CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 118

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 112

celebrada el martes,

11 de junio de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:


- Del Parlamento de Andalucía, orgánica de delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 42-1, de 13 de enero de 2012. (Número de expediente 125/000008) ... (Página5)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 118-1, de 19 de abril de 2013. (Número de expediente 122/000100) ...
(Página19)


Proposiciones no de ley:


- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la pobreza infantil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 262, de 26 de abril de 2013. (Número de expediente 162/000616) ... (Página31)


- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la ampliación del plan de pago a proveedores, para el pago de las deudas pendientes con entidades del tercer sector. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
258, de 19 de abril de 2013. (Número de expediente 162/000607) ... (Página40)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:


- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas inmigrantes a las que se
niega incluso la asistencia sanitaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 285, de 7 de junio de 2013. (Número de expediente 173/000088) ... (Página49)

Página 2

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página58)


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página59)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)


Del Parlamento de Andalucía, orgánica de delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz en la Comunidad Autónoma de Andalucía ... href='#(Página5)'>(Página5)


En turno a favor intervienen el señor Castro Ramón, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía; el señor Jiménez Díaz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y la señora González Vigo,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular andaluz.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Barberà i Montserrat, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); las señoras Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Replica el señor Cantó García del Moral y duplica la señora Rodríguez Ramírez.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)


Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social ... (Página19)


En turno a favor interviene la señora Jiménez García-Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, Bosch i Pascual y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Lozano Domingo, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.

Página 3

Proposiciones no de ley ... (Página31)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, contra la pobreza infantil ... (Página31)


Defiende la proposición no de ley la señora Camarero Benítez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Pérez Hernández y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Lozano
Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Camarero Benítez.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la ampliación del plan de pago a proveedores, para el pago de las deudas pendientes con entidades del tercer sector ... (Página40)


Defiende la proposición no de ley el señor Campuzano i Canadés, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Jordà i Roura y el señor Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Soler Sicilia, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora Martínez Saiz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadés.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página49)


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas inmigrantes a las que se niega
incluso la asistencia sanitaria ... (Página49)


Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Cantó García del Moral, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene el señor Martínez Olmos.


Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página58)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de comunidades y ciudades autónomas del Parlamento de Andalucía, orgánica de delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren
íntegramente por territorio andaluz en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se rechaza por 142 votos a favor; 184 votos en contra más 1 voto telemático, 185 y 1 abstención.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página58)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social, se rechaza por 149 votos a favor; 178 en contra más 1
voto telemático, 179 y 2 abstenciones.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página58)


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la pobreza infantil, se aprueba por 178 votos a favor, 2 en contra y 149 abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la ampliación del plan de pago a proveedores, para el pago de las deudas pendientes con entidades del tercer sector, se aprueban
los apartados a), b) y c) por 327 a favor y 1 en contra y se rechazan los apartados d) y e) por 142 votos a favor y 184 en contra.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página59)


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas
inmigrantes a las que se niega incluso la asistencia sanitaria, se rechaza por 150 votos a favor; 177 en contra y 2 abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS.


- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ORGÁNICA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE LAS AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR QUE TRANSCURREN ÍNTEGRAMENTE POR TERRITORIO ANDALUZ EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. (Número de expediente
125/000008).


El señor PRESIDENTE: Punto primero del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Parlamento de Andalucía, de delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que
transcurren íntegramente por territorio andaluz en la Comunidad Autónoma de Andalucía.


Como es habitual, nos acompañan los tres representantes del Parlamento de Andalucía que integran la delegación que defenderá la proposición de ley, a quienes doy la más calurosa bienvenida en nombre de toda la Cámara. Para la presentación
de la iniciativa, tiene la palabra en primer lugar don José Antonio Castro Román, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Castro Román): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero decirles en primer lugar que es un honor intervenir en nombre de la Comunidad Autónoma de Andalucía en esta Cámara, para presentar y defender la proposición de ley orgánica sobre la delegación de competencias sobre las aguas
de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz. Supongo que conocerán ya el periplo seguido por esta legítima aspiración del pueblo andaluz. En 2007, con la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, se
establecían en su artículo 51 las competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurrían por nuestro territorio. En 2009 se hace efectivo el traspaso de funciones y servicios y posteriormente, como ya saben, en marzo
de 2011 recibimos la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nulo dicho artículo 51, lo que nos lleva a la ocasión, a la oportunidad prevista en el artículo 150.2 de la Constitución española para delegar a Andalucía las
competencias estatales, que es en lo que estamos hoy. Pero lo más relevante que le gustaría señalar al grupo al que represento, al de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, es que esta apuesta proviene de nuestro Estatuto de
Autonomía; un estatuto aprobado con el consenso de las tres fuerzas políticas presentes en el Parlamento que fue aprobado allí, en Andalucía, pero también aquí, en el Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, además de ser ratificado por
el pueblo andaluz en referéndum.


Esa es la fuerza moral y política de la propuesta que les presentamos esta tarde, señorías: el consenso, el acuerdo unánime en torno a la gestión del Guadalquivir por Andalucía. Por ello, a pesar de la citada sentencia del Tribunal
Constitucional y del respeto que nos produce la misma, no podemos sino reiterar el carácter netamente andaluz del Guadalquivir. La compañera que viene también por el Parlamento de Andalucía, Carolina González Vigo, dijo que el Guadalquivir es un
río andaluz, eso no lo discute nadie y bajo esa premisa conseguiremos en su día un gran consenso estatutario. Y es cierto, no se trata ya de recordar datos que supongo que también tendrán presentes, como que el 99,2 % de los usos del río
Guadalquivir se realizan en Andalucía, más del 96 % de la superficie de las acuíferos asociados a este río están en Andalucía y tenemos el cien por cien de la superficie protegida también en nuestra tierra así como el cien por cien del tronco del
río. También se trata de actividad económica, de cultura y formas de vida ribereñas asociadas al Guadalquivir desde hace siglos y siglos conformando y, lo más importante, vertebrando a nuestra tierra, a Andalucía, a sus gentes, su historia, su
economía y su cultura. Por lo tanto desde el respeto absoluto a la sentencia del Tribunal Constitucional y a los principios que establecía, pero preservando las aspiraciones y demandas del Estatuto de Autonomía para Andalucía, presentamos hoy una
fórmula solvente, pulcra, incontestable desde un punto de vista jurídico y político, desde un punto de vista técnico avalado por el Consejo Consultivo de Andalucía, que entendemos que además debe garantizar no solo esa legítima aspiración del pueblo
andaluz, sino también algo que tenemos muy presente en la defensa que hacemos hoy aquí, el modelo de gestión que tiene que garantizar la unidad de cuenca y de todas las masas de agua asociadas al Guadalquivir. Hacemos esta defensa basada en la
recuperación del buen estado ecológico de un río que presenta una realidad preocupante y en la que

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podemos decir sin rubor que todos los Gobiernos, de allí de Andalucía y también de aquí del Estado, han fracasado.


Izquierda Unida-Los Verdes cree que a través de la vía constitucional, del 150.2, podremos garantizar una gestión de proximidad donde por supuesto el Estado mantiene sus competencias y se establecen mecanismos de coordinación y participación
de todos los agentes y territorios concernidos para asegurar el principio de unidad de cuenca. Esa es la voluntad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, señorías: la aplicación rigurosa de la directiva marco del agua europea, la protección y el
uso sostenible del Guadalquivir implementando las medidas y objetivos de la directiva y los principios recogidos en la nueva cultura del agua para evitar su colapso ecológico; un colapso que hoy es un peligro que nos atenaza, el colapso ecológico
del estuario del Guadalquivir, amenazado hoy, por ejemplo, por un dragado que tendría consecuencias nefastas para el futuro de nuestro río y preservando sus masas asociadas, o a Doñana como área íntimamente ligada.


Termino, señorías, señor presidente. Es posible, es factible y sería beneficioso, sobre todo para las generaciones futuras cada vez que hablamos de un recurso básico vital como es el agua y también la capacidad del Guadalquivir, para seguir
vertebrando Andalucía. Cooperación, consenso, participación, sostenibilidad, es lo que creemos que se hace posible con la aprobación de esta iniciativa. Que hoy comencemos a lograrlo con el voto favorable de todos los grupos, de todos los
diputados y diputadas presentes en esta Cámara procedentes de Andalucía, por los grupos que consensuamos en Andalucía esta posición unitaria y por el resto de la Cámara. Por ello pedimos, en nombre de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el voto
afirmativo de todos y todas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castro.


Tiene ahora la palabra don Mario Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (Jiménez Díaz): Señor presidente, señorías, desde que los fenicios lo bautizaran como Baits hasta el Guadalquivir de los árabes pasando por el Betis de los romanos todas, absolutamente
todas las culturas, se han referido a él como el gran río del sur. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). En efecto, señorías, el Guadalquivir es el gran río del sur, el río de Andalucía. El Guadalquivir cohesiona todo un
mapa histórico, social, económico y emocional en Andalucía y vertebra todo el territorio de la comunidad autónoma en torno a su cauce. Señorías, el 99 % de los usos del río se realizan en Andalucía, el 96 % de la superficie de los acuíferos son
andaluces, el cien por cien de la superficie protegida está en nuestro territorio, el cien por cien del tronco del río es andaluz y el cien por cien de sus principales afluentes también están en nuestro territorio. Pero más importante que los
números y los porcentajes son los miles de andaluces y andaluzas que dependen de sus aguas, los miles de ciudadanos que viven y trabajan en el Guadalquivir, ya que gran parte de la estructura económica de nuestra región tiene este río como elemento
principal de desarrollo, especialmente la agricultura y el turismo, dos de los pilares del sistema productivo andaluz. Esta realidad responde en parte a que Andalucía ha sabido gestionar de manera eficiente y exitosa las aguas del Guadalquivir. En
los tres años en los que la Junta de Andalucía ha mantenido las competencias se ha logrado abastecer al cien por cien de la población, se ha alcanzado la cifra del 90 % de población con infraestructuras de depuración, se ha regularizado la situación
de 200.000 hectáreas y se han emitido cerca de 70.000 resoluciones, algunas esperaban respuesta hacía más de veinticinco años.


Señorías, la media de los asuntos resueltos por la Junta de Andalucía en estos tres años es superior en cien veces a lo realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en sus setenta y cinco años de historia. Esta gestión se
vio suspendida por la sentencia de 2011 del Tribunal Constitucional que devolvió las transferencias que Andalucía había recibido en virtud del artículo 51 de su estatuto. Un estatuto -recordemos- refrendado unánimemente por estas Cortes y por el
pueblo andaluz en referéndum que se celebró el 18 de febrero de 2007. Señorías, acatamos -como no puede ser de otra forma- dicha sentencia, pero no renunciamos a la aspiración legítima de gestionar las aguas que transcurren íntegramente por nuestro
territorio. No renunciamos, señorías, porque como hemos advertido el Guadalquivir es un elemento fundamental para nuestra economía y para nuestro desarrollo pero también un elemento plenamente identificado con Andalucía. Tanto es así que en
nuestra tierra el Guadalquivir es el río, sin más. A lo largo de su cauce encontrarán pueblos y ciudades como Villa del Río, Castro del Río, Palma del Río, Lora del Río, Coria del Río, porque en Andalucía el Guadalquivir no necesita ser nombrado,
es nuestro río con mayúsculas.

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De esa aspiración legítima sobre el Guadalquivir y del esfuerzo por desarrollarla en un marco jurídico lo más seguro posible nace la iniciativa legislativa que presentamos hoy y que se ampara en el artículo 150.2 de nuestra Constitución.
Por lo tanto, es una iniciativa con pleno encaje jurídico y constitucional, tal y como figura en el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Una iniciativa que cuenta además con el respaldo unánime de todos los grupos del Parlamento Andaluz,
un mandato de este Parlamento que ningún grupo político puede obviar sin caer en una enorme deslealtad hacia Andalucía y hacia nuestra autonomía. Y a la vez una iniciativa que se presenta con una pretensión clara de diálogo, de consenso, de
acuerdo, respetando estrictamente lo dictado por el Tribunal Constitucional. Así, esta proposición de ley -tal como se recoge en su texto- respeta escrupulosamente el principio de unidad de gestión, superando de esta forma uno de los grandes
escollos con los que nos hemos encontrado a la hora de gestionar las aguas del río Guadalquivir. Es, además, una iniciativa que como recoge en su artículo 4 apuesta claramente por la coordinación y la labor conjunta de las administraciones,
regulando todos los mecanismos que permitan un trabajo fluido y constante entre Estado y comunidades autónomas para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. La iniciativa legislativa que presentamos hoy es también un ejercicio de responsabilidad
y de honestidad con la actual situación económica. Andalucía se compromete, en virtud del artículo 7, a asumir todos, absolutamente todos los gastos derivados de la ejecución de sus funciones y servicios que por esta ley orgánica se le deleguen.
Es decir, Andalucía recibirá las competencias pero también asume los gastos, con lo que evita sobrecoste alguno a las arcas estatales. En definitiva, señorías, es una proposición de ley que tiene la virtud de cuadrar el círculo -si me permiten la
expresión-: respeta escrupulosamente la decisión del Tribunal Constitucional a la vez que da respuesta a la voluntad del pueblo andaluz, resolviendo además todas las cuestiones que hayan podido estar en litigio hasta ahora. Una iniciativa que
asegura una gestión del Guadalquivir más cercana, más eficiente y más adecuada a la realidad de nuestra tierra. Una gestión coherente con el mandato y el fundamento de nuestro Estatuto de Autonomía y con nuestro Estado autonómico, coherente con
unas autonomías con competencias reales y efectivas que resuelvan de verdad los problemas de la ciudadanía. Negar esta posibilidad a Andalucía sería negarle lo que le corresponde en justicia y en virtud de su capacidad de autogobierno; sería
decirle no a Andalucía. Nosotros no hemos construido en Andalucía nuestra autonomía contra nadie. Cada paso que ha dado Andalucía le ha servido además al conjunto del Estado para mejorar y profundizar el desarrollo de nuestro sistema autonómico.
Precisamente ahí reside la fuerza de Andalucía. Lo que nos caracteriza es el equilibrio y la moderación que siempre hemos mostrado en nuestras aspiraciones de autogobierno, porque entendemos que la igualdad debe ser el epicentro de las pretensiones
de cualquier territorio y esa defensa de la igualdad ha sido lo que ha guiado nuestra historia autonómica.


Termino. El pueblo andaluz solo pide lo que entiende que le corresponde, por ley y en justicia, y así de esta manera ha defendido siempre la voluntad de su pueblo, con firmeza, desde la democracia, con las urnas y con la ley en la mano.
Así defenderemos esta iniciativa y cuantas otras garanticen la autonomía de Andalucía, una tierra que más que ninguna otra ha crecido y se ha desarrollado al amparo del Estado autonómico. Por todo ello, señor presidente, señorías, solicito en
nombre de nuestra comunidad autónoma el apoyo de esta Cámara a la iniciativa que hoy presentamos, porque supone una garantía para nuestra tierra, para los andaluces y andaluzas, pero también para el resto de los ciudadanos aquí representados.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Jiménez Díaz.


Por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, doña Carolina González Vigo tiene la palabra.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO ANDALUZ (González Vigo): Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme que inicie mi intervención agradeciendo a mi grupo parlamentario el alto honor que me ha concedido al proponerme como ponente en esta iniciativa ante todos ustedes, lo que además asumo con una gran responsabilidad. (La
señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


No iba a iniciar así mi intervención pero, tras escuchar a los portavoces, señor Castro y señor Jiménez, permítanme que les recuerde a todos ustedes por qué estamos hoy aquí en el Congreso de los Diputados debatiendo sobre la gestión del
Guadalquivir. Estamos aquí porque alguien negó que el Guadalquivir era andaluz; un socialista, el presidente de Extremadura, señor Ibarra, que recurrió el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que fue ratificado por ustedes aquí y por el que
nosotros seguimos manteniendo nuestro más firme compromiso. Un estatuto contra el que ya falló el Tribunal Constitucional a raíz precisamente

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de ese recurso socialista. Señorías, hoy estamos aquí porque otro socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, recurrió el real decreto sobre el traspaso de funciones y servicios que el Tribunal Supremo anularía más tarde. Y estamos
aquí, señorías, porque dos socialistas más -el anterior presidente del Gobierno de España, señor Zapatero, y el presidente de la Junta de Andalucía, señor Griñán- no llegaron a ningún acuerdo sobre la gestión del Guadalquivir y, por tanto, la Junta
de Andalucía tuvo que devolver al Estado dichas competencias. En definitiva, señorías, estamos aquí porque, ante el fracaso de la negociación, los socialistas andaluces decidieron abrir una nueva vía para confrontar con el Gobierno de Rajoy,
forzando sin escrúpulos el marco legal en función de los intereses electorales y partidistas. (La señora Aguilar Rivero y la señora Valenciano Martínez-Orozco pronuncian palabras que no se perciben). Estos matices, que también se le han olvidado
al señor Jiménez, son las claves para entender por qué hoy estamos aquí, aunque a alguna diputada socialista, anterior ministra de Medio Ambiente, le moleste. Señorías, el Partido Popular de Andalucía afronta este debate con la tranquilidad y con
la seguridad que le otorga haber mantenido siempre el mismo discurso, desde el principio hasta el final, lo que nos permite posicionarnos en este momento con lealtad absoluta a Andalucía también en esta cuestión. Que el Guadalquivir es un río
eminentemente andaluz, cuya magnitud todos conocemos -lo han dicho los anteriores portavoces- es una realidad que solo discutían los socialistas, por tanto, entiendan que nosotros hoy aquí reivindiquemos el máximo competencial dentro de lo que
permita el marco constitucional. Por esto, que tenemos claro, permítanme también que les traslade algo que ha preocupado -si es que les interesa a ustedes, señorías de la bancada socialista- a usuarios, regantes, organizaciones conservacionistas,
agricultores, andaluces y, por supuesto, también a los diputados del Partido Popular que no era otra cosa que lo que se tenía que haber debatido en realidad, si se había gestionado bien o mal un recurso tan sensible y estratégico para Andalucía como
es el recurso del agua.


Señorías, durante los tres años de los que hacía mención el señor Jiménez, en los que el Gobierno de la Junta de Andalucía disfrutó en exclusiva de las competencias sobre el Guadalquivir, el debate real no era de titularidad o de
competencias, que ese debería haber sido el debate natural y normal; fue un auténtico problema porque fue un auténtico fracaso la gestión socialista al respecto. El problema, señorías, no era el titular de la competencia, sino que durante años
tuvimos que vivir con la incompetencia del titular. Lo ha comentado el señor Jiménez, el otro día en rueda de prensa hablaba de la miopía del Gobierno de Rajoy; hoy ha hablado de deslealtad. Permítanme que les diga que el mayor enemigo de la
autonomía andaluza ha sido, y es, la ceguera política y la incompetencia del Gobierno andaluz presidido por el señor Griñán -por cierto, no ha ganado ningunas elecciones- que ha demostrado ser el presidente más antiandaluz de todos. (Un señor
diputado: Muy bien.-Rumores). Señorías, esa ceguera que a veces también les hace ocultar algunos escándalos de corrupción en Andalucía, los ERE. (Continúan los rumores). Esa ceguera y esa incompetencia...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento, señora González.


Por favor, guarden silencio. Hemos escuchado con atención la intervención del resto de los miembros del Parlamento andaluz (Continúan los rumores.-La señora Pozuelo Meño: Que no provoque.-La señora González Veracruz pronuncia palabras que
no se perciben), sean ustedes capaces también de oír las discrepancias, que a veces no es malo. (Continúan los rumores).


Por favor, guarden silencio. (Rumores.-Aplausos). Guarden silencio, por favor.


Adelante, señora González.


La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA (González Vigo): Tan solo quería trasladar la preocupación que ha supuesto para todos los afectados de la gestión del agua en Andalucía, la mala gestión, que hizo la Junta de Andalucía
cuando tenía las competencias exclusivas del Guadalquivir; un mala gestión que además no tiene ningún sentido, porque perdimos una gran oportunidad desde Andalucía, una incompetencia del Gobierno andaluz, que con una marcada politización del agua,
con una gran arbitrariedad en las decisiones, con bicefalia en la gestión, supuso el momento de mayor inestabilidad e inseguridad jurídica de toda la gran historia del Guadalquivir. Durante los casi tres años que la Junta de Andalucía malgestionó
el Guadalquivir, señorías, recibió alrededor de 330 millones de euros, más de 94 expedientes, de los cuales devolvió la mitad al Gobierno de España. Como les parecía poco, lo ampliaron en 136 expedientes más, que también devolverían al Gobierno de
España sin gestionar. Al final el presidente Griñán le devolvió al presidente Zapatero, ambos socialistas, 185 contratos sin finalizar, todos ellos con una incierta situación económica y financiera; una inversión de 80 millones de euros pendientes
de ejecución y muchos de los proyectos con deudas pendientes de pago. Señorías, voy

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a ir terminando, porque lo que es inconcebible es que tras la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando se sabía que tenían que devolver las competencias al Gobierno de España, el Gobierno de la Junta de Andalucía reprogramó hasta 400
millones de euros de fondos europeos que iban a políticas de agua para destinarlos a otras políticas, que no se sabe muy bien ahora dónde están. Ese era el verdadero debate real, no era un problema del titular de la competencia, sino de la
incompetencia del titular.


Finalizo diciendo que el Partido Popular de Andalucía mantiene lo que siempre ha dicho, que el Guadalquivir es eminentemente andaluz y así lo sentimos. Hemos reclamado el máximo competencial y lo seguimos haciendo dentro del marco
constitucional, desde el consenso con los agentes implicados, pero velando siempre por el principio de la unidad de cuenca. Eso, señorías, nos llevó a abstenernos en algunos puntos, a votar en contra de otros puntos de parte del articulado de lo
que hoy se está debatiendo aquí. Esa fue nuestra posición en el Parlamento de Andalucía y ahora, en este momento, les corresponde a ustedes, señorías, señoras y señores diputados del Congreso, votar según la ley y los preceptos constitucionales.


Señorías, reitero que ha sido un honor intervenir ante todos ustedes y que ha sido una gran responsabilidad defender, en nombre del Partido Popular, nuestra tierra, Andalucía, que tengan muy claro que es la tierra también de todos ustedes.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora González.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Quiero saludar a los representantes del Parlamento andaluz e indicar que nuestro grupo está acostumbrado a observar y analizar proposiciones concordantes entre los representantes de las instituciones parlamentarias que proponen iniciativas
legislativas de esta naturaleza. No ha ocurrido así, señora presidenta. Siempre intervengo en este tipo de iniciativas desde la tribuna, y me ha parecido que la discordancia manifiesta no posibilita un posicionamiento de mi grupo de adhesión a la
proposición de ley en sus propios términos, para incrementar el autogobierno y recuperar parte de lo que el Estatuto de Andalucía, antes de la declaración de nulidad del artículo 51 del mismo, preveía en relación con la cuenca del río Guadalquivir.
Permítame la dureza de la expresión, señora presidenta, lo rayano a la falta de decoro, de argumentaciones no solo contradictorias sino de pura política doméstica en el ámbito de Andalucía, le provocan dudas conceptuales y reservas intelectuales
severas a mi grupo parlamentario.


Vamos a votar a favor solo por empatía y marginando o abstrayéndonos de la argumentación. No me parece el mejor procedimiento el que hemos observado esta tarde para presentar, defender y, en su caso, posicionarse sobre proposiciones
dimanantes de parlamentos autonómicos. Se lo digo así, señora presidenta, porque así lo siento y es la primera vez que esto ocurre y que hemos observado algo de estas características. Lo siento y me duele mucho también porque es un Parlamento por
el cual yo tengo empatías que usted conoce perfectamente. (El señor Matarí Sáez pronuncia palabras que no se perciben). Me gustaría que la reflexión del señor Matarí no costara en el 'Diario de Sesiones', señora presidenta. Dicho lo cual, señora
presidenta, vamos a votar favorablemente porque lo hacemos siempre con la voluntad mayoritaria de los parlamentos que presentan proposiciones, pero el argumentario en opinión de nuestro grupo, seguramente también del señor Matarí, deja mucho que
desear, mucho.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría, pero aquí no venimos a valorar la calidad de ninguno de los representantes de un parlamento autonómico elegido democráticamente. La opinión del PNV puede ser la que
considere oportuna, pero, insisto, aquí no venimos a echar la bronca a todos los diputados autonómicos de Andalucía. (Rumores).


En segundo lugar, tiene la palabra por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a ir por orden y, en primer lugar, responderé a algunas de las afirmaciones que han hecho los representantes del Parlamento andaluz. El primer portavoz, de Izquierda Unida, si no recuerdo mal, hablaba de las aguas que pasan por su
territorio, obviando aquello de que las aguas nunca son las mismas en determinados lugares del río; hablaba de aquí, de Andalucía, hablaba de allí, refiriéndose al Congreso, pero le faltaba otro tercer lugar, el Tribunal Constitucional, que ya
dictó sentencia y ya se opuso

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a lo que usted ha vuelto hoy a defender aquí; hablaba del carácter netamente andaluz de las aguas del Guadalquivir y, me va a disculpar, pero a un servidor casi se le escapa la risa si no fuera porque el tema es realmente serio como para
venirnos aquí con este tipo de folclorismo, y nos demuestra de nuevo que Izquierda Unida se pone el traje que haga falta, el nacionalista, como en el caso de Cataluña que ha pasado hace poquito, también se lo pone, y nos habla de los pueblos de la
ribera del río, como si los pueblos de la ribera del río no se pudieran defender desde aquí de la misma forma o incluso mejor que lo defienden ustedes desde allí.


Usted viene aquí a hablar del colapso ecológico. Ustedes, que no son capaces de defender y de arreglar el colapso económico, ¿quieren decirme a mí que van a poder con el colapso ecológico que, según ustedes, existe en el río? ¿Qué les
impide hacerlo? ¿Qué les impide hacer ahora ese tipo de políticas que podrían ayudar a que el río Guadalquivir estuviera realmente mejor de lo que está ahora? Usted nos da su palabra. ¿Su palabra? ¿Qué valor tiene la palabra de Izquierda Unida
en Andalucía? ¿La misma palabra que usted dio a los andaluces de cambiar, por ejemplo, la ley electoral, y no lo cumplen, no obligan aquí al Partido Socialista a que lo haga? (Rumores). ¿Ese es el valor de su palabra, la que nos da aquí a todos?
(Protestas).


Luego viene el representante socialista...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cantó, un segundo. Señor Cantó, yo le rogaría que hablara del río Guadalquivir. En cuanto a las valoraciones personales sobre los diputados autonómicos de Andalucía, que no tienen
derecho a réplica, yo le rogaría que fuera usted tal vez un punto más generoso.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora presidenta, con todos mis respetos, yo tengo que responder a las valoraciones y a las cosas que han dicho aquí los representantes del Parlamento andaluz, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo.
(Rumores).


Ahora me gustaría empezar a responder a lo que ha dicho el representante socialista, que empieza a desgranarnos la larguísima historia del río Guadalquivir, río Guadalquivir que, por cierto, ha podido sobrevivir sin que ustedes tengan la
competencia durante todos estos siglos. ¿Usted se atreve a decirnos aquí que va a ser la gestión de esa competencia suya una garantía de que va a estar el río en un perfecto estado de salud? ¿Ustedes son ejemplo de buena gestión? ¿El PSOE andaluz
de los ERE, etcétera, viene aquí a ejemplarizar la buena gestión? (Rumores). Usted no tiene por qué decirme a mí que va a defender mejor que yo los derechos de los andaluces; a los andaluces nosotros desde aquí les defenderemos de la misma forma
cuando las comunidades autónomas vecinas quieran arrogarse competencias en materia de medio ambiente que obviamente también van a afectar a los andaluces, yo puedo defender aquí a los andaluces, y lo hacemos a diario, de la misma forma que lo hace
usted desde allí.


Me alegra, de verdad, ver por fin a un parlamentario del Partido Popular defender que se asuman algunas competencias, porque en el fondo es algo de lo que usted ha hablado. Lástima que de nuevo lo vuelvan a hacer desde la oposición, desde
la oposición andaluza, porque cada vez que nosotros venimos aquí a pedirle al Partido Popular que asuma de nuevo algunas competencias, tenemos que escuchar de todo y nos lo niegan. La representante del Partido Popular andaluz debería recordar que
está aquí, en el Parlamento español, en Madrid, y que, por lo tanto, nos debe explicar qué ganan o pierden todos los españoles, incluidos también los andaluces, con lo que ustedes están trayendo, defendiendo o atacando desde aquí. Ese es el
discurso que me hubiese gustado oír.


Y ahora voy al discurso, a lo que nosotros defendemos. Evidentemente, nuestro voto será en contra. ¿Por qué? Ya presentamos en su día una PNL en la que pedíamos que esta competencia, como muchas otras, fuera devuelta al Estado, fuera
devuelta por las comunidades autónomas. Esta proposición de ley orgánica es de nuevo un intento de la Junta de Andalucía para obtener competencias de gestión sobre el río Guadalquivir, el recorrido aquí -y en eso he de reconocer que la señora del
Partido Popular del Parlamento andaluz tenía razón- ha sido cuando menos curioso. Hay que recordar que trocearon ustedes el río en el Estatuto de Autonomía de 2007, con la ayuda del real decreto del año 2008, consiguieron unas competencias que
vienen aquí a pedirnos de nuevo, pero, es cierto, las perdieron con un recurso de inconstitucionalidad que presentaron sus compañeros socialistas extremeños y que ganaron en 2011. Hoy nos lo piden aquí de nuevo, le ponen una palabra nueva, hablan
de delegar competencias, pero en realidad lo que están diciendo es que vuelva esa transferencia del ejercicio de una competencia que es exclusiva del Estado.

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Repito nuestras razones, y las desgrano rápidamente. En primer lugar, porque, afortunadamente, es el Estado el que tiene la competencia exclusiva sobre legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando
las aguas discurran por más de una comunidad autónoma. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En segundo lugar, porque así lo ha considerado necesario y no interpretativo la sentencia del Tribunal Constitucional, que anuló el artículo 51 de
su Estatuto de Autonomía que transgredía ese principio. En tercer lugar, porque se debe garantizar el principio de unidad de gestión de cuenca y eso es imposible de conseguir si su gestión se reparte entre distintas administraciones. En cuarto
lugar, porque el agua de una misma cuenca o demarcación hidrográfica está interrelacionada, señorías, y su gestión afecta a todo el ámbito, de modo que una mala gestión o una extracción ilegal de una parte del río afecta a todo. En quinto lugar,
porque la única forma de garantizar la unidad de gestión es bajo una sola administración, y al ser un río que pasa por diferentes comunidades autónomas esa administración ha de ser del Estado. Y en sexto lugar, porque la gestión de aquellos ríos,
que sí les compete, señorías, es un desastre; sin estructura, sin organización consolidada, sin dirección, sin liderazgos, sin recursos, sin medios, sin eficacia, sin seguridad, sin control; es un abandono y una desorganización creciente e
irresponsable, todo lo cual nosotros preferimos que siga sin contagiar al resto de las administraciones del Estado.


Ustedes vinieron aquí pidiendo competencias, y nosotros negamos esa posibilidad por varias razones. De hecho, si pudiéramos -y lo repetimos aquí casi a diario, lo hemos dicho ya muchas veces- pediríamos que se asumieran algunas más, como
sanidad y educación, por eficacia. En primer lugar, aunque no en la posición más importante, porque ustedes -permítanme que se lo diga una vez más- son un ejemplo de mala gestión, pero sobre todo, señorías, por igualdad, por ese derecho
fundamental, señores socialistas, al que parece que ustedes han olvidado.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cantó.


Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, diputados del Parlamento de Andalucía, en primer lugar quiero mostrar mi solidaridad sincera con doña Carolina González por el papel que ha tenido que representar hoy aquí, porque realmente es difícil lo que hoy ha tenido que
tratar de explicar. Es un papel que ella ha asumido pensando que un buen ataque es la mejor defensa, pero es un papel que realmente no le correspondía. Hoy aquí no ha actuado como representante del Parlamento andaluz, hoy aquí ha actuado como
portavoz del Grupo Popular. Además, ha actuado contradiciendo lo que ayer mismo declaraba su secretario general en Andalucía, ya que ayer el señor Sanz decía que hoy aquí el Grupo Popular votaría a favor de lo que usted iba a defender; lástima que
no le funcionara el Whatsapp ni el teléfono móvil y que no se haya enterado de que el Partido Popular ya había decidido en ese momento votar en contra. (Rumores). Por lo tanto, repito, mi más sincera solidaridad porque hoy aquí seguramente usted
habrá adquirido algún punto dentro de su propio partido y, sin embargo, lo habrá perdido de cara a Andalucía.


Señorías, lo que hoy aquí discutimos tiene dos elementos. Un primer elemento es de respeto a la autonomía andaluza. Hoy aquí nos viene un acuerdo del Parlamento andaluz por unanimidad, más allá de que se diga que se ha votado o se ha
abstenido en algún que otro artículo; hoy aquí se nos trae un acuerdo por unanimidad del Parlamento andaluz, y ese es el concepto de autonomía que defiende nuestro grupo. Es un concepto de respeto a lo que se ha decidido en el Parlamento de
Andalucía -repito una vez más- por unanimidad de los grupos allí presentes. No es casualidad que se alcanzara esa unanimidad, no fue fácil que se alcanzase ese acuerdo; para ello hubo que trabajar en el acuerdo desde una óptica. Primero, desde la
legalidad; el primer elemento que había que cumplir era este, el de la legalidad. Por eso se pidió un informe al Consejo consultivo, el cual fue favorable, porque no se viene a enmendar al Tribunal Constitucional, se viene a aceptar lo que el
Tribunal Constitucional dijo; por ello se escoge una vía 150.2, que es la que permite la delegación de competencias. Ese es el acuerdo que se adopta en el Parlamento de Andalucía. Por eso el segundo elemento que nos trae es que es plenamente
legal. A partir de ahí, si hay unanimidad y si hay legalidad, estamos ante un tema meramente político, de lo que ustedes, señores del Grupo Popular, entienden por gestión de la autonomía andaluza o por gestión de las competencias de la Junta de
Andalucía. Eso es lo que aquí hoy se discute, no la legalidad constitucional, sino lo que ustedes desde el Partido Popular pueden entender hacia Andalucía. Ustedes lo pueden entender como un instrumento más en su rifirrafe político. Y no es
verdad que el Partido Popular siempre haya dicho lo mismo.

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Recuerdo en esta misma tribuna un debate con doña Teófila Martínez, porque ya en aquel momento el Partido Popular, en campaña del año 2000, había defendido el traspaso de competencias del Estado hacia la Junta de Andalucía. Casualmente,
cuando el Partido Popular ganó las elecciones del año 2000, cambiaron de opinión y negaron esa posibilidad. Primer cambio del Partido Popular desde la oposición al Gobierno. Por tanto, esta es ya la segunda vez que el Partido Popular le dice que
no al Guadalquivir en Andalucía. Es la segunda vez que el Partido Popular cambia de opinión una vez que llega al Gobierno, y ese es el segundo elemento. Señores del Partido Popular, permítanme que con bastante indignación se lo diga, porque no
estamos hablando de un hecho casual; no es un hecho marginal, es un hecho muy importante lo que hoy aquí estamos viviendo y vamos a vivir. Ustedes no solamente no van a decir que no a una cuestión que entendemos que es justa y positiva para
Andalucía, ustedes le van a decir que no al estatuto, a la autonomía de Andalucía. Ustedes se sitúan con la UCD cuando dijeron que no a la autonomía de Andalucía. Ustedes se sitúan frente a lo que el pueblo andaluz decidió en su estatuto, que este
Parlamento aprobó y que el propio Parlamento de Andalucía aprobó. Eso es lo que hoy aquí el Partido Popular está trasladando: en primer lugar, un no a los andaluces, a las andaluzas, a la autonomía de Andalucía y, en segundo lugar, también hoy
aquí le están diciendo que no a su propio partido en Andalucía. Hoy ustedes están diciendo al señor Sanz -no sé si al señor Zoido que está callado, que es un mero delegado de su partido en Andalucía- que lo que él dice no vale ni diez minutos. Eso
también es grave, porque es importante que en Andalucía los partidos, sean del lado que sean, también tengan capacidad para decidir sobre lo que en Andalucía se puede o no hacer.


Nuestro grupo va a votar a favor por coherencia política, porque no entendemos que se pueda votar una cosa en Andalucía y otra cosa diferente en Madrid, pero también porque es la mejor forma de gestionar. Efectivamente, hemos sido críticos
con la gestión del Guadalquivir en otra etapa; hemos estado criticando cómo se gestionaba el Guadalquivir, pero son las formas, no es lo que cuestiona el fondo. Entendemos que el Guadalquivir es un río andaluz que debe ser gestionado desde
Andalucía y son los andaluces y las andaluzas con su voto los que deciden quiénes lo gestionarán, y haremos todo lo posible para que nuestro modo de gestión sea el que triunfe en las urnas. Pero esa forma no puede ocultar el fondo, que es lo que
ustedes hoy aquí rechazan, porque ni siquiera admiten a trámite, para luego debatir, enmendar o mejorar esta proposición. Ustedes hoy le dan con la puerta en las narices a un acuerdo del Parlamento de Andalucía. La gestión en manos andaluzas es
mejor, porque es la base del autogobierno, es la base que decide que la cercanía es la que mejor puede gestionar cualquier forma de actuación, eso sí, manteniendo la unidad de cuenca.


No nos den lecciones a nosotros de ese tema, no nos den lecciones de lo que es la nueva cultura del agua, ustedes que acaban de aprobar una nueva Ley de Costas y que han hecho barbaridades en cuanto al medio ambiente. No nos den lecciones,
por tanto, ese camino no lo exploren, porque a quien en realidad están ustedes oponiéndose no es ni más ni menos que a un concepto de autogobierno que ustedes tienen y que ya les costó trabajo en su día, y que hoy aquí claramente evidencia que
ustedes entraron por la puerta falsa en el estatuto de autonomía, que entraron por una cuestión meramente táctica y a última hora para evitar aquella foto, que ya les recordaba, de Lauren Postigo con el no al estatuto de autonomía en su época. Pero
no se lo creían y evidencia que no se creen la autonomía de Andalucía, ni en Andalucía ni aquí. No sé qué van a pensar sus diputados y diputadas en Andalucía la próxima vez que voten algo, sabiendo que en Madrid les pueden corregir la plana muy
bien. No sé qué van a pensar los ciudadanos en Andalucía cuando voten al Partido Popular, sabiendo que lo que voten en Andalucía no vale para nada a sus dirigentes de Madrid. Por eso, repito que nuestro grupo va a votar que sí por coherencia,
además muy convencidos de que es la mejor postura para Andalucía, pero sobre todo en estos momentos lo hacemos por un concepto de ética política, porque no es bueno confundir a los ciudadanos en Andalucía tampoco, y ustedes los están confundiendo en
este momento.


Yo tenía preparada una intervención que nos hubiese servido a todos y a todas para poner en realce el valor de Andalucía, el valor de nuestra autonomía, de nuestro estatuto, independientemente de donde cada uno pueda estar situado en la
geometría política, pero hoy ustedes han hecho un flaco favor a ese discurso. Hoy aquí están haciendo un flaco favor a la autonomía andaluza. Ustedes han provocado que hoy aquí aparezca el Parlamento andaluz dividido cuando no lo estaba en
Andalucía; han provocado que hoy aquí aparezcamos los andaluces sin capacidad de intervenir en el Estado. Esa responsabilidad que ustedes asumen, no se preocupen, ya se la demandó un día el pueblo andaluz y se la seguirá demandando siempre que
ustedes le dan la espalda a Andalucía. Porque hoy ustedes no votan en contra

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de Izquierda Unida, no votan en contra de la Junta de Andalucía; votan en contra de Andalucía, de su Parlamento y de su autonomía.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.


Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero dar la bienvenida a los parlamentarios andaluces. Repasando el trámite histórico de este proyecto de ley orgánica que nos propone para su toma en consideración el Parlamento de Andalucía, nos sorprendió el apoyo favorable
del Partido Popular andaluz a la iniciativa en el Parlamento autonómico, cuando estamos en esta Cámara cohabitando en muchos ámbitos con una política recentralizadora de este Gobierno estatal en muchos temas importantes. También sucede en la
política de aguas y a veces con cambios pequeños, pero para nosotros muy significativos que aprovechamos hoy para repetir por lo significativos que son para nosotros, como cambiar la denominación de cuencas intercomunitarias por cuencas gestionadas
por la Administración General del Estado, cuando la gestión de una cuenca intercomunitaria no está únicamente reservada al Estado.


Según se ha desarrollado el debate -por cierto, muy curioso- parece ser que el espíritu recentralizador del Partido Popular va a desestimar la iniciativa y va a ir contra lo votado por el Partido Popular andaluz, aunque hoy ambos coinciden
en justificar su recentralización por la mala gestión de las comunidades autónomas, lo que confirma la imposición de un modelo ideológico pues solo es una excusa. Algún portavoz que me ha precedido lo ha descrito más claramente: Recentralización,
recuperar competencias es el objetivo del Estado. Pues bien, la coherencia es un valor que se demuestra tener con las actuaciones y los hechos. Nada más por nuestra parte en referencia a los antecedentes de la proposición de ley y al debate
anterior.


Debatimos si llevar a trámite la iniciativa que permite la delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz en la Comunidad de Andalucía. La sentencia ante el
recurso de inconstitucionalidad ya mencionada por los portavoces anteriores, presentada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, declaró inconstitucional y nulo el artículo 51 que cedía al Gobierno andaluz la casi totalidad de las
competencias del Estado en materia de aguas sobre la cuenca andaluza del Guadalquivir. Esta proposición de ley orgánica continúa buscando el mismo objetivo: la cesión de la gestión al Gobierno andaluz.


Como grupo parlamentario catalán nos posicionaremos favorablemente por dos motivos: aceptar a trámite una propuesta que avanza en el modelo descentralizador del Estado, pues saben ustedes que creemos firmemente en la gestión y
territorialización de las competencias; y por ser presentada por un Parlamento elegido democráticamente y que ha aprobado la propuesta mayoritariamente consiguiendo, allí, unir en objetivo a Gobierno y oposición.


Sabemos de la singularidad de cualquier decisión en materia de aguas, y el debate lo ha demostrado. La importancia del recurso en el ámbito ecológico, imprescindible para el desarrollo sostenible de cualquier territorio vinculado
geográficamente al río y sus características como motor económico para el territorio, no facilitan las decisiones, pero la iniciativa contempla propuestas de traspasos muy ambiciosas, con un contenido amplísimo delegando la casi totalidad de las
competencias exclusivas del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Contempla, señorías, esquemáticamente y a título indicativo para resaltar su ambición, la concesión de recursos hídricos; el registro de aguas, incluidos los datos de las
concesiones; el catálogo de aguas privadas; el censo de vertidos autorizados; las autorizaciones de vertidos; las autorizaciones de uso en las riberas; las sanciones; la policía de aguas y ribera, etcétera. Es una amplia delegación que no
rompe ni el principio de unidad de cuenca ni de gestión, que quedan salvaguardadas por la planificación hidrológica, competencia del Estado. La Comunidad Autónoma de Cataluña, en cuencas intercomunitarias, participa en la planificación y la gestión
y nos regimos allí también por un real decreto del año 1985 de traspasos Estado-Generalitat en materia hidráulica y por el Estatuto de Autonomía. Creemos que durante su tramitación será necesario -o mejor dicho, sería necesario porque no creemos
que se tramite- aclarar algún aspecto muy técnico en referencia a la ubicación de alguna competencia en materia de vertidos, pues las dudas de a qué ámbito pertenecen respecto a la sostenibilidad del medio ambiente podrían aportar lagunas y
dificultades en la gestión posterior.


Por lo antes expuesto -repetimos-, nuestro voto será favorable para su toma en consideración y, si el Partido Popular es coherente, debatiremos con mucho gusto esta amplia y extensa delegación de las

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competencias ejecutivas del Estado, con relación a las aguas de la cuenca del Guadalquivir, que transcurre por territorio andaluz, con el espíritu de que sea de aplicación también a otros territorios con aspiraciones a recibir más
competencias estatales y avanzar siempre en el autogobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barberà.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Ramírez.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señor presidente, señorías, es para mí un honor subir a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista con relación a la proposición de ley orgánica que hoy debatimos a iniciativa del Parlamento de
Andalucía. Dicha iniciativa fue aprobada de manera unánime y tiene como propósito articular mediante ley la delegación de competencias para la comunidad sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio
andaluz. Quiero darles la bienvenida a esta casa, que también es la suya, a los representantes de los grupos políticos con presencia en el Parlamento andaluz, a su presidente y a quienes desde la tribuna asisten a este debate a cuya solución han
dedicado no pocas horas y esfuerzos desde el Gobierno andaluz en la anterior y en la actual legislatura.


Desde el Grupo Socialista vamos a apoyar esta iniciativa, de la misma manera que hemos apoyado siempre desde el origen las aspiraciones de autogobierno de Andalucía, un apoyo que mi grupo ha brindado no solo con ocasión de la aprobación del
vigente Estatuto en 2007, sino desde los esfuerzos que culminaron con la consecución de la autonomía andaluza con la ratificación del Estatuto del año 1981. Este debate es la continuidad de una aspiración que se plasmó en el Estatuto de 2007 cuando
se sumaron -esta vez sí- otros grupos políticos que lo respaldaron en Andalucía y también en este Parlamento. Creo necesario a tenor de alguna de las intervenciones anteriores -no sé si como preludio de alguna que queda por venir- subrayar esa
doble unanimidad que hasta ahora al menos ha venido avalando este debate que celebramos hoy.


Señor Cantó, su intervención ya ni sorprende, pero no ofende quien quiere sino quien puede y usted para poder tendría que entender antes muchas otras cosas, qué es ser diputado o qué es la igualdad, por ejemplo. (Aplausos.-Un señor
diputado: ¡Bravo!).


Hay un dato que no por obvio voy a eludir, entre otras cosas porque forma parte de la realidad objetiva y tangible de un debate como el de hoy un tanto complejo, que tiene que ver con la gestión del agua y con la distribución competencial.
El Guadalquivir, como ya se ha dicho, nace y muere en Andalucía a la que atraviesa desde el Parque Natural de Cazorla en Jaén para terminar desembocando en Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, en un recorrido de este a oeste que baña en mayor o en menor
medida todas -las ocho- las provincias andaluzas.


Me voy a saltar los aspectos cualitativos a los que ya se han referido, para remitirme a la frialdad de las cifras. Los 51.900 kilómetros cuadrados de la cuenca del Guadalquivir constituyen el 59,2 % de la superficie de Andalucía, en la que
residen más de 4 millones de andaluces, es decir, más de la mitad de la población de la comunidad entre 198 municipios que se asientan en su cuenca. La contundencia de los datos habla por sí sola, sin que ello pueda servir para suplantar otros
aspectos a los que me referiré luego, ni en modo alguno ser excluyente de otras realidades que forman parte del Guadalquivir y tienen que ser también consideradas. Por tanto, señorías, estamos ante un debate que ni fue ni es fruto de un capricho
político, sino que ha sido avalado por el Estado a través de las Cortes Generales y que vuelve a ella porque esa realidad física lo justifica plenamente. Esta es la materia sobre la que Andalucía reclama mayor capacidad en la toma de decisiones que
afectan a la política hidráulica, pero, sobre todo, a la vida de una comunidad.


Señorías, la discusión competencial sobre el tema del agua ha adquirido una mayor relevancia en nuestro país desde que en el año 2006 se iniciara una nueva fase de reformas estatutarias. De todos los debates planteados sobre este tema, solo
dos se han centrado en torno a las aguas supracomunitarias, en este y en el de Castilla y León, con el Duero que también tiene una configuración especial con más del 90 % de su cuenca en esa comunidad. También dijo el Tribunal Constitucional que se
extralimitó en este caso por arrogarse competencias exclusivas del Estado, las legislativas.


Los antecedentes de esta proposición ya son conocidos. Pese a las cautelas de la previsión del artículo 51 del Estatuto, el Tribunal Constitucional declaró nulo su contenido y ello dio lugar a la reversión de las transferencias realizadas a
Andalucía sobre la cuenca, que se habían hecho en virtud de un real decreto basado en ese artículo 51 que también devino nulo. Pues bien, hoy no venimos aquí a reproducir

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la reflexión ni a contraponer, unos y otros, los razonamientos que recoge la sentencia del Constitucional, tampoco es algo que corresponda sustanciar a esta Cámara ni mucho menos en este momento. Eso es algo que ya ha resuelto, y de manera
definitiva, quien tenía que hacerlo.


Señorías, mi grupo entiende que la sentencia demuestra que quien recurrió tenía razón. Lo que aquí abordamos hoy es un debate de índole política, no jurídica, porque lo que motiva esta proposición es una nueva decisión política que puede y
debe tener -eso sí- correspondiente encaje legal. Los efectos plenos de esta sentencia se alcanzan con la anulación del artículo 51, pero esto no convierte la sentencia del Constitucional en un punto final que acabe con la legítima aspiración de
una comunidad que además es posible satisfacer en el marco de la Constitución. Pero la sentencia tampoco es un punto y seguido; es un punto y aparte. Otra cosa es que de manera interesada haya quien quiera utilizar la sentencia como excusa para
no apoyar esta proposición, pero, señorías, el tribunal juzgó lo que juzgó y lo que no hizo fue prejuzgar una fórmula que no existía entonces y que cuando se ha construido ha sido desde el pleno respeto a la doctrina del Constitucional.


La vía del artículo 150.2 como instrumento para aumentar el marco competencial establecido en los estatutos es una posibilidad que la propia Constitución consagra y que no es la primera vez que se utiliza, que ha sido tenida en cuenta por la
doctrina del Constitucional en varias sentencias y que incluso la sentencia que anula el artículo 51 apunta como una opción abierta. El reproche que provocó la anulación del artículo 51 era que daba lugar a la fragmentación de la unidad de gestión
de una cuenca intercomunitaria; una unidad que se viene defendiendo como criterio finalista en tanto en cuanto garantiza el mandato constitucional que concierne a la ordenación y gestión de los recursos hídricos que debe atenerse al artículo 45.2,
que exige una utilización racional de los recursos naturales. Aunque el Constitucional ha admitido que este principio puede satisfacerse también mediante otras interpretaciones posibles de las reglas de distribución de la competencia, entiende que
dicha unidad de cuenca garantiza una gestión homogénea del agua en casos de cuenca intercomunitaria.


Pues bien, esa exigencia queda a salvo con la fórmula que se plantea hoy aquí, porque lo que se somete a consideración de esta Cámara -y es algo fundamental- es una ley orgánica de delegación de competencias, no una ley orgánica de
transferencia de competencias a otra administración, que fue la fórmula que utilizó el Estatuto andaluz. Ello significa que la titularidad de las competencias sigue estando residenciada en toda su extensión en el Estado, con pleno reconocimiento de
que le corresponden en exclusiva, y también, y muy importante, que se actúa bajo el control de la Administración que delega. Pero, además, el Estado se reserva en este caso -y queda fuera de la delegación- aquellas potestades que son indelegables,
entre otras, las que tienen que ver con el régimen jurídico y la planificación de la cuenca. Por tanto, estamos ante una fórmula sustancialmente diferente, mucho más restrictiva que la del artículo 51, aun cuando traslada a la comunidad importantes
funciones ejecutivas de carácter material, técnico o de servicios sobre la parte andaluza del Guadalquivir. Señorías, el Constitucional reconoce que la unidad de cuenca no es incompatible con la participación de las comunidades autónomas en su
gestión e incluso en alguna sentencia reciente ha llegado a desligar la unidad de cuenca del principio de gestor único, y ese es el margen que pide Andalucía y que reclama para sí, que a nuestro juicio tiene justificación en el fondo pero también en
la forma.


Como hay quien ha querido mezclar el debate de las competencias con la valoración de cómo se han gestionado estas, quiero señalar dos cosas. Primero, que no procede aquí ese debate, salvo que se quiera eludir el tema de fondo. Hoy tampoco
tocaba, señora González Vigo, descalificar a la bancada socialista; lo que tocaba era dar explicaciones a los andaluces de qué va a salir como resultado de este Congreso. Hoy tampoco debatimos el cómo, señor Cantó, sino el qué; no el modelo de
gestión del agua de este Gobierno andaluz, sino qué es lo que va a poder gestionar este Gobierno y cualquier otro Gobierno andaluz en el futuro, e incluso algún otro Gobierno autonómico. Pero, probablemente -y lo comprobaremos al final de la
sesión-, para algunos esa sea la única intervención posible, porque no son capaces de argumentar el no a lo que antes dieron un sí, más aún cuando hacían ostentación de que esto no llegaría a ningún sitio. Quienes nunca confiaron en que este debate
llegara hasta aquí hoy tienen la oportunidad de salir de este Pleno, señorías, no con un hasta aquí hemos llegado, sino con la oportunidad de apoyar a esta delegación y hacer posible a partir de ahí que se abra el trámite como ley, a la que cada
grupo sume o reste lo que le parezca.


En cuanto a confrontar modelos de gestión del agua, es posible y hasta saludable en democracia, y desde luego el PSOE puede perfectamente confrontar su modelo con el PP. El suyo es el de un ministerio que aprueba un plan hidrológico para el
Guadalquivir o para el Ebro sin contar con el criterio del Gobierno

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autonómico. Es un modelo que convierte el agua en mercancía, aprobando un plan hidrológico en Andalucía que desprecia los acuerdos de un Gobierno andaluz que había significado mayores logros en ahorro y eficiencia del agua, que discrimina a
unos regantes y a otros sin criterios confesables, o que prescinde de un informe preceptivo como el del Consejo de Participación de Doñana, que alerta sobre la supervivencia de ese espacio en virtud de ese plan hidrológico. El nuestro es el de una
nueva cultura del agua que ha permitido durante la gestión de la cuenca andaluza más de un 30 % sobre los consumos históricos de regadío, algo que desde luego no es baladí.


Señorías, una vez que se atiende de manera impecable a lo que exige el ordenamiento constitucional, que queda a salvo el principio de solidaridad interterritorial y la regulación que garantiza la igualdad de todos los españoles, entendemos
que no solo es procedente, sino necesario buscar la manera de resolver problemas de articulación de intereses en torno al agua que discurre por más de una comunidad. No parece lógico que no se extraiga ninguna consecuencia de orden competencial,
sobre todo en los casos en que las cuencas de un río no se reparten de manera similar por las comunidades autónomas. Yo les pregunto: ¿puede una comunidad no estar en la Comisión de Desembalses cuando tiene el 99,30 % de la capacidad de embalse
del río en su cuenca? ¿Puede ser igual la gestión de la comunidad que tiene el 90 % de esa cuenca en su territorio que la del resto? Señorías, la unidad de cuenca persigue una administración equilibrada de los recursos que la integran, pero aquí
más bien estamos ante un desequilibrio. No hay que confundir unidad con uniformidad porque el criterio se vuelve desproporcionado y hasta lesivo. Si no se prevén soluciones razonables a la regla general llevaremos al extremo y al absurdo un cliché
válido quizá para el primer tercio del siglo pasado, cuando nacieron las confederaciones hidrográficas, pero no para hoy.


Señorías, a mí no me sorprendería -aunque entiendo que haya quien sí se sorprenda- que hoy el partido mayoritario vote que no a esta proposición. Si finalmente hoy aquí se rompe la unanimidad, si finalmente aquí algunos hoy vuelven a las
andadas comprobaremos que el consenso no era tal, sino que era un engaño. Señorías, había quien incluso votando a favor de este debate decía que era una farsa; quizá cuando voten descubrimos a qué se referían. Yo quiero creer que era real, quiero
creer y quiero apelar hoy al consenso que dio lugar a este debate. Quiero pedirle al Partido Popular que no rompa la unanimidad, que abrió un camino que merecía la pena abrir, porque desde ese mismo consenso se puede abrir otro camino distinto del
anterior, más estrecho incluso, pero que permite aunque en menor medida avanzar en una aspiración a la que este Congreso dijo que sí. Ahora, señores del Partido Popular, es cuando hay que demostrar el compromiso con el río andaluz.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Concluyo, señor presidente. Siempre hemos entendido, y el tiempo nos ha dado la razón, que lo que era bueno para Andalucía era bueno para España, y por eso y porque creemos que es razonada y razonable vamos a
apoyar esta iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.


Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.


Señorías, quiero en primer lugar dar la bienvenida a los diputados del Parlamento andaluz que hoy nos acompañan en el debate de esa proposición de ley orgánica de delegación de competencias.


Señorías, se ha dicho aquí que el río Guadalquivir es un río fundamentalmente andaluz, con una importantísima incidencia en su territorio, y ello es evidente. La participación de Andalucía en la cuenca del Guadalquivir es del 90,22 % frente
al 7,13 de Castilla-La Mancha, el 2,45 de Extremadura y el 0,20 de Murcia. Por tanto es también evidente que la cuenca del Guadalquivir transcurre por varias comunidades autónomas, es decir, es una cuenca intercomunitaria. ¿Qué dice la
Constitución española de las cuencas intercomunitarias? Artículo 149.1.22: El Estado tiene la competencia exclusiva sobre legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una
comunidad autónoma. ¿Y qué dice la Constitución española sobre la delegación de competencias? Artículo 150.2: El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de
titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

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Permítanme, señorías, que a partir de ahí repasemos brevemente lo acontecido. 1 de noviembre de 2008: el Gobierno presidido por el señor Zapatero aprueba un real decreto sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración General
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a la cuenca del Guadalquivir. La transferencia entra en vigor el 1 de enero de 2009; a continuación la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con un Gobierno socialista, recurre al Tribunal Constitucional contra el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Marzo de 2011: se producen dos sentencias del Tribunal Constitucional -dos, señorías; aquí solamente se ha
nombrado una-. La primera sentencia, 30/2011, anula el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que otorga a la comunidad autónoma la gestión exclusiva del Guadalquivir, al entender que se rompe la unidad de cuenca de un río que
atraviesa varias comunidades autónomas, y se vulnera el artículo 149.1.22 de la Constitución. Segunda sentencia -a la que nadie se ha referido- la 32/2011, al día siguiente: recaída en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto también por
Extremadura contra el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que atribuía a esta comunidad determinadas competencias sobre el Duero. Anula dicho precepto estatutario, pero además -atiendan, señorías- se pronuncia negativamente
-la sentencia del Constitucional- sobre la utilización del artículo 150.2 -en el que se sustenta la propuesta que hoy debatimos- cuando suponga una fragmentación de la gestión de las aguas intercomunitarias de cada curso fluvial y sus afluentes,
para que no se vulnere el principio de unidad de cuenca.


Es en este marco en el que se debe analizar la proposición de ley orgánica presentada por el Parlamento de Andalucía, en la que la delegación que se propone tendría prácticamente el mismo alcance que el derivado del anulado artículo 51 del
Estatuto de Autonomía. En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Popular rechaza la propuesta, que reputamos de inconstitucional, en atención a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional antes mencionados. Es decir es el Tribunal
Constitucional quien dice que no ha lugar con esta proposición de ley.


Dicho esto, señorías, permítanme una breve reseña de lo acontecido tras la sentencia del Constitucional. El Gobierno presidido por el señor Zapatero y el Gobierno de la Junta de Andalucía presidido por el señor Griñán inician frenéticamente
la búsqueda de una solución intermedia que permita a la Junta de Andalucía seguir gestionando lo que la sentencia del Constitucional le ha negado. El 7 de abril de 2011, un mes escaso después de la sentencia, el Gobierno del señor Zapatero y el
Gobierno de la Junta de Andalucía firman un convenio de colaboración por el que se encomienda a ésta la gestión en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas del Guadalquivir que discurren por el territorio de la
comunidad, por un plazo de seis meses más una prórroga de quince días, que dilata la encomienda hasta el 21 de octubre, para evitar por un lado el limbo jurídico, cumplir la sentencia del Constitucional, y cubrir las aspiraciones de la Junta de
Andalucía. Junio de 2011 -y voy en orden cronológico-: el Tribunal Supremo emite dos sentencias que anulan el decreto de transferencias. Siguen las reuniones Gobierno-Junta de Andalucía y se acuerda que Andalucía mantenga alguna competencia sobre
el Guadalquivir. Y así, el 26 de agosto de 2011 -estamos ya en precampaña electoral, señorías- se aprueba un real decreto en el que se establece que corresponden a las comunidades autónomas que lo tengan previsto en sus estatutos, y dentro de su
ámbito territorial, las facultades de policía de dominio público hidráulico. Paralelamente a todo ello el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía manifiesta, el 6 de septiembre de 2011 -seguimos en precampaña electoral- el acuerdo favorable a
la tramitación por el procedimiento de urgencia de la proposición de ley orgánica que hoy debatimos, sobre la que como he dicho ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado. Finalmente, sin poder alcanzar ningún acuerdo el Gobierno del señor
Zapatero y el Gobierno del señor Griñán, el 22 de octubre de 2011 se publica en el Boletín Oficial del Estado el real decreto por el que en ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional se integran en la Administración General del Estado los
medios materiales y personales traspasados a la Junta de Andalucía.


Señorías, ¿qué es lo que ha ocurrido en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el periodo comprendido entre enero de 2009 y octubre de 2011, periodo en el que ostenta las competencias del Guadalquivir? Se lo voy a resumir brevemente. Se
puso en marcha un proceso de transferencias sin un plan serio, sin definir medios de financiación, sin estructuras definidas, y la Agencia Andaluza del Agua -que recibe las competencias- inicia el traslado de personal de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir a esa agencia andaluza; cambio de sede de la agencia andaluza, traslado de expedientes, proceso lento y costoso para integrar al personal de la confederación en la Junta de Andalucía. Al no estar prevista ni
planificada la asignación de funciones brilla por su ausencia. Se crean delegaciones provinciales

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que dependen de la Consejería de Medio Ambiente, otras que dependen de la Agencia Andaluza del Agua, y no es que la Comunidad Autónoma de Andalucía gestione el Guadalquivir, es que cada provincia con visión miope y localista quiere gestionar
el tramo del río que discurre por ella. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de nuevo vuelta a empezar: personal, instalaciones, expedientes, obras en marcha -muy pocas- y obras en proyecto vuelven de nuevo a pasar de la Junta de
Andalucía al Estado en 2011. Durante estos años, señorías, los dirigentes de la Junta de Andalucía han consumido más energía en estructurar y desestructurar organismos, en asumir y devolver competencias y colocar a sus amigos que en trabajar por el
ciudadano y mejorar la gestión de la política hidráulica.


Señorías, en palabras recientes del vicesecretario general del Partido Socialista de Andalucía la delegación de funciones que solicita la proposición de ley que hoy debatimos tiene como objetivo optimizar los recursos y gestionarlos de una
manera eficaz y cercana. La verdad es que el objetivo que anuncia nos parece muy bien, pero, ¿con qué se ha encontrado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir al volver las competencias al Estado? ¿Se han optimizado los recursos, señorías?
¿Se han gestionado de manera eficaz? Parece evidente que no, las aguas han vuelto, los fondos y las infraestructuras no. Me explico, señorías. Como ya ha indicado la portavoz popular en el Parlamento de Andalucía durante los casi tres años en que
la Junta de Andalucía gestionó el Guadalquivir recibió unos 330 millones de euros procedentes de la Dirección General del Agua y de cánones y tarifas que debía recaudar. ¿Y qué ha devuelto la Junta de Andalucía? Ha devuelto retrasadas a la
confederación el 48 % de las actuaciones que entregó el Estado. Además contrató 136 expedientes de actuaciones nuevas que han sido traspasadas a la confederación. La confederación hereda por ello 185 contratos sin finalizar, la mayor parte de
ellos con una incierta situación económica y administrativa, y que suponen una inversión superior a 80 millones de euros pendientes de ejecución, muchos de ellos con deudas pendientes, modificaciones de obras no reconocidas, deudas con los
contratistas y retrasos clamorosos en las adjudicaciones. Esto es lo que ha recibido la Administración General del Estado de la Junta de Andalucía. ¿Señorías, creen ustedes que esto es optimizar los recursos? ¿Creen que es una gestión eficaz?
Evidentemente parece que no.


Pero sigamos, señorías. Gestión de los fondos Feder. Tras el traspaso de competencias del Guadalquivir a la Junta de Andalucía esta recibe 451,15 millones de euros de fondos Feder para destinarlos a actuaciones hidráulicas y
medioambientales, lo que se denomina el Eje 3. Después de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a la Junta de Andalucía a devolver al Estado los medios materiales y humanos hay una reprogramación de estos fondos, con el
objetivo clarísimo de que los pueda seguir manejando la Junta de Andalucía, y los fondos dejan de pertenecer al Eje 3, que es estructuras hidráulicas y medioambientales. En definitiva, señorías, con los 330 millones del Estado y los 450 millones de
fondos Feder la Junta de Andalucía tuvo a su disposición 781,15 millones de euros para infraestructuras hidráulicas y medioambientales que evidentemente no aprovechó. Hablar por tanto de optimizar los recursos y de gestión eficaz desde la Junta de
Andalucía supone realmente un insulto para los andaluces. Su modelo de gestión durante los tres años que la Junta de Andalucía ostentó las competencias de gestión del Guadalquivir, señorías socialistas, ha sido un modelo politizado, ha carecido de
objetividad, de transparencia, de eficacia, de austeridad, y han primado los intereses de partido y los intereses localistas por encima de los intereses de los andaluces, y a la postre de todos los españoles. Creo, señorías, que a día de hoy lo que
interesa a los ciudadanos no es un debate de quién tiene o no las competencias, sino un debate de cómo debe ser una gestión adecuada de los recursos.


Como diputada por Córdoba en la anterior legislatura conozco y sigo los problemas de Andalucía, que a día de hoy, señorías, no son las competencias del Guadalquivir. Les recuerdo, señorías, que Andalucía ostenta el récord de paro en España,
el récord de desempleo juvenil, bajos índices de nivel educativo comparados con el resto de Europa y de España, ineficacia en la ejecución de sus políticas, abundancia de gasto público y de empresas públicas ineficientes.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que termine.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente. Y corrupción institucional, como estamos viendo en el caso de los ERE fraudulentos. Estos son, señorías, los auténticos problemas de Andalucía. Solo desde la deslealtad institucional,
ustedes, señorías socialistas, se empeñan en alentar debates estériles para ocultar su incompetencia.


Termino, señorías, y ahí dejo una pregunta en el aire para que conste en el 'Diario de Sesiones': ¿qué pretenden ustedes trayendo a esta Cámara para su debate una propuesta sobre la que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado
negativamente? (Un señor diputado: Pregúnteselo a su partido).

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¿Qué victimismo quieren aparentar después de haber sido ustedes, los socialistas, los que dejaron a España al borde de la quiebra? Afortunadamente los españoles votaron mayoritariamente el 20 de noviembre del año 2011, hace escasamente año
y medio, al Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que acabar.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente. Y el Gobierno presidido por Mariano Rajoy está reconduciendo la situación para sacar a España de la crisis, generar confianza, actividad económica y crear empleo. Estos son los
verdaderos problemas que tiene España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara. (El señor Cantó García del Moral pide la palabra). Señor Cantó, el debate sobre la cuenca del Guadalquivir está terminado. Ahora bien, si usted cree que se le ha hecho alguna alusión
personal, tiene usted dos minutos para ese punto.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Lo creo. Gracias, señor presidente.


Señora diputada socialista, con todo el respeto que usted no me ha mostrado querría recordarle simplemente que sé lo que es ser un diputado. La legitimidad me la dan los votos, no comulgar o no con las ideas de su partido. Esa
responsabilidad me impide, entre otras cosas, aceptar que ustedes decidan qué o cuándo debo callar y qué debo decir o no. Si el Partido Socialista quiere traer aquí alguna propuesta que incluya un examen para decidir aristocráticamente qué cosas
deben o no cumplir las personas para poder ser diputados, que traiga aquí esa propuesta y nosotros votaremos en contra.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó. (La señora Rodríguez Ramírez pide la palabra). Señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señor Cantó, para pedir respeto hay que mostrar respeto a esos diputados que tienen la misma legitimidad que usted, a un Parlamento de Andalucía que representa al pueblo andaluz, le guste a usted lo que ha
salido como resultado de las elecciones andaluzas o no, y tiene usted que respetar también, antes de pedir respeto, el mandato que unánimemente trae la Cámara andaluza. Así que menos lecciones y un poquito más de humildad. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DE UN FONDO DE EMERGENCIA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 122/000100).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social.


Para presentar esta iniciativa tiene la palabra doña Trinidad Jiménez. (Rumores). Un momento, señoría. Ruego que salgan en silencio quienes quieran abandonar el escaño. Y deseo despedir a los diputados del Parlamento de Andalucía. Ha
sido muy grato para todos nosotros tenerles aquí y escucharles. Por favor, los que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan con rapidez.


Ya puede comenzar, señoría.


La señora JIMÉNEZ GARCÍA-HERRERA: Muchas gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Señorías, no es la primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate a esta Cámara la dramática situación de cada vez más personas y familias que viven en una situación de pobreza en nuestro país; lo hacemos y lo vamos a
seguir haciendo porque tenemos la obligación, como representantes de la ciudadanía, de dar una respuesta a la grave situación con la que nos encontramos cada día. Todos conocemos las cifras, no las voy a repetir, solo voy a decir que son cifras
sencillamente escalofriantes, absolutamente intolerables para un país como España, que se encuentra entre las principales economías del mundo, absolutamente indignas de una sociedad que se considera moderna y avanzada como la

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nuestra. Son cifras inadmisibles desde cualquier punto de vista, y deberían hacernos reaccionar porque es nuestra obligación, la obligación de todas las fuerzas políticas con representación en esta Cámara abordar este debate, pero sobre
todo ofrecer soluciones, aunque sean coyunturales, aunque no tengan la pretensión de erradicar la pobreza en nuestro país, pero que al menos ayuden a paliar la situación de aquellos a los que ya no les queda nada. No concibo la política de otra
manera, señorías, ni podemos hacer un debate de meras intenciones, ni tratar de quitarnos la responsabilidad de encima haciendo referencia a la ya tan consabida herencia. Debemos comprometernos y ser capaces de ofrecer soluciones desde la política,
no solo para evitar que la fractura social que la crisis ya ha originado sea cada día mayor, sino también y sobre todo para avanzar y proponer políticas encaminadas a reducir las desigualdades y lograr un país más cohesionado.


La pregunta que todos deberíamos hacernos ya hoy es cómo vamos a luchar contra la pobreza, que existe y está presente en nuestra sociedad y afecta a muchísimas familias, porque este es uno de los mayores retos que tenemos por delante como
país. ¿Cómo se lucha contra la pobreza, señorías? Sin duda es imprescindible -todos los sabemos- volver a crecer; sin duda es imprescindible volver a generar empleo, pero el crecimiento económico por sí solo no beneficia automáticamente a las
personas con menos recursos, ni siquiera reduce las desigualdades. Lamentablemente eso ya lo sabemos. Es necesario volver a crecer y a generar empleo, pero solo si se produce inversión social lograremos reducir la pobreza, señorías. ¿A qué nos
referimos cuando hablamos de inversión social? A garantizar que se mantenga un gasto público en torno al 50 % del PIB que permita hacer frente a una educación, a una sanidad y a una política social dignas y de calidad, así como asegurar el pago de
las pensiones y prestaciones por desempleo, pero es que ahora ni siquiera mantenemos el 50 %, que es lo que hacen los países de nuestro entorno, ahora no llegamos apenas al 45 % de nuestro PIB.


Inversión social en todo caso, señorías, no significa gastar más, sobre todo ahora con las actuales limitaciones presupuestarias, pero sí significa gastar mejor, es decir, no se trata tan solo del cuánto, sino del cómo gastamos para ser más
eficientes. Se trata también de definir prioridades para ser más eficaces. Se trata, señorías, en primer lugar, de invertir en la infancia, primero porque España se encuentra entre los países con mayor índice de pobreza infantil, y segundo, porque
existe una sólida evidencia académica que demuestra que la intervención temprana y la prevención son esenciales para combatir la pobreza. Invertir en los niños y en los jóvenes también es especialmente eficaz para romper el ciclo intergeneracional
de la pobreza y de la exclusión social, y para mejor las oportunidades de las personas posteriormente a lo largo de su vida. Es verdad que desde el mes de abril tenemos el II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, pero tenemos que
ser mucho más ágiles y sobre todo mucho más activos en la puesta en marcha de las medidas, principalmente en dos áreas de atención especialmente preocupantes según el último informe de Unicef -no lo dice el Partido Socialista, lo dice Unicef-:
tenemos que invertir en bienestar material y en educación.


En segundo lugar, también debemos mejorar las estrategias de inclusión activa, es decir, invertir en la capacitación de las personas para mejorar las oportunidades de integrarse en la sociedad y en el mercado laboral, pero también garantizar
una renta adecuada o suficiente, así como el apoyo de esos servicios públicos de calidad que tienen que seguir siendo la sanidad, la educación, el empleo y los servicios sociales. Y precisamente esta semana en el Parlamento Europeo se está
debatiendo una resolución sobre el paquete de inversión social para el crecimiento y la cohesión propuesta por la Comisión. Porque este debate, señorías, también está en Europa, no solamente en esta Cámara. Esta preocupación también está en las
famosas recomendaciones que nos hace el Consejo en el programa nacional de reformas. En 2012 Bruselas reclamó al Gobierno -y leo textualmente- tomar medidas específicas -y subrayo específicas- para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del
apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables. Pues bien, señorías, ¿qué ha hecho el Gobierno con esa recomendación que le hizo Bruselas? ¿Alguien puede enumerar alguna medida específica y concreta para combatir la
pobreza que haya adoptado el Gobierno? Lamentablemente, y digo lamentablemente, este Gobierno no ha hecho absolutamente nada para luchar contra la pobreza, pero ni siquiera para seguir las recomendaciones que nos hace Bruselas. Eso sí, para
recortar han sido alumnos bastante bien aplicados. Recortar y recortar indiscriminadamente, sin querer darse cuenta de que cada vez son más los ciudadanos que estamos dejando atrás, sin querer darse cuenta de que esos recortes empobrecen aún más a
los españoles y también, por qué no decirlo, asfixian nuestra economía.


Este año, ya hace unos días, Bruselas vuelve a tirar de las orejas al Gobierno y señala que no se han conseguido avances ni se han adoptado medidas políticas para la inclusión activa y la reducción de la

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pobreza, y tampoco -señala Bruselas- medidas para hacer frente a la pobreza infantil. El Gobierno anuncia un plan nacional de acción para la inclusión social, pero a pesar de la situación, de las dramáticas cifras de pobreza en España, su
aprobación sigue retrasándose y no tenemos ninguna información sobre el contenido ni sobre el calendario, pero tampoco sobre su dotación económica.


Señorías, el Grupo Socialista trae a debate esta proposición de ley con un primer gran objetivo: situar la lucha contra la pobreza en el centro de la agenda política y de nuestras prioridades. Por tanto vencer la pobreza ha de ser una gran
causa colectiva, una causa en la que todos deberíamos implicarnos, fuerzas políticas, instituciones y agentes sociales. Creo que vencer la pobreza debe ser una causa de país. Señorías, en segundo lugar, consideramos que es preciso tomar decisiones
de manera urgente, decisiones urgentes que surtan efectos inmediatos, y por ello proponemos la creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social. Ya sabemos que hay que tomar otro tipo de medidas de carácter estructural y
crear empleo, pero ahora la situación es de emergencia, un fondo que está destinado a potenciar los servicios públicos a los que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener información y atención social y laboral, a garantizar las rentas
mínimas de inserción autonómica, a reforzar los mecanismos de atención directa, un fondo para ayudar a las personas, a las familias en riesgo, que se apoyaría en las políticas que llevan a cabo las comunidades autónomas que tienen la competencia
atribuida, los ayuntamientos que tienen la competencia atribuida, que son las competentes en el ámbito social y donde desde luego queremos dar un papel relevante a todos los agentes sociales que componen la plataforma del tercer sector; un fondo
extraordinario para una situación de emergencia, es verdad, pero se trata, señorías, de una iniciativa que queremos que sea un punto de partida para abordar conjuntamente, entre todos, lo que ya tiene que ser una verdadera estrategia de lucha contra
la pobreza. Y vuelvo a repetirlo, vencer la pobreza debe ser una causa de país. La inversión social es fundamental si queremos salir de la crisis más fuertes, más cohesionados y más competitivos. España es un gran país que está pasando un mal
momento y saldremos de la crisis, no me cabe la menor duda, pero tenemos que salir de la crisis todos juntos, no dejando a la gente tirada en el camino. Por tanto, es urgente y absolutamente prioritario que seamos capaces entre todos de rescatar al
mayor número de personas posible, combatir la pobreza y acabar con la exclusión social. No nos amparemos en ningún tipo de herencia, no nos amparemos en decisiones que se tomaron en el pasado. Actuemos con rigor y con fortaleza en el futuro,
porque así nos lo reclaman los ciudadanos de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jiménez.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, en primer lugar tiene la palabra el señor Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.


Anuncio en nombre de los nacionalistas canarios que vamos a apoyar esta proposición de ley sobre la creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social, que creemos además que tiene una línea acertada, lo cuantifica,
coloca 1.000 millones de euros, a distribuir entre comunidades autónomas, corporaciones locales y ONG afectadas por la materia, es decir una exigencia que es válida en todos los ámbitos institucionales, que es precisamente la posición que venimos
tratando de defender en todos los ámbitos institucionales donde tenemos presencia. Es importante destacar esto porque creo que a lo mejor hoy podríamos inaugurar una etapa en que las distintas fuerzas políticas mantuviesen la misma posición en los
distintos ámbitos institucionales. A lo mejor se podría llegar a la conclusión de que hoy, por ejemplo, el Partido Popular estuviese a favor de esto.


Sin embargo, cuando se aborda este tipo de cuestiones es necesario recordar siempre lo mismo. El origen de la pobreza severa y la exclusión social que empieza a afectar a capas cada vez mayores de la sociedad, afectando claramente a las
clases medias en posiciones muchas veces sin retorno, está en el incremento brutal del paro como consecuencia de una crisis económica que está siendo abordada con políticas equivocadas, políticas económicas y políticas sociales que tienden a lo
siguiente: mientras más dificultades pasa la mayor parte de la población, menos prestaciones, menos servicios, menos prestación social por parte del Estado y, en consecuencia, es como meter un montón de cosas en una lavadora que explotan. Esta es
una política insostenible y por lo tanto creemos que está bien hacer referencia a este tema. Por cierto, la cantidad de 1.000 millones de euros coincide, en la que sería su hipotética distribución territorial, con lo que habíamos estimado en Nueva
Canarias precisamente en una propuesta similar en el Parlamento canario.

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Haciendo referencia a mi libro, porque lamentablemente tenemos un libro en el que somos los primeros, los primeros en todos los indicadores negativos, en Canarias, último estudio de Bancaja: tanto por ciento de pobres, índice de pobreza
económica, índice de pobreza humana, triplicando prácticamente la media del Estado español; la única comunidad en la que ha crecido el paro registrado también en el mes de mayo; la comunidad en la que se ha perdido un mayor número de afiliados a
la Seguridad Social -esto es completamente dramático; la destrucción de empleo es la que genera precisamente marginalidad y un problema gravísimo de cara al futuro-; y en el porcentaje de personas que no reciben ninguna prestación, un 45 % frente
a un 41,8 en la media del Estado.


Confirmamos por lo tanto que vamos a apoyar esta proposición de ley y confiamos que esta vez todas las fuerzas políticas digan lo mismo aquí que dicen en otros ámbitos institucionales donde tienen presencia.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.


Por el mismo grupo, señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nosotros valoramos positivamente la iniciativa. En ese sentido, estamos dispuestos a colaborar y a trabajar para, si es posible, hacer aportaciones, presentaremos enmiendas y tenemos también la mejor de las intenciones del mundo
para acabar en un texto que nos satisfaga a todos. Presentaremos enmiendas en el sentido que siempre hemos dicho, porque, por un lado, entendemos que cuando hacemos referencia a temas de bienestar y de servicios sociales, básicamente, las que
tienen esas competencias son las comunidades autónomas, que son las administraciones más próximas a los ciudadanos y a las personas que sufren esas cuestiones, y ustedes en su propuesta adscriben este fondo contra la pobreza al Ministerio de Sanidad
y Servicios Sociales y depositan su gestión en el mencionado ministerio. Nosotros creemos que tanto la adscripción como la gestión deberían corresponder, al menos en el caso de Cataluña, está claro, a la misma administración catalana. Por otro
lado, en la línea de otras propuestas que hemos presentado anteriormente aquí en otras legislaturas, entendemos que hay que crear un fondo específico para la pobreza infantil, por razones que nos parecen obvias, porque es la parte más desprotegida y
frágil de nuestra sociedad y merece un trato y una atención especiales.


En segundo lugar les recuerdo que en su momento nosotros ya presentamos propuestas de lucha contra la pobreza y en concreto un fondo contra la pobreza estructural, y ustedes, Partido Socialista, la rechazaron en la anterior legislatura, en
que ustedes gobernaban. Nos felicitamos de que finalmente hayan visto que esta iniciativa es necesaria. Nos parece que está bien, nos sumamos a ella, por supuesto. Habría estado bien que lo hubieran aprobado anteriormente. Creemos que la pobreza
estructural es crónica y que si hubiéramos aprobado esto hace unos años, ese 20 % de pobreza estructural que ahora se calcula se habría rebajado o tendríamos ya desde hace unos años instrumentos creados para combatirla.


Le pedimos al Grupo Popular que colabore de veras en esta iniciativa, con ganas de que haya entendimiento, porque aunque a veces nos parece que no hay voluntad por parte de sus señorías del Grupo Popular en progresar para construir un mundo
mejor,...


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo ahora mismo.


... al menos les agradeceríamos y les pediríamos que ayudaran a no retroceder para no ir a un mundo peor.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.


Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, especialmente señoras y señores del PSOE, en su propuesta sobre la gravedad de la situación de pobreza que se está viviendo en todo el Estado, con mucha razón hacen ustedes referencia a las causas
que se derivan de la reaccionaria política social que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular y cómo contribuye a agravar esta situación. Hacían referencia ustedes al copago sanitario, a los recortes sanitarios y educativos, a la
subida del IVA, a la falta de una política para combatir el desempleo, etcétera. Tienen ustedes toda la razón del mundo en la

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descripción de los problemas que inciden en esta situación grave de pobreza, esto es así. La situación que estamos viviendo se está viendo agravada en gran medida, día a día, semana tras semana, por esta política que, repito, consideramos
reaccionaria desde un punto de vista social. Pero, señora Jiménez -sin acritud se lo digo, permítame-, la partitura que ustedes han escrito está bien, nos gusta. El problema es que cuando ustedes la ponen en el atril y se ponen a interpretarla
desafinan bastante y chirría más de lo necesario, no suena bien, sale ruido en vez de música. Esto se lo digo porque en esta partitura falta algo muy importante, que es la responsabilidad suya, de su partido, en relación con todo lo que estamos
aquí discutiendo.


Grosso modo, hace poco menos de dos años, su Gobierno entronizó en la Constitución, con el apoyo del Partido Popular, una reforma que fue realizada con nocturnidad, alevosía, premeditación, escalamiento, abuso de autoridad y veraneo, gracias
a la cual el déficit público y el cumplimiento de los objetivos impuestos por el Banco Central Europeo quedaron muy arriba en el orden de los principios y de los fundamentos constitucionales, y se supeditó al pago de la deuda pública, que tiene la
banca extranjera, la banca española y los grandes inversores, todo lo que tiene que ver con los intereses sociales de la mayoría de la población. Se supeditaron estos intereses de la gente que está viviendo hoy la pobreza a los intereses de los
grandes banqueros y los grandes especuladores.


Recordará usted también cómo en su periodo de Gobierno fomentaron en gran medida toda una política cementera y especulativa, que finalmente terminó estallando y regando toda la geografía estatal de cientos de miles de personas paradas. Esto
tuvo que ver bastante con la política que fue desarrollada también por su Gobierno y favoreció que se dieran ustedes un batacazo electoral, junto con lo otro, porque la entronización del sacrosanto déficit público en la Constitución fue seguida de
unas medidas muy fuertes y muy duras por parte de su partido. Quiero hacer referencia a la bajada de sueldos de los funcionarios, a la congelación de las pensiones de 9 millones de personas, a cómo se recortaron los presupuestos públicos que
estaban en marcha, etcétera. Todo esto también tiene que ver con lo que estamos discutiendo -y, se lo vuelvo a decir, sin acritud, señora representante del Partido Socialista-. Al margen de todo lo anterior, que hay que recordar porque es
completamente necesario, bienvenidos sean los fondos que pretendan combatir, siquiera mínimamente, esta situación, pero le recuerdo también que resolver o siquiera paliar los estropicios que ustedes causaron, por ejemplo en un colectivo de 9
millones de personas pensionistas, difícilmente se puede rellenar ahora con estos 1.000 millones de euros. Nos gustaría por eso que incluyera en su partitura, en su proposición, un reconocimiento de la responsabilidad del Partido Socialista también
en todo esto, siquiera humildemente.


Me gustaría, y termino ya, que contestara a algunas preguntas muy sencillas. ¿Ratifican ustedes hoy aquella medida que tomaron en su momento de supeditar al cumplimiento de los objetivos del déficit los propios Presupuestos Generales del
Estado? ¿Ratifican ustedes hoy en concreto aquella política urbanística que ustedes desarrollaron y que provocó una economía con pies de barro y manos bastante metidas en muchos sobres, manos bastante corruptas? ¿Ratifican ustedes en última
instancia los recortes en los bolsillos de millones de funcionarios y funcionarias y de 9 millones de personas pensionistas en este país?


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cuadra, ha acabado su tiempo.


El señor CUADRA LASARTE: He terminado.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero manifestar el apoyo del Grupo Vasco a esta proposición de ley que hoy trae el Grupo Socialista a esta Cámara, plenamente coincidente en los objetivos con las
políticas llevadas a cabo en esta materia por el Gobierno vasco, de la mano de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, así como por las diputaciones forales y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ejercicio de sus
respectivas competencias. Las razones que la impulsan y los datos que la soportan han quedado suficientemente expresados en la exposición de motivos de la iniciativa y por parte de la portavoz del Grupo Socialista en la defensa de la misma, por lo
que no los reiteraré. Sin embargo, consideramos conveniente realizar algunas reflexiones sobre la deriva que está tomando en el Estado español la gestión que el Gobierno popular está realizando en el llamado Estado del bienestar.

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Es inevitable al abordar esta cuestión hacer mención a la situación de crisis económica, por supuesto nunca como excusa, tal y como se acostumbra a hacer desde el Gobierno, sino como una realidad que nos apremia, porque son miles de personas
las que se ven afectadas por la coyuntura económica actual y la perspectiva de un horizonte incierto. Como ya he señalado en alguna ocasión en esta Cámara, la crisis económica que nos azota está llevando a situaciones de dificultad y de necesidad a
hombres y mujeres que hasta hace muy pocas fechas gozaban de unas condiciones y unas expectativas de vida mucho más favorables, y ello sin olvidar también a aquellas personas que, incluso en los momentos en los que gozábamos de situaciones muy
cercanas al pleno empleo, tenían severas dificultades para desarrollar una vida normalizada, autónoma y digna.


Corren por tanto tiempos difíciles y es precisamente en estos momentos más que nunca cuando es preciso aunar esfuerzos e intensificar los mecanismos de solidaridad y protección social, porque un país y una sociedad solo avanzan si lo hacen
desde la cohesión social, solo avanzan si lo hace toda la ciudadanía, sin dejar a nadie atrás. La defensa de los derechos humanos, la defensa de la dignidad de las personas, sea cual sea su condición, la mejora del bienestar y la calidad de vida de
todos y todas y la promoción de la solidaridad y la justicia social deben de constituir los principios inspiradores de la acción política. No parece pensar lo mismo el Gobierno del Partido Popular. Tras diecisiete meses de gestión y una ingente
producción legislativa, ha conseguido reducirlos a la mínima expresión, porque unas políticas públicas basadas tan solo en los recortes conducen directamente a la quiebra inevitable del Estado del bienestar. Y este Gobierno, de iure y de facto,
está debilitando los pilares que lo sustentan: empleo, sanidad, educación, acción social. Solo hace falta hacer un somero repaso de su currículum y trayectoria en estas materias.


Uno de los instrumentos esenciales para la consecución de la cohesión social es el acceso a unos ingresos económicos suficientes y estables, normalmente procedentes del trabajo, de las pensiones y, en algunos casos, de las prestaciones
públicas de garantía de ingresos, dependiendo de las circunstancias personales de cada cual. Desde este punto de vista, la existencia de un tejido económico y empresarial fuerte y dinámico es esencial para el mantenimiento de un empleo de calidad.
¿Qué está haciendo el Gobierno en esta materia? ¿Cuáles son las medidas para la creación de empleo, de incentivación y reactivación económica que está abordando para la consecución de este objetivo? En nuestra opinión son muy pocas, porque el
empleo, aquel que aporta valor añadido a la sociedad, el empleo que tiene vocación de continuidad no se crea por decreto. Desde las administraciones tenemos que crear los entornos y las condiciones que faciliten la reactivación económica y en este
espacio el Gobierno está prácticamente desaparecido.


Llegados a este punto les diré que se equivocan, porque el empleo en este caso es lo urgente y lo importante, y ello porque más allá de ser una fórmula para generar ingresos y satisfacer necesidades, constituye un instrumento de desarrollo y
relación de las personas en sociedades modernas, en definitiva, es un instrumento de integración y en este sentido es estratégica una adecuada gestión también de las políticas activas y pasivas de empleo, ya que la combinación de ambas constituye
una herramienta básica contra las causas y las consecuencias del desempleo y en consecuencia es vital para combatir el riesgo de exclusión. En esta cuestión yo creo que el Gobierno también tiene una nota bastante baja.


En materia de servicios sociales creemos que no debemos de retroceder. Es preciso preservar los instrumentos de los que nos hemos dotado y que elevan los servicios sociales a la categoría de derechos subjetivos. La consolidación de estos
derechos sociales, la creación de nuevos recursos y la introducción de mejoras cuantitativas y cualitativas en las prestaciones y en los servicios ya existentes se encuentran amenazadas por las políticas cercenadoras del Gobierno.
Sorprendentemente, la acción del Gobierno del Partido Popular en este ámbito responde a una injusta ecuación: a mayor número de ciudadanos en situación de desempleo, riesgo de exclusión o al borde del umbral de la pobreza, menos programas, menos
servicios y menos prestaciones, y todo bajo la premisa de la escasez de recursos.


Esto tampoco es del todo cierto, tal y como trataré de demostrarles. Una pregunta: ¿ha sido la ausencia de recursos la que ha impedido en Euskadi evitar el copago farmacéutico o lo ha sido un decretazo del Gobierno popular? ¿Y qué ha
tenido que hacer el Gobierno vasco para poder preservar intacto el principio de universalidad en el derecho a la salud y seguir prestando asistencia sanitaria al conjunto de la población, incluidas las personas de fuera, las personas inmigrantes que
conviven con nosotros? Pues, como ustedes bien conocen, ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Austeridad o ideología?

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Finalmente y por no alargarme, me voy a referir al ámbito de la vivienda. Creemos que en estos momentos las políticas de vivienda han de orientarse prioritariamente a la atención de situaciones de emergencia social derivadas de la crisis
económica, con especial atención al colectivo de personas que por su falta de ingresos no pueden hacer frente a sus hipotecas y alquileres y se quedan sin hogar. Es una realidad nueva que ha de ser objeto de la política social con carácter
prioritario.


Finalizo mi intervención como empezaba. Afortunadamente -dirán que esto es una bilbainada, pero es la verdad-, Euskadi, fruto del ejercicio de su autogobierno, cuenta ya con una cartera de servicios y prestaciones garantizada por el
Gobierno, las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos que da cobertura a las necesidades para las que se solicita la dotación de este fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social; una cartera que queremos que sea ofertada en
igualdad de condiciones en el resto de los territorios del Estado a todas las personas, hombres y mujeres sin distinción. Nuestro voto será sí a esta iniciativa, porque es una cuestión de justicia social.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez Robles.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el antropólogo Marshall Sahlins escribió que la pobreza no es una pequeña cantidad de bienes ni tampoco la relación entre medios y fines. La pobreza -decía él- es sobre todo una relación entre personas. Por eso creo que cuando
abordamos el asunto de la pobreza debemos hacerlo desde esa óptica de las relaciones entre personas, es decir desde la óptica de la desigualdad. Traigo esta cita para poner el énfasis en dos aspectos. El primero, que el empobrecimiento del país
que ha provocado la crisis no tendría por qué llevar aparejado ese aumento de la desigualdad que se ha producido. De hecho, otros países que están sufriendo la crisis y que están sufriendo recortes, como es el caso de Portugal, no han visto crecer
la desigualdad como la hemos visto crecer en España. Todos los datos confirman este aumento preocupante de la desigualdad. En primer lugar, el índice de Gini, que mide la desigualdad absoluta, nos otorga una puntuación de 34, en la que el 0 sería
la igualdad absoluta y 100 la desigualdad absoluta. Es la puntuación más alta que se ha registrado nunca en España desde que existen este tipo de registros. El índice de Eurostat, que refleja la relación entre el 20 % de la población que más
ingresa y el 20 % que menos ingresa, nos da una puntuación de 7,5, la peor de toda la Unión Europea. Por ponerlo en perspectiva, la media de la UE de veintisiete miembros es de 5,7 y nosotros estamos más de 2 puntos por encima. Según la OCDE no
solo somos el país donde hay más desigualdad, sino también donde más ha aumentado la desigualdad social con la crisis.


Por último hay que añadir a esta desigualdad social la desigualdad regional, que también es una relación entre personas que viven en distintas comunidades autónomas. Esta desigualdad entre regiones existía antes de la crisis, pero lo que ha
hecho la crisis ha sido agravarla profundamente. Cito un estudio de Bancaja y del Instituto Valenciano de Investigación Económica, que señala que mientras en el tiempo de la crisis la pobreza ha aumentado un 21 % en Canarias o un 18 % en Valencia,
ha disminuido en Navarra, País Vasco y La Rioja. Este es el segundo aspecto en el que quiero detenerme, porque nos enfrentamos a una situación que es dramática, pero que no es fruto de un terremoto ni de una catástrofe natural. La pobreza tiene
causas y la pobreza como relación entre personas, como desigualdad, está directamente relacionada con decisiones políticas que se toman desde las instituciones. Cáritas-Foessa, en sus sucesivos informes sobre la pobreza y la desigualdad en España,
señala que el desempleo, la precariedad en el empleo y la temporalidad son causas directas del empobrecimiento de la población; también lo son la caída de los salarios, la congelación o no actualización de las pensiones, la pérdida de prestaciones
o el endurecimiento para el acceso a algunas de ellas, así como los desahucios.


Es difícil pensar en alguna de las medidas económicas que ha tomado el Gobierno en el último año y medio, o de las que no ha tomado, y no ver su vinculación directa con el empobrecimiento general de la población y con el aumento del
porcentaje de ciudadanos que viven bajo el umbral de la pobreza. Es difícil aceptar esa descabellada política que no toca los 5.000 millones de euros anuales que nos cuestan las diputaciones, mientras recorta servicios públicos esenciales como
sanidad, educación o servicios sociales, que también empobrecen a los ciudadanos hasta extremos que todavía no somos capaces de ver porque tienen efectos sobre el largo plazo.


Como decía al principio, la pobreza es una relación entre personas y a mí me llama la atención que el Grupo Socialista en esta proposición de ley nos proponga atacar la pobreza sin atacar la desigualdad.

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Ustedes proponen crear un fondo de 1.000 millones de euros obtenidos mediante la emisión de nueva deuda pública y nosotros pensamos que sería un fondo destinado a fracasar, como fracasan casi todos los planes destinados a combatir la pobreza
que no tienen en cuenta la desigualdad, porque la desigualdad es una enfermedad que ataca a todos los miembros de una sociedad, no al grupo de personas que sufre la pobreza. Y no es algo que digamos nosotros, lo dicen en estas 300 páginas Wilkinson
y Pickett, que son dos epidemiólogos británicos. Este libro ya se lo presté a la ministra de Empleo, que me lo ha devuelto como se puede ver, aunque creo que no se lo ha leído. Como digo, estos dos epidemiólogos empezaron estudiando la incidencia
de la pobreza en enfermedades como la depresión o la obesidad y acabaron llegando a una conclusión que creo que debe hacernos reflexionar: que los efectos de la desigualdad no se limitan a los más desfavorecidos, sino que afectan a la mayoría de la
población, a lo que ellos llaman la infelicidad colectiva. Así, hay cinco veces más posibilidades de padecer enfermedades mentales no entre el grupo de los pobres, sino en el conjunto de la sociedad. Hay cinco veces más probabilidades de ir a la
cárcel en las sociedades más desiguales, y no en el grupo de los más desfavorecidos, sino en el conjunto de la sociedad. Ellos descubrieron y constataron que hay seis veces más posibilidades de ser obeso en una sociedad desigual, y no en el grupo
de los más desfavorecidos, de los pobres, sino en el conjunto de la sociedad. Por tanto, cuando nos referimos a ese 20 % de la población española -cifra creciente- que vive bajo el umbral de la pobreza, en el fondo estamos dejando de lado el hecho
de que cualquier plan que pretenda atacar la pobreza va dirigido en realidad al cien por cien de la población.


La desigualdad, desde nuestro punto de vista, señora Jiménez, no se combate con fondos de emergencia, sino cambiando políticas estructurales, que son las que atacan la desigualdad, por ejemplo, cambiando el sistema impositivo, modificando la
tributación de las rentas de capital para equipararlas a las rentas del trabajo, modificando el impuesto sobre sociedades para hacerlo más progresivo, derogando la Ley 4/2008, aprobada por el anterior Gobierno socialista, para recuperar,
modificándolo, el impuesto sobre el patrimonio, combatiendo el fraude fiscal, recuperando el impuesto sobre sucesiones en aquellas comunidades que lo han eliminado. Cito unas cuantas de las muchas propuestas que en materia fiscal ha hecho mi grupo.
Se aborda la desigualdad combatiendo el mal social, no destinando unos fondos a un grupo social concreto.


Lo mismo cabe decir en cuanto a la desigualdad regional. Ustedes no contemplan siquiera la necesidad de atajar esa desigualdad regional. Ustedes proponen que de esos 1.000 millones se entregue el 80 % directamente a comunidades y a
ayuntamientos y el 20 % a organizaciones del tercer sector. Nuestra primera objeción es con qué mecanismos se hace esa entrega y con qué mecanismos se aseguraría que se destinaran esos fondos a los propósitos sociales que persigue la iniciativa.
En todo caso esos fondos deberían ser finalistas, pero eso es algo que no figura en la iniciativa, aunque lo cierto es que hasta ahora, sumando el Fondo de liquidez autonómica, los anticipos de financiación y los pagos a proveedores, se ha dado a
comunidades y a ayuntamientos 60.000 millones de euros, 1.000 millones más especificando solo, como hace su iniciativa, que podrán dedicarse a alimentación, vivienda o apoyo socioeducativo. Nosotros creemos que debería decir que deberán dedicarse a
esos fines. Por otra parte, ¿cómo nos aseguramos -algo que tampoco figura en su iniciativa- de que ayuntamientos como el de Madrid, que tiene 80 millones de euros sin ejecutar en el capítulo de políticas sociales del presupuesto, no vayan a dejar
sin ejecutar el nuevo dinero que reciban?


Nosotros, además de esta primera objeción, tenemos una objeción mayor. Ustedes mencionan en la exposición de motivos las rentas mínimas de inserción que dan las comunidades autónomas, una renta mínima que, por citar solo dos casos, el de
Andalucía y el del País Vasco -son datos de hace un año; ahora probablemente habrán empeorado-, en Andalucía cubre a 27.000 personas y en el País Vasco a 55.000, a pesar de que la cifra de paro de Andalucía es mucho mayor que la del País Vasco.
Además, la cantidad que supone esa prestación en Andalucía es de 383 euros al mes y en el País Vasco de 640. Es decir, parece que con esta iniciativa se le dice al Gobierno: haga algo, deles dinero a las comunidades autónomas y a partir de ahí
desentiéndase del problema. Nosotros creemos que no puede ser; creemos que un asunto tan urgente como la pobreza y la desigualdad social obligan al Estado a un compromiso mayor y a considerar que esa coletilla habitual de las iniciativas sobre la
salvaguarda de las competencias autonómicas a veces está por debajo de las situaciones de emergencia social, como es el caso. Insisto, ustedes nos proponen atajar la pobreza dejando intacta la desigualdad y, a pesar de ello y aunque nos parece que
la iniciativa no es buena, nos parece también que es enmendable y vamos a votar a favor de la misma. Creemos que es urgente ponerse a trabajar en este asunto, creemos que es urgente cambiar de política económica y de política tributaria para acabar
con las desigualdades sociales y ponerse a

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trabajar en materia autonómica para acabar con las desigualdades regionales. Esa es la cuestión que ustedes dejan intacta y que para nosotros es la cuestión política esencial; no la cuestión asistencial, sino la cuestión política
asistencial, que es atajar la desigualdad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.


Por el Grupo de La Izquierda Plural, la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.


Señorías, de entrada ya anuncio que mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Socialista. Creemos, como aquí ya han manifestado anteriores intervinientes, que hay que
debatir -y mucho- sobre la necesidad de generar recursos destinados a superar la actual situación que se vive en nuestro país como consecuencia de las medidas que se están tomando y que están repercutiendo muy negativamente sobre la población, tanto
para aquellos y aquellas que ya estaban en situación de vulnerabilidad como para aquellos o aquellas que, no estándolo en su momento, han pasado a ser parte de la misma. Consideramos, por otra parte, que la iniciativa se queda corta en algunos
aspectos y que el debate, de ser tomada en consideración, haría posible su mejora.


Una de las primeras consideraciones que hacemos es la dificultad o, mejor dicho, la traba que supondría para la aplicación de esta iniciativa el acuerdo al que en su momento se llegó tanto por parte del grupo proponente como del Partido
Popular de modificar el artículo 135 de la Constitución, dando prioridad absoluta al pago de la deuda y a sus intereses. Todos los diputados y todas las diputadas de esta Cámara somos conscientes de las consecuencias que esa limitación está
teniendo debido a los drásticos recortes que en materia de política social se están produciendo tanto por parte del Gobierno central como del resto de las administraciones públicas.


En la exposición de motivos ustedes dicen, y compartimos, que una de cada cinco personas de nuestro país está en situación de pobreza o en el umbral de la misma, es decir, un 20 % de la población, lo que vienen a ser 9 millones de personas,
de ellas, más de 2 millones niños y niñas. Son datos de 2005. Hoy estamos casi en el 23 %. Cuando no se reconocía la crisis, cuando se especulaba con brotes verdes o cuando se decía que si nosotros gobernamos acabaremos con el paro, no subiremos
los impuestos y mucho menos tocaremos las pensiones, es posible que nadie pensara que a día de hoy, en la segunda década del siglo XXI, estuviéramos en tan altos índices de pobreza y exclusión social en nuestro país. Cierto es que hay algo muy
importante, y es que sigue sin reconocerse que el modelo socioeconómico ha fracasado y que las fórmulas aplicadas también. La prueba está en que cuando incluso la economía iba bien o supuestamente bien, los niveles de pobreza en nuestro país no
eran tampoco admisibles, ni los de hoy ni los de entonces. Por eso precisamente consideramos que toda iniciativa que pueda abrir el debate ha de ser bien recibida y rogamos al Partido Popular que lo tenga en cuenta. Si así fuera, si esta
iniciativa fuera tomada en consideración por todos los grupos, nos permitiría decir que la cifra propuesta en la misma no es suficiente, que esta propuesta no puede quedarse en mera declaración de intenciones si no adecuamos los recursos a las
necesidades reales de la población a la que nos dirigimos, o que el destino de los fondos que se crean sea para cubrir aquellas necesidades que ya tienen sus propias leyes y que deberían contar con recursos propios suficientes, y me estoy refiriendo
al caso de la educación o la atención a personas dependientes. Nosotros y nosotras defenderíamos que los recursos se destinaran a todo aquello que se define en el artículo 1 de esa proposición, sin perjuicio de las competencias de las comunidades
autónomas y administraciones locales. Y desde luego, en cualquier caso, esos recursos deberían tener garantizado en la ley su carácter específico y finalista. Si no, como se decía anteriormente, sirve para poco. También defenderíamos los
procedimientos de colaboración con las organizaciones de tercer sector y la naturaleza y contenidos principales de los acuerdos para asegurar las finalidades del fondo.


Como ven, señorías, nos daría la oportunidad de un amplio y necesario debate, de hablar de la gente y de sus problemas. Ahora bien, mucho nos tememos que no sea posible, que una vez más el pago de la deuda y los intereses primen sobre los
intereses de las personas y que este debate, una vez más, nos sea hurtado en esta Cámara. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Tarruella.

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La señora TARRUELLA TOMÁS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy nos trae aquí el Partido Socialista una proposición de ley para la creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social. Empezaré manifestando que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar
favorablemente esta toma en consideración de esta proposición de ley.


Esta proposición nos propone la creación de este fondo contra la pobreza y la exclusión social que permita reforzar la atención directa a estas personas, garantizar las rentas mínimas de inserción autonómicas y potenciar los servicios a los
que la ciudadanía recurre en primer lugar para obtener la información y para tener la atención social y laboral. Quiero manifestar desde aquí que, como conocen sus señorías, desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado numerosas iniciativas
además de enmiendas a los presupuestos, donde siempre hemos pedido diversos fondos para la lucha contra la pobreza, contra esta exclusión social y en particular para luchar contra la pobreza infantil; iniciativas defendidas muy brillantemente, por
cierto, por nuestro diputado Carles Campuzano. Asimismo hemos reivindicado constantemente más ayudas y más fondos para las comunidades autónomas con esta finalidad. Porque, señorías, esta atención ya todos sabemos que se realiza mayoritariamente a
través de los servicios sociales municipales y de las organizaciones de atención social más cercanas, puesto que son las más próximas a ellos y las que conocen la realidad más de cerca. Tanto ayuntamientos como organizaciones del tercer sector han
demostrado a lo largo del tiempo su capacidad para llegar a quienes más lo necesitan y han demostrado también la eficiencia en su trabajo. De hecho, en los últimos meses se ha incrementado visiblemente la demanda de atención de ambos. En un
momento como el actual, tanto los municipios como las propias ONG necesitan de más recursos que les permitan atender esta situación de una manera mucho más eficiente. En cambio, nos encontramos con que en el ámbito de la política social los fondos
que el Estado destina a las prestaciones básicas de servicios sociales a través del plan concertado se han reducido en un 65 %, pasando de los 86 millones en 2011 a los 30 millones de 2013, cuando el número de usuarios, en cambio, ha crecido un 37
%. Según la memoria de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, esto significa que en un año 400.000 personas han dejado de recibir ayuda a domicilio, significa el cierre de 582 centros de servicios sociales, significa la pérdida de más de
12.000 puestos de trabajo. No podemos perder de vista, señorías, que son las comunidades autónomas las que sustentan el Estado del bienestar (los servicios sociales, la sanidad, la educación) y que representan casi el 80 % de sus presupuestos, y en
cambio el gasto público total que las comunidades autónomas asumen está entre el 36 % y el 38 %.


Los datos son muy preocupantes. Del informe de la Fundación fomento de estudios sociales y sociología aplicada (Foessa) 'Desigualdad y derechos sociales. Análisis y perspectivas 2013' se desprende que la renta familiar cae a cotas del año
2001 y que los niveles de desigualdad en el Estado español son los más altos de la Unión Europea. Del último estudio comparativo elaborado por Eurostat -se ha dicho ya por otras personas que han intervenido anteriormente- se desprende que el 30,6 %
de los niños menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza y de exclusión social en España. Señorías, el país que no cuida a sus niños y niñas, el país que no cuida a sus jóvenes es un país que no tiene futuro. Y son constantes además las
recomendaciones por parte de la Unión Europea a todos los países miembros, y al Estado español en particular, para que adopten las medidas necesarias para reducir el número de personas en riesgo de pobreza o de marginación social. Así, ha advertido
también al Gobierno en las recomendaciones sobre el Plan nacional de reformas 2012 de España, donde le ha pedido que tome medidas específicas para combatir la pobreza aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los
grupos vulnerables. La Estrategia europea 2020 aspira a reducir en 20 millones el número de pobres en la Unión Europea para el año 2020. El aumento de las personas necesitadas, el aumento constante de la pobreza está afectando sobre todo a la
nutrición infantil. Señorías, la situación es muy preocupante. Invertir en políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social y en pobreza infantil es hoy vital para muchas familias y personas por la situación de emergencia social que
estamos padeciendo, pero es vital a medio y largo término para la sociedad. Quiero hacer un inciso y recordar a la señora Lozano -que en su intervención nos hablaba continuamente de desigualdad- que no es lo mismo desigualdad que pobreza. La
desigualdad -estamos de acuerdo- hay que corregirla, pero puede combatirse más a medio plazo. La pobreza en estos momentos debe atajarse de inmediato, es urgente tomar medidas en este asunto. (El señor vicepresidente, Jané i Guasch, ocupa la
Presidencia).


He dicho que nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta proposición de ley. No es que nos guste en su totalidad, hay algunos temas en los que discrepamos, sobre todo en ese aspecto que creemos que

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invade algunas competencias autonómicas cuando habla de destinar los fondos al ministerio mientras nosotros creemos que deberían destinarse más a las comunidades autónomas para que las hicieran llegar a los municipios. Esperamos poder
corregir todos estos puntos en el trámite de enmiendas, que entre todos podamos llegar a acuerdos. Además, querría hacer un ruego al Partido Popular para que prospere esta proposición de ley y entre todos podamos poner soluciones para atajar esta
pobreza que nos está afectando en España.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Tarruella.


Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Méndez.


La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Presidente, señorías, coincido plenamente y con carácter general en lo que a los datos se refiere en que la situación en España en relación con la pobreza es motivo de una especial preocupación y es alarmante el
aumento en los últimos años de las personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza y, por tanto, en riesgo de exclusión, como también las situaciones mucho más graves de pobreza severa. Coincido con los datos que han dado todos los grupos
parlamentarios y en que es un momento muy preocupante y alarmante en relación con las personas que se encuentran en esta situación.


Ante esta proposición de ley desde el Grupo Parlamentario Popular debemos hacer una serie de consideraciones. En primer lugar, el objetivo fundamental de este Gobierno es la lucha contra el desequilibrio económico y el déficit, precisamente
para mantener el Estado de bienestar, precisamente para luchar contra la pobreza. Dejaron un Estado absolutamente insostenible con una deuda de 90.000 millones que de momento este Gobierno ya ha reducido en 22.000, ahora se están adoptando medidas
con carácter urgente y se están saneando las cuentas públicas de donde dependen las prestaciones sociales y entre ellas la pobreza. Ustedes proponen la creación de un fondo de emergencia de 1.000 millones de euros que se financie emitiendo más
deuda.


En segundo lugar, unido al objetivo anterior, porque sin el descenso de la deuda es imposible, existe otro gran objetivo: crecer y crear empleo, porque, como ya se ha apuntado aquí, una de las causas del aumento de las situaciones de
pobreza obviamente es la pérdida del empleo y el riesgo de exclusión, que sobre todo se produce en los parados de larga duración. Se están realizando reformas estructurales para salir de la crisis, como la reforma laboral, reformas que además
debieran haberse hecho hace muchos años. Una vez dicho esto, con el 63 % del presupuesto dedicado a la política social, nuestra prioridad es el mantenimiento de nuestro sistema de protección social. Se ha incrementado el gasto presupuestario en
las pensiones, además de que las ayudas a los parados sin prestación ya son estables y la sanidad, a pesar de la deuda de 17.000 millones de euros que nos dejaron, se ha preservado universal y gratuita y, al tiempo, tratamos de salvaguardar las
situaciones de los más vulnerables luchando contra la pobreza desde todas las administraciones y desde todos los ámbitos junto con las ONG, incluso promoviendo el voluntariado que, admirablemente, está creciendo de forma considerable.


Ahora bien, aunque la competencia de la asistencia social corresponde a las comunidades autónomas, como también se ha dicho, el Gobierno de la nación dedica una serie de esfuerzos, como es el plan concertado, que efectivamente ha bajado en
45 millones de euros para estos presupuestos, pero hay que destacar que se ha apoyado a las comunidades autónomas con el Plan de pago a proveedores con un importe de 35.000 millones de euros. Ya han cobrado 150.000 empresas, que creo que se podrían
denominar clientes de dudoso cobro. También está el Fondo de liquidez autonómica con una cantidad de 18.000 millones de euros. Para no duplicar los esfuerzos y racionalizar la gestión se está realizando también una revisión de la Ley de Bases de
Régimen Local. En relación con las ONG, a las que desde aquí reconocemos su inestimable trabajo en estos momentos, están en contacto directo con el Gobierno, habiendo colaborado en el último año con 203 millones de euros, financiando 1.103
programas dirigidos a 6 millones de personas. En el mes de abril se ha aprobado un Plan para la infancia y la adolescencia dotado, entre el Estado y las comunidades autónomas, con más de 5.000 millones de euros, una parte importante del cual es la
lucha contra la pobreza infantil, ya que en España 2 millones de niños se encuentran bajo este umbral de la pobreza y las causas son muy diversas. Hay que abordar estos temas no solo desde el punto de vista asistencial, que es fundamental, sino
también hay que abordar la prevención. Se está elaborando un plan integral de familia cuyo apoyo consideramos fundamental para luchar también contra las situaciones de pobreza. La familia -nosotros lo hemos defendido siempre- es una verdadera red
de protección social y en estos momentos se está comprobando más que nunca.

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Existen otras muchas y diferentes medidas como el Plan de apoyo al pueblo gitano que incide directamente en 750.000 personas, diferentes medidas para estimular el empleo para las personas más desfavorecidas, subvenciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social, medidas de empleo, medidas de carácter fiscal y de vivienda. En este punto es importante también informar a la Cámara que se ha evitado directamente el desahucio de 750 familias en los últimos meses y se ha evitado que 2.000
familias se quedaran sin vivienda de diferentes formas: o bien reestructurando su deuda hipotecaria o bien solicitando la dación en pago y, en otros casos, han acudido al Fondo social de viviendas donde pagan bajos alquileres. Durante su Gobierno,
señora Jiménez, hubo 350.000 ejecuciones hipotecarias y ustedes no movieron un solo dedo, y ahora que se ha legislado contra los desahucios ustedes se han opuesto a las medidas que pueden favorecer el frenarlos.


Señorías, vamos a votar que no a la toma en consideración porque, además de todo lo anterior, el Gobierno presentará un plan de inclusión y este grupo en el día de hoy solicitará a la Cámara que se inste al Gobierno a hacerlo lo antes
posible y en él tendrán que establecerse los objetivos, los medios para alcanzarlos y, sobre todo, la memoria económica que garantice su ejecución; un plan riguroso y serio.


Una vez hechas estas reflexiones, y ante diversas acusaciones, es obligado hacerse una serie de preguntas, señora Jiménez. La pobreza en España ha subido 4 puntos precisamente en los años de su Gobierno. Usted las ha calificado de cifras
absolutamente intolerables y absolutamente indignas, pero es que usted estaba en esa legislatura como ministra. Los datos que se han dado de Eurostat por otros grupos parlamentarios se refieren a los años 2007 a 2011, cuando le recuerdo que estaba
usted como ministra. Sinceramente, si yo hubiera sido usted lo primero que hubiera hecho después de leer el discurso que ha planteado en esta Cámara es pedir perdón, sinceramente se lo digo; lo primero que yo hubiera hecho después de leer su
discurso es pedir perdón. ¿Qué hicieron ustedes entonces? Gastaron y gastaron, pero no hicieron ni una sola actuación urgente con esos datos de pobreza que entonces tenían, que son los que ahora Eurostat ha dicho pero son los que nosotros también
le decíamos en esta Cámara en aquellas fechas. Pero es que no hicieron ninguna actuación urgente, ni tan siquiera ordinaria. Su último plan de inclusión, el del año 2010, no solamente no cumplió ninguno de lo objetivos, sino que no tenía medidas,
era un verdadero plan de intenciones, era papel mojado, no tenía medidas, no tenía objetivos, no se cumplió nada del Plan nacional de reformas, y usted viene hablando ahora de las recomendaciones que se hacen en Bruselas en el Plan nacional de
reformas. Efectivamente, esas recomendaciones que se hacen son consecuencia de que no se cumplieron ninguna de las consideraciones y las recomendaciones que se hicieron en periodos anteriores, esas son las recomendaciones que ahora mismo hace
Bruselas al Gobierno español. Pero en realidad lo que preocupa es que hay que luchar contra la pobreza.


Le podría hablar de la dependencia. Ustedes dejaron una situación absolutamente caótica, y se lo digo porque fue usted la que dejó una situación absolutamente caótica con la Ley de Dependencia: 300.000 personas en una lista de espera que
ahora se ha reducido en 82.000. Se han elevado los presupuestos del nivel mínimo y además han entrado 132.000 nuevos beneficiarios. Creemos como ustedes que hay que crear riqueza, pero no para que haya más ricos, como ocurrió durante su etapa de
Gobierno, porque ha sido durante su etapa de Gobierno donde han crecido más las desigualdades. Además no lo he dicho yo, que podía ser algo sectaria en mis manifestaciones, lo han dicho por lo menos, que yo sepa, dos grupos parlamentarios más.
Esos niveles de desigualdad no se habían producido en España en todo el periodo de la democracia. Por lo tanto, ustedes han hecho más ricos a los ricos y han hecho más pobres a los pobres; unos índices realmente escandalosos. Habrá que crear
riqueza, claro que habrá que crear riqueza para poder redistribuirla, porque nosotros creemos además en el valor social de los propios bienes. Pero, ahora mismo, ¿qué recursos se van repartir? ¿Las deudas que nos dejaron? Usted nos dice que no
hablemos de la herencia, pero es que nuestra herencia no podemos aceptarla a beneficio de inventario. ¡Ojalá se pudiera aceptar la herencia a beneficio de inventario de un gobierno! Llevamos año y medio en el Gobierno y la pobreza sigue creciendo,
no se puede negar, pero ¿ustedes son conscientes de las consecuencias que tienen los errores de un Gobierno? ¿Son conscientes del tiempo y del esfuerzo que cuesta superar y subsanar esos errores? Muchos errores cuestan mucho tiempo y grandes
errores cuestan grandes esfuerzos. Pues bien, esos esfuerzos son los que se están haciendo, se están poniendo las bases ahora mismo para volver a crecer y crear empleo. Los últimos datos del paro nos confirman que estamos en la senda adecuada.
Este Gobierno ha salvado de la quiebra al propio Estado y, por lo tanto, ha salvado de la quiebra a nuestro Estado de bienestar, y todas las administraciones, junto con las ONG, están haciendo lo imposible para asistir a los más vulnerables. ¿Cómo
no nos van a importar las personas

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que lo están pasando mal? Ningún Gobierno, ningún grupo parlamentario, ningún político, ninguno tiene razón de ser si no tiene entre sus objetivos ayudar al que más lo necesita.


Cuando usted, señora Jiménez, era ministra, yo la acusé de estar poniendo en riesgo el Estado de bienestar. ¡Cómo me hubiera gustado haberme equivocado! Pero nunca pensé que lo hicieran intencionadamente. Ahora mismo la realidad es la que
es, la pobreza es alarmante y los españoles están hartos de que no nos pongamos de acuerdo, de que con las dificultades que existen no rememos en la misma dirección. Por lo tanto, nosotros vamos a proponer en el punto siguiente un plan de
inclusión. Ya que sus recetas no funcionaron, les pedimos que apoyen las nuestras. Por eso les pido que ayuden a tirar del carro.


No les quepa la más mínima duda, señorías, de que este Gobierno sacará de la crisis a España; no les quepa la más mínima duda, señorías, de que este Gobierno sacará a muchas personas de la situación de pobreza en la que se encuentran; no
les quepa la más mínima duda, señorías, de que este Gobierno lo hará. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Méndez.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, CONTRA LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 162/000616).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Pasamos a continuación al examen de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la pobreza infantil. Para la presentación de la misma, tiene la palabra la señora
Camarero.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, vamos a seguir hablando de pobreza, esta vez de la pobreza infantil, y voy a intentar hacer un debate sosegado y pacífico, un debate desde el corazón porque para algunos, al menos para mí, este es un tema crucial. Hemos dicho ya
muchas veces que esta va a ser la legislatura de la infancia y de las familias y que tanto el Grupo Popular como el Gobierno tienen como objetivo prioritario hacer de España un lugar mejor donde los niños sean respetados, protegidos y valorados.
Nos hemos empeñado en esta legislatura en hacer visibles los derechos de los menores, en traer a la agenda política y también al debate parlamentario las necesidades y problemas de nuestros niños y de nuestras niñas porque quedan muchas medidas por
poner en marcha y porque quedan muchos esfuerzos por parte de todos para garantizar sus derechos.


Tenemos, sin duda, dos obstáculos importantes que se han convertido en dos retos fundamentales para el Gobierno y para este grupo: la pobreza infantil y la violencia. Son dos retos para los que tenemos que trabajar uniendo fuerzas y
aunando esfuerzos las organizaciones sociales, los Gobiernos y también las fuerzas políticas. Los datos que llevamos muchos años conociendo no nos pueden dejar impasibles. El paro no deja de golpear a las familias. Las organizaciones sociales
como Cáritas nos alertan de que el 40 % de sus servicios se los prestan a familias con hijos. Unicef destaca que entre los años 2008 y 2011 más de 250.000 niños aumentaron su riesgo de pobreza en España, el 27,2 % de pobreza en menores de dieciocho
años en 2011, y más de 2 millones de niños en España, señorías, viven por debajo del umbral de la pobreza. Son unas cifras que tienen tras de sí muchos dramas personales, unas cifras que nos avergüenzan como país y que nos entristecen
profundamente.


La crisis, señorías, está golpeando a todos los españoles, pero la crisis golpea de forma especial a los más débiles, a los más vulnerables, a nuestros niños, a los que priva de infancia y a los que afecta en muchos aspectos de su
desarrollo. Por tanto, señorías, es urgente que se diseñen y ejecuten políticas específicas para mejorar esta situación en la infancia.


Señorías, esta tarde no quiero echar la vista atrás. Estamos debatiendo una iniciativa tan seria, tan importante, tan sensible y tan obligada que mancharla con un rifirrafe político interesado y partidista me parece absurdo y, sobre todo,
me parece injusto para las familias y para los niños que cada día sufren. La pobreza en España no se ha instalado en los últimos meses, insisto, las cifras escuchadas esta tarde así lo demuestran. La pobreza infantil es consecuencia de la primera
y además es más amplia, es más intensa y es más crónica. Por tanto, lleva años entre nosotros, pero lleva años invisible y escondida y, lo peor de todo, señorías, sin tomar medidas para evitarla, para corregirla o para paliarla. Sin embargo, este
Gobierno ha sido sensible a la situación real por la que atraviesan tantas familias en España desde el

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primer día y por ello tomó conciencia de la necesidad de actuar y se puso a trabajar para la recuperación económica del país con las reformas que España necesitaba, pero también con medidas específicas dirigidas a los más vulnerables, a los
más necesitados.


Señorías, no es la primera vez que hablamos de pobreza en esta Cámara, ni siquiera la primera vez que hablamos de pobreza infantil durante esta legislatura. Seguramente estamos debatiendo como nunca sobre este drama, no porque sea algo
nuevo, insisto, sino porque hay más sensibilidad y el Grupo Parlamentario Popular, especialmente sensible con esta causa, no quiere quedarse al margen de estos debates y por eso ha decidido traer iniciativas sobre infancia, familias y pobreza.
Porque creemos que el Parlamento, que es la casa de la soberanía popular, que es el espejo donde se miran nuestros ciudadanos, debe ser especialmente sensible con las necesidades de los más vulnerables y de los más necesitados. Por eso siempre que
hemos podido hemos llegado a acuerdos con los distintos grupos tanto en Comisión como en Pleno. Hace apenas un año apoyamos y aprobamos el grupo mayoritario una proposición no de ley de distintos grupos sobre la reducción de la pobreza infantil,
una PNL que ya ha visto muchos de sus objetivos cumplidos. El pasado noviembre se presentó el informe social nacional y sabemos que desde hace meses se está trabajando, en coordinación con las distintas administraciones -central, autonómica y
local-, el tercer sector y los agentes implicados, en el Plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016, que incluirá por primera vez en la historia el objetivo específico de luchar contra la pobreza infantil. Un plan serio, un plan
riguroso.


Señorías, el compromiso de este Gobierno con la infancia es ya una realidad. Por primera vez en la historia las políticas de infancia cuentan con un presupuesto cuantificado, 5.159 millones de euros, destinado al Plan estratégico nacional
de infancia y adolescencia. Señorías, nunca antes ningún otro Gobierno había aprobado un plan destinado a la infancia y a la adolescencia con un presupuesto económico cuantificado, un plan que sitúa a los menores en el centro de las políticas del
Gobierno, un plan con ocho objetivos y ciento veinticinco medidas muy ambiciosas; medidas tan importantes como el Plan nacional de inclusión social que hoy solicita el Grupo Popular, o la obligación de realizar un informe de impacto de infancia en
toda la legislación, que será realizado también por primera vez en la historia. Desde el Grupo Popular reconocemos los avances que está llevando a cabo el Gobierno, sabemos de su compromiso con los menores y con la pobreza infantil, sabemos que se
está trabajando desde hace meses seriamente en este plan de acción que nos han anunciado para el segundo semestre del año, pero queremos -insistimos- seguir trayendo iniciativas como esta por muchos motivos: por responsabilidad; porque nos permite
hablar de lo que más nos importa, de los niños, de sus necesidades, de sus derechos, de los más vulnerables, de los que más sufren; y también porque, con la debida lealtad al Gobierno, queremos reafirmar nuestro firme compromiso con los niños y con
las niñas. Queremos que se siga trabajando para darles un futuro en igualdad de oportunidades, que se les garantice su bienestar, que se termine, por fin, con la pobreza infantil en nuestro país.


Sinceramente, señorías, yo esperaba, al presentar esta iniciativa, que los grupos parlamentarios aparcasen por un instante la crítica fácil, la demagogia y se pusieran, no al lado de esta portavoz ni de este grupo, sino al lado de los
menores y de sus necesidades; sin embargo, me han sorprendido mucho las enmiendas presentadas. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, con la del Partido Nacionalista Vasco de respetar el marco competencial, como no podía ser de otra manera, y
sin poder contestar al resto de las enmiendas en profundidad, con mucho detalle, sí quiero decirles alguna cosa a los grupos que las han presentado. La Izquierda Plural solicita un presupuesto y quiero decirles -lo acabo de decir- que ya hay un
presupuesto consignado de más de 5.159 millones de euros, que por primera vez en la historia está dedicado a estas cuestiones y, por supuesto, se hará un plan serio con objetivos e indicadores, donde -insisto- se están teniendo en cuenta no solo las
aportaciones de las comunidades autónomas, sino también y especialmente las de las organizaciones sociales y del tercer sector. A UPyD quiero decirle que muchas de las ideas que recogen en su enmienda, que seguro que son positivas, se están
estudiando en el plan; hoy se trata solamente, pero de forma importante, de llegar a un acuerdo para poner de relieve las necesidades de aprobar en el menor plazo posible un plan de inclusión social que por primera vez en la historia -insisto-
luche contra la pobreza infantil. Se trata de que el Congreso hoy muestre su sensibilidad con la infancia, que hagamos pedagogía, señorías. Para algunos puede ser una causa insuficiente para traer una iniciativa a esta Cámara, a mí me parece la
más digna de las causas.


Para terminar, al Partido Socialista quiero decirle que no les entiendo, sinceramente. Esta tarde tienen que decir sí o no a la elaboración de un plan de acción, decir sí o no a que este plan fije como objetivo prioritario la lucha contra
la pobreza infantil, pero utilizar esto para traer de tapadillo un plan de verano no

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tiene ningún sentido. El problema de la infancia es mucho más serio y no va a terminar en septiembre; hay que tomar medidas de calado, medidas para prevenir y paliar una pobreza instalada, no poner parches. Señorías del Partido
Socialista, estamos cansados de los parches, de las ocurrencias y de las ideas ingeniosas; si ustedes quieren las aplican en sus comunidades autónomas, pero mientras solo les pido un poco de seriedad, de responsabilidad, de sensibilidad y de
grandeza política. Solo les pido que hoy unamos nuestras fuerzas ante la más digna de las causas: la lucha contra la pobreza infantil.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Camarero.


Pasamos a los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que también en este turno va a defender su posición, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Gracias, señor presidente.


(Comienza su intervención en valenciano). En castellano sería: señores del Partido Popular, tienen ustedes mucha desfachatez. Porque un Gobierno que nos ha inundado de reales decretos tramitados con absoluta celeridad, sin tramitación
como proyecto de ley y que a la vista de esta PNL se siente incapaz de dar respuesta inmediata a un problema de extrema gravedad que está en la calle y que han generado ustedes con sus propias políticas ¿de verdad no les provoca sonrojo? Las cifras
que ofrece Unicef, entre otras múltiples organizaciones, como Cáritas o Save the Children, alertan de que las políticas de recortes del Partido Popular están fomentando la desigualdad y son la raíz del problema de desnutrición infantil, cuya
solución requiere de una actuación inmediata. Por eso me causan asombro las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando habla de crispación o de hipocresía cuando nos referimos a esta PNL que ellos presentan hoy aquí y a la que
quieren dar respuesta dentro de seis meses.


La pobreza se encarniza con los más débiles, los niños y las niñas, y la finalización del curso escolar -les recuerdo que queda una semana de curso escolar- significa que muchos menores no disponen de la alimentación mínima diaria, una
situación intolerable en una sociedad de progreso. En Valencia, donde la Generalitat, gobernada por el Partido Popular, aún no ha abonado a los centros escolares el comedor escolar del curso agotado, ya se han conocido casos de familias que han
debido caminar tres kilómetros a un desbordado comedor de la Casa de la Caridad de Valencia con sus hijos por no poder hacer frente a la cuantía del coste del comedor escolar. El cierre de los centros escolares ya tiene consecuencias, y este caso
los ha multiplicado.


En un Estado del bienestar la Administración tiene la obligación de dar respuesta a esta situación de necesidad que afecta especialmente a los menores, y el Gobierno debe actuar con celeridad para dar respuesta a esta situación de emergencia
social. Seis meses es dar la espalda a los que más lo necesitan. ¿Se lo dirían a la cara a esas familias que tienen la nevera vacía? Nuestra enmienda es un compromiso para dar solución hoy al problema de la desnutrición infantil. ¿Se van a
atrever a votarlo en contra? Entonces estarán reconociendo que su iniciativa es pura hipocresía, que no tienen intención de solucionar el problema, pero, como están saliendo en todos los telediarios, quieren aparentar. Si quieren resolver el
problema, lo tienen muy fácil; este viernes aprueben un decreto-ley, apruébenlo, así se solucionaría el problema.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Baldoví.


Por parte del mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señora Camarero, el pasado 21 de mayo comparecía en la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, e informaba entre otras cuestiones de que el II Plan
estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016 había sido aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de abril y que estaba empezando a desenvolverse. El Plan nacional estratégico de la infancia contempla ciento veintiuna medidas que,
según el propio secretario de Estado, ya están desarrollando las comisiones técnicas con las comunidades autónomas, que, por cierto, serán las que aporten la inmensa mayoría de los recursos económicos. En esa misma Comisión, señora diputada, el
secretario de Estado informa a los presentes de que está en marcha la elaboración -cito textualmente- del plan nacional de acción para la inclusión social y la lucha contra la pobreza, en el que, según él, se trabajaría especialmente la pobreza
infantil y que lo tendríamos en el segundo semestre de

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2013. Ahora, ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, insta mediante esta PNL al Gobierno a presentar en el plazo de seis meses un plan de acción para la inclusión social con medidas específicas para luchar contra la pobreza, sobre todo, la
pobreza infantil. Pregunto: ¿Están ustedes reclamando el plan de acción que el secretario de Estado ya anunció que están elaborando? Si es el mismo, ya pueden ustedes retirar esta PNL, porque el secretario de Estado ya anunció que se estaba
elaborando. Por tanto, a no ser que ustedes desconfíen de su propio Gobierno, pueden retirarla.


Señora Camarero, yo también le voy a hablar desde el corazón. Esta retórica y esta política de hacer que se hace es poco presentable, por no decir absolutamente impresentable, justo en un momento en el que se han dado a conocer miles de
casos de niños y niñas que padecen desnutrición a causa de la crisis económica, de la falta de recursos de sus familias para poder siquiera alimentarlos dignamente. Señoras y señores diputados del Partido Popular, cuando hay miles de niños y niñas
en el Estado español que están pasando hambre, literalmente, como la que nos contaron que se pasaba en los años cuarenta, ustedes siguen insistiendo en elaborar e instar a que se hagan planes y más planes. ¿Cuánto creen ustedes que pueden esperar
esos niños y niñas, que ya están pasando hambre en estos momentos, a que elaboren su plan? La dramática situación actual requiere de planes a medio y a largo plazo, pero requiere, señores diputados, sobre todo de acciones decididas y urgentes para
paliar una situación que ya en estos momentos, ahora mismo, tiene miles de nombres y apellidos detrás.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Acabo.


Cuando el Partido Popular tuvo prisa para poner en marcha medidas inmediatas en contra de nuestra sanidad pública o para aplicar recortes a la Ley de Dependencia o en contra de los pensionistas o de los parados, han aprobado ustedes en
tiempo récord reales decretos que han aplicado inmediatamente. Ahora lo que hace falta es urgencia y ustedes se limitan a proponer planes que ya se están elaborando. Como dicen las bienaventuranzas, que ustedes seguramente conocen mejor que yo,
den ya de comer al hambriento, que en el Estado español hay muchos y cada día más debido a las políticas económicas y sociales que ustedes están desarrollando.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señora Pérez.


Finalmente, por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, parto de los datos que se han repetido aquí: 2 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza; miles de niños y niñas, decenas de miles, cientos de miles se ven mordidos en el día
a día ya por falta de alimentación y por problemas de salud que se derivan de lo anterior. ¿Hay mayor muestra de violencia social que esta que está padeciendo la población más indefensa y más débil existente en nuestra sociedad? Yo diría que no,
es evidente.


Los datos que nos ha dado el Partido Popular son muy duros, pero aquí no hay que hablar únicamente de las personas que padecen esta pobreza infantil; lo que hace falta es hablar también de las causas de todo esto y más que de las causas, de
los causantes. Los causantes tienen nombres y apellidos y en algunos casos tienen siglas y están en los gobiernos. Porque la pobreza infantil no es una plaga bíblica, no es algo que haya caído del cielo, sino que tiene unas causas muy concretas
ligadas a las políticas sociales y económicas que se están desarrollando. Hablar de la pobreza sin hablar de la riqueza, señores del PP, compañeras, compañeros, creemos que es muestra de hipocresía. No se puede hablar de una sin hablar de la otra.
La una nace de la otra. Cuanto más ricos son unos pocos, más pobres son unos muchos. Cuando la pobreza muerde abajo es porque se impone desde arriba. Cuando la pobreza la tienen los más débiles es porque los más fuertes están viviendo a expensas
de ella. Amancio Ortega, ese portento de las finanzas y de la industria española, ha hecho su fortuna en gran medida sobre la base de la sobreexplotación infantil, del trabajo infantil. Aquí, en el Estado español, existen muchísimos amancios
ortegas que indirectamente están repercutiendo sobre la situación que están viviendo cientos de miles de niños y niñas. El reparto del producto interior bruto en el Estado español en las últimas décadas está teniendo una evolución completamente
favorable a las rentas del capital y en contra de las rentas del trabajo. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Crecen los primeros en su riqueza y los segundos en su pobreza. Y los niños y las niñas son quienes se
llevan la peor parte de todo esto.

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Señores y señoras del PP, la pobreza infantil hoy en día crece, engorda, gracias a su política social y económica. Y si esta política social y económica no se cambia, lo que ustedes nos están presentando aquí es pura hipocresía; es más,
diría yo, es pura obscenidad.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señor Cuadra.


Por parte del Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, la protección de los niños y las niñas en las etapas de crecimiento y formación constituye uno de los elementos clave del progreso humano y social. Por tanto, resulta vital tener en
cuenta a la infancia en la toma de decisiones ante los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad por su propio desarrollo y bienestar, y también -por qué no decirlo- por el de la sociedad en su conjunto. Las altas tasas de pobreza infantil
impiden el disfrute del derecho a la igualdad de oportunidades que todos y todas tenemos y destruyen cualquier expectativa de calidad de vida. La pobreza surge por la carencia de recursos para satisfacer las necesidades más básicas de las personas
-la alimentación, la vivienda, la educación o la asistencia sanitaria-, que sitúa a quienes la padecen en una clara situación de desventaja. La pobreza crea problemas, incertidumbres y angustias que los poderes públicos no podemos permitir.


Un elemento de extraordinaria importancia en la protección del menor es la familia; la familia en un concepto amplio. La llamada familia tradicional, las monoparentales, las numerosas, las reconstituidas, las que tienen niños y niñas en
acogida, las adoptantes, aquellas cuyos progenitores son personas del mismo sexo, las interculturales, todas deben ser reconocidas y apoyadas, más en estos momentos de crisis, en los que se ha acentuado su condición de reducto de protección y ayuda
incondicional a sus miembros más débiles. Es preciso promover un mayor reconocimiento social y desarrollar políticas de ayuda, servicios, recursos formativos y preventivos que les permitan cumplir sus funciones básicas y proteger a los niños y
niñas con calidad y con calidez. Es preciso dar una respuesta inmediata y equitativa a las situaciones de pobreza infantil, especialmente agravadas con motivo de la crisis económica que desgraciadamente lleva instalada desde hace tiempo entre
nosotros. De ahí que, compartiendo los objetivos de su propuesta, no podamos aplaudirla porque llega tarde. Resulta frustrante que transcurridos diecisiete meses desde la llegada al Gobierno del Partido Popular se nos proponga instar al Gobierno
para que en un plazo de seis meses -ni más ni menos que de seis meses, se dice pronto- se nos presente un plan de acción para la inclusión social, con medidas específicas para luchar contra la pobreza y en especial contra la pobreza infantil. En
seis meses, señorías, nos ponemos en el ecuador de la legislatura, en la mitad exactamente de la legislatura. Sinceramente, ¿me pueden decir qué han estado haciendo hasta ahora? ¿En qué mundo viven? Seis meses; la parálisis por análisis.
Sorprende especialmente cuando en estos diecisiete meses han acreditado el nada honroso récord en la modalidad legislativa de recortes vía reales decretos legislativos, más de una treintena. Estamos seguros de que podrán demostrar la misma
celeridad en materia de protección social que la exhibida en materia de recortes, fundamentalmente porque este es un problema que no puede esperar más, un drama a escala humana que debe ser abordado con premura. Por eso hemos presentado una
enmienda a su proposición para que ese plazo se reduzca a un mes; un mes es un decir pero tiene que ser a la mínima expresión, en el menor plazo posible y que por supuesto se haga respetando las competencias que las comunidades autónomas acreditan
en esta materia. De hecho les diré que el Gobierno vasco, que lleva escasos seis meses trabajando desde su toma de posesión, está poniendo en marcha en este momento un plan contra la pobreza infantil. Sigan ustedes el ejemplo. Confiamos que por
el bien de los niños y niñas y de todos aquellos que se encuentran excluidos o en riesgo de exclusión acepten nuestra propuesta. En cualquier caso, valoramos positivamente la iniciativa en general y la referencia hecha por la portavoz al respeto al
ámbito competencial y a la necesidad de concluirlo en el menor plazo posible.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Sánchez Robles.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la diputada Irene Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.


Este es un asunto que hace sufrir a mucha gente, como hemos visto aquí en la tribuna. La propia portavoz, la señora Camarero, del Partido Popular, ha dicho que hablaba con el corazón y nosotros

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francamente preferiríamos que hubieran puesto un poco más de cabeza a la hora de redactar esta iniciativa porque, como ya por desgracia va siendo costumbre, en el texto dispositivo lo que se propone son una serie de cosas genéricas, vagas e
inconcretas; es una iniciativa que apenas tiene contenido y creo que en un asunto tan grave como este es especialmente lacerante que no se quiera dar ese contenido y que no se quieran aceptar las enmiendas de los demás grupos. He deducido de su
discurso que como ya todo lo que nosotros proponemos en la enmienda lo están haciendo, es decir, como les gusta, no van a aceptarla, que es lo que nos ocurre muchas veces; otras veces nos ocurre que no les gusta y no nos aceptan la enmienda o la
propuesta, y a veces les gusta y también por eso la rechazan. Deduzco de su discurso que no la van aceptar.


Decía que esta iniciativa, empezando por su propio título, confunde dos conceptos que es crucial diferenciar. Propone un plan de acción para la inclusión social, cuando se nos presenta con el título de proposición no de ley para luchar
contra la pobreza. La pobreza y la exclusión son conceptos distintos. Es muy importante socialmente diferenciar la pobreza de la exclusión porque las acciones que hay que tomar respecto a ellas son diferentes.


Una vez más creemos que los hechos demuestran que el Gobierno está siendo desbordado por la realidad porque hay una situación urgente que abordar, que es la pobreza infantil, y hay una situación perentoria, que es la que se va a dar este
mismo verano con muchos escolares -a nosotros nos lo están haciendo llegar directores de distintos centros y supongo que a su grupo también-, que cuando tengan las vacaciones escolares van a dejar de recibir esa comida caliente diaria que al menos
ahora reciben en los colegios. El últimos informe de Unicef sobre la infancia en España ya se ha citado aquí y yo quiero agradecer especialmente el trabajo constante de todas las organizaciones, como Save the Children y otras ONG, a favor de la
infancia. Ese informe de Unicef nos habla de 2 millones de niños pobres, nos habla de que esa cifra de niños pobres ha aumentado un 10 % durante la crisis. Asimismo nos habla de otro dato que quiero traer aquí y es que la tasa de hogares pobres
con niños en los que al menos un miembro de la familia trabaja es del 15 %. Es decir, que la devaluación salarial consecuencia de la reforma laboral provoca directamente situaciones de pobreza infantil. Digo esto porque todas las reflexiones
relativas a la pobreza y a la desigualdad que he hecho en mi intervención en el anterior punto del orden del día son igualmente válidas para esta iniciativa porque en el fondo estamos hablando de lo mismo. A mí no me cansa repetirlo porque creo que
es fundamental para que al menos los representantes públicos dejemos de sufrir y tomemos acciones determinantes para acabar con este sufrimiento social.


La desigualdad es el problema social más grave que tenemos en este momento, y si no atacamos directamente la desigualdad no solucionaremos el problema de la pobreza. En el caso concreto de la pobreza infantil, además de las consecuencias
presentes e inmediatas para los 2 millones de niños y niñas que en estos momentos viven bajo ese umbral de la pobreza, hay que tener en cuenta cómo esta situación de pobreza les afectará el resto de su vida; cómo los problemas graves de
desnutrición les pueden causar problemas de crecimiento, les pueden causar problemas de salud; cómo esa situación de pobreza influye en la posibilidad de que padezcan situaciones de violencia, de abuso o de abandono; cómo pierden oportunidades
educativas. Es decir, cómo la pobreza va a ser una secuela que van a arrastrar el resto de su vida.


Los niños pobres necesitan dos acciones de este Gobierno; una es perentoria y otra es urgente, y creemos que el Gobierno debería actuar con carácter inmediato en este asunto. No me gusta ser agorera, y mucho menos en un asunto tan delicado
como este, pero quiero acabar recordando que en el año 2003 dio la vuelta al mundo una fotografía de un niño argentino desnutrido; dio la vuelta al mundo porque era argentino, porque era blanco y porque tenía los mismos síntomas de desnutrición que
estamos acostumbrados a ver en los niños de África. Eso ocurrió después de unos años de crisis económica, del corralito y de todo eso que todos conocemos. Espero que nunca tenga que publicarse una foto semejante de España y espero que no tenga que
publicarse bajo su Gobierno, porque entonces este sufrimiento se va a agravar mucho más para todos ustedes.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Lozano.


Por parte del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el diputado Alberto Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que no me imagino a ningún diputado de ningún grupo parlamentario subiendo a esta tribuna a declarar que está en contra de la filosofía de esta proposición no de ley, pero sí es cierto que

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resulta no ya curioso sino prácticamente un insulto que sea el Partido Popular el que nos traiga esta PNL, y no porque no tengan los diputados y diputadas del Partido Popular sensibilidad contra la pobreza, porque estoy seguro de que no les
gusta que existan pobres en ningún país del mundo. Sin embargo, no es compatible hacer esta PNL vacía que podemos firmar absolutamente todos los grupos, que es parte de un ejercicio de márquetin de este Gobierno, con la política económica que está
haciendo el Partido Popular, que no es una política económica contra la pobreza sino contra los pobres, que es bien distinto. Es una política económica basada en recortar los servicios públicos, la educación, la sanidad, y que está elevando la
desigualdad. Se ha puesto aquí de manifiesto por otros portavoces de los grupos parlamentarios una serie de indicadores que reflejan que efectivamente la crisis económica está incidiendo sobre los más desfavorecidos, especialmente sobre los
sectores más jóvenes, en este caso el infantil. Esta es una constatación común en todas las crisis económicas. El problema fundamental es que la política económica del Partido Popular lo que hace es sentar las bases para que esto se vaya
profundizando aún más. Cuando es noticia que un Gobierno como el de la Junta de Andalucía da comida y garantiza que los niños vayan a comer tres veces al día, cuando eso se convierte en noticia, es porque este país está directamente al borde del
abismo. Sin embargo, mientras esa situación está ocurriendo, el Gobierno del Partido Popular, que hace con extraordinaria celeridad decretos-leyes para salvar el sistema financiero, para salvar a las grandes fortunas, a las grandes empresas, nos
presenta dos años después de haber entrado en el Gobierno una PNL tan vacía como esta, dejando claro cuáles son sus prioridades de clase, cuáles son sus prioridades en este escenario de crisis económica.


Por supuesto, nosotros vamos a votar a favor y esperamos que el Gobierno nos plantee soluciones concretas para este problema tan urgente. Nosotros hemos planteado una enmienda con dotación presupuestaria que matiza que ha de ser compatible
con la política económica, porque en nuestra enmienda se pide una rectificación de la política económica. Nuestro país no solo tiene novedades como la de la Junta de Andalucía, nuestro país tiene filas y filas repletas de gente -incluidos niños-
esperando para pedir un bocadillo en las calles de nuestras ciudades. Esto es una desgracia y no requiere una PNL, requiere mucha más urgencia, requiere mucha más claridad a la hora de dar soluciones. Esto es lo que nosotros pedimos. Pedimos
luchar contra la desigualdad, una desigualdad que el Gobierno del Partido Popular con su reforma laboral incrementa. Se ha dicho por otros grupos que sus reformas financieras se incrementan en la medida en que priorizan los recursos hacia sectores
que solo favorecen a una minoría de la sociedad. Es, en definitiva, un conjunto de políticas económicas con el que no se nos puede engañar, no se nos puede mentir diciendo con tanta retórica que la pobreza es una prioridad para este Gobierno. (La
señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). No nos sirve de nada la retórica, queremos datos, queremos números y queremos soluciones inmediatas. Tenemos a todas las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la pobreza
reclamando una ayuda más activa por parte del Gobierno y, sin embargo, desgraciadamente no lo estamos viendo. Por lo tanto, con estas palabras, con esta enmienda que hemos presentado, queremos decir que ojalá acabemos algún día con la pobreza, pero
nos queda claro que en este momento, esta PNL en concreto es pura retórica si no está acompañada por una dotación presupuestaria lo suficientemente cuantiosa para hacer frente a este problema y si no está acompañada de un cambio en la política
económica, que en realidad es la causa de la pobreza. Tenemos que ir contra los efectos pero también contra la causa de los problemas que queremos resolver. Queremos soluciones y no solo alivios. Ese es el motivo fundamental por el que votaremos
a favor, pero dejamos claro nuestras sospechas de que no va a servir, al menos de nada seguro, esta PNL. Esperamos que el Gobierno rectifique, que el Grupo Parlamentario Popular sea aun más beligerante, si se me permite la expresión, con su propio
Gobierno y le diga que la prioridad es la pobreza, que la prioridad son los pobres y que la prioridad es la mayoría de esta sociedad que está sufriendo los efectos de esta crisis, y no los bancos o las grandes fortunas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.


Por el Grupo Socialista, señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, todos los grupos parlamentarios debatimos desde el corazón, como no podía ser de otra manera, pero desgraciadamente la proposición no de ley que trae a este Pleno el Grupo Parlamentario Popular es un ejercicio de hipocresía
política desde el principio hasta el final en un tema de tanta gravedad, de tanta crueldad y tan sensible como el de pobreza infantil. Digo esto porque en su exposición de motivos

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faltan a la verdad cuando dicen que el pago de proveedores ha mantenido el funcionamiento de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y, en general, de los servicios básicos para el ciudadano, cuando lo cierto es que están
privatizando y desmantelando todo con sus políticas de recorte que se plasman en los Presupuestos Generales del Estado. Hablan también en esa exposición de motivos de la prórroga del Plan Prepara, omitiendo la verdad, señorías, y es que las
exigencias que ha impuesto en ese plan, en esa prórroga, el Partido Popular han dejado sin ayuda a miles y miles de ciudadanos y de ciudadanas. Es políticamente vergonzoso que aludan a la subida de pensiones cuando han subido los impuestos, no han
revalorizado las pensiones, han impuesto el copago sanitario, han quitado la partida de teleasistencia y reducido la ayuda a domicilio, en definitiva, han golpeado con sus políticas a nuestros pensionistas. Además de todo esto, esta proposición no
de ley en primer lugar pone de manifiesto el incumplimiento del Gobierno, el de la ministra, que hace dieciséis meses comprometió este plan en sede parlamentaria y ahora quieren una coartada de seis meses más. Además, el secretario de Estado dijo
que se presentaría este plan de inmediato, que estaba prácticamente elaborado. Pone en evidencia al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno, que dejan al descubierto lo poco que les importa este Parlamento, así como el poco respeto que tienen por
los acuerdos que en esta Cámara se adoptan, aun cuando sean por unanimidad. Señoras y señores diputados, hace un año que votamos por unanimidad lo que hoy está proponiendo el Grupo Popular, y pretende seis meses más. Así se pone de manifiesto que
el Gobierno no ha hecho nada, que no ha cumplido ante un auténtico drama como es la pobreza en general y la de la infancia en particular.


No lo decimos nosotros, señoras y señores diputados, muestran su preocupación ante esta situación el Consejo de Europa; lo dice la Unión Europea cuando evalúa su Plan nacional de reformas; y lo dicen las organizaciones sociales, las del
tercer sector, que alertan que va a más y a peor la situación y que hay que actuar con urgencia y ya. Además, señorías, pone de manifiesto su soberbia y su prepotencia, porque cuando hay comunidades autónomas que han dado un paso adelante como en
el caso de Andalucía para garantizar tres comidas a nuestros niños y a nuestras niñas al día, ustedes insultan, descalifican y nos dicen que somos Etiopía. Mientras tanto, mientras el Partido Popular insulta y descalifica el comisario de Derechos
Humanos del Consejo de Europa dice que el decreto contra la exclusión de la Junta de Andalucía es positivo. Por si fuera poco todo esto, con su reforma, señorías del Partido Popular, de la Ley de Bases de Régimen Local van a enterrar
definitivamente los servicios sociales comunitarios y hacer de ellos un negocio privado para unos cuantos. El hambre no puede esperar más. Nuestros niños y nuestras niñas no tienen qué comer y ustedes están pidiendo seis meses más como si eso no
fuese nada. ¡Qué lejos, señorías, están de la realidad, qué lejos de quienes peor lo están pasando y qué ajenos al sufrimiento! (Rumores). Lo demuestran cuando han aprobado, después de un año esperando, el Plan de infancia y adolescencia.


En cuanto al objetivo número cinco, tanto que han alardeado aquí desde esta tribuna de ese plan, que es potenciar la atención e intervención social a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo, desprotección, discapacidad y/o en
situación de exclusión social, el Gobierno del Partido Popular dedica en el presupuesto, señorías, un céntimo por niño o niña, un céntimo, teniendo en cuenta que tenemos 2.300.000 niños en el umbral de la pobreza. Lamentable, pero cierto.


Termino, señora presidenta. Señoras y señores diputados del Partido Popular, señora portavoz, acepten las enmiendas, acepten que sea un mes el plazo para traer el plan a este Parlamento por parte del Gobierno y acepten la enmienda del Plan
verano e infancia.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Aguilar.


La señora AGUILAR RIVERO: Termino, señora presidenta.


Porque no es una ocurrencia, es una necesidad de emergencia; si no díganles a los padres que no tienen para dar de comer a sus hijos qué van a hacer este verano. No dejemos a nuestras niñas y a nuestros niños abandonados. Merece la pena
llegar a un gran acuerdo. No evalúe usted las enmiendas de todos los grupos parlamentarios, por favor. Diga hasta dónde está dispuesto a llegar el Grupo Popular para alcanzar ese gran acuerdo en la lucha contra la pobreza en la infancia. Acepten
algunas de las enmiendas y podremos, sin lugar a dudas, avanzar, que es lo que necesitan los niños... (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Aguilar.


En turno de fijación de posición, señor Campuzano.

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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


En cualquier caso, sea bienvenido el debate que nos ha planteado la señora Camarero. Como usted habrá comprobado, todos los grupos parlamentarios le insisten en esta discusión en que quizás dieciocho meses de gobierno, en una materia de la
trascendencia de la que estamos debatiendo, exigiría por parte de su grupo y por parte del Gobierno alguna cuestión más concreta que el texto de su proposición no de ley. Además Convergència i Unió debe recordarle que en junio de 2012 -el 19 de
junio, o sea hace prácticamente un año- ya instamos al Gobierno a aprobar una política orientada a reducir la pobreza infantil. En aquellos debates -venimos insistiendo en ello en esta legislatura; hace pocos minutos la señora Tarruella también lo
decía desde la tribuna- quisimos poner de manifiesto que el problema de pobreza infantil es previo a la crisis. En pleno auge económico España tenía unos índices de riesgo relativo de pobreza infantil de los más altos de la Unión Europea, y que
lógicamente una crisis que está destruyendo empleo afecta aún más singularmente a las familias con niños pequeños a cargo. Unicef y Save the Children son las dos organizaciones de la sociedad civil que en los últimos tiempos están empujando para
incorporar esta cuestión en nuestra agenda política. Hemos de recordar que en esta legislatura estamos discutiendo más que nunca de pobreza infantil, pero ese problema desde hace cuatro, cinco, seis o siete años lo teníamos planteado, y en ese
sentido la labor que han hecho esas organizaciones no gubernamentales está siendo fundamental para que esta cuestión esté en la agenda política. Unicef en uno de los informes que nos trasladaba nos daba una cifra que en números absolutos es
totalmente contundente: más de 250.000 niños en riesgo de pobreza han aumentado entre 2008 y 2011, por tanto, señorías, todo ello justifica el debate, justifica que el Gobierno haga alguna cosa y justifica que los grupos le pidamos al Gobierno que
pase de la retórica a los hechos.


En este sentido, al entender de Convergència i Unió hay tres consideraciones a plantear. En primer lugar, si la principal responsabilidad en materia de asistencia social está en manos de las comunidades autónomas, es imprescindible que los
objetivos de reducción del déficit público reconozcan el papel de las comunidades autónomas en las políticas del Estado del bienestar. Luego un desequilibrio en ese ajuste en el logro de esos objetivos que sitúe un mayor peso del ajuste en las
arcas de las comunidades autónomas implica menos capacidad para que las comunidades autónomas puedan combatir la pobreza infantil. En segundo lugar, en la estricta competencia de la Administración General del Estado y de la Seguridad Social existen
dos competencias a las que el Gobierno no puede rehuir. Una, las prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social. El principal instrumento, la principal línea que tiene la Administración central para apoyar las políticas de familia es el
sistema de la Seguridad Social, y las prestaciones por hijo a cargo hoy en el Estado español están en 291 euros al año y para familias en situación de grave pobreza. La mejor aportación dineraria que se podría hacer sería avanzar en un aumento de
las cifras de la prestación por hijo a cargo en la Seguridad Social. -Unicef en concreto habla de 600 euros y quizás también aumentar los límites para acceder a esta prestación-. En tercer lugar, también es competencia del Estado todo aquello
vinculado a la fiscalidad. En el ámbito de la fiscalidad las medidas que se tomen en materia de IVA deben considerar cómo el aumento del IVA afecta a las familias con hijos a cargo, y los productos vinculados a la infancia no pueden tener un IVA
del 21 %, señorías, como sucede hoy en algunas ocasiones.


Otro debate es la emergencia social, las medidas que hay que tocar en materia de emergencia social. Si las comunidades autónomas no pueden hacerlo debe ser el Estado quien debe facilitar los recursos para que las comunidades puedan
desarrollar las políticas.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Un último comentario, señora presidenta. En esta materia es exigible un gran acuerdo político con el tercer sector, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con el Gobierno del Estado. En eso
está Convergència i Unió.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Campuzano.


Señora Camarero, tiene la palabra para la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.


La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora presidenta, no vamos a aceptar las enmiendas presentadas.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Se vota en sus propios términos?

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La señora CAMARERO BENÍTEZ: Se vota en sus propios términos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES, PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS PENDIENTES CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR. (Número de expediente 162/000607).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, relativa a la ampliación del Plan de pago a proveedores, para el pago de las deudas pendientes con
entidades del tercer sector. Para su presentación tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, está siendo hoy una tarde de mucho debate sobre las cuestiones vinculadas a las políticas sociales, al Estado del bienestar. En este caso Convergència i Unió plantea una proposición no de ley que
pretende mandatar al Gobierno para que en un próximo plan de pago a proveedores, que nos consta a todos que el Gobierno está estudiando, se incorporen específicamente todas aquellas deudas que las administraciones autonómicas y locales hayan
contraído con las entidades del tercer sector. Este es el objeto principal de nuestra proposición no de ley que parte además de una preocupación que en esta crisis Convergència i Unió ha trasladado en diversas ocasiones, cual es que la crisis se
lleva por delante una parte muy significativa de nuestro tejido asociativo y, muy singularmente, aquel tejido asociativo que coadyuva a que los poderes públicos logren cubrir las necesidades en el ámbito del Estado del bienestar. En este sentido he
de recordar que en octubre de 2012 ya aprobó este Pleno una moción, también de Convergència i Unió, que planteaba algunas medidas en esta dirección, y muy particularmente en todo aquello relacionado con el acceso a la financiación por parte de las
entidades del tercer sector. Todo ello lo hacíamos en un contexto y es que el desarrollo del Estado del bienestar en España ha tenido como característica -en algunos territorios y muy específicamente en nuestro país, en Catalunya, con una especial
relevancia- que en esos objetivos de carácter público, de atención a las personas, de servicios a las personas en riesgo de exclusión social, de atención a las personas más vulnerables, las administraciones han optado por prestar esos servicios, por
desarrollar esas políticas a través de iniciativas del tercer sector. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Eso se ha hecho desde la iniciativa de la propia sociedad civil y desde la convicción desde las propias administraciones públicas de
que esa prestación a través de entidades del tercer sector aportaba flexibilidad, proximidad y calidez. Por tanto, nuestro Estado del bienestar no ha tenido tan solo un despliegue desde la gestión directa de las administraciones públicas, sino
también desde la gestión a través de la sociedad civil, de las organizaciones que articulan esta sociedad civil. Eso, además, ha ido más allá incluso del Estado del bienestar y ha alcanzado a las políticas del ámbito del medio ambiente, de
cooperación al desarrollo, etcétera.


Es evidente que en esta crisis y fruto de muchos otros problemas -fruto también del excesivo endeudamiento de algunas administraciones públicas, fruto de las insuficiencias de nuestro sistema de financiación, que están castigando
singularmente a las comunidades autónomas del arco mediterráneo, Catalunya, País Valenciano, Islas Baleares y Murcia, también de algunas decisiones en materia de objetivos de déficit público que ha impuesto el Estado y a las que me refería en la
anterior intervención- lo que es cierto es que esta situación, junto con los problemas de liquidez y tesorería de las comunidades autónomas, está llevando a que sean muchas las administraciones públicas de ámbito territorial que deben recursos a las
entidades del tercer sector. Y a esas entidades que deben hacer frente a otras decisiones que se están tomando en el ámbito de las administraciones públicas, singularmente en el recorte de determinadas políticas públicas, se le añaden los problemas
de morosidad de la Administración. En algunos supuestos estamos hablando, señorías, de deudas de las administraciones públicas que provienen de los ejercicios 2009 y 2010. Mi grupo hoy en esta intervención no quiere hablar de cifras concretas,
aunque el Cermi sí ha hablado de algunos centenares de millones de euros que las administraciones públicas adeudan a las entidades vinculadas a la discapacidad. En el caso de Catalunya en algún momento se llegó a hablar -quizá sea una cifra
excesiva- de 700 millones de euros, pero lo que es cierto es que hay una enorme deuda de las administraciones públicas con este tercer sector que está hipotecando el presente y el futuro de esas entidades y, si no somos capaces de movilizar recursos
para resolver esas cuestiones, buena parte de ese tejido asociativo puede terminar cerrando. De hecho,

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ya hay organizaciones sociales que se han visto obligadas a cerrar y eso tiene una repercusión en términos de calidad democrática, en términos de articulación de una sociedad a través de sus entidades, pero también en términos de la
prestación de los servicios que esas entidades estaban realizando, y por tanto de una menor atención a las necesidades sociales que las mismas cubrían. Hoy hemos debatido diversas iniciativas vinculadas a las cuestiones de pobreza. Pues bien,
buena parte de las actuaciones que hoy están paliando mínimamente esas necesidades se están articulando a través de esas iniciativas de la sociedad civil. Es en este contexto donde la sociedad civil y algunos gobiernos autonómicos -en este caso he
de referirme al Gobierno de mi país, la Generalitat- han planteado que en un nuevo plan de pago a proveedores se incorporen aquellas fórmulas, aquellas maneras que tiene la Administración de financiar las actividades públicas que quedaron excluidas
en el Plan de pago a proveedores. En concreto, en el Plan de pago a proveedores que el Gobierno ha puesto en marcha hasta la fecha, contratos y conciertos estaban incluidos; convenios y subvenciones quedaban excluidos. En este sentido, la
proposición no de ley que plantea Convergència i Unió reclama en concreto que en el nuevo plan de pago a proveedores se atienda a las necesidades de las entidades sin ánimo de lucro, del tercer sector, de la sociedad civil, que respondan a deudas
que se deriven de convenios entre la Administración y entidades privadas cuyo objeto esté excluido de la Ley de Contratos del Sector Público, contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado, contratos de gestión de servicios
públicos en su modalidad de concesión, subvenciones y cualquier otra modalidad de financiación de fondos no cubierta por la Ley de Contratos.


Se trata de movilizar al Estado para que salga en rescate del tercer sector, siendo conscientes, señorías, de que en esta materia vamos a necesitar en los próximos tiempos una política más ambiciosa para apoyar la iniciativa del tercer
sector en el ámbito del mecenazgo; en el ámbito del acceso a la financiación por parte del sistema bancario; en el ámbito de la contratación pública, la fiscalidad de la contratación pública; en el ámbito de las cláusulas sociales se necesita una
nueva política que permita al tercer sector reforzar su papel en el desarrollo de las políticas públicas. Más allá, señorías, de lo que puede ser estrictamente el problema que hoy pretendemos resolver con esta iniciativa, nos gustaría contar con el
apoyo de sus señorías.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra en primer lugar dentro del grupo, el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


El Plan de pago a proveedores llenó de alivio a mucha gente y ese alivio debe llegar también a colectivos y demás entidades sin ánimo de lucro a los que las administraciones deben millones de euros. El plan de pago dejó fuera a las
entidades con deudas derivadas de subvenciones reconocidas por la Administración. En la Comunidad Valenciana existe una situación de impago respecto a las subvenciones o ayudas reconocidas que está generando verdaderos dramas sociales. Ni la ayuda
para alquiler de vivienda se paga desde hace cuatro años ni se abona o se ha recortado muchísimo la renta social básica y mucho menos las ayudas y retroactividades por aplicación de la Ley de Dependencia. Estamos hablando de la comunidad autónoma
con más deuda a personas físicas y jurídicas de todo el Estado y la gente tiene que cobrar porque cuentan con una resolución administrativa que así lo indica, tienen un derecho que se les están negando. Su inclusión permitiría respirar a todas las
entidades que quedaron fuera. El lado oscuro de estas medidas es la deuda sobre la deuda que le generan al ayuntamiento o comunidad autónoma que tendrá que devolver con intereses, porque no es lo mismo para un ayuntamiento deber 10.000 euros que
costó cualquier cosa y pagar con retraso, que tener que pagar al Estado los 10.000 euros con intereses del 5 %. En el caso de los ayuntamientos es todavía más sangrante porque no pagan porque la comunidad autónoma no les paga, y son los propios
ayuntamientos los que tendrán que asumir el coste de los intereses, a pesar de no tener dinero para ello. Así que esta idea de que el Gobierno Central preste el dinero al 5 % como mínimo de interés a través de la banca y del ICO al resto de
administraciones públicas mientras que el Banco Central Europeo se lo presta a los bancos al 1 %, me parece que es un despropósito económico y financiero que va a multiplicar la deuda de ayuntamientos y comunidades autónomas, incrementando la bola
de nieve de la que ya nunca vamos a salir.


De este modo, la supuesta ayuda no lo es tal, es un regalo envenenado, especialmente cuando la economía no tiene visos de mejorar y, por tanto, la recaudación municipal es cada año más exigua. Nuestra petición al Gobierno en forma de
enmienda a esta moción se centra en mejorar las condiciones

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de devolución para que las mismas no asfixien todavía más a ayuntamientos y comunidades autónomas, garantizando condiciones de devolución viables y no las de mercado. Se ha de reducir el tipo de interés para no asfixiar con más deuda, y ya
que el Estado ha invertido en entidades bancarias, por ejemplo, Bankia, estas deberían ser utilizadas para garantizar créditos asequibles para las administraciones públicas. La realidad es que ahora las administraciones siguen debiendo el mismo
dinero más los intereses, y por eso nuestra enmienda va en el sentido de introducir una mejora en todos los planes de pagos a proveedores con el fin de garantizar la viabilidad de las arcas públicas de municipios y comunidades autónomas, consistente
en que el interés de devolución del dinero financiado mediante el mecanismo del Plan de pago a proveedores sea el mismo que el que el Banco Central Europeo ha aplicado a las entidades rescatadas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el tercer sector afronta con dificultad su futuro para superar la crisis y preservar su labor de protección social, pero tienen un gran problema, el problema se llama la financiación, una financiación
directamente afectada por la asfixia económica a que el Estado está sometiendo a las comunidades autónomas y entidades locales. El Estado traslada su deuda a esas entidades asfixiándolas e incrementando su deuda al obligarlas a refinanciarse.
Asimismo, se ven obligadas a retrasar el pago de las nóminas, a retrasar el pago también de la Seguridad Social o de la misma Hacienda, cuando no a despedir a trabajadores, situación que, más allá de la tragedia personal y familiar, está hipotecando
la prestación eficiente de la labor social que desarrollan. El tercer sector es un pilar del Estado del bienestar y, como tal, este actor lo es también en las políticas sociales. Es imprescindible y urgente que las administraciones les paguen para
que puedan continuar con su labor pública, reitero, con su labor pública. En estos tiempos de crisis las entidades del tercer sector son organizaciones plenamente comprometidas con la sociedad, son entidades que han decidido libremente apostar por
una sociedad solidaria por encima de los beneficios personales que pudieran generar sus proyectos.


Por todo ello, es necesario que el plan de pago de las deudas pendientes de la Administración priorice al tercer sector, pero ello no es suficiente desde nuestro punto de vista. Solicitamos también reformar la Ley de Contratos del Sector
Público a fin de que en los procedimientos de contratación pública se considere el precio final con el IVA incluido. Esta medida beneficiaría directamente al tercer sector, pero también a la Administración pública, que se ahorraría el pago del IVA
que ahora mismo pagan las empresas licitadoras después de que estas hayan ganado un concurso sin el IVA. En estos momentos de graves dificultades económicas para las entidades del tercer sector, se hace necesario legislar en aquel sentido que
permita a dichas entidades participar en las licitaciones del sector público en condiciones favorables y sin verse afectadas por ninguna situación de penalización, como es la fórmula actual de exclusión del IVA en los precios de licitación.


Acabo. Nuestras administraciones deben ser las primeras en ayudar y en facilitar el preciado trabajo de estas entidades ante la situación que viven los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y a la vez también en entender que la
lucha contra la pobreza y la exclusión social es responsabilidad absolutamente de todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.


Señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, como ha señalado el portavoz de Convergència, estamos ante un tema que ha estado presente a lo largo de toda la tarde en todos los debates, que es dar respuesta a quienes sufren con más crudeza los efectos de la crisis que padece
ahora mismo el Estado español. Estamos además ante una situación que creo que desde el punto de vista ideológico y del modelo social tiene especial importancia porque el Estado está haciendo lo que decía el refrán castellano, y que recogía Lope de
Vega en sus sonetos, lo del perro del hortelano, que ni come ni deja comer. Al final, el Estado no está dando respuesta

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a esas situaciones de exclusión y está impidiendo que quienes están dando respuesta la puedan dar, pone en peligro que la puedan dar.


Estamos ante un modelo socioeconómico frente a un modelo neoliberal que da la espalda al Estado del bienestar o un modelo de reforzamiento del Estado del bienestar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un tercer sector, que es el
que está dando apoyo, auxilio, el que está dando respuesta a las situaciones de las personas que están más desfavorecidas, más desvalidas, las más dependientes, las más próximas a la exclusión social. Estamos hablando también de apoyar a un modelo
de participación social, un tercer sector que se basa en un modelo solidario frente al modelo del negocio, que muchas veces está también detrás de esos planteamientos del Estado. No olvidemos que con demasiada frecuencia se habla de la
privatización de la atención a esos sectores, la privatización, por ejemplo, de la atención en residencias de tercera edad, de dependientes, etcétera, de trasladar el modelo solidario al modelo del negocio. Por eso creo que es importante apoyar a
este sector, y al final lo que estamos viendo es que el Estado una vez más, el Gobierno, tiene una gran rapidez a la hora de responder a los intereses de quienes hacen negocio y, sin embargo, tiene una tremenda lentitud, una pasividad asombrosa a la
hora de responder a las urgencias, a las angustias de las personas que sufren los efectos de la crisis económica. El Gobierno ha respondido rápidamente a los intereses de las empresas y de la banca, aportando soluciones, adelantando los pagos que
les deben otras administraciones, sin embargo, el tercer sector no está en su cabeza, no está en su mente, no está en sus objetivos.


Por eso creemos que esta proposición no de ley es oportuna con las correcciones que se aportan desde el grupo, desde nuestros colegas de Compromís y desde Esquerra Republicana de Catalunya, que perfeccionan la propuesta original y la hacen
mucho más eficaz y también que serían oportunas las enmiendas que presenta el Grupo de La Izquierda Plural porque van a la raíz del problema: ¿vamos a potenciar el Estado del bienestar, vamos a reforzar el Estado del bienestar apoyando los
servicios sociales, o vamos a favorecer la economía especulativa?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.


Para defender su enmienda, tiene la palabra el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


A primera vista parece difícil oponerse a la proposición no de ley que trae CiU al Pleno porque se refiere a un tema muy sensible y más en las circunstancias actuales. El tercer sector presta una labor muy importante a los colectivos más
necesitados y, desde luego, es dramático que por no recibir pagos de las administraciones públicas no puedan pagar los salarios, haya despidos y estos colectivos sufran una falta de atención cuando más necesaria es. Sin embargo, al estudiar con más
detalle la proposición no de ley hay una serie de factores inquietantes, por decirlo de alguna manera.


En primer lugar, lo que se pide es extender el Plan de pago a proveedores a este tipo de deudas y, sin embargo, su naturaleza jurídica es totalmente diferente. Poco tiene que ver una factura a una empresa que no presta bienes y servicios
con este tipo de deudas, que son deudas públicas por subvenciones, por ayudas públicas de una naturaleza jurídica -insisto- totalmente diferente. Tienen algo en común, son deudas de las administraciones territoriales, autonómicas, ayuntamientos que
no pagan, son acreedores de esas administraciones, acreedores de comunidades y ayuntamientos. Pero, si se entra en esta dinámica, ¿cuál es el paso siguiente? Es decir, ¿cualquier impago de estas administraciones tiene que ser cubierto de manera
automática por el Estado? Si estas administraciones, las comunidades autónomas, que en muchas escuelas durante meses no han proporcionado el material, no han podido utilizar la calefacción, no hacen frente a sus compromisos, ¿tiene el Estado que
suplir esa diferencia? La necesidad tiene que estar cubierta, desde luego, pero ¿no estaremos creando con esta dinámica un sistema de incentivos perversos en el que al final el incentivo sea no pagar porque ya tiene que pagar otra administración y
hacer frente a las responsabilidades de la administración incumplidora?


Nos sorprende también que sea CiU quien plantee esta propuesta, porque es el partido gobernante en Cataluña y es una de las comunidades en que más morosidad ha habido a los proveedores privados y a estas entidades del tercer sector. A veces
uno se sorprende de por qué lo que sería normal en la vida privada no es normal entre instituciones o entre administraciones, porque qué diríamos en nuestra vida privada si llega un señor y nos dice: yo no voy a hacer frente a mis
responsabilidades, yo no voy a pagar a mis acreedores, y mire qué problema le estoy creando. Yo no voy a pagar a mi panadero y se le viene

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abajo el negocio, pague usted; además, si no lo hace, la culpa de lo que le pasa a ese señor es suya. Esto en la vida privada nos parecería realmente chocante y, sin embargo, en las relaciones entre administraciones públicas parece que se
debe considerar natural.


La explicación de falta de recursos, sinceramente, no nos vale. Los recursos siempre son limitados. En Economía nos enseñan en la primera asignatura de primero de carrera que la economía es el uso de los recursos escasos con fines
alternativos. Los recursos siempre son escasos, y a menudo es una cuestión de prioridades, porque para otro tipo de necesidades sí se encuentran recursos. El partido que presenta esta proposición no de ley sí ha encontrado recursos para el gasto
identitario, por llamarlo de alguna manera, y no solo lo ha encontrado, sino que lo encuentra cada vez más. No bastan embajadas, canales autonómicos, ahora hay que construir incluso estructuras estatales. Por tanto, hay recursos para ciertas cosas
y no hay recursos para otras; no es una falta general de recursos, es una cuestión de prioridades.


Es cierto que esta responsabilidad es compartida, porque mi grupo ha señalado una y otra vez que los programas de asistencia a las comunidades, como el Fondo de liquidez autonómica o los sucesivos planes de pago a proveedores, tenían que
estar condicionados. Igual que la Unión Europea nos condiciona a nosotros cuando nos proporciona ayudas, el Estado debía condicionar a las comunidades cuando ha proporcionado ayudas, y una de esas condiciones evidentes debería haber sido que este
tipo de pagos fuesen prioritarios. Esas ayudas se han concedido, la condicionalidad ha brillado por su ausencia y las deudas de esta naturaleza siguen pendientes. Sin embargo, no querría que se interpretara este discurso como falta de
sensibilidad. Mi grupo está preocupado por las entidades del tercer sector. Valoramos mucho su labor social y más en la situación dramática que vive nuestro país, y queremos que cobren cuanto antes, por eso hemos presentado esta enmienda.


La enmienda dice que estas entidades deben cobrar cuanto antes del Estado, pero con un añadido importante; el Estado a continuación debe repercutir esos pagos en las transferencias que realice a las comunidades morosas, de forma que en
último término cada cual asuma sus responsabilidades. Porque, si creemos en un modelo descentralizado, federal, autonómico o del corte que sea, la separación de responsabilidades entre las administraciones es una de las piezas básicas, sea en
Alemania, sea en Estados Unidos, sea en el Estado de las autonomías o sea en cualquier modelo alternativo que se quiera construir. Por tanto, la propuesta de mi grupo es esta, que se pague inmediatamente a las entidades, de acuerdo, que el Estado
haga frente a esos gastos, de acuerdo, pero que los pagos repercutan sobre las comunidades o ayuntamientos morosos en las transferencias que se les realiza.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, presidente.


Nuestro grupo, La Izquierda Plural, comparte las razones expuestas por CiU al presentar esta proposición no de ley en relación con el pago de las deudas al tercer sector. La situación es insostenible, lo ha dicho todo el mundo, el impago de
servicios deviene grave, sea cual sea el acreedor de las administraciones públicas, pero cuando se trata de entidades sin afán de lucro, que ya en condiciones normales actúan en el límite de la supervivencia, en momentos de crisis la cosa adquiere
carácter dramático. Con la crisis se está poniendo en riesgo no solo a las personas atendidas, sino también el trabajo y la supervivencia de muchas de estas entidades, que en muchos casos son fruto de muchos sacrificios de las familias afectadas y
mucho esfuerzo de profesionales y voluntarios, que hacen un trabajo en condiciones tremendamente duras y sacrificadas. Por eso, resulta incomprensible que este país no haya encontrado aún mecanismos para dar solución a un problema que, lejos de
resolverse, se está agravando, teniendo en cuenta que, siendo importante para las entidades las cantidades adeudadas, no lo son para el conjunto de la economía y los presupuestos de las administraciones públicas. Lo ha explicado ya el diputado
Carles Campuzano: el plan de pagos actualmente vigente excluye a las subvenciones y convenios firmados con estas entidades.


Fíjense ustedes bien, señorías, se está penalizando a aquellos a los que ya se les penaliza en el trato con la Administración, porque si alguna relación es precaria, si alguna relación tiende en general a la discrecionalidad, cuando no a la
arbitrariedad, es aquella relación que establecen las administraciones públicas a través de convenios, a través de subvenciones, siempre pendiente de un hilo. Pues bien, a aquellos a los que en condiciones normales se les está penalizando, incluso
cuando realizan tareas

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sociales de primera magnitud, que en muchas ocasiones se niegan a hacer los propios poderes públicos, son aquellos a los que cuando viene la crisis y hay estas deudas se les penaliza doblemente. No es cuestión de citar cifras, pero el
problema es del conjunto de España. Los datos de los que dispongo en el ámbito de las deudas de la Generalitat de Cataluña son de verdad dramáticos: 425 millones de euros, de los cuales 217 corresponden a estos convenios y subvenciones. Que a
estas alturas no se haya sabido encontrar una solución pone de manifiesto que las palabras lucha contra la pobreza y la exclusión son eso, lo que le hemos dicho todos los grupos al Partido Popular: retórica, retórica y retórica. Obras son amores y
no buenas razones. Si el Gobierno español dice que tiene recursos -lo anuncia el señor Wert- para financiar la españolización de los niños catalanes, espero que pueda tener también recursos para ayudar a la financiación, al pago de los atrasos de
las entidades del tercer sector. Si no, me gustaría que el Gobierno dijera a qué responden estas prioridades.


Quiero llamar la atención, y de ahí viene nuestra enmienda, que en estos momentos en relación con el tercer sector lo que está sucediendo es que llueve sobre mojado, porque si es dramática su situación lo es mucho más por el punto de
partida; si los impagos son graves, lo son más porque se están produciendo en un sector que había empezado a hacer un proceso complejo y costoso de consolidación, e incluso de regulación laboral, para evitar que lo que las administraciones públicas
les externalizan, ellos lo externalizaban, como sucede desgraciadamente en muchos casos, a sus trabajadores. Pues bien, cuando estaban haciendo ese esfuerzo, llega la crisis, llegan las deudas, y no solo no se ayuda a construir, sino que desde el
poder público se está destruyendo aquello que con tanto esfuerzo han construido esas entidades. Porque a diferencia de otros ámbitos, en los que los derechos sociales han avanzado fruto de muchas luchas, como es el caso de la salud y la educación,
en el tipo de prestaciones que garantiza el tercer sector la discrecionalidad, la arbitrariedad, es la forma de actuar por parte de los poderes públicos, y los ciudadanos no son tratados como usuarios, sino en alguna ocasión casi como malos
clientes. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Por eso, insisto, señores del Partido Popular, en que acepten esta proposición no de ley. Si después de haber dotado a la capitalización de las entidades financieras con más de 42.000 millones de euros y de haber destinado el Gobierno
español y las entidades europeas ayudas directas o indirectas por importe de 180.000 millones de euros para el sector financiero no se puede arbitrar algún mecanismo que exija también al sector financiero que contribuya al saneamiento de esas deudas
es que algo está pasando. No es un problema de recursos, es claramente un problema de voluntad política.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino haciendo una referencia que las entidades del tercer sector me han pedido que haga aquí y es que CiU tiene todo su derecho y su legitimidad a plantear esta proposición no de ley que nosotros vamos a
apoyar, pero nos dicen esas entidades que tendría algo más de autoridad si su comportamiento en Cataluña fuera más acorde con sus palabras. Y sugieren dos cosas. Una, que hay margen para incrementar los ingresos de la Generalitat de Cataluña a
partir de la puesta en marcha, por ejemplo, de los impuestos vinculados a las cuentas bancarias y también al desaparecido impuesto de donaciones y sucesiones y, sobre todo, le piden también que incremente la cooperación con esas entidades en la
búsqueda de soluciones conjuntas.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, lo siento, pero se ha acabado su tiempo.


El señor COSCUBIELA CONESA: Eso, sin duda, no es obstáculo para que puedan contar con nuestro voto, en todo caso recordando que tienen nuestro voto para aprobar esta PNL, pero no nuestro voto para eludir sus responsabilidades. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.


En turno de fijación de posición, por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, la proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es consecuencia directa de la crisis económica y de las implicaciones de
la misma en la caída de la recaudación y en las necesidades de tesorería de las administraciones públicas. No es muy lógico pero sí es comprensible que las administraciones públicas -el Estado, las autonomías o las corporaciones locales- metan las
facturas

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en el cajón y retrasen los pagos no solo a proveedores y empresas con los que han contratado para prestación de servicios, sino que también lo hagan con aquellas subvenciones a las que se han comprometido. Muchas de estas subvenciones se
dirigen a empresas del tercer sector, a ONG, a entidades sin ánimo de lucro que ejercen funciones de profundo carácter social y cuyos únicos o principales ingresos son en muchos casos, o en la mayoría de casos, los que reciben de las propias
administraciones públicas. Es para estas entidades sin ánimo de lucro para las que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió solicita financiación con el fin de no demorar más el pago de los importes que se les deben. Se solicita de la misma
manera que se hizo con el fin de pagar facturas atrasadas a los proveedores: que se cree un fondo con el que pagar sin mayor demora.


Como sabemos, los perjuicios en cascada que los impagos desencadenan son conocidos; son impagos en cadena hacia abajo que afectan a muchísimas personas, significan también reajuste de salarios, reajustes de plantillas, despidos, etcétera.
En definitiva, desatención en la prestación de los servicios públicos, pérdidas de empleo y mayor profundización de la crisis económica. Se trata de desatención de las prestaciones a unos sectores, además, especialmente débiles y vulnerables no
solo por la crisis económica, sino también en muchos casos por sus propias situaciones personales.


Es cierto que lo que late en el fondo de la iniciativa es la incapacidad del modelo de financiación y los recortes sucesivos obligados por parte de las administraciones públicas y corporaciones locales. Por lo tanto, hasta que se revise en
profundidad el modelo no habrá una solución estable. Sin embargo, no es fácil esperar hasta que ese momento llegue. Es preciso conseguir una solución mínimamente satisfactoria. Mientras tanto, es preciso minimizar el impacto negativo que se
genera por los retrasos en los pagos que deben realizar las administraciones públicas y es ahí donde la iniciativa tiene todo el sentido. La propuesta podría extenderse a otros ámbitos subvencionados e incluso al de las necesarias inversiones
públicas. Desde el Grupo Vasco valoramos positivamente la iniciativa y la votaremos favorablemente, aun a sabiendas de que el problema es más de fondo y no es de fácil solución.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Socialista, señor Soler.


El señor SOLER SICILIA: Gracias, presidenta.


Señorías, en octubre de 2012 se debatió una moción también del Grupo de Convergència i Unió sobre actuaciones para apoyar al tercer sector y asegurar la cohesión social. Se aprobó con una enmienda transaccional suscrita entre otros por el
Grupo Parlamentario Socialista con un contenido de iniciativas financieras complementarias a las de las comunidades autónomas en apoyo al tercer sector, entre ellas, facilitar el crédito a las entidades, fortalecer la función del Instituto de
Crédito Oficial, respaldar a las organizaciones sociales del tercer sector y darles mayor relevancia, priorizar mecanismos de interlocución con el sector. En definitiva, el objetivo era luchar contra la exclusión social. Han transcurrido ocho
meses desde que se aprobó esa iniciativa y no nos consta que el Gobierno haya tomado ninguna de estas medidas. El Grupo Parlamentario Socialista ha estado y está absolutamente sensibilizado con este problema, la muestra es que lo incluyó en sus
propuestas de resolución del debate sobre el estado de la Nación de este año 2013. Cito brevemente: Adoptar las medidas necesarias e implementar los instrumentos y recursos presupuestarios para garantizar que las distintas administraciones salden
las deudas que tienen contraídas con empresas y entidades del tercer sector social. Por tanto, forma parte de la esencia ideológica de los socialistas creer en la sociedad civil organizada, apoyarla, fomentarla y, por tanto, en el tercer sector.
Esta apuesta, que es de innegable origen ideológico, es claramente identificable en la trayectoria histórica de nuestro partido y cobra especial significado en el momento actual, un momento marcado por una durísima crisis económica internacional que
en nuestro país viene acompañada, incluso intensificada, por unas políticas de recortes sociales sin precedentes que esconden bajo el discurso de la austeridad un profundo cambio de modelo: la quiebra de nuestro Estado del bienestar y la
sustitución de los derechos de los ciudadanos por una red más o menos estructurada basada en lo que podríamos denominar la caridad.


La política descontrolada e improvisada de recortes y ajustes que está llevando a cabo el Gobierno provoca el desmantelamiento de los servicios públicos básicos y el empobrecimiento progresivo de la economía y de los ciudadanos. Los hechos
son muy claros, el sistema sanitario, el educativo y los servicios sociales han sufrido recortes presupuestarios y modificaciones en su regulación de tal calado que han supuesto la quiebra de los principios orientadores que la sostenían. Al mismo
tiempo, los datos de pobreza

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y de hogares que llegan a final de mes con dificultad se han disparado como consecuencia del dramático aumento de las cifras de desempleo y de los recortes en protección social. Nos preocupa que el Gobierno del Partido Popular esté
realizando importantes recortes en las partidas sociales, derivando su responsabilidad como Gobierno al tercer sector, al tiempo que este a duras penas puede sobrevivir porque las administraciones públicas no les abonan las cantidades que les
adeudan. Incluso la Defensora del Pueblo hizo una recomendación al Gobierno instándole a que priorizara el pago a proveedores de las entidades locales y comunidades autónomas de los compromisos adquiridos en el ámbito social. Afirma la Defensora
que están llegando amenazas de cierre de centros que son básicos para la asistencia social, centros de menores, centros de personas mayores por impagos de facturas de otros organismos y nos podemos encontrar con un grave problema de personas
desatendidas o de grupos de personas en situación vulnerable.


Señorías, este tema ha dejado de ser un problema para pasar a ser una emergencia. Por todo lo expuesto, nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley que prevé la ampliación del Plan de pago a proveedores o alternativamente
establecer medidas que favorezcan de forma prioritaria el pago de deudas de las administraciones territoriales con entidades sin ánimo de lucro. Señorías, muchas entidades ya no pueden atender demandas ciudadanas para recursos básicos como la
alimentación, sobre todo la infantil. Al Gobierno del Partido Popular le falta diligencia y voluntad para solucionar rápidamente la emergencia social. Atender a las entidades del tercer sector es atender a la ciudadanía con mayor precariedad y
mayores necesidades. Al incumplir con los pagos al tercer sector están negando la ayuda a los sectores más vulnerables que no tienen cómo protegerse ante los recortes de las políticas públicas.


Termino, pero no sin recordar al Grupo de Convergència i Unió -y me sirve también para el Grupo Popular- que gobernar es priorizar. Les pido a los dos, aquí a unos y en Cataluña a los otros, que lo social se convierta de verdad en una
prioridad de sus Gobiernos, que el apoyo al tercer sector no sea solo una excusa para seguir reclamando el dinero que no llega o que sirva para desmantelar un sistema del bienestar que, desgraciadamente, tanta gente hoy en día necesita.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Soler.


Por el Grupo Popular, señora Martínez Saiz.


La señora MARTÍNEZ SAIZ: Señora presidenta, señorías, como se ha dicho aquí anteriormente, la proposición no de ley que presenta el Grupo de Convergència tiene como objetivo impulsar el pago de deudas de las administraciones territoriales
con las entidades sin ánimo de lucro mediante la inclusión en el ámbito objetivo del Plan de pago a proveedores a través de una nueva ampliación o alternativamente mediante otras medidas que favorezcan su pago de forma prioritaria. También dice el
Grupo de Convergència i Unió que, si esto no se hace, se podría poner en peligro su continuidad, las acciones llevadas a cabo por estas entidades, afectando al bienestar y a la cohesión social.


Permítanme que les diga, desde la óptica de la política local, añadida a la óptica de la política parlamentaria, que se oyen demasiadas cosas muy lejanas a la realidad. El Gobierno de la nación desde el año 2012 ha puesto en marcha tres
decretos que suponían inyectarles a ayuntamientos y comunidades autónomas 69.000 millones de euros para el pago a proveedores. En el caso del real decreto-ley de 13 de julio de 2012 se aprobó un fondo de liquidez dotado con 18.000 millones de euros
en 2012 y con 23.000 millones en 2013 para, entre otras cosas, atender las deudas pendientes de pago de las comunidades autónomas a proveedores, a conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales, a transferencias a organizaciones sin ánimo
de lucro, a ayudas directas a las familias o a pago de subvenciones o transferencias a entidades locales y universidades. Por tanto, es un tanto difícil pensar que la sensibilidad mostrada aquí no se haya notado en algunos partidos políticos con
responsabilidades en el ámbito local y en el autonómico a la hora de priorizar, una vez recibido ese dinero para pagar a los proveedores con recursos propios. Lo primero que tendrían que haber hecho es pagar a estas entidades. ¿Por qué 69.000
millones no han dado para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pagaran las deudas con estas asociaciones si tan importante es para todos los partidos del arco parlamentario que gobernamos también en ayuntamientos y en comunidades
autónomas?


Es evidente que esto es necesario, pero también es muy llamativo que se venga aquí para hablar del pago de la deuda y no hablemos sobre cómo solucionar ese problema definitivamente. Si estamos de acuerdo sobre el papel de estas
organizaciones respecto a poner a disposición de los ciudadanos un tipo de servicios sociales imprescindibles en este momento y que las administraciones públicas somos

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incapaces de prestar porque costaría el triple, ¿por qué no nos dedicamos a hablar de esto y a solucionar definitivamente el problema de la financiación de las políticas sociales por parte de las comunidades y de los ayuntamientos? ¿Por qué
en las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne, siempre estamos hablando de las competencias exclusivas en materia social, pero solo para qué, para reclamar más dinero al Estado, gobierne quien gobierne, y luego dejar en manos de los
ayuntamientos y de estas organizaciones la financiación de las políticas sociales? ¿Cómo se puede venir aquí a hablar de esto por parte de algunos partidos cuando se ha hablado de la atención a la infancia, de los planes concertados, cuando en
Andalucía los planes concertados para el año 2012 ascendían a 51 millones de euros para toda Andalucía y los ayuntamientos andaluces tienen que añadir a esto nada más y nada menos que unos 400 millones de euros para atender todas las políticas
sociales y hacer frente a los compromisos con las organizaciones no gubernamentales? ¿De qué estamos hablando, de qué tipo de hipocresía estamos hablando? ¿O es que todos ustedes no saben o no sabemos que el 80 % de las políticas sociales lo están
financiando los ayuntamientos? ¿Por qué se niegan o nos negamos una y otra vez a aclarar definitivamente la financiación de los ayuntamientos, cuáles son las competencias que tienen que gestionar, y cómo se tienen que financiar? ¿Qué tipo de
hipocresía es esta? ¿Por qué hablamos de las deudas pasadas y no nos preocupamos sobre cómo solucionar este problema definitivamente? Hay muchas comunidades autónomas que ya han avisado a esas organizaciones de que desde el año 2012 no cuenten con
su subvención. (El señor presidente ocupa la Presidencia). ¿Adónde han ido esas organizaciones? A los ayuntamientos a pedir que hagamos el esfuerzo de, además poner la parte que nos corresponde, también poner la que no ponen las comunidades
autónomas.


Empecemos por hablar claro, empecemos por decir que los ayuntamientos podríamos hacer más todavía, aunque no tengamos las competencias, si las comunidades autónomas nos pagaran las deudas de los impuestos o las deudas de programas de todo
tipo que no se pagan desde el año 2008. Hablemos de verdad, no hablemos solo de la deuda, sobre cómo mantener esos servicios públicos bien financiados por las comunidades autónomas y los ayuntamientos y gestionados por estos o por estas
organizaciones. Hay que hablar de futuro, porque si no estaremos siempre en las mismas. ¿Por qué la Ley de Subvenciones solo contempla el ámbito anual y no plurianual, dejando siempre en la indefinición lo que va a pasar al año siguiente con
programas sociales o sociosanitarios que tienen que ser permanentes? ¿Por qué no hablamos de esto? A mí me sorprende, después de muchos años en esta Cámara, que todavía sigamos hablando de esto y nos rasguemos las vestiduras acordándonos de los
niños cuando en Andalucía, en los dos últimos años, han dejado a cero los planes con los ayuntamientos para aplicar en las barriadas preferentes a familias con especial dificultad de atención a sus niños, y que ahora haya un plan para darles un
bocadillo por la mañana, una comida y una merienda. ¿Y qué pasa con los planes para aplicar en esas comunidades autónomas, en los ayuntamientos, a través de los programas de las barriadas preferentes? Que los están financiando los ayuntamientos.
¡Basta ya! Creo que los diputados y diputadas de esta Cámara tenemos alguna responsabilidad más que venir a echárnoslo en cara los unos a los otros según estemos gobernando o estemos en la oposición.


Este problema de la financiación de las políticas sociales se tiene que resolver.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que ir terminando.


La señora MARTÍNEZ SAIZ: Dicho esto, el Grupo Popular está dispuesto, si el grupo proponte acepta votación separada, a votar afirmativamente los apartados a), b) y c). Asimismo he de decirles que estamos estudiando la posibilidad de
solicitar del Gobierno que estudie y trabaje sobre los apartados d) y e).


Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


Señor Campuzano, tiene la palabra a efectos de aceptación o rechazo de enmiendas.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, no aceptaríamos ninguna enmienda para poder permitir esta votación separada que ha solicitado la portavoz del Grupo Popular, solicitando a los grupos que nos han enmendado que puedan votar
esos puntos de manera separada también.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.

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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE RECORTES EN DERECHOS Y PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS Y SUS CONSECUENCIAS EN LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL, ESPECIALMENTE EN LAS PERSONAS INMIGRANTES A LAS QUE SE
NIEGA INCLUSO LA ASISTENCIA SANITARIA. (Número de expediente 173/000088).


El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir las mociones. Les anuncio que hoy debatiremos la primera moción, y la segunda y la tercera las debatiremos mañana después de las interpelaciones.


En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas, y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas
inmigrantes a las que se niega incluso la asistencia sanitaria. Tiene la palabra el señor Martínez Olmos.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna a defender en nombre de mi grupo parlamentario esta moción, en sustitución de la diputada de mi grupo Esperança Esteve, que ha tenido un pequeño percance de salud. Esta es una moción
consecuencia de interpelación porque hemos constatado que el Gobierno está apostando por políticas que agudizan las situaciones de desigualdad, que favorecen que haya una sociedad dual, y todo ello con la excusa de la crisis.


El otro día tuvimos ocasión de debatir con la ministra que detrás de estas políticas hay un reparto injusto del coste de la crisis, porque todas las políticas orientadas exclusivamente hacia la austeridad no consiguen la reactivación de la
economía, como se está poniendo de manifiesto en estos tiempos en nuestro país, y los recortes en los presupuestos castigan especialmente las partidas destinadas a salvaguardar un mínimo de nivel de vida y de subsistencia, especialmente a sectores
más desfavorecidos. Estamos viendo cómo la pobreza crece. Los datos se van viendo cada día, cada semana. Crece como digo en nuestro país, y el Gobierno se permite que esta llegue incluso a niños y niñas. Estamos viendo situaciones dramáticas.
Recientemente la Junta de Andalucía puso en marcha un plan específico para atender estas situaciones. El Ayuntamiento de Barcelona detectó también muchos casos en relación con la malnutrición de los niños. Andalucía, Cataluña, Valencia, Madrid, en
toda España se han encendido las luces rojas de la pobreza y de la exclusión, y creemos que el Gobierno tiene que rectificar.


Pensamos que esta moción es una buena ocasión para ello, señoras y señores de Grupo Parlamentario Popular. Pero hay algún aspecto especialmente dramático porque desde nuestro punto de vista si algo resulta terrible es lo que se deriva del
Real Decreto-ley 16/2012, relativo al Sistema Nacional de Salud, porque entre otros factores profundamente dañinos para los ciudadanos hay que señalar que se ha privado del derecho a la asistencia sanitaria a miles de personas, inmigrantes en
situación irregular, con el consiguiente riesgo para su salud, pero también para la salud de toda la comunidad, para la salud del conjunto de la sociedad. Me estoy refiriendo en este caso a la exclusión de la atención sanitaria de la población
inmigrante en situación irregular.


Yo creo, señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, señores del Gobierno, que probablemente no sean conscientes del impacto que realmente están teniendo estas políticas, porque esta medida de exclusión sanitaria resulta
entre otras cosas, además de injusta, muy cara desde todos los puntos de vista. El caso reciente de Alpha Pam, ocurrido en Mallorca, fallecido probablemente por la tuberculosis, es un caso especialmente dramático, porque además del drama individual
que supone perder la vida en un país como España, que tiene recursos suficientes para detectar y para tratar esta enfermedad, recursos además de los que hay que decir que tienen un coste menor de 250 euros, y un tratamiento de tuberculosis siguiendo
las pautas que recomiendan los profesionales de la sanidad no supera esta cantidad podría haberle salvado la vida; pero además de ser dramático esto, ¿cuántas personas estuvieron en contacto con Alpha Pam? En todos los casos que se están dando hoy
en España por esta dificultad de acceso a los servicios sanitarios, ¿cuántas personas de la comunidad también se están perjudicando? La semana pasada los datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno balear estimaban en torno a veinte personas los
contactos íntimos del señor Alpha Pam, y por lo tanto veinte personas que tienen que estar siendo tratadas y seguidas desde el punto de vista sanitario. Drama social, drama económico, drama también en términos humanos. Esto tiene consecuencias en
la salud de todas las personas. Y quiero recordarles que la aplicación de este real decreto requiere una rectificación, y es

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por eso que en nuestra moción planteamos volver a considerar el derecho a al atención sanitaria para todas las personas que residen en el territorio nacional. Sería justo, sería bueno, pero sobre todo sería positivo para la sociedad.


En nuestra moción también planteamos recuperar políticas de integración desde el punto de vista del colectivo de inmigrantes. Estamos planteando recuperar y poner un fondo económico importante para atender las situaciones de exclusión y de
necesidad. Creo que coincidiremos en que es importante evitar la fractura social porque puede tener consecuencias irreversibles. En otras sociedades de países de nuestro entorno se está viendo cómo esto es caldo de cultivo de conflictos sociales,
y por eso proponemos ese fondo estatal de emergencia. Creemos importante también recuperar la cobertura presupuestaria -y así lo planteamos en nuestra moción- del Fondo de integración para la inmigración para desarrollar políticas eficaces de
integración de los inmigrantes, porque estamos convencidos de que hay que desarrollar una política realmente basada en la dignidad de las personas. Si hacemos una política basada en la dignidad de las personas estaremos haciendo una política digna,
estaremos dándole dignidad a la política.


Finalmente, señor presidente, en nuestra moción también incorporamos la elaboración de un informe de impacto de estos aspectos para que el Congreso de los Diputados puede conocer en qué medida las políticas que se están desarrollando pueden
ser útiles al objetivo de evitar la exclusión social, tal y como planteamos en nuestra iniciativa.


Se ha recibido una enmienda del Grupo de Convergència i Unió. He tenido ocasión de comentar con su portavoz que estamos en disposición de aceptar una transaccional con los puntos 2 y 3 de su enmienda, y esperamos que esto sirva para que el
Grupo de Convergència i Unió muestre su apoyo. Señoras y señores diputados, termino pidiéndoles por favor generosidad política para conseguir una respuesta unitaria de la Cámara ante la exclusión social en una situación especialmente complicada, en
la situación actual de nuestro país.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.


En efecto, como ha dicho el orador, se ha presentado una enmienda a esta moción por parte del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señorías, efectivamente es una tarde intensa en la discusión sobre las políticas sociales. En este caso se trata de una moción que nos plantea el Grupo Socialista que es asumida por Convergència i Unió en los puntos que plantea porque
responde a cuestiones que hemos venido planteando durante toda esta legislatura. Bien son propuestas en positivo en relación con la acción del Gobierno o bien oponiéndonos a determinadas reformas legislativas que el Gobierno ha planteado.
Singularmente en este último sentido me refiero a las reformas en materia de acceso a la salud a las personas inmigrantes, y he de anunciarles que en el trámite parlamentario de la ley de medicamentos precisamente hemos presentado una enmienda para
garantizar el modelo de asistencia a los inmigrantes en situación irregular, que el Gobierno de la Generalitat ha puesto en marcha, que es el de garantizar que estas personas puedan acceder a la asistencia primaria.


Al texto que nos ofrece el Grupo Socialista hemos querido añadir enmiendas que ponen el acento en dos consideraciones. Una primera consideración es que, con excepción del sistema público de pensiones y con excepción de las prestaciones por
desempleo, el resto del gasto social, el resto de las políticas sociales, el resto del Estado del bienestar -educación, sanidad, servicios sociales, asistencia social, atención a la dependencia, política de protección a las personas en situación de
mayor vulnerabilidad- es responsabilidad de las comunidades autónomas. Y en este sentido la política que el Gobierno ha impuesto a través de los objetivos de déficit público, obligando a las comunidades autónomas de cualquier color a asumir una
mayor responsabilidad en el logro de esos objetivos, lo que hace fundamentalmente es reducir la capacidad de las comunidades autónomas para garantizar las políticas públicas que tienen encomendadas. El gasto social acumula cerca del 80 % del gasto
de las comunidades autónomas. Exigirles a ellas unos determinados objetivos de reducción del déficit público implica atacar las bases del Estado del bienestar.


Desde la derecha, desde la izquierda y desde algún nuevo grupo político de difícil identificación en lo ideológico se ha querido culpabilizar a las comunidades autónomas y a las administraciones locales de los problemas de sostenibilidad
financiera del Estado del bienestar, sin asumir que el despliegue del Estado

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del bienestar en estos últimos treinta y cinco años ha tenido como principal protagonista a las comunidades autónomas y a las administraciones locales, y que un ataque al modelo del Estado de las autonomías, fundamentado en la idea de que el
Estado de las autonomías implicaba una desigualdad en los derechos de los ciudadanos -esa es la idea que en los últimos diez años izquierda y derecha han ido extendiendo-, es fundamentalmente un cuestionamiento del Estado del bienestar. Por tanto
en cualquier discusión sobre cómo debemos combatir la pobreza, cómo queremos combatir las desigualdades estructurales en nuestra sociedad, es imposible culpabilizar a las comunidades autónomas, porque lo que fundamentalmente han tenido las
comunidades autónomas, y singularmente las comunidades autónomas del eje mediterráneo -Cataluña, País Valenciano, Islas Baleares y Murcia-, ha sido una insuficiencia financiera para poder garantizar servicios públicos esenciales que son los que
están vinculados al Estado del bienestar.


En este sentido una de las enmiendas que Convergència i Unió vuelve a introducir en esta moción, y que el Grupo Socialista va a aceptar, es esa necesidad de un reparto equitativo de los objetivos de déficit público para garantizar que las
comunidades autónomas puedan desarrollar esas políticas en el ámbito del bienestar. Y hemos querido de nuevo hacer referencia a una cuestión que esta tarde también hemos discutido a fondo, cual es la que se refiere a los compromisos en materia de
lucha contra la pobreza infantil. Debemos recordar de nuevo que, si bien las políticas concretas en el campo de la asistencia social son políticas que desarrollan las comunidades autónomas, el Estado hoy tiene un gran instrumento de política social
que es la Seguridad Social, y toda la dimensión no contributiva del sistema de la Seguridad Social. En este sentido, en una situación de crisis y de urgencia como la que estamos planteando, el Estado a través de las prestaciones no contributivas
del sistema de la Seguridad Social podría asumir un mayor compromiso en el ámbito de estas políticas sociales, y especialmente en lo que hace referencia -me he referido a ello en el anterior debate y lo quiero volver a hacer, porque creo que debemos
ser insistentes y que la mejor pedagogía es aquella que se fundamenta en la repetición de las ideas- a que las prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social, 291 euros anuales, son claramente insuficientes para garantizar una política de
apoyo a la infancia acorde con la que desarrollan otros Estados de la Unión Europea.


Cuando uno analiza la composición de nuestro gasto en políticas sociales asume, en primer lugar, que es un gasto muy poco orientado a infancia y familia -que es un problema que llevamos arrastrando durante estos más de treinta y cinco años,
y que no es un problema de las comunidades autónomas, sino de la configuración del gasto en aquello que compete al Estado- y, en segundo lugar, que nuestro Estado del bienestar comparativamente está más financiado vía cotizaciones sociales que vía
impuestos en relación con el resto de los Estados del bienestar de Europa. Y eso, señorías, nos llevaría a otras discusiones de cómo debemos ser capaces en este contexto de crisis de mejorar nuestro nivel de protección social. Esta no es la
cuestión que discutimos en esta moción. En esta moción discutimos los cuatro puntos que nos plantea el Grupo Socialista, y como las enmiendas de Convergència i Unió han sido aceptadas, vamos a votar favorablemente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Empiezo con unas palabras de Eduardo Galeano: la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo.


En el año 2012, tras el escándalo que supuso anunciar que las personas inmigrantes se quedaban sin asistencia sanitaria, el Gobierno dijo que podrían firmar un convenio especial con la Seguridad Social para tener acceso a ella. De hecho así
fue acordado en el Consejo Interterritorial por todas las comunidades autónomas. En respuesta a una pregunta escrita de la diputada valenciana de Compromís, Mónica Oltra, al Gobierno valenciano, la contestación del conseller de Sanidad le deniega
copia del convenio acordado, y le dice que tendrá conocimiento de su contenido cuando se publique en el BOE, como queda explícito en este documento adjunto. Los medios de comunicación se hicieron eco de dicha decisión y lo publicaron como si fuera
cosa hecha. Pasan los meses y el convenio no se publica. ¿Por qué? ¿Por qué tras casi un año no han publicado el convenio? Ya hay casos de muerte en diversos lugares, como en Mallorca y en Valencia. Hay comunidades autónomas que sí están dando
la atención, como es el caso del País Vasco, y lo peor de todo es que a ustedes les molesta. La situación actual es rotundamente inconstitucional, según la sentencia del Tribunal Constitucional 95, de 2000, donde se hace referencia al derecho a la

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salud, artículo 43 de la Constitución, y al mantenimiento del sistema público de Seguridad Social, artículo 41 de la Constitución. Claro que con la renovación ultraconservadora que acaban de hacer del órgano encargado de interpretar la
Constitución puede que ya nada que este Gobierno apruebe lo sea.


La ministra de Sanidad reconoció textualmente en la interpelación que distinguía entre los que están en nuestro país de manera regular y los que están de manera irregular. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que por una cuestión burocrática unos
tienen derecho a la vida y otros no? Porque la atención sanitaria es para eso, para vivir, es de eso de lo que estamos hablando. El problema de origen es que el Partido Popular trata la inmigración como un problema y como un instrumento electoral,
fomentando la xenofobia entre la gente por miedo a que otros partidos que nacen aún más xenófobos les quiten los votos. Disputar por el espacio electoral de la ultraderecha les lleva a mirar hacia otro lado, cuando hay gente proveniente de otros
países que necesita del Estado. Sus políticas generan pobreza y desigualdad sin entender que un país de injusticia a la larga no beneficia a nadie.


Termino con unas palabras de Juan Pablo II: la solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos realmente
responsables de todos. Justo el camino contrario que está siguiendo el Partido Popular con sus políticas injustas con los más débiles. Anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa. (Rumores).


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Por favor, ruego silencio para que se pueda oír a los sucesivos oradores.


Señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señor diputado del Grupo Socialista, llueve sobre mojado. Esta tarde hemos debatido aquí varias iniciativas alrededor del mismo tema: la exclusión social, la pobreza, fondos de emergencia para paliar la dramática situación que viven miles
de personas en el conjunto del Estado. En esta moción se vuelve a insistir otra vez sobre la restitución de la universalidad del derecho a la asistencia sanitaria, la toma de medidas urgentes para evitar la exclusión social, la integración de los
inmigrantes y la información y transparencia que el Gobierno debiera practicar habitualmente. Cuanto más insistimos en la oposición tanto más el Gobierno toma medidas contrarias a la mayoría social y a los intereses generales, y lo que es peor,
argumentando hasta la saciedad que, aunque no les gusta, no pueden hacer otra cosa para salvar el país. Nosotros siempre nos preguntamos para salvar al país de qué y de quién, porque opinamos que de lo que hay que salvarlo es justamente de este
tipo de medidas y de políticas que responden a un diseño al que ustedes, señor diputado, también han prestado su inestimable colaboración, consagrando la doctrina del déficit cero y el pago prioritario de la deuda a los prestamistas privados, en una
reforma constitucional exprés.


Concordamos con el fondo de la argumentación de su moción y vamos a apoyarla, pero evidentemente nosotros abogamos por un profundo cambio en los fundamentos económicos que nos trajeron hasta esta gravísima crisis que padecemos. Siempre
hemos sido muy críticos desde el Bloque Nacionalista Galego, antes y ahora, con el modelo económico actual, con el injusto reparto de la riqueza, y con la desigualdad de acceso a mayores cuotas de derechos y bienestar social. El actual Gobierno no
se va a mover un ápice de la política social, económica y laboral que ha venido llevando a cabo en todo este tiempo, y los distintos planes que han aprobado indican claramente que nos dirigimos a un contexto todavía de mayor desigualdad social y de
merma progresiva de la cohesión social, a cambio -eso sí- de una obsesión enfermiza por el cumplimiento del déficit. Véanse por ejemplo los más de 1.000 millones de euros de recortes en sanidad y servicios sociales que se han incluido en el Plan
nacional de reformas y la dirección que nos anticipan en la anunciada reforma de la legislación local, solo por citar algunos ejemplos.


Señor Martínez Olmos, a nosotros siempre nos va a encontrar en la defensa de las conquistas sociales, en la defensa de los derechos individuales y también de los colectivos, pero realmente nosotros creemos que ahora ya es el momento de dar
un paso más, de cuestionar abiertamente en qué se fundamentan estas políticas, en qué tipo de dogmas neoliberales, y sobre todo es el momento de hablar con claridad de alternativas a esos dogmas y de acompañar con la práctica política los discursos.
Está claro que el Gobierno actual no lo va a hacer, y algunos grupos -sin acritud, señor diputado- también tendrán que hacer grandes esfuerzos para que la ciudadanía pueda olvidar determinadas medidas que han llevado a cabo mientras tuvieron
responsabilidades de gobierno.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.


La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señorías, hemos debatido ampliamente a lo largo de la tarde sobre políticas sociales, por lo que no me reiteraré en los argumentos, y por eso quiero llamar su atención sobre otra cuestión. Quizá muchas y muchos de
ustedes consideren una impertinencia o un atrevimiento lo que tengo que decirles, aun así lo voy a hacer y lo haré desde el respeto absoluto al trabajo que desarrollan. En la pasada sesión plenaria asistí con interés y atención a la interpelación
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas, y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas inmigrantes a las que se
niega incluso la asistencia sanitaria, y francamente me pareció un revival de discusiones anteriores, muy especialmente cuando son referidas a ámbitos de responsabilidad del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales.


Señoras y señores diputados, la sociedad española está harta de debates vacíos, de la dinámica perniciosa del y tú más, que practican una sesión sí y otra también, de la dialéctica destructiva que contamina cualquier iniciativa que se trate
en esta Cámara cuando quienes la protagonizan son ministros o diputados y diputadas del Grupo Popular y ex miembros o diputados y diputadas del Grupo Socialista. Solamente una opinión desde mi humilde condición de ciudadana: dejen de mirar por el
retrovisor. En democracia un Gobierno sucede a otro con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores, y es preciso que quien ha asumido la responsabilidad de gobernar lo haga con decisión, con criterio, mirando al frente y con visión
de futuro. A quien ha ganado las elecciones, a quien le corresponde gobernar le corresponde también mirar al horizonte, trabajar con perspectiva, con generosidad, diagnosticar, escuchar, tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía,
independientemente de cuál sea su condición, muy especialmente si dispone de la mayoría absoluta que el Partido Popular acredita en esta Cámara. No es justo residenciar la responsabilidad plena del statu quo actual en el pasado. Es al Gobierno y a
sus ministros a quienes les corresponde la responsabilidad de ejecutar -recuerden a Montesquieu-. Al resto de los grupos que configuramos el arco parlamentario nos corresponde sumar, enriquecer desde la crítica constructiva, desde la aportación de
las diferentes y diversas visiones y puntos de vista de la sociedad a la que representamos.


Dicho lo anterior, una vez más desde esta tribuna y en nombre de mi grupo parlamentario, quiero apelar a la responsabilidad del Gobierno y expresar nuestra disposición a trabajar, a arrimar el hombro. Confío en que tanto el Gobierno como el
partido que lo sustenta sean conscientes del valor añadido y la riqueza que el trabajo colaborativo supone. Esta tarde hemos asistido al rechazo sistemático de todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos del arco parlamentario. Este
no es un buen ejemplo. Lo que les decía además es trasladable también al resto de los grupos parlamentarios de la Cámara y les vuelvo a recordar a Montesquieu. Somos el legítimo Legislativo del Estado.


Para concluir y atendiendo a los requerimientos de la moción objeto de debate y en relación con la población inmigrante, como punto de partida creemos en la construcción de una sociedad inclusiva, en la que todas las personas,
independientemente de su origen o condición, puedan desarrollar una vida normal, plena y digna. En coherencia con estos principios y valores entendemos y asumimos que las personas inmigrantes son parte integrante y activa del Estado y de nuestra
sociedad y contribuyen día a día a enriquecernos individual y colectivamente, tanto cultural como económicamente. Son personas, ciudadanos y ciudadanas sujetos a los mismos derechos y deberes que el resto de los ciudadanos y ciudadanas del Estado y
esto hay que reconocérselo.


Muchas veces se ha hablado del pasado emigrante de vascos, gallegos, andaluces y catalanes, castellanos y extremeños, de la acogida que se dispensó a nuestra gente. Diputadas y diputados del Grupo Popular, las personas no emigran en busca
de ayudas sociales o de una tarjeta sanitaria. Las personas emigran buscando lo que no tienen en sus países de origen: trabajo, educación y bienestar. Debemos por tanto fomentar la integración social efectiva y sólida del colectivo de personas
inmigrantes como garantía del Estado del bienestar, de bienestar social y convivencia, velando por que no se inicien procesos de exclusión y marginación. No olviden que lo más importante es la normalización de la vida de las personas inmigrantes y
su integración plena en nuestra sociedad. Para ello es preciso promover su acceso en igualdad de condiciones a los distintos servicios públicos como ciudadanos de pleno derecho y, entre ellos, el derecho a la salud. En esta ocasión Euskadi también
puede servir de ejemplo. Por todo lo anterior, ya les avanzo que votaremos favorablemente esta iniciativa.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles. (Rumores).


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó, y vuelvo a rogar silencio.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.


Señores del Grupo Socialista, estamos de acuerdo con esta propuesta que nos traen hoy, votaremos afirmativamente. El acuerdo no es total porque disentimos en cómo se puede solucionar, pero estamos de acuerdo en el diagnóstico, repito, en
primer lugar por una razón fundamental de la que hablamos aquí a menudo, el tema competencial, un tema que según nosotros se usa frecuentemente para eludir responsabilidades. Hemos hablado muchas veces de nuestra postura sobre ese tema. Hay una
clara obsesión a veces por seguir repartiendo competencias, cuando nosotros creemos que en algún momento habría que empezar a agrupar algunas, por una cuestión de mejorar la gestión, pero también por una cuestión de poder garantizar la igualdad.


Nos parece grave que el Estado en estos momentos no pueda, no tenga las herramientas que le permiten velar por el bienestar de todos los ciudadanos y sobre todo por su igualdad. Nos preocupa que ni siquiera pueda garantizar o exigir a las
comunidades autónomas cómo deben y, sobre todo, en algunos casos, cómo no deben gastar los recursos -por ejemplo cuando las rescatamos- que les enviamos desde aquí. Muchas personas en Cataluña, por poner un ejemplo, preferirían ver cómo se pagan
antes las deudas que se contraen con algunas personas muy desfavorecidas que ver cómo ese dinero se gasta en políticas identitarias; muchas personas valencianas, de mi comunidad autónoma, preferirían ver cómo pagamos las deudas con los dependientes
antes que las de los clubes de fútbol.


Actualmente, señorías, existen diecisiete sistemas-leyes de servicios sociales. Se ha desarrollado una red caótica que ha llevado a que existan graves desigualdades en nuestro territorio, y si bien un informe de la Asociación estatal de
directores gerentes de servicios sociales dice que actualmente ninguna comunidad autónoma posee un nivel de prestación de estos servicios que pueda ser calificado de excelente, su inversión varía muchísimo. Señorías, en el País Vasco se destinan
actualmente 773 euros por habitante; en la Comunidad Valenciana o en Baleares 120, casi siete veces menos por persona y año. Esto atenta gravemente contra la igualdad. No hay planificación, no hay organización, no existe transparencia en los
diferentes municipios y en las comunidades autónomas. No existen siquiera registros homogéneos sobre servicios a personas con discapacidad, sobre plazas de acogida que existan para mujeres, niños, ancianos, discapacitados u hombres víctimas por
ejemplo de la violencia intrafamiliar. No existe un sistema de información común para todo el Estado. Eso impide una planificación correcta.


Nos preocupa el retroceso del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Estamos de acuerdo con su diagnóstico. Su financiación de hecho fue un problema desde el principio, pero es que actualmente el Estado financia un 21 % del
total cuando hace tiempo la inversión era de un 40 %. Según ese último informe de los directores y gerentes de servicios sociales, el sistema de dependencia está en claro retroceso y no solo eso, sino que actualmente se están revisando expedientes
para adjudicar a personas dependientes grados por debajo de los que obtuvieron en su día.


Nos preocupa también, como dicen ustedes en esta moción, el aumento de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país. (Continúan los rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.


Por favor, ruego silencio y que no se hagan grupos en los pasillos.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Han crecido de nuevo las desigualdades, señorías, en Canarias un 21 %, en la Comunidad Valenciana un 18 %. Sin embargo Navarra, País Vasco y La Rioja mejoran. Es curioso que dos de estas tres comunidades
autónomas tengan un sistema de financiación que es el que quisiéramos todos. En realidad no es el que quisiéramos todos. Lo que querríamos es tener todos el mismo.


Nos preocupa la exclusión social, nos preocupa el sinhogarismo. Desde 2010 hasta 2012 hemos doblado, señorías, el número de personas sin hogar. Según el INE, el 21 % de la población residente en este país está por debajo del umbral del
riesgo de pobreza. Nos preocupa mucho que nuestra sanidad deje de ser universal, también la situación del colectivo de inmigrantes que, junto con todos los que ya he citado, por su vulnerabilidad sufre especialmente los embates de esta crisis.
Estamos hablando de

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derechos fundamentales, señorías. Ustedes, señores del PP, sustituyen la universalidad por el aseguramiento y deciden quién es el asegurado y quién no, dejando a una serie de colectivos fuera. Todo esto hace que nosotros pidamos la
creación de una ley de servicios sociales estatales que garantice el acceso a los servicios sociales como derecho universal y de calidad, que consolide un sistema público de servicios sociales mejorando el acceso a prestaciones básicas de todos los
ciudadanos en todo el territorio nacional con independencia de la comunidad autónoma en la que residan, que se mejore la planificación y el desarrollo de los servicios sociales estableciendo sistemas de información y gestión común de los mismos en
el conjunto del Estado; establecer una cobertura básica de servicios sociales y una financiación estable de estas; crear un soporte jurídico que establezca como estructura básica el sistema de servicios sociales a los municipios al ser el ámbito
administrativo más cercano al ciudadano y que mejor conoce las demandas y necesidades de esto.


Señorías, al final se trata de revisar el gasto. Hasta en situaciones tan críticas como las que estamos viviendo ahora se pueden establecer prioridades. Frente al no hay otra opción que nos venden ustedes continuamente, señores del PP,
nosotros creemos que sí la hay. Nosotros al menos tenemos prioridades claras. Por ejemplo, frente a mantener unas administraciones que no hacen ahora mismo lo que todas las familias y todas las empresas españolas están teniendo -obligadas- que
hacer, esto es adecuar su estructura a la nueva situación económica eliminando grasa superflua e improductiva, nosotros estamos por acometer esa reforma administrativa y liberar así una gran cantidad de recursos que servirían para ayudar a los
colectivos más vulnerables. Las elecciones que nosotros hacemos, señores del Grupo Parlamentario Popular, nos retratan. Ustedes podrán subirse aquí y decir lo que sea. Hoy se ha hablado mucho de pobreza...


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, conviene que vaya terminando.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Voy acabando, señor presidente.


Ustedes han subido aquí y han hablado mucho de pobreza, de infancia, pero son sus acciones, son sus prioridades las que ya les están retratando.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.


Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.


Estamos convencidos de que la estafa en la cual estamos sumergidos, a la que algunos también llaman crisis, nos ofrece en estos días fotografías espantosas, por llamarlas de alguna manera. Una fotografía espantosa es la gente que está
removiendo en los contenedores buscando comida para poder comer porque no llega a fin de mes, porque ha perdido su casa y porque en definitiva no tiene futuro, tal como se están haciendo las cosas. Pero también hay otra fotografía espantosa. Una
fotografía espantosa se llama Soledad Torrico y nació en Bolivia y otra fotografía espantosa se llama Alpha Pam y nació en Senegal. Son dos seres humanos -incluso para aquellos diputados que ahora no me están escuchando-, son dos seres humanos que
nunca tenían que haber muerto en nuestro país, pero que han muerto. Quiero dedicar mi intervención a su recuerdo, porque, en definitiva, cuando hablamos de esta moción que presenta el Grupo Socialista no estamos hablando, como antes decía algún
portavoz, de un concepto etéreo; estamos hablando de personas de nuestro país, cuya suerte o incluso cuya vida pueden depender de las políticas que se aplican y de las leyes que se aprueban. Soledad Torrico nació en Bolivia y Alpha Pam nació en
Senegal, pero vivían entre nosotros, trabajaban entre nosotros, se pusieron enfermos y un sistema democrático y un país occidental como el nuestro no tuvo la capacidad para curarlos, y eso es un problema político que tenemos en España.


Los recortes en servicios y prestaciones sociales y las sucesivas reformas laborales afectan negativamente a los grupos más vulnerables. Hablemos de los niños, como hemos hablado hoy en el plenario, hablemos de las mujeres, hablemos de los
inmigrantes, grupos especialmente vulnerables en nuestro país con la crisis, con la estafa que está cayendo. Por tanto, su situación económica y, en este caso, también su nacionalidad, principalmente, incrementan su desigualdad y disminuyen su
protección social. ¿Por qué ocurre? Ocurre de forma sencilla. El Gobierno del Partido Popular nunca -repito, nunca- ha asumido el principio de igualdad de trato y de oportunidades. El Partido Popular piensa que la integración es simplemente que
a los que vinieron aquí, a los que exprimimos durante los años de

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crecimiento, ahora hay que darles puerta para que vuelvan a su país, porque ya hicimos el uso adecuado de ellos y de ellas. El Partido Popular también practica la exclusión, por la vía de establecer requisitos en determinadas prestaciones
de difícil cumplimiento para la población no comunitaria. Asimismo, por qué no, el Partido Popular practica la directa eliminación de prestaciones esenciales para el mantenimiento de la vida humana. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud.
Naciones Unidas ha dicho que el derecho a la salud es un derecho universal que de ninguna de las maneras puede ser recortado por criterios de raza, por criterios de religión, por criterios de opción política o por criterios de condición económica o
social, y eso, con las propuestas, con los decretos del Partido Popular se está omitiendo en nuestro país.


Es verdad que la afiliación a la Seguridad Social ha iniciado desde mediados de 2008 un preocupante retroceso, pero eso no es igual para todos. Hay colectivos vulnerables que están pagando doblemente la crisis. Por ejemplo, mientras que
los afiliados españoles a la Seguridad Social han disminuido en un 15,5 %, los extranjeros lo han hecho en un 25,6 % y los de origen no comunitario han bajado el 29,6 %, el doble que la población española. Muchos de esos colectivos, muchas de esas
personas dependen de la cotización a la Seguridad Social para renovar su autorización de residencia. Es un pez que se muerde la cola, señoras y señores diputados. Esa vulnerabilidad, precisamente con esos recortes, se ve acrecentada y
profundizada. También afecta a la brecha salarial. Se mantiene una gran diferencia entre los salarios percibidos por población española y por población extranjera. Quiero llamar la atención sobre las mujeres extranjeras en nuestro país, que
perciben un 52,2 % menos del salario medio anual.


En definitiva, finalizo porque se me acaba también el tiempo. Con las políticas de recortes no podemos avanzar. Necesitamos claramente reforzar las políticas sociales en nuestro país, y si hay un momento en el que hay que reforzar más esas
políticas sociales, es precisamente en la coyuntura económica en la que nos encontramos.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, vaya usted acabando.


El señor NUET PUJALS: No abonemos la fractura social, reforcemos a aquellos colectivos que más lo necesitan cambiando las políticas del Partido Popular. Votaremos a favor, cómo no, de la moción del Grupo Socialista y pensamos que las
propuestas de incorporación que ha hecho el Grupo de Convergència i Unió son también muy juiciosas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Navarro.


La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero desear a la señora Esteve una pronta recuperación.


Señorías, la amnesia política está alcanzando unos niveles absolutamente insospechados. ¿Cómo pueden acusar a este Gobierno de no ser generoso ustedes que han apoyado durante ocho años a un Gobierno que no ha sido generoso y que además ha
desilusionado, ha dejado sin recursos, sin fuerza a la población para afrontar una situación tan difícil como la que en este momento tenemos? ¿Cómo se puede acusar de ser insensible y de no ser generoso a un Gobierno que en momentos tan difíciles
como los que estamos ahora mismo atravesando destina a sus políticas sociales el 63 % de su presupuesto? La verdad, señorías, es que mientras el Grupo Socialista o Izquierda Unida están utilizando una situación trágica para hacer política, el
Partido Popular en el Gobierno está utilizando la política para que no vuelvan a suceder situaciones trágicas. Porque, verán, la muerte de una persona, en cualquier circunstancia, siempre supone un drama, da lo mismo que esa persona sea española o
extranjera, esa es la realidad, pero también es una realidad que no existe mayor exclusión social que poner en riesgo la sanidad pública provocando una deuda que desde el principio de la legislatura vino a suponer más de 16.000 millones de euros.


La reforma del Sistema Nacional de Salud que se ha hecho por parte del Gobierno del Partido Popular ha permitido que en nuestro país, por primera vez, los parados que agotan la prestación social y el subsidio por desempleo tengan cobertura
no solamente sanitaria sino también farmacéutica. Se ha elaborado además una base de datos nacional que impide la duplicidad y que permite a cualquier persona, viva en la comunidad autónoma que viva, tener la misma asistencia sanitaria. En cuanto
a los ciudadanos extranjeros en situación irregular, debo decir que lo más importante es tratar de ayudar a que esa situación no sea irregular, por el bien de todos y fundamentalmente por el bien de ellos. Con respecto a la protección

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de la salud, España está a la cabeza de Europa, ya que cubre con fondos públicos -y no voy a admitir que se diga lo contrario- a los menores de dieciocho años la asistencia en su totalidad, también a las mujeres durante el embarazo, el parto
y el posparto. Asimismo se cubre la asistencia sanitaria de todas las personas que acudan a urgencias por enfermedad grave o por accidente, sea cual sea su causa, hasta que lleguen a la situación de alta médica. Igualmente se está tramitando ahora
un convenio especial de asistencia sanitaria para que aquellos ciudadanos que son de otros países y no tienen cubierta su sanidad ni en su país ni en España puedan formalizarlo si quieren ser atendidos por la sanidad española. Por otro lado,
también podemos decir que en estos momentos se ha iniciado ya la elaboración de un nuevo plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016 con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas más expuestas a situación de riesgo de
exclusión social y, por supuesto, entre esas personas se encuentra la población inmigrante.


El Gobierno de España, en aquellos ámbitos de su competencia, desarrolla una política de integración plena, una política que no se debe reducir única y exclusivamente al aspecto de las subvenciones. En España se acoge a personas que llegan
huyendo de persecuciones políticas y también a personas que eligen nuestro país para tener un mejor proyecto de vida. Se presta asistencia humanitaria a las personas especialmente vulnerables que se encuentran aquí de manera irregular. Se trabaja
por la integración de los extranjeros residentes en nuestro país y se apoya a aquellos que desean retornar voluntariamente a su país. Y para todo eso el Gobierno destina en el presente año 2013 casi 65 millones de euros entre el presupuesto
nacional y los fondos comunitarios para que tengamos una sociedad más cohesionada. El Grupo Socialista pide en su punto 3 de la moción políticas de integración para los inmigrantes. Les diré, señorías, que la mejor política de integración pasa por
posibilitar que todos, españoles y extranjeros, con su documentación en regla tengan la oportunidad de trabajar. (Aplausos). Hay que decir también que el paro registrado entre los extranjeros ha descendido en el último año en 37.000 personas. Aún
queda desde luego mucho por hacer en este aspecto, pero los datos ya indican que hay un cambio de tendencia. Estas son las verdaderas políticas sociales y las verdaderas políticas de integración.


El Grupo Socialista pide que el Gobierno presente informes y uno de los mejores informes que puede presentar el Gobierno es el que señale que baja el paro. Pues bien, el Gobierno ya nos informó la semana pasada de que los datos relativos al
paro estaban empezando a mostrar signos esperanzadores. Ha bajado el paro y lo ha hecho también entre la población extranjera residente en nuestro país. Otro informe, esta vez del INE, nos indica que, aunque de manera muy tímida, también por
primera vez en los últimos años la tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social ha revertido la tendencia alcista y empieza a descender. Los informes son necesarios, señorías, como piden en su moción, pero lo verdaderamente importante son las
políticas que está elaborando el Gobierno para mejorar las condiciones de vida de todos los españoles y de todos los extranjeros y, por tanto,...


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.


La señora NAVARRO CRUZ: Enseguida termino, señor presidente.


...para mejorar la integración y la convivencia en nuestro país. Por esas razones el Grupo Popular no va a poyar ni va a votar favorablemente esta moción.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Olmos, aunque usted ha anticipado lo que iba a hacer, le pregunto a efectos de que conste.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Señor presidente, de las enmiendas de Convergència i Unió aceptamos el punto 3 y el punto 4.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, así las votaremos. Muchas gracias.


En unos minutos empezaremos a votar. (Pausa).

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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN).


- DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ORGÁNICA DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS SOBRE LAS AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR QUE TRANSCURREN ÍNTEGRAMENTE POR TERRITORIO ANDALUZ EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. (Número de expediente
125/000008).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones. En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Parlamento de Andalucía de delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del
Guadalquivir que transcurren íntegramente por territorio andaluz en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Hay un voto telemático.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327, más 1 voto telemático, 328; a favor, 142; en contra, 184, más 1 voto telemático, 185; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la toma en consideración.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DE UN FONDO DE EMERGENCIA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 122/000100).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de creación de un fondo de emergencia contra la pobreza y la exclusión social. Se ha emitido un voto telemático.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329, más 1 voto telemático, 330; a favor, 149; en contra, 178, más 1 voto telemático, 179; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, CONTRA LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 162/000616).


El señor PRESIDENTE: Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso contra la pobreza infantil. Se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 178; en contra, 2; abstenciones, 149.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DEL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES, PARA EL PAGO DE LAS DEUDAS PENDIENTES CON ENTIDADES DEL TERCER SECTOR. (Número de expediente 162/000607).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió relativa a la ampliación del Plan de pago a proveedores para el pago de las deudas pendientes con entidades del tercer sector. Va a votarse en sus propios
términos, pero habrá dos votaciones. En la primera se votan los apartados a), b) y c).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 327; en contra, 1.

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El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.


Se someten a votación los puntos d) y e).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 142; en contra, 184.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE RECORTES EN DERECHOS Y PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS Y SUS CONSECUENCIAS EN LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL, ESPECIALMENTE EN LAS PERSONAS INMIGRANTES A LAS QUE SE
NIEGA INCLUSO LA ASISTENCIA SANITARIA. (Número de expediente 173/000088).


El señor PRESIDENTE: Votación de la moción del Grupo Socialista sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas
inmigrantes a las que se niega incluso la asistencia sanitaria. Se vota con la enmienda de Convergència i Unió a los puntos 3 y 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 329; a favor, 150; en contra, 177; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.