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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 163, de 10/12/2013
cve: DSCD-10-PL-163
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 163
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 154
celebrada el martes,
10 de diciembre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento Vasco, sobre reforma de la legislación del régimen general de la Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 73-1, de 1 de junio de 2012. (Número de expediente 125/000010) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 134-1, de 13 de septiembre de 2013.
(Número de expediente 122/000113) ... (Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la especialización inteligente. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 262, de 26 de abril de 2013. (Número de expediente 162/000614) ...
- De los grupos parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Mixto y Catalán (Convergència i Unió), para la defensa y promoción de una televisión pública en valenciano y de calidad en
la Comunitat Valenciana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 367, de 29 de noviembre de 2013. (Número de expediente 162/000784) ... (Página40)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y, en concreto, las especificidades estatutarias de la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de financiación. (Número de expediente 173/000122) ... (Página52)
Minuto de silencio ... (Página59)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página59)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página60)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)
Del Parlamento Vasco, sobre reforma de la legislación del régimen general de la Seguridad Social ... (Página5)
Las señoras Otadui Biteri y Gallastegui Oyarzábal y el señor Matute García de Jalón, representantes del Parlamento Vasco, defienden la reforma de la legislación del régimen general de la Seguridad Social.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); así como las señoras Valerio Cordero, del Grupo Parlamentario Socialista, y Susinos
Tarrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Hace uso de la palabra la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos ... (Página19)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sánchez Amor, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como la señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página34)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la especialización inteligente ... (Página34)
Defiende la proposición no de ley el señor Fernández Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y los señores Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Cortizo Nieto, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, interviene el señor Fernández Álvarez.
De los Grupos Parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Mixto y Catalán (Convergència i Unió), para la defensa y promoción de una televisión pública en valenciano y de calidad en
la Comunitat Valenciana ... (Página40)
Defienden la proposición no de ley el señor Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, así como Tardà i Coma y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Puig Ferrer y Cantó García del Moral, y la señora Montesinos de Miguel.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página52)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y, en concreto, las especificidades estatutarias de la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de financiación ... (Página52)
Defiende la moción el señor Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Fernández Davila y el señor Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Suárez
Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Yuste Cabello.
La señora Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, hace uso de la palabra para plantear una cuestión de orden en relación con el artículo 72 del Reglamento en referencia al punto anterior del orden del día.
Minuto de silencio ... (Página59)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en memoria de Nelson Mandela, fallecido el pasado día 5 de diciembre.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página59)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco, sobre reforma de la legislación del régimen general de la Seguridad Social, se rechaza por 153 votos a favor; 168 en contra, más 2 votos
telemáticos, 170; y 1 abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, se rechaza por 130
votos a favor; 170 en contra, más 2 votos telemáticos, 172; y 23 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la especialización inteligente, con la incorporación de la segunda enmienda del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, de
adición, se aprueba por 176 votos a favor, 131 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Mixto y Catalán (Convergència i Unió), para la defensa y promoción de una
televisión pública en valenciano y de calidad en la Comunitat Valenciana, con la autoenmienda que los propios grupos han incorporado, se rechaza por 151 votos a favor, 169 en contra y 2 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página60)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con la reforma del sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas y, en concreto, las especificidades estatutarias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de financiación, se rechaza por 138 votos a favor, 174 en contra y 7 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al examen del orden del día vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento. En sustitución de doña Maria Mercè Pigem i Palmés, pregunto a doña Maria
Carme Sayós i Montilla si jura o promete acatar la Constitución.
La señora SAYÓS I MONTILLA: Jo prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Doña Maria Carme Sayós ha adquirido la condición plena de diputada. Enhorabuena. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO VASCO, SOBRE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 125/000010).
El señor PRESIDENTE: Punto I del orden del día, toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco sobre reforma de la legislación del régimen general de la Seguridad Social. Para su presentación nos acompañan tres
representantes del Parlamento Vasco que integran la delegación, que defenderán la proposición de ley, y les acompañan -están en la tribuna- la presidenta del Parlamento Vasco y el grupo representante de ese Parlamento. A todos ellos les doy la
bienvenida en nombre de la Cámara. (Aplausos).
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra, en primer lugar, doña Ana Otadui Biteri.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Otadui Biteri): Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención saludando en euskera).
Intervengo en esta tribuna en representación del Parlamento Vasco y en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Junto con mis compañeros, la señora Gallastegui y el señor Matute, solicitaremos de todas sus señorías la toma en consideración y
el voto favorable de la proposición de ley que hoy nos ocupa. Desde Euskadi promovemos la reforma de la legislación del régimen general de la Seguridad Social para posibilitar que los parlamentarios y parlamentarias de todas las asambleas
legislativas puedan cotizar en el régimen general de la Seguridad Social a fin de que al término de sus mandatos puedan acceder, en caso de cumplir los requisitos necesarios, a las prestaciones por desempleo correspondientes. Me van a permitir que
comparta con ustedes un breve relato de los trabajos que el Parlamento Vasco ha desarrollado en esta cuestión.
En el año 2010 el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad la creación de una ponencia para dotar al cargo público de un estatuto personal. La Comisión del Estatuto del Parlamentario, en el desarrollo de sus trabajos, tuvo la firme voluntad
de trabajar en la búsqueda de un mayor acercamiento entre representantes y representados, garantizando la eficacia y la dignidad del servicio público, buscando la transparencia, así como eliminando cualquier situación de privilegio, equiparando las
condiciones de los cargos públicos a las de cualquier trabajador. Sin temor a equivocarme, estoy convencida de que todos los aquí presentes compartimos el mismo objetivo, estoy convencida de que todos perseguimos una mayor transparencia en la
actividad política y de que todos perseguimos el loable objetivo de acercar a los ciudadanos a sus instituciones para que las sientan como propias; asimismo, todos buscamos alejar la desconfianza sobre el ejercicio de la política. Como
consecuencia de los trabajos de la ponencia se suprimieron los complementos de pensiones de los altos cargos del Gobierno y el Pleno del Parlamento Vasco aprobó, también por unanimidad, esta iniciativa legislativa.
El Parlamento Vasco aspira a que las Cortes Generales modifiquen estas dos leyes. Primera, la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto legislativo 1/1994 y, segunda, la
modificación de la Ley 37/2006 relativa a la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales. A través de esta ley se introdujo a los cargos electos
locales a representantes sindicales y a altos cargos de la Administración. Mediante las modificaciones legislativas que venimos a solicitar pretendemos que todos los parlamentarios y parlamentarias, no solo los vascos, sino todos los miembros de
todas las asambleas legislativas del Estado, se incluyan en el régimen general de la Seguridad Social y coticen por desempleo, de modo que cuando cesen en su condición de parlamentarios o parlamentarias tengan derecho percibir la prestación por
desempleo en caso, eso sí, de que cumplan con todos los requisitos, igual que cualquier otro trabajador, sin privilegios y sin opacidad. Queremos acabar con el sistema de las cesantías o con las indemnizaciones posteriores a la finalización del
mandato. Dichas cesantías, además de ser más costosas para las arcas públicas, en nada contribuyen a hacer del nuestro un sistema basado en la trasparencia, al contrario, producen opacidad y, por qué no, también confusión. Por contra, mediante
esta iniciativa solicitamos para los parlamentarios el mismo régimen que para el resto de los trabajadores, ni más ni menos, sin privilegios y con total transparencia.
Gracias por la atención que me han prestado y concluyo solicitando una vez más el amparo de sus señorías para esta iniciativa pionera que defendemos desde Euskadi en la convicción de que la honestidad es la mejor política. (Finaliza su
intervención en euskera.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Otadui.
Tiene la palabra ahora doña Miren Gallastegui.
La señora GALLASTEGUI OYARZÁBAL: Como saben, venimos desde el Parlamento Vasco, yo concretamente en representación del Grupo Socialista, para proponer una reforma legislativa que, como ya ha dicho mi compañera Ana Otadui, ha concitado la
unanimidad de los partidos que tienen representación en aquella Cámara todos ellos, todos ellos, también presentes en este Congreso de los Diputados. Traemos una propuesta que completa otras iniciativas que estamos allí adoptando con igual grado de
consenso para mejorar la función de representación política. Lo que se somete a la consideración de esta Cámara es que los parlamentarios que ya cotizamos a la Seguridad Social a través de un convenio especial tengamos también una previsión
normativa que ampare en su caso el pase a la situación legal de desempleo. Iguales obligaciones, iguales derechos. Es una reforma que no puede sorprender, señorías, porque ya en el año 2006 se introdujo en el sistema a los electos locales, a los
representantes sindicales
y a los altos cargos de la Administración. Pedimos que se amplíe a otro tipo de electos, los de las instituciones autonómicas, forales y cabildos, y lo hacemos sabiendo y asumiendo que no nos une ninguna vinculación laboral con las
instituciones en las que participamos, que nuestra única vinculación es con los ciudadanos y con la capacidad con la que les representemos; unos ciudadanos, señorías, que nos exigen la eliminación de cualquier privilegio o apariencia de privilegio,
la eliminación de cualquier distinción en la consideración de las rentas que percibimos.
En Euskadi hemos trabajado en esa línea desde hace ya muchos años. Tenemos un estricto régimen de incompatibilidades para quienes ocupamos un escaño en el Parlamento Vasco. Se fijó un régimen de retribuciones único, un sueldo público y
notorio, sin dietas y sin complementos. En la pasada legislatura el Gobierno socialista de Patxi López dio un enorme impulso a las acciones de transparencia en la gestión que, como todos ustedes saben, han tenido un reconocimiento importante a
nivel internacional y también se limitaron algunos elementos que derivaban de la época de la transición. Así, aquellos complementos de pensión que habían venido percibiendo consejeros y viceconsejeros fueron derogados. Decidimos que en el momento
de su jubilación no recibieran ninguna retribución pública al margen de la que les pudiera corresponder por su tiempo y cuantía de cotización a lo largo de su vida laboral como al resto de los ciudadanos. Cuando abordamos estas reformas lo hicimos
en su globalidad y, lo mismo que acordamos acomodar la situación de los políticos a la realidad social en cuanto al cobro de pensiones, entendemos que también debemos hacerlo en cuanto a sus derechos. La política no puede poner ni quitar derechos a
quienes deciden dedicar unos años de su vida o toda su vida al servicio público, y en Euskadi no hay pensiones vitalicias para los cargos políticos, pero tampoco hay derecho a cobrar el desempleo en el caso de que al dejar un escaño uno no pueda
disponer de un empleo como el que contaba con anterioridad o cualquier otro, aunque se haya estado cotizando a la Seguridad Social.
En un momento que parece poco propicio para ello reivindicamos la política, señorías, reivindicamos que sea a través de las instituciones cómo se canalice la voluntad de los ciudadanos para resolver sus problemas. Tenemos muchísimo que
corregir y para ello necesitamos que a nuestros diferentes proyectos se vayan incorporando ciudadanos preocupados y con vocación de servicio público. Es imprescindible que esos ciudadanos no sientan que al dar el paso de decidir prestar parte de su
vida al servicio público ponen en riesgo su futuro personal, porque la política hoy marca. Tenemos una imagen mala, la sociedad nos ve como un problema, no como una solución, y eso puede condicionar a quien quiera incorporarse. Si, además, sabe
que su paso por una institución le puede hacer perder el derecho a una prestación, si la necesitase, añadimos una barrera más.
Quienes en Euskadi desempeñamos la labor constitucional de representar a los ciudadanos estamos empeñados en eliminar espacios oscuros, estamos empeñados en ganar confianza y en despejar sombras de duda. Lo decimos, señorías, quienes
venimos de una tierra, de un país, en el que el trabajo de la política para muchos ha sido difícil. Hemos sufrido mucho por defender los intereses de los ciudadanos y mantener la pluralidad política en Euskadi sin pluses, sin compensaciones, sin
pensiones vitalicias. Por eso, desde ese compromiso seguimos ahora en la tarea de mejorar la transparencia y reforzar los controles sobre nuestra acción, pero nosotros, los políticos, somos ciudadanos, ciudadanos que trabajan en la política, sí,
pero ciudadanos. Iguales obligaciones, iguales derechos. Eso es lo justo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gallastegui.
Tiene la palabra ahora don Oskar Matute García de Jalón.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Matute García de Jalón): (Comienza su intervención saludando en euskera).
Como han señalado las personas que me han precedido en el uso de la palabra, vengo como parte de una delegación del Parlamento Vasco representando a mi grupo parlamentario, Euskal Herria Bildu. Venimos a conminarles a que apoyen la
proposición de ley que hoy les traemos aquí por una regla muy sencilla, porque creemos que tienen que acabar los espacios de impunidad, porque creemos que tienen que acabar los privilegios para la mal llamada clase política, y porque la mejor manera
de que se acabe con eso, que de manera tan equivocada se llama casta o clase política, es que estos se comporten como lo que son: ciudadanos y ciudadanas. Nosotros no venimos a pedir que se nos equipare con ciudadanos o con ciudadanas, venimos a
pedir que como ciudadanos y como ciudadanas tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones y, como bien se señalaba en las intervenciones precedentes, para seguir dando pasos en eso que significa acabar con los privilegios, acabar también
con las pensiones o
con los complementos de pensión que elevan al final de la vida laboral la pensión hasta el tope salarial que se puede percibir. Esta es una iniciativa que en el Parlamento de Gasteiz ya está aprobada y que nos gustaría que emularan no solo
otros parlamentos autonómicos, aunque de ellos dependa, sino instituciones de más altas cotas.
En cualquier caso, lo decimos con sinceridad desde Euskal Herria Bildu: para nosotros es importante que en esta crisis de régimen se acabe de manera definitiva con aquello que tiene que ver con una mala interpretación de la democracia
representativa, una democracia representativa que convierte en un páramo democrático a las instituciones y que convierte en un aislamiento total a los ciudadanos y ciudadanas respecto a sus representantes. Creemos, además, que eso es
fundamentalmente bueno para acabar con otra lección perversa de esto que se llama democracia, que es la que tiene que ver con las puertas giratorias, es la que tiene que ver con los sobres y es la que tiene que ver con esa colaboración
público-privada mal entendida que detrae dinero de lo público para enriquecer los bolsillos de unos pocos que compensan a determinados políticos, elevándolos a los consejos de administración de grandes empresas.
Todo eso tiene que acabar, por eso apoyamos iniciativas tan sencillas, tan simples y tan poco pretenciosas como la que hoy traemos aquí, y -lo decimos también con claridad-, puede ser aleccionadora incluso. Puede ser aleccionador que todos
los diputados y diputadas autonómicas tengan el mismo tratamiento, el mismo trato o maltrato que reciben los ciudadanos y ciudadanas, porque probablemente así algunas de sus señorías entenderán la dureza y la crueldad de los recortes en la
prestación por desempleo y de los recortes en las protecciones sociales a las que venimos siendo sometidos.
Finalizo mi intervención con la siguiente cuestión: esperamos y deseamos que desde Euskal Herria Bildu no tengamos que venir a comparecer nunca más para pedir que este Parlamento, que este Congreso de los Diputados, dé salida o respuesta
positiva a una iniciativa como la que traemos. Lo que nos gustaría es que este debate empezara y terminara en nuestro territorio, en Euskal Herria, y por tanto no tuviéramos que venir aquí a reclamar lo que entendemos que por derecho nos
corresponde, que es el ejercicio efectivo y legítimo de nuestra soberanía. (Finaliza su intervención en euskera).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Oskar Matute.
No hay petición de turno en contra, por tanto, entramos en fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: (Comienza su intervención en euskera). Desde Amaiur, como es lógico, apoyaremos esta proposición que se aprobó por unanimidad en el Parlamento Vasco. En primer lugar, queremos destacar que es una propuesta lógica
y de sentido común que, acorde con el principio de igualdad, equipara a los representantes electos con el resto de ciudadanas y ciudadanos que realizan una actividad laboral, ya que, si bien es cierto -como señala la exposición de motivos de la
proposición de ley- que los parlamentarios no están vinculados laboralmente, tanto la dedicación como las incompatibilidades y las percepciones lo hacen equivalente. Hablamos de igualdad. Por lo tanto, al igual que pedimos el cese de privilegios,
solicitamos la equiparación en la previsión de desempleo, lo cual ayudará a acabar tanto con las cesantías como con las indemnizaciones así como -según señalaba mi compañero Oscar Matute- con los sobres y las puertas giratorias. Será más
transparente y más justo; esto es, ni privilegios ni desventajas. En el Pleno del Parlamento Vasco un parlamentario señaló lo siguiente: defiendo estos derechos para los parlamentarios autonómicos en el bien entendido de que vamos a reclamar que
los políticos no tengan ni más ni menos derechos que cualquier otro trabajador en nuestro sistema de Seguridad Social. -Fin de la cita-. El parlamentario era miembro del Partido Popular. Que nos explique hoy el Partido Popular por qué han
cambiado de parecer, que nos expliquen -si pueden- lo injustificable, que es por qué votarán en contra.
En segundo lugar, desde Amaiur queremos lanzar una reflexión a la sociedad vasca y es que hoy, una vez más, queda en evidencia que las sociedades vasca y española somos sociedades diferentes, ni mejores ni peores, simplemente diferentes, con
prioridades, con visiones y con valores diferentes. Una demanda democrática y unánime que fue aprobada en el Parlamento Vasco, quedará ahogada en las instituciones españolas, y no es la primera vez pero intentaremos que sea la última. De igual
forma hoy debemos recordar a los adalides del Estado de derecho y a los hooligans de la Constitución que treinta y cinco años después de la aprobación del Amejoramiento del Fuero Navarro y del Estatuto de Gernika, parte del bloque constitucional,
decenas de competencias siguen sin transferirse, algunas tan relacionadas
con el asunto que hemos tratado hoy como es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social o las políticas pasivas de empleo, entre otras. Aquí, en esta Cámara es una costumbre hacer excepciones y rechazar todo aquello que está
contemplado para y viene desde el País Vasco, desde Euskal Herria. Por ello y en conclusión, constatamos que a los ciudadanos y ciudadanas vascas no nos queda otra solución que construir un marco propio, soberano, que dé cabida a las aspiraciones y
deseos de la ciudadanía vasca. (Finaliza su intervención en euskera).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, representantes del Parlamento Vasco, compañeros -algunos compañeros de correrías parlamentarias en externo a glosar en este momento-, quiero empezar mi intervención diciendo que es una
iniciativa, la que ustedes presentan, preñada de razón, de sentido común. Preñada de sentido común porque convivimos -ustedes lo han glosado perfectamente- con dos suertes de patologías que afectan a la actividad política -que por su propia
naturaleza debería ser la actividad más noble de las existentes- vinculadas a casos de corrupción de gran dimensión que lo prostituyen todo, que son difíciles de remover, que nos provocan un problema de falta de credibilidad y de desafección
ciudadana; y que leyes, normas o actitudes parlamentarias como la aprobación de leyes -como la Ley de Transparencia, la modificación del Código Penal o la modificación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos-, no remueven en el inconsciente
colectivo de los ciudadanos la sensación de que los corruptos están ganando la batalla; y yo participo de esta opinión.
Existe la sensación colectiva de que los corruptos están ganando la batalla en los casos de corrupción de gran dimensión. Pero junto a este elemento de desafección ciudadana y de pérdida de credibilidad o limitación de la credibilidad de
los representantes públicos, en relación con los cuales el Estatuto del cargo público en Euskadi proclama que debe ser elemento relevante referente de la probidad en el ejercicio de las funciones públicas -me parece una buena frase, una buena
reflexión, solemne, pero digna y adecuada-, existe otra percepción en el inconsciente colectivo de que nos beneficiamos, los representantes políticos, de una suerte de canonjías, prebendas, privilegios que son inexistentes en la generalidad de los
casos. Su regulación jurídica puede ser oscura, es cierto; su regulación jurídica puede ser también opaca y desordenada en todo caso, es cierto; pero se nos atribuyen privilegios que no poseemos: cesantías, pensiones vitalicias, pensiones que se
complementan hasta el máximo, indemnizaciones por cese de cargos, cuando la verdad es que nada de esto afecta a la mayoría de los representantes públicos. Desde esa perspectiva, la percepción de la existencia de privilegios de esta naturaleza
también provoca desafección y limita la credibilidad en la gestión de la representaciones políticas que a cada cual nos corresponde.
Ustedes pretenden, nosotros compartimos esa opinión -por cierto, me permito recordar a esta Cámara que todos los grupos aquí presentes votaron esta iniciativa en el Parlamento Vasco y, cuando digo todos, digo todos los grupos, sin ninguna
excepción, aquí presentes, algunos con particular entusiasmo, con particular énfasis; todos los grupos votaron a favor de esta proposición-, normalizar en el ámbito de la protección social esas pretendidas canonjías, privilegios y prebendas que
pretendidamente nos afectan. ¿Cuál es el mejor procedimiento para normalizar esa protección social que nos merecemos como personas que desarrollamos una actividad que, en el caso de la mayoría de los que estamos aquí, es particularmente onerosa, es
compleja, nos obliga a muchas jornadas, a mucha dedicación, a muchos esfuerzos, a destinar a ella los fines de semana? El que les está hablando participa en diez Comisiones en esta Cámara, tiene dificultades serias para atender a todas sus
responsabilidades, y lo intentamos, aun así, hacer con la mayor dignidad de la que somos capaces. Esto no se percibe por los ciudadanos, esto no nos reconcilia con los ciudadanos. ¿Qué es lo mejor? Normalizar nuestra situación, normalizarla
jurídicamente desde la perspectiva -retributiva no haría falta porque las retribuciones no son particularmente grandes o relevantes- de la protección social. Por lo tanto, lo que se preconiza o se solicita es modificar distintas leyes que nos
asimilan al régimen de protección de la contingencia de desempleo a los trabajadores, a los demás trabajadores dependientes. No hay nada mejor para vacunarnos o para proyectar una imagen de normalidad en el ámbito de la protección social, que
identificarnos absolutamente con los demás trabajadores dependientes existentes en este país. Incluso el señor Matutes abría con los quebrantos que a esta protección afectan recientes normas o algunas de las normas que se están aprobando en esta
legislatura; también con esos quebrantos, pero igual que los demás trabajadores
dependientes. Eso nos exonera y nos libera de esta apariencia, de este fumus de que gozamos prebendas, de privilegios, de canonjías que no son ciertos con carácter general. Este camino ya está iniciado, se inició en el año 1999 con el Real
Decreto 705/1999, en virtud de convenios específicos que se podían concertar con la Tesorería General de la Seguridad, lo que pasa es que nunca se llegó a la cobertura de desempleo, y muchos cargos políticos, muchos representantes institucionales y
parlamentarios cuando abandonan su función se convierten en desempleados, como tantos otros trabajadores de empresas, que cuando pierden su trabajo se convierten en desempleados. Siguió este tránsito con la Ley 37/2006, donde se extendió a los
representantes de las corporaciones locales la protección de la contingencia de desempleo mediante la incorporación de las reformas pertinentes en el Real Decreto Legislativo 1/1994, la Ley General de la Seguridad Social. Recuérdese que la
prestación de desempleo tiene la naturaleza jurídica de prestación de Seguridad Social mediante un sistema de aportaciones a esta contingencia y, por tanto, de obtención de las prestaciones y, en su caso, de los subsidios en el ámbito no
contributivo de esta contingencia.
Ahora ustedes solicitan dar el siguiente paso y yo pido a mis compañeros de la Cámara que también piensen si resulta pertinente para esta Cámara, el Congreso de los Diputados, y para el Senado, además de para los parlamentos autonómicos, los
cabildos insulares, las juntas generales, las corporaciones locales y los representantes sindicales que, en virtud de la naturaleza de mayor representatividad sindical, ejercen competencias públicas o cuasi públicas, por lo que se ubica también a
determinados representantes sindicales en esta prestación, porque necesitan liberarse para realizar las competencias que la Ley Orgánica de Libertad Sindical les atribuye. Piénsese también si para diputados y senadores no sería pertinente este
elemento de normalización. Es una previsión antiprebendista la que ustedes proponen y que nosotros aceptamos en sus propios términos; es una previsión contra los pretendidos privilegios que nos benefician en el ámbito de la protección social,
contra las pretendidas canonjías que nos benefician en el ámbito de la protección social. No existen esos privilegios y canonjías, existe una normativa difusa, que en algunos casos indemniza problemas verdaderamente lacerantes. Recuerdo a Enrique
Curiel, miembro del Partido Comunista, portavoz de su grupo parlamentario durante muchos años en esta Cámara, que murió en la más absoluta pobreza, con una pensión asistencial que no cubría las necesidades elementales para subvenir las necesidades
de la vida, como preconiza la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Como Enrique Curiel hay muchos que cuando dejan de ostentar la función representativa o el cargo público que ostentan se convierten en desempleados, como los demás
trabajadores, sin ninguna singularidad, sin ninguna diferencia. Por eso es muy pertinente reformar los artículos que ustedes pretenden que se reformen, el artículo 97.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, relativo al ámbito de cobertura de la
contingencia de desempleo, ámbito de cobertura que acogería también a los parlamentarios de los parlamentos autonómicos. También se incluye la reforma del artículo 205, con relación a la mecánica o a la estructura de cómo aportar a la contingencia
de desempleo, es decir, las cotizaciones relativas a la contingencia de desempleo para que, una vez cubiertos los periodos de carencia obligatorios, se pueda percibir como cualquier otro trabajador, sin ninguna singularidad, esta contingencia.
Asimismo, se incluye la reforma del párrafo segundo de la disposición adicional cuadragésimo segunda, con relación a quién está legitimado para determinar la condición de desempleado de una persona que ha ostentado representaciones públicas
institucionales o parlamentarias. Por último, está la obligación de cotizar y los mecanismos atinentes a la obligación de cotizar.
En este momento estamos -lo dicen los representantes y portavoces del Partido Popular-, con una dimensión vinculada casi a la prosopopeya, y si se descuidan a la épica, en una nueva fase regeneracionista. Después de treinta y cinco años de
vigencia de la Constitución parece ser que nos hemos dado cuenta de que hacía falta regenerar las instituciones públicas, y de ahí viene la aprobación de leyes como la de la transparencia, la de financiación de los partidos políticos, la
modificación del Código Penal endureciendo las penas, el reproche penal y los ilícitos penales vinculados a la corrupción política. Pero el regeneracionismo no está vinculado a esto; está vinculado a la probidad, a la honestidad personal y sobre
todo a la no posesión de ningún tipo de privilegio. ¿Cuál es la forma de no poseer ningún tipo de privilegio? Identificar nuestra protección social con la protección social que afecta o beneficia -la expresión beneficiar tendría una dimensión casi
eufemística, comparto algunas de las reflexiones que se han hecho- a los trabajadores dependientes con carácter general. Esto sí es iniciar un proceso, una fase regeneracionista de verdad, no retórica; sin prosopopeyas, auténtica. Somos
trabajadores como los demás y tenemos la protección social que tienen los demás trabajadores.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir terminando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente, acabo ya.
Y como somos como los demás trabajadores, ni más ni menos, y además como los demás trabajadores en la generalidad de los casos somos, parafraseando a Orwell, como el caballo de la granja de los animales, trabajadores que trabajamos de verdad
pero además somos nobles y honestos con carácter general, nos merecemos lo que se merecen los demás trabajadores: la contingencia del desempleo y las demás contingencias que les afecten por lo que han cotizado. Ni más ni menos, señor presidente.
Esto es transparencia y regeneracionismo, pero del de verdad.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
El Parlamento Vasco trae a la Cámara una proposición de ley que tiene como objetivo básico incorporar a los parlamentarios autonómicos al régimen general de la Seguridad Social de forma que coticen y reciban la prestación por desempleo. Se
centra, por tanto, en un grupo concreto, los parlamentarios autonómicos, y en una diferencia de trato concreta, las prestaciones por desempleo. A nosotros nos preocupa esto como parte de una realidad más amplia de la que venimos hablando hace ya un
lustro: el tratamiento diferencial que tienen no solo los parlamentarios autonómicos, sino también los diputados al Congreso y los senadores, y que no se limita a la prestación por desempleo, sino que se amplía a otras diferencias de trato que
suponen ventajas y en ese sentido suponen privilegios. Nosotros no queremos que tengan ese inconveniente que ahora tienen de no cobrar prestaciones por desempleo -nos parece bien lo que aquí se trae-, pero no nos parece bien que se mantengan otras
diferencias de trato ventajosas que suponen privilegios. Eso lo conocemos mejor por nuestra propia realidad: el régimen que afecta a los diputados al Congreso, que tradicionalmente han venido disfrutando de al menos cinco diferencias de trato que
se pueden considerar ventajas. No estamos incluidos en el régimen general de la Seguridad Social. No pagamos la cuota que corresponde al trabajador porque la Cámara paga íntegramente la cuota. Hay unos complementos de pensiones que hacen que
después de once años se tenga la pensión máxima y a partir de los siete años del 80 % de esa pensión máxima hacia arriba. Hasta hace poco tiempo había unas aportaciones a fondos privados de pensiones. Y no hay derecho a la prestación por
desempleo, efectivamente, pero a cambio hay unas indemnizaciones por fin de mandato que equivalen a una mensualidad por año de mandato. Todas estas diferencias de trato deberían ser corregidas. No estamos a favor -insisto- de ningún privilegio
para un ciudadano que se dedique a la política ni tampoco estamos a favor de ninguna diferencia de trato negativa. El trato debe ser idéntico al de cualquier ciudadano; no debe haber ninguna diferencia de trato para nadie, ni para los
parlamentarios autonómico, ni para los senadores, ni para los diputados del Congreso. ¿Por qué? Los intervinientes anteriores han dado muchas razones y buenas, pero hay otra que querríamos añadir y que también nos parece importante: nosotros
legislamos sobre estas cuestiones, tomamos decisiones que afectan a los demás y no podemos quedar exentos de las consecuencias de esas decisiones. Hace poco se ha aprobado aquí una reforma de las pensiones que tiene importantes implicaciones para
los pensionistas y creemos que nosotros debemos vernos también afectados por nuestras propias medidas y no quedar al margen de nuestras decisiones.
Como este tema nos preocupa y no desde ahora, sino, insisto, desde hace un lustro, me voy a permitir resumir brevemente las iniciativas que Unión Progreso y Democracia lleva presentando reiteradamente sobre estas cuestiones de diferencia de
trato generalizada en parlamentos autonómicos y nacionales. Ya en abril del año 2010 nuestra portavoz, Rosa Díez, envió una carta a las Mesas del Congreso y del Senado planteando esta cuestión. Esas propuestas -ambas cartas- fueron desestimadas.
Poco después, en enero del año 2011, presentamos un voto particular en el informe de evaluación del Pacto de Toledo; ese voto particular fue rechazado. En la Ley 27/2011, la reforma de las pensiones del Gobierno socialista, presentamos una
enmienda en este sentido, que también fue rechazada. A la última reforma laboral, del Partido Popular, también presentamos una enmienda en este sentido que fue rechazada. En la última reforma de las pensiones del Partido Popular, hace pocas
semanas, presentamos una enmienda al respecto que también fue rechazada. Y en todos y cada uno de los Presupuestos Generales del Estado desde el año 2011 hasta hoy hemos presentado enmiendas en este sentido y todas han sido rechazadas. En otras
instituciones hemos hecho lo mismo; en la Asamblea de Madrid, en noviembre de 2011, presentamos una proposición de ley semejante jurídicamente a la que hoy nos llega pero con este mayor alcance que he señalado. Tengo que decir, y lo digo con
pesar, que hemos defendido estas iniciativas en
solitario. Por ejemplo, en la reforma laboral última hubo un voto a favor de esta iniciativa -el nuestro-, tres abstenciones y todos los demás votos -los de los dos grandes grupos, por supuesto- en contra de esas propuestas. Y no solo eso,
sino que cuando se ha debatido la cuestión hemos sido objeto de discursos en gran medida agresivos diciendo que descalificamos la actividad política, que somos demagogos, que somos populistas. Todo lo contrario, creemos que estas propuestas
legitiman las instituciones, modernizan el régimen de Seguridad Social de los parlamentarios y en último término no denigran las instituciones, las favorecen. Crean, porque hablo con toda sinceridad, que si presentamos esto una y otra vez no es
para denigrar las instituciones, sino para acercarlas a los ciudadanos.
Nos preocupa también el régimen del que gozan los expresidentes del Gobierno cuando termina su mandato, no porque cuestionemos el respeto que debe tener su figura, por supuesto; no porque cuestionemos que deban tener un estatus y dignidad
durante el resto de su vida una vez que abandonan la presidencia del Gobierno, sino que lo que nos preocupa y no creemos compatible es tener millonarias remuneraciones privadas en una gran empresa multinacional o vendiendo muchos libros
legítimamente y sumar a eso además unos ingresos públicos. Los ingresos públicos deberían recibirlos si son necesarios para mantener ese nivel de vida que se considera adecuado para un expresidente, pero sumar ingresos públicos a multimillonarios
ingresos privados en nuestra opinión no tiene ningún sentido. Así lo hemos planteado reiteradamente y así se ha rechazado también reiteradamente de nuevo con el discurso de: critican ustedes la actividad política, son demagogos, son populistas.
Insisto, todo lo contrario, todo lo contrario y estoy seguro de que así lo entenderán todos los ciudadanos que escuchan este discurso.
Por tanto votaremos, como no puede ser de otra manera, la admisión a trámite de esta proposición de ley que viene del Parlamento Vasco. Nos alegra que haya más grupos que se vayan sumando a este tipo de propuestas y creemos que es
perfectamente posible desde el punto de vista jurídico aprobar lo que aquí se pide porque ya se ha hecho en el pasado algo muy semejante en el caso de los concejales. Por lo tanto, la dificultad jurídica no existe. Si se admite a trámite -lo que
no parece probable-, nuestras enmiendas irán en la dirección que he apuntado. Creemos que esto hay que ampliarlo a colectivos más amplios que los parlamentarios autonómicos -diputados y senadores nacionales- y hay que ampliarlo a diferencias de
trato que no se circunscriban a la prestación por desempleo sino a todas las diferencias de trato que se pueden considerar privilegio y que antes he citado. Nuestro parlamentario en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, votó a favor de esta propuesta y
nosotros en coherencia votaremos a favor. Lo que resulta más difícil de entender es la actitud de grupos que en la Cámara vasca votan una cosa y aquí la contraria o de grupos -como el Grupo Socialista- que cuando se ha presentado esta propuesta por
UPyD han votado en contra pero cuando viene de otros orígenes puede que voten de otra manera.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar mi intervención en nombre del Grupo de La Izquierda Plural saludando a los representantes de la ciudadanía de Euskadi y deseando que su iniciativa tenga éxito, porque será el de todo el mundo.
Nuestro grupo va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley porque entiende que da respuesta a un problema que colea desde hace tiempo: el acceso a la prestación de desempleo prevista en la Ley de Seguridad
Social para los miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Además, sinceramente, se trata de una proposición de ley no solo bien argumentada sino también bien articulada. Es evidente -creo que no hace falta insistir- que
hoy la prioridad política en esta Cámara en relación con la prestación de desempleo es otra pero, por si alguien quisiera manipular este debate, no estaría de más recordar algunas cosas. Hoy nuestra prioridad es la situación en la que se encuentran
las personas desempleadas después de los sucesivos recortes en la prestación de desempleo por parte del Gobierno del Partido Popular, pero que la prioridad política sea otra no merma ninguna legitimidad a la propuesta del Parlamento Vasco. Además,
me van a permitir ustedes que antes de entrar en harina insista en una idea, la caída del gasto del desempleo prevista en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 no obedece desgraciadamente a una mejora del empleo, sino a una caída brusca
del nivel de protección de las personas paradas. En esta Cámara se han adoptado medidas que nos han llevado a la situación siguiente: solo 6 de cada 10 parados inscritos en los servicios
públicos de empleo reciben prestación y, de los que cobran, más de la mitad, el 53 %, reciben un subsidio asistencial; 2 millones de personas si atendemos a los datos de los servicios públicos de empleo, y 3 si atendemos a los datos de la
EPA, son parados y no reciben ninguna prestación, y eso, como ustedes saben, no es ninguna maldición bíblica, sino que responde al resultado de determinadas políticas adoptadas en estos dos últimos años. Y quiero recordar que son la causa del
incremento de la desigualdad y la pobreza en este país; no la única, pero sí importante. Lo es especialmente en un colectivo, el de mayores de cincuenta años, que en estos momentos se encuentra especialmente vejado. Primero se hizo desaparecer el
subsidio de mayores de cuarenta y cinco años; simultáneamente, se pospuso el subsidio de mayores de cincuenta y dos hasta los cincuenta y cinco años y se redujeron las bases de cotización de esos parados con subsidio, de manera que se les castigaba
no solo como parados sino también como futuros pensionistas, y después se les ha restringido el acceso a la jubilación anticipada. Si he querido dejar constancia de esa realidad es para que nadie fuera de esta Cámara quiera manipular el debate de
hoy utilizando, como se hace frecuentemente, la demagogia antipolítica, que sin duda es el primer camino, el camino más directo hacia el poder de los mercados o hacia el populismo del fascismo.
En este contexto discutimos la proposición del Parlamento Vasco, y quiero insistir en que nos parece muy adecuada. Somos conscientes de que la relación jurídica existente entre los miembros de las asambleas legislativas y esas asambleas
legislativas no es una relación laboral, pero por si ese fuera el argumento que tuviera la tentación de utilizar el Grupo Parlamentario Popular, les quiero insistir en que ya desde hace algún tiempo nuestra legislación de Seguridad Social ha
ampliado el propio concepto de ámbito protector. En ese sentido, el simple hecho de que esa misma prestación se haya reconocido ya para los alcaldes y concejales de las administraciones locales es un precedente a tener en cuenta, y el simple hecho
de que los miembros de esta Cámara tengan una relación no de privilegio, sino de convenio especial con la Seguridad Social, régimen general -siento decirlo en ese sentido-, es una prueba evidente de que eso es viable jurídicamente. La relación de
los miembros de las asambleas legislativas con sus respectivas asambleas legislativas no es una relación laboral, sin duda es un contrato, es una figura jurídica basada en el mandato representativo, una figura jurídica que llega al derecho público
de la mano del derecho privado y que tiene sus orígenes en el derecho romano. Por cierto, si tuviéramos la suerte de ser regidos por el derecho romano en estos momentos y la figura del mandato representativo se aplicara a este Parlamento, muy
probablemente hubiera provocado ya la ruptura de ese mandato entre los electores y aquellos que fueron elegidos, es decir, el Partido Popular y el Gobierno que le representa, porque, en definitiva, ese mandato representativo se ha roto
estrepitosamente. Quiero recordar que esa es la propia figura del mandato representativo. En ese caso, insisto en estas cuestiones porque me parece oportuno.
Que la relación de los miembros de las asambleas legislativas no sea laboral no es obstáculo para que puede incluirse a esas personas en el ámbito protector de las prestaciones del desempleo, previas las cotizaciones en igual régimen y
contenido que el resto de afiliados a la Seguridad Social. Llamo la atención: este planteamiento no supone ningún privilegio, más bien al contrario. Desgraciadamente no supone ningún privilegio porque el nivel de las prestaciones de desempleo en
estos momentos es todo menos un privilegio, pero incluso ni tan siquiera un privilegio comparativo. Vuelvo a insistir en que eso es exactamente lo que se hizo en su momento con la Ley 37/2006 para cargos electos locales. En esta Cámara, en mi
propio grupo, hay personas que han sido alcaldes de ayuntamientos muy pequeños, con mucho sacrificio, que al terminar después de muchos años su dedicación a la actividad política se han visto en la calle sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo
de privilegio. Señorías, posiblemente ustedes rechacen esta posición pensando que es innecesaria, pensando que en general es cierta esa imagen, que ustedes han ayudado a cultivar, de que los representantes políticos somos todos gente con
privilegios y que antes y después de nuestra responsabilidad tenemos la vida asegurada por no se sabe qué, tenemos la puerta giratoria asegurada; pero algunos podemos decir bien claro que lo que para unos es una puerta giratoria para otros es una
puerta en los morros cuando hemos osado enfrentarnos al poder económico, y ese poder económico les puedo asegurar que no perdona. ¿Verdad, Cayo? Es así, ¿no?
Pues bien, situando esos ejemplos de nuevo, quiero insistir en esa idea: nada de privilegio. Este no es un debate de privilegios entre ciudadanos y nosotros, es un debate de no discriminación entre miembros de las asambleas legislativas,
porque no todo el mundo tiene acceso a esos privilegios de la puerta giratoria y porque lo normal es que si alguien cesa en su actividad profesional, sea cualquiera la relación que tiene con esa actividad profesional, y no tiene medios de ingreso y
reúne el resto de condiciones, pueda acceder, de acuerdo a la legislación de Seguridad Social, a la prestación de desempleo en las
mismas condiciones y con las mismas exigencias que se establecen para el resto de los ciudadanos afiliados a la Seguridad Social.
Me van a permitir que mi grupo no haga ostentación de sus comportamientos en esta Cámara, nunca es bueno, pero como no quisiéramos pasar por alto que la defensa de determinados comportamientos es exclusiva de determinados grupos, y prefiero,
por el respeto que tengo a determinadas personas, no hacer ninguna mención personal, les he de decir que nuestro grupo ha presentado muchas propuestas en ese sentido, pero sobre todo ha presentado una que ha prosperado porque solo dependía de
nosotros: al iniciar esta legislatura, renunciar al fondo de pensiones complementario, porque pensábamos que eso generaba situación de privilegio. Quien quiera tener un fondo de pensiones se lo puede pagar y, desde ese punto de vista, creo que
estamos en condiciones de hacerlo.
Dicho esto -acabo con estas palabras-, tenemos la oportunidad de resolver un problema. Creo que además este Parlamento debe hacerlo, porque así lo hace de manera armonizada en el conjunto de asambleas legislativas de las comunidades
autónomas, que no quiere decir de manera centralizada ni uniforme, y en segundo lugar, porque si no lo hacemos más pronto que tarde muchas cámaras autonómicas van a buscar atajos o placebos -de hecho, algunos ya lo han hecho-, y si se buscan atajos
y placebos para resolver una situación injustificada será entonces cuando se van a regular situaciones incomprensibles que sí pueden ser vistas a ojos de la ciudadanía como absolutamente de privilegio. La mejor manera de que no haya privilegios es
tratar en condiciones de igualdad a aquellos que son iguales; iguales son aquellos que al cesar su relación profesional dejan de tener ingresos y tienen derecho por haber cotizado antes a tener una prestación de desempleo. La verdad es que el
sentido común de esta propuesta es tan grande que tengo unas ganas inmensas de escuchar los argumentos en contra que parece que nos va a dar el Partido Popular, espero que estén a la altura de la proposición que nos ha traído el Parlamento Vasco.
Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Doy también la bienvenida a los representantes del Parlamento Vasco, (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia), algunos de sus portavoces han afirmado que esta era una iniciativa simple y sencilla y, como están
observando, el debate no es tanto estrictamente en relación con la solución concreta que nos plantean respecto a las situaciones de finalización del mandato parlamentario y de la protección social que se genera o no, sino que el debate que hemos
abierto tiene que ver con elementos substanciales de la discusión planteada hoy en nuestra sociedad sobre el papel de la política, sobre la remuneración de la política, sobre la protección social de aquellos que hacemos política, un debate que en
ningún caso es simple y sencillo y que, analizado desde Cataluña, y el señor Coscubiela seguramente estará de acuerdo conmigo, inevitablemente, al menos a mí, me lleva a recordar a Antoni Farrés, el añorado y llorado alcalde de Sabadell por el PSUC,
que al finalizar su mandato como alcalde después de un periodo largo -finalizó porque él decidió retirarse de la política- se desplazó a una oficina del antiguo INEM para solicitar su prestación por desempleo, que lógicamente se vio rechazada. Toni
Farrés no hizo ese acto desde el desconocimiento de que aquello no estaba legislado, sino precisamente para evidenciar aquella ausencia de protección social que tenían hombres como él, que desde 1978 hasta bien entrados los años noventa habían
dedicado el mejor tiempo de su vida al servicio de la comunidad. Y cito a Toni Farrés porque precisamente en aquella iniciativa parlamentaria, que si no recuerdo mal fue impulsada por la Federación Española de Municipios, de generación de la
obligación de cotización para alcaldes y concejales, y por tanto de derecho de acceso a la prestación por desempleo, el recuerdo de Antoni Farrés estaba muy presente. Desde este punto de vista lógicamente la iniciativa que nos plantea el Parlamento
Vasco debe encontrar el apoyo de Convergència i Unió; si entonces fuimos capaces de resolver de manera adecuada esa falta de protección de alcaldes y concejales, hoy debemos hacerlo en relación con los parlamentarios autonómicos, y no solo
evidentemente en relación con los parlamentarios autonómicos, ¿por qué no en relación los miembros de las Cortes Generales? Esa sería una buena razón también para la toma en consideración de esta iniciativa que nos llega desde el País Vasco.
Se trata de introducir la idea de principio de trato igual, de evitar una sobreprotección que sea innecesaria, pero garantizando una seguridad imprescindible. Porque, señorías, en la discusión sobre la regeneración democrática y sobre la
apertura del sistema democrático tan importante es la capacidad de
abrir la política institucional a quienes están fuera de la política institucional como, al mismo tiempo, ser capaces de construir salidas dignas para aquellos que sirven en las instituciones. Porque el problema no es tan solo cómo se
entra, sino cómo se sale, y en la salida la generación de una seguridad, de unos ingresos mínimos durante un cierto tiempo para que las personas que han dedicado una parte de su vida a la acción institucional, a la acción en favor del interés
general tengan espacio para reinventarse, para reciclarse, para generar nuevos proyectos, para ser capaces de iniciar una nueva vida profesional nos parece imprescindible. Es imprescindible precisamente para superar algunos de los vicios que a
menudo denunciamos y también para evitar que aquellos que se puedan dedicar efectivamente a la acción política institucional, a la acción parlamentaria sean exclusivamente aquellos que son funcionarios y pueden volver a su plaza en la
correspondiente Administración o aquellos que tienen patrimonio personal, que han podido mantener un negocio sólido que quizás no depende en su funcionamiento de su propia aportación. En términos de un acceso democrático a la acción política, a la
acción de representación institucional, medidas como las que ustedes nos proponen avanzan en la dirección adecuada si queremos efectivamente no solo abrir la política a personas distintas, a nuevas personas, sino facilitar la salida para hacer
posible esa transición.
Inevitablemente, el debate de esta tarde abre también la discusión -que no vamos a resolver ni mucho menos hoy y que no fuimos capaces de resolverla en momentos en los que quizá la situación económica general y la percepción de la ciudadanía
respecto a la actividad política lo hubiesen hecho más factible- sobre cuál es en una democracia la remuneración justa y adecuada para los representantes de los ciudadanos. ¿Cuál es? Esa es una discusión complicada, sobre todo cuando debemos
resolverla los propios representantes. Insistir en el discurso sobre los supuestos privilegios de los diputados sin resolver esa discusión me parece fariseo. ¿Cuál es el precio que la sociedad está dispuesta a pagar para que algunos de sus
ciudadanos, elegidos entre y por los ciudadanos y para servir a los ciudadanos se dediquen al servicio público? ¿Cuál es esa remuneración? ¿Cuál es el nivel de reconocimiento económico que debe tener esa dedicación? ¿Somos capaces de verdad de
resolver eso de una manera inteligente y que sea percibida por los ciudadanos como adecuada? Porque simplemente basándonos en la denuncia de esos supuestos privilegios, sin responder a ese problema, no seremos capaces no solo de generar la
pedagogía que se necesita para invitar a que los mejores se apunten al servicio público, sino que, además, dejaremos siempre terreno a aquellos que nunca van a tener suficiente a la hora de reconocer el servicio a la comunidad a través del ejercicio
de la función representativa que se efectúa en estas Cámaras y aceptar que la democracia implica costes, que implica costes económicos y que no existe ninguna democracia en la que la acción política, en la que la acción institucional no tenga un
coste económico. Hay que aceptarlo con toda la correspondencia y aceptar que si nos gustaría atraer a los mejores de la sociedad para servir al interés general, si queremos mejorar el nivel de nuestra discusión pública, de nuestra discusión
política, de nuestra acción legislativa en la calidad de aquello que ofrecemos al conjunto de la sociedad, debemos discutir también qué remuneración ofrecemos a esas personas que quizá vayan a renunciar a mejores reconocimientos en el sector
privado. ¿O preferimos instalarnos en un clima colectivo en el que nadie tenga interés de verdad de participar en la acción política? ¿Ese es el tipo de democracia que deseamos, en el que terminen siendo miembros de las Cámaras tan solo aquellos
que son funcionarios de las administraciones que tienen seguridad de retorno o aquellos otros que son ricos, con patrimonio, y que no tienen dificultades o pretendemos atraer a gente interesante de la sociedad dispuesta a dedicar un tiempo largo de
su vida al servicio de la comunidad? Esa es la discusión de fondo que ustedes nos plantean, que no es una discusión simple y sencilla; en estos treinta y cinco años no la hemos resuelto de manera adecuada, hoy no la vamos a resolver, pero su
propuesta avanza en la dirección que toca y en la dirección adecuada.
Por ello votaremos a favor de la toma en consideración convencidos de que el grupo de la mayoría debería acompañarles en esta toma en consideración precisamente porque eso permitiría no solo discutir aquello que nos plantean los comisionados
del Parlamento del País Vasco, sino muchísimas otras cuestiones vinculadas a esa regeneración democrática de la política que va también vinculada a la recuperación de nuestra convicción en la importancia y en la necesidad de lo que estamos haciendo
en representación de los ciudadanos. En cualquier caso, felicidades por la iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Campuzano.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Valerio.
La señora VALERIO CORDERO: Presidente, señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición del mismo en relación con la toma en consideración para su ulterior tramitación parlamentaria de la
proposición de ley del Parlamento Vasco en la que se plantea la modificación de la Ley de Régimen General de la Seguridad Social con el objetivo de que los miembros de todas las asambleas legislativas de las diversas comunidades autónomas tengan
derecho a la protección por desempleo cuando concluya su cargo electo y no tengan derecho a reingreso en un puesto de trabajo en el cual se hallasen en situación de excedencia forzosa o de servicios especiales.
Por parte de mi grupo vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera, de la tramitación de este proyecto de ley porque nos parece de justicia el objetivo que se persigue con el mismo. Ya lo hicimos en el Parlamento Vasco cuando se
debatió este asunto al igual que ya en su momento apoyamos, votamos a favor de la Ley 37/2006, en la que se decidió incluir en la protección por desempleo a los miembros de las corporaciones locales, de las juntas generales de los territorios
históricos forales, cabildos insulares canarios, consejos insulares baleares y también a los representantes sindicales. Me hubiese encantado que el Grupo Popular hubiese utilizado el turno en contra porque así nos hubiésemos podido enterar el resto
de los grupos por qué el Partido Popular ha cambiado de posición, votó una cosa en el Parlamento Vasco y aquí hoy va a votar otra, votó una cosa cuando se aprobó aquí la Ley 37/2006 y ahora va a votar la contraria. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué
ha cambiado? ¿Posiblemente que ahora tienen ustedes mayoría absoluta y pueden pasar una vez más el rodillo? No entendemos esta incoherencia, pero escucharemos atentamente a la portavoz del Grupo Popular a ver qué nos cuenta y cómo explica este
cambio de posición tan, por lo menos, llamativo.
En este caso se plantea incluir a los miembros de las asambleas legislativas para que, cotizando evidentemente por protección de desempleo, puedan cobrar esta prestación una vez que concluya el cargo, siempre y cuando el mismo se haya
desempeñado con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución por ello. Para ello plantean, aparte de la modificación de la Ley General de la Seguridad Social, una modificación del artículo 2 de la Ley 37/2006, a la cual me he
referido anteriormente. Consideramos que todos los pasos que contribuyan a facilitar la igualdad en el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos regulado en el artículo 23.2 de la Constitución española son un paso más hacia la
consolidación de nuestra democracia. Creemos que la única manera de acabar con los considerados privilegios, indemnizaciones ad hoc tras concluir periodos de mandato o representación es normalizar estas situaciones, hacerlas merecedoras de los
mismos derechos que tienen el resto de trabajadores y trabajadoras de este país cuando concluye la relación laboral con su empresa; ni un derecho más, pero tampoco ni un derecho menos. Y, cuidado, no se asusten nuestros responsables políticos ni
los ciudadanos, no vamos a reivindicar que se nos aplique a los parlamentarios el horario, la jornada ni las medidas de conciliación de vida laboral, familiar y personal porque somos conscientes de que esto no es una relación laboral; lo cierto es
que la actividad parlamentaria en la mayor parte de los casos conlleva una dedicación superexclusiva y, por lo tanto, incompatible con otras actividades incluso de la vida cotidiana, y además es deseable que el compromiso de representación adquirido
con la ciudadanía se ejercite con dedicación exclusiva, evidentemente con la correspondiente compensación económica, la que se considere justa, pero sinceramente hay que ir acabando con el populismo barato.
Hay que ir acabando con ello porque somos conscientes de que, por desgracia, la actividad política está hoy por hoy muy denostada por muchas personas. Desde luego es muy preocupante comprobar cómo en las últimas encuestas del CIS cada vez
es más alto el porcentaje de personas que consideran que los políticos formamos parte de sus problemas y no que formamos parte de un grupo de personas que se dedican a buscar soluciones a sus problemas. Posiblemente hemos puesto mucho de nuestra
parte para que se tenga este bajo concepto de nosotros mismos y quizá el hecho de los casos de corrupción de personas dedicadas a la política haya contribuido mucho a ello. No hay nada más que ver cómo la corrupción es el segundo problema más
importante para los ciudadanos después del problema del paro y por delante de la situación económica. También consideran un problema a los políticos en general, a los partidos políticos y a la política, y esto es muy preocupante. Todos los que
estamos aquí sabemos que la acción política, que los partidos políticos somos fundamentales para nuestra democracia. Tenemos que luchar por que se imponga la política con mayúsculas, la que implica compromiso total con un objetivo fundamental, que
es conseguir un país mejor, la política que significa vivir cercanos a las personas, próximos a sus problemas y teniendo cada día que nos levantamos un objetivo muy claro, que es contribuir a buscar solución a los problemas de las personas o al
menos intentar buscar solución a sus problemas. Somos servidores públicos y hemos venido a dar todo lo que podamos de nosotros mismos a la política
no a ver qué pillamos y a ver qué nos llevamos, sino a ver qué damos, con compromiso social, con entrega y con pasión. Esto es lo que quiere nuestra gente: vernos como solución de sus problemas y no como problemas a las posibles
soluciones.
La demonización de la política y de los políticos es un peligro para la democracia. Por cierto, en algunas comunidades autónomas como, por ejemplo, en la comunidad autónoma a la que yo pertenezco, Castilla-La Mancha, su presidenta, la
señora De Cospedal, secretaria general del Partido Popular, se ha apuntado al populismo barato y ha decidido que no va a pagar sueldo a los parlamentarios autonómicos. Así, aunque esta ley entrara en vigor, como ella ya decidió hace un año eliminar
la dedicación exclusiva y la retribución a los parlamentarios, no tendrían derecho cuando concluyan y no van a poder cotizar por desempleo. Por tanto, no tendrán nada. Con esto está intentando eliminar la acción de oposición o, como poco, la está
complicando bastante. Ella ha hecho mucha demagogia con esto. Dice que, por ejemplo, un comerciante puede cerrar su comercio y en los ratos libres dedicarse a redactar enmiendas al presupuesto, cierra el comercio y se va a Toledo al Pleno o a una
Comisión -no sé si alguien puede mantener esta tesis, no me parece seria- o que un empresario privado dé permiso cada dos por tres a un parlamentario para que acuda a realizar las tareas propias de su cargo o incluso que a un funcionario su jefe le
permita salir a media mañana a dar una rueda de prensa o reunirse con un grupo de ciudadanos o de asociaciones o a cualquier asunto que tenga que ver con su tarea representativa. Creo que hay que tener un poquito más de seriedad. Y no digamos ya
si el parlamentario está parado, tal y como está el patio, si va a buscar empleo y le dice al que le quiera contratar: Estoy dispuesto, pero usted me tiene que dejar salir a los plenos y a las comisiones. Menos demagogia, porque, si no,
conseguiremos lo que se puede ver en la galería de retratos de la M-30 de este hemiciclo. Recomiendo al que no lo haya hecho que dé un paseito y vea los retratos; es decir, que solamente se dediquen a la política, al servicio público los ricos de
familia, los terratenientes, los hacendados, los propietarios o los nobles. (Aplausos). Eso era lo que pasaba en el siglo XIX y en una buena parte del siglo XX.
Solamente hace falta tener un poquito de sentido común y no caer en el populismo barato. Lo que tenemos que hacer es luchar por la dignificación de la política; lo que tenemos que hacer es controlar la actividad de las personas que nos
dedicamos a la política; lo que tenemos que hacer es acabar con el uso abusivo de las mayorías absolutas y utilizarlas como carta blanca para hacer lo que nos dé la realísima gana durante cuatro años; lo que tenemos que hacer es practicar la
tolerancia cero con la corrupción y lo que tenemos que hacer es acabar con la hipocresía. No podemos decir que haya renovación generacional, por ejemplo, y pedir a los jóvenes que accedan al mundo de la acción política, de la acción de
representación y luego, tras permanecer unos años en la vida política -evidentemente, con escasa experiencia profesional porque si queremos que un joven de veinte, veinticinco o treinta años entre en la política es muy difícil que traiga un bagaje
profesional amplio-, decirle adiós, hasta luego, y usted no tiene derecho a las prestaciones por desempleo. Por tanto, tenemos que garantizar una salida razonable también a las personas que se dedican a la política. Desde luego, ni un solo
privilegio, pero sí que puedan tener derecho para poder, tras cobrar una prestación por desempleo, reorientar su vida profesional, por lo que vamos a apoyar esta toma en consideración. Es una pena que el Grupo Popular se descuelgue de este asunto y
diga que no.
Desde luego, tenemos muy claro que queda mucho camino por recorrer, y siento discrepar con el portavoz de UPyD, mi estimado Álvaro Anchuelo, que ha puesto encima de la mesa privilegios que en teoría tenemos los parlamentarios nacionales que
ya no existen. No voy a entrar en polémica, pero creo que también tenemos una asignatura pendiente en el Congreso y en el Senado. Privilegio, ni uno más, pero deberíamos normalizar nuestra vinculación con la Seguridad Social y equipararnos en
deberes y en derechos.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.
La señora VALERIO CORDERO: En definitiva, ni un privilegio más, ni un derecho menos.
Muchas gracias, por su atención, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Valerio.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Susinos.
La señora SUSINOS TARRERO: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenidos, señores diputados del Parlamento Vasco.
Subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco sobre la reforma de la legislación de la Seguridad Social en lo referente a la
extensión de la protección por desempleo a miembros de parlamentos de comunidades autónomas.
Lo que se pretende con esta reforma, como ya se ha reiterado aquí esta tarde, es que los miembros de los parlamentos de las comunidades autónomas tengan la posibilidad de estar protegidos ante la contingencia del desempleo. Esta reforma
afectaría, como ya han indicado aquí otros portavoces, al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, y a la Ley 37/2006, que introdujo a los cargos electos locales, representantes
sindicales y altos cargos de la Administración del Estado en la cobertura por desempleo.
Vaya por delante esta afirmación que consideramos esencial desde mi grupo parlamentario: nuestro pleno respeto a la autonomía de cada parlamento autonómico. Tenemos y debemos un respeto a la autonomía de cada asamblea legislativa.
Señorías, cada parlamento autonómico presenta una realidad diferente, cada parlamento establece las cuestiones que afectan a los procedimientos legislativos y de control político o a sus normas de funcionamiento, cada parlamento aprueba
autónomamente su presupuesto y cada parlamento tiene su régimen de sesiones y absoluta autonomía en la organización de su gobierno y régimen interior y goza de personalidad jurídica en la gestión administrativa, económica, financiera, de personal y
demás funciones que le están atribuidas, como la forma de resarcir a sus diputados al final de cada legislatura o cuando cesen de su actividad pública, de acuerdo con su propio estatuto de personal.
Señorías, no podemos adentrarnos en su autonomía, no podemos pretender que todas las asambleas legislativas de las comunidades autónomas sean homogéneas, porque no es posible. (Rumores). Cada una cuenta con un aparato burocrático propio
para atender sus necesidades de funcionamiento, por tanto, es potestad de esas asambleas legislativas habilitar las partidas correspondientes para establecer cualquier tipo de indemnización o prestación que se derive del ejercicio de la actividad
parlamentaria. No es función de este Parlamento... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Perdone, señoría.
Señorías, guarden silencio, por favor.
Continúe.
La señora SUSINOS TARRERO: No es función de este Parlamento inmiscuirse en los parlamentos autonómicos, y parece mentira que sean ustedes, desde el Parlamento Vasco, los que pidan que el Parlamento de la nación (Rumores) articule un
criterio homogéneo para todos los parlamentos autonómicos, cuando en cualquier discurso ensalzan sus propias peculiaridades y sus propias características. Hay otra cosa muy importante, señorías, que tenemos que tener clara: la relación
institucional del cargo electo surge del derecho de acceso a los cargos públicos garantizado en el artículo 23.2 de la Constitución española. Por lo tanto, como se ha dicho aquí esta tarde, nuestro vínculo no es un vínculo laboral; tanto los
diputados de asambleas de comunidades autónomas como los diputados a Cortes somos cargos públicos, con un contrato de representación que dura lo que dura la legislatura. No somos trabajadores por cuenta ajena, somos representantes públicos.
Señorías, cargo público representativo ligado a elección por sufragio universal. Se trata de un derecho democrático del ciudadano y de un derecho de libertad y autonomía del representante. La pérdida de la condición de parlamentario deriva de la
soberanía popular o del propio partido, pero no de un despido. Los diputados no tienen un contrato de trabajo, como se ha dicho aquí, no tienen un horario establecido, y eso lo conocemos perfectamente todos los que estamos aquí. No se puede
pretender que los diputados tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena, porque no lo son. Además, señorías, la coyuntura económica del país también ha cambiado en estos años y la aceptación de esta propuesta supondría
incrementar el gasto público tanto por comunidades autónomas, que se verían afectadas por el pago de las cotizaciones por la contingencia del desempleo, como para el Estado, al aumentar el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo. Y no
es el momento de incrementar el gasto público, la situación económica actual nos obliga a cumplir con unos objetivos de reducción del déficit público.
Por último, no nos podemos olvidar de lo más importante. Hoy la sociedad española está viviendo momentos muy difíciles, les estamos pidiendo sacrificios muy importantes y muchísimos españoles lo están pasando muy mal. No es el momento de
adoptar este tipo de decisiones, los políticos tenemos que dar ejemplo y actuar desde la responsabilidad... (Rumores.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Un momento, señoría. Por favor, guarden respeto a la interviniente y guarden silencio.
La señora SUSINOS TARRERO: Gracias, presidente.
... como ejemplo ha dado la presidenta De Cospedal en Castilla-La Mancha, adoptando medidas valientes en el Parlamento regional, medidas que están en el sentir de los ciudadanos. (Protestas). No nos traten de confundir, señora Valerio
(Rumores.-Aplausos), precisamente en estas Cortes se ha votado la retirada de los privilegios del señor Bono, votación que no pudo salir adelante por no reunirse las tres quintas partes necesarias, ya que los diputados socialistas -sus compañeros-
se ausentaron de la votación. (Un señor diputado: ¿Por qué será?). Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Para terminar, le quería decir al señor Anchuelo que parece mentira que usted y su partido, que han sido siempre partidarios de la simplificación de las estructuras políticas, hace unos días votaran en contra de la reducción de diputados en
las Cortes de Castilla-La Mancha y hoy vuelvan a ser incoherentes con su supuesto ideario de partido. No se entiende cómo un día afirman algo y al día siguiente, lo contrario. (Aplausos). Claro que debe de ser difícil para usted ir en contra de
los privilegios cuando la señora Díez disfrutará de una pensión vitalicia derivada de su ejercicio como eurodiputada. Si se atreven a hablar del ejemplo de representantes públicos, podemos empezar por nosotros mismos. (Aplausos). Es más, señor
Anchuelo, le tengo que decir que nosotros como diputados nacionales ya no tenemos ningún tipo de indemnización al finalizar nuestro mandato, ni tampoco la pensión máxima cuando nos jubilemos. No diga cosas que no son, maneje los datos con más rigor
cuando suba a esta tribuna.
Termino ya. Señorías, escuchemos al pueblo, son momentos en que los representantes públicos tenemos que dar ejemplo de austeridad (Rumores) y estamos llamados a defender intereses generales sobre cualquier otro tipo de interés.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Susinos. (La señora Díez González pide la palabra).
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Es por una alusión directa que ha hecho la parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene dos minutos.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, me sobra.
Siempre está bien, pero más ahora que se acercan las fiestas de Navidad porque es una cosa cristiana enseñar al que no sabe. Los eurodiputados, señoría -pregúnteselo al ministro Margallo, que lo es igual que yo-, no tienen pensión. Todas
las pensiones son vitalicias, por otra parte; no insista, siempre es hasta que te mueres. Los eurodiputados no tienen pensión, tienen un fondo privado con aportación del diputado y del Parlamento. También tiene a alguna otra eurodiputada ahí
abajo que se lo puede decir. Simplemente lo digo por enseñar al que no sabe, señora diputada. (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Díez.
Señorías, ya pueden abandonar la Cámara. Muchas gracias por su intervención. (Rumores).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122/000113).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Pasamos al siguiente punto del orden del día. (Rumores). Silencio, señorías. Corresponde ahora debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
iniciativa que es orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. La presenta el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Presidente, señorías, debería suponer que la posición del Partido Popular sobre esta proposición de ley orgánica será positiva. Hubiera preferido no enterarme por la prensa, que
este fin de semana ha adelantado con gran despliegue tipográfico que el grupo mayoritario está a favor de acabar con las donaciones de las empresas a los partidos. Pero, aunque haya sido de este modo, me congratulo de que el Partido
Popular, ya que no ha asumido con frontalidad sus responsabilidades políticas concretas al respecto, al menos sí haya sacado la misma conclusión que nosotros sobre los riesgos para el futuro de este tipo de donaciones. Porque de eso va esta
proposición de ley orgánica, de la modificación de la regulación actual para acabar con las donaciones de las empresas a los partidos. Es la culminación de un largo proceso normativo que siempre partió de una lógica reticencia: de qué modo podrían
los donativos de las empresas condicionar las decisiones políticas o administrativas de los Gobiernos obtenidos por estos partidos que los recibían. Por eso, las medidas han ido siendo cada vez más restrictivas, desde una fase en la que hablamos de
publicidad o de limitaciones cuantitativas a otra fase en la que se excluían las donaciones de empresas que tenían relaciones con la Administración hasta este punto, en el que al menos nosotros y aparentemente el Partido Popular, hemos llegado
finalmente a la conclusión de que el sistema presenta por sí mismo, con independencia de las limitaciones y los controles que les pongamos, riesgos innecesarios para una democracia madura, y que por ello es mejor, sencillamente, prohibir las
donaciones de cualquier tipo de persona jurídica a los partidos. Es cierto que no todos hemos llegado a esta conclusión transitando los mismos caminos, y no es menos cierto que la actual coyuntura económica ha acelerado esta reflexión antes solo
iniciada. Quiero centrarme en estos dos aspectos.
En relación con la panorámica de fondo, la de onda larga, no es necesario recordar que nuestra democracia y sus instituciones viven una profunda crisis que esperemos sea una crisis de maduración, de profundización y de relanzamiento, lo que
obliga a los partidos ahora, para estar en sintonía con una ciudadanía potencialmente más activa y menos delegativa, a repensar su modo de funcionar en dos sentidos: hacia dentro, democratizando sus sistemas internos, y hacia fuera, desocupando
muchos nichos institucionales, siempre que verifiquemos que no vamos a ser sustituidos por intereses corporativos o particulares. Yo creo que todos los partidos de la Cámara somos conscientes de la situación e intentamos acomodarnos con diferentes
ritmos y acentos a este nuevo papel menos ubicuo. Una de las facetas de esa voluntad de reforma de los partidos es la financiación, siempre puesta en cuestión por motivos a veces explicables y a veces por críticas populistas a las que se refería mi
compañera Magdalena Valerio y otros de los intervinientes en el punto anterior. Creo que no hemos defendido con la suficiente convicción y constancia el valor de la financiación pública de los partidos. Tenemos que ser más asertivos en estas
cuestiones, aunque cueste inicialmente contradecir posiciones demagógicas que han ido ganando espacio en la opinión pública.
Compañeros, la democracia cuesta; desde luego, cuesta más que una dictadura o un régimen autoritario, como prefiere llamarlo el señor Rajoy. La democracia hay que pagarla porque, si no la pagan los ciudadanos en su conjunto, la
condicionarán los que sí pueden financiarla. Muchas experiencias propias y comparadas lo aseveran. Quien financie la política tendrá resortes para condicionar las decisiones de los partidos y, a través de ellas, las decisiones de las
administraciones. Si dejamos que otros financien un elemento tan esencial de la democracia moderna como son los partidos, esta democracia pasará pronto de moderna a modesta, muy poco después a condicionada y poco después a plutocrática, como lo son
las débiles democracias de los países exsoviéticos. En la izquierda solemos hablar de cómo la economía condiciona la política de sus representantes y habitualmente pensamos en los mercados, en los centros financieros y en las grandes corporaciones,
pero en realidad este es un caso que se da incluso en las relaciones de las pequeñas y medianas empresas con un modesto concejal de pueblo, y no estoy hablando ahora de casos de corrupción, sino sencillamente de la presión que se produce sobre un
cargo público al que se le pide modificar una ordenanza o rebajar un impuesto a cambio de que se creen puestos de trabajo. Todo esto, que sabemos que existe a todas las escalas, se puede entender perfectamente si tenemos en cuenta lo que nos pide
el señor Adelson a este Parlamento.
Las relaciones económicas de los partidos con las empresas nunca han estado exentas de sospecha, pero incluso sin referirme todavía a situaciones ilegales, lo cierto es que la mera observación del resultado de la actual regulación aconseja
su reforma radical. Al hablar de la financiación de los partidos, estamos hablando de un elemento central para un sistema democrático, como las reglas de juego de la competición electoral. Si esas reglas tienen agujeros o asimetrías, es la propia
consideración del sistema democrático la que se pone en juego. Por eso tenemos que concentrar la atención en el funcionamiento práctico de la regulación y su idoneidad para conseguir un juego electoral limpio y que evite que algunos contendientes
compitan con menos posibilidades. Con esas mismas reglas o iguales no es extraño que se den desde el
inicio ventajas que pervierten la limpieza de la competición, porque en la práctica se convierten en mecanismos que favorecen a unos y perjudican a otros. Algo así sucede con las donaciones de empresas a partidos. Podría ser un sistema más
de financiación siempre que fuese transparente y se prohibieran las conexiones con las contrataciones públicas, pero no lo es, porque la práctica ha convertido esas donaciones en gestos que esperan una contraprestación, a veces genérica y futura,
aparentemente inocua, la mera exploración de una vaga sintonía, pero otras específicamente ligada a una ventaja de cualquier tipo sobre las empresas competidoras, lo que las convierte automáticamente en mecanismos solo a disposición de quienes
gobiernan en cualquier ámbito y nunca en manos de los partidos minoritarios, que no suelen alcanzar esa posición. No basta, pues, con reglas universales, como el hecho de que todos puedan recibir donaciones de las empresas; hay que revisar las
consecuencias de esa regla aparentemente neutral y examinar si su puesta en práctica está mermando las posibilidades de algunos de los contendientes. Nosotros lo hemos hecho, hemos variado nuestra posición, y a partir del inicio de 2013 propusimos
esto que les traemos hoy formalmente aquí.
No insistiré mucho en los dispares datos de donaciones a empresas, que son conocidos, porque este mismo fin de semana los publicaba un importante medio de comunicación. Hay partidos que se benefician de donaciones y hay partidos que no. Se
benefician los que suelen gobernar en cualquier ámbito y no lo hacen los que no suelen gobernar. Entre 2009 y 2011 la práctica totalidad de las donaciones de empresas iban a partidos que gobernaban en algún ámbito -solo este dato ya justificaría
examinar la reforma que proponemos- y, de entre los que reciben donaciones, también hay una clara diferencia entre la izquierda y la derecha, por lo que se podría llegar a la conclusión de que las empresas tienen ideología, cuando no es así, porque
quienes tienen ideología son sus gestores o sus dueños, ni siquiera sus accionistas, que tendrá cada uno la suya. Entre 1992 y 2007 los partidos de centro-derecha recibieron 80 millones de donaciones anónimas y los de izquierdas, 7 millones. En el
tramo citado, entre 2009 y 2011, el 88 % de las donaciones de las empresas fueron a partidos de este tipo. El hecho es que una regla aparentemente igualitaria conduce a resultados prácticos que enturbian la limpieza de la competición electoral.
Además de estas cuestiones de fondo que avalan la proposición, hay otras que inevitablemente tienen que ver con la coyuntura, y la coyuntura está marcada por una extendida sospecha de corrupción sobre el funcionamiento de los partidos y de
las instituciones. Todos sabemos que esa sospecha tiene una parte de santa razón y otra de sobreactuación populista, pero centrémonos en aquellas que tienen buenas razones. Para ello, comenzaré por mi propio partido. En contra de lo que se suele
decir, incluso desde esta tribuna, no es cierto que el PSOE sea el único partido político español condenado por financiación ilegal, sino que sencillamente no era posible atribuir esa responsabilidad penal a una persona jurídica en nuestro
ordenamiento, pero eso no es consuelo. Mi partido se vio envuelto en un asunto de financiación ilegal en el que efectivamente algunas personas fueron condenadas. Si lo prefieren de este modo, digamos que mi partido se siente responsable político
de aquellas actuaciones, aprendimos de aquellos errores, nos vacunamos, metabolizamos el asunto y nos dispusimos a no repetirlo más. Esa experiencia propia nos lleva a una idea muy clara: hacer trampas en el juego no solo es que deslegitime al
jugador que las usa, es que deslegitima el propio juego, y eso es algo que nuestra democracia, otra vez frágil, no puede permitirse. (Aplausos). Pero nadie escarmienta en cabeza ajena; tampoco en este asunto, por lo que se ve. El PP tuvo la
fortuna de que las cintas del caso Naseiro no pudieran ser usadas judicialmente, pero todos sabemos lo que se decía en aquellas conversaciones reales. Quizá esa suerte judicial impidió que el PP se vacunara en el mismo sentido que el PSOE. No
aprendió la lección porque no asumió el castigo como lo habíamos hecho nosotros y quizá por eso esta coyuntura de ahora está inevitablemente mediatizada por los nuevos casos de corrupción que afectan al Partido Popular y por las consecuentes alarmas
sobre sus -digámoslo así- imaginativos sistemas de financiación.
No insistiré más que telegráficamente en aquellos aspectos de los casos Gürtel y Bárcenas que tienen que ver con financiación. Telegráficamente, como digo: las investigaciones policiales y judiciales hablan de un sistema de financiación
ilegal del partido en el Gobierno por múltiples vías de diferentes ámbitos geográficos. Las entregas que reflejan los famosos papeles del tesorero se corresponden con actos efectivos del partido en diversas regiones. La Audiencia Nacional dice
claramente que está investigando una red que a través de donativos a determinado partido político pudiera conseguir ventajas ilícitas en la adjudicación de construcciones. Algunos empresarios han reconocido que han hecho pagos a través de filiales,
puesto que las empresas matrices no podían hacerlo por tener contratos públicos, o que habían fraccionado pagos personales para enmascarar que estaban superando el límite legal. El propio gerente de su partido ha admitido haber recibido ingresos
cuyo origen no conocía. Incluso existe el famoso recibí
sobre fondos transferidos de Madrid a Toledo relacionados con una contrata. Diez nuevos empresarios han sido imputados hace poco y hace solo unos días el juez instructor aseguraba que tenía indicios de la presunta existencia por parte del
Partido Popular de una corriente financiera de cobros y pagos, continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas, una contabilidad b de muchos años -no hará falta subrayarlo-, alimentada esencialmente con donaciones
ocultas de empresas. Y con esta mochila al hombro el Gobierno vino a la Cámara en 2012 a pegar un tajo inmisericorde a la financiación pública de los partidos, diciéndonos que los partidos tenían que ser solidarios y aplicarse las mismas medidas de
autoridad que se estaban aplicando a las familias españolas, y nosotros, como unos panolis, votamos a favor, sin saber entonces -claro está- que el PP podía permitirse esos y otros muchos sacrificios en la subvención pública porque contaba con otras
fuentes opacas de ingresos irregulares (Aplausos) que le permitían mantener todo su personal, sus costosas campañas de publicidad e incluso pagar generosos sobresueldos a sus responsables. Mientras otros partidos teníamos que despedir dolorosamente
a muchos trabajadores o teníamos problemas para pagar las deudas con Hacienda, con la Seguridad Social -por cierto, cosa que el PP ha utilizado obscenamente en esta tribuna- (Aplausos), el PP mantenía su alegre ritmo de vida porque era el único
partido que nunca había vivido por encima de sus astronómicas posibilidades.
En esta Cámara se nos ha pedido a todos los parlamentarios que nos rebajáramos los sueldos por parte de quienes los complementaban con esa caja b de las empresas amigas. Como comprenderán, no son las mejores credenciales para predicar
austeridad en la materia ni hacer prédicas de regeneración. Pero es que no contentos con ese desparpajo suicida, se dedican a ganar nuevas ventajas en cada medida que toman. Pervierten la contienda electoral también cuando debilitan los controles
democráticos, como sucede con la reforma electoral o con los sueldos de los diputados de Castilla-La Mancha, como sucede con el manoseo partidario de la Agencia Tributaria, como sucede con la fragilidad de los plenos municipales a partir de la
reforma local, como sucede con la enervación de la protesta ciudadana por la Ley de Seguridad. Todas estas actuaciones encierran medidas que fragilizan los controles sobre el Gobierno o directamente dan ventajas electorales a su partido. Esta es
la coyuntura en la que se cruzan esta tarde esta iniciativa socialista sobre la prohibición de donaciones de las empresas y una posición aparentemente idéntica del PP de la que daba cuenta estos días, matizada eso sí por los casos de corrupción
citados y por el acelerón autoritario del Gobierno.
Agradezco, en nombre de mi grupo, que el PP haya adelantado este debate y haya filtrado a la prensa este fin de semana su intención de apoyar la prohibición de donaciones de empresas a partidos políticos. ¿Lo hará hoy -que sería lo
coherente-, o lo hará cuando evite la impresión de que alguien le está llevando de las riendas, que es una cosa muy parlamentaria, pero que la gente de ahí fuera no acaba de entender? El PP es muy libre de filtrar a la prensa que está de acuerdo en
prohibir las donaciones y hoy aquí votar lo contrario acogiéndose a cualquier argucia argumental que se le ocurra. Pero no se confundan, eso no va a relajar la presión brutal de la coyuntura sobre su posición política en temas de financiación
irregular de los partidos, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque, como señalaba antes, al final lo que sufre un daño enorme es el juego limpio electoral y por tanto la calidad de nuestra democracia y nuestra credibilidad, la de todos,
frente a los ciudadanos. Es paradójico pero es así. Más vale que lo asumamos. Un comportamiento desleal de un jugador con el resto de competidores políticos supone un coste hipotético y futuro para ese jugador pero inmediato y real sobre el
propio sistema político en el que juega. Por eso afirmamos: el daño es a la credibilidad del conjunto del sistema político. Y el PP tiene un arma, nuestro lógico temor a que sus casos de financiación irregular no arrojen dudas sobre su actuación,
que sería lo lógico, sino que arrojen dudas sobre el sistema político en general, una vez que han conseguido que los ciudadanos hablen de partidos en general, de políticos en general como si todos fuéramos iguales y no somos iguales.
Por eso, para salir de esta coyuntura el PP nos ofrece a todos, en vez de la responsabilidad política, un paquete genérico de medidas que parecen desatender lo que sucede en los periódicos y en el país desde hace cinco años cuando nació el
caso Gürtel. Y eso es lo que difícilmente puede funcionar por más voluntad que le pongamos los demás. Ustedes me recuerdan a ese asaltante que coge a un grupo de rehenes y cuando quiere escapar de la policía y está sitiado, se quita la media de la
cabeza y se escabulle entre ese grupo de rehenes para pasar desapercibido y salir en medio de la confusión. Y como arma de presión utilizan la sensación que todos tenemos de la necesidad de ir a este tipo de reformas. Por tanto, les pido que
reflexionen sobre esta contradicción que condiciona enormemente las posibilidades de un acuerdo que todos consideramos necesario. Pero mientras llega esa reflexión de conjunto sobre la
contradicción entre lo que pasa en su casa y lo que ustedes nos proponen, hoy les traemos una proposición para que prohibamos las donaciones a los partidos. Ustedes dicen que están de acuerdo y que lo incluirán en su paquete de medidas.
Vótenlo hoy como una muestra de coherencia y al menos de reflexión sobre sus circunstancias, y en el futuro veremos en qué circunstancias podemos ponernos de acuerdo sobre medidas individuales o sobre medidas en bloque. Pero vayamos dando pasos en
la dirección correcta que nos marcan los ciudadanos y que nos marca un mínimo sentido autocrítico con nuestro funcionamiento. Comencemos por esta reforma puntual de la Ley de Financiación de Partidos y sigamos explorando nuevas reformas, pero
antes, señores del PP, renunciando a posiciones ventajistas de corto plazo que se traducen al final en grietas amenazadoras en el casco de la democracia española, que les recuerdo que es un barco en el que estamos todos, incluidos ustedes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sánchez Amor.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, debatimos una iniciativa que presenta el PSOE para incluir en la Ley de Financiación de Partidos Políticos la prohibición de las donaciones privadas de sociedades y demás personas jurídicas a los propios partidos, escasamente un
año después de haber votado en contra de esta misma petición. Me explico. El 12 de septiembre de 2012 Unión del Pueblo Navarro registró en el Senado sus enmiendas parciales a la Ley Orgánica de Reforma de la Ley 8/2007, de 4 de julio, sobre
financiación de los partidos políticos. En esas enmiendas mi partido pedía, primero, la prohibición de las donaciones privadas en dinero o en especie a los partidos políticos; segundo, la prohibición de las donaciones a las fundaciones y
asociaciones vinculadas a los partidos políticos y, tercero, incluir que no se permitiera la condonación total o parcial por parte de las entidades de crédito de la deuda contraída con los partidos políticos. Pues bien, estas tres enmiendas fueron
entonces rechazadas por el Pleno del Senado el día 10 de octubre de 2012 por 4 votos a favor, 208 en contra y 1 abstención. Obviamente, dentro de los votos en contra figuraban los votos de los senadores del Partido Socialista.
Es verdad que no es la única iniciativa que mi partido ha presentado ni esta es la única negativa que hemos obtenido por parte del Partido Socialista a distintas iniciativas que hemos presentado en torno a la financiación de los partidos
políticos. En la IX Legislatura, en junio de 2010, presentamos una proposición de ley orgánica de reforma de la Ley de Régimen Electoral General para reducir la campaña electoral a siete días, que posteriormente transformamos en una enmienda al
propio proyecto de ley de reforma de esta norma que trajo el Gobierno, que fue rechazada, y en esta misma legislatura volvimos a reproducir esa misma petición, que fue rechazada en el Pleno el 9 de octubre de 2012. En febrero de 2013, tras el
debate sobre el estado de la Nación, pactamos una transacción con varios grupos sobre la base de una propuesta de resolución de mi partido y de otros sobre la necesidad de transparencia de los partidos políticos y de las instituciones del Estado que
en este caso ni siquiera fue votada por el Partido Socialista, no fue votada en contra pero recibimos su abstención. En julio de 2013 registramos una propuesta de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para el
estudio y análisis de la financiación pública y privada de los partidos políticos, así como de las principales reformas que deberán acometerse para garantizar su transparencia, su publicidad y su control, que se anticipaba en unos meses a la que
posteriormente presentó el Grupo Socialista, pero en todo caso queda pendiente su aprobación.
Señorías, no somos quiénes para juzgar este cambio de rumbo del Partido Socialista, esta nueva sensibilidad o, si quieren, la sinceridad de esta iniciativa, pero es verdad que con su historial de negativas a las iniciativas que se han
presentado nos llama poderosamente la atención, porque sinceramente -lo tenemos que decir así- estamos acostumbrados a ciertos cambios de chaqueta según se gobierne o se esté en la oposición. Lo que sí les pedimos es que no utilicen en lo posible
este tema como un arma arrojadiza y que intenten ampliar el contenido de su propuesta. ¿Por qué solo personas jurídicas? ¿Por qué solo sociedades? ¿Por qué solo donaciones a partidos políticos y no a las fundaciones? ¿O por qué no unir en esta
petición de prohibición las condonaciones, algunas de ellas absolutamente impresentables e inexplicables, de préstamos? En todo caso, señorías, obviamente nosotros votaremos a favor, como no podría ser de otra forma, pero esperamos que en la medida
de lo posible esto no sea una cortina de humo o humo. Desde luego, en Unión del Pueblo Navarro tenemos muy claras las cuentas, nunca hemos tenido donaciones, nos financiamos con las cuotas de los afiliados y con la asignación pública. Como digo,
tenemos una financiación ejemplar; ojalá el resto de los partidos pudieran decir lo mismo. En todo caso, hoy apoyaremos esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Salvador.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros abordamos este debate estando de acuerdo con lo que proponen. Nosotros también pensamos que la financiación de los partidos políticos no debe sustentarse ni debe contar con aportaciones privadas -en eso coincidimos
totalmente con el grupo proponente-, pero abordamos este debate con un cierto escepticismo, porque estamos convencidos de que al final el problema no es la ley, no es una determinada ley. Creemos que con la actual legislación se ha incumplido la
misma, se han hecho cosas ilegales, pero al final se hará una nueva ley de financiación de partidos políticos y, recogiendo ese refrán castellano de hecha la ley, hecha la trampa, se volverá otra vez a lo mismo. Creo que esa es la reflexión que
deberíamos hacer desde el ámbito de la política. Creo que no es un problema de legislación sino de valores, es un problema de cultura democrática, y una cultura democrática que al final no acaba de reconocer algo que es básico en democracia, la
igualdad de oportunidades. Y ese es el elemento de fondo; el elemento de fondo es que el fin justifica los medios para evitar que haya igualdad de oportunidades, para llevarse cada uno el gato al agua en detrimento de todos los demás haciendo
trampas, si hace falta. Esa igualdad de oportunidades se está vulnerando continuamente, en primer lugar entre la ciudadanía, porque cuando las fuerzas políticas hacen trampas y las hacen en el tema de la financiación y consiguen más poder de forma
subrepticia, al final están atentando contra la igualdad de oportunidades de la ciudadanía, que no puede ejercer el derecho a recibir toda la información de las fuerzas políticas en igualdad de oportunidades para poder elegir con libertad y con
conocimiento de causa. Hay también una desigualdad de oportunidades entre las fuerzas políticas. Indudablemente no es lo mismo hacer una campaña electoral con equis medios económicos que con tres equis, cuatro equis o cinco equis, fruto
precisamente de esa financiación ilegal, y al final se va en contra de esa igualdad de oportunidades entre las fuerzas políticas y en contra del derecho de la ciudadanía a participar en política y precisamente poder tener elementos de juicio para
poder elegir. Por eso, creo que es fundamental y necesario un cambio en la forma de hacer política.
Desde el ámbito de la política se debe impulsar esa función didáctica, que deberíamos tener y que, desgraciadamente, no se ejerce todo lo que se debería, de trasladar la necesidad de recuperar valores, valores humanos, la necesidad de buscar
la igualdad de oportunidades, valores de respeto al otro, de respecto a las otras ideologías, de respeto a la ciudadanía. Ese es el elemento de fondo que hay que plantear. Desgraciadamente, la cultura del fraude esta generalizada en todos los
ámbitos. Está en el ámbito fiscal: vemos que el Estado español está a la cola de la Unión Europea en la lucha contra el fraude fiscal, lo que es un elemento también muy significativo; en estas semanas vemos el escándalo de lo que está pasando en
la Agencia Tributaria, que creo que es fruto también de que no hay un auténtico compromiso de lucha contra el fraude y, por tanto, de que no hay un compromiso de defensa de valores elementales en democracia. Tenemos problemas también con la cultura
del fraude en el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo, con todo lo referido al dopaje, etcétera, que no deja también de ser una muestra de esa cultura del fraude generalizado, así como en el ámbito educativo. Recientemente, he estado con un
chileno que está haciendo su tesis doctoral aquí y decía que al llegar al Estado español se había quedado asombrado y escandalizado de que aquí entre los propios estudiantes el copiar, por ejemplo, no está mal visto; y decía que en Chile entre los
propios estudiantes eso no se admite. Eso es fruto también de esa cultura del fraude generalizada, que abarca todos los ámbitos de la sociedad. Frente a eso, es necesario, más que leyes, que todas las fuerzas políticas se impliquen en esa labor de
difundir, de expandir esos valores necesarios en democracia; es decir, valores democráticos, cultura democrática, romper con la cultura del privilegio, con la cultura del paternalismo de las dictaduras, con la cultura del vale todo, que es lo que
se ejerce cuando no hay democracia. Por eso, vamos a votar a favor de esta proposición de ley con cierto escepticismo pero con la esperanza de que ojalá sea el inicio de un cambio de cultura que esté comprometido con la igualdad de oportunidades,
que es fruto de la igualdad de las personas y que no significa otra cosa que el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Este es un elemento que hay que poner encima de la mesa. Más importante que la ley en concreto, que puede ser
importante, es expresar esa cultura y trasladar a la ciudadanía la necesidad de abordar un cambio en la cultura
democrática, porque, si no, no vamos a tener ninguna credibilidad y cada vez las instituciones políticas vamos a estar más alejadas de la ciudadanía. Por eso creo que es importante ese cambio de cultura y el fomento de la cultura de
participación democrática.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Larreina.
Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Señor Esteban, tiene la palabra.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
La materia que trata esta proposición de ley es muy seria; una materia que no consideramos que deba ser utilizada como arma arrojadiza en la pelea diaria, en el juego político diario entre los partidos. Tengo que decir que me sorprendió
ver esta iniciativa presentada por el Partido Socialista, porque si algo habíamos hablado entre la mayoría de los grupos políticos y algo le habíamos criticado al Partido Popular era que no se hicieran iniciativas de manera unilateral, que estas
cosas había que hablarlas, había que madurarlas y después, en su caso, había que sacarlas. Porque es exactamente lo mismo que hizo el Gobierno, a impulsos de Hacienda, con aquellos dos recortes: lo primero que hizo en el primer proyecto de ley que
presentó el Gobierno, recortando unilateralmente una cantidad importantísima de las subvenciones de los partidos políticos; y después, a los seis meses, dando otro recorte exactamente igual. Y este tipo de cosas conviene hablarlas, conviene llegar
a consensos antes de ponerlas en la pelea política.
Entiendo que su discurso ha sido más teórico y de reflexión que lo que uno podía haber esperado de esta iniciativa. Parece una iniciativa -luego le voy a explicar también por qué- de brocha gorda, que se ha limitado a eliminar persona
jurídica de una serie de artículos, que deja mucho que desear en el plano técnico para conseguir lo que parece ser que se pretende, y que la única forma de comprenderla es porque, al albur de lo que está sucediendo en el caos económico del Partido
Popular y del asunto Bárcenas, todo el tema de las donaciones realizadas por determinadas empresas al Partido Popular es sinceramente -si esto se confirma, y cada vez salen más datos- un auténtico escándalo; pero presentarlo deprisa y corriendo y
de una manera tan parcial no es sinceramente el mejor sistema. Ahora, si se confirman las noticias que aparecen en la prensa, parece ser que el Partido Popular nos va a sorprender también con que efectivamente están a favor de suprimir las
donaciones de empresas a los partidos políticos. En este plan de regeneración democrática que nos había entregado el secretario de Estado se anunciaban tres proyectos de ley, y en uno de ellos parece ser que lo van a incluir, según dicen los medios
de comunicación. Pues ahora nos enteramos, porque desde luego aquí en el plan que nos habían explicado, entre las medidas que se nos comentaron -miradlas, proponed otras, sugerid, vamos a hablarlo esto antes- esa no aparece ni por activa ni por
pasiva en ese plan de regeneración democrática. Así que parece que ocurre lo mismo, unilateralidad por parte del Partido Popular, si esto se confirma. Y dentro de este plan o de este movimiento llamado de regeneración democrática por parte del
Partido Popular, hubiera sido también un buen ejemplo -tengo que decirlo- que se hubiera votado favorablemente la propuesta del Parlamento Vasco, si verdaderamente lo que queremos es regeneración democrática e igualación a los ciudadanos, etcétera,
porque ese argumento de que cada Parlamento regule lo que quiera, y ustedes háganlo, el Parlamento Vasco ya ha optado; ha optado por modificar la Ley de Seguridad Social y por que sus parlamentarios entren en ese régimen general, pero quien tiene
las competencias es el Congreso de los Diputados. Lo que no pueden hacer es escaquearse y si no, transfiéranle a esa comunidad autónoma las competencias para poder tener su Seguridad Social propia.
Dicho eso, aunque se supriman las donaciones, ¿esa es la manera de que no exista una caja b? Porque aquí el problema del Partido Popular, que parece ser este asunto Bárcenas, no es tanto que existan o no donaciones privadas, sino que hay
donaciones privadas que se salen de los límites de la ley y que han estado en un segundo cajón y en una caja b. ¿El que prohibamos las donaciones de personas jurídicas va a hacer que no exista ese segundo cajón? No. Por lo tanto, no es el remedio
para que ese tipo de asuntos no sucedan. Y yo diría más, lo he repetido en todas mis intervenciones -hoy lo ha dicho también el señor Larreina-, habría que ir por el tema de una ética democrática, de una ética dentro de los partidos políticos y
evidentemente por extremar los controles, pero no por eliminar las donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos; una caja b puede seguir existiendo perfectamente. En la propuesta que ustedes hacen se eliminan las donaciones a los
partidos políticos. ¿Y qué pasa con las fundaciones? Respecto a las fundaciones -disposición adicional séptima-, se deja muy claro en la última ley, en la reforma de 2012, que no hay límite para esas donaciones en el caso de las fundaciones.
Y todos sabemos o intuimos que aquí ha habido algunos partidos políticos que muchos de sus trabajos de índole parlamentaria se iban haciendo o se iban financiando a través de sus correspondientes fundaciones. Por tanto, tampoco atajaríamos
de una manera muy clara ese problema, no lo atajaríamos, aunque particularmente tengo que decir que mi partido político tampoco va a obstaculizar que se apruebe esto. Si examinan el último informe de cuentas, verán que el porcentaje proveniente de
personas jurídicas es pequeño y desde luego no es a nuestro partido al que más iba a afectar esto, pero también quiero señalar que una medida de este tipo exige un complemento, y el complemento es que, si la financiación privada baja, necesariamente
debe subir la financiación pública, debe subir la financiación pública y esto hay que decirlo. Por eso digo que esto necesita un examen muchísimo más amplio, más sosegado y más consensuado entre todos los partidos, porque desde luego, si nos
limitamos a eliminar las donaciones privadas, no habremos conseguido primero una mayor claridad en cuanto a las cuentas y segundo un mayor equilibrio financiero de los partidos políticos, sino que lo que habremos conseguido es embrollar todavía más
la situación, porque la pelea política del día a día y de ganarse a la audiencia y a algunos posibles votantes nos lleva a este tipo de cosas. Habrá que equilibrarla con la financiación pública tarde o temprano y poner más controles aquí y poner
controles también al tema de las fundaciones, que en estos momentos, insisto, están absolutamente libres.
Anuncio que, después de mi sorpresa, no vamos a oponernos como grupo político a que se tramite, pero tampoco la vamos a apoyar, porque creo que tiene unas carencias evidentes y que es fruto de un calentón en el ámbito de un debate que se
está dando en los medios de comunicación día sí y día también, y queda muy gráfico ese tema de prohibir todas las donaciones, pero creo que no parte de una reflexión seria y serena del asunto de la financiación de los partidos políticos, tema que
una vez más quedará aplazado, tema que, mientras no lo arreglemos convenientemente, seguirá llamando a las puertas de este Congreso y de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, nos abstendremos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a votar a favor de la tramitación de esta proposición de ley en primer lugar por coherencia, porque nuestro propio grupo presentó una enmienda bastante parecida, en el mismo sentido, cuando se tramitó la última reforma de la
Ley de Financiación de Partidos Políticos, que fue en junio del año pasado, no hace tanto tiempo; de hecho, nos alegramos mucho del cambio de opinión socialista y de que se acerque más a posiciones que no hace tanto calificaba de demagógicas con
gran alegría. Efectivamente, el control de la financiación de los partidos políticos nos parece -a nosotros y a todo el mundo, es de puro sentido común- una pieza clave de la mejora de la democracia y de algo urgente que se repite aquí mucho,
aunque no siempre con sentido de la consecuencia, que es rescatar el prestigio de la política en las instituciones políticas, de las cuales la que peor fama tiene, la que mayor rechazo ciudadano provoca es precisamente la de los partidos políticos,
también porque nos tocan funciones políticas no siempre confesables, como la de chivos expiatorios y otras cosas, pero evidentemente hay que asumir que hay todavía un recorrido por hacer. Es verdad que en la anterior Ley de Financiación de Partidos
Políticos se consiguieron grandes mejoras y que la situación desde entonces es mucho mejor que la que había antes, pero también sabemos todos los aquí presentes y los ausentes que hay siempre un recorrido de tiempo, hay un lapso desde que se toma
una medida legislativa hasta que los ciudadanos comienzan a verla, a entenderla y a reconocer sus efectos y la mejora que ha supuesto. De manera que, como digo, vamos a votar a favor, primero porque presentamos una enmienda en términos muy
parecidos, que fue de las pocas, por cierto, que quedaron fuera -presentamos diecinueve y de esas diecinueve enmiendas solo seis quedaron fuera al final del texto de la ley y esta era una de ellas-, y segundo porque pensamos que es algo que conviene
seguir discutiendo.
Dicho esto, quiero aprovechar para explicar qué posición tiene Unión Progreso y Democracia sobre la cuestión de la financiación de los partidos políticos, porque es realmente un tema importante, un tema de los más discutidos y no siempre con
el conocimiento o con la profundidad adecuada y quizá muchas veces con un exceso de resentimiento y en ocasiones de muy hispánica envidia. La posición de mi grupo -la reflexión creo que es conocida, pero conviene también repetir las cosas conocidas
a menudo- es que para que haya democracia representativa es indispensable que haya partidos políticos y para que haya
partidos políticos hay que financiarlos. Hay dos maneras alternativas de hacerlo, dos vías: evidentemente, a través de aportaciones privadas y también a través de aportaciones públicas. Conviene decir -sobre todo que se lo comuniquemos a
la ciudadanía interesada en estas cuestiones pero lega en materia política- que no existe en realidad ninguna democracia digna de tal nombre en el mundo que no dedique recursos públicos a partidos políticos o a la representación política. Incluso
en los Estados Unidos, que suelen ser el paradigma de país liberal en este sentido, se dedican recursos públicos a apoyar las campañas electorales a presidente de candidatos independientes que se presentan. De manera que no hay ningún país, como
digo, donde haya una democracia digna de ese nombre donde no exista la idea de que, puesto que los partidos políticos son esenciales para que haya actividad política de todos los ciudadanos, es necesario también darles un apoyo para que esto no sea
un derecho imaginario y, como también se ha dicho aquí y desde luego compartimos, para que no se convierta lo que se llama democracia en una oligarquía, es decir, en un gobierno de los ricos, en una plutocracia. En este contexto es donde se enmarca
la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista con esta proposición de ley y la que hicimos también nosotros en el verano pasado en un sentido parecido.
Deberíamos ser claros a este respecto. Por una parte, los partidos políticos tenemos la obligación de incrementar nuestra financiación privada y esto es así. No se puede pretender -y sería desde luego un error que nos preocuparía- que se
entienda que, a cambio de la prohibición o a cambio de poner limitaciones muy estrictas -que quizá sería más interesante pero luego hablamos de eso- a donaciones de personas jurídicas, entre ellas las empresas, a cambio de esas mayores
restricciones, se aspirara a vivir al cien por cien o casi del presupuesto público. Y resulta que en España los partidos políticos tienen un problema de origen que tiene que ver con cómo se organizaron -eso fue en la propia Transición hace treinta
y cinco años- y tiene que ver con que al final fueron la propia Administración y las propias fundaciones de partidos de otros países las que tuvieron que venir en auxilio de una democracia sin partidos como era la española para que pudiera haber
elecciones y la gente pudiera votar lo que prefiriera. Esto fue así en su momento y tenía mucha lógica pero ya no la tiene. Ya no es aceptable que los partidos políticos tengamos una dependencia tan alta del presupuesto público. En el caso del
mío -no conozco los datos de los demás-, esa dependencia consideramos que es excesiva y no estamos satisfechos. En UPyD queremos más recursos privados y queremos que sean de ciudadanos, es decir, a través de cuotas de afiliados y a través de
donativos perfectamente identificados. Sin embargo y a pesar de nuestra insistencia en esta cuestión, no hemos conseguido en la última legislatura superar el 20 % de financiación privada, y nos parece poco, creemos que hay que ir a más y tenemos
modelos interesantes en otros países, por ejemplo el de Alemania.
En Alemania precisamente hubo un debate de fondo tras un escándalo de financiación ilegal que afectó a la CDU, el partido gobernante en la actualidad, hubo una serie de sentencias muy interesantes del Tribunal Constitucional y allí se
determinó que los partidos políticos, para cumplir con su función constitucional, tenían que ser independientes y un partido político no puede ser independiente si depende al cien por cien de las empresas o de donativos de personas con fortuna ni si
depende al cien por cien del presupuesto. Por lo tanto, a lo que habría que aspirar es a un modelo mixto de financiación. Es decir, los partidos políticos tendríamos que aspirar -y esto la ley lo tendría que recoger de alguna manera y propondremos
ese debate si esta proposición de ley sigue adelante- a que al menos la mitad de su financiación fuera privada y la otra mitad fuera pública. ¿Por qué tiene que haber una mitad pública pese a todo? Por un principio de igualdad de oportunidades,
porque, si no, es evidentemente imposible fundar un partido político nuevo o presentar una candidatura electoral que no tenga un partido detrás o que no tenga el apoyo de algún poder económico. Nuestro partido, que realmente se fundó, nació y se
puso a actuar con una financiación al principio cien por cien pública, con lo cual nos llegaba para poquísimo, sabe de lo que está hablando y también sabemos que hay otro problema en la sociedad española que conviene recordar. En la sociedad
española no hay una tradición de implicarse personalmente en la financiación de las cosas que uno espera. Se espera demasiado del Estado y por otra parte se espera que en este caso el Estado sea lo más cicatero posible con los partidos. Es una
contradicción y por eso proponemos que se hable de esto con claridad, con transparencia y que digamos las cosas claras. Tiene que haber financiación pública, pero tendría que estar limitada. A los partidos políticos habría que exigirles que fueran
capaces por lo menos de obtener tantos fondos privados como los públicos a los que aspiran, y además a estos ponerles también un techo.
Hay mucho que mejorar por lo tanto. Nosotros en este sentido propondríamos que se discutiera qué ocurre con estas donaciones de empresas y desde luego hay tres cosas que nos parecen esenciales en
cualquier donación -sea privada de personas físicas o privada de personas jurídicas, es decir también de empresas y fundaciones-, tres principios fundamentales, por supuesto el de la legalidad -no se puede de ninguna manera tolerar
donaciones ilegales-, pero también -y quizá sea lo más importante- transparencia y publicidad. La manera de prevenir donaciones ilegales o donaciones turbias con intereses espurios es que el donativo a partir de determinada cantidad sea conocido de
inmediato. No estamos diciendo que se conozca cuando a los cinco o seis años, como pasa en España, el Tribunal de Cuentas hace público su informe, cuando ya se le ha olvidado a todo el mundo y además no tiene ya efectos políticos ni efectos
judiciales si los hubiera. Estamos diciendo que todos los donativos a partir de determinado umbral, que no puede ser precisamente muy alto sino más bien mediano o bajo, deberían ser conocidos además de inmediato. Teníamos que tener la obligación
legal de publicarlo en la página web del partido que lo ha recibido y, por supuesto, ponerlo inmediatamente en conocimiento del Tribunal de Cuentas, que debería de comprobar que estos donativos además son reales y no mediante sujetos interpuestos.
Hay una propuesta en la iniciativa del Grupo Socialista que nos parece que peca de cierta ingenuidad y seguro que a ellos no se les escapa. Es evidente que si prohibimos a las empresas, personas jurídicas, que hagan donativos, pero
permitimos a las personas físicas que hagan donativos hasta 100.000 euros, no es muy complicado, es muy sencillo por el contrario conseguir un grupo de testaferros y que un donativo de un millón se fraccione en diez donativos distintos. Esto
también hay que controlarlo. Por tanto, habría que mejorar ese tipo de control de que el origen de los donativos es un origen no espurio, no de un testaferro, no de persona interpuesta, sino de que alguien, real y libremente, dice que quiere donar
al partido tal la cantidad cual. Esto es fundamental.
Esto es lo que nos pasa con esta propuesta. Vamos a votar como he dicho a favor, nos parece que es un tema en el que se puede profundizar, aunque ya hemos mejorado bastante en esta legislatura lo que había antes, que realmente era muy
oscurantista y opaco, pero también nos parece que no se puede limitar a una propuesta ad hoc. Esto, para empezar, no se debe hacer. Está un tanto feo, permítanme señores del Partido Socialista que se lo diga así, presentar esto después de que haya
habido un escándalo de financiación que afecta al Partido Popular, porque ustedes también han tenido los suyos y otros partidos igual. Vamos a intentar, ya que estamos en los funerales de Mandela, superar ese espíritu vengativo y vamos a lo
constructivo. ¿Por qué no proponemos volver a abrir el debate de la Ley de Financiación no para perjudicar a mi rival, sino para ver de qué manera recuperamos la confianza en la ciudadanía, que es lo que hay que hacer? ¿Por qué no discutimos de
las subvenciones no solamente privadas sino de las públicas? ¿Por qué no nos comprometemos entre todos a tratar de facilitar las cosas mediante medidas fiscales o como sea para que los ciudadanos españoles se consideren involucrados en la
financiación de su partido favorito y hagan donativos y, si es posible, se afilien, y se afilien de verdad pagando una cuota, no se afilien para pagar la cuota solo cuando hay determinados actos internos, que es otra manera de pervertir la
financiación pública y libre de los partidos? Dejémonos de efectismos y de golpes cortos y vayamos a lo profundo. Intentemos mejorar lo que ya ha mejorado, pero se puede hacer todavía mejor. Hablemos también de la relación entre partidos y
fundaciones, porque tampoco habríamos avanzado nada si al partido no se le pueden hacer donaciones de empresas pero a su fundación sí, y luego resulta que esa fundación acaba financiando mediante diversos vericuetos, no demasiado complicados de
imaginar ni de organizar, al partido de origen. Eso sería exactamente el mismo caso de una financiación privada y legítima.
Estos y otros temas son de los que nos gustaría hablar. También entraría aquí la regulación de lobbies, que está por hacer porque no se quiso asumir en la Ley de Transparencia, y otros temas anexos, pero, desde luego, sería una gran noticia
para la ciudadanía que tomáramos el compromiso de discutir esto seriamente y con una visión de futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Muchas gracias, señor presidente.
La proposición de ley del Grupo Socialista trae dos propuestas básicas -se ha dicho por parte de portavoces anteriores- y la primera es la supresión de las donaciones de las personas jurídicas, de las sociedades. Desde mi grupo
parlamentario hemos compartido este tema y lo hemos presentado como enmienda a la reciente modificación en esta misma legislatura de la Ley de Financiación de Partidos
Políticos; por tanto, lo compartimos y nos parece bien. La otra cuestión que trae la proposición de ley del Grupo Socialista es, una vez más, como la que hace poco trajo también sobre el Tribunal de Cuentas, la reducción de plazos de
presentación de cuentas a la mitad. Es algo que no han comentado el resto de los portavoces de los grupos y es algo de lo que nosotros no estamos seguros. No nos atreveríamos a reducir a la mitad el tiempo de presentación de las cuentas por parte
de los partidos y también a la mitad el tiempo que el Tribunal de Cuentas tiene para fiscalizar esas cuentas. No entendemos que esa sea una medida que vaya a redundar en mayor claridad. Lo que sí tenemos claro, y creo que tendrá claro toda la
Cámara, es que lo que no es de recibo es la situación que se ha vivido hasta ahora, en la cual la presentación de las cuentas de los partidos políticos se ha ido dilatando en el tiempo durante años. Es algo que no contemplaba la legislación actual
y que se ha producido por un fenómeno extraño que la propia ley, tal y como está redactada ahora mismo, no preveía.
El señor Sánchez Amor ha hecho una defensa de la propuesta centrada en un concepto que nosotros compartimos totalmente. Entendíamos que el Partido Socialista no estaba centrado en ese concepto, en el de la limpieza en la competición
electoral, que todos los partidos políticos tengamos las mismas condiciones previas de partida, y es como se defiende esto, dado que, si los partidos pueden recibir donaciones de empresas -lo ha demostrado con los datos que ha dado-, unos tienen más
facilidad para recaudar de las empresas y otros tienen bastante menos facilidad para recaudar de las mismas. Algunos la tenemos nula, se lo confieso, algunos partidos políticos tenemos una capacidad nula prácticamente para recaudar de empresas.
Las únicas donaciones que tenemos son las de nuestros propios militantes, cargos públicos y poco más. Si es en ese sentido, magnífico. Lo compartimos y nos parece adecuado.
Respecto a la otra defensa que ha hecho el señor Sánchez Amor de la propuesta y que tiene que ver con la corrupción, luego me detendré un poco en ella, pero no es efectiva en absoluto. La legislación actual ya contempla muchos
procedimientos para evitar determinadas corrupciones y corruptelas que están apareciendo sistemáticamente en los medios de comunicación con mayor o menor frecuencia, pero el problema es otro y no se arregla con esta modificación legal, que por otra
parte vamos a apoyar. Vamos a votar a favor de la admisión a trámite simplemente porque abre la posibilidad de volver a debatir sobre determinadas cuestiones de la Ley orgánica de financiación de partidos políticos, pero no va a servir para acabar
o para luchar contra los fenómenos de corrupción, que creemos que tienen que entrar a través de otras modificaciones legales y otros comportamientos.
Me gustaría hacer una referencia a la intervención del señor Larreina, porque compartimos la llamada a la ética, pero ha dejado caer que España es un país en el que la corrupción y la picaresca son cuestiones absolutamente generalizadas,
donde todos estamos en el mismo saco, donde todos participamos de esa situación. Señor Larreina, déjenos mantener la fe en que la inmensa mayoría del pueblo español o de los pueblos de España son gentes honradas y son gentes que cumplen con sus
obligaciones y que son una pequeña minoría o una minoría -no la vayamos a calificar o a darle mayor o menor número- los que se saltan las leyes, los que practican la picaresca y los que practican el fraude. Después criticaremos la mayor o menor
capacidad o voluntad que pone el Gobierno de España para luchar contra el fraude fiscal, pero déjenos al menos mantener la fe en que la mayoría del pueblo o de los pueblos de España son gente honrada que se levanta, cumple con su trabajo, paga sus
impuestos y funciona de acuerdo con las leyes que salen de esta Cámara. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Nosotros entendemos que a esta proposición de ley le falta por ejemplo una cuestión básica como es la de las fundaciones, algo que ya han relatado portavoces de otros grupos. Nosotros apostamos por la financiación pública. Si además se
recortan las donaciones privadas, evidentemente tenemos que reforzar la financiación pública, y no lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular en los dos últimos ejercicios, que ha recortado de forma drástica y unilateral la financiación pública
de los partidos políticos, porque la mayoría del Partido Popular o una buena parte del mismo piensa que los partidos políticos deberían financiarse única y exclusivamente con fondos privados. Eso es lo que piensa y defiende una parte importante del
Partido Popular. No sé si todo el Partido Popular, pero desde luego lo que ha demostrado el Gobierno del Partido Popular en estos dos años es que no tiene voluntad de que los partidos políticos podamos sostenernos con financiación pública, no sé si
en la proporción que ha dicho el señor Gorriarán, no sé si tiene que ser mitad y mitad, tres cuartos o cuarto y mitad, no sé cuál sería la proporción. Sí se debe mantener la financiación privada, aunque solo sea por aquella vieja cuestión de pagar
la cuota o de que los que militamos en un partido y además somos cargos públicos demos una parte de nuestros sueldos para la financiación del partido, pero esa es otra cuestión.
Entendemos que debería contemplar también la cuestión de los lobbies, si no aquí, en la Ley de Transparencia, de donde se ha escapado. Al señor Sánchez Amor y al Grupo Socialista quiero decirles que nosotros creemos que para regular o
cambiar determinadas leyes que tengan incidencia real sobre la corrupción habría que entrar por ejemplo primero en la Ley Electoral, porque no permite reglas del juego iguales para todos, para unos son más iguales que para otros y algunos parten con
posiciones de ventaja.
En lo que respecta a la corrupción -una parte de la justificación de esta proposición de ley viene porque las noticias sobre la corrupción de los partidos políticos han alarmado a la sociedad española-, el dinero que se recibe por parte de
las empresas, en la contabilidad B del señor Bárcenas durante veinte años, va a la contabilidad B, no pasa a la contabilidad A, y cuando pasa a la contabilidad A es porque bajan los tesoreros, hacen los ingresos correspondientes en las cuentas con
el límite de 100.000 euros que tiene la ley y acaban cumpliendo por ahí. No es tan fácil, como ha dicho el señor Gorriarán, saltarse la ley, porque, automáticamente, si una persona es capaz de donar hasta 100.000 euros, tendrá que estar Hacienda
detrás para ver cómo ha ganado 100.000 euros y tendrá que demostrar que ha podido ganar esos 100.000 euros o más de esos 100.000 euros para aguantar, comer y funcionar y tener 100.000 de sobra para donárselos a un partido político. Con esta
proposición de ley no vamos a contrarrestar eso. Tampoco vamos a contrarrestar otra cuestión fundamental como han sido los sobresueldos, sobresueldos pagados a miembros del Gobierno, según parece por lo que han publicado los medios de comunicación,
cosa taxativamente prohibida por la Ley del Gobierno. Pero es que la Ley Electoral prohíbe que los miembros de esta Cámara cobremos más allá de los emolumentos que tenemos derecho a cobrar por la propia Cámara, excepto algunas cuestiones puntuales.
Señorías, se sigue interpretando esa normativa de una forma incomprensible para la mayoría de la población -se lo podemos preguntar a quien ustedes quieran- y aquí se han seguido pagando sobresueldos al margen de lo que dice la Loreg. Reformemos la
Loreg de forma que quede taxativa y meridianamente claro que los efectos de esa corrupción no se pueden producir, que no se pueden cobrar sueldos por ejemplo como miembros de esta Cámara.
Hay otra cuestión que está ligada a la corrupción de los partidos y que ahora se está investigando por ejemplo en el País Valenciano. La campaña electoral del año 2007 se realizó presuntamente por el Partido Popular con toda una parte de la
propaganda sin pasarla por la contabilidad electoral, es decir, se pudo haber facturado a través de empresas terceras, una práctica que prohíbe la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Ese tipo de prácticas solo se pueden contrarrestar al
final si los medios que tiene el Estado de derecho para investigar las prácticas fraudulentas funcionan y tienen capacidad para actuar, si las fiscalías anticorrupción tienen capacidad y medios para actuar, si las unidades policiales que tienen que
investigar sobre la corrupción y el fraude tienen cada vez más medios, cosa que por cierto este Gobierno no hace, porque además desde el Ministerio del Interior se dedica a cambiar a los responsables de las brigadas que investigan todas estas
cuestiones, y el señor Montoro procede a realizar determinados cambios en la Agencia de Administración Tributaria alegando que está plagada de no se sabe bien qué.
Creemos que además habría que modificar otras leyes como la Ley del Suelo, que privatiza sistemáticamente las plusvalías y que provoca que en muchos ayuntamientos haya problemas de corrupción, o la Ley de Contratos del Sector Público, una
ley que permite hacer determinadas prácticas, que se ha modificado en infinidad de ocasiones, pero que permite y sigue tolerando hacer determinadas prácticas que deberían estar taxativamente reguladas de otra forma: incrementar costes de obras al
final, permitir fragmentar contratos para poder otorgar a unas empresas y a otras. Son cosas que al final están en la raíz de la corrupción, porque el mecanismo consiste en que una empresa dona en a o en b a un partido político un determinado
dinero esperando obtener un contrato por parte de una administración pública. Esa es la relación que hay que acabar rompiendo. No la rompe esta proposición de ley. Entendemos que habría que modificar otras leyes, que habría que buscar otras
formas de acabar con la corrupción y sobre todo para mejorar la financiación de los partidos políticos y que esta no fuera sospechosa ante la mayoría de la población, pero no obstante vamos a votar a favor de su tramitación, porque entendemos que
abrirá la posibilidad de continuar el debate.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, hace poco más de un año aprobábamos en las Cortes Generales una reforma de la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos, concretamente la Ley orgánica 5/2012, que modificaba
a su vez la Ley 8/2007 de la pasada legislatura, en la que quiero recordar que se abordó la financiación de los partidos políticos a través de una ponencia conjunta y se hizo una proposición de ley conjunta, fue fruto de un consenso y, fruto
de esa proposición de ley conjunta y de ese consenso, se modificó la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos, y esa modificación, que pareció insuficiente, fue reformada una vez más en esta legislatura el año pasado a través de un
proyecto de ley del Gobierno, un proyecto de ley que incidía muy directamente en la reducción del presupuesto público que reciben los partidos políticos de acuerdo con la Ley orgánica de financiación de los mismos; un presupuesto público que se
redujo por ley y que se volvió a reducir una vez más tras la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de este año 2013. Por tanto, hemos asistido en esta legislatura a dos reducciones directas de la financiación pública de los
partidos políticos.
Cierto es, y en eso todos los ponentes de todos los grupos parlamentarios coincidimos, que es necesario regular la financiación de los partidos políticos en democracia, es necesario regular su funcionamiento, es necesario regular la
necesidad de su existencia para garantizar el pluralismo y la alternancia política, y por todo ello cualquier reforma de un aspecto nuclear -quiero recordar una vez más que los partidos políticos tienen su encaje también en el artículo 6 de la
Constitución-, cualquier reforma que incida sobre los mismos bueno sería que se abordara a través de mecanismos de amplio consenso, que los tenemos en esta Cámara, no a través de proposiciones de ley, legítimas pero unilaterales, de grupos
parlamentarios, sino intentando buscar fórmulas de consenso abiertas.
Es cierto también que el Gobierno ha presentado un documento a los grupos parlamentarios en el denominado plan de regeneración democrática, un plan que tiene su enlace en una resolución aprobada en el último debate de política general. Ese
plan de regeneración democrática, entre las distintas medidas que contempla, presenta también una modificación de lo que vienen a llamar futura ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. Se nos llama
desde el Gobierno al consenso, a buscar fórmulas que pudieran ser no únicamente las de un Gobierno unilateralmente por la vía del proyecto de ley, sino las que obtuviéramos de una ponencia. No hace mucho desde el Grupo Socialista se nos invitaba a
los grupos a rechazar en este ámbito de la regeneración democrática un planteamiento unilateral del Gobierno. Se nos pedía, y creo que con acierto, desde el Grupo Socialista que intentáramos huir de lo que es hacerse un foto de un plan de ruta
marcado solo por un Gobierno y buscar fórmulas que nos abrieran al consenso mayoritario de los distintos grupos, porque es cierto que necesitamos esa regeneración democrática. Cierto es también que en ese ámbito de la regeneración democrática debe
abordarse cómo queda finalmente la financiación de los partidos políticos una vez más, porque se hizo ya en esta legislatura, se hizo en la pasada, pero sigue siendo una asignatura pendiente.
De ahí que nosotros, más allá de pronunciarnos sobre el contenido concreto de la proposición de ley orgánica que hoy nos plantea el Grupo Socialista, nos pronunciemos sobre la forma de abordar esa reforma. Entendemos que lo ideal sería
buscar esa fórmula de consenso a través de esa proposición conjunta que hicimos en pasadas legislaturas, aprovechar ese grupo de trabajo al que nos invita el Gobierno, hacerlo amplio, que no sea solo del Gobierno sino del conjunto de fuerzas
democráticas, haciendo esa reflexión serena sobre los distintos ámbitos que necesitan hoy en día de esa profundización en esa clave de regeneración democrática. Por ese motivo, tal y como destacaba el portavoz del Grupo Vasco, nosotros también nos
vamos a abstener, pero es una abstención que no es crítica hacia la propuesta, legítima, con cuyo contenido exacto puedes coincidir o no; tendríamos puntos de diferencia si no abordamos de qué forma deben financiarse los partidos políticos:
legalmente, con transparencia, con publicidad, con todos los controles. No desechamos en absoluto, señor Sánchez Amor, esa fórmula que ustedes pretenden y que entendemos que merece una reflexión en el sentido de acortar los tiempos. La situación
hoy no es presentable, los informes de fiscalización llegan tarde y con los ejercicios ya cerrados, y se tiene la impresión de que cuando llegan, si se han cometido irregularidades, no tienen ninguna consecuencia para aquel partido que las haya
podido cometer. Por tanto, esa reflexión serena y conjunta, también de los tiempos, en Convergència i Unión entendemos que deberíamos abordarla a través de esa ponencia conjunta y abordar también seriamente, sin demagogia -lo decía también el
portavoz del Grupo Vasco-, de qué forma, si se cortan unas fuentes de financiación, se garantiza una financiación transparente, legítima, adecuada y ajustada al contexto económico en el cual nadie permite despilfarros. Pero cierto es que no es
ningún despilfarro garantizar que los partidos políticos en democracia tengan una financiación conocida, transparente, que huya de la opacidad y que rinda cuentas públicas ante el órgano fiscalizador.
En Convergència i Unió nos da la sensación de que esta es una proposición de ley reactiva. Ustedes ante determinados casos conocidos de corrupción que afectan a la financiación de partidos políticos, reactivamente, a golpe de titular,
presentan de forma unilateral una proposición de ley orgánica de financiación de los partidos políticos. Quizá hoy la vía legislativa unilateral no es la mejor respuesta a un problema general, que debe abordarse desde esa ponencia conjunta y desde
esos mecanismos que también el Gobierno nos está ofreciendo a través de ese plan de regeneración democrática. Por tanto, en Convergència i Unió no huimos de los contenidos, estamos abiertos al debate, especialmente en aquellos aspectos relativos a
los tiempos en que los partidos deben aportar sus datos y el Tribunal de Cuentas debe analizarlos, pero debemos huir de planteamientos demagógicos que al final podrían producir una falta de financiación de los partidos políticos que en democracia no
nos podemos permitir. No podemos hacer todo a la vez, no podemos eliminar, restringir o dejar con reducciones de más del 40 % la financiación pública y cerrar a la vez las vías de financiación privada. Eso merece una reflexión serena,
constructiva, no demagógica y que desde el consenso nos permita en este Congreso de los Diputados aprobar en esta legislatura una nueva modificación en el ámbito de la financiación de los partidos políticos, en la lucha contra la corrupción, en la
mejora de la transparencia y que suponga el impulso decidido de todas las medidas de regeneración democrática que se han planteado en esta Cámara. En el último debate de política general, quiero recordar que el Pleno de esta Cámara aprobó por
amplia mayoría una resolución en este sentido impulsada desde Convergència i Unió.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cortés.
La señora CORTÉS BURETA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tomo la palabra esta tarde, viene dando su apoyo a un Gobierno que ha tenido desde el comienzo de su mandato dos claros objetivos: uno, la recuperación económica, necesaria para el
crecimiento económico y para crear empleo; y dos, la regeneración democrática, para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, en los partidos políticos y en sus representantes. De ese segundo objetivo es del que hablamos esta
tarde. Señorías, hemos sido conscientes desde el inicio mismo de la legislatura de la deteriorada imagen de los políticos y de las instituciones democráticas y del daño que eso genera, que podría ser irreversible y podría poner en peligro todos los
logros que hemos conseguido entre todos. Desde el inicio de la legislatura el Gobierno también ha dado muestras de su compromiso para afrontar la marcha de esa desconfianza. La prueba más evidente de ese compromiso es que tenía un proyecto, una
hoja de ruta pensada para acometer las reformas vinculadas a la calidad democrática, necesarias para luchar contra la corrupción, para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus representantes, y una apuesta firme por la transparencia. Por eso
se han ido tomando medidas políticas de primer orden. En octubre de 2012 impulsó una ley orgánica de reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007, de la que luego algo diré; recientemente, hemos aprobado la Ley de Transparencia,
cuyo artículo 3 incluye a los partidos políticos en su ámbito de aplicación, y ahora el Gobierno ha presentado un ambicioso plan nacional de regeneración democrática, al que luego también me referiré.
Pues bien, en estos momentos, con lo que llevamos hecho y con lo que está en marcha, el Grupo Socialista presenta una proposición de ley para modificar una vez más la Ley de financiación de partidos de 2007. En primer lugar, es una
iniciativa de parte. Se presenta de manera unilateral, sin tener en cuenta que tradicionalmente las leyes orgánicas que regulan el régimen electoral y la financiación de partidos han sido tramitadas teniendo en consideración la necesidad de
concitar el máximo apoyo posible entre las distintas formaciones políticas con representación parlamentaria. En segundo lugar, es una medida aislada, que no forma parte de ningún plan ni programa serio de reforma, sino que más bien es un parche en
el que además apreciamos deficiencias técnicas, como a continuación voy a poner de manifiesto. En ese sentido y en tercer lugar, con respecto a la exposición de motivos, nos sorprende que recoja una serie de juicios de valor que nada tienen que ver
con lo que debería ser una exposición de motivos ni con lo que luego propone en su articulado. Y sobre todo, señor Sánchez Amor, lo que me extraña es que no se haga ni una sola referencia a la reforma del año 2012. Agradezco mucho la referencia
que otros participantes en esa reforma han hecho a esa ley que aprobamos con un amplio consenso en esta Cámara en 2012, pero me extraña muchísimo que usted no haya hecho ninguna referencia a esa reforma, porque, como digo, se aprobó con un amplio
consenso en la Cámara y da la impresión de que ya se ha olvidado. Se
trabajó mucho para llegar a un acuerdo y ahora parece que aquello no sirvió para nada. Es una reforma -se hizo en 2012 y estamos en 2013- de hace un año, en la que ustedes no propusieron la medida que están proponiendo ahora, y por eso,
señor Sánchez Amor, creo que debemos reconocer el trabajo que entonces se hizo. No nos perdamos el respeto y reconozcamos que fue una oportunidad en la que se hicieron cosas importantes, como a continuación referiré, y en la que se perdió la
ocasión para que ustedes hubiesen presentado la propuesta que hoy traen a la Cámara. Se trata de una ley en la que se adoptó un conjunto de medidas de transparencia que contribuyen a mejorar el control de adecuación de los ingresos y gastos de los
partidos al ordenamiento jurídico y a robustecer la calidad del sistema democrático español, a la vez que refuerza los mecanismos de control y potestad sancionadora del Tribunal de Cuentas. Se prohiben las donaciones finalistas o revocables; se
incluye la obligatoriedad de notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones superiores a 50.000 euros y las donaciones de bienes inmuebles; se regulan las condonaciones de las deudas con entidades de crédito, siendo obligado dar cuenta de ellas al
Tribunal de Cuentas y con el límite de 100.000 euros anuales. Y -esto es lo único que voy a decir hoy de las condonaciones, señor Sánchez Amor, no voy a hablar aquí más de condonaciones- se establece la obligación además de que los partidos
publiquen su balance, sus cuentas de resultados, sus créditos y sus condonaciones; se otorga al Tribunal de Cuentas potestad sancionadora con la facultad además de vigilar que las sanciones sean efectivas; se prohibe que las fundaciones financien
a los partidos políticos, señor portavoz de UPyD -se prohibió ya que las fundaciones financien a los partidos políticos en esa reforma-, y se fija un plazo de prescripción de las infracciones, que supone cuatro años. Se trata de una ley en la que
se hace referencia precisamente también a lo que su proposición hoy pretende, porque su iniciativa trata de prohibir las donaciones de personas jurídicas a los partidos alegando que se trata de donaciones que han incumplido los límites de importe
máximo de sus cuantías y porque se han saltado también los límites concedidos por aquellas empresas que tienen relación con la Administración pública. Pues nosotros en 2012 ya decidimos prohibir esas donaciones y sancionarlas si se producían. Esas
donaciones ya están previstas en la reforma de 2012 y no como en su propuesta, que se pretende limitar unas donaciones pero no se prevé una sanción en caso de que esa donación se produzca, porque el hecho de eliminarlas del ordenamiento y
prohibirlas no quiere decir que no se vayan a producir y, si se producen, ¿qué hacemos? No tenemos una sanción prevista, y eso -déjeme que se lo diga- es muestra de una muy mala técnica jurídica.
Otra de las razones que da para la prohibición es impedir que las donaciones de personas jurídicas pretendan, en última instancia, la obtención de un ilegítimo beneficio económico para las actividades empresariales o un tratamiento
privilegiado de los intereses particulares de cualquier tipo de entidad. Déjeme decirle que yo aquí creo que estamos hablando de intenciones y regular intenciones es arriesgado, no es serio y además no tiene ninguna base jurídica. Porque, además,
si se demuestra que la finalidad de esas donaciones es efectivamente obtener ese ilegítimo beneficio, eso también está previsto en nuestra legislación. Nos vamos al Código Penal y resulta que el Código Penal ya castiga tanto al que da la donación
como al que la recibe. Por lo tanto lo que propone prohibir sin sanción alguna el Código Penal ya lo prevé como delito. Allí se recoge que aquellos que realicen una donación a un partido político con la intención de que las autoridades o los
funcionarios públicos les beneficien en sus intereses a la hora de relacionarse con las administraciones públicas pueden incurrir en penas de prisión y de multa y la autoridad que lo recibe también podrá incurrir en penas de prisión, multa e
inhabilitación por cargo público. Es una medida sobre la que estamos dispuestos a hablar, a escuchar, a discutir y a dialogar cuando se traiga en la forma correcta.
Por todo lo dicho, creemos que es más coherente y más responsable apoyar un programa completo de medidas y no propuestas aisladas, incompletas y técnicamente imperfectas, que no hacen más que aumentar la dispersión y la inseguridad jurídica.
En ese sentido hacía referencia al principio al plan de regeneración democrática que anunció el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación y que luego reiteró en su comparecencia de 1 de agosto. El pasado 20 de septiembre el
Consejo de Ministros estudió y aprobó un informe de la vicepresidenta del Gobierno sobre ese plan de regeneración. La intención del Gobierno es abrir ese plan al consenso de todas las fuerzas políticas y para eso ya ha iniciado un proceso de
diálogo con los grupos. Lo que pasa es que para dialogar, reflexionar y plantear propuestas en ese plan de regeneración hay que asistir a las reuniones y hay que hacer las propuestas en esas reuniones. No se puede decir luego que no se aceptan o
no se dialoga si luego no se acude a esas reuniones. Es un plan de regeneración que consta de cuarenta medidas distribuidas en tres paquetes normativos, una ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos,
una ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración del Estado y medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción. Es un ambicioso y completo plan acorde con las reformas y las medidas ya aprobadas que trata de
conseguir que sea una iniciativa consensuada y que sea aprobado con el mayor apoyo posible de la Cámara.
No quisiera terminar sin poner de manifiesto algo que he intentando trasladar a mis alumnos curso tras curso y en lo que creo firmemente y es que es absolutamente imposible que un sistema democrático funcione sin partidos políticos. Es
imposible e impensable. Una democracia no será una democracia como tal sin los partidos políticos, porque las funciones que los partidos cumplen, recogidas en el artículo 6 de la Constitución, de expresar el pluralismo político, de concurrir a la
formación y manifestación de la voluntad popular y de ser instrumento fundamental -que no único- de la participación política son funciones que ninguna otra institución y ninguna otra organización puede cumplir. Por eso el Estado debe tener como
prioridad, por una parte, asegurar la existencia de los partidos, y eso se hace defendiendo y procurando su libertad de creación y su libertad de actuación. Pero el Estado también debe tener como prioridad garantizar la subsistencia de los
partidos, y esa subsistencia incluye también la subsistencia económica. Esto quiere decir que hay que prever un sistema de financiación, de manera que, o bien el Estado corre con todos los gastos de los partidos, o bien crea el marco legal y las
condiciones adecuadas para que los partidos obtengan sus propios recursos, o bien se opta por un sistema mixto de financiación pública y privada. En España optamos por un sistema mixto de financiación y ahora no se trata de cuestionar el sistema
elegido, se trata de mejorarlo y de perfeccionarlo. Somos una democracia joven, pero lo suficientemente madura como para detectar cuáles son los fallos o las lagunas de ese sistema. Pues hagámoslo y hagámoslo juntos, todas las fuerzas
parlamentarias aquí representadas.
Aquí nos organizamos como grupos parlamentarios pero todos tenemos detrás un partido político, por lo tanto todos sabemos de lo que estamos hablando y todos sabemos lo que nos estamos jugando. Mi grupo, el Grupo Popular, tiende la mano al
diálogo, pone una silla para cada una de las fuerzas políticas de esta Cámara para sentarnos a trabajar, para llegar a un consenso entre todos y para sacar adelante el plan de regeneración. Tenemos la firme convicción de que las reformas que se
formulan en ese plan son un punto de partida adecuado para iniciar el diálogo porque obedecen a una necesidad social y a una necesidad moral pero también a una necesidad democrática, porque perfeccionar y dotar de mejores instrumentos al Estado de
derecho al final es también la mejor forma de proteger la democracia. La mayoría de nuestros hijos han nacido...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora CORTÉS BURETA: Acabo, señor presidente.
La mayoría de nuestros hijos han nacido ya en democracia, no conocen otro sistema político. Hagámoslo por ellos, que son el futuro, dejémosles un sistema democrático fuerte, seguro, responsable, limpio y estable. Seamos firmes y
contundentes en la regulación y en las sanciones penales y políticas. Creo, señorías -y acabo-, que esta será la mejor manera de que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones, en los partidos y en sus representantes. Desde el
Grupo Parlamentario Popular no escatimaremos esfuerzos porque creemos que merece la pena intentarlo y luchar por conseguirlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE. (Número de expediente 162/000614).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la especialización inteligente. Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández Álvarez.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Señor presidente, señorías, seguramente la manera más pertinente de iniciar esta intervención sería responder a la pregunta qué es la especialización inteligente y hacerlo yendo un poco más allá de lo que
intuitivamente podamos pensar cada uno e incluso un poco más allá de lo que plantea la propia exposición de motivos. ¿Qué es la especialización inteligente? Es un nuevo modelo de políticas públicas, un nuevo modelo que desarrollan dos economistas,
Dominique Foray y Van
Ark, en el año 2008, relativamente reciente, y que se presenta como la oportunidad de superar el modelo tradicional denominado racional burocrático de políticas públicas.
No sé si la definición habrá disipado las dudas sobre el significado de la materia, pero lo cierto es que este modelo ha triunfado, y lo ha hecho muy rápidamente, tan rápidamente que se ha incluido en el Plan de innovación 2020 de la Unión
Europea de una manera tan profunda que la especialización inteligente se ha convertido en condición sine qua non, ex ante en terminología comunitaria, para la obtención de fondos de cohesión europeos. En definitiva, la especialización inteligente
es a día de hoy imprescindible en la Unión Europea, y eso significa que la proposición que hoy presentamos no es en absoluto retórica ni genérica, es sencillamente, como decía hace un momento, condición sine qua non para recibir fondos europeos.
Precisamente por ello pedimos un esfuerzo de unanimidad por parte de los grupos políticos, y lo pedimos más allá de las enmiendas que se han presentado. Ya avanzamos que no podremos aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista que, aunque no tenga demasiado que ver, cómo no -viva la imaginación-, pide más dinero para el sistema nacional de I+D+i, que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. No podemos aceptar la enmienda de Convergència i Unió.
Queda claro -lo dice muy bien la exposición de motivos- que son las regiones, son las comunidades autónomas las que presentan sus planes, pero también dice claramente la Comisión Europea que son los Estados los que lo coordinan, no nos lo inventamos
nosotros, por lo tanto creo que tendrían que ser ustedes comprensivos con lo mismo. Podemos aceptar en cambio una de las dos enmiendas del Grupo de UPyD, que contribuye a complementar algunas de las cosas que decimos.
Señorías, no estamos ante un tema menor. El modelo tradicional, como decía anteriormente, racional-burocrático, es lento en un mundo muy cambiante, pero sobre todo se ha demostrado incapaz de gestionar de manera óptima los recursos
europeos; no hace falta que me extienda demasiado en los casos de falta de optimización de recursos en los fondos de cohesión social a que hemos asistido en los últimos años y que demuestran que se necesitaba un cambio. La especialización
inteligente ofrece un nuevo modelo que además es ideal por dimensión para las regiones europeas, y sobre todo ofrece una metodología para que sean las propias regiones, las propias comunidades autónomas las que a través de este método busquen los
nichos de oportunidad para conseguir mejores modelos de innovación. Es decir, este modelo es una guía para las regiones, para las comunidades autónomas a la hora de saber cómo tienen que actuar en materia de innovación. Precisamente para responder
a este objetivo la Comisión Europea creó recientemente la plataforma denominada S3, que ayuda, asesora y orienta a las distintas regiones en la presentación de sus planes de especialización inteligente.
Debemos decir que las comunidades autónomas están presentando sus planes en España de manera razonable y respetan los plazos de manera apreciable, insisto, y el Gobierno de España está también coordinando todos estos planes de
especialización inteligente. Por lo tanto, no estamos a través de esta proposición tanto instando al Gobierno a hacer algo que está haciendo o a las comunidades autónomas a hacer algo que están haciendo, estamos haciendo una cosa, creemos, bastante
más importante, es lanzar un mensaje a la Unión Europea y es que no solo el Gobierno de España, sino también las comunidades autónomas y este Parlamento le decimos a Europa que queremos que España esté en la vanguardia de las políticas de innovación
de la Unión Europea, y creo que con instrumentos como el que hoy vamos a aprobar lo podremos conseguir.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Álvarez.
Se han presentado, como ha señalado el propio autor de la iniciativa, varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra, para la presentación de su enmienda, la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en efecto, lo que significa la especialización inteligente lo ha explicado el portavoz del Grupo Popular que me ha precedido, pero es importante desde nuestro punto de vista, y agradeciendo de antemano la disposición que ha
mostrado a aceptar las enmiendas de mi grupo, subrayar un par de aspectos. Esta estrategia de especialización inteligente es requisito imprescindible de la Comisión Europea para repartir y asignar a los distintos Estados miembros los fondos de
cohesión, fondos de cohesión que van destinados a los países, a los Estados miembros, y no a las regiones, como los fondos regionales. Es importante para situar en su óptica lo que significa esta estrategia y lo que significa esta política de la
Comisión Europea, cuyo objetivo último, y es importante recordarlo, es la reindustrialización de Europa,
llegar a alcanzar una industrialización que represente aproximadamente el 20 % del PIB, como llegó a representar, y en ese objetivo a largo plazo es evidente que nuestro país tiene un enorme interés por lo que significa para el crecimiento
económico y en última instancia para el empleo.
En esta estrategia de especialización inteligente la Comisión Europea tiene un papel, como he dicho, muy relevante y creemos -y en ese sentido iba el primer punto de nuestra enmienda- que es importante subrayarlo e incluir a ese actor
político, a la Comisión Europea en el texto dispositivo de la proposición no de ley, porque si no se daría esto que nos sucede muchas veces en España y también en el resto de los países europeos que es que cuando las cosas vienen complicadas se le
echa la culpa a Bruselas y cuando Bruselas hace bien las cosas los Gobiernos nacionales se atribuyen los méritos, de manera que siempre Europa es una presencia negativa en la vida de los ciudadanos. Pues bien, esta estrategia de especialización
inteligente proviene de Europa, la dota de fondos la Comisión Europea y lo que tiene que hacer el Gobierno de España para garantizar esa aplicación novedosa de los fondos de cohesión es diseñar una estrategia nacional para aplicar esta estrategia de
especialización inteligente.
Son las autoridades nacionales las que tienen que presentar sus iniciativas de especialización para que la Comisión Europea las evalúe, las contemple en un marco de armonización europea y las financie; por lo tanto, es el Estado el segundo
actor político importante en este asunto que estamos debatiendo: el primero, la Comisión Europea; el segundo, el Estado central, es decir, el Gobierno. El que debe tener un plan nacional para impulsar una estrategia de especialización inteligente
es el Estado, y esta estrategia debe tener una serie de requisitos, entre ellos, el tener una visión coherente desde el punto de vista nacional, y para serlo, para ser coherente, es imprescindible que esta estrategia nacional esté dotada de
inteligencia, si se me entiende la expresión, de inteligencia en el sentido de que hace falta una visión de conjunto, una visión global del país, que atienda las necesidades de desarrollo económico y basándose en ellas se presente un plan que sea el
que financie la Comisión Europea, es decir, no se trata de que el Estado central reciba el dinero de la Comisión con una mano y con otra mano lo entregue a las comunidades autónomas, que previamente habrán presentado sus planes autonómicos sin
conexión entre sí. Esto no es lo que pretende la Comisión Europea. Lo que pretende esta estrategia es mejorar las sinergias, estimular esas sinergias, estimular la cooperación entre regiones, es decir, que puede haber sectores que estén situados
en distintas regiones, como el caso del sector naval en España, y que requieran para ser integrados disponer de esa visión nacional de la estrategia de especialización inteligente, e incluso la cooperación transfronteriza, que también contempla la
Comisión Europea, con estrategias de desarrollo que tengan lugar en dos países simultáneamente. Se trata de verlo desde la óptica de los países, de los sectores económicos afectados y, por supuesto, con el objetivo último de armonizar ese
desarrollo económico en toda Europa, evitando solapamientos, evitando duplicidades y evitando absurdas carreras de competición entre distintas zonas europeas por querer especializarse en lo mismo cuando ciertas zonas tienen ya una tradición y un
peso en ciertas áreas económicas que les facilita esa especialización inteligente en un área. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia).
Por tanto, nuestras enmiendas van en este sentido, en el de dar al César lo que es del César, reconocer a la Comisión Europea su papel, reconocer al Estado el suyo, que es el de coordinar, diseñar y dirigir esta estrategia con una visión
nacional y, por supuesto, reconocer a las comunidades autónomas su papel, que será el de presentar los recursos, las potencialidades de sus respectivas regiones que crean que pueden ser merecedoras de formar parte de esta estrategia, para finalmente
llevarlo a cabo con éxito entre todos, que es de lo que se trata.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Lozano.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
El grupo parlamentario mayoritario trae a debate ante el Pleno de la Cámara una proposición no de ley relativa a la especialización inteligente. Si bien los antecedentes de la proposición no de ley contemplan que todas las comunidades
autónomas desarrollen lo antes posible sus planes de especialización inteligente y que la propia Administración central tome sus decisiones con impacto regional, tomando en consideración los planes de especialización inteligente de cada comunidad
autónoma, creemos que la parte dispositiva de la proposición no de ley pretende instar al Gobierno a fomentar y apoyar el desarrollo coordinado de los planes de especialización inteligente dentro de un marco de colaboración y de recíproca
lealtad institucional, cosa muy diferente a lo que pretenden, como decía, los antecedentes. En este sentido, además, no se alinea, como decía, con lo previsto en el marco europeo de estrategias de investigación e innovación para la
especialización inteligente, las llamadas estrategias RIS3 en relación con la estrategia europea 2020. ¿Qué pretenden las estrategias RIS3? El señor Fernández nos lo explicaba, pero creo que debe de explicarse de forma un poco más amplia. Para
recuperarse de la crisis económica Europa necesita un crecimiento inteligente sostenible e integrador que requiere una estrategia exhaustiva de innovación europea. El objetivo no es otro que invertir en investigación, innovación e iniciativa
empresarial en todos los Estados miembros y regiones de la Unión Europea, así como un máximo aprovechamiento del potencial de cada una de ellas. Esto requiere una especialización que significa identificar las características y los activos
exclusivos de cada región, subrayar las ventajas competitivas de cada región y reunir a los participantes y recursos regionales en torno a una visión de su futuro que tienda a la excelencia. Eso también significa reforzar los sistemas de
innovación, reforzar los sistemas de innovación regional, maximizar los flujos de conocimiento y divulgar los beneficios de la innovación para toda la economía regional.
Todas estas consideraciones, junto a muchas otras más concretas, son el contenido de la ficha informativa editada por la Comisión Europea. Por tanto, y quiero recalcarlo, las estrategias RIS3 tienen un carácter marcadamente territorial
dirigido a las regiones, y la Comisión pone el foco en que sean las regiones europeas las que se comprometan en este proceso y realicen el ejercicio de priorización en su territorio, sobre la base de un análisis de sus ventajas competitivas y de sus
oportunidades en las cadenas de valor internacionales, tanto en términos del sistema productivo, como del sistema de investigación e innovación, de manera consensuada con todos los agentes que operan en sus respectivos territorios, y todo ello en el
marco de las tendencias globales. Por tanto, es un instrumento regionalizado que requieren un análisis de los puntos fuertes y oportunidades de cada región, de la especialización de conocimientos que mejor se ajustan a su potencial de innovación,
basándose en sus activos y capacidades, y que estimule la inversión privada en I+D+i. De hecho, en estos momentos las comunidades autónomas están finalizando la elaboración de los planes de especialización inteligente en el marco de la estrategia
2020. Estos planes se han elaborado mediante un proceso participativo con implicación directa de los agentes del sistema de innovación y desarrollo -administraciones públicas, universidades, empresas y sociedad civil-, tal como exige la metodología
RIS3, y ello porque antes del 15 de diciembre debe informarse al Ministerio de Economía y Competitividad para el cumplimiento de la condicionalidad ex ante para el acceso a los fondos Feder. Por tanto, el proceso está a punto de finalizar. Sin
embargo, de la literalidad de la iniciativa, de la parte dispositiva de la iniciativa formulada por el Grupo Parlamentario Popular, se puede desprender el sentido totalmente contrario a lo previsto en la normativa comunitaria. La proposición no de
ley contempla, por ejemplo, el principio de lealtad institucional y este principio no se contempla en la normativa europea y no responde al espíritu del RIS3. ¿Qué propone nuestra enmienda en este sentido? Reconoce el contenido de las estrategias
RIS3 en el marco de la estrategia europea 2020 como estrategia dirigida a las regiones europeas; reclama que las políticas de la Administración General del Estado apoyen los planes de especialización inteligente elaborados por las comunidades
autónomas y que se alineen con los recursos europeos de acuerdo con las prioridades fijadas por cada comunidad autónoma. Ni más ni menos que lo que el marco construido por la Comisión Europea nos requiere y nos lo requiere porque considera que, a
diferencia de lo previsto en la Agenda de Lisboa, la Agenda 2020 reclama identificar las características y los activos exclusivos de cada región europea y subrayar las ventajas competitivas en materia de investigación y de innovación. De ahí la
enmienda que hemos formulado.
Debo decir que de la intervención del señor Fernández se deduce que no acepta nuestra enmienda aclaratoria y acepta como adición la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario de UPyD que, desde nuestra perspectiva, se distancia aún más
del espíritu de la estrategia europea 2020 y de las estrategias RIS, como se ha desprendido de la intervención de la señora Lozano.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Picó.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Gracias, señor presidente.
Señor Fernández, no puedo evitar sentirme muy sorprendido porque creí que veníamos a debatir una proposición no de ley de impulso que comprometía al Gobierno a fomentar y a apoyar, pero usted ha dicho que eso lo están haciendo las
comunidades, que el Gobierno ya está coordinando y que veníamos aquí a
lanzarle un mensaje a la Unión Europea. Me ha descolocado. Si el mensaje es que estamos a la cabeza de la innovación, está bien; aunque no sé qué pensará de ese mensaje la Unión Europea cuando en su Agenda 2020 se plantea el objetivo de
incrementar la inversión en I+D+i al 3 % del producto interior bruto y nosotros en dos años hemos regresado a hace diez años. Casa mal el mensaje; el mensaje palabrero de aquí casa mal con los hechos presupuestarios. Usted dice que no tiene nada
que ver la petición de incremento de recursos para investigación y desarrollo, pero la Agenda de Lisboa, a la que hace referencia en su proposición no de ley, tiene como uno de sus ejes básicos apostar por la innovación, por la I+D, por la economía
del conocimiento y, si no tiene nada que ver, que baje la Unión Europea y lo vea -digo esto por laicidad-. Mire, señor Fernández, está bien decirle a Europa todas esas cosas, pero yo le voy a comentar algo -aparte de nuestro retroceso en términos
de inversión en I+D+i- sobre el nuevo concepto, ese que tanto le gusta a usted, de la especialización inteligente. No sé mucho de eso, lo reconozco, aunque no tan poco como un amigo mío que esta mañana me preguntaba si este era un plan especial
para los ministros. Pero al final me cuesta ser tan innovador como usted, y esto de la especialización inteligente me parece de sentido común de siempre; está bien llamarlo así, pero se trata de invertir bien, de evitar que los planes de inversión
en I+D y en infraestructuras de las comunidades se solapen; está bien, el sentido común, pero para la especialización inteligente queda mucho más.
En cuanto a la especialización inteligente, su desarrollo se basa en la triple hélice que son las empresas, las universidades y los organismos de investigación; de ahí va a partir, no de los Gobiernos de las comunidades autónomas, no del
Gobierno de la nación, sino de esa llamada triple hélice en cierto paralelismo con la de Watson y Crick sobre el ADN, sin embargo, ahí es un ADN de innovación. Si le damos el tajo a los recursos que perciben dos de esas partes al menos, las
universidades y los organismos de investigación, un tajo descomunal que hace que no puedan invertir en capital humano, que tengan que despedir sus recursos, que tengan que cerrar centros, la estrategia de la especialización inteligente se va
resentir. Por eso tiene mucho que ver, por eso la Agenda de Lisboa apuesta por la I+D. ¿Sabe lo que pasa? Que el problema es que no van a hacer caso al mensaje que lancemos desde aquí -yo tengo mucho cariño y mucha fe en este Parlamento- a base de
gritos a la Unión Europea, ¿sabe por qué? Hace poco una fundación del Ministerio de Economía publicó un estudio titulado nada menos que El análisis de apropiación del conocimiento científico. ¿Sabe qué dictamina ese análisis que es del Gobierno?
Que el 40 % de la producción científica española es patentada por extranjeros. Fíjese a qué nivel llegamos. Esto tiene unas connotaciones bien obvias para nuestras empresas, la otra parte de la triple hélice vinculada a la elaboración de la
especialización inteligente. Tiene mucho que ver la cosa.
Citaba la señora Lozano el sector naval; tenemos un sector naval importante en España focalizado sobre todo en Andalucía y en Galicia, que ha practicado inversión en I+D, ha innovado, pero resulta que no todo es lanzar mensajes a Bruselas.
De repente llega Repsol Gas Natural y tiene que construir cuatro gaseros y los va a construir a Asia. ¡ Pues no! (Aplausos). Se trata de que el Gobierno, además de lanzar mensajes desde aquí a la Unión Europea a través de su Grupo Popular de:
estamos a la vanguardia de no sé qué, haga que Repsol Gas Natural no contrate los gaseros con Asia porque nosotros innovamos en dos sectores con especialización inteligente, como citaba la señora Lozano, por ejemplo, en el sector naval. Esto de los
nuevos conceptos es muy lioso. Hace tiempo que ya no me extraño de oír que se pone precio a la sanidad para que siga siendo gratuita, que se elevan las tasas universitarias y se quitan las becas para que siga habiendo igualdad de oportunidades, en
fin, y ahora me entero de que hacemos una proposición no de ley no para lo que dice la proposición no de ley sino para lanzar un mensaje a Bruselas. Hombre, para eso tiene el correo electrónico. (Aplausos).
¿Sabe cuál es la cuestión? El problema es -acabo, señor presidente- que tengo que estarle agradecido siempre a usted inmensamente, porque más allá de mis limitaciones usted hace que me sienta inteligente, lo cual no se corresponde con la
realidad. No obstante, como soy seguidor de Kant y Kant decía que la inteligencia se mide en los individuos por la cantidad de incertidumbres que son capaces de soportar, y usted me crea tantas incertidumbres, al final acabo creyéndome inteligente.
(El señor presidente ocupa la Presidencia). Aún así seguramente todo esto hay que enmarcarlo que en la inefable frase de nuestro presidente: lo que me preocupa de verdad es que el Gobierno alemán tenga claro adónde vamos. Personalmente, me
empieza a preocupar que ustedes tengan claro adónde vamos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortizo.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Voy intervenir desde el escaño. Es cierto que hay un creciente reconocimiento de que los territorios necesitan construir estrategias de desarrollo centradas en la construcción de ventajas competitivas sostenibles basadas en sus recursos, en
sus competencias y en sus capacidades. Esta es una idea básica que está detrás de la idea de especialización inteligente; es decir, se entiende por especialización inteligente una aproximación al desarrollo regional basada en la especialización de
la región y la optimización de los recursos. Desgraciadamente ha habido que sufrir una crisis económica profunda para darse cuenta de dos cosas a nuestro juicio elementales. Por un lado, que no todo el mundo puede hacer de todo y ahí estamos
pensando en los famosos bios o en lo que ustedes quieran pensar; en segundo lugar, y tan importante o más, que es preciso respetar escrupulosamente las competencias, que no se debe gastar no solo porque no se tenga dinero, sino porque no se tengan
competencias y capacidades para hacerlo de una forma eficiente. Ahora pretenden repartir unos recursos europeos para I+D+i con cierta racionalidad y esto que Europa impone nos parece una cuestión positiva. Pero bien, la iniciativa en este sentido
que el Grupo Popular plantea, al margen de no hacer el hincapié suficiente en materia competencial, podría ser básicamente inocua. Al aceptar la enmienda que UPyD plantea es rechazable para nuestro grupo parlamentario y no lo podemos aceptar en
ningún caso. Primero, porque no respeta la especialización regional, no respeta ni el propio concepto de especialización inteligente y porque aprovecha la oportunidad de la proposición no de ley para ir en contra del concepto y arramplar con las
cuestiones competenciales. Si vemos la enmienda que propone UPyD habla de visión nacional, de cooperación entre regiones, de evitar solapamientos y duplicidades y siempre con esa visión y ese marco nacional. Sinceramente he de decir que esto para
nosotros tiene un enorme tufo recentralizador que no podemos aceptar ni lo vamos a hacer.
Desgraciadamente pensamos que con esta proposición de ley que acepta, según nos ha planteado el Grupo Popular, no solo no mejora el texto sino que lo empeora sustancialmente y además en nuestra opinión lo contamina, contamina el propio
concepto europeo. Desde nuestro punto de vista, si el PP no tenía ningún prejuicio en relación con el tema competencial o regional, podía hacerlo perfectamente la enmienda de Convergència i Unió que lo que hace es escrupulosamente una definición de
lo que es o cómo debe instrumentarse la especialización inteligente, y hace una referencia explícita que me parece importante para evitar procesos centralizados de planificación burocrática. Si ustedes no están dispuestos a aceptarlo, supongo que
será que esta cuestión no les gusta y si a ustedes esto no les gusta a mí no me gusta la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA-CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en octubre de 2011 la Comisión Europea adoptó una serie de propuestas legislativas para la política de cohesión destinadas al periodo 2014-2020. Para sostener las propuestas que se realizaban desde la Comisión analizan diversos
parámetros. Primero, detectar cuál es el problema, determinando que es necesaria una estrategia exhaustiva de innovación e invertir en investigación e innovación e iniciativa empresarial. Consideran que la especialización inteligente es esencial
para las inversiones en investigación e innovación realmente eficaces. Determinan igualmente el objetivo a conseguir, y este no es otro que convertir la innovación en una prioridad para todas las regiones, respaldando la creación y el crecimiento
de trabajos basados en el conocimiento.
El documento, señorías, que estoy convencida de que todos ustedes conocen, toca muchos más temas. Pero me van a permitir que en el tiempo que queda señale algunas cuestiones que ustedes, señorías del Grupo Popular, no han tenido a bien
reflejar en su iniciativa. La verdad es que ustedes no han hecho defensa de su iniciativa. Ustedes han venido aquí y lo único que han hecho es pedirnos a todos los grupos la unanimidad para la iniciativa que presentan, es decir, ustedes presentan
una iniciativa trámite, la lanzan y a ver si cuela. Sobre todo, lo que quieren es aprobarse a sí mismos iniciativas que para el resto de los grupos no tiene sentido alguno que traigan aquí. Lo que propone la Comisión Europea es que la
especialización inteligente se convierta en condición previa para respaldar las inversiones, es decir, para poder acceder a los fondos europeos desde dos objetivos clave: el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación y, segundo, el aumento del acceso a tecnologías de la información y la comunicación y su utilización.
Señorías, el 26 de junio el presidente del Consejo Rector emite un informe que viene a decir lo siguiente: de cara al próximo programa operativo de fondos estructurales estrategia de innovación RIS3 a nivel de cada comunidad autónoma, las
vicepresidencias de investigación científica y técnica y de transferencia y relaciones internacionales han desarrollado una actuación de recopilar y analizar las más de 16.000 actuaciones -negocios jurídicos- del CSIC en los últimos diez años, que
pueden calificarse de interacciones con la sociedad española a través de sustituciones y empresa. El documento elaborado se ha puesto a disposición de los responsables de plantear la estrategia en cada comunidad de los designados por la Unión
Europea para apoyar ese proceso y como responsables de aglutinar todo ello.
Señorías del Grupo Popular, una vez más llegan tarde; una vez más nos traen aquí una iniciativa humo que no sirve para nada, más allá de que ustedes salgan aquí a defender una iniciativa que suponemos que su Gobierno ya debería estar
haciendo, porque su Gobierno sabe que se le acaba el tiempo y que tiene que empezar ya a trabajar sobre ello. Para ello, nos piden la unanimidad y además les piden a las comunidades autónomas lealtad. ¿Cómo se atreven, señorías del Grupo Popular,
a pedir a las comunidades autónomas lealtad e incluso unanimidad a los grupos aquí representados, cuando están haciendo todo lo contrario que se les dice desde la Unión Europea que tienen que hacer, cuando están recortando presupuestariamente en
todo aquello destinado a innovación e investigación, cuando están permitiendo que nuestros investigadores se vayan de este país porque no pueden continuar aquí, cuando están permitiendo que se cierren procesos de investigación? ¿Cómo pueden
hablarles de lealtad a las comunidades autónomas y de unanimidad a los grupos que estamos aquí representados? Señorías, se lo volvemos a repetir: no se rían de todos nosotros. Sean un poco más serios y más rigurosos. Estamos volviendo ya a
aquello que decía don Miguel de Unamuno: que inventen ellos. A aquello de: total, qué más nos da, la luz eléctrica alumbra igual a aquellos que la han inventado que a aquellos que la estamos utilizando. Señorías, eso sí, si tenemos suerte de
tener luz, porque gracias a su reforma laboral, a sus diversas reformas y a sus diversos recortes algunos estamos casi sin luz para seguir alumbrándonos.
Próximamente se presentará la Carta por la Ciencia y, como decía el escritor polaco Jerzy Lec: la primera obligación de la inteligencia es desconfiar de ella misma. Y nosotros desconfiamos de ustedes, no nos fiamos de ustedes, porque
ustedes conculcan todo, incluso hasta la propia Constitución. Ustedes deberían cumplir con la Constitución y no cumplen con ella; nosotros no vamos a votar favorablemente esta iniciativa, por mucho que nos pidan unanimidad, por mucho que nos pidan
nuestro voto. ¿Por qué? Sencillamente, porque no nos fiamos de ustedes; porque ustedes traen aquí iniciativas que son -insistimos desde mi grupo- humo que no soluciona los problemas ni de la innovación ni de la investigación ni del futuro de este
país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Señor Fernández, ¿acepta usted alguna de las enmiendas?
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Aceptamos la segunda enmienda de UPyD, que es de adición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, MIXTO Y CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE UNA TELEVISIÓN PÚBLICA EN VALENCIANO Y DE CALIDAD EN
LA COMUNITAT VALENCIANA. (Número de expediente 162/000784).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, La Izquierda Plural, UPyD, Mixto y Catalán de Convergència i Unió, para la defensa y promoción de una televisión pública en valenciano y de calidad en la Comunitat Valenciana.
La presentación de la iniciativa la van a hacer los grupos de mayor a menor, según se ha acordado en Junta de Portavoces, por tanto, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes de nada quiero agradecer la presencia en la tribuna de trabajadores de Radiotelevisión Valenciana, del comité de empresa, de miembros del consejo de administración de la Radiotelevisión Valenciana, así como de diputados de
Las Cortes Valencianas.
Traemos esta iniciativa al Congreso porque ni el Gobierno ni el Congreso de los Diputados pueden ser ajenos al incumplimiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana que supone el cierre de la RTVV, un
cierre inconstitucional, recentralizador y autoritario. Un cierre inconstitucional porque atenta contra los derechos lingüísticos de los valencianos, porque la única forma que en el siglo XXI existe para proteger y promover una lengua -que es lo
que establece la Constitución Española- es la radiotelevisión pública; un cierre recentralizador que nada tiene que ver con la economía sino con la ideología. La Generalitat y el Gobierno saben que cuesta más cerrar RTVV -más con el caos y el
despropósito con que se está cerrando- que mantenerla abierta. Si les preocupara de verdad la cuestión económica, lo que estarían haciendo ahora los senadores y senadoras del Partido Popular valencianos sería votar a esta hora en el Senado la
enmienda para hacer posible que los valencianos tengamos la financiación que nos merecemos, pero eso tampoco lo van a hacer. Es un cierre autoritario porque se negaron a pactar con los sindicatos, se negaron a pactar el ERE -así lo ha dicho el
juez-, se niegan a dialogar ahora, enfrentan a los trabajadores con el resto de los ciudadanos, y además Fabra crea la falacia de centros de salud o televisión, pero la realidad es que cierran centros de salud y cierran la televisión. (Aplausos).
Señorías, vulneración de la Constitución, recentralización y autoritarismo no es solo la definición del cierre del RTVV sino las señas de identidad de la acción de Gobierno del Partido Popular en toda España. Recortan derechos, recortan
presupuestos y recortan servicios públicos en toda España; recortan el Estado autonómico para volver a la España de blanco y negro y además pretenden silenciar todas las críticas, como quieren silenciar a las 1.600 personas a las que ustedes, el
Partido Popular, han arruinado la vida. Quiero recordar episodios como el de Xátiva, donde cargos del Partido Popular hacían fotos a niños de una escuela para después mandar al inspector a ver si expedientaban a los profesores, unos niños que lo
único que estaban pidiendo era ver dibujos animados en valenciano. Días antes, por cierto, el presidente de la Generalitat fue a otro pueblo y se reunió en medio de la plaza con un montón de niños en hora escolar para que le hicieran fotos y le
aplaudieran. A ese colegio de La Jana no le enviaron ningún inspector.
Queremos una televisión bien diferente a la que ustedes han hecho, una televisión en las antípodas de lo que ha sido la RTVV de estos dieciocho años, una televisión que prostituyeron, que manipularon y que arruinaron. La manipularon para
convertirla en una televisión de partido en la que la pluralidad no existía y se escondía la realidad. Las víctimas del accidente del Metro de Valencia -como el ejemplo más triste y dramático- solo pudieron acudir a la televisión pública a contar
su experiencia en los pocos días de libertad en los que el Partido Popular perdió el control de la televisión. Y la arruinaron endeudándola, saqueándola sin límite. Se pagaron millones y millones de euros por series y programas que jamás se
emitieron, y se pagaron sobresueldos de 6.000 euros por programa a periodistas de aquí que hoy sí que aplauden su cierre. Los jueces han averiguado cómo la trama Gürtel entró hasta las entrañas de la televisión para financiar irregularmente al
Partido Popular y contratos como la visita del Papa que costó nada menos que 17 millones de euros.
El resultado final de esta gestión que el Partido Popular ha hecho en la Comunidad Valenciana y que ha avalado en toda España son 1.300 millones de euros de deuda. Señorías, es verdad que hay problemas económicos en todos los países
europeos y en todas las comunidades autónomas, pero lo cierto es que solo dos televisiones públicas han cerrado en toda Europa, la griega y la valenciana. Ayer el Tribunal Constitucional admitió el recurso que presentamos contra el decreto de la
Generalitat por el que se saltaba al Parlamento para nombrar una nueva dirección, y lo mismo hoy el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha admitido otro recurso que hemos presentado contra el cierre.
El Grupo Socialista, con todos los grupos de esta Cámara que están a favor de la libertad, de la pluralidad y de la defensa del valenciano, de nuestra lengua, impedirá con todos los medios jurídicos, políticos, sociales, con todo lo que
tengamos a nuestro alcance que seamos además la única comunidad autónoma de España con lengua propia que no tenga televisión. Por ello, les pido esta tarde, especialmente a las diputadas y a los diputados del Partido Popular valencianos, que voten
a favor de esta iniciativa para revocar el cierre y que los valencianos tengamos los mismos derechos que todos, y que tengamos esa televisión pública de calidad en valenciano, plural y sostenible, que se puede hacer si ustedes no lo desbaratan.
Háganlo, porque, si no lo hacen, los valencianos se lo recordarán y se lo tendrán en cuenta y, si ustedes finalmente no revocan esta decisión malvada contra los valencianos, ya les digo que más pronto que tarde, mucho más pronto que tarde, habrá un
nuevo Canal Nou en la Comunidad Valenciana.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, amics de la Televisió y Ràdio valenciana, desde Convergència i Unió hemos suscrito esta iniciativa para poner de manifiesto nuestro apoyo a la radio y televisión valencianas ante el cierre acordado por el Govern. La desaparición
de cualquier medio de comunicación, sea cual sea, público o privado, siempre es una mala noticia y no solo para el periodismo sino para la sociedad en general. La noticia es especialmente mala cuando hablamos de un medio de comunicación público,
porque en ese caso el cierre va en perjuicio de una función social, de un servicio social al que está destinado, por lo que deja un vacío mucho más profundo. El País Valencià se queda sin un medio público en una de las lenguas oficiales del país, y
ello dejará huérfanos a miles de valencianos y valencianas con una lengua propia, cosa que no ha sucedido en ninguna otra comunidad autónoma con lengua propia.
Como bien se ha expuesto por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, esta proposición pretende que se mantengan la radio y la televisión públicas del País Valencià. Esta reclamación se fundamenta en muchas razones, algunas
de la cuales ya he mencionado antes, básicamente en las consecuencias negativas no solamente para los trabajadores, para los profesionales de Canal Nou y Ràdio Nou, sino también, como decía, para la sociedad valenciana en su conjunto. En este caso,
su cierre se calcula que puede suponer la desaparición de unos 1.600 puestos de trabajo, con las consecuencias que ello comportará para cientos de profesionales y para sus familias. Será un drama profesional y personal, sobre todo teniendo en
cuenta la situación especialmente difícil que en estos momentos padecen tantos profesionales de la comunicación a consecuencia de la crisis económica. Pero hay otro aspecto que en este caso es especialmente importante, que el cierre de la radio y
la televisión públicas valencianas dejará un vacío importante en su función como canal de difusión y promoción de la lengua. Desde el año 1989 la Radiotelevisió Valenciana ha cumplido una función esencial desde la perspectiva lingüística y ello ha
contribuido a su conocimiento y difusión. Además, a nivel económico los perjuicios también van a ser irreparables para el sector audiovisual vinculado a estos medios, será muy difícil para muchas familias, como decía anteriormente. Como recoge
también el propio texto de la iniciativa, el cierre de la radio y la televisión públicas de Valencia va a suponer un duro golpe para la vertebración del territorio, para el sector periodístico, para las universidades valencianas que imparten
titulaciones vinculadas a la actividad de la radio y la televisión, así como un sinfín de afectaciones más que directa o indirectamente comportará este cierre.
Pero independientemente de estas consecuencias directas, también nos preocupa la cuestión de fondo que implica esta desaparición y que tiene que ver con una clara voluntad de silenciar determinados medios públicos de proximidad, y en
especial los autonómicos con lengua propia, desde una perspectiva claramente ideológica y bajo la excusa de eliminar duplicidades. Convergència i Unió apoya y defiende el valor singular que aportan estos medios públicos. Por ello, a pesar de las
dificultades propias del contexto económico en el que nos encontramos, defendemos claramente su mantenimiento, y no solo esto, sino que haremos lo posible para que se mantengan en su liderazgo, calidad e independencia. Es importante recordar que
solamente se puede prestar de forma adecuada ese servicio público de calidad desde el respeto por la libertad de información y que las distintas administraciones implicadas deben garantizarlo. También tenemos que recordar que esta no es la primera
que Convergència i Unió apoya la radio y la televisión públicas valencianas. Hace pocas semanas, en concreto el pasado 7 de noviembre, en el Parlament de Catalunya se aprobó una moción que, entre otras cuestiones, pedía que se diera apoyo a los
trabajadores de Radiotelevisió Valenciana para que se mantuviera esa televisión que desde nuestro punto de vista ha sido un puntal importante para el País Valencià, independientemente de que su gestión pudiera ser mejorada y de que uno pueda estar
más o menos de acuerdo en cómo se ha gestionado durante todos estos años. Es evidente que la gestión de los medios públicos puede y debe mejorarse, pero ello no es obstáculo para que estemos a su lado, a pesar de no compartir en determinadas
ocasiones cómo se ha gestionado.
En definitiva, en Convergència i Unió pensamos que no hay democracia sin libertad de expresión, sin libertad de información. Por ello, hemos suscrito íntegramente esta proposición, porque es fundamental el mantenimiento, en este caso, de la
radio y de la televisión públicas de Valencia por todas las razones que antes he expuesto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en valenciano.-Aplausos).
Cuando en el año 1981 entró el Estatuto de Autonomía de la que luego fue llamada Comunidad Valenciana -en aquel momento entró como País Valenciano-, venía un artículo en el que se hablaba de que la Generalitat Valenciana podría tener una
televisión propia. Hay una cita, supongo que espuria, a Alfonso Guerra, que dicen que preguntó para qué querían los valencianos una televisión. Los valencianos, aparte de expresarnos en castellano, tenemos nuestra propia lengua, que compartimos
con los catalanes y con los mallorquines, y por eso en ese Estatuto de Autonomía se incorporó tener una televisión, porque es un instrumento básico para la defensa de nuestra lengua. Ahora el Gobierno valenciano ha decidido unilateralmente el
cierre de Canal Nou, de la Radiotelevisión Valenciana. Cuando la ley de creación de la Radiotelevisión Valenciana fue llevada a las Cortes Valencianas en el año 1984 fue aprobada por unanimidad de la Cámara, todos los partidos allí representados
votaron a favor, mientras que el cierre de Canal Nou ha sido votado única y exclusivamente por los diputados del Partido Popular. Las alegaciones que se han hecho para este cierre es que después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, que anula el ERE, es inviable mantener la televisión valenciana. Seguramente después subirá aquí algún diputado del Grupo Popular -no sé con qué ánimo, pero, si es valenciano y es quien puedo pensar, seguramente con un
ánimo bastante violento- a defender que los culpables son los sindicatos, la oposición o los marcianos que bajaron de Marte y arruinaron la televisión valenciana, pero, empezando por el ERE, que es la última causa, no se acuse a los sindicatos de no
querer negociar. Cito la sentencia del Tribunal Superior de Justicia: Llama la atención que en el desarrollo de las consultas, pese a las medidas alternativas planteadas por la representación legal de los trabajadores, tales como prejubilaciones,
reducciones de jornada, supresiones de contratos, bajas voluntarias incentivadas, reducciones de salario, etcétera, no fueran aceptadas ninguna de las propuestas ofertadas, con inclusión de una propia reducción de gastos de personal.
La voluntad de no querer negociar ese ERE y la responsabilidad de haberlo hecho mal es del Gobierno valenciano, de nadie más, de nadie más que del Gobierno valenciano. La responsabilidad de que la deuda de Canal Nou subiese desde el año
1987, que estaba en 50 millones de euros, a los escalofriantes 1.300 millones de euros con los que se cierra la anterior empresa -porque ahora estamos hablando del cierre de la segunda empresa de la radiotelevisión pública valenciana-, es de quienes
han gobernado la Comunidad Valenciana desde el año 1995: el Partido Popular. Que no se intenten establecer responsabilidades fuera del Partido Popular; que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana o del País Valenciano asuma las
responsabilidades que le competen por el cierre y el desastre de Canal Nou, por la manipulación durante años, porque la manipulación que hubo en Canal Nou llegó a convertirse en proverbial; ahora la proverbialidad la tiene la televisión de Madrid,
que desde luego hace un flaquísimo favor a las directrices que marca la Ley de pluralidad informativa en los medios de comunicación públicos. (Aplausos). Quien infló de los 500 o 600 trabajadores que había cuando cogió la gestión de Canal Nou a
los 1.700 que hubo a última hora fue el Gobierno del Partido Popular, nadie más. Ustedes fueron los responsables. Los trabajadores en última instancia han actuado con total responsabilidad ofreciendo negociación y salidas, y ustedes se han negado.
Por eso hace pocos días vivimos un cierre esperpéntico de la televisión valenciana; esperpéntico. El Consell de la Generalitat del Gobierno valenciano se reúne en secreto una tarde para acordar el corte de la señal esa misma noche a las doce como
un furtivo que entra en un coto privado. Publican un boletín oficial para aprobar esa orden a última hora de la noche y a las doce de la noche intentan cortar la señal. Afortunadamente, no pudieron. Afortunadamente, tuvimos doce horas de
resistencia magnífica por parte de los trabajadores y al final se pudo saber todo lo que allí estaba pasando. Y no contentos con eso, el Gobierno valenciano al día siguiente fue a reunirse a Ibi para no aguantar una manifestación en la plaza de la
Virgen. El Partido Popular es el responsable de los desfalcos que ha habido en Canal Nou, en Radiotelevisión Valenciana, responsable de 200 millones de euros regalados a los equipos de fútbol, directamente regalados 200 millones de euros, señorías.
El Partido Popular es responsable del desfalco que hubo con la visita del Papa, una visita que ha dado lugar además a cintas en las que se han grabado por parte de responsables de aquel momento quiénes han sido las personas que dieron las órdenes y
las instrucciones -ahora todo eso está bajo secreto de
sumario- para hacer estas contrataciones, cintas que han sido robadas ya de Canal Nou. Al final uno se pregunta por qué se quiere cerrar Canal Nou.
Señorías, el Partido Popular debe asumir sus responsabilidades por lo que ha pasado con la radiotelevisión pública valenciana. Debe haber dimisiones; no puede ser que aquí se roben los millones de euros, se desfalquen los millones de euros
y no pase absolutamente nada. Eso no puede pasar en un país democrático como es España. (Aplausos). No puede pasar, señorías. Y no puede venir después quien venga aquí del Partido Popular y subir a esta tribuna a explicarnos que la culpa es de
otros; la culpa y la responsabilidad han sido única y exclusivamente del Partido Popular valenciano, la culpa del robo y el desfalco que ha habido.
El resto de grupos de la Cámara hemos pactado una propuesta que traemos al Gobierno de España para que salve la radiotelevisión pública valenciana, porque el cadáver todavía está caliente y reabrir la señal costaría ahora mismo bastante
menos que ir al cierre de Canal Nou, que ir al cierre total. Por eso, esta proposición que no solamente apoyamos los grupos de la Cámara, que además nos ha venido desde sectores de periodistas del País Valenciano, auspiciada por el Consell Valencià
de Cultura, auspiciada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua, auspiciada por la sociedad valenciana, que ha clamado porque se mantenga abierta la radiotelevisión valenciana. Hasta los chiquillos en una escuela, los críos, clamaban ante el
presidente de la Generalitat, ante el señor Fabra: Volem Canal Nou, volem Canal Nou.
Señorías, asómbrense ustedes...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo, señor presidente.
Asómbrense ustedes, señores diputados, de cuál ha sido la respuesta vergonzante de ese vergonzante Consell de la Generalitat valenciana: abrir un expediente al colegio para ver quién había influido en lo que decían los chiquillos. Pero si
a los chiquillos les han quitado los dibujos animados en valenciano, si hemos sido muchos los valencianos y valencianas que hemos aprendido a hablar valenciano a base de oírlo en Canal Nou. (Aplausos).
Señorías populares, señorías del Partido Popular, si queda algo de dignidad ayuden una vez más al pueblo valenciano, ayuden a que la radiotelevisión pública valenciana pueda volver a encender su señal y volver a funcionar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Anuncio nuestro acuerdo con esta PNL porque su parte propositiva coincide plenamente con lo que nosotros decimos en nuestro programa. Nosotros defendemos una televisión autonómica -eso sí, de un tamaño sostenible- en todos aquellos lugares
donde haya una lengua cooficial; lo dice nuestro programa. A nosotros nos gusta cumplir con el mismo; ya sé que a ustedes no. Es así, no me hagan ese tipo de gestos.
Hay otro tipo de cosas en esta PNL que debo reconocer que no nos gustan tanto; tienen que ver con la parte expositiva, nos generaban dudas, pero nos parece que es esencial ponernos al lado de unos trabajadores que, señorías del PP, nosotros
también creemos que han sido claramente maltratados y asimismo para denunciar cómo han hecho ustedes el cierre de Canal Nou. No podemos estar de acuerdo, como he dicho, en algunas de las cosas de la parte expositiva porque nosotros no creemos que
Canal Nou deba ser responsable de dinamizar ningún sector. De hecho, lo que ha sucedido es a veces prácticamente lo contrario, ha asfixiado a parte del sector audiovisual a base de impagos y a base de retrasos en el pago de los trabajos. Tampoco
podemos estar de acuerdo, y esto para nosotros es esencial, en todo aquello que tenga un aroma -y voy a evitar decir otro tipo de palabra- a política identitaria, y luego me extenderé un poquito más en todo esto.
Me temo que no hace falta muchísimo tiempo para explicar cuál es nuestro modelo, quizás porque nosotros tenemos otras prioridades. Como dije, nosotros defendemos un servicio público sostenible que difunda la lengua cooficial, algo que por
cierto -también hay que decirlo- se puede conseguir perfectamente mediante aquellas desconexiones territoriales de toda la vida de Radiotelevisión Española, sobre todo ahora que con el modelo digital Radiotelevisión Española tiene muchísimos más
canales que
antes. Pero, en fin, esta es una elección de gobierno y ustedes hicieron una muy clara. Pero no es necesario, señores del PP, crear los mastodontes carísimos que se extienden por toda España y que buscan algo muy distinto a lo que nosotros
defendemos. Así pues, lengua cooficial, sostenibilidad -esto es importante y desde luego ustedes no lo hicieron así-, cercanía -es cierto que hay temas que no se tratan en los canales nacionales-, y desde luego garantizar la pluralidad, y creo que
tampoco es necesario que abunde mucho en el tema, ustedes no lo hicieron, no garantizaron nunca la pluralidad política desde Canal Nou.
Además me veo obligado a decir -y creo que es por responsabilidad política- que esto no solamente ha sucedido en la Comunidad Valenciana, hay otros muchos lugares de España donde existen canales autonómicos, por no decir todos, que no
cumplen con estas características que acabo de mencionar. Si nos fijamos en los países de nuestro entorno, nos daremos cuenta de lo mal que se han hecho las cosas en todo el país. Repito, un país tan descentralizado como es Alemania, con dieciséis
Länder y 80 millones de habitantes, tiene 10 canales regionales; nosotros, con la mitad de la población, tenemos 26 canales, más del doble. Es decir, por habitante tenemos cuatro veces más canales autonómicos de lo que tienen los habitantes
alemanes. Y qué decir además, porque me parece importante, del tamaño de esos canales hipertrofiados. Señorías, cuando en una empresa -hablo de dos ejemplos que les afectan a ustedes puesto que son dos comunidades en las que gobierna el Partido
Popular-, como está sucediendo en Telemadrid y en Canal Nou, haciendo la media, se tiene que hacer un ERE para echar al 75 % de la plantilla y así garantizar su sostenibilidad es que algo están ustedes haciendo muy mal. Nosotros nos gastamos
anualmente casi mil millones de euros en estos canales -por cierto, una cifra parecida a los recortes que ustedes han aplicado en dependencia- y este modelo de televisiones nos ha generado a todos los españoles una deuda de 1.500 millones de euros.
Aquí quiero detenerme un momento, señores del PP, 1.500 millones de euros, y de esos 1.500 millones de euros el 75 % corresponde a la deuda que ustedes han generado con Canal Nou. Me parece que es absolutamente alucinante la cifra y me parece que
es obvio. Yo desearía escuchar desde aquí alguna responsabilidad, no ya penal, pero al menos política por su parte, así como algún reconocimiento de que es obvio que las cosas se han hecho muy mal. Su Gobierno valenciano, como digo, ha generado
ese 75 %. ¿Es así como tratan los recursos de todos los españoles? ¿Esas son sus prioridades? Así han dejado a nuestra Comunidad Valenciana, señores del PP. Esas son sus políticas de escaparate. Porque aquí viene la segunda parte del problema,
cómo han gestionado ustedes esos canales y sobre todo para qué. Y aquí hemos de recordarles, señores del PP, que ustedes han usado Canal Nou como su cortijo, enchufando a quienes han querido y haciéndose una propaganda que, permítanme, deberían
haberse pagado con su dinero y no con el de todos los españoles. El PP, aquel partido que decía ser sinónimo de gestión eficiente, deja Canal Nou con una deuda de mil y pico millones de euros y una audiencia, señores del PP, del 4 %; es decir,
dejan a Canal Nou en la ruina más absoluta y una vez más en una ruina de la que no se responsabiliza nadie.
Pero claro, yo debo seguir avanzando en la argumentación y ampliar todo lo que estoy diciendo porque, ¿acaso el Partido Socialista e Izquierda Unida no hacen lo mismo en Andalucía? ¿Acaso Convergència i Unió no usa una TV3 hiperdimensionada
para hacer política identitaria, para llegar incluso a fomentar el odio a otros llegando a utilizar hasta a los niños? Por cierto, hoy se ha utilizado aquí varias veces a los niños. ¿No cuelan Convergència i Unió o el PSC y Esquerra Republicana
continuamente el plano, el mapa de esos països catalans que quieren obligarnos a los valencianos o a los baleares? ¿No hace lo mismo el PNV con Euskal Telebista? Hasta el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha decía que el canal
autonómico de allí sirve para regionalizar la identidad. ¿Qué estupidez es esta de regionalizar la identidad? ¿Para qué estamos utilizando los canales autonómicos? ¿Qué disparate es ese? ¿Qué hacen ustedes con todos estos canales? ¿Por qué
contribuyen todos ustedes formando parte de los consejos de administración -nosotros nos hemos negado a formar parte de esos consejos, como lo hicimos también con las cajas de ahorros- y, por tanto, se convierten en cómplices? ¿Cómo se atreven a
cobrar de algunos de esos consejos de administración y luego venir aquí a dar lecciones? La justicia, señorías, va a obligar en Baleares a que los políticos que estaban en alguno de esos consejos de administración respondan con su patrimonio. Sí,
es cierto. Ojalá eso se cumpla y ojalá se extienda. Podría utilizar, señorías, la misma plantilla de nuestro discurso con las cajas de ahorros o con la justicia para afear su conducta: utilización de recursos públicos de forma partidista; su
forma de hundir el sistema por irresponsabilidad, de politizar las teles públicas, de utilizarlas como teles de partido; su nula responsabilidad no ya penal, sino política. Pero quisiera acabar recordando cómo han tratado ustedes, señores del
Partido Popular, a los trabajadores de Canal Nou, unos trabajadores a los ustedes sometieron a una auténtica
tortura psicológica con un ERE que se demoraba durante meses y meses y no llegaba, hundiéndoles en la incertidumbre; un ERE que además luego estuvo en el TSJ, que lo declaró nulo, afeando además, como se ha recordado hoy aquí, su nula
intención de negociar. Tras eso, ustedes dejan a estos trabajadores sin su puesto de trabajo, sin vacilar ni siquiera un instante. Nosotros, señores del PP, presentamos una enmienda a la totalidad de su proyecto de ley para modificar la Ley
General de la Comunicación Audiovisual. Ahí advertíamos de todo lo que estaba pasando en muchos sitios, de lo que estaba pasando en Canal Nou. Con una liquidación ordenada como la que nosotros proponíamos, todo esto que ha sucedido...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: ... en la Comunidad Valenciana -acabo, señor presidente- no hubiese sucedido. Nuestro más absoluto rechazo a su modelo, señores del PP, a cómo han tratado a los trabajadores, pero -debo decirlo también por
responsabilidad política- nuestro rechazo al modelo de esos extraños compañeros de PNL que hemos tenido hoy.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
(Comienza su intervención en catalán). Desde la miseria política, el Partido Popular ha enterrado veinticuatro años de televisión pública valenciana. Su acción responde a cuatro realidades que algún día pagarán muy caras. Primera
realidad. Ustedes están al servicio de los intereses económicos de la oligarquía. El pretexto económico no nos sirve. La decisión responde a una voluntad ideológica de privatizar y recentralizar. De hecho, culminan lo que intentó Zaplana.
Entonces se modificó la ley para permitir una deuda millonaria y que esta fuera asumida por el Consell, mientras se deterioraba a golpe de manipulación y de contenidos de baja calidad un servicio público. Ahora, a la segunda, lo consiguen para sus
amigos propietarios de canales privados.
Segunda realidad que algún día pagarán muy cara. Ustedes viven instalados en la cultura de la corrupción. Culpan a los trabajadores y sindicatos del cierre, cuando directivos de Radiotelevisión Valenciana, como el exdirector general Pedro
García, están imputados en la causa Gürtel acusados de apropiarse del dinero público a través de la visita del Papa a Valencia. Saben que 1.300 millones de deuda no responden a costes laborales sino a chanchullos para enriquecer a personas afines
al Partido Popular, a clubs deportivos o a tertulianos de ultraderecha -sí, tertulianos de ultraderecha- que ahora aplauden eufóricos el cierre mientras sus grupos mediáticos buscan quedarse con el resto de la radiotelevisión de los valencianos.
Tercera realidad que algún día pagarán muy cara. Para ustedes el País Valencià es una colonia; repito, una colonia, una colonia económica, cultural y lingüística, de hecho, un subsistema al cual exprimir continuamente y el laboratorio en
el que experimentar sus políticas neoliberales, y si hay que sacrificar al País Valencià, pues se le sacrifica. Porque debe saberse que la decisión de cerrar un medio de comunicación y dejar 1.600 trabajadores en la calle provoca además que actores
y actrices, dobladores, productores y un sinfín de empresas pierdan su principal referente empresarial y cliente. El cierre de Radiotelevisión Valenciana, en definitiva, acabará con 4.000 puestos de trabajo indirectos y provocará la destrucción del
sector audiovisual, y esto no es recuperación económica, al contrario.
Cuarta realidad que algún día pagarán muy cara. Ustedes alimentan una derecha valenciana que siente un verdadero autoodio a su tierra, hacia su propia tierra. ¿Quieren mayor ejemplo de autoodio que un cierre decretado por un presidente que
ni siquiera tiene la voluntad de hablar la lengua del país? Autoodio es ejecutar también un cierre que atenta contra la lengua propia del País Valencià, a la que dejan, conjuntamente con la prohibición de las emisiones de televisión catalana,
todavía más indefensa ante el proceso de minorización y de sustitución a favor de la lengua española. Esta es su modernidad, señores del Partido Popular, esta es la España grande, libre y castellana que ustedes añoran, que añoran y que por
desgracia van recuperando, ciertamente.
Y acabo. (Pronuncia palabras en valenciano). Se lo traduzco. Este sufrimiento de los valencianos, ustedes, tarde o temprano, lo pagarán muy, muy caro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hace dos domingos, días después de que ustedes cerraran la radio y la televisión valencianas, Pau, un niño de Sueca, se manifestó con sus padres, llevaba esta humilde pancarta. (Muestra un cartel y lee el lema que aparece en valenciano).
Traduzco. Ahora que habéis cerrado Canal Nou, tendréis dinero para pagarnos la dependencia. Porque de eso se trataba, ¿no? El PP valenciano ha cerrado la radio y la televisión valencianas diciendo que tenía que priorizar, que necesitaba los
recursos para la sanidad, la educación y los servicios sociales, y con esta patética excusa, con esta nueva mentira pusieron el candado a la radio y la televisión valencianas. Pau es un niño de cinco años alegre y cariñoso, que nació con parálisis
cerebral. Pau, como muchos otros niños y niñas, como muchos dependientes, necesita material ortopédico, sesiones de fisioterapia, medicamentos y otras prestaciones que ustedes no subvencionan al cien por cien. A Pau le han recortado la dependencia
a la mitad, le deben muchos atrasos y los pagos nunca acaban de llegar, por eso se manifestó en Valencia, para reivindicar el fin de los recortes y los impagos de la dependencia. Por eso me produce rabia y vergüenza la desfachatez del presidente
Fabra cuando dice y declara delante de una manifestación de trabajadores de la radio y la televisión: Me importan los que sufren, no los que gritan. Indignación, nausea, hastío son palabras y sentimientos que me vienen a la boca cuando sabemos que
pagaban 117 millones libres de impuestos a Bernie Ecclestone por la Fórmula 1, mientras dejaban de pagar la dependencia a Pau; por cierto, que es alumno de una escuela pública de Sueca, el Colegio Carrasquer, con barracones y que lleva más de
veinte años esperando unas obras que el PP ha prometido muchas veces. Esperamos que esta vez vaya de verdad; esperemos que ahora también tengan dinero para acabar de construir los colegios que han prometido tantas veces.
Señores del PP, ustedes que desde hace tres décadas se envuelven en la bandera de la valencianía, ustedes que eran los máximos defensores de los valencianos, ustedes que eran los campeones de lo nuestro echan el cerrojo a uno de los
principales símbolos de nuestro autogobierno, a uno de los instrumentos que más ha contribuido a vertebrarnos como pueblo. Con su cierre, ustedes silencian las fallas, les fogueres, les gaiates, els moros i cristians, la pilota valenciana,
l'Oratge, L'Alquería Blanca y los dibuixos animats, pero, por encima de todo, amordazan nuestra lengua, nos la roban, nos despojan y nos expolian del valencià y digo nos porque la Radio Televisión Valenciana es nuestra y es nuestra porque es de
todas y de todos. Después de apropiársela, de manosearla, de manipularla, después de haberla convertido en una marioneta al servicio del Partido Popular, la cierran sin dar un solo motivo convincente, sin haberse sentado a negociar seriamente con
los trabajadores, sin atender a los números que les entregó Compromís, un documento técnico que recoge datos, números y cifras que avalan la viabilidad económica de la Radio Televisión Valenciana; un texto que recoge que cerrar la Radio Televisión
Valenciana es más caro que mantenerla.
Acabo. Señoras y señores del PP valenciano, ustedes se están convirtiendo en los sepultureros de la autonomía valenciana, en una plaga para los intereses de los valencianos y las valencianas. Ustedes han cerrado con candado (Muestra un
candado cerrado) la Radio Televisión Valenciana, como quieren cerrar la boca de los niños del Collegi Públic Taquígraf Martí de Xàtiva solamente por gritar: Volem Canal Nou. Desde Compromís-Equo nos comprometemos a reabrir el candado de la Radio
Televisión Valenciana con la llave de la libertad (Abre el candado) y el respeto al autogobierno de todos los valencianos. Radio Televisió Valenciana tornarà, clar que tornarà.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente. En primer lugar, quiero saludar y mostrar en nombre de mi grupo nuestra solidaridad a los trabajadores de la Radiotelevisión de Valencia y un abrazo para que puedan seguir luchando. Creemos que el cierre de un
medio de comunicación siempre es una mala noticia -lo han dicho otros compañeros antes que yo-: si es un cierre forzado es mala, si se cierra un medio de comunicación es mala y de eso en Euskadi algo sabemos porque nos han cerrado hasta algún que
otro periódico y todavía no sabemos por qué. Pero dentro de lo que estamos diciendo creo que hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta, el debate de hoy debe ser una denuncia y debatimos hoy para denunciar. Esto es competencia de las Cortes
Valencianas y aquí lo único que podemos hacer es denunciar y precisamente el texto dice eso; es decir, denunciar el hecho de que se haya cerrado un medio de
comunicación. Sería echar piedras a nuestro propio tejado querer solucionar desde aquí lo que se tiene que solucionar desde Valencia.
Ahora bien, dicho esto, quiero añadir que la denuncia es clara. ¿Qué se ha hecho hasta ahora para que se haya llegado a esta situación, para que se tenga que cerrar una televisión pública con lo que supone a nivel cultural, a nivel social,
a nivel económico? ¿Cuál es el desastre, qué explicación ha dado el Partido Popular para decir que cierro esto, y punto? Creo que verdaderamente hay alguna explicación que todavía no ha dado y aunque directamente ni a mi partido ni a mi país le
competa es una explicación que se debe dar porque todos los pueblos tienen derecho a tener su lengua activa y en el caso de Valencia está claro que tenía una herramienta; como otros tenemos Euskal Telebista o los catalanes TV3 o los gallegos
Televisión de Galicia, los valencianos tenían también su televisión para poder promover su cultura, para promover su propio espacio social y cultural.
Se han dado motivos económicos en el sentido de que evidentemente se cierra porque, si no, tenemos que cerrar centros de salud o incluso se ha dado el argumento de que otros han cerrado otros centros para poder mantenerla. Eso es de muy
malos economistas -perdónenme- muy malos economistas porque, si no, no tendríamos un museo, ni tendríamos una película, ni tendríamos una televisión pública, ni tendríamos nada de aquello que no produce. Lo que hay que hacer es ser capaces de tener
televisión pública, de tener centros sociales, de tener hospitales y de gestionar bien todo ello porque para eso nos pagan o para eso les pagan. Por lo tanto, ese argumento es precisamente como decir qué incapaces somos de gestionar un gobierno o
una comunidad.
Voy acabando, señor presidente. Está claro que independientemente del hecho, hay unas consecuencias, unas consecuencias sociales, unas consecuencias laborales de gente que se va a quedar sin trabajo, pero hay unas consecuencias también
dentro de lo que es el espacio socioeconómico de la industria audiovisual que se genera en torno a una televisión y que en este caso ha quedado bloqueada, ha quedado noqueada sin capacidad de poder reaccionar. Y ya que no me queda más que un
minuto, quería decir que no comparemos las consecuencias, no comparemos por qué se ha cerrado manifestando que, si no, tendrían que haber prescindido los valencianos de otra serie de servicios. Mi grupo muestra toda su solidaridad, consideramos que
este debate se ha de dar y las peticiones hay que hacerlas al Gobierno valenciano y aquí no podemos usurpar la competencia que tiene la Comunidad Valenciana para ello. Yo entiendo que los trabajadores y la gente quiera que nos movamos y nos
pronunciemos y denunciemos y para eso estamos, lo denunciaremos, pero quien es competente en la materia y quien tiene que dar explicaciones es el Gobierno valenciano en las Cortes valencianas.
Por último, ya que he sido citado, y mi grupo también, por parte del representante de UPyD, parece ser que son los únicos ángeles que directamente ungidos por el aliento de Dios son los más puros, los que nunca han tenido nada;
evidentemente no han tenido nada porque no gobiernan en ningún sitio y, por lo tanto, no han podido ejercer eso que los demás hacemos mal, que en mi caso le digo que no es así. Si fueran tan perfectos, no tendrían un único diputado como tienen en
el Parlamento vasco.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Después de leer esta proposición no de ley, nos sorprende cuando menos que los abajo firmantes están cometiendo una injerencia inadmisible e impropia de quienes en el día a día de este Parlamento están permanentemente invocando respeto a las
autonomías y sus competencias, porque están pidiendo, señorías, sobre todo los nacionalistas, que el Gobierno de España interfiera en la decisión que adopta una comunidad autónoma respecto a la televisión autonómica sobre la que tiene sus
competencias. (Aplausos). Están buscando que el Parlamento de la nación se entrometa en un asunto que es título competencial de una comunidad autónoma y en el que el control parlamentario le corresponde consecuentemente al Parlamento de esa
comunidad. Por lo tanto, desde aquí, como valenciana y miembro del Grupo Parlamentario Popular y de la Comunidad Valenciana les pido y les ruego que sean respetuosos con el estatuto de autonomía de mi comunidad. (Aplausos).
En cuanto a las intervenciones que me han precedido, no sé cómo el señor Puig tiene la desvergüenza -por no tildarlo de otra manera (Protestas)- de intervenir en el sentido que lo ha hecho cuando siendo usted jefe del gabinete del presidente
Lerma y responsable también de las relaciones institucionales e informativas Canal Nou fue condenada por manipulación, la única vez en toda su historia, cuando usted
era jefe del gabinete. (Aplausos). Y no lo digo yo, lo dice Pere Mayor, un reconocido nacionalista de la Comunidad Valenciana. Dice: Ximo Puig recibía todos los días en el Palau un fax de Canal Nou y él elegía cuál debía de ser la
noticia. (El señor Puig Ferrer hace gestos negativos). Sí, le pasaban a usted la escaleta y usted decía esta sí y esta no. (El señor Puig Ferrer pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Puig, no es su turno, así que silencio.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Usted en el año 1992 llamó a las nueve de la noche a un periodista de informativos para afearle la noticia que había dado y, a renglón seguido, media hora después le dijo que lo mejor que podía hacer es que
mañana no volviera a trabajar porque, desde luego, era inaceptable. Ese periodista hoy está trabajando en el Ayuntamiento de Castellón. Esas eran las artes que se utilizaban en los tiempos gloriosos del Gobierno socialista. (Rumores.-Protestas).
Ustedes que piden el cierre de Canal Nou y dicen frases tan gloriosas como si la actual Radiotelevisión Valenciana muriera nadie lloraría por ella, ustedes que pitaban, insultaban, descalificaban en el mitin de la plaza de toros de Valencia con
Zapatero en el año 2011 a los profesionales de la casa, ustedes, que, como el entonces ministro Blanco, pedían abiertamente el cierre de la televisión valenciana, resulta que ahora están pasando a encabezar las manifestaciones en contra del mismo,
ustedes tienen la desfachatez de pedir un día el cierre de Canal Nou como medida de austeridad y control de gasto y lamentar luego que se cierre, rasgándose las vestiduras e incluso recurriendo al Tribunal Supremo. ¿Dónde estaban ustedes cuando en
la época de Zapatero la Comunidad Valenciana llegó a perder 420.000 empleos? ¿Dónde estaban ustedes? ¿No se lamentaban? ¿No lloraban? ¿No reclamaban? Sin embargo, ahora sí. (Rumores.-Protestas).
Señor Puig, ¿cuál es el modelo de televisión? Por favor, les ruego un mínimo de silencio.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón la señora diputada. Ha habido silencio antes y pido que haya silencio ahora.
Continúe.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor Puig, ¿cuál es su modelo de televisión? ¿Una televisión dirigida desde el Palau de la Generalitat como en sus mejores tiempos en los que usted ejercía de jefe de informativos? ¿Es cuando maltrataban a
Rita Barberá o bien es cuando una televisión como la de Esports, esa que usted tiene en su comarca, esa que curiosamente ocultó en el acta del Pleno en el que se adjudicó que en la TDT la firma era la de su hermano? Quizá ese es el modelo que
quiere usted, (El señor Puig Ferrer pronuncia palabras que no se perciben.-El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben), modelo que, por otra parte, es el que recibe subvenciones de la Generalitat de Cataluña -he dicho bien- y no
creo que sea por defender las señas de identidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Campos, le llamo al orden por primera vez.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Insisto, esa que recibe subvenciones de la Generalitat de Cataluña -he dicho bien, de la Generalitat de Cataluña-, que dudo que sean para defender las señas de identidad de la Comunidad Valenciana ni la
lengua ni la bandera ni su cultura. Lo dudo y mucho. (Aplausos). Por tanto, su actuación, la del Grupo Parlamentario Socialista, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, ha sido absolutamente indigna hasta el último minuto de emisión en el que
robaron el protagonismo a los propios trabajadores.
En cuanto a la intervención del señor Cantó, la verdad es que usted dice una cosa hoy, mañana la contraria y luego se desdice. Usted en su twitter, que ahora ha borrado, colgó esta imagen que comienza lanzando un misil a Canal Nou.
(Muestra una imagen). Eso sucede en plena negociación del ERE. Esas son las prácticas, probablemente lo que a usted le gustaría que se hubiera producido. Y cuando se produce esa imagen que usted ha borrado usted pone en el texto: Muy bueno, una
posible solución al déficit de Canal Nou. (Rumores). Pero, es más, usted está hablando de un Canal Nou sobredimensionado y usted en esta misma noticia abajo, por si no lo lee, dice: Toni Cantó cobró 134.000 euros de Canal Nou. ¡Ahora la quiere
fulminar! (Aplausos.-Rumores). ¡Qué cosas! Entonces Canal Nou sí que era bueno y ahora no. A ver si somos capaces de construir un discurso ecuánime.
Además, ustedes en su programa electoral dicen que en cuanto a las televisiones autonómicas hay que estudiar la viabilidad y proceder en su caso, si no lo fuera, a su cierre. ¿Qué es lo que estamos
haciendo, señor Cantó? Precisamente lo que en su programa electoral ustedes recogen. Por tanto, nunca debió suscribir esta iniciativa. Ese ha sido su discurso habitual y hoy hemos visto como en otro punto han dicho una cosa y luego han
votado lo contrario.
Señorías, yo sí quiero que quede claro que en esta situación ningún sector, absolutamente ninguno, se ha escapado de la crisis y menos el de los medios de comunicación. Hasta ahora todos ya reconocemos la crisis, incluso la reconocen el
señor Zapatero y el señor Solbes. En esta coyuntura para el Gobierno de la Comunidad Valenciana lo prioritario ha sido en este caso salvar el Estado del bienestar y desde ese Gobierno se está dedicando...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Voy terminando, señor presidente.
... el 87 % del presupuesto a los servicios sociales, a la sanidad -por cierto, no hemos cerrado ningún centro social ni ningún centro de salud (Protestas.-La señora Montón Giménez: ¡Qué barbaridad!)- y a la educación. Ni uno, ni uno. Es
más, se están abriendo hospitales. Señorías, creo firmemente que los ciudadanos no entenderían de ninguna manera que servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación se comprimieran o rebajaran su nivel de prestación mientras otras
actividades públicas resultan intocables. Hay quien puede preferir no pagar la extra de Navidad a sus funcionarios o aplicar nuevos impuestos antes que recortar el presupuesto de su televisión autonómica. Están en su derecho, el mismo derecho que
asiste al Gobierno de la Comunidad Valenciana a la hora de tomar la medida que ha adoptado.
Por último, señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende la preocupación de los profesionales y de las familias que se han visto afectadas por el cierre de Radiotelevisión Valenciana (Aplausos.- Rumores), y queremos volver a manifestar
nuestra máxima solidaridad con todos y cada uno de ellos. (Rumores y protestas). Señorías, este grupo parlamentario y el Gobierno llevan dos años trabajando día a día y prácticamente en soledad para sacar a España de la dramática crisis en la que
la dejaron ustedes; ustedes, señores del Grupo Parlamentario Socialista. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). Insisto, vamos a seguir trabajando...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar ya.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: ... para volver a la senda del crecimiento y de la creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. (El señor Puig Ferrer pide la palabra).
Ha habido claramente algunas alusiones (Rumores) e incluso menciones, diría yo, con nombre y apellido. Por tanto, señor Puig, tiene usted tres minutos para contestar a las alusiones personales, no para volver a tratar el tema.
El señor PUIG FERRER: Yo creo que la intervención de la señora diputada ha sido toda una alusión personal para no responder a la realidad del problema. (Aplausos.-Rumores). Los que han cerrado Canal Nou no tienen ni el coraje ni la
vergüenza de defender la decisión; no tienen el coraje ni la vergüenza. (Aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le he dado la palabra porque en efecto usted ha sido aludido respecto a cuestiones personales. (Un señor diputado: ¡Bien!). No intente volver a sacar el tema porque entonces le quito la palabra.
(Protestas). Para las cuestiones personales respecto a las que ha sido aludido, puede usted hablar. (Rumores).
El señor PUIG FERRER: Gracias, presidente.
Todo lo que ha dicho respecto a mi persona es absolutamente falso, pero le digo más: si no lo ve así, dígalo en un espacio que no sea este y nos veremos en otro espacio, que es el que toca (Protestas), porque ustedes, que han prostituido la
televisión, no pueden hablar de decencia... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, ha hablado ya lo suficiente, porque quiere hablar usted de lo general y no de su tema particular, por tanto, se obstina en que le quite la palabra.
El señor PUIG FERRER: Es que la señora diputada ha intervenido mezclando todo y, por tanto, tengo que intervenir. (Rumores).
Respecto a la supuesta TDT en la que trabaja mi hermano, gracias, dejan trabajar a nuestros hermanos; gracias, muchas gracias. (Risas). Algún día no les dejarán ni trabajar, como han hecho tirando a mucha gente. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben). Aparte de eso, la sentencia es contra las TDT (Un señor diputado: Contra vosotros), y está muy bien, contra una decisión del Partido Popular y contra el Partido Popular. Por cierto, sí han cerrado varios
centros de salud; el último, Casalduch, en Castellón.
Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Puig. (El señor Cantó García del Moral pide la palabra).
Señor Cantó, en las mismas condiciones, porque ha sido usted aludido, pero vuelvo a decirle que hable de lo que le corresponde.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Seré breve, señor presidente, y además lo haré con mucha calma.
Quisiera decirle a la señora diputada tres cosas. En primer lugar, prefiero que no hablemos de programas electorales y, sobre todo, que no hable del nuestro. Ocúpese de que se cumpla el suyo; con eso estará haciendo usted su trabajo. En
segundo lugar, señora diputada, fue Canal Nou, fueron los suyos quienes me contrataron a mí; si tiene que echarle la bronca a alguien, échensela a quien me contrató como a cualquier otro trabajador y con los mismos derechos de cualquier actor que
ha trabajado en Canal Nou. Por último, me parece de una hipocresía moral alucinante que usted se escandalice por un -reconozco- torpe misil de mentiras, cuando el misil que ha acabado con Canal Nou es el de toda la gestión económica que ustedes han
llevado a cabo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Señor Puig, la pérdida de papeles ha sido absoluta y desgraciadamente eso es lo que le esperaría a la Comunidad Valenciana en el caso de que usted llegara al Gobierno (Aplausos), eso es lo que le esperaría, pero afortunadamente no va a ser
así. Usted está diciendo que si su hermano trabajaba... No, no, la cuestión no es si su hermano tiene la TDT o no -que la tiene, por supuesto-, sino que es el procedimiento en la adjudicación, porque todo lo que yo he relatado de sus actuaciones
es cierto, señor Puig. (Rumores y protestas). Y no se ponga nervioso, están documentadas en los medios de comunicación, a los que usted no ha pedido que rectifiquen. Hablan de las actas en las que no se recoge quién estaba. (Rumores y
protestas). Sí, señor Puig, nervioso está usted y mucho.
En cuanto a lo de la escaleta, fíjese hasta qué punto llega que al día siguiente le hacen una entrevista a la persona que le denuncia a usted, que repasaba la escaleta todos los días para los informativos de Canal Nou... (La señora Aguilar
Rivero y el señor Elorza González pronuncian palabras que no se perciben.-Una señora diputada: Está contestándole).
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, cuando hay alusiones el aludido elige en qué se siente aludido. Hay puntos que usted le ha dicho que no ha tratado el señor Puig. Esos puntos que no ha tratado el señor Puig usted no puede insistir en
ellos. Contéstele exactamente al asunto que ha tratado.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor presidente, estoy totalmente de acuerdo y en ello estoy. Es que el señor diputado ha dejado bien claro que todos los argumentos en los que he basado mi intervención son rigurosamente falsos. Por
tanto, le tendré que contestar, señor presidente. (Aplausos).
Como decía, señor diputado, cuando responde usted en la entrevista publicada el domingo en ese diario a la pregunta que le formula el periodista sobre si eso era cierto o no, usted lo único que dice textualmente -fíjese que podía haber
aprovechado el medio para corregir o enmendar, pero no- es que hay voces más representativas del nacionalismo, y punto (Rumores), pero no niega en absoluto lo que ese nacionalista decía.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, es un tema que está resuelto, ya se ha dicho lo que se quería decir del hermano del señor diputado, de lo cual no he comprendido nada, así que vamos a dejarlo ya.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor presidente, me queda el señor Cantó. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Ah, el señor Cantó.
Venga, el señor Cantó. (Risas.-Aplausos).
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Muchas gracias.
Señor Cantó, yo no he criticado que a usted le contratara Canal Nou, lo que he criticado es que a usted en un tiempo le venía muy bien que le contratara Canal Nou, y a ese mismo Canal Nou que a usted le pagó 134.000 euros en cinco meses
entre los años 2002 y 2003, usted se lo agradece plasmando en su twitter esa imagen -que le he enseñado por si no la recuerda- lanzando un misil físico a Canal Nou y aplaudiendo dicha actuación. (Vuelve a mostrar la imagen). Por tanto, en todo
caso el que se lo tiene que hacer mirar es usted y no yo en mi intervención. Eso en primer lugar. (Aplausos).
En segundo lugar, he hecho mención a su programa electoral porque usted lo ha dicho, lo ha dicho y ha repartido para todos, ha dicho que su programa electoral dice otra cosa.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, de programas electorales no vamos a hablar. (Risas).
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente. (El señor Sixto Iglesias pronuncia palabras que no se perciben).
En cualquier caso, queda claro y evidente después de mi intervención que tanto lo que he dicho del señor Puig como lo que he dicho del señor Cantó es absoluta y rigurosamente cierto. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien, muy bien!-La
señora Rodríguez Ramos pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: No, no, ya no hay más palabras. (Protestas.-La señora Rodríguez Ramos: ¡Es bochornoso!). No, ya no hay más palabras. Vamos a pasar a la siguiente moción. Al final, antes de la votación, me dice usted lo que quiera;
ahora no hay nada ya, señora portavoz.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y, EN CONCRETO, LAS ESPECIFICIDADES ESTATUTARIAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN MATERIA DE FINANCIACIÓN. (Número de expediente 173/000122).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con la moción consecuencia de interpelación del Grupo de La Izquierda Plural sobre la política del Gobierno en relación con la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas y, en
concreto, las especificidades estatutarias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de financiación. Para su defensa tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, una vez que casi todos los presidentes de comunidades autónomas han abierto ya el melón del debate sobre la revisión del sistema de financiación autonómica, el pasado 27 de noviembre tuve
la oportunidad de interpelar al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los preceptos que en materia económico-financiera... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor diputado. Por favor, ruego que si alguien no está interesado en este tema que abandone el hemiciclo.
El señor YUSTE CABELLO: Gracias.
Decía que en el último Pleno tuve la oportunidad de interpelar al ministro de Hacienda sobre los preceptos en materia económico-financiera que recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón para atender a su singularidad territorial y demográfica
y también a sus derechos históricos. Me permití entonces explicar una realidad, la aragonesa, caracterizada por una amplia superficie -casi el 10 % de la superficie española- y una reducida población -no llega al 3 % de la población estatal-, con
una muy baja densidad demográfica -28 habitantes por kilómetro cuadrado-, a pesar de que en una única ciudad se
concentra más de la mitad de la población aragonesa. Y repasé también los preceptos estatutarios recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. Lamento de verdad tener que interrumpirle en su discurso, pero no se oye por parte de los diputados de las últimas filas porque la conversación continúa. Se lo ruego, por favor. Señor Vera,
abandone usted el hemiciclo o siéntese. Vamos a ver si podemos oírnos unos a otros.
Continúe, señor diputado.
El señor YUSTE CABELLO: Muchas gracias, señor presidente.
Y repasé también, decía, los preceptos estatutarios que se han incorporado para intentar que los sucesivos sistemas de financiación no ignoraran las necesidades específicas de Aragón, desde los derechos históricos, presentes en el estatuto
desde 1982 -lo que nos equipararía a los territorios forales-, hasta los criterios introducidos en 2007 -esfuerzo fiscal, estructura territorial y poblacional, especialmente el envejecimiento, dispersión, baja densidad de población, así como los
desequilibrios territoriales-, y singularmente destaqué el acuerdo bilateral económico-financiero presente en el estatuto desde 1996 y que en diecisiete años todavía no ha dado ningún fruto.
El objetivo de la moción que hemos presentado hoy es precisamente que las leyes den frutos, que la ciudadanía vea que los preceptos incluidos en el Estatuto de Autonomía no son cosas de vista bella, sino que son elementos, instrumentos
importantes que afectan a la vida de la gente y que producen un beneficio a la sociedad, que los preceptos del estatuto se conviertan en realidad. Ese es el objetivo de esta moción, una moción muy sencilla, muy simple: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno, de cara a la revisión del sistema de financiación autonómica, a dar cumplimiento a los preceptos en materia económico-financiera recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón y, en especial, el acuerdo bilateral
económico-financiero previsto en el artículo 108. Es decir, hablando en plata, que se cumpla la ley. ¿Quién puede votar que no a esto? Que se cumpla la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, ley
orgánica aprobada por este Parlamento, donde se introdujeron enmiendas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). De hecho, el acuerdo bilateral fue una enmienda que se introdujo aquí en el año 1996, que lleva diecisiete
años sin ejecutarse, pero ese texto salió de aquí de una enmienda impuesta o introducida por el PP y el PSOE, y la redacción, según se me dijo, correspondió al entonces ministro de Administraciones Públicas, el señor Rajoy, actual presidente del
Gobierno. Por tanto, entiendo que en la bancada popular no habrá nadie que se oponga a dar cumplimiento al artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón y al acuerdo bilateral económico-financiero que debe permitir unos ingresos adicionales para
la Comunidad Autónoma de Aragón. El ministro Montoro, durante la interpelación, me recordó que mi partido, Chunta Aragonesista, había votado en contra del estatuto. Es cierto, nuestro diputado entonces, José Antonio Labordeta, fue el único que
votó en contra en esta Cámara, porque considerábamos que se quedaba corto el estatuto, que se perdía una oportunidad de equipar a Aragón con el resto de nacionalidades históricas de nuestro entorno, pero desde su primer día de vigencia hemos estado
empujando para que se ejecute al cien por cien, para que se cumpla plenamente para que Aragón pueda seguir avanzando. En esto estamos de acuerdo los dos partidos de la coalición de izquierdas de Aragón que represento yo en esta Cámara, Izquierda
Unida y Chunta Aragonesista.
Por todo eso, no entiendo las enmiendas que se han presentado de sustitución del texto de la moción, ni la que ha presentado UPyD ni la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. La interpelación no ha sido sobre las características
generales del sistema de financiación autonómica. Por tanto, con el Reglamento en la mano no cabría una moción de carácter generalista. La interpelación ha sido específica sobre las peculiaridades del caso de Aragón y, por consiguiente, la moción
debe hablar de Aragón, ¿o es que molesta que hablemos de Aragón en este Parlamento? ¿No molestará, verdad? Supongo que no, que se podrá hablar de Aragón en este Parlamento. Por eso, señores del Grupo Parlamentario Popular -se lo digo con
claridad-, no tendría inconveniente en aceptar su enmienda como un apartado 2 de la moción, pero el estatuto no se toca. La referencia al Estatuto de Autonomía de Aragón, ley orgánica aprobada por estas Cortes Generales, que figura en el texto
original de la moción, a nuestro juicio, no debe tocarse, en coherencia con lo que ha aprobado esta Cámara en las sucesivas reformas del estatuto y en coherencia también con lo que han aprobado las Cortes de Aragón por unanimidad en infinidad de
oportunidades a lo largo de los últimos diecisiete años, en las que se viene reclamando sistemáticamente que ese acuerdo bilateral económico-financiero se convierta en una realidad. Por eso, les pido coherencia y el voto favorable
a esta moción. Ojalá pudiéramos alcanzar un acuerdo unánime a partir de los textos de las enmiendas del BNG que se han presentado -estas sí de carácter adicional- y que pudiéramos alcanzar un acuerdo unánime que pueda ser aprobado en esta
Cámara, pero si no hay este acuerdo unánime, me remito al texto original de la moción, en el que nos limitamos a decir que se cumpla la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Aragón.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Mixto, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señor Yuste, en primer lugar, quiero anunciarle el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a su moción, independientemente de la posición que usted tenga con relación a las propuestas de enmienda que nosotros hacemos, porque la moción
que usted acaba de defender es justa y razonable, entendiendo además que es un acuerdo de las Cortes de Aragón. Pero, señorías, si hemos aprovechado esta moción que acaba de defender el señor Yuste para presentar estas enmiendas es porque
entendemos que la próxima negociación o los próximos acuerdos en relación con la financiación autonómica deben tener presente en todo momento la suficiencia financiera para garantizar los servicios públicos a los ciudadanos, de manera que las
comunidades autónomas no tengan que hacer recortes y sobre todo que puedan mejorar la calidad en relación con la que tienen actualmente después de los recortes que se han hecho. Por otro lado, señorías, ustedes saben que en relación con la
financiación autonómica el Bloque Nacionalista Galego defiende la territorialización plena de los tributos y la capacidad normativa y de gestión de los mismos, y lo hace porque entiende que es una capacidad de autogobierno que confiere sobre todo a
las comunidades autónomas que, como la gallega, están consideradas incluso en la Constitución española como nacionalidades históricas. Por tanto, es una materia competencial que desde nuestro punto de vista debe ser debatida y debe formar parte de
esos criterios que es necesario establecer en el momento en que el Estado y las comunidades autónomas se pongan a discutir sobre la próxima financiación autonómica. Por eso queremos aprovechar esta oportunidad que nos presenta la moción defendida
por el señor Yuste, porque entendemos que es importante analizar la financiación autonómica desde estos criterios de territorialización, desde la capacidad de gestión y por tanto desde la consideración de una agencia tributaria propia cuando menos
de aquellas nacionalidades que son reconocidas como tales en la Constitución española.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero señalar que los nacionalistas canarios vamos a apoyar esta moción presentada por La Izquierda Plural, en concreto por la Chunta Aragonesista y por el señor Yuste. No sé cómo lo entienden
los demás -seguro que hay más gente que lo entiende bien-, pero le aseguro que los canarios entendemos perfectamente qué es esto de que no se cumpla el estatuto. Hasta tal punto es así que a nosotros nos parece perfecta la redacción del texto que
ustedes plantean, formulándose en su estatuto una condición de acuerdo bilateral entre el Estado y Aragón que debería ser respetado. No sé si ayudo en algo diciendo que eso me recuerda extraordinariamente al Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
Perdón que hable de mi libro aprovechando este tema, pero, como ya he manifestado el apoyo... Estamos absolutamente convencidos de que el problema que tenemos aquí no es solo que el procedimiento general de financiación deba ser revisado; el
problema que tenemos planteado es que los estatutos no están siendo respetados. En este caso se trata del Estatuto de Aragón y lo mismo ocurre con el Estatuto de Canarias en su última modificación, del año 1996. Es exactamente la misma cuestión.
Por tanto, hay un problema que se vuelve a poner encima de la mesa. Yo sé que no es lo que usted está planteando en este momento, pero los nacionalistas canarios albergamos una convicción que cada vez tenemos más clara, y es que de verdad la única
forma de blindar los tratamientos singulares que cada comunidad precisa está en su inclusión en la Constitución española, porque ya hemos asistido a algunas sentencias en las que los Presupuestos Generales del Estado tienen un rango normativo
suficiente como para liquidar las disposiciones de determinados estatutos. Nos ha ocurrido a nosotros con
el incumplimiento persistente de las singularidades canarias establecidas en una ley, que es el Régimen Económico y Fiscal, que igualmente figura en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Por tanto, quiero decirle que nosotros vamos a apoyar
absolutamente su propuesta. Entendemos en extenso que esta es una propuesta de común interés para todas aquellas comunidades que no vean tratadas adecuadamente sus singularidades y sus especificidades estatutarias. Le diré que en Canarias tenemos
un problema adicional, que es que si la II República llega a durar una semana más, Canarias sería una comunidad de las denominadas históricas. No hubo tiempo, desgraciadamente. Por lo tanto, tienen nuestro apoyo y le diré que nosotros volvemos a
insistir en que los estatutos están para cumplirlos; no es eso lo que ocurre ahora. Es necesario iniciar la negociación de un sistema de financiación autonómica real, justo y equitativo, y además es completamente necesario que la Constitución
ampare los acuerdos que interpretan, que plantean las singularidades para que de verdad sean respetados.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo. (Rumores).
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo. Por favor, ¿pueden bajar el tono de sus conversaciones?
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
La moción de La Izquierda Plural tiene un título: Reforma de la financiación autonómica, y un subtítulo: Las especificidades de Aragón. Por desgracia, el contenido se limita únicamente al subtítulo. Aquí se pierde la visión de conjunto
de la reforma de la financiación autonómica y solo se nos habla de singularidades, de bilateralidad, de agravios. Por cierto, es curioso, hay diecisiete comunidades autónomas y todas están agraviadas, incluso una comunidad como Aragón con una
financiación per capita del 107 %, por encima de la media. Parece que solo estamos de acuerdo en el agravio generalizado. Se puede resumir el espíritu general de la moción con la habitual frase de: ¿Qué hay de lo mío? Como usted bien dijo en la
interpelación, cuanto más, mejor.
Quiero llamar la atención de que estas cláusulas que se introdujeron en los estatutos, que utilizan criterios diferentes para cada comunidad -a veces priman la población cuando están muy pobladas; a veces la superficie cuando son muy
extensas; a veces el PIB- se apoyaron por el Partido Socialista y por el Partido Popular en las comunidades de origen y en esta Cámara, no son obra de los partidos nacionalistas. No tienen ni siquiera sentido matemático; los porcentajes agregados
de las comunidades llegan a sumar más de cien. Ese resultado se ha logrado con la acción nacionalista pero también con la de los grandes partidos. Afortunadamente, señor Yuste, el Tribunal Constitucional ya ha aclarado que esas cláusulas tienen un
sentido orientativo pero no imperativo; tienen un sentido únicamente orientativo, en ningún caso imperativo. Usted reivindica su derecho a hablar de Aragón; déjenos a nosotros reivindicar nuestro derecho a hablar del conjunto.
Tenemos una visión radicalmente distinta de lo que debe ser el nuevo modelo de financiación autonómica. A nosotros no nos interesa el qué hay de lo mío, la bilateralidad, sino la visión de conjunto, insisto. No nos interesan los
territorios, nos interesan las personas que viven en esos territorios, y no hablamos de solidaridad, hablamos de igualdad, que es un concepto bastante diferente. No se trata de solidaridad, se trata de igualdad, que es de lo que aquí estamos
hablando. Por eso creemos que el nuevo modelo debe dar lugar a una misma financiación por habitante, por población ajustada. Lo de población ajustada es lo que usted pide y en parte existe ya; tener en cuenta la dispersión, el envejecimiento, el
coste de provisión. El resultado de esa misma financiación debería ser unos servicios públicos de la misma calidad en todo el territorio, que los ciudadanos de cualquier comunidad disfrutasen de unos servicios públicos de la misma calidad.
El nuevo modelo debería ser mucho más simple y transparente que el actual; debería incluir el cálculo correcto del cupo vasco y la aportación navarra que da una financiación per capita un 60 % superior a las de régimen común. Y no debería
estar desligado de qué estamos financiando. Debería ser una financiación finalista que se dedicase a educación, sanidad, servicios sociales pero no a financiar fundaciones, observatorios, consejos económicos y sociales, tribunales de defensa de la
competencia, defensores del pueblo, consejos consultivos. La comunidad que quiera financiar eso, debería hacerlo con sus recursos propios, con sus impuestos propios, porque usted, como buen autonomista, seguro que cree en la corresponsabilidad
fiscal. Este es nuestro modelo y a nosotros nos parece que su propuesta pierde de vista el sentido último de este ejercicio. El objetivo de la reforma de la financiación autonómica, del nuevo modelo no puede ser cumplir una bilateralidad que
además solo tiene un carácter orientativo, no imperativo.
Para nosotros el objetivo debe ser -y eso es lo que dice nuestra enmienda- lograr que haya unos servicios públicos de la misma alta calidad para los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan. Ese es para
nosotros el objetivo de la financiación autonómica y eso es lo que le pedimos en nuestra enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por último, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna a defender la posición del Grupo Parlamentario Popular frente a la moción del señor Yuste. Lo voy a hacer desde la siguiente premisa. Señor Yuste, ya le digo que a nosotros no nos gusta el actual modelo de financiación,
se lo dijo también el señor ministro. Fundamentalmente no nos gusta porque no recoge las peculiaridades de Aragón y porque perdimos peso en el concepto de superficie, en el concepto de densidad de población. Tampoco nos gustó cómo se negociaron
las mermas tributarias. Digo esto porque estoy convencido de que el Partido Socialista, que tuvo la oportunidad de aplicar el Estatuto de Autonomía de Aragón, para nada tuvo en cuenta aquellos parámetros y, sin embargo, decidió primar en aquel
entonces algo que se llamaba tripartido, que estoy seguro que a usted en estos días le suena mucho. Pero el señor ministro también le dijo algo; le dijo que ahora no tocaba hablar de esto, que no era el momento, pero no lo era no porque lo dijera
el señor ministro, sino porque el momento es el que dice la ley, y la ley que usted conoce perfectamente, que es la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en su disposición adicional tercera, que dice que el estudio sobre cómo modificar la financiación
autonómica -de esto usted sabe mucho- se hará con la liquidación del ejercicio 2013, y la liquidación del ejercicio de 2013 la conoceremos a final de año. Hasta ahí a usted se lo explicó el señor ministro, pero veo que poco caso le hizo.
Usted ha hecho una defensa del Estatuto de Autonomía, y claro que voy a hablar de Aragón. La pregunta que yo le hago es la siguiente: ¿es usted coherente y es usted creíble? Hoy usted ha invocado la aplicación de la ley; y lo dice usted,
que su partido cogobierna en Aragón, en Zaragoza, en el ayuntamiento, donde se ha quebrantado permanente y constantemente la ley cosechando varapalo judicial. (Rumores.-Aplausos). Yo entiendo que a usted le molesta el ejercicio de coherencia, pero
debe haberla en todos los sitos. La pregunta es si usted es creíble. Usted hoy ha venido con un acuerdo que efectivamente se adoptó en las Cortes de Aragón y que lo votaron todos los grupos políticos, algo que tiene un importante valor, pero ese
acuerdo se puede utilizar de dos formas. Usted hoy ha venido a darnos una lección de nacionalismo, y yo no me atrevo a calificarlo, yo ya no me atrevo a calificarlo como se califican ustedes ahora. En cualquier caso, yo he subido a esta tribuna a
defender ese acuerdo desde la responsabilidad, y le voy a explicar qué quiero decir con todo esto. Ese acuerdo vale su peso en oro para reforzar las posiciones de Aragón el día que toque. Usted hoy aquí ha venido a enfrentar a unos con otros. (El
señor presidente ocupa la Presidencia). El nacionalismo que ustedes están practicando buscando hueco entre el Partido Socialista e Izquierda Unida tiende a enfrentar a unos con otros, y ahí no nos va a encontrar, señor Yuste; ahí no nos va a
encontrar. Claro que vamos a defender a Aragón, claro que vamos a defender a Aragón dentro de España, ¿pero sabe cuál es el momento para defender lo que usted propone? No es ahora, usted se ha equivocado; el momento será en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Estoy convencido de que la presidenta del Gobierno de Aragón -no me cabe la menor duda- lo defenderá, como ha defendido hasta ahora los intereses de Aragón. Por cierto, le quiero hacer una aclaración: No le impute al señor
Rajoy la redacción del texto al que hace usted referencia. El señor Lanzuela sabía defender los intereses de Aragón y ya se preocupó muy bien de decir lo que quería decir. No le impute usted a quien no procede esa cuestión. (Aplausos).
Pero le voy a decir algo más. No podemos estar con el nacionalismo que usted representa, señor Yuste; ese es el problema de esta moción. Usted y yo somos viejos conocidos. Usted y yo éramos parlamentarios en las Cortes de Aragón el día
que se votaba el estatuto, eso que ustedes denominaron estatutico despectivamente, y no lo votaron a favor porque decían -escúcheme usted- que tenían que ir con la cabeza bien alta. Y hoy, señoría, viene a defender el Estatuto de Aragón. ¿Qué
credibilidad tiene usted, señor Yuste? ¿Qué credibilidad tiene usted cuando no votó lo que hoy defiende? Se lo vuelvo a repetir. Sé lo que busca usted con esta iniciativa: busca ese protagonismo entre el sándwich que a usted le han hecho el
Partido Socialista e Izquierda Unida. Vamos a defender Aragón. El Partido Popular va a defender Aragón, pero usted no puede decir que defiende lo mismo que nosotros. Nosotros no buscamos
el enfrentamiento, señor Yuste, buscamos construir dentro de España, donde quepan todas las autonomías y donde todas puedan ver satisfechos sus intereses, y por eso le hemos planteado la enmienda. Se lo dijo el señor ministro: Si no hay
crecimiento económico, si no se dibuja un escenario donde sea posible crecer y desarrollar empleo, de nada servirá eso que hoy usted ha pretendido que apoyemos. Pero lo voy a decir más. La enmienda que le hemos planteado pretende sencillamente
unir, justo lo contrario de lo que usted ha planteado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente. Desde el escaño.
En el debate de la interpelación de la que trae causa esta moción el señor Yuste y el señor ministro ponían de manifiesto la necesidad o no de abrir -hablaban literalmente- el melón de la reforma del sistema de financiación de las
comunidades autónomas. No voy a entrar en ese debate, porque los hechos nos dicen que el proceso de análisis de la aplicación del actual sistema de financiación autonómica ya se ha iniciado con la constitución de un grupo de trabajo, como pone de
manifiesto la moción formulada por el señor Yuste. Es un sistema de financiación que no contó, creo recordar, con el voto de mi grupo parlamentario, y ello porque simple y llanamente el modelo actual incumple el Estatuto de Autonomía de Cataluña
vigente, penaliza a las comunidades autónomas que realizan un mayor esfuerzo fiscal, no tiene en cuenta los costes diferenciales de los servicios públicos, como sanidad, educación y servicios sociales, no contempla el principio de ordinalidad y no
prevé la bilateralidad Estado-Generalitat de Catalunya. El Estatuto de Autonomía de Cataluña contemplaba estos principios, que en ningún caso se reflejaron finalmente en el vigente sistema de financiación de las comunidades... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor diputado. Por favor, ruego silencio para que se escuche al interviniente.
Continúe, por favor.
El señor PICÓ I AZANZA: Decía que el Estatuto de Autonomía de Cataluña contemplaba estos principios a los que me refería y que en ningún caso se tuvieron en cuenta en el vigente sistema de financiación de las comunidades autónomas; un
estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya, aprobado por las Cortes Generales y refrendado por los ciudadanos de Cataluña. No es de recibo, por ejemplo, que seis años más tarde aún estén pendientes de pago los 759 millones de euros
correspondientes a la liquidación del año 2008 de la disposición adicional tercera del estatuto, reconocidos por un acuerdo de la Comisión bilateral Estado-Generalitat de Catalunya. Seis años, señorías.
El señor Yuste reclama en su moción el cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Aragón, estatuto de autonomía aprobado, entre otras, por esta Cámara de cara a la revisión del sistema de financiación autonómica,
especialmente en relación -dice- a lo que contempla su artículo 108, que prevé la bilateralidad entre Estado y Comunidad Autónoma de Aragón, reclama el acuerdo bilateral económico-financiero. Señorías, si mi grupo parlamentario ha reclamado la
singularidad del sistema de financiación para Cataluña, ha reclamado la negociación bilateral Generalitat de Catalunya-Estado, no puede oponerse a lo que pretende el señor Yuste, no puede oponerse a que se cumpla lo que prevé el Estatuto de
Autonomía de Aragón. Por ello, mi grupo parlamentario votará a favor de la moción planteada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo respecto a la moción presentada por el señor Yuste. Nuestro voto va a ser de apoyo a esta moción, que no plantea sino que se sienten el Gobierno central y el Gobierno de
Aragón para dialogar y acordar sobre la futura financiación de Aragón, y también que se siente el Gobierno con otras comunidades autónomas desde el momento en que habla de bilateralidad y multilateralidad en el texto de la moción, y lo dice
utilizando, porque se pretenden utilizar, los instrumentos y objetivos que ya contempla el Estatuto de Aragón y que han sido avalados por esta
Cámara en la última reforma estatutaria de dicha ley orgánica. Yo pienso que esta moción no debiera tener rechazo alguno, puesto que no plantea ni tiempo en el que se ha de producir este diálogo, ni tampoco aspecto concreto alguno sobre el
que debe versar dicha reforma, sino que este diálogo se tiene que producir teniendo en cuenta las peculiaridades de Aragón contempladas en el estatuto, que no es óbice para que el propio Gobierno hable con otras comunidades autónomas y, atendiendo a
sus propios estatutos, plantee qué es lo que sucede en cada comunidad autónoma; se tiene que producir un diálogo que hasta ahora no se ha iniciado.
Hay conceptos y aspectos, como los acuerdos bilaterales, que se consagran en el estatuto y que se plasman en las diferentes comisiones bilaterales que han ido funcionando -ha habido cinco reuniones de la Comisión bilateral Estado-Gobierno de
Aragón-, y otros elementos de coordinación económico-financiera que ya funcionan o que deben de funcionar; conceptos o aspectos que tienen que ver con la solidaridad interterritorial, con la igualdad... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Morlán, siento interrumpirle. Por favor, ruego silencio, para que podamos oír al interviniente.
Continúe.
El señor MORLÁN GRACIA: Elementos como la despoblación, al que ya se hizo mención en la interpelación, la longevidad de nuestra población, la desertización, la renta per capita o el Fondo especial de Teruel que ha supuesto, sobre todo con
los Gobiernos PSOE, un importante esfuerzo de apoyo a esta provincia. Estos hacen referencia a lo que han sido los acuerdos bilaterales o el funcionamiento bilateral entre la Administración Central y el Gobierno de Aragón a lo largo de estos
últimos años respecto a las fórmulas de financiación que han existido en esta tierra, y existen los acuerdos multilaterales, que es la expresión actual, que se encuentra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todo esto debe ser tenido en
cuenta a la hora de analizar cuál va a ser el futuro de nuestro sistema de financiación. Dijo el señor Montoro en la interpelación que ahora no era el momento, que la situación económica no lo permitía, que era preferible esperar al 2014 para
iniciar este proceso. Optimismo no le falta. Ojalá la creación de empleo y la recuperación económica aparecieran en el 2014, me gustaría, y no saben de qué manera, pues eso supondría acabar con el sufrimiento que han llevado y están llevando a
muchas familias españolas. Yo creo sinceramente que la evaluación del sistema de financiación debe hacerse ya, no demorarla, como dijo el otro día el señor Montoro; que el diálogo con las comunidades autónomas no debiera demorarse. Incluso las
del Partido Popular están inquietas, y es lógico, porque quieren saber cuál va a ser su futuro, a qué interrogantes se enfrentan. Solo tienen una indicación precisa: no pueden superar el límite de déficit y para ello no hacen otra cosa, sobre todo
en las gobernadas por el Partido Popular, que recortar, recortar y ajustar en elementos básicos como la educación, las pensiones, la sanidad, la protección social o la dependencia para que los ciudadanos en su día a día se vean cada vez en peor
condición. En el Gobierno de Aragón solo se tiene una máxima preocupación, que es la de no superar los límites de déficit, pero también ha entrado en esta guerra sobre financiación autonómica entre comunidades del Partido Popular con criterios
diferentes a otras del mismo signo, y creemos que este guirigay debe desaparecer y esta moción sería un buen inicio, puesto que, como ya he dicho, no fija plazo ni prejuzga contenidos y solamente plantea que se cumpla lo que dicen los artículos 108
y 109 del estatuto y que estén más presentes en todo este proceso de diálogo que se va a abrir a partir de la fecha que según parece va a decidir el Gobierno.
No vinculen el nuevo sistema a que nuestra economía está recuperada, como dijo el otro día el ministro, porque me temo que la degradación de las comunidades autónomas será cada vez mayor, salvo que eso sea lo que quieran, porque ustedes lo
consideran un elemento más de las reformas estructurales que llevan dos años poniendo en marcha y que consistirán en recentralizar competencias y con ello justificar la reducción de recursos y transferencias que, como ahora se observa, incidirá
todavía más negativamente, si hay margen, en la prestación de servicios públicos de primera necesidad por parte de las comunidades autónomas.
Reitero y concluyo, señorías, apoyen esta moción, evalúen de forma rápida los resultados del sistema vigente de financiación autonómica. Cuando quieren ya corren y, como se dice en mi tierra, aquí no hay ningún problema cuando se tienen
ganas y veo que, si ustedes tuvieran ganas, esto lo harían y esta evaluación se llevaría a cabo. Desde luego, siéntense a hablar con Aragón y con las otras comunidades autónomas sobre la base de sus propios estatutos para obtener una financiación
que permita salir adelante a todas las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Morlán.
Señor Yuste, ¿acepta usted alguna enmienda?
El señor YUSTE CABELLO: Me hubiera gustado alcanzar la transacción con el señor Suárez, pero, aunque se la he ofrecido, como está con sus obsesiones zaragozanas, no me la ha aceptado. Por tanto, agradeciendo mucho las aportaciones de los
otros grupos, al no haber posibilidad de que se apruebe, he preferido que se someta a votación la moción en sus términos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Hemos terminado la deliberación. Cuando estaba culminando el punto anterior consideré que era bueno finalizar esa discusión, pero había una petición de palabra por parte de la señora portavoz del Grupo Socialista. Tiene usted la palabra.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Presidente, le pedí en su momento la palabra para plantear una cuestión de orden en relación con el artículo 72 del Reglamento, donde se dice que en cualquier momento cualquier diputado puede pedir la palabra para
solicitar la observación del Reglamento. Y lo hacía, señor presidente, porque creo que no se estaba cumpliendo el Reglamento en su artículo 71, según el cual, habiendo sido aludido en varias ocasiones un diputado de mi grupo, el señor Puig, tenía
derecho, en virtud de dicho artículo, a utilizar la palabra, puesto que había sido aludido. Nada dice el artículo 71 de que la diputada que le había aludido deba necesariamente intervenir, a no ser que se sintiera aludida personalmente. Lo
sorprendente, señor presidente, es que usted ha dado de nuevo la palabra a la diputada aludida como si fuera un requisito necesario -no lo establece así el artículo 71- y la diputada ha seguido aludiendo a otras cuestiones a las que el señor Puig no
había hecho referencia. Por eso le pedí la palabra por una cuestión de orden para solicitarle que diera de nuevo la palabra al diputado de mi grupo, que creo que es lo que procede si queremos observar y aplicar correctamente el Reglamento.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz, me parece bien su razonamiento, pero quiero decirle que yo sigo una práctica, se sigue desde esta Presidencia, que es, siempre que hay una alusión de tipo personal, dar la palabra, insisto, siempre,
para ese punto en concreto, no para abrir un turno en general. Siempre sigo esa costumbre -creo que es obvia-: una vez que puntualiza el aludido, al que le ha aludido debe dársele la palabra para que diga si está de acuerdo, si cree que sí o que
no. Si se volviera a tratar el tema, volvería a darla, pero ocurre lo siguiente. Como se ha hablado de generalidades como cuando el señor Puig ha dicho: todo lo que se ha dicho es falso, y ahí se han dicho otras cosas, creo que ha quedado
suficientemente claro el tema y agradezco a todos que hayamos podido resolverlo. En dos minutos vamos a votar. (Pausa).
MINUTO DE SILENCIO.
El señor PRESIDENTE: Señorías, el pasado día 5 de diciembre falleció Nelson Mandela. En mi discurso del día 6 expresé el pesar de la Cámara por ese hecho. Hoy, en su memoria, ruego a la Cámara que guardemos un minuto de silencio. (Las
señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO VASCO, SOBRE REFORMA DE LA LEGISLACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 125/000010).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco sobre reforma de la legislación del régimen general de la Seguridad Social. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 2 votos telemáticos, 324; a favor, 153; en contra, 168 más 2 votos telemáticos, 170; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. (Número de expediente 122/000113).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. Ha habido dos votos
emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323 más 2 votos telemáticos, 325; a favor, 130; en contra, 170 más 2 votos telemáticos, 172; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE. (Número de expediente 162/000614).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la especialización inteligente. Incorpora la segunda enmienda de UPyD de adición.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 176; en contra, 131; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, MIXTO Y CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE UNA TELEVISIÓN PÚBLICA EN VALENCIANO Y DE CALIDAD EN
LA COMUNITAT VALENCIANA. (Número de expediente 162/000784).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Mixto y Catalán (Convergència i Unió) para la defensa y promoción de una
televisión pública en valenciano y de calidad en la Comunidad Valenciana. Hay una autoenmienda de los propios grupos que han incorporado a la proposición.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 151; en contra, 169; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y, EN CONCRETO, LAS ESPECIFICIDADES ESTATUTARIAS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EN MATERIA DE FINANCIACIÓN. (Número de expediente 173/000122).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la moción del Grupo de La Izquierda Plural sobre la política del Gobierno en relación con la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas
y, en concreto, las especificidades estatutarias de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de financiación. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 138; en contra, 174; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.