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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 121, de 18/06/2013
cve: DSCD-10-PL-121
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 121
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 115
celebrada el martes,
18 de junio de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con el fin de equiparar la pensión de orfandad al régimen
general de la Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 97-1, de 15 de octubre de 2012. (Número de expediente 122/000080) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para garantizar la efectiva participación de las comunidades autónomas en los aumentos de recaudación de los impuestos parcialmente cedidos. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 117-1, de 19 de abril de 2013. (Número de expediente 122/000099) ... (Página12)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan integral de optimización de recursos alimenticios en beneficio de los sectores más desfavorecidos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
285, de 7 de junio de 2013. (Número de expediente 162/000668) ... (Página24)
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la defensa de la negociación colectiva. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 285, de 7 de junio de 2013. (Número de expediente
162/000663) ... (Página33)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en I+D+i y sus consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo. (Número de expediente 173/000091) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página51)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página4)
De conformidad con el artículo 68.1 del Reglamento, se somete al Pleno la modificación del orden del día consistente en la permuta del orden del debate del punto 26, relativo a la interpelación urgente de Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural y del punto 28, relativo a la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con el fin de equiparar la pensión de orfandad al régimen general
de la Seguridad Social ... (Página5)
En turno a favor interviene la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica el señor Olabarría Muñoz.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para garantizar la efectiva participación de las comunidades autónomas en los aumentos de recaudación de los impuestos parcialmente cedidos ...
En turno a favor interviene el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Fernández Davila y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista y Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página24)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan integral de optimización de recursos alimenticios en beneficio de los sectores más desfavorecidos ... (Página24)
Defiende la proposición no de ley, así como la autoenmienda a la iniciativa la señora Martín Pozo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Jordà i Roura, el señor Baldoví Roda y la señora Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Ros Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Martín Pozo.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la defensa de la negociación colectiva ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley el señor Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Gutiérrez del Castillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Bravo Ibáñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Coscubiela Conesa.
Replica el señor Coscubiela Conesa y duplica el señor Campuzano i Canadés.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página42)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en I+D+i y sus consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo ... (Página42)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Cortizo Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Fernández Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Jordà i Roura, el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plura y Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Cortizo Nieto.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página51)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de
abril, con el fin de equiparar la pensión de orfandad al régimen general de la Seguridad Social, se rechaza por 134 votos a favor; 171 en contra más 1 voto telemático, 172 y 17 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para garantizar la efectiva participación de las comunidades autónomas en los aumentos de recaudación
de los impuestos parcialmente cedidos, se rechaza por 134 votos a favor; 175 en contra más 1 voto telemático, 176 y 8 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página51)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso con la autoenmienda, relativa a la elaboración de un plan integral de optimización de recursos alimenticios en beneficio de los sectores más
desfavorecidos, se aprueba por 173 votos a favor; 5 en contra y 144 abstenciones.
Sometido a votación el apartado primero de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la defensa de la negociación colectiva, se rechaza por 129 votos a favor; 174 en
contra y 18 abstenciones. Sometido a votación el apartado segundo de la citada iniciativa, se rechaza por 125 votos a favor; 178 en contra y 19 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en I+D+i y sus consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo, se rechaza por 144 votos a
favor; 172 en contra y 6 abstenciones.
Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado por la Junta de Portavoces, se somete al Pleno la modificación del orden del día consistente en la permuta del orden de debate del punto 26,
relativo a la interpelación urgente de La Izquierda Plural, y del punto 28,
relativo a la interpelación del Grupo Socialista. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Queda acordado.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 670/1987, DE 30 DE ABRIL, CON EL FIN DE EQUIPARAR LA PENSIÓN DE ORFANDAD AL RÉGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 122/000080).
El señor PRESIDENTE: Punto primero, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, con el fin de equiparar la pensión de orfandad al régimen general de la Seguridad Social. Para su defensa, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, señorías, uno de los exponentes más significativos de la acción protectora del Estado son las pensiones de orfandad, por afectar a un colectivo, dentro del colectivo de pensionistas, de los más
necesitados. A lo largo de los últimos años, en los que hemos venido haciendo inmensas reformas de la Ley General de la Seguridad Social, de la de Clases Pasivas y de las distintas pensiones, una de las asignaturas pendientes que tenemos es
afrontar de verdad la reforma de la orfandad y la viudedad, que necesitan que realicemos algún repaso. Durante los ocho años de Gobierno del Partido Socialista hemos hecho un esfuerzo importantísimo para subir las pensiones mínimas, especialmente
las mínimas de viudedad y las mínimas de orfandad, incluso generando una pensión que denominamos unipersonal para poder subir la pensión mínima de viudedad por encima de la pensión mínima general. Por tanto, cuando hicimos la Ley 27/2011, sobre
actuación, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, establecimos unos nuevos límites para la pensión de orfandad que llegan hasta los veinticinco años. Así, tienen derecho a pensión de orfandad los huérfanos menores de veintiún
años con carácter general y los menores de veinticinco años sin trabajo o con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Ya no se distingue entre orfandad simple u orfandad absoluta, sino entre si el huérfano trabaja o no trabaja. En
la disposición transitoria de la Ley General de Seguridad Social también acordamos el aumento paulatino de la edad con derecho a percibir la pensión de orfandad. Durante 2012 alcanzará a los menores de veintitrés años, durante 2013 a los menores de
veinticuatro y terminará en 2014 con los de veinticinco. Sin embargo, nuestros huérfanos en la actualidad están siendo tratados de diferente forma según pertenezcan a clases pasivas o a Seguridad Social, de forma que hoy, de dos huérfanos de
veintiún años que estén estudiando, uno puede tener derecho a seguir cobrando la pensión de orfandad y otro no, porque uno puede ser huérfano de clases pasivas y otro de Seguridad Social.
En los últimos años lo que hemos intentado es equiparar los dos regímenes; de hecho, saben que una de las recomendaciones del Pacto de Toledo se refiere a ir equiparando los regímenes del sistema. Tanto en clases pasivas como en Seguridad
Social en los últimos años hemos ido intentando equilibrar las prestaciones -si modificábamos una, modificábamos la otra-, sin embargo, algunos huérfanos nos han hecho ver que realmente seguía existiendo esa desigualdad entre el régimen general y el
régimen de clases pasivas.
Esta proposición de ley tiene como finalidad equiparar la situación de nuestros huérfanos con independencia de su pertenencia a uno u otro régimen, pues actualmente, aun perteneciendo tanto al régimen general de la Seguridad Social como al
de clases pasivas, con carácter general, la edad límite para ser beneficiario de la pensión es de veintiún años. Sin embargo, la elevación de la edad cuando el huérfano no realiza trabajo lucrativo o sus ingresos son inferiores al salario mínimo
interprofesional es divergente entre Seguridad Social y clases pasivas. Elevamos la edad a veinticinco años después de hablar con múltiples asociaciones de viudas y huérfanos, los cuales nos hicieron ver que el momento más delicado para quitarles
la pensión es a partir de los dieciocho años y hasta los veinticinco, momento de ingreso en la universidad, en el que necesitan mayores ingresos para poder seguir estudiando. Permítanme que diga que con el aumento de tasas que ha hecho este
Gobierno, a lo mejor esto carece de importancia porque la mayoría no puede pagar las tasas y no podrá seguir estudiando, pero ese es otro debate que no corresponde hacer aquí en este momento.
La proposición que hoy les planteo pretende equiparar a los huérfanos de clases pasivas con los huérfanos de Seguridad Social para que puedan seguir cobrando la pensión con la única diferencia de si trabajan y, si lo hacen, si cobran o no
cobran un salario superior al salario mínimo interprofesional. Nosotros, hace ya dos años, nos dimos cuenta de esta diferenciación y en los dos presupuestos que hemos debatido en esta legislatura presentamos enmiendas con el fin de corregir dicha
desigualdad, pero ha sido el Grupo Popular con sus votos el que ha impedido que esto ya esté reglado. Por ello, hoy me dirigiría al Grupo Popular haciéndole la reflexión de que permitan con su voto que tomemos en consideración esta propuesta de ley
y que debatamos todos los grupos cómo equiparamos a los huérfanos de los dos sistemas. Este es un momento de crisis en el que vivimos las situaciones más delicadas, y a lo mejor equiparando estas dos pensiones de orfandad conseguimos que algunos
huérfanos, que de otra manera no podrían, sigan estando en el circuito de la educación, accediendo a la universidad y pudiendo estudiar las carreras que han elegido.
La situación de desigualdad se puede corregir con el solo voto del PP. Realmente es difícil no compartir que un huérfano tenga igualdad de condiciones, ya sea de clases pasivas o del régimen general. Todos compartimos esa situación.
Seguramente me van a plantear que no quieren el debate en una proposición de ley, pero lo hemos intentado en los Presupuestos Generales del Estado y tampoco ha sido posible. Si estamos de acuerdo, hagamos un esfuerzo, y con su voto hagan posible
que los huérfanos tengan la misma pensión en un régimen o en otro. Creo que la acción protectora debe ser en igualdad de condiciones y que hemos de ir avanzando, tal y como nos dice el Pacto de Toledo, en la equiparación de la protección social y
de los regímenes. Ojalá podamos conseguir que en el futuro solo hubiera dos regímenes, el del trabajo por cuenta propia y el del trabajo por cuenta ajena, y acabaran todas las desigualdades que en este momento tenemos.
Termino pidiéndole al Partido Popular su voto afirmativo para la toma en consideración de esta proposición de ley. Creo que es de sentido común, que todos compartimos esta iniciativa y la única forma de conseguirlo es que el Partido Popular
vote sí a esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
No hay turno en contra, por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Subo a la tribuna para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición de ley que nos presenta el Grupo Socialista. Adelantamos que es una posición favorable a la toma en consideración de la misma, y lo es por
varias razones, señorías. En los últimos debates que se han dado en la Comisión del Pacto de Toledo, que finalmente facilitó o posibilitó el último documento que se denomina Acuerdo del Pacto de Toledo, y posteriormente en la tramitación de la Ley
27/2011, hubo una cuestión que estuvo presente en todo momento, que era avanzar en la equiparación de los dos regímenes de Seguridad Social: el régimen general y el régimen de las clases pasivas. Se dieron muchos pasos en la dirección de la
equiparación de los mismos, pero solamente dejando transcurrir prudencialmente el tiempo conseguiremos esa equiparación que a todos los grupos políticos les parecía razonable. Mientras tanto, señorías, también existía un acuerdo para que se fueran
eliminando aquellas diferencias de prestaciones y de protección que tenían los dos regímenes, por eso no podemos entender que en la Ley 27/2011 no se resolviera ya el asunto que hoy estamos tratando. Pero el hecho es que no fue así. En la Ley
27/2011 se mantiene una diferencia que a todas luces es una discriminación, en la medida en que se trata de diferente manera, en las mismas circunstancias, a las personas; de ahí nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta propuesta.
Señorías, también tenemos que manifestar el apoyo a la proposición de ley respecto a la disposición final que nos presenta. En este momento, donde la edad de los jóvenes para incorporarse al empleo es más tardía que hace unos años y, sobre
todo, la incorporación no suele ser estable ni suficientemente remunerada, nos parece adecuado que cuando estos jóvenes queden sin percibir un salario y vuelvan con menos de veinticinco años a las circunstancias anteriores de dejar de percibir la
prestación por orfandad, vuelvan a poder retomar la misma. Por ello, manifestamos el apoyo a la propuesta en las dos cuestiones, la de equiparar la pensión de orfandad tanto en clases pasivas como en el régimen general, así como a la disposición
que la propuesta presenta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora López i Chamosa, vamos a votar favorablemente esta proposición de ley que usted nos presenta con su mismo argumentario. Ha sido muy pertinente todo lo que usted ha dicho. Son
reflexiones difícilmente discutibles. Todo lo que suponga proceder a la convergencia del régimen de clases pasivas y el régimen general va a ser objeto de apoyo por nuestro grupo, pero estamos hablando de una de las prestaciones denominadas
técnicamente de supervivencia, que son dos, como sabe la señora López i Chamosa perfectamente: la pensión de viudedad y la pensión de orfandad. No son ni el Grupo Socialista ni el Grupo Popular los que pueden presumir de haber luchado por la
mejora de estas prestaciones, fundamentalmente en el ámbito de la viudedad, pero es que no puede presumir nadie. Esta mañana, señora López i Chamosa, usted, la señora España y yo hemos estado debatiendo prolijamente, de forma muy especulativa,
sobre el factor de sostenibilidad, su vinculación a la lucha contra el déficit, hasta qué punto es pertinente y si se ajusta a la jurisprudencia constitucional con el presidente de la comisión de sabios, por usar la expresión eufemística con la que
se califica a esta comisión que ha estudiado el factor de sostenibilidad por encargo del Gobierno. No ha habido una sola referencia a las prestaciones de supervivencia. Son dos grupos, fundamentalmente el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió y mi propio grupo, quienes siempre han estado al frente de las pretensiones legítimas de las viudas y de los huérfanos, mediante la elevación, en relación con las viudas, de los porcentajes para el cómputo de la prestación desde
el 48 % de las rentas o prestación del cónyuge que falleció hasta el 52 %, luego hasta el 60. No fueron ustedes ni fue el Grupo Popular, fue el Grupo Vasco y Convergència i Unió quienes luchamos siempre por las pensiones de supervivencia, quienes
luchamos por evitar la naturaleza contributiva de estas prestaciones en la ley que ustedes intentaron aprobar o mediante su intención de reforma en el año 2007, donde se intentó imprimir un carácter asistencial, un carácter no contributivo a estas
pensiones, cuando deben ser pensiones de naturaleza contributiva, y lo mismo cabe decir de la pensión de orfandad.
Usted lo que ha defendido hoy es legítimo y nosotros lo vamos a apoyar, la modificación del régimen de clases pasivas per saltum hacia la protección, mejor que el régimen de clases pasivas del régimen general, incluso el dimanante de la Ley
27/2011, y las referencias relativas a los huérfanos hasta los 25 años mediante el gradiente de convergencia por edades que aquí se establece, mediante los huérfanos, sobre todo cuando son huérfanos que no pueden trabajar o que trabajando perciben
remuneraciones inferiores al salario mínimo interprofesional o poseen un grado de discapacidad del 33 % o superior. Estamos absolutamente de acuerdo, pero si alguien se tiene que poner en esta Cámara la medalla en la defensa de los intereses de las
pensiones o pensionistas de supervivencia somos dos grupos parlamentarios, el grupo de Convergència i Unió y el que este diputado humildemente representa, no los demás. Cuando digo que no los demás, digo nadie; ni los ministerios de los distintos
Gobiernos ni los comités de sabios ni nadie. Estos colectivos son los eternos marginados a la hora de configurar un sistema de protección pública de pensiones, cuyo contenido esencial está en el artículo 41 de la Constitución, que les afecta como a
los demás y cuyo carácter contributivo es el mismo que las demás prestaciones o contingencias protegidas por el sistema. Hay una cierta propensión de los grupos mayoritarios que se alternan en la gobernabilidad del Estado español a olvidarse de los
problemas, de los intereses y pretensiones de estos colectivos. Desde esa perspectiva, vamos a apoyar esta iniciativa porque es de justicia lo que usted propugna y preconiza, pero no sería muy conveniente realizar reflexiones particularmente
apologéticas de lo hecho por uno mismo o de lo hecho por otro en relación con las prestaciones de supervivencia. Son otros grupos parlamentarios los que han luchado por estos colectivos.
Gracias, señor presidente. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, no haga usted estas interrupciones que están fuera de orden totalmente. Le ruego que hable con el señor Olabarría lo que quiera, pero en privado.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Esta cuestión ya la suscitó la misma diputada, señora López i Chamosa, el 9 de marzo de 2012. Entonces le dijimos que estábamos de acuerdo con el fondo y con la oportunidad de la proposición y mantenemos la misma intención. Vamos a votar a
favor de la propuesta que hace, ya que nos parece francamente bien la equiparación de la pensión de orfandad del régimen de clases pasivas al de la
Seguridad Social. Todo lo que dice nos parece absolutamente ajustado al sentido común, al derecho y a la propiedad de un sistema democrático, pero aprovecharé la ocasión para decir que realmente lo que debería quizá someterse a debate algún
día -llamo a ello a los grupos parlamentarios mayoritarios, que son los que pueden, dado su amplio cupo de iniciativas- es por qué diablos siguen existiendo dos regímenes distintos de pensiones, el de la Seguridad Social y el de clases pasivas. ¿No
estamos aquí manteniendo, aunque sea mejorando y corrigiendo, desfases del pasado y del presente, puesto que esto está en presente? También en presente, por cierto, señora López i Chamosa, porque durante su mayoría parlamentaria su partido lo
mantuvo. La otra vez, cuando usted tuvo a bien presentar esto con una gran honestidad intelectual como la corrección de un desliz legislativo, le dijimos que nos parecía muy bien reconocer este tipo de errores y que lo apoyábamos, y ahora decimos
lo mismo. Si realmente en marzo de 2012 había que buscar la equiparación de las pensiones de orfandad del régimen de la Seguridad Social y de clases pasivas, ahora seguimos pensando exactamente lo mismo, pero realmente el problema va más atrás.
Vamos a ver, ¿por qué un Estado de derecho tiene que tener semejantes intrincadas selvas burocráticas para despistar al ciudadano donde es realmente incomprensible el estatus de uno y donde incluso ser huérfano, que parece un hecho material
objetivo, se convierte en objeto de interpretación jurídica? Uno no sabe ya si es huérfano de clases pasivas o del régimen general de la Seguridad Social, y además no sabe por qué. Evidentemente, por herencia, de manera que al menos, ya que es
huérfano, le corresponde una herencia de tipo burocrático, pero lo que realmente habría que plantearse es acabar con estos anacronismos, estas herencias que son, por cierto, ni siquiera de la Transición, de la época de Cánovas, del régimen de la
Restauración. Habría que conseguir de una santa vez que haya transparencia, y transparencia es también que cualquier ciudadano, sin necesidad de recurrir a un abogado, a un procurador o a un asesor, sepa cuál es su situación en el campo de las
pensiones o en cualquier otro. Por tanto, el que haya dos regímenes diferentes es una cosa que no tiene un pase.
Como he dicho anteriormente, vamos a votar a favor esta proposición, pero llamamos la atención sobre el hecho de que es insostenible, y además irracional, corrijo, no es que sea irracional, hay una racionalidad, pero una racionalidad del
Estado que abusa y que se defiende de los ciudadanos creando una selva de normas y de normativas ante las cuales se siente indefenso, porque además es casi completamente imposible saber en qué situación está uno y mantener este tipo de cosas, y
ahora hablamos de las equiparaciones. Si equiparamos el régimen de la Seguridad Social al de clases pasivas, ¿por qué no hacemos un único régimen y ya está? ¿No sería eso mucho más claro, transparente, comprensible y racional? ¿Por qué diablos
tenemos que mantener estos dos tipos de categorías, que además afectan a derechos básicos como en este caso sería la percepción de una pensión, más allá, cómo decía el señor Olabarría, de si es de tipo asistencial o es contributiva? Lo que
realmente importa es que el régimen democrático sea un régimen claro, comprensible, accesible, que no esté sometido a la servidumbre de la asesoría, de la interpretación, de a ver usted en qué casilla se apunta. No, que sea algo fácil, como decía,
comprensible para todo el mundo. Este tipo de leyes, que no obstante en este caso vamos a apoyar, no hacen otra cosa que mantener el vicio de origen, y el vicio de origen son sistemas que mantienen la herencia de sistemas anteriores predemocráticos
para mantener toda esta costra, toda esta cutrez de normas que se corrigen entre sí, que se compensan entre sí, pero que no se compensan en el sentido democrático de contrapesos del poder, sino que introducen la incertidumbre y, por tanto, la
arbitrariedad.
Estoy muy de acuerdo con los argumentos de fondo que ha utilizado el señor Olabarría, salvo en uno. Ha dicho que su grupo y el de Convergència i Unió son los dos únicos grupos que defienden a los huérfanos, ha tenido aquí un ejercicio de
Robin Hood lleno de mérito y de interés. Pues hagan lo mismo en sus comunidades autónomas para que todo el mundo vea cómo los huérfanos vascos y catalanes son huérfanos con mayúscula y no como los españoles, que son huérfanos de segunda. No
obstante, tomando el guante que nos ofrece a todos los demás grupos, sí le diré que la solución de todas estas cuestiones no está en la modificación del detalle de la norma de la ley, sino en el cambio de reglamentación jurídica general, en el
cambio legislativo y que, por tanto, deje de haber una discriminación entre aquellos que son huérfanos por la Seguridad Social o por clases pasivas, porque, les guste a ustedes o no, lo lamento, ser huérfano es una consecuencia de la naturaleza, no
de la decisión jurídica ni de la decisión legislativa. Eso es lo primero que habría que arreglar. Pero como tenemos un sistema parlamentario, político en general, constitucional, tan tendente a mantener anacronismos absurdos, sea el concierto
económico y el cupo o sea la distinción de huérfanos de un tipo o de otro, sin que eso tenga nada que ver con el origen de su orfandad, qué quiere que les diga, votaremos a favor pero, por favor, ustedes que pueden y ustedes si
quieren hagan algo para cambiar toda esta morralla jurídico legislativa que lo único que hace es dañar los intereses objetivos de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario también va a dar soporte, va a apoyar esta iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista, que no pretende otra cosa que un deber de justicia. Y es que a situaciones iguales, no digo similares, se
den prestaciones iguales. En este caso que el derecho a la prestación de orfandad, tanto en el régimen general de la Seguridad Social como en el régimen de clases pasivas, sea igual y no ocurra como hasta ahora, que hay una situación de desigualdad
en perjuicio en este caso concreto de los afectados por las pensiones de orfandad en las clases pasivas. No sé si será cuestión, como diría el señor Olabarría, de medallas. Yo creo que este no es tiempo de medallas, desgraciadamente, sino, muy al
contrario, ya que estamos hablando de guerra, en vez de tiempo de medallas, tiempo de amputaciones. Es tiempo en el que las consecuencias no son precisamente heroicas sino trágicas. Eso es lo que me preocupa de la iniciativa parlamentaria; que
una iniciativa parlamentaria que hoy se puede considerar una iniciativa lógica, racional, de sentido común y de justicia, no se va a aceptar porque este no es el tiempo de la justicia sino que es el tiempo de la austeridad. Un tiempo de la
austeridad que no tiene el significado que tenía hace tan solo unos años. No. Este tiempo de la austeridad es el tiempo en el que se mantienen los privilegios de unos pocos y se amputan, se recortan los derechos de la mayoría. Este es el tiempo
de la austeridad. Por tanto, desconfío de que esta iniciativa vaya a obtener el voto afirmativo de la mayoría de la Cámara, aunque sí el respaldo de mi grupo parlamentario.
Además de este contexto general, seguramente nos encontraremos, otra vez más, porque no es la primera ocasión en que se debaten en esta Cámara iniciativas que hacen referencia al sistema de Seguridad Social y más en concreto a la política de
pensiones, con la excusa tradicional en esta Cámara de llévelo usted al Pacto de Toledo, no lo traiga directamente ni al Pleno ni a una comisión. Y eso que podría tener sentido en el caso de que hubiese realmente un Pacto de Toledo, cuando ese
pacto se ha convertido en un convidado de piedra, en concreto de las reformas legislativas en materia de pensiones, no deja de ser eso: una mala excusa para evitar el debate político y parlamentario con respecto a la política de pensiones. Porque,
señorías, hoy hemos tenido la ocasión de comenzar las comparecencias sobre la reforma de las pensiones o, mejor diría, el atraco al sistema público de pensiones. Y nos hemos dado cuenta -al menos mi grupo parlamentario lo piensa así- de una
cuestión eminentemente política, una cuestión en que por parte de los representantes de los ciudadanos se barajan recursos para determinadas prestaciones se ha convertido en una cuestión matemática. Es ahora una fórmula la que nos dice cómo va a
ser la prestación de las pensiones para los ciudadanos españoles porque un comité de sabios le da la lección necesaria al Pacto de Toledo de cómo deben ser las cosas. No hemos podido llegar más bajo, en nuestra opinión, con respecto a la autonomía
de la política. Parece ser que los políticos, en el caso del Pacto de Toledo, obedecemos a instancias oscuras -deben de ser nuestros votantes- y sin embargo los técnicos obedecen a la sapiencia, a la iluminación del saber. Pues no, señorías. En
el ámbito de los sabios también hay conflictos de intereses aunque no se hagan explícitos. Por ejemplo, no han tenido ninguna declaración previa como hubiera sido de exigir en un sistema, como se decía antes, político transparente. En definitiva,
a nosotros nos parece que esta cuestión -la que hoy plantea el Grupo Parlamentario Socialista pero el conjunto de las medidas de política de Seguridad Social y de pensiones- le corresponde, con el asesoramiento conveniente, a los diputados de esta
Cámara y a la Comisión del Pacto de Toledo. Pero nosotros creemos que eso no es así; no ha sido así en los últimos tiempos, por desgracia, y no va a ser así tampoco en este momento con respecto a una iniciativa que desarrolla las políticas de
austeridad y que en estos momentos va por otro camino, va por el camino, como he dicho antes, de la sabiduría, del conflicto de los intereses de los sectores financieros, de los intereses de los sectores de política europea, y no va por el camino de
la representación parlamentaria ni de la representación de los ciudadanos de este país.
En ese sentido, señorías, y por ir aclarando alguna cosa, este atraco tiene un autor material -parafraseando al señor Aznar- que es el Gobierno; el Gobierno es el que decide, primero en un borrador inicial y luego en el comunicado -no sé
como llamarlo- o informe de la comisión de
expertos, que España se convierta en el país donde más recorte y amputación del sistema público de pensiones se produce en los últimos años, haciendo un resumen del conjunto de los mecanismos de recorte de la Unión Europea. Es el Gobierno
el autor material, pero hay un autor intelectual de este atraco que es la Comisión Europea, su política de intervención, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que llevan mucho tiempo marcándole a este país las políticas a
seguir en materia de pensiones. Sobre todo en materia de pensiones porque hay un importante pastel que repartirse, fundamentalmente si las pensiones públicas se recortan y si hay mayor lugar a la gestión de pensiones privadas. Ese es el sentido en
estos momentos del recorte -que no se puede llamar de otra manera-, del doble recorte o de la amputación del sistema público de pensiones que se nos quiere imponer de manera sumarísima. Parece ser que durante el mes de julio debemos tener ya
prácticamente finalizado el proyecto de ley y a nosotros nos parece inaceptable en la forma e inaceptable en el fondo.
Señorías, termino haciendo referencia a que estas políticas de austeridad tienen consecuencias trágicas: la austeridad mata, señorías; mata. No es una metáfora, la austeridad mata. Y esta austeridad afecta, por supuesto, a los
pensionistas presentes y futuros, pero afecta también a sus familias, que cada vez más, en un volumen cada vez mayor, dependen del pensionista y, por ir más allá, afecta a la economía del país. En estos momentos vincular como hace el Gobierno la
evolución de las pensiones a la evolución económica de manera cíclica lo que produce es mayor depresión en los momentos de crisis como este, mayor depresión de la demanda, mayor crisis económica que añadir a la crisis económica. Es lo que tenemos
encima de la mesa, las políticas de austeridad, y por eso he dicho en un principio que votaremos favorablemente esta iniciativa, pero que nos da la impresión de que el tiempo de la justicia no es el tiempo de la austeridad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
Señorías, a finales de mayo del año pasado el Pleno de la Cámara debatió una proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Socialista para ampliar y mejorar la cobertura de las pensiones de orfandad en el régimen general de la
Seguridad Social. Como bien avanzó la diputada señora López i Chamosa, en aquel momento en el régimen de clases pasivas del Estado debía procederse también a la modificación de la pensión de orfandad para igualar el trato con el régimen general.
Quiero recordar en este punto que la modificación y ampliación de la cobertura de pensiones de orfandad operada por la Ley 27/2011 se realizó no por iniciativa del Poder Ejecutivo sino sobre la base de las enmiendas que los grupos parlamentarios
Vasco y Catalán presentamos durante el trámite parlamentario del proyecto de ley, dando cumplimiento a la recomendación número 13 del Pacto de Toledo que mandata la ampliación de edad para la pensión de orfandad. En este sentido, debemos decir que
aún hoy tenemos pendiente el desarrollo de una pensión de orfandad realmente pensada para proteger a aquellos jóvenes que se han quedado huérfanos y que encuentran en la pensión de orfandad el instrumento de protección social que les permita las
mismas oportunidades de futuro que antes de encontrarse en la situación de orfandad. No es el objeto de esta iniciativa que debatimos, pero sí es una de las medidas que debería abordar el Pacto de Toledo en esta legislatura.
En estos momentos, en los que la Cámara ha manifestado de forma reiterada su preocupación por los elevados niveles de pobreza infantil que se están alcanzando en nuestra sociedad y la necesidad de impulsar medidas urgentes y eficaces contra
estas situaciones de vulnerabilidad en menores, la pensión de orfandad es, y quiero recordarlo, un instrumento de protección social, un instrumento de protección del Estado del bienestar como derecho fundamental de todos para la promoción del
bienestar humano y el consenso social y, además -quiero llamar la atención de sus señorías sobre esto-, las características del régimen y de la cuantía de la pensión de orfandad ponen de manifiesto que el sistema de protección social está
insuficientemente orientado hacia la protección de la infancia. Por ello, creemos que sería necesario en esta legislatura abordar su modificación integral. En estos momentos la pensión de orfandad en el régimen de clases pasivas se extingue con
carácter general por el cumplimiento de los veintiún años de edad, alcanzando hasta los veinticuatro cuando se cumplen unos determinados requisitos como, por ejemplo, no sobrevivencia de ninguno de los progenitores o presentar una discapacidad igual
o superior al 33 %, siempre que si se perciben rentas del trabajo no superen el salario mínimo interprofesional en el
cómputo anual. Este régimen es totalmente diferente al previsto en el régimen general de la Seguridad Social, de acuerdo con la modificación operada el año 2011. Por ello, creemos que debe avanzarse en esta equiparación que contiene la
proposición de ley.
Diferente es a priori la efectividad que puede tener esta modificación en caso de superar el trámite de toma en consideración que debatimos hoy. La disposición adicional trigésima sexta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2013 previene, con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, que no se efectúen nuevos reconocimientos de pensiones a favor de huérfanos mayores de veintiún años, no incapacitados, al amparo de la legislación vigente a 31 de diciembre
de 1984, exceptuándose las pensiones extraordinarias de orfandad causadas por actos de terrorismo, así como las pensiones ya reconocidas que por cualquier causa no se percibieran a 31 de diciembre de 2012, las cuales podrán incluirse en nómina
después de dicha fecha. Por tanto, el efecto que podía tener la reforma sería en estos momentos y con carácter indefinido muy reducido y circunscrito a supuestos muy concretos, por ello a priori no creemos que se pueda objetar que la modificación
signifique un gran impacto económico en las cuentas públicas.
Como decía, nuestro grupo parlamentario votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista, no sin dejar de manifestar el corto alcance efectivo que tendrá la medida y la
necesidad de abordar en la presente legislatura el desarrollo del régimen de orfandad de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Muchas gracias, señorías. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidente.
Como ya hemos escuchado en esta tribuna, esta proposición de ley del Grupo Socialista tiene por objeto equiparar las pensiones de orfandad en el régimen de clases pasivas al régimen general de la Seguridad Social. Asimismo se establece
también un régimen transitorio similar al que ya preveía la Ley 27/2011, una ley que, todo hay que decirlo, tiene nueve artículos y cincuenta y dos disposiciones adicionales. Esta ley modificó la Ley de la Seguridad Social para elevar a veinticinco
años el límite de edad en el caso de que los huérfanos, dentro del régimen general de la Seguridad Social, no realizaran trabajos lucrativos o sus ingresos fueran inferiores al salario mínimo interprofesional. Pero curiosamente esta Ley 27/2011, al
aumentar el límite de edad a los veinticinco años en el régimen general de la Seguridad Social, se olvida por completo, como también se ha dicho aquí, del régimen de las clases pasivas y ahora con esta proposición de ley lo que se pretende es
solventar precisamente este olvido, este error, esta deficiencia que se generó a la hora de redactar la citada Ley 27/2011, que, por cierto, ha tenido que ser corregida por el actual Gobierno del Partido Popular por otro error o equivocación, ya que
-les recuerdo- al establecer el límite de veinticinco años para los huérfanos absolutos no se hizo ninguna referencia respecto de los huérfanos con una discapacidad de un grado igual o superior al 33 %, cuando efectivamente ya estaban equiparados
por normativa anterior. Esto podía suponer un perjuicio para este colectivo que el Gobierno solventó, primero, haciendo una interpretación no restrictiva de la norma y solucionándolo posteriormente en el Real Decreto-ley 29/2012. Por tanto, con
esta proposición de ley se trata de corregir otro error, otro descuido de la anterior ley socialista, la Ley 27/2011, que se olvidó desgraciadamente de las clases pasivas. Y no solo se plantea solventar este olvido, sino que también se prevé, y es
curioso, mediante una disposición transitoria que el huérfano que hubiese visto extinguida su pensión porque ya hubiera superado el límite de edad conforme a la legislación anterior pueda solicitar la reposición de la prestación si se encuentra
dentro de los nuevos límites de edad. La realidad es que cuando el Partido Socialista redacta la Ley 27/2011 no establece el carácter retroactivo para el régimen general de la Seguridad Social y que cuando llega a la oposición lo primero que hace
es pedir ese carácter retroactivo que ustedes, señorías del Partido Socialista, no quisieron asumir porque sabían que suponía un incremento de gasto. Ahora se olvidan de equiparar el régimen de clases pasivas al régimen general, pero además vuelven
a pedir esta retroactividad de la norma que, todo hay que decirlo, supondría hacer de peor condición a los pensionistas de la Seguridad Social porque la Ley 27/2011 no contempla esa disposición.
Señora Chamosa, subir las pensiones mínimas está muy bien pero no a costa de generar déficit en la Seguridad Social, no a costa de dejar más de 7.000 millones de euros de déficit en la Seguridad Social, que, créame usted, está repercutiendo
negativamente en la sostenibilidad del sistema. Y con respecto a las tasas educativas -usted también ha hablado de ellas-, los alumnos antes tenían que pagar el 15 %
de la matrícula; con el Real Decreto-ley 14/2012 el pago podía ser entre un 15 % y un 25 %, pero le tengo que decir que este coste de la matrícula es una decisión exclusiva de las comunidades autónomas.
Volviendo al tema anterior, efectivamente existe una desigualdad, que la creó el Partido Socialista y la tendrá que solucionar el Partido Popular. Yo creo, señor Olabarría, con todos mis respetos, que no es momento de ponerse medallas sino
de solucionar los problemas que el anterior Gobierno socialista dejó. Es cierto, también se ha dicho aquí, que en los últimos años se ha conseguido un proceso paulatino de armonización entre los dos regímenes. Por ejemplo, en lo que se refiere a
la pensión de orfandad se ha ampliado el límite de edad, se ha elevado el límite de ingresos para la prórroga, se ha equiparado al huérfano discapacitado en un grado superior o igual al 33 % con los huérfanos absolutos. Y en esa tendencia hacia la
coordinación y armonización podría considerarse razonable equiparar el régimen de clases pasivas al régimen general, dado que se trata de beneficiar a los huérfanos, pero además se trata de un colectivo efectivamente muy, muy reducido. Por lo
tanto, no vamos a tomar en consideración esta proposición de ley, pero sí les aseguro que, igual que hemos hecho con otros olvidos de la Ley 27, del anterior Gobierno socialista, en el Grupo Parlamentario Popular vamos a buscar los mecanismos para
corregir estos errores y estas distorsiones.
Al señor Llamazares también le quiero decir alguna cuestión. Señor Llamazares, usted ha estado hoy en la Comisión del Pacto de Toledo, así que no me hable de atraco cuando habla del informe de sostenibilidad. Lo ha dicho muy claro el
presidente del comité de expertos. El comité entiende que la aplicación del factor de sostenibilidad no supone una bajada de pensiones, que seguirán creciendo a términos reales a largo plazo. Y yo también lo he dejado muy claro en la Comisión del
Pacto de Toledo. Es decir, el informe del comité de expertos es una propuesta inicial, es un punto de partida y los grupos parlamentarios representados en esta Cámara tendremos que dialogar, que definir, que decidir cómo se aplica y cuándo se
aplica. Y con consenso, con diálogo, ver cuál es el mejor diseño para garantizar ese factor de sostenibilidad. Pero no me hable de atraco porque este Gobierno no hace atracos y mucho menos en pensiones. Le recuerdo que es un Gobierno que ha
subido las pensiones frente a la congelación socialista; que ha inyectado liquidez al sistema de la Seguridad Social porque han aumentado las transferencias del Estado a la Seguridad Social en un 75 % pasando de 9.000 millones de euros a más de
15.000 millones de euros, y es un Gobierno que en su momento creó el Fondo de Reserva. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra).
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Vamos a ver, señor Olabarría. Tal como hemos establecido estas discusiones, si usted en algún momento se ha sentido aludido personalmente, para eso le doy la palabra. Para volver a hablar del tema objeto de la proposición de ley, no.
Señor Olabarría, tiene dos minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
La pedía al amparo del artículo 72.2 y para parafrasear una expresión inexacta del señor Gorriarán en relación a un precepto de la Constitución que es el que distribuye las competencias en materia de Seguridad Social. Es el artículo
149.1.17.ª, que establece que corresponderá al Estado la competencia exclusiva en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de su gestión por las comunidades autónomas. Mire, señor presidente, como esta gestión no se ha producido, la legislación
es estatal y por lo tanto no hay huérfanos vascos. Mejor dicho, sí hay huérfanos vascos, es un problema orgánico, es un problema físico, pero no hay huérfanos vascos regulados por una legislación de orfandad de carácter autonómico. El señor
Gorriarán, señor presidente, es especialista en refutar y en criticar las disfunciones y lagunas del ordenamiento jurídico, pero para esto también hay que conocer algo el ordenamiento jurídico.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS AUMENTOS DE RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS PARCIALMENTE CEDIDOS. (Número de expediente
122/000099).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre medidas para garantizar la efectiva participación de
las comunidades autónomas en los aumentos de recaudación de los impuestos parcialmente cedidos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señores diputados, la iniciativa parlamentaria que trae a esta Cámara para su debate el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va en la dirección de poder garantizar una participación objetiva y efectiva de las comunidades autónomas en
los aumentos de recaudación de los impuestos realmente cedidos y tiene básicamente dos objetivos relevantes. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). En primer lugar, que dicha participación efectiva de las comunidades
autónomas en los incrementos de impuestos producidos en la recaudación de los impuestos cedidos pueda materializarse rápidamente y no ocurra lo que en la actualidad, que se han incrementado los impuestos cedidos y no cedidos de una manera nunca
vista en la más reciente democracia -el Gobierno del Partido Popular ha incrementado los impuestos de forma nunca vista en la reciente democracia- y, lo más triste del caso, señorías, las comunidades autónomas no participan de este incremento de
impuestos, algunos de los cuales los tiene cedidos, como es el caso del IVA, el IRPF o los impuestos especiales, que participan en un 50 % y un 58 % respectivamente. Además persigue otro objetivo fundamental, que las comunidades autónomas, a través
de esta participación en los impuestos, puedan recuperar ingresos y luchar contra la crisis.
Antes de empezar a debatir esta proposición de ley que ha presentado nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió, quisiera hacerles unas breves reflexiones para ver si todas las fuerzas políticas presentes en este hemiciclo
-especialmente me dirijo al Grupo Parlamentario Popular, que es el que da soporte al Gobierno- podemos corregir situaciones tremendamente injustas, como las que voy a detallar a continuación y por las cuales nosotros hemos presentamos esta
iniciativa, ya que creemos que este es el momento oportuno para corregir y modificar estos planteamientos. Desde que se ha iniciado esta legislatura nosotros siempre hemos mantenido que cada vez que se implementan medidas de esta envergadura -unos
incrementos de impuestos que están afectando a las clases medias, a las clases bajas y a las clases más populares de la sociedad española- hay que hacer la máxima pedagogía y hay que hacerlo con la máxima transparencia para que efectivamente todos
los ciudadanos sepan a qué obedece y adónde van estos incrementos de impuestos.
Señorías, hay dos reflexiones que me interesaría resaltar para que al menos todos partiéramos de la base de que podemos asumir estas reflexiones en la dirección que plantea Convergència i Unió y que va justamente esta iniciativa
parlamentaria. La primera reflexión que es importante dar a conocer y sobre la que hay que hacer el máximo de pedagogía al respecto es la siguiente. Desde nuestra perspectiva todos los catalanes tienen que saber que la Generalitat de Catalunya no
va a percibir ni un euro de las enormes alzas de impuestos -IVA, IRPF, impuestos especiales, gravámenes sobre la energía y sobre el juego-, que ascienden a más de 40.000 millones de euros según el informe del Ministerio de Economía. De estos 40.000
millones, entre 7.500 y 8.000 los van a aportar los contribuyentes catalanes y, repito, al final de este periodo la Generalitat no va a recibir ni un euro. Señorías, esto es gravísimo. Y este mismo ejemplo lo podríamos hacer extensivo al resto de
comunidades autónomas, pero yo estoy hablando en estos momentos de Cataluña. Por lo tanto, 40.000 millones globales de ingresos, 8.000 millones de aportación de los catalanes a las arcas del Estado y la Generalitat no va a recibir ni un euro.Y la
otra reflexión importante es que probablemente una parte relevante de estos 40.000 millones de incremento de impuestos con los que se va a ver beneficiada única y exclusivamente la Administración Central del Estado podrá servir en cierta medida para
que el Estado, la Administración Central del Estado pueda pagar las catorce pagas de los funcionarios de Sanidad, o del Ministerio de Educación, o del Ministerio de Fomento. Pero al mismo tiempo, los catalanes y el resto de formaciones políticas
han de saber que a través de esta distribución tremendamente injusta la Generalitat de Cataluña no va a poder pagar las catorce pagas de los médicos, enfermeros y maestros de escuela. Desde esta perspectiva, yo les pregunto por qué. ¿Por qué estas
diferencias? ¿Por qué unos pueden pagar las catorce pagas a los diferentes funcionarios del Estado -cosa de la cual sinceramente me alegro- y por qué nosotros, aportando como vamos a aportar una parte importante de más de 8.000 millones de euros,
no podremos pagar estas catorce pagas? ¿Por qué se van a ver perjudicados con este sistema, que incluso me atrevería a decir que es inconstitucional, los funcionarios de Cataluña, que no van a poder cobrar estas catorce pagas, y me refiero a todos
los funcionarios, pero especialmente a los médicos, enfermeros, maestros de escuela, etcétera?
Por tanto, señorías, tal y como decía el ministro Montoro cuando planteó estos incrementos de impuestos, estamos ante una situación excepcional en relación con la cual también se han implementado medidas excepcionales, pero de estas medidas
excepcionales se ha excluido expresamente a las comunidades autónomas, que no pueden participar de estos incrementos de impuestos, lo cual es totalmente injusto. Como he dicho antes, me atrevería a decir que esto es inconstitucional, no tiene
ningún sentido. Se trata de impuestos cedidos a las comunidades autónomas, en los que la participación de las mismas es del 50 % en el IVA y en el IRPF y del 58 % en los impuestos especiales, o en los gravámenes especiales que se han planteado en
temas energéticos, o en el gravamen especial que se ha planteado en las loterías. ¿Por qué las comunidades autónomas no puedan participar de estos incrementos de impuestos? Probablemente me dirán que porque el sistema de financiación no lo
permite, y es verdad, actualmente no lo permite, pero de la misma manera que excepcionalmente hemos modificado e implementado un incremento de impuestos tremendamente espectacular y tremendamente injusto para las clases medias y para las clases
populares españolas, ¿por qué no modificamos al mismo tiempo que planteamos estos incrementos de impuestos una pequeña modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, para que estas puedan participar en estos impuestos y no
tenga que hacerse a través de la compensación del Fondo de suficiencia?
Por tanto, básicamente, señorías, esperamos respecto de esta iniciativa la máxima sensibilidad por parte de todas las formaciones políticas pero especialmente del Grupo Parlamentario Popular, que da soporte al Gobierno, para que la tomen en
consideración y corrijamos este grave desajuste que no afecta única y exclusivamente a Cataluña sino que también afecta a muchas comunidades en las que gobierna el Partido Popular y a muchas en las que gobierna el Partido Socialista. Probablemente
con una distribución más justa de estas participaciones efectivas no harían falta tantos ajustes importantes de las diferentes comunidades autónomas, ya que si analizamos cuáles han sido los ajustes de las comunidades autónomas en el año 2012
veremos con gran sorpresa que las comunidades autónomas han sido más eficientes en la reducción del déficit, que lo han reducido en un 75 %, más de 16.000 de los 23.000 millones de euros que ha asumido la Administración General del Estado. Por
tanto, siempre estamos cargando la responsabilidad a las comunidades autónomas cuando la Administración Central del Estado es la que se queda siempre la mejor parte del pastel, lo cual pretendemos modificar con esta proposición de ley que
presentamos esta tarde.
Yendo ya directamente a algunos aspectos más prácticos y más realistas sobre por qué hemos planteado esta proposición de ley, en primer lugar, señorías, porque entendemos que la decisión del Gobierno de subir todos los impuestos durante los
años 2012 y 2013 ha sido la causa de una reducción del consumo y de la actividad económica, lo cual está perjudicando notablemente los ingresos de las comunidades autónomas. Por ejemplo, señorías, si ustedes analizan cuál es el resultado de los
ingresos del primer cuatrimestre del año en lo que al IVA se refiere, veremos que, a pesar del alza desmesurada de este impuesto, los ingresos bajan en un 4,6 %. Esta cifra negativa sería suficiente para que ustedes plantearan la necesidad de una
compensación a las comunidades autónomas, porque si a pesar de que a las comunidades autónomas les incrementamos el IVA no participan en el reparto del incremento del IVA y esto va en detrimento del consumo y de la actividad económica, no solamente
no van a recibir el incremento de lo recaudado por el IVA sino que van a recibir menos IVA porque el consumo ha disminuido a lo largo del año 2013.
En segundo lugar, señorías, ustedes lo saben perfectamente, porque las comunidades autónomas no tienen capacidad de decidir sobre el incremento del IVA o de los impuestos especiales. Esta es una potestad que única y exclusivamente tiene la
Administración central, lo cual les dificulta enormemente la posibilidad de rehacer sus ingresos. Ello significa que en un contexto de crisis debe existir un mínimo de lealtad por parte del Gobierno del Estado para que, si se aumentan los tipos
impositivos de los tributos en los que participan las comunidades autónomas, los incrementos de recaudación sean repartidos equitativamente entre la Administración central y la Administración autonómica. De no ser así, solo la Administración
central tiene capacidad para rehacer sus cuentas pero a cambio de asfixiar en sus ingresos a las administraciones autonómicas. Este es un tema que he planteado en presencia del presidente del Gobierno y en debates con el ministro de Hacienda, pero
nadie me da una explicación objetiva de por qué no se hace un reparto equitativo de los ingresos de los tributos participados en los impuestos cedidos por las comunidades autónomas. Siempre dicen que esto ya lo arreglarán en el Fondo de
suficiencia. No, no, es que no se trata de arreglar esto dentro de dos o tres años, se trata de arreglarlo inmediatamente. Es una cuestión que a nuestro grupo le preocupa y seguramente habrá otras comunidades autónomas
presididas por Gobiernos del Partido Popular que no se atreven a alzar la voz o a manifestar sus preocupaciones, que seguramente son las mismas que tienen el Gobierno de Convergència i Unió y la Generalitat de Catalunya. Les pido una vez
más pedagogía y transparencia para que todo el mundo sepa dónde van los incrementos de impuestos ejecutados a lo largo de este periodo legislativo, y más teniendo en cuenta que ustedes ganaron las elecciones prometiendo a todos los ciudadanos
españoles que no subirían los impuestos, que no tocarían las pensiones, y al cabo de dos o tres meses de haber ganado y de haber hecho el debate sobre el estado de la nación han hecho una serie de propuestas totalmente contrarias a las de su campaña
electoral.
No me cansaré de repetirlo: ustedes han sido el Gobierno que más ha incrementado la presión fiscal de todos los ciudadanos españoles en la reciente democracia, han sido los que más han incrementado los impuestos. Pero, ya que los
incrementan, que se beneficien todas las comunidades autónomas, todos los ciudadanos del Estado español, ¿por qué no se pueden beneficiar todos los ciudadanos del Estado español? ¿Por qué no se pueden beneficiar todas las comunidades autónomas que
tienen los impuestos cedidos? Esta es una pregunta que a lo largo de este año y medio de legislatura nos hemos cansado de plantear, pero no hemos recibido una contestación efectiva. Creo, señorías, que dada la coyuntura política y económica actual
es hora de dar explicaciones a la ciudadanía, porque la ciudadanía no sabe por qué en determinadas comunidades autónomas no hay recursos suficientes para sanidad, enseñanza o servicios sociales, y no lo saben porque no se les ha podido explicar
suficientemente bien que absolutamente todos los impuestos que pagan los ciudadanos en dichos territorios, el cien por cien, como ocurre en el caso de Cataluña, se van a la Administración central. Esto, afortunadamente, sirve para pagar las catorce
pagas de los funcionarios de la Administración central del Estado pero no sirve para poder pagar unos servicios de calidad adecuados a la población en sanidad, servicios sociales o enseñanza. Son interrogantes que quedan aquí planteados y el motivo
por el que nuestro grupo parlamentario ha propuesto esta iniciativa, y no se cansará de explicar y de reivindicar a lo largo de esta legislatura que se cambie el nuevo sistema de financiación, pero ya, no cuando se produzca el nuevo quinquenio de
negociación, de lo que hablaremos más adelante. Ustedes han de plantear esta modificación rápidamente, como rápido ha sido el incremento de impuestos que han planteado y que, repito, ascienden a un volumen total de más de 40.000 millones de euros,
un 4 % del PIB, de los cuales 8.000 millones de euros son aportados por los ciudadanos de Cataluña.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Permítanme, señores de CiU, que aproveche esta iniciativa, que habla obviamente de financiación autonómica, para contestar a quienes con evidente desconocimiento, irresponsabilidad y nulo sentido de la prudencia política durante estos días
han iniciado una batalla política pretendiendo romper el pacto constitucional de 1978 al proponer la supresión del Régimen Foral navarro. La pretensión de suprimirlo, señorías, o de desnaturalizar sus instituciones o de vaciarlas de contenido no
constituye ninguna novedad. La historia milenaria de Navarra es verdad que da para mucho. Y, así, los hay que han intentado hacerlo por la fuerza, como ETA durante estos últimos cincuenta años; los hay que manipulan su naturaleza jurídica
haciendo creer que este pudiera ser un privilegio otorgado por la Constitución de 1978, y los hay que desearían desactivar su fuerza cohesionadora con interesadas apelaciones a una historia virtual ajena al devenir histórico compartido de España.
Lo nuevo en estos días, señorías, quizás sea el que a este coro de acosadores del fuero se unan ahora quienes, sin mucha imaginación -es verdad-, creen que las diferencias deben combatirse eliminando la diversidad, apelando a un falso igualitarismo
como banderín instrumental de enganche electoral, y también aquellos que, actuando como el aprendiz de brujo, solicitan una mutación del pacto constitucional sin tener ninguna alternativa realista al menos mejor que el modelo actual.
La descripción de esta fauna política quedaría incompleta si no incorporáramos a esta notable lista una nueva especie que agrupa a todas aquellas plataformas que con evidente deslealtad constitucional utilizan el principio de autonomía en
fraude de ley para legitimar naciones inventadas o intentar manosear los fueros, travestidos así en instrumentos para romper la nación. No sabemos lo que nos deparará esta batalla política, lo que parece evidente es que nada podremos construir
juntos sin moderación, sin voluntad de unidad, sin comprensión mutua, sin respeto, sin trabajo y sin ilusión.
En todo caso, si se planteara una hipotética reforma de la Constitución, como algunos sugieren, no duden que la mayoría de la sociedad navarra, y desde luego mi partido, exigirán suprimir la disposición transitoria cuarta. Ese, y no otro,
es el mejor futuro de nuestro encaje constitucional. De todas formas, señorías, ojalá todas las comunidades de nuestra rica geografía puedan y quieran aportar sus propias fortalezas al proyecto común de España. Nosotros así lo deseamos para todos.
Lo que no entendemos ni nos parece razonable es que, para afrontar los desafíos de un país tan complejo de gestionar como el nuestro, admitamos que lo más creativo que se nos pueda ocurrir desde el punto de vista de la ciencia política consista en
destruir irresponsablemente lo edificado en estos últimos treinta y cinco años y, sobre las cenizas de aquellos pactos que nos han dado los mejores años de nuestra historia, creamos que podemos construir una sociedad mejor, más unida y más
solidaria. Eso es, señorías, muy difícil.
Termino. Los navarros en general somos poco amigos de discutir y desde luego nos gusta mucho pactar, pactar y ser leales a la palabra dada. Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, aquí va a estar para defender la personalidad política de
Navarra siempre, que es tanto como defender una parte fundacional y muy querida de España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Salvador.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
La posición del Bloque Nacionalista Galego en relación con esta proposición de ley que nos presenta Convergència i Unió no puede ser más que favorable, porque, señorías, lo que se está reclamando es de justicia, de acuerdo con el modelo de
financiación autonómica que existe en este momento. Bien es sabido que el Bloque Nacionalista Galego defiende un sistema de financiación donde la autonomía fiscal garantice la autosuficiencia en la financiación autonómica. Pero lo que hoy nos
plantea Convergència i Unió, dentro del mismo modelo de financiación autonómica que está en vigor, es que aquellos impuestos que el Estado ha incrementado por razones del déficit y, por tanto, para superar la situación de crisis, como ha manifestado
el Gobierno, también tengan su repercusión proporcional, como corresponde, en las comunidades autónomas, de acuerdo, sobre todo, a los impuestos cedidos en este momento o a los impuestos participados que en este momento existen, como el IVA, el IRPF
o algunos impuestos especiales. Nos parece razonable y justo porque el Estado es descentralizado en el gasto, mientras que no lo es ni en la fiscalidad ni en los ingresos. De ahí que si el Estado tiene un déficit pero son las comunidades autónomas
las que tienen el gasto, sobre todo en materia de servicios públicos como sanidad, educación, etcétera, en un momento en que las comunidades tienen un determinado déficit que el Estado les obliga a reducir, es lógico que proporcionalmente, como
digo, se distribuyan con las comunidades autónomas esos ingresos que, a mayores, tiene el Estado en este momento por haber incrementado determinados impuestos.
Por eso, señorías, vamos a votar favorablemente la propuesta presentada por Convergència i Unió, porque es una cuestión que en este momento las comunidades autónomas precisan con urgencia. El Estado no puede recortarles fondos por un lado y
por el otro obligarlas a reducir déficit, porque quienes van a sufrir esa política de recortes financieros son los ciudadanos, que sufren al mismo tiempo por esa razón los recortes en políticas sociales. Si queremos que los ciudadanos cuenten con
servicios públicos de calidad, no podemos escatimar en la financiación de los mismos. Si el Estado incrementa impuestos para reducir el déficit, tiene que compartir esos ingresos con las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Fernández.
Por último, el señor Bosch, por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta misma mañana el dirigente de Esquerra Republica, Oriol Junqueras, y la plana mayor del partido, los 21 diputados que tenemos en el Parlamento de Cataluña, han ido a la Agencia Tributaria catalana a pagar y liquidar sus
impuestos. Así es como creemos que se deben hacer las cosas. Los tres diputados que estamos aquí presentes ya lo hicimos también en su momento hace unas semanas.
Ha salido hace un momento don Carlos Salvador defendiendo con uñas el sistema navarro así como el sistema vasco de concierto económico.
Nos parece muy bien, estamos de acuerdo. Lo que no entendemos es por qué un sistema que es normal en el País Vasco o en Navarra y que utilizan todos los diputados del PP o del PSOE del País Vasco o de Navarra, y eso es absolutamente normal,
si lo hacemos los diputados catalanes estamos incurriendo en insumisión, rebeldía, incluso se califica de fantochada o sainete. Eso ¿cómo se explica? Pues se explica muy mal. No se explica por qué lo que es lógico, normal y sensato en un sitio,
en otro sitio se sale de la ley y del sentido común. No es así, no debe ser así.
Entendemos que la medida que trae en esta ocasión Convergència i Unió es un parche a una situación que nosotros quisiéramos resolver íntegramente, e íntegramente para nosotros quiere decir con soberanía: soberanía fiscal, soberanía
económica y también soberanía política. Creemos que eso sería lo mejor. De todas formas, obviamente daremos apoyo a esta medida porque mejor es mejor, y cualquier mejora o progresión en ese sentido a nosotros nos parece adecuada, y nos lo parece
por diversas razones. La primera es porque en su momento esto se pactó, se pactó con el PSOE de Felipe González y después se pactó con el PP de José María Aznar la participación del Gobierno catalán en impuestos parcialmente cedidos. La palabra
cedidos conduce a equívocos, porque los impuestos no son de nadie, es decir, sí, son de los contribuyentes, nuestros, individualmente, no son de este Gobierno o de ese Gobierno, de tal Administración o tal Administración, la central, la autonómica o
la que quieran. Los impuestos son de la gente, que lo que hacen es confiar en las administraciones para que se les devuelvan esos recursos en forma de inversiones, de servicios o de prestaciones. Como dijo George Washington, ni el más poderoso de
los presidentes, ni yo mismo, tengo ningún derecho a sustraeros el dinero. En todo caso, a pactar y a consensuar con todos vosotros qué dinero me confiáis para que os lo devuelva de otra manera. Estamos hablando de eso, de un contrato social con
la gente, y esos son los impuestos. Que los gestione una Administración u otra será una cuestión eminentemente práctica, en este caso, por supuesto, nosotros creemos que lo mejor es que los gestione el Gobierno de Cataluña, que es más próximo, que
conoce mejor las necesidades de la población y que además asegura así que el dinero, en su viaje por Madrid, no se quede en algún ministerio sin ser devuelto a la gente que tiene derecho a recibirlo. Lo mínimo que podríamos hacer es respetar
aquellas proporciones que se pactaron en su día con el PSOE y en su día también con el PP. Igual la letra pequeña de la ley dice otra cosa, pero el sentido común, la filosofía que se adoptó entonces sigue rigiendo y sigue vigente, eso es lo mínimo.
Ya sé que algunos dirán que esto es egoísmo, ya están aquí, ya vienen los catalanes pidiendo más dinero, cada vez más dinero. No señor, no pedimos más de lo que nosotros aportamos, para empezar, nunca hemos pedido más de lo que aportamos. Además,
se trata de una prueba de madurez porque lo que queremos, lo que intentamos es ser responsables, mayores de edad, es decir, administrar los recursos públicos que nos corresponden. Ahí apuntamos. Y los pactos de participación en los impuestos
llamados cedidos fueron un esfuerzo de corresponsabilidad, así se explicó, así se contó y así es como queremos y como creemos que se debe seguir contando. Es un esfuerzo de corresponsabilidad; una Administración que no solo gasta, sino que también
se responsabiliza de la recaudación, eso es ser mayor de edad. En ese sentido, la falta de soberanía política, pero también económica y fiscal que nosotros denunciamos, es no solo una injusticia para con los ciudadanos, es también un riesgo. Y el
riesgo es que acabemos fomentando la irresponsabilidad económica de los gobiernos o de las administraciones que sean. Quien gasta debe participar en el ejercicio de recaudar, es de justicia y es lógico.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
El señor Sánchez i Llibre ha planteado la cuestión de una manera que, a primera vista, parece difícil estar en desacuerdo con él. Casi parece que plantea una perogrullada. Nos dice: el 50 % del IVA es de las comunidades, el 58 % de los
impuestos especiales es de las comunidades; ahora se recauda más, quiero mi 50 %, quiero la parte que me toca. A primera vista, los ciudadanos que escuchen pensarán: cuánta razón tiene, qué justicia. El problema es que ha hecho una presentación
muy hábil pero un tanto tergiversada, porque nos dice: por qué no hacerlo así, ¿solo porque el sistema de financiación autonómica diga otra cosa? Vamos a ver qué dice el sistema de financiación autonómica, que yo lo conozco, usted lo conoce, pero
muchos ciudadanos no tienen por qué conocerlo en detalle. El sistema se fija en la Ley 22/2009 que tiene un artículo, el 21.2, donde se trata precisamente esta cuestión para salvaguardar la autonomía de las comunidades. Como usted bien ha dicho,
las comunidades no pueden alterar los tipos
del IVA ni de los impuestos especiales. Los altera el Estado. Si no existiese este artículo, cuando el Estado baja el IVA, baja los impuestos especiales, habría menos recaudación y eso afectaría a las comunidades, que tendrían menos
recursos. No sería justo que las comunidades tuviesen menos recursos porque el Estado sube los tipos. Por eso, a través del Fondo de suficiencia se compensa esa bajada de recaudación. Bien, pues lo que usted nos trae aquí es exactamente lo mismo,
pero es la parte simétrica, cuando se produce una subida de impuestos. Cuando se produce una subida de impuestos que afecta a las comunidades se corrige a través del Fondo de suficiencia. Son las dos caras de la misma moneda. ¿Qué sucedería si el
Estado hubiese bajado el IVA? Vendría aquí rápidamente a decir: compénsenos, ¿por qué nos tenemos qué ver afectados?
¿Por qué viene hoy con esta iniciativa? Sinceramente, es difícil de comprender. Hay unas reglas de juego que todos deberíamos respetar. Además, según estas reglas de juego, curiosamente este sistema de financiación que tenemos nació con
el Estatuto de Cataluña, que luego se generalizó al resto de España en estos porcentajes. Es curioso que sea tal agravio un sistema de financiación autonómico que nació a partir del Estatuto de Cataluña y se generalizó al resto de España. Hoy
viene y nos dice: vamos a aplicar la ley del embudo. Si se bajan los tipos, que el Estado compense a las comunidades, y si se suben, nos lo repartimos a medias y nos quedamos la parte que nos toca. Usted ha hablado antes de deslealtad
institucional. Esto también me parece deslealtad institucional. No acepta las reglas del juego. Si me vienen bien, las acepto, y si me vienen mal, las rompo. Para tener un mínimo de coherencia, debería haber incluido en el proyecto de ley que
renuncia a las compensaciones cuando haya bajada de impuestos. Aun así, sería discutible, pero como mínimo debería haber incluido eso. Es muy difícil que funcione un sistema descentralizado si no se respetan unas mínimas reglas del juego.
Segunda parte del argumento: es que las comunidades realizan un gasto social -sanidad, educación- y, por tanto, tienen que tener más recursos. El Estado, por lo visto, no realiza ningún gasto o lo debe realizar en la Luna, porque si el
Estado gasta más eso no beneficia a Cataluña en absoluto. Me veo obligado a recordarle lo que hemos debatido en anteriores ocasiones. El gasto del Estado es el que está más ligado a la crisis económica, cubre las prestaciones por desempleo, que
aumentan fuertemente cuando hay crisis, y cubre los intereses de la deuda. Precisamente, el gasto estatal es el que se ve más incrementado cuando hay crisis. Ese gasto, como le decía, no se produce en la Luna ni en Marte. ¿En qué va a beneficiar
a Cataluña esta mayor recaudación? En que el Estado gasta allí en prestaciones y subsidios de paro, y esa deuda, cuyos intereses paga, en parte es deuda del Fondo de liquidez autonómica o de los sucesivos fondos de pago a proveedores de los que
Cataluña, por supuesto, se ha beneficiado. ¿O es que el Estado vive en una tercera dimensión y nadie se beneficia de su gasto? Por supuesto que Cataluña se va a beneficiar de este mayor gasto que se financia con los recursos adicionales.
Si las comunidades autónomas quieren ser corresponsables, tienen mecanismos para hacer frente a las dificultades. El mecanismo adecuado, en nuestra opinión y como hemos dicho muchas veces, sería reducir el gasto superfluo, mucho de él
innecesario, identitario, que no solo no reducen sino que siguen aumentando en el momento actual. En sanidad y en educación también hay margen para aumentar la eficiencia sin afectar a la calidad de los servicios. Esas serían las medidas ideales:
el recorte del gasto superfluo o el recorte con aumentos de eficiencia. Si eso no bastase, hay impuestos en los que ustedes tienen capacidad normativa. Como son tan partidarios de la autonomía y de la corresponsabilidad, recurran a esos
instrumentos en los que sí que tienen capacidad normativa. Nosotros creemos en la descentralización bien diseñada y, por tanto, para parches de este estilo, para el continuo venir a pedir recursos adicionales al Estado como si tuviese recursos
infinitos y creando con eso sensaciones de agravio, no cuenten. Pero si alguna vez se plantean algo más serio como una reforma de la financiación autonómica que efectivamente es defectuosa, en vez de un parche o de decir dennos más o si no la culpa
de nuestros problemas es suya, sí nos encontrarán. Nosotros creemos que, efectivamente, hay que reformar el sistema de financiación autonómica, empezando por un reparto claro de las competencias. Porque es muy difícil financiar si no sabemos lo
que hay que financiar, si estamos continuamente cambiando lo que hay que financiar. Por eso habría que reformar la Constitución, deslindar claramente las competencias de cada Administración y estabilizar el sistema. Ningún sistema de financiación
puede ser estable si financia unas competencias intrínsecamente inestables, con un insaciable ir más allá donde ya no queda mucho margen. Esa es la primera cuestión.
La segunda cuestión es que esa reforma de la financiación autonómica debería lograr una financiación per cápita similar en todas las comunidades autónomas, per cápita ajustada a que efectivamente en algunas comunidades el coste de prestación
de los servicios puede ser diferente. Pero teniendo en cuenta
esos ajustes, debería ser una financiación per cápita similar entre todas las comunidades autónomas; debería negociarse de forma multilateral, por supuesto, y no bilateral porque a todos nos afecta, y debería incluir -y nos alegra mucho que
la realidad se imponga- la reconsideración de cómo está funcionando el cupo vasco y la aportación navarra. Porque hay gente que se puede enfadar mucho, pero el enfado no aporta argumentos y es difícil entender por qué dos de las tres comunidades
más ricas de España tienen que tener una situación económicamente privilegiada y una financiación per cápita un 60 % mayor que el resto de comunidades. Eso no es algo intrínseco al sistema del cupo y a la aportación; tiene mucho que ver en cómo
está funcionando en la práctica, en cómo está calculado. Muchos estudios académicos han analizado esta cuestión y coinciden en lo mismo: las competencias estatales no están correctamente valoradas, el ajuste por IVA se hace con una participación
del consumo de esas comunidades en el total que no se corresponde con la realidad y no participan en el gasto de nivelación interregional. Estas tres cuestiones son el motivo de que el sistema de cupo y la aportación arrojen ese privilegio
económico. Se puede calcular correctamente el cupo y la aportación y que dé un nivel de financiación similar al resto de comunidades. Nosotros somos partidarios de un sistema común que englobe a todas las comunidades. Pero sin necesidad de
reformar la Constitución, el sistema actual se puede hacer funcionar de una manera justa, y la manera justa es que dé la misma financiación per cápita. Los privilegios basados en derechos históricos desde la Revolución Francesa para acá quedaron un
poco cuestionados. Si nos basamos en derechos históricos, también podemos traer aquí un día la revisión de la desamortización de Mendizábal, porque la Iglesia durante muchos milenios tenía los terrenos que se desamortizaron, pero estamos bien
adentrados en el siglo XXI. Por tanto, como le decía en la primera mitad de mi intervención, nuestro voto a su proposición de ley va a ser no. Nosotros creemos que hay que respetar las reglas y no crear confusión ni crear apariencias de agravio
donde no existen.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Anchuelo.
A continuación, tiene la palabra la señora Ortiz, por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario votará a favor de la admisión a trámite de la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió porque compartimos la propuesta de fondo, a pesar de que no compartimos algunas de las reflexiones que se apuntan
en los argumentos de la exposición de motivos. De hecho nuestro grupo parlamentario comparte -lo hemos denunciado en numerosas ocasiones- el enorme desequilibrio en la aplicación de los ajustes o, mejor dicho, de los recortes entre las distintas
administraciones públicas, un desequilibrio tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Desde La Izquierda Plural hemos traído a esta Cámara propuestas de un reparto equitativo de los objetivos de déficit en función del peso
de gasto de cada Administración, incluso yendo más allá de lo que planteaba Convergència i Unió en su propuesta y en su discurso. Hemos exigido una flexibilización más allá de un tercio y también una compensación para este 2013 al objeto de que
toda esa flexibilización de la Unión Europea revierta completamente a las comunidades autónomas, porque han sido ellas las más damnificadas por los ajustes.
A nuestro entender, este desequilibrio responde a un doble objetivo del Estado, no es porque sí, no es casual, sino que responde a una estrategia clara: por un lado, la recentralización del poder político a través del ahogo financiero pero
también legislativo con todas las iniciativas que se están llevando a cabo; por otro, el propósito de adelgazar el Estado del bienestar, cuyo peso competencial recae en ayuntamientos y comunidades autónomas fundamentalmente. El mismo secretario
Beteta en Comisión parlamentaria vino a decir que la reforma de la Administración y las reformas que se estaban haciendo iban en la línea de adelgazar el Estado del bienestar y dar más espacio a la iniciativa privada, efectivamente, en todos los
campos. El problema es que el peso de la educación, de la sanidad, la Ley de Dependencia, los servicios sociales, las becas comedor, el Fondo de alimentos, todo esto no son competencias del Estado y cuando decide reducir los márgenes a comunidades
autónomas y ayuntamientos decide castigar precisamente las políticas de cohesión social, decide castigar a las escuelas, a los centros de salud y a todos aquellos servicios y derechos que son patrimonio sobre todo de aquellos que menos tienen. De
ahí el tremendo incremento de la desigualdad desde el inicio de los recortes y no solo a partir de la crisis sino también por la voluntad de las políticas aplicadas.
Este desequilibrio fiscal territorial obviamente se traslada a los ingresos como plantea la iniciativa. El Estado no solo es responsable de una reforma fiscal regresiva aumentando los impuestos que más penalizan a las rentas bajas, como son
los del consumo o el trabajo, sino que también es responsable de penalizar a las administraciones por dos vías, porque no revierte a las administraciones los aumentos de recaudación de los impuestos que tienen cedidos, porque se establece que vayan
al Fondo de suficiencia y eso no revierte al cien por cien a las administraciones públicas. Además, no solo no beneficia sino que aumenta los gastos, porque el problema del efecto de la subida del IVA no es solo que no se participe de esa
recaudación, sino que ha aumentado los gastos por parte de las administraciones públicas. Por ejemplo, en el año 2012 se calcula que en la Generalitat, en la ejecución y en la liquidación, lo que supone el aumento del IVA son unos 200 millones
anuales, por lo que repercute en los propios gastos de la Administración, de la Generalitat, de las universidades o de empresas públicas. Por lo tanto, tiene un doble impacto si no se compensa por otro lado.
Aparte de esta petición que hace la proposición de ley de aumentar la participación, a nuestro entender, deberíamos revisar otras cuestiones, por ejemplo lo que significan las medidas fiscales aplicadas, porque la combinación de
recentralización y desigualdad pesa como una losa en los ciudadanos y en la destrucción de empleo. Deberíamos también hablar de por qué se aplaza la negociación del modelo de financiación y no sucede nada. Deberíamos haber empezado a hablar de
cómo cambiamos el modelo de financiación desde el año 2012, revisar aquellas cosas que no se hacen bien. Tampoco podemos olvidar los intentos del Estado de que las comunidades autónomas no ejerzan su poder tributario, como el intento de boicotear
el impuesto sobre depósitos bancarios solo para evitar que las comunidades autónomas pudieran obtener una nueva fuente de recursos. El planteamiento de este Gobierno adolece a nuestro entender de un cierto cinismo, porque pide responsabilidad a las
comunidades autónomas, pero luego no facilita que estas obtengan nuevos recursos. También demuestra una gran deslealtad, porque no cumple con aquellas deudas pendientes o con aquellos compromisos que están en los estatutos o en las leyes de
financiación. Por si fuera poco, el Estado no cumple ni la ley ni los compromisos, cuando deberíamos haberlos actualizado. Ayer conocíamos que se va a abordar una nueva reforma de la Administración pública, aparte de la reforma local, que
significa 8.000 millones de euros de recorte, bajo el lema: una competencia, una administración. Aquí deberíamos hacer una reflexión. Yo no comparto que la educación solo se pueda gestionar desde una administración, porque es completamente
ingenuo o naíf pensar que otras administraciones no participan del proceso educativo. Cuando el señor Montoro dice: una competencia, una administración debería saber que el Estado se debe retirar entonces de algunas competencias o que debería
pagar para que algunas administraciones puedan cumplir con ellas.
En cuanto a la exigencia al Estado en esta proposición de ley, hay una cuestión que mi grupo parlamentario no puede compartir, por lo que exigimos a Convergència i Unió coherencia con las necesidades sociales que dice defender. Ustedes se
reafirman en la necesidad -y se recoge en la exposición de motivos- de cumplir los compromisos de reducción de gasto acordados con Europa, en lugar de promover un cambio en las políticas de austeridad, políticas que se demuestran fracasadas.
Después de cuatro años de recortes lo que tenemos es más deuda, más déficit, más paro y más desigualdad. Ustedes, que no presentan los presupuestos en la Generalitat, que no presentan medidas fiscales que acompañen unos nuevos presupuestos
ejerciendo también su potestad tributaria, vienen a decir que es necesario continuar recortando, cuando hoy sabemos que los principales hospitales en Cataluña han dejado de operar un 10 % de los pacientes en los últimos dos años. Ustedes son
corresponsables y protagonistas por creer a pies juntillas que los recortes son la vía de la solución. Son ustedes los protagonistas de ese discurso. También lo han sido de la desfiscalización del pastel en el conjunto, ya que Convergència i Unió
ha votado todas las rebajas fiscales, tanto en época del Partido Popular como en época del Partido Socialista. Entre 2003 y 2008 se perdieron 17.500 millones de euros para el conjunto de las arcas públicas, pérdida que también afectó a Cataluña.
Eso significó también perder recaudación y hoy dicen que es necesario recortar. Lo que es necesario es redistribuir, porque en este país todavía hay muchísima riqueza, y cuando defendemos que hay que redistribuir entre administraciones públicas nos
encontramos, compartimos el criterio -por eso votaremos a favor de la admisión a trámite-, pero también exigimos una redistribución entre rentas, y ahí Convergència i Unió siempre ha estado en contra, siempre se ha opuesto a cualquier medida fiscal
que suponga revertir las rentas de los que más tienen a los que menos tienen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley que estamos debatiendo permite al conjunto de la Cámara -y es desde luego lo que proponen el Partido Socialista y el Grupo Socialista- hablar de las personas, de la gente, de la crisis económica, de cómo salir
y cómo repartir el coste de la misma. Esta es la idea central de nuestra intervención y lo que nos sugiere la proposición de ley de Convergència i Unió. Vamos a votar favorablemente porque, de entrada, lo que se plantea es una medida excepcional
en un momento también complicado, en un momento excepcional. Ese es el punto de partida. Probablemente no estemos de acuerdo con todo el contenido de la proposición de ley, pero lo que votamos es la consideración de poder trabajar en esta ley en
la Cámara, en la medida en que estamos hablando solo de filosofía y no entramos en el contenido concreto de la proposición de ley.
Decía a sus señorías que estamos de acuerdo con la proposición de ley porque nos permite hablar de la salida de la crisis, va en la dirección de la salida de la crisis y de hacerlo de una manera más justa y más equitativa. Esta tarde
querríamos poner cuatro razones encima de la mesa. En primer lugar, sabemos que cuando hay un incremento de ingresos y esos ingresos van a las comunidades autónomas hay una alta probabilidad de que efectivamente el Estado del bienestar sea mayor,
sea más fuerte, que la política de cohesión social sea más fuerte y más importante, porque sabemos que alrededor del 75 % del gasto autonómico es Estado del bienestar, es política social. Por tanto, cuando hay unos incrementos de los ingresos y
estos se destinan a las comunidades autónomas, tenemos esa garantía. Lo que no es concebible es incrementar los ingresos y que estos vayan por ejemplo a pagar deuda privada, es decir, que se socialicen las pérdidas del sector privado. Eso es lo
que se está haciendo ahora con el incremento de los ingresos del Estado en este último año particularmente. En eso no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo en que se incremento el peso del sector público, el gasto público para socializar las
pérdidas del sector privado, que es lo que viene sucediendo. Lo que pretende la proposición de ley creemos que va en la dirección correcta: incrementar el gasto público pero para la cohesión social. Si hay más cohesión social, de entrada, salimos
más rápidamente de la crisis, porque las rentas medias, las rentas con más dificultades van a tener más recursos, va a haber más cohesión social y esa es la antesala de la recuperación de la actividad económica y de la recuperación en conjunto del
crecimiento económico.
La segunda idea es que ningún modelo de financiación autonómica se ha aprobado o se ha pensado para transitar en un momento de crisis económica tan importante como el que estamos viviendo, ningún modelo de financiación autonómica. Por
supuesto que estamos a favor de modificar el modelo de financiación autonómica. En este punto lo que creemos es que hay que abordar un cambio de dicho modelo. Lo que sabemos en este momento es que el modelo de financiación autonómica hace que los
ingresos de las comunidades autónomas sean muy dependientes del ciclo económico y sin embargo los gastos de las comunidades autónomas sean muy inflexibles a la baja, particularmente en este momento de crisis económica y particularmente en un momento
en que la desigualdad va a más. Nos parece por tanto que hay que cambiar el modelo de financiación autonómica y esta proposición va a paliar ese déficit que tiene y han tenido todos los modelos de financiación autonómica. No estuvieron pensados ni
diseñados para abordar, para transitar por una crisis de caballo como la que estamos viviendo.
La tercera razón también es sencilla, tiene que ver con las personas y con la salida de la crisis, que es lo que a nosotros de verdad nos importa. Por encima de todo, el debate importante es el que tiene como centro a las personas, es el
debate de la cohesión y el de la salida de la crisis. Lo que ha sucedido desde el comienzo de la crisis es que no hemos llegado siquiera a la mitad del ajuste que exige la Unión Europea. Ese ajuste ha sido duro y ni siquiera hemos llegado a la
mitad. También sabemos que en una parte se ha fundamentado en reducir la inversión pública, en reducir la formación bruta de capital. Lo que queda es si cabe más duro, sobre todo si se hace por el lado del gasto social. Nosotros creemos que lo
que queda del ajuste no debe ir tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos, es decir, que se tendría que luchar contra el fraude fiscal, contra la evasión fiscal, contra la elusión fiscal, o sea que paguen los que no pagan. Esta es
nuestra reforma fiscal y esta es nuestra propuesta para movernos de acuerdo con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Se trata de que haya más ingresos, y esos ingresos no deberían venir por la vía de que paguen los que ya pagan, sino por la
de que paguen los que no están pagando. Esta proposición va en la dirección de que efectivamente esos ingresos vayan a las comunidades autónomas, es decir a la política social. Va por el camino correcto. Nosotros creemos que esos mayores ingresos
que deberían
venir en los próximos años deberían ir a la política de cohesión y de bienestar, porque es condición necesaria para salir de la crisis, es condición necesaria para que haya demanda efectiva, es condición necesaria para que haya crecimiento
económico. Asimismo se plantea una manera de salir de la crisis mucho más cohesionada, mucho más igualitaria, mucho más solidaria.
En definitiva, creemos que si se plantea el ajuste por el lado del gasto, sobre todo del gasto social, lo que vendrá en los próximos años será mucho más duro. Lo que tendría que producirse es un incremento de los ingresos -insisto, por la
vía de los que no pagan-, ingresos que deberían ir en la dirección de sostener el Estado del bienestar y por tanto una parte importante tendría que trasladarse a las comunidades autónomas, luego lo que se nos propone va en la dirección correcta de
salir de la crisis, de que haya más demanda para que haya más actividad económica y para que además se haga de una manera justa. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Por último, sabemos que la Unión Europea ha dado a España 2 puntos de cuello con relación a los objetivos de déficit para este año, pero a estas alturas, prácticamente a mitad de año, todavía no se sabe cuál es el objetivo de déficit de las
comunidades autónomas. Es fácil de decir pero complicado de entender. Estamos prácticamente a mitad de año y todavía no se sabe cuál es el objetivo de déficit de las comunidades autónomas. Nosotros hemos planteado en otras iniciativas que una
parte de ese cuello debería ir a las comunidades autónomas porque en ellas está residenciada la política del Estado del bienestar, pero como eso no se está produciendo y estamos a mitad de año, esta iniciativa va en la misma dirección que hemos
planteado en otros momentos. Efectivamente, nos preocupan las personas y la salida de la crisis.
Ahora que estamos hablando -termino ya, señora presidenta- de Hacienda y de ingresos, los que creemos en la Hacienda pública, los que creemos que el motor del crecimiento económico, de la salida de la crisis y de la cohesión social es la
Hacienda pública, los que creemos en eso estamos viviendo unos días muy tristes para la Hacienda pública. Nunca en la historia de la Hacienda pública democrática española, una dirección política había puesto tan a los pies de los caballos a esos
magníficos profesionales que tiene la Hacienda pública española y la Agencia Tributaria, nunca, y eso nos preocupa. Reitero en este momento que pedimos explicaciones públicas de lo que está sucediendo con la Agencia Tributaria y con la dirección
política de la misma. Nunca se había puesto a los pies de los caballos a esos magníficos profesionales, que son los que trabajan en la Agencia Tributaria española.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Popular, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, y en respuesta a la referencia que ha hecho el portavoz socialista respecto a la Agencia Tributaria, tengo que decir que el Gobierno y la Agencia Tributaria ya han dado las explicaciones oportunas y que por
supuesto seguiremos defendiendo la magnífica actuación y la profesionalidad de la Agencia Tributaria.
Respecto a la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, les tengo que manifestar que en este momento es inoportuna y absolutamente inviable dentro de las reglas del juego del sistema de financiación que ahora tienen
las comunidades autónomas. Convergència i Unió nos propone una modificación de la Ley 22, que regula el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, y a este respecto tenemos que decir que el propio Gobierno ya ha manifestado su
disposición al diálogo con todas las comunidades autónomas para poder reformar entre todos el actual sistema de financiación, porque el único interés de este Gobierno es que los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales,
estén garantizados en todas las comunidades -para los catalanes, para los andaluces, para los extremeños y para los cántabros-, que sean sostenibles y en condiciones de igualdad, sea cual sea el territorio donde vivan esos ciudadanos.
Señorías, todos ustedes saben que en la V Conferencia de Presidentes se aprobó ya una declaración en este sentido para acordar que un comité técnico de evaluación analizara el efecto de la aplicación del actual sistema de financiación e
informara sobre sus resultados. Por otro lado, el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el foro adecuado para dialogar y negociar sobre los temas de financiación autonómica, aprobó también por unanimidad de todas las comunidades
autónomas la creación de un grupo de trabajo para analizar los efectos del actual sistema de financiación, tal y como se había acordado en esa V Conferencia de Presidentes.
En definitiva, señorías, se están dando ya los pasos necesarios para dar cumplimiento a las previsiones normativas, a las previsiones que se establecen en la propia Ley 22/2009 sobre el actual sistema de financiación de las comunidades
autónomas, pero esa modificación que en el futuro se puede hacer de este sistema de financiación debe hacerse, señores de CiU, en los términos y plazos legalmente previstos en la propia Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas y en el propio
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Una proposición de ley como la que hoy debatimos solo añade confusión, no aporta soluciones para reformar el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas y solo sería un parche, como ya la ha
denominado alguno de los portavoces que han intervenido.
El Gobierno está tendiendo la mano para hacer esa reforma, pero dentro de los plazos y de los procedimientos establecidos por la ley. Hay que ofrecer soluciones globales en el tema de la financiación autonómica y en este sentido esta
iniciativa nos parece sorprendente, poco elaborada técnicamente -tengo que decírselo, con todo el respeto- y totalmente fuera de lugar en este momento. Sorprende mucho que propongan una modificación de la actual ley cuando hace pocas semanas, el
pasado 17 de abril, el propio ministro de Hacienda manifestó aquí en el Congreso de los Diputados que la intención del Gobierno es corregir ese sistema de financiación, que, por cierto, fue aprobado por un Gobierno socialista, y ahora parece que se
quieren autoenmendar votando favorablemente esta proposición de ley con el apoyo del grupo parlamentario.
Esa modificación que propone Convergència i Unió no se hace con propuestas, como digo, poco elaboradas como la que formulan hoy, que quizá pueda tener cierto recorrido político, pero que saben perfectamente que no resuelve el problema. Esa
modificación hay que hacerla con diálogo, hay que hacerla con lealtad y sobre todo respetando las leyes y los procedimientos que en dichas leyes están establecidos. Analizando su propuesta concreta me gustaría hacer alguna consideración respecto a
las afirmaciones que ha hecho el señor Sánchez i Llibre sobre que Cataluña no va a recibir ni un euro de esas subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno del Partido Popular.
Es verdad que respecto al IRPF, como su señoría sabe perfectamente, se ha aprobado un incremento de la tarifa estatal del impuesto sobre la renta, por tanto no afecta a la tarifa autonómica y en consecuencia no recibirán la recaudación
correspondiente a ese incremento, pero también es verdad que, en lo que se refiere a los incrementos de los tipos de IVA e impuestos especiales, las autonomías -Cataluña también- se verán beneficiadas de la recaudación adicional derivada de ese
incremento de tipos impositivos -el señor Anchuelo ya lo ha explicado- como consecuencia de que esa mayor recaudación va a derivar en un nuevo cálculo del Fondo de suficiencia global, del Fondo de garantía y de los fondos de convergencia autonómica
y por tanto se va a traducir en un incremento de la financiación global de las comunidades autónomas.
En cuanto al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías, respecto de los que el señor Sánchez i Llibre ha asegurado que los catalanes no iban a percibir parte de la recaudación por este impuesto, tengo que decirle que eso
es totalmente incierto, porque en las entregas a cuenta que ya se han hecho a las autonomías sobre el IRPF, cuya recaudación como sabe está cedida en un 50 % a las comunidades autónomas, ya se ha tenido en cuenta esa modificación legal y ese
gravamen especial sobre determinados premios de loterías. En resumen, tengo que decirles que el propio Gobierno ya está haciendo algunas de las cosas que CiU pide en esta iniciativa. Las comunidades autónomas se han visto beneficiadas también por
decisiones que ha tomado este Gobierno del Partido Popular y que suponen un aumento en la recaudación de determinados impuestos. Se benefician del mantenimiento del impuesto sobre el patrimonio para el año 2013, que como saben se restableció en los
ejercicios 2011 y 2012 con carácter excepcional, pero, por necesidades de reducción del déficit público, se ha prorrogado para el año 2013. Este es un impuesto cedido al cien por cien a las comunidades autónomas. El cien por cien de la recaudación
de ese impuesto va a ir también a Cataluña. Respecto de la regularización fiscal extraordinaria que aprobó este Gobierno, en el marco de la cesión del impuesto sobre la renta de las personas físicas -cuya recaudación está cedida en un 50 %-, se
verán también beneficiadas las comunidades autónomas del 50 % de lo que se recaude en esta declaración tributaria especial.
Por tanto, señorías, este Gobierno ha tenido que tomar decisiones difíciles, es verdad, pero eran inevitables para salir de la situación límite en la que nos encontrábamos hace tan solo un año. Para alcanzar el objetivo de consolidación
fiscal ha sido crucial el esfuerzo de todos los españoles -de los catalanes, de los extremeños y de los cántabros-, que efectivamente han tenido que soportar subidas impositivas que eran imprescindibles, pero hoy podemos decir que España camina en
la buena dirección y que todas las administraciones trabajan de la mano con un mismo objetivo, porque el principal problema
que tiene España y también Cataluña, no lo olvidemos, es el paro y la crisis económica, y las soluciones van a venir aunando esfuerzos. Por ello, el Gobierno no va a dejar al margen a ninguna comunidad autónoma y tampoco a Cataluña y el
Gobierno ha puesto en marcha a lo largo del año 2012 varios mecanismos para ayudar en la financiación de las comunidades autónomas, ampliando el periodo de reintegro de las liquidaciones de los años 2008 y 2009, con el Plan de pago a proveedores y
con el Fondo de liquidez autonómica, del que también se ha visto beneficiada Cataluña, como otras comunidades. El señor Sánchez i Llibre manifestaba que los funcionarios catalanes no iban a poder cobrar la paga extra -poco menos que echando la
culpa al Estado central- y usted sabe que esto no es así, todo lo contrario. El Gobierno ha puesto mecanismos para que esos funcionarios puedan cobrar sus nóminas, también los funcionarios catalanes.
Señorías, las comunidades autónomas -lo hemos dicho muchas veces- también son España, también son Estado y también forman parte de la solución a los problemas que hoy tenemos planteados, porque lo que de verdad les importa a los catalanes y
a todos los españoles es que superemos todos juntos esta crisis económica y que volvamos cuanto antes al crecimiento económico y a la creación de empleo. Para alcanzar ese objetivo es necesario diálogo -como decía antes-, consenso, lealtad entre
todas las administraciones y que busquemos juntos las soluciones. En esto es lo que está trabajando el Gobierno. Esas soluciones no se encuentran en iniciativas improvisadas de forma unilateral, con ánimo -digámoslo con todo el respeto- partidista
e interesado. Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Madrazo.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ALIMENTICIOS EN BENEFICIO DE LOS SECTORES MÁS DESFAVORECIDOS. (Número de expediente 162/000668).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al examen de las proposiciones no de ley. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la elaboración de un plan integral de optimización de recursos alimenticios en
beneficio de los sectores más desfavorecidos. Para su presentación y defensa y al mismo tiempo de la autoenmienda del propio grupo tiene la palabra la señora Martín Pozo.
La señora MARTÍN POZO: Gracias, señora presidenta.
Tengo el honor de subir a esta tribuna para defender esta proposición no de ley de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, en un tema que consideramos crucial y de vital trascendencia, como es la optimización de los recursos
alimenticios en beneficio de los sectores más desfavorecidos, una iniciativa que constata una vez más el compromiso del Partido Popular con las personas más desfavorecidas, una iniciativa para la que solicitamos el respaldo del resto de grupos
parlamentarios.
Señorías, se nos presenta una oportunidad única para arrimar todos el hombro y, en un ejercicio de responsabilidad, finalizar este periodo de sesiones apartando aquello que nos separa para apoyarnos en lo que nos une, en beneficio de las
personas más vulnerables de nuestra sociedad, a las que ha castigado de una manera especial esta crisis que venimos sufriendo desde el año 2007. No rechacen esta iniciativa con excusas baladíes solo por el hecho de ser presentada y traída a esta
Cámara por el Grupo Popular. Dejemos a un lado los intereses partidistas y pensemos en esas familias gravemente castigadas por la crisis y necesitadas de toda nuestra solidaridad, de todo nuestro apoyo y de todo nuestro esfuerzo hacia el
entendimiento.
Señorías, las cifras las conocemos ya todos y son muy preocupantes. La crisis económica que venimos padeciendo y la falta de adopción de medidas para enfrentarla y superarla, o al menos para paliar sus efectos por parte del Gobierno
anterior, ha llevado a que la pobreza en España haya subido en 4 puntos hasta el año 2011. Tenemos más de 1.800.000 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo, más de 600.000 hogares en los que no cuentan con
ningún ingreso. Señorías, la gravedad de la situación exige medidas serias, profundas y responsables para sacar a España de esta situación y no parches temporales que generen falsas expectativas -no parches temporales- y exige,
por tanto, medidas para el mantenimiento de nuestro sistema de protección social que alivie y mitigue los efectos de la crisis en tanto volvamos a la senda del crecimiento y del empleo. Necesitamos hacer sostenible el Estado del bienestar y
corregir la frágil situación en la que se encuentra como consecuencia del anterior despilfarro de dinero público y de una mala gestión de los recursos. Pues bien, esta tarea es la que ha emprendido el Gobierno del presidente Rajoy, un Gobierno que
está llevando a cabo reformas estructurales para devolver a nuestro país al crecimiento económico y a la creación de empleo, porque, señorías, no hay mejor política social que una buena política económica; un Gobierno que destina el 63 % de los
Presupuestos Generales del Estado a la política social; un Gobierno que ha aprobado el II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, que se concretará en un plan de lucha contra la pobreza infantil; un Gobierno que está elaborando un
plan nacional de acción para la inclusión social; que ha aprobado la estrategia para la inclusión de la población gitana y que ha conseguido que el 20 % del Fondo social europeo se destine al fomento de la inclusión social en nuestro país.
Señorías, pero, pese a esta intensa actividad del Gobierno en pro de los sectores más desfavorecidos, pese a su más que demostrado compromiso con las políticas sociales y pese a que estamos convencidos de que continuará con esta tarea, el
Grupo Parlamentario Popular sigue y seguirá trayendo a esta Cámara cuantas iniciativas considere necesarias para que se siga trabajando y luchando contra la desigualdad y la pobreza. Hoy traemos a esta Cámara una iniciativa íntimamente relacionada
con la lucha contra la pobreza y con más de 1.300.000 personas que están siendo atendidas por los bancos de alimentos, que están viendo incrementada la demanda de sus servicios. Dada la experiencia acumulada por la Federación Española de Bancos de
Alimentos en la gestión del Plan de ayuda alimentaria en el marco de la política agraria común y de cara a la gestión futura del nuevo fondo europeo para esta finalidad, consideramos oportuno potenciar el papel esencial que desempeñan en la lucha
contra la pobreza y que así sea reconocido en la futura regulación de la normativa del tercer sector y que se incorpore a la misma. Asimismo, consideramos necesario impulsar la apertura de nuevos canales para la colaboración con los bancos de
alimentos, facilitando la donación de alimentos por parte de particulares y empresas, de modo que puedan complementar a las grandes colectas anuales de las que obtienen sus recursos, como puede ser el caso de las donaciones on line. Incluíamos en
este primer apartado de la iniciativa la necesidad de defender la renovación del programa europeo de ayuda alimentaria para el periodo 2014-2020, habida cuenta de que a partir de 2014 el programa de distribución de alimentos estaría fuera del marco
de la política agraria común como hasta ahora. Como quiera que por la implicación de nuestro Gobierno se ha conseguido que la Comisión Europea, en su propuesta relativa al marco financiero plurianual 2014-2020, contemple un fondo para ayudar a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, fondo cuyo presupuesto será de 3.500 millones de euros, según acuerdo adoptado el pasado 12 de junio, a la vista de lo anterior nuestro grupo parlamentario ha presentando una autoenmienda para suprimir
el párrafo en el que hacíamos referencia a este tema.
Señorías, nuestra iniciativa no pretende únicamente reforzar el papel de los bancos de alimentos, sino que va más allá. Proponemos la realización de un plan integral y como tal y para optimizar los recursos alimentarios hay que fijar unos
objetivos ambiciosos en beneficio de los que más lo necesitan. No podemos consentir que, según la encuesta de condiciones de vida realizada por el Instituto Nacional de Estadística, haya más de un 20 % de la población española por debajo del umbral
de la pobreza y a la vez se estén desperdiciando en España cerca de 8 millones de toneladas al año de alimentos. Hay que combatir el desperdicio y el derroche de alimentos en cualquier momento, pero, señorías, especialmente si se está atravesando
una situación de crisis como la que venimos padeciendo. Es necesario realizar campañas para promover la responsabilidad social ante este problema. Nos felicitamos de tener un Gobierno, señorías, que, sensibilizado con el problema, ha puesto en
marcha la estrategia Más alimento, menos desperdicio, cuyo anuncio no se ha quedado en un mero titular, sino que la primera comisión de seguimiento ya se ha reunido y ha presentado las principales actuaciones, determinando la posibilidad de crear
grupos de trabajo para una mayor operatividad; un Gobierno que ha elaborado el proyecto de ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria para evitar las pérdidas de alimentos; un Gobierno que ha elaborado el proyecto de ley de
fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario; es decir, un Gobierno que no se queda en las palabras, sino que se centra en los hechos. Señorías, el movimiento se demuestra andando.
Finalizo agradeciendo las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, señal inequívoca de su interés por el tema que nos ocupa y de la oportunidad social de esta iniciativa parlamentaria, al tiempo que les tiendo la mano
para que en un ejercicio de responsabilidad apoyen esta
iniciativa de mi grupo parlamentario, que entendemos que aglutina el espíritu de la mayoría de las enmiendas presentadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Martín Pozo.
Para la defensa de las enmiendas formuladas, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, es vergonzoso que toneladas de alimentos aptos para el consumo se tiren a la basura mientras hay miles de personas, incluidos niños y niñas, que pasan hambre en
nuestra propia sociedad. Por esto, Esquerra Republicana de Catalunya, en línea con la enmienda que ya presentó en su día al proyecto de ley de cadena alimentaria, que el PP, por cierto, rechazó, plantea que se prohíba este desperdicio generalizado
de alimentos y se obligue, a la vez, a estas empresas a donarlos a bancos de alimentos, a comedores sociales o a entidades sin ánimo de lucro que atiendan a población necesitada. Es una conducta que, aunque nos parezca rara, está muy extendida hoy
en día y normalizada en países como Estados Unidos. Desde nuestra posición ideológica consideramos que esta no es la solución política al problema del hambre; de hecho, el hambre debe ser erradicado mediante las políticas necesarias, que son
justamente las políticas de ocupación, de renta básica o de atención social, políticas que permitan a la población el acceso a los recursos necesarios para vivir con un mínimo de dignidad. No obstante, en el marco generalizado de empobrecimiento de
la población y de desguace del Estado del bienestar socialdemócrata por parte del neoliberalismo, consideramos también necesario y urgente adoptar medidas provisionales, como la donación de alimentos aptos para el consumo antes de ser tirados a la
basura.
Los problemas vinculados a este derroche de alimentos están sobradamente analizados a nivel mundial por Tristam Stuart, de Oxfam, en su libro titulado Despilfarro, donde se relacionan de manera magistral los índices de desperdicios
alimenticios evitables con el hambre en el mundo, también con la especulación y a la vez con el impacto en el cambio climático. Por cierto, España está entre los Estados del mundo que más comida desperdicia. Nuestra propuesta de prohibir a las
empresas desechar de manera generalizada y donarlo organizadamente a la gente más necesitada tendría un efecto directo en la población que pasa hambre, pero no es la solución al problema global de despilfarro alimentario; de hecho, esta solución
pasa única o necesariamente por la concienciación ciudadana y la educación en la planificación alimentaria y el aprovechamiento de la comida, tanto en los propios hogares, lugares donde sale la mayoría de desperdicios, como también en los
restaurantes donde vamos a comer y en los que deberíamos reclamar que nos envasaran la comida sobrante para ser aprovechada, en lugar de ser tirada a la basura. En definitiva -acabo-, la solución pasa de manera indiscutible por aplicar más
soluciones políticas de ocupación, más políticas de renta básica, como he dicho, y, sobre todo, más políticas de atención social.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Gobierno español tiene dos batallas a las que hacer frente en la negociación de los presupuestos europeos: por un parte, garantizar la continuidad del programa europeo de ayuda alimentaria y, por otra parte, garantizar la financiación
suficiente del programa. De hecho, ya en 2011, cuando se pactó la prórroga, se redujo un tercio la cuantía y se limitó expresamente, y ello en el momento en que era más necesario. Compromís- Equo ya presentó al inicio de la legislatura unas
propuestas concretas para evitar el desperdicio de alimentos, en concreto nuestra propuesta decía: prohibir la destrucción sistemática de alimentos en buen estado para el consumo. Por cierto, el Partido Popular votó en contra. Un año después, al
Grupo del Partido Popular solo se les ocurre esta PNL que habla de mejorar la coordinación entre los agentes implicados, una campaña de concienciación e impulsar una campaña del Ministerio de Agricultura, que supuestamente ya está en marcha. Se lo
han currado, ¡vaya si se lo han currado! Sobre la estrategia del ministerio, evidentemente lo que habría que hacer es pasar de la estrategia, que no es más que un estudio de campo, a los hechos. El problema principal no son los consumidores
últimos, que cada día desperdician menos alimentos, el problema está en la distribución y, para ello, la autorregulación
evidentemente no es la solución, pues es la que nos ha traído a la situación actual, en la que el problema no es tanto lo que se desperdicia en los hogares, sino lo que tienen que desperdiciar los agricultores porque les obligan por su
aspecto, porque resulta más económico desecharlos que distribuirlos o porque son demasiado grandes o pequeños. Hoy por hoy, es demencial no hacer algo urgente. Finalizo, promover, estudiar, impulsar, realizar o mejorar son verbos que aparecen en
su PNL, pero no son verbos que solucionen problemas, hay uno mucho más simple, hacer; hagan y dejen de marear y de perder el tiempo con proposiciones como esta.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el cinismo del PP con este tema parece que no tiene fin. Las políticas económicas de su Gobierno están generando una situación de pobreza extrema y, en lugar de cambiar el rumbo de esas políticas económicas, ustedes piden caridad
para los pobres. Lo único positivo de esta proposición no de ley es el debate, el debate sobre los recursos alimenticios, un debate hoy más necesario que nunca. Vayamos al grano, la política agrícola comunitaria y su desarrollo por el Gobierno del
PP, los acuerdos con Estados Unidos, Mercosur, las importaciones de productos que hunden las producciones en otros países o desplazan nuestras producciones tirando los precios, fomentando el abandono rural y generando el desperdicio de alimentos son
los factores fundamentales en la generación del hambre. Así que este Gobierno tiene que cambiar las políticas agrícolas hacia una verdadera soberanía alimentaria de los pueblos y regular el mercado y las producciones con precios justos y dignos
para productores y consumidores. Los acuerdos que el Gobierno del PP mantiene actualmente en el marco de la globalización tratan la producción de alimentos como mercancía y moneda de cambio para otros intereses políticos. Señorías, la alimentación
no es una mercancía, es un derecho que tenemos todas las personas, así que no valen las políticas exclusivamente asistenciales, hay que erradicar las políticas que generan el hambre. ¿Por qué no echan ustedes a la basura las recomendaciones de su
maravilloso comité de expertos, manteniendo unas pensiones públicas en lugar de diseñar políticas que posibilitan que el 30 % de los alimentos producidos acaben en la basura? En cuanto a los bancos de alimentos, creemos que más o menos ustedes ya
lo tienen bastante regularizado, pero se debería priorizar la compra de alimentos locales también para los bancos, y así poco a poco dejaríamos el cinismo y los paños calientes y solucionaríamos el problema sin hundir a nadie, porque lo que es
inaceptable es que, habiendo comida, alguien pase hambre.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidenta.
El problema del hambre se presta al lenguaje emocional, como hemos oído de boca de la portavoz del Partido Popular. Y siendo portavoz casi del Gobierno, podría decirse, porque ha hablado usted como si fuera portavoz del Gobierno, me hubiera
gustado escuchar un lenguaje ejecutivo, porque con el asunto del hambre y con el asunto del desperdicio de alimentos lo que hay que hacer es actuar. No podemos aquí perdernos en invocaciones de la pena que nos da la gente que pasa hambre y luego
presentar una PNL como esta, que no es que fuera muy ambiciosa, pero al enmendarse ustedes mismos la han rebajado todavía más. Esto es lo que me parece inaceptable viniendo del partido que sustenta al Gobierno. También creo que debería haber
intervenido, si es que quiere nuestro acuerdo como ha dicho, con un poco más de respeto a los grupos y con un poco más de humildad, no planteándonos que lo único responsable es apoyarles a ustedes, cuando de hecho es una irresponsabilidad, teniendo
las situaciones de pobreza, de exclusión y de hambre que hay en España, que el Gobierno solamente sea capaz de presentar una cosa como esta.
En esta iniciativa se plantean dos problemas. Por un lado, el hambre y los bancos de alimentos y, por otro lado, el desperdicio de alimentos, que en realidad no tienen relación causa efecto, aunque está bien relacionarlos los dos. Conviene
dejar muy claro que la causa del hambre, de la exclusión social y de la pobreza son las políticas gubernamentales, en primer lugar. En segundo lugar, y yendo a lo concreto, ese
punto de su proposición no de ley que se ha caído en la autoenmienda que se hacen ustedes mismos respecto al programa europeo de ayuda alimentaria a los más necesitados, no está garantizado, en contra de lo que usted ha dicho. De hecho, las
perspectivas financieras 2014-2020 no se han terminado de negociar, y esos 3.500 millones no están garantizados. Incluso en el caso de que la cantidad lo estuviera, está barajándose la posibilidad de que abarquen muchas políticas sociales, además
de la donación a los bancos de alimentos, lo cual significaría detraer recursos para esos bancos de alimentos. Así que hay que defender ese programa tal y como está, no solo que permanezca, sino que, como dice Caritas en algunos de sus informes
recientes, la pobreza en España se está volviendo estructural. Por lo tanto, la ambición del Gobierno debería ser mejorar ese programa europeo. En el caso de no conseguir esa dotación presupuestaria para ese programa, garantizar que cada país de
la Unión Europea va a mantener los fondos destinados a los bancos de alimentos como hasta ahora, porque si no lo que harán será ahondar en el hambre, en la exclusión y en la pobreza, más allá de lo que lo hacen ya sus propias políticas.
Hemos presentado entre otras enmiendas, además de esta que acabo de explicar, una relativa a las medidas legales que faciliten la donación de alimentos, que ustedes también mencionan de forma genérica. Por ejemplo, modificando la
desgravación que se hace a los agricultores cuando donan parte de su cosecha en vez de dejarla pudrirse en los árboles. Si mejoramos esa desgravación que actualmente es del 35 %, les estamos incentivando a recoger esas cosechas para luego donarlas
a los bancos de alimentos. En cuanto al segundo problema que aborda la iniciativa, el desperdicio de alimentos, hay muchas medidas que se pueden tomar y que ni siquiera requieren cambios legales. Por ejemplo, en Italia hay numerosos ayuntamientos
que lo que han hecho ha sido poner a disposición de los supermercados medios de refrigeración, porque el principal problema es el de los productos frescos, el de los productos perecederos, han puesto a disposición de los supermercados, digo, medios
de refrigeración, tanto transporte como almacenes, para que se puedan trasladar desde los supermercados los alimentos sobrantes y después donarlos a los bancos de alimentos. Para hacer esto no hacen falta planes integrales, no hace falta mucha
grandilocuencia. Hace falta querer actuar. Insisto, hace falta lenguaje ejecutivo y actuar en vez de tanta grandilocuencia.
Por último, proponíamos una enmienda relativa a la regulación del etiquetado para facilitar al consumidor la diferenciación entre lo que es la fecha de consumo preferente y la fecha de caducidad, para evitar el desperdicio que se produce en
los hogares que es aproximadamente del 40 %. Es una parte considerable. Además, creemos que el Gobierno está obligado en este asunto del desperdicio de alimentos a fijarse indicadores y objetivos que sean concretos y que sean mesurables.
Proponíamos en nuestra enmienda reducir en dos años una cuarta parte del desperdicio actual que se produce. La portavoz no ha hecho ninguna mención a las enmiendas, supongo que porque tiene que aceptar la suya propia, pero sí ha hecho una
invocación genérica a que los grupos nos adhiramos -que es lo que nos propone, una adhesión- a sus propuestas, pero son tan poco ambiciosas y tan poco ejecutivas que a mi grupo le va a costar mucho apoyar esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.
Señorías del Grupo Popular, señora diputada, tienen ustedes una habilidad especial, por muy buen ánimo que una persona o un grupo traiga aquí para aprobar una iniciativa que en principio no tiene por qué ser mala, le llevan ustedes al final
a que les digamos que no podemos aprobarla, porque lo que usted ha dicho desde esta tribuna lleva a mi grupo a decirle que no podemos aprobar su iniciativa. Es imposible. Que ustedes digan que la preocupación por las políticas sociales del
Gobierno del Partido Popular está llevando a tener iniciativas como las de ahora, es, sencillamente, un escarnio para quien sufre las políticas sociales que ustedes están llevando a cabo. No se puede llevar adelante, señorías. No se puede llevar
adelante. A esta Cámara y a esta tribuna no venimos a hablar de caridad, aunque sea mi nombre; venimos a hablar de políticas sociales y de cómo terminar -y no paliar solamente- con situaciones que en este momento se están viviendo en nuestro país.
Para nosotros, señorías, es evidente que si no cambiamos el modelo económico y social actual, difícilmente solucionaremos el problema del hambre que hoy existe en nuestro país y que en este mundo global se lleva por delante la vida de millones de
seres humanos. Sus políticas, insisto, ni aquí ni fuera de aquí, las políticas neoliberales, llevan ese camino. Señorías, las
causas de la pobreza no desaparecen distribuyendo alimentos. Son necesarias políticas públicas que garanticen procesos de salida de la situación de vulnerabilidad a través del empoderamiento social, sostenibilidad en el tiempo y, por
supuesto, apoyo al tejido productivo local. Ustedes llevan otra dirección que nada tiene que ver con eso, quizás más cercana a otros conceptos religiosos que, desde luego, se alejan muchísimo de las políticas sociales.
En España tenemos más de un 27 % de la población activa en paro y más de un millón de personas pasando hambre, según la encuesta del INE, y tal y como ustedes señalan en su iniciativa -que luego no tiene nada que ver con lo que proponen- lo
que supone es que un 2,4 % de los residentes en España no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. Bueno, ¡qué les voy a contar! Ya conocen ustedes los informes elaborados tanto por Foessa como por Unicef, que
van en la misma dirección diciendo que a quienes más perjudica este tipo de políticas que se llevan a cabo en la situación en la que estamos es a la infancia y a las personas mayores. Creo que ya lo saben ustedes aunque no lo hayan dicho, los
bancos de alimentos funcionan repartiendo los alimentos que reciben mayoritariamente de los sobrantes de la agroindustria, los supermercados y los excedentes derivados de la política agraria común, la PAC. Pues bien, la propuesta PAC presentada el
pasado año por la Comisión Europea rebaja en 1.000 millones la cifra de estos fondos asistenciales para el periodo 2014-2020, es decir, de 500 millones que se podían repartir, anualmente pasamos a unos 350, o lo que es lo mismo, a más hambre menos
dinero. No queremos parches; nosotros tampoco, no queremos parches, pero tampoco queremos caridad. Queremos soluciones políticas a situaciones graves que se viven en este país en este momento; eso es lo que queremos. Por eso, la propuesta ha de
ser cambiar parte del actual sistema de compra pública a grandes empresas de la industria alimentaria y construir un modelo social que priorice a la ciudadanía y a los productores. Es decir, las nuevas necesidades ahora mismo, como ustedes bien
saben, están perjudicando y están llegando a personas que ya no estaban en la exclusión social y que ahora se ven inmersas en situaciones de pobreza extrema y de exclusión social. Y eso, ¿cómo lo hemos conseguido? Con más paro. Señorías, no
olviden que desde que ustedes gobiernan tenemos 6 millones de parados, con más recortes porque hay que suplir el déficit pensando en el gasto y no pensando en la inversión en las personas y, por supuesto, con más pobreza y más exclusión.
Nosotros creemos que el poder político, que las administraciones tienen la posibilidad de modificar el mercado alimentario haciendo compra pública y licitación de suministros. Si este volumen de compras se realizara en una red de mercados
de proximidad estaríamos ante un factor de indudable importancia para crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables con unas consecuencias relevantes a nivel económico, social, medioambiental y cultural; cosas positivas, cosas
activas...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora García Álvarez, tiene que terminar.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino, señora presidenta.
Señorías del Grupo Popular, nos hubiera gustado que ustedes hubieran aceptado la enmienda. Probablemente, mejoraría en mucho lo que ustedes hacen. Ustedes se autoenmiendan y empeoran. Miren, señorías del Grupo Popular, les voy a recordar
una frase de Concepción Arenal que decía: ¿Los pobres serían lo que son si nosotros fuéramos lo que deberíamos ser? Como estamos siendo lo que no deberíamos ser, los pobres son lo que son. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, no es la primera vez tampoco que debatimos esta problemática del desperdicio de alimentos en las Cortes, tanto aquí en el Congreso como en el Senado. Sin ir más lejos, quiero recordar que hace solamente un mes, el propio Grupo
Parlamentario del Partido Popular también presentó una moción en el Senado sobre los excedentes alimentarios en la Cámara Alta. Por cierto, señorías, que allí se pudo lograr un consenso entre todos los grupos parlamentarios.
Datos recientes -y lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra- sitúan a España como el sexto país de Europa que más comida desperdicia. Nadie obvia que tanto a nivel estatal como comunitario se desperdicia gran cantidad
de alimentos. En este sentido, además el Parlamento europeo hace más de un año aprobó un informe en el que se establecía como objetivo para 2020 reducir el despilfarro de alimentos a la mitad. Evitar este desperdicio tiene consecuencias
beneficiosas en muchos
ámbitos, desde el medioambiental, como dicen ustedes, por la reducción de residuos, hasta el que más nos interesa a todos en este momento teniendo en cuenta el contexto económico actual en el que cada vez más personas se encuentran en
situación de exclusión social y sin recursos para poder acceder a una alimentación en cantidad y calidad, que es buscar soluciones para evitar el desperdicio y que los excedentes alimentarios que nuestra sociedad genera redunden en beneficio de los
más necesitados. Muchas son las acciones que se han realizado desde el Estado, desde comunidades autónomas y desde entes locales y también desde los propios agentes afectados, desde los propios agricultores hasta el final de la cadena. Hay que
aprovechar al máximo los alimentos que, siendo aptos para el consumo, no pueden comercializarse. En el ámbito local hay que destacar algunas iniciativas pioneras -y quiero hacerlo yo aquí- como la del Ayuntamiento de Gerona, que propició un acuerdo
entre el ayuntamiento y todas las cadenas de supermercados para derivar los productos a punto de caducar a los centros de distribución de comida; empresas, cooperativas que de la retirada de alimentos de determinadas materias primas como frutas y
hortalizas, propician que se convierta en producto transformado y facilite el aprovechamiento del mismo y su distribución a entidades sociales. Hay una adhesión, también en Cataluña, por parte de la Generalitat a la campaña de las Naciones Unidas
Piensa, come, ahorra, para prevenir también este despilfarro alimentario. Por parte del Estado, la recién aprobada estrategia Más alimento, menos desperdicio y la decisión de eliminar la fecha de caducidad de los yogures y sustituirla por una fecha
de consumo preferente también es una de ellas.
En este sentido, nosotros pedimos en nuestra enmienda que el plan de optimización de alimentos se realice de acuerdo con las comunidades autónomas, también con los entes locales y con todos los agentes afectados; aprovechemos, señorías, su
experiencia y su conocimiento. Centrándonos en el banco de alimentos, quiero destacar el gran papel que están desarrollando a favor de los sectores más desfavorecidos. Son los primeros en reclamar que se frene ese desperdicio de alimentos, pero
seamos sinceros. El problema de abastecimiento que afecta actualmente a los bancos de alimentos no se solventa solo optimizando los recursos; claro que es importante y todo suma, pero lo que necesitan en realidad es más recursos y más ayuda. Son
constantes los llamamientos de socorro que nuestros bancos de alimentos están lanzando, pero dado el incremento de la demanda -es tal y va tan rápida- el aumento de las donaciones voluntarias de particulares, empresas e instituciones no les llega lo
suficientemente rápido. Por otro lado, el programa de la Unión Europea de distribución de alimentos entre las personas más necesitadas, que se beneficiaba hasta ahora de los fondos agrarios, pasará a beneficiarse del Fondo social europeo, y con el
nuevo marco plurianual 2014-2020, previsiblemente, sufrirá un recorte de 142 millones al año. Por eso también nosotros pedimos en nuestra enmienda que, en caso de reducciones presupuestarias por parte de la Unión Europea, se proceda a dotar los
programas de ayuda a los bancos de alimentos con una dotación presupuestaria compensatoria.
La portavoz del Grupo Popular nos decía antes que no fuéramos partidistas. Yo quiero responderle que no es ese nuestro estilo y que nunca hemos hecho eso, y menos en estas materias. He empezado diciendo que no es la primera vez que
hablamos de estos temas en las Cortes, y creo que ya es hora, señorías de la mayoría, señorías que dan su apoyo al Gobierno, de que pasen a la acción. Esto corresponde al Gobierno, pero con la aprobación de esta nueva proposición no de ley pasen
realmente ya a la acción y pónganlo en práctica rápidamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Socialista, señora Ros.
La señora ROS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Las primeras palabras del Grupo Socialista serán para reconocer la gran labor humanitaria y social que hacen día a día los bancos de alimentos, las ONG y colectivos sociales. El jueves pasado la Federación de asociaciones de madres y padres
de alumnos de Castellón alertaba de niños que buscan comida en las papeleras del colegio, de alumnos que se marean porque no han desayunado o cenado, de profesores que les llevan comida. De las becas de comedor que garantizaban comida diaria hemos
pasado a las fiambreras y ahora a las papeleras. Ese mismo día un medio de comunicación publicaba una carta de una ciudadana que decía: Solo quisiera formular una pregunta a nuestro Gobierno: ¿Qué sienten ustedes cuando desde los comedores
sociales y ONG tienen que hacer un llamamiento a los ciudadanos para que colaboremos en la entrega de alimentos para los más necesitados, los niños? Esta ciudadana se respondía: Si yo perteneciese al Gobierno sentiría vergüenza. ¿Cómo es posible
que nuestros niños pasen hambre?
¿Qué sería de estos niños si no tuvieran un comedor social donde ir u ONG que velen por ellos? El Gobierno ha abandonado a los más necesitados, y ante la falta de reacción del Gobierno está habiendo una reacción ciudadana; la gente está
haciendo lo que ustedes deberían hacer y no hacen, dar soluciones. Señorías, la ciudadanía reclama al Gobierno una actuación urgente, contundente y verdadera, esperan realidades, que no se les engañe más. En España, cerca de 300.000 familias con
niños pasan hambre. La pobreza cada vez más tiene nombre y rostros infantiles. Maestra, hoy para desayunar traigo el bocadillo mágico, pan con pan, y yo imagino lo que lleva dentro. Esta es una realidad vivida no hace mucho en una escuela de
nuestro país. Según Unicef, más de 2 millones de niños viven en pobreza; son familias que están sufriendo las carencias del sistema público de protección que ha lapidado el Partido Popular con sus recortes; han agotado sus recursos y lo mismo
ocurre con las ONG y bancos de alimentos, que alertan de que no pueden atender todas las peticiones, de que están en situación límite. Con los alimentos que se tiran cada año se podrían llenar ochenta veces los cincuenta y cinco bancos de alimentos
que hay en España. No podemos consentir que se tire comida cuando hay personas que no tienen qué comer. La presencia de menores en los comedores se ha duplicado en menos de un año y aumenta ahora en vacaciones. Esta semana acaba el curso escolar.
Los directores constatan que cada vez hay más niños que hacen su única comida en el colegio. No permitan que este verano miles de niños y niñas pasen hambre.
Señorías del Grupo Popular, su proposición no de ley es una mera lista de vagas intenciones, un nuevo brindis al sol, pero la ciudadanía necesita realidades ya. El colmo de su cinismo y su hipocresía política es cuando hablan de Europa. El
12 de junio se debatía una enmienda socialista sobre reponer los 1.000 millones de euros del programa europeo de ayuda alimentaria a personas más necesitadas ya que el Consejo Europeo lo había reducido en esa cantidad. Pues bien, el Partido Popular
votó que no, y este es el programa de donde se nutre el banco de alimentos. Es triste comprobar que no podemos contar con ustedes para defender una financiación suficiente para el banco de alimentos. Ya les adelanto que no será este grupo, el
Grupo Socialista, quien abandone responsabilidades. Hemos presentado enmiendas a su proposición no de ley para convertirlas en medidas concretas que sean soluciones que lleguen a los ciudadanos. (El señor presidente ocupa la Presidencia). No
pueden venir aquí y decir que están haciendo cosas. Pregunten a la ciudadanía, vayan a un comedor social, a la cola del INEM para hacerse fotos como cuando estaban en la oposición y pregunten; pregunten sobre sus planes. Ni los conocen ni los
esperan, se sienten abandonados por el Gobierno. Tenemos a todas las ONG reclamando una ayuda más activa, pero desgraciadamente ustedes no les hacen caso. Ahora más que nunca hace falta redoblar esfuerzos, solidaridad y responsabilidad. No se
trata de ser alarmistas. Se trata de afrontar la realidad pura y dura, de mirar a los ciudadanos de frente, a los ojos, ponerse a su lado y actuar; actuar, señorías, hacer, decirles que este Parlamento les va a ayudar porque los políticos tienen
que dar soluciones a sus problemas, y no ser el problema de los ciudadanos. No me digan que la crisis les ha obligado porque si ayudan a la banca, por qué no ayudan a las personas para que puedan comer. Mientras debatimos esta proposición no de
ley, en la Comunidad Valenciana los alcaldes socialistas van a poner en funcionamiento los comedores escolares durante el verano y en Andalucía se han tomado medidas ya para garantizar la alimentación de niñas y niños; por cierto, medidas de las
que ustedes se mofaron comparándolas con Etiopía.
Señorías del PP, hay alternativas, y lo socialistas, en la oposición o en el Gobierno, estamos haciéndolo. Acepten nuestras enmiendas y hagámoslo realidad. No queremos caridad, queremos justicia social. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ros.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Vasco-PNV el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervendré con brevedad porque creo que lo más importante ya se ha dicho por parte de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. La PNL del Grupo Popular nos ofrece una versión excesivamente light de un gravísimo problema
que nos atañe a todos. Estamos ante un drama social de grandísima envergadura, y yo creo que el planteamiento es excesivamente ligero para un problema como el que todos conocemos. Sabemos perfectamente que los bancos de alimentos son hoy en día el
único recurso alimenticio que tienen muchos ciudadanos y familias del Estado español. Como se ha dicho aquí, parece ser que tenemos una pobreza instaurada, y los informes de Cáritas así nos lo dicen. No voy a repetir cosas como que hay un montón
de niños que solo comen en el colegio, que solo comen
por medio del banco de alimentos y que tenemos un gravísimo problema de pobreza pura y dura. La PNL que vamos a debatir y que tenemos que apoyar o no apoyar es un tema relativo no a la pobreza en general ni incluso a la pobreza infantil;
estamos hablando de la función de los bancos de alimentos y cómo potenciarlos. Nos viene el grupo que apoya al Gobierno pidiendo cosas que de por sí debería de hacer sin necesidad incluso de plantearlas en este Congreso como si fueran una solución.
La caridad está muy bien como complemento y como decisión personal de solidaridad individual -así ha sido, ha funcionado y ha hecho una gran labor- pero nunca debe ser la base de la acción social. La acción social debe ser algo mucho más
estructurado, mucho más formado y basado en programas, en políticas, en planteamientos serios. Hoy el Grupo Popular nos viene con una proposición no de ley que parece más un canto al sol, una especie de brindis, que un verdadero compromiso: un
quedar bien con algo en lo que sabe perfectamente que todos estamos de acuerdo. Nadie puede estar en contra de los planteamientos o de las peticiones que se hacen, pero, claro, estamos hablando del grupo del Gobierno. El grupo del Gobierno tiene
que subir a este estrado con otra serie de propuestas, no puede venir con cantos al sol a ver qué es lo que ocurre. Los verbos que se enuncian en el inicio de cada punto son: tener en cuenta, defender, promover, estudiar, impulsar y mejorar. ¿Qué
compromiso hay ahí? ¿Hay algún compromiso concreto de decir vamos a poner no sé cuántos millones de euros para que esto sea así? Eso es un verdadero compromiso. Todo lo demás son sujeto, verbo y predicado. En este sentido, ustedes podrían haber
traído algo mucho más serio.
Por otra parte, no sé por qué han quitado el punto 2 por medio de su autoenmienda. No sé si alguien de repente les ha avisado de que eso era un peligro o no sé qué ministerio se ha sentido en la obligación de tener que defender algo que le
resultaba incómodo; pero el tema es que ustedes lo han quitado. Yo creo que verdaderamente está ahí el quid de la cuestión: hay que solicitar a la Unión Europea que siga manteniendo ese programa. Lo que hay que hacer es pelear en la Unión
Europea por medio de los representantes que se sientan en este banco azul, que son los que tienen la potestad de hacerlo en Bruselas. Ustedes saben que no es que podamos permitirnos el descenso de esos presupuestos, es que necesitamos incluso más
porque cada vez hay más gente necesitada de esos recursos. Lo que debería proponer el Gobierno es: vamos a aumentar el presupuesto dirigido a ello. Claro, el banco de alimentos es una solución puntual. El problema es las causas que originan que
tengamos que recurrir a un banco de alimentos; esa es la verdadera desgracia. Podemos poner cien bancos de alimentos y, bien, solucionarán. Aquí se decía, por la responsable del Grupo Popular -que ha subido por cierto echándonos la bronca antes
de oírnos, y creo que eso no se hace- que no quieren parches, que quieren políticas de verdad. Pues en su mano está. Ninguno de nosotros creo que queramos parches. Los bancos de alimentos -decía-, entre otras cosas, son una solución temporal para
una situación complicadísima que tienen muchas familias. Lo que hacen falta son locales, furgonetas; lo que hace falta son compromisos y acuerdos con entidades como supermercados, grandes superficies. Algunas entidades, por ejemplo las forales en
el caso de Euskadi, han acordado, han llegado a acuerdos con grandes superficies -en momentos en los que mi partido ha estado gobernando, por ejemplo, en la Diputación de Gipuzkoa ha ofrecido posibilidades para que se pueda transportar la
mercancía-. Es decir, hay que manejar el tema para que los bancos de alimentos, que están atendidos por gente de buenísima voluntad que está dando de comer a un montón de personas, puedan llevarse a cabo con los recursos de que se dispone. Por lo
tanto -señor presidente, ya sé que no me queda mucho tiempo-, no puede venirnos con una exigencia de: firme aquí o si no usted está en contra de lo que nosotros proponemos. No. Además, lo que no puede es venir y decir: que sepa que esto es una
especie de adhesión a un canto, a un viva al Gobierno de Rajoy, ya que gracias a sus políticas económicas lo está llevando a cabo. ¡Hombre, hasta ahí podíamos llegar! Una cosa es que ustedes sean el grupo del Gobierno, pero cuando vengan aquí, si
no vienen con ningún compromiso, si solo vienen con verbos que dicen que tenemos que impulsar, que tenemos que mejorar y además nos exigen que reconozcamos que todo eso es gracias a la política económica que está llevando el Gobierno, nos genera
bastantes dudas.
Para acabar, me ha dado una sensación de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ustedes han decidido traer esto pero lo han traído a medias; han conseguido quizá un efecto bumerán, en aquello en que seguramente todos hubiéramos
estado de acuerdo han hecho un discurso, han hecho una autoenmienda, con lo que han conseguido que los demás grupos sintamos una sensación de ¡qué es lo que ocurre aquí!; es decir ha generado un efecto contrario al que se buscaba.
El señor PRESIDENTE: Señor Agirretxea tiene que terminar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: El tema de los bancos de alimentos es una cosa muy seria. Gracias a Dios en algunos sitios se está llevando muy bien gracias a la voluntad de muchas personas. Por lo tanto, creo que se debería tratar de otra
manera.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Señora Martín Pozo, a efectos de enmiendas, ¿las acepta o rechaza?
La señora MARTÍN POZO: Señor presidente, se votará en los términos de la autoenmienda.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA LA DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 162/000663).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la defensa de la negociación colectiva. Para defender la iniciativa tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
La proposición no de ley que presento en nombre de nuestro grupo, La Izquierda Plural, pretende dar una salida, una solución a lo que ha sido una de las barbaridades cometidas por la reforma laboral del año 2012. En su obsesión por forzar
una bajada generalizada de salarios y debilitar la negociación colectiva, el Gobierno de Rajoy, con el voto del Grupo Popular y de Convergència i Unió, ha aprobado una reforma laboral que ha abierto tres grandes boquetes en nuestro sistema de
negociación colectiva. En esta ofensiva por tierra, mar y aire la reforma laboral del Grupo Popular y de Convergència i Unió ha convertido la fuerza vinculante de los convenios, prevista en el artículo 37 de la Constitución, en verdadero papel
mojado. En primer lugar permite el incumplimiento, el descuelgue unilateral por parte del empresario de lo acordado en los pactos colectivos. Al mismo tiempo permite la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, vía artículo 41, algo
que están sufriendo en estos momentos muchos trabajadores. De esta manera -seguro que nos lo explica el amigo Emilio Olabarría- en estos momentos da más garantías un contrato civil protegido por el Código Civil que un convenio colectivo protegido
-o no, en este caso- por el Estatuto de los Trabajadores. La reforma laboral del Grupo Popular y de Convergència i Unió legaliza que los convenios de empresa puedan establecer condiciones de trabajo peores que las establecidas en convenios
sectoriales. Con ello lo que han pretendido quienes votaron esta reforma -Grupo Popular y Convergència i Unió- ha sido romper el espacio de solidaridad que comportan los convenios sectoriales, pero al mismo tiempo están propiciando estrategias de
dumping laboral de las empresas más precarizadoras. Por último -es el tema objeto de hoy-, la reforma laboral del Grupo Popular y Convergència i Unió, al modificar las condiciones de la prórroga de vigencia temporal de los convenios colectivos, ata
las manos a una parte de los negociadores, a los negociadores de los trabajadores, a los negociadores sindicales, porque ofrece a las empresas la posibilidad de ejercer el chantaje negociador. La disposición transitoria cuarta en relación con el
artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley 3/2012, conlleva que transcurrida la prórroga de un año desde el final de la vigencia temporal de un convenio este pierda su vigencia. El Grupo Popular y Convergència i Unió están brindando
a la patronal la estrategia de bloqueo de la negociación, sabiendo una parte de los negociadores -la patronal- que si llevan al límite esa negociación los trabajadores pierden la cobertura de la negociación colectiva y les pueden someter a una caída
de la cobertura de la negociación y, por tanto, en la visión de los más halcones de la patronal, someterlos al salario mínimo interprofesional.
Hoy, a las puertas del 7 de julio, último día de la transitoriedad acordada por la ley, existen en España 1.400 convenios colectivos, concretamente 1.408, que afectan a más de 2,1 millones de trabajadores en estas circunstancias. Las
consecuencias de ello son: en el orden social, sin duda muchos trabajadores pueden ver en riesgo sus condiciones de trabajo sometidos a una situación de debilitamiento de la negociación colectiva; pero tiene también consecuencias empresariales.
Lo han visto los sectores más sensatos de la patronal, porque cargarse de esta manera la negociación colectiva propicia las estrategias competitivas de dumping social. En estos momentos de recesión económica, de necesidad de activar el consumo,
este tipo de actuaciones provoca sin duda riesgos objetivos y psicológicos para
acrecentar la recesión. El Grupo Popular y Convergència i Unió en la defensa de su reforma lo justificaron en la clave de aumentar la flexibilidad de la negociación colectiva, pero el resultado es la ley de la selva. Se han movido los
interlocutores sociales, sin duda; por eso el pasado 23 de mayo las asociaciones sindicales y empresariales firmaron un acuerdo en el marco de la comisión de seguimiento del II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva para propiciar que
los negociadores de los convenios mantengan la vigencia mientras se negocia y al mismo tiempo apostar por la mediación y el arbitraje como solución de conflictos. Sabe el Grupo Popular, sabe Convergència i Unió, que ese acuerdo no es de eficacia
general sino solo obligacional; por tanto, muchos sectores empresariales en estos momentos están aprovechando la oportunidad que ellos les han dado con la reforma laboral aprobada para llevar la negociación colectiva hasta el límite. Saben que si
bloquean la negociación colectiva tienen todas las de ganar; saben que la otra parte de la negociación colectiva está maniatada ante la fuerte precarización de este modelo de negociación colectiva defendida por el Grupo Popular y Convergència i
Unió. Hoy existen en este país -insisto- 2,1 millones de trabajadores en riesgo de quedarse a las puertas de no tener un convenio de referencia y sometidos, por tanto, a una situación de profunda desprotección. En este contexto me sorprende
especialmente la actitud, la posición de Convergència i Unió. Cataluña es una de las comunidades más afectadas; hay más de 300.000 trabajadores en riesgo de quedarse sin convenio, entre ellos los del sector del transporte de mercancías, ocio
socioeducativo, talleres de discapacitados, comercio textil, actores y actrices y el personal docente de investigación de las universidades catalanas. Se trata de trabajadores que se van a quedar sin cobertura de convenio colectivo si no lo
remediamos hoy aquí. Déjenme que le diga, con todo el respeto, al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que tiene una manera un tanto peculiar de defender el marco catalán de relaciones laborales y de propiciar la creación de las estructuras
de Estado que dice defender. Su manera es ... (Pronuncia palabras en catalán).
La proposición no de ley que presentamos tiene dos objetivos, ganar tiempo aprobando una prórroga de lo establecido en la Ley 3/2012 para que haya tiempo de abordar la reforma de la reforma de la única manera posible, que es planteando,
incentivando y estableciendo de manera nítida los mecanismos de mediación y en su caso de arbitraje. Una negociación colectiva no puede momificarse -es verdad-, pero tampoco puede terminar en el vacío, porque eso es someter, especialmente en estos
momentos de desigualdad de las partes en el ámbito de la crisis, a una de las partes (los trabajadores) a una situación de chantaje insostenible. Para ello, posiblemente deberían modificarse algunas de las reflexiones hechas en el debate de la
reforma laboral. Además, proponemos que se aproveche la oportunidad para resolver algunos problemas de grave técnica legislativa cometidos en la redacción de la Ley 3/2012, algo que no me extraña, porque teniendo en cuenta la manera en que el Grupo
Popular nos somete al debate de estas leyes lo extraño sería que saliera una ley bien confeccionada.
Termino. Señorías del Grupo Popular, si de verdad quieren combatir la pobreza, si de verdad quieren acabar con la pobreza, voten favorablemente hoy esta proposición no de ley, porque con caridad no se resuelve. Ustedes, su política
económica y su política laboral están provocando que en España se pueda ser pobre teniendo un trabajo. No solo son pobres las personas que llevan cuatro años sin trabajo, lo son también aquellas que están sometidas a contratos absolutamente
precarios. Han creado ustedes, fruto de su política, la figura, la realidad del trabajador que, trabajando, no consigue superar los límites de la pobreza. Recuerden lo que les han dicho muchos de los intervinientes en la proposición anterior: la
pobreza no se combate con caridad, la pobreza se combate no usurpando derechos que los trabajadores han conseguido en los últimos cien años. Ustedes han devuelto el derecho del trabajo...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
Ustedes han devuelto el derecho del trabajo al siglo XIX. Insisto en una cuestión, su reforma laboral da en estos momentos menos garantías a las partes que negocian convenios colectivos que el Código Civil a los contratantes civiles de un
contrato. Eso es lo que ustedes han conseguido con su reforma. Les ofrecemos la posibilidad de modificarlo votando a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, señorías, analizamos hoy la proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural en defensa de la negociación colectiva. La posición de mi grupo es de apoyo a esta propuesta, más aún
si tenemos en cuenta que los sindicatos y empresarios acaban de alcanzar un acuerdo el pasado 23 de mayo para marcar un camino y pautas de solución al problema creado por la reforma laboral del Partido Popular al modificar el artículo 86.3 del
Estatuto de los Trabajadores. Esta reforma ha creado un vacío en la regulación de los derechos y deberes que hasta ahora protegía el convenio colectivo, que mantenía su vigencia hasta la entrada en vigor del siguiente. Más de 2 millones de
trabajadores sufren en estos momentos una gran inseguridad personal y jurídica en su centro de trabajo. De un día para otro cientos de miles de trabajadores pueden ver sus condiciones de trabajo sustancialmente alteradas. El Gobierno del Partido
Popular, sin mediar negociación ni acuerdo, ha roto uno de los intangibles más importantes de nuestras relaciones laborales, el diálogo social. La reforma laboral rompe el equilibrio existente en el marco de relaciones laborales construido por
todos a partir del acuerdo constitucional, que se basaba en la autonomía colectiva y en la eficacia general de los convenios. De ahí que formulemos una enmienda de adición a la proposición no de ley que hoy analizamos en el sentido de instar al
Gobierno a que dé eficacia general al acuerdo que sobre ultraactividad de los convenios colectivos han suscrito las organizaciones sindicales y empresariales el pasado 23 de mayo.
Señorías, ese acuerdo obligacional supone una enmienda de totalidad a la reforma del Partido Popular. En este caso la enmienda de totalidad viene firmada por los agentes económicos y sociales. Este acuerdo supone una lección para los
ideólogos de la reforma laboral por su desconocimiento profundo del funcionamiento de la economía real y de las empresas. Señorías, a las empresas les interesa la fortaleza de la negociación colectiva, les interesa el acuerdo entre otras cosas
porque evita la competencia desleal basada en el dumping social. La negociación colectiva es un gran activo y de gran rendimiento para nuestro país. La paz social, los consensos en el seno de la empresa, el respeto a los derechos de los
trabajadores, lejos de ser una rémora para la empresa, son el mejor caldo de cultivo para la mejora de la competitividad, la mayor productividad y la incorporación permanente de la innovación y para, de esta forma, conquistar mercados cada vez más
internacionalizados. La paz social es uno de los grandes atractivos para la inversión; la sociedad española no puede seguir contemplando sin preocupación la pérdida de uno de los principales bienes públicos desarrollados durante la democracia, que
es el modelo de relaciones laborales con altos niveles de acuerdo y que ha propiciado las más bajas tasas de conflictividad laboral de nuestro entorno. Las organizaciones empresariales y sindicales, con el acuerdo de 25 de enero de 2012, hicieron
un sustancial esfuerzo en la articulación de la negociación colectiva, la flexibilidad interna acordada y de moderación salarial; un acuerdo pensado para favorecer una salida de la crisis con reparto de sus costes entre el conjunto de los actores y
agentes económicos y sociales. La reforma laboral, sin embargo, vuelca todos los costes de la crisis en los trabajadores a través del despido, con intensa destrucción de empleo y ajustes de plantilla, mediante una profunda y descompensada
devaluación salarial y del ajuste brutal en las condiciones de trabajo, dando un poder unilateral a la empresa y eliminando la ultraactividad de los convenios colectivos.
Señorías, hoy lo urgente es reparar el gran agujero ocasionado en la eficacia de la negociación colectiva al suprimir su ultraactividad, hoy lo urgente es dar respuesta y seguridad a cerca de 2 millones de trabajadores que pueden perder sus
derechos como consecuencia de una reforma laboral que vulnera gravemente preceptos constitucionales.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gutiérrez del Castillo.
En turno de fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Manifestamos ya inicialmente nuestra posición favorable a esta proposición no de ley porque desde nuestro punto de vista es positivo, como se hace en la proposición no de ley, prolongar la disposición que en este caso se plantea. Lo decimos
por varias razones, porque recientemente se ha firmado un documento entre las centrales sindicales UGT y Comisiones y la CEOE justamente relacionado con este asunto, y desde nuestro punto de vista este acuerdo, que se hace en mayo de 2013, deja en
evidencia uno de los grandes errores de la reforma laboral que significa la Ley 3/2012, concretamente el relacionado con la disposición transitoria cuarta. Lo decimos, señorías, porque nuestro grupo, el BNG, que presentó enmiendas a esta
disposición transitoria, ya planteaba el gravísimo problema que esto iba a significar, y
curiosamente un año después o menos nos encontramos con que patronal y sindicatos llegan a un acuerdo al que no estuvo dispuesto a llegar el grupo mayoritario de esta Cámara y mucho menos el Gobierno. Por tanto, señorías, la propuesta que
hoy nos hace La Izquierda Plural nos parece muy positiva, igual que nos parece positivo el acuerdo firmado por patronal y sindicatos, aunque desde nuestro punto de vista tiene algunas inseguridades en la medida en que, si hay convenios que tanto
trabajadores como la representación social consideran que pueden seguir negociándose, no debe ser de obligado cumplimiento tener que ir a un laudo, como puede entenderse de los acuerdos alcanzados, incluso de la propuesta que se hace. Es una
cuestión que a nosotros nos preocupa pero que no impide que valoremos muy positivamente la propuesta de hacer las reformas necesarias de la Ley 3/2012 hasta garantizar las cuestiones relacionadas con la negociación colectiva, de manera que los
intereses de los trabajadores y trabajadoras queden garantizados.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, denunciamos una vez más la perversidad de la reforma laboral. La reforma laboral impulsada por este Gobierno es un atentado a los derechos de los trabajadores, al servicio del diseño de unas nuevas relaciones laborales para la
sociedad post crisis que parte de la premisa de que el trabajo es un privilegio y no un derecho, verdadero terrorismo laboral al servicio del mantenimiento de la tasa de beneficios empresariales basada en la rebaja de los costes de los trabajadores
y no de lo que debería ser, buscar el incremento de la productividad. Han optado por la desregularización de las relaciones laborales, han optado por otorgar en exclusiva el proyecto empresarial a los empresarios -fíjense qué lejos queda la
cogestión-, han optado por la descausalización del despido y, finalmente, pretenden enterrar la cultura colectiva de progreso de la clase trabajadora. La capacidad de progreso de los trabajadores radica en su organización colectiva, en su capacidad
de negociar colectivamente. Desgraciadamente, pues, la pérdida de vigencia de los convenios y la extinción de la ultraactividad es la gran oportunidad para los sectores empresariales más reaccionarios y más irresponsables. Sí, digo irresponsables,
porque ustedes saben que los empresarios más responsables, más modernos, los que tienen una visión más avanzada de lo que debe ser la salida progresista de la crisis, saben que no pueden aprovechar este tren, el tren de la legislación laboral del
Partido Popular, y sí ser fieles a los acuerdos de febrero del año 2012. No es posible salir de la crisis, no es posible ser competitivos y tener un nivel de productividad, el idóneo para salir de la crisis, si lo hacemos a costa de los derechos
laborales. Nosotros nos sumamos a cualquier iniciativa que aspire, al menos, a recuperar el escenario anterior a la última reforma laboral.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, compañeras y compañeros de La Izquierda Plural, en Euskal Herria, en 1978, Comisiones y UGT fueron las primeras fuerzas sindicales con diferencia. Sin embargo, desde entonces hasta aquí, en
treinta y cinco años en los que hemos visto procesos de desindustrialización muy fuertes, con las luchas que han llevado parejas, en los que hemos visto fuertes negociaciones colectivas y huelgas generales, la clase trabajadora vasca ha otorgado su
confianza de una forma muy mayoritaria, más de un 60 %, a lo que se denomina mayoría sindical vasca: ELA, LAB, ESK, STEE. Esto ha sido debido a que por la experiencia han visto que sus intereses estaban mejor representados por esta mayoría
sindical.
La propuesta que ha presentado su grupo se asienta en los acuerdos firmados en 2012, así como en la continuación de los mismos, que ha supuesto el último acuerdo suscrito con la CEOE y la Cepyme a últimos del mes pasado. La mayoría sindical
vasca ha rechazado estos acuerdos sobre empleo y negociación colectiva por entender que los de 2012, aparte de otras razones, suponían unos fuertes recortes salariales y porque se vulneraban los derechos a la negociación colectiva existentes en
nuestro país. Se entendía que en estos acuerdos se habían recortado derechos laborales, salariales y sociales, y no solo esto, sino que además se abrían las puertas a que temas como los que estamos discutiendo
hoy, como es el factor de sostenibilidad en relación con el tema de las pensiones, pudieran tener su puerta abierta.
Amaiur reclama soberanía para nuestro pueblo en materia económica, fiscal, de negociación colectiva, de Seguridad Social, de representación sindical, etcétera. Por eso rechazamos en buena medida todos estos antecedentes que plantea la
proposición, más en concreto cuando la misma, la de últimos de mayo, ha sido valorada por nuestro pueblo como un acuerdo vacío de contenido, y la mejor muestra de ello son las huelgas que hoy en día se están llevando a cabo en Euskal Herria -en
Guipúzcoa, en Vizcaya y en Araba-, en reivindicación de los convenios del metal en estos herrialdes y los convenios de empresa. Son luchas que se están llevando a cabo porque se entiende que los acuerdos alcanzados a últimos de mayo no han servido
para nada, por tratarse, como ya he señalado, de unos acuerdos vacíos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Coscubiela, le agradezco la referencia de autoridad que ha hecho en relación con mi humilde persona. Usted también es profesor de Derecho del Trabajo y ha planteado bien la
cuestión; yo también lo soy, pero estamos dedicándonos a impartir nuestra actividad docente en una disciplina en trance de extinción. Un sector del ordenamiento jurídico está desapareciendo y quizá lo recomendable será que cuando acabemos nuestra
actividad en esta casa busquemos otra especialización. Quizá en los tiempos que corren el derecho concursal no sería una mala recomendación, o el derecho penal en subespecie corrupción.
Al margen de estos derroteros y de estas reflexiones preambulares, señor presidente, quiero indicar que está muy bien planteada la cuestión que debatimos de la reforma laboral. Sin perjuicio de las descausalizaciones diversas que se
acometen desde el ámbito de la contratación al ámbito de la modificación de las condiciones de trabajo y al ámbito de la extinción de las condiciones de trabajo, esta reforma laboral acomete una profunda vulneración del contenido esencial del
principio del derecho de libertad sindical del que nos habla el artículo 28.1 de la Constitución. Estamos, como usted sabe, señor Coscubiela, hablando del contenido esencial de un derecho no fundamental por la ubicación sistemática, sino de un
derecho constitucional vulnerado por esta reforma laboral, cuyo contenido esencial forma parte de lo que en el ámbito del derecho del trabajo se llama orden público laboral, derecho necesario absoluto, derecho indisponible, dudosamente disponible
incluso para el legislador en tanto en cuanto la negociación colectiva constituye una de las fuentes de la relación laboral, por tanto, una de las fuentes del derecho del trabajo. Además, ínsita a la libertad sindical, a la libertad de actuación de
los interlocutores sociales, que a través de los acuerdos de composición constituyen y se erigen en fuentes de la relación de trabajo mediante el ejercicio de potestades ultra vides, fuentes de la relación laboral, fuentes de derecho que ha sido
descausalizada y ha sido cuando menos, en la reflexión más optimista -me imagino que algún apologeta queda de esta reforma laboral-, debilitada como instrumento de configuración de las relaciones laborales. ¿Como se ha hecho esto? Se ha hecho a
través de la posibilidad de descausalizar la negociación colectiva, debilitar la negociación colectiva mediante lo que se denomina eufemísticamente descuelgue en cascada del contenido de los convenios colectivos, descuelgue que se enfoca o se puede
realizar desde los convenios de ámbito superior, entendiendo por los de ámbito superior los sectoriales de Estado y no sectoriales de Estado, los de comunidad autónoma, los de ámbito inferior a comunidad autónoma, es decir, ámbito provincial, al
convenio de empresa, que se convierte en el convenio sistemáticamente hegemónico mediante un sistema de descuelgue in peius -para quien no conozca la expresión, a peor-, en detrimento de los derechos y libertades configurados por los convenios de
ámbito superior. Porque si una empresa opta por descolgarse de los contenidos, de los requerimientos de convenios colectivos de ámbito superior es porque tiene problemas. Problemas vinculados al ciclo económico; problemas de competitividad reales
o previstos, tal como preconiza la reforma laboral; disminuciones de ventas o alguna de las otras posibilidades legitimantes del descuelgue. A través de un descuelgue omnicomprensivo, libérrimo, arbitrario por parte del empresario, se está negando
el contenido esencial del artículo 37, que consagra la negociación colectiva laboral en la Constitución y por tanto también de la libertad sindical consagrada por el artículo 28.1. Y si se niega la libertad sindical se está negando una de las
libertades que constituye uno de los paradigmas de un Estado social y democrático de derecho.
Tenía razón el señor Coscubiela cuando afirmaba o preconizaba que va a ser más fácil creer en la eficiencia o en la eficacia del contenido contractual de los contratos civiles y mercantiles. Aquí se está
produciendo una regresión hacia el derecho liberal originario propio de la primera Revolución Industrial, donde las primeras relaciones productivas se empezaron a configurar con contratos civiles o con contratos mercantiles, contratos de
arrendamiento de servicio, contratos de ejecución de obras y contratos de sociedad. A esto se está volviendo mediante contratos o convenios colectivos que están predeterminados por el contenido de acuerdos colectivos, de convenios colectivos que
mediante esta omnicomprensiva potestad de descuelgue in peius, a peor, no solo de las relaciones retributivas, ya se ha conseguido, porque esta era la finalidad de la reforma laboral, disminuir colectivamente las retribuciones de los trabajadores.
Esto era un imperativo de un MOU, era un imperativo de la troika comunitaria. También se puede descolgar in peius, a peor, en relación con los derechos de los trabajadores todas las demás relaciones que forman parte del contenido de un convenio
colectivo. Pero por si esto fuera poco, nos encontramos con la disposición transitoria cuarta y la desaparición de la llamada ultraactividad, expresión metajurídica donde las haya, expresión creada por las organizaciones empresariales como una
especie de impedimento para la competitividad y una dificultad añadida a un ciclo económico negativo. Esto quiere decir que el día 7 de julio, los convenios colectivos que no se puedan prorrogar y que no se puedan renegociar, decaen, y se aplica
directamente la normativa laboral, el Estatuto de los Trabajadores. Se puede aplicar desde una perspectiva retributiva a todos los trabajadores cuyo convenio no haya sido objeto de renovación el salario mínimo interprofesional. Pero nos
encontramos con una paradoja de imposible solución que contradice de nuevo la libertad sindical prevista en el artículo 28 de la Constitución -este sí es un derecho fundamental- y el artículo 37 que regula la negociación colectiva laboral, y es que
el Estatuto de los Trabajadores no puede, porque no lo hace, regular la totalidad de las condiciones laborales que son objeto de amplificación a través de dos principios que los laboralistas conocemos bien, el principio de norma mínima, de condición
más favorable, de ampliación por los convenios colectivos. Luego esa retroacción hacia el Estatuto de los Trabajadores desde el contenido de los convenios es una vulneración del contenido esencial de la negociación colectiva laboral -artículo 37.1-
y como contenido esencial de la libertad sindical -artículo 28 de la Constitución- derecho fundamental. Se está realizando una preterición no solo en el ámbito...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.
...sino en todos los demás de un derecho fundamental, el derecho de libertad sindical. Me gustaría que me dijesen los apologetas de esta reforma laboral en qué me estoy equivocando, si es que me estoy equivocando en alguna de las
reflexiones que estoy comentando, y cuáles son las razones que posibilitan disponer legislativamente de un derecho fundamental sin acometer una reforma de la Constitución a través de una ley orgánica. Desde esa perspectiva, me parece muy razonable
y muy puesta en razón la proposición que se insta mediante un doble pedimento, señor presidente, y con esto acabo; en primer lugar, estimular la negociación. Vamos a intentar acabar con la perversión de que los convenios colectivos desaparezcan si
no son renegociados el día 7 de julio y se aplique el Estatuto de los Trabajadores directamente. Es que el Estatuto de los Trabajadores no puede ni está llamado a regular todas las materias y menos las retributivas, que solo regula el salario
mínimo interprofesional. Vamos a estimular procedimientos de mediación y de conciliación en el ámbito que el señor Cuadra quiera; en el ámbito autonómico, en el ámbito estatal o en otros ámbitos.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no basta con que amenace con acabar, tiene que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No es una amenaza, señor presidente, y si se la ha tomado así, espero no haberle amedrentado con esta amenaza. Acabo inmediatamente.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, nos parece que debemos apoyar, incluso de forma entusiasta y sin amenazar a nadie, la iniciativa presentada por el Grupo de La Izquierda Unida.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Mi grupo comparte con el grupo proponente la crítica a la reforma laboral del Gobierno, incluyendo la reforma de la negociación colectiva. Nos parece, como a otros grupos, que ha desequilibrado gravemente
una relación que ya de por sí es desequilibrada, la relación entre el empresario y el trabajador por la posición de jerarquía y de poder retributivo que tiene siempre el empresario respecto del trabajador. Esto permite ahora al empresario
tomar decisiones unilaterales en cuestiones básicas. Las consecuencias las estamos viendo todos los días. Hace poco salían datos sobre la evolución de los salarios y había una disminución del salario nominal, algo sin precedentes desde hacía
muchas décadas. Los salarios se reducen en términos nominales. Empeoramiento en los horarios, empeoramiento en todo tipo de condiciones laborales.
Hablaba el señor Coscubiela de vuelta al siglo XIX. No nos atrevemos a decir que ya estemos allí, pero parece que se avanza en esa dirección no solo por parte del Gobierno. Ayer escuchábamos a un importante portavoz empresarial criticar el
permiso por fallecimiento de un familiar directo; consideraba que dos días o cuatro -si es fuera de la ciudad de residencia- es algo excesivo. Parece que hay personas que han leído a Charles Dickens y, aparte de disfrutar con su calidad literaria,
han visto un mundo al que les gustaría volver. No es nuestro caso. Sin embargo, la crítica de la reforma laboral tiene un peligro. Parece que criticamos la reforma laboral y, por tanto, la situación anterior era idílica. No nos gusta la reforma,
ergo hay que volver a la situación de partida. No es tampoco nuestra visión. La situación de partida distaba de ser óptima y ahí están los datos del mercado laboral español antes de la última reforma. También en la negociación colectiva era
necesario cambiar cosas. La situación previa se caracterizaba sobre todo por la rigidez, por la dificultad para que se reflejase la situación individual de las empresas y ese defecto ha hecho que miles de empresas que podrían haber subsistido
desapareciesen y decenas de miles de trabajadores perdiesen innecesariamente sus empleos. Por otro lado, había una diferencia de protección, que en gran parte se mantiene en otros ámbitos, entre los trabajadores privilegiados, los que tenían
contrato indefinido, frente a los jóvenes, trabajadores temporales o parados. Una de las cosas que no nos gustaba de la situación previa era la ultraactividad. La ultraactividad generaba una rigidez tremenda en la negociación colectiva porque
había una parte sin incentivos a negociar y perpetuaba situaciones desfasadas. Si no se llega a un nuevo acuerdo se perpetúa indefinidamente el acuerdo anterior. Ese era uno de los elementos de rigidez que había que corregir. Por eso, ante la
propuesta que nos plantean, el punto 1 nos parece aceptable. Creemos que la negociación colectiva tiene un papel importante, tiene que complementar los mínimos que fija el Estatutos de los Trabajadores; los convenios son importantes y el papel de
los sindicatos también es importante. Por eso nos parece bien instar a empresarios y a sindicatos a llegar a nuevos convenios que deberían ser equilibrados y no de vuelta al siglo XIX.
Nos parece bien poner en marcha los procedimientos de mediación y arbitraje que se plantean en el punto 1 de su proposición no de ley. Sin embargo, creemos que el punto 2 no tiene mucho sentido y no lo apoyamos. Posponer la fecha de fin de
la ultraactividad y ampliar el periodo transitorio lo único que provocaría, en nuestra opinión, es que llegásemos a esa nueva fecha con el problema nuevamente planteado. Por ello, pediríamos votación separada, en cuyo caso apoyaríamos el punto 1 y
nos opondríamos al punto 2.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Estos debates siempre se terminan convirtiendo en un debate global sobre la reforma laboral. Convergència i Unió tiene una visión menos apocalíptica que alguna de sus señorías. En cualquier caso, señor Coscubiela, en esa visión general
siempre tiene uno la sensación de que Izquierda Unida o Iniciativa, La Izquierda Plural, se han opuesto a todas las reformas laborales que se han producido en España desde 1980 y continuamos sin saber cuál es su propuesta, su idea de cuál debería
ser el marco que regulase las relaciones laborales en España. Desde 1980 eso es irreal, señor Coscubiela, entre otras muchas cuestiones porque la economía española y catalana no tienen nada que ver con esa realidad. Por tanto, esa enmienda a la
totalidad que hoy formula en los mismos términos que la habría podido haber formulado hace un año, dos años, tres años, siete años, ocho años, nos parece poco creíble.
Usted decía al final de su intervención que quizá existía un problema de momificación de la negociación colectiva, lo reconocía. La reforma laboral lo que pretende, a través de la limitación de la denominada ultraactividad, es dar dinamismo
a esa negociación colectiva. Quienes tenemos confianza en los agentes sociales hemos visto que en mayo de este año esos agentes sociales han acordado una solución para los
problemas que plantea el cambio en materia de ultraactividad. Van a ser muchos los convenios que se van a resolver, van a ser muchos los convenios que se van a continuar negociando y esperemos que de aquí al 8 de julio esos problemas que
usted plantea terminen de resolverse. Tengamos confianza en los agentes sociales. Quizá Convergència i Unió tiene más confianza en los empresarios y en los sindicatos que ustedes. Infórmese de aquello que está propiciando el Gobierno de Cataluña,
el Gobierno de nuestro país, señor Coscubiela, hable con los agentes sociales en Cataluña. Hable con ellos y cuénteles los esfuerzos que el señor Bonastre está haciendo El señor Bonastre está intentando convencer, no precisamente a los sindicatos
sino a una de las patronales, de que vayamos más allá de los acuerdos alcanzados en el ámbito estatal. Ese es el compromiso del Gobierno de la Generalitat. Porque el Gobierno de la Generalitat tiene más confianza en los agentes sociales de la que
ustedes tienen. Si fuese en el sentido estricto de aquello que proponen, hoy deberíamos rechazar su proposición no de ley, pero precisamente para que no quede ninguna duda de que aquello que han acordado los agentes sociales -que es el contenido de
su proposición no de ley- no tiene el apoyo de Convergència i Unió, nos vamos a abstener. No creemos que eso deba incorporarse al Estatuto de los Trabajadores. Sí que estamos convencidos de que esa línea, la del acuerdo de mayo de este año entre
Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme y aquello que está intentando el Gobierno de la Generalitat en Cataluña es lo que toca. Confianza en los agentes sociales, confianza en la negociación colectiva, no imposición por la ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Bravo.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: Señorías, antes de entrar en el debate parlamentario propio de la proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo de La Izquierda Plural específicamente sobre la ultraactividad, permítanme que les recuerde la
motivación de la reforma laboral emprendida por el Gobierno del Partido Popular, tal y como durante su tramitación en esta Cámara explicitaba la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Esta es la reforma de la gente corriente; esta es la
reforma que piensa en los millones de personas que no tienen un empleo y que quieren oportunidades; esta es la reforma que quiere flexibilidad para que los trabajadores y los empresarios, cuando vienen mal dadas, superen de la mano la crisis y que
el despido sea el último recurso. Sin duda toda una declaración de intenciones, cuyo fin último no es otro que el de evitar las dramáticas consecuencias que la profundización de la crisis económica está teniendo sobre el empleo.
Hasta ahora el concepto de la ultraactividad en los convenios colectivos era ilimitado. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Ha marcado esa vigencia a un año, que vence el próximo 7 de julio de 2013. Si en ese tiempo
no se acuerda la renovación del convenio este desaparece, de tal manera que en el caso de que sea de empresa los trabajadores pasarían a depender del provincial; pero, si a su vez este -el provincial- pierde validez habría que regirse por el
estatal y si con este último pasa lo mismo habría que basarse en el Estatuto de los Trabajadores. En síntesis, de esto es de lo que estamos hablando, de la reforma laboral; una reforma laboral que busca el equilibrio entre la flexibilidad interna
de la empresa y los derechos de los trabajadores, otorgándoles seguridad. Un doble objetivo que se conoce como flexiseguridad en un entorno tan complicado como el actual, donde la prioridad número uno es la creación de empleo.
Resulta evidente que con la reforma laboral introducida por el Gobierno se evita la actual petrificación de los convenios colectivos. Para ello se considera que la citada caducidad del convenio colectivo a partir de que transcurra un año
desde su denuncia, una vez finalizada la duración inicial, no comporta necesariamente un vacío regulatorio. Como exponente del impulso que la reforma está dando a la negociación colectiva creo que es muy importante valorar en su justa medida el
acuerdo alcanzado, como ya han mencionado los ponentes anteriores, por representantes de UGT, Comisiones, CEOE y Cepyme sobre la ultraactividad de los convenios colectivos. Se trata de un instrumento dirigido a impulsar la negociación colectiva
pendiente y superar los bloqueos de negociación, dar certidumbre y seguridad a empresarios y representantes de los trabajadores en las distintas unidades de negociación, fortalecer el clima de confianza mutua en la búsqueda de acuerdos que permitan
conciliar los intereses de ambas partes en la situación actual de crisis económica para el mantenimiento del empleo y la viabilidad de las empresas, y evitar la conflictividad en las relaciones laborales de las empresas cuyos convenios pudieran
decaer, es decir, perder su vigencia el próximo 8 de julio. A nuestro juicio, la firma del acuerdo revela el compromiso de todas las partes por la búsqueda permanente de un consenso que garantice las condiciones
de trabajo y al mismo tiempo asegure a las empresas la estabilidad económica y jurídica necesaria para que estas puedan sostenerse e ir mejorando progresivamente su competitividad, justo lo contrario a lo que parece ver el Grupo de La
Izquierda Plural en la firma del mencionado acuerdo. Por ello, este grupo va a rechazar esta iniciativa en los dos puntos; en el primer apartado, porque ya se incluye en ese convenio firmado el pasado 23 de mayo el recurso a la mediación y el
arbitraje voluntario como medio de solución de conflictos en el caso de que se produzcan, a juicio de las partes, situaciones de agotamiento en la negociación; y en el segundo apartado, el referido a ampliar el periodo transitorio previsto en la
disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, porque consideramos que sería un completo contrasentido el que al final de la compleja regulación sobre decaimiento del convenio se llegase a la misma solución que bajo las normas precedentes, algo que
ocurriría de aceptar, de apoyar la proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo de La Izquierda Plural.
Para terminar, hemos de aceptar sobre la base del espíritu de la reforma laboral que, llegado el momento, es decir la fecha 8 de julio de 2013, va a haber convenios colectivos que dejarán de estar vigentes, sin que debamos pensar en su
degradación, contractualización o prórroga extralegal. Transformar las reglas de los convenios implica, y esto ha de quedar muy claro, una actuación jurídica creativa, no amparada en norma alguna y, lo que es todavía más preocupante, ajena a la
voluntad de aquellos que lo negociaron y, por supuesto, de los que estaban sujetos al mismo. Por ello, más que pensar en cómo bordear la exigencia de la negociación que impone la caducidad del periodo de ultraactividad, desde el Grupo Parlamentario
Popular y -no les quepa la menor duda- desde el Gobierno apoyaremos la puesta en marcha del acuerdo firmado por patronal y sindicatos, solo así estaremos en la línea de gestionar eficazmente dos objetivos muy complejos que resultan imprescindibles
para salir reforzados de la actual crisis y que tienen su punto de encuentro en la creación de empleo estable y de calidad: garantizar los derechos de los trabajadores...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir acabando.
La señora BRAVO IBÁÑEZ: ... y mejorar la competitividad de nuestras empresas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Bravo.
Señor Coscubiela, hay una enmienda del Grupo Socialista, ¿la acepta o la rechaza?
El señor COSCUBIELA CONESA: Antes de dar la opinión sobre ese tema, le pediría que, al amparo del artículo 71 del Reglamento, me dé usted la oportunidad de desmentir las imputaciones de ignorancia que el señor Campuzano ha vertido sobre mi
persona.
El señor PRESIDENTE: Vamos por partes. Primero diga usted si acepta o no las enmiendas.
El señor COSCUBIELA CONESA: Acepto la enmienda del Grupo Socialista, en el bien entendido de que sea compatible con el voto separado que ha planteado...
El señor PRESIDENTE: Eso no es compatible, tiene usted que elegir.
El señor COSCUBIELA CONESA: Pues entonces, de común acuerdo con la diputada socialista, porque coincido con el contenido de su enmienda pero, a fin y efecto de poder concitar el máximo de acuerdos, no le puedo aceptar su enmienda para que
se puedan votar por separado cada uno de los apartados de nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Así se hará, señor Coscubiela.
Para lo que usted me pide, insistiendo en que no se trata de este debate sino de algo ajeno, tiene usted dos minutos.
El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Campuzano, entiendo que en su caso la mejor defensa sea un buen ataque y que para justificar su defensa de la reforma laboral, convencido incluso en estos momentos, se atreva a decirnos que ustedes defienden más la negociación
colectiva que nosotros, y que además me lo diga a mí. Eso es opinable. Pero que diga usted que yo subo aquí ignorando el estado de las negociaciones de los interlocutores sociales, eso ya no es una opinión, eso es faltarme a mí al respeto. Si
usted pensara que yo vengo hoy
aquí sin estar en el conocimiento perfecto, actualizado a día de hoy, de las negociaciones que se están haciendo en Cataluña, también, por ejemplo, en el País Valencià, o que en esa tribuna los trabajadores de Hewlett Packard afectados por
el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores que ustedes...
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, para eso no le he dado la palabra. Tiene usted que acabar inmediatamente.
El señor COSCUBIELA CONESA: No creo que usted piense que yo vengo aquí sin tener ese conocimiento. Usted sabe que me puede decir cualquier cosa menos hablar sobre mi nivel de ignorancia sobre lo que hacen los interlocutores sociales en
este país. Otra vez ataque de otra manera porque esta, de verdad, creo que no le ha servido. Amics de Hewlett Packard, amb vosaltres.
El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela -se lo digo para futuras ocasiones-, hay que hablar estrictamente de lo que usted me ha planteado. Usted ha hablado de temas que no eran los que yo pensaba.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor Coscubiela, no le ataco ni pretendo atacarle, simplemente he dicho que tenemos confianza en los agentes sociales, que en mayo de este año han resuelto la cuestión que a usted le preocupa. Usted, en su proposición no de ley pretende
trasladar eso a la ley y yo digo que nuestra posición se basa en la confianza. Y el desconocimiento que le atribuyo no es en relación con la posición de los agentes sociales en Cataluña, sino en relación con aquello que está haciendo el Gobierno de
Cataluña. Quizá si en su intervención hubiese valorado los esfuerzos que está haciendo el Departamento de Empresa y Ocupación para ir más allá del acuerdo estatal en el marco de Cataluña, mi posición hubiese sido más amable con su intervención. No
lo ha hecho porque, señor Coscubiela, le falta un punto de generosidad para ser más creíble en sus críticas, algo que yo le agradecería. Le tengo mucho respeto personal, político y académico, pero le reclamo ese punto de generosidad para tenerle
incluso un poco más de cariño del que ya le tengo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE RECORTES EN I+D+i Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE NUESTROS INVESTIGADORES Y EL FUTURO DE NUESTRO MODELO DE DESARROLLO. (Número de expediente 173/000091).
El señor PRESIDENTE: Entramos en las mociones. Les aviso que hoy debatiremos la primera moción y mañana, la segunda y la tercera. Por lo tanto, las votaciones se llevarán a cabo cuando termine de debatirse esta moción.
Moción del Grupo Socialista sobre la política del Gobierno de recortes en I+D+i y sus consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo. Para defenderla tiene la palabra el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Señor presidente, señorías, la verdad es que quisiera tener la capacidad de convicción suficiente para convencerles, sobre todo al Grupo Popular, de la necesidad de votar afirmativamente esta moción por lo que
significa para el país y por lo que significa para nuestro futuro. También es verdad que si tuviese esa capacidad es posible que fuese perfectamente inútil.
La moción que hoy plantea el Grupo Socialista recoge el decálogo contenido en la Segunda Carta por la Ciencia, elaborado por la Conferencia de Rectores, por la Cosce -Confederación de Sociedades Científicas de España-, por la plataforma de
Jóvenes Investigadores, por los sindicatos y por prácticamente todo el sector de la I+D+i. El último símbolo del desprecio con que el Gobierno trata al sistema de ciencia y tecnología español es que esta carta, que pretendía ser entregada en el
ministerio, no fuese recogida por ningún responsable y acabase teniendo que ser colgada en la verja del ministerio, pegada con celo como si estuviésemos hablando, en su perspectiva, de 'científicoflautas' o algo similar. La Conferencia de Rectores
no son unos locos. Todas las celebridades científicas españolas no son unos elementos radicales que se hayan vuelto paranoicos. Los investigadores, los científicos de este país plantean un decálogo
que, como alguien me comentó hoy, es relativamente light. Pues sí, es muy razonable el decálogo que plantean; incluso yo diría que está hecho con cierta ingenuidad, que no es ingenuidad, que es buena fe, que es voluntad de sacar a la
ciencia, al sistema de ciencia y tecnología del estado agónico en que se ha sumido en los dos últimos años por la política presupuestaria que, como dije el otro día en la interpelación, se realiza contra el sistema de I+D. Pero no valieron de nada
los intentos de entregar estas reivindicaciones, lo cual era un gesto formal para hablar, para dialogar, para tratar de buscar acuerdos que permitiesen salvar del desastre a nuestro sistema de ciencia y tecnología. No hubo forma. El ministro tenía
una reunión internacional. Seguramente hubiera sido mucho mejor una reunión nacional; una reunión nacional con los científicos españoles, con los rectores de las universidades de este país. Seguramente sería más razonable. La secretaria de
Estado tenía una reunión protocolariamente más importante. Protocolariamente más importante; desde el punto de vista del interés del país, no. Y el subsecretario dijo además: Que no pase la prensa y que la dejen en el registro general si
quieren. Acabó en la verja. Esta es la imagen del desprecio, de la humillación, del maltrato del Gobierno no solo a los científicos, sino a la ciencia de este país. (Aplausos).
Un colega mío -podría poner cualquier ejemplo- de la Universidad de Santiago escribía un artículo hace un par de días referido al Gobierno gallego, también del Partido Popular, y referido también a los recortes en I+D. Y decía: Lo más grave
es que a pesar de haber pasado por nuestras aulas, ha pesado mucho más su paso por la política con minúsculas. No por la política con mayúsculas, que habría llevado al ministerio a tratar con una mínima deferencia, siquiera similar a aquella con la
que el Gobierno trata a los defraudadores fiscales. Con una mínima deferencia a los representantes de las universidades de este país, a los representantes del sistema de la ciencia y la tecnología en España. Pesa más la política con minúsculas que
el paso por la universidad, sin duda.
Hablando de esto, hace unos días se sacaban a licitación en el BOE por parte del Ministerio de Economía dos concursos por 1,5 millones de euros para hacer auditorías a las ayudas, a las becas, a los proyectos de los últimos diez o doce años.
¡Todo el mundo sabe en este país que el nido de corrupción está en los becarios que cobran 400 o 900 euros y que trabajan doce horas diarias! Seguramente lo pidieron en sobres. El colmo: auditorías. Está bien que se hagan, pero, ¡hombre!, parece
un ejercicio de hipocresía y de cinismo tan alto como el que se mantiene cuando se dice que los recortes en España no afectan al sistema de ciencia y tecnología. Lo dijo el ministro señor De Guindos. Pero hay esperanza en la ciencia. Hace unos
días se publicaba que un evento ocurrido en el pasado unos científicos han conseguido modificarlo desde el presente. Seguramente ese es el futuro. En el futuro habrá científicos capaces de cambiar las decisiones que este Gobierno está tomando
ahora. Claro, los científicos se basan, por lo visto, en la capacidad, desconocida hasta el momento, de unas partículas subatómicas. Yo no sé si en el futuro conseguiremos que en el PP los diputados obcecados contra la ciencia y la tecnología se
conviertan en diputados subatómicos con extrañas capacidades que permitan modificar desde entonces lo ocurrido en el pasado. Esperanza lejana, pero esperanza, al final, basada en la ciencia.
Señorías, yo no voy a hacer una diagnosis -ya la hice, la hace la Carta por la Ciencia, la hice en la interpelación- porque ya hay diagnóstico, ya está, todo el mundo sabe que el presupuesto en los dos últimos años para ciencia ha disminuido
más del 30 %, que se están cerrando proyectos, que se está echando a la calle. Pero no hay fuga de cerebros, es verdad, en eso tienen razón, porque los cerebros, los talentos científicos de este país no huyen, no son expulsados por ustedes del
país. Claro que no hay fuga de cerebros, lo que hay expulsión de cerebros, algo muy diferente. Frente a las mentiras de que la ciencia no ha sufrido recortes o de que el I+D+i es una pieza fundamental para salir de la crisis, etcétera, solo quiero
dar un dato: la financiación por investigador actualmente en España ha caído a niveles del siglo pasado. Y ha disminuido el número de investigadores, porque algunos ya están en Alemania, en Francia y en Estados Unidos. Pues, aun así, la
financiación por investigador ha retrocedido ya al siglo XX. Lamentable. Se ha armado mucho escándalo estos días en la prensa por la decisión del Gobierno griego de cerrar la televisión pública, pero es que aquí estamos cerrando el sistema de I+D,
el sistema de ciencia y tecnología. Habrá que alarmarse mucho más.
Señorías, la opción es votar la moción favorablemente, es votar por acabar con el exilio económico de los investigadores, es votar por salvar el sistema de ciencia y tecnología de este país o votar a favor de la enmienda del Grupo Popular,
que ya anuncio que no aceptaremos, que está enmarcada en dos doctrinas: la doctrina Rajoy sobre los papeles de Bárcenas de que todo es mentira salvo algunas cosas, y lamentablemente no es mentira el recorte, no es mentira que los científicos se
tengan que exiliar, que los proyectos se tengan que cerrar...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor CORTIZO NIETO: Acabo, señor presidente.
Y la segunda doctrina es aquella de: Que se hunda España, que ya la salvaremos nosotros. En este caso ni con el ya la salvaremos nosotros, que se hunda España, porque apostar como se está apostando contra la ciencia y la tecnología, contra
la I+D+i, es apostar sin ambages por que España se hunda a unos niveles que no veían desde hace décadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortizo.
A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular y para su defensa tiene la palabra el señor Fernández Álvarez.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente el pasado 4 de junio se presentaba la Segunda Carta por la Ciencia. A este respecto y en nombre del Grupo Parlamentario Popular me gustaría dejar claras dos cosas. En primer lugar, el respeto profundo a los
promotores de la misma y, en segundo lugar, la coincidencia en objetivos y planteamientos en una parte sustancial, del 80 % de su redactado. Precisamente por ello el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una enmienda que recoge el 80 % de la
Carta por la Ciencia y que, por cierto, en un ejemplo de cortesía parlamentaria, también la hemos presentado porque el Grupo Parlamentario Socialista no admite la votación por separado de los puntos cuando nosotros aceptamos ocho de los diez. Esa
enmienda al final recoge los puntos de la Carta por la Ciencia porque desde el Gobierno se está impulsando el Plan estatal de investigación, la estrategia española de ciencia y tecnología, y la agencia estatal, tremendamente importante. Son puntos
fundamentales de la política del Gobierno de España. ¿Dónde no podemos concretar un apoyo? En aquellos puntos que comprometen nuestra obligación de control del déficit público.
Dicho esto, e insistiendo en que compartimos el 80 % de la Carta por la Ciencia, esta moción viene como consecuencia de una interpelación, también del señor Cortizo, la semana pasada al ministro De Guindos, en la que dijo una cantidad de
barbaridades enorme y, como el que calla otorga, yo no me voy a callar y habrá que empezar a poner los puntos sobre las íes en algunas cosas que ha comentado el señor Cortizo. Miren, lo que hoy hacen ustedes es recoger la Carta por la Ciencia, pero
la aportación del Grupo Parlamentario Socialista a la ciencia en lo que llevamos de mandato se concreta en dos cosas; dos simples y sencillas cosas. En primer lugar, pedirnos que pongamos el dinero que no tenemos porque ustedes se lo gastaron y,
en segundo lugar, los chascarrillos del señor Cortizo, que en un año y medio ya se empiezan a convertir en un clásico de la Cámara. Sobre sus chascarrillos, le diré de otra forma algo que ya le dije en una comparecencia: la ironía, sin finura,
deviene en chabacanería, señor Cortizo. Piense usted una cosa, decir en sede parlamentaria, por ejemplo, que el señor ministro de Economía se tiene que quitar el traje de banquero aseadito, eso es chabacanería. ¿Qué es lo que ocurre? Que como sus
compañeros le ríen las gracias, usted se crece autocomplaciente y suelta más chabacanerías, y se ríen todos juntos. Yo hoy reconozco que les tengo cierta admiración, porque si yo tuviera 110 escaños no me reiría tanto, señores del Partido
Socialista; no me reiría tanto. (Rumores.-La señora González Veracruz pronuncia palabras que no se perciben).
Encuentro lógica, en cambio, la referencia del señor Cortizo a la gran obra de Orwell, Rebelión en la granja, que hizo en la pasada interpelación, porque ahí sí demuestra tener usted conocimiento de la misma ya que aplican con disciplina
soviética -si me permite la expresión- un elemento fundamental de la obra de Orwell como son los principios fundamentales de la propaganda política, porque ustedes cuando hablan de ciencia aplican con disciplina soviética el principio fundamental de
la propaganda, la trasposición, que es trasladar al adversario los errores propios. Miren, en España ustedes han gobernado desde la recuperación de las libertades democráticas veintiún años; el Partido Popular, nueve y medio -veintiuno; nueve y
medio-, y resulta que la culpa de todos los males del sistema nacional de I+D+i la tienen los que han gobernado la mitad. Eso es trasposición: trasladar sus errores al adversario. (Aplausos.-La señora González Veracruz pronuncia palabras que no
se perciben). También es trasposición hacer bromitas sobre las supuestas diferencias, como hizo el otro día, entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Pueden ustedes permitirse ese lujo porque de todos es sabido que el Partido
Socialista es hoy una balsa de aceite y un ejemplo de unidad para todos los españoles; por supuesto que pueden hacerlo.
En segundo lugar, aplican ustedes, también con disciplina soviética, el principio de la propaganda de la vulgarización. La vulgarización consiste en recurrir a falsos mitos, mantras, prejuicios, mentiras para justificar un argumento.
Cuando hablan de ciencia se limitan a decir que el Partido Socialista es el partido de la ciencia y que el Partido Popular es el partido del ladrillo. Así de sencillo, y se quedan tan anchos, tan encantados de haberse conocido. Esa es su política
de ciencia ahora mismo en este país. Y, finalmente, aplican ustedes con disciplina soviética el principio de simplificación, que es usar un caso particular para explicar una teoría general. Le dan un premio a un joven científico español en el
extranjero -y todos nos alegramos- y a partir de ahí ustedes elaboran una teoría sobre la fuga de cerebros que en absoluto tiene ningún tipo de rigor. El otro día el ministro Luis de Guindos ya le trasladó aquí que se está haciendo un estudio para
calcular cuántos científicos jóvenes españoles están en el extranjero trabajando y cuántos científicos jóvenes extranjeros están en España trabajando. Señoría, yo mismo vengo de Tarragona, donde hay institutos de investigación química que son de
los mejores de Europa y la mayoría de la gente que está trabajando en ellos son alemanes, italianos, y en Alemania están trabajando españoles. No le avanzaré yo el contenido de ese estudio, pero desde luego se llevará una sorpresa.
En definitiva, simplificación, vulgarización. Esa es su estrategia política en ciencia. Y la propaganda, señor Cortizo, nunca ha funcionado en democracia; nunca. Al principio parece que sí, pero luego, como demostró el zapaterismo, que
era un proyecto político esencialmente propagandístico, cuando se aplica la propaganda se deshace todo. El proyecto acaba en la miseria moral, ética y de planteamientos. La repetición constante de la propaganda se traduce como por arte de magia en
un número, ¿sabe cual, señor Cortizo?
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Acabo ya.
¿Sabe cuál? El número 110, los escaños que tienen, los que yo decía. Ese es el número. (Rumores).
Acabo ya. Señorías, el ministro Luis de Guindos trasladó la semana pasada las ideas clave en esta materia para los próximos años. Son tres: una, estamos en la media europea de inversión pública en I+D+i, el 0,6 % del PIB; dos, para
llegar al soñado 2 % lo que tiene que mejorar es la inversión privada en I+D+i -estamos trabajando en ello; el Gobierno lo está haciendo y se empiezan a conseguir resultados-, y tres -muy importante-, la investigación tiene que dejar de ser
contemplativa para ser competitiva, es decir, al servicio de nuestro sistema económico. Esa es nuestra hoja de ruta, la tenemos muy clara, no nos vamos a mover de ella; tenemos clarísimos los instrumentos, los objetivos y sobre todo tenemos muy
claro que el tiempo nos va a dar la razón.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Álvarez.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Beatriz era una chica de treinta y cuatro años, ingeniera de telecomunicaciones, con toda una vida por delante y muchas ganas de vivirla. A los veintinueve años se le diagnosticó un melanoma maligno. Durante cinco
largos años luchó denostadamente contra la enfermedad: quimioterapia, radio, mejorías, recaídas. Un día, le envió un correo a Damián, un joven científico que trabajaba en un centro de investigaciones oncológicas aquí, en Madrid, y que investigaba
en una línea contra el melanoma. Damián le dijo que estaban cerca de encontrar una solución para detener el avance de ese cáncer. Hace un año Beatriz supo que el proyecto de investigación había sido cancelado por falta de fondos y que Damián había
tenido que irse al extranjero. Este no era un país para los investigadores, este no era un país para la ciencia.
Beatriz se fue para siempre en enero, sus ojos se cerraron definitivamente el mismo día que cumplía treinta y cuatro años, y una duda perseguirá siempre a Pascual, su padre: ¿Qué hubiera pasado si Damián hubiera podido concluir su
investigación? ¿Se habría salvado Beatriz? ¿Cuántas Beatrices se habrían podido salvar hoy o en el futuro? Esta historia resume con crueldad las consecuencias que pueden tener los recortes en investigación. Con sus políticas, al final solo nos
quedará el sol, la playa y los chiringuitos; un país de camareros. Por eso la ciencia en España se identifica con un símbolo, con este (Muestra un papel con una maleta impresa), una maleta. Una maleta es el único camino que les están dejando a
las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras, es el camino que tuvo que emprender Nuria Martí cuando fue despedida también del centro Príncipe Felipe de Valencia, cogió una maleta y se fue a
Oregón, donde participó en un hito en la historia de la medicina, participó en la clonación de células madre embrionarias humanas a partir de una célula adulta, que servirá para tratar enfermedades del corazón, el Parkinson, la esclerosis
múltiple, las lesiones de la médula y los autotrasplantes. Ese, el camino de la maleta, es el que se han visto obligados a emprender muchos Damianes y muchas Nurias.
Señoras y señores del Partido Popular, hagan lo que quieran con esta moción. Vótenla a favor o en contra, pero busquen una solución. No permitan que este éxodo de cerebros destruya nuestro futuro y el de otras Beatrices. No permitan que
resuene nuevamente entre nosotros esa expresión lapidaria y retrógrada: Que inventen ellos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Jordá.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, señorías, durante años el modelo económico y laboral español ha incentivado que la juventud se dirigiera a la construcción, donde se pagaban buenos sueldos, en lugar de dirigirla al estudio y a la
investigación donde los becarios, con suerte -con mucha suerte-, llegaban a ser mileuristas. Hoy, con la crisis económica, tenemos que los que se dedicaron a la construcción están en el paro y los que se dedicaron a la investigación continúan en la
precariedad, esto si no han tenido la suerte de emigrar a países donde se reconoce salarialmente mucho más a los investigadores. La triste realidad y los recortes en I+D dejan en evidencia el cacareado cambio de modelo productivo que nos debía
llevar del ladrillo a la sociedad del conocimiento. Y lo peor es que aquellos territorios y sectores que, como Cataluña o la energía renovable, habían apostado por la innovación, también por el desarrollo y la investigación, están siendo hoy
castigados por los recortes provocados por la economía evidentemente especulativa.
La ciencia española se hunde. Se está poniendo en juego el relevo de la primera generación que ha conseguido vivir de la investigación científica en el Estado español y, señorías, se dañará profundamente la solidez alcanzada por el sistema
científico español de los últimos treinta años a la vez que se hipoteca para las próximas décadas, con el agravante además -es importante decirlo y remarcarlo- del peso específico que dentro de la I+D española tiene la investigación militar, que
hace que los recortes en I+D civil sean aún mayores. En definitiva, señorías, menos becas para investigadores y menos liquidez para proyectos científicos y tecnológicos.
Hoy el ciudadano se está beneficiando de la investigación que se realizó hace unos años, una investigación que repercute hoy directamente en su bienestar y en el ahorro de miles y miles de personas para las arcas de todo el país. Les pondré
tres ejemplos: tratamientos que permiten la cura de enfermedades mortales hasta hace poco, disminución de los tiempos de hospitalización, el ahorro de combustible debido al empleo de nuevos materiales más livianos en nuestros medios de transporte o
la existencia de energías alternativas renovables y un largo etcétera. Pero, claro, estos son aquellos recortes fáciles de aplicar porque no hay una repercusión inmediata. No existe la repercusión inmediata, nada que haga enfadar al ciudadano en
el momento presente, como cuando sí se enfada si, por ejemplo, no hay atención médica, no hay transporte público o no se recogen las basuras.
Acabo. Pero estos recortes son hoy por hoy letales para el futuro. En definitiva, lo que necesitamos son políticos responsables y ciudadanos conscientes de que el presente de hoy es consecuencia directa de la investigación de ayer y de que
el corte de la investigación hoy pone evidentemente en peligro el presente de mañana.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al compañero y amigo Baldoví que haya traído a esta Cámara la vida real, la vida en la calle, porque realmente, viendo el debate que se ha producido sobre esta cuestión, la conclusión a la que he
llegado es que es un espectáculo bastante desolador. De hecho, yo tenía mis dudas y en principio era más bien favorable a apoyar la moción del Partido Socialista, pero viendo el debate que se ha producido, claramente nos vamos a inclinar por la
abstención porque mi grupo
parlamentario no está de acuerdo ni con la postura del Partido Popular ni con la postura del Partido Socialista.
Estamos ante un tema fundamental que afecta a la gente de la calle. No valen aquí los debates del y tú más. Señor Fernández, señor Cortizo, lo que he echado en falta son propuestas concretas pero reales, que tengan relación con la gente,
que den respuesta a los problemas de la gente, porque cuando estamos hablando de los recortes de un 30 %, por ejemplo, en lo que llevamos de legislatura del gasto público en I+D+i, estamos hablando de más paro, de falta de futuro, de que no hay
futuro de creación de empleo de calidad, de que ustedes llevan camino de ser un Estado fallido. Y eso a nosotros, que somos independentistas y les podrá sorprender, nos preocupa y mucho. Además, ustedes utilizan una doble vara de medir, porque
dicen que están las limitaciones presupuestarias, pero, por ejemplo, para el gasto militar no hay limitaciones presupuestarias. El año pasado y este año han vuelto a cambiar el presupuesto por la puerta falsa incrementándolo en un 20 %. Más vale
que hiciesen eso con la I+D+i, que es algo mucho más positivo para sacar al Estado de la crisis. Ese es un elemento fundamental, es decir, que utiliza la doble vara de medir: se modifican los Presupuestos Generales del Estado de espaldas a esta
Cámara, por la puerta falsa, para incrementar un 20 % el gasto militar y son incapaces de hacer lo mismo para incrementar el gasto en I+D+i. Son ustedes fieles seguidores de las políticas antisociales de la señora Merkel y, sin embargo, son
incapaces de seguir a la señora Merkel en sus políticas de I+D+i, que las está incrementando de forma importante. Ustedes así están negando el futuro de su país, y eso nos preocupa. Lo que tienen que hacer es imitar lo que se ha hecho en otros
ámbitos. En mi país, Euskal Herria, ese objetivo que ustedes se plantean del 2 % para el año 2020 lo hemos alcanzado ya, pero es que para el año 2020 la Unión Europea recomienda el 3 % de inversión en I+D+i, y lo que están haciendo ustedes es
incrementar ese gap tecnológico con el resto de la Europa desarrollada.
En sus intervenciones -voy acabando, señor presidente- lo que he visto es una mentalidad muy burocrática. Hablan de papeles, de planes, de instituciones que hay que crear, y no están hablando de la inversión real en la empresa, de los
centros tecnológicos de empresa. Voy a poner un ejemplo, y con esto acabo de verdad, señor presidente. Hay un elemento que, por ejemplo, a los centros tecnológicos del País Vasco les está generando un gran malestar y una gran preocupación, que es
la bonificación de las cotizaciones de la Seguridad Social respecto al personal investigador por actividades de I+D+i. Ustedes rectificaron el año pasado cambiando la ley, pero llevan más de cinco meses sin hacer el reglamento que lo desarrolle, y
eso está impidiendo que esos centros tecnológicos cobren esas bonificaciones. Eso es pura burocracia. Muchas palabras de compromiso, pero las palabras de compromiso sin compromisos presupuestarios son una mera falacia. Por eso nosotros
reivindicamos la soberanía, para seguir trabajando en el ámbito de I+D+i y ser un país avanzado en el ámbito tecnológico y europeo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
Intervendré desde el escaño en un tema de enorme calado, pero este tema no se puede resolver ni en cinco minutos ni en muchos más, y desde luego no a través de una moción, porque el tema genérico de la I+D+i tiene muchísimos aspectos,
muchísimas implicaciones y necesitaría un análisis bastante más sosegado.
Antes de la crisis parece que nos dimos cuenta de que la I+D+i era variable clave para el crecimiento económico y que estábamos a una distancia enorme con Europa, y de ahí pusimos a las administraciones públicas fundamentalmente, pero no
solo, y a las empresas a trabajar intensamente para acercarnos a Europa en esta cuestión que considerábamos entonces importante. Pero a la primera de cambio, con la crisis económica, parece ser que no era tan importante o que, al menos, no
considerábamos que era una variable estratégica, y lo que está ocurriendo ahora es que los recortes en I+D+i son los recortes más fáciles, los recortes que primero se hacen y los recortes que aparentemente parecen más inocuos. Pero tenemos que
tener muchísimo cuidado porque tanto los recortes en I+D+i como en infraestructuras afectan directamente no solo al crecimiento presente sino a las posibilidades de crecimiento futuro. Si lo que hacemos es desmantelar el stock de capital y las
posibilidades de crecimiento futuro, lo que estamos haciendo es no gastar hoy pero tener limitaciones importantes de crecimiento económico. Creemos que esto no debe ser así; creemos que hay que reconducirlo. Es verdad que en épocas de crisis hay
muchas prioridades, pero creo que el tema de I+D+i debe ser una de ellas y de las más importantes.
Una cuestión que quisiera plantear en relación con la moción es que aquí más que de temas de I+D+i se habla de cuestiones de ciencia, de inversiones genéricas en materia de ciencia e innovación. Quisiera hacer aquí una distinción. Sin
quitarle importancia a la investigación básica, quisiera hacer hincapié en que hay que impulsar la investigación aplicada. Creemos que la innovación, la investigación y el desarrollo tienen que ir más vinculados al producto, a procesos y al
mercado. No nos vale cualquier investigación para ver si un día canta el gallo y nos sale algo, sino que tenemos que tratar de que esa investigación se ponga en valor, al menos a corto plazo, que eso es lo que nos urge para salir de la crisis en la
que nos encontramos.
Por otra parte, la moción que plantea el Grupo Socialista es una moción muy Light, podría ser más atrevida y más exigente. Y, por supuesto, la enmienda que hace el Partido Popular es echarle agua a esa moción light, con lo cual se queda en
bastante poco. No obstante, votaremos favorablemente esta moción, pero nosotros sí creemos que se tenía que haber hecho hincapié -y ya que en esta moción no es posible, queremos que se haga en otros debates en el futuro- en la innovación orientada
al mercado. El portavoz del Grupo Popular ha dicho dos cosas, entre otras, una de ellas es que si hay jóvenes preparados que van al extranjero, hay otros extranjeros que vienen. Con todos los respetos, lo que tendríamos que conseguir es que vengan
los extranjeros y que nos aporten sus conocimientos, pero desde luego retener a la gente cualificada que tenemos también en el país, que es mucha y que se tiene que marchar, entre otras razones, porque el Gobierno no apuesta decididamente por los
temas de innovación. Una innovación además que tendría que ser ordenada, porque ya sabemos que hay muchísima gente haciendo las mismas cosas. Creemos que no se deben despilfarrar los recursos, que hay que hacerlo de una manera ordenada. Por eso
decía que este debate tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos y es muy difícil abordarlo en tan poco tiempo. Ahora bien, creo que es imprescindible, más aún si pretendemos tener una economía competitiva en el futuro. (Rumores).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por favor, ruego silencio y que se sienten en los escaños porque si no no se puede atender.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar esta moción del Grupo Socialista precisamente por algo que ya se ha dicho aquí, porque es una moción de mínimos. Se les ha criticado eso, realmente no se han tomado mucho trabajo porque esta moción es prácticamente
una transcripción literal de la Segunda Carta por la Ciencia, ya lo dicen en la moción. Como vamos a votar a favor y por razones que hemos explicado muchas veces, quiero aprovechar estos cinco minutos para hacer alguna reflexión sobre qué es lo que
pasa con la ciencia en España y por qué ocurre, porque yo desde luego no comparto la idea de que aquí hay una izquierda virtuosa que apoya a la ciencia y una derecha malvada que la persigue. De hecho, muchos de los problemas del sistema de ciencia
e innovación en España son ya herencia también de las actuaciones del último Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y lo que ha hecho el Partido Popular, como en tantos otros campos, no es innovar precisamente, sino profundizar los vicios y las
características depravadas de un sistema que en realidad, ¿qué ha hecho? Pues muy sencillo, ha sacrificado en un momento de crisis un sector de un impacto político y social menor, el de la innovación y la ciencia en España. La innovación y la
ciencia en España mueve muy pocos votos y, por lo tanto, tampoco cuesta demasiado sacrificarlos a la hora de buscar el ahorro en alguna partida.
Pero la cosa va más allá, porque creo que no estaría mal que habláramos de ciencia, aunque aquí, por supuesto, cuando hablamos de ciencia o de cualquier otra cosa no escucha absolutamente nadie, pero dejando de lado esta sordera elemental
para hablar de las cosas que nos preocupan a los ciudadanos, al menos a algunos, me gustaría señalar un par de cuestiones que están recogidas en la moción de estos científicos preocupados. Me gustaría también subrayar que esa moderación que se les
ha achacado como un inconveniente a la Segunda Carta por la Ciencia no es sino la expresión de una cosa de la que deberíamos estar al menos contentos, esa moderación a la que en alguna ocasión también me he referido de muchos sectores que, siendo
muy maltratados por la reacción política contra la crisis, sin embargo tienen claro qué prioridades son las que importan y qué cuestiones son secundarias. En este caso, para estas personas y para estas asociaciones importa más salvar un sistema que
es importantísimo para el futuro y el presente del país que utilizarlo como una herramienta para la confrontación política entre sectores o partidos entre los cuales en realidad apenas hay diferencias. Apenas hay diferencias porque, por ejemplo, a
la hora de pedir, como hace el Partido Socialista,
que se cumplan los presupuestos, las leyes, etcétera, nos encontramos con un problema sobre el cual el propio Partido Socialista y los demás deberían pronunciarse, y es lo siguiente: ¿qué queremos priorizar en España? ¿Queremos priorizar
-como el otro día también tuve ocasión de decir- las diputaciones, por ejemplo, que se llevan en los Presupuestos Generales del Estado 500 millones más que la I+D+i? ¿Queremos priorizar el cumplimiento de las leyes, o sencillamente queremos
ponerlas en función de los intereses políticos sectoriales? En fin, estas son las cuestiones que a mí me gustaría que discutiéramos, pero como no se por qué me estoy quedando sin voz (debe de ser por el tema), lo dejamos para otro día.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
El Partido Socialista nos ha traído, como ya se ha dicho, el decálogo de la Segunda Carta por la Ciencia, y tanto en cuanto nos trae este decálogo, este grupo la va a apoyar. Nos alegramos de que el señor Cortizo haya dicho que no va a
aceptar la enmienda del Partido Popular, puesto que si la hubiese aceptado nuestro grupo votaría en contra de la propuesta. Entendemos que el Partido Popular obvia cuestiones fundamentales que se incluyen en el decálogo como es la tasa de
reposición o el que se le garantice a las comunidades autónomas, a pesar de la malversación de fondos en la que incurren algunas, el pago de los fondos para I+D+i. Pero lo que no compartimos desde mi grupo, porque no nos ha parecido nada bien, es
este espectáculo en el que el señor Cortizo y el señor Fernández Álvarez se han dedicado a luchar entre ellos, compartiendo en el fondo una política que arrancó ya cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero. Hace pocas semanas vimos en esta
Cámara, con tan poca atención como se está discutiendo ahora este punto, la cuenta general del presupuesto del año 2010, año en el que Rodríguez Zapatero subió a esta tribuna y dijo que cambiaba radicalmente todas las políticas que llevaba al
dictado de la troika. En esa primera cuenta general del presupuesto del año 2010, el año del gran cambio y de las políticas de recorte que ha continuado después el Partido Popular en aras a buscar esa contención del déficit, ya venía un
importantísimo recorte en I+D+i que empezó el Gobierno socialista y que ha continuado el Gobierno del Partido Popular. (La señora González Veracruz: No hay punto de comparación). No sé si habrá punto o no habrá punto de comparación, pero son las
mismas tendencias.
Señor Fernández Álvarez, usted ha comentado cuál es la visión de la política de I+D+i que va a llevar adelante el Partido Popular. Desde mi grupo parlamentario le tenemos que decir que no la compartimos en absoluto. Para nosotros la
primacía de la inversión privada en I+D+i no debe ser tal, puesto que entonces muchas cuestiones relevantes para el interés público perderían toda oportunidad de ser investigadas y tratadas por la ciencia. Es necesario la inversión pública en
I+D+i, por lo menos esa es nuestra visión política. Respecto a que tenga que situarse dentro del marco económico y al servicio del programa económico, qué quiere que le diga, ¿dónde quedarían entonces las investigaciones arqueológicas?, ¿dónde
quedaría entonces la investigación de las enfermedades raras? Señor Fernández Álvarez, no compartimos una política por la cual ustedes subordinan la investigación, el desarrollo y la innovación a los intereses privados. Para nosotros es
fundamental la inversión en I+D+i porque supone una apuesta por un cambio del modelo productivo que es capital para el futuro de España. Mientras continuemos en la línea de apostar por la economía tal y como ha venido hasta ahora, por las recetas
fracasadas del Partido Popular de ir hacia la contención del déficit, no iremos hacia un cambio en la política que es absolutamente necesario.
Quiero comentar aquí lo que me han trasladado esta mañana jóvenes investigadores, las reivindicaciones que tienen sobre los contratos del CSIC. ¿Van a aparecer en 2013? ¿Van a hacerse en 2014? ¿Se va a seguir consintiendo que las
administraciones de las comunidades autónomas se queden con el dinero que se destina a I+D+i? Qué pasa con las becas posdoctorales, ¿el ministerio piensa reproducirlas en el ejercicio siguiente? ¿Para cuándo se va a dictar la resolución de los
contratos posdoctorales Juan de la Cierva 2012? ¿Qué va a pasar con la convocatoria 2013 de la Ramón y Cajal y de las Juan de la Cierva? ¿Qué pasa con los centros de investigación que están cerrados y que no se abren, que se han construido, que se
han medio dotado y que están criando polvo? Señorías, para nosotros es fundamental un cambio en las políticas de I+D+i del Estado, no solo en la ampliación de los créditos, sino sobre todo en la gestión, que tiene que ver mucho también con cómo se
gestiona con las comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, presidente.
Señorías, en la moción que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de no mencionarlo, subyace la idea de que la investigación, el desarrollo y la innovación son elementos clave en la transformación del actual modelo
productivo y determinante en la competitividad futura de nuestro sistema económico. Mi grupo está de acuerdo con esta consideración y cree que todas las fuerzas políticas de la Cámara lo comparten. En la actual coyuntura económica necesitamos de
proyectos innovadores que renueven el tejido productivo de nuestra economía, y en este sentido las actividades de investigación, de desarrollo e innovación son fundamentales, ya que de ellas dependen nuestro crecimiento futuro y el incremento de la
competitividad de nuestras empresas.
Señorías, el modelo europeo tendrá que basarse en una economía del conocimiento, esto no lo duda nadie. Nuestro grupo parlamentario ha apostado desde siempre por la formación, por la investigación, por el conocimiento, por la transferencia
de resultados y por el crecimiento sólido y cualitativo. Por ello, hemos defendido la necesidad de instaurar un modelo más flexible que favorezca la generación del conocimiento y la transferencia del mismo al tejido económico. Quiero recordar que
mi grupo defendió en la anterior legislatura, en el marco de la tramitación parlamentaria de la Ley de la Ciencia, un modelo más flexible de las estructuras científicas. A pesar de que en esta legislación avanzamos en algunos aspectos, muchos se
quedaron en el tintero. Señorías, un modelo que demuestra que apostar por la flexibilidad fomenta el éxito y el retorno al sistema de investigación e innovación y, por tanto, de la competitividad del modelo productivo, es Cataluña. Si medimos la
excelencia por la captación de ayudas europeas, tras once convocatorias del Consejo Europeo de Investigación se han otorgado a Cataluña noventa y cuatro ayudas, el 3,4 % del total... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Por favor, ruego silencio.
Continúe.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, presidente.
Como decía, Cataluña ha conseguido del Consejo Europeo de Investigación noventa y cuatro ayudas que significan el 3,4 % del total. Esta cifra situaría a Cataluña como el décimo territorio receptor en términos absolutos. En términos
relativos, Cataluña tiene 12,2 concesiones por millón de habitantes, una cifra que es el doble de la media de la Unión Europea. Nuestro grupo parlamentario cree que un modelo flexible es exitoso y promueve el retorno. Apoyaremos la iniciativa
presentada por el Grupo Socialista y sentimos que los dos grandes grupos de la Cámara no hayan alcanzado un gran acuerdo. Creemos que valía la pena hacerlo.
Entrando en los puntos que contiene, haré algunos comentarios al respecto. Primero, consideramos acertado el mandato al Gobierno para crear la agencia estatal de investigación. Quiero recordar que en ese sentido la Ley de la Ciencia
obligaba al Gobierno a crearla en un plazo de un año desde su aprobación; la ley se aprobó en julio de 2011 y a junio de 2013, que es la fecha en la que estamos, todavía no existe. La agencia estatal de investigación está orientada al fomento de
la generación del conocimiento en todas las áreas del saber mediante el impulso de la investigación científica y técnica y la creación de la agencia se realiza sin aumento del gasto público y no se financiará con créditos del presupuesto financiero
del Estado, por tanto, su no creación está mermando en estos momentos el impulso de las políticas de I+D+i y su valor añadido, en un momento en el que el cambio de modelo productivo exige una profundización de las políticas públicas en esta materia.
Segundo aspecto, compartimos el objetivo de evitar la adopción de más ajustes en las políticas públicas de I+D+i. Las dotaciones económicas previstas en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2012 y 2013 están en estos momentos muy por
debajo de los niveles de 2004 y 2005 y, además, tal y como marca Europa 2020, uno de los objetivos de la Unión Europea para 2020 es que en todos los países de la Unión Europea exista una inversión del 3 % sobre el PIB de la UE en I+D. Somos
conscientes de que conseguir una inversión del 2 % sobre el PIB para 2016, como propone el texto de la moción, es un objetivo poco factible dadas las actuales condiciones. Sin embargo, creemos que es necesario acercarnos lo máximo posible a este
compromiso europeo. Compartimos también la reclamación sobre la ejecución al cien por cien de las dotaciones presupuestarias aprobadas para estas políticas. Quiero recordar en este sentido, por ejemplo, que en el año 2012 el nivel de ejecución
presupuestaria fue muy bajo, ya que solo se ejecutó el 55 % de lo que se había presupuestado. No es de recibo, señorías.
Finalmente, hablábamos de que apoyaríamos esta moción presentada por el Grupo Socialista. Evidentemente. Sin embargo, como decía, sentimos que los dos grandes grupos no hayan alcanzado un consenso y creemos además que algunos de los
aspectos que regula la moción se deben vincular a una mayor flexibilidad y apertura del modelo actual, ya que en caso contrario perderemos una magnífica oportunidad de impulsar las políticas de I+D+i.
Gracias, señorías. Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Señor Cortizo, aunque ya lo ha manifestado pero a efectos de que conste, ¿acepta o rechaza la enmienda?
El señor CORTIZO NIETO: Soviéticamente, no.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cortizo.
En unos minutos empezamos la votación. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 670/1987, DE 30 DE ABRIL, CON EL FIN DE EQUIPARAR LA PENSIÓN DE ORFANDAD AL RÉGIMEN
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 122/000080).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, con el fin de
equiparar la pensión de orfandad al régimen general de la Seguridad Social. Hay 1 voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322, más 1 voto telemático, 323; a favor, 134; en contra, 171, más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LOS AUMENTOS DE RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS PARCIALMENTE CEDIDOS. (Número de expediente
122/000099).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre medidas para garantizar la efectiva participación de las comunidades autónomas en los aumentos de recaudación de
los impuestos parcialmente cedidos. Hay 1 voto telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, más 1 voto telemático, 318; a favor, 134; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ALIMENTICIOS EN BENEFICIO DE LOS SECTORES MÁS DESFAVORECIDOS. (Número de expediente 162/000668).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan integral de optimización de recursos alimenticios en beneficio de los sectores más desfavorecidos. Se vota en
sus propios términos con la autoenmienda del propio grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 173; en contra, 5; abstenciones, 144.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA LA DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. (Número de expediente 162/000663).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la defensa de la negociación colectiva. Se va a votar en sus propios términos, pero va a haber dos
votaciones. Punto número 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 129; en contra, 174; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 125; en contra, 178; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE RECORTES DE I+D+i Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE NUESTROS INVESTIGADORES Y EL FUTURO DE NUESTRO MODELO DE DESARROLLO. (Número de expediente 173/000091).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre la política del Gobierno de recortes de I+D+i y sus consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo. Hay una sola votación en los términos de la
moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 144; en contra, 172; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.