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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 119, de 12/06/2013
cve: DSCD-10-PL-119 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 119

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 113

celebrada el miércoles,

12 de junio de 2013



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas ... (Página6)


Interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en I+D+i y sus consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo. (Número de expediente 172/000127) ... href='#(Página31)'>(Página31)


- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación con las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos
públicos. (Número de expediente 172/000128) ... (Página37)


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para agilizar y mejorar la concesión de visados turísticos y de visados para la participación en ferias de negocios y congresos
académicos a ciudadanos de terceros países. (Número de expediente 172/000129) ... (Página44)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (continuación):


- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno en torno a la reversión que la actual crisis económica está provocando en los planes del Gobierno para la habilitación de la alta velocidad ferroviaria,
especialmente en la Comunidad Foral de Navarra. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 285, de 7 de junio de 2013. (Número de expediente 173/000089) ... (Página50)


- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación con las medidas que va a adoptar para evitar el fracaso y archivo masivo de las diligencias de investigación en los casos de robo de
bebés en nuestro país. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 285, de 7 de junio de 2013. (Número de expediente 73/000090) ... (Página57)



Página 2





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Preguntas ... (Página6)


Del diputado don Enrique Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera el señor presidente que la política de su Gobierno respeta los principios constitucionales que tienen como
finalidad garantizar la igualdad de todos los españoles en las diversas partes del territorio español? (Número de expediente 180/000567) ... (Página6)


Del diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno las recomendaciones europeas para España, en el marco del programa
de estabilidad? (Número de expediente 180/000571) ... (Página7)


Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno de cara a la próxima cumbre europea? (Número de expediente 180/000574) ... href='#(Página9)'>(Página9)


De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Qué valoración hace el Gobierno del informe del FMI en el que se
cuestiona de forma importante el resultado de las políticas de rescate? (Número de expediente 180/000575) ... (Página10)


Del diputado don Alejandro Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Qué posición va a mantener el Gobierno ante las propuestas de modificación de la
normativa comunitaria que afectarían negativamente al sector vitivinícola español? (Número de expediente 180/000581) ... (Página12)


Del diputado don Francisco Márquez de la Rubia, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué avances se están produciendo recientemente en las instituciones europeas en materia de
seguridad? (Número de expediente 180/000573) ... (Página13)


De la diputada doña Laia Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué medidas va a implementar el Gobierno para garantizar la salud sexual y
reproductiva de las mujeres respetando el derecho a decidir sobre su maternidad? (Número de expediente 180/000568) ... (Página15)



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De la diputada doña Elena Valenciano Martínez-Orozco, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cuándo ha previsto el Gobierno aprobar en el Consejo de Ministros un nuevo recorte de los derechos de las
mujeres con la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo? (Número de expediente 180/000576) ... (Página16)


Del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cómo explica el Gobierno el aumento de la deuda de las diputaciones
provinciales en un 34 % desde 2008? (Número de expediente 180/000570) ... (Página18)


Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuáles son las intenciones del Gobierno en relación con el IVA? (Número de expediente
180/000577) ... (Página19)


Del diputado don Francesc Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Contempla el Gobierno la convocatoria inminente de la Comisión bilateral Generalitat-Estado?
(Número de expediente 180/000578) ... (Página21)


De la diputada doña María Angelina Costa Palacios, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Por qué propone el Gobierno cambiar el sistema de acceso a la universidad en la 'Ley
Wert'? (Número de expediente 180/000579) ... (Página22)


De la diputada doña María Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cuáles son las intenciones del Gobierno en relación con el sistema público de pensiones?
(Número de expediente 180/000584) ... (Página23)


Del diputado don Pedro María Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar definitivamente la regulación del suministro de
balance neto? (Número de expediente 180/000569) ... (Página25)


Del diputado don Chesús Yuste Cabello, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor ministro de Industria, Energía y Turismo: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el cierre anunciado por
la empresa Kraft-Mondelez de la planta de Chocolates Hueso, ubicada desde 1862 en el municipio aragonés de Ateca, y ante el consiguiente traslado de la producción a Polonia, como último ejemplo de desindustrialización de nuestro medio rural y de
deslocalización de una fábrica histórica? (Número de expediente 180/000551) ... (Página26)



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Del diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué objetivos persigue el Gobierno en su pretensión de anular por ley la subasta de
medicamentos de la Junta de Andalucía? (Número de expediente 180/000583) ... (Página27)


De la diputada doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Considera el Gobierno que las líneas de crédito del ICO están funcionando
adecuadamente? (Número de expediente 180/000582) ... (Página29)


Del diputado don Carlos Javier Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cuál ha sido el resultado de la reciente presentación oficial de la
marca España en el Parlamento Europeo? (Número de expediente 180/000572) ... (Página30)


Interpelaciones urgentes ... (Página31)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en I+D+i y sus consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo ... (Página31)


Formula la interpelación urgente el señor Cortizo Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado).


Replica el señor Cortizo Nieto y duplica el señor el señor ministro de Economía y Competitividad.


Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre propósitos del Gobierno en relación con las reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos
públicos ... (Página37)


Formula la interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).


Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro de Justicia.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para agilizar y mejorar la concesión de visados turísticos y de visados para la participación en ferias de negocios y congresos
académicos a ciudadanos de terceros países ... (Página44)



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Formula la interpelación urgente el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En nombre del Gobierno contesta el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo Marfil).


Replica el señor Xuclà i Costa y duplica el señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página50)


Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno en torno a la reversión que la actual crisis económica está provocando en los planes del Gobierno para la habilitación de la alta velocidad ferroviaria,
especialmente en la Comunidad Foral de Navarra ... (Página50)


Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora De Las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista y Pérez
Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Macias i Arau, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Barkos Berruezo.


Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación con las medidas que va a adoptar para evitar el fracaso y archivo masivo de las diligencias de investigación en los casos de robo de bebés
en nuestro país ... (Página57)


Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Díez González.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Moya, del Grupo Parlamentario Socialista, y Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.


Se suspende la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.



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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


PREGUNTAS:


- DEL DIPUTADO DON ENRIQUE ÁLVAREZ SOSTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL SEÑOR PRESIDENTE QUE LA POLÍTICA DE SU GOBIERNO RESPETA LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE TIENEN COMO
FINALIDAD GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES EN LAS DIVERSAS PARTES DEL TERRITORIO ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000567).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Comienzan las preguntas dirigidas al Gobierno. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Enrique Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.


¿Considera el señor presidente que la política de su Gobierno respeta los principios constitucionales que tienen como finalidad garantizar la igualdad de todos los españoles en los diversos territorios de España?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.


El Gobierno cree y apuesta firmemente por la igualdad ante los españoles y la solidaridad entre todos. Los instrumentos fundamentales que garantizan la igualdad y la solidaridad entre españoles son los siguientes. El primero y el más
importante es la Seguridad Social. Todos los españoles que trabajan en cualquier lugar de España pagan las pensiones de los pensionistas de cualquier lugar de España y todos cobran lo mismo en igualdad de circunstancias. El segundo instrumento es
el desempleo. Las personas que no pueden trabajar perciben una prestación por desempleo cuyo origen está en las cuotas que han pagado y en los propios Presupuestos Generales del Estado. El tercer instrumento para garantizar la igualdad y la
solidaridad es el modelo de financiación autonómica en cuanto que las comunidades autónomas gestionan y pagan los servicios públicos fundamentales. Hay un modelo, se aprobó entre todos, se mejoró en el tiempo, se puede seguir mejorando, siempre hay
opiniones distintas, pero para lo que hay que trabajar, cuando toque, es para llegar a un entendimiento. Y el cuarto instrumento de solidaridad sería la actuación del Gobierno, sobre todo en materia de infraestructuras e inversiones que vertebran
el territorio. Estamos en una situación desde el punto de vista presupuestario difícil, como sabe, pero creo que se está trabajando con equidad para conseguir ese objetivo de tener unas infraestructuras y unas inversiones en las mismas que sirvan a
los efectos que acabo de señalar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor diputado.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Señor presidente, decía el genial Tagore que no era nada fácil dirigir a los hombres, pero que empujarlos era más sencillo. Se está empujando a toda una nación a ser paradigma de la desigualdad entre sus
ciudadanos y habitar un país descohesionado e insolidario territorialmente por la acción de un Gobierno. Para sostener mi afirmación le voy a poner tres ejemplos de Asturias, mi circunscripción electoral. En primer lugar, se pasa de un tratamiento
igualitario en materia de déficit fiscal para todas las autonomías a un previsible déficit a la carta. Las autonomías que cumplen como Asturias sus deberes se ven penalizadas frente a las políticamente poderosas del arco mediterráneo que saben que
con usted el pedir y se os dará funciona con ellas como sedante. El segundo ejemplo es el del sector industrial que con sus decisiones políticas, que van desde el cese de la actividad minera al cierre de la industria armamentista, ha producido la
tendencia imparable a la desactivación industrial, siendo Asturias la única comunidad con variación negativa en el último índice de producción industrial. El tercer ejemplo son las infraestructuras que usted ha citado, donde sobresale la decisión
de su Gobierno de retrasar y adulterar la operatividad de la UIC en la variante de Pajares tras 3.200 millones de inversión por problemas de filtraciones de agua, ya conocidos, por otra parte, desde hace ocho años por todos los Gobiernos, y que ya
motiva que se denomine a los túneles como los mayores túneles de lavado del



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mundo. Señor presidente, se está marginando a Asturias de forma deliberada y ominosa, tanto en los presupuestos como en las licitaciones de estos últimos dieciocho meses, el 0,05 % del total de la tarta del Estado. No cito otras
comunidades por elegancia hidalga.


He expuesto tres ejemplos claros de Asturias donde se pulverizan hasta la humillación los principios de igualdad, cohesión y solidaridad contemplados en nuestra Constitución. Sospecho que mutatis mutandi están aplicando a las autonomías, y
por supuesto a Asturias, lo que dijo la pasada semana en Barcelona: Los pequeños en Europa no cuentan, como les pasa a los países, y yo le añado...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Hay una cierta tendencia por parte de algunas personas a decir que se les trata peor que a los demás desde el Gobierno; lo que sucede es que si todo el mundo dice que a él se le trata peor que
al de al lado, llegamos a una situación absurda e imposible de explicar porque no es posible explicar que a todos se les trata peor que a todos.


Usted se ha referido a algunos asuntos, el déficit fiscal, por ejemplo. Sobre ese asunto no hay tomada ninguna decisión, por tanto, yo le agradecería que no adelantase acontecimientos. Tengo que decir que, efectivamente, Asturias sí ha
cumplido sus compromisos. En relación con las infraestructuras y los Presupuestos Generales del Estado, la inversión este año en Asturias es el 4,6 del total nacional. Usted se ha referido a las carreteras, la autovía A-8 es una actuación
prioritaria tanto en Asturias como en Galicia y Cantabria, y en el año 2013 van a estar terminados todos los tramos excepto el de Unquera-Pendueles por razones técnicas. La obra de la variante de Pajares es una obra muy importante, ya se han
invertido más de 500.000 millones de pesetas, más de 3.000 millones de euros, tiene dificultades técnicas y en el año 2014 inauguraremos uno de los puentes. En materia de inversiones mineras lo que tenemos que hacer es cumplir, porque no queda otra
alternativa, las decisiones europeas, pero desde luego el Gobierno apuesta por que el carbón forme parte del mix energético. Por tanto, yo no puedo estar de acuerdo con sus afirmaciones. Hemos ayudado al Gobierno de Asturias... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LAS RECOMENDACIONES EUROPEAS PARA ESPAÑA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA
DE ESTABILIDAD? (Número de expediente 180/000571).


El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.


El señor DURAN I LLEIDA: Presidente, ¿cómo valora el Gobierno las recomendaciones europeas en el marco de la estabilidad?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Duran, la Comisión ha hecho propuestas de recomendación en dos ámbitos. La primera en el marco del programa de estabilidad, que es a lo que se refiere su pregunta, y consiste en cambiar
la actual recomendación que tiene España en vigor para cumplir con sus obligaciones en el marco del procedimiento del déficit excesivo. Según la propuesta que ha hecho la Comisión, España no deberá alcanzar un déficit superior al 3 % hasta 2016, es
decir, nos da dos años más de plazo; además nos da un mayor margen para los años 2013, 2014 y 2015, dice que debemos mejorar nuestro saldo estructural en esos años y no nos pide medidas adicionales para este año. Estamos de acuerdo, porque es lo
que nosotros habíamos pedido en nuestro programa de estabilidad, nos parece lógico dados los esfuerzos que ha hecho el conjunto de la sociedad española, y sobre todo dada la situación de recesión, donde es más difícil reducir el déficit, en la que
España y toda Europa están incluidas. Además también valora el Plan nacional de reformas que hemos enviado a Bruselas el 26 abril, apoya las medidas del Gobierno, dice que van en la buena dirección, sugiere que se apliquen con rapidez,



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eso supone un respaldo para lo que estamos haciendo y creo que es un plan de reformas muy útil para conseguir el gran objetivo nacional, que es el crecimiento económico y la creación de empleo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor diputado.


El señor DURAN I LLEIDA: Gracias, señor presidente.


Al margen de las citadas, son ocho las recomendaciones que efectúa la Comisión tras el dictamen del Consejo Europeo, y las dos que más públicamente han sido objeto de comentarios han sido, por una parte, la reforma de las pensiones, que
también habla de ello, y, por otra, el posible incremento del IVA. Al respecto, señor presidente, quisiera que aclarara a esta Cámara unas cuantas cuestiones.


Respecto a la reforma de pensiones, se acordará de que en el debate de investidura usted justificó el no apoyar la reforma del año 2011 porque todavía había mucha gente que se jubilaba antes la edad de jubilación, y después del propio debate
de investidura, al día siguiente, los medios de comunicación decían: Rajoy lo tocará todo menos pensiones. Sin embargo, ahora la reforma parece ser necesaria y urgente. En este sentido, quisiera preguntarle tres cuestiones concretas: ¿Va a
consensuar esa reforma de pensiones? ¿El consenso lo va a alargar a sindicatos y patronal como se hizo en la anterior reforma? ¿Más allá de hablar de alargar la edad de jubilación y más allá de la sostenibilidad?


El Consejo Europeo habla también de otra cuestión: de crear un plan, una estrategia global para aquellos trabajadores y trabajadoras mayores de cincuenta años. ¿Qué hace el Gobierno frente a ello? Absolutamente nada; ni habla ni, por
supuesto, toma medidas. Al contrario, reduce las bonificaciones a la Seguridad Social para ese colectivo de trabajadores que son expulsados del mercado laboral y reduce las políticas activas. Por lo tanto, señor presidente, en este sentido creo
que deben rectificar.


Con respecto al IVA, ¿con qué versión nos quedamos? No podemos quedarnos con la versión de la campaña electoral; se incumplió. No podemos quedarnos con la versión del debate de investidura; se incumplió. Recientemente usted dijo que no
habría subidas de IVA; creo recordar -y si miento pido perdón- que también el ministro de Hacienda hizo alguna alusión en el mismo sentido. En cualquiera de los casos, el ministro de Industria también las hizo en sentido contrario la semana
pasada. ¿Va a modificar o no el IVA? Y si lo modifica, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, ¿va a soportar esa subida posible de algunos tipos de IVA en favor de una rebaja del IRPF?


Aparte del IVA y de las pensiones, las recomendaciones hablan de otras cuestiones. Por ejemplo, también hablan de pobreza y me alegro de que ayer a iniciativa de esta Cámara se aprobase que las entidades del tercer sector puedan acogerse al
crédito de acreedores.


Finalmente, también debo recordar que hay una cuestión clave. Habla de financiación de pymes. Reiteradamente, señor presidente, les pongo propuestas para que las pymes -y añado, autónomos- tengan crédito. Usted llamaba ayer a la
responsabilidad de los bancos. Usted ya es banquero, porque es propietario público de tres bancos. ¿Qué piensa usted hacer también para el crédito? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Son muchas las cuestiones que ha planteado el señor Duran. Voy a intentar dar respuesta a todas las que me dé tiempo. En principio hay una recomendación del programa de estabilidad. Sobre
ese asunto usted no ha dicho nada, con lo cual tengo que pensar que está de acuerdo. Y sobre el Plan nacional de reformas se ha referido a algunas de las reformas. Quiero decir que la Comisión hace las recomendaciones a los veintisiete países de
la Unión Europea por decisión de los propios países de la Unión Europea; en este caso pretende coordinar las políticas económicas.


En el tema del IVA no hay ninguna recomendación de la Comisión que nos diga que subamos el IVA. El Gobierno no tiene intención de subir el IVA.


En cuanto a las políticas activas de empleo, en este momento estamos hablando con las organizaciones sindicales y empresariales para intentar mejorar las políticas activas de empleo y resolver el problema al que usted se ha referido.



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En el tema de pensiones la prioridad fundamental del Gobierno es garantizar el sistema de pensiones para el futuro; el modelo de sostenibilidad. No vamos a ampliar la edad de jubilación, no vamos a extenderla más allá y siempre que
podamos, como hemos hecho en los dos presupuestos, seguiremos subiendo las pensiones.


Sobre el tema de la pobreza usted ya ha hecho referencia. Y en el tema de las pymes, que es un tema capital, tengo que decir que en este Consejo Europeo intentaremos que el BEI tome decisiones para las pymes. Nosotros hemos tomado
decisiones importantes tanto en la ley de emprendedores, que hemos presentado hace pocas fechas en el Congreso de los Diputados, y también en medidas mediante real decreto-ley adoptadas después del debate sobre el estado de la Nación. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO DE CARA A LA PRÓXIMA CUMBRE EUROPEA? (Número de expediente 180/000574).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.


El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, hace un año el Consejo Europeo aprobó el Pacto por el crecimiento y el empleo. En este año no ha habido crecimiento sino recesión, no ha habido empleo sino desempleo, y seguramente esa es la razón por la que la derecha europea
ha empezado a cambiar su política económica. La flexibilidad en los procesos de consolidación fiscal, a la que usted acaba de referirse, es una buena prueba de ello. Este cambio debería reflejarse en el Consejo Europeo de finales de este mes; y
debería reflejarse fundamentalmente para hacer un énfasis en el cumplimiento del Pacto por el crecimiento y el empleo, que durante este año ha vivido una vida más bien lánguida. Sería muy bueno para España; sería muy bueno que pudiera el Consejo
abordar los problemas de desempleo juvenil, los problemas de créditos a las pymes, los problemas de inversiones europeas y, finalmente, el tema de la unión bancaria.


Es por esto, señor Rajoy, por lo que le pregunto qué previsiones tiene el Gobierno para este próximo Consejo Europeo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor Presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.


Es verdad que cuando yo asistí a mi primer Consejo Europeo en Bruselas, en enero del pasado año, solo se hablaba de consolidación fiscal. Yo estoy a favor de la consolidación fiscal, pero estoy a favor de que las cosas se hagan de una
manera razonable. Por eso, como le he dicho al señor Duran, me parece bien que la senda que se haya establecido ahora para corregir nuestros problemas de déficit público sea más sensata que la que era anteriormente, sobre todo porque estamos en un
momento de recesión.


Estoy de acuerdo en que en Europa hay que hablar fundamentalmente de crecimiento, de empleo y de integración. ¿Qué vamos a intentar hacer en este Consejo Europeo? A mí me gustaría que se siguiera avanzando en la integración. Creo que la
unión bancaria es capital, este es un asunto del que se habla por primera vez, como usted ha recordado, en junio del año pasado, se han hecho algunos avances pero no son suficientes. Creo que también la Unión Europea tiene que transmitir al
conjunto de los ciudadanos europeos que se ocupa de sus problemas, y en estos momentos los más importantes son el tema de las pymes, al que usted se ha referido, y el tema del empleo juvenil. Por tanto, lo que vamos a hacer es intentar que se tomen
decisiones que supongan dar un mensaje claro al conjunto de los ciudadanos europeos: que Europa sigue avanzando, sigue corrigiendo sus problemas de diseño y que Europa se ocupe de los problemas que realmente afectan a los ciudadanos, incluida la
consolidación fiscal, pero hoy el más importante, como usted decía, sin duda alguna, es el crecimiento económico y resolver los problemas de empleo juvenil y crédito para las pequeñas y medianas empresas. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.


Señor diputado.


El señor RUBALCABA PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, efectivamente hay coincidencias que, como le dije, sería bueno que se reflejaran en esta Cámara, se lo dije hace quince días. Déjeme que le haga simplemente dos consideraciones sobre el tema del empleo juvenil y sobre el tema
de las inversiones europeas. Para que estos dos programas se puedan poner en marcha hace falta que se termine la negociación entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Yo le pediría que les diga a sus colegas en el Consejo Europeo que sean
flexibles con el Parlamento, que busquen un acuerdo, después de todo, lo que el Parlamento Europeo está defendiendo es algo que a España le interesa mucho, son más recursos para los presupuestos europeos y mayor flexibilidad para su manejo.


Respecto del crédito, es importante pedir un esfuerzo al Banco Europeo de Inversiones, se le ha recapitalizado con 10.000 millones de euros justamente para eso, y creo que este esfuerzo debería acompañarlo el Banco Central Europeo.
Desgraciadamente, las declaraciones del señor Draghi no son alentadoras, parece como si no fuera con él este tema y es su política monetaria la que estamos intentando que se aplique en España, lo que estamos intentando es que sus tipos se apliquen a
las pymes y que no paguen nuestras pymes tres veces más por los créditos que las alemanas; es, por tanto, su política la que pedimos que se aplique.


Termino ya. Un Consejo fundamental para España, con cuatro temas, reitero: empleo juvenil, crédito para las pymes, inversiones y unión bancaria y, como usted señalaba, un Consejo en el que Europa debe demostrar que hay algo más que
reconvenciones y exigencias, que hay voluntad de ayudar a un país como el nuestro. Por eso es tan importante y por eso creo que debemos de hacer un esfuerzo entre todos para que este Consejo salga bien para los intereses de España y de los
españoles.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.


El señor Pérez Rubalcaba se ha referido fundamentalmente a tres cosas. En primer lugar, ha dicho que hay una coincidencia en los objetivos, es una coincidencia que efectivamente comparten muchos países en Europa y muchos partidos políticos
de diferente signo, porque sin duda alguna Europa tiene que preocuparse por la integración, por el crecimiento y por los problemas reales. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con usted en que sería deseable que a la mayor celeridad posible, entre
otras cosas porque si no el espectáculo podría ser inenarrable, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión se pusieran de acuerdo y tuviéramos pronto el presupuesto, y haré cuanto esté en mis manos para ayudar a que eso sea así. Y, por último,
se ha referido usted al problema del crédito, yo coincido con usted, se lo he dicho también al señor Duran, hemos tomado algunas decisiones en España, tendremos que seguir explorando todas las posibilidades, el BEI creo que puede hacer más de lo que
hace. En cuanto al señor Draghi, ha tomado algunas decisiones importantes, algunas de las cuales por cierto están puestas hoy en tela de juicio y discutiéndose en el Tribunal Constitucional alemán, pero creo que algunas de las decisiones que ha
tomado el señor Draghi han sido decisiones importantes, han ayudado a España, han ayudado otros países europeos y también sería importante que entre todos siguiéramos trabajando en la integración europea.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL INFORME DEL FMI EN EL QUE SE
CUESTIONA DE FORMA IMPORTANTE EL RESULTADO DE LAS POLÍTICAS DE RESCATE? (Número de expediente 180/000575).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidenta, que formula la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Socialista.



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La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, le pregunto sobre la valoración del Gobierno en relación con el último informe del Fondo Monetario Internacional y su cuestionamiento de las políticas de rescate.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.


Me pregunta por un informe del Fondo Monetario Internacional sobre el programa de rescate a Grecia en 2010. El diseño de ese programa y su aplicación se hizo bajo un Gobierno socialista. Se aprobó en una reunión del Eurogrupo el 7 de mayo
de 2010, bajo mandato socialista y se trajo a esta Cámara varios días después defendido por una mayoría socialista. Yo si quiere le puedo hablar del no rescate, del no rescate de España que este Gobierno, con el esfuerzo de los españoles, ha
logrado evitar, pero de las condiciones del rescate a Grecia tiene usted voces muy autorizadas en sus filas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


Señora diputada.


La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, presidente.


Señora vicepresidenta, el Fondo Monetario Internacional hace una valoración muy severa en relación con unas políticas que venimos denunciando desde hace tiempo. Una política basada solo en la austeridad, en el recorte del gasto público, sin
ninguna medida de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo es un verdadero fracaso. Grecia es el símbolo del fracaso y del drama. Ayer Grecia se quedó en negro después del cierre de su televisión pública y lo verdaderamente importante de
la reflexión de su Gobierno es que estas mismas políticas son las que ustedes están aplicando, gobiernos de derechas como ustedes, que las han abrazado con fruición y que están llevando a España a una España en blanco y negro.


Señora vicepresidenta, lo verdaderamente sorprendente es que cuando sale este informe del Fondo Monetario Internacional el presidente del Gobierno se ufana de las políticas que están llevando a cabo diciendo que esas políticas de la derecha
europea son las suyas, que son las mismas políticas que ustedes proponen. Dice que, por ejemplo, ya nadie le habla de rescate cuando ese mismo día el presidente del Banco Central Europeo y el gobernador del Banco de España le dicen al presidente
que en octubre posiblemente tengamos que hacer otro rescate a la banca o ampliar el rescate bancario que ya tenemos. Esta es la razón evidente de que a este Gobierno le hace falta una vicepresidencia económica. Además, señora vicepresidenta, dice
que todo va bien a los españoles que están sufriendo el empobrecimiento, la exclusión social, el drama de muchos estudiantes este año de no poder matricularse o examinarse porque con sus políticas nacionales -las suyas, 35 % de reducción de becas,
60 % de reducción en servicios sociales- ustedes están llevando al empobrecimiento y a la exclusión a los españoles.


Señora vicepresidenta, para luchar contra la pobreza no hace falta hacer planes desde el corazón, como dijeron ayer en esta tribuna, porque son fruto de los recortes que ustedes hacen, ¿desde dónde? Desde la cartera y sin cabeza. Señora
vicepresidenta, hace falta una rectificación en toda regla de su política, de la política que ustedes aplican, de las políticas nacionales. Le digo una cosa, ahora tienen un informe de reforma de las pensiones... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señoría, no le voy a pedir que coordine al Grupo Socialista, pero, al menos, que se coordine con don Alfredo Pérez Rubalcaba porque de lo que
iba esta mañana era de fijar posiciones comunes en la Unión Europea y usted ha criticado todas sus políticas. (Aplausos).


Usted quiere hablar de rescates y le voy a hablar de rescates, del rescate que, con muchísimo esfuerzo de todos los españoles, este Gobierno ha logrado evitar porque hace un año todo el mundo decía que España estaba al borde del rescate
debido a que había un agujero en las cuentas públicas, un agujero en el sector financiero, un agujero en el sector eléctrico y un agujero en cualquier parte donde quisiéramos mirar. Este Gobierno ha hecho falsa la predicción de algunos de que
España no tenía otro remedio que



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ser rescatada, predicción también suya, señora Rodríguez, que acostumbra mucho a hacerlas en esta Cámara y también las ha hecho hoy. Ya veremos si no tiene, señoría, que volver a rectificar sus previsiones. La diferencia es que algunos sí
creíamos que España podía cumplir con sus objetivos de consolidación fiscal, algunos sí creíamos que las administraciones públicas podrían ajustar su gasto y ser mucho más eficientes y algunos sí creíamos que España tiene potencial para, por
ejemplo, incrementar sus exportaciones, como ha hecho.


Si quiere hablar de informes, hablemos de informes en su conjunto. El Fondo Monetario Internacional alaba el tesón de las reformas, la OCDE la credibilidad fiscal que tiene España y la Comisión Europea cómo España va ganando en confianza.
Usted, señoría, se empeña en seguir contraponiendo austeridad y crecimiento, cuando su Gobierno no logró ni una cosa ni otra. Por eso, señoría, convendría que empezaran a tener algunas cosas más claras. Lo que lleva a los países a la quiebra no
son los ajustes, son las deudas. Lo que se necesita para crear no es gasto sin fundamento, sino reformas estructurales. Para crecer y para crear empleo, señoría, no se trata tan solo de flexibilizar el gasto, sino, fundamentalmente, de
flexibilizar nuestra economía. Yo creo que queda un largo camino por recorrer, pero estamos en el camino. Lo que no sé, señoría, oyéndole a usted hablar, es en qué dirección va.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ POSICIÓN VA A MANTENER EL GOBIERNO ANTE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LA
NORMATIVA COMUNITARIA QUE AFECTARÍAN NEGATIVAMENTE AL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL? (Número de expediente 180/000581).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pregunta el diputado don Alejandro Alonso, del Grupo Socialista.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor ministro, son muchos los motivos de incertidumbre que pesan sobre el sector vitivinícola español: esa amenaza de cierre del mercado chino, las medidas que ha anunciado que va a adoptar su colega de banco, la
ministra de Sanidad, el modelo de aplicación de la política agraria europea en relación con el sector vitivinícola. Pero estos son temas de los que hablaremos en otro momento, señor ministro.


Le quiero preguntar más concretamente sobre un tema que tiene encima de la mesa de su despacho. Le pregunto, señor ministro, sobre si piensa apoyar la propuesta de cambio del reglamento europeo que pretende permitir fabricar el brandy en
toda la Unión Europea con destilados no vínicos, con productos distintos del vino.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Gracias, señor presidente.


En estos momentos la única propuesta que afecta al sector vitivinícola se enmarca en el proceso de reforma de la política agraria común y estamos trabajando para corregir los efectos negativos de las propuestas iniciales de la Comisión
Europea.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor ministro, me gustaría claridad, como en otras ocasiones cuando es usted tan valiente anunciando propuestas.


Usted ha dicho recientemente en una reunión de un consejo regulador que usted y su Gobierno son partidarios de la modificación de esta reglamentación. Si usted aprueba, si España aprueba este cambio de norma, lo hará pensando en el bolsillo
de algunos fabricantes, en este caso de brandy, pero lo hará de espaldas al sector vitivinícola español. Al brandy, a la producción de aguardientes, se destinan en España en torno a 650 millones de litros de vino. España es el primer país
productor de la Unión Europea de aguardientes vínicos que tienen en este fabricado su destino. Si usted aprueba esta medida, va a provocar



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un desequilibrio estructural brutal en el sector vitivinícola. Si usted aprueba esta medida, señor ministro, va a provocar directamente el arranque de entre 150.000 o 100.000 hectáreas de viñas que en este momento producen vino para
terminar en el brandy. En definitiva, señor ministro, si usted apoya esta medida va a estar traicionando al sector, traicionando la historia del brandy y la historia del sector vitivinícola, porque el brandy en España y en Europa es un producto del
vino igual que el vino es un producto de las uvas y, si usted acepta ese principio de rebaja de coste, está recogiendo un principio inaceptable que tendría que aceptar para otros productos genuinos de la Unión Europea. Abaratar el coste no es algo
aceptable per se porque, por la misma razón, sería justificable echarle agua al vino o a la leche o permitir elaborar estos productos de forma que no sea la tradicional. Por tanto, señor ministro, le pido que... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señoría, me sorprende enormemente que se preocupe ahora por la utilización del alcohol vínico para el uso de boca en la elaboración de bebidas espirituosas,
porque en la actualidad no hay una sola propuesta de la Comisión Europea sobre esta materia que resulte perjudicial para el sector, ni siquiera en fase de elaboración, como usted bien conoce; así que no tengo más remedio que pensar que una vez más
se afana usted en generar miedo entre los agricultores o viticultores.


Si realmente le preocupa este sector, tendría que preguntarse dónde estaba en el año 2008, cuando el Gobierno socialista aprobó una reforma muy perjudicial para el sector vitivinícola; una reforma que esa sí podía producir excedentes de
producción que afectaría a los precios de los productores. La reforma que ustedes apoyaron eliminó medidas de mercado muy importantes, en especial para Castilla-La Mancha, como la destilación de uso de boca a la que ahora se refiere. Y no solo no
se opusieron a eliminar esta medida, sino que cuando se concedió un periodo transitorio de cuatro años el Gobierno socialista solo permitió que se aplicara durante dos. Además, la reforma de 2008 estableció la eliminación del régimen de derecho de
plantación, aprobó la total liberalización de plantaciones de viñedo en el 31 de diciembre de 2015 y dio luz verde a una reducción considerable del presupuesto del sector de más de 96 millones de euros. Así que, señoría, no venga a dar usted aquí
lecciones de la defensa del sector vitivinícola, porque resulta curioso que pregunten lo que hace este Gobierno y no se acuerde de lo que hizo el Gobierno socialista.


Lo que estamos haciendo en este momento es luchar contra una PAC que recoge lo que ustedes apoyaron en el año 2008: liberalización del sistema, menos medidas de apoyo y menos presupuesto. ¿Le preocupa a usted el sector vitivinícola? Al
Gobierno desde luego que sí. Por eso llevamos año y medio haciendo alianzas con otros Estados miembros para prorrogar el sistema de limitación de superficies y frenar la liberalización que acarrearía efectos de deslocalización del viñedo. Por
ello, los principales países productores: Francia, Italia, Alemania, Portugal y España hemos impulsado un grupo de alto nivel y hemos hecho unas propuestas de reforma que han sido recogidas por el Consejo de Ministros el 19 marzo. Y hemos
conseguido dar la vuelta a la propuesta inicial de la Comisión alcanzando un sistema que prorroga las autorizaciones hasta el año 2024. Así, mantendremos un sistema de limitación de la producción en beneficio de los viticultores españoles. Eso es
defender al sector. Usted lo que hace es generar miedo e incertidumbres sobre una base de propuestas que no está elaborando la Comisión, y lo sabe usted, porque el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo ha hecho las indagaciones al respecto.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO MÁRQUEZ DE LA RUBIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ AVANCES SE ESTÁN PRODUCIENDO RECIENTEMENTE EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD? (Número de expediente 180/000573).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. La formula el diputado don Francisco Márquez de la Rubia, del Grupo Popular.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Desde el Grupo Parlamentario Popular conocemos su pleno convencimiento de que la seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político, sino que es



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esencialmente un valor social. Se encuentra en la base de la libertad y la igualdad, y contribuye al pleno desarrollo de los ciudadanos. En este mundo nuestro globalizado parece también evidente la necesidad de contar con una cada vez
mayor y más intensa cooperación entre los Estados para poder conseguir ese objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Nos consta que ese es uno de los objetivos de este Gobierno, que se esfuerza en avanzar en el seno de la Unión
Europea, además de con el resto de nuestros vecinos y aliados. En ese sentido, se han producido importantes avances en este año y medio de gestión de este Gobierno en el ámbito de la cooperación como, por ejemplo, con nuestro vecino Reino de
Marruecos, con hechos verdaderamente muy relevantes en ese ámbito. De igual manera, se siguen produciendo avances en el seno del Consejo de Ministros de Justicia y de Interior en el seno de la Unión Europea. Usted ha participado la semana pasada
en el último de estos Consejos de Ministros.


Nos preocupa, como le decía, los nuevos fenómenos que vamos conociendo y que amenazan nuestra seguridad. Y hablándole como le habla un ceutí, nos preocupa, por ejemplo, conocer que ciudadanos europeos y españoles se trasladan a zonas de
conflicto como Siria para adiestrarse o luchar en esos conflictos. Nos preocupan los nuevos fenómenos como el concepto de lobo solitario. Nos preocupa que iniciativas importantes y oportunas como la del registro de nombres de pasajeros de líneas
aéreas que se presentó en el Parlamento Europeo no haya podido ser aprobada por el desgraciado bloqueo socialista en esa Cámara. Ante nuevos fenómenos, señor ministro, creemos que hay que adoptar nuevas medidas y repensar las ya existentes, y todo
ello creemos que se debe hacer de forma coordinada y en el seno de la reflexión común con nuestros socios europeos. En definitiva, señor ministro, nos gustaría conocer qué avances se están produciendo en el seno de las instituciones europeas en
materia de seguridad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de su pregunta, con su exposición de motivos. El tratado de funcionamiento de la Unión Europea señala que la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia, es decir,
que efectivamente la seguridad es una de las prioridades de la Unión Europea. En ese contexto, como bien ha señalado, los pasados jueves y viernes se reunió en Luxemburgo el Consejo de Ministros JAI, de Justicia y Asuntos de Interior, donde en el
ámbito de Interior tratamos extensamente el fenómeno del terrorismo con el trasfondo de los recientes atentados fuera de la Unión, por ejemplo, en la maratón de Boston, o dentro de la Unión, en Londres o París; atentados de los llamados lobos
solitarios y también el preocupante y cada vez más creciente problema de los retornados, es decir, personas que van a combatir a zonas de conflicto, donde reciben adiestramiento en campos de entrenamiento en el Sahel, Siria, Yemen o Somalia y que
lógicamente al volver son un peligro para la seguridad de los Estados desde el punto de vista de la yihad y desde el punto de vista de la comisión de atentados terroristas.


En ese sentido hicimos algunas propuestas y se avanzó efectivamente en ese Consejo de Ministros, en particular en relación con una posible revisión de la decisión marco de 2008 que tipifica la definición del delito de terrorismo. Estoy
hablando con el ministro de Justicia, como no puede ser de otra manera, de esta cuestión, porque se trataría de revisar esa decisión en el sentido de incluir también dentro de la tipificación del delito de terrorismo el llamado adiestramiento
pasivo, en sus diversas modalidades, bien mediante el proselitismo en las prisiones de aquellos que cumplen condena por atentados terroristas de carácter en este caso yihadista, bien los que reciben adoctrinamiento en los centros de culto por los
imanes correspondientes, en las páginas web en la red o bien porque se han desplazado a los campos de entrenamiento. En la actualidad los que adoctrinan, los llamados adoctrinadores activos, sí que están incursos en la tipificación del delito de
terrorismo, pero resulta difícil de entender que una persona que, mediante las correspondientes investigaciones, quede acreditado que está adiestrándose en la comisión de delitos terroristas no tenga la voluntad en algún momento de cometerlos, y es
evidente que los hechos de Londres y París ponen de manifiesto que es muy difícil luchar contra esa amenaza si no es con una nueva tipificación del tipo que he comentado.


En otro orden de ideas, también se han planteado otras iniciativas por nuestra parte que van en la línea de mejorar el intercambio de información de las agencias policiales y básicamente, usted lo ha señalado, implantar el PNR, el registro
de nombres de pasajeros... (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA LAIA ORTIZ CASTELLVÍ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ MEDIDAS VA A IMPLEMENTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA DE LAS MUJERES RESPETANDO EL DERECHO A DECIDIR SOBRE SU MATERNIDAD? (Número de expediente 180/000568).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. En primer lugar, pregunta la diputada doña Laia Ortiz, del Grupo de La Izquierda Plural.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, lamento que sea usted la voz autorizada del Gobierno para opinar sobre salud sexual y reproductiva, pero me gustaría saber si han evaluado los impactos sobre la salud de las mujeres de una reforma restrictiva del aborto.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señora diputada.


Efectivamente, como hemos reiterado en esta Cámara el Partido Popular lleva en su programa electoral, concretamente en la página 108, el compromiso de proteger la maternidad y de cambiar el modelo de la actual regulación del aborto para
reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores. En lo que se refiere al apoyo a la maternidad, por lo que usted me pregunta, este Gobierno va a seguir las líneas que ya adelantó el pasado 29 de mayo la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad. Fundamentalmente, lo que se busca es alcanzar todas las fórmulas posibles para que una mujer no se vea nunca abocada a una decisión de no continuar con su embarazo y
para eso se ofrecen distintas alternativas, las más importantes: información, educación, formación a mujeres de todas las edades, especialmente como es lógico a las jóvenes, para reducir el número de embarazos no deseados. Esa, señoría, es la
mejor prevención y por eso es una de las iniciativas que está incluida en el plan de la infancia y de la adolescencia.


En segundo lugar, brindaremos apoyo para que la mujer que quiera seguir adelante con su embarazo y que no tenga recursos económicos y no pueda tener apoyo familiar pueda acceder a recursos de forma que no tenga que tomar decisiones que tal
vez no quiere, ejerciendo, por lo tanto, su derecho a la maternidad libremente. Esto se va a recoger en el plan de la maternidad que estará incluido dentro del plan integral de protección a la familia, dirigido especialmente a las jóvenes
adolescentes que sean madres o a las madres con dificultades, y se impulsarán programas sociolaborales para fomentar la autonomía económica de las madres en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Creo que con estas medidas y aplicando la
doctrina del Tribunal Constitucional el derecho de las mujeres a decidir estará más garantizado de lo que lo está en estos momentos.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor Gallardón, yo le he preguntado sobre salud sexual y reproductiva, y usted me ha hablado de maternidad. Usted dice esto, pero los hechos y todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, los
tratados ratificados por España recomiendan quitar barreras al aborto, porque cuanto más restrictiva es una ley, más problemas conlleva para la salud. Asimismo, indican la necesidad de reducir las trabas legales y económicas. Eso es lo que dicen
los organismos responsables y autorizados en cuanto a perseguir la discriminación y defender los derechos humanos y la salud. Usted no argumenta sobre hechos ni sobre estadísticas, sino que manipula las leyes y las sentencias. Por ejemplo, usted
utiliza dos argumentos: en primer lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, tergiversándola, porque lo que dice es que se avala la despenalización del aborto y que el no nacido no es titular de derechos, sino que es un bien jurídico
y que la decisión depende del legislador, es una



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decisión política y responsable, y no de los tribunales. Y, en segundo lugar, utiliza también la recomendación del relator de Naciones Unidas sobre discapacidad, que lo que dice es que se debería cambiar el redactado para ser más
respetuoso, no que se debería limitar la ley, como usted lo interpreta. Y claro que la ley es mejorable. Puede ser mejor, puede ampliar la libertad de las mujeres: ¿por qué no vamos hacia Holanda o hacia Canadá? Holanda es el país de la Unión
Europea con menos tasa de abortos y es el país más libre para las mujeres. Pero usted no aplica ni las recomendaciones de los tratados ni las indicaciones médicas. Usted, señor ministro, es un fundamentalista con careta de jurista. Y eso es lo
triste. (Aplausos). Lo que me da vergüenza es que el Gobierno de mi país aborde una cuestión de derechos, de salud, con hipocresía y ánimo de castigo. Me avergüenza que las creencias, los prejuicios o la nostalgia -cuando apelaba usted a su
padre-, marquen decisiones con tantas consecuencias. Dificultar el acceso al aborto no reduce los abortos, sino que aumentan los abortos inseguros. Eso es lo que dicen las cifras.


La salud sexual y reproductiva a usted no le preocupa, ese es el problema, y bajo esa careta lo que hay es el machismo ancestral: quieren tutelar a las mujeres. Ningún hombre ni ningún obispo ni ningún ministro podrá dar vida; ni podrá
decidir no darla. Esa es la impotencia que le lleva a usted a hacer una ley para tutelar a las mujeres. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, sí me ha preguntado usted sobre la maternidad, su pregunta termina diciendo: respetando el derecho a decidir sobre su maternidad. El problema está en que para ustedes el derecho a decidir sobre la maternidad solamente es
el derecho a decir que no. (Rumores y protestas). Pero no es el derecho a decir que sí. Y nosotros por lo que nos preocupamos es porque la mujer tenga plena y absoluta libertad también para decir que sí y que los obstáculos económicos, los
obstáculos laborales y las presiones sociales no lo sean nunca para poder decidir libremente. Eso es lo que procura el Partido Popular.


Por último, señoría, le diré que hace falta tener mucha arrogancia intelectual para pretender que la interpretación de los derechos de la mujer por encima del Tribunal Constitucional los tiene su señoría. Ni obispos ni ministros: el
Tribunal Constitucional, señoría.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ELENA VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁNDO HA PREVISTO EL GOBIERNO APROBAR EN EL CONSEJO DE MINISTROS UN NUEVO RECORTE DE LOS DERECHOS DE
LAS MUJERES CON LA REFORMA DE LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO? (Número de expediente 180/000576).


El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida al señor ministro de Justicia, de la diputada doña Elena Valenciano, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Señor ministro, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar un nuevo recorte de los derechos de las mujeres con la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.


Nunca, señoría, este Gobierno va a aprobar ningún tipo de recorte. Este Gobierno lo que va a hacer es aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional que reconoce los derechos de las mujeres y también los derechos del concebido. Si piensa
usted que regular de forma distinta a como ustedes lo han hecho la desprotección de las menores a la hora de tener que enfrentarse a una decisión de interrupción del embarazo es un recorte, discrepamos profundamente.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora VALENCIANO MARTÍNEZ-OROZCO: Señor ministro, con sus anuncios usted ha desatado muchísima preocupación. Imagino que también alguna dosis de simpatía en el sector más conservador de su partido, que en el fondo creo que es lo que
está detrás de sus movimientos. Pero no lo dé muchas más vueltas. Le decimos una cosa que es muy fácil de entender: respete usted la autonomía de las mujeres. Es muy sencillo. Las mujeres no necesitamos que ni usted ni nadie nos tutele. Ya que
apela usted a las menores, ¿no le parece muy curioso que las mujeres no tengamos que pedir permiso a nadie para ser madres -a nadie- y tengamos que recorrer un laberinto de permisos y autorizaciones cuando decidimos no serlo? Tampoco las menores le
piden permiso a nadie para ser madres. ¿No le hace a usted pensar algo?


En segundo lugar, le daré un dato: nueve de cada diez mujeres que han interrumpido su embarazo no han alegado ningún motivo para hacerlo. Es una minoría la que ha alegado motivos y usted está ahí venga a darle vueltas a los motivos. ¿Y
qué piensa hacer con el 90 % de las mujeres que interrumpen su embarazo? ¿Piensa usted dejarlas desprotegidas? Porque son la inmensa mayoría, señor ministro.


Y ahora le hablaré un poco del nasciturus, porque usted se preocupa mucho del nasciturus y yo eso lo alabo, me parece que es un desvelo pertinente. Pero ¿no cree usted que en esas horas de desvelo sobre el nasciturus, sobre el no nacido,
podría usted dedicarle un ratito siquiera a desvelarse por los natus, por los nacidos, por los que ya están aquí y están sufriendo con su política? (Aplausos). Los niños, las niñas, los jóvenes sin beca, las personas sin empleo, ¿no cree usted que
podría equilibrar el tiempo de sus desvelos por los no nacidos con un cierto tiempo de desvelo por aquellos que están aquí y están sufriendo con su política? No quieren políticas de educación sexual, no quieren facilitar anticonceptivos, no quieren
educación en igualdad y quieren ustedes recortar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. De eso queremos escucharle hablar, señor Gallardón, de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, que estamos sufriendo todos los días su
política. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.


Fíjese, señoría, hasta dónde puede llegar la perversión de su razonamiento. (Protestas). Lo que me dice es que la forma de proteger a los nacidos es que abandonemos toda protección de los no nacidos. (Protestas). No, señoría, este
Gobierno va a proteger a los nacidos, pero de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional también va a proteger a los no nacidos, que son un bien jurídico objeto de protección según la doctrina del Tribunal Constitucional. (Rumores). Me
habla usted, señoría, de las menores y yo le pregunto: ¿A usted le parece razonable que convivamos con una legislación como la que tenemos en España en la que una menor que no puede comprar alcohol, que no puede comprar tabaco (Protestas.-La señora
Valenciano Martínez-Orozco: Puede ser madre.-La señora Montón Giménez: ¿Una menor con catorce años puede donar un riñón?), que en muchas comunidades autónomas no puede hacerse un pirsin ni un tatuaje, sin embargo, puede interrumpir su embarazo
sin tener ningún tipo de relación con sus madres? (Protestas.-La señora Ramón Utrabo pronuncia palabras que no se perciben). Señorías, cálmense y escuchen un momento, por favor, se lo pido.


El señor PRESIDENTE: Por favor, señor ministro.


Señora Ramón.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señoría, ¿cómo me pretende usted convencer de algo de lo que ni siquiera ustedes están convencidos? Le pido al Grupo Socialista que, por favor, tengan al menos respeto por una cosa
que dice uno de sus miembros. Leo literalmente una entrevista con don Alfonso Guerra en el diario ABC el pasado 3 de junio. Cita literal: Yo tuve una experiencia increíble con esto -dice Alfonso Guerra- hice una especie de encuesta en el grupo
parlamentario y nadie estaba de acuerdo -se refiere a que las menores puedan abortar sin consentimiento de sus padres-. ¿Entonces por qué lo hacemos? Se pregunta Alfonso Guerra. Fui a ver a la responsable de Igualdad del partido y tampoco estaba
de acuerdo. ¿Pero qué me dices y por qué lo hacemos? Pues porque había ese grupo allí que había cogido por banda al presidente. Fin de la cita, señora Valenciano. (Aplausos).



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Señora Valenciano, ni ustedes, ni su grupo parlamentario, ni la sociedad española -como bien ha reflejado el señor Guerra en una confesión de absoluta sinceridad- pueden estar de acuerdo en esa ley que ustedes aprobaron. (Rumores). Yo no
sé si usted formaba parte de ese grupo que cogió por banda al presidente, lo que le digo es que el Partido Popular va a identificar el sentir de la mayoría española y va a proteger a la mujer, pero va a proteger también la vida.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO CON CARLOS MARTÍNEZ GORRIARÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CÓMO EXPLICA EL GOBIERNO EL AUMENTO DE LA DEUDA DE LAS
DIPUTACIONES PROVINCIALES EN UN 34 % DESDE 2008? (Número de expediente 180/000570).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Carlos Martínez Gorriarán del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿cómo justifican que las diputaciones provinciales sean las únicas administraciones que siguen incrementando su déficit y concretamente el 34 % desde el año 2008?


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, no hay justificación para el incremento de la deuda que no venga de su propio incremento del déficit. En ese terreno es cierto que ha habido un incremento del 38 % de la deuda de las diputaciones, pero teniendo en cuenta que
el valor absoluto de ese 38 % es muy bajo, de manera que las diputaciones en España han pasado de tener una deuda de algo más de 4.000 millones de euros a tener una deuda en el año 2012 de 6.467 millones de euros. Es decir, la deuda de las
diputaciones no es precisamente el problema de la deuda del conjunto de las administraciones públicas de España. Por tanto, no entiendo el sentido político exacto de la pregunta que realiza su señoría y estaré muy atento para comprenderlo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Es sorprendente lo que dice usted, señor ministro, porque nadie ha dicho si ese es el origen o no del problema de la deuda y del déficit de las administraciones. El hecho innegable que usted reconoce es que son la única administración que
incrementa año tras año su deuda. El primer trimestre de este año, según los datos publicados, ha sido un 13,1 % más que el trimestre anterior, justo cuando a todas las administraciones, incluidas las que se dedican a derechos básicos como
educación y sanidad, se les está exigiendo la reducción de su deuda y de su déficit. Es un caso completamente excepcional que, sin embargo, tiene su explicación y que, si quiere, se la doy yo. No es una explicación contable, es una explicación
política, que es el papel de las diputaciones provinciales en el sistema electoral y político español, que es el siguiente.


Las diputaciones, usted lo sabe muy bien, apenas tienen competencias y las que tienen las comparten o se solapan con ayuntamientos y con comunidades autónomas; competencias que son ambiguas y muy imprecisas. El 80 % del gasto de las
diputaciones se dedica al gasto corriente, y de este, el 60 % a gasto de personal. Además, ustedes, su Gobierno, han puesto a estas diputaciones como ejemplo de las



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administraciones territoriales e incluso tienen la pretensión de aumentar sus competencias a costa de los pequeños ayuntamientos que a la vez se mantienen, eso sí, sin competencias y sin control democrático.


Las diputaciones son la única administración territorial cuyos miembros no son elegidos por los ciudadanos, no tienen dación de cuentas, no tienen ningún control democrático, son un nido de opacidad y de corrupción, y ustedes lo saben
perfectamente. Además, han puesto, concretamente a la Diputación de Orense -un curioso feudo hereditario de la familia Baltar-, como el ejemplo de lo que tiene que ser la administración territorial. Esto es completamente intolerable. Ustedes, en
los últimos presupuestos del Estado incrementaron un 20 % la partida dedicada a diputaciones, nada menos que 5.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, aparte de lo que ponen los ayuntamientos hasta completar sus 22.000
millones de presupuesto. Sin embargo, en ese mismo ejercicio ustedes redujeron un 21 % la partida de I+D+i, que son 4.500 millones, menos que las diputaciones, al igual que disminuyeron un 3 % la partida para becas estudiantiles, que se quedó en
1.200 millones. Es decir, las diputaciones reciben del Estado mucho más de lo que se invierte en I+D+i o en becas, y eso en una crisis como la actual. Su modelo ¿cuál es? Más diputaciones, menos I+D, menos ciencia, menos innovación y menos
educación. Es completamente intolerable. A nosotros nos parece un robo de recursos que se están detrayendo de otras inversiones vitales en una situación de crisis... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor Martínez Gorriarán, le pido un poco de conocimiento. Es difícil debatir cuando ya el desconocimiento es completo, haciendo una mezcolanza y unas acusaciones
tan graves como las que usted acaba de hacer, con la ligereza que caracteriza a su grupo político, y hay que llamar a la responsabilidad.


Los Presupuestos Generales del Estado asignan a las diputaciones lo que corresponde en función del modelo de financiación local existente. ¿Hasta ahí llegan o le tengo también que explicar cuál es el sistema de financiación local? A partir
de ello, lamentablemente, tenemos que reducir otro tipo de partidas presupuestarias que dependen hoy de la actividad de los ministerios. Sí, lamentablemente, porque hubo otros que desplegaron las velas del gasto público hasta límites intolerables.
Por tanto, esa comparación que acaba usted de hacer no es que sea demagógica, es que está vacía de contenidos. Hay que estudiar un poquito, señor Martínez Gorriarán, hay que conocer un poquito cómo se financian las administraciones públicas en
España antes de formular una pregunta de esa naturaleza, algo que le voy a reprochar una y otra vez. Una cosa es que a usted no le guste la nueva Ley de Régimen Local, que lo que pretende es adscribir una competencia a una administración. Eso
tampoco le gusta. Ustedes están en lo que están también, y yo les pediría que ayudaran más a vencer la crisis económica de este país, que es lo que necesita la responsabilidad política de los grupos de esta Cámara.


Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁLES SON LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL IVA? (Número de expediente
180/000577).


El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Hacienda y Administracioens Públicas que formula el diputado don Pedro Saura, del Grupo Socialista.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Señor Montoro, ¿cuáles son las intenciones del Gobierno en materia de impuestos y más concretamente en materia de IVA para los próximos meses y los próximos años?


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.



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El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Gracias, señor Saura, por la pregunta, porque la intención del Gobierno en los próximos meses es aplicar el IVA de caja a 2.300.000 contribuyentes. De esa manera cumplimos nuestro programa electoral y además contribuimos a dos cosas: a
mejorar la financiación de la pequeña y mediana empresa y autónomos, y a hacer vigente de manea más completa la Ley de Morosidad en España.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Cuando usted habla de impuestos, miedo me da, y los españoles se pueden echar a temblar, porque su reforma fiscal fue la de bajar impuestos para recaudar más, ¿se acuerda? Usted planteó que subir el IVA -lo dijo en la campaña electoral y
cuando era ministro- iba a incrementar la recesión en España y ¿qué han hecho? Han aprobado la subida de impuestos más importante de la democracia entre las clases medias y bajas, han hecho una subida del IVA en el momento más inoportuno
económicamente para España, aprobaron la amnistía fiscal y además han reducido un 12 % los recursos destinados a la lucha contra el fraude fiscal.


¿Cuál ha sido el resultado? Que en el primer trimestre del año 2013, de este año, las bases impositivas se han reducido más que en toda la historia en que se han publicado estas bases imponibles: un 5,7. La base imponible del IVA se ha
reducido en torno a un 10 %. Señor ministro, para bajar los impuestos a las clases medias y a las clases más bajas lo que hay que hacer es luchar contra el fraude fiscal, es decir, que paguen los que no pagan, porque lo que no pagan los de la
amnistía fiscal lo tenemos que pagar los demás. Por tanto, en materia de impuestos su reforma fiscal -que, insisto, miedo me da su próxima reforma fiscal- tiene que tener dos elementos, dos compromisos contundentes: en primer lugar, 1.000 nuevos
empleados públicos para el año que viene en la lucha contra el fraude fiscal y además acabar con esos 90 millones de billetes de 500 euros que en este momento están circulando en nuestro país. Eso es lo que tiene que hacer.


Termino, señor ministro. Cuando usted habla de reforma fiscal, cuando el PP habla de reforma fiscal, eso es lo mismo que decir: Montoro, Atila, cabalga de nuevo, y por donde pasa él no crece la hierba en la economía española.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Atila murió en la cama engañado por una señora, eso fue lo que ocurrió (Risas), después de tantas batallas y tantas invasiones de imperio; es la vida, es la vida. Espérese antes de criticar a la reforma tributaria que va a hacer el
Gobierno del Partido Popular apoyado por el grupo político que sustenta este Gobierno, espérese antes de criticarla, ya está criticando la reforma que no conoce. La reforma que vendrá será la de reducir la fiscalidad, la fiscalidad sobre los que
menos renta tienen y sobre las capas medias, esa reforma empezará el año próximo aplicando el IVA de caja, ¿y sabe por qué es posible hacerlo? Porque tendremos un escenario de crecimiento económico y de creación de empleo, y ¿sabe qué está
contribuyendo a ese escenario? El afloramiento de bases imponibles, el mayor de la historia de España como consecuencia de la lucha antifraude que es fruto de la Ley antifraude que ha aprobado esta Cámara con su voto en contra. Gracias a esa ley,
han aflorado en la declaración 720 el pasado mes de abril más de 87.300 millones de euros de residentes fiscales en España que han declarado tener bienes y derechos por valor de casi 9 puntos del producto interior bruto. ¿Eso hubiera sido posible
sin esa ley, señoría? Hágase esa pregunta, hágase esa pregunta intelectualmente, señor Saura, pregúntese algo intelectualmente aparte de sacar retahílas políticas y hable de los datos y de los hechos. Nunca se había producido ese afloramiento, y
con ese afloramiento de bases podemos acometer realmente con seguridad y certeza un proyecto de reforma tributaria que traiga precisamente la reducción de impuestos, como



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ocurrió en el pasado y de esa manera podamos abrir un periodo de crecimiento económico y de creación de empleo, que es la intención y el ánimo que impulsa al Gobierno.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON FRANCESC VALLÈS VIVES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CONTEMPLA EL GOBIERNO LA CONVOCATORIA INMINENTE DE LA COMISIÓN BILATERAL
GENERALITAT-ESTADO? (Número de expediente 180/000578).


El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Francesc Vallès, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VALLÈS VIVES: Señor ministro, ¿contempla el Gobierno la convocatoria inminente de la Comisión bilateral Generalitat-Estado?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Señor diputado, efectivamente, el Gobierno manifiesta la voluntad política de llevar adelante todos los procedimientos para la normalización absoluta de las relaciones entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España, entre ambas
administraciones. La convocatoria de la comisión mixta es una cuestión pendiente pero que espero que pronto estemos en condiciones de resolver.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor VALLÈS VIVES: Ojalá sea así, señor ministro, porque dentro de un mes se van a cumplir dos años desde la celebración de la última reunión de la comisión bilateral. Eso quiere decir que desde que usted es ministro no la ha convocado
ni una sola vez, y usted sabe que el reglamento de la comisión establece que ésta debe reunirse por lo menos dos veces al año. Pero es que, además, desde que ustedes gobiernan, el señor Rajoy y el señor Mas solo se han reunido tres veces. La
primera fue básicamente para saludarse. La segunda sirvió de excusa para convocar elecciones anticipadas en Cataluña. Y la tercera fue secreta. O sea que ni siquiera conocemos los temas tratados ni los compromisos asumidos. Exactamente igual que
la que mantuvieron ayer la vicepresidenta y el señor Duran, aunque de esta ya sabemos que no hablaron de Cataluña, lo cual cuando menos nos parece sorprendente. Aunque no lo haga el señor Duran cuando tiene la oportunidad, nosotros sí queremos
hablar de Cataluña, porque, señor Montoro, el listado de asuntos pendientes es interminable: quedan al menos veintinueve competencias pendientes de transferir, el Estado debe a Cataluña 8.000 millones de euros entre liquidaciones pendientes y la
financiación de los servicios sociales, y aún no sabemos cuál va a ser el límite de déficit. Curiosamente, para eso también tenemos una Comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales que usted conoce bien y que tampoco se reúne. Fíjese,
desarrollo estatutario, actualización del sistema de financiación, cumplimiento de las inversiones y nuevo límite de déficit. Todos asuntos de su competencia, señor Montoro. Encima de la mesa tenemos conflictos institucionales inéditos en la
historia de la democracia de este país. La tensión aumenta y ustedes no se mueven. ¿No cree que ha llegado el momento de reunirse? ¿No cree que ante este clima de desafección se requiere una actuación institucional urgente? Ayer vimos cómo el
presidente Mas, arrastrado por los resultados de la última encuesta publicada en Cataluña, inició el viraje de su agenda política. A su lado se sienta el señor Duran. Creo que aún debe ser el presidente de la parte catalana de la comisión
bilateral. ¿Por qué no se acerca cuando le vea y fija ya una fecha para la reunión? Tenemos un magnífico instrumento de cooperación, de entendimiento bilateral y efectivo. Úselo, déjese de prejuicios, apueste por el diálogo, ignore los cantos de
sirena del señor Aznar y póngase a trabajar de una vez, señor Montoro. (Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


El ánimo, no mío, sino de todo el Gobierno es precisamente lograr, como le he dicho en el comienzo de mi intervención, la normalización de las relaciones bilaterales entre la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España. A ese respecto,
estamos desarrollando todos los ámbitos de diálogo y aplicando todos los instrumentos con los que contamos para asegurar la financiación de los servicios públicos que reciben los catalanes, entre ellos la aplicación del Fondo de liquidez autonómica.
Celebro que la posición del Partido Socialista de Cataluña sea estimular ese clima de entendimiento. También lo pude apreciar en algunos de los miembros del Partido Socialista de Cataluña en el encuentro que tuve allí la semana pasada, donde había
miembros significados de su partido que en lo que insistían era en la importancia de llevar adelante la normalización de ese diálogo. Ahí nos encontrarán y estaremos siempre. Las cuestiones que usted ha citado son las que están en la agenda
política de este Gobierno y también lo son que se han precipitado acontecimientos en esa agenda política, como usted conoce perfectamente, que no ha hecho posible -no era el clima conveniente- celebrar la comisión mixta. Pero una vez que vayamos
despejando esas variables, la primera la definición de los objetivos de déficit para el año 2013, algo que tenemos que hacer con Cataluña y con el conjunto de las comunidades autónomas de España, estaremos en condiciones de seguir avanzando en ese
proceso de normalización que es la inscripción de Cataluña en el funcionamiento del Estado de las autonomías de España desde un objetivo político principal, señor Vallès: hay que salir de la crisis económica. Es lo que debe ser prioridad de todas
las políticas y espero que también lo sea de su grupo parlamentario, de su grupo político en Cataluña y en España: resolver la crisis de falta de...


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ANGELINA COSTA PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿POR QUÉ PROPONE EL GOBIERNO CAMBIAR EL SISTEMA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EN LA 'LEY
WERT'? (Número de expediente 180/000579).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. La formula doña Angelina Costa, del Grupo Socialista.


La señora COSTA PALACIOS: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, ¿por qué propone el Gobierno cambiar el sistema de acceso a la universidad en la ley Wert?


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente.


Señora Costa, me imagino que cuando su señoría habla de la ley Wert se refiere a la ley orgánica de mejora de la calidad educativa. Yo creo que el propio título de la ley me exime o me dispensa de hacer algún comentario más: para mejorar
la calidad educativa.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada.


La señora COSTA PALACIOS: Señor ministro, siento que usted cuente con el dudoso honor de dar el nombre a una ley que está además rechazada por casi la mayoría, pero no es este el caso. En estos días, miles de estudiantes están realizando
su prueba de acceso a la universidad, la llamada selectividad. Muchos estarán pensando si van a poder acceder realmente a una plaza universitaria tras aprobar dicha prueba. Hasta ahora así había sucedido. Ahora no estamos tan seguros. Sin
embargo, el desorbitado incremento de las tasas en la mayoría de las comunidades autónomas y el endurecimiento de los requisitos académicos para el acceso a las becas está convirtiendo el acceso a la universidad y la permanencia en ella en una
auténtica carrera de obstáculos. Muchos estudiantes se estarán planteando a estas horas si les compensa o no presentarse a dichas pruebas si después no van a poder seguir ningún estudio universitario.



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Ya sabemos, porque usted nos lo dice a menudo, que a usted no le gusta el porcentaje de aprobados en la selectividad, le parecen excesivos. También le parecen demasiados los universitarios españoles y muchas nuestras universidades públicas.
Las privadas ya son otro cantar, porque crecen como hongos y a usted no le hemos oído decir nada en contra. Pero todo ello indica que estos obstáculos no le han parecido suficientes y ha previsto en su ley, en la Lomce, hacerlos más importantes.
Todo parece indicar que la selectividad tal y como la conocemos ahora desaparece. Pero que no se alegren los estudiantes de antemano, que no se alegren de manera prematura, porque en lugar de esa prueba habrá dos, una de final de bachillerato y
otra que fijarán las universidades al albur de sus criterios de admisión. A estas alturas, señor ministro, usted debe saber que el nuevo sistema de acceso que prevé la Lomce no contribuirá a la mejora de la calidad educativa. Su aportación
comparada con la de ese propósito será nula. Señor ministro, a usted le sobran universitarios, usted quiere que sean menos los jóvenes que lleguen a la universidad, usted quiere quebrar, en fin, la equidad de nuestro sistema educativo. A ello
responde el acceso previsto en su ley y a ello responden también la subida de precios y la brutal rebaja de las becas. Su propósito es claro: dificultar aún más el acceso universitario. Sea valiente, señor ministro, diga la verdad. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.


Señora Costa, no ponga usted en mis labios afirmaciones que jamás he hecho. ¿De dónde saca usted que yo he dicho que quiero menos universitarios? Eso es una fantasía que se copian ustedes unos a otros, que la debió sacar alguien en un
twitter y ustedes la repiten. Hagan el favor de traerme en mi voz esa declaración. Pero le voy a explicar, y lo voy a hacer con toda cordialidad y con toda franqueza, por qué se elimina la prueba de acceso a la universidad. Para empezar, porque
es una prueba que es el mayor obstáculo existente a la internacionalización de las universidades españolas. ¿Cómo van a venir alumnos extranjeros si se les exige pasar una prueba que se hace en español, que no guarda relación con los conocimientos
que ellos han adquirido en la educación secundaria y que, en definitiva, se convierte en una barrera infranqueable? En segundo lugar, porque es una absoluta anomalía en el panorama internacional. Normalmente, todos los países tienen una prueba
final que conlleva la titulación en la enseñanza secundaria postobligatoria y, a partir de ahí, las universidades pueden o no -y ahí las situaciones son de enorme diversidad- establecer pruebas específicas de acceso que les permiten no ejercer una
segregación, como dicen ustedes, sino simplemente ajustar el perfil de esos alumnos a las capacidades que la universidad tiene. A partir de la implantación de una prueba final del bachillerato no tiene el menor sentido la prueba de acceso, porque
no tiene sentido -como ahora mismo- una titulación que se obtiene antes de la prueba de acceso y luego una prueba de acceso que solo hacen aquellos que quieren acceder a la universidad. Vamos a tener un sistema comparable al británico, al
americano, al francés, al italiano, al alemán; una prueba final de la enseñanza secundaria y luego cada universidad, potestativamente y respetando siempre principios equitativos, principios de mérito, principios de capacidad y principios de
especialización, podrá hacer las pruebas que crea oportuno y conveniente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUÁLES SON LAS INTENCIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES?
(Número de expediente 180/000584).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. La formula doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Socialista.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora ministra, el Gobierno nos acaba de mandar este informe de los expertos que usted encargó, de los cuales nueve son independientes de los grupos políticos y sociales, pero muy dependientes de las compañías de
seguros y de los gabinetes de los bancos. (Aplausos). ¿Qué quiere hacer ahora con este informe que ni siquiera está firmado? Solo están firmados los votos particulares en contra. Por eso, le pregunto ¿cuáles son las intenciones del Gobierno en
relación con el sistema público de pensiones?



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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.


Señora López i Chamosa, el sistema público de pensiones español tiene que seguir siendo lo que es, un sistema que garantice las pensiones de hoy y de mañana; tiene que ser fuerte y tiene que ser solvente. Eso lo hemos conseguido con
responsabilidad todos los Gobiernos y la sociedad española a través de las reformas a lo largo del tiempo. En la Ley de 2011 se pide que se desarrolle el factor de sostenibilidad. Eso es lo que quiere hacer el Gobierno con el mayor consenso
político y social posible. Espero que en ese debate y en esa negociación esté el Grupo Socialista. Lo que he enviado a la Cámara es un informe que es una propuesta técnica que han hecho un grupo de españoles a título individual en función de su
profesionalidad y capacidad académica, para que se abra un debate transparente con la sociedad española. Pero lo importante ahora es el debate político y social que se inicia en esta Cámara en el Pacto de Toledo y también con los agentes sociales.
Insisto, espero que ahí actúe, como siempre, con responsabilidad el Partido Socialista. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señora diputada.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora Báñez, como usted bien dice, enfrentarnos al reto que supone el futuro del sistema público de pensiones lo hicimos con la Ley 27. Ahí están las reformas que requiere el futuro y garantiza el futuro de las
pensiones. Ahí, en esa ley, se habla del factor de sostenibilidad para el año 2030, no para el año 2013. Deje que la ley entre en vigor y así garantizará el futuro. Tenemos un problema en este momento, sí; pero es un problema, señora ministra,
de 6 millones de parados. Si tuviéramos 4 millones de cotizantes más, en este momento no estaríamos hablando de problema en el sistema público de pensiones. Por lo tanto, es un problema coyuntural, es un problema de empleo. Y para eso, señora
ministra, tenemos lo que hemos ahorrado entre todos, el Fondo de reserva; los 67.000 millones que le dejamos ahorrados para que pueda afrontar en este momento el pago de las pensiones. Para hablar del futuro del sistema, cuente con nosotros; para
garantizar el futuro, cuente con nosotros; pero para rebajar las futuras pensiones, para congelar las pensiones actuales, para congelarlas indefinidamente, no cuente con nosotros, nunca encontrará al Partido Socialista para hacer un recorte del
futuro y del presente de las pensiones. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.


Señora diputada, permítame que le diga con cariño que aquí el único Gobierno que ha congelado las pensiones ha sido un Gobierno del Partido Socialista (Rumores y protestas.-Aplausos). El Gobierno de Mariano Rajoy, en una situación muy
difícil, porque nos encontramos el sistema de pensiones en déficit, subió el año pasado las pensiones un 1 % y las ha subido este año un 2 % para el 70 % de los pensionistas. Pero yo les quiero llevar a ser constructivos, porque hay datos, que son
los desafíos a los que nos enfrentamos, que son irrefutables. El gasto en pensiones en los últimos diez años ha subido un 76 %, el gasto anualmente de media se ha incrementado un 6 %. Usted y yo sabemos que cuando entre la generación del baby boom
se va a incrementar sobremanera el gasto en pensiones y, además, como le decía, tenemos el sistema en déficit desde el año 2010. ¿Tenemos que dar tranquilidad a los pensionistas de hoy? Sí. ¿Tenemos también que garantizar que los jóvenes tengan
derecho a una pensión justa en el futuro? También. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar con responsabilidad. Y se lo vuelvo a decir, esto no es un tema de trincheras políticas, esto es un tema de cifras y de realidades, y espero que el Grupo
Socialista y el resto de los grupos de la Cámara seamos capaces de mirar al futuro y trabajar juntos por los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.



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- DEL DIPUTADO DON PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO APROBAR DEFINITIVAMENTE LA REGULACIÓN DEL SUMINISTRO
DE BALANCE NETO? (Número de expediente 180/000569).


El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor de ministro de Industria, Energía y Turismo. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Pedro Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor ministro, como usted sabe, el suministro de balance neto es un sistema de compensación de saltos de energía, de manera instantánea o diferida, que permite a los consumidores compatibilizar su curva de
producción con su curva de demanda, es especialmente interesante en instalaciones de generación renovable no gestionable, como la eólica o la solar, ya que no precisan de acumulación. Con este sistema la instalación produciría energía eléctrica
para consumo en la misma vivienda siempre que haya demanda, y si la demanda es superior a la producción se importará energía de la red y, sensu contrario, cuando la demanda sea inferior a la producción se exportará esta energía a la red. Los
beneficios de la generación distribuida y el autoconsumo se distribuyen entre consumidores, el sistema eléctrico y la sociedad, a la par que promueve las energías renovables y la eficiencia.


En noviembre de 2011 se aprobó, como usted bien sabe, por real decreto la obligación de regular el suministro de la energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo y sobre esa base el Ministerio
de Industria remitió el borrador de este real decreto a la Comisión Nacional de la Energía estableciendo las condiciones administrativas, técnicas y económicas para la aplicación de este balance neto. Con fecha 28 de marzo de 2012, la propia
Comisión de la Energía publicó en su página web un informe preceptivo sobre la materia y con carácter general se puede decir que la Comisión de la Energía valora positivamente el planteamiento de autoconsumo que podría desarrollarse con la nueva
modalidad de suministro de producción con balance neto, porque desarrolla la producción distribuida y permite el cumplimiento eficiente de los objetivos energéticos y medioambientales comprometidos; sin embargo, señor ministro, el ministerio no ha
dado trámite a su aprobación definitiva. Es evidente que en esta situación existe un vacío legal sobre los intercambios dentro de la red o generación distribuida con balance neto. Como puede ver, señor ministro, no pretendemos ni pillarle a usted
ni poner en un brete al Gobierno, tan solo queremos saber cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar definitivamente la regulación de suministro de balance neto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias.


El Gobierno comparte con el Grupo Parlamentario del PNV la preocupación y el deseo e interés de que se incorpore la posibilidad del autoconsumo y el balance neto dentro del modelo energético de España. Quiero anunciarle que próximamente,
dentro del conjunto de novedades y cambios normativos que van a ser remitidos al Consejo de Ministros en materia del sector energético, una de las cuestiones que se va a abordar es justamente la que usted trae hoy aquí a esta Cámara. En efecto,
creemos que es una buena fórmula porque permite a los consumidores tener su propia instalación, consumir directamente de aquello que están generando de su propia instalación y, si tienen un excedente, verterlo a la red. De tal forma que cuando se
produzca una situación contraria y no sea suficiente lo que ellos producen de acuerdo con lo que tienen que consumir, puedan, en una forma de balance neto, recuperar lo que han vertido a la red para consumirlo. El único problema que tiene esto -que
no es un problema menor- es que cuando se utiliza la red alguien tiene que pagarla; cuando alguien está produciendo electricidad en su propia casa o empresa y vierte a la red para luego recuperarlo, lógicamente está utilizando una parte de la red
que es una infraestructura que tiene que pagarse, financiarse y amortizarse. Esa es la razón por la cual dentro de esa modificación normativa que estamos planteando y que irá próximamente al Consejo de Ministros habrá una solución para que quien
libremente se acoja a la situación de consumo, mediante esa fórmula de autoconsumo, y luego balance neto, lo haga pero considerando que tiene que pagar por la utilización de esa parte de la red. No hacerlo acarrearía que el problema que queremos
atacar, entre otros, con la reforma eléctrica, que es el problema del déficit de tarifa, no solo no se solucione, sino que finalmente se incremente, en la medida en que muchas personas, muchas familias o muchas empresas opten por la



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fórmula del balance neto. Por tanto, compartimos con su grupo el interés y el deseo de incorporar esta fórmula, la vamos a incorporar, pero estableciendo unos precios y unos peajes para quienes la utilicen por parte de la red.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CHESÚS YUSTE CABELLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL CIERRE ANUNCIADO POR
LA EMPRESA KRAFT-MONDELEZ DE LA PLANTA DE CHOCOLATES HUESO, UBICADA DESDE 1862 EN EL MUNICIPIO ARAGONÉS DE ATECA, Y ANTE EL CONSIGUIENTE TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN A POLONIA, COMO ÚLTIMO EJEMPLO DE DESINDUSTRIALIZACIÓN DE NUESTRO MEDIO RURAL Y DE
DESLOCALIZACIÓN DE UNA FÁBRICA HISTÓRICA? (Número de expediente 180/000551).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Industria, Energía y Turismo que formula don Chesús Yuste, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


El señor YUSTE CABELLO: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el cierre anunciado por la empresa Kraft-Mondelez de la plata de Chocolates Hueso, ubicada desde 1862 en el municipio aragonés de Ateca, y ante el consiguiente traslado de
la producción a Polonia, como último ejemplo de desindustrialización de nuestro medio rural y de deslocalización de una fábrica histórica?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, desde el pasado mes de abril la empresa Mondelez Internacional tomó la decisión de cesar la actividad productiva de sus instalaciones en Ateca, Zaragoza, y el
Gobierno ha estado permanentemente informado de la situación y en constante contacto con el Gobierno de Aragón. Nos consta que el Gobierno de Aragón está realizando todo el esfuerzo encaminado a evitar el cierre de esa planta con todas las
herramientas públicas de las que dispone con un objetivo principal, que es dotar de continuidad y viabilidad a largo plazo la producción de la factoría de Ateca. En este esfuerzo le aseguro, señoría, que cuenta también -y lo sabe el Gobierno de
Aragón- con la mejor disposición y voluntad del Gobierno de España.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Señor diputado.


El señor YUSTE CABELLO: Hoy quiero trasladar a este Parlamento la lucha de los trabajadores de Chocolates Hueso en defensa de sus puestos de trabajo, la lucha de los vecinos de Ateca por el futuro económico de su pueblo y de la comarca de
Calatayud. No es una empresa más, no estamos hablando de un cierre más, es una fábrica de 1862, lleva 150 años haciendo chocolate y ahora la multinacional Kraft ha decidido cerrarla, pero no por razones económicas, sino de organización. Estamos
hablando de productos que son líderes en el mercado y que se van a seguir fabricando pero no en Ateca, no en Aragón. Los caramelos mentolados Respiral irán a Valladolid y eso es desnudar un santo para vestir otro, y las chocolatinas, los populares
Huesitos, se van a deslocalizar a Polonia. Desde un lejano despacho alguien ha decidido enviar a 107 trabajadores a la calle, condenar a muerte a un municipio de 2.000 habitantes, y todo eso ante la pasividad de las administraciones públicas, tanto
del Gobierno de Aragón, como del Gobierno español; pasividad hasta el momento. Ojala cambie, como ha anunciado usted. Pero la gente de Ateca se ha rebelado, ha movilizado una ola de solidaridad en las redes sociales y en el mundo real, y hoy
están también aquí y exigen a los poderes públicos que hagan algo, que no se crucen de brazos, que exijan a las empresas responsabilidad social para con los trabajadores y para con el territorio en el que se han instalado. Queremos Gobiernos que
suden la camiseta, que defiendan a sus ciudadanos, en vez de responder con lánguida resignación. ¡Basta ya de conformismo y de desesperanza! Señor ministro, apoye la lucha de los trabajadores de Hueso, colabore con la continuidad de la empresa, con
unos dueños o con otros, pero colabore con esa continuidad y no olvide que en esta comarca está lloviendo sobre mojado después del cierre en Calatayud



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de la empresa Kimberly Clark, que era viable. Hace falta un plan de reindustrialización en esa comarca. Póngase las pilas y, por si necesita energía extra, aquí le traigo unos Huesitos. Estos son los Huesitos de Aragón, ojala el año que
viene no vengan a vendernos Huesitos de Polonia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señoría, quería empezar reiterando lo que antes le decía, el Gobierno lamenta siempre cualquier tipo de deslocalización industrial en cualquier parte de España. De hecho, por
lo que trabaja el Gobierno en general, la política económica en general y particularmente la política industrial, es justamente por lo contrario, por relocalizar actividad industrial en nuestro país. De hecho, tenemos muchos ejemplos de muchas
empresas que también son multinacionales, como las que usted acaba de mencionar, que no solo no deslocalizan sino que relocalizan y garantizan carga de trabajo para los próximos años en distintas industrias. Ese es el deseo que también expresa el
Gobierno para la empresa Mondelez Internacional. El Gobierno conoce perfectamente la situación que atraviesa Chocolates Hueso y ha expresado reiteradamente su preocupación y la expresa hoy aquí por aquellas decisiones empresariales que puedan
afectar negativamente al tejido productivo de toda España, por su repercusión en la actividad económica y también en el empleo. En el ámbito de sus competencias, el Gobierno trabaja en la mejora de la competitividad de las empresas españolas y en
apoyar la creación de tejido industrial. Véase cuáles son los resultados tanto de los planes de competitividad como de los planes Reindus del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En la búsqueda de la mejora de la competitividad, el
ministerio viene manteniendo líneas de financiación de inversiones empresariales que se dirigen a la implantación de instalaciones productivas más competitivas, más avanzadas y eficientes y respetuosas con el medio ambiente y la fabricación de
productos y servicios de mayor valor añadido. Ese es el deseo del Gobierno también para las industrias de Chocolates Hueso, que esperamos puedan reconsiderar su decisión y permanecer en su... (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE EL GOBIERNO EN SU PRETENSIÓN DE ANULAR POR LEY LA SUBASTA DE
MEDICAMENTOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000583).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta el diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidente.


Andalucía impulsa continuamente medidas de eficiencia para fortalecer la sanidad pública. No hay que olvidar que los andaluces tienen y disfrutan de una sanidad pública que está situada entre las de mayor calidad y excelencia en nuestro
país. Una de las medidas es la subasta de medicamentos para conseguir ahorrar cerca de 300 millones de euros y poder destinarlos así a otros objetivos sanitarios, pero lo llamativo es que la señora ministra dedique buena parte de su tiempo a
torpedear estas medidas de ahorro que solo buscan fortalecer la sanidad pública. ¿Qué objeto persigue usted, señora ministra, torpedeando estas medidas de la Junta de Andalucía?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno persigue dos objetivos: en primer lugar, que se cumplan, como no puede ser de otra manera, la Constitución y las leyes, y en segundo lugar, garantizar la igualdad de todos los españoles ante el Sistema Nacional de
Salud. Esos son los objetivos.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Señor diputado.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Señora Mato, aunque no se atrevan a decirlo en voz alta, las comunidades autónomas gobernadas por su partido se preguntan por qué usted boicotea a Andalucía en lugar de extender la medida a toda España. Este asunto
pone de manifiesto que hay dos maneras de hacer política sanitaria: una, la del Gobierno socialista de Andalucía, que busca ahorrar recursos sin perjudicar a los pacientes, y otra, la suya, que prefiere recortar la sanidad y poner el copago a los
pensionistas. Unos, el Gobierno andaluz, con la gente, y otros, ustedes, con los poderosos y contra la gente.


Usted querrá engañarnos ahora diciendo que ha ahorrado muchos millones con sus medidas de control del gasto farmacéutico, pero ocultará que, según estudios publicados, por ejemplo de Antares Consulting para el grupo farmacéutico Cofares,
1.100 millones de euros vienen aportados en copagos por parte de los ciudadanos, en concreto casi 400 salen del bolsillo de los pensionistas españoles y 80 millones proceden de los pensionistas andaluces. Con su política contra los pensionistas
usted equivoca el tiro porque retira recursos para el crecimiento económico y para la creación de empleo al retraer de la economía un 0,1 % del PIB nacional. Sin embargo, si se extendiera la subasta ideada por Andalucía, ahorraríamos 1.500 millones
de euros que permitirían quitar el copago a los pensionistas. Le exijo que deje de castigar a Andalucía, que deje de castigar a los andaluces. Quieren ponernos de rodillas pero usted no va a doblegar ni la dignidad ni la sanidad de Andalucía, por
muchas presiones y amenazas que quieran realizar. Tome nota de un Gobierno, el Gobierno socialista de Andalucía, que busca fórmulas de ahorro plantando cara valientemente a la industria farmacéutica y a quienes como usted destruyen la sanidad
pública. Porque tengo que advertirle que Andalucía, que los andaluces no vamos a permitir que ustedes se salgan con la suya.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Señora ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, perdóneme la expresión pero su pregunta es un monumental ejercicio de cinismo porque, en primer lugar, ustedes miraban para otro lado en cualquier
decisión de una comunidad autónoma cuando gobernaban; nosotros, por el contrario, lo que hacemos es respetar las leyes independientemente de quien esté gobernando. Cuando una administración toma decisiones en un ámbito que no es de su competencia
acudimos a la justicia y por eso hemos presentado recursos en Cataluña con Gobierno de CiU, recursos en Madrid con Gobierno del PP o recursos en Andalucía con Gobierno PSOE, y lo hacemos sencillamente porque los informes jurídicos nos dicen que no
se ha respetado la Constitución en las decisiones que afectan al euro por receta o en la subasta de medicamentos. En segundo lugar, parece mentira, señoría, que sea usted quien me haga esta pregunta porque usted ha ocupado responsabilidades en
sanidad con el Gobierno socialista reiteradamente, y el informe que advierte de la inconstitucionalidad es precisamente de la etapa en la que usted era alto cargo sanitario con la Administración de Zapatero. (Aplausos). Ustedes lo solicitaron pero
luego no lo aplicaron. Y en tercer lugar, ustedes están encantados con las medidas que está adoptando el Gobierno para racionalizar el gasto farmacéutico, sencillamente porque han supuesto un ahorro de más de 1.644 millones de euros en solo diez
meses, casi 200 millones para Andalucía. Ustedes critican en público lo que aplauden en privado porque todos los meses, gracias a las medidas del Gobierno, se ha logrado contener el gasto farmacéutico.


Señorías, las comunidades autónomas no son competentes para convocar subastas. Lo dicen los servicios jurídicos, lo dice el Consejo de Estado y lo dice la Constitución española. Todas las cuestiones que tienen que ver con precios
sanitarios son competencia del Estado porque además, señorías, no están ustedes inventando nada. Ya existen concursos públicos para la compra de medicamentos y productos sanitarios. Lo que no se hace es romper el mercado de medicamentos, poner en
riesgo el acceso a tratamientos en perjuicio de los pacientes, como hace la subasta andaluza. Señoría, puede estar seguro de que con el Gobierno del Partido Popular está garantizada la unidad del mercado del medicamento y también la igualdad de
acceso de todos los ciudadanos a los mismos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.



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- DE LA DIPUTADA DOÑA INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO DEL ICO ESTÁN FUNCIONANDO
ADECUADAMENTE? (Número de expediente 180/000582).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad. La formula doña Inmaculada Rodríguez-Piñero, del Grupo Socialista.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, cuando usted presentó su primera reforma financiera en febrero de 2012 dijo que lo hacía para solucionar el problema de financiación de las empresas, pero el crédito sigue sin fluir, las empresas, las pequeñas y medianas
empresas y los autónomos están cada día más ahogados. Mire este gráfico. Así estaba el crédito cuando dijo que lo iba a solucionar y ha caído hasta aquí después de sus tres reformas. El crédito del ICO aún va peor. En el primer trimestre del año
solo ha concedido 1.539 millones de euros, un 70 % menos que el año pasado. Por eso le pregunto: ¿considera que están funcionando eficientemente las líneas del ICO?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Señoría, el exceso de endeudamiento es uno de los problemas fundamentales de la economía española y lo debemos corregir, como he dicho en muchas ocasiones, especialmente en
aquellos sectores ligados a la construcción. Esta corrección, sin embargo, tiene que ser compatible con que haya crédito para las pymes. En este sentido, el ICO ha tenido un papel fundamental. Su actividad en 2012 alcanzó casi los 30.000 millones
de euros, un 32 % más que el año anterior; hubo 11.500 millones en créditos a pymes a través de las líneas de mediación; 6.500 millones para el pago a proveedores, la mayoría de ellos pymes y autónomos; más de 5.000 millones en financiación a
comunidades autónomas, y otros 5.000 millones en otras formas de financiación.


Este año, 2013, hemos reforzado el papel del ICO. Se han dotado con 22.000 millones de euros las líneas de mediación, casi el doble de la financiación disponible en 2012. Hemos racionalizado las líneas de mediación centrándonos en dos
grandes áreas: apoyo a las pymes e internacionalización; y hemos impulsado su papel con medidas alternativas al canal bancario: con una línea de 1.000 millones para comprar títulos de renta fija que emitan las pymes, con 1.200 millones para
facilitar actividades de capital riesgo, con 1.500 millones en préstamos a pymes del Banco Europeo de Inversiones que gestiona el ICO. Y, por último, señoría, le puedo anunciar que el ICO ya ha cerrado el acuerdo con su homólogo alemán, el KFW,
siguiendo el acuerdo con el ministro alemán para invertir de forma conjunta 2.000 millones, tanto en financiación a largo plazo como en capital, en pymes españolas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Señora diputada.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: El stock del crédito a las empresas es de 1,2 billones de euros; 2.000 millones de euros no van a resolver el problema de financiación en nuestro sector privado, desgraciadamente.


¿Usted habla con los pequeños empresarios y con los autónomos? ¿Sabe usted que siete de cada diez proyectos de financiación de nuestras pymes son denegados? ¿Sabe que a aquellas que consiguen créditos les cuesta un 77 % más que a sus
homólogas alemanas? ¿Y sabe que aquellos autónomos que al final consiguen un crédito es porque empeñan su patrimonio personal? Esta es la realidad de nuestro país, señor Montoro; una realidad que están tratando de ocultar con una campaña de
publicidad engañosa pagada por el FROB, en la que alude al grifo del crédito. Este es el anuncio, señor ministro. (Muestra un cartel). Y este grifo, desgraciadamente. sigue cerrado y seco para nuestras pymes y para nuestros autónomos.


Le exigimos que no se gaste el dinero de todos los ciudadanos en campañas de publicidad engañosas. Dediquen todos los recursos y todos los esfuerzos para conseguir que cada euro del ICO vaya a su destino, que no se quede ningún euro del ICO
sin prestar. Y le pedimos dos medidas muy concretas que



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no tienen coste: exija que en todas las entidades nacionalizadas se ponga una ventanilla para informar gratuitamente y asesorar financieramente a nuestras pymes y a nuestros autónomos para conseguir los créditos del ICO, y pongan una nueva
línea con créditos de hasta 30.000 euros, con más avales y garantías del Estado para que de verdad llegue el crédito a quienes lo necesitan: nuestras empresas, nuestros autónomos, nuestros emprendedores. Señor ministro, no podemos permitirnos el
cierre de más empresas, que se sigan destruyendo más puestos de trabajo, que queden más vidas truncadas porque proyectos solventes no tengan la financiación que necesitan. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, supongo que se ha confundido de nombre. Yo estoy encantado de que me confunda con el ministro Montoro.


Quiero comentar varias cuestiones. En primer lugar, el crédito empezó a caer en el año 2007, como usted sabe perfectamente, y hace tres años la situación de nuestras pymes, si se hubiera hecho la reforma financiera cuando se tenía que haber
hecho, habría sido completamente diferente. Le voy a dar un dato, señoría. En los cinco primeros meses de este año el ICO ha aumentado un 52 % el crédito a pymes en comparación con los últimos cinco meses del año 2012. Esta tendencia se va a
mantener, ya que dispone de más instrumentos y a costes más bajos. Por ejemplo, señoría, el coste de un préstamo del ICO a tres años es hoy del 5,6 %, 2,5 puntos más barato que hace un año; y, por otro lado, hemos llegado a un acuerdo con las
instituciones financieras para poner a su disposición 10.000 millones de euros adicionales y en lo que va de año Bankia ha dado 5.500 millones de euros a pymes y 2.100 Novacaixagalicia Banco. En definitiva, es un problema fundamental -yo tomo nota
de sus recomendaciones-, pero le puedo decir que ya estamos trabajando absolutamente en eso.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS JAVIER FLORIANO CORRALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CUÁL HA SIDO EL RESULTADO DE LA RECIENTE PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA
MARCA ESPAÑA EN EL PARLAMENTO EUROPEO? (Número de expediente 180/000572).


El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pregunta el diputado don Carlos Floriano, del Grupo Popular.


El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, señorías, ocho años de Gobierno socialista fueron suficientes para quebrar parte de la confianza del exterior en nuestro país. Nuestra imagen y nuestro prestigio se deterioraron de tal manera
que nuestros socios tradicionales nos dejaron de ver como un socio fiable y nos empezaron a ver como un problema. Se demuestra una vez más que la frivolidad se paga y se paga muy caro, porque es muy difícil recuperar la confianza y es muy fácil
perderla. No es lo mismo, señorías, negar la crisis que decirle la verdad a los españoles. No es lo mismo utilizar el gasto público para defender el interés general que para buscar el rédito electoral. No es lo mismo incumplir los compromisos que
ser leal con la palabra dada.


Conscientes de nuestras debilidades, pero también de las potencialidades que tenemos como país, el Gobierno puso en marcha un paquete de reformas para ser capaces precisamente de recuperar la credibilidad que habíamos perdido a borbotones
con los Gobiernos socialistas. Entre ellas y con el objetivo de crear empleo y generar confianza, estuvo poner en marcha un plan general de marca España. Tuve la oportunidad en este hemiciclo de defender las líneas básicas de aquel gran proyecto
hace poco más de un año. El objetivo es coordinar y trabajar de forma conjunta por parte de todo el Estado en pos de ese beneficio, de ese objetivo común, y orientar todas las políticas del Gobierno, de los Gobiernos, a generar confianza, porque
estábamos convencidos de que trabajar en pos de esos objetivos, que coordinarnos de esa manera, era trabajar en pos de crear empleo, de mejorar el bienestar de los españoles. Un año después las cosas han mejorado pero hay que seguir trabajando para
que se cumpla ese gran objetivo de



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crecimiento y de creación de empleo. Hace unos días se presentó ante las autoridades europeas la marca España en Bruselas. Nos gustaría, señor ministro, que nos dijera cuál es el resultado de esa acción a la vista de su presentación hace
poco menos de un mes.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.


Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Gracias, señoría.


Empezaré con una cita erudita. Dice así: Toda la Europa está hoy hirviendo en una especie de furor. Cada nación está luchando por engrandecer su mérito sobre todas las demás que se lo disputan. La cita es del siglo XVIII, pero es más
oportuna hoy que nunca porque, como usted ha señalado, en la globalización la confianza es la piedra angular. Confianza que necesitamos para atraer ahorro y financiar nuestra deuda pública; inversiones para crear empleo, para exportar bienes y
servicios y para favorecer la internacionalización de nuestra empresa. El acto en Bruselas forma parte de un plan desarrollado desde hace año y medio, como usted dice, que se basa en un observatorio que lleva el Instituto Elcano -un think tank
independiente en donde están representados buena parte de los grupos de esta Cámara- y en un informe anual que será presentado próximamente al Consejo de Ministros. De esos estudios se deduce que a España lo ven como un país bueno para vivir, para
pasar las vacaciones o para jubilarse pero no tan bueno para trabajar, para instalarse, para hacer negocios, porque nos siguen viendo como un país poco sofisticado. La primera imagen es verdad. Si mira usted el turismo: la segunda marca. Si mira
usted nuestra gastronomía, nuestro patrimonio: la segunda marca en el mundo. En reservas de la biosfera somos el segundo país del mundo. En salud somos el tercer sistema del mundo. Y en deportes, lo que ha hecho Nadal vale más que muchas de las
reuniones que nosotros podamos hacer. Pero sí tenemos que desmentir algunos tópicos, porque no es verdad que no seamos buenos trabajadores. Somos los primeros en renovables, los segundos en automóviles, estamos haciendo Panamá, Meca-Medina; somos
los primeros en bancos, telecomunicaciones, etcétera. España es hoy el segundo país más valorado de la Unión Europea. ¿Y sabe usted cuál es el país más crítico con España? España, y eso también lleva en su seno la marca España. Ese es el trabajo
que estamos haciendo para recuperar la confianza y dar trabajo a las españolas y a los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE RECORTES EN I+D+i Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE NUESTROS INVESTIGADORES Y EL FUTURO DE NUESTRO MODELO DE DESARROLLO. (Número de expediente 172/000127).


El señor PRESIDENTE: Terminado el capítulo de preguntas, pasamos a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, comenzamos con la interpelación del Grupo Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en I+D+i y sus
consecuencias sobre nuestros investigadores y el futuro de nuestro modelo de desarrollo. Tiene la palabra, para defender la interpelación, el señor Cortizo.


El señor CORTIZO NIETO: Señor presidente, señor ministro, debo confesarle que subo a esta tribuna un poco descolocado todavía por la frase del señor Montoro de: Atila murió en la cama engañado por una mujer. Aún le estoy dando vueltas y
me despista un poco del objetivo de la interpelación, sin duda. (Risas). Pero pasando de Atila y de la mujer que lo engañó, usted en su primera comparecencia en esta Cámara para explicar su programa de Gobierno dijo: Desarrollaremos políticas
activas para apoyar que los científicos españoles investiguen en el exterior. No supimos interpretarlo cuando lo dijo. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Quien más, quien menos, con buena fe, con mayor o
menor credibilidad pensó que se refería usted a programas de becas para formación en el exterior, reservas de plazas, es decir, lo habitual en estas cuestiones. Lo que nadie imaginaba ni en su peor pesadilla es que iban a fomentar y a apoyar que
los científicos españoles investigasen en el exterior haciendo imposible que lo pudiesen hacer aquí, en España. Y eso es lo que ocurre.



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Señor ministro, el texto de la interpelación comienza con una frase que dice literalmente: La política presupuestaria del Gobierno contra el sistema español de I+D+i está situando a este en una situación cada vez más próxima al colapso. Es
una frase dura: la política presupuestaria contra el sistema de I+D+i. Pero no me culpabilice, no tengo el copyright de la frase, me he limitado a ser un mero copiador. En realidad la frase está un poco suavizada. En origen, la frase dice
literalmente: La durísima política presupuestaria lanzada contra el sistema español de I+D+i. Y su autoría es de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, la CRUE; su autoría es de la Cosce, la Confederación de Sociedades Científicas
de España; de la Plataforma de Investigación Digna; de los sindicatos. ¿A usted no le hace reflexionar que los rectores de las universidades españolas firmen una frase como esta, tan dura? ¿No le motiva a pensar qué puede haber? Podría ocurrir
en un caso extremo que los rectores de las universidades españolas se hayan vuelto locos, se hayan convertido en unos radicales absolutos y sufran de paranoia persecutoria, igual que los científicos de este país. Pero los datos de la realidad sobre
la que se basa esta afirmación de los rectores y de los científicos españoles es que, en lo que va de legislatura, la I+D+i ha sufrido unos recortes espectaculares, más de un 30 %. El porcentaje de gastos sobre presupuestos ha pasado de un 2,4 al
1,7, y eso sobre un presupuesto menor. El Fondo nacional de investigación científica, que es, como dicen los miembros del sistema, el pan y la sal, de donde se nutren realmente los proyectos, los programas y los grupos de investigación, ha tenido
un descenso entre 2011 y 2013 de 328 millones en total, en la parte no financiera de 259. Cuando empezaron estos hachazos a los presupuestos de I+D, ustedes dijeron: Tranquilos, vamos a hacer más con menos. Como esto es ridículo, es una tontería,
no se cumplió, salvo que el más sea más cierre de programas, más cierre de proyectos, más despidos de científicos...Obviamente, esos hachazos -salvo que los incluyamos en el mantra aquel de investigamos por encima de nuestras posibilidades, que es
otra tontería- no van a ningún lado. Eso se traduce en durísimos daños a la investigación básica, a la investigación aplicada, a las infraestructuras científico-técnicas, a toda una larga panoplia de factores que conforman el sistema de I+D+i.


En la interpelación le hablaba del vía crucis al que someten a los científicos y a la ciencia, y no son las citadas las únicas estaciones. Todavía en el plan de reformas que han enviado ustedes a la Unión Europea anuncian la congelación de
la inversión en I+D hasta 2020, eso sí, con la previsión de alcanzar un 2 % del PIB -que no llega al 3 que en su día se habló-, pero a base de que se duplique la inversión privada en I+D cuando lleva años cayendo. Por tanto, ni siquiera esa
previsión corta se va a cumplir. Por si fuese poco el recorte de más del 30 % en los dos últimos años -el 40 en los cuatro últimos porque ya en 2010 y 2011 hubo algunos recortes-, el Ministerio de Hacienda secuestra los presupuestos para I+D, y lo
hace con todo tipo de argucias, pero en general por la no disponibilidad, es decir, burros y apaleados, ninguneados. Hacienda también, en un juego que no se alcanza a entender, priva a los grupos y a los centros de investigación de las comunidades
autónomas de subvenciones a proyectos ya aprobados y concedidos porque los Gobiernos de esas comunidades autónomas no cumplen con el déficit; patada en culo de los investigadores, patada en el culo del sistema de ciencia y tecnología español para
los Gobiernos autonómicos. La verdad es que es un disparate, un dislate, un sinsentido, y es verdad que no es usted como ministro, que es Hacienda, es el señor Montoro, por lo que será cierto lo que dicen por ahí acerca de las magníficas
relaciones.


La financiación de los proyectos de investigación se modificó, se convocó a tres y luego se pasó a cuatro. Es decir, ustedes trasladaron a la financiación de los proyectos de investigación de 2012 la teoría Cospedal del pago diferido. Al
igual que en el finiquito del señor Bárcenas, aquí también sería morosidad diferida, privando de recursos esenciales a los grupos para seguir funcionando, privando a los grupos de un desarrollo normal de los programas de investigación. No hay
contratos para jóvenes investigadores, se reducen los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva más de un 30 %, y cuando se habla de fuga de cerebros, del exilio forzoso, se dice que es bueno que se vayan a formar al exterior. No. Ya iban, ya se
formaban, siempre existió y siempre se fueron incrementando los programas. Luego lo que hubo que hacer fue poner en marcha, y lo hizo además un Gobierno del Partido Popular, un plan para rescatar. Era el Ramón y Cajal. Pero todo eso se está
perdiendo y el sistema sufre una pérdida de capital humano de la que tardará mucho en recuperarse. No hace falta que le diga, señor ministro, que en los últimos años, bastantes años, España había alcanzado el noveno puesto en producción científica
entre los países más desarrollados desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo. Convergíamos en términos presupuestarios, en términos de producción científica y en términos de calidad con los países más desarrollados. Hemos dejado
de converger en términos presupuestarios y en todos los ítems que usted quiera considerar.



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En este vía crucis también hay unos misterios dolorosos. Yo no alcanzo a entenderlo, nadie alcanza a entenderlo. Hablamos de cifras que, siendo importantes, son relativamente alcanzables. Si es relativamente pequeña en términos absolutos
la cantidad necesaria para mantener el elemento fundamental del plan nacional, la subvención a proyectos, 265 millones de euros, comparada con el rescate a la banca, con los 40.000 o los 100.000, si se amplía, ¿no cabe la posibilidad de utilizarlo
para mantener, con los ajustes necesarios pero sin hachazos, el sistema de ciencia y tecnología con esas cantidades, con la importancia que realmente tiene? Teniendo en cuenta que lo que se quita es un hachazo para el sistema, pero no en términos
de comparación con lo que se les perdona a los delincuentes con la amnistía fiscal, ¿no valdría la pena que se les perdonasen 200 o 300 millones menos a los defraudadores y a los delincuentes y se dedicasen a la I+D? Sí se puede. ¿Cuál es el
misterio que impide que se tomen decisiones razonables, de sentido común, coherentes con las declaraciones y los discursos que usted ha hecho en múltiples sitios?


Otro misterio más: ¿usted se cree a veces las cosas que dice o es un misterio insondable? Usted afirma en el plan de reformas y en el documento enviado a Bruselas que el gasto en desarrollo e investigación civil no ha sufrido recorte
alguno respecto al presupuesto del año anterior. Cuando en Europa vean que los rectores de las universidades españolas dicen lo que dicen y que los científicos españoles asociados en la Cosce, en la Confederación de Sociedades Científicas, dicen lo
dicen, si le creen a usted, malo, porque dirán: los rectores de las universidades españolas son unos locos, los científicos españoles no saben lo que dicen, sufren paranoia persecutoria. Y si no le creen, malo también: ¡qué poco serio es el
ministro de Economía, que nos dice que no hay recortes pero tiene a toda la Conferencia de Rectores y a todas las sociedades científicas planteando durísimos alegatos con datos acerca de los recortes y los daños que sufre el sistema de ciencia y
tecnología!


Usted ha hablado repetidamente, señor ministro, del valor de la innovación para la modificación del sistema...


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Cortizo, tiene que ir terminando.


El señor CORTIZO NIETO: Acabo ya, señora presidenta.


Innovar, como usted sabe muy bien, es transformar cualquier clase de conocimiento en algún tipo de valor. Obviamente no tiene nada que ver con la innovación de parte del sistema bancario en el tema de las preferentes, que era transformar el
desconocimiento de los clientes en algún tipo de valor. Por tanto, condición previa para la innovación es la producción de conocimiento. Si se estrangulan las fuentes de producción de conocimiento, si se les somete a un estrés presupuestario tan
exagerado, tan duro, será imposible que haya innovación, será imposible que haya mejora de la competitividad por la vía de la innovación empresarial, y por ese camino no seremos capaces de salir de la crisis en condiciones. Saldremos, pero
saldremos de mala manera.


Ya le anuncio, señor ministro, que habrá una moción -lógico-, y en la moción vamos a prescindir del sentido partidario y vamos a plantear el decálogo de propuestas que la Conferencia de Rectores, que las sociedades científicas españolas le
plantean al ministerio, decálogo que acaba además con un llamamiento a un proceso de negociación político y social para tratar de salvar el sistema de ciencia y tecnología en este país. Reflexione, señor ministro, tómeselo en serio. No considere
la ciencia, el sistema de I+D+i de este país...


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Cortizo, tiene que terminar su intervención.


El señor CORTIZO NIETO: ... como algo al margen de su ministerio, residual; no lo es, es fundamental. Salga usted de la mentalidad absoluta de hombre de la banca y métase en el traje de hombre de Estado, será bueno para España, será bueno
para usted y estaremos todos más contentos, aunque Atila haya muerto en la cama engañado por una mujer. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Cortizo.


A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía y Competitividad.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.



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Señorías, señor Cortizo, ahora miraré en Wikipedia dónde ha muerto Atila, porque la verdad es que lo desconozco.


Cuando hablamos de la política de I+D+i continuamente nos estamos centrando en el debate presupuestario, y, como usted sabe perfectamente, la reducción de la disponibilidad presupuestaria para la política de ciencia se inició en el año 2010
y continuó en el año 2011. Aun así, y siempre teniendo en cuenta que es necesario aplicar una ineludible reducción del déficit público, en los años 2012 y 2013 este Gobierno ha incrementado partidas; en concreto hemos incrementado el crédito con
el fin de apoyar a las empresas que apuestan por la investigación y la innovación, lo estamos haciendo con condiciones muy ventajosas, con tipos inferiores al 1 %. Señoría, el sector de I+D+i es un sector prioritario para el Gobierno, prueba de
ello es que en 2012 hemos incluido al personal investigador entre aquellos cuya tasa de reposición es del 10 % y no del 0 %, como es el carácter general. Pero nosotros realmente no tenemos un problema en la financiación de la I+D pública, en la que
le aseguro que estamos prácticamente en línea con el conjunto de la media europea: el 0,6 % del producto interior bruto. Sin embargo, sí tenemos dos grandes retos para seguir avanzando hacia unas tasas de inversión en I+D, tanto pública como
privada, próximas al 2 %. En primer lugar, incrementar los fondos conseguidos en las convocatorias europeas, cuya dotación se ha incrementado desde 54.000 millones de euros en el periodo actual hasta los 72.000 millones del periodo 2014-2020. Y,
en segundo lugar, fomentar la I+D empresarial y mejorar la interacción entre la ciencia y la empresa, y hay datos contundentes en este sentido: la I+D empresarial es la mitad que la media europea, aquí sí que estamos por debajo: el 0,6 frente al
1,2. Ocupábamos el puesto 16º en el índice de innovación en la Unión Europea a veintisiete y patentamos la tercera parte que en Europa, con unos retornos en licencias muy reducidos, muy bajos. Por eso estamos trabajando en estos dos frentes.


En relación con la financiación europea, con una dotación global aproximada de 10.000 millones de euros anuales, debemos rentabilizar económicamente el liderazgo español en los proyectos europeos, que le recuerdo que ha aumentado desde el
6,3 % del VI programa marco al 9,2 % del programa actual. Todavía recibimos menos fondos que los que España aporta en esta materia; por este motivo, conscientes de esta oportunidad, hemos puesto en marcha un plan de incentivación para mejorar
nuestro retorno actual del 8,3 % en los programas europeos. Si lo hacemos bien, señoría, conseguiremos prácticamente 1.000 millones de euros anuales para la I+D+i española. En este sentido, el lunes tuvimos una jornada de trabajo con los rectores
en Madrid, en el ministerio, para ayudarles a mejorar sus resultados en las convocatorias europeas. Nuestras universidades consiguen un 17 % menos de financiación que sus homólogas europeas. Señoría, para nosotros esta divergencia, este menor
retorno es una clara oportunidad para mejorar.


Para impulsar la inversión privada en I+D+i ya hemos puesto en marcha varias medidas. Como usted sabe, hace dos semanas incluimos en el anteproyecto de ley de emprendedores una mejora de la deducción fiscal de la I+D ya anunciada en el
debate del estado de la Nación por el presidente del Gobierno. Esta modificación permitirá a las empresas no solo aplicar esta deducción en ejercicios posteriores, sino recuperar este importe a partir del segundo año, incluso cuando la empresa no
obtiene beneficios. Hemos estimado un impacto anual de más de 400 millones. En segundo lugar, el Banco Europeo de Inversiones cofinanciará con 625 millones hasta el año 2014 casi la mitad de todos los presupuestos de los OPI y de las
infraestructuras científicas. Este es un modelo que seguimos explorando y creo que tendremos buenas noticias en las próximas semanas. Hemos movilizado 435 millones de inversión privada y de empleo directo de 7.300 personas a través de los casi 700
proyectos de innovación en 2012. En cuarto lugar, tenemos nuevos instrumentos para la cofinanciación de iniciativas empresariales innovadoras. Por ejemplo, las sociedades de capital riesgo público-privadas; con Innvierte movilizamos casi 400
millones. O los diecisiete proyectos basados en tecnologías novedosas de la línea directa de innovación que acaban de generar 80 empleos nuevos. Con el CDTI hemos gestionado en 2012 en torno a 1.500 millones de euros, más que ningún otro año.


Pero el énfasis no debe ponerse solo en la cantidad de recursos públicos destinados al I+D+i, sino que el enfoque debe ser mejorar el cómo se aprovecha y qué incidencia tienen en el tejido productivo y en la sociedad en general. Con este
objetivo, y con la Ley de ciencia como hoja de ruta, hemos puesto en marcha ya una profunda revisión del sistema dentro del programa nacional de reformas del Gobierno. Déjeme, señoría, que le detalle las acciones ya realizadas en los últimos meses
para impulsar nuestros ejes estratégicos. En primer lugar, orientando la I+D+i hacia la internacionalización y a los retos sociales. Para ello hemos aprobado la estrategia española 2013-2020 que adecua nuestra I+D+i al resto de los países
europeos, priorizando la investigación por retos sociales y no por disciplinas. Vamos a fomentar



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aquella investigación que desde el origen esté orientada a desarrollar productos y servicios innovadores útiles para la sociedad. Ya en 2013 más del 60 % de la financiación se destinará a los retos. En segundo lugar, apoyando a los mejores
investigadores. Queremos consolidar la carrera investigadora de los más brillantes. Por ejemplo, en la última convocatoria Ramón y Cajal 2012 se redujo el número de seleccionados pero se incrementó la financiación global hasta los 54 millones de
euros, aumentando la dotación con la que iniciarán sus proyectos de 15.000 a 40.000 euros y aportando 100.000 euros para su contratación indefinida posterior. La convocatoria de contratos predoctorales dejará de ofrecerse en formato de beca,
mejorando la calidad de empleo y dando respuesta a la demanda histórica de eliminar la precarización de este colectivo. Y, en tercer lugar, mejorando la eficiencia y la racionalización del sistema. Simultáneamente a la estrategia, se aprobó el
Plan estatal de I+D+i hasta 2016, que reducirá el número de convocatorias, aumentará la flexibilidad y flexibilizará la burocracia, introduciendo nuevos sistemas de evaluación con un fuerte componente internacional. Es una de las cuestiones
fundamentales que se ha venido demandando históricamente. Por otro lado, como usted conoce perfectamente, en otoño del año pasado el Consejo de Política Científica, Tecnológica e Innovación se dedicó a mejorar la coordinación territorial en la
I+D+i. Como usted sabe perfectamente, no todo el mundo puede investigar en todo. Es necesario establecer prioridades, es necesario establecer quién está mejor ubicado para hacer determinadas cuestiones. Ahí es donde en estos momentos nos estamos
coordinando y eso redundará en una mejora del conjunto de la eficiencia de la investigación territorial. Así, las comunidades autónomas están ahora mismo elaborando sus planes de especialización regional. Las regiones deberán elegir a qué destinan
sus recursos y a qué no.


Igualmente, tenemos un grupo de expertos confeccionando el mapa de infraestructuras científicas y técnicas singulares 2013-2016, con una visión que pretendemos que sea realista y sostenible. Necesitamos que sea además coherente con nuestras
necesidades de investigación y con las instalaciones internacionales en las que participamos. Pero racionalizar las infraestructuras científicas no significa renunciar a las mejores y más punteras instalaciones. Permítame recordarle, por ejemplo,
el Grantecan, el telescopio segmentado de mayor tamaño mundial, y que contamos con uno de los más potentes ordenadores del mundo, el recién ampliado Mare Nostrum en Barcelona. No sólo queremos tener las mejores instalaciones, sino también ponerlas
en valor. Recientemente, con el ministro chino de Investigación, por ejemplo, firmamos un acuerdo para compartir estas infraestructuras entre España y China.


Señoría, no podemos mirar a otra parte. La situación exige, lógicamente, un esfuerzo de todos, priorizar y actuar. Estoy de acuerdo con usted en que la política de I+D+i es una política de Estado; la ciencia es una política de Estado.
Por lo tanto, lo que le puedo indicar es que miraré esto con extrema atención y, por supuesto, el Ministerio de Economía y Competitividad siempre estará dispuesto a analizar con ustedes y con todos los grupos parlamentarios todas las propuestas que
ustedes nos hagan, dentro del esfuerzo de restricción presupuestaria que estamos haciendo en nuestro país, pero también teniendo en cuenta que la política de I+D+i es uno de los motores y una de las palancas de crecimiento futuro.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra el señor Cortizo.


El señor CORTIZO NIETO: Señor ministro, estamos en el método Ollendorf; usted pregunte en la interpelación lo que quiera que yo le voy a contestar lo que me dé la gana. En vez de diálogo parlamentario, estamos en monólogos del Club de la
Comedia. Yo hago el mío; usted hace el suyo; su público le aplaude; el mío me aplaude. El Club de la Comedia, monólogos absolutamente estériles al objeto de lo que debe ser un Parlamento. Divertimento. A lo mejor nos divertimos; usted se
pone ese traje aseadito de banquero, que marca, y me contesta muy aseadito y muy educado. Pero al final, diálogo, ver si podemos solucionar algún problema, que es de lo que se trata en esta Cámara, si podemos recoger el sentir de los ciudadanos, de
los miembros de los sectores, de eso nada.


Me habla algo del incremento de algunas partidas. Ya sabemos que todos los Gobiernos -y éste también, solo que muy exageradamente- incrementan capítulo 8, que no se ejecuta, para maquillar las cuentas y maquillar, en este caso, el I+D+i.
Pero para qué vamos a decir mentiras, a engañar, a tomarnos el pelo, a decir en Bruselas: No, no se rebaja. ¿Pero qué ganamos con eso? Nada. No, la verdad es que no tiene mucho interés. Son castillos en el aire. Usted promete ilusiones,
promete reformas, habla de coordinaciones. Pero ¿y la realidad que le he planteado de los datos? Las palabras, los discursos, las



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intervenciones, por brillantes o aseaditas que sean, no cambian la realidad, no modifican la penuria, no cambian el hecho de que la gente, los jóvenes investigadores no puedan investigar y tengan que exiliarse. Usted me habla de que van a
hacer el mapa de las infraestructuras científico-técnicas. Yo le propongo que, en vez de elaborar el mapa de las infraestructuras científico-técnicas, ¿por qué no les dan presupuesto para que se puedan mantener y mejorar? Mientras usted hace el
mapa, yo le digo: Oiga, déles subvenciones para que puedan funcionar, subvenciones a la investigación. ¿Qué pasa mientras tanto, mientras usted cuenta estas milongas aquí, con el Centro Astronómico de Calar Alto en Almería? Pues que se reduce el
67 % de la aportación española. ¿Qué pasa con el Centro de nanotecnología y nanociencia de Barcelona? Pues que no tiene apoyo. ¿Qué pasa con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público de investigación? Que
está al borde del colapso, que pide un adelanto de 100 millones y dicen que les van a dar ustedes 25, para poder funcionar en mínimos, no para proyectos, no para contratos. Y usted me dice que va a coordinar las infraestructuras
científico-técnicas, a hacer el mapa. Es como cuando debatimos aquí sobre el mapa del conocimiento; en este terreno será el mapa del sufrimiento.


Señor ministro, al final, yo concluyo que no hay remedio para la recesión, para la exclusión, para la depresión en la que está sumida la I+D+i en este país. A mí me recuerda un poco a la novela de Orwell famosa, la de la rebelión; ese
ecosistema que es el Gobierno, donde hay organismos vivos, la biocenosis. Pongamos que el ecosistema es el Gobierno; la biocenosis, por tanto, los ministros; el biotopo, La Moncloa, el Consejo de Ministros. Es verdad que usted en ese ecosistema,
donde los organismos, los ministros, se interrelacionan de manera compleja, no ha recurrido a recomendar a los científicos duchas de agua fría como su colega de ecosistema el señor Cañete; es verdad que usted no ha dicho a los científicos que se
encomienden a la Virgen del Rocío como su colega de ecosistema la señora Báñez; es verdad que usted no acusa a los científicos que se manifiestan de ser filoetarras; es verdad que usted no recurre a esas cuestiones; sin embargo, comparte con sus
compañeros de ecosistema y de hábitat lo que Tansley decía de los ecosistemas: son aislamientos mentales. Y ustedes están en ese ecosistema aislados mentalmente. Usted no quiere oír lo que le dicen...


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Cortizo, tiene que terminar.


El señor CORTIZO NIETO: ... sobre la situación presupuestaria, sobre los recortes de la I+D+i, y viene con discursos aseaditos, muy formales, muy trajeados, pero perfectamente inútiles; perfectamente inútiles. Hay 1.200 personas
expulsadas, en términos laborales, del Consejo Superior en el año 2012, otros tantos este año, más los que han sido dejados de contratar en proyectos. Programas de investigación punteros en el ámbito de la oncología, de la neurociencia, de la
arqueología, cerrados. Hay ERE en centros de investigación punteros, como el Príncipe Felipe de Valencia. No voy a recurrir a los nombres concretos de quiénes quedan fuera, este joven científico europeo bueno en física, o muy bueno, quedó fuera
porque seguramente hay otros mejores, pero esa no es la razón, la razón es que han disminuido el número de Ramón y Cajal, que ha disminuido la política, el presupuesto para recuperar talentos, y no solo ha disminuido eso sino que se expulsa a muchos
otros. La pérdida de capital humano que se está produciendo en el sistema de ciencia y tecnología español es irreparable a corto y medio plazo, y a largo seguramente es peor que el hundimiento del Titanic. Señor ministro, monólogos. Yo le
reconozco que en algún momento de vida desee participar en El Club de la Comedia, pero nunca creí que lo conseguiría en esta Cámara gracias a usted.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Cortizo.


Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía y Competitividad.


El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor Cortizo, no sé si esto será El Club de la Comedia o monólogos, pero desde luego yo lo que sí le puedo decir es que estamos absolutamente dispuestos a hablar. A veces, un diálogo exige que haya una actitud abierta desde el
punto de vista de lo que es intercambiar opiniones. Usted aquí ha empezado a hablar de trajes, bien; de libros de literatura, lo cual me parece muy bien; pero yo le voy a hablar de cosas concretas. En primer lugar, he dicho anteriormente que el
principal problema no es la financiación pública de



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la I+D, el principal problema es que nos encontramos con que la I+D privada está en España claramente por detrás de la media europea. Sin embargo, señor Cortizo -y espero que preste atención a esto-, lo que le puedo anunciar y puedo
anunciar a la Cámara es que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía han acordado para los próximos días incrementar el techo de gasto en I+D+i y los créditos presupuestarios en 105 millones de euros. Son, lógicamente, 105
millones de euros en un entorno complejo de reducción del déficit público. Por lo tanto, hay un esfuerzo y eso pone de manifiesto el compromiso del Gobierno. Usted dirá que no es suficiente porque siempre va a pedir más. Pero pidiendo siempre más
lo que hace usted es quedarse fuera del diálogo; se va a una posición de esquina -poco científica, si me permite- y lo único que dice es: 105 millones, eso no es mucho. Pues 105 millones son 105 millones, que van a permitir hacer bastantes
cuestiones en el CSIC y para el próximo plan.


Por otro lado, usted utiliza de una forma relativamente poco científica -si me permite usted la expresión- el tema de la movilidad entre doctores españoles, investigadores españoles e investigadores extranjeros. Sabe perfectamente que si
hay un sector en el cual hay movilidad es el de la ciencia y la tecnología. A lo mejor usted siempre ha querido que su investigador se quede en su pueblo, pero yo no. Lo que quiero en este campo es que en la relación con el mundo y con los
principales centros fundamentales haya una ósmosis entre unos y otros. Eso es lo básico. Además, le puedo decir, señor Cortizo -si me lo permite-, que hemos iniciado un estudio para ver cómo está evolucionando, quién viene y quién se va. Lo
traeré a esta Cámara y lo comentaré con usted, si es que lo quiere escuchar, porque yo le presto siempre mucha atención a lo que usted dice y luego usted contesta que lo mío es aseadito. Bueno, bien, me parece razonable, es una expresión, me puede
decir cosas peores como lo de Atila, etcétera, pero lo que le digo ahora es que voy a traer un estudio y espero que usted, al menos, aplique el método científico, señor Cortizo, y lo analice con espíritu crítico y constructivo. Lo traeremos aquí y
lo comentaremos. Le puedo adelantar que, según lo que estamos viendo, no hay mucha modificación en lo que ha ocurrido, como no puede ser de otra forma, porque si hay algún ámbito en el cual el mundo es global, es en el ámbito de la ciencia. Es
buenísimo que vengan investigadores extranjeros aquí y es igual de bueno que se vayan investigadores españoles. Ustedes lo llamarán fuga de cerebros, pero creo que es una cuestión completamente distinta.


Por otro lado, me ha sacado otro lugar común, el tema del investigador científico, el físico al que se le dio un premio importante. Señor Cortizo, no sé si ha tenido oportunidad de analizar los currícula de todos aquellos doctores que se
han visto favorecidos por el Ramón y Cajal. Yo le pediría que mire esto y si cree que hay alguno que debe salir, venga aquí y me lo diga. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Y en relación con este físico, que es
un premio importante, lo que le puedo decir es que el premio se le dio después de haber fallado los premios y, por tanto, no se pudo tener en consideración. Lo tendremos en consideración a futuro.


En definitiva, vamos a hacer el análisis utilizando -vuelvo a repetir- el método científico, ya que estamos hablando de la ciencia. Estoy dispuesto a ver cuáles son sus propuestas. Siempre hemos llegado a acuerdos en el ámbito de la
ciencia. Usted me dirá que 105 millones adicionales del presupuesto no están mal; yo le digo que son 105 millones en un entorno de restricción presupuestaria y que estamos dispuestos a analizar todas aquellas propuestas que sean constructivas,
porque si hay algo de lo que está convencido este ministro -más allá de lo que es su traje, que no me quedo en esas cuestiones- es que la I+D+i es una de las palancas de la recuperación económica y una de las fuentes que tiene que llevar a cabo la
modificación del modelo de crecimiento de la economía española, que debe estar basado -y en eso estamos todos de acuerdo- en el conocimiento, en la investigación y en la incorporación de ese conocimiento y esa investigación a productos económicos
que den lugar a un retorno para la economía española.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS REFORMAS LEGALES NECESARIAS A FIN DE ELIMINAR DISTINTOS SUPUESTOS DE AFORAMIENTO Y OTROS PRIVILEGIOS PROCESALES DE POLÍTICOS Y CARGOS
PÚBLICOS. (Número de expediente 172/000128).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre propósitos del Gobierno en relación con las



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reformas legales necesarias a fin de eliminar distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y cargos públicos. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, señor ministro, en lo que llevamos de Pleno esta mañana tanto el ministro Montoro como particularmente Atila se han convertido en los protagonistas; de momento, de Atila no voy a hablar pero, parafraseando al ministro Montoro esta
misma mañana cuando contestaba a una pregunta del diputado don Carlos Martínez Gorriarán, le diré, señor ministro Ruiz-Gallardón, que efectivamente este grupo parlamentario está en lo que está, en este caso y en relación con esta interpelación está
en defender la igualdad ante la ley de todos los españoles, en conseguir la transparencia y en evitar la opacidad y todo tipo de privilegios.


Los privilegios y prerrogativas parlamentarias encuentran sus primeros antecedentes en el parlamentarismo medieval inglés, y entre ellas podemos encontrar sus dos manifestaciones más características: la inviolablidad, que impide la apertura
de cualquier clase de procedimiento que tenga por objeto exigir responsabilidades a los diputados o senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones -cuestión esta que no merece tratamiento en esta interpelación-, y la
inmunidad, que somete determinados procesos al requisito de la autorización de la Cámara legislativa respectiva, el conocido hoy día como suplicatorio -cuestión esta que tampoco afecta al debate que le propongo al Gobierno esta mañana-. A dichas
instituciones podemos añadir la del aforamiento, que stricto sensu, dejando aparte la materia civil, implica alterar las reglas de competencia judicial penal -objetiva, funcional y territorial- en beneficio de determinadas personas, que tienen
derecho a ser encausadas y juzgadas por determinados tribunales previamente señalados. El constitucionalismo histórico español fue receptivo a las indicadas prerrogativas parlamentarias, aunque ya la Constitución de Cádiz de 1812 -fíjese, hace dos
siglos- dejara traslucir una cierta prevención -seguro que esto lo sabe usted bien- frente a tales figuras, limitándose a contemplar expresamente la prerrogativa de la inviolabilidad. Insisto, hace dos siglos. Años más tarde, casi dos siglos
después, estas tres prerrogativas parlamentarias fueron asumidas sin gran debate por parte del constituyente en la Constitución de 1978, que las contempla en su artículo 71. Lo que ocurre en el momento presente es que en el marco de un Estado que
se define como social y democrático de Derecho, que debe asegurar el imperio de la ley y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, entre otros, la justicia y la igualdad -y este es el quid de la cuestión- no tienen cabida los
privilegios y menos aún pueden tenerla cuando, como acontece en el caso de las prerrogativas parlamentarias, inciden negativamente en el ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva, obstaculizando la lucha contra la corrupción política. No
dudamos de que la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias, al igual que el aforamiento, pudieron tener un cierto sentido en el pasado -y algunas lo siguen teniendo completamente en el momento actual- pero hoy en día, como han tenido oportunidad de
denunciar muchos juristas y las principales asociaciones judiciales, suponen un verdadero anacronismo y en modo alguno pueden ser visualizadas como en tiempos pretéritos, en el sentido de privilegios personales de los parlamentarios. Así lo ha
manifestado el Tribunal Constitucional en cada ocasión que ha tenido que enfrentarse con tales prerrogativas, y siempre ha insistido en esta idea. Partiendo pues de dicha premisa, las tres prerrogativas que contemplan los tres primeros apartados
del artículo 71 de la Constitución, con rasgos propios cada una de ellas, se han venido justificando sobre la base de unos supuestos objetivos que, en síntesis, dicen lo siguiente: proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones
penales con las que se pretenda coartar su libertad de opinión -en el caso de la inviolabilidad-; impedir indebida y fraudulentamente su participación en la formación de la voluntad de la Cámara, poniéndola al abrigo de querellas insidiosas o
políticas que intenten hacer una utilización inadecuada del proceso judicial -este es el caso de la inmunidad-, y proteger la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones del cargo constitucionalmente relevantes -que sería el
aforamiento-. Fíjese, señor ministro, proteger la independencia del órgano, no de cada una de las personas que forman parte del órgano. Lo fundamental en el caso del aforamiento es proteger al órgano, es decir que, desaparezca o no una de las
personas que forman parte de ese órgano, el órgano va a seguir funcionando en plenitud de sus competencias y de sus responsabilidades. Teóricamente se ha pretendido justificar los referidos privilegios alegando que las elevadas funciones de los
beneficiarios de tales prerrogativas exigen protegerlas de la inquina de aquellos dispuestos a proceder contra ellos -nosotros en el ellos-, movidos por razones políticas -las venganzas políticas, se suele decir-, pero la verdad es que tal argumento
resulta incomprensible a día de hoy. En los contemporáneos Estados constitucionales y democráticos, todos los de nuestro entorno, donde ha



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desaparecido el antiguo conflicto de legitimidades entre Corona y Parlamento o entre Ejecutivo y Parlamento ni cabe imaginar persecuciones arbitrarias de este tipo, más propias de una época en la que el propio parlamentarismo estaba
cuestionado; no es el caso. En el Estado democrático la mejor garantía para impedir la instrumentación política del procesamiento o detención de un parlamentario consiste en la independencia de los jueces y tribunales, y por ende las referidas
prerrogativas carecen de sentido con el peligro añadido de ser utilizadas abusivamente como instrumento de impunidad de los políticos amenazados por la justicia, lo que ha provocado que estén en franca recesión en todos los países de nuestro
entorno, excepción hecha de España, en la que han experimentado una expansión sin precedentes en las últimas décadas como veremos los adelante. Ministro, simplemente mirar a los países de nuestro entorno y cómo se contempla esta cuestión debería
darnos alguna idea de si estamos equivocados o si estamos en la actuación correcta.


El caso más llamativo en España de lo que venimos denunciando corresponde a la institución del aforamiento que, lejos de restringirse, ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes, al calor del desarrollo del Estado de las
autonomías, de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la justicia pero continuando por otros ámbitos como los organismos supuestamente independientes -que tienen la obligación de serlo-, como
los entes reguladores y todos sus homólogos de otros ámbitos inferiores. Para entender lo dañino de tal proliferación hay que recordar que el aforamiento, explicado en palabras llanas, consiste en que determinados procedimientos judiciales deban
ser conocidos cuando afecten a ciertas personas por un órgano judicial diferente al habitual, al previsto por la ley. Por ejemplo, según el artículo 71.3 de la Constitución, en las causas contra diputados y senadores serán competentes la Sala de lo
Penal y del Tribunal Supremo, y el artículo 101, como sabe muy bien el ministro, en su apartado primero extiende la prerrogativa al presidente del Gobierno y a sus ministros. El sentido de este privilegio que obviamente supone una excepción al
principio de igualdad no está, a nuestro juicio, en modo alguno ni claro ni justificado, pero no solo para el político o cargo público imputado el aforamiento es un claro privilegio, sino que provoca incuestionables disfunciones en la labor de la
justicia e incluso perjuicios directos a aquellos no aforados que se ven arrastrados por el imputado aforado a un tribunal distinto del suyo natural que le correspondería en aplicación de las reglas normales de atribución de competencia. Todos
conocemos casos de jueces que se eternizan en determinadas instrucciones porque les pilla un aforado y saben que si imputan al aforado se les va todo el proceso, con todas las personas no aforadas que están en el mismo proceso, en la misma causa.
Además el aforamiento implica normalmente el nombramiento de instructor por el órgano que conocerá del juicio, siempre en el caso de que el órgano competente sea Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de las comuniones autónomas, y una
limitación del derecho al acceso a los recursos por carecer de superior jerárquico, con lo que el no aforado que se vea arrastrado por un aforado sufrirá una curiosa consecuencia, perderá su derecho a la revisión de su caso en una segunda instancia
-eso también es interesante- en el supuesto de sentencia condenatoria; pérdida, por cierto, sancionada por el tribunal constitucional en su sentencia 64 del año 2001, dadas las inevitables consecuencias derivadas del artículo 71.3 de la
Constitución, lo que genera a estas personas no aforadas una clara discriminación en relación con el resto de ciudadanos sin motivo personal alguno.


Sin embargo, lo peor no es lo anterior, sino que, tal y como con encomiable paciencia y exhaustividad contabilizan Juan Luis López Colomer e Iñaki Esparza Leibar en su obra Tratado jurisprudencial de aforamientos procesales, diversas leyes
de toda índole, estatales y autonómicas, han hecho proliferar la figura del aforado en España hasta el punto de 10.000 aforados. Cuando uno lo piensa, dice que 10.000 parecen muchos. El problema no es que 10.000 parezcan muchos, sino que sean
muchos. El problema, el anacronismo llega o se hace más palpable aún cuando lo comparas, porque tal cifra contrasta abiertamente con otros países de nuestro entorno, como Portugal e Italia, en los que no existe más aforado que el presidente de la
República ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respectivamente; o en Francia, en el cual existen en torno a 10 aforados, el presidente de la República y sus ministros; u otros como Alemania o Reino Unido -inventor de la figura,
como hemos dicho antes-, en los que no hay ni un solo aforado en la actualidad. En ninguno de estos países ni siquiera los parlamentarios están aforados, menos aún cualquier otro cargo.


En fin, ministro, no queremos ser los campeones del mundo en esta materia. Lo queremos ser en muchas otras y trabajamos para serlo, pero no queremos ser los campeones del mundo en esta materia. No queremos ganar a Portugal e Italia 10.000
a 1 en esto, o tampoco a Francia 10.000 a 10, ni siquiera queremos ganar a la orgullosa Alemania -permítaseme lo de orgullosa entre comillas y en minúsculas,



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que dicen que tanto manda en Europa- 10.000 a 0, tampoco a Estados Unidos ni al Reino Unido les queremos ganar en esta materia a 10.000 a 0. Por este motivo, señor ministro, porque me parece que hay un amplio campo sin reformar en la
Constitución, es por lo que desde el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia le planteamos al Gobierno si tiene prevista alguna iniciativa para terminar con esta situación anacrónica, injusta e impropia de la España del siglo XXI.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


En nombre del Gobierno, el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señora presidenta.


Muchas gracias por su interpelación, señora Díez, que voy a intentar contestar enlazando con su última o penúltima frase, cuando ha dicho -no sé si le cito literalmente, pero desde luego el sentido sí es ese- que hay mucho campo por recorrer
sin reformar la Constitución. Pues vamos a ver cuál es ese campo que tenemos que recorrer. Yo creo, señoría -en eso coincidirá usted conmigo-, que la democracia es, entre otras cosas, claridad: claridad de conceptos, claridad de las reglas del
juego, claridad de los propósitos, claridad de los compromisos, claridad de los cálculos y claridad en los medios. Eso es lo que tenemos que hacer, puesto que usted mantiene tanto en su interpelación, en el texto escrito, como en las afirmaciones
que ha hecho en esta tribuna, algunas cosas que pueden inducir a la confusión y al error. Voy a intentar darle respuesta exactamente a aquello que nos ha propuesto, cuando nos habla de reformas legales a fin de eliminar -estoy leyendo literalmente-
distintos supuestos de aforamiento y otros privilegios procesales de políticos y de cargos públicos.


Usted ha hecho una primera afirmación que es muy importante tener en cuenta, y es que el aforamiento, así como otros de los institutos que están regulados en nuestra Constitución, especialmente en el artículo 71 por usted citado, no es en
beneficio del aforado, sino que es en beneficio de la institución al que el aforado pertenece. Es muy importante que rompamos esa idea de privilegio, porque usted me hacía un silogismo, señora Díez, que es cuando menos difícil de comprender por mí
y, si es por torpeza mía, le pido disculpas de antemano. Usted ponía en la tribuna encima de la mesa el perjuicio que a un encausado no aforado seguía en aquellos supuestos en que, por compartir procesamiento y juicio con el aforado, se veía
obligado a ser juzgado por un organismo que solamente lo podría hacer en única instancia y, por lo tanto, perdía el derecho constitucional de la revisión de su condena. Tiene usted razón. Pero ¿eso no le pasa al aforado? ¿O cree que ese aforado
sí que tiene un derecho a revisión? ¿Por qué dice que el que acompaña al aforado pierde derechos y no lo dice del propio aforado? ¿Por qué no decimos la verdad, que en el convenio firmado por España, donde nos obliga una segunda instancia en vía
penal, siempre y cuando la sentencia en primera haya sido condenatoria, expresamente se excluye en aquellos casos en los que haya sido juzgado y condenado por la máxima autoridad judicial del país como efectivamente hacen otros países? O, por
decirlo con toda claridad, ¿de verdad piensa alguien que el aforamiento es un privilegio? Cualquier ciudadano que es juzgado si es condenado tiene derecho a recurrir su sentencia ante un organismo superior; un aforado no. Usted no. Yo tampoco.
¿Ese es un privilegio, señoría? ¿Está hecho en beneficio de la señora Díez o del señor Gallardón? ¿O no es más cierto que lo que se hace con el aforamiento es una limitación de derechos de los ciudadanos? ¿Por qué? Porque no es en beneficio del
aforado, es en beneficio de la institución. Porque no es un privilegio, muchas veces es una reducción de los propios derechos. ¿O alguien puede pensar que, como es el caso de su señoría, ser juzgado por la Sala segunda del Tribunal Supremo supone
un privilegio a ser juzgado por una audiencia de cualquier territorio de España o por un juez de instrucción en el supuesto de que la presunta infracción así lo mereciera? Creo que no, señoría, y creo que usted, en ese relato histórico que ha
hecho, ha acertado aunque después ha llegado a una conclusión errónea, y es que aquellos supuestos que están contemplados en nuestra institución no lo son para proteger a las personas sino que lo son para proteger a las instituciones, y por lo tanto
tenemos que analizar.


En segundo lugar, otra inexactitud, y ésta le va a sorprender porque es a mayor abundamiento de sus argumentos. Dice usted, en su interpelación y en la tribuna, que hay en España 10.000 aforados. Pues le voy a decir, señora Díez, es un
cálculo tímido; pero muy tímido. ¿Por qué no elevarlo, siguiendo la lógica a que usted le inspira? ¿Por qué no incluye, además de a esos 10.000, a los 200.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que según la Ley orgánica
2/1986, en su artículo 8, establece reglas para que los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo no sean juzgados por los juzgados de instrucción sino que lo sean directamente por las audiencias? Señora Díez, ¿por qué no incluye usted también
a



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los 126.000 miembros de nuestras Fuerzas Armadas, con su jurisdicción propia? Aunque, naturalmente, está limitado a su estricto ámbito castrense y en aquellos supuestos que están establecidos directamente en la ley. ¿Por qué lo limita
usted a los 10.000? Hay muchos supuestos en la legislación española donde entiende el legislador -ya veremos ahora qué legislador- que tiene que ser un órgano judicial distinto a aquel que está normalmente establecido el que haga la instrucción y
en su caso el juicio oral.


No obstante, vamos a sus 10.000. De esos 10.000 que usted indica, señoría, 7.000 son jueces, magistrados y fiscales, y usted me invocaba que las asociaciones judiciales han hecho protesta de los privilegios de los políticos. No tengo en la
cabeza esa protesta porque probablemente me hubiese llamado muchísimo la atención tal cosa -espero que no se confirme su afirmación-, que aquellos que están precisamente aforados por ley, los 7.000 jueces, magistrados y fiscales en ejercicio, en
activo, en España, pudiesen poner pega de que otros ciudadanos tengan un aforamiento que ellos mismos tienen. Luego si usted y yo coincidimos en que esa situación procesal de jueces y magistrados es buena, es buena para el Estado; porque hablaba
usted de acabar con la impunidad, de luchar contra la corrupción, etcétera. Si alguien lucha contra la corrupción en este país son precisamente nuestros fiscales, nuestros jueces y nuestros magistrados. Si ellos entienden que mantener esa
situación de aforamiento para sus propias personas no solamente no les impide, sino que incluso les protege en esa lucha contra la corrupción, yo estoy convencido de que usted coincidirá conmigo. Añade usted: esto es un instituto muy antiguo.
Luego hablaremos de antigüedad, pero en el caso de jueces y fiscales, no tanto. No es una cosa de nuestra democracia actual ni es una cosa que venga heredada del régimen anterior. Eso se incluye, señoría, en la Constitución; pero no en la
Constitución de 1978, sino en la Constitución de 1931, de la II República Española, cuyo artículo 99 -leo literalmente-, decía: la responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus
funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un jurado especial. Desde 1931 nuestros jueces, nuestros magistrados y nuestros fiscales tienen esa situación procesal. Señoría, ¿quiere usted cambiarla?
Dígalo. ¿Quiere usted que todos los jueces que han tenido desde 1931 una especial protección para luchar contra el delito, para proteger la institución de la judicatura, para proteger la autonomía de la fiscalía la pierdan? Dígalo, porque mi
criterio es que no debe suprimirse esa situación. Lo podemos discutir en la tramitación de la ley orgánica que, como ya sabe usted señoría, vamos a presentar en el mes de octubre ante esta Cámara, pero ya le digo de antemano que el propósito del
Gobierno es mantener el mismo régimen de aforamiento para jueces y fiscales que en estos momentos tenemos vigente.


Seguimos avanzando. ¿Qué puede hacer el Gobierno? Usted lo ha dicho con toda claridad. El Gobierno no puede modificar la Constitución, como es lógico y normal. Entonces, todos aquellos que están en el artículo 71 y en el 102 de la Carta
Magna tampoco pueden ser objeto de debate en una interpelación al Gobierno, salvo que usted nos esté proponiendo aquí una reforma de la Constitución, pero no le he oído tal propuesta. Si estamos de acuerdo en no reformar la Constitución, estará de
acuerdo conmigo en que ni los diputados ni los senadores ni lógicamente los presidentes de las Cámaras ni el Gobierno -su presidente y los ministros- podrán perder ese aforamiento que tienen ante la Sala segunda del Tribunal Supremo, porque eso
requeriría modificar los artículos 71 y 102 de nuestra Constitución, y no estamos directamente en esa labor. Entonces, señoría, ¿qué nos queda? Ha dicho usted una cosa que también es verdad y es que el Estado autonómico ha generado numerosos casos
de aforamiento, usted lo sabe muy bien. Digo que lo sabe muy bien porque usted ha gozado de ese privilegio entre comillas. Sí, usted ha sido diputada del Parlamento Vasco, y por lo tanto aforada ante el Tribunal Superior de Justicia; usted ha
sido consejera de un Gobierno vasco. Estoy seguro, estoy segurísimo de que en las actas de sus intervenciones ya estaba su protesta en el Parlamento vasco y cuando era miembro del Gobierno vasco de su condición de aforada (La señora Díez González
hace gestos negativos), lo que pasa es que lo he buscado para hacerle homenaje en esta interpelación y no lo he encontrado, pero estoy seguro de que usted lo dijo con reiteración. Como estoy seguro de que usted en el Parlamento Europeo cuando era
eurodiputada de cada tres preguntas que hacía una era para preguntar: ¿Cuándo se va a suprimir mi situación de aforada? Que usted sabe que tenía porque están homologados los parlamentarios europeos a los parlamentarios nacionales. Señoría, usted
lleva veintisiete años de su vida aforada y estoy convencido de que en todas las actas de esas instituciones aparecen todas esas situaciones. (La señora Díez González hace gestos afirmativos). Estará usted de acuerdo conmigo en que el Gobierno
tampoco puede modificar los estatutos de autonomía; ni siquiera iniciar el procedimiento que es algo que corresponde directamente a los Gobiernos o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.



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Señorías -con esto termino, señora presidenta-, me pregunto y le pregunto qué queda del legendario ejército del 10.000 aforados al que su señoría hace referencia en su interpelación, a los que se supone que el Gobierno debería meter en
cintura dada la torcida idea que del aforamiento se trata de difundir. Señorías, excluidos los que lo son por la Constitución, excluidos los que lo son por los estatutos de autonomía, ¿sobre qué tiene disposición legal el Gobierno? Se lo voy a
decir directamente: podemos reformar la treintena de miembros del Consejo de Estado, podemos suprimir la docena de miembros del Tribunal Constitucional, podemos suprimir la docena de miembros del Tribunal de Cuentas y podemos suprimir el
aforamiento del Defensor del Pueblo y sus dos adjuntos. Señoría, de 10.000 a 57. Sobre 57 personas en España esta Cámara puede legislar para suprimirles su situación de aforamiento. Me pregunto y le pregunto, ¿de verdad cree que el aforamiento de
esos 57 ciudadanos perturba gravemente el funcionamiento de la democracia española?


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


Señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Como dirían Jack el destripador y el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, vayamos por partes. Vamos a empezar por eso que usted ha buscado afanosamente en mi historia y en mi vida política, y que lamentablemente no ha podido encontrar ni ha
podido leer. Usted debe ser de los que piensan que los seres humanos son como las ovejas, que se paran en un momento de su vida y no incorporan nada, ni reflexionan ni son capaces de aprender y de adaptarse a una sociedad cambiante cada vez,
afortunadamente, más exigente con nosotros los políticos. Quizá piense usted eso pero, en fin..., a lo mejor no. Fíjese, sin buscar he encontrado una cita suya, lo que pasa es que no me ha dado tiempo de encontrarla completa y no se la puedo leer,
como hubiera sido mi interés, de cuando usted fue senador en el ochenta y tantos y defendía en el Senado la desaparición del Ministerio de Justicia, porque mientras existiera dicho ministerio no habría independencia en la justicia en España. -No
quería decírselo, pero buscando citas...- ¿Cómo es que usted es ministro de Justicia habiendo proclamado en el Senado que la garantía de que nunca habría justicia independiente, son sus palabras, es la existencia del Ministerio de Justicia, y que
había que dejarle esa tarea al Consejo General del Poder Judicial? ¿Pero qué hace ahí sentado, hombre? ¿O es que se ha dado cuenta de que aquello era una barbaridad? A ver, en mí no ha encontrado nada que haya dicho, pero yo he encontrado algo
que dijo usted y que realmente le impediría estar sentado donde está asumiendo el Ministerio de Justicia. O sea, vamos a dejarnos de historias y vamos al presente, que es para lo que hoy nos pagan los ciudadanos a usted y a mí, para resolver los
problemas que tiene la gente hoy, tal y como cada cual los contempla. Si a usted le parece muy bien que haya 10.000 aforados en España, le digo que me parece un escándalo, me parece una exageración y además, insisto, me parece que el que no hubiera
tantos aforados no impediría el normal funcionamiento del órgano, de las cámaras que, como he dicho en mi primera intervención y usted ha recogido, es lo que la Constitución establece para esta materia.


Usted me dice que sin reformar la Constitución solo podría evitar 57 aforados, y yo le digo que no es así porque la Constitución, en el artículo que ambos hemos citado, habla de diputados, senadores y de otros cargos, que sumados todos ellos
no van a más de 1.000. Además, para darme más argumentos, habla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y me dice que 10.000 son pocos. Vamos a ser serios en esta materia. Podemos tener opiniones diferentes, pero por lo menos vamos a no
tergiversar la realidad, a no pervertir con las palabras el sentido del asunto del que estamos hablando. Hay 10.000 políticos aforados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como usted muy bien ha explicado, lo son en el desarrollo de su cargo.
Usted lo ha dicho exactamente: en el estricto ámbito castrense. No solamente es el número sino el ámbito, las cuestiones por las que podemos ser aforados; no solamente es el número de personas, sino las cuestiones. No es para el normal
desenvolvimiento de nuestra tarea y de nuestra responsabilidad porque para eso, por supuesto, están la inviolabilidad y la inmunidad, para que podamos desarrollar bien nuestra tarea como responsables políticos, la nuestra, la de los jueces..., en
cada caso la que corresponda como responsables que somos. No, no estamos hablando de eso ni siquiera de que el no ser aforado impidiera que la Cámara siguiera trabajando; estamos hablando de que si asalto un estanco, también soy aforada por eso.
Eso es lo que hay que limitar, eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que produce una disfunción en la justicia. Es importante que no haya una segunda instancia también para nosotros, pero lo más importante es que se produce una disfunción en la
justicia sin ninguna



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justificación. No solamente lo han dicho algunos juristas -yo le he citado un libro que es un tratado, ya que como en España somos tantos en lugar de dos líneas han tenido que escribir un libro-, es que le animo también a que lea el
protocolo 7 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pronuncia sobre esta misma cuestión, que habla de la casación del derecho a la doble instancia. Y me dice que a usted mismo le perjudica, ¿y qué?


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, se acabó su tiempo.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Estamos hablando de algo que nos afecta a nosotros también, y por eso lo planteamos. Yo le hago a usted la reflexión, por si le sirve, de si no le parece una cosa bastante extravagante, bastante rara, que alguna
explicación tendrá y no se me ocurre, que en España ganemos a Alemania en esta materia 10.000 a 0. Me parece que eso merece una reflexión, si a usted le parece que no, qué le vamos a hacer, no estaremos de acuerdo. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


Señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señora presidenta.


No se enfade, señora Díez. Tiene usted la mala costumbre de que, siempre que se le lleva la contraria, sube a esta tribuna enfadada. La política es dialéctica y no va a tener siempre usted la razón. Ya sé que le extraña, pero créame que
no siempre tiene la razón. No es un problema temporal. Cuando yo decía esas cosas en el Senado las decía, entre otros motivos, porque el ministro de Justicia pertenecía a su partido, a su partido de entonces, al Partido Socialista, que me parecía
que era un argumento bastante sólido para intentar que semejante cosa no ocurriese. No me regañe porque le recuerde que ha pertenecido al Partido Socialista, por favor, que también es motivo de irritación.


Señora Díez, usted acaba de hacer una afirmación en esta tribuna que tiene que corregir porque es terriblemente injusta. Usted ha dicho literalmente -está en el 'Diario de Sesiones'- que en España hay 10.000 políticos aforados. Usted acaba
de calificar de políticos a los 4.531 jueces más 672 magistrados del Tribunal Supremo y a los 2.380 fiscales más los 27 fiscales de Sala del Tribunal Supremo que componen el número de 7.000 de esos 10.000 aforados. Yo le digo, señora Díez, que eso
es terriblemente injusto y que la razón del aforamiento de jueces y fiscales no tiene ninguna motivación política, está vigente en España desde la Constitución de 1931 y se ha mantenido en todos y cada uno de los casos, y que de ninguna de las
formas usted puede llamar políticos a los jueces, a los magistrados y a los fiscales de este país. No lo puede hacer. (Aplausos). Lo siento, pero no. En relación con los otros 3.000 aforados que no son jueces y magistrados, señora Díez, se lo he
dicho con toda claridad. Si yo le he dicho que hay 200.000 policías que en los delitos que cometen en el ejercicio de su cargo también están aforados, dice: eso no tiene nada que ver con los 10.000. ¿Cómo que no? ¿O es que cree usted que
quitando los del Tribunal Supremo, los jueces y fiscales que cometen un delito fuera del ejercicio de su cargo están aforados? No, señoría, están aforados única y exclusivamente en los delitos que cometen en su condición de jueces y fiscales, pero
si tienen un delito ajeno a su función jurisdiccional o a su función fiscal van a los tribunales ordinarios, por tanto, jueces y fiscales tienen exactamente el mismo régimen que los policías: solamente los delitos cometidos en el ejercicio de su
cargo. Esto, perdóneme que se lo diga, se lo debería haber estudiado con anterioridad.


En tercer lugar, dice usted que son instrumentos obsoletos. ¿Quién redactó nuestra Constitución de 1978? ¿Que vienen muchas normas de constituciones antiguas? Sin duda. ¿Que se abrieron reflexiones sobre todo? Sí. También la
Constitución de la República permitía las amnistías y sin embargo la nuestra prohíbe los indultos generales. En cambio, cuando se enfrentaron al aforamiento, a ese artículo 71, sí pensaron que no para protegerla a usted ni para protegerme a mí en
nuestra condición de diputados, sino para proteger a la Cámara, la inviolabilidad del diputado, la inmunidad del diputado y el aforamiento ante la Sala segunda del Tribunal Supremo, no era ningún privilegio personal, sino que era un instrumento de
fortalecimiento de nuestra democracia. Eso lo hizo el mismo legislador constituyente al que le debemos, entre otras cosas, los mayores y mejores, pese a la crisis económica que estamos viviendo, años de libertad y de prosperidad que hemos tenido.
Es algo en lo que nos pusimos de acuerdo las grandes fuerzas políticas. Me parece -se lo digo con toda sinceridad- que lanzar la idea de que el aforamiento es un privilegio, llamar políticos a los jueces y magistrados por el hecho de que estén
aforados y decir que solamente perjudica a aquellos que les acompañan en el proceso, pero que para el diputado o senador



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que es encausado ser juzgado en una única instancia resulta un privilegio, es una auténtica contradicción, señora Díez. Lo lamento muchísimo, pero es una auténtica contradicción.


Termino. Señoría, reitero lo que le he dicho antes: este Gobierno tiene iniciativa legislativa y la puede construir sobre 57 personas en España, que son aquellos cuyo aforamiento no está establecido en la Constitución ni en los estatutos
de autonomía ni afecta a jueces y magistrados, 57, incluidos aquí los magistrados del Tribunal Constitucional, por no decir que forman parte del Poder Judicial. Si usted quiere que abramos ese debate, señoría, yo estoy dispuesto a abrirlo, en todo
caso déjeme que le diga que ha citado usted un estudio -tengo que decirlo- de personas doctas que está cargado de fundamento y de información, pero ha cometido -perdóneme que se lo diga así- un tremendo error, y es que no se lo ha leído; usted se
ha leído unos papeles que le han preparado y por lo tanto no es conocedora de la realidad de la situación del aforamiento en España. Señora Díez, lo lamento muchísimo, pero le pido por favor que la próxima vez que suba a esta tribuna se documente
bien y no vuelva nunca más, no vuelva nunca más a calificar a nuestros jueces, a nuestros magistrados y a nuestros fiscales como políticos privilegiados porque no lo son. Son la garantía de nuestra democracia y de nuestro Estado de derecho.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AGILIZAR Y MEJORAR LA CONCESIÓN DE VISADOS TURÍSTICOS Y DE VISADOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE NEGOCIOS Y CONGRESOS
ACADÉMICOS A CIUDADANOS DE TERCEROS PAÍSES. (Número de expediente 172/000129).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente interpelación, en este caso del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para agilizar y mejorar la concesión de
visados turísticos y de visados para la participación en ferias de negocios y congresos académicos a ciudadanos de terceros países. Para su defensa y presentación tiene la palabra el señor Xuclà.


Por favor, ruego silencio.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta esta interpelación al Gobierno, concretamente al ministro de Asuntos Exteriores, expresando una honda preocupación sobre la necesidad de que el servicio exterior, sobre la
necesidad de que la red consular afronte de forma decidida una agilización en la concesión de visados. A partir de una casuística muy precisa esta interpelación se basará en la ilustración de casos muy concretos y muy llamativos sobre lo mucho que
puede contribuir el servicio exterior, la diplomacia económica, a mejorar nuestra actividad en el ámbito turístico, en el ámbito de los desplazamientos y en los viajes por motivos de negocio o de formación, o también, aunque se ha avanzado mucho, en
el ámbito académico y de investigación, a pesar de que a partir de una iniciativa de una compañera de grupo, la diputada y amiga Inma Riera, de 14 de abril del año 2010, se han adoptado algunas buenas medidas al respecto.


Señor ministro, quiero ilustrar esta preocupación con algunos datos y algunos casos muy concretos. Media de concesión de visados para negocios o turismo por parte de los consulados en Alemania, Francia o Italia: entre dos y tres días;
media para la concesión de un visado de negocios o de turismo por parte de los consulados españoles: entre diez y veinte días. A la hora de poner el servicio exterior a favor de la reactivación económica, evidentemente ese es un dato preocupante.
Durante el debate que tendremos esta mañana usted me podrá citar un nuevo reglamento de la Unión Europea, el Reglamento 810/2009, que entró en vigor el 5 de abril del año 2010, y que supone una homogeneización de algunos criterios por parte de los
Estados Unidos, pero, señor ministro, de la misma forma que hay una identidad de criterios por parte de los Estados miembros, hay unas diferencias muy importantes, diferencias destacadas por parte de los sectores empresariales que viven y sufren
directamente esta preocupante situación en cuanto a la aplicación de este reglamento, señor ministro, y en cuanto a los recursos efectivos de que dispone la red consular para la aplicación efectiva de este reglamento comunitario, y es muy distinta
la capacidad de reacción, de aplicación, de interpretación, como dice el informe de AMEC sobre visados y competitividad de sensibilidad por parte de la red consular a la hora de aplicar los criterios de la Unión Europea. Señor



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ministro, de esto estamos hablando, de sensibilidad a favor de la competitividad de las empresas españolas y a favor especialmente de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, que tienen graves dificultades para contactar con la red
consular y para conseguir con gran rapidez -Alemania, Italia, Francia, dos o tres días, España, diez o veinte días- un visado.


Le he dicho que le quiero ilustrar con casos concretos. Un caso muy llamativo, un caso muy ilustrativo, ITMA, la feria de maquinaria textil más importante del mundo, celebrada en España en el mes de septiembre de 2011. Cuarenta mil
personas venidas de todo el mundo a Barcelona para esta feria. Solo el 10 % de los participantes eran españoles. Grandes problemas para conseguir visados las personas que querían adquirir maquinaria textil, para conseguir los visados desde China,
desde India, desde Bangladesh, dese Irán o desde Argelia, hasta el punto, hasta el extremo, hasta la ironía, señor ministro, que en algunos casos estas personas interesadas consiguieron el visado a través de consulados de terceros países para
después desplazarse a España. Es evidente que esto debe mejorar, es evidente que esta decisión de optar por terceros países para llegar a España porque la respuesta consular para la obtención de visados de negocios por parte de la red consular es
una red débil, afecta a algo en lo que el Gobierno y su ministerio han puesto el acento especialmente, que es la marca España y la diplomacia económica. Me decía hace muy poco un alto responsable de una multinacional: para la defensa de la
diplomacia económica es más importante una buena gestión de un visado de negocio que una, dos o tres expediciones comerciales al respecto. El informe de AMEC, asociación que tiene silla dentro del consejo del ICEX, también va en este sentido.


Le he dicho que le quiero poner ejemplos concretos en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito turístico. Casos recientes: Avianca, compañía colombiana que explora la posibilidad de desplazamiento de una gran cantidad de ciudadanos
de clase media-media alta colombiana, con un vuelo habitual semanal entre Colombia y Barcelona, que han mostrado interés por aterrizar en Barcelona y desde Barcelona hacer un crucero por el Mediterráneo. La poca agilidad de la red consular española
para facilitar los visados a esta compañía y a estos gestores turísticos, a estos turoperadores, ha hecho que esta oportunidad de negocio se haya desviado a Miami y que en estos momentos El Caribe se haya llevado esta opción del turismo de cruceros.
En estos momentos los datos del año 2012 son 31.162 visados turísticos de Colombia con el objetivo de iniciar cruceros por el Mediterráneo partiendo desde Barcelona frente a los 309.287 pasajeros que desde Colombia se han desplazado a Miami para
hacer cruceros en El Caribe, cuando se ha detectado claramente, señor ministro, una oportunidad de negocio importante en el ámbito de los cruceros por el Mediterráneo por parte especialmente de países de América Latina.


También hemos recibido algunas quejas de consulados asiáticos que dicen que tienen un capacidad limitada de concesión de 120 visados al día. Es evidente que si se están produciendo grandes acontecimientos de congresos y si se está dando una
opción de gran oferta turística, se tienen que reforzar los equipos consulares. Señor ministro, le voy a avanzar lo que en su momento fue esta feria de maquinaria textil del año 2011 en Barcelona y lo que nos viene para otras ferias que se van a
celebrar en España en los próximos años. Año 2014, Matelec, feria bienal; año 2015, Ispac, feria trienal. Si no se refuerza la red consular, señor ministro, se va provocar un colapso como el que se produjo el año 2011 cuando intentamos conseguir
visados para negocios.


Finalmente, señor ministro, ayer discutimos en la Comisión de Fomento y el 8 de abril en la Comisión de Asuntos Exteriores la importancia de que el Gobierno español, cuando firme convenios con terceros países, incorpore la quinta libertad
contemplada en el Convenio de aviación civil de Chicago del año 1944. Señorías, esta quinta libertad permite que aeropuertos españoles sean aeropuertos de paso en vuelos internacionales, teniendo la posibilidad de que se produzca una subida y
bajada de pasajeros, correos o carga. Usted sabe, señor ministro, que en estos momentos la quinta libertad está muy poco desarrollada en el ámbito de las relaciones bilaterales. Usted sabe que tenemos que ponderar dos factores: el factor del
fomento y del turismo, primer sector económico en España, y también la protección de algunas compañías aéreas. Dentro de las alianzas internacionales que se van tejiendo en el ámbito de las compañías aéreas, abrir los aeropuertos españoles a la
quinta libertad es también hacer un favor a la internacionalización y a la competitividad de nuestro sector negocios y de nuestro sector turismo. Ante esto no debemos tener miedo y ante esto debemos ser proactivos y trabajar ampliamente.


Señor ministro, evidentemente, hay unas recomendaciones recogidas por AMEC en su informe, visados y competitividad, que pueden ser objeto de la moción consecuencia de interpelación, pero básicamente se resumen en dos grandes ideas. Tenemos
un reglamento comunitario que establece unos criterios idénticos para los Estados miembros dentro del espacio Schengen, pero el informe sobre visados



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y competitividad de AMEC destaca claramente que, dentro de esta homogeneidad de criterios, lo que no existe es una homogeneidad en la aplicación de estos criterios.


Señor ministro, en mi condición de portavoz de Asuntos Exteriores durante unos cuantos años, tenía que llamar a los cónsules para intentar conseguir en el último momento un visado de negocios o un visado para el sector turístico. Así no se
tienen que hacer las cosas. No se tiene que trabajar caso a caso y empeñando el prestigio personal porque estamos ante una buena oportunidad de negocio y a ver si me puede resolver el caso. Tenemos que tener una respuesta estructural, tenemos que
tener una respuesta sistemática, tenemos que tener una respuesta por parte de un servicio exterior, con o sin reformas del servicio exterior. Parece ser que la ley del servicio exterior está más cerca que lejos de su aprobación por parte del
Consejo de Ministros, pero al margen de la eventual lectura por parte de esta Cámara de una reforma de la ley del servicio exterior, hay unas instrucciones muy claras que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación debe dar a la red consular
para que realmente el discurso de la diplomacia económica, el discurso del business-friendly, el discurso de la Marca España se traduzca en que no pueda ser que en España la media de concesión de un visado de negocios o de turismo académico tarde
entre diez y veinte días mientras que países europeos resuelvan esta situación entre dos y tres días. Señor ministro, esto no es comprensible. Esto es aplicar de formas distintas reglamentos idénticos. Como son las mismas normas para toda la
Unión Europea y la respuesta del sistema consular español es una respuesta deficitaria, esto tiene una fórmula matemática muy sencilla: resta competitividad a los sectores económicos españoles, resta competitividad a la posibilidad de reactivación
económica de nuestros sectores. Son muchos los sectores convocados a ayudar a la reactivación económica, pero su ministerio y su persona están convocados también a ayudar a esta reactivación.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.


Señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Señora presidenta, señorías, señor Xuclà, le agradezco enormemente esta interpelación, me parece una interpelación importante, y le agradezco el tono
constructivo que ha utilizado en esta tribuna, tono constructivo que me hace presagiar que, como en el final de Casablanca, esta interpelación va a ser el principio de una hermosa amistad.


Compartimos los objetivos que su señoría propone, somos perfectamente conscientes de la importancia que tiene el turismo, casi un 10 % del producto interior bruto, casi un 11 % del empleo nacional, las noticias en este frente son buenas,
este año las cifras son mejores que el año anterior y espero que el año que viene sean mejores que este. Comparto con usted, como usted sabe, la importancia de la participación de extranjeros en ferias y congresos y la participación de extranjeros
en actividades académicas, actividades de investigación o docentes. Por tanto, son objetivos compartidos, y usted sabe que desde hace año y medio escaso, cuando este Gobierno tomó posesión, hemos puesto en marcha una serie de iniciativas que
pretenden dar cumplimiento a esos objetivos. El informe anual sobre la marca España será presentado muy recientemente a esta Cámara, para que vean ustedes que las iniciativas puntuales como la de Bruselas responden a un plan de conjunto, a un plan
estudiado, a un plan meditado no solo por el ministerio sino también por el Instituto Elcano, que es el que tiene el observatorio de dónde nuestra imagen está mejor, dónde nuestra imagen está peor y qué tenemos que hacer para mejorarla y atraer más
turistas.


La ley de acción y servicio exterior, que usted espera con ansiedad, pasa -ha pasado hoy- por la Comisión de Subsecretarios, estará el viernes a su disposición, con informe favorable del Consejo del Estado en lo que se refiere a la acción
exterior de la Administración central y de las comunidades autónomas. Como usted sabe, yo me desplacé a Barcelona a discutir, a debatir con los responsables de la Generalitat en esta materia y también espero que aquí sea el principio de otra
hermosa amistad. La estrategia de política exterior estará también muy pronto, la está haciendo el Instituto Elcano, un think tank donde están representadas muchas fuerzas políticas independientes desde un punto de vista partidista, y será también
presentada y discutida con ustedes, como no podía ser de otra manera. Eso nos ayudará a identificar dónde tenemos que aumentar, acentuar la presencia de nuestro servicio exterior.


Al servicio de esos objetivos compartidos, fomento del turismo y fomento de la presencia en ferias y congresos, tenemos todo nuestro servicio exterior, un servicio exterior importante, tenemos en este momento ciento dieciocho embajadas
bilaterales, once multilaterales; tenemos noventa y un consulados y, al margen, pero no tan al margen por lo que luego diré, están las oficinas técnicas de cooperación que



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están presentes en cuarenta y dos países; tenemos el Instituto Cervantes, que también podrá ser utilizado para estos fines, que está presente en cuarenta y cuatro países con ochenta y ocho oficinas en los cinco continentes. Eso en lo que a
recursos propios se refiere, pero como se trata de aumentar nuestra potencia de fuego sin por eso aumentar el gasto público, estamos haciendo esfuerzos de incorporar nuestras representaciones en el exterior, embajadas, consulados, centros
culturales, etcétera, a las delegaciones de la Unión Europea, que es un movimiento que nos permite estar presentes sin necesidad de implicar o de emplear todos los recursos que antes se utilizaban, y muy pronto haremos también lo mismo con los
países de la comunidad iberoamericana, cuando esté aplicada la ley de acción exterior. Eso nos permitirá contar con una red mayor de la que contamos ahora con el mismo o menor coste.


Para el futuro, señor Xuclà, este ministerio es consciente de que hay que efectuar un redespliegue radical de nuestro servicio exterior. Como usted ha puesto de relieve, en algunos casos concretos nuestro servicio exterior está adecuado a
las necesidades del siglo XX, en el mejor de los casos, y no a las del siglo XXI. Para ponerme un ejemplo, usted ha subido aquí casi como Gramsci, al análisis concreto de la realidad concreta. Tenemos diez consulados en Francia que responden a
necesidades del pasado, mientras que solo tenemos dos consulados en India, donde está el futuro, y tenemos cuatro consulados en China. Tenemos más presencia en el África subsahariana que en todo el área del Asia-Pacífico, que es el área emergente
en el mundo. Tenemos embajadas en países pequeños -que no citaré para no crear un incidente diplomático- pero no tenemos embajada en Azerbaiján que es un país de unas enormes posibilidades. Soy consciente de todo eso y espero que ustedes me ayuden
a aprobar con rapidez la acción de servicio exterior que es la que me va a permitir hacer ese gran despliegue a la luz de la estrategia de política exterior, que es la que nos va a evaluar empíricamente, de forma probada, las necesidades.


El marco normativo lo conoce su señoría mejor que yo, tenemos la Ley de Extranjería y su reglamento y tenemos -como usted ha anticipado- el código de visados de Schengen, porque las fronteras españolas son en este momento fronteras europeas
exteriores y, por tanto, Schengen es un corsé bastante incómodo a veces que limita enormemente nuestro margen de maniobra.


¿Qué es lo que hacemos? Voy a un análisis concreto de la realidad concreta. El año pasado visitaron España 58 millones de turistas, de los cuales necesitaron visados 1.634.163, dicho de otra manera, el 97,2 % de los turistas que entraron
en España el año pasado no necesitó visado y solamente un 2,8 % sí precisó visado, que es donde está problema. Por tanto, dimensionemos el tema. El gran problema -lo ha señalado usted también- está en Rusia. De los 1.634.163 visados, el 56,32 %
se dieron en Rusia, en concreto en los consulados de Moscú y San Petesburgo. Quiero decirle que en el año 2012 -el primero en el que yo estaba a cargo de este ministerio y, por tanto, del que soy responsable- se aumentaron los visados un 25 %
respecto al año anterior. Solo en el consulado de Moscú estamos dando 11.000 visados al día, lo cual es una velocidad de crucero y un avance importante; insuficiente pero importante. En China, -el otro gran polo en materia de turismo y, por qué
no también, en congresos- los visados que se concedieron en 2012 -el primero de mandato de este Gobierno- fueron un 30 % superiores a los del año anterior, con el mismo personal y mismos recursos económicos, esfuerzo que haría usted bien en
reconocerme. Casos concretos, me recuerda la Feria de maquinaria textil celebrada en 2011. Entenderá que no puedo hacerme responsable de lo que entonces pasó. Sí me puedo hacer responsable del Congreso mundial de telefonía móvil que se celebró en
Barcelona el primer trimestre de este año, al que acudieron 72.000 visitantes, un 8 % más que el año anterior, sin una sola queja. Puesto que me pone una cara respecto a las quejas le leeré lo que dice la página web del Ayuntamiento de Barcelona.
Dice así: El Mobile world congress de 2013 ha batido todos los récords y ha cerrado esta edición con más de 72.000 visitantes, un 8 % más que el anterior, lo que ya he dicho. El Congreso de telefonía móvil -esto no lo he dicho- ha significado para
la ciudad de Barcelona y su área metropolitana un impacto económico de 320 millones de euros, 19 millones más que en 2012. A este éxito no es ajeno el servicio exterior que está a mi cargo.


¿Cómo se explican esos avances en la concesión de visados en Moscú y en la concesión de mercados en China y el notable éxito en el Congreso de telefonía móvil de Barcelona? El ministerio dictó una orden a todas las embajadas y consulados
por la que taxativamente se les invitaba a agilizar los visados que, como usted sabe e insisto, están en un marco estricto. Hemos tenido reuniones con la secretaría de Turismo, con todos los foros importantes, con la Confederación de hoteles y
alojamientos turísticos, con la Confederación de agencias de viajes, con la Asociación catalana de agencias de viajes -que usted



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conoce muy bien- y hemos procedido a la externalización de la concesión de visados a una empresa, VFS Global, que está establecida ahora en 50 consulados. ¿Es suficiente? No lo es.


¿Qué riesgo se nos presenta en estos momentos? El llamado visado biométrico, en el que se requiere la presencia para facilitar las huellas digitales. Es obvio que cuando uno tiene dos consulados en India eso va ser un obstáculo de primera
magnitud, y en algunos casos nos podemos encontrar con que sea más oneroso en tiempo y en dinero desplazarse a un consulado para sacar ese visado que venir a España. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El redespliegue, insisto, contando con la buena
voluntad para acelerar la ley de acción exterior, y aumentar la externalización, estamos pensando en habilitar a las agencias de viajes para recoger esas huellas y remitirlas al consulado, que sería el que tendría que determinar o calificar si la
concesión es pertinente o no. Eso exige, como usted sabe, una gestión en Bruselas; Bruselas establece que las agencias de viajes no pueden desarrollar esta tarea porque tienen un interés coincidente con el país de los visados. Me parece una razón
bastante pobre y a través de la Organización Mundial de Turismo, del ministro de Turismo y yo mismo vamos a intentar modificar eso, pero la decisión dependerá de las divinas palabras de la Comisión, como usted sabe.


¿Por qué me preocupa el visado biométrico? Por esa exigencia de presencia que va a dificultar enormemente la concesión de visados. Como usted sabe, eso ya se exige en África, probablemente en otoño se exija en Iberoamérica y en Asia se
exigirá en el año 2014. Hemos hecho gestiones y hemos conseguido que Rusia esté al final del proceso para ir ganando tiempo en esta modificación. Usted me conoce y sabe que cuando le prometo algo es verdad. Quiero colaborar con todos ustedes y
especialmente con su grupo, que es el que ha mostrado mayor sensibilidad para ir haciendo las cosas que tenemos que hacer para agilizar los visados, un objetivo que los dos compartimos.


Termino diciendo que tendrán ustedes toda la colaboración del servicio exterior para ir avanzando conjuntamente en un objetivo que sirve prioritariamente la marca España, que a los dos nos preocupa de forma muy importante.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.


Señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ha empezado diciendo que compartimos el diagnóstico, no sé si terminaremos como Casablanca, yo creo que tenemos que terminar con una moción consecuencia de interpelación el próximo martes, poniendo negro sobre blanco algunos
objetivos compartidos que se tendrían que llevar a buen puerto inmediatamente. Compartimos el diagnóstico de que usted llegara al Gobierno con una política de concesión de visados bajo una óptica más propia del Ministerio del Interior y de frenar
las entradas, de prejuicios hacia el que llegaba a España, más que con una política de dinamización económica y de diplomacia económica.


Señor ministro, es verdad que usted ha dicho que se han dado instrucciones a la red consular, pero también le quiero recordar que ya llevamos dieciséis meses de legislatura y que no podemos ni debemos depositar la confianza en la solución de
los problemas que compartimos en el diagnóstico simplemente en la aprobación de la ley de servicio exterior, pero desgraciadamente dieciséis meses después aún puedo subir a esta tribuna y plantear una estadística poco soportable dentro del marco de
la Unión Europea: entre dos y tres días para conseguir un visado en una oficina consular de países como Italia, Francia o Alemania frente a entre diez y veinte días en el caso de España.


Usted ha apuntado que solo el 2,8 % de los turistas españoles requiere visado. Señor ministro, creo que compartiremos que nuestro objetivo es que más y más turistas requieran de visado porque esto supondría la apertura del mercado turístico
español a países en los cuales aún no hemos explorado todas las posibilidades. Le he ilustrado con el caso desgraciado y desafortunado de la posibilidad perdida de este ofrecimiento de Avianca para que haya una oferta de cruceros partiendo de
Barcelona por todo el Mediterráneo. Pero usted ha apuntado los dos grandes mercados. En honor a la verdad quiero recordar que en Rusia hace muchos años que el Gobierno de la Generalitat, el actual, el anterior y el anterior, también han destacado
una oficina de apoyo que trabaja estrechamente con el Consulado de Moscú para facilitar este buen ritmo de 11.000 visados diarios en Rusia. Tenemos un gran mercado para explorar como es el de China; país inmenso de 1.350 millones de habitantes en
el que, según la portada del The Economist de no hace muchas semanas, se contempla que hay unos 300 millones de habitantes con



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posibilidades de viajar al exterior, y tienen que ser captados a través de una agilización de las oficinas consulares.


Señor ministro, el informe de AMEC -en el que creo que usted y yo podemos coincidir en que es un punto de encuentro- plantea algunas problemáticas a día de hoy que se tienen que superar. Las tengo que enunciar muy brevemente. AMEC dice que
a día de hoy aún hay dificultades en la comunicación con el servicio consular por parte de los interesados, que en algunos consulados aún se plantea la existencia de requisitos no escritos. Esto quiere decir discrecionalidad por parte de algunos
consulados. El informe de AMEC de junio de 2013 habla también de sesgo en las prioridades comerciales y consulares, consulado a consulado; habla de diferencia en el nivel de información dependiendo de la página web de cada una de las embajadas; y
habla de unos plazos muy breves para reaccionar ante la denegación de un visado para presentar un recurso en los plazos y formas que se correspondan, y también falta una fase de análisis de los expedientes de solicitud de visados que está poco
estandarizada.


Señor ministro, hemos compartido el diagnóstico, pero se tiene que hacer mucho más para mejorar en este ámbito, porque usted y yo hemos puesto el acento en la existencia de un reglamento comunitario, pero este reglamento nos resta
competitividad porque la misma norma que se aplica a todos los países de la Unión Europea en el caso español se aplica con menos recursos y con menor acierto.


Quiero terminar preguntándole sobre las expectativas de la cumbre de Vilnius de noviembre de 2013, sobre el partenariado oriental de la Unión Europea -en ningún caso sobre la integración de un país del este de la Unión Europea- y sobre la
posibilidad de que en la cumbre de Vilnius se plantee también el levantamiento de visados, lo que sería una gran noticia para mejorar el flujo empresarial y turístico hacia España.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.


Señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (García-Margallo Marfil): Gracias, señora presidenta.


Señoría, su primera afirmación es que los criterios que se manejan para la expedición de visados son más propios del Ministerio del Interior que del Ministerio de Exteriores. Son ministerios distintos, pero sí quiero decirle que los
funcionarios dependientes del Ministerio del Interior están cumpliendo con diligencia y enorme amabilidad las funciones que tienen en la entrada en nuestro país con o sin visado. Quiero también aclarar que en países como Brasil y México, donde se
detectaron algunos malos entendidos en la entrada en frontera, esto se ha solucionado y que todo marcha a enorme satisfacción de los países interesados.


Sobre el problema de Avianca, usted sabe que es un problema mucho más complejo, que se entremezclan aquí intereses cruzados de continuidad de determinadas compañías aéreas y de facilitación de visados. No podemos, ni siquiera con la
inteligencia que a los dos nos caracteriza, abordar este debate hoy aquí.


Celebro que la Generalitat esté cooperando -está cooperando muy bien en Rusia- y entiendo que la Generalitat está también satisfecha de cómo está trabajando el servicio exterior del Estado, que, por definición, incluye a todas las
comunidades autónomas. La lección es que cooperar es bueno y no cooperar no es tan bueno.


Respecto a las cifras que ha manejado, lo que tiene usted que entender es que la carga de trabajo que tienen los servicios que de mí dependen es muy importante, es una carga realmente importante. Le he dicho anteriormente que los visados
españoles expedidos en 2012 fueron 1.634.163. Solo están por encima dos países: Francia, que expide 2.140.760 visados, y Alemania, con 1.729.119, solamente 95.000 más que nosotros. Si usted pone en relación, en un análisis coste-beneficio, los
visados que unos y otros concedemos con la utilización de los recursos que podemos emplear, deducirá usted que la eficiencia de los servicios españoles es superior y sin igual en la Unión Europea.


¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Se lo repito: Hay que analizar un redespliegue completo de nuestro servicio exterior, hay que externalizar más el servicio -lo tenemos externalizado en cincuenta consulados-, no solo hay que
explorar la posibilidad de que esa externalización se haga en favor de una empresa que solo acude donde hay una masa crítica importante pero no al resto, sino que hay que intentar convencer a las autoridades de Bruselas de que no hay ningún
inconveniente en que las agencias de viajes realicen la labor material de recogida de documentación y huellas, siempre que la



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calificación permanezca en el consulado, y de que con un régimen inteligente de incentivos y sanciones para las agencias de viajes -incentivos para las que lo hagan bien y sanciones para las que lo hagan mal- podemos tener una red capilar
mucho más importante que la que tenemos.


No puedo aceptar la calificación que usted ha hecho de discrecionalidad en algún consulado. Los motivos de denegación de un visado están tasados -los conoce usted igual que yo- y hay un sistema de recursos contenciosos en el caso de
denegación que garantizan que en ningún caso haya discrecionalidad o arbitrariedad. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Pero para que no quepa duda de la ejemplaridad de los funcionarios de mi ministerio que hacen estas cosas, si usted
tiene algún caso en que se haya producido esa discrecionalidad o una arbitrariedad, no dude en hacérnoslo saber, y no dude de que no nos va a temblar el pulso si hay que corregir alguna conducta. Lo que no se puede hacer es lanzar acusaciones
generalizadas no probadas e infundadas sobre un servicio que es absolutamente ejemplar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN TORNO A LA REVERSIÓN QUE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA ESTÁ PROVOCANDO EN LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA LA HABILITACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA,
ESPECIALMENTE EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 173/000089).


El señor PRESIDENTE: Terminado el capítulo de interpelaciones, vamos a debatir las dos mociones que ayer aplazamos para hoy. Corresponde, en primer lugar, la moción del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, sobre la posición del
Gobierno en torno a la reversión que la actual crisis económica está provocado en los planes del Gobierno para la habilitación de la alta velocidad ferroviaria, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra. Tiene la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Señorías, empezaré por decir que nunca perder una votación -y les aseguro que les habla una diputada veterana en ver perder mociones, propuestas y proposiciones por goleada- fue tan edificante, y quiero explicar el porqué. Entiendo que es
labor de esta Cámara no solo actuar de manera propositiva, sino también de manera explicativa, de manera deliberativa. Y en la moción que hoy presento lo cierto es que las enmiendas de sustitución -de lo que se deduce que no habrá la mayoría
suficiente para ver salir adelante esta moción- dan la razón en todo y punto por punto en uno de los puntos básicos que llamábamos a cambiar con respecto al convenio que el pasado mes de abril del año 2010 firmaban el Partido Socialista, entonces en
representación del Gobierno central, y Unión del Pueblo Navarro, entonces en representación del Gobierno foral, junto con ADIF. Todos ellos coinciden, en esas cuatro enmiendas, los cuatro grupos parlamentarios que representan ni más ni menos que el
90 % de esta Cámara, en que el convenio suscrito en aquel momento era en sus términos económicos un mal convenio, un convenio que castigaba y castiga en estos momentos a los ciudadanos de Navarra, un convenio que es económicamente no solo no
ventajoso, sino que penaliza sin necesidad alguna. Ya recordé a la ministra en el momento de la interpelación que había un antecedente bien claro, aquel que el Grupo Vasco en el Congreso había negociado con respecto a la Comunidad Autónoma vasca.
Satisfacción, por lo tanto, y más que edificante, más que estimulante el haber superado este punto. Entiendo que queda para las negociaciones posteriores, y por eso quiero dirigirme especialmente al Grupo Parlamentario Popular cuando habla de que
se va a estudiar la posibilidad para llegar a la conclusión de que el pago de los adelantos que Navarra lleve a cabo se hagan detrayéndose del pago con cargo a convenio. Esto es una declaración de voluntades y por supuesto me tomo desde esta
tribuna el respeto a la palabra dada por el Partido Popular. Queda para la negociación. Satisfacción, por lo tanto, en este punto.


Vamos con los otros puntos de la moción. El primero de ellos instaba al Gobierno a iniciar con carácter de urgencia las negociaciones para modificar este convenio, también en lo referido a los tramos diseñados habida cuenta de que el Plan
de Infraestructuras prevé una modificación sustancial en aquello que el Gobierno central había asumido por su parte. Me responde en la moción de sustitución el partido en el Gobierno, el Partido Popular, ese iniciar con carácter de urgencia por un
continuar con las negociaciones



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ya en marcha con el Gobierno de Navarra para suscribir un nuevo convenio con el que se coordinen todas las actuaciones a realizar en el corredor Zaragoza-Pamplona-Y vasca. Pues bien, señores del Partido Popular, tengo aquí, en mis manos,
una carta suscrita, firmada por el Gobierno de Navarra y por el Gobierno vasco, en la que se solicita una reunión al efecto en lo referido al corredor Pamplona-Y vasca con fecha de 8 de mayo de 2013. Me temo mucho que las reuniones han de
comenzarse, no continuar, porque no han comenzado todavía. Tampoco podemos aceptar lo que nos propone el grupo del Gobierno en la medida en que no se puede continuar lo que nunca ha empezado; y sí urge, por el contrario, que se revise el convenio
que habíamos señalado.


Voy, por último, al punto dos de la moción que propone y plantea Geroa Bai en relación con este tema y como punto de partida en propuesta al Gobierno lo mismo que hoy o mañana haremos en el Parlamento de Navarra, y es que a la vista de las
modificaciones anunciadas por el Ministerio de Fomento, relativas a la sustitución de la obra prevista en el tramo Pamplona-Zaragoza por la implantación de un tercer carril -o tercer hilo-, se revise -no puede ser de otra manera- el tramo
Castejón-Pamplona y en su caso se sustituya para priorizar la conexión con la Europa continental a través de la Y vasca. En este punto querría responder a La Izquierda Plural porque nos hace una propuesta en su enmienda que podemos compartir
perfectamente, pero lo cierto es que este es un debate que nosotros entendemos que debe realizarse entre los actores en Navarra y no en esta Cámara, y por lo tanto queda pendiente de ello. Podemos perfectamente entenderlo, pero no es este el objeto
de la moción, sino ese tramo del que hemos venido hablando desde esta tribuna y en multitud de ocasiones, ese tramo de altas prestaciones, esos 70 kilómetros que pretenden construirse de Castejón a Pamplona, insisto, de una población de 4.000
habitantes a una población de 200.000 habitantes, para ser conectado luego con un tercer raíl o con un tercer hilo. Es decir, y repito: un tren chu-chu a 12 millones el kilómetro de raíl: no es posible admitir semejante barbaridad. Y es la
propuesta lo que a nuestro entender tiene razón de ser. El otro día me reconvenía la ministra diciendo: lea la segunda página, ahí viene. No, no, en la primera y en la segunda página del Plan de infraestructuras, transporte y vivienda, del
Ministerio de Fomento, Plan 2012-2024. En la primera página recoge, efectivamente: línea de alta velocidad Zaragoza-Castejón-Logroño-Miranda de Ebro. Actuaciones: cero; 2012-2024. Pero, en la segunda página tenemos perfectamente la conexión Y
vasca con Pamplona, 2012-2024. Actuaciones: cero. Por lo tanto, leídas las dos páginas, habida cuenta que la parte del contrato obligaba al Gobierno central, entendemos que es más que necesario y más que urgente revisar y hacerlo con absoluta
ambición el contrato o el convenio suscrito en abril de 2010. Aquel día les traía a sus señorías este mapa -comprendo que no es fácil verlo desde aquí, pero creo que es bien sencillo intuirlo- en el que el Ministerio de Fomento nos diseña la red de
altas prestaciones en el conjunto del Estado, nos diseña las conexiones entre todos los tramos de la red de altas prestaciones del conjunto del Estado, pero nos encontramos con una isla, con un tramo de 70 kilómetros que van -repito- de ningún sitio
a ninguna parte.


No solo eso -y voy terminando, señor presidente-, sino que el pasado lunes -y quiero recordarlo porque creo que tiene especial importancia- los 27 ministros de Transporte de la Unión Europea dejaron bien claro que la financiación prioritaria
de la Unión Europea para el corredor del AVE será el corredor cantábrico-mediterráneo. Y, por el contrario, la lista final de los proyectos prioritarios no incorpora el corredor central que pretende contactar España y Francia a través del túnel de
Somport. ¿Dónde va a estar, por lo tanto, en la planificación establecida por la Unión Europea la salida a la Europa continental a través de las altas prestaciones? Evidentemente, a través de la Y vasca. Por lo tanto, construir, empeñarse y
empecinarse -como a mal tuvo algún poco elegante grupo parlamentario o partido en esta Cámara al hacer referencia a la interpelación que se producía hace pocas semanas- en mantener el tramo Castejón-Pamplona es mucho más que ridículo. Ridículo,
señorías, y una estafa al futuro.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


A esta moción se han presentado diversas enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y para su defensa tiene la palabra la señora De las Heras.


La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.


Señora Barkos, para La Izquierda Plural la alta velocidad planteada para la Comunidad Foral de Navarra en un trayecto de 200 kilómetros supone un derroche económico y medioambiental inconcebible que no tiene pero que tampoco tenía antes
ninguna justificación, máxime si tenemos en cuenta que tan solo permitía el ahorro de unos minutos en el trayecto y no daría servicio a poblaciones importantes como



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son las de Tudela, Tafalla o Alsasua. Creemos que la solución más eficiente y sustentable pasa por la construcción de un tren mixto de velocidad alta 200-220 kilómetros/hora de ancho europeo y doble vía para pasajeros y de 120-140
kilómetros/hora para mercancías. La solución de un tercer carril de doble vía Pamplona-Vitoria con apeadero en Alsasua -y con esto tengo que señalar y subsanar un error en la enmienda presentada por mi grupo que se refiere a la línea como
Pamplona-Alsasua cuando en realidad es la línea Pamplona-Vitoria con apeadero en Alsasua- nos permitiría el transporte de personas y mercancías dotando a toda la Comunidad Foral de Navarra de ancho de vía europeo. El tramo previsto en AVE costará
675 millones de euros mientras que la solución propuesta por La Izquierda Plural costará 125 millones, pudiéndose costear los 213 kilómetros que conectarán esta tercera vía hasta Zaragoza y todavía dispondríamos de 300 millones para invertir en el
corredor convencional que conecta con Vitoria y Francia.


Señora Barkos, la postura de mi grupo es ya bien conocida por sus señorías en lo que a la alta velocidad se refiere para el conjunto del Estado y también por supuesto para Navarra. Los costes astronómicos que han supuesto convertirnos en el
país con más líneas de AVE de Europa no han permitido un avance en el derecho de la movilidad de las personas en tren como el instrumento más eficiente a nivel medioambiental y más sustentable, ni ha permitido que seamos competitivos en el
transporte de mercancías. Creemos firmemente, señora Barkos, que en estos momentos, en los que se están eliminando líneas y frecuencias de trenes de media distancia para ahorrar de manera insignificante y con el único objetivo de desmantelar y
privatizar el tren como transporte público, en estos momentos en que los recortes de derechos y servicios esenciales están llevándonos a una situación que podríamos denominar de emergencia social, bien podrían invertirse estos recursos en educación,
sanidad o atención social, en este caso para la Comunidad Foral de Navarra.


En esta dirección, queriendo construir de manera provechosa, elaborativa y propositiva hemos presentado nuestra enmienda, donde expresamos la necesidad de modificar de manera urgente, como bien pedía, el convenio de colaboración entre la
Administración central, la Comunidad Foral de Navarra y ADIF. Esta modificación no estaría orientada a la construcción de la alta velocidad, sino para desarrollar un nuevo proyecto ferroviario de mayor rentabilidad social y económica, como es el
tren 200 o tren Euromed, que tenga capacidad real para transportar mercancías y viajeros, aprovechando, mejorando y adaptando la red ferroviaria actual, incluyendo la construcción de un tercer raíl de ancho europeo, que conecte con agilidad y
frecuencias las poblaciones de Pamplona-Ribera del Ebro, para conectar con Zaragoza-Barcelona y Zaragoza-Andalucía; Pamplona-Vitoria, con apeadero en Alsasua, para conectar con Europa por Irún y con la red que llega desde Sevilla, Madrid y
Valladolid. En nuestra enmienda proponíamos que se establecieran los mecanismos de devolución a la Administración foral de Navarra, a través del convenio económico, del adelanto económico que Navarra realice en la ejecución de inversiones
ferroviarias competencia de la Administración Central del Estado porque es justo, es de rigor y lo vemos necesario.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora de las Heras.


Para presentar su enmienda tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Moscoso del Prado.


El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hoy debatimos una cuestión que no es estrictamente navarra y que afecta bastante a nuestra economía, al conjunto del país, porque estamos hablando de un importante corredor, el corredor cantábrico-mediterráneo. ¿Qué ha pasado
hasta ahora? Que existía un acuerdo Navarra-Estado por el cual este corredor en su tramo navarro estaba ya en construcción. Existe un proyecto claro y con unas condiciones técnicas concretas de un corredor ferroviario transeuropeo que está
recogido tanto en el Pitvi -el nuevo plan que ha elaborado este Gobierno, el actual- como en el antiguo Plan director de infraestructuras, si bien es verdad que el nuevo plan de este Gobierno, como decía la señora Barkos, sin plazos. ¿Qué ha
ocurrido en esta interpelación? La señora ministra el otro día no eliminó ninguna de las dudas que flotan, por decirlo de alguna manera, sobre el proyecto desde que se produjo una comparecencia del consejero de fomento, de Obras Públicas de Navarra
en el Parlamento de mi tierra. Es un proyecto sin plazos y sin presupuesto, y en el que entonces el consejero insistía, y sigue haciéndolo, en un disparate que consiste en construir un tramo de alta velocidad de dos carriles con plataforma nueva en
Navarra, entre Pamplona y Castejón, comunicado o alejado 80 kilómetros por el norte y 80 kilómetros por el sur de la red de alta velocidad mediante un sistema denominado el tercer hilo.



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Fue un discurso de la ministra antiguo, muy centralista, como ese famoso libro en materia de infraestructuras de un excompañero del Parlamento que dice: España, capital París. Habló permanentemente del AVE a Navarra, como si se tratase de
ir a Navarra desde Madrid, olvidando la importancia del eje cantábrico-mediterráneo y de que esa línea de alta velocidad será viable si los trenes que van de Bilbao a Barcelona o de Bilbao a Valencia pasan por Pamplona. Si no, será inviable.


El discurso del otro día mantiene el disparate del tercer hilo, un disparate que está pactando el Gobierno actual de Navarra de UPN con el Partido Popular. Además, mienten en una idea, porque si se hace el tercer hilo será irreversible. No
se puede hacer un tercer hilo, que va a costar 600 millones de euros más o menos -o ya veremos-, y decir que es provisional y que después, cuando haya dinero, ya se hará la plataforma, como en otras líneas. De manera que es un acuerdo que condena
para siempre el corredor cantábrico-mediterráneo, uno de los cinco grandes corredores multimodales que forman parte de la red transeuropea de transportes junto con otros corredores -el corredor central, el corredor mediterráneo, el corredor
atlántico y el corredor norte-sur-, una red mallada, intermodal, sostenible, eficiente, que rompa con ese centralismo del AVE a Navarra, como si no hubiese necesidades transversales que no pasen por Madrid.


Respecto al texto de la moción de la señora Barkos, es evidente que hay que renegociar los plazos, nadie lo duda, porque las obras que ejecuta Navarra van con retraso y las que ejecuta el Estado no han empezado, de manera que las dos son
papel mojado. Sin embargo, señora Barkos, usted en su intervención el otro día le decía a la ministra: yo no tengo opinión sobre esto, pero se lo pregunto: ¿deberíamos dar prioridad o no a alguno de los tramos? Ya vemos que en el texto usted ha
decidido -me parece muy bien- que habría que dar prioridad a la conexión con la Y vasca. Ahora bien, acaba de decir que hay que dar prioridad a conectar con la Europa continental, pero es que a la Europa continental -yo creo que estamos en la
Europa continental todos-, no peninsular, tenemos que ir todos, no solo los de Pamplona. Por eso nosotros defendemos el proyecto en su conjunto, en su integridad: conectar la Y vasca con Zaragoza en las condiciones técnicas específicas del acuerdo
de hace un año, manteniendo las características técnicas del proyecto, sin caer en la trampa del Partido Popular de hablar del ancho UIC o ancho europeo, porque hablar del ancho UIC o ancho europeo es hablar del tercer hilo, un tercer hilo de 150
kilómetros, que sería un disparate económico y técnico, porque dejaría ese tramo que ya se está construyendo en Navarra aislado del resto de la red. Sería una red de segunda. Señorías, no se puede cambiar un acuerdo, un convenio o un contrato
cuando una parte ya ha empezado las obras y cuya continuidad fuera del ámbito pactado no tiene ningún sentido. ¿Qué tipo de acuerdos son estos? ¿Cómo es posible que empiecen unas obras en Navarra y, cuando ya han empezado, se diga que ese AVE no
va a conectarse con la red principal?


El tercer hilo es inaceptable, además es mucho más caro de lo que se dice, exigiría levantar toda la superestructura, es inviable y sería incompatible su construcción con el mantenimiento del tráfico ferroviario actual. No se puede
construir un tercer hilo entre Zaragoza y Castejón o entre Pamplona, Alsasua y Vitoria mientras circulan los trenes con el tráfico actual, porque exigiría levantar toda la plataforma, convirtiendo este proyecto en una línea de segunda división. Por
eso hemos presentado una enmienda que creo que debería ser aceptada por el grupo proponente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso del Prado.


Para presentar la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por la señora Barkos, de Geroa Bai, ya que nuestro grupo considera que es más realista y refleja mejor por dónde puede evolucionar la
alta velocidad en la Comunidad Foral y, sobre todo, buscar soluciones reales de futuro. Quisiera decirle una cosa a la señora Barkos: nuestra enmienda es más ambiciosa con la alta velocidad en Navarra y su moción es más restrictiva y a la baja con
esta obra. Por eso le pido que sea más ambiciosa, que mire más por Navarra y que acepte nuestra enmienda. También quiero decirle que consideramos que su moción con lo que dice en sus tres puntos viene a poner en evidencia a la anterior ministra de
Fomento socialista y el mal convenio que firmó con el Gobierno de Navarra en 2010 y es evidente, como ha dicho usted, que viene afectando negativamente a los intereses de Navarra. Nosotros no vamos por ese camino ni queremos enmendar la plana a
nadie, solo pretendemos con nuestra enmienda clarificar y hacer posible la alta velocidad en Navarra y, sobre todo, buscar



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soluciones y no meternos en polémicas locales o dejar en evidencia a tal o cual partido. Esto es lo que queremos y lo hacemos con el convencimiento de que la alta velocidad en Navarra es una infraestructura que va a vertebrar Navarra pero
que también va a vertebrar España.


En la interpelación decía una cosa la señora Barkos, decía que el Gobierno renunciaba a la alta velocidad en el corredor cantábrico-mediterráneo, y ponía esto en boca de un consejero del Gobierno de Navarra. Señoría, esto no es cierto.
Desde el Partido Popular queremos reafirmar nuestra clara apuesta y firme voluntad por el desarrollo de la alta velocidad desde Navarra hasta la Y vasca, pasando por Tudela y por Pamplona. Por lo tanto, no hay tal renuncia ya que el compromiso es
continuar con la alta velocidad a lo largo de todo este corredor. Es bien cierto que todo ello conllevará tiempo y que habrá que adaptar la ejecución de las obras a la situación económica real de nuestro país, pero creemos que en ese espacio de
tiempo se puede adelantar en la mayor velocidad en la circulación de trenes, con inversiones complementarias y se puede optimizar el trazado, mejorándolo para los potenciales usuarios de Navarra. Por eso, instamos al Gobierno en el segundo punto de
la enmienda a que, mientras se avanza en la planificación y ejecución de las obras, se puedan utilizar y poner en valor las actuaciones ya iniciadas con un corredor continuo, de ancho de vía europeo, y conectar Pamplona con el resto de las
comunidades autónomas y también con las líneas ferroviarias francesas. De esta manera se adelantaría el uso y se conseguiría un transporte de viajeros y mercancías más rápido y más competitivo, mientras -reitero- se avanza en la planificación y en
la ejecución de la alta velocidad. Todas estas actuaciones que se lleven a cabo necesitan un nuevo convenio entre el ministerio y el Gobierno de Navarra que las coordine, y eso es lo que dice nuestra enmienda, reitero, más ambiciosa y más realista
que la de Geroa Bai.


Hay que decir más, y es que la inclusión de la alta velocidad en Navarra en los planes del Gobierno siempre la ha contemplado el Partido Popular, desde el primer día que se habló de la alta velocidad en Navarra allá por el año 2001, y
también se encuentra contenida en el Plan de infraestructuras de transporte y vivienda presentado por el Gobierno del Partido Popular en 2012. Señora Barkos, no mire las dos primeras hojas sino más páginas también a lo largo de todo el documento.
Esto es lo que dice nuestra enmienda, ya que refleja en sus tres puntos lo que el Partido Popular y el Gobierno piensan realizar y es el compromiso de la alta velocidad en la Comunidad Foral. Por lo tanto, no hay duda de nuestra clara defensa de
esta infraestructura en la alta velocidad desde Zaragoza, reitero, Castejón, Pamplona, hasta la Y vasca.


Otra cuestión que quisiera decir es que el Estado financiará íntegramente la obra aunque el Gobierno de Navarra adelante el pago de la plataforma y otras actuaciones complementarias en el tramo Castejón-Pamplona. Precisamente, en el punto
tercero de nuestra enmienda se encuentra la voluntad real de mayor y mejor colaboración económica del Gobierno central con Navarra, algo parecido dice en el tercer punto de su moción, pero con su texto lo único que se hace es poner en evidencia al
anterior ministro, que vino a Navarra a firmar algo que hoy todos los partidos, incluido el Partido Socialista por su enmienda, piden sea revisado, algo curioso, sobre todo por las críticas que he escuchado al señor Moscoso. Esta es la realidad, no
hay otra, por lo tanto: financiación por el Gobierno de España y mejora del convenio que se firmó en 2009.


La última cuestión que quisiera manifestar es que se avanza y se trabaja en la redacción de proyectos y la planificación de todo el corredor, desde Zaragoza hasta la Y vasca. No entro en más detalles, pero ya lo dijo la ministra. Lo que sí
le quiero recordar, en base a esa carta de la que ha hecho uso, es que hay un protocolo firmado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco para la dirección de obra de la Y vasca. Por lo tanto, ha habido conversaciones, hay compromisos y en
el futuro seguirá habiendo más conversaciones. Termino, señor presidente, proponiendo a la señora Barkos que acepte nuestra enmienda. De lo contrario pensaremos que lo único que pretende hacer es ruido y nosotros no estamos en eso. Nosotros
estamos por el consenso, por las soluciones posibles y reales y con ello poder resolver todos los problemas que tienen tanto Navarra como España. En ese sentido, pedimos que atiendan a nuestra enmienda.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Lapazarán.


En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, asistimos hoy en esta Cámara a un nuevo capítulo de la versión española de la novela fantástica La historia interminable, porque es



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precisamente en eso en lo que se está convirtiendo la gestión de la alta velocidad en España, en una historia sin fin y con tintes kafkianos. Y es que más allá del entusiasmo que acredita la ministra en defensa de la gestión de su
ministerio en esta materia y de sus amables palabras de compromiso para con unos y para con otros, la gestión de los proyectos y las obras del TAV en el Estado solo se puede calificar de absolutamente irracional. Tramos ejecutados en el medio de la
nada, que van de ninguna parte a ningún lugar, salpican la geografía estatal; proyectos concluidos carentes de financiación para su ejecución; trazados puestos en marcha con estaciones vacías, sin usuarios; unidades circulando sin viajeros;
comisiones de trabajo constituidas y jamás convocadas; convenios interinstitucionales formalizados y, a renglón seguido, olvidados. Como les decía, kafkiano. Sin querer buscar culpables, como he dicho en alguna otra ocasión, agua pasada no mueve
molino, al fin y a la postre esto es el resultado de las políticas de Gobiernos socialistas y populares que han gobernado en alternancia, debo decir que la puesta en marcha de la alta velocidad en España no ha respondido en ningún caso a una
planificación sistemática y sistémica. No es fruto, se mire por donde se mire, de un ejercicio de priorización basado en parámetros objetivos. Muy al contrario, se puede concluir que es el resultado de decisiones únicamente sustentadas en
intereses políticos, en la búsqueda de votos en caladeros donde quienes decidían y deciden tienen intereses electorales, y ha quedado claro que los votos no viajan en tren. Siento sinceramente ser tan dura, pero les transmito con toda franqueza lo
que pienso.


Han sido también sistemáticamente obviados los criterios de priorización marcados por la Unión Europea anteponiendo la conexión interpueblos frente a la conexión con Europa. Son muchos los ejemplos que podríamos citar, pero en esta ocasión
me referiré a Nafarroa, a Navarra, y más concretamente al tramo de conexión con la Y vasca y lo que es más importante aún, con Europa. Suena bien ¿verdad? Pues el chasco es supremo si descendemos a la cruda realidad. Se lo voy resumir.
Construcción de un tramo de alta velocidad entre Pamplona y Castejón, sin ninguna expectativa ni a corto ni a medio plazo de continuidad -hemos oído hablar del año 2024- como no sea -supongo- dar servicio de cercanías, o sea, matar moscas a
cañonazos. Modificación del punto de conexión con la Y vasca, inicialmente fijado en Ezkio-Itsaso y sustituido por la construcción de un llamado tercer hilo que pinchará en Vitoria- Gasteiz tras dar una eterna tournée por los lindes de la Comunidad
Autónoma de Navarra y convirtiendo la alta velocidad poco menos que en un tranvía. Exagero un poco, pero es lo que es. En su consecuencia, viva la eficiencia. Vamos, traviesa y tercera vía para hacer un apaño y a correr. Decisiones tomadas sin
buscar acuerdos, ajenos a las estrategias colaborativas con los Gobiernos, en este caso navarro y vasco. En fin, todo menos gestión.


Llegados a este punto, creo que es necesario que se paren a reflexionar y comiencen a trabajar con rigor, planificando y priorizando las inversiones en base a los retornos sociales y económicos que puedan reportar a la masa crítica de
usuarios a atender, huyendo del capricho y de intereses partidarios y haciendo caso a las prioridades marcadas por Europa. En otras cuestiones lo hacen estupendamente. Ahora tienen una nueva ocasión para dar un impulso precisamente a esos
proyectos prioritarios definidos por la UE que, tal y como se ha hecho público recientemente, serán nuevamente subvencionados. Ahí tienen financiación.


Finalizo. Les diré que he acertado. Sabía que en el turno de intervención del portavoz del Grupo Popular, del grupo que sustenta al Gobierno, iba a ocurrir lo que ha ocurrido. Ha sido una intervención amable, ha pronunciado bonitas
palabras de compromiso, pero como dice el dicho popular, hechos son amores y no buenas razones. Por eso, conservo la esperanza -aún así y después de su intervención- de que apoye esta iniciativa de Geroa Bai, tal y como lo va a hacer mi grupo
parlamentario, el Grupo Vasco, y que entre todos podamos hacer realidad un proyecto estático y de futuro. Un último apunte, señor Lapazarán, estaría bueno -o estaría gordo, que se dice en Bilbao- que la Administración central no financiara la alta
velocidad, siendo de su exclusiva competencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.


Por el grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo cree en el debate parlamentario. Lo digo porque algunas de las cosas que ha explicado doña Uxue Barkos nos han convencido; hay cosas que dice que, después de sus explicaciones, nos parecen sensatas y no tendríamos ningún
problema en apoyar, aunque -como voy a explicar- tenemos otras objeciones de fondo que nos van a llevar a abstenernos. Pero sí quiero explicar lo que nos parece



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importante de las cosas que ha aclarado. Lo digo porque los que no tenemos la suerte de ser prodigiosos sabelotodo, como algunos ministros del Gobierno, nos parece muy bien que nos den razones, que nos expliquen las cosas y cambiemos de
opinión si son cosas interesantes, como es el caso. Creemos que tiene razón y que, efectivamente, no tiene mucho sentido hacer un tercer hilo entre Pamplona y Castejón para que quede como una isla no se sabe muy bien conectada con qué, conectada
con la nada o con el vacío y que, desde luego, desde el punto de vista de la competitividad económica es mucho más interesante un AVE para mercancías que conecte con la Y vasca por rapidez de conexión de la industria Navarra, sobre todo la
automovilística, con el mercado europeo, que creo que es el argumento básico de fondo que hay en todo esto. Aunque nuestro grupo ya ha expresado muchas veces nuestras reservas sobre el AVE y, en general, sobre el exceso quizá de expectativas para
una inversión tan importante que se está haciendo y, sobre todo, su mala concepción general, en el caso de la Y vasca y parte de su desarrollo, al menos se tuvo el acierto de prever un AVE mixto, que es lo que lo puede hacer rentable; no como otras
líneas que se han hecho cuya rentabilidad es, probablemente, algo remoto o imposible.


Yendo a las objeciones que decía que le quería explicar para que comprenda cuál es nuestra posición, nos parece bien esa alternativa porque es mucho más racional, más sensata y más justificada, pero también coincido en parte con la
exposición de la portavoz del PNV en que aquí seguimos viendo una tremenda improvisación. Seguimos viendo un país donde se ha hecho un AVE sobre la base fundamentalmente de políticas clientelares de favorecer a poderes territoriales. Lo hemos
visto recientemente con el AVE a Extremadura, que apareció ya en un debate entre el Gobierno autonómico de Extremadura y el Gobierno nacional y como manera de resolver problemas sobre el déficit autonómico, que nos parece un ejemplo particularmente
expresivo de esa concepción disparatada de lo que es una inversión del Estado, y no vemos que haya una verdadera planificación y una verdadera prioridad de qué inversiones tienen que hacerse, sobre todo por su reversión económica en una situación de
crisis como la actual y de cara también a ese cambio de modelo económico, que la verdad no vemos por ninguna parte. Por lo tanto, lo que propone Geroa Bai nos parece algo sensato -como digo- y justificado, pero creemos que no debería sustraerse a
un debate a fondo de verdad serio sobre la inversión ferroviaria, particularmente en alta velocidad. Evidentemente, eso no es culpa de Geroa Bai; tampoco lo es, por ejemplo, que en esta Cámara tengamos que dedicar tiempo a este tipo de cuestiones,
cuando lo lógico sería que en un Estado constitucionalmente bien organizado se vieran en un Senado realmente territorial, donde este tipo de cuestiones se resolvieran, porque son cuestiones de cohesión territorial y de legítimos intereses
territoriales. Pero nuestro grupo cree que, antes de aprobar nada sobre inversiones en AVE, debería de haber una reconsideración a fondo de toda la planificación y de todos los planes al respecto, abandonando, por supuesto, la absurda idea que
introdujeron los Gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero de que el AVE es una especie de cercanías entre capitales de provincia; nos parece completamente absurdo y totalmente carente de sentido.


Para finalizar, le diré también a la señora Barkos que nuestra mayor objeción viene con el punto 3 de su moción, por el que ella, creo que prudentemente, ha pasado un poco de puntillas cuando habla de que, a la vista de las condiciones
manifiestamente desventajosas en que el convenio recoge el mecanismo de devolución por el que la Administración navarra ha de recuperar el adelanto económico que realizase, revise dicho mecanismo acortando los plazos. Tampoco creo que sea
responsabilidad precisamente de su grupo, pero si hay en España un sistema fiscalmente opaco y lleno de trampas es el navarro, no concretamente solo el navarro, sino la relación entre Navarra y el resto del Estado, y es el que ha llevado a nuestro
grupo a tener que presentar una denuncia, por ejemplo, por el fraude del IVA de la Volkswagen, que es un tema que nos parece particularmente escandaloso. Por eso mismo, no vamos a votar a favor de una moción que plantea dos cosas distintas y la
segunda de ellas tiene que ver con una aceptación de que los mecanismos de trato fiscales entre Estado y la Comunidad de Navarra sean algo que hay que revisar en este caso en particular, creemos que hay que verlo en general. Y por eso, como tampoco
hay motivo suficiente para oponernos, nos abstendremos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Gracias, señor presidente.


Señora diputada, nuestro grupo va a votar a favor de su moción, y lo va a hacer más allá de por consideraciones territoriales, de las cuales usted conoce lógicamente por lo que se refiere a Navarra



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muchas más que nosotros y nosotros siempre respetamos a las fuerzas políticas que representan a un determinado territorio, lo vamos a hacer por una cuestión de fondo que yo creo que subyace en su intervención, de hecho también en las
intervenciones de otras y otros diputados. Hace ya, creo, once años yo tuve la ocasión de debatir con un secretario de Estado de Infraestructuras que se llamaba Benigno Blanco, que no sé si era de origen navarro, por cierto, sobre el famoso Plan
intermodal del transporte del ministro Álvarez-Cascos. Este era un curioso plan, yo diría que llevaba a la apoteosis centralista, porque solo había conexiones de cualquier capital de provincia con Madrid, no había ninguna conexión de ningún tipo,
desaparecía el corredor del Ebro, desaparecía por descontado el corredor del Mediterráneo, que es el gran diablo para todos los centralistas, y desaparecían las conexiones entre Andalucía y la Región de Murcia, había que pasar siempre por Madrid, es
decir, usted para ir de Navarra a Euskadi tenía que pasar por Madrid. Cuando yo le comenté esto a don Benigno Blanco, le puse este ejemplo, si solo haces una conexión pequeña entre Navarra y La Rioja o entre Navarra y Euskadi, tienes distintas
posibilidades, tú completas el eje del Ebro. Y me dijo: si tuviera que poner todos estos tramos, nos costaría el doble de lo que nos va a costar. Tan profundo razonamiento, de tanta calidad intelectual, ha llevado a que en estos momentos todo el
mapa de la península ibérica sea un mapa repleto de tramos a medio construir, de tramos en un ancho, de tramos en otro, con dudosa posibilidad de racionalizar a corto plazo y de utilizar estas inversiones, estas inversiones hechas con dinero
público, dinero público que ahora no tenemos para nuestra gente mayor o para luchar contra la pobreza, porque hubo personajes que de alguna manera nos llevaron al caos, a la mala inversión que debemos resolver.


En un momento como el actual lo que hace falta es racionalizar las inversiones, poner en valor cuanto antes los tramos, contar con todos y, por descontado, contar con todos es contar con las comunidades. Si encima resulta que hay una
comunidad, como la Comunidad de Navarra, que tiene la suerte de los dioses de tener un Régimen Foral -sana envidia, ya lo sabe- y, por lo tanto, tiene una capacidad notable de financiación y de actuación, vale la pena contar con esta comunidad para
poder -como se ha hecho, por cierto, con Euskadi- avanzar en la construcción de la línea de alta velocidad. Por lo tanto, compartimos la necesidad de viabilizar cuanto antes las inversiones. Creo que sus propuestas son interesantes y van en este
sentido y nos ayudarían a poner en valor algo que es estratégico, el corredor del Ebro. La discontinuidad del corredor del Ebro es una auténtica barbaridad. Permítame que no discuta el trazado, pero el hecho de que las conexiones entre Euskadi y
Navarra, La Rioja y Navarra, Cantabria y Euskadi no existan o se supediten a improbables conexiones pasando por Madrid, me parece una auténtica barbaridad conceptual. En Europa nos miran mal cuando planteamos estas cuestiones. Sin embargo, cuando
se plantean cuestiones racionales como la que usted defiende, vamos por el buen camino. Por tanto, vamos a apoyar esta moción, aunque no sé si será aprobada, pero va a contar con nuestra complicidad porque nuestra complicidad es la defensa de la
racionalidad y del buen uso de los recursos públicos.


Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.


A efectos de saber qué vamos a votar, señora Barkos, ¿acepta alguna enmienda?


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.


Respondiendo personalmente al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, precisamente por racionalidad y buen uso del dinero público no aceptaremos su enmienda; tampoco las del resto, presidente.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Entonces la votaremos en sus propios términos.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR PARA EVITAR EL FRACASO Y ARCHIVO MASIVO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CASOS DE ROBO DE
BEBÉS EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 173/000090).


El señor PRESIDENTE: Continuamos con la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación con las medidas que va a adoptar para evitar el fracaso y archivo masivo de las diligencias
de investigación en los casos de robo de bebés en nuestro país. Para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Díez.



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La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.


Desde que se destapó la posible existencia de una trama de robo de bebés en nuestro país mediante la presentación de denuncias por parte de diversas asociaciones de afectados por el tráfico de bebés en España, hemos tenido conocimiento
directo y público del sufrimiento de las personas afectadas por este tráfico y robo de bebés. Es cierto que, aunque se ha procurado resolver algunas de las dificultades que tenían estas personas para solucionar su drama -porque es un drama humano
al que no le hemos dado, a nuestro juicio, una respuesta política y jurídica suficientemente amplia para resolver en la medida de lo posible sus problemas-, han ocurrido muchas tragedias humanas -y siguen ocurriendo- de las que todos los diputados y
diputadas que estamos ahora presentes tenemos -estoy segura- conocimiento directo más allá del conocimiento público. La semana pasada leía en un medio de comunicación una información que explicaba cómo una mujer para buscar y conocer quién era su
auténtica madre se había visto obligada -porque así se lo requerían- a denunciar a su madre adoptiva, una pobre anciana que la animaba a que la denunciara porque era la única manera -según lo que decía la justicia, por llamarla de alguna forma- que
tenía si quería averiguar la verdad. Un drama sobre otro drama. Yo misma esta semana -como seguramente les habrá ocurrido a muchos de ustedes- he recibido en mi correo a través de Facebook cantidad de denuncias y testimonios personales animándonos
a que encontremos solución para paliar, en la medida de lo posible a estas alturas, el sufrimiento. Permítanme que haga una cosa que no suelo hacer, que es leerles unos párrafos de una de estas cartas que podría haberle llegado a cualquiera y que a
lo mejor, además de llegarme a mí, les ha llegado a ustedes. Dice: Se me rompe el corazón cada vez que veo a mi madre luchar contra un muro imposible de derribar, ya que en nuestro caso, que sigue el mismo modus operandi de los casos que han
salido a la luz, se le añade que aquello ocurrió en un hospital militar, el de mi padre, que era militar. A todas las dificultades habituales en estos casos, con el tiempo transcurrido, la dificultad de recabar información, el fallecimiento de
algunos de los culpables, etcétera, se le añade que en los hospitales militares la ocultación de información es aún mayor. Aún así, hemos conseguido recabar información, hemos conseguido demostrar falsificaciones en los registros, hemos podido
poner de relieve las contradicciones entre los informes del hospital y los datos del registro, pero mi madre está cansada. Es una mujer de setenta y dos años que se ilusionó cuando empezó a ver los casos que salían a la luz, que se hizo las pruebas
de ADN, que se desplazó a Madrid para recabar información, pero no puede más. Soy padre, pero aun así no me puedo imaginar lo que debe sentir una madre que sabe que un día le arrebataron a su hija, que puede andar por ahí sin saber que sus padres
no son los que cree que son. No puedo imaginar lo que debe ser acostarse cada noche imaginando cómo será esa hija suya que ahora tendrá unos treinta y cinco años.


Este es un ejemplo de los muchos de los que estamos hablando cuando trajimos la pasada semana la interpelación y cuando traemos hoy esta moción para que en el ejercicio de nuestra responsabilidad política hagamos lo que esté en nuestra mano
para siquiera facilitarles la vida, el reconocimiento de los suyos, también para encontrar a los responsables -pero fíjense que lo digo en segunda instancia-, para ayudar a todas estas miles de personas que están clamando por dos cosas: por que se
haga justicia, sí, pero sobre todo por conocer, por saber dónde están sus hijos, dónde están sus padres.


En la moción que hoy presento les traigo a la Cámara una serie de puntos, seis, sobre cuestiones que a juicio del Grupo de Unión Progreso y Democracia debiera hacer el Gobierno, debiera instarse al Gobierno para enfrentarse a este problema.
Los distintos grupos parlamentarios han presentado enmiendas que a todos agradezco. De todos los grupos parlamentarios, desde La Izquierda Plural, hasta el Grupo Nacionalista Vasco, Convergència i Unió, Grupo Socialista o Esquerra Republicana, de
todos ellos hemos incluido sus aportaciones en un texto que espero que sea el final, porque todos ellos han partido de la necesidad de hacer algo más que lo que estamos haciendo para resolver este problema. Por supuesto que no esta aquí, en esta
moción, todo lo que habría que hacer. Probablemente tenemos que reflexionar -lo hablaba ahora mismo con la portavoz del Grupo de Convergència i Unió- sobre la necesidad de ajustar el tipo penal, precisamente para que se considere un delito la
sustracción y no una falsedad documental, que tienen distintas fechas de prescripción. Estaremos a tiempo cuando se plantee aquí la reforma del Código Penal. Posiblemente hay otras cosas que no he recogido en esta moción ni en un texto
transaccional que estamos preparando, pero entre lo que les pedimos al grupo mayoritario y por tanto al Gobierno y lo que la enmienda del Grupo Popular nos ofrece, hay un amplio campo. No podemos salir de este debate con algo como lo que nos ofrece
el Grupo Popular, que es que el Gobierno lo está haciendo muy bien, sígalo haciendo usted de esta manera. No, no es suficiente, tenemos que hacer más. A la vista está que con lo que se está haciendo no estamos resolviendo ni de lejos todos los
problemas, ni siquiera



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aquellos que verdaderamente podemos solventar, porque hay dramas y problemas que ya no está en nuestras manos resolver. Hagamos un ejercicio de responsabilidad, hagámoslo entre todos. Yo le pido particularmente al Grupo Popular que haga lo
posible para ello. Sé que al menos la diputada que está encargada de la cuestión está tratando de hacerlo, pero le pido al grupo en su conjunto que haga lo posible por incorporarse a ese consenso que hemos construido por encima de cualquier
diferencia partidista entre el resto de grupos de la Cámara para que verdaderamente cumplamos con nuestra obligación y demos respuesta a todas estas personas que están sometidas a una injusticia permanente, más allá de aquella que se produjo el día
que le robaron a sus hijos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.


En efecto, se han presentado enmiendas por todos los grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, en Argentina nadie duda de lo que ocurrió; en Argentina nadie duda de quiénes fueron los criminales responsables del robo de niños; en Argentina quedará fijado en el imaginario de las nuevas generaciones la magnitud del horror de
lo ocurrido: robar bebés a las madres para inferir mayor dolor a los represaliados y también para beneficiarse, todo ello ejecutado por quienes ejercían de forma sistemática crímenes de lesa humanidad y vulneraban los derechos humanos. En España
esto no va a ocurrir. En España se ha pretendido desnaturalizar lo ocurrido como si todo ello fuera tan solo una acción aislada, ajena a un discurso ideológico y también ajena al perverso ejercicio del poder; de hecho, a ejercer el poder de forma
perversa. Por eso -y lo digo con toda humildad, puesto que los republicanos fuimos los primeros que trajimos a debate esta problemática el mes de marzo del año 2011-, como se ha obviado analizar que lo que ocurrió fue un crimen del franquismo,
reclamamos que se incorpore en la transaccional. La Ley de Memoria Histórica, desgraciadamente, no reconoció a las víctimas jurídicamente como víctimas, razón por la cual todavía andamos en esta situación tan lamentable.


También debo reconocer que desde 2011 se ha avanzado, y mucho, pero, señorías, pedimos que el Gobierno no obvie a las entidades que agrupan a las víctimas o a los descendientes de las víctimas, razón por la cual nuestras enmiendas van en
este sentido. No tiene ningún sentido que el Gobierno no haga participar y libre toda la información necesaria a todas las entidades, de la misma manera que no tiene ningún sentido que la Fiscalía General del Estado no sea capaz de librar toda la
información que sea requerida por los afectados. Hablamos de crímenes de Estado. Es decir, por mucho que haga el Estado, siempre, siempre y siempre estará en deuda con estas víctimas, razón por la cual entendemos que es prioritario el
reconocimiento de la condición de crimen del franquismo y de la misma manera es fundamental que las instituciones del Estado estén al servicio de solucionar, resolver, metabolizar este agravio escandaloso, y cuanto antes mejor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


En Valencia hay un lugar, la Casa Cuna Santa Isabel, gestionado por las religiosas Siervas de la Pasión, en cuya puerta se concentran la víctimas de esta trama de robos de bebés y piden acceso a la documentación. Realizan una sentada para
denunciar las adopciones coaccionadas, el tráfico de bebés a la carta y previo pago, y reivindicar su derecho a conocer sus orígenes biológicos. Nadie les abre la puerta. Es más, la regenta del centro, sor Aurora, que ostenta la Alta Distinción de
la Generalitat Valenciana y de Hija Adoptiva de la ciudad de Valencia -ironías de la vida-, se niega a ello. El día que el juez aceptó a trámite veinte denuncias contra esa entidad, la Generalitat les aprobó una nueva subvención de 20.000 euros.


Muchas víctimas llevan años denunciándolo y pidiendo una investigación, y lo necesario no es un mero compromiso de apoyo, como hacen ustedes, señores del Partido Popular, en su enmienda, con foto incluida, como hizo el ministro de Justicia,
mientras se siguen archivando casos sin ser investigados. Las estructuras del Estado democrático deben ponerse a disposición de las víctimas de una trama en todo el Estado español cuyo alcance hoy en día aún se desconoce. ¿O es que acaso sor
María, hoy fallecida, actuaba sola? Esta trama debería estar siendo investigada de oficio por la fiscalía -aunque últimamente



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a veces no sabemos de qué parte se pone la fiscalía, que por cierto se queja además de que no tiene medios suficientes-, persiguiendo todos los indicios y pruebas que denuncian los afectados para llevar ante la justicia estos atroces casos y
a sus culpables; y especialmente lograr el encuentro con las familias biológicas. Su obligación es poner los medios necesarios para que se investigue esta macabra trama.


Se ha de permitir el uso gratuito de los laboratorios de los hospitales públicos para realizar las pruebas genéticas. Se ha de garantizar el acceso a registros públicos de hospitales tanto públicos como privados, ayuntamientos, cementerios
y entidades privadas para acceder a los documentos necesarios que puedan facilitar la tarea de investigación. Pero sobre todo se han de poner todos los medios del Estado para destapar a los responsables de esta gran trama que se calcula que ha
funcionado hasta el año 1995. SOS Bebés Robados ha tenido que recoger firmas, más de 40.000, para pedir en Estrasburgo que se estudien sus casos. A alguien debería darle vergüenza. ¿Es que tienen que recoger firmas para que el Estado ponga los
medios necesarios a su alcance para esclarecer hechos delictivos de tamaña gravedad? Demasiadas cosas por hacer si realmente quieren ayudar a esclarecer los hechos, ayudar a las familias a encontrarse, depurar las responsabilidades penales como
corresponde en un Estado de derecho. ¿De qué lado están, señoras y señores del Partido Popular? Demuéstrenlo hoy con su voto.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Díez, le felicito por la oportunidad y por la calidad de la iniciativa que nos presenta. Mi grupo parlamentario -yo mismo- ya tuvo el honor de presentar la primera interpelación en relación a un fenómeno
que se empezó a conocer en el año 2011, de conocimiento reciente: la existencia de una estructura organizada que desde hace muchos años, desde el inicio del franquismo hasta casi las postrimerías de la Transición democrática, se mantuvo mediante la
comisión de delitos verdaderamente aberrantes: la sustracción de bebés para su venta, para su enajenación a personas, mediante la consideración de construir un episodio histórico muy relevante que no podemos dejar de considerar, que la cultura
dominante en aquel momento legitimaba para determinar qué mujeres estaban cualificadas para ser madres y qué mujeres no estaban cualificadas para serlo, al margen de la circunstancia biológica del alumbramiento. Desde esta perspectiva, eso se
mantuvo durante muchos años. Y la cultura dominante, y en materia de filiación los ejecutores de esa cultura dominante se consideraron también legitimados para realizar actos de compra-venta, de enajenación de algo tan querido, de algo tan
vinculado a una madre como es su propio hijo. Esto lo hemos conocido recientemente y estamos teniendo -en la propia presentación de esta primero interpelación y luego moción que usted nos plantea- grandes dificultades para incorporar el elemento de
identificación de la magnitud de la trama. Es difícil conocer la magnitud de la trama porque hay incluso personas negacionistas de su existencia. Me llaman poderosamente la atención algunas afirmaciones de algunos médicos forenses estableciendo
que como en el caso de las exhumaciones que se han practicado no existen restos biológicos, es posible que si los restos allí enterrados son de niños hayan podido desaparecer. Es una actitud negacionista no compartida por la mayoría de los médicos
forenses ni por ningún instituto de toxicología forense oficial, pero que se mantiene como elemento de relativización o como elemento, incluso, hasta de negación de la existencia de la trama. Y no existe la trama porque también el reproche penal ha
sido muy difícil, primero por la actitud -vamos a calificarla- pasiva y poco comprensiva de la Administración de Justicia.


Usted ha puesto en su moción algunos ejemplos y ha habido archivos de causas penales de esta naturaleza verdaderamente aberrantes, impropios de un juez en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Por qué? Archivos por razones como las
siguientes: porque no estaba inscrito el hijo biológico sino que estaba inscrito el hijo obtenido mediante una compra-venta abyecta de esta naturaleza. En el Registro Civil estaba escrita otra persona y no el hijo genético, y esto bastó en algunos
casos para el archivo de una causa o para una acción penal ejercida por una persona con legitimación para ello. En otros casos porque se banalizaba la comisión de este tipo de delitos, considerando que la no exposición a la madre de un niño
presuntamente muerto -que no estaba muerto porque luego era objeto de venta- era una práctica habitual, era una práctica tolerable, era lo que se hacía o formaba parte de las costumbres del momento, sin tener en consideración la existencia de un
legajo de abortos en el Registro Civil donde debía hacerse constar la circunstancia de la muerte, si es que realmente se había producido. Pero tampoco en el legajo de abortos se incorporaban estas muertes, cuando luego se procedía a transacciones
económicas



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tan abyectas como las que estamos describiendo. En otros casos, incluso, se han archivado porque dada la situación histórica de convivencia de un hijo obtenido ilegítimamente o ubicado en una unidad familiar ilegítimamente hacía que la
denuncia no fuera mantenida porque se descubría que su hijo biológico pertenecía a otra unidad familiar o que su padre y su madre eran otras personas diferentes. La renuncia de la denuncia, a pesar de que es un delito perseguible de oficio -como
usted bien comenta- y que la fiscalía debería haber mantenido la acción penal, provocaba el archivo de las diligencias.


Por lo tanto, en la instrucción dictada por el fiscal general del Estado, a instancias del ministro de Justicia, estableció que en todo caso a efectos del reproche penal de una práctica tan abyecta como esta, siempre debían incoarse
diligencias de forma individualizada, debía posibilitarse el acceso y las exhumaciones para el cotejo con los registros de ADN -sobre todo con el registro de ADN del Instituto Nacional de Toxicología o del ubicado en el Ministerio de Justicia para
usos de medicina forense- y debería tipificarse la conducta -pero no es un problema de lege ferenda, no hace falta reformar para esto el Código Penal, la acción del ministerio fiscal puede ser esta si el Ministerio de Justicia y el fiscal general de
Estado así se lo exigen a los fiscales- como detención ilegal de niños que es un delito permanente, es un delito continuado, se mantiene la ejecución del delito mientras dura la sustracción, mientras dura la detención y por lo tanto no se produce el
efecto de la prescripción, que es lo que ha provocado el archivo de muchas diligencias penales o muchos sumarios. Porque se ha tipificado mal esta figura delictiva, muchas veces no se ha tipificado como detención de bebés o sustracción de bebés,
sino como falsedad documental o delitos vinculados a la filiación. Son delitos con plazos de prescripción muy pequeños, de cinco años, que impedían por el hecho de la prescripción no perseguir esta figura delictiva que usted, con particular
oportunidad, ha calificado que merita que a estas personas se les considere víctimas. No sé si cuando usted pretende que se les considere víctimas...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que acabar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Cualquier persona que sufre la comisión de un delito es una víctima de ese delito. Me imagino que usted pretende incorporar a la condición de víctima alguna suerte de singularidad. Ya sería uno importante el
acceso automático al servicio de justicia gratuita, pero algo más. Aquí estamos hablando, como decía el señor Tardà, de algo muy parecido a crímenes de lesa humanidad o a crímenes de Estado, en tanto en cuanto yo no sé si durante la época
democrática o posdemocrática ocurría esto así y la trama solo continúa inercialmente, pero antes sí era una trama organizada y tolerada por las autoridades tanto judiciales como políticas, y las de la Iglesia católica. Aquí hay muchas personas
implicadas. Hemos sabido de la primera imputación en el derecho procesal español que yo he conocido, la de una monja, la famosa sor María. Hay muchas personas implicadas que siguen siendo custodios -el señor Baldoví ha explicado perfectamente una
de las dificultades con las que nos topamos a la hora de depurar responsabilidades- de documentos que no entregan, documentos que a veces obran en hospitales públicos, en hospitales concertados o en conventos, en lugares donde habitan órdenes
religiosas. Este requerimiento respecto a la obligatoriedad de proporcionar todos los documentos y quiénes son los custodios...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene usted que terminar.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En definitiva, señora Díez, usted ahora, nosotros antes, y esperemos que esto tenga un continuo, estamos realizando una reparación de naturaleza democrática. Esto no tendría que estar quizás, desde las previsiones
del señor Tardà, en la Ley de Memoria Histórica, pero casi. Estamos en el umbral, en una figura delictiva en el umbral. Es una figura delictiva que tendría que estar constituida por tipos delictivos de lesa humanidad y no prescriptibles. Ya nos
basta con lo que ha hecho el fiscal general del Estado, con considerarlo mediante la acción penal ejercida por la fiscalía como un delito de sustracción de bebés permanente, por tanto no prescriptible.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.


Por el grupo de Izquierda Unida, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.



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El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Mi primera reflexión es que cuando le cierras la puerta a la memoria y le pones un candado, los restos y los ecos de la memoria te entran por la ventana. Señorías, este caso de crimen contra la humanidad, transmutado al cabo de los años en
delito común de robo de bebés, es lo que nos trae aquí el Grupo Parlamentario de UPyD, que propone una serie de medidas que nosotros vamos a respaldar con alguna enmienda que hemos presentado y se nos ha aceptado en el texto de transición, pero
queremos hacer una reflexión como han hecho otros grupos parlamentarios.


El principal problema de la persecución del robo de bebés en nuestro país es el no reconocimiento del crimen contra la humanidad que significa este robo de bebés en la época franquista -en la instrucción del Juez Garzón, más de 30.000 casos-
y la prolongación de ese crimen en forma de delito común con una trama desde la época franquista hasta nuestros días. Ese es el principal problema, el no reconocimiento de la memoria y de la impunidad en este caso del crimen contra la humanidad del
franquismo. Pero además, como no se reconoce ese crimen, las instituciones no han tomado las medidas oportunas y, en consecuencia, en ningún momento el Ministerio de Justicia ni la fiscalía ni los jueces han considerado la posibilidad de una trama
y por tanto la acumulación de estos casos en un mismo ámbito, quizás también porque el juicio -digo mejor, el juicio inquisitorial- contra el juez Garzón fue un mensaje para navegantes, y era: ni se os ocurra, este tema es un tema individual, caso
a caso, y en ningún caso ni una trama ni un juicio que acumule el conjunto del robo de bebés en nuestro país, que comenzó en los años cuarenta y que se ha prolongado prácticamente hasta nuestros días. Por eso tenemos lo que tenemos. Decía alguien
que el problema es un error y lo demás son sus consecuencias. El error es la amnesia, el error es la impunidad y lo demás son consecuencias.


El Ministerio de Justicia, en ese ámbito de caso a caso, ha adoptado algunas medidas que nosotros le hemos reconocido y le hemos exigido: La creación de una oficina, la coordinación de los distintos ministerios y también una iniciativa por
parte de la fiscalía. Señorías, no nos digan que la fiscalía no es ejecutiva; cuando quiere lo es y el vínculo entre fiscalía y Gobierno, cuando quiere lo es. En los últimos tiempos hemos visto hechos clarísimos del carácter vertical e
inquebrantable de la Fiscalía General del Estado cuando se trata de defender determinados valores. En este caso también podría haberse hecho lo mismo, aunque por una causa mucho más noble. No ha sido así y el Gobierno ha adoptado una serie de
medidas que son, en nuestra opinión, a todas luces insatisfactorias. Producen insatisfacción a las víctimas, producen insatisfacción también por el cierre prácticamente de muchos de los casos y producen también insatisfacción a la ciudadanía, que
ve con alarma que esta cuestión y que estos delitos pasan con total impunidad. Por eso nosotros creemos que la iniciativa de UPyD es conveniente, que deben adoptarse nuevas iniciativas por parte del Gobierno, tales como requerimiento oficial,
colaboración con las comunidades autónomas, justicia gratuita, secciones especializadas en la fiscalía, una mayor atención a la base de datos... Todo eso nos parece imprescindible. Nos llama la atención que no pueda haber un consenso ni siquiera
en esta materia con respecto a la individualización caso a caso. Nos preocupa porque, digamos, la desmemoria la damos por descontada, así como la negación de la trama, pero que el acuerdo sobre cómo se deben abordar casos concretos sea cuestión
tabú nos parece muy alarmante y dice muy poco de nuestra justicia y de nuestra democracia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamares.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, desde Convergència i Unió compartimos, como no puede ser de otra manera, el objetivo planteado en la moción y que globalmente consiste en seguir avanzando, seguir buscando y adoptando medidas que permitan mejorar la eficacia en el
esclarecimiento de los hechos, en el conocimiento de la verdad de los lacerantes dramas que han vivido y viven todas aquellas personas o familias afectadas por lo que se conoce como el robo de bebés. Desde Convergència i Unión nos hemos acercado a
esta moción desde las siguientes consideraciones. La primera, y primordial, es seguir mostrando de nuevo nuestra comprensión y apoyo a los afectados, nuestra solidaridad con todas las personas y las familias cuyos hijos o hijas fueron robados, con
todos los que han padecido estos hechos gravísimos, ante los que mostramos nuestra indignación y enérgico rechazo. Siempre hemos defendido, y vamos a continuar haciéndolo, que debe llegarse hasta el final en el esclarecimiento de unos hechos que,
para vergüenza colectiva, han estado sucediendo hasta tiempos no muy lejanos. En un Estado democrático y de derecho no puede haber impunidad para conductas de esta naturaleza. No podemos aceptar que se tenga conocimiento de



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ello y se pueda pasar página sin investigar todo lo que sea posible y exigir responsabilidades a quien corresponda, sin mostrar solidaridad con los afectados y también reconocimiento a todos los colectivos y asociaciones que los representan
y que han sido determinantes en el avance de las políticas que se han ido adoptando y que se deben seguir adoptando. Esta sería nuestra primera consideración.


En segundo lugar, queremos poner en valor las actuaciones que se han hecho y se siguen haciendo. No sería justo no reconocer que tanto el Gobierno del Partido Socialista cuando se conocieron estos hechos, como el Gobierno del Partido
Popular han hecho y siguen haciendo actuaciones para facilitar la resolución de estos dolorosos temas. Quisiera especialmente resaltar el trabajo de la fiscalía, ya que la señora Díez en su interpelación fue especialmente crítica con la actuación
de la fiscalía en estos casos y creo que es de justicia también reconocer lo que se ha hecho bien cuando se ha hecho bien. En Cataluña -y voy a referirme a Barcelona, circunscripción por la que soy diputada- se está realizando en esta materia un
trabajo serio, ordenado, diligente y jurídicamente riguroso siguiendo las instrucciones de la circular de la Fiscalía General del Estado de diciembre del año 2012, y dando atención personal a las víctimas cuando presentan una denuncia en un trabajo
dirigido -y creo que es de justicia nombrarlo- por el fiscal don Miguel Ángel Aguilar, nombrado especialmente para estas investigaciones. Entre otras actuaciones, fue esta fiscalía la que ordenó la primera exhumación sin necesidad de actuación
judicial, así como fue también esta fiscalía la que con su recurso contra el archivo del juez instructor consiguió que la Audiencia reconociera que, al tratarse de un posible delito de detención ilegal, no prescribiera nunca y que por lo tanto se
reabrieran las investigaciones. Su decreto en las diligencias de investigación es realmente un modelo a seguir. Su actuación es sin duda una prueba de que, si se quiere, con los mecanismos actuales se puede hacer un magnífico trabajo.


Pero también somos conscientes de la dificultad de resolver muchos de los casos: unos porque no se quiere denunciar a los padres, otros porque a pesar de denunciar, no se pueden seguir las investigaciones por distintas razones.
Recientemente, en marzo pasado, la propia fiscalía de Barcelona hizo balance. De las 161 investigaciones que se han hecho desde que este caso se abrió en febrero del año 2011, 85 de ellas se han archivado a pesar de la diligencia del fiscal por
falta de pruebas; en unos casos las clínicas se han cerrado y seguir el rastro documental ha sido imposible por lo arcaico de los sistemas de archivo; en otros, los bebés habían sido inhumados en fosas comunes en las que era imposible discernir
cuáles eran los restos mortales que se buscaban; en otros, la mala conservación de los restos impide la extracción de ADN de los mismos y finalmente, en otros no se han encontrado irregularidades. No obstante, cuando tenemos noticias de que más
allá de las situaciones como las descritas, que no se pueden solucionar, hay otras en las que adoptar una serie de medidas sí ayudaría en las investigaciones en esa necesidad de conocer la verdad que les ha sido hurtada, estimamos -y entro con ello
en la última de mis consideraciones- que nuestra obligación es seguir adoptando medidas, instrumentos que puedan mejorar la eficacia en la resolución de estos casos. Se ha mencionado aquí perfilar el Código Penal, que puedan ser delitos de lesa
humanidad. En todo caso -lo hemos comentado con la señora Díez y ella ha hecho mención también en su intervención-, deberíamos perfilar el tipo para que no se pudiera calificar muchas veces como un tipo penal de falsedad documental en que la
prescripción es muy corta, puesto que comienza en el momento de realización del documento y sí se calificara de manera que la prescripción comenzara cuando se tiene conocimiento de los hechos. Hemos perfilado tipos como, por ejemplo, la mutilación
genital. La mutilación de un miembro era ya un delito, pero quisimos perfilarlo para que no hubiera lugar a dudas. Aquí también merece una actuación de este tipo, pero esto será materia de otra iniciativa. En esta mi grupo ha presentado enmiendas
intentando mejorar y redondear el texto, especialmente en dotar de recursos para poder agilizar la información, también impulsar la actuación de las comunidades autónomas desde el respeto competencial y finalmente, impulsar la creación de secciones
especializadas en la fiscalía para una mayor coordinación en la investigación de todos estos hechos. Otros grupos han presentado también enmiendas. Sabemos del trabajo de la proponente...


El señor PRESIDENTE: Señora Pigem, tiene usted que terminar.


La señora PIGEM I PALMÉS: Acabo, sí.


Sabemos del trabajo de la proponente para poder llegar a una redacción transaccional y estamos seguros de que desde la responsabilidad y la sensibilidad que esta Cámara ha tenido siempre para con estas dramáticas situaciones, vamos a ser
capaces de encontrar un texto que todos podamos votar.


Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Moya.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, hoy quisiera ser la voz de tantas personas, algunas de ellas de mi provincia, de Almería, que saben o sospechan que han sido víctimas de la arrogancia de grandes poderes, de la dictadura, de la iglesia, del dinero, en un contexto
de desigualdades que permitía estas injusticias. Víctimas de personas que actuaron con insensibilidad y nulo respeto a los mínimos valores humanos, no digo ya democráticos, manejando los hilos de la vida de las personas; madres, la mayoría pobres,
jóvenes y solteras, a las que por una circunstancia u otra le robaron su mayor tesoro: sus hijos; niños y niñas a quienes también han privado de su verdadera vida, su verdadera biografía, su verdadera identidad. En primer lugar, quiero manifestar
en nombre de mi grupo nuestra solidaridad con todas las personas afectadas, más de 300.000 según las asociaciones. En segundo lugar, quiero mostrar nuestro reconocimiento y admiración por la gran labor que están realizando las asociaciones de
personas afectadas. Sin duda, han conseguido sensibilizar a la sociedad y hacernos ver a todos el drama que están sufriendo. Intentan ahora que seamos conscientes de la importancia de luchar contra el tiempo y que reaccionemos para agilizar todas
las investigaciones. El tiempo pasa y algunas personas han fallecido, otras, que son ya muy mayores, no podrán colaborar para aclarar los hechos ni ver reconocido su anhelo de encontrar a su hijo o a su hija, o saber su verdadera identidad y su
biografía antes de morir. Somos conscientes de las dificultades porque carecen de documentación suficiente o la documentación que existe está falsificada. En ciertos casos, el centro médico en el que nació el bebé ha desaparecido o no tiene ningún
documento que certifique el nacimiento. En otros casos, la búsqueda de los restos biológicos resulta infructuosa, incluso carecen de constancia de su enterramiento.


El Partido Socialista ya expresó su total solidaridad con los afectados, tanto en la comparecencia celebrada en la Comisión de Justicia el 15 de marzo de 2011, en la que representantes de las personas afectadas expusieron los hechos y la
grave y penosa situación de aquellas personas a las que se les truncó la convivencia y la conciencia de pertenencia familiar a su familia de origen, como a través de los compromisos adquiridos con las asociaciones de afectados y las primeras
acciones del Gobierno, también en la pasada legislatura: se designó un coordinador en el seno del Ministerio de Justicia para mantener la relación y dar apoyo a la plataforma y demás asociaciones que integran a personas afectadas por el robo de
niños y niñas; se puso en marcha un programa específico en el Instituto Nacional de Toxicología para practicar las pruebas de ADN, en caso de que fueran requeridas por los jueces o fiscales encargados de la investigación de estos casos, y en tercer
lugar, se procuró la agilización de la búsqueda de información en el Registro Civil. En la actual legislatura reconocemos también que algunas medidas se han establecido, pero aún no es suficiente. No se están viendo resultados favorables. Por
eso, las asociaciones de personas afectadas insisten en sus demandas. El cauce adecuado para la investigación de los hechos es el que contempla y garantiza nuestra Constitución: la actuación de los fiscales y los tribunales de justicia con todos
los medios que el Estado de derecho pone o debe poner a su disposición.


Apoyamos esta moción de UPyD. Aunque no la compartamos en su totalidad, apoyamos a los afectados y por ello queremos ampliar el contenido de la moción. En ese sentido, hemos presentado una enmienda para instar al Gobierno a realizar una
mayor coordinación y seguimiento de las actuaciones y que participen también los representantes de las víctimas, para garantizar el acceso a los archivos públicos, para que sea designado un fiscal especial que coordine las investigaciones y para
evitar, en suma, que haya personas que por carecer de recursos no puedan acceder a los trámites, a practicar las pruebas o a realizar las actuaciones necesarias para ejercitar sus derechos y resolver sus casos. Distintos grupos parlamentarios hemos
presentado iniciativas para solicitar más apoyo y agilizar los trámites. Incluso el Partido Popular en el parlamento de Andalucía ha presentado una iniciativa en la que afirma literalmente: No puede entenderse ni admitirse que ahora, bajo
pretextos de todo tipo, se pongan obstáculos en la búsqueda de la verdad. Ya ha habido mucho sufrimiento como consecuencia de conductas exageradamente despiadadas. Así que no se entiende, una vez más, la descoordinación del discurso en el Grupo
Popular de Andalucía y en el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, ya que la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a la moción de UPyD devalúa, rebaja y, en definitiva, retrocede en un asunto que no admite ni un paso
atrás. (Aplausos). Estamos trabajando en una transaccional y esperamos que haya consenso. Hay asuntos en los que lo fundamental es unir fuerzas, fijar prioridades, y este es uno de ellos. Este Parlamento debe estar a la altura para intentar
paliar, dentro



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de lo posible, los efectos causados, y sólo se conseguirá si se les da participación a las víctimas, si se facilitan y agilizan los trámites y se mejora la coordinación.


Quiero terminar con una última reflexión. Cuando por la prensa leía algunas declaraciones -les citó entre comillas-: Había una chica joven, soltera y embarazada, que los padres no querían que se quedará con el niño; ella sí quería tenerlo
pero la amenazaron con desheredarla. Leyendo esto, no pude evitar pensar, ¿en la actualidad no se estarán tejiendo los hilos para volver a construir las redes de poder que abonan la pérdida de derechos de las mujeres y que incrementan las
desigualdades y permiten que la historia se repita? (Aplausos). Como refería Chopin, toda responsabilidad eludida se convertirá más tarde en un fantasma que perturbará nuestro reposo.


Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Moya.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Angulo Romero.


La señora ANGULO ROMERO: Con su venia presidente.


Señorías, la situación que hoy nos trae aquí sobre la sustracción de bebés recién nacidos es una de las situaciones más vergonzantes e injustas de la historia reciente de nuestro país y como tal debe encontrar el compromiso de todos los
poderes públicos de hacer lo posible para reparar el inmenso dolor causado a estas personas. En este drama social no servían ya las meras declaraciones de intenciones que se encontraron las víctimas por parte de otros Gobiernos. Era necesario
actuar con celeridad y por ello para este Gobierno no hubo ni la cortesía de los cien días. Poco después de su toma de posesión, el propio ministro se reunió con los afectados para ponerse de su lado, adquiriendo el compromiso de articular todos
los mecanismos que, dentro de los límites competenciales y presupuestarios, hicieran posible la investigación de estos hechos. Y así ha sido, señorías. Es difícil encontrar un asunto en el que en tan solo un año se haya hecho tanto, pero parece
que es conveniente recordarlo a la vista de lo dicho por algunos portavoces. Coordinado por el Ministerio de Justicia se creó un grupo de trabajo en el que participan varios ministerios, grupo que lleva, junto con los afectados, el seguimiento de
estos casos. La implicación interministerial es máxima: del Ministerio del Interior, para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúen de manera eficaz en la investigación de las denuncias; del Ministerio de Sanidad, que en colaboración con las
comunidades autónomas está gestionando el acceso a las historias clínicas de los afectados, cruzando los datos de sus nacimientos con aquellos que se encuentren en dicha historia; de la Fiscalía General del Estado, que ha unificado criterios y que
está manteniendo una implicación absoluta, habiendo optado por la calificación jurídica de este delito como de detención ilegal con carácter permanente, que es precisamente la que más favorece la posibilidad de una investigación efectiva para que
los jueces se pronuncien, además de tener órdenes todos los fiscales de agotar la investigación de las denuncias antes de fijar posición sobre posibles prescripciones. Señorías, si se han producido archivos judiciales no ha sido por deficiencias en
la estructura de la Fiscalía que exijan hoy cambios en la misma, sin perjuicio de que sea necesario seguir avanzando en esa coordinación. Se ha creado ya esa base de datos única que ustedes piden en su moción y se ha creado el fichero de perfiles
de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos, así como los modelos de solicitud para la inclusión en la base del Instituto Nacional de Toxicología. Se ha creado la Oficina de Atención a las Víctimas, que canaliza e impulsa la
elaboración de un expediente que pueda ser presentado como prueba en la vía judicial y a la que se puede acceder desde toda España, aunque tenga sede en Madrid. Nos sorprende, señora Díez, que sea precisamente usted la que pide que se extienda esa
oficina a todas las comunidades autónomas, cuando se están atendiendo bien todas las solicitudes y cuando además a esta oficina no se puede acceder solo desde cada territorio sino incluso desde cada casa a través de la página web o incluso desde las
comisarías de Policía y la Guardia Civil de toda España. No obstante, estamos dispuestos, y se podrá valorar llegado el caso, a articular con las comunidades autónomas medidas que apoyen el trabajo que desde esta oficina se viene realizando. Son
muchas las medidas adoptadas y no puedo detenerme por falta de tiempo, pero ya las explicó el ministro, como también explicó que la cualidad de víctima de estas personas está ya reconocida en nuestro Estado de derecho a todo el que haya sufrido
directa o indirectamente las consecuencias de un delito y que por ello tienen todos los derechos reconocidos a cualquier víctima, además de que con el estatuto de la víctima que prepara el ministerio se protegerá a todas las víctimas para que de una
vez por todas se piense también en sus derechos. Por lo tanto, pide usted hoy aquí lo que la ley ya tiene reconocido. Es más, a nuestro entender se queda corta, pues el Gobierno incluso va más allá con ese estatuto.



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En definitiva, señorías, el Gobierno ha actuado rápido y con mucho esfuerzo para ayudar a las víctimas de estos delitos tan duros, pero no pidan al Ejecutivo lo que ustedes saben que no es competencia del Ejecutivo sino de otros poderes
públicos. Nosotros queremos dejar claro que no hay ningún motivo para la desconfianza en la labor del Gobierno en este asunto, pero queremos seguir avanzando, y de ahí nuestra enmienda, en la que instamos al Gobierno a profundizar aún más en todas
las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y que recoge mucho de lo que ustedes hoy aquí piden, aunque algunos intenten ignorar todo lo avanzado. No queremos infundir pesimismo a las víctimas, como han hecho muchos portavoces hoy
en esta tribuna; nosotros les animamos a que continúen trabajando por sanar la herida tan grave que se les causó y, sobre todo, a obtener lo que ansía la mayoría: conocer su verdadera filiación, quiénes eran sus padres, dónde están sus hijos o sus
hermanos. Señora Díez, con nuestra enmienda nosotros también apelamos al consenso que ha habido en este tema y espero que podamos llegar a un acuerdo. Porque se trata de ayudar a estas personas, pero en el Grupo Popular queremos hacerlo huyendo de
la demagogia y de los debates oportunistas de algunos. El dolor de tanta gente no merece ese trato. (Aplausos). Nosotros queremos mandar un mensaje tranquilizador a las víctimas, porque hoy pueden estar seguras de que hay un Gobierno que está
dispuesto a ayudarlas a conocer la verdad, a hacer justicia y a facilitar el reencuentro entre los familiares. Hagámoslo entre todos pero, por favor, sin demagogias ni promesas vacías de contenido, sino con hechos, que es como realmente se ayuda a
estas personas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Angulo.


Señora Díez, hay una enmienda transaccional que supongo hará llegar a la Mesa.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, presidente. Como se votará mañana, espero que en unas horas estemos en disposición de hacerlo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Se suspende la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.