Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 115, de 28/05/2013
cve: DSCD-10-PL-115
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 115
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 109
celebrada el martes,
28 de mayo de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas y órganos constitucionales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 109-1, de 22 de febrero de 2013. (Número de expediente 122/000093) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros
instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 116-1, de 19 de abril de 2013. (Número de expediente 122/000098) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la
eficiencia de las prestaciones asistenciales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 84, de 27 de abril de 2012. (Número de expediente 162/000286) ... (Página30)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas a los medios de comunicación impresos y articulación de medidas ante la grave situación laboral de los profesionales del periodismo, posibilitando una formación continuada y estudios
reglados que habiliten para ejercer otras profesiones afines. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 199, de 21 de diciembre de 2012. (Número de expediente 162/000499) ... (Página38)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la recuperación de la memoria histórica y democrática. (Número de expediente 173/000085) ... (Página47)
Modificación del orden del día ... (Página47)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas y órganos constitucionales ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Muñoz González, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la
señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martín-Toledano Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Replican los señores Muñoz González, Martín-Toledano Suárez, Olabarría Muñoz y Campuzano i Canadés. Duplica el señor Martín-Toledano Suárez.
Del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros
instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Coscubiela Conesa, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Hurtado
Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican las señoras Fernández Davila, Lozano Domingo y Asian González y el señor Hurtado Zurera.
Duplica la señora Asian González.
Proposiciones no de ley ... (Página30)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la
eficiencia de las prestaciones asistenciales ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Cervera Taulet, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las
señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Martín González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; y la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Cervera Taulet.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas a los medios de comunicación impresos y articulación de medidas ante la grave situación laboral de los profesionales del periodismo, posibilitando una formación continuada y estudios reglados
que habiliten para ejercer otras profesiones afines... (Página38)
Defiende la proposición no de ley el señor Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Sixto Iglesias, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Gordo Pérez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la recuperación de la memoria histórica y democrática ... (Página47)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, Baldoví Roda e Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la señora
Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Nuet Pujals.
Modificación del orden del día ... (Página47)
La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en el sentido de debatir en la sesión de mañana los puntos 6 y 7, relativos a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes sobre la distribución entre
administraciones de los objetivos de déficit para 2013 y la efectiva participación de las comunidades autónomas en el aumento neto de ingresos derivada del alza de impuestos, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), así como sobre la
política económica del Gobierno, y en concreto la que se deriva de la actualización del programa de estabilidad 2013-2016 y el programa nacional de reformas remitidos a la Unión Europea, del Grupo Parlamentario Socialista.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas y
órganos constitucionales, se rechaza por 143 votos a favor; 174 en contra más 1 voto telemático, 175 y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para garantizar la devolución
íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera, se rechaza por 147 votos a favor y 171 en contra más 1 voto
telemático, 172.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el Sistema Nacional de Salud
con el fin de mejorar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la eficiencia de las prestaciones asistenciales, se aprueba por 188 votos a favor, 13 en contra y 115 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas a los medios de comunicación impresos y articulación de medidas ante la grave situación laboral de los profesionales
del periodismo, posibilitando una formación continuada y estudios reglados que habiliten para ejercer otras profesiones afines, se rechaza por 140 votos a favor, 173 en contra y 5 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la recuperación de la memoria histórica y democrática, con la enmienda de adición del señor Tardà i Coma, se rechaza por 39
votos a favor, 172 en contra y 106 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. (Número de expediente 122/000093).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Comenzamos con la proposición de ley del Grupo Socialista sobre las prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas y órganos constitucionales.
Tiene la palabra el señor Muñoz González.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, subo a esta tribuna en representación del Grupo Parlamentario Socialista para defender la toma en consideración de una proposición de ley sobre prestaciones económicas en la situación de
incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas y los órganos constitucionales. Nuestro grupo va a solicitar el voto favorable a la toma en consideración de la misma para que de esta forma se pueda hacer aquello que
se pretende en la iniciativa parlamentaria. Pretendemos simplemente que se recuperen las condiciones que tenía la prestación de la incapacidad temporal hasta la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, eufemísticamente denominado de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que fue ratificado en esta Cámara. Cuando se produjo el trámite de la convalidación en esta Cámara, el presidente de nuestro grupo, nuestro secretario general,
advertía de la perversidad de esta medida junto con el resto de las medidas que se contemplaban en él; un decreto-ley que contenía una política seria de recortes y de amenaza de las relaciones laborales entendidas en la forma en que han sido
entendidas a lo largo de todo este sistema democrático del que nos hemos dotado los españoles.
Asimismo, el Real Decreto-ley 20/2012 fue luego complementado en dos ocasiones más, la primera de ellas con motivo de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, a través de la inclusión de la disposición
adicional trigésima octava, y la segunda, para el marco del personal al servicio de la Administración de Justicia, con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, mediante la cual se modificada la Ley Orgánica del Poder Judicial,
para extender el régimen ya establecido para los trabajadores por la vía del decreto-ley, puesto que había que hacerlo a través de una ley orgánica por la reserva que para esa materia existe en relación con el Poder Judicial. Por tanto, referido a
esas tres iniciativas es por lo que el Grupo Socialista propone que se apoye esta proposición de ley, porque es un acto de justicia, porque pretende que se recuperen las condiciones en las que se venía desenvolviendo la prestación de la baja por la
incapacidad temporal que tenían el conjunto de los funcionarios de las administraciones públicas antes de que se produjesen esas modificaciones en los meses de julio y diciembre del año pasado.
Como decimos, el Real Decreto-ley de 20/2012 establecía unos límites en la prestación económica de los empleados públicos en caso de incapacidad temporal. Así, mientras hasta entonces los empleados públicos en su conjunto venían a percibir
el cien por cien de su retribución, a partir de su promulgación se fijó que ese complemento retributivo de mejora voluntaria durante los tres primeros días de la incapacidad temporal derivada de enfermedad común no pudiese superar el 50 % de las
retribuciones; desde el día cuatro hasta el vigésimo día, no pudiese sobrepasar el 75 %, y solo a partir del vigésimo día, pudiese
reconocerse en su totalidad la prestación en relación con la retribución de los funcionarios y los empleados públicos. Como además esta legislación tiene un carácter básico, se extendía al conjunto de los trabajadores de las
administraciones públicas, pero no solo eso, sino que además ejercía como un límite máximo, de tal forma que se impedía que fuese complementado en un porcentaje superior por ninguna administración.
Además, este decreto-ley procedió a derogar la capacidad de suspensión de cualquier pacto, acuerdo o convenio que pudiera ser suscrito entre las administraciones públicas y los representantes de los trabajadores para que pudiese buscarse por
esa vía las prestaciones o complementos superiores. A esto hay que añadir esa disposición adicional de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la numero trigésima octava, que estableció descuentos en la nómina de todos los
empleados públicos por causa de enfermedad o accidente que no diera lugar a una situación de incapacidad; ese descuento equivalía precisamente a aquello que se viene relacionando y a lo que antes me he referido.
Nosotros pretendemos que la Cámara vote favorablemente esta iniciativa para que se restituya la situación anterior, puesto que creemos que es la correcta, creemos que tiene que ver no solo con la recuperación de los porcentajes, sino también
con la capacidad de la recuperación de la fijación de esas condiciones a través de los pactos y acuerdos que puedan firmar los representantes de los empleados públicos con los titulares de las administraciones públicas.
Esta proposición plantea también modificar la normativa de la Seguridad Social de los funcionarios en este punto para reconocer ese derecho a percibir las retribuciones básicas y las complementarias en los tres primeros meses de incapacidad
temporal, en la misma cuantía a aquellas que corresponderían si no estuviesen en esa situación de baja. También sugiere extender esa previsión a todos los funcionarios integrados en el régimen general de la Seguridad Social, independientemente de
cuál sea la administración para la que trabajen, y también extenderla al conjunto de los trabajadores que prestan sus servicios en el ámbito subjetivo de la ley de Seguridad Social en las Fuerzas Armadas.
Con respecto al régimen de la Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia, se pretende que se vuelva atrás en la situación que deviene de la aprobación de la Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, que era, ni
más ni menos, a la que antes me he referido, pues por razón del rango se produjo esa extensión en relación con el decreto-ley para que los funcionarios de la Administración de Justicia, los mutualistas de la Administración de Justicia, no vean
afectado ese régimen retributivo por enfermedad como hasta ahora viene haciéndose a raíz de la aprobación de esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Señorías, el tema es importante, pero quisiera fijar unas conclusiones claras, porque la iniciativa es breve pero clara y concisa en lo que pretende. El recorte de la incapacidad temporal, de la IT, de los funcionarios, amén de ser
discriminatorio para los mismos, estigmatiza a los trabajadores públicos -es importante resaltarlo aquí-, a los que señala como responsables o como corresponsables de una crisis que ni han generado ni han contribuido a magnificar y, en todo caso, lo
que hacen, junto con los trabajadores del sector privado y junto con aquellos -mucho peor- que no tienen ningún tipo de prestación y aquellos que no tienen trabajo, es sufrir una crisis que, como digo, no han creado.
Además, esta medida parte de lo que podríamos denominar un principio de presunción de que el perceptor de las prestaciones por incapacidad temporal es un presunto defraudador, y eso es algo preocupante que tenemos que erradicar en relación
con aquellos que prestan su trabajo en la Función pública, que son servidores públicos al servicio, como dice nuestra Constitución, de una Administración que sirve al interés general en virtud de principios claros, de objetividad y de interés
general. Por lo tanto, no cabe esa presunción, que se deja caer incluso por los responsables del Partido Popular cuando algunos miembros del Gobierno han hecho balance de la aplicación de esta iniciativa, a la que luego me referiré, porque desde
luego este tipo de iniciativas no es una forma para disminuir el fraude, porque estamos hablando de la enfermedad, y la enfermedad no es algo que se elige por los trabajadores de ninguno de los sectores, por nadie por supuesto. Por tanto, nos
parece que hacerles recaer esa responsabilidad es profundamente injusto y por ello nuestro grupo no puede admitir esa suerte de función que se está dejando caer en relación con los trabajadores.
Demuestran de nuevo en esta como en otras medidas que se están llevando a cabo, que se pretenden llevar a cabo, o en algunos globos sonda que se están llevando a cabo en relación con la IT, no ya solo para el sector público sino también para
el sector privado, que no se está entendiendo por parte del Gobierno o se está entendiendo de forma incorrecta que esta es una prestación en principio simple; pero es una prestación compleja, una de las primeras prestaciones de nuestro sistema
antiguo del Instituto
Nacional de Previsión, una prestación que lleva mucho tiempo en vigor y que está condicionada por el estado de salud, algo que es ajeno al sujeto del derecho, condicionada en su duración a algo tan complejo y variable como es la variación,
el estado de la enfermedad donde se encuentre en su origen y, por tanto, que no tiene que ver con la voluntad del perceptor de la prestación en ningún caso.
Si se quieren mejoras en este ámbito, sería más fácil que el Gobierno del Partido Popular no llevase a cabo iniciativas de desmantelamiento en la sanidad pública que se produce y que traen causa de esas medidas de desmantelamiento, de
privatización, de recortes en definitiva; traen causa también en el aumento de las listas de espera, que esas sí están afectando al resto de los trabajadores y también a los trabajadores del sector público.
En definitiva, la prolongación de los procesos de IT de cualquier trabajador en cualquier régimen es ajena a su voluntad y los funcionarios tienen que ser considerados en este caso igual que el resto de los trabajadores. Hay que reponerles
en la capacidad de que también fijen y negocien esas condiciones, y tenemos que volver al sistema que había previamente a ese arrumbamiento de los derechos que se produce a raíz de este Real Decreto-ley 20/2012.
Seguramente, por parte del representante del Partido Popular que suba a esta tribuna se mostrarán cifras que intentarán demostrar que han disminuido las bajas en la Función pública desde que se implantó esta norma, pero eso sin más,
señorías, no demuestra que hubiese un fraude en la prestación. Únicamente demuestra que hay empleados que están yendo a trabajar con patologías, que hay empleados que en algunos casos al ir a trabajar con esas patologías empeorarán en su situación
y en su enfermedad y que, en todo caso, siempre producirán situaciones de riesgo, no ya tanto, que también, a compañeros, sino también a aquellos usuarios de los servicios públicos donde prestan el servicio público los funcionarios enfermos.
En todo caso, nosotros entendemos que lo que se resiente con la prestación en la forma en que se está haciendo es la prestación en sí del servicio público, porque no se está prestando en condiciones de salud por parte de algunos
trabajadores. En consecuencia, no está ganando la eficiencia; se ahorra sobre la salud de los trabajadores públicos, se resienten los servicios públicos; en definitiva, estamos simple y llanamente, señores del Gobierno del Partido Popular, ante
un recorte más.
Terminaré diciendo que no vamos a perder la esperanza. Si hoy el grupo mayoritario del Partido Popular que da soporte al Gobierno no toma en consideración esta iniciativa parlamentaria, nuestro grupo, a través de algunos compañeros y
algunas diputadas que han firmado una iniciativa muy interesante y muy potente en la Comisión de Administraciones Públicas y Hacienda, volverá a reiterar esta iniciativa a través de proposiciones no de ley y de otras iniciativas y sumándonos a las
de otros grupos en ese sentido, porque nos parece -y termino con ello- que es una iniciativa de justicia para, en primer lugar, devolver la dignidad a los trabajadores del sector público; en segundo término, para hacer que no vaya a trabajar gente
que tiene patologías y, como digo, en tercer término, porque es una razón de justicia para todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.
No se ha solicitado la utilización del turno en contra de esta proposición de ley. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones.
En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a esta tribuna para dar apoyo a la iniciativa que pretende acabar con la actual regulación de las situaciones de incapacidad temporal de los trabajadores de las administraciones públicas. Si los recortes en salarios y
derechos son desde todo punto de vista un hachazo al bienestar de las personas, cuando todo ello afecta a la protección de las que se encuentran en situación de enfermedad nos parece cuando menos un atentado a los principios ordenadores de cualquier
sociedad. Nos lo parece no solo porque se atenta contra el derecho, sino también porque la actual regulación pone en cuestión a las personas y al sistema.
El recorte del Gobierno constituye una persecución del empleado público enfermo como si se tratara de un delincuente en potencia, pero también se atenta contra el sistema, porque en el fondo se cuestiona a los profesionales que pueden
justificar las bajas de enfermedad como si participaran de un engaño, de un gran fraude. En definitiva, vivimos las consecuencias de unas medidas que atentaron contra el modelo de bienestar de los trabajadores públicos y contra los principios
ordenadores del bienestar social. Así
pues, votaremos a favor de esta proposición de ley del Partido Socialista Obrero Español, no sin decirles que fueron también ustedes un tanto quienes abrieron la veda para la cacería de los derechos sociales con recortes, especialmente con
el real decreto de mayo de 2010. ¿Se acuerda, señor diputado?
Repito, de la situación actual se desprenden consecuencias nefastas en todos los sectores, luego consecuencias fatales para la misma eficiencia del sistema. Por ejemplo, ¿qué ocurre en el mundo de la educación? En el mundo de la educación,
que en estos momentos está en jaque, un mundo en el que se cuestiona la profesionalidad y la gran responsabilidad social de sus profesionales, de los enseñantes, se ha extendido la sospecha interesada y un tanto generalizada por desgracia de que el
enseñante es indolente, absentista e irresponsable. Los irresponsables son los que han permitido esta nueva regulación, nueva de esta legislatura. Están estigmatizando -me dirijo el Partido Popular- un colectivo de personas, servidores públicos,
un colectivo de profesionales responsables, que hoy día están sometidos a condiciones laborales cada vez más estresantes, con aumentos de la precariedad y la movilidad profesional a raíz de la problemática que viven interinos y sustitutos, en
entornos cada vez más difíciles, donde es fácil el contagio de enfermedades infecciosas.
Pongamos como ejemplo al profesor, al enseñante de educación primaria e infantil, son personas que por su contacto con los niños es fácil que se vean sometidas a enfermedades infecciosas leves como la gripe. Ustedes saben perfectamente que
en el mundo de la enseñanza no están regularizadas ni reconocidas las enfermedades laborales, excepto los nódulos en la faringe; en cambio, saben perfectamente que existen muchos enseñantes que padecen de forma coyuntural pero recurrente
enfermedades contagiosas como la gripe, lo cual significa que están doblemente castigadas. Son personas que al final tienen que optar por ir a trabajar en situación de precariedad de salud, porque en el fondo aquí de lo que se trata es de
enmascarar lo que ha ocurrido, es decir, un verdadero recorte salarial a cambio de la salud. De manera que lo que vale para los enseñantes, para el sector de la educación, también es válido para otros sectores. Aquí de lo que se trata es de
rebajar los salarios y todo ello a costa de las condiciones de salud, en definitiva, a costa del trabajo desempeñado, a costa de la calidad del servicio. No les hablo ya de las enfermedades crónicas, porque aquí no solamente se trata de denunciar
qué ocurre con las enfermedades leves, sino también con las enfermedades crónicas. Saben perfectamente que incluso se han visto afectadas muchas personas con tratamientos oncológicos. Lo que está ocurriendo es de escándalo y los funcionarios, los
trabajadores públicos -y utilizo el ejemplo del sector de la enseñanza, pero, repito, es extensible a otros-, no se lo merecen. Los funcionarios públicos no se merecen este maltrato, esta regresión en sus derechos.
Hasta aquí he hablado de trabajadores públicos, pero déjenme ahora que aproveche la ocasión para hablar de solidaridad. Voy a hablarles de solidaridad para con los trabajadores que no son públicos, y en concreto quiero hablarles de los
trabajadores de ThyssenKrupp de Sagunt. (Muestra un cartel). Esta empresa alemana pretende cerrar en Sagunt; son 1.000 puestos de trabajo, en una comarca en donde hay 10.000 personas ya en paro, una empresa que tiene beneficios, una empresa que
año tras año acumula beneficios, y ahora pretende cerrar la empresa, lo cual va a significa la muerte para la comarca del Camp de Morvedre. Les pido solidaridad, y sobre todo al Grupo Popular les pido que hagan aquello que su Gobierno en Valencia,
en el País Valencià, se ha comprometido a llevar a cabo, gestiones para que esta fábrica alemana no se deslocalice. Se trata de una empresa que gana dinero, una empresa que acumula beneficios y que pretende dejar a 1.000 personas en el paro en una
comarca, repito, en donde hay ya 10.000 personas en el paro. Señorías, les pido solidaridad para con el Camp de Morvedre. (Pronuncia palabras en catalán).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestra posición va a ser de adhesión incondicional a esta iniciativa propuesta por el Grupo Socialista por muchas razones. Una primera sería de naturaleza simbólica. Yo no sé por qué razón se está haciendo gravitar sobre los funcionarios
públicos, sobre el personal al servicio de las administraciones públicas, las causas de la crisis, porque este colectivo de profesionales son los más castigados por los recortes, por las medidas restrictivas de derechos, que rayan en medidas
restrictivas de derechos de carácter anticonstitucional. Es una especie de estigmatización del funcionario público, del personal al servicio de las administraciones públicas perverso argumentativamente. Ideológicamente, el Partido Popular debería
hacer una reflexión hasta qué punto, si no cree en las administraciones públicas, no cree en la prestación en régimen de servicios públicos de sus prestaciones, no debería tener en cuenta también que hay millones de personas en el ámbito de
las administraciones públicas y de los órganos constitucionales de las empresas públicas que no pueden ser objeto, primero, ni de estigmatización, y segundo, de preterición sistemática de derechos impunemente, sin ninguna consecuencia.
Cuando oigo a personas importantes del Partido Popular decir que en esta coyuntura política muchas personas están sufriendo, lo hacen como una especie de designio fatal, inevitable, y se les olvida acabar la reflexión: muchas personas están
sufriendo por las normas aprobadas por el partido gobernante. En concreto, las dos citadas por el grupo proponente, el Real Decreto-ley 20/2012, consagrado ya por la Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que reduce
arbitrariamente e inconstitucionalmente las prestaciones vinculadas a la incapacidad temporal.
Señor presidente, ya hay jurisprudencia constitucional muy prolija y muy acrisolada indicando que cualquier reforma del sistema prestacional de la Seguridad Social no puede ser regresiva. No sé cómo podría explicar a quien me vaya a
replicar por parte del Partido Popular si es regresiva o no es regresiva una reducción del 50 % de la prestación en materia de incapacidad temporal durante los tres primeros días y del 75 % hasta el vigésimo día. Si no es regresiva una reforma de
estas características, vale cualquier cosa en esta Cámara. Se puede realizar cualquier afirmación, cualquier preterición de derechos, cualquier limitación de derechos, cualquier refutación de imperativos de la jurisprudencia constitucional, lo que
se quiera. Es una suerte de barra libre lo que se está generando en esta legislatura donde cualquier cosa es posible. Desde esta perspectiva, los funcionarios públicos y el personal al servicio de las administraciones, la general, la autonómica,
los funcionarios que pertenecen a las Fuerzas Armadas, los que pertenecen a la Administración de Justicia se preguntan por qué son ellos, no los causantes, que no lo son, sino los paganos de la crisis. Cincuenta por ciento de reducción durante tres
días de la ILT. Esto obliga a muchas personas que sufren patologías, que sufren enfermedades a acudir a trabajar para no sufrir este quebranto económico tan importante. Y el 75 %, hasta el vigésimo día. ¿Por qué? No por ninguna razón de
naturaleza constitucional jurídica o de pertinencia económica, porque el ahorro es nimio también. No sé por qué se hacen estas cosas. Desde esa perspectiva, puedo comprender las invocaciones de alguna persona de su propio partido político, señor
presidente, que comporta responsabilidades, que también se hace reflexiones y preguntas sobre estas cuestiones. Dicho esto, en relación con algo asimilable a lo aquí indicado, que las personas que no pueden acceder a la incapacidad temporal afectas
por enfermedades o accidentes de trabajo sin conseguir la catalogación por parte de las entidades gestoras de la incapacidad temporal, se vean también limitadas en sus prestaciones económicas, ¿por qué los funcionarios de las Fuerzas Armadas? ¿Por
qué los funcionarios de la Administración de Justicia? Por lo tanto el pedimento del grupo proponente, del Grupo Socialista resulta razonable: la reintegración de que estas prestaciones tienen que equivaler necesariamente al cien por cien de las
prestaciones retributivas ordinarias y complementarias, como ha sucedido siempre hasta la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, con las pretensiones de ahorrar, utópicas pretensiones porque poco se ahorra, sin embargo se cometen injusticias
graves porque no todo el mundo está dispuesto incluso a dejar de acudir enfermo o con su integridad física quebrantada antes que perder estas prestaciones. Señor presidente, desde esta perspectiva parece de justicia lo que aquí se propone. Me
parece manifiestamente injusto lo que se propuso en las normas que son objeto de refutación, y nosotros vamos a apoyar esta proposición de ley en sus propios términos.
Me gustaría escuchar de quien vaya a replicar del Grupo Popular cuáles son las razones troncales, fundamentales que aconsejan no solo la preterición de derechos, sino una obligación que es manifiestamente antijurídica; podría ser hasta un
tipo delictivo, hasta un tipo penal obligar a acudir al trabajo a personas que tienen quebrantada su salud, a personas que tienen quebrantada su aptitud para trabajar. Analícenlo bien, porque quizá lo que dimana materialmente y casuísticamente de
estas normas pudiera ser objeto de puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal, y ya sé que a un grupo parlamentario de esta Cámara la puesta en conocimiento o en manos del Ministerio Fiscal de algunas conductas le puede parecer irrelevante o puede
considerar que carece de relevancia práctica; estamos hablando de cosas muy importantes: obligar a un empleado público a acudir al trabajo con la salud quebrantada es un delito contra los derechos de los trabajadores previsto por el Código Penal;
obligar a acudir al trabajo a una persona que ha sufrido un accidente de trabajo que impide sus capacidades para realizar su actividad laboral ordinaria puede constituir un delito contra los derechos de los trabajadores; y como no se les impide
acudir, se les quebranta su prestación retributiva. Este es un mecanismo indirecto de los que la jurisprudencia constitucional ya ha indicado que es una fórmula indirecta de preterir o de vulnerar los derechos contra los trabajadores.
Me gustaría saber -no lo explicó el señor Montoro cuando explicó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el primer real decreto-ley, ni lo explicó el señor Montoro tampoco cuando presentó la Ley de Presupuestos Generales- por qué se hacen
estas cosas, por qué los funcionarios públicos y los trabajadores al servicio de la Administración tienen que ser los paganos de las crisis, por qué se les tienen que congelar solo a estos los salarios, privarles de las pagas extraordinarias y
limitarles ilegítimamente sus prestaciones en materia de incapacidad laboral transitoria. Nunca se ha explicado, y sobre todo nunca se ha explicado por qué se contradice la jurisprudencia constitucional, que establece el criterio de que cualquier
reforma, de que cualquier contingencia protegida por el sistema de pensiones es regresiva y contradictoria con el artículo 41 de la Constitución. Si ustedes lo saben, explíquenlo, y si ustedes no lo saben, y como el señor Montoro, mediante una
reflexión intelectual digna de mejor causa, explicó que la única jerarquía de fuentes del derecho que reconoce es la del ahorro, vulnerando con una reflexión también digna de mejor causa la teoría de las fuentes del derecho del profesor Kelsen,
explíquenlo también, por favor.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista ha elegido en su proposición de ley un aspecto concreto del empeoramiento de las condiciones del personal de las administraciones públicas, y lo ha elegido con inteligencia, porque es uno de los aspectos más sangrantes,
el que tiene que ver con la incapacidad temporal. Pero antes de entrar en esa cuestión creo que habría que poner en contexto este empeoramiento con el empeoramiento general de las condiciones de los funcionarios, porque este es el aspecto más
sangrante, pero una parte dentro de un todo mucho más amplio. Voy a hacerlo, voy a recordar ese conjunto de recortes, porque han ido pasando uno por uno por la Cámara y es fácil perder la visión global, es fácil perder la visión de conjunto, y es
el efecto acumulado de todas las medidas el que resulta absolutamente demoledor.
Un primer conjunto de medidas que han empeorado las condiciones del personal de las administraciones públicas, las más llamativas, son de tipo salarial. Efectivamente el sueldo de los funcionarios y del conjunto del personal de las
administraciones en el año 2010, como recordarán, se redujo un 5 % y desde entonces ha permanecido congelado, en 2011, 2012, 2013, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo al no compensarse la inflación. Unos salarios que querría recordar
que no son especialmente altos, y que en los años anteriores a la crisis únicamente mantuvieron su poder adquisitivo, crecían como la inflación, no más; no son salarios inflados en los años de prosperidad precisamente. Junto a este recorte
salarial los funcionarios y el resto del personal perdió su paga extra de Navidad en el año 2012, y ha ido viendo reducidos también una serie de complementos; según sus sindicatos esto supone una pérdida de poder adquisitivo del 25 o 30 % y
devuelve sus remuneraciones a niveles anteriores al año 2006. Estos son los recortes salariales por tanto.
Pero hay otro conjunto de medidas que han empeorado su situación que tienen carácter no salarial, pero que les han afectado y de manera importante por diversas vías, por ejemplo, la ampliación de horarios, que ha conllevado despidos; un
ejemplo claro es en la universidad: la ampliación del horario de los profesores reduce la carga docente y conlleva despidos; una figura como el profesor asociado está en peligro de extinción en la universidad. La tasa de reposición es del 0 %, es
decir, cuando alguien se jubila, nadie le sustituye, excepcionalmente del 10 % en algunas actividades; se han reducido los días de libre disposición y las convocatorias de acción social son mucho menos generosas, buena parte de las prestaciones de
Muface, por no hablar de los cursos de formación. Sumemos el conjunto de estas medidas salariales y no salariales para hacernos una idea de su efecto acumulado, como antes decía.
Por si esto fuera poco tales empeoramientos salariales y no salariales han ido unidos a un discurso deslegitimador de la Función pública, como si estas personas fuesen privilegiadas ya que tienen un empleo fijo, será que no han ganado ese
empleo fijo en unas oposiciones, y son personas ociosas, se transmite ese mensaje a veces directamente, a veces subliminalmente, que no rinden todo lo que deberían. No es desde luego la impresión que uno tiene de los profesores que trabajan en los
colegios, de los médicos, de los enfermeros o de los policías, pero el discurso deslegitimador explícito o implícito ha acompañado, agravando los recortes que antes he mencionado.
Para Unión Progreso y Democracia, como hemos defendido diferentes diputados en intervenciones anteriores, el enfoque seguido no es el adecuado en absoluto; se ha seguido un enfoque de brocha gorda, de congelar a todo el mundo el salario sin
distinciones, y una tasa de reposición del 0 % sin distinciones,
en vez de hacer una labor mucho más lenta, mucho más difícil pero mucho más provechosa de ir estudiando la Administración unidad por unidad, ente por ente, para ver que algunos pueden sufrir recortes mayores: entes innecesarios, personal de
libre disposición que se ha contratado a dedo, y otros hay que mantenerlos o incluso reforzarlos y desde luego dignificarlos.
Poniendo en contexto global las medidas de incapacidad temporal, que son las que aquí nos trae el Partido Socialista en su proposición de ley, hay que decir como señalaba al principio de mi intervención que dentro de este contexto de
empeoramiento son de las medidas más sangrantes, porque tienen que ver directamente con la salud de estas personas. Como indicaba el portavoz socialista los cambios han consistido en que durante los tres primeros días como máximo ese trabajador
puede recibir el 50 % de su salario, pierde la mitad de sus ingresos al menos, y hasta el vigésimo día como máximo el 75 %. Lo que ha sucedido con estas medidas es que en la situación actual de crisis económica hay muchas personas que aun estando
enfermas siguen acudiendo al puesto de trabajo porque no se pueden permitir esta reducción en sus ingresos; ese es el efecto que estas medidas han provocado, un efecto desde luego de enorme gravedad. Si había abusos en la incapacidad temporal -que
podía haberlos- desde luego no es la solución hacer pagar a justos por pecadores. La solución evidente habría sido aumentar los controles, detectar esos abusos e intentar terminar con ellos, pero nunca puede ser la solución hacer pagar a justos por
pecadores. Se justificó esta medida además para igualar las condiciones de los trabajadores públicos con los del sector privado, pero es curioso porque los trabajadores del sector privado por convenio sí que pueden tener el 100 % de sus ingresos en
situaciones de baja. Por tanto la igualación no parece que se haya logrado, más bien se ha provocado una discriminación.
No puedo terminar mi intervención sin señalar una vez más que parte de los problemas que puede haber habido en la incapacidad temporal han tenido que ver con el mal diseño de la descentralización en nuestro Estado autonómico, porque han sido
las comunidades autónomas las que han concedido la incapacidad mientras que era el Estado quien las pagaba; eso crea un sistema de incentivos que no es el más adecuado, cuando una administración concede la incapacidad pero no se hace cargo de las
consecuencias económicas, sino que es otra la que se hace cargo. Parte de los problemas que puede haber habido con la incapacidad tienen que ver con ese mal diseño que hemos señalado en otros campos, con el ánimo de perfeccionar esa
descentralización.
Hechas estas reflexiones parece evidente que mi grupo, Unión Progreso y Democracia, apoya la proposición de ley que trae a la Cámara el Partido Socialista. Es cierto que ellos lo que proponen básicamente es volver a la situación inicial,
situación que para nosotros no era perfecta, pero es una proposición de ley que creemos que hay admitir a trámite. Si fuese así, cosa que dudamos, intentaríamos mediante enmiendas corregirla en la dirección que he apuntado en mi intervención. En
cualquier caso, como decía, nuestro voto va a ser favorable.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Muchas gracias, presidente.
Señoras y señores diputados, desde La Izquierda Plural vamos a apoyar la tramitación de esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que pretende suprimir el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, por el
que se redujeron las cantidades percibidas en situación de incapacidad temporal por enfermedad común de los empleados públicos. Hay que recordar -ya se ha dicho aquí en parte- que el decretazo en cuestión impuesto por el Partido Popular y la troika
en julio de 2012, bajo el título de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, tenía como verdadero motivo el cumplimiento del objetivo del déficit consagrado por el Partido Popular y el Partido
Socialista mediante la modificación del artículo 135 de la Constitución española. No sé por qué se hacen estas cosas, dice el señor Olabarría. Bien, pues se hacen para devaluar la Función pública, rebajando el número de trabajadores y
trabajadoras, precarizando sus condiciones laborales, a la vez que se rebajan los salarios, con el fin de crear las condiciones que hagan posible la entrada del sector privado en la prestación de servicios que garantizan derechos fundamentales
contemplados en nuestra Constitución para hacer negocio con la educación, la sanidad o los servicios sociales. En este orden de cosas es como el mencionado decreto que ahora pretende modificarse solo en su artículo 9 también ha cambiado de manera
radical las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
Es necesario que aquí hagamos un recuento meticuloso para saber la dimensión de lo que supuso el decreto de julio, calificado por muchas y muchos, también por los sindicatos mayoritarios, como uno de los mayores ataques a la Función pública
sufrido en el periodo democrático de nuestro país. Es así como se redujo el salario de los empleados públicos mediante la supresión de la paga extra de Navidad -ya se ha dicho aquí-, se redujeron los permisos de asuntos particulares de seis a tres
días, aumentó la jornada a 37,5 horas a la semana, se modificaron las unidades electorales en la Administración General del Estado, disminuyendo la representación sindical, y por ende la defensa de sus derechos, y se anuló la posibilidad de la
jubilación parcial para todos los empleados públicos; este decreto facilitó traslados y cambios de destino forzosos de personal sin negociación en la Administración del Estado, permitió la supresión o modificación unilateral de los convenios
colectivos por una amplia, precisa y arbitraria relación de motivos, anuló los días complementarios de vacaciones del estatuto básico de la Función pública, anuló todos los acuerdos, pactos o convenios que contemplaban permisos y crédito horario
para la actividad sindical, y por último, acabó con todos los pactos, acuerdos y convenios colectivos que no se ajustaran al decretazo en cuestión. Todo eso. Nada más y nada menos. Y es así como los trabajadores y trabajadoras públicos se están
viendo afectados amén de otras medidas impuestas por el Gobierno del Partido Popular, como la reducción de las tasas de reposición o los despidos masivos de interinos y contratados laborales, así como aplicación de expedientes de regulación de
empleo.
Criminalizar y precarizar la Función pública, deteriorar los servicios públicos y privatizarlos, ese es el objetivo de estas políticas. Por eso apoyaremos esta iniciativa, para que en el supuesto improbable -tengo que decírselo al portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista- de que sea aprobada por la mayoría de esta Cámara -que va a ser que no, porque las señoras y señores del Partido Popular no lo quieren-, desde La Izquierda Plural queremos revertir la situación de los empleados
públicos a la que tenían al menos antes de julio de 2012, tratando mediante nuestras enmiendas todos los aspectos en los que se han visto afectados, y no solo en el propuesto mediante esta iniciativa por el Partido Socialista, que trata como ya he
dicho única y exclusivamente de la reducción de las cantidades que perciben en situación de incapacidad temporal por enfermedad común. No es que este aspecto no nos parezca determinante y suficientemente importante, que lo es, y ataca directamente
al derecho al trabajo y al derecho a la salud. Gravísimo atentado a derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Ya se ha dicho aquí. Pero es que nos parece insuficiente, desde nuestro punto de vista y en el contexto de recortes de
derechos que los trabajadores y trabajadoras de la Función pública están sufriendo en nuestro país, ya que no son responsables en absoluto de los índices de déficit ni de esta crisis que no han provocado ellos, sin que esto que planteo sea óbice
para que tratemos esta iniciativa en sus justos términos con la importancia que tiene y la apoyemos por tanto para que una vez que entre en trámite como proyecto de ley podamos mejorarla.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Deseo agradecer esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, esta proposición de ley que pretende volver a la antigua situación que tenía la incapacidad temporal para los trabajadores del sector público. En lo que llevamos de debate
las razones de fondo las ha expuesto el conjunto de los portavoces, y la mayoría de nosotros las compartimos.
Déjenme que empiece con un primer argumento que quizá haya estado poco presente hasta ahora, y es que esta medida que introdujo el Gobierno en el Real Decreto-ley de 13 de julio del año pasado forma parte del modo de legislar que el Gobierno
tiene en esta legislatura. Un estilo de legislar que impide que la Cámara pueda discutir a fondo sobre las medidas que el Gobierno propone para hacer frente a la crisis, y una cuestión concreta que afecta a cientos de miles de trabajadores del
sector público pasa por la Cámara en un trámite parlamentario rápido, sin posibilidad de que los portavoces puedan profundizar en la idoneidad de las medidas, y sin oportunidad de que a través del trámite legislativo la Cámara pueda entrar a fondo
en la cuestión, y si conviene intentar convencer a la mayoría de que modifique esa previsión legislativa. De esta manera la Cámara tuvo la ocasión superficial de debatir más o menos hace un año una cuestión que no es menor, la modificación del
régimen de la incapacidad laboral transitoria. Por tanto quiero agradecer la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, porque nos permite tener un debate sobre cómo las medidas que el Gobierno está tomando afectan a los trabajadores del sector
público.
Se ha preguntado por parte de algunos portavoces -estaremos alerta a la argumentación del portavoz de la mayoría parlamentaria- por qué el Gobierno toma esa medida. Nuestra impresión es que el Gobierno toma esa medida, como la inmensa
mayoría de las decisiones que toma, porque la única política que de verdad tiene es la política de reducción del déficit público, y a ese objetivo sacrosanto se supedita cualquier otro tipo de actuación. Vamos a ver si los portavoces de la mayoría
nos dan cifras que expliquen ese objetivo, porque lo que no nos parece razonable es que a los problemas de absentismo que pudiesen existir en la Función pública la respuesta fuese una reducción de la protección social de todos los trabajadores del
sector público, ya que estaríamos haciendo pagar a justos por pecadores, si es que el problema que pretende resolver esa modificación que se introdujo el año pasado era reducir el absentismo en el sector público, porque existen otras políticas que
pueden permitir hacer frente a los abusos que se puedan producir. Lógicamente nos preocuparía más que esta medida del Gobierno respondiese a una voluntad de culpabilizar a los trabajadores del sector público o a confrontar a los trabajadores del
sector público con los trabajadores del sector privado. En algunas ocasiones en los discursos que subyacen sobre cómo el Gobierno justifica sus medidas aparecen estos planteamientos culpabilizadores de los sectores públicos.
Finalmente nos preocupa también de esta medida el halo recentralizador, como buena parte de las medidas legislativas que el Gobierno toma, con relación a las comunidades autónomas y a las administraciones locales. Con estas medidas ustedes
prácticamente no dejan margen a comunidades autónomas y a administraciones locales para que puedan ejercer de manera voluntaria sus competencias en esta materia, complementando si ellas quieren los recursos que permiten cubrir el riesgo de
enfermedad por parte de los trabajadores del sector público. Todas ellas son razones suficientemente importantes que justifican que Convergència i Unió vote a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley que se ha defendido hace
unos minutos.
Pero además hace pocos días mi grupo ha registrado una iniciativa parlamentaria en forma de proposición no de ley que aborda uno de los aspectos puntuales de la problemática que se ha derivado de los cambios introducidos. Como ustedes saben
la legislación que se aprobó establecía la excepción de que en los supuestos de hospitalización e intervención quirúrgica se pudiese complementar el sueldo del trabajador público hasta el 100 % -repito, como una excepción-, junto con otros supuestos
que se pudiesen justificar también de manera extraordinaria por parte de las administraciones. Pues bien, para Convergència i Unió son distintos los colectivos que agrupan a personas con enfermedades crónicas, con enfermedades graves, con
enfermedades de carácter discontinuo -estamos pensando, por ejemplo, en personas que padecen esclerosis múltiple-, que se nos quejan de que la aplicación de la nueva normativa, que hace que estas personas tengan bajas de manera frecuente, se vean
más castigadas en su sueldo. En este sentido hemos planteado una proposición no de ley que insta al Gobierno a incluir en esas excepciones de supuestos de ingreso en un hospital y de intervención quirúrgica a las personas afectadas por enfermedades
crónicas como la esclerosis múltiple, porque insisto en que a estos trabajadores que padecen ese tipo de enfermedades la medida que el Gobierno adoptó en su momento les castiga de manera más injusta.
Lógicamente si hoy la mayoría facilitase la toma en consideración de esta proposición de ley podríamos, en el trámite parlamentario, mantener la discusión a fondo que no hemos podido tener -algunos grupos han puesto encima de la mesa otras
consideraciones en relación con la situación de los trabajadores del sector público en esta crisis-, incluso en un planteamiento por parte del grupo de la mayoría con ganas de resolver problemas y cuestiones seguramente podríamos intentar al menos
la cuestión que afecta a estos trabajadores que padecen enfermedades crónicas -enfermedades que les permiten trabajar, por otro lado, señorías-, y poderles garantizar una cobertura suficiente. Ojalá que aquello que no pudimos discutir en ese real
decreto lo pudiésemos discutir en la toma en consideración de esta proposición de ley. En cualquier caso, como decía hace unos segundos, la iniciativa en cuestión va a tener el apoyo de Convergència i Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señor presidente, señorías, la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista pretende dejar sin efecto una serie de modificaciones legales introducidas por el Gobierno en relación con las prestaciones
económicas a percibir por los empleados públicos en
situación de incapacidad temporal, y también en otros casos de ausencia al puesto de trabajo en los que no existe obligación de presentar un parte médico de baja. Es equiparar la situación del sector privado con el sector público. La
propuesta del Partido Socialista pretende modificar cuatro reales decretos-leyes, dos leyes, y lo que es más importante y grave, una ley orgánica, la del Poder Judicial. No sé si se han dado cuenta de que a través de una proposición de ley
ordinaria no puede ser modificada una ley orgánica, y por tanto no debería tramitarse esta proposición de ley.
Después de escuchar a los portavoces de los diferentes grupos políticos, creo acertado que reflexionemos sobre la definición que el diccionario de la Real Academia de la Lengua da a la acepción demagogia. Y dice el diccionario que es el
halago al pueblo para hacerlo instrumento de la propia ambición política. Creo que muchos de los argumentos que hoy se han empleado encajan perfectamente en la definición de lo que es la demagogia política: intentar halagar a los empleados
públicos para instrumentalizarlos y manipularlos a favor de la propia ambición política, el desgaste del Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). La estrategia no puede ser más simple en todos los sentidos: presentar al Gobierno y al Partido
Popular como enemigo de los empleados públicos, empeñados en recortar sus derechos y en maltratarlos, y una vez construido este mensaje, sencillo, artificial y falso, se repite una y otra y otra vez de forma machacona para intentar convertirlo en
una verdad incuestionable. Esto es muy propio de la izquierda política. (Rumores). Es lamentable que la falta de responsabilidad de los grupos políticos que tienen cargas de gobierno les haga no recordar que han aplicado o aplican en los lugares
donde gobiernan medidas de ajuste en los servicios públicos que afectan de forma grave a los empleados del sector público. ¿Es que no tienen ustedes memoria? ¿Es que falta seriedad política o es que solo tratan de implantar la demagogia pura y
dura?
Recapitulemos lo que pretende esta proposición de ley: suprimir las reformas aprobadas. Ello supone no introducir ninguna modificación, y esa es una propuesta inmovilista porque deja las cosas como estaban sin intentar mejorarlas ni
solucionar disfunciones evidentes que han sido reconocidas por el Partido Socialista. En la anterior legislatura, el 10 de marzo de 2009, a través de la Comisión de Trabajo e Inmigración, plantearon una proposición no de ley, la 165/000286, en la
que instaban al Gobierno del señor Zapatero a aplicar nuevos mecanismos de control de la incapacidad temporal y evitar disfunciones; es decir, reconocían que existía problemática en la aplicación de la incapacidad temporal y, por tanto,
disfunciones y reconocían que eran necesarias modificaciones legales para evitarlas. El Congreso de los Diputados, el 25 de enero del año 2011, aprobó el informe del Pacto de Toledo con la mayoría socialista, y en la recomendación número 10 del
Pacto de Toledo se defendía incrementar aún más los mecanismos de control y seguimiento de las prestaciones, especialmente las de incapacidad temporal, con el fin de evitar el absentismo injustificado. Eso lo votaron ustedes, señores del Grupo
Socialista, luchar contra el absentismo injustificado. Son palabras que ustedes ratificaron con su voto.
Es cierto que la propuesta de reforma legislativa que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular está dando cumplimiento precisamente a esas recomendaciones del Pacto de Toledo, y está dando un resultado positivo. Por primera vez el
absentismo laboral en el sector privado es más alto que el absentismo laboral en el sector público, y eso está acreditado por el Instituto Nacional de Estadística. La estrategia de demagogia, señores del Grupo Socialista y otros grupos
parlamentarios, no puede mantenerlo todo. La nueva regulación sobre la incapacidad temporal es evidentemente un sacrificio para el empleado público, nadie puede negarlo, pero es una parte de las medidas que configura un todo con otras reformas para
servir como instrumento básico de racionalización y eficiencia de la Administración pública. Señorías, es que en muchas administraciones públicas lo que pasaba era que no se podía pagar el sueldo de los empleados públicos. De haber seguido sin
tomar medidas, no hubiera sido posible pagar el sueldo; hay ayuntamientos que no pagan el sueldo de sus empleados públicos.
El Gobierno y el Partido Popular reconocen la gran labor de los empleados públicos en mantener la calidad del servicio que presta al ciudadano en situaciones tan difíciles como la actual. Hay que reconocer que en los últimos años -lo han
hecho otros portavoces- se está pidiendo al conjunto de los empleados públicos un gran esfuerzo requerido por todas las administraciones públicas, comunidades autónomas, Administración General del Estado, ayuntamientos y diputaciones, gobernadas por
todas las fuerzas políticas -insisto, este esfuerzo está siendo pedido por todas las fuerzas políticas, no solo por el Partido Popular-, desde la congelación salarial, la supresión de paga extra y, recordémoslo, la medida más dura y difícil que se
ha tomado nunca por el Gobierno del señor Zapatero y por el Partido Socialista, reducir en una media del 5 % el salario de los empleados públicos, una medida que no tiene reversión, una medida
que causa un daño permanente y perpetuo. Esto es muy distinto a la medida de la supresión de la paga extra, que hay un compromiso de devolver por parte del Gobierno del Partido Popular.
Señorías, el conjunto de los empleados públicos son trabajadores que no pueden ser denigrados; el Partido Popular desde luego no piensa que los empleados públicos sean vagos o ineficaces. Muy al contrario, creemos que tenemos una Función
pública de gran calidad en nuestro país, de gran calidad. Nuestra postura, señores del Grupo Socialista, parte de un concepto diferente al suyo en cuanto a la Función pública: nosotros queremos una Función pública de calidad, profesional, de alta
cualificación, de funcionarios independientes, de funcionarios que hayan accedido a la Función pública mediante pruebas conforme a la Constitución española. Les recuerdo que el modelo del Partido Socialista se puede apreciar muy claramente en la
Junta de Andalucía (Protestas), ese es el modelo del Partido Socialista, enchufismo y entrada por la puerta de atrás de los empleados públicos en fraude de ley. Y quiero recordar también a muchos portavoces que hoy han hablado. Señores de CiU,
apoyados por Esquerra, van a suprimir para el año 2013 una paga extra. Es parte de su competencia y es una decisión propia que han tomado ustedes, no les obliga el Partido Popular.
El Gobierno canario ha reducido el 20 % de la jornada y el salario a parte de sus empleados, 3.300 empleados. Nadie les obliga. En función de su autonomía, han tomado esa decisión. Señores del PNV, por decreto han aprobado un aumento de
la jornada y una reducción de la contratación de eventuales, en contra de la opinión mayoritaria de los grupos de la Cámara vasca. En Andalucía, qué decirles. (Rumores). El PSOE e Izquierda Unida van a reducir entre un 30 % y un 40 % las dos
pagas extras de los empleados públicos este año.
En definitiva, el Grupo Popular no puede aceptar esta proposición de ley por inmovilista, demagógica y además por estar mal planteada legalmente al proponer mediante ley ordinaria la modificación de una ley orgánica.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Muñoz González pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín-Toledano.
Señor Muñoz, el debate de la proposición se ha realizado. Ahora bien, si usted me pide la palabra por algún otro tema sobre el que haya habido alusión y del que yo no me he dado cuenta pero que usted quiere comentar, le pregunto por qué me
la pide.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor presidente, le pido la palabra en virtud del artículo 71 por la inexactitud del portavoz del Grupo Parlamentario Popular al principio y al final de su intervención, cuando ha dicho que esta iniciativa está
legalmente mal planteada.
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Muñoz. Tiene usted dos minutos para este tema.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Simplemente quiero decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que no son muchas hojas las que tiene esta iniciativa, son cuatro. Si usted hubiese llegado hasta el final de la iniciativa en su lectura, si
hubiese hecho ese esfuerzo intelectual, habría visto que en la disposición final primera se dice que el artículo 7 de esta iniciativa parlamentaria tiene carácter orgánico. Por lo tanto, está perfectamente cubierta la parte legal.
Dicho esto, también quería decirle que nosotros no vamos a entrar en el debate que usted ha planteado porque traíamos una iniciativa suficientemente importante y seria que era ni más ni menos que la regulación de la incapacidad temporal,
pero sí le digo una cosa: la mayoría de los funcionarios del resto de España estarían encantados de tener las condiciones de trabajo a las que usted ha aludido de comunidades autónomas del Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Muñoz.
Señor Martín-Toledano. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben).
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: No entiendo al señor diputado que habla al fondo.
Mantengo la posición en cuanto que no es correcta la aplicación legal. Es mi opinión, podemos discrepar. No es lo que piensan los empleados públicos en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista ni en otras gobernadas
por otros partidos porque las manifestaciones son diarias y las denuncias judiciales son permanentes, por ejemplo, en Andalucía. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sustanciado este debate, pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley 9/2012. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra). Señor Olabarría, no le había visto.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Ha habido alusiones personales al Gobierno vasco, al PNV en concreto. Han sido incorrectas.
El señor PRESIDENTE: Tiene usted dos minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo en el mismo trámite y con la misma legitimación que la relativa al Partido Socialista.
Ha comentado el portavoz del Partido Popular que el Partido Nacionalista Vasco -el Gobierno vasco, querrá decir- ha intentado restringir el número de pagas extras. Ha sido lo contrario, señor presidente. Hemos intentado, o la institución
representada por el Gobierno vasco ha intentado recuperar las dos pagas extras. Ha sido una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno del Estado español la que ha impedido, mediante el aval del Tribunal Constitucional, la
posibilidad de abonar a los funcionarios vascos la paga extra. Esta estigmatización mediante restricciones salariales, mediante eliminación de pagas extras y congelaciones permanentes año tras año de las retribuciones de los funcionarios, está
haciendo que los funcionarios sean los paganos de la crisis económica, que son los que menos tienen que ver con ella. Y es una responsabilidad imputable exclusivamente al Partido Popular. Cuando su presidente, el señor Rajoy, haga referencia al
sufrimiento de muchos millones de funcionarios, que no diga que se debe a una especie de fatalismo, de imperativo vinculado a circunstancias evanescentes, sino a sus propias normas. Son sus propias normas las que están provocando el sufrimiento de
muchos ciudadanos y en particular de muchos funcionarios, y en concreto de la prestación de los servicios públicos de forma eficiente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
¿Algún otro grupo quiere utilizar este turno? (Pausa).
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Me ha parecido entender que el portavoz del grupo de la mayoría afirmaba que el Gobierno de la Generalitat formulaba su política de sueldos de personal porque le daba la gana. Yo creo que en esta crisis el margen que tienen las comunidades
autónomas, todas, incluidas las que gobiernan ustedes, para hacer lo que les dé la gana es poquísimo. Los objetivos de déficit público que ustedes imponen, y en el caso de Cataluña el gravísimo déficit fiscal, están obligando al Gobierno de la
Generalitat a tomar las medidas que toma, no por gusto ni porque le dé la gana, porque no tiene más remedio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.
Señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: El señor Olabarría se ha equivocado. Yo no he dicho que el PNV ni el Gobierno vasco vayan a suprimir la paga extra. Lo que he dicho es que ha aprobado un decreto de ampliación de horarios y de limitación
de contrataciones eventuales, un decreto que no cuenta con el respaldo de la Cámara autonómica vasca y que ha sido contestado en las calles por los funcionarios. Nada de paga extra. Sí lo he hecho respecto a Andalucía y Cataluña. Son decisiones
que cada una de las autonomías ha tomado en su libertad para cumplir los objetivos de déficit. Otras comunidades han tomado otras decisiones. En Cataluña CiU, con el apoyo de Esquerra, ha decidido no abonar una paga extra. No es obligatorio.
Podían haber tomado otras medidas. No voy a entrar en el debate, pero podían haber tomado otras que no afectaran a los empleados públicos, a los que todos dicen defender tanto, pero en sus competencias toman medidas de recorte de sus derechos
salariales o laborales. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martín-Toledano.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE REFORMA DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO, PARA GARANTIZAR LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OTROS
INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL Y DEUDA SUBORDINADA A LOS AHORRADORES Y PEQUEÑOS INVERSORES SIN EXPERIENCIA FINANCIERA. (Número de expediente 122/000098).
El señor PRESIDENTE: Acabado el debate, pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto. Para presentarla tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Permítame, señor presidente, en primer lugar, saludar a aquellas personas que pueda haber en la tribuna afectadas por el problema de las preferentes.
De nuevo el Bloque Nacionalista Galego vuelve a subir a esta tribuna para defender una iniciativa, en este caso una proposición de ley de reforma de la Ley 9/2012, destinada a resolver de una manera justa el gravísimo problema de las
personas afectadas por la situación del producto financiero de las preferentes y deuda subordinada, miles de personas víctimas de una estafa bancaria y víctimas de leyes y actuaciones del Gobierno y del Grupo Popular, empeñados en defender los
intereses de la banca aunque esto signifique la mayor indignidad, la mayor injusticia para quien confió sus ahorros a un sistema financiero instalado en la usura. A tal nivel se manifiesta esta usura que no se duda en quedarse con aquello que es de
estos ahorradores, e incluso se quedan con ello aun dejándoles en la indigencia, como se han dado casos.
El 23 de julio de 2012 se firmó el memorando de entendimiento entre la Unión Europea y el Estado español sobre condiciones de política sectorial financiera, al que siguió el 24 de julio el acuerdo marco de asistencia financiera, que
detallaba las condiciones del rescate del sector financiero. En los apartados 18º y 19º del memorando se recogía expresamente la obligación de adoptar normas por el Estado español antes de finales de agosto de 2012 para repercutir en los titulares
de instrumentos de capital híbrido y deuda subordinada los costes de reestructuración de las entidades financieras y, en concreto, a los bancos con ayudas públicas la exigencia de convertir el capital híbrido y la deuda subordinada en recursos
propios con ocasión de la inyección de capital público o mediante recompra, según cita textual, con descuentos considerables. En aplicación del memorando se incorporaron al ordenamiento jurídico modificaciones legales que habilitan para imponer
fuertes pérdidas a poseedores de participaciones preferentes o deudores subordinados, sin tener en cuenta que la mayor parte de los mismos habían sido engañados para concertar la compra de dichos productos financieros. De este modo se legalizaba la
vía para consumar la estafa a miles de clientes particulares, de pequeños ahorradores e inversores sin experiencia financiera que habían sido engañados con la colocación masiva de participaciones preferentes y deuda subordinada. Las últimas
decisiones del FROB en la aplicación de esa norma a las entidades financieras nacionalizadas confirman el expolio del ahorro a un elevadísimo número de personas que nunca fueron informadas debidamente de las características de estos productos
financieros ni de sus riesgos y, por ello, tampoco otorgaron un consentimiento válido de que estaban transformando su dinero, ahorrado con muchos años de esfuerzo y trabajo, en valores especulativos con alto riesgo. En suma, que a raíz de una
intensa campaña impulsada casi al unísono por todas las entidades financieras al comienzo de la crisis de liquidez derivada del crack financiero con el fin de reforzar sus fondos propios de capital, estaban cambiando sus ahorros en títulos a largo
plazo e incluso, en casos aberrantes, a perpetuidad, que ni sabían en qué consistían, tanto por su escasa formación financiera como sobre todo por la nula información proporcionada por las entidades bancarias, ni tampoco, por supuesto, en la mayoría
de los casos querían y deseaban adquirir este producto, pues en la mayoría de los casos su relación con dichas entidades se ceñía a realizar contratos de depósitos bancarios. El Gobierno español no solo asumió unas condiciones gravosas para la
mayoría de los ciudadanos, porque también los contribuyentes en general han de realizar enormes esfuerzos para rescatar a la banca española, sino de forma especialmente grave para miles de pequeños ahorradores poseedores de participaciones
preferentes y deuda subordinada, pues era perfectamente conocedor, a la altura de mediados de 2012, de la estafa masiva de colocación de dichos productos en ahorradores y las fundadas protestas y reclamaciones de las plataformas de afectados por la
existencia de advertencias emitidas por la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores desde abril de 2009 sobre la complejidad y riesgo inherente de las participaciones preferentes. Señorías, las justas reivindicaciones de los afectados, que
incluso han recabado apoyos unánimes de corporaciones locales donde más se han percibido los efectos de esta estafa, han provocado la rectificación y revisión de la
actuación gubernamental en esta materia, de forma que no se apliquen los mecanismos legales vigentes que establece la asunción obligatoria de pérdidas por los poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada, especialmente en
aquellos casos, que son mayoría, en los que las personas afectadas son ahorradores sin historial de inversiones arriesgadas ni tampoco información financiera.
Esta proposición de ley, señorías, pretende como objetivo principal que no se apliquen los mecanismos legales vigentes que establecen la asunción obligatoria de pérdidas por los poseedores de participaciones preferentes y deuda subordinada.
Para ello se propone la modificación o derogación de diversas disposiciones de la vigente ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, dado que, como se ha dicho, la mayoría de las personas afectadas son
ahorradores con historial carente de inversiones arriesgadas que casi siempre habían rentabilizado sus ahorros con las contrataciones de depósitos bancarios o inversiones simples a determinado plazo fijo. Es necesario, señorías, retomar el tema y
dar una solución satisfactoria al problema descrito de la colocación de participaciones preferentes y deuda subordinada entre pequeños ahorradores. Una solución que debe pasar por la devolución íntegra del nominal invertido en estos títulos sin que
se apliquen rebajas o descuentos de ningún tipo, pues en estricta justicia, señorías, no es de recibo que tengan que asumir pérdidas en sus ahorros en el rescate de las entidades financieras, dado que tampoco han tenido ninguna responsabilidad en la
situación descrita, sino que la responsabilidad de estas entidades financieras descansa claramente y cada vez con mayor evidencia, ante las noticias que se suceden de la gestión de los últimos años, en directivos, ejecutivos, autoridades y
responsables políticos supervisores vinculados al sector financiero español. Una situación agravada por prácticas irregulares y corruptas, incluso de carácter delictivo, por las cuales apenas tienen que responder por sus actos y los efectos
desastrosos que han ocasionado, mientras se imponen pérdidas a personas totalmente inocentes.
Señorías, forma parte ya de la vida diaria de las ciudades y pueblos de Galicia ver a grupos de afectados, a preferentistas, como coloquialmente les conocemos, reclamando justicia, pidiendo la devolución íntegra de sus ahorros. El Gobierno
y la mayoría de los que con su voto aprueban leyes que establecen quitas a los afectados, y que hoy el BNG pone en cuestión con esta proposición de ley, deberían detenerse a observar, deberían escuchar y fijarse bien de qué inversores estamos
hablando, señorías, sobre todo del Partido Popular. Se lo diré, las personas a las que ustedes llaman inversores son jubilados y jubiladas que ahorraron toda su vida para poder complementar su pequeña pensión, prejubilados que de buena fe compraron
con las indemnizaciones percibidas un producto que les permitiese garantizar una jubilación más digna y vivir más holgadamente. También trabajadores y trabajadoras que tuvieron la mala costumbre de ahorrar y no despilfarrar, como dirían muchos de
ustedes, personas que no vivieron por encima de sus posibilidades. Tanto que han acusado a la sociedad de todo el Estado español con esta cuestión de vivir por encima de sus posibilidades, estos ahorradores seguramente se preguntan para qué les
sirvió. Algunas de estas personas se encuentran entre las más de 6 millones de parados, otros son hipotecados e hipotecadas, pero todas ellas tienen su dinero secuestrado. No piensen, señorías, que estoy haciendo una caricatura de sus
movilizaciones porque no es así. La realidad es que los afectados, las afectadas, las personas engañadas por la banca que se han quedado sin sus ahorros solo se puede entender que salgan a la calle a diario aun teniendo dificultades de movilidad,
aun lloviendo a cántaros, aun sufriendo en muchas ocasiones la presión policial, la persecución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aun sabiendo que quien gobierna se niega a escucharles y a ayudarles. Solamente ante la descripción de
la realidad de esas personas se puede entender que en esas circunstancias salgan y se movilicen diariamente. Señorías, señores del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, escuchen a los ciudadanos y ciudadanas para con quienes tienen un deber,
el deber de gobernar para todos y para todas. No negamos que existen inversores especulativos, pero no metan a todos en el mismo saco y atiendan al eslabón más débil de la cadena, porque es injusto igualar a ahorradores estafados con inversores.
Hemos escuchado por parte de los miembros del Gobierno reconocer que este tema fue una estafa, no es la primera vez que lo han dicho, del informe de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores se desprende la mala práctica de la venta
de estos productos, reconociendo que se hizo de manera engañosa y a personas no indicadas; sin embargo, señorías, el Gobierno continúa empeñado en hacerles pagar la gran estafa bancaria a los que no son más que víctimas. Las quitas establecidas
son en la práctica una expropiación forzosa y no nos valen los argumentos en aras a un teórico interés general, porque están haciendo pagar a toda la ciudadanía los desmanes de la banca, es pura y simplemente por interés de un especulativo y
avaricioso sistema financiero.
Señorías, esta mañana en el Parlamento de Galicia se tramitó también una iniciativa semejante a la que esta tarde estamos defendiendo en esta Cámara. El grupo mayoritario, el grupo del Partido Popular, con los demás grupos de la Cámara
gallega votó favorablemente a esta iniciativa también presentada por el BNG. No sería de recibo, señorías, que el Grupo Popular esta tarde votase en contra; no tenemos, desde luego, confianza de que voten a favor. Pero, señorías, permítanme que
les diga en los pocos minutos que me quedan de intervención que las incongruencias del Grupo Popular, del Partido Popular, llegan a estos niveles, a que en la Cámara gallega voten a favor de una iniciativa semejante o igual a la que votan en contra
en las Cortes Generales, como pasaría si el Grupo Popular vota en contra de esta iniciativa. Nosotros les pedimos el voto favorable para la toma en consideración de esta proposición de ley porque sabemos que en trámite parlamentario se puede
enmendar la propuesta que nosotros hacemos para mejorarla, incluso para dotarla, si cabe, de mayor rigor, pero rechazar la consideración a trámite de esta iniciativa es rechazar el tratar de buscar una solución justa a las víctimas de la estafa de
las preferentes.
Ustedes, señorías, tienen la responsabilidad que tienen con aquellos y aquellas que con su voto nos han puesto aquí. En el Bloque Nacionalista Galego lo tenemos muy claro y no podemos entender que el Gobierno y el grupo que apoya al
Gobierno se sigan posicionando tan duramente en el rigor de la aplicación de las leyes para que los afectados por las preferentes se sometan a las quitas, que como en el caso de Bankia dejan prácticamente a cero los ahorros que tienen en esta
entidad, cuando desde el propio Gobierno el ministro de Economía ha dicho en más de una ocasión, en concreto en relación con Novagalicia Banco, que al final de estos años del proceso de reestructuración y del proceso de privatización de la entidad
tiene previsto recuperar todo lo que en fondos públicos se tiene invertido en esta entidad. Nos parece adecuado y lógico que los recuperemos porque son fondos del Estado, son fondos públicos de todos y todas, pero igual que nos parece lógico que el
Estado recupere estos fondos, también entendemos que es lógico y justo que los recuperen aquellos que hoy tienen sus ahorros en esta entidad, porque estos ahorradores no son responsables de la crisis, ya lo hemos dicho, hay otros responsables que,
por cierto, de momento no están pagando ni desde el punto de vista penal ni desde el punto de vista económico. Solamente aquellos que son víctimas fáciles para ser engañados, parece ser, son y siguen siendo víctimas fáciles de las leyes y de las
actuaciones del Gobierno y de las leyes del Partido Popular. Sigo apelando a su responsabilidad con la ciudadanía para admitir a trámite con su voto esta proposición de ley que hoy defendemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Vasco, PNV, el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, la proposición no de ley que nos trae el Bloque Nacionalista Galego para que votemos su toma en consideración es desgraciadamente un tema de actualidad. Digo
desgraciadamente porque ha quedado de manifiesto que la gran mayoría de los ciudadanos que adquirieron preferentes de y en las entidades financieras fue estafada y engañada, y todavía espera una solución satisfactoria que en muchísimos casos aún no
se ha producido. (El señor vicepresidente, Janè i Guasch, ocupa la Presidencia).
El espíritu de esta iniciativa es que todos aquellos ciudadanos que de buena fe adquirieron preferentes y hoy ven que han perdido gran parte de sus ahorros fruto de muchos esfuerzos los recuperen íntegramente y puedan olvidarse de la
experiencia o de la pesadilla. Está comprobado y probado sobradamente que el problema no es tanto del producto de participaciones preferentes, de la deuda subordinada, de lo que se denominan híbridos, sino de la comercialización. El engaño se
produjo por parte de los que comercializaban, de los que vendían el producto, por el jefe de la oficina bancaria o caja que en muchos casos estaba más preocupado por ponerse la corbata aunque estuviera manchada de salsa de tomate que de tener los
conocimientos precisos para vender y explicar productos tan complejos. Los clientes confiaban en las personas que guardaban y gestionaban sus ahorros y no se les pasaba por la cabeza que no conocieran el producto o que les pudieran engañar.
¿Cuántos inversores creen ustedes que se habrían arriesgado a comprar preferentes si les hubieran puesto en un papel claramente la descripción que de estos productos hace la oficina de atención al inversor de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores? Lo recoge el informe del Defensor del Pueblo sobre participaciones preferentes en su página número cinco y lo voy a leer. Dice: Las participaciones preferentes son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su
capital ni derecho de voto, tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de
carácter variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad pero también pérdidas de capital en lo invertido. Con independencia de su carácter perpetuo, el emisor,
tratándose de una entidad de crédito, suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años previa autorización del Banco de España.
Pues bien, si estas son las características del producto, ¿por qué no se les dijo tan claro a los clientes? Es evidente, porque las entidades financieras querían colocar sus preferentes de cualquiera de las maneras, incluso no diciendo la
verdad y engañando a la gente. Esto es lo que pasó. Los ciudadanos, los clientes que actuaron de buena fe no pueden pagar los platos rotos de una crisis financiera en la que no han tenido nada que ver. Por ello, estos ciudadanos deben recuperar,
como se plantea en la proposición, el cien por cien de lo que invirtieron, otra cosa es que alguien deba pagar por lo que ocurrió, y para ello sería preciso analizar con detalle la cadena de comercialización de estos productos, los incentivos al
personal para colocarlos, los bonus de los jefes por la operación, etcétera; en definitiva, beneficios personales de los responsables obtenidos con malas artes, engañando a los clientes. Ahí hay que buscar y exigir las responsabilidades que
correspondan, incluso las penales. Por el contrario, si queda demostrado que un ciudadano sabía exactamente lo que compraba y los riesgos que corría, es lógico que también sufra las pérdidas por la operación. Pero estamos hablando del que
desinformado y con buena fe cayó en el engaño de unas entidades financieras, muchas de ellas cajas de ahorros rescatadas, cuyas prácticas no solo en este tema han sido más que cuestionables. Además, analizando la legislación, nos parece que esta no
fue necesariamente deficiente o insuficiente; las entidades simplemente se saltaron las leyes, no las respetaron. El beneficio personal de la entidad primaba sobre la legalidad y la ética y los órganos reguladores -léase Banco de España, Comisión
Nacional del Mercado del Mercado de Valores o el propio Gobierno- tampoco fueron lo suficientemente diligentes y responsables para parar el tema cuando todavía era manejable. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lanzaba, sí, mensajes,
recomendaciones e incluso algunas sanciones a las entidades financieras, pero no lo suficientemente contundentes como para parar los desmanes. Hoy sabemos que sería necesario actuar con más determinación y que para ello es preciso otorgar
competencias más claras si cabe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Pero, de hecho, todavía un número muy grande de personas, en muchos casos de escasos recursos, no saben qué va a pasar con lo que invirtieron.
Algunas entidades han resuelto el problema satisfactoriamente; otras, las nacionalizadas, las que han recibido recursos del FROB, lo tienen más complicado. El memorando europeo exige que los preferentistas pierdan parte o gran parte de sus
inversiones; Europa seguramente pensará que los preferentistas sabían lo que compraban, pero el problema es que no es así, que se ha producido una estafa financiera. Por eso precisamente, porque es una estafa, se deben establecer procedimientos
para identificar a los estafados y a sus inversiones.
El arbitraje, que ha funcionado en algunas entidades y para algunos afectados, podría ser aplicable a otras entidades y a otros afectados, de manera que si existen indicios razonables de que la comercialización se ha realizado de forma
fraudulenta, el afectado pueda recuperar el total de lo que invirtió. No es entendible por parte de nadie que se haya salvado a las entidades financieras y a muchos de sus gestores -algunos imputados por malas prácticas- con el dinero público y no
se dé una solución al problema de las preferentes, o se les da una solución como la de Bankia, cambiando preferentes por acciones con una pérdida del 70 %, según la cotización de ayer. El Gobierno ha creado una comisión con el fin de solucionarlo,
esperemos que así sea. Esta proposición de ley tiene nuestro apoyo, de la misma manera que lo tienen los miles de afectados mientras no se resuelva el asunto de manera satisfactoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la diputada Irene Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidente.
Señorías, este asunto, como han indicado alguno de los portavoces que me han precedido, tiene una vertiente política y una vertiente jurídica, si bien es verdad que se ha pasado más de puntillas sobre la vertiente jurídica. Desde el punto
de vista político claramente, por la mayoría que hay en esta Cámara, quien tiene la capacidad de cambiar las cosas respecto de los damnificados de las preferentes y que recuperen su dinero es el Gobierno, pero ya hemos visto lo que es capaz de
hacer, que es proponer medidas como los canjes, con quitas que han llegado en algunos casos al 40 %. Esos canjes por acciones, en el caso de Bankia -hoy precisamente era el primer día en que los que se acogieron a estos canjes
podían vender sus acciones-, han experimentado pérdidas cuantiosas por el desplome de la acción que, por otro lado, era previsible que ocurriera. Lo que también ha sido capaz de hacer el Gobierno, o intenta hacer a toda costa, es garantizar
la impunidad de quienes han sido los artífices de esta gran estafa institucional que son las preferentes. Políticamente también los demás grupos parlamentarios podemos hacer cosas, como presentar esta iniciativa, que mi grupo va a apoyar. Pero
creo que también es una obligación política restaurar la verdad de los hechos ocurridos con respecto de las preferentes y para eso sí que es necesario hacer discurso político porque, escuchando a los dos portavoces que me han precedido, se habla de
los responsables de la estafa de las preferentes, en algunos casos de la banca como una de las entidades financieras, como si fuera algo difuso y no se subraya lo suficiente el hecho de que la mayor parte de las preferentes fueron comercializadas
desde cajas de ahorros que estaban gobernadas por gente nombrada por los partidos políticos cuyas cúpulas se sientan en esta Cámara. En concreto, el BNG nombró cinco consejeros en Caixanova y seis en Caixa Galicia.
Es fundamental pedir responsabilidades políticas no por estos errores que se cometieron, que es la tesis oficial y que sorprendentemente también parecen suscribir los portavoces que me han precedido -que hubo un error, que hubo gente que se
despistó y comercializó mal las preferentes-, sino que todos los hechos parecen indicar que se tramó, no que accidentalmente pagaran los platos rotos de la crisis quienes compraron preferentes sino que se tramó recaudar dinero para esas cajas de
ahorro que estaban quebradas, y se consiguió captar en preferentes y deuda subordinada nada menos que 30.000 millones de euros, cantidad que es muy difícil que se capte porque alguien se despista. En fin, esto tiene unos responsables políticos
evidentes y tiene unos responsables penales, como se ha sugerido de pasada.
Como las vías políticas están agostadas y es evidente que el Gobierno se ha encargado de clausurarlas para que no se pueda avanzar en este sentido, por eso mismo, este grupo parlamentario presentó una querella en la Audiencia Nacional en la
que no solamente apuntábamos a este tipo de responsabilidades sino que pedimos que se investigue para que todos sepamos exactamente qué pasó, para que esto no quede simplemente como un error de gente que comercializó ciertos artefactos financieros.
Hubo errores evidentes de regulación, hubo errores evidentes de supervisión; el Banco de España estaba dando por buenas las cuentas de las cajas de ahorro que se sabía que estaban quebradas; la CNMV sabía que se estaba comercializando este tipo de
productos y no hizo nada para impedirlo...
Nuestra tesis en esta querella, ¿cuál es? Al contrario de lo que defiende el BNG, no solamente hubo una mala comercialización, que por supuesto la hubo, eso es ya casi una verdad universalmente aceptada, sino que en sí mismo el producto era
fraudulento, era un producto para el que no había mercado. Era un producto que se vendía a través de las propias entidades financieras, a través de estas cajas de ahorro y por tanto su comercialización era ficticia, por así decirlo, y estaba
controlada por las propias entidades financieras.
Esperamos que la Audiencia Nacional admita a trámite esta querella y que no sea boicoteada por la fiscalía como está ocurriendo en otros casos muy sonados, que parece que la fiscalía está haciendo de abogada defensora como en el caso
Urdangarin, en el caso Bankia, en el caso de Caja Segovia. Nos parece especialmente importante que los tribunales acrediten que este producto de las preferentes era fraudulento en sí mismo, además de su pésima comercialización, porque si se
demostrara que ha existido ese delito y que este producto era fraudulento como nosotros esperamos poder demostrar, los contratos de las preferentes serían nulos y eso significaría que automáticamente todos los damnificados recuperarían su dinero;
los contratos iniciales serían nulos y todos los hechos sucesivos que se han producido después -canjes, quitas, comisiones de seguimiento, etcétera-, todo lo siguiente, también sería nulo.
Nosotros esperamos demostrar que la estafa de las preferentes tiene autores directos y cooperadores necesarios. Tiene autores materiales, tiene autores intelectuales y tiene cooperadores necesarios, y en esa responsabilidad, aunque no se
haya insistido suficiente y en algunos casos ni siquiera se haya mencionado, están los gobiernos de las comunidades autónomas, que eran los encargados de gestionar esas cajas; el Banco de España, como he dicho; o la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. Todos ellos, no solamente el director de oficina que comercializaba preferentes, cometía un abuso de confianza con esos jubilados que no tenían conocimientos financieros, también esas instituciones incurrieron en abuso de confianza
porque los ciudadanos confían en que sus instituciones los protejan de quienes quieren venderles artefactos tóxicos. Esas instituciones, esas comunidades autónomas, ese Ministerio de Economía, ese Banco de España, esa Comisión Nacional del Mercado
de Valores, no solo no protegió a los ciudadanos sino que contribuyó a perpetrar esa estafa, en algunos casos mirando para otro lado y en otros casos estimulando, como llegó a hacer en algunas ocasiones el Gobierno con las cajas de ahorro,
a que captaran capital. Desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, la gran estafa de las preferentes es el ejemplo más acabado de la crisis institucional, del crac institucional que ha sufrido nuestro país. Representa la
absoluta falta de escrúpulos del Establishment cuando se trata de salvarse a sí mismo, de salvar su gestión en las cajas de ahorro y de tapar y ocultar de manera cómplice, los unos y los otros, la responsabilidad en esta gran estafa institucional.
Esperamos que todo esto pueda ser ventilado en los tribunales, que se pueda restaurar la verdad de los hechos, que se pueda resarcir a todos los afectados, que esos contratos sean declarados nulos y que todos recuperen su dinero.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Jané i Guasch): Gracias, señora Lozano.
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el diputado Joan Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Por respeto a las personas afectadas y al drama que están viviendo, algunas de las cuales nos acompañan, les puedo asegurar que voy a intentar referirme en mi intervención a su problema y no a mi libro o a mi querella, como ha hecho la
portavoz de Unión Progreso y Democracia hace un momento. (La señora Lozano Domingo pronuncia palabras que no se perciben).
Quiero comenzar agradeciendo al Bloque Nacionalista Galego la presentación de esta proposición de ley. Sin duda es necesaria, dado que el problema sigue sin resolverse, y oportuna, porque hoy precisamente asistimos a otro capítulo de esta
monumental estafa a los ahorradores. El conflicto sigue abierto por mucho que el Gobierno y el Partido Popular quieran dar por zanjado el tema. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El conflicto de las preferentes sigue abierto, tanto como
las carnes de las familias afectadas por esta estafa. Con las preferentes, con el drama de los desahucios y otros conflictos sociales creo que nuestra obligación como diputados -al menos así lo entiende el Grupo de La Izquierda Plural- es mantener
vivo el debate y exigir soluciones al menos mientras existan miles y miles de familias afectadas en la calle, en su movilización y su protesta y en el Parlamento. A pesar de que cada vez que comparece el Gobierno o habla el Partido Popular se nos
dice que el conflicto está en vías de solución, la realidad es muy tozuda y lo desmiente, tan tozuda como las personas afectadas en la búsqueda de soluciones y de justicia para la estafa que les han perpetrado.
Nuestro voto es a favor de intentar que esta proposición de ley abra el camino a una solución que debe ser real, universal lo más rápidamente posible y sobre todo definitiva. Por eso pensamos que hoy el Congreso tiene ocasión de dar de
nuevo una oportunidad a la resolución de este problema. Hoy no se trata de hacer más debate sobre las responsabilidades de ese desastre, aunque creo que no se debe rehuir de ellas; responsabilidades que sin duda -lo hemos tratado muchas veces-
están desgraciadamente muy repartidas en todos aquellos que tuvieron algún tipo de responsabilidad en el gobierno de esas entidades y sobre todo en su gestión, en el Gobierno anterior y en los organismos supervisores, y también quienes desde el
Gobierno actual, después de criticar la inacción del Gobierno de Zapatero, estuvieron seis meses sin afrontar el conflicto de cara. Además, como muy bien ha dicho la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, a partir de la firma del memorándum con
la Unión Europea sin duda las cosas se han hecho mucho más difíciles. Estamos ante una estafa continuada. En algunos casos las familias, las personas han sido estafadas por partida triple; algunos de ellos los hemos podido conocer directamente.
Primero se les ofreció como producto de ahorro un producto de inversión de elevado riesgo, como se ha demostrado; se utilizaron los recursos de las preferentes como los primeros fondos privados para el primer rescate a la banca española sin que
esas personas supieran, ni tan siquiera se imaginaran, que a lo que se les llevaba no era a ahorrar sino a salvar los agujeros provocados en la gestión de esas entidades fruto de la burbuja inmobiliaria. Algunos de ellos no solo fueron estafados
una vez, sino que han sido estafados por segunda vez cuando, por ejemplo, a la gente de Caixa Laietana, hoy Bankia, se les urgió a canjear sus participaciones preferentes por acciones sin que sin duda se les explicara suficientemente los riesgos que
corrían con esta actuación.
El tercer engaño viene de la mano del Real Decreto-ley 6/2013, que pretende ser el decreto de la solución y que en ningún caso dejó claro en su momento ni ha dejado claro después que los titulares de las preferentes en función de esa nueva
normativa ven transformados esas preferentes o esas subordinadas en acciones que además, como se está viendo hoy, están perdiendo a marchas forzadas su valor. Por eso compartimos las declaraciones que hoy mismo hacen los portavoces de Adicae, la
entidad representativa
de usuarios del sector financiero, que ha calificado claramente esta situación como de fraude orquestado. Un proceso de canje de preferentes por acciones, en este caso de Bankia, que puede suponer la pérdida de hasta el 75 % del valor de
los ahorros depositados; acciones que, por cierto, están siendo objeto en estos últimos días de una brutal especulación a la baja y que espero que la Comisión Nacional del Mercado de Valores esté investigando ya.
Nuestro grupo le va a preguntar mañana a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la vamos a interpelar sobre las medidas que se están adoptando en estos momentos, que es urgente y obligatorio adoptar en estos momentos
para evitar que además de ser estafados sean objeto de esa brutal especulación. Que esto es una estafa orquestada no es una acusación política hecha por el Grupo de La Izquierda Plural, es algo -supongo que todos ustedes lo saben- que ha sido
constatado por el informe elaborado por el departamento de supervisión de la Dirección General de Entidades de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, existe en estos momentos un informe del organismo supervisor que constata que
algunas de esas entidades han sido objeto de una estafa orquestada. Eso nos lleva -concretamente me quiero dirigir en estos momentos a los representantes del Grupo Popular- a hacer una reflexión muy profunda. En una sociedad seria, en un Estado de
derecho no se puede plantear que aunque las responsabilidades fueron del periodo anterior, en estos momentos el Gobierno, en representación del Estado, no se subroga en esas responsabilidades. Ya sé que ustedes pueden decir que políticamente han
hecho más que antes y no vamos a discutir de eso, pero la verdad es que, se haya hecho lo que se haya hecho, hoy el conflicto sigue abierto y las carnes de esas familias siguen abiertas en canal. Eso hay que reconocerlo porque, si no, no estarían
aquí en la puerta. Por tanto, es responsabilidad de todos no cejar hasta no encontrar una solución definitiva y la actual, la del Real Decreto-ley 6/2013, no lo es y creo que ustedes lo saben. Sin duda es difícil, es complicado separar quiénes
fueron estafados y quiénes fueron inversionistas, pero esa no puede ser la excusa para camuflarse en ese parapeto y es nuestra obligación no cejar, mientras dure la legislatura, hasta encontrar una solución a estas familias. Por eso, les quiero
decir otra vez que la falsa solución de los arbitrajes no es tal. Es verdad que en algún caso ha funcionado; es sospechoso que funcionaran muy bien en Galicia antes de las últimas elecciones y que dejara de funcionar o en todo caso se hiciera
mucho más lento a partir de que las elecciones autonómicas se produjeron. No lo es y los criterios hechos públicos por el FROB el pasado 17 de abril para acceder al arbitraje tienen grandes limitaciones cuando no perversiones. La más grave es la
que no da información a quienes han sido estafados. Muchas de esas personas no están vinculadas a las asociaciones de afectados y muchas de esas personas puede que no lleguen a enterarse antes del 1 de junio de que tienen en su mano la posibilidad
al menos de intentar una solución a su drama personal, al drama de unos ahorradores estafados en muchas ocasiones al final de una vida de mucho trabajo y sufrimiento. Pero lo más grave también es que los criterios establecidos en esos acuerdos del
FROB del 17 de abril son en muchos casos criterios arbitrarios que además tienen agujeros importantes. Dejan fuera a las entidades arbitrarias autonómicas cercanas a la problemática, dejan fuera a las entidades de afectados que podrían ayudar a
establecer criterios y a acabar con un cierto oscurantismo o exclusión de algunos colectivos y, sobre todo, establecen criterios sinceramente poco correctos cuando, por ejemplo, se establece una frontera de 10.000 euros, dejando fuera, al menos en
cuanto a la prioridad, a aquellos ahorradores modestos que a lo mejor pudieron depositar sus ahorros por importes superiores a esa cantidad pero sin dejar de ser ahorradores muy modestos.
Por último, no nos olvidemos, no están solo los estafados de las entidades nacionalizadas, están también aquellos estafados de entidades que, aun no siendo nacionalizadas, continúan teniendo un problema. Sin duda, ahí la cosa debería ser
más fácil, porque deben ser esas entidades las que respondan de eso. Pero quiero llamar la atención sobre algunas falsas soluciones como, por ejemplo, la puesta en marcha por Caixabank. La fórmula de los créditos pignorados no es la solución
porque sin duda supone a corto plazo poder disponer de liquidez, lo cual da una cierta tranquilidad, pero puede suponer sin duda muchos riesgos e incertidumbres y sobre todo supone que un ahorrador pasa de ser el que tiene el crédito de una entidad
-porque en eso consiste exactamente el ahorro- a ser deudor, sin haber cerrado definitivamente su relación con esa entidad, que es lo que de verdad quieren muchos de esos ahorradores; olvidar por una vez a quien les estafó pero sobre la base de
haber recuperado íntegramente el dinero invertido.
Termino. Estas son las argumentaciones de nuestro grupo para apoyar la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego. Creemos que tenemos una nueva oportunidad; una oportunidad que debe dar una solución real, universal, lo más rápida posible
y definitiva. Por eso volvemos a agradecer al Bloque
Nacionalista Galego que nos haya brindado de nuevo la oportunidad a este Congreso de jugar la función que nos es de obligación. En ese sentido creo -mi intervención ha sido lo suficientemente respetuosa como para que después ustedes no nos
echen, como tienen costumbre, los caballos por encima- que el Partido Popular debería pensarse mucho en esta ocasión el sentido de su voto. Sé que la mayoría absoluta le permite hacer lo que quiera, pero no siempre lo que quiere es lo correcto.
Creo que, tratándose de una proposición de ley, deberían ustedes dar una oportunidad de nuevo a la solución aceptando que hasta ahora este Congreso y especialmente el Gobierno y el grupo que le apoya no han sido capaces de ofrecer una solución al
drama humano de las familias estafadas.
Ustedes pueden hacer lo que crean oportuno pero creo que estas personas, las familias y quienes les representan, se merecen que ustedes hoy estén a la altura de las circunstancias y voten a favor de la iniciativa presentada por el Bloque
Nacionalista Galego.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, con esta proposición de ley el Bloque Nacionalista Galego, a nuestro entender, plantea un cierto desafío al memorando de entendimiento, introduciendo unas modificaciones en esta Ley 9/2012, de
14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, para que no se apliquen los mecanismos legales vigentes que establecen la asunción obligatoria de pérdidas por los poseedores de participaciones preferentes y deuda
subordinada. Desde Convergència i Unió compartimos el trasfondo de la propuesta pues somos, y así lo hemos defendido y manifestado, claros defensores de que los ahorradores afectados por la estafa de las preferentes no asuman ninguna pérdida y
recuperen su capital inicial. Así lo hemos defendido desde el inicio de la problemática. Sin embargo, la opción que propone el Bloque Nacionalista Galego entendemos que plantea unas reglas que se sitúan fuera de juego e ignoran la solución del
arbitraje como vía de devolución del capital inicial a los pequeños ahorradores afectados por la comercialización irregular de las participaciones preferentes. Ignora una solución y un instrumento que entendemos es el más adecuado para dar una
solución definitiva a esta problemática y sobre todo para permitir la recuperación de los ahorros y del capital invertido a los afectados. Eso sí, desde nuestro punto de vista, el arbitraje es un instrumento que debe ser universal y debe llegar a
todos y cada uno de los afectados sin ningún límite. En este sentido, la posición que defendemos desde Convergència i Unió y que se enmarca dentro del memorando de entendimiento, que fue pactado entre el Gobierno y las autoridades europeas para
poder obtener ayudas para recapitalizar al sector financiero, es que se dé cumplimiento con la máxima celeridad al arbitraje para todos los afectados, es decir, repito, que sea universal. Un arbitraje que hasta ahora había estado sujeto a una
legislación especial -el consumo- teniendo como particularidad que es la Administración o un organismo autónomo de la misma el que establece el sistema arbitral con un ámbito local o autonómico, según los casos, y que se ejerce a través de las
llamadas juntas arbitrales. Este medio alternativo de resolución de conflictos ha supuesto, desde nuestro punto de vista, una vía ágil y profesional en la que las partes han convenido que las diferencias entre ellas serían resueltas de forma
definitiva por un tercero, el árbitro. Actualmente, presidente, señorías, este árbitro ha pasado a ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuestión que desde Convergència i Unió consideramos adecuada, siempre y cuando este organismo vele
por la transparencia y asuma también los errores cometidos con anterioridad en los procesos de comercialización de estos productos financieros.
Por todo ello, desde Convergència i Unió entendemos -y así lo hemos defendido- que esta vía del arbitraje supone una solución rápida y menos costosa que la judicial para los afectados y permite, sobre todo, que muchos ahorradores que fueron
estafados recuperen su capital inicial. No obstante, y dicho todo esto, en este sentido es importante señalar, como hemos venido reivindicando desde el grupo que represento y también desde el inicio de esta intervención, que este arbitraje debe
extenderse a todos los pequeños ahorradores afectados, a todos aquellos ahorradores con general aversión al riesgo que han venido siendo tenedores de preferentes o instrumentos híbridos de capital. El arbitraje debe incluir también a aquellos
inversores minoristas que no quisieron asumir riesgo pero que en los últimos meses se vieron empujados a canjear sus preferentes por acciones como única vía que ofrecía la entidad financiera para preservar el capital del inversor. Estas personas
han sufrido la pérdida de sus ahorros al estar ligados a la evolución de unas acciones que se han derrumbado en los mercados bursátiles, quedando dichos ahorros circunscritos en la mayoría de los casos a nada. Esta situación sería, por ejemplo, la
característica de la
gran mayoría de afectados de Caixa Laietana, entidad posteriormente integrada en Bankia y cuyo canje de participaciones preferentes por acciones de Bankia se dio previamente a la intervención de la entidad por el FROB, lo que permitió
también esa operativa de transformación de productos que quedó limitada posteriormente por parte de la Comisión Europea precisamente a las entidades intervenidas con ayudas públicas. En este caso el margen de maniobra de los inversores minoristas
para recuperar sus ahorros se ve claramente limitado, siendo la situación sin embargo muy parecida a la de otros inversores que sí optan, mediante arbitraje, a recuperar el cien por cien del capital inicial. Por todo ello, presidente, señorías,
insistimos en que el Gobierno debe incluir en el procedimiento de arbitraje a todos y cada uno de los pequeños ahorradores que han perdido su capital inicial debido a una mala gestión financiera y debe hacerlo con premura para poder restablecer
también cuanto antes la confianza en el sistema financiero español.
Presidente, señorías, compartiendo el fondo de la cuestión que plantea la proposición de ley presentada por el Grupo Nacionalista Galego; compartiendo la profunda preocupación por la grave problemática económica y social que se ha generado
y que atañe a todos los ahorradores afectados, y compartiendo también algunos aspectos de esta proposición no de ley, pero aún insistiendo -y repito, aún insistiendo- desde el grupo parlamentario que represento en la necesidad de enmarcar cada una
de las soluciones que se tomen dentro el memorando de entendimiento y aplicando los mecanismos legales vigentes -ambos aspectos clave para nuestro grupo parlamentario-, nuestro grupo votará favorablemente la toma en consideración. Y lo hará
fundamentalmente por tres razones: por compartir, como decía antes, el fondo de la cuestión, porque se trata de una toma en consideración de esta proposición de ley y por el respeto que debemos a todos y cada uno de los afectados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta proposición de ley, y hay una razón de mucho peso y fundamental, como es que no solamente va en la misma dirección de nuestra iniciativa, sino que
prácticamente es literal de nuestra propia iniciativa. En ese sentido, agradezco al Bloque Nacionalista Galego que la haya presentado.
En segundo lugar, pido coherencia para que, al igual que ha salido en el Parlamento gallego, salga por unanimidad el apoyo a esta iniciativa. (Aplausos). Eso es lo que está esperando la gente en la calle: apoyo unánime, al igual que en el
Parlamento gallego. En ese sentido, creo que el posicionamiento del PP en Galicia ha sido una clara rectificación, después de un arbitraje que fue un claro tongo electoral, ya que se dan cuenta de que el arbitraje no lo soluciona y que, por tanto,
hay que acudir a otra vía y a otra dirección, que es en la que nosotros llevamos insistiendo más de un año para que se aborde y se solucione este problema. (El señor Tarno Blanco: ¿Quién lo ha autorizado?).
Señores diputados, raro es el día que no estoy con preferentistas afectados, pero ayer me comprometí con uno de ellos a manifestar algo y lo voy a cumplir. Un preferentista me decía ayer prácticamente con lágrimas en los ojos:
Fuenteovejuna se va a volver a levantar. Me lo dijo y yo no lo entendí como una amenaza, lo entendí como un grito de indignación, como un grito que evidentemente manifestaba desesperación, porque ve que se pasa el tiempo y que esto realmente no
tiene solución; al contrario, va empeorando día a día, y la indignación va a más, señorías. Son ya tragedias, dramas humanos los que estamos viviendo, aunque no queramos mencionarlo. Y más indignación hay todavía cuando se ve la corrupción
financiera que ha existido, el nido de corruptos, de bribones que ha existido en entidades como Bankia, que han sido auténticos depredadores en este país. Eso está sumando la indignación de la gente, la está llevando todavía más a una mayor
indignación y a una mayor rebeldía contra lo que está sucediendo, señorías.
En ese sentido, quiero manifestar que desde luego no podemos pasar de soslayo algo muy grave que ha ocurrido estos días, señorías. Se ha materializado lo que ha sido un atraco a los preferentistas, porque de forma muda pero dura los
rescates a los desmanes de nuestro sistema financiero se están financiando a costa de los preferentistas. Ha ocurrido en estos últimos días y no nos podemos poner la venda en los ojos. Tenemos que hablar aquí claro.
¿Qué ocurrió en este país el pasado jueves, señorías? El pasado jueves le tocó a Bankia, posteriormente le va a tocar a Novagalicia, le va a tocar también a Catalunya Caixa y le va a tocar a otras que tienen
ayudas públicas. Pero ¿qué pasó el jueves, el último jueves de la semana pasada? Pasó algo muy grave en este país, señorías. Por de pronto se hizo un canje, se convirtió lo que son preferentes y deuda subordinada en acciones. Se
convirtió a 1,35 con una quita a los preferentistas de Bankia, y no estamos hablando de uno ni de dos, sino de 150.000 familias, a las que se les hizo accionistas sin quererlo ni beberlo, de buenas a primera. A golpe de decreto y de resolución del
FROB se convierte en accionistas a ahorradores natos, engañados en la comercialización, y se les quita un 38 %. Muchos de ellos acudieron a Bankia a vender sus acciones en Bolsa, querían vender porque ya se conformaban con la pérdida del 38 %.
Señores del Partido Popular, ¿saben ustedes lo que les dijeron? Que hasta el martes no podían vender, que hasta el martes no disponían del dinero. ¿Saben ustedes que ese mismo día, el jueves, estaban vendiendo acciones los institucionales, que
estaban especulando con esas acciones los institucionales? Un dato muy significativo: el miércoles acabó la cotización de Bankia a 1,40 y el jueves acabó a 0,60, menos de la mitad del valor, menos de la mitad con movimiento especulativo, que este
Gobierno ha admitido, que este Gobierno ha posibilitado y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha hecho nada en contra. (El señor Tarno Blanco pronuncia palabras que no se perciben). Eso ha sido un auténtico robo, un auténtico atraco a
mano armada (Aplausos), dando un trato distinto a los minoristas que no pudieron vender y a los institucionales, a las grandes corporaciones, para que sacasen el máximo de beneficio, con ventas en descubierto que están prohibidas en este país. La
Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que va a abrir una investigación, pero tenía que haber tomado cartas en el asunto, tenía que haberlo impedido y primero tenían que haberlo previsto, tanto la comisión como Bankia, que es el FROB, y
tenían que haber evitado las ventas a corto o ventas en descubierto. Tenían que haber dado un mismo trato a los institucionales que a los minoristas y no lo hicieron. Eso lo han hecho ustedes, este Gobierno. (La señora Sánchez García: ¿Dónde
estabas tú?). Al igual que han hecho otra cosa que no les van a perdonar los afectados en este país, y es que el día 9 de mayo el Banco Santander retira un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que hubiese significado sentar jurisprudencia
en este país sobre las preferentes. Es evidente que el Gobierno -acuso directamente al Gobierno- está detrás de esa decisión del Banco Santander de retirar el recurso de casación para que no hubiese jurisprudencia al respecto.
Por tanto, señores del Partido Popular, ustedes son los artífices. (El señor Torno Blanco: No, ustedes.-El señor Merino López: Vosotros). Ustedes han materializado claramente el canje de preferentes en este país (Aplausos), primero a
Bankia y después a los que vienen. Ustedes -acuso directamente al Gobierno- han permitido una primera quita de un 38 %, pero va a haber una segunda quita con el desplome de las acciones de Bankia y ya está valorada en un 78 %. Señores del Partido
Popular, a aquellos ahorradores que tenían 100 ustedes les van a devolver 27, y depende del día en que lo vendan en Bolsa. Es posible que todavía pierdan más, es posible que todavía tengan una pérdida superior, y ustedes son los artífices, ustedes
son los responsables y ustedes son los que lo han provocado.
Señores del Partido Popular, aquí ha habido dos fases bien distintas. La primera, una fase de secuestro de los ahorros que ha significado -lo dicen muy bien los ingleses- el corralito español (Muestra un cartel que dice: Corralito
español). Así lo nombran en Inglaterra, el corralito español. (Aplausos). Pero ha habido otra fase posterior, que ha sido la del pasado jueves, y eso ha sido meter la mano en los bolsillos a los ahorradores, y eso es el rescate chipriota.
(Muestra simultáneamente otro cartel que dice: Rescate chipriota). En Chipre se ha hecho que sean los depositantes los que paguen el rescate de sus bancos y en este país han sido ustedes los que han hecho que sean los ahorradores los que paguen el
rescate bancario. De esta conjunción de rescate chipriota y de corralito español ustedes son los artífices claramente. (Rumores).
Ahora ustedes nos engañan con un arbitraje, arbitraje que, insisto, en Galicia se han dado cuenta de que no es efectivo, que no resuelve y nos tratan de engañar con un arbitraje; un arbitraje dirigido; un arbitraje al que no van a poder
optar muchísimas personas y exigimos una rectificación porque todo esto es grave, es inconstitucional lo que se ha regulado en este país. (Rumores). Pedimos una rectificación, que se suspendan todas las actuaciones, que se anulen todas las
actuaciones que han significado conversión de preferentes y de subordinadas en acciones y que se anulen todas las quitas producidas en este país y, sobre todo, que se restituyan el derecho y la justicia y que se les devuelvan íntegramente sus
ahorros, bien a depósitos a tres años.
Señores del Partido Popular, y con ello concluyo, si ustedes no fuesen los verdugos realmente, ¿qué razón hay para que no acudan a la justicia cuando todos los partidos políticos prácticamente hemos acudido? ¿Por qué ustedes no acuden?
¿Por qué no acude el Gobierno? Porque evidentemente tratan de
pasar por alto lo que ustedes están provocando (El señor Tarno Blanco: Eso ustedes), el desfalco que le está llevando a culminar lo que es una grave estafa estructural. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, presidente.
Una estafa en masa que realmente va a pasar a la historia. La confianza en el sistema financiero está gravemente herida y la crisis del sistema financiero no se va a superar hasta que se solucione definitivamente este grave problema, pero a
ustedes parece ser que les importa tres pepinos el sufrimiento y el drama humano. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
Gracias, señor Hurtado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, vengo a defender la posición del Grupo Popular en torno a un texto de una proposición de ley que se ha presentado a esta Cámara, pero ante la intervención que ha tenido el representante
del Grupo Socialista creo que por respeto a todos los presentes debo efectuar algunas aclaraciones.
La primera de todas es que me sorprende que el Grupo Parlamentario Socialista, un grupo con vocación de gobierno, además de haber creado un grave problema a los ciudadanos españoles trate de evitar la solución. (Una señora diputada: Te
confundes.-Aplausos). Eso me ha causado una sorpresa grande. Evidentemente, no es necesario sensibilizar a los componentes del Grupo Parlamentario Popular, porque ya lo estamos, con el drama de las preferentes, de los productos híbridos y de las
obligaciones subordinadas. Ustedes no tienen ese monopolio; nosotros también tenemos esa sensibilidad. No voy a hablarles para nada de que ustedes consintieron la comercialización masiva de este producto, con el agravante de que permitieron la
actuación del Banco de España, que en lugar de hacer a las entidades que tenían que supervisar una reforma del sistema financiero como se ha hecho ahora con la legislación, dotando provisiones, le permitió que trasladara sus problemas de capital a
los consumidores. (Aplausos). Además, permitió que la CNMV no velara por la protección de los inversores cuando las entidades estaban colocando estos productos entre ahorradores y depositantes, convirtiendo directamente en muchos casos el pasivo
en capital, y no viceversa, como ha dicho el señor Coscubiela, creo que en este caso por un lapsus verbal. Sin embargo, quiero decir una cosa que es más importante -esto ya está dicho, ya se sabe, lo sabe todo el mundo- al señor Hurtado y a todos
los presentes.
La verdad es que no puedo resumir lo que usted ha dicho, porque es difícil resumirlo, pero le he creído entender que de Bankia, del Grupo Popular... Le tengo que decir una cosa muy importante, la obligación de valorar las participaciones
preferentes a precio de mercado y no a valor nominal no viene del MOU, ¿o es que usted ha querido decir que viene del MOU?, ¿o es que ha querido decir que viene de la Ley 9/2012? Si lo ha querido decir no es cierto, esta ley traspone lo que ha
dicho el memorándum de entendimiento, eso es cierto, pero la obligación de valorar a precio de mercado en el caso de Bankia o de cualquier otra entidad no viene de la legislación que ha propuesto el Grupo Popular, viene de la legislación genérica de
ayudas a Estados de la Unión Europea. (Aplausos). Una obligación cuyo cumplimiento es vigilado por la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que está encabezada por un ilustre español y socialista, don Joaquín Almunia. Pregúntele
a él cuáles son las obligaciones que derivan de nuestra participación en la Unión Europea. (Aplausos). El MOU, ese memorándum sí que establece condiciones concretas para el proceso de reestructuración bancaria, pero el principio de que una entidad
nacionalizada no puede recomprar sus pasivos por encima del valor de mercado es muy anterior a la Ley 9 de 2012 y muy anterior a la llegada del Partido Popular al Gobierno de España. Esa es legislación genérica de ayudas a Estados. Con esta
aclaración y quedando al servicio de quien quiera profundizar, voy a tratar de determinar la posición del Partido Popular respecto a la proposición que hoy estamos debatiendo.
En primer lugar, el nombre de esta proposición es: Reforma de la Ley 9/2012, sobre reestructuración y resolución de entidades de crédito para garantizar la devolución íntegra del valor nominal de las participaciones preferentes y otros
instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera. He leído el título completo para saber de lo que estamos hablando. Este es el texto de la proposición de ley que hoy nos
reúne. Estamos hablando de ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera, a los cuales la ley les añade en su único artículo por
cinco veces en sus cinco apartados que además estos ahorradores no hubieran recibido información adecuada del instrumento adquirido. A esos pequeños ahorradores sin trayectoria financiera y que además no hubieran recibido información sobre
el instrumento adquirido, el grupo proponente quiere garantizarles la devolución del nominal. En esto no podemos estar sino de acuerdo el Grupo Popular y el Gobierno de España porque ese es precisamente el objetivo del Decreto-ley 6/2013:
garantizar la devolución del nominal a este colectivo. Eso está garantizado. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Popular va a votar que no porque es redundante.(Rumores). La mera redundancia no evitaría... (Rumores). ¡Hay tantas cosas que son
redundantes! Pero es que además de ser redundante es impreciso. No establece qué mecanismo va a determinarse por ley para ver cuáles son los ahorradores que no han recibido la información correcta. Pero hay algo más por lo que vamos a votar que
no, y es porque votar a favor de este texto que proponen, el resultado práctico exclusivo sería entorpecer y retrasar el proceso de arbitraje que ya está en marcha. No podemos permitirlo, aunque estamos totalmente de acuerdo. Fíjese si estamos de
acuerdo que ya está la legislación en vigor. La posición del Grupo Parlamentario Popular es clara: los ahorradores que no han sido debidamente informados no son los destinatarios de este producto, y menos aún cuando existen evidencias de que se lo
han colocado con engaños, ocultación y desprotección. Para evitar que esto se siga produciendo se han dictado normas que garantizan que no vuelva a ocurrir. De hecho, si el nuevo marco establecido para garantizar la colocación de estos productos
hubiera estado en vigor cuando gobernaba el Partido Socialista, hoy no estarían atrapados más de 300.000 ahorradores en estos problemas con productos complejos. (Aplausos). Se han potenciado las funciones de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, llegándose a exigir que los clientes minoristas escriban de su puño y letra que han sido advertidos de que el producto no les resulta conveniente si este ha sido el resultado del test de conveniencia. En particular, en Galicia se han
emitido 1.859 millones de euros en preferentes y subordinadas, entre Caixa Galicia y Caixanova, hoy Novagalicia Banco, más del 50 %, cuando estos productos se emitieron mientras estaba en el Gobierno el grupo proponente junto al Partido Socialista.
Pues bien, con la legislación actual, con el decreto ley, con la legislación aprobada por el Grupo Popular esto no se hubiera podido producir.
Además de evitar que se produzca en el futuro también nos hemos preocupado por las víctimas de la mala colocación de preferentes, dotándolas de un instrumento ágil y eficaz para que les fuera devuelta la totalidad del nominal a aquellos
pequeños ahorradores, como dice el texto de la proposición de ley que hoy se tramita, pequeños ahorradores, pequeños inversores sin trayectoria financiera y que no hubieran sido informados de las características del producto que se les estaba
colocando. Para ello hemos creado el arbitraje y además una comisión de seguimiento que trimestralmente tendrá que traer su informe de evaluación a esta Cámara. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Los mismos que se proponen en el texto de la
ley, aunque no se identifican, la información que se le haya aportado al cliente y además la resolución del arbitraje se establece con criterios sociales dando preferencia a aquellos titulares con controversia inferior a los 10.000 euros.
Para terminar, quiero decir que evidentemente en el Partido Popular no hemos creado el problema, señorías, pero estamos trabajando para darle una solución. La vía arbitral que se está aplicando desde julio de 2012 en Galicia, desde
noviembre en Cataluña y recientemente, desde abril, en Bankia ha dado sus resultados y podemos decir que hasta ahora en Galicia en las entidades gallegas se han celebrado más de 16.000 arbitrajes exitosos, 16.000 casos en los cuales se ha dado una
solución al problema, en Cataluña más de 10.000, y además se está acelerando el proceso de arbitraje, el FROB ha dado instrucciones de que al menos se resuelvan 150 laudos al día, en Bankia ya se han recibido 36.000 solicitudes de arbitraje.
(Varias señoras diputadas: ¡No, no!). Por tanto, no confundamos al personal, todos aquellos inversores en preferentes que se han identificado como ahorradores y que no tenían trayectoria financiera ni información adecuada no van a tener en ningún
caso asunción de pérdidas, ni tampoco van a tener quitas, y van a recuperar todo el nominal invertido.
Señoría, para finalizar, me gustaría decirle que nadie nos tiene que convencer de que ha habido una fraudulenta comercialización entre destinatarios equivocados, vivimos y sentimos el drama social igual que el resto de los parlamentarios.
Nos gustaría recibir propuestas constructivas, por ejemplo, métodos para agilizar los arbitrajes, tienen un arbitraje, nos gustaría que se hiciera más rápido; pues bien, es una propuesta constructiva. Para eso no hace falta una ley porque
evidentemente, como se ha dicho, ya está la legislación, nuestro ordenamiento jurídico, los preferentistas tienen la ley a su favor, lo que hace falta es llevarlo a cabo, aplicarlo, y se está aplicando. Se entiende perfectamente y es usual que los
grupos parlamentarios de la oposición quieran evitar el desgaste de apoyar al Gobierno cuando tiene que
solucionar asuntos complejos y controvertidos, pero lo que se sale de lo normal, lo que no es usual es que se use el dolor ajeno para obtener réditos políticos haciendo pasar por novedosas propuestas que ya están en el ordenamiento jurídico
(Aplausos) y que además están en funcionamiento y están dando el resultado que tienen por objeto, que no es otro que devolver el nominal...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Ya termino, señor presidente.
... que devolver el nominal invertido a todos aquellos pequeños ahorradores, pequeños inversores, a los que sin tener capacidad financiera les han colocado productos complejos sin la información adecuada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian. (Protestas en la tribuna de invitados). Desalojen la tribuna. (La señora Fernández Davila pide la palabra). Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, pido la palabra para aclarar una alusión que hizo la portavoz de UPyD y que es incorrecta.
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto para aclarar esa alusión.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En relación con los consejeros del BNG en las entidades de ahorro de Galicia, quiero decir que nunca tuvo seis, que siempre tuvo uno, y que además esos consejeros tienen clara su posición en las actas de los
consejos de administración, votando en contra de muchas decisiones precisamente por falta de información. Estar en un consejo de administración no significa ser responsable de las incorrecciones que han cometido las entidades. También denunciaron
las prácticas incorrectas. Por cierto, la venta masiva de preferentes en Galicia en las entidades de ahorro Caixanova y Caixa Galicia fue a partir del año 2009 bajo el Gobierno del Partido Popular, no del Gobierno bipartito.
Gracias. (La señora Lozano Domingo pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.
Señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señora Fernández Davila, una información del 29 enero de 2010 de La Opinión, de La Coruña, dice que el BNG, con cinco representantes en Caixanova y seis en Caixa Galicia. Es solo una de las muchas que he recuperado. Por supuesto que los
consejeros que están en esos consejos donde se toman las decisiones tienen responsabilidad, en algunos casos por acción y en otros por omisión. Si usted dice que denunciaron las operaciones ilegales, estaremos encantados todos de que traiga aquí a
la tribuna la próxima vez una cita de esas denuncias, alguna cita de alguna acta que así lo acredite.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano. (La señora Asian González pide la palabra).
Señora Asian, ha habido aquí una polémica, la que ha traído la proposición no de ley, y una alusión que se ha contestado. No hay ninguna alusión que a usted se le haya hecho.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Yo he dado unos datos de cuándo se colocó la emisión de preferentes en Galicia (Rumores), estos datos los he obtenido del informe de la Comisión de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda
subordinada, emitido con fecha 17 de mayo de 2013 por la comisión creada el efecto, y se ha dicho que esa comercialización masiva se realizó...
El señor PRESIDENTE: Señora Asian, hay una alusión que se salía de lo que habíamos hablado en la intervención de la señora Fernández Dávila, que, en efecto, habla de esas emisiones y de un año. Usted tiene un minuto para contestar
exactamente a esa alusión de cuándo fue exactamente.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Simplemente quería ratificar que el dato que he utilizado del 50 % que se colocó de preferentes en la etapa en que el grupo proponente estaba apoyando al Gobierno y gobernaba en Galicia con el Partido Socialista es
derivado de las fuentes consultadas, derivado de la propia Comisión
de seguimiento de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada que se ha creado el efecto. De este informe es de donde he obtenido el dato que he comentado en mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
No está la señora Fernández Davila, o por lo menos yo no la veo, para que hable de ese dato. No se va a hablar de nada más, porque es ese dato. (Rumores.-El señor Hurtado Zurera pide la palabra).
Señor Hurtado, si va a hablar de ese dato, sí.
El señor HURTADO ZURERA: Se está haciendo referencia a una emisión. La estafa se produce en la comercialización y en las quitas, y las quitas se están llevando a cabo con este Gobierno, no confundamos, tratamos de confundir. (Protestas).
Las quitas, que es la estafa real, las quitas se están produciendo ahora, no cuando se emitieron. (Un señor diputado: ¡Muy bien, Antonio!-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Bien. Yo creo que este tema está suficientemente debatido. ¿No? (La señora Asian González pide la palabra). Señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: A mi juicio no, porque el señor Hurtado se refiere a que las quitas se están realizando durante este Gobierno, y yo acabo de decir que esas quitas no tienen su origen en este Gobierno (Protestas), sino que es una
legislación derivada de la legislación europea anterior a la ley aprobada por esta Cámara. (Varios señores diputados: ¡No!-Protestas.-Aplausos). Es la legislación europea de ayudas de Estado... (Continúan las protestas.-El señor Hurtado Zurera
pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, se ha terminado. Yo, que lo he seguido muy atentamente, he oído lo que se ha dicho, lo que ha matizado la señora Asian, lo que ha matizado el señor Hurtado y lo que opina la señora Asian de cuándo se
produjo o no. Está suficientemente debatido el tema y no le doy la palabra, señor Hurtado, no le doy la palabra.
Por tanto, pasamos al punto siguiente.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CON EL FIN DE MEJORAR LA ACCESIBILIDAD, LA EQUIDAD, LA CALIDAD Y LA
EFICIENCIA DE LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES. (Número de expediente 162/000286).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el Sistema Nacional de Salud con el fin de mejorar la accesibilidad, la equidad, la
calidad y la eficiencia de las prestaciones asistenciales. Tiene la palabra el señor Cervera.
El señor CERVERA TAULET: Gracias, presidente.
Señorías, la calidad, equidad, cohesión, gratuidad y universalidad de la asistencia prestada en el Sistema Nacional de Salud son cuestiones prioritarias para el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde el comienzo de la X Legislatura, muchas y muy
acertadas han sido las medidas diseñadas e impulsadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para consolidar y desarrollar nuestro sistema sanitario, para blindar y dinamizar la sanidad como el principal pilar del Estado del
bienestar que es en nuestro país, partiendo de la continuada y constructiva coordinación con las comunidades autónomas, profesionales sanitarios, sociedades científicas, colegios profesionales, agentes sociales, pacientes, industria farmacéutica y
tecnología sanitaria, todo el sector en su conjunto. El Ministerio de Sanidad, como digo, ha conseguido en poco más de año y medio que el Sistema Nacional de Salud retome la senda de la sostenibilidad asistencial y la solvencia económica,
manteniendo los niveles de calidad asistencial. Son medidas que están favoreciendo el coste/efectividad de todos los servicios y tecnologías incluidos en la cartera pública de servicios, como la coordinación de las agencias de evaluación
tecnológica. Con estas medidas se ha reducido la factura farmacéutica sin ver mermada la calidad de la prestación y también se está mejorando la gestión de los recursos humanos para garantizar una correcta planificación de las plantillas. Todas
estas medidas han sido impulsadas hasta la fecha y con ellas se está garantizando un correcto funcionamiento del modelo asistencial en la actualidad y en los años venideros, asegurando así
que nuestros hijos disfruten de un Sistema Nacional de Salud como mínimo igual de bueno que el que estamos disfrutando ahora nosotros. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Uno de los ámbitos en los que la ministra Mato está mostrando especial interés desde que asumió la cartera de Sanidad es la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación, las TIC, en el sistema sanitario. Las TIC
reducen entre un 20 y un 30 % el tiempo que los médicos dedican a tareas burocráticas. Favorecen el trabajo en red de los centros asistenciales para mejorar la atención prestada. Mejoran la prescripción y la seguridad en la dispensación de
medicamentos. Facilitan la coordinación entre niveles asistenciales y entre la asistencia sanitaria social para favorecer la continuidad asistencial. Reducen entre un 15 y un 30 % las visitas de los pacientes a los centros, además de reducir los
desplazamientos. Más de 16 millones de personas tienen a su disposición una historia clínica interoperable y más de 44 millones de ciudadanos españoles cuentan ya con un código único de identificación en el Sistema Nacional de Salud.
En conclusión, las TIC mejoran la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y, lo más importante, por cada euro invertido se multiplica por cinco en la eficiencia, la calidad asistencial y el trabajo de
los profesionales sanitarios. Son algunos de los datos y reflexiones por los que las TIC son tenidas en cuenta por el Gobierno como un medio y no como un fin para mejorar los resultados clínicos y optimizar todos los recursos disponibles. En
consecuencia, el ministerio está trabajando con la mayor premura posible y siempre disponiendo de las experiencias de mayor éxito y de evidencias científicas para hacer realidad la historia clínica, la receta electrónica, la tarjeta sanitaria
electrónica interoperable en todo el territorio nacional, siendo consideradas fundamentales para favorecer el progreso en el sistema sanitario por organismos internacionales como la Unión Europea, la OMS, y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico.
El desarrollo de las TIC, como digo, aunque amplio, ha sido asimétrico en las comunidades autónomas. Por eso el Ministerio de Sanidad ha trabajado en el último año y medio y trabaja en favor de la cohesión, la interoperabilidad y el acceso
a la información, independientemente del origen o la necesidad tanto de la administración como del propio paciente, de manera que cualquier ciudadano de cualquier comunidad pueda tener su información sanitaria en cualquier punto del territorio
nacional. Por eso mi grupo parlamentario presenta hoy una proposición no de ley con la que impulsar la aplicación coordinada de las TIC para favorecer la equidad, accesibilidad, calidad y eficiencia en las prestaciones contempladas en la cartera de
servicios, impulsando su desarrollo e implantación con la máxima coordinación entre la totalidad de las administraciones implicadas.
Señorías, voy concluyendo. Los expertos estiman que las TIC cambiarán la sanidad en los próximos años más y más rápido que todos los hallazgos acontecidos en el ámbito de la medicina en los últimos quinientos años. Debemos estar preparados
para aprovechar esta oportunidad. El ministerio y las comunidades autónomas trabajan cada día para que así sea, para que, desde el establecimiento de estándares de calidad y desde ventajas como el seguimiento continuado de los pacientes y la opción
de elegir el tipo de asistencia que se quiera ofrecer, las TIC sean de verdad una pieza clave para mejorar la asistencia prestada a una población cada vez más envejecida y más afectada por las enfermedades crónicas, para favorecer cada vez más la
equidad y la eficiencia asistencial a las que antes me he referido.
Por todo ello, señorías, por la importancia de agilizar la consecución de este importante objetivo, base del desarrollo sanitario de las próximas décadas y base también de la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario para las próximas
generaciones, les pido su apoyo a esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cervera.
Se ha presentado una serie de enmiendas. En primer lugar, para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Señor Cervera, comenzaré por el final, por la parte propositiva, y aquí es donde viene mi primera queja, porque creo que tengo una dificultad. Tengo varias dificultades con usted, una, de percepción: parece que no tenemos la misma
percepción de lo que ocurre en el sistema sanitario español, pero también tengo un problema sobre cuáles son las prioridades y cómo se está trabajando. Ustedes dicen: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir trabajando en el
avance..., etcétera. Yo le pregunto, en primer lugar, ¿seguir trabajando, señor Cervera? ¿Qué han hecho hasta ahora y, sobre todo,
con qué herramientas han trabajado? Ese es uno de los problemas. La realidad es que no se ha hecho nada, luego casi debería decir: insta al Gobierno a comenzar de una vez los trabajos tan necesarios para promover el avance de la
aplicación de las tecnologías, etcétera.
Segundo, señor Cervera, ¿con qué herramientas ha trabajado hasta ahora el Estado? Aquí chocamos con el primer quid de la cuestión: cómo van a hacerlo si no lo han podido hacer hasta ahora. Esta es la realidad, este es el problema. No las
tienen, no tienen herramientas para garantizar entre otras cosas la igualdad de los españoles en todo el territorio en cuanto a derechos sanitarios. Ni siquiera las tienen para intentar que las comunidades autónomas se gasten los recursos que
ustedes mandan de forma finalista. He hablado de esto con usted en el pasado, he hablado con la ministra, he hablado este mismo fin de semana con el ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, que por cierto les está financiando a ustedes del
Partido Popular en la Comunidad Valenciana parte del gasto sanitario, parte del gasto farmacéutico y con quienes tienen de nuevo una deuda prácticamente de seis meses. Ya existen clases de españoles según en qué comunidad autónoma viva cada uno:
por el ratio de médicos o enfermeras por habitante, por las atenciones que se pagan o no, por los medicamentos a los que se tiene acceso, por si están esos medicamentos incluidos o no en esa sanidad pública.
En tercer lugar, señor Cervera, ¿qué avances? Con este panorama, ¿a qué avances se refieren? Sin ir más lejos, le contaré que en la primera legislatura Rosa Díez se presentaba en una foto en la que sostenía un DNI. Entre las diferentes
cosas que nosotros queríamos comunicar con aquella fotografía, una era una alusión a una igualdad que se estaba rompiendo en el territorio español. Yo podría empezar la manifestación que estoy haciendo aquí ahora mismo con la misma foto, pero en
vez de con un DNI, con la tarjeta sanitaria, porque con ella no podemos viajar libremente y sin ningún problema por la geografía española, a ella no se le acaban de añadir todos esos datos que se le podrían añadir. Sin ir más lejos, la tarjetita
con la que mi hijo va a alquilar sus juegos de Internet y todas estas cosas de las maquinitas tiene seguramente más datos dentro que la tarjeta sanitaria que yo uso. Sí, señor Cervera, sí. Entonces, ¿por qué no pueden ser ustedes un poquito más
concretos en la PNL que nos traen aquí? ¿Cómo esperan lograr esta cosa voluntarista que usted ha desgranado?
La irracionalidad actual de la aplicación de estas tecnologías se ve ya claramente en las historias clínicas, en el formato de las recetas, pero también en la existencia de sistemas diferentes de información de los hospitales dentro de las
mismas comunidades autónomas, dentro incluso de un mismo hospital, dificultad de los hospitales para comunicarse con los ambulatorios de la zona. En cuanto a los distintos formatos entre hospitales públicos y privados, ¿obligarán ustedes a los
privados a adecuarse al sistema de los públicos, señor Cervera? ¿Será al revés? ¿Qué es lo que van a hacer? Repito, son necesarias propuestas concretas, herramientas, es decir mejor trabajo.
Mire usted, el NHS británico desarrolló entre 2008 y 2011 el mayor ensayo aleatorizado de telesalud y teleasistencia del mundo con la participación de 6.200 pacientes y 238 médicos de primaria en tres condados, mostrando en sus resultados
que, si se trabaja de forma adecuada, la e-salud puede proporcionar un 20 % de reducción en las admisiones de urgencias. Por cierto, los enfermeros de Valencia y también el presidente del Colegio de Médicos me decían hace poquito que cuando alguien
ingresa en urgencias no hay manera de saber si esa persona está abusando del sistema al ingresar continuamente en urgencias sin razones suficientes o no. De eso también estamos hablando aquí. Se consiguió un 14 % menos de ingresos, un 14 % menos
de estancias, un 8 % menos de coste y, sobre todo, señor Cervera, un 45 % de bajada en la tasa de mortalidad. Aquí les pido de nuevo que nos fijemos en el mensaje: si se trabaja de forma adecuada. Esto que nos presentan ustedes hoy, señor
Cervera, con todos mis respetos, ¿es trabajar de la forma adecuada? Yo creo que esta PNL no lo es, quiero pensar que ustedes son capaces de mucho más.
De la misma manera que uno podía pensar que el Estado autonómico iba a generar riqueza e igualdad y ha resultado lo contrario, se sospechaba que el uso de las nuevas tecnologías nos podía dar también esa misma oportunidad, proporcionar
igualdad, proporcionar una mayor información, hacer que todos los agentes que están implicados puedan acceder más rápidamente y a una información más completa, pero eso no está resultando así sino todo lo contrario. Las posibilidades además son
muchas más de las que usted nos dice.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Cantó, tiene que finalizar.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Acabo, señora presidenta, desgranando muy rápidamente que las posibilidades son muchas más, porque podríamos hablar también de cómo esas tecnologías se
deben centrar en mejorar resultados clínicos, en la eficiencia de los procesos, en permitir el seguimiento de los pacientes en entornos más favorables, como el propio domicilio, etcétera. Señores del Grupo Popular, pasito a pasito. No me
hablen de excelencia si no aprueban parvulitos primero, porque eso es de lo que estamos hablando hoy. Avanzaremos en un camino mucho más importante si hacemos un trabajo serio. Siento decirle que desde mi grupo parlamentario hemos intentado
enmendar con algo muy sencillo, que concretara un poquito más el trabajo, pero ustedes no lo han aceptado. No termino de estar de acuerdo con la transaccional que están realizando con Convergència i Unió, pero lamento tener que decirle, señor
Cervera, que una vez más, señores del Partido Popular, suspendidos en sanidad.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Como saben, mi grupo ha presentado enmienda a la totalidad a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Se trata de una iniciativa donde en primer lugar brilla por su ausencia la falta de evidencia clínica. Habría que decir que ahora
que estamos en la época de la medicina de la evidencia, los datos que ha dado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ya de por sí son chocantes y, si fueran verdad, son escalofriantes, como eso de decir que las tecnologías en la sanidad
significan un avance mayor de los producidos en los últimos quinientos años. Ha hablado de retornos del 300 % de la inversión, de ahorros entre el 15 % y el 30 %. Me imagino que eso tiene que ver con un panfleto de propaganda de las compañías
informáticas, pero no hay ninguna evidencia científica en esa materia, ninguna evidencia científica.
Están dando ustedes a las tecnologías de la información el papel de bálsamo de Fierabrás, pero se acordará usted de que el bálsamo de Fierabrás no funcionaba igual para los señores que para los siervos; para los señores funcionaba y para
los siervos no. En este sentido, señorías, están ustedes intentando una campaña de ocultamiento. Esto es una cortina de humo, una cortina de humo que además reproduce un sistema parlamentario perverso, porque nos estamos convirtiendo en el sistema
parlamentario que orienta al Gobierno, lo cual ya es llamativo, porque normalmente el sistema parlamentario controla al Gobierno. Ahora orientamos al Gobierno. Esta iniciativa que anima a trabajar es una especie de Prozac al Gobierno, es una
iniciativa que pretende superar o dar palmadas en la espalda al Gobierno para que supere la depresión y, señorías, no estamos aquí para eso. El Grupo Parlamentario Popular lo puede hacer en privado, no necesita hacerlo aquí ante la Cámara. Por
tanto, creo que estamos avergonzados -al menos yo estoy avergonzado- del papel que nos da al Parlamento el grupo parlamentario mayoritario.
Decía que esto es una cortina de humo, porque en su argumentación le dan tantas capacidades a las tecnologías de la información que yo creo que, aunque las tuvieran, no podrían compensar la desorganización que han provocado ustedes con una
involución sanitaria desde el siglo XXI al siglo XIX. Ustedes nos han trasladado desde el Sistema Nacional de Salud, desde la sanidad universal, al seguro social y yo creo que eso es lo que produce en estos momentos el mayor nivel de desbarajuste
en el sistema sanitario, el mayor nivel de desorganización del sistema sanitario, la mayor crisis de gestión del sistema sanitario en los últimos años y, por último, también una afectación del nivel de salud de los ciudadanos. Creo que es ahí donde
estamos y por mucho que utilicen ustedes las tecnologías del siglo XXI, ustedes no van a poder compensar el desbarajuste que ha producido el ajuste que ustedes han puesto en marcha.
Hablan de que han reordenado los recursos humanos. Señoría, han recortado los recursos humanos, hay paro sanitario en este país al mismo tiempo que hay necesidades de profesionales sanitarios y, consecuentemente, hay un aumento de las
listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que ocurre, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Por otra parte, ustedes hablan también de una mejora de la calidad y de la universalidad del sistema, señorías, pero su
política de exclusiones -y les doy un nombre, Alpha Pam- ha provocado ya víctimas, está provocando víctimas en el sistema sanitario, víctimas que tienen que ver con la exclusión de los inmigrantes sin papeles, pero también víctimas en los
pensionistas con un bajo nivel de retribución, que en estos momentos no retiran el conjunto de los fármacos que les recetan en el Sistema Nacional de Salud. Hay un deterioro de la calidad y de la atención como consecuencia de sus políticas de
recortes, de sus políticas de exclusiones.
¿Saben ustedes lo único que han cumplido en ese famoso Real Decreto 16/2012? Me desmiento, no lo han cumplido. No han cumplido con el compromiso de ahorro, porque buena parte de ese compromiso de ahorro que eran 7.000 millones de euros se
ha quedado poco menos que en la mitad, pero es que
además no ha sido ahorro, ha sido repago, es decir, buena parte de esos ingresos tienen que ver con que los ciudadanos pagan más en el sistema sanitario público. Ese es el resumen de su política y por eso hemos presentado una enmienda que
pretende tres cosas: derogar el 16/2012, la dimisión de la ministra como responsable de este desbarajuste sanitario que tiene víctimas y, en tercer lugar, la evaluación de las tecnologías de la información. Si estamos en las políticas de
evaluación, también se evalúan las tecnologías de la información, y las hay buenas y las hay malas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no puedo evitar empezar mi intervención dedicando unas palabras al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que normalmente suele desautorizarse por sí solo, pero que en esta ocasión merece una mención especial por las
palabras del señor Cantó. En referencia a la sanidad catalana, no sé si atribuir a la ignorancia, a la mala fe o a las dos cosas a la vez las aseveraciones vertidas por el señor Cantó desde esta tribuna. Quiero recordarle al señor Cantó que el
sistema sanitario de Cataluña es uno de los sistemas sanitarios mejor valorados y reconocidos por el resto de los países europeos y por personas mucho más doctas que él en esta materia; un servicio sanitario que es nuestra obligación defender y,
además, es el derecho de hacerlo no solo de los catalanes sino de todos los españoles y de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, porque, en definitiva, redunda en beneficio de todos y cada uno de nosotros, con lo cual imputarlo a
que la ignorancia es muy atrevida y pretender igualar por lo bajo las prestaciones sanitarias en el Estado español solo puede responder a una mediocridad que en absoluto puede ser compartida por ninguno del resto de los grupos de la Cámara.
(Aplausos).
En Convergència i Unió no vemos mal la proposición que nos ha presentado el grupo de la mayoría en el sentido de seguir trabajando en la promoción y en el desarrollo de las herramientas para beneficiar al Sistema Nacional de Salud, mejorar
su flexibilidad, etcétera. Ahora bien, entendemos que en todo caso esta mejora del uso de las tecnologías en el sistema sanitario lo que tendría que hacer es potenciar la interoperabilidad de las distintas administraciones que ya están haciendo sus
deberes en esta materia, como por ejemplo es el caso de Cataluña. Creemos que no hay promoción posible sin interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Es la habilidad de organizaciones y sistemas dispares y diversos para interaccionar con
objetivos consensuados y con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que las organizaciones involucradas compartan información y conocimientos a través de sus procesos de negocio mediante el intercambio de datos entre sus
respectivos sistemas de tecnología de la información y las comunicaciones.
El sistema sanitario catalán, al que vuelvo a referirme, presenta la peculiaridad y la riqueza al mismo tiempo de ser un sistema mixto, público y público-privado o concertado en cuanto a su financiación, aunque totalmente público en su
utilización. El primer inconveniente -también fue un desafío- con que se encontró el sistema sanitario catalán en los inicios de la digitalización -corría ya el año 2005- derivó precisamente de esta característica que favorece enormemente la
autonomía de gestión y por ello las particularidades de sus sistemas de información. La palabra clave para salvar este escollo fue precisamente interoperabilidad, entendiendo que en un mundo globalizado no hay soluciones únicas, ni son buenas
tampoco; lo son precisamente las que nos permiten compartir. Con esa idea, como decía, en el año 2005 se abordó en Cataluña el proyecto de historia clínica compartida, que significa que existe un único gran repositorio perfectamente estructurado
con criterios clínicos y técnicos que contiene la información relevante de los pacientes integrados en esa base de datos. La historia clínica consideramos que es del paciente y no del centro sanitario y dentro de la historia clínica y como concepto
ha de estar la carpeta personal de salud, a la que el propio paciente debe poder acceder en unas condiciones determinadas de seguridad. En cuanto al contenido, la carpeta personal de salud debe estar orientada a ser un portal individual para que el
propio ciudadano se corresponsabilice de su salud y mejore, si cabe, su adhesión y seguimiento del tratamiento.
En definitiva, señorías, en España todas las comunidades autónomas en mayor o menor medida están abordando ya la interoperabilidad basada en estándares y existen proyectos de interoperabilidad que son referentes internacionales, como la
historia clínica compartida de Cataluña, de Andalucía, de Valencia o de las Baleares, o la receta electrónica de Castilla y León, de Extremadura o de Andalucía. No
podemos desperdiciar todo este capital atesorado, con lo cual conviene legislar para mejorar esta interoperabilidad, para poder acceder a una conexión entre las administraciones competentes en el desarrollo de sus propias competencias. Por
tanto, las acciones que se han tomado en la materia deben ser necesariamente respetadas y promovidas para que puedan seguir manteniéndose. De ahí que les propongamos que incluyan la interoperabilidad en el contenido de su iniciativa.
Para finalizar, entrando en la cuestión del gobierno de las tecnologías de la información, corresponde a cada comunidad autónoma asumir la responsabilidad, porque en España tenemos un sistema descentralizado de sanidad, que se coordina
mediante la interoperabilidad con las demás y también con la Unión Europea.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta.
Tengo que decirle, señor Cervera, que al Grupo Parlamentario Socialista nos gusta la propuesta, nos parece acertada y compartimos que procede su debate, pero quizá sea algo escueta. La idoneidad de instar al Gobierno para que promocione el
uso de las tecnologías de la información y la comunicación es especialmente importante en el ámbito sanitario. La tecnología aplicada a la mejora asistencial ha sido un deseo presente en muchos años de avances diagnósticos y terapéuticos y ha sido
muy importante también en el manejo de la información, en la comunicación y en el intercambio de la misma. El hecho de poder compartir información de cada proceso terapéutico de cada paciente en tiempo real y entre los diferentes escalones
asistenciales ha hecho que ya desde hace años se fueran desarrollando iniciativas novedosas y útiles. Este proceso no es nuevo, evidentemente; este proceso ha evolucionado considerablemente en los últimos años y hemos vivido un desarrollo de
extraordinaria intensidad en todas las comunidades autónomas. Todo el Sistema Nacional de Salud se ha volcado en conseguir un nivel tecnológico acorde con los países de nuestro entorno. Hemos de reconocer que quizá haya sido un proceso lento, no
exento de dificultades, pero con extraordinarios resultados. Quizá al Partido Popular se le ocurra ahora promocionar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero debo recordarles que esto no es nuevo, ya forma parte del
trabajo de los profesionales, forma parte de su día a día porque ellos además valoran los aspectos positivos y nos hacen llegar, lógicamente, las carencias.
Señorías, ustedes traen hoy aquí esta propuesta porque se empieza a cerrar un ciclo que se inició en el año 2006 y quieren que se les reconozca el trabajo. El Plan Avanza se inició por el Ministerio de Industria y se ha desarrollado entre
los años 2006-2012 con fondos propios y fondos europeos. Ahora culmina un proyecto que ha desarrollado el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, que ha tenido un presupuesto de 242,6 millones de euros -que se dice pronto- y que
ustedes hicieron desaparecer en los presupuestos que han elaborado. Con este plan se han desarrollado los sistemas informáticos de las diferentes comunidades autónomas para la implantación de la sanidad en línea, que comprendía la implantación de
la historia clínica compartida, la receta electrónica y la tarjeta sanitaria interoperativas. El sistema estaba bastante avanzado cuando ustedes se han incorporado al Gobierno. Esto es así, esto ha sido una muestra más de la herencia recibida.
Les guste o no, el sistema ha permitido que ya esté implantada la historia clínica en la mayor parte de los territorios del Sistema Nacional de Salud, no en todos. Les guste o no, también está implantada la receta electrónica en unas comunidades
con más avances que en otras. Y les guste o no, ustedes llegaron y pararon prácticamente todo el proceso con los recortes presupuestarios. Pero el proceso ha sido imparable y era bien acogido y demandado por los diferentes servicios autonómicos de
salud.
En algo no han querido avanzar y no han querido cumplir los plazos comprometidos y es en la implantación de la tarjeta sanitaria interoperable. Ustedes nos dirán que son otros los motivos, pero lo que ven los ciudadanos es que no les
conviene avanzar en implantar, por ejemplo, una receta electrónica que permita, entre otras cosas, controlar de forma inmediata el exceso de copago de los medicamentos según los límites que ustedes han aprobado en el injusto Real Decreto-ley
16/2012. Parece relativamente fácil que los pensionistas no tengan que pagar el exceso de copago. Si lo hacen unas comunidades autónomas, como, por ejemplo, Andalucía, lo pueden hacer todas. Busquen el consenso en el consejo interterritorial y
unifiquen las soluciones. Es así de fácil.
Hay otro detalle que nos gustaría que incluyeran en la proposición al Gobierno. No carguen a los ciudadanos el coste de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. No
hay excusa que pueda servir para que algunas comunidades inventen tributaciones extraordinarias, como el euro por receta de la Comunidad de Madrid o de la de Cataluña, con la trampa del coste de la implantación tecnológica, porque realmente
con esas tasas algunas comunidades autónomas están gravando las prestaciones sanitarias. Esto es injusto, muy injusto, y además vulnera la garantía de igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, de un derecho tan importante
como el de la protección de la salud.
Como han visto, hemos propuesto una enmienda de adición en este sentido. No parece que la vayan a aceptar, pero les pedimos que, en un plazo razonable de tres meses, la tarjeta sanitaria común y la historia clínica estén operativas e
interoperables y sean una garantía para que los ciudadanos no paguen ni un euro más ni ningún sobrecoste en medicamentos ni por la renovación de sus tarjetas sanitarias, como ocurre en Baleares o en mi comunidad, en Castilla-La Mancha.
Su propuesta se queda muy cortita, tengo que reconocerlo así. Por eso proponemos nuestra enmienda, que esperamos que acepten y que comprometa de verdad al Gobierno a adquirir un compromiso real con el desarrollo de nuevas tecnologías en
beneficio de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias.
En turno de fijación de posición, por el Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente para anunciar el voto a favor de Unión del Pueblo Navarro a esta propuesta. Es verdad que cuando hablamos de la promoción de las TIC hablamos de una auténtica revolución. En la Exposición Universal de Sevilla creo
que no había ni un solo stand que fuera específico o singular y que hablara sobre informática, telefonía, etcétera. En estos veinte años obviamente nos enfrentamos a una auténtica revolución en nuestras vidas y, como todas las revoluciones, tiene
cosas buenas, cosas seguramente malas y algunas cosas que no podemos controlar. Pero, en todo caso, abre un escenario de oportunidades casi infinito y me temo que es una obligación afrontar un mundo como al que nos tenemos que enfrentar, en el que
tenemos que optimizar el uso de estas tecnologías. Es verdad que eso no va a evitar que tengamos que cuestionarnos algunos problemas inéditos, debates jurídicos y políticos sobre qué administración es la competente para impulsar los procesos de
modernización y racionalización, o como hasta qué nivel se deben integrar o trabajar en red estas tecnologías en las administraciones, cuáles son las garantías de seguridad que tienen los ciudadanos frente a la implantación de estas tecnologías o
cómo evitar la duplicidad de las redes o integrar los distintos modelos informáticos que cada administración desarrolla.
Nosotros, en UPN, no somos partidarios de que las comunidades autónomas se conviertan en islas informáticas en este tipo de tecnología y desde luego estamos a favor de la conectividad, de la integración de las redes, de la compatibilidad, de
favorecer la eficiencia y obviamente de la reducción de costes, manteniendo en todo caso un principio de seguridad y, cómo no, también de comodidad, porque de alguna manera eso es lo que intentamos: hacer más cómoda la vida de nuestros ciudadanos,
y es obvio que es complejo implantar todo este tipo de tecnologías. Existe una curva de aprendizaje porque estamos hablando de productos que son nuevos, que avanzan, que se modifican, difíciles de integrar. Pero, en todo caso, nosotros estamos
convencidos de que esto es un futuro que no tiene vuelta de hoja -será así- y que va a facilitar -eso queremos- y hacer más sencilla la vida de los ciudadanos. Veremos otras muchas cosas más, no solo en temas de sanidad sino en otros muchos. Hoy,
desde luego, sería posible que hubiera un solo carné en el que viniera la información sobre la licencia de conducción, el DNI, el historial clínico, de justicia, etcétera. Yo creo que veremos otras cosas muy diferentes.
Sí quisiera hacer una sugerencia, que también es un deseo, y es que evitemos en lo posible, porque generará muchos desafíos esta auténtica revolución, hacer de este un debate también ideológico, poner, como siempre solemos hacer con
elegancia,...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Salvador, tiene que finalizar.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: ... etiquetas a las tecnologías: de derechas, de izquierdas, etcétera. No haríamos un favor a los ciudadanos. Yo creo que, si hiciéramos lo contrario, nos lo agradecerían.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo, la señora Pérez Fernández.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo brevemente desde el escaño.
Nosotros estamos a favor, como no podría ser de otra manera, de la modernización y racionalización de los recursos en todas, y digo todas, las administraciones, y las tecnologías de la información son imprescindibles para esta finalidad. En
el caso de la administración sanitaria, si cabe, todavía más por las consecuencias positivas directas que esa modernización tiene o tendría en los usuarios de la sanidad pública, que somos todos, aunque unos evidentemente más que otros.
No solo estamos a favor de que las TIC contribuyan a mejorar el sistema sanitario, sino que estamos a favor del propio sistema sanitario público en sí mismo. Y la verdad, señoras y señores diputados del PP, las TIC son el problema más
pequeño, el problema menor que tiene la sanidad pública en este momento, sobre todo si hacemos un repaso pormenorizado de todas y cada una de las medidas que el Gobierno y el Partido Popular le han ido imponiendo, llevándola hacia su deterioro, a la
merma de la calidad de los servicios sanitarios públicos, a la criminalización de los profesionales sanitarios y, sobre todo, a una pérdida de derechos históricos conseguidos por los ciudadanos y las ciudadanas.
Por eso, señoras y señores diputados del PP, permítanme que les diga que la presentación de esta proposición no de ley instando al Gobierno a seguir trabajando en el avance de las tecnologías en el sistema sanitario, cuando han sido ustedes
los que han hundido el propio sistema sanitario y lo que significa, parece una burla por ocupar simplemente su cupo. Es absolutamente incomprensible cuando han sido ustedes los que han acabado con la universalidad de la sanidad, los que han
expulsado de ella a miles de personas, los que han impuesto el repago farmacéutico, el de transporte sanitario no urgente, el copago de los medicamentos a los pensionistas, la precarización de las condiciones de trabajo del personal del sector, y lo
que es todavía más grave, cuando han sido y están siendo ustedes los que están recentralizando las competencias que son de las comunidades autónomas, privatizando hospitales y cerrando centros de salud, y que vengan ahora a esta Cámara a instar al
Gobierno a seguir trabajando realmente nos resulta muy poco serio. ¿Es que acaso el Gobierno necesita que ustedes lo insten para cumplir con su labor, con sus obligaciones? Realmente, si el Gobierno, y concretamente la ministra de Sanidad, va a
seguir trabajando, como dicen ustedes, en esta dirección, francamente preferimos que se quede en casa y que no trabaje tanto y deje a los servicios públicos fundamentales del Estado español en paz.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Vasco, señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora presidenta, señorías, tengo que reconocer que la lectura de la exposición de motivos de esta proposición no de ley que hoy trae el Grupo Popular a este Pleno me ha hecho retrotraerme en el tiempo al menos
una década. Eran tiempos aquellos en los que las administraciones públicas más innovadoras -el sector privado ya lo había hecho con anterioridad- descubrían el importante nicho de oportunidades que la implementación de las TIC les abría a un nuevo
estilo de gobernanza, un estilo basado en la integración y gestión del conocimiento orientada a la toma de decisiones y en la información como herramienta para generar procesos analíticos y estratégicos, a un modelo más colaborativo y flexible
orientado a resultados, que posibilitaba el trabajo en red, la atención multicanal y la accesibilidad y participación de la ciudadanía. En definitiva, un modelo más transparente, más eficaz, eficiente y más equitativo.
Por eso entendemos que se trata de una propuesta en cierta manera trasnochada e insuficiente, una propuesta que llega tarde al margen de estar formulada en un ámbito de gestión en el que la Administración General del Estado es
manifiestamente incompetente, pero a esto último me referiré después. Digo que está trasnochada porque llega a rebufo de las experiencias que desde hace años llevan poniendo en práctica los distintos servicios de salud de algunas comunidades
autónomas, como Euskadi, que me servirá de breve ejemplo para argumentar mis afirmaciones. Vamos a estudiar someramente el caso.
Con la firme voluntad de mantener y mejorar el sistema sanitario de Euskadi, los sucesivos Gobiernos vascos a lo largo de los últimos treinta años han diseñado modelos organizacionales de procesos, de aplicaciones y de infraestructura
técnica. Las tecnologías de la información y la comunicación son solo
una parte de ello, como usted bien ha comentado antes, sobre todo con las personas como eje central de las políticas de salud. Un ejemplo de ello es el modelo de atención integrada aplicado en Euskadi a través de las OSI, las organizaciones
sanitarias integrales, el sistema de información clínica unificada, Osabide Global, que es la historia clínica del servicio vasco de salud o, lo que es lo mismo, el paciente como protagonista y propietario de sus datos clínicos y la administración
sanitaria como gestora y responsable de la custodia de los mismos, en atención primaria Osabide AP, que está desplegado en todos los centros de atención primaria desde el año 2004, y también permite acceder a determinada información registrada en
atención hospitalaria. En este momento se está avanzando en el desarrollo y despliegue de Osabide Global también para la atención primaria y así poder contar con una historia clínica única y no con dos sistemas interconectados. Paralelamente -esto
para nosotros es importante- se ha iniciado el desarrollo informático para su utilización en euskera, avanzando en el objetivo final de una historia clínica digital en los dos idiomas oficiales de Euskadi. La receta electrónica es otro elemento
clave en los sistemas de información clínicos. En este momento está prácticamente desplegada en toda la comunidad autónoma. Otra referencia puede ser el historial farmacoterapéutico único.
No quiero cansarles. Espero que estos ejemplos sean suficientes para demostrar que su propuesta está en cierta manera demodé y que es manifiestamente insuficiente, y ello porque no aborda aspectos organizativos estructurales,
procedimentales y procesales previos relacionados con las infraestructuras y las aplicaciones tecnológicas que además ya han sido decididos e implementados por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Además, comprenderán que a estas alturas de la película la lectura de la PNL, viendo los antecedentes que le preceden, me haya dado un cierto pánico. Espero que no tengan un ataque de genialidad legislativa y se les ocurra entrar a regular
en esta materia, dando al traste con el trabajo que a lo largo de estos últimos treinta años se ha realizado tanto en Euskadi como en otras comunidades autónomas del Estado en el ejercicio de sus competencias. Una vez más, entiendo que se invaden
espacios competenciales que les son ajenos. No obstante, en positivo, y para terminar, les diré que, como ya conocen, nosotros somos partidarios de impulsar estrategias de colaboración y cooperación orientadas a conseguir la atención integral e
integrada del paciente, tanto a nivel estatal como europeo y que, en consecuencia, compartimos el literal de la enmienda presentada por Convergència i Unió en el sentido de potenciar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información
desde el respeto a la independencia de cada comunidad autónoma. Por eso les avanzo que votaremos favorablemente la propuesta en el caso de que la enmienda de Convergència i Unió sea aceptada por el Grupo Popular; en caso contrario, es probable que
nos abstengamos.
Para concluir, como usted bien ha dicho, señor Cervera, la tecnología es tan solo un medio, nunca un fin en sí mismo y es una parte relevante del proyecto, pero solo una parte, echamos en falta otras cuestiones.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez.
Señor Cervera, para la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor CERVERA TAULET: Gracias, presidenta.
Hemos trabajado una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y es la que presentaremos a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo, pues que esté antes de la votación y repartida entre todos los grupos parlamentarios.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AYUDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y ARTICULACIÓN DE MEDIDAS ANTE LA GRAVE SITUACIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO, POSIBILITANDO UNA FORMACIÓN CONTINUADA Y ESTUDIOS
REGLADOS QUE HABILITEN PARA EJERCER OTRAS PROFESIONES AFINES. (Número de expediente 162/000499).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre ayudas a los medios de comunicación impresos y articulación de medidas ante la grave situación laboral de los profesionales del periodismo,
posibilitando una formación continuada y estudios reglados que habiliten para ejercer otras profesiones afines. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los representantes de asociaciones y sindicatos del sector que nos acompañan hoy en la tribuna.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta PNL porque da respuesta a la grave situación por la que atraviesa en estos momentos el sector de la comunicación, especialmente la prensa escrita, una grave situación que se traduce sobre
todo en la pérdida de miles de puestos de trabajo, pero también en el cierre de importantes cabeceras y que es una consecuencia de la crisis económica, pero también de la transición tecnológica que se está produciendo en el sector. Nuestro grupo
trae aquí hoy esta PNL con vocación de pacto, con vocación de sumar, porque entendemos que sería la mejor respuesta para la difícil situación que está atravesando el sector. Por eso pido especialmente al Grupo Popular, al grupo que sustenta al
Gobierno, que sea generoso. Nosotros hemos presentado a los distintos grupos una propuesta transaccional, pero no podemos admitir aquellas propuestas que se encuadran más dentro de la Ley de Propiedad Intelectual o aquellas propuestas que se nos
han presentado que fundamentalmente ponen énfasis en la política económica del Gobierno, de la misma manera que no podemos aceptar aquellos puntos que desnaturalizan nuestra propuesta y el objetivo al cual se encaminan, que no es otro que la defensa
del periodismo, los periodistas y los medios de comunicación. De esta manera sobre todo estaríamos contribuyendo a reforzar el papel de la prensa en el sistema democrático.
Permítanme que les haga una exposición de lo que nosotros entendemos que es el papel de los medios de comunicación en una situación democrática como la actual. Convendrán con nosotros en que la existencia de una pluralidad de medios
veraces, de calidad, contribuyen sobre todo a un mejor funcionamiento de la democracia. Pero, además, en pilares básicos de nuestro sistema democrático como son el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de información, el derecho
a la comunicación y a la libertad de expresión, la prensa juega un papel fundamental. Si se hunde la prensa, se está hundiendo parte de nuestra democracia, porque la prensa ha contribuido durante este tiempo de manera sustancial a potenciar nuestro
sistema democrático. No dejemos morir la prensa porque, si la dejamos morir, estaremos contribuyendo fundamentalmente a la no existencia de debate, a la no existencia de puntos de vista diferentes. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que la
prensa es un contrapoder importante para evitar abusos y buscar puntos de equilibrio.
Señorías, nos encontramos en una sociedad moderna, una sociedad de la comunicación donde se necesita pluralismo tecnológico, ideológico y también democrático. Hay que garantizar que los medios no estén al servicio de intereses económicos,
financieros o partidistas. En este sentido, quiero recordarles el reciente punto 16 de la Carta de la Unión Europea que ha sido aprobado por casi todos los parlamentarios, donde se aboga por normas claras que garanticen procedimientos transparentes
y justos para los medios de comunicación, de tal manera que la asignación de la publicidad y el patrocinio se haga con criterios objetivos, con el fin de asegurar que en ningún momento se interfiere la libertad de expresión ni la línea editorial.
Hemos de trabajar en ese sentido. Hemos de reconocer también el importante papel que han desempeñado durante este tiempo los medios de comunicación en la cohesión social y territorial de nuestro país, importantísimo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que estamos en el derecho y en el deber de obligar y pedir al Estado un compromiso para actuar como agente activo, para garantizar en todo momento el importante papel que juegan los medios de
comunicación a la hora de garantizar la salud democrática. Los medios de comunicación, la prensa, como digo, está pasando por un difícil momento. Casi todas las empresas editoras han perdido importantes ingresos. Los ingresos de explotación han
caído a la mitad. En cuatro años se ha perdido la mitad de la publicidad y más de setenta cabeceras han cerrado. Medios como El Adelanto, con ciento treinta años de historia, han cerrado. Y qué decir del mercado laboral donde en estos años se ha
perdido un 20 % de los puestos de trabajo en el sector periodístico. Casi 9.000, según FAPE, o casi 11.000, según el Foro de Organizaciones de Periodistas. Por lo tanto, tenemos la obligación y el compromiso de apoyar, porque las consecuencias son
claras. Hay una pérdida de calidad de información y contenidos, pero también medios que se están plegando a un mercado cautivo y gestores que actúan sin ningún tipo de rechazo, de tal manera que obligan a generar mercados cautivos y obligan a
difundir ideas a cambio de publicidad. Tenemos, a su vez, una situación laboral muy complicada. Hay un grado de deterioro notable en la profesión con una precariedad laboral altísima, no solo de pérdida de puestos de trabajo, es que hay
periodistas que no están cobrando. Hay periodistas y trabajadores de los medios que no están asegurados. Hay sueldos claramente bajísimos. Estamos en condiciones de afirmar
que el periodista y los trabajadores de los medios de comunicación tienen derecho a unas condiciones laborales dignas, tanto retributivas como de desarrollo de la profesión.
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto en esta PNL medidas no solo para impulsar el diálogo, sino un plan específico para dinamizar el sector en su doble vertiente, tanto mercantil como laboral mediante instrumentos
jurídicos, fiscales, económicos y laborales que den continuidad al trabajo realizado por el anterior Ejecutivo con nuestro ministro de la Presidencia, el actual diputado señor Jáuregui. Es el momento, por eso proponemos que se lleve a cabo un
informe sobre la prensa en España con la colaboración de todas las asociaciones...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Gordo, tiene que ir finalizando, se acabó su tiempo.
El señor GORDO PÉREZ: Voy terminando, presidenta.
...de asociaciones y sindicatos, mecanismos de ayuda al sector de la prensa, especialmente para la transacción tecnológica, dinamizar el mercado laboral y mejorar las condiciones de trabajo buscando salidas alternativas en profesiones
fronteras, como también dar respuesta mediante acuerdos laborales para evitar los despidos y para evitar sobre todo la pérdida de empleo. Es el momento -y con esto concluyo- de ayudar a la prensa, a los medios de comunicación, porque como reza el
lema: sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.-Aplausos en la tribuna de invitados).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Gordo. Por favor, desde la tribuna no se puede aplaudir.
Se han presentado diversas enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, presidenta.
Señorías, nosotros efectivamente presentamos enmiendas a esta propuesta del Grupo Socialista porque entendemos que el tema lo merece, es un tema importante. Es evidente que sin un buen periodismo, sin buenos informadores bien remunerados y
en buenas condiciones de trabajo no hay buena democracia, no hay transparencia, no hay fluidez de información. En ese sentido, creemos que hay que dar apoyo a cualquier medida que mejore tanto a los informadores como a los informados. Por otro
lado, el mejor homenaje que podemos hacer a los periodistas y a los informadores no es tanto el de adularlos constantemente, sino aquí en esta Cámara el mejor favor que podemos hacer es el de adoptar buenas medidas, que sean prácticas, que sean
viables, para que los profesionales puedan trabajar en las mejores condiciones o puedan trabajar y punto, porque, dado el nivel de desempleo que se produce en el mundo de la información, en estos momentos para la mayoría de los informadores o
candidatos a informadores seguramente ese es el punto esencial: reducir el nivel de paro y favorecer un empleo digno a las personas que trabajan en el mundo de la información.
Dicho eso, nosotros proponemos una serie de enmiendas que esperamos que sean aceptadas, sabemos que hay buena disposición, por tanto, haremos lo posible para cerrar acuerdos. Una que nos parece muy importante es la de acordar límites
salariales, que se estudien límites salariales a esos empresarios y directivos del mundo de la información que reciban ayudas o subsidios por parte del sector público. Es una contradicción evidente dar ayudas a las empresas de la comunicación y que
después los directivos de esos medios cobren unos salarios desproporcionados, en el caso de las empresas privadas entendemos que eso corresponde al funcionamiento del libre mercado, aunque también podríamos observar que no es del todo justo, pero en
el caso de las empresas ayudadas, subvencionadas, de las empresas con apoyo público, lógicamente, eso se convierte ya en una necesidad perentoria. No podemos ayudar desde el sector público a empresas en las que sus directivos están recibiendo
remuneraciones desproporcionadas en relación con los resultados contables de tal empresa o en relación con los salarios que cobran los trabajadores de ese medio de comunicación.
En segundo lugar, hay otra propuesta, otra enmienda que creemos que es básica, que va en la dirección de favorecer no tanto a las grandes empresas del periodismo escrito. A veces, viendo la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista tenemos
la impresión, la tentación de pensar que igual aquí alguien está intentando presionar para que se le haga un traje a medida, y eso evidentemente nosotros no lo podemos aceptar.
Por tanto creemos que más allá de las ayudas que se puedan dar a las grandes empresas del periodismo, esta propuesta, esta iniciativa se tiene que centrar en las ayudas a los profesionales, a los informadores, y de forma muy prioritaria ante
todo en la creación, el talento, la innovación, todo eso que puede redundar en una mejor información, más fluida, más fiel a la realidad, y que favorezca también el funcionamiento del sistema democrático. Aquellos que buscan salidas a la crisis a
veces desde una posición muy modesta, a veces desde la pequeña o la microempresa, merecen una atención especial, porque seguramente por ahí es por donde realmente el mundo de la información encontrará una salida a la crisis, innovadora, adoptando
nuevas tecnologías y redes sociales.
En resumen, hay que intentar ayudar a los buenos profesionales, ayudar a aquellos que realmente están buscando salidas imaginativas a la depresión económica, pero también a la depresión profesional ante la que se encuentran los medios de
comunicación, y en ese sentido emplazamos, como hemos comentado ya con el diputado Juan Luis Gordo, al Partido Socialista y a los otros partidos de la Cámara a ver si podemos llegar a un acuerdo, a un consenso que acabe favoreciendo a la profesión y
por tanto también a nosotros mismos, como ciudadanos y como representantes electos. Estamos de acuerdo con cualquier mejora, en ese sentido nos parece que la propuesta del Partido Socialista tiene ingredientes de mejora, y por votaremos que sí,
nosotros apoyaremos esta iniciativa; en la medida en que incorpore nuestras propuestas y nuestras innovaciones todavía progresará más, y todavía estaremos más animados y convencidos para votar afirmativamente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Gordo, creemos que su proposición no de ley adolece de una cierta confusión; ha empezado usted de hecho diciendo que los medios de comunicación son un contrapoder y a veces actúan como tal y a veces actúan como parte del
poder; no lo digo yo, que modestamente llevo veinte años ejerciendo como periodista, lo dice Manuel Castells, que lo ha analizado muy seriamente; que los medios ya no son el cuarto poder, sino el espacio donde se crea el poder, y como forman parte
del poder, creo que hay que ser muy cuidadosos cuando se proclama ese papel tan fundamental que tienen en una democracia, porque a veces lo cumplen y a veces no lo cumplen; a veces no defienden el interés general, como deberían hacer, y es algo que
tampoco digo yo, sino también algunos periodistas muy lúcidos y brillantes, como Soledad Gallego Díaz, que publicaba hace unos meses un artículo sobre la crisis del periodismo que se titulaba Si te van a matar, no te suicides, y hablaba de cómo
muchas veces los periodistas cuando hacen amistad con sus fuentes, cuando no denuncian las corrupciones del poder, cuando apoyan interesadamente a un grupo político o a un grupo empresarial, etcétera, están contribuyendo a su propio suicidio. Por
tanto la crisis del periodismo está relacionada desde luego con la crisis general y la pérdida de publicidad, está relacionada con el cambio tecnológico, y está relacionada con los propios valores del periodismo y con el desapego que en muchas
ocasiones tienen los periodistas del sentido de la verdad, que es lo que ella misma decía en aquel artículo, que debe ser aquello que guía al periodista, la verdad de los hechos, no la verdad absoluta con mayúsculas, sino la verdad de los hechos.
Si se proclama ese papel determinante de los medios de comunicación -que desde luego yo creo que lo tienen y lo poseen con carácter abstracto, pero hay que ver cómo se concreta en la práctica-, y si estamos en un momento de la democracia
española en el que, como todo el mundo conviene, hemos llegado a la conclusión de que la calidad de la democracia es muy baja, habrá que pensar o deberían pensar ellos mismos sobre su propio papel y sus propias responsabilidades en esa baja calidad
de la democracia, porque si no han tenido nada que ver en esa baja calidad de la democracia, no tienen ninguna influencia sobre la propia democracia, por lo que todas las propuestas que se traten de hacer bajo esas grandes proclamas y esas grandes
palabras se quedan en mera retórica. Le pongo el caso de un estudio muy interesante que publicaba recientemente un periódico digital -están surgiendo medios digitales que tienen gran interés en hacer periodismo-, en este caso era eldiario.es, que
citaba un estudio de una universidad en el que se reflejaba el sesgo ideológico de los diarios, y contaba cómo curiosamente, por ejemplo en El País el 18 % de las noticias son desfavorables al PP y solo el 3 % son desfavorables al PSOE. En cambio
en El Mundo el 15 % son desfavorables al PSOE y el 6 % desfavorables al PP. En ABC el 33 % son desfavorables al PSOE y el 1 % desfavorables al PP. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Quiero decir con esto que cuando analizamos la
evolución del bipartidismo en las últimas
décadas y el estado de decadencia en el que se halla es evidente la relación de ciertos grupos de comunicación con esta crisis de la democracia.
El artículo 20 de la Constitución, que consagra el derecho a la información, lo consagra como un derecho de los ciudadanos, no como un derecho de los periodistas. Los periodistas son solamente el instrumento a través del cual se les
facilita a los ciudadanos el ejercer ese derecho a la información, pero es un derecho cuyos titulares son los ciudadanos. Por lo tanto efectivamente la calidad de la democracia se resiente cuando baja la calidad de la información, pero lo que
también deben preguntarse las empresas periodísticas es hasta qué punto no han contribuido ellas mismas a degradar el trabajo periodístico cuando lo han ofrecido gratis en Internet, por ejemplo. Hay que explicarle a la gente que mandar un
corresponsal de guerra a Siria cuesta mucho dinero, pero que si queremos tener buena información de lo que ocurre en Siria hay que gastarse ese dinero; que tener un redactor dedicado a supervisar, por ejemplo, las cuentas de un ayuntamiento durante
un año para sacar a la luz escándalos de corrupción -no filtraciones que le dé un partido u otro, sino verdadera investigación periodística- también cuesta mucho dinero. Nosotros compartimos, como no puede ser de otra manera porque es la verdad de
los hechos, que el sector periodístico está atravesando uno de sus peores momentos desde el punto de vista laboral, con despidos masivos -los datos que usted ha citado son ciertos, son los que son- y con pésimas condiciones laborales. Pero creemos
que si esto merece una reflexión es, en primer lugar, por parte de los propios periodistas y por parte de los propios grupos de comunicación. Estamos de acuerdo con la parte de su proposición no de ley que habla de elaborar un libro blanco en la
medida en que desde las instituciones se pueda contribuir a analizar cómo es esa situación actual del sector, pero francamente creemos que la solución no es dar subvenciones a ciertos grupos que hacen periodismo impreso. Es más, en otros países,
por ejemplo en Estados Unidos, los periódicos se ofenderían si tuvieran que recibir subvenciones públicas porque eso pondría en cuestión su independencia. Nosotros aspiramos a que haya medios de comunicación buenos e independientes que consigan esa
posición por sí mismos.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, deber usted ir terminando.
La señora LOZANO DOMINGO: Ya termino, presidente, gracias.
Medios que por sí mismos lleguen a conclusiones propias sobre cuál es su modelo de negocio, y en la medida en que, insisto, institucionalmente se pueda ayudar con ese libro blanco, estamos de acuerdo. Hemos presentado una enmienda en ese
sentido, esperamos que la acepte para que podamos votar favorablemente su iniciativa.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Para presentar su enmienda por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
La verdad es que cuando en mi grupo leímos la exposición de motivos de la proposición no de ley nos sorprendió un poco la ordenación de ideas. Empieza la exposición de motivos hablando de algo obvio y evidente -la crisis de la prensa, la
crisis de publicidad, los problemas que tiene, los ERE, el despido de trabajadores, reducción de plantillas y demás-, y solo cuando se avanza en la lectura llega un momento en el dicen que no resulta baladí recordar el papel de los medios de
comunicación, que constituyen un pilar básico de nuestra democracia. Si no empezamos la argumentación por ahí va a parecer que estamos tratando de salvar el negocio de determinados medios de comunicación, y si fuese así, desde el Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural no íbamos a estar de acuerdo. No se trata de que el Congreso de los Diputados, que es quien tiene que ordenar el gasto público en última instancia e instar al Gobierno sobre qué políticas tiene que hacer o dejar
de hacer, se dedique a salvar los negocios de unos señores que utilizando la libertad para establecer empresas y la libertad de opinión y de difusión de la información en un momento determinado optan por montar un periódico, como podían haber optado
por montar cualquier otro tipo de negocio. No se trata de eso. Se trata, y nosotros lo entendemos así y lo vamos a entender así, del papel fundamental que los medios de comunicación tienen en cualquier democracia: no hay democracia sin medios de
comunicación; no hay democracia sin libertad de prensa, no hay democracia sin libertad de opinión, sin el papel fundamental que juegan los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen muchos problemas ahora mismo, unos más que
otros, unos tienen mejor suerte. La prensa escrita
está muy mal, no solamente los diarios, las revistas, gratuitos, todo lo que tiene que ver con ese origen de la prensa, y si en el siglo XVIII vimos nacer esas gacetas y publicaciones periódicas, probablemente en el siglo en el que vivimos
las veamos acabar por desaparecer fruto de la revolución tecnológica en la cual vivimos. Aparecen los diarios digitales -ya se ha comentado-, la información circula por otros canales y los medios se tendrán que adaptar a la realidad.
Nosotros compartimos buena parte de las propuestas que se hacen en el sentido de que no se ha hablado en ningún caso de subvenciones, que sí se ha mencionado por otros grupos, y demás prácticas que ahora mismo se utilizan para aguantar,
soportar, ayudar a determinados medios, que tienen que ver con la publicidad; que a veces tienen que ver con la publicidad desde las administraciones públicas, que a nosotros nos parece una práctica peligrosísima, peligrosísima, porque tiende a
confundirse la ayuda con la imposición de una determinada línea editorial. Y eso en ningún caso se puede amparar desde las administraciones públicas bajo el punto de vista de este grupo político, sino que de lo que se trata es de utilizar medidas
que se pueden emprender para cualquier otro sector económico: aplazamientos, líneas de crédito y demás, y en ese sentido nos parecen bien.
Hemos presentado dos enmiendas. Una, para entender que esto no se refiere solamente a la prensa escrita, sino al conjunto de los medios de comunicación; las nuevas tecnologías afectan a todo el mundo y eso supone que todos los medios
tienen que acabar adaptándose, y en esa adaptación los poderes públicos y esta Cámara mostrarían su beneplácito, su acuerdo en que se ayudase a todos los medios de comunicación a emprender ese camino de las nuevas tecnologías en el siglo XXI y a
tratar de hacerlo de la mejor de las maneras posibles. Y en segundo lugar, por una cuestión que se ha comentado aquí. Se ha comentado el tema de los salarios, y es cierto que hay salarios absolutamente dispares en los medios de comunicación. No
tiene mucho sentido ayudar a bonificar cuando un jefe de redacción o un director de periódico tiene un salario desmesurado, y luego resulta que las noticias del día a día las acaban haciendo becarios que están pagándose el máster y están trabajando
gratis o semigratis o a tanto la pieza. La única forma que se nos ocurre desde nuestro grupo de contrarrestar eso es sacar a colación un artículo cuasiolvidado de nuestra Constitución de 1978, el artículo 129, que dice que los poderes públicos
fomentarán el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Sí, es algo tan trasnochado y revolucionario como que si hay ayuda pública los trabajadores puedan tener acceso a esos consejos de dirección, además de a los de
redacción, y puedan tener algo más que decir en los salarios o en lo que se vende o en lo que no se vende, o en lo que se hace o en lo que se deja de hacer. Estas son las dos enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario de La
Izquierda Plural que nos gustaría ver aprobadas, y que en última instancia lo que buscan es sobre todo salvaguardar el papel fundamental que en cualquier democracia tienen los medios de comunicación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Para presentar su enmienda por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia; son palabras de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, de la FAPE, en la muy reciente entrega de los premios Cirilo, en
Segovia. Señorías, no descubro nada nuevo si digo que la prensa desempeñó un papel fundamental en la transición como pieza imprescindible de impulso de este proceso, y ha sido clave para que nuestra democracia sea hoy tan real como permanente. Por
tanto y sin lugar a dudas los medios de comunicación constituyen una pieza esencial de la democracia y cumplen un papel insustituible, básico en nuestro diseño constitucional de reparto, equilibrio y control de poderes. Esta afirmación es
seguramente la parte más compartida de la proposición no de ley que nos ocupa. Estamos menos de acuerdo -pero créanme cuando les digo que no por una oposición de oficio que pudiera imputarse a la mayoría, sino por un sentido de la realidad y del
alcance exacto de algunas expresiones- con ciertas partes de la exposición de motivos. De la lectura de la misma pudiera llegar a pensar alguien que la llegada al Gobierno de España del Partido Popular truncó una oportunidad histórica, algún
trabado y riguroso plan, alguna propuesta firme, cabalmente elaborada y consensuada que iba a resolver todos los problemas e incertidumbres que acechaban y desgraciadamente todavía acechan al sector en España. Sincera y verdaderamente no es así.
Que el Gobierno socialista intentó llevar a cabo, aprobar, aplicar algún tipo de plan de apoyo a este sector es completamente cierto, como también lo es que desde el
propio sector se le pidió encarecidamente al Gobierno socialista que no aprobara su plan porque era un plan tímido, vago y descafeinado. Esta es la verdad, voluntad y fracaso a partes iguales.
También es cierto que cuando no había, según el Gobierno socialista, crisis económica, porque así nos lo habían dicho y redicho a todos los españoles por activa y por pasiva, entre junio de 2008 y abril de 2009 perdieron su puesto de trabajo
2.221 periodistas. A lo mejor si entonces se hubiera encendido aunque fuera tímidamente una alarma la situación no hubiera sido tan crítica como es ahora. Asimismo desde 2008 hasta la actualidad más de 2.600 periodistas han perdido su puesto de
trabajo. Según el observatorio de la crisis de la FAPE también desde esa fecha, desde el año 2008, hay un 15 % menos de puestos de trabajo.
La realidad es que asistimos a un cambio sustancial en el modelo de negocio, al que se le han añadido ingredientes terribles como la crisis económica y sobre todo decisiones políticas del anterior Gobierno socialista que nada han ayudado y
en mucho han perjudicado al sector, como la normativa de los últimos años, que ha generado inseguridad jurídica en el sector. Pero mal asunto sería que en esta materia, en la que compartimos y entendemos las preocupaciones de los profesionales del
sector y sobre la que ya hemos convenido su gran importancia, pongamos solo el acento en lo que nos diferencia, por convenientes que sean o nos parezcan las matizaciones realizadas hasta el momento. Es cierto que la prensa no es impermeable a la
crisis económica y que como cualquier otro sector profesional o productivo de nuestro país sufre su embate con virulencia. Los datos que aportan la Asociación de Editores o la Federación de Asociaciones de Periodistas, así como cualesquiera otros
que se ocupan de evaluar esta actividad, reflejan fielmente el impacto de la crisis en términos de empleo, caída de la inversión publicitaria, etcétera.
Por eso desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado la siguiente enmienda, en la que pedimos que se inste al Gobierno a elaborar un informe sobre la situación de la prensa en España. Este informe analizará, en colaboración con las
asociaciones profesionales y las empresas editoras, la situación de otros países europeos, y pondrá especial atención a la solución de problemas como la compensación del uso de contenidos por parte de buscadores y agregadores de Internet. Asimismo
se promoverá de acuerdo con las asociaciones profesionales un plan de dinamización profesional que contemple cursos específicos para la formación de los periodistas que han perdido su empleo. Se insta al Gobierno a adoptar también las medidas
pertinentes para que el sector pueda acogerse a las medidas de estímulo al emprendimiento y la internacionalización recientemente aprobadas por el Gobierno, que para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular es la norma clave para la
reactivación económica y la creación de empleo.
Señorías, hemos procurado consensuar un acuerdo en apoyo de un sector que desempeña una labor clara en nuestra sociedad, reconocida y respetada por el Partido Popular. Señorías, los medios de comunicación se encuentran en un momento
crucial, y nosotros con esta enmienda introducimos los elementos necesarios para ayudar a resolver esta situación, pero desgraciadamente el Partido Socialista ha comenzado su andadura excluyéndonos. Si lo que queremos es aportar soluciones tampoco
es bueno imponer propuestas sin margen; necesitamos mucho rigor y altura política para abordar el presente y el futuro de los medios, y en este debate en el que nos jugamos parte de nuestra democracia, ventajismos políticos, los justos. Así que el
Grupo Parlamentario Popular, junto con el Gobierno, en caso de que no sea aprobada nuestra enmienda, presentará una PNL que recoja la enmienda presentada y con ella nuestro compromiso para que todos juntos salgamos de la crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montesinos.
Para fijación de posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, mal empezamos un debate de esta dimensión democrática y constitucional. La prensa, los medios de comunicación constituyen la clave de bóveda del derecho de información que proclama como
derecho fundamental el artículo 20 de la Constitución, y a tenor de las enmiendas presentadas a la proposición realizada por el Grupo Socialista nos estamos topando con una suerte de ensayo sociológico o filosófico. Esto, más que a un debate
parlamentario, recuerda a aquel famoso ensayo de Ortega titulado Mirabeau o el político. Mirabeau, político francés, conocido ventajista, ladino, inteligente, empático y obsesionado con controlar a los medios de comunicación. Señor presidente, si
la proclividad al consenso hace referencia a la aceptación de
algunas de las enmiendas nos vamos a ver en un movimiento circular o elíptico extraño en la situación prácticamente de partida, y la situación de partida es dramática.
Hay algo que me gustaría citar como ejemplo paradigmático de lo que estamos hablando. Había en Salamanca, señor presidente, un periódico que se llamaba El Adelanto, que acaba de desaparecer. Tenía ciento treinta años de antigüedad, y
cayendo en manos de una serie de empresarios dedicados a la especulación inmobiliaria, y no observando que los rendimientos de este medio de comunicación fueran los suficientes para sus actividades empresariales, decidieron su desaparición. Esto es
una contradicción y una negación del derecho de información que proclama el artículo 20 de la Constitución y del principio democrático en su dimensión más etimológica del término. Si eso está ocurriendo con los medios de comunicación yo no sé cuál
es el ordinal, porque la señora representante del Partido Popular hablaba del ordinal de poder que ocupan los medios de comunicación, y no sé si es el cuarto poder, el tercero, el segundo o el primero, pero me parece irrelevante a los efectos de
esta cuestión. Si los medios de comunicación son una mera elongación de los partidos políticos, si están controlados por los partidos políticos, serán el primer poder; si son una elongación de los poderes económicos, de grupos financieros o
económicos de influencia o de poder, serán también el segundo o seguramente el primer poder del Estado. Si los medios de comunicación cumplen los requerimientos que al derecho de información se le requiere, incluso en la jurisprudencia -el
contenido esencial del artículo 20 de la Constitución en la jurisprudencia constitucional es que una información o la transmisión de una información veraz, de una información libre, contrastada, forma parte del contenido esencial del derecho de
información cuyos titulares son los ciudadanos, y tenía razón el representante de UPyD, su detentador no son tanto los medios de comunicación, sino los ciudadanos-, estamos ante un problema grave, con una dimensión democrática además brutal. Los
datos consignados por el señor Gordo son elocuentes. Nos encontramos un sector en transformación que sufre modificaciones de naturaleza estructural por el afloramiento espectacular de los medios de carácter virtual o de los medios informáticos, y
donde también nos encontramos con problemas que están bien referenciados, bien dimensionados por el señor Gordo: la pérdida de empleos, que es quizá el dato que deberíamos considerar más relevante, producida en los últimos años puede ser, de un
colectivo de 17.000 personas registradas, de 8.000 o de 11.000 personas, según las fuentes que podamos utilizar. Es brutal esta pérdida de empleo. Estamos hablando de una pérdida de empleos de la mitad del colectivo total de los profesionales
registrados en el registro oficial en relación con la posibilidad del ejercicio de la actividad periodística; un dato brutal, verdaderamente dramático que acredita la decadencia de un sector en el que se basa la esencia del principio democrático,
como decíamos.
Los ingresos de facturación de las empresas periodísticas se han reducido en los últimos años de 1.461 millones de euros a 742; otro dato dramático. La reducción de los ingresos publicitarios es brutal también desde esta perspectiva, y es
el sostén o el fundamento para el mantenimiento de los medios, sobre todo si mantienen la pretensión de ser independientes. Algo hay que hacer desde luego, y hace falta hacer algo no desde la perspectiva de la enmienda presentada por la señora
Montesinos del Partido Popular, en el sentido de que el Gobierno conectará con las asociaciones del sector, sino que el sector tendrá que conectar con nosotros, los representantes políticos para intentar regenerar lo que constituye algo fundamental
y esencial para el mantenimiento de una democracia informada. Si la democracia no es informada no es democrática, ese es el contenido esencial del artículo 20 de la Constitución, porque si no uno va a incurrir en la sospecha, señora Montesinos, de
que lo que ocurre con otros ámbitos u otros poderes como por ejemplo el Poder Judicial ocurra con el poder periodístico, si se puede utilizar la expresión, aunque sea una expresión de naturaleza literaria...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya, señor presidente.
Quizá la refutación por los medios de comunicación, como ha ocurrido con los jueces, de determinadas políticas gubernamentales le hacen al partido gobernante, ostentando la mayoría absoluta, un partido poco proclive a la aceptación de la
crítica, de la refutación, de la denuncia de la limitación o la relativización de derechos fundamentales y libertades públicas, y desde esa perspectiva, lo que ha ocurrido con el Poder Judicial puede ocurrir con el poder periodístico, si se puede
utilizar la expresión, señor presidente, de decir que es mejor debilitar o auspiciar o sencillamente mantener un debilitamiento espontáneo...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...debido a razones estructurales que mantener y potenciar la regeneración de algo sin lo cual -estoy de acuerdo con usted- no se puede convivir. Sin medios de comunicación no hay democracia y sin periodistas no
hay medios de comunicación.
Esto es algo tan esencial, señora Montesinos, que le agradecería una ponderación más delicada y más adecuada sobre el futuro, por qué no decirlo, de la democracia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Me atrevería a decir que esta iniciativa del Grupo Socialista, al menos en los discursos o en la aproximación a la cuestión a este plan de ayuda al sector de los medios de comunicación, suscita acuerdos en varias cuestiones: la magnitud de
la crisis que el sector está viviendo -las cifras han sido expresadas por nuestros colegas-, y el aumento del número de desempleados que hemos vivido desde 2008. Por tanto, como sucede en otros sectores de nuestra actividad económica, eso exige
algún tipo de acción por parte de los poderes públicos. Se puede afirmar que esta es una crisis vinculada a la propia crisis económica, lo cual afecta a los ingresos de la publicidad de estos medios, pero se enmarca en una crisis más profunda, más
estructural, muy claramente ligada a la irrupción de Internet; que responde también a decisiones empresariales equivocadas durante estos últimos años -algunos portavoces han hecho referencia a ello-, y que se enmarca -creo recordar que el portavoz
socialista también lo ha apuntado- en una alta precariedad de los profesionales de este sector desde el punto de vista laboral. Creo que todas las diputadas y los diputados de esta Cámara tenemos anécdotas que nos han contado profesionales que
trabajan en esta casa de situaciones laborales de una enorme desprotección. Por ejemplo, todo lo relacionado con el fraude y el abuso de la utilización del autónomo por parte de los medios de comunicación y la apuesta de la parte empresarial de
estos medios por no promover, por ejemplo, fórmulas legales que en su día fueron muy pensadas para el sector de los medios de comunicación como los autónomos dependientes. O, como recordaba esta tarde la señora Surroca, nuestra Ley de la Propiedad
Intelectual no resuelve adecuadamente los derechos que pudiesen tener los profesionales de los medios de comunicación, en un sector donde se acumulan -y creo que en eso coincidiremos- problemas desde hace tiempo y que esta crisis agrava, no tan solo
en el Estado español sino en el conjunto del mundo, porque no es un debate exclusivamente de España. Además, creo que todos hemos querido insistir en nuestras intervenciones en la trascendencia que tiene en una sociedad democrática el papel de los
medios de comunicación. Y hemos vinculado la libertad de prensa, los periodistas, los medios de comunicación con aquello que es esencial en el funcionamiento democrático. Ahí es bueno recordar también la primera enmienda de la constitución
norteamericana que, entre otras cuestiones, hace referencia a la libertad de prensa como una libertad fundamental ya en la constitución de las democracias modernas.
Hemos abierto una discusión también sobre la relación entre el poder y los medios de comunicación; discusión no precisamente nueva. Cuando escuchaba a alguna de sus señorías me venía a la cabeza Ciudadano Kane y la importancia, ya en los
años veinte o treinta, de los magnates de la comunicación en relación con los intereses financieros y económicos y a su relación con la política. No es un tema nuevo, no es un tema difícil y no es un tema que esta tarde vayamos a resolver en
nuestras intervenciones. Sí quiero destacar que en esas cuestiones coincidiríamos todos. Si me permiten un apunte, en la irrupción de Internet, como en otros debates, tendríamos una discusión entre apocalípticos e integrados. Aquellos que
insisten en las oportunidades que Internet da al ciudadano para decidir la jerarquía de las noticias y para decidir aquello que es importante y aquellos que, en cambio, en relación con la irrupción de Internet, nos advierten de los nuevos monopolios
de poder fuera del control político y fuera también del control ciudadano que van a jerarquizar la información que se nos traslada a los ciudadanos. En cualquier caso, tampoco es una cuestión que vayamos a resolver en este debate.
Aquello que nos toca es si en la cuestión de fondo que formula el Grupo Socialista, que es la necesidad de que exista una acción de apoyo a la reconversión del sector y de apoyo a los profesionales, creemos que debemos instar al Gobierno a
proceder en esa dirección. Me parece que sería razonable -y es lo que esperan seguramente los profesionales del sector de los medios de comunicación- que nos pongamos de acuerdo en la necesidad de promover una política de este tipo. Alguien podría
decir: ustedes lo promueven porque tienen necesidad de quedar bien con los medios de comunicación en esa relación inevitable, pero a menudo enfermiza, entre representantes políticos y periodistas. Pero desde la coincidencia de todos en ese papel
esencial de los medios de comunicación, me parece que si hemos sido
capaces de promover en otros sectores de actividad económica esfuerzos públicos para proceder a su reconversión, también existen razones para hacerlo en este sector. Por tanto, señorías, lo ideal sería que hoy, al margen de los matices que
puedan existir, fuésemos capaces de alcanzar un acuerdo amplio en esta materia. Espero que podamos votar por unanimidad un texto transaccionado que comprometa al Gobierno en esa dirección, destacando una cuestión a la que alguna de sus señorías
también ha hecho referencia. En esta crisis están irrumpiendo nuevas iniciativas comunicativas, a menudo articuladas alrededor de formas de la economía social, de cooperativas innovadoras interesantes, que están demostrando que con menos capital
que las grandes corporaciones comunicativas ofrecen información de calidad, crítica, distinta, y que el talento existe entre los profesionales del sector. Y quizás lo que también se necesita es la emergencia de talento de nuevos empresarios de la
comunicación que sepan dar respuesta a las necesidades de una sociedad cambiante. Eso, señorías, va a depender menos de la política, menos de la acción del Gobierno; va a depender de la propia capacidad de iniciativa de la sociedad. Esperemos
que, por el bien de la democracia, estos nuevos empresarios de la comunicación vayan emergiendo en los próximos años. En cualquier caso, el Grupo Socialista va a contar con nuestro apoyo en la votación de la proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor Gordo, tiene la palabra a efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, presidente.
Haremos llegar una transaccional a la Mesa, excluyendo al Partido Popular porque se ha autoexcluido. Es decir, haremos llegar una enmienda que refleje la opinión del resto de los grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gordo.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA. (Número de expediente 173/000085).
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el debate de las mociones. Veremos hoy la primera moción y la segunda y la tercera las debatiremos mañana. Por lo tanto, al finalizar el debate de este punto procederemos a las votaciones.
Moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la recuperación de la memoria histórica y democrática. Tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una moción con diez propuestas concretas, con diez medidas a favor de la memoria histórica y democrática. Creemos, y estamos convencidos de ello, que el Grupo Parlamentario Popular tiene hoy una
oportunidad para dejar claro que cuando el Gobierno de España presiona a la justicia argentina, que está investigando los crímenes del franquismo, para que deje de hacerlo, se trata de un caso aislado con el que el Grupo Parlamentario Popular no
está de acuerdo. También tiene la oportunidad de dejar claro que cuando la delegada del Gobierno en Cataluña, la señora Llanos de Luna, enaltece a la División Azul, el Grupo Parlamentario Popular de ninguna de las maneras apoya esa actitud.
Igualmente pensamos que es una oportunidad para que, cuando el PP de Granada, el presidente de la Diputación de Granada defiende fervientemente el monumento que hay en una de las plazas de esa ciudad a José Antonio Primo de Rivera, el Partido
Popular, el Grupo Parlamentario Popular deje claro que es un monumento que no debería existir y que no es bueno que exista para la ciudad de Granada. De igual manera el Grupo Parlamentario Popular hoy puede claramente desmarcarse del hecho de que
el Ayuntamiento de Madrid tenga en uno de sus parques, y que en algún momento se haya incluso enorgullecido de ello, el nombre del que fue ministro de la dictadura Carlos Arias Navarro. Y también el Grupo Parlamentario Popular, sin ningún tipo de
dudas, se va a alejar, se va a diferenciar del alcalde del Partido Popular de la ciudad de Paterna que, por ejemplo, se niega reiteradamente a retirar una de las 343 placas franquistas que aún se exhiben en la ciudad.
Por eso pensamos que el PP, votando favorablemente esta moción que les proponemos, se va a alejar claramente de todo lo que huela a dictadura franquista, que va a acelerar con ese voto el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, de
aquellos aspectos de la ley que no se están cumpliendo, y que el Partido Popular va a atender a la sociedad civil española, que sigue reclamando en una multitud de asociaciones y de entidades defensoras de la memoria que tengamos en nuestro país
finalmente una comisión de la verdad y que no solo sepamos de verdad lo que pasó, sino que también haya justicia y que haya reparación con las víctimas del franquismo.
Las diez propuestas son muy sencillas. Pensamos que cada una de ellas sería defendida en cualquier sociedad democrática que se precie de tener ese nombre. De hecho, últimamente tenemos ejemplos importantes en muchos países. Pedimos la
nulidad, sí, de las condenas franquistas, porque el franquismo no tenía legitimidad democrática no solo ya para ajusticiar y asesinar, tampoco para condenar. Por tanto, sus actos no tienen validez jurídica. En segundo lugar, pedimos un
reconocimiento para luchadores en demasiadas ocasiones olvidados, los maquis y los guerrilleros, que lucharon en nuestro país contra la dictadura franquista. Pedimos que haya un reconocimiento total para aquellos familiares de personas ejecutadas
entre el 1 de enero de 1968 y la amnistía de 1977. Pedimos que haya un reconocimiento de las víctimas que hubo en nuestro país durante la Transición. Pedimos el fomento de la memoria democrática porque, como muy bien dice Naciones Unidas, si no
recordamos, tal vez algún día podemos volver a cometer los mismos errores que cometimos, y debemos recordar en qué nos equivocamos. Por tanto, la memoria es un valor democrático imprescindible para nuestra sociedad. Pedimos que haya una
responsabilidad pública en la localización, en la exhumación y en la identificación de las fosas del franquismo. Es impensable que un país se pueda encontrar a sí mismo con cientos de miles de hombres y mujeres en sus cunetas. Es un hecho
aberrante que aún hoy, tantos años después de la muerte del dictador, haya tanta gente aún enterrada por las carreteras de nuestro país. Pedimos la retirada de los símbolos franquistas. En los últimos dos años prácticamente no se ha retirado
ninguno. Pedimos también el acceso al sistema archivístico para que podamos conocer toda, absolutamente toda, nuestra historia. Pedimos la adhesión sin reservas a la Convención sobre la imprescribilidad de los crímenes de guerra y de lesa
humanidad, una convención que hay que recordar que nuestro país no ha firmado. Finalmente pedimos la persecución de los delitos del robo de niños, del brutal comercio de personas que durante la dictadura significó el comercio de las pequeñas
criaturas.
Por tanto, que el PP haga un gesto. Se lo pedimos a los diputados y diputadas del Partido Popular. Que se aleje de la pesadilla del franquismo y que vote nuestra moción con plena convicción democrática.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Se han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, interviene el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, esperamos de los compañeros de Izquierda Unida que acepten nuestra enmienda. De hecho, estamos seguros de que van a aceptarla. Pedimos que este Congreso, que este Parlamento, manifieste la solidaridad para con los ciudadanos y
ciudadanas de este Estado querellantes ante la Administración de Justicia de la República de Argentina por los crímenes cometidos por la dictadura. Además, les pedimos que voten a favor de instar al Gobierno español, y en particular al ministro
Margallo, que deje de torpedear, que deje de obstaculizar a la magistrada María Servini, que es la magistrada a la cual la Corte Suprema de la República de Argentina le ha encomendado la labor. Fíjense qué absurdo es que la justicia española, que
ha permitido perseguir dictadores y torturadores sudamericanos, no sea capaz de hacer justicia a los ciudadanos que fueron víctimas del franquismo. ¡Vaya paradoja! Estos ciudadanos se han visto obligados a recurrir, en nombre de la justicia
universal, a la República de Argentina, y ahora toda la logística del Gobierno español, del mismo Estado, está encaminada a hacer descarrilar este proceso. De hecho, es una demostración de cómo el modelo español de impunidad se cree invulnerable.
Son ustedes, lo hemos dicho muchas veces, unos insensatos. La justicia universal va a prevalecer, porque además estamos muy orgullosos en nuestra civilización democrática de poder decir que los crímenes de lesa humanidad, además de ser
imprescriptibles, no pueden quedar impunes, como ustedes saben. Así pues, esperamos que voten a favor de nuestra enmienda, a fin y efecto, repito, de que el Gobierno español deje de obstaculizar a la justicia argentina.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente. Empezaré mi intervención con una breve historia. En el año 1939 Cirilo, un jornalero de Riola, fue encarcelado. Solo había cometido un único pecado, tener un carnet de la UGT. Estuvo tres años en la prisión de
Sant Miquel dels Reis. Cuando le encarcelaron su mujer estaba embarazada y pudo ver a su hija una sola vez. Su mujer tuvo que hacer 40 kilómetros a pie para poder verlo. Pocos días después, su hija murió. Cirilo, cuando salió, era otro hombre,
había perdido la sonrisa, le habían robado la sonrisa y nunca más la recuperó; fue un hombre triste hasta el final de sus días. Esta es una historia mínima, pequeña, incluso poco dramática, una más entre cientos de miles, entre millones, pero es
una historia que viví de cerca porque fue el abuelo de mi mujer. A Cirilo le robaron la sonrisa, como a muchos otros les robaron la libertad o les robaron la vida. Durante muchos años un espeso velo de silencio ocultó toda la verdad de estas
historias, pero lo peor ha sido y es que treinta y ocho años después de la muerte del dictador aún se sigan poniendo trabas para hacer justicia a estas personas, aún se siga intentando mantener el olvido injusto. Por eso Compromís-Equo votará a
favor de la propuesta, porque aunque no se pueda devolver la vida a estas personas ni la libertad perdida, al menos podemos devolver la sonrisa a algunos de los afectados o a sus familiares más directos. Señorías, no seamos cómplices de un nuevo
robo y no les robemos la esperanza.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor presidente, señorías, la semana pasada tratábamos sobre la memoria del franquismo y las víctimas, y, como ya dije, Amaiur estará siempre con todas las víctimas, ya sean las de ETA, ya sean las del terrorismo
de Estado, ya sean las del franquismo. Por ello y en honor de la memoria, la reparación y la verdad, apoyaremos estas demandas lógicas, como la creación de una comisión de la verdad, que la exhumación de fosas se haga de acuerdo con un protocolo
internacional o que las asociaciones de víctimas del franquismo puedan participar en todo lo que tiene que ver con ellas.
Como saben, España, después de Camboya, es el segundo Estado del mundo con mayor número de fosas comunes. Esto ha motivado que la ONU haya amonestado en varias ocasiones al Reino de España, al igual que por el maltrato que se tiene con las
víctimas de la dictadura. Pero no solo hablamos de descuido, de desprecio o de incumplimiento legal. Hablamos de hechos como que un representante del Gobierno realice un homenaje a voluntarios de un batallón nazi y que ese hecho el ministro de
Interior lo califique como un acto de reconciliación histórica. ¿Se imaginan ustedes un hecho similar en cualquier Estado europeo? Esto llevaría a la dimisión automática del ministro y a un escándalo. Fijémonos en la República Francesa, la
república vecina. Allí el Gobierno homenajea a los resistentes fusilados por el fascismo. Esta misma semana se homenajeaba a Jean Moulin. En cambio, aquí hemos visto cómo el Gobierno homenajea este mismo año a uno de los responsables del
fusilamiento de los resistentes.
En definitiva, Amaiur apoyará esta iniciativa en apoyo a todas las víctimas de la dictadura y se suma a la manifestación que se realizará en Bilbao el próxima día 15 de junio convocada por la Plataforma de víctimas del franquismo de Euskal
Herria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señor presidente, gracias.
Señor Nuet, me ha sorprendido un poco que en la exposición de su moción no haya hecho ninguna alusión a las enmiendas que presentamos otros grupos y solo se haya dirigido al Partido Popular. Parece que es una nueva evolución del
bipartidismo y que solo importa lo que ustedes propongan y lo que les conteste el Partido Popular. Pero nosotros creemos que no es así, creemos que ustedes proponen algo que tiene aspectos interesantes y otros que no tanto y por eso hemos
presentado esta enmienda, con la intención de que pudieran tomarla en consideración. Por lo menos quiero explicar por qué presentamos la enmienda y qué es lo que proponemos.
Para empezar, la moción que proponen tiene un problema, desde nuestro punto de vista, de técnica jurídica o de contenido político. ¿Por qué? Porque mezcla cuestiones de distinto orden. Por una parte, hace una crítica expresa al
incumplimiento de aspectos de la Ley de Memoria Histórica y, por otra parte, pide reformas de esa ley. Es decir, en la misma moción se contiene una petición de reforma de una ley vigente y, a la vez, se plantea el eventual incumplimiento de esa
misma ley y también se introducen otras cuestiones que no son de la ley sino de la reforma del Código Penal como indemnizaciones que podrían corresponder a víctimas de la violencia política, del franquismo, etcétera. Por eso mismo hemos presentado
esta enmienda, que es una enmienda sencilla, recoge casi todo lo que ustedes proponen pero de otra manera. Lo que proponemos en nuestra enmienda es que el Gobierno evalúe el grado de cumplimiento y desarrollo de la Ley 55/2007, de Memoria
Histórica, y en especial los siguientes aspectos, como ustedes piden: reconocimiento a guerrilleros y maquis que lucharon contra la dictadura franquista; reconocimiento de todos los represaliados por la dictadura tras el fin de la Guerra Civil y
de las indemnizaciones que pudieran corresponderles, incluyendo a familiares de víctimas condenadas a muerte; elaboración de informes oficiales exhaustivos sobre víctimas de la dictadura, violencia política y terrorismo; cumplimiento de las
políticas públicas de fomento y conservación de la memoria de la lucha por la democracia, etcétera. No quiero leerla completa porque tenemos poco tiempo. Lo que yo quiero decirles es que hemos hecho una propuesta constructiva a lo que realmente
creemos que tienen razón, y es que hay que evaluar si esta ley está cumpliendo con sus funciones a los cinco años de su vigencia y, si no es así, en qué casos habría que cambiarla y con qué fines. Nos parece que esto es algo que efectivamente va en
el sentido de la reparación a la que tienen derecho todas las víctimas del franquismo, de la violencia política, del terrorismo durante todos esos años y de las lagunas que sigue habiendo, que sin duda son muchas, en nuestra historia y en el
reconocimiento por parte del Estado de las responsabilidades que le puedan corresponder.
Dicho esto, también querría apuntarle algo que nos parece importante y que salió ya en el debate de la semana pasada sobre su propuesta respecto al 18 de julio, y es lo que tiene que ver con la valoración de la Ley de Amnistía del año 1977 y
con los desarrollos posteriores. Me congratulo de que ustedes esta vez hayan reconocido en la exposición de motivos algo que la otra vez creí entender que negaban, que era que en esta Cámara se condenó y por unanimidad el 20 de noviembre del año
2002, en la Comisión Constitucional, el franquismo y lo que significó, que, por lo tanto, eso de que hacían falta nuevas condenas adicionales era algo cuando menos discutible. Pero más que discutible, que sin duda en política lo es casi todo, lo
que yo le querría subrayar es que nos parece llamativo que a veces se condene la amnistía del año 1977 como algo que habría que declarar en la práctica que es un muerto jurídico, puesto que se pretende incluso -no se dice aquí expresamente pero se
deriva de, se deduce- hablar de la posibilidad de reabrir procesos por hechos acaecidos durante el franquismo que ya fueron resueltos por la Ley de Amnistía del año 1977 y, en cambio, sí haya una cierta aceptación de la amnesia que no deja de chocar
con el propósito de la Ley de Memoria Histórica. Es decir, algo así como decir: vamos a hacer una revisión, amnistía no y amnesia sí... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al orador.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Si encima que hablamos de amnesia no se nos escucha, ya la solución de esto desde el punto de vista político es completamente imposible.
Nosotros vamos a defender y a aceptar cualquier propuesta que tenga que ver con la depuración de responsabilidades del Estado en casos pendientes de solución o de investigación de la violencia política, de la persecución por las ideas
democráticas de la gente, pero eso incluye no solamente a las víctimas del franquismo como tal, sino a víctimas de grupos terroristas durante el franquismo y durante la Transición. Mañana, como ustedes saben, se va a ver una proposición no de ley
nuestra que tiene que ver con la investigación de 325 crímenes de ETA, por lo menos, que faltan por esclarecer. Esperamos que, en lógica coherencia con el espíritu de esta moción que ustedes hacen, también comprendan que los derechos humanos
conculcados no solo por dictaduras o por ciertas dictaduras sino por cualquier dictadura y por cualquier grupo violento tienen que tener exactamente el mismo trato, porque si no lo que estaríamos haciendo es entrar en una parcialidad que convertiría
esta investigación, perdóneme que se lo diga así, en una farsa política.
Para ir acabando le voy a hacer una cita de Marx, que estoy casi seguro que usted esperaba que hiciéramos, al fin y al cabo están ustedes empapados de materialismo histórico, y es la siguiente; lo dice Marx en el 18 Brumario de Luis
Bonaparte: La historia a veces se da como tragedia pero, cuando se repite,
se repite siempre como farsa. Y si a la tragedia de la Guerra Civil y a la tragedia del franquismo para mucha gente, para sus víctimas, siguiera la farsa de que solo determinadas víctimas son objeto de reparación mientras otras son
condenadas a la amnesia por razones de interés político o partidario, realmente este recorrido sería más una farsa que una reparación histórica, que creo que es lo que nosotros de buena voluntad queremos creer que quieren.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.
Señor Nuet, no quiero que suene a reiterativo pero fue el Gobierno socialista el que aprobó la Ley de la Memoria Histórica, y se hizo además con la convicción de que recoge todo lo que en ese momento los ciudadanos esperaban. Más de 14.000
asociaciones, entidades y particulares participaron en los trabajos de la Comisión interministerial. Posteriormente, en trámite parlamentario, se hizo un gran esfuerzo colectivo de integración y transacción para alcanzar el mayor grado de consenso.
El Gobierno escuchó, dialogó, incorporó puntos de vista que hicieron posible aprobar un texto que se pone al lado de las víctimas, de todas las víctimas y de sus familiares, que deja la historia a los historiadores, la justicia a los jueces y que
reconoce a cada persona el derecho a conocer y recuperar su memoria personal y familiar; una ley heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia. En definitiva,
se aprobó una ley en la que no hay una sola línea que no pueda ser respaldada por cualquier demócrata, una ley hoy bloqueada y paralizada por el Gobierno.
Se puede decir más alto pero no más claro, el Partido Popular nunca apoyó la Ley de Memoria Histórica, y con nuestra enmienda exigimos al Gobierno que continúe con los trabajos pendientes y le solicitamos restablecer los créditos destinados
en los Presupuestos Generales del Estado a facilitar la labor de localización de fosas, exhumación e identificación de cadáveres que el Gobierno popular hizo desaparecer dejando la partida a cero euros. Esto no es debido a la situación económica,
es debido a un compromiso del actual presidente del Gobierno, que en una entrevista publicada el 20 de febrero de 2008 ya aseguró que si ganaba las elecciones eliminaría todos aquellos artículos de la Ley de Memoria Histórica que hablan de dar
dinero público para recuperar el pasado, asegurando que no daría ni un solo euro del erario público para esos efectos. Como ven, en esto sí ha cumplido.
Solicitamos también en nuestra enmienda recuperar la Oficina de víctimas de la guerra civil y de la dictadura que el Partido Popular cerró nada más llegar al Gobierno; elaborar un informe sobre la situación de las víctimas de la dictadura
fallecidas entre 1968 y 1977; que el ministerio fiscal investigue de oficio la desaparición y robo de niños, creando la figura de un fiscal coordinador; que se retiren los vestigios de la guerra civil y de la represión de la dictadura porque el
propio Gobierno ha reconocido que desde que llegó no ha retirado ninguno; que se cumpla con lo establecido en el Real Decreto 1708/2011 para eliminar las dificultades para acceder a los archivos del Estado. Para finalizar, queremos que se dé una
solución definitiva a la situación del Valle de los Caídos, de forma que se impida la posibilidad de que en él se lleven a cabo actos de naturaleza política y de exaltación de la guerra civil o de la dictadura. La actitud del Gobierno en este tema
tampoco deja lugar a dudas; no hay dinero para fosas, para homenajes ni para impulsar la resignificación del Valle de los Caídos como lugar de memoria de todas las víctimas de la guerra civil, pero sí se puede licitar y dotar de casi 300.000 euros
para restaurar la portada de la basílica del Valle de los Caídos, cuando están recortando brutalmente en sanidad y en educación. Lo consideramos irresponsable y Ramón Jáuregui ha presentado una batería de preguntas en las que solicita al Gobierno
la aclaración de la realización de estas obras y la significación de las mismas.
No es a eso a lo que nos referimos cuando exigimos que se continúe con los trabajos en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica ni tampoco solicitamos dotación presupuestaria para que con ello se rinda homenaje a la hermandad nacional de
la División Azul, como el que presidió la delegada del Gobierno de Cataluña. Esto, para el Grupo Parlamentario Socialista, no es continuar con los trabajos para los que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, es todo lo contrario.
Señor Nuet, por todos estos motivos nos hubiese gustado que se hubiese aceptado nuestra enmienda, no siendo así, nos abstendremos en la votación.
Gracias. (Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sumelzo.
Pasamos ahora a la fijación de posiciones, pero pido, por favor, silencio para que podamos oír a los oradores. En primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Gracias por las preventivas admoniciones a los compañeros para ser escuchado.
Estoy de acuerdo prácticamente con todo lo afirmado por los comparecientes. Me ha llamado la atención alguna referencia del señor Gorrirarán relativa a la cita de Marx, que no esperaba de su grupo. Me imagino que se está refiriendo al 18
Brumario de Luis Bonaparte en relación con la farsa de la historia. La farsa de la historia, desde la perspectiva de la invocación -que aquí es muy recurrente y abundante- de otro tipo de víctimas creo que perturba el contenido esencial. Las demás
víctimas están protegidas por leyes especiales que, obviamente, nosotros hemos compartido y propiciado también en ocasiones. Pero en todo caso, señor Nuet, me parece muy adecuado lo que ustedes presentan.
Hay dos bloques temáticos o dos aspectos que usted nos pide que tomemos en consideración. La primera parte hace referencia a actos propios de estas Cámaras o a actos propios de distintos ministerios. El respeto a determinadas normas de la
Comisión Constitucional, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa -que obviamente tenemos que respetar-, diversas normas de derecho internacional sobre derechos humanos e imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad. En materia
de imprescriptibilidad hay un instrumento de ratificación hecho por el Estado español, por el Reino de España, mediante la adhesión a la Corte Internacional de La Haya, donde se declaran los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles, formando
ya parte esa imprescriptibilidad de los requerimientos del ordenamiento jurídico español; no se preocupe por la ausencia específica en otras normas ratificadas por el Estado español en esa cuestión. También hace referencia a otros informes de
derecho de Naciones Unidas relativos a la exigencia del conocimiento por parte de un pueblo de su historia y de la opresión como una parte significativa de su historia para conocer su propio futuro. Esto, que está tan bien tasado en otras leyes de
víctimas a las que me refería anteriormente aludiendo al señor Gorriarán, no está tan enfáticamente tasado o especificado en la Ley de Memoria Histórica. Por tanto, que usted traiga a colación esta mención respecto de otras víctimas de la historia,
de una historia no tan lejana en el tiempo -no acabó en 1939 la guerra civil, acabó muchos años después, de facto, la guerra civil española acabó en 1977 a través de la represión franquista-, nos parece pertinente. Se alude a declaraciones
institucionales regenerando a la Unión Militar Democrática, declaraciones institucionales del Ministerio de Asuntos Exteriores recuperando o rehabilitando a los embajadores y cónsules que trabajaron o se mantuvieron fieles a la legalidad
democrática.
En cuanto a la parte dispositiva o el segundo bloque temático de lo que usted dice, usted pide la modificación -señor ministro de Justicia, me agrada que esté usted aquí, además siguiendo con tanta atención este debate- del artículo 3.3 de
la Ley 52/2007, de la Ley de Memoria Histórica. No es irrelevante lo que usted solicita en este momento, la declaración de nulidad de pleno derecho, lo cual provocaría efectos stunk. Estos enjuiciamientos falsarios mediante una justicia sucedánea,
vicaria, del poder establecido, los consejos de guerra, los consejos contra la masonería y el comunismo, etcétera, quedarían anulados automáticamente y no lo que el señor ministro de Justicia en la respuesta a su interpelación la semana pasada -que
usted no pudo desafortunadamente defender- calificó de radical injusticia. No es lo mismo radical injusticia, que es un concepto metajurídico, que nulidad de pleno derecho, que privaría de todo tipo de eficacia y posibilitaría el despliegue de
efectos indemnizatorios y otros efectos a los juicios de ese sucedáneo de justicia del franquismo, del pos-franquismo y de todo el régimen franquista. En cuanto al reconocimiento de los guerrilleros maquis, totalmente de acuerdo, al igual que
interpretar las normas que regulan el derecho de indemnización a las víctimas de la dictadura para que se puedan considerar beneficiarios los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el
1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 1977. Aquí podríamos incorporar algunas menciones que forman parte del acervo ideológico de nuestro partido, y lo haremos en forma de propuesta propia o enganchándolo con alguna proposición de estas
características porque esto no complementa absolutamente la indemnización ya que no solo se debería circunscribir a los condenados a muerte y ejecutados, sino a otras víctimas de estos consejos de guerra, también sucedáneos de la justicia. Estamos
de acuerdo también en las indemnizaciones que ustedes preconizan; la presentación, en el plazo de meses -no sé cuántos-, de un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los
años de transición, un marco institucional efectivo que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria histórica...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que termine.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya con esto acabo, señor presidente.
Y la retirada en los próximos seis meses de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas.
Señor Gallardón, usted comentó el otro día que estaban utilizando como consignaciones presupuestarias lo ya presupuestado por el Gobierno anterior, los cincuenta millones presupuestados por el último Gobierno socialista. Yo le pediría una
mayor implicación desde una perspectiva de compromiso presupuestario con los requerimientos de la Ley de Memoria Histórica.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar inevitablemente.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sobre todo -y ya con esto acabo, señor presidente- les pediría que en relación con el Valle de los Caídos no consignen presupuestos para su rehabilitación, como han hecho y hemos tenido noticia reciente, porque
esto va en contradicción manifiesta con lo que usted comentó y con el pedimento de esta moción.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, esta moción trae causa de una interpelación, pero esta moción también trae causa de dos hechos. Primero, el incumplimiento de una ley vigente, la Ley de Memoria Histórica, que es ley que se tenía que aplicar y que en los últimos
quince meses de Gobierno del Partido Popular se ha relajado extremadamente cuando no se ha cancelado en la práctica. Esta moción, señorías, también trae causa del debate en este hemiciclo sobre el anterior régimen no democrático, sobre el régimen
dictatorial del general Franco, sobre el cual nosotros estábamos convencidos de que ningún grupo parlamentario se iba a erigir en reivindicador y defensor. Sin embargo, hace pocos días, el miércoles de la semana pasada, en una pregunta al Gobierno,
escuchamos una reivindicación y una defensa de un homenaje a la División Azul. Les pondré algunos otros ejemplos que también ilustran esta situación por la cual es necesaria la presentación de esta moción y anunciamos ya el voto afirmativo a la
misma.
Quiero recordar que la Ley de Memoria Histórica, que es ley vigente, tenía tres grandes líneas de actuación. Por una parte, afrontaba la anulación de los juicios de los tribunales políticos durante la guerra civil y el franquismo. En
segundo lugar, afrontaba la retirada de la simbología franquista y también el gran número de fosas comunes que hay en el conjunto de España. En tercer lugar, afrontaba algunas medidas para la indemnización de las víctimas del franquismo.
Señorías, permítanme que me centre en algunos ejemplos de la inaplicación de esta ley, que es ley vigente, en el ámbito de la simbología y en el ámbito de la anulación de los juicios del franquismo. Empecemos, por ejemplo, por la
simbología. Simbología evidente y presente. Simbología o hechos o decisiones del Gobierno, como la decisión de la delegada del Gobierno en Cataluña de participar en un homenaje a la División Azul, que es lo mismo que imaginarse a un alto
representante de un Gobierno democrático en Alemania, en Francia o en Gran Bretaña concediendo un honor a una persona vestida con una indumentaria del ejército nazi. Señorías, esta reivindicación, esta vigencia del franquismo está mucho más
presente en el día a día después de 35 años. Si ustedes visitan El Pardo, señorías, podrán visitar algunas habitaciones donde se ha producido una museización de las dependencias del general Franco. Ustedes podrán ver aún las camas parejas del
general Franco y de su esposa; podrán ver los flexos de la época que iluminaban las lecturas nocturnas del dictador. Además, podrán visitar dentro de la oferta del Patrimonio del Estado la sala de gobierno del gobierno dictatorial del régimen
antiguo. Todo esto está presente, todo esto está vivo ahora pero también en el pasado. Señorías, hay mucho trabajo por hacer en el ámbito de la retirada de la simbología franquista.
Finalmente, quiero hacer una referencia a la oportunidad de la revisión del artículo 3.3 de la vigente Ley de Memoria Histórica. Señorías, a través de este artículo, en cuya redacción nosotros participamos, introdujimos los elementos
suficientes para la anulación de los juicios del franquismo. Les debo decir que
nos sentimos absolutamente defraudados por la aplicación práctica del artículo 3.3 de la Ley de Memoria Histórica. Incorporamos la ilegitimidad de los tribunales franquistas y la anulación de las leyes. La sala de fiscales y el Tribunal
Supremo acordó la expulsión del sistema jurídico de todas las sentencias dictadas durante la guerra civil y durante el franquismo, y después el Gobierno y el Poder Judicial, tras hacer lo más difícil, han renunciado a hacer lo más fácil, que era
certificar la anulación de estos juicios a cada una de las familias que lo solicitaran. Por eso es absolutamente necesaria la revisión de la ley y la modificación del artículo 3.3.
Señor presidente, señorías, con esto termino. Este es un Parlamento democrático, un Parlamento de partidos democráticos...
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, tiene que terminar.
El señor XUCLÀ I COSTA: Termino ahora mismo.
Un Parlamento de partidos democráticos en el cual hasta el presente momento en esta moción no hemos escuchado ninguna reivindicación ni ninguna defensa del anterior régimen. Espero que en el turno que falta para culminar la moción no
tengamos que escuchar una reivindicación del anterior régimen. (Aplausos).
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés.
La señora CORTÉS BURETA: Gracias, señor presidente.
Señorías, verdad, justicia y reparación. Esos son tres puntos básicos en los que se apoya la llamada justicia de transición, según podemos leer en cualquier bibliografía o doctrina especializada. Pero hablar de justicia transaccional es
hablar de un conjunto de medidas adoptadas durante los procesos de democratización, incluso cuando la democracia ya está consolidada, para tratar de reparar las víctimas de la violencia perpetrada en nuestro caso en una guerra civil y en una
dictadura. El reto principal de todo este tipo de procesos es lograr un equilibrio razonable entre las exigencias de justicia y de paz, y en España, señorías, hemos alcanzado o hemos conseguido ese equilibrio. En su momento se optó por una
transición pactada que buscaba la reconciliación entre todos los españoles; se optó por no utilizar el pasado de forma arrojadiza sino con un propósito aleccionador, y a juzgar por los más de treinta años de democracia que llevamos, hoy podemos
afirmar que el camino que elegimos fue el correcto.
La Ley de Amnistía de 1977 no fue un punto y final, como se ha dicho en tantas ocasiones, fue un punto y seguido porque a partir de ahí se fueron adoptando un puñado de leyes y de instrumentos jurídicos relativos a pensiones,
indemnizaciones, reconocimientos y un largo etcétera. En 2007 se aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica, y a su amparo no solo se han mantenido muchas de esas medidas, que ya se venían adoptando desde los primeros años de la democracia, sino
que se han ido incrementando.
Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, hace poco más de un año, en ningún momento se planteó la posibilidad de modificar esa ley y mucho menos de derogarla, sino todo lo contrario, mantenerla con plena vigencia y seguir trabajando para
que se respete el recuerdo de todas las víctimas al mismo tiempo que se consolida la reconciliación que ha supuesto para los españoles la España democrática. Ahí sigue trabajando este Gobierno y ahí encontrarán al grupo parlamentario que hoy aquí
represento, al Grupo Popular. Por eso, la moción que presenta La Izquierda Plural nos parece innecesaria, porque creemos que en los poco más de cinco años de aplicación de esa ley los resultados han sido extraordinarios en la restitución histórica,
moral, económica, sentimental e incluso asistencial de las víctimas. Es más, señor Nuet, creo con toda sinceridad que si hubiese estado aquí la semana pasada cuando se presentó la interpelación y hubiese escuchado la respuesta del ministro de
Justicia, no habría incluido algunos puntos de la moción, porque el propio ministro ya dio cuenta de la labor que se estaba realizando. Por eso, no voy a reiterar tales actuaciones y sí voy a dejar constancia de otras que también se están llevando
a cabo y que responden al resto de puntos planteados en su moción. Quiero recordar que el Ministerio de Justicia sigue participando en la comisión para el reconocimiento de ayudas a expresos sociales -ya se han reconocido más de cien pensiones- y
en la comisión para la aplicación del artículo 10 de la Ley de Memoria Histórica. En otros puntos, como la responsabilidad pública e institucional en labores de localización, exhumación e identificación de las fosas, el Gobierno no tiene
encomendadas esas labores; esas acciones se llevan a cabo por parte de las asociaciones de memoria histórica, si bien el Ministerio de
Justicia, a través de la división de derechos de gracia y otros derechos, proporciona asesoramiento e información tanto a los particulares como a los organismos públicos que lo requieren. También hay que recordar que el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte mantiene el portal de víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo, en el que se puede consultar una base de datos con las referencias existentes en archivos dependientes de ese ministerio, dando así
cumplimiento al artículo 22 de la ley sobre el derecho de acceso a fondos documentales públicos.
Señorías, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ya informó el mes de febrero pasado que el análisis para la adhesión de España al tratado sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad
está actualmente en tramitación; crímenes, por cierto, perseguibles de oficio, ante los cuales el ministerio fiscal actuará tan pronto como tenga conocimiento de los hechos. Y, créanme, señorías, que la inexistencia de una fiscalía especializada
como tal no es impedimento para que se persigan todos los comportamientos delictivos previstos en nuestro ordenamiento jurídico. En cualquier caso, la creación de una fiscalía especial no corresponde al Ministerio de Justicia sino al fiscal general
del Estado.
Por último, no quisiera dejar de mencionar la creación del servicio de información a los afectados por la posible sustracción de recién nacidos, en el que se ofrece a los afectados el acceso a los ficheros con toda la información registral a
disposición de la Administración. Se trata de un muy importante despliegue de medios humanos y técnicos que el Ministerio de Justicia pone a disposición de los posibles afectados. Todo esto, señorías, muestra el firme compromiso del Gobierno con
el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Los ministerios de Justicia, Presidencia y Administraciones Públicas continúan con la normal aplicación de la ley en un marco institucional que consideramos adecuado.
Señorías -termino, presidente-, en los inicios de la transición hubo una generación de españoles y de políticos que tuvo el coraje y la generosidad de trabajar por la convivencia y por la libertad. Yo no tengo recuerdos ni de la guerra
civil ni de la dictadura, pero esa generación ha hecho memorables esas dos etapas de nuestra historia y yo hoy las tengo en mi memoria y puedo contárselas a mis hijas de una forma tranquila, sin enfrentamiento con nadie, desde la libertad, desde la
reconciliación y desde la paz y con la satisfacción además de que nuestra democracia, a pesar de la lentitud o de las lagunas que aún existen en materia de reparación, no ha dejado de ampliar nunca los derechos de las víctimas.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora CORTÉS BURETA: Acabo.
En esa dirección es en la que encontrarán siempre al Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cortés.
Señor Nuet, ¿qué enmiendas acepta o rechaza?
El señor NUET PUJALS: Las enmiendas de sustitución, tanto la del Grupo Socialista como la de Unión Progreso y Democracia, creemos que están contenidas ya en la propuesta que hemos hecho y, por tanto, no las podemos aceptar. Si
aceptaríamos, en cambio, la enmienda de adición que han presentado los compañeros de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
En unos minutos comenzaremos a votar (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PRESTACIONES ECONÓMICAS EN LA SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ÓRGANOS CONSTITUCIONALES. (Número de expediente 122/000093).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista sobre prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de
las administraciones públicas y órganos constitucionales. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318, más 1 voto telemático, 319; a favor, 143; en contra, 174, más 1 voto telemático, 175; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, DE REFORMA DE LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE, DE REESTRUCTURACIÓN Y RESOLUCIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO PARA GARANTIZAR LA DEVOLUCIÓN ÍNTEGRA DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OTROS
INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE CAPITAL Y DEUDA SUBORDINADA A LOS AHORRADORES Y PEQUEÑOS INVERSORES SIN EXPERIENCIA FINANCIERA. (Número de expediente 122/000098).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto de reforma de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito para garantizar la devolución íntegra del valor
nominal de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada a los ahorradores y pequeños inversores sin experiencia financiera. Hay también un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318, más 1 voto telemático, 319; a favor, 147; en contra, 171, más 1 voto telemático, 172.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CON EL FIN DE MEJORAR LA ACCESIBILIDAD, LA EQUIDAD, LA CALIDAD Y LA
EFICIENCIA DE LAS PRESTACIONES ASISTENCIALES. (Número de expediente 162/000286).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la promoción del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el Sistema Nacional
de Salud con el fin de mejorar la accesibilidad, la equidad, la calidad y la eficiencia de las prestaciones asistenciales. Hay una enmienda transaccional que conocen los grupos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 188; en contra, 13; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE AYUDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y ARTICULACIÓN DE MEDIDAS ANTE LA GRAVE SITUACIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO, POSIBILITANDO UNA FORMACIÓN CONTINUADA Y ESTUDIOS
REGLADOS QUE HABILITEN PARA EJERCER OTRAS PROFESIONES AFINES. (Número de expediente 162/000499).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre ayudas a los medios de comunicación impresos y articulación de medidas ante la grave situación laboral de los profesionales del periodismo, posibilitando una formación
continuada y estudios reglados que habiliten para ejercer otras profesiones afines. Hay una enmienda transaccional que también los grupos conocen.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 140; en contra, 173; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA. (Número de expediente 173/000085).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la recuperación de la memoria histórica y democrática. Se vota tal como viene, con la enmienda del señor Tardà, que es de
adición.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 39; en contra, 172; abstenciones, 106.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.