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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 188, de 18/03/2014
cve: DSCD-10-PL-188
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 188
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 176
celebrada el martes,
18 de marzo de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día ... (Página5)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Moción consecuencia de interpelación urgente al ministro del Interior, sobre la actuación del Gobierno en relación con la trágica muerte de quince personas cuando intentaban entrar a territorio español en Ceuta el pasado 6 de febrero.
(Número de expediente 173/000138) ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política. (Número de expediente 172/000206) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la regulación de un contrato de trabajo único indefinido. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 160-1, de 31 de enero de 2014. (Número de expediente
122/000138) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 168-1, de 14 de febrero de 2014. (Número de expediente 122/000147) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Errekondo), sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 421, de 14 de marzo de 2014. (Número de expediente 162/000895) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar su traslado a prisiones españolas. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 391, de 24 de enero de 2014. (Número de expediente 162/000841) ... (Página35)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la elaboración, implantación y evaluación del currículo básico de la educación primaria y la formación profesional básica (FPB), así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica sobre la comunidad educativa. (Número de expediente 173/000139) ... (Página43)
Minuto de silencio ... (Página51)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Exclusión del orden del día... (Página5)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro del Interior sobre la actuación del Gobierno en relación con la trágica muerte de quince personas cuando intentaban entrar a territorio español en Ceuta el pasado 6 de febrero ...
Interpelaciones urgentes ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación a las reformas legales necesarias a fin de combatir la corrupción política ... (Página5)
La Presidencia somete a la consideración del Pleno la exclusión del orden del día de los puntos de referencia, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página5)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la regulación de un contrato de trabajo único indefinido... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En turno en contra interviene el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Replica el señor Anchuelo Crego y duplica el señor Coscubiela Conesa.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ... (Página22)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las señoras Surroca
i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ferrando Sendra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Errekondo), sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña ... (Página28)
Defiende la proposición no de ley el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y el señor Tudanca Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas hace uso de la palabra el señor Errekondo Saltsamendi.
Página
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar su traslado a prisiones españolas ...
Defiende la proposición no de ley el señor Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Oramas González-Moro y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Gómez de la Serna y Villacieros.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la elaboración, implantación y evaluación del currículo básico de la educación primaria y la formación profesional básica (FPB), así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica sobre la comunidad educativa ... (Página43)
Defiende la moción la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Baldoví Roda, y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Vázquez Morillo, del Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Cabrera García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora García Álvarez.
Minuto de silencio ... (Página51)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas por el hundimiento del pesquero Santa Ana, frente al cabo de Peñas.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la regulación de un contrato de trabajo único indefinido, se rechaza por 5 votos a favor; 302 en
contra, más 3 votos telemáticos, 305, y 2 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se rechaza por 138 votos a favor, más 2 votos telemáticos,
140; y en contra, 169, más 1 voto telemático, 170.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la enmienda transaccionada con el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Errekondo), sobre el
futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña, se rechaza por 120 votos a favor, 176 en contra y 14 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar
su traslado a prisiones españolas, se aprueba por 309 votos a favor y 1 abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la elaboración, implantación y evaluación del currículo básico de la educación primaria y la
formación profesional básica (FPB), así como sobre sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y económica sobre la comunidad educativa, con la incorporación de la autoenmienda y la del señor Baldoví Roda, del Grupo
Parlamentario Mixto, se rechaza por 121 votos a favor, 171 en contra y 18 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL MINISTRO DEL INTERIOR SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA TRÁGICA MUERTE DE QUINCE PERSONAS CUANDO INTENTABAN ENTRAR A TERRITORIO ESPAÑOL EN CEUTA EL PASADO 6 DE FEBRERO. (Número de
expediente 173/000138).
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS REFORMAS LEGALES NECESARIAS A FIN DE COMBATIR LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. (Número de expediente 172/000206).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, someto al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 5 y 25, correspondientes a la
moción del Grupo Parlamentario Socialista y a la interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda acordado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA REGULACIÓN DE UN CONTRATO DE TRABAJO ÚNICO INDEFINIDO. (Número de expediente 122/000138).
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: Proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la regulación de un contrato de trabajo único indefinido. Para la presentación de esta
iniciativa, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Uno de los problemas fundamentales que aqueja a nuestro mercado de trabajo es la precariedad, la falta de estabilidad en las relaciones laborales. Pueden sus señorías pensar que la precariedad, siendo un problema, no es un problema tan
grave, sin embargo la precariedad es un problema en sí, pero es también un problema porque desencadena muchos otros, porque está ligado a muchos otros de los problemas que aquejan a nuestro mercado laboral. Esa alta rotación en las relaciones
laborales tiene como consecuencia fundamental la falta de formación de nuestros trabajadores. Cuando hay contratos que duran semanas, meses, ni el trabajador ni el empresario tienen incentivos para formarse, el trabajador dentro de pocos meses va a
estar en otro empleo y lo mismo piensa el empleador. Y la formación es esencial, porque es lo que permite la mejora del capital humano, es un factor esencial para el aumento de la productividad en una economía y, por tanto, para la competitividad.
Por eso, la precariedad tiene estas consecuencias tan desastrosas para el funcionamiento de la economía española y de su crecimiento a largo plazo. Esto no es todo, hay también problemas sociales importantes ligados a esta precariedad, a esta alta
rotación en las relaciones laborales. Por ejemplo, los accidentes laborales. Nuestro país tiene una tasa muy alta de siniestralidad, porque hay trabajadores que están en funciones para las que no están cualificados y en las que van rotando cada
pocos meses. Tiene que ver con problemas sociales que aquejan particularmente a nuestros jóvenes y, por eso, esta es una proposición de ley destinada muy especialmente a los jóvenes, porque sin un horizonte temporal estable en las relaciones
laborales, cómo plantearse la emancipación, cómo plantearse el acceso a la vivienda, cómo plantearse el inicio de una familia si no sabe uno cuál va la ser su situación laboral dentro de tres meses. Tiene que ver con nuestra estructura productiva,
porque este tipo de relaciones laborales priman las actividades basadas en el uso intensivo de mano de obra, y de mano de obra poco cualificada. Tiene que ver con situaciones como las que hemos vivido en esta crisis, en que la volatilidad del
empleo hace que se destruya con mucha facilidad cuando hay una recesión; hemos visto la enorme destrucción de empleo, sobre todo temporal, que ha habido en el inicio de la crisis.
Todas esas consecuencias nocivas están ligadas al problema de la precariedad y de ahí su importancia. Pero esta precariedad que sufrimos no es una plaga bíblica ni es una casualidad, tiene sus causas y la causa fundamental está en una
legislación laboral defectuosa. La causa principal, el origen principal de esta precariedad tiene que ver con la dualidad que hay en nuestro mercado de trabajo entre los empleos temporales, los contratos temporales y los contratos indefinidos. Hay
unos contratos temporales sin apenas indemnización por despido: doce días por año trabajado, pero muy a menudo cero en muchas de sus modalidades, sin indemnización por despido, por ejemplo obra y servicio; y hay otros contratos indefinidos con una
protección mucho más fuerte, una indemnización por despido mucho mayor. El problema es que esa indemnización por despido mucho mayor y esa protección muy raramente, casi nunca, se alcanza, lo que pasa en realidad es que al haber este salto tan
brusco en las indemnizaciones por despido, lo que sucede es que los empresarios contratan en la modalidad temporal, con escasa indemnización, y prácticamente nunca transforman a ese trabajador temporal en un trabajador indefinido, sino que cae el
trabajador en una trampa de precariedad: tiene un contrato temporal, cuando llega el momento de hacerle indefinido, se le despide, se coge a otro temporal y el trabajador va pasando por una sucesión de contratos de corta duración con intervalos en
el desempleo. Se cae en la trampa de la precariedad, y esos contratos indefinidos con tanta protección se vuelven prácticamente inalcanzables.
Las sucesivas reformas laborales no han solucionado este problema, no lo han solucionado, primero, porque no lo han diagnosticado y, segundo, porque han avanzado exactamente en la dirección opuesta, en la dirección de la mayor precarización
de nuestras relaciones laborales. Esto no es un juicio de valor, los datos objetivos lo sustentan, los datos objetivos nos dicen que hoy en España el 93% de los nuevos empleos son temporales; de cada cien empleos nuevos, el 93%, prácticamente la
totalidad, son temporales, y del 7% de los indefinidos, casi la mitad son a tiempo parcial. De esa realidad estamos hablando, de que prácticamente la totalidad de los nuevos empleos son de la modalidad temporal y la indefinida se convierte en
prácticamente inaccesible. Es cierto, sin embargo, que este mercado de trabajo desquiciado que padecemos -porque no hay otro calificativo que desquiciado- está desquiciado desde hace tiempo. Si vemos datos de 2008, cuando la crisis todavía estaba
empezando a manifestarse, nos encontramos con que en ese año -en 2008- hubo 2,7 millones de contratos en España con una duración inferior a los siete días, han oído bien: 2,7 millones de contratos con una duración inferior a la semana, y 5 millones
con una duración inferior al mes, a los treinta días. ¿Es posible construir unas relaciones laborales sanas y estables con un mercado de trabajo desquiciado de esta manera? Nosotros creemos que no, que es cada
vez más urgente y necesario reformarlo, y hay una forma técnicamente solvente de hacerlo que es el contrato único indefinido. Antes de entrar en detalles, permítanme decir que este contrato único indefinido no es una ocurrencia de UPyD ni
de este diputado, sino que es una idea que tiene un aval intelectual muy solvente, es una idea defendida hace unos años por un manifiesto firmado por cien de los mejores economistas de este país, es una idea defendida por el Premio Nobel de Economía
del año 2010, es una idea defendida por la Comisión Europea, es una idea defendida por la OCDE. Creemos, por lo tanto, que merece como mínimo un debate serio y un debate de calidad, no simplemente el rechazo siquiera a hablar de ello, es una idea
seria y solvente de la que nosotros nos enorgullecemos de ser portavoces, pero que no es una ocurrencia nuestra.
¿Qué propone este contrato único indefinido? ¿Qué recoge esta proposición de ley que hoy defendemos? La idea básica es conocida y es intuitiva, es tan sencilla como que todos los nuevos contratos tengan carácter indefinido, que la
contratación indefinida sea la modalidad única de contratación; es decir, contratación sin una fecha prevista de finalización. Estos contratos indefinidos, esta modalidad única de contratación tendría asociada una indemnización por despido
creciente con la antigüedad; inicialmente parecida -podría ser mejor, nosotros proponemos que sea mejor que lo que hoy es un contrato temporal- y que, progresivamente y sin saltos, se convierta en una indemnización más alta, como la que hoy tiene
un contrato indefinido. Nuestra propuesta concreta es que la indemnización comience en el primer año con doce días por año trabajado, es decir, como un contrato temporal de ahora de los que tienen doce días porque, insisto, muchos tienen cero, y
que luego vaya incrementándose dos días por año trabajado y vaya aumentando progresivamente hasta llegar a los veinticuatro días. O, dicho de manera más intuitiva, se empieza de forma parecida a lo que hoy es un contrato temporal -mejor, porque
muchos contratos temporales tienen cero- y se va aumentando progresivamente con una rampa, no con el salto que hay ahora, no con el salto que lleva al empresario a despedir al trabajador, de forma que ese trabajador que empieza como un temporal a
los cinco o seis años se ha convertido en un indefinido, mejor que un indefinido porque el indefinido en realidad hoy suele tener veinte y no veinticuatro días por año trabajado. Esta es la idea intuitiva: contratos indefinidos con indemnizaciones
progresivamente crecientes, parecido al temporal que se convierte en indefinido, sin saltos, de forma paulatina a los cinco o seis años.
Nos dirán que es una idea sencilla e intuitiva, pero que no se puede adaptar a nuestra realidad legal ni se puede adaptar a nuestra realidad económica y social. Precisamente, el trabajo que se ha hecho en esta proposición de ley es
demostrar que esto no es así, que la idea básica intuitiva del contrato único indefinido se puede adaptar perfectamente -y lo hemos hecho aquí de manera minuciosa, luego será criticable, pero minuciosa- a nuestra realidad legal y a nuestra realidad
económica y social. A nuestra realidad legal porque hemos introducido en nuestra propuesta una doble escala de indemnización. La que antes he explicado es la escala de indemnización por despido cuando el despido es procedente, pero si el despido
fuese improcedente se podría establecer una escala de indemnización distinta, una escala de indemnización más alta. Si el despido es procedente, se aplica la que antes he explicado. Si el despido es improcedente, se aplica una indemnización mayor.
La que proponemos es iniciar en veintidós días el primer año e ir aumentando de dos en dos hasta llegar a treinta y cuatro. Esta es una de las principales críticas que se ha hecho al contrato único. ¿Y si el despido es improcedente? Si el despido
es improcedente se le aplica una escala de indemnización mayor. Es legalmente posible. ¿Dónde está el problema? Por cierto, estas escalas son negociables; si les parece mucho o poco, se pueden negociar las escalas, pero la filosofía parece
coherente.
El segundo esfuerzo que se ha hecho en esta proposición de ley es adaptar la idea del contrato único indefinido a nuestra realidad económica y social, cosa que también es posible hacer y creemos que la proposición de ley lo demuestra, porque
cuando se habla de contrato único enseguida surgen objeciones. Por ejemplo, existen interinidades, existen trabajadores que tienen que ser sustituidos temporalmente. Este es el único tipo de contrato, aparte del único que no se suprimiría. La
proposición de ley permite mantener esas interinidades, las sustituciones temporales de trabajadores, eso sí, con garantías para que sean interinidades de verdad, con el nombre del sustituido y la causa, pero con esta única excepción -mantener las
interinidades-, todas las otras peculiaridades de las que ahora voy a hablar y que se nos suelen citar como demostraciones de que el contrato único no puede aplicarse en la práctica, se pueden encajar perfectamente, en nuestra opinión, en el marco
de ese contrato único indefinido. Por ejemplo, se nos dice que hay contratos por obra o servicios que tienen una duración determinada porque esa obra o servicio tiene una duración determinada. Eso cabe perfectamente en el marco del contrato único.
Se
puede hacer un contrato único indefinido sin fecha de finalización prevista, ir generando derechos de indemnización y cuando llegue el final de esa obra o servicio que se considere una causa de despido procedente y, por tanto, con la escala
de indemnización normal baja en el momento de la finalización del contrato. Sería un contrato único e indefinido pero que recogería la peculiaridad de la finalización de la obra o servicio como una causa objetiva de finalización de esa relación
laboral.
También se nos suele decir que hay trabajadores que necesitan formarse porque tienen una baja cualificación o necesitan practicar unos estudios que han terminado recientemente. De nuevo creemos que esto tiene cabida dentro del marco del
contrato único indefinido como una fase inicial de ese contrato único. Se empieza con el contrato único indefinido sin fecha de finalización, acumulando ya derechos de indemnización, pero se puede establecer una primera fase formativa o en
prácticas, con flexibilidad en el horario o con las acciones formativas ligadas a este tipo de contratos. Eso es una fase dentro del contrato único indefinido que permite adaptarse a esas peculiaridades. Eso sí, hemos introducido garantías en esas
fases para evitar algunos de los abusos que este tipo de actividades sufren, formativas o en prácticas, que la formación sea real, que se imparta esa formación, que sea de calidad y que esté relacionada con la actividad que realiza el trabajador,
cosa que a menudo no sucede hoy en día. Hemos introducido también garantías para que las prácticas sean de verdad prácticas, es decir, que estén cerca del final de los estudios y que no se eternicen. La última peculiaridad que se cita es que hay
jornadas partidas, jornadas irregulares por la naturaleza de la actividad. Por supuesto, un contrato indefinido lo es porque no tiene fecha de finalización, pero puede realizarse en la modalidad a tiempo completo o en la modalidad a tiempo parcial.
Eso sí, en la modalidad a tiempo parcial hemos introducido también cautelas para evitar los abusos que se viven hoy en día, como, por ejemplo, con el número de horas extra con diferentes denominaciones que hace el trabajador o con la distribución
tan irregular de la jornada de trabajo.
Este es el esfuerzo que hace esta proposición de ley, el trabajo minucioso de adaptar la idea general del contrato único a nuestra realidad legal con la doble escala de indemnización y a nuestra realidad económica y social, encajando dentro
del marco del mercado único estas peculiaridades que son perfectamente compatibles con él, porque insisto en que empezarían a generar derechos y estarían en el marco de un contrato indefinido. Por eso, les pido, señorías, que tomen en serio esta
propuesta y que la voten afirmativamente, porque es una propuesta que mejoraría la protección del conjunto de los trabajadores -la mayoría hoy temporales-, permitiría la formación y el aumento de la productividad, simplificaría las modalidades de
contratación enormemente -hoy hay cuarenta y una-, nos ahorraría las bonificaciones de todo tipo al empleo indefinido, que son miles de millones de euros y, sobre todo, daría una oportunidad a nuestro jóvenes de tener un empleo estable y plantearse
la emancipación de sus familias, la adquisición de una vivienda o la constitución de una familia. En definitiva, permitiría en nuestra opinión un mercado de trabajo moderno en España y la posibilidad de la existencia de un empleo estable y de
calidad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Se ha solicitado la utilización del turno en contra por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su representación, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar agradeciendo sinceramente al diputado don Álvaro Anchuelo el esfuerzo para dar contenido jurídico a una propuesta, el contrato único, que hasta ahora era una afirmación de base teológica o un fantasma con nombre
pero sin cuerpo. De todas maneras, con la misma sinceridad debo decirle que, a pesar de los esfuerzos técnicos en la elaboración de la propuesta y de los esfuerzos que ha realizado para vestirla de bonito, de seda, su proposición cuando se lee
levanta el velo completamente a esa teología del contrato único y nos presenta en el fondo un placebo con un nombre -eso sí- muy seductor pero nada más. Voy a intentar explicarlo.
Esta proposición dice querer abordar el problema de la dualidad laboral, pero a nuestro entender hace un diagnóstico profundamente erróneo de las causas de esa dualidad laboral y de sus soluciones; y lo que es peor, la respuesta a nuestro
entender agrava aún más el problema, facilita la precariedad y aumenta el riesgo de efecto sustitución de unos trabajadores por otros. Voy a intentar explicarme. Señor Anchuelo, lo que hay hoy en las empresas españolas es dualidad entre fijos y
temporales, pero no solo eso. Esa no es la única forma de precariedad. La dualidad entre fijos y temporales es solo una de las muchas caras que adopta la segmentación de condiciones de trabajo. Algunas de ellas son: segmentación entre
trabajadores
de la empresa principal y los de la empresa contratista que trabajan en el mismo centro de trabajo pero en peores condiciones; segmentación entre trabajadores de la empresa usuaria y los de las ETT, que hacen el mismo trabajo pero no tienen
estabilidad laboral; trabajadores de la empresa principal y los de las empresas de servicios integrados, que hacen el mismo trabajo pero con salarios más bajos; trabajadores con contrato laboral y falsos autónomos; trabajadores asalariados y
falsos cooperativistas. Todos ellos son expresiones de esa precariedad y son al mismo tiempo víctimas de una estrategia de competitividad basada en bajos salarios y precariedad. ¿A qué viene esa reflexión? A que la dualidad entre fijos y
temporales es la parte más visible de esa temporalidad. Lo es porque se da entre trabajadores de la misma plantilla y lo es también porque es la única que tiene tratamiento estadístico y una tasa de temporalidad, pero nos equivocaríamos si
identificáramos dualidad con temporalidad, con precariedad y solo segmentación laboral con dualidad. Hay muchas formas de segmentación laboral que son graves, gravísimas, lo que sucede es que se ven menos. Ahí es donde creo que empieza su profundo
error de diagnóstico, porque la causa de esa profunda segmentación no está en la legislación laboral, tiene su origen en otros factores; tiene su origen en un modelo productivo especializado en sectores surfistas de elevada temporalidad y tiene su
origen en empresas de escaso tamaño y periféricas en la organización del trabajo, que son las primeras en sufrir el ajuste cuando viene la caída del ciclo económico. Además, junto a ello, una cultura de la competitividad basada en precariedad y
bajos salarios que ha impregnado el tejido empresarial. Desde el punto de vista científico -lo digo por lo de los cien economistas, que con eso han demostrado que mucha ciencia no utilizan en sus análisis- hay una prueba para demostrar que la causa
de esa dualidad entre fijos y temporales no está en la ley, no está. Tenemos una legislación laboral única para toda España, y en cambio la diferencia de temporalidad por comunidades autónomas, por sectores y por tipo de empresas en función del
tamaño es abismal.
Permítanme solo unas citas. En los momentos de crecimiento elevado, en 2007, la tasa de temporalidad iba desde el 12% en la industria química de Cataluña, hasta el 60% en la construcción de Andalucía. Pero eso no era solo entonces, ahora
con la caída del ciclo continúa pasando lo mismo. A finales de 2013, con una tasa de temporalidad media en España del 24%, tenemos a Madrid en el 16% y a Cataluña en el 18,8%, mientras Extremadura y Andalucía superan el 33,5%, es decir, más del
doble. Pero además esas diferencias de temporalidad se ven más acusadas en el ámbito temporal, en el ámbito sectorial. Escuche, señor Anchuelo, en el sector financiero y de seguros la temporalidad es del 7,7%, en la industria del 18%, mientras que
en la construcción es del 34,5% y en la hostelería llega al 39%. Estas grandes diferencias deberían llevarles a ustedes, que siempre insisten en la importancia de un marco laboral o general legislativo único, a plantearse algunas dudas sobre su
afirmación, porque si la misma ley para toda España produce tasas de temporalidad tan distintas, debe ser que la ley no es el factor determinante, algo falla. Desde un punto de vista científico, cuando se contrasta con la realidad una afirmación y
esta la desmiente, hay que cambiar la afirmación, cambiarla por otra, no intentar camuflar la realidad, que es lo que creo que ustedes hacen en su propuesta. Desde ese punto de vista, les sugiero que abordemos otro análisis de este tema. ¿Por qué,
por ejemplo, las empresas exportadoras, que son las que tienen más necesidad de competencia, son las que tienen unos niveles de temporalidad más bajos? ¿Será por algo que usted ha dicho pero con la explicación errónea? ¿Será porque esas empresas
que precisan competir en calidad necesitan formar a sus trabajadores y para eso deben pagarles bien y mantenerles establemente en sus centros de trabajo, pero desgraciadamente hay otros sectores productivos donde el modelo competitivo es exactamente
lo contrario? Es eso lo que creo que han demostrado cuarenta años de relaciones laborales en nuestro país. ¿Quiere eso decir o estoy diciendo yo que la legislación laboral no tiene ninguna importancia en la precarización o en la segmentación
laboral española? No, no he dicho eso; he dicho una cosa matizadamente distinta. He dicho que la causa no está en la legislación laboral sino en el modelo productivo, y lo que afirmo a continuación es que la legislación laboral lo que hace es
propiciar aún más la segmentación o limitarla.
Le voy a poner algunos ejemplos de tres décadas de relaciones laborales en nuestro país. La reforma laboral de 1984, con el contrato temporal sin causa, incentivó el uso abusivo de la contratación temporal. La reforma laboral de 1994
legalizó un modelo de ETT precarizador, que tardó seis años en reconducirse y también comportó la legalización de los falsos autónomos, que tuvo que desmontar una teoría, una doctrina del Tribunal Supremo que hasta aquel momento les protegía. La
reforma laboral de 2012, con el contrato para emprendedores, ha vuelto a apostar por la temporalidad sin causa y sin límites. Esos son ejemplos de cómo la legislación laboral que no provoca la dualidad ni la segmentación, sí auspicia esa
segmentación. Otros ejemplos en el sentido contrario y positivos: en aquellos casos en los que se intenta
acotar el uso de la contratación temporal y, al mismo tiempo, se establecen elementos de conversión e indefinidos de esos contratos temporales. La legislación laboral incide, pues, pero no es la causa.
Por eso, creo que desde ese punto de vista su propuesta no solo no va al fondo del problema sino que lo agrava, y lo agrava con un planteamiento que intenta proponer soluciones que lo único que hacen es incrementar aún más el factor de
segmentación entre trabajadores y el riesgo de sustitución. Por eso, todas las actuaciones legislativas que han intentado abordarla desde esa perspectiva han fracasado. La segmentación y la precariedad laboral actúan en nuestro mercado de trabajo
como verdaderas bacterias. Ante la actuación de la legislación laboral, sindical, de la Inspección de Trabajo o de los tribunales, mutan y, cuando la legislación impide su actuación, van a buscar otra forma que segmentación, porque eso está
desgraciadamente en los genes de nuestro modelo productivo y de nuestra cultura empresarial. Por eso, todos los límites que se han establecido a la contratación temporal han terminado siendo inocuos, y han sido inocuos porque incumplirlos no tiene
ninguna consecuencia ya que, simultáneamente, lo que se ha hecho ha sido hacer cada vez más fácil y más barato el despido, y es ahí donde debemos actuar. Desgraciadamente, la lógica del contrato único va en esa vía. Aparentemente, limita la
temporalidad, pero en la práctica, al rebajar la indemnización por despido improcedente, lo que hace es incrementar mucho más ese factor de precariedad.
Honestamente, señor Anchuelo, su contrato único tiene de único el nombre y de indefinido nada. Usted nos lo ha vestido muy bien y le ha puesto un nombre muy seductor, pero la regulación que ustedes hacen mantiene absolutamente todas las
modalidades de contratación, menos una, la del contrato eventual, que afecta solo al 4,8% de la población asalariada al final de este año. Es verdad, lo han vestido ustedes muy bien, no hay contrato fijo de obra, hay contrato indefinido que se
podrá rescindir al finalizar la obra. No hay contrato de formación en prácticas, hay un contrato indefinido que se podrá hacer para hacer formación en prácticas. No hay contrato de inserción, es un contrato indefinido que lo podrán hacer las
empresas de inserción. Han hecho ustedes un juego de palabras que pone de manifiesto hasta qué punto es contagiosa esa actitud del Partido Popular de llamar a las cosas de una manera y, en el fondo, decir otras. Desde esa perspectiva, todas y cada
una de las modalidades hoy existentes en la legislación laboral -fijo de obra, interinos, de formación, de prácticas, de inserción, a tiempo parcial, a distancia- continúan existiendo con su propuesta, menos el contrato eventual, y se lo digo desde
un cierto conocimiento técnico de la materia. Todo queda igual, mejor dicho, no todo queda igual, queda peor, porque ustedes, con la excusa de proteger a los eventuales, facilitan el despido de todos, incluso de los eventuales. La supuesta subida
progresiva de la indemnización en función de la antigüedad no es tal, señor Anchuelo. Usted sabe que la duración media de los contratos es de cincuenta y nueve días y solo el 0,30% de los contratos dura más de un año. Por tanto, solo el 0,30% de
los contratos se va a ver beneficiado de eso que ustedes llaman el sistema de progresividad en el aumento de la indemnización; la mayoría van a quedar en los doce. Además, por si fuera poco, la indemnización para despidos improcedentes cae. Ya
cayó en 1997 con la creación del contrato de fomento del empleo. La reforma laboral del PP y CiU la ha reducido a treinta y tres días y ustedes hoy se presentan con una propuesta que supuestamente va a reducir la precariedad y nos dicen que en los
despidos improcedentes esa indemnización va a ser de veintidós días por año de antigüedad, creciente -dicen ustedes-, pero de una manera que solo con seis años de antigüedad se iguala a la indemnización actual de treinta y tres días de la reforma
laboral de PP y CiU y nunca va a ser mayor. Además, eso también tiene trampa, señor Anchuelo, porque usted, desde esa perspectiva, no beneficia a los jóvenes. Le voy a poner un ejemplo. Con su proyecto, un joven puede ser contratado con un
contrato de formación por un periodo de hasta cinco años, con un salario que podrá ser -literalmente lo dicen ustedes- el salario mínimo interprofesional pero solo en proporción a las horas trabajadas y ser despedido en cualquier momento de ese
proceso. Lo mismo va a suceder en el contrato en prácticas, por un periodo de hasta dos años y con un salario que dicen ustedes no podrá ser inferior al 60% del convenio estatal en el primer año y al 75% en el segundo. Eso es lo que resulta para
esos jóvenes. Y si ese contrato se hace en fraude de ley, cosa que desgraciadamente sucede, con su reforma, esos trabajadores jóvenes cuando vayan a los tribunales y tengan reconocido un despido improcedente ya no será de treinta y tres días o de
cuarenta y cinco como era antes sino de veintidós, que es lo que ustedes plantean en su propuesta. ¿Sabe qué han hecho ustedes en la práctica de verdad? Aproximar, casi igualar, el tratamiento del despido procedente al del despido improcedente.
Las indemnizaciones se acercan porque en el fondo de eso se trata, de dificultar.
No sé si ustedes son conscientes de ello, pero en la propuesta de los cien economistas de Fedea el argumento inicial era muy claro: limitar el acceso de los trabajadores al ámbito de la tutela judicial efectiva para dar seguridad a los
empresarios en la gestión de las relaciones laborales. Eso es lo que se ha
mantenido. Desde ese punto de vista -insisto-, en estos momentos, con su planteamiento, menos indemnización -en vez de treinta y tres, veintidós días- y encima desaparecen los salarios de tramitación, no va a haber ningún trabajador joven o
maduro que tenga ningún interés en ir a los tribunales para conseguir prácticamente la misma indemnización que si no va, porque ustedes han igualado la indemnización de despido procedente e improcedente precisamente para desincentivar el uso en el
acceso a la tutela judicial efectiva. Por eso, propongo que abordemos el tema desde una perspectiva distinta. Ya le he dicho antes que creo profundamente que el tema está en el modelo productivo.
Hay una cosa que sí se puede hacer desde el ámbito de la legislación laboral, creo que es la única, y sugiero abordarlo al conjunto de la Cámara. Lo que creo que consigue este equilibrio es lo siguiente, es una mesa de cuatro patas.
Primero, mantener la contratación temporal, siempre que sea causal para aquellos supuestos en que la empresa tenga razones objetivas, que existen y no se puede negar. En segundo lugar, que los ajustes de empleo a los ciclos y a las necesidades de
la empresa se hagan vía flexibilidad, pero flexibilidad pactada con los representantes de los trabajadores, no impuesta unilateralmente y menos como hace la reforma laboral del PP y CiU contra lo pactado en convenio colectivo. Tres, recuperar la
readmisión obligatoria en los casos de despido nulo. Y cuatro, que en los casos de despido improcedente la opción entre readmisión e indemnización la tenga el trabajador y, si a pesar de eso, la empresa no lo quiere readmitir, el juez y el tribunal
de lo social puedan establecer una indemnización sustitutoria en función de las características de la persona despedida y de la empresa.
Esa es nuestra propuesta alternativa a su contrato único e indefinido, que no lo es. Es posible que a algunos esta propuesta les pueda parecer muy bolchevique...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
Esta propuesta, que les puede parecer tan bolchevique, les recuerdo que es lo que existe en estos momentos en Alemania, exactamente en estos términos. Y recuerdo que en Alemania tienen un índice de temporalidad bastante inferior al nuestro,
posiblemente no porque tengan una legislación distinta -que también-, sino porque tienen un modelo productivo distinto. Espero haber podido explicar por qué nuestro voto va a ser en contra de la toma en consideración de su propuesta. Creemos
sinceramente que no es una propuesta enmendable; es una propuesta que debe nacer muerta desde el primer momento.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar agradeciendo al señor Coscubiela que el debate que estamos teniendo sea un debate con argumentos, de fondo, y no un debate con descalificaciones o con el típico argumento de que no es constitucional. Le agradezco el debate
de fondo y con argumentos, aunque por supuesto tengo que decir que comparto muy poco los mismos. Hay uno que comparto, que es al que ha dedicado la mayor parte de su exposición, a demostrar que la estructura productiva afecta a que haya más o menos
temporalidad. Efectivamente, una estructura productiva, por ejemplo con mucha hostelería, hace que haya más temporalidad; no creo que eso lo pueda negar nadie. Eso es parte de la historia, porque a su vez el marco laboral afecta a la estructura
productiva y un marco laboral como el nuestro fomenta que haya ese tipo de actividades. Por otro lado, con una estructura productiva dada, el marco laboral hace que haya más temporalidad y por eso nuestras tasas de conjunto son tan altas. Las
relaciones son bidireccionales. ¿Qué podemos cambiar hoy aquí en esta asamblea legislativa? ¿Las leyes laborales o la estructura productiva? Me temo que es mucho más lenta y difícil de cambiar la estructura productiva. Lo que está en nuestra
mano cambiar -en su exposición usted ha deducido que es una de las causas, aunque en su opinión no la principal- es el marco laboral. Pues reformemos ese marco legal y a lo mejor con el tiempo hasta mejora la estructura productiva.
En el debate de hoy hemos logrado algo importante, por lo menos en el caso de La Izquierda Plural, y es que no se haya usado el manido argumento que ya impide el debate de que esta propuesta no es constitucional. Entiendo que con la doble
escala de indemnización ese argumento ha desaparecido. Nunca nos resultó muy convincente porque en la Constitución solo hay un artículo -el 35- que reconoce el derecho al trabajo y ese artículo está vulnerado por los 6 millones de parados, pero no
por el contrato
único indefinido. En el Estatuto de los Trabajadores es donde se dice que el despido tiene que ser causal y creemos que con la doble escala eso queda perfectamente atendido. Consideramos un avance en el debate que este argumento no se haya
utilizado. Sin embargo, ha utilizado el argumento del exceso de modalidades que hemos contemplado. Si no lo hubiésemos hecho se nos diría que esto es irreal, que qué pasa con la formación, que qué pasa con las prácticas, que qué pasa con la obra y
servicio. Hemos encajado esas peculiaridades en el marco del contrato único indefinido -insisto-, porque es un contrato que ya empieza a generar derechos. Usted dice que no es único, bueno, no entremos en nominalismos. Lo que no le acepto es que
diga que no se reducen el número de contrataciones porque en España tenemos hoy cuarenta y una. Nosotros creemos que este es un contrato único con algunas peculiaridades, que según usted son cuatro -de cuarenta y una a cuatro hay una buena
disminución-. Si el problema es de nominalismo, llamémoslo como quiera, no lo llamemos contrato único. Como este debate consiste en admitirlo a trámite, admitámoslo a trámite e incorpore en forma de enmiendas las modificaciones que usted crea que
haya que introducir y que nos ha citado. En cualquier caso, lo de menos es si lo llamamos único o no único, lo importante es el enorme cambio que supondría en nuestras relaciones laborales porque hoy hay cuarenta y una modalidades de contrato. Si
esto no es una simplificación, que otro lo simplifique más. Nosotros creemos que es una simplificación muy significativa.
La última crítica es sobre la pérdida de derechos laborales. Si usted compara los derechos laborales con un mundo ideal en que los trabajadores tienen un contrato indefinido, a lo mejor tiene razón, pero el problema -insisto- es que ese
contrato indefinido es prácticamente inaccesible, ya que hoy en día el 7% de los nuevos contratos es indefinido. Yo no puedo contrastar esta propuesta con ese grupo privilegiado que tiene el 7% de nuevos contratos indefinidos, lo tengo que
contrastar con el 93% restante. Para ese 93% restante esto supone una mejora muy significativa; en el caso de la formación y las prácticas hemos introducido una serie de cautelas que creemos que mejoran sustancialmente la situación actual. Si
comparamos esto con un mundo ideal que no existe, en que todos los trabajadores son indefinidos, a lo mejor podría suponer una pérdida de derechos, pero es que en el mundo real que vivimos lo que hay es una inmensa parte de trabajadores que no
tienen la posibilidad de acceder nunca a un contrato indefinido, y muchos de ellos son jóvenes. Por eso sería importante dar una oportunidad a esos jóvenes para que tuvieran una estabilidad laboral, no como un sueño sino como algo realizable que
les permita tener un horizonte en el que planificar su vida. Insisto y pido a sus señorías que acepten a trámite esta proposición de ley, introduciendo posteriormente las mejoras que consideren necesarias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anchuelo.
Señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señor Anchuelo, ¿se da usted cuenta de que aún no me ha contestado a la pregunta del millón, a la prueba del algodón, como es que si con la misma legislación laboral hay esas diferencias brutales de temporalidad no solo es un problema del
sector? Fíjese bien, datos de finales de este año; en la construcción en la media del conjunto del país hay un índice de temporalidad, pero en cambio resulta que en Cataluña en la construcción el índice de temporalidad es del 25% y en Andalucía se
sitúa en el 53%. Es algo más, insisto, es la combinación de sector, tipo de empresa y al mismo tiempo cultura empresarial. Por eso ya se desarma toda su propuesta, porque quieren resolver ustedes un problema que dicen que está en la legislación
laboral, cuando resulta que la misma legislación laboral da un abanico de situaciones de temporalidad tan distintas. Deberían ustedes reflexionar sobre su planteamiento. Desde ese punto de vista, déjame que insista en otra cuestión, al principio
esta propuesta negaba el acceso a los tribunales -ustedes la han vestido jurídicamente, se lo he empezado reconociendo- pero van a conseguir el mismo objetivo; como no pueden prohibir el acceso a los tribunales porque constitucionalmente es
contrario a la legislación española e internacional, lo que hacen es desincentivarlo. ¿Cómo? Acercando hasta casi igualar la indemnización para todos, no solo para los jóvenes, entre contratos temporales y contratos indefinidos.
Otra cuestión, señor Anchuelo, no han hecho desaparecer ustedes las cuarenta y una modalidades de contratación. Se lo he dicho antes y no me lo ha desmentido; de todas esas modalidades de contratación que existen, solo desaparece el
contrato eventual, que afecta... (El señor Anchuelo Crego hace gestos negativos). Si dice que no, por favor, dígame usted cuál de las otras modalidades existentes en la legislación actual desaparece con su propuesta porque las he repasado todas y,
excepto el contrato eventual que afecta al 4,8% de la población asalariada, todas las demás se mantienen de una manera u otra más o menos camuflada.
Una cuestión que creo que es bastante importante. No es un problema de que con su propuesta vayan a tener más protección los temporales jóvenes y menos los fijos adultos, no, no, es que todos, absolutamente todos, van a tener más
desprotección porque usted ha seguido la senda de las reformas laborales anteriores. Con el argumento o la excusa de proteger a unos por la vía de regular la contratación inicial, lo que hace es bajarles la indemnización a todos. No es verdad -se
lo he demostrado- que suba para los temporales, no, el 0,30% solo tienen un contrato de más de un año, que es el supuesto en el que según ustedes subiría la indemnización más de doce días, es decir, se mantiene en esos términos. En segundo lugar,
baja en picado la indemnización hasta veintidós días por año. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué trabajador, sea joven o no, temporal o indefinido, cuando vea que existe una situación de vulneración de sus derechos va a acudir a los tribunales a buscar
tutela si la diferencia entre un despido procedente o improcedente prácticamente ha desaparecido con su reforma? El resultado último es desincentivar el acceso a la tutela judicial efectiva, que en definitiva es el paraíso de los que inventaron su
propuesta; el paraíso de querer que nadie pueda acudir a los tribunales porque la regulación de las relaciones laborales queda el arbitrio de las empresas. Insisto, nosotros le hemos presentado una alternativa, no solo le he dicho que no, hemos
presentado a toda la Cámara una alternativa; analicemos aquí o en la Comisión de Empleo, si de verdad queremos acabar con esa situación, qué podemos hacer. Por supuesto que desde la legislación laboral se pueden hacer cosas, por supuesto que sí,
pero las que hace usted -perdone que se lo diga con esta claridad- incurren en la misma filosofía de siempre; con el argumento de intentar proteger a los desprotegidos terminan desprotegiendo a todos, situando mayores niveles de precariedad. Es
posible que a ustedes no les guste, pero a cien economistas, sí. Excepto los que han elaborado su propuesta, creo que en el ámbito del derecho del trabajo no debe haber nadie que avale que esta propuesta sirve para mejorar las condiciones de
trabajo ni de jóvenes ni de adultos, y le he puesto el ejemplo de un joven porque sabía que la cosa iba por ahí. Lo siento, se lo tenía que decir en esos términos; ya sé que a la señora Díez no le gusta, pero creo que he sido suficientemente
respetuoso con la ponencia, con su proposición de ley y con quien la plantea, pero en cambio debo ser suficientemente contundente con los contenidos, porque la verdad es que está muy bien, el título es muy seductor, contrato indefinido único, quién
no lo quiere, pero, insisto, de único no tiene nada -creo que lo he demostrado- y de indefinido menos, porque se puede rescindir y encima con menos indemnización. Ese es el resultado último; ese es el resultado de verdad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez más tenemos una propuesta que, a nuestro entender, descarga los efectos del desempleo y el fraude empresarial en los trabajadores. Lo hizo primero el Gobierno de Zapatero abaratando el despido, después Rajoy generalizando ese
abaratamiento y ahora UPyD presenta un nuevo abaratamiento del despido. Esta afirmación es innegable. Donde ahora -artículo 53- se regula la indemnización por despido objetivo en veinte días por año de servicio, UPyD quiere que diga doce días el
primer año, aumentándose dos días al año hasta un límite de veinticuatro días por año y con un máximo de doce mensualidades, por lo que para alcanzar los veinte días actuales tiene que haber trabajado un mínimo de cinco años, y a partir de los siete
años no se incrementa. Esto es abaratar el despido.
Seguimos analizando su propuesta. Dspido improcedente. Donde ahora dice -artículo 56- treinta y tres días por año de servicio, ustedes quieren que diga veintidós, aumentándose dos por año con el límite de treinta y cuatro; solo un día más
del actual. La pérdida es tremenda. Su propuesta es, a nuestro juicio, un ataque a lo poco que les queda a los trabajadores: unas exiguas indemnizaciones por despido tras padecer los recortes salariales y las congelaciones que ha perpetrado este
Gobierno.
El titular, a nuestro juicio, no debería ser UPyD defiende el contrato único,sino UPyD defiende abaratar el despido, porque esto es lo que al final provocará su propuesta. Las causas del fraude de la temporalidad están en el fraude
empresarial, no en el trabajador, por lo que la solución es castigar y perseguir al infractor en primer lugar con una inspección laboral eficaz y con mayores potestades, no con una inspección casi sin personal ni medios; también con más regulación
y más derechos para los temporales y con peores consecuencias para el que comete el fraude. Si la única consecuencia del fraude reconocido por sentencia es equiparar la indemnización al indefinido, el empresario no arriesga. Igualar por arriba es
la
solución para que los contratos temporales se usen ante necesidades temporales; lo que ustedes proponen es justo lo contrario, igualar por abajo, y eso nunca lo va a apoyar Compromís-Equo.
Ustedes quieren estandarizar la precariedad laboral, y esto va en contra de la doctrina constitucional como es el derecho a la estabilidad en el empleo. No se alcanza más estabilidad precarizando todos los contratos, abaratando el despido.
De otra parte, su modelo supondría limitar el acceso al control judicial de decisiones que pueden encubrir vulneraciones de derechos fundamentales, como la libertad sindical o el derecho de huelga. Ustedes proponen hacer tabla rasa y mirar hacia
otro lado. La propuesta, además, vulneraría el derecho internacional, el derecho a una tutela judicial frente al despido injustificado recogido en el Convenio 158, artículo 4.6 de la Organización Internacional del Trabajo. Justificar el
abaratamiento del despido en que la mayoría de los contratos firmados son temporales es, a nuestro juicio, transitar por el camino equivocado. Podrían, por ejemplo, proponer incrementar las indemnizaciones de la temporalidad y no abaratar el
indefinido. Desde Compromís-Equo apoyaremos todas las medidas que aporten facilidades de empleabilidad por las empresas, al mismo tiempo que aseguren la calidad del empleo y unas condiciones y garantías dignas para los trabajadores, y su propuesta
va en el camino opuesto.
Frente a su estudio de esos cien economistas, hay otro de 700 economistas y expertos apoyados por sindicatos como UGT y Comisiones Obreras que elaboraron un informe donde definían el contrato único con estos adjetivos: inoportuno,
ignorante, malintencionado e inconstitucional. Y añadían: En la coyuntura actual, en términos de destrucción de empleo, no parece muy oportuno introducir un mecanismo que en el mejor de los casos aceleraría el ajuste a la baja del empleo, sostiene
este estudio. Por todo ello, anunciamos nuestro voto negativo a la propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Anchuelo, hemos analizado la propuesta que usted nos trae hoy aquí y, a la vista de la misma, hemos de hacer algunas reflexiones. Quiero recordar que en el año 2012 esta Cámara, con la mayoría del Partido Popular, aprobó la
reforma laboral, y la razón fundamental esgrimida por el Gobierno para hacerla era eliminar los despidos y garantizar o impulsar la contratación indefinida. En esa dirección se afanó el Gobierno, abaratando al máximo los despidos, incluso dejando a
cargo del Estado el pago de parte de esas indemnizaciones correspondientes a despidos.
Ante la falta de resultados, el Gobierno, en diciembre del año pasado, aprobó un real decreto-ley, que se convalidó con los votos del grupo mayoritario de esta Cámara. Para impulsar la contratación indefinida, el Gobierno se plantea reducir
los modelos de contratación laboral a cuatro: indefinido, temporal, formación y en prácticas. Y hoy, señor Anchuelo, usted nos trae aquí una propuesta de contrato indefinido, que acaba de defender como si realmente fuese una cuestión muy novedosa,
pero resulta que ese contrato indefinido puede contemplar diferentes variables. Puede contemplar que el contrato tiene un tiempo de formación o un tiempo de prácticas no inferiores a seis meses ni superiores a dos; puede contemplar la variabilidad
de la interinidad para sustitución de una persona; puede contemplar también la variabilidad de una contratación por circunstancias de obra o de producción, aunque usted dice que incorpora una serie de cautelas para que no pueda utilizarse de manera
manipuladora por las empresas. La verdad es que ese tipo de cautelas son necesario hacerlas en la contratación. El gran problema es que algunas de ellas fueron eliminadas de la reforma laboral, tanto en la reforma del año 2012 como en la que acabo
de comentar del año 2013. Por lo tanto, señorías, nosotros no podemos entender -y no vamos a votarlo favorablemente- esta propuesta que nos hace de contrato indefinido, porque no es tal, salvo el nombre que el mismo tendría de manera genérica,
aunque después tendría estas otras variables. Esas variables significarían nada más y nada menos -usted dio el dato también- que el 90% de la contratación que existe, porque solamente el 9% de la contratación en este momento es indefinida, siendo
prácticamente el 45% una contratación indefinida a tiempo parcial, que por cierto sería lo que habría hecho mejorar la contratación indefinida en los últimos meses. Por tanto, entre la contratación por razones de servicio y obra o circunstancias de
producción, variables que contemplaría la propuesta que usted nos hace de contrato indefinido, sería el 90% de la contratación que se hace en este momento.
¿Dónde está la novedad de su propuesta entonces, señor Anchuelo? Yo tengo que decir algo que ya afirmaron los portavoces que me precedieron en el uso de la palabra. La novedad de su propuesta es el abaratamiento del despido. Ustedes
vuelven otra vez a afanarse en abaratar el despido, y lo hacen
además de manera concreta tanto en relación con los años que ustedes hablan en esa escala de indemnización, como con los días de indemnización. Esta propuesta -no sabemos si exactamente igual en la manera de formularla, pero sí en el fondo
de la cuestión- es la que los que representan a la patronal están empeñados en reclamar. Por tanto, señor Anchuelo, puede ser una buena propuesta para el sector empresarial, pero una nefasta propuesta para los trabajadores y trabajadoras.
Yo quisiera aprovechar este debate para decir que si alguna necesidad de reforma existe en este momento de manera prioritaria, al margen de mejorar los tipos de contratación, es restaurar la negociación colectiva, restaurar el diálogo entre
empresa y trabajadores a través de sus representantes e instaurar también los acuerdos sociales y el diálogo social. Yo creo que es una de las cuestiones fundamentales que existen en este momento, y no lo que usted nos trae aquí, que es una
propuesta de continuar en la precarización laboral, y no, como usted ha intentado decirnos, no sé si porque lo cree realmente, una propuesta de garantizar a los trabajadores una contratación que en este momento no tienen, cuando sería una
contratación trampa, justamente por esas variables que en la propuesta se recogen, que se recogerían en esa contratación indefinida y que no nos apartarían de la contratación temporal, de la contratación precaria en prácticas o en formación. Por
tanto, señor Anchuelo, señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de esta propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Anchuelo, me gustaría saber cuál es la razón por la que de forma tan recurrente presentan una iniciativa tan discutible como esta. Espero que no sea por diferenciarse del resto de
los grupos de la Cámara, porque es una propuesta, en primer lugar, poco novedosa, no incorpora nada al ordenamiento jurídico laboral, y es una propuesta que además puede precarizar todavía las opciones del empresario en el momento de contratar, que
es quizá la dirección o la antinomia en la que usted y yo nos deberíamos mover.
Me llama poderosamente la atención una suerte de posición intelectual esquizofrénica entre la exposición de motivos de la proposición de ley, que es brillante e incluso la podría parafrasear en sus propios términos, y el contenido
dispositivo, que es discutible. En cuanto a la exposición de motivos, usted tiene toda la razón en lo que dice. Vivimos en un mercado dual en donde los contratos temporales predominan brutalmente sobre los contratos por tiempo indefinido, en donde
la contratación indefinida no llega al 7% de la contratación total y en donde se producen situaciones que usted define perfectamente, como que el recurso masivo a la contratación temporal segmenta el mercado de trabajo, precariza el empleo, conlleva
efectos negativos sobre los salarios, la formación en la empresa, la productividad en el trabajo y la siniestralidad laboral. Absolutamente de acuerdo con esta posición; absolutamente de acuerdo con la gran paradoja del derecho del trabajo
español. No es que la estructura productiva del Estado español provea a fórmulas contractuales de carácter temporal (más de 1.500.000 contratos de duración inferior a una semana; más de 2.500.000 contratos de trabajo inferiores a un mes), sino que
son el ordenamiento jurídico español, el derecho del trabajo y las reformas laborales sucesivas los que proveen a estos mecanismos de contratación de forma intensiva para contratos de poco valor añadido, de poca cualificación y que desestructuran y
reducen la masa salarial, que tiene efectos negativos en el ámbito de las cotizaciones sociales y de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, tal como usted glosa perfectamente en su exposición de motivos.
Los datos son elocuentes. La EPA acredita que desde la aprobación de la última reforma laboral, la del año 2012, se han perdido entre 850.000 y un millón de puestos de trabajo. Desde otra perspectiva, la proliferación de contratos
temporales es brutal. El único contrato que crece es el contrato a tiempo parcial, no siempre voluntario y no siempre por razones honestas o por razones bienintencionadas, como puede ser la conciliación de la vida laboral y familiar, sino porque es
el único contrato que se oferta en tanto en cuanto se pueden incorporar al contrato a tiempo parcial horas extraordinarias. Podríamos decir muchas más cosas. Podríamos decir que el tejido productivo español... Le voy a leer textualmente porque me
ha parecido brillante, honestamente brillante -no sé quién la ha escrito, me imagino que usted, porque tiene capacidad intelectual suficiente para ello-, una parte de su exposición de motivos: El tejido productivo español está compuesto en un 95%
por autónomos y pymes. Esto es importante para explicar los problemas de competitividad que tiene España y que no residen fundamentalmente en los costes salariales sino en la debilidad del tejido empresarial y la escasez de inversión productiva.
Esta realidad muestra la
incapacidad de nuestra élite económica -absolutamente de acuerdo-, después de treinta años de democracia, de crear una estructura económica dinámica, innovadora y competitiva capaz de generar crecimiento y empleo de calidad. Frente a ello
se ha potenciado un modelo que en muchos de sus sectores está dominado por un entramado corporativo en el que la connivencia -y tiene toda la razón en lo que usted denuncia aquí- entre los poderes públicos conforma una oligarquía público-privada que
tiene cooptado el sistema en su beneficio y bloquea la energía creativa del país, perjudicando a consumidores, perjudicando a trabajadores y perjudicando a empresarios reales, a empresarios emprendedores. Absolutamente de acuerdo con lo que usted
dice.
De hecho, el diferencial en materia de inflación en la zona euro durante el último ciclo de crecimiento se debió a los beneficios empresariales, casi el doble, en relación al efecto de los salarios sobre el crecimiento en la zona euro. Los
intentos de las distintas reformas laborales para estabilizar y potenciar contratos estables e indefinidos, que son los que al final crean actividad económica relevante e incrementan el producto interior bruto, siempre han sido un fracaso, pero de
un Gobierno y del otro. El fomento de la contratación indefinida del contrato con indemnizaciones por despido por debajo del contrato ordinario ha quedado amortizado cuando la reforma laboral del año 2012 rebajó la indemnización por despido al
mismo nivel en el que la indemnización por despido estaba prevista para esta fórmula contractual específica. Fracasó la fórmula contractual específica para establecer la contratación, y sobre todo fracasó cuando se amortizó identificando la
indemnización en la reforma laboral en el año 2012 con la indemnización prevista como ventaja o como elemento de promoción de esta fórmula contractual estable. Y todas las demás fórmulas de contratación laboral estable han seguido fracasando
sistemáticamente mediante una errática política de bonificaciones de cuota que usted denuncia perfectamente. Denuncia algo que es muy importante, que en los años de crisis el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total ha pasado del 7,3 del
año 2008 al 5,1 del año 2012, y estaríamos hablando en el año 2013 casi del 4,5. La disminución de la contratación temporal es espectacular, el 7% de los contratos que se conciertan es por tiempo indefinido. Pero me gustaría que me explicara qué
aporta su propuesta en relación con la remoción de estas patologías que afectan al mercado de trabajo y a la economía en su conjunto por proyección, porque es que usted no hace desaparecer ni uno solo de los contratos que persisten además del suyo.
Usted no hace desaparecer ninguno de los contratos y cuando le digo que no hace desaparecer, le pregunto específicamente: ¿Es que su propuesta hace desaparecer el trabajo en común o el contrato en grupos previsto en el Estatuto de los Trabajadores
y en las últimas reformas del Estatuto de los Trabajadores? ¿Su propuesta hace desaparecer el contrato de relevo? No. ¿Su propuesta hace desaparecer el contrato a tiempo parcial? No. ¿Su propuesta hace desaparecer los contratos en prácticas,
elemento de precarización de la estabilidad en el empleo donde los haya? No. ¿Su propuesta hace desaparecer los contratos formativos? No.
Los jóvenes acceden al mercado de trabajo por una triple fórmula. Las tres son verdaderamente repugnantes. Contratos temporales, donde se cotiza por contingencias comunes; cuando acaba la temporalidad o la duración del contrato, este
joven que ha sido contratado inicialmente es sustituido por otro, y cuando acaba la duración del contrato del segundo joven contratado es sustituido por otro; se intenta evitar la estabilización del joven en la empresa, y así sucesivamente. ¿Cuál
de estos jóvenes puede articular una carrera de seguro no solo para configurar su pensión de jubilación el día de mañana -que no la va a obtener-, sino para financiar el sistema de pensiones actual con una rotación de esta naturaleza? Pero esos son
la élite de los contratos o de los jóvenes que acceden al mercado de trabajo. La mayoría de los jóvenes acceden con contratos formativos, donde ni siquiera se cotiza por contingencias comunes. Y los menos privilegiados, que son la mayoría de los
jóvenes contratados, acceden por la benemérita institución de las becas. Desde esa perspectiva, yo no veo en su proposición ningún elemento de remoción de estas fórmulas contractuales no rayanas en el fraude de ley, sino manifiestamente
fraudulentas y lesivas para la economía y para la masa salarial colectiva o global del país, y lesivas para la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Pero es que no hace desaparecer tampoco ninguna de las demás fórmulas contractuales como el contrato de emprendedores, ya declarado ilegal por un Juzgado de lo Social, el número 2 de Barcelona, porque la duración de su período de prueba es
de un año, y en Grecia ha sido anulado por el Tribunal Europea un contrato de carácter análogo. Tampoco hacen desaparecer los contratos especiales para la inserción, cosa que no me parece mal, de colectivos con especiales dificultades de
empleabilidad. No hacen desaparecer los contratos de estabilización de la contratación temporal, que no han tenido ningún tipo de significación relevante. Y no hacen desaparecer el contrato a tiempo parcial. El contrato a tiempo
parcial es objeto de reflexiones apologéticas por numerosos portavoces, pero al contrato a tiempo parcial, que en Europa es mucho más abundante que en el Estado español, se puede acceder por dos procedimientos: por un contrato a tiempo
parcial voluntario y aceptado voluntariamente por...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señor presidente.
...el empresario, o se puede acceder al contrato a tiempo parcial como contrato ordinario al que se le pueden incorporar horas extraordinarias o, como eufemísticamente dice la expresión que utiliza la legislación, horas complementarias.
Desde esa perspectiva, en relación al contrato único y el contrato de interinidad, incorpora dos contratos temporales o dos contratos precarios más. Como teníamos pocos contratos precarios, usted incorpora dos más: el contrato de obra, que es lo
mismo que el contrato único indefinido, que no es indefinido, y es que usted mismo dice que no es indefinido porque dice que se podrá concertar por tiempo indefinido. Dígamelo, señor Anchuelo. Que se podrá concertar por tiempo indefinido, ¿qué
quiere decir? Que se puede concertar también por tiempo temporal, ¿no? Es una interpretación gramatical que yo creo que es difícilmente discutible. Y además el contrato de interinidad, es decir, para aquellos que están de baja por las razones que
fuera, contratos interinos.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que acabar necesariamente.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Desde luego, a mayor precariedad en el ámbito de la contratación, la exposición de motivos tan brillante que usted ha elaborado merece mejor causa y merece mejor articulación. Desde esa perspectiva, yo no sé lo
que ustedes ganan presentando recurrentemente una iniciativa de estas características, pero de lo que estoy seguro es de quién pierde. Pierden los que...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, permítame una pregunta. ¿Usted cuando sube sabe el tiempo que le corresponde? (Risas).
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
También Convergència i Unió quiere agradecerle al señor Anchuelo y a su grupo haber trasladado este debate a la Cámara porque, como bien decía el señor Coscubiela, esta es una propuesta que habían formulado hasta ahora en el mundo de la
economía, costaba encontrar la concreción en aquello jurídico, su grupo ha hecho el esfuerzo de concreción de esta propuesta, pero precisamente, cuando su grupo hace ese esfuerzo de concreción en lo jurídico de esa propuesta de ese grupo de
economistas, todas las debilidades de la propuesta aparecen con mucha fuerza. Con el señor Olabarría en la pasada legislatura tuvimos ocasión de participar en un encuentro en la Fundación Fedea donde el señor Garicano, el señor Folgueroso y el
señor Dolado presentaron esta misma cuestión frente a un grupo de catedráticos de derecho del trabajo y los portavoces de entonces de la Comisión de Empleo. Ya se puso de manifiesto que cuando se intentan introducir las garantías legales de la
lógica del derecho del trabajo en España para evitar que la propuesta del contrato único sea contraria a la lógica no tan solo de la Constitución, sino de los convenios de la OIT y cuando se juridifica de manera adecuada la propuesta, las virtudes
desaparecen y los inconvenientes que se pretenden resolver continúan todos ahí. Nuestra sensación es que la idea del contrato único, siendo una idea brillante en lo intelectual, en lo conceptual, recuerda a la propuesta del tipo único del IRPF.
Son ideas que están de moda, que aparecen en el mundo de la economía más académica, pero cuando se contrastan con la realidad no terminan de funcionar. Ahora bien, usted ha hecho el esfuerzo de llevar esta discusión, el señor Coscubiela le ha
planteado un turno en contra, nos ha permitido profundizar en la discusión y en cualquier caso Convergència i Unió se lo agradece.
Al menos me gustaría insistir en algunas ideas. El debate hoy en parte en nuestra economía no es tan solo en relación con la dualidad del mercado de trabajo, sino con la creación de empleo y me parece que en una aproximación extremadamente
realista de lo que nos conviene hacer en los próximos años, seguramente la reducción del desempleo va a ser más prioritaria que la lucha contra la dualidad. Por tanto, pretender abordar la misma cuestión al mismo tiempo va a ser extremadamente
difícil porque además la eclosión de las formas atípicas de la contratación no son tan solo una dinámica de nuestra economía, sino que es una dinámica del conjunto de la Unión Europea porque tiene que ver con algunas lógicas de fondo que no son
fáciles de resolver. Y si vamos a analizar los problemas de fondo de nuestro mercado de trabajo, encontraremos que tenemos un problema de fondo que es un alto nivel de desempleo
estructural también en tiempos de crecimiento económico, una dificultad de adaptación del ciclo económico de las estructuras de nuestras empresas que ha llevado a esa destrucción masiva del empleo en tiempos de crisis y a una dificultad para
que nuestras empresas inviertan en formación. Esas cuestiones -la dificultad de adaptación al ciclo económico, la ausencia de cultura de inversión en la formación de las empresas y el mal modelo de temporalidad que usted pretende resolver- podrían
ser problemas. Efectivamente, tenemos el problema de que la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo no se produce a través del contrato de formación, del contrato en prácticas o de las prácticas no laborales, sino que se produce a través
de la contratación temporal. Tenemos en estos momentos -y es cierto que también es un problema de nuestro modelo productivo y de nuestro modelo de relaciones laborales- una mejora de la competitividad que se está produciendo no tanto por una mejora
de la productividad, sino por competir en salarios más bajos. Esas serían las cuestiones que conforman esa situación: alto desempleo, prioridad en la creación de empleo y problemas estructuralmente arrastrados desde hace muchos años.
En la discusión, aunque en su intervención no ha hecho casi referencia a ello pero sí lo hace en su exposición de motivos, afirma que el problema de la excesiva temporalidad no tiene tanto que ver con la estructura productiva. Yo ahí me
reafirmo en los argumentos que ya se han utilizado en esta tribuna: es la estructura productiva lo que determina el alto nivel de dualidad y temporalidad que tiene nuestro mercado de trabajo. Una economía que ha tenido un enorme peso de la
construcción y que continúa con un enorme peso de la hostelería y en algunas comunidades autónomas de la agricultura -lo que explica el altísimo nivel de temporalidad en Andalucía o en Extremadura o en la Administración pública, especialmente la
local, que tiene una enorme cantidad de trabajadores interinos durante muchos años- explica nuestras cifras. Señor Anchuelo, en mi país, Cataluña, la temporalidad en la industria es del 14 o 15% -creo que el señor Coscubiela ha mencionado algún
sector donde es incluso menos-; en el comercio, el 15%; y en el turismo, el 30%, un poco menor que en el conjunto español. En definitiva, en Cataluña la tasa de temporalidad es del 18%. Vista la composición de nuestra economía con un peso
significativo del sector turístico, me atrevo a decir que en el mercado de trabajo de Cataluña el principal problema que tenemos no es la temporalidad, sino el desempleo. Por tanto, al menos en lo que hace referencia a nuestro tejido productivo, su
propuesta no es adecuada. Ahí está una de las cuestiones de fondo. La pregunta es: con la propuesta que usted formula, aquellos empresarios que contratan a trabajadores con la esperanza de que sus costes de despido no se incrementen demasiado, si
tuviesen que despedir, ¿a quién optarían por despedir, a los trabajadores con mayor antigüedad a los que les costaría más caro despedir, o a aquellos trabajadores con menor antigüedad a los que sería más barato despedir? Con su propuesta, la lógica
llevaría a que seguramente los empresarios optasen por despedir a quienes tuviesen costes más baratos, que serían los que llevaran menos tiempo en la empresa. Por tanto, no se resolvería la cuestión que usted pretende resolver con su iniciativa.
Quizás las estadísticas no reflejarían un alto nivel de temporalidad porque no existirían contratos temporales, pero sí reflejarían que los trabajadores más despedidos serían los que llevaran menos tiempo en las empresas porque su despido sería más
barato. Además, aunque no se dice, en el sistema que hoy existe la indemnización también es creciente con el paso del tiempo: A más tiempo que una persona está contratada, más caro es despedirla. De alguna manera nuestro sistema ya está graduado:
Aunque los días por año trabajado -veinte, treinta y tres, cuarenta y cinco, diez o doce; los que sean- sean los mismos, el paso del tiempo incrementa el coste del despido. Desde este punto de vista, su propuesta no se aleja tanto de la realidad
que hoy ya existe.
La pregunta es: ¿No somos partidarios de que se produzcan reformas en el mercado de trabajo? Claro que somos partidarios. Debo recordarle a mi amigo el señor Coscubiela que en el año 1997, siendo él secretario general de la Comisión
Obrera Nacional de Cataluña, se alcanzó un acuerdo en el marco del diálogo social que introdujo un contrato de fomento al empleo con una indemnización de treinta días por año trabajado, porque los interlocutores sociales -incluidos los
representantes de los trabajadores- reconocen que el coste del despido en España es un desincentivo a la creación de empleo estable. Si no, no tiene sentido, porque se incorporó esa previsión de que la reforma laboral de esta legislatura la
generaliza dando continuidad a lo aprobado en 1997 con los interlocutores sociales. Es más, si algún día los escaños de La Izquierda Plural son decisivos en esta Cámara, me apuesto lo que quiera, señor Coscubiela, a que no van a cambiar esa
realidad de la reforma laboral hoy vigente de doce, veinte o treinta y tres. Quizás vayan a cambiar otras cuestiones de la reforma laboral aprobada en esta legislatura, pero esa no la van a cambiar, porque forma parte de un propio consenso que los
interlocutores sociales mayoritarios reconocen: que los costes excesivos del despido dificultan la contratación estable. Ahora bien, reforma, sí; señor Anchuelo, le propongo que trabajemos conjuntamente -ahí también está el Grupo
Socialista- en la implementación en el Estado español del denominado modelo austriaco de gestión de la indemnización por despido. Ahí existe un terreno a recorrer para crear más confianza en la contratación estable; el Grupo Socialista en
alguna ocasión lo ha defendido y mi grupo va a insistir en ello. Seamos capaces de potenciar la contratación para jóvenes vía el contrato de formación, el contrato en prácticas, las prácticas no laborales, la formación dual, la formación
alternativa; seamos capaces de potenciar el papel de la negociación colectiva, seamos capaces de aumentar la inversión en políticas activas y en vincular pasivas y pasivas, seamos capaces de potenciar la contratación de los trabajadores menos
cualificados rebajando sus costes y mejoremos la tipología de la contratación temporal. Hay un enorme terreno a recorrer en las reformas. La reforma que ustedes nos plantean es una buena idea académica, pero una mala propuesta política para
resolver nuestra situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Anchuelo, al escucharle hoy he sentido la misma turbación que cuando leí el texto de su proposición, en el sentido de que, como ya ha dicho alguno de quienes me han antecedido, comparto por completo el diagnóstico que hace de la
situación laboral que vive el país en este momento y, sin embargo, me separo enormemente de la propuesta de salida o de la propuesta de solución que usted nos formula.
Mientras leía durante el fin de semana, encontré lo siguiente: si uno separa el lenguaje de su significado, el mundo está a sus pies. Y añado yo: lo peor es que acabemos por creérnoslo. De esto trata precisamente el tema que estamos
discutiendo, porque la realidad puede cambiar el lenguaje pero el lenguaje no cambia la realidad. ¿Recordamos algunos hallazgos? Para que no quepa duda, entre ellos citó los siguientes: primero, desaceleración, que no crisis. Pero añado:
crédito muy ventajoso en vez de rescate, asegurados en vez de ciudadanos como titulares del derecho a la asistencia sanitaria, movilidad exterior y no emigración forzosa de jóvenes o, el último hallazgo, nuevos formularios administrativos como
sinónimo de reducción de tipos contractuales. Ahora le toca el turno al contrato de trabajo; reiteraré algunos datos que ya se han barajado. Desde hace casi treinta años -este es el primero- la tasa de temporalidad en España oscila, con
excepciones, entre un 25% y un 35%. En segundo lugar, los expertos, los economistas nos dicen que una economía como la española requiere justificadamente al menos un 15% de mano de obra con empleo temporal, lo que complementariamente significa que
hay entre diez y veinte puntos de empleo temporal no justificado. En tercer lugar, el Servicio Público de Empleo Estatal nos advierte de que estamos caminando hacia el abismo, donde, como se ha reiterado una y otra vez esta tarde, solo uno de cada
diez nuevos contratos que se conciertan es indefinido y los nueve restantes temporales; con un dato adicional, estos contratos temporales tienen una duración media inferior a los dos meses. ¿Qué ocurre? Que esta deriva la hemos vivido tanto en
periodos de expansión como en periodos de contracción, pero en todos ellos hay un dato curioso, y es que la norma que ha estado vigente es la misma, el Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 15, que regula la duración de los contratos, se ha
modificado en reiteradas ocasiones, pero lo que no ha cambiado es que desde el principio hasta hoy muestra dos tipos de contratos esenciales: uno, el ordinario, el indefinido, y, otro, el extraordinario, el temporal, y digo extraordinario porque lo
somete a la concurrencia de justa causa. Para ordenar bien nuestro debate hay que tener clara una cosa: contrato indefinido no es un contrato perpetuo, ni vitalicio, ni hasta la edad jubilación, sino simplemente que no tiene la duración
preestablecida de antemano. Al ser la misma norma, hay que hallar alguna conclusión, y esta es que la famosa segmentación o dualidad de nuestro mercado de trabajo no la diseña la norma, sino que es fruto de una voluntad constante y pertinaz de
violar lo previsto en esa norma. Como cualquiera con ojos y oídos sabe, se contrata temporalmente porque se quiere así, no porque lo exija la ley ni porque lo exija el proceso de producción de las empresas. Y también todo el mundo sabe por qué:
para abaratar los costes salariales -usted lo ha mencionado en su intervención inicial, no hay gasto por antigüedad, no hay gasto por formación, se impone menos salario, sobre todo ahora que la negociación colectiva se ha debilitado hasta el
extremo- y también para disminuir los costes del despido, porque se persigue que las indemnizaciones sean menores. Una y otra cosa favorecidas, por cierto, por la última reforma laboral.
Hace ahora cinco años, en abril de 2009, se incorporó la propuesta de un contrato único al permanente debate sobre la reforma laboral. Lo firmaron, es verdad, cien economistas, y con justicia usted ha puesto de relieve su rigor, pero el
problema es que no había juristas, y eso se nota. La presentación de aquella
propuesta se iniciaba con una frase rotunda: La crisis económica no tiene un origen laboral. Así comenzaba el documento. No se engañen, era una coartada, porque a renglón seguido se añadía que, sin embargo, la regulación vigente induce a
las empresas a hacer frente a las fluctuaciones económicas mediante la rotación laboral, dada la diferencia en las indemnizaciones previstas para el despido de los trabajadores fijos y temporales y los privilegios de las condiciones laborales de los
primeros, de los fijos. La solución a esta situación: el contrato único; y me sirven los términos que usted ha utilizado para resumir su contenido. La pregunta una y otra vez formulada por quienes intervenimos en esta tribuna es: ¿Significa la
propuesta de contrato único que desaparecen los trabajos temporales y que todos los trabajadores lograrán la estabilidad en sus empresas? No, no es esta la pretensión, entre otras cosas, porque los hechos tienen la cabeza dura y trabajos de
naturaleza temporal los hay. Significa simplemente que los trabajadores percibirán diferentes indemnizaciones por despido atendiendo exclusivamente a una escala progresiva vinculada a su antigüedad en la empresa. Eso sí, en aquel documento
original la propuesta contenía una advertencia: No vayamos a caer en un error; es importante evitar un aumento de los costes laborales medios con respecto a la situación actual. Negro sobre blanco. Se trataba de estrechar la banda de las
indemnizaciones, subiendo y bajando. Porque para que cuadren las cuentas, incluso en los términos de su propuesta, todos los trabajadores fijos con menos de seis años de antigüedad en la empresa pierden en su indemnización respecto de las
indemnizaciones que les reconoce la legislación hoy vigente. Con este tipo de propuestas habremos atenuado el coste global de los despidos y habremos acabado con un problema estadístico que incordia. Da igual que la realidad no cambie y la
aportación de los trabajadores siga siendo materialmente la misma. Lamento no disponer de tiempo para detenerme en un examen técnico de la proposición. Haré tres apuntes.
Me gustaría -cómo diría yo- comentar cómo los contratos para obra o servicio determinado desaparecen de la redacción que proponen del nuevo artículo 15 del estatuto para reaparecer en el 52.f), como usted ha señalado, y hacerlo como
contratos únicos e indefinidos que, sin embargo -leo-, no podrán tener una duración superior a dos años. ¿Esto es un contrato indefinido? Me gustaría detenerme -ya he dicho que indefinido no es perpetuo- en que los contratos para la formación, en
su doble modalidad, se suprimen para pasar a ser periodos posibles en un contrato único indefinido, aunque se dispone que -también leo- podrá concertarse un pacto de permanencia en la empresa para el periodo inmediatamente posterior a la
finalización de la formación cuya duración no podrá exceder de dos años. ¿Es de nuevo esto un contrato indefinido? Me gustaría preguntarme con ustedes sobre el significado de que se modifiquen nueve preceptos del estatuto pero se deje tal cual su
artículo 49.1.c), que prevé la extinción del contrato por expiración del tiempo convenido o por la realización de la obra o por el servicio objeto del contrato. Por cierto, hoy, salvo los contratos de interinidad y los formativos, todos, todos los
contratos temporales tienen fijada una indemnización. En este año de once días y, a partir del 1 de enero próximo, doce días por año de servicio.
El paso del tiempo sirve para pulir aristas y así tengo que agradecerle con toda sinceridad, puesto que sabe que le aprecio y le respeto, señor Anchuelo, el esfuerzo que han hecho para articular en forma medianamente coherente su propuesta y
que, en consecuencia, no nos hayan traído la receta original, aquella que la inmensa mayoría de los laboralistas españoles -por cierto, también la ministra de Empleo- calificaron de inconstitucional puesto que venía a suprimir la causalidad del tipo
de contrato, la causalidad del despido y hasta la revisión judicial de los despidos al limitar la tutela judicial exclusivamente a los despidos discriminatorios. Si de lo que se trata es de acabar con el uso fraudulento de la contratación temporal,
limitar los efectos perversos de la rotación arbitraria de los trabajadores y garantizar las condiciones de trabajo de todos ellos con independencia del tipo de contrato que tengan, les proponemos tres medidas sencillas. Una, mejoremos las
indemnizaciones por extinción de los contratos temporales, aun siendo conscientes de las dificultades del momento. Dos, puesto que la rotación provoca gasto en desempleo que no asume quien la provoca sino que la pagamos todos, penalicemos aún más
la cotización empresarial por desempleo para estos supuestos. Tres, dotemos -esto es clave- de medios a la Inspección de Trabajo para perseguir y sancionar la contratación temporal fraudulenta. En estas líneas nos pondremos de acuerdo. Mientras,
le reconozco la virtud de provocarnos intelectualmente e invitarnos a un debate al que me sumo con gusto, pero mientras sostendremos que ese debate hay que hacerlo sobre bases distintas y votaremos en contra de su propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.
Esta proposición de ley sobre el contrato único e indefinido que nos propone UPyD reproduce ya en esencia el contenido de algunas enmiendas que en su día fueron rechazadas cuando se tramitó la reforma laboral. La propuesta consiste,
resumiendo, en un contrato único, indefinido, con una indemnización por despido creciente en función de la antigüedad y que diferencia también entre los despidos procedentes e improcedentes. Todos estamos de acuerdo en que no solo hay que crear
empleo sino que hay que crear empleo estable y de calidad que permita corregir la dualidad laboral, que es uno de los desequilibrios más importantes que tenemos en nuestro mercado de trabajo.
Quiero comenzar con la exposición de motivos, porque la exposición de motivos de esta proposición de ley demoniza la reforma laboral al decir que ni ha eliminado la dualidad ni ha servido para crear empleo. Permítame, señor Anchuelo, que
discrepe en este punto y que le aporte algunos datos. Hace dos años cuando se aprobó la reforma laboral, el paro crecía a un ritmo interanual del 12,5%; hoy el paro se reduce a un ritmo del 4,5%, es decir, se ha frenado la destrucción de empleo y
por primera vez la economía está empezando a crear empleo. Hay 228.000 personas menos en el paro que hace un año. También en la exposición de motivos habla de la Seguridad Social, y permítame que le recuerde que este mes de febrero, que no es un
mes especialmente bueno para el empleo, hay 39.000 afiliados más y después de cinco años tenemos una tasa interanual positiva, es decir, que desde el año 2008 ahora por primera vez tenemos más afiliados a la Seguridad Social, teniendo en cuenta que
nos la encontramos en déficit. Hay que superar esa alta tasa de desempleo que tenemos en nuestro país, pero también es importante recordar de dónde venimos y yo quiero hacerlo hoy aquí. En el año 2007 había una tasa de paro del 8% y nos la
encontramos en el año 2011 en el 23%, 15 puntos de incremento cuando la media de la Unión Europea fue solo de 3 puntos, y 2.400.000 cotizantes menos a la Seguridad Social. Eso es lo que nos hemos encontrado y en dos años este Gobierno le ha dado la
vuelta a la situación.
Señor Anchuelo, el contrato único puede sonar bien, pero no es el único instrumento para luchar contra la dualidad, no soluciona todos los problemas y no lo digo yo, lo dice el informe de la OCDE cuando señala precisamente que el contrato
único no es la única solución posible y que por sí mismo no soluciona los problemas. El Gobierno del Partido Popular no ha apostado por el contrato único porque entendió que no era la solución idónea para solventar el problema de la dualidad en
nuestro mercado de trabajo. El Partido Popular -lo ha dicho cuando se tramitó la reforma laboral- entiende que la dualidad del mercado laboral debe solventarse con medidas en materia de contratación, apostando por la contratación indefinida, por la
flexibilidad interna y externa, por la negociación colectiva y por la lucha contra el fraude. Señorías, la reforma laboral tiene como objetivo prioritario la lucha contra la dualidad y por eso desde el primer momento se ha hecho una apuesta
absoluta por la contratación indefinida, por ejemplo, adelantando en ocho meses la suspensión de la prohibición de encadenamientos de contratos temporales. Se apostó por la contratación indefinida frente a la contratación temporal al crear el
contrato indefinido de apoyo a emprendedores. Otra manifestación de apuesta por la contratación indefinida es el Real Decreto-ley 4/2013, donde la mayor parte de los incentivos están vinculados a la contratación indefinida o, por último, una medida
muy reciente que es la de la tarifa plana de los 100 euros, también vinculada a la contratación indefinida, luego hay una apuesta total y absoluta por la contratación indefinida.
Ustedes saben que no hay tantas modalidades de contratos como se viene denunciando, lo que hay es una amplia gama de incentivos a la contratación para distintos colectivos, que se han ido introduciendo precisamente para fomentar el empleo, y
que el Ministerio de Empleo, lo saben, ha hecho una simplificación y una reordenación de los modelos de contrato reduciéndolos a cuatro: el indefinido, el temporal, el de prácticas y el de formación y aprendizaje. Esa es la realidad, y aunque es
verdad que va a llevar tiempo alcanzar unos niveles parecidos a los del resto de la Unión Europea, la tasa de temporalidad ha bajado sustancialmente desde el 30% del año 2007 al 22% del año 2013. Es cierto que en la contratación pueden seguir
teniendo un peso importante todavía los contratos temporales, pero debido a la incertidumbre que existía sobre la recuperación económica. Les puedo decir que desde el inicio de la recuperación económica los datos disponibles apuntan a un cambio de
tendencia, y es posible que se mantenga e incluso repunte el peso de la contratación indefinida sobre las nuevas contrataciones. Hay que decir la verdad, porque aquí en la propuesta formalmente parece que existe la posibilidad de contrato
indefinido o un contrato temporal de interinidad, pero la realidad es que lo único que se ha hecho es cambiar el nombre, es decir, el contrato para la formación y el aprendizaje o los contratos de prácticas lo cambian por simples periodos de
formación o de práctica; igual se ha dicho aquí con respecto al contrato de duración determinada para la realización de obra o servicio, que ustedes lo consideran en su propuesta como un supuesto peculiar
de ese contrato indefinido. Por tanto, bajo el concepto de contrato único ustedes esconden todas las modalidades y al final, señor Anchuelo, permítame que le diga que con un cambio de nombre no se va a solucionar la dualidad del mercado de
trabajo. Sin embargo, su propuesta sí puede crear una nueva dualidad: la de los nuevos contratados con su modelo y los antiguos contratados con el resto. Igualmente, nos preocupa algo que se ha dicho ya aquí por activa y por pasiva: el
abaratamiento del despido que está en su propuesta, es decir, los despidos improcedentes que hoy con un año de antigüedad tienen treinta y tres días de indemnización pasarían a veintidós días -de treinta y tres a veintidós días-, y los despidos
procedentes de veinte días pasarían a doce de indemnización.
Señorías, la solución para luchar contra la dualidad no es abaratar el despido; es apostar por la formación, es apostar por la contratación indefinida, por la flexibilidad interna y externa, por la negociación colectiva y por la lucha
contra el fraude. Esa rebaja de indemnizaciones va a favorecer que las empresas que tengan que hacer algún ajuste acudan a la vía del despido de los trabajadores de menor antigüedad, porque aunque fueran indefinidos los costes del despido serían
muy bajos, y esta posibilidad va absolutamente en contra de la política seguida por este Gobierno, que desde un primer momento ha apostado por introducir medidas que favorezcan la flexibilidad interna en las empresas como vía alternativa a la
destrucción de empleo.
Con esta propuesta no se asegura la estabilidad en el empleo y, lo que es peor, podría generalizar la precariedad laboral en forma de empleos indefinidos sujetos a despidos con indemnizaciones más bajas que las vigentes, por tanto, no solo
no soluciona el problema de la dualidad sino que podría agravarlo. Insisto, como les decía al principio, en que el Gobierno ha impulsado varias normas, junto con la reforma laboral, que pretenden fundamentalmente el fomento de la contratación
indefinida. Ahí está el Real Decreto-ley 16/2013, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ahí esta la Ley de protección de los trabajadores a tiempo parcial o ahí está el Real Decreto-ley
3/2014, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida con una tarifa plana de 100 euros para la contratación indefinida.
Termino, presidente. El reto que tenemos, señorías, es lograr que el crecimiento económico venga acompañado de una creación de empleo neto, pero empleo neto de calidad para que haya estabilidad y para que así podamos luchar contra la
dualidad de nuestro mercado de trabajo. Créanme que ese reto: crear empleo estable y de calidad, es el objetivo prioritario de este grupo y del Gobierno del Partido Popular; objetivo absolutamente prioritario, y las medidas puestas en marcha -no
lo duden- están dando y van a seguir dando sus frutos. En consecuencia, no podemos aceptar la toma en consideración de su proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO. (Número de expediente 122/000147).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Vasco, PNV, de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el objetivo de esta proposición de ley es ni más ni menos que mejorar el trabajo parlamentario -no persigue absolutamente nada más-, porque si bien es cierto que las formas de hacer política y la dinámica de la
política en los últimos tiempos han cambiado de manera considerable, sin embargo, el parlamentarismo sigue siendo en sus formas muy estable -demasiado estable- y no adapta los mecanismos de trabajo a las circunstancias reales de hoy en día, sobre
todo, de la dinámica de los medios de comunicación que tienen mucho que ver con el trabajo político. Los representantes ciudadanos son los que tienen que tener, además del Gobierno, la máxima información sobre las iniciativas políticas o el
desarrollo del ordenamiento jurídico que se vaya dando, y muchas veces nos ocurre -esto a pocos parlamentarios no les habrá pasado- que la dinámica del día a día te obliga a tener que dar opiniones sobre textos que no conoces de manera directa.
Cuántas veces ha ocurrido que en un Consejo de Ministros un viernes se ha aprobado un anteproyecto del que inmediatamente, al día siguiente o un lunes se te pide tu opinión, y las únicas referencias que tienes son a través de los medios de
comunicación.
Esto no tiene ningún sentido. O cuántas veces nos ha pasado también que el Gobierno, antes de distribuir determinada documentación a los representantes públicos en el Parlamento la ha distribuido a determinadas instancias de la sociedad
civil. Por ejemplo -es el caso típico pero hay otros muy diferentes-, en materia de cooperación internacional hay veces que organizaciones no gubernamentales están manejando un documento ya oficial del Gobierno, mientras que los parlamentarios
tenemos que conseguir ese documento a través de ellos para realizar nuestro trabajo. Cuando digo esto, digo en el ámbito económico o en cualquier otro; se pasa a determinados agentes que son importantes a la hora de tomar parte en las dinámicas
que esas nuevas legislaciones van a producir, y se les consulta; a los parlamentarios muchas veces el Gobierno nos mantiene al margen de esa discusión directa. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
No estamos hablando de borradores porque los borradores no son documentos oficiales; nuestra propuesta de modificación de la Ley del Gobierno no se refiere a eso. Mientras un documento no llegue al Consejo de Ministros y este no haya
tomado la decisión de hacer las consultas oportunas que tiene que hacer por ley, convirtiéndolo ya en anteproyecto, aunque se denomine de manera informal anteproyecto no lo es; se trata de un borrador o de un papel sin ninguna validez que puede ir
circulando por ahí. Me estoy refiriendo a los documentos que adquieren una validez y que, como dice la Ley del Gobierno en su artículo 22.3, se elevan al Consejo de Ministros. Ya sé que en la Ley de Transparencia -aunque este punto no entrará en
vigor hasta finales de este año- se habla de que esa documentación se colgará en la página web correspondiente de los ministerios, en concreto los anteproyectos; pero personalmente no me parece serio que tengamos que andar rebuscando en las páginas
de los ministerios como tampoco tenemos que buscar el proyecto de ley correspondiente o el decreto-ley que se apruebe en el Consejo de Ministros. Lo que debería hacer el Gobierno es enviar esa documentación directamente a los grupos parlamentarios
de ambas Cámaras.
Sé que estamos hablando de un documento que si se quiere, en pureza, es un documento todavía del Gobierno, que no se ha convertido en un proyecto que se envía al Parlamento, pero insisto en que mantener determinadas formas en la mecánica de
desarrollo de los trabajos, cuando las formas en el exterior han cambiado, no es adaptarse a las circunstancias actuales del parlamentarismo, y las circunstancias actuales han cambiado. Se exige una rapidez y una respuesta ante la opinión pública y
ante los medios de comunicación. Una interpretación estricta, literal de que ese documento oficial -pero todavía del Gobierno- no debería entregarse al Parlamento, sería en mi opinión una interpretación bastante decimonónica y de no querer adecuar
el parlamentarismo a las señales de hoy en día. Ahora nos hemos embarcado también en una modificación del Reglamento parlamentario y en esa misma tarea, además del Reglamento de esta Cámara, también hay otras leyes que concurrirían a mejorar esas
dinámicas. Por una parte, nos referimos a los anteproyectos de modificación del artículo 22.3, al hablar de que, una vez que se eleve el anteproyecto al Consejo de Ministros, sea obligatoria la remisión inmediata del texto a ambas Cámaras de las
Cortes Generales, pero también hay otra parte que es importante, al hablar del control parlamentario, y es que cuando una norma se imbrica ya en el ordenamiento jurídico no quiere decir que los parlamentarios no tengamos que seguir controlando y,
sobre todo, tener muy en cuenta su desarrollo; porque el control debe continuar en los reglamentos, ya que estos pueden no expresar exactamente el acuerdo al que se habría llegado entre varios grupos políticos en la Cámara al sacar la ley, o porque
esos reglamentos pueden tener unas consecuencias de detalle en las que es necesario también mostrar una opinión política por parte de los grupos parlamentarios.
Por eso, proponemos un párrafo de modificación al artículo 24 de la Ley del Gobierno, y añadimos un párrafo al punto 2: 'En caso de remisión al Consejo de Estado, se enviará el proyecto de Reglamento a ambas Cámaras de las Cortes Generales
para conocimiento de sus grupos parlamentarios al mismo tiempo que a aquel.' Todos sabemos que los reglamentos que han de enviarse al Consejo de Estado, aparte de menciones específicas en algunas leyes, básicamente los viene a regular el artículo 22
de la Ley del Consejo de Estado, que habla de aquellos reglamentos de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes. En definitiva, estamos reclamando simplemente, en esta dinámica en la que se supone que estamos implicados todos los
grupos políticos empezando por la iniciativa de la Vicepresidencia del Gobierno de modificar la legislación, obtener una mejor y más pronta información, y sobre todo que el interlocutor político primario para el Gobierno sean los diputados y
senadores, que demos un valor al parlamentarismo porque, si no, con la dinámica actual lo estamos devaluando. Pediría al grupo mayoritario que al menos tomara en consideración la propuesta. Siempre es bueno hacer modificaciones y se pueden hacer
adaptaciones. Estoy seguro -lo sé- de que muchos miembros de esa bancada están de acuerdo
con la propuesta. No tiene por qué ser en su literalidad, pero sí podríamos ganar un tiempo para discutirlo dentro de, insisto, ese paquete de leyes de regeneración que propone la Vicepresidencia del Gobierno o del Reglamento de la Cámara.
Le pediría al grupo mayoritario que meditara esto y que votara a favor de la toma en consideración para que en un futuro haya posibilidades de llevar esto a buen puerto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Desde el escaño, pero con la misma firmeza que si hubiera salido a la tribuna, anuncio el voto favorable de Unión Progreso y Democracia a esta iniciativa que ha defendido el Grupo Parlamentario Vasco. Resulta estrambótico -permítanme la
expresión coloquial- que a estas alturas, como ha dicho el señor Esteban, haya que reclamar algo obvio, o sea, que cuando el Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto y lo envía a determinados agentes para su conocimiento y opinión no lo tengamos
en el mismo momento los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, porque aquí se ve continuamente cómo estamos debatiendo sobre anteproyectos bien en interpelaciones al Gobierno, bien a través de proposiciones no de ley, bien
en preguntas al Gobierno, y el Gobierno nos suele ir contestando: El texto ya no es este; eso de lo que usted está hablando ya no se corresponde con el anteproyecto en el momento actual. Esta disfuncionalidad, este desconocimiento de un
anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a distintos agentes para su intervención, como decía, no se corresponde ni con los tiempos actuales, los tiempos que vivimos, ni se corresponde con el espíritu que se supone que orienta la
Ley de Transparencia ni tampoco con el respeto a la tarea que le corresponde a este Parlamento.
El proponente plantea una reforma bien sencilla de la ley. Me parece que está muy puesta en razón, pero si no quieren cambiar la ley y lo que quieren es respetar el espíritu, la transparencia, dar contenido y respeto a la tarea del Congreso
de los Diputados, valdría con que en la página web del Gobierno se hiciera un link con el texto que allí se apruebe, porque conocemos los anteproyectos a través de los resúmenes que el Gobierno hace del anteproyecto que se ha aprobado. Si se
pusiera un link y pudiéramos acceder al texto completo, sería suficiente casi sin modificar ninguno de los textos legales a que se ha hecho referencia. Lo conoceríamos nosotros, los diputados, lo conocerían los senadores y, cosa bien importante por
cierto, lo conocería el conjunto de los ciudadanos. La transparencia no hace ningún daño, conocer los asuntos que el Gobierno aprueba, aunque sea en esta provisionalidad porque todavía no son textos definitivos, es algo que favorece la calidad de
la democracia; en consecuencia, espero que sea tenida en cuenta esta proposición de ley y que, mientras y en tanto se reforma la ley, el Gobierno nos escuche y de ahora en adelante 'linke', si me permiten la expresión, cada uno de los anteproyectos
y podamos acceder a ellos a través de la página oficial del Gobierno.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la propuesta del Grupo Vasco, básicamente porque la propuesta descubre una disfuncionalidad en la Ley del Gobierno. Posiblemente, como muy bien decía el portavoz, cuando la ley apareció
no se tuvo suficientemente en cuenta la publicidad de los anteproyectos de ley y de otras disposiciones del Gobierno. Sin embargo, a los ojos de hoy, de la legislación reciente, de la Ley de Transparencia, de la evolución de la sociedad española,
es un anacronismo que no se remitan los anteproyectos de ley a los grupos parlamentarios de la misma forma que se remiten a otras organizaciones sociales para recabar su opinión; porque el Gobierno necesita también recabar la opinión en el proceso
de tramitación de un proyecto para que ese proyecto, cuando salga del Consejo de Ministros y entre en las Cortes, ya tenga recogida una parte de las opiniones y de las aspiraciones de la sociedad española. Después viene el trámite parlamentario,
tanto en el Congreso como en el Senado. Estamos totalmente de acuerdo y el Gobierno podría ya tomar esa iniciativa de forma inmediata, aunque estamos totalmente de acuerdo en que se legisle en ese sentido. Si el Gobierno quisiera la semana que
viene, cuando se apruebe en Consejo de Ministros un anteproyecto de ley, podría remitirlo ya de forma automática
a todos los grupos parlamentarios, primero, porque la ley en su artículo 22.3 nos habla de que en la tramitación de los anteproyectos de ley hay que recoger opiniones y consultar.
La propia ley permitiría al Gobierno que tomase esa iniciativa actualmente; se lo recomendaría de forma muy expresa porque significaría que el Gobierno ha entendido la profundidad del debate sobre la transparencia en nuestro país, y porque
esa publicidad no puede suponer un problema al Gobierno, podríamos decir, porque esos textos ya son remitidos, como antes he indicado, a otras organizaciones sociales, a veces especializadas en la temática que se está legislando, pero también los
grupos parlamentarios están especializados en todas las temáticas legislativas. Es un paso que hay que dar. No sabemos si el Gobierno lo va a hacer. Es un tema de voluntad política, de conexión con los tiempos que corren. Tenemos experiencias
negativas, por ejemplo, las limitaciones de la Ley de Transparencia. Ustedes saben que nuestro grupo parlamentario ha sido muy crítico con esa ley, porque al final determinados accesos de los ciudadanos a la Administración Pública han sido sesgados
o limitados con el silencio negativo o con el blindaje de determinadas instituciones públicas no equiparadas a administraciones públicas. Repito, con la Ley de Transparencia que tenemos el Gobierno tendría que estar pensando en la modificación de
algunas otras leyes que deberían ir detrás, que deberían seguir el curso de la Ley de Transparencia. Igualmente, hemos visto en un debate reciente de la Ley de Servicio Exterior las limitaciones al papel del Congreso y del Senado en el debate
legislativo, tanto a la hora de definir la política exterior como de controlar la acción exterior. Por tanto tenemos unos precedentes preocupantes, pero tenemos una propuesta positiva del grupo proponente. Estoy convencido de que dicho grupo y los
que vamos a votar a favor podemos convencer al grupo parlamentario que sostiene al Gobierno y al propio Gobierno de que esa es la senda, ese es el futuro y hay que dar este paso positivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Esteban, ya anunciamos que vamos a votar favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy han defendido. Agradecemos que plantee ese debate. Creemos que es una cuestión práctica. Usted ha hecho
referencia a que el objetivo principal es mejorar el trabajo parlamentario, pero yo creo que incluso es más; es asegurar, garantizar la necesaria transparencia; es entrar en ese debate, que hoy está muy vivo y que ha estado presente hasta hace
relativamente poco en esta Cámara mediante la tramitación de la ley que ya se aprobó. Por lo tanto creemos que es oportuna esta iniciativa. Además, no revierte solamente de forma positiva en nuestro trabajo sino que también es de interés para el
conjunto de la ciudadanía, como se ha mencionado anteriormente. Hay agentes sociales que tienen acceso a estos anteproyectos antes que nosotros, pero hay otros agentes que no tienen acceso a ellos, aunque también tienen interés en conocer cuál es
el texto exacto de estas iniciativas, de estos anteproyectos. Por lo tanto es bueno que hayan abierto hoy este debate; es oportuno y nos gustaría que también se sumaran los demás grupos porque es realmente interesante.
Es una propuesta muy concreta. Hace referencia a que se facilite siempre, cuando llegue al Consejo de Ministros el anteproyecto -no hablan de su aprobación que puede ser posterior, sino de cuando llegue ese anteproyecto, y nos parece bien-
o, en el caso de los reglamentos, cuando se remitan al Consejo de Estado. Es totalmente oportuna y se fundamenta en esa necesidad de transparencia que debería presidir todo el proceso legislativo, desde cuando se inicia -en el caso del Gobierno- o
incluso en esta Cámara. Ya tendremos ocasión de debatir sobre ello cuando avancen los trabajos de la ponencia de la reforma del Reglamento. Usted también ha hecho referencia a esta cuestión. Seguro que hablaremos de esa necesidad de transparencia
también en los trabajos legislativos de esta Cámara, pero esa es otra cuestión. Esta propuesta también está relacionada directamente con la Ley de Transparencia. Nosotros hemos revisado la ley y concretamente el artículo 7, apartado b) hace
referencia a la información de relevancia jurídica y establece que las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias deben publicar -digo literalmente lo que establece el apartado b)- los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos
legislativos, cuya iniciativa les corresponda, cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes, y en el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación. Y
continúa hablando de los proyectos de reglamentos y hace referencia a la necesidad de que haya cierta publicidad.
Nosotros creemos que la propuesta que ustedes han presentado hoy va incluso más allá, porque aquí solamente estamos hablando de la publicación en la web del correspondiente ministerio; en cambio la proposición de ley que ustedes plantean
pide que se vaya más allá, que nos llegue aquí ese anteproyecto. Una cosa es su publicación y otra que nos lo remitan a la Cámara. Por tanto creemos que es oportuno avanzar en ese sentido. Además tenemos que recordar que esta obligación de
publicación que establece la Ley de Transparencia no entrará en vigor hasta dentro de un año, es decir hasta el 9 de diciembre del 2014, ya que se establece así respecto del título I de la ley. Por eso aún tardaremos tiempo en tener publicados
todos los anteproyectos del Gobierno en las respectivas páginas web. También hemos hecho un breve análisis de cuál es la situación actual. Hemos examinado cuáles son los anteproyectos que se han aprobado o que han llegado del Consejo de Ministros
en los últimos seis meses, desde el 4 de octubre de 2013 hasta hoy. ¿Cuál es la conclusión? Que de las once referencias, anteproyectos, informes, resúmenes, etcétera, que se han reseñado en el sumario del Consejo de Ministros en ese tiempo,
solamente hay el caso del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana que se haya publicado; del resto, de los diez restantes en el propio sumario del Consejo de Ministros en la página web de la Moncloa solo había un resumen breve pero no se
adjuntaba ningún documento sobre él. La única página web en la que se publican los anteproyectos es la del Ministerio de Justicia, cuya actividad ya sabemos que es bastante intensa últimamente; en cambio, los demás ministerios no tienen esa
costumbre -esa sana costumbre, dijéramos- de publicar esos anteproyectos en su página web. Por lo tanto, en esos casos nuestra dificultad, la de los grupos parlamentarios, es buscar la información por distintos cauces: muchas veces porque nos lo
facilitan, como bien saben, los agentes sociales y otras veces porque el ponente de turno del grupo parlamentario correspondiente se lo pide al ministro o a quien conozca, con quien tenga más relación del ministerio. Esto es absurdo; en los
tiempos que corren no tenemos que ir pidiendo anteproyectos al ministro ni a su jefe de gabinete ni al personal del ministerio, cuando la solución es mucho más fácil. La propuesta del Grupo Vasco nos parece totalmente acertada y razonable, por ello
votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Socialista, señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco nos presenta una proposición de ley que modifica la Ley 50/1997, de 27 noviembre, del Gobierno. Con esta iniciativa se pretende que desde el primer momento que el Consejo de Ministros conoce un anteproyecto de
ley, el texto sea remitido a ambas Cámaras de las Cortes Generales para que lo conozcan los grupos parlamentarios. En el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la finalidad de esta iniciativa tiene que ver con la relación Gobierno y
Parlamento, con la información que el Gobierno traslada al Parlamento. Se trata de una cuestión de respeto al Parlamento, por ello compartimos la finalidad de la iniciativa y votaremos a favor de su toma en consideración, dejando para el debate
posterior las enmiendas que nuestro grupo considere necesario plantear.
Señorías, la ley del Gobierno determina en su título V el procedimiento para el ejercicio por el Gobierno de la iniciativa legislativa que le corresponde, comprendiendo dos fases en las que interviene el Consejo de Ministros, asumiendo la
iniciativa legislativa en un primer momento y culminando con la aprobación del proyecto de ley. Estamos hablando de una ley que se aprobó en 1997, han transcurrido dieciséis años. Hoy el Parlamento debe estar debatiendo con la sociedad y con las
instituciones. No es posible que el parlamentario, el representante de los ciudadanos, se pierda este debate. El Gobierno debería informar al Parlamento a la vez que informa a los ciudadanos de que existe un proyecto de norma. Creemos que la
iniciativa es razonable y no debería existir inconveniente del Gobierno, porque ya publica el anteproyecto en la web; además nos parece necesaria porque mejora la labor del Parlamento, porque hay alguna laguna que cubrir, porque el parlamentario
debe tener un conocimiento fidedigno, porque debe existir una comunicación oficial. No es suficiente con que el anteproyecto se cuelgue en un enlace web. Nuestro grupo entiende que este debate no trata solo de que haya transparencia, tiene que ver
con la relación del Gobierno y el Parlamento, e inevitablemente volvemos a traer aquí el tema del respeto al Parlamento. Señorías, no es admisible que el jueves pasado debatiésemos un decreto ley, el Decreto 3/2014, de medidas urgentes para el
fomento del empleo y la contratación indefinida, y que la memoria económica llegase el día anterior, que entrase en esta Cámara con menos de veinticuatro horas de antelación a su debate. Hablamos también de que es inadmisible el número de decretos
leyes, cincuenta en dos años de
Gobierno; del porcentaje de procedimientos de urgencia. Por todo esto el Grupo Parlamentario Socialista considera necesario abordar una reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Señorías, debemos profundizar en la transparencia de la actividad parlamentaria y en la participación ciudadana en los procedimientos parlamentarios. Nuestro grupo cree necesario reforzar los medios de control al Gobierno, mejorar la
tramitación de las leyes y de las iniciativas. Para ello, y entre otras, proponemos reformas en las obligaciones, en los procedimientos y en las garantías necesarias para asegurar la total transparencia de la información parlamentaria, incorporando
al expediente legislativo las gestiones y trabajos relacionados con cualquier iniciativa legislativa en tramitación, tanto por los diputados como por los grupos parlamentarios. Otra propuesta del Grupo Socialista es la regulación expresa de la
obligación del Gobierno de remitir la documentación generada durante la tramitación de los proyectos de ley conjuntamente con el proyecto. Ayer mismo mi compañero Pablo Martín trasladaba estas propuestas en la reunión de la ponencia para la reforma
del Reglamento.
Termino ya. La pérdida del prestigio y respeto por parte de los ciudadanos hacia algunas instituciones es extremadamente preocupante. Todos debemos trabajar por modernizar las estructuras y las reglas democráticas. La iniciativa que ahora
debatimos ayuda en este trabajo. Por ello, insisto, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de su toma en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Ferrando.
La señora FERRANDO SENDRA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero empezar diciendo que hay grupos parlamentarios minoritarios, y otros no, con actitudes contradictorias. Hace escasos tres meses no aprobaron una ley tan importante para nuestra democracia como es la Ley de Transparencia,
una ley de máximos, y hoy apoyan una proposición de ley que es de mínimos -muy importante, pero de mínimos-. Creo que estar en la oposición es tener principios, es defenderlos, pero también mantenerlos. A veces, señorías, algunos grupos de la
oposición carecen de ellos. Espero que no se deba en estos momentos a motivos más bien electoralistas u oportunistas sino más bien a principios democráticos.
Si hace unos meses cuando debatíamos la Ley de Transparencia mi grupo la consideraba necesaria, inaplazable y oportuna, hoy estamos ante una proposición de ley que entendemos que está obsoleta y que es insuficiente. Sí, señorías, es una
proposición innecesaria en estos momentos. El objetivo de esta proposición de ley -aquí se ha dicho- es que sea obligatoria la remisión inmediata de los anteproyectos de ley a las Cámaras para su conocimiento por los grupos parlamentarios. En
primer lugar, señorías, como decía, está obsoleta y es repetitiva porque viene recogida en la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada hace escasos tres meses. Es una ley, señorías, que marca por primera vez
las bases fundamentales de la actuación de cualquier administración pública, para que los ciudadanos conozcan qué hacen las administraciones públicas y cómo invierten los fondos públicos. Es una ley que nació con el objetivo de reestablecer la
salud institucional de nuestro país, porque realmente es eso lo que nos demandan los ciudadanos para que vuelvan a creer en las instituciones. En el artículo 7 de esta ley, señorías, se obliga al Gobierno a publicar no solo los anteproyectos de ley
como se pretende en esta proposición sino también -entre otros- los proyectos de decretos legislativos, los proyectos de reglamentos y las memorias e informes para elaborar textos normativos. ¿Quieren ustedes mayor información como grupo
parlamentario? ¿No creen que es un gran paso hacia la regeneración democrática y la transparencia? ¿O les parecía un mayor adelanto la regulación anterior, que era ninguna en este caso? Para garantizar la eficaz aplicación de la ley, se contempla
el desarrollo del portal de la transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia. Es un portal que, como saben, va a entrar en vigor durante 2014, al año de la publicación de la ley, según se establece en la disposición final novena.
Recientemente se ha firmado un acuerdo de colaboración entre los dos ministerios transversales, el Ministerio de la Presidencia y el de Administraciones Públicas, para desarrollar e impulsar el futuro portal. El presupuesto global de la
implantación de la ley va a suponer 1.400.000 euros. De esa cantidad el portal solo representa una parte; va a haber gastos también para difusión de la norma y para formación de los funcionarios. El convenio en principio no conlleva gastos,
porque se va a maximizar el uso de los medios de los que dispone la Administración en lugar de contratar empresas ad hoc para desarrollar el portal. Quiero recordarles, señorías, que el que planteó la oportunidad de la Ley de Transparencia fue un
Gobierno del Partido Popular; ley que, por cierto, después del trámite de enmiendas, fue aprobada por el grupo
proponente de esta proposición de ley, el Grupo Vasco. Por eso no entiendo en estos momentos la necesidad de esta proposición de ley a tres meses de haber aprobado la Ley de Transparencia.
En segundo lugar, señorías, en esta proposición de ley se plantea una propuesta que en nuestra opinión en insuficiente por dos motivos. El primer motivo es que la Ley de Transparencia no solo permite el acceso a la información de
anteproyectos o reglamentos a ambas Cámaras, sino también al conjunto de los ciudadanos. Me imagino que estarán de acuerdo conmigo en que es un ejercicio mayor de transparencia y de democracia informar al conjunto de la ciudadanía y no solo a las
Cámaras. En este sentido, es evidente el compromiso firme del Gobierno de Mariano Rajoy; un compromiso para llevar adelante la ley, para dar a conocer a los ciudadanos las labores legislativas que se realizan, para que puedan consultar el estado
del procedimiento y para que reciban una respuesta con prontitud y exactitud. El segundo motivo por el que nos parece que es una propuesta insuficiente es que la ley establece además que las administraciones locales y las comunidades autónomas
adoptarán medidas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, disponiendo en este caso de un plazo de dos años para adaptarse a sus obligaciones.
En definitiva, señorías, el control a priori de los anteproyectos de ley por parte de las Cortes Generales supondría en la práctica una injerencia del Legislativo en las competencias básicas del Ejecutivo. Además, las Cortes Generales
tienen otras vías para el conocimiento de materias propias, como pueden ser los anteproyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros, pudiendo obtener información y formular comentarios a través de los controles escritos y orales y mediante el
trámite de audiencia que está previsto en la ley que hoy pretenden modificar y también en la Ley orgánica del año 1980 del Consejo de Estado. Además, la labor de control al Gobierno por parte de los grupos parlamentarios está garantizada con la Ley
de Transparencia, que ha supuesto un gran paso hacia la regeneración democrática y un acercamiento de las instituciones al conjunto de los ciudadanos. Debemos estar satisfechos por todo lo que nos une con esta ley; me dirijo sobre todo al Grupo
Vasco porque fue de los que apoyó la Ley de Transparencia. Debemos trabajar para que se cumplan los objetivos, y saben que en ese camino van a encontrar al Grupo Parlamentario Popular; pero no pueden pretender plantear proposiciones oportunistas
porque saben que el Gobierno de Mariano Rajoy está trabajando en estos temas actualmente. El Grupo Vasco aprobó la Ley de Transparencia; no comprendo los motivos que le llevan tres meses después a impulsar esta proposición de ley. Hemos aprobado
la ley, trabajemos para desarrollar su reglamento con los medios necesarios, pero no caigamos en debatir en esta Cámara propuestas que ya están aprobadas. Los ciudadanos esperan de nosotros que trabajemos y que hagamos propuestas coherentes.
Aprobar esta proposición de ley no es un tema de voluntad política, como decía el portavoz del Grupo de Izquierda Unida; no, no aprobarla es un tema de eficacia en la gestión del Ejecutivo.
Por todo ello, y para terminar, señora presidenta, le pediría al Grupo Vasco que retirara la proposición de ley, como he dicho, por obsoleta, por innecesaria, por repetitiva y por insuficiente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ferrando.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR ERREKONDO), SOBRE EL FUTURO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. (Número de expediente 162/000895).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto (señor Errekondo), sobre el futuro de la central nuclear de Santa
María de Garoña.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Si ya el futuro de la sociedad es negro abocado por el Gobierno del Partido Popular, con Garoña la leyenda negra española será aún más negra. La central de Garoña fue construida para veinticinco años de
vida, sin embargo ha cumplido ya cuarenta y cuatro. Es hoy la central más antigua del Estado y de Europa, con una tecnología de mediados del siglo pasado; estamos hablando de una central nuclear que debía estar ya jubilada, sin embargo el Gobierno
la mantiene con cuidados paliativos. En los últimos treinta años ha habido cinco accidentes graves con una fusión significativa de combustible, de los cuales cuatro se han dado en reactores de BWR, igual que los de Garoña y similares también a los
de Chernobil o los de Fukushima. Por lo tanto, la probabilidad de que se dé un accidente nuclear significativo en el mundo es de uno de cada siete años, y eso las eléctricas y el Gobierno lo saben. Por supuesto, en todos estos años también en la
central nuclear de Garoña se han
producido incidentes y accidentes: cierres no programados, escapes de agua contaminada o conatos de incendios, problemas de refrigeración que han provocado la contaminación térmica de las aguas del Ebro, poniendo en peligro la salud de los
3 millones de personas de la Vega del Ebro. Además hay que tener en cuenta que el reactor de Garoña no se puede sustituir y que su vasija está seriamente agrietada. También hay que tener en cuenta que la piscina del combustible nuclear gastado
está a punto de rebosar. Por lo tanto, es importante saber que Garoña no es solamente Garoña sino que estamos hablando de que se abre una puerta a que a las ocho centrales nucleares del Estado se les alargue la vida hasta los 60 años; estamos
hablando pues de Almaraz, de Ascó, de Cofrentes, de Trillo y de Vandellós; por lo tanto, estamos hablando de una amenaza atómica a millones de personas que viven en Cáceres, en Guadalajara, en Cantabria, en Burgos, en Vizcaya, en La Rioja, en
Álava, en Tarragona. Es también especialmente grave porque este Gobierno continúa especulando con la salud de la población a sabiendas de que Garoña es innecesaria; lo es porque la capacidad energética del Estado supera los 100.000 megavatios.
Sobran más de 50.000 megavatios, por lo tanto, la central nuclear de Garoña es totalmente innecesaria con sus 400 megavatios; solamente el 0,4%, señorías. Además, conviene aclarar, en contra de lo le que gusta afirmar al señor Soria, que la
nuclear es una de las tecnologías más dependientes, más caras y que menos empleo genera.
Por otro lado, el Gobierno está traicionando a la gente. Es un gobierno que por fin firmó el cierre definitivo de la central de Garoña, pero en vez de ordenar su desmantelamiento inmediato altera a su antojo las leyes para volver a
reabrirla; un gobierno literalmente vendido a las eléctricas insaciables de Iberdrola y Endesa, poniendo en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente. El Consejo de Seguridad Nuclear, obediente, hace solo tres semanas ha destituido a
los dos técnicos con mayor conocimiento de la central nuclear. ¿No será que quieren evitar que pongan alguna pega a la reapertura? Eso sí, lo han hecho con estilo, los han ascendido y los han quitado de en medio; así es como lo han hecho.
También tenemos -todo hay que decirlo- un CSN desacreditado, que afirma que Garoña está en una parada segura, mientras a su vez reconoce que la piscina del combustible nuclear gastado está a punto de desbordarse o de rebosar. Todos sabemos lo que
ocurrió en Fukushima, donde las piscinas precisamente fueron una de las fuentes principales de la contaminación radiactiva. Aquí, en este Gobierno, nadie decide nada, todos miran para otro lado. Las eléctricas dicen que para ellos es simplemente
una oportunidad de negocio. El CSN, por boca de su presidente, Fernando Martí, declaró la semana pasada que ellos no deciden nada, que nada está en sus manos; cuando llegue la petición, si llega, lo analizarán y punto. El presidente del Gobierno
también declaró la semana pasada, sin ruborizarse ni un ápice, que el problema era técnico y no político. No sé si nos toma por idiotas, porque, señor Rajoy o señores del Gobierno, ¿quién ha tomado la decisión política de cambiar las leyes sino
ustedes? ¿Quién ha puesto, por tanto, en riesgo la salud de la gente? ¿Quién ha traicionado a la gente?
La gente, por supuesto, no puede entenderlo. La gente no entiende que este Gobierno ponga en peligro su salud y su seguridad. Las familias no entienden que, después de haber tenido que convivir durante dos generaciones bajo el miedo y la
sombra de Garoña, aún hoy el señor Rajoy, el presidente del Iberdrola (Ignacio Sánchez Galán) y el presidente de Endesa (Borja Prado) todavía pretendan alargar el calvario de la siguiente generación, de sus hijos y de sus hijas. No lo entiende
nadie, y tampoco lo podemos aceptar en el País Vasco, donde la mayoría de la sociedad y el arco político, así como las instituciones alavesas, se han posicionado en múltiples ocasiones a favor del cierre definitivo y de que inmediatamente se proceda
al desmantelamiento; sin ir más lejos, este pasado sábado miles de personas lo hicieron en las calles de Vitoria. Así lo han hecho el Partido Popular, el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu o Ezker Batua mismo, las
entidades locales, el Ayuntamiento de Vitoria, las Juntas Generales de Álava y el Parlamento vasco. Una de las más recientes decisiones institucionales, por cierto, se tomó el 31 enero de 2014 en el Ayuntamiento de Vitoria, por unanimidad, con los
votos del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Nacionalista y de EH Bildu. Son concretamente ocho puntos, pero procedo a la lectura literal de cuatro de ellos. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reitera su posición favorable al
cierre irreversible de Garoña e insta a su definitivo desmantelamiento. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acuerda exigir al presidente del Gobierno y al ministerio competente que bajo ningún concepto se apruebe normativa alguna que posibilite la
puesta en marcha y la reanudación de la actividad de Garoña. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz apoyará activamente todas aquellas movilizaciones que puedan desarrollarse en nuestra ciudad en contra de la reapertura. El Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz insta a Iberdrola y a Endesa a que respeten la voluntad mayoritaria de la sociedad gasteiztarra y que renuncien a la posibilidad de cualquier prórroga en la actividad de la peligrosa y obsoleta central de
Garoña. Por tanto, del mismo modo -acabo ya señora presidenta- hoy aquí exigimos al Gobierno que garantice la seguridad, la salud de toda la población, que respete las decisiones adoptadas por las instituciones vascas, que respete la
voluntad de la sociedad vasca.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Errekondo.
Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo de La Izquierda Plural, para cuya defensa y presentación tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Mixto, a Amaiur, la oportunidad de debatir una vez más sobre el futuro de la central nuclear de Garoña, pero también de hablar del futuro de la energía nuclear, y sobre todo del
sainete en el que se ha convertido la política nuclear de este Gobierno, especialmente en lo que tiene que ver con esta central. Un Gobierno que ha perdido también el norte, un Gobierno cegado por el lobby pronuclear, que está poniendo en riesgo la
seguridad de la ciudadanía, la credibilidad de organismos reguladores como el Consejo de Seguridad Nuclear, y que se está poniendo en ridículo a sí mismo con los decretos y órdenes ministeriales que se van contradiciendo y que se van haciendo a la
medida de los intereses particulares de unas empresas, para ver si así consiguen dar con el deseo del ministro de mantener abierta una central, a pesar de lo que dice el territorio, a pesar del poco interés que las propias empresas han manifestado
en mantener abierta esta central. Pero con ese empecinamiento el Gobierno se está poniendo en ridículo a sí mismo, y además está poniendo en cuestión a los propios organismos reguladores.
Realmente era previsible, viendo los propios documentos de la FAES o el propio programa del Partido Popular antes de llegar al Gobierno, esa obcecación en que la energía nuclear era la panacea y la solución a todos los problemas. Pensar que
en el siglo XXI la energía nuclear es el futuro mientras están ustedes hundiendo a las energías renovables, esa obscenidad o ese planteamiento sobre el futuro energético es lo que nos está llevando a esta situación. Ustedes siguen insistiendo en
que sigue siendo el futuro, sin tener en cuenta los importantes riesgos que plantea la energía nuclear; los peligros que tiene esa tecnología, que no los incluyen nunca en estos análisis. Tampoco incluyen los costes, porque ustedes parten de un
parque nuclear envejecido como si las centrales estuvieran sin amortizar, y que además esa energía es barata y fácil de producir, cosa nada más lejos de la propia realidad, si no fuera por las inversiones públicas que acompañaron la inversión en ese
parque nuclear. Tampoco tienen ustedes en cuenta los costes de residuos que tardan miles de años en poderse tratar; residuos radiactivos que nos cuestan al conjunto de la ciudadanía costes en inseguridad y costes económicos, como ahora se prevé
también en el propio almacén centralizado que se está diseñando, y que también está generando problemas en ese sentido. Pero además ustedes lo plantean como una alternativa, como si el uranio en nuestro país estuviera presente, cuando todo el
uranio es importado desde fuera. Ustedes tampoco tienen en cuenta los costes en derechos humanos que nos cuesta la producción de energía nuclear. Prácticamente todo el uranio que importamos viene de zonas inseguras, lo que genera también
conflictos bélicos y grandes vulneraciones de derechos humanos, porque desde donde viene el uranio precisamente es de zonas de alta inestabilidad.
Pero entrando en cuál es la situación, diré que estamos en un parque nuclear altamente envejecido, no adaptado a las exigencias de seguridad del siglo XXI, y con unas centrales diseñadas precisamente en los años sesenta, como es el caso del
que estamos hablando. Además en la misma línea esa ceguera del Gobierno o esa miopía nos recuerda mucho a los discursos que hacía el propio Gobierno japonés antes de que pasara la gran catástrofe. El Gobierno japonés también creía en la seguridad
infinita de la tecnología, en que los controles estaban más que asegurados, en que se estaba haciendo todo correctamente hasta que vino el desastre. Exactamente la misma actitud que plantean ustedes. Pero además cuando hablamos ya de Garoña, una
cosa es que no nos pongamos de acuerdo en si queremos cerrar de forma progresiva el parque nuclear -seguramente en esto habrá más pluralidad-, pero si tenemos que decidir sobre una central como Garoña, ¿por qué ese empecinamiento? Es una energía
que no necesitamos, que representa casi nada, menos del 2% de los vatios generados en nuestro país, cuando ya tenemos un exceso de potencia instalada, y cuando las inversiones -requisito también de los stress test que se exige a esta central-
representan un alto nivel de coste. Ustedes están cambiando toda la regulación, desde los costes de los residuos hasta la propia imposición y el reglamento de control sobre
residuos radiactivos, a medida, solo para cumplir con los deseos de un ministro, cuando ni lo han pedido a las propias centrales. Sinceramente es algo incomprensible.
Nosotros hemos planteado dos enmiendas, ya que estamos de acuerdo con el conjunto de la proposición. La primera, porque no es el Gobierno quien desmantela, sino quien pone los mecanismos al servicio de este cierre de la central, y la
segunda, porque propone una cuestión fundamental: este decreto de la vergüenza; un decreto que cambia el reglamento de seguridad para todas las centrales, que además ha tardado veinte días en ser publicado desde que se aprobó hasta que hemos
conocido su contenido, y que se ha cambiado a medida precisamente de esta central. Es una central innecesaria...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es incomprensible que hoy debatamos sobre su futuro, cuando deberíamos estar planteando cómo hacemos un plan transitorio para ese territorio.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Socialista, señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
No es la primera vez que debatimos sobre Garoña en esta Cámara, y me temo que tampoco será la última. Hoy una vez más pondremos sobre la mesa los argumentos a favor y en contra de la energía nuclear, a favor o en contra de la continuidad de
Garoña, y yo creo que las opiniones en materia de política energética son respetables, hay países, hay partidos políticos que apuestan por la energía nuclear y otros que como mi grupo creemos que hay que ir prescindiendo progresivamente de esta
energía para sustituirla por otras más sostenibles. Es verdad que en ese debate están también otros países, sobre todo después de lo de Fukushima, donde una vez más se resquebrajó el discurso de la seguridad absoluta de la energía nuclear. Pero lo
que hoy discutimos aquí es otra cosa; se trata de si cerramos o no una central nuclear que tiene más de cuarenta y cuatro años, más de aquellos para los que fue diseñada; si cerramos una central que supone menos del 1% de la energía de nuestro
país, bueno, que suponía, porque hay que decir que lleva cerrada más de un año. Señorías del Partido Popular, se empeñan en decir que cerrar o no Garoña depende únicamente de motivos técnicos, no políticos. Como decían antes algunos, ustedes no se
meten en política, y así van privatizando hospitales, van abaratando el despido, o quitando derechos a las mujeres, pero como quien no quiere la cosa, sin meterse en política.
Si yo le pido al ministro que reconsidere la decisión de revocar el cierre de la central nuclear de Garoña, por el riesgo que entraña, ustedes me dirán que tengo prejuicios ideológicos. Pero, ¿saben ustedes quién dijo eso? El alcalde de
Vitoria, del Partido Popular. Como diría nuestro querido presidente: fin de la cita. Pero fíjense, ustedes tienen a riojanos populares pidiendo también el cierre de la central de Garoña. (Muestra un recorte de periódico). Por lo visto en su
partido algunos sí hacen política con la central de Garoña.
En realidad lo que subyace hoy aquí es mucho más grave que un debate energético. Lo que está pasando es que ustedes han hecho un pacto con el diablo, han hecho un pacto con las grandes eléctricas de este país. Eso sí, en pago, lo único que
los ciudadanos han obtenido a cambio ha sido subidas en el recibo de la luz. ¿Son ustedes conscientes de que en este país hay miles y miles de familias que tienen que elegir entre encender la calefacción, dar la luz o comer? Yo me pregunto cuánto
dinero más nos va a costar esta foto. (Muestra una fotografía). La foto que se hizo el señor Rajoy en campaña electoral en la central nuclear de Santa María de Garoña, presumiendo de que la iba a abrir. Pues tenemos una pista, y nos la ha dado
Iberdrola, que remitió una carta al ministro donde le dice: quítenme ustedes todos los impuestos, aumente la vida útil de las centrales a sesenta años, reduzca la regulación del sector, y hagan de esto un negocio redondo. Eso es lo que quieren, y
con Garoña ya han empezado. Ustedes son los auténticos genios del eufemismo. Hicieron una Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero si ustedes lo traducen lo que quieren decir es que
eximen de impuestos a la central de Garoña, que les perdonan 150 millones de euros; un negocio una vez más redondo. Pero es que ustedes efectivamente aprobaron el Real Decreto 102/2014, al que le pusieron de nombre para la gestión responsable y
segura del combustible gastado y los residuos radiactivos. Son ustedes brillantes porque, ¿qué hace ese real decreto? Modificar el reglamento de instalaciones nucleares
y radiactivas para que, ante una posible petición de Garoña, se pueda hacer su reevaluación y su apertura en un año en vez de en tres; un traje a medida.
Ustedes quieren permitir que se reabra una central que lleva más de un año sin funcionar haciendo una revisión por encima. ¿Son conscientes de que eso no ha pasado en ningún país del mundo? Igual es que en el resto del mundo civilizado no
lo hacen así porque consideran que una central nuclear es algo serio y potencialmente peligroso. Pero insisto en que Garoña sigue sin funcionar, aunque igual es mejor que siga así. Según Nuclenor, los propietarios de Garoña, en el año 2013 sin
producir un solo kilovatio han obtenido unos beneficios de 22 millones de euros; en 2012, funcionando, perdieron 133. Son unos artistas: pierden dinero cuando funcionan y lo ganan cuando paran. Yo les recomiendo que sustituyan a Montoro por el
que hace esas cuentas. (El señor Hernando Fraile: No tiene ni idea).
Pasemos al empleo. Con toda sinceridad, yo creo que a ustedes eso les importa un bledo. Hace más de un año que Garoña ha despedido a 300 trabajadores sin que ustedes hayan movido un solo dedo. Además, puestos a hacer regalos fiscales,
¿por qué no la misma generosidad con los miles de pequeñas, medianas empresas y autónomos de este país que tan mal lo están pasando? ¿Por qué no la misma dedicación a salvar los empleos de Montefibre, en Miranda de Ebro, o de Gestamp? Entre los
dos salvarían ustedes 700 empleos en la zona de afección de Garoña. Ustedes se han cargado el plan alternativo al cierre de la central; no han mantenido el Plan Reindus; podrían haber invertido 50 millones de euros en dos años. Maná para esa
zona y migajas si lo comparan con lo que le han regalado a Endesa y a Iberdrola.
Nosotros pedimos solo dos cosas; lo mismo que hemos pedido siempre, cuando gobernábamos y cuando estamos en la oposición; en el debate sobre el estado de la Nación y hoy también.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Que Garoña se cierre por obsoleta y que ustedes hagan un plan alternativo de desarrollo que haga sostenible el futuro de la comarca. El futuro de la comarca nunca va a ser Garoña.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tudanca.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, señor Azpiazu. (Rumores). Silencio, por favor.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, por enésima vez, y nos gustaría de verdad que fuera la definitiva -la última-, el Grupo Vasco nos vamos a manifestar en esta Cámara con relación al tema del cierre de la central nuclear
de Garoña. Sin ir más lejos la pasada semana el portavoz Aitor Esteban preguntó sobre esta cuestión al mismo presidente del Gobierno, y yo intervine también esa semana en una moción del Grupo Socialista en la que se incluía un punto precisamente
para solicitar el cierre de la central. Anteriormente habíamos hablado en innumerables ocasiones sobre esta cuestión, y habíamos fijado también la posición de nuestro grupo parlamentario. Los argumentos por tanto van a sonar repetitivos, puesto
que los hemos empleado otras veces, pero no nos queda otra opción.
Tal y como señalan los autores de la moción la central nuclear de Santa María de Garoña, inaugurada hace cuarenta y cuatro años, es de primera generación, está amortizada, y desde el punto de vista tecnológico y de seguridad deja mucho que
desear. Este, el de la seguridad, por su obsolescencia tecnológica, no es desde luego un tema menor. Además, dada la capacidad de generación de la central, de apenas 400 megavatios, su contribución no es ni mucho menos fundamental en el conjunto
de la generación eléctrica. Teniendo en cuenta que la capacidad instalada supera los 100.000 megavatios, el potencial de producción de dicha central supone exclusivamente el 0,4% del total, y si tenemos en cuenta que el consumo máximo no llega a
los 40.000 megavatios, ese porcentaje en términos de consumo llegaría a ser del 1%. Por ello el funcionamiento de la central muy poco o casi nada aporta a la garantía de suministro, que es uno de los argumentos que habitualmente se utilizan cuando
se habla de energía nuclear.
Aparte de estas cuestiones debemos tener en cuenta que la decisión de la paralización temporal, que esperamos -como decía antes- que sea definitiva, fue adoptada por Nuclenor, empresa propietaria de la central, de la que forman parte
Iberdrola y Endesa. Lo fue por cuestiones de rentabilidad, tal y como indicaron las fuentes empresariales. A pesar de que el Gobierno insiste en que las razones económicas no justifican su cierre, podrían en este caso aceptar los argumentos
económicos y no reiniciar su puesta en funcionamiento. Hemos recordado igualmente, cada vez que nos hemos referido a esta cuestión -y
lo han hecho también otros grupos en esta Cámara-, que en la Comunidad Autónoma de Euskadi todas las instituciones y todos los partidos políticos se han manifestado a favor del cierre definitivo y del desmantelamiento de la central. No
entendemos pues esto que llamamos ya -y no solo nosotros, sino otros grupos también- el empecinamiento del Gobierno o del ministro, ni tampoco la incoherencia del Grupo Parlamentario Popular cuando vota sobre esta cuestión en Euskadi o en esta
Cámara.
Nuestro grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley salvo, si me permiten, en el punto 3, si es que se vota por puntos, tal y como lo solicitamos desde nuestro grupo parlamentario. Consideramos adecuado instar al Gobierno al
cierre definitivo de Garoña, a su inmediato desmantelamiento, al igual que nos parece oportuno que se impulsen las medidas de reindustrialización que palien desde el punto de vista de la actividad y del empleo los efectos negativos que su cierre
pueda suponer. Sin embargo creemos que no es preciso ni necesario crear una comisión específica de seguimiento para supervisar el proceso de desmantelamiento de la central. En opinión de nuestro grupo existen ya mecanismos parlamentarios e
instituciones que nos permiten hacer un seguimiento adecuado de este proceso, en el marco de la Comisión de Industria, a través del Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera. Tan solo si viéramos que estos mecanismos que hoy en día existen no son
operativos o no sirven para hacer un seguimiento efectivo solicitaríamos efectivamente que se creara una comisión específica de seguimiento del desmantelamiento de la central, pero insisto en que creemos que en este momento no es necesario. Por lo
tanto votaremos como decía favorablemente a los puntos 1, 2 y 4, y en contra del punto 3 por lo anteriormente argumentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Convergència i Unió en este debate se reafirma en la que ha sido nuestra posición siempre en temas relativos a la energía nuclear. Nuestra posición pivota sobre el organismo regulador independiente, el Consejo de Seguridad
Nuclear. Ese Consejo de Seguridad Nuclear, regulado a través de la Ley 33/2007, es justamente el organismo creado a los efectos de pronunciarse sobre si cualquier central nuclear cumple o no los requerimientos técnicos para que pueda funcionar en
condiciones adecuadas, lo que significa que debemos estar seguros de que si una central funciona es porque está cumpliendo esos requerimientos técnicos. Si no los cumple porque el CSN -que es quien puede decirlo- nos dice que no, no podrá funcionar
una central nuclear. Si los cumple, deberá ser en todo caso una decisión de política energética, pero nosotros no somos el organismo encargado de fijar las condiciones técnicas de esta o de aquella otra central nuclear. No le corresponde al
Congreso de los Diputados, para este cometido hemos elegido en esta Cámara a unos miembros que componen el Consejo de Seguridad Nuclear, que como digo es el organismo que tiene esa misión concreta. Esta es por tanto la posición de Convergència i
Unió en este debate.
Cierto es que el caso de Garoña es un caso singular, en tanto que es de las centrales más obsoletas y de primera generación, y cierto es que, tras accidentes con repercusión a nivel mundial como ha sido el de Fukushima, se desprende -como
informó la pasada semana el propio Consejo de Seguridad Nuclear en esta Cámara, ante los miembros de la ponencia que hacemos el seguimiento del CSN- que hay que sacar unas lecciones post Fukushima y que debemos necesariamente adaptar todas nuestras
centrales nucleares a aquellos parámetros técnicos que se deriven de la lección de lo que ha pasado a nivel mundial, para intentar aumentar todas las prevenciones posibles. De ahí que si la decisión final, de acuerdo con los parámetros técnicos que
fije el CSN, es que su funcionamiento puede ser seguro, que está avalada al cien por cien esa seguridad, que los ciudadanos pueden estar tranquilos, si esta es la conclusión final que aporta el CSN, también debemos apuntar aquí que esa conclusión
nunca va a poder conllevar una reapertura inmediata, porque los parámetros de seguridad que va a marcar el CSN -no a Garoña, sino al conjunto de las centrales nucleares, como siempre que debe renovarse una licencia se marcan con tres años de
antelación, y evidentemente cualquier decisión de futuro también deberá marcar el tiempo necesario para realizar aquellas adaptaciones técnicas que sean requeridas para ello.
Desde mi visión como diputado de una circunscripción en donde tenemos tres centrales nucleares activas, de una circunscripción electoral, la de Tarragona, en donde tuvimos los incidentes gravísimos de la central nuclear de Vandellós en el
año 1989, una central que finalmente está clausurada; desde esa perspectiva de conocimiento de lo que comporta tener unas centrales nucleares abiertas, funcionando, generando energía, desde esa convicción, señora presidenta, señorías, reafirmamos
desde Convergència i Unió que solo podemos dejar que funcionen si son seguras, si cumplen los parámetros técnicos que
garanticen la seguridad; que entre todos y por interés general no podemos nunca, en ningún caso, mirar hacia otro lado cuando hablamos de seguridad. Por tanto para preservar esa seguridad desde Convergència i Unió damos una vez más un voto
de absoluta confianza a lo que nos marca en cada caso el Consejo de Seguridad Nuclear.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular, señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señora presidenta, señorías, hoy debatimos y vamos a dictaminar una nueva proposición no de ley sobre el futuro de la central nuclear de Garoña que presenta el Grupo Mixto, la cual en síntesis insta al Gobierno al
cierre, al desmantelamiento, a crear una comisión interministerial, y a impulsar la reindustrialización de la zona.
Desde el punto de vista reglamentario y legal no tiene a mi juicio sentido reclamar a quien, si se respeta la legalidad vigente, no cuenta con esa capacidad reclamada, tal y como acabamos escuchar decir al señor Jané. Pues quiero
recordarles, aunque seguro que lo conocen sus señorías, que en España será el Consejo de Seguridad Nuclear, organismo independiente que solo rinde cuentas ante el Parlamento, y la ponencia que tiene encomendado tal fin, quienes deban autorizarlo, y
por tanto queda claro que no se ha de instar al Gobierno para llevar a cabo tal acción, sino reclamársela en su caso al Consejo de Seguridad Nuclear.
Garoña actualmente está en cese de explotación porque desde diciembre de 2012 así lo decidió Nuclenor, que es el propietario, y podría entrar de nuevo en funcionamiento, tal y como prevé el Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, que en la
disposición adicional nueva transitoria sexta ya considera tal posibilidad cuando dice, primero, que el titular ha de solicitar antes del 6 de julio de este año ante el Ministerio de Industria tal finalidad, y que el Consejo de Seguridad Nuclear ha
de informarlo favorablemente. En cualquier caso quiero suponer que todo esto, como ya he dicho, ustedes lo conocen. Por ello, señorías, vamos a votar en contra de lo solicitado por el Grupo Mixto, pues no corresponde al Gobierno, como he dicho,
llevar a cabo ninguna acción para el desmantelamiento, sino que hemos de atenernos a lo que indique el Consejo de Seguridad Nuclear en lo tocante a la seguridad y protección radiológica, como he recalcado.
Reclama el Grupo Mixto asimismo que se implementen medidas para reindustrializar la zona. Ya conocen los burgaleses los resultados del Plan Garoña del PSOE: un desastre. En lo tocante al empleo aquel alcanzó en la central aludida en el
año 2012 a 300 trabajadores, y en momentos de recarga llegó hasta las 1.224 personas, dando actividad aproximadamente a unas 63 empresas. Adicionalmente indicaré que los municipios del entorno de la central nuclear han recibido en los últimos diez
años aproximadamente unos 25 millones de euros procedentes de los fondos de Enresa. Como ya he dicho, el organismo encargado de velar por la seguridad y protección radiológica es el Consejo de Seguridad Nuclear, que es quien cuenta con la autoridad
para emprender de nuevo su funcionamiento, si aquella le fuera requerida. Para velar por la misma el consejo no solamente realiza auditorías e inspecciones periódicas, sino que permanentemente tiene desplazados dos inspectores de su cuerpo técnico,
que son los encargados de velar por el cumplimiento de las normas de su competencia.
En el último informe presentado en 2012, recientemente, los cuatro trimestres de ese año los indicadores de funcionamiento de esa central, factor carga y factor operación, se situaron en torno al 95 sobre 100, cumpliendo por tanto de manera
satisfactoria todos los objetivos del pilar de seguridad. Asimismo y en lo tocante a la tecnología de la central de Garoña, agua en ebullición, en Estados Unidos había en la fecha actual veinticinco plantas que superaron los cuarenta años,
disponiendo de nuevas autorizaciones hasta los sesenta, de las que cinco eran del mismo modelo y fabricante, General Electric.
Respecto al argumento utilizado del símil con Fukushima he de decir que en Japón fue un terremoto seguido de un tsunami lo que evidenció una deficiencia en el emplazamiento elegido para la central, situación que afortunadamente no sucede en
Garoña. Por otro lado, el resto de nuestros ocho reactores en sus seis emplazamientos cumplen las normas, tal y como se evidenció en las pruebas de stress test del año 2011, así como en el examen que ya la Agencia Internacional de la Energía había
realizado a petición del Consejo de Seguridad Nuclear en 2009, y en los resultados que en Sevilla nos presento el-Baradei, a la sazón presidente, recalcando que la tecnología nuclear es como cualquier otra tecnología avanzada. Existe un informe
realizado por veintitrés técnicos de quince países que llevó a cabo un análisis integral, señalando adicionalmente por qué el parque español era excelente.
Ahora bien, cuando nos señalan que hay que construir un ATC, el Gobierno socialista en ese momento no fue capaz ni siquiera de asignar su emplazamiento. Tienen que ser el Grupo Popular y el Gobierno de
Mariano Rajoy quienes en diciembre de 2011 tomen esa decisión. Por tanto, señorías, dejémonos de etiquetas y eslóganes y demos sentido común a las decisiones necesarias para salir de la crisis económica que padecemos, y una vez superada la
recesión no sigamos generando innecesariamente alarma social. Por estas razones solicito y requiero a los diferentes grupos que actúen con coherencia, y que no continúen con esa campaña alarmista respecto de la seguridad de este emplazamiento, y
con la demonización de esta tecnología. Señorías, no sean irresponsables. De ahí que les reclamemos que repasen su memoria...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Erias.
El señor ERIAS REY: ...y que promuevan el cumplimiento de las leyes vigentes. Recordemos la Ley de 4 de marzo de 2011...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Erias, tiene que finalizar.
El señor ERIAS REY: Señora presidenta, voy terminando.
La Ley de 4 marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 79, en una enmienda presentada unánimemente por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), promovía la posibilidad de que la vida útil de las centrales nucleares se extendiera hasta los sesenta años. Señorías, ¡coherencia! No se puede hacer una cosa y luego reclamar la contraria porque toca alguna cuestión
que a ustedes no les viene bien. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Erias.
El señor ERIAS REY: Es más, esta coherencia se la sigo reclamando sobre todo al grupo mayoritario porque recientemente, en una moción consecuencia de interpelación presentada la semana pasada en esta Cámara, en el punto decimocuarto
precisamente volvía a reiterar este tipo de petición en absoluta disparidad con lo legislado a lo largo del Gobierno del Partido Socialista. Señorías, sean responsables...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señoría, tiene que finalizar.
El señor ERIAS REY: ...no podemos y no debemos de continuar haciendo campaña con este tema. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar esta proposición no de ley en coherencia con todo lo que les acabo de decir...
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Erias, se ha acabado su tiempo.
Señor Errekondo, se han presentado dos enmiendas, ¿acepta usted alguna de ellas?
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Estamos pensando la transaccional.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MEJORAR LAS POLÍTICAS DE ASISTENCIA A PRESOS ESPAÑOLES EN TERCEROS PAÍSES Y AGILIZAR SU TRASLADO A PRISIONES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 162/000841).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar
su traslado a prisiones españolas.
Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Señora presidenta, gracias.
Señorías, quisiera comenzar esta intervención citando una frase de Concepción Arenal que, en mi opinión, resume perfectamente cuál es el espíritu y la razón por la que el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a esta Cámara esta proposición no
de ley: Odia el delito y compadece al delincuente. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).
Hay 2.184 presos españoles que están cumpliendo en este momento condena en el exterior. Más del 80% de estos españoles lo hacen bien por posesión ilícita de estupefacientes o por tráfico de drogas. El
60% de estos 2.184 españoles están encarcelados en prisiones extracomunitarias que responden a estándares penitenciarios muy alejados del español y del occidental y en no pocas ocasiones cumplen condenas con grave vulneración de sus derechos
más elementales y en todo caso con vulneración de la dignidad de la persona. Hay veces que son profesionales del narcotráfico, pero también hay muchas ocasiones en las que nos encontramos con personas incautas que, llevadas ante determinadas
circunstancias económicas o apuros familiares, son engañadas o dan un paso cometiendo un grave error. Son personas que han cometido un error, que han cometido un delito, un delito muy grave, especialmente odioso como el tráfico de droga, y son
personas que han sido condenadas y que deben cumplir condena. Pero una cosa es, señorías, que deban cumplir una condena por el delito cometido y otra bien distinta es que nosotros permanezcamos indiferentes ante situaciones lacerantes,
insoportables, desde el punto de vista de los derechos humanos, que están padeciendo compatriotas nuestros. Una cosa es que tengan que cumplir condena y otra cosa es que nosotros permanezcamos de brazos cruzados mientras les vemos entrar, más que
en cárceles, en verdaderos infiernos en cuya puerta podría figurar perfectamente aquella frase de Dante: Abandonad toda esperanza. Se trata no solo de que cumplan sus penas en condiciones mínimamente respetuosas con la dignidad de la persona, sino
también de que la reinserción social se pueda hacer posible en algún momento. En esas condiciones todos sabemos que la reinserción es completamente imposible; en esas condiciones todos sabemos que solo es posible la degradación personal, la
humillación diaria, la corrupción y la destrucción paulatina de la persona. Hemos tenido ocasión de acceder a sus circunstancias, de conocer sus historias, de participar de sus dramas personales gracias a un magnífico -magnífico- trabajo
periodístico del que quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' denominado Encarcelados, a cuyo equipo de presentadores, de realizadores, al equipo técnico quiero hacer un especial reconocimiento por un trabajo social y periodístico de
primerísimo nivel.
Señorías, nosotros, todos nosotros como diputados también representamos a esos 2.184 españoles que están cumpliendo condena fuera de España, somos también representantes suyos, somos sus diputados, y lo primero que teníamos que hacer era
traer a la agenda parlamentaria, en mi opinión, las circunstancias insostenibles que en muchas ocasiones están padeciendo. Hoy damos un aldabonazo en la puerta de esta Cámara en torno a estas situaciones que incluimos por primera vez en la agenda
parlamentaria y en la agenda política. Muchos de ellos pueden estar preguntándose y se han estado preguntando sin duda -así lo han expresado en el programa de televisión al que me he referido y del que trae causa esta proposición no de ley- de qué
les sirve ser españoles si sus representantes políticos no se ocupan de su situación ni adoptan ninguna iniciativa hacia ellos. Señorías, lo que pretendemos con la iniciativa que hoy planteamos aquí es hacerles llegar suficientemente las garantías
jurídicas de un Estado de derecho que ahora apenas les llega. Lo que pretendemos es que los derechos penitenciarios propios de un Estado democrático les lleguen en las prisiones donde están cumpliendo condena, y lo que pretendemos es que la
asistencia propia de nuestro Estado social se haga también patente de alguna manera progresivamente en esos centros penitenciarios. No se trata de que nuestro país no se haya ocupado nunca de este colectivo, y ahí está la labor consular encomiable,
la labor del Ministerio de Justicia, la labor del Ministerio del Interior y las repatriaciones que se han venido haciendo durante todos estos años, se trata de elevar la mirada, de elevar la ambición, de dar un paso más; se trata de solicitar al
Gobierno en su conjunto y especialmente a los tres ministerios implicados -Exteriores, Justicia e Interior- que elaboren un programa, que compartan bases de datos, que sean capaces de elaborar perfiles penitenciarios, perfiles de situaciones
personales para priorizar la asistencia y para priorizar en un momento de escasez presupuestaria también los procesos de repatriación a España de las situaciones más dramáticas. Evidentemente, no es lo mismo haber cometido un error que ser un
delincuente habitual, no es lo mismo tener una familia estructurada que no tenerla, no es lo mismo padecer una grave enfermedad irreversible que no padecerla y, en mi opinión, la elaboración conjunta, la interconexión de las bases de datos y la
elaboración del programa permitirá al Gobierno y a los Gobiernos subsiguientes seleccionar y priorizar las repatriaciones.
Nada más, señorías, y nada menos, esta es la intención de esta proposición no de ley. Quisiera terminar dando las gracias a los grupos parlamentarios de la oposición. He tenido ocasión de tratar con ellos el contenido de esta enmienda,
hemos hecho un esfuerzo todos, lo ha hecho el Grupo Socialista, Izquierda Unida, el Grupo Vasco, el Grupo Catalán, todos los grupos parlamentarios con los que yo he podido tratar han hecho un esfuerzo y hemos planteado una enmienda transaccional que
recoge fundamentalmente las prioridades de todos los grupos. Hemos apartado las razones de oportunidad, hemos apartado la ideología, esta no es una iniciativa ideológica, y hemos avanzado juntos en la buena
dirección. Hay veces -y esto es especialmente satisfactorio- en que estas cosas son posibles en el Congreso de los Diputados. Esta es una PNL -termino ya, señora presidenta- que no tiene ideología, tiene solo un carácter y una finalidad
social, es una proposición no de ley que no tiene planteamiento de interés partidista, está concebida y redactada pensando exclusivamente en los dramas humanos que están padeciendo algunos españoles internados fuera de España, está redactada
pensando en sus familias, está redactada pensando en la reinserción y está también redactada pensando en la dignidad de un Estado que tiene la obligación de hacer llegar sus garantías jurídicas, sus garantías sociales, sus garantías asistenciales a
todos los españoles que están cumpliendo condena fuera de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Mixto, el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señora presidenta, intervengo exclusivamente para dar por defendida la enmienda que ha presentado Unión del Pueblo Navarro.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señor Gómez, es difícil decir al Partido Popular cuando está en el Gobierno que es oportuna una iniciativa, pero yo creo que esta iniciativa es oportuna. Por un lado, todos hemos visto esos reportajes donde uno ya lo sabía de referencias,
pero ponerles rostro, nombre, circunstancias y vida a tantos españoles en situación tan difícil, donde hay que pagar hasta para comer..., por eso yo me alegro de esta iniciativa y desde luego la vamos a apoyar, pero quiero aprovechar mis dos minutos
para hacer referencia a un caso muy importante, el de un español que se llama David Mendoza Herrarte que se ha dirigido al Congreso, que se ha dirigido a esta diputada como a otros portavoces porque él fue extraditado a Estados Unidos con la
condición planteada por la Audiencia Nacional de que si era condenado se cumpliría la sentencia en nuestro país. Tiene dos niños, uno de ellos con síndrome de Down, y esa condición no se ha cumplido. La Audiencia Nacional ha instado al Gobierno de
España a recurrir y ha pedido al Gobierno americano que cumpla las condiciones de la extradición y no se han dado. Tengo que agradecer al presidente de la Comisión de Peticiones que este asunto lo introdujéramos en dicha Comisión, pero hasta la
fecha el Gobierno no ha dado respuesta. Lo que está claro es que estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de un país tercermundista, estamos hablando de tratados internacionales, de condiciones de extradición que en este caso no se
han cumplido y tendríamos que tener una actuación con las autoridades americanas en el sentido de que los compromisos internacionales, las normas internacionales y los acuerdos bilaterales se cumplan. En ese sentido y en mi sentido de diputada y de
este ciudadano español, don David Mendoza Herrarte, que España, como digo, lo extraditó a Estados Unidos con esa condición, espero que pueda cumplir su condena en nuestro país y que pueda estar con sus hijos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, oyendo su intervención, conociendo el contenido de la proposición no de ley y los textos presentados, difícilmente se puede votar en contra de dicha propuesta. La duda o el problema que a mí me surge es el de la credibilidad,
porque lo lógico es que si ustedes tienen la responsabilidad de Gobierno, en vez de traer aquí directamente una propuesta para que el Gobierno la realice, lo que tenían que haber hecho precisamente es llevarla a cabo ustedes, y creo que precisamente
la debilidad de esta propuesta es esa, es decir, es la debilidad de un Gobierno que ha sido incapaz de dar respuesta a las necesidades, a las urgencias de esos ciudadanos y ciudadanas que están en otros Estados a lo largo de todo el mundo y que se
han sentido y se sienten muchas veces desamparados. Usted decía que no han tenido eco por parte de esta Cámara. Yo mantengo correspondencia con varios presos del Estado español que están, por
ejemplo, en Estados Unidos y que se sienten realmente desamparados por este Gobierno. Hemos hecho preguntas a este Gobierno sobre este caso concreto y no ha habido respuesta tampoco. Por tanto, ese es el problema que le veo a su propuesta,
la falta de credibilidad. Es muy bonito venir aquí y sacar por unanimidad una propuesta. Habrán conseguido un titular, pero tengo dudas de que ese titular se traduzca después en cosas concretas. Efectivamente, todo el sistema consular está
funcionando y ha funcionado bien y con profesionalidad de los funcionarios y funcionarias, pero el problema con que se han topado muchas veces es la obstrucción política y las decisiones políticas de su Gobierno, que ha antepuesto en unos casos los
intereses geoestratégicos o en otros casos las relaciones pseudofamiliares entre la Corona española y la Corona alauita para no atender a situaciones concretas de ciudadanos porque en esa coyuntura no era oportuno. Por tanto, el problema no está en
los medios ni en la profesionalidad del cuerpo consular, el problema está en su propio Gobierno.
Hay otro elemento de credibilidad. Ustedes reclaman que esas personas que están en el extranjero estén lo más cerca posible de sus familias y de sus domicilios. Pues podrían empezar por su propia casa, porque ustedes están incumpliendo
dentro del Estado español ese principio. Es más, están incumpliendo la legislación europea. Hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que resolvió un recurso contra el encarcelamiento de unos ciudadanos rusos en
Siberia cuando su domicilio habitual estaba próximo a Moscú, que estableció que ese alejamiento -leo textualmente- afectaba al derecho a la intimidad y vida familiar de los presos y que este tratamiento es contrario al Convenio Europeo de Derechos
Humanos del Consejo de Europa...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Larreina, tendría que ir terminando.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Acabo ahora mismo, señora presidenta.
Dice el tribunal europeo que en la ejecución de las penas no se puede agravar la limitación de derechos que por sí ya sufren los internos en prisión. Esta sentencia del tribunal europeo tiene valor general en las sentencias del Tribunal de
Derechos Humanos aplicables a todas las personas, hayan sido o no parte del proceso, y la Constitución del Estado español también reconoce su valor en el artículo 10.2. La sentencia del tribunal europeo tiene valor de cosa interpretada. Por eso,
ustedes tienen que empezar por su propia casa y acabar con el alejamiento de muchos en el Estado español -en concreto, presos vascos- para cumplir esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque si no, al final se encontrarán con
nuevas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenando al Estado español y además poniéndole multas, lo que no es admisible en esta época de crisis. Los fondos del Estado español tienen que dedicarse a otras cosas y no
a eso...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Larreina, tiene que terminar.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Acabo.
Por eso, la credibilidad es externa e interna.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario, como otros portavoces de esta Cámara, consideraba que esta iniciativa era una más del Grupo Parlamentario Popular para ocupar una parte de las iniciativas en este Parlamento. Sin embargo, pensamos que la materia
requiere una reflexión más profunda, porque estamos ante una situación yo diría que grave de una parte de esos 2.184 presos españoles en el exterior, y esa situación grave requiere el compromiso y la generosidad de los grupos parlamentarios.
Podríamos haber considerado que esta iniciativa era únicamente un impulso genérico al Gobierno por parte de su propio grupo parlamentario y remitirnos a esa voluntad o falta de voluntad del Gobierno. Sin embargo, hemos creído oportuno presentar una
serie de enmiendas que le den realmente a la iniciativa un carácter concreto y que de alguna manera supongan desde este Parlamento una llamada de atención al Gobierno; una llamada de atención al Gobierno en varias cuestiones fundamentales que
afectan a los presos españoles en el exterior. Se ha hablado aquí de ese volumen importante de presos, se ha hablado también de las penas relativas fundamentalmente a tráfico de drogas y de su presencia básicamente en Latinoamérica; de lo que no
se ha hablado tanto es, por ejemplo, de la situación de esa parte de los presos que han pedido un
traslado a nuestro país. Creemos que los traslados son un derecho que tiene que ver con el principio general de reinserción, principio que está en nuestra Constitución y que no tiene excepciones, y, por otra parte, son un derecho dentro del
Derecho Internacional Humanitario. Por tanto, nosotros creemos que esa debería ser una cuestión primordial. El problema está en que, si uno se fija en el número de traslados, apenas suponen cien traslados anuales, un 5% anual del conjunto de los
presos españoles en el exterior. Además, da la impresión de que esos traslados son un verdadero calvario burocrático, porque la media está en torno a año y medio, incluso dos años, para un traslado; con lo cual, en las penas en general que no son
muy largas -salvo excepciones- prácticamente no supone ninguna ventaja.
Habría que decir también otra cosa en relación con nuestro sistema penal. Nuestro Gobierno no ha traspuesto todavía la directiva comunitaria en materia de traslados en el interior de la Unión Europea. Quizás no la ha traspuesto porque
viene a reconocer de manera implícita que a los europeos no les merece la pena el traslado a nuestro país. En otros países existen remisiones de pena a través del trabajo y de otras iniciativas, pero en nuestro país la pena es irremisible. De
hecho, quienes asesoran a los presos españoles en el exterior les dicen: cuidado, porque si te quedan menos de un año o un año y medio, no te merece la pena. Señorías, creo que eso debería llevar a la reflexión de nuestro Código Penal, de nuestro
sistema penitenciario y, en definitiva, de la orientación de las penas a la reinserción. Por lo tanto, en primer lugar, proponemos en materia de traslados que se aumenten los convenios, que se agilicen esos traslados que en estos momentos son en
exceso burocráticos. En segundo lugar, está el problema de la asistencia jurídica. Tenemos la impresión, y no solamente nosotros -hace tiempo que en este Parlamento hay un intergrupo que nos encargamos sobre todo de aquellos que tienen penas
graves o penas de muerte-, de que el problema está en que íbamos a posteriori, la pena estaba ya establecida y únicamente interveníamos a posteriori. Es necesario que haya asistencia jurídica para que se produzca una defensa antes de la pena y, por
tanto, hay que potenciar el mecanismo de asistencia jurídica. En tercer lugar, en nuestra opinión, no solamente hay que dotar una atención económica, que es mínima, de en torno a 120 euros, hay que dotar una atención económica para, por ejemplo, la
asistencia sanitaria de muchos de estos penados en países donde no existe esa asistencia sanitaria y donde la situación de las cárceles es especialmente dura.
Esas son las razones por las que hemos presentado una serie de enmiendas. Creemos que las enmiendas se han incorporado en general al texto de la transaccional. Solamente tenemos una reserva, y es una coletilla del Ministerio de Hacienda
que dice: dentro de las disponibilidades presupuestarias. Es como aquello -no sé si lo recuerdan ustedes- de la orden del personal responsable, de acuerdo con el personal responsable o el que manda. En definitiva, señorías, el hombre de negro ha
entrado también en relación con los traslados y en relación con todo tipo de asistencia, también la asistencia jurídica a los presos españoles en el exterior; espero que no sea para quitarle importancia a esta iniciativa, que en mi opinión la
tiene.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta. Desde el escaño.
Es imposible oponerse a una iniciativa de estas características, no porque se deba proteger al delincuente, sino por el simple principio de igualdad. Se supone que si los ciudadanos del Estado tienen derecho a un cierto nivel de bienestar,
de cuidado, en las cárceles españolas, no parece razonable que una vez crucen la frontera, aunque hayan cometido un ilícito penal, que deben pagar y está bien que lo paguen, pierdan el derecho a estas circunstancias mínimas. Por eso, votaremos a
favor. También entendemos que las enmiendas que se han interpuesto por parte de los socialistas y de La Izquierda Plural mejoran el texto. Tenemos que estar de acuerdo con el señor Larreina cuando dice que muchas veces se ven fantasmas, porque
nosotros propusimos una enmienda que además fomentara la aproximación al máximo a la unidad familiar, y parece que por el viejo fantasma de la aproximación de los presos de ETA no ha sido tenida en cuenta. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Pero insistimos en que la iniciativa no puede ser otra cosa que apoyada, entre otras razones porque responde a una vieja solicitud de la defensoría del pueblo, que en estos momentos esta Cámara llevará adelante.
Felicitamos al diputado Gómez de la Serna por su flexibilidad, con las limitaciones que antes le he hecho notar.
Muchas gracias, presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidente.
Señorías, voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario sobre esta proposición no de ley. También creí, como algún portavoz anterior, que a esta PNL la podríamos llamar felizmente autocomplaciente por parte del Partido Popular, que es
el partido que sostiene al Gobierno. La verdad, pensé que no iba en serio. Nosotros nos lo tomamos en serio. He de decir, aunque no estamos plenamente de acuerdo con la transaccional que hemos logrado todos los grupos, que estamos suficientemente
satisfechos y pensamos que es el inicio de un camino. Yo hubiera quitado de esa transaccional claramente el tema de las posibilidades o disponibilidades financieras, porque eso habría hecho de esta PNL algo mucho más real y efectivo. Ustedes,
señorías del Grupo Popular, en realidad pedían al Gobierno algo muy simple, que haga lo que tiene que hacer y nada más. Los demás, afortunadamente, con el portavoz del Grupo Popular en este caso, sin que sirva de precedente, hemos podido construir
una transaccional mucho más enriquecida. Muchas gracias, señor Gómez de la Serna, por la parte que le toca, y al resto de los portavoces.
Voy a defender la enmienda que en principio llevaba sin las restricciones presupuestarias, porque ha quedado tal cual pero con restricciones presupuestarias. Creemos fundamental incrementar la ayuda consular con un fondo de asistencia
jurídica también. Hay una muy mal llamada asistencia a los presos, la ayuda a los presos, que es de 120 euros, señorías, y ni siquiera todos ellos tienen derecho a ella. Se usa en casos de enfermedad muy grave o crónica. Por eso, necesitamos que
los traslados al país de origen de las personas privadas de libertad en terceros países se hagan eficaz y rápidamente en el momento que lo soliciten. Para eso, los cónsules que hacen bien su trabajo en este caso, un trabajo muy bien hecho,
necesitan ayuda; necesitan ayuda económica y ayuda letrada, y ustedes, señorías, lo saben tan bien como yo. En segundo lugar, habíamos hablado de algo que nos parecía importante, que es tener una especie de registro, que la dirección general
consular no quiere soltar de ninguna manera, porque eso nos daría una buena fotografía y una buena idea de esos 2.184 presos y presas que están cumpliendo sus penas en el exterior. Además, podrían agilizarse los traslados en aquellas cárceles de
terceros países especialmente difíciles, porque no llegan ni siquiera a tener una mediana manutención que los cónsules intentan paliar de la manera que pueden. Todos nosotros sabemos que el problema está en los traslados. Hay una media de 350
peticiones por parte de los presos que cumplen condena en el exterior cada año, de los cuales no llegan ni a 150 los que regresan a nuestro país, los que son trasladados a cárceles de nuestro país. Es insuficiente y esa es la cifra también de
nuestro fracaso.
Este es un tema humanitario. No es que sea falto de ideología, que no lo es, es un tema humanitario de primer orden. Una sociedad marca su talla moral y ética por cómo trata precisamente a los más excluidos. Y si hay un colectivo de
excluidos son los presos y presas españoles y españolas en terceros países. No tienen el uso de su lengua la mayor parte de las veces para poder expresarse o defenderse; carecen de ayuda letrada; carecen de contactos con sus propias familias; lo
sabemos todos. Por tanto, es un tema estrictamente humanitario, que no desideologizado.
Usted, portavoz del Grupo Popular, ha mencionado a doña Concepción Arenal, visitadora de cárceles, incipiente feminista probablemente a su pesar, pero católica y activista. Exactamente dijo esa frase, pero Nelson Mandela, muchos años más
tarde, dijo una que a mi me parece muy adecuada y que es la siguiente: Solo los hombres libres pueden negociar, yo no puedo; los presos no podemos, los presos no pueden firmar contratos; su libertad, la de los otros, los de fuera y la mía están
indisolublemente unidas. Como ellos no lo pueden hacer, nosotros sí lo podemos hacer. Este es un pequeño paso adelante y yo me alegro por ello. En cualquier caso, sí le querría recordar algo que me ha venido a la memoria, y lo digo sin acritud,
de verdad, sin acritud ninguna. Hemos visto traslados muy rápidos por parte del Gobierno del Partido Popular. Por ejemplo, el señor Galván desde Marruecos, creando una verdadera alarma social por los delitos por los que estaba juzgado en
Marruecos, la pederastia. Se le trasladó con suma rapidez. O, por ejemplo, la del señor Carromero, en Cuba, que solo cuatro meses más tarde de tener sentencia firme era trasladado a España...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidente, por su benevolencia. Voy terminando.
...y resulta que salía en libertad vigilada. Luego el Partido Popular, cuando ha querido hacer traslados rápidos, los ha hecho. Bien, volvamos a Mandela, hagámoslo por los que no lo pueden hacer.
Gracias, presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanco.
En turno ya de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Gracias por concederme el uso de la palabra y por indicarme la utilidad de este artilugio mecánico que nos acompaña a la derecha de la tribuna de oradores.
Señor Gómez de la Serna, quiero felicitarle, en primer lugar, por su mano izquierda y, en segundo lugar, por su talante; por el talante que inspira esta proposición no de ley. Una proposición no de ley humana, una proposición no de ley
democrática, una proposición no de ley que podría incardinarse incluso hasta en el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución y que hace referencia a los numerosos presos españoles que cumplen penas de privación de libertad
en países de Iberoamérica, en países europeos, en África, en condiciones, en virtud del documental que usted mismo ha glosado, dramáticas. Con esos 120 euros mensuales, usted y yo hemos podido comprobar en estos documentales, cómo a veces compran
la cama, un sitio en una habitación, un sitio en el suelo, su integridad física, su vida, la evitación de palizas, la protección de matones dentro de la cárcel. Se compran muchas cosas con 120 euros y con más de 120 euros se compran bastantes más,
todo hay que decirlo. Aquí vienen las dudas o reservas mentales sobre la disponibilidad presupuestaria. Estamos absolutamente de acuerdo con la aplicación de los convenios que han sido ya citados: el Convenio de Viena sobre relaciones consulares
y sobre todo el Convenio sobre traslados de personas condenadas, que debe ser objeto de implementación y de actuación rápida e inmediata. Usted ha citado a Concepción Arenal y esa frase tan conmovedora: Odia el delito y compadece al delincuente.
Se ha citado también a un representante político de gran dimensión, de talla universal, como Nelson Mandela, posteriormente. Yo puedo citar a otro autor de hace tres siglos, del siglo XVIII, al Marqués de Beccaria, cuando hablaba en su famoso
Tratado de los delitos y las penas del sentido de la pena, humanitaria y para regenerar. El tiempo de duración de la pena tiene que ser el estrictamente necesario para regenerar al delincuente, prohibiendo la aplicación de torturas, de malos
tratos, de tratos degradantes, etcétera. Desde esa perspectiva yo hubiese votado la proposición en sus propios términos que usted ha presentado y vamos a votar también positivamente la transacción de enmiendas diferentes que ha logrado con una
habilidad digna de mejor causa, no muy frecuente en los portavoces de su grupo parlamentario; aunar y hacer converger posibilidades que en su formulación original a veces -no le voy a explicitar a qué formulaciones originales me estoy refiriendo-
planteaban dificultades y reservas importantes.
El señor Llamazares se ha referido a una cuestión terriblemente importante que hay que resolver en esta proposición, que es la de los presos españoles condenados a muerte en el extranjero. Aquí el problema es otro, señor Gómez de la Serna,
como usted sabe. El problema es que particularmente en algunos países como Estados Unidos hay algún español condenado a muerte porque no tiene recursos económicos para litigar. La diferencia entre obtener una buena representación letrada en un
país como Estados Unidos y tener una representación letrada deficiente es la diferencia que va entre residir en el corredor de la muerte u obtener la libertad. Es un tema que deberíamos reflexionar ex post. Ya no es cuestión de incorporar nuevos
elementos de consenso a esta abigarrada proposición que hemos conseguido consensuar entre todos, pero le pediría también una reflexión sobre la situación de los presos condenados a muerte que en estos momentos se encuentran en el corredor de la
muerte, porque sencillamente no han tenido recursos para litigar y obtener una defensa jurídica adecuada, reconocido por sus propios letrados en algunas ocasiones.
Quiero felicitarles, porque yo no sé si existe en esta legislatura, señor presidente, algún precedente de una proposición del grupo mayoritario de la Cámara que haya adquirido una adhesión tan incondicional. Si la ha habido, a mí no me
suena, no recuerdo ninguna. Sigan por esta vía, yo se lo recomiendo como estrategia de actuación política. Hay un acervo o una reflexión en la ciencia política que dice que las medidas absolutas con el decurso del tiempo se van dulcificando,
porque llega un momento en que necesitan complicidades y consensos. Yo observaba un tanto paradójicamente que ocurría lo contrario, que ustedes estaban endureciendo su mayoría absoluta. Ojalá, este sea el principio de atender a los requerimientos
de la ciencia política, tal como convencionalmente la hemos entendido todos siempre.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, lamento quebrar en parte, con lo que voy a decir a continuación, este consenso bondadoso que se ha establecido en torno a esta iniciativa, pero verdaderamente creo que cuando una cuestión es importante y grave, como lo es esta
-desde un punto de vista humanitario la situación de los casi 2.200 presos españoles en el exterior es una situación humanitaria grave en general-, cuando tenemos ante nosotros una situación y un problema tan grave lo que corresponde es adoptar una
iniciativa que resuelva el problema y no simplemente hacer cualquier cosa. Quiero decir que si nos enfrentamos a un problema humanitario grave y nos conformamos con una iniciativa que, incluso con las enmiendas o con el resultado de la
transaccional, no es más que un brindis al sol, me parece que en cierto modo es fraudulento; me parece que queremos aparentar que hacemos algo cuando en realidad hacemos bastante poco, y voy a explicar por qué desde el punto de vista de nuestro
grupo hacemos bastante poco con esta iniciativa. Tenemos tres objeciones fundamentales. Una es en relación con la información, otra es de carácter presupuestario y la última es respecto al doble rasero que se ha planteado en la iniciativa y en el
discurso del señor Gómez de la Serna.
En efecto, nos parece que esta iniciativa, y más procediendo del grupo que presta sustento al Gobierno, debería venir acompañada de información oficial rigurosa y detallada. Es verdad, y coincido con usted en el elogio al programa
informativo al que ha hecho alusión, que tiene el efecto de concienciar a la sociedad sobre este problema, de revelar con toda su crudeza la dimensión del problema, pero creo que a la hora de transformar esa información periodística en una
iniciativa parlamentaria lo propio sería que nos hubiera facilitado información, porque la situación de esos casi 2.200 presos es muy distinta dependiendo del lugar en el que se encuentran y no todos los consulados actúan de la misma forma. Sería
injusto generalizar, pero es verdad que hay presos que están en situaciones muy graves, y mi grupo se ha interesado en concreto por el caso de Bolivia, donde es especialmente crítica la situación en que se encuentran los presos. Por tanto,
intentado aportar algún dato objetivo y mesurable a esta iniciativa hemos encontrado el siguiente, que ya digo que es poco halagüeño: Los fondos destinados a ayudar a los españoles en el extranjero en situaciones de emergencia, sea del tipo que
sea, incluida la situación de estar preso, eran de 4 millones de euros en el año 2012 y se han reducido a 2,3 -casi a la mitad- en el año 2013. Es decir, si el presupuesto para esa ayuda de emergencia a los españoles en el extranjero se ha reducido
a la mitad, es casi hipócrita venir a plantear una preocupación sobre este tema si no la acompañamos de una dotación presupuestaria adecuada. ¿Va el Gobierno a mejorar en algo esos fondos? Nos encontramos con que en la transaccional se dice
expresamente que todo estará condicionado a la decisión del Ministerio de Hacienda, a la disponibilidad presupuestaria. Nosotros creemos que es justamente lo contrario; los presupuestos están para atender las necesidades, en este caso necesidades
humanitarias graves y de primera magnitud. No están las necesidades para adaptarse al presupuesto, sino los presupuestos para adaptarse a las necesidades. Nos parece que este es el asunto capital que debería haber formado parte de la iniciativa, y
si ante algo que todos estamos de acuerdo en considerar muy grave, muy acuciante y digno de que este Congreso le dedique su atención, todo lo que somos capaces de hacer es un listado de nuestra preocupación, me parece francamente que nos quedamos
muy cortos. Este Congreso no está para dejar constancia de los sentimientos de los diputados respecto a las situaciones reales, sino para cambiarlas y para solucionar los problemas.
Por último, el doble rasero. Un preso muy significativo en el exterior y muy destacado como el señor Carromero -respecto del cual nosotros estamos de acuerdo, y lo dijimos en su momento, en que regresara rápidamente a España- tardó algo más
de tres meses en volver, cuando la media de tiempo desde que una sentencia es firme -que es cuando el Gobierno puede actuar para propiciar ese retorno- es de año y medio. La gente puede pensar que cuando uno es militante del Partido Popular se le
repatría y se le presta esa asistencia desde el Gobierno mucho más rápidamente que si no lo es, y nos parecería realmente terrible que los ciudadanos llegaran a pensar esto. Por lo tanto, no podemos hacer nuestra la transaccional, señor Gómez de la
Serna, la hemos estudiado con cuidado y nos hubiera gustado sumarnos al consenso general, pero no la podemos hacer nuestra porque está lastrada en esa mentalidad de que es la realidad la que debe adaptarse al presupuesto del Ministerio de Hacienda y
no al revés; la apoyaremos porque tampoco podemos estar en contra de lo que en ella se propone, pero nos parece francamente pobre para abordar una situación extremadamente grave.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Aunque se ha dicho reiteradamente que hay una enmienda transaccional, quiero que lo confirme el señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Efectivamente, hay una enmienda transaccional presentada y firmada por nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Esa es la que someteremos a votación.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB), ASÍ COMO SOBRE SUS PREVISIBLES
CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ORGANIZATIVA, CURRICULAR Y ECONÓMICA SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 173/000139).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el último punto que vamos a debatir hoy del orden del día. Moción de La Izquierda Plural sobre la elaboración, implantación y evaluación del currículo básico de la educación primaria y la formación
profesional básica, así como sobre sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y económica sobre la comunidad educativa. Para defender la iniciativa tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Señorías, tal y como ya manifesté en mi intervención del día 12, el pasado 1 de marzo se publicó el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria. Asimismo, con fecha de 5 de
marzo, se publicó el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la formación profesional básica, de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, y se aprueban catorce títulos
profesionales básicos, modificando otro real decreto sobre expedición de títulos académicos establecidos en la LOE. A este respecto, el Consejo de Estado había hecho observaciones, entre ellas, incluir la valoración de los efectos del proyecto
sobre el abandono escolar en cuanto al real decreto sobre educación primaria. También este organismo puso de manifiesto que haría falta un estudio que valorara el impacto económico que la formación profesional puede tener en la realidad social e
incluso que se incorporara la perspectiva de género, ya que este tipo de estudios registran una matriculación desigual entre alumnos y alumnas. Otra observación que para ustedes, señorías del Partido Popular, no parece esencial es que hubiera sido
recomendable atender a los distintos aspectos de la formación profesional de forma conjunta.
Vuelvo de nuevo al real decreto de educación primaria. Se denuncia la falta de un cálculo específico sobre el impacto económico del proyecto. Como pueden comprobar sus señorías, observaciones nada esenciales para el ministro o para el
ministerio.
Me remito ahora al Consejo Escolar del Estado. En cuanto al currículo de formación profesional básica plantean, entre otras razones, que la puesta en marcha de unas enseñanzas que se configuran como un callejón sin salida es una estafa para
el alumnado y sus familias. Además, señalan que el texto tiene una redacción caótica, incoherente, lagunas legislativas y contradicciones en su articulado, ese limbo del cual yo hablaba el pasado día 12 y que el ministro desde este atril reconoció
que las prisas le habían llevado a cometer pequeños errores que intentarían subsanar de alguna manera porque el limbo, señorías, existía. Reconocía el ministro, como ya he manifestado, que hay mucha prisa por implantar la Lomce y que eso nos lleva
a la responsabilidad -eso no lo reconoce el ministro, eso lo dice esta diputada- de proponer un calendario inaceptable.
En cuanto al real decreto y el currículo, es verdad que en la Conferencia Sectorial de Educación el ministro se vio obligado a aceptar que debía desgajar el mismo en tres reales decretos, separando primaria, secundaria obligatoria y
bachillerato, pero no es menos verdad, señorías, que el ministerio había obviado el preceptivo trámite por el cual el Consejo Escolar del Estado debería recibir el encargo de dictaminar los nuevos reales decretos por separado. Por ello, al no
haberlo hecho así, cabe el riesgo de que los mismos acaben anulados en los tribunales por no contar con el informe preceptivo individual que deberían tener. Chapuza tras chapuza.
Señorías, la Lomce ha cosechado ya múltiples recursos de inconstitucionalidad y no parece de recibo que se dispendie dinero público en la implantación de una norma que puede ser declarada inconstitucional. Por ello, en nuestra moción
instamos al Gobierno a retirar los reales decretos y a suspender el calendario de implantación de la Lomce. El ministro ha tenido que volver a hacer otra cesión -ahora mismo, hace muy poco-, y es que sectores universitarios le están diciendo que
tienen que atrasar para formación profesional la reforma de acceso a los campus. Señorías, otra chapuza. De nuevo, el ministro tiene que ceder y retroceder.
Tengo muchas dudas, muchísimas, y mi grupo también, sobre si al final la cordura se implantará en el Grupo Popular e instarán al ministerio a recoger este guante y a no destinar dinero público a aplicar una norma que no para de ser
contestada, como les acabo de decir ahora mismo, por todos los sectores de la comunidad educativa. Más aun, señorías, con la necesidad que hay de recursos para invertir en programas sociales, incluso dentro del ámbito educativo, no parece de recibo
que ustedes intenten -o lo hagan- invertir dinero en algo que puede ser derogado mañana mismo por el Tribunal Constitucional, por supuesto. Sin embargo, mucho nos tememos, como decía, que eso no sea posible.
Les hemos planteado -a ver si esta vez tenemos suerte- una serie de propuestas en esta moción cuyo objetivo es única y exclusivamente mejorar la educación pública en nuestro país. En primer lugar, abrir un proceso de debate. No le tengan,
señorías del Grupo Popular, tanto miedo a este tipo de procesos, y díganselo también al señor ministro. No tengan miedo a abrir debates con la comunidad educativa. De verdad, dejen que las comunidades autónomas y los centros educativos ejerzan su
autonomía en el desarrollo curricular, cosa que dijeron pero que luego no cumplen. Garanticen la formación integral del alumnado en las etapas obligatorias, incluyendo aquellas asignaturas que fomentan la creatividad y el espíritu crítico de
nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes. Apoyar la diversidad, señorías, no se puede quedar en una mera declaración de intenciones, ha de ser una realidad; para ello, es absolutamente necesario recuperar la inversión como forma de garantizar el
éxito escolar de todo el alumnado.
Señorías, una vez más desde esta tribuna lo volvemos a repetir, las creencias religiosas son del ámbito privado y como tal han de practicarse. En un Estado aconfesional, según se recoge en la Constitución, no deben aparecer en el currículo
escolar y, mucho menos, ser evaluables.
Ustedes, el propio ministerio, el pasado día 12 alababan -y alaban- la labor del profesorado, pero luego se vuelven contra él al no reconocer como válidas las evaluaciones que van haciendo a lo largo del proceso educativo, introduciendo
evaluaciones externas -reválidas puras y duras, señorías- que llevan a los docentes y al alumnado a un modelo de enseñanza y aprendizaje centrado únicamente en la superación del examen.
Finalmente, les repetimos que la segregación prematura atenta contra la igualdad de oportunidades y no resuelve el problema del fracaso escolar. Lo que debemos garantizar es una formación básica común hasta los dieciséis años, en vez de
ofertar mano de obra barata a los empresarios.
Agradezco a los grupos enmendantes, tanto a Convergència i Unió como a Compromís, las enmiendas que han presentado. No aceptamos la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán. En cuanto a la enmienda de Compromís, nos habría gustado una
redacción para nosotros más correcta; primero, hablar del País Valencià y, segundo, del modelo de catalán que se habla en Valencia, pero vamos a aceptar en cualquier caso la enmienda que nos presentan. Y por supuesto incorporamos al texto nuestra
propia enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Para la defensa de estas enmiendas a las que se refería la oradora, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradezco al Grupo de La Izquierda Plural la acogida que ha tenido nuestra enmienda. La imposición unilateral por el Gobierno de los currículos básicos de primaria y formación profesional básica se ha realizado al estilo
Wert, sin escuchar a nadie, porque lo digo yo y punto; ni al Consejo de Estado, ni a los sindicatos ni a las comunidades autónomas. ¿Que estoy desarrollando una ley recurrida al Constitucional? Total, cuando llegue la sentencia quién sabe dónde
estaré. El ministro de Educación es la encarnación de la mala educación, no escucha a los afectados e impone sin diálogo alguno. Su último gran éxito, después de su ausencia en los Goya mintiendo, ha sido hacer público que el Gobierno compensará a
los padres por los costes generados porque sus hijos no puedan cursar los estudios en castellano.
Les quiero contar un caso. El Gobierno valenciano ha decidido cambiar a mitad de curso una de las tres líneas en valenciano del Colegio Pare Català porque lo han pedido dos padres, dos padres de setenta y uno. El 94% de los padres del
Colegio Pare Català piden que la enseñanza siga siendo como hasta ahora, en valenciano, y el Gobierno del Partido Popular se lo ha denegado a mitad de curso escolar. ¿Indemnizará el Gobierno a todos esos padres que no podrán escolarizar a sus hijos
en valenciano? ¿Indemnizará el Gobierno a los 96.000 alumnos, como denuncia Escola Valenciana, que no pueden estudiar en valenciano porque faltan plazas? Por eso hemos presentado nuestra enmienda. ¿No es acaso discriminatorio indemnizar al que no
puede estudiar en castellano y no hacerlo al que no puede estudiar en valenciano? Este es el problema real y mayoritario, y no los fantasmas que ven algunos de ustedes o los problemas que se inventan para ganar votos. Las familias del Colegio Pare
Català tienen derecho constitucional a que sus hijos sigan estudiando en la lengua oficial del País Valencià. El proyecto educativo del Partido Popular vulnera sus derechos y, lo que es más grave, daña la convivencia y el respeto que ha de
prevalecer sobre los distintos modos de entender la vida y las distintas lenguas que utilicemos para comunicarnos. Imponer un modelo educativo en contra de la gente no es bueno para el país ni para sus ciudadanos ni para el futuro de nuestros hijos
e hijas. Por eso anunciamos nuestro voto entusiasta y favorable a la moción presentada por La Izquierda Plural.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, igual que ha ocurrido con la tramitación de la Lomce, la de los currículos de educación primaria y formación profesional básica ha dejado un margen prácticamente nulo para la participación del profesorado e incluso de las propias
comunidades autónomas, que tuvieron que plantarse ante las pretensiones del ministro en la Conferencia Sectorial de Educación de finales de enero de aprobar en un solo real decreto los currículos de primaria, ESO y bachillerato. La prisa, la
precipitación que ha impuesto el ministerio, es la seña de identidad de la Lomce y de todo lo que de ella se deriva.De nuevo se les hurta al profesorado y a los órganos de participación educativa la posibilidad de análisis, de contraste, de debate,
de participación en un tema de tanta trascendencia como es el de los currículos y todo en aras de un calendario que implanta la ley a partir del próximo curso y que es imposible de cumplir.
Los reales decretos de currículos amplifican todavía más algo que parecía imposible, los postulados y la ideología retrógrada de la Lomce: mercantilismo, elitismo, sexismo, fortalecimiento del atronamiento religioso. No se incorporan
contenidos ni objetivos que procuren una educación integral. Persiguen la adquisición de un saber enciclopédico y memorístico con un exceso de contenidos imposibles de asimilar y abarcar. Se relegan e infravaloran los objetivos procedimentales y
actitudinales, que deberían tener un espacio relevante en una educación democrática. Se desprecian los valores de la solidaridad, de la justicia y de la igualdad social. Igual que la ley, los currículos afianzan la función clasista y selectiva de
la educación mediante unos programas inalcanzables para muchos alumnos y sin posibilidad de adaptación y flexibilidad. Muy al contrario, sí son eficientes para una educación segregadora, ya que el alumnado será sometido a evaluaciones o reválidas
finales sin considerar la evaluación continua de su profesorado. Llegan al disparate del mercantilismo y el neoliberalismo introduciendo la educación financiera y empresarial en primaria y la materia de iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial más tarde, en la ESO. Por último y no por ello menos importante, en estos currículos Galicia no existe ni tiene historia, se ignora su medio natural y físico, su economía, su geografía, su pensamiento, su arte, su patrimonio. En estos
currículos Galicia ni siquiera aparece como nacionalidad histórica, todo lo que nos rodea y nos es propio se oculta, se tergiversa y se desprecia en estos programas, reforzando así la asimilación y la ignorancia. Por todo esto, votamos en su
momento en contra de la ley, pedimos su retirada y nos comprometimos a su derogación. También por todo esto, rechazamos unos currículos obsesionados en centralizar y uniformizar. Por todo esto también, apoyaremos la moción presentada por La
Izquierda Plural, incluida su autoenmienda.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.
Para presentar su enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, muchas gracias.
En la moción de La Izquierda Plural, presentada por la señora García Álvarez, sabe su señoría que estamos de acuerdo en muchos puntos, en otros no tanto. Retirar los reales decretos del currículum de educación primaria, retirar el
real-decreto que regula los aspectos de la formación profesional básica, suspender el calendario de la Lomce, hablar de flexibilidad para las comunidades autónomas, de recuperar autonomía para los centros y para las comunidades autónomas, de debate,
de consenso, de amplio debate con la comunidad educativa... ¡Solo faltaría eso! Nos une defender la formación integral, que está atacada directamente por esta ley educativa. Fíjese que hasta el Partido Popular ha renunciado al carácter
propedéutico que querían darle a 4º de ESO y ha propuesto una formación profesional básica segregadora que acepta hasta treinta alumnos por ratio en cada clase y que nos devuelve a la formación profesional primera, de grado I, antes de la Logse, nos
devuelve a antes de la Logse y elimina unos programas de éxito que estaban mejorando cada vez más, como son los PCPI. Evaluaciones externas y religión nos diferencian. ¡Solo faltaría! Su proyecto educativo y el nuestro no es el mismo, pero nos une
el interés por mejorar la educación, algo que el Partido Popular no ha sabido aprovechar, no ha sabido encontrar ese punto de consenso.
En nuestra enmienda hemos añadido aspectos propiamente catalanes, como el ataque a la distribución competencial, ese compartir que ha eliminado el ministro Wert por ese repartir e imponer que ha impuesto; o también volver a la LOE que es lo
que nos permitía, con la Llei d'Educació de Catalunya, mantener el modelo de inmersión lingüística y el modelo educativo de l'escola catalana. No voy a hablar de improvisación en el desarrollo o de falta de consenso ni de falta de recursos
suficientes para llevarlo a cabo, lo hemos dicho mil veces. Voy a intentar ser un poco más pedagógico y voy a buscar en el real decreto que establece el currículum básico de la educación primaria el porqué de esta reforma, y encontramos una
novedad: estándares de aprendizaje. Esa es una gran novedad, aquello que todos los profesores ya conocen a la hora de hacer sus programaciones, que es coger el criterio de evaluación y dividirlo hasta la concreción. Esa es la gran novedad del
ministro: estándares de aprendizaje que todos los profesores y maestros ya estaban haciendo en sus programaciones.
Otra novedad para mejorar la calidad educativa: eliminamos los ciclos de educación primaria y hacemos seis cursos. Ya no digo ni describo las tensiones que eso va a provocar en los centros, solo apelo a aquellos padres o madres que tengan
hijos o hayan tenido hijos e hijas de seis y siete años. ¿Cómo podemos evaluar a cada niño, a esos alumnos cuando en un mismo curso puede haber alumnos con once meses de diferencia? ¿Por qué el ciclo no es bueno para la educación? Que el ministro
o su secretaria, doña Montserrat Gomendio, nos lo expliquen porque cambiar de ciclos a cursos no mejora en nada la educación, provoca tensiones y hace que el estado de madurez o el desarrollo cognitivo de cada alumno sean evaluados cada curso sin
tener en cuenta una evaluación más natural, que era lo que los ciclos daban.
Titulares, novedades: vamos a hacer un modelo educativo por competencias. Europa 2020 marca ocho, la LOE en 2006 marcaba ocho, el Partido Popular marca siete, dos las junta pero son las mismas. Educar en competencias ya se estaba
haciendo; la ley, la LOE lo permitía y lo marcaba, no era tan fácil la adaptación. El ministro lo ha cogido como una gran novedad y no es una novedad, ya se estaba haciendo. Incluso se ha exigido que comunidades autónomas que ya estaban
trabajando a ese nivel de desarrollo pedagógico y metodológico se las tenga en cuenta. Pero, fíjense, evaluaciones, ¡si evaluaciones ya se estaban haciendo desde hace años! Censales pero de diagnóstico, para la mejora de la educación de los alumnos
de los centros del sistema educativo; no es ninguna novedad. Esta ley no trae ninguna novedad, solo busca la invasión competencial y castigar todo aquello que es diferente a lo que el señor ministro, el señor Rajoy o la mayoría del Partido Popular
cree. Si algún portavoz del Partido Popular, ministro, o la secretaria de Estado, la señora Gomendio, puede indicarnos dos estándares de aprendizaje que aporten algo nuevo a la educación primaria, que nos lo digan, seguro que se lo aplaudimos,
porque no existen, no existen de ninguna manera.
Si estamos en contra de estos reales decretos, ¿cómo no vamos a estar en contra del proyecto de real decreto que desarrolla la disposición que ataca directamente el modelo lingüístico de Cataluña? Hoy el Gobierno de Cataluña ha anunciado
una decisión: no participará mañana en la Conferencia Sectorial de Educación, un órgano para el encuentro y deliberación para la coordinación. Nada de eso, basta de falso diálogo, basta de demagogia, señorías. (Pronuncia palabras en catalán). El
Partido Popular y el ministro han estado y están continuamente atacando a Cataluña,...
El señor PRESIDENTE: Tiene usted que ir terminando.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Voy terminando, señor presidente. Muchas gracias.
...al modelo educativo de gran consenso y a la lengua catalana, pilar básico de nuestra identidad. Por eso, como demócratas y también para defendernos de esos ataques del Partido Popular, a Catalunya volem votar, en Cataluña queremos votar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, como era previsible, vuelve a esta Cámara la Lomce, esta vez en forma de moción presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, y en esta ocasión referida a los reales
decretos estatales de desarrollo relativos al currículo básico de la educación primaria y a aspectos específicos de la formación profesional básica, de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. Era previsible su retorno porque
la experiencia nos dice que lo que mal empieza es altamente improbable que acabe bien, y este es el caso.
Sin entrar inicialmente en el análisis del contenido de los decretos -ya lo han hecho otros compañeros- ni en las profundas discrepancias que mantenemos con su contenido -el ministro y su ministerio las conocen bien, pues le han sido
trasladadas por la Consejería de Educación del Gobierno vasco-, he de decirles que el proceso de gestación y tramitación de los mismos no es más que la continuación de un mal sueño y es que, como dice el dicho popular, las prisas no son buenas
consejeras y este es un estupendo ejemplo práctico. (Rumores). La celeridad con la que el Ministerio de Educación se está viendo obligado a dictar la normativa reglamentaria de desarrollo de la ley obviamente está impidiendo desplegar un trabajo
riguroso y serio y, por supuesto, la necesaria coordinación con las comunidades autónomas competentes. Muy al contrario, la ausencia de la más mínima planificación impide definir la necesaria secuencia de actuaciones...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al orador.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: ...que permita poner en marcha la reforma educativa con las debidas garantías. Porque, señorías, una ley hay que cumplirla en su integridad -sí, señorías, en su integridad-, y a la vista está que al ministerio
solo le preocupan los plazos y las estadísticas. Así, la imprevisión, la improvisación y un monumental desorden se han hecho dueños del Ministerio de Educación. Nada importan las notabilísimas salvedades que el Consejo de Estado ha realizado en su
dictamen. No deja de resultar sinceramente grotesco que el Gobierno manifieste que no se trata de observaciones esenciales. Total, ¿qué importancia tiene obviar su recomendación de incluir una valoración de los efectos del proyecto sobre el
abandono escolar o la incorporación de la perspectiva de género como instrumento de gestión o que les afee la ausencia de un estudio de impacto económico de la educación primaria y de la FP más allá del cálculo estimado de implementación del
proyecto y las dudas sobre la financiación del mismo? ¿O que califique de parcial y de precipitado el desarrollo de este último real decreto, estimando que hubiera sido recomendable atender a los distintos aspectos de la FP en el sistema educativo
de forma más conjunta y no solo a los de la FP básica? Parece que, a su juicio, ninguna.
¿Qué necesidad de tener una visión integral e integrada, de definir unos objetivos concretos, una meta orientada a un modelo económico de futuro? Está claro que, a su juicio, ninguna, habida cuenta, obviamente, de que carecen de modelo
económico para el Estado, y no se disgusten porque es mejor que optar por el modelo Eurovegas. ¿Qué necesidad, verdad? Total, se trata únicamente de una operación de maquillaje y trapos, de conseguir el milagro español de rebajar el abandono
escolar de golpe. ¿Y cómo? Pues reteniendo en el sistema a aquellos y a aquellas que hasta ahora quedaban fuera del mismo, con el único objetivo de bajar cifras y mejorar estadísticas de cara a la galería europea. A la vista está que ese es su
único objetivo. ¿Y qué más da? Resulta insignificante que la mayor parte de los integrantes del Consejo Escolar del Estado, sobre los que entiendo que no existe la más mínima sospecha de connivencia con los nacionalistas, hayan manifestado su
oposición a los reales decretos porque reducen de facto el ya escaso margen de autonomía que el anuncio otorga a las comunidades autónomas y a los centros educativos en materias tan importantes como el desarrollo de contenidos curriculares, horario
lectivo mínimo, criterios de evaluación en relación con los contenidos de las asignaturas específicas y, por
ejemplo, estándares de aprendizaje. ¿Y qué decir del espacio temporal necesario para los desarrollos de los reales decretos por parte de las comunidades autónomas en materia de sus competencias, de la formación del personal docente, de la
elaboración de los materiales curriculares escolares, de los recursos, instalaciones, centros y maquinaria? Total, bobadas. Como verán, señorías, a juicio del ministerio nimiedades, porque en el fondo, y ya lo ha dicho el señor Barberá y la
diputada del BNG, todo esto responde a una estrategia, y es dar cumplimiento a la voluntad recentralizadora y homogenizadora que subyace en la ley aprobada a base de trágala y mayoría absoluta, con la oposición de la práctica totalidad de esta
Cámara, de las comunidades autónomas, del sector educativo y de la sociedad civil.
Por último, y para concluir, otra insignificancia. ¿Qué relevancia le va a otorgar el ministerio a que sean presentados ante el Tribunal Constitucional no uno ni dos ni tres ni cuatro, sino -si yo no he contado mal- siete recursos de
inconstitucionalidad contra la Lomce? Pues ninguna; ya saben, cosa de díscolos. Pero, señorías, las cosas no son ni deben ser así, lo que está ocurriendo es extraordinariamente grave. Si la ley es una enorme chapuza, la senda que está siguiendo
su desarrollo reglamentario es un auténtico desastre. Así que, por convicción política y pedagógica, porque es imposible salvar los problemas técnicos y temporales que la precipitación y la improvisación con la que trabaja el ministerio plantean y
porque en un Estado de derecho la ley está para cumplirse en su integridad y no solo en sus plazos, nuestro voto a esta iniciativa será rotundamente sí.
Si me permite el señor presidente, quiero felicitar brevemente al BCAM, que es un centro que está en Bilbao, que forma parte de los grupos de investigación por la excelencia y que ha obtenido -ha sido anunciado por el propio Ministerio de
Economía- el Premio Severo Ochoa en la especialidad de matemáticas; matemáticas precisamente dirigidas al tejido empresarial vasco, porque realizan modelos y simulaciones para la industria.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Por tanto, es un exponente de la excelencia del modelo educativo vasco, que queda absolutamente cercenado por esta ley y su desarrollo normativo.
Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no puede apoyar esta moción por una razón muy sencilla que paso a explicar. La llamada Ley Wert, la Lomce, es una ley fallida y da la casualidad de que esta moción que nos trae La Izquierda Plural profundiza en algunos de los
fallos de esa ley, como voy a explicar inmediatamente, y además contiene algunas cuestiones que francamente no compartimos y nos parece que no se deberían mantener en una proposición que trate sobre educación. Esta es precisamente la primera
cuestión que querría subrayar: el uso constante, permanente y diría que ya vicioso que se está haciendo del debate sobre la Lomce no para profundizar en los problemas de la educación y en su mejora, sino para utilizarlos como un campo de oposición
donde parece que todo vale y se pueden sostener posiciones completamente contradictorias. Aquí ocurre en algunas cosas. Por ejemplo, en esta moción se nos pide apoyar el incremento de la autonomía educativa de las comunidades autónomas y del
profesorado en la configuración del currículum. Se puede valorar si el margen de autonomía que deja la Lomce a las comunidades autónomas para decidir parte del currículum es mucho o es poco. A mí me parece que es mucho por una razón que hasta
ahora todavía no he conseguido que nadie me explique: ¿por qué se considera que las materias de contenido curricular cambian cuando cambia la comunidad autónoma? Pese a las vueltas que le demos, las matemáticas son iguales en todo el mundo,
incluso en Bilbao. Esto no cambia, esto no se modifica per se. Dar más autonomía curricular a una comunidad autónoma no solamente no garantiza de ninguna manera una mejora de la calidad de la educación -que supongo que es el objetivo-, sino que,
por el contrario, produce una mayor dispersión de contenidos. Es más, añadiré otra cuestión que se suele rehuir del debate. La autonomía de los centros educativos, que no del profesorado -e inmediatamente entro en esta cuestión-, justamente
disminuye en la medida en que las administraciones van teniendo más intervención y más competencias. Como decía, uno de los problemas que tiene la Ley Wert es su excesivo intervencionismo y lo que hace esta moción es tratar de profundizarlo. Por
tanto, eso no lo podemos apoyar.
Pero, además, hacen luego unas afirmaciones en algunos de los puntos verdaderamente sorprendentes, que no asombrosas, que es otra cosa. Ya no me asombra nada. Al fin y al cabo el otro día en la Comisión de Educación tuve la suerte de oír
que la transmisión de conocimientos es algo arcaico, lo cual explica muchos debates de esta Cámara en la que desde luego los conocimientos no son lo que se valora como más importante o relevante. En el punto cuarto se dice nada menos que hay que
apostar por un modelo curricular que favorezca una comprensión global de la realidad sin predeterminar competencias y estándares de aprendizaje evaluables. Si un sistema educativo no evalúa conocimientos y competencias, lo que tenemos es un sistema
educativo arbitrario donde, en nombre de una indeterminada y completamente arbitraria comprensión global de la realidad -que vaya usted a saber lo que es-, a la gente se la califica y se la deja pasar de curso o no. Esto desde luego es un
desiderátum que de ninguna manera tiene un pase en educación. Quizá lo tendrá en política o le servirá a ustedes -me refiero al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural- para hacer oposición y marcar su posición como máximos vigilantes de la
educación pública -aunque no creo ni una cosa ni la otra-, pero desde el punto de vista de la educación mantener esto es una tomadura de pelo. No se puede pretender que un sistema educativo no tenga competencias y estándares de evaluación, salvo
que lo que se pretenda sea suprimir la evaluación. Y esta es la cosa, porque efectivamente el punto siete dice que hay que eliminar las evaluaciones externas que solo contribuyen a la estandarización del currículum. ¡Pues claro! Es que un sistema
de educación -y más si es universal y público- tiene que tener estándares de evaluación. Si no, no es un sistema, es el reinado de la arbitrariedad, es el reinado de yo digo lo que me da la gana y si alguien dice que dos más dos son cinco me parece
que está muy bien, le dejo pasar de curso y le evalúo como me da la gana. Y esto no es sostenible.
La Ley Wert, la Lomce -para hablar con propiedad- está llena de defectos y está teniendo una tramitación llena de obstáculos por su mal diseño legislativo; si encima apoyáramos este tipo de cosas, esto ya sería la catástrofe completa.
Quizás eso es lo que algunos buscan para poder reconstruir desde la nada, como quieren hacer con la economía o con el empleo, el sistema a partir de sus propias arbitrariedades cognitivas y sus propias ideas sobre lo que es la educación, que desde
luego tiene muy poco que ver con la experiencia de lo que efectivamente es.
Nos vamos a abstener porque queda claro para nosotros que la Lomce es una ley que no se tendría que haber presentado ni aprobado tal como se aprobó, pero desde luego no vamos a apoyar cosas tan absurdas como el hecho de decir que no tiene
que haber criterios objetivos ni estándares de evaluación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señor presidente.
La moción que presenta hoy La Izquierda Plural y que ya adelanto que votaremos favorablemente en todos sus puntos, incluida su autoenmienda, es un intento más de paralizar esta ley, la ley que nos ha impuesto el Partido Popular en contra de
toda la comunidad educativa. El Gobierno ha impuesto esta ley y tiene prisa en su implantación, y más que por mejorar la educación por el deseo de ver una norma educativa del PP puesta en marcha, porque nunca lo ha conseguido, y porque sabe que el
compromiso de la sociedad es derogarla en el mismo momento en que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta, y para eso le queda poco.
Para comenzar la implantación ha desarrollado unos reales decretos de forma precipitada, con una calidad que deja mucho que desear. No repetiré muchos de los argumentos que aquí se han plasmado pero sí diré que de la lectura del real
decreto de primaria se desprende cuando menos la ligereza con la que se ha desarrollado. Esa ligereza les ha llevado a escribir perlas como que sean los alumnos los que fomenten la educación vial. ¿Pero son los niños chiquitos los que tienen que
hacer eso? En su carácter mercantilista dicen afianzar el espíritu emprendedor y empresarial también de los niños de seis añitos. ¿Afianzarlo ya? ¿Y cuándo los quieren, en la cuna o cuándo? Por otra parte, las materias artísticas no son
obligatorias a pesar de que la ley establece como objetivo utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas. El señor Wert debe creer en la ciencia infusa porque si no, no se entiende.
En cuanto a la FP básica, diré algo más de lo que ya se ha dicho, y ha sido bastante. Todos los responsables de la implantación de la FP básica piden a gritos su aplazamiento. Una vez más van en la dirección contraria en la autopista.
Cada vez que plantean iniciar algo de la Lomce viene un aluvión de reclamaciones. Eso significa que el Gobierno lo está haciendo muy mal en esta cuestión. Ayer fue la
Conferencia de política universitaria la que obligó al ministro a paralizar la prueba para el acceso a la universidad a los alumnos de formación profesional. En este caso, el ministro cedió, y espero que ceda en más cosas. En general,
cuando se acomete una reforma se hace para mejorar la situación que existe, pero con la implantación de la formación profesional básica no se persigue que la formación de la ciudadanía aumente. No, no se persigue eso, se persigue que menos alumnos
obtengan el título de la ESO, todo lo contrario de lo que se debería perseguir, pero sí persigue esconder a los alumnos que más apoyo necesitan en una bolsa a la que han llamado FP básica. Estamos hablando de una de las etapas más complicadas de
implantar, una etapa que no ha merecido ni siquiera estar dentro de la ordenación general de la FP, como muy bien le dijo el Consejo de Estado al Gobierno. El ministerio no ha medido razonablemente lo que significa implantar esta parte de la
enseñanza y las comunidades autónomas piden desesperadamente aplazar la implantación, no por capricho, sino por la esquizofrenia en la que las ha metido el Gobierno. A simple vista, a quien no ha trabajado nunca en planificación de enseñanza, como
parece que es el caso, le podría parecer bien que donde hay PCPI actualmente se ponga FP básica. Pero esto es mucho más complicado. Ahora a las comunidades les queda mucho trabajo. Tienen que desarrollar -lo están haciendo- y publicar el decreto
que desarrolla el recientemente publicado real decreto, incluidos catorce títulos que el ministerio solito ha decidido que se implanten, porque el ministerio no consulta con nadie. En este desarrollo habrá que aclarar muchas incertidumbres que el
real decreto no despeja, como, por ejemplo, las prioridades para adjudicar plazas; no va a haber plazas suficientes y hay que priorizar a los de quince o a los de dieciséis y diecisiete, ¿o los dejamos sin hacer nada? Los perfiles de la FP básica
no coinciden con los de los PCPI, no es posible; hay que cambiar equipamientos -ya se ha dicho-, hay que cambiar profesorado, los centros tienen que ofertar ahora dos cursos en vez de uno, y no hay tiempo material para ampliar esos espacios. Las
comunidades autónomas se verán obligadas a reducir la oferta de primero porque no podrán aumentar el profesorado. Finalmente, la lógica indica que cuando se inicia una reforma el alumnado pueda terminar todo el itinerario que plantea. Pues bien,
el alumnado que tenga el título de la FP básica en 2016 no podrá acceder a la evaluación para obtener el título de la ESO, a pesar de que la ley le garantiza ese derecho. Y esto ocurre porque han empezado la casa por el tejado.
Termino ya, señor presidente. Cuadrar en tan poco tiempo este sudoku se hace casi imposible. La educación de un país, señores del PP, merece mucha más seriedad de la que el Gobierno le está concediendo. Ustedes tendrán ahora muy difícil
defender la implantación después de todas las intervenciones que han estado escuchando.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en esta moción de La Izquierda Plural. España tiene actualmente una tasa de abandono educativo temprano del 24,9%. Uno de cada cuatro alumnos se queda fuera del sistema, con una
formación insuficiente de cara a un mercado laboral cada vez más exigente. Tenemos un 65% de nuestros jóvenes entre veinticinco y treinta y cuatro años sin titular en secundaria, una baja graduación en formación profesional, apenas un 40%, y un 57%
de paro juvenil, donde la mitad carecen de titulación. Estos son los datos, señorías, esta es la realidad.
No podemos perder tiempo. No es equitativo que una cuarta parte de nuestros estudiantes se queden sin un itinerario a seguir. No es esa la versión que tenemos de la equidad, no es ese el modelo de educación pública, de escuela pública que
queremos defender. Señorías, son esos jóvenes los que exigen respuesta a su situación y quienes también piden respuesta a quienes frustraron sus ilusiones, sus esperanzas y sus expectativas profesionales al recibir una formación que les negó la
titulación. Eso es lo que ha hecho este Gobierno, dar respuesta. Además, los distintos informes internacionales han puesto al descubierto las debilidades de nuestro sistema educativo.
Señorías, los reales decretos que regulan la educación primaria y la formación profesional básica fueron elaborados siguiendo los trámites preceptivos, consulta a las comunidades autónomas, a través de las conferencias sectoriales, dictamen
del Consejo Escolar del Estado, y se fueron exponiendo ante todos los órganos consultivos competentes y de representación técnica. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Por favor, ruego silencio.
El señor CABRERA GARCÍA: En cuanto al Consejo de Estado, cabe recordar que son vinculantes las opciones que se recogen en el texto legal, y ni en el dictamen de la Lomce ni en los dos reales decretos existe ninguna observación esencial.
Respecto a la ausencia de impacto socioeconómico, se incluyó un apartado específico en la memoria de la Lomce con impacto positivo. Además, se revisó la redacción de los currículos de las distintas asignaturas tal y como propuso el Consejo de
Estado; este tampoco ha tocado el capítulo de la Lomce que hace mención a la diversidad, ya que se considera favorable. Sobre por qué el Real Decreto 127/2014 regula la formación profesional básica y no la formación profesional general, no es una
cuestión de tiempo, señoría; se trata de nuevos ciclos; suponen una novedad dentro del nuevo sistema de la formación profesional y necesitan una regulación específica. Con la formación profesional básica se abre una nueva puerta al alumno, se
obtiene un título que le permite continuar hacia el grado medio o el bachillerato superada la evaluación final de la ESO, que además le otorgaría un título. La Lomce, señorías, no recentraliza, deja un mayor margen de autonomía a las comunidades
autónomas. Así el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo de educación primaria, les atribuye la distribución de las materias por curso y la fijación de los horarios. Eso sí, establece un horario mínimo para las asignaturas
troncales que deben ser al menos el 50% del horario ordinario. Al mismo tiempo, las comunidades autónomas dispondrán de mayor libertad para el desarrollo de los contenidos curriculares, los estándares de aprendizajes evaluables y de los criterios
tanto respecto a las materias específicas como para las de libre configuración.
En lo referente a la comprensión global de la realidad, la Lomce adapta nuestro sistema educativo al modelo europeo de aprendizaje por competencias a las orientaciones pedagógicas del siglo XXI. El alumno quiere y adquiere conocimientos y
competencias, pero sobre todo las competencias para usarlas, para entender la realidad. En cuanto a las evaluaciones internas los países de la OCDE que las aplican mejoran el rendimiento entre un 20 y un 40%, y ayudarán a conseguir la igualdad de
oportunidades al señalar los problemas que puedan surgir para resolverlos a tiempo y evitar mermar las oportunidades de nuestros alumnos. Señorías, la formación profesional básica es un cambio cualitativo, que incorpora la Lomce, totalmente
diferente a los programas de cualificación profesional inicial. No es finalista, está absolutamente evaluada y prevé que la titulación pase de un 1,9% en los PCPI a un 12,5 en esta nueva etapa. La mayor parte de los alumnos de esta etapa la podrán
iniciar entre los quince y diecisiete años; se graduarán en la misma siguiendo además automáticamente el itinerario de la formación profesional de grado medio con una formación dual que les facilitará la inserción laboral y, finalmente, en cuanto a
la financiación, ya se explicó en la Conferencia Sectorial de Educación. Está referida a una parte de la ley que de acuerdo con estos dos reales decretos y el calendario de implantación previsto entrará en vigor en el curso 2014-2015. El
Ministerio de Educación asumirá los gastos directamente relacionados con la implantación, y además una parte del coste será financiado con cargo al Fondo social europeo.
Señorías, para el Grupo Popular la Lomce es una apuesta por la calidad educativa. Por ello, nuestra posición será desfavorable a esta moción.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cabrera.
Señora García Álvarez, ¿qué enmiendas acepta? (Rumores).
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Disculpe, presidente, no se le oye bien.
Admito la enmienda de Compromís y por supuesto la nuestra propia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En unos minutos vamos a votar. (Pausa).
MINUTO DE SILENCIO.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la semana pasada en la costa asturiana, frente al cabo de Peñas, se produjo el hundimiento del pesquero Santa Ana, hundimiento que se ha cobrado ya la vida de seis marineros. En su recuerdo, unidos en el
dolor a todos sus familiares, allegados y amigos, ruego guardemos un minuto de silencio. (La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio).
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, RELATIVA A LA REGULACIÓN DE UN CONTRATO DE TRABAJO ÚNICO INDEFINIDO. (Número de expediente 122/000138).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de Unión Progreso y Democracia, relativa a la regulación de un contrato de trabajo único indefinido. Ha habido 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309, más 3 votos telemáticos, 312; a favor, 5; en contra, 302, más 3 votos telemáticos, 305; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL GOBIERNO. (Número de expediente 122/000147).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Vasco, PNV, de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Ha habido también 3 votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307, más 3 votos telemáticos, 310; a favor, 138, más 2 votos telemáticos, 140; en contra, 169, más 1 voto telemático, 170.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. ERREKONDO), SOBRE EL FUTURO DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. (Número de expediente 162/000895).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Errekondo, sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña. Se vota en los términos de un texto transaccionado con La Izquierda Plural y el
Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 120; en contra, 176; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MEJORAR LAS POLÍTICAS DE ASISTENCIA A PRESOS ESPAÑOLES EN TERCEROS PAÍSES Y AGILIZAR SU TRASLADO A PRISIONES ESPAÑOLAS. (Número de expediente 162/000841).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, por la que se insta al Gobierno a mejorar las políticas de asistencia a presos españoles en terceros países y agilizar su traslado a prisiones españolas. Hay una enmienda
transaccional a todas las enmiendas que conocen sus señorías.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 309; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB), ASÍ COMO SOBRE SUS PREVISIBLES
CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ORGANIZATIVA, CURRICULAR Y ECONÓMICA SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 173/000139).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de La Izquierda Plural, sobre la elaboración, implantación y evaluación del currículo básico de la educación primaria y la formación profesional básica, así como sus previsibles consecuencias de índole
organizativa, curricular y económica sobre la comunidad educativa. Se incorpora la enmienda presentada por el propio grupo y la del señor Baldoví.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 121; en contra, 171; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.