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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 158, de 20/11/2013
cve: DSCD-10-PL-158 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 158

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 149

celebrada el miércoles,

20 de noviembre de 2013



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página6)


Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política general de su departamento y las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las actuaciones que ha desarrollado
durante el tiempo de su mandato. (Número de expediente 172/000168) ... (Página29)


- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las implicaciones de los cambios regulatorios energéticos en la competitividad de las empresas industriales y de la economía. (Número de expediente 172/000169) ... href='#(Página36)'>(Página36)


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno para paliar la pobreza infantil. (Número de expediente 172/000172) ... (Página42)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la percepción del subsidio de desempleo por parte de terroristas excarcelados que no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la
justicia. (Número de expediente 173/000116) ... (Página49)


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Enbeita), sobre posición del Gobierno en relación a los malos tratos infligidos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan, por
ser una cuestión de Derechos Humanos sumamente inquietante y de larga data en España. (Número de expediente 173/000117) ... (Página57)


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de inmigración del Gobierno. (Número de expediente 173/000118) ... (Página66)



Página 2





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página6)


Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Respetará su Gobierno la resolución del Parlamento Navarro que insta a la captación digital de EITB en la
comunidad foral? (Número de expediente 180/000724) ... (Página6)


Del diputado don Joan Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Hasta cuándo su Gobierno va a mantener políticas que castigan a los más débiles
provocando más desigualdad social así como pobreza extrema? (Número de expediente 180/000722) ... (Página7)


Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora la II Conferencia sobre el fomento del empleo juvenil de la Unión Europea celebrada en París la semana
pasada? (Número de expediente 180/000727) ... (Página9)


De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno que sus reformas garantizan una recuperación
económica y socialmente sostenible? (Número de expediente 180/000728) ... (Página10)


De la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar a los afectados el resarcimiento de los
daños de todo tipo (medio ambiente, pesca, marisqueo, turismo, entre otros) ocasionados por el Prestige? (Número de expediente 180/000735) ... (Página12)


Del diputado don Jon Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué medidas está dispuesto a adoptar el Gobierno para esclarecer, reconocer y reparar a todas las víctimas de la violencia del
Estado? (Número de expediente 180/000723) ... (Página13)


Del diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cómo valora el Gobierno los resultados de la aplicación de la Ley de Tasas Judiciales? (Número de expediente
180/000730) ... (Página14)



Página 3





Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Tiene el Gobierno la intención de facilitar de algún modo la
celebración en Cataluña de un referéndum, consultivo o vinculante, sobre la presunta soberanía de esa comunidad, el llamado 'derecho a decidir' o cualquier fórmula equivalente? (Número de expediente 180/000726) ... href='#(Página16)'>(Página16)


De la diputada doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo valora el Gobierno la respuesta de los ciudadanos a su política
presupuestaria? (Número de expediente 180/000729) ... (Página17)


Del diputado don Joaquín Francisco Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Considera el Gobierno que la financiación autonómica debe garantizar el
sostenimiento de instituciones básicas? (Número de expediente 180/000731) ... (Página18)


De la diputada doña Esperança Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué consecuencias tendrán los presupuestos para 2014 en la financiación de servicios
públicos básicos para los ciudadanos? (Número de expediente 180/000732) ... (Página20)


Del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Va a abonar el Gobierno a la Comunidad Autónoma de Andalucía las cantidades pendientes, en
cumplimiento de la disposición adicional tercera de su Estatuto de Autonomía, correspondientes a los ejercicios 2008 a 2013? (Número de expediente 180/000733) ... (Página21)


Del diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Considera el Gobierno que el tercer raíl entre Vila-seca y Castellbisbal, puede ser una ocasión
propicia para que la alta velocidad llegue a las estaciones urbanas de Tarragona y Reus, entre otras? (Número de expediente 180/000725) ... (Página23)


Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Cuáles son los planes del Gobierno respecto de la incorporación de capital privado en AENA Aeropuertos? (Número de
expediente 180/000734) ... (Página24)



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De la diputada doña Margarita del Carmen del Cid Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Cómo valora el Gobierno la evolución del sector turístico en España?
(Número de expediente 180/000737) ... (Página25)


Del diputado don Ildefonso R. Pastor González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué medidas está aplicando el Gobierno para apoyar la renovación del parque
automovilístico nacional? (Número de expediente 180/000738) ... (Página26)


De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Por qué ha reducido el Gobierno los esfuerzos en la lucha contra la violencia de
género? (Número de expediente 180/000736) ... (Página27)


Interpelaciones urgentes ... (Página29)


Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre la política general de su Departamento y las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de las actuaciones que ha desarrollado durante
el tiempo de su mandato ... (Página29)


Formula la interpelación urgente el señor Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega).


Replica el señor Bedera Bravo y duplica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.


Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las implicaciones de los cambios regulatorios energéticos en la competitividad de las empresas industriales y de la economía ... (Página36)


Formula la interpelación urgente el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López).


Replica el señor Azpiazu Uriarte y duplica el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno para paliar la pobreza infantil ... (Página42)


Formula la interpelación urgente el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).



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Replica el señor Campuzano i Canadés y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página49)


Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la percepción del subsidio de desempleo por parte de terroristas excarcelados que no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la
Justicia ... (Página49)


Defiende la moción la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


En defensa de la enmienda presentada interviene la señora De Micheo Carrillo-Albornoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Díez González comunica a la Presidencia la presentación de una enmienda transaccional.


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Enbeita), sobre posición del Gobierno en relación a los malos tratos infligidos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan, por
ser una cuestión de Derechos Humanos sumamente inquietante y de larga data en España ... (Página57)


Defiende la moción la señora Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Sixto Iglesias, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de inmigración del Gobierno ... (Página66)


Defiende la moción la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


La señora Pérez Domínguez comunica a la Presidencia la presentación de una enmienda transaccional.


Se suspende la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.



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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS:


- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿RESPETARÁ SU GOBIERNO LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO NAVARRO QUE INSTA A LA CAPTACIÓN DIGITAL DE EITB EN LA
COMUNIDAD FORAL? (Número de expediente 180/000724).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al Gobierno, concretamente al presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta don Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, el pasado 25 de octubre el Parlamento foral navarro aprobó una resolución -no tuvo ningún voto en contra, como sabe tuvo abstención de dos grupos pero ningún voto en contra- por la que se solicitaba
a EITB que, utilizando los canales que ya utiliza en analógica, comenzara a emitir en digital. Esta petición del Gobierno navarro no supone ningún gasto para los ciudadanos de dicha comunidad, no supone fondo presupuestario alguno y es una solución
técnica, además, que no ocupa otros espacios digitales, no supone la utilización de nuevos canales, al revés, supondría la liberación de más de la mitad de los que ya se están utilizando en estos momentos. Esta solución técnica tampoco interfiere
con las futuras nuevas concesiones de canales para 4G puesto que estos utilizan las bandas del 61 al 69, canales que no se están utilizando prácticamente en la emisión actual. Todo esto supondría también una mejor captación de EITB en Navarra. La
solicitud que se hace, por tanto, es digitalizar la red existente transitoriamente en tanto se regularice la solución definitiva. No tiene sentido que lo que se ve ya en analógico no se pueda ver en digital. Por esto nuestra pregunta acerca de
cuál va a ser su postura, si -entendemos que debería de ser así- no van a impedir lo que el Parlamento navarro ha solicitado.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Esteban.


La resolución que ha aprobado el Parlamento navarro el día 25 de octubre se dirige, por un lado, a Euskal Telebista y, por otro lado, al Gobierno de Navarra, es decir, que no se dirige ni le demanda nada al Gobierno de España; a partir de
ahí poco tendría que añadir yo. Lo que sí puedo hacer es recordarle cuál es la normativa estatal en vigor; el artículo 40.3 de la Ley de Comunicación Audiovisual permite la emisión del servicio público de la comunicación audiovisual de una
comunidad autónoma en otra comunidad autónoma, siempre que así lo acuerden mediante convenio y exista reciprocidad. Se trata, por tanto, de una cuestión enmarcada dentro de las competencias de las comunidades autónomas que libremente deciden por
una parte el uso que le dan a la capacidad de espectro que tienen asignado para emitir en TDT y, en segundo lugar, eligen su modelo de televisión autonómica. El Gobierno navarro tomó las decisiones que estimó oportunas y convenientes y lo único que
le queda hacer al Gobierno de España, puesto que se ha hecho legalmente y dentro del ámbito de sus competencias, es respetar sus decisiones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Señor diputado.


El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, presidente.


Su respuesta, conociendo la legalidad, va a ser seguramente -espero que a no tardar- la solución definitiva, pero de lo que le estoy hablando yo ahora es de una solución transitoria que ha solicitado el propio Parlamento navarro, por lo
tanto, la representación de la ciudadanía de esa comunidad. No tiene sentido que pudiéndose captar perfectamente la televisión de Aragón y de otras comunidades autónomas o la televisión francesa, no se pueda captar en digital la televisión vasca,
sobre todo teniendo en cuenta los informes acerca del cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias y la extrañeza de que no se puedan captar emisiones en una lengua que es oficial en parte del propio territorio navarro. Lo que yo
solicito es un laissez faire, que no se impida con sanciones o con otras trabas lo que el Parlamento navarro ha pedido, manteniendo el statu quo pero incluso liberando canales, manteniendo el sistema que



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se ha llevado hasta ahora en tanto no se encuentre la solución definitiva; laissez faire y cumplir la resolución del Parlamento navarro, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.


Señor Esteban, yo entiendo perfectamente lo que usted me dice, pero no me queda más remedio que reiterarle que lo primero que tiene que producirse, con arreglo a la ley, es un acuerdo entre el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra; eso es
lo que señala la normativa que le he citado, de acuerdo con sus intereses mutuos y el ámbito de sus competencias. Por tanto, deberán ser ambos Gobiernos los que alcancen el acuerdo correspondiente y por supuesto los que cumplan los compromisos
respectivos, y eso es lo que tenemos que respetar nosotros. Navarra ha optado por un modelo de televisión, ha otorgado las licencias de televisión digital terrestre con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos dentro del ámbito de sus
competencias, y a partir de ahí el Gobierno nada tiene que decir más que respetar las decisiones que allí se han adoptado.


Insisto, respetamos las decisiones adoptadas por las instituciones, respetamos el marco competencial, actuamos fomentando la cooperación y colaboración entre comunidades autónomas y mi Gobierno ejercerá sus atribuciones dentro del marco
legal vigente, también el europeo, en defensa del interés de todos, que es el primer y principal fin que debe presidir la actuación del Ejecutivo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOAN COSCUBIELA CONESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU-ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿HASTA CUÁNDO SU GOBIERNO VA A MANTENER POLÍTICAS QUE CASTIGAN A LOS MÁS DÉBILES
PROVOCANDO MÁS DESIGUALDAD SOCIAL ASÍ COMO POBREZA EXTREMA? (Número de expediente 180/000722).


El señor PRESIDENTE: Pregunta al presidente del Gobierno del diputado don Joan Coscubiela del Grupo de La Izquierda Plural.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente, ¿piensa su Gobierno continuar con políticas que castigan a los más débiles, provocando más desigualdad social y más pobreza extrema?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Coscubiela.


Como ya he dicho en alguna ocasión en esta Cámara, el objetivo para esta legislatura es crecer y crear empleo, lo que es bueno en sí mismo, como todo el mundo entiende, pero además eso nos permitirá obtener ingresos y si obtenemos más
ingresos públicos, podremos mejorar los servicios y las atenciones públicas. En suma, esto es lo que aumenta los niveles de bienestar y riqueza y ese es el objetivo que todos perseguimos. Para ello hemos tenido que hacer muchas reformas
estructurales con el objetivo fundamental de mejorar la flexibilidad y competitividad de la economía, y para ello hemos tenido que poner en orden las cuentas públicas porque el mayor enemigo del sistema del bienestar son unas cuentas públicas
insostenibles. A la hora de poner orden en esas cuentas públicas, hemos intentado ser equitativos, aunque hemos tenido que tomar decisiones difíciles, y hemos intentado ayudar también a quienes están en una posición más complicada. Esta política
empieza a dar resultados y tengo la total y absoluta convicción de que el año que viene dará muchos más resultados que este año 2013.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor diputado.



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El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, gracias por su cuento de La lechera, pero hay gente que no puede esperar. Usted no es el único responsable de esta crisis, pero sí lo es de unas políticas que han provocado que hoy en España
haya más desigualdad social y más pobreza: hay 4 de cada 10 parados que no perciben ninguna prestación y los que cobran, la mitad, solo cobran 484 euros; 650.000 hogares no tienen ningún ingreso; según Eurostat, el 28 % de la población está en
situación de pobreza; y la Cruz Roja habla ya de riesgo de drama humanitario; mientras ustedes repitiendo como papagayos que se ha iniciado la recuperación. Hablar de recuperación hoy en estas condiciones es insultar a estas personas. Ustedes
han apostado por una precariedad y una degradación salarial que provoca que incluso personas que trabajan tengan a su familia en situación de pobreza, especialmente mujeres solas con hijos a cargo, y están siendo especialmente crueles con los
mayores de cincuenta años. Su reforma laboral, al reducir las indemnizaciones de los trabajadores más antiguos, ha incentivado su despido y su sustitución por jóvenes precarios más baratos. Han recortado los subsidios asistenciales de los parados
de larga duración y les han reducido las bases de cotización a la mínima; con eso les castigan doblemente, mientras están parados y de por vida, como pensionistas. Cuando estas personas sin trabajo y sin posibilidad de tenerlo intentan la
jubilación anticipada, ustedes les dificultan la salida, les bloquean la jubilación y les rebajan la pensión, y encima les acusan de no querer trabajar. Ahora además, cuando se jubilen, si viven más años, van a cobrar menos y su pensión no se va a
revalorizar, mientras bienes básicos para la vida, como el agua y la luz, disparan su precio, y todo para garantizar los beneficios de cuatro oligopolios. Su Gobierno está siendo especialmente cruel con los más débiles, y lo que es peor, ustedes
pretenden que las víctimas de sus políticas se conformen y se resignen y, si se movilizan, les amenazan con perseguirlos con el Código Penal y la Ley de Seguridad.


Señor Rajoy, ayer el Partido Popular en esta Cámara le dio una patada a las urnas de Castilla-La Mancha (Varios señores diputados: ¡Hala!-Protestas), y además amenazó con darle una patada en la boca a la democracia. No van a conseguir
callar a los ciudadanos ni en las urnas ni en la calle. Este fin de semana la gente saldrá a las calles de toda España para denunciar su política antisocial y para decirles: No nos callarán. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Coscubiela, no sé si es consciente, pero según usted, por lo visto no hay nada bueno en España, pero además usted no ha aportado ni una sola idea, ni una, para resolver los problemas que
usted mismo acaba de denunciar. Tengo que decir que este es un país, España, que está pasando problemas y dificultades en estos momentos -ya lo sé-, y precisamente lo que estamos haciendo es intentar resolver esos problemas. Lo estamos haciendo
con una política económica cuyo eje fundamental es la consolidación fiscal, las reformas estructurales y hacer buenas políticas europeas. Eso ya está produciendo resultados, pero mientras tanto hay muchas cosas que funcionan bien en España. En
España hay un sistema público de pensiones, y este año los pensionistas van a cobrar por encima del IPC, como usted sabe. En España hay un sistema sanitario como no hay en casi ningún país, al menos de los que yo conozca. En España hay una buena
atención del seguro de desempleo. En España sigue existiendo el Plan Prepara. En España sigue haciéndose acción social por el Gobierno y por las comunidades autónomas. En España se va a aprobar un plan de inclusión social. En España hay un
sistema educativo que va a ser mejorado. (Rumores). Y lo que queremos es mejorar todo esto que estamos haciendo con una política económica que nos permita crecer, crear empleo y obtener ingresos, porque si no hay ingresos públicos es imposible
mantener ningún sistema de bienestar. No sé cuáles son sus políticas, espero que no sean aquellas que empezaron en 1917, porque sus resultados ya sabemos cuáles han sido. (Varios señores diputados: ¡Hala!-Protestas.-Aplausos).


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.



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- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA LA II CONFERENCIA SOBRE EL FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL DE LA UNIÓN EUROPEA CELEBRADA EN PARÍS LA
SEMANA PASADA? (Número de expediente 180/000727).


El señor PRESIDENTE: Pregunta al presidente del Gobierno del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba del Grupo Socialista.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.


Señor presidente del Gobierno, ¿cómo valora la conferencia sobre empleo celebrada en París la semana pasada?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.


Como usted sabe, a lo largo de este año hemos hablado mucho en Europa de empleo juvenil; antes se hablaba de otras cosas. En febrero de este año se aprobó el marco financiero plurianual, en el cual a iniciativa de España se creó un fondo
específico para combatir el desempleo juvenil por importe de 6.000 millones de euros. En junio de este año se acordó que esos fondos se usaran en los años 2014 y 2015. En julio de 2013 se celebró la primera conferencia sobre el fomento del empleo
juvenil en la Unión Europea, en Berlín, y allí ratificamos todos los acuerdos que se habían adoptado en el Consejo y hablamos, también, de la importancia de las reformas estructurales para mejorar la competitividad y, por lo tanto, crear empleo
joven.


En este contexto, y hace unos días, se celebra la Cumbre de París, donde seguimos trabajando en todos estos temas y se puso especial énfasis en tres temas: la formación y el aprendizaje, la integración en el empleo y la creación de empresas
por jóvenes. Esto es lo que la Unión Europea está en estos momentos proponiendo para combatir el desempleo, y esto es lo que nosotros llevamos haciendo a lo largo del tiempo que va transcurrido de legislatura en nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor diputado.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.


Es verdad, señor Rajoy, se lleva hablando en Europa desde hace tiempo de este asunto del empleo juvenil. Si traigo esta pregunta aquí es para recordarle que hicimos un acuerdo la mayoría de los grupos parlamentarios, y nos gustaría que las
iniciativas que el Gobierno tome en esta materia pasen por esta Cámara y tengan el mismo grado de acuerdo que el que alcanzamos antes del Consejo de junio. Como usted recordaba, estamos a mitad de la legislatura, las cifras de desempleo son las que
son, y hay más desempleados que al comienzo de la legislatura, más jóvenes parados, más desempleados de más de cincuenta años y, lo que es peor, los institutos, la OCDE, el FMI, la Comisión y el propio Gobierno nos dicen que al final de la
legislatura habrá más desempleados que al comienzo de la legislatura.


Recordaba esta mañana una visita que hizo el señor presidente del Gobierno al INEM, donde se hizo una foto e hizo un titular rotundo, ¿recuerda? Decía: Cuando gobierne bajará el paro. Me preguntaba si sería capaz de hacer esa visita ahora
o hacerla dentro de un año. Yo creo que no, señor Rajoy. No la haría porque delante de la oficina habría más parados; más parados con menos derechos, con menos posibilidades de empleo y con menos ayudas al desempleo por sus políticas y por su
reforma laboral. Con la misma rotundidad con la que usted afirmó aquella cosa delante de la oficina del INEM, yo le digo hoy aquí que el Gobierno socialista derogará su reforma laboral dentro de dos años. (Aplausos). Le digo más, ahora el
Gobierno no solo admite que habrá más parados en la oficina del INEM que usted visitó, sino que los quiere calladitos, amordazados -si me permite, señor Rajoy-, no vaya a ser que usted vuelva y le recuerden sus promesas incumplidas.


Señor Rajoy, no se crea empleo recortando la educación. No se crea empleo recortando la sanidad, la dependencia, recortando derechos laborales. No se crea empleo recortando la democracia o con pucherazos electorales como el que ayer trajo
aquí la señora De Cospedal (Aplausos); y no se crea



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empleo, señor Rajoy, con multas disparatadas recortando la libertad de expresión o recortando la libertad de manifestación. Así, señor Rajoy, se recortan derechos pero no se crea empleo.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Gracias, señor Pérez Rubalcaba. Le ocurre lo mismo a usted que al señor Coscubiela (Rumores), relata lo que está sucediendo pero no aporta ninguna receta. En realidad debe tener bastantes
dificultades para aportar recetas, porque en los últimos cuatro años de su Gobierno el desempleo en España aumentó en 3.400.000 españoles. Por tanto, me temo que sus recetas no valen. (Aplausos).


Señor Pérez Rubalcaba, estamos haciendo una política económica que se basa en dos pilares. En primer lugar, reformas estructurales de calado. Le puedo recordar algunas: emprendedores, sistema financiero, internacionalización de la
economía, energía, reforma laboral, de las administraciones públicas, etcétera. Y, en segundo lugar, estamos tomando medidas específicas para los jóvenes, como el contrato para la formación y el aprendizaje, el modelo de formación profesional dual,
los incentivos fiscales y de Seguridad Social a la contratación indefinida; hemos potenciado la flexibilidad interna en la empresa; hemos puesto en marcha la estrategia de emprendimiento y empleo joven, y hemos puesto en marcha una reforma
educativa en la cual discrepamos. Lo que sí quiero decirle es que en octubre de este año por primera vez en siete años el número de desempleados juveniles en España es menor que en octubre del año pasado (Protestas), ha bajado el último año el 7 %.
Para mí es claramente insuficiente, pero es un dato positivo, demuestra que se ha roto la tendencia a la baja y que en España empieza el crecimiento económico y la creación de empleo, desde luego, no gracias a sus políticas sino gracias a las
reformas estructurales que se han hecho a lo largo de estos dos años.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SUS REFORMAS GARANTIZAN UNA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA Y SOCIALMENTE SOSTENIBLE? (Número de expediente 180/000728).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.


Señora vicepresidenta, le pregunto si el Gobierno cree que sus reformas pueden garantizar una recuperación económica y socialmente sostenible; se lo pregunto hoy que hace dos años que ustedes ganaron las elecciones; nunca se mintió tanto
en una campaña electoral para ganarlas (Protestas.-Aplausos) y nunca se ha mentido tanto durante estos dos años de Gobierno precisamente para justificar sus mentiras. Pero llegados a este ecuador, después de dos años, es el momento de que se hagan
cargo y responsables de sus políticas, no de las anteriores de otros Gobiernos, de las suyas. ¿Y saben lo que pasa? Son sus políticas económicas las que pidieron un rescate bancario, 40.000 millones de euros, señor presidente, aquel rescate que se
evitó y que llevan dos semanas celebrando como locos que se ha acabado; ustedes no lo evitaron, precisamente el rescate bancario lo provocaron ustedes (Protestas) con la peor gestión de una crisis bancaria como la de Bankia. Su política, 60.000
millones para el banco malo garantizados con fondos públicos, su política, mientras que la Comisión Europea les ha dicho que no hay crédito para las pymes y que el nivel de intereses para la pequeña y mediana empresa es de los más altos de la Unión
Europea. Su política energética, la que aprobaron esta semana, grandes beneficios para las eléctricas, y votaron todos ustedes que no a una medida que garantizara que las familias con dificultades tengan calefacción en invierno. (Protestas.-Varios
señores diputados: ¡Ah!). Señorías, su política, la de esta tarde: aprobarán la devaluación de las pensiones de 9 millones de



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pensionistas; pero su política, sobre todo, la que no puede garantizar la sostenibilidad social: si en España después de dos años, estando ustedes gobernando, se ha destruido un millón de empleos, 1.500 cada día, festivos y sábados.
Señora vicepresidenta, les ha dicho además la Comisión Europea que en el 2016, dos años después, acabarán con una tasa de paro superior al 26 %. Hace dos años en España la tasa de paro era del 21,6. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señora Rodríguez, su pregunta de hoy es el reconocimiento de que las cosas están cambiando, porque me pregunta hoy, al menos ese era el título
de su pregunta, por el calado de la recuperación y ya no tanto por la profundidad de la crisis. ¿Qué ha pasado en estos dos años, señoría? Que este Gobierno ha tomado reformas que están iniciando la recuperación. ¿Qué va a pasar en los dos
siguientes? Que seguiremos haciendo reformas para consolidarlas. Ahora que el PSOE ha vuelto, convendría que tomaran nota de lo que ha pasado en estos dos años, porque a pesar suyo España ha hecho reformas que han permitido enfilar esa
recuperación: la prima de riesgo baja, el sector exterior crece y las inversiones, sí, han vuelto, señoría.


Aquí ha dicho una serie de cosas que sencillamente yo le recomiendo dos lecturas para saber lo que ha pasado en España en este tiempo: los recuerdos de Solbes y las reformas de Rajoy, señoría (Aplausos). Porque el Gobierno que subió la
factura de la luz a los ciudadanos un 67 % es el suyo, y el que va a acabar con el déficit tarifario, señoría, es este Gobierno. Hemos logrado que la cultura de la consolidación fiscal impregne hasta el discurso de su señoría -fíjese, que eso es de
nota-, porque del déficit público que arrastrábamos ahora todos, incluida usted, hablan en esta tribuna de consolidación fiscal y de control de la deuda pública; fíjese lo que ha pasado en toda esta temporada. (El señor Pérez Rubalcaba hace signos
negativos). Sí, señor Rubalcaba.


Le oigo hablar de determinadas cosas en esta tribuna, señoría, y me gustaría decirle una cosa. Hoy es un día para hacer balance, ustedes y nosotros. En estos dos años hemos hecho reformas e iniciado la recuperación con su voto en contra.
Señor Rubalcaba, en su mano está decidir si en estos dos años va a seguir en contra o va a apoyar la consolidación de la recuperación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.


Señora diputada.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Qué previsible, señora vicepresidenta. (Rumores). Ocúpese menos de los exministros socialistas y preocúpese más de los suyos, de los que tiene que coordinar para que no tengamos que sufrir espectáculos como la
retirada de órdenes ministeriales o que la Comisión Europea nos diga que simplemente lo que dice... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Al menos en este Gobierno no argumentamos que no nos enteramos de la crisis porque nunca llegaron los papeles de Solbes. (Rumores). En este
Gobierno los papeles llegan a tiempo, señoría.


Le voy a decir una cosa muy simple y muy sencilla. Este país ha logrado salir adelante y lo ha hecho con el esfuerzo de muchos ciudadanos y con el impulso de las reformas. Pueden sumarse o no a ellas, señoría; pueden seguir out o pueden
intentar trabajar juntos para lograr salir de la crisis. Es su posición. (La señora Rodríguez Ramos: Y la suya). Yo simplemente le recuerdo que suficiente daño hicieron a España. Ayuden también a recuperarla un poco. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.



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- DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO GARANTIZAR A LOS AFECTADOS EL RESARCIMIENTO DE LOS
DAÑOS DE TODO TIPO (MEDIO AMBIENTE, PESCA, MARISQUEO, TURISMO, ENTRE OTROS) OCASIONADOS POR EL PRESTIGE? (Número de expediente 180/000735).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La formula la diputada doña Laura Seara, del Grupo Socialista.


La señora SEARA SOBRADO: Muchas gracias, presidente.


Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades alejando el barco hace que no temamos una catástrofe ecológica. No prevemos problemas pesqueros. Ministro Cañete, seguro que recuerda perfectamente estas palabras porque las
pronunció en plena crisis del Prestige. Pero es que siete días después, cuando el barco ya estaba hundido, dijo textualmente: el vertido afecta a una extensión muy importante, pero no se preocupen, no es una marea negra. Desde luego, ambas
declaraciones prueban lo lúcido y lo acertado que estuvo usted, señor Cañete. Prueban que, mientras muchos limpiábamos las playas intoxicadas, ustedes se limitaban a intoxicar, pero en este caso informativamente, para ocultar lo que todos veíamos,
y todavía hoy no han asumido ni una sola responsabilidad.


Pero hete aquí, que once años después esa catástrofe, de aquel desbarre, están otra vez todos en el Gobierno. El señor de los hilillos al frente, sí; y tienen que tomar decisiones de nuevo. Usted, además, esta vez no solo como ministro de
Pesca, sino como ministro de Pesca y de Medio Ambiente. Qué paradoja, señor Cañete. Lo tienen que hacer cuando ya conocemos una sentencia que a los gallegos nos avergüenza y nos duele. Por eso hoy yo le pregunto a usted cómo va a garantizar su
Gobierno el pago de los daños del Prestige. Y sea sincero, por favor, señor Cañete; esta vez sea sincero. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Como su señoría debe conocer, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de La Coruña todavía no es firme. Por lo tanto, habrá que esperar al resultado
de los recursos de casación que se interpongan para dilucidar cómo deben afrontarse las responsabilidades civiles derivadas de los vertidos del Prestige.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora SEARA SOBRADO: Señor Cañete, ya conocemos desde hace dos días la intención de su Gobierno de recurrir esta sentencia; sentencia con la que ustedes están más felices que unas perdices. No lo han podido disimular. Usted el
primero, no lo ha podido disimular. Señor Cañete, claro que la responsabilidad civil es importante. Alguien deberá pagar por los más de 4.328 millones de euros en daños económicos y medioambientales, tal y como se estableció en el propio juicio.
Pero aquí además, señor Cañete, se acometió un juicio de gigantescas proporciones respecto de la mayor marea negra de Europa. No creerá usted que el barco se hundió solo, ¿verdad? No nos fiamos de ustedes y no lo hacemos porque la intención del
recurso que están anunciando no es el cuestionamiento de una sentencia insolente, contraria a derecho; este es un recursiño, señorías, un recursiño que presentan para lavarse la cara ante la incompetencia de su gestión. Le pido por tanto que
olvide los postureos, que defiendan ahora lo que no... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, presidente.


Señoría, usted da por sentado que el Estado es el responsable del pago de las responsabilidades; se ve que la sentencia no se la ha leído, tiene 177 folios, pero le voy a decir lo que dice la sentencia respecto de la acción del Gobierno.
En cuanto a la acción del director general de la Marina Mercante



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establece que sorprende que se incrimine a quien en principio solo es víctima y afectado por el desastre que trató de solucionar -folio 138-. Simplemente ante una situación de emergencia, previo al asesoramiento técnico más riguroso y
capaz, se tomó una decisión discutible pero parcialmente eficaz, lógica y prudente -folio 138-. Se recomendó por los técnicos con responsabilidad en aquel momento el alejamiento extremo; extremo en el que prácticamente se ha convenido por todos
que se obró correctamente -folio 147-. Quien adopta una decisión técnica en situación de emergencia debidamente asesorado no puede ser incriminado como persona imprudente -folio 151-.


Está claro que la sentencia exonera al Estado del pago de las indemnizaciones, pero es que además el Estado ya adelantó en su momento 939 millones de euros. Yo lo que le he dicho hoy es que la Abogacía del Estado va a presentar en el día de
hoy escrito de anuncio de recurso de casación para atacar la absolución del capitán, considerando que los hechos calificados simplemente de desobediencia serían un delito contra el medio ambiente o subsidiariamente de daños. Asimismo
subsidiariamente se impugnará el hecho de que la sentencia no imponga responsabilidades civiles derivadas del delito de desobediencia. Pero, señoría, a mayor abundamiento, ¿qué hizo su partido en esta crisis del Prestige? Criticar todas y cada una
de las medidas adoptadas (Protestas.-Aplausos), en un ejercicio indecente de sacar provecho político; asegurar que la costa gallega quedaría destrozada, que los daños del ecosistema marino serían irrecuperables, y que no volvería nunca la actividad
al caladero. Señoría, yo el caladero lo cerré el día 16 de noviembre, y setenta y siete días más tarde empecé a abrirlo; el 30 de junio, siete meses después, estaba levantada la prohibición de la pesca. El ecosistema se ha recuperado y el
caladero funciona con toda normalidad. Señoría, ¿sabe dónde se hizo el mejor juicio político de la acción del Gobierno respecto del Prestige? En las elecciones municipales en la costa de la Muerte, donde en Muxía el Partido Popular ganó por
mayoría absoluta. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JON IÑARRITU GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ DISPUESTO A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ESCLARECER, RECONOCER Y REPARAR A TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000723).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, pregunta del diputado don Jon Iñarritu, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor presidente, señor ministro, ¿qué medidas está dispuesto el Gobierno a tomar para esclarecer, reparar y reconocer a todas las víctimas de la violencia del Estado?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.


Señoría, creo que ustedes son los únicos diputados de toda esta Cámara que, desde un punto de vista ético y político, lo único que pueden hacer sobre la violencia es darnos explicaciones a los demás de cómo es posible que durante más de
medio siglo hayan amparado y disculpado la más brutal violencia que ha tenido este país en toda su historia. Señoría, si quiere hacer algo contra la violencia cambie de actitud. Pida, hoy, aproveche este turno parlamentario, la disolución
incondicional de ETA, pida la desaparición definitiva de ETA, y pida también una disculpa a las víctimas, no las sigan agraviando, haga un discurso de aproximación a quienes de verdad han sido quienes han sufrido por la violencia, o por lo menos no
les sigan agraviando. No traten de utilizar el sistema de garantías constitucionales para justificar un proyecto que, ese sí, es de auténtica violencia, de un perverso terror.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Sí, señor ministro, ya veo que le han informado mal sobre mi trayectoria, la trayectoria de mi partido, y la trayectoria de mi coalición.



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Hoy, hace veinticuatro años, a escasos metros de esta Cámara, murió asesinado el diputado vasco Josu Muguruza. Un hecho que no ha tenido reconocimientos ni homenajes oficiales. Un hecho sobre el que esta Cámara incluso ha guardado un
sepulcral silencio. De igual forma hoy se cumplen veintinueve años del asesinato de Santi Brouard, un parlamentario vasco. Ambos fueron víctimas de la guerra sucia, del terrorismo de Estado. Dos décadas después no sabemos quién dio la orden:
existe demasiada información clasificada. Ambos fueron víctimas. Víctimas de segunda. Pero no fueron los únicos, no, ha habido cientos de víctimas de crímenes del Estado, ya sea bajo diferentes siglas o sea directamente torturadas y ejecutadas
por funcionarios policiales, como fueron los casos Lasa y Zabala, Zabalza y Arregi entre otros. Y si bien es cierto que se ha condenado a ministros, a comisarios, a gobernadores, también es cierto que la tónica habitual para ellos ha sido el
cumplimiento ínfimo de penas y los indultos. Fueron hechos gravísimos. Fueron precisamente los que tenían la obligación de proteger a los ciudadanos, en nombre del Estado de derecho, los que acabaron con sus vidas. Y desde Amaiur, como
suscribimos en la Declaración de Aiete, instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la verdad, reparación y reconocimiento de todas, absolutamente todas las víctimas de la violencia, ya sean de ETA, del GAL, del Batallón Vasco Español
o de cualquier grupo. Por ello hoy día 20, además de a Josu y a Santi, también debemos recordar a las víctimas de ETA como fueron los señores Benigno Sancho y José Sánchez. O como mañana lo haremos con Ernest Lluch. Y aprovechamos para expresar
nuestro respeto y solidaridad a sus familiares y compañeros. (Rumores).


Pero, señor ministro, ¿qué pasos dará el Gobierno desde su responsabilidad con las víctimas de los crímenes del Estado, que hasta ahora han sido víctimas de segunda?


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, usted pretende introducir una mentira en el debate, y la mentira es la equiparación de dos violencias, y esto no es así. Señoría, no hemos estado en España y en el País Vasco en una situación de dos violencias equiparables.
Hemos estado conviviendo con una bestia totalitaria, ETA, de la que usted no pide la disolución, que es quien ha matado, que es quien ha extorsionado, que es quien ha secuestrado, que es quien ha intentado acabar con la democracia de los españoles.
Y déjeme que le diga una cosa, señoría: interiorícelo, ustedes no han ganado, ustedes han sido derrotados, ustedes han perdido ante la democracia española. Sí, señoría, hoy afortunadamente el País Vasco es una comunidad autónoma democrática en una
nación democrática que es España, y no una dictadura del proletariado independiente (Rumores) que es lo que ustedes pretendían, a través de ETA. Y le digo una cosa, señoría: no vamos a caer en ningún momento en la trampa de la equiparación de las
dos violencias, porque no hay tal. Aquí lo que ha habido es un pueblo democrático que ha sufrido; unas víctimas que han identificado la dignidad y la justicia, y una democracia que a ustedes les ha derrotado. Interiorícelo, pidan perdón, y sobre
todo legitime sus palabras de condena pidiendo la disolución de quien les mató, de la banda terrorista ETA.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE TASAS JUDICIALES? (Número de expediente
180/000730).


El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida también al ministro de Justicia, del diputado don Julio Villarrubia, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señor ministro de Justicia, hoy hace un año de la aprobación del tasazo -copago judicial- del Partido Popular. Hoy mismo el Consejo General de la Abogacía, entre otros, ha convocado una
concentración en todas las sedes judiciales de España, a las doce horas, para mostrar su firme oposición a la Ley de Tasas. Esta ley supone un ataque al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, y por eso en el Grupo Parlamentario
Socialista la hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional. Por ello le pregunto: ¿Puede decirnos, señor ministro, cuál es su valoración de la aplicación de este tasazo -copago judicial- al año de su aprobación?



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.


Gracias, señor Villarrubia, por su pregunta. Estoy seguro de que los despachos de abogados estarán muy agradecidos por haber venido a esta Cámara a defender sus intereses, pues dicen que se sienten perjudicados directamente por la Ley de
Tasas, pero usted me pregunta por el balance. Puesto que con la Ley de Tasas lo que hemos conseguido es elevar los umbrales de la justicia gratuita no solamente para personas que, con los ingresos que tienen, antes no podían recibirla y ahora sí,
sino especialmente para colectivos vulnerables, como es el caso de las víctimas de la violencia de género, de las víctimas de trata de seres humanos, o de las víctimas del terrorismo, que con el método que ustedes venían aplicando tenían que pagar
su abogado y su procurador, y gracias a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y a la Ley de Tasas hoy no tienen que pagar esos costes, si me pregunta usted que si estamos satisfechos, le digo que sí; por solidaridad estamos satisfechos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor Gallardón, lo cierto es que todo el mundo -jueces, fiscales, abogados, procuradores, sindicatos, ciudadanos- está en contra de este atropello al derecho a la tutela judicial efectiva, y de la creación
de una justicia para ricos y otra para pobres. Lo cierto es que cientos de miles de ciudadanos no han podido acudir a los tribunales a defender sus derechos por no poder pagar el tasazo de la demanda o del recurso. Ese es el balance. Lo cierto es
que el Partido Popular aprobó el tasazo -copago- intentando relacionar, como insiste hoy usted aquí, su recaudación para atender a la justicia gratuita, pero lo cierto es que en los presupuestos de justicia del año 2014 la dotación para la justicia
gratuita no aumenta. Nuevo engaño. Lo cierto es que con la excusa de la crisis ustedes están llevando a cabo reformas ideológicas de tinte ultraconservador, y están recortando derechos y libertades y devaluando gravemente la calidad de nuestra
democracia. Lo cierto es, señor Gallardón, que el Tribunal Constitucional deberá subsanar su atropello, y eso es -si no lo hemos subsanado antes nosotros- derogando esta ley en este Parlamento. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villarrubia.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.


Señor Villarrubia, hoy no voy a discutir con usted; voy a intentar convencerle, y lo voy a hacer siguiendo el guión de sus argumentos. Dice usted que hay ciudadanos que no han podido acudir a los tribunales como consecuencia de la tasa, es
decir, que como consecuencia de la tasa ha disminuido la tutela judicial efectiva. Si usted tuviese razón eso no habría afectado a aquellos ciudadanos que no pagan tasa por acudir a los tribunales. Por ejemplo, todos los del orden penal o los del
orden social en primera instancia, que corresponde al 77 % de los asuntos que se llevan en los tribunales. Pues bien, señoría, le puedo dar el dato de que en doce de las diecisiete comunidades autónomas que hay en España durante el año 2013 se ha
registrado un descenso de los pleitos de carácter penal, que no tienen tasa.


Segundo argumento, señoría. Orden contencioso-administrativo. ¿Se ha producido un descenso? Sí, pero no por la Ley de Tasas del Partido Popular, sino por la Ley de Costas del Partido Socialista. (Risas). Señorías, de 2011 a 2012 la Ley
de Tasas no estaba vigente y la reducción fue del 20 %, mientras que de 2012 a 2013 ha sido inferior a ese 20 %. ¿Por qué si la reducción se produjo antes se lo atribuye usted a las tasas? Y en cuanto a la justicia gratuita, señoría, si las tasas
hubiesen disuadido a los ciudadanos de litigar, puesto que hemos elevado los umbrales de la justicia gratuita se habrían acogido a ese mecanismo. No lo han hecho. La justicia gratuita no aumenta en presupuestos porque mantiene la misma demanda que
el año pasado. La conclusión -y creo, o por lo menos lo he intentado, haberle convencido- es que las tasas no han disuadido a ningún ciudadano de la tutela judicial efectiva.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



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- DEL DIPUTADO DON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿TIENE EL GOBIERNO LA INTENCIÓN DE FACILITAR DE ALGÚN MODO LA
CELEBRACIÓN EN CATALUÑA DE UN REFERÉNDUM, CONSULTIVO O VINCULANTE, SOBRE LA PRESUNTA SOBERANÍA DE ESA COMUNIDAD, EL LLAMADO 'DERECHO A DECIDIR' O CUALQUIER FÓRMULA EQUIVALENTE? (Número de expediente 180/000726).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Mi pregunta iba dirigida a la señora vicepresidenta -no tiene nada que ver con Hacienda-, pero, en fin, tampoco nos va a molestar que nos responda usted.


La pregunta es muy clara: ¿Piensa el Gobierno pactar o negociar de alguna manera que en Cataluña se celebre algún tipo de consulta, sea vinculante o meramente consultiva, sobre el llamado derecho a decidir o cualquier otra fórmula parecida?
Se lo digo porque me gustaría establecer esto de entrada. Que sea consultiva o no, no importa en absoluto; lo que importa es que sea una consulta que excluya a los demás ciudadanos de fuera de Cataluña del futuro del conjunto del país, y no de uno
de sus territorios. Además también convertiría en extranjeros a los que están en la propia Cataluña disconformes con que haya minorías o mayorías que excluyan a otros de su ciudadanía. Es una cuestión que nos preocupa extraordinariamente.


Gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señor Martínez, le recuerdo que mi cartera es Hacienda y Administraciones Públicas, y por tanto también la política territorial abarca el ámbito de mi competencia. En relación con ello quiero decirle que la agenda del Gobierno no pasa en
modo alguno por auspiciar ningún tipo de consulta soberanista ni en Cataluña ni en ninguna parte de España. La agenda del Gobierno es promover la recuperación económica de los catalanes y del conjunto de los españoles. Es una agenda clara que es
incompatible con la intersección de otro tipo de objetivos políticos. Lo ha explicado así el presidente del Gobierno reiteradamente en sus comparecencias, la vicepresidenta, y yo mismo con ocasión de la interpelación que hizo su grupo
parlamentario. Por tanto la pregunta está más que respondida. Vamos a las cosas prácticas, que son las que importan a los catalanes y a los españoles en su conjunto, y reúnen en un mismo objetivo la convivencia de todos los españoles.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor Montoro, una cuestión constitucional no es una cuestión administrativa. No tiene nada que ver. Es algo mucho más serio y mucho más importante que lo que ustedes consideran importante. Si no hay un marco
constitucional no crean que crear puestos de trabajo -en el caso de que algún día lo veamos- va a solucionar nada; al revés. Es exactamente lo contrario. Ayer nos dijeron que los diputados hay que reducirlos porque son Estado, como si fuéramos
Administración y funcionarios del Gobierno; y no lo somos. El problema que tenemos es que nos gustaría crearle, pero no podemos; y no por usted, sino porque ustedes también ayer consumaron un pacto para repartirse el Consejo General del Poder
Judicial, que es una importantísima institución constitucional, tras decir reiteradas veces que no lo iban a hacer. Además lo han hecho con partidos muy respetables, pero que son los que están impulsando procesos de secesión. Por lo tanto no
tenemos por que creerles, puesto que ustedes hacen al final siempre lo contrario de lo que han dicho que van a hacer, y porque ustedes sacrifican todo -lo acaba de decir- para llegar a pactos que estabilicen la situación política precisamente para
sus fines, que son -entre otros- dejar las cuestiones constitucionales como una cuestión administrativa de



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segundo rango. No podemos estar de acuerdo, y por eso preguntamos y les vamos a seguir preguntando. Si hubiera algo de ese estilo, por mucha ingeniería constitucional y administrativa que le pongan, estarían incumpliendo el acuerdo de esta
Cámara sobre la vigencia de los artículos 1 y 2. Se lo vamos a recordar constantemente por si acaso se despistan.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Ustedes por supuesto están en su derecho de preguntar al Gobierno e impulsar las correspondientes interpelaciones, pero no sé cuándo ha visto un matiz en el Gobierno en cuanto a la aplicación de la ley. No hemos abierto ninguna posibilidad
que no sea la aplicación de la ley y de la máxima ley, la Constitución española, a ese respecto. Por tanto no hay ningún debate que pueda ser desarrollado sin cambiar la Constitución, algo que su grupo parlamentario no conozco que pretenda. Otros
grupos lo pretenden, y para eso tienen abiertos los procedimientos legales ordinarios para llevarlo adelante y traerlo a esta Cámara, que es lo que corresponde en una democracia. Por eso decía, señoría, que no hay dudas en cuanto al sentido y la
posición del Gobierno, ni hay matiz alguno si no es dar prioridad en la agenda del Gobierno a la recuperación económica, a dejar atrás la crisis, a volver al crecimiento económico y a la creación de empleo, que es lo que realmente nos están pidiendo
que hagamos los ciudadanos de toda España, y por supuesto los ciudadanos de Cataluña.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA RESPUESTA DE SUS CIUDADANOS A SU POLÍTICA
PRESUPUESTARIA? (Número de expediente 180/000729).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada doña Elena Valenciano, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: ¿Cómo valora el Gobierno la respuesta de los ciudadanos a su política presupuestaria? Señor Montoro, se lo quiero decir en buen tono, pero esta campaña de autobombo que han emprendido es muy lesiva y
dañina para los ciudadanos. Mientras ustedes se llenan la boca de éxitos, la gente vive cada día peor, y es su propaganda frente a la realidad de la gente. Ustedes dicen que estamos a punto de salir de la crisis y que han hecho una gran gesta que
tiene sorprendido al mundo entero, el milagro español, pero su propaganda no crea puestos de trabajo ni hace crecer la economía. Lo cierto es que lo único que crece en España son las desigualdades; lo cierto es que desde que ustedes gobiernan, la
realidad, señor Montoro, es que hay 600.000 personas más en paro. Desde que ustedes gobiernan han hecho tres presupuestos y los tres estaban llenos de falsedades, el último ya se lo está corrigiendo Bruselas. Lo cierto es que ustedes celebran con
alborozo el final de un rescate financiero cuya existencia han estado negando todo el tiempo. Lo cierto y la realidad, señor Montoro, es que los españoles no van a recuperar un euro del dinero que se ha dado para salvar a la banca. Esa es la
realidad de los españoles, la realidad es que no hay crédito para las pequeñas y medianas empresas, y que la deuda está creciendo de manera peligrosa; esa es la realidad contra su propaganda. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, también con el mejor tono quiero decirle que la realidad a la que nos estamos refiriendo desde el Gobierno está constatada en cifras estadísticas. El final de la recesión económica que



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ha estado viviendo España durante prácticamente cinco años se ha producido en el segundo trimestre de este año. ¿Es una realidad o no es una realidad? (Rumores). Eso quiere decir que empezamos a crecer, todavía de manera débil e
insuficiente para crear empleo, pero hay otra estadística que es muy importante, la afiliación a la Seguridad Social en el mes de octubre. ¿Es cierto que la Seguridad Social ha crecido en casi 60.000 nuevos afiliados en el mes de octubre, con una
economía tan debilitada como todavía está la española? ¿Eso anticipa que muy pronto, la próxima primavera, vendrá un aumento de afiliación a la Seguridad Social en términos netos, y por tanto se habrá dejado de destruir de empleo? Esas son las
estadísticas y detrás de esas estadísticas está la realidad de un país, está la realidad de la gente; por cierto la realidad de un país entero que quiere acabar con esta crisis económica.


Señora Valenciano, en estos debates a veces tengo la impresión de que el Partido Socialista no quiere acabar con la crisis económica. (Protestas.-Rumores). Me parece que no es eso, que no debe suceder eso, pero esa es la calidad del debate
que tenemos aquí. Todos estamos deseándolo y cada vez hay más informes que se asombran de lo que está pasando en España. ¿O en el último, en el de Goldman Sachs, no se llega a pedir perdón públicamente por la equivocación de su pronóstico sobre
España? (Rumores). Eso está pasando. ¿O no son realidades constatables en términos estadísticos e informes sucesivos? Eso quiere decir que está volviendo la confianza en España, que está volviendo la confianza sobre España. Ayer, por ejemplo,
la colocación de los bonos del Tesoro en mínimos históricos. Todo va conformando un panorama y unas bases sólidas para un crecimiento económico y para una creación de empleo. Señora Valenciano, lo que sería muy importante es que los grupos de esta
Cámara auspiciaran un clima de confianza, porque lo que realmente necesitan los españoles es volver a recuperar esa confianza para acabar cuanto antes con la crisis económica.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señora Valenciano.


La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Pues mire, señor Montoro, si de verdad todo eso es así y si las cosas empiezan a ir tan bien como ustedes dicen, si realmente estamos saliendo del túnel de la crisis y quieren que les creamos, devuelvan
los miles de millones de euros que le han quitado a la educación y a la sanidad, devuélvanles a los inmigrantes sin papeles el derecho a curarse (Aplausos), devuélvanles las becas a los estudiantes, devuélvanles a los trabajadores sus derechos,
devuelvan el IVA cultural al 8 %. Si todo va tan bien, señor Montoro, cambien su política económica y dejen de ser tan injustos con la gente. Es completamente contradictorio lo que ustedes dicen y lo que ustedes hacen. ¿Usted sabe quién es, señor
Montoro? El ministro en el país de las estadísticas, pero la gente lo que está sufriendo en su casa lo sabe perfectamente, y por eso no se llama a engaño. Así que si quieren que empecemos a creerles, si quieren que empecemos a creer en el milagro
español, saquen a la gente del infierno en el que está viviendo; eso es lo que tienen ustedes que hacer. (Aplausos). Por cierto, no intenten además amordazarles; no lo intenten, señor Montoro. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Si estamos saliendo de la recesión económica y de la crisis es gracias al esfuerzo de los españoles, y el proyecto del Gobierno es efectivamente devolver todo el esfuerzo que han hecho los españoles en forma de políticas que auspicien esa
recuperación económica... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DEBE GARANTIZAR EL
SOSTENIMIENTO DE INSTITUCIONES BÁSICAS? (Número de expediente 180/000731).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Joaquín Puig, del Grupo Socialista.



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El señor PUIG FERRER: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en sus casi dos años de ministro de este Gobierno se ha convertido en el ministro que peor ha tratado en toda la democracia a la Comunidad Valenciana. Sus dos presupuestos han significado un recorte de inversión en toda
España, el 23 %, en la Comunidad Valenciana el 40 %, y solo usted en este momento defiende que la Comunidad Valenciana está bien financiada. La realidad es que cada valenciano recibe 204 euros menos que la media española para financiar los mismos
servicios, y eso teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana tienen 3 puntos más de paro y 14 puntos menos de renta per cápita. Por eso, señor ministro, le pregunto si usted considera que la financiación autonómica debe garantizar los servicios
fundamentales, como la sanidad, la educación, la dependencia, y también servicios fundamentales, como es una televisión pública que defienda la lengua propia del país.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Por supuesto, señor Puig, que estamos aquí para recibir las críticas, los reproches que su señoría entienda pertinentes, pero es que el que acaba de hacer es realmente desatinado, porque las consecuencias de la financiación autonómica no son
de este Gobierno, son del anterior, que es el que lo hizo y el que le dio el trato correspondiente a la Comunidad Valenciana. Lo hicieron ustedes, señor Puig, en contra del criterio de quienes formábamos parte entonces de la oposición. Por tanto
el mérito de cómo está financiada la comunidad autónoma póngaselo usted y el Grupo Socialista en esa comunidad autónoma. Eso es su propio mérito. El proyecto del Gobierno es cambiar esa financiación el año que viene, cuando tengamos un escenario
económico positivo, de crecimiento positivo, y entretanto lo que estamos haciendo es aportar los mecanismos extraordinarios de financiación para garantizar la prestación de los servicios públicos de los valencianos, a través del ICO proveedores
inicialmente, a través del aplazamiento de las liquidaciones negativas, a través del FLA, y ahora también en la parte de proveedores que vamos a pagar durante este mes de noviembre, que viene precisamente a garantizar la provisión de esos servicios
públicos.


Señor Puig, espero de su señoría y de su grupo político que tengan una actitud responsable el año que viene cuando llegue el momento de revisar esa financiación autonómica, y sobre todo que la memoria le sea más fiel respecto de las
responsabilidades de cada uno en términos del nacimiento de la financiación autonómica. El proyecto del Gobierno es cambiarla, y esperamos conseguir un acuerdo amplio en esta Cámara para ello.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, presidente.


La memoria es una cuestión que usted debe tener muy reciente, porque quien ha hecho los dos últimos presupuestos no ha sido el malvado Zapatero, ha sido usted, y quien nos ha llevado a tener una peor inversión pública por habitante que en
ningún sitio de España ha sido usted, nadie más que usted. Y hablando de la financiación autonómica es evidente que los dos últimos años son responsabilidad del Gobierno socialista; todo el resto, los diez años anteriores, son responsabilidad
suya, del Gobierno del señor Aznar, que es el modelo de financiación que se ha llevado a cabo en este tiempo. Esa es la realidad. A mí me gustaría que los diputados valencianos del Partido Popular, que ahora están como locos pidiendo por ahí
firmas para indultar a un diputado corrupto, se dedicaran a trabajar por la mejora de la financiación de la Comunidad Valenciana. Eso es lo que debían hacer. (Aplausos).


Por lo demás, señor ministro, usted no admite ninguna responsabilidad respecto al cierre de Canal Nou. ¡Si el señor Fabra ha dicho que cierra Canal Nou porque usted le exige que lo cierre! Si es usted, según el presidente de la Generalitat
Valenciana. ¿Usted no tiene ninguna responsabilidad en lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana? ¡Si han sido ustedes quienes gobiernan dos décadas en la Comunidad Valenciana! Y esta es la situación que estamos ahora sufriendo los valencianos y
las valencianas. Señor ministro, actúe por una vez como ministro de todos los españoles.


Gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, en relación con el caso que usted plantea, Canal Nou, esta es una decisión de la Generalitat Valenciana. No es función del Gobierno de España promover ninguna actuación de este tipo, eso corresponde al ámbito de decisión
política, eso es así en el Estado de las autonomías de España. Otra cosa es que tenemos que corregir el déficit público garantizando la financiación de los servicios públicos básicos, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España
trabajando con toda lealtad con la Generalitat Valenciana, con la Generalitat de Cataluña y con todas las comunidades autónomas de España. Eso es exactamente a lo que nos dedicamos. Estamos, por tanto, gobernando para todos los españoles, pero
respetando siempre el ámbito de acción y de decisión.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA ESTEVE ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÁN LOS PRESUPUESTOS PARA 2014 EN LA FINANCIACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS BÁSICOS PARA LOS CIUDADANOS? (Número de expediente 180/000732).


El señor PRESIDENTE: Pregunta de la diputada, doña Esperança Esteve, del Grupo Socialista.


La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente.


Señor ministro, al hilo de la pregunta de la señora Valenciano, insisto en ello: ¿qué consecuencias van a tener los presupuestos que se han aprobado para 2014 en la financiación de los servicios públicos básicos para los ciudadanos?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, la respuesta es que los presupuestos de 2014 van a permitir garantizar la financiación de los servicios públicos básicos de los ciudadanos. A costa de esto no podemos aumentar más la inversión pública, pero el ahorro de la
carga de intereses, que va inherente a esos presupuestos, precisamente se destina a financiar los servicios públicos de los ciudadanos, comenzando por las pensiones, siguiendo por el seguro de desempleo y, por descontado, con todas las garantías de
financiación en relación con las comunidades autónomas en materia de educación, sanidad y prestaciones sociales. Ese es el contenido exacto de los presupuestos generales de 2014 y podremos hacerlo cada vez mejor puesto que en 2014 tendremos un
escenario económico de crecimiento y de creación de empleo.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora ESTEVE ORTEGA: Señor ministro, está claro que tenemos distintas visiones acerca de una misma realidad. El gasto social en el presupuesto de 2014 se ha rebajado 3,5 puntos después de dos años de caída vertiginosa. La situación
cada vez es más extrema. Tenemos en estos momentos el país movilizado en manifestaciones -lo decía el señor Coscubiela- donde muchas personas muestran indignación, temor y dolor. No es un asunto menor. Sus cifras, señor Montoro, no dan respuesta
a ninguno de estos estados de ánimo y necesidades: sin trabajo, con escasa cobertura social, con una sanidad más delgada y con repagos, con una escuela pública sin recursos y sin servicios sociales y de dependencia. Esto aboca a muchísimos, a
demasiados, a la segregación, a la pobreza y a la hipoteca de nuestro futuro como sociedad. Las desigualdades se han multiplicado y en lugar de adelgazar los ministerios que no tienen competencias exigen a las comunidades autónomas el cumplimiento
estricto del déficit del 1 % que



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las lleva a la quiebra y al recorte de los servicios esenciales. Si no, díganoslo en Cataluña. Ayer, un ponente de su grupo, con una euforia que rayaba en la estupidez, proclamaba: Más sociedad y menos Estado. Pues yo le digo, señor
Montoro: más Estado para redistribuir, para parar los abusos, para garantizar la dignidad de sus ciudadanos, y sí, también más sociedad para crear riqueza, contribuir fiscalmente sin fraude y para buscar respuestas en su propio seno, pero no para
generar más privilegios perfectamente amparados por un Estado cómplice, insensible e incapaz.


El lunes -y con esto acabo- en un centro de mayores de San Adrián de Besós me contaban que con su pequeña pensión mantenían a sus hijos, que nunca se hubieran imaginado esta situación después de trabajar cincuenta años y, lo que es peor, que
no veían ninguna expectativa de futuro, que veían cómo todo se les escapaba de las manos. Ahí, señor Montoro, es donde apelo a su responsabilidad, estamos en una situación que, de continuar así, fragmenta esta sociedad y... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señoría, la situación que ha descrito usted misma, que es la situación que está ocurriendo en muchas familias españolas, nos lleva a la necesidad y a la oportunidad de crear empleo, eso es lo que necesitamos hacer rápidamente y lo que las
políticas del Gobierno están facilitando en términos de acabar con la recesión; eso es lo que va a ocurrir. Vamos a empezar a crear empleo para esa gente para que haya más equidad social, para que haya mayor cohesión social. Y los números de
estos presupuestos nos llevan a que haya que definirlos como los presupuestos más sociales de la historia, es así. De cada 100 euros que se gastan, realmente casi 55 van a gasto social directo en estos presupuestos. Y luego está la aportación de
los mecanismos extraordinarios de financiación que estamos llevando adelante con las comunidades autónomas. ¿Tampoco es así? ¿No estamos pagando a través del FLA? ¿No estamos garantizando a través de esos mecanismos de proveedores la continuidad
de los servicios públicos? Y el último dato -hay que hacer los discursos políticos con datos-: el total de presupuesto de los ministerios para el año 2014 apenas asciende a 35.000 millones de euros, poco más que el presupuesto de una comunidad
autónoma grande de España. Hemos bajado año tras año el gasto de los ministerios; para el año que viene hemos programado casi un 5 % menos de gasto después de haberlo bajado en los tres presupuestos que llevamos realizados, pero es que eso,
señoría... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HURTADO ZURERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿VA A ABONAR EL GOBIERNO A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA LAS CANTIDADES PENDIENTES,
EN CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE SU ESTATUTO DE AUTONOMÍA, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2013? (Número de expediente 180/000733).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Antonio Hurtado, del Grupo Socialista.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, le traigo datos y documentos. La pregunta es muy concreta: ¿por qué no paga el Gobierno la deuda que tiene contraída con Andalucía? Traigo cuatro documentos, y espero que no se rían el diputado por Córdoba ni el diputado
por Almería porque son representantes de andaluces y venimos aquí a defender sus intereses. Le traigo cuatro documentos. Le traigo el Estatuto de Autonomía de Andalucía, donde la disposición adicional tercera dice lo que todos hemos aprobado, los
andaluces y este Congreso de los Diputados, el Parlamento. Le traigo un informe de la Intervención General del Estado que cuantifica la deuda de los ejercicios 2008 y 2009 justamente por esta disposición adicional tercera. Le traigo la propuesta
que hace el entonces Ministerio de Economía y Hacienda a Andalucía sobre las desviaciones que se produjeron ese año para poder compensar a la comunidad autónoma. Y le traigo la aceptación de la Junta de Andalucía de esa propuesta, de esa deuda de
1.504 millones por la disposición adicional tercera durante esos dos ejercicios. Insisto, ¿qué le falta a usted para pagar esta deuda contraída con Andalucía?


Gracias. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señor Hurtado, lo que me falta es dinero, no lo voy a decir de otra manera. (Rumores). No tengo dinero para dar mayor dotación a esas disposiciones adicionales de los estatutos, ya lo he explicado suficientemente en este Congreso. Además,
lo que ha hecho usted, señor Hurtado, es una mezcla; ha mezclado churras con merinas. Sí, porque se ha referido a identificaciones de deuda que se corresponden con la deuda histórica (El señor Hurtado Zurera hace gestos negativos) y esto creo que
fue la que ya quedó saldada. A partir de ahí, con las disposiciones adicionales de los estatutos de segunda generación ocurre lo siguiente, señor Hurtado: en primer lugar, ha habido una sentencia del Constitucional relativa al Estatuto de Cataluña
que pone en cuestión la vigencia de esa disposición adicional porque puede sustraer la capacidad de estas Cortes Generales a la hora de dirigir la inversión del Estado. Le recomiendo que se lea esa sentencia. A partir de ahí, respecto a por qué no
hacemos más inversión, ya lo he explicado en el debate de presupuestos. Por cierto, en Andalucía hay una inversión en proyectos prioritarios, la ministra de Fomento lo conoce mucho mejor que yo. Pero lo que no podemos hacer es poner más dinero
para inversión pública cuando lo que tenemos que hacer es preservar los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos. Estamos trabajando también con la Junta de Andalucía para que esos servicios públicos no padezcan demasiado como
consecuencia de la crisis.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, usted dice que le falta dinero, pero parece ser que le sobra, porque usted le ha dado 61.000 millones de euros a la banca y el dinero que necesita Andalucía es para pagar servicios fundamentales y básicos. Le voy a decir a
usted lo que le falta, a usted le falta voluntad política y le sobra voluntad de castigar a Andalucía porque evidentemente Andalucía no está gobernada por ustedes y eso no se lo perdonan a los andaluces, y su voluntad es una auténtica voluntad de
castigo. (Rumores). Lo que usted debería hacer es convocar la comisión bilateral que dice el estatuto. En dos años no ha tenido usted tiempo de convocar esa comisión bilateral, de saldar la cuenta de los 1.504 millones, de cuantificar el resto de
años, que superan los 740 millones de deuda, y concretar el calendario de pago. Si Andalucía recibiese los 2.200 millones que se le deben, ni necesitaría FLA ni Plan de pago a proveedores... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señor Hurtado, que no es así, se lo explico cuando usted quiera. Ese dinero es dinero de más inversión y no es dinero para financiar otros servicios públicos; no es tan difícil de entender. Lo que estamos haciendo es trabajar con la Junta
de Andalucía estos dos años para garantizar la financiación de la educación, de la sanidad y de las prestaciones sociales, porque si no fuera por el Gobierno de España habría colapsado la comunidad autónoma, como lo hubieran hecho otras comunidades
autónomas, como lo hubieran hecho Cataluña, Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana. Teníamos un problema y seguimos teniendo un problema, pero el dinero al que nos referimos tiene diferente finalidad. Con mucho gusto quedo a su disposición,
señor Hurtado, para darle las explicaciones correspondientes.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.



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- DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL TERCER RAÍL ENTRE VILA-SECA Y CASTELLBISBAL PUEDE SER UNA OCASIÓN
PROPICIA PARA QUE LA ALTA VELOCIDAD LLEGUE A LAS ESTACIONES URBANAS DE TARRAGONA Y REUS, ENTRE OTRAS? (Número de expediente 180/000725).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Fomento. En primer lugar, pregunta del diputado don Jordi Jané, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, hace cinco meses nos recibió en su despacho al alcalde de Reus y a mí y le hicimos una propuesta concreta, en positivo. Se está instalando el tercer raíl, están ya adjudicadas las obras, y desde el nudo de Vila-seca hasta
la actual estación de Reus, en el Passeig Mata, hay unos siete kilómetros, en los que si instaláramos allí el tercer raíl -con un coste no superior a 20 millones de euros- lograríamos que el ancho europeo llegara también a la actual estación de
Reus. Esa propuesta que le hicimos ese día la complementamos con una posibilidad real: si en esa línea del tercer raíl, inicialmente concebida para tráfico de mercancías, que discurre en paralelo con la línea de alta velocidad que une Madrid con
Barcelona -desde L'Arboç hasta Vilafranca del Penedès va en paralelo con ese tercer raíl-, si allí hiciéramos un intercambiador, podríamos aprovechar ese tercer raíl para que la alta velocidad llegara a las actuales estaciones urbanas que ya
existen: la de Reus, con una población de más de 100.000 habitantes, superior a la de muchas capitales de provincia; la de la ciudad de Tarragona, la actual, al lado del Paseo Marítimo, que es una estación muy utilizada, que necesita inversiones y
que se han acordado ya 15 millones para esa segunda fase de remodelación de la estación, para estaciones como El Vendrell, Vilafranca o Torredembarra. Si lo hiciéramos así, tendríamos la posibilidad de tener alta velocidad y de conectar con
facilidad el núcleo urbano de esas ciudades con Barcelona, con Francia y con toda la red de alta velocidad. Por lo tanto, ¿cómo ve esa posibilidad, señora ministra, después de esa propuesta que le planteamos hace ya más de cinco meses?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Jané, en primer lugar permítame que desde aquí le traslade las condolencias a la familia de Albert Vilalta que, como todos conocen, fue el presidente de los Ferrocarriles de la Generalitat y el primer presidente del GIF; nuestras
condolencias de parte -creo- de todos los miembros de esta Cámara.


Señor Jané, ha señalado usted tres actuaciones que efectivamente vamos a poner en marcha y de las que ahora le iré dando detalles. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante en Cataluña, y concretamente en la provincia de
Tarragona. Fíjese, en un momento como este, de crisis, más de 400 millones de euros es el presupuesto de la provincia; de ellos, más de 200 millones son para ferrocarril. Ahí contemplamos, señoría, esas actuaciones a las que usted se ha referido.
Estamos trabajando -como bien ha indicado- en la adaptación al ancho UIC del tramo de Castellbisbal a Vila-seca, por más de 100 millones de euros; en las obras de la línea de alta velocidad entre Vandellós y Tarragona, con 108 millones de euros;
estamos redactando el estudio informativo de esa conexión tan importante entre la línea convencional Vila-seca-Tarragona-Barcelona en la que vamos a implantar el tercer carril y la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona en el entorno de L'Arboç, y
también en la redacción del proyecto para la implantación del tercer carril entre Vila-seca y Reus. Y en quinto lugar en la construcción de un cambiador de ancho en el entorno de Tarragona. Todo ello, señoría, efectivamente son medidas importantes
que requieren -como usted bien conoce- de estudios técnicos en profundidad, que están terminados, y por eso, como le digo, vamos a iniciar ya los proyectos y, en el caso de que no haya estudio informativo, los estudios informativos de tal modo que
en la provincia de Tarragona habrá una interconexión perfecta entre todo lo que es la red convencional y la red de alta velocidad, y sobre todo permitiremos que más ciudades accedan -como usted ha dicho- a la alta velocidad.


Por lo tanto, señoría, no solo estoy totalmente de acuerdo, sino que, como me comprometí en esa reunión, están en marcha los encargos tanto del estudio informativo como de algo tan importante como es el proyecto para que, dentro de la gran
inversión que supone esta actuación -son grandes inversiones;



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solamente lo que invertimos en ferrocarriles este año es más que un hospital de 650 camas-, esas actuaciones que son menos cuantiosas...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señor diputado.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Quiero agradecer las condolencias por el honorable señor Albert Vilalta y agradecerle también, señora ministra, que sea receptiva a esa propuesta. Tenga en cuenta que en estos momentos Lleida y Barcelona se conectan en una hora; Girona y
Barcelona en treinta y siete minutos; Tarragona y Reus en más de una hora. Eso no es presentable y no podemos dejar pasar esta oportunidad histórica; ahora que hemos adjudicado las obras del tercer rail, debemos acometer también esas inversiones.
Por lo tanto, no dejemos pasar este momento histórico y hagámoslo, señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LOS PLANES DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN DE CAPITAL PRIVADO EN AENA AEROPUERTOS? (Número
de expediente 180/000734).


El señor PRESIDENTE: Pregunta a la ministra de Fomento del diputado don Rafael Simancas, del Grupo Socialista.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora ministra, el 21 de octubre los españoles nos enteramos de que pretenden ustedes privatizar hasta el 60 % de la empresa que gestiona nuestros aeropuertos, y nos enteramos por una filtración accidental en el
consejo de privatizaciones. Al parecer, llevan ustedes con esta operación desde principios de año a espaldas de este Parlamento, negando lo que hoy sabemos innegable y rompiendo su propio compromiso público de que la entrada de capital privado en
AENA fuera siempre en un porcentaje minoritario. No sé, señora ministra, si nos ha estado usted engañando durante todo este tiempo o sencillamente usted no controla lo que hace el presidente de AENA; en todo caso, preocupante. Y en todo caso
también resulta evidente que llevan meses preparando esta privatización encubierta, por eso en la gestión de AENA están primando ustedes las cifras de negocio sobre el interés general de aumentar los tráficos. Porque al país le interesa sobre todo
aumentar los tráficos aéreos para dinamizar la economía y para crear empleo, pero a la AENA privatizable lo que le interesa es subir tasas, despedir trabajadores y reducir la inversión. En el último año de gobierno socialista, 2011, se mantenían
las tasas y se subían los tráficos un 6 %, y con el Gobierno del Partido Popular en este ejercicio suben las tasas y bajan los tráficos, un 8 % de operaciones hasta octubre. No sabemos a quién buscan beneficiar ustedes con este negocio de la
privatización -alguna pista hay ya en los medios-, pero sí sabemos a ciencia cierta a quiénes van a perjudicar, a los españoles. Porque, señora ministra, AENA es mucho más que un negocio, AENA es un instrumento estratégico con 48 aeropuertos, con
buenos equipos, con una productividad muy interesante que sirve para dinamizar la economía, para traer turistas y para garantizar también los derechos a la movilidad de los españoles, que muchos de ellos viven en las islas. No puede usted tratar a
AENA como un simple negocio y dejar al albur de los intereses de una empresa privada la economía en su futuro y los derechos a la movilidad de los españoles. Claro que hay deuda, una deuda bien invertida y viable, que en buena medida planificaron
ustedes, para El Prat y para la T-4 de Barajas, y claro que hay que participar con la empresa privada en la gestión de AENA, pero siempre manteniendo el control público. Interés estratégico; por favor, señora ministra, no privaticen AENA a
espaldas de los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.


Señor Simancas, hace dos años se ganaron las elecciones en este país por el Partido Popular y desde que me incorporé al Gobierno lo que he hecho es gestionar con eficacia el desastre de gestión que me



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encontré en AENA. (Aplausos). Señoría, le voy a dar unos cuantos datos: deuda de AENA, 14.000 millones; déficit tarifario, 850; un saldo de caja negativo de menos 600 millones, no había para pagar la nómina. Es más, señoría, a usted le
gusta mucho la palabra privatización y debe ser porque ustedes pusieron en marcha la privatización de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona con una licitación del 90,05 del capital social de las dos sociedades concesionarias del aeropuerto de
Madrid y del aeropuerto de Barcelona. Fíjense, señorías, en qué consistía esto: el aeropuerto de Barajas tenía una deuda de 5.527 millones y un resultado después de impuestos de menos 95 millones; el de Barcelona tenía una deuda de 1.700 millones
y un resultado negativo después de impuestos de menos 21 millones; la ventaja que ustedes encontraban consistía en externalizar estos dos aeropuertos y el Estado se quedaba con la deuda. ¡Esto es estupendo! Además, señoría, destruían la fortaleza
más importante que tiene AENA, aeropuertos en red, ese es el mayor potencial que tiene AENA, que mueve más de 194 millones de pasajeros, el mayor operador del mundo.


Señoría, parece que a su grupo y a usted le gustan las malas noticias, pero las hay buenas. Hemos sido capaces de darle una vuelta a las cuentas de AENA. Hoy el saldo de caja es de más 600 millones, el Ebitda a final de año va a ser de más
de 1.500 millones, y otro dato muy esperanzador, se han abierto más de 300 nuevas rutas. Señoría, las noticias son buenas y, fíjese, en este momento vamos a tener el récord de visitantes extranjeros que han entrado en España por los aeropuertos
españoles, las reservas que tenemos para las islas Canarias crecen un 15 %, todos los aeropuertos turísticos están creciendo y estamos haciendo esfuerzos, sin su ayuda, para que haya compañías que vengan a Barajas y al resto de España. Por eso,
señoría, menos lobos, Caperucita, menos ejemplos, porque ustedes en materia aérea no están para dar ejemplo a nadie. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA DEL CARMEN DEL CID MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA?
(Número de expediente 180/000737).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Industria, Energía y Turismo. En primer lugar, pregunta la diputada doña Margarita del Carmen del Cid, del Grupo Popular.


La señora DEL CID MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, en un contexto social y económico marcado por un prudente y moderado optimismo dados los indicadores económicos que apuntan hacia el fin de la recesión, el turismo se convierte en un sector clave para apuntalar esta dinámica.
Nadie puede negar que 2013 ha sido un año muy bueno, algunos dirían que histórico si atendemos a la cifra de visitantes internacionales que el país ha recibido y a los buenos números que arroja la actividad turística. Este Gobierno ha sabido situar
el turismo en un lugar prioritario de su acción política, consciente de la importancia de este sector en la recuperación y en la tan ansiada generación de empleo. Hubo 48,8 millones de turistas internacionales hasta septiembre, un nuevo máximo
histórico que supone un 4,6 % de incremento interanual. Los países nórdicos, junto al Reino Unido, son los que más han influido en este nuevo crecimiento, y Rusia es la que ha dado un mayor impulso, con más del 30 % de incremento de visitantes. En
cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña, un incremento del 7,5 %; la Comunidad Valenciana, un 5,9; Canarias, un 5,1; Baleares, un 2,8; Andalucía, un 2,7, y la Comunidad de Madrid, un 1,4 %. Son datos que demuestran que la tendencia es
común en todo el país y que nos consolidan en los mercados internacionales como un destino en auge. Turismo y empleo son inseparables, así lo verán también aquellos que conozcan de primera mano los principales destinos turísticos de nuestro país.
Dada esta asociación, que se ha hecho más evidente aún con un incremento del PIB turístico del 1,3 % y la generación de más de 11.000 puestos de empleo en el tercer trimestre de 2013; dada la importancia de este gran sector económico, que ya está
contribuyendo a la recuperación, ¿cómo valora, señor ministro, la evolución del sector turístico en España? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señorías, la valoración que hace el Gobierno de la evolución del sector turístico en España es positiva, teniendo en cuenta cuáles



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son los datos que mes a mes vamos conociendo, tanto en términos de llegadas por frontera, de la encuesta Frontur, como de la encuesta Egatur, es decir del gasto que están realizando los turistas, tanto en términos globales como en términos
individuales de cada uno de los turistas que nos visitan. Efectivamente, el turismo constituye una de las actividades más importantes de nuestra economía. Supone aproximadamente 11 de cada 100 euros que comporta la actividad económica en su
conjunto; supone aproximadamente un 12 % de todo el empleo que se genera en España y además ha tenido un buen comportamiento durante estos años, cuando hemos atravesado distintas dificultades.


En el año 2012 el turismo ha tenido un comportamiento ciertamente histórico, pero está siendo superado en cuanto a cifras de llegada y en cuanto al gasto que se realiza a lo largo de todo este año 2013. En efecto, para el periodo de enero a
septiembre de este año, durante los tres primeros trimestres, se han batido los récords de entrada, se han batido los récords de gastos turísticos de forma global y también se han batido los récords desde el punto de vista del gasto individualmente
considerado. Pero quisiera hacerle un anuncio. De aquí a aproximadamente unas 48 horas, el viernes, se darán a conocer los datos correspondientes al periodo de enero a octubre, ya que vamos a conocer los datos de octubre, y nuevamente volveremos a
tener datos históricos para el mes de octubre y también para el período de enero a octubre. En este período de enero a octubre de este año vamos a estar en torno a 5,3 millones de turistas y va a comportar un incremento para todo el periodo de
aproximadamente un 4,7 o 4,8 % sobre un año que ya fue bueno desde el punto de vista turístico. Es verdad que el turismo forma parte esencial de la agenda política y económica del Gobierno y han sido tres fundamentalmente las acciones sobre las que
hemos basado la política turística. Uno, impulsar la política de visados, sobre todo en aquellos mercados emergentes, que tienen un gran interés para España. Dos, la participación del sector privado en el conjunto de decisiones que adopta el
sector público en materia de política de promoción. Y, tres, la promoción específica en estos mercados emergentes, fundamentalmente China y Rusia.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ILDEFONSO R. PASTOR GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ APLICANDO EL GOBIERNO PARA APOYAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE
AUTOMOVILÍSTICO NACIONAL? (Número de expediente 180/000738).


El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Industria, Energía y Turismo del diputado don Ildefonso Pastor, del Grupo Popular.


El señor PASTOR GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, como usted conoce perfectamente, el sector de la automoción supone el 10 % de nuestro PIB, el 17,7 % de nuestras exportaciones, es líder europeo en la fabricación de vehículos industriales y el segundo en la de automóviles,
genera 300.000 empleos directos y cuenta con cerca de un millar de empresas auxiliares que facturan más de 27.000 millones de euros, de los cuales el 60 % corresponde a la exportación. Se trata, pues, de un sector estratégico para la economía
española. El Gobierno de la nación entendió desde el primer momento la importancia de la industria del automóvil en España. En muchas regiones, como la mía, el sector del automóvil es el principal motor industrial. Fruto de las políticas y
reformas desarrolladas y del esfuerzo e implicación de todos los agentes hoy hemos alejado el fantasma de la deslocalización, que hasta hace no mucho alejaba el futuro de esta industria. Así, las importantes inversiones comprometidas por las
principales firmas y los nuevos modelos concedidos a las fábricas españolas permiten mantener e incrementar la carga de trabajo, generando empleo y asegurando la posición española en este competitivo e innovador sector industrial que ha de ser pieza
fundamental en la recuperación de la industria española. Sin embargo, aunque los últimos datos dados a conocer apuntan a una mejoría sustancial en relación con la matriculación de vehículos con un repunte de cerca del 40 % en relación con el mismo
periodo del ejercicio anterior, lo cierto es que la venta y matriculación de vehículos nuevos acumula importantes caídas desde el inicio de la crisis económica. Esto se traduce, como sin duda usted conoce, en un deterioro de la antigüedad media de
nuestro parque móvil, que se sitúa actualmente en torno a los 8,5 años, algo que, como ha señalado la Dirección General de Tráfico, tiene una incidencia importante en términos de seguridad, pues la escasa seguridad pasiva en los coches está
relacionada con aproximadamente el 15 % de los fallecidos en carretera en España.



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Señor ministro, nos constan los esfuerzos del Gobierno, especialmente de su ministerio, en relación con el impulso a la industria automovilística. Ahí están los sucesivos planes PIVE y PIMA Aire, la reforma laboral y el impulso a las
exportaciones. En este sentido mi pregunta es la siguiente: ¿Qué medidas está aplicando el Gobierno para apoyar la renovación del parque automovilístico nacional?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, efectivamente, el sector de la industria de la automoción es uno de los sectores importantes de la economía española en general y particularmente de la industria. Esa es la razón por la cual el Gobierno desde principios de esta
legislatura viene, en primer lugar, impulsando distintas medidas encaminadas fundamentalmente a estimular la actividad de la fabricación; en segundo lugar, a impulsar la actividad de la distribución; y en tercer lugar, indirectamente, a impulsar
un sector que tiene mucho que ver con la venta de los vehículos automóviles, que es el sector de la publicidad, también muy afectado por la crisis.


El Gobierno ha puesto en marcha distintos planes de incentivos, fundamentalmente para incentivar la adquisición de vehículos eficientes, no solo por parte del Ministerio de Industria a través de los llamados planes PIVE, sino también por
parte del Ministerio de Agricultura, impulsando la adquisición de vehículos comerciales a través de lo que usted muy bien ha indicado como son los llamados planes PIMA. Hay que tener también en cuenta una cuestión y es que no solo se pretende
impulsar la actividad de venta y de fabricación del automóvil con estos planes, sino que al propio tiempo son políticas de eficiencia energética las que se esconden detrás de los mismos.¿Por qué? Porque se está incentivando con dinero público, es
verdad, la adquisición de determinados vehículos -no solo vehículos automóviles, sino también vehículos comerciales- a cambio de sustituir vehículos que están en el mercado que tienen un tiempo, que están contaminando más y que realizan emisiones
por vehículos mucho más eficientes que emiten mucho menos. Eso, al final, es política de eficiencia en estado puro, si usted me lo permite.


Al mismo tiempo le diré que también hay otra serie de medidas que tienen que ver con el impulso y la actividad del automóvil en España y que tienen que ver con aquellas medidas que tratan de relocalizar actividad del sector industrial del
automóvil en España. La mayor parte de las marcas multinacionales que tienen fábricas en España también tienen fábricas en Francia, Alemania, Italia, Polonia y Chequia, y podrían haber elegido esas fábricas para, digamos, localizar esa carga de
trabajo adicional, consistente en el lanzamiento de nuevos modelos; sin embargo, lo hacen en España. Lo hace Renault en Valladolid, lo hace OPEL en Zaragoza, lo hacer Ford en Almussafes, lo hace Nissan en Barcelona, lo hace Iveco, del grupo Fiat,
en Madrid. ¿Cuál es la razón? La razón es que en España se están haciendo reformas estructurales y la razón es que el resultado de esas reformas estructurales ya empieza a verse al menos en términos de relocalización de actividad industrial en
España. Esa es la razón por la cual creo que debemos...


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿POR QUÉ HA REDUCIDO EL GOBIERNO LOS ESFUERZOS EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO? (Número de expediente 180/000736).


El señor PRESIDENTE: Última pregunta, dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Para su formulación tiene la palabra la diputada doña Carmen Montón, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, ¿por qué ha reducido el Gobierno los esfuerzos en la lucha contra la violencia de género?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.



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La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señoría, como usted sabe perfectamente, este Gobierno mantiene íntegramente todos los esfuerzos para acabar con la violencia de género.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señora ministra, han disminuido las denuncias y las órdenes de protección; se ha incrementado la retirada de denuncias, las mujeres asesinadas que no habían denunciado y los casos en adolescentes. Su respuesta ha
sido recortar el 28 % en los Presupuestos Generales del Estado; la estrategia nacional contra la violencia de género no aparece en ninguna partida presupuestaria; el Plan personalizado de atención a las víctimas lleva un año anunciado sin que
nadie sepa en qué consiste; están cerrando casas de acogida y su ministerio ni siquiera sabe cuántas plazas hay disponibles; los juzgados están colapsados y Justicia se niega a ampliarlos diciendo que no hay carga de trabajo suficiente; la
reforma del Código Penal no recoge el término violencia de género; dos años para firmar el protocolo de ampliación de utilización de brazaletes para maltratadores, que están infrautilizados; la reforma local califica como competencia impropia la
atención a la violencia machista; la ley Wert suprime del currículo escolar la igualdad y la violencia de género; las campañas de prevención son testimoniales y las utilizan para dar negocio a medios afines. Han rechazado nuestra propuesta para
ampliar la protección de los menores, que son el nuevo instrumento de venganza.


Señora ministra, un maltratador no es un buen padre y no puede disfrutar de régimen de visitas. (Aplausos). Sigue en un silencio cómplice frente al tratamiento informativo de la radiotelevisión de Castilla-La Mancha, que ilustra con carne
picada (Rumores) un asesinato machista, así como también ante la publicación por el arzobispado de Granada del libro Cásate y sé sumisa.


Desde las instituciones pedimos a las mujeres que denuncien, pero, señora ministra, con lo que está haciendo, con todo esto ¿puede asegurar que hay una red de acompañamiento y asistencia suficiente para que las mujeres denuncien con
confianza? Es necesario un pacto contra el terrorismo machista, una política de Estado que devuelva la lucha contra la violencia de género al primer plano, a la primera línea política. Señora ministra, no vamos a ser cómplices de sus recortes.
¡Basta ya! El machismo mata. (Aplausos.-Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, no sabe cuánto lamento su intervención de hoy porque acabar con la violencia de género es una cuestión de Estado, una lucha, una batalla que tenemos que
dar entre todos con unidad. Así lo entienden las víctimas, lo entienden los ciudadanos y así lo ha entendido siempre el Grupo Parlamentario Popular desde que un Gobierno Popular hizo el primer Plan de lucha contra la violencia doméstica.


Señorías, desde nuestro grupo siempre hemos aprobado y hemos apoyado todas las medidas que se han adoptado para luchar contra la violencia de género. También hemos hecho propuestas constructivas a las que ustedes han hecho oídos sordos.
¿Cuántas veces les dijimos que los menores tenían que estar dentro de la Ley de violencia de género? (Rumores). ¿Cuántas veces les dijimos que había que proteger a los menores? Hoy, Día Internacional de la Infancia, me alegra constatar que por
fin ustedes han recogido nuestra inquietud, señorías. No solo no hemos reducido las partidas para la asistencia y para la atención personalizada, sino que hemos hecho una estrategia nacional de violencia de género con 1.530 millones de euros; 260
medidas para los próximos tres años. (Rumores.-La señora Rodríguez Ramos pronuncia palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.


Pido silencio, señora Ramos. (Rumores). Continúe.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Nuestros objetivos son, en primer lugar, sensibilizar e implicar a todos; para ello vamos a poner en marcha una nueva campaña, es verdad que, una vez más, con la
colaboración altruista de varios sectores de la sociedad. En segundo lugar, un cambio de mentalidad, que es imprescindible. ¿Cómo lo hacemos? Con



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los jóvenes. Ayer mismo celebramos un acto y nuevas medidas para trabajar con las nuevas tecnologías y la adolescencia. También, señorías, hemos puesto en marcha una aplicación, la aplicación Libres. ¿Por qué? Porque por los jóvenes es
por donde tiene que empezar el cambio. En tercer lugar, señorías, hemos ofrecido salidas a las mujeres: 473 contratos bonificados desde el mes de septiembre y más de 30.000 víctimas cuentan ya con rentas activas de inserción. En cuarto lugar,
tenemos que trabajar para facilitar el camino de la denuncia y por primera vez las mujeres víctimas son beneficiarias de la justicia gratuita. Por último, hemos adoptado alternativas de urgencia, por eso hay una red de casas de acogida que acogen a
las mujeres en veinticuatro horas.


Señorías, dejen de utilizar todo para intentar deteriorar al Gobierno y, por favor, súmense al esfuerzo que está haciendo este Gobierno, junto con la sociedad, para acabar con la violencia de género.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DE SU DEPARTAMENTO Y LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE PIENSA ASUMIR COMO CONSECUENCIA DE LAS ACTUACIONES QUE HA DESARROLLADO
DURANTE EL TIEMPO DE SU MANDATO. (Número de expediente 172/000168).


El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las interpelaciones. En primer lugar, interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Educación, Cultura y Deporte, sobre la política general de su departamento y las responsabilidades
políticas que piensa asumir como consecuencia de las actuaciones que ha desarrollado durante el tiempo de su mandato. Para la defensa de esta interpelación, tiene la palabra el señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista defendió en octubre del pasado año una proposición no de ley en la que se pedía la reprobación del ministro de Educación por considerarlo incapaz para dirigir la política educativa. Trece meses
después su sustitución se ha convertido en una necesidad dentro de nuestro país y en una cuestión de credibilidad fuera de nuestras fronteras. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Señor ministro, cuando accedió al cargo venía usted precedido de una cierta aureola tolerante. Sus intervenciones regulares en diversos medios de comunicación daban una imagen de usted de conservador dialogante, de tertuliano culto
dispuesto a debatir ideas y a aceptar los argumentos del contrario si se demostraban acertados. No sabemos en qué momento el doctor Jekyll se transformó en mister Hyde ni cuál de las dos personalidades es la auténtica, pero tenemos claro que desde
que está al frente del ministerio la segunda se ha impuesto a la primera, hasta el punto de que esta no ha vuelto a aflorar. Desde el primer momento nos quedaron meridianamente claras dos cosas. En primer lugar, que pensaba imponer una
contrarreforma educativa sin contar con nadie, apoyada exclusivamente en la aritmética parlamentaria, una contrarreforma sin anestesia. En segundo lugar, que la forma de llevarla a cabo, ya fuera por torpeza, por soberbia política o por falta de
habilidades sociales, tendría como hilo conductor la polémica. Por esa razón no puede acudir a ningún acto sin ser abucheado; se ha convertido usted en un peligro público y eso es malo para nuestra educación porque la imagen institucional que
damos es verdaderamente lamentable. Por eso le pedimos responsabilidades políticas, por el fondo, señor Wert.


Le pedimos responsabilidades políticas porque ha sometido a la educación a unos recortes sin precedentes que nos hacen retroceder hasta el año 2007. Con usted se ha duplicado en solo dos años, según el CIS, la percepción de la ciudadanía de
que se dedican muy pocos recursos a la educación frente a los que creen que se invierte lo adecuado. Le pedimos responsabilidades políticas porque su nefasta gestión va a destrozar la igualdad de oportunidades que tantos años ha costado implantar.
Va a provocar exclusión educativa, se va a cebar con los estudiantes con más dificultades, negándoles injustamente su derecho a conseguir en la escuela aquello de lo que carecían por nacimiento. Le pedimos responsabilidades políticas por querer
convertir la educación en una mercancía y la escuela en una unidad de producción, por querer sustituir los factores pedagógicos por criterios económicos y querer hacer de los alumnos consumidores en lugar de ciudadanos en formación. Le pedimos
responsabilidades políticas por el



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pertinaz debilitamiento de la escuela pública, por su intento de subordinarla a la concertada, por poner condiciones para que los centros elijan a sus alumnos y la concertada pueda acceder a suelo público dotacional, mientras los centros
públicos asumen casi el 70 % de los alumnos con necesidades especiales. Le pedimos responsabilidades políticas por aprobar una ley técnicamente muy mala, un desatino jurídico, una chapuza pedagógica propia de advenedizos, un engendro que posibilita
llegar a carreras como Económicas sin haber cursado matemáticas en todo el bachillerato. Tampoco ha dado usted tregua a las humanidades. Hace solo unos pocos días un destacado diputado de su partido, que fue secretario general de Educación,
publicaba un artículo pidiendo encarecidamente que no se cometiera el error de dejar la historia de la filosofía fuera del currículo. Le pedimos responsabilidades políticas por su defensa cerrada de la segregación de niños y niñas, por su
entreguismo a los postulados de la Conferencia Episcopal y a los sectores más rancios y retrógrados de la derecha, por intentar hacernos comulgar con ruedas de molino, olvidando que este país hace mucho tiempo que se sacudió la caspa y enarboló la
bandera de la igualdad y de la lucha contra los prejuicios de toda índole. (Aplausos). Le pedimos responsabilidades políticas por desmantelar la cultura de este país, por su incompetencia al eliminar las ayudas a la creación sin sustituirlas por
la tan cacareada ley de mecenazgo, por subir al IVA al 21 % y condenar al desempleo a miles de ciudadanos pero, sobre todo, por el estado constante de sospecha al que tiene sometido al mundo cultural. Le pedimos responsabilidades políticas, además,
porque usted ya no manda en su casa. Hace tiempo que perdió el control del ministerio. El director general de Evaluación fue cesado a los quince días de que Esperanza Aguirre le acusara de poner pegas a la contratación de profesores nativos. Los
altos cargos se suceden y otro tanto ocurre con algún responsable de comunicación. El ministro Montoro no le deja tramitar la ley de mecenazgo y le niega los créditos para becas Erasmus, para después incrementarlos a su antojo. Está usted
sobrepasado por las circunstancias y su departamento se ha vuelto ingobernable.


Señor ministro, al igual que en la novela de Stevenson, donde se señala que con el paso del tiempo a mister Hyde le costaba cada vez más mantener la apariencia del doctor Jekyll, a casi dos años de su toma de posesión, con usted ocurre lo
mismo. ¿Qué quedó de aquel soy uno de los vuestros con el que usted se presentó al mundo del cine en enero de 2012? ¿Quizá las duras palabras del presidente de la academia en la última ceremonia de los Goya? ¿Y qué me dice del señor González
Pons, vicesecretario de comunicación de su partido, que en febrero del año pasado presumía de usted por recuperar en solo mes y medio un tesoro y descubrir una Gioconda y hace unos días, tras su resbalón con las becas Erasmus, retwitteaba: treinta
años de militante y no poder explicar a mi hijo lo que hace mi partido? (Aplausos).


Señor ministro, con sus maneras, con su forma de proceder arrogante se ha ido ganando a pulso el rechazo de todo el mundo. Primero fue la oposición, luego la comunidad educativa, más tarde las comunidades autónomas -incluidas las propias-,
después sus compañeros de partido y, finalmente, Bruselas. Solo le queda el apoyo temporal del señor Rajoy, pero no se emocione porque no es mérito suyo, sino un rasgo del conocido tancredismo político de nuestro presidente del Gobierno. Por eso,
también le pedimos responsabilidades por las formas. Le pedimos responsabilidades políticas por su falta de sensibilidad, cuando ante la subida de tasas respondió a las familias que si no dedicaban recursos era porque no querían; o cuando ante la
emigración de jóvenes universitarios en busca de trabajo fuera de nuestras fronteras dijo que la fuga de cerebros no puede considerarse nunca un fenómeno negativo. Le pedimos responsabilidades políticas por sus continuas provocaciones, indignas de
un miembro del Gobierno, al afirmar que no había despidos de interinos, sino solo no renovación de contratos; o cuando declaró en esta Cámara que su objetivo era españolizar a niños y jóvenes catalanes; o que al lado de otras protestas, las de
España se podrían considerar una fiesta de cumpleaños. Le pedimos responsabilidades políticas por sus salidas de tono, impropias de un ministro, cuando al explicar la subida de las ratios dijo que de ese modo los niños se socializaban mejor o que
hablar de generación más preparada era una bobada siendo verdad; cuando señaló que no solo no hace falta invertir más para mejorar el rendimiento escolar sino todo lo contrario o cuando acusó al Partido Socialista de estar con la protesta violenta
y con quienes infringen la ley. Le pedimos responsabilidades políticas por su defensa de una educación elitista y mercantil cuando en el primer documento de la ley se leía que los programas de cualificación estaban pensados -cito- para alumnos en
situación económica desfavorable, o cuando dijo que los universitarios no deberían estudiar lo que les apetece sino lo que les proporcione empleabilidad, o que el universitario que no llegara al 6,5 de media debería pensar en estudiar otra cosa. Le
pedimos responsabilidades políticas por sus continuas meteduras de pata; cuando justificó el adoctrinamiento de educación para la ciudadanía leyendo la cita de un manual inexistente; cuando afirmó tras cambiar los temarios de



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oposiciones que con los anteriores se podía aprobar una plaza de francés sin saber francés cuando las pruebas se hacen siempre en lengua extranjera; cuando comparó el sistema universitario español de 79 universidades con el de California de
solo 10, y luego resultó que había más de 130; o la gravísima falta de rigor al afirmar que los centros educativos de Ceuta y Melilla reciben una avalancha de alumnos marroquíes para beneficiarse de nuestra educación obligatoria y gratuita. Le
pedimos responsabilidades políticas, señor Wert, por su incorregible frivolidad en temas educativos; cuando afirmó que la educación de 0 a 3 años no era una etapa educativa sino solo de conciliación; cuando demostró desconocer que había un
bachillerato de artes y lo confundió con las enseñanzas artísticas; cuando afirmó que la selectividad no funciona porque aprueba el 94 %; cuando -ojo a este dato- declaró solemnemente que era posible titular en la educación secundaria obligatoria
arrastrando doce o trece asignaturas de cursos anteriores -este vídeo corre por YouTube y no tiene desperdicio-. Le pedimos responsabilidades políticas, señor ministro, por su falta de habilidades sociales con los rectores, que le acabaron dando
plantón; con los profesores, a los que ha llamado vagos; con los representantes de los alumnos, los universitarios, cuyo consejo no ha reunido ni una sola vez; con los padres, a los que acusó de radicales por ir a las manifestaciones; con los
artistas, a los que ha negado el pan y la sal; con los deportistas, a los que solo utiliza para hacerse la foto pero después tienen que pagarse sus desplazamientos cuando salen fuera; con la Comisión Europea, señor Wert, que calificó de basura o
disparate, qué más da, sus declaraciones sobre la disminución de becas Erasmus para el próximo años. Ha conseguido lo que nadie logra, sacar de quicio a los muy bregados funcionarios europeos. Tiene usted un don que traspasa las clases sociales,
las edades, los territorios, las ideologías políticas e incluso las fronteras; el don de poner enfrente a todo el mundo. Por eso hay una marea verde recorriendo desde hace dos años todas las ciudades españolas, por eso se le han hecho dos huelgas
generales, por eso se han presentado casi dos millones de firmas en Moncloa.


Señor ministro, se le ha acabado el tiempo, y a nosotros la paciencia. (Aplausos). Solo le queda asumir responsabilidades políticas y dimitir. Termine ya con el sufrimiento al que ha sometido al sistema educativo y a todos los españoles y
el suyo propio. Tenga el coraje de dimitir para, por última vez, antes de desaparecer de la vida política, hacer como el doctor Jekyll y volver a ser quien era.


Gracias, señoras y señores diputados. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bedera.


Señor ministro de Educación, tiene la palabra. (Rumores).


Señora Fernández, ¿puede mantenerse en silencio, por favor?


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, ni siendo lo incapaz, lo torpe, lo soberbio, lo nefasto, lo arrogante, lo elitista y el peligro público, todos estos
calificativos con los que me ha regalado los oídos el señor Bedera, ni siendo todo eso, soy incapaz de entender que el señor Bedera no es partidario mío. Lo siento, no se puede gustar a todo el mundo. (Varios señores diputados: ¡A nadie!) A
veces, no se puede gustar a mucha gente, pero es una cuestión de carácter totalmente personal, que, con toda franqueza, señor Bedera, creo que ni a esta Cámara ni a los españoles les interesa demasiado, y mucho me temo que cuando solo se tratan
cuestiones personales en esos términos, en términos de completa descalificación no argumentada, es probablemente porque se carece de argumentos. (Rumores). Despejadas las cuestiones personales que, como le digo, señor Bedera, no le interesan a la
gente ni tampoco a mí, aquí, siguiendo la línea de la interpelación que su grupo ha presentado, se trataba más bien, aunque escuchando su intervención es difícil llegar a esa conclusión, de hablar de la gestión en los tres campos que tengo
atribuidos, el educativo, el cultural y el deportivo, y a eso es a lo que voy a dedicarme.


Me habla su señoría de la contrarreforma. Esta es una expresión que han tomado por costumbre utilizar para referirse a la primera reforma educativa que se hace en este país, que, por un lado, se basa en evidencia contrastada, es decir, en
aquellas medidas y aquellas reglas de juego, porque es una ley reguladora, que han permitido a los países con problemas educativos similares, o más graves incluso que los nuestros, mejorar en un tiempo reducido; una reforma que mira al futuro, es
decir, que se aplica fundamentalmente a cambiar aquello que evidentemente no funciona, y una reforma que mira al exterior, que, como decía antes, utiliza las recetas que en otros países han sido de utilidad para conseguir una mejora de los
resultados. Resultados, por cierto, de los que su señoría no ha dicho ni una sola palabra. Si se le escucha en esta intervención y en otras que ha tenido en esta Cámara, así como en intervenciones públicas, parece ser que en el problema educativo
sus únicos parámetros son los recursos que se dedican



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a algunas cosas. Los recursos, no diré lo contrario, son importantes y tienen un papel en la educación, pero como todo el mundo sabe -todo el mundo que conoce el tema-, a partir de un cierto umbral de inversión educativa, que España superó
hace ya más de veinticinco años, lo que importa no es tanto el quántum de los recursos sino cómo se emplean, y tenemos evidencias más que sobradas de que, desde ese punto de vista, lo que se ha hecho en España no ha producido resultados óptimos.


Su señoría ha acusado a la reforma educativa que se pretende con la Lomce -es muy aficionado a utilizar esas imágenes, que, por cierto, están un poco antiguas- de casposa, etcétera. A mí me recuerda el comportamiento a ese respecto de su
señoría -lo ha hecho muchas veces cuando habla, por ejemplo, de los reválidas- a esa actitud que se reflejaba en un viejo mensaje, en un viejo aviso que aparecía en los vagones de la Renfe, que decía: es peligroso asomarse al exterior. Es decir,
cuando uno no mira lo que están haciendo otros países y cuando uno tiene como únicas referencias el pasado y no mira al futuro, tiene la tendencia a interpretar cualquier cosa que ve con esas claves del pasado y del propio país. Así, ustedes hablan
de reválidas como si se tratara de volver a un sistema con el que las evaluaciones externas y estandarizadas no tienen absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver porque aquel era un sistema en el que de lo que se trataba era de filtrar el
acceso a la educación superior, porque, evidentemente, había más aspirantes que disponibilidades, y ahora que no tenemos en absoluto ese problema, se trata de algo muy distinto, se trata de señalizar los resultados que se consiguen, se trata de
incentivar el esfuerzo, se trata de evaluar cómo se han adquirido los conocimientos y las competencias que se supone que tiene que proporcionar el sistema educativo.


Habla usted -y me resulta una afirmación asombrosa- de la mercantilización de la educación y de alguna forma descalifica el esfuerzo que se plasma claramente en la Lomce por mejorar el ajuste entre la educación y el empleo, y eso -usted que
me acusa también, entre otras lindezas, de frivolidad- me parece una frivolidad imperdonable en un país que tiene unos problemas de empleabilidad como los que tiene. Eso, que además está denunciado reiteradamente tanto por la OCDE como por la
Comisión Europea, es decir, la mala transición que existe entre nuestro sistema educativo y el sistema de empleo, es sin duda el problema más grave al que nos enfrentamos no ya solo desde el punto de vista educativo sino también desde el punto de
vista del futuro de este país. Me parece que todo ese tipo de interpretaciones, toda aquella lectura -esa sí que mira hacia atrás y es anticuada- de la potenciación de la formación profesional como segregación es no solo la negación de la
evidencia, sino la negación de algo en lo que ustedes insisten una y otra vez utilizando un concepto de una forma que nada tiene que ver con la realidad, que es el tema de la equidad. Señor Bedera, ¿sabe usted lo más inequitativo que tiene este
sistema? Lo más inequitativo que tiene este sistema es que, produciendo un abandono escolar temprano tan alto como el que produce, ese abandono se localiza precisamente en los estudiantes que están en peores condiciones de renta porque no se les
ofrecen caminos alternativos, porque no se les ofrecen rutas formativas alternativas, porque no se les ofrecen rutas educativas transitables y porque, en definitiva, llevamos años y años creando una bolsa de jóvenes que luego se tienen que enfrentar
a la situación de organizar su vida adulta con un equipamiento claramente insuficiente para hacerlo en buenas condiciones.


Cuando hablan en esos términos de la importancia de la inversión considerada solo desde el punto de vista cuantitativo y la contribución que ello tenga a la resolución de los problemas olvidan cosas esenciales. El momento en el que el gasto
educativo público es más alto en España es el año en el que el abandono educativo es también más alto y sabe perfectamente, porque lo he dicho desde esta tribuna varias veces, que en este país hemos tenido un incremento en términos nominales del
gasto público en educación del cien por cien entre el año 2000 y 2009 y que justamente en esos años no hay ningún parámetro de resultado educativo que mejore, bastantes de ellos empeoran y algunos lo hacen sensiblemente.


Una vez más cita el tema de la escuela pública y utiliza algunos aspectos realmente nimios -se lo tengo que decir- de la regulación propuesta en la Lomce para convertir toda la Lomce en un supuesto ataque a la escuela pública. No hay nada
de eso. Me dice usted que el 70 % de los alumnos con necesidades educativas especiales están en la escuela pública. Claro, como está el 70 % de todos los alumnos, en la escuela pública. (El señor Bedera Bravo hace gestos negativos). Sí, sí,
señor Bedera, mírese las estadísticas. Y resulta que, además, durante estos últimos años la proporción de alumnos en el sistema público no ha disminuido, sino que se ha incrementado, de forma que lo que de verdad supone un ataque a la escuela
pública ¿sabe usted lo que es? La inexistencia de elementos que permitan la mejora de la escuela pública, y lo que la Lomce intenta en este sentido es justamente lo contrario de lo que ustedes están diciendo; lo que la Lomce intenta es que la
escuela pública no compita -si se puede utilizar el verbo en este sentido- con la concertada y con la privada con un brazo atado a la espalda, que es lo que



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sucede ahora ante la absoluta falta de autonomía que existe en la escuela pública para poder impulsar acciones de mejora, sino que lo pueda hacer como el resto del sistema, porque estoy absolutamente convencido de que la escuela pública, si
se la dota de las reglas de juego oportunas, tiene tantas o más posibilidades que las otras vías escolares para mejorar y para producir resultados excelentes.


Uno de los problemas graves que tienen ustedes con la educación es que les falta ambición y les falta confianza. Les falta ambición porque esta lectura permanentemente autocomplaciente de la educación que no mira para nada los resultados,
que no se fija en las dificultades y en los problemas, en definitiva equivale a resignarse con la producción de esos resultados mediocres o con esa falta de resultados. Y les falta confianza; les falta confianza en la capacidad de mejorar el
esfuerzo, de superarse, de obtener mejores resultados tanto de los profesores como de los alumnos. Les sobra autocomplacencia y resignación. Defienden lo que hay por una única razón, porque lo trajeron ustedes y probablemente porque no soportan la
posibilidad de que unas reglas de juego nuevas, unas reglas de juego que no hayan traído ustedes produzcan mejores resultados. (Aplausos). ¿Y sabe lo que es eso, señor Bedera, sabe lo que es eso? Eso es falta de confianza y, permítame que se lo
diga con esta claridad, falta de patriotismo (Risas), porque si este país necesita algo en estos momentos es una reforma educativa que permita que nuestros jóvenes puedan competir en igualdad de condiciones con los jóvenes con los que se van a tener
que disputar los empleos.


Si uno estudia la situación educativa de los jóvenes españoles y la relaciona con la situación de empleo, ve que todas estas proclamas generales que ustedes formulan para descalificar la reforma educativa van justamente en la dirección
contraria a la realidad. Ya podemos advertir que existe mayor empleabilidad en los jóvenes que han adquirido la formación profesional de grado superior que en aquellos que tienen formación universitaria en los tramos de edad juveniles. Ya podemos
ver cómo tenemos unos problemas de empleabilidad muy grandes relacionados con aquellos jóvenes que abandonan los estudios sin haber pasado de la etapa secundaria obligatoria y que, en cambio, quienes por la vía de la formación profesional de grado
medio han continuado sus estudios obtienen unos resultados en términos de empleabilidad mucho mejores.


No le voy a hablar mucho -usted ha realizado toda su intervención en términos personales y no en términos objetivos- de la cuestión de los Erasmus. Le voy a decir simplemente a ese respecto dos o tres cosas que me parecen importantes. En
primer lugar, el programa Erasmus es un programa que ha tenido un resultado excelente en términos de movilidad de los jóvenes españoles, que han conocido otras realidades culturales y educativas, que se han abierto, que han construido ciudadanía
europea, todo esto está claro, pero el programa Erasmus, señor Bedera, es un programa europeo, es un programa cuya financiación esencial corresponde la Unión Europea y hay una única excepción, una excepción en la cual solamente uno de los treinta y
uno o treinta y dos -según consideremos a Bélgica, puesto que funciona separada a efectos de Erasmus la comunidad valona de la comunidad flamenca-, solo hay un país de los treinta y dos que aporte una ayuda adicional de carácter lineal a todos los
becarios Erasmus, porque lógicamente se trata, como le decía, de un programa europeo. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que en España el programa Erasmus, por las decisiones presupuestarias que ustedes tomaron y por la historia que se ha ido
construyendo, ha quedado totalmente desfigurado en cuanto a la forma en que se relaciona con los demás países.


Le podría dar datos precisos y numéricos muy concretos, pero no lo voy a hacer, porque estoy ya al borde del tiempo asignado a esta interpelación. En definitiva, somos partidarios de ese programa, queremos que el programa Erasmus siga
funcionando, tenemos que ajustar los mecanismos financieros con la Unión Europea, que es en lo que estamos trabajando, porque además ahora, en la nueva configuración que tiene el programa, se exigen unas asignaciones mínimas a los becarios que están
muy lejos de lo que ha venido concediendo la Unión Europea en estos años, por lo que necesitamos acomodarlo a esas exigencias.


Si tuviera tiempo, que no lo tengo, le podría hablar de los aspectos culturales y deportivos, pero tampoco tengo mucho que responderle sobre eso, porque su señoría se ha limitado a descalificarme sin aportar elementos concretos que
sustentaran esa calificación.


Termino, señor Bedera, señoras y señores diputados, diciendo que en el curso de estos dos años el ministerio que dirijo, la gente que trabaja en el ministerio que dirijo, que hace un trabajo excelente para mejorar tanto la educación como la
cultura y el deporte de los españoles, se ha enfrentado a una situación económica y presupuestaria de extrema dificultad. Hemos sido capaces de utilizar de la forma más eficiente posible los recursos y esperamos que en el curso de lo que resta de
legislatura seamos capaces



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de completar todas las reformas que, como las otras que están emprendiendo los demás ministerios, permitan a este país crecer, crear empleo y sobre todo tener una juventud preparada para competir en el exterior.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


Señor Bedera. (La señora Rumí Ibáñez pronuncia palabras que no se perciben).


Por favor, guarde silencio, señora Rumí. Confío un poco más en la capacidad del señor Bedera, que es mucha.


El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, yo no he entrado en temas personales. Le he hablado y le he repasado su actuación como ministro. Si hablara de temas personales diría otras cosas, pero solamente he hablado de su actuación como ministro. Usted mismo ha
dicho en alguna ocasión que se sorprende de las frases que ha llegado a pronunciar. Yo le he hecho un relato de lo que ha pasado, de lo que ha dicho, de lo que ha afirmado y declarado en estos dos últimos años. No voy a entrar en ello, no es el
momento. Le podría sacar los datos, las estadísticas. No lo voy a hacer, señor ministro, porque ese momento ya se ha pasado. Lo hemos hecho en muchas ocasiones. Hemos debatido, hemos tenido otras dos interpelaciones. Hemos debatido por su ley,
por la ley Wert. Hemos debatido por los Presupuestos Generales del Estado. Hemos debatido el real decreto-ley con el que usted recortó unas cantidades importantes, 3.736 millones, en concreto. El debate de hoy está en otro nivel, el debate de hoy
pertenece a otro escenario. Hoy hablamos de la necesidad de que usted asuma responsabilidades políticas por su errática y por su nefasta gestión en la educación de este país y por tener incendiado con declaraciones constantes al mundo educativo.
Qué casualidad, señor ministro, dice usted que está defendiendo la escuela pública. ¿Y cómo tiene a todo el sistema educativo echado a la calle? ¿Qué pasa, que no se explica bien o es que son tontos todos los demás?


Señor ministro, en el tema de Erasmus ha entrado usted hasta chocar con lo más sagrado, con lo más respetado en la Unión Europea. Las becas Erasmus han hecho por la integración europea mucho más que todos los discursos de todos los
políticos de cualquier ideología en toda Europa. Usted hasta en eso ha creado incertidumbre, ha avisado que el año que viene iba a haber menos becarios españoles, ha dado marcha atrás, le han tirado de las orejas, usted ha vuelto a insistir en lo
mismo. Solamente por eso usted tenía que haber dimitido o haber sido cesado. Ha entrado al choque gratuito en estas cuestiones.


Lleva usted dos años copando negativamente las portadas de los periódicos y de las revistas. El problema es que empezó ocupando las portadas de los diarios generalistas y esta semana ha acabado ocupando la portada de El jueves. Esa es la
trayectoria que ha seguido usted a lo largo de estos dos años. Señor ministro, está usted en periodo de descuento. Evítenos el bochorno de entrar en las quinielas sobre quién va a ser su sucesor, porque es lo que está corriendo ahora mismo por la
red, ya que sobre su marcha no discute nadie. Está usted amortizado. En los confidenciales que están corriendo por la red solo se especula sobre quién va a ser su sucesor.


Permítame que le diga que si no nos cree a los socialistas, si no cree al Grupo Socialista, mire lo que decía José Antonio Marina hace bien poco tiempo, hace unos días, que era una gran mentira lo que había dicho usted sobre que nuestro
sistema educativo era un mal sistema, porque tenemos el mejor sistema educativo que hemos tenido nunca, aunque sea evidentemente mejorable, como todos afirmamos. Le insinúa lo que debe hacer, ya que le dice que está usted en un callejón sin salida,
porque ha dejado al sistema educativo en la peor situación. Wert -ha dicho- no puede cambiar el rumbo ya del ministerio.


Señor ministro, no tengo nada personal contra usted. En el preámbulo de su ley hace referencia varias veces al tema de los talentos, a que los estudiantes tienen distinto talento. Con los ministros pasa exactamente lo mismo. Los ministros
tienen también diferente talento. Yo le reconozco a usted que tiene un talento superior al de la media de sus compañeros del Consejo de Ministros, pero -créame- no le ha llamado Dios por el camino de la educación. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bedera.


Señor ministro de Educación.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señora presidenta.



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Señoras y señores diputados, señor Bedera, puesto que usted ha concluido reconociéndome un talento, yo le voy a reconocer a usted otro. Dice usted que no tiene nada personal contra mí. Le reconozco el talento de disimularlo muy bien,
porque, evidentemente, además de todos los calificativos con los que ha adornado mi autoimagen, ahora ya, en esta segunda intervención, en la que como dice usted no tiene nada personal, ha calificado mi gestión de errática y de nefasta. ¿Qué quiere
que le diga? Insisto, de verdad, sus referencias culturales son las que son. Cita usted El jueves, el otro día en el debate de totalidad de la Lomce me citó a Peret. Yo lamento no estar tan al día como su señoría en estas cosas y eso me pone en
una posición desfavorable a la hora de replicarle.


Como veo que no tiene su señoría, de verdad, mucho interés en hablar de educación, y mucho menos en hablar de cultura y de deporte, y que lo único vagamente relacionado con ello a lo que se ha referido es el tema de los Erasmus, déjeme que
le dé alguna explicación complementaria a la que he facilitado antes. En este gráfico se puede ver lo que supuso la aportación de la Unión Europea comparada con la aportación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado a las becas Erasmus, al
programa de movilidad de estudiantes de educación superior, que contra lo que comúnmente se cree no solo afecta a los estudiantes universitarios sino también a los de formación profesional de grado superior, durante la última legislatura de su
Gobierno, durante parte de la cual, por cierto, su señoría fue el secretario de Estado de la materia. En la línea más clara se ve la aportación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y la más oscura refleja la aportación de la Unión
Europea. Es decir, que un programa europeo ha sido financiado, por las decisiones que tomaron ustedes, básicamente por los Presupuestos Generales del Estado, y este es en el único país de todos los que están en el programa Erasmus en que sucede.
Además, ahora han cambiado las reglas y han cambiado las reglas en un sentido que nos parece positivo, en un sentido en que incluso en algunos casos hemos votado favorablemente, tanto en Consejo Europeo como en Coreper y en los distintos órganos de
decisión o de codecisión que existen en la Unión Europea, que es, primero, darle más anchura al programa, dedicarlo también de una forma significativa a la formación profesional -y ahí hemos conseguido un incremento muy significativo, casi del 25 %
de los fondos-, con unos criterios de distribución que, al ser más ancho el programa, giran, en cuanto a los fondos que se asignan a cada país, fundamentalmente sobre la población y no como hasta ahora sobre la población universitaria.


En ese contexto, como tuve oportunidad de explicar ayer en el Senado a preguntas de compañeros suyos, lo que España ha recibido para el año 2014 representa un incremento del 4 %, que, en lo que se refiere a la movilidad, puramente movilidad
de estudiantes, es del 2 %, y que ciertamente es un incremento, pero es un incremento muy inferior al 24 % que experimentan Alemania e Italia, al 16 % que experimenta Francia o al 6 % que experimenta el Reino Unido. Además, y esto es lo más
importante, se establecen unas cuantías mínimas, lo cual es muy razonable y muy sensato, para que la movilidad sea, como se dice en el propio documento de la Comisión, una movilidad de calidad y que tenga reconocimiento, es decir, que funcione en
beneficio de la empleabilidad de quienes participan en ello. Todo ello da lugar a que existan unas cuantías mínimas a las que hay que ajustar el reparto de los fondos, de los fondos que provienen de la Unión Europea y de los fondos complementarios.


Para solucionar todo eso y en una perspectiva constructiva y en una perspectiva que reconoce la aportación de este programa, vamos a mantener las reuniones necesarias con la Comisión Europea para configurar el programa en esta nueva etapa,
pero lo que no puede ser es que cuando se toma una decisión basada en unas exigencias de consolidación fiscal que la propia Unión Europea nos está poniendo, que implican necesariamente contraer la cantidad que se dedica al programa Erasmus, y se
toma la decisión de que todos esos recursos se van a destinar a los estudiantes de baja renta, porque son los que dependen de las ayudas públicas para llevar a cabo su movilidad, salgan ustedes a decir que esa es una decisión injusta. La equidad
hay que tenerla presente en todos los momentos y cuando se tienen recursos para todo y se pueden dar fondos para todo, está muy bien, pero cuando no se tienen recursos para todo, hay que tener claros los criterios con los que se reparten, y los
hemos repartido, cuando disponíamos de unos recursos limitados, con un criterio social, y ustedes han estado enfrente, como estuvieron enfrente de las decisiones que se tomaron en esta Cámara y que se aprobaron mayoritariamente en esta Cámara para
generalizar el sistema de préstamos y compartir libros de texto. De forma que yo les rogaría un poquito más de coherencia, un poquito más de sensibilidad, un poquito menos de ideología y más ganas de ayudar.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro de Educación.



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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS ENERGÉTICOS EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y DE LA ECONOMÍA. (Número de expediente 172/000169).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre las implicaciones de los cambios regulatorios energéticos en la competitividad de las empresas industriales y de la economía.
Para su defensa tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Vasco para interpelarle sobre una cuestión que nos preocupa enormemente y cuya solución está en gran parte en sus manos. Me estoy
refiriendo a la regulación del sector eléctrico y al impacto del mismo en la competitividad de las empresas y fundamentalmente de la industria. He de decirle que la reforma energética regulatoria, recientemente aprobada por el ministerio y que en
parte se está tramitando actualmente en las Cortes Generales, ha generado en el sector industrial vasco un gran impacto negativo y una situación de incertidumbre, al modificar sustancialmente las condiciones de la factura energética de las empresas.
(La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).


Como saben, desde Euskadi hemos venido defendiendo durante todo este proceso de reforma y de cambios en el sector eléctrico la necesidad de buscar mecanismos para atenuar el impacto económico negativo de la reforma en los sectores
productivos. Señor ministro, más allá de cambios tarifarios, esta reforma contempla cambios estructurales. En el contexto actual, en el que las empresas están intentando adaptar su actividad optimizando sus esquemas productivos y sus costes,
siendo uno de los principales factores claves para ello los costes del suministro energético en general y los eléctricos en particular, la reforma energética ha producido un cambio estructural en la factura eléctrica alterando las condiciones de
acceso a la energía y aumentando los costes energéticos. En cualquier caso, la industria vasca tradicionalmente ha abonado un sobrecoste en la tarifa eléctrica que se le aplica y que se ha visto maximizado con la nueva normativa, cuestión cuya
resolución es prioritaria, como usted puede entender, para nuestro grupo parlamentario.


Señor ministro, no se puede plantear una reforma a costa de la competitividad de nuestras empresas. En unos momentos en los que es necesario impulsar la recuperación económica, estos cambios, unidos a la difícil situación económica, han
puesto a nuestras empresas en un escenario límite de mantenimiento competitivo de la actividad. Esta reforma está poniendo en grandes dificultades a nuestras empresas industriales, cuya capacidad exportadora está ayudando de forma decisiva a la
recuperación económica de Euskadi y también del resto del Estado.


Señor ministro, la reforma energética se ha realizado únicamente con criterios financieros basados en tratar de solucionar el problema del déficit tarifario. Un claro ejemplo del impacto negativo de la reforma en el sector industrial es el
incremento de los peajes de acceso para resolver el problema del déficit tarifario, una cantidad económica muy importante fruto de la aplicación de una política energética mal planteada en su momento que no obedece ni a una política industrial ni a
una política de competitividad del país. No se puede seguir cargando ese déficit sobre estas empresas, porque ya no tienen margen para competir.


Como sabe, el Gobierno vasco está trabajando conjuntamente con el sector industrial vasco para paliar los efectos de esta reforma. A tal fin el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco se reunió a principios
del mes de octubre con las organizaciones empresariales de Euskadi, con los clusters del papel, con la industria agroalimentaria y de la energía, así como con industrias productivas y altamente consumidoras de energía como la automoción, la
siderurgia, los bienes de equipo y cooperativas industriales, con el objetivo de trabajar en común las estrategias a seguir para paliar el efecto negativo que de la nueva regulación eléctrica se pueda derivar. Precisamente, como usted sabe, la
consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, fruto de esta reunión, se ha comprometido a presentarle a usted, ante su ministerio, un informe que contenga la información que preparen las empresas, así como un conjunto de medidas a acordar con
las mismas y que ratifican y soportan las ya planteadas durante la reunión que usted mantuvo con la consejera el pasado 18 de septiembre.


Creemos sinceramente que es una reforma, esta, la suya, sin la valoración real del impacto de las medidas en el sector industrial y, como sabe, nos preocupa sobremanera. Nos preguntamos seriamente si el Ministerio de Industria ha valorado y
ha sido consciente del impacto económico real que la reforma energética iba a tener en el sector industrial, en concreto en el vasco, y si a la vista de ello tiene intención de tomar medidas a corto y medio plazo para paliar la situación. Le
solicitamos, señor ministro, por lo



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tanto, que analice con detalle este impacto económico real que el nuevo sistema de peajes está teniendo en las empresas con una visión más específica por empresa y, en su caso, que revise el sistema de peajes establecidos, de forma que se
minimice el impacto y se evite la pérdida de competitividad y el mayor deterioro de la situación económica industrial y empresarial. Planteamos al ministerio que tome en consideración las siguientes propuestas ya conocidas y trasladadas incluso por
el Gobierno vasco en reiteradas ocasiones como consecuencia del trámite de alegaciones a las propuestas normativas de desarrollo de la reforma, así como en las reuniones personales que usted ha mantenido.


En primer lugar, en nuestra opinión es preciso evitar el trámite de urgencia para reformas de este impacto. En general, en las nuevas propuestas regulatorias que afectan a las pymes y empresas industriales se deben establecer periodos de
consultas suficientes y más adecuados, evitando en lo posible el procedimiento de urgencia de cinco días y la agosticidad, como en este caso, para que las empresas y agentes puedan aportar la información y los comentarios que consideren oportunos.


En segundo lugar, como le decía, las empresas vascas están penalizadas en sus tarifas de acceso frente al resto de las empresas del Estado debido a su particular nivel de tensión. El sistema establecido para el cálculo de los peajes de
acceso a las redes de electricidad es discriminatorio para los consumidores conectados a la red de distribución de comunidades autónomas como el País Vasco. Las empresas que están mayoritariamente suministradas por la red de 30 kilovoltios, la
tarifa 6.1, red básica de distribución industrial en alta tensión en Euskadi, aunque son grandes consumidores de electricidad, se encuentran penalizadas en las tarifas al asumir costes de acceso que no les corresponden. Las empresas vascas pagan en
su factura de peaje alrededor de un 75 % más que las de la tarifa 6.2. Por ello es conveniente realizar los cambios legislativos que sean necesarios para crear un nuevo nivel de tensión para los 30 kilovoltios y asignar los costes a los
consumidores conectados a este nivel de tensión, de modo que se reflejen los costes reales que les corresponden en función de su utilización de las redes de tensión de 30 kilovoltios y superior, la cual a su vez es función de la zona eléctrica en la
que se encuentran dichas redes. Su ministerio lo conoce perfectamente, usted también e incluso el pasado lunes lo analizamos, como sabe, con el secretario de Estado de Energía. Hemos presentado una enmienda al proyecto de ley del sector eléctrico,
no habiendo sido posible de momento el acuerdo, pero esperamos que lo sea en un trámite posterior en el Senado. Esta enmienda es, señor ministro, básica para nosotros y no es comprensible que esta situación no se corrija.


En tercer lugar, es necesario, por lo tanto, revisar la metodología planteada para el cálculo de los peajes de las redes eléctricas. Dentro de este apartado, en primer lugar, hay que establecer los plazos de adaptación de las propuestas
para las empresas y dotar de flexibilidad los posibles cambios. En aquellos casos, como este, en que la aplicación normativa podría conllevar procesos de ajuste estructural en las empresas, se deberían establecer plazos adecuados para que estas se
adapten a los mismos de forma razonable. Ante normativas como la actual se debe autorizar a las empresas para que puedan modificar su potencia contratada en todos los periodos tarifarios o cambios de nivel de tensión aunque no haya pasado un año
desde la anterior modificación de la potencia contratada, que es el plazo mínimo, como sabe, legalmente establecido para realizarlo.


No es lógico establecer una zona única para la gestión de la demanda en todo el territorio estatal ya que cada área peninsular tiene sus particularidades en sus consumos y saturaciones en periodos concretos. La fijación de una zona única
para el establecimiento de periodos de gestión de la demanda supone en la práctica establecer que los niveles de utilización de las redes en todo el sistema se producen a la vez en cada una de las diferentes zonas del sistema, y la realidad es que
cada zona, debido a sus diferentes estructuras de tipologías de consumidores eléctricos, tiene en cada momento distintos niveles de saturación de las redes.


Señor ministro, al igual que en otros Estados miembros, hay que posibilitar también medidas que atajen la pérdida de competitividad empresarial derivada de los costes energéticos, como regular mecanismos temporales de exenciones fiscales.
Esta también es una enmienda que hemos presentado al proyecto. Diversos sectores que compiten a nivel internacional están pasando por un momento de profunda preocupación por su futuro debido a que el incremento de los costes energéticos regulados
supone además la pérdida de competitividad en sectores cuya actividad se basa fundamentalmente en una cartera de pedidos a nivel internacional en competencia con empresas del resto del mundo. Por ello se considera necesario introducir medidas
temporales para reducir esta pérdida de competitividad con estos países. También la incertidumbre del impacto de la reforma en el marco retributivo de la cogeneración está penalizando a este sector con especial arraigo en Euskadi. Las
cogeneraciones están integradas en



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los sistemas productivos de las empresas, como usted bien sabe, y su desaparición o un deterioro de su rentabilidad inciden negativamente en la actividad de las mismas. El nuevo panorama debe aportar certidumbre y confianza en el
mantenimiento de la actividad a la industria dotando de seguridad al sistema retributivo de la cogeneración industrial.


Igualmente nos preocupan otras muchas cuestiones que hoy no tengo tiempo suficiente para explicarle, señor ministro. Ahí están nuestras enmiendas y no las voy a repetir, como tampoco los debates producidos en el Pleno y ayer mismo en la
Comisión. Amén de la competitividad de la industria, el respeto al marco competencial y la no intromisión e invasión competenciales es la otra vertiente de nuestras preocupaciones en relación con el proyecto de ley y las regulaciones de su
ministerio. Como sabe, hemos presentado diversas enmiendas para evitar precisamente esa falta de respeto al marco jurídico político, al marco competencial, y esperamos sinceramente que se tengan en cuenta si usted desea, como creo que así es,
continuar con las conversaciones iniciadas con nuestro grupo con el fin de llegar a un acuerdo en esta materia. No ha sido posible, de momento; ayer no pudimos alcanzarlo pero esperamos poder hacerlo en el trámite posterior del Senado.


Esta es nuestra actitud y nuestro compromiso. Pero sabe también cuáles son nuestras exigencias y límites. Las cosas, señor ministro, cuanto más claras, mejor. Si en este marco desea un acuerdo con el Grupo Vasco, bienvenido sea; pero
insisto sobre cuáles son nuestras condiciones: apuesta por la competitividad de nuestra industria, de nuestras empresas y el respeto más absoluto al marco competencial.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.


A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, señorías.


Muchas gracias, en primer lugar, por la interpelación que me plantea en relación con el proceso de reforma del sector energético en general, particularmente del sector eléctrico y sobre todo por los elementos que usted ha manifestado desde
la tribuna en la combinación de la competitividad necesaria para el sistema, competitividad necesaria para la industria y la influencia que en todo ello tienen las tarifas de la energía eléctrica en general y particularmente para el sector
industrial. Plantea usted en su interpelación cuatro aspectos. Ha hablado de la necesidad de que las consultas que se hagan para esta reforma sean consultas amplias; ha hablado también de la diferenciación en cuanto a los peajes específicamente
considerando el caso de la industria del País Vasco; ha hablado usted también de la competitividad y ha hablado específicamente de la cogeneración. Me referiré a continuación a algunos de estos aspectos individualmente considerados.


En cuanto a la necesidad de ampliar las consultas, estoy de acuerdo con usted. El Gobierno, de hecho, ha consultado y ha escuchado desde el principio a todas las partes que están involucradas en este proceso difícil y complicado de reforma
energética. Hemos hablado dentro del sector eléctrico con las compañías que tienen generación convencional, con las que tienen generación renovable, hemos hablado con los consumidores, hemos hablado con la industria, hemos hablado con las
administraciones públicas y debo reconocerle que ninguna de las partes involucradas está satisfecha con la reforma. Eso se lo tengo que reconocer. Ahora, me reconocerá usted a mí también y estará de acuerdo en que este es uno de los problemas más
atravesados que el Gobierno ha tenido y tiene sobre la mesa, que es un problema complejo, difícil, ante el cual no hay soluciones fáciles, no hay caminos cortos. Se han tenido que tomar medidas que eran necesarias, medidas absolutamente
imprescindibles para atajar este problema. Pero eso no significa que no haya habido consultas. Lo que ocurre es que las propuestas de cada uno de los sectores, de cada uno de los operadores involucrados en este proceso de reformas eran
absolutamente contradictorias. Le pondré un ejemplo. Muy probablemente si usted preguntara a las empresas del sector eléctrico convencional, las del régimen ordinario, cómo estarían de satisfechas con esta reforma, dirían que sería muy simple:
retire usted todo tipo de incentivos a las fuentes de energías renovables porque esa es la raíz del problema. El Gobierno no lo comparte. Probablemente, si usted hablara con el sector de las energías del régimen especial o de las energías
renovables dirían exactamente lo contrario, que el problema radica justamente en las empresas que generan con régimen ordinario. Evidentemente, si habla con los consumidores, que somos todos, si no hubiese habido ningún tipo de incremento en los
precios también habríamos estado satisfechos, igual que hubiese estado satisfecha la Administración pública si



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no hubiese tenido que contribuir con una parte de los presupuestos generales para resolver el problema. Por tanto, estoy de acuerdo con usted en que siempre hay que seguir hablando, pero tenga en cuenta que los argumentos individualmente
considerados de todas las partes en cuestión eran argumentos no solo contradictorios, sino también difícilmente casables entre sí.


En segundo lugar, habla usted de la necesidad de dar una solución a la diferenciación de peajes que particularmente hay para la industria en el País Vasco. Sabe usted que el Gobierno tiene la mejor predisposición para continuar hablando con
su grupo y con todos los grupos parlamentarios para que cualquier tipo de aportación que pueda mejorar el texto que hemos presentado pueda llevarse a cabo. Ahora bien, todo eso tiene que ser compatible con un objetivo general que tiene toda la
reforma. Y si uno de los objetivos esenciales es reducir el déficit, y el déficit se reduce o disminuyendo los costes o aumentando los ingresos o haciendo ambas cosas a la vez, lógicamente hay que compatibilizar ese objetivo de combatir la
diferenciación en ese tipo de peajes con el otro objetivo, que es disminuir los costes generales del sistema.


Habla usted también en su interpelación de la necesidad de que la reforma conduzca a una industria más competitiva. Estoy totalmente de acuerdo con usted y una parte importante de la competitividad de la industria viene dada, efectivamente,
por el coste de la energía. Hay otros tipos de coste que influyen también en la competitividad: costes laborales, costes del sistema financiero, etcétera, pero el coste de la energía es un coste fundamental. Daré solamente un dato. Entre los
años 2005 y 2011 el coste de la energía, en términos de consumo doméstico y en términos de consumo industrial, subió en España un 63 %. Daré otro dato. El conjunto de medidas que el Gobierno ha ido adoptando a lo largo del año 2012 y lo que
llevamos del año 2013 para hacer frente a ese problema de desfase entre los ingresos y los costes del sistema, que es el problema conocido como déficit eléctrico, podríamos haberlo evitado si hubiésemos tomado una decisión consistente en incrementar
los precios del sistema. ¿Cuánto? Pues aproximadamente un 42 %. En nuestra opinión, eso habría restado mucha competitividad al sistema, que es lo que hemos querido evitar. Y es verdad que hay una parte de la reforma consistente en ajustar el
precio, pero en modo alguno, desde luego, en ese 42 %.


Finalmente habla usted también de una cuestión importante y es la cogeneración. El Gobierno aprueba y apoya de manera inequívoca la cogeneración como fuente de generación de electricidad y además como fuente que añade capacidad de competir
a las industrias que las utilizan. Ahora bien, la cogeneración hay que entenderla como un apoyo de la actividad principal de cualquier industria. No se debe ni se puede entender la cogeneración como una actividad que sustituya a esa actividad
principal. Y lo que está ocurriendo -lo sabe usted muy bien, y no digo que en todas, también es verdad- en una buena parte de las industrias que utilizan cogeneración es que al final la cogeneración se ha convertido en una actividad más importante
que la actividad propiamente industrial de la empresas. En otras palabras, que para compensar o paliar la caída en la actividad industrial se cogenera más. ¿Pero cuál es el problema de la cogeneración? El problema de la cogeneración es que estas
industrias que tienen una cogeneración más importante que la propia actividad industrial cogeneran para vender al sistema a 200 y la compran a 50, pero esos 200 los va a pagar y los va a financiar todo el sistema. ¿Quién es todo el sistema? Somos
nosotros, el resto de los consumidores, los que a final de mes tenemos que pagar la factura de la luz y, por tanto, desde ese punto de vista, hay que intentar compatibilizar lo que es el apoyo a la cogeneración, que el Gobierno tiene claro, con que
tampoco se derive de ello un incremento innecesario en los costes.


Le quería decir, señor Azpiazu, que el objetivo de la reforma del sector energético -y del sector eléctrico particularmente- es intentar obtener para la industria una mayor competitividad. No es tanto el sector eléctrico un objetivo en sí
mismo sino que es una herramienta, un instrumento que debe estar a disposición de la industria. Pero también le quiero decir que no todo son debilidades en el sector eléctrico. A lo largo de muchos años hemos desarrollado en España un sector
eléctrico que tiene fortalezas. Una de ellas no menos importante es que tenemos un mix, una combinación de las distintas energías que contribuyen a generar electricidad muy equilibrada, sobre todo si nos comparamos con la de países de nuestro
entorno. Tenemos un mix de generación integrado por energía nuclear, tecnologías de generación basadas en ciclos combinados, energía hidroeléctrica y también generación renovable -eólica, fotovoltaica, termosolar, biomasa-; tenemos un mix muy
variado y esa es una de las fortalezas intrínsecas de nuestro sistema. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de generación con energías renovables en España es muy elevado, más elevado del que hay en el promedio europeo.
Si consideramos solamente lo que llevamos del año 2013, de enero a junio, más de la mitad de la generación eléctrica en España se ha hecho con fuentes renovables. Por tanto, desde ese punto de vista, también



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tenemos una fortaleza. En tercer lugar, a lo largo de muchos años hemos desarrollado unas infraestructuras de generación, de transporte y de distribución que ciertamente contribuyen a disminuir mucho la vulnerabilidad que teníamos hace
algunos años y eso también tenemos que interpretarlo como una fortaleza. Ahora bien, tenemos una gran debilidad en nuestro sistema eléctrico. ¿Cual es la debilidad? La debilidad es que el nivel de precios en España, tanto precios de consumo
doméstico como los precios industriales, está por encima del precio de la media europea. Además, en paralelo es cierto que los costes regulados del sistema son invariablemente superiores a los ingresos. El resultado de esa diferencia entre costes
e ingresos es lo que determina cada año el llamado déficit de tarifa. Si se va acumulando a lo largo de todos los años, tenemos el déficit de tarifa total, que en el año 2013 alcanzó en el mes de mayo aproximadamente unos 26.000 millones de euros.
Ese es uno de los grandes problemas del sector porque, por un lado, ese déficit está acumulado en los balances de las empresas eléctricas, aunque es verdad que una gran parte está titularizado y tiene respaldo y el aval del Estado a través del FADE
-que, por cierto, venció en cuanto a su uso el 31 de diciembre del año 2012-, pero también tiene otro problema: que la deuda acumulada está generando cada año en concepto de amortización de capital e intereses aproximadamente unos 2.500 a 2.600
millones de euros. Ese coste adicional va a retroalimentar el propio coste del sistema de tal forma que, si no acabamos con el déficit, el coste será crecientemente importante. Esa es la razón por la cual no es que sea una obsesión, pero sí es un
objetivo absolutamente firme por parte del Gobierno terminar con el déficit de tarifa. Para este año el déficit estructural estaba calculado en 10.500 millones de euros. Gracias a las medidas que se han adoptado a lo largo del año 2012 y los
primeros meses de 2013 estará en 4.500 millones; y gracias a las medidas que hemos adoptado en el Consejo de Ministros del día 13 de julio y que superaron en el proyecto de ley la enmienda a la totalidad del pasado día 30 de octubre, ese déficit
estructural subyacente de 4.500 millones de euros va a poder estar superado también. Por tanto, si lo hay, 2013 será el último año que habrá déficit de tarifa en España; en el año 2014 ya no habrá. Resolviendo este problema habremos resuelto uno
de los grandes problemas estructurales del sector energético, del sector eléctrico y, por tanto, de la economía española.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor ministro, por sus explicaciones y por su intervención. He de decirle ante todo que reconozco la dificultad de la reforma, reconozco los intereses contrapuestos de los afectados por la reforma, reconozco además que la
necesidad de esta reforma no es un problema suyo sino que es algo que se viene acumulando, algo que viene de Gobiernos anteriores y que usted tiene que abordar. Todo esto lo entiendo, pero insisto en que se tendría que haber acometido de otra
forma. Es decir, se tendría que haber tenido en cuenta a los afectados, se tendría que haber tenido en cuenta los impactos negativos -insisto- en los términos de competitividad que todas estas empresas afectadas van a tener con la reforma.
Seguramente también se podría haber abordado de otra forma desde el punto de vista político, señor ministro. Es decir, nosotros hemos mantenido conversaciones con el Gobierno recientemente y podríamos haberlo hecho mucho antes, de manera que a
todos nos hubiera dado tiempo a tener posiciones mucho más cocinadas, trabajadas y seguramente habría sido un proyecto mejor, como el que pretendemos que salga del Senado incorporando algunas cuestiones que entendemos que son importantes para el
tema de la competitividad.


Si me lo permite, tal y como le he planteado en la intervención anterior, quisiera hacerle algunas aclaraciones. En Euskadi hemos defendido durante todo el proceso de seguimiento de las reformas del sector eléctrico la necesidad de buscar
mecanismos para tratar de mitigar el impacto negativo de la reforma; se han hecho trabajos en este sentido y me gustaría trasladarle algunos resultados para hacer hincapié en la importancia de la reforma y la competitividad. Muchas veces los
números son más explicativos que muchas palabras. En un trabajo conjunto y permanente en las empresas se han recibido los primeros datos del impacto de las reformas en la industria vasca tras la orden de revisión de los peajes de acceso de energía
eléctrica en agosto de 2013, y de los distintos análisis realizados junto con los gestores energéticos de las empresas se indica que las repercusiones son muy importantes para la mayoría de ellas. Los comentarios recibidos, señor ministro, indican
que existe un gran malestar general debido a los importantes incrementos de las facturas de los peajes de acceso, lo que, unido a la crítica



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situación económica y laboral de diversos sectores, agrava aún más la competitividad de las empresas y condiciona su actividad futura.


La información disponible de esta nueva facturación del conjunto de cerca de 250 empresas que están en la tarifa 6.1 permite destacar los siguientes resultados: de la muestra de los puntos de suministro, el 58 % de las empresas tiene una
subida superior al 20 % en la factura de la tarifa de acceso prevista para el periodo de vigencia de las tarifas de agosto a diciembre de 2013 y una tercera parte superior al 30 %. Si el objetivo del ministerio estaba en situar la subida media de
alta tensión en torno al 7,5 %, el análisis señala que con esta muestra el 87 % de las empresas tienen un incremento superior a esta media en el periodo de referencia. Usted ha dicho en su intervención que las actuaciones o las modificaciones que
pudiera haber al proyecto están condicionadas al objetivo de reducción del déficit. Es cierto que esta medida que nosotros planteamos puede tener un coste no excesivamente importante para el sistema eléctrico, pero lo que es absolutamente claro es
que nadie es capaz de explicar por qué existen unos peajes diferentes simplemente por el hecho de estar enganchados a una tensión o a otra. Esto no tiene ninguna explicación; ni las empresas ni el Gobierno ni los generadores de energía dan una
explicación. Con lo cual, creo que si hay una cuestión que no tiene una explicación lógica, a pesar de todo hay que intentar solucionarla.


Quería comentarle bastantes más cosas pero el tiempo se me ha echado encima y me queda muy poco. Hay una cuestión a la que me he referido y sobre la que usted no ha dicho nada, y es el tema competencial. Es verdad que este proyecto de ley,
como otros proyectos de ley que salen de esta Cámara, tiene afectaciones competenciales. Creemos que este proyecto de ley también las tiene en una medida importante y consideramos que es preciso corregirlas. Como bien sabe el señor ministro, las
cuestiones competenciales para un grupo parlamentario como el nuestro, el Grupo Vasco, son realmente importantes, porque una de nuestras tareas importantes -valga la redundancia- en esta Cámara es precisamente esta, es decir, que no se produzcan
este tipo de intromisiones. Tenemos unas enmiendas presentadas en este sentido y creemos además que son respetuosas, que son perfectamente aceptables, y le pediría, señor ministro, que lo haga. Estoy seguro de que nos va a atender, de lo que no
estoy tan seguro es de que nos vaya a entender, por eso le ruego un esfuerzo para, al menos, corregir estas dos cuestiones: el impacto -insisto- negativo de las reformas en el sector industrial y en su competitividad y con respecto al marco
competencial.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Azpiazu, tiene que ir terminando.


El señor AZPIAZU URIARTE: Termino. Y respeto al marco competencial. Lógicamente, la moción que debatamos la próxima semana irá enfocada fundamentalmente a estas dos cuestiones.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.


Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias.


Señor Azpiazu, quería empezar por hacer alguna consideración en relación con la última de las cuestiones que ha planteado, la cuestión competencial. No hay ningún ánimo, no hay ninguna intención por parte del Gobierno de la nación de
inmiscuirse en las competencias de las comunidades autónomas, tampoco de las entidades locales, y no hay, desde luego, ninguna injerencia competencial en ninguno de los textos normativos que componen la reforma, ni en el proyecto de ley, ni en los
reales decretos, ni en ninguna orden ministerial. Ahora bien, sí que es verdad que hay disposiciones incluidas en esos textos normativos que informan respecto a una cuestión, y es que, si en el ámbito de sus competencias una entidad local o una
comunidad autónoma adoptara medidas que comportaran un incremento del coste en todo el sistema, eso tiene que ser sufragado por esa comunidad autónoma o por esa entidad local; nos parece que es normal. En otras palabras: el sistema, que somos
todos los españoles, sufraga lo que es un menú -si me permite la expresión- común para todos, pero si alguien desea obtener algo a la carta, entonces ese algo a la carta tiene que ser específicamente financiado con cargo a ese territorio. Esa es la
única cuestión que en el ámbito competencial hay incluida en los textos, pero yo creo que tiene un gran fundamento, y es el fundamento de no cargar al coste general del sistema con cuestiones que afectan solamente a una parte del territorio.



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Usted se refería al principio de su intervención a una situación que venía de Gobiernos anteriores. No me voy a referir a ella, porque al final lo que nos piden los ciudadanos es que resolvamos los problemas que nos hemos encontrado, pero
ya que usted ha mencionado la etapa anterior sí le diré algo. Se hicieron unas previsiones en el año 2007 para el año 2013 en base a cómo iba a evolucionar la actividad económica, a cómo iba a evolucionar la demanda eléctrica, y se estimó que entre
el año 2007 y el año 2013 la actividad económica iba a aumentar un 25 %. El resultado ya sabe usted cuál ha sido, hemos tenido muchos años de recesión y globalmente la actividad a lo largo de estos años no ha aumentado más de un 2 %. Y se estimó
también en el año 2007 que para el periodo 2007-2013 la demanda eléctrica iba a aumentar aproximadamente un 24 %, sin embargo, hoy, en el año 2013, la demanda eléctrica es prácticamente la misma que había hace seis años. ¿Todo eso en qué derivó?
Derivó en un exceso de capacidad que es la que hoy tenemos en España; de hecho, en España hay unas instalaciones de aproximadamente unos 106.000 megavatios de potencia instalada y, sin embargo, la demanda punta no pasa de 40.000. Eso se traduce en
un exceso efectivo de capacidad de, aproximadamente, un 30 %. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas infraestructuras eléctricas que se han hecho no se utilizan, pero tenemos que pagarlas. ¿Y donde las pagamos? Pues las pagamos todos los
meses en la factura de la electricidad o las industrias en sus costes energéticos. Por tanto, es evidente que el objetivo de disminuir los costes del sistema es un objetivo ineludible por parte de cualquier reforma.


Después, también planteaba usted que sería necesario utilizar otro tipo de formas para llevar a cabo la reforma. Decía: Es que hay que hablar más con los afectados. Permítame reiterarle lo que le decía con anterioridad: hemos hablado con
todos los sectores afectados, pero es que darle la razón a un sector era exactamente ponerse en contra del otro sector, porque los intereses, insisto, no es que sean distintos o dispares es que son absolutamente contrapuestos. Después hay otro
problema: en la medida en la que un objetivo esencial de la reforma es acabar con el déficit y para acabar con el déficit tienen que disminuir los costes, aumentar los ingresos o las dos cosas a la vez, cualquier medida que pueda beneficiar
individualmente a un sector porque resulta que se le afecta menos, inmediatamente a otro sector se le estará afectando más, con lo cual llegar a contentar a un sector en contra de los demás sería, en opinión del Gobierno, contraproducente.


Como le decía al principio, el Gobierno es muy consciente de que esta reforma no ha gustado a nadie, pero también le diría una cosa, señor Azpiazu, y es que somos conscientes de que las reformas que estamos haciendo en general -no solo esta
sino todas las demás- no gustan, pero tampoco el Gobierno está en una situación como para hacer cosas que gusten más o que gusten menos o que en términos políticos nos puedan ir mejor o peor. Claro que somos muy conscientes del desgaste que, en
términos políticos, tiene la adopción de todo este tipo de medidas pero, al final, creo que los Gobiernos, cuando están en situaciones muy complicadas como estaba España, como está todavía pero algo menos, a la hora de tomar decisiones tenemos que
tomarlas, siempre, pensando más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Ese es el fundamento del conjunto de medidas y reformas que el Gobierno está adoptando.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO IMPULSAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 172/000172).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Finalizamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sobre las medidas que tiene previsto impulsar el Gobierno para paliar la pobreza infantil. Para su
defensa tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, ministra, coincide que hoy Convergència i Unió le plantea una interpelación sobre la pobreza infantil en el Día Mundial de la Infancia. La casualidad ha querido que el objeto de nuestra interpelación tuviese que ver con esta
efeméride y, por tanto, es adecuada; además, también en este día el Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos provisionales de 2013 de la encuesta de condiciones de vida. Esta interpelación fundamentalmente pretende trasladar a
la Cámara la cuestión de la pobreza infantil, no es la primera vez que lo hacemos porque fue precisamente una iniciativa de Convergència i



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Unió en esta legislatura en la Comisión de Política Social del Congreso la primera que puso encima de la mesa este asunto. Lo hacemos en un contexto de una evidente emergencia social, con una tasa de pobreza infantil que se acerca
peligrosamente al 30 %, la más alta desde 2004, con más de 2.300.000 niños que viven en hogares en riesgo de pobreza. La situación ha supuesto el triple del crecimiento de la pobreza infantil en la Unión Europea, según Cáritas; por debajo del
Estado español tan solo Bulgaria y Rumania nos superan en índices de pobreza; el último informe de Intermon Oxfam nos advierte de que si no corregimos esta situación 1 de cada 3 nuevos pobres en Europa van a residir en España. En los últimos
tiempos, ya de hecho en la pasada legislatura, la iniciativa de la sociedad civil, singularmente organizaciones especializadas como Unicef, Save the Children y también organizaciones como Cruz Roja y Cáritas, nos vienen advirtiendo de que esta
cuestión debería constituir una prioridad política de primer orden. Incluso, estos mismos días, ante la fecha de hoy, las organizaciones que trabajan en el ámbito de la infancia nos reclaman un pacto de Estado en esta materia. Una cuestión que por
la gravedad de las cifras -luego me referiré a ello- y por el hecho de que el problema es previo incluso a esta crisis no ha formado parte de nuestra agenda política ni siquiera de la apreciación de la ciudadanía como problema; cuando uno analiza o
lee las encuestas del CIS nota que esa cuestión no forma parte de la preocupación ciudadana. Le decía que el problema es previo a la crisis, España ya era Estado récord en índice de riesgo de pobreza entre menores de 16 años en tiempos de bonanza
económica, en pleno crecimiento económico; ello expresaba que nuestro modelo de Estado del bienestar está razonablemente -o al menos hasta ahora; vamos a ver con la reforma de pensiones que se apruebe esta tarde en el Congreso- bien orientado a
proteger a los mayores del riesgo de la pobreza. La encuesta de calidad de vida del INE hoy vuelve a poner de manifiesto que no tenemos un modelo de Estado del bienestar bien orientado a proteger a la familia y a proteger a la infancia, de tal
manera que ese Estado del bienestar era incapaz de reducir los índices de pobreza infantil. Eso afecta fundamentalmente a familias con un solo adulto a cargo de hijos, a familias numerosas y singularmente a familias en las que sus progenitores sean
extranjeros. Ahí es donde se sitúa el problema estructural de la pobreza infantil en un Estado del bienestar que en ninguna de sus funciones está orientado a corregir esas situaciones: adultos solos con hijos, fundamentalmente mujeres; familias
numerosas, y adultos de origen extranjero. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Esta situación, señora ministra, se agrava con la masiva destrucción de empleo y la destrucción del tejido empresarial que hemos vivido desde 2008. Los índices de pobreza aumentan espectacularmente en aquellos hogares donde todos sus
miembros están desempleados, y por tanto el incremento del desempleo aumenta -esa es la explicación de ese aumento de la pobreza infantil- el número de niños y niñas que viven en hogares en riesgo de pobreza; la progresiva disminución de la tasa de
cobertura de la prestación por desempleo aumenta también esa situación; el alto endeudamiento de muchas familias que en la época de bonanza económica optaron por acceder a préstamos hoy imposibles de sostener, ese sobreendeudamiento familiar es un
añadido a ese incremento de la pobreza, e incluso, fruto de la mala salud de nuestro mercado de trabajo, empieza a aparecer un problema que no era demasiado habitual en España, que es el de personas pobres con empleo; los estudios nos indican esa
tasa de riesgo de pobreza en hogares en los que sus adultos o algunos de sus adultos está empleado pero está empleado en una actividad cuya remuneración no le permite evitar esa situación.


Ese, señora ministra, sería el panorama donde se produce nuestra interpelación, y además debemos advertirle -este grupo lo ha hecho ya en diversas ocasiones desde la tribuna- de que la política que el Gobierno central impone a los Gobiernos
autonómicos en relación con los objetivos de reducción del déficit público cargando sobre las espaldas de las comunidades autónomas la política de austeridad a la que está sometida España, hace que sea muy difícil que las comunidades autónomas
puedan responder a las obligaciones legales que en materia de asistencia social tienen asumidas, y que con esos instrumentos las comunidades autónomas, en nuestro caso el Gobierno de nuestro país, la Generalitat de Catalunya, con enormes
dificultades puede hacer frente a esa situación, fundamentalmente porque aquellos instrumentos que están en manos de las comunidades autónomas tales como las rentas mínimas, como las ayudas a las familias y en general el conjunto de los servicios
sociales, se ven estresados por la presión que los objetivos de reducción del déficit público del Gobierno les impone. Están siendo las comunidades quienes asumen el coste de ese ajuste, en un contexto donde las necesidades sociales aumentan y los
recursos que tienen las comunidades para hacer frente a esa situación son menos, por tanto, mayores necesidades en el ámbito de lo social y menos recursos de las comunidades autónomas.


En paralelo, en aquellos instrumentos que están en manos del Gobierno, que son fundamentalmente: la política vinculada a la Seguridad Social, en la que hay que recordar que es competencia del Estado el



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principal programa que en el resto de Europa palia la pobreza infantil, que son las prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social; la política fiscal, donde continúa en manos del Estado el grueso de dicha política; y la política de
empleo, en la que las comunidades autónomas fundamentalmente tienen un margen de aplicación de la legislación del Estado, el Gobierno en esas tres políticas no ha incorporado la dimensión de reducción de la pobreza infantil como prioridad. Los
instrumentos que en otros Estados de Europa constituyen una de las principales puntas de ataque de la pobreza infantil, que en España dependen de su Gobierno, no se han convertido en políticas que incorporen la dimensión de lucha contra la pobreza
infantil. De ahí la interpelación que le plantea hoy Convergència i Unió. Ayer mismo su secretario de Estado anunciaba, y usted lo ha hecho en diversas ocasiones en debates en la Cámara, la inminencia de la aprobación del plan de inclusión social.
Creo recordar que a mediados del año pasado, al inicio de esta legislatura, también se aprobó en el Pleno una moción que consensuamos todos los grupos parlamentarios, en la que le exigíamos que en ese plan de inclusión social se incorporasen las
cuestiones de la infancia. He de advertirle, señora ministra, de que si ese plan no aborda lo que es competencia del Gobierno -Seguridad Social, política fiscal y políticas de empleo- va a ser un plan bien intencionado, pero que no va a resolver
las cuestiones fundamentales que deben abordarse para reducir la pobreza entre los niños.


Todo ello, señora ministra, se produce en un contexto en el que se va extendiendo y asumiendo que la inversión en infancia es fundamental para el desarrollo económico a medio y largo plazo. Aquellos Estados que invierten más y mejor en la
infancia temprana y que abordan los problemas de pobreza infantil son Estados que crean mejores condiciones para la prosperidad futura. Además, las consecuencias de la pobreza infantil pueden afectar para toda la vida a esos que hoy son niños y que
mañana serán adultos. Las cicatrices que se infligen a los niños, a las personas que después serán adultos, marcan el ciclo de vida de esas personas. Además la política que el Gobierno está imponiendo con su mayoría absoluta, por ejemplo, con la
reforma de la Administración local, va a quitar instrumentos a los ayuntamientos para hacer frente a los problemas de la pobreza infantil y no garantiza recursos para que las comunidades autónomas asuman las nuevas competencias que la reforma que se
está tramitando les va a imponer. Si además desde el Gobierno se reducen las transferencias a las comunidades autónomas en instrumentos como el plan concertado u otros instrumentos de política social, lo que es cierto es que la política del
Gobierno empuja al incremento de la pobreza infantil. Y todo ello, señora ministra, con una exigencia que nos marca la Unión Europea, que es la estrategia Europa 2020, de reducción a la mitad del número de pobres, y en la que España en 2010 asumía
la reducción del número de niños pobres en 250.000 personas. En lo que llevamos de tiempo para avanzar en ese objetivo ha sucedido todo lo contrario, está aumentando el número de niños pobres. Señora ministra, no hemos aprovechado la fase de
expansión económica en su momento para corregir esos déficits, la crisis agrava esta situación y no vemos que en su política hasta el momento eso haya sido una prioridad, sino todo lo contrario.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señor Campuzano, le agradezco a usted y a su grupo parlamentario que me hayan hecho esta interpelación, precisamente -como usted comentaba- en el Día Internacional de la Infancia. Hoy, 20 de noviembre, conmemoramos la aprobación de la
Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y también la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Es una fecha en la que quiero recordar a todos los menores que atraviesan dificultades, y muy especialmente a los millones de niños afectados
por el tifón en Filipinas. Catástrofes como esta nos muestran lo vulnerable que es la infancia y nos obligan, todavía más, a dedicar todos los esfuerzos posibles a esta causa.


Señoría, para cualquier Gobierno responsable la infancia, que es nuestro mayor patrimonio y nuestra garantía de futuro, tiene que ser una prioridad. Desde el inicio de la legislatura nos comprometimos a poner en marcha todas las medidas que
fueran necesarias para garantizar su bienestar y su calidad de vida. Si la pobreza, como decía Gandhi, es la peor forma de violencia que existe, coincido con su señoría en que la peor pobreza -si me permite la expresión- es la que tienen que sufrir
los niños y los adolescentes. Por ello, nuestro primer objetivo es combatir todas las situaciones que lo provocan.



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Sus señorías saben -como ha comentado- que ha sido el aumento indiscriminado del paro lo que ha provocado que miles de personas, jóvenes, mujeres y, sobre todo, niños, hayan quedado expuestos a situaciones de necesidad. Cualquier Gobierno
serio y responsable conoce que la primera medida que tiene que tomar es solucionar esa gravísima situación. Por eso, todas las decisiones de este Gobierno, desde el primer momento, han ido dirigidas al crecimiento económico y a la creación de
empleo, porque el empleo es la primera garantía de las prestaciones sociales. Señoría, hacer viable una sociedad del bienestar, un Estado del bienestar, no le corresponde solo al Gobierno central sino también a los distintos gobiernos y a las
distintas administraciones autonómicas y locales. En ese sentido, desde hace dos años este Gobierno está poniendo en marcha mecanismos extraordinarios de financiación, que usted conoce bien, para garantizar las prestaciones de los servicios a los
ciudadanos por parte de las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos; son 60.000 millones de un plan de proveedores, y el mismo viernes pasado más de 13.000 millones, de los cuales 5.400 se dedican a servicios básicos, como servicios
sociales, sanidad y educación.


Señoría, la pobreza infantil no entiende de territorios ni de administraciones ni tiene por qué entender de ello, y mucho menos de debates estériles sobre la búsqueda de responsabilidades. Entre 2004 y 2011 la tasa de pobreza y de exclusión
social en España, según Eurostat -los datos que conocimos el otro día- creció casi en un 11 %, pasando de estar en los niveles inferiores a la media europea a ser uno de los países en peor posición; es decir, de 2004 a 2011 la situación española se
deterioró mucho. En 2012 esta tasa, aunque es verdad que se sigue incrementando, ha aumentado menos que en el conjunto de los países de la Unión Europea y, precisamente -como usted comentaba-, hoy, los datos que hemos conocido de la encuesta de
condiciones de vida que ha publicado el INE con datos correspondientes a 2013, refleja por fin un descenso leve de la población en riesgo de exclusión o en riesgo de pobreza; también de los mayores de sesenta y cinco años y menores de dieciséis
años. Es verdad, como le digo, que es un descenso leve, pero eso significa que vamos en la buena dirección. Por ello, vamos a seguir trabajando en la recuperación económica que, sin ninguna duda, es la mejor vía para garantizar el bienestar.
Señorías, como usted ha dicho, estamos trabajando en un plan nacional para la inclusión social que vamos a presentar en las próximas semanas. A través de esta iniciativa, que estará dirigida a los grupos especialmente vulnerables, vamos a
desarrollar el derecho de todas las personas a la plena integración de la sociedad, el ejercicio de sus derechos sociales y de manera particular la inserción laboral y social y la solidaridad intergeneracional. Serán más de doscientas actuaciones
en campos muy diversos de todas las autonomías, de todas las competencias de todas las administraciones, para lograr un impacto en las diferentes causas que provocan la exclusión. Pondremos en marcha, como le digo, más de doscientas actuaciones
orientadas a tres objetivos. En primer lugar, la inclusión sociolaboral a través del empleo de las personas más vulnerables: fomentaremos la colaboración de los servicios públicos de empleo y de los servicios sociales; también adoptaremos medidas
de reciclaje profesional para parados de larga duración y mayores de cuarenta y cinco años; tendremos en cuenta la progresiva implantación de la formación dual, como medida preventiva del fracaso escolar y del desempleo entre los más jóvenes, y
también adaptaremos los programas de recualificación profesional. El segundo objetivo será un sistema de prestaciones para luchar contra las situaciones de vulnerabilidad y la pobreza infantil y unos servicios básicos enfocados a las personas más
desfavorecidas; se dará un impulso a los programas de urgencia social destinados a cubrir las necesidades más básicas de las personas y también una estrategia integral para las personas sin hogar.


Los menores constituyen nuestro mayor patrimonio colectivo, señorías, representan nuestras esperanzas como país y también como sociedad y, desde luego, constituyen una prioridad para el Gobierno. Así se concretó en el Plan estratégico
nacional de infancia y adolescencia 2013-2016, que aprobamos el pasado mes de abril y que cuenta con más de 5.000 millones de euros para mejorar la atención que se les presta desde las administraciones públicas y desde las organizaciones sociales;
un instrumento integrador de todas las políticas de la infancia creado por consenso entre todas las administraciones. Eso es exactamente lo mismo que queremos hacer con el plan de inclusión, un plan integrador de todas las políticas que desde todas
las administraciones se dedican a cubrir la exclusión social y a trabajar para eliminar la pobreza y también la pobreza infantil. Luchar contra la pobreza infantil requiere también prestar un apoyo prioritario a las familias, usted lo ha dicho,
porque son el principal espacio de protección y la ayuda más inmediata. Las familias son un pilar fundamental de nuestra sociedad, siempre lo han sido, siempre hemos tenido un compromiso con las familias, y por eso siempre serán una prioridad para
este Gobierno. Estamos trabajando también en un plan integral de apoyo a las



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familias, que además concretará muchas de las medidas que están recogidas en el Plan de la infancia; con él vamos a reforzar la protección social, jurídica, económica y fiscal, a la que usted hacía referencia, precisamente, de las familias
para fomentar a la infancia y para protegerla de mejor manera. De manera singular reforzaremos los ámbitos de la conciliación de la vida familiar y laboral, el personal, el empleo, la vivienda, la salud, la educación, la fiscalidad, las
prestaciones y los servicios sociales. Vamos a mejorar también el trato fiscal a las familias con hijos y vamos a garantizar la sostenibilidad y la cohesión social de las mismas.


Los presupuestos que acabamos de presentar son la muestra de que las familias y los niños están en el centro de nuestras políticas. Seguimos priorizando el gasto social en el proyecto de presupuestos con 193.801 millones de euros, es decir,
el 54,6 % del total, el 54 % del total de los Presupuestos Generales del Estado se dedica al gasto social. Las políticas de protección social además crecen en estos presupuestos en un 4,5 %, en concreto, las pensiones, a las que usted también se
refería, crecen en un 4,9 %. Solo el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asciende a 1.900 millones, de los que 1.527 corresponden a Servicios Sociales. Esta cantidad supone un aumento de 1,4 millones respecto al
año 2013, y sirve para proteger y consolidar las políticas y las prestaciones sociales destinadas a aquellos que en estos momentos están pasándolo peor. Se trata de dar una oportunidad a las personas que en este momento más lo necesitan. Hemos
destinado, señorías, 27,6 millones de euros para apoyar el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales para las corporaciones locales. Señoría, lo que se pretende con la reforma de las administraciones locales es que cada
competencia la ejerza una sola Administración, por tanto, lo que tenemos que conseguir es que cada Administración se haga responsable de la competencia que tiene que prestar al ciudadano. Y por eso, en este sentido, lo importante es que las
competencias que ahora prestan los ayuntamientos, que corresponden a las comunidades autónomas, o las sigan prestando con los recursos económicos que se les trasladen o la comunidad autónoma, que es la responsable de las mismas, las preste al
ciudadano. Lo importante es que el centro de la actuación sea el ciudadano y no las administraciones. En ese sentido, estoy segura de que llegaremos a un acuerdo para que los ciudadanos tengan garantizadas esas prestaciones. El plan concertado
será también un pilar fundamental del futuro plan de inclusión social.


Destinamos, señorías, 102 millones de euros a través de las ONG para atender a las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza y para apoyar a las familias con necesidades especiales de atención, en particular, las que tengan
menores, mayores o personas dependientes a su cargo. Además, como usted sabe, se ha creado una nueva partida de 40 millones de euros para dotar el Fondo europeo de ayuda a los desfavorecidos, que contribuirá, sin lugar a dudas, a luchar contra la
pobreza y la exclusión social. En definitiva, más de 280 millones de euros íntegramente destinados a todos aquellos que viven una situación de vulnerabilidad y con mayores carencias asistenciales, con especial atención a las familias y a la pobreza
infantil.


Señoría, coincido con usted en que nos queda mucho camino por recorrer y, aunque los datos de hoy inducen a tener un poco más de optimismo, tenemos que seguir trabajando en esta línea todas las administraciones conjuntamente. Los datos
indican que estamos dejando atrás lo peor de la crisis y que nuestro país de forma lenta pero segura está empezando a crear empleo. Vamos a seguir dando respuesta a las necesidades de los españoles. Hoy estamos más cerca de recuperar la senda del
progreso, del crecimiento y el bienestar que todos los españoles deseamos, y si continuamos con esta tendencia de reducción del paro, si continuamos con la recuperación económica, si continuamos con las políticas reformistas estaremos luchando
eficazmente para acabar con la principal causa de desigualdad y pobreza entre las familias y especialmente garantizaremos la imprescindible -coincido en ello plenamente con usted- protección de los menores.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministra.


Tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora ministra, no puedo coincidir con esa visión moderadamente optimista que nos ha trasladado. Hoy mismo la información del INE nos dice que la tasa de riesgo de pobreza por edad con alquiler imputado en el
caso de los menores de 16 años aumenta ligeramente, de 28,5 al 28,7. La que disminuye ligeramente es la de sin alquiler imputado, que pasa del 22,2 al 21,6. Pero esta, que es significativa porque incorpora las cuestiones del coste de la vivienda
indica que la pobreza infantil continúa aumentando. Usted nos afirma que el gasto social ocupa el 54 % de los



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Presupuestos Generales del Estado, pero de esa cifra casi más de la mitad, 120.000 millones de euros, corresponden al presupuesto de la Seguridad Social, parte de la cual va a la prestación por hijo a cargo, que es competencia de la
Seguridad Social, es una cifra extremadamente pequeña. Es más, aquello que ahoga la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas es precisamente que en este período de tiempo han tenido que reducir su presupuesto. En el caso de Catalunya ha
habido más de 4.000 millones de euros de ajuste autonómico. Lo único que viene a hacer el Plan de proveedores es suplir los problemas de tesorería que tienen las comunidades autónomas, pero no permitir que estas movilicen más recursos para hacer
frente a las necesidades en este ámbito.


Es más, señora ministra, si en 2004, en pleno apogeo económico y euforia económica, nuestra tasa de pobreza infantil era 24,2, de las más altas de la Unión Europea, teníamos unos índices de empleo en Catalunya casi de pleno empleo y en el
conjunto del Estado teníamos unas tasas de desempleo que aunque altas, del 7 o el 8 %, eran de las mejores que ha habido en la historia de España, si en esas condiciones la pobreza infantil continuaba siendo tan elevada es que el problema es más de
fondo. Simplemente con la creación de empleo no vamos a resolver el problema de la pobreza infantil porque eso tiene que ver fundamentalmente con un Estado del bienestar que priorice la infancia. Ahí la cuestión sería si tienen ustedes en su
prioridad el aumento de la prestación por hijo a cargo en la Seguridad Social, pues este es el gran instrumento que en el resto de Europa sirve para reducir las cuestiones de la pobreza en las familias con hijos a cargo. En segundo lugar, ¿en la
reforma fiscal en marcha tienen previsto mejorar la fiscalidad de las familias con hijos a cargo, y no solo de las familias que deben pagar por ejemplo IRPF, sino de aquellas familias que no deben pagarlo? Otros Estados desarrollan políticas en el
ámbito de la fiscalidad de retorno de ingresos a estas familias para compensar el hecho de que las deducciones fiscales no les alcancen. ¿Tienen previsto en la configuración de la prestación por desempleo reforzar la protección de la situación de
los desempleados con hijos a cargo? ¿Tienen previsto en la política de empleo, más allá de lo que nos ha anunciado, introducir ayudas específicas para aquellas familias con hijos a cargo y con sueldos bajos? Le estoy hablando de iniciativas que se
han desarrollado en otros países de nuestro entorno como Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Holanda y Alemania, países que con otro tipo de problemas han situado la pobreza infantil como una prioridad absoluta. Por tanto, señora ministra, no hay un
retorno a la situación ideal de 2008 que resuelva nuestros problemas, sino una manera distinta de impulsar las políticas en el ámbito social, y no exclusivamente en aquello que a veces el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales tiene un cierto
place en hacer -y no en esta legislatura, sino también en legislaturas anteriores-, que es configurar programas que hablan mucho de aquello que deben hacer las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por cierto, e insisto, con la Ley de Régimen
Local habrá menos recursos en manos de las comunidades autónomas para desarrollar obligaciones que hasta ahora desarrollaban los ayuntamientos. Por tanto, más presión para esas administraciones a la hora de resolver los problemas sociales. No se
trata de que el plan de inclusión social sea un listado de buenas intenciones sin apoyo presupuestario y sin objetivos prefijados, sino de que el plan de inclusión social para que sea homologable a otros planes de inclusión social debe abordar las
cuestiones que competen principalmente al Gobierno del Estado en materia de Seguridad Social, en materia de fiscalidad, y en materia de empleo. Todo lo demás, señora ministra, tiene el riesgo de ser simplemente un brindis al sol y la situación en
la calle reclama urgencia, compromiso, visión a largo plazo, audacia política y reformas serias para reorientar nuestro Estado del bienestar hacia la protección de la infancia, que es la mejor inversión de futuro que pueda hacer esta sociedad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señoría, he escuchado con atención su intervención y sabe usted bien que coincido en algunas cuestiones, lógicamente no en todas, pero básicamente coincido en lo importante, que es que las administraciones hagamos esfuerzos para garantizar
el bienestar de los ciudadanos, especialmente el bienestar de los menores. Señoría, usted planteaba la siguiente cuestión: ¿la infancia es una prioridad para este Gobierno? Sí, tanto es así que hemos presentado hace escasos meses un Plan integral
para la infancia dotado con 5.000 millones de euros; plan que como hemos dicho hemos elaborado en coordinación con todas las administraciones, para poner en el centro de todas las políticas de este Gobierno a la



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infancia. Es verdad que quedan muchas cosas por hacer, pero a medida que la situación económica vaya mejorando dedicaremos más recursos específicamente a las familias, porque como usted sabe la familia es una prioridad para este Gobierno y
siempre ha sido así.


Mire, señoría, en el ámbito de la infancia -por destacarle algunas de las cuestiones-, en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, cuando hemos hecho el nuevo sistema de participación farmacéutica, hemos tenido por primera vez en cuenta a
los más de 900.000 parados sin prestación -y sus 200.000 hijos menores- que antes pagaban el 40 % de los medicamentos y ahora no tienen que pagar nada por ellos. Eso es una política de familia y es una política de infancia. También, señorías
-aunque no tiene efectos económicos inmediatos sobre ellos, tiene mucho efecto sobre la infancia y es política de protección a la infancia-, hemos ampliado la edad de atención pediátrica en la hospitalización hasta los dieciocho años, como nos
pedían muchísimos padres para poder acompañar a sus hijos en los momentos en que les hacen pruebas complicadas. Y también hemos permitido que se les pueda acompañar en las unidades de cuidados intensivos durante las veinticuatro horas del día para
que los niños no se encuentren solos. Por tanto, señorías, sí estamos haciendo políticas a favor de la infancia, y eso es una demostración clara de nuestra prioridad.


He dicho en la primera intervención que vamos a presentar un plan de inclusión social. Un plan de inclusión social en el que, no tenga duda, recogeremos por supuesto muchas de las cuestiones que usted ha planteado. Es verdad que es un plan
de inclusión social destinado principalmente a sacar a las personas que lo están pasando mal, y es un plan hecho en un momento de una situación difícil y complicada, y es verdad que los datos que se han presentado hoy por el INE inducen a tener un
poco de optimismo. ¿Por qué? Porque las cosas están mejorando y nos queda mucho camino por recorrer, tanto hasta que no haya ni una sola persona en este país, ni un solo niño en este país que lo pase mal. Por tanto vamos a seguir en esa línea, y
por eso vamos a presentar un plan de inclusión; un plan de inclusión que estará listo en las siguientes semanas, y que tendrá en cuenta todos los objetivos y velará especialmente por la pobreza infantil y por la creación de empleo, así como por la
garantía de los servicios básicos para todos los ciudadanos de manera que nadie se quede descolgado del camino.


Señorías, también estamos trabajando en ello y vamos a presentar próximamente un plan de familia; un plan integral de apoyo a la familia en el que sin ninguna duda, como usted está pensando, tendrá que haber ayudas fiscales a las familias.
Y más. Y más porque la conciliación también es importante cuando pensamos en los menores. Los menores no necesitan solo recursos económicos, que también. Los menores también necesitan muchas veces atención, y por eso tenemos que fomentar medidas
de conciliación de vida familiar y laboral, y eso estará contenido en el plan de familia. Por eso adoptaremos medidas de corresponsabilidad, y por eso estamos adoptando modificaciones en el Código Penal, en el Código Civil a favor de los menores.
Y sin ninguna duda tendremos que apostar por las familias y también fiscalmente por ellas. Lo hemos hecho siempre, lo seguimos haciendo ahora, y también a través de la creación de empleo, sin ninguna duda.


Le he dicho antes que en el plan de inclusión tenemos que coordinar las políticas de empleo con las políticas sociales. ¿En qué sentido? En el de priorizar a la hora de conseguir puestos de trabajo a las personas que tienen una situación
social más complicada, es decir, que tienen también menores a su cargo. Todas esas cuestiones tenemos que coordinarlas y compatibilizarlas para seguir avanzando en el camino de que todos los ciudadanos puedan salir adelante sin tener problemas
económicos para ello, especialmente cuando pensamos en los menores.


Miren, señorías, gobernar es sin ninguna duda asumir responsabilidades, y también es una cuestión de prioridades, por tanto yo también espero que todas las comunidades autónomas, dentro de la distribución de sus presupuestos, prioricen en
una época de recursos económicos escasos en lo importante, y para nosotros lo importante son las políticas sociales, se lo he dicho: 55 % o 56 % del gasto de estos presupuestos se dedica a políticas sociales. Creo que las comunidades autónomas
también deben hacer un esfuerzo para priorizar el gasto en lo que interesa a los ciudadanos, que en este caso sin ninguna duda son las políticas sociales y la protección de la infancia.


Estoy segura de que nos pondremos de acuerdo en un futuro. Espero que el plan de inclusión social que estamos elaborando, de acuerdo también con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con las distintas organizaciones que prestan
especial atención a las personas que más lo necesitan, pueda ver la luz lo antes posible y que sea un instrumento válido para seguir avanzando. Probablemente no será suficiente, como digo, hasta que consigamos acabar con la pobreza y con la
exclusión social.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA PERCEPCIÓN DEL SUBSIDIO DE DESEMPLEO POR PARTE DE TERRORISTAS EXCARCELADOS QUE NO HAN MOSTRADO ARREPENTIMIENTO NI COLABORADO CON LA
JUSTICIA. (Número de expediente 173/000116).


El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la percepción del subsidio de desempleo por parte de terroristas excarcelados
que no han mostrado arrepentimiento ni colaborado con la justicia.


Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, empezaré por plantear la cuestión en términos que pretenden ser aclaratorios del asunto sobre el que estamos hablando. Comenzaré por algo importante a mi juicio. ¿Por qué hoy? ¿Por qué estamos hablando de esta cuestión en este
momento? ¿Por qué mi grupo parlamentario, Unión Progreso y Democracia, planteó esta interpelación al Gobierno hace tres semanas? Porque en relación con la posibilidad de percibir un subsidio por desempleo la asociación de expresos de la banda
terrorista ETA, Harrera Elkartea, aconsejó a los presos que estaban saliendo de prisión una serie de medidas para poder cobrar esta protección por desempleo, como por ejemplo no empadronarse en el domicilio de sus progenitores o familiares directos,
pudiendo burlar al Estado de derecho al cobrar unas prestaciones a las que no tendrían derecho. En fin, esta actuación de este grupo de expresos amigos de los presos o de familiares amigos de los terroristas alertó a este grupo parlamentario, que
se puso a reflexionar sobre esta cuestión que estaba teniendo lugar en España, esto es, la existencia de un subsidio de excarcelación, una modalidad de protección por desempleo que tiene un carácter asistencial, y que les es entregado sin ningún
tipo de condicionamiento, entre otros a los presos terroristas que salen de las cárceles, que además, no contentos con lo primero, están tratando de hacer un fraude de ley.


¿Dónde está regulado este subsidio? En el Real Decreto Legislativo 1/1994. Estamos hablando de un subsidio para personas que salen de las cárceles y a las que apenas se les exige, como explicaré brevemente, ningún tipo de requisito más que
salir de la cárcel, tras haber estado en prisión durante un tiempo limitado. Creo que son cinco meses -no lo recuerdo-, pero un tiempo muy limitado. ¿Qué proponemos? Que se exija a los terroristas excarcelados requisitos complementarios para
tener acceso a la percepción de este subsidio, requisitos como la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, requisitos como la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos, y lo que es más importante, colaboración
con la justicia, un elemento a nuestro juicio fundamental, mucho más que los dos anteriores que he referido, y que son importantes: pedir perdón y rechazar su actividad terrorista, la suya y la de la banda en cuyo nombre asesinaban y torturaban a
los ciudadanos españoles, sino además y sobre todo colaborar con la justicia para reparar el daño y para que no haya más víctimas.


Al mismo tiempo, a juicio de Unión Progreso y Democracia, debiera exigirse un periodo mínimo de trabajo penitenciario para acceder a este subsidio. Esto parece bastante obvio, bastante lógico; no forma parte del texto que hemos remitido,
pero como el Gobierno tendrá que hacer una propuesta parece que sería lógico exigirles un periodo mínimo de trabajo penitenciario a estas personas, al menos los noventa días de cotización que se les pide a los parados con cargas familiares, para
cobrar el subsidio por cotización insuficiente. En este momento 2.300.000 honestos ciudadanos españoles no cobran ningún tipo de subsidio de desempleo, mientras que de la cárcel salen terroristas que ni siquiera durante su tiempo en prisión han
mostrado ningún interés en trabajar noventa días, que es lo que se le exige a cualquier ciudadano; sin embargo automáticamente son perceptores de estos subsidios. Una persona que ha estado en prisión, como digo, y no ha mostrado ningún interés en
trabajar, no parece haber demostrado por cierto que esté dispuesta a reinsertarse ni en el mercado laboral ni en la sociedad plural y democrática que han tratado de destruir antes de ir a prisión, y después de haber sido juzgados -quiero recordarlo-
y condenados por la justicia. Además sostenemos que esas mismas condiciones, el rechazo, el perdón, la colaboración con la justicia -insisto-, han de ser exigidas a quienes accedan a un empleo público o a otro tipo de prestación del Estado.


Señorías, no estamos hablando de criminales, sino de criminales que asesinaban para destruir la democracia. No estamos hablando de grandes criminales, que los hay, de grandes crímenes, ni siquiera



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de asesinos en serie. No, no. Lo que define al terrorismo y a los terroristas es que matan para conseguir otro objetivo. Su objetivo no es el crimen, el crimen es un instrumento. ¿Para conseguir qué? Doblegar y destruir a la sociedad
plural y democrática, esa que afortunadamente no han conseguido destruir y que nos permite poder seguir hablando hoy en esta Cámara. Si ellos hubieran triunfado, todos nosotros -incluidos sus testaferros, que también están entre nosotros- no
podríamos estar en este momento en esta Cámara democrática. Eso es lo que les planteamos.


No hace falta que lo diga, pero lo diré como lo dije en la interpelación. No estamos en contra de la reinserción; al contrario, estamos a favor de la reinserción. Pero estamos en contra de favorecer que se subvierta el Estado democrático
y de derecho, y que se aprovechen de él los enemigos de la democracia. En ningún caso los demócratas deben ayudar a los totalitarios a lograr sus metas. Este es un elemento fundamental. En ningún caso los demócratas debemos ayudar a los
totalitarios a conseguir sus objetivos. Si hay algo peor que negar la democracia a los no demócratas -y es malo negar la democracia a los no demócratas- es permitir a los enemigos de la democracia que se aprovechen de ella para liquidarla.
Nosotros tenemos la obligación de evitar que eso sea así. Por eso les traemos hoy esta moción consecuencia de la interpelación que, como les dije al principio, defendimos hace quince días en esta Cámara.


Para finalizar quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular la enmienda que ha presentado a la iniciativa, y sobre todo su actitud de búsqueda del acuerdo y del consenso en esta materia. Señorías, hay muchas cosas que nos unen a los
demócratas, y que están por encima de cualquier diferencia ideológica que afortunadamente podemos tener; porque insisto en que los totalitarios no han terminado con la democracia. Esta es una de las cosas que nos unen. Lo mismo que a veces
mostramos los desacuerdos en público, no solo quiero destacar el acuerdo final en el texto -que también lo tenemos, que espero poder presentar a la Mesa y que se sumen otros grupos parlamentarios-, sino la actitud del Grupo Parlamentario Popular
para buscar un acuerdo en esta materia.


Muchas gracias, presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.


En efecto, se ha presentado una enmienda a esta moción por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora De Micheo.


La señora DE MICHEO CARRILLO-ALBORNOZ: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a María del Mar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y a las asociaciones a las que ella representa, que junto a su fortaleza representan la verdad, la memoria, la dignidad y la
justicia. (Aplausos). Ellos nos dan un ejemplo, y entre otras cosas es por ellos por quien tenemos aquí este debate.


Señora Díez, las víctimas merecen justicia y este es un debate en el que debemos ampararnos y movernos en el ámbito de la justicia. Una justicia que delimite el marco de la actuación de nuestro Estado de derecho e impida que venza la
impunidad; una justicia en definitiva que garantice algo tan elemental como asumir la responsabilidad de los propios actos. Esta ha sido nuestra forma de trabajar en el Partido Popular desde el año 1986, y desde entonces ha impulsado las grandes
reformas en la legislación penal y penitenciaria en la lucha contra el terrorismo. Por si hiciera falta vamos a recordarlas desde entonces. Promovió la primera Ley de Víctimas, aprobó la Ley de Partidos Políticos que conllevó la ilegalización de
Herri Batasuna, impulsó el cumplimiento efectivo de las penas, y elevó a cuarenta años el límite máximo. Se ha mantenido siempre leal al Pacto por las libertades y contra el terrorismo y hoy este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, trabaja
en la reforma del Código Penal donde se incorpora la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad. Y como no podía ser de otra forma el Partido Popular se opuso, se opone y se opondrá siempre a cualquier negociación con la banda
terrorista, porque cualquier avance en la lucha contra el terrorismo -y esto no lo podemos olvidar nunca- solo es posible dentro del Estado de derecho. (Aplausos).


Señora Díez, hace pocos días afirmaba que su partido va a trabajar por la unidad de la nación española y la soberanía nacional, y nos alegra oírlo porque tal y como afirmaba recientemente el presidente del Gobierno no vamos a aceptar que
nadie juegue con la soberanía nacional, como tampoco vamos a aceptar que nadie juegue a la división, al enfrentamiento y al regreso al pasado, porque nosotros estamos en el futuro, y el futuro se llama España. Por tanto, señora Díez, bienvenida,
cuantos más seamos, mejor; bienvenida a una tarea que ha sido y será siempre seña de identidad y forma de trabajar del Partido Popular. Este partido durante todos estos años nunca ha variado su posición y su firmeza, nunca ha



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variado su postura en la unidad de la nación española, en la lucha contra el terrorismo, ni en la ayuda directa a las víctimas del terrorismo.


Tras la sentencia tremendamente dolorosa, injusta e incomprensible no solo para las víctimas, sino para la sociedad -además hoy mismo seguimos viendo sus competencias-, quiero recordar lo que afirmaba hace pocos días el presidente Rajoy
desde esta misma tribuna: la doctrina Parot es justa, que distingue la situación entre quien está condenado por un solo delito y quien lo está por más delitos, lo cual responde a la lógica y al sentido natural de la justicia. Esta ha sido la
posición del Gobierno en todas las instancias judiciales posibles, utilizando para ello todos los recursos a su alcance, y sin escatimar un solo esfuerzo; creo que también es bueno recordar esto. Ante este nuevo escenario, sin duda doloroso, el
Gobierno ya ha dejado claro no solo que no iba a modificar su política penitenciaria en la lucha antiterrorista, sino que recordó su firme compromiso, el compromiso de llevar a cabo todas las modificaciones legales necesarias, que la justicia sea el
único camino posible, y que se ciegue cualquier atajo por donde se pueda colar la impunidad, como muy bien decía la señora Díez en su intervención. Nos encontramos además ante una situación que podemos denominar cuando menos paradójica: que
aquellos que han querido dañar de la manera más cruel posible durante tantos años nuestra democracia son los mismos que ahora pueden beneficiarse de ella. Quiero recalcar además con la misma contundencia con la que lo hacía esta misma mañana el
ministro de Justicia, en la contestación a la pregunta del grupo que a día de hoy -todavía seguimos esperando- sigue sin rechazar ni condenar la violencia terrorista, que el Gobierno mantiene su compromiso y trabaja -como refleja el texto de la
enmienda a la que hemos llegado en el acuerdo, y a la que esperamos que se unan los demás grupos- para evitar la percepción de cualquier beneficio a aquellos terroristas y delincuentes que tras cumplir sus penas vuelven a la calle, y en concreto
para el terrorismo, sin colaborar con la justicia, como bien decía la señora Díez, sin demostrar arrepentimiento, sin haber pedido perdón a sus víctimas, y sin haber reparado la responsabilidad civil consecuente de sus actos. Esta sentencia -esto
también quiero recordarlo- los saca de la cárcel, pero no cambia su condición, sobre la que pesa y pesará la condena social que ningún tribunal podrá nunca absolver. Estas medidas -esto también quiero dejarlo claro y en especial vuelvo a decirlo un
día como hoy- no significan palabras que den consuelo a las víctimas, significan una muestra más del compromiso de este Gobierno con las víctimas del terrorismo, adquirido solemnemente hace muchos años, y este compromiso, como no puede ser de otra
forma, se concreta en el impulso del trabajo desde el Poder Legislativo, que es nuestra obligación; significa que quienes han causado tanto sufrimiento en nuestra sociedad nunca puedan escribir un final basado en mentiras, ambigüedades o falsas
guerras. Somos un país -de lo que debemos enorgullecernos- que ha vencido al terrorismo luchando con todos los medios del Estado de derecho, le pese a quien le pese. Así que, señorías, esta es la historia real; cuando el objetivo es común los
medios también deben ser comunes, y aquí apelo a los demás grupos. Un objetivo que fundamente nuestra actuación, unidad y fortaleza, donde no deben servir las carreras para ver quién gana, sino la eficacia del trabajo de todos.


Termino, señor presidente. No vamos a ahorrar esfuerzos, no vamos a ceder, no vamos a dar un paso atrás. Lo merece cada una de las víctimas, lo merecen sus familias, y lo merecen cada uno de nuestros compañeros a los que se les ha
arrancado lo más preciado, su propia vida. Nosotros también tenemos memoria.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De Micheo.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señora Díez, el hecho que motiva su moción me sugiere algunas preguntas. La primera sería si habremos o no ha actuado correctamente en el Congreso de los Diputados en el pasado, porque los jueces deben o deberían aplicar la ley y ello no
generar escándalo. La segunda es la sensación de que, incluso de buena fe, nuestra nula previsión solo ha servido para que lo aprovechen los etarras en su beneficio. Y tercera, si no nos parecen justas las consecuencias de todo ello, qué vamos a
hacer para recuperar la cordura, la dignidad y la justicia, para cambiar un estado de cosas que humilla a las víctimas y que avergüenza a gran parte de la sociedad española.


He repasado, señora Díez, la interpelación, y coincido con usted en el análisis del fenómeno de la violencia de ETA. ¿Debe haber un final con vencedores y vencidos? ¿Es necesario hacer más pedagogía



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democrática? ¿Debe haber justicia? ¿Debe respetarse la ley, y por tanto debemos impedir el fraude de ley, y además combatiendo a los que pretenden beneficiarse del régimen de libertades que precisamente han querido destruir? Es un hecho
que la organización ETA, que no se ha disuelto, y sus plataformas afines trabajan desde las instituciones para atacar las propias instituciones. ¿Lo vamos a consentir, señorías? ¿Cómo nos vamos a defender de esta estrategia¿ ¿Qué hacemos en
definitiva? Usted, señora Díez, explicaba en ese debate que la violencia para ellos -lo ha dicho hoy también aquí- no era ni es un objetivo, sino un medio. Y usted decía: penetrar y estar en las instituciones democráticas para derrotarlas desde
dentro. Mire, en Navarra se ha publicado un informe de la Guardia Civil que pone de manifiesto el interés de la izquierda abertzale por instrumentalizar la red de enseñanza pública para sus fines políticos; especialmente alerta de la penetración
de elementos de ETA y de esta izquierda abertzale en un determinado modelo educativo público, el modelo D; nada nuevo, es verdad. Pero nos recuerda que los totalitarios de forma silenciosa y oportunista trabajan sin descanso para controlar la
sociedad, justificar su relato de muerte allí donde no encuentran oposición. ETA, como movimiento totalitario y excluyente, no se ha disuelto; nosotros lo tenemos claro, y como queremos vivir en una sociedad en el fondo más sana de la que ellos
defienden, en la que asesinos en serie y psicópatas que pueden mantener sepultada con vida a una persona más de quinientos treinta y cinco días son considerados como unos héroes, debemos seguir trabajando.


Por eso, señora Díez, hoy apoyaremos su moción y anunciamos que, junto con esta iniciativa, junto con este voto, mi partido presentará nuevas enmiendas legislativas que sirvan para evitar el fraude de ley o para impedir que con su negro
historial algunos puedan instrumentalizar, por ejemplo, como decía, la enseñanza en mi tierra. Hoy de todas formas le pido, señora Díez -y lo ha hecho-, no patrimonializar el tema y buscar en lo que vayamos a hacer el máximo consenso y la máxima
unidad, porque es la unidad de los demócratas la única arma eficaz contra el totalitarismo, contra las dictaduras, y contra la coacción política. Le agradezco que usted lo haya entendido así, también al Grupo Parlamentario Popular. No le duelan
prendas coincidir en ello, porque solo juntos podremos construir un horizonte mejor sin la amenaza de nuevas picaduras de la serpiente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.


Antes de entrar al fondo de la cuestión, quiero dejar claras, muy claras, dos cosas. Una, refiriéndome a la señora portavoz del Partido Popular en este punto. Antes de que usted tuviese uso de razón, el portavoz de Amaiur que le habla
desde esta tribuna estuvo ya en una capilla ardiente, en el año 1978, de una persona cuya vida le fue arrebatada por parte de ETA. Desde entonces, desgraciadamente, hemos estado en muchas capillas ardientes y no se trata de hacer competiciones de
quién ha estado en más o en menos. Quiero dejar eso claro porque ustedes se refieren a mi grupo vinculándolo con ETA, como ha hecho también la señora Rosa Díez que -seguramente es el único tema en el que puede conseguir un poco de notoriedad- lo
utiliza continuamente llamándonos testaferros, cuando ella sabe que es mentira, es totalmente mentira. Quiero dejar muy claro eso: nuestro compromiso es claro e inequívoco de rechazo de cualquier vulneración de derechos humanos, totalmente.
Ustedes dicen que se rechace, que se condene, y nosotros hemos utilizado todas las palabras; pongan ustedes la palabra que quieran. Cualquiera de las formaciones políticas que forman parte de Amaiur han condenado con claridad el terrorismo de ETA
y no tienen más que mirar, incluso en el caso de Sortu, los estatutos que están depositados en el Ministerio del Interior, donde pone de forma explícita la palabra condena. Con lo cual, basta ya de utilizar ese tipo de cosas porque, digamos lo que
digamos, a ustedes les da igual, van a seguir manteniendo un discurso que no aporta nada a la solución de todos los problemas políticos que tenemos encima de la mesa, ni a la reparación de todas las injusticias que se han cometido, ni a la verdad,
ni a la justicia. Quiero dejar bien claro eso de una vez por todas porque es así y porque, por mucho que ustedes repitan lo contrario, nunca va a ser lo que ustedes dicen; ese es un compromiso claro, inequívoco, indubitado y permanente.


Ahora entro al fondo de la cuestión. Creo que detrás de este planteamiento por parte de la portavoz de UPyD hay una mera búsqueda de notoriedad, como decía antes. Piensa que es una bandera que le da votos y creo que cae en contradicción
con otros planteamientos que usted tiene y que los plantea incluso en nombre de su partido como progresistas. El modelo penitenciario que ustedes transmiten con este tipo de propuestas no es progresista ni muchísimo menos, es todo lo contrario; es
un modelo penitenciario que



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se basa, en vez de en la justicia, en la venganza; es un modelo penitenciario que establece incluso una diferenciación entre unos ciudadanos y otros en función del delito que hayan cometido cuando el objetivo de cualquier sistema
penitenciario es que las personas que han estado en prisión se puedan reincorporar cuanto antes a la sociedad con la seguridad de que no vuelvan a cometer ese delito. Precisamente ese tipo de prestaciones que se establecen en la ley tienen esa
finalidad, no tienen ninguna finalidad de agravio a las víctimas de los delitos que se hayan cometido, sean delitos que usted manifiesta como terroristas o sean delitos de los denominados comunes. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la
necesidad, con un acto también de justicia y de generosidad de la sociedad para que esas personas se puedan reincorporar a la misma. Entonces, plantear la batalla en algo tan nimio como eso significa que, al final, su modelo penitenciario es un
modelo profundamente retrógrado. Ese es un elemento fundamental -y voy acabando con esto, perdone, señor presidente- y ahí usted cae en el error que está impulsando el Partido Popular, por ejemplo, con esa ley de seguridad ciudadana, que es más
bien una ley de represión ciudadana. Es decir, todo el planteamiento de la política penitenciaria, la solución de los problemas de la sociedad que derivan en delitos es la de palo y tente tieso, que es un modelo fracasado, como es un modelo
fracasado el actual modelo penitenciario que tiene el Estado español. Y hay un ejemplo muy claro -y con esto acabo de verdad, señor presidente- que es el modelo sueco. En Suecia ahora mismo están cerrando prisiones y tienen un modelo penitenciario
totalmente diferente al modelo español, con otro modelo de prisiones que precisamente se está demostrando mucho más efectivo porque están disminuyendo los delitos y están consiguiendo que la sociedad sea una sociedad más cohesionada en la que los
delitos no tengan la presencia que tienen en el conjunto del Estado español, y eso es aplicable a todo tipo de delitos.


Por eso precisamente, insisto, vamos a pronunciarnos en contra de esta medida que transmite un modelo penitenciario con el que no estamos de acuerdo y pensamos que, lejos de solucionar los problemas de la ciudadanía del Estado español, los
puede agravar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Larreina.


Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, hace veinte años fue asesinado Joseba Goikoetxea, sargento mayor de la Ertzaintza, afiliado al Partido Nacionalista Vasco desde la época de la clandestinidad franquista y amigo personal
de los tres diputados de mi grupo que se encuentran aquí, muy amigo personal. Y otras víctimas del PNV fueron asesinadas por la organización ETA en momentos anteriores y posteriores. Mire, de víctimas sabemos mucho y muchos tenemos experiencias
amargas en nuestras organizaciones; por lo tanto, nos parece particularmente repugnante este intento recurrente de la patrimonialización del doctor de las víctimas para buscar réditos electorales; nos parece de verdad que para las víctimas es el
peor tratamiento, el menos satisfactorio, quizá no para todas las organizaciones, sí para la mayoría de las víctimas, y nos parece además que es perverso políticamente usar el dolor de las víctimas para conseguir réditos electorales fáciles,
manipulando pulsiones instintivas de esta naturaleza. Todos sabemos de víctimas, a las que por cierto no se refiere la moción que estamos debatiendo, como tampoco se refiere la doctrina Parot. Me da la impresión de que la portavoz del Grupo
Popular ha enmendado una moción diferente a esta, no sé si la siguiente, la anterior u otra que se debatirá posteriormente o se debatió en el pasado, pero bueno, usted ha hablado de la doctrina Parot, ha hablado de víctimas, ha hablado de una serie
de cosas que complican más lo que ya es conceptualmente difícil de comprender, que es el contenido material de esta moción desde una perspectiva de análisis meramente jurídico.


No tengo que explicarle, señora Díez, que una persona que ha cumplido su pena de privación de libertad es una persona que recupera automáticamente la totalidad de sus derechos civiles y de sus derechos laborales, la totalidad de sus
derechos, y el derecho a la prestación de desempleo está previsto en el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 1/1994, al cual nadie se ha referido en este debate, y aquilatado si la prestación no es contributiva sino solo asistencial en el Real
Decreto del año 1985, que sí se ha citado. Pero tenga en cuenta que la mayoría de los presos trabajan en el seno del centro penitenciario y cotizan por esta contingencia y por las demás; es que muchos causan el derecho a la prestación contributiva
por la circunstancia de trabajar. Y otros no. ¿Por qué se les reconoce el subsidio, la parte asistencial de la protección de desempleo? Porque se considera una medida de resocialización dimanante que encuentra su legitimidad en el artículo 25 de
la Constitución. No me da la impresión de que el Grupo



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Popular esté en este momento en condiciones de refutar el contenido de preceptos constitucionales tan relevantes como el que le estoy citando, el artículo 25 de la Constitución, y si es así le agradecería que su pronunciamiento fuera más
explícito y más claro, ¿usted no cree en el contenido y en el fundamento ontológico de las penas previsto en el artículo 25, dirigido a la resocialización y reintegración social de los delincuentes? ¿Usted no cree que cuando una pena se ha cumplido
en su totalidad la persona que es excarcelada recupera la totalidad de sus derechos y más derechos de naturaleza universal e indisponible como es la protección de desempleo que le atribuye o prevé el ordenamiento jurídico? ¿Usted no cree en esto?
¿Ustedes no creen en la resocialización en definitiva de las personas que han cumplido?


Mire, para el requerimiento de la moción original que presenta la señora Díez, que es el arrepentimiento, la refutación de su actividad delictiva en el caso de los delitos de terrorismo o la colaboración con las Fuerzas de Seguridad o con la
Administración de Justicia, los efectos de estos requerimientos están en el ordenamiento jurídico, lo que pasa es que usted no lo lee, señora Díez. ¿Por qué no se lee el artículo 57 del Código Penal? Me extraña más que no se lo lea usted tampoco,
señora De Micheo. ¿O por qué no se lee el artículo 578 o el 579? Lo que se establece cuando no se producen estas circunstancias en relación con los delitos de terrorismo en función de una reforma del año 2002 es la imposibilidad de progresión de
grado, es la imposibilidad de acceder al tercer grado penitenciario y es la imposibilidad de obtener la libertad condicional, esos son los efectos -por cierto, bastante onerosos para los presos- cuando no recurren a un arrepentimiento expreso que
usted pide que se formule por escrito, cuando no colaboran con las Fuerzas de Seguridad y cuando no renuncian y se arrepienten de su actividad terrorista. Pero eso ya está previsto en el Código Penal. ¿Vamos a añadir, mediante un mecanismo de non
bis in idem, nuevas penas ex post tras el cumplimiento de la sentencia? Esto es manifiestamente inconstitucional. Me extraña que jueguen a esto, porque además ustedes lo saben. Tienen la tentación de jugar a la patrimonialización del dolor de las
víctimas -a las que yo saludo también, porque estar en contra de esta moción no es estar en contra de las víctimas, sino posiblemente es estar a favor de ellas porque no jugamos o utilizamos su dolor para obtener réditos electorales- pero se trata
de restablecer la legalidad. Léanse no solo esos preceptos del Código Penal que les he leído, sino algo de Camus, que vivió en Argelia mucho tiempo y creyó siempre en la justicia, pero cuando le preguntaron qué preferiría si tuviera que optar entre
la justicia y su madre, dijo que él optaría antes por su madre que por la justicia -por su madre en una dimensión simbólica-; es decir, por la imposibilidad de que Argelia se independizara. Albert Camus era antiindependentista argelino viviendo en
Argelia. Aquí hay mucha gente que cree más en su madre que en la justicia; nosotros siempre creeremos en la justicia y siempre creeremos en el principio de legalidad.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Por relajar un poco el ambiente voy a empezar el debate refiriéndome a la frase de Camus, que el señor representante del Grupo Parlamentario Vasco plantea en los términos de contraposición entre la patria y la justicia. Nada más lejos de la
intención de Camus, que era contraponer la moral y la política, y en ese caso Camus se decantaba por la moral.


En todo caso, señorías, no deberíamos haber llegado aquí; creo que esta iniciativa es desafortunada -diciéndolo con toda la empatía con el resto de los grupos parlamentarios- y que es aún más desafortunado que el grupo que apoya al Gobierno
se suba a esta iniciativa y lo haga al margen del consenso parlamentario en materia de política antiterrorista y, diría algo más, en materia de solución definitiva del terrorismo. Porque nosotros podríamos estar de acuerdo con los puntos primero y
último. El primer punto hace una valoración, yo creo que bastante restringida, de por qué se ha producido el fin de ETA y el último plantea que hay que luchar contra el fraude donde sea, y más si se defraudada por parte de exmilitantes de ETA, pero
no podemos estar de acuerdo con el resto de los puntos, el resto de la iniciativa es, creo, una mala resaca de la resolución del Tribunal de Derechos Humanos. Esa resolución, en términos de justicia, en mi opinión es impecable, pero produce heridas
a las familias de las víctimas y también seguramente produce heridas desde el punto de vista político, pero la política, y vuelvo a Camus, es un camino esforzado del día a día, de solucionar problemas, y esta iniciativa no soluciona ningún problema.
Esta iniciativa es una huida hacia delante, porque primero se ha intentando desacatar la sentencia diciendo que no era ejecutiva -esto es lo que se ha dicho públicamente-, incluso denostando



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al Tribunal Supremo cuando decide ejecutar la sentencia, y ahora se pretende una nueva doctrina Parot. (La señora Díez González hace gestos negativos).


Sí, señora Díez, una doctrina de efectos retroactivos, porque aunque modifiquemos las leyes que tienen que ver con subsidios, aunque expropiemos un subsidio, que es claramente inconstitucional, lo haremos a los que salgan a partir de ahora,
pero no a los que han salido, porque también estaríamos con una legislación retroactiva. Ya nos han dado una colleja con la legislación retroactiva en materia penitenciaria, no vaya a ser que ahora nos den otra en materia social. Yo creo que es
una mala forma de responder a una sentencia del Tribunal de Estrasburgo. En mi opinión, ¿cómo deberíamos haber reaccionado? No agitando la venganza, señorías, porque esto forma parte de esta agitación de la venganza; no utilizando el dolor de las
víctimas; no poniendo en el punto de mira a la justicia. No, señorías, ese no es el mecanismo ni de un partido democrático ni de un Gobierno democrático. ¿Qué debe hacer un Gobierno democrático por el contrario? Aprovechar esta ocasión para
hacer pedagogía democrática; pedagogía de la justicia, en primer lugar: el Estado de derecho es el que es y, por lo tanto, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se acata. En segundo lugar, pedagogía de la reinserción:
nuestra Constitución contempla que la gente no se pudre en la cárcel; no es nuestra Constitución. Nuestra Constitución contempla que la gente paga su pena y luego se reinserta; ese es el planteamiento de nuestra Constitución. Esa es la pedagogía
que deberíamos haber hecho. Otra pedagogía que a ustedes se les olvida y siguen ocultando es la pedagogía del apoyo a las víctimas; una empatía con las víctimas, que no significa ser hipócrita con las víctimas; no significa dar palmadas en la
espalda a las víctimas y no enseñar las cartas del fin de ETA, porque esa es la cuestión, señorías, hay que ser empático con las víctimas y enseñar las cartas del fin de ETA, enseñárnoslas entre los grupos parlamentarios porque esta estrategia es de
todos o no es de nadie y enseñárselas también a las propias familias y a las propias víctimas. Creo que eso es lo democrático; creo que eso es lo ético y, por lo tanto, creo que esta iniciativa es una iniciativa equivocada, una huida hacia delante
y una mala resaca de una colleja por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Al contrario, deberíamos hacer pedagogía democrática.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.


Señorías, Convergència i Unió siempre ha estado en todos los acuerdos de consenso para luchar juntos contra el terrorismo, siempre. Han sido acuerdos políticos que han dado sus resultados -se dice en el primer punto de la moción cuyo texto
ha sido transaccionado- y nosotros nos sentimos copartícipes de ese consenso en la lucha contra el terrorismo. Por lo tanto, vaya por delante, una vez más, el apoyo de Convergència i Unió a todo aquello que redunde en aunar posiciones, en aunar
esfuerzos para luchar contra el terrorismo. Primer punto.


Segundo punto. Hoy se nos trae una moción que de alguna manera entendemos desde Convergència i Unió que rompe claramente no ese espíritu de consenso en la lucha contra el terrorismo, sino que rompe las finalidades que la propia Constitución
en el artículo 25 define sobre la política penitenciaria. Quiero recordar que ese artículo 25 de la Constitución expresa de manera clara que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas hacia la reeducación y hacia
la reinserción social. Esos principios están en la Constitución, y además entendemos que esta moción es muy poco concreta porque en muchas aspectos se limita -el texto transaccional- a decir que se estudien medidas, que pueden llegar a ser
claramente inconstitucionales, porque la finalidad de la pena de acuerdo con la legislación vigente -nos guste más o menos esa legislación vigente que se le aplica al que ha cometido el delito en el momento en que estaba cometiendo ese delito-,
cuando se aplica finalmente tiene como objeto haber hecho esa reinserción. Y la reinserción es también la posibilidad -cuando la ley así lo establece, sin poder hacer distinciones porque serían inconstitucionales- de percibir un subsidio, que está
dentro del régimen de las prestaciones de la Seguridad Social. La propia Constitución -y quizá los que hoy van a dar apoyo explícito a esta moción no se lo han leído- en el artículo 25 dice que en todo caso tendrán derecho a un trabajo remunerado y
a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. ¿Cómo les vamos a negar unos beneficios que la propia Constitución prevé para facilitar la reinserción?


Decía muy bien el señor Llamazares hablando del principio de irretroactividad de una nueva disposición o legislación que ahora quisiera hacerse que el 9.3 de la Constitución impide que una nueva legislación pudiera aplicarse a personas que
ahora pasen a ser expresos, y entendemos -porque siempre hemos



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estado al lado de las víctimas- el dolor que pueden sentir las víctimas, lo entendemos perfectamente, por la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podemos entenderlo, pero es que en esa sentencia ya se aplicó
ese 9.3 de la Constitución y esa irretroactividad. ¿Y ahora qué pretendemos? ¿Modificar las prestaciones que se dan a las personas que son excarceladas, modificar aquello que estaba vigente mientras estaban en prisión y unos beneficios que estaban
reconocidos sacárselos añadiendo nuevas medidas o nuevos requisitos? (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). ¿Esto está dentro del Estado de derecho que decía la portavoz enmendante del Grupo Popular? No lo está, no
lo está porque el Estado de derecho es respetar este marco constitucional, respetar los principios de una política penitenciaria que queremos que vaya siempre dirigida a esa reinserción. Entendemos que subjetivamente, en ocasiones, en quienes están
muy cerca de la realidad de un delito prime el ánimo de venganza, lo podemos entender, pero el legislador y el constituyente lo que nos piden no es ánimo de venganza, es ánimo de intentar que el sistema penitenciario progresista vaya a favor de la
reinserción, de que, una vez ha cumplido una persona la pena, pueda reinsertarse en la sociedad, y precisamente las medidas que hoy contempla la legislación van dirigidas a esa reinserción y lamentamos que la moción de hoy se aparte de las mismas.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.


Por el Grupo Socialista, señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señora presidenta.


En este punto tenemos dos textos, un primer texto es una moción de UPyD y voy a referirme en principio a ella. Tiene dos puntos, un primer punto, substancial, y un segundo punto. Sobre el segundo punto tengo que decirles que si hubiera
permanecido, esa moción podría aprobarse, porque ¿quién va a estar en contra de reforzar la vigilancia para evitar fraude de ley en el cumplimiento de requisitos legales en el pago de subsidios y ayudas? Todos estamos de acuerdo. Sobre el primer
punto, el fundamental, creemos que es ilógico y, por tanto, inasumible. ¿Y en qué razones baso un juicio tan expeditivo? En la necesidad, señorías, de practicar, por un lado, dos virtudes, la coherencia y el compromiso, y, por otro lado, ejercer
una de nuestras más importantes obligaciones parlamentarias, la pedagogía política.


Empiezo por la coherencia. Hace tres semanas UPyD trajo otra moción a esta Cámara. La señora Díez defendió entonces que ninguna autoridad ni poder público tiene derecho a privar a todos o parte de los ciudadanos residentes en su territorio
de los derechos y libertades que la Constitución reconoce; sin embargo, hoy nos trae una propuesta que pretende privar o incautar a una parte de los excarcelados de derechos que la ley les reconoce. La inmensa mayoría de la sociedad española
comparte un radical desprecio por los terroristas, pero les ha derrotado con la ley en la mano. Han sido detenidos, juzgados y encarcelados con el mismo Código Penal y la misma ley penitenciaria que el resto de delincuentes: violadores,
narcotraficantes o pedófilos, y eso da mayor legitimidad a nuestra democracia frente al terror. No es admisible que UPyD nos haya querido dar lecciones de cómo defender la Constitución de 1978 hace tres semanas y nos ponga hoy en el dilema
anticonstitucional de que para no aparecer como defensores de terroristas vulneremos y abdiquemos de principios de esa misma Constitución. Señorías, cuando comenzamos a hacer excepciones a la regulación general nos alejamos el Estado de derecho.
Uno empieza a deslizarse por el tobogán de las excepciones y pronto acaba en un Estado de excepción permanente. Por tanto, señores de UPyD, les pedimos coherencia, y por coherencia votaremos en contra.


Segunda virtud, el compromiso. Anteayer el ministro del Interior lo dejó claro: Atentados como el de Vic no volverán a ocurrir porque hemos vencido a ETA. ¿Cómo y quiénes lo consiguieron? La fortaleza del Estado de derecho; el trabajo
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los jueces y fiscales; el testimonio ético y la actitud de las víctimas; el coraje de la sociedad española; la cooperación internacional; la eficacia de la lucha antiterrorista de los
Gobiernos democráticos españoles, especialmente del presidente Zapatero y del ministro Rubalcaba con los que se produjo el cese de la violencia de ETA, y el Pacto Antiterrorista suscrito por el Partido Popular y por el Partido Socialista y abierto a
las demás fuerzas democráticas. El éxito de ese pacto fue eliminar de la legítima confrontación electoral las políticas antiterroristas. Del mundo terrorista no se obtenía rédito político alguno, en ningún caso, aunque alguna excepción hubo, como
cuando el actual presidente Rajoy acusó en sede parlamentaria al entonces presidente Zapatero de traicionar a los muertos causados por el terrorismo. Pero en general se cumplió por la mayoría de las fuerzas políticas, aunque siempre hay
excepciones. Hoy hay dos, una ahora presentada por UPyD y otra a continuación presentada por Amaiur. Bueno es por ello recordar que el



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acuerdo sobre el que se cimentó la victoria de los demócratas sobre los violentos exige, señores de UPyD, el compromiso de renunciar a estrategias que buscan el beneficio electoral inmediato con argumentos que pueden incentivar a
determinados electores, pero a costa de fracturar la sociedad o desprestigiar las instituciones. Por ello acabo con el obligado precepto pedagógico: es a la justicia a la que competen determinadas obligaciones que corresponden a los presos
excarcelados, a todos ellos. Una cosa es la radical condena social y política de los delitos execrables que hayan cometido, y otra muy distinta la utilización sectaria del Parlamento como plataforma partidista y mediática para la escenificación de
juicios sumarísimos, en las antípodas del espíritu y funciones de esta Cámara. El Parlamento no debe ser confundido con un tribunal y menos con un tribunal donde el primero que busca notoriedad pública le tira piedras al hereje o predica que se le
aplique la ley de Lynch, tan presente en las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, Keith Luger o Silver Kane. El Parlamento debe ser un espacio educativo, y en tiempos turbulentos nada mejor que recurrir a maestros que vivieron otros semejantes.
Señora presidenta, hoy es el día de Albert Camus en esta Cámara. Se cumple el centenario de su nacimiento, pero sus reflexiones, como ya se dijo, son plenamente actuales: Nuestra responsabilidad ante nosotros mismos y ante el país es total. La
tarea de cada uno de nosotros es pensar bien lo que nos proponemos decir y no perder jamás de vista esa inmensa necesidad que tenemos de volver a dar a un país su voz más íntima. Si logramos que esa voz sea la de la energía y no la del odio, la de
la humanidad y no la de la mediocridad, la de la altiva objetividad y no la de la retórica se salvarán muchas cosas y nosotros no nos sentiremos defraudados.


Por eso, para no sentirnos defraudados íbamos a votar no a la primera moción presentada por UPyD, y no podemos votar a favor de la transaccional presentada por el Grupo Popular y UPyD. Sinceramente creemos que se trata de una componenda
para intentar quedarse con las víctimas, como diría un moderno, o confundir a sus asociaciones. ¿Por qué digo esto? Les ahorraré los análisis jurídicos, que ya hizo magníficamente el señor Olabarría, pero lo importante es para quién se aprueba
texto. ¿Para los beneficiados por la doctrina Parot? No. Cuando se aprueben las modificaciones legales que proponen ya habrán salido todos, y espero que ni se les pase por la cabeza la posibilidad de aplicárselo de forma retroactiva, como muy
bien dijeron los señores Jané y Llamazares después de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Trevín.


El señor TREVÍN LOMBÁN: Acabo, señora presidenta.


Sobre todo, no podemos votar a favor de esta transacción porque sinceramente creemos que ni ustedes mismos saben qué dice la transacción. Como de lo que se trataba era de otra cosa, han hecho una componenda incluso de redacción, de la cual
es imposible extraer una propuesta concreta. No obstante, como espero que la propuesta la traigan aquí, si algún día lo hacen les diremos exactamente en ese momento qué es lo que opinamos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Trevín.


Señora Díez, ¿ha planteado usted una transaccional?


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, presidenta. Se la pasaré a la Mesa inmediatamente porque entiendo que se vota mañana.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo. Efectivamente, se votará mañana.


Gracias, señora Díez.


- DEL GRUPO MIXTO (SEÑORA ENBEITA), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS MALOS TRATOS INFLIGIDOS POR LOS MIEMBROS DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY Y LA IMPUNIDAD DE LA QUE DICHOS MIEMBROS GOZAN, POR SER UNA
CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS SUMAMENTE INQUIETANTE Y DE LARGA DATA EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000117).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente moción consecuencia de interpelación del Grupo Mixto (señora Enbeita), sobre posición del Gobierno en relación con los malos tratos infligidos por los miembros de los
organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de



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la que dichos miembros gozan, por ser una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en España.


Señora Enbeita.


La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señora presidenta.


Señorías, si no somos hipócritas, uno tiene que entender que si detienes a un señor que ha matado a veintitrés personas y lo interrogas y confiesa, ¿qué es lo que le ha hecho confesar? Ha habido golpes, presiones físicas que no dejan huella
pero que puedes pensar que se producen, y presiones psíquicas también. ¿Alguien se cree que declaran lo que declaran sin coacciones? Señorías, esto es lo que Luis Roldan, ex director general de la Guardia Civil, declaraba este mismo domingo en el
periódico El País. Yo les pregunto, ¿alguien cree que los detenidos declaran lo que declaran sin que los envuelvan en mantas para no dejar marcas de los golpes, sin que los humillen sexualmente o sin que los intenten asfixiar con bolsas de
plástico? Yo no lo creo, señorías, y lamentablemente no soy la única. Amnistía Internacional, el relator contra la tortura de Naciones Unidas, el relator para los derechos humanos en la lucha antiterrorista de Naciones Unidas, el Comité contra la
tortura de Naciones Unidas y el Comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa han señalado en más de una ocasión que el régimen de incomunicación es el espacio físico y temporal que favorece la práctica de la tortura y encima asegura
su impunidad.


En el Estado español, señorías, se incomunica y en las incomunicaciones se tortura, y bajo tortura se arrancan declaraciones que son suficientes para que la Audiencia Nacional condene. La tortura es una práctica habitual en el Estado
español; tan habitual que hemos llegado al punto de que el derecho internacional se nos queda corto. El derecho internacional establece que toda persona torturada o víctima de la tortura tiene derecho a recibir del Estado una reparación que debe
incluir una restitución, una indemnización y atención médica o cuidados apropiados en los casos necesarios. En el Estado español se ha ido demasiado lejos porque aquí hay personas que, por ejemplo, han cumplido cuatro años de prisión preventiva por
las declaraciones arrancadas en comisaría y después de esos cuatro años han sido absueltas de los supuestos delitos e incluso se ha condenado a personas por crímenes o asesinatos que dudosamente han cometido. En resumen, señorías, el Gobierno
español y sus policías han hecho lo que han querido con los detenidos.


Visto lo visto, en esta moción no venimos a pedir mucho. Lo que pedimos es que se investiguen las denuncias por torturas, que se cumplan las recomendaciones de la ONU y del Observatorio para la prevención de la tortura de Europa, que se
acabe con el régimen de incomunicación y que se aplique el derecho internacional a las víctimas de la tortura. ¿Hay alguien en esta Cámara que crea que las denuncias por tortura no hay que investigarlas? ¿Hay algún partido que no quiera cumplir
las recomendaciones europeas o de Naciones Unidas? ¿Alguien de ustedes cree que hay que mantener el régimen de incomunicación y, si es así, para qué? ¿Qué partido autodenominado democrático no querría cumplir el derecho internacional? No es mucho
pedir, señorías. No es mucho pedir que se erradique la tortura en un Estado que si fuera la mitad de democrático de lo que presume ser jamás la habría empleado. Ustedes nos hablan de memoria, de relato y de respeto a las víctimas, pero el respeto
a las víctimas incluye a todas ellas: a las de una parte y a las de otra; a las víctimas de ETA, a las víctimas del Estado y a las víctimas de la policía. El relato incluye la tortura y la cal viva, y la memoria incluye los años irrestituibles
pasados en prisión por declaraciones arrancadas a cuerpos deshechos.


El pasado viernes la ONU volvió a pedir al Gobierno español que erradique el régimen de detención incomunicada. Pensarán y volverán a repetir que yo, como miembro de Amaiur, no soy nadie para hablar de democracia (Rumores), pero el Estado
español está en el parvulario de la democracia en edad y actitud democrática. Aquí se tortura, se cierran periódicos, se ilegalizan partidos, se condena a la miseria a miles de jubilados, se deja sin futuro a los jóvenes, y, señorías, a esta
marcha, van a matar de hambre a cientos de personas. (Un señor diputado: ¡Qué bobada!). Negando las evidencias no conseguirán que la foto de Unai Romano se borre del imaginario de toda una generación de vascos o que olvidemos algún día el oso
latsa izan da de Joseba Arregi, a duras penas dicho poco antes de morir. Joseba Arregi, Mikel Zabalza, Gurutze Yanci o Xabier Galparsoro probablemente para ustedes solo sean nombres, pero son víctimas; víctimas directas del terrorismo de Estado
que merecen ese reconocimiento, que merecen que el Gobierno español cumpla las recomendaciones europeas, que investigue las denuncias por torturas, que acabe con el régimen de incomunicación y que aplique el derecho internacional a las víctimas por
torturas.



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Señorías, Joseba Sarrionandia, un escritor vasco, resumía en una frase, en una sola frase, la actitud del Gobierno español y del Estado español hacia ciertas víctimas y hacia el conflicto vasco. Dice así: De todas maneras, jamás será
suficiente que condenemos la violencia de ETA porque lo que el Gobierno español quiere es que aceptemos y legitimemos la violencia del Estado español. (Rumores). Y eso, señorías, no va a ocurrir. Esta mañana un compañero de Amaiur ha preguntado
al ministro de Justicia sobre los asesinatos de Josu Muguruza y Santi Brouard. El ministro de Justicia ha hablado de muchas cosas en general pero de nada en concreto, lo cual nos lleva a pensar que el Estado español sigue sin querer asumir sus
responsabilidades. Y nosotros creemos que el Estado español tiene que asumir su responsabilidad en el conflicto vasco, su responsabilidad en las muertes de Josu Muguruza y Santi Brouard y su responsabilidad en la tortura.


Dicho esto, repito, el Gobierno español tiene que investigar las denuncias por torturas, tiene que aplicar las recomendaciones europeas y de la ONU, tiene que aplicar el derecho internacional y tiene que acabar con el régimen de
incomunicación. Los torturadores no tienen lugar ni en el presente ni en el futuro de Euskal Herria.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Para fijación de posiciones, porque no se han presentado enmiendas, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señora vicepresidenta, señoras y señores diputados, la tortura no es admisible nunca, en ningún caso, por ninguna circunstancia. No importa a quién se aplique ni con qué objetivos. Insisto, la tortura no es
admisible. No puede serlo nunca, no puede ser considerado ningún tipo de atenuante en un Estado social y democrático de derecho.


El tema que nos plantea la proponente de esta moción es evidentemente delicado, pero es un asunto que necesariamente hay que tratar, ¿por qué no? Es cierto que no ayuda para serenar la discusión que la proponente proceda de un grupo que
parece que ahora se ha convertido en superdefensor de los derechos humanos y que, hay que decirlo todo, no han denunciado durante muchos años el derecho a la vida, a la libertad personal; han justificado amenazas personales, secuestros o tiros en
la nuca, a veces con la palabra y otras veces con el silencio. Pero, por supuesto, este tema hay que tratarlo y hay que hacerlo porque no es que lo diga un grupo político, sino que incluso instancias y organismos internacionales -por ejemplo, los
relatores- han mencionado la existencia de este tipo de circunstancias. En el año 2004 se manifiesta por el relator de la ONU para la tortura que esta no es sistemática en España, pero que, a su juicio, podría ser una práctica más que esporádica e
incidental; no se pueden considerar una invención las denuncias de malos tratos por personas acusadas de terrorismo en España. Posteriormente hay un informe, que se amplía a más países, que dice que la tortura y los malos tratos no son prácticas
sistemáticas en España; aún así, se podrían dar casos aislados. También incluye a Holanda y a Alemania. En el año 2009 el propio relator hablaba de prácticas de tratos crueles, inhumanos o degradantes que continúan ocurriendo de manera esporádica
o incidental en España.


Torturas ha habido; las ha habido en algunos casos que todos conocemos. Sabemos qué ocurrió con el caso de Lasa y Zabala, con el de Arregui, con el de Zabaleta y con el de Unai Romano. Además, los tribunales españoles también lo han
sentenciado así en alguna ocasión. Por no ir muy atrás en el tiempo, el 30 de diciembre de 2010 la Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó a cuatro guardias civiles a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de torturas graves a unos
detenidos miembros de ETA. Por tanto, se ha dado. ¿Es sistemático? No creo que lo sea. No será un asunto sistemático ni seguramente será habitual ni el pan nuestro de cada día, pero que se produce o que se ha producido es cierto. Que algunas
denuncias han podido ser falsas, seguramente también es cierto, todo hay que decirlo. Por ejemplo, todos nos acordaremos del manual Atxiloketari Aurre Eginez, 2º zkia que se incautó a Igor Portu y Martín Sarasola en enero de 2008, que decía
literalmente: Decidle al forense que escriba que te han torturado tanto física como psicológicamente, y posteriormente ante el juez son declaraciones hechas bajo tortura. Esto es cierto. Probablemente no es sistemático y probablemente algunas
denuncias han sido falsas, pero probablemente no. Seguro que ha habido casos de tortura y es cierto también que en muy pocas ocasiones se ha investigado y que en los posteriores juicios, en la mayoría de los casos, los acusados han sido absueltos o
condenados a penas ridículas y con el tiempo incluso algunos de los que formaban parte de los cuerpos de seguridad del Estado han sido condecorados y ascendidos, lo cual, sinceramente, da que pensar, porque, aunque solo fuera una la denuncia, aunque
solo fuera uno el caso



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debería ser investigado y castigado. Todo partido político y toda representación que se tenga por democrática tiene que estar de acuerdo ante esta afirmación.


Si examinamos el contenido de la moción consecuencia de la interpelación -voy acabando, señora vicepresidenta- presentada por el grupo proponente, en primer lugar, se habla de la derogación de la incomunicación como régimen de detención.
Este asunto lo han venido solicitando no solo los relatores, sino también Amnistía Internacional, que, por cierto, en el informe de 2009 decía también que las torturas no son algo habitual, pero que tampoco constituyen un caso aislado, así como de
aplicar de manera más sistemática el método Garzón de cámaras que graben continuamente a los detenidos en incomunicación, pero la incomunicación es un régimen de absoluta excepción, y si siempre ha habido motivos para tener que eliminarlo, creo que
ha llegado el momento para que se dé definitivamente ese paso. En segundo lugar, se dice que el Estado español investigue las denuncias por tortura. Pues claro; aunque solo haya una, siempre hay que investigar una denuncia por tortura para luego
llegar a la conclusión equis, pero hay que investigar. En tercer lugar, que el Estado español aplique las recomendaciones de la ONU, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Europa para la prevención de la tortura en lo que a las
detenciones se refiere. Evidentemente. ¿Cómo se va a negar el Estado español a aplicar las recomendaciones de la ONU? Debería aplicarlas, claro que sí. Y por último, se nos solicita que el Estado español aplique el derecho internacional con las
víctimas de la tortura, es decir, que restituya, indemnice y dote de ayuda médica a las personas que han recibido malos tratos cuando han sido detenidas. Eso es exactamente lo que dice el derecho internacional; lo ha dicho Amnistía Internacional
una y otra vez. Por tanto, lo que se está pidiendo no es nada extraño ni estrambótico. Además, coincide con los acuerdos que han sido adoptados mayoritariamente una y otra vez en el Parlamento vasco. Por ello, en coherencia con lo que hemos
defendido siempre y votado en el Parlamento vasco, en esta ocasión también votaremos favorablemente a lo que se menciona en la parte expositiva de esta moción presentada por parte de Amaiur.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Empezaré por decir que lo que hoy se somete a consideración y a debate por parte de Amaiur no es una iniciativa para acabar con la tortura, es una iniciativa para reivindicar la historia de terror de ETA. Es una iniciativa para escribir una
historia paralela y falsa de lo que ha sido el terror de ETA, fundamentalmente durante la democracia. Porque ETA ha asesinado a más de 800 personas durante la democracia y a 40 personas durante la dictadura. Por tanto, no estamos hablando de cómo
combatir la tortura. Ustedes, los testaferros de ETA, nos traen aquí un debate para reivindicar la historia de terror de ETA. De eso es de lo que ustedes nos quieren hablar, nos han hablado hoy y nos hablaron hace una semana cuando plantearon la
interpelación al Gobierno.


La historia de la tortura en democracia está en este libro. (Muestra el libro titulado: Vidas rotas: Todas las víctimas de ETA). En este libro está la historia de la tortura en democracia en España, la tortura que terminó en crimen.
Aquí, en estas páginas, está esa historia: los 857 ciudadanos inocentes asesinados por ETA, por aquellos en cuyo nombre ustedes hablan hoy en esta Cámara democrática. Aquí está la historia de la tortura y del crimen en democracia perpetrado por
una organización terrorista que mataba para conseguir destruir la institución democrática; todas, también está en la que hoy estamos hablando. Este libro empieza con una frase de José María Múgica el día en que se cumplía el decimotercero
aniversario del asesinato de su padre. Decía José María Múgica: Se tiene que saber quiénes son las víctimas, sus nombres y apellidos, su historia anónima de persecución, de humillación y de ofensa; y quiénes son los victimarios, que tienen
también su nombre y apellidos, por qué están en la cárcel y qué es lo que hicieron. Hay que saber quién murió y quién mató. Esa es la historia que ustedes, los testaferros de ETA, quieren tapar con este relato para cambiar la verdad y para cambiar
la historia. Por eso ustedes vienen hoy a hablar de tortura a esta Cámara democrática, que ha sobrevivido a la tortura y al crimen practicado por sus representados. Ustedes, los testaferros de ETA, pretenden cambiar la historia convirtiendo a los
criminales en víctimas. Ustedes, los testaferros de ETA, vienen a esta Cámara a tratar de ensuciar la historia ejemplar de miles de hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -policías autonómicos, policías municipales y
policías locales- que arriesgaron su vida para



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evitar que triunfaran sus representados acabando con la sociedad plural y democrática que en esta Cámara está representada.


Ustedes, que vitorean a sus representados cuando tienen éxito, o sea, cuando consiguen torturar y asesinar, ustedes, que les vitorean cuando tienen éxitos, vienen aquí a hablar de torturas.


Señorías, si un policía tortura, no cumple con su deber y es juzgado y castigado por la justicia. Esa es la diferencia, que cuando un policía tortura, no cumple con su deber y por eso es castigado por la justicia; sin embargo, cuando un
terrorista tortura sube de escalafón y ustedes, los testaferros de ETA aquí presentes, le consideran un héroe. Sí, por torturar y asesinar a todos estos, por hacerlo, ustedes les hacen homenajes cuando salen de las cárceles y les consideran héroes
o presos políticos, que también se lo hemos oído decir aquí, en esta Cámara. Ustedes, los testaferros de ETA, están empeñados en que olvidemos que ha habido víctimas y verdugos, que las víctimas son siempre inocentes y que los verdugos son siempre
culpables. Los verdugos, en cuyo nombre ustedes hablan, insisto, son siempre culpables. Ustedes, los testaferros de ETA, quieren que olvidemos, pero olvidar sería volver a matar a las víctimas. Por eso no vamos a permitir que ustedes, los
testaferros de ETA, triunfen en su empeño y vamos a recordarles en público, sí, en público y en Cámara parlamentaria, quiénes son ustedes y a quiénes defienden. Ustedes defienden a asesinos sanguinarios que están orgullosos de serlo, defienden la
historia de terror de Kubati, por ejemplo, que declaró en el juicio por el asesinato de su excompañera de militancia Yoyes -abro comillas-: soy un profesional y obedezco órdenes. Por su parte, Yoyes dejó escrito -abro comillas-: tengo la
convicción de que mi seguridad no peligra por parte de las fuerzas de seguridad españolas; si me matan, ETA será la culpable. Efectivamente, ETA la asesinó. Ella les conocía bien. Sus representados, aquellos en cuyo nombre ustedes hablan,
cumplen con su obligación, como dije antes, cuando torturan y asesinan. Kubati, el mismo que desde prisión declaró tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco: estos días en los que todos los ataques han ido contra nosotros me he sentido
más orgulloso que nunca de ser lo que soy.


¿Qué decirles a ustedes, testaferros de ETA, de otro de sus ilustres representados, De Juana Chaos, que declaró también en prisión y tras el asesinato de Jiménez Becerril y su esposa Ascensión: Yo con esto ya he comido para un mes? Ustedes
defienden a los asesinos de 857 ciudadanos torturados hasta la muerte por ETA.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que terminar.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidenta.


Sus voces, las voces de aquellos que asesinaron quienes ustedes representan, ya no pueden ser escuchadas; alzamos nuestras voces en su nombre. No consentiremos que ustedes, testaferros de ETA, ensucien la historia de ejemplo y de valor de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de los ertzainas, de los policías locales; hombres y mujeres que arriesgaron su vida para hacer posible que otros ciudadanos mantuviéramos la nuestra y
para hacer posible que hoy haya democracia. La gran paradoja, señorías, es que el fracaso de los criminales, en cuyo nombre ustedes están hoy aquí, es lo que les permite hablar en esta Cámara.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidente.


Porque si ETA hubiera conseguido su objetivo, ni ustedes ni nosotros estaríamos aquí, sencillamente porque ustedes hubieran liquidado la democracia.


Mi padre, condenado a muerte tras la Guerra Civil, en los últimos años de su vida, cuando habíamos recuperado la libertad y estábamos construyendo la democracia, tampoco tenía miedo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional o a la
Ertzaintza; mi padre temía a sus representados, a esos en cuyo nombre hablan hoy ustedes aquí en esta Cámara. Pero su temor, el temor de mi padre a ustedes, a sus representados, no le llevaba a callar sino a pedir cada día a sus hijos -a mí y a
mis hermanos- que no consintiéramos que triunfara el totalitarismo.


Nunca podremos saldar la deuda que tenemos con tantos hombres y mujeres de la Guardia Civil y del conjunto de policías. Nunca podremos saldar esa deuda ni recompensarles su sacrificio. Siempre estaremos en deuda con ellos.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez.



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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sabemos que hay democracia porque ellos estuvieron dispuestos a ser nuestros escudos y a ponerse en medio para salvar nuestras vidas, dejando las suyas en el camino.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


Por el grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora vicepresidenta.


Dejo unos segundos de silencio para reposar la tribuna después de la intervención de quien me ha precedido, porque de lo que nos tenemos que felicitar todos, y estoy seguro de que en el fondo nos felicitamos todos, es de que,
afortunadamente, ETA ya no mata, de que, afortunadamente, el terrorismo ha sido derrotado; ha sido derrotado por la voluntad de todos los demócratas. Lo que es realmente lamentable es que hoy, en este punto del orden del día y en el punto
anterior, estamos viendo una utilización de la cuestión de forma absolutamente partidista. Eso es muy lamentable. Si algún espíritu había que animó y fue a la derrota del terrorismo y de ETA, hay fuerzas políticas que hoy en este Congresos lo
están enterrando.


Más allá de la defensa que la señora Enbeita ha hecho de su moción y ateniéndonos a la literalidad textual de lo que propone, la derogación de la incomunicación como régimen de detención, que el Estado español investigue las denuncias por
tortura, que el Estado español aplique las recomendaciones de la ONU, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité de Europa para la prevención de la tortura en lo que a las detenciones se refiere, y que el Estado español aplique el derecho
internacional con las víctimas de la tortura, este grupo parlamentario está de acuerdo, como deberían estar de acuerdo todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Nosotros no vamos a poner por delante quién dice qué cosas para acabar mirando
después para otro lado, sobre todo porque, independientemente de su defensa, que le adelanto que no compartimos -no ha sido lo mejor que hayamos oído hoy en esta tribuna, tampoco lo peor, y aún quedan algunas intervenciones-, no lo dice usted, no lo
dice su grupo, lo dicen organismos internacionales. En este último informe (Muestra un documento), que salió hace poco, del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, se desgranan una serie de hechos que tienen un hilo conductor
básico, y es que no se producen unos hechos de tortura sistemáticos en España, afortunadamente, pero cuando se han dado casos concretos ligados a la detención incomunicada no se ha producido la investigación que se tenía que haber producido. La
tortura no es un mal endémico en España, eso lo reconocemos todos, no lo es, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen una labor meritoria en su inmensa mayoría, pero a nadie se le escapa que hay problemas, y es incierto venir a esta
tribuna a decir que cada vez que ha habido una denuncia se ha investigado, porque no es cierto. Cada vez que ha habido una denuncia no se ha investigado. Ha habido veces, y así lo dicen estos informes, que no se ha investigado, que se tenían las
pruebas encima de la mesa y no se ha llevado adelante la investigación por parte de las autoridades que tenían que hacerlo, incluso hay sentencias de tribunales españoles al respecto; sentencias que muchas veces no pueden encontrar culpables porque
cuando se han producido los interrogatorios, y se sigue haciendo, se ha vendado a la persona que se interroga o se ha puesto una capucha el interrogador. Estas son prácticas que tenemos que desterrar definitivamente en España, un Estado que,
efectivamente, no tortura -no podemos decir que el Estado español sea un Estado torturador-, pero tenemos que desterrar la sombra de la duda del sistema democrático español, porque, señorías, hay una sombra de duda, y no la no extiende ningún grupo
parlamentario de esta Cámara, ningún súbdito español siquiera. La sombra de duda sobre determinadas actuaciones en la democracia española, en nuestro sistema democrático, la ponen organismos internacionales con toda la legitimidad y con toda la
imparcialidad que tienen.


Por este motivo, desde este grupo parlamentario y, como digo, sin compartir la defensa de la moción, sí compartimos el texto, porque nos parece justo, más allá de quién defiende las cosas en esta Cámara.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta.


Señorías, hoy no hablamos de un tema menor, hablamos de tortura. Vaya por delante -lo ha dicho el señor Sixto y casi suscribo el cien por cien de sus palabras- que no compartimos algunas de las



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afirmaciones literales de la moción de Amaiur. No creemos que, así como el franquismo torturaba sistemáticamente, la democracia haya sustituido la tortura por el aislamiento para poder mantenerla. No creemos que las cosas vayan por ahí, no
creemos que haya una causa o efecto. Ahora bien, si hablamos del tema, no nos referimos a la palabra de unos contra los demás, y en esto han insistido todos los anteriores portavoces, excepto uno, claro, que me han precedido. Estamos hablando ni
más ni menos de lo que ha dicho el relator de la ONU contra la tortura. Estamos hablando de lo que ha dicho el relator de la ONU de los derechos humanos, de la Comisión de Tortura del Consejo de Europa, que dicen que el aislamiento es condición
necesaria aunque no suficiente para que haya torturas y que estas, de manera aislada, no sistemática, se han producido. Insistimos, no es la palabra de unos contra otros. Lo ha dicho el Consejo de Europa, lo ha dicho la ONU. ¿Y ahora alguien aquí
se va a oponer a que se indemnice a estas víctimas, a que se les dé atención médica, a que se cumplan las resoluciones de la ONU, a que se cumplan las resoluciones del Consejo de Europa? ¿Quién puede? ¿Cómo puede argumentarse tal cosa, que es, ni
más ni menos -lo ha leído el señor Esteban-, lo que dice la moción de Amaiur? Hay siete sentencias -lo cual indica que no es una práctica sistemática-, pero existen siete sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por tortura
y avisos sobre la no investigación sistemática de los casos de tortura, no contra terroristas -me apresuro a decir-, porque parece ser que cuando se pilla a alguien ya es terrorista por definición. Estamos hablando en algún caso de los periodistas
de Egunkaria, que no son ni fueron terroristas ni nada parecido, ni por eso se los condenó, y, en cambio, sí se probó la tortura a su director. Eso es caza de brujas, tiene este nombre. Eso no es luchar contra el terrorismo. Excepcional, de
acuerdo, pero eso es caza de brujas, y en una democracia sólida no se puede mantener.


Cuando yo era pequeño, al final del franquismo, primera transición, cuando tenía trece o catorce años, oía muy a menudo por televisión una expresión que, aun siendo pequeño, me perturbaba, no la entendía. Después de una detención decían:
Tras ser interrogado hábilmente, confesó pertenecer a. Tras ser interrogado hábilmente, confesó haber cometido tal. Yo era pequeño, pero la frase me inquietaba, eso de los hábiles interrogatorios que existieron al final del franquismo y al
principio de la Transición. Inocente de mí, no lo entendí hasta que vi una viñeta del humorista Forges en la que se estaban peleando dos personajes y uno le decía al otro: Cállate o te interrogo hábilmente. Entonces entendí a qué se refería la
expresión televisiva.


Con esto ya termino. La cuestión de fondo es que una democracia sólida no se puede permitir en ningún caso una tortura o que la sospecha de una tortura quede en la impunidad. Entendemos que las solicitudes de Amaiur, que al fin y al cabo
solo se remiten a cumplir lo que dice la legislación internacional, son absolutamente legítimas. Por tanto, votaremos favorablemente para que en este Estado, en el Estado español, nunca más se confiese lo que sea después de haber sido hábilmente
interrogado.


Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Guillaumes.


Por el Grupo Socialista, señor Sicilia.


El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, leyendo el título de la moción muchos podrían pensar que este es un debate pertinente tras la detención de dudoso proceder que hace una semana se realizaba por parte de los Mossos d'Esquadra en Barcelona y que, como saben, está
siendo investigada. Pero Amaiur no viene hoy a plantearnos esta cuestión, no viene a plantearnos mejorar los protocolos de detención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni viene a plantear una mejor formación para policías y guardias
civiles a la hora de proceder a una detención o a la custodia de un detenido. No, señorías. Hoy Amaiur, y no nos engañemos, con esta moción viene a decirnos que quienes durante años asesinaron, extorsionaron y ampararon el terrorismo también son
víctimas, para así tratar de equipararlas con aquellos que han sufrido el zarpazo del terrorismo de ETA.


Señora Enbeita, ha hablado usted y ha dado muchos nombres. He echado en falta algunos, algunos víctimas de ETA, a los que usted no ha mencionado. Señorías, es innegable que se dan casos de abusos policiales, incluso de maltrato -ahí están
las sentencias-, algo que evidentemente, como no puede ser de otra manera, desde mi grupo condenamos y rechazamos, pero algunos casos puntuales y aislados no pueden servir de coartada para lo que pretende esta moción, que no es otra cosa que hacer
creer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de nuestro país maltratan a detenidos de manera sistemática y que el Estado es cómplice porque lo ampara y no lo investiga, afirmaciones, señorías, que no solo son



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una barbaridad y una falacia, sino que son tremendamente injustas dada la labor profesional y abnegada que a diario hacen miles de policías, guardias civiles, policías autonómicos y municipales, una labor que les ha llevado a ser una de las
instituciones -nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad- más valoradas y respetadas por la sociedad.


Señora Enbeita, habla usted de denuncias por malos tratos y sabe bien que una denuncia no supone que lo denunciado sea cierto. Es verdad que ha habido denuncias que se han investigado, se han comprobado y hoy quienes han sido acusados están
cumpliendo condena, pero también es cierto que en multitud de ocasiones se producían denuncias por malos tratos y torturas de los miembros de ETA que eran detenidos y que tras las investigaciones pertinentes se demostraban falsas, y como bien le
decía el portavoz del PNV, esas denuncias se producían porque había un manual con el que la banda terrorista ETA instruía a sus miembros para decirles que si eran detenidos lo primero que tenían que hacer era decir que habían sido maltratados y
negarse a declarar ante el juez. Es curioso, la propia banda terrorista recomendaba a sus miembros que denunciaran. Lo hacían porque saben que en nuestro país el sistema judicial funciona y que las denuncias se investigan, señorías. Critican ese
sistema judicial porque en algunos casos lleva a cabo la incomunicación de detenidos, incomunicación que, no nos olvidemos, en muchos casos ha evitado la muerte de mucha gente; una incomunicación que siempre, como ya se les ha recordado, es
excepcional y decidida y supervisada por un juez, precisamente los mismos que forman parte de este sistema judicial que ahora decide que a un terrorista no puede seguir aplicándosele la doctrina Parot y tiene que ir a la calle. Son los mismos
jueces del mismo sistema judicial, señora diputada, que no se le olvide.


Nuestro Estado de derecho y la justicia, esas son las vías para denunciar lo que se estime, torturas o maltratos, cualquier denuncia, pero siempre en el marco de nuestro Estado de derecho y de la justicia, y no una moción tramposa que
esconde viles pretensiones. Porque esta moción no persigue que se cumpla con la legislación internacional -faltaría más, no nos engañemos-, esta moción lo que persigue es acusar a los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de maltratar a
los detenidos, lo que persigue es pretender acusar al Estado de amparar y permitir el maltrato y, bajo estas dos premisas, lo que persigue, y llega la parte sustancial de su moción, señora Enbeita, es decir y afirmar que existen víctimas del Estado,
para las que ustedes reclaman reconocimiento y reparación, tratando así de equipararlas con las víctimas de ETA. Por más que se empeñen en cambiar la realidad, y voy terminando, señora presidenta, lo cierto es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
no maltratan a los detenidos más allá de episodios aislados y condenables que puedan producirse y que son perseguidos por el Estado, porque tampoco el Estado trata de amparar ese maltrato. Esa es la realidad.


También le digo que mi grupo tiene muy clara su posición cuando hablamos de política antiterrorista y de víctimas del terrorismo, y no plantearemos medidas populistas, como lo hacía la anterior moción, que supone darle una patada al artículo
25 de la Constitución, en la que a veces se envuelven unos partidos y otras la dejan al margen, pero tampoco vamos a hacer tabla rasa cuando hablamos de terrorismo y de sus víctimas, porque jamás vamos a poder poner en el mismo escalón, ni jamás
podrán tener la misma consideración los guardias civiles, policías, ertzainas, mossos d'esquadra, policías forales, municipales y gendarmes, que han dado su vida por defender la democracia y defender nuestra seguridad, jamás los podremos poner en el
mismo lugar que a aquellos que los mataban, que a aquellos que aplaudían cuando los mataban o que a aquellos que en todo momento justificaban esas acciones.


Señora Enbeita, por eso rechazamos su moción, porque ustedes no persiguen que se cumpla la legislación internacional. Ustedes lo que persiguen es equiparar a víctimas que en ningún momento podrán ser iguales.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sicilia.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Vázquez Blanco.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Con la venia, presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para rechazar clara y contundentemente esta moción de Amaiur y mostrar nuestro total e inequívoco apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las miles de víctimas que han
sufrido el terror de ETA. Nuestro recuerdo y homenaje estará siempre presente. (Aplausos). Permítanme, como ourensana, personificar este recuerdo en Miguel Ángel Blanco, un hijo de ourensanos del Ayuntamiento de A Merca que, como muchas familias
gallegas, emigraron al País Vasco en busca de un futuro mejor y que vieron cómo asesinaban a su hijo simplemente



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por defender la libertad y el Estado de derecho. Con la frase del ministro que le dijo a usted, señoría, que escucharla y leer el texto de esta moción es una tortura, ya podría finalizar, pero en honor a los compañeros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado le voy a decir algo más.


Señorías, llevo trece años como diputada en esta Cámara y la semana pasada, cuando se debatía esta interpelación, al oírla a usted no dejaba de recordar otra vez al mundo de ETA. Es evidente que algo tienen que ver con su mundo, entre otras
cosas porque cada vez que suben a esta tribuna es para recordarnos a esos afables terroristas: que si un día hay que cambiar la Ley penitenciaria para favorecerlos; que si otro día son torturados por la Policía y la Guardia Civil, cuando todos
sabemos que es un hecho conocido y constatado que ETA tiene diseñada la estrategia, respecto a sus detenidos, de que denuncien siempre torturas y malos tratos, es su modus operandi para, de alguna manera, interrumpir sus procesos por terrorismo.
Los escasos casos -que los hubo- ya han sido todos condenados y utilizar esta moción de manera tramposa, para que caigan en esa tentación CiU e Izquierda Unida con usted para condenar las torturas, creo que también es o una falta de conocimiento o
no haber estado presentes en la interpelación de la semana pasada, en la que la señora de Amaiur solo se refería a los casos de tortura de los presos de ETA.


Permítanme por todo ello decirles que no dejan de ser su voz en este Parlamento y que gracias a que vivimos en un Estado de derecho -que usted cuestiona, pero que le permite estar aquí de diputada- puede decir todo lo que dice, injurias y
barbaridades que nos resultan a la inmensa mayoría de esta Cámara repugnantes. (Aplausos). Pero, señoría, la escuchamos con el máximo respeto personal y parlamentario. Esa es la grandeza de nuestro sistema democrático, que la escuchamos con
respeto. Su primera frase el otro día en la interpelación, era: Desde el día en que se fundó la coalición Amaiur, adquirimos un fuerte compromiso en defensa de todos los derechos humanos sin excepciones. Señoría, ¿pero cómo puede decir eso usted
que pertenece a un partido que nunca ha condenado los crímenes cometidos por ETA, que nunca le ha exigido su disolución incondicional, que nunca ha pedido perdón para todas las víctimas de ETA? ¿Cómo puede decir eso usted, señoría? Ese mundo, al
que su grupo Amaiur representa, no solo no ha pedido perdón, sino que ha estado jaleando esos asesinatos de ETA y se ha beneficiado precisamente de ese terror, señoría.


Nos decía usted el otro día que debíamos superar el franquismo de una vez. ¡Vaya fecha la de hoy! Y usted utilizó todo su tiempo la semana pasada para hablar de él. ¡Usted vive en una anacronía permanente, señoría! Yo nací en 1975. Al
igual que una inmensa mayoría de esta Cámara, nacimos con la democracia, y el único totalitarismo con el que hemos convivido ha sido precisamente el totalitarismo de ETA (Aplausos), esa ETA que usted en su intervención no ha mencionado ni una sola
vez, y solo se refiere a los terroristas como vencidos que claman justicia. Esos pobres vencidos asesinaron a 203 guardias civiles y a 146 policías nacionales. A esos héroes de la democracia les han asesinado sus amigos por el mero hecho de
defender a España y por el mero hecho de llevar un uniforme, señoría, por llevar un uniforme. Hoy podemos proclamar la victoria de la democracia gracias a la unidad de todos los españoles y a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, gracias a esos más de 155.000 hombres y mujeres que cada día arriesgan la vida por los demás -incluso por nosotros, señorías-, y que son los mejores valorados por la sociedad española. Por tanto, señorías, nuestras únicas deudas son con
quienes han entregado la vida en defensa de la libertad y en defensa de los derechos humanos y con las víctimas del terror de ETA.


Trabajamos por un futuro de democracia en libertad, para que los terroristas no logren ninguna de sus pretensiones, que nada pueda justificar sus crímenes o reescribir su historia. Esa idea de que todos hemos sufrido, de que da igual los
guardias civiles y policías que han muerto asesinados por ETA que los asesinos de ETA, que le cuentan a usted que son torturados, esa idea no vale, porque unos, señorías, son víctimas y otros son verdugos. (Aplausos). Ustedes están intentando
escribir un libro de ficción, un cuento que legitime a la banda terrorista e intentar hacer creer que los miembros de ETA detenidos o en prisión son las víctimas, tratando de justificar así sus crímenes, su extorsión, su chantaje, en definitiva, su
terror, pero no lo vamos a permitir, señorías.


Permítame una reflexión para finalizar. Usted el otro día terminaba diciendo que su padre le contó cómo fue torturado, en palabras de usted, por el Estado español. Y yo le digo, ¡qué suerte la suya, señoría, que puede escuchar la voz de su
padre! En cambio, no han tenido la misma suerte que usted los hijos, esposas, padres de los 857 asesinados por la banda terrorista ETA, que nunca más podrán oír su voz. Sea valiente, señoría, y piense algún día en ellos también y suba a esta
tribuna a hablar de su reparación y de su perdón.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Vázquez.



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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000118).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política de inmigración del Gobierno. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Pérez
Domínguez.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy desafortunadamente en esta tribuna vamos a hablar mucho de Melilla y quería empezar por desearle una pronta recuperación a nuestro compañero, diputado por Melilla, Antonio Gutiérrez, que ha sufrido un infarto. Deseamos que se
recupere pronto y que pueda volver a estar pronto con nosotros. (Aplausos).


Señorías, la semana pasaba el Grupo Socialista formulaba una interpelación al Gobierno sobre la política de inmigración, pero tras la intervención de la ministra Báñez nos encontramos una vez más con la contradicción y ocultación, yo creo
que premeditada, de la verdadera política, demostrando que una cosa es el discurso y otra los recursos y las actuaciones. Si la señora Báñez estuviera aquí, que no está, le diría, y se lo digo a ustedes, que no se puede estar a favor de los
trabajadores y en contra de su derecho a la huelga, como ayer sucedió con lo que ustedes apoyaron, porque es su lucha y el ejercicio de su derecho lo que ha impedido que se vayan a la calle muchos trabajadores de la limpieza en Madrid; que no se
puede estar a favor de la integración de los inmigrantes y de su dignidad y poner cuchillas para que se hieran o denegarles la asistencia sanitaria para que se curen y anular las políticas de integración.


Dos días después de la interpelación que se debatió aquí, donde hubo muy buenas palabras y parecía que mejores intenciones, nos encontramos con la decisión de instalar en la valla de Melilla unas terribles cuchillas que causan graves heridas
en las personas que pretenden llegar a España. Por eso hoy todos los grupos de la oposición hemos presentado una enmienda pidiendo que se revoque esta decisión y se eliminen y se retiren las ya instaladas. No traten de engañarnos. No es posible
defender en Europa una posición moderada y actuar aquí como la peor versión del populismo xenófobo. Piensen una cosa, señorías, piensen, por ejemplo, si Marine Le Pen estuviera de acuerdo con sus medidas, y yo creo que es así, entonces es que van
por el camino equivocado.


Señorías, en Lampedusa se vivió una tragedia terrible que nos conmocionó, pero hay muchas Lampedusas y no solo en Italia, también en el desierto, en Níger lo hemos visto hace unos días. No es posible que nos escandalicemos y rasguemos las
vestiduras cuando cientos de personas pierden la vida en el mar y, al mismo tiempo, este Gobierno tome medidas tan terribles, como se ha demostrado, y tan ineficaces como la instalación de estas cuchillas. Si de alguna manera hay que valorar esta
Lampedusa, es aún peor esta decisión, porque no la provocan unas mafias que aprovechan la vulnerabilidad de quienes huyen de la guerra, escapan de la persecución por su orientación sexual o de las hambrunas y de la enfermedad; la provoca la
decisión de un Gobierno no solo insensible, de un Gobierno que desprecia la misma vida humana que con tanta pasión defiende en otros ámbitos. Porque sean de otro origen o de otro color, señorías, esas vidas tienen la misma dignidad y el mismo
valor.


Los socialistas cometimos el error de instalar esas mismas cuchillas en una decisión que ya estaba tomada por el anterior Gobierno, pero las retiramos al comprobar los terribles efectos que causaban a las personas. El Consejo de Europa, la
Defensora del Pueblo, Amnistía Internacional, miles de ciudadanos con sus firmas y este Parlamento les estamos pidiendo y les exigimos que retiren esta arma capaz de causar daños indiscriminados a personas que no se pueden defender. Y no esperen a
la investigación del fiscal general del Estado, porque, según él, no es un proceder ajustado a derecho y además por cuestiones de estricta humanidad, y ya conocen por tanto cuál va a ser la conclusión.


Deben retirar de su acción de Gobierno decisiones xenófobas, crueles y de consecuencias terribles como es la retirada de la tarjeta y la asistencia sanitaria a miles de inmigrantes. Recapaciten y repongan la asistencia sanitaria para todos.
La gente padece y sufre sin atención médica poniendo en riesgo su vida y la única respuesta del Gobierno es ofrecerles un seguro médico que, según publicaba recientemente una revista médica, solo ha sido suscrito por tres personas. Además, estas
decisiones claramente xenófobas con la inmigración las extienden ahora a la asistencia humanitaria. Mientras Italia desmonta una legislación inhumana que considera delito la atención humanitaria a los náufragos de Lampedusa, su Gobierno imita ahora
a los de Fini y Berlusconi. Por favor, retiren de inmediato de su reforma de Código Penal la penalización a las personas y ONG que presten ayuda sin ánimo de lucro a los extranjeros que se encuentren irregularmente en nuestro país, porque, señorías
del PP, no van por buen camino. La



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política de inmigración exige reforzar las políticas de acuerdos y de cooperación con los países de origen y con los países ribereños, y ello no se consigue reduciendo la ayuda al desarrollo que, según la OCDE, está ya por abajo del 0,15 %.
No se consigue reduciendo la partida de ayuda humanitaria no solo para catástrofes, como hemos visto ahora mismo en Filipinas, que tampoco llega a la situación que padecen ya millones de refugiados sirios. No se consigue eliminando el Fondo de
integración de los inmigrantes y los programas en colaboración con comunidades autónomas y entes locales recogidos en el plan estratégico. No se consigue poniendo muros con cuchillas. No se consigue llegando a un Consejo Europeo y aplazando las
decisiones sine die. No se consigue, como ha pasado hace tan solo dos días, diciendo que hay que hacer más política europea mientras rechazan poner más recursos en común y ya se apañarán Italia y los países del Mediterráneo con sus propios medios.


Les presentamos una moción absolutamente sensata, responsable, que les pide una política seria que nos garantice a todos la seguridad jurídica que nos hace iguales y no que nos haga más desiguales a unos que a otros; políticas y recursos
que continúen haciendo el trabajo que ha permitido a nuestro país mostrar con orgullo la actitud cívica y solidaria de nuestros ciudadanos, esa de la que ha presumido el presidente Rajoy en Bruselas, esa herencia que dejamos con la tarea que se hizo
con la inmigración en este país en los últimos años. Les pedimos que desarrollen una verdadera política de asilo y de lucha contra la trata de personas, especialmente de mujeres y de menores. Les pedimos que no apliquen medidas inútiles xenófobas,
que van contra los derechos humanos, contra la dignidad de las personas y contra la vida. Retiren esas criminales cuchillas que han instalado contra toda razón y contra todos y hagan todo esto aquí donde gobiernan y, una vez hecho, podrán trabajar
y podrán exigir en Europa una verdadera política migratoria en el seno de la Unión Europea.


Se han presentado distintas enmiendas a nuestra moción. Quiero anunciarles que las enmiendas que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió van a ser aceptadas y prácticamente todas las enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural, salvo
una que esperamos transar con otra enmienda que ha presentado Esquerra Republicana y el Grupo Mixto. Y siento mucho no poder aceptar la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Popular. Al parecer, se está haciendo todo estupendamente,
la integración funciona y todo se está haciendo en este país de maravilla, cuando la realidad es que se están produciendo situaciones que no dicen nada bueno de este país, ni de nosotros, ni de la dignidad, ni del respeto por los derechos humanos,
de los que hace unos segundos también se hablaba en esta misma tribuna.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.


Efectivamente se han presentado diferentes enmiendas. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, debo decirles que en términos generales estamos de acuerdo con la moción presentada por el Grupo Socialista, una moción sábana que tiene siete puntos. Es una moción que integra un universo de problemáticas, repito, con las que
estamos básicamente de acuerdo. Es cierto -atendiendo al hecho de que la diputada y amiga ha hecho un ejercicio de autocrítica con respecto a las cuchillas instaladas en la verja de Melilla- que, puestos a hacer, valdría también la pena que se
hubiera ampliado un tanto esta moción solicitando, por ejemplo, la modificación de la Ley de Asilo, ley que ha convertido al Estado español en uno de los Estados más insolidarios de la Unión Europea; también pediríamos la derogación de la Directiva
europea sobre retorno, la famosa Directiva de la vergüenza, que permite mantener a un ciudadano internado hasta dieciocho meses, así como, por ejemplo, ratificar -y digo ratificar puesto que la aprobación ya está hecha- la Convención internacional
sobre la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias.


Vayamos a lo positivo. Estamos básicamente de acuerdo con esta moción presentada por el Grupo Socialista, ahora bien, hemos presentado dos enmiendas. Una de ellas, que es la que ha dado pie a esta enmienda firmada por distintos grupos
parlamentarios, lo que hace es instar al Gobierno a retirar de forma inmediata las cuchillas instaladas en la verja de Melilla. Debo decirles que ayer, ante mi sorpresa y creo que también de la diputada Rosa Díez, porque así lo comentamos, el
fiscal general del Estado puso cara de póquer y de hecho dijo que no tenía conocimiento de ello, lo que provocó un cierto vértigo. Aun así es cierto que ha reaccionado de forma inmediata y hoy mismo hemos leído en la prensa -también ayer lo
anunció- que tomaría cartas en el asunto. De lo que se trata es de instar al Gobierno para que las retire, y no voy a hacer valoraciones de carácter moral porque creo que todos podríamos llegar a coincidir en lo



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que diría, que es una vergüenza y hay que retirarlo, y va a honrar al Gobierno el hecho de que lo haga de forma inmediata. Creo incluso que deberíamos intentar buscar un redactado que pudiera permitir la aprobación de este punto junto con
el Gobierno.


También hemos presentado otra enmienda relacionada con los centros de internamiento de extranjería. En su intervención de ayer, el fiscal general del Estado informó en su memoria del año 2012 de que de los 5.924 extranjeros internados en
los centros de internamiento 3.217 fueron puestos en libertad. Fíjense qué problema tenemos. Son pequeños guantánamos, porque ustedes saben perfectamente que en ellos no están reconocidos los derechos fundamentales. Lo hemos dicho multitud de
veces: una persona internada en un centro penitenciario tiene reconocidos muchos más derechos que una persona internada en un centro de internamiento y que ha cometido solo una falta de carácter administrativo.


Pues bien, ¿tiene sentido que haya 3.217 expedientes que finalmente no culminan y que, en cambio, en ese intervalo de tiempo estas personas estén internadas en esos centros? Repito, el mismo fiscal general del Estado dice que esto es un
déficit y que hay que resolverlo. De manera que nosotros, ¿qué hemos hecho en la enmienda? Lo que hemos hecho en la enmienda, aparte de instar el cierre de los centros, es que, en su defecto, no solamente queremos que se reconozcan todos los
derechos fundamentales -es decir la tutela judicial, una correcta habitabilidad, denunciada también por el fiscal general del Estado, la comunicación con su entorno y el exterior garantizada, la asistencia médica independiente así como el acceso de
la sociedad civil a las dependencias-, sino que entendemos que haría falta excluir del internamiento a las personas ya identificadas. Esta es nuestra demanda. Creo que estamos en línea con lo que dice el ministerio fiscal, que estamos en línea con
lo que dicen todas las entidades dedicadas a la atención de estas personas. Aun así, la transaccional que nos ha ofrecido el Grupo Socialista no incluye esta última demanda nuestra contemplada en la enmienda. Bien, pues lo interesante es que se
apruebe por parte de todos que el Gobierno de forma inmediata -repito, de forma inmediata- apruebe finalmente el reglamento de estos centros. Y lamentamos que el Partido Socialista no pueda ir un poquito más allá e incluir esta demanda de excluir
del internamiento a aquellas personas que ya han sido identificadas, porque si ya han sido identificadas, ¿por qué se las encierra? Esta es la pregunta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


En primer lugar y fundamentalmente lo que quiero es mostrar en nombre de mi grupo el apoyo a la iniciativa que acaba de defender el Grupo Socialista. Me parece pertinente, en todo caso, que tengamos aquí este debate, sin perjuicio de que
algunas de las cuestiones que forman parte de la moción podrían ser más propias de un debate incluso de presupuestos, porque algunas de las cuestiones que aquí se plantean tienen que ver con enmiendas presupuestarias que en algunos casos tanto
ustedes como nosotros hemos hecho aunque hayan sido rechazadas. Insisto, me parece importante que sigamos hablando de esta cuestión y que sigamos haciendo pedagogía democrática también en este caso hablando en nombre de muchas personas que tampoco
tienen voz si no se la damos nosotros en esta Cámara.


Efectivamente, en mi grupo nos felicitamos por haber alcanzado un acuerdo para que se retiren esas cuchillas, que ya ni siquiera las quieren llamar así porque aquí una de las perversiones es llamar a las cosas por los nombres que no son para
ver si así pasa desapercibida la atrocidad, en este caso la de poner cuchillas en las vallas de Melilla. Nos congratulamos por haber llegado a ese acuerdo. Tenía razón el señor Tardà cuando recordaba que ayer, ante nuestra perplejidad, el fiscal
general del Estado dijo: 'Bueno, si esto se produce, actuaré'. ¡Como si no se hubiera producido ya! En todo caso, bienvenido sea que vayan a rectificar, que se vayan a retirar, también en coherencia con algunas reivindicaciones que hemos hecho no
solo en esta Cámara, en el caso de mi grupo a través de preguntas al Gobierno, sino en el Parlamento Europeo por el diputado de Unión Progreso y Democracia Paco Sosa Wagner, que preguntaba a la Comisión hace unos días precisamente sobre esta
cuestión. Por tanto, pertinente la moción, muy pertinente el debate, muy oportuno por las cuestiones que están en el texto y por aquellas que se han incorporado por las enmiendas de otros grupos parlamentarios. Son cuestiones que se han planteado
aquí y que tienen que ver con el asilo, con el retorno, con los centros de internamiento de extranjería, con la necesidad urgente de que se apruebe ese reglamento, que sea efectivo y se corrijan



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también desde esa perspectiva todo tipo de anomalías y de vulneraciones de la ley y de los derechos humanos, por supuesto, para llamar a las cosas por su nombre.


Haré una última reflexión para todos y particularmente para el grupo proponente en la que yo creo que podemos estar bastante de acuerdo. La moción, que proviene de una interpelación, es sobre la política de inmigración del Gobierno. Esta
es una cuestión en relación con la cual hemos mostrado nuestro acuerdo en diversas ocasiones. No puede haber una política de inmigración en el territorio europeo exitosa si no hay una política europea, y esta es la cuestión, que tiene que haber una
política europea y unos recursos europeos, no para poner vallas más grandes, más altas y más dificultosas, no solo para acordar los cupos -en el sentido positivo de la palabra- de cuántos ciudadanos que proceden de otros países podemos integrar en
condiciones, y digo integrar, no ponerlos a vivir en guetos. No solamente para eso, sino sobre todo para que Europa sea lo que decidimos en su momento que tenía que ser, un espacio no solo para vivir en democracia y en libertad, para garantizar
derechos fundamentales, un modelo social, un modelo de bienestar, sino también para extender la democracia, para promover la democracia y el respeto de los derechos humanos en el mundo. Europa tiene que trabajar también en los países de origen. Lo
decimos muchas veces pero lo hacemos muy pocas, o lo hacemos muy poco, para decir las cosas como son. Tenemos que trabajar en eso y hacerlo desde la perspectiva europea en las dos vertientes, en la política y en la económica, porque si no no
resolveremos este drama. Es un problema, pero la inacción en términos políticos de todos los europeos lo convierte en un drama y supera al Gobierno español y a cada uno de los Estados miembros, porque, señorías, no nos engañemos, no hay valla ni
océano que pueda detener a quien se arriesga a vivir. Los que vienen lo que asumen es el riesgo a vivir porque saben que, si se quedan en sus países de origen, tienen la muerte garantizada para ellos y para sus familias. Por tanto, para evitar que
quien se arriesga a vivir muera en tantísimas ocasiones, hay que trabajar con un criterio europeo, con un criterio que fomente la democracia y la defensa de los derechos humanos; hay que trabajar en clave nacional, pero sobre todo en clave europea.
Tenemos una cita política dentro de nada -no electoral, sino política- para seguir trabajando en esta materia también en la instancia europea, para vencer el nacionalismo de los Estados miembros y lo que nos tememos pueda ser en el futuro un
parlamento en el que se sienten personas que no crean en la Unión y que sean claramente xenófobas y antieuropeas.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


Vamos a dar la palabra al PNV ahora porque el señor Olabarría se ha incorporado un poco tarde. Adelante, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Perdone que distorsione el orden del debate, pero no tenía la conciencia -luego la he recuperado- de que hemos suscrito con el grupo proponente una enmienda de naturaleza colectiva. Ya estábamos de acuerdo con el contenido de la moción
original y estamos de acuerdo con el contenido de la enmienda, que la mejora en lo atinente a las denominadas concertinas, a las cuales se refirió ayer el fiscal general del Estado en su comparecencia desde la perspectiva de la acción penal que
piensa usar contra la utilización de medios que él consideraba cuasi delictivos o delictivos. Por tanto, comparto las reflexiones hechas por la señora Díez y sobre todo las hechas por el fiscal general del Estado y espero que sea congruente con esa
obligación que el ministerio fiscal asumía.


¿Qué se puede decir de todo lo demás? Evidentemente, estamos ante un problema de derecho trasnacional, de derecho europeo. Hace falta derecho positivo que vincule a todos los Estados porque este es un problema de la Unión Europea, un
problema de Europa en su conjunto, y hace falta articular los reglamentos y las directivas que sean menester y, si es menester también, modificar las versiones consolidadas del Tratado de Roma, las últimas, donde se comprometan los países a que no
sea un problema exclusivo de los países ribereños, de los países receptores de migración, porque este es un problema de toda Europa. Es imposible discernir adónde quiere ir una persona que acude a los lugares de entrada, su lugar de destino solo lo
sabe él. Desde esa perspectiva hay que comprometer a la Unión Europea mediante reformas legislativas creando un derecho europeo uniforme en esta materia y coercitivo, de naturaleza imperativa.


Normas vinculantes en materia de salvamento marítimo mediante la incorporación de los requerimientos del derecho del mar son imprescindibles. Basta con parafrasear al papa Francisco cuando utilizó la expresión vergonya en relación con los
sucesos de Lampedusa. No se puede dejar hundirse en el mar y



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morir a tantas personas existiendo medios próximos en disposición de poder evitar una atrocidad y una vulneración de los derechos más elementales, como el derecho a la vida, como la que se produjo en la isla de Lampedusa. Esto se está
produciendo todos los días en todos los lugares de entrada habituales, en las propias vallas de Ceuta y Melilla, en las pateras que llegan a las islas Canarias y en todos los sitios que las redes de tráfico de seres humanos utilizan o por donde
personas que no pertenecen a estas redes intentan penetrar por sus propios medios.


Deben garantizarse los derechos fundamentales y universales de los inmigrantes y particularmente el derecho de asilo. Ya sé que el derecho de asilo es objeto de una regulación novedosa, presidenta, porque he visto el proyecto de ley de
acción exterior en el que se da una configuración por la cual deberíamos felicitar al Gobierno. Se regula bien el derecho de asilo, tanto el derecho de asilo directo como el derecho de asilo subsidiario. Pero, regulándose bien el derecho de asilo,
el problema en materia de extranjería es que no se deja invocar este derecho a las personas a las que se ubica en los CIE o se les retorna inmediatamente. De nada sirve una buena regulación técnico-jurídica del derecho de asilo si las personas que
pueden legítimamente invocarlo no tienen la posibilidad material de acudir a una representación letrada y no pueden ni siquiera explicar a las autoridades policiales que son perseguidos políticos y que por tanto les asiste la legitimidad para
solicitar el derecho de asilo. Este es un problema que preexiste y ha existido con todos los Gobiernos anteriores; ha existido con el Gobierno del Partido Popular y ha existido también con el Gobierno del Partido Socialista. Señora presidenta,
nadie puede sacar pecho en esta materia porque la Ley de Extranjería del año 2000, una ley del Partido Popular, ha sido objeto de reinterpretaciones y modificaciones in peius siempre, incorporando elementos reaccionarios que la han ido privando de
una fundamentación axiológica que era muy progresista. Todos los Gobiernos han acometido reformas de esta naturaleza, y sé que además en el Partido Socialista ha habido voces y opiniones discrepantes, que afortunadamente no han podido prosperar,
con respecto a las sucesivas reformas de la legislación de extranjería.


Es particularmente oportuno apoyar con medios materiales la monitorización de los movimientos de embarcaciones, como también es particularmente pertinente la aceptación de que la guerra que existe en Siria está provocando un flujo de
extranjeros particularmente desmesurado en este momento. El conflicto sirio debería sonrojar a la comunidad internacional por su incapacidad para tratarlo debidamente. Adoptar también medidas legislativas para asegurar la universalidad del derecho
a la asistencia sanitaria es un pedimento que todos los grupos de la oposición hemos hecho, salvo el grupo mayoritario, pidiendo la derogación e incluso recurriendo al Tribunal Constitucional el real decreto-ley que priva a los extranjeros en
situación irregular de un derecho humano de naturaleza fundamental y universal como es el derecho a la reparación.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.


Como estamos de acuerdo con todo, incluso con la última reflexión, la séptima, que, no obstante su carácter retórico, es de una retórica aceptable conceptualmente -también la retórica a veces es útil para positivizar el derecho-, quiero
decir que ojalá tuviera un consenso más amplio una moción tan importante y tan bien configurada como esta que estamos debatiendo.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.


Nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por coherencia con lo que siempre hemos defendido. Quiero recordar que en su momento nos pronunciamos como grupo -me
temo que en solitario- en contra de la Directiva de la vergüenza y hemos reclamado con insistencia que la Unión Europea sitúe la inmigración entre sus prioridades conjuntas y la aborde desde el ámbito comunitario. Es evidente que la moción tiene
como trasfondo la tragedia de Lampedusa, que confirma una vez más el fariseísmo profundo con el que Europa trata el tema de la inmigración. Escuchamos lamentos y condenas, ofrecemos consuelo, hacemos minutos de silencio, pero la Unión Europea, en
una nueva muestra de hipocresía, llora la pérdida de vidas humanas ignorando los motivos, las causas y las responsabilidades y negándose a cambiar las políticas. Peor aún,



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me temo que los mismo que lloran y organizan ceremonias lamentando la pérdida de vidas humanas aprueban leyes que penalizan no solo a los inmigrantes sino a quienes les ayudan, incluso por rescatarlos en el mar. La retórica desgraciadamente
no consigue ocultar la realidad. Los Gobiernos hace años que apuestan por una Europa fortaleza para dificultar las vías legales de entrada, para penalizar e incluso criminalizar a las personas demandantes de asilo o simplemente inmigrantes. Pero
mientras son duros con la legalización de estas personas, son profundamente tolerantes con la utilización de estas mismas personas como trabajadores, como mano de obra barata, como si fuera un factor productivo más que se puede usar y tirar.


El Parlamento Europeo y el Consejo, en tanto que colegisladores, están en fase de revisar las normas sobre la vigilancia de las fronteras marítimas. Los Gobiernos de la Unión Europea una y otra vez han dejado claro su dogma: no hay
recursos. Lamentamos mucho lo que ha sucedido, es una tragedia, nos dicen, pero tenemos otras prioridades; no lo dicen en esos términos pero así lo practican. Por muchas lágrimas que se derramen, no se puede olvidar que muchas responsabilidades
que como países de la Unión Europea tenemos están en el drama que se vive día sí, día no, y también en el Mediterráneo, en Lampedusa, en Ceuta, en Melilla, en nuestra casa, no solo en otros sitios.


Hace años que reclamamos desde varios frentes sociales y políticos un cambio de políticas, un giro radical en las estrategias europeas para gestionar el movimiento de personas. No es fácil, sin duda, pero es necesario más que nunca un marco
europeo de inmigración de asilo y refugio que considere a las personas que lo piden como lo que son, como personas, no como delincuentes reales o en potencia, que es como se les trata en muchas ocasiones. Y no, otra vez, de nuevo, no es culpa de
Europa -de no se sabe muy bien qué es Europa-, son los Gobiernos en espacios intergubernamentales los que impiden que Europa haga lo que debería hacer, son las capitales de los Estados los que se embadurnan de sangre y barro y embadurnan los ideales
fundacionales del proyecto europeo; son las mayorías gubernamentales actuales las que están dejando morir literalmente a miles de personas y, con ellas, el sueño europeo en el que teóricamente aún continuamos creyendo. Por todo ello, vamos a dar
nuestro apoyo a la moción del Grupo Socialista que plantea una serie de medidas que nosotros compartimos y que paso de largo por nuestra coincidencia.


Nuestro grupo ha presentado a esta moción cuatro enmiendas, y una buena parte de ellas han sido recogidas por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Creo que deberían formar parte de las medidas que España impulse de manera breve. En
primer lugar, agilizar los procesos de regularización por arraigo, de renovación de permisos de residencia y de trabajo y de solicitudes de reagrupación familiar atendiendo especialmente a aquellas personas que estando en situación de legalidad, de
normalidad administrativa, pierden su permiso de residencia por lo que se llaman causas sobrevenidas. Ese es nuestro drama interior, que es cotidiano, que no se ve en los medios de comunicación, pero que es un drama que hunde. Cuando yo le refería
al presidente del Gobierno el sufrimiento de la gente me estaba refiriendo precisamente a gente como esta. Planteamos también el cierre de los centros de internamiento de extranjeros existentes en el Estado español. Ya lo hemos dicho todo hasta
ahora, simplemente queremos volver a decir que se trata de un verdadero estado de excepción en los derechos. En este caso no es temporal, es territorial; se trata, como muy bien ha dicho mi amigo Joan Tardà, de nuestros guantánamos interiores que
nada justifican, porque nada justifica interrumpir los derechos humanos de las personas. En ese sentido, aunque nos parece que la transaccional se podría haber ampliado más, lo importante es lo que nos permite avanzar y nosotros la hemos firmado y
la vamos a defender. En tercer lugar, eliminar de inmediato las nuevas medidas de inhumana seguridad. Son inhumanos los cuchillos, las concertinas, pero, si me permiten la expresión, es inhumano llamar a cuchillas que causan sin duda problemas
graves contra la salud y la vida de esas personas como a un instrumento musical.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.


Menos mal que no se les ha ocurrido llamarlas bandoneón, porque la verdad es que buscar el nombre de un instrumento musical a algo que hiere y puede llegar a matar es un poco cínico. Por último, creemos que es necesario recuperar el nivel
de financiación del Fondo de acogida para las actuaciones de las comunidades autónomas que están desarrollando políticas importantes y promover políticas sociales contra el racismo institucional, económico y social.


Termino. Es un milagro que con la crisis y con la que está cayendo en España no haya más actitudes xenófobas. La ciudadanía se está comportando con un nivel de responsabilidad espectacular. Es obligación



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de los poderes públicos ayudarlos y contribuir a ello y no ponerles obstáculos, es decir, darles recursos para que esa actitud cívica de la ciudadanía pueda continuar siendo así. Por eso, es absolutamente imprescindible un cambio radical,
de 180 grados, en esa política migratoria y por eso vamos a dar nuestro voto a esa emoción, con las enmiendas que se han incorporado.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, presidenta.


Quería empezar felicitando a la proponente de la moción por la interpelación que formuló la semana pasada, porque estamos esperando desde hace dos años que comparezca algún cargo del Gobierno para debatir la política en materia de
inmigración, sin que las solicitudes de comparecencia formuladas por la mayoría de grupos parlamentarios hayan sido atendidas en este sentido. Por tanto, quisiera iniciar mi intervención reclamando que algún miembro del Gobierno comparezca en la
Comisión, en este caso en la de Empleo, para dar las explicaciones oportunas y poder debatir sobre esta materia.


En la presente legislatura, además, los cambios en materia de política de inmigración han sido no poco importantes, como han dicho varios portavoces que me han precedido: un recorte importante de los medios económicos destinados a la
acogida e integración de los inmigrantes con la supresión del fondo, o el cambio de modelo sanitario. Son cambios directos de gran trascendencia en las políticas públicas sobre inmigración. Junto a ello, además, tras el desastre de Lampedusa, se
ha cuestionado la posición de Europa, la política europea en relación con los flujos migratorios hacia Europa, y ello bajo una realidad que debemos poner de manifiesto. El aumento de la presión migratoria y de los solicitantes de asilo no es solo
un problema de los países del sur de Europa o de los países más próximos a África como puerta de entrada, Italia, España, Malta, sino que son los Estados miembros del norte de Europa los que resuelven la mayor parte de las solicitudes de asilo. Por
tanto, no podemos hablar de norte y de sur de Europa en este caso, sino que debemos hablar obligatoriamente de una Europa como un todo. En este contexto, el último Consejo Europeo remitió a junio del próximo año la definición definitiva de las
estrategias en torno a los flujos migratorios, cosa que no ha satisfecho a mi grupo parlamentario, que cree que debería haber habido más valentía en este sentido. Y tenemos la sensación, tanto desde la perspectiva de la política interior como de la
política europea, de que las políticas que se desarrollan se están tomando desde una perspectiva únicamente de seguridad, que no debe ser la única perspectiva que debe tomarse en cuenta cuando hablamos de fenómenos migratorios. No pretendo hablar
desde una posición buenista, al contrario, pero la perspectiva política y la perspectiva de desarrollo económico y social también deben tenerse en cuenta en el debate sobre la inmigración. No abordar el fenómeno de la inmigración desde estas tres
respectivas conjuntamente nos llevaría a realizar un análisis incorrecto de la situación y adoptar medidas que no serían realmente efectivas.


Sin lugar a dudas, existe una necesidad de vigilancia coordinada de las fronteras, pero se requiere un enfoque integrado con aspectos políticos y de fomento del desarrollo económico y social, y además preferentemente una política, como hemos
dicho todos, adoptada en consenso en el seno de la Unión Europea. Alguien decía que en Europa tenemos una frontera común y políticas estatales de gestión de flujos migratorios, y es cierto, pero esa aseveración pone de manifiesto más que nunca que
necesitamos ya una política europea conjunta; una política que además debe tener en cuenta la prevención, la protección y la cohesión social, señorías. Esto son ámbitos a los que desde hace años hemos dedicado, y creo que acertadamente, recursos
para asegurar la protección, la gestión de la acogida y la integración, y sobre todo para asegurar la cohesión social, y ahora vemos los resultados, tema al que se refería el señor Coscubiela. Por tanto, dejar de apoyar principalmente a las
administraciones públicas que han dedicado más esfuerzos a estas políticas, las comunidades autónomas y las entidades locales, nos parece un error que puede tener consecuencias en la cohesión social, en la futura cohesión social. De ahí que,
compartiendo el texto propuesto en la moción de recuperar el Fondo de integración, hayamos querido enfatizar con la enmienda formulada por mi grupo parlamentario la necesidad de considerar otros instrumentos económicos de apoyo a programas
desarrollados por comunidades autónomas y entidades locales de acogida, de integración y de cohesión social.


Otro aspecto en el que queríamos incidir y que siempre ha defendido mi grupo es reforzar los vínculos y las sinergias entre inmigración y desarrollo. Antes me refería a ello, a la necesidad de tener en cuenta el enfoque de desarrollo
económico y social en políticas migratorias. Debemos ser capaces de generar



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oportunidades y expectativas de vida en los países de origen de flujos migratorios. A pesar de que la situación económica en muchos países europeos es la que es, para muchos ciudadanos africanos, de Sudamérica o de Asia, las condiciones de
vida aquí continúan siendo superiores a las que tienen en sus países de origen. Por tanto, la razón de las migraciones son las condiciones de vida en sus países de origen y aquí tenemos todos, los llamados países ricos y los llamados países pobres,
una responsabilidad para cambiarlas. Quería manifestar además que mi grupo comparte la enmienda formulada de forma conjunta por distintos grupos parlamentarios que por circunstancias de tiempo no pudimos suscribir. La utilización de cuchillas en
las rejas de Melilla o de Ceuta es de una crueldad sin medida,...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Acabo.


... una crueldad que no puede ser aceptada como medida preventiva civilizada.


Muy recientemente leía un artículo de un conocido filósofo francés que recordaba el origen mitológico del nombre de nuestro continente; la historia de la mujer fenicia de Tiro, Europa, seducida por el dios Zeus transformado en toro y que la
llevó a Creta a lomos. Ese origen mitológico entronca con la concepción que los padres fundadores de Europa tenían de que era un continente abierto al mundo, patria de lo universal y -decía este filósofo- un continente que se niega a sí mismo si se
convierte en una fortaleza. En estos momentos, la realidad que vivimos pone de manifiesto la imposibilidad de ser una fortaleza. Además, la propia historia común, el origen común y la larga construcción de Europa nos exigen no caer en el riesgo de
negar nuestra voluntad de ser universales y ciudadanos del mundo.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.


Por el Grupo Popular, por último, y en defensa también de sus enmiendas, la señora Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Hay dos tipos de políticas migratorias: por una parte, la de papeles para todos y el buenismo irresponsable y, por otra parte, una política de inmigración seria, sólida y transversal. En 2006 se registró la llegada masiva a las costas
españolas de 39.000 inmigrantes; en 2012 ese número de llegadas se ha reducido en un 90,3 % con respecto al año 2006. Por otra parte, hemos de tener en cuenta también que en el marco de la Agencia Europea Frontex, España es uno de los Estados
miembros más activo en las distintas líneas y operaciones de control migratorio; en particular, España lidera las operaciones Indalo, Hera y Minerva. En otros casos España aporta también numerosos medios materiales y humanos, como en la operación
Hermes que se desarrolla en el Mediterráneo central, en aguas territoriales italianas. A raíz de la última llegada masiva de inmigrantes irregulares, España ha realizado un ofrecimiento a Frontex para continuar participando en esa operación.
También se ha intensificado la cooperación con países de origen y tránsito como es el caso de Marruecos, Senegal y Mauritania. Esto ha supuesto que vengan un 99,56 % menos de personas en cayucos a las islas Canarias. España cuenta en la actualidad
con medios cada vez más eficaces para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos.


En el tema de sanidad, señorías, el pasado 3 de agosto de 2012 se dio luz verde a un proyecto y a un real decreto que garantizaban el derecho a la atención sanitaria pública para todos los españoles y todos los extranjeros con residencia
legal en España. Pero, señorías, por enésima vez, hay que dejarse de demagogias. Esta norma garantiza que a los extranjeros que están en situación irregular -insisto, en situación irregular- se les atenderá siempre que tengan una cuestión de
urgencia, bien por enfermedad bien por accidente; se tendrá también atención en el embarazo, en el parto y en el postparto y asistencia sanitaria a los menores de dieciocho años. Se trata de una cobertura bastante más amplia de la que tienen otros
países de la Unión Europea y, por supuesto, más amplia de la que encuentran los españoles cuando salen de nuestro país. Por otro lado, y cambiando de tema, he de decir que, como ustedes de sobra conocen, existe normativa internacional vinculante
que prioriza el salvamento de la vida humana en el mar.


En cuanto a justicia, la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno el pasado 20 de septiembre concede sobre todo una mayor protección a los extranjeros en los casos de inmigración ilegal, y excluye expresamente la sanción penal en
todos aquellos supuestos en los que la actuación se haya llevado a cabo con una finalidad humanitaria.


Respecto a la acción exterior, el Consejo de Europa de 24 y 25 de octubre ha destacado la importancia y el refuerzo de la cooperación con los países de origen y tránsito. También hace un llamamiento para que



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se establezca una cooperación más estrecha con las organizaciones internacionales correspondientes. Por otra parte, el Consejo Europeo también señala que la rápida implantación del Sistema europeo de vigilancia de fronteras contribuirá al
objeto de proteger y salvar vidas en las fronteras exteriores de la Unión Europea y luchar contra las mafias.


Señorías, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno en 2011 no ha hecho otra cosa que trabajar e impulsar su acción en todas las instituciones, incluidas las europeas, y por esa razón hemos propuesto nuestras enmiendas destinadas a
reforzar el trabajo por la integración y por la protección. Viendo las enmiendas de otros grupos, no dejan de resultar curiosas las referidas a las concertinas. Hablaba la señora portavoz del Partido Socialista de un Gobierno insensible. ¿Cómo
pueden hablar de un Gobierno insensible y hablar de las concertinas que además son una medida disuasoria y legal?, ¿así lo consideraba el señor Rubalcaba cuando era ministro de Interior o la señora Fernández de la Vega como vicepresidenta del
Gobierno del señor Zapatero? (La señora Pérez Domínguez: Las pusimos y las quitamos). No están las concertinas única y exclusivamente en las alambradas de las fronteras, las concertinas están también en centros públicos y también en centros
privados; sin embargo, sí sabemos que son miles las personas que pierden la vida en el mar o en el desierto muriendo de hambre y de sed a manos de mafias que se quedan con su dinero y también con sus vidas, mafias que les obligan a saltar
aprovechando ese momento de desesperación. Así que déjense de demagogia y no incendien más porque esto no es una política seria ni de Estado.


Nosotros no podemos admitir el punto de partida de su moción en la que se da por hecho que existe un marco de pasividad y de dejadez, porque además de injusto no es real. El Gobierno desde el principio se ha caracterizado por actuar, por
hacer, por reformar, no por quedarse de brazos cruzados, y si de verdad desean promover un acuerdo político de todos los grupos de esta Cámara, súmense que serán todos bienvenidos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Navarro.


Señora Pérez Domínguez, en su intervención ha planteado usted la posibilidad de transaccionar una parte y aceptar otra enmienda. Como eso desde el punto de vista del Reglamento crea dificultades a la hora de votar...


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Sí, señora presidenta, disculpe. Ya lo he aclarado con el señor letrado y vamos a presentar la enmienda transaccional con todas las enmiendas que se incorporen de los distintos grupos. Como no se vota esta
mañana, le presentaremos la enmienda.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): O sea, una enmienda transaccional que contemple todo.


La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Exacto, que contempla todo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.


Gracias, señora Pérez.


Se suspende la sesión.


Eran las tres y diez minutos de la tarde.