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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 186, de 12/03/2014
cve: DSCD-10-PL-186
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 186
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 174
celebrada el miércoles,
12 de marzo de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página6)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la elaboración, implantación y evaluación del currículo básico de la educación primaria y la formación profesional básica (FPB), así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica sobre la comunidad educativa. (Número de expediente 172/000201) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de impulsar una política fiscal, financiera y presupuestaria de apoyo a la cultura, en sus diferentes lenguas y a las actividades culturales. (Número de expediente
172/000203) ... (Página38)
- Del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro del Interior, sobre la actuación del Gobierno en relación con la trágica muerte de quince personas cuando intentaban entrar a territorio español en Ceuta el pasado 6 de febrero. (Número de
expediente 172/000204) ... (Página44)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Pérez Fernández), sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante la Unión Europea una
consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique flotante en dicha localidad. (Número de expediente 173/000135) ... (Página52)
- Del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Industria, Energía y Turismo, sobre la política del Gobierno en relación con el precio de la electricidad. (Número de expediente 173/000136) ... (Página61)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona. (Número de expediente 173/000137) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve la mañana.
Preguntas ... (Página6)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Piensa el Gobierno empeñarse en facilitar la reapertura de la central nuclear de Garoña a pesar del rechazo
frontal de la sociedad, las instituciones y los partidos políticos a tal medida? (Número de expediente 180/000845) ... (Página6)
De la diputada doña Rosa María Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuál es el resultado de la evaluación del Gobierno sobre los efectos de las políticas de
'regeneración democrática', especialmente en materia de lucha contra la corrupción? (Número de expediente 180/000844) ... (Página8)
Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree usted que la Lomce va a mejorar la calidad del sistema educativo español? (Número de expediente 180/000848)
... (Página9)
La Presidencia informa de que se encuentra presente en la tribuna de invitados una delegación de parlamentarios de la Asamblea portuguesa.
De la diputada doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo justifica el ministro de Justicia el ataque a derechos y libertades que se contempla en las más
recientes iniciativas del Gobierno? (Número de expediente 180/000849) ... (Página11)
Del diputado don Gabriel Echávarri Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cuáles son las prioridades a las que atiende el ministro de Justicia? (Número de expediente 180/000851) ...
De la diputada doña Ana María Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Con qué calendario trabaja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para
comunicar a la Unión Europea los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias? (Número de expediente 180/000842) ... (Página14)
Del diputado don Ricardo Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Puede asegurar el Gobierno que la anunciada reforma fiscal
servirá para reducir la desigualdad social existente en nuestro país? (Número de expediente 180/000843) ... (Página15)
De la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Puede informar el ministro de Hacienda del déficit de 2013? (Número de
expediente 180/000852) ... (Página17)
Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Puede garantizar el ministro que no va a adoptar nuevas medidas que favorezcan la opacidad
fiscal? (Número de expediente 180/000853) ... (Página18)
De la diputada doña Pilar Lucio Carrasco, en sustitución de doña Ángeles Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera el ministro de Hacienda que sus
leyes de presupuestos dotan de suficiente cobertura a las políticas de igualdad? (Número de expediente 180/000854) ... (Página19)
Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cómo piensa el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asegurar una
pronta solución a los problemas de los titulados españoles en carreras cuya homologación con los títulos del espacio europeo de Educación Superior no se ha previsto ni resuelto? (Número de expediente 180/000829) ...
De la diputada doña María Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Ha puesto en marcha el Gobierno alguna iniciativa para asesorar en su elección a
los estudiantes que van a acceder a la universidad? (Número de expediente 180/000847) ... (Página22)
De la diputada doña María Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cuál es la estimación del Gobierno en relación con la financiación de la implantación de
la tarifa plana a la contratación? (Número de expediente 180/000855) ... (Página23)
De la diputada doña Patricia Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre mujeres y
hombres? (Número de expediente 180/000856) ... (Página25)
De la diputada doña Soledad Cabezón Ruiz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Tiene previsto el Gobierno emprender alguna medida para la creación de empleo en Andalucía?
(Número de expediente 180/000857) ... (Página26)
Del diputado don Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo valora el Gobierno que un medio de comunicación privado haya publicado las
fotografías, en su mayoría correspondientes al DNI cuya base de datos custodia el Ministerio del Interior, de los 33 jueces y magistrados que firmaron el manifiesto del derecho a decidir? (Número de expediente 180/000846) ...
Del diputado don Àlex Sáez Jubero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿A qué motivos obedece el envío de argumentarios sobre el anteproyecto de ley de seguridad
ciudadana a las embajadas? (Número de expediente 180/000850) ... (Página29)
Interpelaciones urgentes ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la elaboración, implantación y evaluación del currículo básico de la Educación Primaria y la Formación Profesional Básica (FPB), así como sobre sus previsibles
consecuencias de índole organizativa, curricular y económica sobre la comunidad educativa ... (Página30)
Formula la interpelación urgente la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).
Replica la señora García Álvarez y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de impulsar una política fiscal, financiera y presupuestaria de apoyo a la cultura, en sus diferentes lenguas y a las actividades culturales ...
Formula la interpelación urgente la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).
Replica la señora Surroca i Comas y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
Del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro del Interior, sobre la actuación del Gobierno en relación con la trágica muerte de quince personas cuando intentaban entrar a territorio español en Ceuta el pasado 6 de febrero ...
Formula la interpelación urgente el señor Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).
Replica el señor Trevín Lombán y duplica el señor ministro del Interior.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página52)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Pérez Fernández), sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si ha tramitado ante la Unión Europea una
consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique flotante en dicha localidad ... (Página52)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Moraleja Gómez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Riera i Reñé, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Pérez Fernández.
Del Grupo Parlamentario Socialista al Ministro de Industria, Energía y Turismo, sobre la política del Gobierno en relación con el precio de la electricidad ... (Página61)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Rodríguez-Piñero Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Jordà i Roura y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez-Piñero Fernández.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona ... (Página69)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Esteller Ruedas, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Macias i Arau.
Se suspende la sesión a las tres de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO EMPEÑARSE EN FACILITAR LA REAPERTURA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA A PESAR DEL RECHAZO
FRONTAL DE LA SOCIEDAD, LAS INSTITUCIONES Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS A TAL MEDIDA? (Número de expediente 180/000845).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta en primer lugar el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Vasco, PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, le pregunto por la central nuclear más antigua de la Unión Europea, una central que fue construida para que estuviera veinticinco años en funcionamiento y lo ha estado cuarenta y dos años, nada menos; una central en la que
ustedes decretan el cese de explotación en julio de 2013, y ahora sorpresivamente, en 2014, hacen un real decreto para que Nuclenor pueda solicitar de nuevo renovar la licencia. Todo esto sabiendo que si reabre es con costos importantes, porque de
otra manera tendría que reducir la potencia que produce la propia central, si no habría unos costes, por ejemplo, en torres de refrigeración, en seguridad, etcétera, muy importantes, y conociendo además ustedes como conocen que porcentualmente la
producción energética de esta central es insignificante. Ya se ha obtenido mucho de la central, de hecho muchísimo más que el rendimiento programado, está más que amortizada. Por lo tanto, es una amenaza innecesaria volver a reabrirla teniendo en
cuenta que hay núcleos de población muy
importantes a pocos kilómetros de distancia. Es un tipo de central de primera generación; es algo así como si en el momento en que estamos, ya en una fase 6.0, nos empecináramos en funcionar con un 1.0, cuando la inmensa mayoría -por no
decir todas- de este tipo de centrales de primera generación están ya desmanteladas y fuera de funcionamiento.
Por eso le pregunto: ¿por qué se empecina en ir a contracorriente de lo que opina la mayoría de los partidos políticos y de lo que opinan muchas instituciones?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Esteban.
El Gobierno no se empecina en nada ni ha tomado ninguna decisión, por el momento, y la decisión sobre el futuro de Garoña debe ser técnica y no política. Lo que puedo decirle en este momento es que para que Garoña vuelva a entrar en
funcionamiento se requieren dos cosas. En primer lugar, que el titular de la central, que, efectivamente, como usted señalaba, es la empresa Nuclenor, solicite del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, antes del 5 de julio, una nueva
autorización de explotación. En segundo lugar, que, ante esa solicitud, el Consejo de Seguridad Nuclear informe favorablemente la renovación, estableciendo las condiciones de seguridad y de todo tipo que estime oportunas y convenientes. Por tanto,
esa es la posición del Gobierno. Estamos a la espera de los informes técnicos, que creemos que son los que deben primar, los que deben ser decisivos a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Por lo demás, solo quiero decir una cosa: no es
verdad que esté todo el mundo en contra; hay gente que no comparte la decisión de volver a abrir Garoña, en el supuesto de que se haga, pero hay también otros muchos que sí: instituciones, empresas, ayuntamientos, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, claro que depende de si Nuclenor lo decide, pero porque ustedes les han dado esa posibilidad a través del real decreto de febrero, que podrían perfectamente no habérsela dado porque ya habían
ustedes decidido el cese de explotación, lógico en una instalación tan obsoleta.
El ministro de Industria señalaba que la capacidad instalada en España de producción de energía son 100.000 megavatios, y la demanda punta son 40.000. Lo que produce esta central son 400, el 1 % de la demanda energética en estos momentos,
el 0,4 de la capacidad instalada. El suprimir esta central no supone nada en términos de costos y, desde luego, lo que no podemos hacer es energía barata -porque esto es un porcentaje muy pequeño, insisto- si es a costa de riesgos serios,
utilizando tecnología y centrales...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Esteban. Le recuerdo lo que he dicho en mi primera afirmación. Es una decisión técnica y no política. Usted hace referencia a serios riesgos. Yo no pongo en duda sus
conocimientos en la materia, pero creo que debe ser el Consejo de Seguridad Nuclear el que nos informe a quienes tenemos que tomar la decisión y a quienes pueden oponerse a ello de cuáles son las circunstancias, de qué es lo que hay que hacer, de
qué medidas hay que adoptar de cara al futuro y, si hay riesgos, de cuáles son. En cualquier caso, lo que sí quiero decir es que la política energética del Gobierno se basa en la existencia de un mix diversificado, equilibrado y sostenible desde el
punto de vista medioambiental y económico, en el que se cuente con todas las fuentes energéticas y las capacidades disponibles. Por tanto, vamos a esperar a ver si hay una petición por parte de Nuclenor, vamos a ver qué es lo que dice el Consejo de
Seguridad Nuclear y, a partir de ahí, tomaremos la decisión y todos podremos opinar ya con más conocimiento de causa.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA DÍEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LOS EFECTOS DE LAS POLÍTICAS DE
'REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA', ESPECIALMENTE EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000844).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
Pregunta dirigida también al presidente del Gobierno y que formula doña Rosa Díez, del Grupo de Unión Progreso y Democracia.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Presidente, reconozco que usted ha avanzado en su percepción respecto de la corrupción política y ya no se niega a admitir que es la mayor lacra de nuestra democracia, y el hecho es que habla permanentemente de
regeneración democrática, aunque medidas operativas y útiles, pocas. Por eso, sigue creciendo la percepción de la corrupción para los españoles como una de las mayores preocupaciones. Hemos pasado del 12 % que creía en el año 2012 que era el mayor
de los problemas al 44 % que piensa en este momento que la corrupción es el mayor de los problemas que tenemos los españoles. Además de que crece la preocupación, crecen los escándalos. Ayer mismo vimos que en Madrid se detenía a doce personas
precisamente por un fraude en la formación de la Comunidad de Madrid. Presidente, por eso le pregunto cómo evalúa usted el resultado de sus políticas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Díez.
Creo que podemos coincidir en algunas cosas, que pienso además son las esenciales. En primer lugar, que la corrupción es inadmisible; que es lógica la preocupación de los ciudadanos; que genera una sombra de descrédito en las
instituciones; que no es buena o, dicho de otra forma, que es muy mala, y que hay que actuar. Por mi parte, quiero transmitirle que el Gobierno se ha tomado este asunto en serio. En el debate del estado de la Nación del año pasado, en febrero del
año 2013, asumí una serie de compromisos. Planteé que íbamos a modificar buena parte de nuestra normativa para ser más eficaces y contundentes contra estos casos de corrupción. Tengo que decir que he cumplido, porque antes del debate del estado de
la Nación de este año remití a Las Cortes Generales todas las leyes a las que me había comprometido en el año 2013, y que estoy dispuesto también a considerar todas las iniciativas, las suyas y las de los demás. De hecho, hay una convocatoria que
ha hecho la señora vicepresidenta del Gobierno a los portavoces de los grupos parlamentarios que quieran asistir a esta reunión, que tendrá lugar aquí, Dios mediante, el próximo 19 marzo, para, entre todos, ser capaces de tomar iniciativas que
eviten que se produzcan acontecimientos indeseados como esos a los que usted se refiere.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Mire, presidente, yo creo que es hora de pasar de la palabrería a los hechos. (Rumores). La única reforma realmente efectiva es la responsabilidad penal de los partidos políticos y se hizo por una enmienda de este
grupo parlamentario, admitida en el último momento en una Comisión.
Presidente, como usted sabe muy bien, la corrupción es algo más que llevarse el dinero de los ciudadanos. La corrupción es la politización de la justicia o de los órganos de control. La corrupción es no perseguir a los defraudadores. La
corrupción es, además de todo, no dar medios a aquellos que tienen que perseguir a quienes defraudan y a quienes se corrompen. Todo eso es también corrupción. Hay que pasar de las palabras a los hechos, pero hay que pasar cambiando las leyes,
cambiando las normas. Ustedes han remitido una reforma del Código Penal que no contempla, por ejemplo, que el enriquecimiento ilícito de los cargos electos sea un delito o que no contempla que la financiación ilegal de los partidos políticos sea un
delito. Ustedes tienen que hacer algo más que decir palabras. Tienen que acabar con el aforamiento; tenemos que acabar con ello. Tenemos que acabar con los privilegios. Tenemos que acabar con la posibilidad, reformando la Loreg, de que las
personas que están imputadas por delitos de corrupción política puedan ir en las listas, avergonzando a los ciudadanos y emponzoñando la propia democracia.
Presidente, creo que ha pasado demasiado tiempo ya sin que queramos reconocer, en la práctica, el daño que hace toda esta actitud, toda esta falta de reacción a la propia democracia y a las instituciones. Tenemos que autocontrolarnos, que
hacer leyes para controlarnos a nosotros mismos, presidente; leyes, no solamente declaraciones. Cuando lo hagamos, los ciudadanos percibirán que vamos en serio; los ciudadanos percibirán que somos conscientes del daño que se hace a la democracia
y recuperarán la confianza en la democracia... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Díez.
Con franqueza, no es justa la utilización de la expresión de que hay que pasar de la palabrería a los hechos. Hemos presentado la reforma de la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos. Hemos presentado una Ley de
Transparencia que ha sido elogiada por la Comisión Europea. Hemos reformado el Código Penal para luchar contra el fraude fiscal y la Seguridad Social. Hemos presentado recientemente, y van a ser objeto de tratamiento en la reunión del 19 marzo a
la que he hecho referencia, la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos, también la ley orgánica reguladora del ejercicio del alto cargo, y vamos a presentar pronto un paquete de medidas penales y
procesales para incorporar como enmiendas al Código Penal, que se están debatiendo en las Cortes y que queremos tratar con los grupos parlamentarios de esta Cámara. También se pondrá en marcha pronto el Consejo de transparencia y el portal de
transparencia y tendrá lugar el desarrollo reglamentario de la ley.
Hace poco la Comisión Europea ha dado a conocer un informe sobre la situación de la corrupción en los distintos países de la Unión y señaló los avances legislativos que se habían producido en España en los últimos tiempos. Animaba a hacer
otras cosas. Lo vamos a tener en cuenta y, por lo tanto, es nuestra voluntad hacerlo. Contamos con usted y con cualquiera que quiera aportar lealmente sus ideas para que esto pase a ser historia en España y no tengamos que estar debatiéndolo
constantemente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE USTED QUE LA LOMCE VA A MEJORAR LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL? (Número de expediente
180/000848).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor presidente del Gobierno, que formula don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, ¿cree usted que la Lomce va a mejorar la calidad del sistema educativo español?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Ese es el objetivo y eso es lo que yo pienso; si no, no hubiéramos presentado, lógicamente, el proyecto de ley. Lo hemos planteado porque los resultados de nuestro sistema educativo, que sin
duda alguna tiene cosas muy positivas, pueden y deben ser mejores. Queremos mejorar las cosas, se trata única y exclusivamente de eso, y queremos hacerlo porque las tasas de abandono y fracaso escolar son muy elevadas, más que en la inmensa mayoría
de los países de la Unión Europea y de la OCDE, porque los resultados de las pruebas internacionales se sitúan en una mala posición y porque tenemos unas tasas de desempleo juvenil que son inaceptables y nos dicen que alguna cosa tendremos que
cambiar. Esto no es un problema de dinero, pues, como todos sabemos, el gasto por alumno en España es el 15 %, superior al de la OCDE y al de la Unión Europea, ni tampoco es un problema de profesores; el problema es que tenemos que cambiar algunas
cosas en el modelo. Por eso yo estoy convencido de que estos cambios servirán para mejorar la calidad de la educación en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.
Ustedes han hecho una ley de educación en contra de la opinión de los padres y las madres de los alumnos, en contra de la opinión de los estudiantes, de los profesores, de un gran número de comunidades autónomas y de todos los grupos de esta
Cámara, excepto el suyo. Es una ley que no tiene ningún consenso, señor Rajoy, y le voy a explicar por qué. Porque no se trata de una ley de calidad de la educación, no, porque nada tiene que ver que los suelos destinados a los centros públicos se
regalen a los centros privados con la calidad de la educación; nada tiene que ver con la calidad de la educación que la educación pierda el carácter de servicio público que ha tenido siempre; nada tiene que ver con la calidad de la educación el
que los centros que separen a los niños de las niñas puedan recibir conciertos o que los conciertos se prolonguen de cuatro a seis años. Eso no tiene nada que ver con la calidad de la educación, por eso no tiene el consenso de nadie. Y ustedes
saben que es una ley que tiene fecha de caducidad porque los grupos de esta Cámara nos hemos puesto de acuerdo para derogarla en la siguiente legislatura. Por esto han iniciado un proceso insensato de puesta en marcha, un proceso que ha sustituido
el solos y contra todos, por el deprisa, deprisa, que viene la oposición.
Quieren empezar el curso que viene, en 1.º, 3.º y 5.º de primaria; tres años de golpe: 1.º, 3.º y 5º. Carece por completo de sentido educativo. Quieren empezar en la formación profesional básica sin haber cambiado la secundaria
obligatoria. Y lo que es peor: estamos a mediados de marzo, señor Rajoy, y no están los planes de estudio aprobados por las comunidades autónomas. Por tanto, no hay libros de texto, no hay profesores formados, no hay centros adecuados, no hay
dinero, no hay ni un euro, señor Rajoy. ¿Qué es eso, señor Rajoy?, ¿calidad educativa? Le voy a decir qué es: es una chapuza; es una chapuza que solo pretende una cosa: que la ley les sobreviva. Le voy a decir: reúnase con las comunidades
autónomas, no con todas, llame a las suyas, a aquellas que gobierna el Partido Popular, y verá lo que le dicen. Y, a continuación, pare este insensato calendario, señor Rajoy, párelo, porque si no van a conseguir que la deroguemos en la próxima
legislatura. Usted ha podido utilizar la educación para atacar la crisis, en lugar de eso lo que ha hecho es aprovechar la crisis para atacar a la educación (Una señora diputada: ¡Muy bien!), a la educación pública con la Ley Wert y ahora, con
este delirante proceso de aplicación de esa nefasta ley, al conjunto de la educación española.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Pérez Rubalcaba, su posición en esta materia ha sido siempre la de una oposición frontal a la ley. De hecho, las únicas leyes educativas que se han aplicado en España han sido las suyas, porque cuando se aprobó una ley educativa por
parte del Partido Popular ustedes hicieron lo que ahora anuncian que van a hacer, en el supuesto de que tengan el apoyo de la gente, que es derogarla. Diera la sensación de que en España no puede haber más legislación vigente en materia de
educación que la que hace el Partido Socialista o la que hacen ustedes. En cualquier caso, a mí me gustaría preguntar por qué se opone usted a que los demás intentemos mejorar las cosas. Porque, oiga, ¿está de acuerdo con la tasa de fracaso
escolar que hay en España, con la de abandono escolar, con el desempleo juvenil, con la normativa que existe en materia de formación profesional? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas y por eso hemos planteado una reforma de la ley para mejorar
esta situación.
Cuando usted estaba en el ministerio hace más de veinte años la realidad española era una, pero ya han pasado entre veinte y veinticinco años desde que ustedes hicieron -y usted concretamente- esas leyes. Creo que instalarse en el
inmovilismo veinticinco años más tarde, después de los cambios que se han producido en el mundo, no conduce a parte alguna. Por tanto, yo le ruego que salga usted del inmovilismo porque es necesario cambiar las cosas, porque el sistema educativo se
puede mejorar y mucho. Hemos utilizado para hacer esta normativa de la ley las mejores prácticas internacionales de los organismos especializados en educación. Se habla mucho de ideología, pero sinceramente, señor Pérez Rubalcaba, la única
ideología es ignorar los malos datos y las recomendaciones de los expertos. Por eso le digo: esta ley servirá para mejorar la calidad... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Antes de seguir adelante, quiero aprovechar este momento para saludar a los parlamentarios de la Asamblea portuguesa que nos acompañan desde la tribuna. Quiero darles, en nombre de la Cámara, la más calurosa bienvenida. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO JUSTIFICA EL MINISTRO DE JUSTICIA EL ATAQUE A DERECHOS Y LIBERTADES QUE SE CONTEMPLA EN LAS MÁS
RECIENTES INICIATIVAS DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000849).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta en primer lugar doña Elena Valenciano, del Grupo Socialista.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, presidente.
Señor ministro de Justicia, doy por formulada la pregunta tal y como ha sido registrada, y preciso que me refiero a las tasas judiciales, que han quebrado en la práctica el principio de igualdad de acceso a la Administración de Justicia; a
las normas que criminalizan la protesta social y que hacen en la práctica también imposible el ejercicio de manifestación y de expresión; me refiero a la liquidación del principio de justicia universal, ese que permite perseguir los crímenes contra
la humanidad en cualquier lugar del mundo, y me refiero también -cómo no- a su pretensión de que las mujeres sean tuteladas en una de las decisiones más importantes de su vida. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Puesto que da por reproducida la pregunta, se la voy a contestar, no sin antes decirle, señora Valenciano, que su pregunta coincide literalmente, menos en una palabra, con la que me hizo su compañero de bancada el señor Villarrubia hace tres
semanas, lo cual denota un cierto agotamiento, una falta de ideas y de alternativas. (Varios señores diputados: ¡Anda, anda!-Rumores.-Aplausos). Sí, usted habla de ataque, ella habla de recortes, por tanto, le podría decir, como ha dicho usted,
doy por reproducida la respuesta (Risas.-La señora Valenciano Martínez-Orozco. Vale, pues hazlo), pero por cortesía parlamentaria le voy a decir que no ha habido ningún ataque a los derechos y libertades. Antes al contrario, el compromiso de este
Gobierno es no solamente hacer dialéctica con libertades y derechos sino medidas efectivas para que estos transformen de verdad la vida de los ciudadanos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Valenciano.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Es conocida su alergia al control de la oposición (Rumores), pero yo tengo que hacerlo porque estoy aquí para eso. Efectivamente, mi compañero el señor Villarrubia le preguntó por los recortes, y yo le
pregunto por la libertad. Ya sé que a usted la crisis le sirve igual para un roto que para un descosido. El roto es lo que han hecho con los derechos de los trabajadores, con la sanidad, con la educación, con las pensiones y con las personas
dependientes, y el descosido es el que están haciendo con las libertades, señor Gallardón, con todas las libertades. Ustedes van a ser el Gobierno que más ha recortado la libertad de los españoles durante la democracia. Y lo increíble es que
usted, que es el ministro de Justicia y que debería velar por la aplicación y el respeto del Estado de derecho, sea quien encabece la manifestación en el recorte de las libertades. Ustedes siempre han tenido una relación difícil con la libertad,
sobre todo con la libertad de los demás, por eso van a quedar como el Gobierno que más libertades ha recortado en la historia de la democracia. Y ya siento que le moleste que lo repitamos desde la bancada socialista, pero lo vamos a hacer hasta que
ustedes detengan este recorte de libertades.
También le he escuchado decir a usted ayer y estos días que hace treinta años llegamos a un consenso sobre la interrupción voluntaria del embarazo, consenso al que desde luego ustedes no llegaron, pero, ¿sabe qué pasa, señor Gallardón?, que
han pasado treinta años; que a este ritmito que llevan van ustedes
a reconocer el derecho de las mujeres en 2045. Eso es dentro de mucho tiempo. La sociedad española está en otro punto, señor Gallardón. Ustedes llevan treinta años de retraso con respecto a lo que la sociedad española en este momento
defiende; ese es su problema, y yo se lo voy a repetir una vez y otra, porque no hay derecho a que ustedes, además de recortar los derechos... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, iba a decir señora diputada, pero la verdad es que después de escucharla debería decir señora candidata. Lo que está claro es que usted ha venido aquí a hacer su primer mitin de la campaña europea. (Aplausos.-Rumores.-La
señora Valenciano Martínez-Orozco: ¡Qué fácil, pero qué fácil!). Y le digo una cosa, en un tema tan sensible como el aborto habrá, no tengo ninguna duda, parte de los ciudadanos que estén de acuerdo con sus tesis y parte de los ciudadanos que
estén de acuerdo con nosotros. No creo que haya ningún ciudadano que pueda sentirse satisfecho de verle a usted utilizar ese tema para hacer una campaña electoral de cara a las próximas elecciones europeas. Se lo digo con toda sinceridad.
(Aplausos).
Me habla usted de recortes de las libertades. Mire, la libertad más importante es la de la realización personal a través de la consecución de un puesto de trabajo, y en eso es en lo que este Gobierno está trabajando para garantizar las
libertades. (La señora Valenciano Martínez-Orozco: Con un millón de parados más). Porque ustedes se llenan la boca con formulaciones teóricas, pero después, cuando están gobernando, no trabajan por la libertad esencial que consigue el desarrollo
del proyecto individual a través de su propio trabajo. Eso sí, ustedes tienen su modelo, señora Valenciano, usted lo ha dicho hace escasamente dos días en su papel de candidata: Nosotros queremos para Europa el modelo de Andalucía. (Risas). Y yo
me pregunto, señora Valenciano, a qué se refería, ¿quiere que gobierne la Comisión Europea aquel que pierde las elecciones en lugar del que las gana, como ha pasado en Andalucía? ¿Quiere una tasa de paro del 35 %? ¿Quiere un fracaso escolar como
el que tiene Andalucía? ¿O quiere, por el contrario, que Europa tenga un sistema de ERE falsos, que es lo que caracteriza y define a Andalucía? (Varios señores diputados; ¡Muy bien!-Aplausos).
Señora Valenciano, le deseo buena suerte, aunque no buen resultado en su campaña electoral, y le aconsejo que hable de lo que les preocupa a los ciudadanos, su bienestar y su puesto de trabajo. (La señora Valenciano Mantínez-Orozco: No
hace falta que me aconsejes nada).
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL ECHÁVARRI FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES A LAS QUE ATIENDE EL MINISTRO DE JUSTICIA? (Número de expediente 180/000851).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Justicia y que formula el diputado Gabriel Echávarri, del Grupo Socialista.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
¿Cuáles son las prioridades a las que atiende el ministro de Justicia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, cuando llegamos al Gobierno, el presidente del Gobierno a todos sus ministros nos dijo cuál era su prioridad, y su prioridad era recuperar la capacidad adquisitiva de los españoles superando la crisis mediante la creación de
empleo. (Rumores). El Ministerio de Justicia no trabaja en otra dirección y, además de la satisfacción de un derecho fundamental de los ciudadanos, la justicia es un factor de competitividad. Mediante la próxima ley orgánica del Poder Judicial,
mediante el próximo código procesal
penal, nosotros, agilizando la justicia, introduciremos competitividad y de esa forma contribuiremos a la generación de empleo. Esas son mis prioridades.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Señor ministro, es obvio que ni siquiera la semana del 8 de marzo entre sus prioridades se encuentra la protección de las mujeres, la lucha contra la violencia de género. Imagínese que hubiera un atentado y
murieran setenta mujeres y diez niños. ¿Qué pasaría? Estaríamos todos horrorizados, estaríamos manifestándonos en la calle, estaríamos aquí cambiando todas las leyes y todas las medidas de seguridad para intentar evitar otro atentado y para
perseguir a los autores. Pues bien, este atentado ocurre todos los años. ¿Y qué hacen ustedes? Nada, absolutamente nada, o mejor dicho, lo denostan, lo menosprecian, lo ocultan. La lucha contra la violencia de género debe ser cuestión de Estado.
Con el Gobierno socialista ocupaba las portadas, era cuestión pública, con ustedes ha vuelto a las páginas de sucesos, es una cuestión privada, quieren que se ventile entre las cuatro paredes de una casa. Este año se cumplen diez años de la Ley
orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, una ley que nunca les gustó porque nunca entendieron, y ustedes, como los hombres de las cavernas, lo que no entienden, lo atacan. Así, una ley alabada en todos los países
desarrollados por su modernidad y que muchos están copiando, ustedes burdamente la están desmontando. Con la reforma del Código Penal hacen desaparecer el término violencia de género, introducen la mediación, exigen denuncia previa, incluso
permiten en algunos casos sanciones de mera multa. ¿Pero qué pasa, qué barbaridad es está? ¿Están ustedes poniendo precio a las agresiones? No les preocupa nada la violencia de género, absolutamente nada. Toda su reforma es un ataque frontal a
las mujeres, como la vergonzosa derogación de la justicia universal que llevaron a cabo en esta Cámara hace solamente quince días, lo que va a dificultar no solamente la persecución de los delitos de violencia de género sino otros tan absolutamente
repugnantes como la pederastia, la trata o la ablación.
Señor Ruiz-Gallardón, en el fondo yo sé que esto no es culpa suya. Usted en el pasado mes de abril aquí, en esta Cámara, en una interpelación de mi compañera Carmen Montón dijo que uno de los días más felices de la vida de su padre, el día
que justificaba toda su carrera política, fue cuando se dictó una sentencia del Tribunal Constitucional que ponía fin a la lucha a brazo partido que su padre había hecho para coartar la libertad de las mujeres. Usted treinta años más tarde, como un
hijo de buena estirpe, se limita a seguir la senda que le marcó su padre: hacer desaparecer los derechos y libertades de las mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, contestaré a las dos cuestiones a las que ha hecho referencia. Ha sido este Gobierno, y no el Gobierno socialista, el que ha modificado el Código Penal en relación con las víctimas de violencia de género para castigar
conductas como el matrimonio forzado, que ustedes no hacían, para castigar conductas como el acecho o el hostigamiento, que ustedes no hacían, o para castigar conductas como la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas, que ustedes
no hacían. Señorías, ha sido este Gobierno el que a las víctimas de violencia de género les ha dado, a través del Estatuto de la víctima, una capacidad de asistencia durante los procesos para evitar la segunda victimización. Señoría, ha sido este
Gobierno el que ha establecido que las víctimas de la violencia de género iban a incorporarse -y ya lo están a día de hoy- a los beneficios de la justicia gratuita. Ustedes gobernaron muchos años en España, pero nunca pensaron que las víctimas de
la violencia de género tuviesen que tener derecho a la justicia gratuita. Ha sido un Gobierno del Partido Popular el que lo ha hecho.
Y me habla usted de la jurisdicción universal. Mire, se puede abrir la discusión sobre si tiene sentido o no mantener un sistema de jurisdicción universal que en muchos años de vigencia en España no ha conseguido más que de forma voluntaria
una sola condena, pero lo que no puede decir es que nosotros no la hemos ampliado en relación con la mujer, porque antes los delitos de la violencia contra la mujer, los delitos de violencia contra la integridad sexual cometidos sobre víctimas
menores de edad, como los
delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, no estaban incluidos y ahora sí, como consecuencia de la reforma que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular.
Termino, señor presidente, contestándole, porque usted me merece respeto por el escaño que ocupa, a la referencia que ha hecho a mi padre. Señoría, estoy profundamente orgulloso de ser hijo de mi padre. Estoy profundamente orgulloso de
seguir su trabajo, que por cierto ratificó el Tribunal Constitucional. Y le digo una cosa: atáqueme a mí, no me mencione usted a mi padre, porque él está muy por encima de la dignidad que usted puede llegar a alcanzar. (Prolongados aplausos.-Una
señora diputada: ¡Bravo!).
Muchas gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CON QUÉ CALENDARIO TRABAJA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PARA COMUNICAR A LA UNIÓN EUROPEA LOS ASPECTOS FISCALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS? (Número de expediente 180/000842).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pregunta, en primer lugar, la diputada doña Ana Oramas, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿con qué calendario trabaja el Ministerio de Hacienda para comunicar a la Unión Europea los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Oramas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señora Oramas, es muy oportuna su pregunta. Iba a decirle que el calendario es inmediato. Hemos llevado adelante, en primer lugar, las negociaciones con el Gobierno de Canarias, siguiendo también todas las declaraciones y pronunciamientos
del Parlamento de Canarias y de todas sus formaciones políticas, y ahora ya resta el envío a la Comisión de las propuestas para renovar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, como anunció el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado
de la Nación. También, puesto que ya estamos en esas fechas, esperamos colaborar lealmente con el Gobierno de Canarias, con los grupos políticos representados en su Parlamento, para llevar adelante en los próximos días ese informe para la Comisión
Europea sobre el Régimen Económico y Fiscal, FEC, con novedades en ambos planos, y poder llevarlo también a trámite, puesto que hay que cambiar la legislación en las Cortes españolas y hacerlo para que todo esté listo y entre en vigor el 1 de enero
del año 2015.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente, gracias, señor ministro.
Como usted sabe el día 8 se reunió el señor Rajoy con don Paulino Rivero para fijar un calendario. El 21 de enero se reunió usted con el consejero de Hacienda y quedaron que en la semana siguiente se enviaba un documento de aspectos a
concretar, que sin ser exhaustiva le cito: el estímulo a las inversiones en el exterior en el marco de la deducción por inversiones, la introducción de los elementos de transporte y la mejora de las posibilidades de materialización del sector
agroindustrial en el marco del REF, los límites de bases imponibles y el listado definitivo de actividades en el ámbito de la ZEC, el incremento de la deducción por innovación, la regulación del registro de aeronaves y la Business ALE, así como la
descentralización de los mecanismos de certificación del proyecto de I+D+i. Pero lo más importante: usted quedó, igual que hizo el presidente Rajoy, en enviar unas propuestas con medidas para que el REF sirviera para crear empleo en Canarias. Ese
documento concreto, junto con lo que le he dicho, es lo que no ha recibido Canarias para cumplir el calendario de la primera semana de marzo. Me alegro de que avise de que en los próximos días enviarán esa propuesta concreta al Gobierno de Canarias
de las
políticas de creación de empleo, pero hay un nuevo elemento de preocupación o de desconcierto en Canarias. Su secretario de Estado -aquí tengo la primera página de un periódico de Canarias- manifestó que el objetivo del REF es crear empleo
en las islas y no invertir en el exterior. Eso también lo hablaron los presidentes Rajoy y Rivero. Su portavoz en economía en el Parlamento de Canarias dijo: El Partido Popular cree que es un escándalo que el REF se pueda invertir fuera de las
islas. Ante nuestra sorpresa, don Asier Antón, secretario de los populares canarios, hace unos días ha dicho que el REF se podrá invertir en África y que ese acuerdo está cerrado con el ministerio. Creemos que en el documento debe haber una
deducción de inversiones para esa internacionalización de la economía de Canarias, pero esta cuestión nos ha dejado desconcertados porque ni está en el marco de la resolución del Congreso de los Diputados ni en los acuerdos marco entre usted y el
presidente Rajoy en el acuerdo parlamentario de Canarias. ¿Qué posición tiene el ministerio sobre la inversión en África del REF?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señora Oramas, la cuestión es avanzar en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, avanzar en la concepción de la ZEC y también en nuevas
tecnologías, y sobre todo en la creación de empleo como usted muy bien remarca. A partir de ahí nuestra aspiración es que Canarias sea esa plataforma de relación económica e inversión con el continente africano más cercano. Esta es una antigua
reivindicación de Canarias, de España y de Europa entera. A ese respecto estamos dispuestos desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a trabajar con todas las formaciones políticas y con el Gobierno de Canarias para encontrar la
mejor formulación que canalice esa legítima aspiración, insisto, de promover el desarrollo económico en las zonas cercanas de África, porque ello sirve a los mejores intereses de Canarias, a la creación de empleo en Canarias, y para los mejores
intereses de España. Estamos convencidos de que conforma la política europea de vecindad, de mejora de las relaciones con sus vecinos, como es el caso de los países africanos. Señora Oramas, encontraremos la mejor formulación para ello.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO SIXTO IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PUEDE ASEGURAR EL GOBIERNO QUE LA ANUNCIADA REFORMA
FISCAL SERVIRÁ PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD SOCIAL EXISTENTE EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/000843).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula don Ricardo Sixto, del Grupo de La Izquierda Plural.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, si no he entendido mal mañana el comité de expertos le entregará el informe previo a la reforma fiscal que ustedes anuncian para después de las próximas elecciones europeas. Si no se ha producido una nueva variación en el
calendario de esta reforma, de las pocas medidas que conocemos es lo que anunció el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación de redondear la cifra de la exención a 12.000 euros del IRPF, una medida más simbólica que de
profundidad. La pregunta que le dirige mi grupo parlamentario, señor ministro, es si la reforma que ustedes están preparando va a disminuir la terrible desigualdad social existente en España. Nos tememos que puede no ser así, pero nos gustaría que
tranquilizase al conjunto de la población anunciando que esa reforma va a servir para disminuir esa desigualdad social.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Sixto, como usted conoce, mañana el comité de expertos, presidido por el profesor Lagares, me hará entrega en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del informe consecuencia de su trabajo, sin duda alguna muy
de agradecer, de valoración de las circunstancias actuales, que elevaré al Consejo de Ministros el próximo viernes, puesto que el encargo es del Consejo de Ministros. Se trata de la puesta a punto de nuestro sistema tributario desde los principios
de suficiencia, equidad y eficiencia económica. Equidad es el gran asunto que su señoría plantea, y es también el anuncio que hace el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación. Vamos a mejorar los impuestos; lo vamos a
hacer, empezando por aquellos impuestos que pagan las rentas de menor tamaño, de menor capacidad económica de nuestro país, y lo vamos a hacer porque el diseño que propondrá el Gobierno a esta Cámara, a todos sus grupos parlamentarios presentes en
ella, será un sistema tributario más justo, además de más eficiente y también con mayor suficiencia recaudatoria. Más justo, como establece nuestra Constitución, que nos lleva a que todos tributemos en función de nuestra capacidad económica. Por
cierto, el anuncio que hace el presidente es muy importante porque afecta a millones de contribuyentes, y en modo alguno su señoría lo debe minusvalorar, como ha tratado de hacer en la formulación de su pregunta.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor ministro.
Señor diputado.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Por cierto, uno de los miembros del comité de expertos esta mañana publica un artículo en la prensa valenciana diciendo que los valencianos tenemos por qué lamentar la mala financiación que tenemos. España es un país que recauda -usted lo
sabe, conoce las cifras- un 8 % menos de media del PIB respecto a los países de nuestro entorno cuando los hechos imponibles y los tipos son iguales o incluso superiores. Lo que ocurre con el sistema fiscal español es que hay una cantidad de
exenciones, de deducciones, de elusión fiscal en definitiva que no tienen los países de nuestro entorno y que no implica justicia fiscal. Paradigma de esto es un artículo que aparecía hace pocos días en los medios de comunicación diciendo que
Iberdrola gana más después de pagar impuestos. Para nosotros esto es al final un ejemplo de la política fiscal que lleva y que está culminando su Gobierno.
Va a traer una reforma fiscal a esta Cámara. Le queremos transmitir tres ideas básicas desde nuestro grupo parlamentario. Simplifique la recaudación, no la haga tan complicada, porque solamente si uno tiene un equipo de expertos fiscales
detrás es capaz de reducir los impuestos como lo hacen las grandes empresas. Aproxime los tipos efectivos a los nominales; por ejemplo, en el impuesto sobre sociedades el tipo nominal es el 30, pero el tipo efectivo, sobre todo para las grandes
empresas, está ridículamente por debajo del 10 %. Y una idea, señor ministro: mejor ayudas directas que desgravaciones fiscales. Haga pasar usted por los Presupuestos Generales del Estado el total de los impuestos recaudados y después sabremos
exactamente cómo y en qué se ayuda a cada uno. Usted conoce perfectamente las diferencias de tributación entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Aquí el debate, señor ministro, no es si subir o bajar los impuestos, sino si la
política fiscal que va a hacer el Gobierno... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Sixto, por lo menos podría reconocer que eso que usted estaba pretendiendo explicar como equidad tributaria es exactamente lo que está haciendo el Gobierno desde el comienzo de la legislatura. ¿Ha subido la recaudación de los
impuestos de las grandes empresas en España? ¿Sí o no, señor Sixto? ¿El gravamen complementario en el IRPF era fuertemente progresivo, o no lo era, señor Sixto? Lo que no lee usted son las cifras reales de recaudación tributaria y cómo han
evolucionado. Ya estamos haciendo esta política. No le quepa duda de que traeremos un proyecto de reforma tributaria donde insistiremos en esa política, pero también le insisto a Izquierda Unida en que deje la demagogia, que confirme que los
presupuestos que hemos traído a esta Cámara son fuertemente sociales, porque tienen un gran gasto social, y que a partir de ahí hacemos también una reforma tributaria más equitativa.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PUEDE INFORMAR EL MINISTRO DE HACIENDA DEL DÉFICIT DE 2013? (Número de
expediente 180/000852).
El señor PRESIDENTE: Pregunta ahora la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, estamos a 12 de marzo y todavía no conocemos el déficit de 2013, cuando en años anteriores se publicaba en el mes de febrero. No le voy a recordar aquí lo que usted decía en diciembre de 2011 porque el anterior Gobierno no
tenía el dato definitivo. Tanta prisa entonces se ha traducido en una calma extraordinaria ahora, y me temo que eso es porque no le cuadran las cifras. Por eso le pido que nos cuente cómo va a ser el déficit de 2013.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, la fecha límite para enviarlo a la Comisión Europea la marca Eurostat. El déficit previsto provisional de cierre es de finales de marzo. Por tanto estamos perfectamente en las fechas. Apurar las fechas significa que se
perfeccionan, que no se improvisan determinados elementos componentes del déficit. Por ejemplo, en materia de corporaciones locales podemos avanzar mucho más en lo que será la remisión a Eurostat no de cifras estimativas sobre el cierre de las
corporaciones locales, sino cifras más aproximadas a la realidad. Le recuerdo además que España está haciendo desde el año pasado un gran ejercicio de transparencia fiscal, que es tener en términos de contabilidad nacional el conjunto de nuestras
administraciones públicas, algo que se está publicando por primera vez en el año 2013, y somos el primer país del mundo que hace ese ejercicio, lo cual es perfectamente apreciado internacionalmente y valorado por los organismos internacionales, que
no tienen ninguna duda sobre la seriedad y el rigor con que la política presupuestaria se está ejerciendo en España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑEIRO FERNÁNDEZ: Señor ministro, Eurostat siempre ha fijado los plazos. La cuestión es que usted no ha aclarado que tanto su compañero el ministro De Guindos como la propia Comisión descuentan que va a haber una
desviación de unas décimas en el déficit público. Eso no es lo relativamente grave. Lo relativamente grave es que se están generando serias dudas sobre la fiabilidad y la transparencia de la contabilidad de las cuentas públicas, algo que no nos
podemos permitir. La credibilidad de las cuentas públicas exige explicaciones convincentes y contundentes. Por eso hemos pedido la comparecencia urgente del presidente del INE y del interventor general, que espero que usted apoye.
Señor ministro, explíqueme, por favor, cómo es posible que en el cuarto trimestre de 2013 haya caído tanto el consumo público respecto del mismo trimestre de 2012 cuando el año pasado se pagó la extra de los funcionarios, cosa que no se hizo
en 2012, y la remuneración de los funcionarios es el 56 % del consumo público. La explicación que han dado hasta ahora no es convincente, porque si se ha producido un cambio metodológico a lo largo de todo el año no se puede explicar la comparación
de la caída del cuarto con respecto al tercer trimestre, y si se producen cambios de imputación del consumo público lo que tiene que hacer es explicarlos previamente, y desde luego hacer comparaciones homogéneas con
años anteriores. Ninguna de las dos cosas se ha hecho. Por tanto estamos ante una chapuza contable o ante una chapuza metodológica, y lo que me temo es que no hay control de las cuentas públicas.
Mire este gráfico, señor ministro. (Mostrando un gráfico). El déficit de la Administración General del Estado más el de la Seguridad Social, que es el de su responsabilidad directa, permanece inalterado en el 5,2 %, no ha reducido ni un
ápice. La otra cara es que todo el ajuste ha recaído sobre las comunidades autónomas mientras la deuda pública no deja de crecer. Por tanto le pido rigor y explicación. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señoría. Con todo gusto se la doy en un segundo. Eso que enseña usted que no se ha reducido es porque no hemos bajado las presiones, las hemos subido.
(Risas). En segundo lugar, desgraciadamente ha habido recesión, ha habido más parados, y por tanto el seguro de desempleo ha funcionado. Es decir, estamos manteniendo las prestaciones sociales, exactamente aquellas que el Gobierno socialista y el
señor Zapatero desde la tribuna congelaron en el año 2010. Fíjese usted qué diferencia hay entre un Gobierno y otro.
Además le voy a decir una cosa. ¿Por qué cuestiona usted la Intervención General del Estado? ¿Dónde está mi intervención pública como miembro de la oposición donde yo he cuestionado la Intervención General del Estado en contabilidad
nacional? ¿En algún momento lo he hecho? Nunca.
Le voy a dar un dato, doña Inmaculada Rodríguez-Piñeiro. En la etapa anterior usted fue miembro de un ministerio importante, el Ministerio de Fomento. Le voy a dar el dato de lo que está suponiendo tapar el déficit de Fomento en el año
2013. Estamos pagando en el año 2013 todavía las consecuencias de su gestión. ¿Sabe en cuánto? En 1.400 millones de euros. Si no hubiéramos pagado con efecto en déficit del año 2013 las consecuencias de lo que ustedes dejaron pendiente nos
podríamos haber ahorrado 1.400 millones de déficit público.
Gracias, presidente. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿PUEDE GARANTIZAR EL MINISTRO QUE NO VA A ADOPTAR NUEVAS MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA OPACIDAD
FISCAL? (Número de expediente 180/000853).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hasta ahora solo propaganda. Me puede contestar a la pregunta que está en el orden del día.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor Saura, la pregunta dice: ¿puede garantizar el ministro que no va a adoptar nuevas medidas que favorezcan la opacidad fiscal? ¿La opacidad fiscal qué es, que
se tribute a Hacienda sin identificar el sujeto pasivo? Todas las medidas que se han adoptado en esta legislatura, incluyendo la declaración tributaria extraordinaria, han identificado al sujeto pasivo. Por tanto, señor Saura, si la pregunta que
usted formula encierra alguna inquietud sobre nuevas medidas de futuro, quede despejada esa inquietud porque en la experiencia de estos dos años no se ha aprobado ninguna medida tributaria que promueva la opacidad fiscal.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Usted ha tomado dos grandes decisiones: primera, elevar en cincuenta ocasiones los impuestos a las rentas medias y a las rentas de los trabajadores, y segunda, aprobar una amnistía fiscal que han
declarado fiesta nacional en Suiza. Esas son las dos grandes medidas que usted ha aprobado en la legislatura. Pero no termina ahí; en tercer lugar, resulta que muchos dirigentes del Partido Popular se han acogido a esa amnistía fiscal.
Resulta que vamos conociendo que muchos dirigentes del Partido Popular tienen cuentas en Suiza, yo he llegado a pensar que Guillermo Tell, un legendario líder de Suiza, es militante del Partido Popular; pero no termina ahí el problema. En su
ministerio, en definitiva el equipo que usted dirige es campeón en la puerta giratoria, es decir, en decirle a las grandes fortunas y a los grandes empresarios que paguen menos impuestos. Por tanto, como conclusión, cuando los ciudadanos escuchan
que un alto cargo de Suiza dice que su Gobierno está negociando una nueva amnistía fiscal, una reamnistía fiscal, los ciudadanos terminan creyéndose lo que efectivamente dice el Gobierno de Suiza. Es verdad que usted ahora me lo va a desmentir,
pero estará conmigo en que los ciudadanos tienen argumentos para creerse lo que dice el Gobierno de Suiza. En definitiva, señor ministro, la amnistía fiscal tiene algunas consecuencias. Las bases fiscales en el año 2012 se redujeron en 30.000
millones de euros; las bases fiscales en 2013 probablemente se van a reducir en más de 20.000 millones de euros; 30.000 más 20.000 millones de euros. Esas son las consecuencias de su política fiscal. Por tanto, señor ministro, cualquier reforma
fiscal buena, equitativa y eficiente tiene un primer punto, la equidad horizontal, y se lo explico: que todos los españoles sean iguales ante la ley y ante la Agencia Tributaria. Desde que usted es ministro de Hacienda no todos los españoles somos
iguales ante la Agencia Tributaria. Ese es el problema.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.
En primer lugar, como era perfectamente previsible, puesto que ya lo hemos hecho público, he de desmentir, como lo ha hecho la Secretaría de Estado de Hacienda, que exista ningún tipo de negociación informal entre España y Suiza para
acogerse al modelo de acuerdo Rubik, que ofrece tributar a cualquier país a cambio de mantener la opacidad de las cuentas operadas en Suiza. No existe esa negociación. Lo afirmarán o no las autoridades suizas; será que expresan su deseo, pero por
parte del Gobierno español no hay ni el menor movimiento, es al revés. Estamos firmando acuerdos de intercambio de información que pronto relataremos a la opinión pública española con sitios que han sido considerados emplazamientos opacos fiscales,
cuando menos, cuando no paraísos fiscales. Por tanto estamos haciendo esa política y la hemos hecho.
En segundo lugar, señor Saura, ¿de dónde saca usted las cifras? Son asombrosas. Reducción de bases imponibles del año 2012, 30.000 millones más 20.000. ¡Pero si ha subido la presión fiscal en España casi un punto en medio de la recesión!
Es increíble decir que ha bajado. ¡Pero si ha subido! Una de dos: o han subido los impuestos -como ustedes critican- con la consecuencia de un aumento de la recaudación o han bajado. Esto es fantástico. Dice que han bajado 30.000 millones de
euros, que son 3 puntos de PIB. Usted acaba de afirmar aquí que en dos años ha caído la presión fiscal en España 5 puntos de PIB. Eso ya lo hicieron los Gobiernos socialistas, que perdieron 6 o 7 puntos de PIB. Ese es el mérito y la herencia que
nos ha dejado. Vamos a ver si hacemos una reforma tributaria entre todos sensata, que además de recaudar lo que haga sea mejorar la equidad y la eficiencia, y promueva el crecimiento económico y la creación de empleo, que por cierto, señor Saura,
ya está ocurriendo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR LUCIO CARRASCO, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE HACIENDA QUE
SUS LEYES DE PRESUPUESTOS DOTAN DE SUFICIENTE COBERTURA A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD? (Número de expediente 180/000854).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la diputada doña Pilar Lucio, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, tres presupuestos llevan ustedes aprobados. Este 2014 es su tercer año formando parte de un Gobierno que está acumulando permanentemente agravios contra las mujeres de este país. Desde que ustedes gobiernan han relegado las
políticas de igualdad a una pura anécdota. Es obvio que estas no son políticas importantes ni para el señor Rajoy ni para la señora Mato ni para usted, y es que las políticas de igualdad, como todas las políticas públicas, necesitan presupuesto
para medir su compromiso con ellas; muy al contrario su compromiso es contra las políticas de igualdad. Le voy a dar solo algunos datos. El programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres supone un 0,005 % del presupuesto general
del Estado. Hablando de herencia, hay un recorte de más del 28 % en prevención y lucha contra la violencia de género. (Muestra un gráfico). Ya que usted ha sacado a colación de nuevo la herencia, esta era la herencia que ustedes recibieron en
políticas contra la violencia de género, y por aquí vamos ya. Con estos datos que le acabo de exponer, ¿considera usted que sus leyes de presupuestos dotan de suficiente cobertura a las políticas de igualdad? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Las políticas de igualdad son fundamentales para el Gobierno. Lo son hasta el punto de que en el pasado Consejo de Ministros se aprobó la cobertura presupuestaria de un programa de políticas de igualdad que ensambla hasta tres grandes
pilares para la igualdad entre los ciudadanos de España. Las cifras de ese programa promueven que para el año 2014 los presupuestos de los diferentes departamentos asciendan a 1.035 millones de euros, que se corresponderán con presupuestos para
2015 y 2016 puesto que el programa abarca 2014-2016, con 1.035 millones de euros para los próximos dos años. Por tanto estamos haciendo realidad presupuestaria esas políticas de igualdad.
Pero también ahora, cuando vamos a traer una reforma tributaria a la Cámara, tenemos que hablar y promover las políticas de igualdad, de protección a los más débiles y a las familias, y también de protección fiscal a la mujer. Señora
diputada, le voy a recordar que yo fui el ministro de Hacienda que durante una etapa en la que nadie pedía esto en España creó el incentivo fiscal mayor para la mujer trabajadora que es madre, y se reincorpora a su puesto de trabajo. Son los 100
euros que recibe esa mujer por cada hijo menor de tres años; algo que está en la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas del año 2003. Eso es hacer políticas de igualdad. Eso es promover una discriminación a favor de la mujer que
es madre. Y eso es promover en términos tributarios también -no solo en términos presupuestarios generales de gasto, sino en términos tributarios- una política que queremos reforzar y enfatizar en la próxima reforma tributaria, que traeremos pronto
a esta Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, anunciaron la estrategia nacional contra la violencia de género, dotada con un presupuesto de 1.500 millones de euros, y ahora anuncian el Plan estratégico de igualdad de oportunidades, dotado con 3.127 millones de euros.
Sabe que mi grupo ha preguntado a su Gobierno en reiteradas ocasiones dónde están consignadas las partidas presupuestarias recogidas en ese plan y en qué departamentos. ¿Sabe lo que nos ha respondido también reiteradamente su Gobierno -cito
literalmente-? Respuesta abstracta sin ofrecer ninguna cantidad presupuestada. Es decir, no están consignadas las partidas presupuestarias que constan en ese plan. Por lo tanto, nosotros preferimos realidad a los fuegos de artificio que ustedes
hacen, realidad y no humo, ya que los fuegos de artificio se quedan en puro humo. Espero que hoy nos dé aquí esa respuesta. Yo creo que es bastante concreta: dónde están consignadas las partidas presupuestarias que se van a ver reflejadas tanto
en el Plan de igualdad como en ese Plan contra la violencia de género, porque hasta ahora solo nos encontramos con una única evidencia, y es que lo que ustedes están ahorrando en políticas de igualdad, lo que ustedes están ahorrando en servicios
públicos... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Yo creo que usted quería acabar expresando su posición, su diferencia ideológica, que contrasta con la más cruda realidad. La mayor política de igualdad está en la creación de empleo. (Rumores). De cada tres mujeres que trabajan en España
hoy, dos lo hacen desde el año 1996 acá, que es cuando se produce la auténtica revolución social de incorporación... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CÓMO PIENSA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ASEGURAR UNA
PRONTA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS DE LOS TITULADOS ESPAÑOLES EN CARRERAS CUYA HOMOLOGACIÓN CON LOS TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO SE HA PREVISTO NI RESUELTO? (Número de expediente 180/000829).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta, en primer lugar, don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo de Unión Progreso y Democracia.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo le quería preguntar qué va a hacer el ministerio para solucionar el problema que sufren varios colectivos en España, tanto de profesionales como de titulados, que se han visto atrapados en una situación bastante absurda,
que es la mala transición que se organizó desde el año 1999 hasta la actualidad entre el antiguo sistema de titulaciones y el actual derivado del Espacio Europeo de Educación Superior. Por ejemplo, por citarle solo dos -sabe usted que hay más-, los
ingenieros de caminos y puertos, que no han conseguido la homologación, en muchos casos tras muchos años de trabajo profesional, o el colectivo de los llamados abogados sin toga, que se han encontrado con que su ministerio todavía no ha sido capaz
de hacer público el examen que se les obliga a hacer para acceder a la profesión. En fin, me gustaría una respuesta concreta porque yo sé que usted está al tanto de esta cuestión. Nosotros llevamos años preguntando por ella y estos colectivos
movilizándose y preguntando, así que creo que es el momento de que el ministerio solucione los problemas de la gente en vez de crearlos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Martínez Gorriarán, como usted mismo señala en su intervención, estos problemas -que no le voy a negar que existen- traen causa de la adopción por parte del sistema universitario español del Espacio Europeo de Educación Superior y, por
tanto, son muy anteriores a mi gestión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que no se ha hecho en todos estos años, aprobar un real decreto que ya está siendo conocido por los organismos consultivos que tienen que conocerlo y que probablemente
llegará al Consejo de Estado en el plazo de dos semanas como máximo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor ministro, gracias por su respuesta. Ya estaba al tanto de que ese real decreto está en el horno, pero el asunto es que realmente los plazos son muy largos. Usted sabe que, aparte de pasar por los
organismos consultivos, luego tiene que entrar en vigor y hay que desarrollarlos reglamentariamente. A mí me gustaría que usted dijera, sobre todo para que los afectados empiecen a pensar que las instituciones como el Congreso sirven para algo, que
va a haber una homologación, tablas de equivalencia de créditos y todo lo que usted sabe que hace falta y que es importante para que esto se solucione.
No sé si la sociedad está muy al tanto del asunto, pero hemos llegado a situaciones tan bochornosas como que hay empresas españolas que concursan en concursos internacionales de infraestructuras y resulta que de repente se encuentran con que
no tienen ingenieros, aunque los tienen, porque no están homologados. Con lo cual, aparte de causar un daño profesional, nos creamos un daño económico, porque hay empresas españolas que pierden contratos internacionales en un campo donde nos va muy
bien, las infraestructuras, la obra civil. Lo mismo ocurre con los abogados sin toga. Es decir, no son los colectivos de titulados los que han elegido esta vía, son los sucesivos Gobiernos, y ya sé que no es ni mucho menos el suyo, ni yo a usted
le atribuyo aviesas intenciones. Lo que les digo es que, por favor, lo arreglen. Son ustedes los que pueden hacerlo, nosotros solo podemos preguntar y pedirles que lo hagan, y por favor a la mayor brevedad. Es bastante increíble que pasen años
sin que se solucionen cosas que dependen de un decreto del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Martínez Gorriarán, le he reconocido que el problema existe, o sea, que en lo básico estamos de acuerdo. Le he anunciado que estamos en vías de resolverlo. No es un problema que afecte solo a la homologación, no es un problema que
afecte solo a la declaración de equivalencia, es un problema que afecta también a la convalidación. Afecta a estas tres dimensiones y, además, se complica, porque, como sabe perfectamente su señoría, la forma de adaptar al Espacio Europeo de
Educación Superior el sistema universitario español es, por decirlo de una forma que no suponga calificación de ningún género, infrecuente o atípica. Hemos optado por un modelo fundamentalmente de cuatro más uno, frente al modelo predominante en
Europa, que ha sido un modelo de tres más dos, y eso lógicamente complica las cosas, no solo a los ingenieros, no solo a los abogados, a todas las profesiones. Para eso, el Meces, el Marco Español de Cualificaciones de la Enseñanza Superior, tiene
que resolver, y ese es el objeto del que trata este decreto, como asunto fundamental las equivalencias: cuáles son las equivalencias de grado uno, es decir de técnico superior; las equivalencias de grado dos, que corresponden en el sistema actual
al grado; las de grado tres, que corresponden al máster; y las de grado cuatro, que corresponden al doctorado.
Hemos hablado con todos los colectivos afectados y hemos llegado a una formulación en este proyecto de real decreto que yo creo que va a dar una solución satisfactoria a todos los problemas, que no son solo problemas de reconocimiento de
cualificación profesional, también son problemas de equivalencia académica, también son problemas que tienen que ver con la internacionalización de nuestras universidades y con la capacidad también de desarrollar carreras académicas o de
investigación de nuestros profesionales. Como le digo, dentro de que todo es susceptible de hacerse más deprisa, hemos procurado hacerlo con la mayor diligencia y el decreto estará presentado en Consejo de Ministros... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿HA PUESTO EN MARCHA EL GOBIERNO ALGUNA INICIATIVA PARA ASESORAR EN SU ELECCIÓN A
LOS ESTUDIANTES QUE VAN A ACCEDER A LA UNIVERSIDAD? (Número de expediente 180/000847).
El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Sandra Moneo, del Grupo Popular.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor, presidente.
Señorías, señor ministro, la sociedad española, especialmente las familias, siguen a día de hoy valorando muy positivamente la presencia de cualquiera de sus hijos en la universidad. Esta percepción es reflejo del salto cuantitativo que
hace algunas décadas se produjo en nuestro país cuando la universidad pasó de estar reservada a un número limitado de alumnos y abrió sus puertas a la mayoría de jóvenes que deciden continuar sus estudios hacia etapas postobligatorias. El
incremento del número de universidades y de títulos, más de dos mil en la actualidad, sin duda han contribuido a que la universidad española esté a día de hoy al alcance de todos. ¿Es fundamental para nuestro país la presencia de un número cada vez
más importante de alumnos en la universidad? Sin duda lo es, porque formación y empleo están íntimamente relacionados, a mayor formación menor desempleo, afirmación claramente demostrable en el caso universitario, donde podemos decir que,
en relación con otros países de la OCDE, en España la educación superior disminuye más el riesgo de paro que en otros países.
Ahora bien, tan importante es la presencia del alumno en la universidad como que este encuentre en ella no solo una fuente de conocimiento y de desarrollo de sus expectativas vocacionales, sino un paso hacia el mercado laboral que pueda
responder al nivel de formación que el alumno posee. Desgraciadamente, este es un campo donde todavía se debe avanzar, porque, aunque ha aumentado el porcentaje de universitarios ocupando puestos adecuados a su nivel formativo, todavía casi un 40 %
realiza trabajos para los que no se requiere el nivel de formación que ellos poseen. Si a este dato añadimos el hecho del importante abandono universitario -un 19 % en el primer curso, de cambio de titulación también un 7,1 % en este primer curso-,
podemos pensar, reflexionar, si estamos ofreciendo a los alumnos que acceden a la universidad el asesoramiento, la orientación y la información adecuada, de forma que esa decisión tan importante en sus vidas responda plenamente a sus expectativas
personales y profesionales.
Por eso, le pregunto, señor ministro, si el ministerio es consciente de ello y si ha puesto en marcha el Gobierno alguna iniciativa para asesorar en su elección a los estudiantes que van a acceder a la universidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, señora Moneo, muchas gracias por su pregunta y nos alegramos todos de verla por aquí de nuevo.
Querría decirle que, efectivamente, el tema que suscita en una población universitaria, en una población involucrada en la enseñanza superior -no solo en la universitaria, también en la formación profesional de grado superior- tan importante
como la que tenemos en este país, con una tasa de acceso del 40 % a la educación superior, plantea desde luego la cuestión de la mayor transparencia del sistema cara a lo que, en términos de empleabilidad, supone la adquisición de esa formación
superior.
Tengo que decir aquí que, además de los esfuerzos del ministerio a los que me voy a referir a continuación, algunas universidades y algunas instituciones sin fines de lucro -por ejemplo, puedo citar el sistema de información universitaria
denominado U-Rankin, que desarrolló la Fundación BBVA con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas- están tratando de dar mayor transparencia a esa dimensión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hemos desarrollado, dentro de la web del
ministerio, una página especial que se presentó en la última edición de AULA, que se llama Qué estudiar y dónde en la universidad, QEDU, en su nickname. Esta página lo que ofrece a los futuros universitarios es una información de relieve sobre qué
posibilidades, en qué sitios, con qué nota de corte, con qué perspectivas de rendimiento, con qué tasa de éxito y de rendimiento les van a permitir realizar esos estudios superiores. Es más, a través de una aplicación de cálculo de probabilidades
le permite al alumno establecer un pronóstico de su rendimiento en esos estudios que vaya a elegir. Todo lo que contribuya a dar transparencia sobre los estudios universitarios contribuye, al mismo tiempo, a darle eficacia y a darle eficiencia.
Por eso, en el sistema integrado de información universitaria estamos también trabajando sobre la dimensión de empleabilidad, sobre qué empleos se consiguen, en qué plazos y en qué condiciones.
Muchas gracias, señora Moneo. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUÁL ES LA ESTIMACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA FINANCIACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE
LA TARIFA PLANA A LA CONTRATACIÓN? (Número de expediente 180/000855).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Socialista.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, acaban de aprobar una tarifa plana que significa menos ingresos para la Seguridad Social y un regalo para las grandes empresas. Como el decreto ley no tiene memoria económica, ¿nos podría decir cuánto cuesta y quién lo
paga? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señora López i Chamosa, permítame que le diga que empezaron negando la crisis, hoy están negando el inicio de la recuperación; llegaron al Parlamento pidiendo políticas de impulso al crecimiento, y niegan o ponen pegas a las políticas de
impulso a la contratación. Señoría, la tarifa plana de 100 euros es quizá el instrumento más importante de impulso del empleo estable en nuestro país que nunca se haya puesto en marcha. Será una medida que favorecerá el crecimiento económico y la
creación de empleo.
En términos de crecimiento, señora diputada, el Ministerio de Economía y Competitividad ya ha estimado que aportará este año tres décimas adicionales al crecimiento del PIB. Por tanto, más crecimiento económico, más creación de empleo
estable y más recursos para la Seguridad Social.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora ministra, todo eso está muy bien, pero ¿quién lo paga? Ese es el problema. La tarifa plana como la han planteado es una transferencia de dinero, de recursos de los más débiles, en este caso los
pensionistas, a las grandes empresas. Según nuestros cálculos, esta medida va a suponer entre 5.000 y 7.000 millones menos de ingresos a la Seguridad Social; es decir, es dinero de la Seguridad Social, de los pensionistas, que va a las grandes
empresas, en definitiva, a los bolsillos de unos pocos. Esas grandes empresas que tienen beneficios y que están realizando despidos objetivos: Iberdrola, Coca-Cola... ¿Le suenan? Pues esas.
Señora ministra, en los últimos años la media de contratos indefinidos es de 1.400.000. ¿Esos contratos se hacen sin regalo, o con regalo? Porque se han hecho estos años también. Para que le quede claro: rechazamos esta medida porque no
genera empleo neto, es un regalo a las grandes empresas con beneficios y encima lo paga el Fondo de reserva de la Seguridad Social. La tarifa plana la hacen sin diálogo social y al margen del Pacto de Toledo. Además, señora ministra, sabe que este
año la Seguridad Social va a tener más de 10.000 millones de déficit, y le endiñan ustedes una medida que va a suponer entre 5.000 y 7.000 millones menos de ingresos entre 2014 y 2015. Señora ministra, esta medida la van a pagar los pensionistas y
la vamos a pagar de todos los ahorros que hicimos entre todos durante los Gobiernos socialistas. Como no tienen la Gürtel, Rajoy invita, los pensionistas pagan. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, no haga tanta demagogia porque lo que no ha explicado todavía el Gobierno socialista a los españoles es por qué congelaron las pensiones teniendo 70.000 millones de euros en el Fondo de reserva de la Seguridad Social. Eso
es lo que ustedes tendrían que estar explicando y por lo que tendrían que estar pidiendo perdón todos los días a los pensionistas. (Aplausos).
Señora diputada, con este Gobierno las pensiones subirán siempre, pero para que suban siempre las pensiones tenemos que mejorar los ingresos del sistema. Para mejorar esos ingresos hay que trabajar por el empleo, y esta tarifa plana de 100
euros impulsa el empleo estable, porque crear empleo y que este sea estable es lo que asegura las pensiones en el presente y en el futuro. Señora diputada, la estimación que hacemos en el ministerio, que se recoge en la memoria que desde ayer
tienen ustedes en esta Cámara, es que el efecto para el sistema es neutral, porque lo que aporta es más crecimiento económico, más creación de empleo estable y se pone en marcha el círculo virtuoso de la economía. No paramos de hacer esfuerzos por
mejorar la Seguridad Social que ustedes dejaron en déficit. Hemos mejorado los ingresos y
además vamos a poner en marcha y estamos impulsado con los interlocutores sociales un nuevo modelo de liquidación directa de las cuotas de Seguridad Social para simplificar el sistema, mejorar los instrumentos de recaudación y actuar
preventivamente contra el fraude. Trabajamos por la Seguridad Social, por unas mejores pensiones y por el empleo; ustedes, en la demagogia y en la contradicción. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA BLANQUER ALCARAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA CORREGIR LA BRECHA SALARIAL ENTRE MUJERES Y
HOMBRES? (Número de expediente 180/000856).
El señor PRESIDENTE: Pregunta a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social, que formula la diputada doña Patricia Blanquer, del Grupo Socialista.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Los últimos datos dicen que el salario medio anual femenino representa el 77 % del masculino, una situación peor que la del año anterior. Las mujeres tendrían que trabajar casi tres meses más que los hombres para cobrar lo mismo. Se está
incumpliendo la obligación legal de a igual trabajo, igual salario, y ustedes llevan dos años mirando hacia otro lado. Han eliminado la encuesta que nos daba información trimestral sobre las condiciones de trabajo en las empresas generando un
apagón estadístico. Y las tres únicas estadísticas que dan información periódica inferior al año sobre evolución salarial no vienen diferenciadas por género dificultando el análisis actualizado de la situación. Con este escenario, señora ministra,
¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre mujeres y hombres? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada, la Constitución española y la legislación laboral consagran el principio de igualdad y no discriminación entre sexos. Entre otras cosas, lo que hacen es poner de manifiesto que ante el mismo trabajo debemos recibir el mismo
salario. Por tanto, coincido con usted en que hay todavía elementos de desigualdad que entre todos tenemos que corregir, pero este Gobierno desde el primer momento ha trabajado, entre otras cosas a través de la reforma laboral, para evitar esa
discriminación. ¿Cómo? En primer lugar, suprimiendo las categorías profesionales por grupos profesionales, que encubrían prácticas discriminatorias. Esta tarea a la que usted se refiere también requiere el compromiso de todos, y una vía
fundamental para superar esta discriminación es la negociación colectiva. Los planes de igualdad tanto en la negociación colectiva como en la responsabilidad social de las empresas son elementos fundamentales para que trabajemos por la igualdad de
las mujeres. Señoría, como ministra de Empleo siempre me tendrá al lado de los que trabajan por la igualdad salarial de las mujeres. En eso estamos y espero contar también en este trabajo con su ayuda. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Señora ministra, el viernes su Gobierno anunció unas medidas que fueron puro márquetin para intentar enmendar su nefasta gestión, porque no ha hecho nada para corregir la discriminación salarial. Ha perjudicado
la conciliación con sus modificaciones legislativas; ha suprimido la negociación colectiva -no es cierto lo que ha dicho-; ha situado el paro femenino en máximos históricos, con 5 puntos más que cuando llegaron al Gobierno, y ha intensificado la
desigualdad en el mercado de trabajo. Todos los indicadores confirman que la brecha salarial entre ricos y pobres se agranda en España y que las mujeres, las más perjudicadas, se concentran en los salarios más bajos. Han conseguido precarizar el
empleo femenino con la sustitución del empleo a tiempo completo por parcial, un tipo de jornada que determina la brecha salarial entre mujeres y hombres: hay casi 2 millones de mujeres con empleo parcial frente a 700.000 hombres. Y no solo esto,
sino que además por primera vez en cuarenta años está cayendo la población activa femenina. Sin lugar a dudas, el desmantelamiento
de la Ley de Dependencia, la eliminación de la escolarización de los niños de 0 a 3 años y sus sucesivas reformas laborales han conseguido expulsar a la mujer del mercado de trabajo.
Si en verdad quieren mejorar la situación de las mujeres, rectifiquen y deroguen todas sus reformas, porque su Gobierno se ha convertido en una pesadilla para las mujeres. (El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, la mayor discriminación contra las mujeres es mandarlas al paro, que es lo que hicieron ustedes, mandar a 1.385.000 mujeres al paro cuando gobernaron los
socialistas y subir la tasa de desempleo en 12 puntos. Eso sí que es, señora diputada, discriminación.
Me hablaba usted de los cambios en la reforma de la negociación colectiva. Lo que ha hecho la negociación colectiva en este país es modernizarse y dinamizarse para que a través de ella y con consenso entre empresarios y trabajadores se
estén salvando muchos empleos en la pasada recesión. Señoría, lo que estamos haciendo es trabajar por las mujeres, por eso hemos hecho posible una mayor protección social de acuerdo con todos ustedes del contrato a tiempo parcial para favorecer la
conciliación y el trabajo de las mujeres. Por eso hemos posibilitado que se reduzca la jornada para mujeres que tienen que cuidar de sus hijos ampliando el tiempo de 8 a 12 años y estamos trabajando todos los días por las mujeres, también con el
plan de igualdad de más de 3.000 millones de euros que se presentó el viernes en Consejo de Ministros pensando en las mujeres y en sus oportunidades.
Señora diputada, lo que no cuenta usted es que las encuestas a las que alude relativas a diferencia y brecha salarial entre las mujeres, que se encuentran en récord histórico en nuestro país, son de 2011, cuando quien gobernaba era el
Gobierno socialista.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD CABEZÓN RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO EMPRENDER ALGUNA MEDIDA PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO EN ANDALUCÍA?
(Número de expediente 180/000857).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social por la diputada doña Soledad Cabezón, del Grupo Socialista.
La señora CABEZÓN RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la máxima prioridad para la Junta de Andalucía y para la presidenta en estos momentos es el empleo. Por ello en los presupuestos de 2014 es la partida que más crece, para lo cual se han puesto en marcha más de cien medidas
para la reactivación económica y un nuevo modelo productivo y se ha aprobado por cuarto año consecutivo un plan autonómico para el empleo dotado con 200 millones de euros. Y todo ello, señora ministra, cumpliendo con el déficit, manteniendo el
Estado del bienestar, a pesar de los importantes recortes y la disminución de los ingresos del Estado, y siendo una de las comunidades autónomas con menor deuda. Por lo tanto, señora ministra, Andalucía cumple con el Estado y por ello consideramos
que el Estado también debe cumplir con Andalucía. En consecuencia, le preguntamos si piensa el Gobierno de España poner en marcha alguna medida para la creación de empleo en Andalucía. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
La prioridad del Gobierno de Andalucía y de España es el empleo y por eso desde el primer momento todas las medidas y reformas que ha adoptado este Gobierno han ido a trabajar por el empleo. Por eso se puso en marcha una reforma laboral que
permitió la flexibilidad y la modernización de la negociación
colectiva que, junto al acuerdo de los interlocutores sociales de enero de 2012, ha permitido que se salven muchos empleos en España y en Andalucía durante la recesión. Señora diputada, también hemos puesto en marcha nuevas fórmulas de
contratación pensando en el tejido productivo mayoritario de España y de Andalucía, que son empresas de menos de 50 trabajadores. Y el contrato indefinido de apoyo a emprendedores está dando sus frutos, ya hay más de 175.000 contratos indefinidos
de apoyo a emprendedores en España, de ellos más de 11.200 en Andalucía. Hemos puesto en marcha también medidas que impulsaban el emprendimiento como oportunidad para muchas personas en Andalucía y en España, la tarifa plana de 50 euros, que ha
dado oportunidades a más de 170.000 españoles y a 32.000 nuevos autónomos en Andalucía. Y ahora hemos impulsado la tarifa plana de 100 euros para que los trabajadores tengan la máxima protección social, pero los costes laborales para las empresas
disminuyan, favoreciendo la creación de empleo estable. Por tanto, son medidas para el impulso del empleo en España y en Andalucía.
Muchas gracias, señora diputada. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora CABEZÓN RUIZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, es obvio que no tenemos la misma apreciación de los resultados de la reforma laboral, una reforma que a nuestro entender lo que ha permitido y ha facilitado es la reducción de las plantillas y el cierre de muchas empresas
con beneficios. Es obvio que no tenemos el mismo concepto del trabajo que ustedes han hecho por el empleo para Andalucía, con una reducción del 57 % en las políticas activas de empleo por su ministerio, y a pesar de todo ello tenemos que decir que
el 75 % del empleo neto creado en España en el pasado año lo creó Andalucía.
Señora ministra, para que España salga de la crisis es muy importante que lo haga Andalucía y por ello le solicitamos una vez más un plan extraordinario de empleo para Andalucía como lo hicieron con comunidades como Extremadura y Canarias.
Se lo pidió la señora presidenta al señor Rajoy y obtuvo un no por respuesta en los presupuestos; se lo hemos pedido a usted aquí en varias ocasiones y no nos ha contestado afirmativamente hasta hoy; se lo ha pedido por unanimidad el Parlamento de
Andalucía el pasado mes de febrero, y se lo ha pedido el candidato a la Junta, el señor Moreno, en la primera reunión el pasado lunes a la señora presidenta en su pacto por el empleo, pero le dijo que no tenía margen ni capacidad para solicitar este
plan al Gobierno. Señora ministra, usted tiene ese margen y esa capacidad, hoy lo que le pedimos es la necesaria sensibilidad que debe tener con nuestra tierra y que ponga en marcha este tan necesario plan para Andalucía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Las medidas que desde el Gobierno de España estamos impulsando también están dando resultados en Andalucía, por eso ha bajado un 5 % la tasa de paro en Andalucía y ha subido un 1,7 % la afiliación a la Seguridad Social. Pero Andalucía, como
usted bien dice, es la comunidad autónoma con más paro de España con un 36 % y tenemos que trabajar todos juntos en nuestro ámbito de responsabilidad. Ninguna comunidad autónoma tiene un plan especial de empleo, todos los fondos llegan a través de
conferencia sectorial. Lo que debería explicar usted al conjunto de los diputados de esta Cámara es lo que hace con las políticas de empleo, con lo que presupuesta la Junta en sus presupuestos. Según la Oficina de Control Presupuestario ha dejado
sin ejecutar un 45 % de los presupuestos de empleo, 196 millones de euros; en materia de formación -capital para el empleo- se han dejado de ejecutar la mayoría de los recursos, solo se han ejecutado el 2,6 % de 617 millones. Eso sí, dedican 113
millones a mantener estructura y solo 34 a impulso de las empresas, con apoyo al empleo. Esa es la realidad en Andalucía, señora diputada. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON FELIU-JOAN GUILLAUMES I RÀFOLS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO QUE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN PRIVADO HAYA PUBLICADO LAS
FOTOGRAFÍAS, EN SU MAYORÍA CORRESPONDIENTES AL DNI CUYA BASE DE DATOS CUSTODIA EL MINISTERIO DEL INTERIOR, DE LOS 33 JUECES Y MAGISTRADOS QUE FIRMARON EL MANIFIESTO DEL DERECHO A DECIDIR? (Número de expediente 180/000846).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior, que formula al diputado don Feliu-Joan Guillaumes, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidente.
Señor ministro, sin generalidades ni eufemismos, ¿cómo puede ser que un grupo de jueces, treinta y tantos, firmen un manifiesto a favor del derecho a decidir y al cabo de unos días aparezcan sus fotografías en un periódico generalista,
veinticinco de las cuales solo pueden haber surgido del fondo del documento nacional de identidad, en una práctica muy parecida a la que ustedes criticaban a la izquierda abertzale? ¿Se trataba de darles un mensaje, quizá: sabemos quiénes son y
dónde viven?
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, en relación con la cuestión que usted me plantea le diré que se ha presentado por parte de esas personas una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, que está instruyendo las correspondientes
diligencias. Por otra parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial se ha manifestado al respecto y el servicio de inspección de dicho Consejo General del Poder Judicial está tramitando el correspondiente expediente. Por tanto, me
permitirá que le diga que respetemos la independencia del Poder Judicial, tanto en sus tramitaciones judiciales como en lo que hace referencia a sus inspecciones internas. Por último, me pide usted en su pregunta que valore el hecho de que se
publique esa información. Le diré que el Gobierno respeta absolutamente el derecho a la información y la libertad de expresión. Espero que usted también. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Precisamente en eso estamos, defendiendo la de estos jueces. Señor ministro, su ministerio es un coladero. Resulta que primero hacen ustedes unos informes falsos, anónimos, que son incapaces de justificar
-eso en el ministerio encargado de la investigación-, que afectan al presidente de la Generalitat en plena campaña. Hacen algo parecido con unos profesores navarros acusándoles colectivamente de ser simpatizantes de ETA; también informe anónimo.
Luego sucede lo de Ceuta y Melilla y creo que vamos ya por el noveno o décimo informe, cada uno contradictorio con el anterior. No es extraño que tengan tantos informes anónimos, quizás es que no hay tiempo de firmarlos en su ministerio. Claro,
ustedes me dirán que estas prácticas son normales. A mí no me lo parecen en absoluto. Ahora estamos hablando de la filtración del fondo documental del documento nacional de identidad para un periódico privado, abiertamente antinacionalista, cuando
existen fotografías de todos estos jueces en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué se le está intentando decir a esta gente?
Acabaré con una frase de la famosa serie de la BBC Sí, ministro. El ministro le pregunta a sir Humphrey, su secretario general: ¿Esto es legal, sir Humphrey? Pues mire, señor ministro, no es legal, pero es la práctica habitual. Parece
que esto es lo que ha llegado a su ministerio. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guillaumes.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Lo que es legal lo determinan los tribunales y, a lo que parece, a usted y a quienes le mandan les molestan algunas investigaciones que están haciendo los tribunales sobre algunas prácticas no
precisamente legales. Permítame que me quede aquí de momento, señor Guillaumes. En todo caso, no acabo de entenderlo. Si unos jueces o unas personas cualesquiera firman un manifiesto público, se supone que lo quieren es que tenga
notoriedad pública. No entiendo que se molesten porque un medio de comunicación, en lo que yo no entro, se haga eco de ese manifiesto público.
Dicho eso y entrando en la cuestión concreta por la que usted se interesa, no todas las fotografías eran del documento nacional de identidad, no todas. Unas cuantas -y no pocas- no eran del DNI. Además, en la práctica habitual -y supongo
que usted no es un ser extraño a estos efectos-, todos, cuando nos sacamos el DNI, damos una fotografía y esa misma fotografía la utilizamos para otros documentos públicos o para otros fines. Por otra parte -y escuche bien lo que le voy a decir-,
el acceso a la base de datos del DNI no es exclusivo del Cuerpo Nacional de Policía, es también de la Guardia Civil y -escúcheme- de otros cuerpos policiales. ¿Me ha entendido, señoría? De otros cuerpos policiales también.
Por último, le diré lo que no hace nuestro Gobierno y es por lo que usted se debería interesar: listas de periodistas que tienen afinidad ideológica con determinados Gobiernos. Eso lo hacen algunos próximos a usted y, desde luego, este
Gobierno no lo va a hacer. Por eso debería preguntar. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ÀLEX SÁEZ JUBERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿A QUÉ MOTIVOS OBEDECE EL ENVÍO DE ARGUMENTARIOS SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD
CIUDADANA A LAS EMBAJADAS? (Número de expediente 180/000850).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y que formula don Àlex Sáez Jubero, del Grupo Socialista.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Gobierno ha secuestrado la política exterior. No es la política exterior del Gobierno de España, sino que es la política interior del Gobierno del Partido Popular. Usted utiliza la política exterior, señor ministro, para
hacer propaganda política de la política interior del Gobierno del Partido Popular. Se lo advertimos en lo que respecta a los argumentarios que usted envió a la red de embajadas de España en relación con Cataluña. Internacionalizar la cuestión
territorial fue un inmenso error, del mismo nivel que el error que cometió el president Mas al enviar la carta a los primeros ministros de la Unión Europea, porque es precisamente en España, por la vía del diálogo, del consenso y de las reformas,
donde tiene que tener salida este desafío territorial. El envío de este argumentario de 240 páginas a nuestra red de embajadas no responde a la función que debe desplegar nuestra acción exterior, que es la defensa de los intereses de España, sino
que responde más bien a la defensa de una visión partidista de España y, por tanto, de la utilización de un instrumento público, la diplomacia y los embajadores.
Señor ministro, usted vuelve a la carga con un nuevo argumentario, esta vez en relación con el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. ¿A qué obedece este nuevo argumentario? ¿No sé da cuenta, señor ministro, de que estos argumentarios
son profundamente divisivos entre españoles, en el caso de Cataluña, de ciudadanos de un territorio respecto de otros, en el caso del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, que busca distanciar a los ciudadanos de las instituciones? Además,
usted envía estos argumentarios específicamente a funcionarios públicos que representan a nuestras embajadas multilaterales, precisamente donde este anteproyecto de ley de seguridad ciudadana ha provocado mayor rechazo de aquellas instituciones que
defienden los derechos humanos. Señor ministro, es adoctrinamiento y nos ha recordado estos días los telegramas que Ana de Palacio envió en su día por el 11-M, el aprovechamiento de nuestras embajadas públicas para hacer política.
Señor ministro, está preocupado por la marca España. La ley del aborto ha recibido muchísima contestación, pero tal vez no deba usted enviar un argumento para contestar las editoriales de la prensa internacional, sino que lo que debe hacer
el Gobierno es retirar el anteproyecto de ley del aborto. Señor ministro, preocúpese menos de la marca y más de España. Trabaje más por una política exterior para todos los españoles, que se lo agradecerán.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Muchas gracias, señor presidente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores no ha enviado argumentario alguno sobre la ley de seguridad ciudadana a las embajadas bilaterales, simplemente porque no lo ha considerado oportuno. Sí ha enviado ese argumentario a las representaciones
permanentes de España ante los organismos unilaterales competentes en materia de Unión Europea, simplemente porque se nos ha pedido y es costumbre de este ministerio responder cuando se nos pregunta. Por otro lado, ha mezclado aquí todo lo que le
ha parecido bien y me dice que el que enviemos un argumentario defendiendo la Constitución y la unidad de España no responde a la defensa de los intereses españoles. Espero que su partido no comparta semejante tesis.
En lo que se refiere a la ley que a usted le preocupa y que es objeto de la pregunta, la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana fue aprobada el 29 de noviembre del año pasado. Al día siguiente, el día 30, la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó solicitud de información sobre esta ley. El Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó al Ministerio del Interior la solicitud, se nos envió la información sobre esa ley y se remitió
a la oficina permanente a la que se había dirigido el organismo al que me he referido anteriormente. Para aclarar las cosas, lo hemos remitido también a todas las representaciones permanentes ante los organismos multilaterales que tienen alguna
competencia o relación con derechos humanos: a la misión española en Nueva York en Naciones Unidas, a la misión española ante la Unión Europea en Bruselas, a la misión de Viena, responsable ante la OSCE, y ante la representación permanente en
Estrasburgo en el Consejo de Europa. Por tanto, lo que hemos hecho es responder a las peticiones de información que se nos han solicitado y sería muy extraño que un Ministerio de Exteriores dijera que no quiere contestar.
En segundo lugar, las representaciones exteriores están para informar de la política interior y exterior que hace el Gobierno cuando crea que esa información puede disipar dudas, puede mejorar la imagen de España o puede contribuir a una
información transparente de lo que hacemos. Como usted sabe, la Constitución dice que la política exterior la dirige el Gobierno y eso es exactamente lo que vamos a hacer...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): ... y no tenga usted duda de que la defensa de la unidad de España forma parte de esa política. (Aplausos).
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA ELABORACIÓN, IMPLANTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB), ASÍ COMO SOBRE SUS PREVISIBLES
CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ORGANIZATIVA, CURRICULAR Y ECONÓMICA SOBRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 172/000201).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la elaboración, implantación y evaluación del currículo
básico de la educación primaria y la formación profesional básica, así como sobre sus previsibles consecuencias de índole organizativa curricular y económica sobre la comunidad educativa. Para formular la interpelación tiene la palabra la señora
García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, sigue usted inmerso en su prepotencia y ello le impide aprender de los errores cometidos y reconsiderar su forma de actuar al frente del ministerio. Usted, señor ministro, y su secretaria de Estado se empecinaron y
obligaron a su grupo parlamentario a llevar adelante una ley que no gusta a nadie, ni a los suyos, ignoro en este caso si por exceso o por defecto, una ley que por unas razones u otras ha tenido en contra a todo el arco parlamentario y a las
organizaciones más representativas de la comunidad educativa. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
A lo largo del proceso de la Lomce, usted presumió de lo que nunca hizo, de buscar el consenso. Sin embargo, lo que sí hizo usted es abusar mucho de la prepotencia y poco del diálogo. Prueba de ello es la soledad de su partido y la suya
propia el día que esta Cámara aprobó su contrarreforma educativa, por no hablar de los múltiples recursos de inconstitucionalidad que ya se están presentando. Una vez aprobada la ley, usted tenía que convocar la Conferencia Sectorial de Educación
para tratar con las comunidades autónomas de la implantación, de la financiación y especialmente de los desarrollos curriculares de la norma aprobada. Ha tenido que pacificar una vez más a sus propias comunidades, que siguen teniendo serias dudas
sobre los tiempos y recursos con los que van a contar para la implantación de una ley que, como ya le dijimos en su momento, nace prácticamente muerta. Tiempo ha, les prometió a los suyos una financiación a través de fondos europeos que no está
nada clara. Los grupos de la Cámara, señor ministro, esperamos que algún día tenga a bien explicarla con detalle, bien ahora desde este atril o bien en la Comisión de Educación, a la que por cierto tiene usted especial aversión.
En enero de este año, usted presentó a las comunidades autónomas en la conferencia sectorial un proyecto de real decreto en el que aparecía conjuntamente el currículo básico de primaria, secundaria obligatoria y bachillerato, pero no coló, y
se vio obligado a dar marcha atrás en sus prisas e improvisaciones, comprometiéndose a elaborar por separado el currículo de cada etapa educativa. De hecho, un mes más tarde se aprueban en el Consejo de Ministros y se publican a continuación dos
reales decretos en los que se recogen los currículos básicos para educación primaria y formación profesional básica. No tenemos conocimiento de que usted haya convocado la conferencia sectorial para presentar esos decretos en concreto a las
comunidades autónomas.
Por otra parte, la respuesta de la comunidad educativa y de las organizaciones sociales ha sido inmediata, tanto dentro del Consejo Escolar del Estado como fuera del mismo. Pero vayamos a lo que dicen desde el organismo que acabo de
mencionar. Le recriminan una vez más su improvisación y precipitación. Le piden que revise la redacción, que conduce a equívocos, y que incorpore nuevas disposiciones aclaratorias -no hay horario lectivo mínimo ni se determina en qué meses habrá
clases-. En román paladino, señor ministro, les llaman chapuceros, eso sí, de forma educada, que para eso es el Consejo Escolar del Estado. Por cierto, también le reprochan el escaso margen de autonomía que dejan a comunidades y centros educativos
a la hora de ejercer el papel que les atribuye la propia ley en el desarrollo de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.
Una vez más queda en evidencia su predisposición al consenso, es decir, al no consenso, señor ministro. Usted, como hizo con la Lomce para justificar su supuesta voluntad de dar participación en la elaboración de los currículos, se escuda
en que desde el 12 de diciembre al 3 de enero quedaba abierta una web a la que se podían enviar sugerencias. No le voy a decir nada sobre las fechas en las que se abría la web. De sobra sabía usted por qué las elegía. Lo que sí le digo es que
nada se sabe sobre las sugerencias recibidas y qué se ha hecho con ellas, pero parece que las consultas a las comunidades y organizaciones más representativas y en general a la comunidad escolar, a las que según manifiestan en el real decreto han
consultado, son falsas de toda falsedad. Otra cosa es que usted entienda por consultas el puro y simple cumplimiento de la tramitación que requiere una norma de este tipo -faltaría más- y hasta eso está en entredicho, puesto que lo que usted
sometió a dictamen fue una cosa -decreto conjunto de primaria, secundaria y bachillerato- y lo que llevó y se aprobó en Consejo de Ministros fue otra -decreto de primaria y decreto de formación profesional básica-.
¿Y qué decir, señor Wert, del vapuleo del Consejo de Estado a su proyecto de currículos básicos? El Gobierno apuntó que dicho organismo no había hecho observaciones esenciales -como siempre, siempre dice lo mismo-, pero respecto al decreto
de primaria dicho organismo recomienda incluir una valoración de los supuestos efectos del proyecto en el abandono escolar, incorporando también una perspectiva de género, ya que estos estudios registran una matrícula muy desigual entre chicos y
chicas. También recoge la valoración crítica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que informa desfavorablemente por el carácter de impacto económico de la norma: el Ministerio de Hacienda, señor ministro. Por otra parte, dicho
organismo echa en falta un estudio económico que valore el impacto de la formación profesional básica en la realidad social, que no se debe confundir con el coste de su implantación. También habla el Consejo de Estado de precipitación y de un
enfoque parcial, estimando que habría sido más pertinente un tratamiento conjunto de la formación profesional. También le llaman chapuzas, pero educadamente de nuevo.
Pasemos del contexto al texto propiamente dicho. Señor ministro, mi grupo no puede creer que usted desconozca los presupuestos de su ministerio y por eso nos llama poderosamente la atención que ponga
negro sobre blanco en este real decreto cuestiones que no puede cumplir porque van en contra de lo que dicen sus presupuestos y en contra también de los recortes que obligan a hacer a las comunidades autónomas, que son finalmente las que
tiene que aplicar la norma. Un ejemplo, artículo 14, alumnado con necesidades especiales. Si ustedes han metido la tijera año tras año, si ustedes han permitido el recorte de plantillas y el aumento de las ratios, imposibilitando con los recortes
los refuerzos y apoyos necesarios, ¿cómo piensa solucionar los problemas de este alumnado? ¿Con la magia voluntarista del profesorado únicamente? ¿Sería usted tan amable de explicarnos aquí el artículo 9, proceso de aprendizaje y atención
individualizada? Tenemos serias dudas de que tal propuesta no sea contraria a sus propios planteamientos de estandarización del currículo a través de la evaluación de un currículo indefinido en estándares de aprendizaje. Mucho nos tememos que uno
de sus principales objetivos consista en desarrollar el pensamiento único y la homogeneización de la enseñanza, es decir, en volver al pasado. Usted habla de competencias y autonomía de los centros en el artículo 15 y sin embargo de nuevo supone
una vuelta atrás. Se puede ver a lo largo del real decreto en el reparto de competencias entre el Gobierno, autonomías y centros. Puede usted resumir esto en una sola cuestión, en el interés que usted tiene, la recentralización.
Desde mi grupo no podemos obviar referirnos al artículo 10, sobre elementos transversales. En el punto 3 habla del rechazo a la violencia terrorista, pero no dice nada sobre la violencia por causas políticas. De nuevo entierran en la
cuneta a las víctimas del franquismo. De nuevo evitan hablar de la memoria histórica. De nuevo huyen de hablar de un régimen genocida y terrorista. Sí, señorías, porque el franquismo utilizó el terror más absoluto como instrumento para sojuzgar,
atemorizar y reprimir a los españoles. De eso, de nuestra historia, no quieren ustedes hablar. Para ustedes el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo solamente tiene una cara: la que ustedes quieren. Le voy a hablar de otro tipo
de terrorismo, señor ministro. ¿Qué pasa con las víctimas del terrorismo machista, que son muchísimas? Solamente en estos meses, 17. ¿No son merecedoras de ese respeto y consideración como las del franquismo tampoco? En este último caso, ¿no le
parece adecuado explicarlo como hecho histórico, como le he manifestado antes, en nuestro país?
Estamos además, señor ministro, seriamente preocupados por el futuro de las enseñanzas artísticas, devaluada esa asignatura optativa, a pesar de que su aprendizaje está directamente vinculado a la adquisición de la creatividad, una de las
competencias clave que establece la propia norma: contradicción tras contradicción, señor ministro. Señor Wert, en su momento ya dijimos que usted se vio obligado a corregir parcialmente la justificación de la reforma que había emprendido. Usted
eliminó, mejor dicho, enmascaró, los enfoques economicistas que ahora, con este real decreto, vuelven a salir a la luz. Las competencias que en el primer borrador de la Lomce parecían diseñadas por el mundo empresarial vuelven de nuevo a sus
inicios; las hacen desaparecer, las soterran, pero las vuelven a sacar y nos encontramos ahora ante un aprendizaje dirigido hacia la empleabilidad, el crecimiento económico y lo que ustedes entienden por innovación, que por cierto no es lo mismo
que lo que entienden los investigadores.
Se fomentan desde la más tierna infancia los modelos de un sistema caduco: individualismo, competitividad, emprendimiento, que está llevando a los trabajadores y a las trabajadoras en este momento real a la pérdida de todos sus derechos.
La educación hasta ahora tenía la función de analizar los actos desarrollados por nuestros antecesores y que formarían el acervo cultural, nuestras creencias y conocimientos, con el objetivo no solo de reconocerlos, reproducirlos, saberlos y
aplicarlos, sino esencialmente para extraer su significado, para llegar a comprender por qué nos compartamos y vivimos de determinada manera. Con estas competencias básicas no fomentamos una inteligencia creadora y colectiva para poner en marcha
proyectos de futuro, sino una mentalidad domesticada, la que el mercado demanda, que se adapte con facilidad al trabajo precario existente; por eso hay que reducir, prácticamente eliminar, las materias dedicadas a las artes y el pensamiento. Ya lo
dijo José Luis Sampedro, que seguramente será uno de sus escritores preferidos: Nos educan para ser productores y consumidores, pero no para ser hombres libres. Quizás esa frase ya no le guste tanto.
Al final, las competencias que se miden en las reválidas de tercero y sexto quedan como los mandamientos, reducidas a dos: competencia lingüística y competencia matemática y básicas en ciencia y tecnología. Competir en función de los
informes PISA. Con los estándares convertimos las competencias no solo en la aplicación de contenidos sino en algo medible, observable, que nos sirva para conseguir un alumnado homogéneo al que enseñamos un pensamiento único práctico y poco
reflexivo o crítico. Volvemos al pensamiento conductista, a una formación en conocimientos cada vez más memorísticos, más instrumentales, que son los que se pueden medir con esas evaluaciones externas. La producción del saber se restringe a modos
de enseñanza que no pueden, mejor dicho, no pretenden transformar la
sociedad, sino ante todo fortalecer los intereses del mercado, los intereses de quienes los sostienen, señor ministro. En cualquier caso, la libertad de pensamiento y el desarrollo de la responsabilidad, principios de educación para la
Unesco, desaparecen.
Señor ministro, es en estos planteamientos en los que su ministerio y usted, señor Wert, se basan para manifestar que no es cuestión de gastar más. Usted quiere formar alumnos en conocimientos instantáneos para una producción instantánea.
No quiere alumnos con conocimientos emancipadores y críticos, que puedan comprender el mundo, cuestionarlo y transformarlo, porque, como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para cambiar y el mundo, y usted no quiere que
nuestros alumnos y nuestras alumnas posean esa arma.
Qué decir de las improvisaciones que acechan a la formación profesional. Con este decreto, señorías, el texto de la ley no establece ninguna condición de escolaridad específica, ni prevé ratios menores a las fijadas con carácter general
para la secundaria. Además, la primera reválida prevista en la Lomce se hará en el curso 2017-2018, por lo que los primeros alumnos que estudien formación profesional básica podrían quedarse un año entero en el limbo, sin posibilidad de obtener la
titulación, y tampoco tendrían los años correspondientes -dieciocho- que se requieren para presentarse a la prueba de obtención de la ESO. Usted los saca de una forma u otra del sistema educativo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora García Álvarez, debe terminar.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino ya, señora presidenta.
Señor Wert, chapuza tras chapuza, eso sí, hasta la derrota final, porque eso es lo que harán los ciudadanos y las ciudadanas, derrotarlos en las urnas, como usted y el Gobierno se merecen.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.
Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señorías, señora García Álvarez, la interpelación literal que ha presentado su señoría -digo literal, no la intervención de su señoría- se refería a la
elaboración, implantación y evaluación del currículo básico de la educación primaria y la formación profesional básica, así como sus previsibles consecuencias de índole organizativa, curricular y económica sobre la comunidad educativa. No ha tenido
mucho que ver esta descripción del objetivo supuesto de la interpelación con el contenido de la misma, que -en una línea que tengo que decirle, señora García Álvarez, que no me sorprende porque estoy acostumbrado a ella- contiene fundamentalmente
tres elementos, los tres bastantes repetidos, el primero, ofenderme o, en todo caso, dedicarme epítetos descalificadores -no los voy a reiterar-; el segundo, enristrar una tras otra una serie de afirmaciones perfectamente indemostradas
-fundamentalmente porque son completamente indemostrables- acerca de los supuestos malévolos propósitos o intenciones ocultas que guían la reforma educativa; el tercero, la conclusión de siempre, es decir, parece que la única fuerza movilizadora
que tienen ustedes es el inmovilismo. ¿En qué acaba su intervención, señora García Álvarez? ¿En que no hay que tocar nada? ¿En que no hay nada que reformar? ¿En que la educación -en este caso la primaria y la formación profesional básica, que no
existe- están bien como están? ¿En que es adecuado que una cuarta parte de los estudiantes se queden sin un itinerario educativo que seguir? ¿En que es equitativo que una cuarta parte de los estudiantes se queden sin las herramientas mínimas que
les permitan luego insertarse en la vida profesional y laboral? ¿Esa es su versión de la equidad, esa equidad cuya representación, señora García Álvarez, no sé quién le ha atribuido a usted? No sé por qué estiman ustedes que una norma que ha sido
aprobada por una mayoría en las dos Cámaras tan amplia como la que recibió la legislación anterior tiene no sé qué tara genética o no sé qué déficit de nacimiento.
Señora García Álvarez, se lo digo con toda franqueza, eso no me preocupa lo más mínimo. ¿Sabe lo que me preocupa? Me preocupa lo que tiene de injusta la descalificación absolutamente gratuita y desconocedora de la realidad sobre la que
está hablando del trabajo de muchísimos centenares de profesores, que son quienes de verdad están detrás de la aprobación de estos decretos que regulan la primaria y la formación profesional básica. Usted no tiene derecho a descalificar ese
trabajo. Usted no tiene derecho a calificarlo de chapuza o a decir que es apresurado. Se ha hecho con celeridad, sí, porque los problemas a los que nos estamos enfrentando son urgentes y es preciso enfrentarlos con decisión y celeridad, y se ha
hecho por muchos profesores que han sacrificado sus horas de descanso, que han
sacrificado sus vacaciones, que le han robado horas al sueño para que precisamente todo se pueda implantar como se tiene que implantar.
Simplemente voy a referirme -porque evidentemente en el tiempo de que dispongo no se puede desarrollar algo tan complejo- a algunas de las afirmaciones o de las observaciones de carácter más concreto -de las generales no quiero decir nada-
que ha hecho su señoría. Primero, del proceso prelegislativo, del proceso prerreglamentario, puesto que estamos hablando de una norma reglamentaria, que se ha seguido. Dice que a usted no le consta que se haya reunido la conferencia sectorial.
Las conferencias sectoriales no se reúnen en secreto, las convocatorias son públicas. Yo ya sé que ustedes no gobiernan en ninguna comunidad autónoma y, en ese sentido, no recibirán información directa, pero es que basta con leer los periódicos.
Claro que han tenido conocimiento las conferencias sectoriales, como lo ha tenido el Consejo Escolar del Estado, como lo ha tenido el Consejo de Estado y como lo ha tenido todo aquel que debía tenerlo. Por alguna razón extraña critica una cosa y
crítica la contraria. Es decir, dice que no ha habido ese diálogo y al mismo tiempo se refiere a algunas observaciones; por cierto, buena parte de las cuales han sido recogidas en la redacción definitiva de los reales decretos, formuladas tanto
por el Consejo Escolar del Estado como por el propio Consejo de Estado.
Acusa usted de centralismo o de recentralización y al mismo tiempo dice que las normas no contemplan determinadas cosas que se han dejado como competencias de las comunidades autónomas, entre ellas -por hablar de una a la que se ha referido
específicamente su señoría-, el horario lectivo. El planteamiento que se hace en la Lomce y que se desarrolla en lo que a la educación primaria y a la formación profesional básica se refiere en estos decretos es un planteamiento que deja un margen
de autonomía mayor a las comunidades autónomas. Particularmente, en lo que se refiere a los aspectos en torno al real decreto de la educación primaria, les atribuye la distribución de las materias en los cursos, puesto que se han eliminado las
etapas en la educación primaria, y también les permite fijar los horarios. Establece unas limitaciones en cuanto a que al menos el 50 % del tiempo tiene que estar dedicado a la enseñanza de las materias troncales, pero otorga una gran libertad
tanto a las comunidades autónomas como eventualmente a los centros para el desarrollo de los contenidos curriculares de los estándares de aprendizaje evaluables y de los criterios tanto respecto a las materias específicas como a las materias de
libre configuración. Evidentemente, este real decreto desarrolla las tres dimensiones fundamentales que necesitan las administraciones educativas para implantar esta nueva educación primaria, que es muy importante. La educación primaria es la base
del aprendizaje a lo largo de la vida y el planteamiento competencial que se hace de la educación primaria, siguiendo por cierto el marco de competencias básicas del aprendizaje de la Unión Europea, siguiéndolo escrupulosamente, precisamente pone
énfasis en aspectos que su señoría ha destacado como ausentes de la norma. Por ejemplo, desarrollar valores cívicos y sociales, desarrollar el pensamiento crítico o la adquisición de esas competencias de trabajo en equipo. Sí, evidentemente, se
ocupa muchísimo del tema del emprendimiento, entre otras cosas porque eso es lo que nos dice la Unión Europea cuando desarrolla el esquema de competencias clave. Porque uno de los problemas que tenemos en este país -y espero que eso no me lo
niegue, señora García Álvarez- es que nuestros jóvenes salen del sistema educativo con una vocación emprendedora -llamémoslo así- muy limitada. Eso no es individualismo, eso no es capitalismo, eso no es neoliberalismo; el espíritu emprendedor es
una cosa muy necesaria en toda sociedad que quiera tener progreso económico y progreso social. Como decía, las proporciones de emprendedurismo que se aprecian en nuestros jóvenes son muy escasas.
Dice usted que echa de menos determinados contenidos específicos en materia de valores cívicos, y se ha referido concretamente al rechazo de las formas autoritarias, de las dictaduras. Permítame que se lo diga con toda claridad, señora
García Álvarez, usted no se ha leído el decreto, o por lo menos no se lo ha leído completo. Por supuesto, estamos hablando de una fase del sistema educativo. En la educación primaria, como es lógico, se explican las cuestiones generales a la
altura del desarrollo intelectual y emocional de los alumnos y las alumnas que están en la educación primaria. Evidentemente, habrá mucho más detalle de ello en el desarrollo del bachillerato. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la
Presidencia). Critica también el hecho de que se hayan dividido. Se han dividido los decretos porque, teniendo en cuenta el calendario de implantación, el hecho de que en el próximo curso se implantan los cursos impares de la educación primaria,
es decir, primero, tercero y quinto, y el primer curso de la formación profesional básica, nos pareció razonable la petición de las comunidades autónomas de que se desglosaran los decretos para poder avanzar más decididamente en aquello que tiene ya
un reflejo práctico en el próximo curso y tratar con más sosiego lo que se refiere a etapas que son objeto de implantación en cursos posteriores.
En el breve tiempo disponible quiero decir alguna palabra sobre la formación profesional básica. La formación profesional básica es un cambio cualitativo que incorpora la Lomce, porque la formación profesional básica no es, ni remotamente,
cambiar el nombre a los actuales PCPI, los programas de cualificación profesional inicial, no, es la creación de un itinerario académico susceptible de continuidad, no finalista necesariamente, que va a permitir rescatar de esa maldición del
abandono escolar temprano a una parte significativa de nuestros jóvenes. Dice usted que no está evaluada. Está absolutamente evaluada, lo que sucede es que hay que contemplar conjuntamente lo que son estas normas y lo que era la memoria de la ley
donde existía esa evaluación. En el escenario central, el propósito para una etapa de consolidación de la nueva norma es que la titulación en esa formación profesional básica sea del 12,5 %, como tasa bruta de graduación en formación profesional
básica. Y tengo que decir que el supuesto limbo al que se ha referido su señoría en realidad no es tal. Lo lógico es que la mayor parte de los alumnos de formación profesional básica, que la pueden iniciar entre los quince y los diecisiete años
dentro de este sistema y en educación de adultos a partir de los diecisiete años, se gradúen en la formación profesional básica y sigan automáticamente el itinerario de la formación profesional de grado medio, si es que no están en esa formación
profesional básica como una etapa finalista. El hecho de que pueda haber una proporción de estudiantes en la formación profesional básica que en lugar de seguir el itinerario de los ciclos de grado medio quieran someterse al examen final, a la
evaluación final de la ESO, se puede solventar perfectamente mediante una norma de derecho transitorio; es decir, ahí no hay ningún problema. Pero estamos hablando de un cambio muy importante. Estamos hablando de pasar de una tasa de graduación
como la que actualmente se registra en los PCPI, una tasa bruta del 1,9 %, al 12,5 %. Eso supondría, en términos del abandono escolar temprano -no hablamos de la estadística sino de los efectos, es decir, de la empleabilidad, de la adquisición de
unas competencias de nivel 1 en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales-, un cambio cualitativo. Por supuesto, es un cambio que va a costar dinero, y ese dinero está previsto en la memoria de la ley, ese dinero se va a consignar en
los Presupuestos Generales del Estado y ese dinero va a estar disponible, como se lo hemos explicado detenidamente a las comunidades autónomas, a medida que se vaya produciendo el capítulo de gasto, que no es en este curso fundamentalmente, sino que
es a partir de la existencia del segundo curso de la formación profesional básica.
Para finalizar, lo resumo en tres palabras. Estamos trabajando, es verdad, a un ritmo muy rápido; estamos trabajando a un ritmo muy exigente. Lo estamos haciendo porque nos enfrentamos a unos problemas muy exigentes y porque consideramos
que es nuestra responsabilidad dar respuesta, sobre todo -hay otros problemas también- al problema de un elevadísimo abandono escolar temprano. Entendemos, señora García Álvarez, que ya es hora de que dejen de jugar con eso que alguno -un
sindicato, concretamente- ha calificado como enredos judiciales y que se pongan, de verdad, a colaborar para mejorar la educación de este país, que es aquello que estoy seguro que sus electores también desean.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
Señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, al contrario que usted, yo reconozco que puedo tener muchas carencias, pero, créame, leer sé e interpretar también. (Aplausos). Le puedo garantizar que me he leído el real decreto. De hecho, le he nombrado artículos del
mismo. ¿O es que el que no se lo ha leído es usted? Porque a veces me genera usted dudas, señor ministro. ¿Usted creería que le ofendo si le digo que ha mentido aquí desde este atril? Porque los reales decretos a los que yo me refiero no son los
mismos que llegaron al Consejo Escolar ni que llegaron al Consejo de Estado ni que usted discutió con las comunidades autónomas. No son los mismos. Lo que yo le he preguntado es si, después, usted ha enviado esos nuevos reales decretos a todos los
organismos que le acabo de mencionar para discutir con ellos y evaluar con ellos. ¿Lo ha hecho? Si no lo ha hecho, usted ha mentido desde aquí.
Usted habla de que en nuestro ADN, el ADN del Grupo de La Izquierda Plural, tenemos metido el tema del mercantilismo. No, el que lo tiene metido es usted. ¡Lo tiene usted en su ley! ¡Lo intentó ocultar tras el primer borrador de la Lomce y
lo ha vuelto a sacar ahora a través de los reales decretos! ¡No nos dé a nosotros cuestiones que no son nuestras; son suyas! Son suyas, porque el que tiene el acuerdo mercantilista es usted, son ustedes, es su ministerio, señor Wert.
Usted nos ha vuelto a hablar aquí de una manera ligerita -por ser moderada en la expresión- de la financiación, porque es que no nos ha dado usted ni un solo dato, y como usted a la Comisión de Educación no van ni aunque le empujen... De
hecho, la Comisión de Educación de manera ordinaria se ha reunido más bien poco, y usted, por supuesto, desaparecido. No sé si usted también es un ministro sobrevenido o diferido o tendrá que llevarnos un plasma a la Comisión de Educación para que
allí le veamos. Ignoro, señor ministro, si usted lo que quiere es eso.
Usted habla de la situación del alumnado y del abandono escolar, que ya le reconocimos en su momento. Es verdad que hay abandono escolar, pero con su ley no lo mejora. Si no, ¿por qué no hace el estudio que le dicen que haga, para ver cómo
va a implantarse y qué repercusión va a tener sobre el abandono escolar? ¿Por qué no lo hace? Y no se lo dice esta diputada que está aquí ni este grupo; se lo dicen tanto desde el Consejo de Estado como desde el Consejo Escolar, incluso desde la
propia conferencia. En alguna comunidad sí estamos, señor ministro, por eso sabemos que usted no dicho ni mu a estos dos reales decretos últimos; a estos dos reales decretos. Usted no nos ha dicho nada sobre las preguntas que yo le he hecho
relacionadas directamente con artículos de su ley. Usted me dice que yo salgo por peteneras. Y usted por soleares, solo que yo tengo más gracia que usted, para qué le voy a mentir, bastante más en cualquiera de las dos facetas. (Aplausos).
Señor ministro, mire para acá. No mueva tanto el asiento, no pasa nada. Yo le estoy mirando a usted. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, pronuncia palabras que no se perciben). No se preocupe, no se ponga
usted nervioso, señor ministro, no merece la pena, de verdad se lo digo, no merece la pena. Estamos hablando, señor ministro, del futuro de este país. Se lo hemos dicho muchísimas veces. Usted me habla de inmovilismo. No, yo no digo que las
leyes educativas no tengan que mejorarse en función del transcurrir de los tiempos y de las necesidades coyunturales de la población y de lo que está pasando; para nada, nunca lo hemos dicho. Lo que decimos una y otra vez es que es precisamente su
ley la que nos retrotrae al pasado, al más allá y la que llevará a los alumnos y alumnas de este país en el futuro a un conocimiento restrictivo, no hablamos de global. Usted elimina y está eliminando algunas actividades que sí que dan un
conocimiento global y una perspectiva global, que sí que hace a los ciudadanos críticos. Nosotros lo que le decimos es que usted no quiere ciudadanos críticos ni ciudadanas críticas; usted quiere borreguillos que vayan por el sendero que usted les
marca. Desde mi grupo no estamos dispuestos a consentir que usted genere borregos en este país; ya los hubo durante cuarenta años. En cuanto al terrorismo practicado por el régimen de Franco, usted no ha tenido la amabilidad de referirse a
aquellos que le he mencionado; miles de ciudadanos que siguen en las cunetas asesinados por ese régimen que usted no quiere reconocer a través de la memoria histórica, ni siquiera que nuestros alumnos y nuestras alumnas lo conozcan. Ustedes
quieren que conozcan el holocausto judío -y no le decimos que no-, pero no quieren que conozcan el holocausto español y lo que pasó en este país durante muchos años; eso es lo que ustedes no quieren. Por eso ustedes van al pasado y nunca miran
hacia delante, pero nosotros queremos mirar hacia delante, desenterrando aquellas cuestiones de la historia que todavía pesan sobre nuestras cabezas. Nosotros queremos ciudadanas y ciudadanos formados, ciudadanas y ciudadanos que tengan una visión
global de todo, ciudadanos y ciudadanas capaces de criticarnos incluso cuando gobernemos y que nos planten cara y nos digan que por ese camino no vamos bien. Eso queremos nosotros; no borregos que accedan al mercado para ser propiedad de los
empleadores y del emprendimiento.
Usted habla de emprendimiento -termino con esto, señor presidente-, ¿sabe dónde están generando emprendimiento? Fuera de nuestras fronteras, porque cada vez más jóvenes tienen que emigrar gracias a las políticas del Gobierno de Partido
Popular. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora García Álvarez.
Para concluir el debate, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Señora García Álvarez, ¿qué quiere que le diga? Sobre los temas formales, cuando en la conferencia sectorial se adopta el acuerdo de deferir a un momento temporal posterior la aprobación de los reales decretos que tienen que ver con el
bachillerato y con el resto de la formación profesional, es decir, con lo que no es la formación profesional básica, no es que se estén creando unos contenidos de los decretos nuevos distintos de los que se habían presentado, es que se está
segregando una parte del contenido y obviamente nadie, en ninguna comunidad autónoma ni en ninguno de los otros organismos, entiende que
por el hecho de haber eliminado una parte de los decretos que ellos han conocido y que son los mismos que lógicamente con los cambios que se derivan de ese propio proceso preparatorio se envían y se aprueban por el Consejo de Ministros,
porque si no se recogieran algunos de los cambios que se sugieren por parte de los órganos colegiados que han conocido los reales decretos no tendría el menor interés en que los conocieran tales órganos, pero si siguiéramos el camino que usted dice,
entraríamos en un bucle infinito, es decir, cada vez que se recogiera un cambio en un real decreto habría que volver la tramitación al estadio original y claro así nunca se aprobaría un real decreto. Por tanto, no tenga su señoría la menor
inquietud porque en cuanto a los temas formales todo se han reflejado con absoluta pulcritud y todo se ha realizado de acuerdo con la normativa.
Sobre los contenidos, no pierda de vista, señora García Álvarez, que estamos hablando de una etapa del sistema educativo, la etapa de la educación primaria, que va desde los 6 a los 12 años, y que la propia definición de los contenidos
curriculares, a diferencia de los decretos de currículos anteriores, es en este caso más general, en cambio existen cosas que antes no existían que es la especificación o la explicitación de los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables, que son fundamentalmente una ayuda para el profesorado para que sobre esa definición amplia, más genérica de los contenidos curriculares, ellos puedan organizar su trabajo. Cuando digo ellos no solo me estoy refiriendo a los
profesores, me estoy refiriendo también a las administraciones educativas, que tienen un trabajo muy importante, un trabajo realmente decisivo, de desarrollo en lo que supone bajar a la clase, bajar a la realidad, bajar al terreno esta normativa
básica que se refleja en los reales decretos. Evidentemente, no se entra -como es natural- en la definición de esos contenidos curriculares al detalle que usted en unos asuntos muy concretos pretende, pero sí se dan una serie de principios
generales de orientación acerca de la preferencia por la resolución pacífica de los conflictos, la preferencia por las formas democráticas. Eso será objeto de tratamiento más específico, y espero que usted y yo tengamos ocasión de debatirlo cuando
el Gobierno apruebe los reales decretos de bachillerato, como han tenido oportunidad de ver las comunidades autónomas, que han conocido también el borrador de la parte que ahora se ha segregado de estos decretos, la referida al bachillerato y a la
formación profesional.
En cuanto al tema último que me plantea su señoría, el de la financiación, probablemente pocas leyes con implicaciones económicas hayan tenido el detalle en el tratamiento y la cantidad de estudios previos que ha tenido la Lomce por lo que
se refiere a la financiación. ¿De qué estamos hablando ahora? Entiendo que estamos hablando de los aspectos financieros que tienen que ver con aquella parte de la ley que, de acuerdo con estos reales decretos y con el propio calendario que, como
sabe su señoría, está incluido en la ley, entra en vigor en el curso 2014-2015. Se lo he explicado en la intervención anterior; lo que realmente comporta un gasto fijado en esa memoria en una cantidad que en el primer año de implantación del
segundo curso de la formación profesional básica asciende, si no me traiciona la memoria, en torno a los 38 millones, que luego, con la consolidación, llega a ser de más de 100 millones como coste suplementario. Aquí hay que tener en cuenta que de
lo que estamos hablando en términos del principio de lealtad institucional es de qué coste extra supone el cambio legislativo en relación con el coste que venían soportando las administraciones educativas con el sistema anterior. Obviamente, del
coste que supone la implantación de la formación profesional básica hay que deducir los costes en que se deja de incurrir al desaparecer los PCPI.
Además, se ha planteado un calendario muy prudente con un régimen transitorio que durante dos años permite que aquellas entidades que venían ofreciendo esos PCPI puedan seguir ofreciéndolos para dar tiempo a las administraciones educativas a
que acomoden sus recursos a este nuevo sistema, pero no tenga ninguna duda, señora García Álvarez, ni ninguna de sus señorías, que el sistema de la formación profesional básica que, como he explicado reiteradamente en esta Cámara, tiene como
objetivo principal dar una vía practicable a quienes hoy no es que tengan otra vía alternativa sino que no tienen ninguna, a los alumnos que se desvanecen en el sistema educativo, está perfectamente calibrada, conocemos perfectamente sus costes y
vamos a disponer de los recursos a través del Fondo social europeo y a través de las consignaciones presupuestarias que este Gobierno va a poner a contribución para, en ejercicio del principio de lealtad institucional, que las administraciones
educativas puedan poner en práctica este sistema.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE IMPULSAR UNA POLÍTICA FISCAL, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DE APOYO A LA CULTURA EN SUS DIFERENTES LENGUAS Y A LAS ACTIVIDADES CULTURALES. (Número de expediente
172/000203).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Continuamos con el siguiente punto del orden del día: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de impulsar una política fiscal, financiera y
presupuestaria de apoyo a la cultura en sus diferentes lenguas y a las actividades culturales.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, el sector cultural se halla en un momento especialmente difícil que exige la toma urgente de medidas para su reactivación. Necesitamos políticas que favorezcan la cultura con leyes acertadas y que se apliquen,
necesitamos políticas inteligentes y, si es preciso, reconocer los errores y rectificar, hacerlo bien, señor ministro, y de manera urgente.
En primer lugar le hablaré del IVA cultural. No hace falta recordar en qué punto estamos, señor ministro, usted sabe perfectamente cuál es la situación en España y la desproporción de los tipos que aplicamos en relación con los de otros
países de nuestro entorno. La Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo encargó un estudio que se publicó en julio de 2011 y que es plenamente vigente. Ahí se ofrece un resumen de los mecanismos y medidas para fomentar la inversión
privada en el sector de la cultura en los Estados miembros. Entre las distintas recomendaciones de la Unión Europea se proclama en el estudio la armonización de las medidas relativas al IVA como una de las posibles vías para el futuro desarrollo de
la legislación fiscal en la Unión Europea. Según indica el informe, al llevar a cabo esos cambios en la legislación fiscal en la Unión Europea se debe tener cuidado de no arruinar lo que se ha logrado con las exenciones de IVA en la cultura y se
debe seguir el ejemplo de otros Estados que conceden una condición favorable y ejemplar a los bienes y servicios culturales. En cualquier caso, una subida tan importante del tipo del IVA como la llevada a cabo por el Gobierno del Estado español
pierde sentido en tanto que por una parte se opone radicalmente a las políticas de los demás países de nuestro entorno y por otra contraviene incluso la propia Constitución española, señor ministro, donde se hace referencia a los poderes públicos y
a la necesidad de promover y tutelar el acceso a la cultura.
Los recientes y tímidos anuncios de rebaja del IVA sine die, señor ministro, mirando hacia el año 2015, aumentan la incertidumbre y el desconcierto no solo en el sector -un sector que se encuentra gravemente dañado por la crisis y las
políticas de este Gobierno- sino también en el propio consumidor que, ante una hipotética rebaja del tipo impositivo en un futuro indeterminado, se replantea una posible compra con el fin de ahorrar adquiriendo el producto cuando se haya hecho
efectiva esa bajada del IVA. Es así, señor ministro, es así. Las consecuencias de todo ello son desastrosas. Únicamente a título de ejemplo podemos citar algunos datos. Desde 2012 se han perdido 141 pantallas de cine, 17 complejos
cinematográficos y se han reducido en un 12 % los puestos de trabajo en el sector, según el informe de la Federación de cines de España. Según los datos específicos de recaudación y facturación de las salas de teatro españolas durante el tercer
cuatrimestre de 2012, el descenso es del 17,48 % en el público y del 20,20 % de recaudación neta, tal y como consta en el informe de la SGAE en relación con el impacto del IVA sobre las artes escénicas. En el campo de la música, según el informe de
la Asociación de Promotores Musicales y la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, más de cien empresas dedicadas a la promoción de la música popular se han visto obligadas a cerrar y a reducir el número de trabajadores, y la
recaudación neta del sector ha descendido de forma muy significativa en 2012. Según el último barómetro de la Conferencia esspañola de gremios y asociación de libreros, los datos de ventas del segundo cuatrimestre de 2013 son los peores registrados
en los siete estudios realizados desde 2011; respecto al segundo cuatrimestre de 2012 se observa un descenso del 17,07 %, y respecto al segundo cuatrimestre de 2011 la caída es del 26,6 %. El número de ejemplares vendidos durante el segundo
cuatrimestre de 2013 es de 11 millones aproximadamente, un 23 % menos que en el segundo cuatrimestre de 2011. El máximo número de ejemplares vendidos en estos tres últimos años fue de más de 20 millones, prácticamente 21, durante el último
cuatrimestre de 2011. Podemos seguir haciendo un repaso del descenso que están sufriendo también los libros electrónicos e incluso el mercado discográfico, que parece que aún no ha tocado fondo. Señor ministro, creemos que los datos son
suficientemente
rotundos, y no queremos ser dramáticos pero necesitamos que se tomen medidas inmediatas y urgentes por parte del Gobierno.
En otro orden de cosas, nos encontramos ante un constante trato desleal del Gobierno hacia las comunidades autónomas, y me voy a centrar en Cataluña. Si tomamos como referente los presupuestos generales nos encontramos con un reparto muy
desigual y hasta podríamos decir injusto del apoyo público, al margen del desmesurado recorte de las aportaciones destinadas al campo de la cultura. La reducción de las partidas destinadas a las comunidades autónomas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado ha sido por supuesto generalizada, lo sabemos, señor ministro, pero entendemos que no ha sido equilibrada. Así pues, de los 245 millones de euros que en 2014 se han repartido en inversiones y subvenciones públicas, el 42,5 % lo
ha recibido la comunidad de Madrid, el 21,4 los organismos culturales de ámbito estatal o exterior, y las dieciséis autónomas restantes se han repartido 36,1 % de las aportaciones. En el caso de Cataluña queremos remarcar la no recuperación de las
partidas destinadas a dar cumplimiento a los gastos de la capitalidad cultural de Barcelona, y se han reducido significativamente las aportaciones a instituciones y proyectos, afectando a un gran número de ferias y festivales culturales que se
celebran en el territorio catalán. Cabe destacar, por ejemplo, la desaparición de las asignaciones al Salón del Cómic de Barcelona, la Feria del circo Trapezi de Reus, el Festival de Castell de Peralada, el Festival de Música de Torroella de
Montgrí, o los festivales de Porta Ferrada y de Temporada Alta, que también conoce usted perfectamente, señor ministro. De 2010 a 2013 el número de beneficiarios por las aportaciones a instituciones y proyectos culturales de los Presupuestos
Generales del Estado se ha reducido de 124 en 2011 a 20 en 2014. En lo que se refiere a las asignaciones del Estado a los equipamientos consorciados, la reducción de las aportaciones desde 2010 hasta 2014 ha supuesto una media del 47,8 %, si bien
la mayor reducción se produjo entre 2012 y 2013, en este tiempo se disminuyó en un 34,6 %. En total las asignaciones que le corresponden a Cataluña han caído en un 75,2 % entre 2010 y 2014, mientras que los recortes para la Comunidad de Madrid solo
han supuesto un 47 %. No voy a insistir más en ello, señor ministro; usted tiene todos los datos que le estoy relatando.
Además de la reducción de las aportaciones a las instituciones y del desproporcionado agravio comparativo que significa, debemos añadir la marginalidad con la que el Gobierno trata a las lenguas distintas del castellano, señor ministro. En
este caso podemos citar a título de ejemplo la desaparición de la parte del fondo que a través del ICAA se destinaba a la producción cinematográfica en lenguas distintas al castellano, el que se denominaba popularmente fondillo, o bien la exclusión
del euskera, el galego o el catalán en la convocatoria de ayudas para la adquisición de licencias de uso de libros electrónicos para su préstamo en bibliotecas públicas. Estos hechos incumplen el apartado 3.3 de la Constitución, señor ministro,
como le hemos recordado en comparecencias en la Comisión de Cultura -sabe perfectamente que en ese precepto se establece que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto
y protección-, y supone una merma de la riqueza y pluralidad cultural y lingüística del Estado español. Parece ser que esa riqueza y esa pluralidad son vistas por el Gobierno como una amenaza contra la que se está empeñando en luchar. Uniformidad
y recentralización son los instrumentos que están aplicando desde su ministerio, señor ministro.
Pasando a otra cuestión, ahora finalmente se inicia la tramitación del proyecto de ley de reforma del texto refundido de propiedad intelectual. De la ley de mecenazgo, señor ministro, seguimos sin recibir noticias, y las que recibimos son
preocupantes, como las referentes a la regulación del crowdfunding; un método de financiación que en estos momentos está ayudando, como bien sabe, al sector cultural a compensar la ausencia de crédito y de financiación pública. En 2013 esa fórmula
de financiación movió 30 millones de euros en España. Según los datos de la Asociación española de crowdfunding, el 70 % de los crowdfunding que se llevan a cabo en España son micromecenazgos de proyectos culturales y sociales. Aunque todo parece
apuntar que el texto aprobado el viernes 28 de febrero afectará principalmente a plataformas de equity crowdfunding, nos gustaría que nos aclarara, señor ministro, qué tipos de crowdfunding piensa regular el Gobierno y cómo va a afectar esta nueva
regulación al sector cultural. Aclaren, por favor, señor ministro, si realmente las plataformas que funcionan con el sistema de recompensas y donaciones quedarán fuera de la nueva regulación. Son muchos los proyectos culturales que se financian
mediante ese sistema -discos, documentales, libros- y con las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno en materia de financiación colectiva han conseguido que el ecosistema emprendedor esté otra vez en estado de alerta. Necesitamos mayor seguridad
en las reformas legislativas, en esos anuncios constantes a los que nos tienen acostumbrados desde su ministerio pero también desde el del señor Montoro, en los que hablan de posibles rebajas, por ejemplo, del IVA cultural pero con una
incertidumbre absoluta del sector. En definitiva, señor ministro, insisto, mi grupo parlamentario está preocupado por la situación de la cultura y nos gustaría que nos aclarara algunos de esos aspectos a los que me he referido y que en el
tiempo más breve posible se emprendan medidas al respecto, porque estamos en un momento trascendental para el sector cultural.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Surroca.
Tiene la palabra el ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señorías, señora Surroca, en primer lugar, por lo que se refiere a las afirmaciones de carácter general sobre la importancia de la cultura, la necesidad de
contribuir desde las administraciones públicas al desarrollo de las industrias culturales y creativas, la necesidad -el tercero de los temas que ha tratado su señoría- de dar el cumplimiento más eficaz posible al mandato del artículo 3 de la
Constitución en lo relativo a la promoción de la riqueza lingüística que suponen las lenguas propias -no solo las cooficiales, sino las distintas lenguas propias- y la importancia que tiene el establecimiento de un nuevo marco normativo que suponga
un sistema de incentivos estable y predecible para la cultura, estamos sustancialmente de acuerdo.
Me va a perdonar un pequeño homenaje cinéfilo en el pórtico de la intervención, que además tiene cierto carácter de homenaje póstumo u obituario a un director que me gusta mucho -no es obligado que lo compartamos-, el desaparecido
recientemente Harold Ramis, y a una de sus películas de mayor éxito, Atrapado en el tiempo, en la que el personaje que interpretaba Bill Murray se despertaba todas las mañanas el 2 de febrero con la canción de Sonny & Cher I've got you babe y
entonces estaba viviendo permanentemente en ese día. Con su grupo parlamentario en ambas Cámaras -no me refiero solo a su señoría, también al señor Alturo, al señor Bagué- el rico diálogo que tenemos establecido sobre el IVA cultural y algunas
cuestiones conexas prácticamente ya nos permite hablar sin guión, hablar de memoria, porque ya lo hemos repetido muchas veces, pero no me importa. Creo que es un tema serio, importante y en el que lo que personalmente me corresponde -colectivamente
me corresponde todo porque el Gobierno es solidario-, vamos a decirlo así, desde la perspectiva de iniciativa legislativa, es limitado. Por otra parte, señora Surroca, no necesito recordarle, porque usted lo sabe perfectamente, que el IVA desde
este punto de vista no es simplemente un impuesto que exista para dar satisfacción a la voracidad recaudadora del Estado, puesto que, como sabe su señoría, la recaudación del IVA está dividida al 50 % entre el Estado y las comunidades autónomas. Es
decir, de alguna forma aquí hay también un elemento de corresponsabilidad.
No le voy a discutir ni una sola de las cifras que ha mencionado acerca de un fenómeno que efectivamente es preocupante, como es el deterioro que se está produciendo en recaudación y también en intensidad de actividades culturales en los
ámbitos a los que se ha referido su señoría (el cine, las artes escénicas, la música, la danza, etcétera). En cuanto no tanto ya a asistencia a espectáculos sino, por ejemplo, a algunos asuntos que también ha tratado su señoría, como la venta de
discos, etcétera, hay que tener en cuenta que sería una simpleza y un error -si uno equivoca el diagnóstico probablemente va a equivocar la terapia- atribuir todos estos fenómenos a una cuestión fiscal. Desdichadamente, se han dado la mano cosas
distintas, y todas ellas de efecto negativo. Una, evidentemente, la crisis económica y la elasticidad que determinados tipos de consumos culturales -de alguna forma casi todos los consumos culturales- tienen en esta situación económica; es decir,
han caído evidentemente determinadas formas de consumo cultural oneroso -compra de libros, compra de discos, asistencia a espectáculos de distinto tipo: cine, teatro, danza, etcétera-, como ha caído en general el consumo. Otra más específica en
este caso es la transformación que se está produciendo en el contexto de las industrias culturales y creativas, más específicamente de los productos y servicios culturales y creativos, aparte de un fenómeno extraordinariamente importante que su
señoría no puede desconocer -estoy seguro de que no desconoce-, el alcance que tiene en este sentido la piratería. En este tema hemos dado un paso decisivo al traer a esta Cámara el proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual. Estamos trabajando, y vamos a seguir haciéndolo, en un espíritu de consenso para conseguir que esa ley tenga el máximo respaldo en las Cámaras, y sinceramente tengo mucha confianza en que la mejora de ese marco normativo
también tiene que tener un gran impacto sobre este fenómeno.
Paso al segundo de los temas, que fue específicamente objeto de una interpelación el año pasado, y tengo que reconocer -lo hago con satisfacción- que me alegra haberle escuchado el reconocimiento
de que en el presupuesto de 2014 el tratamiento que se ha dado a las distintas instituciones culturales catalanas refleja una reducción muy inferior, concretamente del 8 %, sobre la que se había producido -que su señoría ha reconocido- en
2013. No tengo grandes argumentos nuevos que ofrecerle al respecto. Simplemente le voy a recordar los que ya conoce. En primer lugar, ha habido una contracción, sobre todo en lo que se refiere a las subvenciones nominativas, girándose la política
de las subvenciones en materia cultural más bien hacia el ámbito de las subvenciones en concurrencia competitiva. Eso ha afectado a todo tipo de instituciones, en algunos casos mediante reducciones más o menos sustanciales de las cuantías que
recibían mediante esas subvenciones nominativas y en otros casos incluso con la misma desaparición. Respecto a la territorialización su señoría hace -me permitirá que se lo diga con toda cordialidad y, si me permite, con todo afecto- la trampa de
hablar de la Comunidad de Madrid por un lado y de las dieciséis comunidades restantes por otro. Usted sabe perfectamente que una cosa es que haya instituciones radicadas en la Comunidad de Madrid, que son en realidad instituciones culturales cuya
titularidad corresponde en exclusiva al Estado, y otra cosa que haya instituciones culturales que están en la Comunidad de Madrid como podrían estar en Cataluña, en Galicia, en Andalucía o en cualquier otra, que están consorciadas, en las que
participan distintos tipos de administraciones públicas, y sobre todas ellas se ha tendido a hacer un tratamiento en lo básico homogéneo. (El señor presidente ocupa la Presidencia). De este tipo de instituciones, como sabe su señoría, en Cataluña
hay muchas. No voy a citar más que las más relevantes: el Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el Consorci del Palau de la Música Catalana, la Fundació del Gran Teatre del Liceu o el Consorcio
de Rehabilitación de Teatros de Barcelona, además de la Fundación Antoni Tàpies, la Joan Miró, el Teatre Lliure y el Mercat de les Flors. En todos estos consorcios, en los que participa el Estado a través del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, concretamente de la Secretaría de Estado de Cultura, seguimos contribuyendo con subvenciones nominativas. Por decirlo todo, no es precisamente la partida de los Presupuestos Generales del Estado la que en mayor medida haya contribuido a
la disminución de los recursos públicos de todas estas instituciones.
Tiene razón su señoría en que se había previsto en el convenio del año 2009 un compromiso no solo del ministerio que me honro en representar, sino también del Ministerio de Fomento, en instituciones culturales de especial relieve radicadas
en Barcelona. Como sabe su señoría, se mantuvo la dotación decreciente desde el año originario, 2009, bajó en 2011, bajó más en los presupuestos de 2012, pero aún se consignaron unas cantidades que no pudieron hacerse efectivas por dos razones
básicamente: una, que se incluyó en la segunda de las decisiones de no contracción de gasto, y dos, porque hubo unos problemas que no tienen que ver con este ministerio, sino con una norma general sobre el régimen de subvenciones a las comunidades
autónomas en función del déficit, y que hacían imposible la tramitación de las mismas. Por otra vía, y como su señoría ha reconocido, hemos estado brindando recursos en materia de apoyo a instituciones culturales radicadas en Cataluña, en el caso
del presupuesto del año 2014, por un importe superior a los 15 millones de euros.
En el tema de las lenguas, como he dicho en el pórtico de esta intervención, el compromiso del Gobierno es cumplir en toda su extensión lo que la Constitución dispone respecto a su promoción, no solo como parte del patrimonio de las
comunidades que tienen estas lenguas como cooficiales sino del patrimonio común. En ese sentido, lo intentamos, dentro de las limitaciones de medios. Voy a citar simplemente algunas de las iniciativas en ese sentido. Todos los premios nacionales
que convoca la Secretaría de Estado de Cultura (literatura: literatura dramática, infantil, juvenil, poesía, autores noveles, etcétera), todos ellos están abiertos lógicamente a todas la lenguas oficiales. De hecho, si uno mira la relación de
premiados se nota que no solo están abiertos teóricamente, sino que en la práctica se otorgan. Lo mismo sucede en el ámbito de las artes escénicas y la música: participación en Platea, que es muy importante; participación en Girando por Salas;
espectáculos en lenguas cooficiales distintas a las de la comunidad en la que se produce el espectáculo. Por referirme solo a producciones del Centro Dramático Nacional, en la programación del Teatro Valle Inclán en Madrid en los últimos ejercicios
(2012, 2013 y 2014) se han incluido obras en catalán, como Silencis, que fue finalista del Premio Buero Vallejo de Teatro Joven. De los 280 espectáculos de Platea, diez son en catalán y dentro de Girando por Salas hay grupos catalanes como Els
Catarres, y algún otro de otras comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, le ruego que vaya terminando.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Con su benevolencia, señor presidente, únicamente, para que no se diga que no hemos tocado los cuatro temas que ha suscitado la interpelante, concluyo muy brevemente sobre el
último tema que plantea, que es el del mecenazgo. Sabe perfectamente su señoría que la ley del mecenazgo es fundamentalmente una ley fiscal. Por tanto, la coordinación y el protagonismo en la elaboración de esta ley que va más allá del mecenazgo,
el mecenazgo y participación en actividades de interés social, la ejerce el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Se constituyó un grupo de trabajo en abril de 2013 -se está trabajando aún-, pero lo más importante es que hay que
enmarcar lo que esa ley vaya a traer consigo -luego en la réplica intentaré darle alguna concreción mayor- con lo que en punto a la reforma general del sistema fiscal vaya a derivarse del informe que la comisión de expertos va a entregar -como ha
anunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas- mañana mismo y, a partir de ahí, las iniciativas que desde el punto de vista del Gobierno se vayan a articular en materia fiscal.
Muchas gracias, señor presidente por su comprensión y generosidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Señor presidente.
Señor ministro, celebramos sinceramente que esté de acuerdo con los ejes principales o los objetivos básicos de mi interpelación inicial. Evidentemente, nuestro interés es la cultura, especialmente las distintas culturas del Estado español
tendrían que ser el interés de este Gobierno y de su ministerio, al igual que las distintas lenguas del Estado español. Repito, celebramos que sea así, pero esperamos que no se quede solamente en palabras, necesitamos hechos concretos. Además,
señor ministro, este Gobierno tiene en sus manos tres instrumentos estratégicos para reactivar el sector cultural; ya hemos hablado de ello. Tiene tres instrumentos fundamentales en un momento importantísimo para el sector cultural del que
dependen muchas cosas. Estoy hablándole, por una parte, de la ley de patrocinio y mecenazgo, también de reconsiderar la subida en el sector cultural, pero, de forma generalizada, señor ministro, no únicamente como un anuncio que se llevará a la
práctica en un determinado ámbito de las obras de arte, estamos hablando del resto del sector cultural. El otro instrumento que está en sus manos, señor ministro, es la ley de propiedad intelectual. Sabemos que está aquí ya y que hablaremos de
ella, pero es también fundamental que hablemos hoy en esta interpelación de ese proyecto de ley de propiedad intelectual.
En primer lugar, en cuanto a la ley de patrocinio y mecenazgo, señor ministro, no nos venda más humo al respecto, por favor. Sabemos que usted tiene las competencias que tiene. Deberá hablar con el señor Montoro de la ley de patrocinio y
mecenazgo. Señor ministro, han hecho una gira por todo el Estado español desde su ministerio hablando de esa ley de patrocinio y mecenazgo que no llega. Nosotros no querríamos que llegara en 2015. Queremos que llegue ya -no cuando estemos en
precampaña para las elecciones generales- y que eso no frustre más al sector que está esperando, el de cultura pero también otros ámbitos; sabe usted -porque esto implica a su ministerio- que afecta al deporte, a las entidades sociales, a la
investigación y al desarrollo. Estamos hablando de una ley transversal; lo sabemos, señor ministro, pero usted forma parte de este Gobierno. Seamos serios, concretemos un poco; no estemos vendiendo humo continuamente, como le decía, en relación
con la nueva ley de patrocinio y mecenazgo que el Partido Popular llevaba en su programa electoral. Señor ministro, la única ley que se ha tramitado en materia de cultura en esta Cámara ha sido una iniciativa legislativa popular sobre la
tauromaquia. Señor ministro, seamos serios. Ahora tenemos la propiedad intelectual pero, ¿cuál ha sido la prioridad de su Gobierno, señor ministro? ¿Es esta la prioridad de su Gobierno? Creemos que el sector cultural necesita otras medidas, por
eso hemos presentado esta interpelación. Le recordamos que tiene en sus manos tres instrumentos estratégicos, y estamos hablando de competencias de este Gobierno. Algunas de ellas se enmarcan en el ámbito fiscal -la ley de patrocinio y mecenazgo y
el IVA cultural también-, pero usted forma parte de este Gobierno, señor ministro.
Hablábamos también de las consecuencias de la subida del IVA en el sector de la cultura. Usted no me ha discutido los datos y además decía que la subida no es la única causa que ha provocado que el sector esté en una situación difícil. Lo
sabemos. Evidentemente ha afectado al sector la crisis económica y también la piratería. Por ello, vamos a hacer las correspondientes aportaciones en la tramitación del proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y esperamos que
haya esa voluntad de consenso a la que usted se ha referido. En definitiva, esperamos que los tres instrumentos que tiene este Gobierno en sus manos los aplique rápidamente para que cuanto antes tengamos esa nueva ley de
patrocinio y mecenazgo y se rectifique la desproporcionada subida que ha habido del IVA cultural. Aunque hayamos hablado mucho de ello, es fundamental y urgente que se rectifique.
Quiero terminar recordando unas palabras del recientemente fallecido consejero artístico del Teatro Real de Madrid, el señor Gerard Mortier. Dijo que la cultura es un pilar de la sociedad que hace posible la civilización y que si no
seguimos invirtiendo en cultura vamos a retroceder a la barbarie. Posiblemente esas palabras pueden sonar exageradas, pueden parecer exageradas, pero recapacitemos sobre lo que dijo el fallecido señor Mortier, porque creo que es fundamental apoyar
la cultura, tener un Gobierno que sea amigo de la cultura, en vez de fomentar determinados obstáculos o de vender humo, como le he dicho en el tema del patrocinio y el mecenazgo, porque esto está creando frustración en un sector que está pasándolo
realmente mal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Surroca.
Señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Surroca, en primer lugar, dado que ha hecho referencia al fallecimiento de quien fue director artístico del Teatro Real en la última época, don Gerard Mortier, me quiero unir al homenaje a esa figura que efectivamente
revolucionó el panorama operístico, y no solo el español.
Señora Surroca, ha centrado usted su intervención en tres iniciativas -en algún caso contrainiciativa- que considera su señoría que son los principales instrumentos o herramientas de que dispone el Gobierno para favorecer la cultura. Yo
creo que hay más herramientas, yo creo que la estrategia de cooperación y comunicación cultural, sobre todo en lo que tiene de comunicación cultural, es también un elemento importante, pero me voy a centrar en las que su señoría ha referido. Desde
luego, cuando hablamos del mecenazgo -lo ha dicho usted bien, señora Surroca- no estamos hablando solo de mecenazgo cultural, estamos hablando de mecenazgo social, de mecenazgo de investigación, de mecenazgo deportivo. Hago mucho énfasis en el tema
del mecenazgo social, que tiene mucha importancia en esta época, pero precisamente en función de todo el territorio que abarca, yo desde luego estoy orgulloso de pertenecer a este Gobierno y en absoluto me estoy desenfilando. Ahora bien, los
Gobiernos tienen áreas especializadas y la responsabilidad mayor en función del tema le corresponde a uno o a otro. Estamos hablando de una norma esencial, por no decir exclusivamente fiscal. En ese sentido, sin ninguna voluntad de quitarme de
encima la cuestión, puesto que como ministerio estamos evidentemente participando muy activamente en el grupo de trabajo correspondiente, lo que hay que tener presente, porque por supuesto es obvio que los agentes económicos y culturales toman sus
decisiones pensando también en el marco normativo que se les va a aplicar, es que en una situación fiscal como la que tenemos, con una contracción de ingresos como la que hemos padecido, el nivel de generosidad que se puede aplicar a los incentivos
contemplados en esa ley de mecenazgo no puede estar de espaldas a esa situación. Por tanto, a lo mejor en esta cuestión la prisa no es la mejor consejera para obtener el mejor resultado. Desde luego no está en nuestra intención que se aplace sine
die ese debate y esa toma de decisiones, pero también hay que tener eso en cuenta. Aprovecho para decirle en este mismo asunto que efectivamente la dimensión de mecenazgo que hay en el crowdfunding cultural no es la que se trató en el decreto
aprobado el 28 febrero que, como bien ha señalado su señoría, se refería fundamentalmente a las garantías y los límites del llamado equity crowdfunding. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la participación colectiva en
plataformas de apoyo a proyectos culturales que lógicamente tendrán su tratamiento en la ley de mecenazgo y apoyo a las iniciativas de carácter social.
La subida del IVA. Reitero lo que le he dicho en la intervención anterior. Hay sensibilidad. El Ministerio de Hacienda, no solo este ministerio, ha hablado con todas las partes. Lo que no podemos es crear expectativas sin tener la
certeza de cuándo se pueden ver cumplidas. Pero también le digo que, sin haber tocado el IVA más que en lo que se ha tocado, que no es irrelevante, es decir, las primeras transmisiones de obras de arte que ahora han vuelto al tipo reducido, también
hay que poner en la ecuación, hay que situar en el platillo correspondiente de la balanza lo que se ha hecho desde el punto de vista de incentivos; por ejemplo, el incremento en más de 12 millones de euros con el que se ha suplementado la
posibilidad del Inaem de trabajar en programas como el Platea, que permite esa circulación cultural a la que antes me refería.
Finalmente, reitero que el propósito del Gobierno es que el nuevo texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual salga de esta Cámara con el mayor consenso posible. Y reitero también mi convicción, y no solo mi deseo, de que, a raíz de
la aprobación de ese texto, una de las mayores lacras que hoy perjudican el desarrollo de las industrias culturales y creativas en nuestro país, que es la piratería, se reduzca sustancialmente y que con ello contribuyamos al progreso de la cultura
en nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL MINISTRO DEL INTERIOR, SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA TRÁGICA MUERTE DE QUINCE PERSONAS CUANDO INTENTABAN ENTRAR A TERRITORIO ESPAÑOL EN CEUTA EL PASADO 6 DE FEBRERO. (Número de
expediente 172/000204).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última interpelación, que hace el Grupo Parlamentario Socialista al ministro del Interior, sobre la actuación del Gobierno en relación con la trágica muerte de quince personas cuando intentaban entrar a
territorio español en Ceuta el pasado 6 de febrero. Para la defensa de la interpelación, tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, han transcurrido treinta y tres días desde que en una playa de Ceuta quince personas, al menos, perdieron la vida tratando de entrar en España, treinta y tres días y esta Cámara ignora más que conoce al respecto.
Ni el presidente ni el ministro del Interior ni ningún otro miembro del Gobierno han dado las explicaciones necesarias sobre lo sucedido, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto la creación de una Comisión para investigar las
circunstancias de estos hechos y la actuación de los distintos responsables públicos, así como para esclarecer las razones por las que se habían transmitido a la opinión pública diferentes informaciones que fueron posteriormente desmentidas por los
testimonios y las imágenes que se difundieron.
La pretensión de este grupo parlamentario era que se pudiera determinar y, consecuentemente, exigir las responsabilidades políticas que se derivaran de todo ello. No obstante, la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno ha impedido que
esta propuesta fuera tan siquiera sometida a la deliberación y votación del Pleno de esta Cámara. Nos aplicaron de nuevo la medicina de la que amargamente se quejaba el cristiano viejo: Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos; que Dios
ayuda a los malos cuando son más que los buenos. No se actuó, se actuó pero no se disparó, se disparó pero no al agua, al agua sí pero no a la gente que nadaba. Estas declaraciones en solo una semana del delegado del Gobierno en Ceuta, del
director general de la Guardia Civil y de usted mismo, señor ministro, demuestran las contradicciones en las que incurrieron usted y sus subordinados. Fue lo que conocimos por los medios de comunicación y por las imágenes aportadas por ciudadanos
particulares a la red y las exigencias de esta Cámara lo que les arrancó literalmente lo que hasta ahora sabemos. Debo recordar que elaboraron incluso una versión oficial, un video editado, con guión muy simple: Uno, es de noche, hombres
corriendo; dos, es de día, tiran piedras; tres, fin de la cita. Ya habían encontrado a los primeros responsables de lo ocurrido, los inmigrantes. No fueron la única excusa a la que acudió la cúpula de su ministerio para evadir sus
responsabilidades; las ONG fueron la siguiente excusa. El director general de la Guardia Civil, que no me explico cómo sigue en su puesto, las denostó públicamente y amenazó con presentar una querella criminal. Culparon incluso a la propia
Guardia Civil de las mentiras que el delegado del Gobierno en Ceuta y su director general trasladaron a la opinión pública española durante una semana. La Guardia Civil ocultó en sus informes la carga con pelotas de goma en el agua, titularon
varios medios de comunicación, después de que alguien, con muy poca gallardía, filtrara desde el ministerio varios informes internos del benemérito cuerpo. Como no sabía usted cómo disculpar tal oprobio, la pasada semana estuvo veinte minutos
seguidos ponderando al Instituto Armado. Felicitaciones por ello. Ahora, tras la multiplicación de los problemas en las fronteras de Ceuta y Melilla, la culpa la tenemos los grupos de oposición política de esta Cámara por las críticas que estamos
realizando al Ejecutivo. La culpa, o dicho en otros términos, la responsabilidad no va con ustedes; siempre son otros los culpables. Hacerle reconocer que algo se pudo haber hecho mal es tarea titánica y, además, que alguna orden no fue adecuada,
también lo es.
Pero centrémonos en lo que de verdad importa, en lo que pasó en la frontera de Ceuta el pasado día 6 febrero. Como ya le dije en otra ocasión, la prevención brilló por su ausencia, y eso que nunca hubo un
suceso más anunciado, parodiando la frase más célebre de una de las conocidas obras de Gabriel García Márquez. Su ministerio tenía más que indicios para saber que un salto como el que aquel día se produjo era previsible. Le pregunté en su
comparecencia qué plan de contingencia tenían las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegado ese día y a esas horas en el perímetro fronterizo de Ceuta. Un mes después, ni este Congreso ni la opinión pública española lo conocemos.
Hoy, no obstante, voy a ir más allá. ¿Eran treinta y siete los miembros del benemérito cuerpo que aquella madrugada tuvieron que hacer frente al intento de salto de más de doscientos inmigrantes? Se lo pregunto porque no podemos consentir
que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que mantienen nuestras fronteras seguras, incluso mientras los demás dormimos, tengan la sensación de estar vendidos. ¡Somos 80! ¿Cómo vamos a poder con 300 tíos? ¡Estamos
vendidos!, clamaba uno de ellos el 20 de febrero en El Mundo. Otro denunció en El País: Cunde el desánimo porque, a pesar de haberlo solicitado mil veces, carecemos de un protocolo de actuación sobre cómo repeler los asaltos.
Pero la prevención va más allá de los efectivos y el operativo concreto que se había establecido. Usted, señor ministro, está en la estrategia -o parece estarlo- de negar cualquier aportación que hagan otros. Como se ven pillados en falta,
intentan desvirtuar la situación declarando que estamos ante un asunto de Estado, y el PSOE, irresponsablemente, ni lo respeta ni lo acepta. (El señor Márquez de la Rubia: Así es; así es). No, no, no, ¡nada más alejado de la realidad! (El señor
Márquez de la Rubia: Sí, sí). El problema migratorio en las fronteras, el verdadero problema con mayúsculas -y usted lo sabe muy bien que es diputado por Ceuta- fue en 2005. Me asusta, por cierto, visto lo visto, pensar la respuesta que ustedes
hubieran dado ese año de haber tenido la responsabilidad de gestionarlo. Aquel Gobierno socialista diseñó una política de Estado para la inmigración de la que ustedes han vivido hasta ahora. Ello nos ha permitido poner a su disposición el pasado
mes de diciembre, a través de una PNL en la Comisión de Interior, medidas concretas para hacer frente a los problemas que ya se evidenciaban. Rechazaron ustedes todas las propuestas. Creíamos consolidadas las políticas acordadas con posterioridad
a la intensificación de la llegada de inmigrantes en 2005 y 2006. Esas sí que fueron una buena herencia. Esa sí que fue una buena herencia. La puesta en práctica del que se denominó Plan África reforzó la presencia institucional de España en
África occidental y de qué manera. Pero desde la llegada de ustedes al Gobierno no ha tenido la misma intensidad. En tan solo un año la ayuda oficial al desarrollo en África pasó de 827 millones de euros en 2012 -último presupuesto socialista- a
211 en 2012, un 75 % menos. (Aplausos). No podemos olvidar que África es nuestra frontera sur. Es verdad que esa frontera sur no es solo española. El problema migratorio que estamos tratando es insoluble para un solo país. Es necesaria una
política en este sentido a escala europea. Hizo bien el presidente del Gobierno en reclamar recientemente más apoyo de la Unión a países que, como el nuestro, son frontera exterior de la Europa comunitaria para hacer frente a la inmigración ilegal
con una política integrada. Estamos de acuerdo. Pero echamos de menos las explicaciones que debía haber dado el mismo presidente a la opinión pública española sobre los quince seres humanos fallecidos en la playa de El Tarajal. Es más, tampoco es
fácil explicar que no haya sido capaz de encontrar un momento tranquilo para transmitir públicamente su pesar y mostrar un poco de empatía con las quince víctimas hasta ahora conocidas. (Aplausos). Como líder opositor sí lo encontró, y más de uno.
En octubre de 2005, entre la crisis migratoria de Ceuta y Melilla, calificaba el fallecimiento de seis inmigrantes en una nota de prensa del PP como uno de los acontecimientos más graves que se han producido en España en los últimos veinticinco
años. Un año antes, el 4 de septiembre de 2004, declaraba en el diario El País: La emigración será uno de los asuntos con lo que los populares acosarán más al Gobierno socialista. No esperen lo mismo de nosotros. No es ni va a ser nunca esa la
actitud de los socialistas. (Aplausos).
Somos conscientes de que ningún Estado puede aceptar y gestionar toda la inmigración que le llega o dejar sin vigilancia sus fronteras. Son dos principios obligados, como el que en ningún caso la preocupación por la seguridad y legítima
defensa de las fronteras debe ser menor que la preocupación por el respeto de los derechos humanos en las mismas. Las cosas se pueden hacer bien o mal; se pueden poner parches o se puede hacer un esfuerzo para implantar políticas a largo plazo que
intenten adelantarse a las emergencias. El reto es de grandes dimensiones, pero eso no da carta blanca a nadie para eludir las responsabilidades propias, como ha hecho su ministerio cuando ha evitado explicar los hechos de Ceuta que acabaron con la
muerte de quince personas que huían de la miseria.
Lo dejó claro mi secretario general de partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado día 4 cuando precisaba: Una cosa es la explicación de lo que pasó en Ceuta y otra la política de inmigración. En política
de inmigración vamos a buscar acuerdos de Estado, pero sobre Ceuta hace falta que alguien dé una explicación en España, y desgraciadamente no se ha dado todavía. Ambas cosas son absolutamente separables. Este Congreso de los Diputados
tiene que saber toda la verdad. Exigimos conocer toda la información, poder comprobar las cintas con medios adecuados y no a través de un enlace; leer todos los informes que los diferentes responsables de la Guardia Civil tuvieron que realizar al
respecto; escuchar incluso las comunicaciones que se realizaron entre los efectivos del operativo y sus mando mientras se sucedían los hechos. Esta Cámara puede y debe tener a su disposición todo lo que su ministerio envió al juzgado, preguntar
sobre todo lo que se precise aclarar, hasta que no queden dudas razonables sobre lo sucedido. Estamos de acuerdo en una política de Estado, vuelvo a repetirlo, pero es impensable aceptar que, por ello, no se puedan discutir las decisiones que al
respecto el Gobierno adopte. Más bien al contrario; por serlo, quien gobierna tiene que dar todas las explicaciones necesarias y justificar las iniciativas con las que pretende dar respuesta al problema y, por serlo, no se puede aceptar que sigan
en su puesto el delegado del Gobierno en Ceuta y el director general de la Guardia Civil, un mes después de que mintieran repetidamente a la opinión pública, a los medios de comunicación y a esta propia Cámara sobre las circunstancias en las que
fallecieron quince personas inmigrantes en Ceuta. (Aplausos). Todavía hoy no han sido ni tan siquiera capaces de reconocer que habría sido mejor no lanzar las pelotas de goma, como, por cierto, usted sí ha reconocido.
Acabo, señor ministro. Está usted obligado a recuperar el prestigio que como país estamos perdiendo por esta actuación tan difícil de explicar, y ese camino debería tener hoy aquí un comienzo, comprometiéndose a lo que hasta ahora su
ministerio, su Gobierno y su propio grupo parlamentario se han opuesto: dar todas las explicaciones que se requieran y con la suficiente amplitud y contundencia. Si no es así, si políticamente siguen encerrados en el laberinto en el que llevan
enfangados más de un mes, exigiremos responsabilidades políticas al máximo nivel, empezando por las suyas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Trevín, estamos hablando de la inmigración y, en consecuencia, estamos hablando de uno de los fenómenos más complejos al que se enfrenta nuestra sociedad. Cuando hablamos de este fenómeno deberíamos todos -todos- hacer un
ejercicio de autocontención porque creo que es muy fácil, y lo acabamos de ver hoy en esta sala, tender a la exageración, al exceso, a la manifestación absolutamente desproporcionada, a la teatralización y, en una palabra, a la demagogia.
Creo que si de algo está sobrado el análisis sobre la inmigración y sus efectos o sobre el control y canalización de la inmigración es de exageraciones, de teatralizaciones o de descontextualizaciones. Señorías, señor Trevín, estas palabras
que les digo con toda cordialidad son palabras que suscribo íntegramente pero que fueron pronunciadas -y así consta en el 'Diario de Sesiones'- por el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Interior don Antonio
Hernando, con ocasión del naufragio de un cayuco el 15 de febrero de 2009, a escasos 20 metros de la playa de Lanzarote, que significó la muerte de veinticinco inmigrantes, diecisiete de los cuales eran niños. Señoría, ¿le parece oportuna aquella
invitación a huir de la demagogia del entonces portavoz de Interior del Grupo Socialista, o qué ha pasado para que se alejen hoy de aquellos postulados tan sensatos?
Me va a permitir que le dé algún dato más para refrescarle la memoria al efecto. Durante el verano de 2005 -julio y agosto- se produjeron numerosos asaltos a los vallados fronterizos de Ceuta y Melilla, durante los que resultaron muertos al
menos dos inmigrantes. En la comparecencia del entonces secretario de Estado de Seguridad, señor Camacho, de 28 de septiembre de 2005, ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados se dijo literalmente, como figura en el 'Diario de
Sesiones': Parece que en estos últimos tiempos hay determinados sectores que quieren hacer a la Guardia Civil sospechosa de no sé qué comportamientos y yo me niego totalmente, porque no me cabe ninguna duda de la profesionalidad de la Guardia Civil
y de su buen hacer. Cumplen con su deber y además cumplen con un deber humanitario. Lo dijo el Grupo Socialista, lo dijo bien y yo lo suscribo. Y para que vean la frecuencia con que estos hechos se producían, justo al día siguiente de esa
comparecencia -había sido el 28 de septiembre de 2005-, la noche del 29 de septiembre de 2005, tenía lugar un asalto masivo al vallado fronterizo, en esta ocasión de Ceuta. Murieron cinco inmigrantes -y me quedo ahí- y noventa y cuatro resultaron
heridos de diferente gravedad. Compareció el ministro del Interior de entonces, don José Antonio Alonso,
el 6 de octubre y dijo -consta así en el 'Diario de Sesiones'-: En Ceuta, señoras y señores diputados, como en Melilla, la Guardia Civil -les recuerdo que se habían producido cinco muertos y noventa y cuatro heridos- se está enfrentando en
unas muy difíciles circunstancias a la presión de quienes, movidos por la desesperación, invaden, actuando en grupos compuestos por varios cientos de personas, nuestro perímetro fronterizo. Aun así -seguía diciendo el señor ministro del Interior-,
lo están haciendo en forma tal que respetan en todo momento la proporcionalidad que exige la legítima intervención de represión de asaltos o avalanchas, en cualquier caso -decía el señor ministro- ilegítimas. Por ello, debemos impedir que nuestros
servidores públicos, eso lo tengo muy claro -decía-, carguen con responsabilidades o con reproches que les son totalmente ajenos. Consta en el 'Diario de Sesiones'. El 3 de julio de 2006, tres inmigrantes murieron tratando de saltar la valla de
Melilla; uno de los tres falleció en territorio español. En su comparecencia parlamentaria, el entonces secretario de Estado de Seguridad, señor Camacho, dijo -'Diario de Sesiones'-: No debemos admitir que este tipo de incidentes se utilicen sin
ningún tipo de fundamento para sembrar injustificadamente dudas en la opinión pública sobre la actuación de las unidades de la Guardia Civil en el control y en la vigilancia de nuestras fronteras exteriores. Suscribo lo que dijo, pero fíjense en lo
que viene a continuación. Al dar cuenta de la investigación realizada sobre tales hechos, el secretario de Estado de Seguridad afirmó literalmente -'Diario de Sesiones'-: Solo se empleó por algunos de estos guardias civiles, los que están
autorizados y preparados para ello, material antidisturbios de manera disuasoria. En concreto, lanzaron pelotas de goma. 'Diario de Sesiones'.
Señorías, en todos estos casos el Gobierno socialista tuvo una magnífica oportunidad para dar a esta Cámara toda clase de explicaciones. Les voy a recordar lo que hicieron. Un diputado de la Cámara, el señor Campuzano, del Grupo
Parlamentario Convergència i Unió, solicitó el 13 de septiembre de 2005, al amparo del artículo 7 del Reglamento, el informe que había realizado la Guardia Civil sobre este incidente, al igual que las imágenes recogidas por las cámaras del perímetro
fronterizo. Cinco meses después no había recibido respuesta. Por eso, el 16 de febrero de 2006 el diputado pidió amparo a la Presidencia de la Cámara, y doce días después, el 28 de febrero, el Gobierno socialista respondió que no podía entregar
los videos porque lo impedía la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal.
Tras el naufragio del cayuco en 2009 al que antes me he referido, a 20 metros de la costa de Lanzarote -en el que hubo veinticinco fallecidos, diecisiete de ellos niños-, el ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba, ofreció explicaciones
en la Comisión de Interior aprovechando una comparecencia que ya estaba convocada con anterioridad a ese trágico accidente. Con aquella explicación el Gobierno entendió que había aportado información suficiente sobre tan tristes acontecimientos y
dejó caducar todas las solicitudes formuladas por todos los grupos parlamentarios, dos de ellas del Grupo Popular, una del mismo día de los hechos y otra del 11 de marzo de 2009, por la que se requería información acerca del estado del sistema
integral de vigilancia exterior, SIVE, en la isla de Lanzarote, así como otras del Grupo Mixto, de 3 de marzo de 2009, para explicar las contradicciones entre el ministro del Interior, señor Pérez Rubalcaba, sobre el funcionamiento del SIVE, a las
que aludía en su comparecencia, y las informaciones que posteriormente aparecieron al respecto en la prensa.
Por otra parte, señoría -piense en lo que voy a decir a continuación-, déjeme que le recuerde lo que el Gobierno socialista respondió al Defensor del Pueblo el 13 de junio de 2006, precisamente a propósito de las actuaciones desplegadas para
la mejora de la seguridad en el perímetro fronterizo de la ciudad de Melilla. Respuesta literal del Gobierno: En relación con el uso de medios antidisturbios, el empleo de medios antidisturbios se realiza tan solo cuando han fracasado otros medios
disuasorios para evitar los intentos de intrusión ilegal en Melilla vulnerando el vallado fronterizo, y se produce siempre conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y siguiendo las técnicas y procedimientos
establecidos, que son iguales -seguía diciendo el Gobierno socialista en su respuesta al Defensor del Pueblo- a los que se emplean en cualquier actuación de orden público, tan solo con alguna singularidad debido a la configuración de la valla y
orografía del terreno. Asimismo -añadió el Gobierno-, no se puede hablar de protocolo de actuación estándar -escuche, señor Trevín, que es muy importante esto-, sino de aplicación concreta de la doctrina general del empleo de los medios oficiales a
la realidad que arroja el diseño del obstáculo y los métodos y procedimientos que los inmigrantes emplean en cada situación. Le recuerdo que la situación de El Tarajal en Ceuta del 6 de febrero pasado es inédita, jamás se había producido una
situación de intento de intrusión violenta y masiva a España a través de Ceuta y procedente de Marruecos como en aquella ocasión; es la primera y única ocasión.
En lo relativo a los mecanismos de investigación de posibles denuncias de violencia policial en las labores de control del perímetro fronterizo, la respuesta por escrito del Gobierno fue: Esta labor la realiza
la Inspección de Personal y Servicios de la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que garantiza su independencia y capacidad de actuación, órgano que desempeña hasta la fecha sus labores de inspección con gran eficacia, sin que se considere
necesario -decía el Gobierno- dictar instrucciones específicas para la investigación de eventuales denuncias derivadas de la labor de control policial del perímetro fronterizo de Melilla.
El Gobierno, señorías, señor Trevín, no frivoliza ni pretende sacar rédito político con un problema de enorme envergadura que exige de nosotros altura de miras y sentido de Estado, y menos, por supuesto, tras la dramática situación que se
produjo la madrugada del día 6 de febrero pasado en la playa de El Tarajal, donde murieron quince personas -y lo quiero reiterar, señor Trevín, porque es muy importante- en aguas de Marruecos. Yo comparecí, mañana hará un mes, ante la Comisión de
Interior, fue una comparecencia de casi cinco horas de duración y comparecí a petición propia, en el minuto uno desde que lo permitía el Reglamento. Era jueves cuando se produjeron los hechos y el viernes solicité comparecer a petición propia; la
Mesa de la Cámara calificó esa iniciativa el lunes. El martes se reunió la Comisión de Interior, y como saben sus señorías que cuando hay un Pleno no se pueden reunir las comisiones, comparecí ante la Comisión de Interior ese mismo jueves en cuanto
acabó el Pleno, en torno al mediodía. Asimismo, en un ejercicio de transparencia sin precedentes -fíjese lo que hicieron ustedes cuando se les pidieron esos vídeos-, nosotros sin embargo, una vez que tuvimos la correspondiente autorización de la
juez que está instruyendo este caso, hicimos públicos a través de la página web del ministerio para que todo el mundo tuviera acceso a las grabaciones todos los vídeos grabados el día de los hechos, y se ofrecieron a todos los ciudadanos las
explicaciones oportunas para poder visionarlos si lo deseaban. Además en la primera ocasión en que pude hacerlo me reuní con la comisaría de interior de la Unión Europea, la comisaría Cecilia Malmström, y estuve en el Consejo Europeo JAI en
Bruselas para aludir a que es necesaria una mayor implicación de la Unión Europea en la defensa de las fronteras comunitarias, porque como sabe muy bien su señoría Ceuta y Melilla son frontera exterior de la Unión Europea, y por tanto, bajo el
principio de solidaridad y responsabilidad compartida, la Unión Europea tiene que implicarse directamente, porque no solo Marruecos y no solo España podemos hacer frente a esa gravísima situación. Como sabe muy bien su señoría eso trae causa
profunda de las desigualdades injustas que existen entre los países de origen de esos inmigrantes y Europa, a la que quieren ir a parar pasando por Ceuta y Melilla, es decir por España, por tanto por la Unión Europea.
¿No creen, señorías, que estos problemas exigen, como decía entonces y con razón el señor Hernando, autocontención, sentido común, sentido de la responsabilidad y sentido de Estado, lo que no es incompatible por supuesto con que se exija la
máxima transparencia, con que se sepa perfectamente lo que sucedió en Ceuta? A esos efectos tengo que decirles que el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha abierto unas diligencias, que hay un procedimiento judicial abierto en relación con
los cinco cadáveres que aparecieron en días posteriores al día 6 en aguas españolas de personas que no fallecieron en aguas españolas, pero que las mareas y las corrientes trasladaron hacia nuestras aguas. Mientras esa investigación judicial no
acredite otra cosa -y no lo ha acreditado hasta el momento-, de los informes recabados le puedo asegurar, señor Trevín, con toda claridad que los inmigrantes, esas personas fallecidas, lo fueron en territorio o aguas marroquíes, incluidos como le he
dicho los distintos cadáveres que aparecieron en días sucesivos en la parte española de la playa de El Tarajal. En todo caso, como una muestra más de la transparencia de la que podemos hacer gala y queremos hacer gala desde el Gobierno, en
contraste -permítame que se lo diga- con la opacidad de la que dieron ustedes magnífico ejemplo como he puesto de manifiesto cuando se produjeron trágicos y dramáticos acontecimientos en aquellos años, en la mar y en los vallados fronterizos de
Ceuta y Melilla, ofrezco a esta Cámara para que no quede ninguna duda sobre lo sucedido en Ceuta el pasado 6 de febrero la mejor disposición para que, una vez aclarado lo que sucedió en Ceuta, podamos acometer ese pacto sobre la inmigración que en
todo caso es preciso que el Gobierno y el Partido Popular tengan con el Partido Socialista, sin excluir a ningún otro grupo político. Permítame que le diga, señor Trevín, que con poca autoridad podemos acudir a Europa solicitando que el fenómeno de
la inmigración sea tratado como un problema europeo, como una cuestión comunitaria, si previamente no somos capaces de ponernos de acuerdo en que sea una cuestión de Estado, un problema que sea tratado como problema español, es decir, que los
grandes partidos cuando menos nos pongamos de acuerdo en la definición de los ejes básicos de esa política de inmigración. (Aplausos).
Por tanto, señor Trevín, transparencia total y respeto a esta Cámara. Tenga la seguridad de que quiero que de esta interpelación salga la voluntad de llegar a un acuerdo que es necesario para España
-y también para Europa- a nivel nacional; un auténtico pacto de Estado en relación con el fenómeno de la inmigración, que no es incompatible evidentemente con la necesaria clarificación de lo sucedido el día 6. Ya se han puesto a
disposición de todo el mundo los vídeos; yo comparecí casi cinco horas. Si su señoría lo desea estoy dispuesto a aportar, siempre que la autoridad judicial me lo permita, cuanta documentación nos ha requerido y ponerla a disposición en el formato
que considere oportuno para que no haya dudas en cuanto a nuestra voluntad de que se clarifique lo de Ceuta, y que eso nos permita acometer el problema de raíz, estableciendo un pacto para que efectivamente podamos ir juntos a Europa a decir: el
control de las fronteras en Ceuta y Melilla no es un problema ni de Ceuta y Melilla ni de toda España; es un problema de la comunidad europea, es un problema de la Unión Europea; no es tampoco un problema de Marruecos, que por cierto está
colaborando magníficamente y yo tengo el deber de decirlo desde esta tribuna.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, hay dos ejes básicos de lo que usted me ha dicho que me parecen muy interesantes. Primero, la necesaria altura de miras y sentido de Estado, y segundo, estamos dispuestos a un ejercicio de transparencia. Me
gustaría saber si le he escuchado bien. ¿El ministerio está dispuesto a venir a este Congreso, formato que puede ser en una Comisión de Interior, todo lo extensa que sea necesaria, con todos los grupos de la Cámara, con toda la documentación que
tenga el juzgado, con las comunicaciones internas que se tienen, con todos los informes de la Guardia Civil, a explicarlo y quedar a disposición para las aclaraciones oportunas de lo que todos los portavoces tengan a bien preguntar? Si esto es así
el Grupo Socialista está dispuesto a solicitar esa comisión, pero, señor ministro, no se equivoquen, nunca vamos a consentir un paripé. La necesidad de saber no es solamente por esta Cámara, que lo necesita saber, es por la opinión pública
española. En ningún caso estamos dispuestos a dar la sensación de que se quiere echar tierra sobre este asunto. Esto necesita clarificación hasta sus últimos términos, quince seres humanos nos lo demandan, la imagen en Europa nos lo demanda, la
propia dignidad de la Cámara nos lo demanda. (Aplausos). Si a eso están dispuestos, una vez que se clarifique nos tienen a su disposición para hablar de esa política de Estado. Sabe que tenemos puntos en común que a lo largo de estos días, tanto
ustedes como nosotros, hemos explicitado. Para empezar en cuanto a Europa. Por supuesto que queremos ir apoyando al Gobierno a instancias europeas para dejar claro que somos la frontera sur de Europa, no somos la frontera sur de España. No es un
problema exclusivamente de fronteras españolas. Pero a esa altura de miras y sentido de Estado deben también darle otra consideración: entender que lo que estamos planteando va más allá incluso. Si hay que tener autocontención en un asunto como
este -y podemos estar de acuerdo-, si hay que tener responsabilidad y altura de miras, quien debe tenerlo en primer lugar y a quien más se le debe exigir es a los responsables del ministerio. ¿Por qué el delegado del Gobierno en Ceuta y el director
de la Guardia Civil no pueden reconocer -como usted ya ha dicho- que no fue la mejor solución lanzar las pelotas de goma? No lo han dicho todavía. Nosotros dijimos en su momento que nos pareció una mala orden, y nos alegramos de que haya coincido
con nosotros después, pero fuimos objeto de todo tipo de críticas y denostados por diferentes responsables del ministerio como socialistas.
De lo que es necesario hablar, si es verdad que se va a clarificar en todos sus extremos y hasta las últimas consecuencias todo lo acontecido en Ceuta, es de seguridad en fronteras. Señor ministro, no basta con las declaraciones de apoyo a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no basta sobre todo para un Gobierno, porque está claro que aquí a ningún grupo político de esta Cámara le he oído denostar ni a la Guardia Civil ni al Cuerpo Nacional de Policía, y menos a los
socialistas (Rumores), que los hemos apoyado en cuantas ocasiones ha sido necesario. Pero, fíjese, el Gobierno no puede quedarse en las palabras... (El señor Márquez de la Rubia pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señor Márquez, guarde silencio.
El señor TREVÍN LOMBÁN: ... porque a lo que está obligado es a resolver problemas que se empiezan a dar en este momento, y que tienen como explicación alguno de los problemas que estamos viendo en estos días. En la valla cada vez se hacen
los asaltos con personas más numerosas, los agentes en
muchas ocasiones están en situación de inferioridad numérica, en ocasiones carecen de los medios adecuados para hacer frente a las situaciones, tienen que tener seguridad jurídica de que sus actuaciones están respaldadas, y por eso les
pedimos en diciembre el protocolo, fundamentalmente el jurídico, para saber cómo podían -y además respaldado- y tenían que hacer o no las devoluciones y cómo pueden hacer sus intervenciones. Además debe tenerse en cuenta que hoy uno de los destinos
más difíciles de Guardia Civil y Policía está en la frontera, y que por tanto no solamente se necesitan más efectivos, sino también dar un apoyo singular -como se hizo en otros momentos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinadas en
el País Vasco- a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía destinadas en Ceuta. De eso también queremos hablarles porque eso fue lo que les propusimos ya en diciembre, y ustedes no quisieron saber nada.
Si hoy hemos abierto la posibilidad de que no solamente esta Cámara, sino también la sociedad española pasemos esta página que hasta ahora era de sonrojo general -que la podamos pasar con dignidad y con la clarificación de todos los aspectos
y a todas las preguntas de los grupos parlamentarios-, creo que podemos haber dado un primer paso, señor ministro; pero le recuerdo que no podemos y no vamos a consentir los socialistas ningún paripé. La investigación tiene que llegar hasta sus
últimas consecuencias y a todos los puntos que consideremos que es necesario clarificar. Y a partir de eso sí estaremos más en condiciones, incluso desde el punto de vista ético y de dignidad, de construir un elemento común de pacto de Estado sobre
emigración, del cual tanto usted como nosotros, y seguramente la inmensa mayoría de esta Cámara, podamos estar orgullosos de presentar conjuntamente en Europa.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor Trevín, evidentemente estamos ante una cuestión de suficiente gravedad, entidad e importancia como para que no me pierda en algunas cuestiones que puedan impedir lo sustancial de lo que he escuchado desde esta tribuna, pero
antes de ir a eso quiero aclarar algunas cosas. Durante la crisis de las vallas de Ceuta y Melilla, en sus perímetros fronterizos, el Gobierno de la época envió al Ejército, a la Legión y a los Regulares a controlarlos. Supongo que estará usted de
acuerdo, señor Trevín, en que la Legión no utiliza pelotas de goma como elemento disuasorio. Este Gobierno -y lo he dicho yo en mi reciente visita a Ceuta y Melilla- descarta la presencia de unidades del Ejército, de unidades militares para
controlar los perímetros fronterizos. Lo digo para que se tengan todos los datos.
Segundo, ni el delegado del Gobierno ni el director general de la Guardia Civil mintieron. Tengo el deber de decirlo. Se pronunciaron de acuerdo con los informes que tenían, pero no mintieron, y eso se puede acreditar documentalmente.
Tercero, yo no hice más que dos declaraciones. El día de autos, el 6 de febrero, estaba en Cracovia, participando en la reunión del G-6, que reúne, como he dicho en alguna ocasión -y su señoría lo sabe-, a los ministros del Interior de los
seis países más poblados de la Unión Europea más Estados Unidos, es decir, a los ministros del Interior de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, España y Polonia -era la Presidencia de turno de Polonia, y por eso la reunión era en Cracovia- más
Estados Unidos. Yo estaba a las ocho de la mañana reunido en una bilateral con el fiscal general de Estados Unidos, Holder, cuando por SMS tuve la primera información de lo que estaba pasando en Ceuta -quiero decirlo para que tengamos presente en
qué circunstancias se producen estas cosas-, y ahí hice mi primera declaración -por eso, lo digo-, lamentando profundamente la pérdida de vidas humanas. No volví a hablar hasta el jueves siguiente, en que comparecí en la Comisión de Interior. Por
tanto no me impute contradicciones en mis declaraciones. En cuanto a las otras autoridades ya le he dicho que en ningún momento mintieron. Tengo el deber, en defensa de su honor, de decirlo públicamente desde esta tribuna. No mintieron si por
mentir se entiende lo que dice el diccionario de la Real Academia: faltar a la verdad con intención de engañar. En ningún caso. Lo hicieron de acuerdo con la documentación e información que tenían disponible en esos momentos, como yo dije en mi
comparecencia el día 13 en la Comisión de Interior. Es lógico y comprensible que en los primeros momentos las informaciones no fueran completas. Por eso yo, a la hora de comparecer, pedí a la Guardia Civil un informe exhaustivo y completo, porque
como es evidente no puedo faltar a la verdad en una comparecencia en sede parlamentaria. Por eso exigí que el informe de la Guardia Civil fuera todo lo exhaustivo y todo lo completo que requería una comparecencia ante la Comisión de Interior del
Congreso de los Diputados.
Dice su señoría: que no sea un paripé. Evidentemente no lo es. Ni aunque quisiéramos, que no es el caso, podría serlo, por la simple circunstancia de que hay una investigación judicial en marcha. Por tanto se va a saber la verdad. En
relación con los atentados del 11-M, tan próximos ayer, yo afirmé: la verdad judicial no es la verdad absoluta ni la verdad humana, pero mientras no se demuestre lo contrario la verdad judicial es la verdad. Por tanto, en la medida en que hay
abierto un procedimiento judicial y la juez titular del Juzgado número 6 de Ceuta ha expedido una comisión rogatoria internacional para conocer las autopsias de los diez cadáveres correspondientes a las diez personas que fueron recogidas en aguas
marroquíes, le tengo que decir que, aunque quisiéramos, repito, que no es el caso, la verdad va a prevalecer, cuando menos la verdad judicial, pero yo tengo el máximo interés, en un ejercicio de transparencia, en que se conozca también la verdad de
los hechos desde el punto de vista no estrictamente judicial, pero sí la verdad de los hechos.
En relación con los medios le tengo que decir que un helicóptero de la Guardia Civil está ya desplazado con base permanente en Ceuta. Se ha reforzado la dotación con un grupo de intervención policial de la Policía Nacional para ayudar en
los casos que sea preciso al control fronterizo. La noche anterior al día que estuve en Ceuta, el día 5, se produjo un intento de intrusión de 1.500 inmigrantes en Ceuta. Por primera vez las autoridades marroquíes permitieron que la Guardia Civil
pudiera actuar en vanguardia. Eso fue determinante para que no entrara ni una sola de esas personas -1.500- que quisieron entrar. Pero nos parece que las unidades de intervención policial de la Policía Nacional pueden ayudar y colaborar en
situaciones límite a los modos de intervención de las agrupaciones de reserva y seguridad de la Guardia Civil. Por eso también hemos desplazado un grupo de UIP, además de un grupo del módulo de intervención rápida, que se ha desplazado también
hasta completar una UPA en Ceuta.
Por otra parte, la tengo que decir que la señora juez del Juzgado de Instrucción número 6 que lleva este caso en sede judicial, junto con la fiscalía, ha pedido al Ministerio del Interior una serie de documentación, en particular el manual
de la agrupación de reserva y seguridad de la Guardia Civil, imágenes grabadas por las cámaras de la valla y del Servicio Integral de Vigilancia Exterior, y conversaciones -señor Trevín, conversaciones- del personal operativo a través del sistema
Sirdee, que es el Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado, dicho para entendernos, las comunicaciones que se cruzaron entre la Cuardia Civil y el centro de operaciones mientras se producían aquellos acontecimientos. Nos ha
pedido también la señora juez un informe de la dirección adjunta operativa sobre los hechos del día 6 de febrero, informes de la Comandancia de Ceuta de la Guardia Civil de los días 6 y 8 de febrero, e informe de la Comisaría General de Extranjería
sobre devolución de inmigrantes ilegales.
Me ha pedido su señoría algo como condición previa en todo caso, si le he entendido bien, para poder acometer ese pacto de Estado necesario para España y para la Unión Europea, porque insisto en que lo primero que nos dicen -y creo que lo
podemos entender todos- allí en Bruselas es que cómo podemos decir que sea una política comunitaria si no somos capaces de que sea una política española, que nos pongamos de acuerdo aquí (Aplausos) a la hora de acometer ese fenómeno. Por eso, por
interés de España y de la Unión Europea, pero en primer lugar por interés de España, necesitamos ese acuerdo. Usted me ha preguntado, si no he entendido mal, si estamos dispuestos a venir aquí y a comparecer en Comisión para dar toda la información
disponible, para dar todo tipo de explicaciones en relación con lo que sucedió. Yo, señoría, le contesto y le digo: ese pacto es necesario para España, es absolutamente indispensable. Creo que con la comparecencia que tuve el pasado día 13 en la
Comisión de Interior con ese informe exhaustivo de la Guardia Civil era suficiente, pero ha pasado casi un mes. La señora jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta nos ha pedido esta documentación, yo me comprometo a que si la señora jueza
de Ceuta nos autoriza a que esa información, igual que hicimos con los vídeos, a que toda esa información que le acabo de relatar sea puesta a disposición de los grupos parlamentarios, en particular respondiendo a su petición, me comprometo a
hacerlo con carácter inmediato. De manera que una vez hecha esa consulta y de toda la documentación que nos ha pedido que le hemos transmitido, que no afecte a la seguridad del Estado, que habrá alguna que puede afectar, y ustedes lo entenderán,
por ejemplo, el manual de operaciones de la Comandancia de Ceuta, que es de 1 de agosto de 2011 -gobernaban ustedes- por tanto lo conocen, pero es documentación reservada, y estoy dispuesto a darla reservadamente, pero me permitirá que no la dé a la
publicidad. Pero toda la información que le hemos remitido y que yo le he transcrito, si tenemos la autorización de la señora jueza, yo me comprometo públicamente en este momento a que, en aras de ese acuerdo que
es necesario y en aras de que no haya dudas ante este Pleno de que no hay nada que ocultar en relación con lo que sucedió, desde el punto de vista de la utilización de los medios antidisturbios siempre con carácter disuasorio por parte de la
Guardia Civil el pasado día 6, repito, lo acredita el hecho de que veintitrés personas -como sabe su señoría, señor Trevín- llegaran sanas y salvas a la playa de El Tarajal. ¿Alguien duda de que si el efecto no hubiera sido meramente disuasorio
hubieran llegado veintitrés personas sanas y salvas, afortunadamente, a la playa de El Tarajal?
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene usted que terminar.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Dicho eso, señoría, cuente con que esa comparecencia tendrá lugar una vez la señora jueza nos lo autorice, en aras de esa transparencia que usted exige y como condición necesaria para llegar
a ese pacto que España necesita inexcusablemente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA PÉREZ FERNÁNDEZ), SOBRE MEDIDAS PARA DOTAR DE CARGA DE TRABAJO A LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE NAVANTIA, SITUADOS EN LA RIA DE FERROL, ASÍ COMO PARA QUE INFORME SI HA TRAMITADO ANTE LA UNIÓN EUROPEA UNA
CONSULTA FORMAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN DIQUE FLOTANTE EN DICHA LOCALIDAD. (Número de expediente 173/000135).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir las mociones que correspondían al orden del día de ayer, pero que pospusimos para hoy. Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, concretamente la señora Pérez Fernández,
sobre medidas para dotar de carga de trabajo a los astilleros públicos de Navantia, situados en la ría de Ferrol, así como para que informe si se ha tramitado ante la Unión Europea una consulta formal sobre la posibilidad de construir un dique
flotante en dicha localidad.
La señora Pérez Fernández tiene la palabra.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nuestra interpelación urgente del pasado mes de febrero hemos intentado exponer detalladamente la extrema situación a la que los distintos Gobiernos desde 1978 han llevado al sector naval, en particular al de la comarca de
Ferrolterra (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia) y como consecuencia cuáles son las circunstancias dramáticas en las que se encuentra la propia comarca. En estos momentos nada, ni las acciones ni las omisiones
flagrantes por parte del Gobierno y de la dirección de Navantia parecen estar dirigidas a mejorar la posición de las empresas y a consolidar su futuro. Todo lo contrario, lo que está ocurriendo de facto es que continúa a pasos agigantados la
disminución de la capacidad de producción, la reducción sistemática de puestos de trabajo, y el deterioro de las condiciones laborales. La nefasta gestión comercial de Navantia ha llevado a que las cifras de contratación de la empresa desde el año
2006 se hayan reducido drásticamente, de manera que a día de hoy ni se vislumbra nada parecido siquiera a un verdadero plan de construcción.
La intervención ambigua del señor Montoro en respuesta a nuestra interpelación de febrero es la evidencia de que no hay contratos confirmados, de que todo son futuribles sin concretar, y de que se trabaja a salto de mata, sin existir un
verdadero plan de dotación de carga de trabajo en las diferentes actividades que llevan a cabo los centros de Navantía, más allá de la construcción naval, tampoco en reparaciones, en el sector eólico, en el de transformaciones, etcétera. Tampoco
existe ningún plan de diversificación empresarial, a pesar de ser anunciado cada vez que hay elecciones a la vista; igual que se ha anunciado el dique flotante y a día de hoy sigue siendo para muchos la excusa perfecta para no entrar en las
cuestiones de fondo que realmente impiden el desarrollo del sector naval.
Cuestiones de fondo. Empecemos por hablar de actuaciones políticas activas e intensas por parte del Gobierno para que se levante definitivamente el absurdo veto, la incomprensible limitación para poder llevar a cabo construcción naval civil
que pesa sobre Navantia. Entendemos que esta es la única forma de lograr suficiente carga de trabajo a corto plazo para los diferentes centros. Se puede hacer, porque el propio acuerdo entre el Estado español y la Unión Europea del año 2005 -que
nosotros siempre criticamos
y denunciamos- recoge textualmente que los compromisos pueden ser revisados de común acuerdo en el caso de hechos nuevos relevantes. ¿Acaso ustedes, sobre todo las señorías del Grupo Parlamentario Popular, no entienden que la situación
económica y laboral absolutamente crítica de Ferrolterra en particular es una circunstancia que nos tendría que llevar a revisar ese acuerdo? ¿Qué tiene que pasar si no para que se revise ese acuerdo, y ustedes, el Gobierno y el Partido Popular, se
planten en Europa cargados de argumentos para que los astilleros públicos no acaben definitivamente liquidándose?
Continuemos hablando de la situación económica de la empresa. Las cifras de subactividad no cesan de aumentar desde el año 2009. Las consecuencias son gravísimas para los resultados de explotación de la empresa y la situación de su
patrimonio neto, y por tanto para los trabajadores, que son las primeras víctimas de esta situación próxima ya a la quiebra y muy semejante a la que se produjo en el año 2004, que justificó la reestructuración en aquel momento. Los ingresos de
explotación vienen siendo inferiores a los costos de explotación desde hace años, sin que la dirección de la empresa tome ningún tipo de medida. La fuerte caída habida en el año 2012 seguirá agudizándose hasta que se dote de carga de trabajo
suficiente a los centros, y no hablamos por supuesto de un simple y único flotel. Los resultados de los centros de Ferrol Fene entre 2008 y 2012 ponen de manifiesto que ha sido el único centro que en conjunto obtuvo resultados económicos positivos.
Si la situación fuese la de contar con la carga de trabajo suficiente los resultados podrían ser todavía mucho mejores, y por tanto tendríamos mejores resultados en la totalidad de Navantia.
La sistemáticamente negativa actuación en la gestión empresarial de la empresa ha significado una productividad negativa para sus resultados y es escandaloso que se pretendan trasladar a los trabajadores -ellos sí realmente productivos- las
consecuencias de esas erráticas y deficientes actuaciones de la dirección de Navantia. Por esto es también absolutamente injustificable persistir en la política de permanente reestructuración del sector. Los costos de administración de la empresa
se sitúan por encima de los 100 millones de euros anuales, y siempre son superiores a los resultados negativos de explotación. Por tanto es aquí, en los costos de administración, en la eliminación de los derivados de la subactividad como
consecuencia directa de la ausencia de carga de trabajo y en la deficiente estructura financiera de la empresa -también consecuencia de las pérdidas continuas derivadas de esa errática gestión empresarial-, donde se debe actuar con urgencia para
normalizar la situación de la empresa y garantizar su futuro. No es tolerable seguir hablando de reestructuración, de amortización de puestos de trabajo y de elevados costos salariales cuando, por ejemplo, el cuadro de personal en el centro de la
empresa en Madrid se incrementó en un 25 % con relación al inicial de la creación de Navantia en el año 2005. Al mismo tiempo la masa salarial en los últimos cuatro años se ha reducido casi un 6 %. Por tanto no es una nueva reestructuración la que
va a mejorar la posición de la empresa; una reestructuración ya anunciada y recogida en la memoria de la empresa del año 2012, y que parece querer allanar definitivamente el camino de una estrategia de liquidación progresiva de los astilleros
públicos; estrategia por cierto que ya se aplicó de facto a los astilleros de Fene, que ya no existen ni siquiera como centro separado con capacidad para realizar proyectos propios.
Por la parte que le toca al Gobierno, es imprescindible que el Ministerio de Defensa cumpla estrictamente en plazo el plan de financiación de sus programas y que el Ministerio de Industria haga lo mismo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que finalizar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.
... precisamente para que sus incumplimientos no sigan agravando los gastos financieros de Navantia y sus resultados económicos totales. En definitiva, proponemos una serie de medidas que también se detienen en la creación de un complejo
integral de la construcción naval de la ría de Ferrol para optimizar los resultados de los centros. Por último, señora presidenta, otra de las medidas que proponemos es que se facilite que la Xunta, tal y como se recoge en la Ley del Sector Naval
de Galicia aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego, pueda participar en el consejo de administración de Navantia.
Termino. Nuestra intención con esta moción es que los distintos grupos entiendan con claridad la necesidad de actuar...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que finalizar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: ... de actuar con decisión y con inmediatez para salvar a un sector que, en el caso de Galicia, es estratégico. Pretendemos que no se consuma la destrucción de uno de los
pilares de nuestra economía y para ello adelantamos nuestra disposición a llegar a acuerdos con aquellos grupos que han presentado enmiendas en el sentido de clarificar y enriquecer el texto inicial...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, lo siento, finalizó su tiempo.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: ... y no en el sentido de hacer que se hace para que todo siga igual.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Para el turno de defensa de enmiendas, en primer lugar, por La Izquierda Plural, señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidenta.
Señorías, vamos a votar a favor de la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego para dotar de trabajo a los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol, así como para que el Gobierno tramite una consulta formal ante la
Unión Europea para poder construir un dique flotante en Ferrolterra. Porque el grave deterioro del sector naval en la ría de Ferrol tiene como consecuencia directa la situación en la que se encuentra la comarca de Ferrolterra, que podríamos
calificar de emergencia social, con una tasa de desempleo del 32 % y que responde no tanto a la situación de crisis y estafa que estamos sufriendo la mayoría social como a la concatenación de errores cometidos tanto por los sucesivos Gobiernos de
turno como por la Comisión Europea, aferrados en imponer políticas únicamente de carácter financiero que se olvidan e incluso impiden el desarrollo de sectores productivos industriales generadores de trabajo estable y de calidad. Por supuesto que
sobra decir que bajo estas premisas neoliberales no interesa, incluso se intenta liquidar, un sector público generador de empleo o productos de alto valor añadido y riqueza social, como es el que es capaz de generar la empresa naval pública
Navantia.
Desde La Izquierda Plural nos posicionamos radicalmente en contra de estas políticas, por eso siempre estaremos para apoyar aquellas propuestas que planteen alternativas encaminadas a potenciar este sector público estatal. Estamos
convencidos de que, acompañándolo de la adecuada planificación de las inversiones productivas y partiendo del desarrollo de un centro público de transferencia tecnológica en Ferrol que aglutine labores de investigación, desarrollo e innovación, será
el instrumento imprescindible para generar empleo de calidad y cargas de trabajo que nos deje los réditos y beneficios que se desprenden de la ideación de proyectos y de su concepción y desarrollo, a la vez que servirán para afianzar una industria
que contribuya al cambio de modelo productivo imprescindible en nuestro país consolidando un sistema económico más sólido y competitivo a nivel global. Lo cierto es que ahora, fruto de decisiones políticas nefastas, la situación es dramática para
miles de personas en Galicia, tal y como usted, señora Pérez Fernández, describió en su interpelación. Esto merece que desde el Gobierno se tomen medidas urgentes. La destrucción de empleo en Ferrolterra es sangrante, con más de 4.500 puestos de
trabajo en dos años solo contando los empleos directos del sector en las industrias auxiliares, a lo que habría que sumar la pérdida de empleos indirectos.
Estamos hablando de un sector, el naval, que es la vida y el futuro de la comarca de Ferrolterra, que tiene un 32 % de paro y que es, además, un sector estratégico para la economía gallega y el conjunto del Estado. Por ello, no puede haber
pasos atrás y apostamos por la construcción urgente del dique flotante, pero también por la consecución de nueva carga de trabajo de manera prioritaria y continua. El dique flotante en Ferrolterra es necesario, pero no podemos obviar que esto
supondrá 1,2 millones de horas de trabajo en los momentos álgidos de su construcción y, aunque esto desde luego no sea poco, dará ocupación a unas 500 personas de una plantilla de Navantia de más de 2.000. Es claramente insuficiente, máxime si
tenemos en cuenta que con esto tampoco habrá trabajo para Navantia Fene o para el empleo en las auxiliares. Por tanto, creemos que la consolidación del sector pasa por exigir el fin de los vetos impuestos por la troika, que con la connivencia del
Gobierno están estrangulando particularmente al astillero de Fene. Además, se necesita inversión pública y medios materiales, técnicos y de plantilla en Fene como medidas urgentes a la hora de afrontar el necesario fin del veto.
En definitiva, señorías, apoyaremos y llevaremos a cabo todas aquellas propuestas que, lejos de formular ningún recorte en empleo, condiciones laborales o derechos, vayan encaminadas a todo lo contrario. De lo que se trata es de impulsar
con dinero público y voluntad política un plan de inversiones para un sector que creemos imprescindible, además de viable y con futuro para nuestro país.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda, señora Rodríguez Vázquez.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
El tema que tratamos hoy no puede ser más relevante para la economía del país y para las comarcas en que se ubican los distintos astilleros de Navantia, especialmente en este caso para la comarca de Ferrolterra, para mi comarca. Es
relevante porque el sector naval es el motor que ha servido de impulso para el desarrollo de las ciudades de Ferrol, Cádiz o Cartagena, tal como hoy las conocemos. Nadie comprendería estas zonas sin sus astilleros, que han constituido y constituyen
todavía el principal foco de industria, empleo y bienestar. El sector naval público en este país necesita un impulso que le está siendo negado, un impulso que conduzca a la recuperación de las economías de las comunidades en que se inscriben. Por
tanto, es imprescindible redoblar los esfuerzos para dotar de forma urgente e inmediata de carga de trabajo a los astilleros públicos. De forma especial, es imprescindible la aprobación del presupuesto necesario para la construcción del dique
flotante que se precisa en los astilleros de la ría de Ferrol. El sector naval de Ferrolterra considera como una de sus oportunidades de revitalización y mantenimiento la construcción de un dique flotante que amplíe sus actividades en la sección de
reparaciones. Esta consideración es unánime en la comarca. Está avalada por sindicatos, partidos políticos, confederaciones empresariales, colectivos técnicos o el mismo movimiento social y cívico de la zona.
En los últimos tiempos, asistimos a profundos desencuentros entre el partido del Gobierno estatal y su homólogo en Galicia, utilizando argumentos y contraargumentos que, hasta la fecha, paralizan y entorpecen la construcción de la citada
infraestructura. La contestación ante estos desacuerdos, y en apoyo de ampliar las posibilidades de trabajo en los astilleros de Navantia Ferrol Fene, se produce con una continuidad sistemática por parte de la totalidad del tejido ciudadano, que
tiene como premisa que el futuro económico y social de la comarca necesita la apuesta política firme por el dique flotante. De nada valen los llamamientos del ministro Montoro a la tranquilidad de la zona si no van acompañados de acciones concretas
para dar respuesta a esta demanda. Es más, el pasado día 4, el señor Revuelta se reunió en Ferrol con los responsables del programa del flotel Pemex, el mismo día en que se remite a Bruselas la documentación demandada por la Comisión con relación a
la construcción del dique flotante. Pues bien, el señor Revuelta, presidente de Navantia, le concede tan poca importancia al tema que no se le ha ocurrido ni siquiera comentarlo.
Señorías, la comarca de Ferrolterra está indiscutiblemente ligada al sector naval, un sector que proporcionó trabajo a lo largo de la historia de Ferrol y que hoy tiene las llaves del futuro de la zona, ya que renunciar a la economía que
sustenta supone desperdiciar mano de obra altamente cualificada y, sobre todo, supone poner en riesgo el mantenimiento de un porcentaje muy elevado de familias de toda una comarca. A favor del dique flotante juega también el factor temporal, ya que
reportaría carga de trabajo a corto plazo, lo que subraya además que la construcción del mismo no supone un gasto, sino una inversión con repercusión directa en la revitalización económica y social de la comarca de Ferrolterra; con repercusión
directa en la recuperación de puestos de trabajo, puestos de trabajo, señorías, tan vitales en un país que se aproxima a los 6 millones de personas en paro.
La propuesta que se debate reclama que cualquier tipo de modificación de las plantillas debe revertir en empleo en las zonas de los astilleros públicos. El Grupo Socialista manifiesta su total acuerdo, ya que nos encontramos con cifras
dramáticas de desempleo tanto en Ferrol con un 33 % como, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, que supera esta alarmante cifra llegando, según los datos de la EPA de diciembre de 2013, a un 40,77 %. Por ello, consideramos necesario no perder ni
uno más de los puestos de trabajo ligados al sector naval. Como ejemplo claro, en Ferrol, con la partida del Adelaide, se esfumaron cerca de tres mil puestos de trabajo. La demanda en Ferrol es clara: carga de trabajo, no al veto, dique sí. Se
trata de un veto a la construcción civil derivado de aquellas ayudas públicas realizadas de 1999 a 2004 consideradas ilegales por la Unión Europea.
Señorías, cualquier viabilidad futura, cualquier sostenibilidad de la industria naval civil en España, en el contexto de creciente competencia internacional y riesgo de deslocalización hacia Asia, se tiene que enmarcar dentro de una
estrategia de reindustrialización por la que está apostando la Unión Europea, que se resume en el objetivo de lograr que la industria signifique un 20 % del PIB para 2020. En España estamos en el 16 % del PIB aproximadamente. En este contexto
resulta fundamental que se apueste por
una industria naval civil eminentemente europea y poder levantar las restricciones de la Unión Europea a los astilleros públicos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: En otro orden de cosas, las fortalezas de cada una de las factorías para incrementar la viabilidad global de la empresa pueden verse incentivadas a través de dotar a cada zona de elementos de gestión que
permitan realizar una racionalización de proyectos y de trabajo unificando, además, las sinergias...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, tiene que finalizar.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Sí, ya termino presidenta.
... de las administraciones comprometidas en cada zona.
Para terminar, sabemos que el proyecto de gobierno para Navantia debe tener prioridad absoluta -y así queremos decirlo aquí- en el tiempo y en el esfuerzo para dar un carpetazo definitivo, con rigor y con firmeza, a la agonía que padecen los
astilleros públicos, especialmente los astilleros de la ría de Ferrol.
Señorías, cuando hablamos de Navantia no hablamos de barcos, o no solo hablamos de barcos. Hablamos de trabajo y de comercio. Hablamos de educación y de alternativas a la pobreza. Hablamos de fijación de la población y de tejido
industrial.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, finalice.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Un segundo, señora presidenta.
El Gobierno tiene que darle ya a Navantia el tratamiento que requiere. Ayer estuvo una delegación de Catar en Ferrol y hoy están en Cádiz. Hagan que eso funcione, señores del Gobierno. Tienen todos los elementos para que esto suene y que
suene bien.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, lo siento, pero ha acabado su tiempo.
La señora RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Dejen de desafinar y ahí nos encontrarán a su lado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Popular, señora Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Presidenta, señorías, tengo que empezar esta intervención mostrando mi extrañeza por la presentación de esta iniciativa. La verdad es que después de presenciar el debate entre el ministro de Hacienda y usted pensé
que le había quedado perfectamente claro. El único motivo que se me ocurre por el que haya presentado esta moción es porque venga aquí solo a hacer política, como usted reconoció el pasado mes. Ustedes son los que siguen, como en otros asuntos y
aquí se ha demostrado, la teoría de que cuanto peor, mejor. En esta moción expresa la preocupación por la situación de Navantia, y en especial por su carga de trabajo. No le voy a negar que el análisis que ha hecho sobre la realidad social y
económica en el caso de Ferrolterra es más o menos la que usted expuso, supongo que nuestros compañeros del sur podrían decir algo parecido. Hay tasas de paro, como se ha dicho aquí -la señora De las Heras también ya lo ha recordado-, superiores al
30 % y si esto no fuese suficientemente malo la tasa de ocupación es casi similar, somos conscientes de ello. Por eso necesitamos tener a día de hoy ayudas como la del Ministerio de Industria a través del Plan Ferrol. Pero lo que realmente creo es
que usted y su grupo están convencidos de que vienen tiempos un poco mejores y como vienen a hacer política pretenden arrimar el ascua a su sardina. Usted no dijo en su intervención pasada que en la última legislatura del Gobierno socialista no
hubo ni un solo contrato. Sí, viene a pedir más carga de trabajo ahora. Pero, fíjese, tampoco ha dicho lo que se ha conseguido durante este último año.
En este último año, señoría, Navantia acaba de materializar un contrato para la construcción de un flotel; un contrato muy importante, puesto que supone la puerta de entrada nada más y nada menos que a la cuarta petrolera del mundo. Dicha
empresa ya ha anunciado que tiene en cartera la construcción de más de 150 buques para los próximos años. Ustedes durante todo este año -y algunos más desde la
oposición- se han empeñado en que este contrato no fructificase, en que los mexicanos se fuesen no solo de Navantia, sino también de los astilleros civiles de Galicia. Pero pese a todo, y gracias al trabajo de Navantia, de nuestro
presidente del Gobierno y también al del presidente de la Xunta, lo siento mucho, pero Navantia y Barreras tienen flotel. Fíjese si es importante que en el sector naval civil del sur de Galicia ya tienen más pedidos de Pemex encima de la mesa. El
presidente de la SEPI y el propio ministro han dado cuenta en esta Cámara, tanto en el Pleno como en sus comisiones, de las diferentes misiones comerciales que se estaban llevando a cabo en distintos países.
En este sentido, en los últimos meses hemos tenido buenos contratos y gracias a ellos se ha asegurado también la carga de trabajo. Entre otros, voy a citar algunos: Turquía, que ha asegurado para el departamento técnico de Navantia Ferrol
meses y meses de desarrollo, 140 millones de euros y 800.000 horas de ingeniería; de la Armada argelina, la transformación de sus buques anfibio también la hace Navantia; mantenimiento de los destructores de la marina americana, los DDG 51. Pero
esto no es todo, nuestra flota está por todo el mundo. Acaba de llegar una fragata del Índico de coordinar una misión internacional y otro buque de Australia. ¿No se han dado cuenta de que estas misiones, además de cumplir con su objetivo, que
también, sirven para mostrar la tecnología española por todo el mundo? En este sentido, señoría, fíjese si tenemos confianza en nuestras misiones comerciales y próximas firmas de contratos que el Gobierno de España está en disposición en las
próximas fechas de anunciar el pedido de un nuevo buque militar a Navantia; un anuncio que, como yo, ha tenido que oír el otro día del propio ministro. Está pendiente de definir el tipo de buque, se hará contra almacén; es decir, se empezará su
construcción y si durante la misma es posible su venta se hará, si no, quedará para la Armada española. ¿Es que acaso este no es un anuncio importante, señorías? (Aplausos). Pues claro que lo es, gracias al trabajo de mucha gente desde hace mucho
tiempo. Pero el trabajo hay que hacerlo bien y seguramente conocerá el dicho de que no por mucho madrugar, amanece más temprano.
Esto me sirve como introducción para hablar de otro de los temas que ha planteado, el veto a la construcción naval civil que pesa sobre Navantia Fene. Como en el caso del flotel, ustedes y los socialistas se han dedicado a introducir
falsedades. Se lo voy a aclarar, aunque estoy segura de que saben de lo que les hablo. No hay posibilidades de hacer consultas formales o informales, basta ya de enredar todo, señorías. A la Unión Europea solo se pueden hacer consultas o
comunicaciones. Me explico, las consultas son previas a las decisiones, son para saber la opinión acerca de algún asunto y no verse abocado después a problemas, como ha ocurrido en otras ocasiones, acordémonos del tax lease. Las comunicaciones son
a posteriori, son el anuncio de una decisión ya tomada por un país miembro y esta es la única comunicación formal que existe. Estarán ustedes de acuerdo de que en el caso del dique flotante lo que correspondía al Gobierno, por lo menos a uno
sensato como este, es hacer una consulta previa antes de tomar una decisión, que además es a lo que nos comprometimos con todos los alcaldes de la comarca de Ferrolterra y ustedes lo saben porque sus alcaldes estaban allí. Por tanto, hay una
consulta previa anterior a tomar una decisión sobre la posible construcción de un dique flotante, que no damos por perdido nadie. Estoy segura de que lo han entendido, lo que no albergo son tantas esperanzas de que así lo transmitan.
Finalmente, ha hablado de los gaseros, pero no ha hablado del quinto gasero, del que el ministro el otro día anunció que estamos a punto de cerrar su construcción y que se va a hacer directamente con Gas Natural-Fenosa y no con los
armadores. Señoría, en su moción propone otra serie de cosas, otra serie de acuerdos aparte de la carga de trabajo, pero este grupo cree que ustedes parten de una base equivocada. Nuestro objetivo es conseguir una empresa principal viable y
sostenible. Si lo hacemos, conseguiremos tener una empresa auxiliar importante, y todo pasa por que Navantia esté saneada, pero este punto de partida también es diferente cuando no aceptamos que la situación económica también afecta a Navantia.
Por eso, este Gobierno ha manifestado -y reitero- que quiere una Navantia viable y sostenible reorientando y reorganizando su actividad. Fíjese, de las 137 ofertas que se han presentado en estos dos últimos años, 53 son en el sector civil eólico,
por eso se habló en su momento de un plan estratégico, pero ese plan estratégico hay que hacerlo y hay que presentarlo con carga de trabajo, con chapa en las gradas, que es lo que estamos haciendo.
Después de todo esto, señoría, el panorama no está tan negro como nos lo encontramos. El Gobierno lleva trabajando dos años intensamente.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Moraleja, vaya acabando.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Voy terminando.
Hemos perdido alguna oportunidad, pero nos hemos enganchado a otras con muchas expectativas, como la cuarta petrolera del mundo; anunciamos un nuevo buque militar y un gasero. Somos conscientes de que nos queda mucho por hacer -lo somos, y
ustedes también podrían serlo y pedir disculpas por todas aquellas cosas que se han vertido en esta Cámara durante los dos años anteriores-, pero le ofrecemos un texto alternativo en el que por supuesto seguimos demandando carga de trabajo para
Navantia, que espero que acepten. Por favor, señorías, no hagan demagogia; les pido que trabajen por Navantia y no por el interés de sus propios partidos. (Aplausos). Espero que en este grupo parlamentario, que da confianza a este Gobierno,
estemos atentos y pidamos cuentas al Gobierno, pero creemos que en este momento estamos yendo por el buen camino.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Moraleja.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño brevemente, algo que creo que le gusta, para fijar la posición de mi grupo con relación a esta moción.
La semana pasada con la interpelación y hoy con el texto de la moción el Bloque Nacionalista Galego pone encima de la mesa un problema real a esto que la parlamentaria del Grupo Popular ha llamado hacer política. Creo que este es un lugar
para hacer política. El problema es real y afecta a un número considerable de trabajadores del sector de la construcción naval. Además, dado su considerable impacto territorial, tal y como ha señalado la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, en
el caso de Galicia, en la zona de Ferrolterra, los problemas del sector se multiplican y el efecto negativo en la actividad y el empleo se multiplican. Lo explicó perfectamente la diputada del BNG, instando al Gobierno, propietario de Navantia, a
conseguir carga de trabajo y actividad para mantener el empleo y la producción del astillero, al menos en Galicia.
Recuerdo que con motivo de la reestructuración de los astilleros públicos, la mayoría de ellos salvo La Naval de Sestao se englobó en el nuevo astillero público denominado Navantia. Esto dependería básicamente de la construcción naval
militar, que es lo que está ocurriendo ahora, puesto que contaba con restricciones para hacerlo en el ámbito civil. Se pensaba entonces que dada la competencia de los constructores asiáticos -Corea y China- era más seguro circunscribir la actividad
a lo público, al presupuesto en definitiva, que a la competencia. Sin embargo, la dura crisis económica en la que nos encontramos y su impacto en las cuentas públicas han hecho que los recursos destinados a la construcción naval se hayan visto
mermados significativamente.
Desde el Grupo Vasco reclamamos en su día que La Naval de Sestao formara parte de Navantia, porque creíamos que la empresa estaría más protegida siendo así. Sin embargo, la SEPI no la incluyó en Navantia, optando por su privatización. Hoy
La Naval está también pasando por momentos críticos, con las gradas vacías y sin cartera de pedidos. El motivo es bien diferente: en el caso de La Naval el problema pendiente es el de la resolución definitiva del sistema anterior de tax lease.
Solicitamos al Gobierno que lo haga a la mayor brevedad posible. Por otro lado, una entidad financiera tiene pignorados 17 millones de euros a La Naval, lo que genera un problema financiero considerable y le impide funcionar con normalidad. Dado
que la sentencia de Luxemburgo señala que el astillero no se vea afectado por las devoluciones requeridas, dicha entidad financiera a nuestro juicio está cometiendo una irregularidad, por lo que solicitamos al Gobierno que interceda en esta
cuestión.
Votaremos favorablemente la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego porque creemos que es preciso impulsar un sector naval de alta tecnología y que a nuestro juicio tiene futuro, tanto en lo público en Navantia como en lo que se refiere
más directamente a La Naval y a Euskadi. Con nuestro voto reclamamos el compromiso del Gobierno con el sector de la construcción naval.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente. Nuestro grupo no va a poder votar favorablemente esta moción sobre todo porque va bastante más lejos de lo que anuncia. A nosotros nos parece estupendo y apoyamos por
supuesto el proyecto de construir un dique flotante en El Ferrol e impulsar el sector naval en Galicia y en todos los sitios donde hay industria naval, pero aquí hay dos problemas, primero que es sobre todo una moción sobre Navantia. Aquí
parece que se obvia que Navantia es una empresa pública cien por cien de la SEPI porque se pretende además que entre la Xunta de Galicia en el accionariado, y es repetir el viejo y fracasado modelo de las cajas de ahorros; es decir, que los
Gobiernos, que las instituciones públicas de la Administración estén como agentes económicos en empresas, financieras o en este caso industriales. Eso es un error, eso es lo que hay que evitar, es en lo que no hay que volver a recaer, y aquí se
presenta como la piedra angular, filosofal, de una extraña filosofía industrial porque también propone algo tan anacrónico como que sea el Gobierno el que dé carga de trabajo a los astilleros. ¿Pero qué carga de trabajo puede dar el Gobierno? La
única que podría dar sería de tipo militar, y entonces tendríamos después, como suele ocurrir, las protestas porque es construcción naval militar. Por cierto, cuando aquí se habla del monopolio -monocultivo militar, literalmente- de Navantia se
olvidan de que esa es la razón que justifica en el marco regulatorio europeo que siga siendo una empresa pública. Si no fuera una empresa básicamente de construcción militar, probablemente habría tenido que desaparecer porque estaría en contra de
las normas de la competencia. De manera que es un problema de política industrial europea. Si no se está de acuerdo en que haya restricciones en la existencia de empresas públicas de construcción naval civil, lo que hay que hacer es llevarlo a las
instituciones europeas, donde por cierto cada vez va a tener más importancia la política industrial, que es en gran parte una política europea por razones de economías de escala, de competencia, etcétera.
Nos preocupa esta tendencia a aferrarse al anacronismo, a viejos modelos que ya han fallado y además a argumentar de una manera totalmente incoherente que esto es un cambio de modelo productivo. Empresas públicas cuya carga de trabajo la da
el Gobierno a costa del presupuesto público, con plantillas que no tienen nada que ver con su carga de trabajo, sino con la que se considera ideal y que además tienen una situación de privilegio en la competencia industrial no es un modelo
innovador, eso es lo que había, lo que se ha venido abajo y eso es lo que hay que cambiar. Y hay que cambiarlo apostando por industrias que incorporen más valor añadido, más conocimiento y que, por lo tanto, sean más competitivas y puedan competir
con las industrias navales de otros países, sobre todo de los asiáticos, que además en este sector en estos últimos decenios nos han sacado una gran ventaja. Lo que hace falta es acortar esa ventaja, ser competitivos, con más valor añadido, con más
conocimiento, con más I+D+i, con más economía de escala, con más implicación de otros países europeos, etcétera. Lo que no hay que hacer es volver a esta idea del minifundio industrial garantizado -no se sabe cómo- por el dinero público, que solo
podría funcionar con la máquina de imprimir billetes, que por fortuna ya nos han quitado. Esa es una razón por la que no podemos apoyar esta moción, no porque no nos parezca estupendo impulsar la industria naval, pero es que esto no la impulsa.
Además, nos parece el típico abuso -he de decirlo- esta idea de que como tenemos una factoría en la comunidad autónoma equis, el Estado desaparece, es sustituido por la administración autonómica -que en esto no ha puesto absolutamente nada-,
se quedan con un recurso que han pagado todos los españoles, no solo los gallegos, y además a partir de ahora se pone al servicio de intereses locales. Ese no es el camino, así no se pueden hacer las cosas. Si nos traen ustedes una moción que
impulse una política industrial distinta que implique además a la política europea, contarán con nuestro apoyo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Convergència i Unió, señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, nuestra posición respecto a las soluciones planteadas ante los problemas que afectan al sector naval español y más concretamente a los astilleros y a los trabajadores de Navantia ha sido siempre
positiva por entender que, aunque no hay una afectación directa en el territorio catalán, se trata de un sector que reconocemos como estratégico para la economía española por su indudable aportación al PIB y debido a que creemos que la tarea de
Navantia debe ser un referente por su alto contenido tecnológico y su capacidad de competir en los mercados internacionales. Desde el inicio hemos compartido desde mi grupo parlamentario la inestabilidad que produjo al sector naval español, pero
muy especialmente a los astilleros, la paralización del sistema español de arrendamiento fiscal o tax lease, hemos respaldado las iniciativas ante las autoridades europeas en defensa de otro esquema parecido al francés y hemos estado a favor
obviamente del sistema que finalmente se presentó como alternativa viable y que Europa aceptó como compatible con las directrices comunitarias. Desde CiU
también hemos apoyado que la resolución de sistema anterior se solvente sin la devolución de las ayudas que el Estado había prestado, entendiendo que ello supondría el cierre del 90 % de los astilleros y un aumento del paro indeseable, y
nuestro grupo parlamentario también apoyó y apoya que el Estado, en la medida de lo posible y dentro de las limitaciones presupuestarias actuales, contribuya a la búsqueda de nuevos contratos para reforzar a Navantia.
Por último, señorías, y ciñéndome a las demandas de la moción del BNG, damos nuestro apoyo a que se ponga en valor el rol negociador del Estado con la Unión Europea para que se levante el veto sobre Navantia Fene para construir buques
civiles y se desbloquee la limitación al 20 % de la facturación de la empresa que se fijó en 2005. No obstante, señorías, a nuestro juicio estas cuestiones se enmarcan en el gran cometido que tiene no solo el Gobierno sino también la propia empresa
y el propio sector para forjar una alternativa real que permita desbloquear la situación de asfixia que padece y que lastra, como en tantos otros sectores industriales a día de hoy, al mercado laboral y a la economía su conjunto. En este sentido,
tenemos nuestras dudas y nos cuesta compartir que, como afirma la portavoz del BNG en su interpelación, el objetivo del Gobierno no sea otro que el de reducir la capacidad productiva en el sector naval gallego. Precisamente, señorías, hay contratos
en juego y también está en marcha el quinto gasero que ya anunció Gas Natural, como bien apuntó también el ministro en su intervención.
A raíz de esto me gustaría hacer dos consideraciones constructivas. En primer lugar, desde CiU consideramos que la intervención tiene un tono excesivamente particularista, centrada esencialmente en la escasa carga de trabajo que sufren los
astilleros, particularizando en exceso en el caso de Ferrolterra y señalando casi de forma exclusiva la pérdida de miles de puestos de trabajo en la ría de Ferrol. Señorías, presidenta, desde CiU no negamos en absoluto el desastre que representan
para la ciudad y la comarca de Ferrolterra las tensiones que padece el sector naval y concretamente Navantia. No obstante, nos parecería sensato que la estrategia para este territorio no sea basarse fundamentalmente en sobreponer los problemas de
este territorio de forma casi aislada y apelando exclusivamente al intervencionismo del Estado como única vía de salida de esta crítica situación, puesto que no parece del todo oportuno ni es la forma que tiene nuestro grupo parlamentario de
entender la recuperación del tejido industrial y de la propia economía.
Por último, déjenme decirles que la situación crítica que padece este sector industrial no es la única a pesar de sus particularidades. Como bien reconoce el propio sector naval, la crisis económica ha impactado con fuerza en este sector y
la solución no pasa exclusivamente por exigir al Estado que dote de carga de trabajo a todos los sectores, sino que lo que parece necesario es que el Estado se encargue de diseñar políticas de apoyo a la industria en general y que contribuya a
apoyar la financiación de las empresas, del tejido productivo y por lo tanto de las industrias que a día de hoy, como Navantia, tienen proyectos viables que se ven truncados por procesos de reestructuración necesarios y por la escasez de crédito o
los altos costes asociados a ellos.
Concluyo, presidenta, señorías. Desde CiU hemos dado apoyo y seguiremos dándolo a las medidas que se implementen destinadas a mejorar la calidad y la competitividad de la industria, porque creemos firmemente en ella y en su potencial como
factor determinante del crecimiento sostenible y productivo que necesitamos. Ello implica también apoyar al sector naval, pero es necesario que una apuesta para un sector determinado se lleve a cabo desde posiciones más transversales, más
integradoras, que respeten y conserven la pluralidad y las especificidades, pero sin dejar de apostar por el conjunto de medidas que pueden contribuir a reforzar la industria en general y considerando el papel del Estado como un actor necesario pero
nunca excluyente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Señora Pérez, han sido presentadas varias enmiendas. ¿Cuál va a ser la posición de su grupo?
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Presidenta, estamos intentando llegar a acuerdos con los distintos grupos. Se le comunicará antes de la votación.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. En cualquier caso, como la votación es mañana, tienen tiempo suficiente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD. (Número de expediente 173/000136).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente moción, del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Industria sobre las políticas del Gobierno en relación con el precio de la electricidad. Para la defensa de
dicha moción tiene la palabra la señora Rodríguez-Piñero.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el balance de los algo más de dos años de Gobierno del Partido Popular en materia energética viene marcado por un activismo regulatorio que ha dado lugar a diez reales decretos-leyes y a dos leyes que no han sido consensuadas ni
con el sector ni desde luego con los grupos que conformamos esta Cámara; una actividad regulatoria cuyo principal objetivo era reducir el déficit de tarifa y que se ha demostrado que ha sido un estrepitoso fracaso, dado que el déficit de tarifa con
este Gobierno ha aumentado en 9.200 millones de euros en solo dos años, y ello a pesar de haber aprobado la mayor subida de impuestos a la generación eléctrica, que se ha trasladado mayoritariamente a los consumidores, y de haber penalizado las
energías renovables con recortes retroactivos causando un grave daño tanto a las miles de familias que habían invertido confiando en este marco regulatorio como a las pequeñas empresas, dañando también desgraciadamente la seguridad, la confianza y
la imagen de nuestro país.
El Gobierno ha aprobado una reforma de la ley del sector eléctrico sin haber tenido un diagnóstico acertado de los problemas del sector y de las causas que justifican el déficit tarifario. Ha abandonado el compromiso necesario con el cambio
climático y ha abandonado la necesidad perentoria de conseguir el ahorro y la eficiencia energética. Han hecho una reforma que penaliza el autoconsumo, penaliza la competitividad de la industria -y sin una industria competitiva no podremos salir de
esta crisis- y, lo que es más grave, han abandonado el objetivo de acabar con la pobreza energética. Junto a todo ello han hecho una reestructuración de la tarifa, elevando sustancialmente el término fijo, la parte de la potencia, encareciendo la
factura para los consumidores más vulnerables y desde luego desincentivando el ahorro y la eficiencia energética.
El Gobierno no puede renunciar a mirar al futuro, a fijar un horizonte, a diseñar un mercado eléctrico que haga que los consumidores paguen un precio justo, que las empresas reciban una retribución razonable y desde luego que sea
consensuado. España no puede permitirse tener un mercado eléctrico como el que ahora tenemos. Por eso, desde el Partido Socialista creemos que es imprescindible conseguir un pacto de Gobierno que nos lleve a formular una reforma profunda y gradual
del sector energético que resuelva los problemas. Somos conscientes de que tampoco conseguimos resolver todos los problemas del sector eléctrico, no conseguimos resolver el déficit de tarifa eléctrica. En nuestra opinión este Gobierno tampoco lo
ha hecho y creemos que la unión de todos, las aportaciones de todos nos pueden ayudar a encontrar el camino para hacerlo adecuadamente. Por eso necesitamos impulsar ese pacto de Estado por la energía y abrir el diálogo a todas las fuerzas políticas
y a los representantes de la sociedad. Para ello es fundamental que nos pongamos de acuerdo, primero, en cuáles son los problemas que justifican esta situación. Por eso, pedimos una auditoría regulatoria sobre la normativa vigente y las
consecuencias que tiene y la elaboración de un libro blanco que permita establecer el diagnóstico de la situación y las posibles medidas a adoptar. Nosotros, en la moción que hemos presentado, hemos establecido una hoja de ruta con los puntos que
creemos que deben abordarse en ese libro blanco, en ese acuerdo por la energía, fruto como les decía del diálogo y del estudio compartido.
Es imprescindible acabar con la pobreza energética. España no tiene por qué consentir que miles, incluso más de un millón de familias, de hogares no puedan hacer frente a las inclemencias del tiempo y proponemos fijar por tanto un servicio
mínimo de suministro eléctrico y de gas que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura de subsistencia. En este sentido, les anticipo que vamos a presentar en corto plazo una proposición de ley contra la pobreza
energética que espero que pueda ser consensuada con todos los grupos políticos. También consideramos fundamental establecer las condiciones para garantizar un marco estable que apoye las energías renovables, que son fundamentales porque es donde
tenemos ventaja comparativa, donde podemos seguir desarrollando una industria competitiva que nos permitió llegar a ser los segundos productores mundiales en energías renovables y donde tenemos un camino que recorrer para aprovechar las nuevas
tecnologías, que son mucho más eficientes. Creemos fundamental establecer un nuevo marco de fijación de precios en el mercado. No podemos seguir manteniendo un sistema de fijación de precios por el cual el coste de las
energías más caras es el que retribuye al resto de las generaciones, haciendo que haya una sobrerretribución para determinadas fuentes de energía. En esto tenemos que ponernos de acuerdo como país. No es admisible que no seamos capaces de
sentarnos para llegar a un acuerdo sobre un sector donde las inversiones tienen un periodo tan largo de recuperación, inciden tanto y afectan tanto a los Gobiernos posteriores. En definitiva, les pedimos al Grupo Popular y a los demás grupos de la
Cámara que hablemos, que trabajemos para construir ese acuerdo y hacer la reforma del sector eléctrico con vocación de futuro, con garantías de seguridad que nos permitan mejorar en ahorro y en eficiencia energética, convertir la energía en un
factor de competitividad de la industria, que consigamos abaratar los costes y tener un mix energético mucho más limpio.
Permítame treinta segundos, señora presidenta. Ayer hace tres años que tuvimos el desastre de Fukushima. Mi grupo parlamentario y el Partido Socialista, como saben sus señorías, estamos en contra de que se prorrogue la vida útil de las
centrales nucleares y por tanto pedimos el cierre definitivo, que no se reabra la central de Santa María de Garoña. Ha cumplido el ciclo de su vida útil. Su continuidad no aporta ninguna ventaja ni para la seguridad del suministro ni para el
abaratamiento de los precios. Es nuestra responsabilidad. Los ciudadanos que nos están escuchando y a los que representamos nos piden un sistema energético y eléctrico seguro. Les pido en consecuencia que tengan en cuenta todo lo que hemos
planteado en la moción para que hablemos, debatamos, consensuemos y hagamos que en este país el sector energético sea una ventaja comparativa y competitiva y un elemento de seguridad para los ciudadanos y que acabemos con los problemas que ahora
mismo tiene.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez-Piñero.
Solo ha presentado enmiendas el Grupo de La Izquierda Plural y para su defensa tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
Desde La Izquierda Plural compartimos la necesidad de volver a traer a esta Cámara el debate sobre energía y sobre todo la necesidad de poner orden en la política energética y en la situación de caos e inseguridad jurídica que vive hoy el
sector eléctrico, que hipoteca no solo la economía de nuestro país, la industria, sino también y especialmente a las familias de nuestro país, con un ministro que ya no tiene credibilidad y un Gobierno que no sabemos hacia dónde va, que se va
corrigiendo automáticamente al cabo de dos días de haber tomado una decisión. Compartimos esa necesidad, como lo hemos hecho en otras ocasiones. También hemos presentado interpelaciones, proposiciones de ley, preguntas, y vemos que esta
improvisación constante y ese caos regulatorio está sumiendo al sector en una crisis importante, tanto económica -se están hundiendo y destruyendo miles de puestos de trabajo- como de inversiones a futuro.
Debemos decir al Grupo Socialista que este despropósito no nace ahora. Es verdad que estos dos años han sido de intensidad regulatoria, pero llevamos quince años de políticas energéticas que nos han dejado la herencia que tenemos de
decisiones tomadas en anteriores legislaturas tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, unas decisiones en las que se ha perdido la noción de servicio público que tienen hoy el sector eléctrico y los servicios energéticos, en las
que se han aplicado medidas retroactivas -que comenzó el ministro Sebastián-, donde se han reconocido retribuciones por encima de lo debido o un mercado que no funcionaba bien y hace años que no funciona bien, con un déficit que ahí tenemos. El
resultado de más de quince años de esas políticas son unos beneficios a unas empresas eléctricas que doblan la media de las empresas de la Unión Europea del mismo sector, la tercera electricidad más cara de Europa y 30.000 millones de deuda. Ese es
el resultado que hoy tenemos de las políticas energéticas hechas en los últimos años.
Lamentamos que esta moción sea una perdigonada de muchísimos temas, porque eso dificulta generar un consenso en esta Cámara, como mínimo de la oposición, sobre cuáles son los temas clave, porque entenderán que entre el programa electoral del
Partido Socialista, el de La Izquierda Plural o el de muchos grupos de la Cámara haya divergencias. No suscribimos la política energética del PSOE, pero si hubiéramos elegido temas concretos, como la necesidad del cambio regulatorio en el mercado o
la auditoría eléctrica del déficit de tarifas, seguramente allí nos hubiéramos puesto de acuerdo. Catorce puntos dificultan ese debate.
Estamos a favor de un pacto por la energía que dé estabilidad y de un libro blanco, sí, pero un libro blanco para hacerle caso, porque teníamos un libro blanco al que cuando el Partido Socialista estuvo
gobernando no se le hizo caso. Los libros blancos van muy bien, sobre todo si se utilizan de guía. Compartimos la necesidad de dar estabilidad y de acabar con la retroactividad. Por otro lado, cómo no vamos a estar de acuerdo con
establecer un servicio mínimo y combatir la pobreza energética. De hecho, La Izquierda Plural presentó en el Pleno de esta Cámara una proposición de ley para combatir la pobreza energética que tuvo el apoyo de todos los grupos excepto del
mayoritario del Gobierno. Lamentamos esa insensibilidad del Gobierno en un problema que está creciendo exponencialmente y que afecta ya no solo a las rentas más bajas, sino a muchas familias que tienen auténticas dificultades para mantener el hogar
en condiciones.
Hemos presentado enmiendas, como hacemos habitualmente, con esa voluntad de buscar consensos y generar acuerdos. Algunas van dirigidas a concretar. Cuando hablamos de auditoría regulatoria hablamos también de auditar ese déficit y qué
parte de él no debería formar parte de esa mochila de la deuda. También queremos cuestionar que la soberanía no siempre pasa por según qué interconexiones. Queremos un sistema en red y mallado, sí, pero a lo mejor podemos cuestionar algún tipo de
infraestructuras. En cuanto a mantener el mercado spot, planteamos que hay deficiencias en su funcionamiento. No podemos hablar de un pacto si ya se está diciendo cómo debe ser esa regulación del mercado.
En cuanto a las nucleares, claro que estamos de acuerdo con el cese de Garoña, pero nuestro grupo parlamentario lleva años hablando de un plan puente de cierre de las nucleares. Tenemos un parque nuclear cada vez más envejecido. Irnos a
2028 tal vez sería el mejor escenario deseable ahora mismo, pero nosotros siempre hemos planteado anticipar ese escenario de cierre del parque nuclear. También hablamos de ser más ambiciosos en los objetivos climáticos de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que ir finalizando.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es decepcionante el escenario propuesto por la Comisión y nos gustaría que desde nuestro país se fuera más allá de los objetivos planteados porque se han quedado muy cortos. En definitiva, compartimos algunos
puntos, otros no, así que, si se recogen nuestras enmiendas, podemos llegar a un acuerdo y, si no, seguiremos hablando de energía, porque tenemos muchos debates todavía por hacer en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, si hay algo en lo que ha sido hiperactivo el Gobierno del Partido Popular, ha sido precisamente en materia energética. Lo que pasa es que la hiperactividad ha conducido a un incumplimiento del objetivo del déficit de tarifa: cero
euros para el año pasado, 4.000 millones de resultados; en cuanto a una racionalización del sector, lo que tenemos son las compañías con mayores beneficios de la Unión Europea y la tercera factura más cara de la Unión Europea, asunto este difícil
de entender, porque si los ciudadanos cada vez pagamos más cara la energía y las compañías ganan más, será que habrá que hacer algo distinto de lo que se hace para racionalizar esta cuestión. Además lo que tenemos es un retroceso enorme en una
materia como la del desarrollo de las energías renovables, que desde la óptica canaria por cierto los nacionalistas canarios entendemos muy bien: tenemos un 6 % de penetración de las energías renovables en lo que debería ser el paraíso de las
renovables. Estamos completamente de acuerdo en que es necesario derogar las normas que han impedido y que impiden hoy el desarrollo de las energías renovables en el Estado. Además de todo esto, lo que ha acabado ocurriendo es que crece y se
incrementa un fenómeno terrible, que es el de la pobreza energética. También hemos frenado, con algo irónicamente denominado tarifa de respaldo -ya lo decíamos en su día, será de espaldas-, el desarrollo del autoconsumo, sobre todo con balance
neto, obstáculos a esta medida que abarataría los costes y racionalizaría la producción energética en el Estado español.
Nosotros les pedimos que cambien. Vamos a apoyar esta moción. Nos parecen muy interesantes muchas de las enmiendas que se han presentado. No sé lo que hará el Grupo Socialista con eso, pero nos gustaría que aceptasen al menos algunas de
las enmiendas formuladas. Por lo tanto, mostramos nuestro apoyo a esta moción y estoy seguro de que esta no es la última vez que vamos a hablar de este asunto, lamentablemente, en esta Cámara.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Gobierno de Aznar, siguiendo el axioma neoliberal de que lo privado es más eficiente que lo público, privatizó el sector energético estatal con la canción de que con la liberalización se ganaría en
competitividad y que los precios bajarían. No sé si les suena el estribillo. Pues bien, hoy tenemos la luz más cara de Europa, con perspectivas de encarecerse aún más y arrastrando una deuda de más de 28.000 millones de euros. El recibo de la luz
es sencillamente un escándalo, es una muestra del poder de las empresas eléctricas sobre el Gobierno de turno, de cómo los poderosos son el auténtico Gobierno del país. Hace treinta años la energía estaba bajo la regulación total del Estado; hoy
el Estado solo asume las supuestas pérdidas, mientras que los beneficios se los reparten entre cinco empresas que compraron, eso así, a precio de saldo, entre ellas una italiana, propietaria de la antigua empresa pública española, y otra alemana
-paradójicamente esta empresa alemana de que les hablo es pública.
Actualmente tenemos un parque eléctrico capaz de producir el triple de las necesidades del país. Se ha creado una burbuja eléctrica de la que no se habla pero que ya estamos pagando. Los del Partido Popular no dejan de hablarnos de
herencias recibidas, pero el desastre eléctrico actual es una de las herencias negras dejadas por el Gobierno Aznar. El maridaje política-empresas es escandaloso. Las empresas eléctricas contratan rápidamente a los políticos cesados con unos
suculentos sueldos de centenares de miles de euros. Una vergüenza: Elena Salgado en Chilectra, filial de Endesa; Aznar en Endesa; Acebes en Iberdrola; Marcelino Oreja en Enagás; Solana en Acciona; Felipe González en Gas Natural, etcétera.
Acabo y repito, con todo esto se ha conseguido tener la luz más cara de Europa. Desde 2007 el recibo de la luz ha subido un 60 %, mientras que la renta de los españoles ha caído en torno al 8,8 %, y todavía va a encarecerse más. Esto sí,
ahora esperaremos a que pasen las elecciones europeas para fijar definitivamente el precio de la luz. ¡Bravo, bravo, señor Soria!
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Por el mismo grupo, señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: El nuevo precio de la electricidad es más de lo mismo pero mucho peor. Antes, clic, encendías o, clic, apagabas. La electricidad era muy cara, sí, pero, impulsada por la necesidad y por un alarde de
orgullo, una persona decidía apagarla, comer frío, pasar frío y no consumir para abaratar la factura y que no fundiera la ya castigada contabilidad de la casa. Ahora, sin embargo, clic, puedes encenderla o, clic, la vuelves a apagar y es aún mucho
peor, mucho peor porque la misma persona, impulsada por la misma necesidad y por un alarde de orgullo, apagará la luz, pasará frío, comerá frío y no consumirá, pero la factura volverá a ser muy cara. No lo va a entender y, además, pensará con razón
que se están riendo de ella en la helada oscuridad de su casa y que le están robando con alevosía y nocturnidad.
Iberdrola, que no tiene un pelo de tonto, nos envía una factura de color verde para que creamos que nos enchufa energía verde y limpia. Sin embargo, si nos fijamos en el pastel de la factura, veremos cuál es el verdadero pastel y es que lo
que realmente nos enchufa es energía contaminante, sucia y peligrosa basada principalmente en la energía nuclear, el carbón y el gas. El señor Soria pretende ser un alumno aventajado de Iberdrola, porque con esta reforma pretende enviarnos una
factura verde y barata, pero lo que resalta es un número negativo, rojo y gigante. El señor Soria con esta reforma agravia doblemente a la gente porque, por un lado, vuelve a cargar el peso del desastroso sistema energético sobre las espaldas de
las familias y, a la vez, pretende hacerles creer que van a pagar menos. El señor Soria evidentemente no escucha a la gente, que lleva años denunciando este abuso. Sin embargo, sí escucha y obedece a las eléctricas, principalmente a Iberdrola y a
Endesa.
Mención aparte merece la central nuclear de Garoña a la que ya se ha hecho referencia anteriormente, que con cuarenta y cuatro años y por capricho del señor Soria pondrá en peligro atómico la salud de cientos de miles de personas, cuando la
sociedad y las instituciones vascas ya le han exigido por activa y por pasiva en multitud de ocasiones el cierre y desmantelamiento inmediato de la misma. Sin ir más lejos, este mismo sábado podremos escuchar esta misma exigencia de miles de
personas que recorrerán las calles de Vitoria. Entendemos que el Gobierno debe escuchar y respetar lo que se le está demandando.
Nosotros lo tenemos claro, es necesario el paso de la energía nuclear y de las energías contaminantes a un sistema energético basado en las renovables y descentralizado, y para ello creemos que hay que avanzar directamente hacia la
dependencia cero de la energía. Es necesaria la dependencia cero de Euskal Herria con respecto al Estado español, y ello solamente es posible desde la soberanía de Euskal Herria.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo de nuevo desde el escaño para abreviar. Si sobre algo existe un consenso es sobre la gestión de la política energética. Yo creo que la mayoría de los presentes coincidimos en dos cuestiones clave. De un lado, en la necesidad de
abordar una reforma en profundidad en el sector con el fin de hacer que la factura de las familias sea más digerible y que las empresas no pierdan competitividad precisamente debido a esa factura energética; para ello, acabar con el déficit
tarifario se convierte en una prioridad ineludible. Por otro lado, también coincidimos en que la mayoría de las reformas eléctricas no han sido suficientemente pactadas ni consensuadas con los grupos políticos ni con los subsectores afectados. Los
afectados han puesto el grito en el cielo, desde las renovables hasta los cogeneradores, pasando por las eléctricas clásicas, las minihidráulicas y, cómo no, miles y miles de empresas y millones de familias. Por todo ello, consideramos que aún
estamos a tiempo de llegar a un acuerdo para conseguir un pacto de Estado de la energía, un pacto que apueste por la rebaja de la factura, por la competitividad de las empresas y por el respeto al medio ambiente.
Votaremos pues favorablemente la moción que trae el Grupo Socialista, que nos propone la posibilidad de impulsar este pacto; así lo hace en el punto 1. El resto de los once puntos, que a nuestro juicio no aportan nada cualitativamente
diferente, desarrollan los contenidos que debería tener este pacto: una auditoría regulatoria, una reforma gradual, el apoyo a las renovables, interconexiones, etcétera. No tenemos nada en contra de estas cuestiones, pero no nos parece oportuno
prejuzgar los contenidos de ese futuro y previsible pacto. Coincidimos plenamente con el contenido del punto 14, relativo al cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. Sobre ese tema nos hemos manifestado en multitud de ocasiones; hoy
mismo el portavoz de nuestro grupo, el señor Esteban, ha preguntado al presidente del Gobierno sobre el cierre de esta central. A nuestro juicio, no hay razones técnicas, económicas, ni políticas que avalen que Garoña deba seguir funcionando. Es
una central obsoleta -ya lo hemos dicho- amortizada, que apenas aporta el 0,4 % de la capacidad de generación energética total y el 1 % del consumo, luego es irrelevante desde el punto de vista de la garantía de suministro. Además, la oposición a
la misma por parte de instituciones y partidos políticos es frontal desde hace años. El Parlamento vasco y todos los grupos se han manifestado en ese sentido, incluido el Grupo Parlamentario Popular, y curiosamente las propietarias de Garoña,
Endesa e Iberdrola, tampoco están por la labor -parece ser- de que Garoña continúe. ¿Dónde está pues el interés de este Gobierno? No lo vemos, no lo entendemos. Votaremos, por tanto, a favor del punto 14, que solicita que la central nuclear de
Garoña no se reabra.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Intervengo también brevemente. Esta es una emoción muy ambiciosa y contiene una gran cantidad de cosas. Estuve hablando con la ponente y me explicó su intención, que ha vuelto a reiterar aquí. La agenda del orden del día de ese pacto de
Estado de la energía que proponen nos parece bien, es un planteamiento que creemos adecuado. Es verdad que las políticas puramente partidistas han demostrado su fracaso en todos estos años porque creo que en todos los Gobiernos que ha habido desde
hace mucho tiempo la política energética ha resultado ser un talón de Aquiles muy sensible y encima ha ido a peor. Lamento decir que de las políticas del actual Gobierno, probablemente la energética sea la que tiene un coste económico más alto para
el país y desde luego la más desastrosa. Además, va a tener también un coste -y va a ser muy grave la factura- jurídico y de imagen internacional. Por lo tanto, nos parece que es un buen planteamiento. También se han presentado otras veces en
Comisión PNL en esta dirección, en la de hacer un plan energético o una política energética global. Normalmente, todas han sido rechazadas y me
imagino que esta seguirá el mismo destino. Pero sí quisiera hacer un par de comentarios sobre algunas cosas y, a continuación, pedir un voto separado, que me gustaría que aceptara el Grupo Socialista. Ha hablado de puntos que nos parecen
inequívocos y que apoyamos al cien por cien, como impulsar una auditoría regulatoria, la propia idea de un pacto de Estado al respecto, diseñar una reforma gradual, reinstaurar la seguridad jurídica, etcétera. Hay otros que vemos más incoherentes,
pero quizá es un problema de concepción. Nosotros no lo habríamos presentado así, pero como es del Grupo Socialista no le quiero decir cómo tienen que hacer las cosas; solo pedimos una votación separada en algunos detalles.
El único punto con el que realmente no estamos de acuerdo, que no compartimos, es el del cierre de Garoña, de las centrales nucleares. Nosotros respetamos que haya una opinión antinuclear que considera que la energía nuclear es
prescindible. Nosotros no lo consideramos así, siempre y cuando haya garantías de seguridad, etcétera, e incluso nos llama poderosamente la atención esta crítica de la amortización. Para un país tener centrales de energía amortizadas significa
tener energía barata, y parece que ahora no nos interesa tener energía barata. Esto nos causa una enorme sorpresa. El representante del Grupo Nacionalista Vasco se ha ido, pero me gustaría que un día nos explicara por qué en cambio mantienen los
peajes de autopistas archiamortizadas en el País Vasco. Aquí no deja de haber un extraño uso del concepto de amortización. Uno de los problemas que tiene España de competitividad económica -lo tiene toda Europa pero en España acusado y agravado-
es que los precios energéticos son comparativamente altos respecto a países como Estados Unidos, y eso causa un grave perjuicio a nuestra competitividad industrial cuando se pretende impulsar la política industrial.
Nos parece que son temas que no se deberían mezclar así como así. Nuestra intención es votar la mayoría de los puntos, pero le pediríamos que acepte el voto separado de los puntos 9, 10, 11 y 14.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidenta, señorías, en el debate de esta moción quiero hacer una serie de consideraciones, unas de tipo más general y otras estrictamente relacionadas con los puntos de la moción presentada por el Grupo Socialista.
Respecto a las primeras, creo que es necesario volver a recordar en esta sede y en este debate los trabajos de la subcomisión creada en la anterior legislatura, cuyas conclusiones fueron aprobadas por los partidos mayoritarios, entre ellos el
Partido Socialista y el Partido Popular. Lamentablemente, en ningún caso, ni por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Socialista, entendemos que ha habido la suficiente voluntad de activar los ejes de las conclusiones del informe de
la subcomisión en la medida en que hubiese sido necesario.
La energía es un ámbito de consenso, señorías. Al tratar de políticas energéticas tratamos temas estructurales con una repercusión social y económica muy relevante y con un impacto determinante en el crecimiento y en la competitividad de
nuestra economía y del país. Por ello, entendemos que es tan necesario este consenso que se persiguió a través de los trabajos de la subcomisión, y que hoy encontramos a faltar. Hoy, en España, tal como señaló el portavoz de mi grupo parlamentario
en el último debate sobre el estado de la Nación, falta política energética. Sí hay una política presupuestaria que afecta a la energía, pero lo que necesitamos y lo que es estrictamente necesario es una política energética con un carácter
transversal en lo que afecta a la política económica en su conjunto. El problema energético es muy relevante, pero lamentablemente hoy se traduce en precios elevados para los consumidores o en un muy importante déficit de tarifa acumulado y
corriente. El problema, señorías, no está en el sector eléctrico liberalizado, el problema está en el regulado, que es la responsabilidad del Gobierno. El problema creemos que está en las subvenciones que se cargan al sistema eléctrico regulado
por decisión del Gobierno. Es cierto que el problema se generó en el anterior Gobierno socialista, pero también es cierto que en los años 2012 y 2013 el déficit se ha incrementado en más de 9.000 millones de euros, y de acuerdo con lo anterior no
es ni razonable ni positivo cargar contra los consumidores y contra las empresas para solventar problemas ocasionados fundamentalmente por el BOE. Hay que tratar el problema a nivel de Estado, perseguir el consenso en la búsqueda de soluciones,
entender que hay una gran responsabilidad política, social y económica y una gran urgencia. Es necesario perseguir un acuerdo que respete la sostenibilidad económica del sector y la de sus empresas y, sobre todo, que haya mucha transparencia y
mucha información a la que tienen derecho los usuarios. Desde la Generalitat de Catalunya y desde el grupo parlamentario que represento continuamos insistiendo en la necesidad y en la urgencia de abordar una reforma del sector. Se han trasladado
propuestas de cambios y reformas en el sistema; diversas y
continuas propuestas. En concreto, aquellas orientadas a rebajar el precio de la electricidad, que no detallaré pero que están encima de la mesa.
Se trata de una moción extensa, muy extensa, en la que nuestro grupo comparte algunos aspectos de la misma. En este sentido, quiero señalar que diversos puntos de la moción van en la misma dirección y en la misma línea de la política
energética impulsada por la Generalitat de Catalunya, y expuesta en el Plan de energía y cambio climático de Cataluña 2012-2020. En relación con los puntos de la moción, compartimos -en línea con lo que he comentado anteriormente- la necesidad de
diálogo, la necesidad de consensos y de pacto de Estado y la importancia de conseguir dos ejes fundamentales, seguridad y estabilidad, que son tan necesarios en y para el sector, así como para nuestra economía y nuestra competitividad.
Compartimos también otros aspectos de la moción, como son la necesidad de diseñar una reforma del sector que permita incentivar el ahorro y la eficiencia energética, aspectos sobre los que mi grupo se ha mostrado siempre muy solícito al
considerar que ambos son imprescindibles para conseguir una política energética sostenible y reducir la dependencia energética que padece el Estado español y que tanto daña nuestra competitividad. Compartimos los aspectos más sociales -como no
puede ser de otra manera- de la política energética que afectan a los consumidores, usuarios y a los hogares con menor capacidad adquisitiva, así como a la revisión de las tarifas para los pequeños consumidores. En este marco más social quiero
recordar que nuestro grupo ha apoyado y defendido siempre la lucha contra la pobreza energética. Compartimos la necesidad de potenciar las interconexiones eléctricas y la generación distribuida, así como los aspectos que afectan al autoconsumo y el
balance económico, como bien ya ejemplificamos en nuestras enmiendas al articulado en el proyecto de ley del sector eléctrico. Hay otros aspectos de la moción que no compartimos del todo en relación con el mercado spot o a la auditoría y al libro
blanco. Recordemos en este contexto los trabajos de la subcomisión.
Por último, respecto al mix energético, hablar de mix energético es referirnos a las diversas fuentes de generación eléctrica. En este sentido, creemos que el papel de las renovables y el apoyo a las renovables es incuestionable, pero al
lado de ello y al lado de nuestra competitividad energética y económica es necesario reconocer también la necesidad, en el marco de este mix energético, del papel de la energía nuclear con las máximas garantías y seguridad y en el respeto del papel
del Consejo de Seguridad Nuclear. Nuestra posición frente a la central de Garoña es de máximo respeto -tal y como hemos venido defendiendo siempre- hacia el órgano que tiene la competencia para ello, es decir, el Consejo de Seguridad Nuclear.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular, señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señorías, señora Rodríguez-Piñeiro, la verdad es que cuando uno escucha determinadas cosas desde esta tribuna, especialmente provenientes de su grupo, no tiene por menos que quedarse pasmado. Cuando estamos
hablando de un tema tan importante, como es el sector eléctrico, que usted suba aquí con viejos eslóganes y estereotipos, cuando no con buena retórica, en algo que tiene una importancia económica vital para un país y no se aporte ni un solo dato ni
un solo número porque da vergüenza, aún se queda uno peor. Sobre todo, se queda peor si, además, se pretende dar lecciones con el pasado que ustedes tienen en este sector.
Señora Rodríguez-Piñeiro, aunque usted estaba en otro ministerio, ese que dejaba un agujero de 40.000 millones de euros en obras sin pagar, también en el sector eléctrico se hicieron algunas cosas. Aquí se decidió destruir el mix energético
que se había alcanzado, que había obtenido el beneficio de tener la tarifa más baja de la Unión Europea en materia eléctrica. Además, ustedes tomaron decisiones que siempre beneficiaban a los mismos, a los productores, a las empresas eléctricas y
siempre perjudicaban a los mismos, que eran los consumidores, las industrias, las pymes o las familias. Por cierto, alguna de estas decisiones fueron tomadas con el apoyo entusiasta de los socios de Gobierno de la primera legislatura del señor
Zapatero, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, que tan floja memoria tienen.
Ustedes modificaron la situación, y nosotros nos hemos encontrado una situación que ustedes pretenden que nadie se acuerde de ello; una capacidad instalada de 105.000 megavatios, 67.000 megavatios de respaldo, de los cuales solo se emplean
40.000 de consumo. Las medidas regulatorias que emplearon siempre anulaba la competencia en el sector regulado, aplicando primas de forma brutal e
indiscriminada y sin tener en cuenta lo incipiente de alguna de las tecnologías, dando barra libre a las comunidades autónomas para que instalaran algunas tecnologías sin ningún tipo de planificación, introduciendo elementos de coste al
sector regulado que llevaron a que mientras que en el año 2004 esta parte regulada importaba a los españoles 6.800 millones de euros, ahora, cuando nosotros llegamos al Gobierno, ya sumaran 21.000 millones de euros al conjunto de los españoles cada
año. Además, se compensaba a las eléctricas tradicionales porque había que tranquilizarlas también y entonces se les aplicaban importantes fórmulas de descuento en el pago de los impuestos, o se establecía un sistema de subasta a plazo fijo, cada
tres meses, sabiendo el día en que se va a hacer la subasta, en un sistema oligopolístico que ha llevado al grave escándalo que tuvimos en el mes de diciembre del año pasado, donde aquel sistema pretendía subirnos la luz al conjunto de los españoles
un 25 % y del que me gustaría haberle escuchado a usted alguna vez que no está de acuerdo con esas cosas. (Aplausos).
La conclusión fue la siguiente. En sus siete años y medio, la tarifa eléctrica subió al conjunto de las familias españolas un 70 % y a las empresas un 54 %. Esa fue su política eléctrica, y además establecieron un sistema perverso del
déficit de tarifa donde había una parte de los costes que no se computaban al conjunto de la tarifa. (Rumores). Sí, señorías. Su parte, 28.000 millones de euros de déficit de tarifa que dejaron al sistema, lo que es una de las grandes estafas que
se han cometido en este país, es decir, 2.600 millones de euros cada año para el pago de intereses de esa deuda que ustedes han generado en su etapa. Yo sé que mucha gente hizo mucho dinero y que esas eran decisiones que se adoptaban en los
despachos del ministerio. Ahora, señoría, las decisiones del Ministerio de Industria se traen a esta Cámara y las conocen los ciudadanos (Aplausos), no como cuando gobernaban ustedes, en el que -insisto- había algunos que se ponían morados mientras
al conjunto de los españoles se nos arruinaba de forma miserable. Ustedes establecieron y crearon un sistema caótico, deficitario, insostenible, y el Gobierno lo que ha hecho ha sido regular toda la materia regulada -las energías renovables
también, porque nosotros creemos en las renovables-, pero obteniendo una rentabilidad razonable del 7,5 %. Nuestro objetivo es sencillamente que la luz no siga subiendo a los ciudadanos. Por eso, el año pasado ya bajaron las tarifas un 3 % y la
inflación pudo mantenerse en los precios en los que se mantuvo y hasta los mayores obtuvieron mejoras en su poder adquisitivo.
Usted ha propuesto hoy un pacto de Estado, pero en estos dos años, ante cualquiera de las reformas que hemos establecido para arreglar este desastre que ustedes han hecho, lo único que usted ha hecho de forma sistemática ha sido acudir al
Tribunal Constitucional. No solo perdían aquí, sino que se iban al Tribunal Constitucional corriendo. ¿Y ahora me ofrece un pacto de Estado? ¿Un pacto de Estado para qué? Yo no sé para qué porque alguna de las cosas que plantean en su moción son
ciertamente curiosas. ¿Usted me pide que ahora aplique y respete las normativas que ustedes aplicaron a determinadas tecnologías basándose en primas, en decisiones que el señor Sebastián tomaba en su despacho? No, para eso no está este Gobierno;
para quitar esa retroactividad, no. Por cierto, la rentabilidad razonable es una doctrina que ha sido aprobada por el Tribunal Supremo cuando el propio Sebastián, a otra tecnología que no era la que a él le interesaba, le aplicó, esta vez sí, la
retroactividad.
Nosotros proponemos un pacto de Estado para defender los derechos de los consumidores, de las pymes, de las familias,...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: ... de los pensionistas y de los parados.
En cuanto a la pobreza energética, ya le he dicho lo que subieron ustedes las tarifas. Con nosotros, 2,5 millones de familias reciben el bono social para pagar la tarifa bastante más barata que los precios en los que ustedes nos instalaron
y que nos obligaron a tener.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez-Piñero, le pregunto por la posición de su grupo sobre las enmiendas presentadas por la señora Ortiz.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Después de hablar con la mayoría de los representantes de esta Cámara, para facilitar que de verdad pueda haber posiciones de acuerdo, aunque no le guste al representante del Partido Popular, vamos a
admitir la votación por separado de los puntos de la moción.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, así se hará. Le ruego que para mañana a la hora de la votación nos hagan llegar cuáles son exactamente esos puntos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS APORTACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ESTADO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BARCELONA. (Número de expediente 173/000137).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente moción, del Grupo Catalán de Convergència i Unió, sobre las aportaciones presupuestarias del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona.
Para su defensa, por el grupo proponente tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo presenta una moción como consecuencia de la interpelación urgente relativa a las aportaciones del Estado al transporte público de la región metropolitana de Barcelona. Como saben, señoras y señores diputados, planteamos la
interpelación por la preocupación del descenso continuo de las aportaciones de la Administración General del Estado. Este es un tema que lógicamente hay que resolver, pero en el debate se sustanciaron aspectos importantes que a la postre generaron
propuestas que recoge nuestra moción. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).
El propio Gobierno, en boca del señor ministro de Hacienda, aceptó el reto que le habíamos planteado de que este año -año en el cual se van a producir dos elementos importantes; uno, el de la reforma fiscal en el que hoy ha incidido, y otro
el de la reforma del modelo de financiación autonómica- la financiación del transporte urbano no pasara inadvertida, sino que fuera comprendida. Para dar respuesta al debate que se suscitó entre nuestro grupo y el Gobierno presentamos una moción
que contiene tres puntos. El punto 1 propone algo importante, y es que se pueda presentar un nuevo modelo de financiación del transporte público metropolitano que asegure a las administraciones la suficiencia y la previsibilidad de los recursos
aportados por el Estado; es decir, cuál es la mayor. No hay un sistema de financiación del transporte público metropolitano; hay medidas, hay contratos-programa, en definitiva, hay voluntarismo reiterado por parte de las administraciones, pero no
hay un modelo de financiación. Por tanto, en aras de ser un poco cartesianos y ordenados, nos parecía que esto es lo que había que pedir en primer término. En el punto 2, respecto al tema que motivó nuestra intervención, el pacto metropolitano por
el transporte público que firmaron la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona y el área metropolitana para intentar resolver el déficit acumulado, pedimos que la Administración del Estado incremente su aportación, como han hecho las
demás administraciones, y damos algunas recetas para los próximos ejercicios, etcétera. Finalmente, recogiendo el guante del ministro Montoro, nos pareció muy interesante incorporar la propuesta de que se puedan introducir elementos de fiscalidad
ambiental en la reforma del sistema tributario que permitan a las ciudades disponer de mayores recursos para la prestación del servicio de transporte público. Hasta aquí nuestra propuesta y nuestra voluntad obvia que no debo reiterar.
A esta moción se han presentado tres enmiendas. De hecho son más, dado que el Grupo de La Izquierda Plural ha presentado cuatro, y después hay una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular. Vamos a empezar por la del Grupo Socialista,
una enmienda de adición que pide que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas constituya un grupo de trabajo interministerial con la Generalitat de Catalunya, el Área Metropolitana y el Ayuntamiento de Barcelona. Nos parece
absolutamente indispensable y asumible esta idea y también la del Grupo Popular, que insta a que el Gobierno se reúna con los representantes del pacto metropolitano. Conjuntamente con estas dos enmiendas y nuestra aportación, hay una enmienda
transaccional de dos puntos que en principio suscribimos el Grupo Parlamentario Popular y el nuestro y que me gustaría que también el Grupo Parlamentario Socialista pudiera suscribir. El primer punto recoge absolutamente la voluntad del Grupo
Parlamentario Socialista, de nuestro grupo y del Grupo Parlamentario Popular, y en él que se insta al Gobierno a contemplar y estudiar conjuntamente con los representantes del Pacto metropolitano de transporte alternativas para la financiación del
transporte público de la región metropolitana con el fin de asegurar la suficiencia y estabilidad de los recursos. Repito que en estos momentos hay un acuerdo al respecto con el Grupo Parlamentario Popular, pero pediría al Grupo Parlamentario
Socialista que actuase también como firmante de la transacción porque me parece que recoge absolutamente su voluntad, es decir, que se constituya un grupo de trabajo ad hoc, que es lo que en estos momentos se va a hacer. En el segundo punto -que yo
valoro muy positivamente, aunque siempre que uno hace una transacción lógicamente quiere más- se introducen -con un texto que dice:
valorar la oportunidad de introducir- elementos de fiscalidad ambiental que permitan disponer de recursos adicionales para la prestación de los servicios de transporte público bajo criterios de movilidad sostenible y de eficiencia
energética. Me parece que es un buen enunciado que, si me permite, no solamente recoge nuestro punto 3 sino también alguno de los puntos de las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural. Concretamente la primera enmienda de este grupo propone una
ley de financiación del transporte metropolitano -no lo decimos pero en cualquier caso lo incluye-. La segunda enmienda de este grupo habla de medidas concretas, como es que se aumente 10 millones de euros, que sea el 13 %, etcétera. Si pedimos
que se reúnan; estas propuestas se van a debatir en este ámbito y por tanto creo que en espíritu quedan recogidas. Y la tercera creo que queda recogida de lleno; pide un cambio modal bajo criterios de movilidad sostenible. Qué criterio mayor de
movilidad sostenible que el propio cambio modal. En cambio, comprenderá la señora representante de Izquierda Plural que no puedo en ningún caso aceptar ni, si me permite, tolerar la cuarta enmienda porque usted pide que el Congreso de los Diputados
desapruebe un acuerdo de unas administraciones que no tutelamos aquí, para nada tutelamos aquí lo que hace el Ayuntamiento de Barcelona -¡Faltaría más!-, o el Área Metropolitana o el Gobierno de la Generalitat. Esta enmienda es un patinazo que a
veces todos sufrimos. Puede estar usted en desacuerdo en esto pero esta Cámara -sonríe el señor Gorriarán- no tiene nada que ver ni nada que decir del Ayuntamiento de Barcelona, que ya es mayor de edad, como todos sabemos.
Muchas gracias, estimada presidenta, por su tolerancia.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Macias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.
Señorías, desde La Izquierda Plural, ante este debate sobre financiación del transporte público, queremos empezar haciéndonos eco también de las múltiples y amplias movilizaciones ciudadanas bajo el lema Stop Pujades Transport Públic;
movilizaciones que llevan más de once semanas y que apoyamos desde nuestras fuerzas políticas. Al fin y al cabo lo que expresan estas movilizaciones es el hartazgo de la ciudadanía ante el aumento exponencial e injusto de las tarifas del transporte
en el área metropolitana. En ese sentido es verdad que Barcelona no tiene la exclusiva, porque también ha pasado en el área metropolitana de Madrid. Son movilizaciones que expresan la defensa de un modelo de movilidad justo y sostenible. Se exige
una priorización de acuerdo con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad, porque al fin y al cabo cuando hablamos de movilidad hablamos de un derecho de la ciudadanía, pero estamos viendo que desde la derecha, tanto la catalana como la
española, se ha priorizado otro tipo de transporte que no es precisamente el público. Desde que están gobernando se ha penalizado el transporte público. Esto supone un sistema cada vez más represivo y excluyente, además de formar parte de las
políticas que generan desigualdad creciente en nuestro país. El incremento de tarifas de la T-10, es decir, la que utiliza el 80 % de los usuarios, es de un 25 % desde 2011; en el caso de la T-50 de más de un 26 %, precisamente aquellas que
generan fidelización de usuarios. Son políticas que penalizan a la ciudadanía y son absurdas desde el punto de vista de la calidad del servicio. Para la Administración, para las ciudades, para el Ayuntamiento de Barcelona, del que ahora hablaba,
no tener una movilidad que promueva el trasporte público genera un coste importantísimo en términos de equidad pero también de calidad del aire y de salud. Este es un problema responsabilidad compartida, señor Macias, de la Generalitat y del
Gobierno del Estado.
En 2013 el recorte del transporte público en el conjunto de administraciones ha sido de 80 millones de euros en el área metropolitana de Barcelona. El Estado ha bajado su aportación en todas las áreas metropolitanas, como hemos denunciado
desde La Izquierda Plural en cada uno de los presupuestos. Igual que hunden las cercanías mientras apuestan por el AVE, la política de movilidad para las élites ha abandonado precisamente a la mayoría de la población que se mueve en transporte
público y ahora estamos pagando unas tarifas que son de las más caras de Europa, en un contexto también de caída salarial. El Estado es quien más ha disminuido la aportación -en eso compartimos la filosofía de esta moción, como también hemos
apoyado en la misma línea otras mociones aprobadas en el Parlament que se presentan esta semana o en la propia área metropolitana-, pero hay que recordar que Convergència i Unió es protagonista de ese aumento exponencial de las tarifas y es
responsable de ello. No podemos señalar solo a una parte de la Administración, porque la Generalitat desde 2011 ha recortado 50 millones de euros de esa aportación; es una cuestión de priorizar. Si el Estado aportaba en 2007 -las cifras están
ahí- el 13,67 % de las necesidades de financiación, ahora aporta solo el 7,47 %. Efectivamente, es un debate que tenemos que hacer, pero la Generalitat también ha caído en ese porcentaje de aportación.
Nuestras enmiendas son cuatro, como comentaba el diputado. La primera va en la línea de lo que ha sido aprobado en el propio Pleno del área metropolitana; es lo que le planteamos, algo que ya ha sido aprobado y que el propio Partido
Popular defendió, es decir, apostar por una ley de financiación del transporte público que dé estabilidad y garantice unas aportaciones. La segunda enmienda son propuestas de modificación. Ustedes hablaban de porcentajes; nosotros queríamos ir
más allá. La concreción la han puesto ustedes en el propio texto de la moción. Nosotros hablábamos de un mínimo de 10 millones de euros para este ejercicio y de revertir y rectificar el aumento de tarifas, así como de aumentar ese porcentaje en la
aportación pública de las distintas administraciones. Una tercera enmienda es de modelo, efectivamente, porque vamos más allá. Hablamos de fiscalidad ambiental sobre la que, por cierto, trajimos a esta Cámara una proposición de ley que incluía el
transporte y a la que Convergència i Unió no dio apoyo. Planteamos que no solo es un tema de más recursos sino de ver de dónde vienen los recursos; entendemos que el sector privado, el transporte privado, también tiene que beneficiar al transporte
público. Por ejemplo, ¿por qué una parte de los peajes o de los peajes en las sombra no ayuda a la financiación del transporte público? Eso también es beneficiar el cambio modal.
Finalmente, ante el momento en que estamos no podemos no hablar de lo que supone el aumento disparatado de tarifas. Señor Macias, no es un tema competencial. Cuando el Congreso expresa en esta Cámara que desaprueba, es decir, que no
comparte el aumento exponencial de las tarifas, no cuestiona la autonomía del Ayuntamiento de Barcelona, igual que cuando el Ayuntamiento de Barcelona desaprueba las actuaciones del Gobierno del Estado. Las administraciones o esta Cámara pueden
manifestar el descontento o la reprobación de lo que hace, porque no estamos conformes. Efectivamente, denunciamos y estamos al lado de las movilizaciones de la ciudadanía que defienden el transporte público y condenan ese aumento de tarifas.
Evidentemente, el Ayuntamiento de Barcelona hace y hará lo que deba pero esta Cámara puede expresar esa desaprobación, como lo hacemos incluso cuando hablamos de otros países y no pasa nada, no es un tema de poder competencial; igual que el
ayuntamiento puede desaprobar lo que hace algún ministro de este Gobierno. No se esconda en el tema competencial; ya sé que no les gusta pero ustedes también son protagonistas de lo que está pasando en el transporte público.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ruiz Llamas.
El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi intervención es para defender nuestra enmienda y para fijar posición sobre las aportaciones presupuestarias al transporte público de la región metropolitana, motivo de la moción. Creo que compartimos todos que los retos de la
movilidad sostenible y la potenciación de los servicios de transporte público en las grandes ciudades es un desafío que tenemos que acometer; hay que abordarlo desde una perspectiva amplia, desde el punto de vista laboral, social, económico y en el
ámbito de la movilidad sostenible de las ciudades saludables como uno de los grandes retos del siglo XXI. No debemos olvidar que también tenemos que cumplir con los requisitos y advertencias que la Unión Europea en materia medioambiental y de salud
nos da para nuestras grandes ciudades. En el caso de Barcelona, por contaminación excesiva de dióxido de carbono y otras partículas, el objetivo es que en el 2018 se reduzca el tráfico privado en más de un 20 %. Remarco esto porque esta apuesta
por el transporte metropolitano es una necesidad de apostar, como han dicho ya otros grupos, por un cambio modal o, en todo caso, continuar con él e intensificarlo, así como concebir esa ciudad saludable que creo que queremos construir entre todos.
Cifras. La red de transporte de la región metropolitana de Barcelona mueve diariamente más de 2,5 millones de viajeros y en el último año más de 900 millones. Estamos hablando de algo muy importante, fundamental en nuestro modelo
económico-social. Es necesario garantizar una suficiencia del sistema público integrado del transporte a largo plazo. Por eso es necesario -lo compartimos- afrontar no solamente este mantenimiento y este equilibrio entre ingresos y costes del
sistema sino acometer la deuda, que en estos momentos asciende, prácticamente, a 550 millones de euros. Es una cantidad que puede poner en riesgo el sistema si no actuamos rápidamente. Por tanto, tengo que hacerle un reproche al Grupo Popular -ya
se ha hecho desde aquí-, que una de las principales causas del incremento de dicha deuda tiene que ver con la disminución de las aportaciones de la Administración General del Estado
a la financiación del sistema. Desde que gobierna el Partido Popular hace dos años, la aportación que era de 150 millones en el año 2011 ha disminuido a 94 millones de euros. En dos años esta disminución ha hecho aumentar la deuda en un 20
%, provocando, como se ha dicho, fuertes subidas injustas de tarifas para los usuarios, entre un 15 % y un 20 %. También hay que avanzar en la línea de un plan de saneamiento, del aumento de aportaciones económicas de los entes consorciados -en un
incremento que ya se ha pactado en el transporte metropolitano-. Todo esto tiene que ver con el diseño de un plan de demanda a partir de 2015 y una mejora del sistema para introducir criterios ambientales que penalicen económicamente al transporte
privado y que los ingresos reviertan en el transporte público. Esto lo digo en relación con la tarificación social, que representa prácticamente el 22 % de estos viajes y que se ha incrementado exponencialmente en estos años con motivo de la
crisis. Yo creo que hay que mantener esto debido a la crisis económica y a la dificultad de mucha gente de poder acceder al transporte público.
Señorías, nosotros vamos a apoyar esta enmienda que se ha hecho conjuntamente porque entendemos que pretende abordar en el marco de todas las administraciones la financiación estable y a futuro, la fiscalidad medioambiental o el
acometimiento de medidas en ese sentido, que es lo que, en definitiva, nos proporcionará a futuro el mantenimiento de una red de transporte público eficiente y saludable para nuestras ciudades.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Ruiz Llamas.
Por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Esteller.
La señora ESTELLER RUEDAS: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, antes de defender la enmienda que ha presentado el Grupo Popular sobre el transporte público en la región metropolitana de Barcelona, permítanme que destaque la importancia del transporte público en la oferta de
servicios que prestan los ayuntamientos y las comunidades autónomas con la responsabilidad última del Estado; su buen funcionamiento, la eficacia y la eficiencia es imprescindible para la vida de la mayoría de los ciudadanos. Como han recordado
-es así-, más de dos millones de movimientos diarios en transporte público en el área metropolitana de Barcelona avalan esta expresión. Quiero manifestar por ello nuestra preocupación por la delicada situación financiera del transporte público en
el área metropolitana de Barcelona y también por la desproporcionada subida de tarifas que en 2014 ha sido de un 3,5 % de media y un 5,1 % para los títulos más utilizados, muy por encima del IPC. Hay que tener en cuenta que el gasto en transportes
es una parte muy importante del gasto de una familia, por lo tanto, en época de crisis todo esto se agudiza todavía más, y es necesario encontrar soluciones que contengan la creciente aportación de los usuarios, sean sostenibles en el tiempo y den
estabilidad en el sistema. La correcta financiación del transporte público es una asignatura pendiente en Cataluña. El Grupo Popular la presentó hace muchos años, hace ya más de dos legislaturas, en el Parlament de Catalunya a través del
Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana. Se ha perdido incluso la oportunidad, cuando se constituyó la nueva Área Metropolitana de Barcelona en 2010, de introducir la financiación en el transporte público; es algo esencial pero que no se
ha abordado por ningún Gobierno de la Generalitat, todo hay que decirlo.
Centrándome en la enmienda que hemos presentado, el Grupo Popular considera que es muy importante contemplarlo y estudiarlo conjuntamente con todos los representantes del pacto metropolitano para encontrar una alternativa de financiación del
transporte en la región metropolitana, para asegurar la suficiencia y estabilidad de los recursos e introducir también criterios y elementos de fiscalidad ambiental, con el fin de que se pueda disponer de recursos adicionales que se financien a
través de estos criterios de financiación ambiental. La razón por la que hemos presentado esta enmienda es que consideramos de gran importancia garantizar las mejores condiciones económicas para el transporte urbano de las áreas metropolitanas,
respetando por supuesto las competencias de todas las administraciones, y utilizar alternativas viables. Lo que no compartíamos era el texto inicial de la moción, en la cual las tres administraciones (la metropolitana, el Ayuntamiento de Barcelona
y la Generalitat), que llegan a un acuerdo a través de un pacto, le piden al Estado que se adhiera y que encima aporte lo que ellas han decidido. Esto no tiene tanto sentido como que entre todos acuerden un modelo en el que cada uno señale qué
necesidades hay, se analice bien el sistema y se vea qué aportaciones ha de hacer cada uno. Hay que estudiar todos los extremos y también las causas que han llevado a esta situación tan crítica en el área metropolitana. Algunas se han mencionado
anteriormente: el aumento de la oferta y las inversiones, la disminución de la demanda -recordemos que desde 2011 ha perdido 30 millones de validaciones-, el
incremento de la tarifación social -que supone el 22 % del coste del sistema- y la insuficiencia de las aportaciones de las administraciones. Hay que añadir otra, la mala gestión de algunas empresas concesionarias, que han acumulado una
deuda de 540 millones de euros. Quería matizar algunas de las cuestiones que se han dicho. Estos 540 millones de euros son la deuda acumulada hasta 2011, antes de que gobernara el Partido Popular. Esta deuda no la ha originado la reducción de las
aportaciones pero ahora hay que gestionarla. Quiero recordar que el origen de esta deuda es que el anterior equipo de la Generalitat recurrió al endeudamiento con 195 millones de euros y luego incumplió el pago de las cuotas de saneamiento.
Después la ATM en 2009 incorporó el endeudamiento financiero como una fuente más de ingresos del sistema. Este es uno de los orígenes de que hoy en día tengamos esta deuda que, como digo, era la deuda acumulada que había en 2011.
Muchos grupos han recurrido a las aportaciones del Estado y se han quejado incluso de la subida de tarifas, y me gustaría decir a la señora Ortiz que ella está en el Área Metropolitana. Hay un cuatripartito en el Área Metropolitana y todos
los grupos catalanes que están aquí representados son corresponsables de esta situación y del incremento de las tarifas, porque todos esos partidos lo han aprobado en Área Metropolitana. El único que no está en ese Gobierno es el Partido Popular.
Por tanto, que vengan aquí a quejarse de algo que ellos han aprobado me parece del todo insólito. Pedimos mucho más rigor y seriedad a la hora de abordar estos debates, porque son corresponsables de la situación y también de la subida de las
tarifas. Lo que hay que hacer ahora es resolver esta situación con un nuevo modelo en el que hay que trabajar, desde la vertiente de los ingresos pero también de los gastos, reducir gastos superfluos y gestionar mejor. Les recuerdo que hay más de
seiscientos cargos directivos en la Metropolitana y habrá que tomar medidas en todos los extremos. También se tendrá que trabajar desde ingresos indirectos y acordar un sistema marco que incluya fundamentalmente la previsibilidad para que no se
vean afectados los costes del funcionamiento de un área metropolitana por las restricciones presupuestarias, como ha sucedido hasta ahora, para que sea más seguro para los ciudadanos y que incida en la mejora de la calidad de vida de las grandes
ciudades.
Este es, en definitiva, el sentido de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular. Pienso que el texto transaccional al que hemos llegado da respuesta sobrada de esta línea de trabajo que es fundamental a la hora de poder analizar la
situación del transporte metropolitano en Barcelona, ver qué alternativas hay, cómo podemos garantizar esta mejora en la financiación pública y que los ciudadanos no tengan que ver cómo les aumenta sustancialmente el precio de todos los billetes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Esteller.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el esfuerzo de la ciudadanía de Cataluña en la participación de la financiación del transporte público era de los más altos de Europa en 2012. Toda una declaración
ideológica. La Generalitat de Catalunya en estos momentos triplica la aportación del Estado al transporte público metropolitano de Barcelona. Otra declaración ideológica. De hecho, la aportación del Estado se ha reducido en más del 40 % en los
últimos cuatro años. No estamos hablando de una cuestión baladí, ni mucho menos. Esta situación afecta a más de 5 millones de habitantes de un total de 164 municipios, es decir, afecta a dos terceras partes de la población catalana.
Iba a dirigirme a las señorías del Grupo Popular. Quedan pocos, pero si alguien de ese grupo quiere saber quién está pagando lo que ustedes dejan de pagar se lo diré: la ciudadanía y las administraciones catalanas una vez más. No se trata
de la crisis económica, sino de una crisis ideológica. La culpa es de que el Estado español prioriza, como hemos denunciado millones de veces, la inversión en grandes y costosas obras, como los AVE a todas las provincias, mientras se margina una
cosa tan importante como la movilidad urbana e interurbana y la recuperación de las infraestructuras que a día de hoy están degradadas y que no son pocas, sino al contrario, son demasiadas.
El derecho a la movilidad forma parte intrínseca de nuestra sociedad y el transporte público es la herramienta que debe garantizar este derecho, de la misma manera que lo es la escuela pública para garantizar el derecho a la educación. En
definitiva, es un componente igualador para los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, y es a la vez también un eje vertebrador de la actividad económica, del acceso a la cultura y de las relaciones sociales. No hay duda, pues,
de que el transporte público es una pieza fundamental del Estado del bienestar. Si a todo lo dicho le sumamos el momento actual de crisis; el escandaloso número de parados; que más del 45 % de las familias han visto disminuir
sus ingresos anuales entre 2006 y 2010; que el porcentaje de las familias con ingresos que no superan los 12.000 euros anuales se ha multiplicado por tres; que la clase media está desapareciendo; y que el riesgo de pobreza sigue
creciendo, sobre todo entre los niños y las personas mayores, el papel del transporte público es aun más una pieza fundamentalmente del Estado del bienestar. Desde Esquerra Republicana somos conscientes -cabe decirlo- de la difícil situación
económica que viven los Transports Metropolitans de Barcelona, con la deuda acumulada y la precariedad en que se encuentra el sistema. Es evidente que el problema de la deuda de TMB no se resolverá aumentando infinitamente el precio del servicio al
usuario; así no lo vamos resolver. La solución pasa, en primer lugar -como se ha apuntado aquí-, por promover una ley de financiación del transporte que aporte las inversiones necesarias para asegurar el futuro y la continuidad del propio
servicio. Hasta que no tengamos una ley del transporte que sea digna la perdurabilidad del servicio estará siempre en riesgo, pero es evidente también la imperiosa necesidad de una mayor implicación de las administraciones supramunicipales, la
mejora de la eficiencia del servicio y, por último, una buena política de fidelización de los usuarios y evidentemente la reducción del fraude.
En definitiva, creemos que las tarifas aprobadas deben revisarse, y lo deben hacer evidentemente a la baja; que es necesario llegar a un acuerdo institucional y social sobre cuál es el porcentaje de los costes del transporte público que
deben asumir los ciudadanos; que es a la vez urgente que el Estado aumente sus aportaciones al transporte público y el pago del dinero que ha dejado de aportar desde el año 2010; y, por último, crear una ponencia política para redactar una ley del
transporte público.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Jordà.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que suelo coincidir mucho con el señor Macias en asuntos ferroviarios; ya nos gustaría coincidir tanto en cuestiones constitucionales, aunque no se trata precisamente de eso y desde luego estamos totalmente de acuerdo en el
respeto de un buen reparto competencial, sobre todas si las instituciones se dedican a sus competencias y no invaden las de otros. Cuando vimos la moción nos sorprendió un poco porque centraba toda la cuestión en el transporte público del área
metropolitana de Barcelona, que no se nos escapa, todo lo contrario, que es sumamente importante, la segunda más importante del país. Por lo que he oído de la enmienda transaccional que está negociando, me parece que es más interesante que la
moción. Creo que estamos en condiciones de poder apoyarla; en todo caso esperaré a verla por escrito. Estamos de acuerdo en que el Estado debe implicarse en favorecer y facilitar el transporte público, más en una época de crisis que afecta sobre
todo a usuarios -como aquí se ha dicho muy razonablemente-, pero tendría que ser en todo caso dentro de una política general de Estado, no limitada solamente al caso del área metropolitana de Barcelona. Si se va a ver de otra manera cómo impulsar
un estudio para ver cómo se podría mejorar esa financiación, nos parece muy bien, aparte de que conociendo nuestro jacobinismo, todo lo que sea que el Estado intervenga más en cuestiones competenciales catalanas siempre nos parece algo interesante.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Señor Macias, como hemos visto, hay una enmienda transaccional. ¿Confirma que se está trabajando con una enmienda transaccional?
El señor MACIAS I ARAU: De hecho el texto creo que ya se ha leído. En cualquier caso se va entregar y va a estar inicialmente firmado por los grupos Popular, Socialista y el nuestro.
Simplemente quiero precisar al señor Gorriarán que de esta enmienda transaccional una parte es el tema concreto con el punto del pacto del transporte metropolitano de Barcelona y el segundo, obviamente, es de ámbito estatal. Esta es la
nueva aportación que surgió a partir del debate.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Macias.
Se suspende la sesión.
Eran las tres de la tarde.