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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 129, de 16/07/2013
cve: DSCD-10-PL-129
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 129
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 122 (Sesión extraordinaria)
Celebrada el martes,
16 de julio de 2013
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ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 48-1, de 24 de mayo de 2013. (Número de expediente 121/000048) ... (Página4)
Proposiciones no de ley:
- De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre la defensa del sector naval español.
(Número de expediente 162/000702) ... (Página50)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)
SUMARIO
PLENO EXTRAORDINARIO MARTES 16 DE JULIO DE 2013
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
La señora Rodríguez Ramos plantea una cuestión previa al orden del día del Pleno y solicita a la Presidencia que dé lectura a unos documentos que entrega en ese momento a la Mesa. Intervienen la señora Díez González, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia; los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Alonso Aranegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor secretario (Gil Lázaro) da lectura a dos párrafos de los documentos entregados.
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Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página4)
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Proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa ... (Página4)
El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y en turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda, Quevedo Iturbe, la señora Pérez Fernández,
el señor Tardà i Coma y la señora Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la
señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Duplican la señora Sánchez Robles, el señor Martínez Gorriarán, la señora García Álvarez y los señores Barberà i Montserrat y Bedera Bravo.
Interviene nuevamente el señor ministro de Educación Cultura y Deporte.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Proposiciones no de ley ... (Página50)
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De los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre la defensa del sector naval español ...
Intervienen el señor Álvarez Sostres, la señora Fernández Davila y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario
de Unión Progreso y Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Carcedo Roces, del Grupo Parlamentario
Socialista y Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, se rechazan por 149 votos a favor y 179 en contra.
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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia,Vasco (EAJ-PNV) y Mixto,
sobre la defensa del sector naval español, se aprueba por asentimiento.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Quiero, en primer lugar, en nombre de la Mesa y de todos los diputados del Congreso, agradecer al Senado que nos acoja hoy aquí porque no podemos celebrar el Pleno, como todas sus señorías conocen, por la obras que se están desarrollando en
el Congreso.
Comenzamos con el debate de totalidad. (La señora Rodríguez Ramos pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Presidente, cuestión de orden. Al amparo del artículo 72.1 del Reglamento, quisiera plantear una cuestión de orden que estimo estrictamente pertinente puesto que versa sobre el orden del día del Pleno que hoy
iniciamos. Quisiera manifestar que por voluntad exclusiva del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular este Pleno que hoy celebramos excluye las iniciativas presentadas por toda la oposición y la iniciativa más importante, que es el control
parlamentario al Gobierno. La única razón que ha justificado esto es que el presidente del Gobierno quiere huir de nuevo del Congreso para que la oposición no pueda pedirle responsabilidades por los graves hechos y las graves acusaciones que versan
sobre él.
Señor presidente, la decisión adoptada por el grupo mayoritario de esta Cámara, el Partido Popular, rompe el acuerdo unánime al que se llegó el 24 de marzo de 2010, un acuerdo alcanzado por todos los portavoces parlamentarios y por la
Presidencia del Congreso de los Diputados, un acuerdo que establecía que los plenos que se celebraran en enero y julio tendrían carácter ordinario, es decir, incluirían la sesión de control al Gobierno: preguntas parlamentarias e interpelaciones.
Con esta ruptura, por primera vez desde hace tres años, puesto que se han celebrado en periodo inhábil plenos con carácter ordinario el 21 de julio de 2010, el 26 de enero de 2011, el 13 y 20 de julio de 2011, el 18 de julio de 2012 y el 30 de enero
de 2013, se impide a los grupos parlamentarios y a los diputados ejercer en las sesiones parlamentarias la función de control al Gobierno, que constituye, señor presidente, la más importante de las facultades que en una democracia ostentan las
minorías. Señor presidente, el padre del parlamentarismo, el doctor Jefferson, ya dijo que hay una forma en la que cuando las mayorías parlamentarias utilizan su mayoría de forma abusiva contra las minorías, quien se resiente es la propia
institución parlamentaria, precisamente lo que hace la mayoría parlamentaria en esta Cámara.
Señor presidente, amparándome también en el artículo 72.2, le pido que dé lectura a los siguientes documentos que presento en la Mesa, que avalan uno por uno esta intervención.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Rodríguez Ramos entrega unos documentos a la Mesa).
El señor PRESIDENTE: De los documentos facilitados, que eran quizá excesivos, la propia portavoz ha señalado dos párrafos que, en efecto, van a ser leídos.
Una vez que ha habido esta intervención de la portavoz socialista pregunto si algún otro portavoz quiere hacer uso de la palabra. (Pausa).
Portavoz de UPyD, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Desde el Grupo Unión Progreso y Democracia pedimos la palabra para apoyar punto por punto la petición del Grupo Socialista. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, para apoyar la intervención de la portavoz del Grupo Socialista y para recalcar al Gobierno que todavía hay posibilidad de que se modifique el orden del día -el Reglamento lo permite- para que el
presidente Rajoy dé la cara en este Pleno y para que sea posible que lo que es una normalidad en este Pleno se convierta en la normalidad que hoy demanda la ciudadanía. Es una vergüenza que se den explicaciones a través de una rueda de prensa y no
en este Parlamento. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Centella. (El señor Alonso Aranegui pide la palabra). Grupo Popular.
El señor ALONSO ARANEGUI: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente porque este objeto es extraño al orden del día que fue aprobado (Protestas.-Varios señores diputados: No, no) no por ningún grupo parlamentario sino por la Junta de Portavoces de acuerdo con la previsión que
nosotros mismos habíamos acordado con ustedes para el mes de julio. (Continúan las protestas.-Una señora diputada: ¿Cuándo?). De verdad, dejen hablar, no se preocupen. Esta es la previsión que se aprobó y así fue convocado el Pleno en tiempo y
forma, de la manera que estaba prevista que, como digo, ya había sido acordado con ustedes. Aparte quiero también señalar que este es un Pleno importante, de un contenido legislativo trascendente, que aborda reformas que son necesarias para el país
y que da cuenta también de una actividad intensa del Gobierno y esta tarde, concretamente, de una reforma educativa que está llamada a transformar profundamente la suerte de nuestra nación. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio.
El señor ALONSO ARANEGUI: Confío en que ustedes, igual que nosotros, como diputados y miembros del Congreso sabrán cumplir con sus obligaciones y con su responsabilidad en la tarea legislativa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el secretario primero se va a dar lectura a los dos párrafos pedidos.
El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Comunicado. El presidente del Congreso y los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Cámara han acordado de manera unánime que sin necesidad de proceder a efectuar reformas normativas se
adoptarán las medidas oportunas en el marco del Reglamento del Congreso que permitan celebrar sesiones extraordinarias, tanto Plenarias como de Comisión, en los meses de julio y enero.
Junta de Portavoces de 23 de junio de 2009. La señora Sáenz de Santamaría indica que, si bien es comprensible el planteamiento que se realiza respecto al mes de agosto, el mes de julio es un mes ordinario de trabajo para el Gobierno, por lo
que también ha de serlo para ejercer la función de control mediante la convocatoria de la Diputación Permanente, Pleno o Comisiones sin demorar ni limitar las eventuales sesiones durante dicho mes. (Aplausos.-La señora Rodríguez Ramos: ¿Y ahora
qué?).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario. (Rumores).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 121/000048).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio porque vamos a comenzar el orden del día. (Rumores). Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra,
en nombre del Gobierno, el señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte. (Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario de IU, ICV, EUiA: La Izquierda Plural, puestos en pie, exhiben carteles con el siguiente lema: 'Gobierno dimisión, elecciones ya'.-Rumores y protestas).
Señores parlamentarios del Grupo de La Izquierda Plural, les ruego que retiren sus carteles. (Pausa).
Les llamo al orden por primera vez. (Rumores).
Por parte del secretario primero se va a leer el artículo 103.3 del Reglamento. (Rumores y protestas).
El señor SECRETARIO (Gil Lázaro): Artículo 103.3: Los diputados y los oradores serán llamados al orden cuando con interrupciones o de cualquier otra forma alteren el orden de las sesiones. (Rumores y protestas.-Pausa).
Artículo 104.1: Al diputado u orador que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada en su caso la palabra y el presidente, sin debate,
le podrá poner la sanción de no asistir al resto de la sesión. (Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: Les llamo al orden por segunda vez. (Pausa.-Varios señores diputados: ¡Ahhh.-Protestas).
Pido silencio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, si en vez de en 1776 Adam Smith tuviera que escribir hoy su libro sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, estoy seguro de que el libro primero se referiría inevitablemente a la educación.
En la economía y en la sociedad del conocimiento, la materia prima susceptible de transformación más importante para los países y para las sociedades es el talento, la capacidad de estimular que ese talento que todos los niños y niñas traen consigo,
ese talento diverso, alcance su máxima expresión, alcance su potencial y lleguen hasta donde ese potencial les permita llegar, lleguen a la cima, porque hoy la carrera en la gran competición de las sociedades por llegar a la cima es la carrera de la
educación. Hoy no tiene sentido una discusión vieja acerca de si la educación es un bien público o es una commodity susceptible de ser confiada al mercado. Esa discusión ha dejado de tener sentido, tanto económico como social. Todas las
sociedades, al margen de su orientación ideológica, entienden hoy que la política educativa no es solo una política cultural y social esencial sino también un ingrediente esencial de su política económica.
Si en el siglo XIX Edmun Burke pudo afirmar que la educación es la menos cara de las defensas de una nación, hoy, en el siglo XXI, bien podemos afirmar que la educación es la más eficiente de las armas de que puede disponer un país, una
verdadera arma de construcción masiva, por utilizar la feliz expresión de la cineasta iraní Marjane Satrapi. La educación en efecto, señorías, es la palanca más eficiente de transformación social de que dispone un país; la educación condiciona la
vida, el futuro personal, social y profesional de quienes participan en ella pero también determina, y lo hace de una manera importante, la posición que un país ocupa en la escalera de valor de la economía competitiva global. Hoy todos sabemos que
el nivel económico de una sociedad, el nivel económico de un país se relaciona sobre todo con la cobertura y la calidad del sistema educativo. Hoy todos sabemos -en España por desgracia lo sabemos de una manera muy dura- que existe una estrecha
relación entre la empleabilidad de las personas y el nivel educativo que las mismas hayan alcanzado. Incluso en una situación tan crítica desde el punto de vista del empleo como es la situación española en estos momentos, podemos advertir las
enormes diferencias que existen en cuanto a la tasa de desempleo en función del nivel educativo alcanzado. Actualmente, si hablamos en términos de tasa de empleo, es decir, la proporción de personas en cada uno de los niveles educativos que están
ocupadas, tenemos que aquellos que no han conseguido superar la fase de la educación obligatoria o no han alcanzado siquiera el título de la educación obligatoria, tienen hoy en nuestro país una tasa de empleo inferior al 30 % -del 28,8 %-; quienes
han conseguido alcanzar el título de la educación secundaria postobligatoria tienen una tasa de empleo del 51 %, y quienes han alcanzado una educación terciaria universitaria o formación profesional de grado superior tienen una tasa de empleo del 68
%. Si lo queremos ver desde la perspectiva más comúnmente utilizada, la de la tasa de paro, observaremos que entre quienes tienen como máximo el nivel de la secundaria obligatoria, la tasa
de paro es del 37 % prácticamente; entre quienes han alcanzado el título de educación secundaria postobligatoria es del 26 %, y entre quienes tienen educación superior es del 16,8 %.
En España, señorías, como es de todos sabido, tenemos fortalezas considerables en nuestro sistema educativo. España ha hecho en las últimas décadas un enorme esfuerzo económico y también un enorme esfuerzo social por conseguir la
universalización de la educación, objetivo que ha requerido, como decía, una enorme inversión en infraestructuras y en profesorado. Los datos de gasto educativo lo señalan con claridad. España destina -según los últimos datos facilitados por los
indicadores de la OCDE, el panorama de la educación 2013- 9.608 dólares de gasto público por alumno, lo que supone un 15 % más que la media de los 34 países de la OCDE y un 17 % más de lo que supone ese gasto en los países de la Unión Europea. En
la última década, el gasto público en educación no universitaria se ha duplicado: de 18.927 millones de euros en 2000 se pasó en 2010 a 36.102 millones de euros; el número de alumnos por profesor es más bajo en la OCDE -10,1 frente a 13,7-, y el
gasto de España particularmente en educación infantil segunda etapa -el gasto en educación infantil de carácter público- asciende al 0,9 % del PIB, doblando prácticamente la media de la OCDE. Tenemos un nivel de escolarización a los 2 y sobre todo
a los 3 años que está netamente por encima de la media de los países de nuestro entorno. Por citar una sola cifra, el 98,7 % de los niños de 3 años están escolarizados en este país. Se ha conseguido plenamente la escolarización en la enseñanza
básica obligatoria y gratuita y por encima de ella también es gratuita en el sistema público la enseñanza en la segunda etapa de la educación infantil -de 3 a 6- y en el bachillerato y en la formación profesional, tanto de grado medio como de grado
superior, siempre que se curse en centros públicos.
Todos estos datos positivos de nuestro sistema educativo no tienen un correlato preciso en otros datos de resultados educativos; no son acordes los resultados educativos. Voy a referirme solamente a aquellos que tienen más trascendencia
porque de alguna forma son los que, primero, justifican la necesidad de esta reforma y, segundo, inspiran sus soluciones. El primero, señorías, sin la menor duda, no puede ser otro que la alta tasa de abandono escolar temprano: el 25 %, media del
año 2012, frente a una media europea en ese mismo periodo del 13,5 %. Recuerdo a sus señorías que el objetivo establecido para la Unión Europea en el año 2020 en la estrategia Europa 2020 es del 10 %, si bien en el caso de España se ha suavizado
para dejarlo en el 15 %. Tenemos una alta tasa de desempleo juvenil. He dado unos datos antes y permítanme ahora que precise que, según los datos de la EPA que todas sus señorías conocen, en el primer trimestre del año 2013 más del 57 % de la
población activa menor de 25 años se encontraba en paro. Este dato contrasta con el 23 % de desempleo en esos mismos tramos de edad en la Unión Europea.
Un dato de carácter estrictamente educativo muy importante es la tasa del 65 % de titulados en educación secundaria en la población entre 15 y 34 años; la media de la OCDE en esta misma métrica es del 82 %. Últimamente también se habla
mucho de la altísima proporción, el 22,6 %, de personas entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan, es decir, que ni están ocupados ni están participando en ningún programa formativo de cualquier tipo, académico u ocupacional. Sin duda,
hablando de resultados educativos, los bajos resultados en las comparativas internacionales son un ingrediente muy importante. En las últimas pruebas cuyos resultados conocemos -es cierto que con posterioridad se han realizado otras en 2012, pero
aún no se han difundido los resultados-, las pruebas de PISA del año 2009, nuestros alumnos de 15 años consiguieron en todas las competencias medidas -en lectura, en conocimiento científico y en matemáticas- entre 12 y 13 puntos menos que la media
de la OCDE. En esas mismas pruebas nuestra proporción de alumnos excelentes -los que alcanzan los dos rubros más altos de cualificación, 5 y 6- es claramente inferior a la proporción de alumnos excelentes en la media de la OCDE. Tenemos un 3,4 en
lectura, cuando la media de la OCDE es del 7,6; un 8 en matemáticas, mientras en la OCDE la media se acerca al 13; y un 3,9 en ciencias, cuando la media de la OCDE es del 8,5 %. Existe una muy insuficiente proporción de alumnos que cursan la
formación profesional, un 40,8 % de titulación en la misma frente a una media de la Unión Europea del 53,5 %; una muy baja formación en el conocimiento de lenguas extranjeras -España, entre los catorce países evaluados en este estudio de
competencia en lengua extranjera ocupa la décima posición-; y una ausencia de evaluaciones externas estandarizadas. Diecisiete países en Europa disponen de esas pruebas nacionales y los test externos y estandarizados mejoran los resultados
educativos en una proporción entre un 20 y un 40 % de la desviación típica. Los países que -según los resultados de PISA 2009- realizan pruebas externas obtienen de media 16 puntos más que aquellos que no realizan esas pruebas. Tenemos también una
gran dispersión de resultados entre comunidades autónomas. Somos la nación de la Unión Europea en el que la disparidad
de resultados entre comunidades es más alta, lo que ha sido objeto de atención por parte de la Unión Europea. Un elemento excepcionalmente importante en este sentido es nuestra baja tasa de idoneidad. A los 15 años la tasa de idoneidad, es
decir, la proporción de alumnos que están en el curso que les corresponde por edad, es del 57,4 %, lo cual quiere decir que a esa edad casi el 43 % ya ha repetido algún curso en primaria o en la educación secundaria obligatoria. Por último, en este
repaso tenemos una tasa de autonomía de los centros que figura entre las más bajas de la OCDE. En planificación de estructuras nuestra tasa de autonomía, de acuerdo con la métrica que utiliza la OCDE, es del 0 % y la media de la OCDE es del 24 %;
en gestión del personal, del 4 % frente a un 31 % en la OCDE; y en gestión de recursos, del 17 % frente a una media de la OCDE del 32 %.
Estos datos ponen de manifiesto, junto a las fortalezas a las que me he referido antes, debilidades muy acusadas de nuestro sistema educativo contra las que normativamente se debe hacer lo posible para ponerles remedio. Estas deficiencias
se refieren especialmente a aquellos aspectos a los que me he referido. En primer lugar, la alta tasa de abandono escolar y, en consecuencia, la escasez de titulación en la educación secundaria posobligatoria y la debilidad de la formación
profesional. Todo ello, visto en el contexto de las métricas comparativas que los estudios internacionales nos proporcionan, nos indica que ese sistema, sobre cuyo avance en el curso de las últimas décadas he dado algunas observaciones al comienzo
de mi intervención, se encuentra en una situación que de la forma más benévola tendríamos que describir como de estancamiento de su rendimiento, cuando no de retroceso en algunas de las dimensiones.
Evidentemente, señorías, los países que han conseguido mejorar su rendimiento educativo, que han conseguido mejorar los resultados de su sistema educativo, lo han hecho a través de modificaciones legales en las cuales se presta más atención
a la diversidad de capacidades del alumnado, se ofrece una atención más individualizada, una flexibilidad mayor de las trayectorias, se incrementa el nivel de exigencia y se propicia y valora el esfuerzo a través de la realización de evaluaciones.
El profesorado está bien formado y los centros educativos gozan de autonomía suficiente para especializarse y ofrecer a los estudiantes una oferta educativa más amplia. No podemos dejar de reconocer que, junto a las fortalezas a las que me he
referido, nuestro modelo educativo se ha quedado anticuado, es excesivamente rígido, excesivamente uniforme y no proporciona los resultados deseados. Se dice muy a menudo que nuestro sistema es muy equitativo, y ello contiene una parte de verdad.
Efectivamente, es un sistema equitativo en la entrada; efectivamente, a nivel de los resultados en algunas etapas también es muy equitativo en el sentido de que son más acusadas las diferencias de rendimiento entre alumnos del mismo centro que las
que se deben al tipo de centro en que se encuentran los alumnos. Pero esto es solo una parte de la verdad. Equitativo en cuanto a la garantía de la igualdad de oportunidades en el acceso, mucho menos equitativo en cuanto a la garantía de la
permanencia y la progresión en el sistema de los estudiantes en función de su situación socioeconómica.
Los estudios internacionales ponen de manifiesto que el trabajo más importante desde el punto de vista del funcionamiento del sistema educativo como garantía de la equidad tiene que ver con la capacidad o con la posibilidad de superar las
diferencias a las que se enfrentan los estudiantes que provienen de entornos menos desfavorecidos en la etapa base de su formación y que esas diferencias o deficiencias tienen mucha menor importancia, si no han desaparecido por completo, como es el
caso de España, cuando ya llegamos a la situación en la que se accede a la educación terciaria, fundamentalmente a la educación universitaria. Los datos españoles avalan también esa percepción.
En nuestro país la tasa de abandono escolar a la que me he referido, la del 25 %, se distribuye de manera muy distinta en función de la renta familiar de los alumnos. En el caso de las familias que se sitúan en el quintil más bajo de renta
per capita el abandono escolar alcanza el 35 %. En el de las familias que se sitúan en el quintil superior, ese abandono escolar es del 10 %. Si utilizamos otra métrica de carácter más subjetivo, por ejemplo, la forma en que la gente define en la
encuesta de condiciones de vida su dificultad para llegar a fin de mes, las diferencias son aún más acusadas. Iría desde una tasa de abandono escolar temprano del 45 % en las familias que declaran mucha dificultad para llegar a fin de mes a un 7 %
en las familias que declaran mucha facilidad.
Señorías, aunque la política educativa en el marco de la Unión Europea es fundamentalmente una política nacional, la Unión Europea ha adquirido conciencia de la importancia que tiene la elaboración de un marco que permita la cooperación y la
mejora armonizada de los sistemas educativos nacionales. En función de ello y respetando siempre la responsabilidad de los Estados miembros, en mayo de 2009 el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó el llamado nuevo marco estratégico para
la cooperación europea en educación y formación con el objetivo de asegurar la realización profesional, personal y social
de todos los ciudadanos, la empleabilidad y la prosperidad económica sostenible, a la vez que la promoción de los valores democráticos, la cohesión social, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. A su vez, los Estados miembros se
han comprometido a establecer sus objetivos nacionales teniendo en cuenta las posiciones de partida relativas y las circunstancias nacionales de acuerdo con sus procedimientos nacionales de toma de decisión, en un diálogo con la Comisión a fin de
comprobar la coherencia de las líneas comunes definidas.
Son cuatro los objetivos estratégicos que ese marco europeo establece, que se acompañan de indicadores y puntos de referencia que permiten adverar el progreso que realiza cada uno de los Estados en relación con los objetivos de la estrategia
Europa 2020. En primer lugar, hacer realidad el aprendizaje a lo largo de la vida y la movilidad. En segundo lugar, mejorar la calidad y la eficiencia de la educación y la formación. En tercer lugar, promover la equidad, la cohesión social y la
ciudadanía activa. En cuarto lugar, afianzar la creatividad y la innovación incluyendo el espíritu emprendedor en todos los niveles de la educación y la formación. España se ha comprometido firmemente a participar en este proceso asumiendo los
objetivos de la Unión Europea para la estrategia Europa 2020 y, dentro de ellos, especialmente la mejora de los resultados educativos. Precisamente bajo Presidencia española en el año 2010 los Estados miembros adoptaron esta estrategia en la que se
pone de manifiesto que Europa solo puede tener éxito si actúa colectivamente con una estrategia que le ayude a salir fortalecida de la crisis, que convierta la Unión en una economía inteligente, sostenible e integradora, con altos niveles de empleo,
de productividad y de cohesión social. Es ahí donde se establece el objetivo de que el abandono escolar en esa fecha de referencia debe ser inferior al 10 % y que al menos el 40 % de la generación más joven, de los menores de 34 años, debería tener
estudios superiores completos. En la última revisión anual el Consejo de la Unión realizó dos recomendaciones específicas a España relacionadas con la educación y la formación. Cito: adoptar medidas encaminadas a mejorar el aprendizaje permanente
para los trabajadores de más edad y -cito también literalmente- garantizar un estrecho seguimiento de la eficacia de las medidas contempladas en el programa nacional de reforma con vistas a reducir el abandono escolar prematuro mediante políticas
preventivas y facilitar la transición a la educación y la formación profesional. Fin de la cita. Sobre la base de todas estas evidencias, sobre la base de estas recomendaciones específicas de la Unión Europea, la ley orgánica de mejora de la
calidad educativa intenta establecer las recetas similares a aquellas que han permitido a los países que las han aplicado mejorar los resultados académicos de sus estudiantes.
Tengo que decir que la Lomce que hoy se presenta no es una ley adanista, no es una ley que surja de la nada; es, como su nombre indica, una ley de modificación de la vigente Ley orgánica de Educación, de 3 de mayo de 2006, que toca
únicamente aquellos aspectos de esa ley que han acreditado en su aplicación que no resuelven, o lo hacen de forma insuficiente, o no atacan de la forma y con la intensidad necesaria las principales debilidades de nuestro sistema. Tengo que decir
que, de los ciento cincuenta y siete artículos de que consta la LOE, la Lomce reforma cincuenta y siete y añade otros ocho, es decir, que en términos estrictamente cuantitativos su condición de reforma parcial está clara. Esa reforma parcial, como
les digo, va encaminada fundamentalmente a tres objetivos transversales de carácter primordial. Primero, el que su propio rótulo indica, aumentar la calidad de la enseñanza; segundo, disminuir la tasa de abandono escolar y, tercero, mejorar de
forma significativa la empleabilidad de nuestros jóvenes. El primer objetivo es el de la completa garantía del derecho a la educación asegurando la permanencia del estudiante en su itinerario normativo, dotándole de herramientas suficientes para
hacer posible su desarrollo personal y profesional y garantizando la igualdad de oportunidades. La segunda dimensión tiene que ver con la flexibilidad y la transitabilidad del sistema educativo. En la Lomce se prevé la posibilidad de adelantar la
elección de la trayectoria educativa a partir de 3.º de la ESO. La mayoría de los países de nuestro entorno permiten elegir entre la formación académica y la formación profesional antes de los 16 años; Alemania y los Países Bajos, a los 13;
Italia y Gran Bretaña, a los 14; Francia, a los 15, por no mencionar el caso de Austria, donde esta elección de itinerario se produce a los 10 años. La Lomce -esto creo que es muy importante y no ha sido adecuadamente valorado- ofrece un conjunto
flexible y reversible de trayectorias, pero no las impone, no impone ninguna, contempla medidas de atención personalizada, pruebas de detección precoz de las dificultades de aprendizaje en 3.º de primaria y programas de mejora del aprendizaje,
también anteriores a los que en la legislación actual se establecen. Introduce los ciclos de formación profesional básica y también contempla planes de actuación para el desarrollo de altas capacidades intelectuales.
Señorías, una debilidad universalmente reconocida de nuestro sistema educativo y sobre la que yo creo que sería vano intentar arrojarnos unos a otros responsabilidades porque sin duda son responsabilidades compartidas, es la situación de
desconsideración o descrédito social de la formación profesional. Siempre se ha considerado la formación profesional como una opción de segundo nivel, siempre se la ha considerado como la opción adecuada para los hijos del vecino, pero no para
nuestros hijos. Ello, al margen de la buena voluntad y al margen de las intenciones que los sucesivos legisladores hayan tenido con respecto a la formación profesional. Esto es un error y lo podemos ver tanto mirando hacia dentro, nuestros
resultados, como mirando hacia fuera, los resultados de los países que han hecho un planteamiento distinto desde el origen o en algún momento de reforma de esa formación profesional y que han conseguido dignificarla e insertarla con esa dignidad en
los itinerarios educativos. La Lomce quiere dar -no puedo hablar de devolver- a la formación profesional la consideración y el prestigio social que debe tener y la consideración de ser una oferta más dentro de la oferta educativa no excluyente y no
necesariamente finalista, puesto que se contemplan pasarelas entre los distintos tipos de enseñanzas. Es decir, que la opción por el itinerario vocacional, por el itinerario de la formación profesional, no pueda nunca suponer una exclusión radical
de la posibilidad de cursar estudios académicos, incluida la educación terciaria, la educación universitaria. Es imprescindible -y es un rasgo fundamental de la ley- eliminar esas rigideces en el tránsito entre los diferentes itinerarios e ir
disminuyendo las tasas de abandono escolar. En este sentido, una de las novedades que introduce la ley -no diría que la más importante, pero una novedad interesante con respecto de la situación actual- es la creación de los ciclos de formación
profesional básica incluidos dentro de la educación obligatoria y gratuita. El acceso a estos ciclos se realizará por recomendación del equipo docente de ESO para alumnos que, cursando 3º de ESO, no se encuentren en condiciones de promocionar y,
por tanto, de titular en ESO. La superación de estos ciclos, de dos años, supondrá la obtención del título de técnico profesional básico que permitirá el acceso a ciclos formativos superiores y la obtención de una cualificación profesional de nivel
1. Esto supone una gran diferencia con respecto a los actuales programas de cualificación profesional inicial que ni están claramente incluidos dentro de la enseñanza secundaria obligatoria ni tampoco forman parte con propiedad de la formación
profesional, cuya garantía de obligatoriedad y gratuidad no está contemplada como tampoco ofrecen la obtención de un título educativo. También se regula la formación profesional dual, una formación ofrecida en régimen de alternancia entre el centro
educativo y la empresa, cuyo objetivo es favorecer la inserción laboral, incrementar las relaciones con la empresa y, por tanto, dirigirse a uno de los problemas más graves que denuncia la Unión Europea con respecto al funcionamiento de nuestra
educación y nuestro sistema laboral: las dificultades de tránsito que existen entre la educación y el trabajo. Esto lo hace a través de una regulación de gran flexibilidad que, naturalmente, tiene que contar con la -llamémosla así- complicidad
activa de la empresa pero que, en definitiva, se inserta con naturalidad en la estructura existente de la formación profesional.
Otra de las novedades es la configuración del currículo de educación primaria, ESO y bachillerato, que se distribuyen en tres bloques de asignaturas: las llamadas troncales -asignaturas que deben ser comunes para todos los alumnos-,
específicas -en las que se permite mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos- y de libre configuración autonómica, para las cuales tanto las administraciones educativas como los centros disponen de un mayor nivel de autonomía para
ofrecer asignaturas de diseño propio. Esto, señorías, en contra de lo que se ha dicho, no supone ni mucho menos una recentralización de las competencias, sino una distribución nueva de las mismas acorde con la Constitución española.
La Lomce propone nuevos enfoques en cuanto a la enseñanza por competencias, sobre todo en lo que se refiere a las competencias básicas, la comunicación lingüística y las competencias llamadas steam, es decir, científicas, técnicas y
matemáticas, prioritarias para el desarrollo de los alumnos y para su capacidad de desenvolverse en el mundo del conocimiento y de la tecnología. Un cambio metodológico muy importante que supondrá modificar una enseñanza basada únicamente en
contenidos, en la que los profesores son meramente transmisores y hay muy poco espacio para el alumno y su capacidad de autoaprendizaje.
Señorías, el gran cambio que se está produciendo hoy en el mundo educativo, un gran cambio que viene fundamentalmente facilitado por la presencia creciente de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula, es aquel que
permite al maestro transformar radicalmente su papel desde el de mero trasmisor de conocimientos, de mero orador, al de entrenador, al de la persona que dialoga con el alumno, que le permite resolver sus dudas, le permite desarrollar pensamiento
crítico, enfrentarse a la
resolución de problemas complejos; en definitiva, le permite adquirir las competencias, y no solo los conocimientos, que va a necesitar a lo largo de su vida.
Damos también gran importancia en la ley a la mejora del conocimiento de las lenguas extranjeras. Hasta ahora este es un aspecto en el que dedicando como dedicamos ingentes recursos no solo públicos sino privados, probablemente el
aprendizaje de lenguas extranjeras es el aspecto de todo el sistema educativo en que las familias, conscientes de la importancia que tiene ese aprendizaje, particularmente del inglés, dedica más recursos privados; y, sin embargo, obtenemos unos
resultados muy pobres. Esto tiene que ser objeto -y así se contempla en la ley- de un cambio radical, un cambio metodológico radical, que no se basa tanto en el incremento del tiempo dedicado a estas enseñanzas cuanto, como decía, en un cambio del
enfoque de los aprendizajes.
Señorías, uno de los elementos esenciales de la ley es el incremento de la autonomía de los centros docentes. Nos parece absolutamente clave -y toda la evidencia comparativa lo acredita con claridad- que nuestros centros docentes puedan
gozar de autonomía organizativa, de autonomía curricular, de autonomía en la gestión de personal y de autonomía económica para ser agentes activos de un proceso de mejora que, evidentemente, una ley por sí sola no puede producir, que requiere la
complicidad activa de los centros, de los profesores y que requiere, por otra parte como un complemento necesario una clara mejora de los mecanismos de rendición de cuentas de estos centros.
Igualmente, es muy importante la señalización del cumplimiento de los objetivos a través de las evaluaciones externas. Me he referido antes a ello. Todos los resultados de los estudios de PISA sugieren que los países que emplean exámenes
externos -veinticuatro de los treinta y cuatro países de la OCDE- basados en pruebas estandarizadas tienen mejor rendimiento académico. Es una realidad que no presenta ni una sola excepción. No se trata ni mucho menos, como se han querido
presentar, de pruebas dotadas de una orientación punitiva, de obstáculos para evitar la progresión de los alumnos. Sería perfectamente incongruente con una ley que lo que pretende es reducir el abandono escolar temprano que estas evaluaciones
tuvieran ese objetivo. No son las reválidas. Y no son las reválidas por varias razones. Primero, porque las reválidas fundamentalmente se orientaban a regular la demanda; es decir, se orientaban a establecer un peaje para adecuar el número de
alumnos que podían pasar en las diferentes etapas a las disponibilidades que tenía el sistema, que eran limitadas. Pero, además, no son reválidas porque su orientación es una orientación de señalización. No es una orientación punitiva, no se trata
de poner obstáculos. Se trata de garantizar que el nivel de conocimientos es el adecuado y, sobre todo, que en el sistema se adquieran las competencias que se buscan. Estamos planteando unas pruebas que no son unas pruebas de conocimiento, son
pruebas de competencias que sirven no para clasificar ni para establecer ránquines, como dicen algunos, sin haber profundizado o haber interiorizado lo que al respecto se señala en la ley. Se trata de dotar al sistema de una transparencia que hoy
no tiene y también de incrementar el sentido del esfuerzo, el sentido de la exigencia, el compromiso recíproco que involucra tanto a los estudiantes como a los profesores en marcar, señalar y extraer consecuencias de los resultados de sus
aprendizajes y de la adquisición de sus competencias.
Me he referido antes a la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de entornos personalizados de aprendizaje para permitir la atención a la diversidad, para que cada estudiante pueda avanzar
según sus capacidades y sus intereses. Las tecnologías de la información y la comunicación se conciben en la ley no solo como un instrumento complementario a la información presencial, sino también como un instrumento básico para la formación del
profesorado y para un cambio radical en la dinámica del aprendizaje.
Resumo, señorías, los objetivos de la ley. Insisto: rebajar la tasa de abandono escolar temprano, mejorar los resultados en las pruebas internacionales, prestigiar la formación profesional y dotarla de más eficacia y de más proximidad al
mundo laboral, mejorar el nivel de competencia en lengua extranjera, hacer aflorar a los alumnos excelentes, señalizar los aprendizajes garantizando mínimos en el conjunto del Estado que ayuden a disminuir las diferencias entre comunidades autónomas
y dotar de mayor autonomía a los centros docentes. Estas medidas proponen cambios curriculares, cambios metodológicos, cambios pedagógicos y cambios en el nivel de exigencia, pero todas ellas se incardinan y se inordinan en los tres objetivos que
antes he señalado: disminución del abandono escolar, mejora de la calidad de la enseñanza, incremento de la empleabilidad. Se trata, señorías, de medidas basadas en la evidencia. Ninguna de las medidas contempladas en la ley que afecte a la
arquitectura del sistema, ninguno de los cambios que en ella se proponen, obedecen al capricho o a la improvisación. Responden a aquellas medidas que en distintos países que han acometido procesos de reforma educativa han tenido resultados
más positivos. Responden también en buena medida a un proceso amplio de diálogo que hemos establecido desde la primera presentación en forma de borrador de lo que es este proyecto de ley hasta el último día, hasta prácticamente las vísperas
de esta sesión que, como todas sus señorías saben, hemos mantenido un amplio proceso de diálogo con todos los actores sociales y profesionales que intervienen en el proceso educativo así como con todos los grupos políticos y todas las instituciones
que tienen interés directo o indirecto en este proceso.
Señorías, no podemos pretender que los resultados cambien manteniendo el mismo marco normativo, haciendo lo mismo. Pretender seguir con un sistema educativo que deja en la cuneta a uno de cada cuatro alumnos no parece lo propio de un país
que se preocupa por la igualdad de sus ciudadanos y que quiere basar su desarrollo en el crecimiento inteligente. Si buscamos un sistema educativo de calidad, un sistema que garantice a nuestros jóvenes la formación que precisan para su desarrollo
personal, social y profesional, que garantice la igualdad de oportunidades, que reduzca la tasa de abandono escolar, que aumente la tasa de empleabilidad de nuestros jóvenes, si queremos un sistema educativo que les permita obtener resultados
adecuados en las pruebas internacionales, es un ejercicio simplemente de responsabilidad abordar las mejoras que deben llevarse a cabo. Para ello, señorías, seguimos estando abiertos en los próximos pasos de la tramitación parlamentaria a cuantas
aportaciones constructivas pudiéramos recibir.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado once enmiendas a la totalidad de devolución. (Aplausos). Gracias, señorías, pero no hace falta que me aplaudan. (Risas).
Para la defensa de las enmiendas empezamos por el Grupo Mixto, cuyos representantes aun cuando no hayan presentado enmiendas fijarán también su posición en este turno y no tendrán, como es habitual, turno de réplica. En primer lugar, tiene
la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero señalar que el Grupo Mixto mayoritariamente, desde luego sí Geroa Bai, ha presentado enmienda de devolución a la Lomce. En cualquier caso, me gustaría empezar por señalar el contexto en el que se produce este debate, porque
no podemos negar que el proyecto que hoy nos trae, señor Wert, especialmente sensible en lo que supone la estructura básica de la sociedad, esta propuesta de reforma se produce en un clima político bronco, en una circunstancia política menos que
amable para su Gobierno, ministro. Hoy aquí teníamos que estar escuchando a petición de todos los grupos de esta Cámara las explicaciones del jefe de su Gobierno en torno a graves acusaciones contra él mismo realizadas en sede judicial.
(Aplausos). Por el contrario, nos encontramos debatiendo un proyecto sensible -y no es casual y no podemos pasarlo por alto y creo que todos debiéramos haber estado de acuerdo en esto-, nos encontramos debatiendo la propuesta de ley orgánica para
la mejora de la calidad educativa; en el enunciado casi nada, pero mal comienzo parlamentario, francamente. Mal comienzo de trámite parlamentario que no es sino la confirmación de un proceso que viene siendo cuando menos cuestionable en su
recorrido desde el inicio.
Señor Wert, ha citado usted -y yo estoy absolutamente de acuerdo- el talento en el inicio de la intervención, pero quiero recordar que el talento tiene entre uno de sus principios fundamentales la capacidad de consenso. Sin consenso no hay
talento, sin consenso no puede haber calidad en la educación y sin consenso no hay camino posible hacia la empleabilidad como objetivo añadido al proceso educativo, o no hay posibilidad de superar aquellas carencias que llevan a algunas zonas en el
conjunto del Estado a ser campeonas del abandono escolar. En definitiva, sin consenso este debate de hoy no tiene sentido, porque vuelvo al principio, la reforma que nos propone con la llamada Lomce acomete uno de los elementos más sensibles en
torno a los que se debe articular el consenso social, como es el sistema educativo, y en eso seguro que estamos de acuerdo. Enfrentarse a esta reforma con el argumento cierto, pero insuficiente, de una mayoría absoluta es a nuestro modo de ver, en
opinión de Geroa Bai, un error. Enfrentarse a esta reforma, señor Wert, sin más posicionamiento en el debate parlamentario frente a la contestación que ha tenido en la comunidad educativa, sin más argumento que la mayoría absoluta es un error que
ha sido contestado de manera abrumadora por la comunidad educativa y un error que hoy ponen de manifiesto las once enmiendas a la totalidad que los grupos de la Cámara -salvo el suyo propio- y el grueso de los componentes el Grupo Mixto presentamos
a su texto. Un error que usted va a superar esta tarde en la Cámara con la mayoría que nace no de la convicción política, que también pero no solo, sino de la
desafección política, y no tenemos más que mirar a los números. Por lo tanto, nos parece que en cualquier asunto no es suficiente, pero en este tema especialmente menos todavía. Un error además que usted va a trasladar a la sociedad, a la
comunidad educativa precisamente ahí donde no tienen la mayoría parlamentaria que hoy le respalda, donde no tiene la mayoría necesaria para una mejora real de la calidad educativa. Un error, ministro, que parte del mismo enunciado de la ley para la
mejora de la calidad educativa, y no es cierto. No es cierto que una realidad compleja -me voy a ceñir a los tres objetivos fundamentales que usted ha señalado, ministro- como es el mapa del abandono escolar, se pueda solventar con una misma
fórmula para todos. Hemos tenido ocasión de hablarlo en el ministerio, tal y como usted ha citado, y hoy se lo repito desde la tribuna. Las ratios de abandono escolar que tenemos en Navarra, por ejemplo, en torno al 13 %, por debajo mínimamente de
la media europea, son siempre mejorables y evidentemente en esa ambición estamos, pero no lo conseguiremos con medidas que pretenden atacar una media del 30 % de abandono escolar. Café para todos; no sirve, no nos puede servir. Tampoco es cierto
que la calidad académica universitaria vaya a verse impulsada por una revisión al alza de la nota de corte para las becas, señor Wert. Si el 5 es la nota base para poder continuar con la formación universitaria, elevar la nota para la consecución
de una beca es solo una forma de discriminación. Tampoco es cierto que su propuesta garantice el derecho de todos los ciudadanos por igual a elegir en materia lingüística, y aquí tristemente su propuesta no ha conseguido superar la polémica y me
temo que no solo por mérito ajeno.
Lo ha citado también usted mismo en la defensa del proyecto de ley, la aplicación de la Lomce requiere complicidad de los centros, de la comunidad educativa. Pues bien, ministro, de momento en complicidad vamos mal, en complicidad, en
consenso, en acuerdo como base para la mejora de la calidad educativa. Señor presidente, señorías, señor ministro, son razones más que suficientes -no son las únicas- por las que Geroa Bai ha presentado a la Lomce enmienda de devolución, para la
que pedimos el voto y anunciamos además nuestro voto positivo a las presentadas por el resto de los grupos.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Barkos.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, los resultados de las evaluaciones externas practicadas a nuestro sistema educativo concluyen que este puede mejorar mucho. Con más horas lectivas que otros países, más gasto y mejores salarios que la media europea, menor ratio de
alumnos por clase, no podemos aceptar que los resultados académicos sean peores que los de otros países. Y, si como concluyen los informes de la OCDE, es verdad que a mayor formación, más empleo y mejor pagado, la opción que defienden las enmiendas
de devolución de dejar las cosas como están no es hoy una solución. Como usted mismo ha dicho, señor ministro, obtener mejores resultados haciendo las mismas cosas es muy complicado.
Señorías, así como el siglo XX fue el siglo de la alfabetización, de la universalización de la educación, el siglo XXI debería ser el siglo de la calidad, de la especialización y de la adaptación de la educación a un mundo global. Este
Gobierno, igual que lo hicieron otros antes, tiene el derecho de intentar mejorar la educación. Es verdad que esta reforma nace sin un consenso amplio de todas las fuerzas políticas, pero también es cierto que los problemas de la educación no
pueden esperar a que algunos decidan dejar de servirse de la educación como una coartada más con la que atacar al Gobierno o que sea un mero altavoz de sus prejuicios ideológicos o una mera expresión de un modo paternalista y totalitario de entender
la sociedad. Quiero, señorías, en todo caso agradecer la extensión mínima de casi todas las enmiendas, alguna de una sola carilla, que prácticamente repiten machaconamente los mismos adjetivos sobre la reforma. Muchos prejuicios, poca imaginación
y ninguna alternativa.
A nuestro juicio, señorías, se equivocan los que dicen que por ser el modelo suyo no hay que reformarlo, se equivocan los que creen que tienen derecho a impedir la libertad de los padres para elegir el modelo educativo de sus hijos, los que
se creen con derecho a prohibir a unos padres elegir la enseñanza y la asignatura de Religión para sus hijos; se equivocan los que pretenden proscribir el castellano o el inglés por miedo a su vis atractiva, lo cual supone un empobrecimiento y una
limitación evidente en un mundo globalizado; también se equivocan los que dicen que el pueblo tiene derecho a decidir su futuro pero a ese mismo pueblo le quieren imponer un único modelo exclusivo de educación, mostrando así que para ellos los
derechos son como los Kleenex, y desde luego se equivocan los que pretenden instrumentalizar algún modelo educativo concreto para servir de ariete de un determinado proyecto político totalitario y excluyente.
Señorías, durante muchos años algunos han creído que imponer una filosofía igualitarista, pero igualando a todos por abajo, era el objetivo último de la educación. Lo cierto es que allí donde se ha impuesto esta filosofía docente se ha
instalado la comodidad y la complacencia en perjuicio -usted lo ha dicho, señor ministro- de los más desfavorecidos. Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, aspira a mejorar la calidad del sistema educativo español. En Navarra -siendo otras muy
distintas las cifras de fracaso escolar, como saben- creemos, primero, que los distintos sistemas educativos deben de cooperar, colaborar y complementarse y, en segundo lugar, que las decisiones en materia educativa, cuando están guiadas por
criterios profesionales docentes y no por prejuicios ni dogmatismos doctrinarios permiten, evidentemente, mejorar los resultados. Es, señorías, señor ministro, lo que vamos a proponer con nuestras aportaciones, sabiendo la obligación que tenemos y
la necesidad de mejorar la formación de nuestros jóvenes. Para ello, presentaremos nuestras mejoras a esta reforma y nos mantendremos firmes en la defensa de lo que creemos que en la Comunidad Foral de Navarra, en Navarra funciona bien.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señor presidente, señor ministro, señorías, hoy, día de la Virgen del Carmen, patrona del mundo de la mar, a veces de difícil navegación para todos -felicito por supuesto a todas las Carmenes de la Cámara-, vamos a
protagonizar un momento especial en la educación española. Vamos a debatir aquí en el Senado un proyecto de ley de mejora del sistema escolar al que se han presentado once enmiendas a la totalidad solicitando, lógicamente, su devolución. Foro va a
votar en contra de esas once enmiendas y, si me lo permiten, si se pudiese reglamentariamente presentar una enmienda a la casi totalidad de las enmiendas, lo haría sin ninguna duda al respecto, aunque es de agradecer la evidencia del esfuerzo
realizado porque ha resultado cómodo el análisis de las mismas. Pero también digo rotundamente que mi posición es crítica, muy crítica con el proyecto presentado, con el proyecto tramitado y, si me lo permite el señor ministro, con una defensa un
tanto desdibujada del mismo, en mi opinión.
Foro no va a presentar y no presenta una enmienda a la totalidad por tres motivos esenciales. Primero, es de sobra conocido que creemos que la presentación de una enmienda de devolución es la más clara demostración de no querer dialogar
sobre el asunto en cuestión, y la prueba más manifiesta es la no presentación de un texto alternativo. Segundo, estamos de acuerdo en muchos de los análisis y enfoques que plantea el Gobierno. Tercero, creemos que es muy posible intervenciones y
enmiendas técnico-educativas que mejoren el proyecto en la línea de nuestro propio programa electoral.
Permítanme hacer una breve observación sobre estas tres cosas. El sistema electoral actual -usted ya lo ha citado-, sin apenas discrepancia entre profesionales, estudiosos y evaluadores internacionales, tiene muchas virtudes, bastantes
virtudes diría yo, pero también son destacables las debilidades y escasas eficiencias en relación con el esfuerzo inversor y el rendimiento académico del mismo. Esta escasa eficiencia concluye en una alta tasa de abandono escolar y en una baja tasa
de titulación en la enseñanza obligatoria, amén de otras consideraciones que excedería mi tiempo el entrar en ellas. En este escenario, señor ministro, yo acompaño su decisión política de reformar el sistema escolar, asegurando la convergencia
europea del mismo. Su intención de no derogar la LOE, señor ministro, probablemente con la intención de no tener un comportamiento político, sin mirar al anterior Gobierno socialista con la LOCE, no parece haber tenido mucho éxito entre sus
adversarios políticos, que son conservadores y guardianes de la estructura constructivista del sistema, como usted bien sabe. En mi opinión, al utilizar el mismo traje, además de no obtener éxito político y mediático, produce una distorsión al
pretender encajar en el modelo unas medidas reformistas que no casan con el mismo. Yo solo le voy a pedir a usted que cumpla el programa electoral y de investidura de su presidente, de nuestro presidente, y no se quede corto, si no hay consenso,
ahí tiene que haber siempre alternancia. Y permítame que le recuerde esas palabras de Gandhi, que probablemente ustedes conocen, cuando decía que uno de los grandes destructores humanos es sencillamente no ejercer la política de sus principios. Sé
que usted los tiene, solo consiste en actuar con ellos y ellos están concretados en su programa electoral. Le aseguro que mis enmiendas, para mí, le aseguro que también es un lujo presentarlas, no van a contradecir su modelo, le enmendaré
cuestiones del ámbito de la libertad de elección de centro, cuestiones de la estructura del sistema con efectos de madurar las capacidades de los alumnos en primaria y la maduración en bachillerato, cuestiones del diseño curricular, aspectos propios
del ámbito de las pruebas censales, por ahí van a ir mis enmiendas.
Son cuestiones que de alguna u otra forma seguramente compartimos, aunque usted, por razones para mí desconocidas pero no por usted, y probablemente con alguien como usted, haya dado marcha atrás en muchas de las cuestiones planteadas y que
en mi opinión no fueron errores, muchas personas, muchos millones de personas piensan como usted primitivamente.
Señor ministro, la sociedad se juega mucho. Los sistemas escolares no son patrimonio de nadie, son patrimonio de la sociedad a la que servimos. Por ello, tras haber sido testigo activo de prácticamente todas las leyes educativas, cuando
digo todas las leyes educativas, me estoy refiriendo al periodo democrático e incluso a alguna del periodo predemocrático, tengo que decir que no me resulta seductor escuchar de nuevo la cantinela: en cuanto llegue me lo cargo o yo esto no lo
cumplo, que encierra un patrimonialismo absolutamente intolerable y un reaccionarismo trasnochado en mi opinión y deteriorante.
Gracias, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Llego aquí al Senado, un escenario extraño, pero llego con una absoluta certeza, este es un debate equivocado y aquí hay un personaje equivocado, usted, señor ministro, usted, usted, señor ministro. Porque hoy ni debería estar usted aquí,
ni deberíamos debatir su ley, huérfana de apoyos y de consensos. Hoy los ciudadanos querían otro protagonista en este debate; hoy los ciudadanos querían que estuviera el presidente Rajoy, que diera la cara de una vez ante los representantes de los
ciudadanos, que dejara de esconderse debajo de las faldas de su grupo parlamentario y viniera aquí a explicar ese impresionante iceberg que se esconde debajo del extesorero Bárcenas, la fabulosa maquinaria de financiación ilegal del Partido
Popular...
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, le pido que se centre en la cuestión que estamos debatiendo, que es la Lomce.
El señor BALDOVÍ RODA: Me centro inmediatamente.
Estamos hablando de esa maquinaria del PP que generaba y que aparte de repartirse sobres, y esto viene a colación con la ley (Varios señores diputados: Sí, sí), con esa máquina de financiación ilegal el PP ha ganado elecciones de manera
fraudulenta, dopados hasta las cejas con dinero negro (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, le llamo al orden por primera vez por no ceñirse a la cuestión. Le he dejado que haga una observación primero, pero no puede estar usted desviándose del orden del día, así que céntrese en el orden del
día.
El señor BALDOVÍ RODA: Me centro en el orden del día a partir de ahora, pero me ratifico en todo lo que he dicho hasta ahora.
Ese era el debate y el personaje que hoy exigía la opinión pública. Si el PP ganó las elecciones de manera limpia o las ganó con la caja llena de dinero oscuro... (Rumores y protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, le llamo al orden por segunda vez. Como inmediatamente no hable usted de la Lomce, le retiro la palabra. No busque subterfugios porque lo tengo que hacer.
El señor BALDOVÍ RODA: Si se confirmara esta ley, las otras y todos los decretos que han golpeado duramente a la gente, incluida esta que vamos a aprobar hoy, serían legales pero moralmente ilegítimas. Esta sería una ley ilegítima. Vamos
a centrarnos en la ley. Esta, señor Wert, es una ley, como he dicho antes, huérfana de acuerdos, de consensos, de apoyos, de complicidades, pero sobre todo, huérfana de aquello que más necesita una ley de educación: huérfana de ilusión, ni
siquiera la suya, señor Wert. Tenía que haberse visto hace un momento aquí, una actuación anodina, triste, monótona, con aplausos postizos, un discurso triste, monótono. Esta es una ley que nace sin ilusión y las leyes que nacen sin ilusión nacen
muertas. El otro día, cuando nos recibió en el ministerio, nos dijo que pretendía reducir el fracaso escolar. Y yo le pregunto, ¿se acabará el fracaso escolar con más Religión?, ¿se acabará el fracaso escolar vaciando de competencias a los
consejos escolares?, ¿se acabará el fracaso escolar publicando ránquines?, ¿se acabará el fracaso escolar recortando presupuesto en educación, echando a la calle
a 100.000 profesores, amontonando alumnos en las clases?, ¿se acabará el fracaso escolar suprimiendo becas, 40.000 del año pasado a este?, ¿se acabará? Finalizo parafraseando a Georges Clemenceau, la educación es una cosa demasiado seria
para dejarla en manos de un solo partido. Escuche, señor ministro, abra su pabellón auditivo y escuche porque está usted solo, muy solo. Piénselo, señor Wert. Estamos a tiempo, no perpetre un auténtico disparate. Por cierto, por si nuestro
presidente no se hubiera enterado, me ratifico. (Muestra un cartel que dice: 'Señor Rajoy, ¡dé la cara de una vez ya, aquí!'- Rumores y protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, abandone la tribuna.
Señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, en primer lugar, tenemos que decir que los nacionalistas canarios hubiésemos preferido estar asistiendo hoy a otro debate, hubiésemos preferido otro interlocutor, al presidente del Gobierno dando las explicaciones
que creemos que merece la ciudadanía, que merecemos todos nosotros y que merece la dignidad de esta Cámara. (Aplausos). Ya que esto no es lo que está ocurriendo, le diré señor Wert, pensando en cuáles son los motivos de este proyecto de ley
orgánica, ni más ni menos, que nos trae hoy, que no parece que sea la necesidad o el consenso lo que trae aquí esta ley, ni siquiera es la dinámica que, por cierto, hubiese defendido el señor Adam Smith, de aquella mano invisible que supone que va
regulando el mercado y las sociedades, no. Es una mano enormemente visible que trabaja en una línea en la que está empeñado el Gobierno al que usted pertenece, una línea que tiene dos características fundamentales: aprovechar la crisis para actuar
desde una posición centralista radical y, como segunda consideración, actuar desde una línea de recortes para dar en la línea de flotación al desarrollo de los servicios públicos. Lo primero, cuestión del neocentralismo radical, perjudica
enormemente una competencia muy importante de las comunidades autónomas, que es tratar de utilizar la escuela para enraizar en el entorno, para valorar la diversidad. En segundo lugar, fíjese a lo que ha conducido la cuestión de los recortes de los
servicios públicos, las tasas de paro con gente poco formada...Pues los que están yendo a la calle son gente formada, al igual que ocurre en la sanidad. Estamos haciendo lo contrario de lo que se pretende.
Por supuesto, no podemos aceptar que se hace más con menos. Hago referencia con esto a algo que después tendré que comentar, y es la cuestión de la ficha financiera, por si acaso no tengo tiempo. Yo no sé si esto se puede hacer con el
mismo dinero que hay ahora -que creo que no-, pero sin ficha financiera seguro que no, imposible poner en marcha un proyecto de ley de esta naturaleza sin ficha financiera. Y desde la óptica canaria, añadiendo los elementos de insularidad y de
lejanía, ni le cuento. Estamos extremadamente preocupados también por ese tema. Y lo hace a través de un procedimiento que no es el más adecuado. Esta es la séptima modificación de una ley orgánica de estructuración del sistema educativo no
universitario de la reciente historia democrática española. Y esto genera dos cosas: en primer lugar, inestabilidad en el sistema educativo -lo cual parece obvio-, y la segunda cuestión que genera es que se opone a la opinión de la inmensa mayoría
de los expertos internacionales diciendo que un elemento esencial para el funcionamiento y el desarrollo de un modelo educativo cualquiera es la estabilidad legislativa. Con esto estamos consiguiendo -y me consta que usted lo tiene claro- que el
día que cambie el Gobierno en el Estado español lo primero que ocurrirá será que habrá la octava modificación de la ley orgánica de educación del sistema no universitario. Así no, esta no es la manera.
En consecuencia, este es un proyecto construido desde la soledad social, profesional y política. Vamos a ver, si la educación es un instrumento esencial para el desarrollo y estamos completamente de acuerdo en esto, ¿por qué lo que se
cuestiona es su papel de universalización, su concepción universal? ¿Cómo podemos elaborar un sistema estratégico si no es desde la universalidad? Es decir, desde la garantía de que la totalidad de la población pueda acceder a los servicios
públicos, de que no se selecciona, de que no se segrega, y además enfrentando la calidad con la equidad. Ya sé que usted se ha puesto la tirita antes en este sentido, pero realmente usted no puede decir que este proyecto de ley fortalece la
equidad. Lo que está haciendo claramente es que aquellas personas que tienen unas condiciones socioeconómicas y culturales adversas verán determinado su futuro en el sentido de empeorar su progreso educativo, de dificultar su progreso educativo.
Por lo tanto, aquí lo que se está fomentando es la desigualdad y la exclusión.
Hay un elemento profundamente contradictorio. Usted dice que los que no pueden ir por esta vía vayan por la formación profesional. Es que usted en vez de potenciar la formación profesional con esta ley la ha devaluado a través de un ciclo
de formación profesional básica, que es claramente insuficiente y que
implica la segregación temprana de los elementos más débiles del sistema educativo. Todo esto -tengo que acabar porque tenemos cinco minutos-, desde la óptica de liquidar la participación democrática para el funcionamiento de los centros.
Esto es algo que recomiendan los expertos institucionales e internacionales y además con un elemento, si hay un instrumento vital para formar ciudadanos que participan y que se inmiscuyen en los problemas de su sociedad, ¿cómo es posible que
suspendamos la Educación para la Ciudadanía? No podemos apoyar este proyecto de ley, motivo por el cual los nacionalistas canarios defendemos esta enmienda a la totalidad y proponemos su devolución al Gobierno. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Quevedo.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señor ministro, este proyecto de ley ha nacido absolutamente gafado y sigue gafado porque está siendo hoy el debate sustituto del debate que se tendría que estar realizando en este momento en esta Cámara, y usted
está siendo también el sustituto del que debiera estar dando explicaciones en este momento respecto de los problemas de su partido, de los problemas de su Gobierno y de los problemas que afectan a este país. El señor presidente del Gobierno debiera
abandonar su clausura y personarse donde se explican las cosas a la ciudadanía para dar las explicaciones que todo el mundo está esperando.
Durante las últimas semanas, señor Wert, hemos tenido algunos diputados y diputadas la oportunidad de asistir a las explicaciones de cincuenta comparecientes en la Comisión de Educación sobre la Lomce. A pesar de las variadas opiniones que
allí se han expuesto, hay un factor común a la práctica totalidad de las mismas. Las palabras consenso, diálogo y acuerdo han sido las más empleadas por la mayoría de los intervinientes que las han utilizado precisamente para reclamar ese consenso
y ese acuerdo que echan de menos casi unánimemente en la elaboración desde el principio de este proyecto de ley. Por otra parte, también durante las últimas semanas y paradójicamente le hemos escuchado a usted lamentarse reiteradamente de que la
oposición haya presentado enmiendas a la totalidad pero no texto alternativo. En fin, señor ministro, si usted hubiese asistido a las comparecencias en la Comisión de Educación, si usted hubiese escuchado a lo largo de estos meses los argumentos
que los distintos grupos hemos aportado y, sobre todo, si hubiese sido capaz de mostrar algo más que desprecio a los miles y miles de alumnos, profesores, padre y madres, a las universidades, a las entidades sociales e incluso al Consejo Escolar del
Estado y les hubiese escuchado, sería usted, señor ministro, el que tendría que estar presentando en este momento un texto alternativo al que nos ha ofrecido; un texto alternativo basado en ese diálogo al que no han sido incapaces de llegar porque
ni siquiera lo han intentado y porque ustedes tenían claros los objetivos de la reforma desde el principio y, desde luego, la manera de llegar a ellos.
Señor ministro, no puedo ni quiero, por falta de tiempo, entrar en los detalles y en las cuestiones más técnicas de la Lomce -lo haremos en las enmiendas parciales-, pero voy a entrar en las cuestiones que a nosotros nos parecen centrales,
en esos objetivos que ustedes se han marcado y que no tienen nada que ver con la mejora de la calidad sino con la destrucción y el desmantelamiento de la educación pública. Los expertos a los que hemos escuchado estos días han coincidido en la alta
equidad de nuestro sistema educativo. El propio representante de la OCDE lo ha destacado ayer mismo en su intervención dibujando claros interrogantes sobre el futuro de este aspecto con la aplicación de la Lomce. Nosotros creemos claramente que se
va a ver truncada por un proyecto de ley orientado al éxito escolar de unos pocos -los más favorecidos socialmente- y al fracaso escolar de aquellos con menos recursos o con necesidades específicas de apoyo. Nada tienen que ver con la calidad del
sistema educativo medidas como el blindaje de los conciertos económicos de la enseñanza privada y la legalización de la segregación del alumnado por sexo, que muchos de esos colegios concertados hacen. La calidad no será mayor ni mejor si no se
respeta la conformación plurinacional del Estado y si se reduce a la mínima expresión la presencia de la lengua y la cultura propias, si se aparta al alumnado de su realidad social, histórica, cultural y lingüística. Más allá de dar cumplimiento a
las ansias de adoctrinamiento de la Iglesia católica, ¿cuál es, señor ministro, el incremento de calidad que va a tener lugar recuperando Religión como evaluable? Las reválidas, además de provocar la clara devaluación de la profesionalidad del
profesorado y el menosprecio por su trabajo, ¿influirán positivamente en el desarrollo integral del alumno o, por el contrario, serán el instrumento de uniformización que utilizará el Estado para obviar el contexto y las circunstancias culturales y
familiares del alumno y, por tanto, disminuir en calidad y también en equidad? Tampoco encontramos nada positivo en esa mercantilización de la enseñanza, en esa clasificación de los centros atendiendo a los resultados de los alumnos y en función de
los que se obtendrán más recursos y medios. Esta medida
lo único que va a aumentar son las diferencias sociales y la desigualdad entre centros, y tampoco vemos que sea la calidad y la lucha contra el fracaso escolar lo que se busca cuando se liquida la gestión democrática de los centros
sustituyendo esta en favor de una gestión claramente empresarial.
Por último, señor ministro, hay algo en lo que coincidimos, y es que en el futuro efectivamente escalaremos puestos en las estadísticas y evaluaciones internacionales, igual que ahora los estamos escalando en el ranquin de la corrupción
internacional. Mejoraremos, efectivamente, por dos vías: primero, a través de la FP básica que recogerá a ese alumnado que no consiga el graduado en ESO y que a ustedes tanto les desluce las estadísticas. Esta será la fórmula perfecta para
eliminarlo y además para desvalorizar definitivamente una enseñanza técnica...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
... en la que no tienen ningún interés. La otra vía ya la han iniciado: los brutales recortes a los que han sometido a la educación publica, los aumentos de las ratios, la eliminación de miles de profesores y -cómo no-, su política de
becas, de la que usted mismo ha lamentado no poder dedicarla íntegramente al esfuerzo y no a ayudar a quien lo necesita.
Termino, señor presidente. Señor ministro, su preocupación no es la calidad, no son las tasas de abandono escolar; su preocupación y sobre todo su ocupación -lo ha dicho usted- es españolizar al alumnado aunque para eso haya que embestir,
efectivamente como un toro, una y otra vez contra todo y contra todos. Está a punto de conseguir, señor ministro, la meta que se ha marcado y que le han marcado, aunque sea a un precio muy alto...
El señor PRESIDENTE: Termine usted ya, señora diputada.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino.
... para miles de ciudadanos. Será su responsabilidad y la del Gobierno al que pertenece. Por eso hemos presentado enmienda a la totalidad. Contará con nuestra rotunda oposición.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, señor ministro, vaya por delante que usted no se va a salir con la suya; no lo conseguirá, no podrá con la lengua catalana, no podrá; no pudo Franco, cómo podrá usted en pleno siglo XXI. Ni Aznar ni usted
fracturarán la sociedad catalana con su intento de crear demanda de educación en lengua española para dinamitar un sistema que garantiza a todos los catalanes -lo cual nos enorgullece como sociedad- concluir la escolarización dominando las dos
lenguas que nos son propias. El nacionalismo, señor Wert, a usted le puede. ¿Acaso le preocupa que decenas de miles de familias valencianas no puedan escolarizar a sus hijos en valenciano? ¿Acaso le preocupa que se haya quebrado la enseñanza en
catalán en Baleares? ¿Acaso les preocupa la desaparición de una minoría lingüística catalana en Aragón? Cómo va a preocuparle si personas como usted lo han diseñado y lo ejecutan? (Pronuncia palabras en catalán). Nos harán daño, cierto, nos
harán daño, pero no conseguirán sustituir nuestro modelo educativo por otro recentralizador que anula la autonomía de las comunidades autónomas a la hora de establecer porcentajes de elaboración de los currículums, lo cual ciertamente a usted le
permitirá establecer el contenido de las asignaturas troncales y específicas y controlar los territorios con reválidas unitarias. ¿Acaso se cree que los catalanes somos los argelinos de la década de los años cincuenta del siglo pasado? Señor Wert,
no vamos a aceptar su proyecto partidista, intervencionista, reaccionario y clasista. ¿Sabe por qué? Porque menosprecia el esfuerzo de los docentes y profesionales del sector, porque ignora la implicación de la comunidad educativa, porque nos
retrotrae a escenarios predemocráticos en los que prevalecían los valores reaccionarios de escuela no comprensiva y no inclusiva, porque rechaza el trabajo por competencias, entiende el aprendizaje como una carrera de obstáculos y no como la manera
de facilitar las ayudas y los medios adecuados para que cada alumno progrese, y progrese como requiere. Señor Wert, su clasismo no tiene perdón, no tiene perdón. Con la excusa hipócrita de que desea combatir el abandono y el fracaso escolar,
persiguen asegurar para los suyos la mejor parte del pastel.
De ahí, su desprecio por la escuela pública; de ahí, ignorar interesadamente las desigualdades sociales, atreviéndose incluso a atentar contra el principio de igualdad de oportunidades al consolidar un modelo segregacionista que establece
dos tipologías de alumnado en 4.º de ESO, lo cual además devaluará la formación profesional. De ahí que no aceptemos su voluntad de discriminar por origen y procedencia social a través de una tipología de centros especializados que estabularán
-esta es la verdad- al alumnado con mayores dificultades. Por cierto, Adam Smith en La riqueza de las naciones fue un defensor a ultranza de la escuela pública en el año 1776. Dígalo todo, señor Wert.
Además, usted es un nostálgico de los tiempos del No-Do. (Rumores). ¿No se siente ridículo imponiendo la religión católica en la escuela como asignatura evaluable en el siglo XXI? ¿Sinceramente cree que la sociedad española va a tragar
con tanta caspa? ¿De verdad se lo cree? Creo que está muy, pero que muy alejado de la realidad. Ustedes no se van a salir con la suya. A pesar de las mayorías absolutas, esta es una ley que nace muerta. Los españoles de bien y, por supuesto, la
mayoría de los catalanes no vamos a aceptarla. Ya le anuncio que en nuestro país será inaplicable y que trabajaremos para que el Gobierno de Cataluña y la sociedad catalana no la acaten; es decir, usted y nosotros estamos enfrentados. No
acataremos la ley. Alguien se preguntaba por qué los catalanes queremos ejercer el derecho a decidir. Está muy claro: para olvidar a personas como usted y a partidos políticos como el que representa usted, la carcundia política.
(Protestas.-Aplausos.-Un señor diputado: ¡Payaso!). Si yo soy payaso, imagínese cuando usted se mira al espejo. (Risas). Queremos ciertamente decirles adiós.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor TARDÀ I COMA: Queremos decir adiós a la España cerril, monárquica, jacobina, catolicista, clasista y corrupta. (Pronuncia palabras en catalán). Sí, lo seremos muy pronto, no lo duden; el señor Wert nos ayuda a todo ello.
Muchas gracias. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señor presidente.
En este contexto político, en este día en el que todos y todas nos preguntamos dónde está Wally y en el que desde luego pocas lecciones de educación pueden dar a la sociedad, le traslado directamente esta pregunta de la sociedad vasca.
Señor Wert, ¿realmente piensa seguir adelante con este descalabro pedagógico, con este fracaso anunciado? ¿Pretenden seguir cocinando esta ley educativa con ingredientes caducados y recetas con olor a naftalina -aroma FAES- sin tener en cuenta ni
la experiencias ni los saberes y sabores de quienes andan entre los fogones de las aulas -profesorado, agentes educativos, sindicatos- ni de los comensales -alumnado, madres, padres, y sociedad en general-? (Rumores). Ustedes que en teoría tanto
miran a los países del norte de Europa y a Canadá, líderes en calidad, ¿es este el necesario consenso y la estabilidad, como han recordado los expertos estos días, imprescindibles para una verdadera calidad educativa? (Continúan los rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría.
Ruego silencio para que se pueda oír a la oradora.
Continúe.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: ¿Son ustedes conscientes de que la única virtud de este menú para todos -uniforme y homogéneo-, de este engrudo intragable -que adolece del más mínimo análisis de la realidad educativa y de las diferencias
existentes en el Estado-, su único punto positivo es el de haber unido a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su contra?¿Han tomado nota de las poderosas razones que la gran mayoría de expertos -diría todos excepto los propuestos por
ustedes- han manifestado en sus comparecencias en Comisión? ¡Porque les han dado leña de lo lindo! Si así fuera, debería retirar inmediatamente este proyecto de ley. Eso es lo que propone Amaiur mediante su enmienda a la totalidad, que se suma a
otras dos enmiendas a la totalidad, y esa imagen vale más que mil palabras. Porque no hay un solo aspecto positivo, ni queriendo hemos encontrado un solo punto que pueda salvarse. Pretenden hacernos creer que quieren mejorar la calidad educativa
pero ¿a qué calvo quieren vender ese peine? En Euskal Herria tenemos claro que ese no es el objetivo. Ninguno de los datos esgrimidos para justificar esta ley nos son aplicables: ni las tasas de fracaso escolar, ni de quienes han acabado la ESO,
ni los datos de evaluación PISA, ni de quienes siguen estudios superiores. Estamos a nivel de Europa aunque hay mucho que mejorar. (Rumores). El sistema que defiende Amaiur y que viene desarrollando el sistema educativo vasco con
implicación de la comunidad educativa y las administraciones es de menú variado, con salidas abiertas, flexibilidad y opciones para todos y todas, igualdad de oportunidades y ante todo equidad, porque la calidad estriba en garantizar el éxito de
todo el alumnado. Para eso debemos dotarnos de procesos, recursos y no recortes y experiencias que aquí brillan por su ausencia, sustituidos por la separación, según los intereses de los poderes económicos, y la competitividad, para lograr el éxito
de unos pocos. Su sistema es cerrado, de condena para quienes no vienen de buena cuna.
Le gusta mucho la palabra talento -término que no tiene nada de científico por cierto-, pero no haga trampa; quien más talento tiene más lejos puede llegar, pero usted sabe que el contexto socioeconómico tiene mucho que ver con el
desarrollo del talento. Hay que generar ese contexto de que se ayude más a quien menos puede, y no es el espíritu de este proyecto. Cuando la educación moderna del siglo XXI trata de formar personas en su integridad capaces de aprender y pensar
por sí mismas, que sepan comunicarse con eficacia, convivir y trabajar en la comunidad, ustedes se ciñen a las asignaturas útiles desde el punto de vista mercantil. Quieren volver al aprendizaje memorístico -hablan de esfuerzo como si el cerebro
fuera un músculo que puede ejercitarse con memoria y memoria- y a la formación de profesionales sumisos, listos para servir a los poderes económicos. Resulta cínico que no deje de hablar de empleabilidad cuando este Gobierno, en lugar de tomar
medidas para remodelar el tejido económico y crear empleo verdaderamente, lleva a cabo políticas totalmente contrarias y ahora pretende poner, como si fuera un parche o una tirita, la educación al servicio del mercado, de las empresas, pervirtiendo
el objetivo de desarrollo personal y social que debe tener la educación. No estamos dispuestos a echar por la borda todo el esfuerzo y avance de estos últimos años. Queremos una educación con mayúsculas, pensada para las personas, para todas las
personas. Por eso no aceptamos esta ley, que está a años luz de nuestra realidad social, educativa y lingüística; es una falta de respeto a nuestros retos y necesidades. Quema los ojos ese baño de tinte ideológico reaccionario que lo cubre
totalmente. (Rumores). Sabemos que su único objetivo -según sus manifestaciones, señor ministro, los cambios efectuados en varias asignaturas, la sombra de los obispos más reaccionarios y pendientes aún de la concreción de las asignaturas en el
currículum- es el de adoctrinar, centralizar y españolizar; es un regreso al pasado que da verdadera grima. No, no tragaremos esa centralización brutal, la imposición de la totalidad del contenido fundamental del currículum, porque tenemos derecho
a difundir nuestra cultura, nuestros saberes y nuestra lengua; tenemos derecho a desarrollar nuestro propio currículum, como ya venimos avanzando en ello. No tragaremos el grave ataque al euskera que supone ese golpe mortal al bilingüismo real, a
los derechos y a la normalización lingüística.
La sociedad vasca está demandando un especial esfuerzo de modelos de inmersión para lograr la supervivencia del euskera, y así seguiremos, en pos de esos modelos. No se colocará en nuestras escuelas esa guillotina, la que suponen los
exámenes finales y evaluaciones externas teledirigidas, una auténtica carrera de obstáculos que limita las posibilidades de evolución y evaluación personal. Seguiremos mostrando confianza hacia el trabajo de los centros y su profesorado y no
admitiremos que un director nombrado desde Madrid limite la capacidad de participación y decisión de los consejos escolares ni reduzca la capacidad de los centros de adaptar y definir proyectos educativos a las necesidades del entorno y alumnado de
los centros. Seguiremos animando la participación y funcionamiento democrático de los centros.
Convencidos y convencidas, pues, cada vez más de que la filosofía, los objetivos y el contenido de esta Lomce suponen un ataque extremadamente grave para Euskal Herria, para nuestro sistema educativo, y estando claro que no mejora la calidad
ni la equidad y no tiene el aval de la sociedad vasca, de la sociedad de Euskal Herria, nos reafirmamos más que nunca en la exigencia de respeto a nuestra realidad y nuestro derecho a decidir el sistema educativo que nuestros agentes educativos y
nuestra sociedad quieran y necesiten. Por eso, mediante esta enmienda a la totalidad, les pedimos, por favor, señor ministro, que retire este esperpento y nos deje educar en paz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ariztegui.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro, abordamos hoy en esta sesión, que se está celebrando excepcionalmente en esta Cámara Alta, el debate
y votación de las enmiendas de totalidad formuladas al que es, en opinión del Grupo Vasco, uno de los proyectos de ley de mayor relevancia de los tramitados a lo largo de la presente legislatura, el denominado proyecto de ley para la mejora
de la calidad educativa. Lo es porque de su rechazo o aprobación depende el modelo de educación, de formación como personas, que recibirán nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, nuestros hombres y mujeres del mañana, en definitiva... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada. Ruego silencio para que se pueda oír a la oradora.
Continúe.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Estamos hablando de educación y esta Cámara a veces hace alarde de bastante falta de ella. (Aplausos).
Continúo. A estas alturas de la tramitación parlamentaria es de sobra conocido el posicionamiento de mi grupo ante esta iniciativa, posicionamiento que ya les avanzo que se ha visto reforzado por el análisis de las opiniones de los
distintos agentes y expertos que han comparecido ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso en estas últimas semanas. Definitivamente este proyecto de ley es, señor ministro, un mal proyecto. Me atrevería a decir que es un funesto
proyecto de ley. Señor ministro, es un proyecto de ley que no aporta en ningún caso soluciones a los problemas por usted expuestos esta tarde en esta Cámara y que en nuestra opinión no se encuentra de ninguna forma alineado con los objetivos
definidos en la estrategia Europa 2020. Es un proyecto sordo, segregador y excluyente, centralizador y uniformador; un proyecto que desprecia la riqueza que aportan la diversidad y la participación, que promueve el aprendizaje enciclopédico frente
al aprendizaje por competencias, que cataloga y categoriza para diferenciar, que niega la palabra a los actores educativos, que promueve un aprendizaje de dos velocidades, que quebranta el principio de equidad. Es un proyecto que nace condenado por
la falta de consenso; un proyecto en el que prima lo ideológico frente a lo pedagógico; un proyecto irrespetuoso con el ordenamiento jurídico y, lo que es más grave, con el sentir y la voluntad de la propia sociedad española. Es una auténtica
ruina, en definitiva.
Vayamos por partes. En primer lugar, reiteraré que la Lomce supone una infracción flagrante del régimen constitucional de reparto competencial por un exceso ilegítimo en el ejercicio de la competencia estatal para señalar un marco básico
educativo y produce de facto un vaciamiento de la competencia autonómica, que queda reducida en la mayor parte a una mera aplicación de la regulación propuesta. El artículo 16 de nuestro Estatuto de Autonomía reza literalmente que, en aplicación de
lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la
Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen y de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la misma, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía. Queda patente en dicho precepto estatutario la
especialidad o singularidad de la competencia de Euskadi en materia educativa, cuyo ejercicio se ha plasmado, entre otras, en la Ley 1/1993, de la escuela pública vasca, que en su exposición de motivos recalca este origen singular de las
competencias de Euskadi en materia educativa, a lo que cabría añadir que esta comunidad autónoma tiene además características culturales propias que el sistema educativo debe considerar, como es la existencia de dos lenguas oficiales, una propia y
otra común; ley en la que además se recogen los principios generales y los fines de la escuela pública vasca, que se define como plural, bilingüe, democrática, al servicio de la sociedad vasca, enraizada social y culturalmente en su entorno,
participativa, compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad, en la que se apuesta firmemente por una escuela pública suficientemente dotada de medios materiales y humanos, en la que participen todos los sectores sociales
implicados y en la que los centros gocen de autonomía efectiva, siendo la escuela pública el instrumento de actuación directa de la Administración en el cumplimiento del precepto constitucional que garantiza el derecho a la educación y en la
compensación de las desigualdades. (Rumores). Es precisamente lo contrario a lo que propone la Lomce. Sin embargo, como les decía, el texto del proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, al no reconocer a la Comunidad
Autónoma del País Vasco especialidad alguna en materia de enseñanza, desconoce su singularidad constitucional derivada de sus derechos históricos, que encuentra amparo y respeto, como ya hemos señalado, en esa disposición adicional primera de la
Constitución y cuya actualización general ha sido operada en el marco de la propia Constitución y del propio Estatuto de Gernika, que se erige como marco normativo primario atributivo de competencias y facultades en la materia. (Rumores). En
definitiva, transgrede el bloque de constitucionalidad y obvia que ha sido precisamente el ejercicio del autogobierno y la aplicación extensiva
de estos principios a la totalidad del sistema educativo vasco lo que ha posibilitado construir con un amplio consenso entre los diversos agentes docentes (alumnos y alumnas, padres y madres, escuela pública y concertada e instituciones) un
modelo estable basado en la mejora continua y la excelencia.
En este sentido y a tenor de lo expuesto, el proyecto de ley propuesto debería de haber tenido en cuenta la capacidad de la Administración educativa vasca para determinar la organización de las etapas en las enseñanzas obligatorias y
postobligatorias y el desarrollo del currículo, integrando a tal efecto el contenido esencial de la regulación estatal. Debería de haber tenido en cuenta su capacidad para concretar los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje
evaluables y el diseño de las pruebas que se realicen, integrando a tal efecto el contenido esencial de la regulación estatal. Debería de haber tenido en cuenta su capacidad para establecer los aspectos esenciales de las acciones formativas y el
currículo de la formación profesional básica, incorporando al efecto como ámbitos fundamentales el sociocultural, el científico y el tecnológico; por supuesto para determinar el contenido y las características de las pruebas y cursos previstos por
el Gobierno del Estado para el acceso a los ciclos de formación profesional de grado medio y superior y para regular las condiciones y requisitos para el desarrollo en el marco de la formación profesional dual, de la formación profesional dual en
alternancia en el ámbito del sistema educativo vasco, y para, en atención a las características y peculiaridades propias de la comunidad educativa, determinar los criterios para su participación efectiva en el funcionamiento y gobierno de los
centros docentes, así como su autonomía y control. Vamos, que a la vista de lo anterior solo se puede afirmar que la Lomce, en relación con el orden constitucional, es todo un dislate y un pésimo ejemplo desde el punto de vista del respeto al
Estado de derecho para las generaciones futuras porque, señor ministro, diputados y diputadas del Grupo Popular, la mayoría parlamentaria -que no social- que ostentan no les confiere la autoridad jurídica, ética o moral para vulnerar la ley. ¿O
algunos de ustedes creen que sí es posible?
Si todo ello constituye una auténtica barbaridad desde el punto de vista jurídico formal y del respeto al propio ordenamiento jurídico español, lo es aun más en la medida que amenaza y pone en riesgo nuestro sistema educativo, el sistema
educativo vasco, que es un sistema educativo de alto valor añadido y de resultados contrastados e incuestionables. No nos vamos a repetir. De hecho, las últimas evaluaciones internacionales y las evaluaciones de diagnóstico -las mismas que han
servido de argumento al Ministerio de Educación para promover la reforma de la LOE- han reflejado que la situación y realidad de nuestros centros es diferente a la de otros sistemas educativos del Estado. Las tasas de abandono escolar temprano, el
porcentaje de alumnado titulado en ESO y bachillerato, las ratios de titulados superiores y la alta satisfacción de las empresas y de inserción laboral de la FP, contribuyen a que el alumnado vasco alcance la media europea e incluso la supere y se
sitúe entre las dos primeras posiciones en el Estado. Pero hablemos de educación, de educación con mayúsculas, hablemos de las necesidades de los sistemas educativos del Estado, desde una visión de 360º, de lo particular y de lo universal, de
unidad y de diversidad, de Castilla y León, Extremadura, Canarias, Andalucía, Aragón, Valencia, Galicia, Cataluña o Euskadi, idénticas necesidades humanas, distintas respuestas culturales. Todas ellas sinónimo de riqueza y pluralidad, de diversidad
y complementariedad. ¿Creen ustedes que el diagnóstico realizado por el ministerio, basado en un análisis uniformizado de la realidad educativa del Estado, sin atender a las necesidades de cada comunidad autónoma, sin respetar sus singularidades,
características, evolución, resultados y retos es la mejor fórmula para construir un modelo educativo de éxito? Nosotros pensamos que no. Como ya hemos señalado en otras ocasiones, abogamos por una mejora del conjunto del sistema desde el respeto
pleno y la adaptación a las singularidades, a la idiosincracia y a las condiciones de entorno sociocultural y socioeconómico de las distintas comunidades autónomas que componen el Estado, por una mejora de las competencias de todo el alumnado, por
modelos de aprendizaje acordes con el siglo XXI, impulsando mecanismos de transparencia de la información, mayor profesionalización de los docentes y directores y, cómo no, una autonomía cierta y real de los centros. En definitiva, por consolidar
un modelo que mire a Europa y sea compatible con los sistemas educativos europeos más avanzados.
Muy al contrario, la Lomce presenta una visión empobrecida de la educación al priorizar la empleabilidad sobre el desarrollo personal, en sentido frontalmente opuesto a los enfoques de la propuesta de la Unesco y de la recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 2006, que coinciden en afirmar que la educación básica tiene la finalidad de asegurar las bases sólidas para el desarrollo equilibrado de la persona a lo largo de su vida en todas sus dimensiones. La
intencionalidad declarada del enfoque educativo recogida en la exposición de motivos de la ley es dar prioridad, como eje de la función educativa, al crecimiento económico, a la competitividad en el mercado global y a la empleabilidad.
Sinceramente, señor ministro, ni siquiera en esto acierta y para muestra el modelo de formación profesional que ustedes proponen, reaccionario, obsoleto, anticuado, sectario y segregador, orientado a la baja cualificación, ajeno a los
modelos de países europeos de éxito contrastado -entre los que no se encuentra Alemania en cuanto a la formación profesional-, como pueden ser Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca o Inglaterra. En definitiva, un modelo cerrado a las demandas de
nuestro tejido empresarial, de los nuevos modelos productivos, diseñado -como le decía- a espaldas de Europa. Le recordaré que fue la propia Comisión Europea quien ha estimado para el año 2020 unas necesidades de personal proveniente de la
formación personal de alta cualificación que iría a engrosar un 78 % de los mandos intermedios de nuestras empresas. Esta ratio es inalcanzable con el modelo de formación profesional previsto en la Lomce, con una ley que desconoce los seis términos
importantes de una competencia: conocimiento, capacidad, habilidad, destreza, aptitud y actitud. ¿Los encuentran ustedes en la ley? No los busquen porque, sinceramente, señor ministro, no aparecen en ningún lado. Este no es más que un exponente
de una norma que carece de lógica pedagógica, que no define las finalidades y los objetivos educativos, que no concreta el perfil de salida del alumnado, o lo que es lo mismo, para qué enseñar y aprender. Una ley que tan solo manifiesta su afán de
acaparar la definición de contenidos, al más puro estilo del jacobinismo español, asignando rangos, categorizando las asignaturas en troncales, específicas y de libre determinación autonómica, o lo que es lo mismo, de primera, de segunda o de
tercera.
Esta ley, además, presenta una visión equivocada de la calidad educativa, planteándola exclusivamente en términos de mejora de resultados académicos orientada única y exclusivamente a los alumnos, cuando una de las principales
características que identifica a un sistema educativo de calidad es la equidad, equidad de acceso, de trayectoria y de resultados. En esta ley todo pivota sobre las evaluaciones. No importa el ser sino el parecer. A lo largo de todo el texto se
trasluce un único principio rector, salir y dar bien en la foto. Pues no, señor ministro. Nosotros queremos preparar a las nuevas generaciones para la vida adulta de manera integral, para que dispongan de las competencias necesarias que les
permitan responder a las distintas situaciones que se les presentarán a lo largo de la vida, para su realización y desarrollo personales, para la socialización, para su inclusión social, para sus estudios, para el empleo, para que desarrollen
plenamente su condición de ciudadanía activa; y eso no se consigue únicamente con medir, hace falta mucho más, y en la Lomce, señor ministro, no está.
Tengo que ir concluyendo. Mantenemos, por tanto, profundas discrepancias con la práctica totalidad del proyecto de ley, en tanto que invade competencias, obviamente, y que propone cambios de enorme calado que tienen efecto directo en la
totalidad del sistema educativo español, incidiendo en ámbitos tan diversos como el competencial -como le decía-, el pedagógico, el organizativo o el económico, del que muy poco se ha hablado esta tarde. Aspectos como el tratamiento de la realidad
plurilingüe del Estado español, la configuración del currículo, la organización de los ciclos, el sistema de evaluaciones, el modelo de formación profesional o la autonomía de los centros, entre otros, nos llevan al rechazo de este proyecto de ley,
que además carece del imprescindible consenso social y político, que requiere una reforma educativa de semejante calado, que adolece de un marcado carácter recentralizador y uniformador y que produce la quiebra del principio de equidad, elemento
clave de cualquier sistema educativo de calidad.
Por ello, una última petición; abandonen esa actitud sorda, mesiánica y megalómana que han mantenido a lo largo de toda la tramitación de este proyecto. Abran los ojos y abran los oídos al mundo, a Europa, a la sociedad española, a los
expertos. Abandonen su mayoritaria soledad y den una nueva oportunidad a la palabra, al diálogo, al consenso, al conocimiento y a la experiencia. Sobrepónganse a sus inercias y miedos y adopten una actitud valiente retirando este proyecto de ley
para comenzar de nuevo con visión de apostar por un modelo educativo que permita que contemos con jóvenes formados y capacitados para hacer y vivir una sociedad mejor. Las futuras generaciones se lo agradecerán.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Una de las cosas que tiene una relación más íntima con la democracia es, precisamente, la educación. Hablar de la democracia y no hablar de la educación, como la base y el fundamento para su condición de posibilidad, es casi imposible.
Creo también que habrá acuerdo en que las leyes de educación son una de las leyes más importantes de cualquier democracia. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Quizá por eso en España hay una afición extraordinaria
que roza lo irracional a multiplicar las leyes de la democracia, y quizá por eso en treinta y tres años hemos tenido siete -esta
sería la séptima ley- aparte de otras reformas menores. Por eso mismo, porque hay una relación tan estrecha y tan fundamental entre educación y democracia, la educación se merece un debate mejor que este. Y digo un debate mejor no
solamente por la calidad -que seguro que será pobre- de nuestras intervenciones, sino por el clima político en el que se produce, en un clima político de crisis total y no deja de ser paradójico que discutamos sobre educación con la vista puesta
solamente en la economía. El señor ministro ha hecho mucho énfasis en eso y no seré yo quien niegue -sino todo lo contrario- que hay una estrecha e importante relación funcional entre la calidad de un sistema educativo y la competitividad de la
economía de un país. Pero la hay mucha más -lamentablemente se les ha olvidado- entre la calidad del sistema educativo y la calidad de la democracia y viceversa, porque se realimentan mutuamente. Esta ley nos llega -como he dicho- en un clima
político de crisis total de las instituciones. La educación es una de las instituciones, precisamente, fundamentales de la democracia y, además, volvemos a incurrir -ahora haré una exposición breve sobre esto- en repetir ese vicio político
administrativo que nos ha llevado a que, prácticamente, cada mayoría parlamentaria que hay en esta Cámara repita el intento de hacer su ley de educación. Antes muchos oradores han hecho alusión a la falta de consenso, pero no es un problema de
falta de consenso, es sobre todo un concepto intervencionista del papel de la política en la educación. Lo primero que deberíamos hacer -propongo- para hablar de la validez de la educación, es cuál es la función de una de estas leyes educativas,
para qué debe servir. Convendrán conmigo, al menos seguro que el ministro Wert conviene, en que no es para que el ministro o el Gobierno o quien sea, o la Administración educativa, diga a los docentes o sustituya a la comunidad educativa en cómo
tiene que desarrollarse el trabajo en el aula y en la educación. En absoluto. Aunque quizá eso sea una de las constantes de todas las leyes educativas y también de la Lomce. Por el contrario una ley educativa debería proporcionar, ¿qué? Un marco
estable para el trabajo docente. Cuando digo estable, digo estable tanto en el tiempo como estable desde el punto de vista del funcionamiento. Las leyes de educación no pueden ser reglamentos. No pueden ser leyes obligadas a ser cambiadas
-enteras, porque no puede ser de otra manera- cuando sencillamente se da el cambio, por ejemplo, de una parte del currículum escolar. Eso ha ocurrido con casi todas las leyes anteriores y esta vuelve a repetirlo. Es por lo tanto una ley, lamento
decirlo, inestable, es decir aunque nosotros estuviéramos muy de acuerdo con esta ley, cosa que no es así como ahora expondré, resultaría que de todas maneras por sus propias características jurídicas y legislativas esta ley está prácticamente
condenada a cambiar, a promover otra ley, la octava, no solamente cuando cambie la mayoría parlamentaria, cosa que lamento asegurar que va a ser así -las dos, que va a cambiar la mayoría parlamentaria y que esa mayoría parlamentaria tendrá que
cambiar esta ley-, sino que además por su propio desarrollo, como digo, por su confusión entre lo que es una ley orgánica y lo que es un reglamento, y por entrar en el terreno reglamentario esta ley tendrá que ser cambiada cuando se detecten, como
no puede ser de otra manera, sus deficiencias; o cuando se vea que tienen que adaptarse a una realidad que no es otra que cambiante y lo es siempre en el campo educativo.
Bien, porque, veamos, ¿qué es exactamente la Lomce? Esta pregunta es importante. Resulta que la Lomce es básicamente la LOE con algunos cambios, y algunos de esos cambios son mejoras; usted, ministro, ya lo sabe porque se lo hemos dicho
en las reuniones que hemos tenido y que nos parece que están bien, pero también encontramos que son insuficientes. El problema es que al hacer una ley que introduce algunas pequeñas mejoras a partir de un diagnóstico que no termina de cambiar ni de
solucionar, acaba siendo una ley que se queda coja. Es una ley que por sus propias características no va a ser suficiente para modificar y cambiar -a mejor, se entiende- las deficiencias del sistema educativo que este y la propia ley han detectado;
además crea y empeora el clima en que se desarrolla el trabajo educativo porque introduce más arbitrariedad, más inestabilidad legislativa y un hartazgo que ya llega al hastío en la propia comunidad educativa, acostumbrada en España al disparate,
porque es un disparate que cada cambio de mayoría parlamentaria signifique un cambio de ley educativa.
Miren, los países que obtienen buenos resultados educativos no solamente hacen otras cosas mejores que nosotros; algunas no tan distintas, por cierto. Es que, además, tienen estabilidad legislativa. Tienen leyes de educación que no se han
tocado, al menos en lo que es el corpus esencial de la ley, en veinte o treinta años, mientras que aquí las cambiamos cada menos de cinco, al menos por su duración media, y alguna ni siquiera entra en vigor como pasó con la LOCE. Por lo tanto, ¿qué
deberíamos tratar de hacer? Habría que hacer un diagnóstico de cuáles son las deficiencias del sistema educativo que hay que mejorar por ley. -Por cierto, las leyes no pueden mejorarlo todo, insisto en esta idea que me parece que es central, y
ustedes que tanto presumen, al menos parte del Grupo Popular, de liberalismo, deberían de tenerlo muy en cuenta-. Una ley, desde una perspectiva liberal crea condiciones de trabajo y condiciones
suficientes para desarrollar una actividad, pero no la hacen reglamentada hasta el milímetro, hasta el detalle de esa actividad, porque entonces la asfixian, liquidan la iniciativa privada y la capacidad de creatividad que hay en el propio
sistema. Como digo, esa ley, una vez que hace un diagnóstico, tenía que crear las condiciones para solucionar esas dificultades y hacer frente a las que en el futuro se vayan presentando. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que nos han hecho ustedes una ley
absolutamente coyuntural. Por ejemplo -me adelanto a un argumento que iba a exponer después, pero viene al caso-, han renunciado sin dar ninguna explicación al tercer año de bachillerato, que era una buena idea. Era una buena idea porque uno de
los problemas que tiene la secundaria, la obligatoria en España, el bachillerato, es que el nivel de conocimientos conseguidos para llegar a la universidad es demasiado bajo y por eso todo el mundo -casi todo el mundo- está de acuerdo en que sería
una buena idea un tercer año de bachillerato. ¿Quién ha decidido que no esté el tercer año de bachillerato? El señor Montoro. Ustedes tienen que tener en cuenta que si hacemos una ley con una ambición política mínima tiene que ser para un periodo
largo de tiempo, no para esta coyuntura, ¿o es que nos quieren enviar un mensaje de que la situación actual de crisis se va a eternizar y por lo tanto hay que renunciar a una inversión distinta y creciente del estado de la educación? Tanto en la
pública como en la concertada.
En segundo lugar, es una ley que les ha salido, como todas las anteriores -porque, claro, viene del mismo patrón mental- con una carga ideológico-política excesiva. -Enseguida entraré en esa cuestión-. Además es una ley, como decía antes,
excesivamente detallista, lo cual la convierte en una ley inestable que tendrá que ser cambiada por razones, no políticas sino educativas. Asimismo es una ley que renuncia a hacer reformas que el propio diagnóstico que ustedes han hecho exige, por
ejemplo, la prolongación de la obligatoria u otra que había que hacer en la que no entran para nada, la cuestión de la educación primaria en España. La educación primaria en España es el origen, como todo el mundo sabe en la comunidad educativa, de
los problemas que después se van acumulando; problemas que son además aumentados por la propia rigidez del sistema educativo, que la Lomce -lamento decirlo- no corrige. Aunque han introducido algunas cuestiones que podrían flexibilizar más el
funcionamiento de los centros, el hecho es que el sistema que ustedes siguen es el de la LOE, que a su vez sigue el de la Logse, y ese sistema se caracteriza por su rigidez, se caracteriza porque obliga a los centros y por supuesto a los escolares a
adaptarse al sistema y no al revés. Eso hace que se imponga la ley del más lento, es decir, de que aquellos sectores, colectivos o grupos educativos que vienen de la primaria más deficitaria sean los que marcan el nivel a los demás.
En cuanto a la cuestión de la competencia del profesorado, si ustedes mismo lo reconocen cuando hablamos de esto. Todos los sistemas educativos de éxito parten de una premisa que no se puede discutir porque es evidente en sí misma, la
calidad de la educación depende de la calidad del profesorado, y si no hacemos un sistema de selección del profesorado que tenga en cuenta que tiene que tener el máximo nivel, no habremos avanzado absolutamente nada. En este sentido, tenemos un
problema en la primaria porque en España para ser maestro, para ser profesor de primaria, se pide tener los conocimientos en los que se hace experto en un alumno de primaria, lo cual no es algo que tenga un pase, no es algo sensato. Pues bien, no
se toca la primaria, se mantiene la rigidez del sistema y no se toca la cuestión de la selección del profesorado. Hoy nos han dicho que sí tienen la intención de hacer una ley distinta sobre la carrera del personal docente, pero es que no tiene
nada que ver porque la ley que regule la carrera del personal docente regula la carrera profesional de aquellos que ya son profesores, cuando de lo que estamos hablando es de mejorar la selección del profesorado, de tal manera que este sea un
objetivo prioritario de la ley. Pues bien, en la Lomce de esto no se dice absolutamente nada, se ignora por completo.
Pasa lo mismo con un problema, que nos parece lamentable desde el punto de vista político, que ustedes saben que existe en el sistema español, que es la subdivisión en diecisiete subsistemas educativos distintos, con currículos diferentes,
con barreras de acceso y de movilidad distintos sobre todo para el profesorado pero también para las familias, con el problema -luego trataré este problema en concreto- de la elección de lengua en las comunidades con dos lenguas oficiales, etcétera.
Aparte de las críticas educativas que el hecho de que haya diecisiete subsistemas merece, hay una crítica que tiene que ver con uno de los objetivos extraeducativos de la educación. ¿Cuál es? Que la educación en las democracias modernas es
fundamental para fundamentar la igualdad de oportunidades. En las democracias modernas si existe la educación pública y esta es la columna vertebral del sistema, aunque haya centros privados o concertados, las leyes educativas son en ese sentido
extraordinariamente rigurosas y exigentes. Esto es así para propiciar y para hacer real la igualdad de oportunidades de los escolares. En España el hecho de que haya diecisiete subsistemas hace que la educación sea de una extraordinaria
desigualdad desde el
punto de vista de las oportunidades, y le daré un dato que me parece bastante incontestable. El dato en cuestión es el gasto por alumno que hay en los diferentes sistemas educativos. Nos encontramos, al comparar dos comunidades con un
nivel de renta y un PIB por habitante muy parecido que son el País Vasco y Madrid, que en Madrid el gasto en el sistema por alumno es de aproximadamente 5.600 euros -creo recordar que en el año 2010-, pero en ese mismo año el País Vasco pudo gastar
casi el doble, 10.000 euros por alumno, evidentemente debido a las ventajas de la financiación del régimen de concierto. Pero sin entrar ahora en eso que es otra cuestión, está claro que tenemos un sistema que tiene una capacidad de gasto de
inversión por alumno extraordinariamente desigual, y eso es una consecuencia de que el Estado ha renunciado a la función que le corresponde redistribuidora de corrección de las desigualdades territoriales. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia
es que el mapa del fracaso escolar y del abandono temprano en España repite patrones que vienen del siglo XIX; es decir, que hemos avanzado muy poco, aunque se diga lo contrario, en lo que es la corrección de las diferencias que significa vivir en
un territorio o en otro, desde el punto de vista de las oportunidades de educación. No son iguales, se han atenuado en algunos aspectos que en el siglo XIX, pero el patrón de diferencias norte-centro-sur se mantiene, lo cual debería dar lugar a una
reflexión que en la Lomce se ha evitado por completo. Ustedes han dejado no solamente el reparto competencial, para lo cual hay una excusa constitucional, sino que han dejado también intocado el reparto del currículo que las comunidades autónomas
pueden regular, con algunas diferencias que tampoco son racionales, que son extraordinarias. Díganme ustedes por qué -todavía no he conseguido una respuesta- las comunidades autónomas sin lengua oficial pueden decidir el 55 % del currículum y las
que tienen lengua oficial el 65 %. Esa diferencia del 10 % no tiene ningún tipo de fundamentación cognitiva, ¿o es que son diferentes las Matemáticas cuando se cambia la lengua?, ¿o la Literatura es diferente? En la Literatura cambiará la lengua
vehicular, sin duda alguna, pero no la Literatura como fenómeno en sí. Y así en general. Han dejado ustedes lo que era lo esencial, lo mollar de los principales defectos del sistema educativo, básicamente como estaba.
En cuanto a la formación profesional, han mejorado algo -se lo hemos dicho muchas veces- porque han mejorado la transitabilidad entre la formación profesional y la educación obligatoria, pero habría que ser más audaces. Habría que tender a
una equiparación práctica entre ESO, bachillerato y formación profesional para que la formación profesional no sea algo así como el repositorio o del depósito de aquellos alumnos que han tenido problemas de fracaso escolar, etcétera. Problemas de
confusión. -Lo expuso muy bien en su comparecencia la representante de la Conferencia de Rectores-. ¿Cómo es la prueba de acceso a la universidad? Han hecho ustedes una ley detalladísima, archidetallada, con 37 -si no me equivoco- disposiciones
transitorias añadidas, etcétera, y resulta que nadie sabe exactamente cómo va a ser la prueba de acceso a la universidad. ¿Va a ser la reválida de bachillerato?, ¿cuál va a ser el papel de las universidades?, ¿cómo lo van a hacer las
universidades?, ¿hará cada una lo que quiera?, ¿cómo se va a regular esto? Estas son las cosas que debería regular una ley en vez meterse en el currículum detallado por cursos. Por cierto, he de decirles que el sacrificio que ha supuesto para
las humanidades el darle una prevalencia a las enseñanzas básicas en Matemáticas, lectoescritura, etcétera, pero sin cambiar la distribución competencial entre comunidades autónomas y Estado en lo que se refiere al currículum, ha tenido como
consecuencia la marginación y esta vez el sacrificio, ya parece que definitivo -espero que en la fase de parciales esto lo podamos solucionar-, de lo que es una parte vertebral de la educación a las democracias, que son precisamente las enseñanzas
humanísticas, que no son ornamentales, son fundamentales para entender qué es la participación en el debate público democrático. -Es verdad que el debate público democrático en España no pasa por su mejor momento, pasa en realidad por su negación-.
Igual por eso a ustedes no les importa el que arrumbemos a la Filosofía, a la Ética y a las enseñanzas artísticas fuera del bachillerato y fuera de lo que es lo nuclear en la educación. Pero es un error y es un error que hay que corregir porque no
tiene otra explicación -voy acabando esta parte del asunto para entrar a cerrar mi intervención- que mantener la distribución competencial y hacer unos pequeños cambios que tienen que ver con los atrasos españoles en las pruebas PISA.
Para acabar, lo peor de todo y lo más lamentable es que hayan incurrido ustedes en los vicios anteriores, que tenían que haber quedado corregidos de dejar la huella ideológicopolítica en la ley, en lugar de preocuparse de los problemas
educativos. La conversión de la Religión Católica -porque no es la Religión, es la Religión Católica- en asignatura evaluable; la retirada sin ninguna explicación de Educación para la Ciudadanía, salvo por una batalla partidista que tuvieron
ustedes con el Partido Socialista; las concesiones que ha habido en materia de conciertos, que se relajan extraordinariamente, hasta el extremo de que se aceptan los conciertos para centros con educación sexual segregada, y sobre
todo la renuncia a que se cumpla la Constitución en las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales, o lo que significa la cooficialidad activa de las dos lenguas oficiales y no solo de una de ellas en el sistema educativo, son
intolerables. Ustedes lo que han hecho ha sido consagrar una de las mayores tropelías del nacionalismo en este sentido, que es imponer a una parte de la población la renuncia a su derecho a la educación en lengua materna, sobre todo en primaria,
donde no solamente es una cuestión de libertad política sino sobre todo también de calidad educativa y de no discriminación en el sentido profundo del término, o sea, de igualdad de oportunidades.
Por todas estas razones, como pueden ustedes imaginar, votaremos en contra. Pedimos la devolución al Gobierno de la Lomce y esperamos que en el trámite de enmiendas parciales podamos hacer alguna mejora.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora García Álvarez, tiene la palabra.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Señorías, quiero empezar mi intervención con una frase que mi grupo parlamentario suscribe de principio a fin: solo quien tiene algo que esconder en el Gobierno trata de ocultar la verdad en el Parlamento. Esta frase no es de mi grupo, no
es nuestra, esta frase la dijo doña Soraya Sáenz de Santamaría en 2010. Hoy ya no debe pensar lo mismo. (Aplausos).
Señorías, estamos viviendo una de las mayores crisis políticas que se recuerdan y es necesario, por la credibilidad de las instituciones y de esta en particular, que se tomen medidas de forma inmediata y la dimisión del Gobierno debe de ser
una de ellas. Por tanto, señor Wert, su salida como ministro no me parece tan difícil y que no repita es, sencillamente, un alivio para la educación de este país. También quiero hablarles de un modelo de educación. No quiero que el señor
ministro, señor Wert, siga diciendo por diversos mentideros que la oposición no le habla de modelos educativos. Le voy a hablar de un modelo de educación que garantiza la igualdad de oportunidades para todos y todas los niños y las niñas en la
educación básica, independientemente de su origen social o étnico. De una educación gratuita, tanto en primaria como en secundaria y universidad y con amplios beneficios sociales; con servicios gratuitos de comedor y transporte; con
disponibilidad de materiales, red de bibliotecas públicas, etcétera, etcétera. Una educación que se preocupa por dar seguridad a los más pequeños, manteniendo al mismo docente para los primeros años y evaluando su rendimiento sin emplear números;
con amplio apoyo y reconocimiento social a los docentes y donde la clave del éxito es comprender las necesidades del alumnado. Señorías, este modelo del que les hablo puede tener -así es de hecho- algunas coincidencias con el modelo educativo de La
Izquierda Plural. Sin embargo, no es nuestro; es el modelo finlandés, señor ministro, escúcheme, el modelo finlandés, país que recibe los mejores resultados del informe PISA y país al que usted se refiere de manera reiterada. Ese modelo -que ya
le digo, tanto le gusta a usted y al Grupo Popular- desde luego no se ve reflejado en ningún momento en el proyecto que hoy estamos debatiendo.
Señorías, hay una refrán que dice que de aquellos polvos vienen estos lodos. Se reforma la Constitución para contentar a Europa con la contención del déficit, y desde entonces los recortes en políticas sociales son una tónica generalizada.
Cuando el Partido Popular llega al Gobierno dispone ya de una herramienta que le permite avanzar en esa política de recortes y destrucción de lo público. Ha aumentado la corrupción, han circulado los sobres y florecido cuentas en Suiza, pero se han
recortado más de 5.000 millones de euros en inversión pública educativa. Por otra parte, los compromisos del Gobierno de España con Bruselas nos llevarán hasta el 3,9 % del PIB en inversión en educación, lo que nos situará, señor ministro -a usted
que eso no le gusta- a la cola de la OCDE y de la propia Unión Europea.
Señorías, en Finlandia la educación es inversión; en España, desinversión. En Finlandia la educación es pública; en España se deteriora la pública y se potencia la iniciativa privada. En Finlandia se potencian bonificaciones sociales y
en España se recortan o simplemente se eliminan. En Finlandia se potencia al educador; en España se le ofende, se merma su capacidad retributiva y se expulsa del sistema a miles de docentes, cerca de 80.000. Decía Víctor Hugo que el porvenir está
en manos del maestro de escuela. Qué futuro más oscuro para España están promoviendo ustedes con su trato a los docentes, señor ministro. Para colmo, a la menor oportunidad usted, señor ministro, se mete en charcos de difícil salida. Lo último,
subir la nota media para el acceso a las becas de los estudiantes con más dificultades económicas. Es indudable la importancia de la educación en cualquier país como herramienta fundamental para su futuro y, en nuestro caso, para cambiar un modelo
productivo como el español que ya lleva demasiados años
descansando en el turismo y en la construcción. Menos tintorro, menos sobres y menos ladrillo y, por supuesto, más laboratorio, más becas y más investigación. (Aplausos). Es evidente que la educación en nuestro país ha mejorado
notablemente en la etapa democrática y no lo es menos que el principal reto que deberíamos abordar es lograr el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. Sin embargo, ustedes con esta ley lo único que pretenden es justificar
los recortes y el desmantelamiento del sistema público. Lo hacen sin que haya habido un diagnóstico previo, sin base científica pedagógica seria y contrastada. Se parte de postulados ideológicos sin ningún dato que lo respalde científicamente.
En Finlandia, la relación entre las diferentes partes que conforman la comunidad escolar es estrecha. En España, la relación entre la comunidad escolar y el ministerio ha sido inexistente a la hora de elaborar esta reforma, más bien
contrarreforma, del sistema educativo, eligiendo la fórmula menos democrática, la imposición. Esa imposición, esa falta de diálogo hace que la ley Wert conciba la educación como un bien particular al servicio del sistema productivo y no como un
derecho fundamental. Formarse como profesional es algo serio, pero formarse como persona crítica para avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada es fundamental. Su propuesta por tanto es absolutamente mercantilista.
Pese a que numerosos informes internacionales y científicos ponen de manifiesto los peligros y la ineficiencia de la segregación temprana, su ley, señor ministro, restaura los itinerarios segregadores, profundiza en la devaluación de la
formación profesional, convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes y termina por apostar, obedeciendo a los sectores educativos más conservadores, por la segregación por sexos. Es una ley segregadora. Ya
sabemos, señor ministro, que usted considera que en el ámbito de la educación no cabe la democracia. De ahí que sus políticas y sus propuestas en esta ley tengan como objetivo el hacer desaparecer todo vestigio de la misma. ¿Qué es, si no, la
propuesta de suprimir las competencias de los consejos escolares en la gestión de los centros y optar por una dirección unipersonal nombrada por la Administración? Deja al consejo escolar funciones meramente consultivas e introduce un modelo de
gestión jerarquizada, donde el gestor director del centro asumirá competencias en cuanto a la selección del profesorado que rompen con los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes. Es una ley
antidemocrática.
Señorías, a todo lo que acabo decir hay que añadir lo siguiente. Mire usted, señor ministro, todo el mundo, hasta el Consejo de Estado, considera que en los centros educativos no debieran impartirse materias relacionadas con las creencias
particulares de cada persona, y menos aún que eso cuente para su nota final. Ustedes, cuando les interesa, recurren a artículos de la Constitución, pero la obvian cuando se trata de reconocer que España -señor ministro, si es posible le pido que me
atienda- es un Estado aconfesional. Han elaborado ustedes una ley profundamente ideológica y adoctrinadora.
A lo ya dicho, quiero añadir otra cosa más. Es una ley recentralizadora. Señorías, las diferentes lenguas del Estado no deberían de ser percibidas nunca, insisto, nunca, como un problema sino como una oportunidad. (Aplausos). Señorías,
¿no les parece magnífico que un alumno o una alumna se pueda manifestar o que un alumno o una alumna catalán, gallego, vasco, asturiano, aragonés, al acabar sus estudios obligatorios, sea como mínimo trilingüe, que sea competente y que lo demuestre
en catalán, gallego, euskera, bable, en cualquiera de los muchos idiomas que se pueden hablar en nuestro país? E igual, por supuesto, en castellano y en otra lengua extranjera. En el mundo global en el que vivimos, el conocimiento de lenguas nos
abre puertas y nos hace más competitivos, eso que a ustedes además tanto les gusta. Sin embargo, nos encontramos con la obsesión enfermiza y preconstitucional de este Gobierno y del señor Wert en relación con el catalán, generando un problema,
señor Wert, que no existe, que no existía. La realidad hoy en nuestra sociedad, en todas las comunidades autónomas en general, es una realidad de convivencia plena en los usos lingüísticos y con un sentimiento compartido en el que por delante de
cualquier otra cosa está el sentido común de la ciudadanía. ¿Qué altera esta convivencia? La manipulación que determinadas fuerzas políticas hacen por razones de interés particular. Dicen hablar de libertad y lo que realmente quieren es negar la
existencia de comunidades distintas a la que para ustedes es la única comunidad posible, el centralismo.
Señorías, no negamos que los derechos son y sean individuales, pero no olviden que cuando nos estamos refiriendo al sentido de identidad de las personas, en la mejor acepción del término, como puede ser la lengua y la cultura, estos se
expresan también colectivamente. (Aplausos). Señorías, corresponde a las comunidades autónomas diseñar según sus competencias el modelo educativo y establecer los currículos adecuados que se consideren idóneos para conseguir los mejores
resultados, por mucho que les duela y por mucho empeño castellanizador que tengan en Cataluña, y, en verdad, en Cataluña, señor
Wert, el modelo funciona. Ustedes se han empeñado en un modelo recentralizador, que no tiene sentido dentro del modelo de Estado del que nos hemos dotado ni dentro del siglo en el que nos encontramos. Pero es más, señorías, por razones
históricas y también por situaciones de dominación, como ustedes bien saben, si hoy algunas lenguas se encuentran en inferioridad de condiciones en cuanto al ejercicio de su libertad, son sin duda las de algunas comunidades autónomas.
Ustedes, señorías, señor ministro, no pretenden la igualdad. Ustedes lo que hacen es confundir igualdad con uniformidad y nosotros pensamos que lo que haría más fuerte a España sería que de una vez por todas asumiéramos el carácter
plurinacional, pluricultural y plurilingúistico de este conjunto de nacionalidades que es el Estado español. (Aplausos). Por eso, separar al alumnado por razones lingüísticas sería un error pedagógico grave, con elevado riesgo de fractura social.
Estamos convencidos y convencidas de que, por supuesto en Cataluña, pero tampoco por parte de ninguna comunidad autónoma que tenga como objetivo de futuro la inmersión lingüística, se puede aceptar semejante disparate.
Señorías, desde La Izquierda Plural consideramos la educación como elemento clave y por eso reafirmamos nuestro compromiso con la escuela catalana, de calidad y equitativa, y que además está reconocida en los ámbitos europeos. Por eso
queremos y le pedimos, señor Wert, que reflexione usted y que elimine esa sensación, ese interés por españolizarnos o castellanizarnos a todos. Señorías, en este Parlamento está la representación de la cesión que nos hace la ciudadanía para
elaborar leyes y normas que beneficien a todos y a todas por igual. No es, por tanto, propiedad de mayoría ninguna. Es propiedad del pueblo. Por tanto, si se intenta hacer o se hacen cosas para el pueblo pero sin contar con él, nos estaremos
equivocando, y en este momento lo suyo es más un despotismo, eso sí, sin ilustración ninguna.
Señorías, desde nuestro grupo parlamentario abogamos por una educación en igualdad, personalizada, integral, inclusiva y democrática, motivadora para los docentes y el alumnado y, señorías, señor ministro, con financiación pública
suficiente, que se blinde frente a los recortes, que alcance la media europea respecto del PIB, que asegure un sistema integral de becas, la gratuidad de los materiales didácticos, comedor y transporte en la enseñanza obligatoria. ¿No le recuerda
esto a Finlandia, ese país al que ustedes tanto se refieren? Sin embargo, ustedes, en la ley, nada de nada al respecto.
Señorías, hemos presentado esta enmienda a la totalidad para contribuir con esta iniciativa a la búsqueda de un consenso con todas las partes. Por eso les exigimos la retirada inmediata de esta ley y les conminamos a un debate público con
todos los sectores del ámbito escolar, con expertos y con el único objetivo de que la ciudadanía se sienta reflejada en una ley que ha formar y forjar el futuro de este país. Ya le garantizamos desde aquí, desde esta tribuna, que si mañana mi grupo
parlamentario tiene la posibilidad de gobernar, consultaremos con los agentes sociales y con toda la comunidad educativa antes de aventurarnos a una ley que tiene la existencia corta, como va a ser esta, señor Wert. Ustedes han hecho una ley que no
han consensuado, señor Wert. Ustedes presumen aquí de que han consensuado la ley y no es cierto, están ustedes faltando a la verdad, por no decir que mienten. Están ustedes faltando a la verdad. Ustedes no han consensuado con nadie. Por eso
tienen enfrente a toda la comunidad educativa y a gran parte de la representación política del Congreso. Por eso ustedes deben retirar la ley. Por eso ustedes tienen la obligación de ponerse de acuerdo con la comunidad educativa. Por eso ustedes
tienen la obligación de hablar con los ciudadanos y con las ciudadanas. Quizás ustedes se enrocan en lo suyo y no quieren hacer ese ejercicio de libertad, porque eso sí es libertad y no lo que está usted diciendo. La libertad es la que nos dan los
ciudadanos para gobernar y la que nosotros además tenemos como responsabilidad hacia los ciudadanos cuando gobernamos. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, hago uso de la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió a este proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Una vez más, tengo que
empezar remarcando la importancia que mi grupo parlamentario atribuye a la educación, en mayúscula. Por cierto, para mi grupo parlamentario la importancia de este debate no puede ocultar la clamorosa ausencia del presidente del Gobierno, que hoy
debería haber comparecido. (Aplausos). Desde esa importancia por la educación, hoy intentaré exponerles el porqué de nuestra posición ante este texto. Nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, y Convergència i Unió siempre han pedido de forma
activa un pacto de Estado para la educación y hemos participado en cualquier iniciativa que tuviese como objetivo conseguir un consenso entre las fuerzas
políticas para dar estabilidad al sistema educativo. Este consenso durante la tramitación de la LOE no fue posible, ni lo fue en la LOCE ni en la Logse. Los diferentes dictámenes del Consejo de Estado repiten una y otra vez la necesidad
que tiene nuestro sistema educativo de llegar a ese deseado consenso. Hoy, una vez más, comprobamos que hasta este momento estamos perdiendo una nueva oportunidad, y más después, señor ministro, de oír cómo interpreta usted el diálogo que ha tenido
con los grupos parlamentarios y con la comunidad educativa.
Inmersos en el análisis de los informes PISA y en los estudios que valoran y comparan los niveles educativos de diferentes países, el Gobierno ha olvidado algo fundamental: trabajar para conseguir la estabilidad legislativa en aquellos
aspectos básicos y estructurales necesarios para la educación. Señorías, la comunidad educativa lo demanda, los comparecientes lo mencionaron abrumadoramente y la lógica lo tendría que imponer. A simple vista, no parece fácil conseguirlo, pero no
cabe duda que la iniciativa depende del Gobierno y, como máximo responsable de educación, de usted, señor ministro.
Señorías, ha sido imposible hasta el momento descubrir en el texto actual y en su proceso de elaboración unas buenas intenciones que nos llevasen al consenso. Lo que sí descubrimos, señorías, es que responde a las demandas que hizo la
portavoz del Partido Popular el día 3 de noviembre de 2005 durante el debate de totalidad de la LOE. A aquel texto se presentaron dos enmiendas, una por Convergència i Unió y otra por el Partido Popular. Ya entonces el Partido Popular argumentaba
su enmienda en un falso debate, en la falta de apoyo de la comunidad educativa y en la necesidad de un consenso para dar a la educación más futuro. Señorías, creo que los argumentos se repiten una y otra vez desde escaños opuestos. Quiero poner de
manifiesto los principios que ya separaron a Convergència i Unió de su LOCE y que se vuelven a repetir en la Lomce; principios que quedaron explicitados en aquel debate. La portavoz del Partido Popular criticaba que la LOE traía diecisiete
versiones distintas de la historia y de la geografía de España. Recordaba que si el Estatut de Catalunya se aprobaba, Cataluña tendría su propio sistema educativo al margen del español y establecería un modelo intervencionista que no es propio de
las sociedades libres. Señorías, aquellas palabras demuestran que, aunque ustedes estén intentando esconder el ataque de la Lomce hacia el modelo educativo de Cataluña, no lo están consiguiendo. Desde Convergència i Unió debemos afirmar
rotundamente que la Lomce va contra la voluntad mayoritaria del pueblo catalán. La Lomce supone para los aspectos competenciales y para el modelo de escuela inclusiva y de inmersión lingüística de Cataluña un ataque directo, al Estatut de Autonomía
de Catalunya y a la Llei d´ Educació de Catalunya.
Señorías, ¿cómo pueden criticar a las voces que dicen que este proyecto se aprobará gracias a su mayoría absoluta, pero que cuando cambie la correlación de fuerzas dejará de funcionar? Eso es lo que ustedes estaban anunciando entonces, en
2005, y ahora están poniendo en práctica. Señorías, ¿qué tienen contra el modelo educativo catalán? ¿Que ha sido construido gracias a un consenso mayoritario de fuerzas políticas en el Parlament de Catalunya? ¿O, tal vez, por disponer de esa
estabilidad legislativa que permite concentrarnos en la mejora de la educación? Creo necesario destacar que una mayoría de fuerzas parlamentarias pueden conseguir consensos en el ámbito educativo. Existen diferencias entre los grupos
parlamentarios catalanes con representación en el Congreso. Esa es la clave y esa es nuestra fuerza moral: aun sin estar de acuerdo en todos los apartados, se ha conseguido un texto común que nos unió durante la tramitación de la Llei d´Educació
de Catalunya y que nos une y nos unirá en esta tramitación.
Señorías, después de proclamar la necesidad de un consenso y de dibujar las intenciones del Gobierno hacia el modelo educativo catalán, paso a describir el resultado del análisis del texto del proyecto. En él descubrimos un ataque al
sistema comprensivo, inclusivo y descentralizador que también sustenta el modelo de escuela catalana. Intenta imponer un sistema seleccionador, segregador y recentralizador. Políticamente pone en práctica una visión involucionista, una involución
democrática cuyos efectos legales nos devuelven al año 1981. Este es el efecto en el ámbito competencial y de autogobierno. Es la regresión democrática que quiere imponer la mayoría absoluta en el ámbito educativo. El falso relato que otra vez ha
construido hoy el señor ministro nos quiere distraer de las consecuencias reales de la ley para el sistema educativo en general y para la escuela catalana en particular.
Señorías, aun queriendo todos mejorar nuestro sistema educativo -y la gran mayoría coincide en los aspectos básicos-, el ministerio plantea una reforma a partir de una visión negativa del actual sistema educativo. Sobre premisas falsas que
hoy ha vuelto a repetir, como que no permite mejorar la calidad, que el sistema está estancado, que hay que superar la rigidez del sistema actual, construye argumentos que laminan totalmente las competencias de Cataluña y de las comunidades
autónomas. Recentraliza aquellos
aspectos que eran compartidos, pasando a una nueva distribución del currículo y de las asignaturas sin ningún criterio pedagógico y totalmente ideológica.
Señorías, el Estado domina ahora, actualmente, una parte importante del sistema. El carácter básico de las enseñanzas mínimas garantiza una necesaria homogeneidad entre las enseñanzas y los territorios, dejando una parte a la diversidad
territorial que completan las administraciones educativas. Este modelo compartido es enriquecedor y de éxito. Con el proyecto actual se impone unilateralmente un modelo vertical. El ministro se otorga competencias absolutas -contenidos, horarios
mínimos, criterios de evaluación, pruebas de evaluación externa- en una serie de asignaturas que clasifica como troncales en todo el territorio estatal y que ocupan como mínimo el 50 % del horario. Deja una parte muy pequeña de las específicas y
las de libre configuración a las comunidades autónomas y a los centros.
Esta nueva distribución, señor ministro -y lo sabe- impide a las comunidades autónomas desarrollar políticas educativas reales propias y refleja el desinterés del ministerio por la formación integral del alumno, relegando a optativas
asignaturas tan importantes como la Música, la Educación Visual y Plástica o la Tecnología. Permítanme destacar que esta nueva clasificación innovadora se aplica a las etapas de primaria, secundaria y bachillerato, pero otra vez vemos la
incoherencia de la propuesta cuando nadie es capaz de entender cómo no se aplica el mismo modelo de distribución competencial a la educación infantil, a las enseñanzas superiores artísticas y, muy significativamente, a los ciclos de formación
profesional. Nadie ha podido explicar desde el ministerio el motivo para mantener los dos sistemas. Si uno se modifica, será para mejorar, y si no se aplica el mejor a la formación profesional, tal vez sea porque el ministerio otorga más
importancia a su línea académica que a la aplicada. De forma que estaríamos devaluando la formación profesional, cuando su valorización es uno de los objetivos más compartidos por toda la comunidad educativa. ¿Cómo se puede dudar de la
responsabilidad de los Gobiernos autonómicos, de los centros educativos y de sus equipos docentes?
Debemos añadir otro motivo a nuestra enmienda a la totalidad y es la insuficiente memoria económica que ya destaca el mismo Consejo de Estado. Los estudios de previsión de gastos aportados por las comunidades autónomas demuestran que el
Gobierno afronta esta reforma sin una previsión clara de cuáles son los recursos necesarios para aplicarla, un nuevo ejemplo de la necesidad de imponer un texto normativo al sistema educativo a toda prisa y a cualquier precio. El Estado está
centrifugando el déficit hacia las comunidades autónomas: reales decretos que aplican restricciones a las comunidades autónomas en el ámbito educativo y les imponen medidas con carácter básico, como el encarecimiento de las actividades educativas
complementarias, a las que se les ha cargado injustamente un IVA del 21 %. Señorías, las comunidades autónomas serán las que además de no poder participar en el diseño de las políticas educativas tendrán que realizar esfuerzos organizativos y
económicos debido a las imposiciones sin criterio a las que las somete este texto de ley. En un aspecto clave como las evaluaciones externas vamos a duplicar gastos, vamos a crear nuevas estructuras sobre las que ya existen y funcionan, solo para
poder centralizar la educación, costes innecesarios para la mejora de la educación, un mal ejemplo, señor ministro, para conjugar la eficacia y la eficiencia.
Toda la reforma está orientada básicamente a conseguir mejorar la posición del Estado en las pruebas internacionales, a ejecutar una total recentralización competencial eliminando las políticas propias de las comunidades autónomas, a
conseguir la preeminencia absoluta de la lengua castellana en aquellos territorios con lenguas cooficiales que no comparten su modelo lingüístico, y final y consecuentemente, a extender una cultura homogénea e igualitaria de matriz ideológica en
todo el territorio, todo para homegeneizar totalmente el currículo, cosa que se confirma total y definitivamente cuando se reserva y recupera la competencia de las evaluaciones externas, censales, individualizadas y estandarizadas. Son estas
evaluaciones externas la puerta de entrada para, desde una competencia exclusiva del Estado, atacar y modificar el modelo educativo, saltándose el marco constitucional y estatutario existente. Para conseguir tener un modelo de sistema educativo
español homologable, como no podría ser de otra manera, implementan subterráneamente uno muy diferente. Quieren que sea totalmente homogéneo. Este modelo se contradice con la realidad, que es plural, diversa y rica territorialmente. Se justifica
nueva y exclusivamente por motivos ideológicos, no por motivos de mejora de la calidad, de la exigencia o del esfuerzo. Las evaluaciones externas pueden ser útiles si se realizan para diagnosticar y se aplican a los diferentes niveles. Y las
evaluaciones, que ya existen y están en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, son útiles para mejorar aquellas iniciativas, aquellas decisiones y acciones que no están obteniendo los resultados esperados.
El Partido Popular quiere hacer de las pruebas externas el motor del cambio porque van orientadas a la concesión de un título. Señorías, las pruebas por sí solas no servirán para mejorar la educación. Querer copiar una estrategia externa
para cambiar la forma de enseñar de los profesores y la forma de estudiar de los alumnos no es el objetivo de las evaluaciones. Controlarlo todo, desde las pruebas finales, externas y censales, para imponer su modelo y dominar el sistema educativo
anuncia un fracaso estrepitoso de la reforma que plantean.
Terminaré hablando de la disposición trigésima octava. Las lenguas cooficiales quedan relegadas a una tercera categoría, lejos de la lengua y la literatura castellana. El ministerio no quiere participar en su diseño curricular ni en su
evaluación y las deja fuera de cualquier proceso en el que él intervenga. Esta propuesta denota su desinterés hacia la lengua catalana en el ámbito educativo. Quieren trasladar a Cataluña la división de los alumnos por razón de lengua que han
aplicado en aquellas comunidades con lenguas cooficiales donde han podido gobernar. Quieren aplicar la preponderancia del castellano por encima del catalán o de las lenguas cooficiales correspondientes. Sabe muy bien que no existe sentencia firme
alguna que obligue a modificar el modelo lingüístico. ¿Tanto molesta que después de muchas generaciones el modelo de inmersión lingüística haya conseguido que los niveles de conocimiento de las lenguas sean equivalentes, que se dominen y se
conozcan por igual? El desconocimiento de la situación real le lleva, señor ministro, a plantear soluciones extraordinarias en el texto que son inconsistentes e imposibles de llevar a cabo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Barberà, tiene que finalizar.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Sí, voy terminando.
En definitiva, como ha anunciado el señor ministro, no estamos ante un proyecto de ley, estamos ante una modificación parcial de la LOE, sin que hayan sido capaces de darle estructura de texto coherente excepto en todo lo relativo a la
recentralización de las competencias autonómicas. Creo que es su única obsesión real.
Señorías, estos son los motivos más sustanciales por los que Convergència i Unió ha presentado esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien.-Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Barberà.
Por el Grupo Socialista, señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, mi intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista hace la número once de las enmiendas a la totalidad presentadas esta tarde al proyecto de ley educativa que hoy debatimos. Todos los grupos de la Cámara
salvo el que apoya al Gobierno pedimos su devolución. En toda nuestra historia parlamentaria nunca, nunca hubo un rechazo semejante. Nunca antes una reforma educativa había sido tan contestada y peor recibida por toda la comunidad educativa.
Nunca antes una reforma educativa había provocado tanta contestación social con cientos de manifestaciones por toda España y una huelga general educativa que por primera vez unió desde la infantil hasta la universidad. Nunca antes un ministro y un
Gobierno estuvieron tan solos en su mayoría absoluta.
¿Y cuál es la razón de esta unanimidad sin precedentes? A estas alturas de la legislatura la sociedad española conoce que el Partido Popular del señor Rajoy tenía una hoja de ruta, una hoja de ruta perfectamente organizada para desmontar el
modelo educativo público español; una hoja de ruta con tres puntos que se van cumpliendo inexorablemente. El primero era recortar en educación. El señor Rajoy mintió a los españoles cuando dijo que no recortaría en educación. Claro que hoy
sabemos que es un rasgo de su carácter, que tiene facilidad para mentir. Evidentemente se han recortado 5.200 millones de euros, 1 de cada 3 euros de los Presupuestos Generales del Estado, y está además la promesa hecha a Bruselas de que en el año
2015 bajaremos hasta el 3,9 % estando en el 5 %. El segundo punto de la hoja de ruta era una nueva ley de educación segregadora y elitista que expulsa del sistema a los alumnos con más dificultades; una ley que lamina la equidad sin mejorar un
ápice la calidad. El tercer punto de la hoja de ruta era el asalto al sistema de becas y ayudas al estudio, porque con la tramitación del real decreto, señor ministro, usted lo que ha hecho es activar el arma de destrucción masiva de la igualdad de
oportunidades. (Aplausos). La beca, señorías, deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio, como rotundamente ha afirmado la consejera de Educación del Gobierno de Aragón. Y para llevar a cabo
este desaguisado el señor Rajoy eligió bien, le eligió a usted, señor Wert. Por eso esta fallida ley lleva y siempre llevará su nombre, ley Wert, porque usted le ha aportado su sello personal: una falta de tacto insufrible, una tremenda
intransigencia con la comunidad educativa y una soberbia política solo comparable al entreguismo con la jerarquía católica y con los sectores más radicales de su partido. (Aplausos).
Señor ministro, hace unos días nos enteramos de que abandonará la política cuando acabe el trabajo para el que fue llamado por el presidente del Gobierno. De hecho, nos confirmó lo que ya sabíamos. Usted nunca ha actuado como ministro de
Educación, sino como un contratado por obra o servicio que recibirá su compensación y volverá a lo suyo, que nunca ha sido la educación. (Aplausos). Señor ministro, está usted haciendo el trabajo sucio de este Gobierno, aunque para ello tenga que
asumir daños colaterales como terminar con la igualdad de oportunidades. Se le ha encargado una tarea, una contrarreforma low cost, de bajo coste, y convertir la educación en una mercancía sometida a las reglas de la oferta y la demanda, y usted,
como alumno aplicado que siempre ha sido, intenta sacar nota también en esta tarea y se ha aplicado al asunto. Ha jibarizado la inversión, ha despedido indirectamente a 40.000 profesores, ha subordinado la escuela pública a la privada y, como a
usted no le duele la educación, de paso ha hecho desaparecer por primera vez en nuestra historia el concepto de servicio público de la educación. Invade competencias de las comunidades autónomas y ataca su diversidad lingüística, destroza el
equilibrio, el difícil equilibrio del artículo 27 entre derecho a la educación y libertad de enseñanza en nuestra Constitución, elimina la participación de padres y profesores en la gestión de los centros, confesionaliza la educación, estigmatiza la
FP, hace trampas -lo hablaremos- estadísticas para reducir el abandono y utiliza la crisis como pretexto para convertir la educación en una herramienta que garantice el principio de reproducción social.
Señorías, señor ministro, después de cincuenta comparecencias tenemos algunas certezas confirmadas por los expertos que han pasado por la Comisión de Educación. Hemos confirmado por los interlocutores sociales que la falta de diálogo con
los partidos y grupos políticos ha alcanzado el grado de desprecio absoluto cuando hablamos de comunidad educativa. Le pondré un ejemplo solo. Todos los sindicatos, todos, de la escuela pública y el sindicato mayoritario de la privada han
coincidido en este punto: diálogo cero. Han hablado, pero usted no ha escuchado, porque el señor Wert no acuerda, el señor Wert impone, el señor Wert no pacta, solo admite adhesiones.
Respecto de la financiación, el Consejo de Estado ya declaró la reforma insuficiente. Sus propias comunidades autónomas, las suyas, las del Partido Popular, manifestaron su malestar en la conferencia sectorial, y para tratar de evitar esa
sublevación interna que estuvo a punto de producirse se constituyó un grupo de trabajo para estudiar las necesidades financieras de las comunidades autónomas que, en una pirueta muy poco seria por parte del ministerio, se ha acabado transformando en
una Comisión que va a evaluar el gasto educativo. Cuando el clamor era insufrible, el señor Wert se sacó de la manga un posible pacto, un posible compromiso en el año 2014 con el Fondo social europeo. Se lo traduzco en lenguaje del Partido
Popular: una simulación de financiación en diferido, eso es lo que ha dicho. (Risas.-Aplausos).
También nos ha quedado meridianamente claro en las comparecencias que ni nuestro sistema educativo es una ruina ni la culpa del abandono y del paro juvenil se debe a la legislación educativa. Nos lo han comentado todos los comparecientes
que han pasado por nuestra Comisión, entre ellos el catedrático de Economía de la Carlos III, propuesto por el Grupo Popular, el señor Cabrales, o el representante de la Federación de Directores de Centros. Todos ellos coincidieron en que tenemos
un buen sistema educativo, mejorable, pero un buen sistema educativo. La manipulación del ministerio, señorías, es muy clara. Hay que presentar una imagen muy sesgada de nuestro sistema educativo para lograr que sea políticamente inevitable lo que
socialmente es inaceptable.
Señor ministro, una de las barbaridades de su proyecto de ley reside en la ordenación académica; nadie entiende de dónde se han sacado ustedes esa distinción entre asignaturas troncales, asignaturas específicas y de libre configuración.
¿Por qué la Geología es troncal y la Tecnología es específica si ambas forman parte de lo que la Unión Europea llama la competencia tecnológica? ¿Por qué? Esto lo preguntaba el presidente del Consejo superior de evaluación catalán a la vez que
tachaba este sistema de absolutamente regresivo. No hay tampoco explicación para que un alumno circule por toda la enseñanza obligatoria y no pueda ver asignaturas como la Filosofía, la Plástica o la Música porque no son de oferta obligatoria en
los centros. ¿O por qué separa usted los bachilleratos de Ciencias Sociales y Humanidades cuando la diferencia es una sola asignatura? Señor ministro, en esto también ha habido unanimidad entre los comparecientes. Por no escuchar, señor ministro,
no escucha usted ni a los propios miembros de su partido que saben algo de educación.
El proyecto de ley diseña además una formación profesional pensada para recoger a los alumnos residuales del sistema. A usted, señor Wert, que ha tachado varias veces nuestra formación profesional como fracasada, le tengo que decir que
también los comparecientes le han llevado la contraria. En esta cuestión de la formación profesional, como en algunas otras de educación, está usted tocando de oído. De nuevo los expertos le quitan la razón. Nuestra formación profesional no hace
falta que se prestigie porque está ya muy prestigiada. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, pronuncia palabras que no se perciben). Está prestigiada, señor ministro, no se está enterando usted de la misa la media.
Ahora dan una vuelta de tuerca y acaban identificando la FP con una vía de fracaso, con el destino obligado de quienes tienen dificultades de aprendizaje. Su ley lleva una etiqueta: quien no sirve para estudiar que haga formación profesional. Eso
es retroceder muchísimos años en nuestra historia educativa.
El viceconsejero vasco, una de las mejores comparecencias que hemos tenido en la Comisión, nos lo decía: lo que puede acabar consiguiendo esta ley es que tengamos un modelo Eurovegas con bajos niveles de cualificación y no un modelo Silicon
Valley, que es el que apuesta por el conocimiento. (Aplausos). La prueba más manifiesta de lo dicho es que quien opta en 4.º de la ESO por la reválida de Bachillerato no va a poder hacer formación profesional. El mensaje está muy claro, es un
desperdicio enviar a un chico que tiene el título de la ESO por la vía académica a hacer un ciclo de formación profesional.
Por si fuera poco, se ha sacado de la manga usted una formación profesional básica tramposa, cuyo único objetivo es reducir artificialmente las cifras de abandono escolar. Ayer mismo el periódico El País lo denunciaba: los alumnos que se
derivan por esta vía no reciben ningún título, pero van a contar en las estadísticas europeas como si fueran alumnos que han terminado el Bachillerato o la FP de grado medio y, por tanto, no van a engrosar las cifras de abandono, aunque la realidad
es que estos chicos y chicas van a recibir solamente un certificado profesional de primer grado y, por consiguiente, con bajas posibilidades de inserción laboral. Puro maquillaje contable, burdo truco estadístico.
Pero sin duda el punto más rechazable de su contrarreforma está en la concepción de un sistema segregador y elitista, un sistema erizado de obstáculos -se lo hemos dicho los once que hemos participado-, un sistema que, a través de los
itinerarios que la propia OCDE desaconseja, hace una separación temprana. A esto se le suman las reválidas con un efecto punitivo y sancionador -sí, se ha puesto usted la venda antes de que se lo digamos-, un sistema que un ministro de Franco,
Villar Palasí, ya eliminó en 1970 porque era ineficaz y porque lo único que hacía era entrenar a los alumnos para sacar adelante esa prueba, un sistema que ha fracasado, que ha convertido el sistema americano en una ruina y ha hecho del sistema
británico, que era excelente, un sistema mediocre.
Hasta ahora los diez años que tenía un alumno en la enseñanza obligatoria servían para compensar desigualdades, esas desigualdades con las que un chico llegaba al sistema educativo. Eso es lo que nos ha hecho ser un sistema equitativo,
porque cuando alguien tiene problemas, señor ministro, solamente hay dos posibilidades: o se le ayuda o se le echa. Y ustedes han decidido echarlos. Es más barato, sí, al menos a corto plazo, pero es tremendamente injusto, muy insolidario y
profundamente elitista. Le advierto que los socialistas no lo vamos a consentir y llegaremos hasta donde haga falta, si es preciso al Tribunal Constitucional, si la ley acaba promulgándose como está.
La contrarreforma propicia también la subordinación de la escuela pública a la privada. Esta no es una opinión del Grupo Socialista. Un sindicato tan poco sospechoso como ANPE se lo ha dicho frontalmente. Esta ley ataca la escuela
pública.
Señor ministro, esta ley es profundamente ideológica, porque ideología es atentar contra la realidad plurilingüe; ideología es eliminar la participación de profesores; ideología es el nombramiento a dedo de los directores de centros;
ideología es sustituir la selectividad por dos pruebas eliminatorias; ideología es eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía cuando ningún país del Consejo de Europa la hace transversal; ideología es no respetar las sentencias del
Tribunal Supremo que piden conservar un mínimo ético y los fundamentos morales de nuestro orden constitucional; ideología es volver a la época de Otero Novas, contraponiendo Religión y Ética como asignaturas alternativas y evaluables; ideología es
cambiar un artículo de la LOE para beneficiar con el concierto a 79 colegios que segregan por sexo, de los 30.000 que hay en España. (Aplausos).
Señor ministro, aún no han calibrado con exactitud el profundo rechazo que provoca su ley. Más allá de los ámbitos educativos, han logrado instalar en el ciudadano medio una enorme desconfianza porque están pensando que esta reforma lo que
hace es ajustar cuentas con el pasado. Los ciudadanos son muy
listos, saben, intuyen, tienen olfato muy fino cuando se les recortan los derechos, y con este proyecto de ley han cometido un gran error -como dijo otro compareciente-, han confundido un cambio de opinión en el electorado que propició una
nueva mayoría parlamentaria con un cambio en la cultura de los derechos de este país, porque la crisis ha cambiado muchas cosas, pero los españoles siguen defendiendo los derechos que tanto costó conseguir.
Termino ya, señora presidenta. Empezaba diciendo que estamos ante la reforma más rechazada de nuestra historia democrática, y habría que añadir que defendida por el ministro con menos credibilidad política de la democracia. Su ley nace
muerta y usted, señor ministro, es ya pasado, pero podría hacer un último servicio a la educación, retire esta ley y que un nuevo ministro de un nuevo Gobierno lo intente con consenso.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bedera.
Señor ministro de Educación. (Rumores). Por favor, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señora presidenta, señoras y señores diputados, nada me hubiera gustado más, nada, que poder comenzar esta intervención agradeciendo a los grupos, a los diputados que han
manifestado juicios favorables (Un señor diputado: Ninguno) y a quienes han manifestado juicios adversos, el carácter constructivo de sus propuestas, la preocupación mostrada por la cuestión educativa, en definitiva, las alternativas que planteaban
a la grave cuestión que nos trae hoy aquí a esta Cámara. Nada me hubiera gustado más. Desgraciadamente tengo que decir que con las excepciones de algunos señores diputados, a lo que hemos asistido esta tarde ha sido a un ejercicio estrictamente
destructivo, pero escasísimamente anclado en la realidad. (Aplausos.-Rumores). Señorías, ¿debo entender que la condición estrictamente de devolución de las enmiendas que han planteado sus grupos implica que consideran que el estado de la educación
en España es suficientemente bueno como para no necesitar un cambio de las reglas del juego (Rumores) o debo entender, por el contrario, que son ustedes incapaces de plantear alternativas constructivas a este estado de cosas? (Aplausos.-Rumores).
¿Debo entender, señorías, que el ejercicio de ignorancia palmaria sobre el contenido de la ley (Rumores y protestas.-Aplausos) que ha exhibido la mayor parte de los oradores obedece...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor ministro.
Señores diputados... (Rumores).
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): ...obedece a pereza mental y falta de deseo de... (Protestas).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señor ministro.
Este ha sido un debate donde cada uno ha expresado sus opiniones. (Protestas). Silencio, por favor. Demuestren ustedes el nivel de educación que tienen. (Un señor diputado: El suyo.-Rumores y protestas.-Aplausos). Señores, por favor,
silencio. Aquí hemos escuchado opiniones de todo tipo. Pido y exijo que escuchemos... (Varios señores diputados: No, no). Sí, señores diputados. Por favor, guarden silencio y escuchen incluso lo que no comparten, por favor, que no es malo.
(Protestas). Por favor, guarden silencio y demuestren que son parlamentarios. (El señor Villarrubia Mediavilla: Que lo demuestre él). Guarden silencio, por favor. (Protestas). Por favor, ya está bien.
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Nada más lejos de mi intención que interferir en el trabajo de ordenación del debate de la señora presidenta y, por tanto, no añadiré nada sobre lo que acerca de los déficits
de nuestro sistema educativo tiene alguno de sus comportamientos. (Aplausos.-Algunos señores diputados: ¡Muy bien!).
Vamos a hablar, señorías, del tema que nos trae hoy aquí; señorías, vamos a hablar de educación. Un constitucionalista francés, Bertrand de Jouvenel, dijo en cierta ocasión en una discusión que lo que él dijera -Bertrand de Jouvenel- podía
tener poca importancia pero la materia de la que trataba era de la mayor importancia. Esa es la situación. Olvídense de los eslóganes, olvídense de los textos que han traído construidos, olvídense de la propaganda y vamos a hablar de educación.
(Rumores.-Aplausos).
Tengo que comenzar, señorías, por hacer alguna referencia a las múltiples consideraciones -de la mayor parte de los grupos- acerca del necesario consenso que debe imperar en esta cuestión. Comparto ese criterio, creo que la educación es una
materia en la que el consenso es siempre beneficioso. Fíjense qué distintos son estos dos comportamientos. Llegamos al ministerio, tuve una primera comparecencia ante la Comisión de Educación y Deporte del Congreso en la que anuncié mi voluntad de
no traer una derogación de la vigente ley educativa, sino un texto normativo que reformara algunos aspectos de la misma. De hecho, el texto que está siendo examinado esta tarde contiene modificaciones a 57 de los 157 artículos de la LOE. De hecho,
no se puede decir con seriedad que las modificaciones en la arquitectura del sistema sean sistemáticas y no se produzcan al margen de aquello que pretenden, que es mejorar la calidad de la educación. Fíjense, señorías, qué comportamiento tan
distinto al que tuvimos ocasión de comprobar con el acceso del Partido Socialista al Gobierno en 2004, una de cuyas primeras medidas fue la derogación del calendario de aplicación de la LOCE, de tal manera que cuando fue sustituida por la nueva ley
no había entrado ninguno de sus aspectos en vigor. Fíjense qué disposición al diálogo y qué disposición al consenso. (Varios señores diputados: ¡Oh.-Aplausos).
Se han referido algunos de los oradores a la proliferación de normas educativas. Es cierto que si contamos todas las leyes que se han ido debatiendo en las Cámaras en materia educativa pueden salir siete u ocho. Pero, seamos serios. En
materia de arquitectura del sistema educativo y en materia medular de educación, en este país no ha habido más que una ley vigente, la Logse de 1990, porque la LOE, básicamente, adapta algunos aspectos de la Logse, pero no entra en las cuestiones de
la arquitectura. (Rumores).
Lógicamente, si estamos hablando de que muchos países han hecho reformas educativas y que esos países han conseguido buenos resultados, tendremos que poner en contexto la necesidad de estabilidad de las leyes educativas en relación con sus
resultados. No vale decir que es tan importante la estabilidad de la normativa educativa que no se puede cambiar aquello que no funciona, porque eso conduce a un absoluto sinsentido. Por tanto, creo que en lo que tenemos que centrarnos es en
aquellos aspectos concretos en los que este proyecto de ley trae consigo una modificación sobre el sistema vigente, y la forma en que esa modificación se relaciona o no se relaciona con los déficits percibidos de nuestro sistema.
Señorías, voy a tratar los aspectos concretos que los distintos oradores han planteado. Comenzaría con una cuestión que ha sido especialmente tratada por los intervinientes de grupos parlamentarios de condición nacionalista, por el PNV,
Convergència i Unió y algunos representantes del Grupo Mixto, y es el que tiene que ver con el anclaje competencial y la nueva distribución de competencias. Tengo que decir que aquello que a sus señorías les parece tan evidente de que existe una
invasión competencial no ha sido en absoluto percibido por el Consejo de Estado, que una de las cuestiones que mira con mayor atención es justamente el anclaje competencial.
En relación con lo que me decía la señora Robles -a la que le agradezco, por otra parte, el tono de su intervención, mucho más constructivo que el de otras que he podido escuchar-, le quiero contestar en sus propios términos que,
efectivamente, el anclaje constitucional, en relación con la ley vasca, es el que deriva de lo que indubitadamente son los poderes del Estado en esta cuestión. Es decir, aquello que deriva, por un lado, del artículo 27 de la Constitución, y no solo
del 149.1.30.ª sino fundamentalmente del 149.1.1.ª, porque nuestra función principal como Estado es garantizar el ejercicio básico de los derechos en condiciones de igualdad en todo el territorio. Y son justamente esos tres elementos de anclaje
constitucional los que dan origen a la nueva distribución de competencias. Luego entraré en la cuestión de la que ustedes -entiendo que impropiamente- llaman recentralización, que no es una recentralización.
Por cierto, señor Martínez Gorriarán, usted que es una persona rigurosa, sabe que aprecio su carácter, su rigor y que usted se toma las cosas en serio, realmente me ha sorprendido con la afirmación que ha hecho del 65 y el 55. Señor
Martínez Gorriarán, eso no está en la ley. Eso no está en la ley. Hay que leerse el texto que viene a la Cámara y verá usted que no hay más referencias a porcentajes que el que se refiere a las asignaturas troncales, 50 % mínimo, y obviamente su
complementario que es el otro 50 %.
Señora Robles, vuelvo a su intervención, entiendo que hay una especie de prurito defensivo en buscar en la ley cosas que la ley no dice. Quiero señalarle que, por ejemplo, en el apartado lingüístico -y es verdad que su señoría no ha hecho
mucho énfasis en esa cuestión- no hay en la ley nada que suponga alteración de cualquier género al modelo lingüístico que se administra hoy en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma del País Vasco; no hay nada. Se contemplan las distintas
situaciones que son objeto de consideración en la disposición transitoria trigésimo octava; contemplan tanto las modalidades
de bilingüismo integrado como las modalidades de inmersión lingüística como los sistemas de doble y triple vía, que son los que se siguen en su comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque de hecho, desde el punto de vista competencial, entendemos
que eso entra dentro de la competencia de programación educativa que no ponemos en cuestión, que se mantiene como una competencia propia de las comunidades autónomas. Y eso también se aplica, señor Barberà, a algunas de las observaciones que su
señoría formula. Nosotros no estamos poniendo en cuestión el derecho de programación educativa que tienen las comunidades autónomas. Hablaba usted de que estamos entrando en una cuestión sobre el modelo lingüístico que no ha recibido ninguna
sentencia firme. No, no. Estamos entrando únicamente en garantizar algo que sí ha sido objeto de una sentencia firme, puesto que firmes son todas las sentencias que emite el Tribunal Constitucional, a saber: las condiciones conforme a las cuales
el sistema de inmersión lingüística pueda ser considerado conforme al bloque de constitucionalidad. Estamos -y yo lo lamento- en una especie de bucle infinito en el que ustedes dicen que la ley dice una cosa y nosotros, como autores de la ley, les
decimos que dice otra. Y ustedes hablan del Tribunal Constitucional y de poner en cuestión la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional está para resolver este tipo de cuestiones, pero simplemente les hago la amistosa advertencia de que
reflexionen sobre lo que a este respecto dice el Consejo de Estado porque ahí verán que no hay el menor atisbo, no digo ya sobre observaciones accidentales, sino por supuesto ninguna observación de importancia en torno al anclaje competencial de
este nuevo sistema. Señorías, y con esto contesto también a observaciones sobre este tema lingüístico, la lectura conjunta de la disposición adicional trigésimo octava y la disposición adicional trigésimo novena de la ley desautorizan completamente
tanto la hipótesis de que se produce una indeseada, y probablemente carente de sustento competencial, intromisión en competencias de las comunidades autónomas, como que se haga -y esto quiero decirlo con toda energía- una preterición de las lenguas
cooficiales propias. Eso no es cierto, señor Barberà, y usted lo sabe. Lo sabe porque lo hemos hablado directamente.
Cuando se dice en la disposición adicional trigésimo novena que la lengua cooficial tendrá desde el punto de vista de su evaluación exactamente el mismo tratamiento que la lengua cooficial común, es decir, que el castellano; y cuando se le
da a la Administración educativa la competencia para definir currículo y estándares evaluables en la misma, evidentemente lo que estamos estableciendo es un pie de igualdad absoluto de esa lengua cooficial propia con la lengua cooficial común. Y no
me haga trampas. No me diga que supone minusvalorarla el dejarle a ustedes los estándares y el currículo porque, si lo hubiéramos hecho al revés, primero, no sabríamos porque no tendríamos por qué saber, pero además me estaría usted acusando de
todo lo contrario; es decir, de hacer una invasión competencial.
Señorías, ha habido muchas referencias a un aspecto instrumental importante de la norma, que son las evaluaciones. Tengo que decir que en ninguna de ellas se ha captado realmente cuál es el espíritu y cuál es la voluntad de estas
evaluaciones. Cuando se refieren ustedes a reválidas, a contenidos punitivos; cuando echan la mirada hacia atrás para descalificar o, más propiamente, para intentar descalificar, a mí lo que me sugiere esa actitud es que ustedes no se han tomado
el trabajo de ir a ver qué es lo que se hace en otros países. (Rumores). Y, por ejemplo, permítanme que les diga que es absolutamente falsa la idea de que en Finlandia no hay evaluaciones. No solo hay evaluaciones, sino que hay evaluaciones de
una enorme exigencia y gracias a esas evaluaciones de una enorme exigencia, entre otras cosas, el sistema finlandés es eficaz. Realmente yo no sé de dónde se han sacado ustedes que en Finlandia no hay evaluaciones. Pero déjenme ponerles el ejemplo
de un sistema federal como el sistema alemán, donde en principio las competencias federales en materia educativa en la Grundgesetz, la norma fundamental, están menos dibujadas de lo que lo están en la Constitución española a través de los preceptos
a los que me he referido. Sin embargo, se ha establecido un sistema de evaluación centralizada que en principio se planteó como voluntario para los Länder y al que han acabado acogiéndose todos y cada uno de los Länder, excepto uno, porque han
considerado que era una herramienta de gran utilidad para mejorar sus resultados. Quiero en este punto hacer una aclaración importante. Tal y como hemos definido en la ley estas evaluaciones en modo alguno estamos sugiriendo que las comunidades
autónomas no puedan tener su ámbito de participación en estas evaluaciones, sería absurdo que así lo hiciéramos. Lo que queremos es compartir con las comunidades autónomas el diseño y la filosofía, pero tener la garantía de una homogeneidad,
porque, en definitiva, sin esa homogeneidad no conseguimos nada. Permítanme que les aduzca el ejemplo de lo que sucedió en un sistema educativo que está enormemente descentralizado -de hecho prácticamente no hay competencias del Reino Unido- como
es el sistema de Gales. En Gales observaron que en las pruebas finales de la enseñanza secundaria, en el certificado general de la enseñanza secundaria, estaban consiguiendo cada vez más aprobados, pero, al mismo tiempo, la
puntuación de Gales en PISA estaba bajando. En ese momento decidieron que lo que procedía era mejorar y hacer más exigente la prueba general de la educación secundaria.
Tenemos un sistema -lo ha dicho el señor Bedera en su intervención; no sé si lo ha dicho voluntariamente o se le ha escapado- (Rumores). en el que en realidad la única prueba que con carácter general contempla el sistema -y abriría un
corchete; un carácter general cuestionable en cuanto al grado de homogeneidad que comporta- es la prueba de selectividad. Fíjense qué absurdo resulta un sistema en el que el único elemento de métrica confiable, de métrica homogénea, de métrica en
la que todos pueden confiar, se produce justo cuando el alumno sale del sistema. Señorías, eso se llama de una determinada manera, se llama un sistema ciego. Señorías, tengo que decir que si a ese sistema ciego le añadimos la sordera, que algunos
de ustedes muestran hacia el contenido propositivo de esta norma, nos encontramos con un cuadro bastante deprimente. (Aplausos).
Yo no sé de dónde sacan ustedes -desde luego de la ley no- que en la ley se privilegia el contenido memorístico. Enséñenme un solo precepto, una sola nota, incluso una coma mal puesta en el texto del que se desprenda eso y yo con mucho
gusto, en el trámite de enmiendas, animaré al Grupo Parlamentario Popular a que desaparezca. Se trata de todo lo contrario, es un enfoque decididamente competencial, lo que sucede es que tenemos claro que los pilares sobre los que es preciso apoyar
esa adquisición de competencias son los pilares de las asignaturas instrumentales, y eso es lo que se refleja en la clasificación de las asignaturas, que no es un ranquin de asignaturas, señor Bedera, es simplemente una distribución de las
competencias para garantizar que aquellas que tienen un mayor valor instrumental están suficientemente atendidas en todos los sistemas. Pero no nieguen ustedes algo que resulta completamente innegable y es que el sistema concede mucha más autonomía
a las administraciones educativas y sobre todo a los centros de la que se contempla en el marco normativo actualmente vigente. Cuando dicen ustedes estas cosas, de verdad, y lamento tener que reiterarlo, tengo serias dudas de que hayan hecho una
lectura comprensiva adecuada de la ley porque nada más contrario a lo que dice la ley. (Rumores.-Aplausos).
Entro en un tema que me parece absolutamente fundamental, el tema de la formación profesional. He escuchado a lo largo de toda la tarde múltiples intervenciones que en conexión con este tema han hablado de segregación, de segregación
temprana, de itinerarios de segundo orden, y yo les hago una pregunta, ¿qué peor segregación que la de dejar al 25 % de los alumnos sin ningún recurso educativo? Para ser precisos, eso no es segregación, eso es algo peor que la segregación, es
exclusión. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
No han entendido lo que es la formación profesional básica. (Varios señores diputados: ¡No!-Protestas). No lo han entendido. Evidentemente, no lo han entendido,
El señor PRESIDENTE: El ministro utiliza figuras retóricas. (Rumores.-El señor Buyolo García pronuncia palabras que no se perciben). No reaccionen ustedes como si fueran ofensas, hagan el favor. Muy especialmente, señor Buyolo, usted se
siente ofendido continuamente. No se sienta así. (Risas).
Continúe, señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): En su infinita sagacidad, el presidente ha comprendido la voluntad retórica de mis palabras. Evidentemente yo no decía, ni mucho menos, que ustedes no hayan comprendido el
contenido, he dicho que han hecho ustedes la figura de no comprender el contenido.
Como saben perfectamente, la formación profesional básica lo que viene a sustituir no es obviamente a los ciclos de grado medio sino a los llamados programas de cualificación profesional inicial. Estoy seguro de que cuando estos programas
se diseñaron se hizo con la mejor de las voluntades y se pensó en dar una salida practicable a aquellos alumnos que presentaban un pronóstico de finalización de la ESO muy negativo, a los que había que darles alguna salida. De hecho, se concibió un
sistema que contenía un año obligatorio y un año voluntario en el que, al final del año voluntario, era posible obtener la titulación en ESO. Pero ni se integró en el sistema de la educación básica obligatoria, ni se hizo la oferta suficiente, ni
probablemente -esta es una cuestión de acierto y no hay que criticar a nadie; creo que estas cosas se intentan y unas veces salen mejor y otras veces salen peor- se consiguió que una parte significativa de esos alumnos pasaran al segundo año. Hay
que aclarar -para aquellas de sus señorías que están menos familiarizadas con el sistema- que estamos hablando de un mecanismo bastante residual. Para que tengan una idea, en el último curso en este sistema de los PCPI había matriculados 83.000
alumnos, pero,
como decía, se consiguió que muy poca gente -menos del 20 % en términos generales- pasaran al segundo año, y aún entre estos que pasaban al segundo año hubo una tasa de titulación muy escasa. ¿Por qué introducimos la formación profesional
básica como alternativa? Por varios motivos. No los estadísticos, que se denunciaban en esa publicación a la que ha hecho referencia el señor Bedera -ese es un efecto indirecto y desde luego no es lo importante-; se hace así porque se consigue
-con un ciclo de dos años al que se llega una vez que se está en 3.º de la ESO, después de diez años de escolarización, con una edad mínima de 15 años y un curso obligatorio, es decir, sin componente voluntario de dos años- no solo una cualificación
profesional de grado 1 sino que también se obtiene un título. Que eso produzca el efecto académico de no computar en el abandono escolar temprano es la menor de las consecuencias, la más importante es que se obtiene una cualificación profesional y
además un título que permite la progresión hacia otros itinerarios académicos. Ese es el gran cambio. Naturalmente, en lo que se refiere a los ciclos profesionales de grado medio y a los ciclos de grado superior, reconociendo como es obligado
reconocer que en los últimos años han ganado matrícula, han ganado atractivo, se han posicionado mejor -esto también tiene mucho que ver con la situación del empleo y con la evidencia que sobre todo se aplica a los ciclos de grado superior de que
las condiciones de empleabilidad que generan son a veces superiores a las de la propia formación universitaria-, aún estamos en una situación muy lejana, muy separada de aquellos países que tienen una conformación de la enseñanza secundaria
postobligatoria y de la enseñanza terciaria no universitaria que, por lo que vemos -y esto simplemente son datos empíricos- conduce a una empleabilidad mucho mayor. Se trata de trabajar sobre la modernización de las familias, sobre la implicación
de las empresas, en definitiva, eso de lo que hablan ustedes tan frecuentemente y que a mi, debo confesarlo, me provoca no diré que irritación, pero sí un cierto desasosiego, la mercantilización de la educación. Si lo refieren ustedes a la
empleabilidad, ¿qué quieren que hagamos, señorías? ¿Quieren que con un 57 % de desempleo juvenil nos despreocupemos de la empleabilidad de los jóvenes? ¿Quieren que el sistema educativo siga tan lejos del empleo como está hasta ahora? Es que eso,
señorías, es directamente inviable. (Aplausos).
Permítanme que les diga que una experiencia como la que hemos puesto en marcha con la formación profesional conforme al modelo dual ha tenido un éxito extraordinario en esta fase piloto. Prácticamente todas las comunidades autónomas han
participado en estas experiencias piloto y eso por supuesto es muy importante, pero aún más importante me parece que hayamos conseguido comprometer a prácticamente 500 empresas en estos proyectos piloto. Yo estoy seguro de que la formación
profesional conforme al modelo dual no se va a implantar con carácter generalizado como el modelo básico de formación profesional en los últimos años. Tiene muchas complicaciones, es muy cara, necesitamos hacer mucha pedagogía con las empresas, las
empresas necesitan ver que el tema funciona, pero si somos capaces de posicionarla como un sistema viable -de hecho se está viendo que es así en las pruebas piloto que se están realizando- creo que tenemos un camino importante para avanzar.
No negaré que la financiación sea un tema importante, pero tengo que decir que el tema financiero no se puede contemplar como se ha hecho tradicionalmente como una variable monótona que depende solo de la cantidad de recursos que se ponen en
el sistema. La eficiencia de esos recursos es tan importante como la cantidad de recursos. Todas las deficiencias del sistema a las que me he referido tienen una reverberación importante en la eficiencia de la inversión y nos llevan a una
situación muy paradójica a la que me he referido en mi primera intervención, la de una sociedad, la de un país que tiene una inversión pública en educación superior en términos relativos a la de la media de los países de la OCDE y de los países de
la Unión Europea y que, sin embargo, obtiene resultados educativos que están por debajo de esos mismos parámetros comparativos. Obviamente eso tiene que ver con en qué se gasta y cómo se gasta y tiene que ver muchísimo con los resultados
educativos.
Fíjense, por ejemplo, en la importancia que en este sentido tiene la tasa de repetición. La tasa de repetición en España, con los niveles que tiene, encarece el coste, la inversión pública educativa en más de un 20 %, es decir, solamente en
la parte obligatoria y gratuita del sistema se puede estimar con bastante precisión el coste de la repetición en un entorno superior a los 2.500 millones de euros. Yo les planteo que imaginen sus señorías lo que se podría hacer con esos 2.500
millones de euros si en lugar de dedicarlos a la ineficiente repetición los pudiéramos dedicar a acciones de mejora emprendidas en un momento anterior a aquel que hace necesaria la repetición. Ese es también, señorías, el enfoque que propone la
ley. Por eso se le da la importancia que se le da a la detección precoz de las dificultades en el aprendizaje y también por eso, señorías -porque no olviden que el propósito de las evaluaciones es fundamentalmente un propósito de señalización y de
transparencia-, las evaluaciones son tan importantes.
Otro de los mantras que se han puesto en circulación en este intento de desacreditar la reforma es lo que llaman ustedes el desmantelamiento de la escuela pública. Al igual que les decía antes sobre otra cuestión, muéstrenme ustedes dónde
está el desmantelamiento de la escuela pública. Tendría que ser mucho más insensato de lo que ustedes suponen que soy para intentar desmantelar un sistema que ahora mismo da cobertura al 70 % de nuestros estudiantes, que tiene en general unos
ratios de funcionamiento muy positivos, en el que trabajan profesionales extremadamente motivados, extremadamente comprometidos, de gran calidad, que son capaces incluso de desafiar las dificultades que les imponen las reglas del juego para hacer un
trabajo en el que ellos creen y de cuya importancia son los primeros en ser conscientes. Más bien, señorías, es exactamente lo contrario. Se establece un campo de juego en el cual la escuela pública, a diferencia de lo que sucede con la normativa
actual, puede operar con muchos más grados de libertad; se establecen las acciones de calidad, se establece una cierta autonomía curricular para los centros, se le da más poder de dirección al director. La señora Ariztegui ha hablado de un
director nombrado desde Madrid. Eso no es que no esté en la ley, es que no se le ha pasado por la cabeza a nadie. Hay que decir que en esta ley no hay ninguna cortapisa en las materias organizativas y logísticas respecto de lo que es el ámbito
competencial de las comunidades autónomas, pero sí es cierto que sí hay la posibilidad de un liderazgo más efectivo, sí es cierto que hay la posibilidad de que los centros asuman acciones de calidad, que los centros se especialicen, y eso se aplica
por igual tanto al sistema público como al sistema concertado, y por supuesto también al sistema privado. Lo que establece eso es un campo de juego más nivelado en el que las posibilidades de mejora de la escuela pública son mucho más importantes.
Finalizo, señorías, simplemente con una reflexión general. Algunos portavoces han hablado de recortar derechos. No hay ningún recorte de derechos. Incidentalmente les diré que las becas siguen siendo tan derecho, y por tanto no siendo
concurrencia competitiva, como lo eran, entre otras cosas porque así lo establecen leyes orgánicas que, como saben sus señorías, no se pueden cambiar por un decreto, pero además por nuestra propia convicción, no simplemente porque no tengamos la
capacidad normativa de hacerlo así. Han hablado ustedes de recorte de los derechos. El recorte de derechos más importante en el que se pudiera pensar sería aquel que no garantizara la presencia y la permanencia de los alumnos en el sistema, aquel
que no garantizara la posibilidad efectiva de que todos encuentren un itinerario que se adapte a sus intereses y a sus disposiciones, que sea reversible, que permita las vueltas atrás, que no impida nunca que el potencial de talento que lleva cada
niño y cada niña pueda desarrollarse hasta el final. Esa es la orientación principal de la Lomce y sobre esa orientación, en lo que puedan ser mejoras técnicas de todo tipo, les vuelvo a invitar a que participen en la discusión de este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Comenzamos el turno de réplica, y aviso a los portavoces que voy a ser muy estricto en el tiempo que tienen por la hora en que estamos. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías.
Señor ministro, me ha molestado bastante que usted califique a los diputados y diputadas en esta Cámara -me ha molestado personalmente- de manifestar ignorancia palmaria sobre el contenido de la ley. Reconozco su trabajo, reconozco el de su
ministerio, pero usted también debe reconocer el de estos diputados y diputadas. (Aplausos).
Dicho lo anterior, como usted bien ha señalado, vamos a hablar de educación. Yo no he tenido tiempo de repasar mis datos sobre Euskadi, me ha pillado por sorpresa, pero le voy a dar dos que usted conoce tan bien como yo. Fracaso escolar en
este momento en España, 24,9 %; en Euskadi, 11,5 %, muy por debajo de la media europea. Con el mismo modelo normativo, con la misma ley, los resultados son asimétricos, son diferentes. Por tanto, aplicando el sentido común yo me haría una
pregunta: ¿Cree usted sinceramente que el problema está únicamente en la norma o hay situaciones de carácter socioeconómico, de carácter sociocultural, de entorno, que afectan también a la implementación de lo que es el propio modelo educativo?
Respecto de la invasión competencial, señor ministro, no me vuelva usted a citar al Consejo de Estado. ¡Faltaría plus que el Consejo de Estado venga a decir que aquí hay una invasión competencial! Resulta un poco chistoso. Eso es así. Y
no me cite el artículo 149.1 de la Constitución porque yo le voy a decir lo que es el artículo 149.1 en manos del Gobierno. Es el arma que da carta de naturaleza a la arbitrariedad
para la transgresión constante en la regulación del orden constitucional, del bloque de constitucionalidad. Eso es así, es un chicle que vale para todo; vale para un roto, vale para un descosido...Lo utilizan absolutamente para todo.
Fíjese que les sirvió hasta para aprobar la Ley de Dependencia cuando, por ejemplo, en nuestro caso tenemos competencias plenas, ancladas además en el régimen foral. Dígame una cosa, señor ministro, ¿qué es para usted la disposición adicional
primera de la Constitución? ¿Qué valor tiene la reserva foral en la que se entronca la competencia exclusiva en materia de educación prevista en el artículo 16 del estatuto? Esa disposición adicional dice literalmente: La Constitución ampara y
respeta los derechos históricos de los territorios forales. Señor ministro, reconocerá el carácter diferencial de esta competencia, incluso en relación con otras comunidades autónomas. En mi anterior intervención le he citado literal y
voluntariamente cómo se inicial el literal del artículo 16 del estatuto de autonomía.
Dice que en el apartado lingüístico la Lomce respeta el modelo educativo vasco, y yo le diré dos cosas. Primero, no les compete, no tienen que tocarlo porque no tienen competencia para ello. En segundo lugar, si el respeto es tal, debiera
de incorporarse, como ya se lo sugerimos en la reunión que mantuvimos con usted, una disposición adicional a esta ley, tal y como ha venido sucediendo con otras leyes estatales como, por ejemplo, las referidas al régimen local, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, a la estabilidad presupuestaria, a la del transporte por carretera o a cualquier otra que afecte a materias con reserva foral. Esta es una tarea que compete al legislador ordinario, que se encuentra vinculado tanto
a la garantía institucional expresada en esa disposición adicional de la propia Constitución como a su determinación actualizada en el Estatuto de Gernika. No lo digo yo, señor ministro, lo dice el Tribunal Constitucional en su sentencia 214/1989,
de 21 de diciembre.
No me voy a extender más en esta cuestión, pero sí quisiera hablarle un segundo del modelo de formación profesional. El otro día comparecía a petición nuestra en la Comisión de Educación el que actualmente es viceconsejero de Formación
Profesional del Gobierno vasco, que además es una persona de acreditada experiencia, como usted bien sabe, que lleva treinta y cinco años trabajando en la formación profesional vasca, creo que con reconocidos resultados. Decía una cosa que yo le
voy a repetir: Nosotros no queremos el modelo Eurovegas, queremos el modelo Silicon Valley. Queremos alta cualificación, queremos preparación de alto nivel, no queremos una cualificación baja. Queremos que la formación profesional esté realmente
prestigiada. Usted dice que nosotros en la ley leemos cosas que no pone y yo creo que usted cuenta que la ley dice cosas que no leo. Iba a decir algo que un compañero mío en el Ayuntamiento de Bilbao le dijo a otra persona. Suena un poco rotundo,
pero por hacer un chiste se lo voy a decir: donde unos leen la señorita de inglés, otros leen las ingles de la señorita y esto genera un importante problema. (Rumores). Sí, la ley no es clara. No es clara.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Finalizo. Si tantas dudas plantea a esta Cámara y a los distintos grupos políticos con puntos de vista diversos es que tiene debilidades; debilidades que en el trámite parlamentario se debieran subsanar. Muchas
de las cosas que usted propone yo las comparto, mi grupo también, pero no las vemos en ningún sitio. Así que, por favor, le rogaría lo que le he rogado al final de mi intervención, que escuchen, que atiendan, que de alguna manera abran sus ojos al
mundo y no crean que todo lo que nosotros proponemos constituye una amenaza para su modelo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Robles.
Señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Intervendré muy brevemente, señor presidente, porque efectivamente no son horas.
Señor Wert, le agradezco sus elogios pero le devuelvo lo que usted ha dicho. Ha dicho una frase que me ha gustado: Olvídense de la propaganda y vamos a hablar de educación. Pues hablemos de educación, porque usted nos ha hecho otro
ejercicio de propaganda, como lógicamente era de esperar, de las excelencias de la Lomce. Pero el problema, creo yo, sigue siendo el que le he dicho, que la Lomce es en gran parte la LOE con algunas modificaciones y usted sabe que debido a las
normas legislativas jurídicas cuando haya que cambiar determinados aspectos de la Lomce habrá que volver a cambiar la ley completa y eso va a acabar ocurriendo por razones políticas y también por razones educativas. La cuestión es que nosotros -se
lo he dicho muchas veces y lo vamos a hacer- en el trámite de enmiendas vamos a
presentar muchas enmiendas particulares y concretas donde podremos hablar de porcentajes, de troncales, de libre designación, de formación del profesorado, etcétera. Pero, al final, si todo el debate sobre la Lomce se ha centrado en las
cuestiones que tienen que ver con la enseñanza de la religión, con las competencias autonómicas, con el problema de las lenguas y de la inmersión lingüística obligatoria, etcétera, no creo que sea por la perversidad ni por la ignorancia inmadura de
la oposición sino porque, sencillamente, esas cuestiones por decisión de ustedes se han convertido en las nucleares de la Lomce y no aquellas que tienen que ver directamente con la mejora del sistema educativo. No estaría nada mal, para construir
un ambiente constructivo -valga la redundancia-, aceptar que el sistema educativo español no está mal y que lo que necesita son ciertas mejoras. Y que muchas de las deficiencias que tiene no son tanto razones educativas detrás como razones o bien
ideológicas o bien políticas. Ahí es donde habría que hacer una limpieza y dejar el terreno libre justamente a los docentes que son -habría que insistir más de lo que se insiste- la columna vertebral ya sea en los centros públicos, en los privados
o en los concertados de la enseñanza.
Para acabar, no creo -me parece una acusación un tanto absurda- que el Estado tenga alguna intención de cargarse la escuela pública como tal, lo que sí le voy a decir es otra cosa de la que tampoco se habla. Es evidente que hay un interés,
una preferencia de las administraciones por los centros concertados por una razón muy sencilla, y es que les salen mucho más baratos. De esto no se habla y crea también otro tipo de desigualdades y otro tipo de discriminaciones entre el profesorado
de los centros públicos y de los concertados y otras cosas parecidas. En algunas comunidades autónomas -voy a volver a repetir el caso vasco, que lo conozco más de cerca- mientras en los centros públicos hay 10.000 euros por alumnos en los
concertados solo hay 8.000 y en otras comunidades la ratio todavía es menor. Estas son cuestiones que no son gratuitas. Hay un interés de las administraciones por la red concertada porque sale más barata y sale más barata porque hay
discriminación. Como decía anteriormente, en el trámite parcial podremos encontrarnos y ver si es cierto que a ustedes les interesa hablar de educación y no de propaganda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, tiene usted una habilidad tremenda. Fíjese usted, si la oposición le critica, la oposición suspende, no superamos la prueba y, sin embargo, quien suspende es usted, una y otra vez, aquí, en esta Cámara y fuera de aquí.
Ustedes son los que devalúan la formación profesional. ¿No le han contado lo de ese compareciente que hablaba de los buenos y de los malotes? ¿No se lo han contado? ¿Sabe dónde iban los malotes, según ese compareciente? A la formación
profesional básica. Por tanto, ustedes devalúan la formación profesional o, al menos, así lo entienden muchos de los comparecientes que han venido a las sesiones de la Comisión que hemos venido celebrando. Ustedes imponen la competitividad entre
centros. Ustedes, les guste o no, establecen un ranquin entre centros y su financiación posterior. Ustedes generan brechas sociales; ustedes, no la oposición, señor ministro.
Los comparecientes -supongo que se lo habrán contado porque sería lamentable que tampoco lo hubieran hecho- han hablado y han realizado muchas críticas sobre la segregación temprana, incluso la OCDE; sobre las evaluaciones, sobre las
competencias de las comunidades autónomas, sobre el laicismo, señor Wert. Hubo un compareciente de FERE que dijo que en Francia, país laico, como usted bien sabe, había menos problemas con el ámbito religioso que en este país. Lo dijo FERE, no
esta diputada que le habla. ¿Tampoco se lo han dicho?
Ustedes, por otro lado, acusan de manera reiterada a la oposición de tener miedo a la libertad. Mire usted, esta oposición que le habla jamás ha tenido miedo a la libertad, entre otras cosas porque ha luchado por ella en este país, y
ustedes confunden libertad con neoliberalismo, con imponernos un modelo político que es el neoliberalismo. No vuelvan ustedes a confundirse porque lo uno y lo otro no tiene nada que ver.
Con todos mis respetos, señor ministro -a usted, por supuesto, pero también a la discapacidad funcional-, usted sí que es ciego y sordo a la contestación abrumadora de la comunidad escolar y a las enmiendas a la totalidad que hoy once grupos
de esta Cámara le han presentado a su proyecto. Usted está sordo y ciego, pero, desde luego, lo que no está es mudo. Y le digo, señor ministro, que cuando usted habla no es que tiemble la oposición -no nos da usted ningún miedo, se lo podemos
garantizar-, es que tiemblan en su grupo porque no saben con qué ocurrencia nueva va a salir usted. Usted dice que la financiación es importante pero relativamente. Mire, cuando hemos preguntado a los comparecientes por
lo que les parece la financiación de este proyecto de ley, todos nos dicen, todos, que parece insuficiente y que parece que con ella va a ser imposible la implantación de la reforma. Díganos de una vez, señor ministro, qué financiación va a
tener esta ley, si es que la va a tener. Díganoslo. Se lo hemos preguntado muchas veces y le hemos preguntado, con respecto a la financiación y con respecto a la formación profesional básica, cómo iba a solucionar los problemas de empleabilidad de
nuestros jóvenes la formación profesional básica, cómo, y usted no ha sido capaz de contestarnos y sigue sin hacerlo. Dice que hay un problema -que lo hay, que es cierto que lo hay-, pero no le da la solución al problema, no es capaz de decirnos
cuál va a ser esa solución y cómo se va a efectuar.
Señor ministro, usted habla de apoyo al alumnado en dificultades, habla de ello pero sabe que no está diciendo la verdad, porque cuando uno retira de los presupuestos generales precisamente aquellos recursos que van destinados a este tipo de
alumnado, entonces no está diciendo la verdad aquí, usted está diciendo todo lo contrario de la verdad. Y ¿sabe usted cómo se llama decir todo lo contrario de la verdad? Simplemente, mentira.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, supongo que habrá seguido algunas comparecencias o se las habrán explicado, pero repasar las cincuenta comparecencias, o al menos algunas de ellas, puede ser de utilidad para todos. Los que hemos estado presentes en la
mayoría hemos sacado muchas conclusiones y confirmado muchas posiciones.
Segunda parte. Tengo una copia del texto que le entregamos. Yo entiendo que usted a lo mejor quiera ochenta folios, pero en el ámbito competencial, curricular y de inmersión lingüística nosotros tenemos graves problemas con su propuesta y
por eso le hemos entregado ese texto. Asimismo, le felicito porque ha empezado mal pero se ha sabido controlar. Eso dice mucho de usted.
Ha hablado de consenso. ¿No puede conseguir consenso con las administraciones educativas en las conferencias sectoriales? ¿Quién sabe más de los problemas que tienen los alumnos y los jóvenes en su territorio que las administraciones
educativas territoriales? Si allí no son capaces de llegar a un consenso es que no quieren, señor ministro. Tienen los datos, tienen la información, tienen los recursos humanos, conocen las problemáticas, tienen las evaluaciones, tienen los
profesionales. Si la conferencia sectorial de educación no sirve para mejorar la educación, creo que vamos por muy mal camino. Yo le pregunté a usted en una comparecencia si alguien ha echado cuentas para hacer un horario de una clase, porque con
el 50 % de las troncales más las específicas que son obligatorias, más la religión, vas sumando y la autonomía de los centros queda reducida tal vez a una hora a la semana, esa gran autonomía de proyecto educativo de los centros. Si no lo he dicho
bien me contradice, a lo mejor usted ha hecho un horario y puede contradecir mi posición.
Desde hace tiempo y después de leer la norma creo que usted ha construido un relato. Esta palabra se la diré siempre porque usted se la dijo a mi portavoz, aunque usted la utilizó en plan despectivo. Ustedes quieren dominar la educación,
ustedes quieren dominarla, y la única competencia básicamente exclusiva es la expedición de títulos. Usted coge la expedición de títulos y, a partir de ahí, va bajando y va controlando todo el sistema educativo. Eso es recentralizar, eso es
recuperar competencias que desde el año 1981 estaban cedidas a las administraciones educativas. A partir de una competencia exclusiva usted va bajando y como tiene que expedir los títulos dice que pone unas pruebas. La de 6.º de primaria tuvo que
saltarla, pero ¿por qué tuvo que saltarla? Porque no podía dar título, porque si pudiese controlarla, también la controlaría, y esa la tuvo que dejar a las administraciones educativas. (Aplausos). A partir de ahí, usted controla las evaluaciones.
Pero, claro, si tiene que poner los ejercicios y evaluar las competencias, tiene que dominar el currículo entero de la asignatura. Esa es su estrategia, ese es su relato y ese relato es recentralizador y ataca la distribución competencial que
tenemos en este momento y deja a las comunidades educativas sin margen para hacer políticas educativas.
El castellano. ¿Usted cree que nosotros no podemos poner currículo de castellano, que nosotros no queremos participar en el diseño de la lengua castellana y de la literatura castellana? Es usted el que no quiere participar en el diseño de
la lengua catalana, es usted el que quiere poner por delante de la lengua catalana la lengua castellana, y eso no va a poder hacerlo en Cataluña, no va a poder hacerlo, porque el sistema educativo de Cataluña no tiene centros que se especialicen en
lengua vehicular en castellano. En aquellos centros que están en zonas donde el uso del castellano no es tan habitual como en la costa, el
proyecto educativo lingüístico de los centros aporta asignaturas no lingüísticas con lengua vehicular castellana, pero no porque lo pidan los padres, sino porque es necesario para que los alumnos dominen por igual las dos lenguas que son
cooficiales y que queremos dominar y usar de igual forma y al mismo nivel.
Homogeneidad. ¡Pero si evaluamos competencias! Es igual que se sepan quién es el autor de un texto o no. Lo que tienen que sacar es la información y relacionarla con la pregunta y con lo que tienen que hacer. Lo que menos importa es el
autor. Eso es evaluar por competencias. ¿Para qué quiere homogeneizar? Usted quiere homogeneizar; no es la evaluación por competencias la que le obliga a homogeneizar. No estamos evaluando contenidos y, por tanto, todo el mundo tiene que saber
lo mismo porque el examen será sobre aquello. Estamos evaluando competencias y podría hacerlo censalmente. ¿Y por qué no lo puede hacer muestralmente como PISA? Con una muestra clara y rica tendría la misma información.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar irremisiblemente.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Y no superpondríamos dos sistemas que no tienen nada de eficientes ni de eficaces.
El señor PRESIDENTE: Acabe ya, señor diputado.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Sí, acabo.
Dos preguntas. No me ha respondido por qué la educación infantil, la formación profesional y las enseñanzas artísticas superiores tienen una distribución competencial diferente. Y la segunda pregunta es cómo va a hacer para expedir un
único título cuando se examinarán los alumnos de 4.º de ESO de dos áreas de matemáticas diferentes, las aplicadas y las académicas. ¿Cómo lo va a hacer? O hace los exámenes iguales para expedir el mismo título o ya está rompiendo la norma que
usted mismo está poniendo. ¿Cómo lo va a hacer si hay dos matemáticas, la aplicada y la académica?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, está usted también con estereotipos. Habla usted de que no hay alternativas. Nosotros pusimos encima de la mesa ciento cuarenta y ocho alternativas, que son las del pacto por la educación y de las que usted no quiso ni oír
hablar. (Aplausos). Tampoco nos ha gustado mucho que hable usted de ignorancia palmaria. Podemos ser ignorantes los once grupos que hemos presentado enmiendas a la totalidad, pero ¿es ignorante toda la comunidad educativa? ¿Estamos todos
equivocados, señor ministro? Yo creo que usted tiene el síndrome del conductor kamikaze, que piensa que todos van en la dirección contraria porque vienen contra él. Creo que es lo que le pasa a usted. Habla de las leyes y dice que solamente ha
habido dos leyes educativas. ¿Se ha preguntado usted por qué solamente han estado en vigor desde el año 1990 la Logse y desde 2006 la LOE, señor ministro? Porque han sido dos leyes consensuadas a las que solamente ustedes votaron en contra. No
mire usted al tendido del 8. Solamente votaron en contra ustedes. (Varios señores diputados: ¡Muy bien.-Aplausos). Por eso han durado tanto tiempo. Señor ministro, léase las cosas. Solo votaron ustedes en contra; el resto de grupos o las
apoyaron o se abstuvieron. ¡Ah! Votaron en contra solamente ustedes. (Varios señores diputados: ¡Ah!). Usted tiene en la espalda once enmiendas a la totalidad; no sé lo que le pesarán, pero son once enmiendas a la totalidad. Le digo más,
porque es otro latiguillo que la LOE fue una continuación. No, está usted muy equivocado. Léaselo. ¿Sabe usted cuántos artículos de la Logse permanecen con cierta literalidad en la LOE? Se lo voy a decir yo: solamente ocho, señor ministro. La
LOE fue una ley que, después de la universalización de la educación, dio una vuelta a la calidad. Solamente figuran ocho artículos. (El señor ministro hace signos negativos). Me dice usted que no. Pues le voy a decir más, y no quería perder
tanto tiempo en esta cuestión: solamente un artículo de la Logse, solo uno, está exactamente igual en la LOE; es el artículo 80 de la LOE y 63 de la Logse, que sigue siendo el 80 en su ley y que habla de compensación de las desigualdades en
educación; es el único que queda y ustedes lo han aceptado. Por lo tanto, no dé por hecho esos latiguillos o no crea usted que aquí nos chupamos todos el dedo.
Financiación. Estoy con usted, es verdad, y lo dice PISA, un aumento de la financiación no produce automáticamente un incremento de la calidad de los sistemas educativos, sobre todo cuando la curva, cuando esos sistemas educativos ya son
suficientemente buenos aunque sean mejorables. Pero es que
usted ha hecho un destrozo de 865.000 millones, si hablamos en pesetas. Es que usted en solamente dos presupuestos ha dejado a cero la casilla de la educación especial y ha recortado un 68 % la educación compensatoria. ¿Sabe por qué hacen
eso? Nosotros lo tenemos muy claro, aunque usted me lo niegue, porque a usted le han encargado hacer una ley barata y la ley barata solamente se obtiene recortando de atención a la diversidad, que es lo que está usted haciendo. (Aplausos).
Señor ministro, si habla de Finlandia, cuéntelo todo de Finlandia. Solamente hay prueba, solamente hay reválida en el bachillerato, no en la obligatoria, es mentira lo que está usted diciendo, no es verdad. Está usted faltando a la razón.
Cuente más, cuente que en Finlandia no existen los itinerarios, cuente que en Finlandia hay una educación comprensiva hasta terminar la educación obligatoria, cuente que el 95 % es educación pública, cuente que en Finlandia la universidad es
gratuita, cuéntelo todo.
Habla usted de la selectividad. Señor ministro, la presidenta de la CRUE se lo dijo muy claramente, lo que pasa es que yo creo que no ha entendido usted lo que es la selectividad. Los alumnos aprueban sus competencias en segundo de
bachillerato, la selectividad tiene por misión, primero, ser una prueba de madurez y, segundo, seleccionar para ir a carreras que tienen más demanda que oferta; repito, se lo dijo la presidenta de la CRUE.
La autonomía de los centros. Señor ministro, léase las comparecencias, dedique el verano a leer las comparecencias, yo le invito a ello. El Consejo de Estado le dijo que, de autonomía, nada. Tendrá otras lecturas mucho más importantes, me
lo imagino, pero léase alguna. Léase, por ejemplo, a Andreas Schleicher, al padre de PISA, léaselo. Ya sé que le conocerá de mucho. (Risas). Léase lo que dijo ayer. Pregunte a su compañero don Eugenio Nasarre que fue quien le interpeló sobre la
autonomía. Pregunte lo que dijo el señor Andreas Schleicher. (El señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert Ortega, muestra un documento). Escuche lo que dijo. Léase donde dice que esta ley no va a mejorar la autonomía de los centros,
señor ministro.
Termino, porque se me ha acabado el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar, lo siento.
El señor BEDERA BRAVO: Usted dice que no hemos entendido nada, que no hemos entendido la FP básica -que no me ha dado tiempo a entrar en ello-, que no hemos entendido la autonomía. No sé si usted conoce a un cantante que se llama Peret.
Este señor decía: 'si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente no sirve de na'. (Varios señores diputados: ¡Muy bien.-Risas y aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bedera.
Señor ministro, si quiere usted formular alguna observación sobre lo que se ha dicho, ahora es el momento. Tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señorías, si me lo permiten, voy a comenzar por la referencia musical del señor Bedera. Yo no tenía a Peret entre mis favoritos pero, a partir de ahora, me
esmeraré en el conocimiento de sus letras.
Ya un poquito más en serio, si alguna señora o señor diputado se ha sentido molesto por la referencia a la ignorancia palmaria (Varias señoras y señores diputados: ¡Sí!), que no era evidentemente de carácter general sino referida al
contenido específico de en la ley, lo retiro inmediatamente sin ningún problema. (Rumores).
Voy a responder brevemente a todas las cuestiones concretas que me han sido planteadas, y empiezo, en el orden en que las mismas se han producido, por la señora Robles. Yo estoy de acuerdo, señora Robles, en que los resultados del sistema
educativo vasco, en alguna medida, no digo que en todas, están basados en las ventajas de inversión a las que se ha referido el señor Martínez Gorriarán -ya sabe su señoría que en el País Vasco la inversión por alumno, grosso modo, es el doble, por
ejemplo, de la que se produce en Extremadura o en Canarias-, pero también creo que hay factores culturales e históricos que los condicionan. Por ejemplo, uno muy claro, la selección de itinerarios hacia la formación profesional que históricamente
ha tenido lugar en el País Vasco y que es muy diferente de la del resto de España. El abandono educativo temprano, muy inferior al del conjunto de España, es la consecuencia no de una mayor tasa de titulación en bachillerato, que es muy similar a
la del resto de España, sino de una mayor titulación en formación profesional.
Reconociendo esos resultados superiores, lo que le discuto o le niego es que una norma que cambia las reglas del juego con una orientación general a la mejora de la calidad, y por tanto a la mejora de resultados, no pueda también ser eficaz
en aquellos entornos -por ejemplo, el País Vasco o Navarra- donde esos resultados están ya muy por encima de los de otras comunidades autónomas. En el debate de las enmiendas podremos ver algún aspecto concreto. Su señoría se ha referido, también
en conversaciones privadas, a los que tienen que ver con la formación profesional, y estaremos encantados de debatirlo con usted.
Por lo que se refiere al tema de la reserva foral y el anclaje constitucional, la reserva foral no evita que prevalezcan criterios constitucionales de lo que son competencias exclusivas. Es decir, la reserva foral tiene que entenderse -así
se dice de hecho en la ley educativa básica- en la medida en que sea compatible con competencias constitucionales que marcan el artículo 27 y muy singularmente el 149.1.1ª. Y le diría algo más. Desde el punto de vista práctico yo no veo que ahí se
plantee ningún problema concreto.
No voy a entrar en el tema de las ingles porque creo que sobre ese tema ya hay un tratamiento exhaustivo en una película que seguro que a su señoría también le gusta mucho, Amanece, que no es poco. Yo sería incapaz de superarlo.
Señor Martínez Gorriarán, yo creo que el hecho de que esta ley se plantee como una modificación de la LOE se puede ver desde una perspectiva crítica si uno entiende que nada de lo que contiene la LOE es salvable, pero también se puede ver
desde una perspectiva, que es la que adopta la ley, de mejorar aquello que resulta claramente mejorable y no incidir en aquello que no entendemos que sea un obstáculo para el funcionamiento del sistema. Pero con lo que me quedo obviamente es con la
voluntad que expresa su señoría de entrar en debate de cuestiones concretas y de hacerlo así en el examen de las enmiendas de la ley.
Señora García, yo no he visto esa referencia que ha hecho a la distinción entre los malotes y los buenos para la formación profesional básica. Yo no la hubiera hecho nunca, pero tengo que recordar aquí algo que es absolutamente esencial.
La formación profesional básica es un itinerario que eligen el alumno o los padres del alumno siguiendo un consejo orientador del centro y que no se le impone a nadie. Es una vía voluntaria ante una situación en la que el centro estima que el
alumno o la alumna no pueden mantenerse en el itinerario común. Lo que no se puede es decir para unas cosas que se les está quitando poderes a los centros o que no se está respetando la autonomía del profesor y para una cuestión tan decisiva como
esta, que es ese consejo orientador, quejarse de que exista semejante consejo orientador.
No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que su señoría piensa que son defectos o que son problemas de la ley como, por ejemplo, estimular a los centros a que emprendan acciones de mejora. No diré que compitan entre ellos pero sí que al
existir mayor transparencia sobre su funcionamiento y su rendimiento todos sientan el estímulo de la mejora, pero naturalmente respeto su posición y entiendo que a usted le parezca mejor que haya opacidad, que no se sepa cuál es el rendimiento de
los centros, que los padres no tengan una información transparente sobre los centros en los que se están educando sus hijos y cualquier otra cosa que a su señoría se le ocurra. He de decirle que una de las notas que se contempla en la ley es
prestar especial atención a los alumnos con necesidades educativas especiales y que, además de todo ello, la detección de esas necesidades educativas especiales se va a hacer de una forma más precoz, más temprana, de lo que se realiza ahora.
El señor Barberà se ha referido a las cincuenta comparecencias. Me consta que su señoría ha participado con asiduidad y constancia en todas ellas y no puedo sino alabar su comportamiento. Me han traslado lo que en ellas se ha dicho, por lo
menos de lo que mis colaboradores han entendido que era más relevante, y sin que esto quiera decir nada en concreto con respecto al tono general de las mismas o al contenido concreto de algunas, creo que en esas comparecencias se ha expresado una
pluralidad de puntos de vista sobre la educación en general y sobre la reforma en particular que naturalmente, en la medida en que sea coherente con los objetivos y los instrumentos que la ley contempla, intentarán ser acogidos en el proceso de
enmiendas parciales.
Dice usted que con la constricción de horarios que existe por parte de la reserva de la ley no es posible ejercer la autonomía. No es cierto, señor Barberà, es posible ejercerla puesto que no hay más reserva que la del 50 % y existe la
posibilidad de asignar los horarios que no están reservados a esas asignaturas troncales y, por supuesto, decidir tanto la carga lectiva de las mismas como la elección de asignaturas específicas por parte de la Administración educativa y del centro.
En el tema de la lengua vehicular tendría que hacer de nuevo una disección completa de la disposición adicional trigésimo octava para recordarle que no hay ninguna imposición del castellano como lengua vehicular sino con carácter
complementario y siempre en proporción razonable, es decir, que no se habla de una imposición como lengua vehicular exclusiva y que, por tanto, si la situación es la que describe su señoría y a la que se ha referido también la consellera en algunas
de sus intervenciones públicas, es decir, que hay un número razonable de centros que ofrecen también una línea educativa que utiliza en proporción razonable el castellano como lengua vehicular, entonces lo que le tendría que decir es que no hay
ningún problema, nos sentaremos, lo veremos y veremos si de verdad existe o no existe esa oferta.
No he acabado de entender, y sin duda ese es un problema mío y no suyo, el problema que plantea con respecto a la valoración de competencias y la homogeneidad. Es que las competencias también se pueden valorar de una forma homogénea, pero
yo he dicho algo que creo que es importante. Nosotros entendemos que el hecho de que tenga que haber unas evaluaciones homogéneas es perfectamente integrable y perfectamente compatible con una participación en el diseño de las pruebas de las
administraciones educativas. Y en esa línea, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar con esas administraciones educativas en la conferencia sectorial y en cualquier otro ámbito de debate que sea pertinente.
Por último, señor Barberà, en lo que se refiere a la primaria, a las enseñanzas artísticas y la formación profesional, es la propia naturaleza de esos estudios la que realmente no tiene sentido. ¿Cómo vamos a organizar la formación
profesional, con la inmensa variedad que tiene, con ese criterio de troncalidad? Al final, usted sabe que la ordenación académica en ese tipo de enseñanzas se rige por unas reglas distintas, pero tengo que decirle también que sí que existe un
cierto principio de troncalidad, si bien con carácter optativo, para la inclusión de asignaturas académicas en el currículo de la formación profesional de grado medio.
Finalizo, señorías, respondiendo al señor Bedera. Me lo he dejado en el escaño, pero le puedo citar de memoria el análisis que hemos hecho no sobre las 148 alternativas, porque solo hemos encontrado 104 del Partido Socialista, para el pacto
educativo. Algunas de ellas corresponden más a competencias del Ministerio de Empleo que del Ministerio de Educación. Otras, ciertamente, no están recogidas en la norma, pero le tengo que decir que de esas alternativas que proponía el Partido
Socialista, la Lomce recoge 76, es decir, hay una proporción muy razonable de esas propuestas para el pacto educativo que están recogidas. Le vuelvo a decir lo que le dije en mi despacho hace no tanto tiempo. Si ustedes consideran que hay ámbitos
en los que podemos alcanzar un acuerdo razonable, que no exige necesariamente que exista un acuerdo sobre la totalidad de la ley, y yo me referí a los aspectos que tienen que ver con la arquitectura del sistema y todos aquellos cuya estabilidad o
falta de estabilidad puede tener una repercusión más negativa en el funcionamiento del sistema, le reitero lo que entonces le dije: estamos en la mejor disposición para considerarlo.
No nos vamos a enredar, señor Bedera, en una discusión finlandesa. Finlandia es un país muy peculiar, está muy al norte, tiene una población muy homogénea desde todos los puntos de vista -cultural y social- y tiene un estilo de vida -vamos
a llamarlo así- con mucha implicación de la familia, del sistema de bibliotecas públicas, etcétera. Es normal que un sistema educativo en el que se acude al colegio no a los 3 años, como sucede aquí con el 98 % de los estudiantes, sino a los 7 y,
sin embargo, en las pruebas de Pirls y de Timss ya tienen una ventaja notable sobre los alumnos españoles, tenga elementos que podremos intentar replicar, pero muchos de ellos no serán replicables. Desde luego -no voy a entrar en ello-, el tipo de
razonamiento que se hace sobre si el sistema es comprensivo hasta los 16, encaja mal con la realidad, y tenemos mucha información estadística de la OCDE e incluso de la propia Unesco, que demuestra que, entre otras cosas, en Finlandia la proporción
relativa de titulación en formación profesional es muy superior a la de países que tienen un gran arraigo en la formación profesional.
Me cita usted, por último, señor Bedera, la intervención del doctor Andreas Schleicher en las comparecencias que se han celebrado. Ha citado concretamente el aspecto referente a la autonomía. Tengo que decirle que, efectivamente, el señor
Schleicher, que valoró muy positivamente las evaluaciones, que consideró que la edad de elección de itinerarios no podría en modo alguno calificarse como segregación y que hizo también, como su señoría ha indicado, algunas observaciones sobre la
autonomía, lo que dijo es que esta autonomía, la autonomía que en la Lomce se contempla, siendo, por supuesto, mejor que la situación actual, es muy insuficiente respecto al margen de autonomía deseable de los centros. Así que si su señoría lo que
considera es que hay que introducir aún más autonomía, igual que le he dicho que
estamos en la mejor disposición para abordar esos aspectos en los que podemos llegar a acuerdos, también en este estamos en disposición de llegar a acuerdos.
Señor presidente, señorías, concluyo diciendo simplemente dos cosas. Yo no he hecho, ni mucho menos, una descalificación global del sistema educativo español, no podría hacerla, no creo que sea justo descalificarlo. Me he referido a
aquellos aspectos que son claramente mejorables y es nuestra obligación mejorarlos, y alguno de esos aspectos tiene mucho que ver con una cuestión que machaconamente se ha aducido aquí, que es la cuestión de la equidad, y es que en la salida, siendo
un sistema muy equitativo en la entrada, es un sistema muy poco equitativo y que excluye a muchos alumnos, especialmente a los que vienen de un nivel socioeconómico más bajo. La prueba de ello es que el análisis dinámico que hace la OCDE sobre el
rendimiento de los distintos sistemas nacionales señala que el nuestro no solo ha perdido en rendimiento educativo, sino que también ha perdido en equidad en los últimos nueve años, entre 2000 y 2009.
Quiero finalizar diciendo que la reforma educativa hoy es la reforma más importante a la que se enfrenta no este país sino cualquier país, que los problemas que tenemos en educación no solo los tenemos los españoles, sino todos los europeos
y habría que decir también todo el hemisferio occidental. Hemos estado hablando reiteradamente de PISA a lo largo de la tarde y hemos hablando de Finlandia en PISA, pero hay que tener en cuenta que Finlandia es una rara avis en el panorama europeo;
que de los diez países que ocupan las primeras posiciones en PISA, sistemáticamente en las tres competencias, seis o siete son países de Asia Pacífico, dos son países europeos, uno siempre es Finlandia y otro en algún caso Liechtenstein o un país de
menor relevancia, en otro Holanda, y un país norteamericano, siempre Canadá, y que se está desplazando el eje de relevancia de las naciones y de las sociedades hacia el tema educativo, y que si no somos capaces de recoger los mejores ejemplos, de
dejar de mirar al pasado y mirar hacia el futuro, de dejar de mirar hacia nosotros y mirar hacia los demás, no vamos a tener el coraje, la determinación y la resolución de mejorar nuestro sistema. Ese es nuestro propósito y eso es lo que pretende
la ley.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Finalmente, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular ha defendido, defiende y defenderá la necesaria mejora del sistema educativo español. Este y no otro es el objetivo primordial que condiciona en el día de hoy el apoyo al proyecto de
ley que el Gobierno trae a esta Cámara.
Señores del Grupo Socialista, señor Bedera, habla usted de consenso. Yo le pido que no recuerde, tan solo piense; año 2005, 1,5 millones de personas en defensa de la calidad y la libertad de la educación pidiendo al Gobierno Socialista la
retirada de la Ley Orgánica de Educación, su LOE. La LOE aprobada por 181 votos; esta ley, la Lomce, como mínimo será aprobada por 186, mayor respaldo, el respaldo que han querido todos los españoles. (Aplausos.-Rumores). Señorías, no cuestionen
nuestra legitimidad. Tenemos la legitimidad de haber elaborado una ley a la que ustedes, señores socialistas, no le dieron una oportunidad; la legitimidad de ocho años de oposición presentando día a día propuestas para la mejora de la calidad del
sistema educativo; la legitimidad de una enmienda a la totalidad de 145 páginas, desde luego algo que no ha hecho ninguna de sus señorías; la legitimidad de haber salido del pacto trampa tejido por el PSOE, y la legitimidad que nos han dado 11
millones de españoles que han querido cambiar la educación en este país. (Aplausos.-Rumores). Nunca, señorías, como ahora la educación ha sido un factor tan decisivo, no solo para la realización personal de cualquier individuo, sino para el mejor
ejercicio de la libertad y también para alcanzar mayores cotas de progreso social y económico. La educación, la formación que proporcionamos a nuestros alumnos es el mayor patrimonio que tenemos como nación. Por eso, lograr de una vez por todas
una educación de calidad, de la máxima calidad, tiene que ser nuestro objetivo prioritario.
Señorías, hemos perdido demasiado tiempo y nuestra educación no puede cometer un error más. La última década ha sido una oportunidad perdida para el sistema educativo español; para él y para cuantos dependen de él; para los profesores, a
los que se les ha negado sistemáticamente la posibilidad de desarrollar sus capacidades y se les ha hurtado la autoridad que todo profesor tiene en el aula; para las familias, a las que permanentemente se les ha cuestionado el derecho a elegir la
educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. La libertad de enseñanza, señorías, constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo constitucional. Las familias españolas aprecian cada vez más el derecho a elegir el
centro
escolar que quieren para sus hijos y quieren hacerlo sin trabas ni obstáculos, porque son ellos, los padres, los primeros responsables de la educación de sus hijos. Por eso, no entendemos el frontal rechazo que la libertad genera en la
izquierda de este país (Rumores y protestas), especialmente en el principal partido de la oposición. (Aplausos). La libertad de enseñanza no solo es un principio constitucional, es garantía de calidad, porque sin libertad no habrá calidad.
Señores socialistas, su obsesiva desconfianza, su búsqueda de enfrentamiento entre la escuela pública y la concertada solo puede esconder una visión acomplejada de la educación española. (Protestas). Quieren imponer, necesitan imponer no solo su
modelo educativo, sino la máxima uniformidad en la aplicación del mismo. Hace más de veinte años entraron en la perversa espiral del modelo comprensivo y son incapaces de desprenderse totalmente de él. Creen que la única obligación del Estado es
garantizar la escolarización del alumno de los 6 a los 16 años, pero no les preocupa ni lo que ocurra dentro del proceso ni mucho menos el resultado final. Se mueven en un desesperante conformismo que oculta su incapacidad de alternativa y la falsa
creencia de que ustedes, solo ustedes están legitimados para decir cómo, de qué forma y para quién tiene que ser la educación de este país. (Aplausos). Pues bien, se equivocan. La educación no es propiedad de nadie ni las becas tampoco, y mucho
menos de ustedes. (Rumores). Señorías, ustedes no creen en la igualdad de oportunidades (Protestas), creen en la igualdad de resultados, pero por abajo, y a eso lo llaman equidad. Por eso pretenden limitar cualquier signo de autonomía y
transparencia en el sistema. De igual modo que su modelo Logse-LOE ha desterrado en las aulas la cultura del esfuerzo y la exigencia personal, ahora ustedes se oponen a cualquier tipo de iniciativa que permita una mayor autonomía de gestión y
decisión en la oferta educativa; que implante la cultura de la evaluación y a la vez exija una mayor rendición de cuentas, porque eso supondrá la confirmación de que nuestro sistema educativo está vivo, más vivo que nunca, y que tan solo precisa
que le rompan las cadenas que le atan a un modelo anticuado y anquilosado. Miren, aquellos países que han sabido conjugar evaluación, transparencia, autonomía y rendición de cuentas, han mejorado de forma notable sus resultados. No pueden negar la
evidencia.
Ayer, el máximo responsable del informe PISA confirmaba en sede parlamentaria algunos elementos decisivos que no solo justifican esta reforma, sino que avalan la correcta dirección de la misma. Sus afirmaciones son contundentes: España
necesita mejorar en calidad. En los resultados de evolución de PISA 2000-2009, nuestro país ha empeorado en lectura y se ha estancado en matemáticas y ciencias. No hemos crecido en calidad como otros países. Hay elementos del proyecto de ley cuya
eficacia está altamente contrastada (Rumores); las evaluaciones como elementos que permiten un cambio en la metodología y en la estructura del sistema claves para actuar sobre aquellos alumnos que más dificultades tienen, sobre aquellos centros que
no cumplen los objetivos de calidad exigibles. Si España hubiese dispuesto de estas evaluaciones, hubiese mejorado en 16 puntos su rendimiento en PISA y estaríamos a la altura de los países de nuestro entorno. La transparencia. Decía ayer Andreas
Schleicher que la publicación de los resultados tiende a mejorar los resultados. Además, ustedes, que son finos analistas de los informes de la OCDE, tendrían que hacer caso a algunas de sus recomendaciones. Especialmente a aquellas que se
refieren a la necesidad de implantar políticas para mejorar el acceso de las familias en desventaja a la información sobre las escuelas y para apoyarlas en la toma de decisiones. Miren, los centros no eligen a las familias, son las familias quienes
eligen centro, y lo deben hacer teniendo pleno conocimiento de la oferta educativa del mismo y de la calidad de la educación que se imparte en sus aulas. (Rumores).
Señorías, todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y tenemos derecho a la máxima información porque nuestro derecho es hacer la mejor elección. Ustedes hablan de ranquin, nosotros hablamos de libertad. Señorías del Grupo
Socialista, se lo dice PISA. La elección temprana, a los 14, 15 o 16 años, de diferentes vías u opciones como hace la reforma, no es segregación. Además, debieran entender y aplicar su propia medicina. Ustedes que consideran esta ley
extraordinariamente mercantilista, no tuvieron reparos en hacer un cambio sustancial en la actual ley, la LOE, en la estructura del sistema, a través de una ley económica, que se debatió en la Comisión de Economía del Congreso y no en la de
Educación, que ni siquiera pasó por el Consejo de Estado. Ustedes introdujeron los itinerarios, eso que denominan segregadores, por la puerta de atrás, y lo hicieron así porque resultaría insultante criticar una medida en el año 2002 y hacer una
mala copia de la misma dos años después. Si somos capaces de mirar hacia el futuro descubriremos que podemos tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo, porque disponemos de lo mejor, nuestros alumnos. El potencial de nuestros niños y
jóvenes es extraordinario, es el mayor capital del que dispone nuestro país, debemos cuidarlo. Ofrecerles una educación de la máxima calidad es lo mejor que podemos hacer por ellos y también por nosotros. No
podemos ignorar la enorme brecha que nos separa del resto de Europa. El número de jóvenes que no terminan la educación obligatoria en España, o que habiéndola acabado deciden no continuar con sus estudios postobligatorios, representa
exactamente el doble de la media europea. Algo debió ocurrir cuando ni siquiera aquellos alumnos que pueden continuar sus estudios hacia el bachillerato o hacia la formación profesional de grado medio no se animan a hacerlo. Ese es nuestro gran
problema, porque el actual modelo educativo dotado de una rigidez extrema ha sido a lo largo de los años una barrera infranqueable para los intereses y las actitudes de los alumnos. Ni se ha sabido ayudar al más débil, al alumno con dificultades,
ni potenciar a aquellos alumnos brillantes que por sus capacidades podrían ser un referente para el resto de los grupos; la perversa uniformidad que ha condenado al fracaso a cientos de alumnos. Por eso, la verdad, produce cierto sonrojo oírles
hablar a ustedes -precisamente a ustedes- de segregación y de elitismo. No hay nada más segregador que expulsar a uno de cada cuatro alumnos del sistema educativo. No hay peor segregación que diseñar vías de segunda y tercera división en el
sistema donde aparcar aquellos alumnos a los que ustedes no les han dado ni una sola oportunidad, porque piensan que su compromiso finaliza con escolarizarlos. (Rumores.-Aplausos). No hay nada más elitista que limitar la libertad de enseñanza a
aquellas familias que quieren educar a sus hijos conforme a su modelo y sus propias condiciones. ¿Sabe cuál es su problema? El problema es que ustedes no creen en las segundas oportunidades. (Rumores). No creen que un alumno pueda reorientar su
expediente académico. Por eso, sus programas de cualificación profesional eran una vía muerta. Por eso, critican que un alumno que cursa la formación profesional básica pueda pasar a la formación profesional de grado medio y de esta a la superior.
Por eso, nunca apostaron por la formación profesional, porque su limitada y anticuada visión de lo que ocurre en el resto del mundo les ha llevado a despreciar la formación profesional. En España, del 22 % de alumnos con estudios postobligatorios
tan solo un 8,4 % tiene estudios de FP de grado medio, frente a un 33,5 % de la OCDE. ¿Ustedes creen que esto demuestra un prestigio de la formación profesional? Nosotros defendemos que la formación profesional puede ser una fuente de
oportunidades para los alumnos, exactamente en la misma medida que puede ser el bachillerato.
Señorías, diferentes grupos parlamentarios -y voy terminando, presidente- han pedido al Gobierno que renuncie a su impulso de mejora. Desde luego, ninguno lo ha hecho con un texto articulado de alternativa. Algunos porque siguen instalados
en la terrible idea de que la educación les pertenece y de que fuera de su modelo no puede, no debe existir alternativa. Otros porque se sienten cómodos con un modelo del que no tienen que dar cuentas absolutamente a nadie, un modelo que ha
provocado la ruptura del sistema educativo español, que ha desterrado el principio de igualdad de oportunidades y ha generado diferencias con relación al nivel de conocimiento de los alumnos de hasta un curso académico. Señorías, mi grupo
parlamentario no puede aceptar que la educación sea un factor de desigualdades territoriales en el conjunto de la nación, no puede aceptar el inmovilismo como receta de mejora. Ayer, el director de un instituto público decía: Si seguimos haciendo
lo mismo, seguiremos obteniendo lo mismo. Veinte años con un mismo modelo son suficientes para detectar que esto no funciona. Señorías, el ejercicio del derecho a la educación por parte de todos, sin ningún tipo de exclusión y en condiciones que
garanticen una real igualdad de oportunidades constituye el mejor pasaporte...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.
La señora MONEO DÍEZ: Termino, señor presidente. (Rumores).
Esto es lo que recogía la enmienda a la totalidad que el año 2005 presentó el Grupo Parlamentario Popular. Hoy pensamos exactamente lo mismo, por eso apoyamos este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moneo.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERÈNCIA I UNIÓ), DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, SOBRE LA DEFENSA DEL SECTOR NAVAL ESPAÑOL.
(Número de expediente 162/000702).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), La Izquierda Plural, UPyD, Vasco y Mixto, sobre la defensa del sector naval español.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo un hecho que va a resultar histórico: el sector naval español se encuentra en un ultimátum, si no da marcha atrás el socialista señor Almunia -y los socialistas europeos, no nos engañemos- el sector naval va a
entrar en una fase de desguace. En unas horas se sabrá qué decide la Unión Europea por boca del comisario de la Competencia sobre la vida laboral y profesional de 88.000 trabajadores de 19 astilleros de Galicia, el País Vasco y Asturias, porque hay
que devolver casi 3.000 millones de euros en desgravaciones fiscales recibidas desde 2005 a 2011 para la construcción de 237 barcos, y todo ello por la competencia del sector asiático (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). El comisario de la Competencia, el socialista señor Almunia, autor principal del cierre de las minas, ahora se convierte en el enterrador de un sector rentable como el naval al anunciar el 27 de junio que el tax lease es incompatible
con la legislación europea, en una maniobra de presión de holandeses y de noruegos, buscando seguridad financiera del ente emisor, que son los bancos. Esta proposición no de ley, a penas va a servir como gesto formal de unión, pero me temo que no
va a ser suficiente para la supervivencia del sector. Se ha desatado una máquina de destrucción de riqueza y empleo que tiene ya un dato: en el año 2012 a penas ha habido contratación en los astilleros de Asturias, de Sestao y de la Ría de Vigo.
Hay suficientes argumentos jurídicos, políticos, económicos y de precedentes como la condonación de las desgravaciones anteriores de Francia o los incumplimientos de Alemania al Pacto de Estabilidad.
Termino, señor presidente, al socialista señor Almunia le faltan pocos meses para terminar su mandato, con los méritos de ser el destructor de sectores industriales españoles en nombre de una competencia a la carta, según el poder de cada
país en Bruselas. A este paso, y parafraseando las palabras del rey Alfonso VI al Cid Campeador en el poema de Mio Cid, habría que decirle que no se le dé pan, luz y lumbre en todos los territorios del Reino.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez.
Por el mismo grupo, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, defendemos la enmienda que presentamos a esta proposición no de ley por una razón fundamental, que es continuar la iniciativa que el Bloque Nacionalista Galego ha tenido al respecto de considerar que el asunto del tax lease o la
devolución de las ayudas, como las denomina la Unión Europea, de lo que fue el anterior tax lease, no es una cuestión jurídica, no es una cuestión menor, sino que es una cuestión que debería haber requerido del Gobierno la atención política al más
alto nivel. Por eso, presentamos la enmienda instando al Gobierno a actuar ante las instancias de la Unión Europea y no solamente ante el presidente Barroso, sino también ante los presidentes del resto de los Estados que componen la Unión. A día
de hoy, nos enteramos de que el presidente Rajoy se ha dirigido al presidente Barroso y nosotros decimos: ¿por qué no lo ha hecho ya hace meses? Desde la tribuna del Congreso de los Diputados se lo hemos planteado en diferentes ocasiones. En este
momento, en una situación in extremis se está actuando con unanimidad en la Cámara y, por otro lado, con una actuación del Gobierno que desde nuestro punto de vista debería haberse llevado a cabo hace ya mucho tiempo.
Hoy, señorías, estamos a unas horas de una resolución de la Comisión de la Competencia que a todas luces no parece que sea favorable. Y no es cuestión de quién va a tener que devolver esos fondos; es cuestión de que esta resolución en esos
términos significa que deja al sector naval del Estado español, de manera específica al gallego, en una situación de inestabilidad y de inseguridad tremenda ante cualquier armador o compañía que quiera contratar la construcción de un buque con
nuestros astilleros. Por lo
tanto, no es un problema de quién tiene que devolver, sino que es una cuestión de quién tiene que garantizar una situación al sector naval, de manera que pueda seguir compitiendo en el mercado. Por eso, señorías, entendemos que se debe
mantener un diálogo abierto con los Gobiernos de la Unión Europea para conseguir, aunque sea en este último minuto, que la Comisión Europea no imponga esa devolución de los fondos.
Señorías, somos conscientes de la importancia de que se diera unanimidad en la presentación de esta proposición no de ley, aunque entendemos que no estamos en momento de pedir o de solicitar reconsideraciones, sino que estamos en el momento
de la actuación política. Pero en aras de esa unanimidad que entendemos va a ser necesaria a partir de mañana para actuar en otras direcciones, pero en defensa del sector naval, no vamos a someter la aceptación de nuestra enmienda a la
consideración de los grupos y vamos a votar favorablemente la proposición no de ley. Pero ya les decimos, señorías de todos los grupos políticos, de manera especial al Grupo Popular...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, tiene que finalizar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Termino, señora presidenta.
A partir de mañana se necesitará también que haya unanimidad, pero que haya contundencia en el Gobierno para defender al sector naval. Somos conscientes de que la financiación del sector naval no solamente es una cuestión del tax lease, son
otras medidas que el Gobierno debe adoptar.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Fernández, acabó su tiempo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el mismo grupo, señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, como ustedes saben faltan menos de veinticuatro horas para que se dilucide el futuro del sector naval tanto en Euska Herria como en el Estado. Una decisión que, por lo que al País Vasco respecta, puede poner en juego el pan de más
de 6.000 familias que ven su porvenir en riesgo. Además, hay que tener en cuenta que los cinco astilleros vascos están situados en zonas especialmente azotadas tanto por la crisis como por el paro, como son Sestao, Santurtzi, Erandio o Pasaia.
Estos municipios esperan con angustia la resolución que mañana aprobará la Comisión Europea, ya que, de ratificarse o edulcorarse la decisión de devolución de las bonificaciones fiscales, el sector naval del País Vasco sufrirá una puntilla; un
sector vital de la economía vasca que ya estaba en crisis y eso, señorías, no lo podemos permitir.
Hoy aquí también debemos criticar la labor del Gobierno que, desde nuestro punto de vista, no ha actuado con el ahínco y la transparencia necesarios en el caso. Se ha estado esperando hasta última hora para ir a visitar o llamar a los
señores Almunia o Barroso sin que el ministro, señor Soria, haya comparecido en esta Cámara como le solicitamos la semana pasada. Claro, esta estrategia la entendemos cuando sabemos que el presidente Rajoy dice a sus amigos que al final la vida es
resistir y que alguien te ayude. No, señor Rajoy, y no, señores del Grupo Popular. La vida también es defender y luchar por lo que es justo, es reclamar justicia para los débiles y para los desprotegidos, y en este caso los débiles son los
trabajadores del sector naval.
Por último, sobre la Unión Europea qué decir; es injusto, intolerable que una vez más sea la clase trabajadora la que tenga que pagar las confusiones, los errores, las equivocaciones de las instituciones europeas. Esto está ocurriendo
demasiado últimamente. Esta no es la Europa de los ciudadanos, de la solidaridad o de la seguridad jurídica; en todo caso es la Europa de los sobres, de las presiones, de los lobbies, de las puertas giratorias, en definitiva la Europa del tío
Gilito y de los lobbies, a la que al parecer -a alguna de ellas- el señor Almunia ha cedido. Por último, queremos señalar que Amaiur apoyará la enmienda realizada por el Bloque Nacionalista Galego en defensa del sector naval y de sus trabajadoras y
trabajadores.
Muchas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, mañana, 17 de julio, la Comisión Europea puede cometer un gravísimo error de consecuencias irreparables y a propuesta de un comisario español, antiguo
secretario general del Partido Socialista Obrero Español. La decisión de la Comisión Europea puede suponer el principio del fin de los astilleros privados situados en Galicia, Asturias y Euskadi, la desaparición de un sector hoy competitivo, con un
nivel tecnológico alto y que da empleo directo o indirecto a más de 87.000 personas, trabajadores que engrosarían los más de 6 millones de parados ya existentes actualmente en el Estado español. Sería una decisión además que, de ser así, se puede
adoptar en contra de los trabajadores de las empresas afectadas, de los propios astilleros y sus propietarios, de las empresas y entidades financieras que han utilizado el sistema de tax lease, del Gobierno español; en contra del Gobierno vasco,
del Gobierno gallego, del Gobierno asturiano, de la totalidad de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, incluida la formación política a la que pertenece el comisario; y también en contra del conjunto de los ciudadanos, que no
entienden las decisiones de una Europa que no defiende a sus trabajadores y a sus empresas. Nada vale frente a la posición aparentemente intransigente: ni la presión política ejercida por la unanimidad de esta Cámara; ni la presión política
ejercida la pasada semana por el ministro de Industria, el lehendakari Urkullu y los presidentes de Galicia y Asturias; ni la presión sindical ejercida por los trabajadores; ni las demandas empresariales del sector; ni las peticiones de los
ciudadanos. La Comisión por no respetar ni siquiera respeta las posiciones mantenidas al respecto por la anterior comisaria de Competencia Neelie Kroes, que en el año 2009 y por escrito consideraba el tax lease conforme a la normativa y a las
reglas de juego comunitarias ante una consulta vinculante; una posición que no fue en ningún momento caprichosa sino que fue la respuesta a una consulta de la ministra noruega en referencia a la validez europea del sistema de tax lease español.
Tras varios meses de negociaciones y de trabajo entre la Comisión y el Gobierno español la conclusión fue que dicho sistema era conforme a la legislación comunitaria. De hecho, como saben sus señorías, tras la posición comunitaria
favorable, el armador noruego satisfecho con la clara respuesta de la comisaria Kroes encargó diez barcos al astillero español. La seguridad jurídica que entonces se le suponía al sistema hoy parece cuestionada por el actual comisario de
Competencia. Frente a esta posición de la excomisaria, el señor Almunia argumenta, y lo señala en una carta, que la posición anterior no tiene validez jurídica. Desde el Grupo Vasco le preguntaríamos: ¿y validez política, señor Almunia? Estamos
hablando de empleo, del futuro de un sector y de la Unión Europea, para que se tomen las decisiones tan solo teniendo en cuenta un punto de vista supuestamente tecnocrático y, a nuestro modo de ver, excesivamente limitado, por no calificarlo de
impresentable. Lo veíamos venir; los más europeístas como el Grupo Vasco, como el Partido Nacionalista Vasco, estábamos con la mosca detrás de la oreja. En caso de una solución desfavorable se confirmará la sospecha de Europa: no nos podemos
fiar, salvo que seamos alemanes o franceses. Estos últimos en un tema similar no fueron sancionados. Parece ser que los pobres del sur tenemos que cumplir con mayor escrúpulo las reglas europeas.
Desde el Grupo Vasco nos hemos manifestado en multitud de ocasiones en defensa del sector naval y de la utilización del sistema de tax lease para que nuestros astilleros sean competitivos. Son ayudas, por otra parte, similares o al menos
equivalentes desde el punto de vista cuantitativo a las de otros países como Holanda, que es quien ha recurrido el sistema. Una decisión contraria a los astilleros y a sus trabajadores no solo va a afectar al Estado español sino también al conjunto
del sector a nivel europeo y beneficiará, por contra, a los astilleros asiáticos. Interpelamos en su día, cuando se produjo el recurso, a la entonces vicepresidenta Elena Salgado y preguntamos y solicitamos desde el Grupo Vasco al señor Rodríguez
Zapatero cuando era presidente y al propio presidente Rajoy la defensa de los intereses de los astilleros y sus trabajadores, mostrándose ambos favorables entonces a la resolución de esta cuestión. Como saben, el propio lehendakari solicitó al
señor Rajoy que tratara de solventar el asunto con el presidente de la Comisión Durao Barroso; ayer parece que hablaron, pero no sabemos exactamente ni de qué ni a qué se comprometieron. No vale la disculpa de estar preocupado por otros asuntos
como el de Bárcenas porque nos estamos jugando mucho, sobre todo en Galicia, Asturias y Euskadi. La margen izquierda y otras zonas de Euskadi han sufrido ya anteriormente con las reconversiones del sector naval en términos de desindustrialización y
de paro. Evitemos la innecesaria y caprichosa desaparición de un sector económico importante y defendamos los puestos de trabajo, sin olvidarnos tampoco de aquellas entidades financieras y empresas que posibilitaron, a través de la fiscalidad, la
construcción de un número importante de buques y barcos y que se hicieron además al amparo de un sistema e instrumentos legales que lo permitían. Lo hicieron desde la legalidad y desde la buena fe. Muchas empresas además -no las
grandes, las que siempre se citan, como Inditex, IKEA, etcétera, que tienen solvencia suficiente, sino otras muchas pequeñas, que aplicaron deducciones inferiores a los 5 millones de euros- también podrían verse perjudicadas y obligadas a
cerrar como consecuencia de una resolución negativa. Por tanto, las consecuencias previsibles de una decisión comunitaria desacertada desbordan ampliamente y van más allá del sector de los astilleros. Por todo ello, si finalmente la Unión Europea
comete mañana la tropelía anunciada y aboca al sector naval a su desaparición, desde el Grupo Vasco no lo entenderemos; no lo entenderá nadie, ni los trabajadores, ni las empresas, ni los ciudadanos en general y, a nuestro juicio, habremos dado un
paso importante también en el proceso de desafección que se está produciendo en relación con la voluntad política de apostar por Europa. (Aplausos).
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo apoya en su integridad y en su literalidad esta proposición no de ley. Pensamos que sería una pésima noticia para la economía, para la industria y para el empleo en España que la consecuencia de esta amenaza que pende sobre
los astilleros acabara negativamente para los intereses del país, que son de todos y compartimos. Quiero aprovechar la ocasión para decir que para ganar en este tipo de cosas debería haber un cambio de mentalidad entre los principales partidos del
Gobierno en España porque no dejan de ser sorprendentes dos datos: en primer lugar, que ya se supiera desde el año 2006 que el sistema de tax lease era un sistema problemático. Francia ya tuvo problemas, y, aunque consiguió devolver solamente
algunas de las ayudas, tuvo que hacerlo. Por lo tanto, es insólito, o no entendemos que se hayan dejado pasar siete años y que ahora se presente como un ultimátum. ¡Vaya, ultimatums de siete años serían los que los ultimados desearían! Me parece
que ha habido una evidente improvisación y una falta de algo que también por otra parte es habitual, que es no tomarse en serio las leyes, creyendo que el resto del mundo es como España y no tomarse en serio las instituciones, pensando que todas son
como las nuestras, por ejemplo, acusando personalmente a un comisario europeo. Es un comisario europeo. Si fuera comisario europeo y se me echara en cara que no represento a mi país por seguir la lógica de las normas europeas me quedaría
francamente, si no indignado, prevenido en contra de los intereses de quien me trata de esa manera. Por eso, pensamos que apoyando esta petición también es una llamada de atención que habría que entender de un modo positivo y no aprovechar esto
para sembrar más euroescepticismo o para pensar que Europa -como también ocurre en las instituciones españolas- es un juego de doble entrada en el que la normas que nos interesan nos parecen bien y las que no nos interesan las ignoramos. Hay un
precedente, que es el de las vacaciones fiscales vascas, que también fueron condenadas en el año 2006 por el Tribunal Europeo de Justicia. De manera, que nuestro grupo está francamente extrañado de que sorprenda que teníamos este lío pendiente y
que en Europa se exija el cumplimiento de las normas europeas que la propia España como Estado ha suscrito.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la corrupción es una enfermedad; una enfermedad transmisible que en estos momentos asola al partido del Gobierno, enferma al Gobierno y pretende también contaminar a esta Cámara. Señorías, esta no es una Cámara mortuoria, esta es
una Cámara de control del Gobierno y de iniciativa legislativa. Hasta ahora, ustedes la han convertido en una Cámara de excepción, en una Cámara de decretos. No convertirán a esta Cámara en una Cámara que no sea capaz de controlar al Gobierno. El
Gobierno vendrá a esta Cámara, dará cuentas y dimitirá. (Aplausos).
En relación con la iniciativa que nos trae aquí -la de la defensa del sector naval-, señorías, permitan que mi grupo, adhiriéndose a la reconsideración de la sanción por parte de la Comisión Europea, sea escéptico, porque, en primer lugar,
en Europa cunde una política económica únicamente financiera que desprecia a los sectores productivos y a los trabajadores. Esa es la posición que defiende la llamada comisión de la incompetencia, que no es otra cosa en estos momentos que la
Comisión Europea. Y en segundo lugar, señorías, estamos atrapados por una política industrial de nuestro Gobierno que podríamos
denominar la política de Atila. Cada sector industrial que toca, sector industrial que se acaba; le pasó al sector minero y ahora el sector naval. Le agradezco al señor Rajoy que sea optimista con el sector naval. Qué remedio le queda si
en otras materias no puede serlo. Nosotros no somos optimistas ni con lo que pueda hacer el señor Rajoy ni tampoco con la Comisión Europea.
Sabemos que la Comisión Europea en esta materia es un pollo sin cabeza. Comenzó perdonando la sanción a Francia, continuó diciendo que la sanción era para los armadores, más allá la sanción era para los inversores; ahora cambia el
calendario y la sanción que comenzaba en 2005 será a partir de 2007. Señorías, no son las leyes, no es si quiera el dogma liberal; además es el pollo sin cabeza que en estos momentos es la Comisión Europea y, desgraciadamente, para esta materia y
para otras la Unión Europea. En todo caso, no queremos cejar, no queremos ceder, respaldamos una iniciativa que comparten las comunidades autónomas del País Vasco, de Asturias y de Galicia. Respaldamos una iniciativa que también compartimos los
grupos parlamentarios porque creemos que es justa y garantiza la situación actual de trabajadores y del sector naval en nuestro país y porque creemos que es necesario este tipo de iniciativas y de apoyos. Señorías, por tanto, votaremos a favor
-como hemos firmado- de esta iniciativa.
Quiero terminar, ya que estamos hablando del sector naval, hablando de hace una década, cuando se produjo la catástrofe del Prestige. Comenzó con una vía de agua, a alguien se le ocurrió alejar el barco a alta mar y convirtió un accidente
en una catástrofe. Señorías del Grupo Popular, no alejen al presidente del Gobierno de la verdad porque cada vez que lo alejan de ella lo que hacen es anunciar su catástrofe.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo se ha sumado a esta proposición no de ley porque entendemos que es de apoyo incuestionable al sector naval, a la industria que incorpora y a la ocupación que genera, además de una llamada a la igualdad de trato y a evitar
discriminaciones y cierta inseguridad jurídica como la que se ha generado. En definitiva, lo que reivindicamos desde nuestro grupo parlamentario y se pide en esta proposición no de ley por parte de todos los grupos firmantes es que la Comisión
reconsidere la propuesta avanzada por el comisario y aplique los principios de igualdad y de seguridad; ello implica que Europa considere que las autoridades de Competencia tomaron una decisión en el caso francés que supone, por la similitud del
mismo, un claro precedente para España. Si esto se decidió para el caso francés, ahora estos criterios deberían llevar a la misma decisión para España, pues lo que no puede ser es que las normas sean flexibles para unos e inflexibles para otros,
además de valorar los contundentes argumentos legales que ha aportado el Estado español. Desde nuestro grupo solicitamos un total apoyo a esta iniciativa firmada conjuntamente, una llamada a las autoridades europeas a reconsiderar la decisión y un
apoyo firme y decidido por la industria, y hoy específicamente por la industria naval, por lo que hoy representa en términos de ocupación y de actividad industrial y por lo que debe representar en el futuro en el crecimiento industrial y en la
aportación de innovación e internacionalización.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por el Grupo Socialista, señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace casi dos meses nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley en la que pedíamos también la resolución de este asunto pero añadíamos un punto más, la necesidad de elaborar por parte del Gobierno de España un plan
industrial sobre el sector naval debidamente negociado y pactado con las industrias relacionadas y también con los sindicatos. (Rumores). Decimos esto porque ahora estamos asistiendo a un asunto puntual de una problemática que viene arrastrando el
sector naval durante décadas. En la proposición no de ley que debatimos hoy y que está firmada por el conjunto de los grupos parlamentarios de la Cámara se pretende respaldar las negociaciones que llevaron a cabo tanto el ministro de Industria y el
presidente del Gobierno de España como los presidentes autonómicos y también la patronal a través de Pymar y los sindicatos mayoritarios, así como un conjunto de negociaciones previas de todas las instituciones implicadas entre las que se incluyen
los alcaldes, como el de Vigo y otros representantes institucionales. Por tanto, desde aquí quiero hacer un pronunciamiento y un llamamiento al Colegio de Comisarios que mañana va a tomar la decisión para que tenga en cuenta la
voluntad de esta Cámara por unanimidad pero también la voluntad de las autoridades institucionales y responsables de España en defensa de un sector que, siendo muy importante para la industria española, es estratégico y decisivo en los
territorios donde se asienta. Valgan dos ejemplos que voy a poner: en el caso de Vigo son 9.000 empleos directos y tiene un peso importantísimo en empleo directo y vinculado; y en el caso de la comarca asturiana de Oscos-Eo solo el Astillero
Gondán supone el 15 % del PIB de la comarca. Por tanto, estamos hablando de un sector de enorme importancia. Hablaba al principio de la importancia de un plan industrial porque la tarea de defensa del sector naval no se agota aquí, señorías, y no
podemos dar por resuelto el problema poniéndonos en la hipótesis de que la solución de mañana sea favorable, porque, no siéndolo, el problema va a ser mucho más grave. Aun siendo favorable -insisto- la tarea de los Gobiernos, más específicamente
del Gobierno de España y también del Parlamento Europeo no se agota aquí, porque este es un problema de competencia interior que se viene produciendo durante décadas en el sector naval. Es derivado de una deficiencia reiteradamente apuntada de
inexistencia de armonización fiscal en Europa, que junto con la unidad económica es obligado para que el sistema económico europeo pueda funcionar más allá de la unión monetaria. Por tanto hay que resolver la armonización fiscal para resolver los
problemas que reiteradamente se están sucediendo... (Rumores). Es que hay ruido de fondo... Tengo que gritar.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora Carcedo. Ruego silencio, por favor, para que podemos escuchar a la oradora y no tenga que forzar excesivamente su voz.
La señora CARCEDO ROCES: Gracias, señora presidenta.
Decía que existe un problema de mercado interior y que no se sabe a veces en qué condiciones en unos países hay problemas y en otros no con un modelo fiscal sí y con otro no; pero también existe un problema derivado de la globalización
económica, un problema de competencia exterior. Señorías, el 90 % de la construcción naval se produce en el sudeste asiático, y Europa tiene que ser capaz de dar respuesta a la globalización económica mediante un sistema productivo competitivo
basado básicamente en la innovación. Europa es consciente -así lo reconoce en la comunicación que envía la Comisión Europea al Parlamento Europeo- de la desindustrialización preocupante que existe en los Estados miembros y se plantea como objetivo
elevar del 16 al 20 % el porcentaje en el PIB del sector industrial, y el sector naval cumple perfectamente con los requisitos que requiere esta nueva estrategia industrial basada en la innovación. Además es necesario que Europa sea consciente de
que el sector naval necesita una seguridad jurídica que despeje las incertidumbres que viene viviendo hasta el momento y también que establezca una confianza legítima en las instituciones comunitarias y de los Estados miembros que permita y
favorezca una inversión productiva.
Señorías, termino ya diciendo que si es necesaria la seguridad jurídica y la confianza legítima también lo es la seguridad política y la confianza democrática de los ciudadanos en las instituciones. El momento que vive nuestro país es de
enorme incertidumbre política, y reclamo tanto al Gobierno como al principal grupo de este Parlamento que lo resuelvan de forma urgente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Carcedo.
Por el Grupo Popular la señora Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías.
Quisiera empezar agradeciendo a todos los grupos de esta Cámara firmantes de esta iniciativa que hayan dejado a un lado lo que nos separa para fijarse en lo que nos une, que no es otra cosa que la defensa de nuestro país, nuestra economía y
sobre todo nuestros puestos de trabajo. Gracias a todos ellos en nombre del Grupo Parlamentario Popular por sumarse a esta iniciativa.
Nadie duda a estas alturas de los beneficios que ha supuesto para España la entrada en la Unión Europea. Es cierto que ha supuesto una cesión de soberanía muy importante en determinados ámbitos, pero para nada está reñida con que un país
legítimamente defienda sus intereses, más cuando, en casos como el que nos atañe, nos asisten razones de toda índole. El sector naval español es un sector fuerte. No está presente en todo el territorio, pero allí donde está tiene un peso muy
importante en la economía de nuestras comunidades autónomas; como han dicho aquí, 87.000 empleos, diecinueve astilleros privados, armadores, inversores y una industria auxiliar mucho más importante en número de empleos. Pues bien, este sector está
amenazado de muerte, está sentenciado. Hoy si no logramos todos cambiar
la postura del comisario de la Competencia, el socialista señor Almunia, estamos asistiendo a sus últimos suspiros. Lo que más nos duele como españoles no es ver a un comisario español sentenciando a un sector importante -que también-; lo
más importante y lo que más nos duele es que lo haga como lo está haciendo, de forma injusta y arbitraria. Decimos injusta y arbitraria porque hemos demostrado que nos asisten razones jurídicas que el Gobierno de España ha ido aportando a lo largo
de todo el procedimiento. Por si no fuesen suficientes, también nos asisten los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.
La Comisión Europea, señorías, conocía el sistema del task lease español desde el año 2001, es decir, antes incluso de que hubiese entrado en vigor. Fueron necesarios diez años para que la Comisión Europea se decidiese a abrir un expediente
sobre este sistema, pese a que durante este tiempo fueron varios los países que se dirigieron a la misma para preguntar sobre el sistema de bonificación fiscal español, y siempre -digo bien, siempre- fue informado positivamente por la Comisión
Europea. En el año 2009 la antecesora del comisario Almunia, la señora Neelie Kroes, se dirigió a los noruegos afirmando rotundamente que el sistema de bonificaciones a la construcción naval era admitido por la Comisión Europea y en ningún caso
supondría ayudas de Estado. Por eso se encargaron los barcos noruegos a España. Esta es la prueba de esa carta. En esta carta se pregunta directamente sobre las ayudas, y la propia comisaria de Competencia decía que los servicios de la Comisión
lo habían analizado y no estimaban que deberían ser consideradas ayuda de Estado. ¿Cómo se puede decir ahora que esta comunicación oficial de la comisaria europea no tiene validez jurídica? Queda demostrado que la Comisión Europea tenía
conocimiento en el año 2009 del task lease español y no lo consideró contrario a la normativa europea. La Comisión, como dijo el señor Feijoó, no puede ir en contra de sus propios actos aunque se empeñe el señor Almunia. En consecuencia, señorías,
en las circunstancias particulares del presente caso, la Comisión no podrá ordenar la devolución de las ayudas abonadas sin conculcar el principio de seguridad jurídica.
Tuvo que llegar el señor Almunia, antes ministro socialista de este país, a decirnos que no; a decirnos que iba a abrir un expediente a España ante las denuncias de los astilleros holandeses; a decirnos que lo que había dicho la comisaria
anterior no tenía validez. Desde ese momento en el mercado se introduce un nuevo elemento, la desconfianza. Si hasta entonces nuestros astilleros tenían carga de trabajo y una cartera de pedidos amplia, a partir de entonces los clientes huyen y
los pedidos decaen. Es curioso que decaen al mismo ritmo que los pedidos de los astilleros de los Estados que denuncian y Asia crecen, nuestros competidores más directos. ¿Qué ha cambiado entonces para que ahora nuestro sistema sea examinado por
la Comisión Europea? El comisario y los lobbies que operan a su alrededor. Hoy se trata de decir que en España hay un lobby mayor: el de todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que representan a todos los
españoles acompañando al Gobierno de la nación en una reclamación justa. No vamos a permitir que se condene a un sector importantísimo de nuestro país al cierre. Son muchos los trabajos que dependen de él directa e indirectamente en toda España
(en Galicia, País Vasco y Asturias).
Señorías, este grupo parlamentario y la diputada gallega que les habla estamos seriamente preocupados. Es mucho lo que nos estamos jugando como país y parece que el comisario señor Almunia no está dispuesto a cambiar de opinión. Si lo que
nos avanzó hace unas semanas en un desayuno informativo era la peor noticia que se podía dar a un sector productivo de España, la postura que transmitió a la delegación española que se entrevistó con él en Bruselas no fue mucho más alentadora. En
la práctica supone el cierre de los astilleros, en la práctica supone la condena a muerte a nuestro sector naval. Las pretensiones españolas eran claras: dejar sin efecto el expediente abierto a nuestro país y, en consecuencia, no declarar ayudas
de Estado el mecanismo del task lease español de 2005 a 2009. El comisario hizo oídos sordos y mantiene acerca de la seguridad jurídica, pese a ir en contra de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que España tiene que devolver
las ayudas. Es injusta y es arbitraria, porque la supuesta flexibilidad que expuso la delegación española también es engañosa. El señor Almunia hace unas semanas dijo que no tenían que pagar los astilleros, y ahora que no tienen que pagar los
armadores sino que van a ser los inversores. De proliferar esta postura, debe saber el señor Almunia que la decisión va en contra de los financiadores, es inviable para que el sector disponga de crédito para seguir construyendo, y los grupos
bancarios, que tradicionalmente han apostado por el sector naval se verán profundamente perjudicados. Esto parece una incongruencia viniendo tal decisión de Europa. En principio esto va a comenzar como una guerra jurídica, porque todos ustedes
saben que estos contratos están blindados por armadores y financiadores. Además, si se mantiene en sus posiciones y no cede en cuanto a la fecha estipulada en la devolución de ayudas, pasando de 2005 a 2011, como así le pidió la delegación
española, la muerte del sector está sellada. Hoy nos hemos enterado de que parece ser que existe un nuevo borrador que el comisario propondrá mañana. Parece ser que ahora se pedirá la devolución de las ayudas para el año 2007. Deben saber
ustedes, señorías, que el periodo en el que se construyeron más buques fue precisamente de 2007 a 2011. ¡Qué casualidad, señorías! Pero esto no es más que una muestra de la debilidad argumental del señor Almunia. ¿Recuerdan esta carta de
marzo de 2009? Pues con los mismos criterios bien puede establecerse en el año 2011 en vez del año 2007, como pidió el ministro de Industria, el señor Soria, la semana pasada.
En resumen, señorías -termino ya-, necesitamos que el señor Almunia, compañero de algunos de ustedes, señorías del Grupo Socialista, incluso ministro del Gobierno de España, cambie de opinión. Este grupo parlamentario quiere agradecer el
trabajo que el Gobierno de España ha hecho en este asunto. Al presidente, don Mariano Rajoy, que ayer mismo habló con el presidente Durão Barroso; al ministro de Industria, el señor Soria, que ha impulsado la reunión celebrada en Bruselas con la
delegación española; a los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, señor Feijóo, País Vasco, señor Urkullu, y Asturias, junto con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras; a todos ellos por su importante apoyo al sector.
En definitiva, con la aprobación unánime de esta PNL queremos trasladar un mensaje de absoluta cercanía a los empresarios y a los trabajadores del sector naval, de los astilleros y de su industria, que un día como hoy, a poco menos de veinticuatro
horas de tomarse esa decisión tan importante, hacen vigilia en sus sedes, en Vigo, en Bilbao, en Gijón. Es una decisión que se debe tomar. Todos los que estamos aquí hoy estamos de acuerdo en que la decisión que tome mañana el señor Almunia tiene
que ser tomada no por patriotismo sino por justicia. Esto va por todos aquellos que defendemos el sector naval sin fisuras.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moraleja.
Les rogaría a todos los diputados que ocuparan sus escaños para poder contar los que están. Señores diputados, hay sitio para todos, esto es como en los funerales, ocupen los sitios que están libres. (Risas).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA. (Número de expediente 121/000048).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Aunque el artículo 84 del Reglamento dice que en este caso que no se utiliza el marcador electrónico habría que levantarse y sentarse, lo vamos a sustituir por levantar la mano. (Varios señores diputados: ¡Bien!).
Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad educativa. Se votan conjuntamente las once enmiendas presentadas al ser todas de devolución.
Se han emitido 4 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 149; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (Aplausos).
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, SOBRE LA DEFENSA DEL SECTOR NAVAL ESPAÑOL.
(Número de expediente 162/000702).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar a continuación la proposición no de ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Catalán de Convergència i Unió, de Izquierda Plural, de UPyD, PNV y Mixto sobre la defensa del sector
naval español. ¿Puedo considerar que hay asentimiento de la Cámara para aprobarla por unanimidad? (Asentimiento).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos).
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.
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