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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 134, de 10/09/2013
cve: DSCD-10-PL-134
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 134
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 125
celebrada el martes,
10 de septiembre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Exclusión en el orden del día ... (Página5)
Debate de totalidad de propuestas de reforma de estatutos de autonomía:
- Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 24-1, de 28 de diciembre de 2011. (Número de expediente 127/000001) ...
(Página5)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre comparecencias del presidente del Gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 129-1, de 29 de julio de 2013. (Número de
expediente 410/000005) ... (Página10)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan nacional para la inclusión social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 281, de 31 de mayo de 2013. (Corrección de error en 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 290, de 14 de junio de 2013). (Número de expediente 162/000654) ... (Página21)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 290, de 14 de junio de
2013. (Número de expediente 162/000678) ... (Página29)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 303, de 5 de julio de 2013. (Número de expediente
173/000097) ... (Página38)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página46)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página47)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página47)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)
Exclusión del orden del día ... (Página5)
La Presidencia informa a la Cámara de que ha recibido un escrito del presidente de Les Corts Valencianes solicitando el aplazamiento de la propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana que figura como punto primero del orden del día.
Asimismo informa de que en la Junta de Portavoces celebrada en el día de hoy se ha acordado conceder un turno de tres minutos a los grupos parlamentarios que así lo soliciten.
Intervienen los señores Baldoví Roda y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda
Plural; Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Puig Ferrer, del Grupo Parlamentario Socialista, y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página10)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre comparecencias del Presidente del Gobierno ... (Página10)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Madina Muñoz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Díez
González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el
señor Astarloa Huarte-Mendicoa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de Ley ... (Página21)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan Nacional para la Inclusión Social ... (Página21)
Defiende la proposición no de ley la señora Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, y la señora Aguilar Rivero, del
Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Pérez Fernández y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Camarero Benítez.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios ... (Página29)
Defiende la proposición no de ley la señora Costa Palacios, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el Quevedo Iturbe y la señora Pérez Fernández, en turno de fijación de posición, del mismo grupo; y la señora Pigem i Palmés,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y las señoras García Álvarez, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, y Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Costa Palacios.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ... (Página38)
Defiende la moción el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Baldoví Roda y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Picó i Azanza, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, y los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Márquez de la Rubia, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sixto Iglesias.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página46)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre comparecencias del presidente del Gobierno, se rechaza por 142 votos a
favor más 1 voto telemático, 143, y 170 en contra más 1 voto telemático, 171.
Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página47)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan nacional para la inclusión social, se aprueba el punto 1 por 170 votos a favor, 130 en contra y 14
abstenciones.
Se aprueba el punto 2 por 169 votos a favor, 130 en contra y 14 abstenciones.
Se aprueba el punto 3 por 170 votos a favor, 129 en contra y 14 abstenciones.
Se aprueba el punto 4 por 272 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios, con la autoenmienda del grupo
proponente, se rechaza por 121 votos a favor, 169 en contra y 23 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página47)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, del señor Baldoví Roda, se rechaza por 16 votos a favor, 171 en contra y 126 abstenciones
Se suspende la sesión a las ocho y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
En sustitución de doña Carme Chacón Piqueras, pregunto a don Joan Canongía Gerona si jura o promete acatar la Constitución.
El señor CANONGÍA GERONA: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Manuel Cervera Taulet, pregunto a don Manuel Ibáñez Gimeno si jura o promete acatar la Constitución.
El señor IBÁÑEZ GIMENO: Sí, juro.
El señor PRESIDENTE: Ambos diputados han adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
DEBATE DE TOTALIDAD DE PROPUESTAS DE REFORMA DE ESTATUTOS DE AUTONOMÍA.
- PROPUESTA DE REFORMA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000001).
El señor PRESIDENTE: Como asunto previo, esta Presidencia debe informar al Pleno de que se ha recibido un escrito del presidente de les Corts Valencianes solicitando el aplazamiento de la propuesta de reforma de la disposición adicional
primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que figura como punto I del orden del día de la presente sesión. Indico a sus señorías que, según lo establecido en el artículo 68.1 del Reglamento, la práctica parlamentaria precedente
ha permitido directamente la exclusión del orden del día del Pleno del debate correspondiente, limitándose a comunicar al Pleno el aplazamiento solicitado, y así se procederá en consecuencia también en este caso.
Ciertamente, tales solicitudes se han aceptado tradicionalmente sin que ello haya sido objeto de otra consideración y, desde luego, no corresponde ni quiere esta Presidencia entrar en el procedimiento seguido en el Parlamento autonómico para
solicitar tal aplazamiento. Así, cuando en alguna ocasión, como ha ocurrido hoy, algún grupo parlamentario ha manifestado su protesta respecto a una anterior solicitud de aplazamiento, la Presidencia ha advertido que no es potestad de la Cámara
obligar a que dicho debate se produzca, siendo el criterio establecido atender tales solicitudes de aplazamiento cuando así se pide por la Asamblea autonómica correspondiente. Ejemplo de ello es lo ocurrido en relación con la solicitud de
aplazamiento de la proposición de las mismas Corts Valencianes de reforma de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas, según figura en el acta de la Junta de Portavoces de 9 de octubre de 2012 y en el
'Diario de Sesiones' del Pleno de la misma fecha. Por todo ello, no se someterá a votación la exclusión del citado punto del orden del día.
No obstante, al tratarse de una cuestión que ha estado incluida en el orden del día, y tal y como advertí esta mañana en la Junta de Portavoces, considero oportuno, desde una perspectiva política, conceder un turno de tres minutos a los
grupos parlamentarios que así lo soliciten para que se puedan pronunciar sobre la solicitud de aplazamiento de les Corts Valencianes. Comenzando por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Gracias, señor presidente.
Hoy quiero traer aquí las palabras que el rey Jaume I dijo a los caballeros en la batalla de Portopí: ¡Vergonya, cavallers, vergonya! (El señor diputado muestra una camiseta con la inscripción: Vergonya, cavallers, vergonya). ¡Vergüenza,
caballeros, vergüenza por el nuevo ridículo del PP valenciano, por el bochorno que nos provoca! Hoy el PP valenciano se ha vuelto a cubrir de ignominia porque ha impedido discutir aquí en el Congreso un acuerdo unánime del Parlamento valenciano,
concretamente la propuesta de reforma que decía: La inversión del Estado en la Comunidad Valenciana será equivalente al peso de la población de la Comunidad Valenciana sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años. Es decir,
algo tan elemental, tan justo y tan razonable como decir que si hay 100 millones en inversión del Estado y los valencianos somos el 11 %, nos corresponden 11 millones en inversiones y no 6 como pasa ahora, una vergüenza de 9.453 millones en diez
años, y no son mis cifras, son las cifras de la Cámara de Contratistas.
Esta reforma, que se aprobó hace ya más de dos años y medio, no se ha podido discutir ahora en el Congreso porque el PP valenciano lo ha impedido por tercera vez. En lugar de discutir sobre la deficiente inversión en la Comunidad Autónoma
Valenciana -recordemos que cada valenciano recibe 150 euros menos que la media-, hemos debatido sobre los pitos al rey en campos de fútbol. ¿Se puede hacer más el ridículo? ¿Se puede ser más ineficaz? ¿Se puede defender peor los intereses de los
valencianos y las valencianas? Los valencianos no tenemos un presidente, tenemos un gobernador civil dócil, débil y genuflexo, un presidente que, como decimos allí, no pinta fava.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Es una verdadera ofensa a la ciudadanía que por tercera vez no podamos debatir ni votar una iniciativa aprobada por unanimidad por las Cortes Valencianas. ¿Qué demuestra? Demuestra que los problemas de financiación solo son útiles como
ariete partidista y que el Partido Popular valenciano es incapaz de defender a sus ciudadanos del expolio que sufren. El Partido Popular y el Partido Socialista aprobaron un estatut que no resolvía los problemas de financiación del sector público
valenciano y hoy el Partido Popular ni siquiera permite una modificación que sería solo una tirita sobre una herida sangrante, que no es otra que la del expolio que sufrimos. No permite ni tan solo fijar un porcentaje de inversión, que, dicho sea
de paso, sería el chocolate del loro, el chocolate del loro de los 6.000 millones anuales de déficit, un diferencial de 6.000 millones entre lo que aporta el País Valencià y lo que se retorna (Pronuncia palabras en catalán), es decir, aguantar y
aceptar recortes hasta poner en jaque el modelo social, porque sin el déficit fiscal se podría incrementar el gasto público en un 50 %, y soportando además 29.000 millones de deuda, que obligan a pedir dinero al Gobierno español, que luego se cobran
mediante intereses, dinero que luego prestan al País Valencià. ¡Pero si es del dinero de los valencianos! Esta es la exclamación que hacen los ciudadanos valencianos. ¿A esto se le llama colonialismo? Sí, ciertamente se llama colonialismo. El
sistema que depreda al País Valencià necesita por supuesto la colaboración de otros valencianos, en este caso del Partido Popular, que ciertamente prefiere la supeditación al Estado español que defender los intereses legítimos de los ciudadanos
valencianos, pero no se preocupen, tarde o temprano, el pueblo pasará cuentas con ustedes y se verán de patitas en la calle.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señores diputados, como habrán visto, se han hecho algunos cambios en el hemiciclo, en el suelo, en el aire acondicionado y también en el sistema de audición, que todavía están intentando poner a punto, y se oye regular. Pido disculpas a
todos, veremos lo que se puede hacer, creo que se perfeccionará en poco tiempo, pero, a su vez también, dadas las circunstancias, cuanto más silencio haya, más fácil será oír a los oradores.
Por el Grupo Vasco. (Pausa). Por UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño no por los problemas de sonido, sino para poder dirigirme a usted directamente. Lo que ha pasado hoy -no quisiera dejar de decirlo- sucede cuando un partido como el Partido Popular no defiende lo mismo en todas
las instituciones, en todos los lugares de España, pero dicho eso me quisiera referir al procedimiento.
Con todo el respeto que le tengo a usted, señor presidente, pero precisamente porque respeto la institución en la que trabajo y donde represento a los españoles, queremos manifestar nuestra más enérgica queja por cómo está usted
desarrollando su trabajo, por la forma en que lo hace la Mesa, por la manera partidista en que ustedes están haciendo este trabajo. No es de recibo que se nos avise con
pocas horas de que un punto del orden del día decae. Demuestra una falta de respeto hacia el trabajo de los parlamentarios. Impide que otro punto -y hay muchos trabajos pendientes que llevar a cabo aquí- tome el relevo de ese que ha caído
hoy. Su improvisación además en las formas, de cómo se va a votar o no ese decaimiento, del minidebate que estamos aquí ahora mismo llevando a cabo, también me parece una falta de respeto.
Para terminar le quisiera recordar una cosa, señor Posada, que me parece mentira que deba recordar. Usted no está aquí para defender al Partido Popular ni para defender al Gobierno. Usted está aquí para defender a todos los ciudadanos
españoles, a la soberanía popular que reside en este Parlamento, no para impedir -como hemos pedido muchas veces- que ejerzamos el necesario control parlamentario al Gobierno, al presidente, a los ministros o respecto a lo que usted está
consintiendo que se haga hoy aquí. Con esa forma de trabajar, señor presidente del Congreso, señores del Partido Popular, ustedes están contribuyendo a algo muy grave, y es a que vivamos en una democracia con minúsculas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Solo le diré que mientras yo sea presidente, habrá libertad aquí para decirlo todo y se cumplirá el Reglamento.
Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
De la intervención que ha hecho usted antes he deducido que no se va a someter a votación del Pleno del Congreso la modificación del orden del día. Con todo respeto, rogaría la lectura del artículo 68.1 del Reglamento, que establece que el
orden del día del Pleno puede ser alterado por este, a propuesta del presidente o a petición de dos grupos parlamentarios o de una quinta parte de los miembros de la Cámara. Por lo tanto, se requiere que sea el Pleno de esta Cámara el que dé su
complacencia a la retirada del punto.
Habitualmente, cuando se produce un caso -puede ser normal que un grupo no quiera que su propuesta sea debatida en el Pleno o pida un aplazamiento; o que lo pida un parlamento autonómico: de hecho, las Cortes Valencianas ya es la segunda
vez que piden este aplazamiento y nos tienen acostumbrados a ello- esta Cámara lo asume directamente a propuesta de la Presidencia, pero no es este el caso. A nuestro grupo no le parecería bien sentar hoy un precedente y es que se altere el orden
del día sin el acuerdo unánime de la Cámara y sin que se produzca una votación. Ya es una cuestión suficientemente delicada esta a la que nos está sometiendo la Cámara valenciana, al ridículo al que está sometiendo al pueblo valenciano el Partido
Popular valenciano y cómo está forzando la mecánica parlamentaria el Partido Popular valenciano. Es la tercera vez que este tema es aplazado en el debate de esta Cámara, las dos primeras porque no se habían nombrado los diputados que tenían que
defenderla aquí y esta vez ya no se sabe por qué, porque la excusa que da el Parlamento valenciano es que el Consell ha dicho. Primera falsedad, el Consell no se ha reunido, el Gobierno valenciano no se ha reunido para instarlo. Es el
vicepresidente del Consell valenciano el que, ante la tesitura de que el Partido Popular en esta Cámara volviese a votar otra vez contra el Partido Popular de Valencia, sometiéndoles otra vez a un ridículo espantoso, fuerza la retirada por tercera
vez de este tema. Si el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, del País Valenciano, no quiere que este tema se debata, sencillamente lleven a las Cortes Valencianas la retirada definitiva de esta cuestión, pero, por favor, no sometan al
ridículo a la Cámara valenciana forzando la situación cada vez que ustedes no tienen acuerdo entre Madrid y Valencia, y no sometan al pueblo valenciano a esta tortura de vernos gobernados por un Partido Popular que no se merece ser el Gobierno de la
Generalitat Valenciana.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, el tema que usted planteaba ha sido sometido a la asesoría de la Secretaría General y la consecuencia a la que ha llegado el presidente son precisamente las palabras que he pronunciado al principio, es
decir, es una interpretación del artículo 68.1, tal como he explicado.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros nos sumaríamos a la petición del Grupo de La Izquierda Plural respecto a la votación, a la luz del artículo 68 y teniendo en cuenta que para ello son necesarios dos grupos. Ha escuchado la petición
del Grupo de La Izquierda Plural, a la cual también se suma la del Grupo Parlamentario Catalán. Hemos escuchado también su argumentación y su interpretación.
Señorías, estamos ante la cláusula Camps, estamos ante la aplicación de lo que Oscar Wilde dijo: De lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. A través de la cláusula Camps, a través de aquella modificación del Estatuto de Autonomía de
Valencia, el legítimo Gobierno con mayoría absoluta en Valencia fijó como criterio político que cualquier competencia que adquiriera otra comunidad autónoma también la tendría el marco de autogobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia. Señorías,
hija de la cláusula Camps nacía esta propuesta de una nueva disposición adicional primera para que durante siete años la financiación de la Comunidad Autónoma de Valencia sea proporcional al peso de su población.
Señorías, nosotros votaríamos favorablemente esta modificación porque esta aplicación de la cláusula Camps viene directamente inspirada de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Nosotros habríamos votado
favorablemente esta modificación y habríamos deseado a la Generalitat Valenciana, al Gobierno valenciano, que tuvieran más suerte que la que ha tenido el conjunto de catalanes y catalanas, porque en este momento, después de unos cuantos años de
aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Gobierno central debe al Gobierno de la Generalitat, al conjunto de ciudadanos de Cataluña, mas de 3.535 millones de euros, reconocidos y acordados en la Comisión mixta de traspasos entre el
Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat.
También nos oponemos -este es el segundo argumento, señorías-, porque esta decisión de retirar en el último momento una proposición de ley de una comunidad autónoma supone robar o limitar la capacidad de que otras comunidades autónomas en el
primer Pleno del mes puedan someter a consideración del Congreso de los Diputados sus iniciativas. Como ya se ha recordado, señorías, llevamos ya tres veces, lo que quiere decir tres oportunidades perdidas de que otros parlamentos autonómicos
puedan someter a debate y a votación sus propuestas, de acuerdo con los mecanismos constitucionales, y esto es relevante a la hora de considerar el buen funcionamiento de este Parlamento.
Finalmente, señor presidente, seguramente escucharemos desde las filas del Grupo Popular que simplemente se está planteando un aplazamiento a la vista de una reforma más en profundidad del Estatuto de Autonomía de Valencia, que contempla una
reducción del número de diputados, y en aquel momento veremos esta disposición adicional primera. Ya veremos, señorías, si durante esta legislatura llegamos a discutir y a votar esta propuesta acordada por unanimidad por parte de las Cortes
Valencianas, porque aquí hay un grave problema político de fondo, que es que el Gobierno del Estado, del Partido Popular, está en contra del Partido Popular en la Comunidad Autónoma Valenciana, está en contra de esta propuesta de modificación, y en
este caso hay una primacía del criterio del Partido Popular, al cual acompañará la intervención del grupo de la mayoría y al cual, a la luz de la interpretación de la Mesa, no acompañará una votación, en la que los diputados del Partido Popular de
Valencia también habrían votado en contra del criterio de sus compañeros en la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG FERRER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el aplazamiento por tercera vez, por tercera vez, de esta propuesta de reforma del estatut significa la ruptura del consenso que hizo posible el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Significa también que otra vez más
vemos la utilización partidista de las instituciones y de las reglas del juego que hace el Partido Popular. Se rompe con esta decisión lo que había sido un trayecto común que habíamos aprobado en las Cortes Valencianas y que tenía que llegar aquí
porque era una cuestión de justicia. Estamos por tanto ante una decisión que han tomado única y exclusivamente ustedes, el Partido Popular, de aquí, de la Comunidad Valenciana, es igual, es el Partido Popular quien ha tomado la decisión injusta,
ilegítima y antidemocrática. Injusta porque, señorías, lo que tratábamos de hacer todos en la Comunidad Valenciana era salir de esta crisis profunda que vive nuestra comunidad: tenemos el 30 % de paro, el 30 % de deuda y el 30 % de exclusión
social. El Levante feliz, señorías, ya no existe, la realidad es la que yo les digo y esa realidad no se puede combatir con presupuestos como los de este año, que significan la mitad de lo que nos corresponde, 500 millones de euros menos, 10.000
puestos de trabajo menos en la comunidad. Por tanto, es una decisión que toman ustedes en contra de la Comunidad Valenciana profundamente injusta y que nos aleja de la salida de las crisis.
Es una decisión ilegítima porque el Partido Popular se ha saltado a las Cortes Valencianas -que legítimamente hicieron esta reforma- con una votación singular de la Junta de Portavoces, sin ningún tipo de coherencia, y además en una junta en
la que no están representados todos los diputados. Por tanto, es una actuación usurpando la voluntad popular de los valencianos y las valencianas. Es verdad que aquí también se hubiera tenido que votar de acuerdo con el artículo 68.1 del
Reglamento.
Además de injusta e ilegítima, es antidemocrática porque han aplicado la doctrina Rajoy de silenciar todo aquello que no les interesa, y esto afecta en estos momentos a unos ciudadanos y a unas ciudadanas que están, como les decía, en una
situación de emergencia. La única y verdadera razón de este aplazamiento es simplemente porque el Partido Popular ha decidido que la Comunidad Valenciana no es prioritaria para España, y yo les digo que la Comunidad Valenciana es fundamental para
España y que sin una recuperación económica de la Comunidad Valenciana la salida de la crisis va a ser mucho más difícil para todo el país. Frente a esa posición del Partido Popular en contra del interés de la Comunidad Valenciana, tengo que
agradecer en nombre de los socialistas valencianos el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, que tanto en la financiación autonómica como ahora, en la financiación de las inversiones del Estado, ha estado al lado de la Comunidad Valenciana.
Fabra y Rajoy, el Partido Popular de aquí y de allá, han decidido dejar caer a la Comunidad Valenciana, y desde luego ni nosotros ni la mayoría del pueblo valenciano lo vamos a permitir.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Puig.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Gerardo Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ya sabemos el respeto que les merecen a algunos portavoces de grupos parlamentarios en esta Cámara las decisiones de un Parlamento autonómico: ninguno. Eso es lo que se ha desprendido de sus intervenciones, señorías. Hoy algunos
de ustedes, como el señor Baldoví, se rasgan las vestiduras, parlamentariamente hablando; otros, como el señor Sixto, pretenden convertirse en adalides del rigor y de la coherencia política en este Parlamento, y otros, como el señor Puig, vienen a
hacer discursos que aquí no corresponden. Se ha equivocado de Parlamento e intenta aprovechar las pocas oportunidades que tiene para intentar ser aquello que no le dejan ni los suyos, secretario general de los socialistas valencianos (Aplausos),
porque, señorías, si algo son sus razonamientos, son un monumento a la incoherencia y a la sinrazón política.
Se arrogan hoy la representatividad del pueblo valenciano, cuando solo esa representatividad la tienen las Cortes Valencianas, les Corts Valencianes. Se la arrogan aquí porque no la tienen desde allí. Señorías, son esas Cortes las que han
pedido el aplazamiento (Varios señores diputados: No, no) de la toma en consideración de la proposición de ley que íbamos a debatir esta tarde. Son esas Cortes, las únicas que pueden hacerlo, las que lo han pedido, y lo han pedido por razones de
lógica aplastante, por razones de economía procesal. Se está iniciando un proceso de reforma, señor Sixto, desde el 26 julio -hace bien poco; por eso se ha traído hoy aquí esta decisión de aplazamiento-, de reforma del Estatuto de la Comunidad
Valenciana para reducir el número de diputados que actualmente tiene. Señor Puig, no sabemos la posición de los socialistas valencianos, aún no la ha dicho. No sabemos lo que piensan ustedes sobre reducir el número de diputados en las Cortes
Valencianas. Va a tener usted ocasión de pronunciarse cuando se sumen las dos reformas y vengan a debate a esta Cámara. De esta reforma se pide su aplazamiento, no su retirada; además, con otras razones muy importantes, en este caso, de economía
presupuestaria, monetaria. No tiene sentido hacer dos referéndums, señorías, nada menos que dos referéndums, uno detrás de otro, en los momentos económicos que estamos viviendo, cuando se pueden aunar las dos reformas y hacer un único referéndum
para que se pronuncien los valencianos.
Señorías, la lógica y la razón nos llevan a pensar que esta propuesta debe aplazarse, pero sabemos que lógica y socialismo son conceptos antagónicos. (Aplausos). Además, señorías, ustedes son incoherentes. Lo recuerdan bien aquí, pero no
levantaron la voz cuando se aplazó esta misma proposición dos veces anteriormente. Aún tengo fresca en la memoria la penúltima Diputación Permanente, en la que algunos grupos, el Socialista y el de Izquierda Plural, retiraron al inicio de la misma
-permítame la expresión vulgar- un montón de puntos del orden del día, y ni siquiera se dejó fijar posición al secretario de mi grupo; ni siquiera pudo fijar posición. Ustedes, señorías, se rasgan las vestiduras cuando se produce el aplazamiento y
cuando lo piden las Cortes valencianas en esta Cámara; en cambio, cuando las
iniciativas son suyas se pueden retirar cuando llegan y no hay ningún tipo ni de ataque a la democracia ni de descontrol reglamentario. (Rumores). Déjenme acabar, señorías, déjenme. (Aplausos).
Por último, les quiero decir que no intenten engañar a los valencianos. (Varios señores diputados: No, no). El aplazamiento de esta proposición de ley no supone ningún perjuicio a los valencianos, ninguno, porque saben ustedes que desde
la sentencia del Tribunal Constitucional es el Gobierno el que hace los presupuestos y esta Cámara la que los aprueba sin que tengan que tener en cuenta disposiciones adicionales de este tipo, que ya están en algunos estatutos de alguna comunidad
autónoma. Por tanto, no supone ningún perjuicio. Más bien justo lo contrario, ahorro económico y economía procesal. Por ello, señor presidente, mi grupo está muy de acuerdo con la decisión que se ha adoptado por parte de la Junta de Portavoces,
porque es lo coherente políticamente, lo razonable económicamente y lo justo reglamentariamente; por respeto a las Cortes Valencianas y en beneficio de todos los valencianos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE COMPARECENCIAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (Número de expediente 410/000005).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre comparecencias del presidente del Gobierno. Para su defensa tiene la palabra el
señor Madina. (Rumores). Ruego a los señores diputados que evacuen los pasillos porque vamos a continuar con el Pleno.
El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Se inicia el orden del día con la presentación de esta proposición de ley, que es una propuesta de reforma del Reglamento que presenta mi grupo parlamentario para su debate en esta Cámara. Es verdad que lo hacemos siendo plenamente
conscientes de que en la Comisión de Reglamento hay un debate a fondo sobre posibles modificaciones del Reglamento, que ordena el funcionamiento de esta casa y los trabajos parlamentarios. Somos conscientes de que todos los partidos tienen
posiciones sobre este tema y ojalá en la propia Comisión de Reglamento se pueda alcanzar un acuerdo que modifique y modernice el Reglamento de este Congreso de los Diputados, que tiene ya una circulación en el tiempo por encima de tres décadas. Lo
hacemos trayendo a Pleno esta proposición de ley porque desde el punto de vista de mi grupo parlamentario esta legislatura está cogiendo un tono un tanto excepcional. No se recuerda ningún Gobierno, en este tiempo de democracia, que haya ocultado
tanto al Parlamento y a la ciudadanía y que se haya ocultado tanto para no dar la cara ni ante el Parlamento ni ante la ciudadanía. (Aplausos). Esto le da a esta legislatura un tono excepcional, que pensamos que requiere de un proceso de reflexión
sobre el modelo de funcionamiento y sobre si somos o no capaces de encontrar puntos de encuentro que permitan un funcionamiento mejor incluso, aunque a veces no lo comparta, para el propio Grupo Popular y para el Partido Popular.
Repasemos un instante, señorías, algunos de los hits de ocultación que en esta legislatura hemos vivido en este Congreso de los Diputados desde que hace dos años empezó a gobernar el señor Rajoy y el Partido Popular. Hoy mismo, señor
presidente -lo recordará bien-, se han tratado dos solicitudes de debate en este hemiciclo de comisiones de investigación, o bien sobre corrupción política o bien sobre la supuesta trama de dos décadas de financiación ilegal del partido que apoya al
Gobierno, que no han sido ni siquiera permitidas que se trajeran a debatir al hemiciclo porque no han sido aceptadas para su debate. Supresión de las sesiones de control en los periodos extraordinarios, rompiendo un acuerdo unilateralmente por
parte del Partido Popular para los meses de julio y enero; acuerdo en el que insistió mucho el Partido Popular y que se firmó cuando era el primer partido de la oposición y la actual vicepresidenta del Gobierno era la portavoz de ese grupo en la
anterior legislatura. Inadmisión de interpelaciones presentadas por los grupos parlamentarios cuando el Gobierno, a través de los miembros del Partido Popular en la Mesa de la Cámara, considera que subjetivamente el contenido no se ajusta a algo
que le resulte cómodo al PP para sus debates en este Parlamento y en este hemiciclo. Negativa unilateral sostenida durante estos dos años, especialmente durante los últimos meses, del grupo mayoritarios a que el presidente comparezca
en asuntos que todos los demás grupos han solicitado y han considerado prioritarios. Diez mil millones de euros, un punto del producto interior bruto, directo al corazón de la educación y de la sanidad tan solo dos semanas después de la
aprobación del último ejercicio presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado; todos los grupos a favor de que comparezca el Gobierno y lo explique, el Partido Popular lo veta y el Gobierno no explica nada. Acuerdo del Eurogrupo, a
instancias del Gobierno español, por el cual España pasa a ser un país con su sistema financiero rescatado; todos los grupos parlamentarios pedimos que se discuta, el Partido Popular lo veta y el Gobierno no explica nada. Memorándum de
entendimiento que fija el contenido de la condicionalidad de dicho rescate, que es discutido en el Parlamento alemán y que el Partido Popular cuando todos los grupos... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, perdón.
Por favor, ruego que no se tengan conversaciones en el hemiciclo. Abandónenlo si quieren seguir hablando.
El señor MADINA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. No le van a hacer mucho caso, pero muchísimas gracias.
Memorándum de entendimiento que fija el contenido de la condicionalidad de dicho rescate del sistema financiero, que es discutido en el Parlamento alemán y que aquí todos los grupos parlamentarios de la oposición pedimos que sea discutido;
el PP no está cómodo en ese debate porque el Gobierno tampoco lo está, quizá porque no puede explicar lo inexplicable, lo veta, el Gobierno no acude a la Cámara y el asunto no se discute. Medidas de recuperación de empleo, después de haber superado
la cifra histórica del 25 % de desempleo en nuestro país; gran parte de los grupos de la oposición solicitan la comparencia de la ministra de Trabajo y el Partido Popular unilateralmente dice no, el Gobierno no da la cara ante una cifra histórica
de paro. Medidas para afrontar los desahucios y las ejecuciones hipotecarias en la vivienda habitual; múltiples partidos y grupos parlamentarios lo piden, el PP no se encuentra cómodo, lo veta y el Gobierno no explica nada. Medidas en materia de
actualización y revalorización de las pensiones; lo pedimos varios grupos de la oposición, el PP no se encuentra cómodo, unilateralmente vota que no, el Gobierno no explica nada. Decisiones en materia de participaciones preferentes y deuda
subordinada que asume unilateralmente el Gobierno sin pactarlo con ningún grupo, que tiene un impacto directo en pérdida patrimonial de los que tuvieron esas participaciones preferentes; muchos grupos piden que el Gobierno venga, el señor Alonso
decide que no, el PP vota que no, el Gobierno viene y no da la cara. Decenas de comparecencias solicitadas por prácticamente todos los partidos, formaciones políticas y grupos parlamentarios para que en el asunto Bárcenas/Rajoy/Gürtel alguien venga
aquí y explique algo; todas ellas vetadas con la excepción de una vez en el hemiciclo del Senado donde, forzado por su propio partido, por un ruido atroz en términos de medios de comunicación y la amenaza de una moción de censura, el señor Rajoy
viene para mentir a la Cámara con informaciones que aparecen dos semanas después, que le desacreditan como presidente del Partido Popular y también como presidente del Gobierno. (Aplausos). Y ya, si quieren, la última broma. Hace tan solo unos
días, un día antes de la votación del Comité Olímpico Internacional, el señor Rajoy no sabe lo que firma en materia de Siria. Hemos pedido la celebración de un Pleno para que el Gobierno explique cuál es su posición y los compromisos derivados de
esa firma respecto al asunto de Siria, el Partido Popular decide que no y el Gobierno no sabemos muy bien qué ha firmado, probablemente porque el Gobierno tampoco sabe muy bien qué ha firmado. El caso es que aquí nadie explica nada en materia de
Siria y no sabemos cuál es la posición que quiere fijar el Gobierno. Y es que, señorías, esta es una legislatura en la que objetivamente se está poniendo especialmente de moda que en todo aquello que el Gobierno considera que el Parlamento no tiene
nada que controlar en términos de control del Gobierno, con un simple voto por parte del señor Alonso o por parte del Partido Popular para que el Gobierno no dé la cara suceden cosas importantes, prioritarias, que nadie explica por parte del
Gobierno y que no se llevan a debate en este Congreso de los Diputados y, en nuestra opinión, es la Cámara la que está pagando un precio elevado. No solo los partidos políticos están atravesando una fase de descrédito, sino que este tipo de
comportamiento por parte del partido que sujeta al Gobierno y del grupo de la mayoría está impactando directamente en el crédito de esta casa. Son asuntos sustanciales, asuntos no menores que importen a un grupo de la oposición, da igual a cual,
incluido el Grupo Parlamentario Socialista; son asuntos de vital importancia para la ciudadanía y para la sociedad española.
Pretendemos, por tanto, señoras y señores diputados, señor presidente, la aprobación de una reforma del Reglamento en su artículo 203 para que, si entra en vigor, el Congreso profundice en materia de una
de las competencias constitucionalmente atribuidas que tiene como Cámara, que, es verdad, legisla; es verdad, realiza o aprueba Presupuestos Generales del Estado, y, es verdad, tiene una competencia que no puede eludir: controlar la acción
de gobierno. Ese es un argumento constitucional al que los grupos de la minoría no van a decir no ni lo van a dejar en paso y pensamos que el grupo que en este caso apoya al Gobierno, el Grupo Popular, debería contribuir a reforzar. Queremos, por
tanto, que los instrumentos de control al Gobierno salgan hoy reforzados, que esta Cámara admita un debate sobre cómo fortalecer esos instrumentos de control al Gobierno, que haga un ejercicio de control o de aumento de la capacidad de control que
los grupos de las minorías o los grupos de la oposición tienen con respecto a la propia acción de gobierno y que cuando suceda que todos ellos en un mismo asunto soliciten la comparecencia del presidente del Gobierno, esta tenga que realizarse en
esta Cámara en un plazo determinado de tiempo que incorporamos en la ley como de diez días, pero, en el caso de que sea admitida a trámite, estamos abiertos a discutirlo y a pactarlo, a ampliar esa proposición de ley, a hacerla mejor y a dotar a
esta Cámara de mayores instrumentos en una competencia que tiene en exclusiva la oposición, señor Alonso. Es verdad que la mayoría controla el procedimiento legislativo y es verdad que el grupo de la mayoría controla el procedimiento de ejercicio
presupuestario, pero también es verdad que en una democracia avanzada son los grupos de la oposición los que deben controlar el instrumento que esta Cámara tiene atribuido, que son los mecanismos de control de la acción del Gobierno.
Yo le pediría al PP que pensara que el miedo no es buen acompañante en política, sino que suele ser un instrumento, un argumento ambiental que agarrota políticamente a quien lo vive; que uno no está en el Gobierno para siempre; que treinta
y cinco años de democracia después todos hemos aprendido que a veces se gobierna y a veces se está en la oposición; que las instituciones no son de los partidos que aquí representan a la gente sino que son de la gente que aquí está representada por
los partidos políticos; que hoy haga un gesto al resto de la Cámara, a los grupos minoritarios, a los grupos de la oposición; que confíe en este sistema democrático y que permita un avance y una profundización en materia de instrumentos de control
a la acción de gobierno, algo que creo que será bueno para los grupos de la oposición, para el grupo de la mayoría, para esta institución y para nuestra democracia.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Madina.
En turno de fijación de posición, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Que el Reglamento del Congreso no da respuesta a la necesidad de debate actual y a las demandas de democracia de la ciudadanía es claro, pero este escollo legal se podría salvar si el presidente Rajoy tuviera un poco de vergüenza. Aquí ya
no se trata tanto de si el presidente comparece o no, algo que debería producirse ante la petición de dos grupos sin más y no como plantea el PSOE de todos los grupos de la oposición; aquí de lo que se trata es de que este país solo recuperará su
credibilidad internacional cuando un presidente elegido que es descubierto haciendo alguna trampa y que ha mentido a todos -como ha desvelado su número dos-, se vaya a su casa. Aquí de lo que se trata es de decidir si somos un país democrático
donde un presidente dimite cuando le pillan o si somos un país de pandereta. Hay cosas que no tendrían ni que estar en un reglamento pues en un país democrático son obvias y automáticas, como lo es la comparecencia y dimisión de un presidente
cuando el tesorero de su partido desvela que llevan años financiándose ilegalmente a través de donaciones de empresas con las que contratan desde las administraciones públicas en las que gobiernan; cuando nos enteramos de que el resultado electoral
por el que están vaciando el Estado de bienestar, eliminando derechos históricos y fomentando la desigualdad social y la pobreza de las personas a golpe de real decreto, hurtando el debate en el Parlamento, se ha logrado a base de donaciones
ilegales, sobres de dinero negro y cuentas en Suiza; cuando los ciudadanos a los que piden sacrificios descubren que mientras les reducen los salarios, algunos cobran sobresueldos astronómicos en negro, que mientras la gente cada vez paga más
impuestos algunos no declaran lo que el partido les da en negro. En un caso así, insisto, no solo se han de dar explicaciones por parte del presidente, lo democrático sería dimitir y convocar elecciones. La imagen de la democracia está en juego,
la credibilidad del Estado está en juego.
Votaremos a favor de la propuesta, aunque preferiríamos que fuese un poco más ambiciosa y no se limitara solo a las comparecencias del presidente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el hecho de que hoy se presente una iniciativa como esta demuestra la mala praxis democrática del grupo de la mayoría, el grupo que apoya al Gobierno, que está actuando sistemáticamente como un rodillo, bloqueando no solamente
iniciativas relativas a diferentes cuestiones como las que ha nombrado el señor Madina sino fundamentalmente aquellas que revisten una gravedad tan grande como los hechos que se conocen como Gürtel, Bárcenas o financiación ilegal del Partido
Popular; unos hechos, señorías, cuya gravedad obliga a que el presidente comparezca en esta Cámara, sobre todo porque es una exigencia de la ciudadanía, no solamente de los grupos parlamentarios, sino de la ciudadanía. Los hechos que representan
tanto Gürtel, como Bárcenas o la financiación ilegal del Partido Popular dejan a la democracia en una situación extrema y también, como consecuencia de los mismos, al Gobierno y al presidente del Gobierno, porque el presidente del Gobierno en tanto
que presidente del Partido Popular es responsable directo de muchas de las actuaciones y decisiones que el Partido Popular ha tomado, en concreto aquellas que se conocen públicamente en el caso Bárcenas.
El 1 de agosto el presidente del Gobierno compareció en la Cámara, pero, señorías, no solamente los diputados que estábamos presentes nos dimos cuenta sino que los medios de comunicación también reflejaron que la mentira era algo que se
evidenciaba no solamente en las cosas que dijo sino también en las que no dijo. Después de esa comparecencia se ha demostrado con más claridad que el presidente del Gobierno miente cuando, ante el juez Ruz, la señora secretaria general del Partido
Popular, la señora Cospedal, declara lo que declara y además le involucra directamente a él en decisiones concretas como la liquidación, sea en diferido o no, del señor Bárcenas, que es algo de una gravedad extrema. Son hechos, actos de una
gravedad extrema. No es cuestión de que el presidente nos diga que con una vez que comparezca al año para explicarse es suficiente.
Señorías, el grupo mayoritario no puede seguir bloqueando la democracia en este hemiciclo y nosotros entendemos que se debería aprobar esta proposición de modificación del Reglamento que hoy presenta el Grupo Socialista. Nosotros, señor
Madina, vamos a votar favorablemente, pero mucho nos tememos que el rodillo del Grupo Popular vuelva a actuar y que esto no sea más que una propuesta derrotada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, los republicanos ya presentamos una enmienda a la ley de transparencia y de buen gobierno para que cualquier miembro del Gobierno tuviera que comparecer ante el Parlamento si así lo demandaba el 25 % de los miembros de la Cámara.
La labor de fiscalización y control no puede ser bloqueada por la mayoría, razón por la cual tampoco entendemos cuál es el motivo que justifica que la propuesta del Partido Socialista nos diga que se requiere la unanimidad de la oposición. Para
controlar al presidente es evidente que con una simple mayoría debería ser suficiente. ¿Acaso el Partido Socialista no se está preparando para que cuando gobierne el simple acuerdo con otro grupo parlamentario ya le permita comportarse de forma
poco democrática? Entendemos que ustedes se quedan, como muchas veces, a medio camino. Para fiscalizar solamente debería ser necesaria la mayoría del Parlamento, no la unanimidad de la oposición.
Por cierto, comparecencia y veracidad. Hay que establecer la obligación de los presidentes del Gobierno de ser veraces, de decir la verdad, y si no se dice la verdad, el presidente del Gobierno o cualquier miembro del Gobierno debe ser
inhabilitado. De nada sirve comparecer si se miente, se diga Rubalcaba, se diga Rajoy. Denunciamos, pues -señor Madina, si me quiere oír, me oye-, lo siguiente. ¿Cómo es que después de estar ocho años trabajando en la Comisión de Reglamento,
ustedes, que tenían la posibilidad hoy de tener un Reglamento moderno, funcional, diligente, que convirtiera esta Cámara en una Cámara realmente democrática, no lo hicieron? ¿Sabe por qué? Porque prefirieron tener un Reglamento caduco,
decimonónico, antes de reconocer los derechos lingüísticos de los vascos, de los gallegos y de los catalanes. Esta es su vergüenza y ahora lo pagamos todos; en primer lugar, ustedes. Ustedes están pagando -todos estamos pagando- el hecho de que
durante ocho años prefirieran no reconocer los derechos lingüísticos que tener un Reglamento moderno, democrático. Lo pagamos todos.
Hay que ser políticamente muy hipócrita para venir aquí y no recordar que lo teníamos a mano. Prefirieron no aprobarlo, y, si no, pregúnteselo al señor López Garrido; le dará respuesta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, señoras y señores diputados, no es la primera iniciativa y no va a ser la última que vaya a incidir sobre la modificación del Reglamento, y ello es debido ni más ni menos al uso que se está dando
del mismo. A esta situación, en la que se van a suceder iniciativas por parte de unos grupos parlamentarios y de otros de muy diferentes ideologías y colores, nos está llevando la postura inamovible de la mayoría.
Yo no creo que el Reglamento intrínsecamente sea malo, siempre es mejorable. Incluso esta norma específica que estamos debatiendo puede ser razonable, de manera que se sopese y se valore por la Junta de Portavoces la adopción o no de esa
comparecencia, considerando que una minoría exigua no pueda estar constantemente alterando el orden del día. Pero es que no se está procediendo así. En la Junta de Portavoces no se está sopesando, no se está valorando, sino que simple, lisa y
llanamente se está utilizando espuriamente una mayoría absoluta para bloquear las iniciativas del resto de los grupos parlamentarios, y esto sinceramente es inaceptable. A todo esto, a estas iniciativas y a esta queja conjunta de todos los colores,
excepto del Partido Popular -no sé si de UPN-, nos está llevando su propia actitud. El señor Madina ha enumerado una serie de asuntos que simplemente, sin dar ninguna explicación, se ha rechazado debatirlos aquí. No se trata solo de los casos
estrella -Bárcenas, Gürtel...-, sino que ha habido una serie de cuestiones que simplemente molestaban coyunturalmente al Gobierno, no venía bien y, sin embargo, se tenían los instrumentos para evitarlo.
Yo creo que esta propuesta -es una toma en consideración y, por tanto, puede ser enmendada- incluso se queda corta, porque se restringen las comparecencias, y además la comparecencia del presidente del Gobierno y del resto de los miembros
del Gobierno. Es más, no solo esto, sino, como dice una iniciativa que dentro de poco debatiremos aquí y que ha presentado nuestro grupo, la fijación del orden del día. No estamos diciendo que porque a un grupo se le ocurra eso tenga que ser
incluido en el orden del día, pero lo que no es entendible democráticamente es que de manera sistemática un único grupo, que representa a una única opción ideológica, por mucha mayoría que haya tenido en un momento concreto en el que se ha hecho la
fotografía del Parlamento, en el momento de celebrar las elecciones, bloquee el lugar de debate. Además, ni disimulan, porque podían de vez en cuando dejar pasar alguna de estas iniciativas. No, no, en bloque, sin más, ya sin razonarlo. Se ha
llegado simplemente a decir por parte del portavoz popular: pues nosotros no. Y ahí se ha acabado. La oposición, de esta manera, se encuentra con dificultades absolutas para realizar su trabajo. Por una parte, porque se le impiden muchas
iniciativas que son de actualidad, que interesan a la ciudadanía, y por otra parte, con otras actitudes como, por ejemplo, la de enviar proyectos de ley que son muy importantes, que tienen un gran contenido y que son complejos, directamente a
Comisión con competencia legislativa, de manera que se hurta el gran debate en esta Cámara.
El Partido Popular tiene mayoría en todas partes: en la Mesa, en la Junta de Portavoces, en las Comisiones parlamentarias, en los órganos constitucionales... Se lo suelo decir, pero se lo tendré que repetir al presidente del Gobierno una y
otra vez: aquí se hace lo que usted quiere y le apetece, y lo que no quiere o no le apetece, no, porque con el voto del Grupo Popular, sin justificar nada más, es absolutamente suficiente.
Decía hoy el portavoz popular, señor Alonso, en la reunión que hemos tenido en la Junta de Portavoces: distingan ustedes; una cosa es la Mesa y otra el Grupo Popular; la decisión que pueda tener la Mesa es una decisión independiente que
no tiene nada que ver con la opinión que pueda tener el Grupo Popular. Los miembros de la Mesa deben ser como querubines: seres inocentes ajenos a la política diaria o algo así; gente encantadora, no lo niego, desde el primero al último, pero no
me negará usted tampoco que forman parte del Grupo Popular, y claro, cuando usted dice: mi grupo tiene una posición política también, no se lo niego, claro que sí, pero defiéndala, expóngala en el debate, no se limite a decir: la posición de mi
grupo es que no se debata. No, no; su grupo podrá tener una opinión, pero debatamos el punto del orden del día aquí; demuestre que efectivamente tiene una opinión, que tiene unas razones poderosas para rebatir luego, a través de un voto que le
otorga su mayoría, lo que dice el resto de los grupos parlamentarios. Pero no vale decir: tiene una posición política y no quiero debatir, no es parlamentario ni muchísimo menos. Ejercen ustedes una defensa previa. Ni el derecho comparado, y
podríamos buscar
muchos ejemplos, pero nos encontramos, por ejemplo, en Alemania el Presidium, que es más o menos lo que viene a equivaler a la Mesa de nuestra institución, cuyo propio Reglamento dice que por lo menos cada grupo parlamentario tiene que tener
un representante, y de hecho si uno examina cuál es en estos momentos la composición del Presidium nos daremos cuenta de que está el presidente, que es demócrata cristiano y luego hay un representante por cada uno de los grupos políticos, incluido
también otro demócrata cristiano, pero evidentemente la CDU no tiene la mayoría, ni siquiera la CDU con el SPD -fíjese si ocupan la mayoría de los escaños parlamentarios- tendría mayoría porque Linke, junto con Los Verdes y con los liberales podrían
formar desde luego una fuerza que supondría lo que los dos partidos mayoritarios manifestaran, incluso lo que llaman en el Parlamento alemán, en el Bundestag, el Consejo de Mayores, que es un órgano ampliado donde está el Presidium más luego
representación proporcional de los grupos, nos daríamos cuenta que al tener esos votos de los miembros del Presidium ni siquiera quien tiene la mayoría absoluta, a no ser que esta sea casi total, que sean casi todos los escaños de la Cámara, podría
bloquear iniciativas en el orden del día.
Se nos dice por parte del Partido Popular que utilicemos los instrumentos adecuados. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Porque ya sea una solicitud de comparecencia en Comisión o en Pleno, o sea una interpelación o cualquier otro tipo de instrumento
parlamentario, se dice sistemáticamente que no. Esto no es un asunto de técnica parlamentaria. Los grupos de la oposición no pueden ser tan torpes como para no acertar ninguna vez; no, no, señores del Grupo Popular. Por lo tanto, están creando
ustedes un problema muy serio, muy serio; están ustedes eludiendo el debate, están eludiendo el conocimiento de las cosas a la ciudadanía y están cabreando, ya lo creo que sí, a todos los demás grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, aunque a algunos les pueda parecer un ejercicio vacuo, un ejercicio imposible, una pretensión imposible de conseguir, quiero dirigirme sinceramente utilizando este turno al Grupo Popular para pedirle que haga una reflexión, incluso
a aquellos que me hacen así con la mano despectivamente según estoy formulando esta iniciativa, para pedirles que hagan una reflexión sobre el tono del debate, sobre el contenido del debate, sobre la propuesta y sobre todo lo que nos ha llevado en
los últimos meses a hacer en este momento esta reflexión y a traer a la Cámara este debate. Seguramente, la mayoría de sus señorías, de los representantes del Grupo Popular, de los diputados del Grupo Popular, son conscientes, al margen del voto
que emitan a continuación respecto de la toma en consideración, de que no puede ser casual que toda la oposición le pida al Parlamento que permita la comparecencia de los miembros del Gobierno y particularmente del presidente del Gobierno; que no
puede ser casual y que no hay ninguna conspiración porque creo que ustedes, por lo menos los más sensatos de ustedes -y entiendo que hay muchos sensatos- no creen en las teorías de la conspiración, o por lo menos no permanentemente. Cuando toda la
Cámara, todos los grupos parlamentarios que tenemos discrepancias serias en cuestiones serias nos ponemos de acuerdo para hacerles notar la incongruencia, la contradicción democrática que supone que en el tiempo de legislatura haya habido cincuenta
y ocho peticiones de comparecencia del presidente del Gobierno, cuarenta y siente hayan sido rechazadas, el presidente haya comparecido once veces y de esas once veces solo ocho de ellas hayan sido a petición propia y solo tres hayan sido a petición
de cualquier grupo de la oposición o de la oposición en su conjunto, algo raro se está produciendo en el funcionamiento y en el comportamiento del grupo mayoritario y en el funcionamiento de la Cámara.
Señorías, miembros del Grupo Popular, convengan conmigo en que tenemos que ser capaces de diferenciar la legitimidad de origen que nadie, desde luego no el grupo en cuyo nombre les hablo, les discute. Ustedes tienen mayoría absoluta porque
los españoles les han dado su confianza, no hace falta ni que discutamos eso, pero no hay que confundir la legitimidad de origen, que son los votos, con la legitimidad de ejercicio. Les tengo que decir, se lo he dicho hoy también al señor Alonso en
la reunión de la mañana, que ustedes con su forma de actuar a la hora de interpretar el Reglamento de la manera más torticera, a la hora de evitar que la oposición ejerza, ejerzamos lo que es nuestra obligación, el control del Gobierno y el impulso
a la tarea del Gobierno, propio de cualquier democracia y de cualquier Cámara representativa como esta, a la hora de interpretar y de actuar de esa manera, ustedes están perdiendo legitimidad en el ejercicio de los votos y en el ejercicio de la
representación. Señorías del Partido Popular,
un Gobierno que no puede ser controlado por esa forma de actuar o por la aplicación estricta del Reglamento o por la interpretación más torticera del Reglamento o por el veto que ustedes ejercen cuando ni siquiera nos permiten debatir para
luego ustedes votar lo que naturalmente les parezca oportuno, un Gobierno que no puede ser controlado por el Parlamento, no es propio de un país democrático. La separación de poderes y el ejercicio de la oposición para que la democracia sea una
democracia de calidad es fundamental, no es una cuestión adjetiva, no es una cuestión que se pone de adorno, es fundamental y es la esencia de la democracia. Si falta transparencia, porque falta, algún ejemplo se ha puesto, si no nos enteramos de
lo que habla el presidente o porque las reuniones son secretas o porque coge un avión antes de explicarlo o porque cuando le pedimos que venga a explicárnoslo le parece que ya lo explicó en una rueda de prensa en no sé qué país lejano, si falta
transparencia en la acción de Gobierno en temas fundamentales para la democracia, no para este grupo parlamentario y, por tanto, también para ustedes, si falta control, no lo podemos ejercer porque ustedes nos impiden que se ejerza el control porque
hacen, insisto, la interpretación más torticera y más restrictiva del Reglamento que se puede hacer, y si además están todos los órganos desde la justicia hasta los órganos reguladores parasitados partidariamente para que esté todo absolutamente
controlado, efectivamente la democracia se escribe con minúsculas y además se entrecomilla. Eso es un drama para nuestro país, eso es un problema y esa es la expresión real de la crisis más importante que tiene España, que es una crisis política
que se suma a la crisis económica y a la crisis de empleo, pero que es la crisis más importante que tiene nuestro país.
Por eso, señores del Grupo Popular, les pido que reflexionen sobre la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy el Grupo Socialista ha defendido, no sobre el contenido, porque sobre el contenido desde luego este grupo
presentaría enmiendas, introduciría otras cuestiones como, por ejemplo, la figura de la reprobación del presidente del Gobierno, que no tendría efectos de la moción de censura, pero que sí tendría efectos de carácter político, y también en relación
con la propia propuesta. Utilicen ustedes su mayoría para que la democracia sea de más calidad y para que el Parlamento pueda debatir al respecto, permitan que llegue aquí este debate y no nos remitan a que ya hay una Comisión que estudiará la
reforma del Reglamento porque si este debate se está produciendo es porque, aparte de lo que pensamos los que aquí estamos, hay un clima social en este sentido. Hay un clima social de reclamación de más democracia, de más transparencia y de más
rendición de cuentas y ustedes no nos dejan ni siquiera debatir. Señores del Grupo Popular, como les decía, no confundan la legitimidad de origen con la legitimidad de ejercicio. Permitan que esta proposición de ley salga adelante y que podamos
debatir y ustedes, naturalmente, ejercer su mayoría en el debate y en las propuestas, porque si no estarán demostrando un desprecio olímpico hacia el Parlamento, que es despreciar a los ciudadanos y a la democracia.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, a veces parece fácil legislar. Si hay un presidente que se atrinchera en La Moncloa, que no se atreve a venir al Parlamento, que no quiere responder sobre sus responsabilidades políticas
en el caso Bárcenas, por ejemplo, basta simplemente que una ley con un artículo solitario obligue al presidente a comparecer cuando así lo demanden todos los grupos parlamentarios, excluido el o los que apoyan al Gobierno. Así de fácil, señor
Madina, se puede legislar, una ley ad hoc, casi diría una ley ad hominem. Me temo, sinceramente, que este es un ejemplo de política de parcheo, de política de respuesta inmediata ante los acontecimientos y no creo que sea la mejor expresión del
parlamentarismo. También es cierto que con este Gobierno y con esta mayoría absoluta que estamos viviendo, estamos viviendo -decía- la peor involución política en treinta y cinco años, y en ese sentido coincidimos con su intervención, señor Madina,
pero no será con esta pequeñita reforma del Reglamento con lo que podamos hacer frente a esa involución que llevamos sufriendo casi dos años. Por eso, algunos hemos sido más ambiciosos y hemos reclamado la apertura del debate global sobre la
reforma del Reglamento.
Hace un año, en septiembre, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural presentó en esta Cámara el documento-propuesta en defensa de una democracia avanzada y de un Parlamento al servicio de la ciudadanía. Fue entregado al presidente del
Congreso y a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. El portavoz de mi grupo, don José Luis Centella, tuvo la oportunidad de interpelar a la vicepresidenta del
Gobierno, lo que dio lugar a una moción que fue aprobada casi por unanimidad, sin votos en contra, el 29 de noviembre del año pasado. En cumplimiento de esa moción, cinco meses después, el 24 de abril se constituyó la ponencia encargada de
estudiar la reforma del Reglamento. Lamentablemente, estamos esperando desde entonces a que se convoque la segunda sesión. Han pasado ya otros cinco meses y mi grupo parlamentario lo ha venido recordando insistentemente tanto a los portavoces como
al propio presidente de este Congreso, la última vez esta misma mañana formalmente por carta. Evidentemente, es ahí, en el seno de esa ponencia, donde deberíamos todos los grupos parlamentarios presentar nuestras propuestas y alcanzar acuerdos. Es
imprescindible si no queremos que se quiebre de forma total la confianza de los representados hacia sus representantes. Con la excusa de la crisis llevamos casi dos años con un Parlamento que también está sufriendo una peligrosa involución en
materia democrática. Se están perdiendo las herramientas de control, se está abusando de los decretazos, de vetos del Partido Popular en la Mesa a solicitudes de comparecencias del presidente o de ministros o a solicitudes de creación de comisiones
de investigación, se retrasa hasta cuando convenga el debate sobre el estado de la Nación, se aprueban leyes en Comisión y no en Pleno -se abusa de eso-, los cupos que consagran el bipartidismo dificultando la labor de la oposición al resto de
grupos parlamentarios, etcétera. Todo eso está degradando el funcionamiento de las Cortes Generales.
En estos momentos es fundamental que abordemos una reforma profunda de los usos y costumbres de este Parlamento. No basta con forzar que comparezca el presidente si una minoría cualificada lo pide. Hoy hay que ser más ambiciosos o corremos
el riesgo de encerrarnos en una burbuja detrás de los leones, mientras la sociedad sigue su rumbo ahí fuera. O los grupos parlamentarios mayoritarios entienden que es imprescindible acortar la distancia entre el Parlamento y la calle, entre los
parlamentarios y los ciudadanos a quienes representamos, o estaremos poniendo en grave riesgo la esencia misma del sistema democrático. No podemos ni queremos resignarnos a un Congreso excluyente, restrictivo, cerrado, vallado para alejar a la
ciudadanía y que además acentúa artificialmente el bipartidismo, un bipartidismo que ya no se corresponde con el pluralismo político de nuestra sociedad. Necesitamos más cauces para la participación directa de la ciudadanía. No olvidemos para
quien trabajamos. Los representamos, por supuesto que sí, pero no les sustituimos. El pueblo es el soberano y es el que nos paga el sueldo. Queremos un Parlamento más activo, más vivo y volcado en los problemas reales de la gente. Por eso,
queremos que haya comparecencias de colectivos y asociaciones en la Comisión de Peticiones, que tiene que dejar de ser un buzón de sugerencias. Queremos que se facilite el proceso de las iniciativas legislativas populares y que sus promotores
intervengan en esta tribuna ante el Pleno del Congreso en defensa de sus iniciativas. Queremos buscar cauces nuevos para que la sociedad pueda participar en las comisiones y en la elaboración de las iniciativas parlamentarias. Queremos, en
definitiva, mejorar los instrumentos de control parlamentario; que la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Congreso sea obligatoria cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios -dos, no todos menos uno, como plantea el Grupo
Parlamentario Socialista, sino cuando lo soliciten dos-; que se regule la obligatoriedad anual del debate de política general llamado sobre el estado de la Nación para evitar que dependa de los intereses o de las apetencias del Gobierno de turno;
que pueda ser obligatoria, por ejemplo, la constitución de una comisión de investigación cuando así lo demande una minoría cualificada del parlamento, dos quintos o tres séptimos o cuatro novenos, lo que pactemos en esa ponencia para la reforma del
Reglamento. Queremos un Parlamento pegado a la actualidad y más fiel a la pluralidad existente. Por eso, proponemos que se amplíe el número de preguntas al Gobierno en los plenos a favor de los grupos que cuentan con más de diez diputados, como
ocurría hace algunas legislaturas; que se amplíe el número de proposiciones no de ley en cada Pleno para favorecer a todos los grupos; y que se regule el contenido de las comisiones para favorecer la inclusión de iniciativas de todos los grupos
parlamentarios.
En suma, para Chunta Aragonesista, Iniciativa per Catalunya-Verds e Izquierda Unida hace falta un profundo debate en la ponencia para la reforma del Reglamento. Hace falta que se convoque ya la segunda sesión; tenemos muchas ganas de que
se convoque ya esa segunda sesión. Nadie debe tener miedo a una mayor democracia ni a un Parlamento abierto, más dinámico, más pegado a los problemas reales de la gente y más fiel a la pluralidad de nuestra sociedad. Por eso, hemos reclamado la
convocatoria de esa ponencia, para que todos los grupos podamos llevar ahí nuestras propuestas. Ahora, en coherencia con eso, vamos a votar a favor de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista para que se tenga en cuenta esa
propuesta en el trabajo de reforma del Reglamento, que entendemos que está abierto y que nadie debería intentar cerrar en falso. La Moncloa es la casa de Gobierno; yo creo que todos
podemos estar de acuerdo en eso. Pues bien, o el Parlamento es la casa de la oposición o si lo convertimos en una subsede olímpica de Génova estaremos haciendo un muy flaco favor a la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista propone hoy introducir una reforma en el Reglamento del Congreso que supondría romper con la regla de las mayorías que rigen el funcionamiento de esta Cámara. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa
la Presidencia). Concretamente lo que se pretende es una modificación adicionando un apartado en el artículo 203 del Reglamento del Congreso que facilite que cuando toda la oposición de forma unánime solicite la comparecencia del presidente del
Gobierno, a pesar de que el grupo parlamentario que ostenta la mayoría tenga en este caso mayoría absoluta y exprese su oposición, se acuerde igualmente, si así lo desea la oposición, dicha comparecencia. En definitiva, se trata de introducir un
mecanismo que corrija posibles situaciones de mayorías parlamentarias absolutas que en ocasiones, según el uso que se haga de ellas, pueden repercutir de forma negativa en la salud democrática del país al infravalorar o pasar por encima de las
minorías parlamentarias.
Aunque Convergència i Unió no comparta al cien por cien la fórmula que se propone -creemos que es mejorable, como también han dicho algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra-, creemos que es sano para la calidad
democrática introducir elementos que corrijan esas mayorías parlamentarias, ya que, a pesar de ser resultantes de procesos electorales y de responder a la voluntad ciudadana, también es cierto que según la forma en que sean usadas pueden contribuir
a acrecentar aún más ese alejamiento entre la ciudadanía y las instituciones democráticas, por cuanto muchos ciudadanos que se sienten representados por los partidos minoritarios pueden entenderse minorizados por el grupo dominante que dispone de
mayoría absoluta. El respeto a las minorías parlamentarias viene intrínsecamente ligado al concepto de democracia y creemos que su salvaguarda es fundamental para mantener esa salud democrática a la que antes me refería. El régimen de
funcionamiento interno de esta Cámara tiene que recoger fórmulas que supongan el respeto a ese principio, y creemos que la propuesta del Grupo Socialista va en esa dirección.
Hoy Convergència i Unió votará favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque nos habría gustado que se hubiera planteado de otro modo. Aunque hoy su defensa ha ido por otro camino, la verdad es que, en primer
lugar, creemos que habría sido mucho más adecuado introducirlo en otro marco, como es el de la reforma futura y esperada del Reglamento del Congreso, cuya ponencia, como se ha recordado también hace un momento, está ya constituida pero no se ha
vuelto a convocar. Asimismo, quiero recordar que el Grupo Socialista cuando ha tenido mayoría parlamentaria en esta Cámara tampoco ha aprovechado la ocasión para introducir la reforma que en estos momentos está reclamando. También nos habría
parecido más riguroso que la fundamentación de esta proposición utilizara una base argumental distinta, en lugar de basarse única y exclusivamente en el caso Bárcenas, porque lamentablemente creo que podríamos poner muchos ejemplos como este; de
hecho, si buscásemos en el 'Diario de Sesiones' de otras legislaturas pasadas con mayorías absolutas de otro grupo parlamentario, seguramente encontraríamos unos cuantos ejemplos de ello. No podemos simplificar el debate a un caso puntual, porque
la cuestión de fondo es otra bien distinta. Tampoco es de recibo atribuir exclusivamente al grupo que hoy ostenta la mayoría absoluta, al Partido Popular, la responsabilidad en ese tipo de actitudes parlamentarias. No voy a ser yo quien lo
defienda, ni mucho menos, pero tenemos que recordar que también en otros momentos se han producido situaciones similares cuando ha habido un mal uso de la mayoría absoluta que ha dominado esta Cámara. Precisamente, para evitar estas situaciones de
mal uso, incluso abuso, de estas mayorías, creemos que es de utilidad introducir estos mecanismos correctores en la regla de las mayorías. Se trataría de reforzar el sistema pluripartidista, más respetuoso con las minorías para atenuar el peso del
bipartidismo mayoritario. No obstante, a pesar, como he dicho, de que no nos gusta la fundamentación ni el marco en el que se presenta esta iniciativa, Convergència i Unió va a apoyar esa toma en consideración porque el objetivo que persigue
coincide con el espíritu de las enmiendas que nuestro grupo presentó en su día en los trabajos parlamentarios que tuvieron lugar en la octava legislatura para reformar el Reglamento de esta Cámara y que van en la línea de dar mayor protagonismo a la
oposición y, en especial, a los grupos minoritarios. Así, a título de ejemplo, Convergència i Unió ha defendido que en cada período de sesiones todos los grupos parlamentarios
tengan derecho a incluir en el Pleno del Congreso un mínimo de dos proposiciones de ley e interpelaciones o también que se aumente el número total de preguntas orales ante el Pleno para incluir en el orden del día, garantizándose así un
mínimo de dos preguntas para cada grupo parlamentario. En definitiva, Convergència i Unió ha defendido en otras ocasiones la necesidad de poner en valor el principio de respeto a las minorías en la futura reforma del Reglamento del Congreso, y así
lo haremos nuevamente en esta ocasión.
Al margen de la necesidad de dar mayor protagonismo a los grupos minoritarios que conforman la oposición, reforzando, como decíamos, el pluripartidismo, no podemos olvidar que el descrédito que invade nuestras instituciones democráticas y,
en este caso, el Parlamento, tiene que superarse tomando medidas que tenemos al alcance y que podemos abordar en esta futura reforma del Reglamento del Congreso. Tenemos que poner al día esta institución. La sociedad ha avanzado rápidamente y aquí
no la hemos alcanzado. Tenemos que mejorar para que la ciudadanía se sienta identificada con la Cámara y, entre otros aspectos, reforzar las funciones de control al Gobierno, asegurando una mayor independencia de esta Cámara. En este punto, es
importante también la falta de información que tenemos los grupos de la oposición. Es complejo ejercer esa función en estos momentos. Posiblemente, la ley de transparencia ayudará a ello. Tendremos acceso con facilidad a mucha más información, y
ello va a agilizar y reforzar esta importante función de control que ejerce el Congreso. En definitiva, celebramos que el Grupo Socialista haya planteado esta iniciativa, que nos gustaría que prosperara por cuanto la consideramos positiva para la
salud democrática de nuestras instituciones.
Por último, quiero aprovechar este debate para recordar al grupo proponente y también al Grupo Popular que sería bueno que en cuestiones lingüísticas en la futura reforma del Reglamento se siguiera este principio de respeto a las minorías,
porque, como ha recordado también otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, los derechos lingüísticos también son fundamentales para muchos grupos de la oposición que aquí estamos representados y para muchos ciudadanos, a quienes
les gustaría poder escuchar su lengua, su idioma, en esta Cámara, que es la casa de todos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Popular, señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Señora presidenta, señorías, voy a empezar por decir, por si a alguien les ha llamado a engaño prácticamente todas las intervenciones que acabamos de escuchar, que lo que estamos debatiendo ahora es una
reforma concreta del Reglamento de la Cámara y no de todo el Reglamento, tal y como algunos intervinientes han aprovechado para sugerir esta tarde. Es una concreta iniciativa del Grupo Socialista que propone algo muy sencillo, y es que las
comparecencias en esta casa no las decida la mayoría sino que las decida la minoría. Como todos en este hemiciclo saben, la reforma de nuestras reglas del juego, cuando se persiguen de verdad, se suelen plantear ante la Comisión de Reglamento para
la búsqueda del consenso necesario para una norma de esta naturaleza, tanto más cuando, como ahora sucede, hay constituida una ponencia a tal efecto. Ya la exposición de motivos de esta proposición nos da la pista de que al Grupo Socialista la
reforma del Reglamento le trae absolutamente sin cuidado, señor Madina. Como la exposición revela sin tapujos, el 22 de julio ustedes registraron esta proposición, 22 de julio; obviamente no con el objetivo de introducir una reflexionada mejora
reglamentaria sobre las comparecencias y su régimen jurídico, sino como una más de las ocurrencias que han tenido en estos meses para pretender repetidas y sucesivas comparecencias del presidente del Gobierno; comparecencia que, como saben, ya se
produjo a petición propia el pasado 1 de agosto. Así que ahora estamos ante una pura excusa. Entiendo, señor Madina, que hoy no haya insistido en la excusa mucho -el día no está para bromas para el Grupo Socialista- pero, en este caso, se trata de
una excusa especialmente desafortunada, no solo porque técnicamente -y varios oradores lo han dicho aquí- nos proponen una frívola improvisación -y cuando quiera entramos en detalles- sino, sobre todo, porque se trata de hacer política partidista a
costa del Reglamento, y eso es algo muy serio.
Obviamente, los socialistas están en su derecho de pedir las veces que quieran las comparecencias que deseen y están en su derecho de criticar lo que pase o no pase en ellas; incluso de solicitar -digamos- comparecencias de revancha si no
les gusta el resultado y quieren insistir para ver si alguna vez suena la flauta. Lo que ya no es de recibo, y resulta especialmente preocupante en un partido con vocación de Gobierno, es que lo que no consigan con argumentos y con talento político
lo pretendan echándole la culpa a las normas y poniendo en entredicho a la institución. Ustedes saben igual que yo que lo que
algunos acaban de cuestionar aquí -algunos con un evidente cinismo- no es otra cosa que la aplicación legítima, legal y habitual de las normas vigentes; normas que naturalmente podremos cambiar si coincidimos en que así lo aconseja el
interés general y no intereses particulares de ocasión, pero normas razonables, que se aplican de forma general razonablemente, que llevan funcionando treinta años y que, por supuesto, los socialistas han mantenido sin cuestionar en estos treinta
años ni una coma. De hecho, señor Madina, puestos a hablar de abusos, déjeme que le recuerde que ustedes tienen el dudoso honor de haber pasado ya a los libros de historia como los genuinos inventores del rodillo parlamentario; que quede claro.
Es fácil entender que los grupos minoritarios cuestionen, como han cuestionado siempre, el principio mayoritario. Aunque a más de uno me van a permitir, señor Esteban, señora Surroca, que les sugiera que empiecen por experimentarlo en las
instituciones que gobiernan. Como a algún otro orador tengo que sugerirle que plantee las reformas parlamentarias en la ponencia que está constituida al efecto y no en los periódicos. Pero que esto lo plantee el Grupo Socialista es especialmente
lamentable y de una irresponsabilidad, déjenme que se lo diga, imperdonable. En primer lugar, porque ustedes no es que no hayan sentido nunca la necesidad de hacer una reforma en la que ahora parece que les va la vida, es que se han opuesto siempre
a ella en todos los trabajos que se han celebrado en esta Cámara para la reforma del Reglamento, y se lo han dicho todos los grupos parlamentarios. Pero sin necesidad de remontarme al pasado, llevan ustedes todo este año anunciando a bombo y
platillo conferencias para proponer reformas de todo orden. De hecho, cada vez que tienen uno de sus numerosos líos internos anuncian otra. Que su partido en Cataluña quiere apuntarse al derecho a decidir, ustedes proponen una reforma de la
Constitución para instaurar el federalismo aunque todavía no hayan llegado a aclarar si tiene que ser simétrico, asimétrico o con derecho a consulta. Que uno de sus líderes pide que se suprima el concierto vasco, pues se modifica la financiación
autonómica en la Constitución. Que el 15-M les apela, pues proponen el escaño 351 para que vengan a la Cámara a debatir con los diputados. Y así todo. Pues bien, señorías, ocurre que con todas estas sesudas sugerencias que el Partido Socialista
viene haciendo públicas este año, ni una sola vez se les había ocurrido hasta el pasado 22 de julio que la verdaderamente decisiva es que las comparecencias no las decida la mayoría del Congreso. Aunque es verdad -eso sí es verdad- que ahora
ustedes repiten algo que ya le hicieron hace años, por ejemplo al Consejo General del Poder Judicial, como es cuestionar el principio mayoritario solo cuando a ustedes no les gusta la mayoría que hay, para cambiar así las reglas y las mayorías en
medio del partido. (Aplausos).
Ustedes están planteando -déjenme que les diga- muchos disparates institucionales, porque disparatado y muy irresponsable es falsear la finalidad de instrumentos constitucionales como la moción de censura; o plantear la aplicación del
impeachment americano, que es lo más ajeno imaginable a nuestro modelo constitucional; o pretender sustituir la moción de censura por mociones fraudulentas de reprobación del presidente que, como ha recordado la señora Díez hoy, no están ni en la
Constitución ni en el Reglamento; o exigir que se hagan libremente interpelaciones al presidente, cuando ustedes lo han impedido siempre. ¡Cuánta falsedad, señor Madina, y cuánta frivolidad! (El señor Madina Muñoz hace gestos negativos). Dice
usted que no, pero en una entrevista también de julio a un expresidente de esta casa se encuentra tristemente resumida la actitud del Grupo Socialista ante el Reglamento. Cuenta don Manuel Marín -fíjense- que intentó impulsar su reforma, la reforma
del Reglamento, urgido por el propio presidente Zapatero, trabajando en varias cosas entre las que menciona expresamente la necesidad de incluir las interpelaciones de urgencia al presidente del Gobierno en el Reglamento, que no estaba. ¿Y qué pasó
-le pregunta la entrevistadora-? Que descubrí -responde el señor Marín- que por primera vez en mi vida me habían encargado un trabajo para no hacerlo. Se lo dije a los cuatro o cinco que dirigían el partido y no les gustó nada, les sentó muy mal.
Pero era verdad, era la primera vez que se me marca un objetivo para que no lo consiga. Esto, entre otras cosas, con relación a las interpelaciones al presidente del Gobierno que ustedes plantean cada semana. (Aplausos).
Señores socialistas, si ustedes hubiesen tenido la intención sincera y leal de mejorar el Reglamento, es obvio que hubiesen buscado un acuerdo en la ponencia que tenemos para ello. Pero han utilizado instrumentalmente las reglas de juego
con la pretensión de desgastar al Gobierno a costa, una vez más, del famoso como sea. Señorías, naturalmente -se lo digo a todos los portavoces- que el Reglamento lo podemos cambiar; le digo más, hay que hacerlo por muchos motivos. Como he
repetido desde esta tribuna muchas veces, resulta imprescindible acometer urgentemente en España reformas institucionales de primera magnitud. De hecho, así lo hemos propuesto los populares, trayendo a votación a Pleno -como trajimos- la
constitución de la correspondiente ponencia en la Comisión de Reglamento y en ella
todo es susceptible de ser debatido, incluido por supuesto el régimen de mayorías de esta Cámara. Lo que no es admisible es que, carentes de propuestas para mejorar el país, desciendan algunos a buscar tajada deslegitimando las normas y las
instituciones. Ese sí es un camino seguro para que la democracia y esta casa sufran daños irreversibles, y eso -ya les digo-, en la medida de nuestras fuerzas -que no son pocas-, el actual grupo legítimamente mayoritario de esta Cámara lo va a
evitar al servicio de España, de la Constitución y de las leyes.
Muchas gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Astarloa.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 162/000654).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto III del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la elaboración de un plan
nacional para la inclusión social. Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Popular traemos hoy a debate un tema que para nosotros es de la máxima importancia y prioridad: la lucha contra la pobreza. Un debate que a lo largo de la legislatura hemos mantenido en diversas ocasiones y que
busca hacer visible una realidad de la que todos debemos ser conscientes y a la que debemos encontrar soluciones. Un debate, señorías, que deberíamos tener y que me gustaría que tuviésemos desde la sensibilidad, la responsabilidad y la altura de
miras que supone hablar del drama de miles y miles de familias, de miles y miles de niños que cada día se enfrentan en nuestro país a la subsistencia, porque las cifras no nos pueden dejar impasibles a pesar de ser conocidas de sobra. Un 21 % de la
población española se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, aunque parece que los datos de este año van mejorando. Señorías, más de 2 millones de niños en España se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, el 22 % de nuestros
hogares; unas cifras que han crecido de manera sustancial entre los años 2007 y 2010. Entre esos años más de 1,5 millones de personas llegaron a estar en riesgo de exclusión; en solo tres años se produjo un incremento del 120 %. Unos datos sin
duda escalofriantes.
Lo hemos dicho en cada uno de los debates que hemos tenido sobre pobreza y exclusión: este no es un fenómeno nuevo, no se ha generado en los últimos meses, no es responsabilidad de este Gobierno y además es un fenómeno estructural que
requiere de soluciones transversales a distintos niveles y tomadas por distintas administraciones. Pero, señorías, sobre todo la pobreza requiere voluntad y consenso; la voluntad inequívoca del Gobierno, como no podía ser de otra forma, para
atajar un problema que nos angustia, nos preocupa y nos ocupa a muchos. Por ello, el Gobierno, por una parte, está realizando las reformas estructurales necesarias para recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo;
reformas, señorías, que, como vemos, están empezando a dar sus frutos: se ha frenado la caída, se ha estabilizado la situación y empezamos a remontar; sin olvidar, además, otras medidas puestas en marcha por este Gobierno y que van en la dirección
de ayudar a los más necesitados. Por cierto, señorías, algunas de las medidas coinciden con las solicitadas por Izquierda Unida en su enmienda.
Hoy, señorías, los parados no pagan medicamentos, cuando antes pagaban un 40 % de su precio. Se ha reforzado la protección de desempleados de larga duración con la ampliación del programa Prepara. Se han aprobado distintas medidas para
evitar que las familias sin recursos pierdan su vivienda habitual. Se ha hecho una reforma laboral que a pesar de las infundadas críticas, ha comenzado a dar resultados. Se destina el 63 % del presupuesto al gasto social. Se han incrementado las
pensiones no contributivas en un 23 %. Se ha configurado un catálogo de referencia de servicios sociales marcando criterios comunes de calidad y buen uso de los mismos. Hay hoy mayor dotación para el Plan de ayuda alimentaria, con 80 millones de
euros. Se ha puesto en marcha un nuevo marco regulatorio del tercer sector para mejorar la estabilidad y la confianza a las entidades. Y hablando del tercer sector, se ha activado un plan urgente, el Plan social de apoyo a entidades sociales,
pensado para las entidades especializadas en familias, infancia, mayores, discapacitados o madres, dotado con más de 700 millones de euros, que se sumarán a los 210 millones de la recaudación del IRPF y que buscan dar prioridad a la lucha contra la
pobreza infantil. En este plan se incluye el pago de transferencias pendientes a las entidades del tercer sector, que, señorías, hacen una labor impagable contra la exclusión social y por tanto hay que ayudarles y agradecérselo.
Por otra parte y además de todas estas medidas que estamos comentando, el Gobierno lleva meses trabajando en el plan nacional para la inclusión dentro de la estrategia europea 2020 de inclusión social y lucha contra la pobreza. Un plan que
incluye la acción coordinada y la colaboración entre los distintos agentes implicados: comunidades autónomas, corporaciones locales, ONG y agentes sociales. Un plan necesario, puesto que el anterior terminó en 2010 sin ser renovado y sin hacer un
nuevo plan específico. Un plan que quiere cubrir las necesidades crecientes en todos sus ámbitos -señores de Izquierda Unida, que también lo piden en sus enmiendas-: en educación, en pensiones, en vivienda, en empleo, en Seguridad Social o en
sanidad. Un plan que tendrá como objetivo específico la lucha contra la pobreza infantil, con ambición y con recursos, como ustedes piden, por supuesto, que se unirá al Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, que cuenta, como no podía
ser de otra manera y por primera vez en la historia, con una dotación económica de 5.159 millones de euros y con objetivos -también por primera vez en la historia- específicos dirigidos a garantizar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los
niños.
Como decía, señorías, es necesaria la voluntad y es imprescindible el consenso de los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa como apoyo e impulso al Gobierno en su estrategia de lucha contra la
pobreza. Es evidente que en la situación que hoy vivimos hay muchas carencias y necesidades, pero esta tarde traemos una iniciativa realista que supone reconocer la necesidad de luchar contra la pobreza, de mantener la causa en la agenda del
Gobierno y de impulsar el proceso de elaboración de dicho plan. Hoy varios grupos han presentado enmiendas -el Grupo Vasco por cuestiones competenciales- y quiero decirles, señorías, que a pesar de no poder aceptar estas enmiendas, el Gobierno
mantendrá, como no podía ser de otra manera, el máximo respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Izquierda Unida hace una larga enmienda donde incluye cuestiones que el Gobierno ya está haciendo, como les he dicho, o que ya ha
anunciado que van a formar parte de este plan, y otras que, pudiendo ser positivas, no tiene sentido incluirlas en esta iniciativa de esta tarde, por lo que les propongo que la presenten como iniciativa propia de su grupo. Y, señorías, el Grupo
Socialista presenta otra enmienda que podríamos llegar a aceptar sin ningún problema, puesto que coincide con la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos para hacer el mejor marco posible para el tercer sector. Si la aprobación de la enmienda del
Grupo Socialista supone llegar al consenso y al acuerdo, por supuesto es perfectamente posible aceptarla y aquí nos tiene al Grupo Popular.
Señorías -y me dirijo a todos los grupos parlamentarios-, los más necesitados, las familias y los menores que sufren pobreza no entienden de política, no entienden de argumentos partidistas, necesitan saber que nos preocupan y que desde el
Parlamento -igual que desde el Gobierno- hacemos nuestra su causa, hacemos nuestros sus problemas, aparcamos nuestras diferencias y sumamos esfuerzos. Hoy el Grupo Popular tiene un claro objetivo: hacer visibles los problemas de tantas y tantas
familias, de tantos y de tantos niños, e impulsar junto al Gobierno, insisto, una medida realista, el plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016, que es un plan que el Gobierno está elaborando y de cuya necesidad es plenamente
consciente. Hoy queremos lanzar un mensaje de esperanza a los que más nos necesitan, hoy nos gustaría que esta iniciativa se aprobase con el apoyo de todos los grupos, nos gustaría trasladar que contra la pobreza todos nos unimos, que es una lucha
de todos, señorías.
Por eso, para terminar, pido a los grupos que se sumen a esta causa, que apoyen esta iniciativa y que presenten todas las complementarias que consideren oportunas en el futuro, pero no se queden simplemente en la crítica fácil al Gobierno.
Ustedes, señorías, eligen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Camarero.
Para la defensa de sus enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Vasco, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Camarero, ha hecho una reflexión interesante en su exposición: los pobres no entienden de política, entienden de soluciones. Tiene razón, los pobres no entienden de política, entienden de soluciones, lo
cual no legitima al legislador para hacer lo que le dé la gana, y menos lo que le dé la gana al margen de los requerimientos del ordenamiento jurídico. Por eso, nosotros hemos presentado dos enmiendas que atienden a estos requerimientos, a los del
ordenamiento jurídico desde una perspectiva competencial pero también desde una perspectiva filosófica de cómo afrontar el problema de la pobreza.
Pedimos la modificación del número tres de la parte dispositiva de su proposición por una razón. Usted no puede -perdón, no usted sino la Administración General del Estado- imponer a las comunidades autónomas mecanismos de colaboración.
Estamos ante una competencia en materia de asistencia social exclusiva de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas podrán concertar entre ellas y, a su vez, con el Estado, pero usted ha invertido el vector desde la perspectiva de la
legitimidad política. Son las comunidades autónomas las que ostentan una de las pocas competencias exclusivas que no está de alguna forma perturbada o limitada ni por la legislación marco del Estado ni por las leyes de bases del Estado ni por la
alta inspección del Estado ni por los requerimientos generales de la economía ni por nada; es una competencia exclusiva pura. Desde esa perspectiva, nosotros le pedimos que utilice el vector adecuado. Las comunidades autónomas podrán concertar y
colaborar entre ellas y, a su vez, con el Estado.
Pedimos la supresión del número cuatro porque ustedes o las Cortes Generales carecen -perdone que me dirija a usted o a ustedes personalmente- de habilitación competencial alguna para regular normativamente lo que se denomina tercer sector.
Esta es una competencia que pende aneja a la competencia de asistencia social y, por el juego combinado en los artículos 148 y 149 de la Constitución, y en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi por el artículo 10.12, es una competencia
exclusiva autonómica. Desde esa perspectiva, este intento del número cuatro de su proposición no de ley de aquilatar normativamente la configuración de este concepto un tanto deletéreo que se denomina tercer sector carece de la habilitación
competencial suficiente y, por lo tanto, no podemos apoyarlo y pedimos la supresión del número cuatro. Si usted fuera capaz de aceptar la modificación que le sugerimos del número tres y la supresión del número cuatro, podríamos debatir los aspectos
filosóficos de su iniciativa, pero, como ya nos ha adelantado que no lo va a hacer, congruentemente nosotros vamos a votar que no a su iniciativa.
Pero también hay razones filosóficas que justifican este no, señora Camarero. Usted ha puesto una serie de ejemplos que además le dan una impronta un tanto esquizofrénica -si me permite la expresión- a esta iniciativa. Cuando la propaganda
gubernamental está hablando de la superación de la crisis y de que las familias ahora están llegando a un punto de ahorro similar o prácticamente idéntico al momento histórico anterior a la crisis, usted hace aquí la radiografía exactamente
contraria, pero la real, la de la pobreza, la radiografía social auténtica del Estado español, en donde convivimos con más de 10 millones de pobres, de los cuales 3 millones están en una situación de pobreza extrema, en donde hay problemas de
malnutrición, en donde hay problemas o situaciones que nos equiparan en esta radiografía de la pobreza -que sería muy dramático desagregar en su contenido más exhaustivo- a países como los que usted ha citado, como Rumanía, como Albania, en el
ámbito del porcentaje de pobreza, entendiendo por pobreza lo que también entiende Eurostat: la obtención de ingresos inferiores a 7.355 euros al año. Así hay más de 10.200.000 personas en el Estado español, y con esto no se puede convivir. Y no
se puede convivir con las fórmulas que ustedes preconizan para resolver el problema de la convivencia, con unas bolsas de pobreza tan dramáticas que casi deslegitiman -esto sí que la deslegitima- la función de las instituciones gubernamentales, y de
las instituciones legislativas también, al no poder afrontar adecuadamente este problema.
¿A qué se refieren ustedes en la exposición de motivos? A la asistencia sanitaria en el peor momento, señora Camarero, de los posibles. ¿Por qué cita la asistencia sanitaria como ejemplo del buen hacer -pura propaganda política-, cuando
han excluido de la asistencia sanitaria en el último real decreto-ley sanitario a 900.000 extranjeros en situación irregular? No han podido elegir peor ejemplo. Y, hablando de la regulación de los desahucios, tampoco han podido elegir peor ejemplo
que este. Ninguna de las normas de este Gobierno acoge los requerimientos de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo presentada por una cuestión prejudicial de un tribunal de Cataluña. Ninguna admite la dación en pago para las personas que están
en situación de exclusión, pero la dación en pago es la privación de la vivienda en las situaciones de exclusión, luego les colocamos en una situación todavía de mayor exclusión, y la renovación de la deuda para los que tripliquen el Iprem. Esto no
acaba con las cláusulas abusivas que permiten a la entidad financiera acreedora quedarse con el bien por el 60 % de su valor...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señora presidenta.
...y mantener al pobre acreedor como acreedor con todos sus bienes presentes y futuros. Luego se mantienen las cláusulas abusivas en la normativa que ustedes han aprobado en materia de desahucios.
En cuanto a los comedores sociales, más desafortunado no puede ser el ejemplo, señora Camarero. Los comedores sociales no los está financiando prácticamente ninguna institución pública, o marginalmente alguna. Se están autofinanciando.
Ayer pudimos ver en la televisión catalana un documental importante de un comedor social de un barrio de Barcelona autofinanciado por los propios vecinos. Luego todas las invocaciones filosóficas de su exposición de motivos son las peores que usted
podía haber traído a colación...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...para justificar la política de su Gobierno en la lucha contra la lacra de la pobreza.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace trescientos años nada más y nada menos, Jonathan Swift y Arbuthnot escribían El arte de la mentira política. Yo diría en este caso la mentira con malas artes, porque es mucho decir que esta mentira sea una mentira política,
en primer lugar porque reivindico en esta Cámara la política. Da la impresión de que para el Partido Popular la política es algo negativo, y en esta Cámara, señorías, ¿qué hacemos más que política? La política es la búsqueda del bien común y la
defensa de la ciudad desde distintas perspectivas, la suya pero también la nuestra. Por tanto, lo que estamos haciendo en esta Cámara es política. ¿Y qué hay más político que hablar sobre la defensa más básica de la ciudad, la defensa contra la
pobreza, contra el infortunio, contra la enfermedad y contra la muerte? De eso estamos hablando en esta Cámara, señorías. Por tanto, reivindico el carácter político de esta Cámara y de este debate.
Pero Jonathan Swift, en aquel opúsculo, decía que hay tres clases de mentira: la mentira calumniosa, la mentira por exageración y la mentira por traslación. Pues aquellas mentiras de las que hablaba en El arte de la mentira política
Jonathan Swift tenían una característica general, y es que eran creíbles, que eran verosímiles. Pues la mentira que hoy proponen ustedes aquí es inverosímil, pero es la peor mentira de todas, porque se hace con la gente más débil, con la gente que
está sufriendo en estos momentos lo más duro de la crisis. Es verdad que en este país a lo largo de muchos años, salvo un pequeño período en los años ochenta y otro pequeño periodo en la década anterior, la desigualdad ha aumentado en los períodos
de crecimiento y en los períodos de crisis de manera diferente a otros países de nuestro entorno. Y es verdad que en nuestro país hay un alto nivel de pobreza que -es verdad- es estructural, pero lo que usted obvia en su intervención son los datos
de la misma Cáritas, que acaba de decir que la pobreza en nuestro país se ha despeñado durante los últimos dos años. Ha aumentado la pobreza general en aproximadamente un 25 % y se ha duplicado la pobreza severa. Eso es lo que dicen Cáritas,
Foessa y la mayor parte de los datos. Y usted obvia esa realidad. ¿Cómo consecuencia de qué, señorías? Como consecuencia, en primer lugar, del modelo de empleo. No es verdad que sea la crisis la que produce pobreza, es la política de austeridad
y la política de empleo precario y pobre la que produce pobreza, la que despeña la pobreza en este país. (Aplausos). Y eso lo quieren obviar ustedes porque ese tránsito entre el empleo precario y el empleo pobre lo han hecho ustedes con su modelo
laboral.
En segundo lugar, lo que influye también en el nivel de pobreza de nuestro país es la debilidad de la redistribución, la debilidad del Estado social, la debilidad fiscal, la debilidad de las políticas sociales. Y, señorías, si ustedes
querían afrontar la pobreza, tenían posibilidades en las reformas fiscales y en las políticas sociales. Pero ¿qué han hecho ustedes? Pues regresar. Las políticas sociales son más débiles de lo que eran hace tan solo unos años, y ya eran débiles;
y, por otra parte, lo que ustedes llaman reformas es prístina y claramente un asalto al Estado del bienestar, un asalto a las políticas educativas, sanitarias, a las políticas de servicios sociales.
Por tanto, señorías, nosotros hemos presentado una propuesta que es alternativa a la suya, no es: yo con la mano izquierda os doy un plan de pobreza y con la mano derecha adopto medidas duras que recortan vuestras condiciones de vida. No,
señorías, es cambiar las políticas sobre las condiciones de vida, recuperación económica y políticas y sociales, y al mismo tiempo un plan de emergencia contra la pobreza. Eso es lo que nosotros proponemos en esta Cámara y por eso vamos a votar no
a su propuesta,
que, como he dicho antes, tiene que ver mucho con la mala mentira política, y una mala mentira exige empezar a hablar de verdad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Socialista, para la defensa de sus enmiendas, la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, volvemos en esta Cámara a sustanciar una vez más una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pide que el Gobierno realice un plan nacional para la inclusión social y lo que pone de manifiesto el hecho de que el
Grupo Popular esté pidiendo reiteradamente al Gobierno que realice un plan de inclusión social es cómo el Gobierno de España desprecia este Parlamento, cómo no quiere oír lo que le demanda esta Cámara y cómo no hace ya ni caso a su grupo
parlamentario. Digo esto, señorías, porque en junio de 2012, hace ya un año, todos los grupos parlamentarios instamos al Gobierno a que hiciera un plan nacional para la inclusión social, y ni caso de lo que esta Cámara le demandó al Gobierno de
España. En febrero de 2013 la ministra en su comparecencia en Comisión dijo textualmente que en las próximas semanas presentaría el plan nacional de inclusión social; siete meses después su grupo parlamentario le está instando a que lo realice.
Esto parece una broma de mal gusto porque estamos hablando de las personas que más sufren, de los más vulnerables, de los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Pero es que en mayo de 2013 la Comisión Europea, cuando evaluó el programa de reforma
nacional, precisamente decía que ese programa no tenía ni información del contenido ni calendario del plan nacional para la inclusión social 2013-2016. Nueve meses después las personas siguen sufriendo y sufriendo durante más tiempo porque no han
tenido respuesta del Gobierno del Partido Popular. Pero, señorías, el colmo del despropósito es que en junio de 2013, hace dos meses, aprobaron ustedes en el Pleno de la Cámara instar al Gobierno para que en seis meses realizara un plan nacional de
inclusión social. Esto pone al descubierto una cosa sencilla y clara: que el Gobierno no cumple y que el Partido Popular está creando expectativas falsas, está confundiendo a la ciudadanía y está jugando con el drama que viven millones de personas
en España. Le están causando un daño irreparable a las personas que en estos momentos están sufriendo más en nuestra sociedad. Y cuando llega algún plan, llega tarde, mal, sin recursos y sin medidas concretas, como ha pasado con el Plan de
infancia y adolescencia que aprobaron un año tarde, en abril de 2013. Este plan hoy es papel mojado, lo están diciendo las organizaciones con los datos que dan. Se está diciendo por las organizaciones que cada tres minutos en España una niña o un
niño cae en riesgo de pobreza y que hay 1.800.000 menores de dieciséis años mal nutridos, es decir, de cada cuatro niñas o niños, una niña o niño está mal nutrido en nuestro país. Ahora nos proponen cuatro puntos y nosotros hemos hecho una enmienda
al punto 4.º En primer lugar, entendemos que el tercer sector no tiene que estar dentro del Plan nacional de inclusión social porque es evidente que el tercer sector lo que tiene es un compromiso, un trabajo diario y una apuesta en las políticas
sociales de carácter transversal y no tiene sentido incorporarlo a un plan nacional de inclusión social. Además, planteamos no una norma regulatoria, sino una ley general del tercer sector que es lo que el propio sector ha planteado y ha demandado,
y de ahí nuestra enmienda.
Me gustaría aludir a algunas cuestiones en relación con los otros tres puntos que plantean. En relación con el primer punto, es cierto que cuando hablan de seguir impulsando las reformas estructurales lo que hay que decirles, señores del
Partido Popular, es que están hablando de más desigualdad, más pobreza, más exclusión, más sufrimiento y menos cohesión social porque lo que han hecho con sus políticas es dar un golpe tras otro a las políticas sociales, y ahí están las reformas.
Usted viene aquí desde la tribuna y se pone a alardear de las reformas que han hecho. La reforma laboral ha significado más paro; han desmantelado la Ley de Dependencia dejando a cientos de miles de personas en el desamparo; han acabado con el
carácter universal y gratuito de nuestro sistema de saludo, algo dramático; han lanzado un dardo envenenado contra la enseñanza pública que pagan las familias, los estudiantes y la comunidad educativa; han recortado las prestaciones por desempleo;
han endurecido los requisitos del Plan Prepara y han expulsado a miles de beneficiarios de la renta activa de inserción. Hay más personas hoy en España sin ningún tipo de ayuda pasándolo cada día peor. Sus reformas han producido una involución
total y una desigualdad que cada día va a más en nuestro país.
Además, a pesar de los puntos 2.º y 3.º, curiosamente, hacen justamente lo contrario de lo que en estos puntos proponen. Ustedes hablan de colaboración con las administraciones públicas pero, mientras tanto, han recortado ya dos tercios del
plan concertado de servicios sociales que los ayuntamientos
desarrollaban para tender la mano a los más necesitados y han anunciado su eliminación. En relación con la reforma de la Administración local que han presentado, lo que han hecho es quitar las competencias a las entidades locales en materia
de servicios sociales, que eran quienes mejor y más eficazmente atendían las necesidades de las ciudadanas y de los ciudadanos. Dan un golpe mortal al ámbito local, quieren ustedes que se colabore entre las administraciones públicas cuando ustedes
lo que están haciendo es desmantelar las propias administraciones públicas como ocurre con los ayuntamientos.
En el punto 3.º plantean la colaboración con las comunidades autónomas y no dicen que han recortado en los Presupuestos Generales del Estado un 53 % en las políticas de apoyo a la infancia y la familia. Están asfixiando las oportunidades y
las posibilidades de desarrollo de la política social de las propias comunidades autónomas. Han desmantelado, como he dicho con anterioridad, la Ley de Dependencia, han suprimido la teleasistencia, han recortado las ayudas al tercer sector y han
anunciado un plan de apoyo a la familia que no terminan de presentar y que miedo nos da que llegue a esta Cámara porque nos tememos que, como siempre ocurre cuando hablan de la familia, se tratará de medidas de carácter ideológico y excluyente.
A ustedes, señorías, señores del Partido Popular, hay que decirles con absoluta claridad que no son de fiar, que están engañando permanentemente a la ciudadanía y que su política es profundamente antisocial. No podemos votar de ninguna
manera esta proposición no de ley que solicita un plan de inclusión social, un plan que el Gobierno, la ministra, debiera haber traído hace ya más de seis meses. Esta Cámara se lo requirió por unanimidad, pero, como siempre ocurre, la ministra
habla en la Cámara y engaña no solo a las diputadas y diputados, sino también a las ciudadanas y ciudadanos, y ustedes, como Grupo Parlamentario Popular, saben que están sirviendo de coartada a un Gobierno que ningunea permanentemente a este
Parlamento y que no cumple con sus compromisos, sencillamente porque carece de voluntad política para impulsar auténticas políticas sociales que atiendan a quienes más lo necesitan en el ámbito de nuestra sociedad, a la infancia, a las personas
mayores, a las personas que se encuentran en una situación dramática. Por favor, no jueguen más con los sentimientos y con el sufrimiento de las personas que peor lo están pasando en España. No creen más expectativas falsas trayendo a esta Cámara
proposiciones no de ley que siempre dicen lo mismo y que nunca tienen ningún resultado para las ciudadanas y ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Muchas gracias.
Señorías, señora Camarero, lamento empezar mi intervención diciéndole que inician ustedes el curso político exactamente igual que como lo acabaron. En el mes de junio debatimos aquí una proposición no de ley de su grupo parlamentario en la
que instaban al Gobierno a presentar en seis meses un plan de acción para la inclusión social con medidas específicas para luchar contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil. Ahora, en el mes de septiembre, reclaman otro plan, un plan
nacional para la inclusión social, cuya elaboración, por cierto, ya fue anunciada por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad en su comparecencia en Comisión el pasado mes de mayo. El propio secretario de Estado anunció con
rotundidad que lo tendríamos en el segundo semestre de 2013. No deben fiarse ustedes mucho del Gobierno cuando ahora, con esta proposición no de ley, vuelven a instarlo con el mismo objeto. Realmente, señoras y señores del Grupo Parlamentario
Popular, no podemos compartir esta retórica política, máxime cuando ahí fuera hay miles de personas que, literalmente, están pasando hambre y cuando cada vez hay más personas excluidas socialmente. Ustedes argumentan su proposición no de ley con
una serie de datos, todos ellos absolutamente espeluznantes, sobre la exclusión hoy en el Estado español y relacionan esos datos como si ustedes no tuviesen nada que ver con ellos. Dice usted, señora portavoz, que no son responsabilidad de este
Gobierno, cuando es evidente y está más que constatado que la desregulación de las condiciones laborales, el empobrecimiento de los salarios y las pensiones y el aumento de impuestos a la mayoría social, medidas todas que ustedes han implementado en
contra de sus propias promesas electorales, han favorecido precisamente ese aumento de la pobreza y de la exclusión que ahora -dicen- quieren remediar.
La dramática situación actual requiere de planes a medio y largo plazo, pero sobre todo es urgente que se tomen medidas inmediatas y desde luego que no se siga abundando en reformas laborales, sanitarias, educativas, etcétera, que
precisamente son las que producen un mayor incremento de la
pobreza. Ustedes aplicaron la máxima diligencia para poner en marcha medidas en contra de la universalidad de la sanidad, para finiquitar lo que quedaba de la Ley de Dependencia, en contra de los pensionistas; su política ha sido hasta
ahora la de los reales decretos y su aplicación inmediata en contra de las mayorías sociales. Ahora -termino ya, señora presidenta- quieren hacer otro plan. Háganlo, pero tengan en cuenta, por un lado, que si persisten en su política de
contrarreformas no habrá plan que valga que disminuya la exclusión social y, por otro, respeten la legalidad vigente y las competencias propias de las comunidades autónomas que en materia de servicios sociales son exclusivas. Por lo tanto, es a
ellas a quienes les competen las medidas y regulaciones en este ámbito.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que finalizar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino.
Si quieren ustedes regular e impulsar, háganlo donde tienen las competencias, por ejemplo, en materia fiscal, y no siempre en el sentido en que lo vienen haciendo de favorecer a los más poderosos y a los más ricos y desfavorecer a los de
siempre.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el mismo grupo, señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, ya se ha dicho que el incremento del paro, de la pobreza y de la desigualdad social no es algo que caiga del cielo, no es una plaga bíblica que cae de la crisis, sino que tiene muchísimo que ver
con las políticas económicas y sociales reaccionarias que está llevando a cabo este Gobierno. Me explico. Hace tan solo diez días, invitado por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, tuve la ocasión de estar en Jódar, Jaén. Como saben ustedes, en
Andalucía las cotas de paro casi alcanzan el 40 %. En esta localidad esta cifra se duplica. Jódar es una población jornalera, su trabajo y su vida están ligados a la tierra, pero su desgracia es que la tierra no es de ellos. En las afueras de
este pueblo existe una finca, un latifundio denominado La Rueda Casa Baja, que tiene más de 600 hectáreas y más de 300.000 olivos. Su propietario es el Banco Bilbao Vizcaya, conocido agricultor de toda la vida, como muy bien saben ustedes. Cobra
600.000 euros al año de ayudas europeas. Sin embargo, en este latifundio llevan tres años perdiendo toda la cosecha de aceituna porque nada se recoge y se pudre en el suelo. Antes, en la campaña de la aceituna en este pueblo trabajaban 600 o 700
personas en esta finca. Sin embargo, hoy en día, cuando esta gente ha ido a recoger algo de esta aceituna que se estaba pudriendo, ha sido reprimida por la Guardia Civil y multada. El paro y la pobreza en Jódar no son consecuencia de la crisis,
sino que tienen que ver con una política muy concreta y con una propiedad de la tierra asentada en el latifundio, tienen que ver con una política agraria antisocial y tienen que ver con un Gobierno que está defendiendo a los latifundistas -a la gran
propiedad de la tierra- y castigando a los jornaleros y jornaleras.
El artículo 33 de la Constitución -de esta hipócrita Constitución- hace referencia a que la propiedad privada debe tener una función social. Pues bien, yo pregunto: ¿cuál es la función social de un latifundio que tres años seguidos deja
perder decenas de millones de kilos de aceituna sin que nadie haga nada? ¿Por qué el Gobierno no expropia estas tierras y las entrega a la población jornalera para que las explote en régimen cooperativo, tal como están reivindicando? ¿Por qué en
vez de enviar a la Guardia Civil a reprimir a estas gentes no la envía a una reunión del consejo de administración del Banco Bilbao Vizcaya para detener a todos sus componentes por un delito social continuado? ¿Por qué se habla de delito cuando las
gentes sin nada en Andalucía se llevan cuatro carros de comida y, sin embargo, se permite, se bendice y se protege a bancos que dejan pudrir millones de kilos de aceituna todos los años? (Aplausos).
Decía al principio que la pobreza tiene que ver algo con la crisis, pero sobre todo con la política reaccionaria de este Gobierno. Por eso, nos parece que esta proposición no de ley que han traído es sobre todo una proposición hipócrita.
Por eso, vamos a votar en contra. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Camarero, si yo simplemente hubiera escuchado su intervención -voy a utilizar un término coloquial, permítame que se lo diga así-, le hubiera dicho: le compro el discurso. Efectivamente, más allá del contenido expreso de la
proposición no de ley -nuestro grupo no podría votar el primer punto- yo
podría decirle que le compro el discurso, las cosas, las propuestas que usted ha dicho aquí y el tono que ha utilizado. Lo que pasa es que ustedes están gobernando; usted misma en un par de ocasiones, a la hora de referirse a las enmiendas
de otros grupos parlamentarios, ha hablado en nombre del Gobierno. Esta es una confusión que a veces les molesta, cuando les decimos que ustedes gobiernan, nos dicen que son el grupo parlamentario, que no son el Gobierno, pero usted al referirse a
las enmiendas del Grupo nacionalista o a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista han dicho: pero el Gobierno... Por tanto, ustedes están gobernando -para ir a lo esencial y no pararnos en estas cosas-, y ustedes sobre estas materias están
haciendo cosas y dejan de hacer otras. Mis colegas que han intervenido antes que yo le han puesto ya multitud de ejemplos respecto de iniciativas concretas, iniciativas que ustedes han aprobado, que hemos aprobado prácticamente por unanimidad en la
Cámara y que luego no han tenido ningún tipo de desarrollo o algunas de contenido muy similar en lo concreto con la propuesta y los objetivos que hoy usted ha defendido aquí, insisto, más allá de la literalidad de la misma, y cuando las hemos
defendido los demás grupos parlamentarios ustedes han votado en contra. No estoy hablando de hace muchos años, que podrían decirme que las circunstancias han cambiado, no, estoy hablando de algo ocurrido recientemente en la Comisión de Sanidad.
Además, en relación con nuestro grupo, hay dos iniciativas recientes del anterior periodo de sesiones -usted lo recordará porque estaba allí-, que tenían que ver con la exclusión y que ustedes votaron en contra y no tuvieron ninguna consideración;
incluso cuando han aprobado alguna, lo han hecho para a continuación no hacer nada. Aunque pueda parecer que me desvío un poco de la cuestión, me voy a referir a un asunto que demuestra hasta qué punto a veces, muchas veces, desgraciadamente
muchísimas veces, iniciativas que aquí se plantean, que se someten a votación y que se aprueban incluso por unanimidad, luego no tienen ningún tipo de desarrollo por parte del Gobierno, lo cual me lleva a decirles por segunda vez en esta tarde que
un Gobierno que se comporta de esa manera desprecia al Parlamento y desprecia por tanto a los ciudadanos.
Fíjense en que hoy se conmemora por décima vez el Día mundial de prevención del suicidio, día mundial que instauró la Organización Mundial de la Salud precisamente para prevenir el suicidio y que este año tiene como lema El prejuicio, una
barrera importante para la prevención del suicidio. Fíjense, en diciembre del año pasado este Congreso de los Diputados aprobó con 319 votos a favor y ninguno en contra una proposición no de ley precisamente para la promoción, dentro de la
estrategia de salud mental, de acciones para la prevención del suicidio. Nos pusimos todos de acuerdo y el Gobierno no ha hecho absolutamente nada, y eso que ni siquiera es una cuestión que cueste dinero, porque no requiere una dotación
presupuestaria complementaria, simplemente han mostrado una absoluta falta de interés incluso en una iniciativa consensuada entre todos nosotros, aprobada por todos nosotros y que va sobre uno de esos sectores que usted ha llamado de los más
desfavorecidos, en este caso porque son los ocultos, aquello de lo que no habla nadie. Claro, ¿cómo fiarnos? Permítame que se lo diga, ¿cómo fiarnos de que lo que usted dice hoy aquí va a tener su corolario en que el Gobierno va a actuar en estas
materias desdiciéndose a sí mismo en lo que está haciendo hasta el día de hoy? ¿Cómo creérnoslo? A lo mejor, puede que alguien lo considere un desliz, pero usted ha dicho, tan convencida además, con tanta seriedad, que los más necesitados no
entienden de política. Permítame también que sobre esa cuestión le haga una reflexión. Los más necesitados no solo entienden de política, sino que necesitan más que nadie la política para resolver sus problemas. Entienden. Váyase usted un día
-nos vamos juntas, si quiere- a un comedor de esos sin que sepan que somos diputadas, nos sentamos en una mesa y nos ponemos a hablar con los más necesitados. Ya verá cómo entienden de política. No les vamos a privar de lo único que no les podemos
privar. Les podemos privar de prestaciones sanitarias, de prestaciones sociales, de lo que se les está privando les pueden privar...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, tiene que finalizar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, presidenta.
Pero de su calidad y su condición de ciudadanos, que es lo sustancial, no les podemos ni les debemos privar. Entienden de política y necesitan la política, la buena política, más que nadie. Por eso es importante que debatamos y que, cuando
no estemos de acuerdo ni nos parezca fiable lo que ustedes plantean porque los hechos les desmienten, les digamos no, no estamos de acuerdo y vamos a votar en contra. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Hay razones de forma que no van a permitir a Convergència i Unió apoyar esta iniciativa. Creo que ha sido la señora Aguilar en su intervención la que ha recordado que lo que hoy el Grupo Popular le pide a la Cámara que vote es simplemente
aquello que está comprometido en el seno de la Unión Europea, aquello que el propio Gobierno ha anunciado en distintas ocasiones que quiere realizar, aquello que la Cámara en distintas ocasiones ha reclamado que hiciese. Por tanto, hoy no añade
nada nuevo a las muchas discusiones que en esta materia hemos tenido. Lo que debe hacer el Gobierno es elaborar ese plan de inclusión social, y punto. No añade hoy la Cámara nada en esta discusión.
Pero hay razones también de fondo. Hay unas que ha expresado el señor Olabarría, que son sustanciales y que tienen que ver con el marco competencial, con el carácter de competencia exclusiva en materia de servicios sociales que tienen las
comunidades autónomas y con una cuestión que el Grupo Socialista apoya y que mi grupo ve con una cierta reserva, porque hoy por hoy no entiende exactamente qué va a aportar a la mejora de las políticas públicas en el ámbito de lo social, y me
refiero a ese proyecto de ley de entidades del tercer sector. Lo miramos con una cierta cautela. Por tanto, desconfianza desde el punto de vista de las competencias.
Si ustedes leen los últimos documentos que las dos principales organizaciones sociales han publicado en los últimos tiempos sobre la lucha contra la pobreza infantil, los de Unicef y los de Save The Children, en este aspecto concreto de la
lucha contra la pobreza infantil sitúan la principal responsabilidad en dos elementos, y apuesto que cuando ustedes presenten el plan de inclusión social no van a estar incorporados en esa propuesta: la mejora de las prestaciones por hijo a cargo
de la Seguridad Social, que llevan congeladas desde tiempos inmemoriales en una cantidad muy ínfima, que no son de carácter universal y que en los sistemas de bienestar más desarrollados son el principal instrumento de redistribución para combatir
el riesgo de la pobreza infantil, y la política fiscal, especialmente el trato fiscal a las familias con hijos a cargo. Lo que apuntan esos dos documentos de Unicef y Save The Children es que el desarrollo en España en estos treinta años de esas
políticas no ha servido para reducir el riesgo de pobreza infantil, y eso ha llevado a que incluso en la etapa de crecimiento de la economía alta de finales de los noventa hasta 2008 nuestro índice de pobreza infantil fuese de los más altos de la
Unión Europea. Me temo, señorías, que el debate del plan de inclusión social no va a ir sobre esas cuestiones, que son las fundamentales que le corresponden a la política de la Administración General del Estado, que le corresponden a la Seguridad
Social, sino a políticas de fomentar, de promover, de acompañar, que están bien pero que no van al núcleo de las cuestiones que tiene planteadas. Todo ello, señora Camarero, lamentándolo mucho, no nos permite hoy apoyar su proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.
Señora Camarero, para la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora presidenta, en aras a ese consenso del que he hablado en la tribuna, vamos a intentar seguir hablando con los grupos para ver si podemos aceptar alguna de las enmiendas presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Si llegan ustedes a un acuerdo, por favor, háganlo llegar a la Mesa.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Lo haremos.
Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPORTE DE LAS MATRÍCULAS Y FACILITAR EL ACCESO A LAS BECAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. (Número de expediente 162/000678).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas
de los estudiantes universitarios. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA PALACIOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos ante el comienzo de un nuevo curso académico, un nuevo curso universitario y, desde luego, podemos asegurar que no existe ningún motivo para entonar ningún gaudeamus. Desde que hace casi dos años gobierna el
Partido Popular, las universidades, los universitarios y sus familias no han tenido más que malas noticias. Todas las medidas adoptadas hasta ahora han ido en la misma dirección: convertir los estudios universitarios en una carrera de obstáculos
cada vez más difíciles de superar. El Gobierno del Partido Popular continúa avanzando hacia su objetivo, marcadamente ideológico, de convertir el sistema educativo público en un medio para la selección social con barreras económicas y segregadoras.
El Gobierno ha levantado estas barreras para que solo cursen estudios universitarios quienes puedan pagarlo. Un estudiante con recursos aprobando con un 5 -es decir, aprobando- puede seguir; en cambio, los estudiantes sin recursos que necesitan
becas para seguir si no obtienen una media de un 6,5 son expulsados de la universidad, se encuentren en el curso que se encuentren y aunque les falte la mitad de una asignatura. Esto es así, señorías; en las universidades se sabe y se quejan con
razón. Esto es especialmente injusto porque se dificulta el acceso y la permanencia en las aulas universitarias a quien menos recursos tiene en un momento en el que más lo precisan por las dificultades económicas que atraviesan las familias y por
la casi imposibilidad de encontrar trabajo y, así, suplir la falta de ayudas.
El Gobierno del Partido Popular quiere acabar con uno de los logros de la sociedad española de los últimos años que más deberían enorgullecernos y que fueron impulsados por los Gobiernos socialistas. España es el país de la OCDE en el que
un mayor porcentaje de hijos de trabajadores sin cualificar acceden a la educación superior, un 40 %, mientras que en Finlandia es un 29 % y en Francia un 19 %. Por el contrario, todas las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular
implican una grave regresión. Mientras que los presupuestos de los Gobiernos socialistas entre 2005 y 2011 realizaron el mayor esfuerzo presupuestario de nuestra historia, incrementando más del doble para becas y ayudas, el Gobierno del Partido
Popular ha reducido los presupuestos y lo ha hecho además a golpe de reales decretos, todavía más lacerantes que los presupuestos; también ha sido así en cuanto a becas, señorías, aunque lo nieguen una y otra vez y nos anuncien partidas
extraordinarias que no engañan a nadie. Cuando desaparecen o no se convocan las becas Séneca, se reducen a la mitad los créditos destinados a las becas Erasmus, se ofertan exiguas plazas de FPU y se constata que los nuevos requisitos exigidos en
los dos últimos reales decretos, que endurecen y dificultan el acceso y la permanencia en el sistema universitario, pudiendo expulsar de las aulas a más de 80.000 estudiantes -según cálculos del ámbito universitario-, estamos sin duda ante un
desmantelamiento paulatino pero rápido del sistema público universitario que quiebra la igualdad de oportunidades. Si se reducen los recursos presupuestarios y se endurecen los requisitos para acceder y mantener una beca, se desvanece uno de los
logros más igualitarios alcanzados por el Gobierno socialista, la beca como derecho y no como premio graciable. Ahora este derecho queda supeditado a criterios cambiantes y a limitaciones presupuestarias; es decir, ya no es un derecho.
Si a este claro cambio de rumbo en la política de becas propiciado por el Gobierno del Partido Popular se le suma el incremento desmesurado de las tasas universitarias, el resultado es aterrador. El ministerio modificó y flexibilizó la
horquilla de mínimos y máximos y la dejó en manos de las comunidades autónomas, con lo que la brecha se ha convertido en un abismo. La diferencia en el coste de las tasas universitarias entre las comunidades autónomas oscila de media en un 175 %, y
no se trata precisamente de libre competencia. Se trata, simple y llanamente, de ahondar en las desigualdades entre comunidades autónomas. Por esto el Grupo Parlamentario Socialista solicita en esta PNL que se rebajen los precios de las matrículas
universitarias -sí, que se rebajen; que se rebajen ahora-, suprimiendo las restricciones a la capacidad que se le dio a la Conferencia General de Política Universitaria en el Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, y que se realice una convocatoria
extraordinaria de ayudas -aunque no sea de becas- al estudio, dirigida a la cobertura total o parcial de los precios públicos de matrícula de aquellos estudiantes que por su situación económica no puedan asumir su pago. Asimismo -este es un
problema menor, pero que también preocupa mucho- se insta a que se establezca una prórroga en el periodo de carencia de los préstamos renta universidad para aquellos beneficiarios que se encuentren en una situación que impida su devolución.
Respecto a las políticas de becas y ayudas que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular solicitamos con más énfasis de lo que lo hicimos cuando registramos en junio esta PNL -lo hacemos por medio de una enmienda- que se derogue
el real decreto de agosto, porque lo consideramos claramente discriminatorio y además no es verdad, como se dice en muchos lugares por parte del ministerio, que se haya derrochado en becas. No se ha derrochado en becas. Señorías, no se ha
derrochado en becas, ya
que estamos todavía en la mitad de la lista de países de la OCDE que destinan dinero a becas. Tampoco es cierto que los becarios no se esfuercen, cuando la tasa de aprobados de los que disfrutan de una beca es superior al 14 % comparado con
los no becarios; como tampoco lo es que en España sobren universitarios, este mantra que de vez en cuando se nos repite cuando nos comparan con otros países. Esto no es cierto de ninguna manera. El objetivo de la estrategia europea 2020 aspira a
un 40 %, pero ya hemos logrado en 2010 un 40,6 %. Esto no es malo; al revés, esto favorece y enriquece las posibilidades de futuro de nuestro país y debería enorgullecernos a todos. Por las razones anteriormente expuestas nosotros hemos propuesto
-no cejamos en nuestra intención de llegar a un acuerdo- una enmienda transaccional a las enmiendas presentadas por dos grupos parlamentarios. Seguiremos en ello hasta que podamos darle una redacción definitiva.
En nuestro grupo estamos convencidos de que la política universitaria llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular no está causada esencialmente por la crisis, sino que responde al fuerte arraigo de una ideología elitita y clasista que
nos retrotrae, como si nos adentráramos por el túnel del tiempo, hasta desembocar en las universidades franquistas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Costa.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Tardà. Los otros dos miembros del Grupo Mixto van a intervenir como fijación de posición, pero lo van a hacer en este mismo acto.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 1979 ya establecía que el sistema de becas correspondía a la Generalitat y así lo reiteraba el Estatuto de 2006 que fue cepillado por el señor Guerra; por el señor Guerra y por un
Tribunal Constitucional caduco, ilegítimo y corrompido en sus funciones. Señorías del bipartidismo que consideran sagradas las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿acaso no existe la reiterada jurisprudencia de su incuestionable Tribunal
Constitucional, como seguro que conoce el militante del Partido Popular, Francisco Pérez de los Cobos, que exige al Estado el traspaso de dichas competencias? ¿Acaso no han tenido tiempo en treinta años? El actual sistema unitario y centralista de
becas es injusto e insolidario, no tiene en cuenta el nivel de vida entre las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, de forma reiterada los estudiantes catalanes pese a representar más del 15 % del total han recibido menos del 9 % de las
becas; expolio fiscal y expolio en becas y ayudas al estudio. Es un expolio que limita las posibilidades de estudio a decenas de miles de estudiantes del País Valencià, de las Illes Balears y de Catalunya. Estamos hartos de incumplimientos y
hartos de que el Partido Popular y el Partido Socialista coincidan, puesto que ni tan siquiera en la propuesta que nos ha presentado el Grupo Socialista y que hoy debatimos se contempla el traspaso de las competencias ni el respeto a la sentencia
del Tribunal Constitucional, ya que la sentencia es del año 2001 y durante estos años el Partido Socialista tampoco ha hecho nada en absoluto. Por tanto, nuestra posición en bien clara.
Hemos presentado una enmienda en la cual se exige la transferencia de la competencia así como el respeto a la sentencia del año 2001. En consecuencia, nuestra posición es contraria a la del Grupo Socialista en este caso. Estamos dispuestos
incluso a votar por separado los puntos de la propuesta del Grupo Socialista, puesto que en muchos ámbitos coincidimos. Coincidimos en algunos de los aspectos contenidos en su iniciativa, pero lamentamos que ni tan siquiera hayan incorporado la
transferencia de esta competencia que estatutariamente tenemos reconocida.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, los nacionalistas canarios anunciamos nuestro apoyo a esta proposición no de ley formulada por el Grupo Socialista por razones de fondo y de oportunidad. La política del Grupo Popular en esta materia es un
ejemplo claro de un asunto de fondo, que realmente es lo que importa: la concepción que se tiene de los servicios públicos, el apoyo a los más desfavorecidos sobre todo en tiempos de crisis. Aquí lo que hay son unas recetas clarísimas, unas
recetas de naturaleza ultraliberal según las cuales los servicios públicos están en el objetivo de los problemas planteados en el Estado y las
personas más débiles pierden la oportunidad de acceder en condiciones de igualdad en este caso a la educación universitaria. Tan clara es la agresión contra el sistema educativo público español y contra las personas con menos recursos para
acceder al bien de la educación superior que el Consejo de Estado en su Dictamen 731 le hace un lavado de cara al Gobierno que me llama la atención que no les haya servido para nada. El Consejo de Estado es poco sospechoso de radicalidad y dice
algo que creemos que se puede traducir en lo siguiente: un 5 es un aprobado para aquellos que tienen recursos económicos y un 5 no es un aprobado para aquellos que no tienen recursos. Es una inaceptable discriminación por razones económicas que
excluye a las personas más desfavorecidas del derecho a la formación que además es completamente contradictorio con el discurso constante y permanente que escenifica el Gobierno del Partido Popular de que una de las causas de las tremendas tasas de
paro que existen en el Estado español es el déficit de formación de la población. Es realmente contradictorio, sospechoso y en nuestra opinión inaceptable.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora Costa, coincidimos en muchas de las cuestiones que nos proponen en su proposición no de ley, pero encontraríamos más puntos de coincidencia si se aceptaran algunas de las enmiendas que han presentado algunos grupos. En todo caso,
coincidimos en que, del conjunto de las políticas no sociales sino absolutamente antisociales que viene llevando a cabo este Gobierno desde el inicio de la legislatura, quizá la referida a la educación es la que más rechazo ha suscitado entre los
ciudadanos. En el BNG nos hemos situado desde el primer momento totalmente enfrente de las medidas que se han ido tomando en este ámbito; medidas todas ellas de recortes absolutamente dramáticos y que culminarán con la aprobación de una ley, la
Lomce, que será el colofón a todo el conjunto de medidas puestas en marcha y que para nosotros tienen un clarísimo objetivo, que es vulnerar la garantía constitucional del derecho a la educación. Las matrículas universitarias y el último decreto de
becas -el propio ministro lo dijo en su comparecencia de 28 de agosto- no son medidas aisladas, evidentemente, forman parte de un paquete y una tras otra introducen cada vez mayores obstáculos a los estudiantes pertenecientes a las familias más
humildes. Las consecuencias de estas medidas ya se están produciendo y en el futuro se va a ver todavía más la exclusión de miles de estudiantes de la enseñanza postobligatoria.
La filosofía del Gobierno y del Ministerio de Educación es considerar la educación como un privilegio al que solo tendrán acceso unos cuantos. Nosotros evidentemente estamos en el otro extremo de esa filosofía y consideramos que la
educación no es un privilegio sino un derecho, y este Gobierno -igual que muchos otros derechos- lo está liquidando sistemáticamente. Creemos que iniciativas como las que presentan ustedes y hemos presentado otros grupos a lo largo de estos años
son necesarias aunque, le insisto, señora Costa...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que terminar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino.
...nos gustaría que se aceptaran enmiendas sobre todo referidas a las competencias autonómicas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Por el Grupo de Convergència i Unió para defender sus enmiendas, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde la convicción de que la educación es un derecho personal fundamental además de una herramienta decisiva para el desarrollo de las personas y de las sociedades, desde la consideración de que las becas no son un premio sino el
instrumento más importante -por no decir casi el único- para poder garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades, y desde la preocupación que tiene Convergència i Unió por la situación que atraviesan muchos estudiantes y familias
para los que el coste de los estudios universitarios es un peso económico que no pueden asumir, nosotros compartimos con el grupo proponente la necesidad de adoptar medidas para garantizar esta igualdad de oportunidades. Desde este punto de vista,
estaríamos de acuerdo con parte de la propuesta del Grupo Socialista,
concretamente con los puntos 3, 4 y 5 de la iniciativa, es decir, con encontrar una solución para la devolución de los préstamos renta universidad y también suprimir las mayores exigencias introducidas para la obtención de becas. No
obstante esta sintonía con parte de la propuesta, no compartimos algunos de los puntos de la misma, concretamente los puntos 1 y 2, por considerarlos uniformadores y recentralizadotes. Creemos que en la iniciativa deberían también proponerse
aspectos que a juicio de Convergència i Unió son relevantes y a los que no se alude. Por ello hemos presentado una enmienda de modificación en la que proponemos sustituir los puntos 1 y 2 por una redacción acorde con el respecto competencial y con
la autonomía universitaria que la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista lamina completamente.
Nada hay hoy que impida que las comunidades autónomas -las que puedan, porque no hay que olvidar que hay que cumplir también los objetivos de déficit- pongan los precios públicos que quieran dentro de la horquilla autorizada, incluso más
bajos que antes del real decreto-ley aludido -que ya lo hacen algunas comunidades autónomas-, que no los aumenten. Nada impide que las comunidades autónomas que así lo quieran puedan establecer mecanismos de pago aplazado, como ya se está haciendo
en algunas. No estamos de acuerdo en cercenar esta capacidad de las comunidades autónomas y de las universidades, ni tampoco estamos de acuerdo en que se limiten, uniformizándolos, los precios de la matrícula. ¿Qué proponemos? Desde Convergència
i Unió proponemos sustituir estas redacciones por una que sea respetuosa con las competencias autonómicas y con la autonomía universitaria en el sentido de que en la Conferencia General de Política Universitaria se promueva no precios estandarizados
y uniformes sino mecanismos de compensación, becas autonómicas por ejemplo, tal y como se está haciendo ya en Cataluña, mecanismos que lo que potencien sea la equidad y no la uniformidad en el acceso a la universidad. Creemos también que sería
bueno que se impulsara de una vez ya una ley de mecenazgo, tal como Convergència i Unió ha pedido reiteradamente, y a esto obedece también una parte de nuestra enmienda.Y finalmente y lo más importante -por eso lo hemos formulado en primer lugar- es
el traspaso de becas a Cataluña. Esto, señorías, no es una petición de una medida más o menos eficaz, esto es un requerimiento para que se cumpla la legalidad. El sistema actual, en el que los umbrales de renta y otros requisitos para poder
acceder a una beca se fijan con carácter general para todo el Estado, es manifiestamente injusto con los estudiantes catalanes. En Cataluña, con este sistema y según datos del ministerio, tenemos el 15 % del total de la población estudiantil del
Estado y solamente el 10 % de las becas. Por ello se acudió al Tribunal Constitucional, que en una memorable sentencia, la 188/2001, acordó el traspaso a la Generalitat de Catalunya del pleno ejercicio de las competencias en la gestión. Digo que
es una sentencia memorable no solo porque dio la razón a la Generalitat, sino porque hoy, trece años más tarde, la sentencia sigue sin cumplirse.
Para Convergència i Unió la primera exigencia en materia de becas es el cumplimiento de esta sentencia, y a ello obedece especialmente nuestra enmienda. Se me traslada desde el Grupo Socialista una propuesta de transacción en la que se
recoge el traspaso de becas, después de no haberlo hecho tras ocho años gobernando, porque hay que decirlo todo. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Nos alegramos de esta propuesta y la agradecemos. No obstante, no se acepta la enmienda
hecha a los puntos 1 y 2 que, como he dicho, laminan las competencias autonómicas y van en contra de la política de la Generalitat de Catalunya, que destina buena parte de los ingresos a becas de equidad. Por tanto, nuestra posición será: si
podemos votar los puntos separadamente, obviamente votaríamos favorablemente el del traspaso de becas, que recoge nuestra enmienda, y también otros con los que he dicho que estamos de acuerdo, con excepción del punto 1 y del 2, que rechazaríamos;
si, por el contrario, no podemos realizar una votación separada, vamos a abstenernos como fórmula de compromiso entre la parte en la que estamos de acuerdo y la parte que, por razones competenciales y autonómicas, no podemos aceptar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista trae a esta Cámara un tema que sin duda nos preocupa a todos y a todas, principalmente porque está directamente vinculado
con el derecho fundamental a la educación. Su literal reza: Proposición no de ley sobre medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios. Sin embargo, no se puede abordar la
cuestión sin hacerlo
desde la perspectiva y el análisis de los principios generales por los que se ha de regir la gobernanza universitaria, enmarcados a su vez en estructura jurídica, institucional y competencial de la que nos hemos dotado.
En primer lugar, les diré que mi grupo defiende con convicción el principio de autonomía universitaria. Entendemos por ello que la universidad debe dotarse de una estrategia que le permita ser cada vez más autónoma, afirmar sus propios
instrumentos de gestión y gobernanza con normativas que faciliten una mayor capacidad de decisión a la vez que exigen el cumplimiento de los objetivos marcados; en definitiva, una autonomía que le permita hacer frente con las mejores garantías a
los desafíos propios de las sociedades globalizadas. Por ello, no creemos en las reformas impuestas a golpe de real decreto ni en un sentido ni en otro, y es precisamente por eso por lo que no podemos compartir al cien por cien las pretensiones
recogidas en los puntos 1 y 2 de la iniciativa, en la medida en que pretenden limitar esa autonomía universitaria, máxime cuando el Real Decreto Legislativo 14/2012, al establecer la horquilla en la que se pueden mover las tasas y los precios
públicos de matrícula, modifica el límite máximo de los mismos, pero no el suelo, que queda fijado en el IPC al igual que en regulación anteriores; o, lo que es lo mismo, técnicamente y desde el punto de vista normativo no es obligatorio aplicar
subidas superiores al mismo, es potestativo. De hecho, este es el caso de Euskadi -sé que a alguno de los diputados le repicará esta cuestión, pero es la cruda realidad-, que tanto, como les decía, en el ejercicio de 2012 como el de 2013 únicamente
ha procedido a actualizar en el IPC las tasas y precios de matrícula para cursar estudios en la Universidad del País Vasco. En definitiva, están proponiendo derogar un real decreto para hacer algo que con el real decreto ya se puede hacer. Ni qué
decir tiene que lo hemos hecho en el marco de nuestras competencias y en el desarrollo de nuestro autogobierno. Lo hemos hecho desde el rigor, basándonos en evidencias, en análisis rigurosos de trazabilidad del sistema universitario vasco. Es lo
que tienen la autonomía universitaria y el autogobierno.
Llegados a este punto, apoyamos rotundamente la exigencia formulada en las enmiendas presentadas tanto por Convergència i Unió como por Esquerra Republicana de Catalunya para que se dé cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional
188/2001, de 20 de septiembre, que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, indica que es preciso que se proceda al traspaso a la Generalitat de Catalunya del pleno ejercicio de las competencias de
gestión de becas y ayudas concedidas con cargo a los presupuestos del Estado. Ya les avanzo que de ser admitidas o transaccionadas las votaremos favorable y entusiásticamente en su integridad.
En cuanto a los puntos 3 y 4 de la proposición no de ley socialista, en este caso plena coincidencia. Es absolutamente irrenunciable reponer la plena vigencia del principio de equidad, del principio de igualdad de oportunidades en el acceso
a la educación universitaria. Hemos de garantizar que ningún alumno o alumna potencial se quede sin acceso a los estudios universitarios por motivos económicos, y hemos de hacerlo además porque es una medida profundamente injusta, máxime cuando en
las universidades españolas la matrícula de todos y cada uno de ellos y ellas, requieran beca o no, está subvencionada de media en un 80 %; o lo que es lo mismo, el importe de las tasas por matrícula tan solo cubre el 20 % del coste por alumno o
alumna. En este caso Euskadi constituye también una excepción, puesto que para el próximo curso 2013-2014 aplicará en todas sus líneas y niveles educativos el mismo criterio de acceso a las becas, también en la universidad: solo se tendrá en
cuenta el nivel de renta familiar para conceder una ayuda al estudio. Por tanto, igualdad plena en el acceso, fruto del ejercicio de la competencia exclusiva en materia de becas de que dispone la Comunidad Autónoma del País Vasco desde el año 1989;
garantía plena, por tanto, del principio de equidad.
Totalmente de acuerdo también con los pedimentos 4 y 5. Sí a la convocatoria extraordinaria de ayudas al estudio y sí a la prórroga en el período de carencia de los préstamos renta universidad.
Para concluir, una reflexión. De esta iniciativa debemos sacar una conclusión: la universidad no puede estar al albur de los vaivenes políticos, permanentemente dependiendo del color de nuestros gobernantes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo tiene la intención de votar a favor de la proposición no de ley del Grupo Socialista respecto a la cuestión de las becas en sus propios términos. Si hay alguna enmienda que no haga cambios sustanciales, la seguiremos apoyando.
La seguiremos apoyando porque, sin que nos parezca que sea
quizás el planteamiento más completo que puede haber en la actualidad sobre la política de becas, lo que el Gobierno anunció en la comparecencia del ministro Wert es un franco retroceso y revela -¿cómo lo diríamos?- una mentalidad de
tómbola benéfica por parte del Grupo Popular, del Partido Popular y del Gobierno. Esto nos preocupa mucho, porque es no entender realmente cuáles son los objetivos de una política de beca en un país desarrollado y que quiere desarrollarse más. Por
tanto, significa un retroceso no solamente, como han dicho ya varios de mis colegas precedentes, en la igualdad de oportunidades, en la igualdad social, en la equidad, sino además en el segundo objetivo importante junto con esa igualdad de
oportunidades que tiene un sistema de becas, que no es otro que la optimización de los recursos humanos, intelectuales, científicos y profesionales de un país.
Me gustaría hablar un poco de esto porque creo que es una cuestión que suele pasar un tanto desapercibida al hacer un énfasis mayor -que yo comparto por supuesto- en la cuestión de la igualdad. Tiene una gran importancia, y es lo siguiente.
Aquellos países, aquellas sociedades que han conseguido resultados extraordinarios en desarrollo científico y técnico no es solamente porque hayan sido bendecidos por la Providencia con una serie de genios individuales, aislados, que de una manera
sorprendente han conseguido hacer aportaciones admiradas, insólitas e históricas a la evolución científica de la humanidad, no. Es porque tenían sistemas científicos, sistemas escolares, sistemas universitarios, sistemas de investigación que
permitían que hubiera una especie de base de la investigación con una pirámide, con una gran base, y por lo tanto era fácil cultivar la aparición de una cúspide, de una cumbre por encima de esa gran base que estaba debajo.
Cada vez que les oigo a ustedes hablar de la excelencia -les gusta mucho hacerlo-, me pregunto qué es lo que creen que es exactamente un universitario excelente. ¿Una especie de rara avis que ha de ser captada y capturada por ahí y después
prohijada por el Estado si tiene la desgracia de nacer en un hogar pobre? Pues no, no tiene nada que ver. Se trata exactamente de lo contrario. Cualquier persona que se tome la molestia -que es además bastante gratificante- de leer algo sobre
historia de la ciencia o sobre historia del conocimiento descubre que esto es exactamente así, que el hecho de que creo que la Universidad de Cambridge sea la que tiene más premios Nobel de todas las europeas, si no del mundo, no es porque en
Cambridge nazcan como hongos todo tipo de genios. Es porque siempre han sido capaces de drenar hacia ellos, de captar hacia ellos toda la inteligencia y el talento que les fuera posible captar, y eso lo hacían porque en el caso de los países
anglosajones había además sistemas -que siguen existiendo- sumamente eficaces de filantropía, de mecenazgo -aquí se ha hecho referencia a eso- que permitían justamente lo que ustedes parecen creer que es un mal. Me refiero a dar la posibilidad de
estudiar, de trabajar y de investigar a personas que no son ni geniales, ni excelentes, ni excepcionales, sino que son corrientes, pero que pueden hacer una gran aportación, y precisamente de esa gran masa social, de esos recursos humanos, que se
benefician, por una parte, de un principio democrático -la igualdad de oportunidades- y, por otra, de una inversión pública en inteligencia, pueden descollar sobre el común de los mortales y hacer aportaciones que los demás agradecemos mucho.
¿Eso qué significa? Que tiene que haber una política de becas preocupada por no levantar nuevas barreras de acceso sino al revés, por eliminarlas; que tendría que estar basada -se ha hablado también aquí, yo me adhiero a ese principio- en
la autonomía universitaria, pero no solo para establecer tasas, sino para establecer también exigencias docentes y recorridos docentes con competitividad en los centros docentes, en las universidades, los institutos de investigación, etcétera. ¿Qué
quiere decir esto para traducirlo a una política? Que los requisitos para acceder a una beca no deberían ser de acceso como ustedes han establecido o quieren establecer elevando las notas académicas de acceso, por ejemplo, de la selectividad, que
maldita la cosa tiene que ver la nota de selectividad con el rendimiento académico de un estudiante en una carrera que ha elegido, y eso lo sabe todo el mundo menos al parecer ustedes. Por tanto, lo que hay que hacer es dejar a las autoridades
académicas, que para eso se supone que lo son, que establezcan qué requisitos académicos tienen que ser los mínimos que un estudiante tiene que tener para promocionar y que luego, una vez promocionado, tenga acceso, si no tiene bienes suficientes o
una renta familiar suficiente, a una política de becas suficiente.
Me gustaría también hacer referencia a algo que creo que en España, en sus diversas comunidades autónomas y virreinatos, es fundamental. Aquí también se ha hablado mucho -y nosotros en principio no tenemos nada que oponer- de una gestión
descentralizada de la política de becas y de la autonomía universitaria, pero se hace poco énfasis en algo que es importante, que es la necesidad de ayudar especialmente a la permeabilidad y a la libre circulación de estudiantes, de docentes y de
investigadores entre nuestra red universitaria.
Una última cuestión en la que tampoco se ha insistido lo suficiente -lo dejaremos para otra intervención, ya que aquí se me agota el tiempo- es la importancia que tiene hablar de algo de lo que se hablado muy poco o creo que nada: los
másteres. Los másteres son los que en el actual sistema universitario, debido al sistema de Bolonia -por cierto, muy mal adaptado en España a la realidad universitaria-, dan acceso real al mercado laboral. Tener meramente un grado universitario no
permite el acceso al mercado laboral. ¿Y qué es lo que ha anunciado el Gobierno? Algo completamente contradictorio con esto, que es endurecer más el acceso a los másteres, incluidos los que son habilitantes, es decir obligatorios para acceder al
ejercicio de una profesión. Si se hace eso, lo que se está haciendo no ya solamente es poner problemas para la igualdad de oportunidades; es destruir la igualdad de oportunidades. No puede ser que se pida una nota de alto nivel para algo tan
elemental como acceder a un mercado laboral de una profesión para la que uno ha estado estudiando un grado. Acabo con esto por falta de tiempo. Creo que es un tema de la mayor importancia política y desde luego una piedra de toque de cuál es la
verdadera intención y voluntad de la política educativa de este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, si en algo parece ser que estamos de acuerdo todos los diputados y diputadas aquí presentes y los que no lo están es en que la educación es el futuro de un país, pero, señorías, la subida de las
matrículas está impidiendo el acceso a muchísimos estudiantes a los estudios superiores. Madrid, pionera en muchas cosas, también lo es pionera en este sentido. Lo que se está haciendo en mi comunidad en este sentido es sencillamente lamentable.
Señorías, la beca no es una concesión ni un regalo ni mucho menos caridad. Es un instrumento de cohesión social y democrático. Ustedes hablan de igualdad, pero con sus políticas fomentan la desigualdad y con cada paso que dan ahondan en la
ya profunda brecha social generada. Insisto, señorías, las becas no son para premiar a los buenos estudiantes. Sirven para garantizar el derecho a la educación, que es la base de esa igualdad de oportunidades de las que habla la ya devaluada
Constitución. El ministerio, con el señor Wert a la cabeza, no busca ni la cohesión social ni la equidad ni tan siquiera ahorrar. Busca la excelencia y los excelentes y ya se encarga por supuesto él de repetir una y otra vez que las clases más
desfavorecidas tienen verdaderos problemas para que sus alumnos continúen con sus estudios. Es decir, la excelencia no es frecuente en esas clases y, por eso y con el objetivo de ayudar -y entrecomíllese mucho lo de ayudar-, profundizan en esos
problemas endureciendo los criterios. El ministerio pone en marcha la maquinaria para cribar el acceso de las clases más desfavorecidas a los estudios medios y universitarios y qué mejor para ello que utilizar la demagogia de cara hacia el exterior
diciendo que los españoles quieren saber cómo se gastan sus impuestos. Es indignante, repito, indignante que se mezclen medidas discriminatorias con el legítimo interés de la ciudadanía por conocer cómo y dónde se invierten sus impuestos.
Señorías, son precisamente las clases más desfavorecidas las que contribuyen, si tienen la suerte de permanecer en el mercado laboral tras tanta reforma, para que todo el mundo pueda tener servicios públicos educativos, sanitarios o
sociales, con independencia de su situación económica. Son otros los insolidarios, los que evaden impuestos o derivan sus ganancias a paraísos fiscales o a cuentas en Suiza. Esos son los insolidarios y a ellos, por supuesto, no les preocupan las
dificultades económicas de muchas familias y de muchos estudiantes. Ellos van a poder subvencionar a sus retoños, excelentes o no, todo el tiempo que necesiten. Si eres rico, con un 5 puedes acceder a la universidad y pasarte toda tu vida
estudiando. Ahora bien, si eres pobre y quieres acceder y para ello solicitas una beca, necesitas un 5,5 o un 6,5, dependiendo de qué beca. Es decir, señorías, solo si eres pobre se te exige la cultura del esfuerzo.
Señorías, todo el mundo académico se manifiesta e incluso recomienda que la concesión de las becas ha de estar sujeta a la situación económica de los y las estudiantes. Por tanto, la dedicación y el rendimiento exigibles deben de ser
normales, no excepcionales, lo que supone la aprobación de las materias, no la obtención de calificaciones más elevadas. Deliberadamente ustedes generan confusión entre los conceptos premio a la excelencia y beca. Si ustedes de verdad quisieran
reducir el porcentaje de abandono en la universidad o en otros tramos educativos, derogarían ya a partir de hoy todos los decretos aprobados hasta ahora, aparcarían la Lomce y abrirían un proceso de consenso con la comunidad educativa. Por tanto,
no es ese su objetivo. Por el momento lo único que evidencian sus políticas es que ustedes han optado por volver a las dos Españas, a aquellas dos Españas que creíamos olvidadas y a qué rol
corresponde a cada una de ellas. Nosotros desde La Izquierda Plural apostamos por políticas donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades y las mejores condiciones.
Hoy vamos a votar esta iniciativa que el Grupo Socialista nos trae, la vamos a votar, pero ya les decimos que nuestra opción es la gratuidad, que todo el mundo pueda optar en las mismas condiciones de igualdad al acceso a cualquier tramo
educativo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Si algún atento ciudadano asiste a la sesión de hoy y quiere enterarse de lo que ha propuesto el Grupo Socialista a esta Cámara, sin duda no entenderá nada, porque el batiburrillo que hemos escuchado a lo largo de las intervenciones -todas
muy interesantes, muchas de ellas no compartidas por este grupo- se corresponde con temas muy diversos, de los que tenemos que seguir hablando, pero indudablemente no con lo propuesto aquí. La señora Costa -ya lo hemos debatido en distintas
ocasiones- mezcla bienintencionadamente -yo lo sé- muchos temas que no se corresponden, es decir, términos distintos que comparados, evidentemente, no nos llevan a ninguna parte.
Les voy a recordar un artículo que seguramente todos han olvidado de ese famoso, que quieren mantener intacto, Real Decreto de 2007. Becas -dice el artículo 1- son aquellas que suponen el pago de una cantidad o el reconocimiento de
beneficios económicos según las circunstancias socioeconómicas y el aprovechamiento académico del solicitante. No nos desviemos. Y en esas desviaciones, tanto en el antecedente de la proposición como en aquello que ha expresado aquí su señoría y
algunos de los otros grupos de la oposición, debo recordar algo que ya afirmaba en la última semana de agosto en la Comisión de Educación. Primero, es falso que en los dos últimos ejercicios presupuestarios se haya producido una disminución de las
dotaciones para las becas -y ahora lo circunscribo a la PNL- generales universitarias. No solo es así, sino que este año -ahí está la convocatoria publicada en el BOE el 19 de agosto- se elevan en 250 millones, hasta 1.417 millones de euros, nunca
incorporados en ninguna de las convocatorias ni presupuestos del Gobierno socialista. Es falso que haya una disminución presupuestaria en universidades del 79 %. Lo hemos debatido mucho, se pueden hacer todas las cábalas demagógicas, pero ese 79 %
ustedes lo dedujeron de un cambio de nomenclatura en una partida presupuestaria y no del contenido de las partidas presupuestarias. Es falso que las novedades en la reglamentación del sistema de becas generales afecten, precisamente perjudicando, a
las rentas más bajas. Es falso que este grupo político y el Gobierno vayan en contra de la beca como derecho, sino que ha sido su prioridad, la mantiene e incrementa la dotación y, eso sí, ante la situación económica se ha visto obligado a
determinar las prioridades y su prioridad ha sido mantener, incrementar y perfeccionar el sistema para hacer sostenible algo que podía llegar a no serlo. Este grupo y el Gobierno consideran perfectamente compatibles la corresponsabilidad con la
igualdad de oportunidades, la cultura de la exigencia con la igualdad de oportunidades y así, por más que se empeñen, también lo ha señalado el Consejo de Estado.
Hechas estas afirmaciones para una vez y otra dejar claros determinados aspectos que son muy importantes, en relación con los préstamos que incorpora en su iniciativa -insisto, de buena fe la señora Costa, pero no desde luego el Grupo
Socialista-, tengo que decirle que trae aquí los préstamos para máster que ustedes implantaron y sobre los que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, ha actuado por responsabilidad, en el año 2012, a la vista del deterioro, a la vista de
las condiciones que empeoraban la situación de los préstamos que ustedes habían incorporado y que son ahora respecto a los que piden árnica y vuelven a decir que hagamos algo que no es posible, a no ser que nos carguemos absolutamente todos los
principios relativos a que los pactos hay que observarlos. El ministerio sí ha sido sensible y ya se ha puesto remedio con convenios con el ICO a la convocatoria del año 2009. Respecto a la convocatoria del año 2010 se están buscando soluciones,
puesto que fueron ustedes en las convocatorias del Partido Socialista los que impidieron en las últimas convocatorias que se contemplara la posibilidad de la prórroga, y por tanto es un contrato firmado entre el estudiante y el banco. A pesar de
todo, se están buscando también soluciones en este momento, por lo que no sabemos qué más nos pueden pedir cuando fueron ustedes los que crearon el problema.
Hablan ustedes de la gestión, lo han señalado a través de enmiendas y de peticiones reiteradas. Sobre esto seguramente tendremos que seguir hablando. El ministro ha dicho ya en dos ocasiones, en el Senado y en el Congreso, que valorará y
valorarán en el ministerio una mayor descentralización en la gestión de las becas, pero les remito al reciente informe sobre la reforma de la Administración pública y
verán que los expertos ponen de manifiesto una realidad, que allí donde ha habido convenios de gestión -Andalucía, Cataluña- hay problemas de retrasos significativos que están afectando a los becarios. Por tanto, sobre todo eso habrá que
hablar y señalar los parámetros en estos momentos.
En definitiva, esta iniciativa dice que es para reducir los obstáculos y para minorar los precios públicos. Como les han dicho aquí ya, ustedes pretenden de vez en cuando recortar las competencias de las comunidades autónomas -unas veces
les interesa y otras no-, recortar la autonomía universitaria -unas veces les interesa y otras no- y, por otra parte, no son conscientes de que seguir mezclando, seguir haciendo demagogia con este tema, confundiendo con datos que no son reales, a lo
único que nos lleva es a un gran caos que ustedes están buscando y que no se corresponde ni con la mejora del sistema educativo ni con la mejora de la financiación de las universidades ni con la mejora de la liquidez de las universidades -por
cierto, también es el Gobierno del Partido Popular el que va a resolver el problema de liquidez de las universidades andaluzas- ni con la mejora de la calidad del sistema universitario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moro.
Señora Costa, a efectos de enmiendas.
La señora COSTA PALACIOS: Vamos a intentar a lo largo del Pleno pactar una transaccional. Ya se la haremos llegar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Costa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE). (Número de expediente 173/000097).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en las mociones y quiero anunciarles que hoy debatiremos la primera. Mañana debatiremos la segunda y la tercera, que se votarán el jueves. Por tanto, esta moción que comienza es el último punto de
debate de esta tarde. La presenta el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros. Tiene la palabra señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Vamos a debatir en nombre de mi grupo una moción que tiene origen en la interpelación que hicimos al final del anterior periodo de sesiones al ministro del Interior sobre los centros de internamiento de extranjeros. Esta propuesta que
lanzamos desde el Grupo de La Izquierda Plural tiene tres puntos fundamentales. Uno es una política que defendemos desde Izquierda Unida y desde La Izquierda Plural, que no compartimos con otros grupos -creemos que no se comparte con la mayoría de
la Cámara-, pero es una posición a favor del cierre de dichos centros. ¿Por qué tenemos esta posición básica a favor del cierre de estos centros? Porque entendemos que estos centros son realmente prisiones administrativas. En los centros de
internamiento de extranjeros se produce una privación de libertad a personas que no han cometido delitos sino faltas administrativas en la inmensa mayoría de los casos. En un Estado de derecho como se precia de ser el nuestro, cuando se comete un
delito para eso está el sistema penitenciario con sus correspondientes garantías judiciales, pero aquí lo que ocurre es que por el simple hecho de haber cometido una falta administrativa, que es estar trabajando en España sin tener el
correspondiente permiso de trabajo, un extranjero corre el riesgo de acabar siendo internado en uno de estos centros y privado de su libertad y si bien es cierto que es por un plazo máximo de sesenta días, puede acabar siendo privado de su libertad
sin que ni siquiera se acabe de cumplir el objetivo para el cual se han establecido los CIE, que es el de proceder a la deportación. La privación de libertad se produce, según la legislación vigente, para acabar deportando de España a la persona a
la que se interna y a la que se priva de ese derecho básico. Sin embargo, hay un porcentaje amplísimo de gente que pasa unos días extremadamente largos en esas instituciones y que no acaban siendo deportados porque el proceso no culmina con el
éxito que la Administración intenta en un principio. Por ese motivo entendemos que los CIE no deben tener lugar ni cabida en nuestro Estado de derecho. Si se comete un delito, están las instituciones penitenciarias y el sistema judicial y, si se
comete una falta, hay otros procedimientos que pueden enjugar perfectamente la necesidad de privar de libertad a una persona cuyo único delito es venir a trabajar a
nuestro país, igual que ahora miles de españoles y de españolas salen de nuestro país por la falta de oportunidades y tienen que ir a trabajar a otros países. Eso es fruto de una visión de la inmigración que somos conscientes que no
compartimos con otros grupos de la Cámara, pero desde luego sí compartimos esa filosofía que dio origen a una gran nación multicultural, una potencia mundial como los Estados Unidos, que siempre tuvieron una visión inclusiva de la aportación de los
extranjeros a la constitución de su país o de su base social. Es una filosofía ligada también a la historia de la República Francesa, que ha asentado a lo largo de la historia occidental una trayectoria de apertura y de acogida a los extranjeros
perseguidos en sus respectivos países.
Asentado este punto, hay otras dos cuestiones que nosotros proponemos en nuestra moción. Una fundamentalmente es que mientras existan los CIE, mientras no se cierren, no tengan el carácter penitenciario que tienen ahora mismo. Basta
visitar algunos de estos centros de internamiento para ver el carácter penitenciario que tienen. La tercera cuestión que planteamos -voy abreviando- es que en el marco del futuro reglamento se produzca una serie de mejoras absolutamente necesarias,
y la primera reivindicación de esta moción es que ese reglamento se ponga en marcha de una vez por todas, porque no se puso en marcha en la legislatura anterior, no lo puso en marcha el Gobierno anterior, y a pesar de la intención de este Gobierno y
de haber trasladado a los grupos parlamentarios un borrador del reglamento, que lo hayamos visto y se haya visto con la sociedad civil y con organizaciones afectadas, seguimos esperándolo todavía.
Desde nuestro punto de vista, ese reglamento tiene que garantizar una serie de cuestiones básicas mientras los CIE sigan existiendo, por ejemplo, garantizar una serie de necesidades básicas cubiertas en los centros. Ha habido que cerrar
algún CIE porque no tenía las mínimas condiciones de habitabilidad, como fue el caso de Málaga. El reglamento tiene que garantizar a las organizaciones que están trabajando con inmigrantes el acceso en unas condiciones continuadas de vigilancia y
de ayuda a las personas allí internadas. Planteamos que se regule la comunicación con el exterior de forma que no se impida esta a las personas que están allí retenidas mientras dure su estancia. Debe garantizarse la asistencia médica, así como
las visitas familiares en unas condiciones mejores que las que en este momento hay, porque ahora se producen a través de unas vidrieras, a través de un sistema según el cual parece que los que están dentro son delincuentes, y no lo son, en todo caso
han cometido una falta administrativa.
Pensamos que es necesario regular mecanismos específicos para controlar unas denuncias continuadas que han afectado a muchas personas integradas allí de malos tratos e incluso de torturas, y no lo decimos nosotros, lo denuncian
organizaciones internacionales y organizaciones sociales que se dedican a estas cuestiones. Es necesario establecer medidas concretísimas para evitar esa impunidad, igual que es necesario agilizar cualquier investigación respecto de esas denuncias
que se producen en el interior de estos centros y que afectan a las personas que están allí internadas para evitar que su expulsión inmediata acabe en una realidad de impunidad respecto al comportamiento que haya habido por parte de quienes están al
frente de los CIE. Por último, entendemos que ese reglamento debe contener una garantía específica respecto a las personas que tienen un proceso de persecución internacional en sus países de origen.
Se han presentado por parte de diferentes grupos varias enmiendas a nuestra propuesta. Aquellas que añaden a nuestro texto alguna mejora -hablo de las de Compromís Equo- las vamos a asumir sin ningún problema. El problema que tenemos con
el resto de las enmiendas es que proponen sustituir nuestro punto primero, que es la búsqueda del cierre de los CIE. No podemos cambiar nuestra política defendiendo el cierre de los CIE. Nos gustaría que la mecánica parlamentaria permitiese poder
asumir las mejoras relativas al punto 2 y al punto 3, a la cuestión del reglamento o a no tener el carácter carcelario que propone el Grupo de Unión Progreso y Democracia, pero no podemos eliminar de nuestra propuesta el punto primero, que para
nosotros es fundamental, y es que en última instancia se trabaje desde las administraciones públicas, desde este Congreso, desde el Gobierno por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
La suma de la imposibilidad legal de encerrar a personas que no han delinquido y el objetivo de expulsar del país a aquellos que acceden de manera irregular se solventó por el Estado español mediante la creación de estos pequeños Guantánamos
dispersos por el territorio donde se trata como delincuentes a ciudadanos cuya única falta cometida ha sido venir aquí en busca de mejores condiciones de vida. Así lo reconoció en su día el ministro del Interior en su comparecencia del 31 de enero
de 2012 cuando dijo textualmente: Señorías, es una obviedad que las personas inmigrantes, por el hecho de serlo, no son delincuentes. Sin embargo, se las sigue tratando como tales. La inexistencia de desarrollo reglamentario lo ha propiciado aún
más; ha propiciado la degradación de las condiciones humanas, sanitarias, sociales y civiles en que las personas son tratadas en estos lugares. La falta de asistencia sanitaria en condiciones, sin enfermería y sin intérpretes, ya ha acarreado
muertes como la de Samba Martine, y además apunta a que hay determinadas personas que requieren tratamientos médicos permanentes, caso de personas que padecen sida o hepatitis, y no los están recibiendo, poniendo en riesgo sus vidas. La carencia de
intérpretes y la falta de información hace que muchos de los internos no sepan por qué los han encerrado ni conozcan sus mínimos derechos. Cuando los internos requieren acceder al juez de control, en algunos centros, como en el de Valencia, no
existe un mecanismo que garantice la confidencialidad, y los internos denuncian represalias por pedir dicho acceso. El borrador de reglamento, al parecer, prevé que haya que pasar tal petición por el director del centro, un paso atrás considerable.
Hay registros de celdas, con incumplimiento flagrante de la jurisprudencia constitucional, los llevan esposados, cuando no son delincuentes, y muchísimas veces ni siquiera se les informa con antelación de la fecha de expulsión para que puedan
despedirse de sus seres queridos. Mediante la existencia de estos centros de internamiento el Estado está criminalizando a la gente por ser inmigrante y se les desposee de todo derecho, dándose la terrible paradoja de tener algunas veces menos
derechos que aquellos que han sido privados de libertad por la comisión de un delito.
Desde Compromís Equo no queremos un reglamento, pues su aprobación significaría institucionalizar una situación de encierro que nunca debiera de haberse dado. Desde Compromís Equo apoyamos, junto con los compañeros de La Izquierda Plural,
la campaña de cierre de estos centros que nunca debieron existir, porque a la desigualdad de hecho nos negamos a sumarle la desigualdad de derecho, y ningún ser humano es ilegal ni debe ser tratado como tal. Por tanto, apoyaremos en su totalidad la
moción de La Izquierda Plural y agradezco a mi compañero Ricardo Sixto que acepte las enmiendas de adición que presenta Compromís Equo, porque entendemos que mejoran el texto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, los CIE son verdaderos guantánamos, un limbo legal que permite que existan centros de represión para extranjeros que son tratados como criminales, pese a no haber cometido ningún delito. De hecho, el delito que han cometido es ser
pobres. Cárceles encubiertas para extranjeros que han cometido solo una falta administrativa, pero se les retiene y se les niegan derechos fundamentales, desde el derecho a la intimidad en las comunicaciones al derecho a la integridad moral. Estas
son las condiciones que sufren estas personas. Pese a que solo deberían tener prohibido el derecho de movilidad, incluso se les niega el teléfono móvil. En definitiva, una verdadera falta de garantía de derechos que reconoce, incluso, la propia
reglamentación penitenciaria a los internos. El Ministerio del Interior no solo permite todo tipo de vulneración de la ley sino que lo refuerza; desde mantener la opacidad sobre los CIE, incluso sobre las estadísticas, hasta el mantenimiento de
los controles xenófobos y racistas en las calles persiguiendo a personas inmigrantes.
Finalmente, quiero agradecer la labor de concienciación y denuncia que hacen organizaciones de ciudadanos como Migreurop, CEAR, SOS Racismo, Acsur, Amistía Internacional, etcétera. Denunciamos que durante muchos años se había prometido un
reglamento pero ni lo hizo el Partido Socialista, aun cuando dijo que lo haría, ni hoy por hoy lo ha hecho el Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, para ser realistas, desde Unión Progreso y Democracia sí defendemos la existencia de los CIE que, según nosotros, cumplen una función esencial para el reclutamiento de personas que por sus hechos delictivos podrían ser expulsados
de España. Estamos de acuerdo, sin embargo, en que las condiciones en las que trabaja hoy en día una parte importante de los CIE en nuestro país imposibilitan el apoyo de nuestro partido a que esos CIE sigan existiendo. Por lo tanto, en las
condiciones que operan hoy en día sí estaríamos a favor de lo que propone La Izquierda Plural; es decir, que desaparezcan. Pero quisiéramos ser un poquito más constructivos e intentar que cumplan el trabajo que deben hacer, y que para nosotros es
importante, en buenas condiciones. Para ello, exigimos desarrollar de manera más exhaustiva medidas de control, de transparencia en el acceso a los centros y mejorar la comunicación en el exterior. En esa dirección es en la que hemos enmendado el
texto que nos presenta La Izquierda Plural.
Con los CIE ocurre como con otras cuestiones en este país, que existiendo una ley con una correcta redacción que es conforme a la Constitución, sin embargo, fallan las administraciones que debieran hacer cumplir esa ley y ejecutarla
correctamente. Las condiciones, señorías, en las que están internados algunos inmigrantes en estos lugares son peores, tienen menos garantías todavía que los internos de algunas de nuestras cárceles. Como decía antes, si eso sigue sucediendo así,
desde Unión Progreso y Democracia pediremos que desaparezcan.
Yendo a lo concreto de lo que hoy nos presenta La Izquierda Plural, estamos de acuerdo y creemos que no debe haber, por supuesto, detenciones injustificadas, pero creemos que eso ya de por sí es ilegal, que hay herramientas para evitarlo.
Por lo tanto, el procedimiento adecuado es denunciarlo, porque de hecho constituye un delito castigado en nuestro Código Penal. Se habla de prohibir la habilitación de establecimientos por motivos de urgencia que no cumplan con requisitos mínimos o
servicios mínimos. De acuerdo. De hecho, creemos que habría que marcar un tiempo mínimo, corto, de unas cuarenta y ocho horas, setenta y dos a lo sumo, para casos o situaciones extraordinarias tras las cuales esos internos debieran ser trasladados
a unos CIE que cumplan con todos los requisitos. Es importante garantizar también el acceso de la sociedad civil y las organizaciones sociales a centros de internamiento, como establece de hecho la Ley Orgánica 2/2009. El acceso a la comunicación
con el exterior deberá ser garantizado con la existencia de teléfonos públicos o con el libre acceso de los internos a los que sean propiedad de ellos. A su vez, estos deberán tener derecho a la asistencia médica y social independiente, al acceso a
la sanidad pública, a los servicios de asistencia social, a visitas de familiares y de quienes pidan los internos, garantizando además unas infraestructuras para que se realicen de forma y en condiciones de dignidad e intimidad. Los horarios de
visita también creemos que deben tener en cuenta la conciliación laboral y familiar y la comunicación de letrados con sus clientes debe realizarse en lugares especialmente habilitados para preservar la confidencialidad. Las cámaras, respetando por
supuesto la intimidad y también en los desplazamientos hasta los CIE, servirán para alejar cualquier sospecha de maltrato.
Nuestra posición ha sido muy clara al respecto desde hace ya bastantes años, estaba en nuestro programa electoral. Nosotros denunciábamos que los internos fueran nombrados como números; pedíamos que se les identificara con nombre y
apellidos. Creíamos que deja en el aire el acceso y la presencia de entidades y ONG que actúan en el ámbito penitenciario, ya que se dice que pueden acceder pero no se termina de concretar cuánto, cómo o de qué manera y además hemos de recordar que
esta cuestión ha sido mencionada sucesivas veces por el Defensor del Pueblo. Creemos también que hace falta desarrollar legalmente el cauce por el que los internos puedan presentar por escrito y en un idioma que entiendan todas las instancias
administrativas que deba comunicar el juzgado de control, y el procedimiento debe garantizar el secreto de esas comunicaciones, así como su rapidez. Los jueces, además de ejercer control, deben unificar criterios para evitar diferencias
territoriales que hoy existen, como en tantas otras cosas. Por estas razones hemos presentado una serie de enmiendas al texto de La Izquierda Plural. En primer lugar, para acabar con ese carácter penitenciario que tienen, aunque en algunos casos
más quisieran tener ese carácter penitenciario porque muchas veces tiene mayores garantías para los internos que los de muchas cárceles españolas. Ese era el espíritu de la enmienda que nosotros presentábamos ahí. De hecho, vuelvo a repetir que
sin esas condiciones, señorías, no está justificada la existencia de los CIE.
Ojalá algún día los CIE no sean necesarios. Ustedes, señores del Partido Popular, no paran de recordarnos últimamente el éxito de nuestras exportaciones, en otras ocasiones como si fueran los responsables de estas, cuando muchas veces
nuestras empresas exportan a su pesar. Pero recuerden
que nuestra principal exportación hoy en día es la de nuestros trabajadores, la de los jóvenes españoles. Recuérdenlo, por favor, señores del Partido Popular, cuando legislen o hagan cumplir la ley de la que hablamos hoy, con la que
tratamos a aquellos que vienen a España, la inmensa mayoría de las veces para simplemente asegurarse una vida honrada. Les atraemos con la promesa de una vida mejor. Les importamos, tratémosles, por tanto, como quisiéramos que trataran a los
nuestros, como si ellos nos importaran de veras.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó. (Rumores).
Por favor, ruego silencio para que se pueda oír a los oradores que quedan por intervenir. En primer lugar, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, presidente.
Nuestro grupo comparte el fondo de la moción que debatimos, que no es otro que la urgente necesidad de aprobar el reglamento de organización y funcionamiento de los centros de internamiento, y ello porque el panorama normativo aplicable a
estos centros deja mucho que desear, y quiero recordarlo. Un mandato de la Ley de Extranjería para desarrollar la normativa reglamentaria que se ha venido incumpliendo reiteradamente por todos los Gobierno y el mantenimiento de preceptos
reglamentarios cuando el real decreto que los contenía había sido derogado. Además, continúa vigente una Orden Ministerial del año 1999, dictada al amparo de la Ley Orgánica 7/1985, que ha sido derogada; es decir, se aplica una orden ministerial
dictada al amparo de una ley derogada hace ya trece años. Todo ello unido a una gran preocupación social suscitada por las condiciones de vida de las personas extranjeras internadas en estos centros, puesta de manifiesto por el Defensor del Pueblo,
defensores del pueblo autonómicos, la fiscalía general del Estado y muy especialmente -quiero recalcarlo- las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la atención de los extranjeros. Quiero recordar también que el ministro del Interior, en
su primera comparecencia en la Comisión del Interior en enero de 2012, anunció la aprobación del reglamento. Asimismo, en el mes de julio del año pasado, sobre la base de un anteproyecto de reglamento que se nos entregó a los representantes de los
grupos parlamentarios, se nos pidió observaciones al mismo, cosa que hicimos todos nosotros y además -también quiero dejarlo claro- con mandatos aprobados por esta Cámara en la Comisión de Interior, uno a iniciativa de La Izquierda Plural y otro a
iniciativa de mi grupo parlamentario, que reclaman la aprobación de la norma reglamentaria. A pesar de toda esta actividad parlamentaria y extraparlamentaria, casi dos años después del inicio de la legislatura aún no disponemos del reglamento.
Mi grupo está convencido de que el respeto a los derechos humanos, el respeto a las personas y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos extranjeros internados exigen que existan instrumentos legales necesarios, y el reglamento de
organización y funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros es un instrumento para hacerlos efectivos, ello teniendo en cuenta tres aspectos. Primero, la medida de internamiento es preventiva y cautelar, como prevé la Ley de
Extranjería, por tanto, extraordinaria. Por los últimos datos de los que tenemos conocimiento, relativos al año 2012, no se cumple este carácter extraordinario, cuando únicamente el 50 % de las personas que ingresaron en los centros fueron
finalmente expulsadas. Segundo, deben ser centros sin carácter penitenciario -la Ley Orgánica de Extranjería así lo dice-. Y tercero, deben salvaguardarse los derechos y libertades reconocidos, sin más limitaciones que las establecidas a su
libertada ambulatoria.
Paso a defender la enmienda formulada por parte de nuestro grupo parlamentario. Compartiendo, como hemos dicho, muchos de los aspectos contemplados en la moción, la enmienda persigue diversos objetivos. El primero de ellos es la aprobación
urgente del reglamento. Quiero recordar al grupo proponente que el mandato no está incluido en su moción y sería importante que se incluyera. Segundo, incluir en el futuro reglamento la diferenciación de las funciones relativas a la seguridad y a
la atención de los internos, que deben ser asumidas por diferentes cuerpos. En este último caso deben ser acometidas por personal especializado, como así reconocía la proposición no de ley presentada por mi grupo parlamentario y aprobada en la
Comisión de Interior. Tercero, tener en cuenta las aportaciones realizadas por las organizaciones civiles, las numerosas recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, así como -quiero remarcarlo en este caso- las prácticas reiteradamente
acordadas por los juzgados de instrucción con funciones de control de los centros de internamiento, que han realizado un gran trabajo.
Para terminar, querría leer un párrafo de la exposición de motivos de la Orden Ministerial del año 1999 que, como les decía, aún está vigente a pesar de que la ley de la que se desprendía ya no lo está. El
párrafo reza así: La precaria situación que hasta ahora venían presentando los centros de internamiento de extranjeros, carentes de una normativa que desarrollara las previsiones legales, ha sido puesta de manifiesto en distintas ocasiones
por el Defensor del Pueblo en informes que han subrayado la necesidad acuciante de regular aspectos tan importantes como la creación de un estatuto jurídico de los extranjeros sometidos a dicha medida cautelar, la delimitación de competencias, el
adecuado control judicial sobre los ingresos autorizados o la articulación de un mecanismo que permita resolver las peticiones y quejas de tales extranjeros. Aquí se acaba la cita. Parece que tropezamos con la misma piedra; la situación puede
equipararse catorce años más tarde a la que estamos viendo en la actualidad. Reconozco -eso sí- el trabajo que puede hacer y que está haciendo el actual Gobierno para avanzar en la aprobación del reglamento, pero no cabe la menor duda de que a
estas alturas es ya más que urgente disponer de unas normas claras y adecuadas a derecho.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Esteve. (Rumores).
Por favor, ruego silencio. Adelante, señora diputada.
La señora ESTEVE ORTEGA: Gracias, presidente.
Señorías, como señalé recientemente en la Comisión de Interior acerca de los CIE, de las políticas relacionadas con las personas inmigrantes en situación irregular, lo que nos crea más preocupación y dudas son precisamente los centros de
internamiento para extranjeros, porque entendemos que estos equipamientos quizá no son la mejor medida. Pero a día de hoy no se dispone de otro dispositivo que permita trabajar la devolución o expulsión de las personas afectadas. Y hablo de dudas
porque los CIE implican pérdida de libertad de personas que no han cometido delito y porque los procedimientos no son lo suficientemente transparentes y no garantizan el cumplimiento de derechos y garantías. Precisamente en mayo de 2012, cuando el
ministro del Interior dio la posibilidad a los grupos de la Cámara de presentar propuestas de mejora al borrador del reglamento que había elaborado el ministerio, acogimos con entusiasmo esta posibilidad e inmediatamente elaboramos un documento que
se entregó para su análisis e incorporación, si procedía, al reglamento definitivo. Entre nuestras aportaciones estaba una reflexión previa a la que debíamos dar respuesta, que era cómo conciliar el internamiento con el respeto a los derechos y
libertades individuales, teniendo en cuenta que estamos refiriéndonos a una sanción de tipo administrativo. Así apuntamos una serie de mejoras ya previstas en la ley de 2000 y sobre todo en la de 2009 que quedaban garantizadas en el borrador
presentado y que se refieren, primero, a la pérdida de identidad personal; segundo, al derecho a la información de las personas internadas y, al revés, acceso a la información por parte de los letrados y entidades sociales que les acompañan. Los
juzgados de control de los CIE fueron introducidos en la última reforma de 2009 para separar las atribuciones del juez de instrucción -que autoriza el internamiento- de las del juez que supervisa la estancia de los extranjeros en los distintos
centros, todo ello para garantizar los derechos de los mismos; acceso y presencia de las entidades sociales y asociaciones de derechos humanos en los CIE, y así garantizar también la comunicación con la familia; incorporación de las
recomendaciones del Defensor del Pueblo; los derechos de salud de las personas internas, y el derecho a unas instalaciones dignas. Todo esto que estaba previsto es lo que hay que llevar a cabo porque si no están en una situación de indefensión, en
una especie de purgatorio extraño donde no tienen garantías. De estos puntos débiles y de otros que no enumero adolecía el anteproyecto de reglamento que presentó el ministro; hoy seguimos sin el documento y las organizaciones sociales se siguen
quejando y siguen denunciando que no se cumplen ningunas garantías ni la seguridad del personal. Por este motivo hemos presentado una enmienda a la iniciativa de La Izquierda Plural en la que pedimos que supriman el punto número 1 -ustedes ya han
dicho que no- porque para eliminar los CIE hay que tener una respuesta alternativa inmediata, y hoy no la tenemos. Pero sí vamos a apoyarles en el resto, en lo relativo a que tiene que haber suficientes garantías para que esta estancia sea por el
mínimo tiempo posible y con el máximo de garantías.
Acabo ya. El proceso relativo a los inmigrantes que deben ser retornados a sus países de origen debe implicar al Gobierno, por descontado, y en parte a sus fuerzas de seguridad. Es seguro -y esto lo decimos con convicción- que cuanta más
capacidad tengan para actuar la sociedad civil, sus organizaciones de derechos humanos, y a la vez los profesionales de la salud, los trabajadores sociales y los juristas, corresponsabilizándose de parte del proceso, las necesidades policiales serán
mucho menores. Por tanto, nos gustaría que le dieran una vuelta y que pudiéramos hacer una transacción para,
al final, poder votar afirmativamente. Si no, tendríamos que considerar los distintos puntos pero es seguro que en el 2 y en el 3 les vamos a dar nuestro apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Esteve.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señor Sixto, le voy a felicitar por su iniciativa, que es niquelada. La verdad es que no tiene refutación posible puesto que usted ha cogido los requerimientos de la Ley 2/2009 y todos los anteriores de la legislación de extranjería de 2000
en relación con los CIE. Tiene usted razón. Evidentemente, personas -extranjeros- que cometen una infracción administrativa, que si me permite una reflexión ontológica tiene menor entidad todavía que una infracción de tráfico, puesto que la
cometen personas que están buscando expectativas de vida, expectativas de sobrevivir, expectativas de buscar un futuro mejor -el infractor de tráfico busca otras cosas seguramente-, cometen una infracción de menor entidad punitiva o que merece una
menor entidad punitiva que una infracción de tráfico, incluso. Desde esa perspectiva le tengo que dar la razón, lo que pasa es que en el punto número 1 -y este es el quid de la cuestión, señor Sixto- me gustaría saber qué alternativa proponen
ustedes para los extranjeros que están en situación de ser devueltos, de ser repatriados a su país, que son muchos. Ustedes no proponen la solución; reestablecen la crítica que nosotros compartimos en sus propios términos. Los centros de
internamiento, los CIE, están en condiciones insostenibles de habitabilidad en este momento. La ubicación o el internamiento en un CIE en este momento es objetivamente peor que el internamiento en un centro penitenciario, sobre todo en centros
penitenciarios de la última generación, de los más modernos, que tienen condiciones de habitabilidad mejores que los CIE. Desde esa perspectiva solo le preguntaría, señor Sixto -si es usted capaz de escucharme y de responderme-, cuál es la
alternativa que ustedes preconizan en relación con dónde ubicar a las personas que han de ser repatriadas por estar en situación irregular, tal y como preconiza también la legislación de extranjería española.
Por lo demás, tiene toda la razón. Posibilidades de acceso a los CIE no solo de organizaciones no gubernamentales sino de cualquier ciudadano que acredite un interés legítimo; posibilidad de que los internos en CIE tengan acceso al
exterior, incluso puedan salir, y que se restrinja al mínimo indispensable jurídicamente el internamiento en un CIE -totalmente de acuerdo, al fin y al cabo no es más que un requerimiento de la Ley 2/2002-; que los internados en los CIE tienen
derecho a la tutela judicial efectiva, desde un punto que ustedes enfatizan con frecuencia con mucha impertinencia, las posibilidades de acceder a una asistencia gratuita que les permita invocar su condición de perseguido político y el acceso a la
condición de refugiado, cosa que en un CIE, tal y como están configurados en la actualidad, es metafísicamente imposible; erradicar las existencias denunciadas, y a veces probadas, de malos tratos o de tratos degradantes a personas que no han
cometido ningún delito, solo una infracción administrativa; y la colaboración con la represión de redes mafiosas de tráfico y trata de personas.
Desde esta perspectiva, señor presidente -y con esto acabo mis reflexiones-, solo el hecho de la colaboración con redes mafiosas y redes que se dedican a la trata de personas debería merecer por parte del legislador la consideración de
persona que ya merita ser regularizada su situación, porque es una colaboración, desde una perspectiva de la represión de este fenómeno criminal tan aberrante, importante. Alguna vez se ha intentado dar esta dimensión a la colaboración en la
represión de las redes mafiosas y de las redes que trafican con seres humanos, otorgar como contraprestación la regularización. Sé que es un tema polémico y complejo de articular desde una perspectiva criminalística, pero yo pediría también una
reflexión más extensa sobre esta cuestión.
Por lo demás, señor Sixto, le felicito por su iniciativa. Es una iniciativa pegada a los requerimientos del ordenamiento jurídico y a los requerimientos más elementales de la justicia material en el ámbito del tratamiento a los extranjeros
en situación irregular, pero dennos, por favor -se lo pido por favor-, la solución de qué hacer con aquellos que en este momento están en situación de ser repatriados y dónde se les puede reubicar, dónde se les puede -no voy a utilizar la expresión
internar, preñada de connotaciones peyorativas- domiciliar, si quiere utilizar esta expresión, a efectos de resolver un problema que ustedes no resuelven, no sé si porque no tienen soluciones para resolver este vidrioso problema o porque astutamente
lo han eludido en su proposición. Por lo demás, felicidades. Nosotros apoyaremos esta
iniciativa con una petición de votación separada, señor presidente, si se puede hacer en este momento procesal. Es la petición separada del punto 1 de la moción presentada por el Grupo de La Izquierda Plural.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Márquez de la Rubia.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de la moción presentada por La Izquierda Plural, y lo va a hacer en plena coherencia con la postura que ha mantenido en esta materia en distintas ocasiones este
grupo, y además de por razones de coherencia, porque en la moción presentada se contienen aseveraciones y afirmaciones que son cuando menos, desde nuestro punto de vista, inexactas, si no rotundas falsedades o presunciones malintencionadas, si es
que no han quedado esas aseveraciones desfasadas por las medidas introducidas por el Gobierno en los últimos meses o lo serán en el momento en que se apruebe ese reglamento del que estamos hablando, el reglamento de funcionamiento de los citados
centros de internamiento de extranjeros.
Permítanme desarrollar esta argumentación. El grupo proponente pretende el cierre de todos los centros de internamiento de extranjeros. No esconde esa pretensión, así ha sido a lo largo de los últimos meses, a lo largo de esta legislatura,
en distintas mociones presentadas en la Comisión de Interior. Es esta una aspiración sin duda legítima, lo es. Se corresponde -yo diría- con una casi tradición de la izquierda de la izquierda o de esos movimientos que componen esa izquierda y se
basa en un principio que, desde nuestro punto de vista, es falso. Una infracción administrativa, según ustedes, se castiga con una sanción penitenciaria de privación de libertad. Yo creo que hay que poner las cosas en su sitio y los puntos sobre
las íes. El internamiento, la domiciliación que decía el señor Olabarría, en un centro de internamiento de extranjeros es un procedimiento judicializado de principio a fin que se somete a unas condiciones tasadas en la ley, que tiene una finalidad
preventiva y cautelar, como marca la propia ley, y que solamente afecta a la limitación de la libertad ambulatoria. Por otra parte, con unas causas debidamente tasadas en la ley, cuatro causas. A veces parece que algunos de los portavoces que han
ocupado antes esta tribuna se olvidan de tres de ellas y se refieren simplemente a que las personas que están internadas en esos centros han cometido la infracción administrativa de entrar ilegalmente en nuestro país, en España. No es cierto.
Puede haber personas para las que el auto judicial de internamiento sea debido a las otras tres razones que me permito muy sucintamente recordar: la sanción por haber cometido un delito doloso en España o fuera de ella con la sanción impuesta de
más de un año de libertad, haber atentado contra la seguridad nacional o haber promovido la inmigración clandestina, la inmigración ilegal en España. Son también causas que motivan que un juez pueda decidir el internamiento en un centro de
internamiento de extranjeros. En cualquier caso, por cualquiera de estas causas, siempre será con la salvaguarda de todos los derechos de los que son acreedoras esas personas.
Desde nuestro punto de vista, estos centros son, en primer lugar, absolutamente legales. En segundo lugar, son necesarios, porque -se ha comentado antes- no hay alternativa, y porque los jueces siguen decretando estos autos de internamiento
porque creen que es necesario para salvaguardar otras libertades. En tercer lugar, porque son un instrumento que existe en todos los países de nuestro entorno. No hay una alternativa en el derecho comparado que nos permita entrever otro mecanismo.
Y en cuarto lugar, porque estamos convencidos de que son establecimientos donde se respetan los derechos de todas las personas en ellos internadas.
Sí es cierto que es necesario un reglamento, estamos de acuerdo, y lo es desde el año 2009, en que la actual ley orgánica de reforma de la anterior ley orgánica daba seis meses de plazo. Por eso en este caso, señores del Partido Socialista,
nos sorprende, y mucho, que vengan ustedes exigiendo en su enmienda la aprobación inmediata del reglamento, un reglamento que no aprobaron ustedes en los más de dos años que tuvieron oportunidad de hacerlo. Las exigencias cuando se ha sido hace muy
poco Gobierno, y Gobierno incumplidor, señores del Partido Socialista, tienen muy poca credibilidad. Este Gobierno, sin embargo, tiene ya ultimado ese reglamento que desarrollará el mandato legal. Está siendo un proceso largo, lo reconocemos,
porque se ha querido extremar al máximo la participación de todos, incluidos los grupos parlamentarios aquí presentes, algo realmente novedoso. Se ha querido dar participación a ONG, a asociaciones que trabajan en el ámbito social, a colegios
profesionales, a fiscales, jueces y a entidades del sector de la extranjería, además de los informes preceptivos en un reglamento de estas características. Como decía también de los grupos, y por eso me parece como mínimo extraño
ver cómo grupos parlamentarios que han presentado, y se les han incluido, alegaciones o aportaciones a este reglamento, ahora quieran imponer, recabando para ello el posicionamiento de esta Cámara, algunas de las posiciones que defendieron y
han defendido ante el ministerio, haciéndole llegar esas alegaciones o sugerencias. No es un procedimiento que consideremos leal con la confianza y la transparencia acreditada por el Ministerio del Interior, así no creemos que sea posible hacer las
cosas.
Mi grupo parlamentario también piensa que se está demorando excesivamente la aprobación de este reglamento, pero comprendemos las razones que justifican esa demora. Tenemos constancia, sin embargo -no lo digo yo-, porque así en la última
interpelación de la que es consecuencia esta moción en el mes de julio lo dijo el ministro del Interior, de que la aprobación es ya un hecho inminente. Por eso, creemos que es innecesaria la exigencia al Gobierno de algo que realmente va a ser
realidad en muy poco tiempo y con esa inminencia que el propio ministro quiso hacer constar.
Por todas esas razones, porque no compartimos ni el fondo ni la forma de la moción presentada, porque rechazamos, como he dicho, algunas de las expresiones y afirmaciones vertidas en la misma, porque no hay situaciones dramáticas desde
nuestro punto de vista o se han corregido las situaciones dramáticas que se han producido en otros tiempos, no hay violaciones de derechos humanos, no hay controles arbitrarios de documentación ni detenciones injustificadas de inmigrantes en este
Estado de derecho que es nuestro país, porque además entendemos que es profundamente innecesaria esta moción o los puntos que se exigen en la moción, puesto que el reglamento de desarrollo es ya de aprobación inminente...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabando.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Sí, termino inmediatamente. Reitero que vamos a votar desfavorablemente a la moción presentada por el Grupo de La Izquierda Plural.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Márquez.
Señor Sixto ¿acepta o rechaza las enmiendas?
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, agradeciendo a todos los grupos que han presentado enmiendas su voluntad de llegar a un acuerdo, desde La Izquierda Plural vamos a aceptar solamente las enmiendas que ha planteado el grupo
Compromís-Equo que son dos párrafos de adición a nuestro texto. Ello nos impide votar separadamente el resto de puntos, cosa que hubiese sido nuestra voluntad pero lamentablemente no va a ser posible. Y al señor Olabarría le tengo que decir que no
es el momento de responderle puesto que estoy utilizando la complacencia de la Presidencia para decir qué enmiendas aceptamos y por lo tanto facilitar la votación, pero en cualquier momento podemos debatir sobre las alternativas, las nuestras y las
de las organizaciones sociales a los CIE.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
En unos minutos vamos a votar. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE COMPARECENCIAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. (Número de expediente 410/000005).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre comparecencias del presidente del Gobierno. Se
han emitido dos votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312, más 2 votos telemáticos, 314; a favor, 142, más 1 voto telemático, 143; en contra, 170, más 1 voto telemático, 171.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIONES):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 162/000654).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan nacional para la inclusión social. Se va a votar en sus términos, pero ha sido pedido que se vote cada uno de
los puntos. Son 4 puntos.
Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 170; en contra, 130; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 169; en contra, 130; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 170; en contra, 129; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 272; en contra, 39; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA REDUCIR EL IMPORTE DE LAS MATRÍCULAS Y FACILITAR EL ACCESO A LAS BECAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. (Número de expediente 162/000678).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para reducir el importe de las matrículas y facilitar el acceso a las becas de los estudiantes universitarios. Se vota en sus propios términos,
con una autoenmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 121; en contra, 169; abstenciones, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (CIE). (Número de expediente 173/000097).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo de La Izquierda Plural, sobre los centros de internamiento de extranjeros. Hay una enmienda aceptada del Grupo Mixto, del señor Baldoví.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 16; en contra, 171; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y quince minutos de la noche.