ocurrente y porque en ella se resume lo que podríamos decir son los cinco grandes puntos de actualidad de presente y de futuro
que pueden condicionar al sector agrario y al sector pesquero. Por tanto, vamos a hacer un poquito de desglose de los cinco puntos que recoge esta moción; moción que, por cierto, todos los puntos que presenta ya han sido debatidos en la Comisión
de Agricultura y todos ellos rechazados por el grupo de la mayoría. Es decir, una moción en la cual estamos volviendo a insistir en temas de forma reiterada que diferentes grupos ya hemos presentado en Comisión en forma de PNL.
En el punto 1, referido a la PAC, lógicamente el hecho de presentar el modelo de regionalización es básico. Nosotros consideramos que es una PAC inmovilista, que no avanza, que reafirma y constata desigualdades en el territorio pero que, en
cualquier caso, se tiene que presentar de una vez por todas; por ello, presentamos una enmienda que dice que si se puede hacer conforme o de acuerdo o coordinadamente con las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia exclusiva en
agricultura, mucho mejor. En el apartado segundo, sobre la asignación de los fondos Feader, estamos de acuerdo porque uno de esos seis consejeros autonómicos que piden que se convoque esa conferencia sectorial es el conseller Pelegrí de la
Generalitat de Catalunya. En el punto 2, relativo a la tarifa eléctrica de regadíos, nuestro grupo, igual que el suyo, presentó una PNL en Comisión que fue rechazada sin ni una enmienda para intentar mejorarlo. Esto nos disgustó porque,
básicamente, se refería a la posibilidad de contratación de potencia de manera diferenciada para cada mes del año o por tramos de año ajustada a las necesidades del riego o adecuar la regulación del autoconsumo en las actividades agrarias mediante
la realización de un balance neto entre energía generada y aportada a la red y energía consumida desde la red.
Permítanme que en el punto 3, referente a las plantas de tratamiento de purines, me extienda un poco más, básicamente porque es un tema que esta semana está de actualidad. En el Senado ha habido una moción consecuencia de interpelación,
ayer hubo una pregunta parlamentaria de su grupo, y es un tema que no podemos obviar porque es muy importante. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Consideramos básicas diferentes cuestiones, pero sobre todo el
hecho de establecer una moratoria en la aplicación de la propuesta de la orden ministerial aplicable a aquellas plantas no amortizadas; en segundo lugar, reclamar 30 millones de euros al Estado para ir avanzando en el cambio de modelo de gestión y
no los 2,4 millones de euros que de manera rácana y estética ofrece a día de hoy el Estado; en tercer lugar, hacer pedagogía de lo que realmente se está hablando y no utilizar a sectores aparentemente minoritarios y muy localizados en el mapa
español para generar y alimentar políticas de fuerte impacto ambiental, económico y también industrial. Necesitamos un Estado que no cambie las reglas de juego a mitad de la partida, porque el Estado -a través de diferentes gobiernos, tanto
socialistas como populares- lo ha hecho y lo sigue haciendo en el sector eléctrico. Como dijo esta semana el conseller Pelegrí de la Generalitat de Catalunya, el Estado ha creado el problema y es el Estado el que debe solucionarlo. No se puede
pretender hacer cambios de modelo a base de reformas que imposibilitan la transición a esos cambios de modelo. Denunciamos una vez más que este Gobierno y sus ministerios no actúan de manera coordinada, sino cada cual para acometer sus objetivos,
sin calibrar el impacto de sus decisiones. ¿Cómo se pueden plantear soluciones rápidas y eficaces sin plantear moratorias que permitan ese tránsito en los cambios de modelo? ¿Qué hacemos, señorías, a partir del mes de junio, cuando las
explotaciones pierdan su capacidad de almacenaje? ¿Las vamos a multar? ¿Las vamos a denunciar? ¿Vamos a señalar a los ganaderos como culpables de un problema que no han generado? Señores del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, ¿le pueden explicar al Ministerio de Industria que los purines no son solo un residuo? ¿Le pueden explicar que solo se trata el excedente de
de purines y que el resto se dedica a abono? Si el problema de las primas fue culpa del mal planteamiento de los gobiernos anteriores, ¿por qué se tienen que llevar por delante a todo un sector? ¿Por qué se tienen que cerrar las plantas?
¿Esas son políticas de Estado? El sector primario es un sector a preservar y a estimular para garantizar nuestro propio abastecimiento de alimento.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Solsona, tiene que terminar.
El señor SOLSONA AIXALÀ: No se puede legislar para empequeñecerlo y hacerlo menos competitivo. ¿La solución de los purines es importar porcino o dejar de ser productor? Como se dice, ¿matando al perro se acabó la rabia?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Solsona, tiene que finalizar.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Voy terminando.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, no vaya terminando; finalice.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Finalizo, pues. En los puntos 4 y 5 también estamos de acuerdo y, por lo tanto, daremos soporte a esta moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Solsona. Lo siento, pero los tiempos son los tiempos.
En turno de fijación de posición, en primer lugar, señor Agirretxea, por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño muy brevemente para decir que mi grupo está de acuerdo con el fondo de la mayoría de las cuestiones que aparecen en esta moción, pero no podemos apoyarla en su totalidad porque nos parece que es una especie de
corta-pega. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado cosas con las que estamos de acuerdo y otras que no podemos compartir, por lo tanto, solicitaría al grupo proponente que, a la hora de votar, pudiéramos hacerlo por puntos para que
pudiésemos mostrar nuestra conformidad con aquellos con los que estamos de acuerdo y nuestra disconformidad con los que no lo estamos.
Voy a citar aquellos que mi grupo no comparte. En cuanto al punto 1, desde una perspectiva puramente política, nosotros tenemos transferida toda la competencia en materia agraria y no podemos compartir el criterio que el Grupo Parlamentario
Socialista tiene del concepto de regionalización. Somos claramente competentes en esta materia y no compartimos ni la filosofía ni la política ni el concepto que ustedes tienen del reparto y la regionalización. Por tanto, es un punto en el que no
vamos a llegar a un acuerdo con ustedes. El punto con el que más desacuerdo podemos tener es el último, relacionado con la materia pesquera. Nosotros creemos que cuando se fijan unas condiciones entre todos, esas condiciones han de ser válidas
siempre, sean para la especie que sean. Cuando por ejemplo en la caballa cierta flota no puede ser tan beneficiada o los criterios se ajustan a unas medidas que no son tan provechosas para una flota, no se puede decir que hay que cambiar la forma
de repartir, porque entonces, cuando surge otra especie, como puede ser por ejemplo la sardina, son otras flotas las perjudicadas y no podemos estar solicitando que se cambien otra vez las formas de reparto, los criterios o los parámetros a exigir.
Por tanto, se establecen una serie de baremos, esos baremos son los que son, y por supuesto que podemos defender que deben de ser otros, pero no basándonos en si nos beneficia o no nos beneficia, el momento en que nos beneficia o no nos beneficia,
porque cuando ustedes estaban en el Gobierno tampoco lo hacían así. En lo relativo al tema de la tarifa eléctrica de regadíos, al tema de la fiscalidad agraria o al tema de los purines, estamos totalmente de acuerdo, no tenemos ningún problema en
apoyarlo porque creemos que debe ser así, como ustedes lo plantean.
En cuanto a los fondos Feader, creo que ya se ha hecho un reparto en esa materia y hay que respetarlo; de todas maneras, no nos gusta la forma de cofinanciación que tiene el Estado en este tema, pero es algo que también vamos a apoyar.
Estas son nuestras discrepancias. Si el grupo proponente acepta votar por separado los distintos puntos, votaremos a favor de algunos y en contra de aquellos que he explicado.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Como la propuesta que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista tiene un contenido muy diverso, también quisiera que se pudiera votar por separado. Hay algunas cosas con las que estamos de acuerdo, pero hay otras en las que tenemos más
problemas. Esos problemas tienen que ver con lo que usted mismo decía cuando hablaba de la famosa herencia recibida -yo sí estoy fuera de los dos partidos grandes y le podría incluir a usted-; sí creo que hay problemas de los que se hablan hoy y
en los que ustedes tienen alguna o bastante responsabilidad. Estamos por supuesto a favor de toda la transparencia en cuanto a los repartos de la PAC, en cuanto a que el agricultor sepa lo que cobrará, hemos sido críticos con la definición de
agricultor activo. Creemos que tanto el Partido Popular como antes el Partido Socialista fracasan en algo que es fundamental, que es transformar los fondos de la PAC en empleo. Eso nos parece muy importante, y más ahora.
No entendemos en el punto 1 las prisas por regionalizar del Grupo Socialista, tenemos algunos peros al respecto y es uno de los puntos en los que seremos más críticos. Eso tiene que ver también con la cofinanciación del Feader, seguimos sin
entender qué es lo que quiere o por qué quiere el PSOE más regionalización. Si a lo que acabamos asistiendo es a una pelea entre presidentes autonómicos echándose las culpas unos a otros, ahí no nos van a tener al lado, ese no es el triste
espectáculo que nos gustaría. Siempre que se habla de esto nosotros somos críticos porque deseamos que el Estado no se quede sin fondos o sin herramientas para que se pueda establecer o pueda existir una igualdad no solamente entre todos los
ciudadanos, sino también entre todos los agricultores, independientemente de donde vivan unos y otros.
Unión Progreso y Democracia apoya todo lo que tenga que ver con el regadío y las plantas de tratamiento de purines que ustedes traen aquí, pero debo decir que somos críticos con cómo ustedes y el Partido Popular los han defendido -entre
comillas- cuando estaban gobernando. Estamos también a favor de estacionalizar una tarifa eléctrica en el tema de los regadíos. Nosotros hemos registrado una PNL que se refiere a eso. Ustedes presentaron hace poco una proposición no de ley en
Comisión que nosotros votamos a favor. Nosotros creemos que sí que debe haber una factura basada en el carácter estacional de esta agricultura y que se ha de facturar por la potencia real utilizada y no por la teórica contratada, así que no hay
ningún problema. Pero también debo decir que frente a los bandazos que dan dos partidos grandes que tienen a expresidentes o exministros en todas las eléctricas, nosotros en estos temas somos críticos, sobre todo cuando ninguno de los dos ha
apoyado realmente temas como el autoconsumo o algo que nos parece fundamental, y es que hablemos de una vez de la factura energética, que es la que está restando competitividad a nuestras empresas, y más todavía en este sector, un sector global en
la que ellas están compitiendo con empresas de otros países y, por lo tanto, se está destruyendo riqueza y empleo. Eso es lo que nos gustaría saber.
En cuanto al sistema impositivo, lo mismo, somos un poquito críticos. Estamos de acuerdo en que hay que hablar de él -en lo del vino estamos absolutamente de acuerdo-, pero a menudo hemos dicho respecto a este tema que somos críticos cuando
desde el Partido Popular o desde el Partido Socialista se nos habla del sistema impositivo y, sin embargo, no se habla de restar gasto improductivo o de luchar decididamente contra el fraude. Creemos que se hace un flaco favor aceptando que se siga
manteniendo un sistema de módulos que nació con vocación de transitoriedad. Estamos de acuerdo, como he dicho, con la fiscalidad especial del vino, pero echamos de menos un poquito más de concreción y de números que ustedes no nos traen.
En cuanto a la pesca, no desearíamos hacer una declaración o una política en la que unos días seamos amigos de los pescadores y al día siguiente amigos de los conservacionistas. Nos parece que hay que hacer, en eso sí estamos de acuerdo, un
estudio mucho más serio en el que sepamos exactamente en qué nivel están nuestros caladeros -lo hemos repetido y se lo he escuchado a usted también en Comisión-. No lo sabemos realmente. También aconsejamos una prudencia especial en todo lo que
tiene que ver con el atún rojo. Hemos preguntado al Gobierno sobre esas capturas de caballa y jurel. Preguntábamos además si eran equitativos esos repartos que hacía de los buques de cerco en Galicia. Preguntábamos si no consideraban más acorde
un reparto que tuviera que ver con los tripulantes. Al final es un tema de transparencia. ¿Por qué se regulaba teniendo en cuenta los años 2002 a 2011, cuando el sector está regulado desde 1982? Preguntábamos por qué se eliminaban las capturas
históricas. En fin,
preguntábamos una serie de cosas que tenían que ver con la transparencia, porque si no uno puede sospechar que las políticas o los acuerdos tienen que ver con otras cosas, con las que no queremos que deban tener que ver.
En resumen, votaremos por separado, porque en muchas de las cosas que usted propone aquí estamos de acuerdo. Sentimos una vez más que no acepten su responsabilidad en cómo están las cosas. El sector agroalimentario está siendo uno de los
más activos hoy en día en la creación de empleo, en la exportación...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Termino, señora presidenta.
Pedimos al Gobierno una vez más que si no va a facilitar las cosas al sector, al menos lo moleste lo menos posible.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, esta es una moción que viene en un momento oportuno. Ya lo dijimos en su día, cuando el no sabemos si todavía ministro de Agricultura o ya solo candidato del Partido Popular vino
eufórico por lo que consideraba un gran éxito en la negociación de la PAC. Ya le dijimos que lo fundamental o lo importante era cómo se hacían luego los deberes en casa y que ahí teníamos dudas, por sus propias manifestaciones, de que esos deberes
se fueran a hacer de una forma correcta o de una forma, al menos, consensuada. Lo que hoy viene a plantearnos la moción es esta segunda parte, qué hacemos en España, para una PAC que no es un gran éxito. No es un gran éxito quedarnos como
estábamos. Una política agraria comunitaria que no responde a las necesidades del sector agrario no puede ser nunca considerada como un éxito para el Gobierno español ni para ningún otro Gobierno. Es una política agraria que no viene realmente a
resolver los problemas o a conseguir los objetivos que se propone o que dice proponerse de asentar a la población en el mundo rural, que no viene a cumplir los objetivos de un reparto justo y equitativo de las ayudas, sino que viene a mantener una
situación que nosotros seguimos considerando injusta. Desde esa valoración, que no era positiva, entendíamos que todavía podía ser peor si los deberes en casa se hacían de mala manera. Entendemos que esta propuesta, una moción parcial, no viene a
resolver pero sí a indicar una necesidad, que se acuerde con las comunidades autónomas y que no se busque generar agravios sobre agravios. Ya nos temíamos que aquello que decía -repito que no sé si a esta hora del día todavía ministro de
Agricultura- que había comunidades como la andaluza que había salido beneficiada, significaba abrir la puerta para un castigo posterior. Por eso era fundamental que esta segunda parte se hiciera con una negociación que no se ha hecho bien, o mejor,
que no se ha hecho.
Para mí lo más importante de esta moción que vamos a apoyar es que sitúa la lupa en esa necesidad, en la necesidad -repito- de que una PAC, que es de base insuficiente e injusta, al menos, en su traslación al ámbito del Estado español, no
venga a repetir los mismos errores o los errores ya cometidos. Por eso, nuestro grupo la va a apoyar. La va a apoyar, además, haciendo un llamamiento a la futura ministra -si hacemos caso a algunos confidenciales- o al futuro ministro -si se nos
sorprende- de agricultura, para que el año y pico que queda de legislatura no sea de trámite. No vayamos a una situación de trámite para esperar el hueco hasta las próximas elecciones. El campo, el mundo rural, la pesca necesitan en estos momentos
una actuación fundamental; frente a una PAC que -repito- no resuelve los problemas, una política del Estado español negativa sería la ruina, sería el punto final. Por eso, reclamamos al nuevo ministro o ministra que es el momento de abordar lo que
plantea la moción, pero de abordar también algo más, una defensa del futuro del mundo rural en positivo, en resolver realmente algo que seguimos repitiendo y es que las ayudas siguen llegando mal repartidas, que no pueden seguir repitiéndose esas
cifras del 80 % de las ayudas en manos de menos del 20 %; esa cifra que, por mucho que ustedes quieran negarlo, cada día es menor, como se ha demostrado en las últimas estadísticas. Por eso, creemos que es importante que esta moción se tome en
cuenta. Sabemos que no va a ser así, no nos hacemos ninguna ilusión, pero podría ser un primer paso que, repito, puede ser insuficiente -nosotros no hemos querido presentar enmiendas porque entendíamos que ir más lejos sería ser todavía más iluso-,
pero sería un primer paso para intentar plantear realmente que la aplicación de la PAC en este
Estado o se hace consensuada con las comunidades autónomas, con el sector, o será ni más ni menos que un nuevo parche que cada vez nuestro mundo rural y nuestra pesca puede soportar menos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Señora presidenta, señoras y señores diputados, con razón pedía al portavoz del partido de la memoria histórica en la interpelación que ha originado esta moción que el ministro no le recordara la etapa anterior.
Claro, es que es para olvidarla. Si hasta el propio señor Rubalcaba reconoció que se les había olvidado la agricultura. No se preocupen, hablaremos de la etapa actual, porque esta moción nos viene al pelo para hablar de la misma y de la espléndida
gestión del ministro de Agricultura al día siguiente, precisamente, de haber sido nombrado candidato de las europeas; porque la renta agraria que a ustedes se les hundió en un 15 % en cuatro años, en dos años ya se ha recuperado en un 9 %; porque
el sector agroalimentario, con 38.000 millones de euros de exportación, se ha convertido en uno de los pilares de la recuperación económica; porque se ha conseguido más dotación presupuestaria de los fondos de la PAC, hasta 47.000 millones de
euros; y porque este Gobierno ha sido capaz de darle la vuelta a unas propuestas de la Comisión que se inspiraron en el Gobierno socialista cuando ocupaba la Presidencia española de la Unión Europea; una tasa plana de 100 euros por hectárea, que
estaba en documentos oficiales, y una ampliación de la superficie con derecho a las ayudas de los 22,5 millones de euros actuales a los 38, que hubiera disminuido las ayudas medias por hectárea de 229 a 126 euros por hectárea.
Dicen que no les gusta el modelo de regionalización de la PAC, que tiene la finalidad de minimizar el efecto de convergencia. No nos pidan que vayamos en contra de la conferencia sectorial, que por unanimidad acordó establecer que no se
podía difundir el nuevo modelo de regionalización de la PAC hasta que concluyera el periodo de solicitudes de la nueva PAC de 2015 para evitar movimientos especulativos, y ahí estaba el consejero socialista de Andalucía aprobando ese documento. Nos
dicen, además, que no están de acuerdo en el modelo de redistribución de los fondos del PER. Este Gobierno ha conseguido un incremento de hasta 2.891 millones de euros para el próximo periodo de los fondos PER. Para el PER estatal -que lo asigna
por primera vez- ha conseguido 238 millones de euros y para los PDR autonómicos ha conseguido también un incremento de 51 millones de euros respecto al periodo anterior. La aportación de la Administración General del Estado en los fondos del PDR
autonómico será del 30 %, todos por igual. Esa será la aportación de la Administración General del Estado. Es un modelo de distribución, el mismo que ha adoptado la Comisión para repartir los fondos entres los diversos Estados miembros, que
resiste cualquier comparación con el modelo del periodo anterior. En el periodo anterior, con los PDR autonómicos, seis comunidades autónomas, que no es difícil adivinar por quiénes estaban gobernadas, se llevaban el 76 % de los fondos PDR
autónomicos y las otras diez tenían que conformarse con el 24 %.
En relación con las tarifas eléctricas, lo que es una ruina es la política de desaladoras, con las que ustedes pretendían sustituir el Plan Hidrológico Nacional y que todavía no han desalado ni el 20 % previsto. Las tarifas especiales de
regadío desaparecieron en 2008 y no se pueden recuperar por las mismas razones que expuso el señor Puxeo en sede parlamentaria, porque la normativa comunitaria no permite discriminar el regadío con tarifas especiales. Lo que hace este Gobierno es
trabajar para instaurar una tarifa general a la que se puedan acoger los regantes y lo que ha hecho es evitar la tasa plana que ustedes proponían, lo que supone que el regadío podrá recibir 938 millones de euros en total, 478 por hectárea, con los
fondos de la nueva PAC.
En cuanto a los purines, a pesar de que las competencias en la eliminación de residuos están transferidas a las comunidades autónomas, este Gobierno, el Ministerio de Agricultura, pagará la retirada de purines de las explotaciones afectadas
por el cierre de plantas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llorens, tiene que finalizar.
El señor LLORENS TORRES: En cuanto a la fiscalidad agraria, ustedes piden que aquí no ocurra lo que no va a ocurrir, porque el ministro Montoro ya ha dicho que no se va a subir el IVA de los productos alimentarios.
Por último, en cuanto a la política pesquera, se ha garantizado una cuota individual por barco, de acuerdo con la Ley de Pesca, y este modelo ha conseguido el apoyo de todos los representantes del cerco y de seis de las siete provincias.
Actualice, por favor, señor portavoz, la moción...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: ... porque las calles no están llenas de protestas, eso era hace dos meses cuando estaban protestando. Como ya le ha dicho otro portavoz...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: ... usted ha traído aquí un refrito de todas las mociones que ya se habían planteado y rechazado en la correspondiente Comisión. A nosotros nos viene muy bien, qué quiere que le diga...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llorens, tiene que finalizar.
El señor LLORENS TORRES: Las escopetas a veces las carga el diablo. Esto nos viene muy bien para poner en valor la gestión del ministro de Agricultura...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: ... que es el mejor candidato para las...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se acabó.
Muchas gracias, señor Llorens.
Señor Alonso, con el único propósito -el único- de decir si acepta o rechaza cualquier tipo de enmienda.
El señor ALONSO NÚÑEZ: No se preocupe, señora presidenta, ya hemos debatido bastante.
Podríamos aceptar la enmienda de Convergència i Unió y parte de la del Bloque Nacionalista Galego, pero como se nos ha pedido por varios grupos votación separada por puntos, en atención a esta segunda petición, no podemos aceptar las
enmiendas y sí aceptaremos la votación por puntos de la moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, así se hará.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR CUADRA), RELATIVA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON NAVARRA Y EL RESPETO A SUS LEYES Y DECISIONES. (Número de expediente 173/000142).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al último punto del orden del día: moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Mixto, señor Cuadra, relativa a la política del Gobierno en relación con Navarra y el respeto a
sus leyes y decisiones.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, en la interpelación al Gobierno que precedió a esta moción hicimos referencia a que bajo el imperio del amejoramiento allí, en Nafarroa, se estaban batiendo cuatro récords Guinness. El primero
tenía que ver con que somos la única comunidad histórica en la que su estatuto, el amejoramiento del fuero, no fue sometido en su día a refrendo de la ciudadanía; en este sentido es un amejoramiento no democrático. En segundo término, por
desgracia, de los seis presidentes de Gobierno que hemos tenido cinco de ellos, cinco, han sido imputados por delitos relacionados con la corrupción. Tercer récord, desde que llegó el PP al Gobierno somos la comunidad a la que más leyes se ha
recurrido y, en consecuencia, suspendido. Las decisiones de nuestro Parlamento valen bastante poco. Cuarto récord, según datos del Ministerio del Interior, Nafarroa ha sido durante 2013 la comunidad que más ha acumulado en multas por
manifestaciones. En estas estábamos cuando la abuela entró en trance, porque en estos últimos días se ha publicado el dato de que en los años de Gobierno del PP, 2012 y 2013, Nafarroa también ha sido la comunidad en la que más ha disminuido la
renta per cápita. Esto, en definitiva, es la Navarra foral y española de la que nos habla el Gobierno y su correveidile allí, en nuestra comunidad, UPN: un amejoramiento no refrendado, unas leyes que no pueden entrar en vigor porque son
recurridas y suspendidas, una represión en multas importantes por manifestaciones, corrupción a espuertas y finalmente empeoramiento de las condiciones de vida.
En su día, compañeras y compañeros del Partido Socialista, defendisteis allí, en Navarra, la autodeterminación para Euskal Herria y un futuro abierto y compartido con el resto de provincias hermanas. (El señor Moscoso del Prado Hernández
hace gestos negativos). Sí, Javier. Hasta 1979 como mínimo, y hasta 1980, cuando creo que no cambiasteis esto en un congreso. Revisa tus propios álbumes. Después, junto a otras reivindicaciones y señas de identidad, como pudieron ser la
República, la separación de la Iglesia del Estado o la exigencia de responsabilidades, dejasteis esto en el baúl de los recuerdos y, así como hubo alcaldes socialistas que levantaron la ikurriña y la pusieron en sus balcones, después el Partido
Socialista obligó a que fueran retiradas. La oficialidad del euskera que se defendió también fue arrinconada. Desde entonces lo que hemos visto ha sido un abrazo constante entre el Partido Socialista y UPN allí, en Navarra. En la práctica ha
habido un único partido, Gobiernos del PSN apoyados por UPN, Gobiernos de UPN apoyados por el PSN. Ha habido dos excepciones en las que el Partido Socialista de Navarra ha querido cambiar de rumbo y buscar alianzas y Gobiernos diferentes a estos, y
en las dos ocasiones -estarás de acuerdo conmigo, Javier- (El señor Madina Muñoz: Juan, Juan), a pesar de las unanimidades que ha habido en Navarra en relación con esta necesidad de cambio de dirección y de rumbo, desde Ferraz se ha impuesto lo
contrario. La última hace tan solo unas semanas.
Hace dos días, en el debate que se dio aquí sobre Cataluña, me hacía gracia ver, tal como se dice allí en Navarra, al señor Rubalcaba con la vena hinchada hablando de... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor Cuadra. En primer lugar, por favor, guarden silencio. En segundo lugar, señor Cuadra, no se dirija usted a Javier; diríjase usted al conjunto de la Cámara porque, si no, le
voy a tener que dar la palabra a Javier (El señor Moscoso del Prado Hernández: Juan), que me supongo que tendrá nombre y apellidos: señor Moscoso, y es diputado de esta Cámara.
El señor CUADRA LASARTE: Decía que en el debate sobre Cataluña que se dio hace dos días veíamos al señor Rubalcaba con la vena hinchada hablando muchísimo de federalismo y de diálogo. No sé, si se portan ustedes así, viendo lo visto allí,
en Navarra, desde Ferraz, en su propia casa, con esas muestras impositivas, a uno le queda la duda de que ese federalismo y esos diálogos que se están predicando por aquí para el caso catalán sean algo completamente hueco. No predican ustedes en
casa con estos ejemplos. Digo esto, en cualquier caso, porque -este es un consejo gratis- en Navarra también se da el caso de que el porcentaje de votos del Partido Socialista es el más bajo de todo el Estado, y yo creo -haría una apuesta en este
sentido- que, como sigan ustedes así, compañeras y compañeros, de estos votos no van a quedar ni las cáscaras. No se puede andar jugando así con nuestra tierra. El amejoramiento del fuero es algo hoy obsoleto; no es garantía para defender los
derechos históricos pero tampoco para defender los derechos concretos de hoy, los derechos democráticos y los derechos sociales de nuestro pueblo, de nuestra ciudadanía. Hace falta un cambio de rumbo allí, un cambio de rumbo político y un cambio de
rumbo social. Hace falta un cambio político para sacudir las alfombras que están un tanto picadas allí por la polilla de la corrupción, institucionalmente, democratizar las instituciones; y un cambio social para poner la economía, los recursos de
Navarra, del Gobierno, al servicio de las grandes mayorías sociales y no de la cacicada de siempre, tal como estamos viendo: de sus mujeres, de sus jóvenes, de sus trabajadores y trabajadoras.
Termino ya, señora presidenta. Hemos presentado una moción que tiene tres puntos diferenciados. En el primero se menciona esta continua imposición del Gobierno del PP por encima de la potestad de nuestro Parlamento para dotarse de leyes
propias -para que esto no sea así-. En segundo lugar, reclamamos plenas competencias y autogobierno para nuestro pueblo y que pueda tener un asentamiento institucional refrendado por el mismo, no como pasa hoy. Y en tercer lugar, queremos que, sin
injerencia alguna, seamos nosotras y nosotros allí, en Navarra, quienes resolvamos la crisis institucional que tenemos y no desde Ferraz, desde Madrid, o desde el Gobierno del PP. Es algo elemental...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, tiene que finalizar.
El señor CUADRA LASARTE: Salvo formaciones políticas de derechas, creo que no puede haber nadie que esté en contra de estas reivindicaciones tan elementales.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.
Se han presentado varias enmiendas. Por el Grupo Vasco, PNV, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Yo no he presentado enmiendas en cualquier caso, señora presidenta, pero intervengo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Perdóneme. Efectivamente, no se han presentado enmiendas. Adelante, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Desde el escaño, señora presidenta.
Sinceramente... (Pausa). No sabía si el señor Cuadra se iba del hemiciclo o no, por eso estaba esperando.
La verdad es que no entiendo que se presente esta moción. Me parece un auténtico despropósito y un auténtico error, por un lado tácticamente, porque no sé lo que quieren sacar de todo esto, y va a oír lo que va a oír por parte de otros
grupos parlamentarios, pero además está desmereciendo al Parlamento de Navarra. Este debate donde hay que tenerlo -ya sé que lo ha habido- y donde hay que apretar es en el Parlamento de Navarra, porque sacando este tema aquí al final da la
sensación de que este Parlamento está por encima del Parlamento de Navarra, y para mí no lo está, no lo está.
Me alegra ver que hacen hincapié en la voluntad de los navarros. Esto es lo que ha dicho siempre el Partido Nacionalista Vasco porque en Navarra, si se quiere ganar para determinadas causas o en el plano ideológico, se tiene que ganar por
la voluntad y no por la imposición, y ustedes, desde la izquierda abertzale, han hecho mucho daño, mucho daño, al abertzalismo en Navarra durante estas últimas décadas. Por tanto, estoy de acuerdo porque eso es lo que defiende mi partido y también
lo que defiende Geroa Bai, que sea la voluntad de los navarros la que decida, sin injerencias, claro que sí. ¿Usted qué pretende, que ahora el PSOE y el PP digan que han estado haciendo injerencias? Por supuesto que sí, claro que sí, claro que ha
habido intromisión por los medios de comunicación diciendo cosas que no son, etcétera. Bueno, parece que nos desayunamos ahora con que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular son partidos del Estado; se mueven con arreglo a sus
dinámicas, con arreglo a sus estructuras y jerarquías políticas. Por lo tanto, ¿qué les van a decir? Les dirán a su tercer punto -al que nosotros evidentemente votaremos a favor, así como al segundo y al primero-, que es reclamar que sea la
ciudadanía navarra a través de sus representantes parlamentarios legítimos quienes resuelvan de una forma libre y democrática sin injerencia central alguna la grave crisis institucional existente en la comunidad, que así ha sido. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Claro, ya sabemos todos que ha habido presiones de unos y de otros y ajenas a Navarra, pero les dirán que así ha sido porque formalmente así ha sido. Entonces ¿qué rayos pretenden con esta moción que además mezcla
unas cosas con otras y que al final lo único que propone son obviedades? El derecho de Nafarroa, más plenas competencias y su autogobierno. Votaremos sí pero queremos subrayar tanto la inoportunidad táctica como la falta de respeto al Parlamento
de Navarra que supone presentar esta moción aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el grupo de La Izquierda Plural, la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señor Cuadra. Tenemos que empezar afirmando que el bipartidismo junto al empresariado caciquil de siempre y el capitalismo moderno han consolidado un sistema político y económico en el conjunto del Estado
español responsable y culpable de los graves recortes de derechos sociales y libertades, algo que se traslada de manera milimétrica en Navarra en la visión tripartidista que configuran UPN, PP y PSN. En este orden de cosas -porque hay que
contextualizarlo ahí-, la crisis institucional y de gobierno en Navarra viene de lejos, aunque haya estallado de forma alarmante cuando la directora gerente de la Agencia Tributaria presenta su dimisión y denuncia por tratos de favor y graves
injerencias a la vicepresidenta y consejera de Economía, hechos que se presumen -algo gravísimo- como delitos de prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. Lo último, la gota que colma el vaso -pero,
por supuesto, viene de atrás-, el relato de la serie de imputaciones por corrupción ya lo ha hecho usted, señor Cuadra.
El Gobierno de alianza que existía en esta ocasión entre el PSN y UPN ante la grave situación de crisis y el agujero en las cuentas públicas terminó con la escenificación -porque fue una escenificación
que tocaba- de ruptura entre ambos, pero también abrió una puerta de esperanza para el pueblo navarro. Parecía entonces posible realizar una moción de censura y darle por fin a la ciudadanía navarra lo que solo a ella le corresponde, que no
es otra cosa que la de resolver democráticamente la crisis política existente. La mayoría del Parlamento navarro apostó entonces por un cambio de Gobierno propiciado con la convocatoria de elecciones, pero una vez más se ha impedido -en este caso
hay que decirlo claro y alto- por el Partido Socialista. Para Izquierda Unida en Navarra es necesario abrir un nuevo tiempo. Para Izquierda Unida, para La Izquierda Plural y para Izquierda Unida en Navarra es absolutamente necesario abrir un nuevo
tiempo desde de la izquierda y la pluralidad identitaria que haga posible una salida social y justa a la crisis; un tiempo nuevo en defensa de las víctimas de la crisis, de los trabajadores, de la mayoría social frente a las políticas aplicadas en
este caso por UPN, representante de la derecha neoliberal y austericida en Navarra; políticas que, como en el resto del Estado, han supuesto la destrucción de miles de puestos de trabajo y un alarmante crecimiento de la desigualdad y la pobreza en
Navarra. La situación persiste y UPN sigue enrocado en el Gobierno sin un apoyo parlamentario suficiente. Cuenta con 19 de los 50 diputados y diputadas que tiene el Parlamento y, eso sí, con el apoyo de los poderes fácticos y el Partido Popular en
Madrid que le permiten gobernar contra la voluntad democrática del Parlamento que de forma reiterada le ha exigido la dimisión y la convocatoria de elecciones.
Señoras y señores diputados, el Gobierno en Navarra se ha convertido en un despropósito, en un desastre del que UPN con su presidenta a la cabeza han sido los máximos responsables, aunque hay que decir que no los únicos porque hasta ahora el
Partido Socialista en Navarra está bloqueando la posibilidad de dar el paso necesario para poner fin a este nefasto Gobierno y convocar elecciones. Esta es la situación, por eso desde La Izquierda Plural vamos a apoyar la moción que presenta
Amaiur. Apoyamos por tanto la petición del cese de injerencias y del Gobierno teledirigido por el Partido Popular desde Madrid, previamente acordado con UPN para frenar todas las leyes de progreso que aprueba la oposición en el Parlamento navarro
mediante la presentación de recursos al Constitucional de manera sistemática. Tenemos que ser conscientes de la debilidad democrática que eso supone. Son leyes como las que presentó Izquierda Unida en Navarra, que han sido recurridas, que
pretendía garantizar el derecho a la vivienda, como se ha hecho en Andalucía, o que la Iglesia o las diferentes confesiones pudieran pagar los impuestos locales como es el IVI o el ICIO.
Termino. Compartimos la afirmación que se hace en la moción respecto a Navarra como sujeto político con autogobierno pero aquí, señor Cuadra, tenemos que dejarle muy claro...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino, presidente.
... que nosotros defendemos el autogobierno desde una posición claramente federal y no nacionalista. Por último, defendemos y apoyamos que sea la ciudadanía navarra quien democráticamente pueda elegir su futuro, su presente y su gobierno,
porque creemos que no hay otra manera posible de hacerlo.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño y muy brevemente. Desde Convergència i Unió esta moción que hoy ha defendido Amaiur nos produce cierta confusión porque mezcla distinta cuestiones. En primer lugar, se hace especial hincapié -de hecho es el
origen de esta moción- en la evidente crisis política e institucional que está viviendo en estos momentos Navarra. A partir de esta situación, en la parte dispositiva de esa moción piden tres cosas: en primer lugar, la no intromisión del Gobierno
del Estado en la vida política de Navarra; en segundo, afirmar el derecho de Navarra a las más plenas competencias y a su autogobierno, para que de esta manera tenga derecho a tomar las decisiones que considera convenientes para hacer frente a esa
crisis; y, en último lugar, reclamar que sea la propia ciudadanía de Navarra a través de sus parlamentarios quien resuelva la injerencia central de esa crisis.
Con el texto literal de la parte dispositiva podríamos estar de acuerdo; ahora bien, en la parte expositiva, en los antecedentes mezcla cuestiones de otra índole, que nada tienen que ver. El debate que hoy han traído aquí de la crisis
política e institucional que realmente está viviendo Navarra tendría que producirse
realmente en el Parlamento de Navarra, no aquí; no se tendría que abrir un debate aquí con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular. Por ello no podemos apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, paseando este invierno por Pamplona con Manuel Vicent y con mi padre, con Javier -ese sí es Javier-, Manuel Vicent dijo una cosa que recuerdo mucho y que parece que define muy bien la realidad navarra, hablando de lo que estaba
pasando, de cómo somos, de nuestra diversidad y de las dificultades por las que atravesamos. (Rumores). Dijo que Navarra es una de esas zonas del mundo -o regiones, como ustedes quieran- donde el norte toca con el sur, y ahí siempre hay conflicto.
Es verdad, la diversidad de Navarra es quizá la más rica de España, porque tenemos el norte más norte y el sur más sur, el valle del Ebro, que termina en el Mediterráneo. Es una diversidad que exige pactos y respeto institucional. Es una Navarra,
comunidad foral, pese a la antigüedad de las instituciones y de los llamados derechos históricos, en cuya legitimidad constitucional y en los treinta y cinco años de democracia subyace nuestro modelo de convivencia; solo treinta y cinco años de
democracia. (Rumores). En estos treinta y cinco años de democracia ha habido una sola razón, una, que ha impedido que Navarra pudiera vivir con naturalidad, con normalidad su diversidad y su complicada estructura democrática. Esa única razón ha
sido la existencia de terrorismo; un fenómeno de dramáticas consecuencias que ha dificultado mucho, muchísimo, la convivencia democrática en Navarra y cuyas consecuencias hoy todavía vivimos, como sabe muy bien mi amigo el señor Cuadra, porque hoy
todavía vivimos la resaca y las consecuencias de esos durísimos treinta y cinco años. (Continúan los rumores). Esa es la razón de muchos de nuestros problemas y no es culpa de todos sino de algunos.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Moscoso. Ruego silencio. Continúe.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Es un terrorismo que ha sido inútil, absurdo y cruel y que ha complicado mucho nuestra convivencia.
El martes mi secretario general, señor Rubalcaba, recordaba que los socialistas no somos nacionalistas; nuestra identidad son los valores, los principios, los derechos, las instituciones. Las identidades las dejamos allá para cada cual, en
el marco de la vida privada de las personas, y las sacamos del espacio político; pero claro, claro que las tenemos, por supuesto que las tenemos. En Navarra llevamos treinta y cinco años inmersos en una pelea identitaria exacerbada por el
terrorismo, y yo, como he dicho muchas veces, no creo en la existencia de identidades oficiales, porque todas ellas son el resultado de pactos políticos, de convenciones artificiales. En Navarra llevamos treinta y cinco años en una pelea
identitaria entre una identidad, llamémosle, vasca, que yo creo que es artificial en algunos supuestos, y un navarrismo también artificial, un navarrismo provinciano, y clerical también, muy duro de soportar. Los navarros estamos muy cansados de
ello, muchísimo, muchísimo, y queremos pactos políticos y superar esta dinámica. Esta realidad ha exacerbado una pelea identitaria que tapa el debate político de fondo. Es verdad, en Navarra hay un gobierno político, un gobierno legítimo agotado,
como han explicado otros portavoces. (Continúan los rumores). Me gustaría escuchar a la portavoz de Izquierda Unida, con el mismo entusiasmo que defiende que el PSN gobierne Navarra con ellos, que lo hiciera con Extremadura, porque creo que no se
pueden sacar las cosas de contexto y me parece que Izquierda Unida tampoco puede dar mucho ejemplo en actitudes respecto a gobiernos de la derecha.
El martes el señor Rubalcaba dijo que los ciudadanos solo tenemos la ley y las instituciones como defensa, y es en la Constitución española donde está todo, está todo. Quizás por eso el Partido Socialista es el único con capacidad de
gobierno en Navarra, el único partido en el Parlamento de Navarra -en el que hay siete grupos, siete, que reflejan ese choque entre norte y sur; siete grupos- claramente nacional y que apoyó la Constitución en su conjunto desde el principio hasta
el final, porque ni ustedes, ni UPN, ni otros grupos lo hicieron incondicionalmente como lo hizo el Partido Socialista. Por eso, quiero recordar que su alternativa y sus apuestas no son percibidas por la sociedad como ustedes creen. (Continúan los
rumores). Me ha gustado la intervención del señor Esteban. De hecho, creo que es difícil imaginar un mayor daño a la parte vasca de la identidad de Navarra que la que ha infligido el terrorismo y algunos movimientos políticos en estos treinta y
cinco años. Desde luego, siempre he reivindicado esa parte de mi identidad porque es muy importante, pero la reivindico fuera de mi condición de político socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar inevitablemente.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Termino ya.
Señor Cuadra, he estado analizando lo que han hecho ustedes en los últimos tiempos para ser merecedores de consideración como compañeros de viaje y como partido de izquierdas y no he encontrado nada. He encontrado que con UPN, por ejemplo,
han sacado adelante los presupuestos en Olite, Tafalla, Leiza y Vera de Bidasoa, sin que ningún medio de comunicación de la derecha haya dicho nada. Con el Partido Popular han sacado adelante los presupuestos de Vitoria, sin que el Partido Popular
ni los medios de comunicación de la derecha se hayan rasgado las vestiduras ni hayan cesado o despedido a ningún periodista. Ayer mismo, en las Juntas Generales de Guipuzcoa, junto con el PP, han tumbado una propuesta sanitaria del PSE, del PNV y
de Aralar; así que, más hechos. Queda mucho camino por recorrer, les queda mucho desierto por atravesar y desde luego vayamos al fondo de las cuestiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moscoso.
Por el Grupo Popular, el señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular a la moción presentada por el señor Cuadra, por Amaiur. Después de haberle escuchado, de haber leído su exposición de motivos y de ver lo que piden, quiero
manifestarles que votaremos en contra. Lo haremos así porque lo que piden va en contra de la Constitución y de lo que cualquier Gobierno debe hacer, que es preservar la legalidad. Resumidamente, en los tres puntos de su moción piden tres
cuestiones: primera, que el Gobierno de España no ejerza sus obligaciones y no recurra las leyes inconstitucionales que se aprueban en Navarra; en segundo lugar afirman, no piden, que Navarra pueda tomar cuantas decisiones considere con sus
propios criterios y medios, y se supone que todo ello al margen de cualquier legalidad, sea española o europea; y por último, que no haya ingerencia de ningún tipo en Navarra. Señorías, lo que piden y afirman es simplemente anacrónico. Lo es más
aun, cuando ni Amaiur ni si entorno creen en la autonomía de Navarra y en la Constitución española; Constitución que, entre otras cuestiones, en su disposición adicional primera garantiza, ampara y respeta los derechos históricos de Navarra.
Además no creo que tengan ni autoridad ni legitimidad moral para defender de una manera natural y democrática el marco competencial de Navarra. Ustedes siguen sin condenar la violencia, sin pedir la disolución de ETA que, como saben, ha sido un
cáncer para nuestra autonomía y para nuestra convivencia, por lo que no tienen autoridad moral para pedir lo que solicitan en esa moción. Por lo tanto, no creo que deban venir ahora a defender lo que no han defendido a lo largo de su historia y lo
que la banda terrorista ha atacado de manera tan virulenta.
Además, ustedes en Amaiur siempre han defendido otro estatus para Navarra que el que dicen que defienden en esta moción. Han defendido una Navarra integrada en otra comunidad; quieren diluir Navarra en un conglomerado de territorios, en
una unión de la que jamás Navarra formó parte y que la gran mayoría del pueblo navarro rechaza como proyecto de futuro, más aun cuando la quieren separar de España. Piensan obsesivamente en la territorialización y lo preocupante es que con esta
moción buscan argumentos para enfrentar y deslegitimar pactos entre el Gobierno de España y las instituciones forales. Ustedes, que no creen en la Constitución, no pueden venir ahora con su moción a que no respetemos la Constitución el resto de los
partidos políticos. Es una contradicción y es lo que pretenden con esta moción.
Voy más allá con su anacronismo y no es otro que recordarles que en 1982, cuando se aprobó el amejoramiento del fuero, la izquierda abertzale descalificó el nuevo pacto foral y ahora vienen a reclamar respeto a la vida política e
institucional de Navarra, que precisamente es la que defiende el amejoramiento que usted ha criticado y que precisamente la izquierda abertzale en el pasado también rechazó. Por tanto, señorías, grandes contradicciones las que tienen ustedes. No
pueden venir a dar clases ni de democracia ni de respeto a la autonomía de Navarra cuando a lo largo de su historia han ido en otro sentido, descalificando todo y han olvidado que desde 1982 en Navarra se ha participado en ocho elecciones al
Parlamento foral y que no tenemos inquietud en cuanto a nuestra autonomía. Tenemos inquietud, eso sí, de los que estuvieron en el Pacto de Loyola, que fue un pacto en donde se perpetró uno de los mayores ataques a la autonomía y al régimen foral de
Navarra y los que allí
estuvieron no pueden venir hoy a pedir respeto competencial para Navarra. No creemos en sus ofertas y en sus clases de defensa de Navarra y de sus instituciones, si ustedes son los primeros que no creen en ellas.
Por último, les voy a decir algo más. Ustedes se aprovechan de las instituciones democráticas para intentar legislar en contra de la Constitución y lo hacen desde el Parlamento de Navarra. También quiero decir que hay otros partidos
políticos que están aquí sentados que lamentablemente les acompañan apoyando leyes inconstitucionales y lo hacen a pesar de las advertencias de inconstitucionalidad que se hacen desde la propia Cámara foral. Creo que estos partidos debieran valorar
qué es lo que votan para evitar este tipo de mociones que son contrarias a la Constitución.
Por todas estas razones, señor presidente, votaremos en contra de su moción porque creemos en la Constitución, porque creemos que Navarra ejerce las competencias que le corresponden, porque tenemos un respeto por sus derechos históricos ya
que se encuentran perfectamente contemplados en la Constitución y porque creemos que estas competencias se han ejercido a lo largo de los años con plenitud y responsabilidad.
Termino repitiendo algo que dijo nuestro presidente en esta Cámara, el señor Rajoy. Dijo: Sigo defendiendo la Navarra foral y española en los términos que establece nuestra Constitución. Por estas razones no vamos a votar ni vamos a
apoyar su moción. Por todo ello votaremos contrariamente porque creemos que son razones más que suficientes las que he expuesto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Lapazarán.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN DE REFORMA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY DE LA CARRERA MILITAR HASTA EL 1 DE JUNIO DE 2014. (Número de expediente 154/000006).
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo anunciado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga hasta el 1 de junio de 2014 del plazo otorgado para emitir informe a la subcomisión de reforma del régimen
transitorio de la Ley de la Carrera Militar constituida en el seno de la Comisión de Defensa. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda aprobado.
El secretario va a proceder a leer un documento que se explica por sí solo.
ENMIENDAS DEL SENADO. (CONTINUACIÓN):
- PROYECTO DE LEY SOBRE COBERTURA POR CUENTA DEL ESTADO DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000067).
El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Con la venia, señor presidente.
En el debate sobre el proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española el Grupo Socialista ha solicitado la lectura de un documento relacionado con el debate al amparo
del artículo 72.2, pero, dada la hora, y con su acuerdo, basta señalar que la expresión no figura en el texto sin entrar en otro tipo de valoración.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DEL INTERIOR, SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA TRÁGICA MUERTE DE QUINCE PERSONAS CUANDO INTENTABAN ENTRAR A TERRITORIO ESPAÑOL EN CEUTA EL PASADO 6 DE FEBRERO. (Número de
expediente 173/000138).
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a comenzar las votaciones.
Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro del Interior, sobre la actuación del Gobierno en relación con la trágica muerte de quince personas cuando intentaban entrar
a territorio español en Ceuta el pasado 6 de febrero. Se vota en los términos de la autoenmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 126; en contra, 173; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA AGRARIA Y PESQUERA DESARROLLADA POR EL MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 173/000141).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política agraria y pesquera desarrollada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Vamos a votar la moción en sus términos pero separada por
puntos. Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 141; en contra, 175; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 141; en contra, 173; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente, punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 136; en contra, 179; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. CUADRA), RELATIVA A LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON NAVARRA Y EL RESPETO A SUS LEYES Y DECISIONES. (Número de expediente 173/000142).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Cuadra, relativa a la política del Gobierno en relación con Navarra y el respeto a sus leyes y decisiones. Se va a votar en sus términos pero separada por puntos. Punto
1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 23; en contra, 279; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 25; en contra, 278; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Finalmente el punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 23; en contra, 280; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA LUCHA CON CARÁCTER URGENTE Y DE FORMA EFICAZ CONTRA EL FRAUDE Y LA ELUSIÓN FISCAL. (Número de expediente 162/000829).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la lucha con carácter urgente y de forma eficaz contra el fraude y la elusión fiscal. Hay una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo de La Izquierda Plural, y es el texto que vamos a someter a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 128; en contra, 174; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PLANIFICACIÓN DE LOS TRASPLANTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 162/0000834).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la planificación de los trasplantes en el Sistema Nacional de Salud. Hay una enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, el
Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 312; en contra, 1; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY SOBRE COBERTURA POR CUENTA DEL ESTADO DE LOS RIESGOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 121/000067).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. En primer lugar, las enmiendas al artículo 4 y al apartado 5 de la
disposición final segunda (antes disposición adicional séptima).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 288; en contra, 20; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas a la disposición final segunda (antes disposición adicional séptima).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 173; en contra, 139; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda a la disposición final primera (antes disposición adicional sexta).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 194; en contra, 119; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 193; en contra, 118; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. (Número de expediente
121/000081).
El señor PRESIDENTE: Votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, presentadas por los grupos -las enmiendas a la totalidad, se entiende- Mixto (señor Tardà, señor Larreina y señora Pérez Fernández), Unión Progreso y Democracia, La Izquierda Plural y
Socialista. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318, más 2 votos telemáticos 320; a favor, 124, más 2 votos telemáticos 126; en contra, 175; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
El señor PRESIDENTE: Por varios grupos, se ha solicitado la avocación por el Pleno de este proyecto de ley. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316, más 2 votos telemáticos 318; a favor, 139, más dos votos telemáticos 141; en contra, 172; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.