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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 164, de 11/12/2013
cve: DSCD-10-PL-164
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 164
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 155
celebrada el miércoles,
11 de diciembre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en especial en relación con los criterios organizativos de sus
actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes. (Número de expediente 172/000178) ... (Página25)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los nuevos recortes y el cambio unilateral de modelo sanitario y el consiguiente rechazo de los ciudadanos. (Número de expediente 172/000179) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà), sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat. (Número de expediente 173/000123) ... (Página38)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. (Número de expediente 173/000124) ... (Página45)
Corrección de error ... (Página55)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página5)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en el recorte de
derechos de ciudadanía? (Número de expediente 180/000764) ... (Página5)
Del diputado don Juan Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué va a hacer el Gobierno para solucionar urgentemente la situación de las
familias españolas pendientes de procesos de adopción en la Federación Rusa? (Número de expediente 180/000766) ... (Página7)
De la diputada doña María Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué gestiones ha realizado el Gobierno con la Administración Norteamericana para
evitar el despido masivo de trabajadores en la base de Morón de la Frontera, en defensa del cumplimiento de la legislación española y del convenio bilateral? (Número de expediente 180/000767) ... (Página8)
De la diputada doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Sigue manteniendo el Gobierno la previsión de aprobar este año reformas legislativas que restrinjan las
libertades de las mujeres? (Número de expediente 180/000765) ... (Página9)
De la diputada doña Uxue Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro del Interior: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida en relación al informe de la Guardia Civil sobre el modelo de la red
pública de educación en Navarra? (Número de expediente 180/000757) ... (Página11)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cómo explica el Gobierno que se haya recortado en más de 10.000 el número de becarios en
Andalucía en el curso 2012-2013? (Número de expediente 180/000769) ... (Página12)
Del diputado don Francisco Domingo Cabrera García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Considera el Gobierno, a la vista de los resultados obtenidos en PISA 2012,
que la Lomce será un instrumento eficaz para mejorar los conocimientos y competencias de los alumnos españoles? (Número de expediente 180/000760) ... (Página14)
Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué consecuencias tendrá sobre los consumidores la decisión del Gobierno de no
desembolsar los 3.600 millones con cargo a los Presupuestos del Estado, a los que se había comprometido para contribuir a la eliminación del déficit de tarifa, en el sector eléctrico? (Número de expediente 180/000762) ...
De la diputada doña María Luisa Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué efectos van a tener las últimas decisiones del Gobierno en la tarifa eléctrica? (Número
de expediente 180/000771) ... (Página16)
Del diputado don Joseba Andoni Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Va a tener en cuenta el Gobierno español las recomendaciones del
informe Werthmann del Parlamento Europeo en cuanto a la aplicación de la Ley de Costas en el Estado español? (Número de expediente 180/000758) ... (Página18)
De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Por qué considera el Gobierno que es necesario gastar 2,5 millones de euros en publicitar su
reforma laboral? (Número de expediente 180/000770) ... (Página19)
Del diputado don Álvaro Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Está en condiciones de garantizar la independencia de la Agencia
Tributaria? (Número de expediente 180/000759) ... (Página21)
Del diputado don Francesc Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera el Gobierno que el informe de la Subcomisión de Duplicidades Administrativas
respeta la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas? (Número de expediente 180/000768) ... (Página22)
Del diputado don Manuel Gabriel González Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Garantiza la Ministra el acceso de los ciudadanos a la sanidad en condiciones
de igualdad? (Número de expediente 180/000772) ... (Página23)
Interpelaciones urgentes ... (Página25)
Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en especial en relación con los criterios organizativos de sus
actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes ... (Página25)
Formula la interpelación urgente el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Replica el señor Saura García y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los nuevos recortes y el cambio unilateral de modelo sanitario y el consiguiente rechazo de los ciudadanos ... (Página31)
Formula la interpelación urgente el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).
Replica el señor Llamazares Trigo y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página38)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà), sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat ... (Página38)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), así como los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ruiz Llamas, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Jordà i Roura.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana ... (Página45)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, la señora Pérez Fernández y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como los señores Nuet Pujals, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Escobar las Heras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Trevín Lombán.
Se suspende la sesión a la una y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿HASTA DÓNDE ESTÁ DISPUESTO A LLEGAR EL GOBIERNO EN EL RECORTE DE
DERECHOS DE CIUDADANÍA? (Número de expediente 180/000764).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. La formula la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno en el recorte de los derechos a la ciudadanía? Se lo pregunto hoy, al día siguiente de que ustedes hayan aprobado una ley de seguridad privada en la que recortan derechos fundamentales para
beneficiar los intereses económicos y privados de las empresas de seguridad privada. Hasta ahora, detrás de un recorte de un derecho social siempre había un interés empresarial al que ustedes respondían, pero nunca pensábamos que lo iban a hacer
también con los derechos y libertades públicas de los españoles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Rodríguez, el Gobierno está dispuesto y determinado a un único fin, que es salir de la crisis. Ahí es a donde vamos y a donde pretendemos llevar a este país. Hemos hecho lo difícil, que es evitar un
rescate y poner en marcha las reformas, y ahora queda lo importante, que es hacer que esos resultados de las grandes cifras se traduzcan en la economía real de los ciudadanos. Yo no sé en quiénes piensan ustedes cuando gobiernan, dado lo
mal que piensan cuando abordan cómo trabaja este Gobierno, pero yo le digo que vigilen muy bien, cuando ustedes hacen su defensa, de qué derechos y de qué ciudadanos están hablando. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, de momento los que están vigilados son ustedes, como una democracia que debe ser vigilada y tutelada cuando se habla de derechos fundamentales. El comisario de Derechos Humanos del Consejo
de Europa ha dicho que vigilará muy de cerca a este Gobierno en la aplicación de la ley de seguridad ciudadana, que va contra los derechos de los ciudadanos españoles. ¿No les da vergüenza, señora vicepresidenta? (Aplausos).
La seguridad ciudadana es un servicio público y de ello se encargan las fuerzas públicas de seguridad, y los derechos y libertades fundamentales de los españoles los garantizan los jueces, no el Gobierno ni la autoridad gubernativa. Su ley
de represión ciudadana es una ley puramente ideológica, de la peor ideología de la derecha, cargada de intimidación, de represión y además de arbitrariedad. Porque, señora vicepresidenta, ¿qué es esto de que vamos a castigar las ofensas a la
nación? ¿Cómo castigamos entonces a don Rafael Hernando cuando ofende gravemente a los españoles y a la memoria (Aplausos) diciendo que solo nos acordamos de las fosas de los padres cuando hay subvenciones? ¿Con 600.000 o con 30.000 euros? Les
digo una cosa; según ustedes, con nada, porque todavía estamos esperando una desautorización desde esa bancada de esas palabras tan ofensivas. (Rumores).
Señora vicepresidenta, no subestimen la gran fuerza de la ciudadanía, que tiene derecho a expresarse. Hace diez años, en una manifestación contra la guerra de Irak, dijo el señor Saramago: hay dos grandes superpotencias, una Estados Unidos
y otra tú -refiriéndose a los ciudadanos que se manifestaban-. Y yo les digo: cuidado (Rumores y protestas), no subestimen la fuerza de esa gran potencia que es la ciudadanía... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, muy mal andan ustedes de motivos de crítica de oposición cuando se tienen que retrotraer a lo que ha hablado usted aquí en
esta sala. (Rumores). Creo que es la muestra de mayor debilidad de una oposición que se puede hacer por parte de una portavoz parlamentaria. (Aplausos). Yo le voy a decir una cosa, los principales recortes en los que trabaja este Gobierno -se lo
digo clarísimamente- son la prima de riesgo, el déficit público y el desempleo; todo lo demás son motivaciones ideológicas que usted ve en todo, hasta en los procesos judiciales que afectan a su bancada y a su entorno, señoría. Le estoy hablando
de la investigación judicial de los ERE (Rumores y protestas) que en la dinámica en la que hoy está instalada también, según usted, es una campaña feroz de la derecha. Señoría, investigación de los jueces. (La señora Rodríguez Ramos pronuncia
palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, no es su turno.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Gracias, señor presidente.
No ha debido tener suficiente. (Rumores.-Risas). Yo le pregunto una cosa, señoría, cuando habla de derechos de ciudadanía -se lo digo con seriedad- ¿de qué derechos y de qué ciudadanos habla? ¿Es para usted un recorte una legislación
penal que da más garantías a las víctimas y más vigilancia a los delincuentes? ¿Es para usted un recorte? ¿Está de su parte, señoría? ¿Es para usted un recorte que se prohíba la prostitución cerca de los colegios o se impida que se aparquen en
las plazas donde juegan nuestros hijos los coches que se dirigen a los poblados de la droga? ¿Eso es para usted un recorte? (Rumores). ¿Esos son los derechos que usted defiende, señoría? Ya que habla de manifestaciones, le voy a decir una cosa
¿es para usted un recorte que hoy con esa ley se limiten las identificaciones masivas indiscriminadas que practicaba el Gobierno anterior? Ahora se va a exigir motivación. ¿O prefiere los
métodos del señor Rubalcaba? Ya que habla de manifestaciones e identificación de los ciudadanos, ¿qué prefiere, que haya 12.000.000 de identificaciones masivas, como en el primer año del señor Rubalcaba, o 4.000.000 menos, como hubo en el
año 2012, señoría? (Rumores). Mire, con ustedes no funciona ni la herencia ni la... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON JUAN MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR URGENTEMENTE LA SITUACIÓN DE LAS
FAMILIAS ESPAÑOLAS PENDIENTES DE PROCESOS DE ADOPCIÓN EN LA FEDERACIÓN RUSA? (Número de expediente 180/000766).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Tiene la palabra el señor Moscoso, del Grupo Parlamentario Socialista
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde que el pasado verano Rusia aprobó una nueva legislación que exige que haya un tratado bilateral de adopciones no solamente firmado sino incluso quizá ratificado, hay 500 familias españolas que viven en la más absoluta
angustia. De estas familias 160 han llegado ya a conocer a los menores que estaban asignados y 60 menores deberían estar ya en España, y ha habido ya 6 reasignaciones, esto es, menores que estaban asignados a familias españolas que han sido
asignados a familias rusas que tienen prioridad por ser nacionales. ¿Qué medidas urgentes está poniendo en marcha el Gobierno para resolver esta situación? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Gracias, señoría, por su pregunta. La solidaridad del Gobierno con las familias españolas afectadas por el cambio de la legislación rusa se concreta en un
proceso ininterrumpido de negociaciones bilaterales. Estas negociaciones arrancan desde el momento mismo en que el tribunal supremo de la Federación Rusa aprueba una instrucción vinculante para todos los jueces rusos en virtud de la cual no se
permite la adopción de menores rusos por parte de matrimonios formados por personas del mismo sexo o por parte de familias monoparentales. Esta instrucción del tribunal ruso afecta a todos los procesos de adopción de ciudadanos de países en los que
concurran dos circunstancias; en primer lugar, que tengan un ordenamiento jurídico que reconozca el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio; y en segundo lugar, que carezcan de un convenio bilateral vigente sobre las
adopciones. El problema es extraordinariamente grave para España porque, como usted mismo ha señalado, hay 160 familias incursas en estos procedimientos y porque España es el segundo país de Europa en el número de adoptantes rusos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor ministro, ustedes anunciaron el 3 de octubre que había ya un preacuerdo alcanzado con Rusia. Sabemos muy bien que este Gobierno cuando quiere es capaz de aprobar lo que sea con mucha rapidez.
Queremos saber cuándo van a llevar el convenio al Consejo de Ministros, a poder ser esta semana. Están presentes tanto la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales como la vicepresidenta, y es una cuestión de coordinación entre ustedes, Exteriores,
Sanidad y Vicepresidencia. Hace falta que el convenio se firme ya. Estamos convencidos en mi grupo de que se puede ratificar de manera muy rápida. Coordinación en el Gobierno, señor ministro. Quiero aprovechar para recordarle que la coordinación
en materia exterior es fundamental, coordinación que dependerá en gran medida de la ley de acción exterior que estamos debatiendo ahora. Ley de acción exterior que ha llegado al Senado con mucha imposición para algunas entidades y algunas
administraciones, por ejemplo, las comunidades autónomas. Todavía estamos a tiempo de arreglar la ley de acción exterior y servicio exterior del Estado, no solo para que cuestiones como esta, la de las adopciones rusas, sean un éxito de nuestra
diplomacia. La política, señor ministro, está al servicio de los ciudadanos y cada vez hace falta
más acción consular, más acción diplomática y más eficiencia en nuestra acción exterior. Tenemos que conseguir que el convenio se firme ya y mi grupo está dispuesto a ratificarlo cuanto antes, como se ha hecho con otras cuestiones. Sabemos
que su Gobierno, cuando quiere, es capaz de hacer las cosas con mucha celeridad.
Están en la tribuna familias en proceso de adopción. Ayer nos reunimos con ellas todos los grupos y creo que hace falta enviar un mensaje claro de que este país tiene un gobierno capaz de firmar y ratificar un convenio antes del 31 de
diciembre.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Lo último que se le ocurriría a este Gobierno es hacer política partidista con un tema tan sensible como las adopciones. Precisamente porque creemos que es
un tema sensible, hemos acelerado al máximo todos los trámites que permitan la próxima firma del convenio. Hemos concluido ya el canje de los textos en ruso y en español consensuados durante las negociaciones. Los ministerios de Justicia y de
Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad han emitido los oportunos informes favorables previstos en la legislación interna, y la autorización del Consejo de Ministro se producirá en las próximas semanas. Yo mismo he tenido muchas intervenciones con
las autoridades rusas. Los trámites pendientes hasta la entrada en vigor del convenio son el dictamen del Consejo de Estado y la autorización de estas Cortes Generales, que yo espero muy pronto. Celebro que crea que la ley de acción exterior tiene
todavía arreglo. Lo va a tener en el Senado, como sabe usted. Por fortuna, hay una ley de acción exterior. En treinta y cinco años no ha habido nada que arreglar porque los gobiernos de entonces no se molestaron en traer una ley de acción
exterior a esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ GESTIONES HA REALIZADO EL GOBIERNO CON LA ADMINISTRACIÓN NORTEAMERICANA PARA
EVITAR EL DESPIDO MASIVO DE TRABAJADORES EN LA BASE DE MORÓN DE LA FRONTERA, EN DEFENSA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA Y DEL CONVENIO BILATERAL? (Número de expediente 180/000767).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que formula la diputada doña Isabel Pozuelo, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, presidente.
Ministro, el pasado 19 de abril, el Consejo de Ministros autorizó el despliegue temporal de una fuerza compuesta por 500 marines y 8 aeronaves en la base de Morón, en el marco de operaciones de respuesta rápida como consecuencia de la
situación de inestabilidad en el norte de África y en el Sahel. Al mismo tiempo, la fuerza aérea de Estados Unidos en Europa, Usafe, publicaba en su página web una lista con nombres, apellidos, salarios y otros datos personales de 144 trabajadores
españoles, un tercio de la plantilla actual, que tenían que ser despedidos por la actual empresa concesionaria. Ya han despedido a 66 trabajadores de esa lista negra y en los próximos meses se espera el despido de los 78 trabajadores restantes.
Estos puestos de trabajo van a desaparecer con carácter permanente porque al mismo tiempo la fuerza aérea de Estados Unidos anunciaba la desaparición de los tres departamentos cubiertos desde 1972, de manera ininterrumpida, por trabajadores civiles
españoles.
Señor ministro, ¿qué gestiones ha hecho ante la Administración de Estados Unidos para evitar el despido masivo de los trabajadores? ¿Va a negociar si hay que renovar la prórroga de este aumento de efectivos con la Administración de Estados
Unidos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Muchas gracias, señoría.
El Gobierno, como cualquier diputado de esta Cámara, lamenta la destrucción de puestos de trabajo que afecte a ciudadanos españoles. Yo le rogaría que, para que no mezclásemos las cosas, distinguiésemos lo que son intereses de la defensa
-la actualización del convenio para adecuar la fuerza a lo que está pasando en el norte de África- con los problemas laborales. Es verdad, como su señoría ha dicho, que estos problemas laborales se han dado en esa base. El expediente de regulación
de empleo de los trabajadores españoles en dicha base se enmarca en los siguientes puntos. En primer lugar, el Convenio de Cooperación para la Defensa regula la contratación de obras y servicios por parte de las fuerzas de Estados Unidos en las
bases de Morón y Rota. En segundo lugar, las autoridades de la fuerza aérea contrataron a una empresa para la provisión de servicios de mantenimiento y catering en una decisión perfectamente acorde con lo que dicho convenio establece. En tercer
lugar, dicha empresa, como consecuencia de la disminución de la actividad por parte de la fuerza aérea, decidió en 2010 una reducción progresiva de personal. Cuarto punto, y probablemente el más importante, ni la autoridades militares de la base ni
el Gobierno tienen potestad ninguna en la gestión de personal de una empresa y su relación con los asalariados, más allá de la vigilancia y verificación de lo dispuesto en el convenio. Eso es exactamente lo que el Ministerio de Defensa, que es el
departamento competente, está haciendo en estos momentos: vigilar que cualquier actuación se adecua al convenio. En último lugar, me consta que el Ministerio de Defensa ha estado en contacto permanente con sus colegas norteamericanos y que el
coronel jefe de la base ha recibido al comité de empresa y a los alcaldes locales para que se expusiese su situación.
En lo que se refiere a la situación de defensa, es obvio que las bases de Morón y Rota son fundamentales para la defensa nacional y para la defensa de nuestros aliados. Espero que el aumento de la actividad al que usted se ha referido
redunde en la creación de empleo para los ciudadanos españoles de la zona, que es lo que realmente nos importa. Espere, señoría, no me haga gestos, espere a que esa actividad se desarrolle, pero...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro. (Aplausos).
Señora diputada.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, presidente.
Señor ministro, usted sabe que no es un problema de una empresa privada y de los trabajadores; es la Usafe quien da las instrucciones de los despidos. Consulte la página web de Usafe y verá cómo ahí están las condiciones de los despidos y
los nuevos pliegos de condiciones, haciéndose desaparecer esos tres departamentos que siempre han cubierto los trabajadores civiles de la zona.
Señor ministro, es precisamente con el incremento de la actividad militar en la base cuando se han producido estos despidos y cuando se van a seguir produciendo 78 despidos más. Ministro, ¿han estado ustedes en la base de Morón? ¿Conoce
ustedes cuál es la zona, cuál es la comarca? Hay una gran preocupación y una gran inestabilidad entre los ciudadanos de la comarca de Morón. Negocien ustedes con la Administración americana porque no se puede permitir un despido masivo de
trabajadores cuando hay un incremento de la actividad militar en la base de Morón.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿SIGUE MANTENIENDO EL GOBIERNO LA PREVISIÓN DE APROBAR ESTE AÑO REFORMAS LEGISLATIVAS QUE RESTRINJAN LAS
LIBERTADES DE LAS MUJERES? (Número de expediente 180/000765).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Justicia. La formula la diputada doña Elena Valenciano, del Grupo Socialista.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, presidente.
Formulo la pregunta tal y como ha sido registrada y le ruego que no utilice falsedades históricas para contestar al Grupo Socialista, como la que produjo cuando se refirió al voto femenino durante la República. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Respondo a la pregunta como usted me la ha formulado. ¿Restricciones de los derechos a la mujer? Ninguna. Al contrario, todas las medidas que hemos aprobado en esta legislatura han sido para ampliar esos derechos (Rumores), muy
especialmente a las mujeres que estaban en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres víctimas de maltrato, a las que hemos incluido en los beneficios de justicia gratuita, cosa que ustedes no hicieron. Y falsedades
históricas tampoco ninguna, señora Valenciano. Yo lo lamento mucho porque ustedes tienen una memoria histórica muy selectiva, pero hay hechos que están acreditados en el 'Diario de Sesiones'. Ustedes tenían una diputada, una, en las Cortes
Constituyentes, Margarita Nelken. ¿Sabe usted qué hizo? No votó a favor de que las mujeres tuviesen derecho de voto. (Rumores). Y si usted me pretende convencer ahora mismo de que don Indalecio Prieto, por el que tengo todo el respeto, era un
militante de la CEDA, la verdad es que le va a costar. (Risas).
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: No voy a entrar yo en ese juego suyo de que la historia está escrita y punto. (Protestas). Ustedes mismos han reconocido que habían mentido.
Señor Gallardón, me sorprende mucho verle así, el tránsito que usted ha hecho es sorprendente; de ministro con aire progre a candidato al premio ala dura del PP. Ese es el tránsito que usted ha hecho, por cierto, junto con el señor Wert,
que eran dos incorporaciones moderadas al Gobierno y que han sufrido una transformación vertiginosa. Curiosidades de este Gobierno. Y en su viaje hacia el ala dura del PP lleva usted amenazando a las mujeres meses, muchos meses (Rumores), sí, con
recortarles la libertad, porque de libertad hablamos, señor Gallardón. A ver si lo entiende. Lo que las mujeres no queremos es que otros decidan por nosotras. Es bastante sencillo. La clave es la libertad, esa libertad que ustedes quieren
moldear, tal y como le gusta al ala dura de su partido; por eso tenemos una ley de orden público, por eso tenemos la ley de seguridad privada que aprobaron ayer, por eso preparan una ley de huelga y por eso están ustedes dispuestos a reformar la
Ley del Aborto. En la primera parte de su mandato y con la coartada de la crisis fueron los derechos sociales, y ahora, en el ecuador, toca ir a por las libertades. Pero si se trata del premio al ala dura de su partido hay que reconocer que usted
fue el primero en enseñar la patita y enseguida apuntó a las mujeres.
Ahora dice el presidente del Gobierno que tienen ustedes que cambiar la Ley del Aborto porque es un compromiso electoral, y ya es mala suerte que sea el único compromiso electoral que van ustedes a cumplir. (Aplausos). Dicen también que
quieren proteger la maternidad, y eso es mentira, señor Gallardón; acaban de prohibir el acceso a la reproducción asistida a las madres solas y a las lesbianas porque ustedes han decidido que si no hay varón no hay maternidad, y punto pelota.
(Aplausos). Eso es ni más ni menos que la maternidad a la carta del ala dura, esa a la que usted tanto intenta seducir. Pero yo le digo una cosa, aunque usted se esconda detrás de la Navidad y aunque ustedes hagan todas las leyes de orden público
que quieran, las mujeres españolas nos sentimos agredidas por usted y vamos a responder, y entre todos vamos a derrotar esa Ley del Aborto que usted está preparando. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señoría, tres cosas en este minuto y cuarenta y dos segundos que me queda. Primero, lo que usted defiende es exactamente lo mismo que defendió ayer en el Parlamento Europeo la
diputada socialista portuguesa Edite Estrela y que fue derrotado por la Eurocámara. Ustedes no solamente son antiguos sino que además se están quedando en minoría en toda Europa. (Rumores.-Aplausos). En segundo lugar, señoría, nosotros no vamos a
privar a las menores de contar con el apoyo de sus familias ante una decisión tan trascendental como es interrumpir el embarazo, ni vamos a eximir a los padres del ejercicio de responsabilidades que les corresponden. ¿Esto es privar derechos? Pues
le voy a decir lo que otro diputado del PSOE, que espero que no hagan
ustedes con él como con Indalecio Prieto, que como no dice lo que a ustedes les gusta lo tachan de su memoria histórica, don Alfonso Guerra, que siento que no esté aquí, dijo en una entrevista el 3 de junio de este año. Le preguntaban: No
ha vacilado en criticar que el PSOE legalizara el aborto de menores de edad. Y contestó el señor Guerra: Yo tuve una experiencia increíble con esto. Hice una especie de encuesta en el grupo parlamentario y nadie estaba de acuerdo. Entonces, ¿por
qué lo hacemos? Fui a ver a la responsable de Igualdad del partido y tampoco estaba de acuerdo. Pero ¡qué me dices!, ¿y por qué lo hacemos? Pues porque había ese grupo allí que había cogido por banda al presidente. ¿Pertenece usted a ese grupo
de allí que había cogido por banda al presidente? (Aplausos.-Protestas). Tercera modificación, señorías. En la ley que vamos a presentar en muy pocos días, por primera vez en la historia la mujer no será objeto de reproche penal. Lo fue con su
ley de 1985, lo fue con la ley Aído. Explíquele usted a las mujeres que ustedes tenían penas de cárcel para ellas o penas de multas que llevaban a la cárcel, y que el Grupo Popular considera a la mujer víctima y no culpable del aborto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA UXUE BARKOS BERRUEZO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGUNA MEDIDA EN RELACIÓN AL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL SOBRE EL MODELO DE LA RED
PÚBLICA DE EDUCACIÓN EN NAVARRA? (Número de expediente 180/000757).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior, que formula la diputada doña Uxue Barkos, del Grupo Mixto.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Señor ministro, estas últimas semanas la comunidad educativa navarra ha vivido una polémica tan hiriente como estéril pero finalmente dañina en torno al modelo D, el que se imparte en euskera, de la red pública; una polémica he de decir que
artificial, partidista e interesada que tenía como origen un supuesto informe reservado de la Guardia Civil que habría investigado la filiación política del profesorado euskaldun. Según este informe reservado, insisto, pero oportunamente filtrado,
el 25 % de estos docentes utilizaría los centros educativos para adoctrinar; una acusación muy grave que, sin embargo, choca de frente, ministro, con un dato definitivo: nunca se ha expedientado a ningún profesor del modelo D por intento de
adoctrinamiento ni hay ningún expediente en marcha por este motivo. Estos son datos oficiales de la comisión de personal docente de Navarra.
Así las cosas, sorprende y ofende a la inteligencia, al sentido común y al más básico sentido democrático, primero, que se haya investigado a 1.600 ciudadanos sin requerimiento judicial, que hasta el momento no consta, y esto es de una
gravedad extrema; segundo, que se permita circular una polémica de esta dimensión, atacando un bien general como es la educación. Son estas razones más que suficientes para que le pida explicaciones, ministro, sobre el porqué de este informe que
investiga a ciudadanos sin mandato judicial y sobre el porqué de la filtración.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada, permítame que lo primero que le aclare, porque es muy importante, es que la Guardia Civil no elabora informes sobre la comunidad educativa en general en Navarra ni sobre un modelo educativo en concreto, sino que lo que hace
es investigar y manejar información sobre la penetración de ETA y su entorno en distintos ámbitos de la sociedad. La Guardia Civil y la Policía tienen la misión de combatir la infiltración en la sociedad en cualquier ámbito de cualquier radicalismo
violento. Dicho de otra manera, señora Barkos, la Guardia Civil no investiga a profesores ni a maestros, sino que lo que investiga es a ETA y a su entorno. Cuando la infiltración que pretenden ETA y su entorno tiene como objetivo legitimar la
actividad terrorista, especialmente cuando se produce o se pueda producir en el ámbito escolar y por tanto con la finalidad evidente de propagar la pedagogía del odio, creo que estamos hablando de temas de una muy especial gravedad y sensibilidad
que no tienen nada que ver con modelos educativos,
sino lisa y llanamente con la defensa de las libertades, también la libertad de educación, frente a la acción terrorista, y es en ese contexto donde sí le puedo asegurar que el Gobierno estará donde debe estar: combatiendo el terrorismo de
ETA y sus tentáculos y sus intentos de infiltración en distintos ámbitos de la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora BARKOS BERRUEZO: Me alegra que quede claro que no existe la persecución de un modelo educativo, ministro, entre otras cosas porque no es lo que se ha vivido con la filtración -insisto- interesada de este supuesto informe que sigue
siendo reservado y que no nos aclara si la investigación del profesorado tenía origen en mandato judicial, lo que me parece fundamental. En cualquier caso, tampoco en el contenido del mismo, hasta donde sabemos por filtraciones, parece que la
hondura explique la dureza de algunas afirmaciones. Lo digo porque según las informaciones que lo han dado a conocer no se trata -leo textualmente, ministro- de un informe operativo para que actúe la justicia; sin embargo, alerta de que se
utilizan las aulas como instrumentos de adoctrinamiento para justificar actividad terrorista. Francamente, ministro, no hay equilibrio; no es creíble que en el preámbulo quede claro que en el caso de un delito de estas dimensiones no se va a
solicitar la actuación judicial. Insisto en la pregunta: ¿Investigó la Guardia Civil a 1.600 ciudadanos por orden judicial? Y segunda parte, ¿quién filtró? Lo tenía la Guardia Civil, su Gobierno y el Gobierno foral. Entiendo que su departamento
no. Decida usted.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señoría, reitero lo que le he dicho: la Guardia Civil no realiza informes sobre modelos educativos en concreto ni sobre la enseñanza en general. Insisto en lo que le he dicho porque me
parece muy relevante.
Dicho esto, su pregunta, señora Barkos, me da la oportunidad de explicar la posición del Gobierno ante la constatación de un hecho como es que ETA y su entorno -y es una realidad indudable- traten de penetrar en el ámbito educativo para
sembrar odio y legitimar sus crímenes. Creo, señoría, que usted debería ser la primera interesada -y se lo digo sinceramente- en que la lengua, la cultura y la educación estén libres de toda contaminación terrorista. Creo que debe ser la primera
interesada en ello, y estoy seguro de que así es.
En todo caso por lo que respecta al Gobierno permítame que le diga que estamos estudiando las medidas legislativas necesarias para evitar que la función docente sea usurpada por quienes quieren ponerla al servicio del fanatismo terrorista, y
tergiversar su retorcido relato sobre lo que de verdad ha sucedido históricamente. En ese sentido nos parece que no debemos ver ni a los terroristas ni a otros criminales abyectos, violadores, etcétera, nada menos que en las aulas de un centro
educativo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CÓMO EXPLICA EL GOBIERNO QUE SE HAYA RECORTADO EN MÁS DE 10.000 EL NÚMERO DE BECARIOS EN
ANDALUCÍA EN EL CURSO 2012-2013? (Número de expediente 180/000769).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta en primer lugar don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cómo explica el Gobierno que se haya recortado en más de 10.000 becarios en Andalucía en el curso 2012-2013?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Señor Heredia, si se ha recortado en Andalucía el número de becarios en el curso 2012-2013 es fundamentalmente porque se ha reducido el número de peticionarios de becas en Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor ministro, la tasa de paro juvenil supera ya el 57 %, lo que ha devuelto a muchos jóvenes al hogar familiar y al sistema educativo. Deberíamos ver la vuelta de los jóvenes a los centros de formación como una
oportunidad para ellos y para el país, una oportunidad de mejorar nuestro capital humano. Para eso, para dar igualdad de oportunidades se crearon las becas, las becas que ustedes están reduciendo. Lo dicen los datos que han facilitado. Usted que
tanto habla de transparencia, han sido necesarias veintiséis preguntas parlamentarias (Muestra un documento) para que el Gobierno reconozca que en el primer curso académico con Rajoy se ha reducido en 19.600 el número de becarios en nuestro país;
19.600 oportunidades perdidas. Yo defiendo que el hijo de un peón de albañil tenga las mismas oportunidades de poder estudiar que el hijo de un arquitecto, pero su modelo, el del Partido Popular, se resume en menos becas de menor cuantía, pero eso
sí con matrículas más caras. Una política insensible porque destroza la vida de miles de jóvenes y empobrece el futuro de toda la sociedad. Ni oportunidades de empleo ni oportunidades educativas. Son ustedes el partido de las oportunidades
perdidas, y también el de la desigualdad de oportunidades. En Andalucía tenemos el 20 % del alumnado, pero más del 52 % del recorte de becas ha sido en nuestra tierra, Andalucía. Es usted y no el azar, señor ministro, el responsable directo de que
Andalucía sea la comunidad que más becas ha perdido. ¿Qué van a decir los diputados andaluces del Partido Popular cuando más de la mitad de las becas eliminadas en España son becas a jóvenes andaluces? ¿Qué les van a decir a los que confiaron en
ellos? ¿Dirán que no podían hacer otra cosa, que no pueden hacer lo que sí está haciendo el Gobierno que preside Susana Díaz? La Junta de Andalucía, señor ministro, este año ha subido el presupuesto de becas en un 14 % y el próximo lo subirá en un
8 %. Mantiene las becas 6.000, las de segunda oportunidad, las Talentia, en este curso las becas Adriano. Andalucía es la comunidad que tiene las matrículas un 40 % más bajas que la media nacional. Este año las tasas de matrícula han subido solo
un 1 %, mientras que en Madrid han subido un 20 % y somos la comunidad que más apoya a los estudiantes, que más apoya a los estudiantes Erasmus, esas becas Erasmus que usted también se quiere cargar.
Por todo ello le digo aquí, en sede parlamentaria, que ni Andalucía ni España merecen un ministro como usted ni un Gobierno como este, que deja sin empleo y sin futuro a nuestros jóvenes. (Aplausos.- Una señora diputada: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Frente a su soflama, señor Heredia, me va a permitir que le conteste estrictamente con datos. En el ámbito no universitario, señor Heredia, se han reducido efectivamente
7.735 beneficiarios de becas en Andalucía, lo que representa un 7,3 %, pero en ese mismo ámbito se ha reducido en 6.600 el número de solicitantes, lo que da lugar a que la tasa de becas concedidas sobre las solicitadas sea esencialmente igual en un
año que en otro. Es lógico porque en realidad el único requisito que había cambiado en términos de exigencia académica era el haber obtenido para las ayudas compensatorias y becas-salario el 5,5 en lugar del 5. Pero le diré algo más significativo,
y es que las ayudas compensatorias y becas-salario concedidas representan exactamente la misma proporción sobre el total en un curso y en otro. (El señor Heredia Díaz muestra un documento). Y le diré algo más todavía. Acaba de referir su señoría
el hecho de que Andalucía posee el 20 % de estudiantes en las modalidades que dan derecho a la beca; pues bien, Andalucía obtiene el 29 % de todas las becas no universitarias, el 25 % de las becas universitarias, y consume el 27,94 % de todos los
recursos del sistema de becas. Como puede usted imaginar, señor Heredia, los requisitos que se aplican para la concesión de becas tienen que ser uniformes para todas las comunidades de España, porque nada habría más inequitativo que establecer
requisitos, ya sean académicos o económicos, distintos para cada comunidad. Nada sería más contrario a la equidad. Por tanto, si se produce una disminución en el número de becarios en algunas comunidades superior al que se produce en otras, se
debe a que o han cambiado
las circunstancias económicas entre comunidades o a que ha cambiado el aprovechamiento académico. Hay comunidades como, por ejemplo, Cataluña que tuvo el año pasado un número superior de becarios al que había tenido en el curso anterior.
Yo creo que lo positivo -y espero que en eso tengan ustedes una actitud constructiva- es animar a los estudiantes a que cumplan con los requisitos que tienen que cumplir para obtener la beca, porque los importes destinados a la misma, como
sabe su señoría, han crecido en los Presupuestos Generales del Estado más que en los presupuestos de su comunidad: un 20 %. (El señor Heredia Díaz hace gestos negativos, mostrando un documento.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO DOMINGO CABRERA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO, A LA VISTA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN PISA 2012,
QUE LA LOMCE SERÁ UN INSTRUMENTO EFICAZ PARA MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DE LOS ALUMNOS ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/000760).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, que formula el diputado don Francisco Cabrera, del Grupo Popular.
El señor CABRERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en primer lugar, quisiera, tanto en mi nombre como en el de nuestro grupo, felicitarle por el cumplimiento del compromiso que había adquirido en su primera comparecencia en el Congreso, el 31 de enero de 2012. En dicha
comparecencia usted ponía de manifiesto que la educación es uno de los principales pilares del proyecto de reformas del Gobierno y del Partido Popular, y señalaba entonces la necesidad de mejorar el sistema educativo por su ineficiencia en la
preparación de los alumnos para competir en la sociedad del conocimiento. Había llegado el momento por tanto de centrarnos en la mejora de la calidad educativa, una vez alcanzado el principio constitucional de universalización de la educación.
Los resultados PISA 2012 que conocíamos hace una semana vuelven a dar la razón al Gobierno en el diagnóstico que desde el primer momento hizo sobre nuestro sistema educativo para desarrollar la Ley orgánica de mejora de la calidad educativa.
El PSOE y otros partidos esgrimen como único argumento para mejorar la educación el incrementar la inversión. El último informe PISA nos demuestra que esto no es así, que en países como España, con un Gobierno socialista desde 2004 hasta 2011, el
incremento no mejoró el rendimiento; por el contrario otros países con menos inversión sí que lo han hecho. Los informes PISA señalan que a partir de cierta inversión el problema es una cuestión que afecta más a cómo está organizado el sistema, y
no a los recursos que se destinan al mismo. Por otro lado, no podemos obviar las debilidades, el estancamiento e incluso el retroceso que señalan estos estudios, dado que de los sesenta y un países que han participado en este último estudio,
cuarenta y cinco de ellos han mejorado, y España no. En matemáticas, lectura y ciencias estamos por debajo del promedio de la OCDE y de la Unión Europea, con resultados de lo más dispersos y diversos por comunidades autónomas. Había que asumir la
responsabilidad de dar una respuesta. Por ello, señor ministro, ¿considera el Gobierno, a la vista de los resultados obtenidos en PISA 2012, que la Lomce será un instrumento eficaz para mejorar los conocimientos y las competencias de los alumnos
españoles? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias por su intervención, señor Cabrera. Evidentemente no pienso que nadie en la Cámara se sorprenda de que responda afirmativamente a la cuestión que me plantea. (Rumores). Estoy convencido de que la Ley orgánica de mejora de
la calidad educativa contribuirá a mejorar los resultados educativos de nuestros jóvenes, pero eso no obedece, señoría, ni a voluntarismo ni a pensamiento desiderativo, obedece a la convicción de que una ley que está basada en la evidencia, que
ataca las debilidades que junto a sus evidentes fortalezas tiene nuestro sistema educativo, no puede producir otro efecto que el de la mejora del mismo. Y esas debilidades que todos conocemos -una elevada tasa de abandono escolar temprano,
una proporción baja de alumnos de buen rendimiento, una tasa de repetición cara e ineficiente muy elevada, y en definitiva una mala transición también entre la educación y el empleo- son aspectos que el informe PISA pone de manifiesto en algunos
casos de forma directa y en otros, como por ejemplo a través de la tasa de repetición, de forma indirecta. A través de ellos sabemos que estaríamos condenados, de seguir con las mismas reglas de juego, a mantener los mismos problemas.
Los pilares de la nueva ley educativa, a saber: la presencia de evaluaciones externas y estandarizadas, la mayor autonomía de los centros asociada a una rendición de cuentas más exigente de los mismos, el mayor peso en el currículo de las
materias instrumentales, y la selección de itinerarios formativos que permitan a cada joven llegar al máximo de su potencial, son los ingredientes que permitirán esta mejora. Pero nada más lejos de nuestra intención, de la de este ministro y de la
de este Gobierno, que utilizar PISA como arma arrojadiza o como instrumento de autoflagelación. Un diagnóstico, una comparativa internacional como esta nos tiene que servir fundamentalmente para marcar un camino de mejora, y ese camino de mejora lo
marcan los países que con reformas que siguen la misma orientación que la Lomce, como es el caso por ejemplo de Polonia, han conseguido mejorar de forma significativa sus resultados. Yo espero que para esta tarea constructiva encontremos la
colaboración de las comunidades autónomas y de las fuerzas políticas aquí representadas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÁ SOBRE LOS CONSUMIDORES LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE NO
DESEMBOLSAR LOS 3.600 MILLONES CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO, A LOS QUE SE HABÍA COMPROMETIDO PARA CONTRIBUIR A LA ELIMINACIÓN DEL DÉFICIT DE TARIFA, EN EL SECTOR ELÉCTRICO? (Número de expediente 180/000762).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
Pregunta en primer lugar el diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, ¿van a ser las familias, las economías domésticas y la economía productiva quienes van a tener que asumir, a través de aumentos del recibo de la luz, la decisión del Gobierno en el Senado -por cierto, señor
ministro, decisión que se ha materializado a escondidas, con premeditación y alevosía, y obviando el debate parlamentario- de no financiar los 3.600 millones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado aprobados por esta Cámara?
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señorías, el Gobierno ha propuesto a las principales compañías generadoras del sector eléctrico en España la posibilidad de otorgar un aval, por importe de 3.600 millones de
euros, que se derivaría como consecuencia de una enmienda en el Senado al proyecto de ley del sector eléctrico. Si aceptan ese aval las compañías eléctricas, lógicamente por la vía de ese desfase, no habría ninguna repercusión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor ministro.
Usted sabe perfectamente que los precios de la energía en España, los precios de la energía de las economías domésticas, de las familias y de la economía productiva están un 30 % por encima de la media
europea. Y usted sabe también perfectamente que aunque ustedes se pongan de acuerdo con las compañías eléctricas finalmente estos 3.600 millones de euros van a repercutirlos inmediatamente a los consumidores finales. Y usted sabe también
perfectamente, señor ministro, que estos 3.600 millones de euros adicionales son perfectamente inasumibles para las familias, para las empresas y para la economía productiva. Por lo tanto, señor ministro, nosotros, desde Convergència i Unió,
estamos radicalmente en contra de esta decisión del Gobierno de no incorporar en los Presupuestos Generales del Estado esta financiación del déficit tarifario, que por cierto aprobamos en esta Cámara, y estamos totalmente convencidos de que en el
Senado todavía están ustedes a tiempo de rectificar esta decisión -que es una decisión improvisada y que va única y exclusivamente en la dirección de reducir el déficit tarifario que se ha demostrado que ha sido un fracaso- para que estos costes
energéticos, estas cantidades no vayan en la dirección de incrementar el recibo de la luz de las economías domésticas, de las economías familiares, y de la economía productiva. Por tanto desde Convergència i Unió les pedimos una rectificación en el
Senado para evitar que estos costes repercutan de una manera excesiva en las familias y en las economías domésticas.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, tal como usted ha indicado -y lo ha hecho muy bien- uno de los problemas que tiene el sector eléctrico en España es que el precio medio, tanto para los consumidores
domésticos como para las industrias, está por encima del precio promedio en la Unión Europea. Esa es una de las razones por la que hemos procedido a adoptar medidas en el conjunto del sistema eléctrico, que están orientadas, en primer lugar, a
incrementar los ingresos, y en segundo lugar, a disminuir los costes. Le puedo asegurar una cosa: si usted observa el resultado de todas las medidas que se han tomado en el sector eléctrico a lo largo de todo el año 2012 y de este año 2013, y ve
el efecto de las mismas en los ingresos y en los costes, comprobará que en el año 2013 esa diferencia no solo no arroja un déficit, sino que incluso arroja un pequeño superávit que probablemente esté en algunas decenas de miles de euros. Ahora
bien, sí es verdad que hay una parte de la reforma sobre la que el Gobierno ha introducido una enmienda en el Senado, y es la que tiene que ver con la aportación del crédito extraordinario que había sido aprobado por una ley y el 50 % de los costes
de las extrapeninsulares. ¿Por qué? Porque hay un objetivo superior que es el objetivo del déficit público. Por eso le quiero decir que la propuesta que ha hecho el Gobierno al conjunto de las empresas generadoras en España es que ese desfase,
única y exclusivamente por ese motivo, sea avalado o cuente con el aval del Gobierno justamente para que no tenga una repercusión en los precios al consumidor doméstico y en los precios industriales. Por tanto, si las compañías eléctricas aceptan
esa oferta, ese ofrecimiento del Gobierno de contar con ese aval, no tendría por qué tener ningún tipo de impacto ni efecto negativo en los precios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA LUISA CARCEDO ROCES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ EFECTOS VAN A TENER LAS ÚLTIMAS DECISIONES DEL GOBIERNO EN LA TARIFA ELÉCTRICA?
(Número de expediente 180/000771).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Industria, Energía y Turismo, que formula la diputada doña María Luisa Carcedo del Grupo Socialista.
La señora CARCEDO ROCES: La formulo en sus propios términos, señor presidente, porque nos seguimos preguntando: ¿quo vadis, señor Soria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, entre otras cuestiones al principio de esta legislatura había un sistema eléctrico con un desfase enorme entre los ingresos que ese sistema generaba y los costes de
las actividades reguladas. ¿Sabe usted por qué? Porque a lo largo de los últimos cinco años los costes aumentaron mucho y los ingresos no fueron los previstos. Y, ¿sabe usted por qué? Porque en el año 2006 otro Gobierno, no este, hizo unas
previsiones de aumento de la actividad económica, es decir, de la evolución del producto interior bruto entre 2006 y 2012, del 25 %. ¿Sabe usted cuál ha sido la realidad? Cerca del 1,5 %. También hizo unas previsiones de incremento de la demanda
eléctrica en torno a un 24 %. Y, ¿sabe usted cuál ha sido la realidad? Alrededor del 1 %. Como consecuencia de esta deficiente previsión -no voy a entrar en las causas-, el desfase ha sido cada vez mayor, y eso obliga -no hay otra opción- a
adoptar medidas para controlarlo, porque si no simplemente el sistema eléctrico quebraría.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora CARCEDO ROCES: Señor ministro, nos preguntamos adónde va el ministro responsable de la energía y de la industria de este país, o mejor, adónde le conduce el señor Montoro con sus permanentes desautorizaciones y contradicciones,
porque usted lleva dos años dando tumbos persiguiendo un supuesto equilibrio tarifario, y ¿qué es lo que ha perdido por el camino? Lo que ha perdido por el camino es una mayor dependencia energética y una pérdida de competitividad del sector
industrial relacionado con el sector, porque sus primeras víctimas fueron la minería, el carbón autóctono, y las energías renovables, y en cambio, señor Soria, no ha encontrado la seguridad jurídica porque lleva diez medidas -seis leyes y cuatro
reales decretos- con las que ha llevado a España a una inseguridad jurídica y a una incertidumbre para los inversores y para la industria relacionada, y lo que ha provocado es un aumento insoportable de las tarifas para la competitividad de la
industria, de nuestro sistema productivo, y también para las familias, familias a las que ha llevado a una pobreza energética insoportable, junto con otras medidas sociales que les están afectando. También afecta a familias numerosas o a aquellos
que hayan optado por el sistema eléctrico como su fuente de energía y como su fuente de calefacción. Señor Soria, por favor, no siga por ese camino, encuéntrese, encuéntrese y encuentre la solución empezando de nuevo, negociando con el sector,
abriendo espacios de consulta a los ciudadanos como hacen otros países, y logrando un sistema equilibrado en este país, y por favor, no siga encareciendo el precio de la energía para los consumidores, y sobre todo no destruya el sector productivo
relacionado con la energía, que era un sector de futuro y de innovación muy importante en nuestro país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, pide usted al Gobierno que no se encarezca el precio de la luz, de la electricidad, sin embargo quiero recordar solamente un dato: del año 2006 al año 2012
incremento de la electricidad promedio en España: 63,4 %, en seis años. Le voy a dar el último dato: a finales de este año 2013, entre enero y diciembre de este año, la luz se habrá incrementado aproximadamente un 0,9 % (Una señora diputada: ¡El
anterior!). Recordará usted que en la subasta correspondiente al tercer trimestre de este año, es decir, la aplicable a julio-septiembre, que es la que se realiza en los últimos días de junio, hubo una disminución en el precio de la electricidad
del 6,3 %; eso fue este año. En el conjunto del sistema eléctrico, después de todas las medidas que se han ido adoptando a lo largo de estos dos años, por primera vez ingresos del sistema y costes de las actividades reguladas del sistema están no
solo a cero, si no como antes le decía probablemente incluso con un ligero superávit. ¿Sabe por qué? Porque hemos disminuido los costes del transporte, los costes de distribución, hemos disminuido los costes de las actividades de generación
eléctrica en los sistemas insulares y extrapeninsulares, y también hemos modificado un sistema de incentivos a las energías del régimen especial porque era simplemente insostenible, y si se mantuviese... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿VA A TENER EN CUENTA EL GOBIERNO ESPAÑOL LAS RECOMENDACIONES DEL
INFORME WERTHMANN DEL PARLAMENTO EUROPEO EN CUANTO A LA APLICACIÓN DE LA LEY DE COSTAS EN EL ESTADO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000758).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pregunta el diputado don Joseba Agirretxea del Grupo Parlamentario Vasco PNV.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tras la aprobación de la Ley de Costas, una Comisión del Parlamento Europeo encabezada por la eurodiputada Werthmann emitió un informe crítico en el que, tras analizar la situación que se da para la aplicación de esta ley en
España, hace un informe con diecisiete recomendaciones; emite diecisiete recomendaciones. Señor ministro, ¿usted va a tener en cuenta las recomendaciones del informe Werthmann del Parlamento Europeo en cuanto a la aplicación de la Ley de Costas en
el Estado español?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, este Gobierno siempre tiene muy en cuenta las resoluciones del Parlamento Europeo dentro del respeto al ordenamiento constitucional español y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias.
Señor ministro, no lo he dicho, aunque ya sé que no es vinculante este informe, pero la aplicación de la nueva Ley de Costas no ha solucionado el problema de inseguridad jurídica en el que se encontraban muchos propietarios de inmuebles
deslindados que con esta nueva legislación han quedado como antes o peor, porque les han confiscado algunas propiedades, ni siquiera expropiado, porque no ha habido compensación económica, por medio de unas concesiones de uso o usufructo por setenta
y cinco años por ejemplo, a gente que es y era propietaria por escritura pública mucho antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, de esta y de la anterior. Por ejemplo, el molino de mareas de Portu Errota que se encuentra en la costa
vizcaína, en Urdaibai, que es del siglo XVII y protegido por la Ley de Patrimonio. Evidentemente si es un molino de mareas se encuentra donde llega la marea, no puede estar en la llanada alavesa, por tanto está en dominio público marítimo
terrestre; o el molino de Arbina, en Gatika, de 1506.
El tema es que el Parlamento Europeo ha detectado una enorme laguna jurídica que nosotros ya advertimos, y le propusimos solucionar por medio de enmienda cuando se trataba esta ley aquí, y ustedes no quisieron acceder. Ahora ha venido el
Parlamento Europeo, ha emitido un informe en el que detecta estas lagunas, y les recomienda que tomen medidas oportunas en este caso. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, cuando por ejemplo en una de las recomendaciones, la número 6, les dicen que
instan a las autoridades españolas a establecer un mecanismo de compensación financiera plena y justa para todos los propietarios legítimos cuyos hogares pudieran ser objeto de derribo o expropiación, a consecuencia de la aplicación de la Ley de
Costas? Piden en la número 7 a las autoridades españolas que ofrezcan indemnizaciones que reflejen el valor de la propiedad de los afectados por la ley...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decirle, señoría, que lo que llama usted informe Werthmann no es un informe votado por el Parlamento Europeo, sino que es un simple documento de trabajo elaborado por los miembros de una delegación del Parlamento que
hicieron una visita a España, y hacen unas recomendaciones no vinculantes.
El Gobierno español siempre toma en consideración las recomendaciones del Parlamento, y en el caso del informe Auken, aprobado ese sí en el año 2009, se decía que había que modificar la Ley de Costas para proteger los derechos de los
legítimos propietarios de las viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero.
El documento de trabajo al que usted se refiere dice en la recomendación 2 que el Gobierno español ha hecho ya un esfuerzo importante aprobando una nueva legislación sobre costas, que resuelve la mayor parte de los problemas pendientes para
conciliar la protección de la costa española con el desarrollo económico, y ofrecer así mayor seguridad a los propietarios inmobiliarios. Luego dice que aboga por un equilibrio proporcional entre protección de la costa y propiedades, recomendación
1. Considera que las zonas costeras no deben utilizarse para nuevas edificaciones, recomendaciones 5 y 18. Pide una aplicación justa y uniforme con criterios objetivos de las normas sobre atribución de concesiones a anteriores propietarios,
recomendación 9. Criterios técnicos objetivos para limitar el dominio público, recomendación 10. Reclama una actualización de la información del registro y el catastro, recomendación 12, y pide que se aclare la distinción de playas urbanas y
naturales. Todas esas recomendaciones ya las ha incorporado el Gobierno en la Ley de Costas que las suscribe plenamente. En la recomendación 17 se congratula de que la nueva norma reconozca el cambio climático y la necesidad de adaptar la gestión
de zonas costeras a sus inevitables efectos.
El documento también pide indemnizaciones económicas en lugar de concesiones de uso como compensación, es cierto, pero también señala que la Comisión Europea ha señalado que el régimen de propiedad es competencia del Estado miembro, en la
recomendación 4.
En el marco del derecho nacional lo que no se puede es ignorar los preceptos de la Constitución de 1978 en materia de dominio público marítimo terrestre, y la interpretación que el Tribunal Constitucional hace, y en el dominio público no
admite enclaves de propiedad privada. ¿Qué hemos hecho nosotros? Mejorar el tratamiento de la Ley del año 1988 que estableció unas concesiones muy limitadas, dando unas concesiones ya por setenta y cinco años que además son transmisibles, tanto
inter vivos como mortis causa, con lo cual incrementamos su valor patrimonial. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿POR QUÉ CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ES NECESARIO GASTAR 2,5 MILLONES DE EUROS EN PUBLICITAR SU
REFORMA LABORAL? (Número de expediente 180/000770).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social y que formula la diputada doña Isabel Rodríguez García del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, leía la noticia sobre el gasto de su ministerio de 2,5 millones de euros para una campaña de publicidad cuando salía de un acto con pensionistas en el que me contaban la angustia por el futuro de su pensión, en el que me
decían los problemas que tenían para llegar a fin de mes con una pensión de 600 euros, y lo mal que lo estaban pasando porque tenían que pagar medicamentos que antes entraban por la Seguridad Social. Me pareció una paradoja, porque su sufrimiento
era consecuencia de la gestión de su Gobierno. Por eso le planteo esta pregunta: ¿considera necesario gastar 2,5 millones de euros en una campaña de publicidad? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, seguro que usted les pudo decir a esos mayores con los que tuvo la reunión que, gracias a la reforma de las pensiones realizada por el Gobierno del Partido Popular, las pensiones subirán siempre en España, nunca se
congelarán, ni aun cuando gobierne el Partido Socialista. (Rumores). Esta campaña que estamos poniendo en marcha es importante para comunicar, como establece el mismo pliego de prescripciones técnicas, las diferentes herramientas que estamos
poniendo a disposición de empresas y trabajadores para potenciar el impulso de la actividad económica y la creación de empleo;
herramientas tan importantes como el contrato indefinido de apoyo emprendedores, el contrato nuevo de formación y aprendizaje, la tarifa plana de 50 euros y las más de cien iniciativas puestas en marcha en la estrategia de emprendimiento y
empleo joven que hoy está dando muchas oportunidades a los jóvenes en nuestro país. Desde que se puso en marcha esa estrategia, que tuvimos que negociar con los interlocutores sociales, como así lo hicimos, hay 450 jóvenes cada día que tienen una
oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena gracias a las medidas del Gobierno y de los agentes sociales.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señora ministra, deje ya el disco rayado, deje ya de mentir a los españoles. Yo creo que usted es católica y sabe que mentir es pecado. Déjelo ya, ministra. (Rumores.-Aplausos). No insulte a la inteligencia
de las personas y a su dignidad. En las bases de esa convocatoria ustedes dicen que entre otros objetivos está sensibilizar a los ciudadanos sobre el desempleo. Quien se tendría que sensibilizar sobre el desempleo es usted, ministra; usted y su
Gobierno son los que se tendrían que sensibilizar sobre el desempleo. (Aplausos). Su reforma laboral solo ha traído un millón de trabajadores menos, menos derechos para los trabajadores, empleo más precario y una bajada de sueldos. Por cierto,
usted se ha olvidado de contarnos que su contrato estrella, el contrato de emprendedores, ya ha recibido el primer varapalo judicial. Se ha olvidado de contarlo en su disco rayado. Los ciudadanos no solo son sensibles al desempleo, es que lo están
sufriendo en sus propias carnes. Todos los españoles y las españolas, menos algunos, estamos viendo cómo familiares y amigos llevan ya varios meses o años en paro. ¿En qué realidad vive usted? No se necesita sensibilizar sobre el desempleo. Lo
que se necesita es actuar contra el paro, y es su obligación, la obligación de su Gobierno. No me venga después otra vez con la retahíla de la herencia recibida. Yo gastaría ese dinero de publicidad en otras cosas, por ejemplo en asistencia social
y en planes de empleo. La Diputación de Ciudad Real, gobernada por un socialista, con esos 2,5 millones de euros haría mil planes de empleo para los ciudadanos de nuestros pueblos. En lugar de hacer una campaña de publicidad yo haría otras cosas,
por ejemplo planes de empleo. Si quiere hacerla le propongo otro objetivo para esa campaña de publicidad. Haga una campaña de publicidad, diríjase a los ciudadanos. ¿Para qué? Para pedirles perdón por sus mentiras y porque están incumpliendo su
programa electoral. Como dice Rajoy, lo están incumpliendo a los nueve días de llegar al Gobierno. Dejen de mentir y pónganse a trabajar de una vez por todas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
La que tiene que dejarse de demagogias es usted y decir la verdad (Rumores), porque en noviembre sobre noviembre hay 100.000 parados menos que el año pasado. Es la primera vez que un año -2013 sobre 2012- va a haber menos parados que el año
anterior (Continúan los rumores), pasa por primera vez en toda la crisis. Yo le voy a dar datos reales sobre publicidad y gastos en publicidad. En 2012 en el Ministerio de Empleo fueron 12.000 euros; en 2013 acabaremos con 72.000 euros. ¿Sabe
cuánto se gastaron los gobiernos socialistas y los ministros socialistas en los siete años anteriores? 80 millones de euros (Protestas.-La señora Rodríguez García muestra una foto); sí, sí, 30 millones de euros solo en el año 2007. ¿Sabe cuánto
se gastaron de apoyo a los jóvenes a través del Injuve? 33 millones de euros, lo mismo en publicidad que en apoyo a los jóvenes. Así trabajan ustedes. De otra manera trabajamos nosotros. ¿Cómo gastaba el Gobierno socialista? ¿No se acuerda del
PlanE y de los carteles con los que llenaron todas las calles de España? 46 millones de euros (Protestas), para gastarse 13.000 millones de euros y no crear prácticamente ningún empleo fijo en España, como dijo el Tribunal de Cuentas. Todo el
presupuesto de este año 2012 del Gobierno del PP son 35 millones de euros; en el año 2007 del que le hablaba, 270 millones de euros. Esa es la diferencia, siete veces más en publicidad en esa propaganda que decía que no había crisis; así dejaron
un país que otra vez un Gobierno del Partido Popular vamos a sacar de las crisis en las que nos meten los gobiernos socialistas. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO ANCHUELO CREGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿ESTÁ EN CONDICIONES DE GARANTIZAR LA INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA
TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/000759).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta el diputado don Álvaro Anchuelo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, permítame que comience recordando algunos hechos recientes que tienen que ver con la Agencia Tributaria. Una inspectora de Hacienda cumple con su obligación, rechaza un recurso de una gran empresa que se enfrentaba a una
multa de 450 millones, porque la empresa no alega nada nuevo, y como premio a sus desvelos es cesada fulminantemente. A partir de ahí se desencadena una serie de dimisiones, en solidaridad con esta inspectora, de sus compañeros y jefes en la unidad
de Grandes Contribuyentes que queda descabezada. El despropósito va aumentando y el siguiente paso es una oleada no de dimisiones, sino de ceses de decenas de altos cargos, incluyendo delegados de Hacienda en Cantabria, Galicia y Castilla y León, y
culmina este caos y despropósito con la dimisión nada más y nada menos que del número dos de la Agencia Tributaria. Por eso nosotros le preguntamos hace una semana si estaba en condiciones de garantizar la independencia de la Agencia Tributaria.
Usted, que debe ser una persona impaciente, ya nos ha respondido con su declaración del otro día de que los cesados son socialistas. Por eso le reitero la pregunta que hay en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, en primer lugar, debo clarificar que yo no he dicho eso nunca, nada más ni nada menos. No he dicho nunca que los cesados sean socialistas, eso no lo he dicho. En segundo lugar, estoy respondiendo a su pregunta, porque como
ministro de Hacienda y Administraciones Públicas tengo la capacidad de garantizar la completa independencia de injerencia política en la Agencia Tributaria. Es mi sexto año como ministro de Hacienda del Gobierno de España y jamás se ha producido
una injerencia política en la Agencia Tributaria; no lo permitiría, no lo consentiría y cualquier funcionario de la Agencia Tributaria que tuviera conocimiento de ello estaría obligado por ley a denunciarlo. En tercer lugar, como respuesta a las
dudas, porque también la política es así, ofrezco a los grupos de esta Cámara esta mañana la redacción y la aprobación del estatuto que tiene pendiente la Agencia Tributaria desde su nacimiento en el año 1990; un estatuto que defina claramente cómo
se hacen los nombramientos, cómo se ocupan los cargos, en función de qué méritos se ocupan esos cargos, el nombramiento que dé seguridad a todos (funcionarios, en primer lugar, que son unos trabajadores realmente excelentes, más de 27.000), que
defina su carrera profesional dentro de la Agencia Tributaria. Este estatuto está pendiente desde el año 1990 y ofrezco a los grupos políticos de esta Cámara que en el marco de la reforma tributaria pendiente, que tendremos que afrontar en los
próximos meses, en la primera mitad del año próximo, abordemos también ese estatuto que dé fundamentalmente satisfacción a las decenas de miles de mujeres y hombres que en la Agencia Tributaria pretenden cada día con su trabajo y su esfuerzo
financiar la realidad de los servicios públicos de los españoles, garantizando la recaudación tributaria y luchando contra el fraude.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor ANCHUELO CREGO: Señor ministro, pese a sus palabras mi grupo está y sigue preocupado. La Agencia Tributaria desempeña funciones muy importantes, y una de ellas es nombrar peritos para que auxilien a la justicia en los casos
judiciales, por ejemplo, el caso de la infanta, el caso Bárcenas-Partido Popular. Una de las últimas decisiones ha consistido en una instrucción interna por la que el director de la Agencia Tributaria va a nombrar quiénes van a ser esos peritos que
van a auxiliar a la justicia, y eso ha coincidido con decisiones que resultan sorprendentes: en el caso de la infanta, facturas que se habían
declarado ficticias y que luego han sido deducibles; en el caso Bárcenas-PP, donaciones que se habían aceptado como ilegales y que luego han sido deducibles, lo que ha impedido que se sobrepasase el umbral del delito fiscal de 120.000
euros.
El ofrecimiento que hace sobre el estatuto es muy interesante. De hecho, nosotros íbamos a plantearlo pronto eso en una iniciativa, pero no creemos en la buena fe del Gobierno porque está demostrando, desde que inició su mandato, que es
incompatible con la independencia y con la separación de poderes. Lo ha demostrado en la CNMV, lo ha demostrado en la CNMC y lo ha demostrado en el Consejo General del Poder Judicial. Las normas legales están muy bien pero, si no hay voluntad
política de que haya independencia en los organismos, a veces se utilizan para controlarlos todavía más. No queremos una España en la que los ciudadanos dentro de poco, cuando haya una actuación de la Agencia Tributaria, empiecen a preguntarse si
hay una doble vara de medir para las grandes empresas, para los partidos, para personas importantes de la familia real...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente
Señor Anchuelo, ya le he dicho que no hay doble vara, pero para que no haya ninguna duda, hagamos juntos un estatuto de la Agencia Tributaria. Esta es la oferta que estoy haciendo esta mañana a su grupo político. A partir de ello,
definiremos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON FRANCESC VALLÈS VIVES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DE DUPLICIDADES ADMINISTRATIVAS
RESPETA LA CAPACIDAD DE AUTOGOBIERNO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS? (Número de expediente 180/000768).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del diputado don Francesc Vallès, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VALLÈS VIVES: Señor ministro, ¿considera que el informe sobre duplicidades administrativas que acaba de elaborar su ministerio respeta la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señores diputados, señor Vallès, lo respeta completamente. Como su señoría ha manifestado, es un informe, no es una iniciativa legal que se introduzca en el corazón de los estatutos de autonomía de ninguna comunidad autónoma. Estamos
haciendo muchos cambios en el ámbito del sector público, y como su señoría tendrá que reconocerme esta mañana, ninguno aborda una redefinición de competencias autonómicas. Lo que es verdad, y hace falta advertírselo a la sociedad española en su
conjunto, es que hay duplicidades administrativas en funciones que desarrollan nuestras administraciones. Reconocerá conmigo, señor Vallès, que lo ideal es que no haya esa duplicidad, que se evite la ineficacia de esa duplicidad y que entre todos
podamos garantizar unas funciones de servicio público eficiente y al menor coste posible.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor VALLÈS VIVES: Señor ministro, lo que me preocupa son los cambios que se introducen en esos informes. Ustedes llevan mucho tiempo elaborando un discurso perverso que pretende equiparar el Estado autonómico a la ineficiencia. Este
informe no tiene otro objetivo que incrementar esa falsa asociación entre Estado autonómico e ineficiencia para continuar con su agenda de recortes indiscriminados
en servicios públicos, desmantelando instituciones y recentralizando competencias. Este informe es una barbaridad porque nadie puede sostener con argumentos democráticos y económicos que el Estado autonómico sea ineficiente por naturaleza.
Lo que puede haber, en todo caso, es una gestión ineficiente de la autonomía, y ahí su partido tiene mucho que decir allí donde gobierna; pero no puede criminalizar al Estado autonómico en su conjunto. De lo que se trata en momentos de crisis,
señor ministro, es de mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones pero no de suprimirlas. Usted solo nos dice cuánto dinero cuestan estas instituciones, pero nunca menciona ni cuánto dinero ahorra al contribuyente con los informes que
elaboran ni cuánto ganan los ciudadanos en calidad democrática. Por ejemplo, los tribunales de cuentas autonómicos sirven para impedir que haya duplicidades antieconómicas, pero son una duplicidad antieconómica en sí mismos, y eso debería saberlo.
Una cosa más sobre los tribunales de cuentas. La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, que usted pretende suprimir con su informe, no es ni un invento ni un capricho estatutario. Es fruto de la historia y del autogobierno de Cataluña. Se forjó en
el siglo XV y funcionó de forma ininterrumpida hasta que Felipe V la abolió con el decreto de nueva planta, y no se pudo recuperar hasta el Estatuto de 1979. ¿Cómo se le ocurre decir que la Sindicatura de Cuentas es una duplicidad administrativa,
señor ministro? ¿Con quién quiere compararse usted, con Felipe V? (Rumores).Yo ya sé que ustedes no quieren ni oír hablar de la reforma de la Constitución pero lo cierto es que cada día que pasa ustedes, con sus decisiones, van quitando
competencias a Cataluña y al resto de las comunidades autónomas. Basta ya, señor Montoro, de tantos ataques indiscriminados a la autonomía. Guarde este informe en su cajón y olvídese de él; creo sinceramente que es lo mejor que puede hacer con
este informe.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vallès.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Vallès, no sé dónde ubicar el discurso que me ha echado usted. Ahora ya me adjudica que yo lo que quiero ser es Felipe V. (Risas). Cada día aprende uno, por eso es muy importante venir con el mejor tono, el mejor talante a la Cámara:
para que le comparen a uno con Felipe V. No le falta sentido del humor; no le falta sentido del humor en una legislatura en la que lo que hemos hecho desde el Gobierno de España, y yo por supuesto en mi condición, ha sido arbitrar una financiación
especial para las comunidades autónomas que asciende a 102.000 millones de euros. (Rumores). ¡Fíjense si creemos en el Estado de las autonomías! Según usted mi partido lo que hace es que lo califica de ineficiente por naturaleza. ¿Esto dónde lo
ha leído usted? ¿Lo ha leído en el programa político? ¿Lo ha leído de mis palabras alguna vez? ¿De dónde saca usted esa ineficiencia? Usted debe leer otro tipo de prensa (Rumores), con toda libertad, qué para eso está la prensa, para expresar
todas estas cosas, pero también para decirlas exactamente. La única verdad desde el comienzo de la legislatura es que este Gobierno ha arbitrado 102.000 millones de euros. Voy a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo
18 de diciembre para seguir mejorando la financiación de las comunidades autónomas del conjunto de España, para garantizar su liquidez, su tesorería y para que puedan pagar a proveedores y a los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL GABRIEL GONZÁLEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿GARANTIZA LA MINISTRA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LA SANIDAD EN CONDICIONES
DE IGUALDAD? (Número de expediente 180/000772).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta el diputado don Manuel Gabriel González Ramos, del Grupo Socialista.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, presidente.
¿Garantiza la ministra el acceso de los ciudadanos a la sanidad en condiciones de igualdad?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el primer momento este Gobierno ha adoptado las medidas necesarias para garantizar la igualdad en el acceso en las mismas condiciones a todos los ciudadanos en todo el territorio nacional. Le recuerdo cómo dejaron ustedes la
sanidad: 16.000 millones de deudas (Protestas) y prestaciones diferentes en las comunidades autónomas.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Señora Mato, ¿aprueba conductas como la del consejero de Educación de Castilla-La Mancha que, en connivencia con el consejero de Sanidad en el Gobierno de Cospedal, coló a su mujer para que la operaran, saltándose
las listas de espera? Señora Mato, ¿aprueba conductas como las del exgerente del Hospital de Hellín, puesto allí también por Cospedal, que abrió un quirófano y desplazó un equipo médico completo para operar a su madre? Señora Mato, ¿usted aprueba
que cargos públicos utilicen en beneficio propio la sanidad pública pasando por encima de los derechos de decenas de miles de ciudadanos? Eso, señora ministra, está pasando en la sanidad pública, de la que usted es la máxima responsable. Sí, pasan
cosas como que la mujer de un consejero sea operada en tal solo quince días con la misma dolencia por la que otras personas tienen que esperar más de un año, o que se cierren quirófanos por las tardes y se abran solo para familiares de altos cargos.
Señora ministra, ¿ve esto? (Muestra un documento). Esto es un volante; quizá no lo sepa porque usted no es asidua a la sanidad pública. Se trata de un volante emitido por el servicio de salud de Castilla-La Mancha de una mujer que lleva
esperando más de un año para que se la trate de una hernia de disco; sí, la misma dolencia que la de la mujer del señor consejero de Cospedal. Son quince días en un caso frente a más de un año en otro. (Aplausos). Este, señora Mato, es el mundo
real de millones de españoles que antes tenían una atención sanitaria de calidad y a los que ahora ustedes se la están quitando. De aquellos ciudadanos de otras comunidades autónomas en las que ustedes gobiernan, como Madrid o Galicia, y que
necesitan de una sanidad pública de garantía porque no tienen dinero para ir a operarse a esas clínicas privadas que a ustedes tanto les gustan. En vez de escucharles, ustedes desmantelan, despiden a miles de profesionales; y usted, señora
ministra, ¿qué hace? Absolutamente nada. Es inconcebible que usted, como ministra de Sanidad, no vele por una atención sanitaria en igualdad de condiciones y oportunidades. Se siente rabia; se siente rabia cuando muchos pacientes nos trasladan
que ustedes desde sus despachos no pueden sentir lo que ellos sienten ni pasar por lo que ellos están pasando. Sí, señoría, siento rabia; siento rabia desde este escaño porque presencio cada día la actitud de un Gobierno sordo e insensible. Lo
realmente grave es que usted conoce sobradamente todo lo que está pasando, como conocía la existencia de un coche de alta gama en su propio garaje, otra cosa es que lo reconozca y que mire para otro lado... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, no sabe cuánto lamento su intervención, que sin duda es más propia de una Cámara autonómica que de este Parlamento. (Rumores). Señor González Ramos,
tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como el propio jefe del Servicio de Neurocirugía ya han explicado, como usted sabe perfectamente, los criterios médicos que se aplicaron en el caso al que usted ha hecho referencia, y también le han recordado
la necesidad de respetar el derecho a la protección de datos de todos los pacientes. A este Gobierno lo que le preocupa son las listas de espera. Mientras ustedes las ocultaban para esconder que el mayor incremento se produce en el año 2011 y
también miraban para otro lado para no tener que adoptar medidas para resolverlo, nosotros publicamos los datos dos veces al año y con las comunidades autónomas, que -como saben- son las responsables de la gestión; estamos trabajando para
establecer criterios para la adecuada priorización en función de las diferentes patologías y también del impacto en la salud futura de cada paciente. Señoría, en estos dos últimos años hemos avanzado mucho en garantizar
la igualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias. Lo hemos hecho con la tarjeta única interoperable, que nos permite acceder con un solo documento a la asistencia sanitaria en todos los rincones de España; con la receta electrónica y
con la historia clínica digital; también con la cartera común de servicios, que fija las mismas prestaciones sanitarias para todos los españoles, y con el calendario vacunal único para todos nuestros niños; y, especialmente, señoría, con el
acuerdo que hemos firmado con los profesionales sanitarios, médicos y enfermeros, para continuar caminando juntos en la mejora de nuestra sanidad. Así es, señoría, como se garantiza el acceso a la asistencia sanitaria de todos los ciudadanos en
condiciones de igualdad. Ojalá algún día ustedes dejen de utilizar la salud con fines partidistas y se sumen al pacto socio-sanitario que estamos proponiendo y en el que estamos avanzando con toda la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), EN ESPECIAL EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS ORGANIZATIVOS DE SUS ACTUALES RESPONSABLES POLÍTICOS Y LA REGULARIDAD DE LOS
EXPEDIENTES TRIBUTARIOS QUE AFECTAN A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES. (Número de expediente 172/000178).
El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de preguntas, pasamos al de interpelaciones. En primer lugar, interpelación del Grupo Socialista, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en especial en relación con los criterios organizativos de sus actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes. Para la defensa de esta
interpelación, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, el reguero de despropósitos que es la gestión de la Agencia Tributaria en estos dos años tiene a nuestro juicio dos responsables: el señor Rajoy, que mira para otro lado mientras se desangra uno de los pilares del Estado que
es la Agencia Tributaria; y usted con sus actuaciones, impulsando por ejemplo la amnistía fiscal, el indulto tributario a Bárcenas, numerosos escándalos en la Agencia Tributaria y ahora liderando una purga, no ideológica, una purga profesional.
(La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Desde el principio quiero dejar claro cuál es el objeto de mi intervención, que es que usted como ministro de Hacienda y, por tanto, máximo responsable de la Agencia
Tributaria, nos explique por qué una funcionaria, una inspectora de Hacienda es cesada de forma fulminante como consecuencia de haber resuelto un expediente, en concreto, un recurso de reposición interpuesto por una determinada entidad
multinacional. Señor ministro, no vamos a caer en la trampa que nos pretende tender de plantear el cese como parte de una purga de funcionarios cercanos a los socialistas. Eso es una cortina de humo ante la gravedad de los hechos que se denuncian,
pero esa cortina hay que levantarla porque muchos ciudadanos pueden caer en ella conociendo su carácter sectario. Usted lleva ya cerca de dos años de ministro y la purga ideológica ya la hizo cuando fue nombrado en su cargo. Ahora, como ya no
quedan para seguir con esa cortina está teniendo que cesar a funcionarios nombrados por el Gobierno del Partido Popular. Bien es cierto que sus últimas declaraciones muestran mucho sectarismo y una forma de entender lo público y la administración
más cercana al siglo XIX que al XXI. Ese cese, señor ministro, tampoco obedece a una reorganización. En la Administración española el director general, el de arriba, que por razones organizativas cesa a una empleada que está tres niveles por
debajo, no la cesa sin dar explicaciones a los dos responsables intermedios. No es una reorganización, es una persecución, es un cese en toda regla. Lo que denunciamos es un cese como consecuencia de que la resolución de un expediente concreto no
gusta a los responsables políticos de la Agencia Tributaria. Es muy grave, señor Montoro, porque afecta al principio de igualdad de los españoles ante la ley y genera desconfianza ante los ciudadanos; ante la ley y ante los ciudadanos. Si cala
entre los ciudadanos la idea de que los poderosos cuando son descubiertos tienen otros medios para defenderse que no son la ley y el derecho habremos degradado todavía más la conciencia fiscal de nuestros ciudadanos, ya machacada por usted con su
indecente amnistía fiscal.
Ante ese cese fulminante dimitió el jefe de control de la Delegación de Grandes Contribuyentes y otros funcionarios intermedios entre la funcionaria cesada y el jefe dimitido por considerar improcedente el cese de su subordinada. Después
también dimitió el número dos de la Agencia Tributaria, el director de Inspección Financiera y Tributaria. Señor ministro, cuando presenta su dimisión el director de la inspección escribe una carta argumentando su decisión. Leo textualmente:...las
notables diferencias que han surgido con el titular de dicha dirección general en los últimos meses en relación con diversos asuntos que constituyen ámbitos esenciales de decisión del departamento de Inspección y que se han resuelto en contra de
nuestro criterio. Señor ministro, ¿de qué asuntos estamos hablando? ¿De qué cuantía? ¿A quién se refiere este alto funcionario que dimite? No sabemos cuántos asuntos más hay, pero el que todos sabemos queremos que nos lo explique aquí con luz y
taquígrafos ante los representantes de todos los ciudadanos, que nos conteste a una serie de preguntas. La primera es, señor Montoro, ¿por qué la dirección política de la agencia ha querido intervenir en un expediente que afecta a una empresa
multinacional que acumula miles de millones en bases imponibles negativas para hacerle un regalo multimillonario en términos de menos impuestos en el futuro y para evitar una sanción? ¿Por qué, señor ministro? ¿Considera razonable que, mediante
indicaciones de los actuales responsables políticos de la agencia, se pueda intentar variar el criterio profesional de los inspectores al servicio de la Agencia Tributaria y que como no se consigue se cese de forma fulminante sin contar con los
jefes de la persona cesada? Usted me dirá que no ha habido presiones; entonces, ¿por qué dimite inmediatamente el jefe de la mencionada inspectora? ¿Qué razones alegó el jefe de la citada inspectora? ¿Por qué el delegado central de Grandes
Contribuyentes en distintas conversaciones con los inspectores de dicha unidad, ante el revuelo ocasionado, explica que el cese de la inspectora tiene que ver con la resolución firmada por ella del recurso de reposición de esta empresa
multinacional? Estamos hablando, señor ministro, de la unidad de Grandes Contribuyentes, de una unidad que tiene que ver con la investigación de grandes empresas y grandes patrimonios.
Señor ministro, le sigo preguntando, ¿ha existido alguna relación que lleve a un conflicto de intereses de usted o de su equipo ministerial con la empresa presuntamente beneficiaria o con la consultora que ha asesorado a la multinacional?
¿Usted o alguien de su equipo ministerial ha mantenido relación profesional o de otro tipo con algún directivo de la empresa multinacional de la que estamos hablando, señor ministro? Le sigo preguntando, ¿la multinacional ha ofrecido
contraprestaciones en términos de inversión en España a cambio de intervención política ante la Agencia Tributaria? Es muy grave de lo que estamos hablando, señor ministro. Esto no se resuelve aquí esta mañana con ofrecer diálogo. Primero tiene
que explicar ante todos los españoles, ante todos los representantes del pueblo español qué es lo que ha sucedido y tiene que contestar a estas preguntas. ¿Usted y su equipo ministerial pueden tener más conflictos de intereses en otros asuntos que
afectan a grandes contribuyentes por la sociedad de asesoría que usted creó en el año 2006? Señor ministro, ¿no cree necesario que los españoles debemos saber con total transparencia a qué empresa representa su anterior sociedad ante la Hacienda
pública y ante la Agencia Tributaria? Estas son preguntas que tiene que contestar, si no lo hace tiene que dimitir e irse a su casa (Aplausos), porque es muy grave lo que está pasando en la Agencia Tributaria. Nos estamos jugando no solo la
financiación del Estado del bienestar, nos estamos jugando los pilares fundamentales de la democracia. Esto no se resuelve aquí esta mañana diciendo: yo ofrezco un diálogo al resto de grupos; he limpiado ya la capaza, he hecho lo que tenía que
hacer, he cambiado a todo el mundo que tenía que cambiar y ahora ofrezco el diálogo. No, primero, antes de todo eso, tiene que explicarse usted y tiene que contestar a estas preguntas ante el conjunto de ciudadanos.
Ya sé que la mayoría de españoles están muy preocupados, porque la mayoría de españoles lo que piensa, señor ministro, es que ustedes confunden a los contribuyentes con sus clientes. Esto es muy peligroso, es tan peligroso que la mayoría de
los españoles lo que piensan es que aquí hay contribuyentes de primera clase, de primera clase especial. Personas y empresas que están por encima de la ley, eso es lo que piensan en este momento muchísimos españoles, la mayoría de ellos; hay un
consenso generalizado. Esto es muy grave, señor ministro, como ministro de Hacienda. No le voy a hablar de la subida de impuestos, no le voy a hablar hoy del déficit o de la consolidación fiscal, no. Le voy a hablar de principios, le voy a hablar
de valores, le voy a hablar de las bases fundamentales del Estado de derecho en nuestro país. Por tanto, señor ministro, conteste a lo que le he preguntado. Si no, dimita y váyase a su casa.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Saura.
A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Saura, está claro que, a medida que avanza la legislatura y la economía recupera su tono, volvemos al crecimiento y muy pronto a la creación de empleo, el Grupo Socialista va a lo que va. Está claro, a la deslegitimación no de un
Gobierno, sino de una persona que forma parte de un Gobierno. Esa es su táctica, su tarea, su estrategia, demoler. (Rumores). A eso es a lo que se dedican y, por cierto, con ciertas colaboraciones externas. Esa es su forma -ya la tuvieron- de
gobernar. Pero déjeme que haga un resumen de su forma de gobernar respecto a los grandes contribuyentes. (Rumores). Vamos con los grandes contribuyentes. (Rumores).
Yo fui ministro de Hacienda desde el año 2000 hasta el 2004. Cuando salimos del ministerio, los grandes contribuyentes, los grupos consolidados, especialmente las grandes empresas, los grupos multinacionales españoles, pagaban un tipo
efectivo de gravamen del 14 o 15 %; año 2004, cuando yo dejé el ministerio. He vuelto a ser ministro de Hacienda y he conocido que el tipo efectivo de grandes contribuyentes, grupos consolidados, no llegaba al 5 %. Esto quiero decir que, si la
media es del 5 %, muchas grandes empresas en España no pagaban impuestos sobre sociedades con los Gobiernos socialistas. Esa es la realidad, ¿o no es así? Lo dijo el presidente del Gobierno aquí, Mariano Rajoy dijo desde esta tribuna que empresas
muy importantes de España no estaban pagando impuestos sobre sociedades. ¿Qué ha ocurrido con esas empresas? ¿Pagan más o pagan menos desde que estamos nosotros gobernando? Desde el año 2011, la media de grupos consolidados tuvo un tipo efectivo
entre el 3 y el 4 %, este año van a pagar el 8 por ciento. Es decir, estamos duplicando el tipo efectivo de gravamen del impuesto sobre sociedades gracias a los cambios normativos del impuesto sobre sociedades que hemos traído a esta Cámara, que
ustedes, para variar, han votado en contra, han votado a todo en contra. ¿O no es así, señor Saura? ¿No han votado ustedes en contra de la reforma del impuesto sobre sociedades que está provocando que se duplique la aportación de las grandes
empresas que operan en España? ¿No es una realidad? En el año 2012, los grandes contribuyentes aportaron al fisco español 4.800 millones de euros sobre el año 2011; 4.800 millones de euros en un año de recesión económica. ¿Por qué? Porque
cambiamos la normativa del impuesto sobre sociedades para que pagaran más. Eso es lo que hace la derecha cuando gobierna; cuando gobierna la izquierda los grandes no pagan. (Rumores.-La señora Rodríguez Ramos: ¡Qué miedo tienen!-Aplausos). ¡Y
todavía tengo que escuchar el alegato de esta mañana siendo ministro de Hacienda del Gobierno de España! ¡Es que es fantástico! ¡Tiene uno que escuchar cada alegato desde esta tribuna! ¡Cómo no me voy a crecer, señora portavoz, si es que hay que ver
unas cosas en esta vida! (La señora Rodríguez Ramos: ¡Qué miedo tienen!-Rumores).
Ahora, la mayoría de los españoles creen que la Ley del Impuesto sobre Sociedades no se aplica a todos por igual, no, se hacen trajes a medida. ¿En virtud de qué? ¿De un proyecto de inversión empresarial? Pues no, no, en absoluto,
absolutamente negado (Un señor diputado: Como tú), no ahora, sino desde hace años. Yo tengo mucha experiencia en esa materia y sé lo que es rechazar un proyecto de inversión empresarial, cualquier proyecto, a cambio de una nueva normativa fiscal.
Eso lo sé, al igual que sé que hay otros países europeos que lo hacen, lo voy a decir así de claro, y eso es competencia fiscal desleal en la Unión Europea. Por tanto, eso es lo que estamos combatiendo en el seno de la Unión Europea. Pero tengo
que decirle que en España no se hace eso. Nadie pretende que se haga, nadie. No se hacen cambios tributarios en virtud de ningún tipo de inversión expresa o específica. (La señora Rodríguez Ramos: ¿También le tienen miedo?-Rumores). ¿Sigo
dándoles explicaciones o no? (Rumores). Es que como veo que les gusta tanto, voy a seguir dándoles más explicaciones en relación con lo que me han preguntado porque si no, señor Saura, me tendría que ir a mi casa (Rumores.-Risas) y usted a la suya
después de las intervenciones que hace constantemente desde este Parlamento (Aplausos). Lo tendría que hacer en virtud de la responsabilidad intelectual y también ética y moral respecto del principio.
En tercer lugar, le diré que yo no tengo ninguna relación profesional con ninguna empresa, ni con la que ustedes están mencionando -nunca, con esa nunca además, añado-, ni con ninguna otra desde el año 2008. Yo fundé en el año 2006 una
empresa. ¿Eso es pecado en este país? (Rumores). ¡Es que eso es lo que me reprochan continuamente: fundó una empresa! ¡Es que es capaz de fundar una empresa!
(Rumores). Eso es lo que realmente les subyuga, ¡hay alguien que tiene iniciativa para fundar empresas en este país! (El señor Madina Muñoz hace signos negativos.-Rumores). Desde el año 2008 en que yo volví como portavoz de Economía a esta
Cámara me desligué completamente de esa empresa. Me desligué completamente, y completamente significa que vendí las acciones que yo tenía de esa empresa. No tenía por qué haberlo hecho, era compatible con el Estatuto del Diputado, era compatible,
pero yo sé que no debía buscar esa compatibilidad y desarrollé toda mi labor de oposición sin ninguna relación profesional. (Rumores). Sin ninguna, por mucho que quieran buscarla. ¡Búsquenla, búsquenla, búsquenla y hagan determinados programas! Y
la están buscando, ¡mire que la están buscando! Todos los días. Y claro, no encuentran donde no existe. Sí se montan teorías por ahí, pero qué le vamos a hacer. Tanta difamación... Tanta difamación en esta vida solo se combate desde la
transparencia, razón por la que yo he traído esta mañana a la Cámara la propuesta de un nuevo estatuto de la Agencia Tributaria que garantice realmente, en el marco de la Ley de Transparencia del Gobierno, que los procedimientos son iguales para
todos. Porque ya lo está siendo, igual para todo. Por cierto, añado, también a título de información, que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide las respuestas de la Agencia Tributaria respecto de expedientes concretos. Es que es así.
Pero ya saben que lo voy a cambiar. Tengo el proyecto de cambiarlo en el marco de la Ley General Tributaria. (Rumores). Si yo soy el primero que estoy deseando cambiarlo. Claro, lo estoy deseando para que los españoles conozcan realmente también
muchas condiciones de muchos contribuyentes. Por ejemplo, la morosidad: quién debe a la Agencia Tributaria. Porque yo creo que eso tiene que ver con algunas de las cosas que yo veo por ahí. Alguna relación debe tener. Alguna relación, yo no soy
capaz tampoco, no me dedico a eso, pero cuando veo algunas informaciones, uno llega a pensar, la verdad, ¿es que esto tendrá que ver con lo que está ocurriendo? ¿Será alguna forma de presión? Porque uno no llega a entender realmente determinadas
informaciones. (Rumores). Por ejemplo, la relativa a ese expediente. En relación con ese expediente, lo que hace daño es que una determinada información periodística falsee. Eso es lo que hace daño. Y diga: a una multinacional se le ha
rebajado la sanción. Y yo digo: no es verdad. ¿Quién lo ha dicho? Un medio de comunicación. ¿Consultó el medio de comunicación al ministerio? Sí. Se le dijo: no es verdad. ¿Y el medio de comunicación siguió adelante? Sí, porque dijo: son
mis fuentes. ¿Sus fuentes? Explique sus fuentes. Explique cuáles son sus fuentes. Lo que es muy peligroso, créame, señor Saura, y estoy convencido de que todos ustedes, es que se rompan las garantías de cualquier procedimiento administrativo, y
por descontado judicial, y que realmente tengamos el desamparo de la falsedad de los procedimientos que se están instrumentando. Es eso lo que es muy negativo para una sociedad y eso es lo que tenemos que garantizar entre todos y lo debemos
garantizar realmente, porque si no, no podemos funcionar. Y cuando un medio... Y dice: ya está con el mensajero. No, no, no estoy con el mensajero, estoy con el mensajero que falsea el mensaje. A ver si nos entendemos todos, que ya saben que yo
no tengo problemas para hablar de falseamiento de mensaje cuando son falseamientos de mensaje. La obligación del mensajero es que transmita el mensaje, no que se invente el mensaje. Esa es la cuestión y la transparencia en una sociedad. Y a
partir de ahí, lo que se está produciendo es un relevo de personas en la Agencia Tributaria, y aquí preciso, señor Saura. Yo no he dicho nunca que obedecían a razones ideológicas, como he leído después. Yo, en un grupo de periodistas, dije...
(Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Es que yo todavía sigo creyendo en la informalidad. En un grupo de periodistas lo que dije exactamente es lo siguiente, y también lo digo porque me parece una información
relevante. Lo que dije es que precisamente en la unidad de Grandes Contribuyentes hay al menos seis altos cargos políticos, no seis altos cargos que vengan de la propia Agencia Tributaria, no, sino cargos políticos del Gobierno socialista ocupando
puestos relevantes en la unidad de Grandes Contribuyentes; seis, entre ellos el secretario de Estado de Hacienda del Gobierno anterior. (La señora Rodríguez Ramos: ¿Y qué?).
Estas cosas creo que deberíamos dilucidarlas, porque no es sano para nadie; no es sano para nadie porque luego se manejan informaciones o no informaciones. No es sano para nadie, créame, y a eso me refería y eso es lo que quiero decir.
¿Sabe cuándo me he enterado yo de esto? A raíz de estos acontecimientos, después de dos años; (La señora Rodríguez Ramos: De casualidad) no lo sabía, no lo sabía, así es la vida, para que vean toda la injerencia política que hago. Me he enterado
ahora, después de dos años (La señora Rodríguez Ramos: ¡Qué despistado! Se ha enterado ahora y de casualidad). No, de casualidad no, cuando ha aparecido todo esto; nada de casualidad, coincidencia. Cuando aparece todo esto es cuando me entero de
que justo en esa unidad hay seis altos cargos al menos y no de la Agencia Tributaria, insisto, sino que han ocupado altos cargos. (La señora Rodríguez Ramos: ¡Vaya por
Dios!). Estas cosas son las que luego hacen que se traslade un clima que no se debería trasladar en modo alguno. A partir de ello -acabo insistiendo en lo que ya dije antes-, el funcionario que tenga que denunciar algo que lo haga, que lo
haga a través de los procedimientos. Usted ha hecho aquí una serie de planteamientos sobre por qué tal o por qué cual. Cada uno somos muy libres de asumir nuestras responsabilidades y también, por supuesto, de cuándo debemos ceder esas
responsabilidades, faltaría más, pero que se expliquen ellos, que se expliquen. O sea, ¿usted ha tenido algún tipo de injerencia? ¿Se le ha modificado su planteamiento? ¿Usted ha visto si ha actuado algún grupo de interés? Pues ya sabe dónde
tiene que ir, vaya usted donde tiene que ir y hágalo por el bien del país y garanticemos entre todos lo que tenemos que garantizar. Ese es el debate político.
Termino, señorías. En mi voluntad está la reforma del estatuto, que es una gran cuestión pendiente demandada por los funcionarios. Clarifiquemos entre todos esa situación de lo que es el estatus. La agencia nació en el año 1990 y no tiene
desarrollado ese estatuto. Hagámoslo, delimitemos cómo se hacen los nombramientos en la agencia, cómo se hace la carrera administrativa profesional en la agencia, quién tiene que ocupar un puesto determinado en esa agencia, etcétera. Hagámoslo.
Yo estoy de acuerdo y además vamos a tener la oportunidad de esa reforma tributaria, de modificar la Ley General Tributaria y también de modificar y clarificar todos estos extremos para la tranquilidad y confianza de todos, pero también por la
responsabilidad de todos, incluida la de los medios de comunicación, a los que no me quiero dejar de referir también, porque si no reproducen fielmente ni siquiera lo que se dice en los corrillos...Pero, bueno, uno está acostumbrado y en eso no
vamos a cambiar ahora. A lo que no está uno acostumbrado es...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor ministro, debe ir terminando.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Acabo, señora presidenta.
No estamos acostumbrados a que los medios de comunicación den informaciones falsas sobre sanciones que se hacen a empresas. Cuando una información es falsa es falsa, y cuando desde el centro se le está diciendo que es falsa ese medio de
comunicación está obligado a rectificarla y, a partir de ello, introducir la tranquilidad de todos y, obviamente, si tiene otras fuentes que explique cuáles son y, sobre todo, que esas fuentes expliquen por qué están dando esa información al medio
de comunicación.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Hoy me voy mucho más triste que cuando comencé mi intervención. Me voy sinceramente muy triste. (Rumores). Es verdad, señor ministro, que a mí sus gracias no me hacen gracia, se lo tengo que reconocer; sus chascarrillos a mí no me hacen
ninguna gracia. (Aplausos). Creo que a un gran número de españoles tampoco. Pero me voy todavía mucho más triste porque un ministro tendría que contestar aquí con rotundidad a las preguntas que yo he hecho esta mañana, que son muy graves. Un
ministro del Gobierno de España no me puede contestar con chascarrillos, me tiene que contestar con argumentos (Aplausos), y no ha querido contestarme. Ese es el primer motivo de tristeza como diputado representante del pueblo español en un asunto
tremendamente preocupante, como le he dicho anteriormente, para la democracia española.
Además, hoy ha venido a acusar a un medio de comunicación de que no paga sus impuestos. Oiga, esto es muy grave. El ministro de Hacienda hoy aquí en el Parlamento ante todos los españoles está insinuando que un medio no cumple con sus
obligaciones tributarias. Señor ministro, nunca la Hacienda pública española podía haber caído tan bajo y usted tan alto, nunca señor ministro, nunca. (La señora Rodríguez Ramos: Exactamente). Es muy grave lo que ha dicho aquí esta mañana, ¡muy
grave lo que ha dicho aquí esta mañana! Es que no para, no termina, lo suyo no tiene altura. Yo ya pido al señor Rajoy que no mire para otro lado y que tome alguna decisión; como usted no se va, tendrán que cesarle a usted, porque es muy grave, lo
de hoy es un paso más, acusar a un medio de comunicación no tiene altura. Mire usted, ya no es que yo no le crea, porque podrá decirme: bueno, como es del partido de la oposición, no; no le cree a usted ya la mayoría, la inmensa mayoría de los
españoles no le cree.
Yo no voy a utilizar una palabra soez como utilizó usted el otro día en un medio de comunicación diciendo que los mercados no son tontos. No voy a utilizar esa palabra: no son tontos; voy a utilizar una palabra mucho más proporcionada.
Quienes no son tontos son los españoles, quienes no se chupan el dedo con usted y los escándalos que ha traído a la Agencia Tributaria son los españoles; esos son los que no se chupan el dedo y esos son los que efectivamente están tomando nota de
lo que está sucediendo, porque es un escándalo detrás de otro, uno detrás de otro. Es que no termina aquí, es que los inspectores de Hacienda, los técnicos de Hacienda están absolutamente alarmados, y es que tampoco ellos se creen sus
explicaciones. Esta mañana yo me he desayunado con un artículo de un periódico económico que firma el portavoz de la Organización Profesional de Inspectores. Es un artículo de esta mañana, no me estoy inventando un argumento que traía, no, de esta
mañana, un artículo que se titula: El fin de la actual Agencia Tributaria y dice -cito-: En los últimos meses se han producido una serie de acontecimientos que están deteriorando de forma grave la imagen de la Agencia Tributaria. En los últimos
meses, deteriorando gravemente la imagen de la Agencia Tributaria. ¿Es Pedro Saura, el portavoz de Hacienda del Grupo Socialista? ¿Es el Grupo Socialista? ¿Es su portavoz? ¿Es el presidente del grupo? No, los propios inspectores de Hacienda.
Pero dice más: Otro de los factores que han contribuido a este grave deterioro de la imagen han sido las continuas referencias del actual ministro de Hacienda a la agencia en algunos temas. Así cabe citar la amnistía fiscal y su relación
con algunos casos de corrupción, o las insinuaciones en el Parlamento de que algunos colectivos o sectores no pagaban sus impuestos, utilizando así una información de la que legalmente no podría disponer y dando la sensación de que el propio
ministro quiere dirigir el quehacer diario de la agencia. ¡Lo dicen los propios inspectores, señor ministro! Es que esto es muy grave, es que ya le han perdido el respeto los propios empleados de la casa, los excelentes empleados de la casa, ya no
solo los ciudadanos, son los 27.000, esos excelentes profesionales. Es que es muy grave lo que está sucediendo, señor ministro. Por eso le decía que tiene que concretar sus contestaciones a mis preguntas concretas. (La señora vicepresidenta,
Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Le anuncio que como no contesta el Grupo Socialista va a agotar todas las vías parlamentarias para que efectivamente se sepa lo que ha sucedido en este asunto tremendamente grave. (Aplausos). Vamos a
utilizar todas las vías, porque, señor ministro, ni soy fiscal ni soy juez, soy un parlamentario y quiero hablar de responsabilidades políticas aquí, aquí. Por supuesto, no vamos a entrar en sus cortinas de humo, porque en la Agencia Tributaria hay
inspectores, hay funcionarios del PP y del PSOE, pero a usted lo que le preocupa no es que sean del PP o del PSOE, lo que les preocupa es que no hagan bien su trabajo y de manera profesional. Eso es lo que les preocupa.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Saura, termine.
El señor SAURA GARCÍA: Porque la Agencia Tributaria no es ni del PP ni del PSOE, ni del PSOE ni del PP, es de empleados públicos, independientes, profesionales que tienen que hacer su trabajo de manera clara y transparente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Saura, vaya terminando.
El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señora presidenta.
El problema de verdad, se lo digo muy sinceramente, señor ministro, es que entre los contribuyentes y sus clientes siempre optan por sus clientes.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Los clientes de un Gobierno son los ciudadanos. Creo que hasta ahí hasta usted lo entiende, señor Saura. (Aplausos). Es que tiene expresiones realmente de un mal gusto considerable. (Rumores). Usted no puede acabar así, porque los
clientes son los ciudadanos, son los contribuyentes que tienen todo el derecho a saber que son iguales ante la ley. Ustedes como Grupo Socialista están obligados, como decía su portavoz esta mañana, a controlar. ¡Claro que sí! Tienen toda la
disposición del Gobierno para ese control. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, si yo veo una información periodística y pregunto sobre esa información, que hace mucho daño, porque lo que hace mucho daño es que realmente se difundan determinadas informaciones periodísticas que son falsas en el sentido
de que se ha reducido una sanción y es falso, tengo mi obligación de decirlo. ¿Cómo no voy a conocerlo como ministro de Hacienda? (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Que legalmente no puedo, eso ha estado
muy bien, me ha llegado al alma. El ministro de Hacienda no tiene que conocer lo que ocurre con los contribuyentes españoles. El ministro de Hacienda cuando apela al cumplimiento de las responsabilidades tributarias de todos no puede expresarlo
así. No puede hablar de clubes de fútbol, no puede hablar de medios de comunicación, no puede hablar de colectivos, por lo visto no puedo hablar. (Rumores). Tengo que hablar de contribuyentes morosos solo. Les he dicho ya en mi condición de
ministro y también de personaje público que yo veo continuamente reportajes en los que se trata de relacionar a mi persona con un pasado que no es presente y además añado que no tiene ningún sentido. Sí que veo esos reportajes en determinados
medios de comunicación que, por cierto, tienen bastantes problemas económicos porque me los cuentan a mí, no es porque esté teorizando; me vienen al despacho a contármelos. ¿Cómo no voy a conocerlo si me vienen a contar sus problemas económicos?
Eso no quiere decir que tengan unos aplazamientos, eso está programado, tiene unos protocolos en la Agencia Tributaria. ¿No puedo decir en público que los medios de comunicación españoles tienen una gran deuda con la Agencia Tributaria? No les
gustará, pero es así. A quien no le gusta es al ministro de Hacienda que necesita cerrar el déficit público y necesita que los contribuyentes paguen sus impuestos. (Aplausos). Eso es lo que necesito realmente.
Por lo demás, lo que pido a todos es sentido de responsabilidad y además añado que mientras yo sea ministro de Hacienda y Administraciones Públicas no se va a filtrar un procedimiento administrativo de la Agencia Tributaria. Garantizo que
esto no va a pasar. Todos los contribuyentes tienen que tener esa garantía. Cuando digo ninguno es ninguno. Voy a aplicar la ley como es mi obligación. A partir de ello traigo aquí la propuesta del estatuto, que a ustedes no les interesa. No
les interesa nada constructivo que pueda haber traído yo esta mañana aquí. Dicen que no he respondido a nada. He respondido a todo, incluyendo las cuestiones personales, absolutamente a todo, a esas informaciones y a que no ha habido
modificaciones en un expediente. He respondido a todo. A partir de ello he hecho una oferta de iniciativa política de calado, como es la reforma del estatuto de la Agencia Tributaria, una oferta de contenido, de seguridad y de fiabilidad, que es
lo que tiene que hacer un Gobierno en cualquier circunstancia, pero más en unas circunstancias como las que estamos atravesando.
Es verdad que la crisis implica una pérdida de confianza, por tanto, tenemos que responder con transparencia, pero transparencia de todos -añado y subrayo de todos-, no solo de los que estamos en la vida pública y nos presentamos delante de
los ciudadanos, de todos: los medios de comunicación, los medios económicos, y estamos desarrollando un programa de Gobierno corporativo. Todos estamos obligados a esa transparencia, y yo soy el primer servidor público que cree en esa
transparencia y la voy a estimular y a fomentar en todas mis áreas de desarrollo de Gobierno. Si a ustedes les interesa, bienvenidos sean, pero como ya veo la actitud en toda la legislatura... (La señora Rodríguez Ramos: Sí nos interesa). Les
interesa, dice la portavoz. Pues encantado. (La señora Rodríguez Ramos: La transparencia, la transparencia). Podemos decir que entonces podremos encontrar en la moción consecuencia de esta interpelación un punto de coincidencia que sería muy
importante para todos, para la garantía de todos, de todos los ciudadanos, que es a lo que nos debemos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LOS NUEVOS RECORTES Y EL CAMBIO UNILATERAL DE MODELO SANITARIO Y EL CONSIGUIENTE RECHAZO DE LOS CIUDADANOS. (Número de expediente 172/000179).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Interpelación del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sobre los nuevos recortes y el cambio unilateral de modelo sanitario y el consiguiente rechazo de los ciudadanos.
Para su presentación tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, deduzco de la intervención del ministro de Hacienda que se prepara otra ley mordaza por parte del Gobierno, en este caso para medios de comunicación y para trabajadores de la Agencia Tributaria. Espero que esta interpelación a la
ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad tenga mejor fortuna que la interpelación al ministro de Hacienda, que ha terminado, como he dicho antes, con un anuncio de estatuto como ley mordaza.
Señora ministra, hace muchos años Orwell hablaba del doble pensar en el poder y decía que podría ocurrir aquello de un ministerio de la paz que se dedicase a hacer la guerra o de un ministerio del amor que sembrase el odio. La señora
ministra tiene el dudoso honor de presidir un ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad que es el ministerio del malestar, y más en concreto en sanidad es el ministerio de los cortes y los repagos a los ciudadanos mientras se regala a los
amigos. Señora ministra, no le voy a hablar del caso Gürtel. Eso irá por otro lado en el ámbito judicial. Yo le voy a hablar de los amigos sanitarios, de las medidas que ha adoptado usted en el último periodo por las cuales, mientras recorta a
ciudadanos, regala a los lobbies de presión del sector sanitario. Si no, ¿cómo se entiende que usted y su ministerio hayan regalado a Muface 20 millones de euros en una ampliación de crédito reciente mientras recortan el Plan del sida o el programa
frente a la Drogadicción? ¿Cómo se entiende, señora ministra, que retrasen por impericia y también por irresponsabilidad la puesta en marcha de nuevo de los precios de referencia, costándole a los ciudadanos entre 200 y 400 millones de euros esa
impericia o esa pasividad culposa, y sin que haya habido ninguna responsabilidad política en este retraso inexplicable que ha tenido un alto coste para los ciudadanos en materia de reducción, por ejemplo, del precio de los medicamentos? Me gustaría
que me lo explicase. ¿Cómo explica la señora ministra que a través de una ley que no tenía nada que ver con la materia, a través de una trasposición de la directiva en farmacovigilancia su ministerio haya incorporado una transformación estructural
y laboral de lo que se ha dado en denominar las áreas clínicas que ha provocado, por ejemplo ayer mismo, una movilización en Galicia y que está provocando la movilización de los profesionales ante una reforma unilateral de su estatuto marco y ante
la privatización, hay que decirlo con todas las letras, del sistema sanitario? Una vez ha fracasado o se ha paralizado la privatización del sistema sanitario en la Comunidad de Madrid, una vez ha fracaso la privatización de la gestión de hospitales
y centros de salud el ministerio se encarga de privatizar dentro de los propios hospitales y centros de salud las áreas clínicas; pone las áreas clínicas en manos de gestores privados y en manos de lobbies de presión. Me gustaría que explicase sus
regalos. Por otra parte, también, como he dicho antes, el malestar está hecho de regalos inexplicables y está hecho también de recortes y de repagos injustos.
Señora ministra, vayamos, en primer lugar, al modelo sanitario que usted ha cambiado por la puerta de atrás con el Real Decreto 16/2012. Teníamos un modelo sanitario público, universal, gratuito en el momento de uso y usted lo ha convertido
por arte de birlibirloque sin la participación de nadie, ni de los profesionales ni tampoco la participación de esta Cámara y ni mucho menos de las comunidades autónomas, en un sistema de seguro. Señora ministra, ha adoptado usted un sistema de
seguro, nos ha hecho retrotraernos a treinta o cuarenta años atrás y ahora nuestro sistema sanitario, que era el Sistema Nacional de Salud, es un sistema de seguro que no controla su ministerio. Yo empecé hablando de Orwell y voy a hablar de Kafka
porque ya son los autores que reflejan mejor la realidad del país. Kafka en La muralla china habla de un imperio, de un imperio sin pueblo, de un imperio sin defensa y de un imperio sin emperador. Voy a explicar cómo su ministerio es un ministerio
sin pueblo, es un ministerio sin defensa y es un ministerio sin ministro. Señora Mato, en primer lugar, sin pueblo, su ministerio es un raro ministerio, la verdad, porque no controla la población acogida; es decir, mientras otros ministerios
tienen claro cuáles son los ciudadanos a quienes afectan, a quienes protegen, en su caso usted ha perdido el control de la protección sanitaria; muy al contrario quien en estos momentos controla la protección sanitaria por una decisión suya
mediante el Real Decreto 16/2012, que nos transforma de un sistema sanitario público en un sistema de seguro es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es el Instituto Nacional de la Seguridad Social; ese es el que controla la tarjeta de la
que usted tanto habla, interoperable y demás, es el ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Como consecuencia de ello aparecen 870.00 excluidos de la tarjeta sanitaria en nuestro país. Eso no se explica, señora ministra, únicamente con los
inmigrantes sin papeles, esos son aproximadamente 250.000 o 300.000. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes se han quedado sin tarjeta sanitaria? Se lo voy a decir, una parte de los ciudadanos más pobres de este país excluidos y sin techo que no tienen una
preocupación directa por la tarjeta sanitaria. Otra parte en una interpretación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tiene que ver con inmigrantes, que tiene que ver con hijos de
emigrantes españoles, que tiene que ver con personas que han perdido la protección al desempleo, un conjunto de ciudadanos que ya no tienen protección sanitaria. Esa es la realidad de un apartheid sanitario que usted ha creado -ahora que
está de moda hablar de Sudáfrica- junto a varios bantustanes sanitarios, por una parte, de exclusión total de la sanidad pública y, por otra, de exclusiones parciales de la sanidad pública.
Señora ministra, por otra parte, ha puesto en marcha como consecuencia del Real Decreto 16/2012 recortes y repagos que están provocando un profundo malestar en la sociedad española. Me voy a fijar inicialmente en los repagos, porque es de
lo que más propaganda ha hecho usted durante los últimos meses. Aunque entra en contradicción con respecto a las cifras, en un año usted dice haber ahorrado como consecuencia de los repagos -habría que ver si es ahorro o es ingreso- unos 1.500
millones de euros. -Hablan de 2.000 millones de euros en un año y cuatro meses.- Tiene que explicar en esta Cámara qué parte de esos ingresos devienen de un incremento del repago o de una introducción del repago en pensionistas, pero sobre todo
tiene que explicar en esta Cámara es cuáles son las consecuencias del repago, es decir, si hay consecuencias disuasorias para la mala utilización de los fármacos o si es, por el contrario como nosotros pensamos, a consecuencia de injusticia para la
utilización de los fármacos. Si ese repago está provocando que pensionistas y enfermos crónicos abandonen su medicación. Los documentos que hay hasta este momento demuestran que una parte de los crónicos y una parte de los pensionistas están
abandonando la medicación por razones económicas. Eso contradice de manera radical un sistema sanitario público y un sistema sanitario universal. Nos parece fundamental que aclare esta materia.
En relación a los recortes, que también es una parte esencial de este Real Decreto 16/2012, que no ha sido evaluado ni inicialmente ni al cabo de un año de aplicación, sabemos algunas cosas pero no las sabemos por el Gobierno. Las sabemos a
través de otro tipo de informes. Estos recortes han provocado ya un descenso de lo que gastamos en sanidad pública del 7,2, al 6,2 % del PIB. Proponen rebajarlo al 5,4 % a la Unión Europea en el Plan de reformas. Es decir, han recortado el 10 %
del presupuesto sanitario, más de 7.000 millones, y pretenden recortar otro 5 % en los próximos dos años. No es de extrañar que la consecuencia sea 53.000 empleos perdidos en el sector sanitario, la mayor parte de ellos de calidad. Esto es, el 10
% del empleo público sanitario se ha perdido a lo largo de estos años como consecuencia de la política de recortes. Se sorprende, señora ministra, de que eso provoque el malestar y habla de que lo que aparece en las listas de espera es solamente en
la Comunidad de Madrid. Yo pensaba que usted tenía más estima hacia la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid, pero si es la Comunidad de Madrid la que aumenta 6 puntos las listas de espera, ¡qué desastre es la gestión sanitaria de la
Comunidad de Madrid! Para aumentar 6 puntos la lista de espera tendría que ser un colapso absoluto de la Comunidad de Madrid. No, señora ministra, lo que se está produciendo es un incremento de la lista de espera como consecuencia del descenso en
el número de profesionales, del descenso en la actividad, en definitiva, del empeoramiento del funcionamiento del sistema público, del colapso del sistema público sanitario. ¿Todavía se permite proponer a la Unión Europea otro nuevo recorte de
3.000 millones antes de 2016 para rebajar nuestro presupuesto al que teníamos hace ya diez años? ¿Ese es el futuro del sector sanitario?
Termino. Señora ministra, no solamente...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llamazares, tiene que finalizar.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, termino, termino.
... es que no tenga pueblo, como he dicho antes, en relación con que ha perdido la tarjeta sanitaria, señora ministra, no es que además no tenga murallas; muy al contrario, lo que ha hecho son recortes y lo que ha hecho son repagos, es que
además no tiene ministerio, no hay política sanitaria. Es por esa razón por la que le pido de nuevo su dimisión al frente del Ministerio de Sanidad, que se ha convertido en el ministerio...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: ... del Ministerio de Hacienda y no en un ministerio con política sanitaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.
Señorías, más allá del contenido concreto de su intervención, le agradezco al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural la formulación de esta interpelación que me va a permitir exponer a la Cámara el balance en materia sanitaria de estos dos
años de legislatura, y ya sé, señor Llamazares, que usted no lo va a compartir, pero los hechos son los hechos y es el momento adecuado para plantearlos. Lo cierto es que desde el primer día este Gobierno ha dedicado todos sus esfuerzos a
garantizar a lo que usted llama el pueblo, a los españoles -porque sí hay pueblo, todos los españoles son el pueblo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- una sanidad pública, universal, gratuita y de la máxima calidad. La
muralla es esa precisamente, garantizar una sanidad hoy más universal que antes; hoy sigue siendo gratuita a pesar de las deudas y hoy gracias a los profesionales -ahí no hay mérito del ministerio es solo de los profesionales- es una sanidad de la
máxima calidad, y así queremos preservarla, señorías. Para ello tuvimos que hacer unas tareas, una urgente. En primer lugar, hacer que fuera económicamente sostenible; como usted sabe, teníamos un Sistema Nacional de Salud en quiebra con 16.000
millones de euros de deuda. En segundo lugar, había que garantizar el acceso a los ciudadanos a las mismas prestaciones en condiciones de igualdad: había problemas de cohesión en España, unas prestaciones sanitarias diferentes en cada comunidad
autónoma y también, señorías, una ausencia de normas claras sobre el derecho a la asistencia sanitaria, al que usted se ha referido. En tercer lugar, teníamos también que preparar el Sistema Nacional de Salud para afrontar los retos del futuro,
dado que en España tenemos una sociedad en la que afortunadamente la esperanza de vida es cada vez mayor. ¿Para eso qué hicimos? En primer lugar, poner en orden las cuentas, no hay un avance posible si la Administración es la primera que no paga,
y por eso destinamos más de 12.000 millones, un 73 % del Plan de pago a proveedores a pagar las facturas pendientes de la sanidad. En segundo lugar, volvimos a situar a las personas, a los pacientes en el centro del sistema y buscamos fórmulas para
prestarles una atención integral no solo en el presente sino también para el futuro, y en paralelo y para ello contamos con la colaboración -estoy segura que eso a usted le da satisfacción- con el apoyo de los profesionales sanitarios, con los
médicos y enfermeros. Hemos firmado un acuerdo, que yo calificaría de histórico, para mejorar la calidad de nuestra sanidad y avanzar conjuntamente con ellos, que son los que más saben de esa cuestión, en la hoja de ruta que conjuntamente hemos
trazado, y, señoría, me sorprenden sus declaraciones porque con ello hemos trazado y hemos apuntado en la hoja de ruta los sistemas de gestión clínica que luego aplicará cada una de las comunidades autónomas.
Le quiero recordar que el Tribunal de Cuentas evidenció que cerca de 700.000 extranjeros habían accedido de forma irregular a la tarjeta sanitaria con un coste para el Sistema Nacional de Salud de 1.000 millones de euros en un año; esto
ocurría porque no habíamos llevado adecuadamente la incorporación al derecho español de la normativa europea. La reforma, que hemos emprendido, ha solucionado esta omisión y ha supuesto estar en línea en la definición de aseguramiento, que a usted
no le gusta pero que está en el marco de todos los países de la Unión Europea; hemos logrado, sí, eliminar las posibilidades de fraude y sobre todo avanzar en la universalización de la asistencia sanitaria. Señorías, hoy por primera vez todos los
españoles están recogidos en algunos de los supuestos; hemos incorporado a colectivos que durante décadas estuvieron excluidos, profesionales como los abogados, ingenieros o arquitectos que nunca habían tenido acceso a la sanidad pública en nuestro
país. A los ciudadanos en situación irregular -se lo he dicho en innumerables ocasiones- se les garantiza la asistencia sanitaria con una cobertura de las más solidarias de toda la Unión Europea, en situación de urgencias hasta el alta médica a
menores de 18 años y también a las mujeres durante y después del embarazo. Además, tienen acceso a todas las políticas sanitarias poblacionales, como no puede ser de otra manera. Hoy la realidad es que todos los extranjeros sin residencia legal en
nuestro país están siendo atendidos y las comunidades autónomas siguen desarrollando actuaciones en salud pública mediante programas específicos.
En cuanto a la aportación en la prestación farmacéutica a la que usted llama prepagos, copagos, señoría, repago o copago ha existido siempre, no es una novedad este Gobierno. Lo que hemos hecho ahora es impulsar un esquema que es más justo,
más solidario y más equitativo. En el nuevo sistema aportan más los que más tienen y menos o nada los que menos tienen. Por primera vez se hace en función de la renta y no de manera generalizada, como se ha hecho hasta este momento. Es verdad que
hemos pedido un sacrificio y un esfuerzo a las personas mayores, con un tope mensual de 8 euros y también en función de su renta. Usted sabe perfectamente que las personas con las pensiones más bajas y las personas con discapacidad están exentas de
pagar por sus medicamentos; más de 500.000 personas
y sus beneficiarios. Además, por primera vez las personas desempleadas y sus familias que, como usted sabe, pagaban el 40 % de los medicamentos, obtienen sus fármacos de forma gratuita, sencillamente porque no pueden pagarlos. Sí, señoría.
Quiero dejar claras algunas cosas importantes. En España este Gobierno es el que ha garantizado que la atención sanitaria sea totalmente gratuita y también los medicamentos que se suministran o se administran en el hospital. Nadie paga por
los tratamientos que recibe en los hospitales mientras está ingresado. Jamás este Gobierno -no todos pueden decir lo mismo- ha planteado el copago por asistencia sanitaria, es decir, pagar por ir al médico. Sí lo hizo, en cambio, una consejera de
un Gobierno tripartito del que formaba parte uno de los partidos de su grupo parlamentario. Lo más importante es que estamos avanzando en ahorro farmacéutico -usted ha hecho referencia a ello- y lo estamos haciendo porque también se ha pedido un
esfuerzo, como no por ser de otra manera, a la empresa farmacéutica. Hemos revisado el sistema de precios de los medicamentos; hemos impulsado el uso de genéricos; hemos hecho formatos adecuados a la duración de los tratamientos, incluyendo las
monodosis para evitar acúmulo innecesario, cerca de dos mil medicamentos bajaron el precio en 2013 una media de 5,8 euros; y hemos logrado que el consumo de medicamentos genéricos aumente hasta situarse aproximadamente en el 40 %. Y sí, señorías,
se ha producido un ahorro porque hemos dejado de consumir medicamentos que antes no eran imprescindibles porque se tiraban en el punto Sigre, como usted sabe, y porque los precios de los medicamentos también han bajado. Ese ahorro muy importante es
el que nos permite garantizar que los ciudadanos puedan acceder a nuevos medicamentos más innovadores que, como usted sabe, tienen precios muy altos. Desde el inicio de la legislatura hemos incorporado treinta y ocho nuevos medicamentos, algunos de
ellos de precios tan elevados como los 30.000 euros.
Estamos trabajando además en una cartera común que permite que los pacientes puedan acceder a las mismas prestaciones independientemente del territorio donde residan. Hemos incluido en la nueva cartera criterios comunes para cribados de
cáncer de mama, de cérvix, y también hemos incluido por primera vez el cáncer de colon. Por primera vez hay un calendario vacunal único para todos los niños. Estamos trabajando por lograr un único Sistema Nacional de Salud integrado por diecisiete
servicios autonómicos, y el mejor exponente de ello, con independencia de que usted decida situar dónde lo quiera situar, es la tarjeta interoperable que permite que todos los ciudadanos con un solo documento puedan acceder a la asistencia sanitaria
en cualquier rincón de nuestro país. Antes había que sacar diecisiete tarjetas sanitarias diferentes para acceder a la sanidad. Con un único documento del Sistema Nacional de Salud ahora tenemos asistencia sanitaria.
¿Cuáles son los retos del futuro? Los retos del futuro son precisamente avanzar hacia un espacio sociosanitario y hacia la e-Salud para garantizar una atención personalizada, asistencia domiciliaria y la telemedicina. Esos son nuestros
retos y en ello estamos trabajando. También quiero recordarle, señoría, que por primera vez a efectos de cohesión -seguro que le interesa a usted- el Fondo de garantía asistencial da respuesta a una demanda histórica y garantiza que se atienda a
las personas desplazadas a otras comunidades autónomas distintas a las de su origen. En materia de salud, señorías, que es uno de los retos del futuro más importantes que tenemos que afrontar y que se está haciendo en todos los países de la Unión
Europea y más en una sociedad como la nuestra, una sociedad envejecida, hemos puesto en marcha la nueva tarjeta interoperable; el 66 % de las prescripciones en octubre de 2013 ya eran electrónicas y unos 20.000 millones de personas disponen ya de
la historia clínica interoperable entre servicios de salud de trece comunidades autónomas, lo que evitará la repetición de pruebas diagnósticas y aumenta la seguridad en los tratamientos y la comodidad para los pacientes.
Señoría, no hablo de recortes, hablo de eficiencia y usted sabe perfectamente que hemos avanzado para hacer una sanidad más eficiente. Por ejemplo, la plataforma de compras centralizadas se ha convertido ya en una realidad. Pocos defienden
todavía que en cada centro de salud se compren los medicamentos al por menor. Lo normal y lógico para ahorrar es que haya una central de compras nacional que compre los medicamentos para todos los españoles en todos los hospitales. Además, eso es
una garantía de que todos los ciudadanos tengan acceso a los mismos medicamentos en todas las comunidades autónomas y en todos los centros sanitarios. En cuanto al debate de la colaboración con el sector privado -usted lo llama privatización- las
comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, son las que definen cómo gestionan sus recursos. El Gobierno respetará siempre esas competencias; es lo que permite la Ley General de Sanidad del año 1986 y la Ley 15/1997. Con ese marco
legal hay comunidades autónomas, por ejemplo Andalucía, en las que su partido tiene responsabilidades de Gobierno, que son líderes en colaboración público-privada. Como le digo, respeto todas las decisiones que las comunidades
autónomas adoptan en el ámbito de sus competencias, siempre que no atenten a la igualdad entre españoles, y lo hemos demostrado recurriendo el euro por receta en Cataluña y en la Comunidad Autónoma de Madrid, con independencia del partido
político que gobernara en cada una de esas comunidades autónomas.
Seguimos avanzando en esta cuestión. Más allá de los discursos esto son los datos y son los hechos sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud en este momento. Todos los datos reflejan una mejora. Sé y soy consciente de que
tenemos todavía que resolver muchos problemas -algunos de esa manera los ha mencionado usted aquí- y que nos queda mucho camino por recorrer. Queremos hacerlo contando también con los grupos políticos. Por eso, al inicio de esta legislatura
propuse un pacto sociosanitario que le reitero. Estamos alcanzando acuerdos con las comunidades autónomas en el consejo interterritorial. Hemos firmado un pacto con los profesionales sanitarios, médicos, enfermeros y ahora también con los
farmacéuticos. Estamos avanzando con los pacientes para que también colaboren con nosotros en esa hoja de ruta. Solo resta que los grupos políticos quieran unirse a nosotros y dejar la sanidad, la salud fuera del debate partidista. Espero,
señorías, que en algún momento podamos contar con su apoyo; estoy segura de que los ciudadanos se lo agradecerían y que podríamos superar algunos problemas que conjuntamente se afrontan mejor que haciéndolo en solitario.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Cómo añoro el parlamento de la República, la verdad. No es por que haya estado allí, sino porque he leído algo de él y, por lo menos, se escuchaba al interpelante. La señora ministra ha traído sus papeles y únicamente ha leído lo que tenía
escrito. No me ha escuchado nada, no ha valorado en absoluto lo que he dicho. Por ejemplo, no ha respondido a lo de los regalos. Señora ministra, es una vergüenza para el Ministerio de Sanidad que, de forma oscurantista, usted haya hecho regalos
a Muface, regalos a las compañías farmacéuticas y que, además, primero lo haya hecho como orden ministerial y luego, como el Consejo de Estado le ha dicho que no lo podía hacer, ha tenido que echarse atrás. Señora ministra, ¿quién va a dimitir por
el tema del posicionamiento terapéutico, quién va a dimitir por el precio de referencia en su ministerio, que nos ha costado más de 200 millones de euros? Que no tenemos precio de referencia desde 2011. ¿Va a dimitir alguien? Es lo que le he
planteado en la primera parte de mi intervención y usted, sencillamente, no me responde. Vuelve al mantra otra vez del mundo propio que tiene el ministerio, que no es el mundo real de los ciudadanos: sanidad universal, pública, gratuita. Señora
ministra, ¿se cree lo que dice al hablar de sanidad universal y al excluir a un millón de españoles de la sanidad? ¿Eso es sanidad universal? No, eso es sanidad de seguro, de competencia público-privada, como quiera llamarlo, pero lo hace de forma
vergonzante, señora ministra; se ha producido una exclusión sanitaria.
Por otra parte, vuelve a hablar otra vez del acuerdo, nos rodea de acuerdos y nos dice que solo faltamos los partidos políticos. No, no, a usted le falta mucha más gente y además le falta lo fundamental, que es que el sistema sanitario es
un acuerdo político. El sistema sanitario no es algo que se ha producido como consecuencia de la evolución tecnológica, ni tampoco de la evolución profesional, es un acuerdo político, un acuerdo histórico que usted se ha cargado. Ahora dice que
tiene a todos menos a los políticos; pues, señoría, le faltan los fundamentales, le falta un acuerdo político en relación al sector sanitario, y mientras usted tome decisiones que modifican radicalmente el sistema sanitario pactado, no tendrá
acuerdo político. Yo no puedo acordar con usted desmontar el sistema, no lo puedo acordar, sencillamente. Por lo tanto, señora ministra, menos globos respecto del pacto. No hay pacto, hay confrontación. Ayer mismo había manifestaciones en
Galicia, antes de ayer en Madrid y en otras comunidades autónomas, existiendo un profundo malestar sanitario.
Señora ministra, lo cierto es que en su intervención se ha instalado ya el cinismo o el doble lenguaje. Dice usted que una de las preocupaciones de su ministerio era la cohesión y que ustedes la han garantizado. Pero, señora ministra, ¿en
qué han garantizado ustedes la cohesión? Hay un verdadero desbarajuste en el sistema sanitario, y no solamente entre comunidades autónomas, sino también entre centros, que tienen distintas interpretaciones, o entre ministerios, que tienen distintas
interpretaciones sobre la tarjeta sanitaria. No opina lo mismo el Instituto Nacional de Seguridad Social que el Ministerio de Sanidad o que el Ministerio de Hacienda; no opinan lo mismo. Por tanto, hay un desbarajuste sanitario, no hay más
cohesión sanitaria.
Dice usted que han pagado las facturas. No vuelva a decirme eso, no lo vuelva a decir porque lo que han hecho ustedes es transformar deuda sanitaria en deuda bancaria. ¿Qué diferencia hay? Han transformado deuda sanitaria en deuda
bancaria, deuda bancaria que tenemos con las entidades financieras que son las que están sufragando esa deuda sanitaria. Por tanto, nada de que han pagado ustedes la deuda, tenemos una mayor deuda bancaria y, por tanto, una mayor deuda pública en
nuestro país. No han solucionado ustedes ese tema.
Por último, y en relación con el copago, lo que más me preocupa, señora ministra, es su incapacidad de explicar lo que ha significado el copago, es una incapacidad total. Hay estudios, no solo comparativos, sino estudios en España que
demuestran que ese copago se está costeando fundamentalmente por parte de los pensionistas. En esfuerzo por renta, el mayor esfuerzo se ha realizado por los pensionistas y los crónicos. En consecuencia, no es de extrañar que esos ciudadanos tengan
más dificultades para la atención sanitaria, que es lo que le estoy planteando. Usted no es ministra de Hacienda, es ministra de Sanidad y tiene que saber las repercusiones en el sufrimiento sanitario de los ciudadanos. Son repercusiones
importantes, como la exclusión sanitaria -el caso Alpha Pan-, y ahora el repago y los copagos, que también tienen repercusión en relación con los ciudadanos.
Termino. Señoría, usted no le ha quitado grasa al sistema sanitario.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Llamazares, debe terminar.
El señor LLAMAZARES TRIGO: En términos de El mercader de Venecia, ustedes le han quitado músculo al sistema sanitario, pero un músculo muy cercano al corazón. Por eso, vuelvo a repetir, le pido su dimisión. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.
Señor Llamazares, he escuchado de manera atenta sus dos intervenciones y lo que más echo de menos es un poco de rigor en las mismas, de pensar en los hechos y en los datos que estamos planteando. Usted tiene una obsesión con Muface, no sé
si porque hay libertad de elección para los funcionarios y a usted no le gusta la libertad de elección, pero lo cierto es que el 80 % de los funcionarios elige la opción de Muface para la atención sanitaria y lo que ha hecho el Gobierno es
precisamente dar respuesta a una demanda de los pacientes que utilizan el sistema de Muface, señorías.
Es verdad que he dicho que se ha pedido algún esfuerzo a las personas mayores, un esfuerzo equitativo y siempre, señorías, en función de su renta, cosa que no se hacía hasta ahora. Y también es verdad que estamos trabajando con las
industrias farmacéuticas para que se bajen los precios de los medicamentos y que falta la orden de precios de referencia, en la que estamos trabajando y que como usted sabe verá la luz en los próximos meses, señorías, y conseguirá una nueva bajada
de los precios de los medicamentos. Estamos trabajando en favor de los pacientes. Con los ahorros que se están produciendo en materia farmacéutica estamos incorporando nuevos medicamentos, algunos de ellos muy caros, señorías; algunos
medicamentos tienen unos precios incluso por encima de los 30.000 euros. ¿Qué es lo que hemos hecho? Fijar unos topes para que los porcentajes no impidan que los ciudadanos puedan acceder a ellos. Por tanto, hemos fijado un tope en medicamentos
caros de 4,20 euros.
Miren, señorías, estamos trabajando sin ninguna duda, sin ninguna demagogia, y al margen de todo lo que usted pueda decir, las personas extranjeras que no cuentan con residencia administrativa están siendo atendidas. Y ya no lo digo yo, lo
dice la Defensora del Pueblo, que lo ha reconocido en su informe; lo dice la Comisión Europea, que ha declarado que no existe ninguna deficiencia según ha contestado a una pregunta en el Parlamento Europeo de un compañero suyo de partido; lo
confirma la Unión Europea. Por lo tanto, señorías, no sigamos con esa línea. Mire, no hay ningún cambio de modelo. No lo hay, no lo ha habido y no lo va a haber. Lo que hemos hecho es precisamente una mejora en la gestión, ahora es una gestión
más eficiente. Lo que hemos hecho es tener voluntad de afrontar los problemas dejando de mirar para otro lado y buscando soluciones. Dice usted: no me diga usted que ha pagado a los proveedores. Sí, he pagado a los proveedores, este Gobierno ha
pagado a los proveedores sanitarios. (Aplausos). ¿Por qué? Porque teníamos problemas de abastecimiento en los hospitales si no se pagaba a los proveedores, como no puede ser de otra manera, señorías, y por eso hemos afrontado el problema; en
vez de mirar para otro lado, hemos mirado al frente y hemos adoptado decisiones para llevar esto adelante. Y además tenemos una convicción: que tenemos que fortalecer el Sistema Nacional de Salud y prepararlo para las necesidades de los
pacientes del siglo XXI. Por ese motivo le he hablado a usted de que estamos haciéndolo contando con los profesionales sanitarios, no sé si a usted le molesta, espero y confío en que no. El año 2013 ha sido clave para el diálogo con ellos y
precisamente hemos firmado este pacto con los representantes de más de 500.000 médicos y enfermeros en nuestro país. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer públicamente el compromiso de los médicos y de los enfermeros, de todos los
profesionales sanitarios, y especialmente el magnífico trabajo que realizan a favor de los pacientes. Creo que es nuestra obligación reconocerlo y así lo quiero hacer en esta Cámara hoy que estamos hablando del apoyo que nos están prestando para
seguir adelante en una hoja de ruta para mejorar la sanidad que hemos fijado, señorías, conjuntamente con ellos.
Señorías, en estos dos últimos años hemos avanzado mucho. Le guste o no le guste, hemos avanzando. Estamos acabando con las deudas y hemos garantizado la sostenibilidad del sistema. Hemos incorporado a los españoles, a todos los
españoles, al sistema de salud; a todos. Hoy es más universal que antes, se lo he dicho: más universal que antes. Estamos avanzando en la igualdad en el acceso a las prestaciones con las comunidades autónomas, y es verdad que la gestión de estas
en algunos casos tiene todavía que mejorar, por eso estamos trabajando también en la gestión clínica, para que con los profesionales hagamos una gestión más eficiente y abordemos las listas de espera.
Las listas de espera se han producido siempre, en los últimos años con mayor asiduidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? En vez de mirar para otro lado o guardar las listas de espera en un cajón, las hemos sacado a la luz pública dos veces al
año y lo que hacemos con las comunidades autónomas es buscar fórmulas para solucionar los problemas sobre la base de las necesidades de los pacientes, siempre con el paciente en el centro del sistema. Mire, señoría, vamos a seguir trabajando con
las comunidades autónomas, vamos a seguir trabajando con los profesionales, vamos a seguir avanzando en la ruta de la eficiencia y de la cohesión. Tenemos el desafío y el reto de dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad española a
través de la generalización de la e-Salud, que va a ser el reto de los próximos años, y especialmente de buscar un espacio sociosanitario con el objetivo de avanzar hacia un modelo de atención integral a los pacientes, especialmente a los crónicos,
que a usted le preocupan igual que a mí, y a las personas mayores, que a ustedes le preocupan exactamente igual que a mí. En esa tarea seguiremos contando con todos los que quieran proponer algo, con todas las propuestas que mejoren la calidad de
nuestro sistema, que mejoren su sostenibilidad para que nuestro país siga manteniendo el prestigio que tiene nuestra sanidad. Propuestas es lo que hace falta para seguir salvaguardando nuestro sistema y propuestas es lo que le pido a su grupo
parlamentario. También le pido que se una a los acuerdos que estamos llevando adelante, en primer lugar volviendo a la subcomisión y debatiendo la semana que viene el documento o la propuesta que se está haciendo desde este Congreso de los
Diputados para avanzar en la línea de mejorar la calidad de la sanidad. No se avanza en la calidad abandonando una subcomisión que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de nuestra sanidad.
Señorías, espero que ustedes quieran aportar y colaboren con nosotros en mejorar la sanidad para todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SRA. JORDÀ), SOBRE LA GESTIÓN Y EL FUTURO DE BARCELONA-EL PRAT. (Número de expediente 173/000123).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a las mociones que dejamos pendientes en el día de ayer. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, señora Jordà, sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat. Para su
defensa tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el área metropolitana de Barcelona es una capital industrial de más de 4 millones de habitantes, un gran centro de negocios que produce cerca del 67 % del PIB de
Cataluña y del 41 % del de los països catalans. Hoy por hoy es una ciudad que muestra una clara y decidida vocación de desempeñar un papel activo en el ámbito internacional, tanto en el transporte de mercancías como también de personas. Justamente
por ello el aeropuerto de
El Prat es una herramienta imprescindible -lo podía haber sido más, eso también es cierto- y esperamos que lo sea aún más en un futuro muy cercano.
Los aeropuertos en pleno siglo XXI son algo más que una infraestructura de transporte, son un auténtico elemento de desarrollo de primer orden y también de dinamización territorial. Barcelona ha tenido siempre un interés creciente en tener
un papel relevante en la gestión de dichas infraestructuras como una herramienta básicamente indispensable de cara al futuro porque, tal y como he dicho, los aeropuertos son unas infraestructuras que nunca, nunca deberían verse de forma aislada
respecto del conjunto de la actividad económica. Lo decíamos el miércoles pasado, hace quince días, en la interpelación: cuando en 1990 nació AENA lo hizo para dar una cierta imagen de racionalidad y de profesionalidad a un modelo caduco que venía
de la época franquista, pero fue solo un simple cambio de nombre y AENA heredó los vicios de la España centralista y radial. La modernización que debería haber supuesto AENA no fue tal porque se optó por un modelo centralista. Madrid era el
aeropuerto de referencia, era el hub, y el resto secundarios, simples afluentes de Barajas. Todo el mundo llegaba a Madrid, no había opción, daba igual si buscaban playa, si querían visitar o ver la Giralda, si querían modernismo o si querían ir al
barrio judío de Girona. Barajas era el centro del mundo. Pero ahora se ha demostrado que los turistas prefieren volar directamente a Sevilla, Barcelona o Girona antes que ir a Madrid y luego recorrer media Península. No vamos a hablar, porque no
habrá tiempo, de la cantidad ingente de dinero que se ha perdido de turistas que históricamente han dejado de venir al Estado español en busca de playa porque el aeropuerto al que llegaban les dejaba a más de 300 kilómetros de la playa más cercana,
ni tampoco hablaremos de cuánto dinero se ha hurtado a una ciudad como Barcelona, pero sí hablaremos, porque tenemos que hacerlo, de la miopía de AENA y también del centralismo español, porque ante tanta incompetencia y falta de estrategia surge la
imperiosa necesidad de que la sociedad catalana participe sí o sí en la gestión de sus aeropuertos.
Es evidente que el modelo actual desentona y choca con los modelos modernos que funcionan en el resto del mundo, fórmulas diversas, normalmente aeropuertos que actúan y operan como auténticas empresas que compiten entre sí y que además están
gestionadas con una fuerte participación de los distintos entes territoriales, con diferentes variables, muchísimas variables: con capital público, con capital privado y con la participación incluso de instituciones económicas, pero con un papel
determinante de los entes territoriales. Pero no, esto que parece tan lógico no es así. Mariano Rajoy y su Ejecutivo quieren presentar un proyecto urgente de privatización de la red estatal de aeropuertos de AENA y lo quieren hacer como un
instrumento clave de su particular cruzada antiindependentista frente a lo planteado desde hace años por Esquerra Republicana y ahora también por la Generalitat de Catalunya y avalado evidentemente por la mayoría de la ciudadanía catalana. Una vez
más gana, señorías del PP, su visceralidad. Tienen prisa y, como ya nos tienen acostumbrados, quieren exprimir una vez más su holgada mayoría absoluta para garantizarse para el futuro la integridad de la red aeroportuaria de AENA. Porque es
evidente que una futura legislatura en la que el PP no tenga mayoría y gobierne en minoría necesitaría pactar con los nacionalistas y esto podría conducir a aceptar parte de la segregación de la red, una más que conocida petición de Cataluña pero
también de Euskadi, y, señorías, sin El Prat y sin el aeródromo de Bilbao es evidente también que la privatización de AENA sería más difícil de encauzar. A pesar de todo ello, a pesar de haber legislado para que Barajas fuera un aeropuerto de
bandera y muy a pesar de muchos de ustedes, El Prat es un gran símbolo de que pese a su política y todas las anteriores puede ser un aeropuerto de bandera. Justamente por eso hoy pedimos el traspaso a la Generalitat de Catalunya, para apostar por
una gestión próxima, por una gestión moderna que se coordine con las instituciones catalanas, las mismas que han conseguido situar a Barcelona como destino internacional de primer orden y superando su unidad de destino en lo universal, que es que
pase por Madrid. Por todo esto, después de reiterados intentos -porque ha habido muchísimos- de negociaciones, después de muchísimos engaños también, de falsas promesas de los Gobiernos centrales, después de mil y un intentos, lo tenemos claro y
este es el espíritu de esta moción: queremos gestionar nuestros aeropuertos, queremos gestionar nuestras infraestructuras y nuestras economías, y lo queremos hacer en base a nuestros intereses, que son evidentemente unos intereses legítimos, y a la
vertebración de nuestro territorio.
Termino con el agradecimiento a todos los grupos que han presentado enmiendas a esta moción y avanzo que apoyaremos solo la del Partido Nacionalista Vasco. Pero quiero agradecer de manera especial el trabajo del diputado socialista don
Román Ruiz; hemos intentado llegar a un acuerdo y no ha sido posible, pero me consta que se ha intentado por su parte y evidentemente por la nuestra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Para la defensa de sus enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señora presidenta, señorías.
Diputada Jordà, tiene usted toda la razón y por eso hemos decidido sumarnos a su propuesta haciéndola extensiva a los aeropuertos vascos. A nadie se le oculta que hasta hoy el Gobierno del Estado ha gestionado todos los aeropuertos
estatales en red, como si fueran una misma infraestructura, ajenos a las necesidades de personas y empresas de otros territorios y naciones, como si en todos ellos, en los 47 aeropuertos, las características y necesidades del servicio público que
deben ofrecer fueran las mismas. Además, actualmente, como usted bien ha señalado, ese modelo de gestión y funcionamiento no tiene cabida en Europa, donde instituciones territoriales, administración locales y agentes privados participan en
sociedades mixtas dentro de un modelo totalmente descentralizado. Pero claro, Spain is different, y el Estado no ha diseñado estas infraestructuras de transporte para que ofrezcan un buen servicio de transporte que multiplique además el potencial
de futuro de territorios y naciones del Estado, sino como un instrumento centralista y centralizador, como una herramienta de diseño de su política territorial, como si todo comenzara y terminara en Madrid. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).
En cualquier caso, centremos la cuestión. En las últimas semanas -y abundando en sus argumentos- hemos asistido con preocupación a la publicación en distintos medios de comunicación de noticias sobre los planes del Ministerio de Fomento de
privatizar hasta el 60 % de AENA Aeropuertos S.A., preocupación, en lo que al Grupo Vasco se refiere, motivada fundamentalmente por ser, como ustedes bien saben, la sociedad gestora de los tres aeropuertos vascos: Bilbao, Foronda y Hondarribia. No
les engañaré si les digo que no nos ha causado la menor sorpresa, al fin y al cabo tan solo es un caso más en la dinámica de esa información a la que cotidianamente nos somete Gobierno del Estado tanto a diputados y diputados de esta Cámara como a
las comunidades autónomas, pero no me negaran que el tema tiene enjundia y que, de ser cierto lo publicado, supondría un giro radical respecto al diseño aeroportuario contenido en la normativa en vigor, ya que en la actualidad la entidad pública
empresarial AENA puede enajenar parte del capital de AENA Aeropuertos S.A., pero 'conservando en todo caso la mayoría de dicho capital'; esto es, hasta un máximo del 49 %. Sin embargo, según el informe emitido por el Consejo Consultivo de
Privatizaciones el pasado 21 de octubre que, por supuesto, no hemos conocido de fuentes ministeriales, el diseño realizado por el ministerio contemplaría la privatización de hasta el 60 % del capital de aquella, estando prevista además la aprobación
de un real decreto-ley sobre el sector aeroportuario cuyo contenido, más allá de lo referente a la venta de las acciones de AENA Aeropuertos S. A., desconocemos. ¡Viva la transparencia, señorías! La semana pasada aprobamos una ley en este sentido.
Sin entrar en privatización sí, privatización no -carezco de tiempo para ello-, sí quiero llamar la atención de sus señorías sobre una cuestión. La privatización proyectada supondría de facto dejar sin contenido la competencia que el
Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce a favor de la comunidad autónoma para ejecutar la legislación del Estado en materia de aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa, previsión, por
cierto, también contenida en el Estatut de Catalunya. Pero, miren por dónde -no hay mal que por bien no venga-, puesto que la propiedad de AENA Aeropuertos S.A. quedará mayoritariamente en manos privadas, ya no podrán argumentar que el Estado se
está reservando la gestión directa de los aeropuertos para denegar el traspaso de la competencia a las comunidades autónomas. Ya no hay excusa. En consecuencia, señorías, no acceder a la transferencia supondría vulnerar aquellos preceptos
estatutarios que, como en el caso vasco y catalán, contemplan una reserva competencial a su favor para gestionar los aeropuertos de interés general ubicados en su territorio cuando el Estado no asuma la gestión directa. Por tanto, llegados a este
punto, sin entrar a profundizar por falta de tiempo en el neoliberalismo radical que subyace en su propuesta y en la manifiesta incapacidad de los sucesivos Gobiernos del Estado para gerenciar eficientemente el sector aeroportuario que se oculta
bajo este proyecto -al final, lo fácil, cuando hay agujero, es vender-, he de decirles que debe quedar claro que una modificación en sus sistemas de gestión no puede impedir la legítima aplicación de las previsiones de los estatutos de autonomía, en
nuestro caso de Euskadi y Cataluña. Sería el súmmum de la deslealtad institucional y de todo punto inconstitucional. Por ello esperamos contar con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, incluidos el Popular y el Socialista, en esta iniciativa,
y nuestra esperanza además es fundada porque ya el 26 de mayo de 2011 se aprobó en el Parlamento Vasco una moción con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, con la única abstención de UPyD, instando al Gobierno vasco a continuar con la negociación de las transferencias de la gestión de los aeropuertos contenida en el artículo 10.32 del Estatuto de Gernika. Resultado: 72
presentes, 71 votos a favor. Por tanto, sean coherentes y voten favorablemente esta iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya, que creo que reportará beneficios a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. (La señora
Sánchez Robles termina con unas palabras en euskera).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, para presentar su enmienda, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de la moción que nos presenta Esquerra Republicana de Catalunya, pero es verdad que hemos presentado unas enmiendas que si son recogidas mejor y si no son recogidas las vamos a utilizar para
explicar mejor nuestro punto de vista porque, aparte del texto de la moción que nos presenta Esquerra Republicana de Catalunya, nos preocupan cosas que no dice la moción y que nos gustaría que se tuvieran en cuenta. Como este es un largo camino,
las vamos a dejar claras en nuestra comparecencia, repito, anunciando que vamos a votar a favor de la moción.
Hay tres temas que nos preocupan y algunos de ellos, repito, están en el texto y otros no están en el texto. Primero, la gestión de las infraestructuras aeroportuarias debe corresponder al interés general por su carácter estratégico. Por
tanto, hay que asegurar dos conceptos: en primer lugar, asegurar la gestión pública de estas infraestructuras y, en segundo lugar, renunciar a su privatización. Esto no significa que el sector privado no tenga un papel en el desarrollo y en el
acompañamiento de estas infraestructuras, pero la titularidad y las decisiones estratégicas deben corresponder a los poderes públicos. A eso nos estamos refiriendo. Por tanto, el no a la privatización, sea la AENA de todos o sea la AENA catalana,
es un factor irrenunciable para nuestro grupo parlamentario.
En segundo lugar, la experiencia de AENA es única en el mundo. Solo hay una AENA en el mundo. ¿Por qué? Porque el concepto de centralización de AENA existe solo aquí. El concepto de ineficacia de AENA también existe solo aquí. Los
modelos que funcionan en todos los países avanzados son modelos descentralizados, donde el territorio de referencia de la infraestructura juega un papel determinante para su definición. Eso no significa que a nivel de Estado no haya una clara
coordinación de estas políticas, pero el aeropuerto se define especialmente por su entorno y por su territorio, lo que significa por sus instituciones de referencia, por su sociedad y por sus poderes económicos. Por tanto, el aeropuerto de El Prat
debe ser definido por su entorno, por su territorio, no definido desde una gestión centralizada. Ese es un concepto clarísimo.
En tercer lugar, lo bueno que queremos para Cataluña lo queremos para todos los territorios que lo deseen también así. Por tanto, el concepto de gestión que defendemos para El Prat lo defendemos también para el País Vasco, por supuesto, y
para otros territorios que decidan autónoma y libremente tener ese grado de gestión. Sería bueno que la moción sirviera para todos, no solo para un territorio, y es absolutamente razonable que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco sea
recogida.
Acabo. Hace pocos días el presidente de AENA, don José Manuel Vargas, nos decía públicamente el quid de la cuestión: AENA debe 12.000 millones de euros y los bancos han dicho que hasta aquí han llegado. ¿Quién gobierna AENA? ¿El Gobierno
del PP o las entidades financieras que han prestado los 12.000 millones de euros a AENA para remodelar 46 aeropuertos, algunos de los cuales deberían llevar a sus gestores a los tribunales porque los estamos vendiendo a precio de chatarra? Esa es
la gestión de AENA del Partido Popular, centralismo e ineficacia. Por supuesto, eso no es moderno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Para presentar su enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz Llamas.
El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.
De momento las intervenciones que he escuchado han dejado de lado el tema de un gran acuerdo sobre un nuevo modelo aeroportuario en el que se estuvo trabajando con el conjunto de las fuerzas políticas, con el conjunto de la sociedad
catalana, señora Jordà, y que fue calificado de histórico en su momento por el portavoz de Esquerra Republicana, por el presidente de la Generalitat, por las cámaras de comercio y por el conjunto de la sociedad catalana. Habíamos encontrado un
modelo europeo en el
cual desarrollábamos también la gestión descentralizada y autónoma de los aeropuertos. Además hubo incluso un acuerdo del Consejo de Ministros que concretaba la parte que tenía que ver con el consejo rector y cómo se formaba ese consejo
rector, aquello que venía reivindicando el Parlamento de Cataluña, que habían reivindicado las fuerzas políticas y que era un cambio de modelo. Pues nuestra posición está clara. En un momento en que el Partido Popular quiere privatizar hasta el 60
% por ciento de la empresa, nosotros decimos: queremos continuar con una mayoría accionarial por parte del sector público y queremos convertir el modelo aeroportuario en un modelo en línea con lo que funciona en Europa. Es decir, en un nuevo
contexto europeo y mundial, y teniendo en cuenta los cambios de negocio que se han producido, también los agentes económicos, las fuerzas políticas y los parlamentos autonómicos pueden y deben tener una gestión descentralizada e individualizada.
¿Con qué finalidad? Con la finalidad de conseguir un sistema más competitivo, más eficiente, proporcionando al mismo tiempo que en la toma de decisiones se dote de mayor autonomía en la gestión para planificar inversiones, definir estrategias,
planes de negocio propio, atraer nuevas rutas y nuevas compañías aéreas, incentivar las competencia entre aeropuertos; una reforma, insisto, como la que en Europa funciona. En este sentido, se ha dicho que El Prat tiene un gran potencial de
crecimiento, ya que Barcelona es la tercera área metropolitana de Europa, después de París y Londres, pero el modelo que se definió fue similar al que opera en países de nuestro entorno, como Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña, pasando de un
modelo de gestión integrada, centralista, a otro modelo de gestión individualizada, que es el modelo que impulsa el marco regulador de la Unión Europea. Fíjense que este modelo nosotros ya lo damos por amortizado en Cataluña. En un momento en el
que las fuerzas políticas necesitamos llegar a acuerdos importantes para oponernos a la privatización a la que el Partido Popular nos quiere llevar, resulta que venimos aquí, señora Jordà, señores de Esquerra Republicana, a romper los pocos
consensos que existían en la sociedad catalana. Yo no sé hacia dónde vamos, la verdad no entiendo qué está pasando, adónde estamos llegando. ¿Qué quieren ustedes aplicar, su programa máximo? ¿El programa máximo de Esquerra Republicana que pedía
el traspaso definitivo no solamente del aeropuerto de Cataluña sino de los països catalans? Tenemos que ser un poco más generosos y poner en valor todo aquello que costó mucho, costó tres años llegar a estos acuerdos. El propio Parlamento de
Cataluña nos indicó que quería una mayoría decisiva en este caso de las instituciones catalanas y la participación de los agentes económicos y sociales. Yo sigo diciendo que o somos capaces de construir consensos para modificar realidades que no
nos gustan, o al final lo que conseguiremos es que con la mayoría actual del Partido Popular ellos irán estupendamente; se ha roto la unidad de las fuerzas políticas, por tanto, ya tenemos manos libres para hacer aquello que a nosotros nos
interesa.
La propuesta que ustedes han traído hoy aquí no es la propuesta que haga que la unidad sea más fuerte para combatir la privatización de ese 60 % de AENA, sino que ustedes están haciendo un gran favor al Partido Popular, que puede continuar
con su modelo centralista y además privatizador. Al final, todo esto de la privatización, como se está haciendo en Renfe y en otras cosas, ¿sabe para qué servirá? Para que los ciudadanos paguen más caros los servicios y para que el Partido Popular
mantenga un modelo caduco que no tiene parangón en la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Llamas.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la Generalitat de Catalunya estima que su deuda a finales de año rondará los 65.500 millones de euros. Cataluña es con diferencia la comunidad autónoma más endeudada de España. Tiene calificación crediticia de bono basura. La
Generalitat habría quebrado si el Gobierno de España no hubiera inyectado los 29.000 millones de euros que ha inyectado en estos últimos dos años. Cataluña no puede hacer frente por sí misma a la gestión de hospitales, de escuelas y de los
servicios sociales fundamentales. En materia aeroportuaria el principal proyecto que se recuerda que ha impulsado, que ha protagonizado la Generalitat de Catalunya, se puede resumir en una sola palabra: Spanair. Aún estamos pagando los más de 200
millones de euros de pufo de aquella operación aeroportuaria de la Generalitat de Catalunya, entidad que no tiene ningún tipo de experiencia en la gestión aeroportuaria. Por tanto, no parece muy razonable asegurar que su gestión fuera mejor que la
de la propia AENA. ¿Qué proponen hoy con estos antecedentes de brillantez económica supina que todos conocemos? Asumir la gestión de El Prat.
Yo, como catalán, no sé si calificar esta propuesta como temeraria o como una broma macabra. Puedo entender que Esquerra Republicana se interese por la gestión del principal aeropuerto catalán. También me incumbe a mí, que soy tan catalán
como ustedes y, además, vivo en El Prat, que es la ciudad que acoge dicho aeropuerto. Sin acritud, quiero decirles que como pratense y como catalán me quedo más tranquilo si el aeropuerto lo gestiona AENA. Disfrutamos de uno de los mejores
aeropuertos del mundo, según Skaytrax. Las instalaciones podrían asumir veinte millones de pasajeros adicionales. Genera más de 174.000 empleos directos en toda Cataluña. Es un aeropuerto al mundo conectado con 208 destinos, 173 de ellos
internacionales. Señor Román, es el sexto aeropuerto del mundo que ha estrenado más rutas este año. Está batiendo todos los récords de pasajeros. Su superficie comercial ha crecido en más de 7.000 metros cuadrados gracias a unas inversiones
multimillonarias del Gobierno de España en los últimos 24 meses, más de 200 millones de euros en inversiones en los dos últimos ejercicios, y además ha reducido en 350 millones de euros la deuda del propio aeropuerto. Con estos antecedentes de
buena gestión que todo el mundo reconoce, no entendemos cómo ustedes siguen con su cansino discurso victimista paranoide de que estamos maltratando a Cataluña. Eso no lo entiende absolutamente nadie. (Aplausos). La voluntad del Gobierno de España
es seguir trabajando con las principales instituciones económicas y sociales de Cataluña. El comité de desarrollo de rutas está funcionando bien. Pretendemos -lo anunció la ministra- crear el comité de coordinación aeroportuaria y así se lo
proponemos en una enmienda. Es decir, se está escuchando a las principales instuciones catalanas, se está trabajando con el territorio.
La moción que presenta Esquerra Republicana es el clásico ejercicio de reivindicación nacionalista para sembrar más crispación entre los catalanes, que nos conocemos. Hace mucho tiempo que nos conocemos. Su demanda, además, es tramposa.
Piden que el Estado les entregue la gestión del aeropuerto, pero no reclaman nunca las deudas que arrastra el mismo. ¿Está el gobierna de CiU y Esquerra capacitado para poder devolver la deuda del aeropuerto, si ni siquiera puede pagar las
farmacias en Cataluña? ¿No les parece pueril pedirle al Gobierno de España que les entregue la gestión del aeropuerto y dejarle las deudas al Gobierno de España? ¿Lo bueno para mí y lo malo para ti? ¿Esa es la política que presentan aquí los
nacionalistas? No parece muy equitativo pedir ser el conductor del Ferrari y que las deudas y la gasolina la paguen otros.
Ustedes amenazan cada día con romper nuestro país. Yo vivo en Cataluña y lo sé. Leo la prensa catalana y sé a lo que se dedican cada día. Eso sí, antes de dinamitar todos los puentes de entendimiento, ustedes vienen a Madrid a tratar de
apropiarse de la gestión de aeropuertos, puertos, carreteras, cuarteles y demás edificios del Estado. ¿Y en paralelo que hacen? Malmeter contra España. El simposio de la hispanofobia del próximo fin de semana es un claro ejemplo. Es una tomadura
de pelo al conjunto de los ciudadanos españoles. No creo que esa sea la actitud ni la forma de tratar de conseguir la gestión de ciertas infraestructuras del Estado. Su actitud no es política en positivo. Hacer del chantaje continuo una praxis
política es un freno para la recuperación económica y torpedea la normal convivencia entre territorios.
Señores de Esquerra, dejen de tensar la cuerda, dejen de sembrar incertidumbre, dejen de sembrar rencor y desunión. Vuelvan a la política razonable, a la política tranquila, sensata y de verdad. Hasta los ciudadanos de Cataluña lo
agradecerían. Nosotros vamos a votar en contra de su propuesta. No vamos a entrar en su juego, que sabemos que es una reivindicación más de las cientos de reivindicaciones que hacen en clave nacionalista. Si a ustedes les importara mucho el
aeropuerto, podrían darle el visto bueno a alguna de las propuestas que está haciendo el Partido Popular, que quiere escuchar al territorio y a las instituciones catalanas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
A nuestro grupo le parece muy bien que se discuta sobre el modelo de AENA, de gestión de los aeropuertos, las cosas que se pueden mejorar, etcétera, lo que pasa es que a mi me parece que esta moción no tiene nada que ver con eso, y ahora
mismo me voy a referir brevemente a la cuestión. Seguro que a Esquerra no le sorprende, ni al PNV, que nosotros votemos en contra porque ya lo hemos hecho cuando se han presentado pretensiones similares en el Parlamento vasco y desde luego lo
haríamos en
el Parlamento de Cataluña, porque justamente lo que se propone aquí no tiene nada que ver con lo que se dice. No es una moción para cambiar en un sentido de mejora la gestión aeroportuaria sino, una vez más, para aplicar las anteojeras
nacionalistas, ahora en los aeropuertos, y desarrollar una nueva modalidad que sería algo así como el nacionalismo aeroportuario. De lo que se está tratando aquí es de otra cosa, del despojo y desmantelamiento del Estado, llamemos a las cosas por
su nombre; el reparto de lo que quede del Estado entre las comunidades autónomas que aspiran a tener su propio Estado independiente. Y eso -vamos también a explicar las cosas por su nombre- no es ni cambiar el modelo de gestión ni nada, es todo lo
contario; es mantener el modelo ese que se califica de centralizador y de intervencionista del Estado pero en su propio Estado. Y despojar al Estado, por cierto, no es meramente una ficción jurídica o una estructura simbólica, es despojar a los
ciudadanos españoles que han pagado esos aeropuertos, porque hay que decir una cosa muy clara, los aeropuertos no son propiedad de la ciudad donde están enclavados, otra cosa es que la gestión de los aeropuertos sea autónoma, pero la titularidad, la
propiedad, la decisión no corresponde a los que se benefician directamente porque los hemos pagado todos.
Francamente, es alarmante el grado de delirio al que podemos llegar al afirmar que el problema de España es que tiene un sistema centralista de aeropuertos. ¡Si lo que nos sobran son aeropuertos! ¡Si el disparate ha sido hacer un aeropuerto
prácticamente casi por provincia! ¡Si el disparate son actuaciones tan centralistas como la de hacer tres aeropuertos en un radio de 70 kilómetros entre Alicante y Murcia! ¡Si Cataluña también tiene aeropuertos sin pasajeros! ¡Si también la
Generalitat tiene que pagar a empresas -y eso probablemente tendrá su correspondiente multa europea- de bajo coste para poder mantener algunos vuelos en determinados aeropuertos! ¿Pero de qué están hablando? ¿Cómo que hace falta entregar la gestión
de los aeropuertos, que hemos pagado todos y que son de todos, a determinada comunidad autónoma dentro de su plan de desmantelamiento del Estado común? Es un verdadero disparate.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
A nosotros, señor Gallego, nos preocupa la gestión que AENA está haciendo del aeropuerto de El Prat. Como catalanes nos preocupa esa gestión. Si cree que podemos aplaudirla, no lo vamos a hacer porque entendemos que es una gestión
anticuada, es un modelo anticuado. Lo decía el señor Rodríguez antes, se había llegado a finales de la pasada legislatura a un principio de acuerdo para permitir una gestión individualizada del aeropuerto de El Prat y lamentablemente su Gobierno ha
abandonado ese modelo acordado, de consenso; un modelo que no perjudicaba al aeropuerto de Barcelona, al aeropuerto de El Prat.
Usted, señor Gallego, ha venido a presumir -lo podríamos hacer todos los diputados catalanes que estamos aquí- de las bondades del crecimiento actual del aeropuerto de El Prat, a pesar de AENA. Porque tenemos una organización, AENA, que
juega descaradamente a favor del aeropuerto de Madrid-Barajas. Fíjese (Muestra un documento), Barajas tiene futuro, oportunidades de mejora; fíjese, iniciativas adoptadas para retomar la senda del crecimiento hub y bajo coste. Páginas y páginas
solo poniendo en el escaparate las bondades de Barajas y omitiendo las potencialidades de otros aeropuertos, como el de Barcelona, El Prat, que pueden llegar a ser hub. Con total sinceridad, ¿qué pedimos desde Convergència i Unió? Lo que hemos
venido pidiendo siempre, que es una política aeroportuaria que se centre en la gestión individualizada de los grandes aeropuertos. Este es nuestro modelo y pedimos el traspaso de los aeropuertos de Reus, de Girona-Costa Brava y de Sabadell. Este
es el modelo que hemos defendido siempre. Estamos en contra de la propuesta del Gobierno, que pretende vender el 60 % de AENA a través de una conversión en una sociedad anónima cotizada que va radicalmente en contra de aquello que nosotros hemos
venido defendiendo. Lamentamos -coincidimos con don Román Ruiz- que ese intento de acuerdo, muy mayoritario en Cataluña, finalmente no haya fraguado, porque era una buena oportunidad, no voy a dejar de reconocerlo, y esperamos recomponer ese
consenso. No es fácil, hoy en día los aeropuertos para crecer deben competir y esas gestiones en red modelo AENA, que ya no se dan en nuestro entorno europeo, no es el futuro. Nuestros aeropuertos necesitan competir y está la gran competencia de
quién se hace con las grandes rutas con Asia, y ahí somos conscientes en Cataluña, yo creo que todos aquí lo somos, de qué carta está jugando AENA para ver quién se lleva esas grandes rutas
con Asia, y la carta que juega AENA, lamentablemente, no es la carta de que sea el aeropuerto de El Prat en Barcelona el que pueda tener esas grandes conexiones con Asia. Esta es la realidad, podemos encontrar ejemplos como el que he
mostrado y que entrando en Internet se consiguen con total facilidad. No tenemos un administrador, AENA, que juegue a nuestro favor, no lo tenemos. Es cierto que se han hecho inversiones, cierto es, no por parte de este Gobierno, sino de este
Gobierno y de Gobiernos anteriores; es cierto que fueron inversiones acordadas, como grandes inversiones se hicieron en la T-4. No vamos a discutir las inversiones que se hicieron, lo que vamos a discutir es cómo se gestionan los aeropuertos en
pleno siglo XXI, si gestión individualizada o gestión global en red, que a nosotros nos perjudica claramente, que entendemos que nos perjudica claramente.
Hoy se ha presentado una moción que nosotros vamos a votar favorablemente, como decía el Grupo Vasco, como decía el Grupo de La Izquierda Plural. Quiero poner también en valor la intervención que ha hecho el representante socialista en el
sentido de que había una alternativa que podía haberse acordado en esta Cámara, que era mayoritaria en la pasada legislatura y que lamentablemente hoy no lo es. Lo que puso en evidencia esa alternativa es que había otras opciones distintas a las
que hoy se nos quiere acompañar con ese intento de privatización que no compartimos, así como tampoco compartimos la gestión que desde AENA se está realizando de las potencialidades que a pesar de AENA tiene el aeropuerto de El Prat en Barcelona y
en Cataluña.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Señora Jordà, como hay varias enmiendas, le pregunto cuál es su posición.
La señora JORDÀ I ROURA: Sí, señor presidente, lo he anunciado en mi intervención -usted no estaba-, vamos a incorporar las enmiendas del Grupo Vasco.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 173/000124).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana. Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señorías, estamos en el ecuador de la legislatura y en estos dos primeros años el Gobierno ha recortado en educación, sanidad, pensiones, desempleo, derechos laborales, dependencia y ha subido impuestos a asalariados
y clase media. Comenzamos ahora la segunda parte del mandato y a los recortes e incumplimientos se añade una pulsión autoritaria que nada bueno presagia para nuestro sistema de derechos y libertades, y esto es muy preocupante para nosotros y para
el país. La desigualdad creciente es un problema para la democracia, asevera Michael J. Sandel, profesor de Política y Justicia en Harvard, la calidad democrática se degrada en España. La deriva autoritaria emprendida ahora por el Gobierno cuenta
con dos arietes, la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, pero no son sus únicos mimbres; la anunciada ley de huelga -eufemísticamente de servicios mínimos-, la del aborto, la de seguridad privada, el control inmigratorio con
cuchillas, el apagón de la televisión valenciana, la reforma electoral de Castilla-La Mancha, el uso de instrumentos del Estado en provecho propio, el recorte de los derechos de las mujeres forman parte del mismo proceso y explican el deterioro de
nuestra calidad democrática, hasta el punto de que The Guardian afirma que algunas de nuestras leyes, como la futura de seguridad ciudadana, están limitando nuestra democracia, y eso no me alegra, me ofende como español y como socialista. Por ello
pido al Gobierno que corrija el rumbo, que renuncie a los tics autoritarios que nos recuerdan a épocas en las que los ministros del Interior clamaban: la calle es mía. Y es que el Gobierno no se fía de una calle que sea de todos. Tiene miedo a
las manifestaciones ciudadanas y además necesita afianzar su voto más conservador, el particular tea party español. Por ello se ha propuesto tejer una telaraña legal para que toda conducta que exprese protesta social pueda ser sancionada como
delito o con desmedidas multas gubernativas. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la moción que ahora defiendo.
En democracia hay que convivir con las manifestantes y protestas porque forman parte sustancial de la misma. Si el PP quiere sembrar miedo para desmovilizar a los ciudadanos debe saber que nos tendrá radicalmente enfrente. No podemos
consentir que la mínima discrepancia con las políticas gubernamentales o el examen de su legalidad sean perseguidas en todas sus manifestaciones y por todas las vías para su total eliminación. Si es por policías o funcionarios se les releva de sus
puestos, Udef o Agencia Tributaria; si es por los jueces, se les reducen las competencias, los medios o se les amenaza con inspecciones; si es la ciudadanía, trata de intimidarla mediante el uso desproporcionado de la fuerza o con sanciones
desmesuradas; y si es por la prensa se produce un apagón informativo que trata de aplicar incluso a los propios diputados de esta Cámara, a los que hurta información sobre asuntos relevantes. ¿Cuántos expedientes gubernativos ha abierto el
Gobierno a los ciudadanos identificados en manifestaciones o concentraciones? ¿Cuántos han acabado en multa? ¿Con qué cuantía? Burdo apagón informativo en la respuesta. Me contestan con una estadística que nada tiene que ver con lo requerido.
Insistiremos, porque queremos saber, para que lo suspendan.
Hasta ahora los diferentes ministerios de Industria, Educación o Sanidad nos amenazaban con la economía para atizarnos con la ideología. Ahora ni amenazan, directamente nos atizan, desde Justicia a Interior. El Gobierno cuenta con medios
para hacer frente a cualquier conducta reprobable. Nuestra democracia no necesita para nada una nueva ley de seguridad ciudadana -de Interior- ni las modificaciones del Código Penal -de Justicia-, que endurecen las penas relacionadas con las
libertades de reunión y manifestación. Por ello pedimos que retiren ambas leyes. Interior justifica su ley de represión ciudadana en la desaparición en el Código Penal en tramitación de determinadas conductas calificadas como faltas. De no
preverse en el nuevo texto legal, algunas conductas reprobables quedarían sumidas en un limbo legal como, por ejemplo, quemar contenedores en la calle, ha señalado el ministro del Interior. No es así, esa vandálica actitud ya está penada en el
actual Código Penal y sancionada por la vigente Ley de seguridad ciudadana y en la ley que combate el racismo, la xenofobia y la violencia en el deporte. Y no justifiquen más esta ley comparándola con la del deporte. La violencia en eventos
deportivos generó gran alarma porque hubo incluso muertes en enfrentamientos entre hinchas. El Consejo de Europa elaboró un convenio sobre la violencia en el deporte al cual nos adherimos. Además, las medidas que contempla fueron aprobadas
unánimemente en el Senado. En las calles españolas no hay una problemática comparable ni por asomo, así que no argumenten más con ella. Más aún, solo una sexta parte de las conductas que se tipifican en la misma procede de la suspensión de las
faltas; supresión que los socialistas no quisimos hacer porque implica restar garantías a los ciudadanos. No debemos olvidar que las sanciones son impuestas por la propia Administración sin intervención judicial y que, en consecuencia, al
imponerlas, actúa como juez y parte. Para recurrirlas, primero, es necesario pagarlas y después afrontar los altos costes judiciales del ministro Gallardón y las minutas de abogados. El Ministerio del Interior se queda sin los argumentos que ha
hecho públicos para defender su ley de represión ciudadana y, si tiene otros, no se atreve a hacerlos públicos. No me extraña, visto lo visto. Entre los múltiples pronunciamientos contrarios a dicha ley destaca la del comisario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa, para quien es desproporcionada y va en contra del derecho de reunión y manifestación. Pide que se deje de culpar a la población de los problemas que se derivan de la crisis económica. La respuesta del ministro no se hizo
esperar: Una cosa es un comisario que habla sin leer una ley y otra el Consejo de Europa. Como dijo el clásico, hay una cosa mucho más grave que un ministro haga mal las cosas y es que diga tonterías.
Volvemos al pasado, señorías, al orden público. Este Gobierno, en lugar de utilizar al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil para asegurar nuestra libertad, garantizando una adecuada seguridad ciudadana, pretende destinarlos
prioritariamente a controlar a la población, a la que además amenaza con multas desmedidas para conseguir un orden público muy del gusto de su tea party. Por ello exigimos al Gobierno que cese en la estrategia de utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y las desmedidas multas gobernativas para imponer a los españoles un modelo de orden público que nada tiene que ver con la seguridad ciudadana democrática. Al Ministerio del Interior no parece importarle que sus medidas
erosionen la buena valoración que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil tienen entre la ciudadanía ni su sustitución por vigilantes privados, que podrán detener, como hacen ahora dentro de una gran superficie comercial, en cualquier plaza
o calle pública de este país estén o no cerca de un área comercial y también cachear. Artículo 32.1.a) de la nueva ley: Los vigilantes desempeñarán las siguientes funciones: ejercer la vigilancia de esos lugares llevando a cabo las
comprobaciones, registros y prevenciones necesarios para el cumplimiento de su misión. Si no la quieren llamar Dolores, llámenla Lola, pero eso es cachear. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El Gobierno afronta esta segunda parte de la legislatura con síntomas de fatiga. La más evidente es su visión reduccionista de la sociedad española. Por eso quieren imponernos el modelo del estricto orden público que les demanda su tea
party de Serrano, pero nosotros y la mayoría social de este país preferimos la jaranera seguridad ciudadana de los barrios populares.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trevín.
Para la defensa de las enmiendas formuladas, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, han saltado todas las alarmas, ya nadie se puede llamar a engaño. El señor Gallardón ataca por un flanco con la reforma del Código Penal, que va a convertir el Estado español en una inmensa cárcel para pobres, y por el otro flanco
ataca el señor Fernández Díaz para dar un hachazo a los derechos civiles, y el Partido Socialista Obrero Español reacciona. Pues qué bien que haya reaccionado el Partido Socialista Obrero Español, teniendo en cuenta que la última reforma del Código
Penal impulsada por ustedes ya suponía una vuelta de tuerca a los derechos civiles y, de hecho, endurecía como el que más en Europa el Código Penal. Estamos satisfechos de su reacción, ahora bien, nos sorprende que no sean capaces de añadir nuestra
enmienda, que lo que viene a decir es que hay que asumir como valor democrático la voluntad y el anhelo expresado pacífica y democráticamente por la ciudadanía de las distintas naciones del Estado español a ejercer el derecho a decidir e insta al
Gobierno a garantizar su ejercicio e impedir su criminalización. La reacción llega hasta que nosotros planteamos el valor de civilización democrática que significa el derecho a decidir. Lo que nos preguntamos es dónde está su voluntad de parar los
pies a aquellos que criminalizan los derechos civiles. ¿Es que acaso el derecho a decidir no es también un derecho democrático? ¿Cómo y de qué manera ustedes pueden compartimentar aquello que hemos llamado democracia? Es más, el día que pretendan
reprimirnos, el día que vengan a retirarnos las urnas, el día que intenten detenernos, ¿vendrá el señor Fernández Díaz solo o acompañado de ustedes? No me imagino que venga acompañado porque el día que queramos democrática, pacífica y cívicamente
ejercer el derecho a decidir -que lo haremos-, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a aliar con ellos para reprimirnos? No lo puedo concebir. Luego, ¿por qué no aceptan nuestra enmienda y son honrados y no hacen esta pirueta perversa de
compartimentar la democracia? No se puede compartimentar la democracia, no tiene ningún sentido, a no ser que sea una amenaza solapada de ser cómplices de ellos y ustedes quieran mantener la criminalización del derecho a decidir. Esto no pueden
hacerlo. Además, me remito al diputado del Grupo Socialista, que ni siquiera se ha dignado a comentar nuestra enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el mismo Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El BNG ya ha manifestado públicamente su oposición al proyecto de ley mal llamado de seguridad ciudadana, y por tanto anticipamos ya nuestro apoyo a la moción del Grupo Socialista.
El Gobierno del Partido Popular ha perpetrado en los últimos dos años las políticas económicas y antisociales más brutales contra la población. Paralelamente destacados miembros y cargos institucionales del PP, como el ínclito delegado del
Gobierno en Galicia, han criminalizado sistemáticamente no solo a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente de forma mayoritaria contra esas políticas, sino también a las organizaciones políticas como el Bloque Nacionalista Galego, que hemos
criticado las desproporcionadas actuaciones policiales que también han sido calificadas como desmesuradas por el Consejo de Europa en reiteradas ocasiones.
Después de haber impuesto un contexto de graves dificultades económicas y una situación de extrema pobreza a la que han llevado a miles de ciudadanos, el Gobierno aprueba un proyecto de seguridad ciudadana que persigue todo tipo de libertad
de reunión y de expresión, e instaura un régimen policial propio de otros tiempos que seguramente muchos miembros del Partido Popular aún añoran.
Los ciudadanos desahuciados, los preferentistas estafados por los bancos, los emigrantes retornados tratados como delincuentes por el Ministerio de Hacienda, los trabajadores desalojados brutalmente por la Policía por protestar contra sus
despidos, los estudiantes y profesorado que se manifiestan frente a las
consejerías de Educación, los médicos y usuarios de la sanidad pública que se movilizan contra su privatización, las mujeres que nos negamos a que otros decidan por nosotras sobre nuestro cuerpo, o cualquier otro ciudadano que manifieste su
malestar por unas políticas que los están asfixiando serán ahora, por obra y gracia de esta ley, más vigilados, más reprimidos, más perseguidos, y más controlados todavía. Esta es la manera que tiene el Gobierno de resolver los conflictos que él
mismo ha provocado.
El ministro del Interior -voy terminando, señor presidente- ha afirmado públicamente que esta ley es imprescindible para que las conductas antisociales no queden impunes. ¿A qué conductas antisociales se refiere, señor ministro? ¿A las
políticas austericidas del Gobierno o a los recortes de todo tipo? ¿Para quién es imprescindible esta ley? ¿Para un Gobierno que quiere seguir eliminando los derechos de los ciudadanos y necesita mantenerlos mudos mientras tanto?
En esta nueva fase en la que el Gobierno ya ve la luz al final del túnel, y en la que los grandes banqueros ven entrar dinero en España por todas partes, millones de ciudadanos tienen que seguir soportando el saqueo, pero eso sí, ahora
además sin rebelarse, amordazados y sin rechistar. Solo le falta al Gobierno imponerles por ley que además les aplaudan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Dentro ya del Grupo Mixto para completar sus intervenciones tiene la palabra el señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señorías, esta reforma en absoluto es una reforma más, sino que es la pieza clave que cierra el círculo del proyecto más ultraconservador de Europa. Se trata pues de una vuelta de tuerca más, de una vuelta
de tuerca brutal que se está imponiendo en ataque de las libertades civiles y políticas de la ciudadanía. Es una muestra de la debilidad de un Gobierno superado, miedoso y acomplejado, incapaz de solucionar los problemas de la ciudadanía de una
manera democrática, y su única respuesta es la represión: prohibir de facto cualquier tipo de disidencia social y política.
Con una mínima perspectiva podríamos observar que lo que estamos padeciendo aquí es, por un lado, una auténtica sangría de recortes, y por otro lado, una represión de la protesta ciudadana, una mordaza a la libertad de expresión. Es decir
por un lado, bajo el pretexto de la crisis económica, se trata de cercenar y de negar derechos trabajados, derechos reconocidos y aplicados durante décadas, como la reforma laboral, la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales.
Es que además los recortes continuarán siendo aún más graves como consecuencia de la involución de la espiral en la que está metido el Gobierno Popular, en su lucha fratricida con UPyD por ese electorado más reaccionario y facha. Y me temo que la
próxima ley del aborto Gallardón viene marcada también por esta realidad, y pondrá los pelos de punta incluso a los propios miembros del Partido Popular. Y es que por otro lado también ataca este Gobierno el derecho de reunión y el de la libertad
de expresión, valiéndose de unas leyes mordaza como la Ley del Código Penal o la de seguridad ciudadanía, seguridad privada o próximamente con la ley de huelga. Luego se trata de amordazar, castigar y criminalizar.
Este es precisamente el modelo: una sociedad sumisa, bajo un poder único e incuestionable de ordeno y mando. La vuelta a esa España una, grande y libre. Pero es que en Euskal Herria lo sabemos bien y no nos viene de nuevas: hace décadas
ya que vivimos en un régimen totalitario y antidemocrático donde se reprimen la disidencia y la protesta. Y ahora quieren extender este Estado de excepción encubierto al resto del Estado. Ayer mismo lo escuchamos desde Sudáfrica por boca de Obama,
que decía: Hay líderes que alaban a Mandela, pero no toleran la disidencia de su propio pueblo. Pues si el señor Rajoy alaba mínimamente la trayectoria de Mandela, que empiece por respetar a su propio pueblo y que garantice la libertad de reunión
y manifestación de su pueblo, y por lo tanto que empiece retirando todas estas reformas y estas leyes mordaza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para presentar la enmienda que tiene a esta moción, tiene la palabra el señor Guillaumes. (La señora Díez González pide la palabra). Un momento, señor Guillaumes.
¿Señora Díez?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, le pido la palabra para hacerle una petición en relación con los insultos vertidos por el portavoz de Amaiur.
El señor PRESIDENTE: Entonces haremos esa intervención cuando haya terminado el señor Guillaumes, que tiene la palabra.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidente, señorías, lo primero de todo una acotación al Grupo Parlamentario Socialista: si tan mala era la ley de seguridad privada, ¿por qué no presentaron enmienda a la totalidad en su momento? Porque
nosotros sí que lo hicimos, ¿eh? Nosotros lo hicimos, negociamos y llegamos a un acuerdo. Ahora ustedes han descubierto Santa Bárbara cuando truena. Fin de la acotación. Lo digo porque la coherencia a veces se tiene que practicar en todas las
facetas.
Bien, en nuestro grupo parlamentario, en el tema que nos ocupa ahora, tenemos un problema. Tenemos un problema y lo voy a compartir con todos ustedes. Resulta que fuimos nosotros quienes propusimos la modificación de la ley de seguridad
ciudadana. Fuimos nosotros y creemos y lo continuamos creyendo que por buenos motivos: por la multirreincidencia. En este Estado hay actitudes delincuenciales que permiten a un detenido salir centenares -no están oyendo mal: centenares- de veces
de la comisaría. Entrar y salir. ¿Eso es normal o hay que tratarlo legislativamente para impedirlo? En este sentido quisiera recordar lo que dice un destacado fiscal, durante mucho tiempo destinado en Cataluña, alguien que no está situado
precisamente a la derecha y que si lo tuviéramos que colocar en este hemiciclo seguramente caería en el hueco de la prensa, de tan a la izquierda que está situado; un fiscal que dijo aquello de: no es verdad que entren por una puerta y salgan por
la otra, entran por una puerta y salen por la misma. Esa es una situación que debemos tratar, es una situación no normal que se debe tratar legislativamente. Por eso creemos aún en la necesidad de modificar la Ley de Seguridad Ciudadana. Lo
creemos también porque tenemos una policía y lo mismo se ha de predicar de la Ertzaintza. ¿Pueden ustedes creer que en Europa y en el mundo globalizado las policías autonómicas no estén conectadas con las bases de datos de las policías del Estado?
¿Pueden ustedes creer que esto es así? Pues es así. ¿Necesita eso una modificación legislativa o no lo necesita? Nosotros creemos aún honestamente que sí.
A veces las casualidades las carga el diablo. Yo fui una de las personas, no como diputado, sino como teniente de alcalde de mi ciudad, que empujó al Grupo Catalán a presentar una modificación a la Ley de Seguridad Ciudadana y por un
motivo: en mi ciudad, Mollet del Vallès, teníamos al individuo con récord absoluto de multidetenciones, más de setecientas; más de setecientas; un señor que entraba y salía por la misma puerta, según el citado fiscal, prácticamente cada día, y
prácticamente cada noche era detenido. ¿Merece esto un tratamiento legislativo, sí o no? Nosotros creemos que sí. Pero, ¡ai las!, como decimos en catalán. ¿Es esta la ley que queríamos nosotros, la que hemos leído últimamente en los periódicos?
Pues, señores, la verdad es que no. No lo es, sino todo lo contrario, porque la sanción nunca puede significar la limitación de un derecho individual; al contrario, voy a citar al ex primer ministro Balladur que decía que la seguridad es la
primera de las libertades, en tanto en cuanto es la que garantiza que se puedan ejercer todas las demás. Para eso debe servir la seguridad, y en ese sentido iba nuestra enmienda que no ha sido aceptada por el Grupo Socialista, en el sentido de
decir que la seguridad en definitiva solo es justificable en tanto en cuanto justifica todas las demás libertades, las hace posibles. En este sentido impositivo iba nuestra enmienda que no ha sido aceptada por los socialistas.
En resumen, nuestra posición no puede ser favorable a la información que ha salido en los periódicos sobre lo que sería esta ley. Por suerte parece que podremos votarla por apartados, y por eso nos posicionaremos claramente a favor de los
apartados que dicen que es necesaria una ley de seguridad ciudadana. Nos abstendremos o votaremos negativamente a los apartados que digan en definitiva que esta ley se tiene que retirar, pero también votaremos positivamente a todos los que digan
que la seguridad es un motivo para defender la libertad. Algún apartado como el 4 nos gustaría incluso votarlo por comas, porque estamos radicalmente de acuerdo con una parte y radicalmente en contra de la otra mitad. Ya sé que una obligación
involuntaria de los diputados es hacer la vida imposible al presidente y a la Mesa del Parlamento, pero intentaremos no hacerlo y por tanto votaremos por apartados, aunque ya digo que en algún caso incluso querríamos votarlo por comas. Nos
posicionaremos, eso sí, porque como les decía y muy concretamente en mi ciudad hay un farmacéutico que ha dejado de contar las veces que le han asaltado, y ese señor también tiene derechos y merece protección, y porque hay ancianos y niños de la
plaza Suñe del Mollet del Vallès que no tienen por qué salir corriendo cuando se hace de noche o tener siempre un policía delante para estar en este parque. Estos también tienen derechos, y se tienen que recoger en una ley. Y porque cuando un
policía catalán o un ertzaintza hacen una detención a veces de trámite, de tránsito, tienen derecho a saber que quizá el que tienen delante es un delincuente peligroso. Tienen derecho a saberlo para su propia seguridad, pero también para detenerlo.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir acabando.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Así lo haré, señor presidente.
¿O eso no merece una legislación? Esta gente en Mollet, en cualquier rincón del Estado también tiene derechos y también merece protección. Por eso creemos en la necesidad de una ley. Seremos vigilantes para que sea en términos de defensa
de la libertad, el único sentido que tiene la seguridad.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guillaumes.
Para fijar posiciones en esta moción tiene en primer lugar la palabra, por el Grupo Vasco PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, permítanme una reflexión obiter dicta antes de empezar a exponer. La portavoz del BNG ha hecho una referencia al delegado del Gobierno de su comunidad. Preferiría no glosar la
personalidad del delegado del Gobierno de la mía porque esto me desconcentraría y me impediría realizar una reflexión serena y atinente a lo que aquí nos convoca en el día de hoy.
Estamos, señor Trevín, genéricamente de acuerdo con su argumentario. Es que ya hay demasiada seguridad. Normativamente estamos elaborando demasiadas normas vinculadas a la seguridad, que se está convirtiendo sutilmente en un concepto
perturbador de orden público en el sentido más limitativo de los derechos fundamentales y las libertades públicas que consagra la propia Constitución. La ley de seguridad privada que se aprobó ayer en el Congreso de los Diputados, el Código Penal
cuyas enmiendas a la totalidad se van a debatir mañana, esta que se nos anuncia y cuyos contenidos nos preocupan como le preocupan a usted. Por cierto, permítame también una reflexión. Ayer en la ley de seguridad privada lo que se aprobó no es la
posibilidad de que los agentes privados de seguridad puedan detener, usted sabe que es falso, que es manifiestamente falso, los agentes privados de seguridad no pueden detener. El acto de detención no es un acto metajurídico, es un acto jurídico
que se desagrega en las siguientes actuaciones: primero, la retención; en segundo lugar, la identificación; en tercer lugar, el cacheo; en cuarto lugar, la invocación o la indicación a la persona que va a ser detenida de los motivos de su
detención; en quinto lugar, la lectura de los derechos a los que se puede acoger; en sexto lugar, la posibilidad de inmovilización con grilletes, y en séptimo lugar, su traslado a un órgano judicial para su puesta a disposición. Dígame usted qué
precepto de la ley de seguridad privada configura o legitima a un agente privado de seguridad para acometer todas estas actuaciones. Usted sabe que no es verdad, pero, bueno, no es lo que nos concierne hoy tampoco o lo que nos convoca aquí, que es
hablar de la ley de seguridad ciudadana.
Estoy de acuerdo con algunas reflexiones que se están comentando donde portavoces o estrategas del Partido Popular manifiestan cierta preocupación por una circunstancia que puede estar provocada por la pérdida de votantes por la derecha de
dicho partido, con lo cual hay que realizar acciones que de alguna forma les permita recuperar esos votantes que eventualmente pueden dirigir sus votos a otras organizaciones políticas, y la invocación de la seguridad es una manifestación casi
recurrente en todos los partidos conservadores, creando primero una sensación paranoica de inseguridad en la sociedad, y haciendo pretendidamente que los ciudadanos reivindiquen normas de seguridad que transgreden todos los valores ontológicos de la
seguridad, todos los valores o límites constitucionales de la seguridad, y todos mediante la invocación o mediante la indicación de peligros indefinidos, eventuales o posibles, la expansión de las normas punitivas y de las normas limitativas de los
derechos y libertades fundamentales. Eso lo hemos visto en todos los países conservadores que nos rodean, incluso hemos visto cómo algunos partidos han llegado a ganar las elecciones mediante una desmesurada invocación a los problemas de seguridad,
en términos estadísticos, inexistentes, no cumpliendo la función que nos corresponde como legisladores de templar, en la medida de nuestras posibilidades, estas pulsiones emocionales y articular nuestras normas punitivas con arreglo a los valores
ontológicos de la seguridad, sus valores o límites constitucionales, y los peligros que inevitablemente se tienen que afrontar. Ante esto nos encontramos.
Aquí hay un solo problema -permítame que por toda la amistad que nos une se lo diga- quizá de cierta duda en cuanto a la legitimidad que tienen ustedes para presentar propuestas de este tipo. Por casualidades de la vida, señor Trevín, a mí
me tocó debatir la Ley 21, de febrero de 1992 -¿sabe a cuál me estoy refiriendo, no? Se vulgarizó con la denominación de ley de patada en la puerta-, con preceptos que fueron declarados inconstitucionales y que presentó su partido, también
acogiendo estas pulsiones paranoicas en relación con la seguridad, mediante una desmesura de los principios punitivos inspiradores
y de los contenidos normativos de la misma. La legitimidad desde esa perspectiva hay que reequilibrarla también, pero en relación con lo que dice hoy tiene razón, pero no solo la tiene porque se estén desbordando los límites o valores
ontológicos de la seguridad, como presupuesto de la libertad. ¡Claro que la primera libertad es la seguridad! Así lo dice el preámbulo de la Constitución española a la que atribuirle la naturaleza de valor superior del ordenamiento jurídico. Es un
presupuesto, pero también una reivindicación ciudadana, como decía el portavoz de Convergència i Unió, una muy legítima reivindicación ciudadana. La gente necesita seguridad, si bien el tema de la multirreincidencia no lo trataremos posiblemente en
esta ley, pero sí lo haremos en el Código Penal porque hay que tratarlo evidentemente. Situaciones como las que usted ha descrito son intolerables en una sociedad organizada, civilizada y democrática, absolutamente intolerables; lo que ocurre es
que debemos tener cuidado sobre cuáles son los límites, los equilibrios, los valores ontológicos, los límites constitucionales, y la evitación de la creación de peligros difusos o indefinidos, que son los que permiten extender las normas punitivas
más allá de lo que es legítimo.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.
Este proyecto nace tan mal como que ya ha sido refutado, ha sido calificado negativamente no solo por todos los grupos de esta Cámara, excepto el Partido Popular, sino también por colectivos como Amnistía Internacional, la Asociación
Unificada de la Guardia Civil -fíjese, señor presidente, la relevancia simbólica que tiene que esta asociación haya criticado este proyecto-, las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, la Coordinadora Estatal de ONG, la
Federación de Periodistas de España, el Foro Judicial, el CEAR, que acaba de ser premiado con el premio René Cassin por el tratamiento de los extranjeros y de la legislación de extranjería. No se ha encontrado el punto de equilibrio en este
proyecto de ley en lo que conocemos que proclama el artículo 104, pero sobre todo el presupuesto de la libertad, que debe ser el fundamento de la seguridad bien concebido.
Usted dice de forma un tanto petulante y presuntuosa en la exposición de motivos que se acoge a la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la hora de perfilar...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que finalizar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo solo pide tres cosas: juicio de idoneidad de la limitación, juicio de necesidad de la misma, que exige la existencia de medidas menos intensas, y principio de proporcionalidad. En lo que ahora
conocemos ninguno de estos principios jurisprudencialmente consagrados en este proyecto de ley son objeto de cumplimiento. Tienen que hacer un gran esfuerzo por modificar y ajustar a la Constitución algo tan importante como la seguridad y la
reserva o respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas. Hasta ahora no se ha conseguido; ojalá podamos hacerlo en el futuro.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Por aquello de que las fechas navideñas están cerca voy a mantener una cierta esperanza en cuanto a que la iniciativa que ha traído a la Cámara el Grupo Socialista tenga como consecuencia que la ley que todavía no ha nacido, y de la que
conocemos el anteproyecto, nunca llegue a nacer o que lo que nazca en todo caso para desarrollar la Ley de Seguridad Ciudadana que aun está vigente sea lo menos parecido posible al anteproyecto que conocemos en este momento. Es necesario que pueda
desarrollar algunos artículos que tengan que ver con fenómenos nuevos, el balconing, por ejemplo, que han surgido después de la aprobación de aquella ley, y que no tengan nada que ver ni con la filosofía que inspira este anteproyecto ni con lo que
el contenido del anteproyecto, del que aquí ya se ha hablado bastante por otros intervinientes, refleja.
Lo primero que le querría preguntar al Grupo Parlamentario Popular en nombre de mi grupo, no retóricamente, sino sinceramente, es por qué se empeñan en crear problemas donde no existen. Anda que no hay cantidad de áreas en las que tenemos
-tiene el Gobierno, porque tiene el encargo- la obligación de desarrollar o de hacer normas -un encargo a veces de esta Cámara y otras veces un
mandato europeo-, normas que tienen ustedes absolutamente paralizadas, desde el plan de empleo juvenil, reiteradamente ordenado por la Unión Europea, hasta el plan de prevención del suicidio, ordenado por esta Cámara, hasta el plan contra la
pobreza, ordenado por Europa y también por esta Cámara, hasta el estatuto de la Agencia Tributaria, que nos ha dicho esta mañana el ministro Montoro que es una de las prioridades del Gobierno, que no habíamos descubierto que la tuviera entre las
prioridades, pero que la tiene. ¿Por qué entonces se empeñan ustedes en crear problemas con esta iniciativa legal donde no los había?
No es verdad que no tengan instrumentos para garantizar la seguridad. Por cierto, la seguridad es también la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. La seguridad no solo es la protección, es también la seguridad jurídica de todos los
ciudadanos, que ustedes se cargan con esta iniciativa. Se ha dicho antes, y es verdad, que llevamos dos años de recorte de derechos y ahora el Gobierno con esta iniciativa elimina garantías. Yo creo que es un despropósito, y espero que todas las
críticas que ha recibido este anteproyecto de ley en España y en el resto de Europa le hagan reflexionar positivamente al Gobierno, y que lo que finalmente llegue a la Cámara nada tenga que ver con esto que nos han presentado.
Para citar un aspecto que creo que no se ha citado, o por lo menos no lo he escuchado, introduce el Gobierno en esta ley un artículo en el que hablan por ejemplo de penalizar las ofensas -creo que dice exactamente- contra las comunidades
autónomas, ayuntamientos y Gobierno. ¿Qué son las ofensas contra las instituciones en su conjunto? ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo se decide que se está ofendiendo? La ley ya determina, por ejemplo, cómo es un delito vulnerar el orden, cómo es un
delito ir contra las instituciones del Estado -el Estado somos todos-, contra los símbolos del orden constitucional. Ya está en la ley. ¿Qué pasa, que lo quieren mezclar para que sea lo mismo algo que no se sabe que ustedes persiguen con lo que
ahora mismo está previsto por la ley, en la prohibición de ir en contra de los símbolos del orden constitucional, de vulnerar ese respeto?
Como yo estaba despistada porque no sabía exactamente qué pretendían con este artículo, este fin de semana escuché el secretario de Estado de Seguridad. Vi que estaba hablando sobre la cuestión en una entrevista, y puse el oído para ver si
explicaba las cuestiones. El periodista le preguntó exactamente por este artículo. El secretario de Estado dijo que este artículo tenía como objetivo proteger sentimientos colectivos. Lo apunté y lo entrecomillé. ¿Qué es eso de proteger
sentimientos colectivos? Yo cada vez entiendo menos. Lo que tiene que hacer el Gobierno es proteger los derechos de los ciudadanos a través de las leyes, los derechos individuales de los ciudadanos, todos, también la garantía de tener un tribunal
que juzgue una supuesta acción delictiva o falta, un juez que no sea la propia Administración, como se ha dicho aquí, que sea juez y parte, porque eso es lo que han hecho sacando del Código Penal las faltas y trayéndolas a esta ley para dejar
absolutamente desprotegidos a los ciudadanos.
Han empezado ustedes, como decía, por recortar derechos, ahora eliminan garantías y ayer privatizaron -aunque sé que a algunos colegas no les gusta que lo digamos- algo que en cualquier democracia es monopolio del Estado, la violencia
legítima, y ustedes ayer privatizaron hasta eso, que es una cosa verdaderamente lamentable desde el punto de vista democrático.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, le ruego que vaya concluyendo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.
Empiezan por esa privatización y terminarán -ojalá no lo veamos; por eso está bien que tengamos este debate hoy, a ver si lo frenamos- privatizando las cárceles como en Estados Unidos. Espero que no lleguemos a eso. Termino, presidente,
porque no tengo más tiempo, con una cuestión en relación con la intervención que ha tenido hace un rato el portavoz de Amaiur, el diputado Errekondo; una intervención en la que se ha insultado directamente a los votantes, a los ciudadanos que votan
a Unión Progreso y Democracia. Yo ya sé, señorías, que no ofende quien quiere sino quien puede. Por tanto, quede dicho que este grupo parlamentario, esta diputada y este partido político no se sienten ofendidos por las palabras del diputado
Errekondo, pero lo que no vamos a consentir nunca a nadie es que insulte a los ciudadanos que votan a Unión Progreso y Democracia; nunca y a nadie, particularmente nunca jamás a aquellos que todavía no han condenado los crímenes de ETA en toda su
historia de totalitarismo y de terror.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente la iniciativa del Grupo Socialista porque estamos convencidos de que en nuestro país ha nacido desde hace ya un cierto tiempo una nueva cruzada del Partido Popular; una nueva cruzada
basada en una ofensiva de nuevas leyes que quieren, bajo su punto de vista, poner las cosas y a la ciudadanía en su sitio: nuevo Código Penal, nueva ley de seguridad privada, ley de mordaza -mal llamada de protección de seguridad ciudadana- y han
dejado ya caer que tal vez también una nueva ley de huelga. Aviso a navegantes. Pero ¡cuidado! porque los navegantes no son los ladrones, no son los delincuentes posibles objeto de esta ley. Estamos hablando en un lenguaje mucho más antiguo:
rojos, masones, independentistas y otras gentes de mal vivir. ¿Se acuerdan de eso? De esto está hablando y en eso está pensando el Partido Popular cuando tira adelante esta nueva cruzada, esta nueva ofensiva conservadora; todos estos, a los que
si alguien del Partido Popular tuviese que resumir en una denominación llamaría los nuevos antisistema, son el objetivo de esta ley. Tengo que decirles de forma clara que el carácter de la ley mordaza se mantiene plenamente en su trámite actual,
porque el Ministerio del Interior va a tener plenas competencias para multar con hasta 600.000 euros aquellas acciones que considere punibles, y ello sin ningún control judicial. El listado de posibles infracciones que finalmente se contempla en el
anteproyecto de ley aprobado es similar al inicialmente anunciado; en él se incluyen actividades que hasta ahora no se consideraban como ilícitas o, caso de tener esa consideración, las sanciones se tenían que sustanciar a través de la
Administración de Justicia, cuestión que al menos daba la oportunidad de hacer alegaciones y que fuera finalmente un juez el que resolviera la cuestión. El procedimiento puesto en pie por el Gobierno anula totalmente la separación de poderes, que
es uno de los elementos básicos de una democracia, siendo a partir de ahora el Ministerio del Interior juez y parte, como anteriormente se ha dicho. No se trata de una cuestión baladí; hemos podido comprobar cómo una gran parte de las sanciones y
denuncias, por ejemplo, de la Delegación del Gobierno de Madrid, encabezada por la señora Cristina Cifuentes, fueron anuladas por los tribunales. Después de esta ley eso ya no va a pasar, por eso la están haciendo ustedes, porque tenemos demasiada
democracia, incluso para el Partido Popular. Las leyes mordaza, las políticas represivas en general no frenarán el clamor popular en contra de la corrupción, en contra de los recortes y de la involución democrática en nuestro país.
Voy acabando. Sabemos que diversas organizaciones sociales van a hacer oír su voz de protesta y han convocado para el 14 de diciembre una nueva acción de Rodea el Congreso. Señores y señoras del Partido Popular, su fotografía de España es
en blanco y negro. Tienen ustedes una mentalidad del país en blanco y negro. Para que no haya huelga y para que la huelga esté prohibida quieren resucitar la idea la idea del TOP, del Tribunal de Orden Público, y que los grises paseen por nuestras
calles. El 14 de diciembre se lo vamos a recordar: No pasarán.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar una posición que ya adelanto desde mi grupo que será contraria a la moción del Grupo Parlamentario Socialista. No le sorprenderá. A la vista está que al Grupo
Socialista, a la izquierda y a la izquierda de su izquierda, no le importa nada la futura ley; no le importa saber que protege los derechos y libertades de todos, ni que defenderá la convivencia en nuestras calles, ni siquiera les ha importado
conocer el texto, señor Trevín, porque la interpelación se produjo antes de conocer el más mínimo texto. Fue una intervención bajo sospecha, que es lo que ustedes suelen hacer. ¿Por qué? Porque a ustedes no les interesa el texto. Ustedes buscan
una coartada, una excusa. ¿Para qué? Como a la vista queda después de la intervención del último representante que me ha precedido en la tribuna, para encender el discurso de trinchera, el discurso de la barricada que no nos conduce a ningún
sitio. ¿Por qué? Porque ustedes están ocultando el monumental barullo interno que tienen. Tienen barullo con su izquierda y tienen también barullo territorial. Para todo eso es preferible elegir una pancarta que levantar, un grito que lanzar
para esconder -lamentablemente se lo tengo que decir- una incapacidad política para encontrar su espectro ideológico en ese viaje que no les conduce a ningún sitio. Es más cómodo pero más irresponsable pedir que se reforme la Constitución en vez de
arreglar los problemas dentro. En esas están ustedes. En ese barullo ustedes quieren confundir ahora mismo a toda la sociedad española. (Aplausos). Lo que estoy diciendo no es bueno ni para ustedes ni para España. Han renunciado al centro
político, han renunciado
al espacio de convivencia y moderación de la concordia que tanto nos está costando mantener a todos los españoles, y han elegido el de la confrontación demagógica atrincherada, que tampoco creo que nos conduzca a ningún sito.
De la intervención del señor Madina, hoy ausente, ¿qué podemos decir? Con el mejor de los tonos le tendremos que decir al señor Madina que lo que es evidente es que hace quince días presentó sus credenciales a dirigir el Partido Socialista
o, cuando menos, a presentar su candidatura. Eso es bueno, no lo valoro. Está bien. Lo segundo que se desprende de su intervención, señor Luena, es que al Partido Socialista la conferencia, esa que dice que el PSOE vuelve, no le ha servido para
nada, porque en la intervención del señor Madina, por ejemplo, la palabra que más se repetía era: miedo. Tenía un único objetivo, alarmar mediante fórmulas fracasadas. En ese argumento han olvidado ustedes que el partido de la patada en la puerta
es el Partido Socialista. El partido que sufrió uno de los mayores batacazos de la historia democrática con el Tribunal Constitucional, precisamente porque su ley atentaba contra las libertades, no puede erigirse en el paladín de la libertad; el
partido que ha perseguido a los hosteleros; el partido que propone multas hoy de 650.000 euros en los estadios de fútbol; el partido que perseguía hasta a los chiringuitos de la playa; el partido cuya ministra, por ejemplo, calificaba el vino
como bebida peligrosa (El señor Campos Arteseros: ¡Viva el vino!); el partido...
El señor PRESIDENTE: Un momento, vamos a ver. Señor Campos, no acabo de comprender su actitud. Le ruego que no insista por ese camino o me veré obligado a tomar medidas contra usted, cosa que deploro profundamente.
Continúe.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Señores socialistas, son gobiernos, dirigentes socialistas los que polemizan con cualquier excusa a cuenta de la libertad religiosa, por poner un ejemplo. Un partido que aspira a imponer, a dirigir la vida de
todos los españoles no es el más indicado para dar lecciones de libertad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora no gobiernan. ¿Entonces qué sucede? ¿Qué cambia? Que eligen la trinchera, abandonan la coherencia, abandonan la responsabilidad y
eligen el peor camino, para ustedes y para España. Eso, creo, lo van a lamentar.
Señorías -voy a ir acabando-, la seguridad necesita un debate sereno, olvidarnos de los atajos demagógicos, olvidarnos de clichés alicortos. No se puede presentar una interpelación sin conocer el texto, y hay que recordar, como ha
mencionado el representante de CiU -al que agradezco su intervención y su tono- que somos coherentes con un mandato impulsado por este Congreso de los Diputados. El anteproyecto de ley, según nuestro modo de ver, es una garantía para los derechos y
libertades de todos los españoles. El anteproyecto de ley supone ventajas para la gente, para todos los españoles, para la calle. Es una ley para nuestra convivencia; protege al manifestante del violento; defiende las elecciones de coacciones o
de desórdenes; protege a quien nos protege (a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a la Policía local); permitirá, por ejemplo, que bomberos, que profesionales de emergencia, que sanitarios puedan trabajar más seguros. ¿No es razonable
brindar más seguridad a quien va a salvar vidas y que se vea ante una dificultad? Es razonable. Protege más a nuestros menores. ¿O no es razonable que se persiga el tráfico de estupefacientes junto a un colegio para proteger a los menores? Va a
ayudar también a la tranquilidad de los comerciantes que tienen derecho a trabajar. Al turista, a nuestros mayores...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Gracias, señor presidente.
... a los estudiantes, a los concejales. Persigue la impunidad del violento y también defiende instituciones como este Congreso, como el Parlamento de cualquier autonomía española; porque proteger una institución es proteger a los
españoles, es proteger la confianza depositada en la institución por parte de todos los españoles. Yo creo que esto es algo grande. Además, esta ley -acabo, señor presidente- lo hace respondiendo a los principios de máxima garantía y de mínima
intervención.
Tres cuestiones para acabar. Se despenalizan ciertas conductas, primera idea. Se despenalizan, pero que yo sepa no es lo mismo perseguir penalmente una conducta...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no puede usted estar más tiempo. Termine usted.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: ... que hacerlo con infracciones administrativas. Segundo, se reducen las infracciones graves, de diez a siete, y se mantienen las mismas sanciones que en el año 1992.
Acabo con un ejemplo. Una manifestación sin comunicación hoy, con la ley del señor Corcuera, supone una infracción grave; con el anteproyecto una manifestación sin comunicación será una infracción simplemente leve. Esa es la medida real,
ese es el dato que ustedes no quieren escuchar. Por eso acabo con una cita de Erich Fromm. Si de lo que estamos hablando es de la libertad de todos, si de lo que estamos hablando es de la convivencia, yo les aconsejo un libro, El miedo a la
libertad, que es a lo que ustedes tienen miedo, a la libertad, porque este proyecto de ley lo que persigue es garantizar la libertad y la convivencia de todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Escobar.
Señor Trevín, ¿qué hacemos con las enmiendas?
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, daré cuenta de nuestra posición respecto a las enmiendas. Lamento que el señor Tardà no esté para decirle que pensé que nuestra conversación en la intimidad era suficiente para que conociera nuestra postura. (El señor Suárez
Lamata: Está ahí). Me alegro. Digo que pensé que nuestra conversación en la intimidad era suficiente para que conociera nuestra postura respecto a la enmienda que nos había presentado. Le pido disculpas públicamente y le digo que no la vamos a
aceptar; además como yo sé que usted también lo esperaba, no es ninguna novedad.
Respecto a la enmienda de Convergència i Unió quiero agradecerle el tono al señor Guillaumes, así como que, sabiendo que no vamos a aceptar su enmienda, plantee la posibilidad de una votación por puntos, aparte de contestarle a lo que
planteaba sobre por qué votamos en contra de la ley de seguridad privada después de no presentar una enmienda a la totalidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Trevín, me obliga usted a interrumpirle, cosa que no quería. Se trata solo de que diga cuál admite y cuál no. Ya nos lo ha dicho, ya nos ha dado toda la información que yo le solicitaba.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Pensé que, si no contestaba, podía ser desconsiderado; por eso lo hacía. Si usted dice que no se debe hacer, para mí es suficiente.
El señor PRESIDENTE: No tiene ninguna razón para considerarse así. Ha contestado. Simplemente es un trámite. Por lo tanto, la votaremos, por lo que veo, en sus propios términos (El señor Trevín Lombán: En sus propios términos y por
puntos) y con las divisiones que se propongan por artículos, etcétera.
Muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.
Corrección de error
En el 'Diario de Sesiones' n.º 163, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el martes 10 de diciembre de 2013, en la página 53, en la intervención del señor Yuste Cabello, tercer párrafo, dos últimas líneas, donde dice: '... los dos
partidos de la coalición de izquierdas de Aragón que represento yo en esta Cámara, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista.', debe decir '... los dos partidos de la coalición La Izquierda de Aragón que represento yo en esta Cámara: Izquierda Unida y
Chunta Aragonesista.'