Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 166, de 17/12/2013
cve: DSCD-10-PL-166
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 166
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 157
celebrada el martes,
17 de diciembre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página5)
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
Debate relativo a la autorización por la Cámara prevista en el artículo 17.1 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional:
- Solicitud de autorización por el Congreso de los Diputados del acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013 por el que se autoriza el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas españolas en los apoyos a la misión
de Naciones Unidas para la estabilización de la República Centroafricana. (Número de expediente 095/000003) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga el programa Prepara regulado en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de
las personas desempleadas, con carácter estable. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 107-1, de 1 de febrero de 2013. (Número de expediente 122/000089) ... (Página6)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas para prevenir la pobreza energética. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 142-1, de 8 de noviembre de 2013. (Número de expediente 122/000121)
... (Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la estrategia nacional en seguridad del paciente. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 375, de 13 de diciembre de 2013. (Número de expediente
162/000794) ... (Página31)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a consensuar con la Generalitat de Cataluña la determinación del caudal ambiental para el tramo final del río Ebro. 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie D, número 102, de 1 de junio de 2012. (Número de expediente 162/000313) ... (Página39)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en especial en relación con los criterios organizativos de sus
actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes. (Número de expediente 173/000125) ... (Página47)
Solicitud de prórroga, hasta el 31 de marzo de 2014, de los trabajos de la Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, de conformidad con lo dispuesto en la norma tercera de la resolución de la Presidencia
del Congreso, de 26 de junio de 1996. (Número de expediente 154/000006) ... (Página55)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página5)
De acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la consideración del Pleno la modificación del orden del día en el sentido de intercambiar el orden de debate de las
interpelaciones urgentes, de modo que se debata en primer lugar la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que figura como punto 28, lo que se acuerda por asentimiento.
Inclusión en el orden del día ... (Página5)
La Presidencia somete a la consideración de la Cámara la inclusión de un nuevo punto en el orden del día de la sesión de mañana, miércoles 18 de diciembre, relativo a la solicitud de autorización por el Congreso de los Diputados del acuerdo
del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013 por el que se autoriza el despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas españolas en los apoyos a la Misión de Naciones Unidas para la estabilización de la República Centroafricana.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga el programa Prepara regulado en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de
las personas desempleadas, con carácter estable ... (Página6)
Defiende la toma en consideración la señora Gutiérrez del Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Bonilla Domínguez, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Tardà i Coma.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas para prevenir la pobreza energética ... (Página19)
Defiende la toma en consideración la señor Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Jordà i Roura y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, y Flores Lanuza, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página31)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente ... (Página31)
Defiende la proposición no de ley el señor Román Jasanada, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor
García Gasulla, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Román Jasanada.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a consensuar con la Generalitat de Cataluña la determinación del caudal ambiental para el tramo final del río Ebro ...
Defiende la proposición no de ley el señor Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienes las señoras Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Barberà i Montserrat.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)
Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en especial en relación con los criterios organizativos de sus
actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes ... (Página47)
Defiende la moción el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de prórroga hasta el 31 de marzo de 2014 de los trabajos de la Subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la Carrera Militar, de conformidad con lo dispuesto en la norma tercera de la resolución de la Presidencia
del Congreso de 26 de junio de 1996 ... (Página55)
Sometida a votación la solicitud de prórroga, se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga el programa Prepara regulado en el Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover
la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, con carácter estable, se rechaza por 154 votos a favor y 170 en contra, más 2 votos telemáticos, 172.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de medidas para prevenir la pobreza energética, se rechaza por 153 votos a favor y 170 en contra, más 2
votos telemáticos, 172.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente, se aprueba por 173 votos a favor, 144 en contra y 4 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a consensuar con la Generalitat de Cataluña la determinación del caudal ambiental
para el tramo final del río Ebro, se rechaza por 136 votos a favor y 185 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en especial en relación con los
criterios organizativos de sus actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes, con la inclusión de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, se rechaza por 129 votos a favor, 171 en contra y 23 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Como asunto previo, de acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento y según lo establecido en Junta de Portavoces, propongo al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de intercambiar el orden de debate de las
interpelaciones urgentes, de tal manera que el punto 28 del orden del día, la interpelación del Grupo Vasco, PNV, pase a debatirse como punto 27.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobado.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
DEBATE RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN POR LA CÁMARA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17.1 DE LA LEY ORGÁNICA 5/2005, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE LA DEFENSA NACIONAL.
- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 13 DE DICIEMBRE DE 2013 POR EL QUE SE AUTORIZA EL DESPLIEGUE Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS EN LOS APOYOS A LA MISIÓN
DE NACIONES UNIDAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA. (Número de expediente 095/000003).
El señor PRESIDENTE: Como segundo asunto previo, conforme también con lo acordado en la Junta de Portavoces, propongo la modificación del orden del día en el sentido de incluir en la sesión de mañana, miércoles 18, un nuevo punto relativo a
la autorización por el Congreso de los Diputados del despliegue y la participación de las Fuerzas Armadas españolas en los apoyos a la misión de Naciones Unidas para la estabilización de la República Centroafricana. El debate de este asunto tendría
lugar mañana después de que se terminasen las interpelaciones y las mociones, si es que se pasara alguna de esta tarde a mañana, pero la votación se efectuaría el jueves.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Pues de acuerdo.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE PRORROGA EL PROGRAMA PREPARA REGULADO EN EL REAL DECRETO-LEY 1/2011, DE 11 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN AL EMPLEO ESTABLE Y LA RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, CON CARÁCTER ESTABLE. (Número de expediente 122/000089).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Socialista, por la que se prorroga el programa Prepara, regulado en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recualificación profesional de las personas desempleadas, con carácter estable.
Para la presentación de esta iniciativa, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista presentó esta proposición de ley el día 23 de enero de 2013, para recuperar los términos del programa Prepara, tal y como los aprobó el Gobierno socialista a
través del Real Decreto-ley 1/2011. La pregunta que hay que hacerse es si sigue siendo oportuna y necesaria o bien ha cambiado la situación de las personas desempleadas a las que pretendía atender esta proposición de ley. La respuesta a esta
pregunta es que la situación de estas personas ha empeorado sustancialmente con las medidas tomadas por el Gobierno del Partido Popular. Por ello, desde el Grupo Socialista consideramos que es oportuna, necesaria y urgente su toma en consideración,
porque su objetivo fundamental es recuperar a miles de personas a las que la nueva regulación aprobada por el Gobierno del Partido Popular expulsó como beneficiarios del Prepara, negándoles oportunidades y mejora de su empleabilidad. ¿De qué
personas estamos hablando? Estamos hablando de personas desempleadas, en paro de larga duración, y de jóvenes que abandonaron el sistema educativo para incorporarse a sectores relacionados con la burbuja inmobiliaria y a los que hoy se les niega la
recualificación. A estas personas desempleada se dirigía fundamentalmente el programa Prepara en su formulación original, la de febrero de 2011, la del Gobierno socialista. Estos eran los colectivos de personas a quienes empresarios y sindicatos
identificaron como prioritarios en el acuerdo social y económico de estas fechas. Estas personas desempleadas son las que también identificaron como objetivo de actuación todas las comunidades autónomas. Señorías, de esta forma en febrero de 2011
se alcanzó un gran acuerdo social y político para desarrollar el programa de recualificación profesional de las personas que agotaran la prestación por desempleo, cualquiera que fuera su duración, basado en políticas activas de empleo, con
itinerarios individualizados de orientación que permitieran la recualificación de los parados para incorporarse a nuevos puestos de trabajo en sectores emergentes y con potencial de crecimiento. Las personas desempleadas participantes en estas
acciones con menores rentas podían percibir además una ayuda económica de acompañamiento equivalente al 75 % del Iprem mensual; se tenían en cuenta su renta personal y sus responsabilidades familiares, pero no se imputaba la renta de familiares del
desempleado.
Pues bien, el Gobierno del Partido Popular, a través del Decreto-ley de 23 de agosto de 2012, excluyó del Prepara a una gran mayoría de estos destinatarios. Los datos son contundentes. Si el número de beneficiarios del Prepara hasta la
reforma, es decir, hasta agosto de 2012, superaba los 520.000, tras la reforma, en los tres semestres siguientes, apenas se alcanzan los 220.000 beneficiarios; es decir, se han excluido del Prepara más de 300.000 desempleados. ¿Y cómo se ha hecho
esta expulsión de beneficiarios? Pues lo hizo el PP con un decreto-ley, exigiendo nuevos requisitos para poder acceder al programa. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues que las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo deben
llevar inscritas como demandantes de empleo al menos doce meses. Esto supone el agotamiento de una prestación de al menos un año de duración; es decir, implica amplios periodos de cotización para generar este derecho, así solo acceden al Prepara
trabajadores con empleo estable que han perdido su empleo. Con este requisito ya se excluye a la inmensa mayoría de los jóvenes y a los trabajadores con contratos temporales. A ello suman nuevos requisitos de imputación de rentas familiares del
desempleado para excluirlos del programa. Se penaliza a los jóvenes que vuelven al hogar familiar tras perder su empleo; se penaliza doblemente a las familias de clase media, trabajadores que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Estos
nuevos requisitos se imponen con absoluto desprecio del diálogo social y en base a una tramposa evaluación del Prepara según la cual el Gobierno dice que solamente hay un grado de inserción laboral del 18 %. Recuerden, señorías, que según la
memoria del Consejo Económico y Social publicada el año pasado, el grado de inserción en el caso de jóvenes entre 25 y 29 años que participaban en el programa Prepara superaba el 50 %. El argumento de que el Real
Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, prorroga automáticamente la nueva versión del Prepara hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 20 % no resuelve -y digo bien-, no resuelve el gran recorte producido por el decreto-ley de
agosto, es decir, la masiva exclusión de beneficiarios que ha provocado.
Señorías, hoy la realidad de todas estas personas excluidas del Prepara ha empeorado de forma sustancial. Primero, la proporción de contratos temporales, lejos de disminuir, aumenta; el 93 % de las contrataciones son temporales. La
reforma laboral, lejos de haber reducido la segmentación del mercado de trabajo, ha consolidado la precariedad y la rotación laboral. La duración de las prestaciones por desempleo es cada vez menor, la mayoría de los jóvenes desempleados de menos
de treinta y cinco años apenas alcanza los once meses de prestación y les recuerdo que si no llegan a los doce, no pueden acceder al Prepara. En cuanto a los parados de larga duración, observamos que, de cerca de 6 millones de parados, el 61,1 %
lleva buscando empleo más de un año; esto significa 11 puntos más que en 2011. A ello hay que añadir que en el último año y medio cerca de 400.000 personas han abandonado el mercado de trabajo por desánimo o porque han emigrado fuera de nuestro
país.
Señorías, se han recortado las prestaciones por desempleo en siete reformas sucesivas desde el año pasado, que han ido suprimiendo subsidios, recortando cuantía de prestaciones, hasta dejar la cobertura de desempleo en el 60 % cuando hace
tres años alcanzaba al 80 % de los parados registrados. A esto hay que añadir los recortes incorporados en la ley de medidas urgentes en el orden social que debatíamos el pasado Pleno y que se refieren a la suspensión de la protección por desempleo
a quien sale de nuestro país en busca de empleo o formación. Además, la Ley de Presupuestos para el próximo año incorpora nuevos recortes, si cabe, aún más sangrantes. Les recuerdo, la eliminación de la asistencia sanitaria a los parados de larga
duración que salen de nuestro país en busca de empleo o formación; la supresión de las garantías salariales específicas para los trabajadores despedidos de empresas de menos de veinticinco trabajadores. A través de una enmienda en el Senado con
nocturnidad y sin explicación, se elimina el apartado 8 del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores que establece esta garantía; esto se añade a retrasos en el pago de salarios garantizados por parte del Fondo de garantía salarial a más de
180.000 trabajadores despedidos. Este fondo acumula retrasos insoportables de más de veinte meses. Para ellos parece que la obligación de pago inmediato no se contempla, a pesar de tratarse de créditos prioritarios donde los haya. Y todo esto se
hace a la vez que se recortan de forma drástica las políticas activas de empleo y se orientan los servicios públicos de empleo a actividades burocráticas en lugar de a incrementar la empleabilidad de los desempleados. En concreto, para este año
2013 los programas de formación, orientación y recualificación, gestionados por las comunidades autónomas, sufren un recorte de más del 62 % en relación con 2011. Además, han despedido a 3.000 profesionales de los servicios públicos de empleo,
contratados para la mejora de la empleabilidad de estas personas desempleadas que participaban, entre otros, en el programa Prepara. El Consejo Económico y Social en su última memoria resalta la pérdida progresiva de la potencia cohesionadora del
programa Prepara en relación con su concepción original. Insiste, además, en que, a pesar de que la realidad empeora como consecuencia de la prolongación de la crisis, el número de trabajadores con derecho a beneficiarse de este programa es cada
vez menor.
Señorías, el riesgo de exclusión social en nuestro país es insoportable, y es insoportable para una sociedad decente como la nuestra. Según la última encuesta de Eurostat, publicada el 5 de diciembre, España se encuentra, tras Grecia y
Rumania, en un deshonroso tercer puesto en el ranquin de riesgo de pobreza. Esta es una realidad incompatible con el apartado 1 del artículo 1 de nuestra Constitución, que proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de
derecho. El Gobierno utiliza permanentemente la coartada de la Unión Europea para justificar sus políticas de recorte. Sin embargo, constatamos que todos los informes y propuestas de la Unión recomiendan a España que aborde seriamente las
necesarias políticas activas de empleo. La Comisión alerta de que existen cientos de miles de puestos de trabajo que no se cubren en ámbitos como las tecnologías de la comunicación, el sector sanitario, los servicios sociales, la energía, el
medioambiente, los llamados trabajos verdes y el transporte. Por eso, vuelve a insistir en la necesidad de potenciar los servicios públicos de empleo y la vinculación de políticas activas y pasivas, tal y como hacía el Prepara. Hoy más que nunca
son necesarias políticas de recualificación que formen a las personas desempleadas y que el Gobierno da por desahuciadas. Son necesarias estas políticas de recualificación para insertarlas en el mercado de trabajo y en los sectores de potencial
crecimiento, tal y como pretendía el original programa Prepara.
Señorías, la proposición de ley que trae hoy el Grupo Socialista tiene toda su actualidad. Facilitar la recualificación y la inserción laboral es una imperiosa necesidad para los desempleados y para el conjunto de nuestra sociedad, que no
puede permitirse el despilfarro de que el 26 % de nuestra población activa esté en paro queriendo trabajar. Señorías, hay que recuperar a los más de 300.000 beneficiarios del
programa Prepara que se han visto expulsados del mismo. Los parados de larga duración y los jóvenes desempleados que en su momento abandonaron de forma prematura el sistema educativo nos exigen los acuerdos parlamentarios necesarios para
garantizar su vuelta al mercado laboral. Les diría más, probablemente, tras la toma en consideración de esta proposición de ley, sería oportuno ampliar el ámbito de aplicación a desempleados que no cuentan ya ni con prestación ni con programa de
inserción o con programa de recualificación profesional en nuestro país. No es aceptable que se les indique como única salida la emigración y a continuación el Gobierno les quite la protección por desempleo y la asistencia sanitaria cuando se
desplazan fuera de nuestras fronteras en busca de una oportunidad que aquí se les niega.
Señor presidente, permítame que en el último minuto de mi tiempo haga una petición a los miembros de esta Cámara para que voten en contra de la enmienda 2997, aprobada por el Senado, a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De aquí al
jueves piensen su voto. Se lo pido sobre todo a los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular. Es una enmienda que consideramos inconstitucional por modificar esta ley el Estatuto de los Trabajadores por la vía por la que lo hace,
suprimiendo el apartado 8 del artículo 33 para eliminar una garantía específica que tienen los trabajadores de pequeñas empresas cuando son despedidos por las causas recogidas en los artículos 51 y 52 del estatuto o el 64 de la Ley Concursal.
Señorías, en este caso llueve sobre mojado. Más de 180.000 familias esperan más de veinte meses el pago de salarios garantizados por el Fogasa. Por eso, pedimos al Gobierno que dé las órdenes oportunas para la rápida solución de estos
expedientes y el pago inmediato de una deuda insufrible del Fogasa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo, aunque yo supongo que la defensa de esa enmienda la harán el jueves nuevamente, que es el momento para hacerlo. (La señora Gutiérrez del Castillo: También. Es para que
lo piensen, porque es el momento para pensarlo).
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señores diputados, sería una insensatez y un ejercicio de irresponsabilidad no aceptar siquiera la tramitación de esta proposición de ley. Sería una insensatez con esta Cámara, a la que se le negaría la posibilidad de debatir sobre un
asunto tan relevante; y una irresponsabilidad con aquellas personas que fueron desposeídas de un subsidio de poco más de 400 euros tras la precipitada modificación de los requisitos para acceder al Plan Prepara. Entendemos y compartimos que se
debe realizar una gestión de los recursos ajustada a la disponibilidad de las arcas del Estado, pero creemos que existe margen para dar refugio a aquellas personas que reclaman desesperadamente un apoyo para sobrevivir y recualificarse
profesionalmente para poder acceder a puestos de trabajos con un mayor potencial de crecimiento. El Gobierno decidió en su momento -como hace casi siempre- convalidar por la vía rápida el real decreto por el que se prorrogaba el Plan Prepara y no
como proyecto de ley; una opción que en su momento nos hubiese permitido exigirle vía enmiendas que rescatase a parte de las 600.000 familias y 3 millones de desempleados que no perciben ningún tipo de ayuda. Pero no hubo manera. Volvió a hacer
uso de su rodillo parlamentario y cercenó de un plumazo la esperanza de los que se quedaban en el camino sin prestaciones. Echó por tierra nuestra propuesta de que la prórroga se prolongase hasta que la tasa del paro descendiese del 15 % y no del
20 %, y también cerró la vía a recuperar los criterios del proyecto original para que, por ejemplo, miles de jóvenes sin empleo quedasen protegidos bajo el paraguas de esta iniciativa.
Esta proposición de ley es una oportunidad para que el partido que apoya al Gobierno dé un giro en su estrategia parlamentaria y permita que el resto de los grupos parlamentarios podamos participar en la definición de iniciativas de especial
relevancia como la que hoy debatimos. Es más que probable que nuestra reclamación sea desoída y se repita el mismo guión que ha imperado en esta legislatura, pero permítame que más allá de los intereses partidistas, les ruegue que tengan ustedes la
responsabilidad de poner rostro a las miles de personas a las que los ajustes del Plan Prepara han empujado a la marginación social o simplemente les ha impedido redefinir su carrera profesional para encauzarla por una senda con más salida. Más
allá de quien sea el autor de esta iniciativa, lo que nos debe importar es el objetivo que se persigue. Nuestra obligación como diputados es ofrecer respuestas y buscar vías para resolver
problemas, y esta proposición de ley ofrece algunas soluciones que quizás deban ser matizadas, pero que ante todo requieren un estudio en profundidad por parte de esta Cámara. Les pido que no cerremos nuevas puertas a debates que son
inaplazables y, sobre todo, que no cerremos el único resquicio que les queda a muchas personas para vivir dignamente, reinventarse y volver con más garantías al mercado laboral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, vamos a votar favorablemente esta proposición de ley del Grupo Socialista. Entendemos que sería muy, muy necesario que el Grupo Popular votara a favor a fin de poder tramitarla, pero sabemos que no lo harán, lo cual nos provoca
más que desazón una gran indignación. Fíjense que estamos deteriorando una vez tras otra aquello que en su momento calificamos como la última red que permitía a los trabajadores desempleados intentar una reinserción laboral a través del Plan
Prepara, aun cuando todos sabíamos que, atendiendo a los recortes que los Gobiernos estaban implementando en todo aquello que tiene que ver con las políticas activas y aquellas encaminadas a la reorientación laboral, al final este programa acabaría
siendo lo que ha sido, es decir, un programa que tiene más de asistencia social que de tránsito hacia la reinserción laboral. Aun así, desde aquellos tiempos en los que habíamos pactado y debatido con el Grupo Socialista y con el Gobierno
socialista aquello que se llamó el Prodi y los 460 euros hasta ahora, hemos visto cómo progresivamente se ha ido dificultando el acceso de los trabajadores a este tipo de programas. Hemos visto cómo se excluía a los jóvenes y también a los
desocupados de larga duración. Así pues, ¿con qué nos hemos encontrado? Con un proceso de perversión de aquello que tenía que haber sido un programa de tránsito hacia la reocupación. Fíjense hasta qué punto es perversa la situación: los
trabajadores acaban reconociendo y aceptando que, por las mismas dificultades de implementación de programas de formación, el programa Prepara es un alargamiento de los subsidios por desempleo. Entonces, ¿cuál es la trampa que nos hacemos a
nosotros mismos? Pues no definir exactamente qué es lo que tenemos entre manos? Si lo que se tiene entre manos es un programa que tiene como objetivo que los trabajadores que hayan perdido el trabajo puedan formarse para reinsertarse de nuevo en
el mundo laboral, entonces todavía es más escandaloso que estas personas terminen los seis meses sin poder acceder a cursos de formación. Si, por el contrario, de lo que se trata es de un subsidio, entonces ¿qué razón hay para cortarlo al cabo de
seis meses? Algo que no entendemos del Grupo Socialista es por qué ustedes no incorporan aquello que ya en su momento en el Prodi no quisieron implementar, aun cuando éramos distintos los grupos que lo pedíamos; es decir, que las personas que se
acogen a este programa, si al cabo de los seis meses no han encontrado trabajo o no han podido salir de la exclusión social, puedan volver a acogerse al mismo. ¿Por qué en su proposición de ley no incorporan que las personas puedan volverse a
acoger? Es algo que no entiendo y esperaba que la diputada socialista me sacara de dudas. En todo caso, vamos a votar a favor, pero, repito, no entendemos cómo es posible que al cabo de seis meses se deje sin nada a una persona que se ha acogido
al programa Prepara y que no ha encontrado trabajo o no ha podido salir de la exclusión, al margen de las razones por las cuales viva en un escenario de este tipo. Esto es algo que no entendemos; por cierto, para más vergüenza, para más cinismo.
Efectivamente, me sumo a lo que ha dicho la compañera socialista. ¿Qué sentido tiene que ahora ustedes hayan retirado la obligación de Fogasa de pagar aquellos ocho días que hay que pagar a las empresas de menos de 25 trabajadores? ¿Qué sentido
tiene? Por un lado, estamos reclamando la funcionalidad, la diligencia, la eficacia, la rentabilidad social del programa Prepara y, por otro lado, ustedes están fabricando nuevas personas que dentro de cuatro días estarán sujetas a un escenario de
preexclusión social. La verdad es que cuando les decimos que son los verdaderos terroristas sociales, cuando les decimos que lo que están haciendo ustedes es terrorismo social -repito, terrorismo social; y ahora no se rasguen las vestiduras,
sabemos de qué estamos hablando-, sabemos exactamente lo que decimos: están fabricando personas para que puedan vivir o malvivir dentro de unos meses, dentro de unos años, instalados en la exclusión social. Y esto no tiene perdón. No sabemos cómo
decírselo, si por activa o por pasiva, pero no hay derecho. La enmienda de la cual hablaba la diputada socialista no tiene perdón. Sí, ponga cara de sorpresa, porque me parece una cara un tanto hipócrita...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que la proposición que presenta la portavoz del Grupo Socialista nos convence. Nos parece que está fundamentada y en un contexto difícil que no se nos escapa a ninguno. En
este momento convivimos con un déficit del sistema contributivo de la Seguridad Social -y hay que recordar que las prestaciones de desempleo tienen esta naturaleza, prestaciones de Seguridad Social- que supera los 11.000 millones de euros, en donde
hay una confusión además entre órganos o entidades gestoras de la Seguridad Social digna de mejor causa. Nos hemos enterado de que los servicios públicos de empleo deben a la Seguridad Social y a otras entidades gestoras 4.000 millones de euros,
pero a su vez la Seguridad Social debe al Fogasa -y esto nos retrotrae al debate sobre el Fogasa- 1.000 millones de euros. Hay un contexto de confusión que convendría ser ordenado, y nos da la impresión de que su proposición se incardina en este
elemento de orden, pero en un elemento de justicia o en un requerimiento de justicia social que hace referencia sobre todo a los jóvenes desempleados. Nuestro grupo nunca diría que no a una proposición de ley que está ya avalada por los informes
del Consejo Económico y Social, tanto el Prodi como el Prepara. Cuando en estos ámbitos se acredita la existencia de una eficacia superior al 50 % en materia de reempleabilidad, en materia de recolocación en un plan como el Prepara, ni nosotros ni
nadie con sentido común debería decir que no.
Las limitaciones presupuestarias son evidentes. En materia de políticas activas hemos sufrido, ha sufrido el empleo, ha sufrido la empleabilidad, ha sufrido la pobreza, por tanto, y las imposibilidades de acceso a un empleo razonable y
digno, desde el año 2012 hasta el año 2014 el 43 % de las consignaciones presupuestarias. Desde esta perspectiva, ahí se incardinan seguramente los requerimientos más exigentes para acceder a las actuaciones del Prepara, tanto vinculándolas a
determinadas prestaciones familiares o a determinadas responsabilidades familiares de los eventuales o futuros beneficiarios del Prepara, como al requerimiento, sobre todo el más relevante seguramente, de haber agotado la prestación durante doce
meses en los dieciocho meses anteriores al acceso pretendido a la prestación. Seguramente, esta es la razón que explicita esta disminución drástica y draconiana de personas que acceden a estos sistemas de rehabilitación, de personas que pueden
trabajar mediante mecanismos múltiples: subvenciones gestionadas, bonificaciones de cuotas y, sobre todo, formación profesional. Esta es la verdadera política estructural en la que se cifraba o se basaba el Prepara. Yo nunca he podido saber por
qué se han limitado las consignaciones presupuestarias para un plan que funciona, para un plan que funciona en el ámbito del desempleo juvenil, que es la gran lacra en materia de desempleo del Estado español, el 56 % de nuestros jóvenes menores de
treinta años, suponiendo que ya sociológicamente sea pertinente concebir que un joven menor de treinta años sea un joven demandante de primer empleo; pero nada nos sorprende ya. La Izquierda Plural presentó no hace mucho tiempo una iniciativa
pretendiendo que se considere joven demandante de primer empleo a un menor de treinta y cinco años. Vamos a llegar, o podríamos llegar, a una convergencia entre la edad de demandar el primer empleo con la edad de jubilación si no fuera porque la
edad de jubilación se está retrasando por detrás.
Al margen de estas aberraciones o de estas curiosidades -vamos a utilizar una expresión menos beligerante-, la verdad es que este plan funciona y este plan ha dejado de funcionar en tanto en cuanto las disponibilidades presupuestarias de la
Administración han disminuido en un 43 % desde el año 2012 hasta el año 2014. Nosotros sí creemos en el Prepara; nosotros creemos en su filosofía; nosotros creemos en sus virtualidades que están acreditadas por el Consejo Económico y Social;
nosotros creemos que hay que buscar fórmulas de inserción específicas sobre todo para los jóvenes trabajadores demandantes de primer empleo. Y nosotros también pretendemos que no se establezcan requisitos adicionales para ubicarse en estas
políticas de promoción del empleo como las consistentes en adicionar responsabilidades familiares o determinados periodos de haber sido beneficiario de la prestación de desempleo en los dieciocho meses anteriores a la posibilidad de demandar. Lo
pedimos en las condiciones que ustedes preconizan: que dure el plan hasta que se llegue a un porcentaje de desempleados del 15 % -el real decreto-ley que ha sido glosado por usted con brillantez establecía el 20 %; la disminución hasta el 15 % nos
parece razonable- y nos parece bien que sea para todos los desempleados. Si no fuera para todos los desempleados, podríamos incluso incurrir en vicios de inconstitucionalidad vinculados a los requerimientos del principio de igualdad ante la ley.
El desempleo es igual y más oneroso muchas veces para personas con o sin responsabilidades familiares, o para personas que se han beneficiado de la
prestación de desempleo o no se han beneficiado, en el sentido más eufemístico del término, de esta prestación durante los últimos dieciocho meses. Esto es una casuística difícil de identificar. Basta la condición de desempleado que haya
agotado la prestación de desempleo. Ha incorporado, no la literalidad de su proposición sino un elemento nuevo, que es la de cualquier desempleado. Es un tema que se puede discutir. Y los requerimientos del Fogasa, que ya el presidente le ha
indicado con pertinencia que tenemos que discutirlo el próximo jueves.
En todo caso, mecanismos que funcionan en materia de promoción del empleo razonablemente bien, deben ser objeto siempre de consideración por el grupo parlamentario que yo represento. Desde esta perspectiva, cuenten con nuestra adhesión y
con nuestro voto positivo. Esperaré con atención, señor presidente, las explicaciones, si son contrarias a la toma en consideración, de los portavoces del Partido Popular, porque se me antoja que es muy difícil articular un discurso coherente
contra lo que aquí se solicita.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Querría comenzar la intervención recordando la grave situación que sigue atravesando el mercado de trabajo en España, no porque no lo sepa la sociedad española o no lo sepan todos los grupos de la Cámara, sino porque a veces la propaganda
del Gobierno parece hacernos creer que lo peor ya ha pasado; todo está, si no solucionado, en vías de solución, y por desgracia no es así. En este mismo momento se sigue destruyendo empleo en España, en contra de las afirmaciones del presidente
del Gobierno. Y si el paro disminuye, como nos recuerda la ministra de Empleo, no es porque se cree empleo; el paro disminuye porque cae la población activa, es decir, porque hay personas que abandonan nuestro país, emigran, o hay personas que
dejan de buscar empleo porque pierden la esperanza de encontrarlo. La tasa de paro sigue en el 26 %, pero detrás de ese 26 % hay una enorme dispersión; hay comunidades autónomas como Andalucía o Canarias con tasas de paro del 36 o 35 %, hay 6
millones de parados y 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro. Digo esto porque es evidente que es un problema que va a continuar con nosotros bastante tiempo y esto quiere decir que muchas personas van a ir perdiendo la cobertura, van a
ir agotando sus prestaciones, que suelen durar un año y medio o dos años; de hecho, ya hay la mitad de los parados, 3 millones, en esta situación.
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno a este drama? ¿Qué medidas ha tomado para paliar esta situación? En realidad sus medidas lo que han hecho es agravar lo que ya de por sí crea el paso del tiempo, el agotamiento de la cobertura,
porque ha tomado medidas no para aumentar estas prestaciones, no para reforzarlas, sino para debilitarlas. Otros portavoces las han enumerado con más detalle. Ha habido subsidios que se han suprimido, como el de mayores de cuarenta y cinco años;
otros, que eran para mayores de cincuenta y dos, se han elevado a los cincuenta y cinco años; se ha disminuido la cuantía de las prestaciones a partir del séptimo mes; se han endurecido los requisitos de acceso a la renta activa de inserción, al
propio Prepara que ahora estamos discutiendo; es decir, medidas que agravan la pérdida de cobertura que provoca el simple paso del tiempo. Es como si en medio de una epidemia recortásemos los gastos en medicinas y en enfermeros. Además, los
parados no solo tienen que estar cubiertos, tienen que estar formados, y el gasto en políticas activas se ha reducido en casi el 50 %, en 3.500 millones de euros; ni cubiertos ni formados. Y por eso la tasa de cobertura ha ido disminuyendo en
nuestro país y va camino del 60 %. Insisto en que casi la mitad de los parados carece de toda cobertura. Las medidas del Gobierno, en vez de contrarrestar, han agravado el drama.
¿Qué se nos pide en esta proposición de ley? Básicamente lo que se hace es retocar, suavizar aspectos del programa Prepara, de forma que sea un programa algo menos insuficiente de lo que es hoy. Hoy el programa Prepara tiene unos
requisitos de acceso muy rígidos: hace falta un tiempo de inscripción en el paro pero sobre todo unos requisitos de rentas de la unidad familiar en que se define la unidad familiar de una forma distinta a cualquier otra prestación. Normalmente la
unidad familiar son el cónyuge y los hijos; aquí se incluye la renta de los padres, de forma que muchos jóvenes parados se ven excluidos del plan Prepara. Nos parece adecuado suavizar algunos de estos requisitos, convertir este programa en menos
insuficiente. Otro aspecto del plan Prepara tiene que ver con su cuantía. No es muy generosa la ayuda de acompañamiento, es el 75 % del Iprem, es decir, unos 400 euros al mes, que en circunstancias excepcionales puede llegar al 85 %, por ejemplo,
cuando hay tres personas a cargo en esa unidad familiar. La proposición socialista también convierte en menos insuficiente el Prepara haciendo que en las
situaciones excepcionales se pueda llegar al cien por cien del Iprem; nos parece mejor que lo de ahora, evidentemente. Tercera cuestión: la duración del programa. Aquí hay que distinguir entre la duración para un individuo y la duración
del programa para evitar confusiones. La duración para un individuo es, como máximo, seis meses, y eso sigue siendo así, no se retoca en la propuesta socialista. Otra cuestión es que el programa se renueve de seis en seis meses, pero no para las
mismas personas, para personas diferentes. Esto se hace de manera automática mientras la tasa de paro supere el 20 % y la proposición socialista pide que se haga mientras supere el 15 %; de nuevo convierte al Prepara en menos insuficiente.
Nosotros apoyaremos que se admita a trámite esta proposición de ley pero con ánimo de enmendarla porque, como digo, nos parece mejor que lo de ahora, pero claramente insuficiente para la magnitud del programa que abordamos. Incluso en
términos del plan Prepara se centra todo en la ayuda económica pero no se dice nada del aspecto de la recualificación. El programa Prepara es un programa de recualificación que tiene una ayuda económica de acompañamiento, pero lo esencial se supone
que es la recualificación. En la proposición socialista no se habla nada de esto pero es un aspecto vital del programa, porque se hizo una evaluación en el verano de 2012 sobre este programa y se descubrió que el 60 % de los que participan solo
tienen estudios primarios, son personas con poco nivel de estudios, y de los que participaban, solo el 7 % tuvo acceso a algún tipo de acción formativa. ¿Cómo reformar el programa Prepara, como se nos pide aquí, sin tener en cuenta este tipo de
consideraciones?
Pero nuestra crítica es más de fondo porque nosotros, más que retocar el Prepara, querríamos un modelo totalmente diferente, como he tenido ocasión de defender en la Comisión de Empleo o en el Pleno con diferentes iniciativas. El modelo que
nosotros defendemos es un modelo integrado con dos etapas, una etapa estatal y una etapa autonómica, de forma que la cobertura sea mucho más larga y generosa que la que tenemos en la actualidad en nuestro país. Lo que proponemos en la etapa estatal
es que la renta activa de inserción no tenga un límite de edad; ahora excluye a los menores de cuarenta y cinco años. Proponemos terminar con esa exclusión, que los menores de cuarenta y cinco años puedan acceder a la renta activa de inserción en
lugar de al plan Prepara. Los requisitos de acceso y la cuantía no son muy diferentes del Prepara, pero la renta activa de inserción tiene dos características muy importantes que mejorarían el Prepara. En primer lugar, su duración, porque son once
meses de duración y no seis, y en segundo lugar, porque este sí que es un programa permanente, estable, que no hay que ir renovando cada cierto tiempo. No creemos que el programa haya que renovarlo en función de la tasa de paro, porque aquí estamos
hablando de un problema individual. Si una persona no tiene prestaciones, qué le importa a ella si la tasa de paro es el 20 %, el 15 % o el 12 %. Es un programa para las personas, que no debería depender de una tasa de paro agregada, sino de la
situación del individuo.
La segunda etapa de este programa, una vez que se agota esa etapa estatal, sería una última etapa autonómica. En la actualidad existen las rentas mínimas de inserción autonómicas, que son el último escalón de protección. Sin embargo,
nuestra crítica a estas rentas no es por su existencia, sino por el diseño tan diferente que tiene en las distintas comunidades autónomas. Los requisitos de acceso son muy diferentes entre comunidades, la duración de la ayuda es muy diferente entre
comunidades y también la cuantía. Y no hace falta que diga que la diferencia tiene unos rasgos muy claros: siempre son más generosas las ayudas en las comunidades más ricas, donde el problema de paro es menor; es decir, exactamente lo contrario
de lo que sería socialmente deseable. Por eso proponemos homogeneizar estas rentas mínimas de inserción y que actúen como un último escalón de protección en manos autonómicas, pero que traten de manera similar a personas con los mismos problemas,
independientemente de la zona de nuestro país en la que residan. Por supuesto se nos puede criticar que son medidas muy costosas. Evidentemente tendrían un coste, pero creemos que sería un coste asumible porque el plan Prepara del que estamos
hablando tiene presupuestada una cantidad de 350 millones de euros anuales. Esta cifra palidece frente a las decenas de miles de millones de euros que se encuentran sin problema para rescatar a las entidades financieras. Son programas costosos
pero de una cuantía asumible, unos pocos cientos de millones de euros en presupuestos que mueven cifras ingentes.
Otra parte de nuestra propuesta tiene que ver con la formación y orientación de los parados. Insistimos en que no solo tienen que tener una prestación económica sino que tienen que formarse mientras están en paro y hay que orientarles para
que salgan de esa situación. Hoy en día las políticas activas se han reducido a la mitad, pero tienen además un problema de composición. En ellas se dedica mucho dinero a las bonificaciones, a la contratación y poco dinero a la formación
propiamente. Creemos que habría que cambiar esa composición, habría que gastar mucho más directamente en formación de los parados. Lo mismo sucede con la orientación. En nuestro país hay una persona dedicada a la orientación en los
servicios públicos de empleo por cada 600 parados, en Dinamarca es una por cada 20, en Francia es una por cada 50. Sin más recursos para la orientación, es muy difícil ayudar a los parados a salir de su situación.
Estas son nuestras propuestas, como ven, de una reforma mucho más a fondo de la situación actual. En cualquier caso, acogemos favorablemente la proposición de ley que nos trae el Grupo Socialista como una oportunidad de debatir estas
cuestiones y si se tramita, como nosotros deseamos, nuestras enmiendas irían en la dirección que he apuntado. Esto es todo por mi parte.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, La Izquierda Plural va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. Se trata, a nuestro entender, de una proposición de ley que incide en uno de los agujeros negros que
en materia de empleo y protección del desempleo ha provocado la política de Gobierno del Partido Popular. Dos años después de iniciada la legislatura los datos de empleo y desempleo de España son espantosos y han empeorado significativamente.
Incluso si se comparan con los del último año, podemos comprobar que en la EPA del tercer trimestre de 2013 se detectan 497.000 empleos menos que un año antes, es decir, una caída del empleo mucho mayor que incluso la sufrida entre los años 2011 y
2012. El Gobierno ante ese panorama se atreve a hablar de recuperación. Recuperación para algunos; sin duda, no para los parados.
Estamos asistiendo a los efectos de una política de ajuste duro de la economía, que además de ser injusta en el reparto de las cargas y de los esfuerzos, está resultando profundamente suicida, porque nos condena a una depresión crónica.
Escúchenlo, señores del Partido Popular: presionar a la baja los salarios, forzar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, reducir las prestaciones por desempleo, reducir al mínimo la inversión pública solo puede deprimir más la economía
en un país que no es Alemania, que vive de la exportación, sino que es España, donde tres de cada cuatro puestos de trabajo dependen del consumo interno. Si ustedes asfixian ese consumo interno, la depresión está desgraciadamente garantizada
también para los próximos años. Además, ustedes, que alardean de su agenda reformista, han renunciado a las políticas activas de empleo. Entre 2011 y 2014 los recursos para políticas activas de empleo, es decir, para promocionar la búsqueda de
empleo de las personas con más dificultades, se han reducido de los 7.358 millones de euros en el año 2011 a poco más de 4.000 en los presupuestos del año 2014; un recorte del 45 % en tres años, en los que el desempleo ha subido más de un millón de
personas. Y para que no falte ningún elemento para la tormenta perfecta, el Gobierno lleva dos años reduciendo las prestaciones de las personas desempleadas. Lo hizo con el Decreto-ley 20/2011 nada más tomar posesión -lo primero que hizo fue
pillar las tijeras de podar y empezar a recortar derechos-, después lo hizo con el Decreto-ley 20/2012 -¿recuerdan?-, aquel decreto que recortaba derechos para las personas para satisfacer las exigencias de la troika y tener así recursos con los
que hacer el rescate bancario. En aquel decreto-ley se consumó una agresión brutal a los parados, especialmente a los mayores de cincuenta años, a los que no me cansaré de decir que este Gobierno maltrata y acosa socialmente, porque ni les facilita
el empleo ni les facilita la prestación; al contrario, se la reduce. Y cuando esas personas intentan buscar una salida personal a su situación de desespero por la vía de la jubilación anticipada, ustedes con el Real Decreto-ley 5/2013 también les
cierran el camino. Están demostrando con ese colectivo de mayores de cincuenta años una profunda insensibilidad social; me atrevo a decir que una profunda capacidad de acoso a esas personas en concreto.
Pero no solo son cuestiones de política; sin duda eso también tiene mucho que ver con lo que están haciendo con las políticas de prestaciones por desempleo. Ustedes lo niegan o lo esconden, pero el resultado de su política está siendo una
caída en picado de la tasa de cobertura de las prestaciones, que ha pasado del 64 % cuando ustedes llegaron al Gobierno a estar en estos momentos por debajo del 60 %. Lo que la gente sabe, porque lo sufre, y ustedes niegan, es que cuatro de cada
diez personas desempleadas no reciben ninguna prestación. Es decir, 2 millones de personas o, según la EPA del tercer trimestre de 2013, 651 hogares, que agrupan a más de 1.350.000 personas, no disponen de ningún tipo de ingreso, y de los que
perciben algún ingreso, el 53 % solo recibe prestación asistencial. Eso no es una maldición bíblica; eso tampoco es una consecuencia inexorable de la crisis; eso tiene que ver también con la consecuencia de sus políticas de reducir el gasto allí
donde más se necesita, que es en el apoyo a las
personas que más están sufriendo la situación de crisis. En este contexto fue cuando el verano pasado, en el mes de agosto, el Gobierno se presentó en esta Cámara con su serpiente de verano y nos vendió -bueno, vendió a quien le quiso
comprar- hojalata por oro. ¿Se acuerdan ustedes, se acuerdan señores del Partido Popular la ostentación con la que la ministra Báñez vino aquí a decir que ella era la que iba a prorrogar el programa Prepara, que ella era la que iba a garantizar el
derecho de esas personas? Por supuesto, escondía profundamente que antes de la prórroga del programa Prepara lo que había era un recorte profundo en el acceso a ese programa. En una actuación que es todo menos política, a media distancia entre el
juego de los trileros y la estafa política, la ministra de Empleo nos presentó su actuación social -la prórroga del programa Prepara- como una actuación de gran sensibilidad social, y en verdad lo que hizo fue engañar a la ciudadanía; nos presentó
como una mejora lo que después resultó ser un recorte drástico, como se ha demostrado. Entonces fueron afirmaciones fundadas de nuestro grupo, hoy son datos, porque los datos de hoy dicen lo siguiente -me los envió el Gobierno el lunes en respuesta
a una pregunta de mi grupo-: el resultado es que en julio del año pasado los beneficiarios del programa eran 220.000, antes de que la ministra pusiera en marcha la motosierra, y hoy, en octubre de 2013, 56.000, es decir el 74 % de recortes en los
beneficiarios. Y a eso la señora ministra le llamó actuar como ejemplo de gran sensibilidad social.
Les pido a los señores del Partido Popular que lean de nuevo el acta de esa sesión de 13 de septiembre porque es, sin duda, un monumento al cinismo político. La intervención de la ministra en el trámite de convalidación del decreto-ley no
tiene desperdicio. Con el maniqueísmo habitual, acusó a los que estábamos en contra del recorte del programa Prepara de no querer que se prorrogara y trató de ponernos en contra de los parados. Hizo lo que hace siempre, manipular, aprovechando que
tiene derecho a ser la última en utilizar la palabra. Y dijo cosas que espero que si hoy las lee, se le caiga la cara de vergüenza. Dijo cosas como lo siguiente -está escrito, señorías, el 13 de septiembre, un acta para la eternidad para quien
quiera leerla- (Muestra un 'Diario de Sesiones'): Hemos acordado renovar el programa Prepara con un gran esfuerzo económico. Lo dijo el 13 de septiembre de 2012 mientras con una motosierra, literalmente, podaba y recortaba el acceso al programa.
Y dijo también: Quince meses después nos presentamos con un Gobierno que es el único que ha sido capaz de evaluar un programa y por eso, porque no funciona bien, hoy lo modificamos. El resultado hoy es exactamente el contrario: donde la ministra
hizo ostentación de transparencia, hay oscurantismo; donde prometió evaluación, no hay balance alguno; donde criticó que no hubiera inserción, ahora no hay ni datos; donde anunció un gran esfuerzo económico, solo hay recorte de derechos y menos
gasto, pero menos gasto para los que más lo necesitan. La ministra llegó a justificar su exclusión en un argumento que es de juzgado de guardia. Dijo: No es justo que reciban las ayudas del programa Prepara aquellos que obtienen rentas altas, y
calificó las rentas altas como las superiores a 480 euros al mes. Eso está escrito e insisto que debería ser como para que alguien se lo pensara antes de volver a intervenir en esos términos.
Lo más grave de todo, ¿sabe qué es? Que la ministra de la transparencia se niega a comparecer en esta Cámara. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver el vergonzoso espectáculo del Partido Popular votando en contra de las peticiones
de comparecencia de todos los grupos para dar cuentas del programa Prepara. Por cierto, en el acta también consta que se comprometió a presentar un balance del programa Prepara cada tres meses. Han pasado quince y de eso nada de nada. Por eso y
por muchas razones más, nos parece que la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista es perfectamente oportuna. Sin duda, no es la solución a la falta de cobertura de los trabajadores desempleados; a nuestro entender, es solo un
intento modesto de reparar un recorte injusto que se perpetró el 13 de septiembre en esta Cámara. Sin duda hay otras alternativas, las ha propuesto nuestro grupo y desgraciadamente el Partido Popular ha votado en contra, pero no solo ha votado en
contra sino que se niega a discutir e incluso a comparecer. Señores del Partido Popular, ¿por qué no aceptan ustedes que la Comisión de Empleo sirva para lo que debe servir, para que los grupos discutamos cómo podemos mejorar la cobertura de las
personas paradas, que hoy está cayendo en picado?
Termino. Fíjense ustedes bien en una cosa. Dos años de legislatura se resumen en el Pleno de esta semana. Hoy ustedes no van a tener recursos para el programa Prepara, después no van a tener recursos para abordar el drama de la pobreza
energética, pero el mismo jueves van a tener recursos para garantizarle beneficios al lobby de las empresas energéticas. Esa es su verdadera faz: duro con los débiles, absolutamente condescendiente y sobre todo beneficiando a los de siempre, a los
lobbies de los poderosos. En un Pleno se resume lo que han sido dos años de su Gobierno: profundamente injustos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Anuncio a la señora Gutiérrez que el Grupo de Convergència i Unió va a votar favorablemente a la toma en consideración de su proposición de ley. Precisamente cuando subía a la tribuna el señor Coscubiela me recordaba, y lo hacía bien
-también tenía previsto mencionarlo en nuestra intervención-, que Convergència i Unió facilitó de alguna manera la convalidación de ese real decreto en septiembre de este mismo año. Entonces lo hacíamos desde la convicción de que, a pesar de los
recortes que se introducían en ese real decreto, también era verdad que se prorrogaba una protección social a un número considerable de personas desempleadas, pues en el supuesto de que ese real decreto no hubiese sido convalidado por la Cámara
-supuesto más teórico que real, vista la mayoría que compone la misma- lo cierto es que miles de personas se verían sin protección social. Eso nos llevó a la posición que mantuvimos en aquel debate.
Sin embargo, en ese debate, lógicamente, como el resto de los grupos de la oposición, nos mostrábamos críticos con los recortes que se introducían en esa propuesta y, por tanto, vamos a votar favorablemente a la toma en consideración de la
proposición que hoy el Grupo Socialista nos plantea para revertir esa situación, porque permitirá durante el trámite parlamentario correspondiente resolver esa cuestión. Eso sin olvidarnos -ha sido el señor Tardà el que ha hecho referencia a ello-
de que desde el primer momento, desde los tiempos, creo recordar, del ministro Corbacho, esta política, la política de ampliación de la protección social a aquellas personas que quedaban fuera de supuestos de cobertura de la prestación por
desempleo, de la prestación no contributiva por desempleo, de la renta activa de inserción, debía protegerse de alguna manera.
Esta política tuvo desde el primer momento enormes debilidades en su concepción -vale la pena que lo recordemos- en ese momento de la crisis, cuando difícilmente éramos capaces de imaginarnos que su duración iba a ser tan larga en el tiempo
y que el conjunto del sistema de protección social se iba a poner tanto al límite. Se diseñó un programa débil en su propia configuración, débil en su propia dotación y que sobre todo no iba a servir ni podía servir en su propia naturaleza para dar
respuesta a lo principal, que era la generación de empleo y de ocupación. -Sobre ello me referiré en algún otro momento-. Era un programa que tenía una debilidad, pues al final trasladaba la protección social que el Estado no podía garantizar a
esos desempleados a través de la Seguridad Social a las comunidades autónomas y administraciones locales, porque esas personas, que no tienen ningún tipo de protección por desempleo, en el supuesto de que continúen sin ingresos terminan siendo
protegidas, si es posible, por comunidades autónomas o por administraciones locales. Estamos viviendo cómo se ha puesto al límite esa capacidad de resistencia de estas administraciones, las autonómicas y las locales, que además están viéndose
duramente afectadas por la política de austeridad que les está imponiendo el Gobierno, especialmente en los objetivos de reducción del déficit público que se les ha marcado, que son injustos e imposibles de conseguir para estas comunidades, y que no
les permiten garantizar esa protección social que, insisto, hoy el Estado no puede garantizar, con la diferencia de que el Estado, la Administración central, sí tiene las capacidades financieras para cubrir esas necesidades que hoy las comunidades
autónomas no están en condiciones de garantizar.
Señorías, la discusión de fondo que deberíamos plantearnos es: ¿Cuál es la protección social que podemos garantizar a aquellas personas que ya no están bajo la cobertura del desempleo de la Seguridad Social a las que no podemos facilitar un
empleo, que deben de vivir de alguna manera y que no pueden continuar dependiendo de las ayudas discrecionales que les faciliten las ONG, el tercer sector, los ayuntamientos o las comunidades autónomas? ¿Cómo cubrimos eso cuando sabemos además,
señorías, que el escenario de recuperación económica que se nos plantea para los próximos años, fruto también de la concepción de su política económica, es que vamos a convivir durante un periodo largo de tiempo con tasas de desempleo que superen el
20 %? A no ser que cambiemos de política económica, con esta política económica que sitúa la generación de empleo en el medio y largo plazo, en esa convicción cuasirreligiosa de que la austeridad tendrá efectos en algún momento y que las reformas
estructurales en algún momento generarán empleo, hasta que eso llegue, ¿cómo garantizamos ingresos mínimos dignos y básicos a cientos de miles de familias? ¿Cómo lo garantizamos? Con el programa Prepara no lo podemos garantizar, pero tampoco lo
podemos hacer con las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas. No están en condiciones de hacerlas, quizá con excepción del País Vasco y de Navarra fruto
del concierto y del sistema de financiación fiscal específico, pero en el resto de los territorios del Estado es imposible pretender que las autonomías hagan frente a esta situación. ¿Lo van a hacer los ayuntamientos? ¿Lo va a tener que
seguir haciendo el Banco de Alimentos en los próximos cuatro, seis o siete años? Esta es una cuestión fundamental del debate que está en el fondo de la discusión del Prepara.
Además, señorías, ello en un contexto de un desempleo de larga duración que afecta ya a más de 3,5 millones de ciudadanos, desempleo de larga duración de 3,5 millones de ciudadanos o ante el hecho de que 6 de cada 10 parados tienen una
formación baja o medio baja. Por tanto, en el supuesto de que la economía empiece a tirar, muchísimas personas van a tener dificultades para volver a reincorporarse al mercado de trabajo en el que ustedes, presupuesto tras presupuesto, están
reduciendo las políticas activas de empleo, las políticas imprescindibles para mejorar la cualificación de esos ciudadanos y facilitarles su incorporación en el mercado de trabajo cuando la economía empiece a recuperarse.
Todo ello se expresa en un aumento -lo indican las cifras de Eurostat, que son las indiscutibles en esta discusión- de la pobreza y un aumento de la desigualdad. Ese aumento de la pobreza y de la desigualdad está vinculado a la situación
del mercado de trabajo, a ese paro persistente de larga duración y a las debilidades de nuestro Estado del bienestar para hacer frente a esta situación para cubrir la situación de aquellas personas jóvenes y adultas con cargas familiares que no
tienen empleo y no tienen protección social.
El señor Coscubiela recordaba que este próximo jueves vamos a aprobar de manera definitiva la reforma de las pensiones, y ahí mismo podré reiterarles que hoy en la protección social de cientos de miles de familias está siendo el sistema de
pensiones el que está jugando un papel -no por el que estuvo diseñado, estuvo diseñado para proteger a los mayores-, pero está terminando de proteger a esas familias en las que la Seguridad Social vía sistema de protección al desempleo ya no llega,
las rentas mínimas de las autonomías ya no llegan y las ayudas puntuales de los municipios ya no llegan. Y ustedes el jueves van a aprobar una reforma de las pensiones definitiva que debilita, empobrece a esos pensionistas y les va a hacer más
débiles para proteger a los hijos que por desgracia dependen de ellos.
Les decía que la cuestión está vinculada también a si en la política económica del Gobierno el empleo es la prioridad o no es la prioridad, a si la prioridad del Gobierno está en la generación de empleo en el corto plazo. Parece -alguna
intervención de la ministra de Empleo en la Comisión nos sorprendía- como si el objetivo de la política económica del Gobierno fuese la contención de la inflación, también en esa mirada cuasirreligiosa de que una inflación baja termina generando
empleo. Señorías, el desempleo frena el crecimiento económico; a más desempleados, es más difícil que la economía pueda crecer, y con una economía que crece menos más desempleo vivimos y, por tanto, estamos instalados en ese círculo vicioso.
Necesitamos un cambio de orientación de la política económica que sitúe la creación de empleo en el corto plazo en el centro de su interés; esa es la otra discusión de fondo que el programa Prepara nos plantea. Porque no es simplemente con
protección social que haremos frente a esta situación, sino que será con una política económica que sitúe el empleo como prioridad máxima de la actuación no en el largo plazo, sino en el cortísimo plazo, que es donde se ubican hoy los problemas de
nuestra economía, de nuestras empresas y de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Señor presidente, señorías.
Señor Tardà, con mucho más respeto -o con total respeto- del que usted ha tenido hacia mí y hacia mis compañeros, le rogaría que no insultara, en ningún sitio, pero menos desde esta tribuna, porque la palabra terrorismo es un gravísimo
insulto; y terrorismo social es un gravísimo insulto que yo le rogaría, por respeto a lo que representamos en esta Cámara, que no volviera a utilizar e incluso que pidiera que se retirara del 'Diario de Sesiones'. (Aplausos).
Señorías, en nombre del Grupo Popular voy a fijar la posición de nuestro grupo en cuanto a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista respecto al programa Prepara. Señorías, para fijar nuestra posición, que ya anuncio que va a
ser contraria, hemos de centrarnos en el nuevo modelo de políticas activas de empleo del Partido Popular, en la nueva estrategia de políticas activas de empleo, que está basada además en la línea de actuación que ha sido acordada con las comunidades
autónomas en la última Conferencia Sectorial de Empleo que tuvo lugar el pasado 11 abril. Pues bien, esta política y esta estrategia se basan en un nuevo marco de financiación, de ejecución, control y evaluación, orientado
hacia la consecución de unos objetivos que tienen lógicamente que ser marcados y cuantificados. Pues bien, de acuerdo con este nuevo modelo son cuatro los objetivos estratégicos: primero, mejorar la empleabilidad de los jóvenes y apoyo al
emprendimiento; segundo, mejorar la empleabilidad de otros colectivos especialmente afectados por el desempleo; tercero, mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo y, cuarto, mejorar la vinculación de las políticas activas y
pasivas de empleo. Pues bien, es precisamente dentro de esta nueva estrategia de las políticas activas de empleo basada, como decía al principio, en un modelo de programación, evaluación y financiación orientado a la consecución de esos objetivos,
donde -y expresamente en los objetivos 2 y 3- se apoya la visión redefinida del Plan Prepara.
El Plan Prepara, señorías, un plan en el que cree profundamente el Partido Popular; está regulado, como muy bien se ha dicho aquí, en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 febrero, con el fin de permitir a aquellas personas que hubieran agotado
su protección por desempleo, mediante acciones de políticas activas de empleo, su recualificación para incorporarse a nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con potencial de crecimiento. Se trata pues de un mecanismo de
protección que tiene por objetivo ayudar a encontrar un puesto de trabajo a aquellas personas desempleadas que han agotado su prestación o subsidio de desempleo. En consecuencia, y alineado con el objetivo estratégico, la citada ayuda -como así
además en su origen tenía- tiene una duración limitada de seis meses y solo se puede solicitar una vez a cambio del compromiso del trabajador desempleado de recibir formación. Este programa estuvo justificado en su día y sigue estándolo para el
Gobierno de España del Partido Popular, por la situación del mercado de trabajo español; si bien para el Gobierno lo que no puede ocurrir es que no se puede desvirtuar su origen. El origen fundacional es ayudar a encontrar un puesto de trabajo a
las personas desempleadas que han agotado su prestación o subsidio por desempleo. Este programa además, como muy bien conocen sus señorías, consta de una serie de acciones de inserción laboral gestionadas por los servicios públicos de empleo de las
comunidades autónomas o por el servicio público de empleo estatal en Ceuta y Melilla, y una ayuda económica de carácter mensual que abona el Servicio Público de Empleo estatal. Pues bien, es lógico que este tipo de ayudas, que este tipo de política
esté regulada por unos requisitos, que recogen lógicamente unos derechos y unas obligaciones.
Antes de entrar en la parte de los derechos y de las obligaciones, sería bueno hacer un rápido examen de cuál ha sido la legislación, los reales decretos o las prórrogas que han tenido lugar desde que se aprobó ese real decreto en febrero de
2011. Dentro de estos desarrollos legislativos, hay una primera prórroga inscrita, que aparece en el BOE el día 31 de agosto de 2011 y una segunda prórroga que aparece en el BOE el día 17 de febrero de 2012, esta ya gobernando el Gobierno del
Partido Popular. Después de esta segunda prórroga, lo sensato y también lo honesto -porque estamos hablando de recursos públicos y tenemos que saber que los estamos gestionando de la manera más adecuada- era llevar a cabo un examen detallado de la
eficacia y la eficiencia de esos recursos y de las medidas que se estaban adoptando. Precisamente es entonces, en ese examen de agosto de 201, donde se realiza la evaluación, teniendo en cuenta además la información que se poseía de 307.029
beneficiarios que habían agotado su derecho a percibir la ayuda en el momento de realizar el análisis. Partiendo de esa profunda evaluación, una evaluación que por cierto, señora Gutiérrez, no realizó en ningún momento el Gobierno socialista, es
cuando se detectan y, como consecuencia de esa evaluación, se sacan dos conclusiones fundamentales para ver la esencia de cómo esta funcionando este programa Prepara: una, existía la necesidad de redirigir esa ayuda hacia quienes se encuentran en
una situación de mayor necesidad, de forma coherente con la coyuntura presupuestaria y con el carácter asistencial del programa. Es muy claro, se trata de redirigirlo a quienes se encuentran, repito, en una situación de mayor necesidad. Por aquí
muchos portavoces han hablado de esos jóvenes que están en desempleo, y es verdad, y es verdad que tienen la oportunidad y por eso está trabajando el Gobierno de España, para que encuentren un empleo, pero también es verdad que dentro de esos
jóvenes no todos son iguales, porque hay jóvenes que tienen recursos dentro de su entorno familiar y otros que no los tienen. Estarán conmigo en que es mucho más justo que destinemos los recursos limitados que tiene el Estado para priorizar primero
allí donde las necesidades son más auténticas y más graves, por supuesto reconociendo y apostando por que seguimos trabajando para que todos accedan a ese empleo. Decía la señora Oramas que había que ver el rostro de los parados. Lo vemos, vemos
el rostro de todos los parados de este país y también tenemos en el corazón la situación por la que están atravesando. Por eso estamos trabajando para solucionar el problema económico, para que se genere empleo y para garantizar las prestaciones
sociales.
La segunda de las advertencias de este examen es que hay que incrementar la eficiencia del programa en sus objetivos de empleo, reforzando la coordinación de los servicios de empleo de las comunidades, es decir, por un lado, hay que intentar
que esos recursos sean más justos y, por otro lado, que sean más eficientes. Además, en relación y como consecuencia de esta revisión, es cuando tiene lugar la tercera prórroga, este real decreto de agosto de 2012, que ustedes tanto critican y que
lo único que pretende, repito, es dirigir las ayudas, dirigir estas prestaciones hacia las personas que más lo necesitan y que la recualificación profesional sea más efectiva y más eficaz para conseguir ese puesto. Además, hay otro real decreto, el
de 25 de enero de 2013, que introduce un elemento fundamental: la prórroga automática de este programa Prepara cuando la tasa de desempleo, según la EPA, sea superior al 20 %. Este añadido del real decreto otorga seguridad a las personas
desempleadas, y desde luego la confianza de que van a contar con este instrumento para seguir teniendo la oportunidad de formarse y de conseguir una cuantía.
Pues bien, señorías, lo que ustedes plantean en la proposición de hoy, sin ningún dato al respecto, es volver a la situación anterior al Real Decreto de agosto de 2012, cuando la evaluación que se ha efectuado -repito- dice que el programa
no utilizó de la forma más eficiente los recursos disponibles. Asimismo supondría -esto también es verdad- un coste del programa que no resultaría compatible con los objetivos comprometidos de reducción del déficit público, una realidad que tenemos
que asumir, afrontar y superar y que tampoco tendría cabida en los Presupuestos Generales del Estado previstos para 2014, no habiendo dicho ustedes de qué partida se podría detraer. Por tanto, señorías, las justificaciones que el Gobierno hizo en
su día, cuando aprobó este real decreto de agosto al que ustedes quieren volver, se basaban en el limitado éxito de este plan de inserción, en el empleo de los beneficiarios y en la no vinculación en algunos supuestos de los beneficiarios con mayor
necesidad, así como también la introducción de mejoras de diseño de forma que se incrementase la eficacia como mecanismo de inserción en el mercado de trabajo y se protegiese a los ciudadanos que lo precisasen. Por eso el programa se redefinió,
precisamente para centrarse en los grandes objetivos: mejorar la protección de aquellas personas que más lo necesitan, reforzar el objetivo de recualificación de los parados y mejorar la eficacia y eficiencia del programa en colaboración con las
comunidades autónomas. Señorías, lo ideal es que hoy no estuviéramos hablando del programa Prepara porque no tuviéramos esta gravísima situación de desempleo. Lo ideal sería que, aún hablando de eso, tuviéramos más recursos para llegar allí donde
la gente más lo necesita, pero, como tenemos unos recursos limitados, tenemos que ser también tremendamente sensatos. Lo que se ha hecho con este programa Prepara, en el que el Gobierno y el Partido Popular creen firmemente, ha sido redefinirlo
para hacerlo más justo y llegar allí donde las personas más lo necesitan, y desde luego apostar para que la recualificación de esas personas sea la más idónea para garantizarles que puedan acceder a un puesto de trabajo estable que les permita vivir
y mirar el futuro con optimismo.
La apuesta que hace el Gobierno de España con este Plan Prepara es una apuesta que demuestra cómo prioriza. Nos encontramos en una situación en la que muchos miles de personas, millones, en nuestro país están en paro. Hemos aprobado una
reforma laboral que está dando sus frutos. En estos doce últimos meses, frente a 2012, la tasa de paro ha bajado en 100.000 personas y eso indica que 100.000 personas no están en paro. Además de eso -soy consciente de todo lo que queda-, el
Gobierno apuesta por programas como este, que hablan, mientras llegamos a conseguir el objetivo del pleno empleo, mientras llegamos a revitalizar nuestra economía, de que hay que estar siempre priorizando a las personas que más lo necesitan y
apostando para que pueda garantizarse su futuro.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-El señor Tardà i Coma pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bonilla.
Señor Tardà, le doy la palabra si es para retirar sus palabras; si es para reiniciar el diálogo no se la doy.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, solamente quería decir que el término que he utilizado, terrorismo social, no tiene nada que ver con aquello que creo que ha entendido la diputada Bonilla. Me refería a otro concepto. En todo caso,
si ella ha entendido lo que ha entendido, lo puedo retirar pero, si me permite, le hago a usted fedatario de un compromiso. Si lo que se ha entendido es lo que ella ha entendido, también pediría que no lanzaran en otros debates a este mismo
diputado o a otros del Grupo Mixto algunas alusiones de terroristas. Por mi parte no hay ningún problema en retirarlo, entendiendo que no he dicho aquello que ella ha entendido. No sé si me ha entendido, pero creo que sí.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Quedan retiradas en efecto. Suscribo sus palabras y les digo a todos los presentes que hacer alusiones al terrorismo hablando de cualquier diputado me parece una cosa deleznable. Lo digo con carácter general y, por tanto, apruebo que el
señor Tardà retire esas palabras que se pudieran malinterpretar.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE MEDIDAS PARA PREVENIR LA POBREZA ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000121).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural de medidas para prevenir la pobreza energética. Para su defensa, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, venimos a defender una proposición de ley para dar respuesta a un drama creciente en nuestro país: la pobreza energética. Por eso, señorías, les pido en este momento un poco de sensibilidad y de conciencia y que usemos estos
instrumentos para paliar el sufrimiento de millones de personas. Imagínense un día frío de invierno y que llegan a casa con sus hijos, a una casa sin calefacción y con ventanas de madera que permiten traspasar al aire helado y que mantienen en la
penumbra para ahorrar. Además, deben decidir muchos días entre encender la estufa y calentarse o cenar, siendo probable que no puedan pagar la factura a fin de mes. Pónganse por un momento en esta situación. Hoy en la radio hablaban de Marisa,
cinco hijos, que está en una situación como la que les estaba explicando. Ella es uno de los millones de rostros que sufren pobreza energética, que no es más que una consecuencia más de la pobreza, porque a la pobreza no se le pueden poner
adjetivos. Es una consecuencia más de la pobreza y la desigualdad fruto de la crisis, pero también de las políticas de austeridad que ustedes están llevando a cabo. Aunque el señor presidente diga que no existen indicadores de desigualdades, en
nuestras calles y en los hogares de nuestro país cada vez aumenta más el sufrimiento y el dolor por la pobreza.
Les planteamos un instrumento legislativo, una medida concreta, para paliar ese sufrimiento. No estamos hablando de medidas complicadas ni tampoco de cifras presupuestarias. Es cuestión de voluntad política y de valentía para defender el
interés general frente a las corporaciones y al interés particular y el negocio. ¿De qué les hablamos cuando hablamos de pobreza energética? ¿A quién afecta? ¿Cómo se comporta y a qué se debe? Básicamente la pobreza energética se podría definir
como la incapacidad para mantener la casa a una temperatura decente, a una temperatura mínima adecuada. Según la encuesta sobre condiciones de vida de 2012, la pobreza energética afecta al 17,9 % de hogares, que no alcanzan la temperatura
suficientemente cálida que se debería tener en términos de salud y confort. Estamos hablando de una situación que está empeorando, y a finales de 2013 puede superar el 22 % fruto del aumento del desempleo, la caída de salarios, la precariedad y el
aumento continuo de los precios de los servicios básicos. Señores, no es un ficción y tampoco es una exageración. Son datos que están ahí para ser observados y para reaccionar ante ellos. Piensen que, a pesar de la opacidad y la falta de
cooperación que ofrecen las compañías eléctricas, alrededor de 1,4 millones de viviendas sufrieron un corte de luz en 2012 por impago el año pasado en nuestro país, más del doble que antes de la crisis.
¿Saben ustedes las consecuencias concretas de la pobreza energética? No es una cuestión de comodidad, sino de salud e incluso de garantizar el derecho a la vida del que tanto hablan ustedes pero tan poco practican. Según el último informe
del Observatorio español de la sostenibilidad basado en datos de la Comisión Europea, en nuestro país la pobreza energética podría comportar entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno, muchísimo más que las 1.400 muertes prematuras por
accidentes de tráfico. La falta de calefacción o calor afecta a la higiene y a la salud, tanto física como mental, generando también aislamiento y exclusión. ¿Y saben qué, señores? Este es un problema que tiene solución si no se mira hacia otro
lado. No es una plaga bíblica, sino que debemos empezar por reconocer la evidencia y los datos, abordarlos y mirarlos de frente. No es una cuestión de recursos, insisto, sino de medidas y de voluntad política y de valentía en un momento en que el
Gobierno acabará -mañana o el jueves- de tramitar una reforma del sector eléctrico que es una auténtica bomba de relojería para la seguridad jurídica, para la sostenibilidad ambiental, para la sostenibilidad económica, pero también es una bomba de
relojería desde el punto de vista del impacto social y sobre el precio de la luz. El mismo ministro ya reconoce que va a aumentar de nuevo el precio de la luz, fruto de esa reforma energética. Además, abordar este problema es una responsabilidad
del Estado, porque mientras no actúan, mientras ustedes no cambian la ley y garantizan que este es un servicio esencial -el acceso a la luz y al gas-, mientras no actúan, este
drama social repercute directamente sobre las familias pero también sobre los ayuntamientos, porque son ellos los que con los servicios sociales hacen frente al pago de las facturas. Les pongo el ejemplo del Ayuntamiento de Tarrasa: en
2007 gastaba 13.451 euros en concepto de ayudas de emergencia para pagar la luz, el agua y el gas, y en 2012 este presupuesto se ha multiplicado por más de diez, hasta 150.000 euros dedican ahora a pagar las facturas. Ustedes repercuten la
responsabilidad en los ayuntamientos. (La señora vicepresidenta Montserrat Montserrat ocupa la Presidencia).
Para abordar el problema debemos, en primer lugar, buscar causas. ¿A qué se debe la pobreza energética? Fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, a la pobreza y a la desigualdad, evidentemente. Los datos de este país están
ahí, aunque sean datos que no quieran ver o que el presidente insista en negar: tenemos una tasa de paro que roza el 26 % en 2013, la población en riesgo de pobreza ha subido cinco puntos, la renta media por hogar se ha reducido 2.400 euros y el
número de trabajadores pobres se ha incrementado del 10,2 al 12,3, aunque el señor Montoro diga que los salarios no bajan. Y todo esto, esta cruda realidad, genera que las personas con pocos recursos tengan dificultades para hacer frente a las
facturas de los suministros energéticos y contribuye a esa espiral de endeudamiento familiar. Es posible evitar este sufrimiento, señorías.
Pero no es solo la crisis económica y esa desigualdad y esa pobreza, hay un segundo factor que condiciona la pobreza energética y es el aumento de tarifas. Precisamente España tiene la tercera electricidad más cara de Europa. En diez años,
el precio de la electricidad para los consumidores domésticos españoles se ha más que duplicado y en plena crisis y caída del consumo; se ha más que duplicado en diez años, ha aumentado cinco veces más que la media de la zona euro. Pero, a pesar
de haber aumentado de esta manera la tarifa, lo cierto es que, después de aumentar así lo que pagamos cada uno de los consumidores, aumenta la deuda con las eléctricas. No solo eso, además se da la coincidencia de que el oligopolio eléctrico de
Unesa percibió unos beneficios superiores al 23 % de facturación. El margen de beneficio de las compañías eléctricas españolas es el doble del de las compañías europeas. Incluso en 2013, en plena crisis, se sitúan los márgenes del beneficio en un
6,23 para las españolas y en un 3,49 para las europeas. Esto, señorías, no es casualidad, es una regulación hecha a medida para que las grandes siempre ganen. Esto se llama expolio, expolio del oligopolio a la ciudadanía gracias a la connivencia
del Estado y a una mala regulación. Esta es una estafa que gracias a su reforma eléctrica continuará así porque ustedes no reforman ni el mercado del pool ni esas subastas especulativas, porque ustedes, para cambiar la ley, se han reunido con
Unesa. Señores, ¿creen que realmente son estas compañías las que defienden el sentido de Estado o el interés general? Pues yo les digo que no. El último ejemplo para ilustrar cómo se han comportado a nivel de perversión estas compañías eléctricas
lo tenemos precisamente en el presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán. Este señor cobra 7 millones de euros anuales, treinta veces más que sus homólogos en Japón o cinco veces más que los alemanes, y se dedica a aconsejar al Gobierno, y
ante las medidas para prevenir la pobreza energética que ha aplicado la Junta de Andalucía, que garantizan unos kilovatios anuales cada mes, lo que hace el señor Galán es decir que eso se debe condenar porque es la cultura del todo gratis. Es
realmente obsceno que un señor que cobra ese salario gracias a lo que pagamos todos en concepto de la luz se dedique a penalizar las medidas para prevenir la pobreza energética. (Aplausos).
Señorías, esto es precisamente lo que hunde a este país, la crueldad y la obscenidad de los que más tienen, que siguen apaleando desde sus tronos a los de abajo. El aumento de los precios de la luz se debe precisamente a dejarlo en manos de
este mercado opaco y al control de cinco compañías, y ni se han dignado a tocarlo en esta reforma energética. Después de su última enmienda en el Senado, que retira 3.600 millones, ya se han anunciado nuevos aumentos de la luz. Y no es solo un
error, es negar un derecho fundamental y mantener una regulación injusta; es un derecho fundamental porque la energía es un bien común esencial, y no lo dice La Izquierda Plural, lo dicen Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Consejo Económico
y Social Europeo, que exhorta a tomar medidas para garantizar el acceso universal a la energía y a gestionarlo de acuerdo a las obligaciones de servicio público. Su política energética dista mucho de ser una regulación al servicio público. De
hecho, los cambios que han hecho en la ley también encarecerán la factura para aquellos consumidores que menos gastan. Es decir, su reforma energética todavía empeorará el drama de la pobreza energética porque plantean cambios en la facturación y
aquel que más ahorre o menos consuma, por pobre o por ahorrador, pagará más porque el término fijo ha aumentado. Pero no contentos con eso, en esa reforma también restringirán el acceso al bono social con más exigencias. Y además no solo no
garantiza que no se corte la luz a los consumidores en situación de vulnerabilidad, sino que propone la posibilidad de que las empresas suministradoras corten la luz a
servicios esenciales. Sinceramente, ustedes lo que hacen es poner más palos en las ruedas, poner más dificultades a este drama.
Y la tercera causa para la pobreza energética -una es la pobreza, la otra es el aumento de los precios- es la ineficiencia energética de las viviendas. Esta ineficiencia y la degradación del parque de viviendas no solo provocan un aumento
de emisiones sino también la necesidad de aumentar el consumo y que muchas personas vivan en una situación de precariedad. Pero ustedes no quieren hablar tampoco en su reforma energética de ninguna medida que implique un ahorro. Ustedes penalizan
el autoconsumo y la autoproducción de energía poniendo peajes al sol y también votaron en contra de la Directiva de Eficiencia Energética.
Ustedes se han dedicado a remar en contra, han puesto trabas insuperables a personas que ya estaban al borde del abismo en todos los aspectos. Sus medidas multiplican el problema, señorías del Partido Popular, y por eso hoy les pedimos que,
como mínimo, admitan a trámite la proposición de ley y seamos capaces de paliar ese sufrimiento. Hoy les proponemos una ley de prevención de la pobreza energética, adoptando medidas, como han hecho otros países. Es su responsabilidad, como mínimo,
abrir este debate. Se lo pedimos por favor. No decimos que aprueben el cien por cien de lo que planteamos -desde Izquierda Unida, Iniciativa, Esquerra Unida y CHA ya se lo propusimos en su momento en la enmienda a la totalidad a la ley del sector
eléctrico y en las enmiendas parciales-, hoy les pedimos que admitan esto a trámite y se abran a debatir. Las familias en situación de pobreza energética necesitan que se actúe ya. Otros países ya lo han hecho, lo ha hecho Reino Unido, lo hecho
Francia, lo hecho Bélgica, lo ha hecho Alemania.
¿Que les planteamos en esta proposición de ley que les proponemos votar? Les proponemos una ley simple, una ley de siete artículos para definir, acotar y prevenir la pobreza energética. En primer lugar, definir la pobreza energética -algo
que no hemos hecho en este país- como la dificultad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura. También definimos de forma más amplia a los consumidores vulnerables como aquellas personas en riesgo de exclusión al acceso
de los suministros básicos por razones económicas, sociales o personales. Pero también establecemos un nuevo concepto de bono social, porque no me digan ustedes que ya existen las medidas, ustedes saben que la gran mayoría de la población que sufre
pobreza energética queda fuera de ese bono social. Establecemos un nuevo concepto en el que los suministros básicos de electricidad, de gas natural y de gas butano se regularán mediante un sistema público de precio social para todos los hogares con
poder adquisitivo reducido y en particular para las familias en riesgo de exclusión social, fijando para ellos unos consumos mínimos vitales en el cómputo mensual en función del número de miembros del hogar y de las estaciones del año. Además, este
precio social no implicará un gasto presupuestario y, por tanto, no tienen la excusa de la austeridad. Entendemos que son precisamente las compañías las que tienen la responsabilidad de cubrir esto. Son las compañías eléctricas las que obtienen
millonarios beneficios precisamente por prestar un servicio general, un servicio esencial para toda la ciudadanía y por lo tanto es su corresponsabilidad garantizar el acceso a aquellas personas que no se lo pueden permitir. Y no me digan que hay
una sentencia del Supremo, porque el propio secretario de Estado ha dicho que no estaba bien definido ese pago por parte de las compañías eléctricas. Es posible si modifican la ley y modifican también la forma de definir el bono. Además
establecemos que el bono social también podrá ser aplicable a la unidad familiar que resida en un domicilio de alquiler. También se introduce una tregua invernal mediante la cual las empresas suministradoras no podrán interrumpir el servicio de
electricidad, gas o agua por impago, siempre y cuando se reúnan unas condiciones de renta familiar que se determinen o haya un informe de servicios sociales.
Esta proposición también insta al Gobierno a elaborar un plan contra la pobreza energética y garantizar asimismo el derecho de la ciudadanía a suministros básicos. También planteamos la modificación del IVA para que el gas natural, el gas
butano y la luz tengan carácter básico y por tanto IVA reducido. Finalmente se introduce que las empresas incorporen en sus planes de responsabilidad social corporativa un apartado específico relativo a la pobreza energética, que incrementen y
potencien la información y la divulgación acerca de los conceptos incluidos en la factura, en los servicios energéticos y las medidas de eficiencia energética. Deben ser corresponsables cuando prestan un servicio esencial.
En definitiva, señorías, les pedimos flexibilidad y sensibilidad. Esta es una proposición de ley que traemos a debate desde Iniciativa Verds, Izquierda Unida y CHA, y no es la solución a la pobreza pero sí son medidas para recuperar la
dignidad, la salud y facilitar a las familias un bien esencial que cada vez parece más un lujo. Admitan a trámite, dialoguen, busquemos soluciones y abordemos el problema que existe y que crece cada día. Piensen de nuevo en esa madre que no puede
calentar el hogar de sus hijos;
piensen en los más de 1,4 millones de hogares a los que han cortado la luz. Piensen si esta Cámara debe seguir mirando hacia otro lado y voten, por favor, favorablemente como mínimo a considerar esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Ortiz.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, los nacionalistas canarios tenemos que anunciar -por si acaso no tuviera tiempo al final de mi intervención- nuestro apoyo total y absoluto a la proposición de ley que acaba de defender, en nuestra opinión con
rigor y brillantez, la diputada Ortiz, una proposición de ley necesaria y oportuna. Necesaria porque a pesar de que la cuestión energética ha ocupado un espacio importante en los debates en la Cámara, todo debate es poco para volver a insistir en
el ultraliberalismo salvaje que se manifiesta una vez más en el tratamiento de un derecho esencial, de un servicio esencial para la gente. Se hace justamente lo contrario de lo que se necesita. Cada vez hay más gente en exclusión social, cada vez
hay más gente con un deterioro importante de sus condiciones de vida, cada vez hay más personas en desempleo y, sin embargo, el Gobierno lo que hace es promover cada vez más elevadas tasas y facturas en precios públicos de los servicios esenciales.
Esto sería el mundo al revés si no fuese porque es evidentemente la ideología la que dirige este tipo de decisiones, ideología que es contraria justo a aquellas campañas electorales donde uno oía, no sin cierto asombro, que lo primero eran las
personas, justamente lo que queda en último lugar en la situación que estamos viviendo. Y es oportuna la proposición de ley porque justamente hoy el ministro de Industria, Energía y Turismo vuelve a desdecirse por enésima vez y ahora tiene que
aceptar lo que todos sabíamos que iba a ocurrir, no porque seamos más listos, sino porque es evidente. Si usted abandona la protección del Estado para garantizar que la gente tenga un mínimo de dignidad energética -podemos denominarlo así- ¿cómo es
posible que retire la ayuda del Estado, la pata esa que se nos explicó? Por supuesto esto no iba a tener ninguna incidencia cuando la decisión se tomó y ahora ya vamos por el 1,5 o 2 % más en la factura solo en lo que se refiere a los peajes.
Realmente es un clamor de todos, excepto del Gobierno de España y del Partido Popular, que esta situación es inaceptable. Les recomiendo, porque no tengo más tiempo, que lean el dictamen del Comité Económico y Social Europeo porque es absolutamente
vergonzante para nosotros el que se nos venga a acusar desde un comité de esa naturaleza de promover la desigualdad, la injusticia en este caso manifestada en forma de pobreza energética.
Vamos a apoyar absolutamente esta proposición de ley con énfasis, diría yo, dada la importancia de la cuestión y solo nos queda solicitar del Grupo Popular que en este caso al menos entremos a debatir este tema y corrijamos y paliemos en
parte la escandalosa situación que vive un montón de gente en este país. Es una de las pocas veces que los canarios tenemos que solidarizarnos especialmente con los demás porque, como saben, pasamos menos frío en nuestra tierra, lo cual no quiere
decir que no tengamos un montón de gente que no es capaz de pagar su factura eléctrica.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Quevedo.
Por el mismo Grupo Mixto tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Parlament de Catalunya a instancias de Esquerra Republicana aprobó en abril una moción en la que reclamaba al Estado la transferencia de la fijación de los precios
básicos de la energía con la finalidad de establecer un sistema público de precio social en los suministros para el hogar de electricidad y de gas, contemplando unos consumos mínimos vitales en el cómputo mensual. Asimismo la moción reclamaba que
las empresas de agua y energía no pudieran interrumpir sus suministros por impago si la familia en cuestión no alcanzaba unos ingresos mínimos y no existía un informe previo de servicios sociales. Estas reclamaciones fueron presentadas también como
enmiendas por Esquerra Republicana en la ley del sector eléctrico y fueron también rechazadas por el Partido Popular. Asimismo reivindicamos que no se pudiera realizar ningún corte de agua o de energía sin que hubiera una sentencia judicial que la
avalara previamente.
En coherencia con la posición mostrada por el Parlament de Catalunya confiamos -y lo digo así de claro- que la próxima república catalana recoja los instrumentos de agua y luz como servicios básicos
que son y garantice a toda la población unos consumos mínimos vitales. En las sociedades avanzadas el agua o la luz son, señorías, servicios esenciales básicos para el desarrollo vital, la salud y la calidad de vida y en consecuencia deben
ser servicios garantizados por un verdadero Estado del bienestar. Lejos de ello vemos como en los últimos años las facturas de agua y luz siguen subiendo, reduciendo el poder adquisitivo de toda la población a la vez que empobreciendo aún más a las
familias evidentemente más vulnerables. Y sin duda debemos vincular esta situación con la reducción de la calidad y también de la esperanza de vida. En otras palabras, la falta de acceso a servicios básicos como el agua o la luz está agravando
situaciones de salud con su correspondiente impacto en el gasto sanitario e incluso está provocando, señorías, muertes. El Gobierno español tiene en su mano pues herramientas suficientes para corregir esta situación. No obstante, la supuesta
reforma eléctrica del Partido Popular lo que hace es consolidar el oligopolio de las principales empresas eléctricas que la dictaron y garantiza que la factura de la electricidad seguirá subiendo en los próximos tiempos pese a ser la más cara de
toda la Europa continental.
Acabo. Mientras, las compañías eléctricas continúan manteniendo unos inmorales beneficios muy por encima de los beneficios en el resto de los Estados europeos y los consejeros de esas empresas siguen cobrando aún sueldos estratosféricos,
especialmente escandalosos si tenemos en cuenta que hay expresidentes del Gobierno y otros exministros y altos cargos como consejeros de estas empresas. No creemos que esto sea una casualidad, al contrario. Denunciamos, pues, las puertas
giratorias que establecen una descarada connivencia de estas empresas con el poder político para primar unos privilegios, unos intereses económicos por encima del interés general de la población y especialmente de la población más necesitada. Así
pues, aplaudimos esta iniciativa de La Izquierda Plural y de su diputada Laia Ortiz.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Jordà.
Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la precariedad energética de muchos hogares es hoy una realidad sangrante, un problema social creciente que se encuentra difuso y oculto bajo otras formas de pobreza y exclusión social. Las familias cuentan cada vez con menos
presupuesto mientras los precios de la energía crecen exponencialmente aumentando este problema como hoy mismo teníamos noticia. Y les voy a citar varios ejemplos. Las ayudas de Cáritas para paliar la pobreza energética se han disparado un 326 %
en los últimos dos años. De igual forma cerca del 58 % de las personas atendidas por la Cruz Roja en 2013 tenían problemas para mantener su casa a una temperatura adecuada y se calcula que cerca del 15 % de los hogares no pueden gozar del mínimo
bienestar.
Señorías, no olvidemos que esta pobreza energética tiene implicaciones graves y directas sobre la salud, en su calidad de vida y en la tasa de mortalidad adicional del invierno, que puede ascender incluso un 20 %. En Amaiur consideramos que
a corto plazo son necesarias prestaciones económicas y tarifas sociales en la senda de lo propuesto en la proposición de ley de La Izquierda Plural, pero desde luego no son suficientes. Francia y Reino Unido aplican la tregua invernal y este último
Estado es un ejemplo de sensibilización sobre esta lacra. Aquí en cambio la tasa de pobreza energética sigue subiendo en paralelo a los precios de la energía. Es pues necesario ir a la raíz del problema; es necesaria una reforma integral del
sector eléctrico y un planteamiento completamente diferente de modelo energético. Pero en lugar de avanzar en ese camino, el proyecto de ley que será aprobado este jueves va a ahondar aún más en la miseria energética de muchísimos hogares.
Señorías, mientras se siga con una lógica mercantilista, sin promocionar las energías limpias, las renovables, el propio autoconsumo, la energía eficiente y se continúe apostando por la dependencia de energías fósiles como el carbón, el fuel
o de la energía nuclear y poniendo trabas a que los pequeños inversores puedan entrar en el mercado energético y seamos más autosuficientes, seguiremos con este problema energético y de pobreza energética. Frente a los intereses de cuatro
oligopolios, exigimos justicia y equidad para que la luz y el calor puedan ser un servicio público y universal para todos los ciudadanos. Por eso, mientras tanto, apoyamos la apertura de este debate y la filosofía de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la pobreza energética es una de las tantas consecuencias indeseables que se derivan de la crisis económica que padecemos; no solo de la crisis económica, pero esta agudiza estas situaciones. El paro, la desigualdad creciente y la
pobreza que se derivan de la crisis conducen a que un porcentaje elevado de la población no pueda hacer frente a la factura energética, sea o no sea eléctrica. Esta imposibilidad conlleva en primer lugar el deterioro de las condiciones de vida en
temas de calefacción, de cocina, etcétera, y posteriormente lleva a no pagar la factura. Entendemos, como lo hacen hoy quienes nos traen esta proposición de ley, que la energía es un producto básico y de primera necesidad y que el impago de la
factura por imposibilidad de hacerlo no puede en ningún caso implicar un corte de suministro porque recrudecería las condiciones de vida de muchos ciudadanos que están sufriendo especialmente en sus propias carnes y en las de sus familias los
rigores de la crisis económica.
Compartimos, pues, la idea, los principios y en definitiva el contenido en términos generales de la proposición de ley que nos trae hoy para su debate y votación el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Adelantamos, pues, que
votaremos a favor de su toma en consideración. De esta manera podremos solucionar un problema real de envergadura como es el de la pobreza energética y modificar y mejorar en nuestra opinión el texto con las enmiendas que presentaremos si tenemos
la suerte de que se tramite en esta Cámara. Las administraciones públicas, vía exenciones fiscales, deducciones tributarias, etcétera, deben contribuir a que se palie el problema de la pobreza energética, que parece más un problema del siglo XIX
que del siglo XXI. A tal fin han de contribuir también, sin duda alguna, las compañías que suministran energía con un bono social digno, no cortando el suministro por impago de la factura energética, etcétera. Será, desde luego, preciso legislar
con cautela y precisión al respecto, evitando que se produzcan abusos y fraudes, coordinando las actuaciones con las políticas sociales que están en manos de las comunidades autónomas, puesto que esta actuación no deja de ser una política de
carácter eminentemente social. Además, la gestión de los afectados debería ser dinámica e incluir a los que cumplan los requisitos y tengan necesidad real de las ayudas. No creo que sea preciso continuar argumentando nuestro apoyo a la iniciativa
a la espera de que tengamos, como decía, la posibilidad de hacerlo cuando se tramite.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo quiere anunciar que va a votar a favor de la toma en consideración de esta propuesta. De hecho, teníamos la intención de presentar algo parecido, algo en esta línea, por tanto no tenemos el menor problema en apoyar esta
propuesta, porque aunque no estemos completamente de acuerdo con su planteamiento nos parece absolutamente necesario su debate y que se hable de una cuestión que no deja de tener un perfil verdaderamente lamentable. Como ha dicho alguien antes,
este parece un debate del siglo XIX; parece una novela de Charles Dickens. Que tengamos que estar hablando a estas alturas de siglo de que hay gente -y no poca, sino mucha- que pasa frío en su casa, que tiene que pensar si paga la factura de la
electricidad o paga otra cosa y que, por tanto, corre el riesgo de que le corten el suministro eléctrico, etcétera, es algo completamente inenarrable. Probablemente hace cuarenta o cincuenta años nadie pensaba que esto fuera posible y sin embargo
está ocurriendo. Por tanto, la pregunta que habría que hacer es por qué está ocurriendo, y nosotros no creemos que sea la consecuencia inexorable, determinista de una crisis económica que tiene como consecuencia el alza de los precios de la
energía, esa es la cuestión. La cuestión es que el alza de los costes de la energía, y en España en concreto de la electricidad, es la que ha llevado a la aparición de este fenómeno, que ha dejado de ser algo aislado, algo de gente que estaba en la
marginación social, para convertirse en una situación en la que vive ya inmersa mucha gente, muchas familias. Recordemos que en España hay 1,5 millones de hogares donde no se recibe ningún tipo de ayuda pública y que por tanto están en esta
situación de una manera objetiva. Esta es la consecuencia, y hay que decirlo, de una pésima política energética sobre todo de los Gobiernos recientes de Zapatero y de Rajoy, que son los responsables -hay que decirlo así- del mayor alza proporcional
y neta del precio de la electricidad en toda Europa en los últimos diez años. Como decía, a diferencia de lo que está pasando en España y quizás también en algún otro país europeo, en otros países como Estados Unidos, que han tenido una política
energética diferente, no solamente no se
ha producido un alza de los precios de la energía sino que, al revés, han bajado. Tienen otros problemas, pero no este.
Por tanto, habrá que preguntarse qué ha ocurrido aquí para que consigamos ese círculo vicioso perfecto de que cuanto más aumenta el déficit de tarifa eléctrico más aumenta la factura eléctrica que pagan las familias. Esta es la cuestión,
así como por qué la política energética sigue empeñada en penalizar el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo. No hace tanto tiempo que el Grupo Popular votó en Comisión en contra de una propuesta nuestra a favor del autoconsumo energético con
balance neto y a favor de la rehabilitación de viviendas para conseguir algo vital en estas cuestiones: la eficiencia energética de las viviendas para impedir que una factura demasiado elevada se convierta automáticamente en frío, en incapacidad
para utilizar las cocinas modernas, etcétera. Parece que seguimos -como decía antes hablando de Dickens- instalados en una política energética del siglo XIX en que la gente se podía hacer una hoguera en su casa, si no tenía otra alternativa, y no
había mayor problema porque todo el mundo tenía alguna salida. Hoy en día esto es imposible, es impensable, y encima es peligroso. Sin embargo la Administración, en este caso el Gobierno de España, se sigue llamando andana como si esto no le
afectara. En fin, queremos pensar que todos los grupos, incluido el Popular, van a votar a favor de la toma en consideración para luego discutirla, pero lamentablemente ya hace tiempo que sabemos que en este Parlamento lo más increíble es lo más
probable, de manera que ya sabemos que probablemente será rechazada.
Nosotros no somos muy partidarios de la proliferación de categorías, sobre todo de este tipo como por ejemplo las de la pobreza energética; nos parece que la pobreza energética no es otra cosa que la consecuencia material de la pobreza en
sí, es decir, el problema del paro de larga duración, de la bajada de ingresos familiares, que ha sido drástica, del alza de los precios de la energía -como ya hemos dicho antes-, y sobre todo de la falta de políticas sociales que hayan asumido por
parte del Gobierno y de las administraciones autonómicas el hecho de que estamos en una crisis larga y duradera, y que no se va acabar de un día para otro, por mucha monserga macroeconómica que algunos ministerios se empeñan en tratar de inocular a
la opinión pública. Como decía pensamos que no es la mejor idea esta de hacer proliferar categorías, porque el problema al que hay que hacer frente no es tanto la pobreza energética en sí como la pobreza en general, no pensamos que sea la mejor
política del mundo aislar esto como una cuestión que exija un tratamiento, pero como es verdad que el Consejo Económico y Social Europeo en un dictamen ya ha introducido el concepto, y seguramente va a tener desarrollo y directivas europeas, nos
parece bien que esto se discuta.
También queremos advertir que nos parecería una mala salida a este problema la proliferación de observatorios -como el propio CESE propone su dictamen-, que esto sirva como excusa para nuevas burocracias que solamente tendrían como
consecuencia publicar gruesos informes sobre la lamentable pobreza energética, que los afectados ni siquiera podrían quemar en sus chimeneas, ya que no tienen chimeneas, que es también una de las derivadas de la pobreza en general y de vivir en
viviendas deterioradas, de mala calidad o antiguas que no se pueden renovar. Creemos que sería muy bueno recordar aquella máxima de Guillermo de Ockham -que es verdad que hoy en día no habría hecho ninguna carrera política- que dice esto de entia
non sunt multiplicanda praeter necessitatem, es decir, no multipliquemos los entes sin necesidad. Hablemos de la pobreza, hablemos de la desigualdad, hablemos de exclusión social, y dentro de eso metamos el problema de la energía, la falta de
calefacción, la falta -esto es muy importante y no se cita a menudo- de acceso a la información que tiene como consecuencia que en una familia tengan que calcular en que van a dedicar el céntimo que tienen ese mes, porque igual no pueden tener
conexión a Internet, no pueden pagar el teléfono ni la red wi-fi. Esto tiene consecuencias de exclusión social tan serias y tan graves como los problemas de salud, que sin duda son muy importantes e inmediatos, pero los otros además de inmediatos
son problemas a medio y largo plazo. Estamos hablando de que la exclusión del acceso a una energía asumible a un precio competitivo y racional conlleva no solo problemas de salud, que también, sino problemas de exclusión social y de descenso del
nivel educativo a medio y largo plazo.
¿Qué es lo que propondríamos si esta proposición de ley se llegara a debatir? Desde luego estamos de acuerdo en que al igual que han hecho otros países -y países nada bolcheviques he de decir-, como en la actualidad Gran Bretaña, Francia y
otros países europeos, habría que arbitrar un sistema gubernamental de ayudas públicas para los sectores de rentas más bajas. Por ejemplo en el caso de Reino Unido hay ayudas para el fuel y para el gas de la calefacción, en Francia lo tienen
articulado de otra manera. Lo que no ha hecho nadie como nosotros es ignorar que hay un problema, y que es un problema
serio que afecta a millones de personas, y que va a ir a más, porque por mucho que mejoren algunos indicadores macroeconómicos la exclusión social ya está ahí, la pobreza ya está ahí, salir de ella no es cosa de dos días, y mucho menos si
toda política de igualdad y de cohesión social se sacrifica al objetivo sagrado de reducción del déficit público a costa de la reducción de la calidad de vida de muchas personas, y a costa de la reducción de la calidad de la democracia. Esta es la
cuestión de la que se trata. Por lo tanto estaríamos de acuerdo -en la línea de lo que propone La Izquierda Plural- en definir un suministro energético básico por ejemplo para calefacción, cocina, luz, acceso a la información, que me parece muy
importante que se considerara un derecho básico garantizado por el Estado. Es decir, que esté a salvo de interrupciones del servicio por impago, en determinadas condiciones y con reglas rigurosas por supuesto para prevenir picarescas. Tampoco
coincidimos -si alguien tiene esa tentación- en que esto fuera a servir para crear una bolsa de personas dependientes del Estado o de la Administración que se convirtieran en clientes del Gobierno de turno. Por eso mismo nos parece que habría que
hablar de que la deuda como tal no debería suprimirse ni habría que pensar que las empresas en sí son demoníacas porque persigan beneficios, que es justamente su misión, sino que aquí lo que tenemos es un desajuste, una disfunción entre los
objetivos de las empresas, que son servir a sus accionistas, y los de la Administración, la pública, la del Gobierno y la de los Gobiernos autonómicos, que deberían ser garantizar que las personas, las familias tienen derecho -derecho material,
derecho no meramente instrumental, sino en este caso básico- a tener una mínima calidad de vida que les permita por lo tanto disfrutar de la igualdad de oportunidades que define a toda democracia. Esto no es así. Cuando en una familia tienen que
elegir entre si pagan la factura de la electricidad o la factura del gas o si lo niños tienen libros para el colegio o si ese fin de semana comen caliente, estamos en una situación extrema, una situación que no se puede creer, que tiene que ser
resuelta por la iniciativa privada. Porque cuando la gente lucha por su supervivencia -y esto está ocurriendo, esto no es literatura, esto es un hecho real- entonces no hay iniciativa ni emprendedora ni de ninguna otra clase, y lo que hay que hacer
es dar las condiciones mínimas para que efectivamente la gente sea autónoma, sea capaz de tener iniciativa económica, sea capaz de tomar su destino en sus manos y de hacer algo sin depender de la Administración. Pero si esto no ocurre las
administraciones públicas, como es el caso, no se pueden desentender.
En lo que tenemos heredado dentro de esta calamitosa política eléctrica -de la que podremos hablar con más extensión el jueves- cosas como la TUR no son solución, porque ya no estamos hablando de familias que puedan pagar determinada factura
de kilovatios por debajo de determinado rango de consumo, sino que estamos hablando de gente que ya no puede pagar ninguna factura, y esta es la cuestión. No estamos hablando ni de dos ni de tres personas, estamos hablando de muchos centenares de
miles, y ahí el Gobierno tiene la obligación de articular un marco legal para resolver esto ya, ahora, no para el año que viene, no para cuando se pase la crisis, porque para cuando se pase la crisis, si es que algún día se pasa con la política
económica que tenemos -cosa que se puede dudar-, este problema ya no será un problema sencillamente por desaparición de los que son víctimas del mismo, y esto no se puede tolerar. Esto sería un fracaso en la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente la proposición de ley de medidas para prevenir la pobreza energética, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa, Izquierda
Alternativa, CHA: La Izquierda Plural. La va a votar favorablemente por diferentes motivos. En primer lugar, porque nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió siempre ha mantenido en esta Cámara, incluso en el debate de los Presupuestos
Generales del Estado, que hubiera sido muy interesante que en dichos presupuestos se incorporaran enmiendas que fueran en la dirección de socializarlos más desde la perspectiva económica, en el sentido de que pudieran tener un alma social que desde
nuestro punto de vista no contendrán cuando se aprueben el próximo jueves en esta Cámara. Por lo tanto, partiendo de la base de que ante una crisis económica en las circunstancias actuales hay muchísima gente que no llega a final de mes, también es
verdad que hay muchísimas clases sociales que por desgracia han indo incorporándose paulatinamente a medida que iba incrementándose la crisis en este denominado concepto y sector de la pobreza social. Hay un incremento muy importante de personas
que están en el umbral de la pobreza social, y sinceramente esta iniciativa que ha planteado
el Grupo de La Izquierda Plural, Iniciativa per Catalunya, CHA e Izquierda Alternativa creemos que va en la dirección correcta ante una situación en que a muchísimas personas por las dificultades económicas que atraviesan se les puede llegar
a cortar la luz, el suministro de gas, incluso en estas circunstancias les pueda costar la vida, por eso nosotros entendemos que se han de tomar medidas en esta dirección. Asimismo poder implementar también dentro de una coyuntura económica todas
aquellas cuestiones básicas y fundamentales que algunos países tienen perfectamente definidas, como es la economía social de mercado, que no es otra cosa que donde no puede llegar la iniciativa privada, por unas condiciones extremas de pobreza, sea
el Estado a través de diferentes mecanismos el que pueda cubrir con un paraguas determinado que ciertas familias, ciertas personas y ciertos ciudadanos, por falta de recursos económicos, puedan llegar a verse en una situación de jugarse la vida
porque se les puede cortar el suministro de agua, de gas o de la electricidad. Por lo tanto bienvenida sea esta iniciativa.
También vamos a votar favorablemente por otra cuestión importante desde nuestro punto de vista. Porque en este caso el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, gobernada como ustedes saben por Convergència i Unió, ha incorporado en los
presupuestos del año 2014 una serie de medidas que van orientadas a definir cuál es el contexto del umbral de la pobreza social, el umbral de los consumidores vulnerables, y también va a aplicar una reglamentación en el sentido de que a partir del
año 2014 en Cataluña determinadas personas, determinadas clases sociales que puedan estar incorporadas en la definición de consumidor vulnerable no tengan la posibilidad de que, por falta de recursos económicos, se les pueda cortar el suministro de
agua, gas o electricidad en general. Por lo tanto esta otra cuestión, esta alma social que nosotros venimos reclamando al Gobierno del Partido Popular en la elaboración de los presupuestos o en la tramitación de la ley eléctrica -que tendremos
tiempo de poder comentar el próximo jueves- deseaos que se pueda materializar en algún momento determinado para poder reconocer esta alma social, esta economía social de mercado para poder proteger a determinadas capas de la sociedad que por las
condiciones económicas de crisis que se están padeciendo dentro del contexto de la economía española puedan llegar al umbral de la pobreza social, para que puedan disponer de un paraguas que les permita subsistir en condiciones climatológicas
óptimas.
Respecto a esta proposición de ley que ha planteado el grupo parlamentario que ha presentado la iniciativa -por cierto, también hay que decir, defendida tenazmente por la portavoz Laia Ortiz- sería importante que hubiera una sensibilidad, y
como se trata de una toma en consideración no quiere decir que el texto que se pueda tomar hoy en consideración deba salir cuando finalice la tramitación de esta ley, y yo creo que sería un buen síntoma por parte del grupo parlamentario que da
soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, que la tomara en consideración y pudiera admitirla a trámite, teniendo en cuenta que ya hay comunidades autónomas que han ido en esta dirección. También es necesario desde nuestro punto de vista
que se pudiera establecer también desde la óptica del Estado un sistema de precios sociales para el suministro de gas natural, del gas licuado y el petróleo, así como también un consumo energético mínimo esencial. Y que al mismo tiempo también se
pudiera regular desde el ámbito estatal la imposibilidad de la interrupción del suministro energético en situaciones de pobreza energética, porque no tiene ningún sentido, señorías, que a una persona en este caso en el año 2014 que viva en Tortosa y
esté en una situación de pobreza importante no se le vaya a cortar el suministro de la luz y el gas, y a otra persona que viva en una zona limítrofe a Tortosa, como podría ser Vinaroz, o los pueblos de la provincia de Huesca que están limítrofes con
Cataluña, por esta situación de pobreza o por ser un contribuyente vulnerable a estos sí se les pueda cortar la luz sin ninguna posibilidad de poder aplazar el pago de sus obligaciones o se les pueda no cortar el suministro energético en las
condiciones que se determinen, cuando lógicamente las empresas suministradoras lo van a cobrar posteriormente cuando venga la época de bonanza o haya pasado la época del mal tiempo. Por ello, para que haya una uniformidad en el sentido de que todos
los ciudadanos españoles puedan tener los mismos derechos y las mismas garantías, que este sí es un tema que une al Partido Popular y al Partido Socialista, sería interesante que en esta uniformidad no se vieran beneficiados única y exclusivamente
los ciudadanos de Cataluña, y se vieran perjudicados los ciudadanos limítrofes de la Comunidad Autónoma Valenciana. Por este motivo nosotros consideramos que es muy bienvenida esta iniciativa parlamentaria y que sería también muy importante que el
Grupo Parlamentario Popular, al margen de lo que pueda opinar el Gobierno en este caso, tenga la autoridad o sensibilidad suficiente para llevarla a trámite, y después ya veremos a lo largo de la tramitación cuál es el resultado definitivo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sánchez Pérez-Castejón.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros también anunciamos desde el inicio de la intervención, señorías, que vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Es verdad que mi grupo parlamentario a lo largo de los distintos trámites de
proyectos de ley en esta Cámara ha presentado bastantes enmiendas en relación con un hecho como es la pobreza energética. Lo hicimos en la Ley de eficiencia energética y renovación urbana, lo hemos hecho también en la Ley del Sector Eléctrico, y
por desgracia hemos contado con el rechazo y con la cerrazón de la mayoría absoluta del Grupo Popular. En todo caso no cejamos en el empeño, y desde luego vamos a votar a favor de la toma en consideración, como decía al principio de mi
intervención, de esta proposición de ley.
Señorías, la crisis ha hecho emerger con crudeza una pobreza, en este caso la pobreza energética, que lleva bastante tiempo existiendo en nuestro país. Diferentes estudios -por cierto, que no alcanzo a entender por qué no hay ningún estudio
público y son todos estudios de asociaciones privadas- cifran que en torno al 10 % o 16 % de la población puede tener problemas en el pago de la factura energética. Desde el punto de vista político lo más relevante es saber cuál es la respuesta que
el Gobierno ha tenido a este hecho, a la pobreza energética. Desde luego la experiencia lo que nos demuestra es que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno han tratado de tapar y de ignorar, cuando no de agravar con su política el drama de la
pobreza energética. Fíjense que hoy tenemos un buen ejemplo de esa improvisación con la que gobierna este Ejecutivo todo lo que tiene que ver con la política energética. Ha habido una nueva rectificación -y aquí se ha hecho eco algún interviniente
de distintos grupos parlamentarios- por parte del ministro Soria en relación con un compromiso que verbalizó hace pocas semanas de no revisar al alza la parte regulada del recibo de la luz, y en cambio hoy ya sabemos que el Gobierno de España lo que
va a hacer, a partir de enero, va a ser volver a subir la factura de la luz a los consumidores y a las empresas en nuestro país.
El anuncio de la subida de la luz, señorías, también coincide con un dato que hemos conocido del Instituto Nacional de Estadística que me parece muy importante, porque toca de lleno también la cuestión de la pobreza energética que es objeto
de debate en esta proposición de ley, y es precisamente el que a lo largo de los últimos tres trimestres de manera consecutiva se ha reducido el sueldo de los trabajadores en nuestro país. En resumen, se sube la luz, se rebajan los sueldos de los
trabajadores, y en consecuencia se aumenta el número de familias, cuando no que sufren la pobreza energética sí en riesgo de caer en la pobreza energética. Esta cuestión, señorías, no es casual porque obedece a una política económica meditada, a
una política que en algunas ocasiones el señor Rajoy ha verbalizado en algunos de sus viajes al extranjero. Recuerdo que hace muy pocas semanas el señor Rajoy en Japón presumía precisamente de las ganancias de competitividad que han existido en
nuestra economía como consecuencia de los recortes salariales, de los recortes en los sueldos de los trabajadores en España. A nuestro juicio esto es lamentable, y es lamentable, en primer lugar, porque el señor Rajoy vende como éxito lo que no es
sino un fracaso de su política económica, que es el empobrecimiento de las clases medias y las clases trabajadoras, pero también lo que hace el Gobierno de España es señalar el camino por el que concibe la salida de la crisis en nuestro país, que es
el camino de la desigualdad.
Señorías, toda empresa tiene sobre todo dos principales costes: el coste laboral y el coste energético, y este Gobierno lo que ha hecho ha sido cebarse en recortar los sueldos de los trabajadores mientras con sus reformas precisamente lo
que hace es aumentar los costes energéticos a esas empresas. Es decir, adelgazar hasta la extenuación la nómina de los trabajadores mientras engorda la cuenta de resultados de las principales empresas energéticas de este país. En un ejercicio de
responsabilidad -por cierto habitual- del portavoz del Grupo Popular, el señor Alonso, le he escuchado decir esta mañana que la subida de la luz que ha anunciado el Gobierno de España para el próximo año es culpa -después de dos años de Gobierno del
Partido Popular- de los socialistas. (Rumores.-El señor Hernando Fraile: 26.000 millones. El déficit tarifario). No tendría mayor comentario que decir que el déficit de tarifa, que señala el señor Hernando, viene de lejos y proviene
precisamente, señor Hernando, de una ley aprobada en el año 1997 por el señor Aznar y por distintos Gobiernos conservadores. (El señor Hernando Fraile: Cero; cero.-Aplausos). Es más, señorías del Grupo Parlamentario Popular, y en este caso me
refiero al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, después de dos años de Gobierno los españoles le pagan al Gobierno que ustedes sustentan no precisamente para estar constantemente mirando al retrovisor, sino para resolver los problemas de los
españoles o al menos no agravarlos. (Aplausos). Y fíjese, en dos años el Gobierno del Partido Popular lo que ha hecho ha sido agravar el drama energético que vive nuestro país.
Una de las principales causas del déficit tarifario, del aumento de los costes de la luz y de la energía en nuestro país tiene que ver con la falta de competencia en sectores energéticos básicos, como el sector eléctrico o el sector del gas.
¿Cuáles son las propuestas que hace el Gobierno de España con relación a esta cuestión? Si vemos por ejemplo la ley del sector eléctrico, que va a ser votada por la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara el próximo jueves,
comprobaremos que se cercena la competencia en un sector que ahora mismo sufre el oligopolio. Y no solamente cercenan esa competencia -aquí se ha dicho por parte de algunos grupos intervinientes- recortando cualquier posibilidad de viabilidad
financiera del autoconsumo y en consecuencia del uso de la fotovoltaica en la producción energética por parte de los pequeños consumidores, sino que además ustedes lo que están haciendo es tapar los ojos de los organismos reguladores, que deberían
estar cuidando la competencia en sectores energéticos básicos, como es el de la luz o el del gas. Ustedes lo que han hecho ha sido acabar con la Comisión Nacional de la Energía, han creado una macroestructura que se pasa a llamar la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia, y en consecuencia lo que ustedes están haciendo, señorías, es tapar los ojos de los organismos reguladores y consolidar posiciones de oligopolio en sectores que necesitarían una mayor competencia para
rebajar los costes energéticos. El Gobierno plantea reducir el déficit de tarifa mediante la revisión automática, por supuesto siempre al alza, de los peajes. Eso, señorías, en un contexto de depresión económica, de aumento de desigualdades y
también de precarización laboral, por cierto agravada por sus reformas laborales, lo que va a hacer es agudizar aún más la pobreza energética en nuestro país.
Señorías, en todas las enmiendas, en todos los debates en los que hemos presentado iniciativas parlamentarias relativas a la pobreza energética siempre hemos dicho que había que actuar sobre la raíz de los males de nuestro sector energético,
que son muchos y que vienen de lejos, y abordar la política de manera integral en el combate contra la pobreza energética. En definitiva se trata de resolver lo importante, porque así lo que haremos será dar solución a lo urgente, que en este caso
es el drama de la situación de pobreza energética. ¿Qué es lo que nos gustaría proponer en esta proposición de ley si el grupo mayoritario tiene a bien admitirla a trámite? Propondríamos la modificación sustantiva de la legislación del gas, de la
legislación del agua, y de la legislación de la electricidad, porque también el agua y el gas son objeto de pobreza energética y esto no ha sido referido en el texto del grupo proponente. Proponemos también homogeneizar los sistemas de tarificación
del precio progresivo, partiendo de un suelo social mínimo reconocido como derecho vital. Planteamos también una tregua energética vinculada a ese derecho vital en todo el territorio español. También planteamos algo que ya dijimos cuando se habló
sobre la Ley de renovación urbana y de rehabilitación y de eficiencia energética, y es redoblar los esfuerzos presupuestarios en una política que ustedes han abandonado desde el minuto uno de esta legislatura, y que tiene que ver con la eficiencia
energética y con el ahorro energético. Les doy un dato: más del 50 % del consumo energético de las familias a lo que se destina precisamente es a la climatización de sus hogares. En consecuencia las políticas de rehabilitación y de ahorro
energético son muy importantes también para combatir la pobreza energética. Sería también importante introducir una mayor transparencia en la información de las eléctricas, por ejemplo, a los consumidores. Ponemos un caso: obligar a las
eléctricas a ofrecer a los consumidores la mejor oferta disponible en cada momento en función del perfil de consumo, porque hay muchos españoles que hoy están pagando más luz por el solo hecho de tener más potencia de la que realmente necesitan.
Consideramos que esta cuestión de la transparencia en la información a los consumidores es esencial.
En fin, señorías, señora presidenta, concluyo. Nuestra apuesta es por una respuesta integral, con leyes que de verdad resuelvan de una vez por todas el drama energético que vive nuestro país, que sufren muchas familias, con mayor ahínco
ahora mismo como consecuencia de la crisis económica. Este es un debate trascendental, señorías, para esta Cámara y para la ciudadanía en España, y por tanto es justo abrirlo. Esperamos que el rodillo parlamentario del Grupo Popular tenga a bien
tomar en consideración afirmativamente el debate de esta proposición de ley. En definitiva, que no lo cierre, porque lo va a cerrar en falso, porque este problema existe y esta Cámara tiene la obligación y el deber de ofrecer una solución a todas
aquellas familias -más de un 10 % de las familias en nuestro país- que están sufriendo problemas de pobreza energética.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Flores.
El señor FLORES LANUZA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera comenzar mi intervención solidarizándome con todas aquellas personas que efectivamente, y más en estas fechas, sufren y tienen dificultades para mantener un hogar en condiciones básicas de habitabilidad, y son víctimas de
lo que se ha venido a denominar la pobreza energética. Es cierto que desde el inicio de la crisis ha habido un incremento progresivo de personas con riesgo de pobreza y exclusión social, pero también lo es que el Gobierno está haciendo verdaderos
esfuerzos por desarrollar e implementar todo tipo de medidas de carácter social con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar. Señora Ortiz, como ya le he anticipado, estoy en parte de acuerdo con la problemática que se
recoge en la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, pero no puedo compartir algunas de las aseveraciones que se hacen en la exposición de motivos y que ha ratificado en su intervención. No podemos compartir
que el Estado español carezca de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética. Dicho así, parece que el Gobierno no haya tomado ninguna medida al respecto, y le aseguro, señoría, que no es así. Si usted tiene
que recriminar algo a algún Gobierno, diríjase a aquellos que fueron responsables de la elaboración de dos planes nacionales de acción para la inclusión social entre 2006 y 2010, cuyos objetivos no se lograron cumplir en ninguna de las medidas.
La prioridad del Gobierno del Partido Popular no es solo luchar contra la pobreza energética, que también, sino además garantizar en su conjunto la sostenibilidad del Estado del bienestar, pues es la mejor forma de proteger a los más
desfavorecidos o que estén en riesgo de exclusión social. Y algo debe estar haciendo bien este Gobierno cuando los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística sobre las condiciones de vida 2013, datos de septiembre, muestran un ligero
descenso de la tasa de pobreza. En este sentido puedo decirle que el Gobierno está trabajando muy duro desde hace tiempo, adoptando medidas y reformas estructurales para garantizar una mayor protección social. Me gustaría destacar la reforma
laboral, ya que no hay mejor política social para luchar contra la pobreza y la exclusión que construir un nuevo modelo de relaciones laborales que frene la destrucción de empleo, siente las bases para la creación de empleo estable y de calidad, y
favorezca la competitividad. En concreto, en la estrategia europea está el Plan nacional de reformas con el objetivo de reducir en un millón y medio el número total de personas en riesgo de pobreza y exclusión social hasta 2020. Además, el
Gobierno está trabajando en el próximo Plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016; un plan que incluye a comunidades autónomas, corporaciones locales, ONG y agentes sociales. Precisamente el viernes pasado en el Consejo de
Ministros se aprobó para este plan una dotación nada más y nada menos que de 136.000 millones de euros con 240 medidas con especial dedicación a los sectores o grupos en situación de riesgo de exclusión social. También el pasado 5 de abril se
aprobó el Plan Penia para la lucha contra la pobreza infantil, se está elaborando un plan de apoyo a la familia y el Gobierno también ha aprobado una estrategia para la inclusión de la población gitana, que va a beneficiar a más de 750.000 personas.
España ha conseguido que el 20 % del Fondo social europeo se destine al fomento de la inclusión social en nuestro país. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 ha creado una nueva y específica partida de 40 millones de
euros para financiar el nuevo Fondo europeo de ayuda a los más desfavorecidos, que contribuirá a luchar contra la pobreza y la exclusión social. Señoría, como puede ver, inquietud, compromiso y sensibilidad social no le faltan a este Gobierno; y
la capacidad para adoptar medidas urgentes, tampoco.
No obstante, le voy a adelantar algunos aspectos de la Ley del Sector Eléctrico, que también es sensible a estas situaciones tan delicadas. Antes me gustaría aclarar a sus señorías cuál es el origen de la pobreza energética, porque parece
mentira cómo se tergiversan las cosas en este hemiciclo. El señor Sánchez en especial ha desvirtuado totalmente los orígenes del desastre energético que tenemos en este país. Oyéndoles a ustedes parece que el causante de que las tarifas sean más
caras en este país es el Partido Popular, que lleva escasamente dos años en el Gobierno. Y, por lo visto, también somos los causantes de acentuar la crisis. De eso nada, señorías; se lo puedo asegurar. Según los datos del Instituto Nacional de
Estadística, las tarifas eléctricas se incrementaron un 63 % entre 2005 y 2012. Sin embargo, solo existen tres casos desde 2006 en los que el precio de la electricidad ha disminuido en relación con el IPC: en octubre de 2012, que se redujo un 1,9
%; en enero de este mismo año, que se redujo un 4,2 %; y en abril, que se redujo un 6,2 %. Curiosamente, dos años de gobierno del Partido Popular. Por tanto,
señor Sánchez, cuando usted ha dicho que se han incrementado las tarifas a las industrias sin ninguna duda debió ser en un momento en que ustedes gobernaban. Igual que todo el mundo sabe cuándo empezó y por qué empezó esa pesadilla que
hemos heredado del déficit tarifario: fue un desmadre de reales decretos -en los que ustedes, señores de Izquierda Unida, tuvieron mucho que ver porque durante alguno de esos años cogobernaban- y el resultado fue que nos hipotecaron durante
veinticinco años. Como no había crisis -o, por lo menos, ustedes la negaban- se apostó por unas energías que no estaban maduras y que se primaron desmesuradamente y se sobredimensionó un sistema por el que se instalaron más de 110.000 megavatios de
energía, cuando la demanda punta ha sido de 40.000. Esto hay que mantenerlo y para mantener esto hay que pagar mucho dinero que afecta a todo el mundo y afecta a los Presupuestos Generales del Estado y a las pensiones. La demagogia que se ha hecho
aquí por parte de quien ha presentado esta proposición me parece que está fuera de lugar en el sentido de que gran parte de esas políticas de austeridad que usted está diciendo ha sido por esa mala gestión durante estos años anteriores de todo lo
que era el sistema eléctrico. (Aplausos).
En definitiva, señoría, este proyecto de ley que se debatirá el jueves va a recoger esas inquietudes que tienen, se incluyen las directivas, se garantiza el suministro eléctrico a menor coste, se refuerzan los mecanismos de protección del
consumidor actualizando la normativa de contratación de suministro y, sobre todo, se mantiene y se mejora la protección a los consumidores vulnerables, se mantiene el bono social, bono social que en estos momentos está afectando a más de 2,5
millones de consumidores con unos descuentos superiores al 20 % y se refuerzan los mecanismos de atención al cliente garantizando su gratuidad. Por último, también se están tomando medidas de eficiencia energética a las que hacía referencia el
señor Sánchez que preocupan muchísimo al Gobierno y se está trabajando en proyectos de diversificación y ahorro de energía y rehabilitación energética de edificios. En definitiva, le puedo decir que pueden estar tranquilos porque la preocupación y
sensibilidad del Gobierno para buscar soluciones a cualquier problema de carácter social es más que patente, soluciones en las que se incluyen las iniciativas planteadas en esta proposición de ley sobre medidas para prevenir la pobreza energética
que usted formula y, por tanto, no se considera justificada su aprobación, por lo que nuestro grupo votará en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Flores.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL EN SEGURIDAD DEL PACIENTE. (Número de expediente 162/000794).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al punto II del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la
actualización de la estrategia nacional en seguridad del paciente. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Román.
El señor ROMÁN JASANADA: Señora presidenta, señorías, defiendo la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la necesidad de actualizar la estrategia nacional en seguridad del paciente en coordinación con las comunidades
autónomas, los profesionales sanitarios, los pacientes y dirigida a prevenir los efectos adversos evaluando su impacto en el Sistema Nacional de Salud.
Señorías, la mejora de la atención sanitaria, su mayor complejidad y especialización ha supuesto un beneficio sin duda para los pacientes, pero también ha supuesto una mayor iatrogenia, una mayor probabilidad de ocasionar eventos adversos en
los pacientes, de causar daños innecesarios en la persona como consecuencia de la atención sanitaria. La seguridad del paciente es la dimensión esencial de la calidad asistencial sanitaria. La seguridad del paciente es un asunto de interés y de
prioridad en los sistemas sanitarios desde que en los años noventa el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicara su informe Errar es humano, en el que se decía que entre 44.000 y casi 100.000 personas morían al año como resultado de errores
que podrían haberse prevenido. Otros estudios en Europa ponían de manifiesto en el año 2000 que uno de cada diez pacientes sufrían perjuicios que se podían prever y efectos adversos en relación con su cuidado sanitario. En España, en nuestro país,
la incidencia de estos efectos adversos en el año 2000 se cifraba en el 9,3 %, de los cuales, un 43 % serían evitables. Quizás ese primer informe del Instituto Americano de Medicina hizo que las diferentes organizaciones internacionales de
salud tomasen interés en el asunto e implementaran acciones, estrategias, medidas legislativas para tratar de controlar esta situación. En España la Ley de Calidad y Cohesión impulsada por el Gobierno de España cuando era ministra la señora
Pastor en el año 2003 incluyó la seguridad de los pacientes como una de las estrategias destacadas en el Plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud.
En 2005 el Ministerio de Sanidad español decide poner en marcha una estrategia de seguridad del paciente en consonancia con la Alianza mundial para la seguridad del paciente de la OMS, esta estrategia se desarrolla en colaboración con las
comunidades autónomas, respetando y complementando las acciones que desarrollan en el ejercicio de su competencia en la provisión de servicios sanitarios. Los objetivos que se previeron, que se diseñaron en esta estrategia eran promover y
desarrollar la cultura de seguridad de los pacientes, diseñar y establecer sistemas de información y notificación de incidentes; implantar prácticas seguras, promover la investigación; dar participación a los pacientes y reforzar la participación
de España en foros internacionales de la materia. Sin duda, esta estrategia, todas las medidas implementadas desde el informe americano en España desde el año 2005 con el desarrollo de la estrategia de seguridad del paciente han supuesto una
mejora, un avance en el área de seguridad del paciente, pero el propio ministerio reconoce la necesidad de continuar promoviendo proyectos en coordinación con las comunidades autónomas que, no olvidemos -insisto en este punto-, son las competentes
en todo lo relacionado con la asistencia sanitaria al enfermo, pero también en coordinación con los profesionales sanitarios, con los investigadores, con las sociedades científicas y, sobre todo, con los pacientes y las organizaciones y asociaciones
de pacientes. Se trata de proyectos, acciones que permitan impulsar y también evaluar prácticas clínicas seguras.
Decía impulsar y también evaluar porque, como decían las conclusiones que publicó el documento del balance del desarrollo de la estrategia nacional de seguridad del paciente publicado en diciembre de 2011 por la Oficina de planificación
sanitaria y calidad de la Agencia de Calidad, se ha hecho un gran esfuerzo, se están produciendo sinergias, se ha incluido en los planes de calidad de las comunidades autónomas, pero todavía son escasos los datos que permiten evaluar el alcance de
las acciones desarrolladas, aunque hay que indicar también que los estudios epidemiológicos llevados a cabo en esta estrategia nos muestran una fotografía bastante precisa del nivel de seguridad del Sistema Nacional de Salud español.
Señorías, debemos seguir mejorando en el área de seguridad del paciente, debemos seguir disminuyendo los efectos adversos que sufren los pacientes en la asistencia sanitaria, y para ello es preciso seguir implementando acciones en
colaboración con las comunidades autónomas y evaluándolas desde el ministerio, desde las comunidades autónomas, desde los profesionales, desde los expertos en seguridad del paciente y desde las organizaciones sanitarias. Tenemos que conseguir
prácticas clínicas seguras que minimicen los riesgos para que el Sistema Nacional de Salud español, que en el ámbito de seguridad del paciente es una referencia en Europa, como ha sido constatado en las reuniones del Consejo de Ministros de Sanidad
de Europa, siga mejorando y siga aumentando la calidad de la atención sanitaria en nuestro país. La estrategia debe ser una alianza entre el Gobierno central y los autonómicos, entre los profesionales, los gestores, entre las instituciones
académicas y las investigadoras y también con los pacientes y las organizaciones de pacientes. La estrategia es un buen instrumento para dar la respuesta adecuada que exige la seguridad del paciente, mejorando la calidad de la asistencia sanitaria
desde propuestas y acciones basadas en la mejor evidencia científica y debe ser un instrumento evaluable, dinámico que permita su revisión, actualización y mejora continua.
En una de las anteriores intervenciones, el diputado del Partido Nacionalista Vasco señor Olabarría, hablando sobre el plan Prepara decía: Se me antoja difícil articular un discurso coherente en contra de lo que aquí se solicita. Pues yo
tomo esa cita del señor Olabarría. Creo que todos los grupos apostamos por mejorar la seguridad del paciente, que todos estamos básicamente en este acuerdo, quizá de mínimos, pero me parece muy importante, a favor de la seguridad del paciente y de
seguir incrementando las medidas y las acciones a favor de la seguridad del paciente. Por eso, pido el voto favorable a todos los grupos.
Termino, señora presidenta. Se han presentado tres enmiendas. Mi grupo está abierto a transaccionar estas tres enmiendas. Estaríamos dispuestos a asumir varios de los aspectos que Convergència i Unió incorporaba en lo relacionado con las
competencias de las comunidades autónomas y que en mi discurso he hecho referencia de manera clara, y de igual manera las enmiendas de Izquierda Unida, en lo que hacían referencia a la identificación y eliminación de intervenciones sanitarias
inefectivas. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). También estaríamos de acuerdo en tratar de transaccionar entre todos los grupos una enmienda que sacara adelante, con el mayor apoyo parlamentario
posible, esta proposición no de ley. Creo que una vez más en sanidad tenemos la oportunidad de dar muestras de que nos preocupa a todos y de igual manera la mejora de la calidad del sistema sanitario español. Muchas veces nos quedamos en
discursos en el aspecto económico, pero hay algo que nos une, y todos estamos de acuerdo en que hay que tomar medidas para seguir mejorando nuestro Sistema Nacional de Salud, que es un sistema bueno, apreciado en nuestro entorno y del cual hay unos
altos índices de satisfacción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Román.
Defensa de las enmiendas formuladas por los distintos grupos. Grupo de Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Por cinco minutos, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, no cabe duda de que uno de los temas que afectan de manera más importante a los sistemas sanitarios desarrollados -y el nuestro es un sistema sanitario desarrollado por el hecho de ser público, universal y de calidad- es lo que
tiene que ver con la seguridad del paciente y los efectos adversos. En sistemas sanitarios o bien subdesarrollados o bien sistemas sanitarios de carácter privado, este problema prácticamente no existe; no es un problema público, si acaso puede ser
un problema de cada uno de los sistemas de aseguramiento, pero no un problema del sistema sanitario en su conjunto. Nuestro sistema sanitario ya desde la década de los dos mil ha tomado decisiones e iniciativas en esta materia dentro de los planes
de calidad y luego ha singularizado la estrategia de seguridad a partir de 2005. Se ha realizado una evaluación de la misma en 2011 y hoy el Grupo Parlamentario Popular nos propone su actualización. Nuestro grupo parlamentario, lo hemos mostrado a
través de una enmienda, no tiene inconveniente en esta iniciativa, aunque seguimos considerando que estas iniciativas incienso, aromáticas, que van destinadas al ánimo y al buen hacer del Gobierno, sobran en esta Cámara, y deberíamos dedicarnos o
bien a la iniciativa legislativa o al control parlamentario. Pero el Partido Popular decide qué hacer y adopta estas iniciativas incienso.
Nosotros hemos presentado dos enmiendas a esta iniciativa. Una de ellas tiene que ver con una de nuestras preocupaciones, y creo que es la principal preocupación en relación con la seguridad de los pacientes, que son las intervenciones
inefectivas, con la máxima que desgraciadamente no cumplimos de, en primer lugar, no hacer daño. En estos momentos nuestro sistema de salud y todos los sistemas de salud desarrollados no consiguen lograr ese objetivo de no hacer daño. Un
porcentaje de los ingresos son como consecuencia de intervenciones inefectivas o contraproducentes y un porcentaje del agravamiento de los procesos hospitalarios también tiene que ver con esas intervenciones inefectivas. Por tanto, creemos que
deberíamos centrar ahí nuestra intervención, nuestra prioridad.
Por otra parte, proponemos también evaluar no solamente lo que significa la política o la estrategia de seguridad en los pacientes para el conjunto del sistema de salud, sino fundamentalmente evaluar el impacto en salud que aparece en la Ley
de Salud Pública -Ley de Salud Pública que no ha sido ni desarrollada ni aplicada por el Gobierno del Partido Popular- que ha quedado como un cascarón vacío, de tal manera que los impactos en salud son desconocidos en estos momentos, incluso en su
propia evaluación. Esos son los objetivos de mi grupo y los objetivos de la enmienda.
Ahora bien, nos ha sido difícil entrar a lo concreto porque creíamos inicialmente que la propuesta del Partido Popular era un sarcasmo. Lo pensábamos realmente porque hablar ahora de la seguridad de los pacientes cuando lo que prima es la
inseguridad de los ciudadanos con motivo del cambio de modelo sanitario a nosotros nos parece realmente un sarcasmo, sobre todo si tenemos en cuenta el último barómetro sanitario o si tenemos en cuenta las recientes encuestas que se han producido en
materia sanitaria. Gracias a esta política del Partido Popular, la sanidad se ha convertido en un problema; no lo era. Y, por otra parte, los ciudadanos manifiestan su malestar con relación a las intervenciones sanitarias, su malestar con
relación a una que ya conocíamos, que eran las listas de espera. Pero hay otras que no provocaban malestar y ahora provocan un menor grado de bienestar o un mayor grado de malestar en los ciudadanos, incluso la propia atención primaria. ¡Quién nos
lo iba a decir a nosotros!
Eso es lo que nosotros creemos que es preocupante de la intervención; más que el texto, el contexto. Poco vale que hagamos intervenciones de seguridad y estrategias de seguridad si el contexto es de inseguridad, si el contexto es de
malestar ciudadano en este caso no con la cultura, sino con la política sanitaria del Gobierno. En ese sentido, nuestro grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas
y si hay un consenso parlamentario votaremos favorablemente; si finalmente lo que se produce es esta sensación de malestar... Ocurre en la sanidad, por qué no en este Parlamento.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Llamazares.
También defiende enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÁS: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley que nos presenta aquí el Grupo Popular la ha definido muy bien hace unos momentos el señor Llamazares. Nos trae aquí una proposición no de ley para que apoyemos y votemos una cosa que ya debe hacer; es casi su
obligación dar un impulso a esta estrategia en seguridad nacional del paciente.
La estrategia en seguridad del paciente desde luego es importantísima y nos preocupa a todos mucho. Yo quiero comentar aquí que en Cataluña esta estrategia de seguridad se empezó a hacer ya en el año 2005 con la creación de la alianza para
la seguridad de los pacientes en Cataluña. Se creó casi en paralelo, unos meses antes incluso de aprobarse esta estrategia nacional, y en ella se empezó a trabajar. Esta iniciativa se ha llevado a término, se ha ido evaluando y ha ido
modificándose a lo largo de los años. Desde el año 2010 se ha empezado ya la renovación y otra vez el impulso de esta estrategia para otros años desde Cataluña. Por lo tanto, a nosotros nos parece bien que se hagan estas iniciativas, que se
renueven, que se impulsen estas estrategias que abarcaban los años 2005-2011 y que deben continuar en el futuro por muchos años más.
En el año 2011 -lo ha dicho muy bien también el proponente del Grupo Popular- ya se hizo una evaluación de esta estrategia. En dicha evaluación las conclusiones que aparecen, después de todas las explicaciones y de todos los puntos que se
han ido evaluando, ocupan media página y está colgada en la web del ministerio. Esa media página dice que en estos siete años se ha conseguido un avance importante en seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud, pero que todavía son muy
escasos los datos que permiten evaluar el alcance de las acciones desarrolladas -estoy leyendo textualmente lo que dicen estas conclusiones-. También dicen -recuerdo que son del año 2011- que es necesario seguir promoviendo estos proyectos tanto
con las comunidades autónomas como con las sociedades científicas y con otros organismos para que evalúen las prácticas clínicas seguras. No tenemos nada que decir a esto, tiene que hacerse. Lo que pasa es que para seguir adelante con las
estrategias que ya están en marcha en muchas comunidades autónomas, para poder hacer estas evaluaciones hacen falta recursos y por aquí va nuestra enmienda también. Nuestra enmienda dice que queremos que se reconozcan ya estos planes estratégicos
que en seguridad de los pacientes están llevando a cabo y que se den recursos a estas comunidades autónomas para mantener todo lo que ya se está haciendo y para avanzar más en este camino.
Sin embargo, hay una cosa que a mí me preocupa un poco, entre lo que se dice y se hace desde el Partido Popular. Me he entretenido leyendo esta mañana -lo he hecho a gusto- muchos de los apartados de estas acciones desarrolladas en el marco
de la estrategia de seguridad del paciente 2005-2011 que han sido publicados. Tengo que confesar que eran muchas páginas, algunas me las he saltado, pero sí me he ido a los artículos más importantes y que creo que nos interesan más a todos. En
alguno de ellos se dice que entre las revisiones que se han hecho sistemáticas están la prevención de la neumonía asociada a la ventilación durante la profilaxis por úlceras por presión -ahí el trabajo de enfermería es importantísimo-. Quiero
recordar que cada vez hay menos enfermeras en los hospitales, que donde más ha crecido el paro en España es entre los profesionales de enfermería, que son los que tienen más horas al cuidado de estos pacientes y los que deben velar por su seguridad
también. Hay otro apartado que explica todo lo que se ha hecho en barreras de precaución -guantes, gorros, batas- para prevenir la transmisión de Staphylococcus aereus resistente a meticilina en el hospital, causante de muchísimas infecciones. Y
por otra parte, el ministerio saca centenares de compras a concurso donde prima el precio y no la calidad de estos productos. ¿Qué pasa si ese guante no es bueno, si se rompe? ¿Cómo evaluamos esto? ¿Qué sale más caro? Por eso digo que a veces
hay cosas que me preocupan y no me cuadran. Porque querer seguir adelantando en estas estrategias si no incrementamos medios económicos, si no ponemos partidas que vayan a ayudar a mantener y a aumentar esta seguridad de los pacientes, poca cosa
podemos hacer.
Nos gustaría muchísimo que pudiera recogerse nuestra enmienda. Ha hablado de hacer una transaccional entre los grupos; nada que decir, ojalá lleguemos a un acuerdo. Si se acepta nuestra enmienda, daremos nuestro voto positivo y, si no,
según el resultado de la transaccional, votaremos en consonancia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor García Gasulla.
El señor GARCÍA GASULLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, después de lo dicho por los defensores de sendas enmiendas, señor Llamazares y señora Tarruella, creo que podré obviar algunas cosas. De todas formas, lo básico es que reconocemos la importancia que tiene el hecho del primum non
nocere. Desde Hipócrates hasta ese informe Errar es humano del año 1991 dejan claro el impacto que tienen los daños asociados a la atención sanitaria para los pacientes y para la sociedad. Con ese espíritu hipocrático, el informe fue hecho para
situar la seguridad del paciente en el centro de las políticas sanitarias de prácticamente todos los países desarrollados. En esta línea, nuestro Ministerio de Sanidad en el año 2005, al amparo de la Ley de Cohesión y Calidad, incluyó la seguridad
de los pacientes en el Plan de calidad. Esta es la cronología de los hechos desde la publicación de aquel informe hasta la inclusión de esta política de seguridad de los pacientes. Por ello, ante esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular quedamos sorprendidos porque es una iniciativa que insta al Gobierno a hacer aquello, como ya decía la señora Tarruella, que ya debería hacer. Tengo la impresión de que piensan que han descubierto algo que ya es conocido por todos, están
descubriendo la sopa de ajo.
Podríamos explicar las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia del paciente durante los años 2005 a 2011. La señora Tarruella ha apuntado algunas llevadas a cabo en este marco, lo que pasa es que la PNL nos permite explicar
estas acciones. Yo siempre digo que sería explicar la herencia socialista que recibió el Partido Popular en materia de seguridad del paciente. ¿Qué acciones se llevaron a cabo entre los años 2005 a 2011? Primero, por ejemplo, la instauración de
una página web que ha recibido 666 visitas; la publicación de estudios en el marco de la estrategia; la edición de materiales divulgativos y formativos; la convocatoria de seis conferencias internacionales con la participación de 1.200 personas;
la realización de cuatro ediciones del máster de seguridad en el que se han formado 114 profesionales; la realización de 21 ediciones en español y 2 en inglés del curso de gestión de riesgos y mejora de seguridad en el paciente, formando hasta
1.400 profesionales; la formación presencial de 60 profesionales en higiene de las manos y 360 profesionales registrados en los cursos on line; 18.000 profesionales formados en bacteriemia zero y 10.000 en neumonía zero; 150 profesionales
formados de manera presencial en sistemas de notificación de aprendizaje y 15.000 formados on line. A finales de 2011 utilizaban el sistema de notificación cuatro comunidades autónomas que incluían 45 hospitales. Podría seguir enumerando muchas
más de las acciones contenidas en este informe, pero ni su paciencia ni la del presidente me van a permitir seguir, pero no puedo dejar de mencionar entre las acciones una de ellas, la puesta en marcha de prácticas seguras, elemento clave para
mejorar la práctica clínica, que se han llevado a cabo en coordinación con los distintos servicios regionales de salud, destinando además 54 millones de euros. Esto es importante. Ninguna política de seguridad del paciente puede llevarse a cabo si
no existen recursos. ¿Qué ha ocurrido desde el año 2011 y durante estos dos años de Gobierno del PP? Pues una cosa muy sencilla, que ni en los presupuestos de 2012, ni en los de 2013, ni en los de 2014 figuran partidas correspondientes a
estrategias de salud. Concretamente, en los presupuestos de 2014 hay una disminución del cien por cien en el epígrafe de estrategias de salud, lo que supone de facto que dejan de existir.
El Grupo Socialista sigue siendo fiel tanto con pacientes como con la globalidad de los ciudadanos a la máxima hipocrática de primum non nocere. No traicionamos nuestro compromiso con una asistencia sanitaria universal, gratuita y de
calidad, y con la misma contundencia que reconocemos nuestros errores nos sentimos hoy orgullosos de las acertadas decisiones que tomamos. Por ello, hemos presentado dos enmiendas: una de modificación, que cambia el impersonal infinitivo de la
propuesta original del Grupo Popular por un imperativo que intenta exhortar más que apostrofar, y una segunda enmienda de adición, que intenta vencer la pertinaz resistencia presupuestaria del Gobierno cuando se trata de dotar de dinero programas de
calidad. Ustedes alcanzaron la mayoría absoluta con la confianza de un electorado que pensó que iban a cumplir con el precepto constitucional -y cito textualmente- de establecer la justicia,
la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos integran la nación española. Hoy este deseo constitucional se ve -incluida la seguridad del paciente que debatimos- comprometido por sus políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.
El señor GARCÍA GASULLA: Sí, señor presidente.
Hablando de resistencia, pienso que ha llegado el momento de que nuestro Gobierno tome medidas para ser más generoso.
Gracias, presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor García Gasulla.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señorías, ya lo han dicho los intervinientes anteriores, estamos de nuevo ante otra de esas iniciativas del Grupo Popular destinadas a instar al Gobierno a llevar a cabo lo que el propio Gobierno con anterioridad ya se
comprometió a realizar. En este caso se trata de la estrategia de seguridad del paciente, que, concluido el periodo en el que se desarrolló de 2005 a 2011, necesita de una actualización; actualización que el propio ministerio acordó iniciar y que
fue ratificada por el consejo interterritorial del pasado 21 de marzo de este año. Pues bien, a pesar de ese acuerdo de hace nueve meses, en el Bloque Nacionalista Galego desconocemos si se ha iniciado su actualización y suponemos que el grupo
parlamentario que apoya al Gobierno lo desconoce también, cuando insta por medio de esta iniciativa al Gobierno a que efectúe la actualización que ya prometió y que debiera estar en marcha. El Partido Popular, según el texto de la proposición,
quiere que la nueva estrategia en seguridad del paciente se oriente hacia la prevención de los efectos adversos, que según distintos estudios afectan a entre el 4 y el 17 % de los pacientes que ingresan en un hospital, efectos adversos que no se
derivan de la enfermedad del paciente, sino de algún accidente, error o imprevisto en la atención sanitaria con consecuencias para la salud de los propios pacientes. Tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el estatal, la seguridad del
paciente se presenta como objetivo en distintos programas, y en el Estado la agencia de calidad ha llevado a cabo diversas actuaciones y líneas de trabajo dirigidas a mejorar la seguridad de los pacientes, muchas veces en colaboración con las
comunidades autónomas, que son las competentes en la materia. Sin embargo, a pesar de las estrategias, los planes y los objetivos, la realidad es que las asociaciones y plataformas de defensa de la sanidad pública dan a conocer cada vez mayor
número de negligencias y errores derivados de la política de brutales recortes que el Gobierno viene aplicando; es decir, que de poco van a servir las estrategias y los planes si las partidas presupuestarias continúan disminuyendo, si no hay
partida ni siquiera para la propia estrategia en seguridad del paciente y si las medidas que se toman son precisamente las que suponen la mayor amenaza para la calidad asistencial y, por tanto, para la seguridad y la salud de los usuarios. Pero, en
fin, ya nos tiene acostumbrados el Grupo Popular y diversos representantes del Partido Popular a escucharles decir una cosa y a poner en práctica justamente lo contrario. En Galiza, por ejemplo, el presidente de la Xunta afirmó hace unos días, ante
la evidencia del éxito de las movilizaciones y la huelga llevada a cabo por los profesionales, que el que quiera defender la sanidad pública que se ponga a su lado. Y mientras dice esto, sin ningún tipo de rubor, rebaja los presupuestos de sanidad
para 2014 a niveles del año 2006 y tan solo desde el año 2009 ha recortado casi 400 millones de euros en esa consellería. Pero el presidente Feijóo no es el único, la ministra de Sanidad se jacta, cada vez que tiene ocasión, de que el repago de las
medicinas ha supuesto una reducción de 2.000 millones de euros en la factura farmacéutica solo en su primer año de vigencia, cuando lo que realmente ha hecho es trasladar un gasto público a las familias y obligar a los usuarios a pagar un porcentaje
de los medicamentos además de haber eliminado más de cuatrocientas medicinas de uso frecuente de la financiación pública.
Estamos de acuerdo en que la seguridad de los pacientes es uno de los pilares básicos para una buena calidad sanitaria, pero son los informes de la Defensora del Pueblo, y no los del BNG, los que evidencian cada vez una mayor percepción
ciudadana de pérdida de seguridad a consecuencia de los recortes y el desmantelamiento de la sanidad pública. Es la OCDE, y no el BNG ni las miles de personas que se manifiestan una y otra vez en contra de la política antisocial del Partido
Popular, la que afirma que sus recortes, los recortes de este Gobierno, ya afectan al acceso de la salud de los ciudadanos. Son muchos los informes que hacen referencia a la relación existente entre las privatizaciones y el aumento de las tasas de
mortalidad. Por
ejemplo, la Comunidad Valenciana es la primera en la privatización de la hemodiálisis en el Estado y, curiosamente, la que encabeza la estadística de mortalidad también en hemodiálisis.
Voy terminando, señor presidente. Es el Consejo de Europa, y no los manifestantes, el que constata en sus informes los recortes masivos en personal médico, el cierre de centros y servicios de urgencias. En fin, si ustedes quieren instar al
Gobierno a que actualice la estrategia en seguridad del paciente, háganlo, pero antes deberían instarlo a que derogue el Real Decreto 16/2012 y a que devuelva a la sanidad lo que le han quitado, su carácter de pública, de calidad y universal. Esta
es la única estrategia que previene realmente los efectos adversos y es la única vía para garantizar la máxima seguridad al conjunto de los usuarios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Pérez.
A continuación fija la posición del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para defender la posición del Grupo Vasco en referencia a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular con el objetivo de actualizar la estrategia nacional de seguridad del paciente. Tal y como se indica en
el preámbulo o exposición de motivos de esta proposición, la seguridad clínica o seguridad del paciente es o ha de ser una cuestión prioritaria en las políticas de calidad de cualquier sistema sanitario, sea público o privado. La seguridad que el
paciente ha de tener para cuando es atendido en un hospital, intervenido quirúrgicamente o cuando se le asigna un tratamiento es un elemento fundamental en cualquier parámetro de calidad sanitaria.
Los incidentes que afectan a la seguridad del paciente -ya lo han dicho otros compañeros también- son frecuentes. Hay estudios que estiman que entre un 8 % y un 10 % de los pacientes ingresados en un hospital presenta algún efecto adverso
relacionado con su asistencia, el 40 % de los cuales podía haber sido evitado. A partir -también se ha citado este trabajo- de la publicación en Estados Unidos en 1999 del informe To err is human -Errar es humano-, encargado por el Gobierno federal
al US Institute of Medicine, y la posterior creación por la Organización Mundial de la Salud en 2004 de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, esta ha sido definida como una de las directrices de la Organización Mundial de la Salud para
el sistema sanitario. Por lo tanto, evidentemente, como ha dicho el compañero, errar es humano, pero reconocerlo, prevenirlo y paliarlo también; lo inhumano sería lo contrario. (El señor Madina Muñoz: El Partido Popular). Hoy no cabe duda de
que los efectos adversos relacionados con la seguridad del paciente, además de perjudicar los resultados en salud, tienen un alto coste económico.
Dicho esto, que es incuestionable y compartido por todos los que estamos aquí, lo que corresponde es detectar e identificar cuáles son los factores que determinan los riesgos sanitarios, cuántos de ellos responden a errores de diagnóstico o
tratamiento, a negligencias médicas o a la falta de pericia o profesionalidad, y cuántos son derivados por otros factores determinantes y que inciden directamente en la seguridad del paciente. La salud es uno de los valores más apreciados por la
sociedad, sin duda alguna, sobre todo por una sociedad desarrollada y humanista como la nuestra. Aunque parezca una obviedad, un buen estado de salud es el principio que nos permite desarrollar cualquier otra potencialidad y su falta reduce
nuestras capacidades y nos limita. Tener personas en la sociedad con limitaciones de salud merma nuestro potencial, incidiendo también de forma directa en la economía y aumentando los costes sanitarios, tal y como hemos dicho. Pero esta cuestión
que todos compartimos compromete muchísimo más a las autoridades sanitarias y también políticas cuando lo que está en juego es precisamente la seguridad del paciente. Es decir, el compromiso de calidad más aún si cabe se determina cuando, tal y
como hemos citado anteriormente, casi la mitad de los casos podían haberse evitado.
Dicho esto, la pregunta que mi grupo se hace es la siguiente: ¿Para evitar estas situaciones, para prosperar en las políticas de gestión de la seguridad y disminución de riesgos hospitalarios, la mejor herramienta es lo que ustedes
denominan estrategia nacional en seguridad del paciente? Para empezar -y hoy en la mañana hemos tenido un dato parecido- están empeñados con lo de nacional. Parece que si no lo denominan se les escapa de las manos y necesitan la obsesiva y
constante presencia del Estado que ustedes denominan nación, como si nombrándolo no desapareciera. Bernardo Atxaga tiene una reflexión muy interesante sobre la necesidad de nombrar y repetir las cosas para que no desaparezcan, pero ese es otro
cantar. Volvamos a lo nuestro. A nuestro entender, por mucho que ustedes pongan siempre la coletilla de respetando y complementando las acciones que cada una de ellas desarrolla en el ejercicio de sus competencias y, aunque es verdad que desde el
año 2005 viene desarrollándose esta
estrategia, consideramos que en el caso de Euskadi no necesitamos ni tutelas ni planes nacionales. Somos mayores de edad y en Euskadi tenemos una hoja de servicios impecable en materia de gestión sanitaria. Venimos desarrollado políticas
de calidad y seguridad desde hace mucho tiempo con resultados más que favorables, por lo que, ¿por qué quiere el ministerio estar presente allá donde no hace falta? Ya están, no sé si otras comunidades autónomas, pero Euskadi sí por lo menos, que
tiene su propia estrategia nacional en esta y en otras materias sanitarias.
La seguridad del paciente es una prioridad para nosotros y entre las principales líneas que se impulsan están las relacionadas con la seguridad del uso de los medicamentos y los hemoderivados, la seguridad quirúrgica, la reducción del riesgo
de infecciones asociado a la atención sanitaria, la reducción del riesgo de lesiones por caídas y úlceras por presión, la identificación unívoca de pacientes y la formación en seguridad de profesionales y pacientes. Por tanto, se ve que nosotros
estamos haciendo este trabajo y, como han dicho otros compañeros, algo que ustedes mismos decidieron que se tenía que hacer, que otros consideramos que cada comunidad autónoma podía hacerlo, lo vuelven a traer aquí para que sea el Congreso el que
pida al Gobierno que haga algo que ellos dicen que hay que hacer. Creo que este lío no es más que retórica porque, si verdaderamente están empeñados, desde 2011 hasta ahora han tenido tiempo de hacerlo y tampoco lo han hecho. También creemos que
algunos grupos han utilizado esto para meter enmiendas que tampoco venían demasiado al caso, pero que al fin y al cabo han considerado oportunas.
Dicho todo esto, mi grupo no va a apoyar esta proposición. También hemos visto que no se han aceptado unas enmiendas que por lo menos mejoraban y dejaban claro el ámbito competencial, pero así son las cosas y así se las hemos contado.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, también para fijar posición, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
A esta hora del debate obligatoriamente tendría que ser reiterativa con algunas de las cuestiones que ya han sido planteadas por todos los que me han precedido en el uso de la palabra y con sus sensatas apreciaciones respecto de la
proposición no de ley planteada y defendida por el Grupo Parlamentario Popular. Digo las sensatas intervenciones de los portavoces de los grupos de la oposición, no quiero decir con esto que la intervención del portavoz del Grupo Popular no lo haya
sido también, pero muchas de las cuestiones que aquí se han planteado, al margen de otras opiniones que tengamos o que hayamos expresado sobre la política sanitaria del Gobierno, creo que están llenas de sentido común. (El señor vicepresidente,
Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). No se puede pedir al Gobierno que impulse una nueva estrategia o que impulse la estrategia de seguridad del paciente sin poner un solo euro en el presupuesto, porque entonces no deja de ser un brindis al sol,
señores diputados y señor portavoz del Grupo Popular, un brindis al sol que viene bien para ocupar el cupo que tiene el Grupo Popular y traer una proposición no de ley al Pleno. Le quiero reconocer que, cuando analizamos la proposición no de ley
para establecer nuestra posición respecto de ella, la primera cosa que pensamos fue: ¿cómo se puede votar en contra de esto? Es difícil votar en contra de un brindis al sol, es difícil votar en contra de algo que no dice nada en ningún sentido y,
por tanto, es difícil estar en contra. Después de esta primera reflexión, también hicimos la segunda, y es que votar a favor de una iniciativa absolutamente vacía en términos prácticos, o sea, que verdaderamente pudiera ayudar a resolver los
problemas que tienen los ciudadanos en este asunto, derivados de la política que en esta materia hace su Gobierno, el Gobierno de todos, pero el apoyado por el Grupo Popular, sería engañar a los ciudadanos, fingir que estamos aprobando algo
importante, que el trabajo de esta tarde en esta materia tiene una finalidad, un objetivo y además iba a conseguir que se hiciera algo importante. Señor diputado, probablemente en privado me reconocería lo que le estoy diciendo, porque usted sabe
que la eficacia de esto es nula. Supongo que si ustedes creen que el Gobierno tiene que impulsar esta estrategia ya se lo habrán dicho de tú a tú o ellos se lo han dicho a ustedes, pero no traigan aquí esta iniciativa cuando sabemos que el
presupuesto sobre esta cuestión es cero. Eso sin entrar en detalles que no son menores, porque esto no es ex novo, esto no ha aparecido de repente. Los detalles que no son menores es que cabría decir -puede parecer exagerado- que ustedes, que se
han cargado la seguridad del paciente, permítame la expresión coloquial -ustedes, no, la política de su Gobierno- (El señor Román Jasanada hace signos negativos), han eliminado la seguridad del paciente español, que era paciente porque era ciudadano
y sabía que tenía derechos reconocidos, a la
universalidad entre otras cosas, por ser ciudadano. Ustedes han cambiado la universalidad, el derecho universal lo han sustituido por el aseguramiento, y ahora dicen que quieren una estrategia de seguridad del paciente. Si ya sabían que
eran ciudadanos que tenían derechos. Ya se que lo que plantean es una cosa muy concreta, pero es una derivada de esto que le estoy diciendo. Ya no tienen un derecho universal, sino que ha sido sustituido por el aseguramiento. Le diré más,
efectivamente han sustituido a los ciudadanos, a los pacientes, por clientes, palabra de Montoro. Ya Montoro nos lo explicó en el debate la semana pasada, que los ciudadanos son clientes para el Gobierno. Esto en la sanidad realmente también se ha
llevado a la práctica y ustedes vienen ahora a decirnos -después de que nada más llegar lo primero que hicieron fue cerrar la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud- que les apoyemos para instar al Gobierno a actualizar la estrategia
nacional de seguridad del paciente.
Francamente, en esta materia, bien sensible por cierto, no estamos ya para bromas ni para cupos ni para brindis al sol. Está bien que nos propongan esto si además y a la vez hacen una revisión de la política sanitaria del Gobierno. Si la
hacen, si hacen autocrítica, si plantean otro tipo de política sanitaria, estaremos de acuerdo también en esto, pero si no, únicamente para aparentar que estamos haciendo algo, generando un engaño al conjunto de los ciudadanos que están viendo este
debate, no van a contar con el apoyo de Unión Progreso y Democracia ni tampoco con nuestra abstención, sencillamente vamos a votar en contra.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Díez.
Señor Román, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
El señor ROMÁN JASANADA: Como he dicho en mi intervención, intentaremos hasta el final llegar a una transaccional y, si no se consigue, se votará en los términos en los que ha sido presentada.
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Román.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONSENSUAR CON LA GENERALITAT DE CATALUÑA LA DETERMINACIÓN DEL CAUDAL AMBIENTAL PARA EL TRAMO FINAL DEL RÍO EBRO. (Número de expediente 162/000313).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos al punto siguiente: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a consensuar con la Generalitat de Catalunya la determinación
del caudal ambiental para el tramo final del río Ebro.
Para la presentación de esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuevamente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió trae una iniciativa para hablar de las Terres de l'Ebre, para defender esas tierras que tanta riqueza medioambiental contienen, y en este caso concreto el tramo final del río
Ebro que pasa por las Terres de l'Ebre. Hace poco lo hacíamos hablando de la nominación, de ser ya actualmente reserva de la biosfera; hoy lo haremos de caudales ambientales. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Sencilla: garantizar que la
determinación sobre el caudal ambiental para el tramo final del Ebro cumpla la Directiva-marco del Agua, cumpla la normativa estatal relativa a la determinación de los caudales ecológicos y, eso sí, sea consensuada con el Gobierno de Cataluña porque
precisamente es el territorio catalán el más afectado de la cuenca respecto a los caudales mínimos fijados. Y en todo caso, su definición garantizará que se pueda cumplir con las finalidades establecidas por la Ley del Plan Hidrológico Nacional,
directiva marco, normativa de caudales ecológicos, Ley de Plan hidrológico nacional; señorías, no es susceptible ningún tipo de dudas de que queremos cumplir con la normativa. ¿Por qué traemos ahora esta proposición no de ley cuando estuvo
presentada en mayo y publicada el 1 de junio de 2012? Precisamente, porque por desgracia el caudal ecológico, el caudal ambiental del Ebro continúa siendo noticia actualmente, y más cuando el ministerio ha anunciado que antes de finalizar el año
llevará el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro para que sea aprobado por el Consejo de Ministros.
Pero, señorías, antes de continuar con la explicación, me gustaría comunicarles dos cuestiones previas. La primera, todos sabemos el retraso que ha tenido la realización de los planes hidrológicos de cuenca ha tenido. Algo pasó en alguna
época y ahora ustedes, el Partido Popular, están recuperando el tiempo, sin duda alguna les ha tocado correr más de la cuenta. Fíjense si corremos, que hasta estamos
iniciando el segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2020 sin haber acabado la revisión del Plan hidrológico de 1998. Sabemos, señorías del Partido Popular, que la presión de Europa y las penalizaciones son un lastre que llevan
encima y que sin duda hay que correr para intentar cumplir cuanto antes con Europa, pero dejemos el calendario.
Segunda previa, la posición de nuestro Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió respecto a la garantía del recurso, respecto a la garantía del agua. Fíjense, nosotros, Cataluña, y lo dijo el ministro, lo repitió el secretario de
Estado de Medio Ambiente, cumplió; el Govern de la Generalitat en ese momento, Partido Socialista Catalán, Esquerra Republicana, Iniciativa Catalunya Verds cumplió y redactó el Plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña. Lo redactaron,
hicieron la planificación, la exposición, la tramitación, pero, fíjense, hubo un cambio de gobierno en Cataluña y fue aprobado por el Govern de Convergència i Unió. En ese sentido, como Convergència i Unió y como Grupo Parlamentario Catalán
cualquier iniciativa o acción de nuestro grupo parlamentario siempre tiene un objetivo claro, que es buscar soluciones a la garantía del recurso. Con el Plan hidrológico de las cuencas internas redactado ya tenemos una línea y un modelo, y
entendiendo que lo redactó el tripartito y lo aprobó Convergència i Unió, podemos anunciar que es de consenso en Cataluña.
Pero pasemos a hablar del Plan hidrológico de la cuenca del Ebro y de sus caudales ambientales. Fíjense, en el año 2005 una disposición adicional décima de la Ley del Plan hidrológico nacional pedía que se redactase el Plan integral de
protección del delta del Ebro, el Pipde. Este plan tenía que definir el régimen hídrico que tenía que permitir el desarrollo de las funciones ecológicas del río, del delta y del ecosistema marino próximo. Esos caudales ambientales que tenían que
salir de esos estudios del Plan integral de protección del delta del Ebro se tenían que incorporar en el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, y no lo decíamos desde la Generalitat de Catalunya, se decía desde la Ley del Plan hidrológico nacional
de 2001, modificada en 2005. Fíjense que se tenía que incorporar a lo que ahora estamos revisando. Creemos que es una oportunidad perdida y que tal vez ahora no estaríamos aquí si en ese momento se hubiesen hecho los deberes. Pero pasemos a otra
normativa, superior en este caso, la Directiva-marco del Agua, que ya habla de regímenes de caudales, de indicadores hidromorfológicos que son necesarios para determinar el buen estado ecológico. Precisamente, la Directiva-marco del Agua quiere
garantizar su seguimiento, la evolución y mantener unas condiciones mínimas para preservar y mantener la calidad biológica, pero es que actualmente la política comunitaria Horizonte 2020, en política ambiental, quiere garantizar agua de buena
calidad en cantidad suficiente para todos los usos legítimos, y entre los usos incluye los ecosistemas.
Aquí quisiera hablar de la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, la cual entendemos que podemos incluir en la transacción. Estamos de acuerdo en incorporarla porque nuestra voluntad no es dividir a las nueve comunidades autónomas
que forman la cuenca del Ebro, pero tenemos que dejar claro que el tramo final, el que pasa por Cataluña, es necesario consensuarlo con el Govern de Catalunya, con la Generalitat de Catalunya, y también en el marco de la Comisión para la
sostenibilidad de las Terres de l'Ebre. Precisamente, aceptamos en ese marco todos los usos: abastecimiento de poblaciones, regadíos, producción de energía eléctrica, presas, usos industriales, acuicultura, usos recreativos, etcétera. Pero
tenemos que terminar con una cuestión. Hay una instrucción de planificación hidrológica del ministerio de 2008 que marca la metodología a seguir, y esa metodología a seguir dice que se tienen que calcular hidrológicamente unas cantidades y que
después hay que modularlas y hacerlas idóneas con el hábitat del entorno. Ahí es donde hacemos nuestra crítica. ¿Por qué? Porque si en 1998 la media no obligatoria era de 100 metros cúbicos/segundo, las cuentas de métodos hidrológicos del Plan
hidrológico de las cuencas del Ebro salen a 130 y 150 metros cúbicos/segundo. Pero fíjense la casualidad: cuando se modela la simulación del hábitat, bajan a 80 y a 90 metros cúbicos/segundo. Ahí es donde está el conflicto, ahí es donde la
Confederación Hidrográfica del Ebro no ha tenido suficiente habilidad para negociar con el Govern de la Generalitat. Por eso queremos decir que se ha perdido una oportunidad y que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, don Xavier
de Pedro, no ha sido la herramienta necesaria para llegar a ese consenso, para crear esa confianza; antes al contrario, ha creado discrepancias. En ese sentido, tenemos que responsabilizar también al ministerio, porque alguna responsabilidad
tendrá, aunque en noviembre de este año el ministro, encabezando esta negociación o esta situación, ha intentado buscar la confianza tanto en las Terres de l'Ebre como en la Generalitat. Esa confianza se tiene, pero no es suficiente con la enmienda
que ha presentado el Grupo Popular, porque pasarlo a la segunda revisión 2015-2020 no es lo que se merece en estos momentos Terres de l'Ebre. También incorporaremos las enmiendas de La Izquierda
Plural, que ayudan en transparencia y en mejora técnica a nuestra propuesta. Por eso Convergència i Unió -y espero que los grupos catalanes- ayudará en aquello que sea necesario para mantener y preservar la riqueza y la biodiversidad del
delta del Ebro sin perjudicar -eso sí- las diferentes actividades que se desarrollan en el río.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Barberà.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Chunta Aragonesista: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.
Señorías, este es un debate que arranca casi desde el inicio de legislatura y agradecemos también la oportunidad de poder debatir en este Pleno esta cuestión tan grave y tan sensible precisamente en las Terres de l'Ebre. En el mes de junio
de este año nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para defender un plan para la cuenca del Ebro sensato, sostenible, justo, de acuerdo con las directrices europeas
y fundamentado en todos los estudios científicos y en el trabajo hecho previamente. No tuvimos suerte. Este debate ya lo hemos hecho con la mayoría actual y no tuvimos suerte, como cada vez que hablamos del agua. Estamos en las antípodas de lo
que plantea el Gobierno, que es todo lo contrario: volver a la época de los trasvases y de la privatización de los bienes básicos y priorizar el negocio por encima del medio ambiente. Esa ha sido la tónica de esa legislatura tanto en los cambios
regulatorios como en las políticas de agua y es también lo que se esconde bajo los planes hidrológicos que se plantean.
Planteamos en su momento la proposición no de ley -hace ya más de un año y medio- porque veíamos con preocupación el punto de partida de la propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro que, como ha dicho el diputado de Convergència i
Unió que ha planteado esta iniciativa, dista mucho de los caudales planteados por los científicos expertos en la materia, con el objetivo principal de cumplir la Directiva-marco del Agua. Tenemos una hoja de ruta clara a seguir y el Gobierno parece
insistir en desviarse. La Directiva-marco del Agua fija muy bien las prioridades y cómo se deben establecer. Veíamos esto con mucha preocupación. Además, viene de lejos porque, como decía, el Gobierno ha redirigido la cuestión. La Confederación
Hidrográfica, junto a la Agencia Catalana del Agua, realizó en 2008 una propuesta de caudales de mantenimiento, caudales regeneradores para situaciones de avenidas y caudales de continuidad en situación de sequía para el río Segre y afluentes
catalanes del Ebro. Sin embargo, la propuesta actual de caudales ecológicos del Plan Hidrológico Nacional no tiene nada que ver con este informe hecho por expertos que les mencionaba. Hay cosas que son sangrantes. Por ejemplo, para el río Noguera
Ribagorzana es dos terceras partes inferior a la propuesta formulada en 2008 y para el río Noguera Pallaresa no establece ningún caudal ambiental, como si no fuera necesario; lo mismo pasa con algunos tramos de otros ríos o muchos embalses. No se
entiende que, habiendo un estudio que precisamente ha sido codirigido por la Confederación Hidrográfica del Ebro en el que se proponen una serie de caudales ambientales, se haga caso omiso de todo ese trabajo.
La propuesta actual de la Confederación Hidrográfica del Ebro establece un caudal ecológico para el río Segre a su paso por la ciudad de Lleida y 40 kilómetros aguas abajo hasta Seròs, modulado tan solo entre 5 y 10 metros cúbicos. (El
señor presidente ocupa la Presidencia). El pleno del Ayuntamiento de Lleida aprobó una moción en 2011 con el acuerdo de todos los grupos y el apoyo de la sociedad civil, relativa al caudal ecológico del Segre, así como a su buen estado cualitativo,
que instaba a pedir a la Confederación Hidrográfica del Ebro que fijara el caudal de mantenimiento del río Segre a su paso por Lleida de una manera científicamente justificada, con criterios ambientales y calculados sobre la base de una escala que
contemple todos los tramos del río a su paso por Lleida, y no de la forma parcial en que se plantea. En definitiva, se trata básicamente de fijar lo que determina la Directiva-marco del Agua. En el caso del último tramo del Ebro, la Comisión para
la sostenibilidad de las Terres de l'Ebre, comisión mixta entre la Administración General del Estado y la Generalitat, realizó una propuesta que tampoco tiene nada que ver con lo que ha acabado proponiéndose. Pero si esta situación es preocupante,
también nos preocupan otras medidas, como las medidas legislativas aprobadas en la Ley de Impacto Ambiental, que van precisamente en la línea de generalizar trasvases y privatizar un bien público, priorizando unos usos que no son los que deberían
ser determinantes para el uso sostenible de nuestras cuencas. La plataforma
En defensa de l'Ebre y Ecologistas en Acción ya lo han denunciado en la Comisión Europea, porque es una temeridad e incumple las directivas.
Hemos planteado enmiendas a esta proposición no de ley con la que estamos de acuerdo, porque va en la línea de lo que venimos planteando y queríamos complementarla. Son dos enmiendas que fijan básicamente cumplir la Directiva-marco del
Agua, pero darle una definición concreta sobre la base de criterios científicos -que es precisamente lo que les falta la propuesta de la CHE- y que garantice un buen estado de las masas de agua y los ecosistemas. Por otra parte, también proponemos
que se publiquen los estudios científicos en los que se basa la propuesta. Esperamos una rectificación porque con el agua no es cuestión de abrir una guerra territorial. Hay un principio clave, que es el de la sostenibilidad y el de garantizar la
vida de nuestros ríos. Esa es la prioridad que debería guiar cualquier política de agua; que se recupere y se trabaje bien con el conjunto del territorio, con la unidad de cuenca, pero también teniendo en cuenta cuáles son las sensibilidades en el
territorio. El río es vida y por tanto debemos rectificar las propuestas que se están haciendo actualmente si queremos mantenerla en él.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
También para defender su enmienda, y por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy el debate de esta iniciativa nos lleva a una situación un poco paradójica porque es una iniciativa que tiene fecha 24 de mayo de 2012 y la debatimos en este orden del día, un año y medio después; un periodo de tiempo muy largo
y en el que además han sucedido muchas cosas; cosas de enorme trascendencia como que el 4 de julio de este año se reunió el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro que aprobó el Plan hidrológico del mismo río -72 votos a favor, 9
en contra, 5 abstenciones- y, posteriormente, el 29 del mismo mes, fue informado favorablemente por el Consejo Nacional del Agua.
Visto esto, uno se podría preguntar cuál es el sentido de que hoy estemos debatiendo una iniciativa de este tipo. Personalmente quiero inclinarme por pensar que el Grupo de Convergència i Unió tiene todavía esperanza en convencer al Grupo
Popular y, vista su potencia numérica en esta Cámara, o es mucha esperanza o es mucho confiar. Esta iniciativa, en cualquier caso, es la constatación clara y concisa de un fracaso doble: ha fracasado el Gobierno del Partido Popular que ha sido
incapaz de reeditar su acuerdo con Convergència i Unió en el Plan hidrológico del año 2002 y es un fracaso del Gobierno de la Generalitat en su amistad con el Grupo Popular. En septiembre de este año, en la fira de Sant Miquel de Lleida, hubo una
inauguración del ministro de Agricultura en la que también estaba el conseller Pelegrí y realmente se hizo en un ambiente de franca camaradería y amistad, de tal manera que el conseller pidió un happy birthday para el ministro que cumplía años ese
día. Se felicitaron, hubo una relación muy friendly para luego resultar que no somos capaces de ponernos de acuerdo como gobiernos en temas de trascendencia para nuestro país.
Es verdad que hay un fracaso de los dos gobiernos, pero en este caso quizá más especialmente del de Cataluña por la incapacidad de poner de acuerdo todo aquello que tiene que ver con Cataluña. Porque nosotros -hemos hecho una enmienda y
luego hablaré de este tema- respaldamos totalmente que la Generalitat reclame ese caudal ambiental para el tramo final del río Ebro, pero le reclamamos también que cuando piense en el río Ebro piense en todo el recorrido que hace por Cataluña. No
se me ocurre una expresión más feliz para definirlo que la que hace mi alcalde de Lleida cuando reclamaba que la Generalitat pensara en estos otros territorios y escribía aquello de que el Ebro no es un Guadiana que desaparece al llegar a los
límites de la Comunidad Autónoma de Cataluña y reaparece al final de su tramo, en su desembocadura, como río catalán. El río Ebro es catalán en toda la cuenca que transcurre por Cataluña, nada menos que un 47 % del territorio de Cataluña: comarcas
de Segrià, Garrigues, Pla d'Urgell, Noguera, Pallars Jussà y Sobirà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Segarra, una parte del Solsonès, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià y La Cerdaña. El Ebro en territorio catalán riega
aproximadamente unas 400.000 hectáreas. Por tanto, nos merecemos que la Generalitat también lo tenga en cuenta. La semana pasada, el día 10, hubo una comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente en la que intervino el señor Barberà y
no me quedó claro si realmente somos amigos o no, más allá del cumpleaños, porque por un lado había habido muchas negociaciones, se habían hecho muchas reuniones y luego resultó que no, que todos no eran buenos, que solo lo era la directora general.
Entonces, de verdad, no quedó nada claro. Una cosa sí quedó clara, y es que el Gobierno del PP pensaba hacer lo que
tenía decidido hacer. Por eso, hemos presentado la enmienda a esta iniciativa. En primer lugar, porque los dos primeros puntos son votables, son la ley, pero en el tercer punto creemos que es necesario dejar claro, primero, el compromiso
con el caudal ambiental que debe tener el Ebro al final de su recorrido; que se tiene que determinar teniendo en cuenta los estudios aportados por todos los técnicos que están trabajando en esa determinación, de manera muy especial la Comisión para
la sostenibilidad de las Terres de l'Ebre, sin dejar de considerar las necesidades y cuidados, también sin duda los ecológicos, como se ha dicho anteriormente, que el río debe tener aguas arriba.
Quiero dar las gracias al señor Barberà por la facilidad con la que hemos podido redactar una transaccional que incluye tanto las enmiendas de Iniciativa per Catalunya como las del Grupo Socialista. Creo que en esa dinámica de iniciativas
inclusivas en la que ha entrado Cataluña esta es realmente una iniciativa inclusiva. Ha incluido usted las sensibilidades, tanto de Iniciativa como la nuestra; recoge todas las sensibilidades, todas las necesidades, todo lo que el río debe atender
a lo largo de su recorrido, desde que nace hasta que desemboca en el mar, en esta transaccional. Señor Barberà, usted especialmente, y el resto que hemos negociado con usted podemos estar satisfechos de haber hecho un buen trabajo. Ojalá que el
Grupo Popular, ojalá que el Gobierno del Partido Popular entendiera que las cosas se pueden hacer de otra manera y ojalá que se sumaran a ese esfuerzo, porque estaríamos ante un apoyo a un acuerdo razonable y en el inicio de la transformación del
Gobierno popular en un Gobierno más razonable de lo que viene siendo hasta la actualidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera.
Por el Grupo Popular, para presentar su enmienda, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que inicie mi intervención recordando que España tiene abiertos en Bruselas dos procedimientos de infracción, en uno de los cuales ya hemos resultado condenados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a la
inacción en materia hidrológica del anterior Gobierno socialista. Pese a que la Directiva-marco del Agua establece que el proceso de planificación hidrológica debería haberse culminado en diciembre de 2009, cuando el ministro Arias Cañete tomó
posesión de su ministerio en enero de 2012 se encontró con un panorama desolador. De los veinticinco planes hidrológicos de cuenca que debían haberse completado, solo uno, el de las cuencas internas de Cataluña, estaba aprobado.
Cumplir con nuestro compromiso como Estado ha sido una prioridad desde el inicio de la legislatura, que se ha trasladado a la Comisión Europea y que se está haciendo realidad. Los avances logrados en la planificación hidrológica en esos dos
años no tienen precedentes, señorías. En este ámbito se enmarca la propuesta del Plan hidrológico de la cuenca del Ebro, conforme a las prescripciones establecidas en la Directiva-marco del Agua y en el ordenamiento jurídico español que la traspone
y desarrolla. La propuesta del plan del Ebro ha sido informada favorablemente por amplia mayoría el pasado 4 julio por el Consejo del agua de la demarcación y el 29 julio por el Consejo Nacional del Agua. Ha contado con el apoyo expreso de todos
los departamentos ministeriales, entidades locales, abastecimientos, asociaciones agrarias y de regantes, organizaciones empresariales y de ocho de las nueve comunidades autónomas; es decir, se ha exceptuado Cataluña, que se ha autoexceptuado ella
misma. La propuesta, señorías, implica a todas las administraciones y usuarios, y busca el equilibrio entre las reivindicaciones de los distintos territorios que componen la demarcación y también entre las reivindicaciones ambientales más exigentes
y las de los usuarios, defendiendo el principio de unidad de cuenca y una gestión integral del agua que debe beneficiar a todos. La propuesta es fruto, señorías, de un amplio proceso de participación, consenso y diálogo, y ha exigido una gran
concertación y corresponsabilidad de todas las partes implicadas. Define por primera vez los caudales ecológicos en cuarenta y un puntos de importancia estratégica, lo que supone una plasmación de un compromiso ambiental colectivo. Los caudales
ecológicos recogidos en la propuesta del Plan del Ebro se han definido en aplicación de criterios científico-técnicos que se aportaron durante la etapa del Gobierno socialista, son coherentes con la realidad física del río y satisfacen las
exigencias establecidas por la normativa de planificación. Por ello, señorías, estaríamos de acuerdo con los puntos iniciales primero y segundo de la proposición no de ley.
La singularidad del delta del Ebro y sus indiscutibles valores ecológicos para la población allí ubicada han hecho que sea, con diferencia, el ámbito hídrico más estudiado. El caudal ecológico establecido por el actual Plan del Ebro en la
desembocadura es, señorías, de 3.156 hectómetros cúbicos/año y contó en
su momento con el voto favorable de Convergència i Unió. Sí, señorías, ustedes lo votaron. Entonces mi pregunta es: ¿Por qué ahora les parece insuficiente una propuesta que incrementa en 200 hectómetros cúbicos el caudal ecológico, si
antes les parecía bien la propuesta que tenía 200 hectómetros cúbicos menos? ¿Por qué, señorías? No lo ha explicado usted, señor Barberà. Esos caudales ecológicos se han definido tras analizar más de un centenar de estudios incluyendo, por
supuesto, los aportados por la Generalitat de Catalunya.
Señorías, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència adolece, desde mi punto de vista, de dos defectos importantes. De un lado, una propuesta fechada en mayo de 2012, poco después de iniciarse el periodo de consultas
públicas, momento en que tenía sentido que la Generalitat de Catalunya defendiera la propuesta de la Agencia Catalana del Agua. Sin embargo, no en el momento actual, próximo ya a su aprobación por el Consejo de Ministros, tras pasar por todos los
trámites establecidos en la planificación hidrológica. De otro, mantener la propuesta de 7.500 hectómetros cúbicos/año de la Agencia Catalana del Agua lleva a la conclusión de que los caudales ambientales propuestos no guardan relación con los
datos históricos del río Ebro y no pueden garantizarse ni en la situación actual ni en una situación futura. La petición defendida es, señorías, desproporcionada e inviable y aun blindando los caudales de las nueve comunidades de la cuenca del
Ebro, sería imposible garantizar ese caudal ecológico. El agua en la demarcación del Ebro es, señorías, un factor limitante de desarrollo.
El complejo agroalimentario, el desarrollo energético e industrial y el desarrollo turístico dependen de las disponibilidades de agua, por lo que resulta económica y ambientalmente insostenible garantizar unos caudales en el delta
desproporcionados para la realidad fiscal del Ebro. Los caudales que solicitan ustedes, señorías de Convergència, privarían de agua a Aragón y al resto de las comunidades autónomas de la demarcación y no creo, sinceramente, que sea esto lo que
ustedes pretenden. Su propuesta, señor Barberà, comportaría además no poder abastecer la demanda de los riegos del delta. ¿Ha preguntado usted a los agricultores del delta del Ebro si están de acuerdo en que el agua transcurra por el río y no por
sus canales de riego? ¿Ha hablado usted con ellos, señor Barberà? ¿Y qué le han contestado? Porque convendría también saberlo. Los porcentajes de caudales mínimos garantizados en el conjunto del delta en la propuesta del Plan hidrológico son
superiores al resto de ríos mediterráneos de España y resultan factibles, señorías, por la existencia del embalse de Mequinenza.
Nuestra enmienda al punto tercero de su iniciativa no tiene otro objetivo más que seguir manteniendo el diálogo y la colaboración con la Generalitat de Catalunya en el segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2020 recientemente
iniciado para corregir, si es menester, los problemas que puedan presentarse y tener en cuenta, si es preciso, además del caudal ecológico, la regresión del delta y las masas superficiales de agua. No duden, señorías, de que en la segunda fase de
la planificación...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, debe usted ir terminando.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente.
... se introducirán todas las mejoras que resulten oportunas, siempre que se formulen desde el rigor y el conocimiento de las necesidades y de la situación real de toda la cuenca, no de intereses concretos en un punto determinado. Apelamos,
señorías, a la solidaridad de todos los territorios de la cuenca del Ebro; por ello también apelamos a la solidaridad de Cataluña, que es una parte importante de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
En turno de fijación de posiciones, comienza el Grupo Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Gracias, señor presidente.
Desde Compromís-Equo estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de Convergència i Unió y también estamos de acuerdo con las enmiendas que han presentado la señora Ortiz y la señora Cunillera. Entendemos que los caudales ecológicos han
sido los verdaderos sacrificados en los planes hidrológicos y que continúan incrementando las presiones de los usuarios privativos y económicos en detrimento de los usos comunes y de la recuperación ambiental de los ríos. Esta es la conclusión que
tenemos cuando vemos las propuestas de caudales ecológicos, tanto del Ebro como también del principal río de los valencianos, el Xúquer, el Júcar, muy por debajo de lo que marca la Directiva-marco del Agua. Por eso quiero mostrar mi compromiso con
esta propuesta, porque es el mismo problema que tenemos los
valencianos con el Xúquer. Los caudales ecológicos son exiguos o inexistentes y con la propuesta que en nuestro caso se hace del Júcar el río se secará en muchos tramos, como ha pasado ya varias veces en los últimos años, como por ejemplo
en Sumacàrcer o en mi término municipal de Sueca, en lo que llamamos l'Assut de Cullera. Así le pasa también a nuestra zona húmeda más importante, La Albufera, a la que condenan en esta propuesta de plan hidrológico a una muerte cierta, porque le
asignan un caudal ecológico mínimo de 167 hectómetros cúbicos al año, muy por debajo de las necesidades mínimas que tiene para que pueda recuperarse, ya que tanto estudios científicos como documentos oficiales cifran esta necesidad en al menos 250
hectómetros cúbicos al año de agua de buena calidad y sin fósforo. Por tanto, quiero anunciar nuestro voto favorable a esta proposición porque queremos ríos vivos, porque queremos un Ebre y un Xúquer vivos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, si el ministro Cañete quiere aspirar a ser comisario europeo, con este plan lo tiene fatal. De hecho, el Gobierno español, la marca España, se juega la poca credibilidad que le queda delante de las instituciones europeas. El plan
tiene graves errores en la aplicación de la Directiva-marco del Agua y Europa no va a permitir que el delta muera. No lo va a permitir porque el caudal programado, esos 3.000 hectómetros cúbicos anuales, es la muerte; la muerte del delta por la
salinización, por la subsidencia y por la regresión. Lo saben y a pesar de ello no han tenido en cuenta ni las alegaciones del Gobierno catalán ni ninguna de las alegaciones presentadas por las instituciones científicas, solo han prevalecido los
argumentos políticos. El Partido Popular, el Gobierno, es cautivo de la vieja cultura del agua. Han hecho prevalecer los argumentos políticos, un reparto político del agua, lo cual comporta la programación de 445.000 nuevas hectáreas de regadío.
Pero Europa no lo va a permitir. Esto forma parte de todo un proceso político que conlleva hacer una recentralización; de ahí la manera en cómo han aprovechado la Ley de Evaluación Ambiental para que puedan hacer todas las autopistas del agua que
requieran sus intereses económicos, sin la necesidad siquiera de consultar a las comunidades autónomas. Pues bien, vamos a plantar cara; las instituciones catalanas plantarán cara; plantará cara también la plataforma En defensa del Ebro, y sobre
todo, van a chocar con Europa. Europa les hará retroceder. De hecho, ya perdieron cuando intentaron hacer un Plan hidrológico salvaje, brutal y retrógrado, porque no solamente fue la movilización popular la que hizo posible su fracaso, sino que
por encima de todo fue Europa. Así pues, repito, si no corrigen lo que aquí, en el Estado español, es un paseo triunfal gracias a su mayoría absoluta, en Europa será el sonrojo de intentar mantener una cultura del agua absolutamente pasada de moda
que no responde a los criterios de sostenibilidad ni de crecimiento económico armónico con el medio que hoy día se nos exige desde Europa. Por tanto, si el ministro Cañete aspira a ser comisario europeo, francamente lo tiene muy, pero que muy mal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardá.
Por el Grupo Vasco PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente desde el escaño, si me lo permite, para decir tres cuestiones. Primero, el tema de los caudales ecológicos es algo muy importante, a tener muy en cuenta, muchas veces olvidado, y creo que si no se respeta el caudal
ecológico de un río, sobre todo su parte final, este tiende a morir, como se ha dicho. No voy a reiterar cuestiones que mejor que yo han dicho otros compañeros, pero sí quiero decir que lo que solicita el Grupo Catalán es de sentido común. Las
cosas hay que hacerlas de esa manera; son los más afectados y mi grupo les va a apoyar en la propuesta, sobre todo vista la transaccional a la que han llegado con otros grupos y en la que se han reflejado las inquietudes y las necesidades que
planteaban otros grupos.
Me ha parecido muy dura la intervención de la señora De Lara, del Grupo Popular. No voy a entrar en disquisiciones que son más de carácter político que verdaderamente hidrológico o incluso ecológico. Por tanto, la opinión y la posición de
la Generalitat de Catalunya, como no podía ser de otra manera, ha de ser tenida en cuenta obligatoriamente respecto a la cuenca del Ebro. El Ebro pasa por muchos sitios -todos
somos de alguna manera beneficiarios de las virtudes del Ebro- y es interesante que nadie sea perjudicado. Mi grupo va a apoyar la propuesta de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Señores de Convergència i Unió, hay dos cuestiones que nos preocupan especialmente y que tienen que ver con la propuesta que nos traen hoy aquí: una es el fondo del problema y otra es la forma con la que ustedes la presentan. Me temo que
son igualmente importantes las dos, porque una gran parte del problema del fondo tiene que ver con la forma con que se ha abordado históricamente en este país este tipo de cuestiones. Estamos completamente de acuerdo en que el Ebro tiene serios
problemas y que, por tanto, su delta también, pero no son problemas que existan únicamente en su comunidad autónoma. Me gustaría recordar que la Unión Europea ya nos ha dado varios tirones de orejas muy importantes porque el estado de los ríos
españoles es, señorías, deplorable y además nos coloca a la cola de todos los países de nuestro entorno. Señorías, en el 60 % de los ríos de nuestro país uno no se puede bañar sin pasar un serio peligro. Nuestro país tiene reiteradas sanciones
desde 1998 por incumplimiento de directivas europeas. Ríos como el Llobregat -ese es suyo también, ¿no?- o el Guadalquivir reciben elevadísimas cantidades de contaminación de las áreas metropolitanas; al Segura además se le añade todo aquello que
viene de la agricultura; el Nervión está saturado de contaminación industrial; el Jarama está tan deteriorado y tan contaminado que aunque se instalen todas las depuradoras previstas de aquí a algún tiempo el nivel de amonio será cinco veces lo
que pueden resistir los peces; en el Ebro hay industrias que vierten sustancias altamente contaminantes y acumulativas como el mercurio y el cadmio; otras utilizan el cloro y la sosa. El Ministerio de Agricultura ha calculado que por culpa de una
sola de esas industrias que están en su territorio será necesario dragar, almacenar y tratar 760.000 metros cúbicos de lodo. El delta, como todos los ríos españoles y como todos los deltas españoles, tiene problemas de contaminación, tiene
problemas de aporte sedimentario, tiene problemas incluso de introducción de especies foráneas. En fin, un desastre, pero un desastre del que son ustedes también responsables, señores de Convergència i Unió, así como los Gobierno del Partido
Socialista, los Gobiernos del Partido Popular o también los Gobiernos del Tripartit en Cataluña, hablando más concretamente de lo que sucede en su territorio. Ese es el penoso estado de nuestros ríos, en los que en vez de un caudal ecológico lo que
existe es un auténtico caudal de porquería, de contaminación.
Ese es el fondo del problema. Totalmente de acuerdo en el diagnóstico, aunque probablemente ahora vienen las divergencias en cómo encontrar solución al problema. ¿Por qué decimos nosotros que la forma es lo que también nos ha llevado a
esta situación? Porque con esta propuesta ustedes se empeñan en repetir un esquema que ha llevado a este país a la ruina; se empeñan en seguir negociando de forma bilateral, y así nos va, así hemos quebrado el principio de igualdad en nuestro
Estado; así hemos gestionado en muchas cosas de forma tan poco eficiente. De la misma forma, señores de Convergència i Unió y les guste o no que yo como valenciano tenga, según la Constitución, tanto que decir como ustedes o como un extremeño
sobre la forma en la que Cataluña se relaciona con el resto de España o en cómo se financia, eso mismo, señores de Convergència i Unió, sucede con el agua. Qué se hace con el Ebro no es asunto suyo, señores de Convergència i Unió, o mejor dicho no
es solo asunto suyo; es asunto de todos los españoles cuyo Gobierno debe velar por nuestra igualdad -cosa que no hace- y por que todos tengamos derecho a asegurarnos ese preciado recurso y además cuidarlo como se debe. Además ustedes, señores de
Convergència i Unió, haciendo gala como siempre de un desprecio notable a las leyes, olvidan que la cuenca del Ebro la conforman nueve comunidades autónomas, no solamente Cataluña. Dicen ustedes en su propuesta que no se tiene en cuenta la opinión
del Gobierno de Cataluña. Es falso. Sí se tiene en cuenta la opinión del Gobierno catalán pero, adecuadamente, no se tiene en cuenta solamente la opinión del Gobierno catalán, se tiene también en cuenta la del resto de las comunidades autónomas y
como nosotros creemos -aunque no formen parte de esa cuenca- también se debe tener en cuenta la opinión de un extremeño, de un gallego o de un andaluz, por mucho que ese río no pase por su geografía. Ustedes crean un organismo distinto -esto ya lo
han hecho en muchas otras cosas-, en el que solo están ustedes, en fin, trampas y más trampas.
Me queda poquito tiempo y debo acabar. Hemos dicho muchas veces que para esto hay que poner a trabajar a los técnicos, hemos dicho que es una vergüenza ver cómo en temas tan sensibles como el agua se hace política de la mala y se procura el
enfrentamiento entre comunidades. Se lo dice un valenciano que sabe perfectamente cómo el Partido Popular y el Partido Socialista han usado precisamente el trasvase del Ebro para enfrentar comunidades y para hacer populismo y demagogia. Para
acabar, porque no me queda tiempo -acabo, señor presidente-, no querría dejar de mencionar un último asunto importante. Señores de Convergència i Unió, ¿ustedes piden al Gobierno que se cumpla la ley? ¿Ustedes que incumplen las leyes, ustedes que
incumplen la política lingüística y las sentencias del Supremo piden al Gobierno que se cumpla la ley? ¿Ustedes que avisan de que incumplirán ciertas leyes que aprobamos aquí, piden que se apruebe la ley? ¿Ustedes que están promoviendo un
referéndum secesionista y anticonstitucional, piden que se cumpla la ley? Señores de Convergència i Unió, para terminar, prediquen con el ejemplo, limpien sus ríos y cumplan las leyes.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Aunque ya se ha explicitado, pero a efectos oficiales, señor Barberà, ¿qué es lo que vamos a votar?
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, estamos trabajando en ello. Casi tenemos cerrada una transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, con Izquierda Plural y también hemos entregado una copia a UPyD, que el señor Cantó
no debe haber leído. Que se la lea y verá cómo se le solucionan muchos de los problemas que ha planteado con mentiras. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberà.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), EN ESPECIAL EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS DE SUS
ACTUALES RESPONSABLES POLÍTICOS Y LA REGULARIDAD DE LOS EXPEDIENTES TRIBUTARIOS QUE AFECTAN A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES. (Número de expediente 173/000125).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el último punto que vamos a debatir hoy del orden del día. Moción del Grupo Parlamentario Socialista como consecuencia de interpelación al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el
funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en especial en relación con los criterios organizativos de sus actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes
contribuyentes. Para su defensa tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Señor presidente, señorías, de manera directa ¿por qué una comisión de investigación ante un nuevo escándalo en la Agencia Tributaria? Fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, para analizar y evaluar qué
ha sucedido y conocer la verdad de por qué la dirección política de la Agencia Tributaria quería perdonar a una gran empresa, a una empresa multinacional más de 450 millones de euros. Esta es la razón más directa. Queremos saber toda la verdad,
queremos analizar, queremos estudiar y queremos obtener consecuencias. En segundo lugar, porque la mejor forma de resolver la desconfianza de las instituciones en este momento es la transparencia y no el ocultismo.
Para que no haya dudas sobre la Agencia Tributaria lo mejor es una comisión de investigación sobre este tema; para que la Agencia Tributaria vuelva a tener el nombre que siempre ha tenido y que todos deseamos que siga teniendo, lo mejor es
una comisión de investigación. Normalmente, el Partido Popular, cuando tiene un problema, cuando tiene una mancha, siempre aparece con una nueva ley, un nuevo marco regulatorio, un nuevo estatuto para la Agencia Tributaria; pero, primero, para
ganar en credibilidad justo en este momento, en el momento de mayor recorte de la historia de la democracia, de mayor incremento de impuestos de la historia de la democracia, lo mejor es abordar el problema, no pasar página. Este es el mejor
servicio que le podemos hacer a los ciudadanos: hacer una comisión de investigación porque se la debemos. Se la debemos a los ciudadanos porque estamos hablando de un expediente -probablemente serían más expedientes- por el que se le quiere
perdonar a una empresa
más de 450 millones de euros. Insisto, por supuesto que estamos a favor de los cambios legales, de los cambios regulatorios, de un estatuto para la Agencia Tributaria, pero el mayor servicio que le hacemos a las instituciones españolas, el
mayor servicio que le hacemos a la Agencia Tributaria es tener una comisión de investigación, es decir, no pasar página, abordar el problema directamente, no venir con un conejo dentro de la chistera. Primero, hay que abordar el problema y después
los cambios regulatorios, y más en este momento, insisto, en el que la subida de impuestos ha sido descomunal y los recortes son también descomunales. Los ciudadanos se lo merecen, la ciudadanía se merece esta comisión de investigación; tenemos
que conceder a los ciudadanos esta comisión de investigación para el buen nombre de las instituciones y de la Agencia Tributaria.
Tiene que ser una comisión de investigación que nos permita conocer el expediente porque, de acuerdo con la Ley General Tributaria, si no es a través de una comisión de investigación no podemos conocer el expediente relativo a un
contribuyente. Además, lo que queremos es que comparezcan en esta comisión las autoridades, el ministro y por supuesto los empleados públicos que han trabajado a lo largo del expediente y, si es necesario, las empresas o los representantes de las
empresas de asesoría de esta multinacional que podrían haber pagado 450 millones de euros menos. Eso es lo que queremos con la comisión de investigación y esa es la dinámica que pretendemos: conocer el expediente, que vengan todos los actores y
sacar consecuencias porque, como digo, lo mejor son las responsabilidades, que se sepa lo que ha sucedido, y después vendrá ese nuevo estatuto de la Agencia Tributaria. No quiero dejar pasar en este punto que el Congreso también debería rechazar
-lo dice nuestra moción- la reiterada utilización por el ministro de Hacienda de una información de la que no puede disponer para amedrentar a muchos colectivos, también a los medios de comunicación la semana pasada. Ese es un punto importante de
nuestra moción. El ministro de Hacienda no puede utilizar una información que, insisto, no está disponible para amedrentar; como digo, no puede utilizar o amenazar con que tiene una información para amedrentar a muchos colectivos, incluidos los
medios de comunicación.
¿Por qué creemos nosotros que el Partido Popular va a votar en contra de esta comisión de investigación? En primer lugar, porque creemos muy sinceramente que no quieren que sepamos la verdad de lo que ha sucedido en la Agencia Tributaria
con este expediente. Es evidente que la destitución se ha producido porque la empleada pública no quiso hacer lo que la dirección política de la agencia quería que hiciera y, como digo, el Partido Popular no quiere que se sepa toda la verdad en
este asunto, un asunto que hemos dicho que es muy, muy grave. En segundo lugar, porque en el fondo, señorías, los resultados de la lucha contra el fraude y la elusión fiscal no son una prioridad de un Gobierno conservador, de un Gobierno de
derechas. El marco ideológico de la derecha se construye a partir de bajar los impuestos, a partir de la optimización fiscal y, en definitiva, de la devaluación fiscal, de la planificación fiscal inteligente o agresiva y, como digo, al final de la
devaluación fiscal a las grandes fortunas y grandes patrimonios. Eso al final, de acuerdo con ese marco ideológico, de acuerdo con ese marco económico, contribuirá a la creación de riqueza y la creación de empleo. Pero no lo digo yo; el director
de la Agencia Tributaria ha dicho en el último congreso de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda -abro comillas- que centrar el foco en los grandes contribuyentes es un error. Ya están muy controlados -dice el director general de
la Agencia Tributaria- y generan actividad económica y puestos de trabajo.
Les digo, señorías, que en cuanto a bajar impuestos a los grandes contribuyentes en este campo siempre habrá algún país que lo haga más barato. Siempre va a haber algún país que baje los impuestos a los grandes contribuyentes. Y les digo
más, señorías, la mejor manera de asegurar inversiones estables y a largo plazo es con seguridad jurídica, con calidad de las instituciones. Eso es lo que garantiza las inversiones de largo plazo. Eso es lo que garantiza las inversiones que
generan empleo y de calidad. El camino no es bajar los impuestos, el camino no es la elusión fiscal a los grandes contribuyentes y a los grandes patrimonios. En definitiva, señorías, una comisión de investigación es necesaria para la Agencia
Tributaria, necesaria para recuperar la calidad y la credibilidad de las instituciones en nuestro país; es muy necesaria. (Rumores).
En relación con las enmiendas presentadas por UPyD y Convergència i Unió, vamos a aceptar la enmienda de Unión Progreso y Democracia. La enmienda que Convergència i Unió ha presentado nos parece muy interesante, pero en este contexto no la
podemos aceptar. Insisto, nos parece interesante en otro contexto porque nosotros lo que creemos para recuperar la credibilidad en las instituciones, en la Agencia Tributaria, es que hay que aprobar una comisión de investigación porque se lo
debemos a los ciudadanos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
En efecto ha habido dos enmiendas presentadas y para su defensa, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Suele decirse coloquialmente que una imagen vale más que mil palabras. No sé a cuántas opiniones equivale un hecho, pero en el asunto que nos ocupa la simple enumeración de los hechos que han ocurrido alrededor de la Agencia Tributaria en
las últimas semanas ofrece una imagen muy contundente porque cada uno de estos hechos por separado sería grave, pero todos juntos tienen una gravedad extrema en opinión de mi grupo. (Rumores).
En primer lugar, una inspectora rechaza un recurso de una gran empresa en un expediente en el que estaba en juego una multa de 450 millones, y rechaza ese recurso porque la empresa no ha alegado nada nuevo, no ha alegado ningún argumento
adicional. Por tanto, cumple con su obligación y en premio a su cumplimiento, en premio a sus desvelos, recibe el cese fulminante enviando un mensaje preocupante al resto de compañeros en la Agencia Tributaria. Este primer acontecimiento
desencadena una primera oleada de dimisiones, dimisiones de compañeros de esta inspectora en la unidad que inspecciona a los grandes contribuyentes, y también de superiores suyos. Esta unidad tiene una importancia crucial en la agencia, investiga a
los grandes contribuyentes y queda descabezada. Por si esto fuera poco, a continuación se produce una nueva oleada, esta vez de ceses -parece como si se hubiese decidido que una vez asumido el coste de la atención pública, por qué no llevar las
cosas hasta el final-, que incluye delegados de la agencia en Cantabria, Galicia, Castilla y León, y todo esto culmina ni más ni menos que con la dimisión del número dos de la Agencia Tributaria. No es un hecho aislado, son una serie de hechos
extraordinariamente importantes, que han sucedido en muy pocos días. (Continúan los rumores). A esto se añade una instrucción interna por la que a partir de ahora va a ser el director de la Agencia Tributaria quien decida qué inspectores concretos
van a auxiliar a la justicia cuando se necesite un perito en un caso judicial. Esto nos llama poderosamente la atención, porque incluso antes de esta decisión tan curiosa la Agencia Tributaria ha emitido ya en casos judiciales muy importantes
opiniones muy sorprendentes. Me estoy refiriendo, en concreto, al caso Nóos, en el que está involucrada una infanta, como todos ustedes saben, en el que, en primer lugar... (Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Por favor, ruego silencio, no se oye al interviniente.
Continúe.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, presidente.
Me estaba refiriendo al caso Nóos, en el que está involucrada una infanta de España, en el que una serie de facturas que se habían declarado ficticias, a continuación se consideraron deducibles. Me refiero además al caso Bárcenas-PP, en el
que una serie de donaciones que se habían considerado ilegales, a continuación se consideraron deducibles. Estas dos decisiones tributarias han permitido que no haya delito fiscal en ninguno de los dos casos al no sobrepasarse el tope de 120.000
euros de fraude. Si esto ha sucedido antes, ¿qué puede suceder después? (Rumores). No nos podemos permitir una Agencia Tributaria politizada, bastante es tener una justicia politizada o tener una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
politizada. En este país no podemos llegar a una situación en que cuando actúe la Agencia Tributaria investigando a un contribuyente los ciudadanos piensen que hay dos varas de medir, una para las grandes empresas, para los partidos y la familia
real, y otra para el resto de los ciudadanos. Y esperemos que no haya una tercera vara que sea para tratar de forma especialmente negativa a quien se quiera perjudicar. No podemos tolerar no ya la situación, sino la sospecha de la situación. Una
democracia de calidad no solo consiste en votar cada cuatro años, consiste también en este tipo de cosas. Por si esto fuera poco, las aclaraciones del ministro en vez de aclaraciones son ejercicios de echar gasolina a la hoguera. Le dicen que la
agencia está politizada y habla de que se ha cesado a unos inspectores porque eran socialistas. Dice que hay que evitar las filtraciones y filtra que, según él, hay medios de comunicación que no cumplen sus obligaciones. En el pasado ha insinuado
datos fiscales de diputados de la oposición y de partidos políticos. En vez de aclarar los temas los magnifica. (Continúan los rumores).
Por todo ello, nosotros apoyamos la propuesta del Grupo Socialista de que se cree una comisión de investigación en torno a estas cuestiones. La enmienda que hemos añadido recoge la oferta que hizo el
ministro de diseñar un estatuto de la Agencia Tributaria, pero quiero que conste que eso es además del resto de medidas, no en lugar del resto de medidas. Es necesaria la comisión de investigación y también sería bueno que la Agencia
Tributaria tuviese su estatuto orgánico. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Para presentar su enmienda, por el Grupo Catalán, Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, no comparte la moción que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista por muchos motivos, pero entre ellos hay uno básicamente que nos preocupa. Hoy se está
hablando aquí de un caso específico y particular de una gran compañía, pero en ningún momento se ha hablado en esta Cámara de todo lo que pasa en todas aquellas actuaciones inspectoras que se producen en Cataluña y en el resto de España -pero yo voy
a hablar de Cataluña- en las que hay una actuación indiscriminada y contundente de la Agencia Tributaria, en la cual hay muchos levantamientos de actas por medio de la Inspección. La mayoría son actas de disconformidad que acaban en el Tribunal
Económico-Administrativo y posteriormente en el Tribunal Supremo, dando la razón al contribuyente y no a la Inspección. Esto es, estamos hablando aquí de un tema particular y no entramos a fondo en qué está pasando en la Agencia Tributaria a lo
largo de estos últimos años, tanto si ha gobernado el Partido Popular como si lo ha hecho el Partido Socialista, siendo los grandes desprotegidos en todas las actuaciones de la Inspección los contribuyentes. ¿Qué pretende, pues, Convergència i
Unió? Ya le adelanto, señor Saura, que mi grupo se va a abstener en su moción, pero ¿qué propugna Convergència i Unió? Que haya una Agencia Tributaria efectiva, que tenga una estructura jerarquizada, que sea coherente en la aplicación y homogénea
en todas las obras tributarias, y que un inspector de Barcelona aplique los mismos criterios que uno de Castellón o que uno de Madrid en el levantamiento de las actas, para que todos los ciudadanos españoles tengan los mismos derechos y las mismas
obligaciones cuando la Inspección se presenta en su compañía o a inspeccionar su renta particular. En definitiva, que toda la Inspección vaya en la misma dirección. Pedimos coherencia, estructura jerarquizada y aplicación coherente de todas las
normas tributarias.
Segundo aspecto. Partimos de la base de que la conflictividad no es coherente con el incremento de la recaudación; al contrario, cuanta más conflictividad menos recaudación, porque aunque las actas levantadas sean de disconformidad y vayan
dirigidas a minorar el déficit público, la verdad es que al final Hacienda pierde ante los tribunales más de un 60 % de dichas actas. Vale la pena que hoy todos los grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo para que existan los mismos
criterios, homogéneos y coherentes, para que toda la Inspección tenga unas normas a seguir y cuando vaya a una empresa, ya sea grande, pequeña o mediana, o inspeccione a una persona física aplique los mismos criterios, que esto hasta la fecha nunca
ha ocurrido. Por tanto, ¿cuál es el planteamiento de Convergència i Unió? Lo hemos dicho muchísimas veces. Estamos en contra de que la Inspección tenga objetivos económicos para levantar actas, porque esto no lleva absolutamente a ningún sitio.
Y lo más grave, señorías, es que esto está pasando en la economía real, lo están soportando muchísimas empresas y muchísimos contribuyentes, pues la Inspección va a visitar única y exclusivamente a los contribuyentes que pagan y dejan de intentar
levantar actas en la economía sumergida. Nadie habla de este asunto, absolutamente ninguna formación política, excepto Convergència i Unió, que ha manifestado en diferentes ocasiones cómo podemos plantear que la Administración Tributaria sea
coherente, eficaz y que luche contra la economía sumergida. Nuestra moción va en este sentido, señor Saura y señores del Grupo Popular. Seamos conscientes de que existe una problemática importante en una actuación arbitraria de muchísimos
inspectores en España, partiendo de la base, señor Saura, de que nosotros siempre hemos dicho que Hacienda tiene a su disposición un cuerpo efectivo, coherente, un cuerpo de élite de inspectores, pero todos tendrían que ir en la misma dirección. No
puede ser que cada inspector de Hacienda aplique unos criterios que no sean coherentes en todo el territorio o en todas las oficinas de Hacienda que puedan existir en el Estado.
Nosotros tratamos de buscar la coherencia, la efectividad y de luchar contra el fraude fiscal y por este motivo, señor Saura, sería bueno que el Gobierno tomara nota de que en breve debería plantear en esta Cámara un debate en profundidad, a
fondo, sobre cómo ser efectivos en la lucha contra el fraude, sobre cómo podemos ser efectivos para incrementar la recaudación de Hacienda, porque todas sus señorías saben que la Administración de Hacienda española deja de recaudar más de 60.000
millones de euros al año por no ser efectiva en la lucha contra el fraude, y aquí nadie hace absolutamente nada. Mientras tanto
se visita siempre a los que pagan, ya sean pequeños o medianos contribuyentes o contribuyentes a los que a través de las notificaciones y de las declaraciones paralelas les estamos complicando la existencia cada día más.
Señorías, vamos a abstenernos y a ver si es posible que los diputados y los grupos políticos se conciencien de que hay que arreglar esta situación.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego con fecha 27 de noviembre y después con fecha 5 de diciembre solicitó la comparecencia del ministro de Hacienda en Comisión para que explique lo que está pasando en Hacienda. Lo hicimos, señorías,
porque es necesario decir la verdad de lo que está pasando y no se puede resolver este problema, que desde nuestro punto de vista es muy grande, diciendo que estas dimisiones y ceses tienen que ver con la remodelación que la Agencia Tributaria está
haciendo después de que fuera cesada la directora general hace unos meses.
Señorías, ya en su momento el cese de la directora general estaba circunscrito a una serie de cuestiones que merecían una aclaración por parte del Gobierno. Sin embargo, el Gobierno tampoco lo hizo y ahora nos encontramos con el cese de una
inspectora que estaba relacionada con el expediente de Cemex, que tenía una sanción de más de 400.000 euros, aunque el ministro dice que no tiene nada que ver. Es curioso que desde el ministerio y el propio ministro digan que estos ceses dependen
de esta remodelación cuando el delegado territorial de la Agencia Tributaria cesado en Galicia fue nombrado por este nuevo Gobierno. Por tanto, no se puede entender esta cuestión. Justamente por tener pedida la comparecencia del ministro estuvimos
muy atentos a la respuesta que el señor Montoro dio a la interpelación presentada por el señor Saura, y hemos de decir que no solamente seguimos con las mismas dudas, sino que en este momento estamos escandalizados por la respuesta que dio el
ministro a esa interpelación. No solo no contestó a nada de lo que en este momento importa -no a los grupos políticos, sino a los ciudadanos-, sino que más bien parece que se reía -vuelvo a decir- no de los grupos políticos, sino de todas y todos
los ciudadanos. Lo que trasciende a la opinión pública es que en este momento la Agencia Tributaria está siendo muy rigurosa con los pequeños contribuyentes, por no decir que los está persiguiendo; por ejemplo, los emigrantes se ven obligados a
pagar sanciones como si fueran defraudadores, cuando simplemente son personas mal informadas. Y mientras, señorías, trascienden informaciones como la de Cemex, relacionadas con una evasión fiscal muy importante por parte de los grandes
contribuyentes.
Por tanto, señorías, vamos a apoyar esta moción porque entendemos que, una vez que el ministro y el Gobierno no aclaran la situación real de la Agencia Tributaria, nos parece importante hacer esa comisión para que todo esto se pueda aclarar.
La Agencia Tributaria no puede dar la imagen de ser benévola con aquellos que más tienen y en cambio ser tremendamente dura con los que menos tienen. Por tanto, señorías, daremos nuestro apoyo a esta moción, incluso compartiendo las enmiendas que
el proponente acaba de aceptar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, presidente. (Rumores).
Señoras y señores diputados, ¿alguien en esta Cámara cree que la solución de la Agencia Tributaria española...
El señor PRESIDENTE: Perdón, un momento. Por favor, ocupen sus escaños y no los pasillos.
Continúe.
La señora JORDÀ I ROURA: Preguntaba si alguien en esta Cámara cree que la solución de la Agencia Tributaria española pasa por que el Gobierno cambie rojerío por facherío; pregunto. La pretensión de manipulación política de la Agencia
Tributaria es tan escandalosa, señorías, como ilegal. Especialmente
graves son las injerencias políticas en la labor que realizan los inspectores tributarios e incluso las amenazas que se les hacen a los mismos. En esta misma línea hay que situar -ya se ha dicho- la actuación de la Fiscalía Anticorrupción
contra la presidenta de Gestha después de que denunciara trato de favor a la infanta. En un Estado donde el fraude fiscal es uno de los grandes problemas, la labor de los inspectores de Hacienda debería ser clave y la labor del Gobierno debería ser
dotarles de todas las herramientas económicas y procedimentales oportunas para realizarla con eficacia, sin sombra de errores, evidentemente, y sin injerencias políticas. Lejos de esto, los sucesivos Gobiernos españoles han obstaculizado la
eficiente labor en la lucha contra el fraude fiscal, desde el PSOE que ya en plena crisis decidió que alrededor del 40 % de los inspectores de Hacienda que se dedicaban a investigar a las grandes fortunas se centraran específicamente en asalariados,
autónomos y pymes, hasta el Partido Popular que pretende convertir la Agencia Tributaria en un arma política para amenazar o castigar a sus enemigos a la vez que amnistiar a sus amigos. Ante una situación de fuerte incertidumbre en todos los
aspectos posibles en España, a la ciudadanía solo le llegan input sobre la Agencia Tributaria del estilo de: amigotes, amnistiados, muchos socialistas, pocos populares, informes sobre la situación fiscal de la infanta, el caso Cemex, que también se
ha comentado, las dimisiones en masa, los ceses, las amenazas del propio titular de Hacienda, el siempre inefable señor Montoro, y un sinfín de despropósitos que para nada contribuyen a crear un clima de confianza en la ciudadanía para conseguir
superar la desastrosa situación económica y social que vive este reino.
Acabo. Como republicanos sentimos una gran indignación y decepción al ver en vivo y en directo cómo se premian los comportamientos socialmente irresponsables, cómo se desprestigia abismalmente la cosa pública y se acepta de una manera
absolutamente tranquila la convivencia con el fraude más absoluto, que siempre beneficia, evidentemente, a los mismos. ¿Aún les extraña a ustedes, señorías, que ante tan patético espectáculo los catalanes queramos pagar a una agencia catalana
propia? Pues sí, queremos hacerlo básicamente para conseguir una sociedad más justa y también una sociedad mucho más solidaria. Vamos pues a dar todo el apoyo a la moción presentada por el Grupo Socialista, y en particular por el señor Saura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, tras el debate de la semana pasada en relación con el comportamiento de la Agencia Tributaria y de sus responsables sobre ciertos expedientes administrativos así como los ceses y
dimisiones de cargos de la agencia que parecen estar relacionados directa o indirectamente con supuestos tratos de favor a empresas, hoy tenemos en esta Cámara que fijar la posición de nuestro grupo parlamentario sobre la moción que nos trae el
Grupo Socialista. Al margen del mayor o menor interés partidario del grupo proponente de utilizar la información salida de la Agencia Tributaria, en el Grupo Vasco consideramos que el asunto es de gran trascendencia e importancia. En nuestra
opinión, la Agencia Tributaria, al igual que las haciendas forales que recaudan los impuestos en el caso de los territorios históricos de Euskadi o el Gobierno foral navarro que lo hace en Nafarroa, deben gozar de un prestigio incuestionable.
Cualquier sospecha que pudiera haber sobre una actuación de favor perdonando, condonando o reduciendo sin justificación una deuda tributaria o cuestiones como mirar hacia otro lado frente a actuaciones indebidas de ciudadanos y empresas en relación
con los impuestos que han de pagar, deben ser aclaradas y explicadas al conjunto de los ciudadanos cuanto antes. Los ciudadanos deben sentir de verdad que la Agencia Tributaria actúa de forma ecuánime y que defiende los intereses del conjunto,
recaudando los impuestos que permitan financiar las inversiones y las prestaciones públicas sociales. El deterioro de la imagen que puede sufrir la Agencia Tributaria redundaría en una menor legitimidad para exigir los impuestos, a la vez que los
propios ciudadanos se podrían sentir menos obligados a cumplir con sus propias obligaciones tributarias. Luz y taquígrafos, por lo tanto. Solicitamos del Gobierno y de la propia Agencia Tributaria que ofrezcan las explicaciones necesarias para
ahuyentar cualquier sospecha de duda sobre su funcionamiento. Por ello, estamos completamente de acuerdo, tal como señala en el punto primero de la moción, con que la Administración pública actúe atendiendo a los principios de legalidad, equidad,
eficacia, etcétera, evitando en todo caso tratos discriminatorios a favor de grandes contribuyentes. Así debe ser.
Votaremos favorablemente este primer punto, en el caso que se pudiera votar por puntos. Pero como parece que el señor Saura ha aceptado una enmienda de otro grupo parlamentario, no va a ser posible,
con lo cual va a haber una votación en conjunto. No obstante, permítanme que me manifieste en relación con cada uno de los apartados que incluye la moción. El primer apartado solo posible desde la máxima profesionalidad y respetando al
máximo la independencia y actuación de los funcionarios. Por ello, la organización y sus cambios deben ser también transparentes y realizarse atendiendo estrictamente a criterios de capacidad, experiencia y profesionalidad, y ello se contempla,
señorías, en el segundo apartado, al que también, como decía, votaremos favorablemente. Sin embargo, con relación al contenido de los puntos tres y cuatro de la moción, quisiera realizar algunas puntualizaciones. Nos abstendríamos -ya sé que no va
a ser posible- en relación con el punto tercero, puesto que no vemos muy claro lo que el ministro de Hacienda pueda hacer o no hacer con la información tributaria de que disponga. Creemos que no se debe utilizar como arma arrojadiza frente a
algunos colectivos, medios de comunicación, políticos, etcétera, en la medida que incluso puede coartar la libertad de expresión, y en nuestra opinión sería muy grave; es decir, esa utilización nos parece perversa. Pero creemos que es posible que
pueda utilizarse la información en defensa del interés general y del interés de la mayoría de los ciudadanos. Respecto al punto cuarto, solicitar la creación de una comisión de investigación en este momento nos parece un poco excesivo. Como decía
antes, la transparencia debe ser total, pero para ello no es necesario, al menos inicialmente, una comisión de investigación. El responsable máximo de la Agencia Tributaria, incluso otros responsables de menor rango, podrían comparecer y deberían
hacerlo en la propia Comisión de Hacienda para ofrecer todo tipo de explicaciones con relación tanto a los sospechosos de expedientes como a los cambios organizativos y de personas habidas en la Agencia Tributaria y evitar así que continúen las
dudas sobre la agencia. De igual manera, y con mayor motivo, el propio señor ministro de Hacienda, el señor Montoro, debería ofrecer las explicaciones oportunas y necesarias y contribuir así a aclarar los temas, que no están en absoluto claros.
Insisto en que una Comisión de investigación a priori nos parece excesivo y por ello al punto cuatro votaríamos en contra. Pero, dado que no se puede votar más que en conjunto, nuestro grupo se va a abstener. (Rumores).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Ruego silencio. El que tenga que hablar que se vaya fuera, a los pasillos, al bar, donde le parezca, y si no, atiendan al que habla.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señor presidente.
La tan traída estos días Constitución española reza en el artículo 31 lo siguiente: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad. Este artículo, como tantos otros artículos de la Constitución a menudo olvidados, ignorados e insultados por parte de los diferentes Gobiernos y particularmente por parte de este Gobierno, también es ignorado
por el Gobierno del Partido Popular, es ignorado de diferentes formas. En primer lugar, por la acción que suponen las políticas económicas del Gobierno y particularmente del Ministerio de Hacienda, tales como la amnistía fiscal, que legitiman la
evasión y la elusión fiscal. Tales medidas no hacen sino ir en contra de lo que debería ser un sistema fiscal y además implantan una moralidad perversa en torno al sistema tributario y lo que debería ser. Pero también olvidan, insultan e ignoran
este artículo de forma pasiva por lo que significa la inacción frente a los agujeros fiscales que suponen determinados instrumentos financieros como las Sicav o determinados mecanismos financieros como las plataformas que son, en última instancia,
los paraísos fiscales. También el diseño institucional que el Partido Popular va modificando paulatinamente en beneficio de los impuestos indirectos, que suben a costa de los impuestos directos y que por lo tanto, teniendo en cuenta que son
impuestos que no discriminan en cuanto a renta o riqueza, incrementan la regresividad del sistema y van también en contra de ese artículo. Y, en tercer lugar, se ignora este artículo, se incumple este artículo por los motivos que nos trae esta
moción aquí, motivos que nosotros creemos que hay que resolver, motivos que nos van a llevar a votar favorablemente esta moción porque entendemos que actualmente el partido del Gobierno, el Partido Popular, está utilizando las instituciones públicas
de forma que coopta las mismas. Son instituciones públicas al servicio de todas y todos los españoles y sin embargo, a pesar de que debieran mantener una neutralidad respecto a todos los ciudadanos, son utilizadas de forma partidista al servicio de
oscuros intereses clientelares y caciquistas que hay en el seno del Gobierno. Esto es lo que ocurre en la Agencia Tributaria, pero no solo en la Agencia Tributaria.
Nos parece indigno, nos parece absolutamente suicida en términos de lo que significa la sostenibilidad de una comunidad política que se puedan utilizar las instituciones públicas, en este caso la Agencia Tributaria, para favorecer a
determinados sectores o clases sociales en detrimento del resto. Nos parece que las sucesivas noticias que están saliendo a la luz en los últimos meses relacionadas con la Casa Real, relacionadas con Bárcenas, relacionadas con las grandes fortunas
o las grandes empresas son, sin lugar a dudas, ejemplo de lo que es la decadencia de un sistema político absolutamente cooptado por los intereses partidistas, oscuros, en este caso del Partido Popular. Por eso apoyamos la moción que ayude a buscar
y a encontrar transparencia al respecto; por eso apoyamos la comisión de investigación; por eso siempre vamos a estar del lado de liberar de intereses partidistas, que no políticos, porque todas las instituciones públicas deben ser políticas pero
no partidistas, no al servicio de partidos concretos que se vayan intercalando en el Gobierno. Por eso apoyaremos esto y previendo, desgraciadamente, que sea rechazado no podemos sino volver a advertir de lo peligroso o probablemente imposible que
es mantener una comunidad política, mantener a la ciudadanía contenta o por lo menos callada y tranquila en sus casas viendo todos los días cómo se utilizan los instrumentos al servicio de las grandes fortunas y de las grandes empresas o de aquellas
empresas como el Instituto Nóos, cómo se utilizan los instrumentos del Estado, las instituciones públicas de esta democracia al servicio de unos solos intereses. Qué pensarán los ciudadanos cuando ante estas circunstancias el Gobierno no solo no
hace nada sino que bloquea cualquier posibilidad de hacer algo positivo por limpiar esta situación. Por eso nos sumamos, insistimos, a esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista aplaudía fervorosamente el pasado 11 de diciembre la intervención del señor Saura, plagada de falsedades. Hoy, con la presentación de esta moción, desciende a la parte más oscura y menos noble de la política,
porque atacar y desprestigiar a un ministro del Gobierno de España es el único objetivo de esta moción. El Grupo Parlamentario Popular por supuesto va a votar en contra de esta moción porque tenemos un enorme respeto hacia una institución
independiente como es la Agencia Tributaria, una institución seria y rigurosa, que actúa con criterios técnicos y profesionales y bajo el único mandato de la ley. Los profesionales que en ella trabajan, señorías, no se merecen mociones de este
calibre, sino nuestro reconocimiento, porque lo hacen con enorme responsabilidad y desde luego al margen de interferencias políticas. Son rotundamente falsas -quiero desmentirlo- sus acusaciones sobre las interferencias políticas en la Agencia
Tributaria. Por eso, señorías, los términos de esta moción constituyen una ofensa para la Agencia Tributaria y una ofensa para los profesionales que trabajan en la Agencia Tributaria, porque sembrar dudas y difamar como ustedes hacen en esta moción
es contribuir a dinamitar la conciencia fiscal de los contribuyentes.
Señorías, como bien dijo el ministro, la única táctica del Partido Socialista es demoler, destruir, practicar la política de tierra quemada y para ello no dudan en utilizar como herramienta a una organización como la Agencia Tributaria, que
acaba de ser reconocida por la OCDE como una de las mejores del mundo. El Grupo Socialista manifiesta en esta moción que les preocupan las políticas de ceses y nombramientos en la Agencia Tributaria. Pues bien, hoy queremos tranquilizarles. Lo
que ustedes pretenden pintar como una caza de brujas, es simplemente un proceso normal de relevos en la Agencia Tributaria. El nuevo director de la Agencia Tributaria tiene todo el derecho del mundo a formar su propio equipo con el personal que
considere más cualificado y más apto para alcanzar los objetivos que se haya fijado. Por tanto, están difamando y están desprestigiando a la Agencia Tributaria. Pero, claro, piensa el ladrón que todos son de su condición, porque cuando el Partido
Socialista llega al poder desde luego arrasa, se encarga de hacer limpieza ideológica allí donde llega.
La otra gran infamia de su moción es insinuar que ha existido trato de favor hacia una determinada gran empresa en un expediente sancionador. Tengo que decir, como ya hizo el ministro, que es falso. La información publicada sobre un
determinado expediente sancionador a una gran empresa no es cierta, lo dijo también el señor Montoro. Y no existe absolutamente ninguna prueba documental de que ese expediente sancionador exista. ¿En qué se basan para hacer unas acusaciones tan
graves contra el ministro del Gobierno de España? ¿En qué prueba? Porque les recuerdo que según la Ley General Tributaria todos los funcionarios de la Agencia Tributaria deben guardar secreto y confidencialidad sobre
los datos que conozcan por razón de su trabajo. Luego, si hubiera un funcionario que hubiera revelado datos sobre un expediente concreto, habría cometido una ilegalidad y ustedes deberían ir a los tribunales a denunciarlo. No existe ningún
medio que pruebe que existe ese expediente.
El Grupo Socialista va más allá todavía y se atreve -hoy aquí lo ha repetido el señor Saura- a hablar de trato de favor a grandes empresas. ¿Pero qué hizo el Partido Socialista por la recaudación en el impuesto sobre sociedades de las
grandes empresas? Ese impuesto no hizo más que caer de forma estrepitosa. Por tanto, un ejercicio más de hipocresía, algo a lo que nos tienen acostumbrados. Con la legislación, como saben, se ha endurecido el impuesto sobre sociedades para las
grandes empresas. Las grandes empresas pagan más impuestos con el Gobierno del Partido Popular. La persecución y la lucha contra el fraude son una prioridad, y ahí están los resultados, que superan los alcanzados por el Partido Socialista.
Voy terminando. Este Gobierno, señorías, no hace trajes a la medida de nadie, aunque sean grandes inversores, y lo ha demostrado hace poco con Eurovegas, con la inversión del señor Adelson; no hace trajes a medida de nadie. (Rumores). La
Agencia Tributaria es una institución muy honorable. El ministro de Hacienda también es honorable y ha tenido que tomar decisiones duras y difíciles, pero se están consiguiendo resultados gracias a esas decisiones. Pero es evidente que esos
resultados no les gustan, les escuecen y por eso presentan este tipo de mociones para desprestigiar al ministro de Hacienda.
Concluyo ya con una frase muy popular que todos ustedes ya conocerán: Ladran, Sancho, luego cabalgamos. El Partido Socialista sigue ladrando y ladrando y mientras el Partido Popular va a seguir cabalgando, pero cabalgando hacia la
recuperación económica y hacia la creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Señor Saura, sometemos a votación la moción con la enmienda de UPyD, ¿no? (Asentimiento). Así se votará.
En unos minutos comenzaremos a votar. (Pausa).
SOLICITUD DE PRÓRROGA, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014, DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN DE REFORMA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY DE LA CARRERA MILITAR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA NORMA TERCERA DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA
DEL CONGRESO, DE 26 DE JUNIO DE 1996. (Número de expediente 154/000006).
El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo anunciado hoy en la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga, hasta el 31 de marzo de 2014, del plazo otorgado para emitir informe a la subcomisión de reforma del régimen
transitorio de la Ley de la Carrera Militar, constituida en el seno de la Comisión de Defensa, y que ha aprobado también por unanimidad esta prórroga.
¿Se aprueba? (Asentimiento). Queda aprobada la prórroga por asentimiento.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE PRORROGA EL PROGRAMA PREPARA REGULADO EN EL REAL DECRETO-LEY 1/2011, DE 11 DE FEBRERO, DE MEDIDAS URGENTES PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN AL EMPLEO ESTABLE Y LA RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, CON CARÁCTER ESTABLE. (Número de expediente 122/000089).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga el programa Prepara, regulado en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover
la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, con carácter estable. Han sido emitidos dos votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324, más 2 votos telemáticos, 326; a favor, 154; en contra, 170, más 2 votos telemáticos, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE MEDIDAS PARA PREVENIR LA POBREZA ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000121).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo de La Izquierda Plural, de medidas para prevenir la pobreza energética. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323, más 2 votos telemáticos, 325; a favor, 153; en contra, 170, más 2 votos telemáticos, 172.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL EN SEGURIDAD DEL PACIENTE. (Número de expediente 162/000794).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la Estrategia Nacional en Seguridad del Paciente. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 173; en contra, 144; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONSENSUAR CON LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA DETERMINACIÓN DEL CAUDAL AMBIENTAL PARA EL TRAMO FINAL DEL RÍO EBRO. (Número de expediente 162/000313).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a consensuar con la Generalitat de Catalunya la determinación del caudal ambiental para el tramo final del río
Ebro. Hay una enmienda transaccional del Grupo Socialista y del Grupo de La Izquierda Plural. En esas condiciones comienza la votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 136; en contra, 185.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), EN ESPECIAL EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS DE SUS
ACTUALES RESPONSABLES POLÍTICOS Y LA REGULARIDAD DE LOS EXPEDIENTES TRIBUTARIOS QUE AFECTAN A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES. (Número de expediente 173/000125).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en especial en relación con los criterios
organizativos de sus actuales responsables políticos, y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes. Se ha aceptado una enmienda de UPyD.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 129; en contra, 171; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, se suspende la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.