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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 143, de 08/10/2013
cve: DSCD-10-PL-143
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 143
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 134
celebrada el martes,
8 de octubre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, del fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 71-1, de 1 de junio de 2012. (Número de expediente 125/000009) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 125-1, de 14 de junio de 2013. (Número
de expediente 122/000108) ... (Página20)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para permitir el derecho de autodeterminación de los pueblos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 268, de 10 de mayo de 2013. (Número de expediente 162/000636) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 322, de 13 de septiembre de 2013. (Número de expediente 162/000720) ...
(Página43)
Modificación del orden del día ... (Página52)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción política. (Número de expediente 173/000108) ... (Página52)
- Del Grupo Parlamentario Socialista al Presidente del Gobierno sobre la política general del Gobierno en materia de rendición de cuentas ante el Parlamento. (Número de expediente 173/000109) ... (Página61)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página69)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página70)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página70)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página71)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página6)
Del Parlamento de Cataluña, del Fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes ... (Página6)
En turno a favor intervienen los señores Rull i Andreu, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; Rodríguez i Serra, del Grupo Parlamentario del Partit Popular de Catalunya, y Sanglas i Alcantarilla, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana de Catalunya, representantes de la delegación del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Lozano Domingo, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ruiz Llamas, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Ayala Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Macias i Arau y Ayala Sánchez.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página20)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género ... (Página20)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Álvarez Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia; y las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y González Vázquez, del Grupo Parlamentario
Popular.
Proposiciones no de ley ... (Página32)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para permitir el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos ... (Página32)
Defienden la proposición no de ley la señora Fernández Davila y los señores Bosch i Pascual y Errekondo Saltsamendi, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario
Popular.
Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Olabarría Muñoz y Gómez de la Serna y Villacieros.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Acuerdo de Pesca Unión Europea-Reino de Marruecos ... (Página43)
Defiende la proposición no de ley el señor García Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y la señora Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano
Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Pàramo i Ponsetí, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor García Díez.
Vuelven a hacer uso de la palabra el señor García Díez y la señora Fernández Davila.
Modificación del orden del día ... (Página52)
La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en el sentido de debatir en la sesión de mañana los puntos 7, 8 y 9, relativos a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes sobre cumplimiento del artículo 50
de la Constitución española que mandata a los poderes públicos garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; sobre la devaluación de las pensiones que se va a
producir como consecuencia de las medidas anunciadas por el Gobierno, del Grupo Parlamentario Socialista, y relativa a la modificación del Código Penal para tipificar como delito la banalización del holocausto o del nazismo, sea a través de la
utilización de símbolos nazis y totalitarios, sea mediante la adjetivación de líderes, entidades e instituciones demócratas con el calificativo de 'nazi', 'nazista' o 'nazismo', del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página52)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción política ... (Página52)
Defiende la moción el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; y los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martín Peré, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Centella Gómez.
Del Grupo Parlamentario Socialista al Presidente del Gobierno sobre la política general del Gobierno en materia de rendición de cuentas ante el Parlamento ... (Página61)
Defiende la moción la señora Rodríguez Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Alonso Aranegui, del Grupo
Parlamentario Popular.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página69)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña del Fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes, se rechaza por 131 votos a favor más 2 votos telemáticos,
133, y 178 en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página70)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género, se rechaza por 141 votos
a favor más 2 votos telemáticos, 143; 171 en contra y 2 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página70)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para permitir el Derecho de Autodeterminación de los Pueblo, se rechaza el punto 1 por 38 votos a favor, 275 en contra y 1 abstención.
Se rechaza el punto 2 por 14 votos a favor, 276 en contra y 23 abstenciones.
Se rechaza el punto 3 por 28 votos a favor, 276 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan los puntos 4 y 5 por 9 votos a favor, 276 en contra y 28 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Acuerdo de Pesca Unión Europea-Reino de Marruecos, se aprueba por 281 votos a favor, 30 en contra y 3
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página71)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción política, se rechaza el apartado 1) por 126
votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones.
Se rechaza el apartado 2) por 141 votos a favor, 171 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza el apartado 3) por 128 votos a favor, 171 en contra y 16 abstenciones.
Se rechaza el apartado 4) por 141 votos a favor, 172 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al Presidente del Gobierno sobre la política general del Gobierno en materia de rendición de cuentas ante el Parlamento, se rechaza el
punto 5 por 126 votos a favor, 173 en contra y 16 abstenciones.
Se rechaza el resto de la moción por 140 votos a favor, 173 en contra y 2 abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y treinta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. En sustitución de don Juan Carlos Aparicio Pérez, pregunto a don José Máximo López Vilaboa si jura
o promete acatar la Constitución.
El señor LÓPEZ VILABOA: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Don José Máximo López Vilaboa ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DEL FONDO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN, EL RESCATE SELECTIVO Y LA SUBVENCIÓN DE PEAJES. (Número de expediente 125/000009).
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es el relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, del fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. Nos
acompañan tres representantes del Parlamento de Cataluña que defenderán la proposición y a quienes doy la bienvenida más efusiva en nombre de la Cámara.
En primer lugar, tiene la palabra don Josep Rull, de Convergència i Unió.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Rull i Andreu): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, companys diputats de Catalunya, es la segunda vez que el diputado que les habla se dirige a esta Cámara para defender esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña. De hecho, es la tercera vez que los
diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña intentamos que progrese una resolución de esta iniciativa, la tercera vez que se sustancia en el Pleno de esta Cámara.
Viniendo hacia este Congreso dudaba de qué símil utilizar, si el mito de Sísifo, aquel personaje que tenía como reto empujar una piedra montaña arriba y que una, otra y otra vez volvía a caer, o aquella famosa película Atrapado en el tiempo
o El día de la marmota. Da la sensación de que desde el momento que planteamos una iniciativa sensata, sólida, bien fundamentada, que intenta buscar un principio de equidad, siempre empezamos donde lo dejamos. Hace once años que desde el
Parlamento de Cataluña intentamos que haya un debate en esta Cámara sólido, sensato, tranquilo -insisto- sobre cómo tenemos que gestionar las vías de alta capacidad, porque el punto de partida hace once años de las vías de peaje que existían en
determinadas comunidades autónomas en comparación con las vías libres de pago era escandaloso. Este es un tema que afecta de una manera muy severa a Cataluña, pero también afecta a otras comunidades autónomas, por ejemplo, a La Rioja o al País
Valencià, donde hay una desproporción -en el caso de Cataluña es muy evidente- entre las vías libres de pago en comparación con las vías de peaje. Miren, en el conjunto del Estado español el 80 % de las autovías son libres de pago, solo el 20 % es
de pago. En el caso de Cataluña esta cifra se invierte y, en relación con las autopistas de titularidad del Estado, en Cataluña el 60 %, más de la mitad, son de pago y solo el 40 % son libres de pago.
A partir de aquí, hay dos soluciones. Una es evidente: construir autovías en aquellos ámbitos del Estado español que se consideran prioritarios. Parece absurdo que aquella vía que concentra mayor tráfico de mercancías del Estado español
hacia Francia aún no se haya desdoblado; hablamos de la N-II a su paso por Girona. Pero hay otro mecanismo, que es el que intenta esta proposición de ley, y es crear un fondo para la gestión de los peajes, un fondo para la subvención, la
homogeneización y el rescate selectivo de los peajes para hacer frente a una situación injusta, y en Cataluña en relación con los peajes hay una situación injusta. ¿Cómo se dotaría este fondo? Se dotaría a partir de los tributos que las empresas
concesionarias de peajes ya pagan -con el impuesto de sociedades, con el IVA, con una parte de otros tributos que aportan-, con la voluntad de crear un fondo que también estaría dotado por la transferencia que pudiesen hacer las comunidades
autónomas y el Gobierno del Estado, el Ministerio de Fomento. Tres objetivos. Subvencionar peajes con el objetivo de permitir que haya determinados espacios donde los peajes bajen de manera significativa. Homogeneizar el precio del peaje; no
tiene sentido que en determinadas autopistas en el conjunto del Estado español un kilómetro sea mucho más caro que en otros lugares. Y, en último lugar, rescatar selectivamente peajes. Hay peajes, especialmente los próximos a concentraciones
urbanas, de los que llamamos de movilidad obligatoria, que muchos ciudadanos tienen que pagar porque no hay una vía alternativa libre de pago. Dotándonos de este instrumento, de este fondo, creemos que tendríamos margen suficiente.
Por tanto, lo volvemos a intentar. Es la tercera vez que desde el Parlament de Catalunya se pide a sus señorías que tomen en consideración esta iniciativa y la puedan llevar a buen término. Quizá no volvamos a venir, quizá ustedes tengan
la capacidad de solucionar este problema o quizá algún día, y estamos
convencidos de que esto va a suceder, los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña piensen mayoritariamente que este no es el lugar más adecuado para resolver los retos de futuro que tienen.
Gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rull.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Santiago Rodríguez.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Rodríguez i Serra): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, como diputado del Partido Popular de Cataluña, pero en este momento en representación del Parlamento de Cataluña, me permitirán que inicie esta intervención expresando el orgullo y la satisfacción que
representa para mí como catalán y también como español poderme dirigir a ustedes en la sede de la soberanía nacional. (Aplausos).
Venimos a defender una proposición de ley cuyo origen se remonta, como ha dicho quien me ha antecedido en el uso de la palabra, a hace unos cuantos años. Efectivamente, la penúltima vez que se debatió esta proposición en el Parlamento de
Cataluña fue en el año 2004 y luego fue tomada en consideración por esta Cámara en el año 2008, pero no pudo terminar de tramitarse durante la IX Legislatura. A nadie se nos escapa que las circunstancias económicas y financieras de 2004 y las
actuales son absolutamente diferentes, como ya afirmamos también en el Parlamento con ocasión del debate de esta propuesta. Sin embargo, estamos convencidos de que, como mínimo, es necesario el debate, quizá recurrente, quizá reiterativo, pero es
necesario el debate sobre las políticas de peajes por lo que nos afecta a los catalanes, sí, pero también porque afecta a otras comunidades españolas. Debemos partir de la base de que vamos hacia una situación en la que el pago por uso de
determinadas infraestructuras de alta capacidad es un camino en el que avanzamos inexorablemente, bien lo sabemos en Cataluña porque llevamos pagando algunas vías de peaje desde mediados de los años sesenta. Desde este punto de partida queremos
hacer dos consideraciones. La primera, que Cataluña es efectivamente una de las comunidades autónomas donde hay más peajes de la red estatal, pero ni es la única ni es la que más tiene. Si nos fijamos en la relación de los kilómetros de vías de
peaje con la población, hay otras comunidades como La Rioja, Castilla-La Mancha o Galicia que están en niveles incluso superiores que Cataluña. La segunda consideración es relevante: la Generalitat de Catalunya ha utilizado el sistema de los
peajes a lo largo de los últimos años para financiar las principales vías de acceso al área metropolitana de Barcelona, y es precisamente la suma de ambas circunstancias la que en estos momentos ahoga a los ciudadanos.
Es necesario hacer mención de la diferencia de precios entre las autopistas de la red estatal y las autopistas de la Generalitat. Mientras la media del precio por kilómetro de las autopistas de la Generalitat está cerca de los 21 céntimos
por kilómetro, en las autopistas de la red estatal está en 11 céntimos por kilómetros. Y, si me permiten, tengo la necesidad de expresarles que quien les habla es de la comarca de El Garraf -hay otro diputado en la Cámara también de la misma
comarca- y para llegar a la zona de Barcelona tenemos que pasar por una de las vías de peaje seguramente no solo más caras de España sino de Europa pues ya alcanza los 56 céntimos el kilómetros. Ante esta situación se han adoptado diferentes
medidas, entendemos que algunas equivocadas, por el Gobierno de la Generalitat como la homogeneización de las bonificaciones, lo que está provocando en este momento un agravio territorial dentro de la propia Cataluña.
En cuanto al Estado, hay que recordar y recordamos que desde hace más de diez años, desde 1999 concretamente, se ha contribuido a la bonificación y rescate de peajes en toda España y particularmente también en Cataluña. En los últimos meses
se ha llegado a acuerdos con la Generalitat para resolver problemas como los de la N-II o se está trabajando para resolver problemas como los de la A-27, en su tramo entre Montblanc y Lleida, que esperemos que lleguen a buen fin.
En definitiva, lo que pretende esta propuesta que suscribe el Partido Popular de Cataluña y que hoy venimos a defender ante esta Cámara es sistematizar la contribución del Estado en reducir la carga que soportan los ciudadanos de algunas
comunidades. Dicho de otra manera, intentar homogeneizar la carga que representan los peajes sobre la base de la recaudación que el propio Estado y en parte las comunidades obtienen de las empresas concesionarias por el IVA y el impuesto sobre
sociedades.
Gracias, señor presidente; señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Don Marc Sanglas, de Esquerra Republicana.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Sanglas i Alcantarilla): Señorías, como han dicho los diputados que me han precedido, este es un tema que viene de largo. Este grupo parlamentario ya presentó en 1999 una iniciativa ante
el Parlament de Catalunya que no obtuvo suficiente apoyo allí en el Parlament y decayó, pero en Esquerra Republicana venimos reclamando desde hace mucho tiempo la injusticia que supone una red viaria cargada de peajes, cargada de impuestos que
tenemos que soportar los catalanes como ciudadanos, pero es que al mismo tiempo nuestras empresas no tienen tanta competitividad por culpa de estos peajes.
Las anteriores iniciativas que se han traído a este Congreso no han tenido el suficiente respaldo por parte de ninguna de las mayorías habidas en cada uno de los momentos. Esperemos que esta vez dicha propuesta tenga más éxito que las
anteriores. Quiero recalcar -y esto me parece importante- que la propuesta que presentó Esquerra Republicana en el Parlament la legislatura pasada tuvo el apoyo casi unánime de la Cámara catalana, incluido el PP, por tanto, no es una petición que
haga alguno de los grupos parlamentarios, es una reclamación unánime del pueblo de Cataluña hacia el Estado para eliminar esta discriminación existente. Entendemos que el consenso existe a nivel social, a nivel económico y a nivel político y, por
tanto, hay que dar satisfacción a esta problemática. Entendemos que hay que dar solución y satisfacción a un problema que se alarga desde los años setenta, cuando el Estado, sin invertir nunca en infraestructuras en Cataluña, provocó que la
iniciativa privada empezara a invertir en las infraestructuras catalanas. Aquello, lo que tenía que ser una práctica extraordinaria para intentar dar salida a la economía catalana, se convirtió en una práctica demasiado habitual, lo que en estos
momentos supone que el 56 % de las vías rápidas de Cataluña estén ocupadas por un peaje. Esto no nos parece de recibo, y no es que en aquellos tiempos hubiera poca capacidad de inversión por parte del Estado, que seguramente era así, sino que
entendemos que en estos treinta años tampoco ha habido ninguna voluntad por parte de los diferentes Gobiernos del Estado español de corregirlo. Sin ir más lejos, la semana pasada presentaban los presupuestos del Estado, donde la inversión en
Cataluña caía un 25 %. En la tramitación del Estatut se incorporó una disposición adicional, la disposición adicional tercera, para hacer cumplir al Estado los compromisos presupuestarios que cada año se tenían que hacer en Cataluña. Igualmente,
dicha disposición ha sido incumplida en demasiadas ocasiones, por tanto, los incumplimientos por parte del Gobierno del Estado son demasiados.
Ustedes tienen la oportunidad de revertir esta situación y creo -se lo decía el señor Rull- que no van a tener muchas oportunidades más. El pueblo de Cataluña está muy cansado de esta situación. Sin ir más lejos, hace un año
aproximadamente se produjo una rebelión del pueblo de Cataluña contra las autopistas de peaje, un movimiento llamado ¡No vull pagar! al que queremos mostrar nuestro reconocimiento aquí, que impulsó a los ciudadanos catalanes a no pagar en las
autopistas de peaje. Fue un éxito de movilización social. Por tanto, desde este punto de vista, insistimos, no es una queja, no es simplemente que haya una voluntad política de arañar votos, es una necesidad para los ciudadanos y las empresas
catalanas solucionar en este momento esta situación. La economía catalana está al borde del precipicio y entendemos que con los Presupuestos Generales del Estado se puede corregir esta situación.
Ustedes tienen la posibilidad. Si no quieren hacer nada de esto, ustedes sabrán lo que nos depara el futuro. Y permítanme que acabe con unas palabras del poeta: Si escupiu al cel, us caerà a la cara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanglas.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente. Benvinguts els membres del Parlament de Catalunya a Madrid.
En primer lugar, quiero hacer un ruego a la Presidencia. Esta mañana unos cuantos alcaldes representantes de ciudades importantes han tenido que dar una rueda de prensa en plena calle. Yo pediría, con toda cordialidad y con todo respeto,
que se tuviera más cintura política y que cuando vinieran al Parlamento representantes legítimos de los ciudadanos pudieran dar sus ruedas de prensa en las salas autorizadas.
Entro ahora en la propuesta. Desde Compromís, como fuerza política valenciana, vamos a votar favorablemente esta propuesta al compartir la inquietud por ser nosotros, los valencianos, víctimas, ya que compartimos los mismos peajes que en
Cataluña. La unilateralidad en la que está formulada la exposición de motivos sería enmendada por Compromís para incorporar a todas las comunidades autónomas que padecemos la misma problemática, como la valenciana. En el Parlamento valenciano
hasta se nos negó la posibilidad de debatir un proyecto de ley presentado por Compromís relativo al rescate de la AP-7, a diferencia de lo que pasa hoy aquí. Se nos negó porque el Partido Popular vetó su tramitación, cuestión que está
pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional. Alguna experiencia tenemos ya en esta Cámara sobre el veto a algunas iniciativas.
Los catalanes y los valencianos compartimos la autopista más cara del Estado español, cuya concesión finalizó primero en 1998 y luego en 2006 y que fue prorrogada por el Gobierno del Partido Popular hasta 2019 de nuevo, en contra de lo que
la gente viene demandando. Y si sumamos el hecho de que se prorroguen las licencias al de la firma de nuevas concesiones ruinosas con contratos según los cuales el Estado asume la responsabilidad de negocios ruinosos como han sido estos, uno se
pregunta legítimamente: ¿Qué hay detrás de estos contratos? ¿Por qué se prorrogan a pesar de que no cumplen con el mantenimiento de las carreteras y a pesar de que la gente no quiere autopistas de peaje y de que las concesiones vencen y están más
que pagadas y requetepagadas? ¿Hay donaciones a los partidos que han decidido prorrogar las concesiones? ¿Hay sobres? ¿Por qué no se adoptan decisiones en beneficio de la gente y se adoptan en beneficio de las empresas privadas? ¿Lo sabremos
algún día? ¿Nos lo contará Luis, Luis Bárcenas?
A la hora de votar hoy una propuesta legislativa que implica, entre otras cosas, la tramitación de una ley para buscar una salida al abuso que supone para valencianos y catalanes la AP-7 desde su inicio, tendrán ustedes que decidir si votan
a favor de los ciudadanos o si votan a favor de empresas privadas con cuya gestión perjudican a la gente. Esperemos que el Partido Popular vote a favor de la gente y no vote en defensa de los intereses de empresas privadas. Por tanto, desde
Compromís-Equo anunciamos nuestro voto afirmativo a la proposición de ley que presenta el Parlament de Catalunya.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Damos la bienvenida por parte del Bloque Nacionalista Galego a los representantes del Parlamento de Cataluña que esta tarde han intervenido.
Esta proposición de ley ha sido aprobada, efectivamente, en el Parlamento de Cataluña y pretende crear un fondo para suprimir los peajes de las autopistas que se nutriría de los recursos generados por los impuestos que cobran las sociedades
concesionarias de las autopistas derivados de su actividad, y posteriormente los distribuiría territorialmente entre las comunidades autónomas en función del criterio de uso de las mismas para que procedieran a rescatar los peajes en cada territorio
o a aplicar bonificaciones. A nuestro juicio, el criterio de reparto puede ser discutible, es decir, podrían influir otros factores aparte de basarlo solamente en los tráficos, pero es una cuestión accesoria con respecto al enfoque fundamental de
esta iniciativa legislativa, con la que estamos de acuerdo y que vamos a apoyar.
Existía ya un fondo estatal gestionado de manera centralizada y con escasa participación autonómica y pensado más en aquel momento -estoy hablando del año 2006- para tratar de frenar protestas en algunas zonas por el cobro de peajes. En el
caso gallego -ya se ha dicho que es una de las zonas del Estado afectadas por esta problemática-, la participación estaba también vinculada a pagar parte del rescate, pues el 50 % de los rescates salía, y aún sigue saliendo hoy, de los presupuestos
de la Xunta. Sin embargo, este enfoque territorializado parece más congruente, pues evidentemente donde tienen impacto estas infraestructuras de alta capacidad es en territorios concretos, y en el caso de Galiza con más razón porque las autopistas
de peaje vertebran el país; principalmente, son conexiones internas, albergan desplazamientos entre ciudades y pueblos de tamaño medio de Galiza, por lo que debe ser la comunidad autónoma la que determine la política a aplicar en función de los
recursos que se generan en su explotación.
Nosotros creemos que la prioridad debe ser esta, hacer rescates selectivos sobre autopistas en función de la utilidad social, no por la ruina en la que están por errores graves de planificación. Ahora el debate inminente en el Estado
español será ver cómo se rescatan autopistas ruinosas destinando ingentes fondos públicos, con lo que no se va a actuar en la línea que indica esta proposición de ley, la de liberar y bonificar peajes de las autopistas ya construidas, con lo que
también se mejoraría la red convencional y la seguridad vial y se evitaría además la construcción de nuevas infraestructuras, con el impacto económico y medioambiental que ello conlleva.
Termino, presidente. Nosotros creemos que no se puede seguir actuando en este tema con criterios centralistas. La prioridad ahora para el Gobierno será asumir un coste para las arcas públicas por la
construcción de autopistas innecesarias y localizadas en un territorio concreto; para ser más exactos, alrededor de la capital del Estado. Nosotros creemos que, por ejemplo, en Galiza, Cataluña y otras zonas del Estado el dinero público
del que se disponga para hacer política en las autopistas debe ir dirigido a rescatar peajes o bonificarlos no solo para aliviar del coste a muchos usuarios sino para evitar el continuo trasvase de tráfico a vías convencionales; en definitiva, para
hacer política de infraestructuras y no de rescate.
Nosotros apoyaremos esta proposición de ley, sobre todo teniendo en cuenta que en Galicia padecemos una situación no sé si parecida o peor, pero que nos afecta...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir acabando.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
La alternativa, como pretende el Partido Popular, no puede ser seguir manteniendo una férrea política centralista de infraestructuras, también en el caso de las autopistas de peaje, en función de los intereses del centro que pagamos desde
todo el conjunto del Estado.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: (Comienza su intervención en catalán). Digo otra vez porque esta proposición de ley, de hecho, ya se tomó en consideración en la anterior legislatura, una iniciativa que se aceptó pero que estuvo tres años guardada
en un cajón esperando que la Mesa del Congreso iniciase su tramitación, más allá de su aceptación. Lo tenemos que decir alto y claro, el Partido Popular y el PSOE la dejaron morir. Entre todos la mataron, como dijo aquel, y ella sola se murió.
Hoy se abre una nueva oportunidad; una oportunidad a la racionalidad, una oportunidad a la sostenibilidad y también a la igualdad, un nuevo compromiso que esperamos que siga su curso y que no se eternice su tramitación, pues este
instrumento, como se ha demostrado, es del todo necesario. Yo personalmente no quiero ni tan siquiera plantearme que hoy voten en contra de su aceptación, si más, a trámite. La iniciativa que hoy se presenta y la creación de un fondo para la
homogeneización y el rescate selectivo es una demanda, como ha dicho mi compañero, que Esquerra Republicana de Catalunya hacía ya en el siglo pasado, en 1999. De hecho, en el año 2001 el portavoz de mi grupo en aquel momento, Joan Ridao, defendió
en esta Cámara dicha iniciativa; en aquella ocasión lo hizo en solitario.
Cataluña tiene casi una cuarta parte de las autopistas de pago de todo el Estado y si al Principat de Catalunya le sumamos el País Valencià podemos hablar de casi un 40 %, por tan solo un 6 % de autovías gratuitas, una discriminación que es
digna de récord mundial. La primera autopista de pago se hizo en Cataluña hace ya más de cuatro décadas, cuando el FMI recomendó a las autoridades franquistas del momento que el eje principal debería ser el eje mediterráneo -no sé si les suena esto
del eje mediterráneo, hablo de cuarenta años atrás-, aquel que tienen ustedes abandonado en su versión ferroviaria. El elevado coste hizo que se optara por el sistema de peaje, unos peajes que han pasado a formar parte del paisaje. El problema es
que cuarenta años más tarde, es decir, hoy, el esfuerzo histórico no se ha visto de ningún modo compensado. En los años ochenta y noventa los ciudadanos catalanes vieron cómo los Gobiernos del PSOE y del Partido Popular extendían la red gratuita,
mientras que la ampliación y el mantenimiento de las autopistas catalanas se saldaba con ampliaciones de la concesión, lo que supone eternizar la condena a los conductores catalanes
El Parlamento catalán, representante del pueblo de Cataluña, una vez más tiene la voluntad de corregir el actual modelo porque, además de inaceptable, es injusto y a la vez discriminatorio. Una cosa es que los peajes actúen como instrumento
para regular los flujos de movilidad y revertir también en el transporte público colectivo, y otra muy distinta es que simplemente respondan a un afán recaudatorio por parte de unas empresas concesionarias que a la vez son amigas íntimas del poder.
Acabo. Ante esta injusticia hay solo dos caminos -nosotros pensamos o queremos pensar que hay solo dos-: primero, desdoblar la red convencional, que es, a nuestro entender, un dispendio que en Madrid ya se ha demostrado inútil con la
quiebra de las autopistas radiales, y segundo, crear un fondo que se nutra de la fiscalidad de los mismos para rescatar selectivamente aquellos peajes que penalizan más la movilidad. Esperamos que no exista una tercera, que sería penalizar aún más
a los ciudadanos catalanes, que es la que, si hoy se aprueba, demostraría que es lo que ustedes pretenden, algo que
queremos creer que ni tan siquiera se va a plantear. Esperamos que esta iniciativa no solo se tome en consideración, como he empezado diciendo en mi intervención, sino que además quede aprobada en esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, señores diputats, intervendré brevemente desde el escaño para decir que votaremos favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley del fondo para la homogeneización, el
rescate selectivo y la subvención de peajes, comprendiendo y solidarizándonos con las razones que han llevado al Parlamento catalán a presentar esta iniciativa. No obstante, queremos señalar que la redacción del texto legislativo propuesto
despierta ciertas dudas en este grupo en relación con las posibles afecciones a las competencias exclusivas que en materia de carreteras ostenta mi país, Euskadi, en virtud de lo previsto en el artículo 10.34 del Estatuto de Gernika, que además
tiene su entronque en lo que se ha dado en llamar núcleo intangible de la foralidad. En el mismo sentido quiero manifestar nuestra preocupación por las implicaciones que la aprobación de esta proposición en sus justos términos conllevaría para
nuestro especial régimen económico-financiero de concierto económico. Todo esto se puede resolver; por ello, de ser admitido a trámite, formularemos enmiendas al proyecto de ley con objeto de garantizar el respeto pleno de nuestras competencias.
Por último, aprovechando la ocasión que se nos brinda, queremos reivindicar nuevamente la transferencia de la AP-68, única autopista de peaje de concesión estatal en los tramos que transitan por Euskadi en virtud del artículo antes mencionado, el
artículo 10.34 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, y aprovechar, con todo el respeto del mundo, para denunciar su incumplimiento, transcurridos treinta y cinco años desde su aprobación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías del Parlament de Catalunya, nuestro grupo se va a oponer a la toma en consideración de esta iniciativa porque nos oponemos a los rescates de los peajes, y creemos que nos da legitimidad para oponernos a esto el habernos opuesto
también en el caso del rescate de las autopistas radiales de Madrid. Ustedes plantean esto como si fuera un problema exclusivo de Cataluña, cuando no lo es; las autopistas de peaje más antiguas y más caras, de hecho, están en el País Vasco y en
Madrid ha habido otras igualmente rescatadas. Esto no es un problema de Cataluña, esto es un problema de autopistas. Nosotros tendríamos gustosamente un debate sobre la burbuja de infraestructuras que ha habido en España en los últimos años, junto
con la burbuja inmobiliaria y muchas otras, pero creemos que plantearlo desde el punto de vista del problema de una comunidad es desenfocar el debate.
En la exposición de motivos de su proposición, que es especialmente particularista, insisten en abordar el problema como si fuera un problema particular, insisten en falacias que son habituales y que ya se han convertido en tópicos del
discurso de carácter nacionalista y que nosotros queremos desmentir. Ustedes afirman que se ha invertido en Cataluña menos en los últimos años en construcción de carreteras, cosa que ya de por sí es muy discutible, pero, aun dando por hecho que esa
información fuera cierta, se ha invertido menos porque ustedes ya tenían esas carreteras construidas con anterioridad. De hecho, Cataluña es la cuarta comunidad autónoma en longitud de carreteras de gran capacidad; es cierto que la superan
Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León, pero es que esas comunidades duplican o triplican la superficie de Cataluña, por tanto es lógico que tengan esa red más extensa. Ustedes afirman en esta iniciativa que hay que mantener ese porcentaje
de inversión del 16 o 18 % del total de la inversión del Estado. ¿Con qué criterio hay que mantener ese porcentaje de inversión? ¿Con qué criterio técnico? ¿Simplemente porque consideran ustedes que ese es el pedazo de tarta que les corresponde y
hay que mantenerlo siempre? Dependerá; si son necesarias infraestructuras en otros lugares, habrá que invertir en otros lugares; si son necesarias más infraestructuras en Cataluña, habrá que aumentar ese porcentaje, pero no se puede plantear
simplemente con un criterio de apropiación de un porcentaje, más que de utilización adecuada de las inversiones. También es inevitable subrayar la contradicción que supone que
ustedes digan que esta iniciativa se viene planteando desde hace muchos años. De un tiempo a esta parte hay un factor que agrava cualquier petición que nos llega desde Cataluña, y es que ustedes, particularmente dos de los tres
intervinientes que aquí han comparecido esta tarde, por un lado, dicen que quieren separarse de España, pero mientras se separan o no, quieren que España les siga pagando las infraestructuras. Esto nos parece cuando menos contradictorio. Sí, ese
es el planteamiento: vamos a separarnos de España, pero mientras tanto que España nos pague el máximo posible, que nos subvencione la independencia. Nuestro grupo no comparte ese planteamiento y los desenmascararemos siempre que se haga delante de
nosotros. Aseguran ustedes que el esfuerzo inversor en carreteras de la Generalitat y de los ayuntamientos no supera el 13 % de las inversiones totales. Son problemas que tienen ustedes que plantear a la Generalitat de Catalunya y a los
ayuntamientos, muchos de los cuales los controlan ustedes mismos, por tanto, no tendrán problema para solucionarlos.
Entrando ya en el apartado dispositivo, el objetivo de esta proposición de ley es que se libere del peaje a los usuarios -ustedes lo han planteado como un problema social, un problema de los ciudadanos-, pero para liberar del peaje a los
usuarios de las carreteras, ustedes proponen que lo paguemos entre todos los españoles, nutriéndose de los fondos recaudados del IVA. Para hacer este planteamiento lo primero que deberían ustedes haber ofrecido a esta Cámara -hubiera sido muy útil-
son estudios de los vencimientos de las concesiones y de los plazos de los que han disfrutado las concesionarias. En Cataluña hay autopistas que deberían haber revertido al Estado hace años y que no lo han hecho y los conductores siguen pagando.
Esta reversión debería haberse producido y se puede hacer. Nosotros somos partidarios de que se haga de forma total y sin compensación cuando los plazos ya hayan vencido, y eso ocurre en el caso de unas cuantas autopistas catalanas. En lugar de
esta reversión sin compensaciones, que sería justa, la solución que ustedes proponen es crear un fondo que, para empezar, ustedes dicen que sea finalista, lo cual introduce un desequilibrio aberrante en las finalidades de los impuestos, porque si
las concesionarias dejan de cobrar los peajes, según su propuesta, seguirían ganando, porque se les rebajaría el IVA, pero ese IVA inevitablemente habría que detraerlo de otras partidas. ¿De cuáles proponen ustedes? ¿De la sanidad? ¿De la
educación? Esto hay que explicarlo, no se pueden establecer unos impuestos que sean de carácter finalista y dejar al descubierto otras necesidades sociales que son igualmente importantes o más que las autopistas.
Lo único que queda claro en su propuesta es que el Estado, a través de los presupuestos, se obligaría a consignar un dinero para ese fondo que estaría garantizado frente a otras muchas partidas de interés social que no lo están. Eso es lo
único que queda claro en su propuesta, que garantizarían las autopistas por delante de muchas otras necesidades de carácter social. Tampoco se nos explica qué cuantía tendría ese fondo, aunque sí que se nutriría de aportaciones estatales y
autonómicas, para que a continuación, muy rápidamente, en cuestión de dos meses y medio, esas aportaciones pasaran a esos fonditos autonómicos en los que el Estado debe ingresar la parte que ustedes estipulan y, a partir de ahí, dejar que cada
comunidad autónoma lo gaste como quiera. Esta experiencia de que el Estado recaude y las comunidades gasten sin ningún control ya la hemos vivido y ya hemos visto a dónde nos ha llevado, así que nosotros no vamos a favorecer nuevos experimentos de
este tipo. Por supuesto, esa manera de concebir el fondo garantiza que nadie se preocupe por el interés general, que nadie se preocupe por la situación de las autopistas españolas en general, que es otra cosa, el interés general, que yo sé que a
ustedes les suele preocupar poco, pero que para nosotros es lo más importante.
Ustedes garantizan que paguemos todos los contribuyentes españoles para que las concesionarias no pierdan. En esto es exactamente en lo que consiste su propuesta. Se entiende, porque algunas ganan mucho dinero, por ejemplo, Abertis, es
decir, La Caixa. Se entiende esta postura de ustedes. A ustedes no les gustan los peajes; a nosotros tampoco. ¿Y por qué no una política consistente en no renovar las concesiones a su vencimiento? Política que, por cierto, la propia Generalitat
podría haber llevado a cabo con las autopistas que son de su competencia y no lo ha hecho. Insisto, no hay que renovar las concesiones porque ya se les ha extraído un jugoso beneficio, en muchos casos escandaloso beneficio.
Para terminar como empezaba, diré que si hubieran traído ustedes a esta Cámara ese análisis de los vencimientos, nos habrían explicado que muchos de los plazos de vencimiento están a la vuelta de la esquina, años 2018, 2019 y 2021. Ustedes
nos proponen un rescate selectivo ahora, cuando faltan apenas unos años para que se cumpla ese vencimiento. Es decir, cuando estas empresas concesionarias están a punto de no poder obtener más dinero de ese negocio, ustedes proponen que las
rescatemos. Es decir, ustedes proponen que los impuestos pagados por las concesionarias no vayan a la caja común del Estado, sino que extraigamos de ellos una parte y lo pongamos en unos fonditos con los que rescataremos a esas
mismas concesionarias para comprar las autopistas que son suyas desde hace décadas justo un minuto antes de que pasen a ser de todos porque ya se les acaba la concesión. Justo un minuto antes de que pasen a ser de todos, ustedes proponen
que les paguemos y les compensemos por hacer ese rescate selectivo. Muy poco social nos parece esto, la verdad, muy poco social. Muy poco social y muy mal negocio. Mal negocio para todos los españoles y también para esos catalanes que circulan,
como muchos otros ciudadanos de todas las comunidades autónomas, incluso de distintos países, por las autopistas catalanas, esos ciudadanos a los que ustedes quieren seducir con el señuelo de quitarles los peajes de una manera ficticia porque al
final tendrían que pagar lo mismo, solo que vía impuestos en vez de vía directa con los peajes. Al final se repartiría el coste porque ustedes lo que en todo caso salvaguardan son los beneficios de las empresas concesionarias, insisto, para
pagarles a esas empresas algo que pronto va a ser nuestro en cualquier caso. Estamos en contra de esta proposición; estamos fieramente en contra y vamos a votar muy en contra de la misma.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en catalán).
Señorías, debatimos esta proposición de ley del Parlament de Catalunya que fue aprobada por amplia mayoría no una vez, sino dos, y que ya ha sido admitida a trámite en este Congreso. Los orígenes y los fundamentos para llegar y volver a
hacer este debate vienen de muy lejos. Podemos remontarnos a 1999 y, si queremos hacer más perspectiva histórica, como algunos han hecho, nos podemos remontar a antes del inicio de nuestra democracia. Por tanto, más de una década. Y cuando ya
llevamos más de una década debatiendo, proponiendo, esperando, luego decae la legislatura y no hay una respuesta y una solución, lo que va creciendo es la impaciencia y el hartazgo hacia la falta de soluciones. No hace falta que les recuerde la
campaña No vull pagar, una campaña que ponía encima de la mesa esa percepción de injusticia y de discriminación no territorial, sino de falta de alternativas a un modelo de movilidad que dé oportunidades a todo el mundo, la sensación de que no había
un modelo que fuera justo y equitativo a nivel territorial, pero sobre todo a nivel de cohesión social. Eso ha generado un desapego a la responsabilidad del ciudadano. Cuando las decisiones son injustas, también genera desapego a las decisiones de
las administraciones públicas, desapego institucional y desapego a la propia responsabilidad para sostener las infraestructuras.
Lo que hoy debatimos no es una solución al modelo de movilidad. Tenemos que hacer muchísimas cosas para cambiar; para empezar, modificar la mentalidad del propio Gobierno. Lo que hoy debatimos es un instrumento para paliar las
consecuencias de decisiones tomadas tanto por los Gobiernos del Estado, ya sean de un color o de otro, como por los Gobiernos de la Generalitat, por esas concesiones de que hablaba la diputada que me precedía, aunque lo hacía desde una cierta
lejanía de lo que sucede. Hay concesiones que se han renovado y que no están a punto de caducar, que se han renovado por decisiones políticas, sí, pero que se han renovado. Por tanto, estamos hablando de dar solución desde la proximidad a
problemas de movilidad y hablamos de una proposición de ley que es para el conjunto del Estado. Algunas están a punto de poderse rescatar y a otras, por decisiones del Gobierno -un ejemplo es el Gobierno de la Generalitat-, se les ha ampliado la
concesión. Por tanto, alguna solución tenemos que dar. ¿Tenemos que esperar cincuenta años más? Entendamos cuál es la realidad de la que estamos hablando.
Para nuestro grupo este es un instrumento transitorio que no cambia el modelo. No creemos en un modelo libre de peajes, creemos que los peajes son instrumentos gestores de la movilidad, pero pensamos que debemos paliar esas decisiones y las
consecuencias de las mismas porque han tenido un impacto en la equidad, en la cohesión territorial y en la economía del conjunto del territorio. ¿Cuáles son los antecedentes? En primer lugar, la menor inversión pública del Estado. Son años y años
por debajo del PIB y de la población. No ha sido un año ni dos -podríamos entender que eso depende de las necesidades-, sino décadas. Por eso se fijó el criterio del 16 % en la disposición adicional tercera, que se incumple reiteradamente y este
año otra vez. Por ello tenemos esa percepción de provocación, porque ha habido año tras año inversiones no al servicio de las necesidades -ya no es un tema territorial-, sino al servicio de la necesidad económica. ¿Cómo se entiende si no que todo
el eje mediterráneo tenga ese déficit de infraestructuras en ferrocarril o que el puerto de Barcelona no esté conectado? ¿No son infraestructuras de interés general para todo el Estado? ¿Por qué todas las infraestructuras ferroviarias y viarias
pasan por
el centro y no tenemos un modelo conectado con el resto del Estado? Esas son decisiones políticas que nos han creado una hipoteca económica y ahora también un problema político de importante magnitud. Tenemos un problema de menor inversión
pública. Nosotros defendemos la solidaridad, hay que ser solidario ante las necesidades entre territorios y también entre personas, pero lo que hoy tenemos son personas que están desatendidas, que no tienen una alternativa al peaje en la movilidad.
Un antecedente es una menor inversión pública de la que se necesita, de la que debería haber y la que fija la legalidad vigente, que es el Estatut, pero hay un segundo antecedente muy relevante, que es la decisión de delegar las inversiones a la
financiación privada. Cataluña ha sufrido una doble discriminación por parte de los dos Gobiernos, el catalán y el del Estado, porque se ha decidido financiar las vías de gran capacidad a costa de peajes. ¿Qué resultado tenemos hoy de las
decisiones de los dos Gobiernos? Más peajes. Cataluña es la zona con más kilómetros de peaje por habitante de toda Europa. Eso es un hecho. También tenemos menos aportaciones públicas. El 34 % de todas las vías de pago del Estado están en
Cataluña; solo el 5 % de las vías gratuitas del Estado están allí. Es verdad también que el Gobierno de Convergència i Unió decidió financiar las de titularidad autonómica por financiación privada y por peajes. Es cierto, lo hemos denunciado y
creemos que ese no es un modelo justo, porque los peajes no se están utilizando como gestores de la movilidad, sino para lucrar las arcas de las concesionarias. El resultado de este modelo ha sido el encarecimiento de las infraestructuras en
beneficio de esas concesionarias. Gobiernos que han priorizado los intereses financieros privados y que nos han hipotecado. El 95 % de los ingresos en Cataluña por los peajes va a manos de Abertis. Eso es un lastre y, de hecho, entendemos que no
es un tema de fronteras, sino de modelo. Se ha elegido opacidad versus transparencia, intereses particulares versus intereses generales; un modelo que ha priorizado lo privado frente a lo público. Vemos que ahí no hay fronteras, porque fue
Convergència i Unió quien presentó una enmienda para rescatar a las concesionarias de las autopistas radiales en Madrid. Ahí no había fronteras, sino que era una cuestión de defender los intereses de las concesionarias y no un modelo de movilidad.
Nosotros entendemos que hay que avanzar hacia un cambio de modelo ya que este es injusto y lo que ha generado es que haya territorios que no tienen alternativas a las autopistas de peaje para moverse. Un ejemplo es la N-II, que por la zona
del Maresme tenía que financiarse por el Estado. En el último momento se decidió poner un peaje; hablo de tiempos de Felipe González. Ahora lo que se está planteando es otra autopista para dar alternativas a la zona de Girona. Es absurdo. En
lugar de rescatar de forma selectiva la AP-7 para que haya una alternativa, se plantea duplicar la N-II, porque tal como está ahora es un agujero negro en términos de seguridad. Eso es un modelo injusto. Y también es injusto porque el sistema es
perverso, porque pagamos los peajes dos veces -los que transitan y los que no transitan- vía impuestos. Además, es un modelo opaco porque no conocemos los contratos. Lo único que hemos sabido hasta ahora es que las empresas siempre ganan, porque
cuando no ganan bastante dinero, o cambiamos las políticas o las rescatamos con dinero público. En cambio, cuando tienen más beneficios de los previstos, el dinero va para ellas. Un ejemplo de este sistema perverso que ha corrompido incluso la
toma de decisiones; no es solo un tema de dinero público. El hecho de financiar así las infraestructuras y ser prisioneros de Abertis y de otras concesionarias lo que ha generado es que las decisiones sobre movilidad acaben siendo determinadas por
esos intereses privados. Un ejemplo. En algunos casos se ha decidido no dar una alternativa al transporte público, no hacer una infraestructura de cercanías o de movilidad con autobuses para no hacer la competencia a las autopistas. Un ejemplo
más reciente, el aumento de la velocidad. ¿A petición de quién esos 130 kilómetros? ¿Quién pedía el aumento de la velocidad? ¿Quién si no las concesionarias de autopistas porque saben que es una manera de hacer la competencia al resto de vías?
Esas son decisiones que están secuestradas por las concesionarias. Lo que queremos es cambiar ese modelo. ¿Cómo? Por un lado, priorizando el transporte público; por otro lado, garantizando el derecho a la movilidad en todas partes. Reconozcan,
señores, que en algunas partes, en el Ebro o en una parte del Maresme, no hay alternativa a la movilidad si no es por peaje. Pero también un modelo de financiación pública, transparente y sostenible. Un modelo de movilidad que tenga en cuenta que
no podemos continuar priorizando el transporte privado, que lo que hemos estado hipotecando es el transporte por ferrocarril, tanto de mercancías como de personas, que no se ha gestionado desde la proximidad del territorio sino desde el centralismo,
y que eso nos ha hipotecado a todos.
Esta proposición de ley no cambia el modelo de movilidad, pero sí nos aporta paliativos a las hipotecas que hemos venido generando. Pedimos a la mayoría del Gobierno que sean inteligentes y como mínimo este instrumento que está al servicio
del interés general, de tener un fondo para dar alternativas a los ciudadanos, lo cojan y lo admitan a trámite. Hoy ha venido un diputado del Partido Popular a defender esta
proposición de ley. Ayer era la presidenta del Partido Popular quien les hacía una petición. Esperemos que hoy no den un portazo en la cara a este diputado y como mínimo dejen debatir esta iniciativa que viene con una mayoría amplia del
Parlamento de Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente. (Comienza su intervención en catalán).
Me permitirán, señoras y señores diputados, que les lea algunos artículos de la Constitución española. Artículo 1.1. 'España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.' Artículo 9.2. 'Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos (...) sean reales y
efectivas.' Esto es lo que dice la Constitución española.
Me van a permitir, aunque ya se han leído algunos datos estadísticos, que les lea otros datos estadísticos referidos a cómo se ejerce esta igualdad en el campo de la movilidad. En una comunidad autónoma, La Rioja, el 74,8 % de los
ciudadanos cuando se mueven lo tienen que hacer pagando peaje. En otras cuatro comunidades autónomas -que no voy a citar porque esto no va en contra de nadie, sino a favor de todos- el 0 % de los ciudadanos tiene que pagar peaje para ejercitar su
derecho a la movilidad. La pretensión de la Constitución española es que todos los ciudadanos sean iguales. Y ser iguales significa tener los mismos derechos, significa que para ir de su casa a su puesto de trabajo no tengan por qué tenerlo gratis
unos y otros tener que pagar. A mí me parece que la igualdad es esta. Y esta es una igualdad referida en general a los ciudadanos del Estado español en virtud de lo que dicta la Constitución. La realidad, como ustedes saben, señorías, es que el
modelo de movilidad del Estado español es profundamente desequilibrado. Podría dar muchos más datos, pero creo que los conceptos son más importantes que las cifras.
Uno piensa: ¿Por qué esta inquina, por ejemplo, de los poderes del Estado con los ciudadanos de La Rioja? Uno se imagina que los poderes del Estado no deben tener, en principio, nada en contra de los ciudadanos de La Rioja para castigarles
de esta forma tan terrible. Yo creo que todo el mundo comprende que el hecho de que tengamos este mapa dual se debe a circunstancias históricas. En principio, se construyeron -se ha dicho aquí- determinadas autopistas de peaje. A partir de un
momento el modelo de autopistas de peaje no funcionó -la prueba es que muchas de ellas tuvieron que ser rescatadas por el propio Estado, otras quebraron ellas y los bancos que les daban apoyo- y al reiniciar un programa de vías de gran capacidad se
decidió, donde no había vías de peaje, construir autovías libres. Todo esto podía tener una cierta lógica, pero la verdad es que se ha generado un modelo dual en el cual los ciudadanos de algunas comunidades tienen unos derechos y los ciudadanos de
otras comunidades no tienen estos derechos. Por tanto, lo que parece impecable desde un punto de vista de una lectura de la Constitución es intentar desde aquí devolver esta igualdad. Es decir, aquellos que más tienen que contribuyan con aquellos
que menos tienen, aquellos que ya tienen tantos y tantos kilómetros de autovías libres parece que lo lógico sería que hiciéramos un modelo en el que las autovías libres pasaran a construirse preferentemente donde no hay tantas. Y para aquellos que,
por motivos históricos, están pagando peajes vamos a buscar instrumentos para suavizar, para homogeneizar, para buscar esta pretendida igualdad; igualdad constitucional, por cierto. Esto es lo que el Parlament de Catalunya hace con el acuerdo de
prácticamente todos los grupos, con un gran acuerdo político.
Ya sabemos que este es un problema importante que no puede resolverse en pocos meses, en pocos años, pero vamos a hacer el ejercicio de buscar esta igualdad. Esto es lo que hace un Estado; el papel de un Estado sirve para esto; el papel
principal de un Estado es ayudar a aquellos que son más débiles; la justicia social, la redistribución, esto es lo que hace un Estado. Si no, un Estado ¿para qué sirve? ¿Para que las oligarquías sean cada día más ricas? A mí me parece que no. Y
me gustaría compartir con esta Cámara que no es así. La función de un Estado es redistribuir, igualar. Parece que cuando uno se pone a igualar a alguien le molesta. Quizá porque en este caso los perjudicados sean algunos -los riojanos, los
gallegos, los valencianos, los catalanes- que no caen simpáticos a determinadas fuerzas políticas aquí no podemos igualar; hay que seguir castigando. Pues sean coherentes con esto, pero me parece -y se lo ha dicho muy bien el señor Rull y el señor
Sanglas- que si un determinado Estado no cumple su
función básica, que es la de ejecutar las políticas de justicia social y de igualdad, a lo mejor los ciudadanos no querrán estar en este Estado. Vayan ustedes haciendo discursos anticatalanes.
Esta es una proposición de ley absolutamente impecable, una proposición de ley destinada a conseguir una mayor igualdad, a base de años, a base de políticas, a base de contar, evidentemente, con los derechos que tienen los ciudadanos, con
los derechos conseguidos. Estamos en un Estado de derecho, también lo he leído. Por tanto, si aquí se expropia de la noche a la mañana, hay que pagar el justiprecio. Prevé todos estos mecanismos. Es un proceso más lento o más rápido, pero algún
día hay que empezarlo. Si ustedes dicen que no les da la gana empezar este proceso, habrá ciudadanos que dirán que a lo mejor les conviene alguien que ejecute estas políticas de Estado, de justicia distributiva, de igualdad, de una forma más
equitativa para todos.
Esta proposición de ley habla de carreteras, y yo quisiera haber venido aquí solo a hablar de carreteras, de vías de peaje, de intentar igualar, de intentar, en un proceso complejo y con todas sus dificultades, resolver problemas del pasado.
Me parece que sería lógico que el conjunto de grupos de la Cámara diera el visto bueno a esta idea de homogeneización, de tendencia hacia la igualdad, de cumplimiento constitucional, y que a partir de aquí lo debatiéramos en Comisión. Señorías,
estoy seguro de que nos pondríamos de acuerdo en los ritmos, en los recursos disponibles. A lo mejor ahora nuestro grupo sería también favorable a decir: Ahora más políticas sociales y, cuando tengamos un cierto respiro, dotamos más el fondo.
Pues sí, pero abramos la posibilidad de hablar, abramos la posibilidad de resolver aquello que no funciona; no nos neguemos por sistema, y encima echando la culpa a los catalanes porque eso vende, capta votos. Nos parece que esto es profundamente
injusto, para empezar para los riojanos, que no tienen ninguna culpa y son los más perjudicados, pero también para los gallegos, que tienen un porcentaje importante, para los valencianos, para los navarros, también para los catalanes, para los
aragoneses. Les pido, señorías, que se den cuenta de que este es uno de aquellos instrumentos para hacer políticas del Estado en lo más sagrado que tiene el Estado, que es, repito, el cumplimiento de la Constitución, los derechos básicos, la
igualdad, lo que justifica la razón de ser de un Estado. Les pido que hagan ustedes este ejercicio y les pido también a algunos, si pueden por un día, que dejen su anticatalanismo en casa antes de entrar aquí.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Ruiz Llamas.
El señor RUIZ LLAMAS: Gracias, señor presidente.
(Comienza su intervención en catalán). Por tanto, es un tema recurrente y muy importante para los sectores económicos y la ciudadanía de Cataluña. Esta propuesta tiene por objeto -y creo que esto es importante remarcarlo- crear y regular
un fondo de recursos que se nutriría de la afectación de los impuestos estatales y autonómicos generados por las sociedades concesionarias de las autopistas de cada comunidad, de las cantidades establecidas en los Presupuestos Generales del Estado y
de las autonomías correspondientes, así como de los recursos provenientes de las sociedades concesionarias de autopistas. Señorías, las autopistas de peaje en Cataluña -como también se ha dicho- se construyeron allí entre los años sesenta y ochenta
y es justo reconocer que estas infraestructuras a lo largo de este tiempo han sido muy importantes en el dinamismo, en el crecimiento económico y en la competitividad de Cataluña. Durante los primeros veinticinco años de estas autopistas, apenas se
produjo un rechazo social o económico a las mismas. A partir del modelo dual de desarrollo -se ha dicho aquí-, del modelo de nuevas autovías de gran capacidad y libres de peaje en España, es cuando se produce el agravio comparativo entre unos
territorios y otros. Señorías, la red de carreteras del Estado en España es de 3.300 kilómetros, de los cuales 2.700 kilómetros son concesiones de la red del Estado. De ellos, 463 kilómetros están en Cataluña y, como se ha dicho aquí, la media por
kilómetro es de 11 céntimos de euro. La propia Generalitat de Catalunya ha impulsado 169 kilómetros de peajes autonómicos durante años hasta ahora, todos ellos también de peaje y posiblemente por tener menos flujo con una media de 20 céntimos de
euro por kilómetro. Aquí el señor Rull ha hablado de más de un 60 %, pero si es un debate sensato y también riguroso hay que decir que Cataluña tiene incluyendo las autopistas autonómicas el 34 % de las vías de alta capacidad, no el 60 %, y de
movilidad obligada -digámoslo también- en gran parte estas autovías cuando en el conjunto del Estado las vías libres de peaje solo son un 5 %. Hay que añadir también -y se ha dicho- que el cien por cien de las concesionarias de autopista en
Cataluña son empresas catalanas
del Grupo Abertis, eso también hay que decirlo y reconocer que existe un déficit de vías de gran capacidad libres de peaje en Cataluña.
En los últimos diez años, desde los presupuestos del año 2000, se han destinado más de 700 millones a la bonificación de estos peajes, pero no han resuelto el problema; han sido un paliativo, pero no resuelve el problema. En la misma
proposición de ley se nos dice que en los últimos años ha habido un gran esfuerzo inversor -yo quiero ponerlo también en valor- por parte del Gobierno socialista que hizo un gran esfuerzo en las infraestructuras de Cataluña con el 16 % y el 18 % de
las inversiones, cuando en los últimos veinte años había estado alrededor del 8 %.
Además, hay un tema importante para Cataluña. Las carreteras que pueden ser vías alternativas a estos peajes en estos momentos están paralizadas. Las obras de la variante de Vallirana, la N-340, lleva tres años paralizada, siendo la única
vía alternativa al peaje entre Barcelona y Tarragona, o la paralización del cuarto cinturón en la segunda corona metropolitana de Barcelona, o las obras de la N-II en Gerona, o las obras de la A-7. Son infraestructuras en las que se han hecho
grandes inversiones en los últimos años y que están absolutamente paradas. Sabemos que los recursos son escasos, pero precisamente por eso entendemos que se debe priorizar en carreteras y en obras ya iniciadas, que son alternativas a estos viajes,
que dinamizan también la economía y facilitan la movilidad de los ciudadanos.
Señorías, es absolutamente necesario un debate a fondo sobre la construcción y el mantenimiento de las grandes infraestructuras en nuestro país, un debate que tenga como objetivo la defensa de un modelo de movilidad, que nos haga más
competitivos, más eficientes, pero a la vez que haga más justas las cargas entre los diversos territorios, avanzando en un modelo armónico de peajes y la creación de un fondo de rescate para evitar esos desequilibrios. Es necesario también ver qué
pasa en Europa porque parece que ese debate se hace en Cataluña, pero creo que es en Europa donde existen concesionarias de titularidad privada, por ejemplo, en los países del sur como en Francia, Italia o Portugal, de una forma todavía más
importante que en España. Hay otros que han optado por concesiones a empresas públicas, otros que están aplicando la euroviñeta y otros que se han inclinado por que todo sean vías libres de peaje con impuestos que graven el uso. En todo caso, no
olvidemos que en Cataluña es verdad que existe y continúa existiendo un déficit histórico en infraestructuras, que intentó solucionar la disposición adicional tercera, y que prácticamente se invirtió en esos años, pero que en los dos o tres últimos
años no se ha contemplado y no se ha recogido lo que el Estatut de Cataluña decía. El Grupo Socialista, por coherencia con la posición manifestada en el Parlament de Catalunya, en el Congreso de los Diputados va a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley, porque entendemos que es necesario, que es útil y que es justo y que además hay que acometer este debate con el fin de poner sobre la mesa una discusión más global sobre las grandes infraestructuras viarias
de nuestro país, sus diferencias territoriales y sus retos de futuro.
Señorías del Grupo Popular, en el año 2005, a propuesta del Grupo Popular en el Senado, se aprobó una iniciativa de este tipo. En el año 2008 el Grupo Popular votó a favor de la toma en consideración de esta misma propuesta y procedente del
Parlamento de Cataluña ha venido a defenderlo aquí su representante, el señor Rodríguez. Por tanto, espero que ustedes voten a favor, porque, si no, tendría que entender que se tiene una posición cuando se está en el Gobierno y otra cuando se está
en la oposición. Por eso, parafraseando a su presidente, el señor Rajoy, les pido en este tema, que no afecta solo a Cataluña, un gesto de grandeza y que, por tanto, voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz Llamas.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
También quiero saludar a los representantes del Parlamento catalán, que nos han expuesto su proposición de ley aquí esta tarde.
Señorías, este debate, después de las intervenciones que hemos oído, se podría resolver de una manera muy sencilla, diciendo que va en contra de principios presupuestarios básicos reflejados en nuestras leyes, que son de obligado
cumplimiento, que atenta contra los principios de unidad, especialidad y no afección, que supone que los impuestos no tienen carácter finalista y que están vinculados directamente con la unidad de caja, que es inadecuado afectar impuestos generales
como pueden ser el IVA o el impuesto sobre sociedades con una finalidad concreta como esta o que se disminuyen los recursos
disponibles y que va en contra de la senda de consolidación fiscal del Gobierno. En definitiva, podríamos decir que estamos en la situación de crisis en la que estamos y rechazarla sin más. Pero no, creo que esta proposición de ley tiene
su importancia y su alcance político más profundo.
Hemos oído que esta proposición de ley es la sexta vez que se registra en este Congreso desde el año 2000 y la tercera vez que se debate, con independencia de preguntas, interpelaciones, mociones, que también hemos tenido tanto en el
Congreso como en el Senado. Esta proposición de ley desde el año 2000 hasta ahora tiene un texto idéntico, desde la exposición de motivos hasta el ite missa est. Por tanto, tratar de decir que cuando se dice en la exposición de motivos que si se
ha invertido más es como consecuencia del último Gobierno socialista es no haberse leído la proposición del año 2000 ni ver que se repite seis veces en este Congreso.
¿Cuál es la intención de este debate? ¿Cuál es la razón por la que en algunas legislaturas se ha dejado decaer por los propios proponentes y en otras se ha calendado estratégicamente en el debate debido a elecciones, presupuestos o al
debate soberanista? ¿Cuál es la razón por la que el Partido Socialista, que en la última legislatura apoyó su tramitación, ha prorrogado 96 veces el plazo de enmiendas hasta lograr que decayera esta proposición de ley? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué,
cuando tenemos los presupuestos sujetos a un férreo control de gasto y a una elección selectiva de inversiones, se pide detraer fondos para esta finalidad, que parece inoportuno? Por cualquier razón menos por casualidad o azar. De hecho, esta
proposición de ley que estamos debatiendo hoy está esperando desde el 1 de junio de 2012 -más de catorce meses- la oportunidad. ¿Y por qué hoy? Por la torticera búsqueda de la rentabilidad política, pero no por una acción positiva, activa, de
iniciativa de mejora, no; por otra negativa, otra crítica que desgaste al Gobierno. Es decir -como hemos oído aquí clarísimamente-, por una exacerbación del victimismo.
¿Es que no pasan los años por Cataluña o por los peajes? ¿Es que es la misma realidad la del año 2000 que la del año 2013 para que tengamos que debatir el mismo texto? No. Esto se llama contumacia, es decir perseverancia en el error. Y
me pregunto, ¿qué se pretende con este texto trece años repetido? ¿Lo que se demanda es lo que se pide en el artículo 2 de la proposición -homegeneización, rescate selectivo y subvención de peajes- o, por el contrario, lo que se pide es lo que se
señala en el artículo 5 -reversión de las infraestructuras viarias-? Deberían aclararse: homogeneizar peajes o la desaparición de los peajes.
Me gustaría recordarle a la Cámara y a todos los ciudadanos, tanto catalanes como no catalanes, que el portavoz de Convergència i Unió -que hoy ha hablado de igualdad, y ahora hablaré yo- es el defensor a ultranza de la euroviñeta, de lo
cual hace gala, y del pago por uso de las infraestructuras, y hoy defiende lo contrario, que se quiten los peajes. Ha pasado de defender que todo el que pase por una vía de gran capacidad, es decir autovías y autopistas, tiene que pagar, a defender
aquí la reversión de las concesiones. ¿Esto cómo se llama? Esto es un ejercicio de cinismo y siento tener que decírselo al señor Macias. De la misma manera que reducir el contenido del artículo 3 de la Constitución, reducir el contenido de la
igualdad de todos los españoles a pagar o no pagar peaje me parece un atrevimiento absolutamente infundado e impropio de un diputado de esta Cámara. (Aplausos). Al señor Macias solo le faltaba haber dicho hoy aquí que fueron Felipe V y los
Decretos de Nueva Planta los que pusieron el peaje en Cataluña. Eso es lo único que le faltaba haber dicho en ese afán de torturar la historia y faltar a la memoria, era lo único que nos hubiera faltado. Redistribuir o igualar pidiendo más que
nadie y con más derecho que nadie.
Hay déficit de infraestructuras en Cataluña, naturalmente. Y pregunto, ¿hay déficit de infraestructuras en Extremadura? ¿Hay déficit de infraestructuras en Murcia? ¿Es que no nos merecemos los murcianos o no se merecen los extremeños que
también se reduzca ese déficit de infraestructuras? Aquí lo que está claro es que solo se pretende que mañana la prensa catalana, los medios de comunicación afines al Gobierno del señor Mas y sus aliados, tengan la posibilidad de titular: Nueva
afrenta a Cataluña. Madrid, o el centralismo madrileño, sangra a Cataluña. Y si se puede deslizar que este perjuicio viene desde 1716, mucho mejor todavía. (Rumores). Pero, señores diputados, ¿cuál es la afrenta, que hay seis comunidades
autónomas con peor ratio de peaje que Cataluña tanto en kilómetros de autopista estatal por población como en kilómetros de autopista por PIB regional? Solo se ha hablado de La Rioja, pero no se ha hablado de porcentajes. La Rioja, 622 %;
Castilla-La Mancha, 266 %; Galicia, 200 %; Castilla y León, 209 %; Aragón, 196 %; Cataluña, 98 %. Es decir, la mitad de la inmediatamente superior y más de seis veces inferior a la primera. Ese es el déficit y el perjuicio que aquí se están
marcando. ¿O la afrenta es que el señor Mas y el señor Junqueras mantienen en las autopistas de la comunidad autónoma catalana un peaje del 180 % más caro que el de las autopistas del Estado? Apunten bien: de 11,84 céntimos/kilómetro del Estado
-y estos son los datos- a 21,22 céntimos/kilómetro de la Comunidad Autónoma catalana. ¿Por qué no hay un fondo catalán para rescatar los peajes que se nutra con los impuestos catalanes? ¿Por qué? Pues no. Todo esto no se dirá; lo que se
dirá es que el Congreso centralista de Madrid, con los votos del Partido Popular, ha tumbado la clara y justa pretensión del Parlamento catalán de suprimir los peajes del Estado, y no hablarán nada de lo suyo. Pero hoy están exigiendo más inversión
en obra pública al tiempo que se detraen impuestos para quitar peajes, y la pregunta es: ¿cuál es la prioridad? ¿La prioridad ahora mismo es detraer dinero para pagar peajes en lugar de las prestaciones sociales, en lugar de las prestaciones por
el desempleo, en lugar de aumentar la inversión en obra pública? Evidentemente, esto es un despropósito.
Me van a permitir que haga algunas consideraciones de carácter general sobre los peajes, porque aquí la gente es muy atrevida cuando habla. Evidentemente, hay una cuestión que está clara, los peajes no son un estigma, los peajes no son ni
de derechas ni de izquierdas. Estamos hablando de financiación de infraestructuras, que tiene diversos modelos, que todos son válidos, siempre que estén equilibrados. Si están equilibrados, sirven para la finalidad pretendida, que es el disfrute
de las infraestructuras; pero esto no lo podemos mezclar con la movilidad, como aquí se pretende -siendo esta muy importante-, y tampoco podemos condicionar la movilidad porque entonces estamos haciendo un uso del peaje condicionado a la voluntad
de los ciudadanos. Por tanto, utilizar el tema del peaje es oportunista.
No tengo tiempo, pero algunos de ustedes me han oído en varias ocasiones citar a Adam Smith, que en 1776, hace 237 años, como fundamento de la riqueza de las naciones, precisamente dijo que la disposición anticipada de infraestructuras
generaba riqueza y adelantarlas ponía a esos ciudadanos en una situación mejor que la de los que no la tenían. Ojalá otras partes de España hubieran podido pagar y hubieran podido disponer de las infraestructuras. A muchos les hubiera gustado
pagar y no han podido. Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen desde 1967, hace más de cuarenta años, autopistas, y el resto de España hasta hace quince años no tenía ni siquiera autovías. Por tanto, cuando aquí se habla de justicia distributiva
-que se ha dicho-, cuando se habla de solidaridad -que se ha dicho- o cuando se quiere hablar de igualdad -que se ha dicho-, no se puede analizar el día a día; hay que analizarlo en un contexto temporal muchísimo más amplio que abarca varias
generaciones. Por tanto, decir aquí que los peajes son injustos porque están gravando a una zona del territorio es querer olvidar todo el contexto temporal en el que unos territorios han tenido infraestructuras y otros no, porque la disponibilidad
de la infraestructura, la seguridad que genera la infraestructura...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Voy terminando, señor presidente.
... y la competitividad para el territorio no tienen precio y, por tanto, no pueden ser olvidados los años en los que unos pocos han dispuesto de ellas en detrimento del resto. Y que no nos hablen de redistribuir e igualar. Señor
presidente, acabo señalando algunas inexactitudes muy claras. Las autopistas de peaje de la Generalitat suman 169 kilómetros, que son el 27 %, es verdad, pero la red autonómica de autopistas y autovías, que en total son 468 kilómetros, tiene el
35,8 % de peaje, por no contar lo del peaje en sombra. Es verdad que es mucho mayor el porcentaje de autopistas de la Generalitat que las del Estado; y que no se diga que el Estado no paga. El Estado está pagando subvenciones al peaje y Cataluña
recibe el 50 % de la totalidad. Por aplicación del Real Decreto-ley 6/1999, 534 millones de euros, tanto por subvención de las autopistas del Estado como de las de la comunidad autónoma.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene usted que terminar.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.
En el año 2014, 7,7 millones de euros solo para subvención de peaje. Por tanto, es más que evidente el oportunismo de esta proposición de ley y su pretensión absolutamente torticera y que no responde más que a eso, a una tramitación que el
Grupo Popular no puede apoyar.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.
Señor Macias, en efecto ha sido usted aludido y, por tanto, le voy a dar la palabra, pero quiero decirle que la discusión está terminada. Le doy la palabra para la alusión de la que ha sido usted objeto.
El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.
El señor Ayala ha apelado, creo, al adjetivo de cínico. Prometo no leer más la Constitución española, porque si cuando la leo usted me llama cínico, pues mucha gente no va a entender nada.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Ayala Sánchez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Evidentemente, señor Macias, le he llamado cínico en la acepción griega de la palabra, que le aconsejo que la lea usted para que entienda la diferencia que hay entre leer la Constitución en su sentido literal o interesadamente, como usted ha
hecho en esta tarde de hoy.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ayala.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS HIJOS E HIJAS MENORES FRENTE A LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 122/000108).
El señor PRESIDENTE: Proposición del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género.
Para su presentación, tiene la palabra la señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Señorías, permítanme que manifieste mis condolencias a la familia de la menor asesinada en Tàrrega y la repulsa y el desgarro que nos produce a mí y a todo mi grupo la violencia sexista. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa
la Presidencia).
Señorías, traemos a consideración una proposición de ley que pretende impulsar una batería de reformas orientadas a reforzar la protección de los menores frente a los delitos de violencia de género. La Ley orgánica 1/2004, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, ya reconoce que las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar. Es el artículo 61.2 de la citada ley el que establece
medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas. Que el juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad o de la guardia y custodia respecto de los menores y que podrá ordenar la
suspensión de visitas del inculpado por violencia de género, queda recogido en los artículos 65 y 66.
Pues bien, aunque han sido claros los esfuerzos del legislador para combatir y erradicar la violencia de género, diferentes organismos vienen observando disfunciones en la aplicación de los instrumentos legales y ofreciendo también
recomendaciones para adaptarlos al objetivo de la ley. El Defensor del Menor de Andalucía, en su extenso informe especial sobre menores expuestos a la violencia de género, indica de manera contundente que debe considerarse que las relaciones
paterno-filiales no están por encima del interés superior del menor. El propio Consejo General del Poder Judicial, a través de las recomendaciones del grupo de expertos y expertas en violencia doméstica y de género, ha indicado que, considerando
-cito- la necesaria ponderación del conjunto de circunstancias concurrentes en materia del ejercicio de la patria potestad, de la guarda y custodia o del régimen de visitas, es aconsejable modificar estas normas en orden a fortalecer el marco de
protección penal de los hijos e hijas menores expuestos y testigos de la violencia de género, procurando su mayor seguridad y atención. Cierro la cita. A esta demanda y la de diferentes expertos y expertas en derecho de familia y violencia de
género atiende la presente proposición.
Permítanme que haga algunas consideraciones. Siendo cierto que no todos los hijos de mujeres víctimas de violencia son agredidos físicamente, no es menos cierto que todos quedan expuestos a los daños y a los riesgos al tiempo y de la misma
o de otra manera que la padecen sus madres. Maltratar a la madre aumenta el riesgo de maltrato directo a los y las menores. Un estudio realizado en nuestro país por Corbalán y Patró sobre testimonios de mujeres residentes en recursos de
acogimiento, encontró que más del 66 % de los hijos e hijas también habían recibido malos tratos físicos o psicológicos y la
macroencuesta estatal indica que siete de cada diez mujeres dijo tener hijos menores de edad. Para comprobar el alcance del fenómeno, el citado informe del Defensor del Menor andaluz hace una extrapolación de los datos de la macroencuesta
sobre violencia. Pues bien, los datos nos indican que casi 2.800.000 personas eran menores de edad cuando estaban expuestas a la situación de violencia que vivía su madre. Saben sus señorías que los hijos e hijas de las familias en las que se
sufre la violencia de género están en el epicentro del fenómeno y sufren de forma directa su impacto. Consideren también sus señorías el informe de 19 de junio de 1997 del Parlamento Europeo, que ya instó a los Estados miembros a establecer medidas
referidas a la custodia de hijos e hijas y manifestó su preocupación por el hecho -y cito- de que muchas mujeres se vean expuestas a abusos continuados a raíz de resoluciones judiciales que permiten los contactos entre un cónyuge o un excónyuge
violento y sus hijos. No menos importantes parecen las observaciones que vienen haciendo los expertos de la intervención psicosocial cuando indican que, en la medida de lo posible, es preciso que niños y niñas cuenten con un entorno seguro y
alejado del abuso y el maltrato y reclaman como requisito previo para una recuperación efectiva el hecho de poner fin a la exposición de los menores a la situación de violencia. Desgraciadamente, esto no siempre es posible, ya que en ocasiones el
maltrato hacia la madre no cesa tras la separación y lo más frecuente, además, es que el menor deba seguir viendo o conviviendo con el progenitor violento en atención al régimen de visitas dictado tras la separación o divorcio, lo que puede llegar a
constituir un serio hándicap para el éxito de la recuperación. Graves parecen también las resoluciones judiciales que permiten los contactos entre un cónyuge o excónyuge violento y que han facilitado, como conocen sus señorías, escenarios que han
hecho posible el asesinato de menores por sus progenitores. Pues bien, para otorgar una mayor protección a menores víctimas de delitos cometidos por quienes ostentan la patria potestad, en la reforma del Código Penal de 2010 se estableció la pena
de privación de la patria potestad que implica la pérdida de su titularidad, subsistiendo los derechos de hijos e hijas respecto de sus progenitores. En dicha reforma se estableció la pena de privación de la patria potestad como pena principal en
los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, y como pena accesoria cuando los derechos derivados de la patria potestad tengan relación con el delito cometido.
Existe, pues, un marco legal que tutela penalmente el interés y la seguridad de hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en el núcleo familiar. Pero la casuística desborda casi siempre la previsión del marco legal, que por
esta razón merece ser reforzado y ampliado. La batería de reformas que se proponen suponen adoptar medidas en interés de los menores para que en materia de régimen de custodia y visitas existan limitaciones con fundamentación explícita del juez
cuando existen indicios de peligrosidad. Creemos que la suspensión de la comunicación de los menores y las menores durante un tiempo con el presunto agresor es una medida que puede visibilizar que nos encontramos ante una conducta delictiva y, por
tanto, no tolerable socialmente. Señorías, una medida de suspensión cautelar de las comunicaciones del presunto agresor con los menores les protege. Suspender o no acordar la guarda y custodia a un maltratador cuando existen indicios racionales de
criminalidad de un delito de violencia de género les protege y atiende al interés superior del menor evitar que quien le agrede y le convierte en víctima mantenga su guarda y custodia o visitas. Insiste la proposición en la necesidad de dar una
nueva redacción al artículo 158 del Código Civil para que una vez se acuerde la orden de protección hacia la madre, si existen hijos menores, con respecto a los mismos se adopten medidas para que la guarda y custodia no recaiga sobre el imputado,
quedando en su caso en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que pudiera existir. Se insiste en la necesidad de pronunciamiento por parte del juez sobre la adopción de medidas, lo que implicará sin duda, y esto es muy importante,
avanzar en la implantación y desarrollo de las unidades forenses como elemento clave para la evaluación pericial. Queda este aspecto recogido de manera expresa en la modificación propuesta al apartado 5 del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que introduce la necesidad de contar con un informe de las unidades de valoración forense sobre el riesgo al que se expone a los menores. Es evidente que para determinar el interés de los menores el juez debe y ha de contar con elementos
de valoración médico-forense y de forma complementaria una valoración psicológica de las víctimas y aquellos otros aspectos relacionados de manera directa con la violencia u otras cuestiones de interés judicial para la adopción de medidas.
Señorías, deben saber que estos elementos que consideramos imprescindibles para analizar e identificar la peligrosidad criminal y el riesgo de reincidencia, no son una práctica regular en los juzgados. Sin estas informaciones clave los
jueces pueden caer en la rutina de considerar, por defecto, como beneficioso el mantenimiento de una relación con el progenitor, pero si este es un progenitor violento, este automatismo en realidad les expone al peligro. Permítanme un ejercicio
matemático. El Consejo General
del Poder Judicial en los tres últimos años indica que se han registrado una media de 781 suspensiones del régimen de visitas, 71 suspensiones de la patria potestad y 1.721 suspensiones de guarda y custodia. Si cruzásemos estos datos con
los casos valorados como de riesgo extremo y alto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, podríamos colegir cuál está siendo la respuesta que los tribunales de justicia están dando a estas situaciones. Pues los datos nos indican que para
las más de 2.000 valoraciones de riesgo extremo que la policía realiza anualmente, los tribunales de justicia habrían suspendido la guarda y custodia en menos del 1 % de los casos y habrían mantenido el régimen de visitas en el 61 % de los mismos.
En los casos que la policía ha valorado como de alto riesgo la relación empeora considerablemente, ya que los tribunales habrían mantenido el régimen de visitas en el 91 % de los casos, la patria potestad en algo más del 99 % y la custodia casi en
el cien por cien de los casos. Este cruce de datos, señorías, nos permite afirmar que hay una escasa aplicación de esa potestad que los tribunales tienen en esta materia, que son escasísimos los casos de violencia de género, incluso en situaciones
de alto o extremo riesgo, en los que se priva a un progenitor del ejercicio de la patria potestad o se restringe el derecho de visitas.
Señorías, la proposición no busca la estandarización de la respuesta judicial, pero sí que los jueces queden obligados a fundamentar sobre la adopción de medidas y se anteponga al derecho de los progenitores a mantener el contacto con sus
hijos el derecho de los menores a estar protegidos frente a comportamientos violentos. La previsión expresa para la suspensión cautelar de las visitas hasta resolución definitiva supone, por tanto, no un elemento de privación de un derecho, sino
que es un instrumento asegurador de la protección de los menores cuando existen indicios fundados de peligro para ellos.
La proposición también manifiesta la necesaria atribución a los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la competencia para conocer de los delitos de quebrantamiento de condena y de la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes
familiares por ser -y parece lógico- el órgano más adecuado para valorar la situación de riesgo de la víctima. También parece razonable suprimir el derecho de opción entre pagar alimentos o vivir con los hijos cuando el obligado está incurso en
supuestos de violencia de género, ya que sería proporcionar elementos para la coacción a los violentos. Se abordan en esta proposición reformas para incluir estos delitos en el catálogo de la indignidad sucesoria y se hace un ajuste a las
posteriores reformas penales y procesales y de la orden de protección. Otro elemento clave es la inclusión de determinados mandatos al Gobierno para la creación de un registro de sentencias por impago de alimentos. Este, señorías, es un elemento
esencial para identificar la modalidad de violencia económica a que pudieran ser sometidos los menores. Por este camino podemos fortalecer los instrumentos que permitan hacer más eficaz la ley y aportamos soluciones a las demoledoras consecuencias
de la violencia de género.
Señorías, es preciso intervenir. Llevamos dos años haciendo propuestas relacionadas con menores y su protección y el Grupo Popular ha votado en contra de manera indiscriminada a cosas tan razonables como apoyar a los huérfanos,
garantizarles refuerzo educativo o mantener derechos que les asistían cuando sus madres aún estaban vivas. Si el Gobierno quiere hacer solo este viaje contra la violencia se equivocará, porque este es un asunto de Estado, que debemos afrontar
unidos, juntos, buscando diluir las diferencias a beneficio de dar seguridad a los menores. Señorías -termino-, si mantenemos alguna discrepancia de matiz, podremos pulirla en el proceso de tramitación. Espero que algunas de las consideraciones
que he realizado les sirvan a sus señorías para decantarse a favor de la proposición. Y termino dirigiéndome al Grupo Popular. Bájense del pedestal de la mayoría absoluta y permitan que se tome en consideración esta propuesta, que envía un mensaje
a toda la sociedad de la rotundidad de las acciones que desde el Estado estamos dispuestos a emprender a la hora de proteger a los menores sin fisuras, con contundencia, sin olvidar que el interés superior del menor tiene como punto de partida su
seguridad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Álvarez Álvarez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego, que es favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los
delitos de violencia de género. Señorías, damos nuestro voto favorable a esta toma en consideración porque, si bien todas las propuestas de leyes tienen aspectos con los que
no podemos estar íntegramente de acuerdo, en cambio, como es el caso, nos parecen muy oportunos algunos de los que aquí se incorporan y que están relacionados justamente con esa cuestión de la protección de los menores que son víctimas de la
violencia de género por estar dentro del entorno familiar.
En la legislatura pasada, en la Comisión de Igualdad se aprobó un informe en el que, entre otras cuestiones, se trataba también el tema de la protección de estos menores. Así, en las recomendaciones del apartado 3 i) del punto 10 se hablaba
de la necesidad de la tutela judicial en las cuestiones relacionadas con los delitos de violencia de género, sobre todo cuando haya menores dentro de un entorno familiar donde la violencia de género esté presente. En muchísimas ocasiones hemos
hablado de la necesidad de actuar en la dirección de proteger a estos menores. Desde el Bloque Nacionalista Galego nunca estuvimos de acuerdo en atender esta cuestión con propuestas que se hicieron para modificar el artículo 1 de la Ley orgánica de
protección integral contra la violencia de género del año 2004. Nunca estuvimos de acuerdo con esta cuestión porque entendemos que la actuación de prevención y tutela de los menores en ambientes familiares con violencia de género no puede
desvirtuar el fondo de la cuestión que se plantea en la ley de 2004, porque no podemos desvincular esta violencia de la violencia de género. Por eso en otras ocasiones nos hemos puesto en contra de esta modificación y, en cambio, hoy vamos a votar
favorablemente a la toma en consideración de esta propuesta. Ya digo que si se toma en consideración nuestro grupo haría propuestas de modificación de lo que aquí se plantea. Entendemos que sería una muy buena oportunidad para realizar, con ese
informe que se aprobó en la Ley de Igualdad en la legislatura pasada, la actualización de una serie de medidas que diferentes expertos nos hicieron llegar a la Comisión en relación con el funcionamiento en la práctica de la Ley de protección de la
violencia de género y sobre todo de los juzgados específicos de violencia de género. Por cierto, estamos de acuerdo con que sea en los juzgados de violencia de género donde se atiendan los asuntos relativos a los menores.
También quiero decir que nos satisface poder dar nuestro voto favorable a lo que se indica en la disposición adicional segunda. Muchas de sus señorías saben de nuestro interés y nuestro esfuerzo para procurar políticas de servicios sociales
que actúen de manera preventiva sobre la violencia de género. Por tanto, la disposición adicional segunda en la que se insta al Gobierno, junto a las comunidades autónomas, a adecuar todos los servicios especializados de atención a la violencia de
género nos parece muy importante, porque en muchas ocasiones hemos dicho que lo que se recoge en el artículo 19 de la Ley orgánica de 2004 de protección integral contra la violencia de género tiene que ser desarrollado. Desde mi punto de vista, en
la ley se especifica acertadamente -entre otras cuestiones, porque fuimos partícipes de la redacción del artículo 19-, pero lo que ahí se estipula, lo que emana de ese artículo no sirve si desde los servicios sociales no se lleva a cabo lo que ahí
se dice. Por eso, señorías, siempre hemos reclamado del Gobierno del Estado y de las comunidades autónomas no solamente la financiación, sino la voluntad política para desarrollar el artículo 19, porque desde nuestro punto de vista es muy
importante para las políticas de prevención de la violencia de género, pero sobre todo para la protección de los menores víctimas de esta lacra.
Por tanto, incido de nuevo en nuestro voto favorable a esta propuesta y quiero dar las gracias al Grupo Parlamentario Socialista por haber presentado esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista con el objeto de reforzar la protección de los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género es una propuesta que en el fondo, como aquí
se ha dicho, propone hacer ciertos cambios, algunos de ellos importantes y otros quizá no tan importantes en diferentes leyes como el Código Penal, el Código Civil o el Enjuiciamiento Civil, entre otros. Es una proposición de ley que no viene ex
novo, es decir, pretende hacer ciertos cambios en algunas leyes ya existentes. El criterio de mi grupo en cuanto a las tomas de consideración normalmente suele ser, salvo excepciones muy concretas y que vayan en contra de elementos fundamentales o
competencias flagrantes que nosotros consideramos importantes y que son de criterio propio, el de aceptar las toma en consideración por respeto, por cortesía parlamentaria, pero también porque consideramos que es importante para el debate que las
diferentes propuestas puedan entrar en esta Cámara. ¿Eso quiere decir que estamos de acuerdo al cien por cien con lo que se propone? Evidentemente no, o no en sus propios términos, por lo menos. Es importante para posteriormente poder
debatir y enriquecer, tomar en consideración. Es, pues, un primer paso y mi grupo cree que es un ejercicio positivo el del debate, porque de esa manera, si no entra, nunca podremos aportar ni debatir. Por lo tanto, las vías que se cortan
quedan poco sustanciadas. Mi grupo siempre defenderá que podamos debatir aquello que entre en la Cámara.
Es verdad que esta proposición de ley del Grupo Socialista viene en un momento especial, un momento en el que sabemos que el Gobierno tiene en cartera algunos proyectos de ley relacionados con la materia que nos trae hoy o que, de alguna
manera, tienen sustancialmente relación directa con ello. No sé si el grupo proponente ha querido adelantarse en vez de esperar al Gobierno. Tampoco sé si son medidas que en su día no tomó y las pudo haber tomado estando en el Gobierno y que las
tenía guardadas para cuando no estuviera en el poder. Pero ese es un ejercicio que la democracia permite, entre otras cuestiones. En cualquier caso, aquí está y mi grupo no se va a oponer a su toma en consideración.
En cuanto a los contenidos de esta proposición de ley, no vamos a entrar en estos momentos a debatir en su profundidad el desgraciado fenómeno de la violencia de género. Creo que está suficientemente debatido y suficientemente tratado.
Tenemos una ley específica y tenemos medidas concretas. En esta Cámara se ha debatido y se ha hablado mucho sobre esta materia. Por tanto, no voy a empezar a repetir cosas que ya se han dicho aquí. Es un tema muy delicado, evidentemente. No es
algo que se pueda tomar a la ligera, porque tiene que ver directamente con personas, con el futuro de personas, con la situación real de personas, de mujeres, de hombres, de niños, etcétera. Las preguntas que se hace hoy en esta Cámara cualquier
legislador son: ¿son los menores víctimas de la violencia de género que se ejerce contra su madre o progenitora? ¿Qué tipo de víctimas son? Para mi grupo los menores que presencian, que padecen, que sufren esa violencia son víctimas también.
¿Cómo deben de ser tratadas esas víctimas? ¿Están estos menores suficientemente protegidos por la legislación actual? Esa es la otra pregunta que viene a colación. A mi entender, la ley puede que esté bien, pero cuando una ley no funciona ¿es la
ley la que hay que cambiar o hay que buscar los mecanismos que hacen que esa ley no funcione? Quizá esa es otra de las preguntas que hace que nos planteemos hoy serias cuestiones. Así, algunos de los artículos que plantea la proposición de ley
pueden ser de adaptar el lenguaje sexista, que me parece interesante, aunque algunos no tienen excesiva importancia, pero creo que son porque en algunos términos se utiliza, pero en otras no cae en la misma cuenta con conceptos como juez o jueza,
por ejemplo. Pero bueno, son detalles pequeños. En cambio, creo que pueden ser positivos los cambios que se proponen respecto al artículo 3 del Código Civil, relativos a limitar no solo la guarda sino también las visitas a quien esté incurso en
proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física y también la psicológica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de sus hijos e hijas o contra los derechos y deberes familiares o cuando
el juez o jueza advierta la existencia de indicios de violencia de género o doméstica. No obstante, podemos entender que algunas modificaciones de este código -aunque no se lleven a cabo- son de pura lógica y realmente no suponen más que la
visibilización de un caso concreto, por lo que los juzgados en la práctica las aplican. Por ejemplo, que quien tenga obligación de prestar alimentos no pueda optar por tener a su cargo, como usted bien ha indicado, al alimentista si está en alguno
de los supuestos señalados, es decir, o alimentos o vive conmigo. Asimismo no se puede decir nada en contra -se puede decir, evidentemente, pero creemos desde mi grupo por lo menos que no es objetable- de la ampliación de la integridad psíquica de
las víctimas y no solo la física, así como de la obligatoriedad de limitar o suspender las visitas si se dan graves circunstancias que así lo aconsejaran o se incumplan grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial.
Actualmente no es una obligación, es una potestad que se tiene. Creo que esta última revisión también puede ser bastante lógica.
En cambio nos surgen dudas más que razonables sobre la idoneidad de la eliminación de la posibilidad de interponer recurso contra el auto que determine medidas de naturaleza civil como el uso de la vivienda y visitas con menores, porque a
veces, sin conocer las razones de la adopción de tal medida, parece que es una reducción importante de las garantías judiciales que debe tener todo ciudadano. Es un elemento que nosotros, si esto entrara, discutiríamos, porque creo que es
interesante poderlo debatir y discutir.
También creo que es una aportación interesante -y podría ser incluso lógica- la posibilidad de otorgar la competencia para conocer los delitos de quebrantamiento de condena y la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes
familiares a los juzgados de violencia de género, como pone el artículo segundo. Creemos que sería positivo que los juzgados de violencia tuvieran constancia de esos quebrantamientos y fueran ellos quienes tuvieran conocimiento de los mismos y así
habría un hilo conductor con relación al caso, ya que si no es vuelta a investigar, a iniciar un proceso nuevo cada vez que se presente un quebrantamiento en un juzgado diferente. Hay cuestiones que son de lógica pura y
que perfectamente pueden ser asumibles, pero no por mi grupo sino por cualquiera de esta Cámara. Que los impagos pasen por el juzgado de violencia sería lo ideal, pero operativamente se observa -pensando sobre todo en pequeños juzgados- que
podrían paralizar o bloquear su funcionamiento. Sería una cuestión que creo que habría que estudiar.
En general se vislumbran elementos fundamentales como que el genérico interés del menor se concrete en medidas para su protección. Se pone de manifiesto que ante el maltrato no se puede actuar como un no maltrato. Es decir, la premisa de
partida es que la relación de los menores con el padre maltratador es negativa, esa es la premisa que de alguna manera se plantea. Ahora, hoy en día, según la legislación, se parte de la premisa -no sé si contraria pero por lo menos queda a
elección del juez- de si el padre maltratador, como el que no lo es, tiene un derecho primario a relacionarse con sus hijos e hijas, y la carga de probar que eso no es bueno es de la madre o del fiscal. En adolescentes esta nueva medida
posibilitaría evitarles la responsabilidad de decidir. Hoy en día el juez no adopta medidas de protección al menor en general, porque el maltratador, el condenado se suele oponer, y no queda acreditado que el suspender la relación sea malo. En
cambio, si se invierte en los términos de la carga de probar que es bueno que se sigan relacionando, es el propio maltratador quien tiene que probar que es bueno que se sigan relacionando y no se da por hecho.
Como se puede ver, hay cuestiones que mi grupo considera interesantes, algunas en las que no estamos totalmente de acuerdo y hay otras que creo que es importante que puedan ser debatidas. Nos gustaría que esta proposición de ley entrara la
Cámara, se tomara en consideración y todos pudiéramos aportar cuestiones, en algunas de las cuales estamos de acuerdo y en otras en las que no, porque el quid de la cuestión -antes lo dije y finalizo con esto, señora presidenta- es: cuando una ley
no funciona ¿hay que cambiar la ley o hay que cambiar los mecanismos que hacen que esa ley no funcione? (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). En este caso parece que queda probado que hay algunas cuestiones que hacen que
esa ley no sea operativa en todos sus términos. Hagamos por lo menos que las cosas funcionen bien; si funcionan bien, igual no hace falta cambiar algunas leyes, pero, si hace falta cambiarlas, no le quepa la menor duda de que mi grupo estará a
favor de cambiar, siempre que sea en beneficio de las personas, de las mujeres que sufren maltrato y de las víctimas, que son los menores o hijos de esas personas. Por tanto, mi grupo votará a favor de la toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Agirretxea.
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Señor Cantó, tiene la palabra.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, comenzaré anunciando nuestro voto positivo a esta toma en consideración y de todo corazón además querría agradecer al PSOE la oportunidad de abrir este debate. También querría pedirle al Partido Popular que se avenga a ello, y voy
a explicar ahora por qué. Creemos que hay que revisar las leyes a tenor de sus consecuencias. Nos parece que muchas veces el espíritu de las leyes se ve traicionado por su incorrecta aplicación o, incluso, por la falta de aplicación. Hay ejemplos
muy recientes. La Ley de Dependencia era una buena ley y, sin embargo, acabó fracasando porque, en primer lugar, no se solucionaba el tema competencial y, en segundo lugar, no se la dotó económicamente. Hasta hoy, señores del Partido Socialista, y
esto me parece importante decirlo, no ha sido posible no ya tocar, ni siquiera rozar la ley orgánica de la que vamos a hablar. Nadie en esta Cámara se ha manifestado crítico con ella. Creo que hemos sido los únicos y por eso queremos debatirla,
porque nos parece que no ha conseguido los efectos deseados. Ahora bien, señores del Partido Socialista, nos gustaría abrir el debate, pero también nos gustaría manifestar, aunque no voy a entrar en lo concreto ni voy a debatir término por término,
que nuestro análisis del problema y las soluciones que proponemos creo que van más allá de las que proponen ustedes.
Lo hemos debatido a menudo en este Pleno, lo hemos debatido también en la Comisión pertinente, lo hemos debatido en otros temas, como por ejemplo en la custodia compartida. En el fondo, lo que se adivina con esos debates, con esas
diferencias, son distintas maneras de entender la igualdad. Por cierto, el de la custodia compartida fue un debate que llegó a esta Cámara gracias a nosotros, en el que ya hablábamos de corresponsabilidad, en el que hablábamos, como usted decía
ahora, de velar por los intereses del menor -sin embargo votaron en contra de aquello-, en el que hablábamos de permitir, de ayudar a que la mujer pudiera acceder con más facilidad al mercado de trabajo. Por cierto, señores del Partido Popular,
llevan ustedes -esto no tiene nombre- diez meses de retraso en presentar una ley de custodia compartida, según lo que dijo aquí el ministro Gallardón, diez meses de retraso.
Señores socialistas, estamos por una visión de la igualdad más en la línea de los países de nuestro entorno. Creemos que hay que superar esa visión clásica de los roles que se les atribuyen a los hombres y a las mujeres. Estamos más por
unas políticas de acciones positivas, frente a la discriminación positiva. Nosotros queremos legislar para conseguir una herramienta adecuada para proteger a las mujeres, sí, pero también pretendemos hacerlo mejor que como se está haciendo ahora.
Es importante que podamos abrir este debate con valentía. Por eso les felicitamos por hacerlo, aunque tengamos visiones distintas.
Para empezar -y usted lo decía en su discurso-, quieren proteger mejor, quieren proteger más a los niños, a los menores, nosotros también. Incluyámoslos en esta ley, pero incluyamos también a otros colectivos. Hablemos también de la
protección de los ancianos, hablemos también de la protección de los discapacitados, hablemos también de la protección de las parejas homosexuales, hablemos también de la protección de los hombres. Nosotros no queremos dejar de proteger a nadie.
Queremos proteger a más gente y también, viendo cómo son los efectos de la ley bajo la cual estamos, queremos proteger a esas personas mejor de como se las está protegiendo ahora.
Ahora bien, hay algunas aportaciones que ustedes hacen en el texto que nos presentan con las que estamos de acuerdo -ya he dicho que no voy a entrar en muchos detalles-. Por ejemplo, es obvio que no se puede consentir que aquella persona
que haya maltratado a su cónyuge o que la haya asesinado pueda disfrutar de la herencia de la víctima. Es obvio y no creo que nadie en esta Cámara pueda estar en contra, es de sentido común. Pero nos tememos que en lo que ustedes presentan hoy
aquí siguen profundizando en una visión que nosotros, francamente, creemos superada. Pensamos que hay que eliminar la desigualdad en los tipos penales en función del sexo del agresor. Creemos que los servicios de mediación deben tener un papel
esencial en los conflictos de pareja. Creemos que se ha de trabajar muchísimo más en la prevención, en la educación, en vigilar que los medios que se ponen a disposición de la sociedad vayan a aquellos que más los necesitan. Ya debatiremos sobre
todo esto. Ojalá, ya digo, el PP se avenga a abrir este debate y a permitirlo.
Quizá la aportación -en esto sí quisiera detenerme un instante- que a nosotros nos gustaría más hacer, además estoy seguro de que en un futuro la haremos y se verá reflejada en una ley, es aquella que tiene que ver con la presunción de
inocencia y más concretamente con recuperarla. Señorías, nosotros queremos devolver ese derecho fundamental a los hombres, sin por eso menoscabar los derechos de las víctimas y de los niños. Además, estamos absolutamente seguros de que toda la
Cámara terminará votando junto a nosotros y les voy a explicar por qué. Recuerdo que se ha aludido ya en repetidas ocasiones en esta Cámara a este problema de la presunción de inocencia. Recuerdo a un diputado de su grupo parlamentario, al señor
Villarrubia, del PSOE, citando desde este mismo lugar tres veces durante un mismo discurso el artículo 24.2 de la Constitución, defendiendo la presunción de inocencia. Recuerdo al señor Nuet, de La Izquierda Plural, haciendo una ardiente defensa de
la presunción de inocencia también desde aquí. Recuerdo al señor Gómez de la Serna, del Grupo Popular, defendiendo la presunción de inocencia y citando no solamente el artículo 24.2 de la Constitución, no. El señor Gómez de la Serna -y hacía bien-
iba más allá y citaba el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señorías, todos ustedes hablaban, desde todos los grupos parlamentarios, de lo sagrado de la presunción de inocencia de la que se habla en la Constitución y
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y lo hacían, señorías, al decir que los políticos imputados deben poder defenderse y no deben ser criminalizados sin pruebas. Señorías, ¿van a negar ustedes al resto de los hombres españoles, a
la mitad de la población, ese derecho que defendían con tanta vehemencia para ustedes mismos?
Nosotros queremos hacer el trabajo que debemos hacer, que es legislar, cambiando las leyes mejorándolas cuando no logran los resultados que pretendíamos, como el caso que nos ocupa. Queremos debatir -como usted decía-, todos, queremos
llegar a acuerdos, pero queremos debatir con valentía sobre un tema tan delicado y tan sensible como este, con la certeza de que no se trata de quitarle la protección a nadie, señorías; se trata de ampliarla a todos, de brindarla mejor y en
igualdad de condiciones.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Muchas gracias, presidente.
Señorías, creo que si no entendemos lo fundamental, si no entendemos precisamente lo que es la violencia de género, no entendemos absolutamente nada. La violencia de género es la violencia que se
ejerce contra las mujeres, y lo digo por la intervención que ha habido anteriormente, contra las mujeres solo, y únicamente por el hecho de serlo. Esto es fundamental. (Aplausos). Si no lo entendemos, desde luego caemos en la
equidistancia y caemos en un error absoluto.
Esta propuesta de ley pretende, no obstante, reforzar la protección de los hijos y las hijas frente a la violencia de género con una serie de cambios que afectan al Código Penal, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, recientemente
modificada, y a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Todas sus señorías saben -creo que lo saben todas- que a partir de la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, ya se introdujeron
modificaciones en estos textos normativos y la propia ley, como se reconoce en la exposición de motivos de su propuesta, contempla medidas cautelares y de seguridad encaminadas a proteger a los hijos y las hijas o personas que dependan de la víctima
de violencia de género, pero lo cierto es que la realidad supera cada día con mucho la casuística abordada en la ley, lo ha dicho la señora Álvarez. La propia Ley de 2004 se está evidenciando como una herramienta con necesidad urgente de mejoras si
realmente queremos que sea útil y contundente ante una lacra que no deja de golpearnos día a día a las mujeres. Ayer por la tarde en Tàrrega una niña con tan solo catorce años ha sido asesinada a manos de su novio de dieciocho. Desde nuestro grupo
parlamentario nos queremos sumar a las condolencias que ya se han dado para su familia y sumarnos a las concentraciones que hoy han tenido lugar en Tàrrega por su muerte.
Estamos viendo también con estupor cómo en algunos casos los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia machista están siendo utilizados de forma trágica y cruenta como meros instrumentos para perpetuar el daño que se hace a la mujer.
Estamos sufriendo casos en los que el maltratador mantiene la custodia o la patria potestad y utiliza el régimen de visitas para infligir malos tratos a sus hijos e hijas y, por tanto, se hace imprescindible que el Poder Judicial disponga de los
instrumentos que puedan hacer efectivas las recomendaciones que ya se hacen desde la ley.
Tenemos que reconocer también que la Ley integral contra la violencia de género tiene algunas carencias que deberían ser abordadas con objeto de recoger realmente todo tipo de violencia que de forma estructural se ejerce contra las mujeres,
como es la violencia económica. Es cierto que la propuesta de ley trata de manera parcial, mediante la disposición adicional primera, la creación de un registro específico de condenados por impago de alimentos que intenta paliar esta situación.
Necesitamos también que se actúe con contundencia y se disponga de los recursos necesarios para la erradicación de la violencia machista en nuestra sociedad, invirtiendo en la educación, la prevención y la reparación a las mujeres víctimas del
machismo y a sus hijas e hijos. Todo esto es imprescindible y por desgracia cada vez estamos más lejos de conseguirlo con las políticas suicidas y de recortes de derechos que se están llevando a cabo por el Gobierno.
Lo que hoy pretende el Grupo Parlamentario Socialista creemos que puede servir para paliar una parte muy importante del problema, la violencia de género sufrida en el ámbito familiar -y por eso lo apoyaremos con nuestro voto a favor-, pero
no es suficiente, y debemos seguir trabajando hasta conseguir lo que todas y todos queremos, que no es otra cosa que erradicar de nuestra sociedad una lacra que nos hace menos capaces y menos humanos. Es cierto que es importante, pero no es
suficiente, y créame que esto se lo digo muy sinceramente, señora Álvarez. Los cambios pretendidos reforzarán la protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia de género. Son medidas de urgencia que hay que aplicar, pero
desde nuestro grupo parlamentario creemos que también debemos dotarnos de un texto legal que modifique y mejore la Ley de 2004, donde se abarquen todos los aspectos en los que se ejerce la violencia contra las mujeres, y ello sin restarle
importancia a los avances que han permitido la Ley integral contra la violencia de género, más centrados en la violencia en el ámbito familiar, que es lo que además hoy nos ocupa con su propia propuesta, que ya he dicho que vamos a apoyar, pero
además vamos a trabajar para seguir mejorándola.
Señoras y señores diputados, la importancia del asunto que tratamos hoy es tan relevante que necesita, como ya hemos expuesto desde nuestro grupo en otras ocasiones, de un pacto de Estado contra la violencia de género que utilice el rechazo
demostrado de manera indiscutible por prácticamente todos los grupos políticos, y además de manera unánime, y que cuente con la participación real y efectiva de todas las organizaciones de mujeres y del movimiento feminista, un pacto de Estado que
consiga por fin erradicar la violencia machista, porque, señora Álvarez, la realidad es tan espantosa y tan cruel que nos está demostrando que las medidas legislativas por sí solas no son suficientes, ni tampoco son las únicas necesarias. Por
muchos cambios normativos que se lleven a cabo, aunque estos sean necesarios, nunca se podrán poner en práctica sin voluntad política y sin el esfuerzo y compromiso del conjunto de la
sociedad -eso sé que usted lo sabe, que lo saben todas sus señorías-, pero desde luego tampoco se pueden llevar a cabo sin la dotación económica necesaria, y hay que poner como muestra la voluntad que pone este Gobierno, que ha vuelto a
reducir la partida presupuestaria de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en un 1,5 %, a lo que hay que sumar las reducciones que se han sufrido en los anteriores ejercicios. Esto está dejando sin recursos a los juzgados de
violencia de género, que se encuentran en una situación preocupante a la hora de abordar el problema por falta de recursos y por falta de profesionales.
La violencia machista es un problema ideológico, social y estructural y toma nuevas formas. El síndrome de alienación parental, el imponer la custodia compartida son nuevas maneras de poner trabas al avance en la igualdad y contra la
violencia de género. Hay que seguir por tanto combatiendo y revisando de manera constante cómo se está aplicando la ley. Es cierto que los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género sufren también la violencia con daños
psicológicos y muchas veces físicos, eso no lo ponemos en duda. Por ello todas las medidas encaminadas a combatir esta lacra de la violencia de género y a mejorar la protección de los hijos e hijas de las mujeres que la sufren tendrán siempre el
apoyo de nuestro grupo parlamentario, porque nuestro compromiso es firme y claro: erradicar de nuestra sociedad una lacra que condena y mata a las mujeres por el hecho de serlo -lo vuelvo a repetir- y nos impide avanzar como humanidad.
Apoyaremos, por tanto -y termino-, la toma en consideración de esta propuesta de ley, y en su tramitación tendremos la oportunidad de aportar nuestras propuestas.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, la señora Ciuró tiene la palabra.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en lo que va de 2013, 36 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas y 8 menores hasta ayer -hoy ya 9- han perdido la vida como consecuencia de la violencia de género. La última víctima, Alba Martí, de Tàrrega,
se suma a la lista de víctimas como consecuencia de la violencia machista. Una menor, de catorce años, falleció ayer a manos de su novio, de dieciocho, con lo cual es clamoroso pensar que necesitamos actuar y que es necesaria la actuación de
protección a la población más necesitada, que son los menores. Aquellos que más los quieren, aquellos que más deben velar por ellos son precisamente aquellos que en algunas ocasiones perpetran las peores atrocidades. Por ello es necesario trabajar
para que la violencia de género y la violencia doméstica para con los más débiles del entorno familiar sea tratada legislativamente de manera ejemplarizante y para mantener su visibilidad normativa. Según ANAR, que es una asociación de ayuda a
niños y a adolescentes con riesgo, el perfil de los agresores en un 22 % corresponde a los padres, en un 15,5 % corresponde a las madres y casi en un 7 % corresponde a ambos progenitores. Así pues, el reto no es menor y en este caso la proposición
de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Socialista se centra en la violencia dentro del ámbito familiar, por lo que entendemos muy acertada la proposición y adelanto que nuestro grupo va a votar a favor de su toma en consideración.
Es una toma en consideración que, sin embargo, tiene matices que no acabamos de entender. No estamos del todo de acuerdo con que la realidad supere el marco legislativo actual. En nuestra opinión, la Ley de 2004 es una buena ley, que
contempla mucha casuística y da muchas soluciones. Lo que entendemos que faltan son medios para acompañar la correcta aplicación de esta ley. En este sentido entendemos que los operadores jurídicos necesitarían tener un mayor acompañamiento, una
mayor formación, poder tener unos puntos de encuentro, por ejemplo, que hoy están completamente colapsados para poder fomentar y recuperar esa relación del menor con el progenitor con el que la ha perdido. Por tanto, creo que tenemos una buena Ley
de Violencia de Género, aprobada en esta Cámara, pero en nuestra opinión le faltarían más medios para poder desarrollarla con plenitud y para que sirviese al fin para el que fue concebida, que no es otra cosa que intentar erradicar la violencia de
género.
Hay otras cuestionas que tampoco nos acaban de convencer y deberíamos tener la ocasión de aceptar a trámite la proposición de ley para poder debatirlas en profundidad. Nos genera algún tipo de duda cuando se pretende eliminar la
intencionalidad en el delito. Es decir, la Ley de Violencia de Género, que es una ley especial, nos dice que se entenderá que es una violencia de género, una violencia machista cuando se aplica dominación sobre la mujer, cuando hay una voluntad de
subyugar a esa mujer en beneficio, entre comillas, del poderoso, que es el hombre. Si eliminamos la intencionalidad, como se
pretende, en una norma general como es la ley penal, no vemos cómo casaría esto con el espíritu de la Ley de Violencia de Género. Por lo tanto, pedimos tener una puerta abierta aquí para negociar y, en todo caso, para profundizar cuál es la
intención del grupo proponente en este aspecto.
Tenemos también dudas sobre el hecho de aplicar medidas drásticas sin tener la opción de que en el procedimiento -que es contradictorio, donde se escucha a los agresores y a los agredidos- haya la posibilidad de defensa. Por tanto, el hecho
de aplicar medidas como la que pretenden con el artículo 48, de que el juez pueda adoptar medidas sin escuchar a la otra parte, podría producir desajustes y que el principio legislativo de proporcionalidad entre delito y pena podría no se viera
correspondido; además, numerosas sentencias del Tribunal Supremo vienen diciendo que es necesario que oír, en el momento de la inmediación y la contradicción, a denunciante y denunciado, así como los testimonios de otros posibles testigos, sea el
contexto que establezca las medidas a adoptar por el juzgador. Por lo tanto, cualquier medida beneficiosa para el juzgador a la hora de darle elementos de raciocinio a nuestro entender es positiva, porque al final lo que tiene que hacer el juzgador
es adecuar el procedimiento a la pretensión de las víctimas. Dado que en las modificaciones de la legislación civil se pretende evitar la atribución de la custodia a uno de los progenitores por el mero hecho de estar incurso en un procedimiento
penal, si pensamos que cualquier denuncia puede dar lugar -da, de hecho- a un procedimiento penal, porque hay una instrucción del procedimiento, no vemos qué garantías tenemos de que la medida que se adopte sea beneficiosa para el menor, que, en
definitiva, es al que tenemos que proteger. Por tanto, estas medidas nos crean muchas dudas que nosotros leemos como impositivas de la función del juzgador y restan margen al procedimiento de contradicción y al raciocinio.
Vemos muy bien, por ejemplo, el hecho de que el juez tenga que motivar el porqué y el porqué no de la adopción de una determinada medida. Motivar las sentencias les da congruencia y la congruencia ayuda a la claridad y, por tanto, a la
tutela judicial. En ese sentido, vemos que la proposición de ley del Grupo Socialista se alinea con lo que nosotros entendemos que tendría que ser un juicio contradictorio. No entendemos adecuado aplicar medidas como la privación de la custodia
cuando no se requiere condena ni declaración fundada de indicios delictivos, ni se valoran las circunstancias del hecho ni su gravedad. En todo caso, sería un motivo para sentarnos a ver cómo lo encajamos y cuál es la pretensión del grupo
proponente.
Como decía, señorías, hay buenas medidas en esta proposición de ley y nos gustaría debatirlas. Es cierto que se ha dicho que en 2010 hubo una última reforma del Código Penal y a lo mejor también era un buen momento para que el grupo
proponente hubiese podido introducir esas medidas que en buena parte son muy positivas para la defensa y protección de los menores, pero en cualquier caso bienvenida sea la proposición venga cuando venga y nos gustaría sentarnos a debatirla. Por
otro lado, convendría estudiar la manera de que esta Ley de Violencia de Género que tenemos desde 2004 pudiera desarrollarse, implementarse en su plenitud, porque cualquier recorte de medios destinados a la aplicación de la Ley de Violencia de
Género hace un flaco favor a la protección de los más débiles, como aquí se pretende.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora González Vázquez tiene la palabra.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, corresponde al grupo mayoritario cerrar este turno de fijación de posiciones con relación a la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los
delitos de violencia de género.
Tengo que decir, en primer lugar, como muchos de los diputados y diputadas presentes saben, que la preocupación por la situación de los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género por su acceso a la condición de víctimas, por su
bienestar y por su recuperación, ha sido una prioridad para el Grupo Parlamentario Popular desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Más del 70 % de las mujeres que declaran
haber sufrido maltrato en nuestro país tienen hijos e hijas menores, lo cual nos da una idea de las gravísimas implicaciones que tiene esta elevada incidencia de la violencia de género sobre los más indefensos. En lo que va de año han fallecido
víctimas de la violencia de género cinco menores, un indicador lo suficientemente trágico como para que nos planteemos de manera muy seria cómo acabar con este terrible problema. Hoy mismo hemos tenido noticia del fallecimiento de una menor de
catorce años, un hecho que nos conmociona y sobre el que
queremos manifestar nuestra condena más firme, así como nuestra simpatía y solidaridad hacia la familia de la niña que ha fallecido.
La condición de víctima de los menores en su relación con la violencia de género puede analizarse desde distintas perspectivas. Por un lado, todos los aspectos que tienen que ver con la relación legal con el padre maltratador. Por otro, la
condición de víctimas de los menores en tanto que sujetos, lo que implicaría su inclusión en el estatuto integral de protección que la ley orgánica establece para las mujeres víctimas y, por ello, la puesta en marcha y acceso a los programas y
ayudas que desde el ámbito social y desde las diferentes comunidades autónomas se han puesto en marcha desde el año 2004, así como su revisión y la revisión de los protocolos de actuación para adaptarlos a las características específicas de estas
personas. Finalmente, en un tercer plano estarían todas las circunstancias vinculadas al conocimiento de la incidencia de la violencia de género sobre los menores, la sensibilización de la sociedad sobre esta problemática y la formación de los
profesionales en contacto con los menores, por mencionar tan solo algunas de sus vertientes.
Durante la legislatura anterior, las iniciativas del Gobierno Socialista en relación con el problema de la violencia de género en los menores se relacionaron mayoritariamente con el tercer aspecto mencionado, es decir, la sensibilización, el
conocimiento del fenómeno y su incidencia, la formación en igualdad, la prevención de la violencia de género en el ámbito escolar... Todas las iniciativas de carácter más incisivo que implicaban modificaciones legislativas fueron sistemáticamente
rechazadas, como muchos de los diputados y diputadas presentes recuerdan muy bien. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Con ánimo de exhaustividad, debo añadir también que en 2010 se detrajo del Fondo de cooperación con las comunidades
autónomas en materia de violencia de género, establecido por mandato de la Ley Orgánica 1/2004, una cantidad, un millón y medio de euros, que debería ser utilizada por las comunidades autónomas en la puesta en marcha de programas y servicios de
atención integral a favor de los y las menores. Estas fueron las medidas puestas en marcha durante la legislatura anterior en materia de menores y violencia de género.
La posibilidad de modificación de la legislación vigente para incluir entre las víctimas de violencia de género a los y las menores ha estado siempre presente en el Grupo Parlamentario Popular, sobre todo desde que, a raíz de la creación en
esta Cámara, en el año 2009, de una subcomisión para el estudio y funcionamiento de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, muchas de las personas comparecientes manifestasen su preocupación por la problemática de los
menores hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Aunque la Ley Orgánica 1/2004 habla de los menores en su preámbulo, lo cierto es que los cita escasamente en el articulado, ya que no se les considera víctimas directas.
Esa posibilidad de modificación legislativa incluiría incluso la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, porque -aquí hago un inciso y menciono específicamente la intervención del señor Cantó- el
texto propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista no modifica la Ley Orgánica 1/2004, modifica la legislación que la ley orgánica modifica a su vez. Dudo razonablemente, creo, que haya usted leído bien el texto, puesto que la Ley Orgánica
1/2004 no se modifica en absoluto. Pero digo y repito que por parte del Grupo Parlamentario Popular siempre se ha valorado la posibilidad de modificación de la legislación vigente para incluir entre las víctimas a los menores, sobre todo, como
decía, desde la creación de esa subcomisión de estudio y funcionamiento de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, que manifestó su preocupación en sus conclusiones sobre la desprotección en la que se encontraban los
niños y niñas. A raíz de las conclusiones de esta mencionada subcomisión, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición de ley en relación precisamente con una cuestión clave: el mantenimiento o la pérdida de la custodia de los hijos e
hijas menores por parte de un maltratador con una condena firme por maltrato. El objetivo era la modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esa proposición de ley fue presentada y rechazada por la Cámara el 21 de junio
de 2011. De la misma manera, las preguntas orales y escritas y las mociones urgentes presentadas por el Grupo Parlamentario Popular se sucedieron a lo largo de los últimos años, todas en relación con la ampliación de la protección de los menores en
situación de violencia de género.
Que este problema es una prioridad para el Gobierno en este momento da constancia el hecho de que la estrategia para la erradicación de la violencia de género aprobada el pasado 17 de junio de 2013 en la Conferencia Sectorial de Igualdad,
contempla como uno de sus ejes prioritarios la atención a los menores y a las personas más vulnerables. También es una clara prueba de esta prioridad la inclusión de la información estadística relativa a los menores en los boletines que
mensualmente edita la
Delegación del Gobierno para la Violencia del Género. Es otro ejemplo de esta preocupación la aprobación de una proposición no de ley en la Comisión de Igualdad para la realización de un plan que garantice la atención integral y
especializada de los menores víctimas de violencia de género, que fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que se aprobó por unanimidad el pasado 21 de mayo de 2012. De la misma manera, el Grupo Parlamentario Popular presentó en la
Comisión de Igualdad una proposición no de ley para instar al Gobierno a dar respuesta normativa a la situación de vulnerabilidad y desamparo en la que se encuentran los menores hijos de víctimas mortales de violencia de género y del padre agresor,
que fue aprobada el 26 de febrero pasado. Por todo ello, queda suficientemente demostrada la preocupación del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno sobre las consecuencias de la violencia sobre los menores y la voluntad del Gobierno de paliar
las consecuencias de esta violencia. Por esta razón, valoramos muy positivamente la presentación de esta proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista -que fue sin embargo reacio y sordo a las iniciativas presentadas por el Grupo
Popular mientras sustentaba al Gobierno- e incluso estamos básicamente de acuerdo en varios de sus planteamiento, por ejemplo, el recogido en el artículo 2 sobre la conveniencia de que la instrucción de los delitos de quebrantamiento de pena o
medida cautelar o de seguridad sea competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, o la propuesta recogida en el artículo 5.2, que supone la modificación del apartado 7 del artículo 544 del Código Civil, en el sentido de no permitir recurso
alguno contra el auto en el que se adopten las medidas civiles de la orden de protección, que tienen la misma finalidad y duración que las medidas provisionales previas a la demanda de separación o divorcio del artículo 771 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
No estamos de acuerdo, en cambio, con algunas otras propuestas de esta proposición de ley. Aun compartiendo la preocupación del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas de carácter civil de guarda y custodia, no debe limitarse de
manera automática -estándar, se ha dicho aquí hace unos segundos- la capacidad del juez de valorar el interés del menor en esta materia en todos los casos, como la proposición de ley establece de manera exhaustiva. Nuestra falta de apoyo a esta
proposición de ley está en la forma más que en el fondo, ahora mismo el Ministerio de Justicia ha elaborado o están en proceso de elaboración diferentes proyectos de ley que abordan la cuestión de la violencia de género y su incidencia en los
menores de manera más incisiva que la proposición de ley presentada. Tengo que recordar aquí que el proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica del Código Penal, aprobada por el Gobierno en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre,
introduce modificaciones sustanciales, con el objetivo de mejorar la protección de las víctimas, mujeres y menores. No querría caer ahora en la descripción pormenorizada de las modificaciones que se proponen en el texto, pero sí voy a hacer mención
a algunas de ellas: la ampliación de la prohibición de aproximación a la víctima o a aquellos de sus familiares que determine el juez o tribunal, ampliada a los casos en los que el delito cometido sea leve. A través de la modificación del artículo
57 del Código Penal se contempla expresamente la posibilidad de imponer una medida de libertad vigilada, además de las penas que puedan corresponder por los hechos cometidos para aquellos que ejerzan violencia física o psíquica sobres sus cónyuges o
excónyuges y sobre sus descendientes o ascendientes, sobre los menores o personas con discapacidad, necesitadas de especial protección que con él convivían. Se mantiene la posibilidad de que el juez o tribunal acuerde la inhabilitación para el
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Se incorpora en el artículo 171 un apartado 7 que contempla, entre otras, la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado
del de la víctima, también para el caso de los menores. Dentro de los delitos de coacciones se introduce el acoso a personas, entre otras medidas de profundo calado.
Al igual que en el proyecto de ley de reforma del Código Penal, el Gobierno se encuentra trabajando también -es perfectamente conocido por parte de todos los miembros de esta Cámara- en un estatuto de la víctima, en el que se protegerá
especialmente a la víctima menor de edad y que podrá además ser objeto de enmiendas en su tramitación parlamentaria, al igual que la modificación del Código Penal. En cuanto a las modificaciones propuestas por su proposición de ley al Código Civil
y...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino ahora mismo.
... a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación a la modificación de la guarda y custodia, ya ha sido presentado al Consejo de Ministros para informe el anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de
nulidad, separación y divorcio. (Rumores). Sí, señor Cantó, se ha
presentado ya en el Consejo de Ministros. En el mismo se modifican los artículos en la proposición de ley que hoy debatimos para su toma en consideración, encontrándose ahora mismo en trámite de audiencia. En el anteproyecto de ley se
busca la protección del interés superior del menor y atiende especialmente a las necesidades de los menores víctimas de violencia doméstica o de género.
Por todo ello, no apoyaremos la toma en consideración de esta proposición de ley, pero haremos algo diferente a lo que el Grupo Parlamentario Socialista hizo en su día: les proponemos a ustedes, al Grupo Parlamentario Socialista y a los
otros grupos parlamentarios, que presenten todas y cada una de sus propuestas como enmiendas en la tramitación de los diferentes proyectos de ley que el Gobierno prepara en esta materia.
Señora Álvarez, permítame que le diga: bájense ustedes de su pretendida superioridad moral en esta materia (Rumores) y vayan a los textos que se presentarán en esta Cámara. (Aplausos). Creemos muy sinceramente...
El señor PRESIDENTE: Señora Diputada, tiene usted que terminar.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino ya.
... que en este tema podemos y debemos llegar a un acuerdo firme entre todos los grupos parlamentarios. Los menores, los huérfanos de la violencia de género, que alcanzan este año la cifra de 28, los niños y niñas que sufren la violencia
contra sus madres y contra ellos mismos en el entorno familiar nos lo demandan y también nos lo exigen.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS PARA PERMITIR EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS. (Número de expediente 162/000636).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para permitir el derecho de autodeterminación de los pueblos. En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías (Comienza su intervención en gallego), quiere decirse que la nación es un hecho y no una idea, y que es un ser real y no un ente problemático. Son palabras, señorías, de Daniel Rodríguez Castelao, diputado que fue de estas Cortes,
y que en su empeño en demostrar o feito galego, la realidad nacional de Galicia, tenía como objetivo el reconocimiento político de este hecho y, por lo tanto, el reconocimiento a su soberanía y el derecho a decidir del pueblo gallego. Es sabido,
señorías, el compromiso del Bloque Nacionalista Galego con estos objetivos y nuestro empeño en trabajar para alcanzarlos, razón por la que hoy defendemos esta proposición no de ley.
No tenemos tiempo ni para hacer una reflexión de los avatares políticos e históricos de lo que han sido las relaciones entre las naciones de Galicia, Euskadi y Catalunya y lo que se denomina España como Estado nación, pero basta con decir,
señorías, que ni la longa noite de pedra, como el poeta galego Celso Emilio Ferreiro definió los cuarenta años del franquismo, pudo evitar que el hecho, la realidad de Galicia permanezca viva. Los constituyentes de 1978 buscaron una tímida solución
al problema de la plurinacionalidad del Estado y con ánimo de alcanzar consensos en tiempos convulsos incorporaron en la Constitución española el reconocimiento del hecho diferencial de las tres nacionalidades históricas. Hubo voces, señorías, que
incidían en que este era un principio que permitiría profundizar en esa realidad plurinacional, habida cuenta de que los nuevos tiempos democráticos facilitarían el debate y la libertad para expresar las ideas que lo explican. Sin embargo,
señorías, ha podido más la voluntad de los que ven al Estado español como un Estado-nación indivisible, impidiendo cualquier avance en el reconocimiento de esa plurinacionalidad. Esto que digo, señorías, no solo se manifiesta en el hecho de que
siguen sin desarrollarse múltiples competencias estatutarias y que desde el Gobierno central permanentemente se intenta y se invaden las competencias transferidas, sino algo mucho más notorio y perverso que trata de dejar sin valor el reconocimiento
constitucional. Me refiero, señorías, al café para todos y al empeño del
Gobierno central por desvirtuar, eliminar la diferencia transfiriendo el mismo nivel de competencias a todas las comunidades autónomas.
Este Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, es un ejemplo del empeño recentralizador. Señorías, después de tantos años y esfuerzos, no se ha conseguido doblegar la voluntad de estos pueblos, que hacemos posible que, a pesar de las
dificultades, sigamos hablando en nuestra lengua, viviendo de acuerdo a nuestras culturas y costumbres y haciendo posible que siga viva nuestra historia. Esto es, señorías, una clara expresión de la voluntad colectiva que define a una nación, una
voluntad que también se expresa desde el planteamiento político que reclama el derecho a decidir, un hecho y una realidad que dan razones a las y los nacionalistas galegos para defender el derecho a decidir, para defender, señorías, que a Galicia,
como a todas las naciones del mundo, se le reconozca el derecho de autodeterminación. Tampoco, señorías, tenemos tiempo -voy finalizando, señor presidente- para exponer ejemplos de la realidad jurídica histórica -algo se dice en la exposición de
motivos de esta proposición- que existen en relación con los procesos de reconocimiento e independencia de naciones que han estado sometidas o formando parte de Estados unitarios, pero la reciente historia europea es un ejemplo de cómo estos
procesos se pueden hacer bien o mal. Sobre todo nos han dado lecciones de que es necesario esforzarse en hacerlos bien. Quizá el Reino Unido lo está teniendo en cuenta y el proceso de autodeterminación que se está siguiendo en Escocia sea un
ejemplo. Señorías, el Estado español debe tener en cuenta no solo las demandas políticas del derecho a decidir, sino también la voluntad...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.
... colectiva que define a una nación y que estas demandas expresan. Y, señorías, hacer las cosas bien.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en el fondo no es tan complicado, queremos votar. Queremos votar y además lo hemos traído aquí porque queremos dialogar. Lo hemos traído, incluyendo esta ocasión hasta catorce veces; esta es la decimocuarta vez que una u otra
formación trae aquí a esta Cámara el deseo de votar y de decidir nuestro futuro colectivo como pueblo. Catorce exámenes de diálogo que hemos ofrecido al Partido Popular y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; catorce exámenes que ustedes han
suspendido si contamos este. Su especialidad ya se ve que no es el diálogo. No dialogan incluso con su propia gente, ni tan solo con Alicia Sánchez-Camacho, que es la dirigente del Partido Popular en Catalunya. Ustedes con estos trece noes -ahora
nos tememos un decimocuarto- se están convirtiendo en el partido del veto, en el partido de la prohibición. Otros partidos apostamos por el voto y ustedes apuestan por el veto. Queremos votar y ustedes nos dicen que no se puede, que la ley es la
ley.
Ustedes no son policías, ustedes no son jueces. Aquí lo que se hace es legislar y el Partido Popular tiene una mayoría de legisladores que se ocupan de legislar, de crear leyes. Cada semana nos encontramos con un puñado de leyes que
intentan lógicamente adaptarse a la realidad cambiante. Aquí hay un clamor. Hay gente que quiere votar y quiere también que eso se legisle en esta Cámara. Por eso nosotros lo proponemos; insisto en que con esta lo hemos propuesto hasta catorce
veces. Ustedes dicen que es ilegal. ¿Cómo va a ser ilegal votar? En todo caso, lo que debiera ser ilegal es desahuciar familias de sus casas, recortar las pensiones a los pensionistas y regalar dinero público a los bancos y a las eléctricas. Eso
sí tendría que ser ilegal, pero ¿votar? Votar no. Entonces dicen que lo que es ilegal es el contenido. (Risas). No se rían; el tema es serio. Si el contenido es ilegal, díganme ustedes si piensan prohibir que se presenten partidos
independentistas -como nosotros mismos- a las elecciones; personas que llevamos aquí en la frente escrito que queremos la independencia de nuestro país. ¿Eso también lo van a prohibir? Dígannoslo, porque si no son demócratas, al menos sean
francos, sean francos si no son demócratas. Nosotros queremos votar sobre la independencia de Catalunya. Eso es autodeterminación y es el derecho que defendemos hoy aquí. Es un derecho inalienable e irrenunciable. Ni se quita ni se regala; se
posee y se ejerce. ¿Somos ciudadanos o no lo somos?, ¿somos personas o somos marionetas de alguien?, ¿somos menores o mayores de edad? Si somos mayores de edad, nos podemos emancipar individual
y colectivamente. Tenemos derecho a la libertad individual y a la libertad colectiva. Tenemos ese derecho irrenunciable. Lo que no existe en ninguna carta internacional es el derecho a impedir la libertad colectiva. Ese derecho no lo
pueden ustedes esgrimir y argumentar. ¿Van a volver a vetar y a prohibir hoy ese derecho irrenunciable colectivo?
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor BOSCH I PASCUAL: Estoy terminando. Muchas gracias, señor presidente.
Háganlo. Ustedes saben los números que hay en esta Cámara. Si nos lo permiten, iremos pasando; y si no nos lo permiten, también iremos pasando. Nosotros votaremos y ganaremos en democracia. ¿Por qué? Porque es razonable, porque tenemos
razones y porque tenemos razón. Por eso ganaremos. (El señor diputado termina su intervención en catalán).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Mostramos nuestra solidaridad con Herrira, asociación cuyo trabajo en defensa de los presos vascos es público y todos conocemos.
BNG, ERC y Amaiur traemos esta proposición no de ley de autodeterminación al Congreso para que se debata y se atienda a lo que desde hace mucho tiempo y de manera muy profunda se siente y vive en los pueblos de Galicia, Catalunya y Euskal
Herria. De hecho, el pueblo vasco a lo largo de su historia ya conoció lo que es la soberanía plena y hoy manifiesta otra vez su firme voluntad para volver a ejercerla. Euskal Herria reivindica el derecho a la libre determinación por derecho
cultural, derecho histórico y derecho lingüístico, pero sobre todo lo reivindica como un principio democrático. Y es que el pueblo vasco por razones de legitimidad democrática ya posee un carácter de sujeto jurídico y político soberanos, es que es
una nación, por lo tanto, es propio de él el derecho a decidir y corresponde al Gobierno español, simple y llanamente, reconocerlo y respetarlo, con toda normalidad, porque hoy en el contexto internacional la soberanía y la libre determinación son
unas demandas habituales de las naciones sin estado. Ahí están Quebec y Groenlandia, ahí está Escocia, Catalunya, Euskal Herria. Además, los estados matrices en los que se encuentran así lo reconocen. Estamos hablando de una reclamación habitual,
legítima y democrática. De hecho, en los últimos cien años, en múltiples procesos de libre determinación se han creado una centena de nuevos Estados en el mundo, luego no ha lugar a que haya ningún tipo de trauma. Pero aquí convierten la
Constitución en escudo y en arma en el que se parapeta el Estado para negar el ejercicio a la libre determinación de las naciones sin Estado que se encuentran dentro de este Estado. Escudo en el artículo 2 de la indisolubilidad o el arma del
artículo 8, de la amenaza de la intervención militar.
Esa es su respuesta: negación y amenaza. Esa es su cultura que, por cierto, está bastante alejada de la anglosajona. Ese es, señorías, el déficit democrático que arrastra este Estado. Además, la realidad de Euskal Herria es tozuda e
hiriente porque decisiones democráticas tomadas en parlamentos como el de Gasteiz o el de Iruña, o en juntas generales o ayuntamientos son sistemáticamente impugnadas por los siempre serviles delegados del Gobierno, el señor Urquijo y la señora
Alba, por cierto, nombre maldito en la historia de Navarra. Tenemos que decirlo así, también son impugnados por el Congreso de los Diputados y el propio Tribunal Constitucional. Sepan que las personas de Euskal Herria nos sentimos ultrajadas y
ofendidas continuamente. Además, cuando la sociedad vasca mira hacia adelante y apuesta por avanzar hacia el futuro, tenemos un Gobierno que apuesta y está inmerso en un proceso de involución, está en un retroceso. Prueba de ello son las leyes
recentralizadoras y españolizadoras que está aprobando desde el nacionalismo español más rancio, como puede ser la Lomce, la reforma laboral, la reforma de la Administración local o la reforma sanitaria. Por todo ello, tenemos más claro que nunca
que somos las personas de Euskal Herria las que tenemos que decidir cuál es el tipo de relación que queremos mantener con el Estado español. Si quieren que diga la verdad, queremos que sea una relación entre vecinos. Tenemos que ser las personas
de Euskal Herria, desde Euskal Herria y para Euskal Herria las que tenemos que decidir cuál es el sistema público que queremos, cuáles son las condiciones laborales, qué es un trabajo digno, qué es un derecho de vivienda y a no ser desahuciados, qué
sistema de salud queremos y cuál es la educación que queremos que reciban nuestras hijas e hijos. Precisamente también somos las personas de Euskal Herria las que tenemos que decidir nuestro propio futuro, sin amenazas y sin imposición.
Al Estado español le corresponde estar a la altura y comportarse como un Estado democrático. Si ha perdido los manuales, que se los pida al Reino Unido. También le corresponde, desde el reconocimiento como nación, respetar el derecho a
decidir de la sociedad vasca, y respetar también lo que libre y democráticamente decida ella.
Acabo, señor presidente. Sepan ustedes que la sociedad vasca ya ha empezado a recorrer su propio camino cívica y democráticamente. Y si es el Estado español el que quiere impedir cualquier posibilidad de acuerdo, también unilateralmente,
por lo tanto, que no les quepa ninguna duda que así será.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Olabarría.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Por tanto, en turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Vasco (PNV), el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, la única reserva, el único reproche que se podría establecer al contenido de esta proposición no de ley es precisamente que se utilice una norma de esta naturaleza, una iniciativa
legislativa de esta naturaleza -débil, si me permite la expresión- para la configuración de un derecho de esta envergadura y que plantea las complejidades jurídicas que ustedes han glosado y que ustedes conocen.
Les voy a tener que hacer una reflexión de carácter preambular. A nuestro grupo y a nuestro partido político nadie le puede dar lecciones en materia de autodeterminación, absolutamente nadie, entre otras cosas por razones históricas. Señor
Errekondo, ya en el año 1918 representantes del Partido Nacionalista Vasco acudieron a Versalles invitados por el presidente Wilson, tratado donde se articularon los veinte puntos para la paz que finalizaron con la Primera Guerra Mundial, que
configuraron el despedazamiento, la destrucción de las monarquías bicéfalas o del imperio austrohúngaro y que provocaron el afloramiento de Estados no existentes o no preexistentes anteriormente. Eso en el año 1918, con representantes de nuestro
partido. En el año 1933 nuestro partido celebró su primer Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca. El lema de este Aberri Eguna era el siguiente: Derecho a la autodeterminación del pueblo vasco. En el año 1990, señor Errekondo, señorías, en el
Parlamento vasco el Partido Nacionalista Vasco, el grupo de parlamentarios vascos de nuestro partido, propuso al debate de la Cámara vasca una proposición invocando el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos, y nos encontramos
con los votos negativos del Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español y -algo significativo que usted nos debería explicar, señor Errekondo- la ausencia voluntaria de los trece parlamentarios de Herri Batasuna, que se fueron de la sala
tras retirar su enmienda a la totalidad a una resolución que proclamaba lo siguiente: El derecho de autodeterminación consiste en la potestad de los ciudadanos de un pueblo para decidir libre y democráticamente su estatus político, su estatus
económico, su estatus social, su estatus cultural, bien dotándose de un marco propio o compartiendo o en todo o en parte su soberanía con otros pueblos. Fíjese qué premonición -usted que la conoce- sobre la sentencia de la Corte Suprema de Canadá
del año 1998, que exactamente preconiza lo mismo que en el año 1990 se propuso al Parlamento vasco y que se aprobó con su ausencia -con la ausencia de Herri Batasuna, porque ustedes no forman parte de Herri Batasuna; usted sí, señor Larreina, el
único que queda residualmente de aquella época-, y se lo deberían explicar a la ciudadanía vasca.
Nuestro grupo reconoce el derecho humano de autodeterminación, evidentemente -y por lo tanto vamos a votar favorablemente la proposición no de ley suscrita por tres grupos parlamentarios-, basado en los principios de libertad personal de los
ciudadanos, en su capacidad de discernimiento y en su derecho a decidir su destino individual y colectivo. Estas frases no son propias, están tomadas del preámbulo de la Carta de Naciones Unidas de 26 de junio del año 1945. Esta es la definición y
la contextualización intelectual, política y jurídica de la proclamación en el artículo primero -ubicación sistemática privilegiada en la Carta fundacional de Naciones Unidas-, igual que en su artículo 35, relativo a la cooperación internacional,
económica y social. Es difícil, y reconozco los argumentos que ustedes han utilizado, no reconocer desde una perspectiva democrática o de sensibilidad democrática, incluso desde una perspectiva jurídica, la existencia del derecho de
autodeterminación de los pueblos, y es difícil en el Estado español particularmente porque forma parte de los dos pactos internacionales
del año 1966 -ustedes los han citado-, el pacto de los derechos civiles y políticos y el pacto de los derechos económicos, sociales y políticos, con una ubicación sistemática e igualmente privilegiada: el artículo único del título I de
ambos, el precepto más relevante de estos pactos de derechos humanos ratificados por el Estado español. Y aunque parezca una tautología decirlo, si estamos ante derechos reconocidos por dos pactos de derechos humanos, estamos hablando de un derecho
humano, y la característica jurídica fundamental o troncal de un derecho humano es que para su ejercicio no necesita ser positivizado por el ordenamiento jurídico, ni siquiera por el ordenamiento jurídico constitucional. Existe, esté reconocido o
no esté reconocido por su ordenamiento jurídico, incluido el constitucional. Esa es la característica de un derecho humano, por ser un derecho ínsito a la dignidad de los pueblos y a la dignidad de los individuos que conforman los pueblos.
Se ha intentado perturbar históricamente la formulación del derecho humano de autodeterminación vinculándolo al hecho colonial o a la descolonización. Esto es una prostitución conceptual que nosotros hemos denunciado y que me imagino que
ningún portavoz, espero, de los que se presenten a debatir, a contradecir o a refutar mis argumentos utilice esta argumentación. Cuando se vinculó al hecho colonial el ejercicio del derecho de autodeterminación se hizo con motivaciones...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir terminando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... se hizo con motivaciones perversas absolutamente. Se intentó fundamentalmente mediante esta proclamación acabar, tras la Segunda Guerra Mundial, con las colonias de las subpotencias occidentales.
En todo caso, lo más lúcido que se ha escrito sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos es lo suscrito por la Corte Suprema de Canadá en el año 1998, muy parecido a lo que proclamó el Parlamento vasco en el año 1999, y que ha
posibilitado la desvinculación de las fronteras para el ejercicio de este derecho, la desvinculación incluso de las fronteras internas dentro los Estados y externas fuera de los Estados. Si no existiera el derecho de autodeterminación con estos
perfiles previstos en la sentencia de la Corte Suprema de Canadá del año 1988 no hubieran existido nunca países como Croacia, como Bosnia, como Eslovenia, como Eslovaquia, como Chequia, como Noruega, como Islandia o la propia reunificación alemana,
porque es un derecho de doble vector o de doble sentido, como ustedes saben.
En relación con esta materia le puedo decir que lo que ha perturbado fundamentalmente el ejercicio en Euskadi -y me refiero a Euskadi- del derecho de autodeterminación es un terrorismo que, afortunadamente, está acabando o ha acabado ya, un
terrorismo cruel y asesino, que arrumbó derechos humanos como el que estamos en este momento glosando. Pero queremos recordar que cuando todavía existía el terrorismo -y me estoy refiriendo a los portavoces o a las personas del Partido Popular y
también a las del Partido Socialista- se comentaba, y se solía repetir por los voceros gubernamentales, que cualquier idea política podía convertirse en realidad si los medios que se empleaban eran pacíficos y escrupulosamente democráticos. En este
acto, señor presidente, estamos realizando una acción parlamentaria pacífica y escrupulosamente democrática mediante la invocación de un derecho humano que ni jurídica ni políticamente...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, para finalizar y a modo de epitafio de esta declaración, que ya hemos comentado que vamos a votar positivamente, sin ningún tipo de reservas más que la de la naturaleza de la iniciativa
parlamentaria, que nos parece escasa, quisiera decir que podemos discutir las condiciones, los compromisos, las mayorías necesarias, todos los problemas articulados y resueltos por la Corte Suprema de Canadá; la infinita divisibilidad hacia abajo,
una vez elegido el derecho, para los territorios que no se consideren, una vez conseguida la independencia, vinculados a ese nuevo país que ha aflorado de forma independiente; la periodicidad para la repetición de las consultas. Todos los
problemas se pueden resolver mediante la negociación entre los interlocutores concernidos. ¿Quiénes son estos? El Estado...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, se ha pasado tanto de tiempo que tiene que terminar despidiéndose simplemente como le parezca. (Risas).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por tanto, los compromisos y los mecanismos del ejercicio siempre los podremos discutir, señor presidente. ¿El derecho de autodeterminación? Nunca.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Lo primero que yo quiero establecer para los proponentes de esta proposición no de ley y los que la apoyan es que tengan la seguridad absoluta de que mi grupo no tiene el menor problema en que defiendan la independencia como proyecto
político del territorio que reivindican como propio ni nada que se le parezca, siempre que, como cualquier otro partido por lo demás, sea por métodos compatibles con la democracia. No tenemos el menor problema en que haya partidos independentistas
ni en que se defienda abiertamente la independencia, para nada. Lo que ocurre es que, eso sí, estamos hablando de una proposición no de ley que hace una serie de argumentaciones políticas y sí nos parece claro que, al menos para presentar una
proposición no de ley de algo tan serio como lo que se plantea en esta, tiene que haber cierto rigor lógico y cierta honestidad intelectual. Me refiero a lo siguiente, a que toda la PNL se basa en tres falacias, que son las siguientes. En primer
lugar afirman ustedes que personas y colectivos tienen los mismos derechos; no es así e inmediatamente lo explicaré. En segundo lugar afirman que las naciones que, según ustedes, los nacionalistas, hay en España tienen los mismos derechos ya que
cualquier Estado constituido existente; esto es radicalmente falso y también lo explicaré brevemente. Y en tercer lugar, que España es un Estado multinacional, cosa que también dan por probada. Al final ¿qué les ocurre?, que para eso necesitan
darle cemento con otra falacia argumental, que es la famosa y célebre frase de post hoc ergo propter hoc. Como en España hay naciones con los mismos derechos que cualquier Estado -esto ya se da por demostrado-, entonces esas naciones que ya
existen, según ustedes, tienen derecho a la independencia ejerciendo su autodeterminación y además añaden que accederán automáticamente a los mismos derechos internacionales que tiene cualquier Estado reconocido por la comunidad internacional. Todo
esto es una construcción que tienen todo el derecho del mundo a exponer, pero que no solamente es fantástica sino que además, como digo, se basa en una serie de falacias y en una serie de falsedades ya de tipo jurídico.
Como tenemos poco tiempo y el señor Olabarría ha consumido casi todo, no tengo tiempo para poder extenderme como me gustaría porque esta cuestión, por cierto, lleva años, muchísimos años de discusión precisamente en las comunidades donde
ustedes reivindican que hay naciones y donde muchos que no estamos de acuerdo llevamos muchos años discutiendo con ustedes. De hecho, dentro del nacionalismo sin duda hay corrientes distintas, pero la gran diferencia, la gran línea roja que separa
a nacionalistas de los que no lo somos es el derecho de autodeterminación, lo que ustedes ahora, en la búsqueda constante del eufemismo, llaman derecho a decidir.
Vamos por partes. En primer lugar, las naciones del nacionalismo no son equiparables a los Estados nacionales. Vamos a hablar de las cosas con claridad. El derecho internacional deja muy claro qué se entiende como tal y por tanto qué tipo
de naciones son las que son sujetos de tratados, de acuerdos, convenio y medidas internacionales; son aquellos que son reconocidos por la comunidad internacional y no porque uno, tres o cuatro partidos políticos lo reclamen. Esto es importante que
lo sepa la gente. Por tanto, es completamente falso, es un engaño decirle a la opinión pública que basta con que un territorio sea denominado nación por un partido político equis para que ya tenga aquellos derechos que tiene un Estado constituido.
No es verdad, no es así. Ustedes saben perfectamente -dejen de engañar a la gente- que si un Estado que se quiere constituir como tal no es reconocido como un igual por la comunidad internacional, sencillamente queda fuera, queda como un Estado en
la situación que está ahora por ejemplo Kosovo y otras cosas parecidas.
En segundo lugar, afirman que España es un Estado multinacional. Esto es particularmente gracioso porque en el listado de naciones que hay en España, España no está. Entonces no sé lo que es. ¿Es un contenedor vacío donde ustedes ponen
piezas, es un puzzle al que le faltan piezas? Resulta que Galicia, Euskal Herria, Cataluña y otras son naciones, y el resto ¿qué es?, ¿no es nada? Por lo menos tendrían que aceptar que en ese listado de Estado multinacional hay algo que se llama
España. Pues no, ni eso aceptan, tal es la tergiversación de un Estado de derecho que, ese sí, es absolutamente empírico.
El problema de fondo, y esta es la gran diferencia con el nacionalismo, es que las naciones en la democracia no son otra cosa que aquello que se constituye como tal a través de un proceso constitucional. Si no hay Constitución democrática,
no hay nación democrática. Habrá otra cosa, habrá eso que en la Edad Media se llamaban naciones que eran comunidades de lengua, o lo que el romanticismo y el nacionalismo romántico llaman naciones, pero no algo que la comunidad internacional y el
derecho positivo reconozcan como tales. ¿Qué es lo que pasa, además? Que en derechos positivos solamente tienen derechos colectivos como tales determinados colectivos jurídicos como los partidos políticos, sin ir más lejos, y desde luego los
Estados que son los sujetos de derecho internacional, y quizás algunas otras situaciones de derecho internacional que se han ido desarrollando, pero absolutamente nadie reconoce a las naciones románticas el que sean colectivos con derechos en
sentido positivo. Luego no confundamos y no la liemos. En ese sentido lo que ustedes proponen es ya de entrada una enorme falacia jurídica.
Para acabar, porque además es lo más importante -y, como digo, entrando en lo central-, el verdadero problema es que cuando ustedes dicen que los derechos de las personas y los derechos colectivos de las naciones son lo mismo, lo que están
haciendo es privar a las personas del principal derecho que tienen que son precisamente los llamados derechos humanos. Señorías, se pongan como se pongan, el ejercicio de la autodeterminación -y no digamos ya la autodeterminación misma- no es un
derecho humano; será como mucho una manera de resolver determinados conflictos políticos en la línea de lo que propuso el presidente Wilson, pero no es un derecho humano de ninguna manera, se mire como se mire. Es más, como saben perfectamente, es
precisamente la prosecución fanática de la autodeterminación la que en muchos sitios ha llevado a privar de sus derechos humanos a las personas que han sido víctimas de ese abuso. Lo que ocurre cuando se equiparan derechos colectivos supuestos y
sedicentes, que además no lo son, con derechos humanos reconocidos en los tratados y en las constituciones democráticas es que se acaba privando a las personas de sus derechos, y el principal derecho que tiene una persona en una democracia es
justamente ese, el derecho a su autodeterminación personal. Cuando se pone por encima y por delante de él el derecho a la autodeterminación de un colectivo que un partido proclama que está por encima de él, lo que se hace es privarle justamente de
eso, de sus derechos humanos y de su capacidad personal de autodeterminación. Esto no tiene pase precisamente por eso, y por esa razón no solamente mi partido sino sencillamente ninguna Constitución democrática del mundo reconoce ese derecho como
un derecho constituyente. Así de claro. Se trata de que no se puede privar a parte de los ciudadanos de un país de sus derechos de ciudadanía porque otra parte considera que tiene la potestad de privarles de ellos. No se puede hacer y no se debe
hacer, otra cosa es que se consiga mediante la violencia, cosa que supongo no hay aquí nadie que defienda, al menos abiertamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, La Izquierda Plural se ha pronunciado de manera nítida y en dos ocasiones durante esta legislatura a favor del derecho a decidir. Lo hacemos por motivaciones de profunda radicalidad democrática, convencidos de que la libertad es
indivisible y debe tener sus marcos constitucionales de expresión. El actual marco constitucional no debería ser un obstáculo para el ejercicio de este derecho, de la misma manera que la ciudadanía debería poder decidir sobre la forma de Estado,
monárquica o republicana.
Es cierto que el derecho a la autodeterminación tiene unos contornos pocos definidos y en algunos casos controvertidos, pero las bases democráticas en que se fundamentan las referencias internacionales a este derecho son nítidas. Se trata,
a nuestro entender, de un proceso que en España requiere ajustes constitucionales y legales, así como delimitar también dónde reside la capacidad para adoptar todas y cada una de las decisiones que lo hagan posible. La Constitución no establece
límites sustanciales de contenido para el reconocimiento del derecho a decidir, en todo caso establece límites procedimentales, y eso solo depende de la voluntad política.
Para La Izquierda Plural las comunidades políticas reconocidas como nacionalidades, sinónimo de naciones en nuestra Constitución, tienen derecho a decidir cómo y de qué forma quieren relacionarse con el conjunto de ciudadanos que forman
parte del Estado español y a impulsar también los procesos políticos para que ello sea posible. Se trata del reconocimiento a una comunidad política que se percibe a sí misma como tal del derecho a poder decidir en determinados términos cómo quiere
estructurarse políticamente y cómo quiere relacionarse. Que el derecho a la autodeterminación sea una posibilidad no expresamente
prevista en la Constitución en estos momentos no puede ser un obstáculo para que deba ser considerado un aspecto discutible y disponible de nuestra organización política. Cuando la Constitución española se aprobó los ciudadanos menores de
cincuenta y siete años no pudieron participar en su configuración. Pretender que una decisión adoptada hace treinta y cinco años se petrifique en el tiempo es negar la propia esencia de la democracia y de la libertad. Así lo han entendido en
Canadá respecto a Quebec, en el Reino Unido respecto a Escocia y en los dos casos la clave ha sido que han pactado el proceso políticamente. Que el derecho a la autodeterminación no esté explícitamente regulado en nuestro ordenamiento no significa
que no esté profundamente ligado a la libertad y a la propia esencia de la democracia, y en este caso, como en otros, la realidad va por delante de las leyes. Sucedió con el reconocimiento de los ciudadanos que eran considerados esclavos -no hace
tanto tiempo en términos históricos-, sucedió con el derecho de voto de las mujeres -negado en España hasta hace ochenta y dos años-, sucedió con el derecho de huelga y libre sindicación -que no solo no estaban reconocidos sino que incluso eran
penados por la cárcel por ir contra la libertad de comercio, por cierto-. Todas estas realidades que en algún momento de nuestra historia no han tenido encaje legal han sido después reconocidas en nuestra Constitución como derechos fundamentales, y
eso mismo debe pasar con el derecho a decidir.
Con la misma nitidez y claridad con la que nos manifestamos a favor del derecho a la autodeterminación, expresamos nuestra disconformidad con el texto de la PNL presentada. Quienes la presentan cometen el mismo error interesado que quienes
la combaten. Se identifica autodeterminación con independencia y se trata de planos distintos. La independencia puede ser uno de los resultados legítimos de la autodeterminación pero no el único. La autodeterminación puede culminar en otras
formas de relacionarse las naciones que conforman el Estado español. Además la PNL está imbuida de una iconografía que no siempre es respetuosa con la democracia, no lo es con algunas comunidades autónomas, por ejemplo, cuando con relación a
Cataluña sitúa una relación de paternidad por parte del País Valencià, Balears o Aragón, o lo mismo podríamos decir con relación a Euskadi con respecto a Navarra. El nivel de detallismo invalida esta PNL como una iniciativa útil para un proceso que
requiere acuerdos y consensos amplios. Para decidir si se quiere otra forma de relación con el conjunto del Estado, la iniciativa debe corresponder a los ciudadanos de la nación que quiere modificar su estatus. Para acordar estas nuevas formas de
relación o de separación, la decisión y su articulación deben ser fruto de un proceso pactado a nivel de todo el Estado. Aquí no cabe ningún unilateralismo, ni los que quieren la imposición del statu quo petrificado ni su reverso, el de los que
creen que es posible un cambio impuesto o unilateral. En resumen, nuestro compromiso nítido con el derecho a decidir, con el derecho a la autodeterminación, por un lado, y nuestra discrepancia profunda con la redacción concreta de esta PNL, por
otro, nos llevan a la abstención.
Déjenme que les dirija unas palabras a los compañeros de Esquerra Republicana de Catalunya. (Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: Companys d´ERC: aquest no és el camí per
fer avançar el dret a decidir a Catalunya. Fa una setmana el 80 % del Parlament Català ha votat a favor de portar al Congrés una iniciativa conjunta en favor del dret a decidir. La vostra iniciativa no ajuda, al contrari, la dificulta. A més de
ser una mostra d´escasa lleialtat amb la sobirania del Parlament Català. No es així companys, no es així com es fan les coses, no es així com fer avançar el dret a decidir).
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Voy a iniciar la intervención en este debate, en nombre de Convergència i Unió, leyendo una cita textual que no ha sido únicamente apoyada por Convergència i Unió. Lo que les voy a leer tuvo el apoyo de la práctica totalidad del Parlament
de Catalunya hace solo dos semanas. Fue apoyado por más de 100 de los 135 diputados del Parlament. Dice la cita lo siguiente. (Continúa su intervención en catalán, cuyo texto, que entrega al 'Diario de Sesiones', dice lo siguiente: El nostre ple
suport al procés democràtic que expressa el Parlament de Catalunya per tal que el poble català pugui exercir el seu Dret a Decidir. Catalunya és Nació, i tota Nació té dret a decidir el seu futur polític). Esto es lo que decían más 100 de los 135
diputados del Parlament, el pleno apoyo democrático al proceso iniciado por el Parlament de Catalunya, y esto es lo que hoy va a hacer Convergència i Unió en este Pleno, va a apoyar sin reparos el proceso al dret a decidir que ha iniciado el
Parlament de Catalunya, sin reparos, con
rotundidad, con la hoja de ruta que el propio Parlament de Catalunya nos ha marcado. (Aplausos). Esto es lo que hoy nos corresponde. Y esa hoja de ruta que el Parlament nos ha marcado, no hace tres, cuatro o cinco meses, sino este mes de
octubre, urgía al establecimiento de un diálogo con las instituciones del Estado para encontrar las condiciones legales para el ejercicio de este derecho a decidir. Y lo dijo también el president de la Generalitat en su carta dirigida al presidente
Rajoy. Le pedía la posibilidad de realizar aquello que mayoritariamente pide el pueblo de Cataluña, que es poder realizar una consulta acordada, pactada y respetando un marco legal. Esto es lo que quiere Convergència i Unió y esto es lo que quiere
la inmensa mayoría del Parlament de Catalunya. En esa hoja de ruta nos van a encontrar.
Nos sorprende muchísimo que un grupo, en este caso Esquerra Republicana, que firmó estas propuestas de resolución en el Parlament de Catalunya, nos traiga hoy al Congreso de los Diputados una hoja de ruta distinta que marca
procedimentalmente cómo hacer la consulta, cómo interpretarla, cómo convocarla. Estamos anticipando aquello que debía ser la reflexión serena, consensuada, acordada desde Cataluña para venir unitariamente a defender esa propuesta en el Congreso de
los Diputados. Parece que ustedes vayan por libre hoy, aunque en el Parlament de Catalunya hayamos decidido hacer las cosas de forma acordada, ordenada, con unos procesos jurídicos y el consell específico que está analizando el proceso nos haya
marcado cinco vías legales para ver cómo las utilizamos. Pues no, nos saltamos hoy esas vías legales a las que nos estamos acogiendo todos en Cataluña, todos los que queremos el derecho a decidir, que es la inmensa mayoría del Parlament de
Catalunya, no la de este Congreso de los Diputados, de momento; no renunciamos a convencer porque queremos llegar a un pacto, a un acuerdo y a un respeto a la legalidad, que es el parámetro que nos hemos impuesto desde siempre.
Por tanto, hoy, esta proposición no de ley nos sorprende en su enunciado concreto, lo decía muy bien el señor Coscubiela en el sentido de que ellos también han participado en ese proceso en Cataluña y de repente se encuentran con que parece
que alguien va por libre para romper ese consenso. Nosotros, desde Convergència i Unió, haremos lo que hemos hecho siempre en todas las legislaturas, en todos los ámbitos parlamentarios, desde el Parlamento Europeo, desde estas Cortes Generales,
desde el Parlament de Catalunya, desde cualquier consejo comarcal, desde cualquier ayuntamiento. Siempre que se ha preguntado a Convergència i Unió si estamos por el derecho a decidir, si estamos por el derecho a la autodeterminación, siempre hemos
votado que sí, Convergència Democràtica y Unió Democràtica, siempre, en todos los ámbitos, en todas las legislaturas, desde tiempos de Miquel Roca, siempre hemos votado que sí y hoy votaremos que sí a esos apartados concretos que puedan referirse al
derecho a la autodeterminación, como hemos hecho siempre; pero que no se confunda hoy ese derecho a la autodeterminación con opciones concretas, prefiguradas y que marcan un procedimiento distinto al que estamos acordando en el Parlament de
Catalunya. (Aplausos). Eso no porque eso es romper la unidad que estamos tejiendo con muchas dificultades.
Este año, 2013, señor presidente, se cumple el centenario del nacimiento de un gran poeta català, de Salvador Espriu. Salvador Espriu nos decía: Ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Esta frase de Salvador Espriu
es lo que va a hacer hoy Convergència i Unió, fieles al servicio del pueblo catalán, fieles al servicio de la mayoría absolutísima del Parlament de Catalunya; fieles a eso, fieles al derecho a decidir y al derecho a la autodeterminación. Pero tan
difícil es ese proceso que hoy no estamos dispuestos a avalar cualquier posición que quiera, desde el tacticismo partidario, dar argumentos a aquellos que quieren precisamente que nos equivoquemos hoy y que vayamos a defender algo distinto de lo que
hemos votado en el Parlament de Catalunya hace dos semanas. (Aplausos). Eso no. Votar aquí distinto de lo que votamos allí, no. Por tanto, siguiendo a Salvador Espriu, a esa fidelidad, también dice Salvador Espriu: És molt fácil rebentar, és
molt dificil construir. Pues eso, reventar algo es fácil, construir es difícil. En ese proceso de construcción...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señor presidente.
En ese proceso de construcción, en ese proceso de favor, de seguimiento de aquello que una inmensa mayoría del Parlamento de Cataluña está apoyando -repito, más de cien de los ciento treinta y cinco diputados, una mayoría rotunda está por
ese ejercicio democrático- queremos votar. Sí, queremos votar democráticamente, de forma pactada y acordada siguiendo el marco legal, no a través de ciertas condiciones aritméticas que hoy nos proponen determinados grupos y que se apartan
totalmente de aquello que desde Cataluña hemos consensuado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.
El Partido Socialista no está de acuerdo con el derecho de autodeterminación, por tanto, nuestro grupo votará en contra de la iniciativa formulada por el Grupo Mixto. Existen además argumentos jurídicos irrebatibles. No es posible
reconocer el derecho a la autodeterminación porque no lo permite la Constitución española. El planteamiento de una posible secesión de una parte del territorio nacional choca frontalmente con lo dispuesto en su artículo 2, por tanto, sería una
vulneración flagrante de la misma.
El Tribunal Constitucional zanjó con meridiana claridad este asunto en la sentencia de 11 de septiembre de 2009, y lo más interesante de la misma reside en su pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, que dispone que la secesión de una
parte del territorio del Estado afecta a la soberanía, que está residenciada en todo el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es evidente, pues, que una parte no puede decidir sobre algo que afecta a todos, y no hay que darle más
vueltas. En este contexto es evidente la imposibilidad de reconocer de un modo jurídicamente válido el derecho a la libre determinación, lo que nos lleva a la inviabilidad de la propuesta del Grupo Mixto.
Otra cuestión que el Grupo Parlamentario Socialista considera necesario aclarar es que el llamado derecho a la autodeterminación no es un derecho en el caso español por varias razones. No forma parte de los derechos considerados naturales,
no le son de aplicación los tres supuestos universales reconocidos por Naciones Unidas -la situación colonial, la ocupación militar y el apartheid- y tampoco es recogido por la Constitución española de 1978, aunque sí fue debatido y rechazado por el
Congreso tras la presentación de una enmienda por el diputado Letamendía que no fue defendida por ningún grupo nacionalista, como a buen seguro recordará el diputado Alfonso Guerra, presente en aquel debate.
Señorías, somos conscientes de la existencia en nuestro país de una grave crisis territorial. Somos conscientes de que, al igual que sucede con otros elementos esenciales de nuestro sistema político, el Estado de las autonomías necesita hoy
una profunda revisión y una actualización urgente. En la situación actual, España necesita un nuevo pacto territorial, no para debilitar el Estado de las autonomías, sino para seguir viviendo y conviviendo juntos, que es la única forma de que
salgamos adelante. Ni el retroceso ni la ruptura son la solución que España necesita, pero tampoco lo es el inmovilismo, porque hay realidades que están ahí y no se pueden ignorar.
La solución una vez más es la reforma en profundidad, y el Estado de las autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse y tiene que hacerlo en su sentido natural, avanzando hacia el federalismo con todas sus
consecuencias. Un Partido Socialista como el nuestro lleva tiempo trabajando para ofrecer una respuesta a este problema y el pasado mes de julio presentó en Granada una propuesta de reforma federal a nuestro modelo autonómico; una propuesta con
una oferta política de largo alcance y de hondo calado para reformar la Constitución, el llamado documento hacia una estructura federal del Estado, que fue unánimemente asumido por el conjunto del socialismo español. El Partido Socialista está
dispuesto a compartir y a debatir ideas e iniciativas, estamos dispuestos a hablar con todos y a tender puentes, en lugar de volarlos, como algunos parecen desear. Sabemos que no es un camino fácil, pero es el único, porque mirar para otro lado,
señorías, no soluciona los problemas. Por todos estos motivos, nuestro grupo votará en contra de la propuesta del Grupo Mixto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sumelzo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señor presidente.
Señorías, 12 diputados, poco más de un 3 % de la Cámara, plantean la disolución de un Estado miembro de la Unión Europea, que es una de las naciones más antiguas de Europa y la quinta economía de la zona euro. Quisiera hacer algunas
consideraciones, seis. Primero, en nombre de eso que ustedes traen hoy aquí a la Cámara, la democracia española ha sufrido demasiado, casi 1.000 asesinatos y 250.00 exiliados. Lo ha dicho el señor Olabarría y yo se lo agradezco. (Aplausos).
Aquí, señorías, han pasado cosas muy graves a cuenta del derecho de autodeterminación que no se pueden obviar y claro que hay proyectos políticos que tienen responsabilidad. Segunda consideración, 12 diputados hablan en nombre de siete comunidades
autónomas que están representadas en esta Cámara por 147 diputados. Permítanme, cuando menos, que hable de apropiación indebida de identidades, de secuestro de la
representatividad o de grosera manipulación democrática. Tercera consideración, lo que ya sabemos es que sí existe un proyecto político para la ruptura de España; es el mismo proyecto que les llevó, señor Bosch, a firmar con ETA en
Perpignan el más vergonzoso pacto de la democracia española. (Aplausos). Es el pacto que les condujo, señor Olabarría, al error de Estella. Ustedes viven políticamente de la explotación de un sentimiento identitario que les facilita una triple
dispensa; una dispensa ideológica, que les permite actuar al margen de la legalidad; una dispensa moral, que les permite actuar al margen de la ética política, y una dispensa democrática, que les permite actuar al margen de la verdad. Cuarta
consideración, lo que nos traen es una mentira jurídica. El derecho de autodeterminación de los pueblos es una figura del Derecho Internacional que nada tiene que ver con la liquidación de un Estado miembro de la Unión Europea. (Aplausos). Para
empezar, la libre determinación de todos los españoles se manifiesta cada vez que acuden a las urnas. Es un principio de ejercicio conjunto que no se puede trocear, de la misma manera que no se puede trocear ni el sujeto constituyente ni la
soberanía popular. El auténtico derecho a la libre determinación está perfectamente acotado en Derecho Internacional -lo saben muy bien- en las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas 2625 y 1514, en los pactos internacionales de
derechos humanos del año 1966 y en el Acta Final de Helsinki de 1975. Ese cuerpo legal se articula de acuerdo con dos requisitos; primero, que la libre determinación no pueda servir nunca de excusa para la ruptura de la integridad territorial de
un Estado democrático; segundo, el derecho de autodeterminación solo cabe en supuestos de situación colonial, pueblos anexionados por la conquista, dominación extranjera, ocupación y pueblos oprimidos por violación masiva y flagrante de derechos
humanos. Es exactamente lo que dice la Corte Suprema de Canadá porque he leído literalmente un párrafo de la sentencia. Ese derecho a la libre determinación solo tiene sentido cuando no hay democracia en el Estado de origen, lo cual no puede
producirse por definición cuando el Estado es un Estado miembro de la Unión Europea. Si eso es así, en ningún territorio de la Unión Europea puede ejercerse ese derecho que ustedes llaman de autodeterminación, salvo que lo autorice la Constitución
del Estado miembro, que no es el caso.
Quinta consideración. Lo que traen a la Cámara es profundamente antidemocrático y se lo voy a argumentar. ¿Qué es más democrático, la disolución inconstitucional e ilegal de un Estado democrático y de derecho que se asienta sobre el valor
del pluralismo político o social o la preservación de ese Estado para garantizar la libertad? ¿Cómo se garantizan mejor las libertades de los ciudadanos, cómo se les garantizan mejor sus derechos, aislándolos de parte de los instrumentos
supralocales y supranacionales de control del poder, aislándolos de la comunidad internacional, garantizando a las élites locales espacios exentos al control internacional, garantizando a los entes locales un poder cada vez más intenso sobre unos
ciudadanos cada vez más marginados o más aislados? ¿Son más libres los ciudadanos de los Estados fallidos, como Somalia, que los alemanes, los italianos o los españoles? ¿Es o no una garantía de libertad y un superávit democrático la pertenencia a
la Unión Europea? ¿Sería más libre un ciudadano de Cataluña aislada del concierto internacional, fuera de España, fuera de la Unión Europea, que un ciudadano de la Cataluña actual? La secesión persigue siempre sociedades unánimes, gentes
obedientes, buenos catalanes, buenos vascos, buenos gallegos, buenos lo que sea, cuya única manera de ser aceptados en sociedad es incorporarse al paisaje identitario. Homogeneidad política es siempre monopolio del poder, es mandar cada vez más en
un lugar cada vez más pequeño, más aislado y más irrelevante. Es crear un modelo unidimensional de sociedad, es lograr una sociedad cerrada, es volver, como dijo Vargas Llosa, a la tribu, o como dijo Pierre Vilar, al unanimismo político.
(Aplausos). Señorías, decidir para conducir a una sociedad a eso es profundamente antidemocrático.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor GONZÁLEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Termino, señor presidente.
Una Cataluña o un País Vasco sin España serían más homogéneos pero menos libres. No es democrático violar la ley. No es democrático violar la Constitución. La secesión no es un ejercicio democrático, no es un derecho, no existe el derecho
a la vulneración de la legalidad constitucional y no existe el derecho a la ruptura de la convivencia. Por eso, sexta consideración, y acabo, el único escenario que no se va a producir en ningún caso en España es la secesión de ninguno de sus
territorios. Abandonen toda esperanza. Para evitarlo está la Constitución, con toda su carga democrática, repásenla; está el Estado, con toda su carga de legitimidad; están las instituciones; está la ley; está la Unión Europea y está la
comunidad internacional. Están ustedes creando artificialmente una necesidad de imposible satisfacción y ese es un camino peligroso que lleva inevitablemente a la insatisfacción y a la frustración.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted que terminar.
El señor GONZÁLEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: La frustración lleva al resentimiento, al rencor, al agravio, a la crisis social y, quién sabe, quizá a la violencia. ¿Qué quieren para el futuro de Cataluña, señor Bosch, el pasado del País
Vasco? Pues estén tranquilos, porque hay una vieja idea, hay un viejo proyecto, hay un orden constitucional, hay unas instituciones que cuidarán de la libertad de los españoles estén en el territorio que estén. A eso llamamos hoy España y eso ni
lo vamos a disolver ni vamos a permitir jamás, jamás, que lo disuelvan ustedes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
Señor Olabarría, este ha sido un debate muy vivo y se han empleado todo tipo de argumentos. Ha habido una alusión directa a usted y para esa alusión -exactamente para esa y no en general- le doy la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Tacticismo indecente es intentar identificar hechos violentos o actos terroristas con la proclamación de un derecho absolutamente democrático, tan democrático como que está proclamado por dos pactos de derechos humanos ratificados por el
Estado español. El futuro no está escrito, la secesión no se producirá jamás... Aquí nadie ha hablado de secesión. Lo que sucederá en el futuro o profuturo solo quien posea capacidades paranormales lo puede identificar.
Además del turno de alusiones y de las referencias verdaderamente macabras y morbosas que nos ha imputado el portavoz del Grupo Popular, señor presidente, hay una reflexión que es manifiestamente falsa y quiero utilizar el artículo 72 del
Reglamento para desmentirla, que es la invocación o la vinculación del derecho de autodeterminación al hecho colonial. Señor Gómez de la Serna, desde el año 1989 el Comité 1/1 de Naciones Unidas desvinculó expresamente el hecho colonial del derecho
de autodeterminación, al cual se acogió luego la Corte Suprema de Canadá y se han producido otros fenómenos autodeterministas, unos violentos y otros manifiestamente pacíficos. Léase o véase la separación pacífica de Eslovequia y Chequia, los
planteamientos de Quebec y los planteamientos que se van a producir profuturo también en relación con Escocia y el Reino Unido. El enemigo...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, creo que le he dado la palabra por suficiente tiempo. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Gómez de la Serna y Villacilleros pide la palabra).
Señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señor presidente.
Señor Olabarría, he citado bastantes más supuestos que el hecho colonial; si no lo ha querido oír es probablemente porque su ofuscación se lo impedía. Lo que es lamentable es ver el ejercicio de carreras que están haciendo ustedes con
Amaiur y el que están haciendo otros con Esquerra Republicana. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL ACUERDO DE PESCA UNIÓN EUROPEA-REINO DE MARRUECOS. (Número de expediente 162/000720).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa al acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos. Para la presentación de esta iniciativa, tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida y agradecer la presencia en la tribuna de invitados de una cualificada representación del sector pesquero español, miembros de la Confederación Española de Pesca,
Cepesca, y de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Estuvieron en el Parlamento Europeo y están en el Parlamento nacional. Es su interés, es su preocupación. Muchas gracias por su compañía.
Señorías, hace aproximadamente veinte meses, concretamente el 7 de febrero del pasado año, en el Congreso de los Diputados celebrábamos nuestra primera sesión ordinaria y en el primer punto del orden del día de aquella sesión debatíamos una
proposición no de ley de mi grupo parlamentario relativa a la renovación del protocolo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos. Por cierto, para ser rigurosos, ya
que solemos coloquialmente emplear con cierta facilidad indistintamente los términos protocolo y acuerdo, en la iniciativa que estoy ahora mismo defendiendo lo correcto sería decir protocolo de pesca dentro del acuerdo de asociación Unión
Europea-Reino de Marruecos. Esta sería la expresión más correcta. Como les decía, señorías, hace veinte meses no fue casual aquel debate. Obedeció a circunstancias como la sensibilidad y la prioridad del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular
en la defensa del sector pesquero español y la inesperada situación de amarre de la flota que faenaba al amparo del anterior protocolo de pesca con Marruecos, que al votar el Parlamento Europeo el 14 de diciembre del año 2011 en contra de su
prórroga se vio obligada a amarrar. Pero al mismo tiempo que hacía esto el Parlamento Europeo aprobaba una resolución instando a la Comisión a buscar un nuevo protocolo que contemplara al menos tres pilares: que fuera beneficioso económica,
ecológica y socialmente; que respetara los derechos internacionales; y que beneficiara a todos los grupos de población.
Desde el mismo momento de la toma de posesión de este Gobierno de España se consideró este tema prioritario. Tanto el presidente Rajoy como el ministro Arias Cañete lo incluyeron en sus agendas en los primeros viajes oficiales, tanto a
Marruecos como a Bruselas. Después de meses de trabajo e intensas negociaciones, en el mes de julio de este año por fin se rubricó en Rabat un nuevo protocolo, después de dieciocho meses -ahora ya más- de interrupción de relaciones pesqueras. El
nuevo protocolo contempla los objetivos que nuestro Gobierno pretendía y cumple con el mandato del Parlamento Europeo y del Consejo. Les citaré brevemente algunos de ellos.
Sostenibilidad ecológica de los recursos. Se ha procedido a la evaluación de todos los recursos. Existió presencia permanente de técnicos y científicos tanto españoles como de la Comisión y de Marruecos, destacando la calidad y la
profesionalidad de estos técnicos y los datos aportados también por el Instituto Español de Oceanografía. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la Presidencia). Responde a los intereses pesqueros de las dos partes. Esto ha sido
refrendado mayoritariamente por el sector pesquero marroquí y por el de España. Concretamente, la Confederación Española de Pesca lo valoraba como satisfactorio y leeré textualmente una nota de su portavoz. Agradece a los representantes de la
Secretaría General de Pesca presentes en la negociación el continuo contacto con el sector, las consultas llevadas a cabo y la defensa de los intereses de la pesca española realizadas durante las seis rondas. Ojalá tomáramos nota de esto para otros
acuerdos y tratados que desgraciadamente no han seguido la misma suerte. Tiene el reconocimiento social y cumple las consideraciones técnicas y jurídicas que le impuso el Parlamento Europeo.
Respecto al derecho internacional -que es una de las cuestiones que ha motivado enmiendas de algún grupo-, contempla la posibilidad de reaccionar en caso de que no se respeten los derechos humanos. No me detendré en las nuevas condiciones
técnicas por falta de tiempo, pero sí les diré que en todas las categorías y modalidades de pesca se mantienen o se mejoran las condiciones respecto al protocolo anterior. En definitiva, en palabras de la comisaria Damanaki, este acuerdo es
coherente con la reforma de la dimensión exterior de la PPC al poner el énfasis en el consejo científico, la rentabilidad económica, el buen Gobierno y el respeto -insisto en esta frase una vez más, señores de La Izquierda Plural, que han enmendado
una cuestión sobre la que después hablaremos- del derecho internacional.
Señorías, en este caminar que queda pendiente después de la rúbrica en Rabat en el mes de julio de este protocolo, el ministro Arias Cañete hace pocas semanas se ha dirigido a todos los portavoces de esta Cámara mediante una carta en la que
les explicaba el proceso pendiente y les pedía su apoyo para completarlo con éxito. Es en ese camino que nos queda por recorrer donde a través de esta iniciativa que ahora mismo estoy defendiendo en nombre del Grupo Parlamentario Popular
solicitamos el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Al tiempo que instamos al Gobierno a proseguir sus actuaciones -actuaciones que hasta la fecha han sido exitosas-, al igual que ha hecho el ministro por carta, solicitamos su respaldo a
través de los eurodiputados homólogos a sus respectivos grupos parlamentarios de cara a conseguir la ratificación del protocolo. En paralelo, el Gobierno está manteniendo contactos con el resto de los gobiernos de nuestros socios comunitarios para
garantizar una rápida decisión en el seno del Consejo de Pesca. Así, Arias Cañete ha pedido el apoyo de todos los europarlamentarios españoles, ya que, señorías, se trata de un asunto de Estado.
Durante el debate de aquella proposición no de ley a la que me refería al comienzo de mi intervención se escucharon desde esta tribuna algunos reproches al planteamiento de buscar cuanto antes un nuevo protocolo de pesca. Algunos de
aquellos comentarios se referían a asuntos colaterales o estaban fuera del contexto propio que tratábamos. Como hoy vuelven a incidir en lo mismo, me referiré concretamente a la enmienda de La Izquierda Plural, que vuelve por sus fueros pidiendo un
nuevo tratado de pesca -ya
no es ni protocolo ni acuerdo; piden un nuevo tratado- por decir que el actual protocolo es contrario al derecho internacional. Recuerdo las palabras que acabo de leer de la comisaria Damanaki, donde dice que se respeta escrupulosamente el
derecho internacional. Yo simplemente les digo que con esta nueva cláusula que se introduce se permite suspender este convenio por vulneración de derechos humanos. Se recoge la obligación de introducir sistemas de intercambio electrónico para
controlar las capturas y obliga a Marruecos a informar periódicamente de los beneficios del acuerdo y de su distribución geográfica. Voy finalizando, señor presidente. Así, el eurodiputado socialista portugués, Capoula Santos, hablaba de camino
erróneo pretender buscar una solución a este conflicto del Sáhara a través de la comisión de pesca en el Parlamento Europeo. O lo que dijo el vicepresidente de dicha comisión, el señor Stevenson, que decía que la cuestión saharaui debe ser tratada
en otros foros internacionales y no a través de un convenio comercial como del que estamos hablando.
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Señor García Díez, debería de ir finalizando ya.
El señor GARCÍA DÍEZ: Voy concluyendo.
Comparto la opinión del señor Stevenson, que alertaba de que si no son los barcos europeos los que acuden a este caladero a faenar, lo harán otros de bandera probablemente china o rusa. Cito textualmente sus palabras: les importa un bledo
a estos barcos, a estos países la situación del Sáhara o las exigencias medioambientales y sociales. Les pregunto, señorías, a aquellos que puedan recelar de este protocolo, ¿prefieren este protocolo que permite sobrevivir a parte de nuestra flota
o que vengan otros barcos de fuera de la Unión Europea, nos quiten nuestra pesca y luego se la tengamos que comprar a ellos?, ¿prefieren tratar de resolver un problema, un conflicto territorial en el seno de la Comisión de Pesca de la Unión Europea
o que nuestros pescadores puedan volver a faenar en las aguas que siempre lo hicieron?
Termino, señor presidente. Les estamos pidiendo el apoyo, a ser posible unánime y en todo caso mayoritario, a una iniciativa que permitirá respaldar las gestiones llevadas a cabo por nuestro Gobierno pero, sobre todo, propiciar el apoyo en
las instancias comunitarias de las todavía pendientes. Hoy, desde Barbate, desde Andalucía, desde Canarias y también desde Galicia se está pendiente de lo que digamos en esta Cámara. Me gustaría que lo que se diga aquí se les pueda decir también a
ellos a la cara, que no haya un doble mensaje. O se está o no se está con este protocolo. O se quiere que vuelvan al caladero marroquí nuestros barcos o se quiere otras cosas. Suya es la palabra, pero un centenar de embarcaciones españolas hoy
necesitan de su actividad y agradecerán este apoyo que yo les solicito.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor García Díez.
Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el diputado Joan Josep Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Es muy sencillo, señoras y señores diputados, señor portavoz del Partido Popular, no hay que enfrentar a los pescadores españoles con los intereses legítimos del pueblo saharaui. Es así de sencillo. Pueden convivir en un tratado de pesca
entre la Unión Europea y Marruecos los intereses legítimos de los pescadores españoles que defendemos y los intereses legítimos del pueblo saharaui que defendemos. ¿Cuál es el problema? Que ustedes los hacen incompatibles. Con esta proposición no
de ley nos hacen escoger entre un pueblo o los pescadores españoles, y eso no se lo aceptamos, señor diputado. La posición de La Izquierda Plural, desde el primer tratado de pesca del año 2005, siempre fue la misma: sí a un tratado de pesca entre
la Unión Europea y Marruecos, pero un tratado de pesca que excluya las aguas territoriales del Sáhara Occidental. Debe limitarse porque el Reino de Marruecos no ostenta la soberanía de esas aguas y, por tanto, no podemos actuar, ni la Unión Europea
puede actuar, reconociendo la ocupación que existe de facto del Reino de Marruecos del Sáhara Occidental. Por tanto, ese aspecto debe ser modificado. (Aplausos).
La soberanía de Marruecos no ha sido reconocida por la legalidad internacional, señor diputado, como subrayó el dictamen jurídico del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya de octubre de 1975. De hecho, deberían ustedes aprender del
acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Marruecos que excluye explícitamente las mercancías procedentes del Sáhara Occidental, considerando que la soberanía del territorio está bajo disputa y no reconociendo Estados Unidos soberanía
marroquí sobre el Sáhara Occidental. Por tanto, ahí tienen un precedente, un precedente internacional de un tipo de comportamiento
acorde con las resoluciones de Naciones Unidas, cosa que no hace su Gobierno y cosa que no hace la proposición no de ley para apoyar este tratado.
Me referiré a cuatro aspectos legales -muy rápidamente porque no tengo tiempo- para indicar por qué este tratado no cumple con la legalidad internacional. Primero, no se ha consultado con todas las partes interesadas. El Frente Polisario
es el legítimo representante del pueblo saharaui. La Unión Europea no le ha concedido audiencia para conocer la opinión legítima del pueblo saharaui, que no puede sustituir ninguna institución ni el Gobierno marroquí. Segundo, el acuerdo establece
que será el propio Marruecos el que comunique unilateralmente las coordenadas geográficas de su zona de pesca. Por tanto, Marruecos va a comportarse de facto como potencia ocupante. Tercero, el acuerdo no menciona en ningún momento ni al Sáhara
Occidental ni a la población saharaui; y, por tanto, eso es inadmisible. Y, cuarto, no se respeta el principio de soberanía permanente de los pueblos sobre los recursos naturales. Estoy hablando de la Resolución 1803 de Naciones Unidas, de la
Asamblea General del 14 de diciembre de 1962, que habla claramente de que el pueblo saharaui es el legítimo dueño de sus recursos naturales y ha de ser, por tanto, el principal beneficiario de los mismos y no ser privado de sus medios de
subsistencia.
Podría leer informes de servicios jurídicos del Parlamento Europeo que avalan esta opinión y que hicieron que el primer tratado cayese. Por tanto, seguimos dándole vueltas al mismo problema. Nosotros consideramos, desde nuestro grupo
parlamentario, que este acuerdo es claramente ilegal en lo que respecta al derecho internacional, puesto que su ámbito de aplicación incluye las aguas del Sáhara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización.
Hay que dejar claro -y acabo ya finalmente- que el cese de la actividad de la flota y sus consecuencias sociales, tras el rechazo en diciembre de 2011 de la prórroga del acuerdo por parte del Parlamento Europeo es una responsabilidad de la
Unión Europea por haber suscrito un acuerdo ilegal. De hecho, en este nuevo acuerdo, que a través de esta PNL estamos discutiendo, la Comisión Europea podría haber corregido esa cuestión bien excluyendo las aguas del Sáhara Occidental, bien
consultando la opinión del pueblo saharaui a través de sus legítimos representantes para acceder a esas aguas. Como usted bien decía, en una frase: por favor, que no les importe un bledo el pueblo saharaui; son personas, son seres humanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Nuet.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra la diputada Consuelo Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, presidente.
Desde el Grupo Socialista queremos dar también la bienvenida a los representantes del sector pesquero que hoy nos acompañan.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda y fijar la oposición en relación con esta proposición no de ley del Grupo Popular de acuerdo o de protocolo, señor García, entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos en materia de pesca; lo importante es el contenido. El Grupo Socialista ha registrado esta enmienda para completar la iniciativa, como tendré ocasión de exponer en mi intervención, que esperamos que el grupo mayoritario acepte. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).
No se puede desconocer la trascendencia que este acuerdo tiene para el sector pesquero, que se enfrenta a importantes retos durante el año 2013. Dentro de los retos que tiene que afrontar la flota española, tiene una especial importancia lo
que se ha venido en denominar la dimensión exterior de la política pesquera común. Los acuerdos que las autoridades europeas celebran con terceros países, que permiten a la flota comunitaria faenar en aguas exteriores, tienen una importancia
innegable. Más de la cuarta parte del pescado capturado por los pesqueros europeos procede de aguas comunitarias y se cifran en torno al 8 % las capturas que se producen en virtud de estos acuerdos con terceros países. En el caso del acuerdo con
Marruecos, afecta a ciento veinticinco barcos europeos, de los que más de cien son españoles, con más de 700 tripulantes de comunidades autónomas, como la gallega, pero sobre todo de Canarias y Andalucía, y además con un evidente impacto, tanto
desde un punto de vista económico como de empleo.
Es bien conocida la situación en que se encuentra este protocolo pesquero. Suspendida su aplicación desde finales del año 2011, el veto del Parlamento Europeo obligó a negociar de nuevo el acuerdo con las autoridades marroquíes; seis
rondas negociadoras han sido necesarias para renovarlo. El Grupo Socialista
ha apoyado siempre la necesidad de su renovación, que además se hiciese de forma rápida y consensuada con el sector, con las comunidades autónomas implicadas y, lógicamente, con las autoridades marroquíes, respetando el siempre difícil
equilibrio entre la defensa de los intereses españoles, en este caso pesqueros, en Marruecos y la defensa de los derechos humanos. Pero, señorías, no siempre ha sido así con el Grupo Popular en el Congreso. No podemos olvidar que estando en la
oposición el Grupo Popular se mostró muy crítico y puso todas las trabas con la posición del Gobierno español durante la negociación del anterior acuerdo, y con este una vez firmado.
Señorías, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Apoyamos un acuerdo que es bueno para el sector pesquero español. También hemos apoyado la necesidad de mantener transitoriamente, no siempre con éxito, las ayudas económicas dirigidas a paliar
la situación que producían estas paradas temporales a la flota española afectada, y no solo para los tripulantes y armadores, sino también para los trabajadores que dependen indirectamente de este acuerdo internacional, como, por ejemplo, el
personal de las lonjas. Con esta finalidad, mi grupo parlamentario ha desplegado en los últimos años una amplia actividad, tanto parlamentaria como extraparlamentaria, y no ha sido fácil. Casi dos años de encuentros y desencuentros han sido
necesarios para firmar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos.
Este tratado, firmado entre las autoridades europeas y las marroquíes el pasado 24 de julio, incrementa las posibilidades de pesca de la flota española para los próximos cuatro años en que estará en vigor. Señorías, para España esto
significa que se podrán capturar 60.000 toneladas anuales, lo que garantiza alrededor de ochocientos puestos de trabajo directos y la pervivencia de una importante industria costera o empleo indirecto en las costas canarias y andaluzas. Y ahora
queda lo más difícil, su ratificación por el Consejo y por el Parlamento Europeo, que esperemos que se produzca en las próximas semanas, para que no suceda, señorías, lo que ocurrió la última vez, que el Parlamento vetó la ratificación del acuerdo
pesquero, lo que dio lugar a que estemos de nuevo hablando de este tema. Además, es importante para el Gobierno español que vaya a Europa con el máximo apoyo. Señorías del Grupo Popular, ahí nos van a encontrar siempre. Pero les pedimos algo, les
pedimos que incorporen al texto de esta iniciativa una referencia a la necesidad de proponer a las autoridades europeas ámbitos de colaboración en materia de investigación pesquera con Marruecos. Los mejores datos científicos permiten negociar los
derechos de pesca de los Estados miembros con caladeros extracomunitarios con mayor eficacia. Es necesario mantener la actividad investigadora que permita conocer el estado de esos caladeros, porque luego sobre la base de esa investigación es como
se negocia. No podemos cambiar desde aquí, por supuesto, un acuerdo internacional ya cerrado entre las partes negociadoras, pero sí podemos y debemos demandar un mayor apoyo de las autoridades europeas a una labor que consideramos imprescindible
para el futuro de la pesca sostenible. Yo espero que así lo hayan entendido, que acepten nuestra enmienda, porque, además de que con este tratado y su desarrollo vayamos a recuperar un escenario necesario para nuestra flota pesquera, nos preocupa
sobre todo el futuro de nuestra pesca. En ese sentido, nos alegraremos de que sea aceptada la enmienda.
Para terminar, señorías, quiero decir que el Grupo Socialista votará a favor del acuerdo de pesca Unión Europea-Reino de Marruecos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rumí.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Una vez leída la proposición no de ley en su totalidad, nos sorprende que no haya ni una referencia al motivo por el cual la Eurocámara rechazó el anterior acuerdo: por violar el derecho internacional, porque interfiere en los recursos del
pueblo saharaui y por la sobreexplotación de algunas especies. El término derechos humanos no aparece por ningún recoveco de la iniciativa del Grupo Popular. A pesar del enfoque sesgado y la falta de transparencia de la PNL, se pide a los
portavoces el apoyo con los ojos vendados al acuerdo ya negociado y cerrado entre Marruecos y la Comisión Europea, sobre el que hasta la fecha nadie nos ha preguntado. Se trata de una proposición no de ley que nada dice sobre lo más importante. El
territorio del Sáhara Occidental, como señalara la asesoría jurídica de Naciones Unidas en 2002, está considerado como un territorio no autónomo pendiente de descolonización, por lo que la explotación de sus recursos naturales es contraria al
derecho internacional, si no se cumplen dos requisitos básicos: primero, que los beneficios de cualquier explotación repercutan directamente en la población saharaui y,
segundo, que cualquier acuerdo referente a los mismos cuente con el visto bueno de quien en palabras de la Asamblea General de Naciones Unidas es su único y legítimo representante, el Frente Polisario. Ambas condiciones no se cumplen,
porque así lo pudimos comprobar in situ la delegación de parlamentarios que la semana pasada estuvimos en territorio del Sáhara Occidental.
El informe emitido en 2009 por los servicios jurídicos del Parlamento Europeo señalaba respecto al anterior acuerdo que no existían pruebas de que beneficiara a los saharauis, ni de que se esté realizando de acuerdo a sus deseos. Esta es la
clave para que el acuerdo sea legal y pueda ser apoyado por Compromís-Equo. Debe quedar expresamente fuera de su ámbito de aplicación el territorio del Sáhara Occidental. Por tanto, Compromís-Equo votará en contra del expolio ilegal de los
recursos naturales del Sáhara Occidental amparado o no por acuerdos comerciales de la Comisión Europea.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta mañana en el Parlamento Europeo fue aprobado el acuerdo pesquero de la Unión Europea con Mauritania, en el que la flota cefalopodera gallega queda excluida, es decir, trabajadores y armadores no van a poder seguir pescando en
esas aguas. Por eso, nos sorprende esta proposición no de ley, defendida además por el señor García Díaz, diputado gallego, sobre todo, después de la disparidad de votos que ha habido hoy por la mañana en el Parlamento Europeo, donde se ha
producido una libertad de voto que evidencia que los dos partidos mayoritarios de esta Cámara no están a favor de la pesca gallega, y en este momento si hay algo que en Galicia está preocupando es esta proposición no de ley, cuando no se hizo nada
en relación con Mauritania y, en cambio, este acuerdo que podría de alguna manera solventar algunos de los problemas que ese acuerdo sobre Mauritania representa no lo hace, porque las cinco licencias que se contemplan aquí son completamente
inviables en la práctica, y estoy dando datos del propio sector.
Por otra parte, señorías, para el Bloque Nacionalista Galego hay una cuestión que nos es imposible entender. Por un lado, la Unión Europea da como razones para que no haya acuerdos con Senegal o con Guinea Bissau la existencia de un
gobierno dictatorial contrario a los derechos humanos, pero, por otro lado, no se contempla en absoluto la vulneración de derechos humanos que el Estado marroquí está cometiendo sobre el pueblo saharaui. Por tanto, señorías, hay muchas cuestiones
que para el Bloque Nacionalista Galego hacen imposible que votemos a favor de esta proposición no de ley. Sabemos que hay flotas del Estado español para las que puede ser beneficioso, pero evidentemente sería mucho más beneficioso que la Unión
Europea hiciera un acuerdo completamente distinto con Marruecos, en el que los derechos humanos del pueblo saharaui fueran cuando menos contemplados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la ONU no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, como tampoco lo hace la Unión Europea. Marruecos no tiene derecho a negociar la pesca saharaui. La legalidad internacional establece la soberanía permanente de los
recursos naturales, es decir, el derecho de los pueblos y de las naciones a usar los recursos naturales en sus territorios y a disponer de ellos en interés de su desarrollo y bienestar.
Nos dirigimos al Parlamento Europeo para que vete, como hizo en el año 2011, el protocolo de pesca negociado por el Estado marroquí y la Comisión Europea, que no cumple con la ley internacional. Si quieren continuar pescando, así como
extrayendo otros recursos minerales o fósiles -todos esos recursos extraídos del territorio saharaui- la contrapartida debe ser la república árabe saharaui democrática a través de su representante, el Frente Polisario. Con Marruecos lo único que
hay que negociar en este sentido es el cumplimiento de las más de cien resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara, así como el respeto a los derechos humanos de su población, que incumple cotidianamente y de forma sistemática, como así han
documentado a la delegación parlamentaria que hace pocos días viajó hasta allí y como nos ha trasladado el compañero Jon Iñarritu, que viajó en nombre de Amaiur, Esquerra Republicana y Bloque Nacionalista Galego.
La población saharaui se encuentra dominada y asediada en su territorio o abandonada en un desierto en el exilio, viviendo solo gracias a la cooperación internacional, que es quien paga económicamente las consecuencias de la ocupación
marroquí. España no solo no cumple con el deber moral e histórico que tiene con el Sáhara después de abandonarlo a su suerte en la descolonización, sino que además se aprovecha de la explotación de sus recursos en detrimento del pueblo saharaui, y,
como muestra, la vergonzante negación del reconocimiento de la república saharaui y la no exigencia a Marruecos de la realización de un referéndum de autodeterminación. ¡Viva el Sáhara libre!
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente desde el escaño, si me lo permite, para fijar la posición de mi grupo en torno a este tema. Quisiera decir dos cosas. Esto no debe ser una cuestión que deban pagar los pescadores. Este es un tema que va mucho
más allá. Mi grupo no va a apoyar esta propuesta porque creemos que, por una parte, la Unión Europea no ha hecho caso a lo que le pedía el Parlamento Europeo y, por otra parte, porque este acuerdo no recoge lo que pide la legalidad internacional en
el tema del Sáhara. No soy yo solamente, han hablado otros compañeros sobre este tema. Si se pesca en aguas territoriales del Sáhara, la legalidad internacional dice que hay que pedir permiso a los ciudadanos del Sáhara para ver si se puede pescar
allí, y además se deben beneficiar de lo que suponga, a partir de ese acuerdo, poder pescar en sus aguas. Y ni una cosa ni otra se recoge en este tratado.
El portavoz del Grupo Popular no puede hacer chantaje emocional como si esto fuera algo en lo que nosotros nos posicionáramos en contra de los pescadores. Esto es algo que trasciende más allá, y los derechos humanos y los derechos de los
pueblos están por encima y por delante de los derechos económicos que pueda haber en un momento dado. Esto no lo deben pagar los pescadores. La Unión Europea se ha mostrado débil en este acuerdo, no ha sido capaz de poner encima de la mesa a
Marruecos exigiéndole lo que le debe exigir, y no es una cuestión de estar a favor o en contra de Marruecos, que tiene sus negocios, etcétera, pero esto es algo fundamental, no se puede utilizar las aguas territoriales del Sáhara sin consultar con
sus ciudadanos. Y los que consideramos que el Sáhara es un pueblo y que tiene el derecho de autodeterminación como lo tienen los demás pueblos, debemos aceptarlo en todos sus términos y en todos sus momentos, no solamente cuando interesa o cuando
conviene.
Hay multitud de informes jurídicos que dicen que este tratado no menciona el concepto de derechos humanos, por mucho que en los principios generales se pueda decir que llega un momento en que si se violara... No, si verdaderamente se
entendiera como tal, se tendría que poner en el acuerdo el reconocimiento del Sáhara. Parece que aquí cuando hay ciertas cuestiones nos olvidamos de lo que verdaderamente está padeciendo este pueblo. Y no caigamos en el chantaje. No es algo que
debe tratarse en la Comisión de Pesca, la Unión Europea es la Unión Europea y tiene capacitación para poder decidir en torno a estos temas y poner encima de la mesa aquello que la legalidad internacional tiene reconocido y aquello que el Parlamento
Europeo le ha exigido.
Mi grupo, en apoyo y en solidaridad, no va a poder apoyar esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, voy a ser breve porque hay una gran parte de los argumentos que ya han sido esbozados aquí por los portavoces que me han precedido, por casi todos ellos. Este acuerdo es ilegal, según el derecho internacional, porque no tiene en
cuenta los deseos y los intereses del pueblo saharaui. Esto es así de claro y los servicios jurídicos del Parlamento Europeo ya lo manifestaron en una opinión legal del año 2009. Lo sorprendente para nosotros es que esta proposición no de ley ni
siquiera enumera entre los objetivos del Gobierno a la hora de abordar este protocolo la cuestión del Sáhara. Está claro que el Gobierno no ha tenido en cuenta al Sáhara, ni siquiera como un objetivo al que luego ya sabíamos que iba a dejar caer,
ni siquiera lo tuvo en cuenta en un primer momento. De este modo no es sorprendente que el protocolo no mencione al Sáhara Occidental y por ello no podemos saber de antemano que el Sáhara Occidental será parte de la zona de aplicación. ¿Pero qué
ocurre? Que recurrimos a nuestra experiencia anterior. En cada protocolo de pesca con Marruecos, la pesca ha tenido lugar en las aguas
del Sáhara Occidental y nada hace pensar que esta vez vaya a ser diferente. Si fuera así, se habría incluido claramente en el protocolo algún parámetro de la frontera sur, cuya referencia no existe, a diferencia de la frontera norte, que se
especifica claramente en sus parámetros. En el protocolo anterior se empleaba la argucia de delimitar con la expresión: Aguas bajo jurisdicción del Reino de Marruecos. Si bien era una expresión que no tiene base jurídica, al menos se intentaba
acotar. En este nuevo texto ni siquiera se nombra.
En todo caso, hay una cuestión que es aún más grave y que tira por tierra los argumentos del Grupo Popular en el sentido de que lo hace para favorecer a los pescadores y a los armadores españoles. Según el derecho internacional, las aguas
del suroeste, las aguas correspondientes al territorio saharaui, son alta mar. Por lo tanto, no tendríamos por qué pagar a Marruecos por utilizarlas. Es decir, cada céntimo que se paga en apoyo a la ocupación ilegal de las aguas saharauis es un
desperdicio; no es un servicio que prestamos a nuestro sector pesquero, es un desperdicio porque estamos pagando a Marruecos por utilizar unas aguas que, según el derecho internacional, son consideradas alta mar.
En cuanto a la cláusula de derechos humanos, es verdad que el nuevo protocolo incluye una referencia al acuerdo de asociación, pero esto no cambia en absoluto el protocolo anterior. El acuerdo de asociación siempre ha gobernado todos los
acuerdos de comercio bilateral con Marruecos. Esto ha sido una constante durante trece años y no ha impedido que se vulneraran de manera sistemática los derechos humanos del pueblo saharaui. No hay ninguna referencia ni al Sáhara Occidental ni a
las provincias del sur ni a las poblaciones locales ni al paralelo 27º 40'; absolutamente nada. Hay, sencillamente, la desaparición del texto del Sáhara Occidental, lo cual obviamente complace al Reino de Marruecos.
Y dice usted, señor García, que no se puede tratar de solucionar un conflicto territorial en la Comisión de Pesca. Lo que sí se puede hacer de momento es no empeorarlo; lo que sí se puede hacer es no negociar unos acuerdos de pesca que dan
por supuesta la resolución de ese conflicto territorial, y la dan por supuesta en beneficio de la posición marroquí, porque dan por desaparecido el territorio y el pueblo saharauis. Eso es lo que hace este protocolo; no solucionar el conflicto
territorial, sino hacer como si no existiera, y hacer como si tampoco existiera el Sáhara. Desde luego, nosotros no vamos a apoyar ni esta proposición no de ley ni ese protocolo, porque además, y en contra de los beneficios económicos que, según
usted, nos reporta -aunque este protocolo no es más caro que el anterior y, de hecho, el porcentaje procedente de los contribuyentes europeos será menor-, la industria tendrá que pagar más -antes pagaba el 10 % como máximo y ahora tendrá que pagar
hasta un 25 %-; pero sobre lo que no se nos presenta ninguna evaluación es sobre la relación coste-beneficio, que es lo importante de los acuerdos bilaterales que firma la Unión Europea. En el último protocolo, por cada euro invertido la Unión
Europea recibía 60 céntimos. Esto está muy por debajo del beneficio de la mayor parte de los acuerdos bilaterales. Es un acuerdo evidentemente deficitario, pero no se presenta ninguna evaluación que demuestre que con esta nueva negociación
económica este acuerdo va a ser rentable o, al menos, va a ser menos deficitario. La relación coste-beneficio, que es la clave, no se ha estudiado ni se ha evaluado. Tampoco, por tanto, desde el punto de vista económico es justificado.
Por último, desde el punto de vista medioambiental, resulta difícil de entender que, cuando hablábamos de caladeros ya sobreexplotados en su mayor parte, dos años más tarde, después de que se haya incorporado masivamente la flota industrial
de Rusia y se haya ampliado la flota marroquí, ahora esos caladeros que estaban sobreexplotados se hayan podido recuperar. Resulta sencillamente increíble. Si el anterior acuerdo era nefasto desde el punto de vista de la sostenibilidad
medioambiental, ¿de qué manera este nuevo protocolo subsana esa situación si aumentan las cuotas del acuerdo, abre nuevos acuerdos con otras zonas y aumentan significativamente su propia flota, la flota marroquí? Sencillamente, tampoco es
sostenible desde el punto de vista medioambiental.
Por lo tanto -y termino, presidente-, ni atiende a las preocupaciones medioambientales ni mejora la rentabilidad económica ni quedan claros los beneficios para el sector pesquero español. Y nosotros desde luego hacemos nuestras las palabras
de Mohamed Sidati, representante del Frente Polisario ante la Unión Europea, quien ha afirmado: Estamos ante un mero intento de legitimar el robo de los recursos naturales del Sáhara Occidental. No cuente con mi grupo como cómplices de ese robo,
señor García.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Catalán, de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en relación con el acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos, en términos pesqueros y económicos, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió siempre ha estado a favor de su consecución, condicionando este apoyo a la
solución de lo que podríamos considerar daños colaterales: el respeto a los derechos humanos y el respeto al derecho de los pueblos; obviamente, me refiero al pueblo saharaui. Este, y no otro, ha sido el tema subyacente en toda la negociación, la
duda sobre la legalidad o no al incluir supuestamente las aguas del Sáhara Occidental. Así, entendemos que la Unión Europea avala este acuerdo y entendemos que es bueno que los pescadores andaluces, canarios y gallegos en su mayoría puedan volver a
faenar en estas aguas, salvando los derechos citados. Entendemos que el protocolo firmado por la Comisión Europea incluye las cláusulas correspondientes sobre derechos humanos y sobre el aprovechamiento de recursos para la población del Sáhara
Occidental. Esperamos que se cumplan escrupulosamente; es su responsabilidad, la del Gobierno y la de la Unión Europea.
Dejando clara nuestra posición y celebrando el acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, que beneficia a parte de la flota pesquera estatal, mayoritariamente del sur, de Galicia y de las islas Canarias, aprovecho la ocasión para solicitar
al Gobierno que también encuentre mejores soluciones para los pescadores de la ribera mediterránea, incluyendo, claro está, a los catalanes. El Gobierno debe hacer prevalecer sus particularidades y no permitir que estas queden disueltas en un
océano de confusiones, un océano donde se confunden los intereses de las grandes corporaciones industriales y pesqueras con los intereses de la pequeña empresa familiar, común en todo el litoral. Se acepta como destino lógico que el pez grande se
coma al pez pequeño, y está bien hablando de peces, pero no lo podemos permitir en el mundo de los pescadores, donde en la Unión Europea las empresas pesqueras importantes se están comiendo a las pequeñas empresas, que también forman parte del
entramado empresarial, laboral y social de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pàramo.
Señor García Díez, ¿cuál es la posición con respecto a las enmiendas?
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, quería plantear dos cuestiones. En primer lugar, en respuesta a su pregunta, hay dos enmiendas presentadas, una de La Izquierda Plural y otra del Grupo Parlamentario Socialista. La primera de ellas
no podemos aceptarla porque no se ajusta para nada a la legislación, y en cuanto a la segunda hemos hecho llegar a la Mesa una transacción entre ambos grupos. Por tanto, quedaría incorporada como una adición a los dos puntos que contemplaba nuestra
propuesta inicial. De esta manera serían tres puntos.
Le decía que tenía una doble cuestión porque no puedo precisar si usted presidía en ese momento la sesión o lo hacía otro miembro de la Mesa, pero en su intervención la señora Fernández Davila me ha citado por dos veces, al tiempo que hacía
alusión a mi condición de diputado gallego y a una resolución del Parlamento Europeo esta mañana, y yo le rogaría me concediese un breve turno para contestar a esa cuestión.
El señor PRESIDENTE: Estaba yo. Tiene usted dos minutos exactamente para la alusión, no para otro tema.
El señor GARCÍA DÍEZ: La señora Fernández Davila, que me citaba como el señor Díaz -soy García Díez, sé que es algo que habitualmente se puede confundir-, aludía a mí diciendo lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento europeo, donde
los eurodiputados, muchos de ellos españoles, han votado de forma diferente en función del grupo parlamentario al que pertenecían y han perjudicado con ese voto lo que el Gobierno de España y mi grupo parlamentario estaban tratando de impedir, que
era la no ratificación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania. Yo no puedo admitir que usted esté insinuando que es algo que se pueda relacionar con la proposición no de ley que hoy planteamos. Precisamente el Grupo Parlamentario
Popular ha traído aquí hoy esta proposición no de ley para que no ocurra con Marruecos lo mismo que acaba de ocurrir con Mauritania, porque Mauritania empezó mal y terminó peor, y lo que ha hecho este Gobierno desde el primer momento ha sido contar
con la opinión e ir de la mano del sector pesquero y de las comunidades autónomas, y ahora, en el único trámite que falta por completar, que es el del Parlamento europeo, queremos que haya una respuesta unánime, a ser posible, de respaldo a este
protocolo. Por eso, hemos pedido aquí hoy lo que hemos pedido y no queremos que ocurra lo que ha ocurrido con Mauritania.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Díez.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Primero, quiero pedir disculpas al señor García Díez por esa equivocación que tengo siempre. Pido disculpas.
Por otro lado, lo que yo quería poner de relieve en este debate es lo que ha pasado hoy en el Parlamento europeo y transmitir lo que muchos armadores me han dicho esta mañana, es decir, el hecho de que, mientras hoy el Grupo Popular presenta
una iniciativa en Pleno en relación con el acuerdo de Marruecos, nunca se haya presentado en relación con el acuerdo de Mauritania, aunque reconocemos, porque hubo muchos debates en Comisión, no solamente lo que hoy ha pasado en relación con los
diputados del Grupo Popular, sino con actuaciones del ministro de Agricultura y Pesca. Pero sorprende al sector en Galicia que nunca se trajera al Pleno de la Cámara un tema en relación con el acuerdo de Mauritania y desde esas bancadas se haya
traído el acuerdo de Marruecos. Eso es lo único que yo trataba de hacer ver.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. (Número de expediente 173/000108).
El señor PRESIDENTE: Resuelto este asunto, vamos a entrar en las mociones. Les adelanto que hoy veremos los puntos 5 y 6; los puntos 7, 8 y 9 se debatirán mañana después de las interpelaciones.
Moción urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción política. Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente
Señorías, no voy a perder ni un minuto, dado el poco tiempo que tenemos, en referirme al tortuoso proceso que ha tenido esta moción para llegar a Pleno. Solamente voy a explicar lo que nuestro grupo ha querido plantear desde que presentó la
interpelación que se sustanció en esta Cámara hace ya algunas semanas. Presentamos cuatro propuestas para la votación. En la primera planteamos que las manifestaciones del presidente Rajoy en esta Cámara sobre sus relaciones con su extesorero del
Partido Popular, señor Bárcenas, quedaron en entredicho porque fueron desmentidas por la realidad; realidad que, por cierto, es bastante más tozuda que el argumentario del Partido Popular, que por mucho que se repita no llega a ser nunca verdad.
La realidad es que el presidente Rajoy en su intervención en el Pleno del 1 de agosto dijo textualmente que desde hace cuatro años el señor Bárcenas ya no es tesorero del Partido Popular y desde hace más de tres años no ostenta ninguna
representación política, ni siquiera militancia en este partido. En el turno de réplica añadía: Cuando yo fui elegido presidente del Gobierno Luis Bárcenas no estaba en el partido, ni siquiera tenía ninguna relación con el Partido Popular. Fin de
la cita. Además, el señor Montoro había añadido que Luis Bárcenas no militaba en el Partido Popular desde el año 2009; la señora De Cospedal había afirmado que dejó de prestar servicios en el PP y de ser tesorero y senador en el año 2010. Pues
bien, la realidad es que Luis Bárcenas fue militante del Partido Popular hasta diciembre de 2011. Por tanto, primera mentira del señor Rajoy. Pero es que además también es una realidad que... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Centella. Ruego silencio para que se pueda oír al orador. Continúe, por favor.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente, por su amparo.
Decía que además de estar demostrada documentalmente la militancia hasta finales de 2011, también es una realidad que seguía vinculado al Partido Popular, cobrando una nómina -por cierto, la más alta del Partido Popular- hasta enero de 2013.
Esa es la realidad, más allá de su argumentario. También la señora De Cospedal vino a decir catorce días después en sede judicial, que fueron el señor Rajoy y el
señor Arenas los que negociaron en marzo de 2010 las condiciones privilegiadas del cese de relaciones entre Luis Bárcenas y el Partido Popular. Pues bien, ustedes nos pueden recomendar que utilicemos el diccionario de sinónimos, ustedes nos
pueden plantear lo que quieran, pero en mi tierra -y creo que en la suya- esto se llama simple y llanamente no decir la verdad, esto se llama mentir. Por lo tanto, entendemos que este Parlamento debe dejar constancia, porque la verdad no se vota,
ustedes no pueden votar aquí lo que es verdad o no es verdad, pero este Parlamento sí puede votar que esa no es la forma de actuar de un presidente del Gobierno. Este Parlamento sí puede rechazar claramente que el presidente del Gobierno no puede
venir a esta Cámara y faltar a la verdad. Por eso, nuestro primer punto viene claramente a señalar que este Parlamento tiene que dejar constancia de que rechaza que un presidente del Gobierno pueda faltar a la verdad en sede parlamentaria.
En el segundo punto instamos a que la ponencia de la Comisión de Reglamento presente antes de que termine este periodo de sesiones un balance de su trabajo, porque no se ha reunido ni una sola vez. El señor presidente la constituyó hace ya
meses y no se ha reunido ni una sola vez. Ustedes no tienen ningún interés en que este Parlamento mejore su funcionamiento.
En el tercer punto planteamos la creación de una comisión de investigación. Esto va directamente ligado a la segunda parte, que el señor Rajoy tampoco dijo la verdad en sede parlamentaria. Proponemos que se cree una comisión de
investigación de todos los grupos políticos, no solamente del Partido Popular. Nos extraña y nos sorprende que haya un partido que se niegue a que se cree esta comisión de investigación. Tendríamos que ser todos los partidos los que nos pusiéramos
al frente de esa creación. Nos sorprende porque a partir de ahora qué imagen pueden tener los ciudadanos si nosotros nos negamos a que se nos investigue, qué imagen van a tener si decimos que no queremos que se investigue cómo se han financiado los
partidos políticos que están en duda, bajo sospecha. Nuestro partido es el primero que se pone para que se haga esta comisión de investigación sobre todos los partidos políticos. No podemos seguir alentando dudas. La ciudadanía nos reclama esta
transparencia y no nos vale el argumentario de que una cosa está en sede judicial, porque no son lo mismo las responsabilidades políticas que las judiciales. Por poner algún ejemplo, puede ser legal recibir sobresueldos, pero puede no ser ético.
Puede ser legal darle martillazos a un disco duro, pero puede tener una responsabilidad política querer tapar pruebas que comprometan al Partido Popular en la investigación judicial y parlamentaria. Por eso, es fundamental, es importante que se
reclame esta comisión de investigación, que se vote hoy a favor, porque en caso contrario ustedes estarán bloqueando que se pueda investigar no al Partido Popular, sino a todos los partidos que hoy puedan tener que rendir cuentas, que somos todos
los que estamos en esta Cámara. Tampoco nos vale que se nos diga que está el Tribunal de Cuentas, porque esa es una investigación, que la hace, pero no es la que se pide aquí. Lo que se pide aquí es una investigación de cómo se han financiado y
cómo han funcionado los partidos políticos en los últimos veinte años.
Por eso, esta propuesta en su cuarto punto también plantea medidas de lucha contra la corrupción, por cierto, medidas que ustedes anunciaron tras su Consejo de Ministros y todavía estamos esperando a ver cómo se sustancian en leyes o en
reformas jurídicas. Un plan contra la corrupción que también es fundamental que se vea en esta Cámara, pero para tener legitimidad, señoras y señores del Partido Popular, tiene que venir precedido de la creación de la comisión de investigación. No
es creíble que ustedes digan aquí que quieren acabar con la corrupción y, sin embargo, no quieran ajustar cuentas con su propio pasado.
Por tanto, hay cuatro puntos muy claros. En primer lugar, dejar constancia de que el señor Rajoy mintió, no dijo la verdad en sede parlamentaria. Repito, eso no se vota, lo que se vota es que este Parlamento rechaza que esa sea la forma de
comportarse de un presidente. En segundo lugar, que de una vez por todas hagamos un reglamento que mejore el funcionamiento, un reglamento que permita más transparencia. En tercer lugar, crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la
financiación, que si ustedes hoy aquí bloquean, se convertirán en ese dique sobre el que se estrella la demanda popular. Y en cuarto lugar, un plan de lucha contra la corrupción, con esa credibilidad que nos dé el ser los primeros en dejarnos que
se investigue sobre nuestras propias finanzas. Son cuatro puntos que hoy aquí pueden demostrar que este Parlamento escucha a la calle, que escucha las reivindicaciones ciudadanas. En caso contrario, ustedes tendrán que dar cuenta aquí, pero
también fuera, de por qué no las admiten.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador. En primer lugar, va a intervenir el señor Salvador para la defensa de la enmienda y luego, en turno del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Baldoví.
Tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos estudiado con atención su moción y podemos sacar las siguientes conclusiones. De alguna manera podemos constatar que por distintas vías todos los grupos estamos pidiendo, elaborando o proponiendo medidas similares para
combatir la corrupción. El Gobierno propone las suyas, el Partido Socialista las suyas, ustedes han propuesto ahora las suyas y nosotros las nuestras. Me recuerda un poco a ese taxista que se quejaba amargamente diciendo que la gente solo iba a lo
suyo, a lo suyo, a lo suyo, menos él, que iba -decía- a lo mío. Yo quiero lamentar que, siendo básicamente así, no seamos capaces de poner negro sobre blanco todas esas medidas que al final yo creo que tienen mucho en común. La corrupción es un
mal endémico que no afecta a unos sí y a otros no genéticamente; requiere un andamiaje moral para no caer en las múltiples tentaciones del poder y otro andamiaje legal para atajar las conductas que se desvíen de la honradez política que a todos se
nos supone. Es verdad que la ciudadanía nos está exigiendo ese esfuerzo de colaboración y de consenso y lo lógico es que nos pusiéramos de acuerdo en qué debemos hacer.
Propone una serie de cuestiones que no nos son ajenas, como reformar el Reglamento del Congreso para recoger alguna modificación para disminuir la corrupción. De acuerdo. También propone crear una comisión de investigación. Nosotros en
julio propusimos la creación de una subcomisión de estudio, que yo creo que sería bastante más pacífica que la que ustedes proponen, para ver cómo se gestionan los partidos políticos, su financiación y combatir algunos episodios de corrupción. Como
digo, ya la propusimos nosotros en julio; no es una novedad y la podríamos apoyar. También estamos de acuerdo en instar al Gobierno a luchar contra la corrupción con las medidas que incluye el apartado 4, y en ese apartado 4 es donde hacemos
nuestra aportación a través de una enmienda. Por un lado, para que se estudie como una de las medidas en contra de la financiación ilegal la reducción de las campañas electorales. Mi partido propuso una proposición de ley en la pasada legislatura
que no se aceptó; trasladó esa misma petición en una enmienda a la modificación de la Loreg, que tampoco se aceptó, y asimismo vimos una proposición de ley en esta legislatura que tampoco contó con el voto de sus señorías, pero nosotros somos
persistentes. Creemos que esta es una buena medida y por eso proponemos que se añada al elenco de medidas que figuran en el apartado 4. Por otro lado, junto a esas siete medidas que incorpora su plan, proponemos incluir abordar la eliminación de
las donaciones a los partidos políticos y una práctica desde luego poco presentable, como es la condonación de los préstamos a los partidos políticos. Durante estos días hemos oído a algunos líderes tanto del Partido Socialista como del PP que
hacían un canto a estas mismas iniciativas y por eso creemos que deberíamos afrontarlas y ponerles cara de una vez. Por eso, les propongo que las aceptemos y las incluyan para mejorar el texto y pasar de alguna manera de la prédica a la práctica.
En todo caso, nosotros, UPN, lo tenemos claro y abiertamente lo decimos y lo cumplimos porque no aceptamos donaciones y además las deudas que contraemos sencillamente las pagamos.
Termino, señor presidente. De los cuatro puntos de la moción, los tres últimos, a nuestro juicio, tienen un verdadero sentido reformador, constructivo, sobre los que creo que podríamos llegar a un acuerdo, pero el primero, si me lo
permiten, es una crítica ad personam y desde luego no lo compartimos, como quedó constancia en el debate del pasado día 1 de agosto. Por eso, pido a los promotores de la moción en lo posible una votación separada de ese primer punto para poder
votar a favor de los tres siguientes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Celebramos que la Mesa haya reconsiderado la nefasta decisión anterior de impedir el debate de esta iniciativa y de la otra iniciativa del Grupo Socialista, una decisión a nuestro entender absolutamente incomprensible desde el punto de vista
democrático. Ayer mismo, el barómetro del CIS alertaba de los problemas que más preocupan a los ciudadanos. El primero, evidentemente, era el paro; el segundo era la corrupción y el tercero los políticos y los partidos. Decisiones como las que
se tomaron anteriormente o
la comparecencia del presidente el 1 de agosto contribuyen a que los ciudadanos afiancen esa preocupación, porque el pasado mes de agosto el ciudadano sacó un par de conclusiones. Primera, que el presidente Rajoy mintió en sede
parlamentaria sobre su relación con su extesorero Bárcenas y constató que los ciudadanos se fían más de la palabra de Luis de Bárcenas que de la del presidente, como también mintió la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en aquella
intervención antológica, que quedará grabada para siempre en nuestros corazones. Y segunda, el nivel de corrupción que ha anidado durante todos estos años en Génova 13. Porque los delitos podrán haber prescrito y algunos podrán evitar el peso de
la ley, pero los ciudadanos tiene una sólida convicción: las donaciones ilegales y los sobres no declarados existieron. ¡Vaya si existieron! Por eso, urge tomar medidas urgentes para la regeneración democrática, para la financiación de los
partidos, para la lucha contra el fraude, para la regulación de las campañas electorales y de los lobbies, para evitar la sensación amarga de impunidad que embarga a los ciudadanos cuando ven algunas absoluciones, algunas sentencias y algunos
indultos. Si uno repasa los diarios de sesiones del Congreso se observa que la corrupción de los partidos y cómo atajarla es un tema recurrente, pero desgraciadamente ninguno de los dos partidos que han ocupado el Gobierno en los últimos veinte
años han querido ponerle un freno definitivo. Por tanto, tenemos que abrir las ventanas porque el foso que existe entre la política y los ciudadanos es cada vez más grande y profundo. En consecuencia, Compromís-Equo votará a favor de esta moción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Para fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, la falta de madurez democrática, los comportamientos de los responsables políticos que rayan la legalidad e incluso la vulneran abiertamente, no son desgraciadamente un fenómeno nuevo,
pero han cobrado fuerza o se han manifestado con virulencia recientemente y además en un contexto de crisis económica profunda. Muchísimos ciudadanos sienten que los recortes y el desempleo les están llevando a la precarización y a la pobreza,
mientras que observan que instituciones y numerosos responsables políticos llenan sus bolsillos con el dinero de todos los ciudadanos; un dinero que procede del sacrificio y de sus impuestos. En ningún caso la corrupción es aceptable pero, si me
permiten, les diría que en épocas de crisis es más ofensiva o lacerante si cabe. Los casos como Gürtel y Bárcenas han afectado directamente al Gobierno y al propio presidente Rajoy y al Partido Popular. No se puede ni se debe mirar hacia otro
lado. Hay que ir al fondo y exigir las responsabilidades que correspondan, las penales, las políticas, todas. El presidente del Gobierno comparecía en esta Cámara a primeros de agosto para ofrecernos su versión, una versión que no parece
ratificada por la realidad en todos los extremos. Los jueces lo dirán y esperemos que sea más pronto que tarde. Ello nos debe preocupar, puesto que no decir la verdad a los ciudadanos -o al menos no decir toda la verdad- es una irresponsabilidad
política. Nuestro portavoz lo dijo en aquel Pleno: ¿Qué hará el presidente si se demuestra que lo que hoy se dice no es verdad? Ahí está la pregunta, y la respuesta está en manos del Gobierno.
Después de muchos avatares es posible debatir y votar estas mociones. Desde el Grupo Parlamentario Vasco creemos que es mejor hacerlo que impedirlo, que la luz siempre clarifica más que las sombras, que lo único que hacen es generar dudas y
muchas veces sospechas innecesarias. Éramos partidarios del debate y de que se votara una moción de estas características. Sin alarmas y sin trazos gruesos, al margen de lo que hagan los tribunales con los afectados o imputados, en el Congreso
debemos avanzar en la adopción de medidas como las que se plantean en estas mociones. En relación con la de La Izquierda Plural, quisiera señalar que compartimos el contenido básico de la moción, que incorpora medidas que incluso han sido
propuestas por nuestro grupo parlamentario, como la reforma del Reglamento de la Cámara con el fin de que tan solo un grupo parlamentario no pueda evitar debates y comparecencias en contra del resto de las formaciones políticas. Estamos de acuerdo
igualmente en la necesidad de avanzar en temas como la persecución de delitos, la lucha contra el fraude, la evasión de capitales, el régimen de incompatibilidades de altos cargos, la reglamentación de los lobbies, etcétera. De igual manera
pensamos que la financiación de partidos tiene que garantizar la suficiencia para preservar y fortalecer el sistema democrático. No compartimos la idea de crear ahora una comisión de investigación. Generaría a nuestro juicio más ruido que
aclaraciones. Dejemos trabajar a los tribunales y evitemos juicios paralelos que puedan enturbiar y dificultar el proceso. Ello no quiere decir que no deban depurarse las
responsabilidades políticas de los implicados si se demuestra que han participado en actos de corrupción. Por ello, nos abstendremos en la votación del punto 3, al igual que lo haremos en el punto 1, por entender que es arriesgado prejuzgar
cuando aún el sumario está en proceso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Me gustaría hacer una reflexión previa antes de entrar en el contenido de la iniciativa de la moción planteada por el Grupo de La Izquierda Plural. La reflexión previa es recordarnos entre todos nosotros cómo hemos llegado a esto o por qué
estamos hoy debatiendo estas dos mociones. Porque si reflexionamos sobre eso, encontraremos dónde está el déficit democrático en el comportamiento que hasta este momento se ha producido en relación con la asunción de responsabilidades políticas, en
este caso del Ejecutivo. Estamos discutiendo con quince días de retraso dos mociones en las que dos grupos parlamentarios, ejerciendo su derecho a controlar al Ejecutivo, convirtieron una interpelación en una moción para, insisto, ejercer ese
derecho democrático de controlar al Ejecutivo. Estamos debatiéndolo con quince días de retraso porque la Mesa de la Cámara, en una decisión inaudita e injustificada, desde nuestro punto de vista, abandonó su responsabilidad de proteger a la Cámara
y de proteger a los parlamentarios para proteger al Gobierno y para impedir, no que saliera adelante una moción u otra, no que fuera aprobada o rechazada la moción de La Izquierda Plural o la que después veremos del Grupo Socialista, que es algo que
está en la mayoría de la Cámara y en el grupo mayoritario que tiene la mayoría de los votos y, por tanto, nadie puede impedir ni plantear siquiera ganar las votaciones cuando tiene menos votos que el grupo que tiene mayoría absoluta, no, lo que hizo
la Mesa de la Cámara no fue a través de su decisión injustificada, insisto, abandonar a las minorías parlamentarias, sino impedir el debate. Lo verdaderamente criticable, lo que es absolutamente inaceptable, desde el punto de vista de este grupo
parlamentario en cuyo nombre les hablo, no es que la mayoría ejerciendo su mayoría gane las votaciones, sino que la mayoría ejerciendo su presión mayoritaria sobre la Mesa, en la que tiene también mayoría -no hablemos de argucias, la Mesa es la
Mesa, sí, está compuesta por personas pero tiene la mayoría el Grupo Popular-, impidiera el debate en la Cámara. Eso es un mal uso de la democracia, es una perversión del sistema democrático, es un retroceso democrático, porque si la Mesa deja de
amparar a los grupos parlamentarios, hace cuatro semanas le hace esto a La Izquierda Plural y al Grupo Socialista y mañana se lo hace a cualquiera, y pasado mañana a ustedes, porque algún día dejarán de tener mayoría absoluta. Eso es algo
absolutamente incompatible con la democracia, mucho más incompatible con la democracia que cualquier otra cosa de la que podamos hablar. ¿Es una democracia de baja calidad que no se permita que haya comisiones de investigación con que lo pidan tres
grupos parlamentarios? Es incompatible, a nuestro juicio, con una democracia de calidad. ¿Hay que reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados en la línea que está planteando La Izquierda Plural, que también aquí el señor Azpiazu ha
planteado y que planteó hace quince días en una proposición de ley que se vio el día que se debieran de haber visto estas mociones? Pues, sí, ganaríamos mucho con un reglamento que permitiera una mayor, mejor y más ágil participación de los
miembros del Gobierno, que permitiera que el presidente fuera interpelado también directamente en la Cámara, que permitiera que el presidente tuviera que rendir cuentas si se lo pidiera una mayoría cualificada. Si, todo eso habría que incorporarlo,
a nuestro juicio, lo plantearemos en su momento, en el Reglamento. Si se incorporaran todas esas medidas de control democrático, tendríamos una democracia de más calidad.
Lo que de verdad es incompatible, a nuestro juicio, con una democracia del siglo XXI de Europa, de la que formamos parte, es que se nos prohíba el derecho a debatir. Eso es lo que es absolutamente incompatible, que se nos prohíba el derecho
a debatir porque se ejerce una mayoría de coacción, de control y de impedimento del ejercicio al que venimos obligados, porque somos también depositarios de los votos de los ciudadanos. Por eso, siendo muy importante el contenido de la moción que
ha defendido La Izquierda Plural, a la que el Grupo de Unión Progreso y Democracia va a votar favorablemente, es todavía más importante recordar las peripecias que han tenido ustedes que sufrir, y todos nosotros, para hacer algo que es normal en
cualquier Parlamento del mundo: traer una moción, traer una iniciativa y ejercer el control sobre el Ejecutivo, porque para eso nos pagan el sueldo los ciudadanos, para ejercer nuestra tarea de control del Ejecutivo, de control y también de
impulso, señores diputados del Grupo Popular: control e impulso, eso es la democracia. Ustedes tienen la legitimidad de origen, tienen mayoría
absoluta, pero esa legitimidad de la mayoría absoluta de origen no les da derecho a cercenar un derecho que tenemos todos los parlamentarios -ustedes también- de hacer nuestra tarea como diputados. Ustedes lo que han pretendido con su
obstruccionismo y con el apoyo de la Mesa es evitar que nosotros hagamos nuestra tarea y eso me parece gravísimo e -insisto- incompatible con la democracia, no con la democracia de calidad sino con la propia democracia. Y no me diga, señor
portavoz, que lo estoy haciendo ahora. Lo estoy haciendo ahora a pesar de ustedes, porque era insoportable ya desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista de sus propios votantes su negativa a que pudiéramos debatir. Lo estamos
haciendo ahora a pesar de ustedes, como tuvo que comparecer el presidente del Gobierno el 1 de agosto en el Senado a pesar de su pretensión de no comparecer.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tengo que recordarle el paso del tiempo.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: O sea que esta resistencia y este trabajo que nos dan evitan que trabajemos en aquello en lo que teníamos que trabajar para sacar al país adelante.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Desde Convergència i Unió celebramos que hoy, en este Pleno de la Cámara, tenga lugar lo que debe ser un debate ordinario en el Congreso de los Diputados. Se presentan interpelaciones urgentes y se tramitan las mociones consecuencia de esas
interpelaciones, siempre que guarden una congruencia con la interpelación previa. Esto es lo que hoy estamos realizando, es un ejercicio de normalidad democrática y por tanto queremos congratularnos de que esto sea posible y de que este debate y la
votación subsiguiente puedan hoy tener lugar.
Celebramos también, señor Centella, el conjunto de medidas que usted hoy nos propone en la moción del Grupo de La Izquierda Plural; un conjunto de medidas que creemos que van en la línea correcta, en la línea que ya acordó esta misma Cámara
a través de la aprobación de distintas propuestas de resolución, una línea directa a lo que debe ser más transparencia, frenar la corrupción, con mayores controles, con una reforma del Tribunal de Cuentas, sobre el que quiero recordar que ya en esta
legislatura hemos aumentado sus funciones de fiscalización con la reforma emprendida en la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos, en lo que debe ser -que compartimos, señor Centella- una regulación de los lobbies de forma similar a
como se realiza por el propio Parlamento Europeo. Por tanto, hay una hoja de ruta que compartimos y que vamos a votar favorablemente.
Hay dos aspectos de su moción que no van a recibir hoy el voto favorable de Convergència i Unió, sino que van a recibir un voto de abstención. Concretamente, en la medida en que ustedes piden que se cree una comisión de investigación, sabe
perfectamente cuál ha sido la posición que en esta Cámara ha defendido de forma reiterada Convergència i Unió sobre las comisiones de investigación cuando tenemos abierto un proceso judicial en paralelo. Está aquí el ministro de Justicia y como
ministro de Justicia sabe muy bien de qué forma una comisión de investigación en paralelo puede llegar a interferir en el proceso judicial. Lo hemos vivido incluso en precedentes en esta Cámara. No siempre es positivo y no siempre el Congreso de
los Diputados queda en buen lugar cuando se buscan esas investigaciones en paralelo, porque, ni para bien ni para mal, nosotros no somos un tribunal. Existen en ocasiones muchísimos prejuicios en cuanto a la labor investigadora, porque o bien se
quiere erosionar a un Gobierno o bien se le quiere defender, y lo que se intenta en una comisión de investigación debe ser siempre buscar la verdad de los hechos y para eso tenemos el Poder Judicial independiente. Por tanto, es mejor, si hay esa
investigación judicial, no crear en paralelo comisiones de investigación. Así lo recoge el reglamento de la Asamblea Nacional francesa, un ejemplo de país claramente democrático. Allí, cuando existe una investigación judicial sobre unos hechos, no
se crea una comisión investigación. Así está también en el Parlamento Europeo, donde si hay una investigación judicial no existe una comisión investigación. Por tanto, nos vamos a abstener en este punto concreto de la moción.
También nos vamos a abstener en el primer punto, tal y como destacaba también el portavoz del Grupo Vasco. No nos engañemos, señor Centella, el propósito del primer punto es claramente una reprobación encubierta al presidente del Gobierno.
Es legítimo querer plantearlo, porque no toda reprobación necesariamente es una moción de censura; una reprobación puede ser también una petición
de dimisión, y es constitucional y se puede instar a la misma, pero, nos engañemos, de forma elíptica si usted quiere, lo que se busca directamente es ese cuerpo a cuerpo con la permanencia o no del presidente del Gobierno al frente del
mismo. En un proceso que está judicializado, como está el caso Bárcenas, creemos que no debemos tampoco ser hoy aquí, el Congreso de los Diputados, los que pasemos a dirimir dónde está la verdad o dónde se ha faltado a la verdad. No tenemos esa
función de jueces de la averiguación final de la verdad de unos hechos que se van a dirimir también en un proceso judicial abierto. De ahí nuestra abstención, una abstención respetuosa, pero respetuosa también con la propia Administración de
Justicia, con el propio Poder Judicial, que está abriendo un procedimiento, donde hay unas pruebas testificales, y a partir del contraste de los testimonios de todo el proceso judicial, de las pruebas que se practiquen, llegará a una verdad y a un
esclarecimiento, como esperamos, de los hechos.
Esta es nuestra posición y queremos una vez más agradecer los puntos que nos planteaba La Izquierda Plural -termino ya, señor presidente- y de manera muy clara el punto relativo a que se reforme el Reglamento de la Cámara. Hay una reforma
pendiente del Reglamento de la Cámara. Un día en una legislatura unos tendrán mayoría absoluta y en otra quizá la tenga otro grupo. Tenga quien tenga la mayoría absoluta, sería bueno y positivo que en un futuro Reglamento de la Cámara una mayoría
absoluta no pudiera obstaculizar la facultad de un grupo de llevar los temas y debatirlos en el Pleno. La mayoría después provocará que se rechacen, pero no impedirá el debate. No puede ser que cada martes en la Junta de Portavoces haya grupos que
piden llevar a este Pleno la creación de una comisión de investigación o una determinada comparecencia y porque un solo grupo entiende que no debe realizarse esa comparecencia o no debe debatirse la creación de esa comisión...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor JANÉ I GUASCH:...finalmente no pueda llegar al Pleno. Este es uno de los aspectos que un nuevo Reglamento del Congreso podría ayudar a rectificar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martín Peré.
El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.
Señorías, justo hoy se cumplen dos semanas de unos hechos ocurridos aquí, en el Congreso de los Diputados, que tuvieron una amplia repercusión entre los ciudadanos, en los medios de comunicación y también en las redes sociales. El
espectáculo ofrecido, con una sucesión de parlamentarios expulsados del Pleno y otra sucesión de parlamentarios amonestados, solamente se puede tildar de dantesco y debemos prometernos que no deben volver a darse nunca jamás en esta Cámara los
acontecimientos que nos llevaron a esa situación. Cuando me refiero a que no deben volver a suceder me refiero a que no puede volver a permitirse que a los grupos parlamentarios de la oposición se les sustraiga el derecho a ejercer su labor de
control al Gobierno basándose en criterios partidistas del Reglamento, del mismo modo que tampoco puede volver a suceder que a los parlamentarios se les acote o se les limite el uso de la palabra basándose en criterios políticos y no
institucionales.
Señorías, debemos recordar que si es cierto que somos la imagen que proyectamos, la imagen o el retrato del Congreso de los Diputados que los ciudadanos pueden tener no debe corresponderse nunca con una trifulca entre parlamentarios en la
que se hacen alusiones, por ejemplo, a regiones de España que no vienen a cuento en el debate en cuestión. Así pues, la recuperación de la credibilidad necesaria de esta Cámara con el resto de los ciudadanos no solamente pasa por dotarla de mayor
transparencia, que también, sino que pasa por un ejercicio de decencia y de ética política por parte de todos los parlamentarios que la integramos. Así pues, señorías, hoy debatimos una moción de La Izquierda Plural que es absolutamente pertinente
y que vuelve a esta Cámara después del destierro al que la había sometido el Grupo Parlamentario Popular o, mejor dicho, la Mesa del Congreso.
Debemos decir que hay que felicitarse hoy, que hay que felicitar a la Mesa del Congreso por la rectificación operada, puesto que, evidentemente, como dice el aforismo, un error está al alcance de todos y todos... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Ruego un poco de silencio, es que, si no, no se puede oír al orador.
Continúe.
El señor MARTÍN PERÉ: Gracias, señor presidente.
Decía que, efectivamente, un error podemos cometerlo todos, pero que, como dice el aforismo, persistir en el error solo está permitido a los necios, y en consecuencia hay que celebrar esta rectificación.
El primer punto de la moción de La Izquierda Plural hace referencia concretamente a la intervención el pasado 1 de agosto del presidente del Gobierno ante la petición de todos los grupos, también del Grupo Parlamentario Popular, para que se
pronunciara por la supuesta financiación irregular del Partido Popular y el señor Bárcenas o el denominado caso Bárcenas. Pero no solamente hace mención a eso, sino que también se hace mención a la política de comunicación del Gobierno. Se hace
mención a las ruedas de prensa llevadas a cabo a través de la pantalla de televisores de plasma, a las que solo pueden acceder determinados periodistas. Se hace mención a ruedas de prensa en las que no están permitidas las preguntas a los
periodistas. Se hace mención a ruedas de prensa en las que, si están permitidas las preguntas a los periodistas, estas están previamente cocinadas con medios de comunicación afines, y en consecuencia se hace mención a la política de comunicación
del Gobierno.
Señorías, no sé si ustedes recuerdan la frase de Rooder Fifighti que hacía referencia a que cuando existe respeto por uno mismo y por los demás la comunicación es más fácil. En consecuencia yo me pregunto, qué poco respeto tiene el señor
Rajoy hacia sí mismo, qué poco respeto tiene el Partido Popular hacia sí mismo, qué poco respeto y qué poca confianza en lo que dicen, pero, sobre todo, qué poco respeto tienen hacia todos los españoles con esta política de comunicación.
El segundo punto de la moción de La Izquierda Plural me lleva a realizar un paralelismo en cierto modo entre el Grupo Parlamentario Popular y aquella frase de san Agustín en sus años mozos cuando solicitaba: Señor, dame castidad y dominio
de mí mismo, pero no me lo des ahora. Porque el Partido Popular dice estar de acuerdo en la reforma del Reglamento, pero cuando le solicitamos al Partido Popular que vuelva a convocar la ponencia constituida para la reforma del citado Reglamento no
parece escuchar nuestras peticiones, porque la misma única y exclusivamente se convocó para su constitución el pasado mes de abril y desde entonces no lo ha hecho. Es fundamental la reforma de los artículos 67, 68 y 203 del Reglamento para evitar
precisamente que se sustraiga a la oposición la capacidad de presentar iniciativas única y exclusivamente por motivos políticos, y no para que se suplante la mayoría por la minoría, como se dijo en mi opinión de manera muy poco acertada, sino para
impedir que un solo grupo parlamentario tenga el control sobre decisiones de estas características. En consecuencia, estamos de acuerdo también, señorías de La Izquierda Plural, con los apartados tercero y cuarto de la moción que plantean, porque
no en vano mi grupo parlamentario también ha propuesto iniciativas de corte muy similar.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, debe ir terminando.
El señor MARTÍN PERÉ: Voy terminando, señor presidente.
Votaremos por lo tanto a favor de todos los puntos de su moción.
Acabo ya mi intervención volviendo a hacer una mención que creo que también es pertinente a la vida de san Agustín destinada al Partido Popular, y es que el Partido Popular es pecador en materia de transparencia, es pecador en materia de
financiación de su propio partido, pero quizá, votando a favor de esta iniciativa, de esta moción y de la moción que después presenta el Grupo Parlamentario Socialista, puede hacerse un santo, como le sucedió a san Agustín.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que mi grupo esperaba que el debate de esta moción se hubiese sustanciado con un tono mucho más positivo y mucho más constructivo, porque todos deberíamos estar
de acuerdo en que no hay nada más despreciable para la política y para el propio sistema que los casos de corrupción, que han generado un clima de preocupación social al que debemos dar una contundente respuesta política y jurídica. Sin embargo,
usted, señor Centella, en vez de buscar el acuerdo sobre la base de la propuesta, ha subido a esta tribuna a reproducir el mismo discurso de semanas atrás, las mismas descalificaciones, los mismos juicios de valor interesados, como si la continua
repetición de los mismos les fuese a dar mayor fuerza o valor.
Siguen concediendo valor probatorio a todas sus acusaciones arrogándose en exclusiva el patrimonio de la verdad. Parece que solo les preocupa que de la conjetura o la denuncia nazca un titular, sin
importarles lo más mínimo ni la prueba ni la solidez de sus argumentos. Todo vale con tal de intentar desgastar a un Gobierno elegido mayoritariamente por los ciudadanos y para ello nada mejor que intentar hacer aquí un juicio paralelo
configurando unilateralmente la prueba y dictando una sentencia condenatoria anticipada, aunque con ello violenten los más elementales principios del Estado de derecho. (Aplausos). ¡Esa es la forma que tienen ustedes de regenerar la democracia!
¡Es esa la forma que tienen ustedes de regenerar la democracia y fortalecer las instituciones!
No esperaba que respetaran al presidente del Gobierno, porque ya sabíamos de antemano que, dijese lo que dijese, sus explicaciones les resultarían insuficientes, simplemente porque no coincidían con sus intereses políticos, por lo que era de
esperar que después realizasen interpretaciones sesgadas y tergiversadas de sus palabras con tal de intentar menoscabar la imagen de una de las personas más justas y más íntegras que he conocido yo en mi vida política. (Varios señores diputados:
¡Bueno!- Aplausos). Sí, sí, señorías, sí. Lo que esperaba es que al menos respetasen la actuación de la justicia, porque no deberían olvidar que si este tema está siendo investigado por la Audiencia Nacional, es porque ustedes así lo han querido,
y lo mínimo que habría que pedirles es que no sacasen conclusiones antes de tiempo sin una sola resolución judicial que las sostenga. No teman tanto la acción de la justicia -aunque ya sabemos cómo reaccionan algunos cuando los autos judiciales no
les gustan-, porque la justicia en un Estado de derecho es la garantía del esclarecimiento de la verdad; eso sí, la verdad basada en la prueba y en la ley, que no siempre coinciden con los deseos u opiniones de algunos ni desde luego con los
intereses políticos de otros. (Aplausos).
Nos acusan de impedir debates incómodos para el Gobierno. ¿Pero qué cree que estamos haciendo aquí esta tarde? Otra cosa es que, como en todo Parlamento, haya normas y unos procedimientos que la Mesa tiene la obligación de cumplir, así que
no generen polémicas artificiales, porque, digan lo que digan, estas mociones se están aquí debatiendo sencillamente porque ustedes han tenido que reformularlas. Nos acusan de no haber dado ningún paso para mejorar el funcionamiento de esta Cámara
ni haber adoptado medidas en favor de la regeneración democrática. Me imagino que no hablará usted en serio, señor Centella. La ponencia de Reglamento ya está constituida y sin duda hay mucho de qué hablar, pero entenderá que ni los tiempos los
marcan ustedes unilateralmente, ni el debate puede girar exclusivamente en iniciativas dirigidas a que las minorías decidan las comparecencias en esta Cámara, rompiendo así con el principio de mayoría que rige en todos los países democráticos del
mundo. (Aplausos). Curiosa manera de entender la democracia parlamentaria, señorías, curiosa manera.
Como tampoco le puedo aceptar que diga que no se ha hecho nada para combatir la corrupción. ¿Y qué creen que es por ejemplo la ley de transparencia? ¿Es que todavía no son conscientes de que la ley de transparencia va a ser uno de los
mejores antídotos para prevenir prácticas irregulares? Yo creo que sí, que son plenamente conscientes de ello, pero les resulta muy difícil explicar que ustedes que se suben aquí todas las semanas pidiendo más transparencia al final hayan terminado
votando en contra de la ley que va a hacerla posible. (Aplausos). Ese es su problema.
Nos proponen una comisión para investigar la financiación de los partidos. El día que quieran hablamos de esa singular forma de financiación que consiste en pedir créditos a los bancos y luego no pagarlos (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!), consiguiendo la condonación de la deuda (Aplausos), algo en lo que algunos de los partidos han sido expertos en el pasado. Mientras tanto les recuerdo que la fiscalización de los partidos corresponde al Tribunal de Cuentas y todos debemos
someternos a la Ley de Financiación de Partidos, que, por cierto, hemos reformado por consenso en esta legislatura estableciendo unas limitaciones y unos controles mucho más severos. Y si hay que adoptar una nueva medida en ese sentido, hagámoslo,
pero no vengan dando lecciones porque, en los dos últimos ejercicios que ha examinado, el tribunal no ha podido fiscalizar la totalidad de sus cuentas. ¿Sabe usted por qué? Porque algunas de esas federaciones ni siquiera las han presentado
(Protestas.-Aplausos), así que en este tema por favor tengan un poquito más de pudor.
Termino. Mi grupo les propone un camino mucho más positivo. Si la corrupción es una lacra que daña la credibilidad de la política, no utilicemos los casos de corrupción como un arma política solo de unos contra otros, sino que deben
servirnos para que reflexionemos, para que reaccionemos, para que nos unamos y logremos un acuerdo en las propuestas legislativas que sean mejores, las más útiles, las más contundentes para prevenir, combatir, castigar y desterrar los casos de
corrupción de la vida pública. El Gobierno ha presentado un ambicioso plan de regeneración democrática en una ofensiva jurídica y legislativa sin precedentes en la lucha contra la corrupción. Otros grupos de esta Cámara también han formulado sus
propuestas. Debatamos todas ellas e intentemos buscar y lograr el acuerdo que los
ciudadanos nos están reclamando. Algunos piensan ahí fuera que los políticos que estamos en esta Cámara no seremos capaces de alcanzar dicho acuerdo. Pongamos todos el máximo empeño y la mejor voluntad para demostrarles que están
equivocados y consigamos que esta legislatura no sea solo la de la recuperación económica, sino que sea también la de la regeneración democrática.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señor Centella, a esta moción se le ha presentado una enmienda. ¿Qué me dice usted?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Simplemente quería decir que, aunque compartimos la enmienda, se ha pedido votación separada. Por tanto, ante esa contradicción, nos decantamos por aceptar la votación separada y ese es el motivo de que no podamos
aceptar la enmienda que se nos ha presentado.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE EL PARLAMENTO. (Número de expediente 173/000109).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista al presidente del Gobierno sobre la política general del Gobierno en materia de rendición de cuentas ante el Parlamento. Para su defensa tiene la palabra la señora Rodríguez Ramos.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Presidente, señorías, es de suma importancia que los miembros del Gabinete den información precisa y veraz al Parlamento corrigiendo en la primera oportunidad cualquier error inadvertido. Los ministros que
engañen a sabiendas al Parlamento deberán presentar su dimisión. Señorías, esta es la cuestión. ¿Está este Parlamento en condiciones de ratificar este principio del parlamentarismo británico? Les acabo de leer una de las reglas de comportamiento
que deben seguir los ministros de la Corona en el llamado código ministerial del Gobierno británico. Esta regla no es, por lo demás, ajena a los sistemas parlamentarios en los que la responsabilidad política y la rendición de cuentas del Gobierno
ante el Parlamento se hace desde la presunción de que el Gobierno no puede faltar a la verdad ante la Cámara y que si lo hace se le exigirá por la Cámara la responsabilidad política por la mentira. De esto hablábamos en la interpelación
parlamentaria, de las mentiras del presidente, y de esto habla la moción que hoy sometemos a debate y consideración.
Como señalamos en la moción que hoy presentamos, el presidente del Gobierno, en el Pleno del 1 de agosto de 2013, mintió en sede parlamentaria. (Varios señores diputados: ¡No!-Otros señores diputados: ¡Sí!). Mintió cuando afirmó que solo
había mantenido la confianza en su extesorero hasta que se conocieron las cuentas en Suiza. Sus propios sms le desmienten. Mintió cuando dijo que cuando llegó a la Presidencia del Gobierno en noviembre de 2011 Bárcenas no estaba en su partido.
Estaba, era trabajador por cuenta ajena. Y mintió cuando dijo que desde hacía tres años Bárcenas no estaba en el partido, no tenía responsabilidad política, no era militante. Era militante, como mínimo hasta diciembre de 2011, cuando pagó la
cuota. (Aplausos). Mintió igualmente el pasado 11 de septiembre a preguntas parlamentarias sobre la declaración en sede judicial de la secretaria general de su partido. Pero, señorías, estas mentiras del presidente se hacen para intentar eludir
su implicación en uno de los más graves asuntos que se están investigando en estos momentos en sede judicial, la presunta financiación ilegal del Partido Popular... (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Ruego silencio. Quiero que se escuche a la oradora. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).
La señora RODRÍGUEZ RAMOS:...la presunta financiación ilegal durante más de veinte años del Partido Popular, con la que presuntamente han estado financiando campañas electorales (Rumores), saltándose los topes legales de financiación de las
mismas, donde, presuntamente, con esa financiación, han estado cobrando sueldos o sobresueldos altos dirigentes del Partido Popular e incluso, según algunas informaciones, han seguido cobrando cuando estos altos dirigentes eran miembros del
Gobierno, situación que presuntamente puede implicar también personalmente al presidente del Gobierno. (Rumores). Por
todo ello, para eludir esta responsabilidad, el presidente del Gobierno faltó a la verdad. Lo saben todos los miembros de esta Cámara, lo saben todos los ciudadanos cuando conocieron los sms que se publicaron y cuando hemos ido conociendo
informaciones, documentos y la declaración de la propia secretaria general del partido, del suyo, señorías. (Rumores).
Señorías, hoy además en esta moción que estoy defendiendo puedo sospechar que el propio Gobierno también cree que el presidente no dijo la verdad. Señorías, tengo aquí (Muestra un documento) el boletín del Congreso de los Diputados de la
pasada interpelación. El presidente del Gobierno no vino, lo saben ustedes; vino la vicepresidenta a defenderle, a defender la interpelación. (Rumores). La he leído varias veces. La vicepresidenta del Gobierno hizo un ejercicio de retórica
parlamentaria importante para estar quince minutos hablando sin entrar en el fondo de la cuestión. Habló del G-20, del FMI, de mi grupo, del presidente de mi grupo; habló de ella misma, por cierto, para autoalabarse el trabajo que hacía como
vicepresidenta -ya debe estar necesitada ella de reconocimiento (Risas.-Rumores), pero ni una sola palabra -hoy se lo hemos escuchado al secretario general del PP, que ha hablado de la honorabilidad del presidente- para defender la honorabilidad del
presidente, ni una sola frase en la que diga que el presidente no mintió, ni una sola frase para defender la financiación legal de su partido, del suyo, del Partido Popular. (Aplausos).
Por tanto, señorías, el presidente mintió en sede parlamentaria y, para encubrir su mentira, ustedes, el Partido Popular, la mayoría del Partido Popular en esta Cámara, han puesto todo tipo de dificultades y obstáculos para que hoy
pudiéramos estar debatiendo y votando esta moción, para encubrir la mentira. En el debate de la interpelación parlamentaria recordé que no había sido fácil, que hicieron falta tres intentos de presentación de la interpelación. Defender la moción
tampoco lo ha sido. No correspondía a este Pleno estar debatiendo hoy la moción, lo deberíamos haber hecho hace dos semanas. Todos sus intentos de vetar, de impedir que estuviéramos hablando en sede parlamentaria, de que votemos sobre las mentiras
del presidente, tienen el objetivo de desgastar nuestro ánimo -no lo van a conseguir- y de pensar que con el tiempo las responsabilidades sobre el caso Bárcenas se van a diluir. No van ustedes a conseguir ninguna de esas dos cosas. En el debate de
la interpelación recordé que el presidente del Gobierno no va a poder escapar a su responsabilidad. Recuerden. No comparecerá el presidente del Gobierno para hablar de Bárcenas en el Congreso. Compareció. No habrá interpelación al presidente del
Gobierno sobre sus mentiras en sede parlamentaria. La debatimos. No se votará una moción sobre las mentiras del presidente. Hoy la votamos, señorías. (Aplausos). Pero tampoco van ustedes a evitar que el caso Bárcenas y su sombra de corrupción
acompañen al presidente del Gobierno allí donde vaya, a Nueva York, allí también le acompaña, como vimos en el intento triste y fallido de Moncloa de mutilar una entrevista parlamentaria en un medio de comunicación estadounidense cuando le
preguntaron, ¡cómo no!, sobre Bárcenas y su relación personal y política con el extesorero que está en la cárcel. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: La moción que hoy sometemos a votación pretende, por tanto, afirmar el principio fundamental del parlamentarismo de que el Gobierno debe comparecer con verdad y con transparencia. La alternativa es muy sencilla.
O afirmamos la vigencia de este principio o tenemos que ratificar la teoría del presidente del Gobierno, como dijo también en esta Cámara a una pregunta parlamentaria: ¿cree usted que un presidente que mienta debe dimitir? Y él dijo: no, no hay
ninguna responsabilidad.
Acabo mi intervención como empecé, con una frase del parlamentarismo británico (Rumores), diciéndoles antes, señorías, que aunque ustedes voten en contra de esta moción su teoría de que no hay ninguna responsabilidad por mentir en sede
parlamentaria no va a encontrar ni un ápice de legitimidad.
Finalizo, presidente. Finalizo con una frase que el parlamentario Robin Cook dijo en febrero de 1996 (Protestas) en un famoso informe sobre la venta de armas de empresas británicas en Irak. Dijo lo siguiente: no habrá arrepentimiento...
(El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, le ruego silencio. Si no, le llamaré al orden. (Risas). Continúe.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Están nerviosos, presidente. Se ponen nerviosísimos. (Risas). Tranquilos, no se pongan...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, acabe usted ya con esa frase porque no tiene tiempo para más.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ... nerviosos, que yo ya concluyo, en cuanto ustedes me dejen.
Decía esta frase: no habrá arrepentimientos ni dimisiones. Este no es solo un Gobierno que no sabe cómo asumir la responsabilidad, sino que es un Gobierno que no conoce la vergüenza. Señorías, este Gobierno no es que no sepa, es que no
quiere asumir ninguna responsabilidad, ni esta ni ninguna otra, por lo tanto, ha perdido la vergüenza. Por eso les pido que voten esta moción para exigir la responsabilidad a un presidente del Gobierno que no quiere asumirla, y recuperemos también
así el mejor principio de la dignidad del parlamentarismo español.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
No se han presentado enmiendas a esta moción. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, manifestamos la posición favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta moción del Grupo Socialista y aprovechamos también para manifestar nuestro apoyo a la moción que sobre este mismo asunto defendió La Izquierda Plural.
Señorías del Grupo Popular, las explicaciones que dio el presidente del Gobierno el día 1 de agosto no nos satisficieron a ninguno, no por casualidad, simplemente porque no respondió a ninguna de las preguntas que se le hicieron y ni si quiera
respondió a aquellas cuestiones en las que era notorio que estaba mintiendo, como el tema de los SMS al señor Bárcenas, o lo que se desprende de las declaraciones posteriores el día 1 de la señora Cospedal ante el juez Ruz. Señorías. Las mentiras
del presidente del Gobierno o de miembros del Gobierno de Mariano Rajoy han sido notorias en esta Cámara porque la vicepresidenta cuando responde a la interpelación en la que se sustentan estas mociones también lo hizo. Luego estamos hablando de
una necesidad de regeneración democrática en la Cámara, en la que no puede admitirse que miembros del Gobierno mientan como se está haciendo. Por supuesto, y finalizo, señor presidente, no es cuestión de que pretendamos en la oposición interferir
en un proceso judicial; no, aquí no estamos interfiriendo en un proceso judicial, aquí estamos pidiendo responsabilidades políticas, las responsabilidades políticas que el Gobierno no quiere asumir ante los ciudadanos, que es aquí justamente donde
debería asumirlas.
Señorías, a lo mejor nos gustaría saber, dicho por el presidente Mariano Rajoy, que algunas cosas son verdad, porque parece que del todo hay algunas cosas que son verdad; por lo menos que nos diga cuáles son verdad y a lo mejor ahí
podríamos aclarar muchas cosas, no vaya a ser que al no decirlas la responsabilidad política sea mucho más grave de lo que en este momento consideramos que es.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señor Bermúdez, usted nos pedía usar un tono positivo en esta moción y vamos a usar un tono positivo. Imagínense ustedes, señorías del Partido Popular, que no tienen mayoría absoluta. Eso es positivo. ¿Se lo pueden imaginar? ¿No? Es
imaginable. Imaginen que no tienen mayoría absoluta: no podrían vetar todo lo que están vetando, como estas mociones que intentaron impedir o muchas otras cosas que hemos discutido hoy y otros días anteriores; no podrían impedir que se formaran
Comisiones de investigación en asuntos serios; no podrían mantener inmune al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando está claro que miente en sede parlamentaria; no podrían mantener inmune al presidente del Gobierno cuando dice que no hay
pruebas de algo, cuando está claramente demostrado que sí hay pruebas e incluso la secretaria general del Partido Popular lo admite; no podrían hacer eso tampoco; no podrían mantener con total impunidad el nivel de corrupción que campa a sus
anchas en este Estado, y el señor Rajoy no seguiría en el cargo, habría dimitido, si ustedes no tuvieran mayoría absoluta.
Esa es una manera de mirar positivamente la realidad que nos circunda. Podría ser distinto. Todo podría ser más limpio, más transparente, más plural. La mayoría absoluta del PP es la gran desgracia de este reino que huele a podrido. Eso
afecta a la gente, la gente que está harta de ladrones. Eso a afecta también a los políticos honestos, en todos los partidos, en el Partido Popular también, la mayoría, sin
duda. Les afecta, pues salgan ustedes y denuncien la podredumbre. Les afecta a ustedes más que a nadie, porque esta mayoría absoluta y esta impunidad tapa una olla a presión llena de putrefacción. Actúen, salgan, sean honestos, sálvense,
aunque sea para salvarse a ustedes mismos, porque esta mayoría acabará siendo su perdición y su defunción política.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, intervengo con brevedad porque de este tema hemos hablado ya bastante esta tarde, y además no quisiera repetir innecesariamente lo argumentado ya en la moción anterior y lo mucho que se ha dicho
ya por parte de otros grupos en esta Cámara. Desde el principio el Grupo Parlamentario Vasco solicitó que el presidente del Gobierno compareciera en la Cámara para ofrecer cumplidas explicaciones sobre el caso Bárcenas, sobre la financiación del
Partido Popular, etcétera. Queríamos además que entrara al fondo de la cuestión sin escudarse en la mayoría absoluta del Grupo Popular ni en la mayoría de la Mesa para evitar dar las explicaciones. Por tanto, desde este punto de vista, no hay
ninguna duda. Ahora el asunto está en los juzgados y veremos cómo discurre, aunque sería deseable la mayor transparencia y explicaciones al respecto por parte del Gobierno. Los ciudadanos se lo merecen, nos lo exigen, se lo exigen, señores del
Partido Popular. Es difícil ver y entender a algunos políticos -pocos, pero que hacen mucho ruido y mucho mal a la actividad política y a la propia democracia- que están entrampados en asuntos de corrupción -Gürtel, Malaya, Bárcenas, los ERE,
etcétera- y también a otros personajes, incluso del mundo financiero, que han llenado sus bolsillos mientras nos llevaban hacia el abismo de la crisis, al mismo tiempo que el paro, la pobreza y la precarización no dejaban de aumentar. La crisis, la
ética y la solidaridad merecen una respuesta contundente. Si queremos recuperar el prestigio de la política y de los políticos, debemos hacerlo, dar explicaciones y sobre todo dar ejemplo.
Por todo lo argumentado, nuestro grupo votará favorablemente la mayoría de los puntos que incluye la moción, el 1, 2, 3, 4 y 6, aunque nos abstendremos en el punto 5. Así pues, solicitamos al Grupo Socialista y a la Mesa la votación
separada de estos puntos. Creemos que el Gobierno debe dar explicaciones a la Cámara y además debe decir la verdad y si no lo hiciera, si faltara a la verdad, se le deberían exigir todas las responsabilidades políticas. Consideramos, al igual que
el Grupo Socialista, que la mentira en sede parlamentaria afecta al nivel y a la calidad de las propias instituciones democráticas y que ello es especialmente grave si el que incurre en falsedad es el presidente del Gobierno, depositario,
efectivamente, de la confianza de esta Cámara.
Sin embargo, de manera similar a lo que hemos planteado en la moción anterior, no queremos aventurar ni prejuzgar la existencia de mentiras o no verdades en la comparecencia del presidente; queremos dar un margen de confianza que merece
todo proceso judicial en curso. Los jueces están trabajando y veremos qué es lo que dicen al final. Si de la sentencia desde luego se deriva que existieron falsedades o mentiras por parte del presidente del Gobierno, sería el momento de exigir con
la mayor contundencia la asunción de las responsabilidades políticas. No quisiéramos, por tanto, frivolizar con la política ni hacer política a golpe de titular. Ello no ha de entenderse como un síntoma de debilidad, sino todo lo contrario, de
seriedad y de contundencia. Si se demuestra que mintió, exigiremos responsabilidades sin demora y sin paliativos. Mientras tanto, es mejor esperar a que los jueces se pronuncien al respecto, aunque, eso sí, sería deseable que lo hicieran lo antes
posible.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
El portavoz del Grupo Popular en la moción anterior nos recriminaba que el debate no estuviera siendo un debate positivo, así como que hubiéramos tomado decisiones y hubiéramos juzgado y sentenciado sin basarnos en pruebas. Era el portavoz
del Grupo Popular el que planteaba un debate en términos jurídicos de lo que es un debate político. Yo quiero decirles, señores del Grupo Popular -se lo digo al resto de la Cámara-, que mi grupo no quiere sustituir a los tribunales ni nos
corresponde hacerlo. Para nosotros el caso Bárcenas es un caso de los tribunales de Justicia, un caso que tiene su correlato, que tendrá su conclusión de carácter penal, pero que no compete a esta Cámara; ahora bien, el caso Rajoy sí, la
responsabilidad del Gobierno y del
presidente del Gobierno, nuestra reclamación de que asuma responsabilidades políticas al margen de las responsabilidades penales, si las hay o no las hay. Nosotros no venimos aquí a pedir al Grupo Popular, ni mucho menos al presidente del
Gobierno o al Gobierno, que asuma responsabilidades penales. No es nuestra tarea, no nos corresponde, pero no desvíen ustedes la atención. Por eso de que no es nuestra tarea eso no lo hacemos, pero exigimos que asuma responsabilidades políticas,
que es a eso a lo que ustedes se escapan, que es de eso de lo que se escapa el Gobierno, que es de eso de lo que se quiere escapar el Grupo Popular, de la necesidad de asumir responsabilidades políticas en esta Cámara y ante todos los ciudadanos
españoles sobre lo que está probado políticamente. Por eso les digo que no es el caso Bárcenas sobre lo que hoy estamos hablando, sobre lo que venimos hablando desgraciadamente durante mucho tiempo, intentando que ustedes permitan, o que se libren
de la presión del Gobierno o que influyan en el Gobierno, que el Gobierno venga aquí a asumir responsabilidades políticas, que es lo que corresponde.
Una cuestión era esa, la de separar las responsabilidades penales de las responsabilidades políticas y la otra es la de tener un debate positivo. Fíjense lo que les voy a decir y voy a ser positiva; más que positiva voy a ser optimista
respecto de esta cuestión que nos ocupa hoy. Los problemas que tenemos de la alergia del presidente del Gobierno y del Gobierno a comparecer en el Parlamento y a asumir responsabilidades políticas nos los va a resolver su agenda internacional. La
agenda internacional del presidente del Gobierno nos va a resolver esos problemas de alergia que tiene, porque todo esto era para que viniera y no está. Era para que viniera y explicara; y aquí no explica. Pero, como viaja y hemos visto las
últimas cosas que ha dicho en los viajes, mira por donde en España nos vamos a enterar gracias a lo que dice fuera de lo que no quiere decir aquí. Aquí con los periodistas habla a través del plasma, pero cuando va por ahí da entrevistas. En una
televisión en Nueva York ha dicho algunas cosas que son bien interesantes. Por ejemplo, en respuesta a una pregunta sobre la financiación ilegal el presidente del Gobierno dijo textualmente: hay cosas que no se pueden demostrar. Aquí el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular nos ha dicho: toman ustedes las decisiones sin basarse en la prueba. Ya le he explicado que no estamos hablando de pruebas de carácter penal, que se sustancian ante los tribunales, pero por si acaso parece que en su
partido algunos se dan mucha prisa en destruir las pruebas penales, que puedan afectar a quien puedan.
En esa misma entrevista un periodista le preguntó al presidente si era verdad que se habían destruido pruebas y le citó los ordenadores. El presidente contestó: No sé si los hubo -ordenadores-, si los ha habido o si alguien los destruyó.
No sé absolutamente nada. -Cierro la cita-. Repitiendo a Sócrates, solo sé que no sé nada. Es lo que les vino a decir a los periodistas de Bloomberg. Para mí es una cosa positiva. Aquí habla con el teletexto o a través de la televisión y va a
Estados Unidos y allí hace entrevistas. Está bien. También es muy positiva la otra parte de la agenda internacional. Gracias a que ha ido a Japón el presidente del Gobierno ha reconocido -incluso ha presumido de ello ante los empresarios y
autoridades japonesas- que en España se rebajan los salarios. Como le dure un par de días más el viaje a Japón termina reconociendo la financiación ilegal y los sobresueldos a los ministros. Un par de días más de agenda pública y tenemos resuelta
la inmensa mayoría de los problemas que en España no conseguimos que se resuelvan desde el punto de vista de la explicación del Gobierno.
Señores portavoces del Grupo Popular, distingan ustedes lo que les pedimos los grupos de la oposición y, desde luego, el Grupo de Unión Progreso y Democracia. No juzgamos al presidente del Gobierno ni a su grupo parlamentario por las
cuestiones que han de dirimirse o no en los tribunales de justicia. Queremos juzgar al presidente del Gobierno por su responsabilidad política de la que tiene que responder ante esta Cámara; y el presidente del Gobierno se niega a responder y a
asumir su responsabilidad política ante esta Cámara. No, no lo ha hecho. Ha ido a trancas y barrancas -como se diría en términos coloquiales- al Parlamento después de mucha insistencia, porque no le ha quedado otro remedio. Ha ido y no ha dicho
verdad. No verdad penal o jurídica, sino que no ha dicho verdad sobre temas que estaban probados y que se sabía que no eran ciertos cuando el presidente del Gobierno los estaba diciendo.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que acabar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Por tanto, asuman su responsabilidad política y no la tapen con la responsabilidad penal. No sé si la habrá o no la habrá, pero en todo caso no nos compete. No me compete ni le compete a esta Cámara la
responsabilidad penal. La política sí, y les exigimos que la asuman ustedes.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Bermúdez de Castro, era previsible que nos pareciesen insuficientes las explicaciones del presidente. Pero ese no es el caso, es que nos parecen mentira. El presidente del Gobierno, el señor Rajoy, dijo que el señor Bárcenas no
militaba en el Partido Popular y hemos demostrado que sí militaba. Dijo que no tenía ninguna relación con el Partido Popular y hemos demostrado que cobraba del Partido Popular, y esa es una relación. Estaba en nómina -por cierto, con un sueldo más
alto que el suyo- en el Partido Popular. Frente a eso usted no ha dicho nada. Usted no demuestra que nuestras afirmaciones sean mentira porque no lo puede demostrar. Ese es el problema. Si es verdad que el señor Bárcenas era militante del
Partido Popular en diciembre de 2011 y cobraba del Partido Popular en 2013, el presidente mintió y eso no se puede votar. Eso ustedes no lo pueden votar, porque la verdad no se vota y eso es lo que hoy aquí no ha demostrado. Usted no ha demostrado
que eso sea mentira, porque no lo puede demostrar. Usted no ha traído aquí la baja del señor Barcenas con fecha anterior a 2011, ni tampoco ha traído aquí el finiquito del señor Bárcenas con anterioridad a 2013. Queda demostrado que el señor Rajoy
mintió en sede parlamentaria. Eso es reprobable y no lo pueden ocultar.
Lo que estamos debatiendo es si ese es un comportamiento reprobable de un presidente del Gobierno. Es evidente que es algo muy grave, lo dijimos en la interpelación, que el presidente del Gobierno tenga menos credibilidad que un señor que
está en la cárcel. No lo dice nuestro grupo, lo dicen la mayoría de los ciudadanos españoles. Eso es muy grave y tendrían que pensar por qué tiene menos credibilidad el presidente del Gobierno que un señor que está en la cárcel acusado de
corrupción. No quiera decir que tenemos capacidad para convencer a la mayoría de los españoles, según dicen todas las encuestas. Ese es el tema que estamos debatiendo hoy aquí, un tema que ustedes han intentado que no se debata en esta Cámara y es
evidente que no lo han conseguido ni lo van a conseguir, porque vamos a seguir hablando del caso Bárcenas, del caso del Partido Popular y del caso Rajoy, porque un presidente que está en el Gobierno, entre otras cosas porque hay un financiación
presuntamente irregular que ha financiado campañas electorales, tiene que dar cuenta de ello. Mientras tanto, todo lo que ustedes prometan de cambios no tiene credibilidad. A partir de ahí ustedes intentan sembrar la duda sobre todos los demás
grupos, pero tampoco tienen ninguna credibilidad porque nuestro grupo es el primero que está dispuesto a que se investigue nuestra financiación. Esa es la demostración de que no tenemos nada que ocultar... (Rumores). Ustedes sí tendrán que
ocultar porque ustedes no quieren que se haga la Comisión. Nosotros no tenemos ningún miedo. Ustedes sí lo tienen. Ustedes hoy aquí van a votar en contra de que se investigue a todos los partidos porque no quieren que se investigue al suyo.
Nosotros vamos a votar a favor de que se investigue también a la Izquierda Plural porque creemos que se nos puede investigar. Ustedes dirán por qué no quieren que se les investigue. Qué miedo tienen a que les investiguen. Nosotros, ninguno. Esa
es la realidad de lo que hoy aquí vamos a votar, que ustedes hoy aquí se amparan en su mayoría absoluta parlamentaria, que no electoral -ese es otro debate-, ustedes se amparan en que tienen los votos suficientes para tapar al señor Rajoy, pero no
se pueden amparar en la verdad. Eso es lo peor que puede pasar en un debate parlamentario, que un grupo político no pueda defender la verdad frente a acusaciones demostradas en esta Cámara y fuera de ella.
A partir de ahí, hoy aquí tenemos un debate que también tiene mucho que ver con la forma, un debate que tiene que ver con una forma de entender la democracia en la cual se entiende que la democracia se basa solo en votar, y a partir de ahí
este Parlamento no tiene que saber nada de lo que pase fuera de él, además con unas reglas trucadas para que los grupos políticos sean sustituidos por la Mesa del Parlamento. Usted dice que los tiempos no los marca nuestro grupo. No pretendemos,
pero sus tiempos son aquellos que alargan, meses y meses, sin reunir una ponencia, porque no quieren que se reúna. Una ponencia que, repito, lleva meses sin una sola reunión porque ustedes no quieren que se cambie ese Reglamento. Ustedes pretenden
seguir bloqueando los debates, ustedes quieren seguir convirtiendo la Mesa y la Junta de Portavoces en un bloqueo de la actividad parlamentaria, pero no lo van a conseguir. Dijimos que se debatía y se ha debatido, que se iba a votar y se ha votado.
A partir de ahora se abre una nueva etapa en la que ustedes tendrán que explicar por qué no quieren que se les investigue. Nosotros no tenemos ningún problema, se lo repito, pero ustedes hoy aquí sí van a impedir que se investigue. También van a
tapar las mentiras del presidente pero, repito -con esto termino, señor presidente-, la mentira es mentira y por mucho que ustedes voten en contra no la van a hacer verdad. El presidente del Gobierno mintió en sede parlamentaria y eso hoy la
mayoría de los españoles lo saben y lo seguirán sabiendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Desde Convergència i Unió afrontamos el debate de hoy de forma similar a la intervención que nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, dirigía el pasado 1 de agosto al presidente Rajoy. Recordemos el 'Diario de Sesiones'. Decía el señor
Duran entonces: Los ciudadanos tienen derecho a saber la verdad. Si usted -dirigiéndose al presidente Rajoy- no dice la verdad, si usted desmiente algo que el día de mañana se pueda probar como cierto, ya sabe cuáles son las consecuencias de
mentir en sede parlamentaria. Esas eran palabras de Convergència i Unió el pasado 1 de agosto. Necesitamos que se diga la verdad en esta Cámara, en sede parlamentaria, y esa verdad es más necesaria cuando quien pronuncia ciertas palabras es un
miembro del Gobierno o su presidente. Seguimos pensando lo mismo. De ahí que vayamos a compartir la mayoría de los puntos que hoy se nos plantean desde el Grupo Socialista, porque son obviedades: ni se puede ni se debe mentir en esta Cámara;
quien pudiera mentir debe asumir responsabilidades por ello.
Esa redacción es idéntica a la propia posición que Duran i Lleida plasmó, en nombre de Convergència i Unió, el pasado 1 de agosto en el Pleno de esta Cámara. Por tanto, hay una coincidencia absoluta en el planteamiento: la mentira en sede
parlamentaria -más si es por parte de un Gobierno- tiene consecuencias políticas para quien mienta como es la exigencia de una dimisión, tal y como se nos recordaba que figura incluso en los protocolos democráticos y parlamentarios de otros países.
De ahí que para Convergència i Unió lo que se nos plantea sea una obviedad.
También en aquel debate el portavoz de Convergència i Unió afirmaba: Reitero que hay unas sombras de sospecha que usted, señor presidente, debe desmentir de manera contundente para que podamos creerle. Estamos también en el mismo punto.
Si hay sombras de sospecha, el presidente debe comparecer, debe esclarecerlas, debe aportar la máxima transparencia en sede parlamentaria. Esta es la posición de Convergència i Unió. Y de manera idéntica a la que defendía en nombre del Grupo Vasco
el señor Azpiazu, entendemos que hay un punto en esta moción que da un salto hacia delante más allá de los hechos que hoy entiende Convergència i Unió que podemos considerar probados y verídicos; hay un salto hacia delante cuando se viene ya hoy
aquí -y es legítimo hacerlo, pero nosotros no lo compartimos- con la exigencia de una responsabilidad política que no podría ser otra que la propia dimisión, cuando entendemos que para llegar a un punto de tal trascendencia en un régimen
parlamentario debe haber un mayor debate, una mayor transparencia; debe existir -y esa es la posición de Convergència i Unió- una rotundidad en la apreciación de si se ha mentido o no, debe haber una constatación que, como decía el señor Azpiazu,
forma parte también de un proceso judicial abierto que esperemos que con prontitud emita la adecuada sentencia de acuerdo con los hechos que se consideren probados. Entendemos también que existe en esta Cámara un déficit de control democrático al
presidente del Gobierno que sería necesario poder solventar en la futura reforma del Reglamento de la Cámara.
Una última reflexión. En pasadas legislaturas la mayoría de grupos de esta Cámara -el Grupo Popular, el Grupo Socialista y el resto de grupos parlamentarios; los dos mayoritarios, pero el conjunto de grupos- habíamos apoyado una propuesta
de reforma del Reglamento en la que se incorporaba un cupo para que los grupos, a lo largo de los dos periodos de sesiones anuales que tiene esta Cámara, pudiesen interpelar al presidente del Gobierno, y todos estábamos de acuerdo en que eso era
posible y conveniente. Ese es un déficit que tenemos en esta Cámara. No podemos llegar a presentar una interpelación para que pueda venir el presidente del Gobierno -no cada semana, de acuerdo, pero cuando se tenga cupo- y pueda aportar
transparencia y debatir con los grupos aquellos aspectos que, como decía el señor Duran, todavía hoy pueden arrojar sombras de sospecha. Es labor de un Gobierno democrático esclarecerlos y aportar lo que no puede ser otra cosa que la verdad en sede
parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Alonso Aranegui.
El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señor presidente.
Tenemos ahora del debate de esta moción porque el Grupo Socialista, después del primer intento, rectificó el texto que había presentado inicialmente y consiguió esquivar las dificultades que últimamente y prácticamente todas las semanas
encuentra en el Reglamento de la Cámara. Es verdad que la intención primera del Partido Socialista era plantear una especie de sucedáneo de moción de
censura, que es una invención que naturalmente no ha podido prosperar, y todo eso, señora Rodríguez, porque ustedes no se atreven a plantear, no se atreven a presentar una moción de censura de las de verdad, porque saben que no tienen para
ello ni argumentos ni programa ni un candidato con suficiente respaldo. (Aplausos).
Así que, a falta de gallardía para hacer otra cosa, no les queda otro remedio que rectificar el tenor de su propuesta. ¿Y qué es lo que ha quedado finalmente? Ha quedado una ocurrencia parlamentaria que no habíamos visto antes, con la cual
pretenden nada menos que decir por votación qué es verdad y qué es mentira. Ese es el debate, señor Centella. ¿Se imaginan que los demás hiciéramos lo mismo? ¿Se imaginan que los demás siguiéramos el mismo camino en esta Cámara, que presentáramos
iniciativas sobre la verdad o la falsedad de lo que dicen los miembros de esta Cámara? Nosotros ganaríamos las votaciones porque tenemos mayoría, pero perderíamos el sentido de la responsabilidad y el respeto a la función de este Parlamento.
(Aplausos).
Han rectificado, por tanto, señorías, con este triste resultado, pero lo que no han rectificado es ni el contenido ni el tono de la intervención, y lo lamento, porque estoy convencido de que el Parlamento tiene que servir para debates bien
distintos que el que hoy traen aquí. Pero está claro que la acritud de su discurso es directamente proporcional a la debilidad de sus razones. Ha venido usted, señora Rodríguez, a levantar la voz, a verter descalificaciones desde esta tribuna
contra del presidente del Gobierno, a formular falsedades hirientes sobre su conducta. Ha venido usted, señoría, con el propósito de romper todos los puentes y de buscar el enfrentamiento y la crispación. Lo primero que le quiero decir es que en
ese camino no nos va a encontrar, porque ese es el camino que convierte este Parlamento en un escenario de conflicto, como dijo la vicepresidenta del Gobierno, en un encuentro de ira. Y nosotros tenemos que trabajar aquí para resolver los problemas
de los españoles, no para convertirnos en el problema de los ciudadanos. (Aplausos).
Señorías, les hemos ofrecido diálogo desde el primer día, les hemos llamado a la negociación y al acuerdo, y no ha habido manera. Su respuesta es siempre sobreactuar y entrar a degüello. No han apoyado ni una reforma del Gobierno, no han
hecho nada a favor de la recuperación económica y ni siquiera parecen dispuestos a pactar con nosotros medidas para la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. El país nos los demanda, pero no quieren ustedes pactar, y no será,
señora Rodríguez, porque a ustedes no les afecta la corrupción. Pero este es el estilo y el balance de su oposición. Hoy vienen aquí a decir que el presidente del Gobierno ha mentido, esa es su aportación al debate público y esa es su propuesta
principal. No les importa que el presidente haya comparecido en la Cámara, da igual que haya explicado largamente todos los pormenores de un asunto que no forma parte de la acción del Gobierno. Qué más les da a ustedes que el presidente del
Gobierno dijera la verdad si para ustedes no hay más verdad que Bárcenas, si ustedes, a falta de ideas, se aferran a él como un clavo ardiendo.
Señora Rodríguez, el presidente del Gobierno lleva dos años contando a los españoles las verdades que ustedes les ocultaban, dando respuesta a los problemas que ustedes crearon, combatiendo las mentiras que arruinaron España, las suyas.
(Aplausos). Lo hace con esta mayoría del Partido Popular en este Parlamento y lo hace a pesar de sus insultos. Nosotros no podemos permitir que usted y su grupo cuestionen cada día la integridad del presidente, su honradez y su compromiso con los
españoles, porque eso no es hacer oposición, porque cuando se pierde el respeto al adversario político se lleva al debate a un límite peligroso, a la bronca parlamentaria y a la desafección ciudadana. (Rumores). Pero usted sube a este estrado y se
cree con autoridad para juzgar y sentenciar, nos comunica a todos que se halla en posesión de la verdad y se arroga una superioridad moral que no resiste un análisis mínimo. ¿Es que no tienen ustedes en el Partido Socialista problemas con la
corrupción? ¿No son capaces de aprender nada de ello? El presidente del Gobierno dijo en este Parlamento que se equivocó en confiar en Bárcenas. ¿Cuántas veces se han equivocado ustedes, señora Rodríguez? ¿En quién siguen confiando en Andalucía?
¿Cómo pueden venir aquí a pedir explicaciones sin ofrecer absolutamente ninguna? (Aplausos).
Señorías, ustedes necesitan a Bárcenas, es lo único que les une. Necesitan hacer del Gobierno su enemigo, necesitan convertir al Partido Popular en el enemigo exterior que lo justifica todo porque son incapaces de articular un proyecto
político, un proyecto nacional; porque no están dispuestos a que se reforme nada en España por mal que funcione; porque después de dos años de haber dejado el peor Gobierno de la democracia han sido incapaces de reinventarse y de construir una
alternativa. El resultado es esta oposición destructiva, que solo busca derribar al Gobierno, que solo quiere derribar al presidente
del Gobierno y minar la legitimidad democrática de la mayoría parlamentaria. Señora Rodríguez, yo me pregunto qué gana usted con todo esto, qué gana su partido, qué ganan los españoles. ¿No se da cuenta de que cuando cierra todas las
puertas al diálogo lo único que obtiene es aislamiento e intrascendencia? ¿No ve que en esta discusión perdemos todos?
El otro día vino a hacer un discurso duro frente a la vicepresidenta del Gobierno. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, le ruego silencio.
Señor orador, tiene que ir terminando.
El señor ALONSO ARANEGUI: ¿Qué resultado dio esa actuación, qué consecuencia, más allá de esta moción insólita? Yo pensaba que iba a ser más prudente, que no iba a seguir con esas insinuaciones y que habría aprendido también de las
imprudencias cometidas en su última intervención, porque el único efecto que tuvo, señora Rodríguez -y siento recordárselo-, es que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ustedes. Se investiga la presunta comisión de delitos contra la
intimidad y de descubrimiento y revelación de secretos. Sí, porque usted exhibió en esta tribuna documentos a los que tienen acceso en su condición de parte del sumario y a continuación los repartieron, afectando a trabajadores y militantes del
Partido Popular, a personas que tienen derecho a su anonimato, a sus derechos fundamentales. Eso es un hecho muy grave y yo sé que usted se arrepiente de ello, pero me hubiera gustado sinceramente que lo hubiera dicho en esta tribuna, me habría
gustado que lo hubiera dicho en esta tribuna. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor ALONSO ARANEGUI: Voy terminando, señor presidente.
Me gustaría que hiciera una reflexión serena sobre lo que está pasando últimamente en este Congreso, porque no es propio de un partido como el suyo, que ha gobernado en España tantos años, deslizarse por la senda de la radicalidad, de la
demagogia y del desconcierto. No me puedo creer que ustedes piensen que es lo que debe hacer un grupo que tiene 7 millones de votos y 110 diputados -esa es una representación muy importante que nosotros respetamos-, por eso, cada vez que se
comportan ustedes como un partido minoritario incapaz de plantear una alternativa se alejan de sus responsabilidades políticas y hacen un flaco servicio a su país.
Termino ya definitivamente, señor presidente. Señora Rodríguez, aplique su propia doctrina, la que invoca cuando le preguntan sobre los ERE; deje a los jueces la labor de averiguar la verdad, de juzgar y de dictar sentencias; participe
con nosotros en el reto de transformar España, de reformar sus estructuras, de consolidar sus instituciones; ayude a generar confianza, no a sembrar dudas, y le garantizo que el día que haga usted una propuesta constructiva y realista la tomaremos
en serio y la debatiremos. Pero en la descalificación y en la bronca, señora Rodríguez, por más que nos busque, no nos va a encontrar.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bravo!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
En unos minutos -pocos- empezamos a votar. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN).
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DEL FONDO PARA LA HOMOGENEIZACIÓN, EL RESCATE SELECTIVO Y LA SUBVENCIÓN DE PEAJES. (Número de expediente 125/000009).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.
Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña relativa al Fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309, más 2 votos telemáticos, 311; a favor, 131, más 2 votos telemáticos, 133; en contra, 178.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS HIJOS E HIJAS MENORES FRENTE A LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número expediente 122/000108).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, para reforzar la protección a los hijos e hijas menores frente a los delitos de violencia de género. Hay dos votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 2 votos telemáticos, 316; a favor, 141, más 2 votos telemáticos, 143; en contra, 171; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS PARA PERMITIR EL DERECHO DE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS. (Número de expediente 162/000636).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Mixto, sobre medidas para permitir el derecho de autodeterminación de los pueblos. Se va a votar en sus términos y por diversos puntos. Empezamos por el punto 1.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 38; en contra, 275; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 14; en contra, 276; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 28; en contra, 276; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Ahora votamos conjuntamente los puntos 4 y 5. (El señor Císcar Casabán pide la palabra). ¿Sí, señor Císcar?
El señor CÍSCAR CASABÁN: No me funciona el marcador para las votaciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Pero en esta votación o en todas?
El señor CÍSCAR CASABÁN: En todas.
El señor PRESIDENTE: Señor Císcar, le ruego que esta circunstancia la comunique por escrito a la Mesa para poder tenerla en cuenta. Vamos a hacer la nueva votación y si no puede usted votar, dígamelo y lo tendremos en cuenta.
Volvemos a la votación. Puntos 4 y 5, que votamos conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 9; en contra, 276; abstenciones, 28.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
¿Ha podido usted votar, señor Císcar?
El señor CÍSCAR CASABÁN: No.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que nos comunique por escrito el sentido de su voto en todos los casos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL ACUERDO DE PESCA UNIÓN EUROPEA-REINO DE MARRUECOS. (Número de expediente 162/000720).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Acuerdo de Pesca Unión Europea-Reino de Marruecos. Hay una enmienda transaccional de adición que conocen los grupos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 281; en contra, 30; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA. (Número de expediente 173/000108).
El señor PRESIDENTE: Mociones. Comenzamos con la del Grupo de La Izquierda Plural, sobre la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción política. Se va a votar en sus propios términos y se van a votar por separado cada uno de
sus cuatro puntos. Comenzamos con el punto 1).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 314; a favor, 126; en contra, 173; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 141; en contra, 171; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 3).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 128; en contra, 171; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 4).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 141; en contra, 172; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO, SOBRE LA POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE EL PARLAMENTO. (Número de expediente 173/000109).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista al presidente del Gobierno, sobre la política general del Gobierno en materia de rendición de cuentas ante el Parlamento. Se vota en sus términos y vamos a votar, en primer lugar, el punto
5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 126; en contra, 173; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 140; en contra, 173; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las diez y treinta minutos de la noche.