Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 146, de 15/10/2013
cve: DSCD-10-PL-146
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 146
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 137
celebrada el martes,
15 de octubre de 2013
Página
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 51-1, de 21 de junio de 2013. (Número de expediente 121/000051) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 123-1, de 31
de mayo de 2013. (Número de expediente 122/000106) ... (Página37)
Modificación del orden del día ... (Página49)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para establecer un tipo superreducido temporal para los servicios turísticos prestados por
entidades que operen y tengan domicilio fiscal en el Val d'Aran, en el alto pirineo catalán y en el pirineo oscense. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 128-1, de 5 de julio de 2013. (Número de expediente 122/000111) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página57)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Página
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página4)
Página
Proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado ... (Página4)
El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo y en turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández y los señores Bosch i Pascual y Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; y los
señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sáez Jubero, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular.
La Presidencia informa de que se encuentra presente en la tribuna de invitados el presidente de la Duma de Rusia acompañado del embajador de Rusia.
Interviene de nuevo el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
En turno de réplica intervienen el señor Bosch i Pascual, la señora Lozano Domingo y los señores Nuet Pujals, Xuclà i Costa y Sáez Jubero.
Cierra el debate el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Página
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página37)
Página
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios ... (Página37)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Grande Pesquero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso
y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Fabra Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.
Página
Modificación del orden del día ... (Página49)
La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en el sentido de debatir en la sesión de mañana los puntos 4 a 6, correspondientes a las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la propuesta
de reforma de la Demarcación y Planta Judicial; del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Fernández y Sra. Pérez), relativa a la reforma de la planta judicial para
ofrecer un adecuado servicio a la ciudadanía y facilitar el acceso a la justicia, y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una cartera de servicios sociosanitarios. Asimismo, se debatirán mañana los puntos
7 a 9, relativos a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Quevedo), sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica y la necesidad de partidas específicas en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014 para paliar el grave deterioro de los servicios públicos y la dramática situación de paro que vive Canarias; del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante la
situación actual en el Sistema Nacional de Salud, y del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la seguridad en el transporte ferroviario y optimizar la red
ferroviaria existente tanto de alta velocidad, como convencional y de cercanías.
Página
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) ... (Página49)
Página
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para establecer un tipo superreducido temporal para los servicios turísticos prestados por
entidades que operen y tengan domicilio fiscal en el Val d'Aran, en el Alto Pirineo catalán y en el Pirineo oscense ... (Página49)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, y Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las señoras Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, y Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular.
Página
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado, se rechazan por 139 votos a favor más 2 votos telemáticos, 141; 172 en contra más 1 voto telemático, 173 y 5
abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado, se rechaza por 17 votos a favor; 179 en contra más 3 votos telemáticos, 182, y 121 abstenciones.
Página
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios,
se rechaza por 144 votos a favor más 2 votos telemáticos, 146, y 172 en contra más 1 voto telemático, 173.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para establecer un tipo
superreducido temporal para los servicios turísticos prestados por entidades que operen y tengan domicilio fiscal en el Val d'Aran, en el Alto Pirineo catalán y en el
Pirineo oscense, se rechaza por 139 votos a favor más 2 votos telemáticos, 141; en contra 176 más 1 voto telemático, 177.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE LA ACCIÓN Y DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000051).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día son iniciativas legislativas, en concreto el proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señor presidente, señorías, empezamos hoy un debate que llega con aproximadamente treinta y cinco años de retraso. A partir de la aprobación de la
Constitución se han sucedido varios intentos para traer a las Cortes un proyecto de ley, como el que ahora vamos a discutir, que inserta dentro de lo que es la Constitución española la política exterior, la acción exterior y el servicio exterior.
No fue posible, ninguno de los tres anteproyectos superó el listón del Consejo de Ministros, y la comisión interministerial del año 2006 no fue capaz de producir un texto articulado. Eso da idea de la complejidad del debate y de la materia que nos
traemos entre manos. Dada la complejidad y para que no me ocurra lo de aquel poeta que decía que entre tanta polvareda perdimos a don Beltrán, voy a decir cuál es la secuencia que voy a seguir en mi intervención. Primero argumentaré la necesidad y
la urgencia de la ley; en segundo lugar haré una precisión conceptual: qué se entiende por política exterior, qué por acción exterior y qué por servicio exterior del Estado; aludiré después a los principios de política exterior y a los principios
rectores de la acción exterior, para centrarme en lo que es el contenido normativo concreto de esta ley. Esta ley no es una ley de política exterior, sí lo es de acción exterior y del servicio exterior.
Quiero, en primer lugar, dar las gracias por todas las aportaciones que se han producido: a Unión Progreso y Democracia, por no haber presentado una enmienda a la totalidad; a La Izquierda Plural, que sí la ha presentado pero que se ha
tomado la molestia de hacer un texto alternativo que nos servirá para seguir avanzando, y a todos los demás, porque estoy seguro de que las ideas que no han puesto en texto alternativo las podremos discutir en enmiendas parciales. Esta es una ley
abierta, que debe mejorar en el trámite parlamentario, y ese es el espíritu con que vengo a esta tribuna.
Decía que el primer punto en mi intervención es demostrar, o por lo menos argumentar, la necesidad y la urgencia de una ley de acción exterior. Me es especialmente querida la primera frase de las Memorias de guerra, del general De Gaulle,
que dice así: Siempre he tenido una cierta idea de Francia, una idea de Francia que me dictan tanto la razón como el sentimiento. Soy de los convencidos de que para hacer política, y en nuestro caso política española, es necesario tener una cierta
idea, una idea clara y determinada de lo que España es y de lo que España significa. Creo también que para hacer política exterior, además de tener esta idea de lo que la nación española significa, se requieren cuatro elementos más. Se requiere un
diagnóstico claro de cuáles son los objetivos y prioridades de la nación en el terreno exterior, coherentes con el proyecto de país. Se requiere, en segundo lugar, un diagnóstico claro de las amenazas y oportunidades a las que vamos a tener que
enfrentarnos. En tercer lugar, una identificación de los medios de que disponemos. Y, en cuarto lugar, instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación. Solo cuando concurren esos cuatro elementos se puede hablar de un marco conceptual
explícito, expreso, concreto y determinado de la política exterior. Hasta ahora ha habido un marco conceptual, pero un marco conceptual implícito, no un marco conceptual explícito, y a mi juicio ese marco conceptual explícito, que hoy empezamos a
discutir, es absolutamente necesario para que la política exterior sea previsible, tenga continuidad y pueda ser desarrollada por los distintos Gobiernos que nos sucedamos al timón de la nación. La inexistencia de ese marco expreso, de ese marco
explícito, es una anomalía típicamente española. Todos los países de nuestro entorno tienen una ley de acción y de servicio
exterior: la tienen los alemanes desde 1990, la tiene Francia desde 2001, la tiene Estados Unidos, la tiene México, la tiene Perú, la tiene Ecuador, y no sigo extendiéndome en los ejemplos. Y todos los Gobiernos, desde el primer Gobierno
constitucional, hemos sido conscientes de esa anomalía y, como he dicho anteriormente, la hemos intentado corregir, con escaso éxito hasta ahora. Pero la necesidad de cubrir ese vacío, de llenar esa laguna es hoy más urgente que nunca, porque el
mundo ha cambiado a una enorme velocidad mientras nosotros no éramos capaces de actualizar, de concretar la Constitución en el tema de la acción exterior. España ha cambiado; España era -cuando se aprobó la Constitución- un Estado fuertemente
centralizado; hoy es un Estado complejo, compuesto, en el que las autonomías de sus nacionalidades y regiones son probablemente las de más alto nivel y de más alta calidad que hay en el mundo que nosotros conocemos. Precisamente el encaje de la
acción exterior de las comunidades autónomas y el de la Administración General del Estado es una de las dificultades que explica que hasta ahora no hayamos podido discutir un texto como este y una de las dificultades que tendremos que lidiar a lo
largo del trámite parlamentario. Y como a mí me gusta coger el toro por los cuernos, dedicaré una buena parte de mi intervención a la acción exterior de las comunidades autónomas y su encaje con la acción exterior de la Administración General del
Estado.
Pero si España ha cambiado internamente, también ha cambiado externamente. Cuando aprobamos la Constitución, los que entonces estábamos en esta Cámara nos encontramos con un Estado ausente e irrelevante en la escena internacional. Y la
primera tarea que nos dimos después de recuperadas las libertades, establecida la democracia y consagrado el Estado de derecho fue reencontrarnos con Europa; Consejo de Europa primero, Comunidad Económica Europea en aquel entonces, hoy Unión
Europea. Y la Unión Europea, como sus señorías saben, tiene una política exterior de seguridad común, tiene una política exterior y de defensa común, y tiene una decisión que establece un servicio de acción exterior europeo. Todas esas piezas
tienen que ser contempladas al intentar definir una ley de acción exterior si no queremos legislar en el vacío. Pero si ha cambiado España internamente, si ha cambiado nuestra posición respecto a nuestros socios europeos y hemos vuelto al consenso
europeo del que nunca debimos estar exentos, mucho más ha cambiado el mundo. Voy a dar unas pinceladas para demostrar la velocidad a la que el mundo ha cambiado desde hace treinta y cinco años, cuando tuvimos oportunidad, porque se abrieron las
Cortes democráticas, de debatir una ley de acción exterior y de servicio exterior.
Se suele decir que la globalización es un fenómeno revolucionario y ciertamente lo es. Es un fenómeno revolucionario que propicia la movilidad de personas, mercancías, capitales, servicios, al amparo y bajo el paraguas de las nuevas
tecnologías, y movilidad significa acción exterior. En segundo lugar, la globalización ha propiciado el nacimiento de unos agentes económicos de naturaleza no estatal, de naturaleza claramente económica, que son capaces de dictar decisiones para
políticas a los Estados soberanos. Hoy, de las 100 primeras economías del mundo, 51 son grupos multinacionales y solo 49 son Estados soberanos. O tenemos un Estado fuerte, o seremos un Estado que perezca al viento, al compás y a la música que nos
dicten esos grupos multinacionales. En tercer lugar, los cambios que se han producido, a pesar de estos treinta y cinco años de paréntesis legislativo, son vertiginosos. Solo una cifra: si en el siglo XIX, para multiplicar su producto interior
bruto por dos, el Reino Unido tardó ciento cincuenta y cinco años, en el siglo XX Alemania y Estados Unidos tardaron sesenta; hoy, en el siglo XXI, China e India tardan exactamente diez años en cambiar su producto interior bruto. Eso determina un
cambio geoestratégico que ningún país del mundo puede ignorar. En cuarto lugar, la globalización, además de fenómeno revolucionario, de fenómeno vertiginoso, es un fenómeno global que afecta a todos los ámbitos de la vida. Eso explica que hoy sean
ámbitos de acción exterior de todos los objetos políticos ámbitos que antes solamente tenían una proyección interior. Hoy hace política exterior el Estado, la hacen las comunidades autónomas, la hacen los ayuntamientos y, por supuesto, la hacen los
ciudadanos y las empresas. Hoy, la exportación supone el 32 % del producto interior bruto, y eso va a ir a más porque estamos en un cambio de modelo radical; de un modelo basado en el endeudamiento y en el ladrillo vamos a pasar a un modelo basado
en la exportación y en la internacionalización de las empresas.
En un mundo globalizado que cambia a esta velocidad es importante la imagen. Lo ha sido siempre; en el siglo XVIII un valenciano, Forner, decía que todas las naciones de la Europa -con artículo- habían emprendido una carrera vertiginosa
por demostrar sus méritos sobre las demás que se los disputan. Y si eso era verdad entonces, hoy lo es mucho más. La imagen genera confianza y la confianza genera que podamos financiar nuestra economía -por cierto, en muchas mejores circunstancias
que cuando llegamos al Gobierno-, que podamos atraer inversión extranjera para crear empleo, que podamos favorecer las
exportaciones para crear puestos de trabajo y que podamos ayudar a nuestras empresas en sus hazañas en los mercados exteriores.
Todas estas circunstancias, cambio interno en España, aproximación e integración luego en la Unión Europea y finalmente cambios en el mundo, obligan a que nos planteemos la respuesta a un mundo, el español, en que cada vez hay más sujetos
que hacen una acción exterior. La hacen en más ámbitos, en más campos, en los que cada vez la competencia es mayor y, por ser mayor la competencia, la necesidad de tener una imagen de marca, una imagen de país, una imagen de nación es cada vez más
importante. A eso se dedica esta ley y por eso la necesidad y la urgencia de esta ley.
Aquí quiero hacer una precisión conceptual para que no nos perdamos en el debate. Hay tres conceptos que se suelen confundir, que se suelen mezclar, y así la discusión no es posible. Una cosa es la política exterior, otra la acción
exterior y otra tercera, distinta y distante, el servicio exterior. La política exterior -no me voy a extender mucho, me remito a lo que dice la ley- es el conjunto de decisiones y actuaciones del Gobierno (artículo 97 de la Constitución) en su
relación con otros sujetos, con otros actores de la escena internacional regidas por el derecho internacional. La política exterior española pretende definir los valores que impregnan nuestra Constitución y defender nuestros intereses, los de los
ciudadanos, las empresas, los españoles, estén donde estén. La acción exterior es distinta; la acción exterior es el conjunto ordenado de actuaciones de todos aquellos sujetos que para cumplir las funciones que tienen encomendadas, las
competencias que tienen asumidas, tienen que actuar en el exterior. Actúan aquí los órganos constitucionales, todas las administraciones públicas, todos los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y una
miríada de organizaciones e instituciones que de ellos dependen. Acción exterior que debe ser coordinada, ejercida dentro de las competencias de cada uno, porque estamos en un Estado de derecho, y que no contradiga los principios generales de la
política exterior que define el Gobierno. El servicio exterior del Estado, de la Administración General del Estado -subrayo, aquí estamos hablando de servicio exterior de la Administración central, no de otros servicios exteriores- es el conjunto
de órganos, de instituciones, en definitiva, de medios humanos y materiales con los que cuentan los sujetos que actúan en el exterior para desarrollar nuestra competencia. La política exterior, en síntesis, define el proyecto del país, objetivos y
prioridades, valores e intereses. La acción exterior son las acciones de todos los que actúan en el uso de sus competencias en proyección exterior. Y el servicio exterior habla de medios, de instrumentos, de recursos, de eficiencia.
¿Cuáles son los principios rectores de la política exterior? Enumeración que, por cierto, agradezco a todos los ministros de Asuntos Exteriores de la democracia, quienes hicieron esta lista. Se habla en la ley de los principios
inspiradores de la política exterior en España -y a su Constitución se remite-: la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. Se dice luego cuáles son los objetivos de la política exterior española, y
doy importancia a esta enumeración porque ha sido cuando hemos interpretado de forma diferente estos objetivos cuando se ha roto el consenso entre las distintas fuerzas políticas que siempre debe presidir la política exterior de España. Dice el
artículo 2 que son objetivos: el mantenimiento y promoción de la paz y seguridad internacionales; el fomento de las instituciones multilaterales fuertes y legítimas -a lo que hemos hecho en Siria como Gobierno me remito-; la promoción de los
sistemas políticos basados en el Estado de derecho y en el respeto de los derechos fundamentales y de las libertades públicas; la lucha contra la pobreza; la solidaridad; la preocupación por el medioambiente, el cambio climático y la seguridad
alimentaria; la eliminación de las armas de destrucción masiva -y me felicito de que el Gobierno sirio haya suscrito el convenio de destrucción de armas químicas-; la construcción de una Europa más integrada -ese sueño que nos unió a todos un día
y que espero que nos siga uniendo; la consolidación de la Comunidad Iberoamericana -de la que haremos ejercicio importante en Panamá a partir de mañana-; la seguridad y el bienestar de España y de sus ciudadanos, y la asistencia a los ciudadanos y
protección de los intereses económicos de España. Los principios de la acción exterior son infinitamente más instrumentales, menos retóricos, menos épicos; hablan de cosas importantes pero que no se pueden poner en verso: la unidad de acción en
el exterior, la lealtad institucional y la coordinación -por cierto, recogida en el anteproyecto de ley exterior que está estudiando la Generalitat; espero que en el desarrollo reglamentario este principio inspire los artículos de la cruz a la
raya-, la planificación, la eficiencia, la eficacia y la especialización, la transparencia y el servicio de interés general.
Siendo esos los principios que enmarcan la política exterior y que orientan la acción exterior del Estado, corresponde ahora hablar de lo que es el contenido de la ley; insisto: acción exterior y servicio exterior. De la política exterior
se habla marginalmente en cuanto enmarca y condiciona la acción exterior
de todo lo que se proyectan fuera. ¿Qué se entiende por acción exterior? Aquellas actuaciones -lo he dicho antes- que desarrollan los sujetos de derecho público para desarrollar, para cumplir las competencias que tienen asumidas, para
cumplir las funciones que se han adherido de acuerdo con el marco competencial -el marco competencial es básico en un Estado de derecho, lo otro es la jungla-, siempre que se respeten los principios de la política exterior a los que me he referido y
las directrices, fines y objetivos de la política exterior, cuya definición corresponde al Gobierno.
La regulación de la acción exterior está en el título II, que tiene dos capítulos: uno sobre los sujetos de ámbito exterior, a los que he me referido anteriormente, y otro sobre los ámbitos. El informe del Consejo de Estado, al que se
refiere parcialmente la enmienda de devolución del Grupo Socialista, yerra. Yerra cuando dice que no tiene sentido enumerar en esta ley los ámbitos de la acción exterior; yerra porque no hay una sola ley, incluido el Tratado de funcionamiento de
la Unión Europea, que no defina qué se entiende por ámbitos de acción exterior. Acierta cuando dice que esa enumeración no es una enumeración rígida, no es una enumeración bloqueada en el tiempo, no es una enumeración estática. Pero yerra porque
la propia Constitución habla de ámbitos de acción exterior cuando habla de las competencias de las comunidades autónomas. De las veintidós materias que el artículo 148 atribuye a las comunidades autónomas, hay un elenco importante de ellas que son
actuaciones que requieren acciones en el exterior. Las requiere el tema de urbanismo y vivienda, de obras públicas, de ferrocarriles, de medio ambiente, de agricultura; en definitiva, prácticamente todas las competencias transferidas por el
artículo 148 tienen una dimensión y una proyección exterior, como no podía ser de otra manera. Y yerra el Consejo de Estado porque cuando el artículo 149 establece cuáles son las competencias exclusivas del Estado -entendiendo Estado en este
concepto como la Administración General del Estado-, también alude a una serie de materias específicamente señaladas: habla de la inmigración, habla de la defensa, habla de la justicia, habla de la legislación civil, mercantil, laboral, de la
legislación de los mercados financieros, habla de propiedad intelectual y de propiedad industrial, habla de régimen arancelario, habla de comercio exterior y de sanidad exterior, todos ámbitos específicamente establecidos en la ley. Y lo mismo hace
el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Los estatutos -todos los estatutos, incluidos los de última generación- también establecen una enumeración de aquellos ámbitos de actuación exterior en que se consideran llamados a intervenir, en
que se llaman competentes. Por cierto, en el de Cataluña unas veces dice que puede y otras que debe, que la Generalitat está obligada a intervenir en determinadas materias: en cooperación transfronteriza, por templo, y en participación en
organismos internacionales, entre ellos la Unesco. Luego la definición de ámbitos es algo que no se puede soslayar.
¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en esta materia para rematar el bloque de constitucionalidad? Empieza por reconocer que las comunidades autónomas están perfectamente legitimadas para ejercitar actuaciones en el exterior cuando así
lo exija el correcto ejercicio de sus competencias, y este Gobierno está absolutamente de acuerdo. Queda fuera de la actuación de la acción exterior aquello que es el núcleo duro de la política exterior: la representación de España que corresponde
al rey, la responsabilidad del Estado, el derecho a celebrar tratados internacionales, el derecho a contraer obligaciones y el llamado ius legationis, que es el que tiene más incidencia en este tema. Esa enumeración -se lo digo al señor Xuclà por
si tiene la tentación de contradecirme- es exactamente la que está en el proyecto de ley de acción exterior de Cataluña, en los términos que yo ahora conozco. Por tanto, creo que el señor Xuclà está mucho más cerca de mí en este momento que del
Consejo de Estado. El proyecto de ley que ustedes están planificando en la Generalitat habla de oficinas en el exterior, de acuerdos de colaboración, de tratados y convenios internacionales -entendido, eso sí, como tratados de ejecución o tratados
administrativos, porque los tratados internacionales corresponden al Estado-, de cooperación transfronteriza, de participación en organismos internacionales, etcétera.
¿Qué es lo que hace la ley en materia de acción exterior? Punto de partida: ¿con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con que la falta de un marco conceptual, un marco de referencia, ha provocado un enorme desorden en todas las
administraciones, un enorme desorden en la propia Administración Central del Estado, que tiene entre 2008 y 2012 por encima de setecientos viajes y un sinfín de memorándums de entendimiento cuyo contenido no es siempre conocido por el Ministerio de
Asuntos Exteriores; nos encontramos cuando llegamos al Gobierno que había 166 oficinas de acción en el exterior de las comunidades autónomas, con que se habían producido en el ámbito de las comunidades autónomas 931 viajes o intercambios; nos
encontramos con que habían firmado 277 memorándums de entendimiento, cuya calificación ha sido imposible de realizar. Insisto, desorden en la Administración central, desorden en las comunidades autónomas y desorden también en las corporaciones
locales. ¿Qué
es lo que intenta la ley, y en concreto el título que habla de acción exterior? Poner un cierto orden, establecer una cierta coordinación entre las acciones exteriores de todos los sujetos para que esto suene como una orquesta afinada y no
como un conjunto de solistas sin director, y en definitiva vigilar que la acción exterior sea eso, acción exterior, pero que no se extienda, que no sobrepase sus límites para invadir los límites de la política exterior.
Pero he dicho que iba a hablar de las comunidades autónomas, y estoy seguro de que en la réplica tendré que volver a hacerlo. Si yo tuviera que decir con qué espíritu se ha redactado esta ley, para que no quepan malas interpretaciones
recogería aquí una cita de Azaña hace muchos años. Decía Azaña en estas mismas Cortes: las regiones no son el extranjero, son España; los órganos de Gobierno son partes del Estado, no son organismos rivales, no son organismos defensivos, no son
organismos agresivos. Y mientras no se entienda esto con este espíritu de colaboración no entenderemos nada de lo que la autonomía significa ni mucho menos de los que es su proyección en el exterior. Porque ese es el espíritu que está dentro de la
ley, todo lo que la ley dice en materia de acción exterior y en concreto en relación con las comunidades autónomas tiene un tono de invitación, de ayuda, de colaboración, de mano tendida. Decimos -y se ha interpretado mal- que las comunidades
autónomas deberían informar, comunicar sus viajes y sus intercambios al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, para que el ministerio les pueda dar la información que requieran, les preste la ayuda que requieran y les haga las
recomendaciones motivadas que considere convenientes para que la acción exterior no vaya en dirección contraria de la política exterior de España. Se trata, por tanto, de que informen -si no quieren informar, allá ellos- para que nosotros podamos
ayudar, y entre otras cosas para, vistos los números que acabo de decir, que las embajadas de España no se conviertan en el camarote de los hermanos Marx. En segundo lugar, se dice que debe informarse también de los acuerdos internacionales que
hagan. Eso lo desarrollaremos en la ley de tratados, pero se trata de que un memorándum de entendimiento, un acuerdo ejecutivo o un acuerdo administrativo sea exactamente eso y no un acuerdo internacional por la puerta de atrás, que nos llevaría a
todos a conflictos de competencias que nadie desea.
Se ha hablado mucho del tema de las oficinas en el exterior. Lo que nosotros hemos ofrecido es exactamente lo que estamos haciendo, lo que España está haciendo en la Unión Europea y con los países que integran la Comunidad Iberoamericana de
Naciones. Allí donde no se justifica en términos de eficacia, de eficiencia o de coste una presencia autónoma hemos pedido, lo estamos haciendo, integrarnos en las delegaciones de la Unión Europea, y en el futuro lo haremos, lo hemos hecho ya en el
tema cultural, con los países de la comunidad iberoamericana. Eso es lo que hemos ofrecido, eso es lo que muchas comunidades autónomas han hecho. Tenemos nueve protocolos firmados en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el
Ministerio de Economía y Comercio, donde está el ICEX, tiene doce. Por tanto, parece que la cosa ha funcionado sin ruido y, por lo que sé, a satisfacción de las partes. Satisfacción de las partes que se entiende bien porque por cada oficina que se
integre, la Administración General del Estado, nos ahorramos 8.813 euros pero la autonomía se ahorra 65.180 euros. Si había 166 multipliquen y verán que esto les sale a cuenta, además de tener gratuita y gentilmente cedidos los servicios de todos
los expertos que están ahí.
La ley de acción exterior recoge algo que los constituyentes consagramos en el artículo 149.3, la promoción de la lengua y la cultura españolas. Cuando hablo de lengua y culturas españolas hablo de la lengua castellana, de la cultura
castellana y de todas las otras lenguas, que son tan españolas como la castellana. Por eso en materia cultural ponemos la red exterior, una red exterior muy importante, al servicio de la promoción y la difusión cultural. Lo estamos haciendo ya en
el Instituto Cervantes, los llamados encuentros de Verines en los que participa el Instituto Cervantes, el Ramón Llul, el Etxepare, el Instituto Vascuence de Navarra, el Consejo de Cultura Gallego, porque nosotros entendemos que esos foros, eso
deben ser nuestras embajadas, nuestros consulados y nuestros departamentos culturales, son el foro de creación de las lenguas y las culturas hispanas. Lo mismo vamos a hacer en materia de lenguas. -García Ridruejo, en un artículo muy bonito del
año 1967, que se llamaba Cataluña, decía: las lenguas también tienen derechos, tienen derecho a ser aprendidas, a ser enseñadas, a ser difundidas y a tener posibilidad de asociacionismo cultural-. Planificación es lo último que ofrecemos en esta
mano tendida a las comunidades autónomas.
Entro en el servicio exterior, en la parte instrumental de la ley; parte instrumental que, insisto, se refiere exclusivamente a la Administración General del Estado, no caigamos en la tentación de extrapolar el debate de la acción exterior
al servicio exterior, porque simplemente no tienen nada que ver. Aquí nos encontramos con un título que tiene cuatro capítulos: la organización del servicio exterior, la incardinación
de nuestras representaciones en las delegaciones de la Unión Europea o el aprovechamiento conjunto de instalaciones con la comunidad iberoamericana, materias de personal y una materia que me resulta especialmente grata, el tratamiento de las
familias de funcionarios que están en el exterior. Aquí hay algunas cifras, para que vean ustedes lo que se pierden si no quieren utilizar el servicio exterior español. Nosotros tenemos, me refiero a todos, a España, 118 embajadas bilaterales; 10
multilaterales; 98 oficinas comerciales; 35 organismos técnicos de cooperación; 77 institutos Cervantes y 299 oficinas sectoriales del resto de los departamentos servidas por un magnífico ejército de profesionales ejemplares y capacitados. Pero
tenemos un despliegue que, en mi opinión, no se corresponde con los cambios que ha experimentado el mundo, y esa será una de las consecuencias de esta ley. En Europa el Ministerio de Asuntos Exteriores -no me refiero al resto de los ministerios-
tiene 73 representaciones exteriores entre embajadas y consulados; en Iberoamérica 45; en Estados Unidos y Canadá solamente 13; en África y Medio Oriente 56 y en Asia-Pacífico la ridícula cifra de 23, y digo ridícula cifra porque Estados Unidos y
Canadá, donde, repito, tenemos solo 13 representaciones en el exterior, representa hoy el 24 % de la riqueza mundial. En Asia-Pacífico, donde tenemos 23 representaciones exteriores, hay hoy la mitad de la población mundial, el 40 % del PIB, el 80 %
de las reservas, y China es solo en este momento el primer país en aplicaciones de diseño industrial y el segundo por número de patentes registradas.
Lo que va a ocurrir en Asia con la erradicación de la pobreza, la urbanización, el acceso de las capas jóvenes, la emergencia de clases medias nos abre un porvenir que debemos aprovechar y, a mi juicio, no se corresponde a nuestra actual
representación. Por tanto, es necesario hacer un redespliegue de nuestro servicio exterior que tenga en cuenta los nuevos cambios que se han producido en el mundo. Para eso se crea un comité ejecutivo de política exterior en el seno del Consejo de
Política Exterior, el segundo gran instrumento de planificación, que tendrá que remitir a estas Cortes en el plazo de seis meses desde que sus señorías aprueben esta ley, un plan de reordenación de nuestros medios materiales, nuestros medios humanos
y nuestras representaciones en el exterior. Ese análisis lo haremos tantas veces cuantas sea necesario y cada dos años compareciendo en estas Cortes Generales.
En lo que se refiere a la incorporación, me he referido anteriormente a que con este redespliegue por bien que lo hagamos y con los recursos que tenemos no llegaremos a donde queremos llegar, y hay que aprovechar las oportunidades que las
nuevas realidades del mundo nos dan. Lo mismo que hemos ofrecido a las comunidades autónomas darles albergue, cobijo y amistad en nuestras representaciones exteriores, vamos a hacer lo mismo en la Unión Europea y vamos a poner en marcha
representaciones exteriores conjuntas con terceros países, que es el modelo nórdico, vamos a incorporar representantes nuestros a las delegaciones de la Unión Europea, que es el modelo español -fuimos nosotros los que lo hicimos-, o vamos a
compartir servicios comunes con ellos para ahorrar costes. Lo mismo vamos a hacer con las comunidades iberoamericanas. Para que vean que esto no es literatura diré que en el terreno cultural ya hemos firmado con la Secretaría de Relaciones
Exteriores de Méjico un programa que pone a disposición de Méjico 77 Cervantes y a disposición nuestra treinta y tantos centros que tienen en Estados Unidos que nos van a permitir, entre otras cosas, españolear ahora con Ponce de León y Fray
Junípero Serra. Lo vamos a hacer igual con el Caro y Cuervo en Colombia y se firmará el día 18, dentro de unos días, en Harvard, la universidad más prestigiosa del mundo, el observatorio de las lenguas -plural- y culturas -plural- en español.
Lo que intenta la ley en materia de servicio exterior es decir quién hace qué, Consejo de Política Exterior, Consejo Ejecutivo del Consejo de Política Exterior, cómo lo hacen, instrumentos de planificación, la estrategia de acción exterior
que será anualmente completada por un informe, el plan de cooperación cuatrienal, el plan de promoción de la marca España, la imagen de nuestro país fuera que tanto tiene que ver con la mejora que han experimentado las cifras en los mercados, en
definitiva, supone un punto. Esta ley no es un punto de llegada, es un punto de partida. Remitiremos muy pronto la ley de tratados y todas las otras piezas, los instrumentos de planificación a los que me he referido anteriormente.
Termino, señorías. Esta ley quiere ser una ley inclusiva, integradora, abierta a la participación de todas las administraciones públicas, respetuosa con la legitimidad competencial de todas y cada una de las administraciones que forman
nuestro Estado complejo, que busque la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la economía. Insisto, quiere un punto de partida para que entre todos hagamos el marco coherente, estable y explícito del que hemos carecido durante treinta años.
Solo eso permitirá que España sea un actor más eficiente, más potente, más conocido y más eficaz en la arena internacional. Y eso redundará
en el beneficio de todos y cada uno de los españoles, cuya felicidad es la guía y norte de este Gobierno y espero también que de estas Cámaras.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado siete enmiendas a la totalidad, de ellas seis son enmiendas de devolución y una es de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas, tiene en primer lugar la palabra el Grupo Mixto, cuyos
representantes intervendrán en defensa de las enmiendas y también fijando las posición del grupo. Tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señor ministro, las declaraciones que usted realizó al término del Consejo de Ministros que aprobó este proyecto de ley que hoy debatimos, dejan, a nuestro entender, meridianamente claras las intenciones y los objetivos que persigue el
Gobierno con su aprobación. Se trata de tener una orquesta y no un conjunto de solistas afinados (El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-Margallo Marfil: No, desafinados), desafinados -perdón-, dijo usted en aquel
momento; y a la vista del contenido del proyecto de ley, es evidente que lo que pretende el Gobierno es, una vez más, limitar las competencias de las comunidades autónomas, en este caso el ejercicio de su acción exterior. El Gobierno quiere ser el
director de la orquesta, siguiendo con su mismo ejemplo, quiere ser el director de la orquesta y reservar para otras administraciones públicas, en particular para las comunidades autónomas, el papel de músicos de segunda fila que han de acompañar a
una única melodía principal.
Con este proyecto de ley el Estado pasa a tener la última palabra con respecto a prácticamente cualquier actuación autonómica en el exterior, obviando no solo la doctrina del Tribunal Constitucional en este sentido sino también lo
establecido en distintos estatutos de autonomía. Es más, el proyecto de ley más bien parece ser la reacción a la Ley de Acción Exterior aprobada recientemente en Cataluña, que no la regulación de un marco coherente y respetuoso con el resto de las
administraciones públicas para el desarrollo de una acción exterior coordinada. Así, por ejemplo, el artículo 3, en su apartado 1 b), define como competencia exclusiva del Estado las relaciones internacionales y la supeditación de cualquier
actuación de las administraciones públicas -por lo tanto, de las comunidades autónomas-, a que se realicen de acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la política exterior del Gobierno. El título II de la ley, donde se regula la
planificación, seguimiento y coordinación de la acción exterior del Gobierno, reserva para las comunidades autónomas el único papel de emitir propuestas al Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que la estrategia de acción exterior se elabora, a
iniciativa del ministerio, a partir de las directrices, fines y objetivos de la política exterior fijada por el Gobierno.
Si continuamos con esta línea absolutamente centralizadora, la impropia subordinación a la que se somete a las comunidades autónomas queda patente en diversos artículos del proyecto de ley en los que se recoge la obligatoriedad de las
comunidades autónomas de mantener informado al ministerio de todas sus acciones -antes usted hizo mención a alguno de esos artículos-. Totalmente desafortunado nos resulta el artículo 5, en su apartado 2, en el que se contempla que las comunidades
autónomas y los organismos, entidades e instituciones dependientes de ellas deberán mantener informado al Ministerio de Asuntos Exteriores de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actuaciones con proyección exterior. Entendemos que
comprende viajes, visitas, intercambios y actuaciones de sus presidentes, de los miembros de sus consejos de Gobierno, de sus altos cargos y de los miembros de sus asambleas legislativas. No se pretende, pues, con medidas como esta, tener solo el
control sobre la estrategia exterior de las comunidades autónomas, que de alguna manera podría estar vinculada a cierta coordinación o información al Estado; no, aquí se impone además un abusivo control de la acción de los responsables autonómicos,
con la justificación de que la finalidad es que el Gobierno pueda emitir recomendaciones sobre las acciones de las comunidades autónomas. Es decir, en román paladino, señor ministro, que el Gobierno pueda controlar y tutelar, nada más lejos de la
coordinación que se predica como vocación de este proyecto de ley. También es totalmente insólito lo recogido, por ejemplo, en el artículo 12, que establece la obligación de las comunidades autónomas de informar al Gobierno del establecimiento de
oficinas para su promoción exterior, con carácter previo a su apertura, atacando a nuestro juicio el ejercicio de sus competencias propias con cargo a sus presupuestos, por cierto.
Señor presidente, termino. En definitiva, señor ministro, este proyecto de ley constituye en esencia el pretexto que el Gobierno ha buscado para tutelar, vigilar, controlar e invadir una vez más las competencias de las comunidades
autónomas, subordinándolas y sometiéndolas al interés del Gobierno central de
turno. Por todos estos motivos nosotros hemos presentado la enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno. Usted ha dicho en su primera intervención, señor ministro, que esta es una ley abierta, que pretende mejorar en el trámite
parlamentario. Sinceramente, tendrá que mejorar mucho para que nuestro grupo pueda apoyarla.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor García-Margallo, nosotros presentamos una enmienda a la totalidad de esta ley porque nos parece que están actuando como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer. No come porque explíqueme, desde que está en el cargo
en esta legislatura, cuáles son los éxitos que ha cosechado en el ejercicio de su cargo el Gobierno desde que empezó la legislatura de Mariano Rajoy; cuáles son los éxitos que ha conseguido, o con la marca España, o con cualquier otra acción en el
exterior. ¿Alguna empresa está satisfecha por su mediación en Argentina o en Bolivia? Pues que nos lo cuente, porque todos los empresarios a los que conozco -todos- están descontentos. Esta ley no creemos que ayude a mejorar las cosas. Por
supuesto no ayudará a mejorar las cosas ni en Catalunya ni para Catalunya, ni en la difusión de la cultura y la lengua catalana. Hace años que hago un ejercicio, que es intentar encontrar diccionarios de catalán en consulados, embajadas, institutos
Cervantes españoles en el exterior. Todavía no he encontrado ni uno. No existe la lengua catalana, para ustedes no existe. Hay más lectorados de catalán en Italia, que todos los que se cobijan bajo el Instituto Cervantes u otras instituciones
españolas en el exterior en todo el mundo. A la hora de votar tampoco ayudan. En las últimas elecciones al Gobierno de Catalunya, al Parlament de Catalunya, hubo miles de quejas de ciudadanos que no pudieron votar; ustedes las tienen y todavía no
han dado respuesta a las mismas. (El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-Margallo Marfil, hace gestos negativos al orador). Sí, señor ministro, es así. También nos llegan a nosotros las quejas.
No hablemos ya de cuestiones deportivas, de cómo desde hace años iniciaron una auténtica campaña para que no se reconocieran internacionalmente las federaciones deportivas catalanas, cuando son organismos del ámbito privado. Ya sean
catalanas o españolas da igual, no son dependencias del Gobierno. ¿Por qué se entrometen? ¿Por qué invierten en eso? Inviertan en otras cosas. Ahora mismo se está promoviendo la causa argentina para juzgar los crímenes cometidos durante el
franquismo. Ha habido quejas que se han publicado en los medios de comunicación por la injerencia de la Administración española y de algunos embajadores en concreto, o por algunas presiones de la Administración española sobre embajadores, por
ejemplo, de Argentina para que no ayudaran y no colaboraran en ese empeño. Es un juicio pendiente. Usted dice que esta ley lleva 35 años de retraso, pues ¿cuánto retraso lleva el juicio a los crímenes del franquismo? Ahora mismo nuestro compañero
Joan Tardà está en Argentina, ha tenido que desplazarse a Argentina para ver si desde ahí podemos finalmente conseguir y resolver algo, para que se condene la ejecución sumaria del presidente de Catalunya, Lluís Companys a manos de la dictadura
militar franquista. Por cierto, hoy se cumplen setenta y tres años del asesinato de Lluís Companys, entregado por Hitler a su amigo el general Franco para que fuera asesinado. Les pediría unos segundos de silencio en homenaje y en memoria a Lluís
Companys, que fue asesinado como presidente electo democrático de Catalunya. (Silencio.-Un señor diputado: ¡Viva España!-Otro señor diputado: Señor presidente,...). Veo que la mayoría sí lo quieren y se lo toman en serio; pero a algunos de
ustedes lo de lo de silenciosa, no tanto; qué le vamos a hacer. Por cierto, viva España, sí; y viva Catalunya y vive la France. En positivo nos entenderemos siempre todas las naciones del mundo.
Ni come ni deja comer. No deja comer porque ustedes han activado la diplomacia española, los servicios exteriores del Estado español para invadir competencias claras y para hacer que la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Catalunya,
tenga menos libertad de acción en el exterior que una ONG, teniendo que pedir permiso para abrir oficinas o para llevar a cabo cualquier acción e informarles a ustedes de todo lo que se hace. Van a tener que informarles más las oficinas de la
Generalitat de lo que haga el Gobierno catalán en el exterior que muchos ayuntamientos, que también son Administración del Estado. ¿O es que les piden a los ayuntamientos más de lo que le piden, por ejemplo, al Gobierno catalán? No, señor; les
piden menos. Por tanto, me pregunto si le van a pedir menos a Ana Botella para hacer proyección internacional que a Artur Mas, o si acaso no deberíamos también estar informados, por ejemplo, de lo que dice o deja de decir en el terreno de la
proyección internacional la alcaldesa de Madrid.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor BOSCH I PASCUAL: Voy acabando.
En definitiva, ustedes con esta ley, con el ministerio, con los servicios exteriores lo que están haciendo es iniciar una auténtica ofensiva de acoso y derribo hacia Catalunya, hacia la voluntad de los catalanes y hacia los intereses de
todos los ciudadanos catalanes, y lo recalco, porque después dicen que me arrogo una representatividad que no tengo. Cuando se ha iniciado un proceso democrático en Catalunya para que voten todos -los del sí, los del no, los del blanco, etcétera- y
ustedes usan el servicio exterior para impedir, para obstaculizar, para amenazar, para presionar incluso a embajadores de Estados soberanos para que se pronuncien en contra de dicho proceso, están actuando en contra de los intereses y de las
ambiciones legítimas de todos, todos los ciudadanos catalanes que se merecen votar en uno u otro sentido.
Señor García-Margallo, le pido que ejerza la diplomacia como aconsejaba Winston Churchill: que se lo piense usted dos veces primero para después no hacer nada. Háganos el favor, señor García-Margallo, de no hacer nada; al menos saldríamos
ganando.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor presidente, señor ministro, señorías, desde Amaiur consideramos que este proyecto de ley es uno más, una más de esas leyes que está aprobando el Partido Popular en esta vuelta de tuerca hacia el centralismo.
Cuando está más claro que nunca que el Estado de las autonomías ha fracasado, ustedes tienen la tentación de dar el impulso hacia el Estado unitario y centralista impulsando normas que desbordan las competencias propias del Gobierno para tener todo
atado y bien atado.
En lo que a la acción exterior respecta, ya desde hace treinta años los diferentes Gobiernos han tenido la tentación de obstaculizar, desconfiar, poner trabas a la acción exterior propia de las comunidades autónomas desarrollada dentro de
sus competencias. Ha existido incluso una oposición a que se abriesen delegaciones en el exterior que, como bien recordarán, fue al Tribunal Constitucional y este permitió que se abrieran. Que digo yo que menos mal que esto no ha ocurrido ahora,
cuando el presidente de este tribunal es de parte y de partido.
En lo que a este proyecto se refiere, la crítica a la norma puede iniciarse con el propio artículo 1, no puede haber una concepción más centralista de lo que se entiende por la acción exterior: la coordinación confundida con jerarquización
y la imposición de la unidad de acción en el exterior, lo que significa que responde a las mismas ideas, directrices y conceptos que la acción gubernamental. De igual forma, en numerosos artículos se aprecia un intento de que toda la actuación de
las comunidades autónomas en el exterior sea controlada previamente y delimitada o tutelada en su posibilidad de desarrollo por la política exterior del Estado. Por lo que podemos calificarlo de un proyecto de ley no respetuoso con las competencias
de las comunidades autónomas, no respetuoso tampoco con la jurisprudencia constitucional consolidada y ciega ante el estado actual del desarrollo de las relaciones internacionales y del necesario ámbito de respeto en la actuación de las comunidades
autónomas. Un proyecto, en definitiva, que persigue únicamente un papel recentralizador de las políticas que pueden tener algún tipo de incidencia, aunque sean mínimas, en el ámbito internacional, con independencia de que sean vinculantes o no o
que produzcan efectos jurídicos o políticos.
Señorías del PP, hablaba antes el señor ministro de Estados complejos y compuestos, y yo les pongo como ejemplo a Canadá, Bélgica, el Reino Unido, por donde pueden dar un paseo y ver qué tipo de acción exterior realizan sus entes
subestatales. Pero, claro, a ustedes no les gusta ese modelo de Estado y a nosotros, a la sociedad vasca -recuerden que ustedes son la cuarta fuerza política del país-, no nos gusta su modelo de Estado. Por ello vemos una razón más para tener más
claro que nunca que los vascos, la sociedad vasca, debemos hacer nuestro camino solos. Necesitamos salir al mundo, a Europa, con personalidad propia, que no es ni mejor ni peor, simplemente diferente, con una cultura y un modelo propio de hacer las
cosas, un basque-style o un eusko label. Decía el señor ministro que hoy en el mundo lo que cuenta es ser un Estado fuerte y nosotros eso lo compartimos. Por eso estamos convencidos de que un Estado vasco en la Unión Europea, en el mundo, será más
fuerte, más solidario, ad intra y ad extra, y por eso creemos que debemos crear un Estado vasco. Lo dicho, más razones que nunca para hacer
nuestro camino. Eso sí, si la ley se aprobase, desde un revolucionario mientras tanto o desde un jurídico rebus sic stantibus promoveremos el pase foral a esta ley, obedézcase pero no se cumpla.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Vasco PNV para presentar su enmienda tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Daba las gracias el señor ministro a los diferentes grupos parlamentarios, a algunos por haber planteado una enmienda con texto alternativo, a otros por no haber presentado y al resto porque confiaba en que se pudiera hablar. Se podría
haber avanzado mucho más en esta ley, señor ministro, y el Gobierno ha estado desaprovechando el tiempo porque hasta la fecha de hoy, hasta forzar tener que plantear o no enmienda a la totalidad, el Gobierno aparte de alguna conversación que ha
tenido institucionalmente, con los grupos parlamentarios de la oposición no ha tenido un diálogo ni una respuesta. Con el mío no. La primera conversación ha sido hoy, creo que esperanzadora quizás, pero la primera conversación ha sido hoy. (El
señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-Margallo Marfil: No). Oiga, no me diga que no, que soy el portavoz. ¡A ver si me la estáis jugando y no me entero, compañeros! (Risas.-El señor ministro de Asuntos Exteriores y de
cooperación, García-Margallo Marfil: Nos hemos reunido en el ministerio). Efectivamente estuvimos en el ministerio en una reunión todos los portavoces hace muchísimo tiempo, en el inicio. Nos explicó la ley, que no la habíamos leído, ni teníamos
el texto, que se ha cambiado en parte, y desde entonces no se ha vuelto a hablar ni hemos negociado más.
Bueno, vamos a ello, señor presidente. Usted ha hecho una diferenciación, que agradezco -usted lo ha distinguido y yo estoy absolutamente de acuerdo- entre la política exterior, que es lo que correspondería al Estado, y la acción exterior,
que corresponde a más sujetos y no solo a la Administración del Estado, y más en estos tiempos en los que el mundo se ha hecho más pequeño, la comunicación es más frecuente, y la necesidad para defender las competencias y el desarrollo de cada uno
es cada vez más necesaria en el exterior. Por tanto se trata de una acción en la que las comunidades autónomas están muy presentes, que es plural, y que además es multidisciplinar. Lo que no puede hacerse es pretender desde la ley dirigir la
acción de las comunidades autónomas, desde la planificación que se reserve el Estado, para que tengan que entrar a partir de ahí en esa planificación. La acción exterior desde luego no puede ser impuesta, sino que debe basarse en la distribución
material de las competencias, y esto no solo vale para la acción exterior, sino también para otros ámbitos de funcionamiento del Estado, porque aquí el principio que vale es el de la distribución de las competencias, no el principio de jerarquía
entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de una comunidad autónoma, ya que ese principio no existe, como usted bien sabe. Las comunidades autónomas, insisto, no pueden ser meros sujetos pasivos de una estrategia fijada por el Gobierno central.
No le voy a negar, no puedo hacerlo, que cabe la coordinación, porque además el Tribunal Constitucional lo ha asentado, pero eso sí, un marco de coordinación, en palabras del Tribunal Constitucional, que permita que no se incida ni se perturbe, ni
condicione o perjudique la política exterior del Estado; esta sí. Política exterior que básicamente en qué consiste -también leyendo al Tribunal Constitucional: en el ius contrahendi, en el ius legationis, y en la creación de obligaciones
internacionales y en la responsabilidad internacional del Estado, como usted bien sabe. Pero, señor ministro, mientras esto sea respetado y las comunidades autónomas u otros entes actúen dentro de lo que son sus competencias se puede decir que no
se está infringiendo la legislación, y se puede decir que se está actuando correctamente. Por tanto la coordinación a la que yo me refiero y a la que creo que puede tener derecho el Estado debería centrarse en eso, en proteger esos cuatro puntos de
la política exterior y permitir de esa manera que no se perjudique, desde la acción de una comunidad autónoma, a la política exterior del Estado, pero sin constreñir a las comunidades autónomas a determinados ámbitos, sean geográficos o sean
materiales; en un ámbito de libre actuación que conduzca a la satisfacción de los intereses sectoriales de las comunidades autónomas en sus ámbitos competenciales. Lo ideal, señor ministro, sería incluso generar un ámbito de confianza suficiente
como para que se pueda hacer lo que en Alemania: cuando se hace cualquier tipo de viaje por parte de los Länder o se negocian incluso acuerdos con regiones no se informa ni siquiera al Gobierno central; cuando se está discutiendo con un Gobierno
de otro Estado entonces sí se informa al Gobierno central, pero incluso el Gobierno federal alemán permite o puede autorizar la formalización de acuerdos en algunos casos entre los Länder y los Estados. Pero de
eso hablaremos cuando llegue la ley de tratados. Lo que quiero decir es que la confianza efectivamente es fundamental en el ámbito de la acción exterior.
Hay un listado de ámbitos materiales, en concreto en el capítulo 2, título primero, que usted decía que era absolutamente insoslayable, pero yo discrepo de lo que usted ha dicho. El propio Consejo de Estado aboga por suprimirlo; cree que
sería perjudicial. Es un largo listado de ámbitos materiales que, sin clasificarse, considerando la distribución de las competencias, se atribuyen sin más al Estado. Le voy a poner un ejemplo que considero que es perjudicial y que hay que
modificar. Si uno lee el artículo 23 de la ley, señor ministro, que es uno de los ámbitos de ese listado, hace referencia en concreto a la acción exterior en materia de cooperación para el desarrollo; si uno lee literalmente el artículo habla de
que en materia exterior se orientará a contribuir a la erradicación de la pobreza, al desarrollo humano, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de cooperación internacional para el desarrollo; y luego habla de que las prioridades geográficas,
sectoriales, principios y líneas estratégicas marcadas por el Plan de la cooperación española deben ser incorporadas a la acción exterior, en materia de cooperación al desarrollo, de todos los órganos y organismos públicos. Oiga, una comunidad
autónoma no está sujeta a la Ley de cooperación del Estado; no lo está; no lo está, y mucho menos al Plan director de la cooperación española, que es aprobado únicamente por el Ejecutivo, y que fija por ejemplo unos ámbitos de actuación, unas
zonas geográficas donde fuera de ellas no se puede hacer cooperación. Eso estará bien para el Estado, porque es una legislación y un plan elaborado por el Ejecutivo para su propia Administración, pero no se puede hacer una mención como han hecho
ustedes en este artículo 23, porque de aquí podría colegirse que afecta a las comunidades autónomas, y no les afecta, señor ministro. No puede venir esta ley a decir que sí. Por lo tanto, yo creo que algunos de los puntos de este listado
deberíamos revisarlos y deberíamos estudiarlos e intentar afinar.
Por cierto, ministro, que antes hablaba de las competencias del 148 y las del 149 en la Constitución, con respecto a que las del 148 eran las de las comunidades autónomas. Hombre, usted bien sabe que la mayoría de las del 149 están ya en
manos de los comunidades autónomas, porque el 149 no es un artículo cerrado que fija únicamente las competencias del Estado. Por lo tanto a la hora de la acción exterior de las comunidades autónomas no tenemos que fijarnos únicamente en el 148,
sino también en el 149 y en otros.
Ustedes establecen unas técnicas de control jerárquico, si me lo permite, más que unas técnicas de control de coordinación de otro tipo. Unas relaciones que debería ser vertebradas, insisto, como he dicho antes, por el principio de
competencia, y da la sensación de que hasta cierto punto podrían suponer una injerencia en la capacidad de decisión de las comunidades autónomas. Hay dos temas, el de las oficinas y el de la comunicación de viajes. Yo le pido que repensemos un
poquito todo esto para no llegar al absurdo. Yo creo que el tema de la comunicación de viajes normalmente se suele hacer, señor ministro, y usted lo sabe. Además qué va a estar ocultando uno; si va el lehendakari a un país equis enseguida se van
a enterar los servicios diplomáticos españoles; no tiene ningún sentido andar con mentirijillas. Pero, si usted lee la ley la comunicación de los viajes alcanza a todos los altos cargos, y todos los altos cargos pueden ser el lehendakari, el
consejero, el viceconsejero y un director, y hoy en día, señor ministro, conocemos que por necesidades de trabajo, incluso porque esté en juego un determinado contrato de una empresa importante, etcétera, que hay que hacer un viaje, a veces de ida y
de vuelta en un mismo día, y hay que hacer esas gestiones; esos viajes de un director o de un viceconsejero, ¿también va a haber que comunicarlos? ¿Qué se trata de controlar? Yo creo que tenemos que graduar un poquito esto y ponerle un poco de
sentido común. Sobre todo, señor ministro, diferenciar -porque yo creo que el propio Tribunal Constitucional lo hizo también- entre lo que es el ámbito europeo -que ya ha dejado de ser un ámbito internacional; es un ámbito doméstico en el que la
exigencia de estar presentes es mayor día a día- y el resto del mundo. Lo que le pido es que podamos intentar buscar una flexibilidad y buscar cómo podríamos encajar esto correctamente.
En cuanto a los informes de apertura de las oficinas evidentemente el objetivo es la eficiencia, un menor costo, etcétera, pero yo creo que esto quien debe medirlo es la comunidad autónoma, no el Gobierno. Se hace referencia a dos informes,
uno de Hacienda, otro además de Economía cuando estén en juego temas de promoción económica. Yo creo que esto es absolutamente innecesario cuando no existe ese principio de jerarquía. Si usted me dijera -y seguramente tendrá razón- que es para
controlar el déficit, para que luego no vengan ustedes a pedir cuando han estado gastando, lo podría entender, pero entonces hagamos una cosa: si determinada comunidad autónoma ha rebasado el límite del déficit que estaba establecido para ella, al
año siguiente, si se propone abrir una oficina, quizá sería conveniente
hacer esto. Pero, oiga, aquellas comunidades autónomas que están cumpliendo a rajatabla, ¿por qué tienen que sufrir? Y si ellas deciden que puede ser interesante y que ese gasto lo van a asumir ellas porque están cumpliendo perfectamente
con sus obligaciones presupuestarias, ¿por qué tienen que pasar por este control? Y en el caso de la Comunidad Autónoma vasca todavía más, porque nosotros con el sistema de Concierto Económico no podemos venir al Gobierno del Estado y decirle que
nos dé más para cubrir nuestro déficit, porque la respuesta del Gobierno será que, con el Concierto Económico, si no hemos recaudado, nos las arreglemos. Por lo tanto, señor ministro, le pido también que repiensen esos artículos.
Voy rápido. Hay que redefinir un poquito el principio de unidad de acción exterior, que creo que es demasiado constreñido. La estrategia de acción exterior, señor ministro, debería integrar las propuestas de las comunidades autónomas.
Ustedes dicen: en su caso integrará las propuestas. Pero, si es que verdaderamente esta ley va a ser de coordinación sobre la acción del Estado y por lo tanto también sobre la labor de las comunidades autónomas, debe integrarlas, y si no las
integra por lo menos deberá justificar por qué no lo hace, señor ministro. El Estado deberá justificar que no las integran por la razón que sea. Para ello, señor ministro, si va a haber una coordinación es importante abrir los foros para
intercambiar esa información entre comunidades autónomas y Gobierno. El único foro que encontramos en la ley es el Consejo de Política Exterior, consejo que, a pesar de su nombre -política exterior-, en su punto 2.º hace referencia a acción
exterior. Si va a tratar sobre acción exterior debería estar presente en él una representación de las comunidades autónomas o si no crearse un foro de participación para que estas estén presentes. Pero creo que sería positivo para todos porque
incluso ese intercambio de información que ustedes parece que están persiguiendo a través de esta ley podría darse perfectamente en ese foro.
Para concluir, porque casi he consumido mi tiempo, señor presidente, permítame dos asuntos más. Sinceramente hay algunos artículos que no entiendo en términos de técnica legislativa. Los artículos 8 y 9 hablan de los sujetos de la acción
exterior y hablan de Fuerzas Armadas y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Evidentemente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen un papel en las misiones internacionales, pero creo que el sujeto de la
acción serán el Gobierno o las Cortes Generales en su caso, que deciden una determinada acción del Ejército. Tanto el Ejército como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son instrumentos de esa acción exterior, pero ejercida por otro
sujeto. Ellos no pueden individualmente decidir esa participación en la acción exterior. Por eso digo que creo que no son adecuados los artículos 8 y 9, y no solo lo digo yo, también lo dice el Consejo de Estado, con otras palabras, pero también
viene a decirlo.
Quiero comentar otro asunto de técnica legislativa. En las disposiciones finales pasan ustedes un asunto que hasta ahora ha estado reglamentado a ley. En relación con el Consejo de Política Exterior, en el primer párrafo del Real Decreto
1412/2000 algo que estaba regulado en un reglamento lo pasan a ley, para a continuación, en el párrafo siguiente, deslegalizar la ley, es decir, que a través de un reglamento se va a poder cambiar eso que ahora ya iba a ser ley. Técnicamente, señor
ministro, creo que habría que darle una vuelta.
Resumo. Tal y como está la ley es inevitable nuestro voto contrario. De todas maneras no pierdo la esperanza, nuestras enmiendas van a ser constructivas en el término de que creemos que se puede y se debe generar una cierta confianza entre
las instituciones, y creemos que es posible un diálogo e intentar llegar a una transformación de esos artículos. Tenemos muy poquito tiempo para ello, porque el día 17 se acaba ya el periodo de enmiendas parciales. Veremos qué es lo que da de sí.
Hoy por hoy el voto del Grupo Vasco será negativo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario está convencido de que hay alternativa. Hay alternativa al Gobierno del Partido Popular en este país, y hay alternativa también a la ley de la acción y del servicio
exterior del Estado del Partido Popular, porque hoy -y me solidarizo con el portavoz del Partido Nacionalista Vasco- la ley que traen aquí es su ley, la ley del PP; y del trabajo parlamentario que podamos desarrollar y de la flexibilidad del
Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sabremos al final si es la ley de todos y de las Cortes o seguirá siendo su ley.
El Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo, porque queremos algo mejor para España. Queremos algo mejor para España en el concierto de las naciones, queremos un liderazgo
internacional moderno, democrático, solidario, pacífico, social y ambientalmente avanzado, como bien describe nuestra propuesta de once principios rectores de política exterior y nuestros siete principios rectores de acción exterior, que
desarrollamos en la propuesta de ley alternativa. Hay que reconocer, señor ministro, que su ministerio ha hecho un esfuerzo de modernización, basado especialmente en los trabajos previos desarrollados en periodos anteriores, pero simplemente
pensamos que nuestra propuesta es mejor, más avanzada, más moderna, y con raíces democráticas más profundas. Su ley, señor ministro, creemos que se queda a medio camino.
A pesar de la creciente integración del Reino de España en los foros internacionales y en la economía mundial, tras el fin de la dictadura franquista, no se ha producido en los treinta y cinco años transcurridos una adaptación de la
legislación que defina cuáles son los intereses exteriores del país, de cómo se articula y dirige la política exterior para su defensa, y cuáles son los instrumentos para proyectarla en la acción exterior. El conveniente consenso en política
exterior solo puede surgir de una articulación legal e institucional de cuáles son los mecanismos democráticos para construirlo. En ese sentido la definición de los intereses exteriores del país y la articulación de la política exterior que los
defienda mediante la acción exterior, a través de diferentes instrumentos, no debe ser diferente en sus mecanismos democráticos de los que se utilizan en las otras políticas que también dirige el Gobierno. El consenso en política exterior no puede
ser una mera imposición de un gobierno, sino que exige el debate y la aprobación de las Cortes Generales a través del Congreso de los Diputados, que son quienes representan la soberanía popular.
El proyecto de ley que tramita el Gobierno del Partido Popular peca de excesivo dirigismo, lo que conecta con la situación actual de entender la mayoría parlamentaria que ostenta el PP más como una absoluta soberbia que como una absoluta
mayoría. Es un mal precedente la falta en la tramitación de este proyecto de ley, señor ministro, de consultas a organizaciones y entidades no pertenecientes a órganos del Estado, que han brillado por su ausencia; y también la falta de diálogo
-hoy es la segunda vez que hablamos con usted de este proyecto de ley- con las fuerzas políticas parlamentarias. Como demostró la participación de España en la guerra de Irak, esa no es una cuestión baladí, sino la cuestión esencial de la que debe
partir la regulación jurídica de la política y de la acción exterior. Aquella participación militar, fuera del marco de Naciones Unidas, decidida unilateralmente por el Gobierno Aznar, sin contar con las Cortes Generales, tuvo trágicas
consecuencias: dividió a la ciudadanía y puso de relieve los peligros de una concepción de la política exterior no como el resultado de la definición democrática de los intereses exteriores del país, sino como la gestión tecnocrática de una élite
especializada a espaldas de la opinión de los ciudadanos, y por tanto de la soberanía popular. La ley de la acción y del servicio exterior debe por tanto partir de la respuesta a la pregunta de cómo se definen los intereses nacionales en el
exterior, y la respuesta constitucional no puede ser más evidente: a través de la expresión de la soberanía popular que representan las Cortes Generales en el proceso democrático de debate y aprobación parlamentaria, como en cualquier otra esfera
de la política. La política exterior, la acción exterior del Estado, no pueden ser un área opaca, reservada exclusivamente al Ejecutivo, como ocurría precisamente bajo la dictadura franquista, en una interpretación cuando menos abusiva y
discriminatoria del artículo 97 de nuestra Constitución.
Asimismo, al haberse producido una multiplicidad de sujetos de la acción exterior como producto de las transferencias de competencias a organizaciones internacionales de las que el Reino de España forma parte -la Unión Europea, las
comunidades autónomas, las administraciones locales-, así como la acción solidaria colectiva individual de los ciudadanos en la cooperación para el desarrollo, el Estado, como director de la política exterior, debe coordinarlos para que la acción
exterior sea coherente y eficaz. La propuesta de ley alternativa que estoy defendiendo ahora en el estrado se hace fuerte en el concepto de coordinación, palabra que encontramos en muy pocas -demasiadas- ocasiones en su proyecto de ley.
Coordinación por ejemplo en la reforma que proponemos del Consejo de Política Exterior, en la creación de un consejo de participación social en la política exterior para asegurar la participación del mundo académico y de la sociedad civil, en la
comisión interterritorial de acción exterior para asegurar que el Estado aprovecha las iniciativas de las comunidades autónomas basadas en sus competencias sustituciones; también en los consejos de embajada para asegurar el principio de unidad de
acción del Estado en el exterior, o en el consejo de cooperación al desarrollo como órgano de participación para la definición de la política de cooperación internacional para el desarrollo. Es para nosotros clave, señor ministro, el papel activo,
y no de mero espectador que prevé el proyecto del Partido Popular de las Cortes Generales, verdadero garante de la soberanía popular y última instancia en la definición de los intereses
en política exterior de España. La ley del Partido Popular debería, como se hace en nuestra propuesta, considerar la acción exterior de las comunidades autónomas en una lógica de complementariedad respecto a la acción del Gobierno. Eso
supone que debe garantizarse que las comunidades autónomas mantienen un margen de actuación propio y diferenciado que les permite contribuir a los objetivos de la política exterior del Estado desde el ejercicio pleno de las competencias que los
estatutos atribuyen. Para nuestro grupo la cooperación es un elemento esencial en esta ley.
El Gobierno del Partido Popular sigue muy centrado en la diplomacia comercial, señor ministro, en la lógica de la marca España, y realiza un tratamiento residual de la cooperación al desarrollo. Lo mismo ocurre con el fomento y garantía de
los derechos humanos, entendidos, eso sí, de forma amplia como derechos políticos, económicos y sociales, sin entender que avanzar en una mayor coherencia de la acción exterior con los objetivos de desarrollo es un factor de prestigio y de
posicionamiento de nuestro país a nivel internacional. La acción exterior eficaz necesita, en primer lugar, incorporar de forma coherente a nuestra legislación los compromisos adquiridos por el Reino de España en materia de derecho internacional,
diplomático y consular, y en segundo lugar, dar impulso legal a un imprescindible proceso de modernización del servicio exterior como servicio público, profesional, especializado y de calidad. En muchos de sus aspectos el actual servicio exterior
de España carece de base legal, está sujeto a cambiantes reglamentos que solo dependen del Gobierno, y que cuestionan su profesionalidad, al hacer depender la carrera administrativa de los funcionarios que lo componen de afinidades o favores de
turno. Quizá el ejemplo más dramático, señoras y señores diputados, es el carácter preconstitucional de los reglamentos que rigen actualmente el servicio exterior del Estado. Es la situación del personal laboral contratado en el exterior que
compone la mayoría del personal no directivo del servicio exterior, y que no está protegido en sus derechos por el Estatuto de los Trabajadores. Los trabajadores del servicio exterior del Estado deben gozar de plenas garantías sindicales y
políticas, y de ninguna manera pueden ser considerados de facto ciudadanos españoles de segunda en esos dos aspectos fundamentales.
Finalmente quiero hacer una mención a las familias de los funcionarios y trabajadores del exterior. Es necesario, señor ministro, regular y facilitar de forma más activa la conciliación de la vida laboral y familiar de los familiares de los
funcionarios, como repetidamente -y usted lo sabe bien- solicitan las asociaciones de familiares, especialmente en las garantías de conservación de los derechos pasivos y en el disfrute de garantías médicas y educativas. La ley de acción y servicio
exterior llega en mal momento, señor ministro, en el momento de los peores recortes de la historia de España en lo que es la cooperación y los servicios consulares. Por tanto mal momento para su nacimiento; sin duda una ley imprescindible.
Tendremos tiempo en el debate de presupuestos de ahondar en esta materia. Para acabar, una cita, porque sé que a usted le gustan las citas, a mí también, y voy a citar a uno de los nuestros. El señor Theodore Roosevelt, expresidente de los Estados
Unidos, dijo: una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta tarde han sido muchos los portavoces -y usted mismo, señor ministro, en el inicio de su intervención- que han hecho pedagogía sobre la diferencia entre acción exterior, política exterior y servicio exterior, pero creo
que la teoría no casa al final con la literalidad del articulado de esta ley, a la que hemos presentado una enmienda de totalidad, una enmienda de devolución por parecernos hoy por hoy y con este redactado una ley inapropiada, y no ajustada al marco
de distribución competencial de la Constitución y los estatutos de autonomía. Coincidimos: no toda acción exterior es igual a relaciones internacionales ni a política exterior. Desde hace muchos años esta acción exterior se viene desarrollando
por parte del Estado, de las comunidades autónomas, de los entes locales, de relevantes actores de la sociedad civil, y sin duda más que nunca con la colaboración de actores privados. Hasta el año 2006 -y creo que esta es una línea que debemos
destacar y que hasta el momento no se ha destacado esta tarde en este debate- esta distribución de la acción exterior entre los distintos niveles se desarrolló de una forma razonable, sin un mandato de desarrollo legislativo previo a este proyecto
de ley que fijara una distribución competencial.
¿Qué sucedió el año 2006? El año 2006 se aprobó un estatuto, que no es el mejor, simplemente fue el primero de nueva generación que entró en la materia de la acción exterior de las comunidades
autónomas. Hago referencia a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que con su entrada en vigor dio cobertura con rango de ley orgánica a la acción exterior desarrollada por las administraciones públicas -en plural- catalanas.
Así se recoge y así se puede leer en los artículos 193 y siguientes del referido Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Como muy bien saben sus señorías, aquel Estatuto de Autonomía vigente, en su momento fue llevado al Tribunal Constitucional por parte del grupo de la actual mayoría, no estrictamente en los términos del debate de esta ley, sino en los
términos de los debates sobre Cataluña que a usted tanto le interesan. Qué error, qué gran error -citando al ministro Ricardo de la Cierva, el año 1973-, qué error, qué gran error en el qué y en el cómo. No sé si usted personalmente también
participó en la recogida de firmas para llevar el Estatuto de Autonomía al Tribunal Constitucional. La cuestión es que, incluso después de la sentencia del Tribunal Constitucional, estos artículos, 193 y siguientes, continúan plenamente vigentes.
Y estos artículos que forman parte de una ley orgánica singular refrendada posteriormente por el pueblo de Cataluña y aprobada por el Congreso de los Diputados y por el Senado, tendría que haber sido tomada en consideración a la hora de redactar el
proyecto de ley que hoy estamos discutiendo.
Señor ministro, hay un asunto seguramente de gran finura jurídica por parte de los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Hago referencia a la disposición final cuarta, que lleva por título precisamente:
Título competencial. Dice esta disposición final cuarta: Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.3.ª de la Constitución española. Señor ministro, este es un caso y no un caso menor, disposición final cuarta, sí, pero aquí en el título
competencial es donde se confunde acción exterior, servicio exterior y política exterior, además de derogar los artículos 36 y 37 de la Lofage, que eran un buen instrumento de cooperación y de coordinación de las distintas administraciones.
A todo ello, señor ministro, se le suma una jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional que ustedes deberían haber tomado en consideración a la hora de la redacción de los artículos. Hago referencia a la primera sentencia
suscitada por un recurso del Gobierno vasco, la sentencia 80/1993, y también la sentencia 165/1994, que es la nuclear en este asunto. Estos son los marcos a los que he querido hacer referencia, la Constitución y el nuevo Estatuto de Autonomía de
Cataluña, que, por cierto, ha sido inspirador de tantos otros estatutos de autonomía y en algunos casos con la literalidad de la misma redacción y de las mismas palabras, también en el ámbito de la acción exterior de otras comunidades autónomas.
Pero le reconozco, señor ministro, que hay un margen para la discrecionalidad política. La discrecionalidad política depende del grupo de la mayoría absoluta y depende del Gobierno sustentado por esta mayoría absoluta. Es en este ámbito de
discrecionalidad, de opción política donde el Gobierno ve con prejuicio y con prevención la acción exterior de las comunidades autónomas. Usted nos ha ilustrado su impresión sobre el desarrollo de esta ley diciendo: yo llegué al ministerio y
encontré un cierto desorden. Acto seguido ha hablado de las comunidades autónomas, previamente y posteriormente. No sé si para usted o para el Ministerio de Asuntos Exteriores desorden va vinculado con la acción exterior de las comunidades
autónomas en el marco de sus competencias, como bien queda reflejado en la distribución competencial de los artículos 148 y 149, en los estatutos de autonomía y en las sentencias del Tribunal Constitucional.
¿Por qué le hablo de prevención? ¿Por qué le hablo de prejuicio, que quiere decir juicio previo, de una ley cargada de prejuicio? Le hablo de esto, señor ministro, porque en la tramitación de esta ley ustedes van a levantar con su mayoría
absoluta las enmiendas a la totalidad y la actual redacción de los artículos 11, 12 y 13 de este proyecto de ley está cargada de prevención y de prejuicio. Artículo 12, la apertura de cualquier oficina de una comunidad autónoma en el exterior
requiere del informe previo de dos ministerios, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de un ministerio muy relevante, desgraciadamente -le digo desgraciadamente-, en la acción exterior, pero que usted no ha citado ni un momento en
su presentación inicial, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desgraciadamente, este ministerio puede llegar a constreñir el replegamiento y el mapa consular y de embajadas que usted nos anunció el primer día de esta legislatura
en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores. En lo que podríamos definir como un concepto jurídico abierto, el artículo 12 de este proyecto de ley habla de que se emitirán informes en aras de la eficiencia en la gestión. Yo creo que
este es un artículo que quedó a medio camino entre la redacción inicial, que tenía voluntad de mayor cohesión sobre las comunidades autónomas, y la redacción que se nos presenta a consideración en el trámite legislativo. La pregunta es, si los
informes del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Hacienda son negativos, ¿cuál va a ser la reacción por parte del Gobierno español? ¿El cierre de estas oficinas, violentando y violando la acción exterior de las comunidades
autónomas dentro de su ámbito competencial, que es la defensa de sus competencias, de la proyección internacional de la economía, necesaria para la reactivación económica
para todos, para el conjunto de los ciudadanos de España también, a través de los instrumentos de las comunidades autónomas?
Les decía, señorías, señor ministro, que esta es una ley llena de prevención, que invita a las comunidades autónomas a informar de viajes, visitas, intercambios, actuaciones con proyección exterior y todo tipo de acuerdos. Señor ministro,
usted sabe que esto se está realizando con normalidad desde siempre, desde el año 1980 hasta el año 2006; cuando no había mandato de una ley orgánica singular como es el Estatuto de Autonomía de Cataluña y también en la actualidad. Y el señor
ministro, y el ministerio, sabe que actualmente el Gobierno de la Generalitat, el Gobierno catalán, está preparando dos viajes del presidente de la Generalitat al exterior, y usted sabe perfectamente a qué países, con una finalidad clara de
diplomacia pública y de acción exterior al servicio de los ciudadanos, de la recuperación económica y de la reactivación. Pero ustedes quieren, en este afán de coordinación jerárquica, estar informados absolutamente de todo, como muy bien decía el
portavoz del Grupo Vasco, el señor Esteban, con unos tiempos y con unas lógicas que están en contra de la eficacia del mundo actual, como es que habrá el deber de informar del viaje de un director general de un día para otro al ministerio en los
tiempos actuales en los que tenemos que hacer todos una buena gestión.
Ustedes tienen un gran interés en el ahorro -después hablaré de la disposición adicional tercera, la cuarta del informe del Comité Ejecutivo de Política Exterior-, ustedes tienen un gran interés en el ahorro, yo también; ustedes tienen un
gran interés en la racionalización administrativa, yo también. Pero, señor ministro, en este proyecto de ley ustedes no han entrado en un tema en el cual podrían afrontar un gran ahorro, una gran racionalización y clama al cielo, clama al cielo a
principios del siglo XXI.
Esta es una buena ley en cuanto a la unidad de legación, esta es una buena ley -no quiero equivocarme en el artículo, creo que es el 48-, que da un paso muy positivo en la unidad de legación, pero esta es una ley que permite que los
ministerios continúen nombrando los consejeros de los distintos ministerios. Señor ministro, usted sabe que esto es un desorden descomunal, usted sabe que hay ministerios que nombran a consejeros y estos consejeros cobran más que el propio jefe de
legación, que el propio embajador. Esto es desorden, pero en este bosque, en esta selva ustedes no han querido ingresar. En esta figura del siglo XIX en blanco y negro llamada la cesantía, propia de los Gobiernos de turno, ustedes no han querido
entrar. Si quiere hablar de ahorro, racionalización y coordinación parece bastante irracional y poco motivador, desde un punto de vista de la acción exterior, que un consejero al que le han puesto el intermitente hacia un destino internacional
pueda llegar a cobrar más que un embajador.
Señor ministro, nosotros vemos con preocupación la actual redacción de la disposición adicional cuarta en sus términos finales cuando habla de que se promoverá la integración en los inmuebles del Estado de las unidades o servicios en el
exterior de comunidades autónomas, de entidades locales u organismos y entes dependientes de las mismas, así como su adhesión -es el verbo adherir- a los esquemas de centralización de contratación y gasto en el exterior a través -esta última frase,
señor ministro, es ligeramente inquietante, yo creo que es lo que no se atrevieron a poner en el artículo 12 del proyecto y cito- de cualesquiera de los mecanismos y procedimientos previstos en la legislación vigente. Me gustaría, señor ministro,
que nos ilustrara cómo casa el principio de autonomía con la redacción de esta disposición adicional cuarta. Asimismo, nos parece importante este informe que el Consejo Ejecutivo de Política Exterior deberá emitir en seis meses sobre sus políticas
de coordinación.
Señor ministro, en la presentación de este proyecto de ley no ha hecho ninguna referencia, no ha hablado ninguna vez de cooperación y su ministerio es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Usted es responsable de cooperación
y esta es una ley que por la puerta de atrás, a través de la disposición adicional primera, suprime los planes anuales de cooperación, creando unos planes de seguimiento que tienen menos control y menos diálogo con las comunidades autónomas y con
los actores de la cooperación.
Me queda un minuto. Señor ministro, hemos presentado una enmienda a la totalidad de devolución desde una buena predisposición al diálogo. Usted nos invitó un día al ministerio para tomar café, al final nos sirvieron solo agua, pero
tranquilo no es que quisiéramos café; tomamos agua, hablamos de las líneas generales de este proyecto de ley y no ha habido más diálogo estructurado. Hace tres semanas el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió hizo llegar al grupo de
la mayoría lo que para nosotros nos parecía que eran los elementos nucleares para poder llegar a un diálogo de futuro. Primero, le hicimos llegar -y creo que es conocedor- el esfuerzo que hemos hecho para que el proyecto de ley aprobado en el
Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el 27 de agosto del presente año, el proyecto de ley catalana de acción exterior, sea una ley perfectamente enmarcada en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Cataluña y de la distribución
competencial del Estado. Creo que algunas
palabras suyas sobre el buen hacer de esta ley son muy importantes, como muy importantes son la revisión de los artículos 11, 12 y 13 de la ley y las disposiciones adicionales tercera y cuarta.
Termino, señor presidente. Esta es una ley de amplios consensos. Esta es la ley de servicio exterior que durante treinta y cinco años no han podido hacer los anteriores Gobiernos. Es una ley que se puede aprobar solo con la mayoría
absoluta del Partido Popular, pero el destino de una mayoría absoluta es convertirse en mayoría relativa. Señor ministro, creo que haría bien y haríamos bien en intentar conseguir consensos porque ustedes pueden presentar también un recurso de
inconstitucionalidad sobre la ley catalana, pero haríamos bien en intentar llegar a consensos sobre la distribución de competencias y funciones de la acción exterior inspirada en la política exterior compartida al inicio del siglo XXI.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra para defender su enmienda de devolución el señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado, que ha remitido el Gobierno a esta Cámara, se produce por razones de
forma y de fondo. Las dos son, a nuestro parecer, igualmente importantes y las dos hacen que el proyecto de ley que hoy debatimos sea, por un lado, incoherente con los objetivos que dice perseguir y, por otro lado, contrario a los intereses que
debería defender, es decir, a los intereses de España.
Nos enfrentamos a un ámbito de desarrollo de nuestra Constitución que no había sido abordado en los más de treinta y cinco años desde que fuera aprobada en 1978. Mientras que las otras grandes políticas de Estado han tenido su desarrollo
legislativo como continuación natural del proceso constituyente y de transición democrática, el ámbito de Exteriores, de nuestra política exterior, ha contado durante este tiempo exclusivamente con el marco legal que ofrece la Constitución. Por
eso, señorías, porque se trata de un ámbito de desarrollo constitucional, el método para su producción legislativa debe ser el consenso.
Me pregunto a estas alturas de legislatura si, con la mayoría absoluta de la que dispone en el Congreso, el Partido Popular quiere entender el significado del compromiso del consenso para el desarrollo de un ámbito constitucional, y me lo
pregunto incluso haciendo abstracción del papel de obstrucción que jugó Alianza Popular durante los años de negociación de los grandes consensos por la manera en que se ha conducido en esta ocasión el Gobierno en la preparación del texto. En primer
lugar, no ha buscado el respaldo de los principales actores, logrando con su prepotencia el consenso precisamente en la contestación a la ley, en la de más de 300 diplomáticos que han expresado su disconformidad con el texto que hoy debatimos, pero
además la consulta con otros cuerpos profesionales de la Administración ha sido superficial e insuficiente. No se ha consultado con los sindicatos, tampoco con el mundo académico, que juzga el proyecto que hoy abordamos como falto de rigor.
También ha hecho caso omiso, señor ministro, a las observaciones que se le han formulado en el trámite de audiencia. Y, en segundo lugar, y sobre todo, el Gobierno ha ninguneado a las demás fuerzas políticas, que hemos conocido el texto antes por
la prensa que por los canales oficiales y, en todo caso, una vez que había sido remitido al Consejo de Ministros. Es decir, no ha habido consulta, ni siquiera información previa; no ha habido diálogo con los grupos; no ha habido voluntad de
consenso, señor ministro.
Esta razón, que -insisto- no es solo formal al tratarse de un ámbito de desarrollo constitucional, bastaría para explicar la enmienda a la totalidad que hoy presenta el Grupo Socialista. Pero, además de esta razón de forma, hay otras
razones de fondo a las que me referiré a continuación. En primer lugar, nuestra política exterior debe ser democrática. Quizá esta afirmación pueda parecer una obviedad por ser un ámbito más de la acción de gobierno de un país democrático, pero la
realidad es que la política exterior ha quedado históricamente al margen de la definición como política pública al ser elaborada y decidida por círculos políticos limitados y a permanecer ajena en gran medida al filtro crítico del debate público,
tanto ciudadano como parlamentario. El punto de partida del Gobierno, como les decía antes, al presentar un proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado sin debate con los actores principales y sin haber buscado el consenso con
las distintas fuerzas parlamentarias, nos retrotrae a épocas anteriores a nuestra Transición; a una diplomacia secreta; a unas imágenes de nuestra diplomacia en blanco y negro más cercana a los años del desarrollismo y del made in Spain que a la
España del siglo XXI vertebrada en la Unión Europea. (Aplausos).
Este carácter democrático debería haber quedado reflejado en el proyecto de ley en tres sentidos. En primer lugar, en el sentido de legitimar nuestra acción exterior mediante el compromiso con principios ampliamente aceptados con la
comunidad internacional: en materia de derechos humanos, de cooperación al desarrollo o cuestiones relativas al establecimiento de la paz y la seguridad internacionales; en segundo lugar, en el sentido de la vinculación de nuestra acción exterior
con el Parlamento; y en tercer lugar, en la búsqueda de una mayor cercanía a los ciudadanos. La mención de los principios que guíen nuestra acción exterior es clave, porque, además de ayudar en términos pedagógicos, sirve como límite de conducta
para los Gobiernos. Así se refleja, por ejemplo, en el reglamento del Servicio Europeo de Acción Exterior, que debería haber servido de marco de referencia legislativa, pero también en leyes que nos son muy próximas, como la Ley de Cooperación, que
contempla principios rectores de la cooperación y objetivos. Nos estamos refiriendo a los principios de actuación en las relaciones internacionales que se han construido con grandes consensos por parte de la comunidad internacional, en particular a
aquellos que hacen referencia a los derechos humanos y a los que abordan cuestiones para la paz y la seguridad internacionales. Precisamente porque estamos ante un proyecto que pretende desarrollar un ámbito constitucional es por lo que debemos
establecer esos principios con absoluta claridad. La Constitución de 1978 no es una constitución internacionalista, se ocupó de reflejar los acuerdos internos para asegurar la transición democrática y no abordó con el mismo nivel de detalle los
aspectos internacionales. Si la ley de acción exterior se desentiende nuevamente de esta tarea, no satisface el vacío existente.
Además, en la línea de mayor democratización, la ley solo menciona la remisión para su conocimiento al Parlamento de la estrategia de acción exterior y del informe anual. Es decir, la Ley de Cooperación, al prever el debate en las Cámaras y
el consecuente dictamen del plan director y del plan anual, es más ambiciosa en términos democráticos que esta ley de acción y servicio exterior del Estado, a pesar de ser esta más amplia y más reciente. (Aplausos). Señor ministro, se trata de un
retroceso democrático que debe paliar con la previsión de que tanto la estrategia como los planes sean remitidos, no solo comunicados, a las Cámaras para su debate y su dictamen. En realidad, esta cuestión no es menor, es lo primero que aborda la
ley y denota ausencia de ambición política, ausencia, señor ministro, de carácter democrático.
En este mismo sentido, no podemos pasar por alto la falta de compromiso de la ley con el principio de rendición de cuentas en el Parlamento, que es aspecto crucial de nuestro Estado democrático. Señor ministro, el Grupo Socialista quiere
que se comprometa con esta Cámara para rendir cuentas periódicamente. Queremos, como le he dicho antes, que debata aquí la estrategia de la política exterior y los planes anuales, pero también queremos que venga aquí, señor ministro, a hacer
balance del cumplimiento de la estrategia y de los planes anuales. Este fue el compromiso parlamentario que adquirió el Gobierno socialista en anteriores legislaturas en materia de política exterior, compareciendo anualmente para hacer balance de
lo logrado y exponer las expectativas para el año siguiente. Le invito, señor ministro, a que lea el 'Diario de Sesiones' y reflexione sobre el gran paso hacia atrás desde el punto de vista democrático que intentar dar usted con este proyecto de
ley de la acción exterior.
En tercer lugar, su carácter democrático debería haber quedado reflejado en la vocación de la ley de procurar una mayor cercanía a los ciudadanos, porque desde el punto de vista del Grupo Socialista la regulación de la acción exterior no
puede quedar reducida a un marco de relaciones entre Estados, sino que debe estar impregnada de la idea de ofrecer un servicio público de calidad a los ciudadanos. Señor ministro, servicio público, es un concepto básico de nuestra democracia que no
existe en su ley y, como no existe el concepto de servicio, el enfoque global de la ley se olvida de los ciudadanos y en general de la sociedad civil. Ninguna referencia hace su ley al apoyo a la ciudadanía española en el exterior. Este aspecto me
permite destacar que el proyecto de ley que nos ha remitido pierde la oportunidad de incluir la cooperación internacional al desarrollo con identidad propia, en el marco más amplio de la acción exterior. Esta ley ningunea la cooperación al
desarrollo, como, por otra parte, hace el Gobierno con la política de cooperación. (Aplausos). Y ningunea también a los actores de la cooperación, a los que no se refiere en ningún momento.
Les decía que esta ley debe ser democrática en un sentido ambicioso, no solo por el hecho formal de ser aprobada en este Parlamento por la mayoría absoluta del Grupo Popular, debe tener el anclaje de sólidos principios internacionales, debe
prever la rendición de su diseño y su ejecución en sede parlamentaria y debe procurar una mayor cercanía a los ciudadanos. Pero, además de democrática, la ley debe ser útil, es decir, debe establecer medios efectivos que garanticen el principio de
coordinación con los distintos actores implicados.
En la presentación del anteproyecto de ley al Consejo de Ministros usted, ministro, destacó por encima de todo un objetivo de la ley que daba sentido al esfuerzo de elaborar una norma de desarrollo constitucional que no se había realizado
hasta el momento. La expresión que usted utilizó, y que hoy lamentablemente ha vuelto a utilizar, es que buscaba el objetivo de tener una orquesta en vez de solistas desafinados. Dejando al margen la desafortunada identificación de las comunidades
autónomas, entre otros actores, como solistas desafinados, quiero decirle dos cosas. En primer lugar, que, atendido el contenido de la ley que nos ha remitido, usted será, en todo caso, un director de orquesta delante del espejo, porque quizá no
haya caído en el pequeño detalle de que esta ley no prevé ningún mecanismo de coordinación con presencia de las comunidades autónomas. El Consejo de Política Exterior es exclusivamente un foro gubernamental, en el que no se ha incluido ni a las
comunidades autónomas ni a los entes locales. Es decir, usted tiene en la cabeza dirigir a una orquesta sin músicos, porque estos, a los que usted llama solistas desafinados, no han sido convocados en la orquesta. En segundo lugar, le quiero decir
que su lectura de la Constitución, reflejada en el texto del proyecto de ley de la acción exterior, nos preocupa mucho. Se trata de un enfoque centralista y excluyente, que en absoluto refleja el espíritu de la Constitución, por mucho que el
artículo 149 reserve para el Estado competencias exclusivas en materia de asuntos exteriores. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias, que usted debería conocer y que establecen con claridad la capacidad constitucional de los
entes territoriales para realizar acciones en el exterior que estén relacionadas con el desarrollo de sus competencias. Su proyecto de ley está construido sobre la obsesión por ejercer el control sobre las comunidades autónomas. La desconfianza
institucional que les expresa, menoscabando su papel esencial como actores importantes de nuestra proyección exterior, se produce, y lo sabe, en un momento totalmente inoportuno y únicamente genera rechazo y mayor desafección, en un momento también
de crisis de nuestro modelo territorial, como está sucediendo en Cataluña. Su ensoñación, señor ministro -se lo digo con todo respeto-, tiene demasiados recuerdos preconstitucionales; tiene la ensoñación de director de orquesta, pero no cuenta con
la orquesta, y eso resulta en la imagen esperpéntica de un director de orquesta dirigiéndose a sí mismo frente a un espejo. El no contar con la orquesta, señor ministro, significa que usted no ha entendido nada de nuestro sistema territorial, de
nuestro Estado compuesto.
Señorías, antes de concluir, quiero referirme brevemente a la estrategia de la acción exterior del Estado. Se trata de un documento de actuación que prevé la ley y que, en palabras del señor ministro, ha encargado al Instituto Elcano porque
en el instituto hay personas de distintas sensibilidades políticas, y de esta manera -y cito literalmente, señor ministro-, se garantiza el principio de consenso. Señor ministro, el consenso político se busca en esta Cámara. Me resulta extraño
tener que decirle esto, pero creo que es necesario: son los diputados de esta Cámara los que tienen la legitimidad de haber sido elegidos por los ciudadanos. Su obligación de negociar el consenso se encuentra aquí, no en un centro académico, por
mucho que en él haya -que no lo dudo- investigadores de distintas sensibilidades. Está usted -permítame decírselo, señor ministro- desnortado, pero quiero decirle también que su desorientación se refleja en la propia subcontratación que hace de su
responsabilidad. ¿Cuándo o dónde ha visto usted que un Gobierno haga una dejación del núcleo de responsabilidades a favor de un centro académico? La estrategia de la acción exterior debe ser la médula de su responsabilidad como ministro, y para
elaborarla debe servirse de los instrumentos que tiene la Administración pública a su disposición. Consulte con los centros académicos que considere, por cierto, no solo con el Instituto Elcano, pero trabaje usted también; hágalo. Nos parece que
está haciendo una dejación irresponsable de su mandato como ministro. Póngase a trabajar en el diseño de la estrategia, cuente con el departamento que usted dirige, remita esta estrategia a esta Cámara para que haya un debate y entre todos
alcancemos, entonces sí, un documento de consenso. También, señor ministro, resulta confusa la pretensión inaceptable de darle a la marca España un rango equivalente pero diferenciado de la estrategia de la política exterior. Creo que confunde
política con promoción, el prestigio con la imagen.
Señorías, voy concluyendo. El Grupo Parlamentario Socialista considera que el ámbito de nuestra política exterior debe ser regulado legalmente, pero este desarrollo constitucional debe hacerse a partir de la reflexión y el consenso,
mediante el diálogo y la transacción, con el objetivo de profundizar en nuestros compromisos democráticos y de intensificar la cooperación con los entes territoriales.
El proyecto de ley que hoy debatimos sobre la acción y el servicio exterior del Estado no responde a ninguno de estos conceptos, al contrario. No ha habido reflexión, porque no ha nacido animado por el impulso de la consulta con el mundo
académico, ni con la carrera diplomática, ni con otros cuerpos de la Administración, ni con los grupos parlamentarios. Desde el primer momento, este proyecto ha estado
imbuido del espíritu de la imposición, no se ha buscado el consenso, tampoco ha buscado profundizar en el carácter democrático, no recoge el elenco de principios democráticos sobre los que se ha de sentar nuestra acción exterior y deja al
margen al Parlamento en su responsabilidad constitucional de fiscalización de la acción de Gobierno. Finalmente, lejos de establecer mecanismos de coordinación con los entes territoriales, crispa la relación institucional al elegir el principio de
la imposición como marco de la relación institucional.
El Grupo Socialista considera que el desarrollo de un ámbito constitucional, treinta y cinco años después de haber aprobado la Constitución, obligadamente tiene que implicar mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás como hace este proyecto
de ley. El Grupo Socialista, señor ministro, considera que la enmienda parcial no puede cambiar la esencia sobre la que ha nacido este proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado. No puede convertir el carácter autoritario del
que está profundamente imbuida la ley en democrático.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor SÁEZ JUBERO: Voy finalizando.
No puede convertir los instrumentos previstos para la imposición en instrumentos de coordinación. No puede cambiar la imagen de un director de orquesta frente al espejo dirigiéndose a sí mismo por la de una orquesta coral. En definitiva,
no puede avalar un proyecto de ley de sesgo preconstitucional. Por todo ello, el Grupo Socialista presenta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de la acción y el servicio exterior del Estado.
Gracias, señor presidente, señor ministro, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sáez Jubero.
Pasamos a dar la palabra a los grupos que van a fijar posiciones. En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, señor ministro, para evitar malentendidos, antes de nada aclararé que el hecho de que mi grupo no haya presentado enmienda de totalidad ni texto alternativo no significa que nos guste la ley. Simplemente es que el informe del
Consejo de Estado, que lo tengo aquí, es nuestro texto alternativo realmente. Ahora, en mi exposición explicaré por qué el Consejo de Estado da las pautas claras de cómo debería haber sido esta ley que nosotros compartimos en gran medida. Esta ley
que nos ha traído hoy, señor ministro, tenía un objetivo -yo creo que bastante modesto, a pesar de toda la grandilocuencia, toda la retórica y toda la farfolla que hay en la propia ley e incluso en su intervención- que, pese a ser modesto, es
loable, que es articular la acción exterior, planificarla, dotarla de unos instrumentos claros que mejoren su gestión y, sobre todo, lo más importante, dotarla de una mejor coordinación.
El objetivo se ha ido diluyendo -o al menos esa es la impresión que da viendo el texto definitivo- por el camino, ha quedado la grandilocuencia, eso sí, y el resultado final del proyecto hasta ahora -esperemos que lo podamos mejorar-, dicho
en términos coloquiales, es eso del quiero y no puedo, es eso del quiero hacer una gran ley estructuradora de toda la acción exterior que ordene, que coordine y que al final se queda en un leve intento, no sabemos si por falta de voluntad política,
e insisto en que no perdemos la esperanza de que se pueda mejorar a lo largo del trámite parlamentario.
Desde nuestro punto de vista, lo primero que debía hacer este proyecto de ley es reafirmar, desde la propia exposición de motivos o desde el artículo 1, la competencia del Estado en política exterior apoyándose en dos artículos de la
Constitución que usted conoce perfectamente, alguno incluso lo ha citado. Uno es el 97: 'El Gobierno dirige la política interior y la exterior (...)'; sin ningún género de dudas. El otro es el 149, que estipula la competencia exclusiva del
Estado en las relaciones internacionales. Por lo tanto, de entrada, reafirmando esos dos artículos, se demuestra que la intención de esta ley es evitar que tengamos a las comunidades autónomas haciendo cada una su propia política y su propia acción
exterior, no solo de manera independiente a la política de España sino en ocasiones en contra de la política de España, porque lo decisivo cuando se habla de este reparto de competencias -y lo dice el Consejo de Estado en el informe- a la hora de
incluir determinadas actividades en la competencia autonómica es, por un lado, que no incida en la reserva estatal arriba expuesta, es decir en la competencia exclusiva del Estado, y, por otro -y esto es lo importante-, que no perturbe o condicione
esa competencia del Estado.
La manera en que usted ha redactado finalmente el proyecto tratando creo yo de dar inclusión a estas recomendaciones del Consejo de Estado, la manera en que ha redactado esta idea de que las comunidades autónomas se sujetarán a los
instrumentos de planificación cuando definan directrices de política exterior, plantea justamente lo contrario, es decir, que solo tendrán que sujetarse cuando esos instrumentos no definan la política exterior. Y lo que le dice el Consejo de Estado
es justamente lo contrario, que son las comunidades autónomas las que en su actuación exterior tienen que tener la precaución de no perturbar o condicionar la política exterior del Estado, y eso es lo que justifica -sigue diciendo el Consejo de
Estado-, dentro de esa competencia exclusiva estatal, la posibilidad de establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas. Dice con toda claridad sobre cualquier tipo de acción exterior
que lleven a cabo las comunidades autónomas que si el Gobierno, como director de la política exterior, considera que perturba o perjudica esa política exterior, es suficiente motivo para regularla y para ponerle límites a esa actividad de las
comunidades autónomas. Por lo tanto, este era el principio que desde nuestro punto de vista tenía que haber informado la ley.
En el trámite de comparecencias de expertos en la Comisión, escuchamos a un embajador de España contarnos cómo cuando una comunidad autónoma iba a abrir una de sus embajaditas, una de las oficinas estas en el exterior, le prestó toda la
ayuda que requirió. Esta comunidad en concreto era Cataluña y era en una ciudad inglesa -si no me falla la memoria-, y el embajador explicó que cuando llegó el día de la inauguración de la oficina, para su sorpresa, la comunidad autónoma
correspondiente solo izó la bandera de la comunidad autónoma y no la bandera de España y el señor embajador nos decía que, al no estar la bandera de España, él no pudo ir a esa inauguración.
Usted ha explicado más de una vez en esta Cámara -en el Pleno y en Comisión- que, desde su punto de vista, el Tribunal Constitucional legaliza esas oficinas comerciales, cuando lo son realmente y no cuando dan cabida a todo tipo de negocios
de otro tipo, pero lo que matiza el informe del Consejo de Estado respecto a estas oficinas a mi grupo le parece muy sugerente y desde luego lo plantearemos como enmienda en el trámite de enmiendas parciales, porque el Consejo de Estado no niega a
las comunidades autónomas su competencia en este terreno, de hecho habla abiertamente de que la tienen y el Consejo de Estado contesta a todas las comunidades autónomas que han alegado que hay injerencia en sus competencias que no es así, es decir,
no hay ninguna injerencia; como decía, el Consejo de Estado no niega las competencias que las comunidades autónomas puedan tener, sino que cuando reafirma que el Estado es el responsable de la política exterior lo que hace es decir que cualquier
actuación exterior -por ejemplo, no poner una bandera de España cuando se abre una oficina comercial de una comunidad autónoma- que perjudique o perturbe la acción exterior de España puede y debe ser corregida y acotada por el Gobierno de España,
por el Estado. Este es el principio que debe incluir la ley desde nuestro punto de vista.
Sin embargo, en el proyecto de ley, aparte de una mención genérica a la información que deben prestar las comunidades autónomas al ministerio -sin especificar siquiera que esa información sea de antemano, que sea antes de llevar a cabo
determinadas acciones, no en cualquier momento-, no se habla de ningún control y nosotros no le tememos a esa palabra. Alguien tiene que ejercer el control para que la acción exterior sea eficaz y sea controlada. Es como lo hacen los países
serios. Usted ha dicho que lo que les gusta es invitar y colaborar. Bien, pues sonará mucho más friendly, señor ministro, pero la realidad es que las cosas funcionan cuando alguien dirige, controla, acota y sobre todo se ocupa de que España tenga
una sola voz en el exterior y no todas las voces que las comunidades autónomas quieran tener. Para nosotros no hay ninguna duda de que en política exterior la última palabra la debe tener el Estado, porque las comunidades autónomas -y nos lo dijo
también una de las expertas que compareció en la Comisión- no son Estado en el sentido jurídico del término. Cuando actúan en el exterior, por supuesto, ni tienen estatus diplomático ni pueden aspirar a él ni pueden tener la facultad de firmar
tratados internacionales que obliguen al Estado español, como usted ha señalado, y cuando uno ve realmente todas las incapacidades que tienen estas representaciones externas de las autonomías, todas las incapacidades que las hacen mucho más
ineficaces a la hora de defender lo que ellas argumentan, que son sus intereses autonómicos -pero en el fondo son mucho más ineficaces a la hora de defenderlos porque no cuentan con las herramientas-, uno tiene que llegar a la conclusión de que
sirven para lo que sirve en general la construcción nacionalista, para sostener a una élite, a una oligarquía regional con las que reafirma su poder, crea su red clientelar y, si se quedara sin ese discurso de las esencias del que reviste toda esa
red clientelar, se quedaría desnuda y ante su propio espejo viendo cómo lo que defienden
es el negocio de esa oligarquía regional, en muchos casos además inmersa en graves acusaciones de corrupción.
Nosotros creemos que es mejor acotar ese tipo de acción exterior autonómica y garantizar que la acción exterior, sea del actor que sea, siempre redunde en beneficio de España. Treinta años de una política tan corroída por el particularismo
ha llevado a que esas élites locales de las que hablaba hayan llegado a convencer a mucha gente de que los intereses de la parte entran en conflicto con los intereses del todo, y nuestro punto de vista es justamente el contrario: no es posible
entender que los intereses de la parte y los intereses del todo entren en conflicto, no es posible entender que las comunidades autónomas puedan sentir que España no defiende sus intereses en el exterior cuando en realidad los defiende mucho mejor,
pero, como digo, esta es la herencia de treinta años de particularismo.
Se me está acabando el tiempo y hay muchas más cosas de las que me gustaría hablar, pero, por resumir, esta es, señor ministro, la ley del desistimiento en política exterior. La ley desiste de garantizar que cuando las comunidades autónomas
hablen en el exterior lo hagan en nombre de España; cuando haya que gestionar un asunto concreto de una comunidad por supuesto que tengan voz, pero que hablen en nombre de España y que defiendan los intereses de España. Desiste de reafirmar que la
política exterior corresponde exclusivamente al Estado, con todo lo que esto implica, y que el Gobierno está para regularla, para coordinarla y para hacerla cumplir.
Por último, le diré algo que puede parecer anecdótico pero que no lo es. En otros países y en este mismo país, durante cien años, hasta el año 1938, el ministerio que usted dirige se llamaba Ministerio de Estado, y no es por casualidad. Si
hay algo que genuinamente defiende y encarna lo que es el Estado, es la política exterior, pero no solo ante el resto del mundo sino ante los propios ciudadanos. A nosotros nos parece que esta era una buena ocasión para reafirmar ese papel director
de la política exterior del Estado y con eso reafirmar al Estado, que está bastante necesitado de esta reafirmación. No digo que sea una oportunidad perdida porque intentaremos enmendarlo en el trámite parlamentario, señor ministro, pero sí nos
parece que el punto de partida no es el de esa ambición sino, como digo, el del desistimiento.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Quisiera comunicar a la Cámara que en este momento está en la tribuna el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el de la Duma de Rusia, excelentísimo señor Alexei Pushkov, acompañado del embajador de Rusia. Les damos la bienvenida
y les saludamos afectuosamente. (Aplausos). Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra, por el Grupo Popular, el señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Señorías, hay un magnífico ensayo de Ortega y Gasset que ustedes conocerán, que se llama Mirabeau o el político, y dice Ortega y Gasset que la primera obligación de la política es introducir orden en un mundo convulso. Lo que ocurre en la
política exterior es que, como consecuencia de los cambios acelerados y la transformación y emergencia de múltiples actores novedosos, nos encontramos con un mundo confuso y esta ley tiene una enorme virtualidad, que introduce orden después de
treinta y cinco años en los que ustedes, señores del Partido Socialista, no han sido capaces de elaborar una ley de acción exterior y servicio exterior del Estado. (La señora Blanco Terán: ¡Qué fuerte!). Conforme oía a los diferentes
representantes de los grupos políticos, me maravillaba de ver cómo la lectura que se hace de la ley difiere tan radicalmente de lo que la ley dice. Mi buen amigo el señor Sáez Jubero hablaba de un texto preconstitucional con claras carencias
democráticas. Yo creo que usted estaba leyendo una novela, señor Sáez Jubero, escuchando música coral y mirándose delante del espejo, porque este texto lo que hace claramente es constitucionalizar, democratizar e introducir orden.
Voy a señalar únicamente siete elementos de esta ley que muestran hasta qué punto significa notables avances en la acción exterior y en el servicio exterior del Estado. Primero, visión estratégica y cohesión interna. Es una ley que forma
parte de un conjunto de instrumentos legislativos: la estrategia de acción exterior, el Plan director de cooperación al desarrollo, el instrumento de seguridad nacional, la ley de tratados... Estamos dentro de un proceso que lo que pretende es
introducir los objetivos de la política exterior claramente en nuestros instrumentos legislativos.
En segundo lugar, conceptualización, claridad en lo que significa política exterior, lo que significa acción exterior y lo que significa servicio exterior. Eso lo consigue la ley y no es nada fácil.
En tercer lugar, coordinación, que no significa imposición, que no significa autoritarismo. Es curioso, en cuanto se habla de coordinación con las comunidades autónomas, inmediatamente significa imposición, significa autoritarismo. Lo que
se está diciendo en la ley es que se comunicará, se informará. En ningún momento hay ningún aspecto de imposición. Es un diálogo, es una conversación lógica, es una coordinación entre órganos del Estado. Es coordinación también respecto a los
otros departamentos ministeriales y, por tanto, respecto a los consejeros presentes en las embajadas, en las misiones en el exterior.
Cuarto elemento, planificación: dar al consejo de política exterior toda su virtualidad y dar la capacidad al consejo ejecutivo del consejo de política exterior de tomar -estaban todos los grupos de acuerdo- las necesarias medidas de
eficiencia, de creación de servicios comunes. En estos momentos hay capitales de otros Estados europeos dentro de la Unión Europea donde tenemos varias decenas de edificios desperdigados por la capital y más de cien personas trabajando en el
servicio exterior. Hace falta lógicamente que se consolide el principio de jerarquía del jefe de misión y, de nuevo, la ley, como siempre, marca un equilibrio, sin embargo dependencia orgánica y funcional respecto al ministerio correspondiente del
cual dependa. Informe anual de estrategia exterior que se presenta a esta Cámara y es debatido por ella y por tanto seguimiento y control parlamentario de la acción exterior y de la política exterior. Todos esos instrumentos de planificación son
un nuevo elemento de enorme avance respecto a la situación que teníamos hasta ahora. Servicio exterior del Estado: orden, coordinación, planificación, principio de jerarquía. Eso es lo que introduce la ley y así es como hay que leerla, no como
algo que de repente haya salido no se sabe de dónde. Está sobre la base de un largo proceso de elaboración.
Aquí se ha dicho en múltiples ocasiones: es que no se ha consultado con nosotros, no se nos ha dicho nada. Esta ley, primero, ha sido objeto de audiencia pública; se han recogido cientos de comentarios, de críticas y observaciones; ha
pasado por el Consejo de Estado, cuyo dictamen ha dado lugar a su vez a amplias reformas en el texto que había anteriormente; hemos tenido posteriormente comparecencias en la Comisión de Asuntos Exteriores y estamos ahora en el trámite
parlamentario. Evidentemente, este es el trámite en el cual ustedes deben tener la capacidad de poder introducir sus enmiendas.
Sexto elemento: innovación y modernidad. La ley tiene en cuenta los nuevos desarrollos referentes a la diplomacia pública. Por supuesto, la imagen de España y la marca España no lo es todo, pero qué duda cabe que en estos momentos, en la
situación de crisis económica, la imagen de España y la marca España por supuesto que es un factor de competitividad necesario. Entre los objetivos fundamentales de este Gobierno, dentro de los objetivos generales del servicio público -sí, señor
Sáez Jubero, del servicio público-, está lógicamente el de salir de la crisis económica, y ahí también la acción exterior debe ser un factor principal. Además de eso, diplomacia pública, mayor entrada a diplomacia parlamentaria. En ese sentido,
este grupo presentará también algunas enmiendas.
Por último, séptimo elemento. Nuestro grupo está dispuesto a aceptar enmiendas referentes a los derechos laborales y de conciliación de la vida familiar presentadas por los representantes de la carrera diplomática. Es una ley fruto de un
largo trabajo. Ahora inicia el trámite parlamentario. Por supuesto que el objetivo del Gobierno y del grupo parlamentario que lo sostiene es que esta ley sea fruto del más amplio consenso. Si no hemos sido capaces de tener una ley del servicio
exterior y de la acción exterior en treinta y cinco años, intentemos que esta sea efectivamente la ley de todos. Ni es preconstitucional, ni es antidemocrática. Es profundamente respetuosa con las sentencias del Tribunal Constitucional respecto a
las competencias de las comunidades autónomas en materia exterior.
El señor Esteban recordaba el texto de la sentencia central del Tribunal Constitucional, donde se dice que la acción exterior de las comunidades autónomas, reconociéndola por supuesto, ni perturbará ni incidirá ni impedirá la política
exterior del Estado, que obviamente corresponde al Gobierno, artículos 97 y 149.1.3.ª Ese es el marco en el que nos movemos, el marco constitucional, el marco trazado por el Tribunal Constitucional y esta ley lo que hace es llenar un hueco
absolutamente necesario. La cooperación al desarrollo, los derechos humanos evidentemente que están en la ley. No hace falta más que ver los principios y los objetivos en donde se hace clara referencia a los derechos humanos. Lo que ocurre es que
hay un plan director de cooperación al desarrollo y la cooperación al desarrollo aparece de nuevo en el articulado cuando se habla en las disposiciones adicionales sobre cómo se van a instrumentar los mecanismos de coordinación en materia de
cooperación al desarrollo. Por tanto, es una ley con consistencia interna, con visión estratégica, que es la base para que a partir de ahora discutamos en sede parlamentaria esa estrategia de política exterior que cada año vamos a poder volver a
debatir en sede parlamentaria.
Todo este conjunto de medidas legislativas, fruto de una larga elaboración, abierto al consenso, debe marcar una nueva dimensión, y para eso hace falta la colaboración de todas sus señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor diputado. (El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-Margallo Marfil, pide la palabra).
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir para contestar a las observaciones que me han formulado los distintos portavoces, no sin antes advertir al representante del Grupo Socialista que creo que he sido el ministro de Asuntos Exteriores que más ha comparecido en
esta Cámara, pero de eso me ocuparé luego. (Aplausos).
La señora Fernández empieza diciéndome que de lo que trata esta ley es de limitar competencias, con el sonsonete de renacionalización, recentralización, etcétera. Decía un torero que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.
No es centralizadora porque no puede ser centralizadora, porque el Tribunal Constitucional ha marcado con claridad los límites de lo que son competencias del Estado y lo que son competencias de las comunidades autónomas, y el Consejo de Estado, que
al parecer se ha convertido en una obra de inspiración divina para algunos grupos de esta Cámara, no hace la menor observación sobre ese tema. Los títulos competenciales en esta materia son los que yo he dicho: el artículo 97, que atribuye la
dirección de la política exterior al Gobierno de la nación; el artículo 149.1.3.ª, que considera competencia exclusiva del Estado las relaciones internacionales, y el artículo 149.1.18.ª, en referencia al servicio exterior, que le atribuye la
fijación, la determinación y la aprobación del estatuto de los funcionarios.
En materia de viajes, se lo explico para todos. De lo que se trata es que todo el mundo, la Administración general, las comunidades autónomas y las corporaciones locales avisen al Ministerio de Exteriores para que el Ministerio de Asuntos
Exteriores pueda instruir al embajador para que se ponga a disposición de los altos representantes de comunidades autónomas, corporaciones locales, etcétera, les informe, les haga las recomendaciones que considere pertinentes y fije la agenda,
porque no es tan sencillo, créanme, ver a un ministro cuando a uno se le ocurre, y cuando ha habido comunicación hemos podido informar y se ha evitado algún ridículo importante. No diré qué comunidad autónoma para no enfadarme con nadie, pero me
enteré de que un presidente de una comunidad autónoma iba a hacer un viaje a Libia cuando hacía dos días que había cambiado el Gobierno, lo cual hacía muy difícil la tarea del embajador de encontrar un interlocutor.
En materia de oficinas, volvemos a lo mismo. Lo único que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cuando una comunidad autónoma dice que quiere abrir una oficina es sugerirle las
alternativas abiertas por si tienen a bien considerarlas. Si quieren abrir una oficina, están en su perfecto derecho, y si prefieren gastarse el dinero en eso que en abrir escuelas o ambulatorios, los ciudadanos los juzgarán. Una última precisión.
Yo intento anticiparme a los cambios -en eso consiste ser progresista-, pero decir que esta ley es una reacción y una respuesta al proyecto de delegación en el exterior de Cataluña, cuando nace once meses antes, es una afirmación como poco
precipitada.
El señor Bosch nos hace un cántico y nos dice cuáles son los éxitos de la política exterior de este Gobierno. Si en algún terreno es claro que este Gobierno ha tenido éxitos ha sido en la política exterior. (Rumores). Estos señores que
tanto se sorprenden nos dejaron una economía con un déficit por cuenta corriente -y eso es sector exterior- de un 10 %, el más alto del mundo en términos relativos y el segundo del mundo en términos absolutos. Nos dejaron una prima de riesgo que
superaba con creces los 600 puntos. En el G-20, cuando se discutió sobre el sector exterior, en el primero que asistió el presidente Rajoy, lo que se discutía era cuándo iba a ser rescatada España del pozo en el que estaba sumida. (Rumores). En
este G-20 no se ha discutido de eso, se ha discutido que se ha terminado la recesión y se ha dicho que cuándo vamos a empezar a crecer. Y si habla usted de sector exterior, en este momento las exportaciones con carácter estructural representan ya
el 32 % del producto interior bruto. La balanza por cuenta corriente, que, repito, tenía un déficit del 10 %, en estos momentos tiene superávit. La balanza de pagos que tenía un agujero considerable -y eso explica nuestra deuda externa- por
primera vez es excedentaria, produce ahorros y hemos empezado a repagar la deuda.
Dice usted que hable con las empresas. Hable usted con las empresas que han conseguido el tren de alta velocidad la Meca-Medina, con aquellas a las que han concedido unas refinerías por valor de 8.000 millones, a las que han concedido el
metro de Riad, con las que en Turquía-Azerbaiyán se han quedado con la refinería de Aliaga. Hable usted con los que se han quedado en Turquía con el túnel bajo el Bósforo, o en Panamá con los que están construyendo el canal, o pregunte usted al
embajador ruso, si quiere, qué es lo que ha pasado cuando se nos han adjudicado en febrero de 2013 contratos muy por encima de los 2.000 millones. Hable usted con las empresas que se han quedado con el superpuerto de Açu de Brasil, con el metro de
Fortaleza, también en Brasil, lo que ha pasado en Canadá, lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en Marruecos. Para hacerlo corto ¿sabe usted a cuánto ascienden las licitaciones que ha ganado este Gobierno? A 50.000 millones de
euros, 50.000 millones de euros. (Rumores).
Me dice usted -no le gusta el término económico- éxitos deportivos. En eso tampoco estamos mal; hemos sido campeones del mundo, dos veces campeones de Europa, y hay, por cierto, un tal Nadal, que habla un magnífico catalán, que está
paseando el nombre de España con mucho orgullo. Me dice usted que hable con las empresas. Quien no habla con las empresas es usted. Hable usted -ya que se ha referido a Argentina- con Repsol y pregúnteles si están contentos o no de la defensa que
ha hecho el Gobierno español, si están contentos o no de que haya logrado el apoyo del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo, del Comité de Inversiones de la OCDE, de que les hayamos apoyado en el Fiadi, etcétera. Pregunte usted en
Bolivia si el Gobierno y la embajada allí han defendido o no lo que pasó con Iberdrola, con Red Eléctrica, con Sabsa, etcétera. Hable usted con empresas catalanas y pregúnteles si hemos sabido defender a Gas Natural en Egipto o no y si hemos
cerrado un contencioso que llevaba tiempo. Hable usted con los miles de empresarios catalanes que nos acompañan en todos los viajes que hacemos para ayudarles a ganar espacio para ellos, para Cataluña y para España.
Dice usted que el Ministerio de Asuntos Exteriores es beligerante en el tema de la consulta soberanista. Absolutamente beligerante. El Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores utilizará todas las herramientas a su alcance para
defender la Constitución y el ordenamiento jurídico, que es para lo que nos han elegido. (Aplausos). En uso de esa Constitución, el Ministerio de Asuntos Exteriores está ayudando a los catalanes a que sepan cuáles son las consecuencias de la
deriva que ustedes quieren imprimir. Por eso les he explicado que el artículo 4 supone que un territorio que se escinde, no es que sea expulsado, es que automáticamente se excluye a sí mismo de la Unión Europea, y les he explicado que el artículo
49 dice que para entrar otra vez hay que conseguir la unanimidad de todos los Estados miembros. Les dice que cuando ustedes afirman que a pesar de todo eso el artículo 20 permite la ciudadanía europea, aunque no se tenga la ciudadanía española, es
simplemente falso, porque es contrario al artículo 20. Les dice que mantener el euro lo pueden mantener, en el supuesto, en el que yo no creo, de la secesión, como San Marino, como Mónaco, etcétera, pero realmente eso no es una ambición de país, y
que una Cataluña fuera de la Unión Europea, utilizando el euro como lo utiliza Kosovo, estaría fuera de las ayudas de liquidez del Banco Central Europeo y de las tomas de decisiones en política monetaria y política cambiaria. Estamos haciendo esto
porque los catalanes tienen derecho a saber, y entonces podrán formarse una opinión de lo que les puede ocurrir en este tema.
Ha hecho usted una cita realmente pintoresca; me dice que yo haga como Churchill, que pensaba las cosas dos veces y luego no hacía nada. Yo creo que usted se ha confundido de libro, el que no hacía nada era Chamberlain, Churchill llevó a
su país a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. (Aplausos).
El señor Iñarritu me dice, también por ciencia infusa, que la ley es inconstitucional. Yo siempre he creído que la constitucionalidad o la inconstitucionalidad la dice el Tribunal Constitucional, y con carácter previo lo avisa el Consejo de
Estado. Ninguna de esas dos cosas se ha producido. Me dice usted que invoca en este viaje precipitado hacia el pasado el pase foral. En ese hipotético supuesto de una Euskadi separada de España y de la Unión Europea, insisto, hipótesis que no se
puede producir, ¿también van a pedir ustedes el pase foral cuando no les guste un reglamento o una directiva? Harían bien en avisarlo, porque en Bruselas puede ser una aportación intelectual absolutamente inédita desde el momento de la construcción
europea. Un representante de su grupo me dijo: la ley es buena, lo que pasa es que yo esta ley la quiero para Euskadi, no para España. Por tanto, estamos discutiendo lo que estamos discutiendo; los que quieren una ley para un país distinto, que
no es el mío, obviamente no les gusta, porque esta ley está pensada, fundamentalmente, para España.
Señor Esteban, muchas gracias por el tono de su intervención. Me he referido anteriormente a cuáles son los títulos competenciales en la distribución de competencias que hace la Constitución, y los
recordaré, 149.1.3.ª, 149.1.18.ª y 97, las referencias en los estatutos a las competencias que requieren una acción exterior y, en el problema de ámbitos, cuando he citado los artículos 148 y 149, no es para decir que el artículo 148 está
vigente, que obviamente no lo está, es para decir que ya en aquel momento, en el año 1977, los que éramos constituyentes, éramos conscientes de que había competencias cuyo cabal funcionamiento exigía una actuación exterior. Por tanto, esto de que
haya ámbitos, que es lo que el Consejo de Estado dice que no se debe citar, ya lo sabía la Constitución; lo repite el artículo 149, así como los estatutos y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
En cuanto a los viajes, se lo he dicho con toda claridad. Se trata de informar para que les ayuden. Si ustedes quieren viajar por su cuenta, sin pedir el apoyo de la embajada, del consulado, de la oficina técnica de cooperación o de la
representación exterior, que está a su servicio como al servicio de todos los españoles, es cosa suya, pero luego no se quejen de que las agendas son incompletas, que las citas no se han completado, que la información era insuficiente o que no se
les ha recomendado lo que tenían ustedes que decir.
En materia de cooperación tomo buena nota de lo que usted me ha dicho. He leído las explicaciones que dan mis servicios sobre este tema y creen que es posible una comunicación anual y una discusión de los marcos de apoyo anual. Sin
embargo, si el Parlamento considera que es mejor volver al informe anual, no tengo absolutamente ningún inconveniente. En cuanto a la invasión de competencias en materia de cooperación, créame que no es esa la intención del artículo y si está mal
hecho se corregirá. En materia de Consejo de Política Exterior, la disposición final dice que se podrá invitar a los representantes de las comunidades autónomas. Pero si también es posible dar un paso más y crear un consejo de acción exterior en
el que estén representadas las comunidades autónomas, estoy perfectamente dispuesto a considerarlo porque el propósito del Gobierno y de este ministerio es que la acción exterior, como la política exterior, sea compartida, asumida e interiorizada
por todas las administraciones públicas.
Agradezco también al señor Nuet el tono de su intervención. Yo creo en el Parlamento desde siempre, desde antes que hubiese Parlamento, y fui parlamentario en 1977. Lo que hemos pretendido con esta ley es acercarla a las comunidades
autónomas y acercarla al Parlamento. Por eso hemos creado un marco conceptual; por eso estamos discutiendo sobre una ley de acción exterior, que no se había discutido nunca; por eso vamos a traer esa estrategia de acción exterior; por eso hemos
traído el plan de cooperación; por eso traeremos los informes anuales; por eso traeremos los informes de promoción de la marca España. No le quepa a usted duda -no sé si el portavoz me ha dicho eso-, yo me comprometo a comparecer en este
Parlamento siempre que se me pida. Por cierto, estoy esperando que este Parlamento me reciba para que explique cuál es la política del Gobierno en relación con Siria, porque lo he solicitado y parece que a sus señorías no les cuadraban las agendas.
Se ha referido al tema de los embajadores. En este asunto hay algo que aproxima al Parlamento y que estoy seguro que a usted le va a gustar. El embajador va a tener una carta de instrucciones; carta de instrucciones que emana, materializa
y plasma la estrategia de acción exterior discutida en este Parlamento. Sin embargo, van a poder ustedes convocar al embajador para que discuta con ustedes esa carta de instrucciones que, insisto, emana de una estrategia que ustedes han discutido
antes.
En materia de trabajadores ya ha hablado el portavoz de mi grupo. El problema es que hay un acuerdo de una mesa de negociación colectiva que establece todas las condiciones de trabajo, absolutamente todas. Esa disposición adicional dice
que los trabajadores en el extranjero se regirán por la legislación local, que es lo normal en todos los países y en todos los ordenamientos, salvo que en cualquier materia la legislación española sea más beneficiosa, en cuyo caso se aplicará la
legislación española. Pero si encuentra usted una fórmula que mejore eso, de acuerdo. Por cierto diré -luego hablaré de las consultas- que a UGT hubo que recordarle que se le había pasado el plazo, porque hemos consultado con todos los sindicatos
habidos y por haber.
Me dice que no ha habido consulta. Hemos consultado con todos los presidentes de las comunidades autónomas, y a muchos de ellos les he visitado yo personalmente en su sede, lo cual me honra mucho. Hemos consultado con la Federación
Española de Municipios y Provincias; con la Asociación de Municipios Catalanes; con la Asociación Vasca de Municipios; con el Congreso; con el Senado; con el Consejo General del Poder Judicial; con el Tribunal Constitucional; con el Tribunal
de Cuentas; con el Defensor del Pueblo; con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; con el Instituto Nacional de Estadística; con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior; con la Confederación
Española de Empresarios; con la Federación Española de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado; con la Asociación de Diplomáticos Españoles; con la Asociación
de Familiares de Diplomáticos; con la Asociación de Técnicos Comerciales -que, por cierto, no me han hecho la vida fácil en la tramitación de esta ley-; con la Asociación de Inspectores del Soivre; con la Asociación de Diplomados
Comerciales; con la Federación de Servicios Públicos de UGT fuera de plazo tras solicitarlo a través del señor Moscoso, que no me desmentirá; con la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, etcétera. La lista de consultas
que se han celebrado ocupa dos folios. Habremos entendido lo que nos han dicho; nos habrán entendido a nosotros -eso es opinable-, pero decir que no hemos hablado es objetivamente incierto.
Señor Xuclà, vamos a lo de siempre. La distribución de competencias en un Estado de derecho se realiza según los títulos competenciales, y los títulos competenciales son los que son para el Estado en lo que se refiere a la política exterior
y son los que son en el Estatuto de nueva generación que ustedes han aprobado para la comunidad que usted tan dignamente representa, como son sus estatutos para todos los demás. Hemos tenido en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional,
claro que sí. Hemos tenido en cuenta la 165/1994, en el caso de la Oficina vasca de representación en Bruselas, como hemos tenido en cuenta la sentencia 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña en lo que se refiere a la acción exterior de
Cataluña.
Me dice que he utilizado el desorden solo en las comunidades autónomas. Es usted profundamente injusto. He empezado refiriéndome al numerosísimo elenco de representaciones, de consejerías, de agregadurías, de otros ministerios que habrá
que revisar, y para eso está el Consejo Ejecutivo de Política Exterior y el informe que tendrán que traer a esta Cámara. También he dicho que si en algún ámbito de actuación hay actuaciones no registradas es mucho más en el tema de las
corporaciones locales que en las comunidades autónomas, y puesto que usted personaliza, me va a permitir que yo también personalice. Siempre he tenido una magnífica relación con el president y con los consellers de la Generalitat de Catalunya, y
las embajadas de España allí a donde ha ido el president Mas han estado permanentemente a su servicio. Lo estuvieron en Marruecos, lo estuvieron en Rusia y, como sabe, se están preparando con exquisito cuidado los viajes del president Mas a Israel
y a India, porque las embajadas de España están al servicio de todos los españoles. Por tanto, es profundamente injusto decir que no hemos tenido especial cuidado en dar el trato institucional que se merece como presidente de una comunidad autónoma
española al señor Mas. Vuelvo otra vez al tema de los viajes y las oficinas. Léase, por favor, la ley, vea que está hecha en términos de invitación, en términos de oferta, que puede ser rechazada o no.
El señor Sáez Jubero se trae un discurso que está muy bien. Lo puede usted decir aquí, lo puede decir en un mitin, lo puede decir hace quince años o lo puede decir hace diez; es igual. Usted me dice que esto es predemocrático,
preconstitucional, centralista, poco respetuoso con el Parlamento; que es malo en fondo, en forma y entiendo que en espíritu santo. Me dice que en la forma el problema es que hay una carta de diplomáticos cuya queja es que no hay relaciones de
puestos de trabajo, en lo que probablemente tenga razón, pero eso no es causa para invalidar una ley. La tendremos que corregir a nivel reglamentario cuando hagamos el reglamento de la carrera, que sustituirá al de 1955.
Me dice que no he hablado con nadie. Le hago gracia de leerle otra vez la lista que, por cierto, no he terminado. Me dice también que tengo la irresponsabilidad de encargar un borrador de estrategia de acción exterior al Instituto Elcano.
Mire usted, los liberales decían aquello de lejos de mí la funesta manía de pensar. Yo intento pensar, intento consultar con la gente que piensa; eso no quiere decir que la estrategia no la vaya a hacer mi ministerio, claro que la va a hacer mi
ministerio, y claro que se va a discutir en estas Cortes, pero no creo que sea malo, si tenemos un think tank en que está la gente más prestigiosa en materia de política exterior, preguntárselo. A mí no me produce ningún desdoro, créame, no tengo
problemas de autoestima, pregunto lo que no sé y hago, entre otras cosas, algo que es muy recomendable. Decía Azaña que si en España cada uno hablase solo de lo que sabe, se haría un gran silencio nacional que favorecería la reflexión. (Aplausos).
A mí me gusta reflexionar con los que saben, pero eso no quiere decir que abdique de mis responsabilidades. Primero me acusa de que no consulto, luego de que consulto demasiado... Señor Sáez Jubero, yo, por las relaciones históricas que he tenido
con su partido desde cuando éramos prodemocráticos, como usted dice, que, por cierto, a mí no me consultaba nadie porque yo estaba en la oposición al franquismo y las discusiones de política exterior del Consejo Nacional del Movimiento y de las
Cortes franquistas me suenan raras, a nosotros no nos consultaban, y aquí estamos hablando tranquilamente y usted me ha largado una ensalada de epítetos -poco amables, reconocerá usted- que yo he aceptado con absoluta deportividad y vamos a seguir
discutiendo. Me dice usted que no hay principios de política exterior y de acción exterior. Los principios de política exterior están negro sobre blanco y vienen casi todos de exministros de su partido.
Dice usted que no se habla de servicio de interés general. Se dice literalmente: servicios de interés general. El artículo 3 dice: Servicio de interés general. La acción y el servicio exterior del Estado se orientarán a la prestación de
un servicio público de calidad -lo que usted ha dicho no sé si trayéndolos de otro discurso- y a la defensa de los intereses y promoción de la imagen de España. Asimismo, se orientará a la asistencia y protección de los españoles. Y luego se crea
un grupo de emergencia consular para completar la labor ejemplar que hacen nuestros cónsules de protección a los españoles. Entonces, si me dice usted que no se habla de servicio de interés general y no se habla de protección a los ciudadanos, o
usted o yo nos hemos confundido de texto normativo, y me parece que es usted porque estoy leyendo el que yo tengo.
Me habla usted de la marca España. La marca España es un elemento, un componente más de la política exterior. La política exterior he dicho que tiene que definir, primero, un proyecto de nación y, por cierto, sería bueno saber cuál es su
proyecto de nación, si es federal, federal asimétrico o medio pensionista, porque si no, es muy difícil hacer política. Y segundo, he dicho que, en materia exterior, objetivos y prioridades, amenazas y oportunidades, medios y evaluación y
seguimiento, y dos huevos fritos. ¡Qué quiere usted más! Dígamelo porque yo lo acepto. Me dice usted que esto está poco pensado. Han sido 35 anteproyectos, 35. (El señor Sáez Jubero y la señora Blanco Terán: 37). ¿36? ¿Perdón?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor diputado, no haga usted debate con el señor ministro porque él tiene tiempo ilimitado, pero el día no es ilimitado.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Espero con enorme interés las enmiendas del Grupo Socialista porque, créame, yo, que en política soy de extremo centro, me han gustado siempre los consensos,
sobre todo con los partidos que parecen creer que tienen una oportunidad de sustituirnos a corto plazo.
En relación con UPyD, si la enmienda a la totalidad es la del Consejo de Estado, yo ya he discutido con el Consejo de Estado. Comprenderá que tengo buenísimas relaciones con el señor Romay y con el señor Lavilla y les he dicho lo que creo
que tienen razón y lo que creo que no tienen razón y lo he expuesto aquí. No he entendido muy bien lo de las oficinas. Hago lo que puedo hacer de acuerdo con lo que dicen las sentencias del Tribunal Constitucional 165/94 y la de 2010 sobre el
Estatuto de Cataluña. Ha dicho usted una cosa que me ha preocupado mucho; ha dicho que las comunidades autónomas no son Estado. Error, inmenso error; son Estado, forman parte del Estado. Lo que no son es sujeto activo de derecho internacional
público, que es cosa distinta, pero situar a las comunidades autónomas fuera del Estado es un error de concepto que lleva a no entender nada de lo que es el Estado que nos hemos dado en la Constitución. (Aplausos). Las comunidades autónomas son
Estado. Para mí es Estado Euskadi, Cataluña, la Comunidad Valenciana... Son Estado y son España.
El señor Beneyto, del Grupo Popular, siempre me crea un problema, y es que explica lo que yo quiero decir mucho mejor que yo. Lo único que me queda es agradecerle su discurso, su amistad, su brillantez y su capacidad de interpretar con
mucha menos torpeza que yo lo que hemos querido decir a lo largo del año y pico de trabajo, en el que, al parecer, no hemos reflexionado sobre una ley sino que es una ocurrencia de esta última tarde.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que quieren intervenir? Grupo Mixto. ¿Señora Fernández? (Pausa). ¿Señor Bosch?
Señor Bosch, tiene usted tres minutos.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias. Será mucho más breve que eso, desde el escaño.
Usted dice, señor García-Margallo, y me parece preocupante, que va a usar el servicio exterior, que va a usar la diplomacia española, algo que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tenemos derecho a que nos represente
absolutamente a todos los que vivimos en el Reino de España, en contra del proceso democrático iniciado en Cataluña. Eso no me parece una buena línea ni una buena política; que ustedes lo van a hacer con el argumento de defender la Constitución.
Igual usted se confunde un poco. El servicio exterior, la diplomacia española no es el Tribunal Constitucional, es otra cosa, y yo creo que tiene otros objetivos distintos, que no son la defensa de la Constitución española. Otra cosa es que no la
incumplan, evidentemente, eso lo entendería, pero no está entre sus funciones ni entre su misión prioritaria. Lo que claramente no está entre sus funciones ni entre su misión prioritaria es extender
la alarma, la inestabilidad, hacer cundir el pánico entre los representantes. Sí, señor García-Margallo, señor ministro, se sabe todo; la gente habla; sabemos lo que están haciendo con cónsules, embajadores, etcétera. Están metiendo
miedo y presionándoles para que se pronuncien en contra del proceso que se está produciendo en Cataluña, y algunas veces lo hacen públicamente, llamando a consultas y pidiendo rectificaciones de declaraciones de presidentes o jefes de Gobierno de
Estados soberanos. Y nosotros les decimos que no hagan eso porque no está entre sus funciones.
Respecto a la frase de Churchill, si quiere textualmente, Churchill no se refería a su persona, y cuando lo he citado no he dicho que se refería a su persona, sino que se refería a la diplomacia: Diplomacy should first think twice in order
to do nothing finally. Esa es la frase de Churchill, que usted seguramente compartirá. Por eso le digo: Haga, como dice Churchill, lo que debe hacer la diplomacia; no haga nada. Es lo mejor que puede hacer. No haga nada.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, por el bien de los servicios de esta Cámara, su perfecto inglés haga el favor de hacérselo llegar a las taquígrafas, porque los que saben inglés se han enterado, pero los que no
sabemos, no. (Risas).
¿Señor Iñarritu? (Pausa). ¿Señor Esteban? (Pausa). ¿Señora Lozano? Adelante.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidenta.
Señor ministro, me entristece que diga usted que hace lo que puede hacer y que lo que puede hacer usted sea tan poco, siendo ministro de España. Justamente le he explicado, no lo voy a volver a repetir, aunque lo pondremos en forma de
enmiendas, que se puede hacer muchísimo más, ciñéndose a la letra del Consejo de Estado, de su informe, que a usted le molesta que me haya inspirado en él. Usted puede comer con Romay Becaría las veces que quiera y le habrá explicado lo que usted
quiera, pero ellos hacen un razonamiento jurídico, al que usted podría atenerse para incluirlo en esta ley y para hacer mucho más de lo que hace, que es, de entrada, reafirmar que la política exterior de España es del Estado, la hace el Estado y el
Estado la dirige. A partir de ahí, se pueden discutir todas las cuestiones que se quieran y, a partir de que la acción exterior de ninguna comunidad entorpezca la política exterior de España, se puede hablar de todo lo que se quiera, y eso es lo
que usted no hace. Si afirma que está dispuesto a hacerlo, estupendo, porque nosotros vamos a presentar enmiendas en este sentido.
En cuanto a la precisión de lo que significa que las comunidades autónomas sean o no Estado, son Estado políticamente, y esa es la convención en la que estamos todos desde hace treinta años -lo explicó muy bien la catedrática de derecho
internacional Araceli Mangas en su comparecencia en Comisión-, y cuando decimos que son Estado tiene ese valor de lo convenido, tiene ese valor político. Jurídicamente no son Estado y, por eso, no pueden firmar tratados porque no son sujetos de
derecho internacional y no pueden representar al Estado español. Esto es lo que le quiero decir. No me coja usted el rábano por las hojas para tratar de entrar aquí en una disquisición jurídica que no es de lo que se trata. No pueden firmar
tratados de derecho internacional porque jurídicamente no son Estado y no representan al Estado y porque otros países no quieren firmar tratados de derecho internacional con ellas, que si fuera por parte de este Gobierno, probablemente, a ustedes sí
que les gustaría que lo firmaran.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Señor Nuet, tiene cinco minutos.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.
Señor ministro, voy a hacer tres comentarios muy breves. Primero: diálogo. Se lo han dicho siete portavoces. Reconozca y rectifique. El no diálogo es una fuente de problemas. El diálogo es una fuente de soluciones. Por tanto, si hasta
ahora no hemos hablado, como mínimo, a partir de hoy hablemos. Siguiendo con este tema. Mundo de la cooperación, cero contactos. Mundo de las organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos, cero contactos. Fuerzas políticas, cero
contactos. No sigo. Eso sí, ámbitos gubernativos y empresariales, muchos contactos. Pero España es así de grande, señor ministro, y hay que hablar con mucha gente. Por tanto, que esos contactos se hagan porque aún hay oportunidad, especialmente
en el periodo de enmiendas, de mejorar el proyecto de ley.
No voy a hablar de economía. Usted nos hablaba de las cifras de exportación, es cierto. Pero nosotros le tendríamos que explicar la devaluación interna que la política de su Gobierno está sometiendo a este
país. Por tanto, no podemos explicar muy lejos de aquí que lo estamos haciendo bien, señor ministro. Usted sabe que para la marca España el comportamiento y la política económica del Gobierno no es un factor que ayude a esa marca.
Acabo. Ministro, no encienda, por favor, el debate territorial, que ya lo tenemos bastante caliente, como usted sabe. Noticia (Muestra un documento) -no la puede ver pero se lo leo- de un período no radical: Exteriores ultima una ley que
veta las autonomías; el Gobierno revisará los convenios internacionales de las comunidades. Por favor, trabaje para el acuerdo porque, además, el momento político -se lo ha dicho algún otro portavoz y yo se lo repito- que estamos viviendo en este
tema no permite ni siquiera un chispazo con la ley de acción exterior.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, quiero hacer unas breves consideraciones sobre el objeto de este debate, que es la ley del servicio exterior. Le quiero hacer una apreciación previa, porque usted suele sazonar sus intervenciones con algunas consideraciones
sobre el debate político catalán del momento. Hoy he apreciado una evolución de usted, que es un demócrata, cuando ha reivindicado desde la tribuna el derecho a saber. El derecho a saber es una expresión de la deliberación democrática, y fruto de
este debate democrático, esta tarde Miquel Roca, en una comparecencia en el Parlament de Catalunya, defendía que la mejor forma de dar la palabra a las mayorías silenciosas es permitiendo que las personas se expresen a través de una urna en voto
secreto. El derecho a saber que usted ha defendido esta tarde es una manifestación previa del derecho a decidir. Yo aprecio muy positivamente sus palabras de esta tarde.
Señor ministro, yo no he hecho ninguna crítica a su persona ni a su ministerio en cuanto al trato de los viajes del presidente del Gobierno de la Generalitat en el exterior, en ningún momento. Yo solo, en lo personal, le he hecho la
pregunta que, por cierto, no me ha respondido sobre si usted había recogido firmas para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la comunidad autónoma de Cataluña. (El señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, García-Margallo
Marfil, hace signos negativos). En el lenguaje no verbal me está contestando que no. Si usted me habla del trato, usted ha anunciado los dos viajes que el Gobierno de la Generalitat, en comunicación y coordinación con el ministerio que usted
preside, está preparando de aquí a final de año, el viaje a Israel primero y el viaje a India posteriormente. Pero también hay algunas anécdotas del pasado. En el viaje a Brasil, el señor embajador, en la visita a una determinada provincia, obligó
a que en el programa oficial la delegación estuviera presidida por el señor embajador acompañado del presidente del Gobierno de la Generalitat. No sé si usted le envió una carta de representación expresa del presidente del Gobierno o del ministro
de Asuntos Exteriores, pero, hablando de la acción exterior de las comunidades autónomas, este puede ser un ejemplo ilustrador.
Finalmente, señor ministro, creo que hemos tenido un buen debate que puede ser el preámbulo de la tramitación parlamentaria. Usted es un hombre bastante riguroso, con recursos parlamentarios, que no suele abusar de los exabruptos ni de la
exageración, pero hoy por segunda vez en sede parlamentaria ha expresado algo impropio de su persona. Cuando usted dice que las comunidades autónomas pueden decidir entre abrir delegaciones en el exterior o ambulatorios y escuelas, usted está
ejercitando un populismo impropio de su persona porque sabe perfectamente que la acción exterior de las comunidades autónomas está al servicio de la recuperación económica, de las gentes de las comunidades autónomas, de los ciudadanos. Y esta
dicotomía entre abrir delegaciones en el exterior o abrir ambulatorios y escuelas es una manifestación de populismo impropia de su digna persona.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.
Señor Sáez Jubero.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, debo decirle que su intervención lo que ha hecho es profundizar la creencia de que nuestra intención de presentar la enmienda a la totalidad era acertada y que veamos muy difícil en el trámite parlamentario encontrar motivos
de consenso en esta ley. Por cierto, señor ministro, no sé si
quiere el concurso y el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista porque de sus palabras se deduce que más bien lo ignora.
Es verdad que usted esta tarde ha hablado de muchos temas pero, desde mi punto de vista, ha hablado poco de la ley de acción y servicio exterior. Ha hablado usted de diplomacia económica -que es importante que esté presente en la ley- y
alguno de los logros que usted ha explicado a esta Cámara podrían también imputarse a Gobiernos anteriores, pero sobre todo hay que imputarlos a las empresas, que son las que se posicionan bien en el exterior. Y ha hablado de casos concretos como
los de las expropiaciones de Argentina y de Bolivia. Usted conoce perfectamente que la coincidencia en el tiempo quiso que algunas de estas expropiaciones precisamente se produjeran con el cambio de Gobierno y también nos consta que algunas
empresas pidieron por favor que el Gobierno no les defendiera a la vista de los resultados que hubo.
Pero, señor ministro, usted se presenta aquí con esta ley y pide que hablemos. ¿De qué, señor ministro? ¿Está dispuesto a renunciar al carácter profundamente antidemocrático de esta ley? ¿Va a traer, como ha asegurado hoy, esta estrategia
de acción exterior a esta Cámara, al debate? ¿Va a ser receptivo con los grupos? ¿Está dispuesto a comparecer regularmente en esta Cámara para hacer balance de su gestión, para rendir cuentas? ¿Está dispuesto a dar voz a los entes territoriales
en el Consejo de Política Exterior? La lista sería muy larga, señor ministro, tan larga como cuestiones le he planteado en mi intervención inicial, y sobre estos aspectos concretos se tendría que pronunciar para que su discurso pudiera ser creíble,
para que tal vez en el trámite parlamentario tenga nuestro acuerdo, pues sus afirmaciones genéricas no lo son porque los hechos las han desmentido. El proyecto de ley de la acción y el servicio exterior del Estado ha llegado a las Cortes después de
que el Consejo de Estado se pronunciara desfavorablemente sobre el mismo. Parece que este informe a usted no le ha complacido y hoy prácticamente lo ha desacreditado, pero la contundencia de sus afirmaciones críticas sobre aspectos medulares de la
ley debería hacer reconsiderar al Gobierno el texto que hoy remite a las Cortes. Entre esas afirmaciones se encuentran calificativos como innecesarios y perturbadores en relación con preceptos relativos a distintos actores de la acción exterior e
incluso con la regulación de sus ámbitos de actuación. Pone en cuestión que una ley ordinaria pueda establecer prescripciones sustantivas sobre órganos constitucionales. Establece que el proyecto mezcla fines, principios y objetivos de manera poco
rigurosa y aconseja de manera muy elocuente que la regulación relativa a la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas no se formule únicamente en términos negativos. Todo esto y muchas más cosas negativas es lo que le dice el Consejo
de Estado sobre el proyecto de ley -por cierto, que usted no le hizo ningún caso porque setenta y dos horas después presentó al Consejo de Ministros su proyecto de ley sin prácticamente considerar las aportaciones del Consejo de Estado-, lo que se
suma a la opinión negativa mostrada aquí hoy casi unánimemente por los grupos parlamentarios, lo que a su vez se suma a la opinión negativa de los profesionales de la carrera diplomática y a la opinión negativa de los sindicatos. ¿A esto llama
usted consenso, señor ministro?
Nuestra impresión, señor ministro, es que usted ha creado un cierto embrollo que es muy negativo para los intereses de España: una ley de desarrollo constitucional para los intereses de España que no considera la Constitución, un objetivo
de coordinación que no tiene en cuenta a los coordinados, una estrategia de acción exterior del Estado subcontratada a un centro académico y, finalmente, como usted decía en una reciente interpelación sobre cuestiones consulares, un rediseño de las
representaciones de España en el exterior y de las oficinas consulares que está por realizar, haciéndolo depender de la estrategia que a su vez depende de la ley. Ni siquiera nos va a presentar ante esta Cámara el ejercicio de racionalización de
las representaciones de España en el exterior, algo que ya han hecho todos los países de nuestro entorno.
Señor ministro, tómeselo en serio, empecemos de nuevo y hagamos las cosas bien. Retire el proyecto de ley y comencemos con el único instrumento que puede llevar al consenso: el diálogo. No partimos de cero; tenemos la posición de los
grupos reflejada en los debates de la subcomisión de la pasada legislatura y tenemos la referencia de estos debates parlamentarios sobre su proyecto de ley. Convóquenos, cree un grupo de trabajo inmediatamente con representantes de las distintas
fuerzas políticas en subcomisión o en la forma que usted prefiera y propicie el punto de partida hasta que el sustrato de la ley esté consensuado: diálogo tendente al consenso, democratización, principios internacionales ampliamente aceptados sobre
derechos humanos y establecimiento de la paz y la seguridad internacional...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sáez Jubero, tiene que finalizar.
El señor SÁEZ JUBERO: Sí, voy terminando, presidenta.
... sobre los que se asienta nuestra acción exterior, compromiso con el Parlamento lo que significa disposición al debate y a la fiscalización parlamentaria, coordinación de los distintos actores frente a la imposición como norma de
comportamiento y mayor cercanía a los ciudadanos mediante el refuerzo de los servicios consulares. Este es, señor ministro, el núcleo de nuestro pensamiento sobre el cómo y el qué de la acción y el servicio exterior del Estado. Comprométase con
estas ideas de principio y abandone la superficialidad de que hablemos de todo porque su afirmación no es creíble al haber sido desmentida por los hechos. Insisto, retire el texto, propónganos que trabajemos juntos en pos del consenso. Nosotros le
ayudamos a iniciar ese proceso -otros grupos parlamentarios también- con esta enmienda a la totalidad. Lo único que tiene que hacer su grupo es no rechazarla con su mayoría absoluta.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sáez Jubero.
¿El señor ministro va a intervenir?
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Voy a ser extraordinariamente breve, pero intervengo por cortesía parlamentaria porque si no intervengo se me acusará de escapismo al Parlamento.
La Constitución española, señor Bosch, tiene dos artículos centrales: el artículo 1.2, que dice que la soberanía pertenece al pueblo español y no a una parte del pueblo español -y lo que en democracia plena se decidió en esta Cámara en
democracia plena se puede resolver-, y el artículo 2, que dice que la Constitución se fundamenta en una indisoluble unidad de España, patria común e indivisible. Por tanto, defender la Constitución es defender el artículo 1.2 y el artículo 2, y no
le quepa la menor duda de que haré todo lo posible para que Cataluña siga formando parte de España; lo otro sería una tragedia para Cataluña y para España. (Aplausos). Y me dice usted -yo no sé si es su actitud en política- que haga como la frase
de Churchill, que piense dos veces las cosas y no haga nada. Mire, tengo los suficientes años para estar en política no para ser, no para figurar, sino para hacer cosas, lo otro no me interesa. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora Lozano me encanta. Yo soy jurista, como usted sabe; soy jurista en Deusto, soy jurista en Harvard, soy doctor en Derecho, y esas disquisiciones jurídicas me entusiasman y espero tener la posibilidad de discutirlas con usted. Por
cierto, con el señor Sosa Wagner discuto muy amablemente y con mutuo conocimiento de causa. El artículo 97 dice que la dirección de la política pertenece al Gobierno, punto. No es que yo opine o que no opine, es que lo dice la Constitución y no
puede ser de otra manera. Y he explicado que la acción exterior no puede tocar el núcleo duro, y el núcleo duro lo forman las relaciones internacionales, el ius legationis, la responsabilidad internacional, la capacidad de establecer
responsabilidades contractuales, etcétera. Eso es evidente, no hay que discutirlo. Yo comprendo que a usted le pueda causar sorpresa, pero es que yo fui constituyente y sé lo que dice el artículo 97.
Política exterior. Le aconsejo un libro muy bueno de Cohen sobre definición de política exterior que puede ilustrar algunas de las afirmaciones que usted ha hecho en estas discusiones que -estoy seguro- en términos exquisitamente jurídicos
tendremos a partir de ahora.
Señor Nuet, diálogo siempre. Estoy absolutamente abierto al diálogo. Lo que he tenido han sido muchas dificultades para que un anteproyecto se convirtiese en proyecto. Yo no podía discutir hasta estar en condiciones de ofrecer a la Cámara
un proyecto de ley que estuviese cerrado, porque llevamos treinta y cinco años intentándolo con problemas internos y externos. Y cuando ha estado, les invité a ustedes y me reuniré tantas veces como haga falta, pero no se olvide de que ahora la
decisión corresponde a esta Cámara. Yo creo en la separación de poderes. No sé el caso que me hará el señor Beneyto. Espero que si le llamo y le sugiero algo, alguno me haga. En todo caso, la responsabilidad es de mi grupo parlamentario.
En materia de cooperación, le he dicho que esta ley no es una ley de cooperación. Hay una ley de cooperación que está aprobada y hay un plan director de cooperación que ha sido aprobado. Aquí las referencias que se hacen en materia de
cooperación son referencias a la asunción por parte de los funcionarios de la carrera diplomática de labores de cooperación que antes no tenían, siempre que eso sea posible. Nada más. No se pretende regular la cooperación. Ha habido -lo he
reconocido- alguna duda en alguna redacción en este tema. Estamos dispuestos a rectificar porque lo que nos interesa es que haya un buen texto.
Me dice usted que no he hablado con formaciones políticas. No es verdad. He hablado mucho más con las formaciones políticas que con esas organizaciones profesionales. Debe usted seguir pensando
que mi grupo y yo mismo estamos al servicio de oligarquías empresariales, de intereses ocultos, como en el Protocolo de los sabios de Sión. Nada más lejos de mi intención.
En materia territorial, que un periódico diga esas barbaridades no creo que sea para inmutarme. Dígame usted dónde vetamos un viaje, dónde vetamos la apertura de una oficina. Yo no sé qué periódico es ese, pero lo que dice simplemente no
es verdad. Al texto me remito.
Señor Xuclà, derecho a saber. Yo creo que antes de decidir hay que saber, que la gente debe enterarse. El éxito de la transición fue que, antes de ir a unas elecciones, restablecimos un régimen de libertades y derechos públicos -libertad
de opinión, libertad de expresión, libertad de asociación- que nos permitió a los españoles hablar y saber cuál era el camino que queríamos hacer sin dejarnos conducir, sin dejarnos liderar por falsos profetas.
En cuanto al tema de Cataluña y España, no sé si he tenido alguna palabra que a usted le haya podido sonar poco afectuosa para Cataluña. Usted sabe que eso no es así. Yo tengo un profundísimo afecto por Cataluña desde hace muchos años,
entre otras cosas por razones familiares. El embajador dijo que él iba a ser el que representase a España en Brasil. Me parece correcto. Cuando yo voy a Cataluña el representante es el señor Mas, porque es lo que dice el Estado de derecho, y el
representante de España en el extranjero es el embajador de España. Por tanto, tiene prioridad, lo mismo que cuando yo voy a Cataluña el representante es el señor Mas y yo me pongo un paso detrás, o dos pasos detrás si me indica que estoy demasiado
cerca.
En materia de economía, Samuelson, cañones y mantequilla. No estaba optando por la agricultura o por la guerra, lo que estaba diciendo es que cuando los recursos son escasos hay que utilizarlos en una cosa o en otra, y cuando los recursos
son escasos y usted dedica más dinero a representaciones en el exterior tiene menos dinero para otras cosas. Esto no es opinable, esto no es la opinión de una literata ilustrada, esto son matemáticas.
Señor Sáez Jubero, yo estoy de acuerdo en discutir iniciativas, pero dígame usted cuáles son las iniciativas. ¿Son las del documento que presentó su partido cuando estaba en el Gobierno en 2009? Porque las he estudiado. Lo único que usted
me propone es que yo diga aquí que soy predemócrata, irreflexivo e irracional. Eso no lo voy a decir en público. Se lo podré reconocer a usted en privado si algún día me equivoco, pero así en público no.
Diplomacia económica. Usted no se ha leído la ley. Dígame un solo artículo donde se hable de diplomacia económica, un solo artículo, una frase. Yo creo que ha leído otro texto.
También me dice usted que yo subordino otra vez la estrategia de acción exterior al Elcano. He consultado la estrategia de acción exterior con el Elcano y, entre otros, con don Felipe González Márquez, con don Javier Solana, con don Rafael
Estrella y con muchos de sus compañeros de partido a lo que he pedido su opinión, como se la he pedido a la ministra Trinidad Jiménez, al ministro Moratinos, al ministro Westendorp y a todos los demás, porque esas opiniones me importan para formar
mi opinión. Y no creo que eso sea predemocrático, me parece que es democrático ilustrado. Luego lo que haré es traerlo aquí a discutir a esta Cámara, que es lo que dice la ley, la ley dice que hay que traerlo en el plazo de seis meses. Y me dice
que me comprometa. ¿Pero cómo no me voy a comprometer si lo he puesto yo en el proyecto de ley?
Me habla usted del Consejo de Estado. Para empezar, ¿usted cree que el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo o facultativo? ¿Estaba yo obligado a pedirlo o no? No estaba obligado a pedirlo. ¿Sabe usted cuántas observaciones hemos
recogido? Diga usted una cifra: uno, equis, dos. Quince, entre ellas las que usted dice. De la confusión de principios se han hecho dos artículos: principios de política exterior y principios rectores de acción exterior. En materia de
organismos constitucionales también hemos recogido lo que dice el Consejo de Estado. Dice: usted no puede regular órganos constitucionales. Claro que no, lo que esta ley dice es cuáles son las acciones en el exterior que hacen esos órganos
constitucionales, y eso sí lo podemos hacer. Hemos hecho caso del Consejo de Estado. Mire usted, yo soy católico, soy creyente, pero no creo en Moisés y las tablas del Sinaí. El Consejo de Estado me da la opinión, opinión que yo he pedido porque
he querido, y lo que considero que está bien lo cojo, y lo que considero que está mal no lo cojo. Ahora venimos aquí, al Parlamento y ustedes deciden si quieren seguir literalmente al Consejo de Estado o no, pero en materia de ámbitos, créanme, es
contrario a lo que dicen los tratados de la Unión Europea, es contrario a lo que dice la Constitución, es contrario a la ley alemana, a la ley francesa, a la ley de Estados Unidos, a la ley de México, a la ley de Perú, que todas ellas hablan de
ámbitos de acción exterior como ámbitos diferenciados, entre otras cosas porque desde un punto de vista exterior el tema del cambio climático está regido por Bali y por Kioto; el tema laboral, por las
organizaciones de trabajo; el turismo, por la Organización Mundial de Turismo, todo el derecho de la Unión Europea que los distingue. Por tanto, en eso no he hecho caso porque creo que no tienen razón, y se lo he dicho con todo el cariño a
compañeros míos que son de una enorme finura jurídica, pero le aseguro que yo también tengo algún criterio jurídico que de vez en cuando defiendo.
En cuanto a que no me interesa la opinión del Grupo Socialista, está usted muy equivocado y me conoce muy mal. Me interesa enormemente la opinión del Grupo Socialista, pero me interesa que la opinión del Grupo Socialista se materialice
negro sobre blanco en iniciativas que podamos discutir, no en vaguedades de tachar esto de preconstitucional, predemocrático, irracional, irreflexivo. Verá usted cuando le cuenta a mi mujer esta noche lo que usted me ha dicho. (Risas). En fin,
cuando usted tenga iniciativas de este tipo las trae y las discute con mi grupo parlamentario, y yo desde ahora pido al portavoz que si sugiero algo y llamo por teléfono, que como mínimo se ponga.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA LA TUTELA JUDICIAL COLECTIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente 122/000106).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto del orden del día relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, para la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Grande Pesquero. Aviso a los intervinientes que dada la hora que es y la cantidad de temas que nos quedan pendientes vamos a ser profundamente estrictos en el uso del tiempo que el
Reglamento da a cada uno de los intervinientes. Ruego también, por favor, que el que quiera abandonar el Pleno lo haga en silencio, para que podamos escuchar a la señora diputada. Adelante.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señora presidenta.
Debatimos hoy la toma en consideración de una iniciativa que tiene un triple objetivo: lograr que las leyes cumplan su función de garantía de los derechos e intereses de la ciudadanía, facilitar al ministerio fiscal su misión de promover la
acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley y proveer a las organizaciones de consumidores y usuarios de instrumentos orientados a fortalecer la defensa y protección de los derechos de
los consumidores y usuarios.
En marzo de 2011 se firmó entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Fiscalía General del Estado, y con la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios, un acuerdo de entendimiento que estableció un marco de
colaboración entre las partes para mejorar la protección de los consumidores y usuarios, que normalmente se ven enfrentados a poderosas empresas en una posición absolutamente asimétrica, y con el fin también de combatir la vulneración de sus
legítimos derechos por prácticas fraudulentas o lesivas para el interés general. Aparte de dicho acuerdo, exponente de la preocupación, el interés y la necesidad de promover y fomentar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios
desde el ámbito de las propias organizaciones que vienen trabajando en esta línea, hay que mencionar también las diversas jornadas como la de Adicae, del mes de diciembre de 2012, sobre la defensa colectiva de los consumidores en la justicia
española, en la que proponía mejorar y completar la normativa procesal para lograr una acción colectiva eficaz. Y más recientemente, durante el Día Mundial del Consumidor de este mismo año, el Consejo de Consumidores y Usuarios organizó las
jornadas sobre acciones colectivas, auspiciadas por el Instituto Nacional de Consumo, en las que se reivindicó de nuevo la necesidad de reformas, tanto jurisdiccionales como legislativas, que aseguren la tutela judicial efectiva de los intereses
colectivos y difusos y que garanticen el principio de igualdad entre los operadores del mercado, como refiere la nota que el propio consejo ha emitido, y que conocen sus señorías, en apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley que
hoy presentamos. Aprovecho que he nombrado al consejo para saludar a los miembros de las asociaciones de consumidores, que hoy pacientemente nos acompañan y permanecen en la tribuna, y en especial a la señora Sahuquillo,
expresidenta del consejo, por la labor enorme que ha hecho en pro del consumo y de los derechos de los consumidores en nuestro país.
En dichas jornadas, además de expertos del propio consejo, del Instituto Nacional de Consumo, magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, participaron también fiscales que comparten el interés y la preocupación por fortalecer y
mejorar esta protección de los derechos de los consumidores, consumidores que, utilizando las palabras de un fiscal del Tribunal Supremo, tienen que luchar muchas veces contra los gigantes. Precisamente cabe mencionar la circular 2/2010, de la
Fiscalía General del Estado, referida a la intervención del ministerio fiscal en el orden civil para la protección de los consumidores y usuarios, en la que se afirmaba que resulta indudable que los órganos jurisdiccionales son también destinatarios
del mandato constitucional contenido en los artículos 51.1 y 53.3, que no son meras declaraciones de buenos propósitos sino que deben informar la actuación judicial y pueden ser alegados en todo tipo de procesos. En dicha circular se recoge que la
intervención del ministerio fiscal en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores responde además a la evidente dificultad que entraña el ejercicio de las reclamaciones individuales por parte de consumidores y usuarios
perjudicados y a la irrenunciable necesidad de facilitarles el acceso a la tutela jurisdiccional. La desigualdad y el desequilibrio de medios existentes entre un consumidor o usuario aislado en un pleito seguido contra una gran empresa que goza de
mayor poder económico y del asesoramiento de los grandes despachos de abogados constituye una de las razones justificativas de la intervención del ministerio fiscal en defensa del interés social comprometido. Así pues, la necesidad y la utilidad de
esta norma es compartida por quienes ostentan la representación de consumidores y usuarios y por quienes tienen encomendada la defensa del interés social o el interés público, y es al legislador a quien corresponde proponer y aprobar las normas que
contribuyan a promover y fomentar los derechos de la ciudadanía. Por eso, comprometido con la defensa de estos derechos, mi grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa, que recoge la preocupación expresada por los principales conocedores de
la articulación de esta defensa y protección de derechos, para superar las lagunas que han sido evidenciadas tras una década de vigencia de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, que traspuso al ordenamiento jurídico español diversas directivas
comunitarias en materia de protección de intereses de los consumidores y que atribuyó a las asociaciones de consumidores el ejercicio de acciones colectivas en defensa de los derechos de los mismos. Si atendemos a que el número de acciones
colectivas ejercitadas en España es muy inferior al del resto de Europa y a las opiniones negativas de los expertos, parece que el balance que puede hacerse de la aplicación de la ley tras estos diez años no es muy halagüeño y justificaría por sí
mismo esta iniciativa.
La fragmentación de la legislación, la complejidad de los procedimientos, la carga de trabajo de juzgados y tribunales y las costas elevadas, aún incrementadas más por las tasas judiciales -el tasazo del ministro Gallardón-, serían, sin
ánimo exhaustivo, muchas de las causas que han podido incidir negativamente en el balance de la aplicación de la ley vigente. Pero es que además hay un conjunto de factores de orden social que influyen a la hora de enjuiciar la utilidad de la
norma, y es que la sociedad de 2013, la sociedad de hoy, no es la misma que la de hace una década, ni sus problemas, ni las respuestas a los mismos, ni siquiera la percepción que de sus derechos tiene la ciudadanía en su condición de consumidores.
Todo ello hace necesario abordar ya y ahora una modificación de aquellas normas referidas a las acciones colectivas que permita fortalecerlas, para hacerlas más eficaces y verdaderamente útiles frente a las grandes empresas que utilizan prácticas
abusivas extraordinariamente difíciles de combatir y que desaniman al consumidor a reclamar, especialmente en los supuestos en los que la cuantía es pequeña considerada de manera individual, aunque los afectados sean un gran número de consumidores.
Los casos más recientes en relación con la emisión de participaciones preferentes y de deuda subordinada de determinadas entidades financieras han puesto en evidencia los fallos del sistema de protección jurisdiccional de los consumidores y
usuarios, que requiere una revisión en profundidad para lograr que las leyes cumplan su función de tutela de los derechos e intereses de la ciudadanía.
Esta proposición de ley pretende paliar las carencias de la regulación vigente en orden a facilitar el ejercicio de la tutela judicial efectiva a través de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas, atribuyendo el
ejercicio de la legitimación activa al ministerio fiscal en defensa de intereses difusos y colectivos cuando el interés social lo justifique, posibilitando asimismo el llamamiento legal de terceros en procesos para la protección de derechos e
intereses difusos y colectivos, facilitando la acumulación de acciones de reparación de daños y perjuicios causados tanto a los consumidores y usuarios como al interés general, y, por fin, fortaleciendo el ejercicio responsable de las acciones
colectivas. Porque, señoría, la factura de la crisis la están pagando los más humildes, mientras que las grandes
compañías están saliendo indemnes casi siempre, y esto no es una sensación sino una realidad con la que convivimos todos los días. Desde luego hay muchas razones, pero no una menor es que en nuestro país existe un enorme desequilibrio entre
el ciudadano como usuario y consumidor y las grandes empresas y corporaciones. Podemos poner mil ejemplos, a todos nos ha pasado que hemos intentado reclamar por una cláusula abusiva o por un cobro indebido a nuestra compañía de suministro
eléctrico, a la del gas, a las operadoras de telefonía, o hemos intentado cancelar un contrato y nos hemos enfrentado con una maquina parlante, que nos ha remitido a otra máquina parlante, hasta que nos hemos aburrido, ha sido casi imposible.
Podemos decir que en nuestro país es más sencillo un procedimiento de divorcio para poner fin a un matrimonio que el procedimiento para poner fin a un contrato de suministro. Desde las compañías de suministros, pasando por transportes -sobre todo
las compañías aéreas-, hasta llegar a las cláusulas abusivas en temas de tanta actualidad como las hipotecas o los productos financieros, cuyo ejemplo más doloroso son las participaciones preferentes, que han expoliado los ahorros de toda una vida
de miles de pensionistas españoles, son todos abusos en definitiva, grandes o pequeños, sobre un número importante de consumidores que, a pesar de tener derechos reconocidos en el artículo 51 de la Constitución y en nuestro cuerpo legislativo,
cuando los vemos vulnerados no tenemos los instrumentos para ejercitarlos o defenderlos. Pues bien, si tenemos estos derechos reconocidos, se nos tienen que proporcionar los procedimientos adecuados para defenderlos, tanto a nivel individual como
colectivo, y para eso, señorías, están las leyes, y para hacer las leyes estamos los diputados en esta Cámara. Es cierto que existe legislación en materia de defensa de los consumidores y de acciones colectivas, pero es insuficiente, dispersa y
fragmentada. Por ello hoy traemos a su consideración esta proposición de ley que plantea cambiar varios artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil para conseguir que no solo los consumidores afectados sino también las asociaciones de consumidores,
el Instituto Nacional de Consumo y sobre todo el ministerio fiscal puedan tener la legitimidad de reclamar acciones colectivas, bien sean puras o difusas, que afecten a muchos consumidores y no solo en acción de cesación sino también -no menos
importante- en la reclamación dineraria para resarcir a los consumidores de las prácticas abusivas.
Pongamos un ejemplo, porque un ejemplo vale más que mil palabras. Si una compañía de servicios nos cobra 5 euros al mes, nosotros no vamos a ir a un juzgado a reclamarlo, entre otras cosas, porque nos costaría mucho más dinero. Sin
embargo, eso significa que si a un millón de personas les están cobrando esos 5 euros, estamos hablando de que la compañía se embolsaría 60 millones de euros al año de manera ilegítima, y eso ya son palabras mayores. No nos sirve solo que cese de
hacerlo, sino que queremos que además nos devuelva el dinero que nos ha cobrado de manera ilegítima.
Para terminar, señora presidenta, es oportuno recordar que en junio de 2012 fue rechazada por el Grupo Popular la toma en consideración de una proposición de ley de mi grupo parlamentario para la mejora de los servicios de atención al
cliente de las grandes empresas de servicio, la llamada Ley SAC. Con dicha iniciativa se trataba de obligar a las empresas prestadoras de servicios a disponer de un sistema eficaz, accesible y gratuito para facilitar información, atender quejas y
resolver las reclamaciones de los ciudadanos. En definitiva, garantizar a los consumidores, a los ciudadanos, las herramientas adecuadas para defender sus derechos como consumidores. Tras su rechazo ha transcurrido más de un año y llevamos casi
dos años del Gobierno del Partido Popular. En todo este tiempo no hemos avanzado nada a favor de los consumidores, que somos todos los ciudadanos, hasta que -¡ay, qué casualidad!- el pasado viernes se aprobó en Consejo de Ministros el texto de la
reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores que regula el comercio electrónico, que traspone una directiva por cierto del año 2011, y cuando por cierto también esta proposición de ley ya estaba en el orden del día del Pleno. Espero que el
Grupo Popular no se atreva a decirnos que esta ley demuestra que están tremendamente preocupados y ocupados con la defensa de los consumidores, y que esto sea una coartada para no tomar en consideración algo que viene apoyado y consensuado con todo
el mundo y además porque ambas leyes, señorías, se parecen como un huevo a una castaña.
No deberíamos perder esta nueva ocasión por un tuyo o un mío, por quién lo propone o quién lo deja de proponer. No nos lo perdonarían los ciudadanos, no lo entenderían, sino que debemos aprovechar esta oportunidad para darles un instrumento
que fortalezca su posición en su lucha contra los gigantes. Por ello, pido el apoyo de todos los grupos parlamentarios para la toma en consideración de esta iniciativa, que puede ser complementada a lo largo de su tramitación parlamentaria para
contribuir, entre todos, a reforzar la defensa de los derechos de toda la ciudadanía en nuestra dimensión de usuarios y consumidores.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Grande Pesquero.
En turno de fijación de posiciones en primer lugar por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Quiero intervenir desde el escaño brevemente para manifestar nuestro apoyo a la toma en consideración de esta propuesta de modificación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, porque entendemos que en los últimos años se han dado muestras
suficientes de la necesidad de demandas colectivas de usuarios y consumidores en relación con diferentes abusos y fraudes, no solamente financieros pero de manera especial financieros. Nos hemos encontrado, al mismo tiempo que con esta necesidad de
demanda colectiva, con muchas dificultades a la hora de sacar adelante la misma sobre todo en cuestiones que eran denunciadas por entidades judiciales, como pueden ser fiscales por ejemplo. En ese sentido nosotros entendemos que la propuesta que
acaba de defender la señora diputada del Grupo Socialista indica una serie de medidas que pueden llevarnos a resolver estas deficiencias o estas carencias en lo que podemos denominar falta de tutela judicial del usuario cuando además lo quieren
hacer de manera colectiva. Por eso, señorías, el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente a la toma en consideración de esta propuesta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco (PNV), señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señora Grande, nosotros vamos a votar favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley que nos parece, en primer lugar, oportuna y, en segundo lugar, bien
configurada. Es mejorable, es perfectible pero como todas las que se presentan en esta Cámara. Nosotros, si fuera objeto de toma en consideración -optimista desiderátum- complementaríamos con algunas enmiendas lo que usted pretende, porque lo que
usted pretende dimana de una disfunción que la ha tenido que corregir desafortunadamente la incorporación del derecho comunitario, las directivas incorporadas -precisamente la Ley 39/2002-. Es un defecto que ya fue denunciado por la doctrina
científica en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000, y la renuencia o la reticencia de los órganos judiciales a aplicar lo que se denomina procesalmente litisconsorcio pasivo necesario, es decir, la acumulación de acciones
cuando los afectados son muchos en relación con una problemática común o un problema que es objeto de litigio para el cual tiene legitimación procesal un colectivo o un interés difuso, que son los dos conceptos que usted con pertinencia incorpora.
¿Por qué son reticentes los órganos judiciales a litisconsorciar estos pleitos? No lo sé muy bien, quizá derive de inercias vinculadas al ritualismo, al carácter antiguo a pesar de la modernidad de las reformas procesales salvo la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la única del siglo XIX de las que perviven todavía en relación al litisconsorcio. Porque si se pudieran litisconsorciar todos los problemas relativos a las preferentes, a los preferentistas -que es uno de los problemas que
usted ha enunciado-, a las cláusulas suelo, a los prejubilados ilegítimamente, a los desahuciados y lanzados posteriormente mediante procedimientos de desahucio que han sido ya declarados ilegales por los tribunales europeos, no sería necesario
propiamente interponer, salvo en algunos aspectos muy concretos, una iniciativa de estas características.
Todo lo que usted dice está bien; en primer lugar, la ampliación del concepto de legitimación procesal a colectivos diferentes a las propias asociaciones de usuarios y consumidores, cosa que ya estaba prevista en la ley de 2002. Usted
avanza en la atribución de legitimación procesal al ministerio fiscal muy pertinentemente, en primer lugar y, en segundo lugar, a las instituciones defensoras de los consumidores y usuarios tanto en el ámbito estatal como en el ámbito de las
comunidades autónomas con respeto a las instituciones homónimas en las comunidades autónomas que resulta pertinente, y al cual somos particularmente sensibles, y en el caso de una correcta, posible o fácil identificación del colectivo afectado por
una causa que debe ser dilucidada en sede judicial a otros grupos.
Esa incorporación o esa alocución entre grupos tiene mucha más relevancia jurídica de la que algunos pueden presumir. He escuchado con atención la clase magistral de Derecho Internacional Público de la que antes nos ha provisto el señor
Margallo invocando su condición de profesor de la Universidad de Deusto, de la Universidad de Harvard y, me imagino, que de la Universidad de Tel Aviv puesto que ha citado las Tablas de la Ley de Moisés.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, vuelva usted a la cuestión porque el señor ministro no está aquí delante y no podrá defenderse.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Somos buenos amigos. No era mi intención ni zaherirle ni crear un turno de alusiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Esto no es un problema de amistad.
Continúe.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Al margen de estas circunstancias, todo lo que dice ha estado bien. El incremento de la legitimación activa para actuar en materia de intereses difusos e intereses colectivos, amplificando mucho la legitimación
activa prevista en la ley de 2002; la determinación de cuál es la acción principal en el caso de acumulación de acciones, que es una cuestión que procesalmente es compleja. La acción principal puede ser la más relevante o la de mayor cuantía
económica, o la más relevante desde una perspectiva puramente jurídica a la cual se accede, y esa especie de inversión de cuándo el procedimiento verbal se convierte en ordinario por la acumulación de acciones o cuándo un juicio verbal se puede
convertir en un juicio ordinario mediante el sistema de acumulación de acciones. Es algo que usted resuelve perfectamente mediante la propuesta de reforma del artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Respecto a la forma de reponer, una vez obtenida una sentencia favorable a las pretensiones de este colectivo que defiende intereses colectivos -valga la redundancia- o intereses difusos, cuando lo que se deba reponer sea una condena
dineraria, una cantidad de dinero que se le debe devolver, no hacer o dar cosa específica o genérica en la sentencia estimatoria mediante una determinación individualizada de quiénes son los beneficiarios de esas condenas estimatorias, que son
desestimatorias para la persona, la gran empresa -usted ha dicho- o las grandes multinacionales, las personas que en definitiva están obligadas o son condenadas a otorgar desde una perspectiva indemnizatoria cantidades económicas, cantidades
dinerarias, obligaciones de no hacer u obligaciones de hacer. La identificación de los colectivos beneficiarios mediante la propuesta de reforma del artículo 221 está bien perfilada, está bien configurada. Nos parece muy innovadora -pero no tanto
como para que provoque la desestimación de la toma en consideración de la ley- la atribución de las costas. Respecto a la atribución de las costas incluso para aquellas personas que mediante la realización de un pleito se observa que han sido
rechazadas todas sus pretensiones, la Ley de Enjuiciamiento Civil impone la imposición de las costas, salvo, como usted bien dice, que el caso en concreto presente dudas suficientes en opinión del juez sentenciador que le exonere de la imposición de
las costas, lo cual es algo importante para colectivos habitualmente débiles económicamente, para personas que están en una situación de gran precariedad económica. Nos estamos refiriendo a colectivos como los preferentistas, como los desahuciados
y lanzados, como las personas que han sido objeto de estafas de naturaleza colectiva o de fraudes de esta naturaleza. Esa exoneración de la imposición de las costas, aunque vean rechazadas todas sus pretensiones en un ámbito judicial, rechazo de
las pretensiones judiciales que se deberá a la falta de capacidad probatoria suficiente de la actuación indebida de la empresa que les defraudó, o de la empresa que les estafó, o del colectivo, la entidad financiera o quien fuera que les estafara,
nos parece justa, nos parece progresista, nos parece equitativa y nos parece particularmente pertinente.
Por último, qué quiere que le diga. La inserción gratuita de los anuncios, de los edictos, tal y como está prevista en la ley, parece congruente con todo lo anteriormente explicitado. Si esto es sujeto de toma en consideración -espero que
sea así; estoy mirando a los portavoces del Grupo Popular por si puedo obtener alguna pista a través del lenguaje semiótico o simbólico-, podría presentar alguna enmienda vinculada a la posibilidad de litisconsorciar los pleitos, porque este es un
problema con el que nos estamos topando. Yo he tenido muchos contactos, como usted y como otros parlamentarios de esta Cámara, con estos colectivos que han sido defraudados colectivamente -valga la redundancia de nuevo- o afectados por intereses
difusos. Los preferentistas, las personas lanzadas en virtud de procedimientos de desahucio ya declarados ilegales por los tribunales europeos, las personas afectadas por las llamadas cláusulas suelo, son personas con relación a las cuales también
el ordenamiento procesal debe tener un papel tuitivo, un papel especialmente protector.
Desde esa perspectiva, la posibilidad de articular mediante una reforma complementaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 el litisconsorcio como un mecanismo cuasi automático o cuasi obligatorio, nos parecería un avance espectacular en
la protección de los derechos de las personas que mayor protección
merecen por su situación o por su ubicación en el sinalagma entre una empresa grande, entre una empresa que tiene capacidad para cometer fraudes masivos, para afectar los intereses de un colectivo perfectamente identificable o intereses
difusos, y personas que son muchas pero que no tienen ni capacidad económica para resistir ni capacidad económica para afrontar la sutileza con la que se comportan estas empresas defraudadoras o estas empresas que practican fraudes de esta
naturaleza. Podríamos hacerlo si se toma en consideración la proposición de ley que usted presenta; si no se toma en consideración, señora Grande, lo volveremos a intentar. Este es un tema no resuelto; las directivas comunitarias son
insuficientes desde la perspectiva de la configuración de la legitimación activa para actuar, seguiremos intentándolo y sabe que puede contar con nuestra colaboración hasta que consigamos que la justicia se imponga en un ámbito como este en el que
estamos hablando, de los derechos de las personas o de los colectivos más débiles de la sociedad, y de los intereses difusos donde la dialéctica es manifiestamente más perjudicial para colectivos de personas que para determinadas empresas que tienen
una posición de hegemonía o de preponderancia, que les permite cometer algunas de las aberraciones que hemos comentado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Empiezo por las últimas palabras o por seguir la reflexión con la que terminaba su intervención el diputado señor Olabarría. Estamos hablando de una iniciativa que trae a la Cámara el Grupo Socialista que para nuestro grupo es especialmente
pertinente, y que a lo mejor para alguien que pueda estar viendo el debate o siguiendo el debate desde fuera o que se quede con el titular, que parece complejo, que parece muy técnico, que parece que estamos hablando de algo que requiere una gran
preparación jurídica para abordarlo -de hecho, para dar respuesta a estas cuestiones hace falta una preparación y un debate jurídico importante sin duda-, me parece necesario señalar el final de la intervención del señor Olabarría. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).
Estamos hablando de cómo tratar, como canalizar, de cómo dar oportunidades a la hora de defender sus intereses a los ciudadanos, eso que se llama intereses difusos pero que está hablando de derechos concretos. Estamos hablando de unas
palabras complejas, pero estamos hablando de derechos concretos de ciudadanos que no tienen posibilidad de defender ante los tribunales sus derechos porque no tienen la legitimación o no tienen una legitimación como la que aquí se pide en este caso
para el ministerio fiscal -para otros entes hablaré luego de esto- para que puedan defender esos derechos. Estamos hablando de algo muy importante que afecta por supuesto al conjunto de los ciudadanos pero particularmente, como señalaba muy
correctamente la portavoz del Grupo Socialista cuando ha presentado la iniciativa y después el señor Olabarría, a la gente más sensible, a la gente más sencilla, que más necesita del Estado. De eso estamos hablando y no de un debate jurídico
abstracto, importante, de resolver, sino de cómo resolvemos, cómo afrontamos y cómo le damos solución a los problemas de estos ciudadanos, que se enmarcan dentro de eso que se llama en la Ley de Enjuiciamiento Civil, los intereses difusos, que
define su artículo 11 bajo esta rúbrica.
¿Qué nos propone el Grupo Socialista? Una cuestión que espero, confío, que tenga la unanimidad de la Cámara. No se me ocurre ningún argumento más allá del consabido argumento de: ya lo estamos haciendo, que no es un argumento sino mera
retórica -que por cierto no lo están haciendo, por tanto no lo podrían decir-, pero no sería real; más allá de esa apelación que también es muy común y que yo entiendo esta segunda mucho más que la primera, porque la primera se puede probar que no
es cierta, la segunda es una apelación bastante común. El Gobierno lleva a gala que la iniciativa legislativa le corresponde a él. Esto ocurre casi siempre, que los Gobiernos en general llevan a gala que es a ellos a quienes corresponde la
iniciativa legislativa y, por tanto, aunque se plantea una iniciativa por parte de algún grupo que sea especialmente pertinente, como es el caso -que además le toma la delantera al Gobierno en una materia en que el Gobierno no ha actuado con
suficiente celeridad-, que actúa sobre una cuestión que es muy importante que está teniendo, al no haber actuado, graves perjudicados por no haber tenido esta legitimación el ministerio fiscal, como luego daré algún ejemplo o el Instituto Nacional
de Consumo o las comunidades autónomas o las administraciones locales. Está teniendo consecuencias muy graves, muy negativas para un colectivo que necesita, como decía antes, la defensa del Estado, que necesita que el Estado lo defienda y que el
Estado, a través de sus estructuras, le facilite esa defensa activa.
¿Qué nos plantea el Grupo Socialista? Dentro de las cuestiones que se pueden proponer, el Grupo Socialista nos plantea una de las dos cuestiones, la ampliación de la legitimación activa. Podríamos plantear también, sería una de nuestras
enmiendas, si sale adelante, la extensión de los efectos de cosa juzgada, pero sería una cuestión añadida a esta iniciativa que plantea, fundamentalmente, esta primera cuestión, la ampliación de la legitimación activa, dándole esa capacidad,
reconociéndosela, tanto al ministerio fiscal como al Instituto Nacional de Consumo y a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Como digo, esta reforma que se nos propone nuestro grupo no es que la
considere positiva, es que nos parece imprescindible. Es verdad que para que esto tenga efectos hace falta dotar al ministerio fiscal de medios materiales y humanos y hace falta también garantizar la independencia, pero supongo que el Grupo
Popular, por lo menos desde el punto de vista de la proclamación, estará de acuerdo en que hay que dotar a la fiscalía de más medios materiales y de más medios humanos, y supongo también que el Grupo Popular estará de acuerdo en que es importante
garantizar la independencia de la fiscalía. Las cosas son bastante importantes para que estas reformas que plantea el Grupo Socialista tengan efectos. Que no haya entrado en vigor estas reformas que se nos plantean, que la ley no reconozca esta
legitimación que hoy nos plantea el Grupo Socialista ha tenido ya gravísimas consecuencias que han afectado a personas que se han visto desamparadas. El legislador español no ha regulado un procedimiento ad hoc en materia de acciones colectivas,
sino que ha introducido diversas especialidades en el articulado de la ley, pero esta opción legislativa, a pesar de su aparente simplicidad, motiva, como decía, algunas omisiones, insuficiencias e incoherencias, que se pueden abordar mediante la
reforma que aquí se nos está planteando. Habría que mejorar el no siempre claro régimen de extensión de los efectos de la sentencia y de la ejecución de las sentencias, como decía antes. En este sentido, es muy revelador, por ejemplo, un dato,
señora Fabra. Es muy revelador el calvario que están pasando los perjudicados por las cláusulas suelo de las hipotecas, cuya nulidad ya se ha decretado pero que, sin embargo, no ha conllevado efectos beneficiosos para la mayor parte de los
afectados, que ante la pasividad de las entidades se ven obligados a iniciar costosos pleitos, y que no tienen forma de conseguir la devolución del dinero cobrado indebidamente durante el período en que se aplicó la cláusula.
¿Ustedes no creen que esto sea urgente de resolver? ¿Ustedes no creen que no hay ningún argumento para dilatar estas decisiones, que no hay ningún argumento más allá de este prurito de: la iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno
o ya lo estamos haciendo? Estamos dejando desamparada a muchísima gente. Hace falta implementar otras medidas que faciliten el ejercicio de acciones por parte de los consumidores y usuarios, como rebaja o supresión de las tasas judiciales -se lo
han dicho los portavoces que han hablado antes- o que, por ejemplo, el objeto litigioso, el bien objeto de discusión no cuente a los efectos de la concesión de la justicia gratuita. Esta es una cosa verdaderamente escandalosa, porque es increíble
-ustedes lo saben aunque resulte increíble- que se esté denegando la justicia gratuita, por ejemplo, a los titulares de preferentes sobre la base de computar el ficticio valor de la inversión dentro del patrimonio del solicitante; es decir, que
solicitan, para reclamar que les devuelvan una cantidad que pusieron en una entidad, justicia gratuita y les computan ese dinero que no tienen porque se lo ha quedado una entidad financiera como si fueran recursos propios. Esto es increíble, es un
trato absolutamente injusto, pero no desde la perspectiva de la ley, desde la perspectiva del derecho y desde la perspectiva del trato humano a estas personas. Sin embargo, eso les está ocurriendo a los titulares de preferentes, sobre la base de
computarles, como les digo, el ficticio valor de la inversión dentro del patrimonio, cuando es un producto, como se sabe, desgraciadamente, sin ningún o escaso valor real, que es el que ha acarreado la ruina de todos los afectados y su imposibilidad
de hacer frente a los gastos que conlleva un pleito de estas características, un proceso judicial de estas características, y es por lo que solicitan la justicia gratuita.
Señorías, no puede ser más oportuna esta iniciativa que nos trae hoy el Grupo Socialista. Hago un llamamiento al Grupo Popular para que reflexione no solo sobre el prurito de mayorías, sino sobre la importancia de la cuestión que nos somete
a consideración el Grupo Socialista. Casi siempre en la vida es mucho más importante resolver los problemas que plantear quién tuvo la iniciativa, quién tuvo la idea. Esta es de las cuestiones que sí merecen un pacto y que sí merecen, por su
parte, que salgan del susodicho latiguillo de: ya lo está haciendo el Gobierno, lo está haciendo incluso mejor que como ustedes nos lo están plantando y, además, la iniciativa legislativa le corresponde al Gobierno. Cuando salgan a decirnos esas
cosas si -Dios no lo quiera- usted lo dice, piensen que las personas que se han visto afectadas y desprotegidas porque la ley no las protege, no van a entender que ustedes les digan que
tienen que resolver los problemas por su cuenta y que ustedes lo están haciendo estupendamente bien. (Aplausos).
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario va a respaldar esta iniciativa que pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para dar un mayor papel a la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios. Es una iniciativa en la que se
pretende la legitimación expresa del ministerio fiscal, la acumulación de acciones para un juicio verbal, la exención de condena en costas en primera instancia, la mejora de la eficacia de las sentencias dictadas en procesos promovidos por
asociaciones de consumidores y usuarios, y la inserción gratuita de anuncios o edictos a través de medios públicos, expresamente en el caso de este tipo de acciones.
En opinión de mi grupo, esta iniciativa, siendo un paso es insuficiente. ¿Por qué decimos esto? Porque se ha demostrado en los últimos tiempos que la teoría, sobre todo de las directivas europeas, que hemos traspuesto a nuestra legislación
es totalmente insuficiente. Se trata de la relación entre un elefante y una hormiga. Señorías, la legislación europea en la iniciativa que hoy debatimos lo que hace es que la hormiga pueda organizarse en hormiguero, pero el elefante sigue siendo
un elefante. Por tanto, la relación no es que sea asimétrica, es que es aplastante en estos momentos. La teoría de la Comisión Europea es la defensa colectiva de un sujeto económico y un sujeto social y, por otra parte, digamos ya en el culmen de
la buena voluntad, la responsabilidad social corporativa. Quiere decir que en los últimos tiempos se ha doblado en las empresas en nuestro país. Señorías, al mismo tiempo que se dobla la responsabilidad social corporativa aumenta la
responsabilidad con la sociedad, con los trabajadores, con los consumidores. Esta crisis está demostrando que la están pagando los sectores más débiles con la pasividad por parte de las instituciones. Los sectores más débiles en términos sociales
son aquellos que tienen menos posibilidades, aquellos que tienen, además, menos resortes políticos; -esos son los sectores débiles-. Pero si habláramos en estos momentos de un sector amplísimo que se está viendo afectado por la crisis sin
prácticamente ninguna defensa, podríamos decir que es el sector amplísimo de los consumidores.
La inmensa mayoría de los ciudadanos se ven afectados no solamente por la voracidad fiscal, que hace recaer el incremento impositivo sobre los consumidores y no sobre las rentas o patrimonios más altos, sino que también se ven ante la
voracidad de las grandes empresas. Podríamos decir en tiempos de la plutocracia, en tiempos en que la economía determina la política, en tiempos en los que quien pone y quita rey es la economía, en esos tiempos los principales afectados son los
consumidores; en un doble sentido, en el sentido de trabajadores y en el sentido también de consumidores. Hoy estamos hablando aquí de consumo, pero al mismo tiempo vemos cómo hay procesos judiciales, a los que se han referido diversos portavoces,
por ejemplo, los que tienen que ver con las preferentes, con las subordinadas con las cláusulas suelo, con el desahucio hipotecario, en los cuales, señorías, la actual legislación permitiría una intervención colectiva. ¿Por qué no hay una
intervención colectiva? Porque, por una parte, la fiscalía no cumple con su trabajo. ¿Cuántos de estos problemas graves que sufren los ciudadanos han sido defendidos por la fiscalía? Muy pocos. Hoy vemos con vergüenza que, después de medio
siglo, hay ciudadanos que se ven obligados a defenderse y a pedir una indemnización en torno a un hecho tan catastrófico como fue la talidomida en España o como pudo haber sido también la polio. Los ciudadanos tienen que organizarse
fundamentalmente porque los poderes públicos no defienden a los ciudadanos, fundamentalmente porque los poderes públicos están condicionados -yo diría mejor, determinados- por las grandes empresas, por los sectores financieros, por el poder
económico. En ese sentido, señorías, nosotros respaldamos esta iniciativa, pero nos parece insuficiente porque garantiza la promoción de ese interés colectivo y garantiza también un mayor impulso a la fiscalía, pero habría que preguntarse si el
único ámbito es la última ratio, si el único ámbito para defender esos intereses de los consumidores, que están siendo vulnerados cada vez más, es la justicia, y habría que preguntarse si la justicia en estos momentos está funcionando adecuadamente.
Parece evidente que no, parece evidente que las medidas del Gobierno en materia judicial van en sentido contrario; por un lado, ponen barreras a la entrada de los ciudadanos en los procesos judiciales, y por otro, dificultan la fluidez de los
procesos judiciales hasta tal punto que en estos momentos discutimos un presupuesto que reduce la acción de la justicia como servicio público. Pero, señorías, esa es la última ratio.
¿Por qué no intervenimos también desde el propio Gobierno? ¿Por qué el Gobierno no interviene cuando se produce una vulneración flagrante, un fraude flagrante a los ciudadanos? ¿Por qué no interviene el Gobierno? ¿Fundamentalmente porque,
situado en la disyuntiva de ciudadanos o empresas, opta siempre por las grandes empresas? ¿No sería bueno que el Gobierno optase por la inmensa mayoría de los consumidores, por la inmensa mayoría de los ciudadanos? Hay un ámbito de intervención
desde el Gobierno, y hay otro ámbito de intervención desde las instituciones, teóricamente independientes, que ordenan la vida económica. Pues bien, la CNMV, la Comisión de la Competencia no han hecho nada en esta materia; salvo algunos informes,
no han respaldado a los consumidores por ejemplo en defensa de sus derechos. Y ha pasado mucho tiempo, ha pasado el tiempo del crecimiento y el tiempo de la crisis, y los órganos independientes hemos de decir, señorías, que no funcionan
adecuadamente, y ahí en nuestra opinión, también habría que intervenir, no solamente desde el Gobierno, sino desde los órganos independientes.
Lo mismo decimos -lo he dicho antes- con respecto a la fiscalía, que en nuestra opinión debería organizarse y debería promover este tipo de acciones a nivel territorial y de manera más incisiva. Esas medidas son imprescindibles. Por tanto
nosotros con respecto a la propuesta concreta de mejorar el tracto legislativo de este Parlamento, en materia de consumo, estamos de acuerdo. Seguramente el Gobierno dirá que ya está en marcha una iniciativa relacionada con el consumo, pero resulta
que para nada afecta a este tema esa iniciativa del Gobierno, y por tanto bienvenida sea esta propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que nosotros respaldaremos. Pero incluso desde el punto de vista legislativo nos parece insuficiente.
Creemos que tiene que haber un marco legislativo que no lo deje todo al albur de la responsabilidad social corporativa. En tiempos de crisis es necesaria una ley fuerte, son necesarias leyes que defiendan a los débiles, señorías, y en este caso una
parte débil de la sociedad española -espero que no nos den más sustos de los que ya nos han dado- son los consumidores. Por eso apoyaremos esta iniciativa aunque la consideremos insuficiente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.
La defensa de los derechos de los consumidores y usuarios constituye un principio rector de la política social y económica, y el régimen legal debe dar respuesta y amparar a la persona consumidora en tanto que agente de la configuración
económica de la sociedad. La persona consumidora precisa de una protección especial y de un reconocimiento de la legalidad en la defensa de sus derechos e intereses, por cuanto se encuentra en una situación de inferioridad en relación con los
proveedores de bienes y servicios.
La propuesta que nos trae hoy el Grupo Socialista y que tendrá nuestro voto favorable va en esta línea, y por tanto pretende reformar el ordenamiento jurídico para mejorar la protección jurisdiccional de las personas consumidoras y usuarias
en cuatro puntos que nosotros creemos importantes. El primer punto es facilitar el acceso a la tutela judicial efectiva mediante las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas; el segundo es atribuir legitimación al ministerio
fiscal, al Instituto Nacional de Consumo, y a órganos y entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de corporaciones locales en defensa de los intereses difusos y colectivos, cuando el interés social lo justifique, y hacer posible el
llamamiento legal de terceros en procesos para la protección de derechos e intereses difusos y colectivos; el tercero es facilitar la acumulación de acciones de reparación de daños y perjuicios causados, tanto a personas consumidoras y usuarias
como al interés general; y el cuarto es fortalecer el ejercicio responsable de las acciones colectivas. Y todo ello obedece a la evidente dificultad que entraña el ejercicio de reclamaciones individuales por parte de consumidores y usuarios
perjudicados, y a la irrenunciable necesidad de facilitarles el acceso a la tutela jurisdiccional en el marco de una razonable economía procesal. Y es que resulta evidente que la posición de un consumidor o usuario aislado, en un pleito seguido
contra una gran empresa, aunque teórica y formalmente sean posiciones equivalentes, realmente y en la práctica no lo son; son posiciones desequilibradas que se han puesto de manifiesto, por ejemplo, en los recientes casos de emisión de preferentes
o de deuda subordinada. Debemos pues activar los mecanismos de reforma para fortalecer el ejercicio responsable de las acciones colectivas, puesto que solo se logra la confianza de las personas consumidoras en el sistema judicial cuando este logra
resolver sus conflictos de modo asequible y en un tiempo razonable.
De las reformas propuestas quiero destacar dos que nos parecen especialmente importantes. La primera es la ampliación de la legitimación, entre otras, del ministerio fiscal. Con carácter general y en la regulación actual el ministerio
fiscal ostenta la legitimación en el caso de la acción colectiva de cesación, para la protección de los intereses de consumidores y usuarios, significando ello que, por ejemplo, carecen de legitimación para el ejercicio de acciones de resarcimiento
de daños. Actualmente, para salvar esta interpretación, cabe apelar a la interpretación flexible del artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero este llamamiento del artículo 15 no deja de ser en la práctica una participación del ministerio
fiscal, a remolque, en procesos ya iniciados por asociaciones o por entidades constituidas para la defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios o por un grupo de afectados. Lo que pretende esta modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Civil es posibilitar al ministerio fiscal, entre otros agentes como el Instituto Nacional de Consumo o los órganos competentes de las diferentes comunidades autónomas, para que pueda iniciar todo tipo de acciones, no solo la de
cesación, que por otra parte hay que decir que es la que menos preocupación genera a los grandes infractores, pues su verdadera preocupación reside en las de índole resarcitorio. Por tanto, como decía, además de poder facilitar la intervención del
ministerio fiscal en acciones de cesación, se pretende que tengan legitimación para la interposición de una acción de condena declarativa o dineraria, y por lo tanto puedan interponer acciones resarcitorias, consiguiéndose con ello además
simplificar y abaratar los procedimientos judiciales, y en definitiva conseguir que las acciones colectivas topen con menores dificultades, en beneficio de la tutela colectiva de las personas consumidoras frente a ciertos abusos empresariales muy
difíciles de combatir a nivel individual.
La segunda modificación que queremos destacar es la que se propone en materia de régimen de publicidad e intervención en procesos para la protección de los intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios. En estos procesos la
comunicación resulta de especial trascendencia, puesto que su resultado afecta a terceros consumidores ausentes del proceso. Actualmente los procesos que se abordan en defensa de los intereses colectivos o difusos ya requieren un régimen particular
de publicidad, para que todo interesado pueda defender judicialmente sus intereses, y ello porque se prevé legalmente que esta publicidad se realice a través de medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya
manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses, reconociéndose pues por el legislador, así de entrada, la nula efectividad de la comunicación edictal o por estrados en el propio juzgado, remitiéndose a los medios de comunicación social.
Ahora bien, es importante abordar quién debe sufragar los lógicos gastos que la publicación en medios de comunicación social genera. Esta no es una cuestión secundaria, puesto que estos gastos pueden resultar realmente cuantiosos, y los entes
legitimados por lo general carecerán de recursos suficientes para abordar la preceptiva comunicación. Por tanto nos parece acertada la modificación que se plantea del artículo 6.4 de la Ley de Justicia Gratuita, que permitiría que el llamamiento al
proceso de los perjudicados pueda articularse de modo gratuito a través de los medios de comunicación, satisfaciendo así, tanto las necesidades de comunicación impuestas por la norma como la integridad del reconocimiento de justicia gratuita
otorgado a las asociaciones de consumidores y usuarios.
Destacadas las medidas referidas, queríamos apuntar otras modificaciones que desde este grupo parlamentario introduciríamos de aceptarse a trámite, como esperamos que así sea, la presente proposición de ley, y que se concretan en tres
medidas. Una sería impulsar una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir el ejercicio de la acusación particular por parte de asociaciones de consumidores y usuarios, en defensa de los intereses generales de las personas
consumidoras, hecho que permitiría la reclamación de la responsabilidad civil, que no es otra cosa que la indemnización que pudiera derivarse del ilícito penal. La segunda sería una propuesta de remodificación del artículo 221.1.1.ª in fine y la
modificación del 519 de la LEC, que es el artículo que aborda la ejecución de las condenas. El caso es que actualmente, cuando no es posible la identificación de los afectados, pese a haberse establecido una condena a la empresa infractora, nadie
obligará a la condenada al pago del importe establecido en sentencia. Es muy probable que, aunque la acción colectiva se haya ejercitado por una asociación de consumidores, muchos de los afectados no vayan a ejecutar estas sentencias. Así, la
infractora quedaría impune en la práctica. Lo que proponemos, siguiendo el ejemplo de otros países, es que, transcurrido un determinado tiempo que podría fijarse, se destinen esos fondos a la promoción de la defensa de los consumidores para lograr
un cierto retorno social del daño generado a los consumidores. Nos proponemos con esta modificación evitar que la condena tenga impacto alguno ni en perjuicio de la infractora ni en beneficio de los consumidores.
Finalmente plantearíamos una modificación del artículo 222.3 de la LEC en materia de cosa juzgada en su redacción actual. Creemos que este artículo debería modificarse para evitar que los particulares afectados se viesen perjudicados con la
eventual desestimación de una demanda por defectos formales, y por tanto no se predicase de esos particulares el efecto de cosa juzgada derivada de la desestimación de la demanda, y por tanto tuviesen intactas sus acciones de reclamación contra la
compañía a nivel particular.
En definitiva, señorías, expresamos de nuevo nuestro apoyo a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista. Deseamos que sea admitida a trámite, puesto que un procedimiento seguro y garantista para las personas consumidoras y
usuarias no deja de ser un instrumento más al servicio de la necesaria recuperación económica.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró, por su brevedad.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Fabra.
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular, que se suma a las palabras de bienvenida a las asociaciones de consumidores y usuarios que hoy han querido acompañarnos en este debate parlamentario, y lo hago para fijar nuestra posición
respecto a la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista.
Todos los aquí presentes sabemos que la economía moderna crea a veces situaciones en las que determinadas personas pueden resultar perjudicadas por las prácticas abusivas e incluso en algunos casos ilegales de los operadores económicos.
Ello es motivo suficiente no solo para solicitar la cesación de tales prácticas, sino también para reclamar la correspondiente indemnización por los perjuicios que se hayan podido ocasionar. En algunos casos esas prácticas perniciosas pueden
afectar a una pluralidad de sujetos con intereses individuales homogéneos que persiguen un mismo objetivo. Son recientes algunos abusos que se han venido produciendo como consecuencia, por ejemplo, de la comercialización indiscriminada de complejos
productos financieros -preferentes, deuda subordinada, cláusula suelo- no indicados o no aptos para todos los públicos, que han puesto de manifiesto muchos dramas personales y familiares.
Si me permiten, quisiera detenerme brevemente en este punto para destacar la labor de las distintas asociaciones que activamente han denunciado y colaborado no solo en la detección de estos problemas, sino también en la búsqueda de fórmulas
para la mejor resolución de los mismos, así como para evitar que situaciones como las acontecidas vuelvan a producirse más adelante. En este sentido quisiera agradecer su participación en la subcomisión de transparencia financiera, cuya creación
propuso mi grupo conjuntamente con el Grupo Catalán de Convergència i Unió, y cuyas conclusiones han recogido muchas de las valiosísimas aportaciones que han hecho durante sus comparecencias en la misma. Igualmente quiero destacar la enorme
sensibilidad de este Gobierno y su firme compromiso con los ciudadanos que compraron activos tóxicos, pues hoy miles de ahorradores que no tenían esperanzas por recuperar sus inversiones las están recobrando, gracias a la aprobación de un marco
legal que por cierto, señorías, ustedes votaron en contra. Señora Díez, créame que se está avanzando en ese marco legal. Son precisamente situaciones como estas, como las de las preferentes, pero también como muchas otras, las que ponen de
manifiesto la necesidad de buscar espacios de acuerdo que persigan garantizar y fortalecer un nivel elevado de protección de los consumidores, también con instrumentos jurídicos que permitan agrupar pretensiones homogéneas en una única demanda, lo
que ofrece evidentes ventajas de justicia procesal, en la medida en que evita la multiplicación de procesos y facilita el acceso a la tutela judicial efectiva recogida en nuestra Constitución.
En lo que se refiere a la capacidad de la Unión Europea para contribuir al desarrollo y armonización del Espacio Europeo de Justicia, el recurso colectivo o tutela judicial colectiva es uno de los mecanismos -no el único; existe la
mediación, el arbitraje- que las instituciones europeas vienen analizando desde hace varios años a partir de las experiencias de los Estados miembros. Entre 2010 y 2012 la Comisión profundizó en el estudio del recurso colectivo para examinar su
posible inserción en el sistema jurídico de la Unión Europea y en los ordenamientos jurídicos de los Estados socios. (Rumores). En abril de 2011 llevó a cabo una consulta pública sobre el recurso colectivo, que puso de manifiesto el enorme interés
por esta cuestión, así como las ventajas y los inconvenientes que pudieron apreciarse. (Rumores). Por cierto, señorías, a esta consulta respondieron 15 Estados miembros, y España no estaba entre ellos. No sé si
esa no contestación a la Comisión es reveladora del interés que despertaba en el anterior Gobierno socialista...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Fabra. Ruego silencio, no se oye a la oradora.
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Decía que no sé si esa no contestación a la Comisión es reveladora del interés que despertaba en el anterior Gobierno socialista la figura de la acción colectiva. También el Parlamento Europeo contribuyó al debate de un informe muy
completo, que se tradujo en la resolución de febrero de 2012, titulada Hacia un planteamiento europeo, coherente con el recurso colectivo. En España, con la promulgación de nuestra Carta Magna ya se establecieron los cimientos de la acción
colectiva, pero no ha sido hasta más recientemente cuando se ha institucionalizado. En concreto la Ley 39/2002, fue la encargada de trasponer a nuestro ordenamiento jurídico diversas directivas comunitarias relativas a la protección de los
consumidores, atribuyendo a las asociaciones que los representan el ejercicio de las acciones colectivas en defensa de sus intereses y derechos.
Pero, señorías, centrándonos en las modificaciones que hoy traen para su debate a esta toma en consideración quisiera abordar, en primer lugar, el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se pretende -como se ha señalado- ampliar la
legitimación del ministerio fiscal para ejercer toda clase de acciones en defensa de los intereses de consumidores y usuarios, no solo las de cesación, así como las del Instituto Nacional de Consumo, de los órganos de consumo de las comunidades
autónomas, las entidades locales y otras entidades habilitadas por la Unión Europea. Señorías, independientemente de la oportunidad de la propuesta, que ya les adelanto será estudiada por mi grupo, al objeto de contribuir a la mejor protección
jurídica de los ciudadanos, quisiera recordar que hace solo cuatro días el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de ley por el que se modifica la Ley para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, una ley
que con algo de demora adaptará la legislación española a una directiva comunitaria del año 2011 sobre los derechos de los consumidores. A juicio de mi grupo introducir una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil relativa a los derechos de
los usuarios y consumidores, cuando se va a iniciar la tramitación parlamentaria de la ley que regula precisamente estas cuestiones, no parece que sea la técnica legislativa más adecuada. El proyecto de ley aprobado el pasado viernes resulta el
escenario legislativo más idóneo desde el que debería abordarse esta cuestión, para evitar que se produzcan disfunciones, dudas interpretativas, y una evidente descoordinación entre los distintos textos legales. Fíjense, señorías, que en otra de
las modificaciones que proponen a este artículo 11, en el apartado 2 pretende eliminarse la referencia a que las asociaciones de consumidores y usuarios sean representativas, y lo hace sin observar la distorsión que ocasionaría que el cambio se
limitara tan solo a la normativa procesal, puesto que chocaría con lo previsto en el artículo 24 del texto refundido de la Ley general para la defensa de los derechos de consumidores y usuarios, que lo dedica específicamente a esta cuestión.
Respecto a la poco clara propuesta de modificación del artículo 73 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para facilitar la acumulación de acciones podemos determinar lo siguiente. El apartado primero de este precepto hace posible la acumulación
en el juicio ordinario de acciones que hubieran de ventilarse en un juicio verbal, afecte o no afecte a temas de consumo. Si esa fuera la intención del grupo proponente esta precisión por sí sola resultaría superflua. Ahora bien, lo contrario,
prever que se acumulen acciones que no hayan de tramitarse por el proceso ordinario aún verbal, no podría admitirse por la merma de garantías que ello supondría. Señorías, saben la complejidad de los procedimientos de defensa de los derechos de los
consumidores, y la cuantía de las reclamaciones que se discuten, y eso exige un procedimiento con mayores garantías que el verbal, sobre todo a efectos de prueba. Busquemos pues el mayor grado de consenso posible durante la tramitación del proyecto
de ley que ha sido remitido a esta Cámara para mejorarlo, porque estoy convencida de que eso enriquecerá el debate.
Respecto de la modificación del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que proponen no va en la dirección de la recomendación de la Comisión Europea, que prevé -y cito textualmente- que los Estados miembros deberían asegurarse de que
la parte perdedora en una acción de recurso colectivo reembolse las costas judiciales necesarias soportadas por la parte ganadora. Este es el principio de que quien pierde, paga. No consideramos que exista ningún motivo por el que se deba aplicar
un tratamiento distinto en materia de imposición de costas, puesto que supondría un trato discriminatorio de una parte frente a la otra.
Por último, señorías, en relación con la modificación del artículo 6.4, de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, esta ley, así como el anteproyecto de ley que lo sustituirá, ya contiene previsiones específicas sobre el acceso a la
justicia gratuita de las asociaciones de consumidores y usuarios, y los casos en los que se reconoce su derecho a esas prestaciones. Por ello esta previsión de gratuidad de la publicidad con carácter general no podemos considerarlo. Por los
motivos que acabo de exponer mi grupo votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero desde aquí les brindo nuestra mejor disposición al diálogo, tanto al resto de los grupos parlamentarios como a las asociaciones de
usuarios y consumidores que nos acompañan durante la tramitación del proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fabra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA ESTABLECER UN TIPO SUPERREDUCIDO TEMPORAL PARA LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PRESTADOS POR
ENTIDADES QUE OPEREN Y TENGAN DOMICILIO FISCAL EN EL VAL D'ARAN, EN EL ALTO PIRINEO CATALÁN Y EN EL PIRINEO OSCENSE. (Número de expediente 122/000111).
El señor PRESIDENTE: Señorías, los cálculos que había hecho sobre tiempos han sido desbordados por lo que ha durado el proyecto de ley. Este punto va a ser el último que debatamos hoy, y a continuación votaremos. Las proposiciones no de
ley y las mociones se verán mañana después de las interpelaciones.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para establecer un tipo superreducido temporal para los servicios turísticos
prestados por entidades que operen y tengan domicilio fiscal en el Val d'Aran, en el Alto Pirineo catalán y en el Pirineo oscense. Para su defensa tiene la palabra le señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Señor presidente, señoras y señores diputados, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentamos esta proposición de ley para que se acepte a trámite la propuesta de modificación de la Ley
37/92, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, una proposición de ley que pretende establecer un tipo superreducido temporal del impuesto para los servicios turísticos prestados por entidades que operen y tengan domicilio fiscal en
el Val d'Aran, en Pallars Jussà, Pallars Subirats, l'Alta Ribagorça y el Valle de Benasque, y que esta aplicación se refiera a los servicios de hostelería, acampamiento y balneario, los de restaurante y en general al suministro de comidas y bebidas
para consumir en el acto. Esta propuesta pretende dar respuesta y generar estímulos que favorezcan la competitividad del sector turístico de estas zonas, que representa en muchos casos el primer sector económico, y por tanto el ser o no ser lugares
de reclamo e interés en los próximos años.
Desde las instituciones de los territorios afectados por las inundaciones del pasado mes de junio se nos exigen básicamente tres cosas: la primera, celeridad en las actuaciones; la segunda, complicidad presupuestaria; y la tercera,
protección ante la desgracia. Pues bien, a día de hoy, 15 de octubre, cuatro meses después del fatídico 18 de junio, este Congreso tiene que mover ficha en estos tres ámbitos. Por ejemplo, en el tema de la celeridad de actuaciones en este ámbito
la realidad de la tragedia supera cualquier acción correctiva o reactiva a los hechos. Se reaccionó rápido y bien desde el territorio, se restablecieron los servicios básicos, y se trasladó una imagen de apego, de reacción, de colaboración entre
las diferentes administraciones implicadas. También, cómo no, desde la ciudadanía se combinaron las ansias por ayudar con la prudencia de la acción, pero hoy por hoy no se ha dado una respuesta real y eficaz en la planificación de recuperación de
las zonas e infraestructuras dañadas por las inundaciones.
En el ámbito de la complicidad presupuestaria pondremos un ejemplo; se habilita una partida de 4,8 millones de euros para la reconstrucción de las obras de defensa de los núcleos afectados por el desborde del río Garona, una partida que en
el proceso de licitación sufre una baja económica de alrededor de 700.000 euros. Nos podemos preguntar, ¿y qué se puede hacer con esta baja económica fruto de la licitación? Bueno, se podría reinvertir en otras partidas, como la reconstrucción del
entorno natural o en infraestructuras agrícolas, que ascienden, por dar un dato, solo en el Val d'Aran a más de 9 millones de euros. Cuando a eso le sumamos que los responsables políticos en el territorio vienen a Madrid al
Ministerio de Agricultura, y estos, los del Ministerio de Agricultura, entienden, comprenden, pero no contemplan dotaciones importantes en este sentido.
Protección ante la desgracia. En este apartado solo se pide que de una vez por todas desde el Gobierno se apruebe un real decreto-ley que dé respuesta, tranquilidad y esperanza para afrontar los daños acaecidos el pasado mes de junio. No
sabemos ya cómo reclamarlo, nos sentimos defraudados por la ausencia de este real decreto. Todos los grupos estamos de acuerdo, como siempre, en establecer medidas, pero en la pasada Comisión de Agricultura solo el Grupo Popular votó en contra de
agilizar la aprobación de un real decreto, como mínimo como el del año pasado. Por eso, por estos antecedentes, tiene sentido e importancia esta propuesta. Porque da respuesta real al territorio y la da en una fórmula no de ayuda directa ni de
subsidio, sino que la da en una fórmula de estímulo a la competitividad para poder competir temporalmente, durante lo que queda del año 2013 y durante el año 2014, en igualdad de condiciones en territorios de similar target turístico, como por
ejemplo el de Andorra.
Esta proposición de ley ni es un brindis al sol ni una petición a hacer algo imposible, señoras y señores diputados; solo es imposible lo que no es posible, y esta modificación de la Ley del IVA es posible, y encima es necesaria; es
posible y también está motivada, tiene carácter temporal, surge de una desgracia climatológica, y genera como hemos visto en los medios de comunicación, en las zonas afectadas, en las instituciones y también en los empresarios del sector turístico,
un apunte de esperanza y también, cómo no, de ilusión. De hecho esta propuesta no es solo un capricho del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió aquí en Madrid, es una petición formal, hecha a nuestro portavoz, del gremio del sector turístico y
de servicios, el señor Duran i Lleida. Señores y señoras diputados, aquí estamos para esto, para intentar hacer propuestas que sean útiles, que sirvan a la gente y que coparticipen con el territorio para facilitar su recuperación. La Generalitat
de Catalunya, por ejemplo, ha destinado el cien por cien del impuesto turístico recaudado en la zona y lo ha revertido en la mejora de la misma. Estos son hechos, son gestos, acciones que ayudan a no luchar en solitario ante la dificultad. La
misma Generalitat ha llevado a cabo una inversión extraordinaria de unos 5,2 millones de euros, más de 900.000 euros se destinarán a abonar el IVA que percibirá la Agencia Tributaria, después también me referiré a eso. Por tanto, no podemos derivar
el futuro de estas zonas al reiterado y demostrado turismo solidario, que ha permitido, por ejemplo, este verano mantenerse en unas cifras aceptables. Necesitamos medidas que superen la estacionalidad turística, y la aplicación del IVA
superreducido creemos que lo es. Proponemos instrumentos, proponemos que tengamos las leyes no solo para cumplirlas, sino también que se puedan adaptar cuando sea necesario, excepcional y de carácter temporal como se propone en este caso. El
impuesto sobre el valor añadido es un impuesto armonizado en Europa, por lo que los Estados miembros deben respetar la directiva europea. En este sentido el anexo III faculta a los Estados miembros a regular tipos reducidos para el alojamiento
facilitado por hoteles y establecimientos afines, incluido el alojamiento para vacaciones y el arrendamiento de emplazamientos en terrenos para cámpines y espacios de estacionamiento de caravanas.
Por este motivo, el objetivo de la presente proposición de ley es modificar la Ley 37/1992, con el fin de establecer un tipo superreducido temporal para los servicios turísticos prestados por entidades que operen y tengan domicilio fiscal en
el Val d'Aran, en el Alto Pirineo catalán y en el Pirineo oscense. Esta medida en ningún caso vulneraría el principio de neutralidad, ya que sería una medida excepcional y con carácter temporal y ayudaría a hacer frente a los daños que han
ocasionado estas inundaciones. Por lo tanto, se propone adicionar un nuevo apartado cuatro al artículo 91, que quedaría de la siguiente manera: Durante los años 2013 y 2014, se aplicará el tipo impositivo del 4 % a todos los servicios turísticos
prestados por entidades que operen y tengan domicilio fiscal en el Val d'Aran, en el Pallars Jussà, en el Pallars Subirà, en la Alta Ribargorça y en el Valle de Benasque. En particular, se les aplicará dicho tipo reducido a los servicios de
hostelería, acampamiento y balneario, los de restaurantes, y en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto.
Esta no es una propuesta oportunista, creemos que es una propuesta oportuna; no es una propuesta imposible, porque ya hemos dicho que si queremos sí que es posible. Entendemos que es una propuesta necesaria, ingeniosa, diferente y que
puede ser de gran utilidad para favorecer la competitividad del sector turístico. Es una proposición de ley de carácter fiscal y económico, con una gran trascendencia también social. En definitiva, si hoy se apoya la toma en consideración de esta
proposición de ley, ayudaremos a la recuperación de un sector económico relevante, como lo es el sector turístico, a través de la incorporación de un tipo superreducido para dichas actividades.
Asimismo, se podría estudiar también -¿por qué no?- la posibilidad de articular mecanismos automáticos destinados a compensar a las diferentes administraciones públicas por el importe del IVA
abonado por inversiones extraordinarias por catástrofes naturales, con el fin de que su importe revierta de nuevo hacia aquellas administraciones territoriales que hayan llevado a cabo dichas inversiones, en la línea de lo que también señala
la Comisión Europea. Desde Convergència i Unió trabajamos para que todo esto sea posible. Por eso agradecemos el soporte y el apoyo que tendremos de los diferentes grupos de esta Cámara y esperemos no lamentar -que lamentaremos- el rechazo de la
misma por el Grupo Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona, ha cumplido con su compromiso con el tiempo.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señoras y señores diputados, las inundaciones de este pasado mes de junio en el Val d'Aran y en el Pirineo de Huesca tuvieron, como se ha dicho, un efecto devastador para todo este territorio. Las
intensas lluvias y la aceleración del deshielo provocaron irremediablemente el desbordamiento de los ríos Garona y Ésera y los daños que se ocasionaron afectaron sobre todo tipo de infraestructuras y también sobre todo tipo de bienes. Las primeras
estimaciones -también se ha dicho aquí- hablaban de unos 12 millones de euros de pérdidas. Esto, evidentemente, a la espera del balance oficial, pero la verdad es que hoy ya podemos hablar de más de 20 millones de euros de daños en viviendas,
coches o fincas particulares, entre otros. Además de estas repercusiones, estos territorios que tienen como motor económico y vital su actividad turística tuvieron que enfrentarse a grandes pérdidas sobre todo -también se ha comentado aquí por
parte del compañero proponente- en las semanas subsiguientes con anulaciones de entre el 80 % y el 90 % de sus reservas turísticas, con las consecuencias que esto representa también para el resto de la actividad de la zona. Cierto es que en el mes
de agosto, y gracias a una mentalidad -podríamos decir- solidaria, el turismo en esos territorios, sobre todo en el Val d'Aran, subió casi un 15 %, pero esto evidentemente no corrigió el daño económico del mes de junio ni del mes de julio.
Ante esta situación tan singular y tan puntual, en Esquerra Republicana de Cataluña compartimos la necesidad de tomar alguna medida extraordinaria que permita favorecer la pronta recuperación de la economía de la zona. Así pues, de manera
temporal y excepcional, compartimos la voluntad de esta iniciativa para establecer un tipo superreducido de IVA para todos aquellos servicios turísticos que operen en estas zonas. Entendemos que esta medida concreta recae sobre el consumidor final
y puede ser una buena manera de incentivar a los turistas a desplazarse al Pirineo catalán y, evidentemente, también al Pirineo aragonés.
Para acabar, consideramos necesaria una tramitación de urgencia, pues está a punto de empezar la temporada de invierno y se podría ayudar a la pronta recuperación del principal sector de la zona que, como bien se ha dicho, es justamente el
turismo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente desde el escaño para decir que nuestro grupo va a votar favorablemente esta iniciativa. Creemos que es importante, después de haber sufrido una desgracia, poner todos los instrumentos que se puedan para tratar de
recuperar la posición anterior lo antes posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
El tema que nos ocupa esta tarde no se presta a la frivolidad. Efectivamente, como sus señorías recordarán, a mediados de junio la zona de los Pirineos sufrió unas muy graves inundaciones; unas graves inundaciones que afortunadamente no
causaron víctimas personales, pero sí una destrucción muy importante de infraestructuras como carreteras, sí importantes daños en viviendas, sí anulaciones masivas
de reservas hoteleras aunque en muchos casos estuviese justificado. Por eso deseo aprovechar la ocasión, en nombre de mi grupo, para enviar un recuerdo y nuestra solidaridad a todos los damnificados.
Ante hechos como los que nos ocupan sería comprensible una iniciativa del grupo proponente que nos pidiese cosas como reconstruir esas infraestructuras destruidas; o nos pidiese cosas como indemnizar a los damnificados; o nos solicitase
informar de que las instalaciones turísticas están operativas y no tiene sentido dejar de visitarlas, suponiendo que todo esto no se esté haciendo ya, que hasta donde sabemos se está haciendo, o suponiendo que no se esté haciendo con la celeridad
necesaria. Podríamos entender ese tipo de iniciativas: Hay que reconstruir infraestructuras, hay que indemnizar a los damnificados, hay que informar de que los hoteles están operativos. Todo ello hasta donde sabemos se está haciendo. Lo que
resulta más difícil es apoyar o, si me lo permiten, incluso entender una iniciativa como esta porque, como bien ha explicado el señor Solsona, lo que aquí se nos pide es establecer un tipo superreducido del 4 %, de forma temporal durante dos años
-2013 y 2014-, para los servicios turísticos de las entidades que operan en esta zona.
Esta propuesta tiene un inconveniente muy importante, y es que en nuestra opinión es absolutamente imposible, tanto según la legislación española como según la legislación europea. Sabemos que esto no es algo que amilane el grupo
proponente, ni la legislación española ni la europea, pero a nosotros sí nos amilana y por eso no entendemos la propuesta.
El IVA, como saben sus señorías, es un impuesto armonizado en el ámbito europeo y hay distintas directivas que permiten establecer tipos reducidos o tipos superreducidos, y en eso se basa el señor Solsona para la defensa de su propuesta. Lo
que no ha explicado, o yo no he entendido bien, es que estos tipos reducidos o superreducidos se pueden aplicar según la naturaleza y según las características del producto. Es decir, hay determinados bienes y servicios que se pueden considerar de
primera necesidad y aplicarles un tipo reducido o superreducido. Lo que no se puede es aplicar un tipo menor basándose en la localización geográfica, es decir, aplicarlo solo en una zona del país, como aquí se nos está pidiendo. Tampoco es posible
justificarlo por las circunstancias adversas; tiene que ser por la naturaleza del bien o servicio y, por último, para remate, tampoco es posible hacerlo de manera temporal. Por tanto, todo lo que se nos solicita es imposible de realizar según la
legislación europea y según las normas de armonización del IVA.
Como el grupo proponente tiene buenos especialistas en la materia, la única explicación racional de su propuesta es que quiere quedar bien con los damnificados y, en ese sentido, tal vez considere que ya ha logrado su propósito con
simplemente presentar la iniciativa. Si no es así y realmente quiere hacer algo operativo, si realmente quiere ayudar a los damnificados, nosotros les sugerimos cordialmente una alternativa. Ustedes gobiernan una importante comunidad autónoma con
un altísimo grado de autonomía y en esa importante comunidad con un altísimo grado de autonomía, entre otros instrumentos, tienen tributos propios y cedidos. Depende solo de su voluntad alterar esos tributos propios y cedidos, no necesitan el apoyo
de nadie más, y esto es legalmente posible hacerlo. Por tanto, les recomendaríamos que aplicasen este tipo de propuestas en los impuestos en los que se puede hacer, en los que cobra la Generalitat a los hoteleros de la zona.
Esto es todo, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero agradecer, en primer lugar, al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió la oportunidad que nos da de reabrir un debate que se cerró mal en la sesión de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del pasado
25 de septiembre. En aquella ocasión debatíamos globalmente sobre las medidas a tomar para dar respuesta de la mejor forma posible a los daños y a los efectos negativos que las riadas del pasado mes de junio habían provocado en el Pirineo aragonés
y en el Pirineo catalán. En aquel debate, las iniciativas de la oposición -cuatro proposiciones no de ley, ni más ni menos- fueron rechazadas por la mayoría absoluta del Partido Popular y hoy vamos a tener una nueva oportunidad para abordar esta
cuestión.
No voy a reiterar la descripción de los hechos de aquellos días 17, 18 y 19 de junio en que vinieron a coincidir fuertes lluvias con el deshielo estacional motivado por las altas temperaturas. Todo ello provocó desproporcionadas crecidas en
los ríos Garona, Noguera Pallaresa, Noguera de Cardós, Ésera, Cinca y Gállego y cuantiosos daños en las comarcas del Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà y Pallars Subirà
en Cataluña y en la comarca de la Ribagorza en Aragón, múltiples desalojos, cortes de carreteras, cortes en el suministro de luz y de teléfono y un largo etcétera de desperfectos a consecuencia de las riadas y de las inundaciones en
municipios -recordémoslo- turísticos de primera magnitud.
En junio pedimos la intervención inmediata de las administraciones públicas para intentar salvar la temporada turística -aquello era lo urgente en aquel momento-, restaurar de forma inmediata las infraestructuras que son imprescindibles,
pero pasado el verano tenemos que abordar lo importante: implementar las ayudas necesarias para los vecinos afectados y para los negocios que sufrieron daños. Esta tarde debatimos esta proposición de ley que así, tomada en solitario, parece un
parche muy específico: aplicar un IVA superreducido del 4 % temporalmente solo en dos ejercicios, 2013 y 2014, para servicios turísticos exclusivamente, servicios turísticos que tengan el domicilio fiscal en estas comarcas pirenaicas de Cataluña y
Aragón. No voy a entrar en la virtualidad o no de esta propuesta, se ha planteado por parte del grupo que me ha antecedido en el uso de la palabra, pero ya anticipo el voto favorable de los diputados de Izquierda Unida, de Iniciativa per Catalunya
Verds y de Xunta Aragonesista a la toma en consideración de esta iniciativa, de esta proposición de ley, porque vamos más allá del texto literal de esta proposición de ley.
En ese sentido, desvelo desde este momento nuestra intención en el caso de que prospere la toma en consideración, y ojalá prospere, de presentar enmiendas parciales para abrir el contenido de esta iniciativa legislativa a otras medidas que
el Gobierno del Partido Popular se niega a adoptar, lo que supone una flagrante discriminación a las víctimas de las riadas de junio de 2013 con respecto a las víctimas de las riadas, incendios y otras catástrofes naturales producidas en la mayor
parte del año 2012. El año pasado el Gobierno tardó, pero al final aprobó un real decreto ley de ayudas a los damnificados por catástrofes naturales. Sin embargo, este año el Gobierno se quiere ahorrar este decreto, se quiere ahorrar el real
decreto ley, ¿y eso qué supone? Supone que, además de las subvenciones que el Gobierno está dispuesto a conceder en el marco del Real Decreto 307/2005, nosotros entendemos que podemos ir más allá si se aprobara una norma con rango legal y que
podríamos aprobar bonificaciones fiscales como la exención del impuesto de bienes inmuebles o una reducción en el impuesto de actividades económicas, o bonificaciones en el pago de la cuota de la Seguridad Social, entre otras medidas. No es un gran
desembolso para el señor Montoro y, sin embargo, supondría evitar una discriminación con respecto a los damnificados del año pasado. Se trata, a nuestro juicio, de poner en marcha todos los mecanismos que tiene el Gobierno para favorecer la
recuperación de la zona, una zona frágil, una zona de alta montaña, donde la vida es muy dura y donde se están produciendo ese tipo de catástrofes naturales frente a las que hay que reponerse.
Señor portavoz, nos gustaría aprovechar esta proposición de ley para convertirla en una ley de ayudas para víctimas de catástrofes naturales, no solo de las riadas del mes de junio en el Pirineo, sino también otras que se han producido
recientemente, como las riadas del 5 agosto en la cuenca del río Martín, que causó innumerables daños en La Hoz de la Vieja, incluso una víctima mortal en el municipio de Oliete en la provincia de Teruel, o como el temporal de lluvia, viento y
granizo que asoló el pasado 4 de octubre el municipio de Biota y el pueblo de colonización de Pinsoro en la comarca aragonesa de las Cinco Villas, al norte de la provincia de Zaragoza. Igualmente, podrían incluirse otros territorios que hayan
sufrido o puedan sufrir en breve catástrofes naturales análogas en cualquier comunidad autónoma a lo largo del presente año.
Otras enmiendas que podríamos plantear son las que nos permitirían hacer una política preventiva en los cauces de nuestros ríos, tal como proponíamos en la proposición no de ley de La Izquierda Plural que defendimos sin éxito en Comisión,
estaríamos hablando de instar a la Confederación Hidrográfica del Ebro, en coordinación con los Gobiernos de Aragón y de Cataluña, a poner en marcha un plan de adecuación de cauces y riberas y un plan de medidas preventivas en aquellas zonas más
vulnerables. Esta propuesta de carácter preventivo obviamente podría extenderse al conjunto de las cuencas hidrográficas, por supuesto. Con esta visión más amplia, y con el deseo de que esta proposición de ley sea tomada en consideración, La
Izquierda Plural va a votar a favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, querría decir que mi grupo agradece la posibilidad que nos ofrece este debate, el tener una vez más un recuerdo y, si se me permite, el reconocimiento a los ciudadanos que
estuvieron afectados por estas riadas. Tuvieron una actitud valiente, decidida y de no resignación ante la desgracia que esas inundaciones suponían no solo en sus negocios, sino en el conjunto de su vida. Les afectaron daños producidos en
infraestructuras, en viviendas, en pequeños negocios, que les alteró su vida cotidiana y, sobre todo, les generó una gran incertidumbre ante el futuro que se les presentaba ante la reconstrucción y recomposición de los daños. Desde el primer
momento se vio que estábamos ante una situación de catástrofe de enormes dimensiones, que solo el trabajo de los afectados no iba ser suficiente y que ellos no se podían hacer cargo solos de esa situación. Por ello, es importante analizar la
respuesta que las administraciones implicadas tienen en el trabajo de reconstrucción, la Administración del Estado y la Generalitat de Catalunya. Ha llegado el momento de hacer evaluación de la respuesta que las administraciones han tenido.
Nosotros aquí debemos hacer la de la Administración del Estado, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.
Por estos motivos y por la trascendencia que tiene el tema que nos ocupa, quiero decirles también a los miembros del grupo de Convergència i Unió que su proposición de ley se nos antoja poco ambiciosa, muy limitada a un sector, a un tema muy
concreto, no por ello menos importante, sino todo lo contrario, pero olvida al resto de sectores que quedaron afectados y que siguen esperando la solución que merecen y que ha sido reiteradamente prometida por ambos Gobiernos. Ya el día 26 de junio
yo misma le presenté una pregunta oral en Pleno al ministro del Interior. Queríamos conocer las intenciones del Gobierno en la respuesta a las necesidades creadas. El señor ministro pudo comprobar en ese momento que podía contar con nuestro apoyo,
que podíamos trabajar juntos en la reparación de los daños, porque le pedimos entonces y le seguimos pidiendo que esa reparación sea estructural y no coyuntural. Le pedimos que eso se hiciera a través de un real decreto, que recogiera ese real
decreto de manera específica todos los daños, que se dispusieran los medios económicos para solventarlo y, finalmente, que estableciera los mecanismos de acceso a los mismos. Este real decreto tiene que tener como base y contener como mínimo todo
el abanico de posibilidades que contempla la Ley 14/2012, de 26 de... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Cunillera.
Ruego silencio, por favor. No se puede oír a la oradora.
Continúe.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señor presidente.
Como decía, esta ley contempla medidas urgentes para paliar daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales. El señor ministro se comprometió a que iba a hacerlo así, y nos dijo textualmente: Estamos trabajando,
haciendo la evaluación de los daños causados y ya le anticipo que, efectivamente, sobre la base de la evaluación de los daños producidos, una vez terminada, bien por la vía ordinaria, bien por la vía extraordinaria, haremos frente a ello también en
esta ocasión. Repitió lo mismo en el Senado el señor ministro el 6 de julio en contestación a una pregunta del senador Boya, prácticamente en los mismos términos. A fecha de hoy seguimos sin ese decreto -no queremos pensar que sea porque todavía
no hayan finalizado la evaluación-, a pesar de que ese decreto es una reivindicación de todos los grupos de esta Cámara, con excepción del Grupo Popular, ya se ha dicho aquí que se pudo comprobar esa unidad de todos los grupos, con esa excepción, en
una reunión de la Comisión de Agricultura muy reciente, el 25 de septiembre, donde acordamos un texto común que no prosperó por los votos en contra del Grupo Popular. Le pedíamos al Gobierno y le seguimos pidiendo en este momento que aplique las
medidas del Real Decreto 307/2005, que regula las subvenciones para atender necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y los procedimientos para su aplicación; que dicte ese real decreto que contempla los
supuestos incluidos en la Ley 14/2012. Le pedimos también todos los grupos que por el Ministerio de Agricultura, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en coordinación con la Generalitat de Cataluña y la Diputación General de Aragón,
se elabore y ponga en marcha un plan de limpieza y mantenimiento de los cauces y riberas de los ríos en las provincias de Lleida y Huesca para prevenir posibles nuevas afectaciones. Le pedíamos también que todas estas medidas se habilitasen por
partidas económicas a favor de la confederación, para poder asumir la reparación de las infraestructuras. Estamos, por tanto, ante una reivindicación tanto de los afectados como de la mayoría de los grupos mucho más ambiciosa y completa que la
iniciativa que hoy nos ocupa. Seguramente, y no lo quiero pensar, es bien intencionada, pero que olvida que son muchos más los problemas y que los ciudadanos de ese territorio ven cómo pasa el tiempo, que siguen evaluando, y que ellos siguen
sufriendo las consecuencias de la catástrofe.
Nosotros no vamos a desfallecer en esas peticiones, como tampoco debemos dejar de atender el acuerdo del Consell General d'Aran, que tuvo un plenario la semana pasada -hace exactamente una semana-, en la que se debatió una propuesta de
Unitat d'Aran con el objetivo de reclamar a las instituciones catalanas y españolas la activación de los mecanismos previstos para habilitar las ayudas. El Consell aprobó reclamarle al Gobierno del Estado, con la máxima urgencia, la redacción...
(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Cunillera.
Por favor, siéntense y los que quieran hablar en el pasillo que vayan fuera.
Continúe.
La señora CUNILLERA MESTRES: Señor presidente, quiero pensar que no es que no les interese Arán.
Le piden al Gobierno, como decía, que redacte con la máxima urgencia el decreto que permita paliar esos daños. Pero también le piden a la Generalitat de Catalunya que desarrolle un plan de inversiones para recuperar los accesos al medio
natural; una acción contundente para recuperar los espacios agrícolas, que se inicien las acciones para delimitar y exigir responsabilidades, caso de que las hubiera, a aquellas empresas o entidades que gestionen infraestructuras hidráulicas. Le
piden que recupere el parque territorial del Garona y, finalmente -y es muy importante-, muestran su preocupación e indignación por el incumplimiento de las administraciones de sus compromisos adquiridos públicamente, y les insta a ambas
administraciones a definir y concretar aquellas acciones y a pasar de las palabras a los hechos.
Señorías, como verán, tenemos una definición muy clara y muy real de lo que los afectados piensan, de lo que los afectados reclaman y hoy tenemos la oportunidad de aceptar a trámite esta proposición de ley, pero deben saber que nuestro grupo
sigue pensando y seguirá reclamando que lo necesario, lo útil, es que este Gobierno dicte ya de una vez el real decreto que contemple la evaluación completa de los daños, los mecanismos y las partidas presupuestarias generales.
Sepan también los señores de CiU que donde corresponde aquí, en el Parlament de Catalunya, les exigiremos también que cumplan con lo que les demandan los afectados. A ustedes, como responsables del Gobierno de Cataluña, donde, por cierto,
estamos debatiendo una proposición que tendría mucha más fuerza si dieran satisfacción al sector turístico, objeto de esta proposición de ley, que les ha pedido una moratoria en la tasa turística que les cobra la Generalitat de Catalunya y se les ha
negado. Es una buena ocasión para acompañar las palabras con hechos, como les pide el Consell General d'Aran. También en esto contarán con nuestro apoyo. Si lo hicieran, háganlo ya, tendrían más razones para exigirle luego al Gobierno del Estado
que nos atienda en nuestras reivindicaciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cunillera.
Por el Grupo Popular tiene la palabra doña María Eugenia Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para expresar el posicionamiento del Grupo Popular a la proposición de ley planteada por el grupo de CiU. En la exposición de motivos de la misma manifestaba el grupo de CiU que se
cifraba en más de 12 millones de euros las pérdidas en infraestructuras viarias y reparaciones del sistema de agua potable. Continuaba la exposición diciendo que la factura sería, sin duda, mucho más alta, ya que además de las repercusiones
económicas visibles de dichos territorios se enfrentaban a unos daños enormes de importancia en el sector turístico. Por ello, pedían la aplicación del IVA superreducido.
Señores, esta iniciativa se presentó el 26 de junio, como todos sabemos, pocos días después de acontecer las desgraciadas inundaciones en la zona de Lleida y el Valle de Benasque. En este sentido me gustaría destacar que sí hubo una
propuesta y muy amplia aprobada por todos los grupos en el Senado el 10 de julio, en la que el Gobierno se comprometió a actuar, pero no es que se comprometiera a actuar en ese momento, el Gobierno actuó desde el minuto uno. El Gobierno puso de
manera inmediata la Unidad Militar de Emergencias a disposición del Valle de Benasque y de la provincia de Lleida. El Gobierno de la Generalitat llegó a reconocer en el Pleno del Parlamento de Cataluña la actuación tan buena y tan célebre que había
tenido el Gobierno de España. Este Gobierno ha actuado de manera inmediata y no hace falta un real decreto específico, porque ya ha aplicado el Real Decreto 307/2005. Ya se ha iniciado la aplicación de las ayudas y de las indemnizaciones. Desde
la dirección de operaciones del Consorcio de
Compensación de Seguros se dice que la indemnización va entre los 20 y los 40 millones de euros y las solicitudes de indemnizaciones presentadas ascienden a un total de 492, que corresponden a viviendas, campins, comercios, industrias, obras
civiles y al sector de la agricultura. Como ustedes saben, eso no se presupuesta directamente como ayudas a afectados, sino que pasa de la subvención y ayuda que el Estado da al Consorcio de Compensación de Seguros. Se procedió de forma inmediata
a la reparación y puesta en funcionamiento de todas las infraestructuras viarias y de competencia estatal, especialmente la N-230. Se ha abordado un plan de choque para asistir a los establecimientos turísticos, al tejido comercial y especialmente
a la agricultura, en el sentido que hablaba el portavoz de UPyD.
Desde la Secretaría de Estado de Turismo se han realizado numerosas actuaciones desde el mes de julio de 2013. Por parte de la Subdirección General de Marketing Exterior y de Turismo se realizaron varias acciones a través de herramientas on
line de Turespaña dirigidas a promocionar el Valle de Benasque y a continuación el Valle de Arán. Se está trabajando junto al sector turístico, tanto en la impartición de cursos de formación, como por Segittur en apoyo a las reservas hoteleras a
través de convenios con proveedores informáticos y comunidades autónomas. En definitiva, a día de hoy podemos decir por suerte que la situación ya es otra. La campaña turística veraniega en el Valle de Benasque nunca ha sido muy alta, pero ya roza
el 60 % de ocupación en estos momentos. Dos meses después, la Confederación Hidrográfica del Ebro está trabajando en la recuperación de los cauces y los muros de protección. Las carreteras nacionales se repararon con la mayor brevedad posible;
los suministros eléctricos están recuperados y el agua potable, ahora provisional, se repondrá de forma definitiva este mes.
Señores de CiU, la propuesta de bajada del IVA no soluciona el problema del sector turístico. Con estas medidas se soluciona. La propuesta -y lo saben ustedes muy bien- atenta contra la normativa, porque la Directiva 2006/112 del Consejo
Europeo, artículo 98, anexo III, prevé qué tipos reducidos se pueden poner, en casos que están tasados. Como correlato, las categorías 5, 12 y 12 bis del mencionado anexo III, y el artículo 91, números 1 y 2, del Real Decreto-ley 20/2012 disponen
que se aplicará el tipo reducido del 10 % a transporte de viajeros y sus equipajes, a los establecimientos de hostelería, de acampamiento y balnearios, a los restaurantes y en general al suministro de comida y bebida para consumir en el acto,
incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario. No es un prototipo de tipo hiperreducido o superreducido, es de tipo reducido, que como saben en este momento es del 10 %, y el Gobierno de España no considera -en consonancia con las
recomendaciones específicas de 2012 para España y con los acuerdos de los Estados miembros y de la Comisión, que han asumido un compromiso para limitar la aplicación de tipos reducidos- establecer un tipo para una parte del territorio español y otro
para otra parte, porque estamos hablando de un impuesto que es objetivo y no de uno territorial y para tipos.
En cuanto al impuesto del turismo, del que han hablado, estaría bueno que el impuesto del turismo de la zona no se dedicara a los beneficios turísticos, porque para eso lo implantaron. Nosotros creemos que, en definitiva, el Gobierno ha
actuado de una forma rápida y consecuente. El Gobierno se ha comprometido a tomar medidas ordinarias y extraordinarias si fuera necesario en la evaluación de los casos. Desde aquí quiero agradecer a todas las personas de las comarcas afectadas su
labor y su trabajo día a día para recuperar la zona afectada. Creo que todos deberíamos recuperar el consenso que tomamos el 10 de julio en el Senado para apoyar a estas personas. No creo que tomar una medida en un momento y para un sector
determinado sea oportunismo político, pero no sería eficaz para recuperar y restaurar la zona afectada por las inundaciones del Valle de Arán.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.
En unos minutos iniciaremos las votaciones. (Pausa).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE LA ACCIÓN Y DEL SERVICIO EXTERIOR DEL ESTADO. (Número de expediente 121/000051).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, vamos a someter a votación de forma conjunta las enmiendas de devolución presentadas al proyecto de ley de la acción y del servicio exterior del Estado. Votamos
conjuntamente las presentadas por la señora Pérez Fernández, el
señor Iñarritu y el señor Bosch; Grupo Vasco (EAJ-PNV), Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Grupo Socialista. Hay 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316, más 3 votos telemáticos, 319; a favor, 139, más 2 votos telemáticos, 141; en contra, 172, más 1 voto telemático, 173; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda de totalidad con texto alternativo presentada por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Hay 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, más 3 votos telemáticos, 320; a favor, 17; en contra, 179, más 3 votos telemáticos, 182; abstenciones, 121.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, PARA LA TUTELA JUDICIAL COLECTIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente 122/000106).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios.
Hay 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316, más 3 votos telemáticos, 319; a favor, 144, más 2 votos telemáticos, 146; en contra, 172, más 1 voto telemático, 173.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, PARA ESTABLECER UN TIPO SUPERREDUCIDO TEMPORAL PARA LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PRESTADOS POR
ENTIDADES QUE OPEREN Y TENGAN DOMICILIO FISCAL EN EL VAL D'ARAN, EN EL ALTO PIRINEO CATALÁN Y EN EL PIRINEO OSCENSE. (Número de expediente 122/000111).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, para establecer un tipo
superreducido temporal para los servicios turísticos prestados por entidades que operen y tengan domicilio fiscal en el Val d'Aran, en el Alto Pirineo catalán y en el Pirineo oscense. Hay 3 votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 139, más 2 votos telemáticos, 141; en contra, 176, más 1 voto telemático, 177.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración la proposición de ley.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.
http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
D. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Teléf.: 91 390 60 00
Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - http://boe.es