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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 147, de 16/10/2013
cve: DSCD-10-PL-147
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 147
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 138
celebrada el miércoles,
16 de octubre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página7)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la rectificación de la decisión adoptada por el Gobierno de establecer el copago en la medicación hospitalaria. (Número de expediente 172/000162) ...
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la falacia del denominado 'derecho a decidir'. (Número de expediente 172/000163) ... (Página39)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en la política social. (Número de expediente 172/000164) ... (Página45)
Proposiciones no de ley. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de reforma de la demarcación y planta judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 319, de 6 de septiembre de 2013. (Número de expediente 162/000707) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sra. Pérez), relativa a la reforma de la planta judicial para ofrecer un adecuado servicio a la ciudadanía y facilitar el acceso a la justicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 271, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 162/000647) ... (Página52)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una cartera de servicios sociosanitarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 290, de 14 de junio de 2013. (Número de expediente 162/000670) ...
(Página61)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo), sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica y la necesidad de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 para paliar el grave
deterioro de los servicios públicos y la dramática situación de paro que vive Canarias. (Número de expediente 173/000110) ... (Página69)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la situación actual en el Sistema Nacional de Salud. (Número de expediente 173/000111) ... (Página75)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario y optimizar la red ferroviaria existente tanto de alta velocidad, como
convencional y de cercanías. (Número de expediente 173/000112) ... (Página82)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página7)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Está pensando en no acatar la Sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emita finalmente sobre la
denominada doctrina Parot si es contraria a las posiciones que defiende su Gobierno? (Número de expediente 180/000689) ... (Página7)
Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Tiene el presidente del Gobierno una agenda política para Cataluña? (Número de expediente
180/000691) ... (Página8)
Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué importancia concede el presidente del Gobierno a la I+D+i en la recuperación económica? (Número de expediente
180/000693) ... (Página10)
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Por qué ha acusado la vicepresidenta del Gobierno a medio millón de
personas de cometer fraude en la percepción de prestaciones por desempleo? (Número de expediente 180/000705) ... (Página11)
Del diputado don Antonio Ramón Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo piensa el Gobierno poner remedio al alarmante aumento de robos en el campo español? (Número de expediente
180/000700) ... (Página13)
De la diputada doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Ha valorado el Gobierno el efecto de la subida del IVA en la crisis de las
industrias culturales? (Número de expediente 180/000695) ... (Página15)
De la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo valora el Gobierno las previsiones del FMI sobre la incidencia de la deuda
española en la recuperación económica? (Número de expediente 180/000701) ... (Página16)
Del diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Cómo justifica el impacto en la economía de las últimas decisiones del Gobierno sobre precios y tarifas?
(Número de expediente 180/000702) ... (Página18)
Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Por qué criminaliza el Gobierno a los parados acusándoles de un fraude
generalizado inexistente, cuando la verdad es que hay más desempleados sin ningún tipo de ayuda? (número de expediente 180/000704) ... (Página19)
Del diputado don Joan Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Reconoce el Gobierno el desequilibrio de financiación padecido por la Comunitat Valenciana mediante
la aplicación de los diferentes sistemas que han ocasionado un quebranto de más de 13.000 millones de euros según el informe presentado por expertos nombrados por las Cortes Valencianas? (Número de expediente 180/000687) ...
Del diputado don Antonio Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Tiene el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la
intención de atender las recomendaciones del FMI para elevar los ingresos mediante el IVA? (Número de expediente 180/000692) ... (Página22)
Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo valora el criterio adoptado recientemente por la Agencia Tributaria sobre exenciones
fiscales a partidos políticos? (Número de expediente 180/000696) ... (Página23)
Del diputado don Antonio Francisco Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Por qué el Gobierno exige un ajuste extra a Andalucía de 1.200 millones de euros
para el próximo año? (Número de expediente 180/000697) ... (Página25)
Del diputado don Joaquín Francisco Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo justifica el Gobierno las previsiones presupuestarias para 2014 en la Comunitat
Valenciana? (Número de expediente 180/000698) ... (Página26)
Del diputado don Vicente Guillén Izquierdo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Qué valoración hace el Gobierno de la última Comisión bilateral Estado-Comunidad
Autónoma de Aragón? (Número de expediente 180/000699) ... (Página27)
De la diputada doña Ana María Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Es cierto que los mayores esfuerzos fiscales se están exigiendo a las
grandes empresas? (Número de expediente 180/000703) ... (Página29)
Interviene por alusiones el señor Gómez Sánchez. Contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Interpelaciones urgentes ... (Página32)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la rectificación de la decisión adoptada por el Gobierno de establecer el copago en la medicación hospitalaria ... (Página32)
Formula la interpelación urgente la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).
Replica la señora Tarruella Tomàs y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación a la falacia del denominado 'derecho a decidir' ... (Página39)
Formula la interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).
Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en la política social ... (Página45)
Formula la interpelación urgente la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover).
Replica la señora Aguilar Rivero y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Proposiciones no de Ley... (Página52)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta de reforma de la Demarcación y Planta Judicial ... (Página52)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sra. Pérez), relativa a la reforma de la planta judicial para ofrecer un adecuado servicio a la ciudadanía y facilitar el acceso a la justicia ... (Página52)
Defienden las proposiciones no de ley el señor Echávarri Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda intervienen el señor Echávarri Fernández y la señora Fernández Davila.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una cartera de servicios sociosanitarios ... (Página61)
Defiende la proposición no de ley la señora Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las
señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Rodríguez Sánchez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página69)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo), sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica y la necesidad de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 para paliar el grave deterioro
de los servicios públicos y la dramática situación de paro que vive Canarias ... (Página69)
Defiende la moción el señor Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la situación actual en el Sistema Nacional de Salud ... (Página75)
Defiende la moción el señor Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Llamazares Trigo,
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Moreno Palanques, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Martínez Olmos.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario y optimizar la red ferroviaria existente tanto de alta velocidad, como
convencional y de cercanías ... (Página82)
Defiende la moción la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Simancas Simancas, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Santa Ana Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Martínez Gorriarán, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda interviene la señora De las Heras Ladera.
Se suspende la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ PENSANDO EN NO ACATAR LA SENTENCIA QUE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EMITA FINALMENTE SOBRE LA
DENOMINADA DOCTRINA PAROT SI ES CONTRARIA A LAS POSICIONES QUE DEFIENDE SU GOBIERNO? (Número de expediente 180/000689).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. En primer lugar pregunta el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Vasco, PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, ¿está pensando en no acatar la sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emita finalmente sobre la denominada doctrina Parot si es contraria a las posiciones que defiende su Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Esteban.
Como usted sabe, la llamada doctrina Parot es una interpretación que ha ido consolidando el Tribunal Supremo y también el Tribunal Constitucional sobre cómo deben computarse los beneficios penitenciarios en nuestro ordenamiento penal. No
voy a entrar en detalles, usted los conoce perfectamente. Mi Gobierno y yo mismo estamos a favor de la interpretación de los tribunales españoles a los que he hecho referencia y pensamos que la doctrina Parot es justa, que distingue la situación
entre quien está condenado por un solo delito y quien lo está por veintitrés, veinticinco o treinta delitos, lo cual me parece que responde a la lógica y al sentido común, y ha sido muy útil para luchar contra el terrorismo y también para luchar
contra otros crímenes, puesto que no se aplica, como usted sabe, solo a delitos de terrorismo. Y tal y como usted conoce también, hemos acudido a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y confiamos en que la interpretación que han
hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sea refrendada como la más correcta, la más justa y la más necesaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, en marzo, en la vista del caso, el ministro del Interior, el señor Fernández, afirmó que se aplicaría ingeniería jurídica si la sentencia fuera contraria a la posición del partido, poniéndose la
venda antes de la herida, y así se han manifestado también otros portavoces gubernamentales y de su propio partido. Es extraño escuchar esto acostumbrados a oírles que se acatarán siempre las sentencias y que deben ser escuchados los tribunales y
cumplidas esas sentencias. Se supone, señor presidente -y usted coincidirá conmigo-, que el Tribunal de Estrasburgo está formado por jueces más que competentes. Hace unos días la Audiencia Nacional ya se ha puesto también en la nueva situación
liberando a un miembro de ETA sin aplicarle la denominada doctrina Parot.
Señor presidente, la doctrina Parot supone una irregularidad contraria a la Constitución al aplicar de modo retroactivo una norma posterior a la ley por la que los presos habían sido juzgados y condenados. Y un Estado de derecho lo que
tiene que hacer es respetar sus propias normas. Si se aplica la ley, si se produce una sentencia, si se fija también un día de salida de prisión, lo que tiene que hacer es cumplimentarse y no buscar soluciones alambicadas retorciendo la ley para
producir un resultado diferente al que esta normalmente ha dado.
La verdad es que su Gobierno podría haberse mantenido neutral y haber acatado la sentencia que ya emitió el Tribunal de Estrasburgo. Usted optó por el recurso. Sinceramente, señor presidente, le pido, primero, que cumpla la sentencia de
ese tribunal, la que sea; segundo, que haga algo para favorecer la distensión. Podría haber hecho muchas cosas sin cambiar la ley, pero usted ha optado por no hacer absolutamente nada, como si la situación en Euskadi no hubiera cambiado. Y le
pido que responda, que atienda a las ideas que desde el propio Gobierno vasco y el lehendakari se le han dado y les dé una respuesta. Pero, señor presidente, lo que no puede hacer usted es permanecer inmóvil una y otra vez ante un nuevo tiempo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Esteban.
Hay quien pretende que alguien condenado por veintitrés asesinatos tenga el mismo trato a la hora de obtener beneficios penitenciarios que alguien condenado por uno solo. Es una opinión que yo naturalmente respeto pero que no puedo
compartir porque no parece que tenga mucho sentido. Esa interpretación la han hecho el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que son dos tribunales de un país donde hay un Estado de derecho y democrático y una Constitución democrática. Yo
estoy de acuerdo con esa interpretación, pero es evidente que hay otras personas que no lo están. Yo espero que la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratifique esa interpretación del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
A partir de ahí, no voy a especular porque no tiene sentido que lo haga con futuribles. Yo solo le recuerdo que los tribunales elaboraron esa doctrina y que ahora les corresponde a ellos dar el cauce adecuado a las resoluciones que dicte el
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Por lo que se refiere al Gobierno, adoptaremos aquellas decisiones que correspondan a la luz de la normativa aplicable y del interés general, respetando el ordenamiento jurídico y, por supuesto, los
convenios internacionales suscritos por España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO UNA AGENDA POLÍTICA PARA CATALUÑA? (Número de expediente
180/000691).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor presidente del Gobierno que formula el diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
La pregunta es si el presidente del Gobierno tiene una agenda política para Cataluña. Y, a eso, añadirle un ruego, señor presidente: no me responda que es la superación de la crisis económica porque en eso estamos todos. Por otra parte,
los presupuestos que ustedes presentan no avanzan precisamente en esta línea ni en lo que es la prórroga del incremento de la imposición fiscal que afecta especialmente a las clases medias, sino en lo que es la inversión pública en Cataluña. No me
responda tampoco que es la Constitución (Rumores), porque si bien es cierto que hay que cumplirla, también lo es que se puede interpretar, y ahí tiene el artículo 150.2. Por otra parte, ustedes no cumplen la Constitución y no lo hacen cuando, por
ejemplo, no transfieren aquello que está acordado por las comisiones bilaterales, aquello que usted y yo en su día acordamos, como son las becas, o lo que recientemente se acordó en la época socialista, que es el pago de 759 millones. Esto es un
conflicto político con un gran apoyo social y requiere una respuesta política, que es la que espero de usted, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Duran.
Solo le ha faltado decirme qué es lo que tengo que responderle, porque me hace una pregunta y me dice: no me responda a esto, no me responda a esto y no me responda a esto. (Risas y aplausos).
Yo tengo que responderle a lo que usted me ha preguntado. ¿Cuál es mi agenda política para Cataluña? Mi agenda política para Cataluña la expuse aquí con meridiana claridad en el debate de investidura, señor Duran. Cataluña es muy
importante para España, Cataluña es tierra pujante y emprendedora, ha sido locomotora de la economía española en muchas ocasiones a lo largo de nuestra historia, pero ahora tiene problemas muy importantes como el paro, el crecimiento económico, la
ausencia de ingresos fiscales o la imposibilidad de financiarse en los mercados. Por tanto, la agenda política de cualquier persona con sentido común, y que además es presidente del Gobierno de España, es intentar resolver esos gravísimos
problemas. Para ello hemos tomado decisiones económicas muy importantes, algunas difíciles, algunas duras y complejas, pero también hemos tomado decisiones extraordinarias como el Fondo de liquidez autonómica o como las ayudas a la Generalitat de
Catalunya para que pueda salir con la mayor celeridad posible de esa difícil situación en la que está y por la que ni siquiera puede ir a los mercados. Por tanto, mi agenda -creo que es lo que dice la lógica y el sentido común- es intentar que haya
crecimiento económico en Cataluña, es intentar que no se den las cifras de desempleo que se están produciendo en estos momentos, y creo que para eso es muy importante que haya estabilidad institucional y política y que todos seamos capaces de remar
juntos en la misma dirección.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor DURAN I LLEIDA: Muchas gracias, señor presidente.
Le iba acotando la respuesta porque hacía uso libre de mi turno de palabra y porque, entre otras cosas, esperaba este tipo de respuesta, y usted como yo sabemos que no nos referimos a este problema de Cataluña. El problema al que me refiero
requiere sin duda lo que le decía antes: política, política en mayúscula. Me da la sensación, señor presidente, de que usted es de los que cree que el tiempo lo soluciona todo y en este caso no es así; al revés, cuanto más tiempo pasa más se
encoge el espacio de encontrar una solución. La ignorancia, incluso la mala interpretación por algunos, puede ser una actitud de desagravio con respecto a sentimientos que puede conllevar irracionalidad y la irracionalidad puede llevar al
conflicto. Señor presidente, usted sabe mi opinión sobre esta cuestión, pero yo le avanzo lo siguiente, y no es ningún tipo de amenaza: si usted no es capaz como presidente del Gobierno de encabezar una respuesta de Estado, no simplemente de
Gobierno, que agrupe al Gobierno, a los principales partidos de esta Cámara y a las instituciones del conjunto del Estado para dar respuesta a esa situación política de Cataluña que tiene un gran apoyo social, se va a encontrar -y no es ninguna
amenaza- simplemente con una declaración unilateral de independencia que algunos van a aprobar en el Parlamento de Cataluña. Y eso no es bueno para Cataluña -estaría de acuerdo con usted-, pero tampoco es bueno para España; va a ser un problema
también para España porque dará un síntoma
clarísimo de inestabilidad política y, por tanto, de desconfianza, y vivimos en un mundo global. Lo que se le pide y se espera de usted es una respuesta...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. (Aplausos).
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Duran, estoy de acuerdo con que hay que hacer política; todos debemos hacer política y usted también. Usted tiene una magnífica posibilidad para hacer política y para defender
posiciones sensatas y de sentido común. Y además de política conviene hacer pedagogía.
Entre todos nos hemos dado un marco para convivir, hemos aprobado una Constitución, que no es la Constitución de nadie, es la Constitución de todos, todos cedimos, y hemos creado ahí un régimen de libertad, de democracia, que nos ha
permitido entrar en Europa, progresar juntos y tener una de las mejores etapas de la historia española. Tenemos el sistema político más descentralizado del mundo, el mayor nivel de autogobierno de la historia y eso hay que explicarlo. Ahora hay
algunos que no están de acuerdo con todo eso que aprobamos cuando refrendamos nuestra Constitución, que quieren romperlo. No es mi opinión. Yo seguiré trabajando para que vivamos juntos, para mantener los lazos históricos, afectivos, sociales,
personales y de todo tipo que tenemos. Esto no es un invento de nada, señor Duran, esta es una realidad de algo que lleva unido durante siglos, a lo largo de toda nuestra historia, y yo creo que...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ IMPORTANCIA CONCEDE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO A LA I+D+I EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA? (Número de
expediente 180/000693).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al señor presidente del Gobierno el diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
¿Qué importancia le da, señor Rajoy, a la investigación y al desarrollo en la recuperación económica?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Tiene mucha importancia y yo se la doy. Es un factor determinante para la recuperación, pero no es el único. Lo más urgente es acabar con los desequilibrios que tiene nuestra economía,
fundamentalmente el déficit público, el déficit del sector exterior, el problema de los precios, nuestra deuda externa y también la situación de nuestro sistema financiero. Eso nos ha obligado a tomar decisiones que afectan a la I+D+i y a todas las
partidas del presupuesto, pero creo que para el presupuesto del año 2014 comenzamos ya a subir esa partida a la que es mi intención prestar la máxima atención en el futuro porque creo que es un factor muy importante para la recuperación económica de
nuestro país.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.
Ustedes efectivamente han subido en el presupuesto para el 2014 la partida de I+D en 200 millones, pero también es verdad que la habían recortado en 2.500 en los dos años anteriores. Y, claro, como los científicos de números saben, han
visto los presupuestos con una mezcla de desesperanza y de frustración. Mañana han convocado un día de luto por la ciencia española que es tanto como convocar un día de luto por el futuro de nuestro país.
Le diré: los laboratorios españoles llevan un año sin subvenciones porque no se ha convocado el Plan de la ciencia, un año perdido. Por eso un colectivo de científicos, agrupados bajo el nombre Carta por la
Ciencia, han visto al conjunto de los grupos planteándoles una serie de reivindicaciones que mi grupo ya le digo que acepta; todos los grupos de la Cámara salvo el suyo. Eso quiere decir que en 2014 no se cumplirán, en 2015 tampoco, pero
en 2016, que habrá una mayoría parlamentaria distinta, esta Cámara cumplirá con la ciencia española. (Aplausos).
El problema, señor Rajoy, es de modelo de crecimiento. Ustedes han optado por crecer bajando salarios, para eso hicieron la reforma laboral. Los salarios en España lleva cayendo cinco trimestres consecutivos, que es justo la vida de su
reforma laboral, y es un mal modelo, señor Rajoy, porque si caen los salarios, el consumo no va a crecer y la economía no va a crecer con fuerza suficiente para crear empleo; porque es insostenible, siempre hay alguien que lo va a hacer más barato;
y finalmente porque es injusto, porque al final pagan los trabajadores y eso genera una insoportable desigualdad.
Le voy a decir. Los españoles la semana pasada se enteraron de que crecen en España al mismo ritmo los millonarios que los pobres, ese es el resultado de un modelo, un modelo que recorta educación, un modelo que recorta ciencia, un modelo
que recorta salarios, un modelo que, según sus propias previsiones, va a conducir a acabar la legislatura con más desempleo, con más impuestos, con menos derechos y, sobre todo, con más desigualdad, señor Rajoy, una desigualdad insoportable para la
sociedad española.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Creo, señor Pérez Rubalcaba, que, por fortuna para todos los españoles, ya estamos hoy en una situación muy diferente de la que estábamos cuando llegamos al Gobierno al final del año 2011.
(Rumores). Hoy ya en España se empieza a hablar de recuperación económica, el año que viene habrá crecimiento y habrá también creación de empleo. Y eso ha sido porque hemos hecho una política económica que era imprescindible y necesaria para
superar la gravísima situación que ustedes nos habían dejado.
Pero vuelvo a lo que usted me pregunta, que es el tema del I+D+i. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que aumentar las partidas de I+D+i, pero precisamente porque tuvimos que reducir el déficit público como consecuencia de la situación en la
cual nos dejaron, en los años 2012 y 2013 bajamos el presupuesto un 26,8 %, el Gobierno que yo presido, y este año el presupuesto ya va a bajar solo el 4,6. Espero que el año que viene ya no tenga que bajar, pero aunque baje el 4,6, las partidas
dedicadas a I+D+i suben el 3,6, y sobre todo el I+D+i de la Secretaría de Estado del Ministerio de Economía, que gasta el grueso, como usted sabe, del dinero que se dedica a investigación, innovación y desarrollo, crece el 10,3. Y se le da solución
a algunos problemas que efectivamente estaban ahí, como era la situación del CSIC, como era el Carlos III o como era el CERN.
Todavía hay problemas, vamos a intentar resolverlos porque, insisto, creo que es un tema importante. Pero también le recuerdo que con la Ley de Emprendedores hemos tomado algunas decisiones que no ha tomado nadie en ningún país de Europa,
como es decir que la deducción por I+D+i se va a aplicar aunque no haya beneficios por parte de las empresas de que se trate. Esto es un hito histórico como lo es el visado científico, como es que la cuota íntegra del impuesto de sociedades pueda
quedar en cero, como es la recuperación de las bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social, al personal investigador y como son otras decisiones que hemos tomado. Los recortes los hemos tenido que adoptar... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿POR QUÉ HA ACUSADO LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO A MEDIO MILLÓN DE
PERSONAS DE COMETER FRAUDE EN LA PERCEPCIÓN DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO? (Número de expediente 180/000705).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. La formula la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, con su Gobierno se han destruido un millón de empleos, cada día un desempleado más y menos prestaciones por desempleo; ustedes han reducido las prestaciones por desempleo, han endurecido los requisitos para acceder a
las mismas, han endurecido los requisitos para seguirlas cobrando, han bajado la tasa de cobertura de desempleo de este país al 62 %, y usted el pasado viernes utilizó datos falsos para colocar junto a la palabra desempleado la palabra defraudador,
para criminalizarles. No es la primera vez que lo hacen. En la pasada reforma del Código Penal de 2012 ya convirtieron en delito las infracciones administrativas en el cobro de la prestación por desempleo a partir de un euro para convertirlas en
delito, en la misma lamentable reforma del Código Penal en la que garantizaban la impunidad de los evasores fiscales. Por eso, señora vicepresidenta, después de cinco días de esta ignominia, le pido hoy, le exijo hoy una rectificación y una
disculpa. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Mire, este Gobierno no acusa, este Gobierno cumple y hace cumplir la ley. (Varios señores diputados: ¡Ya, ya!). Y, hasta la fecha, pensábamos que la lucha contra el fraude era una prioridad del Gobierno, del Partido Socialista y de varios
grupos parlamentarios, al menos por las preguntas que hacían y por las iniciativas que planteaban en esta Cámara, señoría. Porque la lucha contra el fraude y el fraude es el principal ataque a la generalidad, equidad y justicia del sistema
tributario y de Seguridad Social. La frase no es mía, es del Plan de lucha contra el fraude que aprobó su Gobierno en el año 2010, en el que reclamaban el control conjunto de las prestaciones y de los subsidios por desempleo (Rumores.-Un señor
diputado: Sí, ¿y qué?), cuando decían que debía hacerse en cuanto se detecten...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora vicepresidenta.
Señor Zaragoza, le ruego silencio.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Gracias, señor presidente.
... en cuanto se detecten en sus procesos de gestión o por cualquier medio indicios de obtención y disfrute indebido de ellas. Esas eran sus palabras, señoría.
Este Gobierno lucha contra el fraude no solo para garantizar el Estado de derecho sino, sobre todo, el Estado del bienestar; para garantizar que los parados que legítimamente tienen derecho tengan una prestación y que los ciudadanos que
aportan a los recursos públicos no se vean defraudados, señoría, porque son 29.400 millones en estos presupuestos que se tienen que gastar con rigor y debidamente. Y no solo luchamos con intensidad contra el fraude y para proteger a los parados que
han tenido la desgracia de perder su empleo, trabajamos para que puedan tenerlo con la recuperación económica a la que ustedes, señoría, no quieren ayudar.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, no, no me lo puedo creer. (Varios señores diputados: ¡Oh!). Han sido detectados por fraude 5.833 parados que cobran desempleo, por cobrar la prestación y por tener un trabajo, 5.833, no medio millón, como dijo
usted. (Aplausos). Usted mintió, no son el 20 % de los desempleados. No me puedo creer, señora vicepresidenta, que usted les acuse de trabajar en B, usted, cuando tiene algunas explicaciones pendientes en esta Cámara (Varios señores diputados:
¡Muy bien!). Porque yo le pregunto, señora vicepresidenta: ¿puede usted explicar con la misma rotundidad y tono de superioridad moral con el que acusa falsamente al 20 % de los parados si usted y algunos de sus compañeros han estado cobrando su
salario de parlamentario y cobrando otro salario por el partido? (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). ¿Puede usted explicar durante cuánto tiempo, en qué cuantía y si todas han sido debidamente declaradas desde el punto de vista
fiscal, de compatibilidad
parlamentaria y de obligaciones con la Seguridad Social? Si no le queda tiempo en los minutos que le restan, utilice la próxima rueda de prensa del viernes para explicárselo a todos los españoles, pero, sobre todo, a los parados y paradas a
los que está acusando falsamente. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Que usted hable de fraude laboral, señoría, es una imprudencia, una osadía y una temeridad. (Rumores). Es una imprudencia porque este Gobierno únicamente lo que ha hecho ha sido hacer públicas las cifras de sanciones. ¿Qué hubiera dicho
usted entonces a un ministro de Empleo, el señor Valeriano Gómez, cuando afirmó en julio de 2011 que -escuchen bien- el 25 % de los parados defraudó al cobrar el paro? ¿Qué le diría usted, señoría? (Rumores). Mucho no le debería decir porque le
ha hecho portavoz de Economía.
En segundo lugar, es una osadía aprovecharse de la desgracia personal de quienes han perdido un empleo para hablar en esta Cámara del único tema del que tienen ustedes... (Rumores.-Un señor diputados: ¡Qué cinismo!).
El señor PRESIDENTE: Silencio mientras habla la vicepresidenta.
Continúe.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáez de Santamaría Antón): ... del que tienen ustedes unidad para hacer oposición. Es una temeridad, señoría, es parlamentarismo temerario que usted hable de fraude
laboral en esta Cámara, porque sencillamente se está investigando entre sus filas el mayor fraude laboral que se ha producido en la historia de la democracia española. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
Y no es el 'y tú más', porque ha sacado usted el tema (Protestas); es el 'no va más', 1.000 millones en un fondo de reptiles sin control y 120 imputados, entre ellos socialistas, desde directores generales hasta exministros.
(Protestas.-Aplausos.-El señor Gómez Sánchez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
En efecto, don Valeriano Gómez ha sido aludido pero, como es costumbre inveterada en el tema de preguntas, esto no se interrumpe. Al terminar las preguntas le daré la palabra para que pueda contestar. (Varios señores diputados: ¡No, no,
no! ¡Ahora! ¡Que ella se quede!).
Ahora, no. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Que se quede, tiene que contestar ella, que conteste ahora!). Ahora, no. Ha sido siempre así en todos los casos y así se hará en este caso. Y aprovecho para decirle al señor Campos que
le estoy oyendo y le ruego que guarde silencio.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO PONER REMEDIO AL ALARMANTE AUMENTO DE ROBOS EN EL CAMPO ESPAÑOL? (Número de expediente
180/000700).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. Pregunta don Antonio Trevín, del Grupo Socialista. (Varios señores diputados: ¡Es que ella se va! ¡Que se escapa, que se escapa!).
El señor TREVÍN LOMBÁN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, una plaga asola el campo español... (Fuertes protestas.-Varios señores diputados: ¡Que se ha escapado! ¡Que se quede, que se quede ella hasta el final!).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Trevín, espere un instante. (Continúan las protestas).
¡Por favor, ruego silencio para que se pueda oír la pregunta del señor Trevín! (Varios señores diputados: ¡Que se escapa! ¡Que se quede!-Aplausos).
Las entradas y salidas en la Cámara son libres, así que vamos a ver si seguimos con la pregunta.
Señor Trevín, tiene usted la palabra. (Un señor diputado: ¡Ya se ha escapado!).
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Empezamos esta pregunta con novia a la fuga. (Risas y aplausos).
Señor ministro, una plaga asola el campo español. El hurto, el robo y el rateo campan a sus anchas por explotaciones agrícolas y ganaderas. Desaparece material de iluminación y de riego por kilómetros, maquinaria y herramientas por
centenares, animales vivos por docenas, aceitunas, uvas y naranjas por toneladas. Lo que agricultores y ganaderos denuncian con indignación y temor, las estadísticas ministeriales lo evidencian. De 2011 a 2013 los robos con fuerza o violencia y
los hurtos en dichas explotaciones crecen a un ritmo de más de un 30 %. Por ello, le pregunto: ¿cómo piensa el Gobierno poner remedio al alarmante aumento de robos en el campo español?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Partiendo de la base de que no acepto como ciertos los datos de los que usted parte, y se lo puedo demostrar (Rumores), le tengo que decir que desde el año 2011, antes de que llegáramos al Gobierno, se está aplicando el plan contra las
sustracciones en instalaciones agrícolas y ganaderas. Es verdad que ante las demandas de las organizaciones del sector agropecuario más representativas y en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio
del Interior ha elaborado unas medidas que el pasado día 25 de septiembre presentamos conjuntamente con esas organizaciones y los dos ministerios, medidas operativas, medidas de coordinación con el sector que estamos convencidos de que van a dar
respuesta cumplida a esa presunta alarma a la que usted hace referencia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor ministro, pero lo que usted me cuenta me trae a la memoria una sentencia de un famoso guardia civil, el brigada Vila, personaje protagonista del Premio Planeta Lorenzo Silva: de un jefe no me
molesta la exigencia, pero sí la cobardía. Su plan anda flojo de exigencia y peca de cobardía. Lo aplican en Valencia, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, donde las sustracciones, con sus datos, aumentaron en los últimos dos años entre el
30 y el 45 %, pero no en La Rioja, donde con esos mismos datos suyos a finales de mayo iba creciendo un 112 %, ni en Castilla y León, donde en un solo año aumentó un 40 %. Peca de cobardía al mentir sobre la dimensión del problema. No fueron
15.234 los robos y hurtos el pasado año, como recientemente usted declaró a la prensa, sino 23.655, con sus datos, un 55 % más, pero lo importante ahora es cómo se resuelve esta auténtica lacra. Para ello debe empezar por reconocer con valentía qué
está fallando y qué remedio le pone. Permítame que le oriente. En primer lugar, le fallan los efectivos. Se necesitan más guardias civiles y desde que ustedes gobiernan no hacen más que disminuir. Hoy hay 4.500 guardias civiles menos en España
que en 2011. Y les falla la eficacia, es decir, la dirección, los medios, la inteligencia operativa. Quedan sin esclarecer 86 de cada cien de estos delitos, el 86 % no se resuelve. Usted y el ministro Cañete aseguraron a las asociaciones agrarias
que la solución estaba en penas más duras, pero ¿a aplicar a quién, si en la mayoría de los casos no cogen a los ladrones? Y los hombres y mujeres del campo español ya sufren, al menos como el que más, los recortes educativos, sanitarios o de
pensiones de su Gobierno. No les condene... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señor Trevín, todo exceso es mediocre. Partiendo de la base de que, efectivamente, hay un problema al que estamos haciendo frente, tampoco hace falta exagerar para enfatizar su importancia, pero, como usted me ha acusado de mentir en las
cifras, le voy a hacer una aclaración. En la rueda de prensa que dimos conjuntamente el ministro de Agricultura y yo se presentaba un plan específico para la Guardia Civil, porque, dado su despliegue territorial, el 90 % de los ilícitos penales que
se producen en las instalaciones agropecuarias son de su competencia. Por tanto, hicimos referencia a los delitos, que no a las faltas, porque los delitos son los que generan más alarma social, recogidos por la Guardia Civil y no por el Cuerpo
Nacional de Policía o por otras policías autonómicas. Por eso, aludí exactamente a 15.234, que fueron los delitos denunciados ante la Guardia Civil. Si sumamos las faltas, eran 6.624, y si sumamos
los de los otros cuerpos llegaríamos a la totalidad de la cifra que usted da, pero los delitos denunciados ante la Guardia Civil, como le digo, representan el 90 % del total. En segundo lugar, en relación con la eficacia, si hablamos de
detenidos e imputados, en el año 2011 fueron detenidos e imputados un total de 1.170 personas. Ya el año pasado, 2012, subieron prácticamente a 1.900 y en lo que llevamos de los ocho primeros meses de este año ya hemos igualado prácticamente lo
mismo del año pasado. Por tanto, la eficacia está ahí. Y en cuanto a las medidas operativas, tengo que decirle, señor Trevín, que se han puesto en marcha unos nuevos equipos llamados ROCA, contra robos en el campo, que se van a desplegar en
aquellas quince provincias con carácter inmediato que acumulan el 75 % de los delitos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿HA VALORADO EL GOBIERNO EL EFECTO DE LA SUBIDA DEL IVA EN LA CRISIS DE LAS
INDUSTRIAS CULTURALES? (Número de expediente 180/000695).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que contestará el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, que formula la diputada doña Elena Valenciano, del Grupo Socialista.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, ya que jugamos al abuso por parte del Gobierno de las declaraciones que hace en esta Cámara, tengo que decir que las afirmaciones de la vicepresidenta sobre las declaraciones de don Valeriano Gómez son falsas. (Aplausos).
En septiembre de 2012 ustedes subieron el IVA cultural del 8 al 21 %, y desde entonces en cine hemos perdido 141 pantallas, 17 complejos cinematográficos y se ha destruido más del 13 % de puestos de trabajo directos. En la música la
recaudación ha caído más de 2 millones y medio de euros. En las artes escénicas hemos perdido más del 55 % de público. España en este momento es uno de los países que más grava la cultura. ¿Ha valorado el Gobierno el impacto de la subida del IVA
en la crisis de las industrias culturales? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Señoría, la aplicación del tipo general a una serie de manifestaciones culturales que antes tributaban al tipo reducido de IVA obedece únicamente, como su señoría sabe perfectamente, a las exigencias de consolidación fiscal. Por supuesto,
el Gobierno las valora, las evalúa y, como ha comprometido el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, las someterá a examen en el contexto de una revisión de la fiscalidad que el Gobierno propondrá y que esta Cámara en su caso aprobará.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: ¡Vaya papelón, señor Wert! Se tragó usted la subida del IVA sin rechistar y hoy viene a defender la política del señor Montoro, que no ha querido contestarme, y eso que nos llevábamos bastante bien
cuando estábamos en Bruselas. No quisieron hacer caso a los pronósticos que hizo la oposición y el sector de la cultura, pero las peores previsiones se han cumplido; y ahora cometen la torpeza de atribuir la crisis del cine a la baja calidad de
las películas españolas, del cine español. Señor Wert, dígale al señor Montoro que para decir una cosa así hay que ser un irresponsable. ¿Se imaginan ustedes a un ministro británico, a un ministro francés o a un ministro alemán en una radio
diciendo que el cine de su país es de baja calidad? (Una señora diputada: No). Es impensable, ¿verdad? (Rumores). Pero el señor Montoro -que hoy no da la cara- y usted -que ahora llora sobre la leche derramada- son los responsables directos no
solo de estar destruyendo gran parte de nuestra industria cultural, sino sobre todo de haber convertido la cultura en un producto de lujo al alcance de muy pocos. Viene usted hoy a defender el conocido milagro Montoro, que consiste en subir el IVA,
destrozar el sector y recaudar menos. Ese es el milagro Montoro. (Risas y aplausos). Esa es una decisión que no beneficia
a nadie. Así que tengo que darle la razón a alguno de nuestros creadores más reconocidos -no sé si le suena; se llama Almodóvar-, que les acusa directamente de estar aplicando por razones políticas un plan de exterminio contra el cine
español. El resumen es: amnistía para los defraudadores e impuestos para los creadores. Gobierno de España. Ahora dígame, señor Wert, qué le ha dicho el señor Montoro que me conteste. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.
Señora Valenciano, de la forma más respetuosa posible le rogaría que no confunda a la gente. (Rumores). No conozco a ningún contribuyente al que le alegre que le suban los impuestos, ni tampoco conozco a ningún ministro que se alegre de
subir los impuestos. Pero, señoría, con los impuestos se financian los gastos de los servicios públicos esenciales; se financia la educación, se financia la sanidad, se financia la independencia y se financian las prestaciones sociales.
(Rumores). En una crisis de ingresos como la que hemos padecido y como la que hemos atravesado es evidente que, aunque sea de forma temporal, hay que tocar los tipos de algunos impuestos. Yo no voy a glosar lo que no me toca glosar, pero déjeme
que le diga que precisamente en función de esa preocupación por las industrias culturales -que estoy seguro que comparto con su señoría-, estamos articulando un mecanismo financiero que permita atender las obligaciones del Fondo de amortización de
la cinematografía. También en función de esa preocupación por las industrias culturales, se ha incrementado en el presupuesto de 2014 que va a venir a esta Cámara el presupuesto del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, lo cual
va a permitir el año que viene una utilización mucho más eficiente de los espacios escénicos y dar trabajo a creadores y técnicos en las artes escénicas. También le diré que en función de esa preocupación por las industrias culturales, estamos
trabajando -y espero que con la cooperación de su grupo- en una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, porque también por esa vía y de forma muy determinante se defienden las industrias culturales de este país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LAS PREVISIONES DEL FMI SOBRE LA INCIDENCIA DE LA DEUDA
ESPAÑOLA EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA? (Número de expediente 180/000701).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor Ministro de Economía y Competitividad. Pregunta, en primer lugar, de la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, antes de formular mi pregunta permítame que le diga a la vicepresidenta del Gobierno que lo que acaba de hacer es inadmisible e intolerable, y espero que usted se quede aquí para escuchar lo que tiene que decir nuestra
portavoz de Economía y que se lo transmita también a la vicepresidenta.
La semana pasada conocimos las previsiones del FMI sobre la economía mundial en las que sitúa a España como la sexta economía que menos va a crecer de un total de 188 países. Vamos a crecer menos que Grecia o Portugal, y en su informe el
Fondo Monetario Internacional alerta de los riesgos y amenazas que tiene para la economía española el excesivo endeudamiento, por eso le pido que haga una valoración al respecto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como usted sabe perfectamente -y además supongo que se alegrará mucho-, España ha dejado de ser el foco de atención en las asambleas del Fondo Monetario Internacional, del Banco
Mundial y del G-20. Lo que hace fundamentalmente el fondo es señalar que en España ha habido un exceso de endeudamiento privado que se acumuló fundamentalmente entre los años 2004 y 2009 como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Les
doy algunos datos, señorías: el crédito se disparó desde 800.000 millones de euros hasta 1,9 millones de euros en poco más de cinco años y el problema fundamental fue el crédito a la promoción inmobiliaria, que se multiplicó durante esos años por
cuatro; pasó de 78.000 a 324 millones. De ahí vienen gran parte de los problemas de la economía española. Respecto al aumento de la deuda pública, a la cual hacía usted referencia, lo que hace también es recoger compromisos anteriores. Es decir,
la recapitalización de las entidades de crédito, que no se hizo en su momento, las facturas impagadas a proveedores, la emisión de deuda para cubrir el déficit de tarifa -todo eso le va sonando, señoría- y las aportaciones que teníamos que hacer
para los programas de rescate a los países europeos. Esa es la razón fundamental de la evolución de la ratio de deuda pública/PIB. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Señor ministro, no minimice usted el problema de la deuda privada; sabe que es la causa principal de que España tenga serias dificultades para crecer y que el Fondo Monetario Internacional,
desgraciadamente, considera que hasta el 2018 no empezará a hacerlo por encima del 1 %. Nuestras empresas tienen que desendeudarse; otras pueden acceder al crédito pero no se lo dan porque, entre otras cosas, ustedes son los principales
responsables. Se trata de 300.000 millones de euros de deuda pública más que cuando llegamos al Gobierno que detraen de las entidades financieras para que fluya el crédito al sector privado. Además, ustedes no hacen reformas para crecer y el
crédito es fundamental para crecer y crear empleo; ustedes lo que hacen son contrarreformas, como poner patas arriba los organismos reguladores para acabar nombrando en el consejo a personas de su máxima confianza que carecen de independencia y que
es puesta en tela de juicio por los principales expertos. También considero que debe conocer los argumentarios de su partido. (Muestra un documento). El de ayer decía: Los buenos datos macroeconómicos se transforman en crecimiento económico,
empleo y bienestar para los ciudadanos. ¿Puede usted mirar a los ciudadanos y decirles que están creando empleo y generando bienestar a los ciudadanos? Creo sinceramente que no. Sabe perfectamente que desde que llegaron al Gobierno ha aumentado
el paro, se ha destruido un millón de puestos de trabajo, los trabajadores están en situación más precaria, tienen menos sueldo, menos derechos y menos capacidad de gasto, y así no se sale de la crisis. Su política es tremendamente injusta e
ineficiente: sacrificios inútiles, menos crecimiento, más paro, más deuda, menos bienestar. Ese es el legado que ustedes van a dejar. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, no sé como responder al conjunto de clichés que ha referido aquí en un momento. Simplemente, aquí tengo un gráfico del Fondo Monetario Internacional (Muestra un gráfico) -lo voy a enseñar aquí, es público- en el que habla de la
zona euro -lo pone en inglés- y brotes verdes. No es una expresión que utilice yo, es la expresión que utiliza el Fondo Monetario Internacional. Pues bien, en este gráfico se ve fundamentalmente una serie de países y su evolución en cuanto a la
exportación desde el año 2010. Al año 2010 se le da el valor 100 y a partir de ahí en términos reales se señala la evolución. ¿Sabe cuál es el mejor, señoría? El mejor -y esa es la causa fundamental por la cual estamos dejando atrás la recesión-
es España, en donde están creciendo las exportaciones reales en este periodo de tiempo un 30 %. Ahí es donde está, señoría; ahí es donde tenemos fundamentalmente la recuperación de la economía española. Hoy la percepción de la economía española
es completamente distinta a la que teníamos hace dos años y espero que usted también se alegre de ello. Espero que se alegre de que nuestra prima de riesgo esté en 240 puntos básicos. Espero que se alegre de que, efectivamente, ayer el Tesoro
emitiera letras a un año por debajo del 1 %, situación que no se conocía con anterioridad. Ahí es donde empieza a estar la mejora, que vuelvo a repetir que se está notando ya en los indicadores reales.
La situación de partida era extremadamente compleja, pero gracias a la política económica y al esfuerzo de todos los españoles estamos dándole la vuelta, señoría.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ROMÁN RUIZ LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CÓMO JUSTIFICA EL IMPACTO EN LA ECONOMÍA DE LAS ÚLTIMAS DECISIONES DEL GOBIERNO SOBRE PRECIOS Y TARIFAS?
(Número de expediente 180/000702).
El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada también al señor ministro de Economía y Competitividad, que formula el diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Socialista.
El señor RUIZ LLAMAS: Muchas gracias, señor presidente.
La vicepresidenta del Gobierno mintió el otro día cuando acusó falsamente a 520.000 parados del tema de un fraude y ha vuelto a mentir acusando a nuestro compañero Valeriano de unas declaraciones que no hizo, y además se ha ido sin
contestar. Esto es inadmisible en un Gobierno democrático. (Aplausos).
Señor ministro, ¿cómo justifica el impacto en la economía de las últimas decisiones del Gobierno sobre precios y tarifas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, los impactos están en la tasa de inflación. La tasa de inflación en España está en el 0,3 %, una de las más reducidas en los últimos años y que permite que las familias y las empresas españolas ganen en competitividad, ganen
capacidad adquisitiva. Si se refiere usted a esto, la verdad es que la tasa de inflación está a un nivel especialmente reducido. También le recuerdo que el Gobierno va a traer a esta Cámara la ley de desindexación. Es una ley que lo que hará,
fundamentalmente, será evitar que una serie de servicios públicos se actualicen de forma automática, como ocurría anteriormente, y que para un gasto de las familias próximo a 40.000 millones de euros haya una subida automática de estos precios, de
estos servicios públicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor RUIZ LLAMAS: Señor ministro, le hablaba de los precios y tarifas de la electricidad. La Comisión Nacional de la Competencia, en su informe del 16 de septiembre, alertó de que la reforma energética aprobada por su Gobierno no
solucionaba la falta de competencia en el mercado mayorista de la electricidad, y también pidió que el sector eléctrico incluyera entre sus objetivos no solo la sostenibilidad económica y financiera del sistema, sino también la competencia efectiva
entre los operadores del sector. Señor ministro, el sistema de subastas no garantiza una formación de precios competitiva y eficiente, que además de asegurar un suministro seguro y de calidad tenga un menor coste para los consumidores. Su Gobierno
desde 2012 ha encarecido los precios de la energía en más de un 15 %; la última subida ha sido en este mes de octubre. Estas subidas continuas del precio de la electricidad están mermando la renta disponible de nuestras familias, empobreciéndolas
aún más, y afectan a 15 millones de hogares españoles; asimismo, suponen, señor ministro, una amenaza grave para la competitividad de la industria española y castigan con sobrecostes excesivos al sector de los servicios, afectando a más de 3
millones de pequeñas y medianas empresas. Las medidas, además de ineficaces e injustas, no han solucionado el déficit de tarifa, y es que lo que está pasando, señor ministro, entre las decisiones del señor Montoro, las del señor Soria y las de
usted, es que nadie entiende nada; pasa como con el recibo de la luz. Es una contrarreforma recaudatoria, cuya consecuencia es el aumento del precio de la electricidad. Solo Irlanda y Chipre tienen en estos momentos el precio de la electricidad
más caro que España. Señor ministro, ¿qué medidas piensa impulsar como ministro de Economía y Competitividad para conseguir que los aumentos continuados
del precio de la energía, que perjudican nuestra economía familiar y hace menos competitivas a nuestras empresas... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, una vez reconocido que la inflación está en el 0,3 y que es de las más bajas, y eso es lo que tiene importancia desde el punto de vista de la cesta de productos de consumo de las familias españolas, usted me pregunta sobre el tema
eléctrico. Como usted sabe, desde el año 2005 se desborda el déficit del sistema eléctrico -nunca se abordó-, un déficit con un crecimiento exponencial de los costes del sistema, especialmente como consecuencia de las primas de renovables. Entre
los años 2003 y 2011 los costes eléctricos se han más que duplicado y el consumidor medio ha visto que su factura ha subido un 63 %; a pesar de eso el déficit de tarifa continúa aumentando. Con las medidas tomadas durante los años 2012 y 2013
evitaremos que el déficit de tarifa llegue a 10.500 millones este año, lo que, insisto, habría supuesto una subida de la factura de la luz de más del 40 %, concretamente del 42 %.
Señorías, con la reforma que ha planteado el Gobierno se busca un esfuerzo compartido y equilibrado entre las empresas, el Estado y el consumidor, con el objetivo de garantizar el suministro al menor coste posible. La reforma eléctrica es
otro más de los problemas que ustedes nos dejaron sin resolver, como el déficit de capital y de provisiones del sistema financiero o el déficit público, entre otros, y que hemos tenido que arreglar. Los hemos tenido que abordar desde el punto de
vista de lo que es la defensa del consumidor y desde el punto de vista de los intereses generales del país. Vuelvo a repetirlo, es una reforma que se enmarca dentro de la percepción de corrección de los desequilibrios macroeconómicos de España:
déficit público, situación del sistema financiero, situación de solvencia de nuestros bancos, competitividad y también el sector eléctrico. Eso es lo que ha hecho este Gobierno, abordar el problema y solucionarlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRIPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿POR QUÉ CRIMINALIZA EL GOBIERNO A LOS PARADOS ACUSÁNDOLES DE UN FRAUDE
GENERALIZADO INEXISTENTE, CUANDO LA VERDAD ES QUE HAY MÁS DESEMPLEADOS SIN NINGÚN TIPO DE AYUDA? (Número de expediente 180/000704).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social don Cayo Lara, del Grupo de La Izquierda Plural.
El señor LARA MOYA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, esta pregunta no iba dirigida a usted, iba dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, porque está motivada en la declaración, en la falsedad que dijo el viernes la vicepresidenta del Gobierno. En todo caso, ya aprovecho
para que felicite a quien corresponda por el auto de la jueza de Sevilla.
Paso a la pregunta: ¿Por qué criminaliza el Gobierno a los parados acusándoles de un fraude generalizado inexistente, cuando la verdad es que hay más desempleados sin ningún tipo de ayuda?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señor Lara, como diputado de estas Cortes Generales, usted tiene que respetar la ley y las instituciones, y espero que en sus declaraciones sea también respetuoso con la justicia, el procedimiento y la instrucción que está haciendo la jueza
Alaya con todos los casos que tiene en su mesa (Rumores.-Aplausos). Señor Lara, el Gobierno protege a los parados, los protege mejorando sus oportunidades para encontrar un empleo con políticas que van dejando atrás la recesión e inician en estos
meses el camino de la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo a partir del año 2014. También los protege,
señor Lara, cumpliendo y garantizando el cumplimiento de todas las prestaciones de desempleo como transición a la búsqueda y a la inserción en el mercado de trabajo, en acceso en condiciones de igualdad para todos los españoles. Además,
señor Lara, hay compromiso en esta salida de la crisis con los que más lo necesitan, con los parados, con más de 30.000 millones de euros en políticas de empleo para los desempleados y con el Plan Prepara. Le recuerdo que ha sido este Gobierno el
que ha hecho que el Plan Prepara se mantenga hasta que la tasa del paro no baje del 20 % y el que ha mejorado las prestaciones de ese plan para apoyar a los parados en su transición al camino del empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor LARA MOYA: Se referiría usted al plan para. Respeto absoluto, pero también respeto además de a la justicia a los parados. Es muy grave que la vicepresidenta afirmara que más de medio millón de parados y paradas que cobran ayuda
hacen fraude a la Administración, y es muy grave que la vicepresidenta del Gobierno presente a los parados como unos estafadores de la sociedad. Reviste mayor gravedad porque además es falso; el propio Ministerio de Empleo ha demostrado la
falsedad de dicha declaración. Si criminalizar a los parados es cruel y es inhumano, criminalizándoles siendo falsa la imputación no tiene ningún calificativo. Los parados no son unos estafadores, los estafadores no están en el paro; los parados
no son los que evaden impuestos, los parados no son los que tienen cuentas en Suiza; los parados no son los que arruinan este país, los parados no son los que están hundiendo nuestra economía; los parados no son para los que se hacen leyes de
amnistía para que blanqueen lo defraudado; los parados son las víctimas, más de 3 millones no cobra ayuda alguna, más de millón y medio solo percibe una ayuda al mes de 426 euros, y si algunos hacen chapuzas en negro, el 0,5 %, es porque no les
hacen contratos en blanco y porque tanto la vicepresidenta como usted saben que con 426 euros una familia no puede pagar un alquiler y comer. Incluso con dos ayudas de 426 euros no se puede pagar el alquiler, una hipoteca de un piso y vivir.
¿Podría vivir la vicepresidenta con 426 euros de ayuda, aunque su pareja le aportara una ayuda similar? ¿Qué pensaría si además la llamaran delincuente? Los parados no son delincuentes; los delincuentes económicos son otros y la vicepresidenta
sabe dónde están. Dejen ya de perseguir y criminalizar a los parados y persigan a los que están saqueando este país. Además, creen empleo, que es lo que necesita esta España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señor Lara, menos demagogia y más lucha contra el fraude en todos sus ámbitos, señor Lara, y también en el ámbito laboral. (Protestas.-Aplausos). Tolerancia cero con el fraude. Señoría, el fraude laboral tiene dos resultados muy
perniciosos, atenta contra el derecho de los trabajadores, contra la competencia leal entre empresas, pero sobre todo contra los recursos del sistema de Seguridad Social. ¿Usted qué propone, que no cumplamos la ley o que no sancionemos al que
legalmente lo merezca? (Rumores y protestas). Señor Lara, todos los Gobiernos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora ministra. Por favor, está hablando la señora ministra. No se le puede interrumpir.
Continúe.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor Lara, cumplir y hacer cumplir la ley, también la de 1994, la Ley de Seguridad Social, que sanciona las conductas insolidarias. El Gobierno ha dicho siempre, desde el
primer momento, que hay 520.000 infracciones en la lucha contra el fraude laboral, porque hay personas que no cumplen con sus obligaciones derivadas del cobro de la prestación por desempleo. Señor Lara, quien cumple la ley no defrauda. Yo le
pediría el mismo celo para pedir explicaciones por los ERE de Andalucía, eso sí que es una trama de fraude. (Rumores y protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOAN BALDOVÍ RODA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿RECONOCE EL GOBIERNO EL DESEQUILIBRIO DE FINANCIACIÓN PADECIDO POR LA COMUNITAT VALENCIANA MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE HAN OCASIONADO UN QUEBRANTO DE MÁS DE 13.000 MILLONES DE EUROS SEGÚN EL INFORME PRESENTADO POR EXPERTOS NOMBRADOS POR LAS CORTES VALENCIANAS? (Número de expediente 180/000687)
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta del diputado don Joan Baldoví, del Grupo Mixto.
El señor BALDOVÍ RODA: El 23 septiembre el presidente valenciano Alberto Fabra, Partido Popular, le entregó el documento: Criterios y propuestas para un nuevo sistema de financiación autonómica, elaborado por expertos nombrados por las
Cortes Valencianas. ¿Reconoce el Gobierno el desequilibrio de financiación que hemos padecido los valencianos, mediante la aplicación de los diferentes sistemas de financiación que han ocasionado un quebranto de 13.000 millones, como señala dicho
informe?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, señor diputado, hace pocas fechas el presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Fabra, me entregó, en mi despacho de la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el documento, el informe de los expertos
encargados por las Cortes Valencianas en relación con las propuestas para superar un déficit fiscal de la Comunidad Autónoma Valenciana. El calendario del Gobierno ya lo conocen y lo expuso el presidente del Gobierno. Tendremos la publicación de
las balanzas fiscales a finales de este año y también los resultados del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el análisis del sistema de financiación vigente. A partir de ahí, elaboraremos una propuesta de reforma tributaria,
donde distribuiremos los hechos imponibles entre las administraciones públicas. A partir de ello, es decir, hacia la segunda mitad del próximo año, acometeremos la reforma de la financiación autonómica, y a ese respecto informes como el de los
expertos que han promovido las Cortes Valencianas son, en primer lugar, bienvenidos en términos de contenidos, de sugerencias y de aportaciones que serán tenidos en cuenta y, a partir de ahí, lo que también agradeceremos será la disposición de los
grupos parlamentarios para poder llevar adelante un debate sosegado, razonable sobre cómo se distribuye la financiación de los grandes servicios públicos entre los ciudadanos españoles.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor BALDOVÍ RODA: La Generalitat Valenciana está gobernada por el Partido Popular desde 1995, hace dieciocho años. La deuda pública valenciana asciende a 29.000 millones de euros, la mayor de todas las comunidades autónomas. Equivale
a 2,5 veces su presupuesto anual. En 2012 se financió con déficit el 25 % del gasto. Señor Montoro, es como si en su casa pidiera un préstamo para pagar los alimentos, el teléfono, la luz o los libros de los niños. Los valencianos tenemos un
déficit mayor a pesar de que el gasto por habitante es menor en salud, en educación y en fomento de desarrollo económico; o sea, no es que gastemos más que la media, es que ingresamos menos, un 9 % menos, lo que representa unos 1.000 millones de
euros por año de infrafinanciación. El efecto de esta infrafinanciación sobre la deuda acumulada es muy grave y se acrecienta por los intereses. Una financiación igual a la media habría evitado solo en la última década 13.000 millones de deuda, es
decir que los valencianos en lugar de deber 29.000 millones de euros deberíamos solo 16.000. Además, la renta por habitante valenciana en 2012 es un 86 % de la media española, es decir somos más pobres que la media. La Ley de financiación de
comunidades autónomas dice: Corresponde al Estado adoptar las medidas tendentes a conseguir la estabilidad económica y presupuestaria, así como el desarrollo armónico entre las diversas partes del territorio español. Señor Montoro, ¿piensa pagar
esos 13.000 millones de euros a los valencianos? ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y no nos enrede. Esto es muy simple, como decía José Mota: las gallinas que
entran por las que salen. Allí, en Valencia, entran pocas y salen muchas. Señor Montoro, las valencianas y los valencianos no venimos aquí a hacer esto, venimos simplemente a hacer esto. (El señor Baldoví Roda muestra la imagen de una
balanza). Pedimos justicia. ¿Va a pagar esos 13.000 millones, va a hacer justicia? ¿Sí o no?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, ¿de dónde sale el dinero del Estado? De los tributos, de los impuestos que pagamos todos, incluyendo a los valencianos. Ustedes reclaman como si yo tuviera una caja propia. La única caja del Estado -porque el Estado somos
todos- se corresponde con lo que financian los tributos, los impuestos de todos los ciudadanos en todos los territorios de España. A partir de ahí, tenemos que afrontar de la manera más serena y más razonable el futuro de la financiación de los
servicios públicos que prestan las comunidades autónomas en España, pero no es reclamando al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda afronta un déficit del Estado español. El déficit está ahí; el déficit está en el sistema de pensiones, en
el sistema de desempleo, en la insuficiencia de los ingresos tributarios. Lo que necesitamos es crecer y crear empleo... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿TIENE EL MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LA
INTENCIÓN DE ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL FMI PARA ELEVAR LOS INGRESOS MEDIANTE EL IVA? (Número de expediente 180/000692).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Antonio Cantó, del Grupo de Unión Progreso y Democracia.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, querría saber dos cosas, si va seguir los consejos del Fondo Monetario Internacional para subir el IVA y también cuál es el título de la última película española que ha visto usted en el cine.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, las curiosidades las hablamos luego en el pasillo, si le parece. Me voy a atener al rigor de su pregunta. En primer lugar, quiero informar a sus señorías que la recaudación del IVA en España con datos provisionales para el
mes de septiembre está creciendo. En ingresos homogéneos la recaudación del IVA de septiembre sobre septiembre está creciendo un 12,2 % y un año después de la subida del tipo que tuvo lugar el 1 de septiembre del año 2012 -cuando pedimos esfuerzos
a los españoles- podemos ver que efectivamente en España ese esfuerzo se está materializando en una subida de recaudación, de manera que el tipo efectivo del IVA en ese año transcurrido ha sido del 20,1 %. Por tanto, el esfuerzo está requerido; no
hubo más remedio que pedirlo con esa subida del IVA, y ello está surtiendo una financiación y una recaudación que está facilitando la corrección del déficit público en España, la mejor financiación de nuestra economía. El director para Europa del
Fondo Monetario Internacional dijo en una rueda de prensa el viernes por la tarde que España era un ejemplo en el mundo en la habilidad de hacer los ajustes de acuerdo con el cubo de Rubik. Eso es lo que dijo el director para Europa. Por tanto,
también en el Fondo Monetario Internacional se están valorando mucho los esfuerzos que estamos haciendo los españoles en los ajustes económicos para salir de esta crisis.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor ministro, el problema es que usted cree que mi segunda pregunta es una curiosidad y no lo es, es algo muy serio. Los españoles le han elegido a usted para que ayude a la creación de riqueza y empleo,
no para que ejerza de crítico cinematográfico. ¿Usted se imagina a nuestro ministro de Industria cuestionando la calidad de los coches que se fabrican en nuestro país; al de Agricultura criticando el sabor de alguna de nuestras hortalizas o
criticando la calidad del agua de alguna de nuestras playas? Opine sobre las políticas de su ministerio, señor Montoro. Vamos a ejemplos. Nuestro fraude dobla la media europea, los técnicos de su ministerio cifran en 40.000 millones de euros lo
que dejamos de recaudar cada año. La amnistía fiscal que usted propuso fue un desastre ¿Qué le parece esa película, señor Montoro? La subida del IVA, también en cultura, está ayudando al estancamiento de nuestra economía. La deuda pública pronto
sobrepasará el cien por cien del PIB. ¿Qué le parece esa película, señor Montoro? Las organizaciones empresariales le han quitado a usted la razón y reconocen que nuestros sueldos están bajando. ¿Qué le parece esa película, señor Montoro? Se lo
voy a decir, esas son películas malas.
Los países de nuestro entorno cuidan de nuestro sector cultural con una IVA reducido, superreducido o con una ley de mecenazgo porque entienden que la cultura no es un gasto, señor Montoro, sino una inversión que ayuda a mejorar la calidad
de vida de sus ciudadanos, que consigue más ingresos con ese sector y convierte el hecho cultural en un aliciente muy importante para atraer turismo. El español está considerada ya la segunda lengua materna más importante del mundo. ¿Cuándo
generarán ustedes con la enseñanza de nuestra lengua una oportunidad como se hace, por ejemplo, en el Reino Unido? Estamos a años luz de ello. Ese es el trabajo de su Gobierno, señor Montoro. Dejen de tratar al sector cultural como un pasatiempo
y háganlo como a la industria del siglo XXI que es, como el motor de empleo y riqueza que debe ser, porque con sus declaraciones, usted, señor Montoro, le está haciendo daño. Baje el IVA de una vez, señor Montoro, también en cultura. Nuestro cine,
por si usted no lo sabe, es muy bueno; gente como Bayona, Fresnadillo, Vigalondo, Collet-Serra triunfan fuera, en Estados Unidos. Hace años, decenas de miles de españoles pasaban los lunes al sol; hoy millones de españoles por su culpa pasan los
lunes, los martes, los miércoles y el resto de la semana al sol preguntándose qué he hecho yo para merecer un Gobierno como el suyo, señor Montoro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Cuando usted quiera hacer una pregunta sobre el asunto relativo a la fiscalidad del hecho cultural, hágala. Exactamente la pregunta que usted ha formulado sobre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional va en sentido contrario.
Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, a las que se refiere su pregunta, son si el Gobierno español va a subir los tipos que aún quedan reducidos a tipos ordinarios, normales, del IVA. La respuesta es que no tenemos ninguna
intención de hacerlo, ninguna, porque lo que estamos viviendo por parte de los organismos internacionales es precisamente la demanda contraria a la que usted se refería. A partir de esto, le anuncio que en la reforma tributaria que llevaremos a
cabo en los primeros meses del año también tendremos en cuenta -ya lo estamos negociando con la industria cultural- cuáles son sus mejores condiciones financieras y tributarias para que... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: ¿CÓMO VALORA EL CRITERIO ADOPTADO RECIENTEMENTE POR LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE EXENCIONES FISCALES A PARTIDOS POLÍTICOS?
(Número de expediente 180/000696).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué opinión le merece el informe de la Agencia Tributaria sobre las donaciones ilegales del PP que efectivamente ahora deducen?
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Saura, no me merece ninguna valoración. Estamos hablando de un informe que es objeto de procedimiento judicial, que ha sido realizado y materializado por peritos funcionarios que, como su señoría sabe, pasan a depender directamente
del juzgado o la fiscalía en todo lo relativo a la causa en la que actúan sin que, en consecuencia, tengamos que hacer una valoración política del resultado de sus criterios y de sus análisis, o de cualquier otro que no sea la aplicación de la
legislación vigente, señor Saura. Por tanto, no entiendo bien cuál es el sentido de su pregunta, por qué la trae a colación. Insisto, estamos refiriéndonos a un procedimiento judicial abierto que no debe tener valoraciones políticas desde esta
Cámara.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Se lo explico, señor ministro. El Gobierno ha mentido a los españoles diciendo que 500.000 parados defraudan, sin embargo el Gobierno justifica que las donaciones ilegales del Partido Popular desgraven o protege a defraudadores que tienen
sus cuentas en Suiza. Señor ministro, ya lo hemos entendido, ya hemos entendido lo que ha hecho en política fiscal: primero se aprobó la amnistía fiscal, en segundo lugar se cambió la cúpula de la ONIF para poner personas de su confianza política
y en tercer lugar se plantearon 310 ceses en la Agencia Tributaria en solo dieciocho meses. Todo eso se ha hecho -lo hemos entendido señor ministro-para salvar la financiación ilegal del Partido Popular, para salvar y proteger a defraudadores que
tienen cuentas en Suiza, señor ministro. ¿Dónde está la Agencia Tributaria? ¿Dónde está la credibilidad de la Agencia Tributaria, señor Montoro? Con usted, señor Montoro, hay españoles de primera -qué digo de primera, de primera especial- y hay
españoles de quinta, los que pagan el IRPF, los que pagan el impuesto sobre sociedades. Usted, señor ministro, es el que da los carnés de primera especial a los que efectivamente no pagan a Hacienda, los que defraudan a Hacienda, los que tienen sus
cuentas en Suiza; usted da los carnés de primera especial, señor ministro. Usted es el enemigo público número uno de la Agencia Tributaria y de las autoridades tributarias, el enemigo público número uno de la lucha contra el fraude. Señor
ministro, usted ha reunido un gran consenso en este país; hay muchos colectivos de este país, muchos, señor ministro, que están pidiendo que se vaya como ministro. Señor ministro de Hacienda, usted es un peligro público para la lucha contra el
fraude. Váyase, señor Montoro.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Saura, yo seré lo que fuere pero usted es el ejemplo de la moderación, de la sensatez y del acierto parlamentario. (Aplausos). Cada vez está más creativo en sus argumentos; cada vez son más novedosos, más innovadores; cada vez se
le entiende mejor y cada vez eleva más el nivel intelectual del debate de esta Cámara. (Risas). Usted ha puesto en cuestión la independencia de instituciones como la Agencia Tributaria; eso es exactamente lo que acaba de hacer. (Rumores). Como
tuve ocasión de decir en el Senado, este Gobierno -estoy seguro que ningún gobierno de España, con independencia de su color político- no ha dado instrucciones políticas a la Agencia Tributaria, entre otras cosas porque ella está constituida por
unos profesionales, casi 30.000, que nunca aceptarían ninguna instrucción política, ninguna. Eso es algo que usted debería conocer ya, puesto que nuestra democracia ha vivido la sucesión de gobiernos, y debería respetar a quienes están trabajando
ahí, porque son servidores públicos que
están haciendo una tarea absolutamente fundamental en la lucha contra el fraude fiscal, en la recaudación tributaria, garantizando así la financiación de los servicios públicos y a su vez corrigiendo el déficit público para permitir la
salida de la crisis cuanto antes. Vamos a salir pronto de la crisis, señoría, y no va ser gracias a aportaciones como la suya ni la del Grupo Socialista en esta Cámara.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO FRANCISCO PRADAS TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO EXIGE UN AJUSTE EXTRA A ANDALUCÍA DE 1.200 MILLONES DE EUROS
PARA EL PRÓXIMO AÑO? (Número de expediente 180/000697).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula el diputado don Francisco Pradas, del Grupo Socialista.
El señor PRADAS TORRES: Señor ministro, vamos a hablar un poquito de Andalucía. ¿Por qué le exige el Gobierno este año en los presupuestos del 2014 un ajuste adicional de 1.200 millones de euros a nuestra tierra
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Vamos a hablar mucho de Andalucía, que realmente se lo merece. (Varios señores diputados: ¡Oooh!). Andalucía realmente tiene una gran importancia en la estructura político-institucional de España; es un territorio grande, poblado, lleno
de gente emprendedora y hoy castigado por la crisis económica y por el paro. Por tanto, para superar la situación que tiene la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, que no puede acudir ordinariamente a financiar su déficit en los mercados ni
renovar su deuda, tiene que seguir reduciendo el déficit público; lo tiene que seguir reduciendo según los objetivos que convinimos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en la senda que concertamos también con nuestros socios europeos y con
la Comisión Europea. Por tanto, no existe ningún esfuerzo adicional. Existe la oportunidad, la necesidad objetiva de que Andalucía reduzca el objetivo de déficit público para el año próximo al 1 %, y para eso, en esa senda, contará, como está
contando ya, con la colaboración estrecha, leal, institucional del Gobierno de España, puesto que la suerte de Andalucía es la suerte de España y con la reducción del déficit de Andalucía abrimos las puertas para el crecimiento económico de
Andalucía y España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor PRADAS TORRES: Muchas gracias, señor ministro.
Me gusta el tono y esa disposición que usted tiene para ayudarnos, pero los números no dicen eso, señor Montoro. Los números dicen que en el año 2013 tuvimos un margen del 1,58 % del déficit sobre el PIB y que este año nos están exigiendo
el 1 %, y eso supone un esfuerzo adicional de 800 millones de euros. Si a eso le añadimos el recorte que ustedes hacen en la participación de los tributos del Estado, en el Fondo de compensación, en el Fondo de solidaridad, etcétera, que suman
otros 400 millones de euros, estamos hablando de un déficit adicional de 1.200 millones de euros, que salen de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales; básicamente es así. Es decir, usted como ministro de Hacienda va a tener un
margen del 83 % del déficit del Estado y las comunidades autónomas vamos a tener el 17 % del déficit para gestionar esos servicios tan básicos que le estoy diciendo. Por eso tienen ustedes ese guirigay en su grupo, entre los presidentes de su
grupo, ya que ninguno está de acuerdo porque eso no fue lo que se habló en la Cumbre de Presidentes.
Señor Montoro, usted ha afirmado que estos presupuestos son los de la recuperación. Yo creo que son más bien los presupuestos de la desesperación: de la de los enfermos, los parados, los estudiantes, los pensionistas. De andaluz a andaluz
me gustaría decirle que cuando gobierna la derecha en España se
empeña en acabar con el PSOE en Andalucía a base de ahogar a los andaluces y a las andaluzas, y yo creo que ese no es el camino, porque no están consiguiendo ahogar al PSOE pero hacen un daño muy grande a los andaluces. El presidente Rajoy
se ha comprometido a trasladarle a usted dos propuestas de nuestra presidenta, que es su presidenta también, señor Montoro: un plan especial de empleo para Andalucía que venimos reivindicando en todos los presupuestos y el cumplimiento de la
disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Si cogemos el dinero que le debía el Estado, 1.500 millones, y le sumamos los 700 que llevan acumulados, son ya 2.200 millones; anótelo en su tableta y, por favor, escuche al presidente y
haga lo que creo que tiene que hacer por su tierra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias.
Desde luego que le escucharé. Estaremos atentos a la demanda que nazca de la Junta de Andalucía por supuesto y, en la medida de nuestras posibilidades, no le quepa duda, señor diputado, que las atenderemos, pero desde el objetivo común de
reducir el déficit público -es una de las políticas, no la única-, que nos está sacando de la crisis.
Yo tuve el honor de ser miembro de un Gobierno de España, como usted dice, de la derecha, un Gobierno del Partido Popular, en el tiempo en que el señor Chaves era presidente de la Junta de Andalucía y entonces Andalucía creó muchísimo
empleo. Fue cuando el señor Chaves acuñó aquella expresión Andalucía imparable. ¿Recuerdan lo de Andalucía imparable? Entonces había un Gobierno, como ustedes dicen, de derechas en Madrid y un Gobierno socialista allí. Da igual; lo que hace
falta es que haya políticas que realmente lleven al crecimiento económico y a la creación de empleo. Los que creemos en esa Andalucía, en la Andalucía emprendedora, estamos convencidos de que en poco tiempo vamos a ver otros contenidos en Andalucía
y en... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN FRANCISCO PUIG FERRER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO JUSTIFICA EL GOBIERNO LAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA 2014 EN LA
COMUNITAT VALENCIANA? (Número de expediente 180/000698).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Joaquín Puig, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, insultar a los parados es un clásico de su grupo; que lo haga la vicepresidenta es una desvergüenza y que huya, peor. (Aplausos).
Señor ministro, en sus primeros presupuestos en esta segunda reencarnación como ministro de Hacienda recortó la inversión de la Comunidad Valenciana el 35 % cuando el recorte medio fue el 16 %. Para 2014 más de lo mismo -somos casi el 11 %
de la población y recibimos el 6 % de las inversiones-, y todo cuando la tasa de paro de la Comunidad Valenciana es el 4 % más que la media nacional, tenemos 12 puntos por debajo de la renta per cápita y las peores previsiones de crecimiento de la
economía en toda España. Por eso le pregunto: ¿Le parece justo, equitativo y solidario su presupuesto para la Comunitat Valenciana? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Puig, palabras grandes como justo y equitativo... Lo que me parece es que el presupuesto de 2014 -además realizaremos el debate a la totalidad la próxima semana-, los Presupuestos Generales del Estado son los que conducen a España,
por tanto a la Comunidad Valenciana como parte de España, a una etapa de crecimiento económico y de pronta creación de empleo. Eso se hace siendo estrictos en materia de inversión
pública por una razón, la de que tenemos que dar prioridad a la reducción del déficit público, que es lo que nos está abriendo los mercados y está permitiendo financiar nuestro Estado, refinanciar nuestras empresas, sanear a nuestros bancos
-algo muy importante en toda España y también en la Comunidad Valenciana- y, a partir de ahí, facilitar las condiciones objetivas para el crecimiento y la creación de empleo. Por eso también me gustaría disponer de más recursos presupuestarios para
invertir en la Comunidad Valenciana y en otros muchos lugares de España, pero estamos dando prioridad a la reducción del déficit público en una política que se está mostrando acertada en términos de impulsar el crecimiento económico y la creación de
empleo. Desde luego, en la Comunidad Valenciana ya se está notando que realmente las perspectivas económicas de una comunidad como esta, una comunidad de emprendedores, realmente son mucho más esperanzadoras que las que había hace no más de un año.
Por tanto, señor Puig, estamos haciendo esos presupuestos; agradezco a su señoría que adelante el debate de la próxima semana. Ya le he dado el argumento central del debate de la próxima semana aplicable a la Comunidad Valenciana y al conjunto de
los territorios de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, presidente.
Podemos compartir que es necesario el ajuste, lo que pasa es que hay menos dinero y lo reparten peor -ese es el problema-, y lo hacen tanto en las inversiones y en el presupuesto como en el modelo de financiación. En dos años la inversión
en la Comunidad Valenciana ha bajado el 40 % cuando en el resto de España ha bajado el 23 %; solo en 2014 el Estado invertirá 89 euros por habitante menos que en el resto de España. Usted ha devuelto a la Comunidad Valenciana a las cifras de
inversión de cuando era ministro en la época de Aznar hace diez años. A pesar de lo que usted dice sobre la financiación -lo ha dicho aquí- de que estamos en la media y superando ya esa situación, no es verdad porque estamos 204 euros menos por
habitante. Por eso es urgente que haya un cambio de modelo de financiación, no podemos esperar a finales de 2014. Lo que nos prestan además del FLA es con intereses, lo que otros reciben simplemente por financiación ordinaria. No se trata de
hacer victimismo, no se trata de pedir privilegios. Se trata de que se acaben los privilegios y el victimismo, pero para eso debe haber igualdad entre los españoles, y ahora no la hay. Sus presupuestos son un reflejo del poder territorial del
Partido Popular, no de lo que necesita este país. Eso es una desgracia. Con estos presupuestos la Comunidad Valenciana no va a salir de la crisis, va a ir a peor.
Gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Puig, va a ir a mejor. Lo veremos, porque el tiempo pronto lo va a decir. Esto lo vamos a ver, no es porque lo diga yo. Esa referencia cuantitativa me ha gustado, la voy a tomar. Cuando yo dejé de ser ministro de Hacienda de España
en el año 2004 tenía ese presupuesto de inversión en la Comunidad Valenciana y en muchos lugares: la economía crecía al 4 %, se creaban 700.000 empleos al año y España tenía la mejor reputación del mundo, señoría. De eso se trata, de volver a esas
cifras. No vamos a lograrlo con las cifras que trajeron los gobiernos socialistas siguientes, que son las que han hecho retroceder a España en términos de credibilidad internacional y someternos a esta crisis. Vamos a salir muy pronto de esta
crisis, y su señoría lo podrá comprobar conmigo, sentados en los escaños de esta Cámara. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON VICENTE GUILLÉN IZQUIERDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA ÚLTIMA COMISIÓN BILATERAL ESTADO-COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN? (Número de expediente 180/000699).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Vicente Guillén, del Grupo Socialista, y dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de la Comisión bilateral Estado-Comunidad Autónoma de Aragón?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Guillén, hace una valoración muy positiva. Las comisiones bilaterales celebradas entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón han tenido alto contenido, que ha sido satisfactorio para las dos partes; es un motivo que debemos
celebrar, como celebro el sentido y la orientación de su pregunta.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor GUILLÉN IZQUIERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, entenderá que tengamos una valoración muy distinta. Desde que ustedes gobiernan, los representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón se han reunido en tres ocasiones. La primera de ellas, la de constitución,
se celebró el día 18 de julio en Zaragoza. En cuarenta minutos despacharon aquella reunión, que dijeron que había sido crucial para Aragón; por cierto, fue una reunión que abandonó la vicepresidenta como ha hecho hoy, con mentiras, entre protestas
y por la puerta de atrás. La segunda se celebró el día 22 de octubre aquí, en Madrid, justo unos días después de que usted presentara los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013; esos presupuestos que sus compañeros del Partido Popular
en Aragón tacharon de indefendibles. Ustedes aprobaron una serie de enmiendas por importe de 90 millones y ahora nos enteramos de que un tercio de esas enmiendas son inejecutables. La última reunión la celebraron ustedes el día 3 de octubre, justo
después de presentar usted los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. De esa reunión salieron encantados de haberse conocido y vendieron tres acuerdos. En primer lugar, constataron el buen ritmo de la ejecución presupuestaria. Fue
una falsedad, señor ministro, con la que engañaron a la delegación aragonesa; o bien la delegación aragonesa se dejó engañar, o las dos cosas a la vez. Ustedes mismos han reconocido que las empresas públicas ejecutarán este año menos del 60 % de
lo que tenían presupuestado. Un segundo acuerdo fue una encomienda de gestión para el desdoblamiento de la N-232, que el secretario de Estado de Infraestructuras se encargó de enterrar al instante. Además hubo un informe de apoyo al ferrocarril
del Canfranc, en el que ya nadie cree, señor ministro, porque en esta Cámara el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de una iniciativa que abogaba por su reapertura. En definitiva, señor Montoro, humo, ustedes nos venden humo.
¿Qué conclusiones podemos sacar de estos encuentros? Dos. Primero, que ustedes no se creen la bilateralidad y, segundo, que ustedes no quieren cumplir con la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía. Señor ministro, le pido
que cumpla con Aragón y con los aragoneses. Nuestro estatuto no se entiende sin tener a gala la lealtad con el Estado, la solidaridad con otros territorios y el compromiso, porque somos gente de pacto, señor ministro. En Aragón los reyes juraban
diciendo: Nos, que valemos tanto como vos y juntos podemos más que vos, os hacemos nuestro rey, señor, con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
El recuerdo histórico está muy bien traído, señor diputado. Me alegro y celebro que usted haga esa memoria en esta Cámara, representando la lealtad que debemos tener hoy los españoles desde nuestra propia historia y singularidad.
El pasado 2 de octubre de 2013 tuvo lugar la sexta reunión de la Comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado, en la que se trataron temas de especial relevancia y no cortinas de humo: la ejecución de inversiones en los Presupuestos
Generales del Estado de 2013, la previsión de inversiones de los
Presupuestos Generales del Estado para 2014, el Plan nacional de calidad de las aguas, el régimen local propio de Aragón, el cumplimiento del acuerdo en materia de policía adscrita, actuaciones del grupo de trabajo de gestión de la reserva
hídrica, traspasos de funciones y servicios, y plataforma aeroportuaria de Teruel; todas ellas cuestiones importantes, como lo es, como usted sabe, la posición del Gobierno de España por cumplir con demandas, que también vienen de bastante atrás,
de los aragoneses. Estamos cumpliendo con ellas. Aragón, como el resto de España, tiene una aspiración fundamental: salir de la crisis económica actual, superar la situación de crisis de paro, y por tanto esa colaboración leal entre
instituciones, entre quienes tenemos responsabilidad en el Gobierno y en las administraciones es absolutamente fundamental y básica para que pronto Aragón y el conjunto de España vivamos una etapa de crecimiento económico y de creación de empleo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA MADRAZO DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿ES CIERTO QUE LOS MAYORES ESFUERZOS POSIBLES SE ESTÁN EXIGIENDO A LAS
GRANDES EMPRESAS? (Número de expediente 180/000703).
El señor PRESIDENTE: Última pregunta, dirigida al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, formulada por doña Ana Madrazo, del Grupo Popular.
La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, la situación que usted se encontró a su llegada al Ministerio de Hacienda en materia de ingresos públicos fue realmente crítica. Usted la ha calificado hoy de cubo de Rubik. Es cierto, porque llegó en plena virulencia de la
crisis económica, con una caída libre de la recaudación tributaria, por lo que fue necesario tomar medidas urgentes para obtener los ingresos necesarios y hacer frente al pago de nuestros servicios públicos y así poder cumplir con los objetivos de
consolidación fiscal comprometidos. Transcurridos ya casi dos años desde su llegada al Ministerio de Hacienda, el Grupo Parlamentario Popular quiere hoy felicitarle, porque, gracias a unas previsiones de ingresos sensatas y rigurosas, gracias a
unas medidas difíciles y valientes en materia de impuestos, hemos conseguido que España haya reducido su déficit estructural nada más y nada menos que en 3 puntos del PIB, y eso ha hecho que recuperemos nuestra credibilidad internacional, perdida
con los Gobiernos socialistas. Es cierto que se han pedido esfuerzos en materia de pago de impuestos a toda la sociedad española, pero también es cierto que el Gobierno y el ministerio que usted dirige ha tenido especial cuidado en que esas medidas
tributarias fueran justas y equitativas, exigiendo mayor pago de impuestos a aquellos contribuyentes con una mayor capacidad económica. En concreto, se ha exigido un esfuerzo fiscal sin precedentes a las grandes empresas. Efectivamente, los tipos
efectivos del impuesto sobre sociedades han aumentado y se ha incrementado la recaudación de dicho impuesto, que ha pasado de 16.000 millones en el año 2010 a más de 21.000 millones en la actualidad. Al Grupo Parlamentario Popular le consta que el
Gobierno de España sigue trabajando con el doble objetivo de avanzar en la consolidación fiscal y en la justicia, y por eso le pregunto, señor ministro: ¿Es cierto que los mayores esfuerzos fiscales se están exigiendo a las grandes empresas?
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señora Madrazo, considero especialmente relevante que el Grupo Parlamentario Popular formule esta pregunta, con el contenido y el sentido político que tiene lo que acaba de decir su señoría, que es portavoz de Hacienda del Grupo
Parlamentario Popular.
El Grupo Parlamentario Popular está reiterando sobre la política del Gobierno que cuando llegamos al Gobierno había una manifiesta insuficiencia tributaria. Efectivamente tomamos medidas de subida de impuestos, pero lo hicimos equitativa y
ponderadamente, de manera que el aumento de recaudación del año 2012 -que fue de más de 4.800 millones de euros- vino por el endurecimiento de las condiciones tributarias a los que llamamos grandes contribuyentes, a las grandes empresas en España.
Además, para
ello articulamos cambios en la normativa fiscal y tributaria. Los cambios iban dirigidos a promover el desapalancamiento de nuestras grandes empresas. Hoy vemos que la mayoría de esas grandes empresas -casi la totalidad- tienen el
reconocimiento en Bolsa en forma de recapitalización bursátil a sus planes de desapalancamiento y de desinversión y no solo a lo que ya han desapalancado y desinvertido. Por tanto, las medidas tributarias han contribuido y estaban perfectamente
bien orientadas a recaudar más -ya he dicho: 4.800 millones de euros-, pero también a promover una política tributaria que está dando buen resultado. A través del reconocimiento en Bolsa, las grandes empresas y multinacionales españolas pueden
tener la capacidad financiera para seguir expandiéndose en el mundo y, al mismo tiempo, favorecer la formación de ahorro de los españoles a través de su recapitalización. Señorías, este es el proceso que estamos viviendo.
Acabo, señor presidente, lanzando una pregunta al aire: ¿Por qué esas medidas tributarias no las tomó el anterior Gobierno socialista? ¿No conocía la bajada de esa recaudación y el tipo efectivo de gravamen de los grandes contribuyentes de
España? Acabo esta intervención insistiendo en que la reforma fiscal de España, la que estamos promoviendo... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Terminado este turno de preguntas, ha habido, en efecto -y supongo que don Valeriano Gómez me pedirá la palabra- una alusión directa a don Valeriano Gómez en la respuesta a la pregunta formulada a la vicepresidenta. Quiero reafirmar aquí
-como he hecho hoy, y para que se sepa en el futuro- que siempre que ocurra esto, el momento de dar el turno de alusiones es este. No interrumpiré el debate de las preguntas para darlo. Ahora bien, como, en efecto, es un perjuicio para el diputado
esperar tanto tiempo, voy a leer lo que exactamente se ha dicho para que toda la Cámara conozca cuál ha sido la alusión para cuya respuesta le daré la palabra a don Valeriano Gómez. Dice: ¿Qué hubiera dicho usted entonces a un ministro de Empleo,
el señor Valeriano Gómez, cuando afirmó en julio de 2011 que -escuchen bien- el 25 % de los parados defraudó al cobrar el paro? ¿Qué le diría usted, señoría? Esas son las palabras y le doy la palabra al señor Gómez para contestar a la alusión, no
para abrir nuevamente el debate. Señor Gómez, tiene la palabra. (Rumores).
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No dudo que el Reglamento esté bien interpretado como usted lo hace, pero si se hubiera hecho de otra forma, nos hubiéramos ahorrado el espectáculo que hoy hemos contemplado: una vicepresidenta del Gobierno acusar a un ministro del anterior
Gobierno de España y marcharse, huir y no tener ni siquiera la mínima educación de escuchar a la persona aludida, que también ha sido ministro del Gobierno de España. (Aplausos).
Entrando en el fondo del problema, la lucha contra el desempleo y contra el fraude en el desempleo es una obligación fundamental de cualquier gobernante. (Varios señores diputados: ¡No! ¡No!-Protestas). Más todavía cuando hay millones de
personas que lo están percibiendo. Yo no hice nunca ese tipo de declaraciones, pero el Ministerio de Trabajo cada cierto tiempo rinde cuentas de su gestión, de su trabajo en el control del fraude en el desempleo. La diferencia es que la
vicepresidenta del Gobierno ha magnificado una situación que apenas alcanza a personas que hayan cobrado en B, como ella misma ha dicho; y es impropio ese tipo de lenguaje. Ella acaba de decir -y ha tenido ocasión de rectificar en la Cámara- que
más de 500.000 personas que cobraban el subsidio por desempleo cobraban en B. A pesar de que ha tenido la ocasión de disculparse no con los diputados de la Cámara, sino con los millones de parados que están cobrando una prestación porque han perdido
su empleo...
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, tiene que centrarse en la alusión y dejar claro si lo dijo o no lo dijo, pero no se trata de que reabra el debate; se lo he advertido al darle la palabra. (Rumores.-El señor Gómez Sánchez pronuncia
palabras que no se perciben). No hable usted hasta que le dé la palabra, porque no se le oye.
Ahora puede usted hablar.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, lo que digo es que es impropio de una vicepresidenta del Gobierno de España decir mintiendo y no rectificar después, que 500.000 desempleados estaban cobrando en B. (Protestas.-El señor Bermúdez de
Castro Fernández: ¿Lo has dicho o no lo has dicho tú eso, hombre?). Esto es lo que es reprochable, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
Como ministro del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
En primer lugar, la ausencia en este momento de la vicepresidenta del Gobierno de España obedece al compromiso de presidir (Un señor diputado: ¡Embustero!) la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se está celebrando
en estos momentos (El señor Sicilia Alférez pronuncia palabras que no se perciben.-Un señor diputado: ¡Cállate!-Rumores) y respecto al orden de esta Cámara -por cierto, el orden que está vigente-, cuando usted estaba en el Gobierno anterior y yo
mismo era miembro de la oposición ocurrían con gran frecuencia las alusiones de los miembros del Gobierno de España hacia mi persona así como mi capacidad de respuesta al final de la sesión. Por tanto, no sé de qué se queja, don Valeriano, porque
usted estaba en el banco azul en aquellos momentos. (Rumores). Pero vaya por delante que ella se ha referido a unas declaraciones concretas suyas realizadas el 21 de julio del año 2011 y que dicen (Muestra una fotocopia.-Rumores.-La señora
Montesinos de Miguel: ¡Están ahí!). El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo hoy que de los 235.000 perceptores de desempleo que se han investigado durante el último año, solo a una cuarta parte de ellos se les ha retirado la prestación por
cobrarla. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Ah!-El señor Sicilia Alférez pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor ministro.
Señor Sicilia, le llamo al orden por primera vez. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Es de suponer dos cosas. El titular refiere (Vuelve a mostrar la fotocopia): Valeriano Gómez: El 25 % de los parados defraudó al cobrar el paro. (Aplausos.-La
señora Montesinos de Miguel: ¡Qué cosas! Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Imagino... No imagino -corrijo-, estoy seguro, señor Gómez, de que en aquel momento su responsabilidad como ministro de Trabajo era luchar contra el fraude en el
desempleo y que lo hacía. Estoy seguro de que lo hacía; por tanto, este debate que tiene lugar en esta Cámara no viene a cuento. Usted también tenía la responsabilidad de perseguir ese fraude y por tanto de reiterarse en las manifestaciones que
en su momento hizo durante un curso de verano en El Escorial, tal y como figura en la prensa y se refleja fielmente en ese titular.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Gómez Sánchez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: No, señor Gómez, no le puedo dar la palabra porque a eso es a lo que tenía que haber contestado y no haber entrado en el debate sobre la vicepresidenta. (Protestas.-El señor Gómez Sánchez pronuncia palabras que no se
perciben).
Por mi bondad, le voy a dar treinta segundos, pero para que hable de eso. (Protestas.-Un señor diputado: ¡Hombre, no!).
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Pero, señor presidente, ¿usted cree que es razonable que después de que yo utilice un turno por alusiones que ha producido la vicepresidenta del Gobierno hace ya un buen rato, me conteste el ministro de Hacienda?
(Un señor diputado: ¡Sí!). ¿Usted cree que eso es razonable? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez, sí es razonable. Así ha sido siempre.
Este turno -lo he explicado antes y lo vuelvo a explicar- es un turno especial. Siempre que hay alusiones -y creo que esta Presidencia siempre se ha comportado así- creo que es bueno que todo aludido pueda contestar y se le pueda contestar.
En este caso, como ha ocurrido siempre, las alusiones se contestan hora y media o dos horas después. Eso hace que no siempre el ministro que ha hecho la alusión, o el diputado que ha hecho la alusión al ministro, pueda estar, y como puede ser que
no esté, puede haber otro que le sustituya. Eso es lo que ha hecho el señor ministro de Hacienda, ha contestado a sus preguntas, y le digo que este incidente está zanjado. (Rumores). No le voy a dar la palabra.
Pasamos ya a las interpelaciones.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Tiene que darme la palabra porque ha vuelto a reabrir el debate.
El señor PRESIDENTE: No tiene usted la palabra, señor Gómez. En mi opinión no ha utilizado bien su turno, pero es una opinión de diputado a diputado; allá usted.
Ahora estamos ya en interpelaciones urgentes.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Debe darme la palabra para que conteste al señor ministro de Hacienda.
El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra, señor Gómez.
El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Pero debe dármela.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL GOBIERNO DE ESTABLECER EL COPAGO EN LA MEDICACIÓN HOSPITALARIA. (Número de expediente 172/000162).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a las interpelaciones. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la rectificación de la decisión adoptada por el Gobierno de establecer el copago en la medicación
hospitalaria. Para su defensa, tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, señorías, el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, establecía en su artículo 4,
apartado 13, la creación de un nuevo artículo 94 bis sobre la aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. En concreto, en el punto 1 se definía por prestación farmacéutica ambulatoria la que se dispensa al paciente
mediante receta médica a través de oficina o servicio de farmacia. Quiero aquí recordar a sus señorías que el servicio de farmacia es lo que conocemos normal y coloquialmente como farmacia hospitalaria. Desde Convergència i Unió ya avisamos y
anunciamos que el tema de que se copagaran los medicamentos que constaban en ese decreto en los servicios de farmacia podía ser un peligro y nos tranquilizamos al ver que decía solo con receta médica, porque los medicamentos que iban ya con receta
médica son los mismos que se compran en las oficinas de farmacia. Pero nuestra sorpresa llegó cuando con posterioridad, en el mes de noviembre, y mediante una disposición adicional primera que se recogía en el Real Decreto-ley 28/2012, de medidas
de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social -no un decreto sanitario sino aprovechando otro decreto de la Seguridad Social- se modificaba la Ley del Medicamento y se ampliaba este concepto de la prestación farmacéutica
ambulatoria, añadiendo que también serían los que se dan con orden de dispensación hospitalaria. Quiero recordar que esto fue en noviembre y que en el mes de diciembre nuestro grupo parlamentario ya preguntó aquí, en el Pleno, a la ministra si era
consciente de lo que esto podría suponer, que era dejar la puerta abierta a que se copagaran los medicamentos que se daban desde las farmacias del hospital o desde los servicios de farmacia. Ese mismo mes de diciembre preguntamos al Gobierno por
escrito cuál sería el coste de poner en marcha este copago farmacéutico y cuál sería el beneficio que se podría obtener. La respuesta nos llegó tres meses más tarde, y se nos contestaba que el coste iría a cargo de las comunidades autónomas y que
por lo tanto serían ellas, según el sistema que pusieran, las que dijeran cuánto costaría, pero no se decía nada de a cuánto podía subir la recaudación.
Recientemente, y en desarrollo de la citada disposición adicional que, como digo, se hizo ya en el año 2012, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado una resolución en la que se establece que un grupo de fármacos,
42, pero en 150 presentaciones diferentes, estarán sujetos a un copago máximo del 10 % del precio por envase, con un tope de 4,20 euros por fármaco. La medida tenía que empezar a producir sus efectos a partir del día 1 de octubre, siendo las
comunidades autónomas las que deben desplegar los sistemas de cobro, como ya nos decían en aquella respuesta escrita. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
La gran mayoría de estos fármacos, señorías, que hasta el momento habían quedado al margen del copago, están destinados a tratar pacientes crónicos o con enfermedades graves; la gran mayoría son oncológicos, para tratar el cáncer, para
tratar la artritis reumatoide, las inflamaciones reumáticas, hepatitis, esclerosis múltiple y otras enfermedades similares. Su dispensación se realiza en la farmacia hospitalaria a esos pacientes no ingresados. Aquí, señora ministra, ni queremos
alarmar, ni hemos dicho nunca ni diremos que esta medida está dirigida a que paguen los medicamentos las personas que están ingresadas,
a los que se les suministran en el ingreso. No. Somos muy conscientes y sabemos muy bien que aquí se refiere a los medicamentos que se suministran desde la farmacia hospitalaria y que toman los pacientes en sus casas.
Quiero aquí recordar que esta medida ha provocado todo tipo de reacciones adversas por parte de asociaciones y colectivos de pacientes, de profesionales sanitarios, de instituciones; también han mostrado su desacuerdo los Gobiernos
autonómicos, sean del color que sean, que además tienen que ser los responsables de implantar y financiar el sistema de cobro. La principal discrepancia con la medida se centra en alertar que la decisión del Gobierno puede poner en riesgo el acceso
a la medicación a pacientes que pertenecen a colectivos con dificultades económicas graves precisamente por la enfermedad que padecen, algunos de ellos con dificultades para poder trabajar, por lo cual muchos de ellos tienen rentas básicas. Otro
punto de discrepancia -con el que coincide la mayoría de las partes, diría que casi la totalidad de las partes, en contra de esta decisión del Gobierno- es el de no compartir en absoluto este planteamiento de que la medida se justifica por razones
disuasorias o recaudatorias. Por su parte, las comunidades autónomas consideran que la medida se ha tomado de forma precipitada y sin previo aviso. Quiero recordar que, dos días antes de que se publicara en el Boletín del Estado esta normativa,
hubo un consejo interterritorial informal en Barcelona; allí no se habló absolutamente para nada de esta medida, y también quiero recordar que el día antes de que apareciera esta publicación en el Boletín Oficial del Estado estaba la ministra
compareciendo en la Comisión de Sanidad, y tampoco hubo una sola palabra, ni una sola notificación, ni un solo aviso de que eso se publicaba al día siguiente, en menos de 24 horas, en el Boletín Oficial del Estado. Ello ha comportado que gran parte
de los Gobiernos autonómicos, como he dicho, de todos los colores, se haya negado a aplicar la medida. Los motivos esgrimidos son diversos y variados: problemas de infraestructuras, no tener los sistemas informáticos para realizar los cobros o,
simplemente, por oposición frontal a esta medida.
Nuestro grupo parlamentario, como le he dicho antes, desde el primer momento y en cuanto tuvimos conocimiento de esa modificación en este real decreto del mes de noviembre del año 2012, ha intentado todo tipo de iniciativas y evitar lo
inevitable: el establecimiento de un copago de medicamentos de esta dispensación hospitalaria. Llegado este momento, hemos decidido presentar esta interpelación, donde pedimos que reconsideren esta medida, donde pedimos que retiren o modifiquen
ese aspecto de esos decretos, esa modificación de la Ley del Medicamento, y que los medicamentos que estén sujetos a copago ambulatorio sean solamente los que se suministran en las oficinas de farmacia, ni uno solo de los servicios de farmacia.
Porque, señora ministra, ¿con qué criterio dicen ustedes en los servicios de farmacia que unos medicamentos -voy a empezar por el cáncer, por los oncológicos- si se toman de forma oral se han de pagar y si se dan de forma intravenosa no se han de
pagar? Con esto se puede deteriorar también la relación médico-paciente. Cuando un paciente va a su oncólogo y le dice los tipos de medicación o de quimioterapia que existen, a veces le pregunta: ¿Prefiere tomarlo oral o prefiere que se lo
hagamos por vía intravenosa, porque existen las dos modalidades? Quizá aquí va a intervenir la pregunta del paciente diciéndole: Doctor, ¿esto me va a costar dinero? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque, además, está el coste de
pasar de la medicación oral, que pueden tomar en su casa, a la medicación intravenosa. La medicación intravenosa no la pagará el paciente pero le comportará muchos gastos por ausencias en su trabajo, si es que todavía está en activo, por las horas
que va a perder en el desplazamiento, las horas que tiene que estar en ese hospital mientras le suministran esa medicación; todo esto no sé si lo han tenido suficientemente en cuenta, señora ministra.
Además, no solamente están todos estos medicamentos oncológicos, que ya son graves, es que hay otra serie de medicamentos. Hay una nota que apareció hace pocos días con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas, donde los
pacientes con enfermedades inflamatorias, reumáticas, a los cuales se les aplican medicamentos biológicos para el tratamiento de estas enfermedades, se quejaban de que estos medicamentos, cuyo coste es elevadísimo, hasta ahora se les suministraban
en las farmacias de los hospitales de forma gratuita. Ya sé que me dirá que ahora tienen un tope de 4,20 por envase. Pero yo también le digo, señora ministra, que muchas veces al cabo de un mes no solo gastan un envase, porque al principio de los
tratamientos, y cuando no son de mantenimiento, la cantidad de pastillas que se toman al día es muy elevada. Muchas veces los primeros meses necesitan dos o dos cajas y media, con lo cual no va a ser ese 4,20, sino que van a ser los 8,40, o los
12,60. Además de todos los otros medicamentos que están tomando ya y que pagan en sus oficinas de farmacia, les va a suponer un sobrecoste añadido. Ninguno de estos medicamentos a los que están sujetos se toman solos; son además de todos los
otros. Aquí no hay un tope mensual para estos pacientes. El tope mensual que existe para
los pensionistas según su renta, no existe para los que, aún teniendo estas enfermedades graves, pueden estar en activo. El coste mensual para quienes padecen algunas de estas enfermedades y se les aplican algunos de estos medicamentos está
entre los 40 y los 60 euros, a los que tendremos que añadir ahora el coste de esta farmacia ambulatoria que, además, necesita mucho control. No se los toman porque sí, sino porque son medicamentos de los que no pueden prescindir porque el deterioro
en su salud sería muy grave.
Veo que se me termina el tiempo. Espero, señora ministra, que en la segunda parte podamos profundizar un poco más para hacer ver o, quizá, hacer entender la gravedad de esta medida y nuestra petición de que el Gobierno recapacite y
rectifique esta decisión de establecer este copago en la medicación hospitalaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.
Por el Gobierno, señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero agradecer al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que haya presentado esta interpelación, pues el Gobierno no tiene el menor inconveniente en explicar, cuantas veces sea necesario, el camino emprendido para llevar a
cabo las reformas necesarias para mantener el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, un camino que se está haciendo desde el primer día de acuerdo, señoría, con las comunidades autónomas y también con los profesionales sanitarios. Quiero volver a
recordar que el pasado mes de julio firmamos un acuerdo con los representantes de la profesión médica y enfermera precisamente para garantizar la mejora de la calidad del Sistema Nacional de Salud en beneficio de los pacientes; más de 500.000
profesionales sanitarios han mostrado su disposición para trabajar codo con codo con nosotros para sacar a la sanidad de la situación en la que está y garantizar las mejores prestaciones para los ciudadanos. Por eso, no puedo dejar de sorprenderme
cuando, semana tras semana, algunos grupos parlamentarios intentan hacer exactamente lo contrario de lo que estamos haciendo con los profesionales médicos y enfermeros. Pero mire, cualquier ocasión es buena para poner de manifiesto los avances que
estamos consiguiendo con la reforma sanitaria y, de paso, despejar algunas dudas que algunos portavoces se empeñan en difundir a toda la población.
La única preocupación de este Gobierno es y será garantizar a todos los españoles una sanidad pública universal, gratuita, de la máxima calidad y con las mismas prestaciones en todo el territorio nacional, y eso requiere que sea
económicamente sostenible. Usted sabe, señoría, que las herencias a las que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista son de todo menos buenas. Lo digo porque no hay más que tirar de hemeroteca para saber lo que dijeron los consejeros de su
comunidad autónoma cuando llegaron a la Generalitat después del tripartito, el mismo caos económico que nos encontramos nosotros en diciembre de 2011: un sistema en quiebra, 16.000 millones de euros de deuda, un gasto farmacéutico 5 puntos por
encima del de los países de la Unión Europea, prestaciones sanitarias diferentes en cada comunidad autónoma. Lo que hizo este Gobierno, como también lo hizo el suyo en su momento, fue remangarse y ponerse manos a la obra para hacer lo más
importante, que era y es garantizar la sostenibilidad de ese sistema. Hasta ahí siempre hemos estado de acuerdo, por eso me sorprenden algunas afirmaciones suyas. El Real Decreto-ley 16/2012 ha sido la pieza normativa fundamental para reconducir y
volver a hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, se acordó prácticamente por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde está también el consejero de Cataluña, no se olvide de eso, señoría, como
tampoco debe olvidarse de que ha sido este Gobierno el que ha destinado 12.100 millones de euros, el 73 % del Plan de pago a proveedores, a pagar las deudas de las comunidades autónomas en materia sanitaria y de servicios sociales. Digo esto porque
el Gobierno ha destinado más de 2.600 millones de euros a Cataluña para pagar esas deudas. Y les recuerdo también, señorías, que Cataluña todavía tiene importantes deudas en farmacia hospitalaria y, por lo que sabemos, la Generalitat tampoco pagará
a las farmacias en el mes de septiembre. También hay que tener en cuenta la situación económica a la hora de adoptar medidas, siempre considerando que lo importante es el paciente y en este caso el ciudadano.
Señorías, todas las medidas que hemos aprobado tienen como único objetivo garantizar a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud el acceso a las mismas prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional. Es
posible que en este punto usted pueda no estar de acuerdo conmigo, es posible, pero para mí todos los ciudadanos son iguales, residan en Cataluña, en Madrid, en Baleares, en
Canarias o en Extremadura, y por eso estamos poniendo en marcha una cartera básica común de servicios; una cartera que hace que todos los ciudadanos sean iguales en toda España y que accedan a las mismas prestaciones y a los mismos
medicamentos en todos los lugares del país. También hemos aprobado una tarjeta única sanitaria en esa misma línea. Estas medidas garantizan la igualdad y la equidad en el acceso a las mismas prestaciones en todo el territorio nacional. Lo
logramos a través de un Sistema Nacional de Salud único, cohesionado y debidamente coordinado con las comunidades autónomas. Por eso, señoría -usted debería saberlo-, todas las medidas se toman siempre basándonos en el diálogo y con el acuerdo de
las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Ojalá siempre hubiera unanimidad; no es posible en todos los casos, pero las medidas siempre se adoptan por una inmensa mayoría del consejo. Allí mismo fue donde se
acordó regular la nueva aportación del usuario a la farmacia, que ya estaba incluida en el real decreto-ley que aprobamos en abril de 2012. Por cierto, fue aprobada en este Parlamento. Posteriormente -tiene usted razón- en el Real Decreto-ley
28/2012 se equiparó la orden de dispensación hospitalaria con la receta médica, también después de pasar por el Consejo Interterritorial de Salud, que lo aprobó por mayoría, y por estas Cortes, que también aprobaron el decreto-ley por mayoría.
Además, señorías, es una medida que todas las comunidades autónomas conocen porque participaron en las reuniones técnicas desde el primer momento. Por eso me asombra que se muestren sorprendidos y vengan a hablar ahora de nuevos copagos cuando la
situación estaba ya aprobada en estas Cortes. Usted lo dice en su interpelación, al menos lo que he leído: La prestación farmacéutica ambulatoria es la que se dispensa al paciente mediante receta médica a través de oficina o servicio de farmacia.
Por tanto, la farmacia es una sola, con independencia de donde esté ubicada, y no lo digo solo yo, lo dice la portavoz socialista, señora Martín González, en la Comisión de Sanidad hace dos semanas. Cito textualmente: Entiendo y comparto
perfectamente que se tiene que despachar en igualdad de condiciones en una comunidad autónoma que en otra y aportando lo mismo si es en la farmacia de la localidad que si es en la farmacia hospitalaria. Pero incluso, señoría, lo dice su consejero,
el señor Boi Ruiz, la semana pasada. Cito textualmente: Que en el actual modelo, se dispense donde se dispense un medicamento, no haya más que un único umbral y no dos umbrales y dos mesas para medir si me lo dan en el hospital o si me lo dan en
la farmacia. Por tanto, no entiendo por qué quiere usted generar una discrepancia donde sabe que no la hay.
Y si hablamos de desigualdades, de distintos umbrales, de dos mesas o de efectos acumulativos, señoría, tengo que recordarle el euro por receta, que su Gobierno, el de su partido, impuso durante demasiados meses a los catalanes. Es una
medida que desde luego discrimina a los ciudadanos de Cataluña respecto de los del resto de España y es una medida que penaliza a los que más enfermos están, a los enfermos crónicos o a los que consumen más medicamentos y necesitan más recetas.
Porque, señorías, el euro por receta sí tenía un efecto acumulativo; eso sí era desigualdad, señorías, y no solo de los ciudadanos de Cataluña respecto de los del resto de España, sino también porque pagaba más el que más enfermo estaba. Pero en
aquel momento ustedes no pensaban y no decían que pudiese ser una barrera para acceder a la protección de la salud ni les preocupaba que los criterios de la prestación farmacéutica fueran económicos y no exclusivamente criterios clínicos y
farmacéuticos como ahora mantiene el señor Boi Ruiz. Fue este Gobierno el que tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional para demostrarles que estaban ustedes equivocados, que el euro por receta era discriminatorio, era acumulativo y era lesivo
para los catalanes.
Señoría, nuestra única meta es trabajar con eficacia, rigor y transparencia para lograr que cada día nuestro Sistema Nacional de Salud vaya mejor. Lo que ha hecho el Gobierno, le insisto, de acuerdo con las comunidades autónomas, es
garantizar la equidad en el Sistema Nacional de Salud y que los pacientes sean tratados de igual manera, independientemente de la comunidad donde estén e independientemente de donde retiren sus medicamentos. Quiero ser clara en este aspecto, la
atención sanitaria hospitalaria, como usted sabe, es gratuita; los tratamientos que se aplican en los hospitales, como usted bien ha dicho, son también gratuitos, y ningún paciente paga absolutamente nada en los tratamientos que recibe en el
hospital. Segundo, la aportación a los medicamentos dispensados ambulatoriamente en las oficinas de farmacia hospitalarias, y en las de calle también, está regulada desde el año 2012 y se hace de acuerdo con la renta y con un tope de 8 euros para
las personas mayores. Tercero, la resolución administrativa que se ha aprobado lo que hace es precisamente proteger a los pacientes porque, tiene usted razón, hay algunos medicamentos que tienen unos precios altos y lo que hemos hecho es rebajar
los precios para que nadie pague más de 4,20 euros por tratamiento, independientemente de la comunidad donde resida o de donde retire la medicina, porque ustedes saben, señorías, que la decisión sobre dónde se dispensan
medicamentos, si en la farmacia del hospital o en la farmacia de la calle, la toman las comunidades autónomas y no precisamente por criterios clínicos sino en muchos casos por criterios económicos. Por tanto, señoría, hemos fijado un tope
para que se retire donde se retire la medicación tenga un tope máximo de 4 euros cuando el medicamento es caro. Por cierto, le recuerdo que la aportación a todo ese listado de medicamentos, el copago, lo puso el Gobierno socialista entre 2007 y
2010.
Por último, señorías, hemos ahorrado todos, ustedes también en Cataluña, 2.300 millones de euros. ¿Sabe usted lo que permite ese ahorro de 2.300 millones de euros en farmacia? Seguir incorporando medicamentos innovadores, y usted lo sabe
bien. Son medicamentos que necesitan las personas que están más enfermas y que a veces tienen unos precios muy altos. Gracias a esos ahorros, gracias a ese esfuerzo que pedimos a los ciudadanos estamos consiguiendo ahorrar para introducir nuevos
medicamentos que queremos que se dispensen en todos los sitios por igual, con independencia de la comunidad autónoma. Y es verdad, hemos pedido un esfuerzo a los ciudadanos, pero lo hemos hecho de manera equitativa, de manera que aporte más el que
más tiene y menos el que menos tiene. Las personas mayores -yo sé que es una preocupación para usted- no aportan más de 8 euros, es el tope, y usted sabe que afortunadamente están pagando 4 euros; da igual donde retiren la medicación, el tope de 8
euros mensuales es igual para los pensionistas, retiren la medicación en la farmacia del hospital o la retiren en la farmacia de la calle. Por tanto, señorías, para las personas mayores el régimen de aportación sigue siendo exactamente el mismo que
aprobamos, como no puede ser de otra manera, por ley en estas Cortes y ningún pensionista va a tener que aportar más que esa cantidad tope. Y por supuesto protegemos a las rentas menores, a las personas con discapacidad y por primera vez a los
parados de larga duración. Sabe usted que casi un millón de parados no pagan por sus medicamentos cuando antes tenían que aportar el 40 %, teniendo algunos de ellos desafortunadamente enfermedades graves; en una o en otra farmacia, pero pagaban el
40 % por ellos y ahora pagan cero euros por esos medicamentos. Por tanto, señorías, creo que lo importante es seguir en esa línea para que todo el mundo tenga acceso a los mismos medicamentos con independencia de donde sea.
Desde luego, señorías, es bastante incomprensible que ustedes se unan a esta estrategia porque no me parece adecuado hacer demagogia en un asunto como este. Señoría, su Gobierno en Cataluña ha aumentado esta misma semana el copago a los
usuarios de los centros sociosanitarios. Yo no voy a criticar esta decisión, primero, porque es competencia de la comunidad autónoma; segundo, porque la respeto; tercero, porque estoy absolutamente convencida de que si lo han hecho ha sido porque
han considerado que es necesario para mantener la sostenibilidad del sistema y, lo más importante, como dijo su consejero, porque están seguros de que esta contribución por nivel de renta nunca será una barrera para acceder a la atención sanitaria o
a la protección de la salud. Sí le pediría que aplicase la misma coherencia con nosotros porque, si usted está de acuerdo con la posición de su consejero, también tiene que estar de acuerdo con las medidas que, junto con las comunidades autónomas,
estamos adoptando para garantizar la sanidad a todos los españoles en todo el territorio nacional.
Finalizo. Tiene usted razón, esta no es en absoluto una medida disuasoria ni recaudatoria, es una medida de eficiencia y de eficacia porque mejora la gestión, la transparencia y el control de los medicamentos hospitalarios, que, como usted
sabe, no están pagándose en muchas comunidades autónomas, y eso garantiza una mejor gestión, que siempre redunda en beneficio de los ciudadanos. Por tanto, señorías, queda mucho trabajo por hacer, lo estamos haciendo con las comunidades autónomas,
lo estamos haciendo con los profesionales sanitarios -el próximo día 21 tenemos una conferencia para seguir avanzando en estas cuestiones a la que espero que todos ustedes puedan asistir- y creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte y
dejamos de convertir la sanidad en una batalla partidista les haremos un gran favor a todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, me hubiera gustado que su respuesta se hubiera centrado un poco más en el tema objeto de esta interpelación y que no nos hubiera contestado de esta forma, mezclándolo todo y yendo otra vez al real decreto. Hay cosas que le
reconozco; voy a felicitarla por haber conseguido un acuerdo con los profesionales sanitarios, médicos y enfermeros. Nada que decir. Usted ha llegado a unos acuerdos, nos parece perfecto, nos parece muy bien, pero no sé qué tiene que ver esto con
lo que le estamos
pidiendo del copago en la farmacia hospitalaria. Además, usted nos ha dicho que esto viene del Real Decreto 16/2012, también se lo he dicho yo al principio, y del 18/2012, que es el que lo empeoró con la orden de dispensación, ya lo
sabemos, pero le quiero recordar también, cuando dice que estos decretos los aprobaron con mayoría, que desde luego fue así, pero con una mayoría solitaria. Quiero recordarle que lo aprobó en solitario el Partido Popular, que todo el arco
parlamentario estuvo en contra de estas medidas, y no solamente el arco parlamentario, también sociedades científicas, médicos, asociaciones de pacientes; unanimidad. Recuerdo incluso una cosa que le dije ese día cuando estábamos hablando de ese
real decreto. Le dije: a lo mejor, por muchos que sean y por mucha mayoría que tengan, pueden equivocarse, y le puse el ejemplo del maestro que, cuando en su clase suspenden todos, a lo mejor hay que pensar que no enseña bien. Aquí hay unanimidad
en contra de esta medida y estamos hablando precisamente de esta medida. No le voy a negar que algunas de las medidas que se han tomado han tenido un efecto para la sostenibilidad del sistema, pero ahora estamos hablando de esta medida, que usted
me dice que no es disuasoria ni es recaudatoria. De acuerdo, pero es muy importante para estos pacientes que tienen que tomar esta cantidad de medicamentos, que se suma a los otros que están tomando. Algunos de ellos son pensionistas y se les
podría aplicar el tope; por cierto, en la resolución no pone en ningún momento que estarán sometidos al tope mensual del copago farmacéutico de los 8 o 18 euros que se aplica a los pensionistas, pero algunos de ellos están en activo y con rentas
muy bajas y estos tienen que pagar, del resto de los medicamentos, a los que ahora añadimos los del hospital, el 40 % o el 50 % de su importe en las farmacias, y ellos no tienen tope. Cuando usted me hablaba de las palabras del señor Boi Ruiz
-tengo aquí su contestación exacta de la semana pasada- me sacaba una frase, pero si se lee el texto completo se refería a que se tendrían que poner topes mensuales para todas las enfermedades crónicas y graves, aunque estén en activo. Eso es lo
que nosotros le pediremos y lo que desde Convergència i Unió seguiremos defendiendo.
Además usted me habla de equidad y me habla de que el sistema sea más justo. Se lo dije en abril del año 2012 y se lo he repetido muchas veces, señora ministra: no me hable de justicia -aunque entiendo que los parados no tengan que pagar-
cuando aplica el mismo copago a las familias y a las personas que están cobrando 18.001 euros que a los que están cobrando 99.999 euros al año, no es justo, no es lo mismo y les está aplicando el mismo criterio. Y a todas estas familias, que muchas
de ellas están en esos 18.000 euros, a todos los fármacos que ya están tomando y que le he dicho que suponen una media de entre 40 y 60 euros al mes lo que les está costando, aparte de productos sanitarios y de otras medicaciones que ahora han
salido del Sistema Nacional de Salud y que tienen que ir comprando, ahora les tienen que añadir estos 4, 8 o 12 euros mensuales. Porque encima usted les añade otro coste. Antes, cuando los pacientes viven en zonas rurales muy alejadas -le puedo
comentar de mi zona-, pacientes que por ejemplo viven en el Valle de Arán o en l'Alt Urgell, en zonas muy alejadas del hospital de Lleida al que pertenecen, aprovechaban cuando iban a visitar a su especialista para que el especialista les diera la
orden de dispensación y, si no tenían que volver al control hasta dentro de tres meses, se les procuraba esa medicación para esos tres meses, para que no tuvieran que desplazarse. Ahora tendrán que ir cada mes o tendrán que pagarlo de golpe, cosa
que muchos de ellos no se pueden permitir.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Tarruella, tiene que finalizar.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Termino, señora presidenta.
Aparte de ello tendrán que pagarse el transporte, todos los costes de desplazamiento cuando en todos los hospitales hay una farmacia al lado donde les podrían dispensar lo que fuera necesario. Por eso, señora ministra, le vuelvo a pedir en
nombre de nuestro grupo parlamentario que rectifiquen esto, por favor. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, usted sabe perfectamente que hasta el consejero de Cataluña comparte la necesidad de estas medidas que estamos adoptando. También sabe que todas las
comunidades autónomas están haciendo esfuerzos en el ejercicio de sus competencias para garantizar la sanidad y los servicios sociales, y así también lo cree su Gobierno cuando aumentó el copago sociosanitario la semana pasada, exactamente igual,
señoría. Si nos atenemos a lo que dijo el consejero Boi Ruiz -y le leo textualmente- en el Parlamento,
tampoco él está de acuerdo con lo que usted está diciendo: En el actual modelo, se dispense donde se dispense un medicamento -puede estar entresacado de las líneas pero es lo que dice-, no debe haber más que un único umbral y no dos
umbrales y dos mesas para medir si me dan el medicamento en el hospital o me lo dan en la farmacia. Todo el mundo coincide en que da igual donde uno retire el medicamento, señorías, porque sería absolutamente injusto que un ciudadano que tiene la
buena fortuna de ir al hospital no tenga que pagar nada por ello y otra persona, que a lo mejor tiene una renta infinitamente más baja, tenga que ir a la farmacia y tenga que retirar el medicamento. Por tanto, señorías, no parece lógico que por los
mismos medicamentos, por los mismos, que se retiran en una oficina de farmacia o que pasan a ser retirados en un hospital, según la decisión de la comunidad autónoma, según el paciente y según el momento determinado varíe la aportación que tiene que
realizar el usuario. Lo razonable, lo lógico -y usted lo sabe- es que la aportación en farmacia, que siempre ha existido y ahora se hace en función de renta, lo cual es más justo, sea igual para todos, con independencia de las decisiones que tomen
las comunidades autónomas. Por tanto, cualquier medicamento que se retira en una farmacia para tomar en el domicilio tiene que tener el mismo coste para los ciudadanos en cualquier lugar de España, primera cuestión.
Segunda cuestión. Como hay algunos medicamentos que tienen unos costes altos y tienen un precio alto, ¿qué es lo que hemos hecho en la resolución que algunos quieren que se retire -y léase el informe de la Abogacía del Estado-? Lo único
que hemos hecho ha sido fijarles un tope de 4 euros. ¿Para qué? Para que la persona que tiene que tomar ese medicamento tenga que hacer un esfuerzo, que lo hace con 4 euros, pero un esfuerzo que le permita acceder a esos medicamentos, cosa que no
podría hacerse de otra manera, para los 120 fármacos que antes de pasar a dispensación en farmacia hospitalaria estaban sometidos a aportación reducida y para 30 medicamentos que tenían aportación normal y que ahora pasan a tener aportación
reducida, algunos de los cuales destacaban por su alto precio. Se trata, señorías, de que si una persona tiene que pagar el medicamento, la aportación sea la misma para todos. Y no traten de confundir, los pensionistas tienen una aportación con un
límite de 8 euros. Como le he dicho, en estos momentos la media de los pensionistas es que el 97 % están aportando 4 euros al mes, que es mucho, y es un esfuerzo, y es un sacrificio y se lo hemos pedido, pero gracias a ese sacrificio ahorramos
dinero, gracias a ese sacrificio los parados de larga duración -a los que usted se refería-, personas en activo que también pueden tener alguna enfermedad y que en este momento no tienen recursos económicos para pagar sus medicamentos, no tienen que
pagar nada por ellos. Eso es nuevo, es una novedad que hemos introducido en este decreto.
Señoría, tiene usted razón, se aprueba en el consejo interterritorial por la inmensa mayoría de las comunidades autónomas porque la inmensa mayoría de las comunidades, incluido en este caso el señor Boi Ruiz de la Generalitat de Catalunya
-incluido él-, están adoptando las medidas. Señoría, si usted piensa en los ciudadanos y no piensa en las comunidades autónomas ni piensa en las cuestiones económicas, si piensa en el ciudadano, lo lógico y normal es que todos los ciudadanos
aporten por igual. Por tanto, lo que hemos hecho es hacer un esfuerzo muy importante para que tengan el tope de 4,20 euros, señorías, por cada uno de los medicamentos. Le reitero que si un medicamento cuesta 20 euros, el usuario pagará 2 euros si
tiene que pagar el 10 %, pero, si como ocurre en muchos casos, el medicamento cuesta varios cientos de miles, el usuario tiene que aportar solo 4,20 euros. Estamos hablando de medicamentos caros para pensionistas y también para personas que no son
pensionistas. Hay algunos medicamentos pediátricos, pero también hay algunos medicamentos para problemas graves, para cánceres que también se venden en las farmacias, como usted bien sabe, y sin embargo esas personas, aunque tengan una renta más
baja, tendrían que pagar por el medicamento y personas con rentas muy altas, según su propuesta, irían a la farmacia hospitalaria y no pagarían por ello, señorías. Por tanto, lo que hemos hecho es una medida equitativa, una medida razonable y
efectivamente no se trata de recaudación porque, como hemos dicho, hemos fijado unos topes, de lo que se trata, señorías, es de que todos colaboremos de la manera más razonable posible para que haya accesibilidad a los medicamentos más innovadores
en todas las comunidades autónomas. Ese es nuestro reto, hacer un Sistema Nacional de Salud único en toda España. Usted sabe que había diferencias en las prestaciones, usted sabe que había diferencias en el acceso a los medicamentos, usted sabe
que todavía hay diferencias en el acceso a los medicamentos porque unos los dan en la farmacia, otros en el hospital y otros, desgraciadamente, ni siquiera los dan porque no los pagan. Señorías, lo que queremos hacer es que todas las comunidades
autónomas paguen por todos los medicamentos que tienen y los ciudadanos tengan que aportar lo mínimo posible en igualdad de condiciones y en relación con su renta. Ese sentido creo que es el que compartimos
todos, creo que todo se puede mejorar y podemos seguir trabajando en la misma línea, pero para mí lo importante es que todos los ciudadanos tengan las mismas condiciones en todo el territorio nacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA FALACIA DEL DENOMINADO 'DERECHO A DECIDIR'. (Número de expediente 172/000163).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia sobre los propósitos del Gobierno en relación con la falacia del denominado derecho a decidir. Para su
defensa tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia interpelo al Gobierno de España para pedirle que actúe ante un fraude legal y constitucional que se esconde tras la falacia del derecho a decidir al
que apela el nacionalismo catalán para dinamitar el Estado.
Señorías, vivimos un tiempo de mentiras del nacionalismo catalán y, si me permite, de cobardía del Gobierno de España que afronta el reto del secesionismo como si fuera una mera cuestión administrativa. Los nacionalistas invocan el derecho
a decidir de los menos para excluirnos a los más de ejercer nuestro derecho a decidir. Los nacionalistas hablan de respetar la democracia cuando lo que se pretende -lo que pretenden- es vulnerar el orden constitucional, la propia democracia.
Traigo a las Cortes Generales el debate sobre la falacia del denominado derecho a decidir porque no renunciaré nunca a defender el derecho de todos los ciudadanos españoles a decidir sobre nuestro futuro, que es inseparable del futuro de nuestro
país. Traigo a las Cortes Generales este debate ante la falta de liderazgo del Gobierno de la nación y del partido que lo sustenta. Traigo a las Cortes este debate también ante la ambigüedad del principal partido de la oposición. Traigo aquí este
debate porque ningún colectivo, ni cultural, ni religioso, ni étnico, ni ideológico, puede estar por encima del derecho de los ciudadanos que componen ese colectivo. Como nos recordaba hace unos días el profesor José Varela Ortega, parafraseando
entonces el discurso del diputado de origen catalán Antoni de Capmany, traigo a las Cortes el debate porque aquí, en estas Cortes, no hay provincia, aquí no hay más que nación, aquí hay diputados elegidos por y no diputados de; aquí somos todos
diputados españoles. Traigo aquí el debate porque aquí reside la soberanía nacional, porque estas Cortes son responsables de frenar lo que el nacionalismo pretende hacer en Cataluña, que no es otra cosa que proclamar unilateralmente la ruptura de
España y convertir en extranjeros en su propia tierra a la mitad de los catalanes y al resto de todos los españoles. Ya sé que resulta difícil desmontar mitos o responder racionalmente a un discurso emocional, cuasi religioso, que es el que
sostiene las mentiras del nacionalismo. No cometeré pues el error de contestar a un discurso emocional con otro igualmente emocional porque en esta cuestión no hace falta más nacionalismo, sino más democracia, y porque la democracia no está para
proteger los sentimientos de los ciudadanos, que son de cada uno de ellos, la democracia está para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
En primer lugar, y solo para que quede constancia, desmontemos la primera mentira que soporta el victimismo del nacionalismo frente a España. España nos roba, dicen los nacionalistas catalanes. Pues no, España no roba a Cataluña ni a
ninguno de los territorios que la componen. Los impuestos son individuales, los pagan cada uno de los ciudadanos, ciudadanos libres e iguales ante la ley, que son los titulares de derechos y deberes en cualquier democracia moderna. La
reivindicación nacionalista de organizarnos en tribus que detentan derechos por encima de los derechos de los ciudadanos no sería sino el retroceso a las sociedades predemocráticas.
En segundo lugar desmontemos aquí, en las Cortes Generales, el discurso sobre el derecho a decidir, que es la falacia con la que pretenden sumar voluntades desde el discurso del nacionalismo catalán. Por cierto, todo este debate me recuerda
mucho a aquel que vivimos con el llamado Plan Ibarretxe, que murió, quiero recordárselo al Gobierno, cuando llegó a estas Cortes en febrero del año 2005. También en aquel plan se apelaba al derecho a decidir del pueblo vasco, que llevaba, según los
nacionalistas vascos, ocho mil años -creo que dijeron- sin poder expresarse. Los nacionalistas catalanes no van tan lejos, pero apelan a lo mismo. En lo sustancial el plan y la vía son como dos gotas de agua.
Vayamos a la cuestión sobre el derecho a decidir. Señorías, señores del Gobierno, señor ministro, los catalanes, como los vascos y el resto de los españoles, llevamos ejerciendo nuestro derecho a decidir desde que en España hay democracia.
Lo ejercemos cada vez que vamos a las urnas y elegimos a nuestros representantes a nivel local, autonómico, nacional o europeo. ¿Hay derecho a decidir? Claro, pero derecho a decidir de todos los españoles que, insisto, en democracia se ejerce cada
vez que se va a la urna, incluso cuando se decide no ir. Derecho a decidir, sí, pero de todos los españoles. Ejercemos el derecho a decidir dentro de los límites que establece nuestra Constitución que, como cualquier constitución democrática del
mundo, regula también, como no podía ser de otra manera, sobre qué se puede y no se puede decidir y cuál es el ámbito para hacerlo. La cuestión no es pues que los catalanes no hayan podido decidir, la cuestión es que lo que los nacionalistas
catalanes pretenden es cambiar la estructura del Estado al margen de todos los españoles. De eso estamos hablando, de que los nacionalistas catalanes pretenden cambiar la estructura del Estado al margen de la voluntad de todos los españoles. Lo
que los nacionalistas catalanes pretenden es quitarnos al resto de ciudadanos españoles el derecho a decidir sobre la estructura territorial del Estado. Lo que los nacionalistas catalanes pretenden es cambiar el sujeto de soberanía, modificando de
facto el artículo 1.2 de la Constitución, el que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Lo que los nacionalistas catalanes pretenden es, señorías, un golpe de Estado democrático;
sí, un golpe no sangriento, pero igual de violentador del orden constitucional, porque la Constitución puede cambiarse, naturalmente, pero con arreglo a las normas que la propia Constitución contiene. Por eso, el lugar para debatir sobre el
denominado derecho a decidir, sobre esa falacia, con el que el nacionalismo catalán quiere violentar las normas del Estado de derecho, es esta Cámara, que -insisto- es donde reside la soberanía nacional. Es a estas Cortes a las que corresponde
abrir o no un proceso constituyente sobre el que deben pronunciarse todos los españoles, y es a estas Cortes a las que corresponde cerrar un proceso de hurto de derechos, que es lo que se pretende con la llamada vía catalana. Sí, un proceso de
hurto de derechos a todos los ciudadanos españoles, que es lo que pretende la llamada vía catalana, una vía hacia la ruptura de la convivencia entre conciudadanos, una vía para obligar a los ciudadanos a renunciar a una parte de lo que son, una vía
que pone la identidad -signifique eso lo que cada cual quiera que signifique- por encima de los derechos de los ciudadanos, una vía que expulsaría a los catalanes de España y de Europa, una vía que, como todas las vías catalanas, hemos descubierto
que es de pago: 9.357,7 millones de euros. Todos los españoles, también los nacionalistas, merecen que el Gobierno dé una respuesta democrática a ese pulso al Estado y el silencio, señor ministro, no es la respuesta que necesitamos. Ante tanta
mentira, ante tanta inseguridad, ante tanta tensión que divide familias y grupos de amigos, ante tanto sentimentalismo enfermizo, fatuo y acomodaticio el Gobierno debe actuar. Actuar es más que decir que exigirán que se respeten las leyes, faltaría
más; actuar es algo más que esperar a ver si escampa; actuar no es negociar bajo manga el precio que estamos dispuestos a pagar por el chantaje; actuar es defender el Estado, que es mucho más que defender un mapa; actuar es defender la unidad de
la nación española; sí, defender la unidad de la nación española no como un valor sentimental, sino como el único instrumento capaz de garantizar la igualdad de todos los españoles.
Mi grupo defiende la integridad territorial de España aquí, en esta Cámara, que es donde reside la soberanía nacional, porque defender la unidad de la nación española es defender la integridad de derechos de todos los ciudadanos, una
integridad de derechos que nadie, en nombre de ningún pueblo historia o fuero, puede parcelar. Ningún derecho nos puede ser parcelado. Los nacionalistas decidieron en el Parlamento catalán que el conjunto de los españoles teníamos que renunciar al
ejercicio pleno de nuestros derechos como ciudadanos, y el Gobierno debe contestar a esa tropelía porque los españoles no hemos delegado en nadie nuestro derecho a decidir sobre el futuro de nuestro país; y por eso, para proclamar la vigencia de
esos derechos traemos hoy aquí, a las Cortes Generales, el debate.
La vía catalana, como antes lo fue el plan Ibarretxe, es inconstitucional, no porque asuma competencias que no le corresponden a una autonomía, no; la vía catalana es inconstitucional porque es antidemocrática, porque cercena derechos de
todos los ciudadanos, porque impone la visión de una parte sobre los derechos de todos. La vía catalana es antidemocrática porque, como dije, nadie puede convertir en extranjero en su propio país a uno de sus conciudadanos. Ni a los catalanes se
les puede convertir en extranjeros en el resto de España ni al resto de los españoles se nos puede convertir en extranjeros en Cataluña. La vía catalana es antidemocrática porque nadie puede privar a nadie, en nombre de nada, de ejercer sus
derechos como ciudadanos. Lo que es de todos lo decidimos entre todos y el futuro de España nos compete a todos los españoles, a los catalanes también; también, pero no solo y nunca en
nombre de todos. Insisto en que las leyes están para cumplirlas. Sin el imperio de la ley no hay democracia ni hay libertad. El camino para cambiar una ley cuando no nos gusta no es suplantar la soberanía nacional, sino conseguir mayoría
allá donde reside esa soberanía, es decir, aquí en las Cortes Generales. Por eso, señor ministro, ante este envite antidemocrático le pregunto al Gobierno: qué piensan hacer para proteger a los españoles de aquellos que nos quieren arrebatar
nuestro derecho a decidir el futuro de nuestro país y también el futuro de nuestros hijos.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, señora Díez, la respuesta la ha dado usted misma. ¿Qué piensa hacer el Gobierno? Aplicar la ley. La ley da sentido a la existencia
misma del Gobierno y, por tanto, su función no solo es respetar la ley, sino también hacer cumplir la ley. Usted ha definido perfectamente que en nuestra democracia y en todas las democracias del mundo a lo largo de la historia de la humanidad se
ha buscado la primacía de la ley sobre determinadas voluntades políticas que puedan parcelarla. Podríamos citar ya a Cicerón, que en su momento intentó recuperar los valores propios de la ley y el servicio a la ley como auténtica fuente de
libertad. Es lo que está haciendo el Gobierno y es lo que va a seguir haciendo el Gobierno.
En su intervención sobraban los calificativos que ha utilizado. Esta mañana ha escuchado de la boca del presidente del Gobierno -que se ha referido reiteradamente en sede parlamentaria a esta situación- que la ley que garantiza y asegura
nuestros derechos y libertades y fija las normas de nuestra convivencia establece un modelo concreto de organización territorial del Estado: el Estado de las autonomías. No hay nada que objetar a quien pretenda en el marco de la ley cambiar ese
Estado de las autonomías excepto que, además de la voluntad política, tiene que tener la capacidad política para llevarlo adelante. Por tanto, el debate político que se está desarrollando en nuestro país tiene el alcance que tiene. Vaya por
delante que no se deriva de mis palabras una supuesta minusvaloración, pero le digo que tiene el alcance que tiene. Nadie puede pretender vulnerar la Constitución del año 1978; lo ha explicado insistentemente el presidente del Gobierno en esta
Cámara, por tanto, no se entiende la crítica que ha llegado usted a establecer de tibiezas y palabras más gruesas; ha llegado a hablar de cobardía, términos inadecuados y totalmente disconformes con la realidad.
Estamos defendiendo la ley y, en relación con la declaración del Parlamento catalán, lo que hemos hecho es aplicar la ley -la ley según la entiende el Gobierno fundamentada en la Abogacía General del Estado- presentando un recurso de
inconstitucionalidad ante la declaración del Parlamento catalán que pretende hacer residir la soberanía única primaria en el pueblo catalán, cuando el pueblo catalán es parte del pueblo español. Por tanto, hemos presentado un recurso de
inconstitucionalidad ante esa declaración del Parlamento de Cataluña cargados de razones y convencidos de que esa declaración del Parlamento de Cataluña es inconstitucional. Puede ocurrir con esa declaración o con otras tomas de posición; incluso
ocurre en el Estado de las autonomías español con cierta frecuencia en relación con normas y leyes que se aprueban en los parlamentos y que, a criterio del Gobierno de España, son inconstitucionales. Aquí hay un conflicto propio de un país política
y administrativamente descentralizado por cómo se entiende hasta dónde limita la Constitución; y eso es lo que dilucida el Tribunal Constitucional. Ese es el respeto que hay que tener a las instituciones en cualquier momento, pero también en
momentos en que hay que saber enfocar los debates políticos en España.
El criterio del Gobierno en relación con lo que está ocurriendo en Cataluña es muy claro. Entendemos que hay mucha gente en Cataluña que se decanta por una supuesta independencia como si fuera la solución a la crisis económica. Están en un
error, por eso es tan importante superar este barco de crisis económica como prioridad de las acciones políticas del Gobierno, que también deberían serlo de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara, porque vamos a demostrar, como llevamos
décadas demostrando a raíz de la Constitución de 1978, que la convivencia que establece nuestra Constitución, como ha dicho el presidente del Gobierno esta misma mañana, es la que ha permitido la mayor etapa de prosperidad, de libertad y de igualdad
de oportunidades mayor de la historia de España; entre catalanes y el conjunto de españoles. Todos hemos sacado una gran ventaja del statu quo jurisdiccional actual, todos. Nunca España había alcanzado semejantes cotas, insisto, de prosperidad,
de libertad y de
autogobierno de los territorios de España que nosotros denominamos nuestras comunidades autónomas. Nunca se había alcanzado en nuestra historia semejante estatus, y lo que tenemos que hacer es seguir haciéndolo compatible. La
descentralización política y administrativa del Estado de las autonomías definida en nuestra Constitución puede y debe ser compatible con el desarrollo económico de España. ¿O es que nos vamos a olvidar ya de que en la etapa de crecimiento que va
fundamentalmente desde el año 1997 hasta el año 2007 -una década- en Cataluña con esta Constitución y con el Estatuto de Autonomía anterior se crearon 1.400.000 empleos? Por tanto, ahí hay una Cataluña de emprendedores, hay una Cataluña que puede y
debe liderar la solución a la crisis, una Cataluña en convivencia con el resto de España y dentro del proyecto europeo, integrada en la Unión Europea. Por tanto, esa es la Cataluña a la que apelamos desde el Gobierno y esa es la razón por la que en
el Gobierno actuamos desde el diálogo pero también desde la firmeza de nuestras convicciones, que son las de la Constitución, que define claramente, como hemos dicho reiteradamente en sede parlamentaria, la indisolubilidad de la unidad de España.
En consecuencia, no hay nada que discutir sobre ello; lo define con toda claridad, con toda rotundidad y con toda eficacia.
Cuando alguien pretende cambiar la Constitución lo que debe hacer es sumar las voluntades políticas suficientes para cambiar esa Constitución, y su señoría se ha referido al caso de la historia reciente de nuestra democracia en el que se
pretendió -en aquel momento por el Gobierno de Euskadi- promover en el Parlamento vasco un sistema que no era compatible con la Constitución y que murió en estas Cortes -como no podía ser de otra manera-, como morirá también cualquier procedimiento
no compatible con la Constitución. Por eso, también es importante mantener firmeza pero también serenidad en este tipo de diálogos y de debates políticos. Si llegáramos a calificar este debate político como una absoluta prioridad de la España
actual por encima de otros objetivos políticos, le estaríamos haciendo un flaco servicio a la unidad de España; ese sería el resultado. En cualquier caso, señorías, no le quiero restar gravedad a determinados planteamientos políticos que vienen de
determinadas formaciones políticas de Cataluña que, insisto, representan la parte que representan de la sociedad catalana aunque ellas dicen que representan a toda Cataluña. Es decir, no representan a toda Cataluña; como cualquiera de nosotros
representan la fracción que nos ha votado, y quienes ostentamos la posición de un Gobierno buscamos los intereses generales representando también el interés de España en lo que es su presencia en el exterior. Lo mismo ocurre -como ellos a veces
simbolizan- con cualquier crítica que se hace a una formación política de ese tipo, que se ofende a Cataluña, es decir, es como si cualquier crítica que recibe un miembro del Gobierno de España ofendiera a España; imagínense lo que sería esto,
sería una definición antidemocrática. No tiene nada que ver la calificación, pero quiero decirle que a pesar de la importancia de estos debates políticos, deben entender cómo nos están viendo desde fuera.
Desde fuera nos están viendo como un país que tiene un gran potencial de prosperidad; desde fuera nos están viendo como un país que vuelve a recuperar la capacidad de atraer inversiones; desde fuera nos están viendo como un país que merece
la pena seguir financiando, un país que es leal con Europa y que está haciendo -como citaba esta mañana refiriéndome al jefe de Europa, del Fondo Monetario Internacional- un ejercicio de habilidad en términos de ajustes económicos -él simbolizaba en
la metáfora del cierre del cubo de Rubik- con un sentido europeo, profundamente europeo, apoyado en las instituciones europeas y facilitando desde las mismas la propia recuperación de España. Este es el discurso de la defensa de la Constitución y
el discurso de la recuperación de la crisis económica de nuestro país que, sin duda alguna, dará otro concepto, otra acepción a determinados discursos y a determinados debates políticos en España.
Usted, señora Díez, insiste y hace esa interpelación, pero no tenga dudas sobre los conceptos que está articulando y defendiendo el Gobierno de España. Insisto en las numerosas comparecencias, empezando por aquellas en las que el presidente
del Gobierno de España se ha referido a esta situación; no cabe otra vía que no sea la aplicación de nuestra Constitución, y a partir de ello tenemos que dedicarnos todos al esfuerzo de superar la crisis económica y a hacer que el gran debate de la
misma no instale el sentimiento de frustración en capas sociales de nuestro país que reciben esos mensajes como propios de un Estado que ni mucho menos es fallido, es un Estado fundamentado en nuestro sistema de libertades, en nuestro sistema de
respeto de convivencia, en un proyecto de integración europea que además de ser una integración económica es, ante todo y sobre todo, un proyecto de integración política donde no caben las separaciones, no caben los individualismos. ¿Qué clase de
Europa construiríamos si dejáramos desmembrar a los Estados actuales? Por eso las instituciones europeas están respondiendo muy claramente.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor ministro, tiene que acabar.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): No hay solución fuera de España, si quienes quieren irse fuera de España es salirse de Europa. Quien lo pretenda, por supuesto, legítimamente lo debe hacer, pero
también lo debe decir y explicar claramente a la sociedad catalana, a la sociedad española y a la sociedad europea.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, lamentablemente ha despejado usted todas mis dudas, son ustedes unos irresponsables y unos frívolos. Venir aquí a decir que no pasa nada, que lo que está ocurriendo en Cataluña no es importante y que lo importante es lo que
dicen las leyes, no lo que pasa, aunque las leyes digan las cosas que dicen; venir aquí a plantear que la política no importa, que lo que importa es la economía -o la contabilidad porque economía es decir demasiado-, es algo verdaderamente
irresponsable. Ha llegado usted a decir que no califiquemos este debate como una prioridad. ¿Es que no es prioritario para el presente y para el futuro de España lo que está ocurriendo en Cataluña?, ¿usted en qué país vive? Vive en un país en el
que, según usted, están subiendo los sueldos. No me extraña que diga las cosas que dice aquí. De verdad que antes estaba preocupada; ahora estoy un poco asustada ante la actitud del Gobierno de España.
Señor ministro, hay un órgano de una comunidad autónoma que trabaja, con luz y taquígrafos, para dinamitar el Estado; hay un primer informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional que, aunque está en catalán, lo entendemos todos.
¿En qué democracia cabe eso? Ante ese trabajo de un órgano de una comunidad autónoma, usted viene a hacer un debate como si estuviéramos hablando de transferencia de competencias, de un debate menor, de un asunto de los de su ministerio, de hablar
con las comunidades autónomas sobre una transferencia u otra. Lo toman como un tema menor, y está ocurriendo a la luz de todos, incluso lo han publicado. Desde la primera a la última línea de ese informe que le acabo de citar, el Gobierno de la
Generalitat no oculta absolutamente nada. Plantea con toda claridad que van hacia un fraude inconstitucional, ilegal, para hacer un referéndum sí o sí en Cataluña. Y usted dice que no pasa nada, que no hay que darle importancia, que creemos unos
puestos de trabajo y que todo se resuelve, que son las cosas normales del debate entre administraciones. Viene aquí a quitarle importancia y a tratarlo como si fuera un asunto ordinario -insisto- de relaciones entre el Gobierno y cualquiera de las
comunidades autónomas que respetan la ley. Dice: hay otras leyes que no se cumplen. ¿De qué estamos hablando, señor Montoro?, ¿de un asunto menor?
A lo mejor a usted le hace gracia, pero a mí no me hace ninguna gracia. Le voy a recordar, porque lo he citado y usted lo ha vuelto a citar, el plan Ibarretxe. Le voy a recordar por qué murió el plan Ibarretxe. El día 1 de febrero del año
2005 -por cierto, con la oposición del Grupo Popular, que votó en contra-, hubo en este Parlamento un debate que llevaba como título en el orden del día: Reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Los nacionalistas vascos lo llamaron
reforma del estatuto de autonomía, pero nosotros sabíamos que no era una reforma del estatuto de autonomía. Aunque en el punto del orden del día se decía, reforma del estatuto de autonomía, no salió a hablar el responsable de administraciones
públicas de cada una de las bancadas que aquí estaba o del Gobierno de la nación. Trataron al asunto como lo que era, una ruptura del Estado democrático y una afrenta a la Constitución y a los derechos de todos los ciudadanos. Por parte del
Gobierno respondió el presidente del Gobierno, y por parte de la oposición respondió a esa afrenta inconstitucional y antidemocrática el portavoz del Grupo Popular, que era el señor Rajoy, y por parte del Grupo Socialista respondió su portavoz, que
era el señor Pérez Rubalcaba. Trataron al asunto con la gravedad de lo que contenía, que era la ruptura de los derechos de los ciudadanos españoles, el establecimiento de ciudadanos de primera, de segunda, y aspirantes. Por eso murió el plan,
porque los grupos parlamentarios, los dos grandes partidos le dieron la importancia que tenía y no lo trataron como si fuera un mero asunto administrativo, un debate sobre las competencias que era el título, de reforma del estatuto de autonomía. Lo
trataron como lo que era...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que finalizar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ... un intento de romper la Constitución y la convivencia entre españoles. ¿Sabe lo que dijo el lehendakari en aquel debate? Hagan ustedes lo que hagan, voten ustedes lo que voten, dentro de seis meses habrá
referéndum. ¿Sabe por qué no lo convocó? Porque conoció la voluntad del lugar en el que reside la soberanía nacional y la voluntad expresada por las dos grandes fuerzas políticas y por el Gobierno de la nación, que le dijeron: llámelo como
quiera, pero nosotros sabemos lo que es. Si hubiera hecho en aquel debate el señor Rajoy el discurso que usted hoy ha hecho, hubiéramos tenido un gravísimo problema de convivencia en España y, también, en el País Vasco. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, entiendo que lo que he venido a debatir, en nombre del Gobierno de España, es una interpelación de UPyD. Que yo sepa no he venido a debatir la propuesta del Parlamento de Cataluña sobre ninguna independencia. (Aplausos). Se da
usted un porte...Es que usted lo que quiere es ocupar escena, que es normal, para eso está la política. Pero es que se olvida usted de los elementos más esenciales de esa escena. Les voy a transmitir tranquilidad a los españoles, claro que sí, a
los españoles y a los catalanes. Les voy a transmitir toda la tranquilidad porque existe una Constitución y la Constitución se va a cumplir, por eso estamos todos muy tranquilos. Habrá no sé qué consejo decidiendo lo que sea, pero la Constitución
se va a cumplir, se va a cumplir, señora Díez. Tenga usted la absoluta seguridad, como tenemos que hacer en democracia. Quien no quiera cumplir la Constitución lo que debe hacer es traer aquí el cambio de esa Constitución. Dice usted
constantemente: en esta Cámara reside la soberanía popular. No, la soberanía popular siempre reside en el pueblo español. Nosotros estamos delegados aquí en términos de confianza, a través de unas elecciones generales de la democracia. Esa es
nuestra tarea. En todo momento es el pueblo español y no se puede cambiar sin consultar al pueblo español. Y como no se va a consultar mientras existan estas mayorías parlamentarias, por eso tengo que decir y transmitir la máxima tranquilidad,
porque no puede haber mayor tranquilidad que la confianza que nos da el Estado de derecho y la confianza que nos da el cumplimiento de la Constitución. Esa es la confianza y la seguridad. Otros se dedicarán a otras cosas, por supuesto, pero esos
ya saben cuál es el destino si pretendieran acelerar trámites, procedimientos, para traer a esta Cámara los cambios que entendieran necesarios. No van a prosperar. Por eso le decía, señora Díez, ¿el debate es importante? Claro que lo es, pero no
es un debate sobre proyectos concretos de fuerzas parlamentarias catalanas que no han llegado aquí.
El plan Ibarretxe tardó tres años en llegar a esta Cámara. Y ¿qué ocurrió? Pues que en esta Cámara se rechazó. ¿Hubo referéndum? No. Pues eso es exactamente lo que va a ocurrir con cualquier plan que venga que no se atenga a los
principios de la Constitución. Por lo demás, insistía en que en un Estado de las autonomías hay una cierta conflictividad, y a veces importante, señora Díez, sobre leyes sustanciales relativas al derecho, a la igualdad de los ciudadanos en los
territorios de España. Eso es lo que he dicho que es normal. Ocurre en todos los países federales del mundo, y para eso están los órganos institucionales que velan por el cumplimiento de la Constitución.
Por eso, señora Díez, el debate, por mucho que usted quiera -ha querido hoy solemnizarlo dándole un toque de teatralidad-, no es el que usted ha querido traer a esta Cámara. Es una iniciativa de UPyD, una iniciativa de un grupo político
importante, por supuesto, pero es una iniciativa. Una iniciativa que, como le digo, trae muy poca novedad, porque por mucho que usted quiera traer mucha novedad no trae ninguna novedad. Usted viene a decir: en España hay una Constitución que se
va a respetar. Exactamente lo que dice el Gobierno de España y lo que ha dicho su presidente esta misma mañana en esta Cámara, por tanto, me parece que es un debate que ustedes verán la oportunidad política de traerlo, por supuesto, y está bien
reiterarlo; lo hacemos una vez más; lo reiteraremos en la moción que corresponda consecuencia de la interpelación pero, insisto, no venga usted aquí ahora como la salvadora de ningún elemento patrio. Lo que salva a España es la Constitución y el
respeto a la ley, y ese respeto y esa Constitución aplicada a la ley es lo que da sentido al ejercicio del Gobierno de España. Soy miembro de ese Gobierno, legítimamente elegido en una democracia, conozco bien mis responsabilidades y le puedo
añadir que estaré en todo momento acorde en el cumplimiento de las funciones que me otorga la Constitución española, dando la seguridad y la fiabilidad a todos los ciudadanos con independencia del lugar donde residan en España.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN LA POLÍTICA SOCIAL. (Número de expediente 172/000164).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios en la política social. Para su defensa tiene la palabra la señora
Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Señora presidenta, señora ministra, señorías, una vez más el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara un debate sobre política social. Múltiples son las iniciativas a lo largo de la legislatura que hemos
presentado y eso tiene un porqué, señora ministra, y es porque las personas son las que realmente nos importan. Y hay que subrayar que la mayoría de la ciudadanía va a peor con sus propuestas y con su política. Señorías, la situación es alarmante.
Las cifras hablan por sí mismas, y espero, señora ministra, que hoy no vuelva a hacer el discurso de siempre; un discurso que ya no se sostiene porque los datos lo desmienten, los incumplimientos de sus compromisos lo dejan hueco y vacío.
Señora ministra, en dos años de gobierno del Partido Popular ha habido dieciséis reales decretos-leyes en materia social. Ustedes gobiernan a golpe de decreto para quitarle a la ciudadanía sus derechos. Se estrenaron el 30 de diciembre de
2011 con la dependencia. Iniciaron su desmantelamiento y no han parado a lo largo de todo este tiempo. Los reales decretos-leyes se han visto reflejados en los tres presupuestos que ha hecho su ministerio, su Gobierno y han supuesto recortes
brutales, que golpean con dureza a los más vulnerables de nuestra sociedad; decretos y recortes presupuestarios que generan cada día más desigualdad, más pobreza, más sufrimiento y más exclusión social; decretos y recortes presupuestarios que
golpean con crueldad a los niños y a las niñas, a los mayores, a los jóvenes, a los dependientes, a los discapacitados, a las mujeres, a las familias, a los desahuciados, a los parados.
Decía usted, señora ministra, hace un año en esta Cámara que quería acabar con la pobreza, y hay que decirle que con su política y sus presupuestos la pobreza va a más, se incrementa. Hay 3 millones de personas que están en la pobreza
severa, con menos de 307 euros al mes; hay más personas en los comedores sociales, y más personas dependiendo de las organizaciones sociales y de la solidaridad del conjunto de la sociedad. Manifestaba usted también hace un año que era importante
acabar con la pobreza, pero más con las causas que la originan, y decía que la mejor herramienta era crear empleo, pero, señora ministra, es que con su Gobierno y con sus políticas hay más paro, hay más precariedad, más temporalidad y los salarios,
por más que se empeñe el ministro de Hacienda, han bajado. Usted también sabe que hay más hogares con todos sus miembros en paro, 1.821.000. La cobertura por desempleo ha descendido al 61,28 % y la desigualdad se ha incrementado. Es curioso,
señora ministra, ahora en España hay más ricos y son más ricos y hay más pobres y son más pobres, porque están abriendo la brecha entre las personas con su política y con sus propuestas. Además, están provocando una auténtica ruptura social.
Sus políticas en términos humanos son un auténtico fracaso y sus presupuestos, un hachazo para quienes en estos momentos necesitan más, por cierto, las personas a las que claramente están abandonando cada día. Por eso, señora ministra,
estos presupuestos no son los de la recuperación; para millones de personas son los de la desesperanza y la desesperación porque no les dejan ninguna salida. Pero, lo peor de todo -y a mí me gustaría estar dando cifras en positivo porque nos
importa la ciudadanía, nos importan más los que lo pasan peor en estos momentos- es que con estas cifras y con esta realidad que están generando sus presupuestos y sus políticas ustedes deberían rectificar, pero mucho me temo que no lo van a
realizar. No lo van a hacer porque, escondidos detrás del discurso que realizan de la reforma, lo que está haciendo este Gobierno de la derecha es una auténtica contrarreforma de marcado carácter ideológico y lo que de verdad están llevando a cabo
es un auténtico cambiazo del Estado del bienestar, queriendo sustituirlo por otro modelo y queriéndonos llevar hacia otro lugar. Esa es la razón por la que han roto los valores que sustentan el Estado del bienestar, han roto la cohesión social,
están desmantelando lo público en favor de lo privado, están propiciando que donde hay derechos de la ciudadanía -sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, pensiones...- aparezcan negocios, oportunidades para unos pocos. Es curioso que
en estos tiempos emerjan cada día nuevas empresas, más empresas, para gestionar lo social desde el ámbito de lo privado, todo de pago. Además, también es curioso y sorprendente que estén apareciendo propuestas de pólizas de aseguramiento para la
dependencia, a sabiendas de que tienen el negocio asegurado con el desmantelamiento que el Gobierno está llevando a cabo. En ese sentido, lo que están haciendo -dígalo de verdad, señora ministra, no nos mienta más- es impulsar un nuevo
modelo en el que ya han iniciado el camino hacia una nueva burbuja social. Ustedes quieren sustituir la burbuja inmobiliaria por la burbuja social y para ello están acabando con lo público, que es la garantía de igualdad de derechos y de cohesión
social.
Su modelo nos lleva a una ruptura en la sociedad, que significa el abandono definitivo de los más vulnerables, de los más pobres, es decir, nos quieren conducir a una sociedad dual y sabe que los hechos hablan. Han roto la universalidad de
la sanidad, han instaurado el copago, han recortado en educación, han aprobado la Lomce, que significa desigualdad y exclusión, han reducido a la mínima expresión los servicios sociales, señora ministra. Han reducido el plan concertado un 66 % en
un momento en el que hay un incremento del 200 % de las ayudas por emergencia y un incremento de solicitudes del 30 % de personas que necesitan de esos servicios sociales. Han recortado el programa de atención a la infancia y a las familias casi el
70 % y están llevando a cabo una reforma de la Ley de bases de régimen local que va a significar la privatización de los servicios sociales, arrancándoselos a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que los gestionan con eficacia desde el
valor de la cercanía y de la proximidad, incumpliendo la Carta local europea, pero a ustedes les da igual. Han dinamitado la Ley de Dependencia, le han quitado 2.248 millones de euros, y la situación es insostenible para los dependientes y sus
familias.
Es una vergüenza política el trato que están dando a los pensionistas, con menos pensiones, con pérdida de poder adquisitivo, más impuestos y el copago en un momento en el que los pensionistas han asumido las obligaciones familiares de tirar
hacia delante con sus hijos y con sus nietos. Tenemos 2.200.000 niños en la pobreza y esto es un elemento claro de alarma social, es una luz roja encendida de una llamada diaria y permanente al Gobierno, que muestra una insensibilidad social total
porque después de dos años no han hecho nada y el número de niños y niñas en la pobreza está creciendo en nuestro país, desgraciada y lamentablemente.
Usted decía que el mejor combate contra la pobreza es crear empleo, pero con sus medidas están generando más paro, están sumando paro al paro. Los trabajadores y educadores sociales dicen que con su reforma de la Ley de bases 70.000
personas más irán al paro, pero lo mismo pasa en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario. Ustedes no están buscando crear empleo ni mucho menos, no van a combatir la pobreza, ustedes nos están llevando a otro modelo, a otra forma de vida desde
la desigualdad y desde la ruptura social. Esa es la realidad y cada día además, señora ministra -permítame que se lo diga-, ponen de manifiesto su hipocresía política: hablan de la familia y las arruinan con sus presupuestos y con su política;
hablan de la discapacidad y de la dependencia y los invisibilizan dejándolos sin derechos; hablan de los mayores y los asfixian -menos pensiones, más dificultades para ellos-; hablan de la infancia, de las niñas y de los niños, y los abandonan, no
hay ni una sola medida de choque; hablan de las mujeres y, salvo para quitarnos nuestros derechos, somos para ustedes inexistentes; hablan de los parados y les siembran desesperanza sumando paro al paro, dejándolos abandonados sin prestación y
expulsando a muchos de ellos a la pobreza y a la exclusión; y hablan de los jóvenes y les invitan a salir del país. Esa es la política que están practicando. Están haciendo una política y unos presupuestos profundamente antisociales donde las
personas no cuentan. Su política, señora ministra -es que ya se le ve el plumero después de dos años-, obedece a otro objetivo, ustedes quieren un modelo distinto y obedecen a otros intereses, los de una parte del sector privado que quiere hacer un
gran negocio con las políticas sociales; y su política y sus presupuestos se traducen en una realidad: más recortes, más retroceso en derechos, una ruptura de la sociedad, más pobreza, más dificultades para miles de familias.
Señora Mato, para terminar mi intervención, le voy a pedir un favor: no vuelva ahora en su respuesta a hacer el discurso que lleva dos años haciendo en esta Cámara y que nos lleva a un fracaso monumental de su política y de sus presupuestos
en términos de pobreza y de ruptura social. Creo que usted está decidida, para llevarnos a ese otro modelo, a matar, a enterrar el Estado del bienestar, que es lo que está haciendo de manera activa con la política que está practicando en el ámbito
del Gobierno del Partido Popular. Pero le voy a decir una cosa, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, no va a dejar que se salga con la suya, vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el Estado del bienestar...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Aguilar, tiene que terminar.
La señora AGUILAR RIVERO: ... que es el que garantiza los derechos y la igualdad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Aguilar.
Señora ministra de Sanidad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista y a la señora Aguilar que haya presentado esta interpelación que sin duda nos permitirá exponer ante la Cámara el balance de la política social del Gobierno durante estos años.
Lo primero que tengo que mostrarle, señora Aguilar, es mi sorpresa porque lo planteen ustedes precisamente, los que dejaron casi en la quiebra los servicios básicos del Estado del bienestar. (Rumores). Sí, señorías, que sean ustedes los que vengan
a estar tan preocupados. Ojalá hubieran mostrado esta preocupación cuando gobernaban, porque les aseguro que no estaríamos ahora mismo en esta situación. En cualquier caso, señorías, este tema del que hablamos es serio porque es verdad que la
crisis ha hecho a los españoles más pobres. El paro y la pobreza han expuesto a millones de familias a situaciones de necesidad y muchas de esas personas son mayores, con discapacidad y también niños.
La semana pasada conocimos otro informe de Cáritas que reflejaba esa cruda realidad, y soy plenamente consciente del drama que eso supone. El informe del Consejo de Europa al que hace referencia en el texto de su interpelación también
refleja algunas realidades con las que estamos de acuerdo, y precisamente por eso todas nuestras políticas están enfocadas desde el primer minuto a crecer y a crear empleo, porque sabemos que es la mejor manera de luchar contra la pobreza y contra
la exclusión social y por eso el primer objetivo de este Gobierno es precisamente la creación de empleo. Señorías, cuando el comisario de Derechos Humanos se refiere a la tasa de pobreza infantil, se refiere a los años 2008-2011, y cuando se habla
de desahucios, especifica que en 2007 y 2011 tuvieron lugar 350.000; cuando habla del drama del paro no puedo evitar mencionar que la mayor tasa de paro nacional, 36,8 %, se registra en Andalucía, y cuando se refiere a la dependencia, dice también
que en esa comunidad autónoma todos los procesos de nuevos beneficiarios estaban paralizados desde mediados de 2012 debido a la incapacidad de la Administración. También en ese informe sobre la infancia dice algunas cosas que no voy a repetir y
también dice que la Comunidad Autónoma de Andalucía registra una de las tasas más elevadas de niños menores de 16 años que corren el riesgo de caer en la pobreza, el 37,4 %. ¿Sabe cuál es el nexo de unión de todos esos datos que también menciona el
informe del Consejo de Europa y el comisario de Derechos Humanos? Precisamente el Partido Socialista y los Gobiernos del Partido Socialista, y desde luego no deja de ser llamativo que usted venga aquí a hablar de recortes, porque si hemos tenido
que hacer ajustes ha sido porque hoy tenemos que dedicar 36.590 millones de euros a pagar los intereses de la deuda que ustedes nos dejaron. Fíjese usted qué cantidad de política social, qué cantidad de mejoras para el Estado del bienestar
podríamos hacer si tuviéramos disponibles 36.590 millones de euros que estamos dedicando a pagar los intereses de la deuda que ustedes nos dejaron cuando gobernaban.
Señoría, todas las medidas que estamos adoptando han ido encaminadas a que España vuelva a crecer y a crear empleo, porque, como usted dice, que yo he dicho muchas veces y lo reitero, es la mejor manera de luchar contra la pobreza y la
exclusión social, y también para garantizar la viabilidad de los grandes pilares del bienestar como son la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y ya sé que estamos pidiendo un esfuerzo muy grande a los españoles, es verdad, pero las
reformas, señoría, están dando resultados. Con rigor y con eficiencia estamos haciendo frente a la deuda que nos dejaron y hemos aprobado unos presupuestos que enmarcan por fin el inicio -y digo el inicio- de la recuperación. Estamos haciendo de
la política social el eje de nuestra acción de gobierno, lo estamos haciendo desde siempre y por eso se han incrementado los presupuestos, gracias también a los menores intereses de la deuda, y hemos elevado los presupuestos destinados a gasto
social en un 4,4 %. Solo en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad vamos a disponer de 1.900 millones de euros destinados a impulsar las políticas sociales, sanitarias y de promoción de la igualdad; 7 de cada 10 euros del
presupuesto se dedican a la protección de nuestros mayores y a la dependencia. Tengo que recordarle que este Gobierno heredó un sistema de dependencia absolutamente colapsado, con una deuda de 1.034 millones y con 300.000 personas en lista de
espera, el 57 % de ellas eran grandes dependientes. Había tal desbarajuste que hasta el propio Tribunal de Cuentas -no son datos nuestros- en su informe sobre la dependencia puso de manifiesto que la información no estaba actualizada, que había
expedientes duplicados y que incluso se computaban como usuarios del modelo personas que tristemente ya habían
fallecido. Nosotros, señoría, hemos aumentado el presupuesto 4,8 millones de euros respecto a 2013, cinco puntos más de lo que hacía su Gobierno. A día de hoy tenemos un sistema más transparente y más ordenado, en el que solo en 2012 han
entrado 129.847 nuevos beneficiarios, y la lista de espera, como usted sabe, se ha reducido en 75.000 personas, la cifra más baja desde que se puso en marcha el sistema de dependencia.
Señorías, uno de los pilares fundamentales de las políticas sociales de este Gobierno es el apoyo a la familia, siempre lo ha sido, también a la infancia, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, y por supuesto en estos
tiempos, a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Nosotros no hemos tenido que volver a la oposición para darnos cuenta de eso, siempre lo hemos mantenido de esta manera. Fíjense, señorías, que hemos tenido que destinar 3.000 millones
de euros para el Plan de apoyo a las entidades de acción social que presentó el presidente del Gobierno el pasado 11 julio, con eso garantizamos que se pague a las asociaciones que están prestando servicios sociales en las comunidades autónomas, un
plan de pago a proveedores para asociaciones que prestan servicios sociales, ni más ni menos, 3.000 millones de euros.
También estamos actualizando la legislación sobre protección de la infancia, usted lo sabe, y el Plan integral de apoyo a la familia. Pero fíjese usted, señoría, que el propio informe al que hemos hecho mención del Consejo de Europa
felicita al Gobierno de España por la adopción en abril de 2013 del II Plan nacional de infancia y adolescencia para 2012-2015, que le recuerdo que cuenta por primera vez con un presupuesto de 5.100 millones de euros para los próximos cuatro años.
Por tanto, ha habido felicitación por el Plan de infancia y adolescencia y también por el trabajo realizado en materia de discapacidad, donde, como usted sabe, somos una referencia a nivel internacional no solo por la acción del Gobierno, sino
especialmente por la colaboración que tenemos con las asociaciones de discapacidad.
Señorías, en materia de discapacidad tengo que decirle que estamos trabajando de común acuerdo con todas las organizaciones, como usted sabe, y además hemos adoptado medidas positivas en beneficio de las personas con discapacidad tanto en el
ámbito sanitario, como en el social y laboral. ¿Queda mucho camino por hacer? Muchísimo, y en esa línea estamos trabajando. Lo hacemos de común acuerdo con ellos y en breve culminará el nuevo real decreto legislativo por el que se aprobará la ley
general de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social, con lo que damos respuesta a una demanda histórica del sector de la discapacidad, que nos pedía que unificáramos la legislación dispersa en esta materia.
Puedo adelantarle que en las próximas semanas vamos a aprobar un plan nacional de inclusión social, una nueva herramienta con la que lucharemos contra la pobreza y la exclusión social a través de tres objetivos estratégicos. El primer
objetivo está enfocado a impulsar la inclusión sociolaboral a través del empleo de las personas más vulnerables, teniendo especialmente en cuenta a las familias con hijos menores de edad. El segundo objetivo irá dirigido a garantizar un sistema de
prestaciones que permita apoyar económicamente a aquellas personas en situación de vulnerabilidad y a reducir la pobreza infantil. El tercer objetivo está destinado a garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población, pero de
forma particular a los colectivos más desfavorecidos como las personas sin hogar.
Señorías, también vamos a reforzar los programas de emergencia social gestionados a través de los servicios sociales y proseguiremos con la implementación de los programas de recualificación profesional, es una muestra más del compromiso de
este Gobierno con la ayuda a quienes más lo necesitan.
Ha hecho usted mención a la sanidad, y lo tengo que volver a recordar: 16.000 millones de euros de deuda en sanidad. Nosotros asumimos el compromiso de poner en marcha una reforma sanitaria que ha sido clave para que nuestra sanidad
recupere la senda de la sostenibilidad. Ahí están las cifras, 12.110 millones de pago a proveedores se han destinado a pagar las facturas de la sanidad, de proveedores del sistema sanitario. Le repito, nadie, absolutamente nadie, queda desatendido
en esta reforma sanitaria sencillamente porque está previsto en la Constitución y también está previsto en el Real Decreto-ley 16/2012 que garantiza la asistencia sanitaria a todos en igualdad de condiciones.
Señoría, mire la noticia que se ha publicado este mismo lunes en un medio de comunicación. (Muestra un documento a la Cámara). La cobertura sanitaria para los sin papeles, de la mejor en la Unión Europea. España mantiene una de las
coberturas de salud más amplias para los sin papeles. Por tanto, señorías, estamos garantizando la asistencia sanitaria para los ciudadanos.
Me habla usted del copago, y le tengo que decir lo mismo que le dije al señor Martínez Olmos, a su compañero de partido y portavoz, la semana pasada. Aquí los únicos que propusieron el copago sanitario fueron ustedes, que querían que se
pagara por ir al médico. (El señor Martínez Olmos hace gestos
negativos). El copago farmacéutico ha existido siempre, solo que ahora lo hacemos en función de la renta y antes no se hacía en función de la renta. Por tanto, ahora aportan más los que más tienen y aportan menos o no aportan nada los que
menos tienen y por primera vez los parados de larga duración, casi un millón de personas en este momento, no están pagando absolutamente nada por sus medicamentos cuando antes tenían que aportar un 40 %.
Señorías, tengo que decirles, y lo reitero cada vez que tengo oportunidad en una intervención, que los ciudadanos no pagan ni van a pagar ni un solo euro por los tratamientos que reciben en el hospital, ni un solo euro por ellos. Ningún
paciente tiene que pagar nada cuando está ingresado o es tratado en el hospital. Este Gobierno está trabajando desde el principio por garantizar un Sistema Nacional de Salud para todos los ciudadanos con las mismas prestaciones y también para que
las prestaciones sociales lleguen a todos los ciudadanos. Ustedes ahogaron absolutamente los servicios sociales en favor de la dependencia sin darse cuenta de que había muchas personas que no eran dependientes que tenían necesidad de acceder a los
servicios sociales. Por eso también, señorías, estamos recuperando los servicios sociales en favor de las personas mayores y de las personas que lo necesitan.
Termino ya. Es cierto que España estaba atravesando uno de los peores momentos de su historia. Es cierto que muchas familias lo están pasando mal, pero eso no le da derecho, señoría, a subir aquí para utilizarlos como arma para atacar al
Gobierno porque eso es precisamente lo que está usted haciendo, tratando de decir que las familias que están pasando problemas económicos son responsabilidad del Gobierno. Sé que hemos tomado decisiones muy difíciles, pero también tengo la certeza
de que vamos en la dirección correcta. Si el paro es la primera causa de la pobreza y la exclusión social, el crecimiento y el empleo son los mejores instrumentos para invertir esa tendencia y devolver el bienestar y la prosperidad a las familias
españolas. Esa es nuestra prioridad, señoría, precisamente la creación de empleo.
Todo parece indicar que hemos dejado atrás lo peor de la crisis y que nuestro país de forma lenta pero segura está empezando a crear empleo. Si continuamos con esa tendencia de los últimos meses de reducción del paro registrado que estamos
observando, entonces estamos luchando eficazmente contra la pobreza. En ese caso, puedo asegurarle que todo el esfuerzo que estamos realizando habrá merecido la pena. En definitiva, crecer y crear empleo es la mejor manera de garantizar la
sostenibilidad de los servicios básicos del bienestar, a los que usted hace referencia, de luchar contra la pobreza y también de ofrecer a los españoles un futuro mejor que el que tenían hace dos años. Ese es el objetivo por el que trabajamos en el
Gobierno y créame cuando le digo que no nos vamos a apartar de ese camino y, por tanto, seguiremos avanzando en la misma línea. Objetivo primordial, creación de empleo; segundo objetivo, lo que tenemos que hacer es dar las mismas prestaciones a
todos los que las necesitan, en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la verdad es que no he conseguido que deje los papeles -lleva trayendo los mismos a este Parlamento durante dos años- y ha seguido diciendo lo mismo. (Aplausos). La culpa siempre es de los demás. Usted no escucha, debe
trabajar poco, porque siempre dice lo mismo, y además miente. Además, tiene un hobby ya habitual, meterse con la Comunidad Autónoma andaluza, pero ¿por qué no dice que el comisario ha señalado la importancia del plan de Andalucía para que los niños
tuvieran tres comidas al día? Eso lo oculta. No habla de Castilla-La Mancha, no habla de la Comunidad Valenciana, usted quiere hablar de Andalucía. Pues, cuando quiera, hacemos un debate monográfico sobre la comunidad andaluza, que marca la
diferencia, por cierto, en política social, lo mismo que en otras muchas políticas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
En cuanto a la deuda, en el cien por cien la tienen ustedes, 9.000 millones de euros más vamos a tener que pagar de intereses. ¿Pero qué dice? A ver si se piensa que los demás no sabemos absolutamente nada y que usted puede manejar las
cifras a su antojo para mentir en esta Cámara. La reforma laboral lo que ha producido son efectos letales en materia de empleo. Están sumando paro al paro y están llevando la desgracia a miles de familias, a miles de ciudadanos y ciudadanas.
A usted, a su política y a sus presupuestos les ha contestado el comisario europeo y Cáritas, que coinciden en una misma cosa, y es que los recortes y sus ajustes están llevando al aumento de la pobreza y de la desigualdad, y que hay un
riesgo real de ensanchamiento de las diferencias de renta en los
hogares españoles, que además se va a enquistar en la estructura social, es decir, ruptura social. El comisario, señora ministra -no lo oculte-, le ha dicho que los recortes en el presupuesto social, educativo y de salud han conducido a un
importante y preocupante incremento de la pobreza de las familias en España. ¿Sabe lo que ha dicho el comisario? Cómo habla usted de sanidad universal cuando el comisario europeo de Derechos Humanos ha dicho: España tenía sanidad universal hasta
el año 2012, en septiembre de 2012, dejó de serlo. Eso es lo que le está diciendo el comisario, que no tenemos una sanidad universal. Además, ha dicho que los importantes recortes en materia educativa ponen en peligro la igualdad de oportunidades
y que quienes están pasando dificultades tienen difícil acceso a una educación de calidad. Dice que los niños se han visto desproporcionadamente afectados por sus recortes, por su política y que están llevando a algunos a que experimenten la
miseria y los problemas de desnutrición. Además, le piden a usted que establezca mecanismos para proteger a los más débiles. Hace un año le propusimos un fondo de lucha contra la pobreza, usted hizo caso omiso. No recoge ninguna propuesta y su
política es una vergüenza para el conjunto de la ciudadanía, porque les está afectando a sus derechos y a su calidad de vida. También le están diciendo que aseguren una financiación adecuada para planes que se dirijan de verdad a combatir la
pobreza. ¿Sabe lo que le ha dicho Cáritas? Que el incremento significativo de la pobreza nos habla de personas que están más allá de la frontera de la dignidad, aunque, como usted siempre hace, echa la culpa a los demás. La culpa es nuestra,
usted no es responsable ni de su política ni de sus presupuestos. Usted nunca es responsable absolutamente de nada, sea de lo que fuere de lo que hablemos.
El Plan integral de atención a las familias está esperando, porque sus incumplimientos son múltiples y continuos. En cuanto al plan estratégico que usted anunció hace un año -decía que había tres asuntos importantes que afectan a los
jóvenes: el empleo, la formación y el acceso a la vivienda- nada se sabe de él, ni se conoce ni se le espera. En cuanto al Plan de acción para la inclusión social, hace un año dijo que lo traería en los próximos meses y hoy dice que la próxima
semana. ¿Sabe qué pasa? Que entre aquel entonces y el hoy hay personas en la pobreza y en la exclusión que llevan doce meses esperando medidas y usted les ha acarreado más sufrimiento y discriminación, y encima saca aquí pecho -perdóneme la
expresión- con el Plan nacional de infancia y adolescencia. Hay que tener políticamente mucha cara, ministra. Usted habla de 5.159 millones de euros para este plan. ¿Cuánto va a poner la Administración central? Su Gobierno va a poner 721 y lo
demás se lo ha cargado a las comunidades autónomas. ¿Cómo puede usted decir que tiene un plan con 5.000 millones de euros? Si es que no es verdad, las comunidades autónomas tienen que poner 4.437 millones. Por lo menos diga la verdad, no diga
verdades a medias porque son las peores de las mentiras.
En este sentido, le tengo que decir para terminar, señora ministra, que usted también anunció una hoja de ruta con medidas de urgencia y estructurales y esa hoja de ruta no existe. Mientras tanto, más pobreza, más desigualdad, más ruptura
social. En el fondo de todo esto -lo decía en mi primera intervención-, ustedes ni quieren ni creen en el Estado del bienestar, quieren ir a un modelo diferente, donde lo privado sea lo determinante y lo sustancial; quieren consolidar esa ruptura
social para generar la burbuja social del negocio para unos pocos con el derecho de todos. En ese sentido, a usted le ha dicho el comisario europeo que está incumpliendo la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas y que está
incumpliendo la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Con una carta de presentación...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.
La señora AGUILAR RIVERO: Termino, señor presidente.
Con una carta de presentación como esta, ministra, llena de incumplimientos, de falsedades y de sufrimiento, más vale que dejara de echar la culpa a los demás, que diera la cara y que se pusiera en serio a trabajar contra la pobreza y la
exclusión social. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.
Señoría, con o sin papeles me hubiera gustado escuchar algo distinto en su intervención. (Aplausos). Desgraciadamente, ustedes son incapaces de hacer una oposición constructiva. Se han quedado en el
no: no a la reforma de la sanidad, no a la reforma de la educación, no a la reforma de los servicios sociales. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes siempre, siempre han tenido miedo a enfrentarse las dificultades. Nosotros no. Este Gobierno
no mira hacia otro ladro frente a los problemas, sino que les hace frente, como hacen todos los españoles, a los que es verdad que les hemos pedido un gran esfuerzo. Por eso, señorías, esta será la legislatura de la recuperación y de las políticas
sociales.
Nosotros no queremos hacer nada de lo que usted ha dicho; lo que queremos es sacar a los españoles del pozo sin fondo en el que ustedes les metieron. (Aplausos). Es verdad que tenemos que hacer esfuerzos y los vamos a hacer, señorías.
Hemos reformado la educación apostando por la calidad y por desarrollar al máximo el potencial de los niños. Hemos reformado la sanidad encauzando la deuda de los 16.000 millones y estamos garantizando -todavía no lo hemos hecho- igual acceso a las
mismas prestaciones en todo el territorio nacional, empezando por una tarjeta única sanitaria. Hemos cambiado el anterior sistema de copago farmacéutico, que ya existía, por un copago basado en las rentas. Hemos reformado la dependencia y, le
guste o no -yo soy responsable de mis presupuestos-, los presupuestos para este año para la dependencia han subido en relación con los presupuestos para la dependencia que ustedes nos dejaron. Y también le diré, le guste o no, que los informes del
Tribunal de Cuentas dicen lo que dicen sobre la atención a la dependencia. Señorías, hemos hecho un sistema más sostenible, transparente y más solidario y además hemos puesto en valor la extensa red de servicios sociales que ustedes dejaron
marginada tras la ley y que estaba siendo sacrificada. Se lo he dicho, la dependencia no lo es todo; es una parte importante, pero también estamos garantizando servicios sociales para algunas personas que los necesitan.
Señorías, hemos aprobado el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia y, por supuesto, lo hemos hecho con la comunidades autónomas. Faltaría más que usted quiera que yo me haga cargo de las competencias de las comunidades
autónomas; ni ellas me lo permitirían ni yo lo haría, porque la Constitución dice que las comunidades autónomas gestionan los servicios sociales. Por tanto, una de las primeras cuestiones que he mantenido en este ministerio ha sido el diálogo
permanente con las comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a través de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales y de la Dependencia que, como usted sabe, hemos unificado. Nos reunimos
permanentemente con ellos; por eso trabajamos conjuntamente en esa línea y hemos hecho por primera vez un Plan de infancia entre todos dotado con 5.000 millones de euros. Hemos presupuestado también 40 millones de euros para el Fondo europeo de
ayuda a los desfavorecidos. Hemos aprobado un Plan de apoyo a entidades de acción social de 3.000 millones que, como le digo, servirá para pagar las deudas de las comunidades autónomas y que las entidades puedan seguir desarrollando sus
actividades, principalmente en el ámbito de las personas más desfavorecidas. Es verdad que le hablo algunas veces de Andalucía. Lo tengo que hacer porque usted me la pone como ejemplo y no creo que sea un ejemplo a seguir por los demás, puesto que
una parte importante de estas deudas son precisamente de la Comunidad Autónoma de Andalucía que luego tenemos que pagar entre todos a través de estas medidas que estamos adoptando. Y sí, señorías, vamos aprobar un plan nacional de inclusión social
que estará dirigido a grupos especialmente vulnerables -menores, mujeres víctimas de violencia, personas sin hogar- y que incluye tres objetivos: uno, la inclusión sociolaboral a través del empleo de las personas más vulnerables; dos, un sistema
de prestaciones para luchar contra las situaciones de vulnerabilidad y pobreza infantil; y, tres, unos servicios sociales básicos enfocados a las personas más desfavorecidas. Señorías, hemos destinado 27 millones para financiar el plan concertado,
exactamente lo mismo que hicimos el año pasado. Pero les recuerdo que en el mes de enero ustedes decían que el Gobierno iba a dejar de financiar el plan concertado; y no ha sido así. Hemos mantenido el presupuesto de servicios sociales como uno
de los pilares del futuro plan de inclusión, porque es importante en estos momentos ayudar también a los ayuntamientos. Usted me habla de la red de régimen local pero, señorías, lo importante es: una competencia, una administración. Es la mejor
manera de atender a los ciudadanos y de que cada uno se haga cargo de los ingresos y del presupuesto de cada uno de los gastos que realiza.
En definitiva, estamos haciendo un esfuerzo pensando siempre en los más desfavorecidos y en los que más ayuda necesitan. Por tanto, señorías, como les he dicho al principio de mi intervención, somos muy conscientes de que hay muchas
familias que lo están pasando mal. También somos muy conscientes de que la primera garantía para salir de la pobreza y de las situaciones de dificultad es la creación de empleo. Por eso todos los esfuerzos y los presupuestos de este Gobierno se
están dirigiendo precisamente a la creación de empleo y el crecimiento económico y, en segundo lugar, a los servicios sociales, porque
tenemos que garantizar los servicios sociales para aquellos que más lo necesitan. Con respecto a las pensiones, no me hable usted de mayores, porque usted sabe bien que el único que recortó las pensiones a los mayores ha sido el Partido
Socialista. Nosotros estamos garantizando las pensiones y, como no puede ser de otra manera, estamos pagando las prestaciones por desempleo y estamos dedicando una atención importante a la dependencia. Señorías, tenga la certeza de que estas
políticas, que son serias, eficaces y socialmente responsables, son las que crean empleo, generan bienestar y ayudan a controlar la pobreza. En esa línea vamos a seguir y me gustaría poder contar con el apoyo de su grupo parlamentario y con el de
las comunidades autónomas.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA DE LA DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL. (Número de expediente 162/000707).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA FERNÁNDEZ Y SEÑORA PÉREZ), RELATIVA A LA REFORMA DE LA PLANTA JUDICIAL PARA OFRECER UN ADECUADO SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000647).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el debate de los puntos que tuvimos que trasladar de ayer a hoy. Empezamos con las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
propuesta de reforma de la demarcación y planta judicial. La vamos a tramitar conjuntamente con la siguiente, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández y señora Pérez), relativa a la reforma de la planta
judicial para ofrecer un adecuado servicio a la ciudadanía y facilitar el acceso a la justicia. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Echávarri.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Partido Popular ha llevado a cabo contrarreformas en materia de sanidad, dependencia, educación, Administración local, laboral, pensiones y un largo etcétera, todas ellas con un claro tinte ideológico, casi revanchistas, sacadas adelante
en solitario, sin consenso alguno, aplicando su mayoría absolutista.
La justicia tampoco se ha librado de estas contrarreformas: el tasazo judicial que está impidiendo el derecho a la tutela judicial efectiva a muchos ciudadanos y que está creando una justicia para ricos y otra para pobres, norma que hemos
recurrido ante el Tribunal Constitucional; reforma unilateral del Consejo General del Poder Judicial para hacer un consejo a su medida, norma que también hemos llevado al Tribunal Constitucional; recortes económicos que hacen imposible el
funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales además de asestar un golpe mortal al proceso de modernización que inició el Gobierno socialista; recortes en derechos y libertades, con pérdida de calidad democrática por las reformas llevadas a
cabo, como las del Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial en diciembre de 2012, y ahora de nuevo del Código Penal. En la misma línea de desmantelamiento y también sin consenso alguno el Partido Popular pretende ahora llevar a cabo una
reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial en la que pueden desaparecer todos los partidos judiciales excepto los de las capitales de provincia, las audiencias provinciales y los juzgados de paz.
El ministro afirmaba el pasado 9 de julio, en Valladolid, que no se suprimiría ni una sede judicial en España, sin embargo, si acudimos a la exposición de motivos de esta propuesta vemos, como textualmente se afirma, que la opción del
legislador de mantener el tradicional juzgado unipersonal como base de la pirámide judicial ha quedado ciertamente desfasada. Es evidente, por tanto, que el ministro ese día en Valladolid mintió; mentira corroborada con la lectura de la propia
propuesta en la que se afirma que la implantación del nuevo modelo condiciona el gasto que las administraciones públicas puedan realizar y que deberá localizarse en los edificios e instalaciones que han de albergar las sedes reflejadas en la
presente ley, y solamente en ellas. Les recuerdo que estas estarán solo radicadas en las capitales de provincia, según se deriva del articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los anexos de la propuesta de demarcación y planta. Esto
supone que de los 431 partidos judiciales existentes en la actualidad, 379 están en riesgo de desaparición, lo cual es grave para la prestación del servicio público de la justicia, especialmente en el mundo rural. En comunidades como Castilla y
León se podrían perder 32
de los 41 partidos judiciales que tiene en la actualidad; en la Comunidad Valenciana pasaríamos de 36 a 3. Esta propuesta va en perjuicio de los ciudadanos. La justicia, señores del Partido Popular, hay que acercarla a la gente, no
alejarla.
Señorías, la estructura de tribunales de instancia que plantea el proyecto de ley precisa de una organización paralela adecuada e implantada de forma simultánea, la oficina judicial, con un desarrollo pleno de los servicios comunes y
procesales y la implantación generalizada del expediente electrónico para agilizar la justicia y mejorar en última instancia el servicio público. El borrador -es cierto- hace referencia a la oficina judicial, pero obvia que el actual Ministerio de
Justicia la ha paralizado totalmente tanto en su creación como en su despliegue. Mi grupo considera que centralizar y alejar la justicia de los ciudadanos, como hace la propuesta, es radicalmente contrario a la garantía de la tutela judicial, pero
¿qué cabe esperar de un ministro que defiende que las tasas facilitan el acceso a la justicia y que son en beneficio de los ciudadanos?
La propuesta también recoge la desaparición de los juzgados de paz. Con el pretexto de profesionalizar la judicatura, el Partido Popular despidió masiva y gratuitamente hace unos meses a jueces y fiscales sustitutos, y ahora les llega el
turno a los jueces de paz. Si el Ministerio de Justicia no ha hecho nada para que el 22 de julio de 2014 entre en vigor la ley de registro civil y por tanto desaparezca esta competencia de los juzgados de paz, y si también ignora completamente la
oficina judicial y su modernización, lo que obligará a los juzgados de paz a seguir cumplimentando exhortos, ¿cómo pretenden que desaparezcan entonces los juzgados de paz?
El Gobierno socialista presentó en verano del año 2011 un proyecto de ley de tribunales de instancia, un proyecto muy alejado de la actual propuesta, cuyos principios inspiradores eran la defensa de un servicio público de la justicia próximo
a los ciudadanos para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva y su radicación en el territorio, con mantenimiento de los partidos judiciales. Se mantenían las audiencias provinciales. El conjunto de jueces de instancia de una misma
demarcación constituirían un único tribunal, con un presidente y una oficina que prestarían servicio a todos ellos: los tribunales de instancia, señorías. Además, esto se completaba con otras propuestas, por ejemplo, la creación de un primer
escalón en la organización del Poder Judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revistiesen especial complejidad y que pudiesen recibir así un tratamiento más ágil. Esta función debería ser desempeñada por jueces profesionales,
integrados no obstante en la carrera judicial, lo que exigía incrementar la ratio de jueces por habitante, no disminuirla, como ha hecho el Partido Popular.
Señorías, de aprobarse la propuesta del Grupo Parlamentario Popular tal y como está planteada, supondrá un alejamiento y un encarecimiento de la justicia para los ciudadanos, así como un mayor deterioro de este servicio público. Por todo
ello proponemos que se desestime la propuesta de reforma de la Ley de Demarcación y Planta; que se presente una nueva propuesta de reforma en cuya elaboración y contenido se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren, como por
ejemplo las de comunidades autónomas; que se mantenga la demarcación y planta vinculada a los territorios conformados por los partidos judiciales dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia; que se
mantengan las audiencias provinciales y los juzgados de paz para evitar el alejamiento y la concentración de la Administración de Justicia, tan contraria a los intereses de los ciudadanos, y que se implanten finalmente los tribunales de instancia,
pero simultáneamente con el pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia mejorando el servicio público.
Por último, con respecto a la propuesta del BNG, adelanto que mi grupo votará favorablemente los puntos 1 y 3 y se abstendrá en el 2.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
El Ministerio de Justicia ha elaborado un anteproyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial que en lo relativo a la demarcación de planta judicial propone un modelo provincial en el que todos los partidos judiciales se supriman y
la sede se concentre en las capitales de provincia. Se decide así el ministro por un modelo provincial que haría desaparecer todos los partidos judiciales de ámbito inferior para concentrarlos en partidos judiciales provinciales, además de
desplazar las segundas instancias a los tribunales superiores de justicia, alejando con ello la Administración de Justicia de los ciudadanos. De ese
modo, en línea con la propuesta de reforma de la Administración local, este Gobierno se empeña en reforzar las provincias, cuando se trata de una realidad territorial superada por los cambios demográficos e institucionales en las últimas
décadas. Entre los profesionales del ámbito de la justicia, señorías, ha cundido la alarma porque se esperaba que el Gobierno procediese a diseñar una modernización de las demarcaciones judiciales pero no que se decidiese reducirlas a una única
sede en la capital de provincia. De aplicarse una reforma en esta línea las consecuencias serían muy perjudiciales para la ciudadanía: alejamiento de la justicia, encarecimiento e inaccesibilidad a un servicio público básico. Lejos de rectificar,
el Gobierno pretende profundizar en impedir aún más el acceso a la justicia ya iniciado con la implantación de tasas judiciales regresivas.
Señorías, el BNG es contrario a una reforma de este calibre porque, además de lo ya expresado, en Galicia es evidente que el camino no es el de la reducción de juzgados. De hecho, en el territorio gallego se precisarían más juzgados e
incluso una revisión de la demarcación de planta judicial que tuviera en cuenta los cambios demográficos habidos en las últimas décadas para que se implanten sobre todo más juzgados en ciudades y villas que han experimentado aumentos poblaciones
significativos. De ir adelante esta propuesta, ciudades del tamaño y las características de Vigo, Ferrol o Santiago de Compostela -entre otras-, así como municipios de dimensiones relevantes que son cabeceras de comarca, se verían privados de
partido judicial, lo cual provocaría un auténtico caos. Por tanto, reducir juzgados y centralizarlos supone un mayor alejamiento del servicio público de múltiples poblaciones.
El comité de expertos propuso esta visión centralista para organizar dicho servicio. Es una idea muy centralista la que tenía la comisión de expertos, que por supuesto el ministro de Justicia, el señor Gallardón, hizo suya. Es un modelo
que refuerza el monopolio del Estado a la hora de definir su diseño, obviando que dicho servicio ha de estar relacionado con otras administraciones e instituciones y cuya dotación de medidas materiales, incluso, depende en una gran parte de las
propias comunidades autónomas. Por ello, para que la Administración de Justicia esté mejor engranada y tenga otras estrategias de reforma y mejora administrativa, la posición del Bloque Nacionalista Galego es que se debe caminar hacia la
transferencia de la competencia sobre la demarcación de planta judicial a las comunidades autónomas, en vez de reforzar el férreo monopolio de la Administración central en esta materia.
Preocupa, asimismo, señorías, que la intención del Gobierno sea la de recortar de nuevo las plantillas de trabajadores públicos, expulsando al paro a miles de trabajadores del sector público y aumentando las cifras de desempleo público. En
lo que va de legislatura, señorías, el Ministerio de Justicia se ha aplicado en empeorar la justicia, el derecho de acceso a la tutela judicial, y en el propósito de asentar una justicia para quien se la pueda costear, dejando a las mayorías
sociales en una situación de desprotección mayor.
Señorías, en todo este proceso, el ministro Gallardón no ha tenido en cuenta la posición que al respecto han tenido las distintas profesiones que inciden en la Administración de Justicia, en concreto, en relación con la planta judicial. En
Galicia, en la ciudad de Vigo en concreto, absolutamente todos, desde fiscales, abogados, magistrados, jueces, etcétera, se han posicionado en contra de una propuesta del ministerio que a todas luces es injusta y que solo servirá para empeorar la
Administración de Justicia y el acceso a la misma de los ciudadanos.
Por eso, señorías, hacemos nuestras propuestas. La primera es la retirada de la propuesta y que el Gobierno establezca diálogo con todos aquellos interesados en el asunto...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir acabando.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente, defendiendo el punto número 2 de nuestra proposición no de ley, porque entendemos que es el camino para ir en la adecuada dirección.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, hoy volvemos a hablar de la propuesta de texto articulado de la ley de demarcación y planta judicial. No es algo nuevo, hace tan solo unas semanas se debatía en Comisión una proposición no de ley presentada por
Esquerra Republicana sobre la materia. Nada ha cambiado desde entonces, seguimos sin conocer a ciencia cierta cuál es la propuesta del Gobierno. Sí sabemos cuál es la propuesta que ha presentado la comisión institucional, un proyecto que, de
confirmarse, lejos de agilizar
y acercar la justicia a la ciudadanía, supone deteriorar el acceso geográfico a la justicia. Se lo dijimos entonces y lo repetimos hoy: Lo que ustedes deben hacer, si de verdad apuestan por una mejor Administración de Justicia, más cercana
a la ciudadanía y más arraigada a la realidad territorial, es transferir a la Generalitat de Catalunya las competencias en demarcación y planta judicial. Es la Administración más cercana la que mejor conoce la realidad del territorio y la que le
dará mejor respuesta. Pero ello choca con su realidad nacionalista, señorías del PP, con su realidad centralista y homogeneizadora del Estado.
Ciertamente la justicia -eso es verdad- necesita mejoras y cualquier proyecto de mejora de la justicia debe ser, a nuestro entender, también una prioridad. Pero su proyecto no es aceptable. Solo modificando la estructura de la planta
judicial no se va a conseguir nada, y mucho menos si se trata de alejar la justicia de los ciudadanos. Hay que ir mucho más allá, sobre todo invirtiendo en medios humanos y en nuevas tecnologías, diseñando aplicaciones eficaces que permitan el
expediente digital completo, la automatización de tareas, etcétera. El elemento clave para la mejora de la justicia en este país y en pleno siglo XXI, argumento que ya aparece en el documento del Consejo General del Poder Judicial, es la aplicación
-como he dicho- de las nuevas tecnologías y la predisposición y capacitación de los empleados de la Administración de Justicia y los jueces para hacer uso de éstas en el funcionamiento diario de los estamentos judiciales y entre estos y los usuarios
de la justicia. Ello, de implementarse, hace innecesaria su nueva propuesta de demarcación y de planta judicial.
Acabo. Ustedes, en definitiva, no pretenden mejorar la justicia. Lo que ustedes pretenden mediante este proyecto de ley es lo que pretenden mediante cualquier proyecto de ley, que es centralizar y homogeneizar. Este es su modelo de Estado
y, evidentemente en este caso también, su modelo de justicia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Se ha presentado una enmienda a estas dos proposiciones no de ley. La ha presentado el Grupo Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO CALVÍN: Con la venia, señor presidente.
Señorías, la portavoz del Grupo Mixto, señora Fernández Davila, ha comenzado su intervención anunciándonos que el Ministerio de Justicia ha presentado un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de demarcación
y planta. Si este es el motivo por el que su grupo ha presentado esta proposición no de ley, no se preocupe, podemos dejar el debate antes de comenzar pues lo cierto es que no existe anteproyecto alguno de reforma en esta materia.
Como saben, uno de los principales compromisos que adoptó el Gobierno en lo que constituye su plan de modernización del sistema de justicia fue la elaboración de un informe por parte de reconocidos expertos sobre el estado actual de nuestra
demarcación y planta judicial y sobre las potenciales líneas por las que habría de discurrir su reforma. En el acuerdo del Consejo de Ministros que constituyó la comisión institucional se decía que la realidad a la que hacía frente la demarcación y
planta judicial de 1988 dista cada vez más de las necesidades de una organización judicial moderna y del mapa demográfico actual. El cambio no ha sido solo con relación al número de habitantes, sino esencialmente con la mayor densidad y complejidad
de las relaciones sociales. Además, un concepto tan básico como el de territorialidad ha sido superado en buena medida gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y a la creación de espacios integrados. Lo cierto es que hasta ahora se habían
dedicado todos los esfuerzos a incrementar la dimensión del servicio incrementando el número de unidades judiciales y de las plantillas. Pero hemos comprobado que no basta, no basta con añadir nuevas unidades judiciales. La constante creación en
los últimos años de nuevas unidades judiciales no ha servido para el objetivo de disminuir el volumen de asuntos pendientes ante nuestros tribunales. En definitiva, más no es equivalente a mejor, por lo que este esfuerzo no es suficiente.
Los cambios socioeconómicos demandan un cambio de paradigma. Debemos pasar del incrementalismo puro a la reorganización eficiente. En este sentido, el diagnóstico emitido por los expertos es una llamada a continuar el proceso de reformas.
Sus principales recomendaciones son: la superación del partido judicial como base exclusiva del modelo, la extensión de la organización colegiada y la creación de tribunales de instancia organizados con arreglo a criterios de especialización. En
definitiva, impulsar una transformación orgánica que trate de aprovechar las ventajas que ofrece la concentración de recursos
y un mejor aprovechamiento de las potencialidades del nuevo esquema funcional introducido por la nueva oficina judicial, creando al final un sistema en el cual el todo es más que la suma de las partes.
Señores socialistas, yo no sé la opinión que le merece a su grupo lo que les acabo de exponer, desconozco si estas recomendaciones les parecen acertadas o no, pero a la vista de la proposición no de ley que han presentado y de la
intervención que para su defensa han realizado en el día de hoy, me da la impresión de que éstas son propuestas que a ustedes les irritan profundamente. En todo caso, les voy a sugerir un sencillo ejercicio que les vendrá bien para que hagamos un
poco de memoria. Busquen el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Justicia celebrada el 30 noviembre 2010, cuando ustedes gobernaban, y lean. Podrán comprobar que lo que he hecho hasta este momento en mi intervención ha sido transcribir
resumidamente pero de manera literal lo que en su día manifestó el entonces secretario de Estado de Justicia del Gobierno socialista con motivo de su comparecencia para informar sobre las recomendaciones elaboradas por la Comisión institucional
sobre demarcación y planta, nombrada en la anterior legislatura. Y ya puestos, les recomiendo también la atenta lectura de la intervención de la portavoz socialista y podrán comprobar lo mucho que les gustaban a ustedes estas propuestas hace menos
de tres años, las mismas propuestas que ahora rechazan. Porque esas propuestas para reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial a las que hacía referencia el secretario de Estado socialista son las que han servido de base y mucho como punto de
partida al informe realizado por la comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros el 2 marzo del pasado año. Por tanto, no les extrañará que la primera sensación que me produce leer su proposición no de ley fuera la de profunda
perplejidad, pues han cambiado mucho de opinión en estos últimos tres años. Cuando están en el Gobierno defienden un cambio profundo del modelo, consideran que esos pilares sobre los que cimentar y culminar la organización judicial del siglo XXI
implica el abandono del sistema de partidos judiciales buscando la concentración de los recursos y la especialización, y nos proponen, entre otras soluciones, la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de las audiencias
provinciales. Sin embargo, cuando están en la oposición, como ustedes no fueron capaces de sacar adelante esta reforma tan necesaria, nos piden que no se haga nada de aquello que antes tanto les gustaba. En definitiva, que esas propuestas se metan
en un cajón y se olviden para siempre. Pero es que además, observamos que de los dos informes presentados en esta legislatura tan solo rechazan las recomendaciones de la comisión de expertos, pero, sin embargo, no hacen ni una sola referencia a la
propuesta de reforma de demarcación y planta elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, les recuerdo que fruto de una iniciativa del Grupo Socialista. Entenderán que ahora mi perplejidad se convierta en desconcierto, pues precisamente la
propuesta del consejo propone, como muy bien saben, entre otras alternativas, reducir los 431 partidos judiciales...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.
El señor CASTILLO CALVÍN: Voy terminando.
Reducirlos a 199. Debo entender que cuando ustedes no piden que se retire la propuesta del consejo será porque esta última propuesta sí que les gusta, como también deduzco que les deben gustar mucho sus consecuencias. Supongo que no es
necesario que les diga lo que significaría mantener el actual sistema diseñado en el siglo XIX pero haciendo desaparecer más de la mitad de esos partidos judiciales que, en definitiva, es lo que propone este informe elaborado por iniciativa de su
grupo; ustedes lo saben muy bien. Es por ello por lo que deberían coincidir con nosotros en que ese no es el mejor camino, que reducir a la mitad los partidos judiciales no esa solución, que debemos trabajar en un nuevo modelo en el que la
flexibilidad y la optimización de los recursos existentes mediante la reasignación de efectivos dentro del órgano judicial no pase por reducir la planta judicial ni por suprimir sedes judiciales. Precisamente porque tenemos que aprovechar...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor CASTILLO CALVÍN: Termino, señor presidente.
Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Mixto, a fin de que en la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Ley de Demarcación
y Planta se tengan en cuenta las especificidades geográficas, sociales y económicas propias de las diferentes comunidades autónomas. Esta es nuestra pretensión y sin duda la de nuestro Gobierno, que precisamente por ello ha querido abrir al
análisis y al debate público
esta propuesta de la comisión institucional, que no es el texto del Ministerio de Justicia, bajo la premisa de lograr el máximo consenso con responsabilidad y generosidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor Castillo, usted ha preguntado al Grupo Socialista qué le parecían sus propuestas y su argumentación. No sé si le interesará mi opinión sobre su argumentación, pero se la voy a decir con la honestidad y la amistad que nos une. Me
parece mal lo que usted ha dicho y me parece bien lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista y los demás portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
Estamos con una propuesta de reforma de la demarcación y planta que se incardina en el sentido contrario del que nosotros estimamos, desde la planta y desde la demarcación, desde ambos sentidos. Es una ley que además tiene un nombre ilustre
dadas las personas redactoras; el nombre de Díez-Picazo forma parte de la Academia en el sentido más etimológico de la expresión, más el padre que el hijo, que es el redactor de esta norma. Todos hemos leído los manuales de Derecho Civil y el poco
Derecho Civil que algunos sabemos lo hemos obtenido a través de la lectura de sus manuales, de sus libros, en la universidad. El hijo es magistrado del Tribunal Supremo -lo cual es importante, relevante, desde una perspectiva de background- y ha
escrito sobre distintas materias, unas en inglés otras en castellano, una miscelánea de materias diversas, y ha redactado esto que nuestro grupo no comparte en absoluto. Desde esta perspectiva, se produce un efecto anticlima respecto de un apellido
que hasta este momento respetábamos notablemente.
Aquí hay varios problemas que ya han sido indicados y que hacen referencia a la tutela judicial efectiva, derecho constitucional proclamado por el artículo 24 de la Constitución. Ya se han referido otros portavoces a reformas parciales del
Código Penal acometidas en esta legislatura: la incorporación de la Ley de Tasas, particularmente vulneradora del derecho al acceso gratuito y universal al servicio público de la justicia, un componente de vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva, y ahora nos encontramos con una especie de disposición en donde todas las demarcaciones judiciales se van a ubicar, todas, en las capitales de provincia, prescindiendo de todo tipo de reflexión sobre las capacidades o la
litigiosidad de determinados juzgados que no forman parte o no están ubicados en capitales de provincia, sobre las dificultades de acceso a las capitales de provincia en algunas provincias de extensión geográficamente muy amplia, sobre la altísima
litigiosidad de algunos municipios de alta densidad de habitantes, ya sea por su carácter turístico o de otros perfiles o siluetas, que provocan altísimos grados de litigiosidad. Le voy a poner dos ejemplos que usted, señor Castillo, comprenderá
inmediatamente. Si toda la litigiosidad de los juzgados de Barakaldo, en Vizcaya, o de los juzgados de Getxo, también en Vizcaya, o de Amurrio, en Álava -donde solo hay dos demarcaciones judiciales, como usted sabe- se incorporan a juzgados de
instancia o mixtos de primera instancia e instrucción ubicados en Vitoria o en la ciudad de Bilbao, el colapso en estos juzgados sería absolutamente inabordable, absolutamente inasumible. Se crearían unas situaciones de pendencia que estás sí que
vulnerarían el derecho a la tutela judicial efectiva y nos colocaría en una situación de marasmo judicial verdaderamente peligroso.
Yo voy a preconizar lo que han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. ¿Por qué no vamos a mantener las demarcaciones y los partidos judiciales actualmente existentes? ¿Cuál es el problema? No son tantos y
están bien configurados en términos generales, salvo algunos que, de forma sobrevenida, han devenido en inútiles precisamente por la pérdida de población del lugar y por otras razones vinculadas a los fenómenos demográficos y sociológicos
contemporáneos que usted más o menos ha glosado, pero la mayoría de ellos están bien configurados. En materia de planta lo que hay que hacer es incrementar la planta y ya se lo hemos dicho. No podemos permitirnos el lujo el Estado español de ser
el país que tiene la menor ratio de jueces por cada 100.000 habitantes. Sí, incluso de la Unión de los Veintiocho; la Unión de los Veintisiete, seguro; todavía no se ha contabilizado por Eurostat la Unión de los Veintiocho, pero le aseguro que de
la Unión de los Veintisiete tenemos la menor ratio de jueces por cada 100.000 habitantes. La dirección de la reforma de la planta va por ahí y, desde esa perspectiva, también se está vulnerando -y ya se lo han dicho la señora Jordà y el portavoz
del Grupo Socialista- competencias autonómicas. En el ámbito de la determinación de las demarcaciones judiciales, los
estatutos de autonomía atribuyen competencias, en concreto a Euskadi en su artículo 34, pero me imagino que habrá un equivalente en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y en los demás estatutos de autonomía. La configuración de las
demarcaciones es compartida por la Administración del Estado y las administraciones autonómicas. En este proyecto de ley se vulnera esa competencia, amen de la de provisión de medios materiales y personales y la configuración de la oficina
judicial, que es una competencia químicamente pura de las comunidades autónomas, manifiestamente autonómica, que también se vulnera. Por eso, comparto la opinión del portavoz del Grupo Socialista indicando que habría que esperar o simultanear la
creación de los tribunales de instancia con una configuración definitiva y eficiente de la oficina judicial. Todo lo demás se incardina en lo que el señor Montoro ha venido a denominar en esta legislatura en una frase que pasará a los anales de la
historia, que la única fuente del derecho que se reconoce por su Gobierno es el ahorro. Dados los conocimientos enciclopédicos del señor Montoro, que incluso le ha respondido a la señora Díez a una interpelación sobre el derecho de
autodeterminación de los pueblos, en materia de reflexiones del señor Montoro no es necesario detenerse excesivamente, pero en materia de justicia, señor Castillo, no es el ahorro la única fuente del derecho, en materia de justicia la única fuente
del derecho que debemos considerar es la tutela judicial efectiva, y la tutela judicial efectiva se garantiza mucho mejor no tocando nada en materia de demarcación y planta y mejorando la planta, que acometiendo reformas que van a reducir los
juzgados a juzgados de instancia y de instrucción solo en las capitales de provincia, concentrando, de forma absolutamente inabsorbible por estos, la alta litigiosidad que existe en numerosos juzgados; le he citado Getxo , le he citado Amurrio, le
podría citar Durango...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señor presidente.
... y tantos y tantos otros municipios a los que no se puede privar de sus seis, siete, ocho, nueve y hasta en ocasiones doce juzgados mixtos normalmente. Sé que esta opinión usted la comparte, otra cosa es que tiene que decir en esta
tribuna lo que le dicen que tiene que decir.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
En materia de creación de nuevos órganos judiciales, el Gobierno -lo siento, señor portavoz del Grupo Popular- no para de sembrar confusión; es una materia en la que permanentemente siembra confusión con sus habituales globos sonda y
mensajes casi siempre contradictorios. En esto creo que hay que darle la razón con toda justicia al portavoz del Grupo Socialista. Al margen de ello, lo que más le preocupa a nuestro grupo es que en esta materia hay un error de origen en el
sistema. En esto igual no coincidimos con el señor Olabarría o con otras personas que se puedan pronunciar, pero a nuestro juicio el problema es que hay un error de origen en el sistema y es que no tiene visión nacional. En el proceso de
negociación de la creación de nuevos órganos judiciales, el Ministerio de Justicia sigue el método de adscribir a cada comunidad autónoma un número de plazas a crear en su territorio y ello, esa forma de actuar, provoca que todos los territorios
autonómicos reciban cada año nuevas aportaciones de unidades judiciales siendo así beneficiadas muchas veces las comunidades de menor necesidad, que siempre reciben la creación de alguna nueva oficina judicial en vez de visionar un mapa nacional que
permitiera intensificar el nivel de creaciones en los territorios que verdaderamente lo necesiten, aunque alguna parte del territorio nacional no incrementara su número en esa anualidad. Eso favorece al que lo necesita, puede ser un territorio más
grande -Cataluña, Andalucía o el territorio que sea- y no tiene por qué haber una adscripción automática que, como digo, beneficia a las más pequeñas y puede perjudicar a quien tiene más necesidades. Lo que ahora se pretende o, mejor dicho, lo que
ahora anuncia el Gobierno de forma ciertamente confusa -por tanto, a lo mejor estamos equivocados a la hora de abordar este debate, porque la forma en la que el Gobierno nos lo plantea es muy confusa- es empezar la casa por el tejado, si me permiten
la expresión, y modificar la planta antes de implantar la nueva organización; y más confusión aún si se observa que el borrador del texto elaborado por una comisión creada por el Gobierno recoge, como principal novedad, la creación de los
tribunales de instancia, cuestión que en principio parece razonable, pero no parece que sea la única ni siquiera la principal novedad. Esa creación del tribunal de instancia solo puede hacerse, y además debe aprovecharse, para implantar la nueva
oficina judicial,
siendo condición sine qua non de mera eficacia y eficiencia atribuir la competencia de organización a una sola Administración o por lo menos unos mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. En definitiva, es
cierto que la política del Partido Popular, del Gobierno, en esta materia de la reforma y organización de la justicia está siendo errática y opaca -lo de la opacidad nos preocupa más aún que lo de ser una política errática-, hasta el punto de que no
se sabe si apoyan o no la propia propuesta colgada en la página web del Ministerio de Justicia. Como siempre, funcionan con globo sonda, a ver qué pasa. Digo esto porque a veces hacen proclamas y luego se desdicen a la hora de actuar. La más
conocida es la del ministro de Justicia cuando nos explicó cómo iba a hacer la reforma del Consejo General del Poder Judicial para hacer unos meses más tarde justamente lo contrario. Eso era más que un globo sonda, pero, en todo caso, incurrió en
una enorme contradicción.
Al margen de lo anterior, tampoco nos parece que la solución sea mantener la situación actual de los partidos judiciales sin tocar nada, algunos muy pequeños y previstos para una situación histórica en la que las comunicaciones eran mucho
peores que las actuales. O sea, el inmovilismo frente a esa posición tampoco nos parece que sea la posición adecuada, de hecho los tribunales de instancia suponen un nuevo modelo que atiende principalmente a la naturaleza del asunto a enjuiciar,
sustituyendo a los antiguos juzgados, por lo que resulta contradictorio defender el nuevo modelo y a la vez el inmovilismo en cuanto a la planta judicial. No obstante, la reorganización del modelo tampoco tendría por qué hacerse llevando todos los
juzgados a las capitales de provincia, que es la posición en el otro extremo opuesto, tampoco tiene por qué ser así, sino atendiendo a las peculiaridades geográficas y poblacionales de cada zona sin menospreciar tampoco la importancia de un adecuado
despliegue territorial. En suma, que no tiene sentido acometer la reforma de la planta judicial si no se acomete la pendiente reforma de la nueva oficina judicial y los tribunales de instancia, puesto que la planta y la estructura organizativa son
dos conceptos que van de la mano y en esa reforma es necesario estar abierto a un cambio con visión nacional; cuando digo visión nacional no pienso en el mapa, no se me asusten ustedes, estoy pensando en los ciudadanos y en el derecho que tienen a
estar atendidos en igualdad de condiciones al margen de la parte de España en la que vivan, de la demarcación y planta judicial existente que no tiene, como decía antes, por qué conllevar ni el inmovilismo absoluto ni la fragmentación ni llevar
todos los juzgados a las capitales de provincia.
Como conclusión, me parece oportuna, pertinente, la iniciativa planteada por el Grupo Socialista, que luego se ha sumado a la iniciativa del Grupo Mixto, del BNG, y por eso esta iniciativa del Grupo Socialista tendrá el voto favorable del
Grupo de Unión Progreso y Democracia.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, se trata de la Ley de Demarcación y Planta o podríamos decir mejor del informe de los expertos con respecto a la Ley de Demarcación y Planta, una práctica que a nosotros nos parece perversa por parte del Ministerio de Justicia;
primero un informe de expertos, luego la iniciativa legislativa y en medio nada, es decir, una carencia absoluta de diálogo político y de negociación, el deterioro de la política fundamentalmente para una suerte de aristocracia de los expertos y de
los sabios. No compartimos esta forma y, por tanto, lo decimos claramente y nos posicionaremos con respecto a las iniciativas hoy presentadas. Lo que no compartimos tampoco es el contenido. El contenido es una ley Gallardón en estado puro. ¿Qué
le preocupa al señor Gallardón y al Ministerio de Justicia? Le preocupa fundamentalmente la justicia como poder, es decir, el control del Poder Judicial y, por otra parte, le importa también el recorte en medios del servicio público de la justicia,
es decir, invierten las prioridades. La prioridad de mi grupo es el servicio público de la justicia y no tenemos ningún interés en controlar al Poder Judicial, creemos que se controla a través de sus órganos de gobierno y no a través del control
político del Ministerio de Justicia. Por eso, el ministerio elabora un anteproyecto que atribuye a los expertos pero que en realidad tiene una inspiración gallardoniana prácticamente inexcusable, propone una ley de planta y demarcación que se basa
en esos criterios: por una parte, en el criterio del poder; para el criterio del poder lo mejor es el tribunal de instancia, es lo más adecuado; y por otra parte, también con respecto al criterio de la restricción o del recorte del servicio
público de la justicia, la eliminación de los juzgados de paz y de su papel en materia de registros; con lo cual matamos dos pájaros de un tiro, por una parte recortamos el servicio público y por otro lado aumentamos el nivel de privatización en el
servicio público de la justicia. Por tanto, ley gallardoniana donde las haya que nosotros no compartimos en absoluto, pero esta ley nos deja también
un recado que resulta de lo más sibilino. Como en estas leyes territoriales se produce el conflicto fundamentalmente con el desarrollo del servicio público en el territorio, lo que hace el señor Gallardón es pasar la patata caliente. Dice
que habrá tribunales de instancia, pero -y así lo dice el propio secretario de Estado- no avanza en relación con qué impacto tienen los tribunales de instancia ni en la distribución del Poder Judicial ni tampoco en otras materias importantes, pero
sí deja un mecanismo que es un mecanismo inapelable, el presupuesto. Dice claramente que las inversiones irán destinadas a los tribunales de instancia y, por tanto, el resto de los partidos judiciales se verán obligados al deterioro o el cierre.
En definitiva, el señor Gallardón no dice que cierre los partidos judiciales, únicamente suprime los juzgados de paz, pero establece los mecanismos para que esos partidos judiciales cierren y cierren en buena parte. No se trata de una discusión en
estos momentos sobre si la mitad o no, sino de si van a sustituir los partidos judiciales por el 10 % de los tribunales de instancia. Termino. El otro día, el secretario de Estado en su comparecencia hacía el símil con el sistema sanitario, y
decía: No vamos a poner todo lo superespecializado a nivel básico, lo vamos a poner en un gran hospital. Bueno, pues siguiendo con ese símil, es la muerte del servicio cercano a los ciudadanos y su sustitución por un gran tribunal de instancia con
control político y con profundos recortes en el servicio público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió queremos, en primer lugar, agradecer a los grupos proponentes este debate porque nos da la oportunidad de fijar de nuevo nuestra posición política sobre la propuesta de un texto que crea muchísima alarma,
que es el texto articulado que sobre demarcación y planta figura en la página web del Ministerio de Justicia. Creemos que si es cierto que, tal y como reiteradamente ha manifestado el ministro de Justicia, el valor que se le da por parte del
ministerio al texto de este informe es solo el de un estudio, que dicho estudio además no es la propuesta del Gobierno y que está abierto a aportaciones y alegaciones, si todo eso es cierto, insisto, estimamos de vital importancia que antes de que
por el Gobierno se apruebe un texto que se iba a enviar a esta Cámara, se escuche, pero se escuche de verdad, y que además de escuchar se tengan en cuenta las opiniones de peso, opiniones fundadas y que parten de quienes viven la realidad judicial
cotidiana, abogados, procuradores, pero especial y principalmente la opinión y la voz de la representación del mundo local, de los ayuntamientos, a quienes todos nosotros, y también los diputados del Grupo Popular, vamos a tener que explicar si la
propuesta que hace el Gobierno es la de suprimir todos los partidos judiciales excepto los de la capital de la provincia, suprimir los juzgados de paz -en Cataluña únicamente hay 900 juzgados de paz-, juzgados que dan un servicio a la ciudadanía
desde la proximidad y a los que se ha dotado de infraestructuras con un coste económico muchas veces todavía no amortizado. Les vamos a tener que explicar que si se suprimen todos esos juzgados, que son los que vertebran el territorio, la
alternativa que se propone desde el Gobierno, quizá la alternativa que se plantea, no va a tener en cuenta la proximidad, que la alternativa va a consistir en centralizar el servicio público de la justicia en la capital de la provincia.
Desde Convergència i Unió quiero explicitar sin mayor preámbulo que vamos a oponernos frontalmente a una propuesta que, de llevarse a cabo en los términos que figuran en el informe, va a suponer una nueva vuelta de tuerca en un camino ya
emprendido en el que bajo el único criterio de la eficiencia lo que está suponiendo es dificultar y entorpecer el acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia y va a suponer un obstáculo más, y no de menor importancia, para el efectivo
cumplimiento del artículo 24 de la Constitución, en donde se garantiza como un derecho fundamental el acceso a una tutela judicial efectiva. Primero han sido las tasas. Convergència i Unió ya advirtió, junto con otros grupos parlamentarios, que
suponían una clara barrera para el acceso a la justicia de las amplias clases medias y frente a la que, entre otros, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad. Ahora esta propuesta, de ponerse en
práctica, va a suponer que el servicio público de la justicia, su diseño, en lugar de avanzar hacia la proximidad, hacia la facilidad en el acceso a la prestación del servicio, va a emprender el camino contrario, el de la lejanía, el del alejamiento
entre la Administración de Justicia y el ciudadano. Es un proyecto que pretende recentralizar los juzgados en las capitales de provincia y que conducirá a una situación que don Miquel Sàmper, president del Consell dels Collegis d'Advocats de
Catalunya, que agrupa los trece colegios de abogados de la comunidad, califica de muy grave, porque implicaría la desaparición de los actuales partidos judiciales, la creación de una única demarcación, que
sería la provincial, con la sede de los juzgados en la capital de la provincia, la desaparición de las audiencias provinciales y la total supresión de la justicia de paz. En honor a la verdad, es cierto que el ministro, frente a la alarma
generada, ha dicho que no van a desaparecer los actuales juzgados. Eso es cierto, pero también lo es que, a pesar de todas las veces que se le ha preguntado, no ha concretado cuáles van a ser sus funciones.
Esta propuesta supone además una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas, a las que, a tenor de lo dispuesto en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, les corresponde elaborar las propuestas de demarcaciones
judiciales en sus ámbitos territoriales respectivos. Esta es una competencia que tiene toda su razón de ser porque, desde el conocimiento de la realidad territorial, nunca se plantearía, como hace el informe, que un ciudadano de Viella tenga que
desplazarse a Lérida -400 kilómetros ida y vuelta, sin autopista ni tren de alta velocidad ni de media velocidad- o tenga que desplazarse de Puigcerdà a Girona o de Barcelona a Saldes, por poner algunos ejemplos. Esto por no hablar de situaciones
que con toda seguridad han pasado por alto: levantamiento de cadáveres, declaraciones de presos, inscripciones de nacimiento, de matrimonio, de divorcio, porque parece olvidarse que los juzgados no únicamente dictan sentencias, sino que realizan
muchos actos directamente vinculados a la vida cotidiana de las personas.
Nosotros no nos oponemos a la racionalización de la planta y demarcación, pero en esta racionalización no deben primar únicamente los criterios de eficiencia, tiene que primar también la proximidad, el servicio al ciudadano. Desde este
punto de vista, nosotros vamos a apoyar las iniciativas que estamos debatiendo y queremos que nuestro voto, más allá de la literalidad de la propuesta, signifique la oposición de Convergència i Unió, su no a la recentralización de la organización
judicial, a alejar la justicia del ciudadano y a la supresión de la proximidad. Significa también la apuesta de mi formación política, el sí a encontrar una mejora en la racionalización de la Administración judicial, que respete las competencias...
El señor PRESIDENTE: Señora Pigem, tiene que acabar.
La señora PIGEM I PALMÉS: ... de las comunidades autónomas y que, atendiendo a los criterios de eficiencia y eficacia, no puede ser de otra manera, tenga presente por encima de todo que un servicio público no puede perder la cercanía y, en
todo caso, debe facilitar y no obstaculizar el acceso a un derecho reconocido constitucionalmente como es el de la tutela judicial efectiva.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.
Pregunto primero al señor Echávarri y luego a la señora Fernández Davila si aceptan la enmienda.
Señor Echávarri.
El señor ECHÁVARRI FERNÁNDEZ: No aceptaremos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, no aceptaremos la enmienda, porque no incorpora la retirada de la propuesta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Entonces se votarán en sus propios términos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA CARTERA DE SERVICIOS SOCIOSANITARIOS. (Número de expediente 162/000670).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la creación de una cartera de servicios sociosanitarios.
Tiene la palabra la señora Rodríguez Sánchez.
La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor presidente.
Señorías, muy recientemente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firmó un acuerdo histórico con la más alta representación de la profesión médica: OMC, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Confederación Estatal de
Sociedades Científicas, Conferencia Nacional de Decanos y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina; un acuerdo y un marco de cooperación también realizado con la
Asociación SANE, de enfermeras, a través de su consejo general y de Satse. En el punto 1.7 del Pacto por la sanidad con el Foro de la profesión médica se cita textualmente: Realizar la coordinación de los servicios sanitarios y sociales
para ofrecer una atención sociosanitaria integral e integrada a los enfermos crónicos, las personas mayores, las que padezcan alguna discapacidad o precisen cuidados paliativos, promoviendo al efecto la continuidad asistencial, los equipos
multidisciplinares, la gestión de casos y una información fluida sobre el paciente y su entorno. Esto viene a responder a un planteamiento largamente demandado por los profesionales del sector sanitario, pero también por los del ámbito social.
También responde a lo manifestado por la señora ministra en su primera comparecencia en esta Cámara de situar al ciudadano en el centro del sistema e implantar en nuestro país un modelo sociosanitario; pero responde fundamentalmente a la realidad y
a las necesidades sanitarias y sociales de nuestros conciudadanos. La proposición que mi grupo trae hoy a la Cámara es esencial para responder a esas necesidades. Es dar un paso más, un paso fundamental hacia una prestación de servicio
personalizada, integral y de calidad, tal y como requiere nuestra sociedad.
Señorías, los sistemas de salud de los países avanzados se encuentran ante el reto más importante de los últimos tiempos porque el patrón epidemiológico ha cambiado. Nos encontramos con un envejecimiento creciente de la población. Si en el
conjunto de la Unión Europea las previsiones son que los mayores de sesenta y cinco años alcancen el 30 % en 2050, en España esas estimaciones suben al 35 %. Ese envejecimiento lleva consigo un incremento de patologías crónicas, pero también un
incremento del número de pacientes que muestran a su vez varios cuadros crónicos. Asimismo, la cronicidad, que será en un futuro próximo la principal causa de discapacidad, que representa según los datos del SEMI el 80 % de las consultas de
atención primaria y el 60 % de los ingresos, no solo está ligada al envejecimiento. La disponibilidad de tratamientos cada vez más eficaces permite y permitirá cada vez más una mayor supervivencia frente a enfermedades prevalentes, por consiguiente
una cronificación de patologías que eran y son actualmente mortales. Hoy día son muchos los cuadros que comparten los problemas de la cronicidad (enfermedades raras, cuadros genéticos cuyo número de entrada en el catálogo OMIM crece día a día,
enfermedades transmisibles cronificadas y un largo etcétera). De la misma manera crece cada vez más el perfil de la población que requiere de un abordaje integral: personas mayores con pluripatología y/o dependencia, menores de sesenta y cinco
años con enfermedades discapacitantes, personas con discapacidades físicas, personas con discapacidad intelectual severa con o sin otros cuadros concomitantes, personas con trastorno mental severo crónico, personas con problemas de adicción y/o con
patología dual o pacientes terminales con necesidades de cuidados paliativos, entre muchos otros.
Las necesidades de estas personas ponen de relieve la importancia y la urgencia de que nuestros servicios sanitarios y sociales se adapten a esta realidad. Por eso la creación de un espacio sociosanitario es clave para la coordinación de
los dos sistemas, de manera que se ofrezca una prestación de servicio más eficiente, más sostenible y más enfocada hacia la persona. El objetivo es mejorar la calidad de la atención, superando los niveles de calidad que se obtienen cuando los dos
sistemas, sanitario y social, actúan por separado. De hecho, los indicadores de salud se resienten, como ya se ha puesto de manifiesto en diversos estudios técnicos, por ejemplo en mi comunidad autónoma, Andalucía, ante el déficit de cuidados
sociosanitarios.
Son ya numerosas las experiencias de las que se dispone en materia de coordinación sociosanitaria a nivel nacional e internacional. Iniciativas como el modelo Kaiser en Reino Unido, el PACE estadounidense, los programas Sipa, Choice y
Prisma en Canadá, son algunos ejemplos, pero también en España son numerosas y positivas las iniciativas de coordinación sociosanitaria desarrolladas por la mayoría de las comunidades autónomas, tal como se refleja en el Libro Blanco de la
coordinación sociosanitaria en España, encargado por la Conferencia interterritorial de consejeros de Sanidad y de Política Social, entre cuyas recomendaciones está la del establecimiento de una estrategia a nivel nacional. Para el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es una auténtica prioridad el establecimiento de esta estrategia, como lo demuestra la propuesta de la ministra de llevar a cabo un pacto de Estado por la sanidad y los servicios sociales, así como la creación
de un espacio único sociosanitario. Además, es un planteamiento complementado por diversas iniciativas, por ejemplo la creación de la Red española de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y prestaciones del Sistema Nacional de Salud,
cuyo consejo ya se ha constituido y su presidencia rotatoria irá pasando por las agencias de las distintas comunidades autónomas. Todas estas iniciativas tienen como objetivo ofrecer respuesta a las necesidades asistenciales cambiantes de los
ciudadanos, porque un espacio común sociosanitario es clave para mejorar la atención
a la salud y el cuidado de muchas personas; ambos aspectos son interdependientes para una parte muy importante de nuestra población.
Señorías, como les decía, las experiencias desarrolladas en el ámbito de la coordinación sociosanitaria han sido y son ejemplos muy valiosos para el aprendizaje mutuo, pero ahora es el momento de dar un paso más allá. El reto hoy es pasar
de la coordinación sociosanitaria a la atención sociosanitaria, que debe ir desde la atención primaria, pasando por la atención ambulatoria o los dispositivos sanitarios y de cuidados para la atención en el ámbito domiciliario. Para que el modelo
de atención sociosanitaria sea equitativo tiene que haber una cartera de servicios sociosanitarios básicos y comunes en nuestro país.
Señorías, los nuevos retos asistenciales del siglo XXI y las nuevas necesidades de nuestra población -lo prioritario de la integralidad y la continuidad asistencial, así como la mejor y más eficaz y eficiente utilización de los recursos del
Sistema Nacional de Salud y de los servicios públicos de atención y cuidados sociales- exigen la definición y la creación de esta cartera común y básica de servicios sociosanitarios; una cartera fruto del consenso y del pacto. Este es el objetivo
de nuestra propuesta, y espero que tenga la comprensión y la respuesta positiva por parte de sus señorías.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Sánchez.
Se han presentado esta proposición no de ley varias enmiendas. En primer lugar, para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Señores del Grupo Popular, esta es la típica proposición no de ley que en mi inocencia e ingenuidad al principio de la legislatura quizá hubiese apoyado por dos razones fundamentales: porque creía que las proposiciones no de ley servían
para algo y porque hubiese creído que sus actos no contradecirían sus iniciativas. Nos traen aquí una propuesta que dice que hay que estudiar la creación de una cartera de servicios sociosanitarios con la que favorecer una asistencia continuada e
integral, optimizar los recursos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema de Dependencia, etcétera. Para nosotros es obvio que esto beneficia al conjunto de la población, pero es paradójico y se contradice completamente con sus actos. ¿Cuál es
su estrategia? No la consigo entender. ¿Primero cargarse el sistema y luego proponernos una forma de arreglarlo? No entiendo esta forma de hacer política. El Sistema Nacional de Salud así como el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia están en claro retroceso. Hay un informe que se ha presentado en el mes de enero de la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales que habla de la de la Ley de Dependencia y establece cuatro fases. ¿Sabe usted cómo llaman
a la fase IV, la que se ha iniciado durante el Gobierno del señor Rajoy? Le llaman fase de retroceso y demolición -usan esta palabra, demolición, de forma bien clara-, hablando del Sistema de Dependencia; es lo que se está haciendo bajo su
Gobierno. En cuanto al Sistema Nacional de Salud, hagamos memoria. Primero hay que destacar de nuevo cómo el Real Decreto 16/2012 ha limitado realmente la asistencia continuada e integral a cientos de miles de enfermos en nuestro país de una
manera u otra. Es más, el Grupo Parlamentario Popular, al impedir con sus votos que dicho real decreto se tramitase como proyecto de ley, ha hecho imposible que los grupos parlamentarios que trabajamos aquí con ustedes pudiéramos hacer nuestras
mejoras. Hablan ustedes de dependencia. ¿Pretendían, haciendo política de esa forma, presentando ese decreto, lo mismo que pretenden hoy al presentarnos esta PNL? Realmente para mí es confuso pretender las dos cosas a la vez. En cualquier caso,
podemos hablar de cuáles han sido los resultados de ese decreto-ley. Diferentes asociaciones de profesionales sanitarios, como la Organización Médica Colegial, la Asociación de Estudiantes de Medicina, colegios de enfermería, etcétera, un montón de
asociaciones de quienes -y me va disculpar- me fío más que de ustedes, dicen que desde su entrada en vigor se está limitando el acceso al tratamiento a la población más vulnerable, y que muchos ciudadanos con un alto riesgo de pobreza y exclusión
social están dejando de acudir a las consultas y de recibir tratamiento por la introducción de este copago, que no garantiza un igual acceso a prestaciones sanitarias, que no universaliza la sanidad sino todo lo contrario: hace que la sanidad sea
menos universal, porque quedan cubiertos menos ciudadanos, solamente aquellos que coticen en la Seguridad Social o cuando esté cubierta por algún parentesco familiar. Toda persona mayor de veintiséis años que no haya cotizado y que no esté cubierta
por sus progenitores queda fuera; los inmigrantes indocumentados pueden dejar de recibir asistencia sanitaria, a pesar de que la profesionalidad de los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud impida que eso suceda en muchas ocasiones. Es
decir, el real decreto-ley convalidado por
ustedes, señores del Grupo Popular, hace que la sanidad en España sea menos gratuita, menos accesible y menos universal.
Este desastre ya viene de atrás, porque ya en el anterior ejercicio apoyado de nuevo por el Grupo Popular, se profundizó en el retroceso de los servicios sociales y de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno, en el Plan
nacional de reformas del pasado mes de mayo, envió a la Comisión Europea un recorte de 3.134 millones de euros en sanidad y 1.600 en el Sistema de atención a la dependencia. ¿Cómo pueden alardear ustedes en la Unión Europea de hacer unos recortes
de tal magnitud y ahora decirnos aquí que van a mejorar el Sistema Nacional de Salud o que la dependencia no corre peligro? ¿Son estas las reformas que ustedes nos presentan hoy para garantizar la asistencia?
Me queda muy poco tiempo, pero no quisiera dejar de pasar por encima de otra cosa que nos preocupa especialmente, y es que siguen sin hacer nada por garantizar la igualdad de los ciudadanos españoles independientemente de en qué territorio
residan para recibir las atenciones del Sistema Nacional de Salud o de Dependencia, porque hay una diferencia abismal. Por ejemplo, la diferencia entre el gasto que se realizó entre comunidades autónomas el año pasado fue del 545 %, y este año ya
es del 941 %; por ejemplo, en el País Vasco es de 796,13 euros y en Baleares de 76,42. Esto nos parece grave.
Nosotros hemos presentado unas enmiendas para intentar que lo que ustedes presentan hoy tenga algún sentido y puedan verse obligados a cumplirlo. Si lo que quieren hacer es utilizar el cupo para presentar aquí una iniciativa parlamentaria
que simplemente va a servir, señores del Grupo Popular, para salvar la cara, y no van a apoyar ninguna de las enmiendas que proponemos, aunque sea una declaración tan voluntarista y tan blanca como la que nos presentan hoy ustedes no van a contar
con nuestro apoyo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, mi grupo parlamentario no va a colaborar con el botafumeiro, con el incienso del Grupo Popular a su Gobierno. El papel de la Cámara es la iniciativa legislativa así como el control del Gobierno. El
papel de la Cámara no es el de la loa al Gobierno ni tampoco el de su estímulo. Si el Gobierno necesita estímulos, que se los busque pero no en el ámbito parlamentario. Aunque solo sea por eso, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a
la totalidad de la iniciativa, con la que estamos en desacuerdo. La primera argumentación es sobre el envejecimiento de la población. Últimamente hablan de envejecimiento de la población y me echo la mano a la cartera, señorías, porque hay algo
perverso en eso del envejecimiento de la población. Parecería una noticia positiva para este país tener una de las esperanzas de vida más largas del mundo, sin embargo parece un castigo. Por otro lado ustedes no hablan de que las previsiones de la
OCDE -ya no hablo de las de mi grupo- dicen que para el año 2050 el gasto sanitario en conjunto no variará en exceso. Hablan de que entonces en España, de seguir esta situación, a pesar de sus alarmas con respecto al envejecimiento de la población,
gastaremos un 8 % del PIB en sanidad; perfectamente sostenible, al igual que lo es el 6 % de hoy, que es un 2 % menos que en Alemania o en otros países de Centroeuropa. Por lo tanto, señorías, no compartimos el alarmismo con respecto al
envejecimiento poblacional.
Por otra parte nosotros tenemos claro que tiene que haber una estrategia sociosanitaria y mecanismos de coordinación y cooperación entre el Sistema Nacional de Salud y el no sistema de servicios sociales. No tenemos sistema de servicios
sociales; tenemos un debilísimo sistema de servicios sociales que en estos momentos supone el 1,5 % del PIB, la media de la Unión Europea. Aparte de esos mecanismos de estrategia y de coordinación, por razones competenciales y de la concepción que
tenemos de ambos sistemas, nosotros no compartimos la creación de un nuevo sistema en el medio de la sanidad y los servicios sociales, cuando todavía no tenemos completo el sistema de sanidad, que está en riesgo con su cambio de modelo, ni el
sistema de servicios sociales, y cuando la competencia es autonómica. En ese sentido, nosotros no compartimos la iniciativa, pero nos preocupa que se esté utilizando la estrategia sociosanitaria para buscar un punto de salida al carácter universal
de la sanidad y al carácter universal de la atención a la dependencia; un punto de salida mixto, de mercado, de privatización. Esta es nuestra concepción, por eso estamos en desacuerdo con su iniciativa y hemos presentado una enmienda a la
totalidad.
Esto no es un botafumeiro, esto no es para darle incienso al Gobierno, porque, como en las grandes catedrales de la Edad Media, lo que a veces oculta el incienso son malos olores; en este caso oculta el
mal olor de los recortes en materia sanitaria y en servicios sociales. Yo les pregunto, señorías: si ustedes ponen en marcha este mecanismo sociosanitario, ¿con qué presupuesto van a contar? Pongamos por ejemplo el presupuesto sanitario,
el que tiene que ver con el Fondo de cohesión o con las estrategias. Prácticamente no hay presupuesto; se ha disminuido en dos tercios el presupuesto destinado, Fondo de cohesión y estrategias sanitarias. El presupuesto de servicios sociales,
Fondo relativo a los servicios sociales básicos y la atención a la dependencia, está recortado de tal manera que hoy la Administración central no surte ni siquiera el 18 % de la atención a la dependencia a nivel del Estado en su conjunto. Por
tanto, señorías, razones de forma, razones políticas y razones presupuestarias nos llevan a una enmienda a la totalidad, a una iniciativa que adopte el Gobierno, si le parece, pero que no implique al Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar recordando aquí lo que dice la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud; recuerden, es una ley del año 2003, que fue aprobada por una amplia mayoría y con un amplio consenso en este Congreso,
y que en su artículo 14 ya dice: prestación de atención sociosanitaria. La voy a leer textualmente para recordarlo, porque lo que aquí se nos está pidiendo es otra vez eso que ya está aprobado desde el año 2003: La atención sociosanitaria -dice
este artículo- comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos generalmente crónicos que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para
aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social. Dice -punto 2-: En el ámbito sanitario la atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que cada comunidad autónoma determine
y, en cualquier caso, comprenderá los cuidados sanitarios de larga duración, la atención sanitaria en la convalecencia y la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
El artículo de esta ley del año 2003 es lo que ahora ustedes nos traen aquí, cómo crear una cartera de servicios sociosanitarios. Estamos de acuerdo en que, en un momento en que los recursos son escasos y la situación socioeconómica no
permite planteamientos incrementalistas, se hace más necesario que nunca enlazar las necesidades y los recursos de los sistemas, el sanitario y el social. La creación de un marco conjunto de intervención se presenta como una oportunidad para
enfocar un cambio de modelo de relación para establecer este marco de actuación integral, en el que se debe contar con la implicación de los agentes del sistema de salud y del sistema social. Hace justo un mes que en Cataluña se presentó ya un plan
interdepartamental, en el que precisamente se pone esto en marcha. Es importante que se compartan los protocolos y actuaciones derivados de ese plan, pero es del todo imprescindible que los profesionales puedan compartir la información, y en ese
sentido se debe avanzar a partir de la historia clínica y social compartida. Ya se está trabajando en ello en muchas comunidades autónomas, repito, entre ellas Cataluña. Su trabajo y la forma de llevarlo a cabo es desde la proximidad. Por eso,
nosotros hemos presentado una enmienda, porque partimos de la base de que la cartera de servicios sociosanitarios no comprende solo el listado de prestaciones sino también la organización de los servicios, y estos, la gestión y esta organización de
los servicios, son competencia plena, como ya decía la ley, de las comunidades autónomas. Por eso en nuestra enmienda proponemos sustituir cartera de servicios por catálogo de prestaciones comunes, que es lo que todos tienen que incluir, y que se
haga cargo el Estado de los recursos necesarios para este catálogo de prestaciones. Eso sí, debe hacerse en colaboración con las comunidades autónomas, dejando que sean estas las que definan la forma de llevarlas a cabo. Vuelvo a decir una cosa
que acaba de señalar ahora mismo el señor Llamazares: sin recursos no puede hacerse nada. Aquí se habla de creación de cartera de servicios, pero los recursos no aparecen. Tenemos que evitar que pase lo mismo que ha sucedido con la Ley de la
Dependencia, para la que el Estado ha salido diciendo que estos recursos son no solo deficientes sino que la gran mayoría van a cargo de las comunidades autónomas. No se puede prestar una atención de calidad, señorías, sin que los ámbitos sanitario
y social trabajen desde la colaboración, pero esto es competencia de las comunidades autónomas. Desde allí debe hacerse, y el Gobierno del Estado lo que tiene que hacer es colaborar, ayudar, acompañar y financiar todo lo que aquí se ponga de nuevo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente.
Sin que sirva de precedente, en esta ocasión coincido con el diputado señor Cantó cuando ha señalado que esta es una iniciativa vacía, innecesaria, y que es casi impropio que la plantee el propio Gobierno. Es decir, estudiar condiciones
para poder hacer una cartera sociosanitaria es una tarea cotidiana del Gobierno. Disponemos de un libro blanco, por tanto no entendemos el contenido de esta proposición no de ley, a no ser que lo que necesitemos sea llenar espacios en este Pleno,
escatimando otro tipo de debate de fondo.
Al igual que se ha manifestado en otras intervenciones, no deja de ser patológico que ustedes planteen una cartera de servicios sociosanitarios en un momento de graves recortes en dos de los sistemas fundamentales para el bienestar, como son
el de sanidad y el de autonomía personal; no solo estos dos, está también el de servicios sociales, que en estos momentos está gravemente tocado o es casi inexistente. Sus políticas van más allá de la crisis y corresponden más a un planteamiento
ideológico que a una concepción de los servicios de bienestar. La reforma del Sistema Nacional de Salud supone la pérdida de universalidad, los grandes recortes y el establecimiento de copagos, la supresión de los programas finalistas de servicios
sociales como el de atención domiciliaria, que se administraba a través de la diputación -esto ya no existe-, la casi nula dotación del Plan concertado de las prestaciones básicas y, sobre todo, la paralización de la Ley de autonomía personal. En
la práctica hace desaparecer la figura del asistente personal, elimina el alta en la Seguridad Social de los cuidadores no formales, además de no desarrollar recursos previstos como los centros de día, residencias y otros servicios asistenciales,
aunque lo que más nos preocupa es el ataque a la calidad, porque impide la prevención y el abordaje serio de las situaciones de dependencia. Como si no pasara nada, ahora se descuelgan con la intención de estudiar una cartera de servicios más
pensada -a nuestro entender- para descongestionar la atención hospitalaria -en lo que podríamos estar de acuerdo, y lo estamos, así lo dice la Ley de autonomía personal, además de la Ley de cohesión a la que aludía la señora Tarruella-, pero lo que
nos preocupa es que vamos a cargar mucho más al sistema de servicios sociales, públicos y concertados; vamos a cargar a los trabajadores sociales y a los educadores sociales, que están desbordados e impotentes para hacer frente a una situación de
gran demanda.
Con esta desigualdad entre sistemas ¿qué piensan hacer? ¿Qué es lo que se piensa coordinar ante un sistema consolidado, con recortes, pero potente, como el de sanidad y un sistema diezmado como el de autonomía personal y los servicios
sociales? Hoy tenemos a la mayoría de alcaldes profundamente preocupados por una reforma de la Ley de Administración Local que les deja sin competencia ni margen de maniobra. Los servicios sociales, concebidos como el primer eslabón de atención al
ciudadano, en los que se orienta, se informa y se tratan situaciones preventivamente, están sin dotación y van inexorablemente a cargar otros sistemas como el sanitario o el educativo, por ejemplo.
Recortaré cosas que le quería decir. Mi grupo tiene como objetivo la coordinación sociosanitaria, claro que sí. Hay muchas experiencias -lo decía la señora Tarruella- en las comunidades autónomas. Incluso en Cataluña tuvimos un programa
precioso hecho por consenso que se llamaba Vida als anys, Vida a los años; así lo hicimos constar en el Grupo Socialista como una intención, como un claro eje de trabajo, la coordinación entre el sistema social y el sistema sanitario. Le voy a
añadir tres motivos fundamentales. Una buena coordinación sociosanitaria es una apuesta, primero, por la autonomía personal, para la calidad los servicios y para los cuidados de las personas y también para la optimización de recursos. Si ustedes
quieren lo mismo no tienen más que restablecer la ley de autonomía y atención a la dependencia, prever en los presupuestos la financiación de los servicios sociales las comunidades autónomas en los ayuntamientos y retirar las medidas implantadas en
el Sistema Nacional de Salud, para que se pueda cumplir su misión de prevención y atención a las personas, retrasando el máximo posible su ingreso en residencias y fomentando, por encima de todo, su autonomía personal en el territorio (en su casa,
con familiares, amigos o vecinos y, al final, las residencias). Con ello y con estudios muy rigurosos que lo avalen se aumenta la esperanza de vida, se optimizan los recursos pero, sobre todo, se da calidad a los años vividos. Por tanto, vamos a
votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto, en primer lugar, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta PNL pide instar al Gobierno a estudiar, a hacer algo anunciado por la misma ministra de Sanidad hace un año, en noviembre de 2012, en su comparecencia plenaria para los presupuestos de 2013. No anunció que lo estudiaría, no; anunció
que lo pondría en marcha. Es más, el estudio fue encargado en octubre de 2012 al Consejo Asesor de Sanidad reactivado por la propia ministra. El informe ha sido entregado a la ministra en abril de 2013, antes del registro de esta iniciativa. Así
que la pregunta es: ¿Por qué el Grupo Popular quiere pedir al Gobierno realizar un estudio que debería hacer el propio Gobierno o que debería estar hecho? ¿Es esta la utilidad que le estamos dando al Parlamento? ¿Es este el nivel de las
iniciativas parlamentarias del Grupo Popular?
Otra cuestión que nos alarma es que un Gobierno que ha dejado casi sin eficacia la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia, que congela sine die las pensiones, que está desmantelando día a día el Sistema Nacional de Salud
quiera coordinar una cartera de servicios sociosanitarios para la optimización de los recursos disponibles, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico actual y el previsto a medio y largo plazo. Ese es el verdadero trasfondo de esta iniciativa.
Por cierto, ¿cuál es el contexto económico a medio y largo plazo? Porque, señoría, mientras algunos ministros hablan de salida de la recesión, otros, como el de Sanidad, siguen justificando los recortes basándose en la coyuntura económica actual y
futura. Desde Compromís-Equo no le vamos a negar que la atención de los servicios sociales debe ir perfectamente coordinada con la atención sanitaria al tratarse de servicios que van dirigidos en muchos casos a las mismas personas bajo tratamientos
que han de tener un prisma conjunto. Pero de igual modo, la vinculación que realizan en su propuesta de la situación económica con la Ley de autonomía personal y el real decreto que establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de
Salud basado en la optimización de recursos permite deducir que, mediante la integración de ambos sectores de atención en una única cartera de servicios, el objetivo de su Gobierno es limitar las mismas e incrementar el coste del servicio para los
usuarios, porque, según se propone expresamente en dicho informe, la manera de reducir costes para las arcas públicas es fomentar, mediante la desgravación, un seguro privado para hacerse cargo de la dependencia. Esto significa deshacerse de la
responsabilidad sociosanitaria y convertir nuestro modelo público en un negocio privado.
La atención sociosanitaria no solo debe definir la unificación de recursos y atención integral, también debe ser de calidad y pública porque la atención sociosanitaria no es una carga para el Estado, es una responsabilidad. Y la mejor
manera de garantizar un buen servicio es buscando la rentabilidad social y no la económica. Si su proyecto es la privatización mediante el aseguramiento privado, ahí no van a encontrar a nuestro partido. Por tanto, anunciamos nuestro voto en
contra de esta propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en el mes de febrero de 2012 -de 2012, señorías- la ministra compareció en esta Cámara para informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura. En aquel momento ya habló de la cartera básica de servicios
sociosanitarios como una de sus prioridades. Han transcurrido más de veinte meses y lo que presentó como una prioridad del ministerio se convierte ahora, veinte meses después, en una petición del Grupo Parlamentario Popular para que se estudie su
creación. Después de veinte meses nosotros creemos que ya lo podrían tener ustedes estudiado e incluso aplicado, pero en todo este tiempo el Gobierno ha estado muy ocupado. Desde febrero de 2012 ha llovido mucho por encima de la sanidad y de los
servicios sociales, tanto que desde su llegada al Gobierno han pasado de ser derechos y conquistas del Estado del bienestar a convertirse en el principal problema de millones de españoles. Desde febrero de 2012 solo han puesto en marcha recortes,
repagos, reformas, ajustes y reducciones que han desmantelado la sanidad pública y han hecho desaparecer la incipiente implantación de la Ley de Dependencia.
Esta proposición no de ley es solo una parte de esa retórica parlamentaria a la que ya nos tienen acostumbrados. En vez de proponer otro estudio, deberían aplicarse en solucionar los muchos problemas que ustedes mismos han creado a millones
de ciudadanos. El ahorro que el Gobierno ha plasmado en el Plan de reformas enviado a la Comisión Europea se fija en 1.000 millones de euros menos en dependencia y cerca 4.000 millones de euros en todo tipo de políticas sanitarias, lo que se ha
traducido en deterioro y privatizaciones. El Pacto por la sostenibilidad del sistema de salud, que carece de contenido práctico, no
ha sido más que una foto, una parodia que representa un paso más en la estrategia de deterioro de la sanidad pública. El repago de las medicinas significó, según la ministra, una reducción de la factura farmacéutica de 2.000 millones de
euros en su primer año de vigencia; en la práctica, lo que supuso fue el traslado de un gasto público a las economías familiares. La obligación de pagar un porcentaje de los medicamentos y la retirada de más de 400 medicinas de uso muy frecuente
del financiamiento público obliga a muchas personas a un esfuerzo económico inasumible. Después de esto ha venido el repago del transporte sanitario no urgente, el desmantelamiento del sistema de prevención y atención de drogodependencias; ahora,
el repago de los medicamentos hospitalarios y la previsión para el año 2014 del aumento del IVA del 10 al 21 % en los productos farmacéuticos. En dependencia, más de 800.000 dependientes han visto reducida o eliminada la cuantía de sus ayudas. En
los últimos meses, el incremento de personas atendidas no es que sea cero, es que es negativo en todos los grados de dependencia.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Voy terminando, señor presidente.
Señorías, señora diputada, en Galicia y en la actuación en este campo del Gobierno de la Xunta tenemos ya antecedentes. Cuando allí el Partido Popular habló de una cartera común sociosanitaria de lo que hablaba realmente era del desalojo de
las personas mayores enfermas crónicas de los hospitales para que fuesen cuidadas en residencias, pero sin mejorar o ampliar los servicios sanitarios de esos centros, que no están preparados para atenderlas. Cuando allí, en Galicia, el PP habló de
redefinir los servicios de la cartera se refería a establecer nuevas exclusiones y copagos. Pues bien, ahora, cuanto ustedes en esta proposición no de ley hablan de optimización de todos los recursos disponibles realmente están hablando otra vez de
continuar con la demolición de los servicios públicos que han emprendido hace dos años y, desde luego, nosotros esto no lo vamos a avalar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, está claro que cuando el diablo no tiene qué hacer con el rabo espanta las moscas. Lo peor es que la ministra Mato y su equipo, y su equipo y la ministra Mato, cada vez que mueven ficha, la pifian. Sospechaba
yo que detrás de esta iniciativa del Grupo Popular se encontraban ellos, y efectivamente la intervención de la diputada popular me lo ha confirmado hoy. Esta iniciativa no es más que una nueva ocurrencia del Ministerio de Sanidad que, desde luego y
una vez más en lo que a Euskadi se refiere, carece de la más elemental justificación. Iré directamente al grano. Señorías, llegan tarde, siempre llegan tarde. Los primeros acuerdos interinstitucionales para la prestación conjunta y/o coordinada
de servicios sociales y sanitarios en la Comunidad Autónoma vasca se adoptan a finales de los años ochenta, pocos años después de aprobarse la primera ley de servicios sociales. En este mismo sentido han trabajado otras comunidades autónomas del
Estado, por cierto, con excelentes resultados. Yo me referiré a Euskadi por ser el caso que obviamente mejor conozco, pero estoy segura de que mis reflexiones pueden hacerse extensivas a otros lugares del Estado.
El avance en la construcción sociosanitaria vasca ha sido fruto del compromiso político institucional y del compromiso personal de los profesionales, articulado desde el ejercicio diario de sus responsabilidades, ya sea a nivel estratégico,
en el de organización de los servicios o a nivel de la atención directa a la persona usuaria. Ello nos ha llevado a la articulación del conjunto de recursos disponibles que, a día de hoy, cumple con el objetivo de ofrecer una atención de naturaleza
mixta, integral, coherente y ajustada al principio de continuidad, útil, práctica, dinámica y orientada a la interoperabilidad sociosanitaria. Así, en la CAV se ha optado para la construcción de este espacio sociosanitario por un modelo de
coordinación entre todas las instituciones competentes en esta materia, basado en la armonización de las respectivas políticas. Este modelo de coordinación ya se recogió en el año 2003 en el espíritu del convenio de colaboración entre el Gobierno
vasco, las diputaciones forales, que son competentes, de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, de forma transversal, en todos sus elementos de diseño, construcción y desarrollo. También es el modelo que, atendiendo
a estos antecedentes, siguió la Ley vasca de servicios sociales de 2008. Un modelo de plena cobertura, en constante evaluación y mejora, desarrollado en el ejercicio de la competencia exclusiva prevista en el artículo 10.12 del Estatuto de
Gernika. Un modelo basado en dos premisas básicas: el respeto a la autonomía de gestión de cada una de las instituciones competentes y la actuación bajo el principio de consenso. El modelo sociosanitario se percibe como un modelo de
convergencia. Como ven, un estilo muy diferente al que la ministra Mato y los y las factótum del ministerio aplican en su gestión política. En este sentido, señorías, hemos sido capaces de construir y alcanzar un modelo sociosanitario
desarrollado, coherente y sostenible que tiene como principal virtud la identificación como principal actor del mismo de la persona usuaria y su entorno habitual de residencia. Es precisamente esa característica de proximidad la que multiplica su
eficiencia y beneficios. Por eso no entendemos a qué viene su iniciativa si no es por hacer que hacen algo, porque me pregunto: ¿de qué le sirve a una persona dependiente de Almería saber cuáles son los recursos sociosanitarios de los que un
vizcaíno o una vizcaína dispone? ¿O a un vitoriano o vitoriana conocer los recursos disponibles en Valencia o Tarragona? Eso es lo que se hace con un catálogo, poner bonitos los recursos.
Les decía que esta iniciativa carece de sentido, salvo que lo que se pretenda por parte del ministerio sea salir bien en la foto y mejorar su denostada imagen en Europa, personalizando además lo que otros han construido, o algo más grave,
volver a cercenar las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Porque, señorías, su propuesta contraviene y vulnera la Constitución y las competencias autonómicas de carácter exclusivo, como por otra parte ya hacía la Ley 30/2006,
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, por lo menos en lo que a Euskadi se refiere, y es que el estatus competencial en esta materia es pleno. Fíjense, es de las pocas competencias puras y exclusivas al cien
por cien de las comunidades autónomas que no está afectada por la legislación básica del Estado, por la legislación marco o por los principios rectores de la economía.
Señoras y señores del Grupo Popular, ni ustedes ni el Gobierno al que sustentan tienen legitimación para, por arte de birlibirloque, convertir una competencia exclusiva en una competencia compartida; no la tienen y no apelen al siempre
estirable artículo 149.1.1ª de la Constitución. No lo evoquen porque además es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la que se determina que tan solo podría ser llamado para corregir ex post -es decir, después en castellano-
posibles vulneraciones del principio de igualdad cuando estas han sido verificadas constitucionalmente, cosa que en el supuesto que nos ocupa no se da. De todas maneras les digo: colaborar sí, pero...
El señor PRESIDENTE: Tiene usted que terminar, señora diputada.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Acabo, presidente.
... desde el respeto competencial y desde luego nunca para orquestar una operación de estética.
Así pues, nuestro voto a esta iniciativa será no. Y una recomendación: que el Ministerio de Sanidad, el Gobierno y el Grupo Popular se dediquen a lo que se tienen que dedicar y comiencen a respetar el principio de competencia porque si no,
la caducidad de sus iniciativas será lo que dure su mayoría absoluta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Señora Rodríguez Sánchez, ¿acepta usted alguna de las enmiendas?
La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, pues entonces se votará en sus propios términos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR QUEVEDO), SOBRE LA CORRECCIÓN DEL INJUSTO SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y LA NECESIDAD DE PARTIDAS ESPECÍFICAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2014 PARA PALIAR EL GRAVE
DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LA DRAMÁTICA SITUACIÓN DE PARO QUE VIVE CANARIAS. (Número de expediente 173/000110).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a las mociones y comenzamos con la del Grupo Parlamentario Mixto, señor Quevedo, sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica y la necesidad de partidas específicas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014 para paliar el grave deterioro de los servicios públicos y la dramática situación de paro que vive Canarias. Para la defensa de su moción, tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, debo comenzar, en primer lugar, lamentando la hora, que ha provocado un abandono masivo de la sala por ser la hora del almuerzo y, en segundo lugar, mostrando mi agradecimiento a aquellos portavoces que se han dirigido previamente
a este diputado para señalarle su apoyo a esta moción aunque no tienen la oportunidad de intervenir por razones de agenda, que, como todos sabemos, se ha alterado por este Pleno un poco complejo que estamos teniendo, con sesiones que comenzaron
ayer. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Esta es una moción enormemente importante para Canarias, una moción en la que, con elementos objetivos, tratando de eliminar las opiniones, se recabe el apoyo de la Cámara, en especial el apoyo del Partido Popular, a un conjunto de
posiciones que me parece que están sustentadas en datos, en evidencias y además son -entendemos- de simple y elemental justicia. En la interpelación que da lugar a esta moción del otro día, en el debate con el señor ministro de Hacienda creímos
haber puesto encima de la mesa un conjunto de datos absolutamente irrefutables que vienen a demostrar lo que entendemos que es un principio esencial de las reivindicaciones de Canarias frente al Estado, y es que los planteamientos que estamos
haciendo no son producto ni de la mendicación ni de una pataleta ni de sentir que nos tienen que tratar mejor porque estamos lejos, sino sencillamente de nuestra solicitud de que se respeten las singularidades canarias reconocidas en la legislación
correspondiente y objetivables en lo que se refiere a tratar inadecuadamente a una comunidad que lo único que está pidiendo es ser tratada diferente para estar en igualdad de condiciones que la media de las comunidades del Estado. Nadie está
pidiendo aquí situaciones de privilegio; es absolutamente necesario que esto quede claro porque si no, desvirtuamos la esencia del debate.
En esta moción nosotros traemos un conjunto de datos -ustedes conocen la moción y su texto- que pretenden objetivar lo que estamos diciendo, que pretenden eliminar los adjetivos calificativos y que pretenden dejar perfectamente claro que la
protesta de los nacionalistas canarios respecto a lo que entendemos que es una situación de maltrato hacia los intereses de Canarias está plenamente justificada. Para eso volvemos a reiterar unos cuantos datos que es absolutamente imprescindible
conocer para situarse en relación con el problema: tasa de paro en Canarias, EPA, 33,69 %, en torno a 8 puntos por encima de la media del Estado; 122.000 personas paradas que no perciben ninguna prestación, 4 puntos por encima de la media del
Estado. Un estudio, precisamente no realizado en Canarias para que no haya ninguna sospecha, el estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y de la Fundación Bancaja demuestra claramente que la evolución de todos los indicadores
de pobreza en Canarias más que duplica la media del Estado español desde el inicio de la crisis. Estos indicadores dan como resultante que la suma de desempleo más situaciones de pobreza, y en consecuencia de exclusión social, nos coloca
desgraciadamente, en esto sí, a la cabeza de todas las comunidades del Estado.
Decimos que la actual financiación autonómica -ya lo reconoce casi todo el mundo- detrae a Canarias 800 millones de euros al año. Esto significa financiación de los servicios públicos, y por lo tanto la subfinanciación en 800 millones de
euros anuales, que son 2 puntos del PIB canario, implican un deterioro grave de los servicios públicos en nuestra tierra. En la misma línea decimos que los Presupuestos Generales del Estado vuelven a incumplir de una forma constante y reiterada con
algo que se encuentra -solemos decir- el REF. El REF es una ley del año 1971. Es muy importante que quede claro que no estamos hablando de un invento, de un acuerdo que se le ocurrió a alguien. Es una ley, es la Ley 20/1991, del 7 junio, de
modificación de los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias; eso es. En su artículo 96 dice que Canarias tendrá que estar, como mínimo, en la media en inversiones del conjunto de las comunidades del Estado español, la media
regionalizada. La consecuencia de este año son 126 millones de euros menos per capita, 60 euros menos por persona al año en inversiones en la Comunidad de Canarias que en el conjunto del Estado. Esto es atentar contra el fuero porque nuestro fuero
es nuestro Régimen Económico y Fiscal, y está sustentado en una ley. Hay algunos elementos dramáticos no solo por su contenido, sino por su carácter cuantitativo: 460 millones de euros menos en infraestructuras en Canarias en tres años. Esta es
una cifra tremenda, esta es una cifra que realmente cuestiona otro principio que está en el artículo 95 del REF, de compensación del hecho insular y, considerando que nosotros no tenemos AVE, como se sabe, lo menos que podríamos es tener justificada
la conectividad dentro del Archipiélago como así lo reconoce precisamente el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Y si hablamos del tratamiento de las políticas para actuar contra el desempleo en Canarias, pasamos al siguiente dato. En tres
años, de 42 millones a cero, es decir, 100 % menos, ni más ni menos, en una de las políticas dirigidas a corregir la situación de desempleo en Canarias.
Formulamos tres propuestas que sometemos a la Cámara, que creemos que son absolutamente contundentes. En primer lugar, estamos planteando que de inmediato se revise el sistema de financiación autonómica para todas las comunidades. Nosotros
no pretendemos que exclusivamente se trate la cuestión canaria, pero decimos que la canaria es injusta seguro. En segundo lugar, planteamos que los Presupuestos Generales del Estado tienen que cumplir con la legislación de la que nos hemos dotado
todos. El REF está en la Constitución española. Y en tercer lugar, decimos que si se reconoce que eso es así, formúlese un plan urgente contra el paro, a favor del empleo, contra la pobreza y contra el deterioro de los servicios públicos, porque
no nos vale que ahora se reconozca esta realidad, nos vale que se actúe.
Tenemos que decir que conocemos dos enmiendas que se nos han formulado, una de ellas de UPyD. La enmienda en realidad consiste en tachar una de las propuestas y reducir a la mitad las otros dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Quevedo, tiene que finalizar.
El señor QUEVEDO ITURBE: Finalizo ya.
Entenderán que para defender los intereses de Canarias lo que tenemos que hacer es no admitir su propuesta. Existe una enmienda del Grupo Socialista, que aceptamos -lo que abunda no daña-, aunque seguro que la portavoz se ha dado cuenta de
que el último punto se ha corregido, en este caso para arreglar los problemas de Barajas, parece ser que se van a resolver los problemas de Canarias, a pesar de haber estado insistiendo sobre este asunto tres años.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Para la defensa de sus enmiendas, en primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
La moción que se nos presenta se construye a partir de unos hechos innegables, a partir de unos hechos ciertos que mi propio grupo ha comentado a menudo en la Cámara, que tienen que ver con la grave situación económica y social que padecen
los ciudadanos de Canarias. Efectivamente, detrás de la dramática tasa de paro que hay en España hay una enorme dispersión y algunas zonas donde los ciudadanos sufren más, un 33 % de paro en Canarias. En el caso canario hay un hecho diferencial
objetivo e innegable que es la distancia, no como otros hechos históricos mucho más discutibles. Se parte de unos hechos ciertos, pero a partir de unos hechos ciertos, se construye un relato del género literario, si me permiten, nacionalista, en
este caso versión canaria, en que se atribuyen unas causas a esos hechos, se buscan unos culpables de esos hechos y se piden unas soluciones a esos hechos que en absoluto compartimos y ya se lo anticipo, señor Quevedo.
La causa no es la distancia geográfica, no es la estructura productiva, no es la mala política de las administraciones, no es la crisis internacional; la causa es el agravio, el agravio en todo, en la financiación autonómica y en los
presupuestos. Hoy usted ha estado más moderado, pero el otro día en la interpretación hablaba, literalmente, de situación colonial, ni más ni menos. Las causas son el agravio y el maltrato, y los culpables de ese maltrato son los otros, los de
fuera. Entre los de fuera, el otro día no incluía solo a los de fuera de Canarias, sino a los nacidos en Canarias no nacionalistas. Usted decía: tenemos un ministro de Industria nacido en Canarias, pero no canario, porque canario no se es por
nacer allí, sino porque se ejerce. Lo que le decía, el discurso nacionalista en versión canaria. Todo va mal, porque estamos agraviados y nos agravian los de fuera.
Lo sorprendente es que este discurso nacionalista ha ido calando en otros partidos, por ejemplo, desde hace tiempo en el PSOE e incluso en el Partido Popular últimamente, porque nos encontramos con que Madrid también está agraviado. No es
que pague más porque hay más personas pudientes, sino que está agraviado como territorio. La señora Sánchez Camacho nos propone limitar los mecanismos de solidaridad. El señor Montoro nos habla con deleite de los fueros y de los derechos
históricos. Tenemos que decirles que a nosotros su moción no nos hace dudar, sino que nos reafirma más si cabe en nuestros principios. Nosotros defendemos unos mecanismos comunes de solidaridad, que todavía existen, a pesar de que se van diluyendo
y de que partidos como el suyo continuamente quieren avanzar en esa dilución. Esos mecanismos que todavía existen son los que enfrían estos agravios que a usted tanto le encienden. Nos dice: es que allí hay más paro. Sí, efectivamente, y gracias
a que las prestaciones por desempleo son una competencia estatal, como allí hay más paro, se recibe más dinero del Estado para prestaciones y subsidios. Gracias a que hay todavía políticas comunes, esas situaciones diferenciales llevan a una
transferencia de recursos entre territorios. Nos dice: El sistema de financiación autonómico hay que reformarlo. También lo pensamos -ahora lo explicaré-, pero gracias a que en ese sistema subsisten mecanismos como el Fondo de garantía,
en el año 2011, que es el último que se liquidó, Canarias fue la comunidad que recibió más por habitante, gracias a que hay un fondo que busca, aunque ya imperfectamente, mantener unos servicios comunes en el conjunto del territorio. Es cierto que
disminuyen las inversiones en los presupuestos de 2014 -nosotros somos críticos con esos presupuestos-, en concreto un 4,79 %, pero no olvide que disminuyen como media un 7 % en el conjunto del presupuesto. Por tanto, situación grave, sí, pero lo
de los agravios habría que estudiarlo con más cuidado y habría que ver si la causa de los agravios no es precisamente que se estén diluyendo los mecanismos comunes de solidaridad, que nosotros defendemos aquí un día sí y otro también, y que usted
suele votar en contra.
Si esos son los agravios y las causas, la solución solo puede ser una: más recursos, más recursos de inversión estatal, más recursos en los presupuestos. Para nosotros la solución es una financiación autonómica que dé los mismos recursos
por habitante en toda España, de forma que los servicios tengan la misma calidad -algo que vendría muy bien a toda España, pero especialmente a Canarias-, y una inversión que se dirija a la zona en que haya un mayor retorno social, con criterios de
coste y beneficio, no preasignándola en los estatutos. Todo esto sería muy bueno para el conjunto de España y también para Canarias. En ese sentido van nuestras enmiendas, no a limitar su iniciativa, como usted dice, sino a ampliarla. Nosotros
queremos una reforma de la financiación, pero no para solucionar sus agravios particulares, sino para lograr la igualdad de los servicios públicos en el conjunto de España, y queremos un plan contra la pobreza y el desempleo, pero no solo en
Canarias, sino en toda España. Por tanto, estoy seguro de que entenderá que son enmiendas muy razonables y le propongo que las acepte.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Hernández Gutiérrez.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de la interpelación y de la moción ahora que se debaten los Presupuestos Generales del Estado, que incumplen el Régimen Económico y Fiscal, pero también el Tratado europeo. Parece que las
normas de Europa solo gustan para lo que interesa, cuando interesa y con quien interesa. El Tratado europeo contiene el concepto de ultraperificidad, está recogido en él y desaparece de absolutamente todas las políticas y también del presupuesto
del Gobierno. Los Presupuestos Generales del Estado profundizan en las diferencias entre territorios e incumplen la inversión legalmente obligada, firmada y comprometida con Canarias.
Además, dan la espalda al desempleo y rompen la cohesión social. Dejen de machacar a Canarias, de perjudicarla en los presupuestos, entre otras cosas porque es uno de los territorios más golpeados por la crisis. En esto hacen otra vez lo
contrario de lo que le piden a Europa, y les voy a poner un ejemplo. El Gobierno de España ha ido a Europa con el apoyo del Grupo Socialista, con el apoyo de toda la Cámara a reclamar más fondos para luchar contra el desempleo porque resulta que
España tiene más paro que el resto de Europa. Para esto han contado con el apoyo de toda la Cámara; sin embargo, ustedes tratan peor a los territorios que más paro tienen, a los territorios que peor lo pasan, contrario totalmente a lo que van a
pedir a Europa para el Estado español. Canarias tiene un 33 % de paro, como bien ha dicho el portavoz de Nueva Canarias, el señor Quevedo, y ustedes aniquilan el Plan integral de empleo para Canarias: 42 millones de euros que podrían formar a
20.000 desempleados. Abandonan a los parados de Canarias cuando han aniquilado la negociación colectiva, cuando han recortado en prestación por desempleo, cuando fomentan el desempleo o el despido en su reforma laboral. En fin, están quitando a
los parados un derecho que tienen. No hay dinero para los parados -dicen- porque ustedes han gestionado mal y ahora hay más paro. Este es un argumento un poco enrevesado. En primer lugar, porque el argumento es a la inversa: como hay más
parados, deberíamos poner más. En segundo lugar, porque obvian que ustedes gobernaron Canarias las tres cuartas partes del tiempo en el que dicen que ha subido el paro. Y en tercer lugar, porque es verdad que en Canarias ha subido el paro, un 109
%, pero es que en Madrid, compañeros del metal, lo ha hecho un 153 % y en Castilla-La Mancha un 173 % y no creo que ustedes se pasen por esas comunidades autónomas a decir que van a liquidar el dinero que destinan al fomento del empleo.
El Plan integral de empleo para Canarias -esto se lo pueden preguntar a los compañeros que estaban en la legislatura que gobernó Aznar- no es porque haya más sol en Canarias o porque allí sea una hora
menos; no es un capricho, es que un parado de Canarias para ir a hacer una entrevista de trabajo en Madrid tiene que pagar 500 euros, no puede llegar en coche; no es un capricho, es un derecho que les pertenece, que ustedes con argumentos
peregrinos intentan liquidar. Además, incumplen lo legalmente obligado, firmado y comprometido y les voy a poner como ejemplo el convenio de carreteras. El convenio de carreteras estaba firmado, comprometido y contratado, y ustedes de 225 millones
de euros al año comprometidos pasan ahora a 54, y el año pasado lo mismo. Son 462 millones de euros en carreteras que -insisto- están contratadas. Este es un compromiso que tiene el Gobierno de Canarias y que tiene que pagar con impuestos porque
ustedes no cumplen, y después son los mismos que dicen que hay que cumplir el déficit, que hay que hacer todo para poder cumplir, pero ustedes no lo hacen, no cumplen con lo firmado, comprometido y contratado, y este dinero tiene que salir de algún
lado.
Canarias no quiere un trato privilegiado, aunque por necesidades lo tendría que tener; Canarias quiere lo que dice la ley. Además, Canarias en los presupuestos para 2014 tiene una inversión de 155 euros por habitante mientras que la media
de todas las comunidades autónomas es de 215, y en otros territorios más beneficiados es de 400 euros per cápita.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Hernández, tiene que finalizar.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Gracias, señora presidenta. Ya termino.
Compañeros del Grupo Popular, este debate lo hemos tenido muchas veces. El señor Soria abandonó el Gobierno de Canarias en 2010 afirmando que los presupuestos eran malos para Canarias, que se maltrataba a Canarias, que no llegaba el dinero
de Canarias. Actúen en consecuencia hoy, en que la inversión para Canarias es exactamente la mitad que cuando ustedes decían que se maltrataba a Canarias y que las inversiones no llegaban. Actúen -iba a decir en coherencia, pero con ustedes es
difícil- en correspondencia. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Hernández.
Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero manifestar desde el escaño al grupo proponente que nuestro grupo no comparte la totalidad de la exposición de motivos, pero comparte los puntos y vamos a votar a favor. Consideramos que es necesario hacer hincapié en las
cuestiones financieras en un momento en que el presupuesto para 2014 del Gobierno del Partido Popular agudiza los problemas -especialmente los problemas que el propio portavoz del Grupo Parlamentario Mixto ha ido manifestando en términos de pobreza,
desigualdad y miseria- y en un momento en que hay determinadas comunidades autónomas y zonas del Estado que necesitan más inversión y apoyo. Este es el caso concreto de Canarias. Y entendemos que estamos ante una deriva recentralizadora por parte
del Partido Popular con la que se está golpeando muy duramente a las comunidades autónomas, no solo a Canarias, sino también al resto de comunidades autónomas. Están limitando la capacidad de intervención política y social de estas comunidades, que
necesitan tener margen para hacer políticas, y sin embargo en estos presupuestos y en la política general del Partido Popular se hace recaer sobre ellas el peso mayor del ajuste que se impone desde la troika. Consideramos que esto solo puede tener
efectos negativos y por esa razón nuestro grupo votará favorablemente los puntos de esta moción.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no digo nada nuevo al afirmar que al Partido Popular el actual sistema de financiación no le gusta. No nos gusta y hemos anunciado que lo vamos a modificar; además, no lo votamos en su día. Resulta sorprendente que el grupo que
es autor material del marco legal que ha motivado la situación que se acaba de describir se haya despachado aquí con una serie de consideraciones como si fuera un extraterrestre que no hubiera tenido nada que ver. Eso sorprende, pero así es la vida
parlamentaria, aunque quiero hacerlo constar. Y lo vamos a modificar, pero lo vamos a modificar a través de un proceso multilateral, porque hemos aprendido que la bilateralidad en este tipo de procedimientos trae consecuencias
muy negativas; y lo vamos a modificar también con todo el consenso posible. Por ello, en la V Conferencia de Presidentes se acordó que en los términos y en los plazos legales le correspondía al Comité Técnico Permanente de Evaluación
realizar el correspondiente examen de las consecuencias de nuestro sistema de financiación autonómica y elevar este análisis al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que adoptara las decisiones correspondientes. Por tanto, la revisión del
sistema de financiación actual está en marcha y se está haciendo por consenso. El Gobierno de España ha anunciado la publicidad de las balanzas fiscales y además va a reformar el sistema tributario puesto que, iniciada la recuperación económica de
España, se puede permitir una bajada de impuestos, lo que va a alterar sustancialmente la recaudación de los distintos tributos que integran el actual sistema de financiación. Por tanto, la reforma de la financiación se hará después de la reforma
tributaria.
Antes de continuar con el debate de financiación autonómica, que es un debate complejo pero muy interesante, me gustaría decir al diputado de Nueva Canarias que la palabrería de la semana pasada sobre el colonialismo de España es un insulto
no solo para España y todos los españoles, sino en especial para las víctimas del colonialismo. Es mucho el sufrimiento que han tenido que padecer muchas personas para alcanzar su libertad para que luego estos términos puedan ser utilizados en esta
Cámara con frivolidad.
Volviendo al debate de la financiación autonómica, me gustaría aclarar que se están mezclando dos consideraciones importantes: por un lado, qué territorios son beneficiados o no de su pertenencia a España -es decir, quién aporta más y
recibe menos-; y, en segundo lugar, si ese territorio recibe más o menos que la media nacional. Son dos consideraciones distintas que se están confundiendo. En el caso de Canarias, nuestra lejanía, insularidad, fragmentación, etcétera, hacen que
tengamos un régimen especial para compensarnos de las graves deficiencias competitivas que tenemos. Este sistema fiscal especial que tenemos -nuestros incentivos a la inversión, a la creación de empleo, nuestro especial régimen de tributación
indirecta- hace que nuestra recaudación tributaria sea menor que la recaudación media del territorio nacional. Por ello, aunque disponemos de menos recursos que la media de las restantes autonomías -y esto hay que mejorarlo desde el punto de vista
constitucional-, también es verdad que en un balance entre lo que se recibe y lo que se aporta Canarias es una región netamente beneficiada por su pertenencia a España. Tenemos y debemos exigir solidaridad, pero lo tenemos que hacer desde la
afección, desde la lealtad y reconociendo la solidaridad de la que ya gozamos.
En cuanto a las partidas específicas de los presupuestos, tengo que recordar una vez más que la existencia de partidas regionalizadas y su disminución es precisamente para financiar el gasto social del Estado, y esta financiación del gasto
social del Estado, que es el gran protagonista una vez más en los presupuestos para 2014, beneficia sobre todo a aquellas regiones que como Canarias tienen más paro que otras, y en especial beneficia a los ciudadanos canarios más necesitados.
Evidentemente, no disponemos de todo el dinero que nos gustaría para invertir, pero es verdad que se ha invertido en aquellas infraestructuras que generan más crecimiento y empleo en Canarias, en especial en los puertos. Canarias es la segunda
región española que más crece en cuanto a inversión en puertos, y en particular Santa Cruz de Tenerife es la región española en la que más crece la inversión en puertos. A este respecto tengo que recordar que el Partido Socialista llevó a cabo una
reducción del 37 % en 2011. La reducción más importante que ha sufrido Canarias en su presupuesto se hizo en 2011 cuando, ya in extremis, el Grupo Socialista se vio obligado. La suma acumulada de la reducción de inversión estatal en Canarias de
2012, 2013 y 2014 es muy inferior a aquel recorte que se hizo en 2011.
En cuanto a los planes específicos de empleo, tengo que decir...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Asian, tiene que finalizar.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: ... que en el nuevo marco se ha considerado mucho más adecuado respecto a la programación de los planes de empleo que se canalicen de forma conjunta a través del reparto de la conferencia sectorial, con las
modificaciones que las comunidades autónomas adopten en su acuerdo, y desde luego la tasa de paro será uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta. Quiero recordar que el Gobierno de España ha adquirido el compromiso de llevar a cabo una
fuerte inyección de liquidez antes del 31 de diciembre de 2013, y en este sentido ya se está tramitando el suplemento de crédito o el crédito extraordinario para hacerlo efectivo mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Asimismo, quiero recordar
que el empleo juvenil está dotado para toda Europa con 6.000 millones, de los cuales a España le van a corresponder 1.900 millones y a Canarias su parte correspondiente gracias a los esfuerzos negociadores de España en el exterior y que estarán
disponibles a partir de enero
de 2014. En definitiva -y termino, señora presidenta, si me lo permite-, no vamos a votar a favor de la moción planteada porque las cuestiones que en la misma se plantean, y en especial en lo que se refiere a su preocupación por Canarias y
por los canarios, ya están siendo atendidas por el Gobierno de España. También quiero manifestar que los que creemos en el potencial de Canarias, los que creemos en la Canarias emprendedora estamos seguros de que con la recuperación económica de
España vamos a dotar de un mayor y mejor futuro a los canarios, para lo cual espero contar con su colaboración.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Asian.
Señor Quevedo, deduzco de sus palabras que la enmienda del Grupo Socialista sería de adición a la suya y que la otra queda rechazada. (Asentimiento). Lo someteremos a votación de esa forma.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 173/000111).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la situación actual del Sistema Nacional de Salud, para cuya defensa tiene la palabra el señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la moción consecuencia de la interpelación urgente que presentamos la semana pasada ante la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación
con las medidas necesarias que en nuestra opinión requiere el Sistema Nacional de Salud en la situación actual de dificultades que están atravesándose no solo por los profesionales sanitarios sino fundamentalmente por los pacientes y ciudadanos.
Señorías, esta moción supone una nueva ocasión en la que el Grupo Parlamentario Socialista quiere mostrar cuáles son las condiciones para que pueda haber una mejora en el Sistema Nacional de Salud y un pacto por la sanidad, algo que la
ministra insiste en que sería necesario. Saben ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, que el Partido Socialista considera necesario asegurar que el Sistema Nacional de Salud sea sostenible mediante la adopción de medidas de mejor
gestión, de mejor gasto, de eficiencia, medidas que seguramente podríamos acordar todos los grupos parlamentarios, también nosotros como Grupo Parlamentario Socialista, con el Gobierno. Pero ustedes tomaron una decisión al inicio de la legislatura,
adoptar un cambio de modelo de manera unilateral con el Real Decreto-ley 16/2012. Ahora, en estos momentos, como consecuencia de esas decisiones, nos encontramos con que hay centenares de miles de ciudadanos que están en este país sin cobertura
sanitaria, con el riesgo que eso está suponiendo ya -hay hechos concretos y constatados- en la salud de estas personas. Esto no es admisible por el Grupo Parlamentario Socialista, ni por la sociedad, por las organizaciones no gubernamentales o las
organizaciones profesionales, y aquí el conjunto de los grupos parlamentarios también se ha manifestado en diferentes ocasiones en la misma posición. Por lo tanto, una de las cuestiones de esta moción es derogar el Real Decreto-ley 16/2012 en esta
materia en relación con la universalidad del Sistema Nacional de Salud.
Ustedes, el Gobierno, alardean de haber firmado un acuerdo con las organizaciones profesionales de enfermería y de médicos en el que, entre otras cuestiones, se incluye la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Cuando la ministra
compareció -en nuestra opinión tarde- para explicar este acuerdo con los profesionales le pedimos que nos dijera cuáles iban a ser las modificaciones que iba a llevar a cabo para hacer cumplir en este caso concreto este punto del acuerdo con los
profesionales. Si no hay una modificación jurídicamente relacionada con la derogación del Real Decreto-ley 16/2012 en relación con la universalidad, será difícil interpretar otra cosa diferente y ese acuerdo será papel mojado. Por lo tanto, es una
nueva oportunidad que nosotros damos al Gobierno para un acuerdo en relación con el Pacto por la sanidad.
Pero entre los puntos que tiene esta moción, y en una actitud enormemente constructiva por nuestra parte, nos parece muy importante señalar la importancia de derogar la medida que ha adoptado el Gobierno con relación al copago en
medicamentos de dispensación ambulatoria en los hospitales. Todos los medicamentos que están en la resolución que salió en el Boletín Oficial del Estado, que no ha podido ser aplicada en este momento porque hay una oposición generalizada de las
comunidades autónomas,
de las organizaciones profesionales y de las organizaciones de pacientes, tienen en este momento -todavía no se ha aplicado la medida- aportación cero cuando son retirados de las farmacias hospitalarias en dispensación ambulatoria. Por
tanto, pedimos al Grupo Popular que apoye esta iniciativa, como en este caso están haciendo -coincidiendo con el Grupo Socialista- el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León y otros presidentes de comunidades autónomas que han
dicho que esta medida no se debe aplicar. También nos parece importante porque una de las consecuencias de los recortes que venimos denunciando con relación al perjuicio de la salud de las personas es el incremento récord de las listas de espera;
nos parece importante abordar esta cuestión. La ministra comentó el otro día que esa era una iniciativa positiva y nosotros la trasladamos a una posición concreta en la moción que presentamos aquí. En relación con esto creemos que son importantes
dos cuestiones: en primer lugar, un plan de choque para acabar con las cifras actuales de listas y tiempos de espera con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas, lógicamente con consenso, además de con los recursos necesarios
para evitar las consecuencias que está teniendo el incremento de listas y tiempos de espera que, como les decía, ha llegado a un tiempo récord. Y en segundo lugar, y relacionado también con las listas de espera, redefinir criterios clínicos que
puedan hacer posible priorizar mejor las intervenciones, las consultas externas o las pruebas diagnósticas en cuanto a la posibilidad de ser atendidos antes unos que otros. En cualquier caso, y atendiendo a que ha habido por parte del Grupo
Parlamentario Vasco una enmienda en relación con que estas medidas en relación con las listas de espera se tomen con pleno respeto a las competencias, tengo que decir a la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco que coincidimos con ese planteamiento
y que lo incorporamos, entendemos, en este texto. Es un planteamiento compartido, porque el abordaje de listas de espera se tiene que hacer respetando las competencias y con el pleno consenso de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra
manera.
Señorías, también nos parece importante abordar en este debate sobre la situación del Sistema Nacional de Salud una cuestión que está en el debate público también, y es la posible modificación de la Ley del Tabaco en relación con la
posibilidad de una inversión por el proyecto de Eurovegas. Hemos conocido un informe que ha transmitido el Gobierno al conjunto de la sociedad y a los grupos parlamentarios donde se evalúa la disminución de la prevalencia de morbilidad y mortalidad
por las enfermedades vinculadas al consumo del tabaco. Por favor, no aceptemos que razones económicas puedan hacer torcer la decisión de esta Cámara en una de las medidas, la Ley de protección contra el tabaquismo, que más bienestar y más salud
están trayendo al conjunto de la ciudadanía.
En definitiva, señorías, y para terminar en el marco del tiempo establecido, ruego a todos los grupos parlamentarios su apoyo a esta iniciativa. Es una iniciativa constructiva, fundamentalmente porque no podemos aceptar que sea la crisis
económica la excusa que pueda utilizarse para recortar y perjudicar la salud de los ciudadanos con las medidas que se han adoptado y porque hay alternativas para hacer sostenible el Sistema Nacional de Salud en el contexto económico que vivimos sin
perjudicar las competencias de las comunidades autónomas, ni las preferencias de los profesionales sanitarios, ni las necesidades de los pacientes.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Olmos.
Ha presentado una enmienda el Grupo PNV. Para su defensa, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora presidenta, señorías, seguimos con la materia.
La entrada en el ministerio de la ministra Mato y su equipo ha traído consigo la progresiva desconfiguración del Sistema Nacional de Salud y de los que han sido sus principios rectores desde hace ya más de treinta años. Principios como la
universalidad, la solidaridad y la equidad están siendo incomprensiblemente jibarizados por el Gobierno popular y cercenados de hecho a través de su actividad legislativa, conculcadora en la mayor parte de los casos del principio de competencia. De
todos es sabido que el Ministerio de Sanidad no es precisamente uno de los ministerios que ostente demasiada capacidad. Los ejemplos son notorios y patentes en todas las áreas de gestión, pero la política sanitaria es una de las más perjudicadas
por ese estilo, en nuestra opinión, de perfil bajo, basado en muchas ocasiones en este ministerio en la improvisación. Creo que desde posiciones neoliberales, muchas veces disfrazadas con eufemismos como austeridad, copago, sostenibilidad y
eficiencia, han tratado de justificar la necesidad de excluir del sistema de salud a los inmigrantes en situación irregular, de instituir nuevos impuestos sobre la enfermedad y de imponer multas por enfermar a las personas que, desgraciadamente,
padecen las
patologías más graves. Que la situación económica actual no es buena es de sobra conocido, pero es precisamente en tiempos de carencias cuando los Gobiernos deben tomar las riendas, mirar de frente a la realidad y salvaguardar el sistema
sanitario como elemento estratégico de protección social y herramienta fundamental contra la exclusión. Muy al contrario, este Gobierno, la ministra Mato y quienes la asesoran, han decidido cargar contra el eslabón más débil de la cadena, las
personas enfermas. Así, guiados por una visión cortoplacista, han ido adoptando decisiones en muchos casos absurdas y, lo peor de todo, peligrosas para la salud, como la exclusión de los inmigrantes o los copagos, sin poder demostrar en ningún caso
su utilidad y alejándonos, por otra parte, del principio universal que debe regir cualquier actividad sanitaria: ante todo no producir daño, y en cualquier caso sin tener en cuenta los efectos adversos sobre la salud que estas medidas tendrán a
medio y corto plazo por el agravamiento de las enfermedades, por la falta de tratamiento en el caso de los inmigrantes o por el abandono del mismo cuando no se pueda o no se quiera pagar.
Quiero hacer especial referencia a la reciente invención de una tasa sobre los fármacos de dispensación hospitalaria, de una tasa sobre los medicamentos que probablemente estén prescritos con más garantías y que sirven para tratar las
enfermedades más graves y a los enfermos crónicos. Esta tarde precisamente, en la Comisión de Sanidad, debatiremos una proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco a este respecto. Pero tomen nota de la envergadura -y lo digo de todo
corazón y con todo el respeto del mundo- de esta nueva chapuza, que hasta las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se niegan a implantar, cuestión, por otra parte, de todo punto lógica por ser manifiestamente injusta e ineficaz.
Pero tendremos tiempo para discutir con mayor profundidad esta cuestión esta tarde y ahora no cuento con él.
Para concluir, sí quisiera hacer referencia a la persistente y preocupante actitud recentralizadora del Gobierno y en este caso, como no podía ser otra forma, del Ministerio de Sanidad. Lo cierto es que el expolio de las competencias que en
esta materia ostentan las cosas autónomas es escandalosa. El Tribunal Constitucional decidirá al respecto, a pesar de las circunstancias que lo envuelven. Por ello, hemos presentado una enmienda a esta iniciativa en el sentido de garantizar
escrupulosamente el respeto al bloque de constitucionalidad, cautela que en otro estado de cosas no hubiera sido necesaria; no existirían este tipo de enmiendas si se diera el respeto debido, pero a la vista de los precedentes no nos ha quedado
otro remedio. Bendita democracia española. No obstante lo anterior, y en el caso de no ser aceptada -oralmente en su intervención el portavoz del Grupo Socialista ha manifestado que en el fondo y en la forma de su iniciativa está presente nuestra
esta voluntad-, nuestro voto va a ser también favorable a esta proposición planteada por el Partido Socialista porque somos conscientes del calado de las medidas que se proponen. Votaremos favorablemente, pero condicionado al absoluto respeto al
ámbito competencial propio de las comunidades autónomas porque además ha sido el autogobierno, nuestro autogobierno, la clave que ha permitido a la sanidad vasca alcanzar y mantener sus actuales ratios de eficiencia y mantener un sistema sanitario
público, universal y de calidad. Ese sigue siendo nuestro compromiso. Pelearemos aquí y allí por él y, por supuesto, el del Gobierno de Euskadi.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
El paulatino desmantelamiento de la universalidad de la sanidad en un intento programado de fomentar los seguros privados y acercarnos más al modelo que en países como Estados Unidos se ha demostrado su fracaso, demuestra la profunda
admiración del Partido Popular español por el Tea Party estadounidense. Comparten agenda y a veces parece que trabajan sin descanso para los mismos lobbies mundiales, las compañías de seguros y las farmacéuticas. Sus beneficios empresariales son
el verdadero motivo por el que el Gobierno del Partido Popular está desmantelando la universalidad de la sanidad. La excusa, la crisis económica. Estamos ante una aplicación de libro de la llamada doctrina del shock. Mientras los ciudadanos
sufren un shock causado por la crisis -pierden sus empleos, sus viviendas, les reducen los salarios, tienen dificultades para llegar a final de mes, para sacar adelante su hogar y sus hijos- les dicen que han vivido por encima de sus posibilidades
pretendiendo hacerles culpables de una crisis sobre la que no tienen ninguna culpa. Y en ese estado de shock les quitan lo más preciado, lo que pensaban que era inamovible, una sanidad universal, pública y de calidad, que encima el Gobierno actual
en campaña electoral prometió no tocar. Pero el engaño es posible cuando los ciudadanos están en estado de shock,
y de eso se aprovechan y lo hacen poco a poco: un día anuncian que van a cobrar las ambulancias, otro que hay que pagar parte de los medicamentos, otro que los medicamentos con prescripción médica tienen que pagar un porcentaje, otro que
excluyen más medicamentos de la financiación, otro que los inmigrantes no serán atendidos, otro excluyen tratamientos de sistema, y así un suma y sigue pretendiendo que el debate se centre cada vez en una de las medidas, obviando la estrategia
global del actual gobierno: desmantelar la sanidad pública a través del copago y fomentar que la gente concierte seguros privados a la norteamericana, allí donde los seguros abandonan a los enfermos cuando el coste es muy elevado, donde hay
tratamientos no cubiertos por el seguro y la gente empeña sus viviendas para pagarlos, donde la gente fallece porque no les autorizan pruebas médicas por el elevado coste. Por tanto, anunciamos nuestro voto a favor de esta iniciativa que va en
beneficio de la salud de la gente.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví. Por el mismo grupo, la señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias presidenta.
Es difícil no repetirnos en este tema porque se ha tratado mucho durante la mañana. Hace unos días conocíamos un informe del Consejo de Europa sobre los recortes sociales que se vienen produciendo en el Estado español. En este informe, que
es demoledor, se advierte claramente al Gobierno -leo textualmente- de que la política de recortes está provocando una degradación de los derechos humanos de los ciudadanos e insta al Gobierno a hacer más por garantizar el respeto de esos derechos
humanos, sobre todo, los de los grupos más vulnerables. El Consejo de Europa recuerda en ese informe que hasta el año 2012 el sistema sanitario en España era universal y dice era porque ha dejado de serlo y, entre otros, ha eliminado a los
inmigrantes del acceso a la sanidad pública, es decir, ha degradado claramente los derechos humanos de miles de personas, entre ellos, los de muchos niños hijos de inmigrantes, contraviniendo incluso la Convención de la ONU sobre derechos
infantiles. Por lo tanto, a nuestro juicio el Decreto-ley 16/2012 ha supuesto en este sentido un duro golpe no solo a la universalidad de la sanidad y el derecho a la salud, sino también un mazazo al derecho a la vida.
Señoras y señores del Partido Popular, la frase de que los recortes matan no es solo un eslogan, sino que desgraciadamente es una realidad con la que convivimos cada vez en mayor medida debido precisamente a su política sanitaria y a los
efectos devastadores que está teniendo. Su política sanitaria, de la que hemos hablado mucho hoy, ha traído también recortes masivos en personal sanitario y ha provocado, entre otros, el cierre de servicios de urgencias y de plantas enteras en
hospitales. Su política sanitaria ha incrementado exponencialmente las listas de espera, tanto en consultas externas como quirúrgicas, y pone en riesgo cada día la salud de muchos pacientes; son listas de espera que desbordan al personal de los
centros de salud y de los hospitales y que requiere planes de choque, tal y como se dice en la moción del Partido Socialista, urgentes, efectivos y sobre todo, con dotación presupuestaria, que es justamente de lo que carece y que con las previsiones
de 2014 no parece que vaya a mejorar.
Termino presidenta. Ante este panorama desolador resulta absolutamente paradójico e inexplicable ver los denodados esfuerzos que hacen desde el Partido Popular, desde el Gobierno, para tratar de que no se cumpla la ley en cuanto surgen
proyectos como el de Eurovegas. La verdad es que mientras ustedes condenan a millones de ciudadanos a su austericidio, aquí no les importa tener toda la manga ancha que haga falta, incluyendo la modificación de medidas sanitarias que todos los
demás debemos cumplir.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que finalizar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino. Esta es su vara de medir, que desde luego nosotros no respaldamos. Por estos motivos apoyaremos la moción del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Apoyaremos esta moción que presenta hoy el PSOE. Mi partido -al igual que ha hecho hoy- ya se ha posicionado en contra de la convalidación de dicho real decreto el pasado año. Decíamos entonces que la única pretensión del Partido Popular
era hacer caja, ahorrar y resolver problemas económicos, pero
puestos a ahorrar nosotros preferimos hacerlo de otra forma. Hemos repetido aquí muchas veces que, por ejemplo, eliminando las diputaciones ustedes ahorrarían más de 6.000 millones al año. Nos parece mucho más interesante ahorrar en ese
tipo de cosas que en estas y nos parece que eso también les retrata. Ustedes presentaron el real decreto por varias razones, no voy a glosarlas porque me quedaría sin tiempo, pero me gustaría decirles qué es lo que opinan distintas asociaciones
acerca de la consecución o no de esas razones que ustedes esgrimían para el real decreto, porque hay diferentes asociaciones de profesionales sanitarios como la Organización Médica Colegial, la Asociación de Estudiantes de Medicina, colegios de
enfermería o el Foro Español de Pacientes que señalan que el copago introducido por el Gobierno limita el acceso al tratamiento a la población más vulnerable. Muchos ciudadanos con un alto riesgo de pobreza, señores del PP, ya están dejando de
acudir a las consultas y de recibir el tratamiento por causa de la introducción de ese copago. El real decreto-ley, es cierto, clarifica quiénes son los titulares del derecho pero no lo universaliza, porque ya hemos explicado antes que toda persona
mayor de veintiséis años que no haya cotizado y que no esté cubierta por sus progenitores queda fuera. Los inmigrantes indocumentados también quedan fuera y, ya lo hemos dicho antes, menos mal que los profesionales de nuestra sanidad se ocupan de
que no sea así.
El real decreto-ley no elimina trabas burocráticas importantes facilitando movilidad de los profesionales sanitarios por todo el territorio nacional. Hay barreras, entre ellas las idiomáticas, que siguen complicando la cosa y siguen
complicando los concursos públicos de empleo o la necesidad de colegiarse en los territorios. El real decreto-ley no garantiza un igual acceso a prestaciones sanitarias en función de la comunidad autónoma donde se resida. El real decreto-ley no
aumenta la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Las trabas burocráticas y los conflictos administrativos entre distintos territorios siguen siendo constantes, señores del Partido Popular. El real decreto-ley tampoco ha conseguido frenar el
deterioro de los servicios de sanidad en las distintas comunidades autónomas. Las listas de espera siguen aumentando, hay lugares donde existe desabastecimiento de fármacos, por ejemplo en la Comunidad Valenciana donde dos o tres de cada diez
farmacias han tenido que cerrar; la sanidad en Madrid está en conflicto por la privatización; en Cataluña se están cerrando plantas y servicios por la falta de gasto en esa partida presupuestaria; no se garantiza el derecho de los dependientes,
hay una gran mayoría de dependientes que no está recibiendo prestaciones por la reducción de las partidas presupuestarias. En fin, podríamos seguir así durante mucho tiempo. Hay un informe, que me parece muy clarificador, de Médicos del Mundo en
el que se señala cuáles son según ellos los impactos más importantes de la reforma de la que hablamos ahora, gracias a la moción que nos trae aquí el PSOE. Ellos dicen que es un cambio de modelo sanitario que nos aleja de la universalidad y nos
acerca al modelo de aseguramiento, que la inclusión de criterios xenófobos en la atención sanitaria deja fuera a inmigrantes indocumentados, que la capacidad económica de los no asegurados es determinante a partir de ahora a la hora de acceder al
sistema sanitario y discrimina a parte de la población por criterios puramente economicistas; permite una exclusión asimétrica y desigual en el acceso a los recursos sanitarios a los colectivos más vulnerables como víctimas de trata, violencia de
género, pacientes con enfermedades mentales, crónicas, etcétera. Dicen que pone de manifiesto un grave error de previsión por parte del Gobierno que está suponiendo una clara vulneración de los derechos humanos y un cambio de modelo sanitario
fomentando actitudes xenófobas y pérdida de eficiencia en el sistema sanitario.
No queda mucho tiempo para que me extienda, pero querríamos hablar también de las listas de espera, de cómo se utilizan en nuestro sistema sanitario para compensar la falta de recursos y convierten a nuestra sanidad en un servicio peor que
está al albur además de cómo cocinen las cifras los dirigentes de turno: cien días de lista de espera ahora frente a los setenta y seis de hace solamente un año; una degradación rápida. Por último, de lo del tabaco ya ni hablamos, porque me
parece una vergüenza que alguien venido de fuera pueda cambiar así una ley que además es una ley buena y que ha costado tantísimo poner en marcha y hacer que funcione.
Por todas estas razones que acabo de explicar aquí apoyaremos la propuesta que nos trae el Partido Socialista.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, si en vez de un real decreto el Real Decreto 16/2012 fuese un ensayo clínico, a un año de la aplicación del real decreto podríamos decir que ese ensayo clínico es un absoluto fracaso en términos sanitarios y también en términos
económicos. Señorías, el Partido Popular está aprovechando la crisis y está aprovechando fundamentalmente los recortes del gasto público para cambiar el modelo social. No es verdad, por ejemplo, y eso se ve claramente en el presupuesto de este
año, que el presupuesto sea asocial; ya no lo dicen, no es el presupuesto más social de la historia, porque han perdido 10 puntos, porque no contabilizan la deuda, pero han perdido 10 puntos en gasto social del presupuesto anterior a este
presupuesto.
Atendiendo más a la situación del sector sanitario, los últimos datos que tenemos, por una parte la encuesta del CIS pero también el barómetro sanitario que ocultó convenientemente el Gobierno durante unos meses, demuestran el profundo
deterioro que están llevando a cabo el Partido Popular y el Ministerio de Sanidad al sistema sanitario público. Aprovechando la crisis estamos viviendo un asalto al Sistema Nacional de Salud por intereses espurios que no tienen nada que ver con la
salud de los ciudadanos ni siquiera con la llamada obsesión por el déficit. Señorías, en ese barómetro se ve claramente cómo por una parte la sanidad se convierte en un problema cuando no lo era en el pasado; ahora es una preocupación fundamental
de los ciudadanos, una de las primeras preocupaciones y, por otra parte, se ve también cómo ese recorte y cambio de modelo está afectando no solamente a las listas de espera, cosa que un modelo público tiene siempre encima de la mesa como una de sus
ineficiencias o uno de sus termómetros de la ineficiencia, sino que además afecta a algo que venía mejorando a lo largo de los últimos años, a la valoración de la atención primaria, a la valoración de la atención especializada también y a la
valoración de los ingresos hospitalarios por parte de los ciudadanos, con una disminución de la valoración hasta tal punto que nos encontramos prácticamente a la mitad de la valoración o podríamos decir que en una minusvaloración de la mitad en
relación con el barómetro anterior. Sin embargo el Gobierno sigue diciendo que el modelo sigue siendo universal, que no hay copago, que no hay exclusión y que, en definitiva, se trata, todo lo que estamos haciendo hoy aquí, de una campaña
fundamentalmente de desgaste de la oposición.
Señorías, además del cambio de modelo, estamos asistiendo a una campaña de cinismo del Gobierno porque no solamente adopta estas medidas, sino que no las admite como propias y pretende transmitirnos la idea, aunque los ciudadanos parece que
no se la compran, de que las cosas siguen más o menos igual y que el modelo sigue siendo un modelo universal, un modelo gratuito en el momento de uso y un modelo público. En ese sentido, nosotros vamos a respaldar la iniciativa del Grupo
Parlamentario Socialista tanto en relación con las exclusiones, que están provocando enfermedad, no solamente la exclusión de la atención sanitaria primaria, como con respecto a medidas como el repago hospitalario que en estos momentos para la
ministra no existe, sino que ya existía y, por tanto, no hay ninguna novedad en la materia. Nosotros creemos que sí y por eso vamos a respaldar esta propuesta.
Hay otras dos propuestas que respaldaremos no sin alguna reticencia; una de ellas tiene que ver con la Ley del Tabaco, donde el Gobierno adopta la decisión contraria a la recomendación del observatorio. El observatorio dice que la ley va
bien, el Gobierno admite la excepción de Eurovegas. Por una puerta de esas se entra directamente a desmantelar la Ley del Tabaco. Y, por otra parte, también en la propuesta de choque sobre las listas de espera estamos de acuerdo con una estrategia
en relación con las listas de espera. Los planes de choque no nos gustan mucho porque terminan siendo compromisos con la sanidad concertada y con la sanidad privada. Por esa razón vamos a votar favorablemente la iniciativa pero con dudas con
respecto al llamado plan de choque.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero empezar anunciando también nuestro apoyo, el de nuestro grupo parlamentario, a esta moción que presenta el Grupo Socialista. Yo también diría, como terminaba diciendo ahora el señor Llamazares, con algún matiz pero en conjunto y como
estamos de acuerdo con la gran mayoría de los puntos, la vamos a apoyar, sobre todo porque el tema del carácter universal del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria es un tema que nosotros hemos defendido. Nos hemos opuesto al
real decreto donde pasábamos otra vez del sistema universal de la salud al sistema de la Seguridad Social. Por tanto,
nosotros, atendiendo a que estamos de acuerdo con la universalidad de la sanidad y estando de acuerdo además, como apoyamos en su día, con la Ley de Salud Pública de la pasada legislatura donde apoyamos este artículo sobre la
universalización, vamos a apoyar también este punto de la moción.
En las listas de espera nosotros también podríamos poner algún pequeño matiz, aunque estamos de acuerdo en que las listas de espera se han de elaborar con criterio clínico. El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya encargó el
año pasado a la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Catalunya un estudio para la priorización de las listas de espera según estos criterios clínicos. Esta agencia, junto con las sociedades científicas, ha elaborado ya un estudio que
actualmente se encuentra en fase de implantación. Se ha llevado a término ya alguna experiencia piloto, donde tengo que decir que se observa alguna dificultad en esa implantación, pero se están ajustando estos resultados obtenidos para facilitar la
priorización a los profesionales sanitarios. También estaríamos de acuerdo con el plan de choque, pero tendríamos que decir que se tendría que contar con el presupuesto específico por parte del Ministerio de Sanidad.
En cuanto a la prestación farmacéutica de dispensación ambulatoria en los hospitales, no voy a extenderme más en ello. Hemos tenido ya la interpelación a la señora ministra y dentro de dos semanas tendremos la moción correspondiente. Sabe
nuestra posición, sabe que estamos en contra de esta medida y, por tanto, ningún problema en absoluto sobre este punto de la moción.
El otro punto que nos queda es la excepción para fumar en los lugares cerrados. Una de las medidas que se incluyeron en la ley frente al tabaquismo modificada en esta pasada legislatura, donde tuve también el honor de ser ponente por parte
de mi grupo parlamentario, ha tenido muy importantes repercusiones para la prevención del tabaquismo y de las consecuencias de la exposición al humo de tabaco y un impacto favorable sobre la salud de toda la población española. Además, esta moción
se presenta en un momento importante cuando se está pendiente de ver si hay repercusiones en las peticiones de los promotores de algunos complejos como Eurovegas, favoreciendo un retroceso en los avances legislativos que han hecho posible limitar el
uso de tabaco en espacios públicos y centros de trabajo que cuentan, y espero que sigan contando, con un amplio soporte parlamentario y social.
Por estos motivos, añadiendo esos pequeños matices, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta moción del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Popular, señor Moreno.
El señor MORENO PALANQUES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, soy de los que creen que cuando alguien trae una moción a este Pleno es para intentar ayudar, y se lo digo al portavoz del Grupo Socialista. El problema es que los certificados de credibilidad no los doy yo, los dan los hechos, y
quisiera recordar en ese sentido que los primeros que desvincularon el empadronamiento de la cobertura a la asistencia sanitaria fue precisamente el Gobierno del País Vasco en octubre de 2011, que estaba gobernado por el Partido Socialista.
Déjenme que les diga lo que pasa en Europa, por si no lo saben. Ni en Italia ni en Dinamarca ni en Suecia ni en Finlandia ni en Reino Unido se da otra asistencia a los menores de dieciocho años y a las embarazadas que no sea la urgencia.
En algunos casos ni tan siquiera se atiende al parto ni al embarazo ni al postparto. ¿Y qué hace el país más rico de esta Unión Europea? Alemania atiende las urgencias, lo que ocurre es que en ese caso los pacientes, los extranjeros irregulares,
tienen que, para estar cubiertos a través de fondos públicos, solicitar esta autorización de la oficina de gestión de los subsidios de carácter social. Estas oficinas, igual que los médicos y los hospitales, están obligadas a informar a las
autoridades de extranjería de la situación de permanencia irregular del extranjero en ese país. Eso sí, si se lo puede pagar, entonces decae esa obligación. Con esto quiero decir que ni Italia ni Dinamarca ni Suecia ni Finlandia ni Reino Unido ni
Alemania, por poner unos ejemplos, tienen menos recursos que nosotros y con todas las limitaciones que tiene España sigue prestando una de las coberturas más amplias de la Unión Europea.
Listas de espera. Si por plan de choque se entiende lo que en la Comunidad Valenciana hace dieciocho años pusimos para sustituir ese mecanismo perverso que son las peonadas por las tardes, tengo que reconocerles que ustedes siempre se
opusieron a ese mecanismo. Por tanto, bienvenido sea ahora esto. No es que yo las comparta tampoco, pero ahí están. En todo caso, habrá que ir a los modelos de gestión clínica, que además forman parte del pacto con los representantes de las
profesiones médicas y enfermería.
No podemos estar más de acuerdo con establecer las prioridades en intervenciones y pruebas diagnósticas, pero es que ya están procesándose en el real decreto de calidad y seguridad de los pacientes.
Respecto a la dispensación ambulatoria hospitalaria, hay que recordar una vez más que no afecta a medicamentos de uso hospitalario. Ustedes dirán que ya lo saben. Ustedes lo sabrán, pero los pacientes en la calle no, porque este tipo de
debates están generando precisamente esas dudas. Otro tema que hay que sacar, y habrá que decirlo una y otra vez -no sé cuánto importará, a mí mucho-, es que de las 150 presentaciones de esta medicación, un centenar de ellas destinadas al cáncer
fueron aprobadas durante el anterior Gobierno para dispensación en oficinas de farmacia, y eso supone aportación o lo que ustedes denominan copago, reducida, es verdad, pero aportación. El único objetivo de algunas comunidades para llevarlo a la
dispensación hospitalaria fue precisamente que se ahorraba en el margen de comercialización en el margen de los farmacéuticos y de la distribución, nada menos que un 38 % en muchos casos. Ese era el objetivo, ese tipo de ahorro. El objetivo no era
eximir al paciente de no hacer esa aportación. Esa es la realidad. En todo caso, señorías, cómo vamos a hablar de mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, si ni tan siquiera podemos implantar en nuestros hospitales un sistema tan simple
como ese, existiendo la tecnología que existe en el siglo XXI. Eso con carácter general, porque con carácter particular es obvio que no pagar nada es lo mejor, pero lo cierto es que el orden de magnitud es el siguiente, de 27.850 euros de un
tratamiento anual -estos no son de uso diario, sino de indicaciones muy específicas-, el paciente tiene que pagar 12,60 euros al año. Es mejor no pagar nada, desde luego, pero ese es el orden de magnitud. Si además tienen ustedes en cuenta que
están exentas las pensiones más bajas, las rentas de integración social y aquellas personas que son parados de larga duración -que antes podían llegar a pagar un 40 % en mucha medicación-, lógicamente el escenario es muy distinto.
Señorías, en ese eterno debate que tienen todos los Gobiernos entre lo posible y lo necesario, hay Gobiernos que nos llevan a situaciones imposibles, y este Gobierno ha hecho lo contrario, partiendo de una situación imposible, ha hecho
posible lo necesario. Con esto quiero decirles que lógicamente nos opondremos a esta moción en el turno de votación.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Martínez Olmos, ¿acepta usted la enmienda presentada por el PNV?
El señor MARTÍNEZ OLMOS: No.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO Y OPTIMIZAR LA RED FERROVIARIA EXISTENTE TANTO DE ALTA VELOCIDAD, COMO
CONVENCIONAL Y DE CERCANÍAS. (Número de expediente 173/000112).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente moción, del Grupo de La Izquierda Plural, que va a defender la señora De las Heras, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad en el transporte
ferroviario y optimizar la red ferroviaria existente tanto de alta velocidad, como convencional y de cercanías.
Adelante, señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en la interpelación que mi grupo parlamentario presentó la pasada semana sobre la seguridad en el transporte ferroviario la señora ministra tuvo la oportunidad de informarnos sobre las actuaciones de su ministerio para mejorarla,
así como sobre el desarrollo y nivel de cumplimiento de las veinte medidas presentadas a raíz del trágico siniestro ocurrido en Santiago de Compostela el pasado 24 de julio. Muchas de esas medidas dependen de la armonización de la normativa con la
Unión Europea y fueron trasladadas en la reunión de ministros de Transporte de Luxemburgo, que se celebró inmediatamente después. Tendrán, por tanto, que cumplir con el proceso de estudio y aprobación, que sin duda llevará algún tiempo, esperando
mi grupo ver el resultado cuanto antes.
La señora ministra también puso de relieve la importancia que tenía para ella la subcomisión de estudios y análisis del sistema ferroviario español y pidió nuestra colaboración. Pues bien, aprovechamos
para afirmar que mi grupo pondrá todo el empeño y la colaboración necesaria para que se lleve a cabo esa subcomisión. La prueba más clara es que apenas unos días después del accidente de Santiago fuimos los primeros en solicitar la
subcomisión de estudio en el seno de la Comisión de Fomento para analizar la situación de la seguridad en toda la red ferroviaria de nuestro país y subsanar los errores que se pudieran detectar, y así prevenir que un accidente como ese no se vuelva
a repetir. Pero esto no es suficiente, señorías, y por eso presentamos esta moción en la que solicitamos además la creación de una comisión de investigación, que por otra parte ya fue solicitada y rechazada en otras dos ocasiones por el Bloque
Nacionalista Galego y por mi grupo, porque precisamente nos sumamos a las declaraciones hechas por la ministra en otras ocasiones, cuando dijo que pondría todo su empeño en que se esclarezca toda la verdad, y porque nuestra intención no es otra que
la de contribuir a que así sea. Hay que añadir que la investigación judicial llevará mucho tiempo hasta esclarecer qué es lo que sucedió el 24 de julio en la curva de Angrois y cuál fue la concatenación de errores que causó la tragedia, así como
las posibles responsabilidades penales de los principales responsables directivos.
El juez ya ha llevado a cabo las imputaciones de varios altos cargos de ADIF, entre los que se encuentra el presidente de la entidad, porque, como dicta literalmente en su auto, en definitiva ha habido cuando menos una grave falta de
diligencia por aquellos responsables, tanto en la actuación preventiva como en la correctiva, que les eran legalmente exigibles y que a la postre ha contribuido al fatal desenlace del pasado día 24 de julio, pues han permitido un tramo muy delicado
para la circulación de una línea de alta velocidad y en consecuencia para la vida e integridad de los usuarios. Estas declaraciones nos obligan a esclarecer también desde el Parlamento cuáles son las responsabilidades políticas que se han de
depurar. Es una cuestión de pura higiene democrática, señorías, por tanto, no se trata de sustituir ni de interceder en la vía judicial; más bien se trata de responder a las demandas de las víctimas y de sus familiares y a las del conjunto de la
sociedad, que no entienden por qué ante un siniestro de esta dimensión y frente a presuntas responsabilidades políticas no se toman las medidas necesarias para que estas se asuman.
Pedimos a su vez en nuestra moción que se lleve a cabo una moratoria en la construcción de más kilómetros de AVE, al menos hasta que la auditoría que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento y la Subcomisión de estudios del sistema
ferroviario español en la Comisión de Fomento concluya, porque entendemos que en el modelo ferroviario implantado en las últimas décadas en nuestro país, el AVE ha primado frente a la red convencional las cercanías y las mercancías, con su
consecuente deterioro y grave abandono. Y no solo porque la falta de estrategia y planificación han podido incidir también en la tragedia de Santiago, sino porque en un momento en el que se están recortando derechos sociales básicos y prioritarios
no parece lógico seguir apostando por la construcción de más y más kilómetros de alta velocidad. Diré sobre el AVE lo que el economista y especialista en infraestructuras, Germà Bel, dice: el AVE ha sido el prototipo de los años maravillosos de
España. Es una inversión política sin ningún sentido desde el punto de vista económico. La alta velocidad solo tiene sentido en ciudades muy pobladas. Quizá el dato que mejor ilustra que el AVE pueda acabar siendo una inversión ruinosa es el
número de pasajeros por kilómetro de línea. Los últimos datos oficiales de la Organización Mundial de las Compañías de Ferrocarril ilustran la diferencia entre los modelos de España y Francia. Mientras la ratio española es de 2,8 pasajeros por
kilómetro, en Francia llega a 41,5 pasajeros por kilómetro. En el Estado de California se ha desestimado la construcción de una línea de alta velocidad entre San Francisco y Los Ángeles, que son dos ciudades separadas por 600 kilómetros y tienen
más de 19 millones de habitantes, que es tres veces la población que tienen Madrid y Barcelona juntas.
Creemos que es necesaria una moratoria para la alta velocidad y un análisis de las necesidades del transporte ferroviario para potenciar e impulsar su eficacia medioambiental y su eficiencia a la hora de cubrir el derecho a la movilidad de
las personas y el acceso a los bienes y servicios. Hay que priorizar a las personas frente a los intereses de las grandes constructoras, que son los que siguen primando a la hora de construir más y más infraestructuras sin ningún tipo de
rentabilidad social. Esa es nuestra apuesta, que pedimos hoy que apoyen votando a favor nuestra moción.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
A esta moción se han presentado dos enmiendas. La primera es del Grupo Socialista. Señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la intención última de esta moción que nos presenta La Izquierda Plural. Entendemos que la intención última de esta moción consiste en
identificar causas y responsabilidades en el accidente ferroviario de Santiago y, en definitiva, en mejorar las condiciones de seguridad en el sistema ferroviario español. Estamos de acuerdo con estas intenciones, pero diferimos un tanto en
el método que nos propone La Izquierda Plural para alcanzar los objetivos mencionados. Piden crear una nueva comisión en este Parlamento, cuando acabamos de crear una subcomisión de estudio para analizar y mejorar la seguridad ferroviaria en este
país. Acabamos de crear esta subcomisión por unanimidad y todavía no ha comenzado sus trabajos. ¿No merece la pena darle una oportunidad a esta subcomisión? Tiene como objeto precisamente lo que usted quiere: analizar las causas últimas de este
accidente y de otros inconvenientes en la seguridad ferroviaria de este país y hacer propuestas entre todos para mejorarla. Démosle una oportunidad a la subcomisión que entre todos por unanimidad hemos creado en esta santa casa.
Nos piden también parar por completo el desarrollo de la alta velocidad ferroviaria en nuestro país. En esto casi coinciden ustedes con el Gobierno. Ellos no han presentado una moción para parar las obras de la alta velocidad ferroviaria,
pero en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 hay tal desinversión que de facto se para la alta velocidad. Algo de coincidencia hay, permítanme la ironía. A nosotros no nos parece una buena idea, ni tan siquiera una
idea coherente viniendo de La Izquierda Plural. No sé si La Izquierda Plural de aquí ha hablado de esto con La Izquierda Plural en Andalucía, en Asturias o en Murcia. En estas comunidades autónomas Izquierda Unida está solicitando el desarrollo
-además, el desarrollo veloz- de las obras de la alta velocidad. Veo cierta contradicción, y me permitirán los compañeros de Izquierda Unida que se lo diga. A veces hay que elegir a qué manifestación se acude. No se puede acudir a todas las
manifestaciones: hoy a la manifestación para que llegue pronto el AVE, mañana a la manifestación para que no se haga más AVE porque estamos en clave ecologista.
Insisto en que estamos de acuerdo con la intención última de la moción, pero no coincidimos en el método que nos propone. Por eso, hemos planteado con la misma intención que ustedes una enmienda que plantea el respaldo a las víctimas, la
colaboración estricta con la Administración de Justicia y la Comisión de investigación de accidentes por parte del Gobierno, la colaboración con la subcomisión de estudio que acabamos de crear aquí y una agencia estatal de seguridad ferroviaria como
primera medida en orden a mejorar la seguridad ferroviaria en España de una manera eficaz. En este caso, tengo que insistir ahora ante el Gobierno y ante el grupo que apoya al Gobierno, porque no entendemos muy bien cuál es el criterio del Partido
Popular al respecto. Si leemos el Pitvi, en la página 99 del bloque 2 se habla de crear la agencia estatal de seguridad, que asumirá las funciones de inspección y supervisión de la seguridad en el sistema ferroviario. Si leemos el proyecto de
presupuestos para el año 2014, se nos dice que no se va a crear la agencia de seguridad. En fin, ¿con qué nos quedamos, con el Pitvi o con el proyecto de presupuestos?
Nosotros entendemos que hay que crear esa agencia de seguridad ferroviaria en este país para que la regulación, para que la supervisión, para que la inspección, para que la sanción en materia de seguridad ferroviaria se lleve a cabo a través
de un órgano lo suficientemente autónomo, independiente y garantista. No es razonable, señora Santa Ana -sé que va a subir a esta tribuna inmediatamente-, que el director de seguridad en la circulación de ADIF dependa orgánicamente del director
general de la explotación de los servicios en ADIF. Es decir, el señor que tiene bajo su responsabilidad la puntualidad en los servicios de ADIF es el que manda sobre el responsable de la seguridad. Hay cierto riesgo en este esquema, y reconozco
que así estaba establecido cuando nosotros gobernábamos, pero somos autocríticos, queremos rectificar, aprender algo de lo ocurrido y les pedimos a ustedes que hagan lo mismo; nos parece bastante razonable. A ver si sacamos algo en claro del
debate al que nos invita La Izquierda Plural y por lo menos hoy arrancamos el compromiso del Partido Popular para crear esta agencia de seguridad, tal y como establece el Pitvi.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, señora Santa Ana.
La señora SANTA ANA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, debatimos sobre las medidas que está adoptando el Gobierno en estos momentos para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario, y lo primero que quiero manifestar es que la seguridad en todos los modos de transporte es un
objetivo prioritario del Gobierno de España. Hoy todos estamos recordando el desgraciadísimo accidente que tuvo lugar el 24 de julio en Angrois y desde el primer momento el Gobierno de España ha sido diligente y ha manifestado con hechos y con
compromisos su
sensibilidad y su apoyo a las víctimas y sus familias. Señorías, después de este terrible accidente se está haciendo una revisión diligente de todo el sistema ferroviario español y, por ello, desde el minuto uno se están haciendo auditorías
externas para verificar que se cumple con todo el ordenamiento jurídico.
Efectivamente, señora De las Heras, las veinte medidas anunciadas por la ministra de Fomento en esta Cámara ya están en marcha. Hay medidas en materia de señalización y de sistemas de protección; se está procediendo a la revisión de todos
los cuadros de velocidades; hay medidas relativas también al factor humano; se están revisando todos los procedimientos operativos, toda la ampliación de los sistemas de registro y todas las mejoras en el sistema de identificación de viajeros. En
definitiva, el Ministerio de Fomento y sus empresas Renfe y ADIF están revisando absolutamente todo palmo a palmo. Es más, en el último Pleno aprobamos la creación de esa subcomisión de estudio y de análisis del sistema ferroviario español que
tiene por objetivo realizar un informe sobre la situación de las infraestructuras ferroviarias y también para conseguir propuestas de mejora. Estoy convencida, señor Simancas, de que en el ámbito de esa subcomisión de estudio podremos tener debates
interesantes para mejorar todo aquello que haya que mejorar, porque la voluntad que tiene la ministra de Fomento es llevar adelante todo aquello que pueda ser mejorable y hacerlo además con consenso, contando con las aportaciones que puedan hacer el
resto de grupos parlamentarios de esta Cámara.
La semana pasada, en Luxemburgo, la ministra de Fomento proponía al Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea medidas para poder armonizar las políticas de seguridad ferroviaria y para mejorar también el conjunto del sistema
ferroviario europeo; medidas básicas como, por ejemplo, estandarizar la transición entre los sistemas de seguridad para que puedan ser más fácilmente homologables o la regulación única sobre cómo y dónde tiene que ir sujeto el equipaje. La
ministra de Fomento sobre todo destacó la importancia de reforzar los mecanismos de atención a las víctimas de accidentes y que exista una reglamentación única europea que garantice una asistencia completa. Por tanto, creo que se viene demostrando
desde el minuto número uno que el compromiso del Gobierno con la seguridad es máximo. Se están haciendo las cosas con rigor, con seriedad, con responsabilidad y con diligencia. Señora De las Heras, desde el primer momento, desde que tuvo
conocimiento de este terrible accidente, la ministra de Fomento está poniendo todo su empeño en que se esclarezcan las causas de ese accidente y las medidas que han sido llevadas a cabo por este Gobierno se han puesto también en marcha con la máxima
diligencia.
La atención personalizada a las víctimas del accidente de Santiago ha tenido lugar -insisto- desde el mismo momento del accidente, pero además se está trabajando en un real decreto de asistencia integral a las víctimas de accidentes
ferroviarios que incorporará un plan nacional que articule todas las actuaciones de atención a los afectados. La colaboración con la justicia, como no puede ser de otra manera, es máxima y es diligente, como lo es con la Comisión de investigación
de accidentes ferroviarios para averiguar esas causas y como lo va a ser con la recientemente creada subcomisión de estudio, que yo confío, espero y deseo que pueda dar fructíferos resultados. Quiero señalar que hasta la fecha de ese desgraciado
accidente las evaluaciones llevadas a cabo por la Agencia Ferroviaria Europea han sido favorables, constatando además que los niveles de riesgo del sistema ferroviario español en los últimos años han sido muy inferiores a los umbrales de referencia
marcados por la Comisión Europea.
Señorías, La Izquierda Plural quiere paralizar la construcción de las líneas de alta velocidad hasta conocer los resultados de la auditoría que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento y los informes que elaborará la subcomisión de
estudio, y yo quiero decir que esto es de una gravísima irresponsabilidad. Es de una gravísima irresponsabilidad porque ustedes están lanzando un mensaje intranquilizador a los ciudadanos, ustedes están lanzando el mensaje de que esas líneas pueden
no estar ejecutándose correctamente, y yo quiero decir que esas líneas, su planificación, su ejecución y su explotación, responden a todas las prescripciones técnicas que nos exige la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Santa Ana, tiene que terminar.
La señora SANTA ANA FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta.
Por cierto, a mí me sorprende que quieran paralizar esas líneas cuando, por ejemplo, en Andalucía tenemos una infraestructura importantísima, el corredor ferroviario del Mediterráneo, una parte de ella competencia de la Junta de Andalucía.
La consejera en Andalucía es de Izquierda Unida; por tanto, señora De las Heras, yo me pregunto si ustedes pretenden parar en estos momentos en Andalucía el corredor ferroviario del Mediterráneo con esa paralización de la ejecución de las obras de
alta velocidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Santa Ana.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, se repartirán el turno el señor Baldoví y la señora Pérez Fernández. Señor Baldoví, tiene la palabra.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Durante mucho tiempo los diferentes Gobiernos apostaron por una política ferroviaria mediática invirtiendo mucho dinero en la propaganda. El mensaje era claro: Si por tu ciudad no pasa el AVE, el progreso no llega. Así nos ha ido en
algunas estaciones y así la planificación de ambos Gobiernos sobre el AVE situaba a España como el país con más trenes de alta velocidad del mundo por territorio -el segundo en cantidad-, un tren de alto coste económico y medioambiental. Las
consecuencias las estamos pagando: cierre de trenes de cercanías apelando a la falta de rentabilidad, dejando a muchos ciudadanos sin transporte público cotidiano.
Cuando un juez pregunta quién es el responsable de seguridad, quién es el responsable de un accidente, aquí la gente se lava las manos y, si pasa algo, la culpa es del maquinista. Esa cantinela ya nos la conocemos los valencianos y no la
aceptamos. La instalación de una simple baliza hubiera significado que hoy 43 personas estuvieran vivas y el Gobierno del Partido Popular se niega a reconocer su responsabilidad política: 43 muertos, 47 heridos, cero dimisiones. Todavía hoy no
contamos con respuestas honestas a las preguntas formuladas en una comisión de investigación amañada, en la que los comparecientes habían sido preparados por una empresa de márquetin, HM Consulting, para mentir de manera coordinada y cuyos servicios
se pagaron con dinero público. Todavía hoy nadie ha investigado la desaparición del libro de averías y sus copias en dos ordenadores, que fueron borrados, tampoco que ese mismo tren ya había descarrilado antes en tres ocasiones, una de ellas a 30
kilómetros por hora, y el informe que decía que esos trenes estaban obsoletos también se ocultó a la comisión. Todavía hoy el Gobierno valenciano del Partido Popular sigue escondiendo la verdad incómoda sobre el accidente del metro del 3 de julio
de 2006. La seguridad de la gente no puede quedar al albur de un fallo humano, ni mucho menos cuando los trabajadores están pidiendo que se pongan medidas, como es el caso de ambos accidentes, con peticiones por escrito del comité de seguridad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, tiene que finalizar.
El señor BALDOVÍ RODA: Estoy terminando con los treinta segundos que me quedan.
Por tanto, Compromís-Equo va a apoyar la propuesta de creación de esta comisión de investigación, que, a nuestro juicio, debería estar presidida por un diputado de la oposición para evitar manipulaciones indebidas, porque todos, pero
especialmente los familiares de las víctimas, tienen derecho a saber.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Baldoví, le aclaro que no tenía usted treinta segundos; se los he concedido, porque usted tenía dos minutos y la señora Pérez -son dos diputados- tiene tres. Lo siento.
Adelante, señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer públicamente al Grupo de La Izquierda Plural que nos permita hoy estar debatiendo en esta Cámara una iniciativa, parecida por lo menos en su primera parte a la que el Bloque Nacionalista Galego propuso justo
una semana después del accidente del 24 de julio y que la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces se negaron, por obra y gracia de la mayoría absoluta del Partido Popular, a que se tramitara y se pudiese debatir en esta Cámara. Por tanto,
nuestro agradecimiento. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).
En segundo lugar, quiero diferenciar aquí, porque nosotros también hemos apoyado la subcomisión de estudio, entre la subcomisión de estudio, que se ha aprobado unánimemente, y la comisión de investigación que aquí se propone y que, como
digo, era también una propuesta del BNG. La comisión de investigación pretendía contribuir a esclarecer las causas de un accidente concreto, un gravísimo y trágico accidente que, como la propia ministra dijo, supone o debería suponer un antes y un
después en el sistema ferroviario y en las medidas de seguridad de ese sistema ferroviario en el Estado español. La subcomisión de estudio que se ha creado y que está próxima a constituirse se refiere, precisamente, al estudio y análisis del
sistema ferroviario español en su conjunto, sin tener que detenerse necesariamente a esclarecer las causas de ese accidente. Por tanto, estamos hablando de dos cosas distintas. La comisión
de investigación es necesaria, independientemente de otras investigaciones que se están llevando a cabo, incluida la judicial, porque -aquí se dijo- en un Estado de derecho, en un Estado que se dice y presume de ser democrático, lo primero
que se debe dar es la oportunidad a que los propios diputados y diputadas, representantes de la soberanía popular, tengamos la opción de contribuir a esclarecer esas causas y, si correspondiese en este caso o en otros, a exigir las responsabilidades
políticas que fuesen necesarias.
La señora ministra, en su comparecencia del día 8 de agosto, pronunció frases que voy a citar y que son, más o menos, textuales: Las víctimas son la prioridad. Aquí lo que queremos es solucionar los problemas, y en esto no voy a cejar. Si
alguien conoce algo que yo no conozca que me lo remita inmediatamente, que lo pondré en conocimiento del juez. Toda la información que tenemos se la estamos remitiendo al juez y a la investigación. Todo -concluía la señora ministra- está en
revisión.
Pues bien, de estas frases, parte del discurso de la señora ministra del 8 de agosto, a la actuación posterior que está llevando a cabo el Partido Popular hay un abismo, como ya nos tiene acostumbrados en otros temas. Nosotros,
efectivamente, coincidimos con la señora ministra en que las víctimas son la prioridad y en que hay que aclarar muchas cosas. Además, estamos seguros de que esa comisión de investigación contribuiría en gran medida a hacerlo.
Por otra parte, en el segundo punto que se nos propone -y termino, señora presidenta- de establecer una moratoria en la construcción de líneas, primero, quiero decir claramente que la moratoria que se propone en esta moción es hasta que se
conozcan los resultados de esas investigaciones y se pueden aplicar, por lo tanto, esos factores que ahí se analicen para que contribuyan a una mayor seguridad. Y segundo, la gran moratoria en las líneas de alta velocidad en el Estado español la
está produciendo desde hace años el propio Partido Popular con su recorte absolutamente brutal de presupuestos año tras año.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Pérez.
Por el Grupo EAJ-PNV tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora presidenta, señorías, como ya estamos cansados, procuraré ser breve.
En relación con el punto número uno de su moción, en el que solicitan la creación de una comisión de investigación parlamentaria para contribuir a esclarecer las causas del grave accidente de Angrois, y para dirimir responsabilidades
políticas que se pudieran derivar de la presunta falta de diligencia para garantizar la seguridad en el tramo donde ocurrió el siniestro, nuestro voto va a ser no. Será no siguiendo la postura conocida de este grupo y del Partido Nacionalista Vasco
en todas las instituciones en las que tiene representación, cuando estas comisiones son planteadas en paralelo con investigaciones judiciales en curso; y este es el caso. Esto es así por una doble razón: porque creemos que la justicia cuenta con
todas las herramientas necesarias para determinar los hechos y las causas de este desgraciado accidente y, por lo tanto, de depurar las responsabilidades que de ello pudieran derivarse; y por otro motivo, que además para nosotros es muy importante,
que es que desde su independencia puede garantizar el derecho a la presunción de inocencia y a la legítima defensa de los encausados. Además, creemos que debe hacerlo lejos de presiones y debates externos que, en la mayor parte de los casos,
responden a intereses partidarios. Por tanto, como les decía, en relación con este punto nuestro voto será no.
Por otra parte, y en relación con el apartado segundo de su petitorio, en el que se solicita una moratoria en la construcción de líneas de alta velocidad hasta conocer los resultados del análisis de los estudios e investigaciones que se
realicen sobre la seguridad en la circulación ferroviaria de interés general, mediante la auditoría que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento sobre seguridad en la circulación de la red ferroviaria de interés general, y el informe fruto de
la subcomisión de estudio y análisis del sistema ferroviario español, que se realizará en el seno de la Comisión de Fomento, nuestro voto también va a ser no, será en contra.
Compartimos la urgencia, tal y como ya hemos defendido en esta Cámara, de que el ministerio realice un diagnóstico y evalúe la situación de toda -y digo de toda- la red ferroviaria española, pero con método, con criterio, desde un análisis
crítico que le permita definir objetivamente necesidades y proponer soluciones a las debilidades, amenazas e incertidumbres que la acechan y a partir de él elaborar un mapa que aporte una visión integral e integrada de toda la red, de la actual y de
la futura; un diagnóstico que le permita definir los criterios de jerarquización, priorización y planificación de sus inversiones, tanto para la
mejora y modernización de la red convencional y de la alta velocidad actual y completar, además, de forma sistemática y sistémica la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la nunca completa red de alta velocidad
española; a los vascos me remito.
Es aquí, precisamente, donde se inicia nuestra discrepancia, compartiendo esta parte del argumento, por un doble motivo. En primer lugar, porque nos parece sinceramente un tanto oportunista utilizar el fatal accidente de Santiago para
tratar de conseguir una histórica aspiración de su grupo. De todos y todas es conocida su oposición a la alta velocidad. En segundo lugar, por razones que a estas alturas de legislatura han quedado meridianamente claras. Desde el Grupo Vasco
apostamos firmemente por la alta velocidad como herramienta estratégica de desarrollo e impulso de nuevas oportunidades. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el valor del transporte va mucho más allá del propio transporte. La mejora de la
accesibilidad y la conectividad incide en el crecimiento exponencial de la actividad de las regiones y de su cohesión social en la consecución de sociedades más ricas, más horizontales y, por tanto, más equitativas.
La alta velocidad es un proyecto que bien gestionado -que también es cierto que no es el caso en lo que a España se refiere- ofrece una nueva dimensión de las relaciones sociales y económicas y que -de ser bien gestionado, repito- impulsará
una mayor competitividad y eficiencia, mejorará la accesibilidad a los mercados laborales y al conocimiento, provocará la multiplicación de las sinergias entre empresas y centros de negocio y reportará también beneficios intangibles en forma de
nuevas iniciativas y atracción de talento. En definitiva, más futuro y mayores cotas de bienestar para nuestra sociedad. Por eso no podemos estar en ningún caso de acuerdo con su solicitud de moratoria; muy al contrario, creemos que el Gobierno
está realizando una apuesta pacata por esta infraestructura sin atender a ninguno de los criterios que he expresado. Así pues, no a la parálisis por análisis que proponen en su iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a apoyar esta moción en sus propios términos porque nos parece que está muy bien planteada y es muy oportuna ya que toca dos de las cuestiones más importantes que hay ahora sobre la mesa de la agenda política. Por una
parte, plantea el problema de las responsabilidades políticas, que está muy ligada precisamente a la mejora de la democracia, a conseguir una democracia con instituciones de calidad, por lo que es necesario hablar también de las responsabilidades
políticas y por eso vamos a apoyar la creación de esta comisión. No nos parece suficiente crear subcomisiones de tipo técnico, que no dejan de ser en el caso de un Parlamento unas subcomisiones sin duda interesantes, pero un tanto postizas a la
labor de los parlamentarios. De lo que tenemos que hablar es de aquello de lo que no van a hablar los jueces, que verán si hay responsabilidades penales y, en caso de que las haya, las depurarán; ni los técnicos, que estudiarán e investigarán si
los sistemas de seguridad de la alta velocidad son los adecuados o deben ser revisados o sustituidos. Pero es que además hay un tercer grupo de responsabilidades -de las que se haría cargo esta comisión y sobre la que siempre hemos apoyado su
constitución-, que son las que tienen que ver con si ha habido o no decisiones políticas, tanto por acción como por omisión, que hayan podido tener que ver o no con que sucediera el accidente de Angrois.
Esto es importante porque no se trata meramente, como digo, de una cuestión ni técnica ni penal. Si realmente ocurrió, como nuestro grupo sospecha, porque se tomaron decisiones precipitadas para abrir como alta velocidad tramos que no lo
eran -y, por tanto, carecían de medidas de seguridad de este estilo- para cumplir compromisos electorales, es algo que los ciudadanos deben saber y es algo que forma parte de una democracia de calidad, donde los representantes públicos tienen que,
en nombre de sus representados, pedir al ejecutivo que explique lo que ha sucedido desde el punto de vista de las decisiones políticas. Por este motivo, vamos a apoyar la moción en su redacción actual, no solo el punto 1, sino también el punto 2.
¿Qué es lo que nos está ocurriendo con la alta velocidad? Esta moción, que nos parece muy oportuna, toca dos cuestiones importantes. Una, es la que acabo de decir; la segunda es la de la política económica y de inversiones del Estado. Es
imprescindible una moratoria de la alta velocidad y no solo por razones de seguridad, sino también porque es una inversión mal orientada. Es una mala idea -lo hemos dicho muchas veces y lo voy a reiterar- esa de articular España a través de una red
de alta velocidad y carece por completo de racionalidad económica. Seguimos actuando como si no hubiéramos aprendido nada de la crisis que comenzó en el año 2008. No es posible creer y pensar que el ferrocarril, como si estuviéramos
en el siglo XIX, va a sustituir a la política para articular un país que tiene problemas de articulación de tipo constitucional, de tipo político, educativo y de otra naturaleza. Esto no se soluciona poniendo trenes lujosos en la puerta de
cada capital de provincia, como se ha dicho, y no solo de cada capital de provincia. No hace mucho, desde la comarca de los Pedroches se dirigieron a todos los grupos parlamentarios, también al mío, para pedir explicaciones de por qué nunca se ha
inaugurado una estación que se construyó allí. Realmente es sorprendente ver cómo diferentes Gobiernos han concebido el AVE nada menos que como una especie de cercanías de lujo que iba a conectar no solamente capitales de provincia entre sí sin
tener la masa de demanda mínima para una cierta rentabilidad. Digo una cierta rentabilidad para que por lo menos no sean unas pérdidas realmente catastróficas. Hubo incluso compromisos políticos de prometer a localidades pequeñas y a comarcas
rurales que iban a estar conectadas con alta velocidad. Ya se ha dicho aquí -lo he dicho yo también en otras intervenciones- que para que la alta velocidad sea rentable y para que sea una inversión que haya que ejecutar necesita unos requerimientos
de demanda que en España no existen. Por lo tanto, esa moratoria es importante para que hablemos no solo de la seguridad, que también, sino de la seguridad de la inversión.
Hoy mismo ha salido publicado que el Fondo Monetario Internacional está abriendo el debate sobre la posibilidad de hacer una quita del 10 % de los ahorros de las familias, precisamente para acabar con una deuda pública que cada vez más
agentes económicos consideran impagable. En una situación así, que solo se puede considerar de catástrofe económica, seguir creyendo que el Estado es omnipotente, sus recursos son ilimitados y se puede dedicar a invertir en líneas de alta velocidad
que no van a tener demanda ni rentabilidad en muchísimos años, si es que la tienen alguna vez, es una verdadera insensatez, es una verdadera traición a los ciudadanos y a sus intereses elementales, porque todo lo que se va por aquí se quita de
inversiones sociales, de educación, de investigación, de sanidad, etcétera, de aquellas inversiones que son las propias de una democracia de un país desarrollado que quiere seguir siéndolo. Esta es una cuestión que no se puede rehuir por más
tiempo. Aprovechemos, por tanto, la ocasión, porque esto no es oportunismo, esto es hacer política oportuna, ver, a la luz de la experiencia, qué es lo que tenemos que revisar de lo que hemos hecho mal o de lo que se puede hacer mejor.
Finalizo. Por estas razones vamos a apoyar en sus propios términos esta moción y realmente también coincido en que era muy adecuado presentarla.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para fijar posición ante la moción consecuencia de interpelación presentada por Izquierda Unida, anunciando de antemano que nosotros, en coherencia con nuestra
posición en los dos puntos planteados por parte del grupo proponente, no podemos votar afirmativamente.
¿Qué nos propone en esta tarde de miércoles de debate parlamentario el Grupo de Izquierda Unida? Por un parte, la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el grave accidente de Angrois del 24 de julio. En segundo
lugar, nos pide también una moratoria total de la construcción de líneas de alta velocidad. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene criterio previo y criterio consolidado sobre las dos demandas del grupo proponente. Nosotros, en
coherencia, durante estos treinta y cinco años de vida democrática en este Congreso de los Diputados, en el Senado, en el Parlament de Catalunya, siempre hemos dicho que cuando se está produciendo una investigación judicial, cuando un caso está sub
iudice no es oportuno abrir una comisión de investigación parlamentaria. Creo que he escuchado a algún portavoz que ha dicho que sería bueno que existiera esta comisión para que vinieran los técnicos y los jueces a hablar, y me ha escandalizado un
poquito escuchar esa expresión, porque los jueces no hablan, los jueces dictan sentencia y será a través del buen criterio y el buen conocimiento técnico y legal de la sentencia sobre la cual posteriormente se podrá discutir, evidentemente, como es
propio en un régimen democrático, eventuales responsabilidades políticas. Este es un tema doloroso, este es un tema en el cual se pueden plantear dudas razonables, pero es un tema que se tiene que afrontar con prudencia hasta que no se conozcan
todos los elementos técnicos y hasta que no tengamos una sentencia al respecto. Insisto al grupo proponente que no es una cuestión particular de su propuesta, esta es la posición que hemos mantenido durante estos treinta y cinco años.
El segundo punto, una moratoria general en la construcción de líneas de alta velocidad. Aquí tampoco estamos de acuerdo. Creemos que esta tarde ha sido una tarde interesante, porque siempre habíamos sabido, por ejemplo, que Izquierda Unida
estaba en contra de las líneas de alta velocidad, pero para mí ha sido una revelación descubrir que UPyD también estaba en contra de la construcción de la alta velocidad. Esta es una fórmula de ir perfilando el ideario de la formación política.
Nosotros somos partidarios de la racionalidad en la alta velocidad y a nosotros nos escandaliza que España sea de lejos el Estado per cápita de habitantes con más kilómetros de alta velocidad. Evidentemente, en valor absoluto es China, pero justo
después de China (1.350 millones de habitantes) ya viene España. Creo que esto nos tendría que invitar a la reflexión. Y nos tendría que invitar a la reflexión -perdón por la expresión, es una expresión vulgar- el último libro del portavoz de mi
grupo el señor Pere Macias: La gran bacanal, sobre el tema de infraestructuras, qué es lo que pasó en los últimos quince o veinte años en materia de infraestructuras. He aprovechado para hacer un poco de propaganda del libro del señor Macias,
donde hace un análisis sobre el coste/beneficio de la construcción de algunas líneas de alta velocidad. Quiero aportarles dos datos para la reflexión. El primer servicio de alta velocidad llegó a Sevilla el año 1992. Esta racionalidad en el mapa
ferroviario español por parte de Gobiernos del Partido Socialista, del Partido Popular y otra vez del Partido Socialista ha hecho que hayan transcurrido veintiún años hasta que la alta velocidad ha conectado con Francia. Hemos tenido que esperar
veintiún años para la llegada de la alta velocidad a la demarcación por la cual soy diputado, Girona. Lo interesante no es solo el servicio a Girona, lo interesante es dedicar estos miles de kilómetros a la conexión con Francia.
Otro dato. Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 contemplan una partida de 8.700 millones de euros para alta velocidad, de los cuales solo 475 van destinados al corredor mediterráneo donde se concentra el 50 % de la
generación del producto interior bruto del conjunto de la península ibérica. Hay otro factor muy importante en la construcción de infraestructuras que es el reequilibrio territorial. Nosotros somos sensibles también a esta demanda. Con lo cual,
nosotros no pedimos una moratoria en contra de la construcción de la línea de alta velocidad a Galicia, sino que pedimos racionalidad en los planteamientos.
Alguien ha citado -y con esto termino-, señora presidenta, al profesor Germà Bel, que fue diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la legislatura 2000-2004. Voy a hablar de un segundo libro, también muy bueno y recomendable. Germà
Bel tiene un libro que se titula España, capital París. Haríamos bien si pensáramos más en esta mentalidad de unas infraestructuras eficientes mirando hacia Europa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Xuclà.
Señora De las Heras, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?
La señora DE LAS HERAS LADERA: No.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): No acepta ninguna de las enmiendas presentadas.
Se suspende la sesión.
Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.