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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 116, de 29/05/2013
cve: DSCD-10-PL-116
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 116
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 110
celebrada el miércoles,
29 de mayo de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno en torno a la reversión que la actual crisis económica está provocando en los planes del Gobierno para la habilitación de la alta velocidad ferroviaria,
especialmente en la Comunidad Foral de Navarra. (Número de expediente 172/000123) ... (Página26)
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación con las medidas que va a adoptar para evitar el fracaso y archivo masivo de las diligencias de investigación en los casos de robo de
bebés en nuestro país. (Número de expediente 172/000124) ... (Página33)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas inmigrantes a las que se
niega incluso la asistencia sanitaria. (Número de expediente 172/000125) ... (Página40)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la distribución, entre administraciones, de los objetivos de déficit para 2013 y la efectiva participación de las comunidades autónomas en el aumento neto de ingresos derivada
del alza de impuestos. (Número de expediente 173/000086) ... (Página47)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política económica del Gobierno y, en concreto, la que se deriva de la actualización del programa de estabilidad 2013-2016 y el programa nacional de reformas remitidos a la Unión Europea.
(Número de expediente 173/000087) ... (Página56)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página5)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Por qué se empeña su Gobierno en modificar leyes sin contar con un mínimo consenso? (Número de expediente
180/000555) ... (Página5)
Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, en sustitución de don Josep Antoni Duran i Lleida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué actuaciones va a adoptar el Gobierno para
que, a corto plazo, las empresas de menor tamaño, autónomos y microempresas, puedan acceder al crédito? (Número de expediente 180/000553) ... (Página7)
Del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué piensa hacer el Gobierno con el Presupuesto de 2013? (Número de expediente 180/000556) ...
De la diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Considera adecuada la coordinación que está llevando a cabo desde la
vicepresidencia del Gobierno? (Número de expediente 180/000557) ... (Página9)
De la diputada doña Celia Alberto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Defensa: ¿Cómo valora el Gobierno las últimas informaciones aparecidas sobre la actividad del Ministerio de Defensa en
la isla de Fuerteventura? (Número de expediente 180/000566) ... (Página11)
Del diputado don Álvaro Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿En qué se basa para afirmar que un contrato único indefinido abarataría el
despido? (Número de expediente 180/000554) ... (Página12)
De la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué está haciendo el Gobierno para resolver la dramática situación que viven los jóvenes en
nuestro país, que está propiciando la fuga de cerebros? (Número de expediente 180/000562) ... (Página14)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cuántos recursos prevé destinar el Gobierno a medidas especiales para combatir el desempleo en
Andalucía, que apoyen los planes propios contra el paro que está desarrollando la Junta de Andalucía? (Número de expediente 180/000563) ... (Página15)
Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para evitar discriminaciones en las políticas de
reinserción laboral dirigidas a personas en situación de desempleo? (Número de expediente 180/000564) ... (Página16)
De la diputada doña María Olaia Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Va el Gobierno a establecer un único partido judicial por provincia? (Número de expediente 180/000552) ...
Del diputado don Eduardo Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Por qué se empeña el Gobierno en reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo? (Número de expediente
180/000558) ... (Página19)
Del diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno implantar el nuevo modelo aeroportuario de gestión descentralizada e individualizada en
el aeropuerto del Prat en Barcelona? (Número de expediente 180/000559) ... (Página21)
De la diputada doña Patricia Hernández Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cómo valora el Gobierno las consecuencias de haber excluido a los inmigrantes
en situación irregular del sistema sanitario? (Número de expediente 180/000565) ... (Página22)
Del diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué valores pretende defender el Gobierno con la Ley Wert? (Número de expediente
180/000560) ... (Página23)
Del diputado don José Andrés Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Qué balance hace el Gobierno de las consecuencias que ha tenido en el sector cultural la subida
del IVA? (Número de expediente 180/000561) ... (Página25)
Interpelaciones urgentes... (Página26)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Barkos), sobre la posición del Gobierno en torno a la reversión que la actual crisis económica está provocando en los planes del Gobierno para la habilitación de la alta velocidad ferroviaria,
especialmente en la Comunidad Foral de Navarra ... (Página26)
Formula la interpelación urgente la señora Barkos Berruezo, del Grupo Parlamentario Mixto.
Contesta la señora ministra de Fomento (Pastor Julián), en nombre del Gobierno.
Replica la señora Barkos Berruezo y duplica la señora ministra de Fomento.
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación con las medidas que va a adoptar para evitar el fracaso y archivo masivo de las diligencias de investigación en los casos de robo de bebés
en nuestro país ... (Página33)
Formula la interpelación urgente la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez).
Replica la señora Díez González y duplica el señor ministro de Justicia.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas y sus consecuencias en la pobreza y la exclusión social, especialmente en las personas inmigrantes a las que se niega
incluso la asistencia sanitaria ... (Página40)
Formula la interpelación urgente la señora Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
Contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mato Adrover), en nombre del Gobierno.
Replica la señora Esteve Ortega y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página47)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la distribución entre administraciones, de los objetivos de déficit para 2013 y la efectiva participación de las comunidades autónomas en el aumento neto de ingresos derivada del
alza de impuestos ... (Página47)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bosch i Pascual y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; y la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario
Socialista y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política económica del Gobierno y, en concreto, la que se deriva de la actualización del programa de estabilidad 2013-2016 y el programa nacional de reformas remitidos a la Unión Europea ...
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Saura García.
Se suspende la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ SE EMPEÑA SU GOBIERNO EN MODIFICAR LEYES SIN CONTAR CON UN MÍNIMO CONSENSO? (Número de expediente
180/000555).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al presidente del Gobierno. En primer lugar, pregunta el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
¿Por qué se empeña su Gobierno y el grupo parlamentario en aprobar leyes sin un mínimo consenso?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Esteban, con toda franqueza, nosotros no nos empeñamos en reformar leyes sin consenso, lo que pasa es que gobernar, y más en un momento como este, exige tomar las decisiones necesarias para salir de la crisis, para crecer y crear
empleo. Esto exige legislar, y en una situación como la que vivimos usted sabe muy bien que tenemos que hacer reformas; mejor con acuerdos, coincido con usted, pero una cosa son los acuerdos y otra es la inacción o hacer cosas en las cuales uno no
cree. Eso es lo único que no se puede hacer. Nosotros tenemos que ejercer la responsabilidad de gobernar, y ustedes también toman sus decisiones libremente: a veces comparten las posiciones del Gobierno, en otras ocasiones se
abstienen y otras votan en contra porque no están de acuerdo. En cualquier caso, haré todo lo que esté en mi mano para mejorar los canales de comunicación, un esfuerzo mayor para alcanzar entendimientos, pero la responsabilidad principal es
del Gobierno y yo no puedo abdicar de ella.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias.
Evidentemente, el Gobierno tiene la responsabilidad de gobernar, pero usted también sabe, es consciente, que la mayoría absoluta no lo es todo. Hemos asistido a una legislatura en la que ha habido más decretos-leyes que proyectos en esta
Cámara. Hemos asistido a ponencias de cinco minutos en la tramitación de las leyes, en las que no se ha admitido ninguna enmienda de los grupos de la oposición, incluso en materias que no eran trascendentales. En una coyuntura económica como esta
se rechaza cualquier intento de poder llegar a un acuerdo, a unas bases mínimas, en cuanto a afrontar la situación social y económica. Es muy preocupante que, aun en materias que conforman la estructura institucional del Estado, temas, leyes que
requerirían un mínimo consenso, la sensación es que este no se busca por parte del Gobierno. Le voy a poner dos ejemplos: uno es la reforma del régimen local; una reforma que empezó justificándose en el déficit que tenían las entidades locales,
que ahora se reconoce que no existe, sin embargo el Gobierno se empeña en seguir adelante, intentando además hacer tabla rasa en todas las comunidades autónomas, cuando las características de las entidades locales en el Estado son muy distintas en
unos lugares y en otros, en vez de dejar que esas modulaciones las puedan realizar las comunidades autónomas. Desaparece además en su anteproyecto la autonomía municipal consagrada en la Constitución. Se señala un coste estándar, que no se sabe
muy bien en qué va a consistir y en qué lugar, porque en un lugar o en otro del Estado los servicios valen precios muy distintos, pero se quiere imponer en todas las comunidades. Por otra parte, no se recoge algo que nosotros pedimos, las enmiendas
forales; no se recogen. Estamos muy preocupados, porque ni siquiera nos han facilitado los anteproyectos, los hemos tenido que conseguir fuera. En cuanto a la Lomce, le puedo decir lo mismo. En una materia que era competencia exclusiva hay cada
vez hay más invasión competencial, el currículum propio tiene cada vez menos margen y el sistema pedagógico, que es rechazado mayoritariamente por la comunidad educativa, ustedes se empeñan en cambiarlo. No se puede cambiar una ley con menos
consenso que la que tiene la que está en vigor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Ha hecho usted un planteamiento general y luego ha hecho referencia a dos reformas concretas, la reforma de la modernización de la Administración local española y la Ley de Educación. En relación con la primera, el Gobierno de España está
recabando observaciones y propuestas procedentes de las distintas administraciones locales y autonómicas. Hay un proceso de consultas que está abierto. Hace unos días se ha reunido el ministro de Administraciones Públicas y Hacienda con la
Comisión Nacional de Administración Local. Se van a incorporar algunas modificaciones y estamos a la espera de las aportaciones que puedan hacer todos los grupos políticos de esta Cámara. Ustedes las hicieron en el día de ayer y a partir de ahora
abriremos un periodo de consultas para intentar llegar al máximo entendimiento posible.
La Ley de Educación se ha debatido en numerosas instancias: en la conferencia sectorial, en la Conferencia General de Política Universitaria, en el Consejo de Universidades, en el de Formación Profesional, en el Escolar del Estado, en el
Superior de Enseñanzas Artísticas; lo ha dictaminado el Consejo de Estado y se ha recibido y se ha hablado con representantes de padres, directores de centros... No le voy a contar todos los grupos y todas las personas con las que esta ley se ha
tratado. Se puede seguir hablando de esta ley, y yo le invito a usted a entablar un coloquio. Lo único que puedo garantizarle es que estamos dispuestos a hablar, a negociar y a acordar, en su caso, sobre estos temas y sobre otras reformas
estructurales muy importantes que tenemos ahora sobre la mesa, como la ley de apoyo al emprendedor, la ley de desindexación de la economía, unidad de mercado, reforma de la Administración, ley de transparencia. Son leyes cuyos objetivos pueden ser
compartidos. Hay algunas cosas... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA QUE, A CORTO PLAZO, LAS EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS, PUEDAN ACCEDER AL CRÉDITO? (Número de expediente 180/000553).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿qué mecanismos van a poner en marcha para que finalmente fluya el crédito a los autónomos y a las microempresas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Comparto su preocupación con que el crédito es una necesidad. El objetivo nacional hoy es crecer, crear empleo y mejorar el bienestar, y para ello es fundamental el papel de las pymes. De
hecho, toda la política económica del Gobierno, toda, tiene como objetivo facilitar su labor: la reducción del déficit; las reformas estructurales, como la laboral; la reforma energética; el plan de proveedores; las ayudas a la
internacionalización. El objetivo fundamental es facilitar la labor de las pymes. Dicho eso, es verdad que tenemos dificultades de acceso al crédito, y es uno de los retos más importantes que tenemos por delante y una de las principales
preocupaciones del Gobierno. Algunas medidas hemos puesto en marcha, como la reestructuración del sector financiero, que pasaba por dificultades, como usted sabe. Es evidente que todo esto va a llevar su tiempo. España era un país que se había
endeudado mucho. Ahora tienen que desendeudarse quienes están endeudados, pero creo que es bueno que aquellas personas que están bien y tienen oportunidades reciban crédito.
También hemos tomado otras medidas importantes, como el Plan de proveedores, y en el debate sobre el estado de la Nación anuncié un paquete para movilizar crédito por un importe de 45.000 millones de euros. Algunas medidas se adoptaron
después del debate sobre el estado de la Nación y otras se recogen en la ley de emprendedores que recientemente ha aprobado el Gobierno, el pasado viernes, y que ha entrado en esta Cámara. Espero que estas medidas y algunas apuestas que vamos a
hacer en el marco de las instituciones europeas sirvan para mejorar la situación del crédito a las pymes que, sin duda alguna, es una de las principales preocupaciones que debemos tener todos los gobernantes y dirigentes políticos.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros pensamos que la cohesión social está en riesgo, que hay que evitar su fractura y que, a partir de estos momentos, ustedes tendrían que ponerse las pilas -con el máximo respeto, pero también con la máxima contundencia- y empezar a
trabajar en esta dirección. Tendrían que salir a la calle, escuchar a este sector tan importante de la economía real, como son los autónomos y las microempresas, y que ustedes constaten efectivamente que hasta hoy el crédito no fluye. Señor
presidente, sin crédito no hay inversión; sin inversión no hay generación de puestos de trabajo; y si queremos vencer la crisis necesariamente el crédito ha de fluir a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos y a las microempresas. Por
eso, como siempre, le vamos a proponer una solución para que ustedes la estudien y la pongan en marcha, si es posible, rápidamente. ¿Por qué no ponen en marcha, señor presidente, rápidamente un plan ambicioso y revolucionario para otorgar
microcréditos a través del ICO Mediación, en contacto y en conexión con la banca pública nacionalizada, que vayan dirigidos única y exclusivamente a las microempresas y a los autónomos de pequeñas cantidades (6.000, 12.000, 20.000 euros)? Señor
presidente, pongan encima de la mesa para este ambicioso plan recursos que ustedes tienen a su disposición, como los del ICO Mediación, ya que el año anterior dejaron de gastarse más de 10.000 millones de euros que pueden ir en esta dirección. Por
tanto, señor presidente, pongan encima de la mesa 10.000 millones de euros a través de la banca nacionalizada y del ICO Mediación para que a partir
de mañana puedan fluir los créditos en pequeñas cantidades (6.000, 12.000, 20.000 euros), para las microempresas y los empresarios autónomos. Si vamos en esta dirección, señor presidente, venceremos a la crisis y se crearán puestos de
trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Como le he dicho anteriormente comparto su preocupación por la ausencia de crédito. He escuchado su propuesta y la voy a estudiar, no tengo ningún problema en hacerlo, y si nos parece razonable la traeremos a esta Cámara. El Gobierno ha
hecho un esfuerzo importante en esta materia porque es un tema capital. Hemos puesto en marcha el saneamiento y la recapitalización del sistema financiero; después tomamos medidas importantes: 22.000 millones de euros para las líneas de mediación
del ICO y 28.000 millones de euros para el Plan de pago a proveedores; se tomaron decisiones que afectan a Cersa y a Enisa; ha habido un real decreto-ley después del debate sobre el estado de la Nación en el mes de febrero y la ley de
emprendedores contiene medidas que son importantes y usted las conoce perfectamente; ahora en Europa voy a plantear que el Banco Europeo de Inversiones sea útil y se dedique fundamentalmente a dar créditos a las pequeñas y medianas empresas,
garantizar sus emisiones, facilitar su internacionalización y también que el Banco Central Europeo concrete la fórmula que planteó en su día... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO CON EL PRESUPUESTO DE 2013? (Número de expediente 180/000556).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿qué piensa usted hacer con el presupuesto para el año 2013?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Lo que piensa hacer el Gobierno es cumplir el presupuesto para el año 2013. Como usted sabe las previsiones de crecimiento económico fueron modificadas por el Gobierno el pasado 26 de abril,
exactamente igual que el resto de los países de la Unión Europea. Los veintisiete países modificaron sus previsiones, la razón fue la caída en las expectativas de crecimiento, y lo que ha hecho todo el mundo, todos los países de la Unión, es
ajustar los presupuestos a la realidad. Al tiempo el objetivo de déficit para este año que era del 4,5 % va a ser superior; como usted sabe, se va a flexibilizar, y eso hace que tengamos que hacer un menor ajuste -el año pasado fueron 22.000
millones- del que tendríamos que hacer si el déficit fuera del 4,5 %, es decir 18.000 millones menos de ajuste. Por tanto, vamos a continuar con la misma política económica que manteníamos. Nuestra voluntad es seguir controlando el déficit
público, pero ahora de una forma más sensata y razonable, y yo creo que podemos cumplir perfectamente lo que está dispuesto en los Presupuestos Generales del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Gracias, señor presidente.
Le dije el otro día en el debate que tuvimos en esta Cámara que usted tiene que traer un nuevo presupuesto, y sigo diciéndoselo; un nuevo presupuesto porque sus previsiones han fallado y porque como usted dice la Comisión nos ha dado dos
años más -tarde, pero, en fin, más vale tarde que nunca-. Algo está cambiando en Bruselas, como algo ha cambiado en su discurso. Ayer le escuché decir en París
por primera vez que lo importante son los compromisos en materia de déficit y que los ritmos hay que adecuarlos a las circunstancias. No seré yo quien le reproche esa frase que como sabe usted vengo repitiendo desde el comienzo de esta
legislatura. Usted dijo más; usted dijo que iba a pedir que los gastos dedicados a estimular el empleo juvenil no computaran en el déficit, una aplicación de la regla de oro a los gastos de empleo. Tampoco se lo puedo reprochar porque yo he
defendido esa misma regla aquí hace escasas semanas. Es discutible si a España le interesa más que sean los gastos de educación en I+D o los de empleo juvenil los que no computen en déficit, pero ya le digo, señor Rajoy, que si usted propone lo que
dijo ayer nosotros vamos a estar detrás de usted, como lo estamos apoyando que el Banco Europeo de Inversiones dé crédito a las pymes para que creen empleo joven. En resumen se trata de un conjunto de propuestas que, por cierto, algunas de las
cuales, están recogidas en el documento que le he enviado a usted y al resto de los grupos de la Cámara.
Lo importante es que estamos en los prolegómenos, y de ahí tantas propuestas de un Consejo clave para España y para Europa, que es el de finales de junio. Yo le voy a hacer aquí una propuesta en relación con este Consejo: hagamos un Pleno
extraordinario aquí,en esta Cámara; acordemos una resolución en la que pongamos blanco sobre negro lo que creemos que debe aprobar Bruselas, lo que creemos que necesita España de ese Consejo. Pienso, señor Rajoy, que podemos alcanzar prácticamente
la unanimidad en esta Cámara, y usted irá apoyado por todos los españoles. Usted será más fuerte en Bruselas, por tanto España será más fuerte en Bruselas. Les podrá usted decir a los primeros ministros lo que piensan todos los grupos de esta
Cámara y también los españoles: que corran, que se den prisa, que aprueben las medidas -y sobre todo las apliquen- de crecimiento, de empleo dedicadas a los jóvenes, y no solo a los jóvenes porque hay millones de españoles sin trabajo que no pueden
esperar más.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Creo que efectivamente el Pleno del Consejo Europeo que tendrá lugar a finales de junio será importante, como lo fue el Pleno del Consejo Europeo que tuvo lugar el pasado año, y hay asuntos en los que es posible llegar a un entendimiento.
Usted mismo ha hablado de ello, y yo voy a intentar resumirlos aquí. En cuanto al déficit público creo que la decisión que ha tomado la Comisión Europea es buena: hacer una senda de déficit más razonable sobre la base de que es muy importante que
no nos relajemos y que sigamos cumpliendo el déficit público, algo capital para crecer y crear empleo. También es fundamental el tema del Banco Europeo de Inversiones. Yo lo planteé ayer en París, y creo que coincidimos en este asunto y que
cualquier miembro de esta Cámara puede hacerlo. El gran objetivo es que el Banco Europeo de Inversiones pueda ser un instrumento útil para dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, que sin duda son un pilar fundamental para la recuperación.
Otro tema que me parece capital es la actuación del Banco Central Europeo. El señor Draghi ha dicho que está dispuesto a hablar de los créditos a las pymes y de la segmentación de los mercados. Sería bueno que el Banco Central Europeo hablara,
como ha dicho su presidente, con todas las instituciones. Y otro tema clave hoy para España, y creo que para muchos países de la Unión Europea, es el asunto del empleo juvenil, respecto al que ayer hice una propuesta, pero estoy dispuesto a
escuchar cualquiera que sea sensata y razonable. Lo que quiero es resolver el problema del desempleo juvenil, y no que se haga con mi propuesta sino con la que pueda hacer cualquier persona que quiera resolver esta cuestión. Por tanto, creo que
podemos llegar a un entendimiento sobre este asunto y hablar a lo largo de los próximos días. Sería bueno que esta Cámara defendiera una postura, si no unánime, sí muy mayoritaria... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA ADECUADA LA COORDINACIÓN QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO DESDE LA
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO? (Número de expediente 180/000557).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia. Pregunta la diputada doña Soraya Rodríguez, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: ¿Considera adecuada la coordinación que está llevando a cabo desde la Vicepresidencia del Gobierno?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Le voy a contestar con un ejemplo. El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó una ley de apoyo a los emprendedores, medida integral que contiene reformas de ocho ministerios y que plantea más facilidades para abrir las empresas, menos
riesgos a los que emprenden y una fiscalidad más justa, por ejemplo, que no se pague el IVA de las facturas hasta que no se cobre. En la pasada legislatura el Gobierno socialista rechazó hasta dieciocho veces esa medida y, pidiéndole coordinación
con ustedes mismos, me gustaría que nos comentara qué van a hacer con esa medida y si la van a apoyar. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señora vicepresidenta, ya le he reprochado en alguna ocasión que usted ni coordina ni comunica, pero hoy tengo que reprocharle su total improvisación y falta de coherencia. El último ejemplo tiene que ver
lamentablemente con la lucha contra la violencia de género. Ustedes lo que han hecho única y exclusivamente ha sido rebajar el nivel de las políticas de igualdad y recortar los presupuestos en la lucha contra la violencia de género en su prevención
y en la asistencia a las víctimas. El pasado sábado, después de una semana trágica de terrorismo machista en este país, el secretario de Estado de Igualdad, que no la ministra, improvisó una rueda de prensa para anunciar a bombo y platillo que
ustedes tenían un plan contra la violencia; un plan que nadie conocía y sobre el que a nadie han consultado. Además nos dijo que la reforma del Código Penal que llevamos denunciando desde hace varios meses contenía algún error material, como la
eliminación del agravante del delito de violencia cuando se comete en presencia de los menores. Señora vicepresidenta, no es un error. El anteproyecto de Código Penal supone una gravísima involución en la respuesta penal en la lucha contra la
violencia y un paso atrás en la vigente Ley integral contra la violencia de género. Si usted lo considera un error, apunte porque tengo una lista de errores para decirle. En el anteproyecto de Código Penal ustedes eliminan la falta de vejaciones
injustas, y usted tiene la obligación de conocer que el 45 % de las faltas de las que conocen los juzgados de violencia de género en 2012 es precisamente la falta que eliminan; primer eslabón de la violencia, como lo son las amenazas y coacciones
leves de las que ustedes eliminan la persecución de oficio. Ustedes eliminan la prohibición de que al condenado por violencia de género se le pueda imponer una pena de multa, que sabe que es una pena claramente perversa para la víctima. Señora
vicepresidenta, ¿no conoce usted que reforman los artículos 83 y 84 del Código Penal solo para eliminar tres palabras: violencia de género?
Señora vicepresidenta, lo que es un enorme error político es eliminar la Educación para la Ciudadanía de las escuelas y promover una educación segregada por sexos. (Aplausos). Señora vicepresidenta, ¡a la Comisión de subsecretarios! ¡A
trabajar y a corregir los errores! (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Yo no sé si le preocupa que haya un plan de erradicación de la violencia de género o que no lo haya, señoría, porque sencillamente lo que deberían estar ustedes haciendo es mandar alegaciones a ese plan de erradicación de la violencia de
género para que sea mucho más completo. Señoría, hay temas con los que no se puede hacer demagogia (Rumores), y hay temas en los que sencillamente deberíamos ser todos mucho más sensatos y utilizarlos menos políticamente, y uno de ellos es la
violencia de género, la violencia contra las mujeres. Es obligación de todos y no es un tema para tirarnos los trastos a la cabeza. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Si hay problemas en el Código Penal, se arreglan;
si hay que endurecer las penas, se endurecen (La señora Montón Giménez: ¡Díselo, díselo, díselo al ministro!); si hay que tipificar delitos que no estaban tipificados, como los matrimonios forzados, se hace, y el Código Penal lo hará,
señoría. No presuman de cosas con las mujeres porque luego pasa lo de Ponferrada. (Aplausos). Seamos todos mucho más sensatos y mucho más coherentes, señoría.
En segundo lugar, habla usted de educación y yo le voy a decir un par de cosas al respecto. La educación hay que cambiarla, el sistema hay que cambiarlo. No me ha dado usted ni una sola razón para mantener el sistema actual, a no ser que
quieran que algo, aunque sea un fracaso, el de la educación, lleve todavía la firma de Alfredo Pérez Rubalcaba. No hay mayor segregación que la que no permite garantizar la igualdad de oportunidades, y hoy con esta ley no se permite. Si el fracaso
escolar es de más del 30 % ahí hay una desigualdad de oportunidades señoría. A ustedes les preocupa mucho Roma, y a mí me preocupa mucho Pisa, los resultados de este sistema que no funcionan. Dejen ustedes de mantener los errores del pasado y
súmense al futuro, en la lucha contra la violencia de género y en la mejora de la educación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CELIA ALBERTO PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LAS ÚLTIMAS INFORMACIONES APARECIDAS SOBRE LA ACTIVIDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA ISLA DE
FUERTEVENTURA? (Número de expediente 180/000566).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Defensa. Pregunta doña Celia Alberto Pérez, del Grupo Popular.
La señora ALBERTO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta última semana medios de prensa canarios se han hecho eco de una polémica creada en torno a la delimitación de la zona de seguridad del campamento Valenzuela, en la isla de Fuerteventura, la supuesta realización de
maniobras militares en el islote de Lobos o la supuesta creación de un comando para operaciones en el desierto. Estas cuestiones, cuya veracidad ha sido desmentida por su ministerio tanto en el caso de las maniobras como en la creación de un
comando, han motivado que por parte de los planes del cabildo insular y algunos ayuntamientos se hayan adoptado acuerdos secundados por Coalición Canaria y por el PSOE para rechazar las actuaciones de Defensa en la isla. Sorprende que se acuse por
parte de estos partidos al Ministerio de Defensa de pretender militarizar la isla de Fuerteventura, máxime cuando no se ha destinado a uso militar un solo metro más de aquel espacio con el que ya contaba el Ministerio de Defensa en la isla. Tampoco
se ha procedido a realizar maniobras militares donde antes no se realizaban. No entendemos las razones que llevan al PSOE a apoyar semejante campaña contra el ejército, sobre todo cuando las actuaciones que ahora rechazan fueron iniciadas bajo el
mandato de la entonces ministra doña Carmen Chacón. La campaña emprendida por Coalición Canaria tan solo puede obedecer a una táctica de distracción de la sociedad majorera sobre la nefasta gestión de las administraciones locales por parte de los
dirigentes de este partido en la isla, que pretenden, desde un supuesto de hecho totalmente falso como es insinuar la existencia de hipotéticas tensiones entre Marruecos y España, crear una fingida relación entre la supuesta militarización de la
isla y las autorizaciones para realizar sondeos de prospecciones petrolíferas cerca de la mediana con Marruecos. Cualquier persona con sentido común puede apreciar la necesidad de garantizar la seguridad como requisito básico para cualquier cosa,
para ejercer cualquier actividad, incluida la turística. Para el Grupo Parlamentario Popular es de vital importancia la labor que desarrolla el ejército como máximo garante de la seguridad, y me va a permitir que de forma muy concreta ponga en
valor el trabajo y la profesionalidad que hasta la fecha ha demostrado el régimen de infantería ligera Soria 9 en la isla de Fuerteventura. Dentro del contexto que he apuntado en mi exposición, quería preguntarle cómo valora el Gobierno las últimas
actuaciones realizadas por el Ministerio de Defensa en la isla de Fuerteventura.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría. La presencia del Ministerio de Defensa en Fuerteventura con algo más de 600 hombres y con instalaciones en apenas el 2 % del territorio de la isla es totalmente equiparable a la de cualquier otro punto del territorio
nacional. No ha habido grandes variaciones en los últimos años y las pocas decisiones relevantes para la defensa nacional se han ido adoptando con independencia del signo político en el Gobierno nacional o en el regional. El campo de maniobras de
Pájara que se utiliza desde 1977 fue adquirido por este ministerio en el año 1981, empezándose a trabajar en su declaración de zona de interés para la defensa a principios del año 2010 y finalizando el proceso en el año 2012. La montaña de La Muda
alberga instalaciones de vigilancia y comunicaciones desde que empezaron a ser adquiridos los terrenos en el año 1987, mientras que la declaración de interés para la defensa de sus obras de reforma se aprobó en el año 2009 y se prorrogó y amplió en
el año 2012. El acuartelamiento Teniente General Valenzuela se inaugura en el año 1980; el reciente señalamiento de su zona de seguridad en cumplimiento de un requisito legal previo garantiza la seguridad de la base a los residentes de los
alrededores en un perímetro de poco más de un kilómetro cuadrado. La delimitación por supuesto no excluye la posibilidad de realizar obras públicas en ese espacio y respeta los derechos preexistentes sobre los terrenos. Como usted apuntaba, las
Fuerzas Armadas son el primer elemento para la seguridad de la nación, y la seguridad, como no me canso de decir, es garantía de libertad, de justicia, del Estado de derecho, que lo son a su vez de la necesaria estabilidad política y social. No hay
progreso ni bienestar sin una política que garantice los niveles razonables de seguridad. En segundo lugar, las instalaciones y actividades del Ministerio de Defensa cumplen con los más estrictos requisitos medioambientales, y los beneficios son
mutuos para la sociedad majorera y para la defensa nacional. En particular, sobre las maniobras de la isla de Lobos, como usted ha señalado, no hay nada de ellas y es simplemente un rumor interesado que tendrán que justificar quienes lo propagaron.
En consecuencia, señoría, lamento, como usted lo hace, que se utilice la defensa nacional y muy particularmente a las Fuerzas Armadas con objetivos políticos que no se compadecen con la realidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Pido disculpas como presidente a todos los diputados y a los ciudadanos que están en las tribunas. Tenemos unas pequeñas deficiencias eléctricas que tardarán unos minutos en arreglarse; espero que sean pocos, pero vamos a continuar
adelante con las preguntas.
- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO ANCHUELO CREGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿EN QUÉ SE BASA PARA AFIRMAR QUE UN CONTRATO ÚNICO INDEFINIDO ABARATARÍA EL
DESPIDO? (Número de expediente 180/000554).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con las preguntas. Pregunta dirigida a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. En primer lugar, pregunta del diputado don Álvaro Anchuelo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Señora ministra, hace una semana mi grupo le preguntaba por su negativa a poner en marcha un contrato único indefinido que acabe con la temporalidad y mejore la situación de los jóvenes y nos quedamos perplejos con
su respuesta, porque al inicio de su contestación el problema era que el contrato único era inconstitucional y al final que abarataba el despido, una falsedad que, por cierto, enseguida difundió usted desde la propia página oficial del Ministerio de
Empleo. Mi pregunta es: ¿En qué se basa usted para afirmar que un contrato indefinido único abarataría el despido?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, yo simplemente voy a la fuente, que es la enmienda que UPyD presentó a la reforma laboral y que leo textualmente. El contrato único indefinido tendrá causa de despido procedente e improcedente. Para ello se ha establecido
una escala de indemnización progresiva que va desde los doce días a los veinticuatro, incrementándose en dos días por año para el despido procedente y otra para el improcedente que va desde los veintidós a los treinta y cuatro con incrementos
también año a año. Que
yo sepa, treinta y tres es más que veinticuatro y doce menos que veinte. Por tanto, señor diputado, yo me remito a la fuente, que es la fuente de Unión Progreso y Democracia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado.
El señor ANCHUELO CREGO: Ha leído usted con corrección nuestra propuesta y se lo agradezco, señora ministra. También me voy a remitir a las fuentes, a las fuentes de su ministerio, el Ministerio de Empleo, y a los datos del año 2012 para
saber cuáles son hoy los costes de despido en España y ver si nuestra propuesta los mejora o los empeora. En el año 2012 solo un 7 %, una mínima parte de los nuevos contratos, fueron indefinidos ordinarios, que tienen una indemnización de treinta y
tres días, más a menudo de veinte si el despido es procedente, pero ese es el 7 %, la mínima parte. La inmensa mayor parte, el 93 % restante, tiene un coste de despido nulo, cero o de nueve días. Coste nulo, cero tiene su contrato de
emprendedores, el que usted creó, los contratos de formación, de interinidad, de prácticas, todos estos tienen un despido cero, y hay otros, el resto de temporales, que tienen nueve días. La media de ese conjunto nos da un coste de despido de 9,7
días. Es decir, que un contrato único que empezase en diez días el primer año y fuese aumentando mejoraría la situación. Como usted bien ha dicho, el nuestro parte de doce, llega a veinticuatro y en el caso de los improcedentes el doble. Por
tanto, es evidente que la propuesta de UPyD mejora sustancialmente la situación actual. No obstante, si ese es el problema, lo tiene usted muy sencillo: proponga un contrato indefinido único con una escala de indemnización mucho mayor. Es así de
fácil. Pero no creemos que usted lo haga porque, mientras usted presume de preocuparse por el abaratamiento del despido, lo que ha hecho usted en su reforma es abaratar el despido, creando un contrato de emprendedores que tiene despido libre
durante el primer año y haciendo que sea mucho más fácil el despido procedente en los indefinidos, dejando la indemnización en veinte y no en treinta y tres. Por tanto, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
La realidad es la realidad, señor Anchuelo, y la he leído y la escala de despidos procedentes e improcedentes ustedes la bajan sustancialmente a como está la legislación hoy porque, si no, ¿cuánto cobraría un trabajador temporal con
antigüedad de un año si se despidiera de forma improcedente? Hoy treinta y tres días, con su propuesta bastante menos. Por tanto, señor Anchuelo, los hechos son contundentes.
Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, en la flexibilidad interna, en la importancia de la formación individual de los trabajadores e incluso en la importancia de racionalizar las bonificaciones para mejorar la contratación, pero,
señoría, hay propuestas con las que no coincidimos con naturalidad también con su grupo parlamentario, y el contrato único nos sigue pareciendo una propuesta no relevante para la situación del mercado laboral español. Primero, porque el contrato
único, y se lo vuelvo a repetir, no significa un único contrato, sino que esconde bajo esa percha a varias modalidades contractuales. Tampoco significaría superar la dualidad, porque supondría una nueva dualidad entre nueva contratación y la
existente hasta la fecha. Ustedes atacan la dualidad del mercado de trabajo pensando solo en la contratación y el Gobierno lo plantea de forma más amplia, apostando por la contratación indefinida y también por la flexibilidad interna en las
empresas. Por tanto, creemos que nuestra propuesta, nuestra reforma es más sólida y mejor para las relaciones laborales en nuestro país. Por eso, no hemos tenido en cuenta su propuesta, aunque también le digo, señor diputado, que la estudiamos en
su día con toda claridad. Esa es la posición del Gobierno: contrato único no porque -se lo tengo que volver a decir, señoría-, entre otras cosas, le guste o no a UPyD, abarata el despido y ese no es el camino para superar la dualidad que entiende
el Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO PARA RESOLVER LA DRAMÁTICA SITUACIÓN QUE VIVEN LOS JÓVENES EN
NUESTRO PAÍS, QUE ESTÁ PROPICIANDO LA FUGA DE CEREBROS? (Número de expediente 180/000562).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la ministra de Empleo y Seguridad Social que formula doña María González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿que está haciendo el Gobierno para resolver la dramática situación que viven los jóvenes de nuestro país, que está propiciando la fuga de cerebros?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
La prioridad del Gobierno y de todas sus políticas es volver cuanto antes al crecimiento económico creador de empleo para darles oportunidades a todos los españoles y, especialmente, a los jóvenes. Pensando en los jóvenes y en la dramática
situación en que viven hoy por el desempleo, hemos puesto en mancha, después de dialogarla y acordarla con los agentes sociales, una estrategia de emprendimiento y empleo joven con cien medidas, que ya muchas de ellas -el 33 %- están en marcha y en
tramitación como ley en esta Cámara. Le invito, señora diputada, a que se sume a ese consenso con propuestas constructivas, porque el tema de los jóvenes no es un tema para hacer demagogia, sino para hacer propuestas y para construir.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Señora ministra, es una lástima y una pena que la falta de sensibilidad y de respeto no genere puestos de trabajo. Si eso fuera así, con usted como ministra en España tendríamos pleno empleo.
(Protestas.-Aplausos).
Le voy a decir cómo se siente mi generación con su Gobierno. Estamos hartos. Estamos hartos de estar hartos. Estamos hartos de un Gobierno que nos pide paciencia y que realmente lo único que hace es humillarnos frase tras frase. Estamos
hartos de que no entiendan ni quieran comprender que nuestro país no puede tener un futuro si no se garantiza un presente para estos jóvenes con un mínimo de dignidad. Estamos hartos de tanta mentira, de tanta tijera, de tanto recorte y de sus
políticas despiadadas. Señora ministra, usted tiene dos hijos. Les deseo que ellos nunca se tengan que ver en la situación de desesperación de tener que abandonar nuestro país para poder buscarse un futuro. Lo que lamento es que las madres y las
familias de este país tengan una ministra como usted, que frivoliza con el futuro y con la falta de oportunidades de sus hijos, y con un Gobierno mediocre que les cierran las puertas de la educación y de los centros de trabajo. Señora ministra, hoy
se marchan tantos jóvenes al extranjero como en 1960. Los jóvenes no están cogiendo la mochila para ir de excursión ni porque tengan espíritu aventurero; están cogiendo la maleta de sus abuelos, la maleta de la emigración. En los sesenta se
marchaban nuestros abuelos, pero hoy se marcha una generación de médicos, de ingenieros y de investigadores que son los mejores preparados de nuestra historia. Lo peor es que ni siquiera sabemos cuándo van a volver. Nosotros formamos a la mejor
generación preparada de este país y ustedes están expulsando a la mejor generación de trabajadores y profesionales que ha tenido España. Una generación perdida, señorías, es un desastre. Es un muy buen negocio para otros países, pero eso sí que es
un despilfarro que no nos podemos permitir. Hemos tenido fuga de capitales y ahora tenemos fuga de cerebros, pero esto segundo es -si cabe- muchísimo peor que lo primero. Así que, señora ministra, señor presidente, hablemos, pero hablemos de
verdad. Le hemos ofrecido un acuerdo, le hemos ofrecido a España un plan de reactivación económica y de lucha contra el paro. Léanlo, escúchenlo, sentémonos y hablemos hasta alcanzar un acuerdo. Pero, sobre todo, asuman su responsabilidad y
gobiernen, porque es su obligación como gobernantes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, este Gobierno en dieciséis meses ha hecho mucho más por los jóvenes de este país que el suyo en ocho años de gobierno. (Aplausos). Le daré un dato solamente, de 2008 a 2011 la tasa de desempleo juvenil se duplicó en
nuestro país y ustedes entonces no hacían nada. Nos encontramos 700.000 jóvenes en 2011 que ya llevaban más de un año desempleados y nos pusimos a trabajar desde el primer día con políticas concretas y con soluciones concretas para dar
oportunidades a todos los jóvenes. Por eso, está en marcha la estrategia de emprendimiento y empleo joven. Cien medidas pensando en dar oportunidades a todos los jóvenes de formación, de mejora de la empleabilidad, de ayudas a la contratación de
jóvenes en nuestro país y de apoyo a los jóvenes que también quieran autoemplearse o emprender. Señora diputada, muchas medidas que hoy se están debatiendo en esta Cámara y donde pueden presentar ustedes sus propuestas para seguir enriqueciéndola.
Hemos hecho algo fundamental, y es poner en marcha la formación dual en nuestro país para que los jóvenes se puedan formar y trabajar a la vez. Y estamos pensando también en los jóvenes cuando defendemos -como hace el presidente del Gobierno- en
Europa una política integral de apoyo a los jóvenes europeos y también a los jóvenes españoles, con recursos concretos, con nuevos recursos para el empleo juvenil y con medidas concretas, como hoy ha dicho muy bien el presidente del Gobierno, con
firmeza, con determinación, con nuevas ideas y les animo a que desde su responsabilidad también se sumen a la apuesta por los jóvenes que está liderando el Gobierno de España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CUÁNTOS RECURSOS PREVÉ DESTINAR EL GOBIERNO A MEDIDAS ESPECIALES PARA COMBATIR EL DESEMPLEO EN
ANDALUCÍA, QUE APOYEN LOS PLANES PROPIOS CONTRA EL PARO QUE ESTÁ DESARROLLANDO LA JUNTA DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/000563).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿cuántos recursos prevé destinar el Gobierno a combatir el desempleo en Andalucía que apoyen los planes propios contra el paro que está desarrollando la Junta?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señor Heredia, usted sabe que Andalucía tiene asumidas las competencias plenas en materia de empleo y formación desde hace diez años, y en ese sentido los recursos que se destinan a políticas de empleo se reparten, como usted bien sabe, para
Andalucía y para el resto de España en conferencia sectorial. Desde el Servicio Público de Empleo de España Andalucía recibe lo que le corresponde, según los criterios de reparto que se aprueban por unanimidad en dicha conferencia sectorial, las
cantidades necesarias para gestionar el Plan Prepara en Andalucía y también el programa de fomento del empleo agrario en Andalucía pensando en los trabajadores del campo andaluz. Programa que, por cierto, se ha subido desde que ha llegado el
Gobierno de Rajoy y se ha mantenido sin bajar ni el año pasado ni este año. Por tanto, compromiso claro con Andalucía, que es la que recibe más fondos de todas las comunidades de España en materia de empleo, señor Heredia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señora ministra, en este mes mariano -y no precisamente de Rajoy- le recuerdo que prometieron crear 3,5 millones de empleos y ya han destruido 1.200.000. Su reforma laboral destruye un empleo por minuto y hay ya 2
millones de familias con todos sus miembros en paro, medio millón son andaluces. Hay 3 millones de parados que ya no tienen ningún tipo de prestación. El 27 % de los españoles está bajo el umbral de la pobreza y de ellos 2,6 millones son
andaluces. Niños y ancianos son los más perjudicados. Hay 72.000 niños andaluces y casi 34.000 mayores de sesenta y cinco años en riesgo de pobreza severa. Estos niños ya no tienen pan y sus padres no encuentran trabajo. Pan y trabajo es lo que
necesitan millones de españoles, no paro y paciencia como les recomienda Rajoy. Es Rajoy, es usted, es todo su Gobierno el que debe movilizarse y apoyar a quienes luchan contra el paro y la exclusión social como hace Andalucía. Andalucía sí pone
en marcha medidas contra la exclusión y los desahucios creando empleo para parados de larga duración, impulsando la ayuda a dependencia, garantizando al menos tres comidas diarias a menores y personas mayores en riesgo y agilizando el salario
social. Son más de 120 millones que aporta la Junta en solitario para crear unos 40.000 empleos en Andalucía. Se podría crear mucho más empleo si su Gobierno aportara recursos estatales para aumentar ese número de contrataciones. Se podría
contratar a un tercio más de andaluces si el Estado estuviera dispuesto a asumir el pago de la Seguridad Social de las personas contratadas con este decreto. Deberían impulsar iniciativas como las aprobadas ayer por la Junta que fomentan el empleo
para autónomos, emprendedores y sobre todo para jóvenes, esos jóvenes que usted quiere echar a Alemania a buscar un empleo. Deberían aprobar un plan de empleo para Andalucía como los concedidos a Extremadura y Canarias y terminar con la
discriminación a nuestra tierra, dándonos en presupuesto lo que nos corresponde por ley y haciendo una correcta aplicación del sistema de financiación autonómica. El Gobierno andaluz, los socialistas andaluces, los ciudadanos andaluces seguiremos
trabajando en apoyo de los más desfavorecidos en esta tremenda crisis, pero el Gobierno de España no puede permanecer sin hacer nada, de brazos cruzados, únicamente a la espera de que suceda un milagro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señor Heredia, los planes deben ser reales, deben ser ejecutados y deben ser eficaces. En dos meses la estrategia de emprendimiento y empleo del Gobierno ya está dando resultados positivos: más de 31.000 jóvenes se han dado de alta en la
Seguridad Social como autónomos para emprender una actividad por cuenta propia. Eso es poner en marcha una medida y que funcione. En Andalucía, las ayudas similares para jóvenes autónomos se han suspendido reiteradamente desde 2008, y en 2012
ningún joven pudo solicitarla, señor Heredia. (Rumores). En España, con la estrategia y con la reforma laboral, hay 108.000 nuevos contratos de emprendedores, de los que se han beneficiado 44.000 jóvenes. Entre 2008 y 2011, en Andalucía, se ha
recortado el 82 % de los incentivos a la contratación por pymes; han pasado los recursos de 40 a 7 millones de euros. Según la oficina presupuestaria del Parlamento de Andalucía, se han dejado de ejecutar en cuatro años 1.600 millones de euros,
señor Heredia, y 1.150 millones antes de que llegara al Gobierno de España el Partido Popular. ¿Era también culpa del Gobierno de entonces en nuestro país? Ahora hablan de un plan de acción social: 40 millones de euros para la contratación en
quince días en ayuntamientos. ¿Saben cuánto les deben a los ayuntamientos? 80 millones de euros. ¿Van a empezar pagando o van a meterles en una nueva deuda? (Rumores.-Aplausos). Señor Heredia, están paralizadas en Andalucía las escuelas taller,
las casas de oficios y los talleres de empleo desde 2011. ¿De qué hablan? Hechos son amores y no buenas razones. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA EVITAR DISCRIMINACIONES EN LAS POLÍTICAS DE
REINSERCIÓN LABORAL DIRIGIDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO? (Número de expediente 180/000564).
El señor PRESIDENTE: Pregunta del diputado don Rafael Simancas, del Grupo Socialista.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señor presidente, señora ministra, mi grupo está interesado en conocer los criterios con los que trata a los parados desde los servicios públicos de empleo que su ministerio
inspira, regula y paga, aunque no gestione siempre directamente. Porque mucho nos tememos, señora ministra, que en el tratamiento a nuestros parados estén pasando ustedes de la ineficacia palmaria a la crueldad incomprensible, porque ya no
es solo que estemos contando 6.200.000 parados o de que promuevan ustedes en la reforma laboral el despido, es que están tratando ustedes a los despedidos, a los parados, especialmente a los más vulnerables, con una crueldad ciertamente inaudita.
¿Cómo puede usted explicar que en las oficinas de empleo de Madrid se estén dando instrucciones para procurar trabajo antes a los parados que reciben una prestación que a aquellos parados que ya han agotado todas las prestaciones y no tienen nada
que llevar a su casa para dar de comer a sus hijos? ¿Cómo puede usted explicar que se estén dando órdenes en los servicios de empleo de Madrid para atender antes a los parados menores de cincuenta y cinco años que tienen alguna oportunidad por sí
mismos que a los parados mayores de cincuenta y cinco años que necesitan toda la ayuda del mundo? ¿Cómo puede usted explicar que se atienda antes en los servicios madrileños de empleo a los parados con estudios universitarios que a aquellos parados
que no tienen ningún tipo de estudios, cuando es evidente que estos últimos necesitan mucha más ayuda que los primeros? Y ahora nos enteramos de que además los servicios públicos de empleo suministran a ayuntamientos y universidades trabajadores
gratis, otra vez parados con prestación, para evitar la firma de nuevos contratos. Señora ministra de Empleo, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Se trata simplemente de ahorrarnos la prestación, de ahorrarnos un gasto? ¿Vamos a suministrar
empleo primero a los parados que reciben prestación para ahorrarnos dinero? ¿Y los demás qué? ¿Que les zurzan? ¿Carne de cañón para la exclusión social simplemente? Usted tiene la obligación, señora ministra, de asegurar que ningún parado
español es discriminado. Si tiene usted que elegir un colectivo al que primar, por favor, acuérdese de ese millón de parados de larga duración que lleva más de tres años en paro sin ningún tipo de prestación. Señora ministra, lo peor no es contar
6.200.000 parados sino saber que hay un Gobierno que no les presta atención.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Permítame que le diga con todo el cariño, señor Simancas, que se le nota mucho que tiene gran añoranza de la Asamblea de Madrid. (Rumores). Señoría, la falsedad, por mucho y por mil veces que se repita, no se convierte en verdad. Usted me
pregunta qué hace el Gobierno de España y yo le digo que el objetivo prioritario del Gobierno de España es facilitar la inserción de todos los desempleados españoles en cualquier parte del territorio, sin discriminaciones y sin excepciones. Esa es
la política del Gobierno de España. Le digo más, señor Simancas, lo ha dicho la Comunidad de Madrid ayer también ante las insinuaciones y falsedades que ustedes están diciendo por ahí: el 91 % de todas las ayudas al plan de parados de la Comunidad
de Madrid va a desempleados sin prestación. Por tanto, dejen de mentir reiteradamente, porque eso no se va a convertir en verdad.
El tema de luchar contra el desempleo y buscar la inserción de todos los trabajadores en España y en Madrid es tan importante que deberíamos dejar de hacer demagogia y trabajar juntos por el empleo. Señor diputado, todas las comunidades
autónomas están actuando con responsabilidad con el Gobierno. Hemos hecho una nueva reforma de las políticas activas de empleo haciendo de los objetivos y de la valoración de resultados la asignación de recursos. Estamos trabajando en la línea de
colaborar para incrementar la eficacia. Este año los recursos se van a repartir un 15 % por objetivos. El año que viene será el 40 %. ¿Sabe cuáles son los objetivos prioritarios? Los colectivos más desfavorecidos, los mayores de cincuenta y
cinco años, los parados de larga duración y los jóvenes madrileños y españoles. Por tanto, colectivos más desfavorecidos. Estamos trabajando en mejorar la formación para aumentar la empleabilidad de los trabajadores en todo el territorio nacional
en colaboración con los agentes sociales y con las comunidades autónomas, buscando en la intermediación público-privada nuevas oportunidades para el empleo de todos los españoles y poniendo en marcha un portal único de empleo para que ninguna oferta
de empleo se quede sin cubrir en ninguna parte del territorio nacional y que todos los trabajadores la conozcan. Ese es el camino que tenemos que emprender, sumar esfuerzos y no hacer demagogia. La responsabilidad suya, la mía y la de todos los
que estamos aquí es sumarnos al carro del empleo. Otros se pueden quedar donde quieran, también en la demagogia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿VA EL GOBIERNO A ESTABLECER UN ÚNICO PARTIDO JUDICIAL POR PROVINCIA? (Número de expediente 180/000552).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia.
En primer lugar, pregunta de la diputada doña Olaia Fernández Davila, del Grupo Mixto.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿va el Gobierno a establecer un único partido judicial por provincia?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
El Gobierno no tiene intención de establecer un único partido judicial por provincia. El Gobierno, como usted sabe, encargó en marzo del año 2012 a una comisión de expertos la elaboración de sendos proyectos de las leyes troncales de
reforma de la justicia en España, una de las cuales es la Ley Orgánica del Poder Judicial, que llevará aparejada la Ley de Demarcación y Planta. Nos han presentado un estudio, un proyecto, un borrador que en estos momentos está sometido a debate de
toda la sociedad. Incluso en ese borrador, que no es el texto del Gobierno, como tuve ocasión de explicar en la Comisión de Justicia, lo que se hace es la creación de los tribunales de instancia, cuyo ámbito coincide con las actuales audiencias
provinciales. Por tanto, los tribunales de instancia sustituyen a las audiencias provinciales. Los partidos judiciales en cuanto sedes judiciales continuarán operando exactamente igual, sin que ninguno sea cerrado, sin perjuicio de que los
criterios de territorialidad puedan ser sustituidos o complementados por criterios de especialización para la racionalización de la utilización de las infraestructuras judiciales.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor ministro, esta pregunta se la hacemos porque estamos muy preocupados por la situación, sobre todo por diferentes informaciones que han aparecido al respecto. Desde el Bloque Nacionalista Galego tenemos que
decirle que somos contrarios a una reforma de este calibre porque empeoraría la justicia en Galicia, cuando es evidente que el camino no es el de la reducción de juzgados, de hecho es preciso crear más. Apuestan ustedes, si es que siguen por ese
camino, por una distribución territorial contraria a la vertebración del territorio que Galicia necesita, más acorde con una realidad histórica, cultural y socioeconómica de nuestro país, muy alejada por cierto de este decimonónico modelo provincial
del que se está hablando. Por lo tanto, señor ministro es natural que en este momento haya alarma, preocupación, desacuerdo y de nuevo movilizaciones contra unas medidas que continúan una reforma en el ámbito judicial que insiste en dificultar el
acceso a la justicia de la mayoría de los ciudadanos, encareciéndola a través de las tasas y ahora con el alejamiento territorial. De ir adelante la propuesta de la comisión de expertos, ciudades del tamaño y las características de Vigo se verían
privadas de partido judicial, lo cual supone un auténtico despropósito a la hora de hacer una Administración de Justicia más cercana a los ciudadanos. En el caso concreto de Vigo cabe señalar que es la única ciudad que no es capital de provincia
que triplica la población de la sede gubernamental, y profesionales del ámbito de la justicia advierten de que se generaría un auténtico caos si se concéntrese todo en un único partido judicial. Es de suponer, señor ministro, que conoce las
movilizaciones que se están llevando a cabo en esta ciudad; se han pronunciado en contra asociaciones, colegios y decanos de abogados, fiscales y jueces, hasta el presidente de Tribunal de Justicia de Galicia le ha trasladado su disconformidad. No
se podría entender que el Gobierno no considere que eliminar los partidos judiciales y establecer uno solo en las capitales de provincia supone un empeoramiento del servicio a la ciudadanía. Por eso, señor ministro, entendemos que sería necesario
que oyera todas estas voces que se están produciendo al respecto, que dejara de hacer unas políticas de reformas contra todos y contra todo, busque el camino del diálogo y que procure el consenso por el bien del sistema judicial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señora diputada, coincido con usted en la necesidad del camino del diálogo, pero reconozca que es muy difícil dialogar si usted me pregunta una cosa, yo le contesto y, al margen de lo
que yo le conteste, usted lee un texto que traía previamente escrito que nada tiene que ver con la explicación que yo le he dado. Ese es un diálogo ciertamente difícil.
Señoría, lo reitero, no se va a cerrar ninguna sede judicial en España, absolutamente ninguna; lo que es decimonónico es el modelo actual, que es un modelo agotado y superado. Pensar que en estos momentos se puede prescindir de un solo
juzgado en España, de una sola instalación que esté en una capital de provincia, en una cabeza de partido o en cualquier población española, es un inmenso error, un error que además entra en contraposición flagrante con la situación de dificultad
económica que tenemos. Lo que vamos a hacer mediante la generación de los tribunales de instancia es una flexibilización de qué actividades se realizan en cada sede judicial, y ese criterio estrictamente territorial que en estos momentos existe y
que impide que exista una movilidad adecuada a las necesidades de los órganos judiciales, va a ser sustituido o complementado por un criterio de especialización, pero eso no significa el cierre de ninguna sede judicial en España, eso sí, lo que
habrá es una racionalización precisamente para acercar la justicia a los ciudadanos. Yo le pido, por favor, que la próxima ocasión escuche usted mis palabras antes de leer el texto que trae escrito de casa.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- EL DIPUTADO DON EDUARDO MADINA MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿POR QUÉ SE EMPEÑA EL GOBIERNO EN REFORMAR LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO? (Número de expediente
180/000558).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor ministro de Justicia del diputado don Eduardo Madina, del Grupo Socialista.
El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Justicia, ¿Tiene usted intención de continuar con sus intenciones de reformar la Ley de interrupción voluntaria del embarazo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Muchas gracias, señor Madina.
Me formula usted la pregunta de forma más amable que como viene redactada, hablaba usted de empeño, pero no me parece mal la palabra empeño, no me parece mal y yo la acepto. La respuesta a su pregunta es sí. Sí lo vamos a hacer porque lo
anunciamos cuando ustedes aprobaron la ley de 2010, que si llegábamos al poder la modificaríamos; lo vamos a hacer porque así lo comprometimos cuando interpusimos el recurso del Tribunal Constitucional, donde sentamos la doctrina de nuestro
partido, del Partido Popular; lo vamos a hacer porque así lo comprometimos en la campaña electoral y porque esa propuesta tuvo el respaldo mayoritario de los españoles.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Es verdad, señor ministro, que llevo un tiempo escuchándole hablar de esta intención de reforma suya y no para de venirme la duda de si es usted o no consciente de que está planteando una reforma que va directa al
corazón de las inspiraciones que constituyen nuestro modelo de democracia, porque usted sabe o debería saber, como deberíamos saber aquí todos, que esta democracia es una base constituida sobre principios liberales, donde se organiza o se ordena la
convivencia desde un principio irrenunciable, la no intromisión del Estado en asuntos que son de incumbencia estrictamente personal de cada ciudadano y de cada ciudadana, es decir, que el Estado no entra en todo aquello que compete exclusivamente al
ámbito personal de cada ciudadana y de cada ciudadano. Me da por pensar que usted compartirá conmigo, señor Gallardón, que pocas cosas hay más personales que el propio
cuerpo y pocas cosas hay más íntimas que la sexualidad, y es desde ahí, señor Gallardón, que me pregunto una y otra vez: ¿quién considera usted que es el señor Gallardón como para pensar que tiene algo que decir en los procesos íntimos que
suceden dentro del propio cuerpo de las mujeres en nuestro país? Me pregunto una y otra vez si es usted capaz o es incapaz de distinguir las opiniones personales que pueda tener el señor Gallardón de las ejecuciones o procesos legislativos que debe
capitanear o dirigir el Ministerio de Justicia del que usted está al mando. Me pregunto una y otra vez, señor Gallardón, quién se cree usted que es para pretender una legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo que va directa al
corazón de los derechos de las mujeres en nuestro país.
En nombre de mi grupo le pido que pare y escuche, que escuche a los distintos grupos parlamentarios, que escuche al sector, a las asociaciones feministas, a las asociaciones de mujeres, que escuche a mi grupo. Le pido que pare y aprenda a
distinguir entre las opiniones del señor Gallardón y las opiniones del ministro de Justicia. Le pido que pare y aprenda a distinguir que en este país, con un 80 % de la población a favor de la actual legislación en materia de interrupción
voluntaria del embarazo, hay un 80 %, por tanto, de ciudadanos y ciudadanas que consideran que en materia de legislación de interrupción voluntaria del embarazo no hay ningún problema, y lo consideran con razón. El único problema es su amenaza de
legislación contra los derechos de las mujeres, que es el mayor retroceso en los últimos treinta años de la condición de ciudadanía de las propias mujeres en nuestro país y que pretende, señor Gallardón, aunque usted no lo comparta, convertir a las
mujeres en nuestro país en ciudadanas de segunda. Pare, escuche, piense lo que hace antes de que termine arrepintiéndose, señor Gallardón. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señor Madina, usted parte de un error conceptual, y lo ha definido perfectamente en su intervención. Su error conceptual, a diferencia de lo que establece nuestra Constitución en el
artículo 15, a diferencia de lo que interpretó el Tribunal Constitucional, es que usted considera que el concebido es parte del cuerpo de la mujer. (Rumores). El Tribunal Constitucional estableció con rotundidad que era un tercio y que, por tanto,
era susceptible de protección. Señor Madina, le he escuchado con atención y usted alega que son razones personales o que son creencias personales. No, señor Madina, es la voluntad de los ciudadanos. (Varios señores diputados: No, no). Esto lo
debatimos en la campaña electoral, y en la campaña electoral nos dieron el respaldo mayoritario para que hiciéramos esta reforma. (Varios señores diputados: No, no.-Aplausos.-La señora Ramón Utrabo pronuncia palabras que no se perciben). Señor
Madina, déjeme que le diga....
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor ministro.
Señora Ramón, le ruego silencio.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Decía que lo que ha caracterizado siempre al pensamiento progresista ha sido defender al más débil. Es verdad que no siempre la izquierda ha estado ahí. Yo recordaba el otro día el debate que se tuvo en esta misma Cámara en las Cortes
Constituyentes en 1931 cuando se debatió sobre el derecho a voto de las mujeres y cómo, en contra de lo que a muchos de ustedes les pueda sorprender, sentado muy cerca de donde está usted, diputados como Indalecio Prieto, siguiendo la doctrina de
Victoria Kent, se opusieron a ese voto diciendo que iba a dar mayorías conservadoras. Cuántas veces el bueno de Indalecio Prieto no se arrepentiría de aquel voto en contra. (Rumores.-El señor Moscoso del Prado Hernández: ¿Dónde estabais
vosotros?). Señor Madina, recuerde usted que no siempre la izquierda ha acertado en sus pronósticos. Mire usted, por ejemplo, el debate sobre la decimotercera enmienda en Estados Unidos; la sacaron adelante los republicanos, con Lincoln a la
cabeza, y los demócratas se opusieron a la abolición de la esclavitud. Cuántas veces se habrán arrepentido los demócratas de eso.
Señor Madina, déjeme que le diga una cosa. Hay muchas miradas puestas sobre usted, y usted lo sabe. No tenga miedo de liberarse de muchos prejuicios del pasado. (Risas). Sea usted auténticamente progresista y defienda de verdad a los más
débiles, y piense usted que en este caso el más débil, el que necesita la protección, es el concebido.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ROMÁN RUIZ LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO IMPLANTAR EL NUEVO MODELO AEROPORTUARIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA E INDIVIDUALIZADA
EN EL AEROPUERTO DEL PRAT DE BARCELONA? (Número de expediente 180/000559).
El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada a la señora ministra de Fomento. La hace el diputado don Román Ruiz Llamas, del Grupo Socialista.
El señor RUIZ LLAMAS: Doy por formulada la pregunta que figura en el orden del día, señora ministra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría. Estamos trabajando para mejorar día a día el aeropuerto del Prat que, por cierto, en el año 2012 a pesar de la crisis tuvo 35 millones de pasajeros, lo que significa un 2,2 % más que el año anterior. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Diputado.
El señor RUIZ LLAMAS: Señora ministra, conozco el dato, pero yo le pregunto otra cosa. Usted anunció en el mes de febrero de 2012 que suspendía el nuevo modelo aeroportuario y la adjudicación de la gestión descentralizada e individualizada
del aeropuerto del Prat. El modelo que usted defiende no tiene parangón entre los países medianos y grandes de la Unión Europea. Ese modelo que se aprobó en el Consejo de Ministros de noviembre de 2011 era un modelo acordado con la Generalitat,
con la comunidad de Madrid, con los agentes económicos, sociales y entidades civiles de la sociedad catalana. Un modelo europeo; un modelo que se enmarca en el contexto de la navegación, que separaba las funciones entre navegación aérea, los
servicios de gestión aeroportuaria y que tiene que ver con el modelo que impera en la mayoría de países de la Unión Europea, con un enfoque empresarial, con fórmulas societarias en el ámbito mercantil que venían a competir entre los diversos
aeropuertos, no solo con el de Madrid sino con el resto de países europeos. Usted sabe que eso es muy importante; que compitamos, que seamos competitivos para salir de la crisis. Además, un modelo que mantenía el carácter público de AENA, señora
ministra. Usted cometió un gravísimo error y no debe persistir en mantener un modelo caduco, centralista, poco eficiente para nuestro país.
Mire lo que le decía la Comisión Nacional de la Competencia, que los objetivos de rentabilidad, de sostenibilidad y de eficiencia se darían, en mayor medida, introduciendo competencias entre los diversos aeropuertos y permitiendo una gestión
individualizada en beneficio de los consumidores; que los aeropuertos de mayor tamaño deben tener un amplio margen de maniobra para definir sus tasas de manera independiente con arreglo a sus demandas y a sus costes. El aeropuerto de Barcelona
tiene un enorme potencial -usted lo ha dicho-; a pesar de ser el noveno aeropuerto en número de pasajeros es la tercera área metropolitana europea después de París y Londres. Señora ministra, mucho nos tememos que su objetivo -como usted ha dicho
en muchas ocasiones- sea poner en valor a AENA para después privatizarlo. Le voy a decir una cosa, señora ministra, hay que evitar convertir un monopolio público en un monopolio privado, porque al final los consumidores pagarán más.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, me alegro de que usted sepa los datos -no sé por qué me los pregunta si los sabía ya-, porque son buenos. Entiendo que a ustedes, a veces, cuando los datos son buenos parece que les molesta. El aeropuerto del Prat va muy bien,
señoría. Esto es lo importante, que el aeropuerto vaya muy bien y que su Ebitda haya mejorado sustancialmente, que ha cerrado el ejercicio 2012 en 296 millones frente a los 192 del año anterior. Además, como usted sabe, el aeropuerto del Prat
tiene imputada una
deuda de 1.670 millones de euros. Mire si va bien este aeropuerto que El Prat estrena 67 nuevas rutas durante este verano, sumando un total de 311 rutas regulares que van a unirla con 200 destinos. Estamos poniendo en valor el gestor
aeroportuario. ¡Claro que sí, señoría! ¿Pero usted sabe en la situación en que nos encontramos a AENA? Hay que tener valor para venir aquí cuando ustedes iban a enajenar dos aeropuertos españoles, el de Madrid y el del Prat, y lo iban a hacer con
una deuda de 14.000 millones de euros. ¿Sabe qué iban a hacer? Que el Estado se quedará con la deuda y se enajenaban dos aeropuertos. ¡Hay que tener valor! Usted no me habla, por ejemplo, del aeropuerto de Reus; usted no me habla del aeropuerto,
le pongo otro ejemplo, de Burgos o del aeropuerto de Vigo o del aeropuerto de Badajoz. Señoría, ¿qué modelo es ese, el modelo del 11-11-11? Ese modelo del 11-11-11 deprisa y corriendo ¿sabe qué modelo era? Era, voy a hacerme un modelo para mí
mismo, que otros se traguen la deuda y yo, de paso, resuelvo mis problemas políticos. No, señoría. Aquí estamos trabajando para que AENA sea un gran gestor aeroportuario y para que pueda pagar la nómina, porque cuando llegué no había dinero ni
para pagar la nómina, y somos los mejores... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA PATRICIA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LAS CONSECUENCIAS DE HABER EXCLUIDO A LOS
INMIGRANTES EN SITUACIÓN IRREGULAR DEL SISTEMA SANITARIO? (Número de expediente 180/000565).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta la diputada doña Patricia Hernández, del Grupo Socialista.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: ¿Cómo valora el Gobierno las consecuencias de haber excluido a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señor presidente.
Señoría, como ya dije la semana pasada ninguna persona ha sido excluida de la asistencia sanitaria en España.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Eso dijo y también dijo que era un error. No sé cómo dice estas cosas cuando el error, el horror, es sufrir un Gobierno sin alma que aprueba decretos que han tenido y tendrán como consecuencia la muerte de
personas. La muerte de Alpha Pam no se ha producido por un error; la muerte de Alpha Pam constata hasta qué punto la decisión de un Gobierno -del suyo- marca la diferencia entre vivir o morir. La muerte de Alpha Pam se hubiera evitado con un
tratamiento de menos de 300 euros; sin embargo, ha muerto. Hablo de 300 euros, lo que cuesta el retrovisor de un Jaguar, pero Alpha Pam está muerto. Usted dice que las urgencias están garantizadas para todo el mundo, pero usted sabe que las
enfermedades crónicas no se tratan en urgencias. Me gustaría que conociera a Claudia, que vive en España y tiene cáncer. Con el tratamiento adecuado Claudia podría curarse, pero su decreto -usted- le quita la asistencia sanitaria. ¿Sabe qué se
siente cuando padeciendo una enfermedad como el cáncer te quitan la oportunidad de seguir viviendo? Ella sí lo sabe y su decreto es el que firma la sentencia de muerte; la de ella y la de Hanane, que necesita quimioterapia y su decreto se la
niega. Tiene dolores insoportables, pero su decreto tampoco le dará la receta para los parches del dolor. Si usted no deroga el decreto, las dos morirán. No puedo creer que alguien pueda soportar en su conciencia algo semejante. ¿Cómo un
inmigrante que pierde un empleo puede pagar 140 euros para su tratamiento de diabetes?, ¿cómo se hará la diálisis?, ¿qué pasará? Pues que morirá más gente. Retire el decreto. Le hablo de personas, amigos, vecinos; les hablo de las personas que
cuidan a sus hijos y a sus padres. Muchos españoles están viviendo fuera, ¿qué pensarían si fueran sus hijos los que se van a otro país y
se encontraran a un Rajoy, a una Mato que les negaran el tratamiento médico?, ¿qué quieren que piensen las madres de los hijos e hijas a los que ustedes están haciendo esto?, ¿qué piensan de un país que condena con sus medidas al
sufrimiento, al dolor e incluso a la muerte de sus propios hijos? No sé si usted duerme por las noches, estas madres no lo hacen. Me avergüenza compartir escaño con alguien que sabe que sus medidas cuestan vidas. Afuera nos meten a veces a todos
en el mismo saco, pero usted y yo, ustedes y nosotros, no somos ni parecidos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señoría, se ponga como se ponga y por mucha demagogia que utilice y tantas veces traiga esta cuestión a la Cámara la respuesta va a ser siempre la misma: a
ninguna persona se le ha negado la asistencia sanitaria en nuestro país; absolutamente a ninguna. (Rumores). Le reitero que nadie ha dejado de recibir atención médica o sanitaria cuando la ha necesitado, sencillamente porque así está previsto en
nuestras normas y en el real decreto-ley al que usted ha hecho mención. Le leo textualmente lo que dice el artículo 3: los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España recibirán la asistencia sanitaria: a) de urgencia, por
enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica -señorías, esto lo dice el decreto-ley-, y además, por embarazo, parto, posparto y por supuesto los menores de dieciocho años. Señoría, se lo dije a su
compañero la semana pasada. Si hubiera una norma en vigor que impidiera la atención sanitaria urgente para alguna persona, la modificaríamos en veinticuatro horas, pero no es el caso y usted lo sabe perfectamente. Usted menciona un caso en el que
los servicios sanitarios de la comunidad autónoma, que son los competentes, atendieron al paciente. Según el resultado de la investigación presentada públicamente por esa comunidad, la persona enferma fue atendida en primaria, en urgencias, se le
practicaron pruebas diagnósticas y se activó el protocolo de salud pública correspondiente.
Por tanto, señorías, desgraciadamente han podido existir errores, se han asumido responsabilidades y se han abierto los expedientes correspondientes, pero en ningún caso se produjo discriminación en función del origen o de la condición de la
persona atendida, y eso es lo importante. Insisto, el Sistema Nacional de Salud garantiza la asistencia sanitaria ante cualquier situación en todas las comunidades autónomas, que son las que gestionan cómo llevar a cabo el procedimiento. No
debería usted cuestionar la atención sanitaria que se presta en las distintas comunidades autónomas. A ver si se da cuenta de que usar demagógicamente la tragedia -desde luego no somos iguales, porque nosotros no lo hacemos- a lo mejor le da una
tarde de gloria, un titular en el día de hoy, pero ahí se queda. El daño a los servicios sanitarios tarda muchísimo tiempo más en curarse. (Rumores). Señoría, aprenda a usar la palabra responsabilidad; mientras seguiremos denunciando que ustedes
utilizan las tragedias para sacar rédito partidista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO ANTONIO MEIJÓN COUSELO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ VALORES PRETENDE DEFENDER EL GOBIERNO CON LA LEY WERT? (Número de expediente
180/000560).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte.
En primer lugar, pregunta el diputado don Guillermo Meijón, del Grupo Socialista.
El señor MEIJÓN COUSELO: Gracias, presidente.
Pregunto al ministro que pretende sustentar su contrarreforma en la Constitución de 1812, cuando decía: se enseñará a los niños a leer, escribir, contar y el catecismo de la religión católica; a quien se siente cómodo con la definición que
encontramos sobre nacionalcatolicismo en la biblioteca FAES: el español nace católico, católica tiene que ser la sociedad y católico el Estado. Los heterodoxos no son españoles. Siendo esto así, ¿qué valores defiende la ley Wert, que aspira a una
educación camino del palio o, si lo prefiere, bajo el palio de monseñor Camino? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Meijón, entiendo por el contexto que ha facilitado a su pregunta que cuando habla de la ley Wert se refiere a la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Rumores), y lo primero que quiero señalarle a ese respecto es que admito
cualquier denominación menos la de ley Wert. Si hay algo que no deseo en modo alguno es que se pierda de vista el objetivo de esta ley, camino por el que entiendo que discurre el interés de su pregunta, y se lo voy a contestar en los mismos
términos en que lo hace la propia ley: Los valores que se defiende son, en primer lugar, el de la equidad para impedir que, como sucede ahora, una cuarta parte de los chicos y de las chicas españoles se queden sin ninguna perspectiva de poder
insertarse vital y profesionalmente con éxito. En segundo lugar, el esfuerzo, el mérito, la valoración de ese esfuerzo y de ese mérito y el que cada uno pueda obtener de sus talentos diferentes el mejor resultado, el que más le ayude a insertarse
laboral, profesional y vitalmente y el que mejor se ajuste a sus capacidades e inclinaciones. Lo que pretende es que superemos una situación como la que actualmente sufrimos, en la que entre otras cosas por los déficits en cuanto a resultados de
nuestro sistema educativo tenemos un 57 % de desempleo juvenil. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor diputado.
El señor MEIJÓN COUSELO: Señor ministro, sabemos lo mucho que le conviene azuzar las cuestiones lingüística y religiosa para que así pase inadvertida su gran misión, desmantelar la escuela pública. En ese proceso tratan de ocultar también
los valores de su ley, que no van por el buen camino aunque cuenten con el aval de la mitra episcopal. Sus valores, señor Wert: discriminar al alumnado por cuestiones de creencias y conciencia, discriminar en función del sexo, discriminar en
función de la clase socioeconómica y discriminar en función de su procedencia y de sus capacidades con cínicas e hipócritas llamadas al consenso, porque con un proyecto de ley no se inicia un consenso. Un proyecto de ley, y más de educación, debe
ser el fruto de un proceso de consenso y diálogo del que usted y el señor Rajoy decidieron prescindir, y en el ínterin han roto ustedes unilateralmente el consenso sobre la cuestión religiosa tan difícilmente logrado.
No tenga duda, los socialistas contestaremos reafirmándonos en nuestro modelo laico, un modelo laico donde no cabe la enseñanza confesional ni dentro del currículum ni dentro del horario escolar; modelo laico -cito a Peces Barba- que
garantiza la neutralidad, el pluralismo, los derechos y libertades y la participación de todos y todas, algo que visiones integristas y totalizadoras como las suyas y las de la jerarquía católica tratan de anular. Caudillo de España por la gracia
de Dios, figuraba en la peseta de Franco. Usted no busca la excelencia, usted busca la educación de su excelencia cuando la escuela pública era la escuela de la beneficencia, eso sí, por gracia de Dios. Por cierto, a usted y a la señora doña
Soraya quiero decirles que si en algo los Gobiernos anteriores han recibido felicitaciones de la OCDE y de Europa ha sido por sus parámetros alcanzados en equidad, igualados únicamente por Finlandia. Por desgracia, eso comenzará a descender bajo su
mandato.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Meijón, el proyecto de ley orgánica de mejora de la calidad educativa debe ser excelente cuando lo único que encuentran ustedes para hablar de él son cuestiones absolutamente adjetivas, accesorias y que desde luego no tienen nada que
ver con la médula del proyecto. (Rumores). Y le diré más, no sé si me sorprende más eso o me sorprende la poca atención que dedican y la poca importancia que asignan a una cuestión como aquella a la que me acabo de referir, que haya un 25 % de
alumnos que se encuentran en situación de abandono escolar temprano. ¿Cómo puede usted, señor Meijón, referirse a la equidad de un sistema que provoca no la segregación -qué va, la segregación sería lo menor-, que provoca la exclusión social de una
cuarta parte de los alumnos que
entran en él. ¿Cree usted que no tiene consecuencias una situación como esa?, ¿cree usted que no es eso lo verdaderamente importante? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DE LAS CONSECUENCIAS QUE HA TENIDO EN EL SECTOR CULTURAL LA SUBIDA
DEL IVA? (Número de expediente 180/000561).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte que formula el diputado don José Andrés Torres Mora, del Grupo Socialista.
El señor TORRES MORA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en septiembre del año pasado le avisamos aquí mismo de que la desorbitada subida del IVA en la cultura tendría graves consecuencias no solo para el sector económico de la cultura sino para las cuentas públicas. Usted nos
acusó de anunciar el apocalipsis, es más, nos contó que en los dos primeros fines de semana de septiembre la recaudación había ido muy bien. Ocho meses dan una mejor perspectiva que dos fines de semana. Según datos del Ministerio de Hacienda, con
la subida del IVA se han recaudado 4 millones de euros más en el último trimestre de 2012 que en el último trimestre de 2011. Sin embargo, la caída de las bases imponibles, la caída de la actividad en el sector fue de 328 millones de euros, un 22
%, cuatro veces más que la caída de las bases imponible de todo el IVA. Ese es el diferencial de su gestión, el resultado de no haber sabido, podido o querido explicar al resto del gabinete cuáles serían las consecuencias de una subida tan
desmesurada en el IVA del sector que usted tiene a su cuidado.
Según un reciente informe de la Federación de Empresarios del Teatro, en el último semestre ha bajado la recaudación en el sector de las artes escénicas un 24 %, es decir 2,8 millones de espectadores menos, 1.000 empleados menos. Es verdad
que ha subido el IVA en 10 millones de euros pero también es verdad que se ha dejado de recaudar en impuesto sobre sociedades, en IRPF de los trabajadores y que se ha gastado en el seguro de desempleo más de 18 millones de euros. Si hace la resta
verá que nos ha perjudicado en 8 millones de euros en las cuentas públicas. En cuanto al sector privado, no será el apocalipsis pero para quien ha perdido su empresa o su empleo la verdad es que la sensación es muy parecida a la del apocalipsis. Y
ahora dígame si sigue pensando lo mismo que en septiembre del año pasado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor Torres Mora, sustancialmente pienso lo mismo, y lo mismo que pensaba entonces es que yo no conozco ningún ministro, no digo ya de Educación y Cultura sino ni siquiera
ningún ministro de Hacienda, al que le guste subir los impuestos. Hay decisiones que se toman porque hay que tomarlas, porque existen unas exigencias de consolidación fiscal, y cuando esas decisiones consisten en subir los tributos no se hace por
gusto, sino para atender esas exigencias. Ahora, eso se tiene que compensar, y en ello estamos, con políticas de incentivos, políticas de impulso y políticas que de alguna forma compensen esa situación. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Señor ministro, la política económica de su Gobierno es un error, la subida del IVA es más que un error, es una injusticia para la cultura, así que retírenla, rectifiquen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Torres Mora.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Torres Mora, usted y yo compartimos, entre otras cosas, una profesión y además en algunas de las orientaciones profesionales también compartimos cierto espíritu. Usted está familiarizado con la concepción weberiana de las causalidades
parciales y probables. Usted se ha referido, señor Torres Mora, a una serie de fenómenos en la taquilla de las artes escénicas, del cine, que se producen coetáneamente a ese incremento impositivo pero usted sabe que si echamos la vista atrás y
comparamos, por ejemplo, el cuarto trimestre de 2011 con el de 2010 y el de este con el de 2009, vemos que ese fenómeno de descenso se está produciendo. ¿Por qué? Porque no es la causa fiscal la causa única ni probablemente la principal; la
principal desgraciadamente, sobre todo en lo que respecta a las artes escénicas, es que se ha producido una dramática disminución de la oferta porque la promoción, la oferta de espectáculos en artes escénicas pivotaba fuertemente sobre la iniciativa
de administraciones públicas, básicamente corporaciones locales, pero también comunidades autónomas. Habla usted del hecho de que esa disminución de espectadores se deba toda al incremento del IVA y no es así. Lo fundamental, le repito una vez
más, en el caso de las artes escénicas es que ha disminuido mucho la oferta. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fundamentalmente buscando alternativas... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BARKOS), SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN TORNO A LA REVERSIÓN QUE LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA ESTÁ PROVOCANDO EN LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA LA HABILITACIÓN DE LA ALTA VELOCIDAD FERROVIARIA,
ESPECIALMENTE EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente 172/000123).
El señor PRESIDENTE: Terminado el turno de preguntas dirigidas a los ministros, vamos a pasar a las interpelaciones. En primer lugar, interpela la señora Barkos, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno en torno a la
reversión que la actual crisis económica está provocando en los planes del Gobierno para la habilitación de la alta velocidad ferroviaria, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra. Tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra de Fomento, el pasado 10 de mayo el Consejero de Fomento del Gobierno de Navarra, el señor Zarraluqui, en una comparecencia en comisión en el Legislativo foral anunciaba que su ministerio, el que usted preside,
renuncia a la alta velocidad en el tramo que el corredor cantábrico-mediterráneo asume en su paso por Navarra. He de empezar por decirle que no cuestiono decisiones de nueva calendarización en torno a obras de estas características, en torno a
inversiones de alta gama, por decirlo de alguna manera; en ningún caso en esta diputada de Geroa Bai va a encontrar una crítica, señora ministra, a una recalendarización, a una puesta en valor, habida cuenta la crisis de estos momentos, de
inversiones de estas características, pero tampoco va a tener por parte de esta diputada ausencias o fallas en la ambición lógicamente de que en las altas infraestructuras Navarra se encuentre en el corredor cantábrico-mediterráneo y por supuesto su
conexión en ancho internacional con la Europa continental. Por lo tanto, asumida esta posición, lo cierto es que parece que se apuesta, en lo que compete al Gobierno central, a su ministerio, por el tercer carril o el tercer hilo pero lo que no nos
queda muy claro es la falta de información con la que nos hemos encontrado y este es el motivo de la interpelación.
Tenemos, para empezar -y yo quiero recordarlo para contextualizar la circunstancia-, un convenio que, de alguna manera, compromete a las dos partes, compromete al Gobierno central y compromete al Gobierno de Navarra. Es cierto que el
convenio fue firmado en 2010 con la Presidencia de Gobierno socialista y, por tanto, con una dirección socialista en el Ministerio de Fomento, pero no es menos cierto que, como digo, este convenio obliga en estos momentos a las dos partes y más allá
de los cambios en las legislaturas. Aquel convenio, que ya tuvo críticas importantes por parte de Geroa Bai en la medida en que entendíamos que penalizaba en sus condiciones económicas absolutamente desventajosas para Navarra, tenía un ejemplo
similar, el que el Grupo Parlamentario Vasco había negociado para la Comunidad Autónoma vasca en unas circunstancias y condiciones económicas absolutamente diferentes, pero, como digo, más allá de aquellas críticas que desde el primer momento puso
encima de la mesa, denunció y
subrayó Geroa Bai, más allá de eso, esto obligaba a las dos partes. Aceptaba aquel convenio que Navarra asumía, siendo competencia en cualquier caso de la Administración del Estado, la construcción de uno de los tramos de ese corredor
cantábrico-mediterráneo a su paso por Navarra, el que va de la localidad navarra de Castejón hasta Pamplona, que Navarra adelantaba por lo tanto la financiación que correspondería al Gobierno central y que el Gobierno central se comprometía, vía
ADIF, a pagar en dos años -las cargas de los intereses, quiero recordar, siguen siendo para el Gobierno foral- el avance de estas obras. Por parte del Gobierno central el compromiso asumido no solo era el de corresponder con la carga económica de
esta competencia, sino además, lógicamente, dar inicio, traslado y consecución a la parte de la alta velocidad que debía unir este tramo Castejón-Pamplona con la Y vasca por el oeste y con Zaragoza por el este.
Así las cosas, cuando el pasado 10 de mayo, como le digo, el Gobierno foral da a conocer al conjunto de los parlamentarios que componen esta Comisión concreta las decisiones de su ministerio, la pregunta es: ¿Nos confirma que las cosas son
así, señora ministra? Entiendo que sí por documentación que ahora pasaremos a ver. Pero, sobre todo, si no va a poder cumplir una de las partes del convenio firmado en 2010, ¿podrá el Gobierno central, podrá su ministerio y podrá ADIF cumplir con
la otra parte? Si la Administración central no puede acometer las obras, en definitiva, ¿podrá pagar aquellas que está asumiendo ya Navarra desde el año 2010? Y lo digo porque los papeles dicen lo contrario. Para este año 2013 estaba previsto que
ADIF efectuara un pago por valor de 10 millones de euros de las obras llevadas a cabo en ese tramo, en ese vial que yo le decía, Castejón-Pamplona. Lo cierto es -y usted lo conoce mejor que yo- que en el anexo de inversiones reales para 2013 y en
la programación plurianual anualizada en este año esa partida de 10 millones que debía haber sido consignada como tal, tiene una consignación de no más de 5 millones de euros. Entiendo, pero me gustaría que usted me lo confirmara, que esto responde
a una paralización o a una ralentización de las obras por parte de Navarra. No quisiera pensar que se debe a una circunstancia económica en la que ADIF impone un pago todavía más a largo plazo de lo que estaba previsto en el convenio.
Pero lógicamente hay más. Con la decisión del tercer hilo, la decisión que nos daba a conocer el consejero de Fomento, y si su Gobierno no revisa esta circunstancia, nos vamos a encontrar en Navarra con un auténtico sinsentido. Se lo
quiero enseñar con un mapa. (Muestra un mapa). Es difícil de ver, creo que luego tendremos ocasión de hacerlo, pero se lo relato desde la tribuna. Esta es la línea de alta velocidad prevista en estos momentos y diseñada para el conjunto del
Estado. Lógicamente los ramales están conectados; no podría ser otra manera, no tendrían ningún sentido. Pues bien, nos encontramos con un tramo de 70 kilómetros, de Castejón a Pamplona, de alta velocidad de ningún sitio a ninguna parte. No lo
digo por desprecio, en absoluto, a las poblaciones a las que me estoy refiriendo, sino porque una alta velocidad sin mayor conexión que esta de la que les estoy hablando francamente es tanto como hacer una inversión en los costes económicos que hoy
nos estamos planteando de ningún sitio a ninguna parte. Quiero recordar, para que sus señorías lo sepan y queden ilustrados, que estamos hablando de una población de poco más de 4.000 habitantes, la localidad de Castejón, y de otra población, la
capital navarra, que ronda los 200.000 habitantes, y de un tramo de 70 kilómetros de alta velocidad que no será sino conectado por tercer hilo con el resto de las conexiones en ese corredor cantábrico-mediterráneo. Francamente es un sinsentido.
Este no es un tema tanto a debatir aquí como a debatir entre las dos instituciones, pero sí es un tema para reflexionar en esta Cámara y para hablar francamente con usted, señora ministra. Entendemos que el empeño que en este momento mantiene el
Gobierno de Navarra por insistir en la construcción de este tramo, habida cuenta la información que ya ha hecho pública y que hizo pública mucho antes su ministerio, no tiene ningún sentido. Queremos compartir con ustedes estas reflexiones y
queremos conocer cuál es la posición del Ministerio de Fomento con respecto a este asunto concreto.
Nos sorprende enormemente, ministra, que el Gobierno de Navarra no sepa más sobre cuál es la posición del ministerio. Y no digo yo que el Gobierno de Navarra no sepa más, sino que ayer mismo se reunieron el partido que conforma el Gobierno
de Navarra, UPN, y el Partido Socialista de Navarra -a la sazón el partido que firmó aquel convenio- y al finalizar tal reunión -y estoy leyendo directamente de hemeroteca- ayer mismo el Gobierno de Navarra afirmó que emplazará al Estado a que
concrete los plazos para la construcción definitiva del corredor de alta velocidad en la comunidad foral. Ahora la pregunta es: Ministra, ¿el Ministerio de Fomento ha comunicado al Gobierno de Navarra cuáles son sus planes? ¿El Ministerio de
Fomento ha explicado al Gobierno de Navarra si la decisión de llevar a cabo una obra estrictamente de tercer carril o de tercer hilo en la conexión de la alta velocidad a su paso por Navarra
en ese corredor tiene fecha y final? ¿Estamos hablando de una decisión definitiva o estamos hablando de una decisión que con el tiempo tendrá otro tipo de actuaciones? Nos sorprende y por eso vengo hoy a preguntarle para que nos lo aclare
de manera oficial, pero no es menos cierto -no hay más que acceder a la documentación o a la información que pende de la página web del Ministerio de Fomento- que el 26 de septiembre de 2012 quedaba ya publicado el Plan de infraestructuras,
transporte y vivienda de su Gobierno. Y no es menos cierto que en este Plan de infraestructuras, transportes y vivienda 2012-2024, redactado y presentado por el Ministerio de Fomento, las únicas actuaciones que están previstas -repito, hasta 2024-
en ese tramo navarro del corredor de alta velocidad son las referidas a la línea de alta velocidad Castejón-Pamplona. En lo referido a Castejón-Logroño-Miranda de Ebro no hay actuaciones previstas por su ministerio al menos hasta el año 2024 y en
lo relativo a la conexión de la Y vasca con Pamplona no hay actuaciones previstas por parte de su ministerio hasta 2024. Repito que estoy leyendo el plan que ustedes tienen en estos momentos reseñado en la página web del ministerio.
Francamente, no solo es un sinsentido en un momento económico como este, sino que es un grave despilfarro que hablemos de una línea de alta velocidad de 70 kilómetros de una población de 4.000 habitantes a una población de 200.000 habitantes
sin mayor carga de prueba que el hecho de un convenio que se firmó que en el año 2010 y que hoy, como digo, tiene las horas contadas en lo que respecta a la apuesta que en su día hizo el mismo Ministerio de Fomento. Compartimos la calendarización y
compartimos perfectamente que las cosas puedan readaptarse, habida cuenta de la circunstancia de crisis económica. Urge, por tanto, ministra -y también quisiera su opinión en torno a esta cuestión-, revisar aquel convenio. Urge, primero, porque la
situación económica no es la misma, por más que en 2010 ya era bastante grave. Urge porque las circunstancias económicas en las que se pactó con Navarra no son ya desventajosas, sino que son flagrantemente inaceptables de manera absoluta, habida
cuenta de que tenemos un ejemplo de que las cosas se pueden hacer de otra manera y mejor. El mismo Gobierno pactó con el Partido Nacionalista Vasco unas condiciones económicas que no tienen nada que ver, que es que la devolución de la parte de las
obras que asume el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma vasca no es a dos años sino a tres meses y la devolución no es directamente desde ADIF sino descontándola del cupo. Las mismas circunstancias se podrían haber dado perfectamente para Navarra.
Por qué no se dieron o por qué no se firmaron es evidentemente responsabilidad de quien hoy ostenta el Gobierno de Navarra y en eso no entraremos nunca en esta Cámara. Pero sí pediré -por supuesto, cómo no- su opinión sobre si no pueden ponerse en
igualdad de condiciones las circunstancias económicas para una comunidad igual que para con otra.
Y termino, ministra. Parece razonable también -no entenderíamos otra cosa-, habida cuenta que el ministerio ha decidido ya posponer, no sé si definitivamente pero desde luego sí hasta el próximo 2024, la construcción de una línea de altas
prestaciones que conectaría a Pamplona con la Y vasca y a Pamplona con Zaragoza, revisar el trayecto que en estos momentos está previsto que sea construido por el Gobierno de Navarra, ese tren chu-chu de alta velocidad de ningún sitio a ninguna
parte, y dejar el esfuerzo económico para conectar Pamplona con una salida a la Europa continental en ancho de vía internacional. Son las preguntas que le quería plantear y espero lógica y ansiosamente su respuesta, fundamentalmente también porque
el Gobierno de Navarra no ha tenido hasta el mes de abril información sobre esta cuestión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señorías, quería comunicarles que en este momento en la tribuna de invitados está el presidente del Senado de la República de Chile, don Jorge Pizarro y Soto. A él y a la delegación que le acompaña le damos nuestra más calurosa bienvenida.
(Aplausos).
Tiene la palabra la ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Señor presidente, señorías, señora Barkos, agradezco su intervención por el tono y por el contenido de lo que se ha expuesto en esta tribuna. Ha traído usted al Congreso uno de los elementos
clave de la vertebración territorial de Navarra y también de toda España que es, sin duda, las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y en concreto la línea Castejón-Pamplona. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). Señoría, son infraestructuras muy importantes y extender la alta velocidad a todos los territorios de nuestro país es, ciertamente, un reto fundamental para el futuro. Lo primero que quiero decirle es que, como ocurre en otras muchas
líneas de alta velocidad, la alta velocidad para Navarra fue impulsada desde su comienzo por un Gobierno del Partido Popular. En el año 2001 el Gobierno popular adjudicó los estudios informativos
de la línea de alta velocidad Zaragoza-Castejón, del que se solicitó la declaración de impacto ambiental en el año 2003 pero que no se aprobó hasta 2007, cuatro años después. Y la línea de alta velocidad Castejón-Pamplona, que en 2003 ya
tenía DIA y se aprobó en abril de 2004. Incluso antes de esta fecha el Gobierno popular había comenzado a trabajar para la mejora del ferrocarril en el entorno de la ciudad de Pamplona, adjudicando en el año 1999 el estudio informativo de la nueva
red ferroviaria en la comarca de Pamplona. De hecho, en 2002 se solicitó la DIA y se aprobó en 2004. En junio de 2001 se constituyó el grupo de trabajo entre el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el Ministerio de Fomento con el fin
de coordinar la solución ferroviaria del bucle.
Y así, señorías, llegamos a 2004, cuando se produce el cambio de Gobierno. Pues bien señorías, aunque sea de forma breve, les tengo que relatar cómo ha actuado, a la vista de los datos y la información, el Gobierno que nos ha precedido en
los últimos siete años, el Gobierno socialista. Señorías, les digo que la situación, de entrada, es difícil. Fíjense si es difícil que las líneas de alta velocidad que había en el caso concreto de actuaciones iniciadas eran en 5.400 kilómetros,
con una inversión pendiente de 76.000 millones de euros, de los cuales, señoría, 3.853 eran para la alta velocidad a Navarra. Se lo digo porque cuando se habla de muchas cosas y se dice lo que habría que hacer, lo que no habría que hacer y lo que
no se ha hecho hay que saber de dónde partimos. Y yo parto, señoría, de que de 3.853 millones que cuesta, con los estudios que había, la alta velocidad a Navarra, se habían invertido 11,9 millones. Esto no es una broma, esto es la realidad. Lo
digo porque efectivamente había muchos kilómetros en la imaginación de algunos, pero estaban unos en estudio y otros en información; estaban, si me permite el símil, en vía muerta. Era lo que le pasaba a la alta velocidad, que estaba en vía
muerta. Además, toda la planificación estaba hecha, en unos casos, con costes desmesurados y, en otros, como usted muy bien ha dicho, en tramos que no llevaban, por cierto, a ninguna parte. Coincido con usted en que hay que tener cabeza para saber
qué se está planificando y que, cuando se está haciendo una línea de alta velocidad, hay que conectarla con otras cosas. Por eso, estamos haciendo un esfuerzo impresionante. Se lo digo porque no es fácil llevar adelante infraestructuras con ADIF,
el gestor de infraestructuras, con una deuda de más de 14.000 millones. No se puede, señoría, gastar una parte muy importante del dinero público en pagar los intereses de la deuda. Por eso, siempre he dicho que ya no habrá desde luego soluciones
faraónicas y me llama la atención que algunos aún a día de hoy sigan hablando de esas soluciones faraónicas.
La alta velocidad en Navarra al inicio de la legislatura no podía estar peor. El tramo Zaragoza-Plasencia de Jalón-Castejón, que tiene una longitud de 80 kilómetros y un coste 900 millones de euros, tenía en redacción los proyectos
constructivos y durante su redacción se hicieron cambios. En noviembre de 2011 pasaron en España un montón de cosas porque ese mes fue puro anuncio y pura propaganda, y la propaganda fue que se iba a iniciar la tramitación medioambiental -fíjese en
lo que le estoy diciendo-, y se consultó al Ministerio de Medio Ambiente si había que hacer DIA o no había que hacer DIA. Y en 2009 se inició la redacción del estudio informativo de Tudela-Castejón. Pero también le tengo que hablar de la línea
entre Castejón y Pamplona -sin duda fundamental en la llegada de la alta velocidad a Navarra-, que es una infraestructura de 70 kilómetros de longitud entre Castejón y Esquíroz, con su conexión a Pamplona propiamente. Es una línea que está
diseñada, y así va a ser, para tráfico de viajeros y mercancías en ancho internacional. Pues bien, en abril de 2010 el Ministerio de Fomento del Gobierno socialista firmó un convenio, en el que había unas obligaciones para el Gobierno de Navarra y
otras para el Gobierno del Estado, bien entendido que lo pagaba todo ADIF, es decir, no pagaba ni un solo euro el Gobierno de Navarra; uno se encargaba de la construcción de la plataforma -387 millones- y ADIF, del resto: de las obras de
superestructura, ejecución de vía, electrificación, señalización, etcétera.
En cuanto a las actuaciones, en diciembre de 2011 solamente había actividad en un tramo, el que va de Castejón a Villafranca. En septiembre del año 2011 se habían adjudicado obras del subtramo Cadreita-Villafranca por 29 millones y en
noviembre de 2011 -ese mes milagroso- se habían licitado las obras del subtramo Castejón-Cadreita. Pues bien, los tramos restantes estaban en redacción y no había más, señoría; como tampoco había más en la nueva red ferroviaria de la comarca de
Pamplona -también, cómo no, otro convenio más, otro protocolo general con el ministerio-. Pero además de eso se iban a hacer muchas cosas con cargo al dinero que se iba a obtener -ya sabe, el cuento de la lechera- con aquellas recalificaciones que
se iban a hacer. Ese cuento de la lechera ha llevado a que en este momento las sociedades de integración en nuestro país tengan una deuda de 1.000 millones. Por lo tanto, señoría, le describo cómo estaban las cosas. Es decir, lo que había era
propaganda y 11 millones invertidos en la alta velocidad. Pues bien, además de esto que le estoy diciendo, como usted sabe, también estaba sin definir por dónde iba el tramo Pamplona-Y vasca, porque no querían ningún tipo de confrontación. En la
vida política hay que tomar decisiones, no se puede estar días y días o años, como en este caso, sin decidir. En agosto se había adjudicado un estudio y durante los meses siguientes se trabajó y se hizo un estudio a escala muy general con
alternativas. No había más, señoría. A finales de 2011 estaba pendiente incluso la tramitación ambiental del estudio. Como ve, un balance bien pobre.
Ahora le voy a decir qué es lo que se está haciendo. Primero, estamos permanentemente trabajando con el Gobierno de Navarra, y lo estamos haciendo además con absoluta transparencia y buscando las soluciones mejores para la alta velocidad,
con este difícil punto de partida, señoría. En alta velocidad nos hemos marcado la puesta en valor y la obtención del máximo rendimiento de las inversiones en ejecución y una planificación coherente con esos planteamientos, pero quienes ahora están
pidiendo fechas, quienes ahora preguntan cuándo está, son los mismos que habían invertido en siete años 11 millones. Por tanto, incluso las bromas tienen un límite. El que ha invertido 11 millones no le puede pedir a otro: diga usted mañana
cuándo se termina. Se termina el día que se inviertan los 3.800 millones, ese es el día que se termina. Para eso habría que haber dejado las cuentas de este país saneadas y no a ADIF con más de 14.000 millones de euros de deuda.
Señorías, tenemos un compromiso con Navarra y ese compromiso se va a cumplir, pero se va a hacer de una manera racional. Por eso, como sabe, el Gobierno foral adjudicó en junio de 2012 obras de plataforma del subtramo Castejón-Cadreita y
también están en ejecución las obras del tramo entre Castejón y Villafranca. El coste actualizado de la plataforma de Castejón-Comarca de Pamplona se estima ahora que es de 600 millones de euros, no los 387 que habían dicho con aquellos estudios
preliminares antes de firmar el convenio. Antes de firmar un convenio, señorías -yo no soy del sector ferroviario-... (Rumores). Me gustaría un poco de respeto porque yo suelo tener respeto con sus señorías.
Decía, señoría, que primero hay que saber cuál es el coste real de las cosas. No hay que firmar por 387 y que luego no te llegue con esa cantidad. Por eso estamos trabajando para actualizar el coste de la plataforma del tramo
Castejón-Comarca de Pamplona. Tenemos, como usted sabe, que hacer algo muy importante, que es conseguir que ese centro de producción tan importante, la factoría de Volkswagen, el centro logístico de Noáin o la Ciudad del Transporte de Pamplona,
tengan una conexión en ancho UIC. Por eso es tan importante y he mantenido una reunión en la factoría de Volkswagen para conocer in situ la realidad y, como la vía va a ser mixta para viajeros y mercancías, dar salida o entrada de sus mercancías a
los centros tan importantes de producción de Navarra. Por eso vamos a firmar un nuevo convenio, claro que sí, para solucionar los problemas que tenían y para actualizar cuál es la financiación real, no la de un convenio donde todavía no estaban ni
hechos los proyectos. También vamos a concretar la conexión con el interior de la Península y con la fachada mediterránea a través de Zaragoza, y también con la frontera francesa, porque la alta velocidad a Navarra no es Castejón-Pamplona, es todo,
y coincido totalmente con usted, señora Barkos.
Las actuaciones que se desarrollan en este nuevo convenio serán en los tramos Zaragoza-Castejón, Castejón-Pamplona y Comarca de Pamplona-Pamplona-Y vasca. Atenderán a la demanda de viajeros y mercancías prevista, conseguirán reducciones de
tiempo y viajes competitivos y se ajustarán con rigor a las previsiones económicas que se fijen para que no se produzcan desfases. Este nuevo convenio mantiene la remodelación prevista para la red ferroviaria de Pamplona y la eliminación del bucle.
El Gobierno de Navarra financiará la actuación, que tiene un coste de 110 millones de euros, y asumirá la posición de los ayuntamientos que firmaron el protocolo de 2009, Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de Cizur, que no formarán parte del convenio.
A cambio, el Ministerio de Fomento desafectará los terrenos por los que actualmente pasa la línea y se le otorgarán al Gobierno de Navarra como compensación a su aportación.
Concluyo ya, señora presidenta, señora Barkos, señorías, reiterando que el Gobierno tiene un compromiso firme con el desarrollo de la alta velocidad en general y, cómo no, de la línea de alta velocidad a Navarra y al País Vasco, como bien
conoce. Por esta razón, señoría, -luego, si quiere, lo vemos personalmente- el Pitvi claro que incluye de forma global y completa esta línea de alta velocidad. No sé si le habrán pasado todas las hojas del Pitvi o si alguna hoja se le habrá caído
a alguien, pero desde luego si alguien lee el Pitvi entero concluirá que tiene que ser una realidad esta infraestructura. También quiero decirle que ADIF desde luego paga las certificaciones que le llegan, lo que no puede es pagar lo que no le ha
llegado. Creo que usted me ha comprendido. Otra cosa que es muy importante, señoría, es que las condiciones son las mismas para todos. Yo no creo en las asimetrías, no creo y no tengo que contribuir a ellas, y por eso es muy importante y estoy
muy satisfecha de la colaboración que tienen los Gobiernos que han querido formar parte, licitar y construir infraestructuras, aunque luego las pague la Administración
General del Estado. Pero el trato es el mismo, señorías. Lo que sí me he encontrado han sido muchas asimetrías; es muy difícil resolver las asimetrías pero por lo menos, cuando uno tiene responsabilidad de Gobierno, tiene que contribuir a
mejorarlas y sobre todo, si me permite la redundancia, a no incrementarlas. Por eso, señoría, cuenten conmigo pero desde luego lo que no voy a hacer son convenios no realistas ni protocolos y más protocolos, que a lo que han llevado es a que la
gente me exija que les diga fechas inmediatamente. Señoría, ¿cómo puedo decir una fecha si me he encontrado con 11 millones de euros invertidos?
Muchas gracias, señora presidenta (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.
Ministra, empiezo por donde ha terminado: no le he pedido ninguna fecha. No nos interesa una fecha y además comprendemos que la crisis actual establece, dentro de categorías igualmente importantes, diferentes urgencias y desde luego
encontrara en mí a una aliada para entender perfectamente cualquier calendarización que priorice otras grandes infraestructuras, como la sanidad o la educación en estos momentos. No le he pedido fechas, pero sí quiero contestaciones a algunas
circunstancias que son muy diferentes y absolutamente desventajosas, injustamente desventajosas para Navarra. Nos ha dicho en un momento dado que le queda claro que hasta aquí lo conveniado y lo realizado ha sido papel mojado -son palabras suyas
que yo comparto-, papel mojado, efectivamente, y mucha propaganda. Pero le aseguro, ministra, que lo que me preocupa es que aquella parte que va a seguir congeniando, en ese caso con su ministerio, quiera seguir por la misma senda. Me preocupan
también otras cuestiones, ministra, que ha citado usted y me gustaría una respuesta. La conexión con la Y vasca no se definió en tiempo y forma. Lo compartimos absolutamente, pero me gustaría saber cuál es en estos momentos el estado de la
cuestión con respecto a esa conexión, entre otras cosas porque es la que le va a garantizar a Navarra, a la industria Navarra -no solo a Volkswagen, que por descontado- la posibilidad de una salida a la Europa continental por ancho de vía europeo.
Me dice usted que el Plan de infraestructuras, transporte y vivienda recoge el conjunto de la apuesta por las altas prestaciones porque cree que si hablamos de pasajeros y mercancías debemos hablar de altas prestaciones. Sí, pero con un
cambio sustancial en lo que a la posición del ministerio respecta en el tramo del corredor cantábrico-mediterráneo a su paso por Navarra, y es que han pasado de prever la construcción de un ancho de alta velocidad, un ancho internacional, a decidir
la construcción de un tercer hilo, de un tercer raíl; el proyecto cambia sustancialmente, y lo comprendemos, no hay crítica. Podemos estar de acuerdo o no y podemos hablarlo, pero no es esa la cuestión. La pregunta es: Y con esa decisión que
toma el ministerio -no me acaba usted de aclarar si es algo definitivo o si efectivamente es una decisión que se toma por lo menos hasta 2024, que es lo que el plan establece-, ¿tiene sentido, es razonable, es políticamente aceptable, es
económicamente sostenible que estemos construyendo a un precio cercano a los 10 millones de euros por kilómetro de tren una línea de Pamplona a Castejón? ¿Es razonable, ministra, cuando lo que nos interesa priorizar -creo que estaremos de acuerdo-
es para esa industria navarra, para la realidad del conjunto de la economía, la relación de la comunidad con el exterior, pero sobre todo para su desarrollo socioeconómico? ¿No es más razonable en esa revisión de convenio buscar la inversión en
aquellos tramos que nos conectan ya de manera bastante más avanzada con la Y vasca y, por tanto, con una salida a la Europa continental? Le estoy pidiendo una opinión, no mucho más, una opinión. Luego, lógicamente, el convenio sustanciaría lo que
fuera, pero usted tiene datos en la mano y una responsabilidad a la hora de posicionar al ministerio.
Por último, me dice usted: Las condiciones son las mismas para todos. No, ministra. Las condiciones no son las mismas para todos. Le voy a poner un ejemplo. Hablaba usted antes de lo que su Gobierno se encontró o lo que usted encontró
en su departamento cuando ganaron las elecciones en noviembre de 2011. Le quiero recordar que cuando su Gobierno tuvo una misma mayoría absoluta en la legislatura 2000-2004, en 2002, si no me falla la memoria, con mayoría absoluta del Partido
Popular, su Gobierno acordó en materia de infraestructuras con el Gobierno de Navarra un ambiciosísimo plan -tampoco ha tenido enorme recorrido-, pero evitó conveniarlo. Habiendo tenido la posibilidad de llegar a conveniar un acuerdo de estas
características, un pacto de estas características, un convenio que hubiera obligado a los sucesivos Gobiernos, en este caso a los sucesivos Gobiernos del Partido Socialista, usted optaron por el acuerdo que,
como bien sabe, no obliga a ninguna de las dos partes. Por tanto, me temo que en materia de infraestructuras y para con poblaciones de las dimensiones de la Comunidad Foral de Navarra, a la que represento, la tentación de jugar a las
afirmaciones grandilocuentes finalmente salpica a todos aquellos que han tenido una responsabilidad de gobierno y gestión -repito- en aquel caso.
Respecto a este último convenio, ministra, creo que usted y yo estaremos de acuerdo -con este término, presidenta, unos segundos más- en que las condiciones no son las mismas para todos. En primer lugar -repito- las condiciones que el
Gobierno central tiene suscritas con la Comunidad Autónoma del País Vasco, por acuerdo bien trabajado por el Grupo Parlamentario Vasco, son unas condiciones económicamente ventajosas, frente a las desventajosas y absolutamente penalizadoras que el
Gobierno de UPN firmó en sentido económico para con la sociedad de Navarra. Los navarros adelantamos no por tres meses, como los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino por dos años. Eso conlleva una carga de intereses bien
evidente, ministra; a nadie se le esconde cuando estamos hablando de unas infraestructuras o de unas obras con unos presupuestos de estas características. En segundo lugar, los navarros tenemos que esperar a que ADIF presupueste para poder cobrar,
a diferencia de lo que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen establecido por ese mismo acuerdo, que no es sino el descontar del pago del cupo. Los navarros podríamos hacerlo perfectamente, descontar del pago con cargo a
convenio. No se quiso hacer, no se supo hacer, no se pudo hacer, pero, en cualquier caso, se hizo mal. Mi pregunta es, señora ministra: ¿Está dispuesta a asumir un cambio en el sentido de que las condiciones sean igualmente ventajosas para todos
los ciudadanos?
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.
Señora ministra de Fomento.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Barkos, el objetivo, y le contesto su pregunta, es alcanzar al final de la construcción de la alta velocidad que Zaragoza-Pamplona-Y vasca sea una nueva línea en alta velocidad en ancho UIC. Ese es, señoría, el objetivo al que no
vamos a renunciar. Así de claro se lo digo, y lo que vamos a seguir haciendo es trabajar con rigor y en colaboración, si me permite, con el Gobierno de Navarra. Cada uno, lógicamente, con las responsabilidades que tenemos. Le sigo insistiendo,
señoría, en que intentaremos hacer posible esa igualdad efectiva.
Se ha elegido un modelo en el caso del País Vasco, y este modelo del que estamos hablando y este convenio que tenemos que cerrar lo que prevé es que el Estado, la Administración General del Estado, asuma íntegramente el coste de la alta
velocidad tanto en el País Vasco como en Navarra. Esa es la igualdad y eso es lo que le quiero trasmitir, así como en otras comunidades autónomas estamos haciendo alta velocidad y no hay convenio firmado ni saca a licitación los proyectos la
comunidad autónoma; al final, el resumen de la cuestión, señoría, es que es la Administración General del Estado la que financia de forma total el AVE a Navarra, el AVE al País Vasco o el AVE en Andalucía. Eso es, señoría, lo que está y eso es lo
que se va a cumplir, porque este Gobierno no puede tratar de forma desigual a quien tiene esas mismas necesidades, que es pasar a un tren del siglo XXI.
Señoría, le insisto, porque además me lo acabo de leer por si tenía alguna duda, que la alta velocidad, toda ella, está en el Pitvi porque, que yo sepa la línea... (La señora Barkos Berruezo hace signos negativos). No, no, señoría,
Zaragoza-Castejón está en el Pitvi, claro que está, señoría; tiene usted que leerlo entero, tiene que leer la línea, la siguiente línea y la siguiente línea, y pasar de página porque, si no, a lo mejor se queda usted en la página anterior. Está
ahí, no podría ser de otra manera, porque nos faltaría el sentido común, que es lo que no te puede faltar nunca en la vida, claro que está en el Pitvi. Señoría, es compatible el proyecto del que estamos hablando con la austeridad y es compatible lo
que usted dice que le preocupa mucho de que se haga una línea, un tramo y no se aborde el resto. Por eso, señoría, seguimos trabajando para hacer posible esa conexión en ancho internacional de todo el resto. Le diré una cosa, en algunos lugares
donde estamos en este momento sacando a licitación las vías estamos poniendo traviesa polivalente, que usted sabe que puede estar primero en ancho ibérico y luego en ancho internacional para que podamos seguir pasando mercancías y viajeros en muchos
casos por esa línea, porque si no hay que hacer varios cambios de ancho de vía, con lo cual los retrasos son mucho mayores, pero, desde luego, esa línea la vamos a conectar -cómo no y así aparece en el convenio- con Castejón hacia Pamplona y
lógicamente hacia el País Vasco.
Usted me ha preguntado -y a mí me no me gusta subir aquí e irme por los cerros de Úbeda y contestar algo por lo que usted no me pregunta- por dónde va a ir la alta velocidad para la conexión con la Y vasca, y yo le voy a contestar lo que
todos los informes técnicos dicen sobre por dónde debemos ir, y es en la rama por Vitoria; eso dicen todos los expertos y todos los técnicos y ahora tenemos que tomar una decisión política. Para tomarla, señoría, voy a hablar con el Gobierno de
Navarra -como no puede ser de otra manera-, voy a hablar con el Gobierno del País Vasco y voy a hablar con los grupos políticos para compartir con todos ustedes algo que es técnico, que tiene mucho que ver con los costes, que tiene que ser un
proyecto totalmente respetuoso con el medio ambiente dada la riqueza del territorio pero en lo que, desde luego, tiene que haber un consenso básico para que hagamos lo mejor para Navarra, para el País Vasco y para el resto de España. Por lo tanto,
señoría, que sepa que los informes técnicos van todos en esa dirección y mi decisión, que tiene que ser política, que es política con los informes técnicos, desde luego me gustaría compartirla y, si es posible, llegar a un acuerdo con las fuerzas
políticas y, señora Barkos, también le digo que me gustaría llegar a un acuerdo con todos los grupos políticos.
Señoría, en el poco tiempo que me queda, con la generosidad de la presidenta, tengo que decirle una cosa. Hacer análisis, hacer estudios está muy bien, pero hacer ya obra, obra de verdad, esto es lo que es complicado, porque para hacer obra
de verdad hay que poner dinero, para poner dinero hay que tenerlo, no hay que estar endeudado hasta las cejas y, sobre todo, hay que tener y dar soluciones, pero soluciones realistas. Lo que no puede ser -le hablo de Navarra, pero si me lo permite
le puedo hablar de Asturias- es que quienes deciden cambiar de trayectoria un tramo a la salida de los túneles de Pajares, y en vez de ir por donde era el proyecto inicial hacen que vaya por un lugar donde ahora los taludes caen a plomo, esos mismos
que cambian los proyectos y que llevan una infraestructura por el lugar por donde no se debería de llevar, ahora sean los que le piden al Gobierno explicaciones de por qué no se ha terminado en no sé qué año para atrás una infraestructura.
Hay que decir siempre la verdad, si uno puede en la vida, pero donde hay que hacer un escrupuloso respeto a la verdad es en esta Cámara y, por tanto, no se puede engañar a nadie, a ninguno de los ciudadanos. Por tanto, la realidad a día de
hoy del AVE a Navarra es lo que le he dicho, es la inversión real que existe. Hay que ordenar el convenio e incluir en el mismo enteramente la alta velocidad; la alta velocidad entera que conecte Zaragoza con Navarra, que conecte la meseta con
Navarra y que conecte desde luego Navarra con el País Vasco y, lo que es más importante, que las mercancías y todo el núcleo, que sabe usted que es un núcleo industrial importantísimo, se puedan conectar. Por eso, señoría, coincido también con
usted en que hay que dar una salida, lo más rápida posible, al resto, a lo que es la conexión con el País Vasco. Para eso le emplazo a usted y a todos los grupos políticos.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra de Fomento.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO CON RELACIÓN A LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR PARA EVITAR EL FRACASO Y ARCHIVO MASIVO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN LOS CASOS DE ROBO DE BEBÉS
EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 172/000124).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Interpelación del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno con relación a las medidas que va a adoptar
para evitar el fracaso y archivo masivo de las diligencias de investigación en los casos de robo de bebés en nuestro país. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, traemos a debate, en una interpelación al Gobierno, una cuestión que afecta no sé a cuántas familias o a cuántos miles de personas directamente en toda España, pero que en todo caso a nuestro juicio afecta a la
calidad de nuestro propio sistema democrático porque dar una respuesta es una asignatura pendiente de nuestra democracia.
En el año 2011, como sus señorías recuerdan y sabe bien el señor ministro, se destapó la posible existencia de una trama de robo de bebés en nuestro país mediante la presentación de una denuncia entonces por parte de diversas asociaciones de
afectados. Desde entonces se ha ordenado el archivo de la gran mayoría de estas denuncias, en muchos casos por causas directamente relacionadas con la
ausencia de medidas legislativas concretas para atender esta situación que apareció, como recuerdo, en el panorama político hace relativamente muy poco tiempo, pero que era un hecho que se venía produciendo y que había ocurrido no solamente
en la época de la dictadura sino hasta fechas bien recientes de nuestra democracia.
A pesar de las múltiples peticiones recibidas en ese sentido por parte de las diferentes asociaciones que representan los intereses de las víctimas por el tráfico de bebés en nuestro país, aún no se han articulado medidas eficaces que
faciliten la instrucción de los procedimientos mediante la obtención de las pruebas necesarias para evitar en la mayoría de los casos el archivo de las diligencias de investigación o procedimientos judiciales. Estamos una vez más ante una cuestión
que requiere justicia y además terminar con la impunidad, porque normalmente las dos cosas van relacionadas: ha de hacerse justicia y cuando ha de hacerse justicia, hay personas que han de responder por la injusticia que se cometió, que afecta
directamente a centenares o a miles de personas en nuestro país.
Un obstáculo que dificulta sobremanera las actuaciones de investigación es el elevado coste económico que supone para las familias la exhumación de los restos y posteriores pruebas y cotejos de ADN, así como el asesoramiento y asistencia por
parte de los profesionales. En ese sentido, la apertura de una única oficina de atención al afectado en Madrid no solo es una medida insuficiente sino mal enfocada a nuestro juicio y para la que en ningún caso se ha tenido en cuenta la opinión de
los afectados, quienes se muestran reticentes, como el ministro sabe porque me consta que se lo han hecho llegar, respecto de la misma.
Por otra parte, la falta de unidad de criterio de los fiscales territoriales de nuestro país ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía y ha condenado de forma inexplicable la investigación de muchos de estos casos por situarse en
determinados territorios, mientras que fiscales de otras provincias sí han impulsado las investigaciones. Este es uno de los elementos a mi juicio más dolorosos, que la misma situación, la misma actividad, el mismo hecho delictivo tienen un
tratamiento judicial y una respuesta judicial completamente diferente según la parte del territorio nacional en la que se esté presentando esa causa. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Ante tal disparidad de criterios de los diferentes fiscales territoriales la Fiscalía General del Estado dictó una circular el 26 de diciembre de 2012 sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién
nacidos; un avance ciertamente, señor ministro. Esta circular hacía una serie de consideraciones y se emitían instrucciones para unificar los criterios de las diferentes fiscalías territoriales en aras de una efectiva y profunda investigación de
los casos denunciados. Entre esos criterios se establece la exigencia de apertura de diligencias de investigaciones individualizadas, no genéricas; la posibilidad de la práctica de ADN sin orden judicial, cuestión esta muy importante, con la
recogida de muestras biológicas tras las correspondientes exhumaciones, y se aplicaba el tipo de detención ilegal al supuesto de robos de bebés sin que se entendiera que el plazo de prescripción empezase a correr desde la mayoría de edad de la
víctima. A la fecha de esa circular de -recuerdo- diciembre del año 2012, sin embargo, señor ministro -este es un tema sobre el que quiero llamar su atención particularmente-, la mayoría de las investigaciones instadas por las fiscalías habían sido
ya archivadas por prescripción o falta de pruebas y las que habían accedido a sede judicial habían corrido la misma suerte, con lo cual era como una especie -si me permiten la expresión- de victoria pírrica, es decir, era muy importante pero a mucha
gente ya no le afectaba porque llegaba tarde. Tras la circular lo cierto es que las fiscalías territoriales parecen no haber tomado en consideración la misma, haciendo caso omiso de ella.
Así, a nuestro juicio, ha llegado el momento de hacer una revisión crítica de las consecuencias por la inexistencia de una unidad de criterio, así como una revisión crítica de los efectos que ha tenido esta circular, de los efectos que han
tenido los compromisos que hemos alcanzado no ya en textos legislativos sino siquiera en comparecencias ante la Comisión Constitucional durante la legislatura pasada con las propias asociaciones. En esta legislatura he tenido oportunidad de hablar
con el ministro de esta misma cuestión, pero creo que tenemos la obligación de hacer una revisión sobre hasta qué punto no hemos sido capaces de concretar estos compromisos políticos para resolver de manera eficaz todas estas demandas de los
ciudadanos.
Ministro, a nuestro juicio deben adoptarse medidas frente al archivo masivo y abusivo de estas denuncias por parte de las fiscalías territoriales. Por eso, con esta interpelación y con la moción que será presentada esta misma semana y
debatida la próxima, planteamos la necesidad de tomar medidas que se contrapongan, que combatan la inseguridad jurídica que introduce la disparidad de criterios entre las distintas audiencias provinciales respecto de la interpretación del concepto
jurídico de delito permanente
en los casos de sustracción de menores y el cómputo de los plazos de prescripción de estos delitos, cuestión en la que no puede entrar la Cámara so pena de infringir la independencia judicial pero que sí debe ser abordada desde el punto de
vista legislativo para garantizar la claridad del Código Penal. Esta es una cuestión que también ha de ir al Código Penal para terminar con esta disparidad de criterios a la hora de aplicar la ley y se haga justicia.
A tal fin, y con ese motivo, planteamos esta interpelación, y en el turno de presentación de la misma -teniendo en cuenta que voy a tener más tiempo ahora que cuando debatamos la próxima semana propiamente la moción- le quiero hacer al
ministro algunas propuestas sobre lo que a juicio de Unión Progreso y Democracia debería reformarse en esa modificación del Código Penal que le planteo. En primer lugar, le planteamos que se emita un requerimiento oficial por parte del Gobierno a
todas las instituciones y personas jurídicas y físicas, públicas o privadas, con las que colabore directa e indirectamente el Gobierno central o los Gobiernos autonómicos y que sean custodios de archivos, tanto hospitales públicos, concertados como
privados, casas-cuna, religiosas o laicas para que se facilite el cumplimiento de las órdenes judiciales respecto a la entrega de datos sobre el nacimiento e identidades biológicas de los interesados -cosa que no se está haciendo ahora y que se está
negando-, para que también se facilite a los afectados el acceso directo a sus historias clínicas sin necesidad de orden judicial cuando la ley les ampare a obtener su información médica, así como para que en esa institución se facilite el destino y
la identidad de los custodios actuales de los archivos médicos requeridos en el caso de no mantenerlos bajo su custodia en la actualidad.
En segundo lugar, ministro, planteamos la necesidad de hacer un reconocimiento institucional de la cualidad jurídica de víctima a todos los familiares separados por robo, fuerza, engaño o coacción tras el nacimiento del bebé o como
consecuencia de adopciones forzadas. En tercer lugar, la creación en todas las comunidades autónomas de una oficina de atención a la víctima del robo de bebés y búsqueda de orígenes, en consonancia y cooperación con la creada en Madrid en la sede
del Ministerio de Justicia para la atención directa y presencial a todos los ciudadanos afectados, así como para prestar asesoramiento y ayuda a los hijos biológicos que buscan a sus padres y madres, no solo en el caso de ser hijos falsos sino aun
en el caso de que las adopciones fueran legales, que es un tema que también hay que contemplar. En cuarto lugar, ministro, el reconocimiento a todas las víctimas de la sustracción de bebés del derecho inmediato y sin condiciones a la asistencia
jurídica gratuita, de forma similar a la que ya se hace con las víctimas de violencia de género mediante la asignación de abogado y procurador de oficio que les represente. En quinto lugar, creemos que es necesario acometer las reformas legales y
reglamentarias necesarias para la creación de una sección especializada de la fiscalía, a fin de investigar coordinadamente los hechos que presenten indicios de ser constitutivos de alguno de los delitos relacionados con la indicada trama delictiva
del robo de bebés, así como intervenir directamente en todos los procedimientos relativos a dichos hechos, a fin de evitar que su tramitación separada les aboque al correspondiente archivo. Por último, en este trámite y para no ser exhaustivos, la
necesidad de utilizar la Comisión nacional para uso forense del ADN, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Justicia -por cierto, petición inicial de todas las asociaciones-, a fin de asegurar la existencia de una única base de datos sobre
identificadores obtenidos a partir de ADN, que funcione de forma coordinada y accesible para la policía judicial y los interesados, y que permita avanzar en las diligencias de investigación y establecer los necesarios nexos y vínculos entre las
víctimas de los indicados delitos, reconociendo el derecho gratuito de los afectados a someterse a las pruebas de ADN para su incorporación al archivo.
Ministro, como le decía al principio de la interpelación, este es un drama que a nuestro juicio es una asignatura pendiente de nuestra democracia. Probablemente no son muchos los recursos que tendríamos que destinar para enfrentarnos a esta
injusticia y para que tenga un tratamiento efectivo e, insisto, justo de todo este drama que recorre la geografía de nuestro país y que no solamente ha ocurrido, como a algunos les gusta pensar, en tiempos pretéritos de la dictadura, sino que se ha
seguido dando mientras que en España ya había una democracia. Creo que dar una respuesta efectiva, rápida e igualitaria en el sentido de que los mismos hechos tengan una respuesta y un tratamiento igual, al margen de la parte de España y del
tribunal en el que se presenten los recursos es una aplicación de nuestro país, es una obligación de nuestro Gobierno, puesto que precisamente para estas cuestiones es para lo que tiene sentido que el Gobierno ejerza su competencia, la competencia
nacional: para garantizar los derechos efectivos en igualdad de condiciones a todos los españoles.
Por eso le planteo si tiene previsto tener en cuenta algunas de estas reflexiones y poner en marcha alguna iniciativa complementaria a las que lamentablemente a día de hoy todavía no han surtido ningún tipo de efecto.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Díez.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señorías, señora Díez, la interpelación que hoy me trae a esta tribuna guarda relación con uno de los hechos más dolorosos y dramáticos de los que han salido a la luz pública últimamente y a los que el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo
en su conjunto ha dado, dentro de sus límites competenciales, como es lógico, más rápida respuesta, pese a las dificultades de un tema que suscita amplias discrepancias entre los tribunales de justicia, no entre la fiscalía, señoría.
El firme compromiso que este ministro adquirió, y lo adquirió además en sede parlamentaria el 6 marzo del pasado año en la Cámara Alta, en el Senado, y como consecuencia de una interpelación del primer grupo que tuvo la sensibilidad de
tratar este asunto, que fue el Grupo Parlamentario Vasco, no fue la expresión institucional de una actitud sino que fue de verdad la adquisición de un compromiso que previamente habíamos adquirido con las víctimas, víctimas a las que recibimos el
mismo mes que tomamos posesión en el ministerio y a las que les ofrecimos toda nuestra colaboración para abrir un camino que puede ayudarles a cerrar esta herida, esta profunda herida que como progenitores o como hijos en busca de sus padres
biológicos llevan consigo. No era, por cierto, la primera reunión que el Ministerio de Justicia celebraba con ellas, pero sí desde luego la primera que obtenía un compromiso.
Hoy, señoría, le voy a dar cuenta de los pasos que desde aquella iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Vasco ha dado el Gobierno, pero para calibrar la auténtica importancia de estos creo que es preciso advertir previamente la
complejidad del problema y los distintos aspectos jurídicos y no jurídicos que están implicados en él, porque, como les dije a las víctimas en mi primera reunión, el esfuerzo del Gobierno no va a tener límites pero no podemos pensar de ninguna de
las formas que por vía de decreto se puede resolver en absoluto la enorme complejidad de este asunto. Las denuncias empezaron a presentarse en enero de 2012 en la Fiscalía General del Estado, donde se daba cuenta de la desaparición de recién
nacidos en un período que abarca aproximadamente desde 1950 hasta 1990, y se produjo una interpretación distinta de estos delitos con divergencias de criterio no solamente en cuanto a la calificación de los hechos sino también en algo
extraordinariamente importante, que son los plazos de prescripción. No tenemos a día de hoy todavía una doctrina jurisprudencial consolidada y unitaria, y este, señoría, es el primer problema. La investigación penal es dificultosa, ¿por qué? Por
la reordenación de servicios funerarios, por el sistema de enterramientos, por el traspaso de competencias acontecido desde que se produjeron los hechos hasta el momento actual, y eso a menudo ha supuesto pérdida de restos y la imposibilidad de
llevar a cabo las exhumaciones que confirmarían o negarían la existencia de un robo de bebés. Esta ha sido una de las causas habituales del archivo de las diligencias.
Abundando en el primer punto, el de la calificación jurídica, es verdad, como afirma su señoría, que existen criterios jurídicos dispares pero no solamente entre las audiencias provinciales sino incluso entre secciones de una misma
audiencia. Las posturas, por resumir mucho el asunto a sus señorías, son dos: una primera la de aquellas audiencias provinciales que entienden que no existe delito de detención ilegal en las entregas de niños recién nacidos sino que la
calificación jurídica debe ser delitos contra el estado civil y falsedad documental. Consecuencia: están prescritos. Y una segunda, que es la que sostiene la Audiencia Provincial de Madrid, que invoca la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es
que sí existe tal delito de detención ilegal de menores, o es el extraído en el ámbito de influencia de quien hace efectivo su derecho a su libertad de movimientos, lo debe configurar así, y además algo muy importante, y es que el plazo de
prescripción de dicho delito comienza a partir del momento en que cesa tal situación ilícita. Insisto en que esto es muy importante porque la prescripción es el principal obstáculo con el que se topan las denuncias. Si se trata de un caso de
usurpación de estado civil, suposición de parto o falsedad en documento público, estamos hablando de una prescripción de un plazo de entre cinco y diez años y, por lo tanto, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad de los asuntos, estarían
lamentablemente ya prescritos; pero si de lo que se trata es de una detención ilegal, este plazo se eleva a los diez, incluso hasta los quince años.
A partir de ahí el siguiente obstáculo es sortear la determinación de cuándo comienza a correr tal plazo, y también en este punto hay distintas opiniones, entre las cuales hay una que argumenta que si estamos ante un delito permanente, ese
punto de partida debe llevarse al descubrimiento de la verdadera filiación, entretanto la víctima ignora su identidad, y este, señoría, ha sido sin excepción el criterio de la fiscalía. La fiscalía desde el primer momento, señoría, en contra de lo
que usted ha manifestado, ha demostrado una actitud sensible, comprometida, tendente al esclarecimiento de los hechos, en defensa del interés general y en defensa del interés de los afectados por las sustracciones. Este criterio es el que inspiró
la circular que usted ha citado de 26 de diciembre de 2012 sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos; aquí se consolidó una unidad de criterio y se buscó, y así se en la propia instrucción,
llegar al fondo de los casos siempre que sea posible. Y la instrucción de la fiscalía indica claramente que, a la espera de que los tribunales fijen una línea jurisprudencial consolidada, los fiscales deben calificar siempre el robo de bebés como
un delito de detención ilegal, y como un delito de detención ilegal con carácter permanente, es decir, que el plazo de prescripción no empieza a correr mientras la víctima sea mantenida en ignorancia de su origen biológico, incluso, señoría, si es
mayor de edad.
La fiscalía sabe que hay otros puntos de vista jurídicos, pero la fiscalía no ha eludido el problema. La fiscalía ha sido valiente y ha optado por esta tesis, que es la que más favorece la posibilidad de realizar una investigación efectiva,
que es la que permite que los tribunales se pronuncien. De verdad, señoría, me ha parecido injusta su acusación a la fiscalía porque en este asunto nadie puede acusar al ministerio público, desde aquella circular de diciembre 2012, de haberse
desentendido de un problema tan difícil como este, acogiéndose a un exceso de prudencia en la interpretación de la ley. Para la fiscalía los hechos revisten siempre a priori relevancia penal. Los fiscales siempre deben abrir diligencias de
investigación por cada uno de los casos denunciados. Es verdad que incluso antes de esta circular de diciembre de 2012 algunos fiscales ya habían empezado a aplicar este criterio, y eso les honra, y consiguieron que prosperaran recursos contra los
autos de archivo, como ha ocurrido en el caso al que antes hacía referencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó reabrir el supuesto de sustracción de un recién nacido al entender que en los hechos no había delito.
Ahora bien, señoría, en relación con su interpelación aquí llegamos a los límites de lo que desde un punto de vista de reproche penal puede hacer la fiscalía, y no digamos el Poder Ejecutivo de la nación, porque la calificación de los hechos
y la aplicación de los plazos de prescripción pueden ser solicitadas por la fiscalía y pueden ser argumentadas por el Gobierno, pero a quien corresponde es al Poder Judicial, a los juzgados y tribunales, y es parte de la función jurisdiccional en la
que los demás poderes del Estado, señora Díez, no pueden intervenir. No podemos violentar la independencia judicial, y yo estoy seguro de que un grupo como el suyo, y no estoy hablando con ironía, que reiteradamente ha hecho un discurso rotundo de
independencia de los poderes del Estado, no nos está sugiriendo tal cosa, y que cuando en su demanda de interpelación dice que se evite el archivo masivo de diligencias de investigación no puede apuntar en esa dirección, porque es una decisión que
corresponde a uno de los tres poderes del Estado, de la que discrepa la fiscalía, y la forma de discrepancia es la interposición de recursos, pero que el Gobierno no puede hacer más que manifestar su criterio político, pero no puede interferir
directamente. Y por eso yo estoy absolutamente convencido de que algo que no ordene el archivo de las diligencias, de lo que, insisto, nosotros discrepamos, pero que no podría ordenar a los jueces y magistrados ni siquiera el órgano de gobierno del
Poder Judicial, el Consejo General del poder Judicial, no se puede pedir que lo haga el Poder Ejecutivo de la nación.
En cuanto a la sugerencia de modificar la Ley Penal Sancionadora, estamos absolutamente abiertos, pero yo le recuerdo a usted que las leyes penales no pueden tener efecto retroactivo en aquello que sea desfavorable para el reo, y esto afecta
no solamente a la calificación de las conductas, sino también a los plazos de prescripción. Por tanto lege ferenda lo podremos hacer para el futuro, pero cualquier modificación penal que hagamos no sería aplicable si resultase más desfavorable para
hechos que han sido cometidos anteriormente a la aprobación de la misma. Pero créame que ni siquiera estamos ante un problema de claridad del Código Penal, sino que estamos ante una cuestión de criterio interpretativo que deben fijar los jueces y
magistrados.
Ahora bien, ¿esto significa que no puede hacer nada el Gobierno? No. El Gobierno puede hacer y ha hecho, porque hay otros caminos y nos comprometimos con las asociaciones a buscar soluciones de orden práctico, y le puedo asegurar que lo
hemos hecho. Hemos facilitado el acceso a la información en diversos registros administrativos y la base de perfiles de ADN gestionados por el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. No todas las asociaciones caminan en la misma dirección, puesto que unas insisten, con todo el derecho del mundo, en la línea iniciada por la fiscalía y otras prefieren dejar al margen la vía judicial. En
todo caso, sí quiero decir que lo que hemos hecho nosotros es la coordinación con el Ministerio del Interior para analizar las posibilidades de actuación eficaces de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación de las denuncias, con la
Fiscalía General del Estado a los efectos que hemos hablado, con la Agencia Española de Protección de Datos ante la dificultad de los afectados para acceder a la información de los archivos y registros, y con el Ministerio de Sanidad para definir
las vías de colaboración en este ámbito dadas sus aplicaciones, y naturalmente el propio ministerio a través del Instituto Nacional de Toxicología y la Oficina de Asistencia a las Víctimas.
Señoría, muy brevemente en el tiempo que me queda le diré que se ha creado un grupo de trabajo con participación del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado; se ha facilitado un modelo de cuestionario a los afectados para
que estos cedan los principales datos a la Administración, de modo que se intente determinar su filiación; hay un compromiso de proporcionar acceso a los datos del Registro Civil que constan digitalizados, porque son fundamentales los nacimientos
anotados en los últimos cincuenta años, aunque siempre respetando la Ley de Protección de Datos; se han remitido al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto de los afectados para que sean cruzados con aquellos que se
encuentren en su historia clínica o en otros documentos en los centros sanitarios; y lo hemos hecho también en colaboración, señoría, con los servicios autonómicos de salud y los centros dependientes de estos. Por último le diré que el Ministerio
de Justicia está diseñando el catálogo de servicios que presta el Instituto Nacional de Toxicología en relación con aspectos como la verificación de los informes de ADN. El ministerio también está impulsando en estos momentos la introducción de una
enmienda que facilite el tratamiento de los datos sanitarios y su acceso cuando su finalidad sea la determinación de la filiación natural en los JAI que estamos celebrando en la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, que como
usted sabe está en estos momentos en tramitación, y que prima la protección de los datos personales de las personas físicas sobre estas actividades de investigación.
Termino, señor presidente. Señora Díez, coincido plenamente con su preocupación y con su inquietud. Quede usted absolutamente tranquila de que lo que usted ha manifestado es el criterio que desde que este Gobierno ha tomado posesión -y
tengo que decir que desde antes también- está observando la Fiscalía General del Estado. Por tanto desde diciembre de 2012 no existe ningún tipo de duda ni de diversidad de criterio por parte de la fiscalía. Si los jueces al final, en el ejercicio
de sus competencias constitucionales, interpretan unos tipos o establecen unos plazos de prescripción, nuestra discrepancia se manifestará por vía de recurso, pero no podremos -como usted sugiere en su interpelación- modificar algo sobre lo que no
tenemos título competencial.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro de Justicia.
Señora Díez, tiene la palabra.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Coincido con usted, señor ministro, en que no se trata -por lo menos no es la intención de este grupo- en este debate de pedir al Gobierno que recupere ningún título competencial. No es ese el debate. El debate es sobre la competencia que
el Gobierno tiene y que tiene el Legislativo, esta Cámara, para actuar de manera más eficaz en esta materia que, como usted reconoce, es un drama. Es una cuestión no resuelta por mucho que todos creamos en la buena voluntad común de los unos y los
otros. Me dice usted que el Gobierno no tiene que interferir en la acción de los jueces, y además entiende que no es eso lo que este grupo le pide. Efectivamente el grupo parlamentario en cuyo nombre hablo no está hablando de esa interferencia.
Lo que nosotros planteamos es que haya leyes para que estos delitos no prescriban, que es lo que nos corresponde, para lo que tenemos competencia y es nuestra obligación. Simplemente pedimos que hagamos leyes para que este tipo de delitos no
prescriban y para que sean tratadas en igualdad de condiciones las personas que han delinquido y las personas que denuncian el delito en todo el territorio nacional. Para eso hacen falta leyes nacionales, normas nacionales e instrucciones
nacionales.
Usted insistía mucho en que la fiscalía no es la que tiene discrepancias y que son las audiencias las que las tienen; yo lamento llevarle la contraria en esta materia. Me ha dicho además que le han parecido injustas las apreciaciones que
he hecho respecto a la actuación de la fiscalía. Lo injusto no es lo que yo
diga. Lo injusto es cómo en algunos casos se ha comportado la fiscalía en esta materia; también en casos recientes, después de esa circular a la que tanto usted como yo hemos hecho referencia. Puedo poner a su disposición casos recientes
que la fiscalía ha archivado por fallecimiento del médico que había atendido el parto, sin llevar a cabo otro tipo de diligencias en la investigación que pudieran identificar a otros posibles intervinientes. Hay un caso reciente, por ejemplo, que
la fiscalía ha archivado en el que se ha verificado la comisión del delito por el reencuentro de madres e hijos supuestamente fallecidos. La fiscalía ha archivado el caso aunque el delito existía, porque los familiares implicados no han querido
seguir con la denuncia, olvidando el ministerio público que se trata de delitos perseguibles necesariamente de oficio, y no basados para su objetivo en el perdón de los afectados. Por tanto la fiscalía -a la que usted sí puede dar instrucciones- en
esta materia no está actuando correctamente, y creo que esa es la interferencia -que es la que nos corresponde- que le pido.
Dice usted, señor ministro, que todo aquello que le preocupa al Grupo de Unión Progreso y Democracia coincide con su preocupación, y además coincide con lo que está haciendo el Gobierno. Creo que no, le acabo de poner dos ejemplos y le
acabo de decir expresamente dos cuestiones en las que creo que no se está actuado. En mi intervención anterior le he hecho algunas propuestas en concreto que no exceden de su competencia y que no son actuaciones que se estén llevando a cabo. Usted
me ha citado en su intervención un grupo de trabajo. No conozco las conclusiones de ese grupo de trabajo, no nos las han hecho llegar, y me gustaría conocer si han llegado ya a alguna conclusión y le han hecho alguna sugerencia. En todo caso,
espero conocerlas. Pero le planteaba algunas cuestiones sobre las que quiero insistir, ministro, que requieren reformas legales con título competencial. Por ejemplo, el reconocimiento institucional de la cualidad jurídica de víctima a todos los
familiares separados por robo, fuerza, engaño o coacción tras el nacimiento del bebé o como consecuencia de adopciones forzadas. Eso requiere una reforma y se puede hacer, y le planteo si el Gobierno ha pensado hacerlo o si a partir de esta
sugerencia puede reflexionar sobre ello. La creación en todas las comunidades autónomas de una oficina de atención a víctimas como en Madrid por parte del ministerio, para perseguir el robo del bebé y la búsqueda de los orígenes, en consonancia con
lo que han hecho en Madrid y con el Ministerio de Justicia. El reconocimiento a todas las víctimas de la sustracción de bebés del derecho inmediato, sin condiciones, a la asistencia jurídica gratuita, tal y como se hace con las víctimas de
violencia de género. Esa es una reforma que ustedes pueden incluir, y le propongo que la incluyan. De la misma manera que se atiende a las víctimas de violencia de género que se atienda a todas las víctimas por sustracción de bebés, con ese mismo
derecho de abogado y procurador de oficio que las represente. O acometer las reformas legales y reglamentarias para la creación de una sección especializada de la fiscalía, que por cierto es una reivindicación no de esta legislatura, sino de la
pasada y que recuerdo habérsela planteado también al inicio de esta legislatura. Son reformas legales en el uso de su competencia, de la nuestra también, y que modificarían mucho la situación actual porque insisto, ministro, en que la cuestión no
es que sea injusto lo que denunciamos, sino que es muy injusto lo que está ocurriendo.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Díez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Señora Díez, créame que este asunto en el me involucré personalmente desde el primer día me ha llevado a la conclusión de que la principal pretensión de las víctimas es completar su identidad, es conocer su origen biológico, de verdad. No
estoy devaluando todas las acciones penales, no estoy devaluando de ninguna de las formas toda la actuación que estamos realizando. Vuelvo a decirle, señoría, que en ningún caso ningún fiscal -puesto que la fiscalía en España funciona con el
principio de jerarquía, y está establecido así en su estatuto orgánico- puede haber actuado en desacuerdo con lo que dijo la instrucción de diciembre de 2012. Habría que analizar en cada caso concreto y en cada supuesto el porqué el Ministerio
Fiscal entendió que debería de actuar así, pero puede estar usted absolutamente convencida de que si cualquier fiscal de España no hubiese seguido un criterio que marca una instrucción del fiscal general del Estado inmediatamente hubiese sido
corregido por la propia Fiscalía General del Estado, esto es evidente. Pero créame de verdad que más allá de las consecuencias penales, más allá de las consecuencias administrativas que puedan derivarse de ello, lo que he percibido personalmente en
las reuniones que he tenido con ellos -algunas con la ministra de Sanidad aquí presente- la demanda fundamental es saber, es conocer su filiación, es resolver esa duda existencial, esa angustia permanente de no saber cuál es su auténtica filiación.
Y ahí es donde nosotros nos hemos volcado absolutamente.
Señoría, hay un servicio de orientación e información que está dirigido a recabar la documentación en poder de la Administración acerca del hecho del nacimiento o del parto, o de otros elementos siquiera que sean indiciarios que puedan
ayudar a las víctimas a fundamentar después sus acciones civiles, y si acaso penales. Señoría, hemos creado dos ficheros: uno de solicitudes e información administrativa y otro de perfiles y ADN, por una orden del Ministerio de Justicia. Hemos
trabajado en el acceso por parte de los afectados a los servicios del Instituto Nacional de Toxicología, cosa que no había ocurrido nunca, es decir, que un particular pudiera acceder. Hemos definido un protocolo de actuación para centralizar los
perfiles genéticos obtenidos. Hemos diseñado, señoría, una aplicación informática -y le aseguro que se ha hecho en un tiempo récord- para que los afectados puedan registrar todos los datos de su caso. Hemos puesto en marcha un servicio de
información y documentación administrativa a personas afectadas de una posible sustracción de recién nacidos; a través de este servicio se canalizan todos los trámites, se impulsa la elaboración del expediente que pueda ser presentado como medio de
prueba para ejercitar las acciones legales que correspondan. Hay una oficina en Madrid a la que telemáticamente se tiene acceso desde toda España y presencialmente a través de las oficinas de víctimas, con las que también hemos colaborado para que
a su vez colaboren directamente con la oficina de Madrid. Y, como le decía antes, hemos firmado un acuerdo de colaboración entre los distintos ministerios y la Fiscalía General del Estado para articular este gran compromiso.
Usted me hace una serie de propuestas y desde luego le puedo asegurar que las estudiaremos todas con detenimiento, y como me imagino que las incluirá en el texto de su moción, le daremos cumplida respuesta. Solamente le quiero decir alguna;
por supuesto el estatuto de la víctima, en el que está trabajado el Ministerio de Justicia, protegerá a estas víctimas y a todas las víctimas de todos los delitos. Creo que nuestro orden penal debe dejar de pensar única y exclusivamente en el
reproche merecido del autor del delito y empezar a pensar, de una forma mucho más intensa de lo que lo ha hecho en los últimos doscientos cincuenta años, en la víctima, y este es un supuesto verdaderamente sangrante de esta necesidad.
En cuanto a la modificación de los tipos y de la prescripción, le reitero lo que le decía antes. Lo podemos hacer, y ahora vamos a tener ocasión, cuando se debata el Código Penal a partir del próximo periodo de sesiones, de abrir este
debate, pero le vuelvo a decir que hay una doctrina jurisprudencial rotunda de que cualquier modificación de una ley penal no puede tener efectos retroactivos si es desfavorable para el reo. Por lo tanto con esto podemos prever que en el futuro no
vuelva a ocurrir, o que si vuelve a ocurrir no exista un plazo de prescripción, pero no podemos aplicar con efecto retroactivo una modificación ni del tipo ni del plazo de prescripción, porque eso sería contrario a la Constitución, puesto que las
normas penales solamente tienen efectos retroactivos en tanto favorezcan al reo, pero nunca en cuanto le perjudiquen.
Pero por encima de las dificultades legales, créame -y con esto termino, señor presidente, señorías- que el Gobierno está plenamente comprometido en este asunto, que nos parece que es de las heridas más graves y más humillantes que se pueden
realizar no solamente a los afectados, sino a toda una sociedad, que muchas veces -y lo dije una vez y lo reitero ahora- tenemos que sentir vergüenza como país de haber podido consentir y convivir durante tantos años, y no solamente en un régimen de
dictadura, sino también en un régimen de democracia, con un hecho tan absolutamente contrario a los más elementales derechos humanos, y que desde luego respetando siempre, como no puede ser de otra forma, la independencia del Poder Judicial, no
tenga su señoría ninguna duda de que la Fiscalía General del Estado y desde luego el Gobierno de la nación y por supuesto el Ministerio de Justicia harán todo, legal y ejecutivamente, cuanto esté en su mano, primero, para que se haga justicia, y
segundo y casi aun más importante, para que todos aquellos que tengan dudas puedan de verdad conocer su auténtica filiación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO DE RECORTES EN DERECHOS Y PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS Y SUS CONSECUENCIAS EN LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL, ESPECIALMENTE EN LAS PERSONAS INMIGRANTES A LAS QUE SE
NIEGA INCLUSO LA ASISTENCIA SANITARIA. (Número de expediente 172/000125).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Finalizamos con la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno de recortes en derechos y prestaciones sociales básicas, y sus consecuencias en la pobreza y
la exclusión social, especialmente en las personas
inmigrantes, a las que se niega incluso la asistencia sanitaria. Para su defensa tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor presidente, señora ministra, permítame que empiece esta intervención con una noticia que ha ido apareciendo en los periódicos estos últimos días sobre las situaciones de violencia en Suecia. Señalan las
noticias que durante seis noches seguidas ha habido disturbios y situaciones de violencia. Según los analistas, esto ha puesto al descubierto la crisis de su modelo actual de integración y bienestar. Destacan que los recortes sociales han
acentuado las desigualdades económicas, aunque el actual Gobierno conservador califica los disturbios de actos vandálicos protagonizados por jóvenes sin ideología, y los beneficios de esta situación se los lleva la ultraderecha xenófoba.
Añado un dato. La tasa de paro en Suecia entre jóvenes inmigrantes triplica la de la población autóctona, caso parecido al de España. La OCDE señala a este país como la zona donde la pobreza relativa ha aumentado más en los últimos años.
El Gobierno de derechas sueco ha hecho frente a la crisis recortando el gasto social y bajando los impuestos a las empresas. Esto le ha dado buenos datos desde una perspectiva macroeconómica, pero ha acentuado las diferencias y los casos de
marginación, que afectan mayoritariamente al 16 % de la población, en este caso de origen inmigrante. Es parecido al gran Londres, a las banlieues de París, donde la situación es de olla a presión que puede estallar en cualquier momento. Ya ve, se
puede gobernar a costa de recortes, de ensanchar las diferencias entre ricos y pobres, negando recursos esenciales, pero los resultados son devastadores sin lugar a dudas para la convivencia, la cohesión social y el bienestar individual y colectivo.
Esto es lo que tememos, lo que vemos que su Gobierno está haciendo, pero peor que la derecha europea en algunos aspectos, porque ustedes apuestan por políticas que agudizan las situaciones de desigualdad -los datos nos lo indican-, que
favorecen la sociedad dual con la excusa de la crisis. Detrás hay un reparto injusto de su coste. Con las políticas dogmáticas de la austeridad no se consigue la reactivación económica, y sus presupuestos mermados castigan especialmente las
partidas destinadas a salvaguardar un mínimo de nivel de vida y de subsistencia. Hasta los organismos internacionales les dicen, por ejemplo, que su Ley de Desahucios no sirve para hacer frente a la situación. Han evitado la moratoria entre otros
aspectos, propiciando que cada vez más personas se queden sin hogar, actuando a favor de las entidades financieras. La pobreza crece -los datos los vemos cada semana- en nuestro país y su Gobierno se permite que esta llegue a nuestros niños -se lo
decía la semana pasada- y nuestras niñas, que no pueden atender sus necesidades más básicas.
Pero lo que ya desde nuestro punto de vista resulta terrible es el Real Decreto 16/2012, relativo al Sistema Nacional de Salud, que entre otros factores profundamente dañinos para los ciudadanos en general ha privado del derecho a la
asistencia sanitaria a miles de personas, con el consiguiente riesgo para su salud, pero también para la de la comunidad, para la de la sociedad. Hago referencia en este caso a la exclusión de la atención sanitaria de la población inmigrante en
situación irregular. En la práctica la simple referencia entre comillas a inmigrantes irregulares no es en absoluto definitoria de una situación, porque frente a un colectivo muy escaso de personas que puedan haber llegado irregularmente en los
últimos tiempos, el porcentaje mayor lo constituyen inmigrantes con un arraigo considerable que pueden haber sido legales y llevan años en España, incluso con sus familiares reagrupados e hijos escolarizados de nacionalidad española. En una
situación de este tipo no es exigible ni imaginable pedirles que vuelvan a su país sin más -si es lo que ustedes pretenden, que no lo sé-, porque se trata la mayoría de veces de personas que tienen ya sus raíces en nuestro país. A veces pienso que
no conocen suficientemente el impacto de sus políticas, porque su medida de exclusión sanitaria resulta entre otras cosas muy cara desde todos los puntos de vista.
No es agradable para mí -yo creo que usted lo sabe-, pero es pertinente recordarle que sus medidas llevan a la desatención, a la enfermedad y a algo peor. Alpha Pam llevaba varios años empadronado en Mallorca. Firmó un compromiso de pago
-usted antes decía que no- para que le hicieran las pruebas diagnósticas que no se llegaron a realizar, y falleció desatendido. Además del drama individual, desde el punto de vista de salud pública, ¿cuántas personas estuvieron en contacto con este
joven muerto injustamente por tuberculosis, a las que puede haber infectado? ¿Cuál era su red de relación? ¿Qué sabemos de él, de su vida? ¿Lo sabe usted? Hoy probablemente están infectadas cuántas personas, ¿veinte, treinta? Por no gastar 250
euros hemos perdido una vida, y además hemos añadido unos costes sociales y económicos altísimos, y esto no lo dice el Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos). Señora
Mato, no nos dé crédito, me da igual, pero déselo a lo que dicen las organizaciones médicas, que han manifestado su rechazo al real decreto, además de la mayoría de organizaciones sociales y de derechos humanos. Esto tiene consecuencias
para la salud de todos, individual y colectiva. Y este no es el único caso, organizaciones sociales como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge y cuantas quiera, denuncian las dificultades de acceso a la sanidad incluso de aquellos
que son menores y también de extranjeros documentados. Le recuerdo además que con la aplicación del real decreto se incumplen los compromisos internacionales asumidos por el Estado español, lo ha puesto de manifiesto tanto el Comité DESC de
Naciones Unidas como el relator especial sobre formas de racismo, discriminación racial y xenofobia también de las Naciones Unidas, quienes recomiendan a este Gobierno que se garantice el acceso a la salud de todas aquellas personas que viven en
nuestro país, con independencia de cuál sea su situación administrativa.
Pero además, señora Mato, existe una situación terrible con las personas con irregularidad sobrevenida, con las que hablo habitualmente, porque se han quedado sin tarjeta sanitaria y su salud está empeorando por falta de prevención y
atención. Y esto va en cascada, hacia los jóvenes e hijos. Y en breve, para que usted no se ría y nos niegue la mayor, le vamos a presentar a este Congreso centenares de casos perfectamente documentados y realizados por las organizaciones
sociales. (Aplausos). Quizá a ellos les dé más crédito. ¿Cuánto dinero se ahorra con estas medidas? Pero más que una política de austeridad ante la crisis -y no me gusta prejuzgar- lo que veo es una ideología que desprecia al diferente, que le
quiere como sirviente y servidor. Como la señora Sánchez-Camacho -con la que además me une buena amistad- que está pidiendo en Cataluña que no se dé ayudas a los inmigrantes, como si ellos tuvieran algún privilegio. Llevo muchos años trabajando
con la inmigración y nunca ha habido un privilegio por razón de origen, siempre por necesidades. Por tanto, el problema no es ese, el problema es que son pobres, señora Mato, es al pobre al que se practica la discriminación y se le niega la
igualdad de oportunidades. (Aplausos). A los ricos es otra cosa, verdad; que vengan, que inviertan, que compren pisos, y después ya veremos. Aquí no importa el origen ni el color de la piel. ¿Y los más necesitados?
Voy acabando. ¿Les negarán la leche a los bebés, si hay que recortar ayudas, solo porque sus padres son de origen inmigrante? ¿Negarán ayuda para la comida, solo en manos de las organizaciones sociales? Sepa que al igual que ha ocurrido
en Suecia, esto da alas y falsos argumentos a la extrema derecha, que se sustenta en el odio y solo sabe sembrar odio. Su política ante la crisis es la más fácil. ¿Pero no le parece que es ruin, porque busca desplazar las culpas en el colectivo
inmigrante? Chivos expiatorios. Poner el acento en la discriminación y en la diferencia acaba reforzando identidades y el fundamentalismo, y esto -al igual que en Suecia- nos va a pasar factura a corto plazo.
Termino. Después vamos a tener otra vez ocasión de seguir. Le pido, señora ministra, que actúe, y se lo digo con toda mi fuerza y con toda la de mi grupo. Evite la fractura social de consecuencias irreversibles. Ya sé que usted dice una
y otra vez que aquí no pasa nada, que se atiende a todo el mundo, pero esto es negar la realidad, no borra la realidad. Le pido que rectifique, que derogue el real decreto, que acepte el saber de toda la Cámara, pero también de las organizaciones,
del que trabaja directamente, del que vive día a día con ello y sufre las consecuencias de esta crisis, y -permítame decírselo- también de estas medidas que tienen un carácter segregador. Le pediría en su respuesta que tome esto como una lanza en
favor de la construcción, no como una crítica, que también lo es, a las políticas que se vienen realizando.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Esteve.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Señorías, agradezco al grupo parlamentario que me haya formulado esta interpelación porque es una buena oportunidad para exponer ante la Cámara lo que estamos
haciendo en este año y medio de legislatura en materia de cohesión social y reformas del Estado del bienestar. Usted me planteaba muchas cosas mezcladas, y al final lo ha llevado todo al tema de la inmigración ilegal. Quería comentarle las
cuestiones en el contexto en el que estamos, porque estamos hablando de muchas personas, españolas y extranjeras, que en estos momentos, desgraciadamente, lo están pasando mal, porque están en los umbrales de la pobreza -españolas y extranjeras-.
(La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Me llama la atención que usted haya eliminado de su discurso cualquier rastro de su paso por el Gobierno. Parece que nosotros llegamos y, a partir de entonces, empezaron a surgir
estas situaciones, pero le recuerdo con los datos que vienen de antiguo. Señoría, le guste o no recordarlo, el
Partido Socialista es el responsable de haber dejado en la quiebra las cuentas públicas. (Protestas). Sí. Sí. Ustedes recibieron un país con 17 millones y medio de personas trabajando, muchas de ellas inmigrantes que venían a trabajar
con nosotros, y lo dejaron con 6 millones de parados. Entiendo que les moleste, pero es la realidad, y como hay que partir de la realidad no podemos hacerlo de otra manera. (Rumores). Llegaron con una economía que crecía al 3,6 % y la dejaron con
un 27 % de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social y, por si fuera poco, tuvieron una desviación del 50 % sobre el déficit, 30.000 millones de euros. Fíjese usted la cantidad de cosas que podríamos hacer con 30.000 millones de euros;
también es verdad que no habría que hacer tantas cosas porque ese dinero se hubiera invertido en empleo, por tanto no habría tantos millones de parados. Señorías, este es el resumen de su paso por el Gobierno: quiebra del Estado del bienestar.
Vamos a hablar luego de sanidad y también de las personas mayores, señoría, porque también las personas mayores lo pasan mal, pero el primer partido que se atrevió a bajarle las pensiones a los mayores fue el Partido Socialista. (Rumores).
Señorías, para mantener el Estado del bienestar para todos hay que actuar con responsabilidad, y es precisamente eso lo que hizo este Gobierno, tomando medidas urgentes para controlar el déficit, sanear las cuentas y pagar las deudas, que
estaban llevando a la ruina del Estado del bienestar. Pusimos en marcha soluciones, que a ustedes siempre se les olvidan, como el pago a proveedores y el Fondo de liquidez autonómica. Son 60.000 millones de euros, de los que 27.000 millones de
euros fueron para pagar a los proveedores de la sanidad -una sanidad sin pagar, la que ustedes nos dejaron- y también a los de servicios sociales. ¿Para qué? Para que siguieran recibiendo la atención básica. Hemos evitado con el pago a
proveedores sociales que quince mil empresas y organizaciones sociales tuviesen que cerrar, con lo que miles de trabajadores se hubieran ido al paro. Así también se lucha contra la pobreza, señorías, salvando puestos de trabajo. (Rumores). Por
tanto, ofrecemos atención a los más necesitados, a todos los necesitados en riesgo por sus impagos y cierre de empresas sociales en riesgo también por sus impagos. La mejor política social es la que crea empleo porque es la que garantiza el
bienestar de las familias, por eso todas nuestras medidas están enfocadas a la creación de empleo.
Señoría, ¿quiere usted hablar de sanidad? Hablemos en serio de sanidad. En un momento tan complejo de nuestra economía como el que nos ha tocado vivir hemos mantenido nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la calidad de los
servicios públicos tan importantes como la sanidad. Ustedes, como he dicho, nos dejaron 16.000 millones de deuda sanitaria como herencia, un incremento de un 173 % en solo dos años; un sistema en el que no había ninguna norma ni había
procedimientos comunes, las prestaciones variaban en función de cada comunidad autónoma; en definitiva un sistema inviable. ¿Cuál fue su solución? Les recuerdo: su solución fue el copago sanitario. Pregúntele a su compañera Trinidad Jiménez, al
exministro Jáuregui o a la consejera catalana, por cierto compañera suya, que además quiso cobrar un euro por acto médico a todos los catalanes. Nosotros no, nosotros hemos propuesto medidas de eficiencia; ustedes copago sanitario, nosotros
medidas de eficiencia. De acuerdo con las comunidades autónomas hemos puesto una reforma en marcha, es verdad, de acuerdo con todas las comunidades autónomas para garantizar la sanidad pública universal para todos los ciudadanos. Eso lo hicimos
porque había que hacerlo. Por primera vez tenemos una base de datos única que ha evitado duplicidades en tarjetas -150.000 tarjetas duplicadas-. Por primera vez hemos detectado situaciones irregulares -800.000 tarjetas de trabajadores en activo
figuraban como beneficiarios- y también hemos puesto coto a los abusos del turismo sanitario que -como usted sabe, porque lo decía el Tribunal de Cuentas- nos costaban 1.000 millones de euros a todos los españoles. Por tanto, hemos cambiado el
sistema.
También lo hemos cambiado en farmacia. Hemos cambiado el esquema de aportación farmacéutica. Usted se preocupa muchísimo por todos los ciudadanos que lo pasan mal, ¿pero cómo lo pasan de mal los parados de larga duración que tenían que
pagar un 40 % por los medicamentos en su etapa de Gobierno? Tampoco podían comprar las medicinas; para sus hijos ni la leche de la que usted hablaba ni las medicinas para los mayores, que veían peligrar su calidad de vida porque tenía que pagar el
40 % de los medicamentos y ahora no pagan nada por los medicamentos. ¿Por qué? Porque hemos hecho una distribución más justa, paga más el que más tiene y paga menos el que menos tiene. Me parece que es lo natural y es mucho más equitativo.
Señorías, actualmente hay 853.000 personas desempleadas, a las que yo no pongo ubicación geográfica (Rumores), y sus familias, de las cuales 170.000 son niños que tienen gratuitamente los medicamentos, sencillamente porque en este momento no pueden
pagarlo. Las comunidades autónomas son las que deciden las prioridades en sus gastos, por tanto ellos son los que deciden las políticas sociales y la cantidad de dinero que dedican a ellas.
En lo que respecta a la atención sanitaria a los extranjeros se lo he respondido a su compañera pero se lo reitero. A ninguna persona se le ha negado la asistencia sanitaria, absolutamente a ninguna, porque hacerlo iría en contra de la
Constitución y también en contra de las leyes. Todo el mundo recibe atención sanitaria médica de urgencia, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta. Otra cosa es que ustedes quieran mezclar sucesos trágicos, como el que ha ocurrido,
con estrategias partidistas. En el caso que usted ha mencionado, se ha investigado, se han dado explicaciones, se han aclarado responsabilidades. No utilice usted la demagogia porque si algo hace este real decreto es garantizar que siempre sean
atendidos. Lo que hemos hecho es cambiar la normativa que reconocía el derecho a la tarjeta sanitaria sin mas requisito que el empadronamiento -repito, sin mas exquisito que el empadronamiento-, por tanto hemos tenido que modificarlo. Señoría, yo
no discrimino como usted en función de la procedencia de las personas que viven con nosotros, que tienen a sus hijos en los colegios, que trabajan o, desgraciadamente, en estos momentos están en el paro, como muchos de los españoles, que pagan sus
impuestos y que ayudan a sacar adelante nuestro país. Yo no las discrimino. Tienen los mismos derechos y también las mismas obligaciones. Lo que no puedo compartir con usted es que equiparen la situación que aquellos que están con nosotros de
manera regular con los que entran a nuestro país de manera irregular. Señorías, lo que le aseguro es que todos ellos tienen asistencia sanitaria garantizada. Le voy a leer un documento. Hace un año, en octubre de 2011, un servicio vasco decía
textualmente: Ningún extranjero en situación de estancia, aun estando empadronado, se puede acoger a la asistencia sanitaria al amparo del Decreto 26/1988. Repito, era en octubre de 2011, antes del real decreto-ley. ¿Sabe usted de quién es este
decreto? Del País Vasco; consejero socialista del País Vasco. Ustedes lo plantearon en 2011 en el País Vasco, socialistas. Si lo hubiera hecho un gobierno del Partido Popular lo hubieran criticado; como lo hizo un gobierno del Partido
Socialista, bienvenido al decreto del País Vasco. Aquí lo tiene, señoría, aunque supongo que ya lo conocerá. No trate de meter miedo a la población porque es muy negativo. Ustedes, cuando sacamos el decreto lo primero que dijeron fue que las
urgencias se iban a colapsar porque todos los inmigrantes tenían derecho a la atención en urgencias; todos tenían derecho, ahora parece que ya no lo tienen. Obviamente eso se demostró con los hechos. Las mentiras, al final, en sanidad se
demuestran cuando las personas siguen siendo atendidas, y lo son. Por tanto no pasó nada de eso. Usted habla de problemas que puede haber para la salud de las personas. No debería usted tratar de causar temor. Es una irresponsabilidad. Sabe
usted perfectamente que se han activado los protocolos de salud pública y que todas las enfermedades infecciosas los criterios son poblacionales, por lo tanto afectan a toda la población con independencia de las tarjetas sanitarias de cada cual.
Por tanto, no es posible que usted trate de meter el miedo a los ciudadanos con que se van a extender enfermedades provenientes de personas que no son atendidas, primero porque son atendidas y segundo porque toda esa cuestión se hace por campañas
poblacionales que afectan a toda la sociedad.
Usted me ha hablado de jóvenes e hijos, de la falta de prevención y de los niños. Usted sabe perfectamente que los menores hasta 18 años -además se lo he recordado antes- tienen asistencia gratuita y tarjeta como el resto de los españoles,
por tanto no me hable usted ni de jóvenes ni de menores de ninguna nacionalidad, ni en situación regular o irregular, porque todos tienen derecho a la asistencia sanitaria y tienen su tarjeta sanitaria al igual que los españoles, como también lo
tienen las mujeres embarazadas, a las que se atiende en el parto, y quienes acudan con una enfermedad hasta su total curación. Están tratando de meter miedo a la sociedad en una cuestión en que ustedes saben perfectamente que no tienen razón.
Había un problema en España con el turismo sanitario, pagábamos a los extranjeros que venían a nuestro país 1.000 millones de euros en sanidad cuando teníamos una deuda, un déficit, de 16.000 millones de euros. Señorías, teníamos que adoptar
medidas; las hemos adoptado de acuerdo con el resto de los países de la Unión Europea. Le recuerdo que este problema ha venido porque ustedes no traspusieron un artículo de una directiva europea. Tenemos un tratamiento para las personas
extranjeras exactamente igual que el que tenemos nosotros cuando vamos al extranjero, exactamente el mismo, y para las personas que están en situación irregular es muchísimo más generoso que el del resto de los países de nuestro entorno. Así debe
ser, y así queremos que sea. Por tanto, señorías, le sigo diciendo que mantenga usted un poco la calma y sigamos adelante con las cuestiones importantes.
En servicios sociales le tengo que decir lo mismo. Hay muchas personas que lo están pasando mal, hay muchas comunidades autónomas que están recortando parte de sus presupuestos porque hay mucho que atender, y hay que atender a quienes más
lo necesitan; en esa línea estamos, atendiendo a las personas que más lo necesitan. Señorías, para nosotros es fundamental atender a las personas que están en especial situación de vulnerabilidad. Sabemos que hay familias que se han quedado sin
trabajo, sin
ingresos y que tienen riesgo de perder su hogar. Los desahucios no son de ahora -usted me los ha mencionado-, son de su etapa de Gobierno; empezaron con la crisis y con la destrucción de empleo. En sus últimos cinco años de Gobierno se
produjeron 350.000 ejecuciones hipotecarias. ¿Qué hicieron ustedes entonces, señorías? Hasta lo que yo sé no hicieron nada. En cambio este Gobierno ha actuado desde el primer momento, aunque sabemos que quedan cosas por hacer y por mejorar. Le
podía dar la relación de las cosas que hemos hecho en materia hipotecaria, pero no se lo voy a señalar porque no tengo tiempo. Como me pregunta si estoy satisfecha, le contesto por supuesto que no. No estaremos satisfechos hasta que España vuelva
a crecer, vuelva a crear empleo y no haya una sola familia en nuestro país que tenga que dejar su casa por no poder pagarla. Créame que vamos a seguir en esa línea, y lo vamos a conseguir.
Señorías, el reformismo es la mejor garantía del bienestar y es el espíritu que mueve a este Gobierno. No es posible mantener un Estado de bienestar para nadie si está en la quiebra, si está en la ruina. Por tanto, todas nuestras políticas
caminan en esa dirección: crear empleo para conseguir garantizar el Estado de bienestar. Esa es la base para unos servicios sociales eficientes, para unos servicios sociales y una sanidad sostenibles. En esa línea vamos a seguir manteniéndonos, y
ya le digo: no trate usted de crear temor en la sociedad porque es verdad que en esta materia, como en tantas otras, el tiempo nos dará la razón.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señora Mato, me sabe muy mal porque no ha escuchado nada, no ha conectado. Si no conecta con la sensibilidad del interviniente, sea cual sea, ¿cómo va a conectar con la realidad que la envuelve, con los que sufren?
Para nada. (Aplausos).
Yo podría entrar ahora a retornarle alguna de las cosas que ha dicho. El empleo no se crea, las condiciones económicas no mejoran el Estado de bienestar y las ayudas sociales que existían. Le hemos propuesto crear un colchón básico para
poder parar el impacto que la situación de crisis estaba teniendo y lo han negado una y otra vez; ayudas a la subsistencia, pero no han querido entrar por ahí. No debe ser moderno, no les debe gustar, pero sus políticas están llevando a la
exclusión social a un 20 % de la población que está sin ningún tipo de apoyo de los poderes públicos. Se refiere a las comunidades autónomas; no sé con qué desfachatez. Las comunidades autónomas tienen ingresos variables y gastos fijos, y esto lo
puede decir el señor Sánchez i Llibre cuando hablamos de Cataluña, como sucede en cualquier otra comunidad. Han bajado los ingresos pero los gastos siguen siendo los mismos. ¿Qué hace el Estado? Acabar con el plan concertado, eliminar el Fondo de
integración, las ayudas a becas, cualquier cosa que sirva de sostén a la población que más lo necesita. Por tanto, si alguien hace demagogia, señora ministra, es usted y el Gobierno al cual representa. (Aplausos).
Además hay otra cuestión. Le voy a recordar que una vez hubo un Gobierno que empezó a generar una burbuja, a liberalizar todo el suelo, se construyó hasta reventar, hasta que estalló la burbuja inmobiliaria. Nosotros recogimos los pedazos
del destrozo que ustedes hicieron y ahora quieren perseverar en la misma línea. (Aplausos). Cuando habla de herencia recibida, le digo: Me da igual, asumimos las responsabilidades ante todos los ciudadanos. Claro que sí, este grupo lo hace,
porque creemos en la democracia, pero vayamos más allá. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Si todo el problema fuera la herencia recibida, hagamos un pacto de subsistencia y no habría ningún problema.
Señora ministra, nos veremos otra vez en la moción dentro de quince días. Le vamos a proponer de nuevo un acuerdo de medidas urgentes entre todas las administraciones públicas para salvar la situación de vulnerabilidad y de prevención del
conflicto. No queremos ser Suecia ni el gran Londres al menos en estos conflictos, sí en otras cosas. Segundo, hay que restituir la integración de los inmigrantes en el real decreto, modificar este real decreto que está siendo nocivo, convocar a
los agentes sociales, acordar, escucharnos mutuamente. Se trata de esto, de escuchar y oír, y no de cerrarse a la realidad negando, negando y negando, porque solo lleva a la destrucción y cada vez más al incremento de la vulnerabilidad de los más
frágiles. No creo que usted esté en este grupo; quizás le haría falta acercarse un poco más.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Esteve.
Señora ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Mato Adrover): Gracias, señora presidenta.
Señorías, conectemos con la realidad, pero por ambas partes, porque hay que partir de la realidad que nos hemos encontrado, la que hay en estos momentos en nuestro país. Desgraciadamente, la realidad es que tenemos 6 millones de parados, 6
millones de personas que quieren trabajar y no pueden, por tanto 6 millones de personas algunas de las cuales en algunos casos, como usted sabe, desgraciadamente no tienen ningún ingreso familiar. Tenemos que hacer un esfuerzo especial todos juntos
por la familia.
Está muy bien y queda muy bonito subir a esta tribuna, ahora que uno está en la oposición y después de haber gastado -como he dicho- 30.000 millones más de lo que nos dijeron que habían gastado, y decir que demos un fondo para no sé qué y
otro fondo para no sé qué. Lo que se hizo en esa etapa anterior es lo que nos ha llevado a esta situación, la que nos ha llevado a los 6 millones de parados, a unos servicios sociales, a una dependencia, a un Estado del bienestar y a una sanidad en
quiebra, y así no se mantiene la situación del Estado del bienestar. Las malas políticas de los malos gestores siempre perjudican a los más débiles. En este caso han perjudicado a las personas mayores, porque ustedes tuvieron que recortarles su
pensión; fueron los primeros que lo hicieron. Las malas políticas de los malos gestores siempre perjudican a los más débiles, por eso este Gobierno está adoptando las reformas necesarias para mejorar la situación; estamos trabajando para mejorar
y garantizar la sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Otros querían que pusiéramos el copago sanitario, otros cobraban a las personas paradas sin prestación, otros tenían excluidos a algunos sectores de la población de la asistencia
sanitaria -profesionales liberales-, y le recuerdo que los parados sin prestación comenzaron a tener tarjeta sanitaria el 1 de enero de 2012. Por tanto, señorías, estamos avanzando en universalización de la sanidad, estamos avanzando en garantizar
los sistemas de servicios sociales, pero me gustaría hacerlo con ustedes, solo que ustedes no quieren. Ustedes siempre plantean los pactos pero a la hora de la verdad luego nunca los aceptan. Hacemos acuerdos con todas las comunidades autónomas
tanto en materia sanitaria como social. Hacemos acuerdos con los profesionales sanitarios, médicos y enfermeros. Hacemos acuerdos con todas las organizaciones de infancia, por ejemplo, un Plan de infancia dotado con 5.000 millones de euros. Usted
me hablaba de los niños, de la población infantil; hemos hecho un plan por primera vez en la historia de la democracia española que está cuantificado, 5.000 millones de euros que vamos a dedicarle. También lo hemos hecho en el tema de violencia de
género y lo vamos a seguir haciendo con demás cuestiones. Tenemos preparado un plan de inclusión social que tendrá su memoria económica correspondiente, por supuesto que sí, en el que también me gustaría contar con su colaboración. Creo que
tenemos posibilidad de llegar a acuerdos. Esto no debería ser materia de debate partidista, como creo que nadie debería utilizar una tragedia para sacar rédito político. Lo creo firmemente. Ustedes no sé si lo creen pero por lo menos no actúan de
esa manera.
Señorías, sería bueno que nos sentáramos hablar, que ustedes apoyaran algunas de las medidas que se están haciendo y que se dieran cuenta de la situación de la que partimos. No se puede pensar que no tenemos un problema, porque lo tenemos
en nuestro país, y por eso hemos de superarlo. Las comunidades autónomas son las competentes en materia de servicios sociales. No me diga usted que no son las comunidades autónomas y que nosotros les damos el dinero. El Estado da el dinero a las
comunidades autónomas y ellas priorizan en lo que creen conveniente, unas priorizan en una televisión autonómica y otras en la dependencia. (La señora Martín González pronuncia palabras que no se perciben). Hay una comunidad autónoma que ha
recortado 300 millones de euros en políticas sociales en los últimos presupuestos. No sé si es el momento adecuado de recortar 300 millones, pero lo ha hecho una comunidad autónoma cercana a su partido, una de las pocas comunidades autónomas en las
que gobierna su partido desde hace mucho tiempo; en ella hay el doble de paro que en el resto y, sin embargo, han recortado 300 millones de euros en políticas sociales. ¿Cree usted que lo ha hecho para perjudicar a las personas de esa comunidad
autónoma? Yo estoy segura de que no y de que sus ciudadanos están atendidos tanto sanitaria como socialmente como ellos creen que deben hacerlo. No entremos en quién ha recortado y en quién no recorta. Entremos en que estamos garantizando un
sistema de servicios sociales para los que de verdad lo necesitan. Sabe usted perfectamente cómo teníamos la situación de la dependencia. Los dependientes son personas que de verdad lo necesitan, pero más lo necesitan los grandes dependientes que
los que tienen una dependencia menor. Por eso hemos primado a los grandes dependientes. Más lo necesitan los parados a la hora de pagar la farmacia porque no tienen dinero para pagar los medicamentos que otras personas, como los pensionistas -a
quienes hemos pedido un esfuerzo-, que al menos tienen unos ingresos mensuales. Por tanto, hay que adecuarse a la situación. Es una situación de crisis, es una
situación difícil, es una situación que tenemos que afrontar entre todos y en la que estamos pidiendo muchos sacrificios a los ciudadanos. Entonces lo que deberíamos hacer los partidos políticos es unirnos, trabajar conjuntamente (Aplausos)
y no tratar de buscar fórmulas para echarnos en cara tragedias que desgraciadamente ocurren en todas partes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, ENTRE ADMINISTRACIONES, DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT PARA 2013 Y LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL AUMENTO NETO DE INGRESOS DERIVADA
DEL ALZA DE IMPUESTOS. (Número de expediente 173/000086).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continuamos con las mociones que estaban pendientes de la sesión de ayer. En primer lugar, corresponde la moción, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la distribución
entre administraciones de los objetivos de déficit para 2013 y la efectiva participación de las comunidades autónomas en el aumento neto de ingresos derivada del alza de impuestos. Para su defensa de la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
El objetivo fundamental de la moción que ha presentado este grupo parlamentario, y para la cual pedimos el voto positivo de todas las formaciones presentes hoy en la Cámara, consta de dos puntos principalmente. En primer lugar, queremos
plantear un nuevo sistema de reparto del déficit público en todas las administraciones públicas para conseguir un sistema más racional, más justo y más equitativo y que cada administración pública pueda asumir el porcentaje de déficit público en
función de su gasto público asignado. Como en este caso las comunidades autónomas representan el 36 % del gasto público que se puede implementar a lo largo de todo un periodo queremos proponer un primer punto fundamental, relevante para nuestro
grupo parlamentario, como es aplicar un sistema de reparto para que las comunidades autónomas puedan asumir un tercio del déficit público que consiga el Estado en la negociación que se está realizando en estos momentos en Bruselas. Por lo tanto, si
en Bruselas se consigue un déficit público del 6,3 o del 6,5 para todas las administraciones del Estado, queremos que las comunidades autónomas puedan tener a su disposición un tercio, el 33 %, del total del déficit público, de este 6,3 o del 6,5 %.
Este es un primer punto -repito- relevante y fundamental para nuestro grupo parlamentario.
En segundo lugar, hay otro objetivo importante que persigue nuestra moción, que va en la dirección de que las comunidades autónomas puedan participar efectivamente de todos aquellos incrementos de los impuestos que se han materializado en la
actual legislatura. Ha habido sustanciales incrementos de impuestos, de IVA y de IRPF -como saben perfectamente sus señorías, el 50 % de estos impuestos corresponde a las comunidades autónomas-, y el total de estos incrementos impositivos, que son
más de 40.000 millones de euros, van a parar única y exclusivamente a la Administración central, y esto no es justo. Por ello nosotros planteamos que la parte correspondiente de estos incrementos de impuestos, que son más de 41.000 millones de
euros, el 50 %, o sea 22.000 millones de euros, repercutan en todas las comunidades autónomas. Este es otro aspecto y objetivo fundamental que creemos poder conseguir en justicia a lo largo de este periodo de sesiones.
¿Por qué hacemos este planteamiento? Por varios motivos, en primer lugar, para que las comunidades autónomas tengan una financiación más justa y más equitativa y, en segundo lugar, porque hemos asistido, como manifesté en mi última
intervención, con la interpelación que planteé al señor Montoro, a un debate desagradable por este mayor déficit que tendrían todas las administraciones públicas del Estado español. Hubo manifestaciones de diferentes barones del Partido Popular, de
diferentes presidentes autonómicos y asistimos a una pelea -yo diría irracional- en la que justamente los catalanes hemos pagado las consecuencias. Ha habido un exceso de catalanofobia que nos ha dolido profundamente porque creemos sinceramente que
es muy injusta. Es por este motivo que también manifestamos muy respetuosamente al ministro de Hacienda que sería necesario que se hiciera pedagogía en función de cuáles son los déficits de las diferentes comunidades autónomas, de cómo se
implementa e instrumenta el gasto público en todas las administraciones del Estado, para
que no tuviéramos que asistir a afirmaciones que -repito- nos han dolido profundamente como aquellas de diferentes presidentes autonómicos, en este caso concretamente del Partido Popular, que decían que Cataluña era malgastadora, era
insaciable, era insolidaria, quería un trato de favor y quería recursos de otras comunidades autónomas. Sinceramente, creemos que es injusto, no es cierto, y nos ha dolido profundamente, porque esta no es la realidad. Quiero aprovechar esta
moción, esta intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, para decir justamente todo lo contrario: ¡Cataluña no es malgastadora! ¡Cataluña no es insaciable, señorías! ¡Cataluña no quiere un trato de favor! Quiero afirmar a continuación
que Cataluña es solidaria, que Caluña es excesivamente solidaria con el resto de comunidades autónomas, como lo demuestra la publicación de las diferentes balanzas fiscales desde el año 2005, que señala que Cataluña tiene un déficit fiscal respecto
a la Administración central de 16.000 millones de euros cada año, o sea un 8,5. Si a esto, señorías, se le llama ser insolidario creo sinceramente que no es justo, no se ajusta a la realidad. ¡Cataluña es solidaria en exceso y queremos seguir
siendo solidarios, pero hay que poner límites a esta solidaridad! Por tanto, sinceramente, lo que quiere Cataluña es un trato justo y un trato equitativo. A través de esta nueva distribución y a través de este nuevo planteamiento que nosotros
queremos implementar, pedimos acaloradamente también el voto del principal partido que da soporte al Gobierno, al Partido Popular, que sea sensible ante esas manifestaciones, que sea sensible también a todas aquellas manifestaciones de comunidades
autónomas que están gobernadas por ustedes y que no se atreven a alzar la voz como lo estamos haciendo nosotros para conseguir un trato más justo, más racional, más objetivo y más solidario en general. Lo que no es de recibo es que si las
comunidades autónomas asumen el 36 % del gasto público, solamente puedan soportar un límite de déficit público del 19 %. No es justo en ningún sitio del mundo. Consúltenlo ustedes y vean cuáles son los repartos de los diferentes déficits en los
Estados de la Unión Europea, concretamente también en Alemania, y verán que lo que estamos planteando es justamente todo lo contrario.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sánchez i Llibre, tiene que finalizar.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Por tanto, señorías, con la máxima vehemencia y con la máxima sensibilidad por parte de nuestro grupo parlamentario, pedimos este voto favorable en el sentido de que apoyen este cambio de criterio en la
distribución de los déficits de las administraciones públicas del Estado para que las comunidades autónomas puedan conseguir el tercio que les corresponde.
Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas planteadas por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, efectivamente nosotros también coincidimos con muchos aspectos que el señor Sánchez i Llibre ha señalado aquí. En primer lugar, quiero mostrar nuestra sorpresa, estupefacción incluso, por este rifirrafe de los últimos días entre
los barones territoriales del Partido Popular; barones, condes o marquesas, no sé, pero un debate absurdo que a nosotros nos parece incluso tragicómico. Ese debate de si Cataluña tiene una verruga, nosotros también queremos una verruga. Oiga, que
estamos hablando de la deuda. Estamos hablando del techo de déficit, de endeudarse, no es algo positivo, es endeudarse para cubrir unas necesidades, claro está, pero eso se tiene que devolver y lo devolveremos nosotros y nuestros hijos y las
generaciones venideras. Por tanto, no entiendo esta competencia para tener todos la verruguita que tiene Cataluña. Me parece realmente bastante inexplicable.
Otro tema que también hay que recordar siempre, porque parece que se olvida con mucha facilidad, es que Cataluña, los contribuyentes catalanes, aporta mucho más de lo que recibe en concepto de inversiones o beneficios sociales por parte del
Estado. Esto es lo que llamamos el expolio que sufrimos en Cataluña y esto año tras año se confirma y al final la limosna es tanta que hasta el santo se espanta, y eso es lo que está pasando. Después resulta que incluso con ese hueco respecto a lo
que pagan nuestros contribuyentes en la aportación del Estado, no tenemos bastante para cubrir las necesidades más urgentes de los ciudadanos como hospitales, escuelas, guarderías, universidades y transportes. Por tanto, pedimos al Estado que pague
lo que debe a Cataluña, porque no se nos paga. Disposición adicional tercera, Fondo de competitividad, las becas, el 0,7 %, etcétera, una larga lista, eso no se paga y, como eso no se paga,
tenemos que endeudarnos. Por eso, pedimos un techo de endeudamiento y un margen de déficit superior, y esa es la explicación y eso es lo que hay detrás de este problema financiero agudo que tiene el sector público en Cataluña. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).
Nosotros queremos reducir el sufrimiento y por eso queremos cubrir con deuda ese gasto que no se puede cubrir con los ingresos o con lo que nos debe el Estado o con lo que el Estado se queda en concepto de déficit fiscal. A nosotros nos
parece bien la propuesta de Convergència i Unió, coincidimos con esa propuesta, que un tercio, al menos, aunque tendría que ser el 36 %, pero vamos a simplificar, un tercio del techo de déficit se lo queden comunidades autónomas como Cataluña y
puedan disponer de él. Pero también coincidimos con la propuesta que hizo anteayer el Partido Socialista y su portavoz Óscar López -después confirmada por el señor Pérez Rubalcaba- en el sentido de que el incremento que ceda Europa al Estado
español se reparta al 50 % entre el Estado y las comunidades autónomas. Quisiéramos lo mejor de las dos propuestas, sumarlas, y esa es nuestra propuesta hoy, ahora y aquí. Es decir, sumar una propuesta que nos parece bien y la propuesta de los
socialistas que también nos parece bien. Con eso podríamos elevar el techo del déficit de Cataluña -o de otras comunidades- del 2,1 % que saldría con la propuesta de Convergència i Unió al 2,4 %.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Si eso se confirmara significaría que con ese techo de déficit no haría falta practicar recortes ni en la sanidad catalana ni en la educación catalana ni en otras necesidades urgentes y perentorias de la población. Lo hacemos para evitar
recortes y evitar sufrimientos. Ese es el objetivo y, como ese es el objetivo, votaremos a favor de la moción de Convergència i Unió, se acepte o no se acepte nuestra enmienda, aunque creemos que nuestra enmienda mejora lo que ya está previsto como
una mejora.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya por delante que vamos a votar favorablemente la moción de Convergència i Unió porque la compartimos. Pero antes de hablar de esto, quería como valenciano poner por delante unos datos ahora que se habla con tanta demagogia de los
déficits de las comunidades autónomas. Los valencianos somos los décimos en renta per capita, pero somos los terceros contribuyentes netos. En cambio, somos los duodécimos en financiación y somos los únicos contribuyentes netos con una renta per
capita inferior a la media española. Es decir, los valencianos y las valencianas somos más pobres que la media y contribuimos más que la media. Digo esto para que quede claro, porque oímos decir al señor Monago algunas -a mi entender- barbaridades
y, sobre todo, en casa de otros. Por eso, desde Compromís no compartimos que el debate gire exclusivamente en torno al reparto del déficit. Evidentemente, tener más margen de déficit mejora la situación de las comunidades autónomas, pero en el
País Valenciano el problema no se soluciona con un mero incremento de un punto o dos del margen de supervivencia. El PP está evitando continuamente el debate de financiación autonómica. Ayer mismo, sin ir más lejos, votó lo contrario que había
votado en las Cortes Valencianas aquí en el Congreso e impidió que prosperara una moción del Grupo Socialista de cara a mejorar algunos de los problemas de financiación que tenemos los valencianos. Ese es justamente el debate que nos interesa a los
valencianos. El debate debe girar en torno al mecanismo de financiación de las comunidades autónomas. Hablar de déficit es hablar de recortes y de desigualdad; hablar de déficit es hablar de priorizar el pago a la banca sobre las necesidades
ciudadanas. El verdadero problema que tenemos los valencianos es que no somos dueños de lo que generamos ni participamos de su distribución.
Hay un trabajo elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas encargado por la Asociación Valenciana de Empresarios que se titula La financiación pública de la Comunitat Valenciana y sus consecuencias autonómicas. El
estudio muestra que los valencianos tenemos un elevado endeudamiento público de 27.000 millones, 4,5 billones de las antiguas pesetas; un déficit estructural insostenible, porque somos la comunidad autónoma que menos gasta por habitante, un 22 %
menos que la media; la media es 3.500 y nosotros gastamos 2.700; e ingresamos desde hace más de veinticinco años muy por debajo de la media, en concreto en 2009 un 9 % por debajo de la media, es decir, en 2009
fueron 220 euros por debajo de la media cada valenciano y valenciana. Por tanto, esto está teniendo consecuencias negativas sobre la economía y sobre la sociedad valenciana.
Creo que hace un par de días el presidente Fabra de la Generalitat, nos dijo: Rajoy devolverá a Valencia una financiación más justa. Con actuaciones como la de ayer del Partido Popular valenciano lo dudo muchísimo. Lo que van a intentar
hacer es pactar un punto más de déficit y hacerle creer a la gente que se ha mejorado la financiación, cuando lo único que están pidiendo es tener más margen.
El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, tiene usted que terminar.
El señor BALDOVÍ RODA: Acabo.
Entendemos que estamos gobernados por un Partido Popular sin capacidad de defensa de los intereses valencianos, sin capacidad de influencia en Madrid y, por tanto, seguiremos padeciendo el saqueo que supone esta política. Nuestra propuesta
es un concierto económico responsable. Por tanto, no nos vamos a oponer a esta mejora, pero entendemos que esta no es la solución que necesitamos las valencianas y valencianos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y para presentar su enmienda, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, desde Iniciativa per Catalunya Verds, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista hemos presentado enmiendas a esta moción. Primero, porque entendemos que se queda corta y no llega a la exigencia que debería teniendo en cuenta la
situación actual. Y segundo, porque no aborda el origen del problema y obvia cosas que son fundamentales cuando estamos hablando de las dificultade que hoy atraviesan las comunidades autónomas o, al fin y al cabo, las que atraviesa todo el sector
público. Nosotros tendremos una posición crítica. No vamos a votar en contra, pero nos gustaría que se aprobara nuestra enmienda. Efectivamente, es una oportunidad para repartir esos esfuerzos entre las comunidades autónomas y para hacer frente
al centralismo, pero a nuestro entender se queda muy lejos del origen del problema. Ustedes aquí plantean esta cuestión relevante de cómo repartimos el pastel del déficit -que tampoco es la panacea ni la solución de nada-, pero creo que a junio de
2013, con más de 6,2 millones de parados, con una recesión de largo recorrido de la que no vemos el final, con un aumento de la desigualdad brutal, con el recorte de derechos de las personas con más dificultades -desde pensionistas a discapacitados,
estudiantes, escuela pública, universidades, etcétera-, es un cóctel explosivo que tiene un origen muy claro, el abrazo de la austeridad como dogma en la salida de la crisis. Y aquí ni Convergència i Unió ni Partido Popular quieren rectificar. Esa
Ley de Estabilidad aprobada y con el apoyo de Convergència i Unió, esa Ley de Estabilidad que también afecta a Cataluña, señor Sánchez i Llibre, y que también tenemos en Cataluña. Continúan con la matraca de culpar al sector público, cuando la
crisis venía precisamente del sector privado y del endeudamiento privado, y continúan teorizando que reducir el déficit mejorará la economía. Por eso, mantienen esas sagradas leyes de austeridad y lo hacen por dogmatismo, por esa doctrina del shock
de que no hay nada que hacer, no hay alternativas y así privatizar servicios públicos. La hoja de ruta es la misma aquí y en Cataluña.
Desde nuestro grupo creemos que deberíamos estar hablando de que en el Consejo Europeo -donde queremos plantear esa flexibilización al alza- deberíamos buscar un frente amplio, una alianza de todos los países del sur de Europa para cambiar
las políticas. Ese es el origen del mal del que bebemos hoy y ahí es donde deberíamos atacar. También deberíamos establecer mecanismos para que el pastel sea más grande, por ejemplo con una reforma fiscal, y en cambio usted en la interpelación ya
flirteaba con nuevas bajadas de impuestos. En la transcripción de la interpelación, señor Sánchez i Llibre, vuelve a hablar del tema, porque es lo que a usted le gusta, si yo lo entiendo, pero lo que deberíamos hacer aquí es una reforma fiscal
donde algún impuesto, especialmente el que penaliza el consumo y a la gran parte de la ciudadanía, se rebajara, pero en cambio que todos aquellos que más tienen paguen más y sobre todo que todo el mundo contribuya, que es el gran problema que
tenemos, pero ustedes en eso no entran. Incluso en Cataluña, que van hablando, no tenemos presupuestos. No tener presupuestos significa, aparte de recortar más de un 20 % ya en servicios sociales básicos -eso es el efecto de no tener presupuestos,
aunque algunos lo pidan-, no
aplicar las medidas fiscales que ustedes defienden. Esa es la gran estrategia: ni medidas fiscales ni tener presupuesto, por tanto ni control democrático y recortes al 0,7.
El pastel se tiene que hacer más grande, y eso es lo fundamental. Además, el pastel se tiene que repartir bien, y repartirlo bien pasa por esa flexibilización, de acuerdo con las necesidades de las distintas administraciones, especialmente
comunidades autónomas, que llevan el grueso de los servicios públicos, pues precisamente educación, sanidad y servicios sociales hipotecan casi el 80 % de su presupuesto. Esto es fundamental. Es relevante que ese pastel se reparta bien, y eso
quiere decir realismo económico y equidad también en el reparto. Para el Gobierno -es verdad y eso lo compartimos- el ahogo a las comunidades autónomas ha sido un método infalible para desmantelar el Estado del bienestar. No solo el centralismo
que caracteriza sus políticas, sino precisamente esas privatizaciones, ese recorte de derechos y de servicios públicos están en el origen. Si apretamos a comunidades autónomas, desmantelamos el Estado del bienestar. La Generalitat es otro ejemplo
claro que ha seguido en esta línea. Evidentemente, nos sumamos a un reparto de esa flexibilización del déficit que compense sus ajustes, y deberíamos ir más allá de a un tercio -eso es lo que les planteamos-, porque venimos acumulando ajustes
excesivos y muy drásticos que penalizan la economía de todas las comunidades autónomas.
Finalmente -Convergència i Unió lo comentaba, pero no lo pone en la moción-, de la misma manera que pedimos a la Unión Europea que la flexibilización se adapte a cada país en función de su realidad económica -es una cuestión de realismo
económico y de equidad, es decir, a cada cual según sus necesidades-, también deberíamos exigir lo mismo para el conjunto de las comunidades autónomas. Realmente, eso es hablar de solidaridad. Desde nuestro grupo parlamentario, que defiende la
solidaridad, entendemos que no se puede defender la solidaridad sin adaptar los objetivos macroeconómicos en función de la realidad económica, del nivel de endeudamiento, de adaptar un ritmo según la situación de cada cual. Es absurdo, y hoy todas
las comunidades autónomas deberíamos estar unidas frente al centralismo del Estado; pero no, aquí tenemos al PP alimentando el anticatalanismo -pero también podríamos decir el antivalencianismo- con argumentos completamente absurdos que lo único
que hacen es debilitarnos en cualquier negociación europea.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Sí, ya termino.
Creemos sinceramente que esta moción se queda corta, también para las necesidades que dicen defender, las de la Generalitat de Catalunya. Con ese 2,1 no cubrimos las necesidades; significa nuevos recortes. Acepten la enmienda porque
entendemos que mejora sustancialmente este texto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, antes de entrar propiamente en cuestión, quisiera felicitar sinceramente al diputado Sánchez i Llibre por la interpelación de la pasada semana, de la que se deriva con toda lógica la
moción de la presente; y quiero hacerlo por la sencillez, la coherencia y la lógica económica aplastante que emplea en su argumentación. Reclamaba el portavoz de CiU, en primer lugar, que las comunidades autónomas dispusieran de un mayor margen de
maniobra. Teniendo en cuenta la distribución del gasto por niveles institucionales, sugería que el reparto del déficit público se acercara a dicha distribución. Incluso era suficientemente flexible su planteamiento para otorgarle a la
Administración central un porcentaje de déficit superior al de su peso en el gasto del conjunto de las administraciones públicas. Y este es el punto 1 de la moción, en el que se propone que las comunidades autónomas asuman un tercio del objetivo de
déficit que autorice la Unión Europea. Entiendo que si al final el objetivo de déficit autorizado para este año es del 6,3 %, a las comunidades autónomas les correspondería 2,1 puntos del PIB. Frente al 0,7 inicial y el 1,2, que parece proponer el
Gobierno, la moción elevaría el margen hasta el 2,1. Estamos hablando de unos 10.000 millones de euros más de lo que previsiblemente plantea el Gobierno para el conjunto de las comunidades autónomas. La respuesta del ministro la semana pasada, y
me imagino que la del Grupo Popular hoy, es que no: una respuesta escapista, a lo Houdini. El señor Montoro señaló que como resultado de la crisis las prestaciones por desempleo han aumentado y las cotizaciones sociales han disminuido y que, por
tanto, la Administración central necesita un mayor
margen para hacer frente a esos gastos. Desde el Grupo Vasco entendemos que los gastos de desempleo hayan aumentado y que los mismos responden a derechos objetivos de los ciudadanos por quedarse en paro, pero no es menos cierto que otros
gastos, como los educativos y los sanitarios, también lo son, y estos los asumen las comunidades autónomas. Así pues, cada Administración habrá de ajustar los gastos y prioridades en el marco de sus recursos y de sus competencias, no en el de otras
administraciones.
Además, como les decía, la moción otorga mayor margen a la Administración central que a las comunidades autónomas. Si así se repartiera el déficit, seguramente las refriegas que recientemente hemos contemplado en el seno del Partido Popular
no se habrían producido: el debate de si todas las comunidades autónomas deben contar con el mismo déficit o si se debe distribuir el déficit en función de las necesidades, de la situación, del punto de partida, etcétera, es decir, si debe
distribuirse de forma igualitaria, todos el mismo déficit, o equitativa, tratando igual a los iguales y desigual a los desiguales. A Europa le exigimos, aunque con poco resultado, un comportamiento equitativo en el seno de la Unión, que tenga en
cuenta la realidad de cada uno, de cada Estado, para aplicar la terapia, conscientes, como decía el ministro la semana pasada, de que no es posible salir de la crisis si no lo hace Cataluña. Su peso es muy grande como para que se quede atrás.
En el segundo punto de la moción el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone que los aumentos recaudatorios derivados de las subidas de impuestos en 2012 y 2013 se compartan con las comunidades autónomas, lo que parece
razonable atendiendo al modelo de financiación. Como saben, esta es una cuestión sobre la que habitualmente nosotros no nos pronunciamos, o mejor dicho, sí nos pronunciamos pero nos abstenemos a la hora de votar, dado que en la Comunidad Autónoma
de Euskadi contamos con otro modelo de financiación, como es el concierto económico, y lo hacemos tanto por respeto a la Lofca como al propio concierto económico. Por ello, si es posible, nos gustaría votar separadamente cada uno de los puntos, con
el fin de hacerlo positivamente en el primero y abstenernos en el segundo. En el caso de que esto no sea posible, con la salvedad que hemos realizado, votaremos favorablemente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
No deja de ser curioso que durante bastantes semanas hayamos vivido un debate mediático e incluso hayamos visto al presidente del Gobierno y a una parte importante de su Gobierno muy ocupados en templar gaitas con sus barones territoriales
en relación con el llamado déficit a la carta, y hoy, que tenemos la oportunidad de hacer este debate a propuesta de Convergència i Unió en sede parlamentaria, que es donde corresponde, más allá de otras cosas en las que podamos discrepar, no haya
ni un solo miembro del Gobierno atendiendo la voz de los representantes de los ciudadanos, de los representantes de la soberanía nacional. No deja de ser curioso, pero no deja también de ser significativo de por dónde va a ir este tema, más allá de
la conclusión de este debate y la votación que mañana se suscitará. Esto va a ir como ha solido ir, esto es, de arreglarlo en un despacho, y el que más capacidad de influir tenga -para no decir de chantajear y que nadie se sienta ofendido- será el
que se lleve el gato al agua. Lo que hoy vivimos no es sino la conclusión de una mala praxis, de una mala práctica en esta materia. Lo que hoy vivimos, que es el debate sobre el déficit a la carta -hay que ver cómo la perversión en el lenguaje
termina por pervertir la propia política-, se llama así, pero en realidad lo que estamos hoy viviendo es la segunda, tercera o cuarta entrega -ya no recuerdo cuál- de un sistema de financiación autonómica mal hecho, mal planteado y mal finalizado en
la legislatura pasada en un debate que quiero recordar que se produjo algo así como en octubre del año 2009 y que empezó por lo mismo que ahora ha empezado el debate. Empezó por una reivindicación del nacionalismo catalán sobre la necesidad de una
financiación autonómica a la carta. Entonces era una financiación autonómica a la carta, hubo un pacto entre el Partido Socialista y el nacionalismo catalán de entonces. (El señor Sánchez i Llibre hace gestos negativos). Sí hubo enmienda a la
totalidad pero partió de un pacto previo, 11.000 millones -insatisfacción final, señor Sánchez i Llibre, pero pacto de inicio-, 11.000 millones de financiación autonómica, de los cuales un tercio para Cataluña y el resto para los demás, y vemos cómo
disimulamos lo que hemos acordado con los nacionalistas catalanes y metemos al resto de las comunidades autónomas en el reparto. Más allá de que nos pongamos globalmente de acuerdo, esto nos sirve para disimular y para aparentar que lo que estamos
haciendo es una nueva ley de financiación autonómica. Aquella ley fue una mala ley, que tuvo
malas consecuencias entonces y de la que hoy estamos viviendo estos nuevos rescoldos. Lo que nos plantea hoy Convergència i Unió es que resolvamos el tema del déficit, que acordemos por un año -porque es una propuesta para un año- un
déficit a la carta, con esta forma de explicarlo que ha tenido el señor Sánchez i Llibre -entraré en las dos cuestiones-, vamos a resolver esto por un año en vez de plantear lo sustancial, porque aquí el problema que tenemos es que tenemos un mal
sistema de financiación autonómica, del que tendríamos que hablar con claridad y con criterio nacional, con criterio de Estado. Como esto nunca lo queremos abordar de esta manera hemos visto lo que ha ocurrido en el debate de la mañana, que según
de dónde sea la persona que interviene, explica las cosas en función de la defensa de lo puntual, de lo particular. ¿Y de España quién habla? ¿Vamos a dejar de hablar de lo particular para hablar de lo de todos en algún momento? Porque de lo que
estamos hablando es de la financiación autonómica, de lo que el déficit es una parte, una parte muy puntual para lo que ustedes plantean una petición también muy puntual y para un año, con una especie de trampa dialéctica. Dicen que piden el 33 %,
que es lo que les corresponde de esta corrección y de esta autorización de Europa. ¿De dónde sale la mayor partida de déficit? ¿Por qué tienen el mayor déficit el Estado? Porque la deuda y el desempleo se pagan con cargo al Estado. ¿O no? Con
cargo a la Administración central... (El señor Sánchez i Llibre hace gestos negativos). ¡Hombre, no! A ver. Esta manera de torcer en cierto modo la realidad. Por ejemplo, dice el señor Sánchez Llibre -y forma parte del segundo punto de su
moción- que si suben los impuestos, las comunidades autónomas participen en lo que se recaude. O sea, que cuando se incrementan los impuestos, las comunidades autónomas participan. ¿Y cuando se rebajan, se compensa a las comunidades autónomas?
No, no, es que justo plantean esto. O sea, si hay más para repartir, entro en el reparto, pero sí hay menos a mí me lo compensan, o sea que la decisión del Estado a mí no me afecta. Creo que lo que tenemos que hacer -y es lo que venimos diciendo-
es ponernos de acuerdo en la necesidad de hacer un nuevo sistema de financiación autonómica, un sistema que garantice la igualdad y la solidaridad, las dos cosas, pero la igualdad y la solidaridad no para las comunidades autónomas, sino para los
ciudadanos que viven en una parte u otra de España, en todas las comunidades autónomas; un sistema que determine el coste per carpita, como ya hemos planteado, de prestar toda la cesta de servicios comunes en condiciones de igualdad y que, una vez
hecho ese cálculo, eso se aplique en condiciones de igualdad, insisto, para todos los ciudadanos. Dejémonos ya de este chalaneo y de esta forma de hacer la negociación a oscuras y planteando privadamente qué me da usted a mí para que yo haga una
determinada cosa, y si no me da esto yo no lo hago...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene que acabar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Acabo, presidente.
Quienes estamos aquí tenemos que ponernos el traje de lo que somos, porque los que estamos aquí somos representantes de la soberanía nacional, no representamos a ninguna comunidad autónoma, insisto, somos representantes de la soberanía
nacional y tenemos la obligación de hablar en nombre de todos y de resolver los problemas de todos los españoles. Mientras sigamos haciendo las cosas de la manera que las venimos haciendo, será imposible que resolvamos los problemas particulares
porque no será posible resolver los problemas de una parte sin resolver los problemas del conjunto de los ciudadanos, en este caso del conjunto del Estado. Nos encontraremos con que hoy presionan los nacionalistas catalanes y mañana presiona el
señorito o el gobernante de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que parece que fue el que más duro se puso y parece -he oído y he leído- que ya le han dado un AVE para que se ponga un poco más blando. Así no hay manera de resolver los problemas
de España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, presidente.
En nombre del Grupo Socialista quisiera iniciar mi intervención haciendo una afirmación para señalar lo que entendemos que es el origen de todos los males que en estos momentos nos están aquejando. El modelo de salida de la crisis que está
impulsando el Gobierno del Partido Popular y los Gobiernos de las derechas en Europa, en España y también en Cataluña no es precisamente un éxito, sino todo lo contrario, es un enorme fracaso. Por eso les estamos ofreciendo una alternativa, de la
que están hablando mis compañeros. Los datos son demoledores. Seguramente, el más escalofriante es la cifra de desempleados,
más de 6,2 millones, y subiendo. Cae la economía, se incrementa la deuda pública porque se está traspasando a pública la deuda bancaria; los datos para este año no son precisamente esperanzadores. Ante la dramática situación en la que nos
encontramos, el presidente del Gobierno nos pide paciencia. Paciencia, señorías, para todas las personas que están en paro, para todos los que no pueden llegar a final de mes, para la mayoría de las clases medias y trabajadoras a las que se les ha
incrementado los impuestos, a las que se les están recortando derechos, a las que se les están recortando los servicios esenciales que configuran nuestro Estado del bienestar. Paciencia, y veremos lo que ocurre con las pensiones, porque yo les veo
muy felices subiendo a la tribuna como antes hacían con el IVA; veremos si terminamos igual.
Señorías, además de replantearse el modelo de salida, como les he dicho, hay que garantizar la cohesión social, indispensable, si no queremos terminar en situaciones todavía más comprometidas, más delicadas. Cuando hablamos de comunidades
autónomas, precisamente estamos hablando de eso. En un Estado compuesto como el nuestro, las comunidades autónomas son las que tienen el encargo constitucional de prestar esos servicios esenciales: la sanidad, la educación, la atención social, la
dependencia. Eso es el encargo que tiene nuestra Constitución para las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen unos ingresos vinculados al ciclo económico, y por tanto han disminuido; en cambio, tienen unos gastos muy rígidos.
Eso ya debería ser suficiente para tenerlo en cuenta a la hora de asignar el déficit a cada uno de los subsectores de la Administración pública. Por eso, estamos de acuerdo con el planteamiento que se hace en la moción y, además, creemos que la
mitad del margen que nos dé Europa, seguramente hoy mismo, debería ir a las comunidades autónomas. En definitiva, el sumatorio sería ese tercio que se solicita en la moción. Eso no es óbice para que tengamos todos una autoexigencia, en las
comunidades autónomas para apurar al máximo los ingresos propios -no es precisamente lo que se ha hecho por muchas comunidades autónomas-, además, trabajar para fijar objetivos claros y ser eficientes en el gasto público priorizando y no recortando
indiscriminadamente sin hacer ese esfuerzo de racionalización del sector público. Aquí, señorías, también podemos señalar que hay diferencias. La ideología se nota, y se nota muchísimo. Algunas comunidades autónomas, las de la derecha en general,
no han tenido ningún problema en ser alumnos aventajados de los recortes de los servicios esenciales como único objetivo y perjudicarlos seriamente. En cambio, otras comunidades autónomas han trabajado para compaginar lo uno y lo otro, y aquí
-aunque siempre la citan desde la bancada popular en negativo- quisiera poner en valor el esfuerzo que se ha hecho en Andalucía lo mismo que en Asturias. Creemos que la salida a esta delicada situación necesita diálogo, mucho diálogo.
Voy acabando. Espero que el Grupo Popular abandone su tradicional política de hacer oídos sordos a cualquier propuesta que provenga de la oposición, y deje de aplicar sistemáticamente su apisonadora parlamentaria como argumento de peso.
Con esa actitud están desnaturalizando la función parlamentaria. Esta casa debería ser el ágora de debate de las ideas y la han convertido casi en su necrópolis ya que, por mucho que nos esforcemos en aportar razonamientos, sabemos el destino de
nuestra propuesta, que es la derrota. Dejen de debatir solo entre ustedes -se han referido antes-. Ha habido un espectáculo, precisamente, no muy edificante por parte de sus responsables territoriales.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor RANGEL TARRÉS: Termino, presidente.
Señorías del PP ni la sede del Gobierno está en la calle Génova ni el encuentro entre sus barones territoriales puede sustituir al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Más allá del PP hay vida y vida sana, se lo aseguro. (Aplausos).
Den vida a este Parlamento, desciendan del pedestal. La calidad democrática aumentará y la ciudadanía seguro que nos lo va a agradecer.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rangel.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hoy debatimos una moción planteada por el Grupo Parlamentario de CiU, y lo primero que me gustaría dejar claro en este primer punto, en el que plantean un nuevo reparto de los objetivos de déficit entre administraciones públicas
para el año 2013, me gustaría dejar claro -como decía- desde el Grupo Parlamentario Popular, que el Gobierno ha manifestado en muchas ocasiones claramente su
voluntad de impulsar un acuerdo sobre el déficit con todas y cada una de las comunidades autónomas. El Gobierno no va a dejar al margen a ninguna de ellas y, por supuesto, tampoco va a dejar al margen a Cataluña, porque Cataluña es España y
es una parte muy importante de España. Como todos ustedes saben, el Gobierno tomó la decisión de enviar a Bruselas una nueva senda de reducción del déficit público, con un objetivo de déficit para el año 2013 del 6,3 % para el conjunto de las
administraciones públicas. Hoy mismo, la Comisión Europea está valorando ese documento y será finalmente el Ecofin el que tome la decisión en el mes de junio. A partir de ahí, el Gobierno tomará la decisión del reparto vertical entre los distintos
subsectores de las administraciones públicas. Para eso, pedimos voluntad de diálogo, voluntad de acuerdo, voluntad de llegar a un consenso por parte de todas las comunidades autónomas.
Señorías, hay un par de cuestiones que me interesaría resaltar hoy aquí, que ya comentó el ministro Montoro en su interpelación, que se eluden por parte de la oposición en la mayoría de los debates que se producen sobre esta nueva senda de
consolidación.
En primer lugar, ese incremento del déficit nominal para el año 2013 del 4,5 % al 6,3 % no significa flexibilizar el déficit ni relajar el ajuste estructural, porque se mantiene ese esfuerzo de ajuste estructural sobre la base de unas nuevas
previsiones de recesión económica. Como saben, se ha variado sustancialmente las previsiones iniciales del 0,5 % al 1,3 % negativo. En segundo lugar, también quisiera resaltar que las nuevas previsiones de recesión económica suponen un mayor gasto
para la Seguridad Social, un mayor gasto para el Servicio Público de Empleo y para la financiación de las pensiones. A ese subsector de la Seguridad Social es al que el Gobierno ha asignado una mayor parte de ese incremento del déficit nominal
porque se ha propuesto destinar el resto del incremento precisamente a las comunidades autónomas. El Estado central va a tener que hacer frente a un mayor gasto en pensiones y en desempleo, y también va a tener que hacer frente a un mayor gasto en
pensiones y desempleo de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Respecto al segundo punto que plantean en su moción sobre la participación de las comunidades autónomas en los incrementos que se han producido en la recaudación tributaria, les tengo que manifestar que ha sido imprescindible que el Gobierno
haya subido los impuestos para corregir una situación anómala en los ingresos tributarios. En lo que se refiere al IRPF todos ustedes saben que el tipo se ha incrementado en la tarifa correspondiente al Estado, en la tarifa estatal, por tanto, no
le corresponde a las comunidades autónomas la participación del 50 % en esa tarifa estatal; lo que sí pueden hacer las comunidades autónomas es utilizar su capacidad normativa en su tarifa autonómica. En cuanto al IVA y los impuestos especiales
las variaciones de tipo no suponen que deba incrementarse la participación que les corresponde por estos impuestos a las comunidades autónomas. En definitiva, señorías, lo que sí me gustaría dejar claro es que al final las comunidades autónomas se
verán beneficiadas por la recaudación adicional derivada de los incrementos de tipos impositivos. ¿Por qué? Porque será necesario hacer un nuevo cálculo del Fondo de suficiencia global, del Fondo de garantía y de los fondos de convergencia
autonómica y, por tanto, se va a traducir en una mayor financiación para las comunidades autónomas. También se beneficiarán las comunidades autónomas de la decisión adoptada de mantener el impuesto sobre el patrimonio y de la regularización fiscal
extraordinaria.
Señorías, el lunes pasado se reunieron los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y renovaron su compromiso con el objetivo de déficit que debe ser común y compartido por todos porque es bueno para todos,
es bueno para las comunidades autónomas y es bueno para España. Asimismo acordaron que la definición de los objetivos de déficit se lleve a cabo una vez fijados a nivel europeo, de acuerdo con criterios objetivos y a través del diálogo con todas
las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La participación actual de las comunidades autónomas en el proceso de fijación de objetivos individuales no es una obligación legal del Gobierno, es la voluntad del
Gobierno de intentar llegar al máximo consenso con todas las comunidades autónomas al fijar sus objetivos. En ese consenso el Gobierno no va a dejar al margen, como decía antes, a ninguna comunidad autónoma porque el objetivo de reducción del
déficit público es común, es compartido y es bueno para todos, para las comunidades autónomas y es bueno para España. Señorías, el principal problema de España ahora mismo y el principal problema de Cataluña son el paro y la crisis económica. Para
volver al crecimiento y a la creación de empleo debemos actuar todos juntos, todos mirando en la misma dirección de reducción del déficit público porque nadie se va a salvar solo de esta situación y todos vamos juntos en el mismo barco. Señorías,
Cataluña irá bien si España va bien, y España irá bien si Cataluña que forma una parte muy importante de España va bien. Por todo ello, vamos a votar en contra de esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
Señor Sánchez i Llibre, a efectos de saber qué va a hacer con las enmiendas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, no las vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: No las van a aceptar, muy bien.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO Y, EN CONCRETO, LA QUE SE DERIVA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2013-2016 Y EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS REMITIDOS A LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente 173/000087).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista, sobre la política económica del Gobierno y, en concreto, de la que se deriva de la actualización del programa de estabilidad 2013-2016 y el programa nacional de reformas remitidos a la Unión
Europea. Para la defensa de la moción tiene la palabra, el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
¿Cuál es el objetivo de la moción que presenta el Grupo Socialista? Reorientar la política económica del Gobierno; ese es el gran objetivo de esta moción. ¿Por qué entendemos que hay que reorientar la política del Gobierno? Porque
fundamentalmente los grandes objetivos del Gobierno en materia económica no se están cumpliendo y los grandes desequilibrios de la economía española no se están estabilizando, más bien van a peor. Si hablamos del paro, hoy hemos conocido cómo la
OCDE nos dice que el año que viene vamos a tener una tasa de paro del 28 %, pero si hablamos del déficit público ayer la IGAE nos dio el dato del déficit público hasta abril y es el peor dato desde el año 2002. Por otra parte, si hablamos de la
deuda pública los datos también son muy preocupantes: no se estabiliza la deuda pública. El último dato que conocemos es que tenemos una deuda pública del 87 % con relación al PIB; 18 puntos más en un año. No se están estabilizando los objetivos
del Gobierno ni los desequilibrios de la economía española. Si hablamos de la balanza corriente, hemos tenido que tener una recesión de caballo para que este año como mucho equilibremos la balanza por cuenta corriente, luego tampoco se ha resuelto
el problema de nuestras exportaciones y de la competitividad de la economía española.
¿En qué dirección creemos que se tiene que plantear esa reorientación de la política económica? Cuatro grandes pilares se establecen o se ponen negro sobre blanco en nuestra moción. En primer lugar, reorientar, cambiar la política
económica de la Unión Europea. ¿En qué dirección? La política monetaria debería ser efectiva desde el punto de vista de la cantidad y desde el punto de vista del precio de la financiación de nuestra economía, de igual forma que la unión bancaria
debería ser un hecho cuanto antes para separar claramente la deuda privada de la deuda pública. Podríamos seguir hablando de ese cambio de la política europea en la dirección de que haya una senda mucho más suave de consolidación fiscal. Por
tanto, esa es la primera, cambiar la política económica europea. En segundo lugar, frenar la destrucción del paro en nuestro país y reactivar a muy corto plazo con estímulos de corto plazo específicos la actividad económica; ese sería el segundo
gran pilar de la alternativa que planteamos. La tercera pata de nuestra moción pasa por la competitividad, por incrementar la apertura exterior de la economía española, por que las exportaciones tengan un peso mayor en el PIB, pero el Partido
Popular plantea esa mejora de la competitividad por la vía de una devaluación competitiva. Hay que moderar beneficios y salarios pero de manera pactada, a través de un pacto de rentas, por tanto, es necesario mejorar la competitividad, pero la vía
más correcta no es la de deprimir el consumo o la inversión porque al final se reducen las importaciones, resolvemos el problema de la balanza comercial pero a costa de deprimir el consumo y la inversión. Se trata de mejorar la competitividad
reformando de verdad los mercados de bienes y servicios, no diciendo que vamos a reformar el mercado de bienes y servicios manteniendo privilegios en esos mercados y no haciéndolo. En todos los planes de reformas del Gobierno esas reformas aparecen
de manera reiterada y no se acometen. Por tanto, la tercera pata es mejorar la apertura exterior de la economía española.
El cuarto pilar tiene que ver con la reforma fiscal. También aquí hay dos maneras de ver las cosas. El Partido Popular ha subido los impuestos. Dijeron que no iban a subir los impuestos pero lo han hecho y de qué manera -la mayor subida
de impuestos de la democracia- a las rentas medias y bajas. ¿Qué sucede? Como esas rentas tienen una alta propensión a consumir ha caído la recaudación. No se ha estabilizado, más bien ha ido a peor. Con los datos de la recaudación de la Agencia
Tributaria de ayer se
ve que lo que sucede es que, de acuerdo con los objetivos de recaudación del año 2013, hay un desajuste o desfase de 12.000 millones de euros. Por tanto, una reforma fiscal que plantee algo tan sencillo como que paguen los que no pagan, es
la idea de la reforma fiscal que planteamos y que queremos consensuar con todas las fuerzas políticas; que pague quien no paga, bajar los impuestos a las rentas medias y a las pymes pero que paguen los que no pagan. Esa es una idea muy sencilla.
Se habla de que el fraude fiscal de nuestro país está entre 70.000 y 72.000 millones de euros, esa es la cantidad. Pongan que vamos a recaudar la mitad, lo que haríamos es tener una aportación extra de 3,5 puntos del PIB. No tendríamos problemas
de déficit público con esos 3,5 puntos del PIB. Esas son las cuatro ideas que hemos puesto encima de la mesa: un cambio en la política económica de la Unión Europea; un estímulo a corto plazo; por supuesto una apuesta por la competitividad pero
basada en un pacto de rentas; y una reforma fiscal. Lo queremos hacer y creemos que el país necesita un acuerdo para esa reorientación de la política económica; un acuerdo de los agentes económicos y sociales y un acuerdo de todas las fuerzas
políticas. Por eso esta es una moción abierta a todas las fuerzas políticas para acordar esa reorientación de la política económica, porque no se están consiguiendo los objetivos de la política económica del Gobierno, los grandes desequilibrios de
la economía española no se están estabilizando sino todo lo contrario en déficit, en deuda, en paro, en balanza comercial. El desequilibrio de la balanza comercial no se está corrigiendo por la vía de incrementar suficientemente y de manera
consistente las exportaciones, sino por la vía de la depresión de las importaciones. Por eso hemos planteado esta moción que tiene como objetivo reorientar la política económica del Gobierno.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.
Se han presentado enmiendas y para defender la suya por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Esta moción del Grupo Socialista tiene su origen en una interpelación que se ocupaba de la reciente actualización de los programas de estabilidad y del programa nacional de reformas de nuestro país. Como señalaba antes la portavoz de mi
grupo, la señora Díez, a menudo hay asuntos de importancia que se sustancian en los periódicos, en el debate social, que tardan en llegar a la Cámara, y cuando llegan están ya un tanto devaluados y este es uno de esos temas. No hemos tenido muchas
ocasiones de hablar en la Cámara de esa actualización de los programas de estabilidad y del programa nacional de reformas. Por eso antes de hablar de la moción me voy a referir brevemente a esa actualización, porque es una actualización que ha
creado un gran debate en la sociedad española y con razón. Supone básicamente poner negro sobre blanco que el Gobierno antes de la mitad de la legislatura se da por vencido en la lucha contra la crisis, y prevé que cuando acabe su mandato se habrán
perdido más de un millón de empleos, habrá aumentado la deuda pública en 30 puntos y estará en el cien por cien del PIB en el año 2016, y que no habrá un crecimiento superior al 1 %, no habrá un crecimiento significativo, antes del año 2016. Unos
resultados, por cierto, que no son ajenos a las políticas aplicadas, no son fruto de la mala suerte, de una maldición, tienen mucho que ver con las políticas que se han aplicado frente a la crisis. En estos programas de estabilidad y en el nacional
de reformas se incluyen algunos aspectos llamativos que no querría dejar de resaltar, por ejemplo, que en 2015, pase lo que pase, se va a reducir el IRPF, se va a anular el recargo actual. El presidente del Gobierno suele decir que no puede por las
circunstancias, sin embargo, en 2015, sean cuales sean las circunstancias se va a rebajar el IRPF -no queremos pensar que se deba a que ese es un año electoral, seguro que no tiene nada que ver-. También nos enteramos de que esa actualización del
impuesto a los depósitos a la banca que va a aplicar el Gobierno tiene como único objetivo recaudar suficiente dinero para compensar a las comunidades que previamente hayan puesto ese impuesto, con lo que, si me permiten el coloquialismo, en la
financiación autonómica una vez más vuelve a funcionar el lema de tonto el último: yo lo pongo rápido por si me compensa, y el que no lo puso a tiempo, que se hubiera dado prisa.
Junto a estas cosas que se incluyen, lo que se va a hacer en el año preelectoral, como ese impuesto de los depósitos a la banca, no se incluyen, sin embargo, otras cosas importantes que también estamos esperando que lleguen a la Cámara para
enterarnos de ellas, y es cómo esta revisión de las previsiones afecta a los presupuestos del año en curso. Como saben todos ustedes, el resto de grupos dijimos al partido mayoritario que cabía esperar una recesión del menos 1,5, ahora es el menos
1,3 lo que han aceptado, pero ese cambio de previsiones afectará a las cuentas: más gasto por desempleo, menos
recaudación. ¿Cómo, cuánto? ¿Cuáles son las consecuencias para los presupuestos del año en curso de que se hayan elaborado sobre unas previsiones equivocadas? A día de hoy no tenemos respuesta.
Sobre esa interpelación se construye la moción del PSOE. Buena parte de las propuestas concretas tienen que ver con el ámbito de la Unión Europea más que ser propuestas nacionales y nosotros en general las compartimos. Hemos querido hacer
una enmienda porque creíamos que en el ámbito de la unión bancaria se olvidaba una cuestión muy importante, que es el Fondo de garantía común de depósitos, algo que desde la crisis de Chipre está en el centro de la actualidad y preocupa a la
sociedad; es uno de los componentes importantes de cualquier unión bancaria y creíamos que no debía olvidarse por eso en la propuesta, y de ahí nuestra enmienda. Gran parte de las propuestas se refieren al ámbito de la Unión Europea y son
cuestiones que hemos debatido en el pasado y que esencialmente compartimos. La parte que tiene que ver con propuestas domésticas en general en nuestra opinión es un tanto genérica, también son aceptables y tiene gran protagonismo la propuesta de un
pacto de Estado. A nuestro grupo y a los ciudadanos españoles les sorprende la incapacidad para llegar a acuerdos en una situación tan dramática como la que vivimos; si esta no es una situación de emergencia, no sabemos cuándo lo va a ser, y si no
somos capaces de llegar a acuerdos ahora, tampoco sabemos cuándo va a ser posible. Tenemos serias dudas de que esos acuerdos sean posibles, porque el grupo mayoritario suele confundir la adhesión con el pacto, suele pensar que pactar es firmar lo
que ellos unilateralmente deciden en vez de llegar a medidas compartidas, pero en cualquier caso nosotros compartimos su enfoque.
Nuestro voto, por tanto, como se deduce de mis comentarios iba a ser sí, sin embargo tengo entendido -lo aclarará el portavoz socialista- que hay una enmienda transaccional acordada con Izquierda Plural donde se plantean algunas medidas de
subidas salariales que, como expliqué ayer, no compartimos y menos en el contexto actual. En caso de que la versión final fuera esa enmienda transaccional, nuestro grupo se abstendría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Para presentar su enmienda, por el Grupo de IU-CV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Con brevedad y sin esperar ocupar todo el tiempo, en primer lugar quiero anunciar que nuestro grupo va a votar favorablemente la transaccional que se ha presentado por parte del Grupo Socialista, que compartimos su filosofía, que entendemos
que acepta gran parte de las enmiendas que presenta nuestro Grupo Izquierda Plural, porque entendemos que la situación requiere un cambio radical en la política económica del Gobierno. Es cierto que nos preocupa sobremanera que sea el enésimo
debate de estas características aquí en el Pleno, pero también en la Comisión y en general en el conjunto de la sociedad, porque lo que está reflejando es que el Partido Popular no escucha en absoluto; no escucha en absoluto ni a la calle ni a los
demás grupos parlamentarios ni al cada vez más nutrido grupo de economistas que viene reclamando un giro radical en la política económica del Gobierno. Sabemos cuál es la estrategia del Partido Popular y de lo que hemos llamado la troika, y sabemos
que hay un cambio en el modelo de crecimiento para convertir a España en un país fundamentalmente dirigido por exportaciones, por la vía, como ha apuntado el portavoz socialista, de unos salarios suficientemente bajos para hacer competitiva la
economía española. Creemos que esa es una vía muerta que no va a funcionar y entendemos que realmente se está condenando de esa forma a generaciones y al conjunto de nuestra economía en el tiempo venidero. Por eso muchos de los puntos tienen que
ver con la Unión Europea, pero otros tienen que ver también con la política que se puede llevar a cabo en el marco del Estado nacional y en el marco de la economía española.
Simplemente quiero hacer una puntualización, porque creemos que es importante, en referencia al portavoz de UPyD que lo ha señalado, para destacar que nosotros creemos que hay que hacer políticas de demanda cuya reformulación en sus
objetivos, principios e instrumentos para servir al crecimiento económico y a la creación de empleo no solo tienen que venir, que también, por el lado del Banco Central Europeo, sino también por el lado de un enriquecimiento, de una redistribución
de renta desde el capital hacia el trabajo, desde las rentas más altas hacia las rentas más bajas. Una de las fórmulas que incluso recomienda la Organización Internacional del Trabajo es la mejora salarial de las capas más populares, lo cual se
puede hacer y se puede diseñar de muy diferentes fórmulas, pero en esencia significa que la salida está en una política por la vía de la demanda y no en una política por la vía de la oferta, que tiene condenada su existencia en la medida en que el
mercado está absolutamente deprimido y ningún
empresario quiere invertir si sabe que no hay capacidad de consumo. Por eso esa orientación, porque entendemos que tiene que ser un cambio radical porque hace falta una política de demanda impulsada y combatiendo el fraude fiscal,
combatiendo los paraísos fiscales a través de mecanismos absolutamente distintos que implican redistribución de la riqueza y también del poder. Lo que se está haciendo, desgraciadamente, es caminar por el camino contrario. Como sabemos, la
economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y si confiamos nuestras expectativas y esperanzas a economistas ortodoxos que vienen a decirnos que todavía tenemos que seguir esperando a pesar de que llevamos ya seis años de crisis en el
conjunto de la Unión Europea, como sigamos esperando no va a quedar casi nadie con trabajo. Esto nos preocupa sobremanera de nuevo cuando hoy nos despertamos con la noticia de que en la Comunidad de Madrid se van a instaurar una especie de trabajos
forzados a aquellos desempleados que reciben una prestación y a los cuales se les va a incluir en un régimen de semiesclavitud que transforma un derecho conquistado por las luchas sociales en un estado de servidumbre absoluta. Creemos que esa
filosofía es contraria a cualquier atisbo de humanidad y por eso vamos a seguir luchando contra esta política económica del Partido Popular, sea en las comunidades autónomas o en el conjunto del Estado, y vamos a apoyar mociones como esta que van en
la línea absolutamente contraria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Para fijar posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, todos somos conscientes -y cuando digo todos me permito incluir al Grupo Popular- de que para salir de la crisis, para salir de la situación en que nos encontramos,
necesitamos urgentemente un apoyo y un impulso decidido de la Unión Europea. Así, debate tras debate, cada uno a su manera y con su estilo, reclamamos al Gobierno del señor Rajoy que exija en Europa las medidas que consideramos necesarias e incluso
imprescindibles. Muchas de ellas se recogen en la moción que debatimos hoy, una política del Banco Central Europeo no solo orientada a la estabilidad de precios, sino comprometida con el crecimiento y el empleo que facilite la liquidez a los bancos
para que llegue el dinero a las empresas y a las familias que tanto lo necesitan. Por tanto, exigir a la Unión Europea una flexibilización de los objetivos en materia de déficit y endeudamiento, que lo hagan por convencimiento y no por hechos
consumados como está pasando actualmente.
Ante la imposibilidad de cumplir con el objetivo de déficit, al final la Unión Europea reconoce la situación y da un margen que tenía que haber dado con anterioridad para que los Gobiernos tuvieran margen de maniobra suficiente para
implementar aquellas políticas necesarias para el crecimiento económico. La política del Gobierno de palo y tentetieso lleva a mayor desempleo y a mayor sufrimiento. Como decía, es preciso relajar sensiblemente los objetivos del déficit. Nuestro
grupo ha planteado en más de una ocasión la posibilidad de llevar el famoso 3 % hacia el año 2020. De esta manera, podríamos generar un margen de maniobra para implementar las políticas de impulso al crecimiento sin recortar drásticamente derechos
sociales, como ocurre en la actualidad. También hemos defendido en más de una ocasión la necesidad de avanzar hacia una unión bancaria lo antes posible y creemos que los eurobonos hubieran sido y serían todavía un instrumento muy positivo desde el
punto de vista económico e incluso político, porque lanzarían una señal de consistencia de la Unión también como unión política. ¿Y qué decir de la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, del impuesto sobre transacciones financieras,
de la amnistía fiscal, etcétera? Después de tanto tiempo parece que algún paso se está dando tímidamente en el seno de la Unión, en ese paquidermo que nos desespera por su lentitud cuando la realidad de la crisis avanza a ritmos vertiginosos.
Hemos considerado igualmente que era y es necesaria una respuesta lo más amplia posible a la crisis con el mayor consenso posible. Creemos que el consenso es necesario. Este ofrecimiento realizado por varios grupos parlamentarios nunca ha
tenido la acogida suficiente por parte del Grupo Parlamentario Popular, que considera que es más fácil gestionar la crisis con mayoría absoluta porque así necesita menos cocina y menos acuerdos. Si me permiten, humildemente desde un grupo reducido,
desde el Grupo Parlamentario Vasco, diré que creo que el Gobierno se equivoca y mejor haría en buscar apoyos y consensos para hacer frente a la crisis y para decirle a Europa también que cambie su política económica. Los ciudadanos nos lo
agradecerían porque verían que somos capaces de acordar para resolver el problema de la crisis que a todos nos preocupa. Hay tiempo, porque en mi opinión y desgraciadamente la crisis va para largo, aunque no creo que el PP esté por la labor. Hoy
me ha dado la sensación por algunas
de las respuestas del Gobierno en la sesión de control de que no estaba tan en contra de llegar a algunos acuerdos y consensos. Esperemos que ese camino -que igual es mi imaginario- se convierta en realidad y podamos proponer conjuntamente
medidas que sirvan para superar esta situación. Mientras reclamamos a la Unión Europea estas cuestiones, desde Europa -léase Merkel, la Comisión Europea y el Banco Central- se reclaman reformas y ajustes, recortes salariales, recortes de pensiones,
recortes de políticas sociales; en definitiva, medidas que van en un sentido justamente contrario al que requiere la situación. Tan solo se ha aprobado una tímida flexibilización del objetivo de déficit -como decía, a hechos consumados-, unas
insuficientes medidas de apoyo al empleo de los jóvenes -que veremos si se concretan, en qué medida y cuándo- y poco más; solo esas medidas apuntan en la buena dirección. Parece sinceramente un diálogo de besugos, como si se estuvieran intentando
arreglar dos realidades completamente diferentes. Es preciso acordar en el seno de la Unión las políticas económicas que se precisa para salir del atolladero. Y no solo tiene que salir la economía española, sino que la salida de la crisis del
conjunto de Europa depende de ese cambio. La solución es global y las medidas han de ser específicas para cada Estado en función de sus problemas y necesidades. La moción apunta, en nuestra opinión, hacia el camino adecuado. Expliquémoslo a
Europa y eso es lo que le pedimos al señor Rajoy. Errar en la terapia, como está ocurriendo en mi opinión hasta ahora, nos puede conducir a una larga y sufrida crisis.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, la propuesta que ha materializado y ha defendido brillantemente -todo hay que decirlo- el señor Saura en el hemiciclo, esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista es a nuestro entender
realista, objetiva, razonable y coherente. Creo sinceramente que todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara teníamos una gran oportunidad para demostrar ante la Unión Europea, ante el Eurogrupo, ante la Comisión Europea que en España
existe un sentimiento, un planteamiento de pacto de Estado de todas las formaciones políticas para modificar y pedir la colaboración para elaborar un nuevo programa de estabilidad 2013-2016, en función de la extremada y delicada situación de la
economía española: Pero al mismo tiempo, basándonos en que estamos pasando por unos momentos realmente difíciles, quizás si pudiéramos conseguir la unanimidad de todas las formaciones políticas podríamos vislumbrar en el corto o medio plazo que hay
posibilidades reales de salir de esta situación. Porque no es menos cierto que hoy desde la perspectiva internacional la economía española se ve muchísimo mejor y nos podemos financiar muchísimo mejor de lo que se está viendo y padeciendo, sin
olvidar que hay muchísimas familias españolas que están padeciendo la crisis económica con una crudeza y con un realismo al que no tendríamos que ser insensibles las diferentes formaciones políticas.
Entendemos que esta es una buena moción, es un buen mecanismo para plantear un frente común para buscar la colaboración de la Comisión Europea, del Eurogrupo, del Ecofin para conseguir los objetivos que se plantean en esta moción y que a
nosotros nos parecen realistas, objetivos, razonables y coherentes; hay algunas cuestiones con las que coincide nuestro grupo parlamentario y por eso la vamos a votar favorablemente. En el primer punto buscan una serie de estímulos y el consenso
de todas las formaciones políticas para promover alternativas de crecimiento económico para luchar contra el desempleo. ¿Qué fuerza política no va a estar de acuerdo con estos planteamientos? En el último debate nuestro portavoz, el señor Duran i
Lleida, planteó un pacto de Estado de todas las formaciones políticas para poder salir de esta delicada situación. Nosotros partimos de la base de que es posible salir con grandes oportunidades de éxito si todos vamos en la misma dirección. Por
este motivo, el primer planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista nos parece aceptable y asumible, y valdría la pena que el Partido Popular tuviera la sensibilidad en este caso -no pasa absolutamente nada- de buscar un consenso para ir en esta
dirección. Esto es objetivo, no es novedoso porque lo piden todas las formaciones políticas y seguramente podríamos conseguir resultados importantes.
Desde otra perspectiva, ustedes dicen que el Banco Central Europeo tendría que tener un papel más activo en la financiación de las pequeñas y medianas empresas para que realmente la financiación, la liquidez y el crédito no solamente fluyera
a los bancos que se han nacionalizado, aunque probablemente a través de esta nacionalización hemos evitado una quiebra del sistema financiero español en su globalidad. Porque es cierto, señor Saura -y usted está de acuerdo-, que el crédito no llega
a las familias,
ni a los autónomos, ni a las microempresas y, por lo tanto, también estamos de acuerdo con el planteamiento de que el Banco Central Europeo tendría que tener un papel más activo. También estamos totalmente de acuerdo en que exista una
flexibilización en el Plan de consolidación fiscal y que España pueda conseguir unos límites de déficit público de todas las administraciones como usted plantea, con el beneplácito de Europa. Parece ser que hoy vamos a tener una buena noticia en
este sentido. Al mismo tiempo -al hilo de su intervención-, también estamos de acuerdo -lo ha dicho el señor Rangel en su intervención-, al igual que ustedes, con que esta mayor flexibilización y mayor déficit de las diferentes administraciones
públicas sea extensivo a las comunidades autónomas; que, como mínimo, podamos conseguir un tercio de déficit público para las comunidades autónomas y que los dos tercios restantes sean para la Administración central; para que también ellas puedan
jugar este papel efectivo, importante y relevante de cohesión social a través del gasto público que llevan a cabo, como son los gastos de enseñanza, sanidad y bienestar social. Por ello, sinceramente estamos de acuerdo con este planteamiento y lo
vamos a votar favorablemente.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, quiero dar las gracias por poder debatir hoy esta moción. Después de muchos debates en esta Cámara, de haber oído a un insigne diputado socialista mucho tiempo y buen amigo mío,
por el que tengo un gran respeto profesional, el señor Fernández Marugán, y de haber debatido mucho con él, siempre me ha quedado una idea en la cabeza, y es que hay una manera de entender la política económica desde un punto de vista académico, más
allá de que salga aquí el señor Saura y diga: Todo lo hacen ustedes mal. Más allá de eso, hay un debate que puede ser más académico, y es sobre qué política económica se necesita en este país. He oído mucho al señor Fernández Marugán, he
discutido mucho con él y, ya digo, le tengo mucho aprecio personal, pero difiero muchísimo en su concepción de la política económica. Él mantiene las viejas ideas keynesianas, hoy un poco actualizadas con Krugman o con Stiglitz, y habla de salir de
la crisis a través de una política más dinámica de la demanda, con más gasto público, con más intervención del sector público, y yo creo que esas recetas nunca han dado resultado. Nosotros creemos que la manera de salir de la crisis es a través de
una política de oferta, de más competitividad, de más rigor en las cuentas públicas, de tener un tejido productivo mucho más dinámico. Creo que esa es la solución, y en eso estamos trabajando.
También es verdad -y permítame que lo diga, señor presidente- que a veces en la Cámara no se entienden muy bien los debates, porque sale el señor Saura y dice: Lo que quiero plantear es una reorientación total de la política económica
porque el Gobierno lo hace muy mal -se entiende que el anterior lo hacía muy bien- y esa reorientación tiene que ser a través de un gran consenso. Muy bien, pero, señor Saura, ¿vamos a votar esa reorientación o lo que ustedes ponen en un papel, que
son lugares comunes? Porque en la moción lo que hay son lugares comunes. A lo mejor sus señorías no lo saben, pero pone: Buscar con voluntad y generosidad colectiva un acuerdo, mejorar la financiación de la economía, promover el establecimiento
de una verdadera unión bancaria en la zona euro, defender ante la Comisión Europea una política distinta de consolidación fiscal, promover reformas en el entorno, luchar decididamente. Lugares comunes. ¿Qué vamos a votar? ¿Los lugares comunes que
ustedes proponen o lo que dicen en tribuna? Y como me da la impresión de que a veces los medios de comunicación lo que recogen no es lo que realmente se está votando sino la apariencia que se da después de los debates, le tengo que decir, señor
Saura, que vamos a votar que no. Pero no por lo que pone, sino por lo que ustedes dicen que no se corresponde con lo que pone, pero lo que dicen es lo contrario de lo que se debe hacer en este país. ¿Le van a apoyar algunos grupos? Sí. Y usted
me dice: No oyen a los ciudadanos. Señor Saura, ¿a qué ciudadanos no oímos? Llegó un día que hablaron las urnas y en Murcia, por donde usted y yo somos diputados, usted obtuvo dos diputados y nosotros ocho. No quiere decir nada, ni los ocho
somos mejores ni los dos son peores. Lo único que quiere decir es que más del 400 % estaba de acuerdo con nuestras tesis y no con las suyas. Eso es oír a los ciudadanos, oír a las minorías.
Queremos llegar a acuerdos sobre las preferentes, sobre los desahucios, sobre los problemas que afectan a los ciudadanos, por supuesto, y queremos llegar a acuerdos sobre todo -apréndaselo- mirando a los ciudadanos a la cara y para arreglar
problemas a los ciudadanos. ¿Sabe lo que le pasa al PSOE? Negaré que lo he dicho, pero lo que le pasa al PSOE es que ahora han llegado a los acuerdos porque se han dado cuenta -voy a ser muy drástico en lo que digo- de que lo que creían que iba a
pasar, que era que España necesitaba rescate porque, como ustedes saben, la dejaron arruinada, no ha sucedido y sin embargo están teniendo un deterioro electoral enorme. Ustedes quieren un acuerdo mirando al CIS y nosotros queremos un
acuerdo mirando a los parados, a los que tienen problemas y a los ciudadanos. Esa es la verdad. (Aplausos). Yo les digo: bienvenidos sean los acuerdos, pero mirando a los ciudadanos e intentando arreglarles los problemas y no presentando papeles
que son lugares comunes para quedar bien.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Dejo la tribuna. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Aunque ya se ha avanzado algo, le pregunto al señor Saura respecto a las enmiendas.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Vamos a hacer llegar a la Mesa y a todos los grupos el planteamiento del Grupo Socialista, es decir, la moción con las enmiendas que queremos aceptar, todas en su integridad.
El señor PRESIDENTE: Hagan llegar la transaccional. Muchas gracias, señor Saura.
Se suspende la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.