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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 107, de 23/04/2013
cve: DSCD-10-PL-107
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 107
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 101
celebrada el martes,
23 de abril de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
105-1, de 1 de febrero de 2013. (Número de expediente 122/000087) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
110-1, de 1 de marzo de 2013. (Número de expediente 122/000094) ... (Página14)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de un plan integral de fomento de la lectura. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 258, de 19 de abril de 2013. (Número de expediente 162/000609) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, para mantener el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 219, de 8 de febrero de 2013. (Número de
expediente 162/000544) ... (Página33)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inconsistencia de la política fiscal del Gobierno. (Número de expediente 173/000076) ... (Página40)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre intenciones y planes del Gobierno para la ejecución y finalización de la Y vasca. (Número de expediente 173/000077) ... (Página48)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador Armendáriz), sobre la política del Gobierno en materia de gestión del agua, especialmente en cuanto a sus planes y compromisos referidos a la Comunidad Foral de Navarra. (Número de expediente
173/000078) ... (Página55)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página63)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página63)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición no de ley el señor Saura García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad ... (Página14)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista y Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página25)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de un plan integral de fomento de la lectura ... (Página25)
Defiende la proposición no de ley la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Buyolo García,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y el señor Yuste Cabello, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez-Salmones Cabeza.
Del Grupo Parlamentario Socialista, para mantener el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley el señor Sahuquillo García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Barkos Berruezo, Oramas González-Moro y Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez
Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y la señora Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Sahuquillo García.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página40)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inconsistencia de la política fiscal del Gobierno ... (Página40)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene la señora Rodríguez-Piñero Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Rodríguez-Piñero Fernández.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre intenciones y planes del Gobierno para la ejecución y finalización de la Y vasca ... (Página48)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene la señora Sánchez Robles, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Azpiroz Villar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; los señores Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada interviene la señora Sánchez Robles.
El señor Larreina Valderrama solicita la palabra al amparo del artículo 71.3, que le es concedida.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Salvador Armendáriz), sobre la política del Gobierno en materia de gestión del agua, especialmente en cuanto a sus planes y compromisos referidos a la Comunidad Foral de Navarra ...
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente presentada interviene el señor Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora De Lara
Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Barberà i Montserrat, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Salvador Armendáriz.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página62)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización
tributaria, se rechaza por 130 votos a favor más 2 votos telemáticos, 132; 171 votos en contra más 1 voto telemático, 172 y 11 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores
de proximidad, se rechaza por 136 votos a favor más 2 votos telemáticos, 138; 171 votos en contra más 1 voto telemático, 172 y 5 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la elaboración de un plan integral de fomento a la lectura, se aprueba por 304 votos a favor y 2 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para mantener el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales, se rechaza por 135 votos a
favor, 168 en contra y 8 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página63)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inconsistencia de la política fiscal del Gobierno, se rechaza por 112 votos a favor, 170 en contra y 30 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre intenciones y planes del Gobierno para la ejecución y la finalización de la Y vasca, se aprueba por 295 votos a favor y 14 en contra.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Salvador Armendáriz), sobre la política del Gobierno en materia de gestión del agua, especialmente en cuanto a sus planes y compromisos referidos a la Comunidad Foral de
Navarra, con la inclusión de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se aprueba por 268 votos a favor, 20 en contra y 20 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA RELATIVA A LA PUBLICIDAD DE LOS DATOS EN LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA. (Número de expediente 122/000087).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Les anuncio que hoy debatiremos todos los puntos previstos para la tarde, por lo tanto las votaciones serán después del punto 7.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regulación tributaria. Para la presentación de la iniciativa, tiene
la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
¿Qué se pide en esta proposición de ley? Algo muy sencillo, pero a nuestro juicio muy importante y de enorme calado político y económico: modificar la Ley General Tributaria para hacer públicos los datos de la amnistía fiscal. Sería una
medida importante en un conjunto de medidas de políticas de lucha contra el fraude fiscal. La medida que proponemos hoy es sencilla, pero de cambio sustantivo, cualitativo en la política de lucha contra el fraude en nuestro país. ¿Por qué razones
lo pedimos? En primer lugar, porque a los defraudadores que se han acogido a la amnistía fiscal no les puede salir gratis haber defraudado al conjunto de los españoles. En realidad se les ha hecho un regalo; de media han pagado el 3 %, pero tiene
que haber habido defraudadores -si esa es la media- que estén por debajo del 3 %. Luego no les puede salir gratis y los españoles no les podemos dar además las gracias por haber defraudado a todos los españoles. Pedimos que se haga público el
nombre de todos los defraudadores porque estamos hablando de defraudadores convictos y confesos. No estamos hablando de alguien sobre el que tiene que ser probado que efectivamente ha defraudado a los españoles; no, estamos hablando de
defraudadores que han confesado ser defraudadores. Por tanto, tiene que tener un coste que tiene que ver con su reputación. Su reputación no puede quedar igual y su nombre tiene que ser publicado. Para que su reputación no quede igual su nombre
tiene que ser publicado para que todos los españoles lo conozcan. Esa es la primera idea, no puede salirle gratis a los defraudadores. En segundo lugar, porque es una vía eficaz contra el fraude fiscal en nuestro país. Es una medida eficaz porque
estamos incrementando el coste para
los defraudadores o para aquellos que piensen serlo en el presente o en el futuro. Esa es la segunda razón que para nosotros es importante. Además, sería imparable que esta información, la de la amnistía fiscal, sea utilizada por los
inspectores de Hacienda en el Plan de control y de lucha contra el fraude fiscal del año 2013 porque, a pesar de que el Gobierno nos dice que esa información va a ser utilizada por los inspectores, no es verdad. Los propios inspectores han
declarado públicamente y por escrito que no pueden utilizarla y además no se ha incluido entre las prioridades del Plan de lucha contra el fraude del año 2013. La tercera razón es también muy sencilla. Estamos emitiendo un mensaje para este
Gobierno y los próximos, de tal manera que sea más complicado hacer una amnistía fiscal. Esto es lo que también estamos planteando, es una razón que explica nuestra proposición de ley de hoy. Estamos desincentivando al Gobierno actual o a los
próximos para que nunca más vuelvan a hacer una amnistía fiscal. La cuarta razón es que queremos saber -pese a que hemos planteado más de cien preguntas la Mesa Congreso, con la mayoría del Grupo Popular, nos ha dicho no a ellas- lo que tienen que
ver con la trama Gürtel y la amnistía fiscal. Queremos saber si esas personas de manera directa, por personas interpuestas o por sociedades se han beneficiado de este regalo que se llama amnistía fiscal. Por cierto, hay una sentencia del Tribunal
Constitucional de octubre de 2001, por la que se ampara a Joan Saura, que señala que tenía razón en lo que estaba pidiendo, algo muy parecido a lo que nosotros estamos solicitando en este momento. Por tanto, queremos saber quién se ha colado en la
amnistía fiscal, qué nombres hay detrás de esos 30.000, porque es algo importante para los españoles. También nos gustaría saber qué relación hay entre esa lista de la amnistía fiscal y la segunda lista Falciani. Nos hemos enterado recientemente
de que no solamente hay una lista Falciani sino dos. Hay una primera por la que el Gobierno anterior recaudó 260 millones de euros, pero queremos saber qué nombres están en la segunda, porque sería muy grave que hubiera una relación entre la
segunda lista Falciani, de 2.500 posibles defraudadores, y la amnistía fiscal.
Hay otra razón para lo que está planteando el Grupo Parlamentario Socialista esta tarde, y es una medida sencilla. Queremos conocer los nombres de las personas que han utilizado la amnistía fiscal, el nombre de los defraudadores. Es de
calado, de fondo, lo que estamos planteando. Hay una razón adicional para esto, porque es una buena manera de que la economía española gane credibilidad y reputación en el conjunto del mundo, a nivel internacional. La amnistía fiscal no ha ayudado
a mejorar la credibilidad de la economía española y de la política económica española. Las políticas, el funcionamiento de las instituciones tiene que ver con la financiación de las empresas y de la economía, sí o sí. Esto muchas veces no está en
el debate político, pero los economistas, la ciencia económica ha venido a decir que el funcionamiento de las instituciones es la palanca más importante que explica el crecimiento de los países, la riqueza y la financiación de las naciones. Por
tanto, la amnistía fiscal no ha ayudado de ninguna manera a mejorar la credibilidad, la reputación y la financiación de la economía española; una financiación que si no fuera por el Banco Central Europeo estaría absolutamente colapsada, parada.
Menos mal que hay un flujo ahí, un manguerazo permanente del Banco Central Europeo. Por eso hay una razón que tiene que ver con el funcionamiento de la economía. Daríamos un buen mensaje al conjunto del mundo, a los mercados, de que somos un país
serio y, pese a haber habido una amnistía fiscal, se va a terminar conociendo todos los nombres de todos los amnistiados para saber cuál es el origen de ese capital, señorías. En esta amnistía fiscal, si no fuera por procesos judiciales en marcha,
no se va a conocer el origen de esos capitales aflorados, porque así se diseñó la amnistía fiscal.
Se podría argumentar por los grupos que no van a votar a favor de esta medida porque la Ley de protección de datos impide lo que está planteando el Grupo Socialista. En absoluto, porque dicha ley expresa de manera tajante que la ley puede
habilitar que se pueda conocer esta información. Por eso nosotros estamos planteando un cambio en la Ley General Tributaria; un cambio en su artículo 95, para que efectivamente esta información pueda llegar al conjunto de los ciudadanos si en el
futuro hubiese amnistías fiscales de manera complementaria. Es más, pensamos que cara al futuro, cuando se pruebe que alguien ha defraudado a la Hacienda pública, por tanto a todos los españoles, se debería conocer el nombre de esas personas. Lo
que estamos planteando tiene que ver con la amnistía fiscal, pero es un instrumento, una palanca que abre el camino a que, para cualquier persona que haya defraudado, que se haya demostrado que ha defraudado, su nombre sea de conocimiento general de
todos los españoles para incrementar el coste ante los defraudadores, para desincentivar el fraude fiscal. Como les decía al principio de mi intervención, la medida es muy sencilla, pero es de calado. Es importante lo que estamos debatiendo esta
tarde en el Congreso de los Diputados. Es un cambio sustantivo respecto a cómo se ha luchado contra el fraude fiscal en el pasado. Además, el ministro Montoro nos ha dicho a todos los españoles -lo ha dicho también aquí en sede parlamentaria- que
están planteando desde el Gobierno
cambios para que se conozca el nombre de los defraudadores. En realidad lo que estamos planteando aquí nosotros es un instrumento, es un camino. El Grupo Popular, el grupo que sostiene al Gobierno, debería decir sí a la proposición que
estamos proponiendo, porque en realidad el ministro de Hacienda ha dicho que eso es lo que quiere hacer. No hay que confundirse. Espero que el Gobierno no esté pensando en hacer público el nombre de los morosos. No es lo mismo un moroso que un
defraudador; no es lo mismo, y menos en el momento económico que estamos viviendo. Espero que el Gobierno no esté pensando que finalmente se va a hacer público el nombre de grandes morosos, porque la diferencia es muy importante.
En definitiva, señorías, es una medida clara que entiende todo el mundo; como la entiende todo el mundo, es de una gran eficacia. El fraude fiscal en nuestro país es el que es y está por encima de la media europea, de la media de la OCDE.
Se ha producido un hecho, la amnistía fiscal, que hemos criticado ya porque no ayuda en nada a la Hacienda pública, a la solvencia, a la credibilidad y a la reputación de España a nivel internacional. Hagamos de la necesidad virtud y aprobemos lo
que el Grupo Parlamentario Socialista está planteando esta tarde aquí.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
No se ha pedido turno en contra. En fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros, la gente de Compromís-Equo, no diríamos que se acojan, como señala el texto que nos presenta el Grupo Socialista, sino que se hayan acogido o se acojan en el futuro. De lo contrario, se quedan fuera todos aquellos que ya se han
acogido a las amnistías fiscales que se han tramitado por anteriores Gobiernos; no solo las del Grupo Popular sino las que también aprobó el Grupo Socialista en 1984 y 1991 -por cierto con una gran oposición del Grupo Popular-. Los ciudadanos
tenemos derecho a saber quiénes son los defraudadores, a quién les ha regalado el señor Montoro -o antes los ministros socialistas- este proceso de impunidad, quiénes son los que se han beneficiado de este proceso de inmunidad frente al delito que
ni ha servido para recaudar lo prometido -como dijo el señor Montoro- ni se ha controlado si los solicitantes estaban en proceso judicial o en fase de instrucción penal relacionada con el dinero no declarado. Tampoco se ha controlado si el origen
del dinero era de negocios relacionados con delitos de sangre. Entonces, ¿qué beneficio ha obtenido la sociedad y el Estado de esta amnistía fiscal o impunidad para el blanqueo de capitales? Evidentemente, ninguno.
Ante esta situación, añadiríamos a su artículo único nuestras propuestas: que aquellos que se han acogido a la amnistía fiscal no puedan presentarse a las elecciones ni ocupar ningún cargo público y que todos los cargos públicos tengan que
publicar en Internet un certificado de no haberse acogido a la amnistía fiscal. Esta propuesta se enmarca en la necesidad de impedir el ascenso de los defraudadores a la gestión del dinero de todos y del bien común. La declaración de defraudador
confeso es la de haberse acogido a la amnistía fiscal y equivale a decir: sí, yo no pagué impuestos porque no me dio la gana. Esa gente no puede ser después la responsable de los intereses de los ciudadanos, la responsable del dinero público de
todos; no nos puede representar ni en el Gobierno ni en la oposición, ni como legislador de las normas que nos afectan a todos, ni como director general, ni como alcalde, ni como concejal. Con el certificado de haberse acogido a la amnistía nos ha
confesado que es un defraudador, por tanto es la persona que hemos de tener más alejada del dinero de todos. Por salud democrática, por poner trabas a la producción ligada a la gestión pública en beneficio de la gente, alejemos a los defraudadores
del dinero de todos, alejemos a los defraudadores del poder, de la toma de decisiones que nos afectan a todos.
Anuncio ya que el voto de Compromís-Equo será favorable a la propuesta del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, el pueblo tiene derecho a saber si Bárcenas, Botín, Pujol o el propio rey han aprovechado la amnistía del Gobierno para traer el dinero que tenían en Suiza, si ese dinero está ya en el
Estado español o todavía lo mantienen oculto en ese paraíso fiscal. La amnistía fiscal del Gobierno del Partido Popular supone un indulto a los delincuentes que
evadieron sus impuestos. Como el resto de indultos que son aprobados por el Consejo de Ministros deben ser públicos, de manera que el pueblo pueda saber a qué defraudadores ha indultado el Gobierno. Esto vale tanto para el Partido Popular
como para el Partido Socialista en sus anteriores amnistías fiscales.
Después de esta más que generosa actitud del Gobierno con los que han defraudado para regularizar su situación pagando solo una mínima parte de lo que debían, el Estado español no debe permanecer impasible ante aquellos que no han
aprovechado la ocasión y mantienen sus cuentas en Suiza o en otros países fiscales, evadiendo así sus impuestos. Se ha acabado, señorías, el periodo de las amnistías. Si es que alguna vez estas fueron oportunas, ahora hay que perseguirlos y hay
que encarcelarlos. El fraude fiscal no es un robo al Gobierno, que es un ente abstracto. El fraude fiscal es un gran atraco a toda la ciudadanía que en estos momentos está pagando con sus recortes aquello que las grandes fortunas han robado. De
hecho, lo que estos grandes defraudadores han robado supone nada más y nada menos que dos terceras partes del déficit del gasto público social del Estado español respecto a la media de la Unión Europea, es decir lo que se debería gastar aquí en
mantener el Estado del bienestar, especialmente en sanidad y educación.
Como afirman los inspectores de Hacienda o también uno de los diarios más influyentes del mundo, el New York Times, estos métodos repugnantes se practican de manera común entre las grandes familias, las grandes empresas y -como no podría ser
menos- la gran banca; evidentemente, todos ellos con nombres y apellidos. Así pues, queremos saber los nombres y los apellidos, como lo saben también en el Reino Unido o en Irlanda. A pesar de estos datos, es triste y a la vez es indicativo
señalar que la mayoría de las investigaciones de fraude fiscal que la Agencia Tributaria realiza se centra en este país en autónomos y en los profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa, según los técnicos de la Agencia Tributaria del
Estado español, solo un 8 %. No obstante, y pese a suponer el 75 % del fraude fiscal al Estado y a las autonomías, solo el 20 % de los inspectores de Hacienda se dedican a las grandes fortunas. Peor aún -eso lo debemos recordar-, el Partido
Socialista Obrero Español recortó en más de mil los inspectores de Hacienda que perseguían a las grandes fortunas para esta vez perseguir a las pequeñas. Es más, el sistema de trabajo implantado por el Gobierno a los inspectores incentiva que se
centren en los pequeños contribuyentes en lugar de en los grandes defraudadores. Nuestro sistema económico no estaría en la situación en la que está si no hubiera fraude fiscal acompañado de un sistema de impunidad con él. A pesar de ello gastamos
dinero; gastamos dinero en nombre de salvar al sistema, en desahuciar a miles de familias de sus casas mientras el Gobierno indulta a los grandes ladrones -eso también lo tenemos que decir en voz alta-; ladrones que no solo son injustos con los
más pobres sino con los propios empresarios que pagan también puntualmente sus impuestos. Señorías, acabo. Basta de penalizar a quien cumple y de premiar a quien defrauda; basta de impulsar medidas implacables con los débiles y ser rabiosamente
condescendientes con los poderosos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, muchas gracias.
Desde el escaño voy fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta proposición de ley. Desde el Grupo Vasco defendemos y hemos defendido con intensidad y sin tapujos la necesidad de combatir el fraude fiscal allá dónde se produzca.
Por lo tanto, es un tema sobre el que hemos argumentado en multitud de ocasiones y no vamos a argumentar en exceso otra vez más, porque nos hemos manifestado favorables a actuar desde todos los ámbitos -desde el legislativo, desde el político, desde
el económico y desde donde haga falta- con el fin de que todos los ciudadanos cumplan con las obligaciones tributarias. A nuestro juicio no hacerlo -especialmente en momentos de crisis económica- es una falta no solo de solidaridad sino incluso de
ciudadanía que no se debe permitir. Luchar contra el fraude con planes rigurosos de inspección, con más inspectores, con mayor coordinación entre las haciendas a nivel europeo, actuando claramente contra los paraísos fiscales; estas actuaciones y
muchas más tienen y tendrán nuestro total apoyo. Lo que no compartimos es precisamente la medida de amnistía fiscal aprobada por el Gobierno que va justo en la dirección contraria de lo que debería ser. En lugar de penalizar a los defraudadores se
les dan todas las facilidades para que se pongan al día con un coste mínimo después de haber evadido cantidades ingentes de impuestos al conjunto de los ciudadanos. Esto nos parece éticamente reprobable. Sin embargo, una vez producida la amnistía
fiscal tal y como ha ocurrido recientemente, creo que los ciudadanos tenemos el derecho y la Hacienda o la Administración tributaria
tienen la obligación de informar sobre los defraudadores (quiénes son, cuánto han defraudado). Ya que han evadido impuestos al menos que se sonrojen, aunque me temo que quienes defraudan tienen suficiente cara y bastante poco pudor.
Queremos saber evidentemente quiénes son, y si para ello hay que modificar la legislación que se modifique. Por eso nuestro grupo parlamentario votará favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
A juicio de Unión Progreso y Democracia esta proposición de ley sirve a un propósito útil, que es impedir que se dé por cerrado un tema que para nosotros tampoco está cerrado, la amnistía fiscal en España. Ya dimos una serie de argumentos
en contra cuando se propuso la medida. La consideramos un grave error, en primer lugar porque siempre es un grave error premiar a los defraudadores, pero en el caso español, para más INRI, esto coincidió con una fuerte subida de impuestos a las
personas cumplidoras, a las que el IVA se les ha triplicado o se les han subido los impuestos sobre las rentas del trabajo. Casi parece ya una provocación unir las dos cosas. Todo esto tenía un objetivo de recaudación inicial de 2.500 millones
-que luego se ha quedado en la mitad-, en un país en el que se defraudan anualmente 70.000 u 80.000 millones de euros, 7 u 8 puntos del PIB dado que la economía sumergida es del 22 %. ¿No habría sido más rentable, como dijimos desde un principio,
dar más recursos a la Agencia Tributaria para combatir ese fraude? ¿Era tan complicado recaudar 1.200 millones de los 70.000 u 80.000 que se defraudan cada año? En nuestra opinión, no. Pero si la amnistía siempre fue un error, el susto del
Gobierno, en nuestra opinión, ante el fracaso recaudatorio convirtió el error en una catástrofe, porque a las decisiones iniciales se les fueron añadiendo sucesivamente decisiones cada vez más generosas para los defraudadores, de forma que se
acogiesen a la amnistía y no acabase siendo un ridículo. Por eso, en una orden ministerial se les permitió aflorar el dinero en efectivo; otro grave error, porque el dinero en efectivo es imposible de rastrear, y esto abría la puerta a que se
aflorase dinero de actividades ilícitas. Posteriormente, un informe de la Dirección General de Tributos dio otra vuelta de tuerca, en el sentido de ampliar la amnistía, permitiendo que en vez de pagar el 10 % de lo aflorado, que era lo que se
proponía inicialmente, pagasen el 10 % de las rentas de los últimos cuatro años, lo que redujo el tipo impositivo a un 3 %; un tipo efectivo al 3 % en vez de al 10 %, que bastante generoso era ya. Una vez terminado el plazo de la amnistía, tras el
fin del plazo de la amnistía, se tomaron dos decisiones adicionales que ampliaron todavía más su generosidad: una disposición adicional en la Ley de Comercio, que permitió que las sociedades tapadera no se disuelvan hasta finales de 2013, lo que
hace que incluso a día de hoy sea difícil saber qué personas físicas están detrás de esas sociedades y de la amnistía; y una disposición adicional única en la Ley orgánica 7/2012, que hizo que se limpiase el delito fiscal en el sentido de que se
decidió que lo que se regularizase se equiparase a lo declarado en el plazo legal, de forma que, excepto si hay una actuación de la Agencia Tributaria, esos delitos fiscales quedan limpiados. ¿Cuáles han sido las consecuencias de todo eso? No solo
la amnistía en sí, que ya era un grave error, sino hacerla cada vez más generosa hasta un punto en que ha llegado a facilitar objetivamente el blanqueo de dinero de actividades ilícitas, incluyendo la corrupción política e incluyendo algunos casos
de corrupción ligados directamente al partido que aprobó la amnistía.
En este panorama no resultará sorprendente si anuncio nuestro apoyo a la iniciativa planteada, que lo que pide básicamente es una única cosa, que se modifique la Ley General Tributaria para que sean públicos los datos de las personas que se
han acogido a la amnistía y las cantidades regularizadas. Eso siempre fue conveniente pero después de los casos que antes he señalado más que conveniente es necesario; la sociedad quiere asegurarse de que no hay más casos parecidos o similares a
los del señor Bárcenas detrás de la amnistía fiscal. Si siempre fue conveniente, ahora es necesario tomar una medida de publicidad como la que aquí se solicita. Para nosotros esta medida es conveniente, y la vamos a apoyar, pero incluso se queda
corta y por eso nosotros hemos planteado iniciativas adicionales en torno a la amnistía fiscal. En concreto, una que pide que se respete lo que se aprobó en esta Cámara, que fue que los defraudadores pagasen un 10 % de las cantidades afloradas, no
un 3 %. Fue con decisiones posteriores, de rango legal menor -órdenes ministeriales, informes-, con lo que se logró que al final el tipo efectivo fuese del 3 %, y nosotros queremos que se respete lo que se aprobó en la Cámara, que fue que se pagase
un 10 % de lo aflorado. También incluimos en esa iniciativa, que defenderemos tan pronto
como sea posible, idealmente en el Pleno, que se incluya a esos defraudadores en el Plan de control tributario del año 2013, porque sorprendentemente no están incluidos en él. Y hemos presentado una iniciativa, una proposición no de ley,
actualizando propuestas anteriores de Unión Progreso y Democracia para luchar contra el fraude, donde proponemos campañas de concienciación social en la lucha contra el fraude, que brillan por su ausencia, un incremento de recursos de la Agencia
Tributaria y un aumento de plazos, tanto de prescripción como de actuaciones inspectoras. Por eso apoyamos esta medida y presentaremos iniciativas en el futuro para asegurarnos de que el tema de la amnistía fiscal no se dé por cerrado en esta
Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, anuncio, como no puede ser de otra forma por la naturaleza de esta proposición de ley, que nuestro grupo apoyará la tramitación como proyecto de ley. Lo hacemos porque consideramos que es necesario que se conozcan los
nombres de los delincuentes fiscales para los que se ha diseñado esta amnistía fiscal. En última instancia, esta amnistía fiscal, como denunciamos en su momento, solo tiene un objetivo y es facilitar a los delincuentes fiscales, es decir, a
aquellos que durante muchas décadas estuvieron evadiendo impuestos que hubieran financiado en otro caso la sanidad y la educación pública y otras prestaciones sociales, que pudieran volver a la legalidad sin ningún tipo de sanción realmente
importante. Esto no es lo que se llama una amnistía fiscal porque, en términos teóricos al menos, una amnistía fiscal debería tener un diseño con un palo y una zanahoria, pero en el desquicie de este Gobierno al final la zanahoria se les da a los
delincuentes fiscales y los palos -todos- continuamente a los trabajadores. Por eso esta amnistía fiscal no ha funcionado y no lo ha hecho ni siquiera en términos cuantitativos, es decir, de recaudación. Dijimos ya en su momento que no iba a
funcionar y verdaderamente no ha funcionado ni en ese plano tan sencillo que es el cuantitativo, la recaudación.
Además, hay otro plano en el que sí ha funcionado y, sin embargo, es la parte más perversa, y es el daño moral que causa a la ciudadanía saber que este Gobierno legisla para los grandes delincuentes que tienen dinero en los paraísos
fiscales, es decir, para los que ya se han reconocido como el señor Botín, Alejandro Sanz o los que se supone que también tienen dinero en los paraísos fiscales, incluido el jefe del Estado, don Juan Carlos. Esta realidad nos lleva a un sistema
fiscal absolutamente perverso y contrario a la Constitución, porque la Constitución de 1978 indica que tenemos que tener un sistema fiscal altamente progresivo, es decir, que en última instancia paguen más los que más tienen. ¿Qué es lo que ocurre?
Ocurre que este Gobierno plantea una amnistía fiscal que permite a esos delincuentes pagar solo el 3 % de la fortuna que traen a legalizar. Además, resulta que las grandes empresas en este país pagaron de tipo efectivo en el año 2012 solo un 10 %
de sus beneficios. Al final, resulta que este Estado del bienestar lo están financiando otro tipo de sectores, los sectores populares, los sectores que no tienen capacidad financiera para ir a las entidades financieras de este país a pedirles que
les gestionen el dinero utilizando mecanismos a veces legales, a veces ilegales, a veces de elusión fiscal, a veces de evasión fiscal. En este sentido, se nos dirá que si se publican los nombres de la amnistía fiscal, de aquellas personas que se
han beneficiado de este proceso aberrante puesto en marcha por el Gobierno, le restará fuerza al diseño de la amnistía fiscal, y es cierto. Es cierto que no habrá grandes fortunas que quieran venir, sabiendo que se va a conocer que han sido
delincuentes. Pero es que el propósito del Gobierno no es facilitar las cosas a los delincuentes, es perseguirlos. Esta amnistía fiscal manifiesta la incompetencia generalizada de los Gobiernos de este país durante décadas, porque manifiesta que
lo que no pudieron hacer a través de las leyes para perseguir los fraudes, lo tienen que resolver pidiéndoles por favor a los delincuentes que nos den unas migajas para aguantar el Estado del bienestar en momentos de crisis. Indecente, y la
ciudadanía lo sabe, y por eso es necesario, más que nunca, decir la verdad, y la verdad implica reconocer quiénes son los que se benefician de estos procesos como la lista Falciani, lista de evasores fiscales, lista que este Gobierno tiene también,
lista que tiene todos los nombres de estas personas, que encima se han obtenido de forma no legal, es decir, no hay un sistema institucional que nos permita conocer la verdad por su propia naturaleza. Queremos contribuir a que no ocurran cosas como
la de Grecia, que cuando se filtró la información de la lista de evasores fiscales, el que fue a la cárcel fue el periodista que lo filtró, es decir, leyes programadas, diseñadas, elaboradas y desarrolladas a favor de los delincuentes, a favor de
las
grandes fortunas y de las grandes empresas. Esto es algo que queremos cambiar y por este motivo anuncio que apoyaremos la tramitación como proyecto de ley y que, de ser favorable en la Cámara esta tramitación -cuestión que esperamos que así
sea-, añadiremos en el futuro las suficientes enmiendas como para dotar de mayor contenido y mayor profundidad a este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señor presidente.
Antes de tomar posición en relación con la iniciativa que debatimos, quería recordar que el pasado mes de febrero tuvimos la oportunidad de debatir una moción en el Pleno de la Cámara, del mismo grupo proponente, en relación con los
resultados del proceso de regularización tributaria. En aquella ocasión, mi grupo manifestaba que la regularización tributaria era una decisión difícilmente entendible para la sociedad, ya que esta medida era extraordinaria y de consecuencias
amplias, más teniendo en cuenta las dificultades en las que se encuentran muchos de nuestros ciudadanos. El balance de los resultados de la regularización, desde una perspectiva meramente presupuestaria, de ingresos, no ha sido todo lo bueno que el
Gobierno preveía en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. Las previsiones se realizaron, como mínimo, con cierta ligereza. Mi grupo en aquel momento consideraba que no se había dado suficiente explicación sobre los errores de las
previsiones y no se había hecho un balance por parte del ministerio; previsiones que no se cumplen, no haciéndose ningún balance, no dando ninguna explicación. Pero los problemas también surgían desde una perspectiva jurídica. El desarrollo de la
norma y las distintas interpretaciones posteriores, así como las correlativas reacciones del Gobierno ante los hechos que se van desarrollando en el tiempo, habían provocado una seria y profunda inseguridad jurídica que con el tiempo, decíamos,
comportarían y comportarán aún más una seria conflictividad.
Volvemos a la iniciativa que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista, en este caso una proposición de ley por la que se pretende incorporar una nueva excepción a la regla general del artículo 95 de la Ley General Tributaria,
permitiendo la cesión a terceros de la identificación, importe de bases y cuotas declaradas en procesos extraordinarios de regularización tributaria, dentro de un régimen de colaboración de la Administración tributaria con otras instituciones, entre
otras, órganos jurisdiccionales y ministerio fiscal; otras administraciones tributarias, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, administraciones públicas para la lucha contra el delito fiscal y contra el fraude, y entre otras también, las
comisiones parlamentarias de investigación. Convergència i Unió está a favor de cualquier medida que fomente la transparencia, y por ello compartimos la propuesta de modificación de la Ley General Tributaria que se contempla con el fin de que en
futuros procesos extraordinarios de regularización tributaria se puede identificar a las personas, sociedades y entidades con personalidad jurídica que se acojan a los procedimientos extraordinarios de regularización tributaria. Hemos de hacer un
ejercicio de transparencia profundo, más cuando estamos hablando de procedimientos extraordinarios y de consecuencias amplias. Hasta aquí podemos estar de acuerdo. A nivel técnico, una pequeña observación. Como prevé el artículo 95, la excepción
al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria debe diferirse de algún proceso de colaboración entre la Administración tributaria y otras instituciones, siempre que la cesión de datos tenga algún motivo legítimo. En el texto
propuesto no se contemplan estos extremos, que son los que justifican la excepción a la regla general de reserva de datos, sino un supuesto totalmente diferente, como se difiere de la intervención del portavoz de la iniciativa.
La iniciativa, además, incluye una disposición adicional por la que se insta al Gobierno a publicar los datos tributarios de las personas que se han acogido a la regularización aprobada de acuerdo con el Real Decreto-ley 12/2012. En
relación con esta disposición adicional, hago unas observaciones. La primera de ellas es que no existe coherencia de esta disposición con la modificación propuesta de la Ley General Tributaria. En un caso hablamos de cesión de datos; en el otro,
de publicación de datos. En el segundo supuesto, en el texto no se encuentra apoyo legal para ello y no se puede pretender equiparar la publicación con la cesión de datos. Estamos hablando de supuestos totalmente diferentes y no creo que sea bueno
confundir una cosa con otra. Segunda observación: La medida propuesta conlleva un efecto retroactivo. Como expresaba al inicio de mi intervención, modificar el marco legal con efecto sobre hechos anteriores a su aprobación, equivale a destruir la
confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas y en la ley vigente, y conforme a la que los ciudadanos cumplen sus deberes jurídicos. En este sentido, el orden público exige en materia tributaria la existencia del principio de seguridad
jurídica, ya que si la ley tributaria
modifica situaciones jurídicas definidas por el mismo legislador sin base en razones de política económica o en la previsibilidad que el cambio tiene para los contribuyentes afectados, la misma actividad del legislador deja de cumplir con
una finalidad esencial a su razón de ser: la seguridad de la situación jurídica de los ciudadanos y de sus actos. Señorías, reproduzco mi intervención en la moción a la que me refería al inicio de mi intervención. Abro comillas: No se trata de
tapar nada, no se trata de salvar a nadie, menos aún si se encuentra incurso en procesos judiciales en el orden penal, pero tampoco se trata de continuar provocando una seria inseguridad jurídica, un incremento de la conflictividad. Hay cosas que
no se han hecho bien: no se ha explicado bien qué supone, no se ha realizado un balance, no se ha dado ninguna explicación de por qué no se han cumplido las previsiones de recaudación, no se ha desarrollado reglamentaria e interpretativamente de la
forma más correcta. Todo esto lo vemos y compartimos las críticas, pero no vamos a entrar en el juego de la inseguridad jurídica. Cierro comillas.
Señorías, a favor de dar más transparencia a los procesos extraordinarios de regularización fiscal, sin ninguna duda. La excepcionalidad de la medida creemos que lo exige, lo reclama. Pero inseguridad jurídica, no.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, defiendo la posición del Grupo Parlamentario Popular frente a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a una modificación de la Ley General Tributaria mediante la cual hacer públicos los
nombres de las personas acogidas a la regularización fiscal aprobada por el Gobierno. En primer lugar, me gustaría dejar claro de una vez por todas una cuestión que han manifestado varios portavoces de los grupos políticos. Con esta regularización
fiscal no se ha indultado a ningún delincuente, no se ha encubierto a ningún delincuente, porque el posible origen ilícito que la Agencia Tributaria detecte en los bienes o rentas declarados va a ser investigado, va a ser puesto en conocimiento de
los jueces y tribunales, como de hecho ya se está haciendo; y va a ser investigado también por el servicio de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales. Por tanto, me gustaría que retiraran esas palabras del 'Diario de Sesiones', porque
me parece muy grave acusar a un Gobierno de encubrir a delincuentes.
Permítame que le diga, en primer lugar, señor Saura, que yo agradezco su tono, pero leyendo entre líneas, esta iniciativa representa la quintaesencia de lo que hoy es el Partido Socialista; un Partido Socialista que no tiene líder, un
Partido Socialista que no tiene proyecto político y un Partido Socialista a la búsqueda desesperada de votos en competencia con Izquierda Unida, haciendo propuestas demagógicas y fáciles de vender a los ciudadanos. (Aplausos.-Rumores). Porque,
señores socialistas, cada fin de semana nos sorprenden ustedes con una nueva ocurrencia fiscal. El último fin de semana la ocurrencia ya ha adquirido la categoría de disparate con la desaparición de los billetes de 500 euros, algo que no es
competencia del Gobierno de España. Y al Grupo Parlamentario Popular, señorías, le hubiera gustado que ese furor que les ha entrado ahora en la oposición por la materia fiscal lo hubieran manifestado cuando este país estaba perdiendo ingresos
tributarios en una verdadera sangría. Se perdieron en los últimos tres años de Gobierno socialista más de 60.000 millones de euros de recaudación tributaria. Y no tuvieron entonces ustedes tanto interés en aportar nuevas medidas fiscales, nuevas
propuestas para detener esa sangría.
Entro ya, señorías, en el contenido de su proposición de ley, donde proponen hacer públicos los datos de las personas físicas o jurídicas que se han acogido a esta regularización fiscal y extraordinaria. He de manifestar, en primer lugar,
que el vigente artículo 95 de la Ley General Tributaria dispone el carácter reservado y confidencial de la información tributaria, que no puede ser cedida salvo en determinados supuestos o comunicada a terceros por la Agencia Tributaria. Esta
previsión de carácter general de la reserva y la confidencialidad de los datos de carácter tributario también es aplicable a la declaración tributaria especial que se deriva de esta regularización tributaria, como es aplicable a cualquier
declaración tributaria. Por tanto, partimos de una legislación, que es la legislación vigente, que garantiza la privacidad de los datos con trascendencia tributaria, en concordancia también con el artículo 53 de nuestra Constitución, que garantiza
el derecho a la intimidad de las personas y de la propia ley vigente de protección de datos de carácter personal. Ahora bien, señorías, tengo que manifestar también que el ministerio -y el propio ministro Montoro lo ha manifestado en esta tribuna-
está actualmente estudiando
la posible modificación del citado artículo 95 de la Ley General Tributaria, en orden a posibilitar la publicidad de obligados tributarios deudores a la Hacienda pública en los que concurran determinadas circunstancias que califiquen dicha
situación como especialmente relevante. Por tanto, se está estudiando, señorías, se está estudiando ya, pero comprenderán que es un asunto delicado que requiere una articulación pensada y bien delimitada para no entrar en contradicción con derechos
constitucionalmente protegidos, como el derecho a la protección de los datos de carácter personal. Aquello que ustedes, señores socialistas, no hicieron en sus ocho años de Gobierno resulta que es posible que lo haga este Gobierno, el Gobierno del
Partido Popular. Y por eso está estudiando la posibilidad de modificar este artículo para poder hacer públicos los datos de determinados defraudadores. Porque la regularización fiscal extraordinaria que ha llevado a cabo este Gobierno ha sido la
más transparente de cuantas regularizaciones -incluidas las amnistías fiscales aprobadas por el Gobierno socialista- se han llevado a cabo en España. Sus amnistías fiscales eran absolutamente opacas y salían totalmente gratis a los contribuyentes.
Y esta regularización no es así.
Por tanto, han montado ustedes una película de ciencia-ficción alrededor de la regularización fiscal que es tan falsa como un decorado de cartón piedra. Señorías, es todo falso y les voy a explicar por qué. Este proceso tiene la máxima
transparencia y además en tres direcciones. La regularización tributaria no es un invento del Partido Popular. Han existido siempre regularizaciones voluntarias, cualquier contribuyente en cualquier momento puede presentar una declaración que
regularice su situación tributaria. Con carácter absolutamente extraordinario, este Gobierno se encontró con una necesidad imperiosa de ingresos públicos, debido en parte a la herencia envenenada que ustedes nos dejaron: 30.000 millones de déficit
oculto. Y a partir de ahí, el Gobierno, para incentivar el afloramiento de economía sumergida, estableció un coste reducido en esta regularización tributaria. Pero esta regularización, a diferencia de otras, no es opaca; obliga a identificar al
titular real de los bienes y derechos regularizados, transparentando la titularidad real -vuelvo a repetir- de los bienes y derechos aflorados. Porque en esta regularización la regla general es que la declaración sea presentada por aquel que
ostente la titularidad jurídica y también la titularidad real, que normalmente coinciden. Pero esta regularización ha sido instrumentada de tal manera que aquellas personas que a través de sociedades interpuestas ostenten la titularidad jurídica de
los bienes pero no la titularidad real, no puedan acogerse a esta regularización tributaria. Quien debe hacer esa declaración tributaria especial es el titular real y no las sociedades interpuestas. Por tanto, máxima transparencia, y máxima
transparencia también en cuanto al acceso por parte de los inspectores de la Agencia Tributaria al contenido de estas declaraciones tributarias especiales. Cualquier actuario de la Agencia Tributaria, cualquier funcionario que pertenezca a la
Inspección de la Agencia Tributaria tiene acceso a una base de datos donde se refleja qué contribuyentes se han acogido a esta declaración tributaria especial. Ahora bien, si por motivos de su trabajo, por motivos de un plan de inspección y por
motivos de una investigación tributaria quiere conocer el contenido de esa declaración tributaria especial en concreto, deberá solicitarlo a la dependencia de Inspección y conocerá todo el contenido de esa declaración tributaria especial. Por
tanto, no es cierto que los actuarios, que los funcionarios de la Agencia Tributaria que están destinados en las dependencias de Inspección no puedan conocer y tener acceso a los datos de esta regularización. Los conocen, tienen acceso a ellos
siempre que esté motivado y justificado por el trabajo al que ese inspector está dedicado. Por tanto, transparencia total, señorías, pero también transparencia total porque todos los datos de esta regularización se van a transferir a las
comunidades autónomas. Aquellas comunidades autónomas con contribuyentes domiciliados en su comunidad y que tengan competencias de gestión en los tributos afectados por esta regularización van a tener también los datos de estas personas físicas o
jurídicas que se han acogido a la regularización.
A mí me gustaría preguntarle en este punto al señor Saura, al Grupo Socialista, por qué el Gobierno socialista no hizo público el famoso listado de las personas que tenían depositadas cantidades millonarias en Suiza y que conocieron en el
año 2010 a través de la famosa lista Falciani. En aquel momento ustedes no hicieron nada por modificar esta normativa tributaria y no hicieron públicos los nombres de esas más de 650 personas, en su mayor parte personas físicas, que estaban en esa
lista que proporcionaron las autoridades francesas. Por tanto, estamos ante un ejercicio más de hipocresía política. Este Gobierno lo ha hecho con total transparencia, ha hecho una regularización fiscal en un momento de extraordinaria necesidad
que ha servido para aflorar -a ustedes por lo visto les parece poco, pero creo que es muy importante- 40.000 millones que eran opacos y que, gracias al Gobierno del Partido Popular, van a pagar sus impuestos en España.
Voy concluyendo, señores socialistas. Les invito a bajar al terreno de las propuestas fiscales serias y responsables. Les invito a dejar de hacer el papel de Robin Hood del siglo XXI con discursos huecos, cargados de demagogia. Les invito
a que trabajemos juntos, codo con codo, para hacer un sistema fiscal más justo y equitativo, donde la lucha contra el fraude y la economía sumergida sea una prioridad real, como ya lo está siendo para el Gobierno del Partido Popular. Termino
diciendo que el propio Gobierno, como ya he dicho, está estudiando ya la posibilidad de hacer públicos los datos de determinados defraudadores. En esa línea vamos a seguir trabajando, en esa línea les pedimos su apoyo, por lo que votaremos en
contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE EMPRENDEDORES Y A SU FINANCIACIÓN POR PARTE DE INVERSORES DE PROXIMIDAD. (Número de expediente 122/000094).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad. Tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta esta proposición de ley sobre los emprendedores, una proposición de ley que nosotros calificamos de innovadora; una proposición de ley que también
consideramos como muy ilusionante -señorías, créanme, muy ilusionante-, ya que entendemos que, en caso de que fuera tomada en consideración esta iniciativa, probablemente generaría muchísima ilusión a muchas personas que hoy tienen desgraciadamente
un sentimiento de frustración muy importante porque no encuentran trabajo o están en situación de paro. Además, resolvería en cierta medida algunas frustraciones motivadas por la ansiedad a la que está sometida la economía española y muchísimas
personas inmersas en esta crisis económica tan importante.
Al mismo tiempo, también consideramos esta proposición de ley como una iniciativa con un gran contenido social, con una gran alma social, ya que por primera vez también nosotros definimos la figura, desde la óptica legislativa, del
emprendedor social, al que más adelante me referiré. Básicamente, esta proposición de ley, señorías, va en la dirección de impulsar el crecimiento, de incrementar la competitividad de la economía española, de modernizar y, si me lo permiten,
revolucionar nuestra política industrial, de regenerar y renovar nuestra economía productiva y, al mismo tiempo, de atraer capital para que esta inversión pueda generar creación de empresas y de puestos de trabajo. Podríamos llegar a la conclusión
de que uno de los objetivos fundamentales de este proyecto de ley es generar un índice vocacional más importante respecto a la vocación y a la capacidad de empresarios o de emprendedores que puedan existir en nuestro país que, como sus señorías
saben perfectamente, es de los índices más bajos de la Unión Europea. Como he dicho en mi intervención, es una iniciativa parlamentaria que, desde la perspectiva legislativa, da cabida a la posibilidad de que también en España puedan existir los
emprendedores sociales, ya que hoy desde la óptica legislativa no hay una figura societaria que pueda desarrollar la figura del emprendedor social, que más adelante definiré.
Me gustaría hacer a sus señorías una pequeña reflexión sobre cuál es el entorno económico en el que se está desarrollando la economía española. Probablemente muchos lo sabrán, pero vale la pena reflexionar y profundizar sobre la base de
tres o cuatro elementos que yo considero muy relevantes. En primer lugar, quiero manifestarles que desde el año 2009 al año 2012, es decir, en estos últimos cuatro años, se han destruido desde la perspectiva neta más de 223.000 empresas. También
quiero reflexionar sobre cuál ha sido el incremento de personas en situación de desempleo en estos mismos cuatro años. Hay más de 3.375.000 personas que desde el año 2009 al año 2012 están en situación de paro, en situación de buscar empleo. Si a
esto le añadimos que el 50 % de nuestra población juvenil está en situación de paro, vale la pena reflexionar sobre lo interesante que sería tomar en consideración esta iniciativa que presenta nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Nosotros entendemos que esta iniciativa puede ser un instrumento eficaz para impulsar el crecimiento económico, como he dicho anteriormente, para generar inversión y confianza y para generar empleo, así como otra cuestión que no es económicamente
valorable, y es el poder generar muchísima ilusión.
Nuestro grupo parlamentario entiende que esta iniciativa puede cambiar el signo negativo de nuestra economía, y voy a intentar explicarlo con varios ejemplos que pueden ilustrar la importancia que tendría que hoy se pudiera conseguir una
mayoría parlamentaria importante para que saliera adelante esta toma en consideración. Por eso, quiero pedir al grupo parlamentario que da soporte al Gobierno que no tenga miedo a dar un voto favorable a esta iniciativa, que sean valientes, que no
pierdan esta gran oportunidad que hoy les brindamos, ya que si se aprobara no sería un éxito de Convergència i Unió, sino un éxito colectivo de todas las formaciones políticas para dar esta satisfacción, generar esta ilusión ante la frustración de
muchísima gente que no tiene empleo o que tienen la posibilidad de perderlo, la frustración por la imposibilidad material que existe hoy en España para crear empresas debido al problema importantísimo que ustedes conocen perfectamente; no se pueden
crear empresas y a la vez muchas de las actuales mueren porque no hay posibilidad de poder obtener crédito. Por este motivo, nos atreveríamos a plantearles dos o tres valoraciones o puntualizaciones de hechos que nosotros consideramos muy
importantes.
Partimos de la base de que si a través de esta iniciativa fuéramos capaces de crear incentivos fiscales para dar vida a los inversores de proximidad, que ustedes pueden conocerlos, tales como business angels, family, friends and fools -aquí
uno podría llegar a tener la tentación de traducirlo textualmente, que sería amigos y tontos, pero no se trata de amigos y tontos, sino de amigos locos, amigos atrevidos, amigos avanzados que tienen la capacidad de poder creer en un proyecto
ilusionante-, repito, si nosotros fuéramos capaces de atraer en estos momentos capitales pasivos que están invertidos en fondos de inversión o están invertidos en depósitos, es decir, capitales que no están orientados a la economía productiva, y a
través de estas iniciativas y de estos incentivos a los inversores de proximidad fuéramos capaces solamente de atraer el 10 % de los capitales invertidos en los fondos de inversión, los resultados que se conseguirían con esta toma en consideración
que nosotros planteamos en esta iniciativa, serían realmente espectaculares. Repito, 10 % de los fondos de inversión, que representarían unos 20.000 millones de euros en los próximos diez años. ¿Saben ustedes cuál sería el resultado de esta
operación de inversores de proximidad que ha funcionado, diría yo, con gran éxito en la mayoría de países de la Unión Europea y en la mayoría de países anglosajones? Realmente se podrían crear en los próximos diez años, con una legislación similar
a la que hoy estamos aportando, alrededor de 30.000 empresas nuevas. Se podría generar un empleo en los próximos diez años de aproximadamente 140.000 puestos de trabajo nuevos y, lo más importante, señorías, el Estado tendría una recaudación fiscal
directa e indirecta de ingresos que le reportaría esta creación de empresas y de puestos de trabajo en los próximos diez años de 80.000 millones de euros, básicamente en recaudación de IRPF, de impuestos sobre el valor añadido, de impuestos
especiales y del retorno también de la Seguridad Social con los planteamientos en que nosotros basamos esta iniciativa. Esto quiere decir que por cada millón invertido en inversores de proximidad, business angels, o como ustedes lo quieran llamar,
el Estado tendría un retorno fiscal de 4,5 millones de euros en estos próximos diez años, y por cada millón invertido en inversores de proximidad se generarían siete puestos de trabajo en los diferentes sectores, como puede ser el sector servicios,
el de la distribución o el industrial. Estos son datos basados científicamente en distintos estudios que han realizado diferentes compañías españolas que ya están trabajando en business angels sin estos incentivos que propone esta iniciativa y los
resultados, repito, podrían ser espectaculares en los próximos diez años.
También hay otra cuestión muy importante que conseguiríamos con la aprobación de una iniciativa similar. Conseguiríamos incrementar la vocación empresarial de todos aquellos jóvenes que el día de mañana quieren o pueden ser empresarios.
Hoy España está a la cola de la Unión Europea. Solamente un 16 % de nuestros jóvenes quieren ser empresarios el día de mañana, mientras que en Francia hay un índice vocacional empresarial del 24 %, en los países nórdicos del 49 %, en el Reino Unido
y en Estados Unidos de más del 50 % y en Alemania y Holanda de alrededor de un 35 %. Por tanto, creemos sinceramente que valdría la pena tomar en consideración una iniciativa de esta envergadura para poder conseguir los mismos resultados que han
conseguido ya países socios nuestros de la Unión Europea. También, como les decía anteriormente, ponemos en marcha la figura del emprendedor social, que son todas aquellas iniciativas sociales que hoy no pueden desarrollarse porque no hay una
figura legislativa o jurídica consistente que están entre las ONG o las fundaciones y el emprendedor que busca una rentabilidad determinada. A través de esta legislación nosotros también ponemos en marcha lo que podríamos definir como el
emprendedor de responsabilidad limitada de interés general. Con lo cual, también es una novedad importante en el sistema legislativo español en el sentido de dar cabida al emprendedor social. Por tanto, el gran beneficiado del emprendedor social
ya no sería el Estado, en cierta medida habría un retorno
importante, pero el 80 o el 90 % de los beneficios retornarían a la sociedad en la que ustedes saben perfectamente que hay muchísimas entidades sin ánimo de lucro que por no tener la legislación ni los incentivos adecuados, hoy no prestan
los servicios que la sociedad necesitaría.
Hay otras cuestiones que consideramos importantes y que creemos que vale la pena prestarle atención. Básicamente, esta ley descansaría en lo que es la definición del emprendedor. Hoy hay una definición, y es una propuesta que ha planteado
el Partido Popular, de que el emprendedor es solamente aquella persona que tiene menos de treinta años, y nosotros preguntamos: ¿por qué menos de treinta años? Vamos a definir como emprendedor a la persona que tiene más de setenta años, más de
treinta años o más de sesenta años, porque tiene un talento y una experiencia importante que hay que incorporar en el tejido productivo. Por tanto, nosotros definimos y ampliamos la figura y la definición del emprendedor. También pretendemos crear
un marco legislativo de medidas fiscales, administrativas, laborales y financieras, para que se pueda desarrollar intensamente y, al mismo tiempo, creamos una plataforma o soporte importante. Para que el emprendedor tenga éxito necesita capital,
sin capital no hay inversión y sin inversión no hay generación de puestos de trabajo. Hoy las entidades financieras no pueden dar inversión, ni pueden prestar capital a estas personas que tienen un gran talento en nuestro país. Por este motivo
definimos este capital que han de implementar los inversores de proximidad, que son el padre, el vecino, el amigo, el business angel, la family o los friends and fools. Hay que dotarles de un marco legislativo importante para que estos inversores
de proximidad, que hoy tienen sus capitales ociosos en rentabilidades fijas, en fondos de inversión o en depósitos, etcétera, puedan tomar la decisión de orientar estas inversiones, estos ahorros en capitales ociosos o en capitales pasivos
directamente a la economía productiva. Para que puedan dar este paso, al igual que la legislación europea determina que para todas aquellas personas que exponen su patrimonio en un proyecto de emprendeduría, sobre la base del talento de
determinadas personas que sin este capital no podrían emprender su negocio, planteamos una serie de bonificaciones fiscales, que no deja de ser la misma implementación que tienen la mayoría de los países de nuestro entorno, sobre la base de un 25 %
de deducción. De esta manera, aportan su patrimonio y, al mismo tiempo, aportan también sus conocimientos y experiencias para que estas personas con talento puedan finalmente implementar su proyecto. Han de saber ustedes también, señorías, que en
España hay un talento que muchas veces desconocemos. Si ustedes repasan cuál es la valoración del talento, por ejemplo, de los ingenieros españoles, observarán y comprobarán que hoy el ingeniero español está muchísimo más valorado que el ingeniero
de Silicon Valley, en Estados Unidos. Por tanto, estamos desaprovechando un talento importantísimo de nuestra juventud, de nuestros ciudadanos, que al no encontrar posibilidades de financiar sus proyectos empresariales, han de irse a otros
continentes a desarrollar sus actividades profesionales.
Señorías, les pediría que tomaran en consideración esta iniciativa parlamentaria. Después de la toma en consideración, podríamos enmendarla y cada grupo podría reflejar sus aspectos más relevantes. Le diría también al Grupo Parlamentario
Popular que no pierdan esta gran oportunidad. No digan que ya presentarán otra ley de emprendeduría, como hicieron hace aproximadamente un año con la ley de mecenazgo. Este diputado presentó la ley de mecenazgo y el Grupo Popular dijo que iba a
presentar una inmediatamente. Ha pasado un año y resulta que esta ley de mecenazgo no ha llegado a la Cámara. Por tanto, señores del Grupo Popular, sean valientes, no creen más frustraciones, tengan responsabilidad para poder cambiar y modernizar
nuestra economía industrial, que seamos capaces de regenerar nuestra economía productiva y que podamos dar también una satisfacción y una gran ilusión a nuestra sociedad civil, a nuestros jóvenes con talento, a muchísimas personas que están en
situación de desempleo y que no tienen posibilidad de poder trabajar, ya que a través de esta iniciativa se abre un gran abanico de posibilidades que en otros países ha triunfado y estoy seguro de que en España tendría resultados espectaculares: la
creación de 30.000 empresas nuevas en los próximos diez años, la creación de 130.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos diez años y recaudación y retorno a la sociedad civil y a la economía productiva del Estado de más de 80.000 millones de
euros. Vale la pena que recapaciten, vale la pena que se lo piensen y vale la pena, señorías, y perdónenme la inmodestia, que todos vayamos en la misma dirección de generar esta ilusión y esta gran satisfacción de tener un mecanismo que no tenemos,
pero que está triunfando en todos los países de la Unión Europea.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señor presidente. Quiero decir que estoy intentando superar el impacto de tener diez minutos para estar en esta tribuna porque, como lo habitual es tener dos, estoy realmente relajado.
Tengo la responsabilidad de fijar la posición de los nacionalistas canarios en torno a esta propuesta de proyecto de ley de medidas de apoyo a la creación de empresas por emprendedores y a su financiación por inversores de proximidad. (La
señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Lo primero que tengo que hacer es calificar esta iniciativa como oportuna y también necesaria. Aunque es cierto que la segunda recesión económica en la que vive el ámbito europeo -y,
en concreto, el Estado español de forma agravada- genera condiciones nada adecuadas para hablar de estas cosas que deberían ser las normales en momentos de actividad económica adecuada y de existencia razonable de crédito, también es verdad que este
tipo de medidas formarían parte de un paquete que podríamos denominar anticíclicas si en el núcleo duro de la Unión Europea se estuviesen desarrollando las políticas que se tienen que desarrollar y no las políticas profundamente equivocadas a las
que estamos asistiendo, que nos andan sumiendo en indicadores cada día más negativos. También es cierto que esta iniciativa tiene un carácter estratégico porque está claro -y son numerosos los estudios que abordan la cuestión- que estas medidas
inciden sobre el desarrollo competitivo y la innovación regionales, elementos completamente estratégicos si de lo que estamos hablando es de desarrollar nuestras comunidades más allá de las actividades tradicionales en las que cada una se desempeña.
En el caso canario es evidente que el peso brutal sobre el PIB de la actividad turística es un factor que nos ha ayudado a salir de situaciones muy duras, pero también es un factor que nos está limitando a la hora de la diversificación económica, de
la innovación y, por tanto, del desarrollo competitivo.
Hasta ahora la mayoría de estas actividades han venido auspiciadas por entidades de carácter público con un impulso que evidentemente es insuficiente. A pesar de decir que son esenciales para desarrollar políticas de competitividad e
innovación regional, tenemos muy claro que este tipo de iniciativas han generado el desencanto en multitud de emprendedores y han llevado a que se confunda la emprendeduría con el autoempleo. Este es un tema muy serio que es necesario abordar
adecuadamente y esta iniciativa probablemente podría ayudarnos un poco en esta línea. Está perfectamente claro que las actividades que se han desarrollado -al menos en Canarias, donde disponemos de estudios significativos de ambas universidades-
son poco innovadoras, diversifican escasamente la economía y además tienen escasa proyección internacional. Es decir, no están siendo útiles este tipo de actividades a pesar de los ríos de tinta y de la cantidad de veces que se puede decir
emprendeduría en cada uno de los múltiples proyectos que he visto en numerosísimas comunidades autónomas. El término emprendeduría se ha convertido en una especie de talismán; inalcanzable, por cierto, con los instrumentos de los que se dispone en
la actualidad.
¿Qué obstáculos esenciales tiene la emprendeduría planteada en este momento en el conjunto del Estado? Básicamente dos. El primero son las graves dificultades para poner en marcha la comercialización de productos y servicios. Cuando se
ponen en marcha estas actividades fracasan por déficits importantes de formación, por no contar con personas con los perfiles adecuados a la hora de comercializar productos y servicios y, por lo tanto, el fracaso es la norma. La segunda cuestión es
la financiación. Este es un tema determinante porque ya tenemos perfectamente claro que los modelos actuales de financiación son sencillamente insuficientes, son absolutamente ineficaces y a lo que conducen es al desaliento o incluso a la
picaresca. Al final, lo que se establece es un conjunto de personas que desarrollan estas actividades para obtener aquellas subvenciones que no necesitan luego justificación, y esto lo que hace es pervertir un sistema que tendría una enorme
utilidad en sociedades como la nuestra. Es claro que existe un exceso de dependencia de las subvenciones a fondo perdido y, además, hay un rechazo por parte de los futuros emprendedores a solicitar préstamos y créditos. No solo hay un rechazo, es
que en realidad mucha gente decide no iniciar la aventura porque para encontrarse con el no, sencillamente no lo hacen. Por otra parte, el pánico al fracaso al adquirir compromisos a medio plazo genera claramente una inhibición cuando el papel de
los financiadores públicos aquí sí que debería estar desarrollado. Hemos insistido enormemente desde Canarias en que el ICO debe potenciar su actividad. El ICO debe ser sensible a las situaciones reales que se están dando en nuestra sociedad de
pérdida de financiación para proyectos innovadores. En Canarias, y aprovecho para colocar mi libro como siempre, en el Régimen Económico y Fiscal queda perfectamente claro que mientras Canarias esté por debajo de la media en su producto interior
bruto, las pequeñas y medianas empresas deben tener líneas preferentes de financiación, lo cual, como se sabe, se incumple permanentemente.
Está claro que las sociedades con mayor proporción de emprendeduría han conseguido mantener una mayor y más sostenida actividad y dinámica económica. Además, generan una mayor renta disponible y, en consecuencia, mayor empleo. Lo que pasa
es que en relación con el ciclo de la emprendeduría en sus trece etapas tradicionales o clásicas, son ya múltiples los estudios que dejan perfectamente claro que el problema que tienen estas trece etapas para garantizar que el ciclo de emprendeduría
funcione es precisamente el impulso desigual a cada una de ellas. En unos lugares se desarrollan más los proyectos de formación, en otros lugares más los de subvención, pero en ningún caso la cuestión integral, incluida la cuestión de las redes que
formula Convergència i Unió en su propuesta, que nosotros consideramos absolutamente determinante: la generación de redes por los inversores de proximidad. El ciclo de emprendeduría no está tratado de esta manera en su proposición de ley, pero
estoy convencido de que subyace en la propuesta, porque si no no sería posible. Creo que en esto hay consenso internacional claro.
Al margen de los matices que se puedan plantear, y desde la óptica canaria tendríamos unos cuantos que hacer, como es natural, consideramos que esta propuesta permite colocar encima de la mesa un debate que no conduzca al desaliento como
permanentemente conduce la cuestión de la emprendeduría, de la que habla todo el mundo, y nadie, que yo sepa, hace nada que sirva para algo. Creemos que su propuesta es muy útil por tres razones fundamentales. Una primera define bien el papel del
emprendedor. Creo que hay una medida con ese límite de 200.000 euros que sería una medida antiespeculación que no está mal. Ayuda a entender las cosas, sobre todo porque establece fórmulas claras de financiación a través de lo que ya se ha
explicado aquí, de los business angels y los friends family y otro tipo de locos, que a nosotros nos gusta más llamar como mentores locales, porque no solo tiene una dimensión de financiera, tiene una dimensión de acompañar en el proceso de
desarrollo empresarial a los que están empezando por parte de aquellos que realmente tienen éxito y tienen experiencia en el mercado. Esta es una idea que nos parece de todo punto útil, y más aún el que se establezcan bonificaciones cuando estamos
hablando de proyectos de emprendeduría social. Estaría bien que empezásemos a pensar que las tareas de protección social, la dependencia, en realidad genera economía y no genera otra cosa. Es decir, si hay algún ámbito en el que es posible generar
actividad, generar empleo, generar valor añadido y una tasa de retorno importantísimo sobre lo que se invierte, es precisamente en sectores vinculados a la economía social. Y luego, la insistencia en que el Estado tiene que poner en marcha
mecanismos de financiación de los que dispone que están absolutamente paralizados. Creemos que es razonable que se hable de la necesidad de que Niza se implique en estas cuestiones y se capitalice; la cuestión de los microcréditos; el tema del
ICO, que para un canario es lo mismo que nombrar a... En fin, me voy a callar. Y la cuestión de los avales para los emprendedores.
En consecuencia, al margen de que tendríamos muchas cosas que discutir sobre el fondo de esta cuestión, entendemos que la propuesta en general permite avanzar en una política que hasta ahora a lo que ha conducido es al desaliento, al fracaso
y a la decepción de muchísimas personas en el Estado.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.
Por el Grupo del PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vaya por delante nuestro total apoyo a la iniciativa presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Lo hemos dicho en más de una ocasión, pero esta iniciativa -la del apoyo a las pymes, autónomos, emprendedores, etcétera-
forma parte del auténtico ADN de ese grupo parlamentario. Desde el Grupo Vasco vemos, cada vez con mayor preocupación, el impacto que la profundidad de la crisis y su prolongación en el tiempo están teniendo en la estructura productiva en las pymes
y en los autónomos, así como en muchísimos jóvenes que por falta de ayudas e impulsos se encuentran en el paro o se ven obligados a emigrar. La crisis económica, junto a la falta de financiación, configuran un panorama sombrío y difícil de superar.
Por eso, facilitar la financiación a los emprendedores y jóvenes a través de los inversores de proximidad les puede permitir impulsar proyectos y generar actividad económica de la que tan necesitados estamos todos.
De igual manera consideramos relevante que el Gobierno actúe ofreciendo ventajas fiscales y financieras o utilizando sus propias instituciones, como se señala en la iniciativa -el ICO, Cersa, etcétera-, con el fin de ayudar a los
emprendedores, a todos aquellos que tienen proyectos, tienen ideas, tienen formación y tienen ganas de tirar para adelante. Así, gran parte de nuestros jóvenes que hoy se ven
obligados a marcharse para trabajar, podrían, aprovechando sus conocimientos y ganas de trabajar, ayudarnos a todos a salir de la profunda crisis en la que nos encontramos. Señorías, hagamos algo importante por la economía y por nuestros
jóvenes. También ellos se merecen desarrollar su propio proyecto de vida.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Llega a la Cámara la enésima propuesta sobre el apoyo a los emprendedores. Realmente hay una diferencia grande entre la realidad que tienen los emprendedores de apoyo en nuestro país y el número de iniciativas legislativas, que a veces da
la sensación de tener un papel cuasi mágico a base de repetir muchas veces la palabra emprendedores, como si por ello fuesen a surgir. Pero hay una gran distancia entre la retórica y la realidad, como señalaré más adelante también en mi
intervención. La proposición de ley que se nos presenta incluye numerosas medidas y desde luego entre ellas hay muchas interesantes y que nuestro grupo comparte. Por ejemplo, compartimos con el grupo proponente que la banca pública debería tener
un papel más activo en el apoyo a las pymes, en forma de microcréditos, en forma de apoyo a los fondos de titulización. Desde luego, es algo que compartimos. También su propuesta de capitalizar el cien por cien de las prestaciones por desempleo
sin límite. De hecho es una proposición no de ley que llevaremos a la próxima Comisión de Empleo y que compartimos con ustedes. Todavía quedan límites. ¿Por qué no dejar a los parados, independientemente de su edad, que capitalicen esas
prestaciones? Su idea de potenciar las redes de business angels desde luego es una buena idea; mentores los llamaríamos nosotros por el papel de acompañamiento, como señalaba el señor Quevedo, que deberían tener. O la idea de un visado
emprendedor que sirva para atraer talento a nuestro país. Hay por tanto muchas ideas interesantes en su iniciativa y nosotros las compartimos.
Hay otras que incluyen y que nos generan más reticencias, sobre todo esta aproximación tan generosa a la concesión de exenciones, deducciones, bonificaciones, sin plantearse cuál es el coste presupuestario. Desde luego, nos parece un
enfoque demasiado fácil: sí, se puede bonificar, se puede deducir, pero ¿qué implicaciones tiene esto en términos de menores ingresos públicos? En opinión de mi grupo hay cierto margen para el mayor apoyo por esta vía, pero no de la manera tan
indiscriminada y generalizada que ustedes plantean. Saben que nosotros defendemos una simplificación del sistema fiscal, y dentro de esa simplificación revisar las deducciones, por lo tanto, no sería muy coherente compartir estas propuestas tan
indiscriminadas que ustedes realizan en ese ámbito. Por otro lado, hay una serie de iniciativas que nosotros defendemos y que echamos en falta en lo que ustedes plantean. Una empresa cuando más apoyo necesita es cuando está naciendo, no cuando ya
tiene beneficios, no, por tanto, en el impuesto sobre sociedades. Por eso en nuestras enmiendas al Real Decreto 4/2013 plantearemos ideas como que se les ayude con las licencias de apertura, una moratoria en las licencias de apertura, cuando está
creándose la empresa, o que el IVA a las nuevas empresas se les devuelva a los dos meses y no a los seis, porque suelen tener una IVA a devolver y sería una forma de proporcionarles liquidez; concentraremos la ayuda en el momento de la creación y
no en el impuesto sobre sociedades cuando ya tienen beneficio. Nos preocupa también mucho la morosidad pública y por eso propondremos que cuando se pase el plazo legal de cobro de las facturas en cualquier Administración, sea autonómica o sea
local, la empresa pueda descontar esas facturas en el Estado y el Estado, a su vez, lo repercuta en las transferencias que realiza a las administraciones territoriales. Sería una forma de que aflorasen las facturas y de terminar radicalmente con
este problema de la morosidad pública.
Esto me lleva a la mayor reticencia de mi grupo a su iniciativa, y es que, como hemos señalado otras veces, vemos una gran incoherencia entre sus propuestas teóricas y su acción de gobierno en los lugares donde gobiernan, porque sus
propuestas teóricas son de gran apoyo a la empresa, pero en su práctica cotidiana aplican políticas que dificultan mucho la actividad de los emprendedores, tanto en Cataluña como en el resto de España. Voy a intentar explicarme con algunos ejemplos
concretos, porque las empresas necesitan un entorno favorable y un entorno estable: prácticas como la morosidad pública, que antes he señalado, han hecho caer a miles de empresas, y eso ha sucedido en los lugares donde ustedes gobernaban; la
creación de estructuras administrativas, costosas, a menudo innecesarias, requieren altos impuestos para sostenerlas, y eso dificulta la actividad empresarial; la ruptura del mercado interno, que dificulta a las empresas operar o vender entre
comunidades autónomas, dificulta la actividad de los
emprendedores de Cataluña y del resto de España; o el aumento de los trámites burocráticos de diferentes administraciones que se solapan y piden trámites a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal dificultan la actividad de los
emprendedores, y no es algo que CiU haya impedido, sino que más bien lo ha promovido. Esto se refiere a prácticas de pasado, pero es que de cara al futuro hay iniciativas de su grupo que no creemos que vayan a favorecer la actividad emprendedora ni
en Cataluña ni en el resto de España.
Decía antes que hace falta un clima estable y predecible. ¿Crear nuevas estructuras estatales apoya el emprendimiento?, ¿qué coste van a tener esas nuevas estructuras? Un marco de incertidumbre en el que las empresas no sepan si van a
estar dentro de la Unión Europea pasados unos años, dificulta el emprendimiento grandemente. O su última ocurrencia, que el pago de impuestos se pueda realizar indistintamente a la Agencia Tributaria o a no se sabe qué Administración, sabotea la
estabilidad institucional y, por tanto, la certidumbre que necesitan las empresas para operar. Es por eso, más que por propuestas concretas, por lo que nuestro grupo se va a abstener en la tramitación de esta iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo, La Izquierda Plural, valora positivamente la presentación por parte de CiU de esta proposición de ley. Es tan poco el oxígeno democrático que se puede respirar en esta Cámara, tanta la sensación de asfixia que impone la mayoría de
todo aquello que no es iniciativa del Partido Popular que, sin duda, debe haber una cierta solidaridad si no de contenidos, sí de posibilidades democráticas a la hora de facilitar que una proposición de ley como esta pueda ser tratada y tomada en
consideración por la Cámara. Máxime cuando, sin duda, trata uno de los problemas más importantes que tenemos en estos momentos que son las dificultades de promover actividad económica. Por supuesto, que nuestro voto a favor de la toma en
consideración no puede ser interpretado como una coincidencia con el contenido pleno de su propuesta. En algunas de las cosas coincidimos y en otras claramente no. La verdad es que en algún momento de la intervención del señor Sánchez i Llibre
hemos dudado de si nos hemos equivocado porque nos ha dibujado un escenario tan mágico de emprendeduría mágica -casi Alicia en el país de la emprendeduría- que creo de hay que moderar. Ayudar a los jóvenes, a los emprendedores a iniciar actividades
económicas es positivo, pero a estas alturas de la vida diseñar escenarios de futuro con perspectivas de creación de tantos puestos de trabajo debería ser algo que no se hiciera para no generar expectativas donde, desgraciadamente, no las hay.
Tenemos coincidencias con algunas de las medidas que se proponen y tenemos algunas discrepancias profundas, muchas en relación con la exposición de motivos fundamentalmente con algunos de los conceptos que se utilizan -que intentaré
explicar-, incluso por el abuso del concepto emprendedor. El concepto emprendedor, visto como todo aquello que es iniciativa empresarial, nos parece positivo, pero el abuso que se está haciendo en estos momentos en este país y, especialmente, en
esta Cámara del emprendedor como esa figura mágica, como esa especie de autoexplotador de sí mismo que ante la carencia de otro margen de maniobra posible decide iniciar una senda en la selva de una economía asfixiada, la verdad es que no lo podemos
compartir. En todo caso, vamos a dejar esas diferencias para el debate si es que el Partido Popular tiene a bien dar un poco de oxígeno democrático a la Cámara. En nuestro país existen, sin duda, muchas dificultades, coyunturales unas y
estructurales otras, para iniciar proyectos empresariales. Desgraciadamente ese es el drama que tiene nuestro tejido productivo. En términos coyunturales nuestro principal obstáculo hoy es la política económica del Gobierno y el colapso del
sistema financiero. Hoy si existe algo que debe cambiarse, si existe algún enemigo o algún obstáculo para la actividad del emprendedor es la política económica del Gobierno, que está impidiendo que pueda florecer ninguna flor ni tan siquiera en
primavera. Es importante ayudar al emprendedor para que inicie su actividad, apoyándole en todos los ámbitos, pero más importante es permitirle que, una vez que ha empezado, pueda vender sus productos, sus bienes y sus servicios a alguien. Ese es
el problema que tenemos hoy. El problema que tenemos hoy es que la política de austericidio asfixia la demanda privada, que la política de depresión de la demanda pública impide que los empresarios que ya existen puedan desarrollar en términos de
mínima dignidad su función empresarial. Por eso, además de preocuparse de los nuevos emprendedores habría que intentar también cambiar esa política económica para permitir que los que ya existen no sean asfixiados de por vida por esa dureza que
imponen las políticas austericidas.
Hay otro problema importante -ahí hay una coincidencia importante con ustedes- de financiación, que se ha agravado en estos momentos. Nuestro tejido financiero no se ha caracterizado precisamente por tener una política de financiación
demasiado responsable socialmente. Dan dinero donde ya hay y dificultan el acceso al dinero ahí donde solo hay una idea, donde hay mucha innovación, donde hay mucha creatividad pero donde, a lo mejor, puede haber un cierto riesgo. Ese es
desgraciadamente el comportamiento absolutamente conservador que nuestro sistema financiero ha tenido con iniciativas interesantes y que, posiblemente, se ha compensado con un planteamiento absolutamente suicida en el ámbito inmobiliario.
Por eso, como parece que va a tardar bastante en poderse reactivar el crédito natural a las empresas a través del sistema financiero ordinario, nos parece bien que no sólo coyunturalmente, sino estructuralmente se busquen mecanismos para
incentivar canales de financiación alternativos a los del mercado financiero para propiciar esas actividades de emprendimientos empresariales, en el bien entendido de que eso debería hacerse en un contexto donde se da la siguiente circunstancia:
jamás en la historia de la humanidad había existido, especialmente a nivel global e integrado, tanta fluidez a tanta liquidez económica, y jamás había habido tantas dificultades, especialmente en algunos países europeos, para acceder a esa liquidez,
sobre todo, para convertirla en actividad económica. Por lo tanto, desde esa perspectiva, buscar mecanismos de financiación de proximidad nos parece bien. Hay que decir que de todas maneras -si llegamos a tiempo de poder discutir, si el Partido
Popular nos da un poco de oxígeno y podemos discutirlo-, deberíamos discutir sobre algunas de sus políticas porque ustedes -lo ha dicho hace un momento el señor Anchuelo, en otras cosas discrepo, pero en esa no- en materia de política fiscal adoptan
una posición un tanto curiosa ya que sus políticas de desfiscalización son casi alquimia fiscal. Están proponiendo permanentemente medidas de ayuda a desfiscalización -modificaciones, deducciones- y al mismo tiempo están planteando reducción de
impuestos; además, quieren cubrir todo tipo de actividades. Y eso sí, votan a favor del pacto de estabilidad para conseguir el equilibrio. Algún día usted, señor Sánchez i Llibre, nos tendrá que explicar cómo consigue esa alquimia fiscal de
recaudar cada vez menos, gastar cada vez más y encima conseguir el equilibrio presupuestario. Tenemos algún ejemplo reciente. Ustedes, que fueron los adalides de la reforma del impuesto sobre sociedades en beneficio de la pyme en el año 2007
-supuestamente era una bajada del 25 % para pymes y 30 para las grandes empresas-; en la práctica lo que ustedes pactaron con el Gobierno de Zapatero es que el tipo real de los bancos es el 5 % y el de las pymes se queda en el 21 %. Pero, bueno,
eso es harina de otro costal.
Discrepamos profundamente con una de sus exposiciones de motivos y con alguna de las medidas que se proponen, vinculadas con el tema de la reforma laboral como reforma estructural que ayudaría a los emprendedores. Por favor, dejen ustedes
ese aspecto al margen porque entonces sí que pueden romper ese puntual acuerdo que tenemos en esa materia. Aprovecho para situar una reflexión que es importante: nuestro tejido productivo tiene problemas coyunturales ahora sin duda para la crisis,
pero tiene un problema estructural gravísimo que, a nuestro entender, no es de dificultades para crear empresa, sino de la alta mortalidad de esas empresas y sobre todo de su tamaño. Señor Sánchez Llibre, el tamaño sí importa. En Cataluña es
siempre muy importante (pronuncia palabras en catalán), es decir, lo pequeño es débil. Por lo tanto, habría que empezar a diseñar políticas que incentivaran que esas empresas aumentaran su tamaño porque con solo un tamaño más grande, en un contexto
de fuerte internacionalización y competitividad esas empresas podrán sobrevivir. No es posible continuar teniendo un tejido productivo donde el 96 % de las empresas tiene menos de 10 trabajadores. Eso nos hace débiles. Ese es el problema de
fondo. La reforma del mercado laboral no es el problema de fondo, sino que tenemos una estructura productiva basada fundamentalmente en sectores surfistas, ciclotímicos, que son muy, muy impactantes por los ciclos económicos y, al mismo tiempo, un
tamaño de empresas absolutamente inadecuado para la competitividad internacional. Por este motivo cuando se va a buscar los árboles y se deja de ver el bosque -el bosque de la baja productividad española-, uno comprueba que tenemos sectores
productivos tremendamente productivos, sectores exportadores que son en estos momentos más productivos que los alemanes o los de Estados Unidos. -Por cierto, señores del PP, curiosamente los sectores exportadores, que son los únicos que están
aguantando la economía de este país, son aquellos que tienen mejores condiciones de trabajo, que tienen salarios más elevados, que tienen más estabilidad, que tienen más formación, porque han conseguido su productividad no por la vía de la
degradación de condiciones de trabajo, sino por la vía de exactamente lo contrario-. Ese es el reto que tenemos que abordar y ese es el que posiblemente nos debería llevar a un cambio de modelo productivo y a ayudar a crecer en el tamaño de las
empresas.
Esas diferencias que les he querido apuntar, sin duda no son óbice para que nosotros hoy aquí demos nuestro voto positivo a la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy nos han presentado. Creemos que el objetivo se lo
merece, que las diferencias que tenemos no justificarían ni el voto en contra ni la abstención y, sobre todo, creemos que esta Cámara necesita un poco de oxígeno democrático. Esa idea de que aquí solo habla Roma, es decir, el Partido Popular, y que
cuando Roma locuta, causa finita no es bueno para la democracia y todos, su propuesta y la democracia, se merecen que lo podamos discutir.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Socialista, señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, presidenta.
Señorías, señores de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre, el Grupo Socialista va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa, esta proposición de ley de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y
a su financiación por parte de inversores de proximidad. Lo vamos a hacer especialmente en el contexto de crisis en el que estamos viviendo, porque el apoyo y el estímulo a emprendedores es un objetivo compartido por muchos. Es un objetivo que se
recoge en nuestro compromiso con los ciudadanos en nuestro programa electoral al considerar que la recuperación de la actividad económica y el empleo van a estar estrechamente ligadas a la creación de nuevos proyectos empresariales, a la
consolidación de los existentes -tema muy importante y que se ha tratado por otras personas que han intervenido-, a su crecimiento y a la internacionalización de nuestras empresas. Máxime cuando en estos momentos la tasa de relevo empresarial
ofrece un resultado claramente negativo debido a que se ha incrementado la tasa de abandonos empresariales, concretamente en 2012.
Precisamente por ese motivo el Grupo Socialista ha presentado diversas iniciativas, encaminadas entre otras cosas a la financiación de pequeñas y medianas empresas, que han topado con el muro de la mayoría absoluta del Partido Popular y por
lo tanto han sido rechazadas. El proyecto que nos presentan recoge algunos aspectos importantes para conseguir esos objetivos de mejora de las condiciones del emprendimiento. Condiciones necesarias pero no suficientes. También alguien se ha
referido a ello. Hay que completar la actuación con políticas públicas encaminadas a garantizar su éxito. Hay algunas iniciativas que solamente parece que tengan como objetivo ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, y es precisamente en
ese momento cuando empieza el trabajo, cuando hay que convertir un texto mediante políticas públicas eficaces en una realidad tangible, y eso es lo que echan de menos muchos emprendedores que se encuentran con serias dificultades para continuar
avanzando en su proyecto empresarial.
Nos parece acertado el planteamiento que hacen de la figura del emprendedor así como, sin entrar en detalles, en todo caso los discutiríamos en su momento, del marco fiscal, financiero y administrativo que es aplicable a la creación de
iniciativas empresariales y su consolidación y crecimiento. De hecho la definición que hacen puede resolver algunas medidas gubernamentales -usted mismo ha hecho referencia a ellas- en las que se fija que determinadas iniciativas tienen el máximo
de edad de treinta años para muchos emprendedores, cuando los datos que arroja un informe que ustedes mismos citan en la exposición de motivos del Global Entrepreneurship Monitor, sitúan la edad media del emprendedor entre los treinta y siete y los
treinta y ocho años.
Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los emprendedores es ciertamente la financiación. Financiación al inicio de la actividad, muy importante, cuando la empresa es muy tierna y el emprendedor en general aparte de su
idea también arriesga sus recursos, pero sobre todo también importante en el momento del crecimiento para la consolidación de la empresa. Si solamente atendemos al momento del inicio y no apostamos para que esa empresa, esa iniciativa empresarial
pueda crecer difícilmente tendrá éxito. La media de inversión de proyectos empresariales nuevos para este año 2012 fue de 18.000 euros. La media de aportación de las personas que han iniciado la actividad era de unos 10.000 euros. Es evidente que
ahí se necesita una financiación que difícilmente se encuentra en los circuitos normales. Por lo tanto, regular la figura del inversor de proximidad, que aparte de financiación da asesoramiento y además facilita relaciones a los emprendedores, nos
parece una medida acertada. Al mismo tiempo resuelve un problema que también existe en estos momentos: la falta de medidas fiscales que fomenten la aparición de estos inversores de proximidad. También nos parece bien que se contemplen otras
medidas de apoyo a la financiación de título público, pero hay algunos aspectos que no se recogen en esta iniciativa y que se plantean como un handicap a la hora de iniciar nuevas actividades económicas por parte de emprendedores. Básicamente, son
dos: la reducción de cargas
administrativas y, sobre todo, la formación en todos los ciclos. Este es un grave déficit que tiene nuestro sistema y que se pone de manifiesto. Hace pocos días visité un centro donde por parte de la Administración local se lanzó una
-creo- buena idea que ya es una realidad. Antes se ha dicho que se habla mucho de emprendedores y a la hora de la verdad hay pocos ejemplos. En el mundo local hay muchos y hay uno que usted conoce perfectamente tan bien como yo porque está ubicado
en nuestra comarca que es el Tecnocampus Mataró-Maresme.
El alcalde socialista de Mataró al ver que había un proceso de grave crisis del tejido industrial dedicado, básicamente, al género de punto y a la confección de la industria textil, lanzó la idea de agrupar las escuelas universitarias -tres
escuelas universitarias- y juntarlas con un centro de empresas. En la formación reglada de esas escuelas se introdujo la asignatura de emprendedores, y el proyecto de final de carrera se les exige que sea un proyecto de emprendimiento, un proyecto
empresarial. Al lado tienen el centro de empresas desde la incubadora de iniciativas empresariales hasta su maduración hasta cuatro años. Es un ejemplo de éxito en estos momentos. Estuve hablando con emprendedores y me dijeron que están contentos
porque hay una interrelación directa entre la universidad y su actividad empresarial, se retroalimentan. Por lo tanto, es un buen ejemplo a seguir que dista mucho de lo que habitualmente hacen algunas universidades, que se dedican mucho más a los
papers y a su publicación y muy poco a la generación de iniciativas empresariales precisamente a partir del talento que se ha formado en esas universidades. Este es un buen ejemplo que tendría que servir para completar esa visión más general y
tener una apuesta estratégica que no sea solamente las ocurrencias, a veces, de algunos que difícilmente se traducen en nada tangible y que a los que están emprendiendo y tienen dificultades difícilmente les ayuda a salir de la situación en la que
se encuentran.
Nosotros no podemos pretender como gran solución al incremento del paro que la mayoría de personas que están paradas se autoocupen, porque lo que de verdad interesa es la calidad del emprendimiento, la viabilidad del proyecto empresarial, su
consistencia y su perduración un tiempo. Lo que no podemos hacer es llevar la frustración a más personas que ya lo están pasando muy mal en estos momentos. Por lo tanto, debemos impulsar la generación de actividades con expectativas de creación de
empleo que tengan innovación y que puedan internacionalizarse. Además de reconocer el planteamiento que hacen de la figura del emprendedor social, para finalizar quisiera dejar claro que también los socialistas apostamos por las empresas de la
economía social en la medida en que son precursoras y están comprometidas con el nuevo modelo productivo que defendemos en la triple dimensión económica, social y medioambiental. Eso, en su caso, también debería tenerse muy en cuenta y, por
descontado, votaremos a favor y esperamos aportar nuestras ideas en el trámite posterior, si así lo permite el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Rangel.
Por el Grupo Popular, señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Sánchez i Llibre, sabe, y creo que la totalidad de los miembros de esta Cámara, cuál ha sido y es la posición del Partido Popular y, por tanto, de este grupo parlamentario respecto de la materia objeto de su proposición de
ley. Un posicionamiento que no ha variado con el paso de las legislaturas o, lo que es lo mismo, que se mantiene sea el Partido Popular Gobierno u oposición. Siempre hemos defendido que el objetivo principal de cualquier política económica es el
crecimiento económico y la creación de empleo. Siempre hemos defendido que son las empresas las que crean el empleo y no las administraciones y que, por tanto, no puede haber sociedad sin empresa. Siempre hemos defendido que son los autónomos y
los pequeños y medianos empresarios la columna vertebral de la economía española -en estos momentos 3 millones de los 3.200.000 empresas que hay en nuestro país, el 99 % de nuestro tejido productivo-. Nuestro diagnóstico no ha variado con el paso
del tiempo y casi siempre -por no decir siempre- ha resultado coincidente en esta materia con el del grupo proponente de esta proposición de ley, con el Grupo de Convergència i Unió. Así ha sucedido también a lo largo de esta legislatura en la que
hemos aprobado en esta Cámara proposiciones no de ley, resoluciones tras el debate del estado de la Nación y en el Senado mociones en las que hemos coincidido en el objetivo de impulsar una norma para el apoyo a los emprendedores que favorezca
nuevas iniciativas empresariales y el desarrollo de la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Norma, señor Sánchez i Llibre que, como usted sabe bien, ya está a punto de ser finalizada por el Gobierno de nuestro país, que ya ha puesto en
marcha un grupo de trabajo y que ya ha aprobado un plan de emprendimiento económico y de apoyo al emprendedor
en el que se incluyen muchas medidas, la mayor parte de las medidas que están a su vez incluidas en su proposición de ley, muchas de ellas ya aprobadas por esta Cámara cuando convalidamos el Real Decreto-ley 4/2013, por cierto sin la
oposición del Grupo de Convergència i Unió, y que ya son realidad en lo que tienen que ser las disposiciones de estímulo a los emprendedores, de crecimiento y de creación de empleo. Señorías, recordemos que ese real decreto se está tramitando
actualmente como proyecto de ley y está sujeto también a mejoras a través de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Estamos, por tanto, señorías, ante un Gobierno que, a diferencia de otros, no se ha olvidado de las pequeñas y
medianas empresas, no se ha olvidado de los autónomos, no se ha olvidado de los emprendedores, porque ellos han sido los grandes perdedores de esta crisis y justamente por eso deben ser los que más apoyo reciban por parte de esta Cámara y del
Gobierno de España.
Señorías, nuestros autónomos, nuestras pymes, nuestros emprendedores se han enfrentado a un modelo regulatorio adverso en el terreno tanto fiscal como laboral, financiero y regulativo, marco que hay que modificar, que hay que modificar ya
como está haciendo el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular. Podemos preguntarnos, señorías: ¿hay hoy más o menos medidas de apoyo fiscal al tejido empresarial que hace un año? Sin lugar a dudas, más. Podemos preguntarnos,
señorías: ¿hay hoy más o menos apoyos a la financiación de nuestras pequeñas y medianas empresas que hace un año? Sin lugar a dudas, más. Podemos preguntarnos también, señorías: ¿hay hoy más o menos medidas de estímulo a la actividad
emprendedora que hace un año? Sin lugar a dudas, más. Seguimos preguntándonos, señorías: ¿hay hoy más o menos medidas para favorecer el autoempleo, especialmente entre los jóvenes de nuestro país, que hace un año? Sin lugar a dudas también,
señorías, más. Y podemos seguir preguntándonos si hoy hay más o menos medidas de apoyo a la competitividad de nuestras pymes, autónomos y emprendedores que hace un año; sin dudarlo, más. Medidas, además, que ya están resultando efectivas, medidas
por tanto eficaces.
Este fin de semana hacía público la ministra de Trabajo que ya en apenas mes y medio desde su aprobación 20.800 jóvenes se han acogido a la tarifa plana de cotización de 50 euros; 20.800 emprendedores que están empezando a realizar su
actividad gracias a las medidas efectivas que toma un Gobierno del Partido Popular. (Aplausos). Pero, señorías, ¿son suficientes? Sin lugar a dudas no. Hacen falta más, hacen falta aquellas en las que el Gobierno del Partido Popular sigue
trabajando; nuevas medidas de apoyo a los emprendedores que irán viendo la luz en los próximos meses, y entre ellas un proyecto de ley para el emprendedor y su internacionalización, como tantas veces ha dicho ya en esta Cámara el presidente del
Gobierno, el señor Mariano Rajoy. Además con un contenido más amplio que la proposición de ley que hoy usted ha presentado, señor Sánchez i Llibre, tal y como acordó esta Cámara el pasado 26 de febrero al aprobar la resolución que presentó el Grupo
Parlamentario Popular y que fue apoyada por una amplísima mayoría de grupos parlamentarios, entre ellos el de Convergència i Unió y no el de La Izquierda Plural. Hoy no deja de resultar paradójico que el señor Coscubiela suba a esta tribuna y diga
que respira oxígeno democrático ante una proposición del Grupo de Convergència i Unió cuando ante una propuesta de resolución prácticamente igual después del debate sobre el estado de la Nación votó en contra. (Aplausos). Depende la asfixia o la
respiración de quién presente una iniciativa en esta Cámara. Yo le quiero decir, señor Coscubiela, que cada vez que entro en esta Cámara, con independencia de quién presente la iniciativa y cuál sea el debate, respiro democracia, a pesar de la
asfixia de democracia que tiene a veces su señoría. (Aplausos). Y todo ello es posible, señorías -esto es muy importante-, porque en nuestro país, en España se están llevando a cabo una serie de reformas estructurales que en su primera fase
sentaron los cimientos de la recuperación económica; reformas estructurales que por una parte van dotando a la economía española de estabilidad macroeconómica tanto en cuanto a déficit público como en cuanto a equilibrio exterior y, por otra,
logrando unas entidades financieras solventes y sólidas que permitirán cuanto antes canalizar el crédito hacia la actividad productiva, a la par que hemos conseguido con la reforma laboral un mercado laboral mucho mejor y más eficiente, que también
va a ayudar a la competitividad de nuestras empresas. Por lo tanto, señor Coscubiela, yo veo más flores que asfixias en la tarde de hoy.
Señorías, se han colocado los cimientos, las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo. Si no se hubieran adoptado, hoy este debate no tendría ningún sentido. Han sido las decisiones valientes y comprometidas de este
Gobierno desde el inicio de la legislatura las que hoy nos permiten debatir sobre las cuestiones respecto de los emprendedores que ha traído aquí, a esta Cámara, el señor Sánchez i Llibre con su propuesta. Otros muchos grupos se han equivocado de
debate y han pretendido otras cosas, que no ha sido el caso del grupo proponente.
Señor Sánchez i Llibre, mi grupo comparte los objetivos que persigue su proposición de ley, pero no vamos a apoyar su toma en consideración. No lo vamos a hacer porque las medidas que contiene ya están puestas en marcha por el Gobierno del
Partido Popular, porque las medidas que contiene ya están siendo consideradas para su implementación a lo largo de los próximos meses por el Gobierno del Partido Popular o -las menos- porque de adoptarse supondrían un riesgo para los logros ya
conseguidos. Si el año 2012 no hubiera sido un año intenso de reformas gracias al Gobierno del Partido Popular, hoy no podríamos profundizar en las políticas de crecimiento que realmente funcionan.
Pero si me lo permite, señor Coscubiela, vayamos por partes. En su proposición de ley, en cuanto a los incentivos fiscales al emprendedor y a los inversores de proximidad, he de decirle que son medidas que se solapan prácticamente con todas
aquellas que aprobamos con el Real Decreto-ley 4/2013 en esta Cámara. En algunos casos -hace bien en señalar con el dedo que no- hacen exenciones de tal naturaleza que prácticamente consiguen acabar con la imposición, lo que al margen de
discriminatorio también supone en estos momentos algo muy desaconsejable en el contexto presupuestario actual; sin olvidar, señorías, y usted no lo debería haber olvidado, el impacto que puede tener en la tributación de las comunidades autónomas,
que participan en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en momentos tan difíciles y complejos como los que estamos viviendo en la actualidad. Respecto a las cuestiones relativas a los incentivos fiscales a los inversores de proximidad
en el impuesto sobre sociedades, más allá de alguna imprecisión que siempre sería subsanable, no podemos dejar de manifestarles que ya existe un tratamiento fiscal beneficioso para este tipo de inversiones llevadas a cabo por las entidades de
capital riesgo, que además es absolutamente compatible con la existencia en el mismo impuesto de otros regímenes tributarios especiales que incentivan también las inversiones en otras entidades.
En el campo sociolaboral, elevar al cien por cien el importe del pago único de la prestación por desempleo para todos los trabajadores sin distinción de edad -ya existe para los jóvenes menores de 30 años o mujeres menores 35 años- supone
también un elevado coste para el sistema de protección del desempleo difícil de asumir en momentos como los actuales. Y en cuanto a las bonificaciones, en mi grupo creemos que ya son suficientes aquellas que existen en estos momentos en el Real
Decreto-ley 4/2013, aplicable a los jóvenes trabajadores por cuenta propia que inician una actividad emprendedora durante los primeros meses de actividad, sin olvidar la vigencia del contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que contempla
bonificaciones a las empresas con menos de 50 trabajadores.
Por cierto, y por último, en cuanto a la simplificación administrativa, sin que se deduzca claramente de su proposición si esta se refiere al ámbito mercantil o fiscal, la propuesta supondría en muchos casos, y es un riesgo, el aumento de
exigencias formales, que no sería bueno para los emprendedores e iría en contra de lo que realmente pretenderíamos todos con una proposición de ley de este tipo.
Por todo ello, señorías, y concluyo, reiterando la coincidencia en los objetivos perseguidos por el grupo proponente, pero entendiendo que la mayor parte de las medidas ya hayan sido puestas en marcha por el Gobierno del Partido Popular, o
está pensada en estos momentos su implementación a lo largo de los próximos meses, o -en muy pocos casos- no sería ahora el momento económico para que se pudieran adoptar, mi grupo manifiesta...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Camps, tiene que finalizar.
El señor CAMPS DEVESA: Finalizo. Mire como finalizo, señora presidenta, que solo me resta decir que mi grupo manifiesta que no tomará en cuenta la consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Camps.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DE LA LECTURA. (Número de expediente 162/000609).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la elaboración de un plan integral de fomento de la lectura. Para su
defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Presentamos hoy la proposición no de ley sobre el libro y la lectura, y pedimos el máximo acuerdo en un día especialmente significativo y oportuno, que es el Día Internacional del Libro, de la lectura, el gran y magnífico día de San Jordi en
Cataluña y el día en que en toda España se están celebrando actos sobre librerías, escritores, lecturas, bibliotecas. Por tanto, es una buena oportunidad para que nosotros nos sumemos.
También querríamos empezar sumándonos a un homenaje que ya se ha producido esta mañana en la Comisión de Cultura, que es el homenaje y el reconocimiento a dos escritores. Uno de ellos es José Manuel Caballero Bonald, que ha recibido al
mediodía el Premio Cervantes y que realmente es un escritor extraordinario. Él mismo se define como el que ha sabido injertar muy bien poesía y prosa, pero también persona de una lucidez, de una integridad y de una valentía grande. Y querríamos
también rendir un homenaje al escritor que ha muerto hace quince días, a José Luis Sampedro. José Luis Sampedro fue un gran humanista, un gran profesor y un gran economista, pero fue un gran, gran escritor y aquí recordamos, por ejemplo, El río que
nos lleva, una magnífica novela. Sabemos, y voy a decirlo, que ambos han mantenido posturas muy críticas, que han mantenido protestas; lo sabemos, las escuchamos, las respetamos, las atendemos y nos ilustran a todos, pero quiero sumarme en la
Cámara al homenaje que esta mañana hicimos.
Señorías, aquí estamos -y entro en la cuestión- para solucionar los problemas, no estamos para hacer lírica. Por tanto, voy a obviar todas las posibilidades de cita de tantos escritores, a veces más orgullosos de lo que han leído incluso
que de lo que han escrito. Aquí tenemos que identificar los problemas en la lectura y solucionarlos. Estamos hablando de la palabra, del lenguaje, de la comunicación, de la escritura, de la lectura, por tanto, de la piedra angular de la cultura,
de lo que nos define y diferencia como seres humanos. Este arco que va desde el escritor al último lector tiene muy graves y serios problemas. También hay datos muy positivos, pero hay problemas que necesitan un plan integral. Por eso no lo hemos
llamado plan de fomento de la lectura, sino plan integral, para que vaya a todo el arco de la lectura, ya que en todos los eslabones de la cadena hay muchos problemas, que son los que tenemos que abordar buscando el máximo acuerdo. En esta Cámara
siempre ha habido acuerdo en todas las decisiones y normas, y sencillamente querríamos continuar con este apoyo de la Cámara, en esta ocasión para el plan integral. Los problemas, insisto, están en todo el arco de la lectura. Los tenemos con los
escritores y la propiedad intelectual, con los editores y el IVA digital, con toda la cuestión de la piratería, con la autoedición, en las bibliotecas, en las librerías. A veces las cifras son alarmantes y, sin embargo, otras son satisfactorias.
Todos estos problemas son los que queremos abordar con esta acción integral. Los datos abundan en que debemos actuar y deprisa. La lectura, como decía Octavio Paz, ya no es un hábito excéntrico; España está en un 63 % de lectura y Europa en un 70
%. Pero mientras esto sucede, las cifras de venta han bajado en un 12 % y las cifras de publicación, en un 8 %, y sube, no cabe duda, la lectura digital, que lo hace un 13 %, pero al mismo tiempo aumenta alarmantemente la piratería. Por tanto,
señorías, pido que haya un acuerdo entre todos. Vamos a aceptar la mayor parte de las enmiendas. Vamos a intentar buscar una transacción, sobre la que hablaré ahora con todos ustedes, pero sobre todo debemos escuchar al sector, a un sector que se
ocupa de esta piedra angular de nuestra cultura, pero que además es un sector de un peso económico enorme, porque representa un 7 % de nuestro PIB y da empleo a más de 30.000 personas. Si escuchamos a todos ellos, si atendemos a todos ellos,
evaluando todo y haciendo un plan integral -insisto, aceptamos las enmiendas que se han presentado en el registro-, podemos tener en breve tiempo un plan acorde con las necesidades de un mundo en transformación, de todo un campo digital en el que
tenemos que acordar toda la acción de la lectura, el lenguaje, la palabra y la digitalización.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Ministerio de Cultura aprobó su plan estratégico para toda la legislatura y dentro del plan figura la estrategia 1.1 para fomentar la lectura como herramienta de acceso a la cultura, al conocimiento y a la participación en el contexto de
la sociedad de la información. En concreto, el proyecto 1.1.1 habla de la elaboración de un plan integral de fomento de la lectura y el proyecto 1.1.2 de la difusión del plan integral
de fomento de la lectura incorporando a potenciales nuevos participantes. El plan no dice nada más, y tampoco la proposición no de ley que nos ha presentado esta tarde el Grupo Parlamentario Popular. Nos preguntamos para qué se presenta
algo que ya está aprobado por el Ejecutivo, en concreto, por la Comisión Delegada de Asuntos Culturales. Además, entendemos que la proposición no de ley no contiene absolutamente ninguna aportación más a lo ya aprobado hace un año; por cierto, fue
presentado en la Comisión de Cultura el 12 de septiembre. Entendemos que es una aportación realmente pobre del Grupo Parlamentario Popular para promover la lectura en nuestro país si no se desarrolla más, si no va más allá de las meras intenciones.
Por eso, nos parece pobre para celebrar el día de San Jordi o el Día del Libro. En la web del ministerio encontramos además el Plan de fomento de la lectura y desde Compromís-Equo proponíamos crear un grupo de trabajo con representación de todos
los grupos parlamentarios que pueda estudiar la situación en el Estado y realizar propuestas para el fomento de la lectura. Aprovechando que ustedes, el grupo que apoya al Gobierno, nos traen esta proposición no de ley al Parlamento, es la ocasión
para constituir un grupo de trabajo donde se escuche la voz de los diferentes pueblos sobre una cuestión tan relevante como es el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Señorías, la cultura es libertad y es nuestra obligación garantizar la
libertad del pensamiento de la gente para que pueda formarse una opinión y tomar las decisiones sobre su vida y lo que les rodea con total libertad. La libertad aporta felicidad y para Compromís-Equo la felicidad de la gente ha de ser uno de los
objetivos de un buen gobierno. Por tanto, esperamos sinceramente que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular no quede en una simple propuesta, que el Grupo Parlamentario Popular sea honesto y consecuente con su propia iniciativa y que se pase
pronto de las intenciones a los hechos. Por cierto, les recuerdo que también en la Comisión de Cultura se ha aprobado una propuesta unánime para reconocer al poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, que no escribía en castellano pero que escribía
en una lengua que se habla también en el Estado español, en valenciano.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
También por el Grupo Mixto, señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora Rodríguez-Salmones, en los últimos meses el Grupo Parlamentario Popular viene proponiendo a esta Cámara distintos planes integrales: plan integral para el
turismo, plan integral de apoyo a las familias y ahora plan integral de fomento de la lectura. No está mal proponer planes integrales pero cuando -como en esta ocasión- no tienen dotación presupuestaria y no tienen en cuenta de quién son las
competencias, a nosotros también se nos quedan cortos. En muchos casos estos planes integrales, como en este caso concreto, proceden ya de otros planes, de planes estratégicos que ustedes mismos elaboraron, que ya se aprobaron y que instan a la
Administración a hacer lo mismo que ustedes instan en esta proposición no de ley. Es este el caso del Plan estratégico general 2012-2015 de la Secretaria de Estado de Cultura, que contempla como objetivo general 1: Articular una política de Estado
que garantice el derecho de acceso a la cultura y contribuya a vertebrar la ciudadanía y favorecer la cohesión social. Dentro de ese objetivo general 1, establecen distintas estrategias y la primera ya recoge el fomento de la lectura. Dentro de
esas estrategias se recogen una serie de actividades donde ya se habla de un plan integral de fomento de la lectura. Señora Rodríguez-Salmones, dicen ustedes textualmente en su iniciativa que el Partido Popular considera que la lectura es una
herramienta de acceso a la cultura y que debe ser contemplada en la actuación de las administraciones. Es que contemplada ya está, el problema ahora es que esto hay que ponerlo en práctica. Como en otros planes integrales, ustedes obvian, no
reflejan en sus resoluciones de quién son las competencias. Y, por otro lado, no recogen tampoco las cantidades, las dotaciones presupuestarias que hay que dedicarle. En este caso y hablando de las competencias de las comunidades autónomas, que es
la dirección por la que va nuestra enmienda, ustedes olvidan que precisamente las comunidades autónomas en los últimos años han visto reducidos sus presupuestos culturales prácticamente a la mínima expresión, y que los programas de fomento de la
lectura, que se llevaban a cabo desde las bibliotecas públicas, han desaparecido casi por completo.
Termino señora presidenta. Lo que se necesita, a nuestro juicio, no es redundar una y otra vez en lo que ya tienen ustedes reflejado en sus programas, en sus planes estratégicos y en sus planes operativos anuales. Lo necesario es dotación
presupuestaria, colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, respeto a las competencias de esas comunidades autónomas y por tanto a la diversidad
cultural existente en el Estado español, y el desarrollo efectivo de lo que ya tienen recogido en los textos una y otra vez y que luego instan por enésima vez a que se haga.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Desde Convergència i Unió acogemos positivamente que precisamente hoy, un día tan significativo en Cataluña como es la Diada de Sant Jordi, como bien ha recordado la portavoz proponente, cuya importancia trasciende de lo que es simplemente
una fiesta del libro y de la rosa por cuanto también implica una manifestación de compromiso firme con la cultura, tengamos la posibilidad de reflexionar sobre la lectura, los libros, las bibliotecas, y en general sobre el acceso a la cultura. La
portavoz, señora Rodríguez-Salmones, ha hecho mención a dos autores, a los que ha reconocido su labor. Yo también quiero añadir unas palabras de reconocimiento. Este año estamos recordando especialmente en Cataluña a Salvador Espriu. Es una buena
ocasión para, desde aquí, recordar al gran escritor que tuvimos en Cataluña; hoy día mucha gente aún está disfrutando de sus lecturas. Es un buen momento para recomendar a aquellos que hoy aún no hayan comprado ningún libro que compren y relean a
Salvador Espriu, que nos ayuda a todos y nos enriquece espiritualmente y en todos los sentidos porque su lectura es muy interesante.
Es evidente que fomentar la lectura debe ser también un objetivo del Gobierno, pero no solo del Gobierno del Estado -a ello también se han referido otros portavoces- sino de todas las administraciones implicadas y de todos aquellos que
puedan colaborar para alcanzar ese fin. Además, no podemos olvidar que en el Estado español conviven junto al castellano distintas lenguas propias de las comunidades autónomas y que el apoyo a la lectura debe fomentarse desde esa doble perspectiva,
no solo pensando en el castellano. En este sentido, la colaboración entre las administraciones implicadas es de vital importancia.
Por otra parte, para conseguir que la lectura se convierta en un hábito en los ciudadanos para toda la vida, ese hábito tiene que empezar desde las escuelas. Además, sabemos que hay vínculos claros entre el fracaso escolar y el bajo nivel
de comprensión lectora porque varios estudios así lo han confirmado. En consecuencia, es importante que cualquier acción o plan que se diseñe para fomentar la lectura sea transversal e implique a escuelas, familias, editores, libreros y a todos
aquellos cuya aportación pueda revertir en favor de ese objetivo compartido. Mejorar en nuestros hábitos lectores supone avanzar en nuestro desarrollo personal y colectivo y ello debe constituir, evidentemente, una prioridad. Celebramos que en la
intervención de la portavoz haya hecho mención a esa necesidad de abordar esta cuestión de una manera transversal, porque entendemos que si no se hace de esta manera no se puede ser en ningún caso efectivo. Por lo tanto, bienvenido sea, porque
desde la lectura concreta de la proposición no de ley no se desprendía esa voluntad. De hecho, hace tiempo ya que las administraciones están trabajando en el camino de mejorar los índices de lectura. Se han impulsado acciones para que la lectura
se convierta en una piedra angular del desarrollo personal y colectivo al que antes aludíamos. Así, en Cataluña, podemos decir que tenemos un Pla nacional de la lectura. Hace poco fue presentado por el Departament de Cultura y también por el
Departament d'Educació porque se aborda de esta manera transversal que antes mencionábamos y que creemos que es la única manera en la cual se puede abordar. En Cataluña tenemos unos índices de un 60 % de lectores, pero el objetivo tendría que ser
llegar a la media europea, que como bien saben es del 70 % aproximadamente. Por ello, insisto, desde la Generalitat se está trabajando en esta línea.
Si pasamos a analizar más detalladamente el contenido de la proposición no de ley, tenemos que decirle que, contrariamente a lo que ha manifestado la portavoz del Grupo Popular de que no venimos hoy aquí a hacer lírica, en determinados
momentos de la lectura de esa proposición no de ley nos ha dado la impresión de que sí, de que se estaba haciendo lírica, porque no hay una concreción de las líneas de actuación del plan ni de cómo se va a abordar la colaboración o la cooperación
con las comunidades autónomas. Como muy bien se ha recordado por algún otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, hay competencias de las comunidades autónomas clarísimamente recogidas en los estatutos de autonomía y que inciden
precisamente en este ámbito. No obstante, precisamente por esa generalidad...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca, tiene que ir finalizando.
La señora SURROCA I COMAS: Sí, voy terminando.
Por esa generalidad con que se aborda esta iniciativa podríamos apoyarla, siempre y cuando se acepte la enmienda o la transacción en la que estamos ahora trabajando. Entendemos que es importantísimo que se dote económicamente si se pretende
avanzar de manera efectiva en los objetivos de este futuro plan.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Socialista, señor Buyolo.
El señor BUYOLO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Quiero comenzar mi intervención anunciando que nuestro voto será favorable y agradeciendo a la señora Rodríguez-Salmones la voluntad de llegar a acuerdos en esas enmiendas que hemos presentado. Hoy hace ochenta años que se celebró la
primera feria del libro en Madrid, en 1933, en el Paseo de Recoletos, por iniciativa de un grupo de editores de la Cámara Oficial del Libro de Madrid. Siendo ministro de Instrucción Pública el socialista don Giner de los Ríos, los libros tomaron la
calle. Hoy debatimos esta PNL sobre el libro y la promoción de la lectura presentada por el grupo que apoya al Gobierno, una proposición no de ley que pretende orientar al Gobierno en política cultural. Efectivamente, señores del Partido Popular,
este Gobierno necesita de mucha orientación. Ciertamente del ministro Montoro ya sabemos que solo podemos esperar recortes indiscriminados, insinuaciones y ataques a los profesionales de la cultura, y declaraciones tan poco afortunadas como tildar
a la cultura de simple entretenimiento. De Montoro no esperamos nada; alguien que en su mesilla de noche tiene el plan contable como libro de cabecera difícilmente puede entender qué es y qué significa la cultura para un país. Pero, claro, del
ministro Wert sí que esperábamos algo más, esperábamos que hiciera lo que le corresponde como ministro de Cultura, ponerse al frente y no enfrente del sector cultural.
La lectura es una herramienta fundamental para el ejercicio y desarrollo del derecho a la educación y la cultura. Durante el Gobierno de la II República, y de manos del ministro Giner de los Ríos, el libro pasó a ser el instrumento
fundamental de la culturización y progreso de este país. Hoy, ochenta y dos años después, contamos con 6.608 bibliotecas, el 92 % de la población lee habitualmente y el 63 % lee al menos una vez al trimestre, nos enfrentamos a nuevos retos, nuevos
formatos para los libros y nuevos hábitos de lectura. Permítanme que utilice las palabras del periodista Winston Manrique en su artículo del 7 de febrero en El País, donde sintetiza estos nuevos retos y hábitos de lectura recogidos en el estudio
realizado por la Federación de Gremios de Editores de España sobre los hábitos de lectura y compra de libros en 2012. Comenzaba así: Yo prefiero comprar un libro en la librería. Tú prefieres descargarlo gratis de Internet. Él prefiere leerlo en
casa en su tiempo libre. Nosotros leemos cada vez más en medios y formatos digitales. Vosotros preferís leer Millenium y Cincuenta sombras de Grey. Ellos no leen nunca por falta de tiempo o porque no les gusta. Por coherencia es importante
seguir la línea de trabajo que ya hemos emprendido y que cosechó éxitos notables. En 2004, el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un Plan de fomento de la lectura con una dotación presupuestaria importantísima, que
en el 2007 alcanzó los 50 millones de euros. También se aprobó en 2007 la Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Además, se incluyeron en la LOE aspectos fundamentales en la mejora de las capacidades lectoras de los niños y niñas y,
cómo no, se trabajó en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas el programa Leer para aprender, con un presupuesto consignado de 24 millones de euros en un solo curso.
Señoras y señores del Partido Popular, es necesario que las buenas intenciones que ustedes plasman en esta proposición no de ley se sustancien en un presupuesto adecuado y con una acción coordinada con las comunidades autónomas. No vayan
por libre, ni inventen lo que ya sabemos que ha funcionado. Nos enfrentamos a nuevos retos, sean coherentes, no se puede decir al sector del libro que tiene que digitalizarse y, al mismo tiempo, negarle la aplicación del tipo superreducido del IVA
de los libros electrónicos, tal como sucede en los libros de impresión en papel, sean coherentes. Esto sí que es una medida real y efectiva para el sector, para hacer frente a los nuevos hábitos de lectura y a las penurias que atraviesa la
industria de la cultura y al de la crisis económica, está en sus manos. Permítanme que ponga el foco de acción en la promoción de la lectura en aquellos colectivos con necesidades especiales de acceso a la cultura. En la anterior legislatura el
Gobierno socialista impulsó y aprobó una ley por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Sigamos trabajando por una
sociedad para todos y todas. Nadie puede quedar excluido y es importante seguir garantizando los derechos de aquellos y aquellas que tienen especiales dificultades. Por ello, hemos presentado una enmienda en este sentido -y le agradezco a
la señora Rodríguez-Salmones que la haya aceptado- y no cabe la menor duda de que será aceptada por el Grupo Popular.
Voy concluyendo. Sabemos que la coherencia no es su fuerte. Nos hablan de fomento de la lectura, y ustedes son los que han firmado el acta de defunción de las revistas culturales y, además, han acabado con la posibilidad de que las
bibliotecas dispongan de manera gratuita de estas revistas en sus colecciones, un mal ejemplo; hablan de colaboración con administraciones públicas, y acaban con programas de cooperación territorial, como el programa Leer para aprender, una mala
práctica; nos hablan de un Plan integral de fomento de la lectura, de planes estratégicos, de ley de mecenazgo, pero, eso sí, cuando hay que poner dinero sobre la mesa ya no los encontramos, ya no están, y nos demuestra que ustedes no crean
política cultural para todos y todas, buenas palabras y nulas acciones, una mala política cultural que estamos en momentos de poder solucionar.
Señoras y señores del Partido Popular, necesitamos libros para ser libres y leer para crecer, pasen de las bonitas palabras a las acciones reales. El sector cultural necesita de apoyo para salir de esta crisis y su Gobierno se ha empeñado
en someter a la cultura a las cadenas de la necesidad. La cultura no es un lujo, es una necesidad; sin libros, no hay personas libres. No quiero pensar que esto es lo que ustedes quieren, pero sinceramente en algunos momentos eso es lo que
parece.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Buyolo.
Vamos a pasar al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario del PNV, el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré muy breve. No hemos venido a hacer lírica, señora Rodríguez-Salmones, pero tampoco prosa apologética, un poco más quizá utilizamos una reflexión retórica como una prosa irónica, no sarcástica, tampoco la epopeya o las hazañas de otros
Gobiernos. Por tanto, juguemos un poco con las palabras, que es lo que hoy nos toca.
El Partido Popular presenta hoy, en el día de San Jordi, para su debate en el Pleno una proposición no de ley para instar al Gobierno a que elabore un plan integral de fomento de la lectura como herramienta de acceso a la cultura. Esto
podría ser una declaración institucional en el día de San Jordi -perfectamente podríamos haberlo hecho- porque, si no instamos, ¿no lo hubiera hecho el Gobierno? Suele pasar cuando a veces el partido mayoritario presenta cosas que el Gobierno
debería hacer, independientemente. Es una pena que se tengan que presentar cosas diciendo al Gobierno que haga lo que tiene que hacer. Esto ocurría en anteriores ediciones con otros gobiernos, lo he criticado desde esta tribuna más de una vez.
Por lo tanto, creo que es más una declaración institucional, con muy loable intención, evidentemente, no dudo de su intención, señora Rodríguez-Salmones, porque sabe que la aprecio. Quizás habría que darle un poco más enjundia cuando se presenta
una iniciativa como esta y no ir tanto mirando la oportunidad del día y la situación en la que nos encontramos.
Centrándonos en lo que usted presenta, decía Plinio el Joven que no hay libro tan malo que no sirva para algo. Todos los que estamos en esta Cámara coincidiremos en que los beneficios de la lectura son insondables, es decir, en cualquier
caso, todos nos hemos beneficiado en nuestra formación y en nuestra forma de ser de lo que hemos leído. Al fin y al cabo, decía alguien que somos lo que leemos o lo que no leemos no lo llegaremos a ser nunca. La lectura, la transmisión escrita de
un autor para que un desconocido y anónimo lector recupere y retenga eso escrito, es, sin duda alguna, una de las grandes virtudes que tiene el ser humano y su intelecto. Porque sin escritura no hay lectura posible, pero también a la inversa, es
decir, se escribe para leer. El objetivo es el aumento de la afición a la lectura. De todas formas, deberíamos tener un poco más de confianza en los jóvenes y digo los jóvenes porque son el futuro de la gente que lee.
Usted ha presentado unos datos en la declaración de objetivos de esta proposición y yo le voy a dar otros. Con motivo del Día Internacional del Libro, el Observatorio vasco de la juventud ha presentado un avance de datos donde, por ejemplo,
se expone que el 54 % de la juventud vasca afirma haber leído en el último mes algún libro por motivo de ocio, no de los obligatorios de la escuela. Parece que es un dato importante, sobre todo porque el porcentaje ha subido puesto que hace cinco
años era un 45 %, en el caso de Euskadi. También le puedo decir que si comparamos los porcentajes de lectura de la juventud vasca
-en este caso, me voy a poner una medalla por la parte que me corresponde- con los de la juventud española, a partir de datos proporcionados por el propio Ministerio de Educación y Cultura, vemos que son bastante más en Euskadi que en el
resto del Estado español. Y los jóvenes que afirman haber leído algún libro en el último mes por ocio es un 54 % frente a un 38 %. También ha dado usted unos datos relativos a la comprensión de la lectura del informe PISA, pues el País Vasco está
un punto por encima de la OCDE frente a 13 puntos por encima de España. Por tanto, en algunos lugares creo que se fomenta y se consigue que la juventud, sobre todo, sea la que más lea. Además, hay una población femenina que lee más que la
masculina, pero ese puede ser un dato nada más que estadístico, no voy a hacer política en torno a ese tema.
El planteamiento que usted hace en esta proposición no de ley, evidentemente, no puede ser contrario porque es inocuo, es decir, no implica nada, pero tampoco compromete a nada al Gobierno porque no dice -como otros muchos compañeros ya lo
han comentado- qué dotación presupuestaria se va a poner para que eso se consiga. Es decir, ¿el Gobierno adquiere algún compromiso o son solamente palabras que dejamos caer y que quedan muy bien en un día como hoy? Por un lado, está este asunto y,
por otra parte, las comunidades autónomas tienen competencias para poder decidir qué tipo de planes hacen, cómo fomentan la lectura, etcétera. A veces, cuando se habla de planes integrales con colaboración, suena a yo lidero y organizo, ponga usted
el dinero. Creo que en ese sentido las comunidades autónomas son mayores de edad para decidir si participan o no y también si dotan o no en un plan que va a liderar otro. Hay un concepto como de estamentos subordinados, es decir, como si el
Ministerio de Cultura estuviera por encima y los demás por debajo, y no, en ese asunto creo que no es así.
Por último -porque veo que se me acaba el tiempo-, creo que una de las grandes medidas podría ser, por ejemplo, que el IVA del libro electrónico volviera al lugar que le corresponde y no donde está porque hoy en día para un joven comprar un
libro es un problema, ya que su bolsillo no le da...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Agirretxea, tiene que finalizar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: ... y como no le da -acabo, señora presidenta-, tiene que recurrir a sistemas que no son precisamente los más lícitos porque lo que quiere es leer. Fomentemos las bibliotecas públicas, fomentemos la
potenciación de que los libros estén al alcance de la mano y creo que conseguiremos que nuestros jóvenes lean más, porque, se lo aseguro, les gusta leer y lo hacen.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias.
Por Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Señorías, desde mi grupo parlamentario celebramos con especial entusiasmo este Día Internacional del Libro, en el que se conmemora la muerte de dos grandes escritores como Cervantes y Shakespeare. Lo celebramos como lectores y también como
autores que somos el cien por cien de los miembros del grupo parlamentario.
Señora Rodríguez-Salmones, tiene usted muchas virtudes como oradora y como parlamentaria, pero, lamentablemente, su intervención no puede ocultar la inanidad de la proposición no de ley que presenta su grupo. Lamentablemente, no lo hace.
Nosotros, como idea para fomentar la lectura y, particularmente para fomentarla entre el Grupo Parlamentario Popular, traía yo aquí para leer dos artículos de la ley actualmente en vigor, la Ley 10/2007, de la lectura, del libro y de las
bibliotecas, cuyo capítulo segundo se dedica al fomento de la lectura y que tiene dos artículos que recogen exactamente lo que dice ya la proposición no de ley que usted nos ha presentado. Obvio el leerla para no entretenerme, para no perder
tiempo, pero si lo hiciera comprobaríamos los efectos benéficos que tiene la lectura y, en este caso, la lectura de las leyes ya vigentes por parte de los grupos parlamentarios.
Respecto de esta proposición no de ley, usted ha insistido en que lo novedoso o la especificad de los planes que plantean es esa palabra, integral, pero integral también es el pan. Tenemos la experiencia de que el Gobierno y el Partido
Popular tienden a reinterpretar el significado de las palabras con mucha frecuencia. Por lo tanto, si usted cifra todo el sentido de la proposición no de ley a esa palabra, a integral, al menos nos gustaría que la hubiera definido para que
supiéramos qué es lo que aporta esto respecto de la legislación ya existente. De hecho, están en la ley los planes de fomento de la lectura que se vienen
haciendo por parte del Ministerio de Cultura desde hace muchos años, y como esto es así, y como su proposición no de ley es tan anodina realmente, desde mi punto de vista la cuestión a debate no es ya el asunto del fomento de la lectura,
sino la forma en que trabaja su grupo parlamentario. A nosotros nos parece que los 186 diputados que son ustedes deben tener algo más que aportar a la vida parlamentaria española, a la situación crítica en que está el país y a la vida política del
país que cuatro líneas para instar en forma no de ley algo que ya está en forma de ley. Nos parece que podrían hacer muchas más aportaciones en un momento en que verdaderamente el país no está para bromas ni para faenas de aliño de este tipo.
Bueno, una semana mala la tiene cualquiera y, si no encuentran nada que aportar, es tan sencillo como dejar correr el turno porque hay otros grupos que sí tenemos muchas ideas sobre cómo se podrían mejorar las cosas y no presentamos más porque no
tenemos cupo.
Nos parece que esta iniciativa es el ejemplo, el exponente perfecto, de la crisis institucional que vivimos sobre por qué esta Cámara está perdiendo su legitimidad y está perdiendo su prestigio. No es que no aporten nada en esta iniciativa,
es que contribuyen al deterioro de esta institución, y lamento decírselo en estos términos, pero lo vemos exactamente así. Es una iniciativa que es peor que anodina, es ejemplo de negligencia, de incuria y de irresponsabilidad. De verdad creemos
que podrían hacer mucho más por el trabajo parlamentario y por el prestigio de esta Cámara. Nos parece que esta iniciativa falta al respeto a este Parlamento, a todos los diputados que formamos parte de esta Cámara y sobre todo nos parece que les
falta al respeto a ustedes mismos como grupo parlamentario y como diputados. Podría yo entrar en el contenido -no del texto dispositivo, que no tiene contenido, sino en la exposición de motivos- y ya que se habla en esa exposición de motivos del
libro digital, hablar de una proposición no de ley que ya aprobó esta Cámara a iniciativa de nuestro grupo, Unión Progreso y Democracia, para equiparar el IVA del libro digital al IVA del libro en papel. Podríamos hablar de la comprensión lectora,
como hacen en la exposición de motivos, relacionada con los informes PISA y de cómo para mejorar esa comprensión lectora en la primaria no se está haciendo nada en la tramitación actual de la Lomce, la ley de reforma de la educación. Pero si yo
entrara a hablar del contenido -de un contenido que no figura en el texto dispositivo de su proposición no de ley- le estaría dando un fuste a esta iniciativa que ustedes mismos no le han querido dar. Esto es lo paradójico de su iniciativa, ustedes
le han querido quitar toda relevancia y, francamente, a nosotros nos parece que no pasa de ser no ya una mala proposición no de ley, sino un ejemplo del deterioro institucional, que es exactamente eso: la sumisión al Gobierno, la chapuza, la
holgazanería y la confusión respecto a lo que significa ser un grupo parlamentario independiente del Gobierno. Insisto, nos faltan al respeto, se lo faltan a ustedes mismos y se lo faltan a los ciudadanos, a los millones de ciudadanos que les han
votado. Si solamente vieran, durante un día, cómo trabaja en algunas ocasiones el Grupo Parlamentario Popular podrían ver, así, de un golpe, por qué no solamente no van a solucionar la crisis institucional, sino que la están empeorando.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.
El señor YUSTE CABELLO: Señor presidente, señorías, en primer lugar, envío un saludo a los ciudadanos y ciudadanas de Aragón que hoy están celebrando su día nacional y que esta mañana han participado en diversos actos reivindicativos para
defender el autogobierno y para hacer frente a los recortes. Porque ya va calando el mensaje de que el desmantelamiento del Estado del bienestar y el ataque al Estado de las autonomías son las dos caras de la misma moneda: la política del Gobierno
del Partido Popular.
Aragoneses (Pronuncia palabras en aragonés). También quiero felicitar el día, cómo no, a los escritores y escritoras, editores y editoras, libreros y libreras y desearles que hoy estén vendiendo muchos libros, ojalá. Mucho ánimo,
compañeros de la literatura, porque hoy es un día importante en el calendario y hay que aprovecharlo al máximo.
Dicho esto, debatimos esta tarde una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se pide un plan integral de fomento de la lectura. Hoy es 23 de abril, hoy toca. Los libros salen a la calle y el Partido Popular nos invita a sumarnos
a este acontecimiento trayendo aquí esta iniciativa. Me dicen los veteranos de la casa que es la iniciativa de todos los años por estas fechas o similar; pero siempre hay algún debate monográfico-libresco en torno a esta fecha. La duda que tengo
es: ¿lo proponen hoy aquí porque el Gobierno no lo está haciendo y esa es la razón por la cual lo quieren impulsar? Se supone que está en el plan estratégico de la Secretaría de Estado de Cultura y, por lo tanto, no sé si necesita un impulso; me
temo que igual el señor Lassalle necesita el impulso de su grupo parlamentario en otras cuestiones: en otras cuestiones de mayor calado para la política cultural como sería superar los obstáculos de algún otro ministerio. Ahí sí
necesitaría, desde luego, el impulso de su grupo parlamentario y de toda la Cámara, pero lamentablemente eso no se da.
Ciertamente, soplan malos tiempos para la cultura y hacen falta todos los esfuerzos para impulsar las actividades culturales y creativas, y en esta tribuna en varias ocasiones nos hemos hecho eco desde La Izquierda Plural de las demandas de
colectivos que agrupan a la cultura que se mueve, como la plataforma +Cultura en Aragón o la Marea Roja en Cataluña. Hoy, desde luego, lo hacemos con más razón. Un editor me decía esta mañana en mi paso fugaz por las casetas de los libros en el
Paseo de la Independencia de Zaragoza que el problema es, sencillamente, que no se compran libros, no por razones más o menos extravagantes, sino, simplemente, porque la gente no tiene dinero en el bolsillo. La detracción del consumo en bienes y
servicios culturales está siendo brutal. La crisis desde luego ha golpeado a nuestra sociedad, el paro ha diezmado a nuestra gente -eso es cierto-, pero no solo es eso. No podemos ignorar que la política de este Gobierno también está contribuyendo
decisivamente a empobrecer a nuestra sociedad, subiendo desproporcionadamente el IVA, que penaliza el consumo, reduciendo sueldos vía reforma laboral, incautando una paga extra a los empleados públicos o recortando las pensiones. Todo eso sí es
achacable a este Gobierno. En ese contexto, en esa situación quién va a comprar libros.
La exposición de motivos de su proposición no de ley viene a decir que se compren libros digitales que son más baratos. Eso es como decir: el que tenga el capricho de comprarse un libro de papel que se lo pague. Si quiere oler a tinta, si
quiere oler a imprenta, si quiere palpar el papel pintado, que se lo pague. Pues no es eso, señores y señoras del Partido Popular. El libro digital por supuesto ya se ha instalado entre nosotros, pero el libro vegetal, el libro de papel no ha
muerto ni morirá nunca aunque haya algún Montag que pretenda quemarlos en el futuro. El problema es que limitarse a hablar hoy de un plan de lectura es ignorar las dificultades reales que están padeciendo las industrias culturales. Y hace falta
una política de apoyo al sector, hace falta sacar del cajón las medidas tantas veces prometidas que de verdad apoyarían al sector y derogar esas políticas que están machacando a la cultura en estos momentos, que no se castigue la cultura para
favorecer a las telecomunicaciones, por ejemplo. Y menos mal que no han hecho caso aún al gran hermano que desde Bruselas les reclama subir el IVA también de los libros. Cambien el chip; animar a la lectura, sí, pero no es suficiente. ¿Incluirán
en ese plan de fomento de la lectura el reforzamiento de las bibliotecas públicas? ¿Garantizarán que se completen las colecciones de libros y revistas culturales en esas bibliotecas? Su papel es fundamental para los lectores, especialmente en
tiempo de crisis. No las olviden.
Sin más, concluyo remitiéndome al conocimiento del texto definitivo que se someta a votación después de la asunción o no de las enmiendas y de un texto transaccional resultante para poder fijar la posición de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.
Señora Rodríguez-Salmones, ¿acepta su grupo las enmiendas presentadas?
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Vamos a redactar y proponer un texto transaccional que le entregaremos en cuanto lo hayamos acordado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA MANTENER EL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES EN CORPORACIONES LOCALES. (Número de expediente 162/000544).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista para mantener el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sahuquillo.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señorías, una vez más desde el Grupo Parlamentario Socialista pedimos al Gobierno que reponga los fondos del plan concertado que ha detraído desde que gobierna este país y que garantice la viabilidad de los
servicios sociales básicos. El Plan concertado de prestaciones
básicas de servicios sociales se puso en marcha en 1988 con un Gobierno socialista y tuvo un fuerte impulso durante los primeros años. Su crédito experimentó unos incrementos anuales relevantes, lo que posibilitó consolidar en todo el
territorio la red básica y también ampliar los equipamientos complementarios. Los objetivos del plan concertado son dar a los ciudadanos servicios sociales adecuados para la cobertura de sus necesidades básicas, dotar de apoyo económico ofreciendo
asistencia técnica en las corporaciones locales y consolidar la red de servicios básicos municipales. Es un instrumento fundamental para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales distribuida su dotación prevista en los
Presupuestos Generales del Estado entre las comunidades autónomas, teniendo en cuenta las variables de población, dispersión, grandes urbes, población dependiente, superficie, insularidad, pobreza relativa, así como los sucesivos incrementos del
IPC. Por su parte, las comunidades autónomas aportan como mínimo una dotación económica de igual cuantía que la que le ha correspondido en la distribución y al mismo tiempo determina la parte de las aportaciones de las corporaciones locales de su
territorio. Se atienden proyectos cuya finalidad es dotar y mantener los centros de servicios sociales y equipamientos complementarios -albergues, centros de acogida, comedores sociales-, cooperación con el voluntariado y entidades sin fin de
lucro, prestación de servicio a domicilio, teleasistencia.
Señorías, en tan solo dos ejercicios presupuestarios el plan concertado ha sufrido un recorte del 66 % y eso que se estima que la demanda de servicios sociales ha aumentado en España cerca de un 40 % en los últimos años y la petición de
prestaciones económicas, como la llamada emergencia social, que cubre las necesidades básicas tales como la alimentación, se ha incrementado en muchos ayuntamientos en más de un 200 %. Sí, señorías del Grupo Parlamentario Popular, un 66 %, 57
millones de euros menos en dos años, pasando de 87 millones de euros en 2011 a menos de 30 millones de euros en 2013. Les recuerdo que durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado para 2011, cuando el anterior Gobierno socialista
redujo esta misma partida en poco más de 9 millones de euros respecto al 2010, pasando de 96,1 millones de euros a 86,7 millones de euros, ustedes pusieron el grito en el cielo. Decían -les leo textualmente el 'Diario de Sesiones' de 5 de octubre
de 2010-: ¿Cómo es posible que en esta situación se haya reducido esta partida? Se referían a la situación de las familias que no cobraban ninguna prestación, que vivían de lo meramente asistencial y que tenían que acudir a los ayuntamientos.
Seguía la señora portavoz del Grupo Popular: Creo que el futuro del plan concertado es bastante negativo. Miren, esto sí que lo tenían ustedes claro cuando eran oposición y solo hay que ver lo que están haciendo con el plan concertado. Seguía
además la portavoz: ¿Pueden denominarse sociales unos presupuestos que reducen las prestaciones básicas para los servicios sociales, prestaciones que vienen desde 1988? ¿Son conscientes de que este peso es inasumible para la totalidad de los
servicios sociales de los ayuntamientos que tienen que rebajar, disminuir y en muchos casos hacer desaparecer servicios esenciales para dar de comer a la gente? No se trata tan solo de unos presupuestos claramente antisociales, sino de unos
presupuestos claramente desleales hacia las otras administraciones -decían ustedes-. ¿No recordaban en ese momento cuando en el último presupuesto del Gobierno del señor Aznar, en 2004, esta misma partida se redujo en 6,5 millones de euros y que
cuando llegó un Gobierno socialista se repuso? Cuántas contradicciones, ¿verdad? Manifestaban también ustedes en 2010: Disminuye lo que nunca en un momento así se debería haber tocado, que son las prestaciones básicas de servicios sociales, de
esos servicios que se prestan desde los ayuntamientos, que son quienes viven día a día el drama de las familias sin trabajo, de las familias que están ingresando en la pobreza. No creo que la situación esté mejor que hace dos años y medio, por lo
que ahora lo tienen fácil: apoyen nuestra propuesta y podrán recuperar así parte de esa credibilidad que, si alguna vez la tuvieron, la están perdiendo a chorros desde que gobiernan este país.
Señorías, la cuantificación del impacto de los recortes presupuestarios del Gobierno del plan concertado no deja lugar a dudas de lo que se ahonda la brecha de desamparo a las personas afectadas por la crisis económica. Para el año 2013,
con la nueva reducción presupuestaria, supone, según el propio Gobierno, que más de 250.000 usuarios directos de servicios sociales dejarán de ser atendidos. A todo esto hay que añadir que el Gobierno ha decidido retirar su aportación del plan
concertado para 2014. ¿No se dan cuenta, señorías, que con ello se deja a las corporaciones locales en una difícil situación y se compromete la atención a los colectivos más vulnerables? ¿Han valorado las consecuencias que esto va a tener tanto
para la situación financiera de las corporaciones locales como para la desprotección en que quedan miles de personas pertenecientes a los colectivos más afectados por la crisis económica? ¿No se dan cuenta tampoco de que con su complicidad como
parlamentarios que sustentan al Gobierno ponen en peligro el futuro de los servicios sociales municipales en el momento en que necesitan más ayuda,
cuando está habiendo un gran aumento de la demanda, un incremento de la pobreza con enorme incidencia en la pobreza infantil y se disparan los problemas sociales como los desahucios? Es preocupante que justo ahora el Gobierno que ha
recortado en dos terceras partes la dotación del plan concertado anuncie su desaparición.
A todo eso hay que añadir la preocupación generada por el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración presentado por el Gobierno, un cambio profundo en la organización del sistema público de servicios
sociales que afecta al reparto y a la relevancia de la Administración local en el conjunto de las actuaciones del Estado desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más importantes para construir una comunidad donde
es esencial el concepto de proximidad y cercanía para la prestación de los servicios. Se limitarán las funciones de prestación de los servicios sociales y de promoción y de reinserción social de los consistorios mayores de 20.000 habitantes a la
mera evaluación e información de las situaciones de necesidad social y a la atención inmediata a las personas en situación de riesgo de exclusión social, desnaturalizando por completo el sistema actual. Además marginará a los ciudadanos que viven
en el medio rural, en los pueblos de menos de 20.000 habitantes en aras de la pretendida mayor rentabilidad. Implicará el cierre de muchos servicios en funcionamiento y despido a trabajadores; 50.000 personas trabajan en los servicios sociales que
prestan las corporaciones locales. Se adivina por tanto ese anhelo privatizador de los servicios sociales que subyace en las actuaciones del Gobierno al mencionarse explícitamente el objetivo de favorecer la iniciativa económica privada evitando
intervenciones administrativas desproporcionadas.
Termino, señor presidente. Ante esta situación que les hemos descrito instamos al Gobierno a adoptar medidas para mantener un sistema público de servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía. Para ello es
imprescindible que reponga los fondos y que se asuma un compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad de los servicios sociales básicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sahuquillo.
Se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. En primer lugar, para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, hablamos hoy de una medida que forma parte de una manera escasa de nuestro Estado del medioestar. Nosotros no tenemos Estado del bienestar. Hemos tenido un Estado del medioestar y en estos momentos corremos el riesgo -como se
dice en este libro, y en el Día del Libro- de caer en el Estado del malestar; Estado del malestar, señorías, en el que en primer lugar incide por supuesto la política puesta en marcha, la política de austeridad frente a la crisis económica. Es esa
política de austeridad frente a la crisis económica la que pretende devaluar salarios y bienestar social para no devaluar la moneda, la que en estos momentos está provocando una situación de hondo malestar. Tenemos un nivel de pobreza que se
acelera de una forma grave, probablemente somos uno de los países de la Unión Europea donde se acelera más. Es una pobreza que además se ensaña en particular con niños, jóvenes y mujeres; nuestra pobreza infantil -lo han denunciado los organismos
internacionales- crece de manera pavorosa. Por otra parte, como si no fuera suficiente, con la pobreza, con el desempleo masivo el Gobierno adopta medidas de una mayor desprotección de los ciudadanos; desprotección ante el infortunio para los más
débiles. En estos momentos nuestro nivel de protección al desempleo ha bajado de manera radical, estamos aproximadamente en un 64 % de protección al desempleo, y de ese porcentaje la mitad es subsidio al desempleo. Eso significa que en nuestro
país hay aproximadamente dos millones de hogares con gravísimas dificultades y 800.000 personas -podemos decirlo ya- en pobreza severa, La gravedad no se les oculta.
Eso se está viendo también en estos momentos en el ámbito de los servicios sociales y en particular en el ámbito municipal. Se ha dicho aquí -no me voy a extender en ello- que se ha incrementado mucho la demanda a los servicios sociales
municipales, que en estos momentos se ven desbordados. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno además de esta política de austeridad suicida? La respuesta del Gobierno ha sido la tala, la tala del escaso Estado del medioestar que tenemos. Aunque
el Gobierno ha dicho que los Presupuestos Generales del Estado son los más sociales de la democracia, no ha dejado de ser una burla, porque finalmente el Gobierno ha abordado una política de recorte drástico de las políticas de dependencia y por
otra parte prácticamente vamos camino de supresión del plan concertado. Además, es
un plan concertado que se argumenta desde el Gobierno que no tiene sentido porque sería una competencia autonómica y el Gobierno central no debe financiarla. Nosotros no estamos de acuerdo, igual que tampoco lo estamos en cuanto al
planteamiento del Gobierno: una sola administración, una competencia. Las competencias son en muchos casos concurrentes y en el caso de los servicios sociales se ha ido construyendo un sistema de servicios sociales dentro del cual los servicios
sociales básicos están fundamentalmente vinculados al ámbito local. Pues bien, el Gobierno ha adoptado dos medidas que se intentan paliar con esta iniciativa. Primero, ha talado prácticamente el plan concertado, para el que no corrían buenos
tiempos en el periodo de crecimiento y que ahora es casi un tercio de lo que era; ese es el plan concertado. Por otra parte, en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local el Gobierno pretende acabar también con la competencia local en materia
de servicios sociales, en nuestra opinión para acusar a los municipios del despilfarro. Señorías, los municipios no son responsables del despilfarro. Fundamentalmente las políticas sociales en España no son despilfarradoras; muy al contrario, son
políticas sociales cicateras, en particular en el sistema de servicios sociales, en relación con el resto de la Unión Europea. Por eso defendemos esta iniciativa y presentamos una enmienda que pretende sumar, volver al presupuesto de 2011, mantener
el plan concertado y, sobre todo, mantener los servicios básicos de servicios sociales en el ámbito municipal, donde se protege a más de 700.000 personas que pueden quedar al albur y donde existen unos 50.000 empleos precisamente en el ámbito de los
servicios sociales.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de su enmienda, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Agradecemos esta iniciativa del señor Sahuquillo que nos permite debatir en el Pleno el estado de los servicios sociales. No en demasiadas ocasiones discutimos sobre esta política que constituye la última referencia de las políticas
sociales en el conjunto de España y que en tiempos de una crisis tan tremenda como la que estamos viviendo deberían de ser fundamentales para permitir que el Estado español tuviese instrumentos para corregir la pobreza que esta crisis está
provocando. En este sentido, una proposición no de ley que insta a recuperar las cuantías existentes hasta 2011 debe encontrar necesariamente nuestro apoyo.
Me gustaría trasladar a los diputados del Grupo Popular la idea de que es realmente difícil que podamos entender -en un momento en que la cobertura de la protección por desempleo está disminuyendo, que aquellos instrumentos que dotan a las
administraciones más cercanas, a los ciudadanos, que son aquellas que pueden acompañar mejor a las familias que están padeciendo esta crisis- que la respuesta del Gobierno sea el recorte del plan concertado y una propuesta de modificación de la Ley
de Bases del Régimen Local que va a dejar más desprotegidos a esos ciudadanos. No tiene ningún sentido. Si además ello viene acompañado por una política en materia de reducción del déficit público que obliga a las comunidades autónomas a aplicar
unos ajustes irracionales, ilógicos, lo único que están provocando con esta política es aumentar la pobreza en España. Hace muy pocos meses la Caixa hacía público un informe sobre las consecuencias sociales de la crisis en Dinamarca, en Francia, en
el Reino Unido y en España. Afirmaban los expertos contratados por la Caixa para hacer este informe, que eran de la Universidad de Navarra, que de estos países aquel en el que el número de pobres severos está aumentando con mayor intensidad es el
Estado español. Con esta crisis donde el sistema público tiene menos capacidad de corregir la pobreza es en España. Eso tiene que ver no tan solo con algunas de las medidas que ustedes han tomado -esas a las que hacíamos referencia- sino además
con un modelo del Estado del bienestar que no está orientado de manera adecuada a la protección del riesgo de la pobreza entre las familias con hijos o entre aquellas personas solas con hijos a cargo. Quienes están recibiendo un mayor castigo en
esta crisis son precisamente estas familias. Ese aumento de la pobreza en España lo que pone también de manifiesto son algunas de las debilidades estructurales existentes en el Estado del bienestar que hemos desarrollado en estos treinta y cinco
años en España. Señorías, esta crisis a lo que debería haber obligado es a reformular el Estado del bienestar para orientarlo de verdad a esas consecuencias de incremento de la pobreza en familias con hijos pequeños a cargo o personas solas con
hijos a cargo.
Además, y visto desde una perspectiva estrictamente catalana, hace cuestión de unos días el Gobierno de Cataluña hacía público un gráfico muy brutal sobre las consecuencias de este ajuste en las políticas
sociales de Cataluña. Entre 2011 y 2013 las transferencias del Estado en políticas sociales en Cataluña han disminuido en un 92 %. En el caso de la cuestión que hoy el Grupo Socialista trae a debate, el plan concertado -como ven aquí-, la
disminución entre 2011 y 2013 ha sido de un 68,31 %, de cerca de 13 millones a 3,90 millones de euros en Cataluña. No es tan solo el plan concertado; es el Plan de intervención social del pueblo gitano, que disminuye en un 61 %; el nivel acordado
de la dependencia, que disminuye en un cien por cien; el Fondo de acogida de la inmigración, que se reduce en un cien por cien; y la asistencia integral a mujeres y víctimas de violencia, que disminuye cerca de un 20 %. La política presupuestaria
que ustedes están aplicando es esta. En tiempos de la crisis económica más tremenda que estamos viviendo, están provocando el aumento de la pobreza. Necesariamente mi grupo va a votar favorablemente el texto propiciado por el Grupo Socialista,
esperando que la enmienda que hemos planteado, que pretende reconocer el calendario que se necesita en las autonomías para alcanzar los objetivos de déficit público, se pueda incorporar al mismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Señorías, efectivamente el plan concertado cumple en 2013 veinticinco años y seguramente nunca como ahora, o no más al menos que ahora, es una herramienta de emergencia para atender prestaciones básicas de servicios sociales. Es el soporte
fundamental de la atención más urgente que los ayuntamientos están prestando a los sectores más precarios de nuestra sociedad, en definitiva a los sectores más débiles y más golpeados por esta crisis. Pues bien, este 25.º aniversario ha decidido
celebrarlo -entiéndase el entrecomillado en la celebración- el Gobierno suprimiendo la parte de esta carga que el Ejecutivo central venía asumiendo. Es una carga, por cierto, cada vez menos realista con las necesidades, porque en las cuentas
rubricadas por el Grupo Popular han venido reduciendo la prestación en estos dos últimos años en más de 60 % -ya se ha citado aquí por algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-, cuando la solicitud de las prestaciones, por el
contrario, ha crecido en el mismo periodo de tiempo en más de un 200 %. No parece razonable y, desde luego, mucho menos justo. Además si contextualizamos esta circunstancia y esta situación, no solo no es justo sino que es socialmente lacerante.
Señorías, ayer mismo Bruselas ha recordado que las cuentas del Gobierno no cumplen con el déficit pactado; no lo cumplen a pesar de que el Gobierno del Partido Popular ha tomado la decisión política de cargar el esfuerzo de la crisis en la parte
más débil de la sociedad con medidas y decisiones como estas. Claro que hay margen para los recortes, pero no en esta parte, no en prestaciones de estas características.
Hoy la proposición no de ley del Grupo Socialista les pide, señores del Grupo Popular, volver a la financiación de 2011 para el plan concertado, a aquellos 87 millones de euros con los que el Gobierno compartía con comunidades autónomas y
ayuntamientos la carga de la atención a esas prestaciones básicas. Seguramente no es suficiente, pero francamente -este es el argumento- es urgente. Votaremos por supuesto a favor -más allá de las transacciones que se han anunciado entendemos que
se respeta el espíritu de lo que la proposición no de ley marcaba-, y, como digo, nos parece razonable que el Grupo Popular esté en la misma posición.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Plan concertado de prestaciones básicas nació para cambiar un modelo de caridad y beneficencia que existía en este país por un sistema con el que no solo iba a hacer una prevención en materia social sino que se iba a preocupar
por los derechos de los ciudadanos y, sobre todo, por la dignidad de las personas. Se cambiaba, como digo, un modelo de beneficencia y caridad por un modelo de prevención social. Hoy el Grupo Socialista trae esta proposición no de ley, pero el
Gobierno socialista en su última etapa inició el camino de su desaparición con esa reducción del 10 % cuando ya estábamos en crisis económica. En este momento el Grupo Popular va a provocar prácticamente la extinción del Plan de prestaciones
básicas de servicios sociales. Se lo dice una persona que ha sido alcaldesa. A las
personas hay que ponerles rostro. Detrás de esto hay miles de personas en el peor momento de su vida. Estos planes sirven no solo para ayudar a los que más lo necesitan sino a los que les ayudan, como son las ONG, y además para mantener un
empleo muy importante que va a desaparecer en el área social. En Canarias, donde tenemos un 33 % de paro, donde el 20 % de las pensiones son no contributivas, donde tenemos el mayor número de familias monoparentales y el mayor número de niños en
índice de pobreza, dejar de recibir determinadas prestaciones y servicios sociales va a afectar a más de 300.000 personas y a 2.000 puestos de trabajos en el área social. Por eso apoyamos esta proposición no de ley. Creemos que se debe
reconsiderar, porque si hay un momento en la historia de este país, en la historia de las personas que tienen rostro de pobreza en este país -donde no solo no debería desaparecer sino que debería aumentar este plan-, el momento es hoy. Por eso
vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señora Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, parece que el PP no piensa poner el freno en este afán que tiene de privatizar los servicios sociales. Señorías, la privatización, aparte de favorecer los bolsillos de los de siempre, no garantiza ni la eficacia ni la cobertura
suficiente de los servicios sociales más básicos. Es verdad que en Euskal Herria, gracias al régimen fiscal especial que tenemos, puede ser que el plan concertado no nos afecte tan directamente, pero nos preocupa sobremanera pensar todo lo que
puede estar detrás de tanto suprimir a los ayuntamientos y a las entidades locales. Creemos que más grave que la desaparición o derogar las ayudas para el plan concertado es la intención del Grupo Popular de suprimir completamente los
ayuntamientos, de suprimir las competencias municipales. No sabemos cuánto dinero pretende ahorrar el Gobierno con esta medida, pero seguramente será menos de lo que algunos se han llevado en sobres. Si queremos que las necesidades sociales de la
ciudadanía se cumplan, tendremos que dotar de ayuda económica suficiente a las instituciones que más cerca están de la gente y que mejor que nadie conocen las necesidades de los ciudadanos. Señorías, hay que proteger a las entidades locales para
que puedan ofrecer servicios sociales de calidad. Así que exigimos que el Gobierno retome y reponga el plan concertado y busque la fórmula para que cada municipio, concejo, mancomunidad o, a fin de cuentas, cada entidad local, sea de donde sea,
pueda atender las necesidades básicas de sus vecinos y vecinas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, desde el escaño, quiero afirmar el apoyo de mi grupo a esta propuesta del Grupo Socialista, como no podía ser de otra manera, vista la intencionalidad y la situación que muchos ayuntamientos y, en consecuencia, muchísimos
ciudadanos están padeciendo en esta época de crisis en la que los más necesitados cada vez necesitan más. Es el momento en que las instituciones tienen que mostrar su verdadero apoyo. Por nuestro régimen especial en Euskadi esta medida no nos
afecta, pero creemos que es un paso solidario el que hay que dar porque en otros lugares lo están pasando mal. En nuestro caso, ya que por las competencias que tenemos y por la Ley de servicios sociales de Euskadi nosotros nos organizamos
internamente entre diputaciones, ayuntamientos y Gobierno vasco a la hora de distribuir estas ayudas o parecidas, por ahora esto no nos afecta. Como digo, es un planteamiento solidario con aquellos que les afecta y lo están padeciendo. Es hora de
que el Gobierno del Partido Popular muestre la cara más solidaria y más social en vez de dedicarse a otras cuestiones cuando el país, el Estado, está pasándolo tan mal y las personas más vulnerables son las más necesitadas. Por lo tanto, nuestro
apoyo, en nombre de mi grupo, a esta proposición del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
También intervendré brevemente. Compartimos la crítica de fondo de esta proposición. Consideramos que no es aceptable que la crisis repercuta sobre los más necesitados, precisamente más en una situación de crisis, que es lo que ha ocurrido
con el recorte y práctica desaparición de este plan. Compartimos también la idea de que los ayuntamientos o las instituciones adecuadas precisamente para los servicios públicos, por razones de conocimiento, proximidad, cercanía, eficacia y
eficiencia -aprovecharé, como es natural, para hablar de nuestro libro en este día-, siempre que los ayuntamientos sean viables, tengan el tamaño adecuado para hacer de agentes activos y no meramente receptores de dinero que se distribuye a veces
con una gran opacidad y con poca eficacia. A este respecto también es interesante hacer una reflexión, a la que invito al Grupo Socialista y a los demás proponentes. Estos días se ha estado hablando de que hay nada menos que doce comunidades
autónomas que no dan cuenta de qué uso han dado a los fondos que han recibido para políticas de dependencia. Este es un ejemplo de que quizás el poquísimo dinero que se invierte en políticas sociales activas se pierde en gran parte por los
sumideros de las administraciones. Lo primero que habría que hacer -aparte de decir que lo apoyamos y que vamos a votar a favor de mantener este plan y estas inversiones- es exigir mayor eficiencia, mayor transparencia y mayor dación de cuentas de
todos los que intervienen. En este caso quizá no sean los ayuntamientos los más llamados a rendir cuentas al respecto sino algunas comunidades autónomas. No se trata solo de gastar más dinero sino, sobre todo, de hacerlo con mayor eficiencia. En
cualquier caso, haya o no enmiendas transaccionales a este asunto, nos parece que la cuestión de fondo es clarísima y nuestro grupo va a votar a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar la posición de mi grupo en cuanto a la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista sobre el mantenimiento del plan concertado. En los Presupuestos Generales del Estado de
2013, efectivamente, como se ha dicho aquí, existe dotación de crédito destinado a la financiación del plan concertado, de modo que desde el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se continúa financiando este programa social a pesar de las
enormes dificultades presupuestarias que atravesamos. Por tanto, la intención del Gobierno es mantener la financiación y cooperación estatal a través de este programa social que permite continuar con el compromiso adquirido por las administraciones
públicas en este ámbito de cooperación, y que se ha visto cumplido en el presente ejercicio al consignarse en los presupuestos una dotación económica de 27 millones de euros. El plan concertado es un programa de colaboración técnica y financiera
entre las administraciones estatal y autonómica y a través de esta con la local. Efectivamente, como se decía aquí, este programa se inició allá por 1988. En un principio la aportación del Estado era muy significativa en términos reales y
porcentuales, dado que en ese momento se estaba construyendo el actual sistema público de servicios sociales en España. Según se ha ido consolidando el sistema la aportación estatal ha ido disminuyendo progresivamente. Esto no es nuevo, no es de
ahora; desde hace años se ha ido disminuyendo esa aportación. De hecho, en el año 2011, gobernando el Partido Socialista, se recortó la partida de forma significativa. La aportación sustancial de estos últimos años al plan concertado la hacen las
comunidades autónomas en una media de un 34 % y fundamentalmente las corporaciones locales, con un 56 % del total de la aportación. Por tanto, lo que está haciendo el Estado para compensar y, sobre todo, para ayudar a que las comunidades autónomas
y las corporaciones locales puedan seguir manteniendo sus prestaciones, especialmente en materia de servicios sociales, es apoyarles con medidas tan importantes como el Plan de pago a proveedores, que ha significado 27.000 millones de euros que han
llegado a comunidades autónomas y a ayuntamientos, o el Fondo de liquidez autonómico al que se han adherido nueve autonomías con 18.000 millones de euros. En definitiva, el objetivo de estas medidas es ayudar a las administraciones territoriales a
su saneamiento, a su financiación, y ello sin ninguna duda repercute en que puedan prestar mejor sus servicios sociales, que es donde fundamentalmente se están haciendo todos los esfuerzos. Son las comunidades autónomas las que en esta línea deben
ir asumiendo su responsabilidad.
Señorías, la realidad es muy dura, es verdad. Ciertamente el aumento del paro ha disparado el número de familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. En España, cuando el Partido Popular asumió la tarea del Gobierno, vivían 9
millones de personas por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de pobreza se fue disparando según iban sucediéndose los años (2008, 2009, 2010). Entonces el Partido
Socialista en el Gobierno no decía nada, se callaba. Hacia todo lo contrario, generar más déficit, generar más deuda. El déficit y la deuda son los peores enemigos de los servicios públicos, son los peores enemigos de nuestros servicios
sociales. Por eso con el Gobierno del Partido Popular el Estado del bienestar no solo no retrocede sino que además se consolida, porque es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular. Un 63 % de los presupuestos se destina a gasto social y
los créditos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se están incrementando en un 41 % más que el año pasado.
Señorías, se están poniendo en marcha medidas muy importantes. La reforma local que se quiere llevar adelante, la reforma de la Administración local persigue acabar con las duplicidades y eso, sin ninguna duda, es bueno para el ciudadano y
sobre todo para mejorar la gestión de nuestros servicios públicos. Les pido, si me lo permiten, seriedad y responsabilidad, sobre todo seriedad con las personas que lo están pasando peor en este país. No las utilicen como arma electoral arrojadiza
contra el Gobierno del Partido Popular. Vamos a votar en contra porque esta iniciativa no trae nada nuevo, no aporta nada nuevo a nuestro modelo o al modelo que queremos de servicios sociales para nuestro país; solamente pretende crear alarma
social, que es en lo que ustedes se han instalado desde la oposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Romero.
Señor Sahuquillo, ¿acepta o no acepta las enmiendas presentadas?
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Sí, presidente. Haremos una enmienda transaccional. Nos parecen bien las enmiendas que nos han planteado tanto CiU como Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Una transaccional, ¿no?
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Sí, señor presidente.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA INCONSISTENCIA DE LA POLÍTICA FISCAL DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000076).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, corresponde debatir la del Grupo Parlamentario Socialista sobre la inconsistencia de la política fiscal del Gobierno. Para su
defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez-Piñero.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, ayer conocimos dos informaciones que constatan el enorme fracaso de la política económica del Gobierno. Hemos cerrado el año 2012 con más paro, con más recesión, con más déficit y con más deuda pública, un fracaso rotundo de la
política económica del Partido Popular. Y ahora el Gobierno admite que este año las previsiones van a ser el triple de peores de lo que se había previsto. Fíjense, cuando llegaron al Gobierno dijeron que iban a cumplir un objetivo de déficit del
4,4 %, después se flexibilizó el déficit hasta un 6,3 %, y ayer conocimos que ha llegado al 10,6 %. Su único objetivo era reducir el déficit y han acabado con un déficit que, insisto, más que duplica al que prometieron al principio; la verdad, no
se puede hacer peor. Los resultados de sus políticas son una enmienda a la totalidad de las mismas y cuando presentaron los presupuestos de este año les advertimos que estaban haciendo trampas en el solitario, que su previsión de ingresos era
increíble, que nadie se creía que la economía iba a contraerse solo cinco décimas; el consenso de analistas y organismos internacionales estaba en torno al 1,5 % de contracción de la economía. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la
Presidencia). El próximo viernes hay Consejo de Ministros y ustedes reconocerán, con las nuevas estimaciones, su absoluto fracaso. Por cierto, los españoles nos hemos tenido que enterar de esas previsiones porque el ministro De Guindos concedió
una entrevista a un medio norteamericano cuando estaba en Estados Unidos. Nos parece que no es la forma en que los españoles nos enteremos de cuáles son las previsiones del Gobierno y cómo les va a ir a los españoles este año. (Aplausos).
Los presupuestos de este año son papel mojado. Fíjense, para cuadrar las cifras faltan 24.000 millones de euros: 7.000 millones de euros por el desfase del déficit del año 2012 y 17.000 millones de euros consecuencia de la mayor
contracción de la economía. Los españoles no podemos seguir soportando más recortes, tienen que rectificar inmediatamente su política económica. Es la hora de repartir mejor los
costes de salida de la crisis, a través de una reforma fiscal ambiciosa que aumente las bases impositivas sin subir los impuestos ni a los trabajadores ni a las rentas bajas ni a las clases medias. Es la hora de una reforma fiscal profunda,
que se base en los principios de progresividad; de capacidad económica -cada uno debe pagar en función de su capacidad económica y no de su capacidad de eludir el pago de los impuestos-; de suficiencia de los recursos para financiar el impulso y
las políticas de crecimiento que necesita este país y, desde luego, para financiar la cohesión social que necesitamos. Y por último, necesitamos una reforma fiscal que sea convergente con los países de la Unión Europea. España no puede tener un
sistema tributario equivalente al de los antiguos países de la Europa del Este que acaban de entrar en la Unión Europea y están empezando a tener un sistema fiscal. Si aspiramos a tener los servicios públicos y las infraestructuras tecnológicas,
científicas y de transporte de países como Dinamarca, no podemos tener los impuestos de Bulgaria.
Hemos presentado al Parlamento para su votación y su consideración esta moción que se basa en diez principios básicos. En primer lugar, luchar decididamente contra el fraude y la elusión fiscal, tanto en el ámbito de la Unión Europea como
en el ámbito nacional. Desde esa perspectiva, en el ámbito europeo planteamos solicitar que se les revoque la licencia a aquellas entidades financieras que favorezcan activamente el fraude fiscal o que se nieguen a colaborar con las autoridades
tributarias. Asimismo, demandar a los Estados miembros que no eliminen de su legislación nacional los obstáculos que dificultan la cooperación y los intercambios de información fiscal. Por último, acordar una base imponible consolidada con el
impuesto sobre sociedades y que armonice también los tipos impositivos. A nivel nacional y siguiendo con el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal, queremos incrementar sustancialmente los recursos de la Agencia Tributaria, puesto que tiene
muchos menos recursos que la media de la Unión Europea. Necesitamos dotarla de las medidas normativas necesarias para evitar que la ingeniería fiscal de los grandes despachos de este país y de las grandes sociedades permita evadir y eludir el pago
de los impuestos. También planteamos algo que nos parece de vital importancia, que es reforzar la independencia de la Agencia Tributaria, hacer depender el nombramiento del director de este Parlamento por un período de tiempo de seis años, que así
trascienda el de una legislatura, y priorizar la especialización de los efectivos en la investigación y la lucha contra el fraude fiscal.
En segundo lugar, necesitamos un sistema tributario que, de verdad, persiga la capacidad de pago de las personas y de las sociedades, para que cada uno contribuya de acuerdo con lo que de verdad tiene. Ese objetivo lo planteamos con una
nueva figura tributaria, que no es algo que ahora no exista, es algo que está funcionando y está en vigor en Holanda, uno de los países más avanzados desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista tributario. Planteamos una
tributación única del patrimonio y de la renta; se trata de valorar el patrimonio por lo que es, ya sea mobiliario o inmobiliario, independientemente de dónde esté invertido el capital, y aplicar el tipo impositivo de la escala que corresponde
ahora mismo en el actual impuesto sobre la renta a esa rentabilidad que proporciona ese patrimonio. En definitiva, que paguen los que de verdad tienen capacidad de pago sin eludirlo por instrumentos fiscales complejos. También planteamos algo que
nos parece de vital importancia: no es razonable que a igualdad de ingresos pague más es el que obtiene esos ingresos como contraprestación a un trabajo que aquellos que obtienen esos ingresos como una plusvalía por la rentabilidad de un capital.
Por tanto, lo que planteamos es equiparar la tributación de las rentas del capital y de las rentas del trabajo. También nos parece injusto el sistema actual de deducciones fiscales existente en el impuesto sobre la renta, porque no es progresivo,
porque se benefician más los que más tienen. Por tanto, planteamos una revisión en profundidad de todas las deducciones fiscales para limitar o eliminar aquellas sobre las que se demuestre su ineficacia y su regresividad, exactamente lo mismo que
planteamos en el impuesto de sociedades. No puede ser que en el impuesto de sociedades paguen más las pequeñas y medianas empresas que las grandes empresas porque no pueden beneficiarse de ese complejo sistema de deducciones fiscales. El 95 % del
tejido empresarial español son pequeñas empresas. Creemos que no es justo, ni eficiente, ni estimula la capacidad de creación de empleo de este país el actual sistema fiscal.
Queremos potenciar el ahorro, que el ahorro a medio y largo plazo tenga la fiscalidad adecuada. Por eso planteamos una cuenta de ahorro para que cada ciudadano decida en qué producto quiere invertir y sea el carácter finalista el que
determine el beneficiarse de las ventajas fiscales. Estamos pensando en una cuenta de ahorro similar a la que existe en Canadá y que debería primar no solo las pensiones, sino también la educación, tanto la nuestra como la de nuestros hijos.
También planteamos que mientras se hace esa reforma en profundidad que requiere el impuesto de sociedades se establezca una tributación mínima para garantizar su contribución a la capacidad de recaudación.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez-Piñero, tiene que finalizar.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Termino enseguida, presidenta.
En materia del IVA planteamos que hay que revisar la actual cesta de productos. Defendemos un IVA reducido, como el que había antes, para la cultura y planteamos que es necesario un IVA reducido para los productos de higiene personal.
Respecto del sector financiero, pensamos también que las entidades financieras -que son las principales responsables de haber llegado a una situación de sobreendeudamiento como la que estamos padeciendo- deben contribuir más a financiar más
la salida de la crisis, a financiar las políticas de crecimiento y de creación de empleo, y por eso planteamos la creación de dos impuestos, como figura en la moción. Asímismo, planteamos recuperar la imposición sobre sucesiones y donaciones para
que no haya esa competencia entre territorios y fijar un tipo mínimo homogéneo y, finalmente, aproximar nuestra imposición medioambiental a la media europea. Estos son, en esencia, los diez puntos que defendemos en nuestra moción.
Quiero señalar, para terminar, que el Grupo de La Izquierda Plural ha presentado unas enmiendas que hemos transaccionado y hemos repartido a los demás grupos de la Cámara, que es la que planteamos que se someta a votación. Espero de los
grupos que comprendan la necesidad de esta reforma tributaria para que la salida de la crisis sea justa y eficaz, y para que aquellos que no contribuyen, o contribuyen muy poco, lo hagan de acuerdo con su capacidad y nos permitan, como decía,
financiar la salida de la crisis, las políticas de crecimiento y la cohesión social que necesita este país.
Gracias, señorías. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Para una política que cambia o que pretende cambiar un modelo de crecimiento económico tan suicida como el que pretende el Partido Popular, la verdad es que esta política fiscal se ajusta muy bien porque también es suicida. Además, esto es
lo que estamos viendo con los datos empíricos encima de la mesa: un déficit que no deja de incrementarse y que además se corresponde con la necesidad, entre comillas, de salvar al sistema financiero, de salvar, como decíamos en otras ocasiones, a
los acreedores internacionales; un déficit que va con el 10,6 % del producto interior bruto y que sin duda es agravado por los recortes aplicados por el Partido Popular, por el Gobierno de España. Pero es también una cuestión que no solo está
circunscrita a nuestro país; sucede lo mismo, con la misma lógica perversa, en Grecia, en Portugal, en Italia y prácticamente en toda la periferia europea. Una política fiscal que entendemos que hay que cambiar de forma radical yendo a la raíz del
asunto; y esta es la segunda vez en el día de hoy que tenemos oportunidad de hablar sobre estas cuestiones, sobre cómo debe enfocarse el sistema fiscal.
Esta política, al final, hay que evaluarla de acuerdo con los hechos y con los datos, y no de acuerdo con la fe que obviamente profesa, a tenor de las circunstancias actuales, el Partido Popular y el Gobierno, porque esa fe no nos sirve para
nada: no nos sirve para crear empleo, no nos sirve para salir de la crisis. Y lo que vemos en los datos no podría ser más desagradable desde el punto de vista económico: una deuda pública que se eleva prácticamente sin freno como consecuencia de
la política de priorizar el salvamento al sistema financiero, olvidando cualquier política de estímulo, aceptando el marco institucional donde el Banco Central Europeo juega un papel de lobby del sistema financiero alemán particularmente. Con esos
mimbres, la cesta va a salir muy mal; esto es lo que estamos teniendo realmente. Pero además tenemos una serie de implicaciones que aparecen en la moción. Aparecen también en la transaccional que hemos acordado con el grupo proponente.
Simplemente me gustaría destacar algunas. Tantas llamadas a luchar contra los paraísos fiscales y todavía no se ha hecho nada más que elementos de retórica, frases vacías y llamadas igual que a la lucha contra el fraude fiscal, que nunca han
avanzado en la práctica. De hecho, tuvimos oportunidad de denunciar en esta Cámara que España es un paraíso fiscal para el resto de países del mundo. España tiene unos mecanismos fiscales, como son las empresas de tenencia de valores extranjeros,
que permiten que las empresas del resto del mundo puedan pagar muy
pocos impuestos, prácticamente cero impuestos en nuestro país, utilizando nuestra economía como un puente precisamente para no pagar impuestos en sus países de origen. Nosotros estamos permitiendo esto en nuestra propia economía. ¿Cómo se
puede tolerar esta circunstancia? ¿Cómo lo puede tolerar un Gobierno que está diciendo que quiere acabar con el fraude fiscal, que quiere acabar con los mecanismos de elusión fiscal que permiten y que llevan al final, como decía en la anterior
intervención, a que realmente las grandes empresas paguen un tipo efectivo del 10 %? Un tipo efectivo del 10 % sobre los beneficios es un insulto a un sistema fiscal progresivo porque, al final, está demostrando que los que pagamos más impuestos
somos los que no somos grandes fortunas, los que no somos grandes empresas, los que en última instancia no tenemos mecanismos para eludir nuestras responsabilidades fiscales, que son responsabilidades que tendrían que estar claramente fiscalizadas.
Por eso nos sorprende que se diga tanto que se quiere luchar contra el fraude fiscal y al final se pone también una tasa de reposición del 10 %, lo que significa que hay una pérdida de efectivos de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude
fiscal y no se combate de raíz el problema. Nos parece que esto es una maniobra de márquetin, una maniobra de retórica que no combate el problema original. Por eso, suscribimos la filosofía de la moción, suscribimos la transaccional aprobada y
esperamos que el Partido Popular, por la vía de los hechos consumados, se dé cuenta -esperemos que antes de que sea demasiado tarde- de que esta política efectivamente es suicida para esa mayoría de la población de la que se sostiene nuestro país, y
no puede seguir obedeciendo única y exclusivamente a las grandes fortunas y a los grandes lobbies económicos y financieros.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Vamos a pasar al turno de fijación de posición. En primer lugar, señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Compañeros y compañeras de la Cámara, el Grupo de Amaiur expresamos nuestra coincidencia con la filosofía de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y de la enmienda transaccional que ha alcanzado con el Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural. Sin embargo, no podemos votarla a favor porque hay una cuestión de fondo que a nosotros nos preocupa. Estamos de acuerdo con que hay que combatir el fraude fiscal, con que hay que combatir la elusión fiscal,
pero no estamos de acuerdo con la filosofía de fondo que hay detrás de esta moción, que es una concepción unitaria del Estado que se olvida de la realidad, la realidad que la propia Unión Europea ha reconocido. La Unión Europea dice que en el
Estado español hay cinco sistemas fiscales diferentes: la Hacienda española, la Hacienda Foral navarra, la Hacienda Foral guipuzcoana, la Hacienda Foral vizcaína y la Hacienda Foral alavesa. Y esa es una realidad que está ahí. Es una realidad que
hay que poner encima de la mesa y que hay que respetar porque si no, al final no estamos yendo a la raíz. Me ha llamado la atención que en la introducción de su moción se refieran a que hay que repartir mejor los costes de salida de la crisis, y
este es el objetivo de esta moción. Y creo que, precisamente, el objetivo de esta moción no tiene que ser ese. El objetivo de esta moción tiene que ser ir a la raíz del problema de la crisis que existe en el Estado español, que tiene tres aspectos
fundamentales. Uno es la irresponsabilidad fiscal, es decir, hay un fraude sistémico, hay una cultura del fraude a lo largo y ancho de todo el Estado que lleva a esa irresponsabilidad fiscal y que se ha visto legitimada por las medidas que ha ido
tomando el Gobierno del Partido Popular; medidas como la amnistía fiscal, como la desgravación de las pérdidas en el juego, por ejemplo, que es un aberración desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista social, de salud de la sociedad.
Todo este tipo de medidas han ido legitimando esa cultura del fraude y por lo tanto hay que atajarla. Y ahí va, efectivamente, la moción del Partido Socialista en los distintos aspectos, que -insisto- en la filosofía compartimos.
Pero detrás de la crisis también está la concepción del Estado y ahí es donde falla su moción. Es decir, una concepción y organización del Estado que tiene un carácter excesivamente centralista, que niega el carácter plurinacional del
Estado español. Se niega a ir a una de las raíces de la crisis que es la burbuja institucional, que precisamente nace de esa obsesión por anular las ansias soberanas, las ansias de autogobierno de las naciones históricas del Estado español, que
impuso ese café para todos que al final llevó al caos institucional y a una estructura desproporcionada de gasto. Precisamente, detrás de esa moción vemos ese problema. En el fondo subsiste esa cultura del café para todos, de una concepción
unitaria del Estado que niega la realidad.
También hay otro elemento que nos preocupa, que es la centralidad que tiene -y que está en la raíz de la crisis- el sector financiero en la estructura socioeconómica del Estado español; sector basado en la economía especulativa en vez de
estar centrado en la economía productiva. Por eso, también pensamos
que es importante lo que ustedes proponen de abordar esos impuestos en el ámbito del sector financiero, pero es otro de los elementos que está también detrás de la crisis. Por eso, nosotros pensamos que esa política fiscal tiene que ir a
las raíces de la crisis, no solo para paliar simplemente los efectos de la salida de la crisis.
Finalmente, vuelvo al principio de mi intervención. Creo que hay un elemento fundamental que en esta Cámara con demasiada frecuencia está presente, que es dar la espalda a la realidad, la realidad de un Estado plurinacional, la realidad de
que hay naciones en este Estado que queremos ser soberanas y que ejercemos nuestra soberanía, a veces limitada, como es en el caso fiscal en Euskal Herria, que es una soberanía limitada pero reconocida incluso en el ámbito de la Unión Europea. Por
eso, les pedimos tanto al Grupo Popular, como al Grupo Socialista, como al de La Izquierda Plural que en sus mociones, que en sus concepciones respeten ese ámbito, en nuestro caso la soberanía de Euskal Herria. Copien, si quieren, el modelo, que
está demostrándose que es un modelo eficaz; copien, si quieren, el modelo soberano de Euskal Herria pero, desde luego, no nos impongan un modelo fracasado, que es el modelo de Estado que ustedes están implementando y están continuando ahora mismo.
Nosotros pensamos que hay que hacer un esfuerzo para salir de la crisis. Hemos repetido muchas veces en esta tribuna que desde Euskal Herria queremos ser solidarios, que queremos también contribuir a que ustedes salgan de la crisis pero,
insistimos, desde el respeto a nuestra realidad nacional y, si quieren, también desde nuestra aportación para superar los problemas.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo del PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a juicio del Grupo Vasco, es hora ya de revisar en profundidad el sistema tributario. La situación económica, las perspectivas negativas de futuro hacen completamente necesario contar con un sistema tributario que cumpla, al menos
a nuestro juicio, con un triple objetivo. Primero, el de repartir de manera equitativa el coste de la crisis. Lógicamente, deben pagar más aquellos que más tengan. No es de recibo lo que está ocurriendo hoy en día, que la diferencia entre los más
ricos y los pobres está aumentando. A los parados, a las rentas de supervivencia, a los trabajadores con bajos salarios les es suficiente con sobrevivir y mantener a sus familiares, cuyos miembros también están muchas veces en paro. Estas
situaciones, que desde luego son bastante comunes, requieren ayudas por parte de la Administración, es decir, por parte del conjunto de los ciudadanos. La progresividad del sistema tributario se ha de aplicar sin complejos, tanto nominalmente en
las tarifas de los impuestos, como evitando que a través de la ingeniería fiscal se minore o evite el pago de los impuestos. Las rentas del trabajo no deben soportar de manera exclusiva o principal el sistema tributario. Los capitales y sus
rendimientos, así como el patrimonio y otras figuras tributarias, deben también contribuir a ello. En segundo lugar, el sistema tributario ha de permitir financiar un Estado de bienestar mínimo que tanto esfuerzo nos ha costado construir; un
sistema educativo, sanitario y de prestaciones públicas de carácter universal que cubra las necesidades de todos los ciudadanos y que permita o facilite la igualdad de oportunidades entre todos. Para el Grupo Vasco estos elementos de bienestar son
absolutamente básicos; de hecho, son las prioridades que están establecidas en los presupuestos generales del Gobierno vasco, que actualmente están en debate. Y en tercer lugar, el sistema tributario debe ser también un elemento incentivador de la
actividad económica. Hoy mismo hemos tenido la oportunidad de debatir una proposición de ley presentada por Convergència i Unió donde se incorporaban una serie de medidas fiscales para facilitar el emprendizaje, para facilitar a los emprendedores,
a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que impulsen la actividad económica. Tampoco hemos de olvidarnos, evidentemente -y no nos olvidamos porque hoy mismo hemos hablado de ello-, de la lucha contra el fraude fiscal, de la eliminación de los
paraísos fiscales, de la tributación a nivel europeo e internacional, si es posible, de las transacciones financieras de carácter más especulativo y de un largo etcétera.
Estando básicamente conformes con los contenidos de las iniciativas -no voy a entrar en detalles-, nuestro grupo va a abstenerse en la votación, dado que estas competencias en Euskadi, en la Comunidad Autónoma de Euskadi y en la Comunidad
Foral de Navarra, corresponden a las diputaciones forales o a los territorios históricos, y no estrictamente por lo que ha comentado el compañero de Amaiur. Porque el compañero ha dicho que no se han tenido en cuenta estas cuestiones y yo lo que
estaba pensando en todo caso era que ustedes estaban planteando esta iniciativa exclusivamente para la Administración
tributaria del Estado y no para las haciendas forales, con lo cual para mí era como una iniciativa ajena y es ese el motivo por el que nos abstendremos. Sinceramente, nos hubiera gustado votar favorablemente a los puntos primero y décimo,
que son de otra naturaleza -la fiscalidad medioambiental y la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales-, pero dado que hay una transacción con el Grupo de Izquierda Unida y no es posible votar separadamente, votaremos abstención al conjunto de
la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
La interpelación que dio origen a esta moción trataba sobre la inconsistencia de la política fiscal del Partido Popular y es una inconsistencia que Unión Progreso y Democracia ha señalado a menudo en la Cámara. El Partido Popular es un
partido que llegó al Gobierno prometiendo una bajada de impuestos y al poco tiempo aplicó una fuerte subida, que puso en marcha la amnistía fiscal que discutíamos hace unos minutos y que ha planteado medidas improvisadas, como la deducción por
vivienda, que se quita y se pone. Desde luego, compartimos que hay inconsistencia en la política fiscal del Partido Popular, así como que es una política fiscal no solo inconsistente sino también fracasada en sus objetivos. Los datos de ayer y de
hoy lo confirman: un déficit público del 10,6 % del PIB, un incremento de la deuda de 14 puntos; y no solo los resultados en las cuentas públicas, sino también el efecto sobre la actividad económica: una recesión del 1,6, que, por cierto, les
dijimos en el debate presupuestario que era lo que iba a suceder y se hicieron las cuentas públicas sobre esas previsiones equivocadas. Por tanto, política fiscal incoherente y fracasada del Partido Popular, como señalaban en su interpelación.
Pero ahora nos traen una moción basada en esa interpelación con sus nuevas propuestas de política fiscal. Hay que decir que si incoherente es la política fiscal del Partido Popular, no menos incoherente es la del Partido socialista, porque ustedes
estuvieron ocho años en el Gobierno y sus propuestas estrella en ese momento fueron suprimir el impuesto sobre el patrimonio, una deducción de 400 euros en el IRPF generalizada, sin tener en cuenta la renta del contribuyente, la libre amortización
para las empresas en el impuesto sobre sociedades o el mantenimiento de la tributación privilegiada de las rentas del capital en el IRPF. Ahora nos traen una moción que va en una línea completamente diferente de lo que hicieron durante sus años de
Gobierno; parece que solo recuperan la lucidez cuando están en la oposición. Desde luego, poco tiene que ver lo que aquí plantean con lo que ustedes realizaron cuando estaban en condiciones de hacerlo.
Es difícil valorar en unos minutos la cantidad de medidas que incluyen. Supongo que habrá tiempo de debatirlos en la Cámara con más calma, pero haciendo una primera valoración hay una serie de medidas que desde luego compartimos, las vemos
con buenos ojos, con tan buenos ojos las vemos que las hemos defendido, algunas están en nuestro programa electoral y otras en propuestas que hemos defendido o registrado en la Cámara; por ejemplo, revisar las deducciones en los diferentes
impuestos, revisar la estimación objetiva y homogeneizar el impuesto sobre sucesiones entre comunidades autónomas. Llamo la atención sobre esta propuesta porque es toda una novedad frente a lo que han defendido hasta hace pocos días aquí:
homogeneizar el impuesto sobre sucesiones entre comunidades autónomas. No quiero recordar las reacciones que suelen tener ustedes cuando proponemos nosotros cosas parecidas. Incluso el modelo holandés, que no tiene sentido entrar en un debate
sobre su primogenitura porque desde luego esas ideas no se les ocurrieron a ustedes ni a nosotros, sino a los holandeses en primer lugar, pero en cualquier caso nos parece una buena idea la integración de renta y patrimonio.
Pero junto a estas coincidencias hay diferencias importantes que evidentemente mantenemos. Para nosotros desde luego no solo hay un problema de falta de ingresos, que también, sino de necesidad de reformas por el lado del gasto público
importantes, de austeridad y de recorte del gasto superfluo. No compartimos la filosofía de que solo hay un problema de falta de ingresos, hay un problema de falta de ingresos y un problema de necesidad de reformar la composición del gasto. Y hay
propuestas impositivas, como los impuestos sobre los depósitos de la banca, que sería más bien un impuesto sobre los depositantes que tienen dinero en la banca, que tampoco compartimos, ya que creemos que es mejor un recargo en el impuesto sobre
sociedades que pagan las entidades financieras.
En resumen, son muchas medidas, señorías, pero programa por programa nosotros seguimos prefiriendo el nuestro, aunque desde luego con sus nuevas ideas hay cosas que compartimos. Por eso, nuestra posición global va a ser de abstención en la
votación. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.
Difícilmente se puede estar en desacuerdo con los principios descritos en la moción que ha formulado el Grupo Parlamentario Socialista, que nos habla de los principios de progresividad, capacidad y suficiencia económica. Señorías,
convenimos en la necesidad de iniciar un proceso de revisión del marco fiscal por varios motivos; entre otros, desde la moderación fiscal es el momento de ganar en equidad y progresividad, que significa que aquellos contribuyentes que no tributan
suficientemente de acuerdo con su capacidad económica lo hagan. Pero la revisión de la política fiscal también debe perseguir el impulso del crecimiento económico, el impulso de la inversión, de la reinversión y la creación de empleo. Estamos
convencidos de que además la lucha contra el fraude y la mejora de la seguridad jurídica del ciudadano frente a la Administración tributaria deben ser objetivos de esta reforma. Si queremos entrar en un proceso de revisión general del marco fiscal,
adelante, hagámoslo, nuestro sistema tributario debe someterse a un estudio profundo y decidido.
Entremos en las propuestas que nos formula la moción. Quiero hacer algunas observaciones. Podemos compartir muchas de ellas, por ejemplo la mejora de la neutralidad de la tributación de los rendimientos de las actividades económicas,
reduciendo las discriminaciones existentes según la forma jurídica con la que se ejerza la actividad; aproximar la tributación de las rentas del trabajo y del capital, especialmente cuando estas últimas se hayan generado a corto plazo; la revisión
del régimen de estimación objetiva. Todos conocemos en este sentido las recomendaciones de la Unión Europea que, más que impelernos a una revisión, nos pone de manifiesto la obsolescencia de los motivos que justificaron la creación del régimen en
su momento. Tras la reciente modificación de tipos impositivos y la ordenación de la tributación de determinados bienes y servicios por el impuesto sobre el valor añadido, con fuertes implicaciones en sectores económicos como, por ejemplo, el de la
cultura o el de las flores entre otros, únicamente por motivos recaudatorios, quiero recordar, estas modificaciones no las compartimos. Como no puede ser otro modo, compartimos el necesario impulso de las tasas de las transacciones financieras,
actualmente en proceso de aprobación en la Unión Europea vía cooperación reforzada en el que España está colaborando. En este sentido, debemos reclamar un papel más decidido por parte del Estado en la defensa y aprobación final de este impuesto a
nivel europeo. No compartimos otras propuestas. Por ejemplo, esperamos que con la propuesta de eliminar la mayor parte de las deducciones fiscales no se pretenda la eliminación de la deducción por actividades de investigación, desarrollo e
innovación, entre otras, como ya se intentó en el pasado. Los hechos han puesto de manifiesto la precipitación con la que se pretendió reformar el sistema de deducciones; no lo compartimos.
Un tema de fondo. El texto no contempla que las comunidades autónomas de régimen común ostentan competencias normativas en relación con distintas figuras tributarias como, por ejemplo, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre la
renta de las personas físicas, el de sucesiones y donaciones, entre otras, tributos cedidos o impuestos de las comunidades autónomas que obtienen parte de recaudación de los tributos estatales, en ambos casos con competencias normativas. En este
sentido, su moción promueve tipos mínimos homogéneos, modificación de tarifas, aspectos que afectan a las competencias que ostentan, como decía, las comunidades autónomas y que deberían ser tomadas en cuenta en un proceso de revisión.
Singularmente, quisiera hacer un pequeño comentario en relación con el punto 8 de la moción sobre la contribución del sector financiero a la sostenibilidad de las cuentas públicas. No puedo dejar de referirme a la creación por parte de algunas
comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, como también lo ha hecho el Estado, tipo cero, del impuesto sobre los depósitos bancarios a las entidades de crédito.
En resumen, quería acabar como he empezado. Recuerden: equidad, progresividad e impulso del crecimiento económico y creación de empleo. Podemos compartir algunas de las medidas, como lo he podido describir, pero no observamos que de la
literalidad de la iniciativa se desprenda el objetivo de abordar la fiscalidad como herramienta al servicio del crecimiento económico y del estímulo de la inversión y la creación del empleo. Sin lugar a dudas, el afán meramente recaudatorio y la
voracidad fiscal que suponen las políticas fiscales adoptadas por el Gobierno no sirven para la consecución de estos objetivos. Por todo ello, mi grupo parlamentario se abstendrá en la votación del texto transaccionado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero empezar mi intervención poniendo de manifiesto la llamativa incoherencia del Partido Socialista. El Partido Socialista hace una cosa cuando está en la oposición o dice que va a hacer una cosa cuando está en la oposición y
cuando gobierna hace radicalmente la contraria. Cuando está en la oposición viene a esta Cámara, presenta una interpelación urgente en la que en resumen viene a decir que los problemas de España no se derivan del gasto excesivo, sino de la
insuficiencia de los ingresos y, por tanto, considera urgente proponer una reforma tributaria. Como consecuencia de esa interpelación urgente presenta una moción en la que se contienen una serie de medidas que, a su juicio, van a conseguir elevar
la presión fiscal y, además, repartir mejor el coste de la salida de la crisis.
¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista cuando ha estado en el Gobierno? El Gobierno socialista ha hecho todo lo contrario. En primer lugar, lo que hizo el Gobierno socialista fue permitir una caída excepcional en la recaudación. Se
perdieron recaudaciones en el periodo 2008 a 2011 de ingresos tributarios por importe de 60.000 millones de euros, un porcentaje superior al 6 % del producto interno bruto español. ¿Cuál fue el origen de esta falta de ingresos? ¿Qué era lo que
ocurría? ¿Por qué los ingresos tributarios bajaron en esta cantidad del 6 % del PIB? Pues bajaron por una situación anómala en el impuesto sobre sociedades. ¿Qué tipo de contribuyente era el que estaba ingresando poco, por lo cual se recaudaba
con tan baja cuantía? Eran los grandes contribuyentes. No me voy a detener, porque ya lo ha explicado el señor Garzón perfectamente, pero los grandes contribuyentes, las grandes corporaciones, aquellos que tienen un volumen de operaciones más
elevado y que en principio tienen mayor capacidad económica, estaban realizando ingresos a las arcas públicas por un importe inferior a lo que lo hacían las empresas de menor tamaño, los autónomos, las pymes, las rentas del trabajo y del ahorro.
Por eso, el año 2012 ha resultado muy duro.
Les digo una cosa, señores del Grupo Parlamentario Socialista, con la presentación de esta moción ponen ustedes el foco en sus propios errores. Se ha hablado mucho de una política de gasto, se ha llegado a decir que ha habido despilfarro en
el gasto, pero no se ha puesto de manifiesto que también han hecho una política de insuficiencia manifiesta en los ingresos tributarios, que es muchísimo peor, a mi juicio. Por tanto, el año 2012 ha sido muy duro, sí, porque ha habido que lograr
reducir el déficit público y también ha habido que garantizar en término recaudatorios la financiación de los servicios públicos. Se han cumplido las previsiones recaudatorias hechas por el Gobierno de España en 2012 por primera vez después de
muchos años de desviaciones importantes. Además se ha incrementado la recaudación en 2012 respecto a 2011 en un 4,2 %, y se ha hecho con equidad, se ha repartido mejor la carga tributaria, porque se ha incrementado más el gravamen en el impuesto
sobre sociedades que en renta más IVA conjuntamente. Además, el 80 % del gravamen correspondiente al IRPF lo ha financiado el 20 % de las rentas más altas. ¿Cómo se ha logrado este incremento de la recaudación? Se ha logrado con medidas
temporales, pero también con medidas permanentes de lucha contra el fraude. No voy a referirme a todas ellas, pero sí se ha impuesto una obligación muy importante, que es la de declarar los bienes, valores que se tienen en el extranjero. Porque se
puede venir aquí a hablar de la fiscalidad internacional, de que hay que declarar la renta mundial y eliminar los paraísos fiscales, pero si la Administración tributaria no posee singularizadamente cuáles son los bienes que tiene cada obligado
tributario en el extranjero, no lo puede ejecutar. Por tanto, con esto doy respuesta a la mayor eficiencia de la utilización de los medios de la Agencia Tributaria. Además, se han declarado imprescriptibles los bienes ocultos. Ya no podrá
aparecer un bien y no tributar por él, porque se corresponde con un periodo prescrito. Vamos a los resultados. Los resultados recaudatorios de la lucha contra el fraude en 2012 han sido un 10 % superiores a los ocurrido en 2011. Pero no todo han
sido medidas recaudatorias. El Gobierno de España también tiene un plan de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento. Vamos a cumplir nuestra promesa electoral, a partir del 1 de enero de 2014, de que pequeñas, medianas empresas y
autónomos puedan presentar el IVA con el criterio de caja.
En definitiva, tenemos que decir no a la moción presentada, pero no porque no estemos de acuerdo en los principios generales, que por supuesto lo estamos y con todo lo que se refiere a la lucha contra el fraude, a la planificación fiscal
internacional y a la planificación fiscal agresiva. En todas esas cuestiones de manual estamos de acuerdo, pero en las medidas concretas que proponen no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo porque manifiestan de nuevo su
incoherencia. Por ejemplo, respecto a las dos medidas estrella principales que proponen, ampliar, robustecer el impuesto sobre el patrimonio, pero si ustedes fueron los que lo suprimieron. Proponen igualar la tributación de las rentas del capital
con las provenientes del trabajo, pero si fue la reforma de 2006, siendo ministro el señor Solbes, la
que eliminó la tributación de las plusvalías a corto plazo, que tributaban al tipo marginal en el IRPF y la bajaron a tributar a las rentas de ahorro, plusvalías meramente especulativas. Luego con las medidas concretas no podemos estar de
acuerdo. Con la filosofía, los términos generales, los principios, la progresividad, la equidad, por supuesto que estamos de acuerdo, y así lo hemos demostrado con las medidas que hemos adoptado de lucha contra el fraude. En definitiva, no creemos
que el problema de España se resuelva simplemente incrementando los ingresos tributarios. Cuando hay problemas no se trata de volver a meter la mano en el bolsillo del contribuyente. El bolsillo del contribuyente no es un pozo sin fondo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Asian, tiene que terminar.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Hay que mejorar también la eficiencia en el gasto público. Además, hay que introducir medidas de impulso al crecimiento económico y a la creación de empleo sin poner en peligro la sostenibilidad de las cuentas
públicas. Les voy a hacer una invitación que considero importante. Ya se la hizo el ministro en la presentación de la interpelación...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Asian, finalice.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Finalizo.
Busquemos la coincidencia. ¿Cuál es la cantidad que esta Cámara considera deseable como objetivo de déficit para el próximo trienio? La coincidencia en lo esencial nos permitirá reforzar nuestra fiabilidad ante las instituciones europeas,
mejorar la seguridad de los ciudadanos y, sobre todo, salir antes de la crisis para evitar tanto dolor como estamos produciendo en todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Asian.
Señora Rodríguez-Piñero, deduzco de sus palabras que han transaccionado con la enmienda del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Perdone, ¿puede repetir? Disculpe.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Nada. Estaba usted hablando con una persona muy importante. (La señora Rodríguez-Piñero Fernández: Disculpe).
Deduzco de sus palabras que ha presentado usted una enmienda transaccional con la del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y que la ha distribuido entre los diferentes grupos. ¿Lo ha hecho usted llegar a la Mesa?
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Así es, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): De acuerdo.
Gracias, señora Rodríguez-Piñero.
La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Gracias y disculpe otra vez.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Nada, por Dios.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE INTENCIONES Y PLANES DEL GOBIERNO PARA LA EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA Y VASCA. (Número de expediente 173/000077).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente moción del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), sobre intenciones y planes del Gobierno para la ejecución y finalización de la Y vasca. Por el grupo autor de la iniciativa,
tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, debo avanzarles que hemos llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo Popular, autor de la enmienda a la moción presentada por el Grupo Vasco relativa a la Y vasca.
En este sentido, debo agradecer el esfuerzo realizado por su portavoz, don Andrés Ayala, en aras de consensuar un texto alternativo, entiendo que en coordinación con el ministerio. Expreso nuestro agradecimiento también a la señora ministra, porque
estoy segura de
que ha desempeñado un papel clave para ello. Pero, dicho esto, debo manifestarles que aun mejorando notablemente la enmienda inicialmente formulada por el grupo que apoya al Gobierno, la transaccional que se somete a votación resulta a
todas luces insuficiente para garantizar y definir una solución que permita agilizar los ritmos de ejecución y avanzar de una vez por todas en la puesta en marcha de la Y vasca. Resulta manifiestamente insuficiente porque nuestra moción había sido
ya planteada desde un criterio posibilista, tratando de facilitar al máximo y de alcanzar un acuerdo con el Gobierno del Estado. Por ello, hemos renunciado a solicitar en la parte dispositiva de la iniciativa que el ministerio defina una fecha
cierta de finalización de la línea vasca de alta velocidad; y no lo hemos hecho en aras del consenso. Y sinceramente me arrepiento de ello, especialmente después de conocer esta misma semana a través de los medios de comunicación el compromiso
firme de su Gobierno de finalización de otra línea de alta velocidad en el Estado. Ello demuestra que es posible, que es solo una cuestión de voluntad y, llegados a este punto, tengo que decirles que nos sentimos agraviados. Además, lejos de pedir
la extensión de la encomienda de manera genérica, la habíamos acotado a unos tramos concretos: los correspondientes al nudo Mondragón-Elorrio-Vergara. Ello, porque sabemos a ciencia cierta que cuentan con proyecto constructivo y que no han sido
licitados por falta de consignación presupuestaria. ¿Y qué decir del punto relativo a la creación de las comisiones interinstitucionales para el desarrollo de los proyectos y obras de la llegada de la alta velocidad a Donostia y a Bilbao? Pues
recoge simple y llanamente el compromiso asumido in voce por la ministra en el debate de la interpelación celebrado el pasado jueves; ni más ni menos, sin trampa ni cartón. Vamos, que estaba servido en bandeja de plata.
Nos queda también un cierto mal sabor de boca porque tanto la ministra como ustedes, señorías, conocen los esfuerzos realizados por este grupo para evitar traer a este Pleno la interpelación que ha dado origen a esta moción. En ese sentido,
estamos decepcionados porque en la actual coyuntura económica son necesarios proyectos de futuro, y este es un proyecto de futuro. Como ustedes saben, el valor de una inversión se debe medir en términos de retorno, y esta es una inversión
extraordinariamente rentable. El efecto multiplicador de la puesta en marcha de la nueva línea de la alta velocidad vasca provocará el crecimiento exponencial de las oportunidades de desarrollo, y no solo de Euskadi, sino del resto del Estado.
Tengan en cuenta que solo el arco atlántico concentra entre un 30 y un 40 % del PIB de la zona euro; a veces me queda la duda de que sean conscientes de la relevancia de ello. Los gobiernos eficientes son aquellos que tienen visión, los que son
capaces de equilibrar sus decisiones entre lo urgente y lo importante. De verdad, confiamos en que ustedes tengan esa visión.
No me voy a extender más. Para concluir quiero agradecer nuevamente la disposición del Gobierno y del grupo que le apoya para el consenso, aunque este, y desde nuestro punto de vista, haya sido de mínimos. Lo hemos logrado, en definitiva,
y eso es lo importante. Esperamos que sea un primer paso que posibilite alcanzar futuros acuerdos, porque la importancia de este proyecto lo merece. Quiero decirles que no olviden que permaneceremos vigilantes para que el cumplimiento de los
puntos acordados no se demore demasiado en el tiempo. Acuérdense de aquella visita girada por el secretario de Estado don Benigno Blanco, hace catorce años, a Donostia y Bilbao y de aquel si te he visto no me acuerdo. Confiamos, sinceramente, en
que en un tiempo breve llevemos a efecto y demos cumplimiento al contenido de la transaccional. Como les decía, es una cuestión de responsabilidad nuestra, por supuesto, y de ustedes para con quienes nos votaron y para con quienes lo hicieron
también a su grupo que, como les digo, muchos de ellos y de ellas esperan con intensidad la llegada del tren de alta velocidad y la conclusión de la Y vasca. Muchísimas gracias. Y una vez más, al señor Ayala nuestro agradecimiento por el acuerdo
al que hemos llegado en el último minuto, pero siempre es gratificante reconocer el esfuerzo y ser capaces de llegar a puntos de encuentros.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señor presidenta, señoras y señores diputados, quiero recordar cómo la llamada Y vasca ha constituido y constituye para el Partido Popular y para el Gobierno, como muy bien expuso en la interpelación la pasada
semana la ministra de Fomento, una auténtica prioridad para el desarrollo de nuestras infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y muy importante también en el contexto europeo como proyecto prioritario PP3. Fue en el año 2000 -y quiero
recordarlo, sobre todo habiendo escuchado lo que se ha dicho hace un momento- con un Gobierno popular cuando se definieron las características de la línea, 180 kilómetros de longitud y dos ramales diferenciados. Desde su inicio, el
Estado ha invertido en esta infraestructura unos 1.900 millones de euros en el contexto de un presupuesto de 4.900 millones. En el año 2012, con un Gobierno popular, se han financiado 654 millones, de ellos, con cargo a la disminución del
cupo que el Gobierno vasco debe liquidar al Estado, 347 millones, y directamente consignados en los Presupuestos Generales del Estado, 307. La previsión de 2013 asciende a un total de 540 millones, 350 millones vía cupo y 190 a cargo directo de los
Presupuestos Generales del Estado, pero todo financiado por el Estado. Quiero recordarlo porque a veces esto se olvida, porque la reducción del cupo es una minoración de lo que supone la recaudación del Estado de lo que se debe liquidar. En las
actuales circunstancias de ajuste presupuestario, reducción del déficit, crisis económica, problemas de recaudación, me parece que es una apuesta inequívoca a favor de la Y vasca, y más cuando una entidad como ADIF arrastra, y hemos heredado, 14.600
millones de deuda, más los correspondientes intereses. Esta es la realidad objetiva en la que nos movemos y esta es la voluntad decidida de los populares de apoyar esta infraestructura.
En cuanto al acceso a las capitales se refiere, los proyectos antes realizados se pueden calificar como faraónicos en el contexto económico en el que nos movemos. Por citar tan sólo Bilbao, se ha hablado de 600 millones -100.000 millones de
las antiguas pesetas-, que nos parece una cuantía insostenible en los actuales tiempos y que hay que revisar entre el Gobierno central y el Gobierno vasco para llegar a una solución satisfactoria y asumible. Debemos recordar que además la Y vasca
precisa el desarrollo Valladolid-Burgos-Vitoria y eso implica, este ejercicio, una aportación del Estado de 130 millones adicionales. No voy a entrar en la situación de los tramos ejecutados, de obra o de proyecto. Ya lo hizo la ministra y carezco
de tiempo para ello. Lo que quiero decir es que la financiación del Gobierno del Partido Popular es muy importante vía directa en presupuestos o vía disminución del ingreso del cupo al Estado de lo que se le debe. He de decir también que las
inversiones en este ejercicio suponen el 15 % de todas las que se producen en la alta velocidad en España y somos la sexta comunidad autónoma en cuanto a inversión ferroviaria total, o la quinta si lo hacemos en términos per cápita. Por tanto, yo
como vasco ¿quiero más? Si, pero he de reconocer objetivamente lo que el Estado, lo que el resto de España está haciendo también, apostando en favor de esta importante infraestructura para los vascos, para el resto de los españoles y para todos los
europeos, especialmente algunos como los portugueses, que son periféricos y se verán afectados positivamente por la infraestructura.
El PNV nos plantea en su moción retomar la fórmula de colaboración interinstitucional y ampliar el convenio de colaboración haciéndolo extensivo al nudo Mondragón-Elorrio-Vergara y a los accesos de San Sebastián y Bilbao. Nosotros
formulamos una enmienda pero hemos reconsiderado, como ha dicho la portavoz del Partido Nacionalista Vasco -y se ha aceptado-, llegar a una transaccional. Yo quiero agradecer la mediación de nuestro portavoz en la materia, el señor Ayala, sin la
cual tal vez no hubiéramos llegado a este positivo acuerdo. Quiero resaltar que el acuerdo es positivo, porque aquí llegamos a acuerdos y de repente uno pone en cuestión si el acuerdo es bueno o malo; si se va a cumplir o no; si la palabra verbal
de la ministra vale o no; si la de un vasco vale o no; si lo que está escrito vale o no o si en definitiva eso no es tan bueno. Cuando uno acepta algo es porque no será tan malo; cuando uno asume algo es porque será razonable y sensatamente
aceptable. Y habrá tiempo, si se incumplen los términos de lo que se estipula en este acuerdo, de quejarse, de denunciarlo y de decir que no se está cumpliendo, no con la palabra sino con el acuerdo expreso a través de una enmienda transaccional
que proveeremos a la Presidencia de la Cámara en esta materia. Enmienda que dice: retomar la colaboración interinstitucional para el desarrollo de los proyectos y obras de la llegada de la alta velocidad a Donostia y a Bilbao mediante la
constitución de sendas comisiones interinstitucionales. Estas comisiones de coordinación y seguimiento estarán integradas por representantes del Ministerio de Fomento, ADIF, Gobierno vasco, diputaciones forales de los respectivos territorios
históricos y de los ayuntamientos de cada ciudad. Segundo punto, y último, procede estudiar conjuntamente con el Gobierno vasco la posible ampliación del convenio de colaboración entre la Administración del Estado, la Comunidad Autónoma del País
Vasco y el ADIF para la construcción de una nueva red ferroviaria del País Vasco, suscrita el 24 de abril de 2006 y actualmente en vigor, que permita hacer extensiva la encomienda a los tramos que por acuerdo conjunto se han de terminar.
Yo creo que esto es una apelación al diálogo, es una apelación a ponerse de acuerdo, es una apelación a ver de forma conjunta una obra de interés público y, por tanto, debemos trabajar remando en la misma dirección. El Gobierno está
dispuesto a esto y yo estoy convencido...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo ya, señora presidenta.
Yo creo que el Gobierno vasco también y en el fondo, pese a las palabras que se han vertido hoy aquí, su suscripción me da la esperanza de que también el Grupo Parlamentario Vasco lo ve así.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiroz.
En turno de fijación de posición, por el Grupo Mixto, la señora Ariztegui.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Señorías, invertir miles de millones de euros para ahorrar quince minutos de trayecto no tiene sentido. Estas conexiones por tren son necesarias, pero se pueden realizar con modelos menos costosos y más
eficientes. Ningún AVE tiene sentido. No lo digo yo, lo dice alguien tan poco sospechoso de connivencia con Amaiur como el presidente de la patronal de las concesionarias de la construcción. Y recalca: El tren de alta velocidad no cumple con los
criterios de rentabilidad, y añadimos: ni social, ni ecológica, ni económicamente. Vamos con la rentabilidad social. Recordamos la principal conclusión del recién celebrado Foro social mundial: es imperativa una transformación profunda del
modelo económico y social actual que atraviesa una profunda crisis, relocalizando la economía con austeridad energética y transición hacia energías renovables, dando capacidad de decisión a las poblaciones a quienes afecte; democracia auténtica y
autonomía local frente a un modelo de desarrollo impuesto. La alternativa es el mantenimiento y optimización de las infraestructuras ya existentes, lo que supone menos costes, menos daños, y la construcción de nuevas infraestructuras debe responder
solo al imperativo de utilidad pública y no de lucro de unos pocos. Justo lo contrario de lo que supone este proyecto inútil e impuesto que ahonda más en ese modelo fracasado de destrucción ecológica y mayores desigualdades sociales y de género,
porque esta Y vasca forma parte de ese gigantesco puzle de infraestructuras con autopistas, superpuertos, plataformas logísticas, etcétera, cuyo objetivo fundamental es el aumento del transporte de mercancías como negocio que al desatender los
desplazamientos intracomarcales, que suponen el 97 % de los desplazamientos diarios motorizados, no contribuye para nada a la descongestión de las carreteras, y que al estar directamente incardinada en la globalización de los mercados fomentará aún
más la precariedad laboral y la deslocalización agraria e industrial.
O sea nuestro país, Euskal Herria, zona de paso de mercancías con hegemonía del sector servicios, mientras el primer y el segundo sector pasan a un tercer plano, que además al contemplar solo la conexión rápida entre capitales aglomerará aún
más la población en grandes zonas macrourbanas, con claro desequilibrio territorial y graves perjuicios al modo y calidad de vida de los municipios y comarcas intermedias, que serán un mero soporte físico. Además, creemos que este TAV acaba con el
concepto de transporte ferroviario como servicio público y universal, lo pagaremos sí entre todas y todos, pero en función de los recorridos y los precios de los billetes poquísimos podrán utilizarlo. Y para que valoren su rentabilidad ecológica,
les invito a mi pueblo, precisamente Vergara, que da la casualidad de que está en el nudo intercambiador del dichoso tren, y desde allí podrán contemplar los irreparables daños que lo ya realizado está causando en el medio ambiente, el queso gruyere
en que han convertido nuestro maltrecho territorio. Efecto barrera, brutal impacto visual, ocupación bárbara de tierras y ecosistemas de alto valor ecológico, destrucción de acuíferos, infinidad de escombreras que dejan entrever también las que
vendrán, brutal impacto sonoro, aumento del consumo energético, etcétera, un panorama desolador y sin marcha atrás desde el punto de vista del equilibrio ecológico.
En cuanto a la rentabilidad económica, ¿qué les voy a decir? Es la mayor y más cara infraestructura jamás proyectada en este país y, con la que está cayendo, el Gobierno vasco destinará el 59 % del presupuesto de política territorial a esta
Y, con un aumento del 40 % en tres años, mientras en otros sectores estratégicos y considerados como líneas rojas a no rebasar se producen bajadas continuas. Con ese dineral podría financiarse un transporte público de calidad para el conjunto de la
población y responder a muchas otras necesidades sociales que desgraciadamente continuarán desatendidas. Además de estas razones, ¿de verdad piensan ustedes que la Y vasca es la prioridad ahora de vascos y vascas? Cuando las conexiones no avanzan,
cuando hasta el Gobierno francés no da ya prioridad a este proyecto que, de tener sentido solo lo tendría en su totalidad, a qué viene este ansia por correr. Mientras se dice que no es tiempo de grandes inversiones en infraestructuras, vemos esta
ansia. Cuando las cifras de quienes no tienen acceso a un trabajo, a una vivienda digna y sufren recortes impresionantes en sanidad, educación y servicios sociales, ¿cómo se atreven a priorizar esta obra faraónica, incluso adelantando el dinero a
pagar por el Estado, asumiendo competencias que no les corresponden, tanto la CAV como Nafarroa,
endeudándose con préstamos cada vez más inasumibles. Es escandaloso y es un insulto a la población más desfavorecida. ¿Van a seguir eternamente sumisos al dictado de las cementeras? Por no hablar de las irregularidades en las
adjudicaciones o la falta de información absoluta a los directamente implicados, por ejemplo, el Ayuntamiento de San Sebastián, que sigue sin conocer oficialmente...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ariztegui, tiene que finalizar.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Acabo enseguida.
Decía que sigue sin conocer oficialmente nada sobre el proyecto de ejecución de las obras que van a ser ya acometidas y continúa con importantes mejoras urbanísticas de clara utilidad pública hipotecadas a la espera de lo que ocurre con el
TAV. Estamos por la colaboración interinstitucional, pero en contra de la desviación de dinero que actualmente se está haciendo a estas partidas asumiendo competencias que no les corresponden.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Señora presidenta, vamos a apoyar esta moción porque consideramos -esto es importante subrayarlo- que la Y vasca no es un tren de cercanías de lujo entre las capitales vascas; es una gran infraestructura
europea dentro de un eje de comunicación fundamental y que, por lo tanto, va a tener, esperamos, una incidencia positiva en la competitividad económica, en la comunicación de la gente y en la movilidad social. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). En ese sentido, quiero aprovechar la ocasión para comentar que estos problemas que están ocurriendo con la terminación de una obra que ya está muy avanzada tienen también que ver con lo que nosotros hemos criticado muchas veces -voy a
volver a hacerlo brevemente-, que es una política de infraestructuras que está más atenta a intereses locales y localistas y a alcaldes y alcaldadas y sus intereses que a una visión de infraestructuras del Estado en su globalidad. Si hubiera habido
una planificación de estas inversiones tan elevadas más sujeta a criterios de racionalidad económica y de rendimiento, ahora esta obra que está más avanzada que otras no sufriría las consecuencias de que otras, que estaban mucho más atrasadas, hayan
tenido que ser comenzadas para hacer frente a compromisos puramente electorales.
Dicho esto, no deja de ser interesante e ilustrativo que las comisiones que se proponen estén integradas por nada menos que cinco niveles de la Administración, entre los cuales hay alguna que está claramente en contra de esa infraestructura,
lo cual va a dar mucho juego; no creemos que tanto para la finalización de la infraestructura ni para un debate de política de infraestructuras racional, sino que va a mostrar bastante al desnudo -en ese sentido, puede que sea útil, pese a todo- la
incoherencia de nuestro sistema administrativo y político y el hecho de que por una parte se habla de obras e infraestructuras estratégicas y, por otra, se crean unos instrumentos de gestión a base de comisiones con tal prolijidad de agentes
presentes que ponen en peligro la ejecución de estas cosas en las condiciones en que habría que hacerlas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.
Hablaré desde el escaño. Lo que hoy nos propone el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco con esta moción consecuencia de interpelación urgente es, en definitiva, el aumento de la inversión para la construcción del tren de alta
velocidad entre las capitales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, lo que todos y todas conocemos como la Y vasca, y cargarlo -por decirlo de algún modo- al cupo ya conveniado. No es que ahora se invierta poco. En concreto, en el proyecto de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2013 aparece, según he podido comprobar, una partida para inversión en la alta velocidad de 378.478.500 euros, aun cuando este presupuesto está todavía sin aprobar y todos los grupos de
la oposición del Parlamento vasco hayan presentado enmiendas de totalidad al mismo. La Izquierda Plural tiene que repetir -lo haremos las veces que haga falta- que el tren de alta velocidad es elitista y utilizado por un sector muy reducido de la
población, además de suponer un
despilfarro de dinero público que bien podría utilizarse para solucionar las carencias del ferrocarril convencional, máxime si tenemos en cuenta que hoy todavía en el siglo XXI aquí, en España, existen kilómetros de vía donde la velocidad
máxima es de 60 kilómetros por hora o incluso menos. Si ese dinero ha de gastarse en la Comunidad Autónoma de Euskadi, hágase en las líneas ferroviarias que explota Euskotren, que tienen varios tramos de vía única e importantes limitaciones de
velocidad, y así su mejora sería mucho más positiva para las personas que viven en dicha comunidad, sobre todo si tenemos en cuenta que solo el tren entre Donosti, San Sebastián y Hendaya -conocido como el topo- transporta a diario a más de 23.000
personas, que son muchas más de las que, sin lugar a dudas, transportará la Y vasca.
Por último, hoy 142.400 personas están sin empleo en la Comunidad Autónoma vasca, según los datos del primer trimestre de 2013 recogidos por Eurostat. Ante esta situación, consideramos que hay muchas otras formas de generar empleo, y además
de calidad, como puede ser la de fomentar el transporte público de gestión pública en tren en vez de seguir con esta política de construcción de la alta velocidad, cuando ya ha quedado suficientemente constatada su ineficacia en términos de utilidad
social, ambiental o económica y cuando hay necesidades mucho más urgentes en el ámbito sanitario, educativo, agroalimentario o de protección social, que en estos momentos se deben abordar de manera prioritaria y urgente, en lugar de seguir con esa
política constante, ya absolutamente fuera de contexto, del ladrillo y la construcción del cemento.
Por tanto, desde La Izquierda Plural no podemos apoyar la moción presentada por el Partido Nacionalista Vasco.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Macias.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir desde el escaño por un motivo lógico, y es que simplemente vamos a decir que sí, vamos a estar de acuerdo con esta moción. Supongo que, como a los compañeros del Partido Nacionalista Vasco, les hubiera gustado mejor la
suya. En cualquier caso, están en su derecho de llegar a una transacción. Comprendemos perfectamente el alcance de esta iniciativa parlamentaria para ver el final de un proceso que, como nos ha ocurrido a nosotros, ha sido muy dilatado en el
tiempo. Hay algunas líneas de alta velocidad que se construyen en alta velocidad -la línea de Madrid a Sevilla fue un record, seis años- y hay algunas líneas de alta velocidad que se construyen, digamos, a moderada velocidad. Nosotros tardamos
veinticinco años en llegar a la frontera, ustedes están en este trayecto. Por tanto, les invito a tomarse esta cuestión con una moderada filosofía, pero han de seguir insistiendo porque esta es una línea muy importante desde el punto de vista de
las grandes conexiones. Históricamente, el primer paso del ferrocarril en España fue en 1864, el de Irún a Hondarribia, y parece lógico que un siglo y medio después modernicemos el ferrocarril, no solamente para la alta velocidad, sino también para
servicios a media distancia. El País Vasco es un territorio relativamente pequeño, reducido, donde las conexiones intercity por esta vía pueden ser muy eficaces; de hecho, van a ser prácticamente servicios de cercanías y van a pasar por estas
vías. Querer tener conectadas las principales ciudades vale la pena. Además, también hay una apuesta por el transporte de mercancías por ferrocarril que, a la postre, se va a beneficiar de todo este nuevo trazado. Comprendemos absolutamente la
petición que formula. Vemos con satisfacción que como mínimo se llegue a un acuerdo que parece que va a ser aprobado y, por descontado, cuentan con nuestro voto y sobre todo con nuestro absoluto apoyo a esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Elorza.
El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero decir que apoyaremos la transacción. En segundo lugar -lamento que se haya ido la representante o interviniente por parte de Amaiur-, queremos hacer un recuerdo hoy aquí a Ignacio Uría, empresario asesinado por ETA
el 3 de diciembre de 2008, ya que no en balde parte del retraso que sufre la obra de la Y vasca y, en definitiva, lo más importante todavía, la conexión del País Vasco-Frontera francesa con Madrid, con la meseta y con Cataluña, es consecuencia de
más de treinta sabotajes que hizo ETA durante años de amenazas, de actuaciones que están en el recuerdo de todos.
Por tanto, nos parece que es de justicia recordar al empresario asesinado no hace cinco años todavía. Y también nos gustaría decirle a la representante de Amaiur que nunca condenaron aquel asesinato; que, en cambio, Eusko Alkartasuna y
Aralar, que gobernaban el ayuntamiento de Azpeitia con la llama izquierda abertzale, con ANV, abandonaron el Gobierno de Azpeitia por no condenar ANV este asesinato, y que precisamente no se ha destacado nunca la izquierda abertzale por defender el
transporte colectivo porque quemaron cientos de autobuses y nunca expresaron una queja o una condena. Esa es la realidad.
Quisiera señalar, como dato orientativo, al señor Azpiroz, más amigo que diputado por el Partido Popular, que ha hecho un resumen de la intervención de la ministra de la semana anterior. Ciertamente habla de la deuda pendiente, habla de que
ellos fueron hace diez años quienes iniciaron la cuestión, para colgarse la medalla; pero lo que no dice es una cosa fundamenta: el problema que tenemos hoy en día de esta obra que va con cierto retraso, aparte de la acción en su día de ETA, es
que no tiene el Gobierno del Partido Popular, la señora ministra, una mínima idea de una planificación estratégica de las inversiones en los trenes de alta velocidad. Hay un plan de inversiones, el Pitvi, que se presentó en Comisión en septiembre
del año pasado. Han transcurrido siete meses y no se ha vuelto a saber nada de ese plan de inversiones. Se mueven ustedes, Gobierno del Partido Popular, en la indefinición más absoluta. No están cumpliendo para nada el plan de etapas de debate de
ese plan de inversiones Pitvi. No están cumpliendo ustedes a nivel de priorizar las obras porque ustedes dicen hoy una cosa aquí, mañana dicen otra cosa similar en Valencia o en Galicia o en Burgos o donde fuere porque el Pitvi es una carta a los
Reyes Magos. No están ustedes actuando con seriedad. No planifican, no abren el debate con transparencia y por tanto no están cumpliendo con la exigencia del Grupo Socialista de someter a debate el Pitvi, Plan de inversiones del Ministerio de
Fomento para racionalizar las inversiones. Es posible y cabe una racionalización. España no puede estar, en fin, con tanta línea de alta velocidad dentro de la crisis o fuera de la crisis; habrá que racionalizar y habrá que priorizar conforme a
los criterios que están en las páginas 192 y 193 del Pitvi pero que no se están cumpliendo porque no dan ustedes motivo a debate. Desprecio en el Parlamento: no dan oportunidad a que tengamos ocasión de discutirlo.
San Sebastián-Madrid significa andar en tren -para que ustedes lo sepan- cinco horas y media. ¡Cinco horas y media de tren San Sebastián-Madrid! San Sebastián-Vitoria, que son 92 kilómetros, es hora y media pasada en tren, y encima sin
cobertura o por lo menos sin conexión para trabajar en el tren con el ordenador o algo por el estilo. Es una situación terrible. Es una situación contraria a la competitividad del sector empresarial guipuzcoano. Es una política, la de no ejecutar
esta obra, como pretenden algunos, contraria a todo tipo de intereses. Un transporte es un sistema de comunicación, pero en el doble sentido de comunicación, de movilidad, de locomoción y también de comunicación entre personas y entre pueblos, y es
bueno y es conveniente esa comunicación entre el País Vasco y Madrid y a su vez ser el eje de comunicación con Europa.
Una crítica o una consideración al PNV. La Y vasca, con ser importante, lo es mucho más por el papel que tiene el tramo de Y vasca que comunica con el resto del Estado, con el resto de España, de modo y manera que nos preocupa también
muchísimo que esté absolutamente paralizado, que no se sepa nada del tramo pendiente de iniciar cualquier actuación Burgos-Vitoria. Además nos preocupa, lo comentamos aquí, la práctica paralización de las obras del tramo Valladolid-Burgos, sobre
todo en la zona de la diagonal con Palencia. Es una situación que nos preocupa muchísimo y que no sabemos hasta cuándo podrá sostenerse por parte del Gobierno una cierta ilusión en la finalización de la obra, porque no se da ningún horizonte
posible dado que, de qué nos sirve la Y vasca -bueno, sí, de comunicación interna- si no tenemos hechos los tramos entre Valladolid y Vitoria en condiciones.
En definitiva, les pedimos y les rogamos que pongan a debate de una vez el plan de inversiones, se podrá entonces conseguir una planificación de la inversión, se podrán aportar fórmulas de financiación, quizás nuevas, y se podrá priorizar
fundamentalmente unas inversiones en la alta velocidad porque en este momento hay en ese Pitvi una serie de rayas dibujadas, hay una serie de proyectos, mejor dicho de ideas que no tienen proyecto detrás que habrá que debatir para su eliminación.
No todo es posible; sinceramente, se pueden hacer mejoras en sistemas ferroviarios sin que toda España esté comunicada por líneas de alta velocidad con el coste que tienen en este momento. Esperemos que la rentabilidad social vaya unida también a
la rentabilidad económica y que la Y vasca y la comunicación definitiva se pueda ejecutar en un plazo razonable, que lo someteremos a debate dentro de la Comisión de Fomento. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Elorza.
Señora Sánchez, le pregunto formalmente qué enmiendas acepta o no acepta.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, se votará una transaccional acordada con el Partido Popular.
Muchísimas gracias. (El señor Larreina Valderrama pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Muchas gracias.
Señor Larreina, me pide usted la palabra y le digo como siempre, no se trata de reabrir el debate de la moción, pero si es por alusiones le doy tres minutos.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Es al amparo del 71.3 estrictamente.
Seguro que el señor Elorza no lo conocía, pero desde que existe Amaiur en todos los actos que ha habido de recuerdo, de condena y de reparación del señor Uría han estado presentes diputados de Amaiur en su condición de Amair, además con
conocimiento y traslado a la familia de Ignacio Uría del apoyo por parte de todas las fuerzas políticas que componen Amaiur. Lo hemos hecho con discreción porque muchas veces no buscamos los titulares de prensa, pero es de justicia dejarlo claro
aquí para que conste en el 'Diario de Sesiones'.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SALVADOR ARMENDÁRIZ), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE GESTIÓN DEL AGUA, ESPECIALMENTE EN CUANTO A SUS PLANES Y COMPROMISOS REFERIDOS A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente
173/000078).
El señor PRESIDENTE: Por último, pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador, sobre la política del Gobierno en materia de gestión del agua, especialmente en cuanto a sus planes y
compromisos referidos a la comunidad foral de Navarra.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la semana pasada interpelamos al Gobierno sobre el agua. La iniciativa no tenía -como ya dije entonces- pretensiones obviamente de solucionar un problema que sigue necesitando un tratamiento como política de Estado y cuya
planificación, gestión y regulación de forma integral debiéramos afrontarlas de forma sosegada y armónica para que el agua siendo un bien necesario, como lo es, sea también un motor de crecimiento sin olvidar, desde luego, afrontar en su momento y
entre todos tres debates pendientes sobre la necesidad de una nueva cultura del agua, el tratamiento solidario que debe tener su gestión y luego un tratamiento respetuoso como debe ser el del consumo del agua. Planteábamos la interpelación porque
en Navarra -no solo en Navarra- los efectos de las últimas riadas han provocado graves daños y en la gestión de estos daños se ha generado cierta inquietud y preocupación por la falta de compromisos efectivos por algunas desafortunadas
manifestaciones que desde nuestro punto de vista -y desde el punto de vista de muchos ciudadanos- requerían una aclaración o al menos una rectificación. Pero también porque en Navarra todas las administraciones han hecho un esfuerzo continuado en
el tiempo por que en aquella noble tierra el agua no sea un problema que condicione la vida, la economía, la industria, el sector primario, etcétera, como por desgracia ocurre en otras zonas de España.
Sobre estas tres prioridades hemos construido la estructura de nuestra moción que va de lo más genérico a lo más particular. Un primer apartado que recuerda la necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional para lograr una gestión integral
y eficiente del agua como recurso vital para el desarrollo sostenible y el progreso de la economía y las industrias españolas con respeto al medio ambiente. Un segundo apartado que reitera la utilidad de una colaboración activa de todas las
administraciones competentes en la defensa, impulso y ejecución de inversiones e infraestructuras útiles que nos permitan un aprovechamiento racional y eficiente del agua. Un tercero que ratifica la necesidad -este ya más local- de seguir
promoviendo, invirtiendo y agilizando las infraestructuras hidráulicas que en Navarra desde hace años se han ido planificando estratégicamente, se han ido diseñando para que el agua sea en aquella tierra un
motor de crecimiento. Así, pedimos la implicación del Gobierno, el mantenimiento de los compromisos en cuanto al proyecto de embalse en Itoiz, el binomio, junto con el Canal de Navarra, tanto en este caso para la ampliación de la primera
fase como para la segunda; el compromiso del Gobierno para la agilización de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa o igualmente para la financiación y la terminación de los diques de cola del embalse de Itoiz en la localidad de Nagore. Y
el último, más particular si cabe pero más urgente, también relativo a los daños provocados en la Comunidad Foral de Navarra por las sucesivas inundaciones de los últimos tiempos, pedíamos y pedimos al Gobierno un sistema extraordinario y urgente de
ayudas a través de los ministerios de Interior y Agricultura para atender a las localidades afectadas por las inundaciones de 2013 con un mecanismo legislativo, si es posible, similar al que pudimos aprobar en las riadas de 2012 e igualmente
habilitar una partida a favor de la CHE con la que asumir sus obligaciones, es decir, los trabajos de limpieza y dragados en zonas puntuales del cauce de los ríos, la concreción de esos lugares y el calendario de reparación en que deben ser
acometidos, así como la facilitación y la autorización para que desde el punto medioambiental se lleven a cabo las actuaciones que se consideren necesarias lo antes posible.
Quiero agradecer las enmiendas que han presentado los tres grupos, tanto La Izquierda Plural como el Partido Socialista y el Partido Popular. Diré que en relación con la enmienda de La Izquierda Plural compartimos, es verdad, la necesidad
de un gran debate sobre la cultura del agua, pero debería ser, a nuestro juicio, en ese gran acuerdo nacional donde debería plantearse cómo concretarla y en qué consiste la misma. Al Partido Socialista quiero agradecerle en especial su interés por
esta moción. Yo sé -todos lo sabemos-, así como mi colega el señor Moscoso, que en Navarra, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Socialista y ahora también el Partido Popular hemos sido unos partidos nada tibios en la defensa de la independencia
hídrica de nuestra comunidad, en la autosuficiencia. Somos partidos que hemos arriesgado caudal político enfrentándonos a todos los grupos y plataformas falsamente llamadas ecologistas -hace poco se hablaba de esto en el anterior debate- que desde
hace muchos años, muchos, trabajan por estrangular el futuro y el progreso de Navarra en este y en otros campos como el de las infraestructuras ferroviarias y el de carreteras. En todo caso, su enmienda no varía la sistemática y la estructura de
nuestra moción. Sí aporta una concreción interesante en alguno de los puntos pero, en la medida en la que hemos encontrado la acogida -es verdad que durante este tiempo, desde que presentamos la interpelación hasta hoy, ha habido declaraciones
expresas por parte del ministerio- preferimos dejar las cosas como están y aceptar la enmienda que nos pasa el Partido Popular. Quiero agradecer en especial al diputado navarro Pérez Lapazarán sus desvelos y su trabajo para conseguir acercar
posturas. En todo caso, es de justicia reconocer que el ministro, desde que subió a contestar esta interpelación, ha manifestado una apuesta firme por mantener los compromisos históricos del Estado con las inversiones en infraestructuras
hidráulicas en Navarra, y también en estos días públicamente se han hecho las rectificaciones y las aclaraciones oportunas sobre algunas manifestaciones que habían generado malestar y honda inquietud respecto a algunas obligaciones que estaban en
entredicho y, por tanto, vamos a aceptar las aportaciones del Partido Popular que tienen, desde nuestro punto de vista, sentido, lógica y actualidad; sin perjuicio de que es verdad que acomodan nuestras peticiones a las posibilidades
presupuestarias. En todo caso también es verdad que por otra parte establecen una ampliación del ámbito de aplicación de la propia moción, que también se recogía en el apartado 6 de la moción del Partido Socialista, para que no solo sean las
localidades navarras sino que sean también las de otras comunidades autónomas las que se recojan en esta moción.
Termino, señor presidente, dando por adelantado las gracias a los grupos que tienen pensado apoyar esta moción de UPN y animando al resto de los grupos a unirse a una inmensa mayoría de la Cámara, yo creo, que hoy, una vez más, votará a
favor de observar con altura de miras las cuestiones que requieren soluciones consensuadas para todos en los grandes problemas que nos afectan a todos; que votará de alguna manera a favor de la unidad en la diversidad, porque aun conociendo el
laberinto regulatorio del que mucho se escribe sobre esta cuestión, en los problemas de gestión de competencias de administraciones concurrentes por parte de todas esas administraciones, entendemos que lo importante y lo que debe prevalecer debe ser
la coordinación, la cooperación y la solidaridad entre esas administraciones y territorios.
Votaremos, como hemos hecho en otras ocasiones, a favor y en defensa del ...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que termine.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Termino.
Como hemos hecho en otras ocasiones, votaremos a favor y en defensa del progreso y del bienestar de la Comunidad Foral de Navarra en la confianza de que todos, en la medida de nuestras posibilidades, podemos y debemos ayudar a hacer
propuestas constructivas. Hoy tenemos una buena oportunidad para ello y desde luego ese es el espíritu que nos une a las personas de UPN en todas las instituciones donde tengamos responsabilidades, lo que nos anima a trabajar día a día y lo que en
este caso queremos ofrecer al resto de los grupos. Es una votación muy sencilla, apostar por Navarra o no apostar por Navarra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Se han presentado varias enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.
Señor diputado, en primer lugar tengo que decir que aunque desde La Izquierda Plural hemos planteado una enmienda, es verdad que no compartimos gran parte de la moción, sobre todo cómo está planteada, porque a nuestro entender hay una cierta
contradicción entre los principios que dice defender y las propuestas concretas. Los planteamientos de la moción siguen en esa clave desarrollista de las infraestructuras, que dista mucho de los planteamientos y de los principios de la
Directiva-marco del Agua a la que también dicen comprometerse en la propia moción. Creemos que lo que toca ahora, ante la política errática que hemos tenido en los últimos años en relación con el agua, es adoptar esa nueva cultura del agua, que
sería lo que debería guiar precisamente la evaluación de la planificación actual y los cambios de regulación. Aunque su moción plantea genéricamente la sostenibilidad, insiste en su lógica de que para arreglar los problemas que tenemos lo que toca
es un pantano, dragados o canales como solución a los problemas de agua. A nuestro entender esto es contradictorio con la Directiva-marco del Agua, que habla precisamente de subsidiariedades, de sostenibilidad ambiental, social y económica. Lo que
precisamente plantea la directiva marco es priorizar el uso para agua de boca y luego preservar el estado ecológico de los ríos. Estas son las prioridades y luego ya vendrán el resto de usos. (Rumores). Esa no es la filosofía que emana de la
moción que plantea. Por poner un ejemplo, dicen que la planificación se ha hecho bien.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Ruego silencio para que se pueda oír a la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Decíamos que las prioridades eran el uso de boca, preservar el caudal ambiental o recuperar los acuíferos, pero en Navarra el regadío consume más del 80 % del agua que hay en la comunidad y esto, junto con las
detracciones de las centrales eléctricas, sí que a veces disminuye esos caudales ambientales. Es cierto que ahora no estamos en época de sequía, pero la planificación tiene que hacerse basándose en estos criterios. Además usted plantea como
prioridades concretas tanto el proyecto Itoiz como el canal de Navarra, que a nuestro entender no debería ser una de las prioridades porque no se aplican criterios de racionalidad económica y menos a nivel ambiental ni social.
Pero lo que sí que nos sorprende es lo del pantano de Yesa, el recrecimiento. Ustedes dicen: ante las inundaciones que ha habido vamos a priorizar y a avanzar urgentemente en esas obras. Para nosotros eso sí que es una auténtica
contradicción e incluso un intento de desviar la atención porque los desprendimientos y la alarma que se ha creado en muchos de esos municipios y localidades no ha sido a raíz de las inundaciones. En cuanto a las obras del recrecimiento de Yesa,
desde 2006 se sabe que hay problemas de inseguridad en la ladera izquierda y desde 2012 en la ladera derecha. Por tanto, no es un tema de que ahora haya llovido, sino de que existe esa alarma y esa inseguridad. Lo que deberíamos hacer es
plantearnos realmente si esa obra tiene sentido hoy, si no hay alternativas, que sí que las hay, en clave de la sostenibilidad social de muchísimos municipios y en clave de la inseguridad por la geología de esos terrenos; eso es lo que nos
deberíamos estar planteando. Creemos que esta razón da respuesta al deterioro de las infraestructuras a raíz de las lluvias, pero por otro lado entendemos que intenta tapar una alarma social que hay alrededor de esas obras, una alarma que hay en
los municipios y en muchas de las urbanizaciones. A nuestro entender, las obras del recrecimiento vulneran los principios de la Directiva-marco del Agua e incluso la Directiva Hábitats a nivel europeo. Por tanto, compartimos parcialmente la
necesidad de dar respuesta, pero lo que aquí le planteamos es la necesidad de un cambio
en la planificación y en la regulación que avance en esa nueva cultura del agua. Deberíamos estar hablando de reducir el consumo, favorecer la reutilización, la eficiencia, la recuperación de acuíferos, eso es lo que debería tenerse
presente para evaluar qué infraestructuras son necesarias y no insistir en grandes obras faraónicas que ponen en riesgo la continuidad y el estado ambiental de nuestros ríos, pero también la continuidad y la seguridad de los recursos que son
escasos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, lo ocurrido en Navarra, en La Rioja y en Aragón en las últimas semanas, este invierno, demuestra, como ya ocurrió antes, que cuando gobierna la derecha se abandonan los
planes de actuación de cauces, se actúa solo a golpe de inundación y se olvida el poner en marcha medidas innovadoras y sostenibles como hicimos con el anterior Gobierno, por ejemplo, con el Plan nacional de cartografía de zonas inundables.
Desaparece la perspectiva de sostenibilidad y hay que venir aquí a pedir reparaciones cuando ya es tarde para evitar los problemas. En este contexto se han producido las inundaciones ya citadas y creo sinceramente que, a pesar de la buena intención
del señor Salvador de intentar complementar esta moción con una propuesta de nueva cultura del agua, de pacto por el agua, en ese aspecto su propuesta se va a quedar muy corta. En la cuenca del Ebro a lo largo de La Rioja, Navarra y también en la
provincia de Zaragoza, en Aragón, ha habido sin duda falta de previsión, mala gestión por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y un peor mantenimiento de las infraestructuras que son imprescindibles. Así ha ocurrido que en muchos
municipios se han inundado, campos, bosques de ribera y se ha producido un grave deterioro medioambiental.
Nosotros, preocupados por el abandono de muchos municipios gobernados por todo tipo de partidos, hemos presentado una enmienda, señor Salvador, que en su primer punto siento mucho que el Grupo Popular no la acepte porque usted ha querido
abrir también el debate sobre un pacto del agua, una nueva cultura del agua. Y un pacto por el agua supone un acuerdo, como decimos en nuestra enmienda, que implique al conjunto de administraciones, al conjunto de los partidos políticos, a la
sociedad civil y que, además de transparente y científicamente demostrado, sea capaz de garantizar los objetivos de sostenibilidad y de lucha contra el cambio climático que exige cualquier actuación como esta. De ahí nuestra enmienda, que
lamentamos mucho que no vaya a ser admitida, por lo cual no creo que con este texto podamos hablar de una nueva cultura del agua. Sí podremos, sin embargo, hablar de las medidas que hay que tomar de manera inmediata para paliar los daños producidos
por estas inundaciones en La Rioja, en Navarra y en Aragón y, por supuesto, extender esto al resto de España, a otras comunidades autónomas en las que también ha habido daños producidos por inundaciones. En definitiva, una moción que es el
resultado de las iniciativas que presentamos muchos grupos, y mi grupo en primer lugar, en el mes de marzo para exigir al Gobierno, y en particular a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ponga fin al abandono permanente de infraestructuras y
cuidados en la cenca del Ebro en toda su longitud.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso del Prado.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de modificación al texto de la moción de UPN que puntualiza tres aspectos a los que luego me referiré, pero que mantiene en lo
fundamental el espíritu de la moción, que coincide plenamente con los objetivos del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular. Les voy a recordar brevemente, señorías, cuáles son los objetivos del Gobierno en este ámbito: culminar el proceso de
planificación hidrológica, que debía haberse finalizado antes de 2010, e impulsar un gran pacto nacional del agua alejado del sectarismo y de la demagogia, y basado entre otros criterios en los de unidad de cuenca, sostenibilidad medioambiental,
prioridad del uso en la propia cuenca con garantía de las necesidades presentes y futuras de la misma, y solidaridad interterritorial. Este pacto nacional culminará, señorías, con la propuesta de un nuevo plan hidrológico nacional que resolverá de
una vez por todas los problemas de agua en España, y ello favoreciendo una gestión integral del recurso que permita reducir el consumo, mejorar la eficiencia y evitar el deterioro de los recursos hídricos. Asimismo, compartimos la necesidad de
promover soluciones para
mejorar la prevención y gestión de situaciones extremas, que en el caso de las recientes inundaciones pasa por la limpieza de los cauces, la restauración de los ríos y la elaboración de nuevos mapas de zonas inundables, entre otras. Todo
ello enmarcado en los planes de gestión del riesgo de inundación a que nos obliga la Directiva europea sobre inundaciones. Nos satisface, señorías, constatar que las inversiones previstas a lo largo de este año están, como afirmó el ministro, en el
entorno de los 35 millones de euros para infraestructuras de la Comunidad de Navarra, esenciales desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular. Y asumimos, como no puede ser de otra manera, habilitar partidas económicas a favor de las
confederaciones afectadas para las reparaciones de las infraestructuras dañadas.
Como decía al inicio de mi intervención, nuestras enmiendas puntualizan tres aspectos. En primer lugar, que los compromisos que acepte la Administración central por los daños por inundación se amplíen al resto de las comunidades autónomas y
confederaciones que también se han visto afectadas. Por cierto, no he visto que se contemple esta posibilidad ni en las enmiendas de Izquierda Unida ni en las enmiendas del Grupo Socialista. En segundo lugar, se impulsa la actuación de los
departamentos ministeriales competentes para adoptar las medidas necesarias para atender a las localidades afectadas por las inundaciones en el año 2013, especificando la actuación del Ministerio del Interior. En tercer lugar, señorías, nuestras
enmiendas hacen referencia a las disponibilidades presupuestarias. Permítanme, señorías, que sobre ello recuerde la situación con la que se encontró el Gobierno hace poco más de un año en este ámbito, porque es importante. El Gobierno se encontró,
señorías, con procesos sancionadores en curso de la Unión Europea. Uno por no haber finalizado la planificación hidrológica que, como he dicho, debía estar concluida a finales de 2009 y que puede suponer hacer frente a sanciones de 80 millones de
euros anuales. Otro por no tener las instalaciones de saneamientos contempladas en la directiva sobre depuración de aguas residuales, que puede generar sanciones entre 30 y 160 millones de euros anuales. El Gobierno se encontró, señorías, con
deudas no contabilizadas en la Dirección General de Aguas por un importe superior a 350 millones de euros. Solo este año los pagos por deuda ascienden a más de 200 millones de euros. El Gobierno se encontró, señorías, con deudas acumuladas por los
organismos de cuenca y con la situación de insolvencia de las sociedades estatales de agua. Mención aparte, señorías, merece lo que se encontró el Gobierno en el tema de construcción y gestión de las desaladoras, ya que del plan diseñado en 2004
por el Gobierno del señor Zapatero, ocho años después es preciso poner en valor trece desaladoras, para lo cual se precisan 711 millones de euros, desaladoras que producen agua a un precio inasumible para los regantes. Transcurridos ocho años desde
el famoso Plan AGUA del Gobierno Zapatero no tenemos más agua ni más barata, ni por supuesto en menos tiempo. A ello podemos añadir que solo en amortización de infraestructuras la Confederación Hidrográfica del Júcar debe abonar 24,5 millones de
euros al año durante los próximos cincuenta años y la Mancomunidad de Canales del Taibilla 11,5 millones de euros en las mismas condiciones. En definitiva, señorías, esta es una parte de la herencia que en materia de aguas hemos recibido los
españoles del Gobierno del señor Zapatero, herencia que coarta las inversiones del ministerio y que pone trabas a las infraestructuras hidráulicas necesarias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente desde el escaño. Incidiendo en lo que ha dicho el señor Salvador, quiero decir primero que se puede defender Navarra incluso sin apoyar esta moción. Es más, hay grupos que lo hacen, que lo vamos hacer y lo
seguiremos haciendo. Unión del Pueblo Navarro no tiene la exclusiva de la defensa de Navarra, como no podía ser de otra manera, porque también se ha demostrado durante los últimos tiempos que precisamente algunos miembros de su partido defendían
más sus propios intereses que los de Navarra.
Centrándonos en esta moción, empieza pidiendo un gran acuerdo nacional. A todo se le añade lo de los grandes acuerdos nacionales; parece que la única forma de solucionar problemas es haciendo grandes acuerdos nacionales. Entiendo
perfectamente que el tema del agua da vueltas y vueltas. Tenemos leyes, planes hidrológicos, consorcios, etcétera. Tenemos un montón de instrumentos y lo que hay que hacer es cumplir lo que dicen estos instrumentos y no generar siempre nuevos
planes o nuevos acuerdos. Hay puntos en los que Unión del Pueblo Navarro trae hoy muchos cantos al sol y hay alguna que otra cosa
concreta, por ejemplo, en el punto 3. Mi grupo puede estar de acuerdo en que se acometa y se acabe la primera fase del tema de Itoiz, del canal de Navarra, pero entramos en un tema un poco más peliagudo cuando hablamos del recrecimiento del
embalse de Yesa. Señor Salvador, la del recrecimiento del embalse de Yesa es una infraestructura que aceptara usted que está cuando menos cuestionada en Navarra. Está cuestionada porque usted sabe que hay sesenta familias que están en estos
momentos fuera de sus casas por los deslizamientos de terreno que ha habido, porque todavía nadie sabe exactamente a qué se han debido esos deslizamientos y por los problemas que se están generando a raíz de esos deslizamientos. Lo que hay que
hacer es pedir responsabilidades a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es a quien hay que preguntar qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, mientras no se aclare eso -y usted sabe perfectamente que incluso en el Parlamento de Navarra
se han exigido responsabilidades, se han pedido explicaciones y no han convencido las que se han dado-, no sé si es de recibo traer aquí esta moción pidiendo que se acometa y que se apoye esta infraestructura cuando, repito, está en cuestión en la
propia Navarra; por ejemplo, en el Ayuntamiento de Yesa o gente de Sangüesa están solicitando más información. Mientras no se aclare este asunto, por favor, no prosigan en lo mismo. Por lo tanto, quiero decir que mi grupo no va a apoyar esta
moción porque consideramos que hay mucha demagogia en algunas cuestiones. Temas que atañen a Navarra sí, pero no deben ser acometidos precisamente como se propone en esta moción. Hay otras herramientas para hacerlo y la primera es escuchando lo
que está ocurriendo en esos lugares. Por lo tanto, mi grupo no va a apoyar esta moción de UPN.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Señor Salvador, de Unión del Pueblo Navarro, no se trata de apoyar a Navarra o de no apoyar a Navarra; no sea usted simplista. No se trata tanto de eso como de intentar gestionar de una manera mejor y más eficiente un recurso muy
importante y estratégico como es el agua, y de hacerlo además de una manera global, entre otras cosas para poder garantizar la igualdad de todos los españoles, entre ellos los navarros. Usted comienza pidiendo un gran acuerdo nacional sobre el
agua, después pide una colaboración activa de todas las administraciones para cuidarla y aprovechar de forma racional, eficiente y respetuosa con el medio ambiente ese agua, y luego pide una serie de medidas concretas que se enmarcan en la zona de
Navarra. Nosotros, como no puede ser de otra forma, nos unimos a esas primeras propuestas que hacen y solamente pondríamos un pero: que son -cómo diría yo- excesivamente voluntaristas. Les falta bastante concreción. Quisiéramos por eso hacer un
par de puntualizaciones, y luego hablaré de lo concreto que usted propone en Navarra. Nosotros creemos que ya existen herramientas para conseguir eso que usted quiere que se consiga: la Ley de aguas, el Plan Hidrológico Nacional, el Plan
Hidrológico del Ebro. Son leyes que nosotros creemos que hay que mejorar, pero ahí están. Nosotros hemos hablado a menudo en esta Cámara de que existen en nuestro país conflictos relacionados con el agua. Para nosotros es imprescindible que el
Estado acometa unas medidas necesarias para garantizar así la regulación del uso y disfrute del agua de una manera armónica, sin enfrentamientos, sin fronteras interiores, dejando el protagonismo, y esto lo repetimos en muchos ámbitos, a los
técnicos independientes, eso que a veces parece que es una quimera cuando lo nombramos nosotros aquí en el Congreso, y apartando a veces a esos políticos que han usado este importante recurso de una manera irresponsable, a veces como una herramienta
para confrontar o intentar ganar elecciones. La Ley de Aguas otorga, a nuestro entender, un excesivo protagonismo a las comunidades autónomas, que contrasta -nos parece al menos así- con la inacción y la constante pérdida de competencias del
Estado, que se queda así sin herramientas para, entre otras cosas, garantizar la igualdad de todos los españoles. El agua, señor Salvador, es un bien común, importante, estratégico. La fragmentación de las administraciones y el gobierno del agua
están en la raíz, para nosotros es claro, de la gestión incoherente de este recurso que se está haciendo a nivel nacional. Un Estado con las herramientas necesarias para poder garantizar la igualdad de los ciudadanos y la correcta gestión de sus
necesidades es más que la suma de sus comunidades autónomas. Por todo eso, nosotros querríamos que se abordara el problema de raíz y no de forma coyuntural o provisional. Por eso proponemos que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y
explote los recursos hídricos de toda España, que sea el Estado el que, según ese artículo 9.2 de la Constitución, promueva las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sea real, sea efectiva.
Respecto al Plan Hidrológico Nacional, señor Salvador, nosotros ya hemos dicho aquí a menudo que nos parece importante que el Estado recupere unas competencias que el Partido Socialista cedió a algunas comunidades autónomas con un resultado
muy negativo. Además, creemos que se ha de recuperar el modelo de cuencas hidrográficas, que tan buen resultado ha dado y que, por cierto, es visto con envidia fuera de nuestro país. Nosotros creemos que es en ese marco en el que Unión del Pueblo
Navarro debiera estudiar los casos concretos que usted nos trae aquí. No tenemos nada en contra de lo que usted propone, salvo quizá un par de matizaciones y una tercera cosa que le querría decir. Hay veces que parece que enmascara usos de primer
orden, necesidades de seguridad -dice incluso-, cuando a nosotros nos parece que está enmascarando usos lúdicos que, por otra parte, también son completamente respetables. Hay también algún pero que se le podría hacer respecto al uso que se puede
hacer de ciertos regadíos cuando estamos enmarcados en una PAC europea que lo que quiere es retirar ese tipo de subvenciones.
Y quisiera hacer alusión rápidamente a una cosa: proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa del río Aragón. Estaba previsto que se hiciera en cinco años. Van a ser dieciséis años los que va a tardar esa obra. Solamente por ese desfase
temporal va a costar 50 millones de euros más. Pero es que además el presupuesto de esta obra se va a desviar, señor Salvador, un 300 %. Otro de los puntos que usted dice, el de la presa de Itoiz. ¿Cómo es posible que el presupuesto de esta obra
se desvíe en un 185 %? Señorías, los ciudadanos se preguntan a menudo cómo es posible que toleremos este tipo de desviaciones sin dar aquí ninguna explicación y, lo que es peor para nosotros, sin asumir ninguna responsabilidad. Hemos leído las
aportaciones del Partido Popular, pero nos abstendremos porque, entiéndanos, tenemos cierta desconfianza a que puedan verse realmente sustanciadas.
Para terminar, señor presidente, es importante para nosotros que en cosas tan importantes como el agua, como la financiación autonómica, como la sanidad, como la educación, nos demos cuenta, señorías, de una vez por todas de que nos falta
una necesaria visión de Estado que gestione mejor, a más largo plazo y a salvo de vaivenes electorales, que garantice lo que es esencial para nosotros: la igualdad de todos los españoles. Repito, señorías, el todo en este y en otros casos es mucho
más que la suma de las partes.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, señor Armendáriz, mi intervención nace desde el respeto a todas las comunidades y ciudades autónomas cuando presentamos iniciativas para mejorar la situación de los ciudadanos a los que
territorialmente representamos. No entraremos en el debate que algunas enmiendas hayan podido originar en referencia a las políticas de agua. Entendemos que tras las declaraciones del señor ministro y la intervención de la señora De Lara pronto
tendremos la oportunidad de conocer sus intenciones y trabajar para conseguir el máximo consenso en lo referente al ciclo completo del agua, siempre bajo el paraguas de la Directiva europea del Agua y defendiendo los intereses legítimos de cada
territorio.
Señorías, siempre es deseable que la gestión de un recurso como el agua se articule sobre la base de grandes acuerdos. Las diferencias y las dudas aparecen en el contenido de esos acuerdos. El Gobierno conoce nuestra opinión en lo
referente a las políticas de aprovechamiento del río Ebre y en este tema me voy a centrar en mi intervención, pues entendemos que la moción afecta muy directamente a la cuenca intercomunitaria del río Ebre y por tanto afecta a las nueve comunidades
autónomas ribereñas. Aprovechamos para repetir que desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió consideramos que los caudales ecológicos propuestos en el Plan hidrológico del río Ebre son insuficientes para atender sus necesidades y
sus requerimientos medioambientales. Como anuncia la moción, estamos de acuerdo en la colaboración entre las administraciones, y a favor de constituir ejemplos de participación territorial como el de la Comissió per a la sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre. Precisamente el Parlament de Catalunya ratificó el acuerdo de la comissió que determina los caudales hidrológicos que deben establecerse para asegurar la calidad medioambiental del río Ebre y de su delta.
Señor Armendáriz, como usted conoce, la propuesta de plan hidrológico del río Ebre incorpora diferentes reservas estratégicas solicitadas por algunas comunidades autónomas, entre ellas la suya, la Comunidad Foral de Navarra, con una demanda
conjunta prevista de 1.050 hectómetros cúbicos/año. Desde Convergència i Unió queremos denunciar que el documento que está tramitándose carece de la
evaluación rigurosa de los impactos de dichas reservas sobre los caudales y las calidades del río. Y todavía peor, carece de una planificación de las medidas correctoras que las pudieran paliar. Y en referencia a los usos existentes, el
plan se limita a trasladar aguas abajo los impactos de esas nuevas detracciones. Señorías, creemos que es necesario que el plan analice con mayor rigor los impactos de las reservas sobre los usos existentes y que a la luz de estos resultados evalúe
si realmente existe disponibilidad para otorgarlas. No sé, señor Armendáriz, si esta moción esta también provocada por una desconfianza hacia los planes hidrológicos de cuenca que están, como dijo el ministro, realizándose a marchas forzadas tras
incumplir el calendario establecido. Precisamente es en estos planes hidrológicos de cuenca donde las comunidades autónomas ribereñas, por legislación interna y comunitaria, deben establecer entre ellas una serie de objetivos. Podemos entender
pues la oportunidad de la moción y la enmienda del Partido Popular como la expresión de las dudas en referencia a la efectividad del Plan hidrológico del río Ebre. Por eso están buscando acuerdos bilaterales.
Señorías, Cataluña es la última de las comunidades autónomas y las Terres de l'Ebre son las más vulnerables a las decisiones que se adopten, especialmente lo que supone el incremento de la disponibilidad para atender demandas actuales y
futuras. Y lo expresamos, señorías, no solo para poder atender a las demandas futuras del territorio, sino y principalmente para satisfacer los requerimientos ambientales y muy especialmente para poder cubrir las exigencias naturales para la
protección del Delta de l'Ebre.
En referencia a los puntos 3 y 4, damos, como no podía ser de otra forma y por solidaridad, el apoyo a las medidas necesarias para paliar los efectos y los daños ocasionados a los municipios y a la actividad productiva. Y en referencia a
las inversiones o a ampliar las partidas de mantenimiento para poder minimizar estos daños producidos por los fenómenos meteorológicos, no podemos apoyar sus propuestas sin la validación del mismo organismo de cuenca, que con las comunidades
autónomas debe priorizar las diferentes necesidades que seguramente todas las comunidades podrían poner ahora mismo encima de la mesa.
Por eso, señor Armendáriz, todo nuestro apoyo en lo referente a las medidas para paliar los daños ocasionados, pero no podemos apoyar su moción, aun respetando sus peticiones, porque creemos que las propuestas y soluciones deben originarse
en el organismo de cuenca como órgano de referencia y siempre respetando las competencias de los Gobiernos territoriales, y por eso, señorías, nuestro voto será de abstención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barberà.
Señor Salvador, le pregunto, aunque ya lo ha manifestado, ¿qué enmiendas acepta o rechaza?
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, aceptaré la del Grupo Popular, que es la que se votará.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
En dos minutos, procederemos a votar. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA RELATIVA A LA PUBLICIDAD DE LOS DATOS EN LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA. (Número de expediente 122/000087).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos
extraordinarios de regularización tributaria. Hay tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312, más 3 votos telemáticos, 315; a favor, 130, más 2 votos telemáticos, 132; en contra, 171, más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MEDIDAS DE APOYO A LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR PARTE DE EMPRENDEDORES Y A SU FINANCIACIÓN POR PARTE DE INVERSORES DE PROXIMIDAD. (Número de expediente 122/000094).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores
de proximidad. Ha habido también tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312, más 3 votos telemáticos, 315; a favor, 136, más 2 votos telemáticos, 138; en contra, 171, más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DE LA LECTURA. (Número de expediente 162/000609).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la elaboración de un plan integral de fomento de la lectura. Se hace con una enmienda transaccional. ¿Algún grupo se opone? (Denegaciones).
En esas condiciones se vota.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 304; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA MANTENER EL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES EN CORPORACIONES LOCALES. (Número de expediente 162/000544).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para mantener el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales en corporaciones locales. Hay una enmienda transaccional que conocen todos los
grupos. Si ningún grupo se opone, la votamos en esas condiciones.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 135; en contra, 168; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA INCONSISTENCIA DE LA POLÍTICA FISCAL DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000076).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre la inconsistencia de la política fiscal del Gobierno. Hay una enmienda transaccional aceptada por todos y así se vota.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 112; en contra, 170; abstenciones, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE INTENCIONES Y PLANES DEL GOBIERNO PARA LA EJECUCIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA Y VASCA. (Número de expediente 173/000077).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre intenciones y planes del Gobierno para la ejecución y finalización de la Y vasca. Hay una enmienda transaccional y en esas condiciones se somete a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 295; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SALVADOR ARMENDÁRIZ), SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE GESTIÓN DEL AGUA, ESPECIALMENTE EN CUANTO A SUS PLANES Y COMPROMISOS REFERIDOS A LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. (Número de expediente
173/000078).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador, sobre la política del Gobierno en materia de gestión del agua, especialmente en cuanto a sus planes y compromisos referidos a la Comunidad Foral de Navarra. Ha
aceptado la enmienda del Grupo Popular. Así se vota.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 268; en contra, 20; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.