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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 106, de 18/04/2013
cve: DSCD-10-PL-106
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 106
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 100
celebrada el jueves,
18 de abril de 2013
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ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 41-1, de 8 de marzo de 2013.
(Número de expediente 121/000041) ... (Página3)
Declaración sobre la cuenta general del Estado:
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2010, así como la resolución adoptada por dicha comisión. (Número de expediente
250/000003) ... (Página44)
Declaración institucional ... (Página51)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página52)
Declaración sobre la cuenta general del Estado. (Votación) ... (Página53)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
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Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página3)
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Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página3)
El señor ministro de Justicia (Ruiz-Gallardón Jiménez) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Tardà i Coma, y en el mismo turno en fijación de posiciones la señora Barkos Berruezo y el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto. Continuando con la
defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista.
Contesta el señor ministro de Justicia.
Replican los señores Tardà i Coma, Olabarría Muñoz, la señora Díez González, los señores Llamazares Trigo y Villarrubia Mediavilla y duplica el señor ministro de Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el señor Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate el señor ministro de Justicia.
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Declaración sobre la cuenta general del Estado ... (Página44)
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Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2010, así como la resolución adoptada por dicha Comisión ...
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Pàramo i Ponsetí, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Císcar Casabán, del Grupo Parlamentario Socialista y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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Declaración institucional ... (Página51)
El señor presidente da lectura a una declaración institucional, suscrita por todos los grupos parlamentarios, expresando la radical condena del Congreso de los Diputados a los atentados terroristas perpetrados en Boston durante la
celebración de la Maratón de la ciudad.
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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas concretas que piensa adoptar el Gobierno para aumentar la libre competencia en el transporte de mercancías por
ferrocarril y para mejorar la eficiencia de la gestión de Renfe-Operadora en el transporte de mercancías, se aprueba por 297 votos a favor, 15 en contra y 3 abstenciones.
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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página52)
Sometidos a votación separada los dos puntos de la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV), relativa a la determinación del sistema de pensiones para los
trabajadores a tiempo parcial y para la definición del factor de sostenibilidad, ambos son aprobados.
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Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página52)
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se rechazan por
129 votos a favor más 2 votos telemáticos, 131; 174 en contra más 1 voto telemático, 175 y 14 abstenciones.
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Declaración sobre la cuenta general del Estado. (Votación) ... (Página53)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2010, así como la resolución adoptada por dicha Comisión, se
aprueba por 315 votos a favor más 3 votos telemáticos, 318 y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000041).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Para la presentación del proyecto de ley, tiene la
palabra, en nombre del Gobierno, el ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señor presidente, señorías, creo que nos tendríamos que acoger a una interpretación semántica muy generosa para poder afirmar que el debate que vamos a celebrar a continuación es un
debate de enmiendas a la totalidad. Estas serían -así lo ha mencionado el señor presidente en la reapertura de esta sesión- las presentadas por otros tantos grupos al proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Pero
en algunos
casos, señorías, tengo que decir, a la vista de los aspectos tratados en estas enmiendas -que me parecen sustanciales, por supuesto, no tangenciales de ninguna de las formas-, que creo que no afectan al núcleo esencial del proyecto que hoy
vamos a tratar. Por eso decía que quizá tengamos que hacer un uso muy flexible del lenguaje para explicar que se está objetando de una forma completa aquello en lo que paradójicamente se coincide en lo sustancial y, sin embargo, se discrepa en lo
accesorio.
Sin duda ninguna es un mecanismo absolutamente legítimo dentro de la vida parlamentaria este de establecer un sistema diferente de magnitudes de la discrepancia y de esa forma no querer poner encima de la mesa un compromiso, pero creo que
esta contradicción nos debe llevar a la reflexión de si en estos momentos no deberíamos todos hacer un esfuerzo para intentar alcanzar la búsqueda de consensos duraderos en asuntos de Estado. Porque el debate que hoy celebramos tiene que ver, y
mucho, con elementos absolutamente vitales para nuestra regeneración democrática, con elementos para la superación de la crisis de España, con elementos en los que tengamos la oportunidad de aportar el diálogo, la responsabilidad y la voluntad
sincera de consolidar una arquitectura institucional sólida, funcional y operativa bajo la cual los españoles puedan desarrollar sus proyectos de vida y sus proyectos de convivencia. Es una necesidad sentida y es una necesidad requerida. Es
verdad, señorías, que hay asuntos en los que por razones ideológicas -y es obvio que estos días estamos discutiendo ya algunos de ellos- será muy difícil que exista un acuerdo y un consenso entre los distintos grupos que representamos a los
ciudadanos en el Congreso de los Diputados, pero yo confío en que haya otros -este debe ser uno de ellos- en los que, al margen de nuestras ideologías, seamos capaces de estar a la altura de las circunstancias.
Quiero adelantarles desde este primer momento que mi conclusión personal no va a ser en este debate, al margen del resultado final de las votaciones, ni melancólica ni desesperanzada con relación a esa voluntad de consenso que el Gobierno ha
mantenido desde el primer día. Antes al contrario, creemos que el articulado del proyecto que hoy presentamos -y me esforzaré después en dar respuesta a todos y cada uno de los distintos intervinientes que defiendan sus enmiendas a la totalidad-
tiene en su núcleo sustancial un punto de encuentro de la inmensa mayoría de esta Cámara que de ninguna de las formas debería quedar desdibujado como consecuencia de algunas diferencias importantes que sin duda subsisten, pero desde este momento les
digo que deben seguir siendo habladas, deben seguir siendo debatidas y deben seguir siendo aproximadas, pues esa es la auténtica esencia del debate parlamentario. En otras palabras, señorías -y voy a llamar a las cosas por su nombre-, el acto de
profunda responsabilidad que tanto el Gobierno de España y, en su nombre, el Ministerio de Justicia, como el Grupo Parlamentario Popular, representante del partido que sustenta al Gobierno, hemos demostrado al buscar una fórmula de consenso en torno
al tema más polémico y debatido de esta ley es, por encima de cualquier otra consideración -seamos ciertos-, el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial al haber introducido una fórmula en la que pueden reconocerse
los distintos partidos políticos, en la que pueden reconocerse los ciudadanos, en la que pueden reconocerse los distintos sectores sociales y haberlo hecho a costa de ceder respecto de nuestras premisas iniciales en nuestro discurso en la anterior
legislatura e incluso -y se recuerda así en una de las enmiendas a la totalidad- en mi propio discurso inicial de comparecencia en la Comisión de Justicia. Y digo ceder, señorías, cosa que no solamente no oculto sino de la que me enorgullezco,
porque creo que es el ejemplo que, antes que nosotros y sentados en estos mismos escaños, nos dieron desde los legisladores constituyentes hasta todos aquellos que día a día cedieron en muchos de sus planteamientos y buscaron, por encima del debate
político en corto y por encima de la diferencia ideológica, esos espacios de consenso que quizás no generen grandes titulares en los medios de comunicación pero que son los que dan tranquilidad y seguridad a la ciudadanía; ese acto de
responsabilidad -digo- no queremos ni creemos que suponga un paso en el vacío, no queremos ni creemos que sea un gesto inútil, no queremos ni creemos que sea una inversión a fondo perdido. Antes al contrario, estamos convencidos de que es un paso
adelante, de que es una manera de pavimentar nuestra abrupta vida política con una cubierta civilizada de responsabilidad y que es una inversión que terminará dando sus frutos en el momento en que nos encontremos con un interlocutor identificable,
que acierte asumir esa demanda ciudadana, que esté por encima de los intereses de partido; o, me corrijo, que esté con una visión más amplia de lo que son los auténticos intereses de partido -que no pueden ser distintos de ninguno de los partidos-,
de lo que son los intereses de la sociedad. Creo de verdad que la tenemos todavía, y este es el sentido del debate parlamentario.
Hubo voces iniciales críticas -quizá con razón- que protestaron porque se hurtase al debate parlamentario la posibilidad de alcanzar acuerdos. Bien, aprovechemos esta ocasión. El Gobierno manifiesta en esta defensa de su proyecto su
disposición al diálogo; lo hace desde el apoyo del grupo mayoritario, de un grupo que es suficiente para sacar adelante los proyectos del Gobierno, de un grupo que hace de la vida parlamentaria un ejercicio permanente de sustento al Gobierno, pero
también de aproximación de cara a dar respuesta a algo que tiene carácter transversal en la sociedad española que es, en definitiva, establecer unas bases que en nuestra arquitectura institucional no sean susceptibles de ser permanentemente
modificadas en función de que la voluntad de los ciudadanos en cada proceso electoral decida que tengan que ser unas u otras formaciones políticas las que asuman la responsabilidad de Gobierno.
Pido a sus señorías disculpas si he iniciado este discurso expresando mis ideas de un modo tan nítido y directo, pero de verdad he creído que este es un momento para no refugiarse en el detalle técnico -en el que no tenga ninguna duda que
entraremos después-, evitando la auténtica toma de posición del Gobierno, que manifiesta aquí, en el Parlamento, de carácter político, y lo reivindico porque ese carácter político debe ser entendido como sinónimo de legitimidad y de progreso. Vamos
a hacer política, señorías, vamos a hacer política de verdad, vamos a hacer política de aquella que aprendimos de nuestros mayores, de aquella que significa hablar hasta la extenuación, encontrarnos desde las diferencias y buscar las fórmulas en las
que, sin satisfacción plena de todos, alcancemos la certeza de que los ciudadanos sí estarán satisfechos porque será lo mejor para sus intereses. Y creo que es razonable pensar que ese debate fue el que el Gobierno estableció a partir del pasado 6
de julio cuando, después de presentar en Consejo de Ministros un proyecto de ley en el que sabíamos que por el eje nuclear del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial no iba a haber una aproximación posible con lo
que había sido y eran las tesis de muchos de los grupos de esta Cámara, después, cuando el Gobierno definitivamente envía el proyecto a las Cámaras, anuncia públicamente su renuncia al modelo original; otro verbo, señorías, del que no me arrepiento
y que invito también a su señorías a conjugar: renunciar. Renunciar, al igual que ceder -y cuando se refieren a una parte de las aspiraciones máximas-, suele ser síntoma de un razonable pragmatismo que a la larga siempre suele estar recompensado
por la ciudadanía. Abrimos ahí una posibilidad distinta que era la de acercarse a otras fórmulas de elección, que no eran tampoco las anteriores, sino aquellas en las que consiguiésemos la máxima participación y la máxima representación de todos
los sectores implicados. Y ese ha sido durante décadas, señorías, el motivo del principal disenso entre los distintos grupos y muy especialmente entre los dos grandes grupos de esta Cámara, que son los que históricamente han soportado las distintas
alternativas de Gobierno que hemos tenido en nuestra democracia.
Pueden sus señorías, si lo desean, retrotraerse al comienzo de la partida a un punto anterior, pero les aseguro que, por más que eso pueda parecer en el debate parlamentario formalmente irreprochable, no dejaría de soslayar el hecho cierto e
incuestionable de que el Gobierno tomó una decisión responsable, decidió abrir un tiempo nuevo ese 6 de julio, introdujo, sin necesitarlo parlamentariamente, una novedad decisiva, y creo que hoy el Parlamento debe considerar seriamente la
posibilidad de que aquello que se inició el 6 de julio se convierta en una realidad. Deben saber, con todo, que este afán de transparencia en mi intervención no desmerece en nada el respeto que le merecen al Gobierno y a este ministro las críticas
concretas que recogen todas y cada una de las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos. Me alegra poder discrepar democráticamente en torno a su contenido y desde luego -insisto en ello- lo haré punto por punto, una vez que hayan sido
expuestas por los distintos portavoces. Pero precisamente porque vamos a ocupar nuestro tiempo debatiendo estos asuntos, es importante también dejar claro que de lo que se trataba era de otra cosa, de elevar la mirada; de elevar la mirada y de
sostenerla a la misma altura que está la mirada de los españoles hacia esta Cámara y hacia sus representantes, y ese punto no puede ser más que un horizonte de acuerdo y de responsabilidad. No discuto de ninguna de las formas las razones ni por
supuesto las intenciones de los grupos enmendantes que, de hecho, se expresan, al margen de su coincidencia o discrepancia, en las precisiones y argumentaciones incluidas en las propias enmiendas. Lo que sí quiero decir es que esas enmiendas,
aunque formalmente lo sean, quizá no merezcan la calificación de a la totalidad, o que quizás podamos, aun siendo parlamentaria y reglamentariamente calificadas como enmiendas a la totalidad, reconvertirlas en enmiendas a través de las cuales
podamos alcanzar esos acuerdos que, ciertamente, a día de hoy no se han producido.
Señorías, creo que es importante destacar que únicamente un grupo -lo digo desde el máximo respeto, pero lo ha hecho-, Unión Progreso y Democracia, se ha mostrado contrario al sistema de
elección de los vocales; asunto que en principio es el nuclear del proyecto que estamos debatiendo. Creo que desde el máximo respeto a esa discrepancia tenemos que poner de manifiesto desde el principio que, por razón de interpretación
contraria, existe un amplio acuerdo y responde a una amplia mayoría de esta Cámara que la propuesta que el Gobierno formuló el 6 de julio haya sido en ese punto aceptada y no haya sido introducida como objeto de justificación en las distintas
enmiendas a la totalidad presentadas. Me recuerda UPyD en su enmienda cuál fue mi postura inicial en mi comparecencia ante la Comisión de Justicia. Acabo de recordarlo yo mismo, como también he dicho que el Gobierno hizo un gran esfuerzo a partir
del 6 de julio para acercar posiciones con el conjunto de fuerzas políticas en aras de un consenso en ciertos temas centrales, como es el referido al sistema de elección de los vocales, con el fin de garantizar la estabilidad del consejo, como decía
antes, por encima de cambios de signo político.
Esta es la razón fundamental que explica el sistema de designación parlamentaria propuesto, ese sistema no enmendado por los grupos de esta Cámara salvo -ya lo he dicho antes- por UPyD, y que además ha sido objeto de distintas conversaciones
a lo largo de los últimos meses. Incluso La Izquierda Plural deja claro en su enmienda que defiende expresamente el mecanismo de elección parlamentaria. De manera, señorías, que puede haber matices en la estructura, en la definición del
funcionamiento del consejo y que estos debemos discutirlos -y el Gobierno y el grupo que lo apoya manifiesta su disposición a hacerlo en vía parlamentaria-, pero si todos, o la mayor parte, hemos convenido en la necesidad de que se dote de cierta
estabilidad a la regulación de este órgano y la mayoría entiende adecuado un sistema de elección parlamentaria de los vocales, pensamos que este tiene que ser el inicio de este camino hacia la permanencia y hacia la estabilidad. De lo que se trata
al fin y al cabo es de saber si en un momento -y no son palabras grandilocuentes- crucial de la historia de España estamos dispuestos a colaborar a una solución acordada entre todos, a una solución a los problemas de las instituciones, o si a corto
plazo la renta de no sentirse interpelado por esa gran empresa nacional puede dar más beneficios. Creo que si el Partido Popular y el Gobierno que nace de él han hecho el esfuerzo que han hecho para no quedarse fuera de ese imperativo que los
ciudadanos nos están planteando, el resto de los grupos puede recorrer exactamente igual este camino.
Señorías, señor presidente, el inmovilismo no es una buena idea en los tiempos que corren. Las estructuras del Estado, del aparato productivo y de muchas de nuestras instituciones están siendo sometidas a una profunda y exigente revisión
como consecuencia de la necesidad imperiosa que tiene España de dotarse de mayor iniciativa, de más eficacia, de un dinamismo real como camino practicable no ya hacia la salida de la crisis, sino hacia una situación de estabilidad. La prosperidad
pasada carecía de estabilidad estructural y tenemos que hacer las reformas para abordar unos tiempos que serán mejores pero que sin duda no serán como los pretéritos. Y no hay administración que esté al margen de este ejercicio de reflexión y de
autocrítica. Y no hay razón por la cual el órgano administrativo y político -hay que recordarlo- que gobierna el Poder Judicial haya de quedar fuera de ese gran esfuerzo colectivo que sin duda marcará el momento histórico, como por lo demás no ha
ocurrido con ninguna institución relevante de la vida española durante las últimas décadas, demostrando así su capacidad para adaptarse a los cambios y para evolucionar junto a la sociedad. Nada más lógico, por tanto, que el hecho de que el Consejo
General del Poder Judicial sea objeto de este proyecto de ley, que no esconde su intención de llevar a cabo un profundo cambio tanto en su organización interna como en su funcionamiento, sin alterar sus atribuciones pero teniendo en consideración
las enseñanzas que de modo natural se desprenden de la experiencia pasada.
El proyecto abre el sistema de elección de los vocales, respetando, por una parte, la representación de las asociaciones, pero abriendo también la posibilidad de incorporar al 50 % de la carrera judicial que libre y voluntariamente ha optado
por no formar parte de ninguna de las asociaciones judiciales. Además, se persiguen tres objetivos, señorías. Primero, la agilización del consejo en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Para ello se articulan mecanismos que eviten
los bloqueos que se producirían tanto en el momento de la constitución como en el de la renovación del órgano, que tanto daño ha hecho históricamente, cuando la falta de acuerdo a la hora de proceder a la designación de los vocales en esta Cámara y
en la Cámara Alta ha traído como consecuencia un retardo en su funcionamiento. También en cuanto a las mayorías exigidas para adoptar acuerdos, tenemos que buscar situaciones que no hagan imposible que estos acuerdos respondan a las necesidades de
gobierno cotidiano del Poder Judicial. El segundo objetivo es la simplificación del órgano, adecuándolo a una estructura más simple y con menor coste económico, acorde con el criterio de racionalización de la estructura administrativa que en todas
y cada una de las distintas administraciones, de los distintos poderes del Estado estamos en estos momentos
poniendo en marcha. Y el tercero, señorías, su profesionalización. Una profesionalización que sea una garantía permanente de continuidad y que sea garantía también de eficiencia en la adopción de las distintas resoluciones.
Tenemos la ventaja de que para acometer esta reforma que intenta hacer más operativo este órgano de gobierno contamos con el más eficaz de los instrumentos: la Constitución, en cuyo artículo 122 se encuentra cuanto necesitamos. Señorías,
el proyecto respeta escrupulosamente las competencias atribuidas al Consejo General del Poder Judicial. El artículo 122 tiene por objeto el consejo, no el Poder Judicial si no el órgano de gobierno del Poder Judicial, puesto que este no reside en
nada distinto nada más que en el pueblo y se administra por sus titulares, es decir, por cada juez o por cada magistrado cuando dicta una resolución y juzga y hace ejecutar lo juzgado. En tanto que poder queda definido por tanto en el artículo 117
que, como no puede ser de otro modo, garantiza la independencia judicial y preserva de toda influencia, ya sea política, ya sea mediática, ya sea de cualquier otra naturaleza, desde el momento mismo en que establece que los jueces son
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Señorías, en las enmiendas presentadas hay muchos puntos muy interesantes y, desde luego, reitero nuestra disposición a debatir y rebatir, y si en esta intervención inicial me he centrado solo en uno, el relativo al sistema de elección de
los vocales de origen judicial, ha sido por no desviar el debate de su aspecto medular, que es -quiero terminar por donde empecé- la necesidad de buscar un acuerdo. Un acuerdo que busca, no un apretón de manos, no una foto conmemorativa; un
acuerdo que busca que este proyecto de ley establezca una continuidad por encima de las alternancias políticas que los ciudadanos históricamente han establecido en los procesos electorales. Estamos ante una ley que ha sido concebida para dar
satisfacción no a una única parte del pensamiento político, no a una única parte del pensamiento doctrinal, no a un único partido, no a un único sector profesional, no a un solo componente de siglas determinadas, estamos, señorías, ante un proyecto
que tiene vocación de servir al conjunto de la sociedad española, rompiendo la improductiva rutina legislativa de volver a empezar cada vez que cambia el Gobierno. Nadie debería sentirse ajeno a este logro y estoy convencido de que llegará el día,
y ojalá ese día no esté lejano, en que desaparecerá tal recelo y por la vía de los hechos alcanzaremos ese encuentro. Hemos podido hacerlo hasta ahora, es cierto; hemos estado cerca, también es verdad; no lo hemos conseguido, también es cierto.
Creo que tenemos obligación de no dejar de apreciar y valorar lo alcanzado por dos motivos: primero, porque esta ley ofrece un modelo válido para afrontar las necesidades de gobierno del Poder Judicial durante este siglo, y estoy convencido de que
va a ser útil y eficaz y, segundo, porque cuando se inicia un debate parlamentario nunca se debe venir con apriorismo sino con una disposición de, escuchando a los adversarios, buscar siempre qué es lo mejor para la sociedad.
Señor presidente, señorías, no habrá mayoría responsable -me da igual que sea de un signo o de otro- que no pueda sentirse reconocida en este proyecto, y esto es lo que al final importa. Creo que después de los procesos de maduración de la
opinión, de los liderazgos y de las decisiones políticas, que a veces son lentos pero que no deben ser eternos, creo que después de la comprensión que ese hecho nos debe merecer, debemos tener la confianza -y esta es mi última intervención en este
punto que refleja mi primera intención-, debemos mantener la esperanza de abrir este camino que supone un auténtico sentido de Estado, que supone el auténtico ejercicio del compromiso con los ciudadanos. Señorías, quien teniendo mayoría
parlamentaria como consecuencia de la decisión popular en las últimas elecciones generales podría aprobar en solitario este proyecto de ley, por su carácter estructural, por lo que significa de desarrollo orgánico de la previsión constitucional,
invita, al margen de los debates a la totalidad que hoy se van a producir, a que todos los grupos se sumen a la posibilidad de alcanzar un acuerdo final, y lo hace, desde el ejercicio responsable de esa mayoría, manifestando su disposición al
estudio en detalle de cada una de las distintas propuestas que tanto hoy como en su debate en Comisión formulen los grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A este proyecto se han presentado cinco enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley. Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Ha presentado una enmienda a la totalidad el señor Tardà, que también en
este turno fijará posiciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor ministro, usted utiliza la táctica de la ducha escocesa, fría-caliente, caliente-fría, ahora nos ha invitado al consenso, pero la verdad es que no lo vemos. De hecho, inmersos
en Gürtel, Bárcenas, Urdangarín, Campeón, ERE andaluces, usted, señor ministro, nos plantea una reforma para que el órgano de gobierno de los jueces responda a una mayoría absoluta, aritmética e ideológica, en lugar, creo yo, de dedicarse a
corregir las disfunciones que todo el mundo reconoce al actual sistema de funcionamiento; lo cual me lleva a pensar que estamos en un panorama sospechoso, porque creo que ustedes persiguen debilitar el consejo no aceptando la actual composición
colegiada, con un presidente que requiera para su nombramiento la aceptación de dos terceras partes de sus miembros. Creo que pretenden instrumentalizarlo para que la justicia, el Poder Judicial, actúe en cada caso en función de unos determinados
intereses. De hecho, atribuye al presidente facultades absolutas y usted, el ministerio, se otorga competencias en funciones disciplinarias y concede a los magistrados del Tribunal Supremo una representación creo que excesiva. Fíjese el ejemplo
del juez Castro, que ha sido expedientado al cabo de unos días de haber imputado a la infanta por unas supuestas filtraciones. En otros casos esto no había ocurrido porque habían sido archivados. Por eso, yo me pregunto: si esto ha ocurrido con
el actual consejo, qué no va a ocurrir con el consejo controlado por ustedes. Además, creo que ustedes pretenden controlar el Poder Judicial para que no pueda declarar injustas sus políticas sociales que recortan derechos; que recortan libertades;
que reprimen a la ciudadanía con actuaciones de dudosa legalidad, criminalizando a los movimientos sociales, infiltrando agentes de inteligencia, manipulando e instrumentalizando la violencia policial. Algunos jueces ya han dicho basta. Sé que
existe una nueva generación de jueces que empiezan a cuestionar y a ser más sensibles de lo que han sido históricamente desde la recuperación de las libertades ante la contestación popular fruto de sus políticas sociales, por ejemplo, todo aquello
que atañe a los desahucios. Creo que usted se ha preguntado qué podemos hacer y ha entendido que hay que levantar un terraplén no vaya a ser que éstos -los nuestros de siempre- se nos empiecen -permítame la expresión- a rebotar.
Además, usted ha actuado de una forma muy torticera. Si tuvo que suspender unos artículos de una ley orgánica para impedir la renovación del Consejo General del Poder Judicial a la espera de aprobar esta ley, no me diga que el
comportamiento ha estado alejado de este calificativo de torticero. Además, su voluntad democrática es un tanto endeble, no ha habido ni un asomo de diálogo, al revés, ha sido tramitado a golpe de mayoría absoluta, la apisonadora marca Gallardón
funcionando a 150 por hora. A esto yo lo llamaría prepotencia, no se lo tome mal. Además, su proyecto es precipitado. Cómo se explica su proyecto de ley cuando está en perspectiva una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial. Insisto en la
idea anterior, le reconozco una gran habilidad como político; de hecho, digamos que usted hace honor a su apellido de político. El proyecto de ley es oportuno, para sus intereses es oportuno, lo cual me lleva a pensar que va en contra de los míos,
que es tan legítimo como todo lo que hemos visto en este mundo y lo que nos queda por ver. De ahí que usted y yo estemos a ambos lados de la trinchera porque su objetivo, creo yo, no es la mejora del sistema judicial, sino disminuir su
independencia, asegurarse la genuflexión del Poder Judicial al poder absoluto político, repito, no vaya a ser que las nuevas generaciones de jueces se nos empiecen a desviar del camino trazado.
Las cosas han cambiado, y yo no voy a actuar con falsedad; nosotros, los republicano, hemos tenido muchas diferencias con el Poder Judicial español, de hecho la carrera judicial no está nada democratizada, hay todavía una cierta herencia
del franquismo, solamente hace falta leer los apellidos de muchos jueces -ustedes proceden de donde proceden, lo cual es también tan legítimo como proceder del otro bando, ¿no?-, ha habido una herencia franquista, castellanista, españolista que ha
pervivido y solamente hace falta ver lo poco que han ayudado los jueces en la recuperación y normalización de las lenguas gallega, euskara y catalana. Es decir, hoy en día, parece mentira que los jueces, tan cultos y tan sabios, todavía mantengan
tanto menosprecio hacia las lenguas distintas a la española. Ha habido, y todavía existe, corporativismo. Le he hablado de la falta de democratización de la carrera judicial -vienen de dónde vienen y socialmente son lo que son-, pero las cosas
están cambiando porque estamos en el siglo XXI y estamos en una democracia -por honor, cosa que nos honra a todos- que se va alejando de aquella democracia low cost reinstaurada a la muerte del dictador. Pero existe, no me lo negará, una sesgada
extracción social de sus miembros. Es decir, yo reconozco que este proceso de progresiva contestación de armonía mayor del mundo judicial respecto de la sociedad es un proceso que ha avanzado mucho y ustedes empiezan a sentir una cierta inquietud,
los nuestros se nos están alejando, las nuevas generaciones de jueces.
Ya ve que yo entiendo lo suyo y parte de lo mío, es decir, vemos la sociedad muy dialéctica, pero esto que he dicho yo de los jueces no me lleva a caer en la trampa reduccionista de usted. El Consejo General del Poder Judicial necesita una
mayor democratización en su elección. Por ejemplo, ¿quién nos asegura
que ustedes y ustedes, Cánovas y Sagasta -antes sabíamos que Cánovas eran ustedes y Sagasta eran los socialistas, a veces creo que nos hemos perdido-, no se ponen de acuerdo para controlar políticamente el Consejo General del Poder Judicial?
Le vamos a hacer un planteamiento un tanto atrevido respecto de cómo respetar a las minorías de este parlamento, vamos a ver si será posible, porque es evidente que es necesario un mayor consenso y una mayor pluralidad basada en los méritos y no en
el partidismo. Es decir, solamente podemos salir airosos si somos capaces de combinar equilibrio y pluralidad; un equilibrio que debe existir entre las asociaciones, abogados, mundo académico, los operadores jurídicos y el poder político. A esto
se le llama consenso en mayúsculas, pero la verdad es que lo que mal empieza mal acaba. Usted empezó mal, ahora con la típica ducha escocesa nos dice que está abierto al debate. Oiga, humildemente, si usted nos llama vendremos, y si nos quiere
escuchar, mejor que mejor, aunque no lo ha hecho nunca y tampoco entiendo por qué tiene que hacerlo, pero sería bueno que lo hiciera.
Le avanzamos que intentaremos, repito, plantear enmiendas constructivas -creo que se dice así, aún cuando siempre me ha parecido una cierta estupidez, todas las enmiendas están hechas con la mayor inteligencia por parte de todo el mundo-,
hay que conseguir un mayor equilibrio entre las partes. Por ejemplo, hay que conseguir la paridad, hay que impedir que los vocales tengan trabajos complementarios porque creo que la incompatibilidad es fundamental. Termino, porque no tengo más
tiempo, ya leerá, con interés supongo, nuestras enmiendas. También le digo que el Estatuto de Autonomía de Cataluña contempla, y creo que ustedes lo deberían reconocer, al Consell de Justícia de Catalunya como órgano de gobierno del Poder Judicial
en Cataluña, respetando, digo, todas las competencias..., claro, que después de lo que nos hizo el Tribunal Constitucional, hablar de esto supongo que para algunos de ustedes, aun cuando el pueblo de Cataluña refrendó el texto estatutario, y al oír
nuestra demanda, les debe sonar muy, muy alejado. Pero, ¿qué voy a pedirles? Que voten a favor de nuestra enmienda de devolución de la misma manera que nosotros votaremos las enmiendas de los grupos parlamentarios que también las han registrado.
Y le pido que se lea con interés nuestras enmiendas a la espera de..., no sé de qué. (Risas).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidente.
Señorías, señor ministro, prácticamente todos los grupos de la Cámara han presentado hoy enmiendas de totalidad a este proyecto de ley, a esta reforma que nos plantea su Gobierno y entendemos que este es el dato que debiera hacerle
reflexionar. Es cierto que de alguna manera, y en su turno de defensa del proyecto, hacía esa reflexión que nos parece básica en torno a este punto del orden del día, pero no es menos cierto que lo que nos ha hecho de alguna manera no es sino el
relato de lo que debía haber sido pero que hasta ahora no ha sido. Estoy hablando de esa falta de consenso, de esa falta de encuentro, de esa falta de búsqueda de diálogo que se ha producido a la hora de pergeñar el texto que su Gobierno ha
remitido a esta Cámara y que, como digo, hoy es contestado por la mayoría de los grupos de esta Cámara. Lo cierto es que esa falta de debate, esa falta de búsqueda de consensos, pero no solo -y entrando al contenido-, no basta con quedarnos en las
formas, esa falta de ambición en la búsqueda de un modelo que yo creo que el grueso de la Cámara, y lo ha relatado así, entendemos que debe ser reformado, la falta de ambición en la búsqueda de un modelo que perdure en el tiempo y que satisfaga al
conjunto de los estamentos concernidos, no solo dentro de esta Cámara, también fuera de la Cámara, la falta también de ambición -y lógicamente desde Geroa Bai quiero apuntarlo o subrayarlo de manera evidente- en buscar una reforma que acerque
también el órgano de gobierno de los jueces más todavía a la calle y lo haga a través de los estamentos autonómicos de la Administración de Justicia, francamente nos parecen cuestiones de contenido relevante y que queríamos subrayar para explicar el
voto, en este sentido positivo, a las enmiendas a la totalidad que hoy se presentan en el caso de Geroa Bai. Enmienda a la totalidad que, es cierto -se ha apuntado también aquí en la tribuna y lo ha hecho usted con bastante apunte-, no va a
prosperar. Es cierto que la mayoría parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular así lo va a decretar. Pero yo insisto en señalarle, señor ministro, que no pierda la oportunidad de tomar nota de este debate. Hoy ciertamente le asiste, ministro
-y así va a quedar claro- la fuerza o la razón de la fuerza parlamentaria, pero lo que no le asiste, y queda claro con la posición de los grupos parlamentarios, es la fuerza de la razón.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, tengo que reconocerle un gran mérito. En apenas año y medio ha conseguido usted una clamorosa unanimidad: tener a todos en su contra. No es fácil, pero usted lo está consiguiendo. Hoy cinco grupos de esta Cámara defienden
una enmienda a la totalidad de la ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial y su devolución. Están en contra la mayoría de asociaciones profesionales de la justicia, la mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial, incluso
ha conseguido que hubiera una huelga en contra de sus decisiones -por cierto, una huelga con un seguimiento francamente mayoritario-. Por eso, he intentado ver esta reforma como la vería un ciudadano corriente y hay una cosa, a pesar de toda su
intervención, que salta de inmediato a la vista. En un tema de tanta trascendencia cuando estamos hablando de la independencia de uno de los pilares fundamentales del Estado usted nos presenta una reforma que no cuenta, que no ha concitado ningún
consenso y que pretende aprobar únicamente con su mayoría absoluta. Con todo esto, se lo pregunto francamente, ¿qué mensaje está mandando usted a los ciudadanos, señor ministro? Si la mayoría de grupos de esta Cámara estamos en contra, ¿qué pasará
si dentro de dos años y medio ustedes pierden su mayoría absoluta? ¿Tendremos que abordar una nueva reforma?
Compromís-Equo entiende que es el momento de reflexionar sosegadamente -como le he dicho a usted señor Ruiz-Gallardón- si quiere seguir por este camino, señor ministro, si quiere convertirse en el pirómano de la justicia o en su bombero,
porque con sus políticas usted no ha parado de encender nuevos fuegos y, por cierto, no apaga ninguno: las tasas judiciales, los indultos polémicos -recordemos un indultos polémico de un conductor kamikaze justamente en mi tierra, en Valencia-, la
supresión de jueces sustitutos, la reforma de la Ley del aborto que parece que va a abrir un nuevo fuego y ahora esta reforma del Consejo General del Poder Judicial. Señor ministro, con esta reforma usted manda un mensaje muy nítido a los
ciudadanos, que la justicia está politizada, que usted quiere que lo siga estando como lo ha estado todos estos años cuando hemos visto continuos pasteleos entre los dos partidos gobernantes. Por eso, si esta reforma se aprueba solo con los votos
del Partido Popular se reforzará la opinión de que la justicia está intervenida por los partidos. Piénselo, señor Ruiz-Gallardón. Ha hablado usted de consenso, y le creo, pero imponiendo mayorías absolutas va justamente en la dirección contraria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
El Grupo Parlamentario Vasco, PNV, ha presentado también enmienda a la totalidad y para su defensa tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías.
Señor ministro, la verdad es que cada vez le profeso más admiración. Sólo una persona dotada de sus registros retóricos puede hacer una intervención de más de media hora sin aludir en ningún momento a uno solo de los contenidos materiales
del proyecto de ley. No se lo tome a mal -con buen talante como decía el señor Tardà-, pero en algunos momentos me recordaba al general Perón, con las diferencias debidas. Usted es un demócrata y al general Perón dudosamente se le podría atribuir
este calificativo. Pero esas invocaciones genéricas y abstractas, no coercibles al consenso, a la necesidad de un nuevo mundo, a la bondad, esas reflexiones rayanas en la metafísica, cuando estamos ante un proyecto normativo que pretende conseguir
lo que pretende conseguir exclusivamente, nos ha parecido primero ilustrativo, porque todos aprendemos oyendo estas brillantes disertaciones, pero luego inocuo para lo que nos convoca en la mañana de hoy. Señor ministro, tengo que decirle
-condensando las reflexiones de señor Tardà- que podríamos estar hablando de una película que le recomiendo -ya la habrá visto seguramente- que se titula Uno de los nuestros. En Uno de los nuestros se hace referencia a una persona de la mafia y a
cómo se ingresa en la misma. Hay ciertas reflexiones alegóricas que vienen a colación y tienen cierto nexo de causalidad también con el contenido esencial, casi con la ontología de este proyecto de ley, ontología de pequeña dimensión, puesto que es
un proyecto de ley instrumental. Esta no va a ser la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial que ustedes preconizan, esto sencillamente pretende evitar algo que, si no se acomete o no se aprueba en este momento, provocaría que el sistema de
elección de los nuevos miembros o de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial se hiciera de conformidad con lo previsto en la actual ley orgánica, con lo cual hay que adelantar los preceptos
atinentes a la regulación del nuevo sistema que se cohonesta a su vez con la nueva conformación o naturaleza del órgano que ustedes pretenden configurar. Usted decía que, en su opinión, las enmiendas de totalidad refutaban lo tangencial y
no lo esencial; nosotros refutamos lo esencial y refutamos lo tangencial también. Por usar una expresión muy al uso en los tiempos que corren, señor ministro, creo que ustedes, en relación con el Consejo General del Poder Judicial, están
realizando verdaderas prácticas abortivas de dudosa legalidad incluso, un tema que usted conoce perfectamente también por otras razones.
Usted ha empezado a ver este órgano con prevención; no a este órgano, sino seguramente a la Administración de Justicia, que es un órgano gubernativo, no ejerce potestad en sus competencias jurisdiccionales. La Administración de Justicia no
es la Administración de Justicia de otrora, no voy a decir que dócil o sumisa, pero sí tenía una concepción de aplicación de la ley rigorista, positivista, basada en una interpretación literal del ordenamiento jurídico, y nos hemos encontrado con
nuevas generaciones, con nuevas cohortes de jueces que, mediante una interpretación espiritualista de los preceptos, sobre todo de los que son manifiestamente injustos, están consiguiendo reformar la legislación española en materia de desahucios,
por ejemplo, y han presentado una cuestión prejudicial ante el tribunal europeo y se ha ganado desde la Administración de Justicia. Comprendo que esta circunstancia puede llegar a preocupar a un Gobierno, preventivamente esto empieza a ser algo
diferente a lo que los nuestros hacían otrora, y ahí viene la reflexión de Uno de los nuestros. Cuestión prejudicial, por cierto, que yo no sé si usted está analizando lo que se está haciendo en la reforma de la legislación de desahucios, y lo que
se está haciendo no sé hasta qué punto va a provocar problemas al Reino de España, en tanto en cuanto la sentencia del tribunal europeo establece que lo que es nulo e ilegal es fundamentalmente el procedimiento de desahucios. Si el procedimiento es
nulo, por tener naturaleza ejecutiva sin posibilidad de oposición, todo lo que dimane de ese procedimiento es nulo, y usted se lo debería decir al señor De Guindos y a las personas que en su grupo parlamentario no están percibiendo la gravedad de
esta situación. Pero no estamos hablando de desahucios en este momento, estamos hablando de una circunstancia coyuntural. ¿Por qué, quizá, le empieza a molestar a usted una Administración de Justicia beligerante y belicosa contra ciertas políticas
gubernamentales de corte conservador que proceden a la preterición de derechos y libertades públicas consagradas en la Constitución? Pues porque también en otros ámbitos, la reforma laboral, que ha descausalizado el despido, está siendo objeto,
mediante una aplicación espiritualista de la misma, de una causalización de lo que el legislador, por su mayoría absoluta en el ámbito legislativo, ha procedido en materia de despidos objetivos fundamentalmente. Y está pasando en muchos ámbitos de
la actualidad. Empiezan los jueces de instrucción a imputar a personas que otrora hubiéramos considerado todos inimputables, incluso miembros de la Casa Real. Están pasando muchas cosas y no sé si la previsión de su Gobierno -no me interprete la
atribución, no quiero hacer un juicio de intenciones- pretende nada menos que, descabezando el órgano de gobierno o sujetándolo a un mayor control gubernamental, se pueda terminar sujetando las actuaciones paralegales y transformadoras mediante una
suerte de aplicación del uso alternativo del derecho que yo sé que a ustedes en su grupo les preocupa.
Pero no es este el problema, el problema es que ustedes transforman un órgano configurado por veinte vocales -todos con dedicación exclusiva hasta el momento- en un órgano donde la dedicación exclusiva se atribuye solo a seis. Se le da una
gran dimensión, una gran preponderancia a la Comisión Permanente constituida por seis miembros, seis miembros con dedicación exclusiva. ¿Cómo van a ejercer sus funciones los demás? Se establece en el proyecto de ley que acabadas las funciones
jurisdiccionales o acabado su trabajo en el órgano jurisdiccional en el que prestan sus funciones. Yo no sé si usted ha leído el artículo 127 de la Constitución, señor ministro. Usted sabe que el artículo 127 de la Constitución en su punto número
1 prohíbe a los jueces en el ejercicio de la jurisdicción ejercer cualquier otra Función pública. Me gustaría que me dijera, si me va a contestar después, cómo puede evitar una proclamación de inconstitucionalidad que en este caso se me antoja
manifiesta; y cómo van a trabajar, puestos ya a reivindicar o reclamar explicaciones, en qué régimen van a trabajar los demás jueces, los otros doce que pertenecen en el consejo a la carrera judicial y que no pertenecen a la Comisión Permanente,
¿el régimen es de teletrabajo, teleasistencia, trabajo domiciliario? ¿Cuál es el procedimiento que prevé? Porque no se hacen indicaciones muy pormenorizadas, salvo cuando les toque ingresar en la Comisión Permanente, una cuestión muy compleja y
muy difícil de entender.
Señor ministro, esta es una de las grandes quiebras, que ustedes pretenden amortizar en un órgano, y amortizarlo además por procedimientos que usted ha pretendido justificar con la habilidad dialéctica que le caracteriza. Usted ha hecho una
operación dialéctica de manual, muy fina, muy
sofisticada, como todas las suyas; nos ha confrontado a todos los que hemos presentado enmiendas de totalidad con la pretensión de UPyD de establecer un sistema de elección corporativa de los jueces y magistrados. Usted sabe que esta
proyección hacia UPyD y a la enmienda -que es el único grupo que todavía en esta Cámara mantiene la excentricidad de proceder a una designación corporativa de los vocales que componen este órgano- establece automáticamente un movimiento de empatía
hacia su propuesta, propuesta que usted mismo ha calificado de cesión. Mire, he cedido y me he contradicho a mí mismo, a mis propias palabras, y el programa electoral de mi partido ya proclamaba o preconizaba una designación corporativa o electiva
dentro del cuerpo judicial, de los tres cuerpos judiciales electorales que se conforman en la actualidad en este proyecto de ley, en la futura ley orgánica del Poder Judicial. Pero, mire, a pesar de que se produce ese elemento de empatía o de
simpatía hacia su propuesta -porque me parece que no es discutible constitucionalmente ni democráticamente que la elección de todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial tenga que ser parlamentaria, porque estamos hablando del órgano de
gobierno de un poder del Estado y no hay ningún poder del Estado cuyo órgano de gobierno se pueda desproveer o desmembrar de aquella institución donde reside la soberanía popular, esto es materialmente indiscutible, filosófica, política y
jurídicamente indiscutible, señor ministro-, a pesar de esta empatía que se provoca, no es suficiente como para avalar su proyecto de ley que pretende la amortización del órgano, una práctica abortiva del órgano. Órgano donde además hacen
desaparecer comisiones importantes, y me estoy refiriendo particularmente a la Comisión de Calificación; un órgano que ha estado siempre bajo la sospecha, bajo el fumus de ser un órgano controlado políticamente, poco neutral, en donde además esto
se acreditaba por la reproducción mimética en el Consejo General del Poder Judicial de lo que ocurría en las mayorías parlamentarias, de lo que ocurría en las instituciones parlamentarias, reproducción mimética en el seno del Consejo General del
Poder Judicial. Yo pertenecía a ese consejo y, siendo el único miembro de ese consejo, en el que estuve señor ministro, que pertenecía o militaba en un partido político, le puedo asegurar que no me atrevo a decir tanto como que fui el único, pero
yo no recibí jamás una instrucción, y no me atrevería a hacer esa misma afirmación de los demás compañeros que conformaban aquel órgano de gobierno que no pertenecían o no militan en ningún partido político. Claro, la cuestión no es ésa, el
problema o la disfunción no es esa; el problema es el sistema de elección, los tres cuerpos electorales, que los van a proveer de ternas en donde a través de los hearings correspondientes de la Comisión de Justicia se puede hacer algo adecuado,
pero con una Comisión de Calificación que, una vez se proceda inicialmente a la conformación del órgano, tiene una función importante, que es proveer aquellas designaciones discrecionales que al consejo le corresponden, que son tan relevantes como
las de todos los magistrados de todas las salas del Tribunal Supremo, que haya una comisión que pueda evaluar la neutralidad política de los magistrados. A mí me preocupa mucho la neutralidad política del órgano de gobierno del Poder Judicial, pero
me preocupa mucho más la neutralidad política de los que ejercitan la jurisdicción, de los órganos judiciales y particularmente del Tribunal Supremo, que es la última instancia jurisdiccional y donde se agotan a través del recurso de casación las
demás instancias jurisdiccionales, y eso sí es preocupante. Desde esa perspectiva, aquí tenemos la reducción de miembros, la primacía o la preponderancia que se atribuye a la Comisión Permanente -es más fácil manipular o controlar a seis personas
que a veinte-, las exorbitantes potestades que se confieren al presidente, entre otras la de nombrar al vicepresidente, y el vicepresidente ha tenido siempre desde un punto de vista casi jerárquica casi la misma condición que el presidente del
consejo, sí, pero le puede nombrar como si fuera un letrado más o un facultativo más del consejo, y le puede cesar también. Desde esa perspectiva estamos ante una atrofia respecto a la naturaleza del órgano que prevé la Constitución. No solo se
está vulnerando el 127 en cuanto a los jueces que ejercen las funciones jurisdiccionales y que luego en el régimen que fuera -régimen de teletrabajo probablemente- tendrán que dedicarse a las funciones propias del Consejo General del Poder Judicial,
sino que se está vulnerando el contenido esencial, mediante una interpretación casi literalista, señor ministro, del artículo 122 en sus números 2 y 3, con la desaparición de esta comisión.
Lo mismo pasa con la Comisión Disciplinaria. Esta comisión es importante y es importante que sea neutra, porque desde ella sí que se puede controlar la acción jurisdiccional. Yo he visto perversiones de la siguiente dimensión. Me acuerdo
perfectamente como si fuera ayer, señor ministro -yo estaba en el Consejo General del Poder Judicial en aquella época-, cuando se sancionó con seis meses de suspensión al juez Moreiras por unas irrelevantes declaraciones en una página perdida del
diario ABC, seis meses de
suspensión cuando todos los demás magistrados de la Audiencia Nacional permanentemente estaban en todas las televisiones y radios haciendo declaraciones extensas y ajenas en la mayoría de las ocasiones a las funciones jurisdiccionales que
tenían encomendadas, de toda suerte y condición, de toda naturaleza. Luego la no actuación neutral de la Comisión Disciplinaria puede provocar elementos de inhibición y de contención en un ejercicio de la función jurisdiccional neutra, libre y no
comprometida por una institución que tiene el carácter político que va a tener esta.
Por otra parte, señor ministro, aquí hay una sobredimensión, desde la estructura estamental que ustedes incorporan al nuevo órgano que se crea, de los magistrados del Tribunal Supremo, pero de determinados magistrados que pertenecen a un
estamento conformado solo por 81 magistrados de los 6.000 que configuran la carrera judicial. Estos 81 magistrados se van a repartir la práctica totalidad de las vocalías, cuando la carrera judicial está conformada prácticamente por 6.000
magistrados de carrera -magistrados de carrera; ya se encargó usted en otra ley anterior de amortizar a los jueces sustitutos y magistrados suplentes-.
En cuanto a los juristas, tampoco vemos invocaciones a una configuración de la Administración de Justicia en el sentido amplio. La Administración de Justicia no solo está por conformada por los jueces y magistrados y por sus órganos de
gobierno y por el ministerio fiscal. Está conformada por todos los operadores jurídicos y esa es la Administración de Justicia respecto de la cual usted invocaba la modernidad, los nuevos tiempos, la nueva configuración de las instituciones. Está
conformada por todos los operadores jurídicos, señor ministro. Hay que realizar elementos de apertura a otros operadores, como pueden ser los abogados, los procuradores, los notarios, registradores y otros operadores jurídicos que también en un
sentido amplio tienen cosas que decir, tienen cosas que afirmar en la defensa de los intereses no corporativos sino de los justiciables, en defensa de los intereses de los ciudadanos.
Por último -con esto acabo, señor ministro-, qué oportunidad perdida para debatir sobre algo en lo que usted manifiestamente no cree: los consejos autonómicos del Poder Judicial. No cree a pesar de que ya están normatizados y forman parte
del bloque de constitucionalidad. Hay seis estatutos de autonomía que conforman consejos superiores autonómicos del Poder Judicial, de diferente dimensión: unos transportan, como el catalán, miméticamente las competencias del Consejo General del
Poder Judicial al ámbito catalán, territorializando las competencias -eso ya ha sido declarado parcialmente inconstitucional-; otros sencillamente mimetizan las competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia, y
otros, como el valenciano por ejemplo, tienen una configuración jurídica que podríamos calificar de anfibológica, difícil de interpretar. Pero, sean como sean y sean diversos y heterogéneos los existentes, existen ya en el bloque de
constitucionalidad consejos superiores autonómicos del Poder Judicial. Este es un debate que usted no puede eludir, porque comprendo que no se puede territorializar el ejercicio de la función jurisdiccional, que constitucionalmente es única, pero
sí se puede territorializar un órgano de gobierno, un órgano que ejerce competencias solo gubernativas, como el Consejo General del Poder Judicial, sin ninguna dificultad, porque en este ámbito nada está ni en el ordenamiento jurídico, señor
ministro, ni en la naturaleza de las cosas, parafraseando a Lucrecio. Dicho lo cual, señor ministro, yo espero que me conteste a estas cuestiones que humildemente le propongo.
Me parece que hay otras aberraciones que con más detenimiento podremos debatir en ocasiones posteriores, pero empezamos mal, con una ley instrumental respecto a la cual usted ha realizado un discurso más propio de una apertura de la
legislatura, de un acto de una solemnidad mayor de la que merita algo que es puramente instrumental, algo que solo pretende que el nuevo sistema de elección de vocales se corresponda con la futura ley que nos van a traer a corto plazo, esperemos que
con los ámbitos de negociación o los niveles de negociación que usted ha prometido, porque uno de los déficits de su ministerio -y ya con esto acabo, señor presidente, perdón por la desmesura en el uso de la palabra- es la falta de interlocución.
Ha hecho una gran invocación a la interlocución, al consenso. Pues practíquelo. La mejor forma de hacer afirmaciones retóricas que sean creíbles y que no nos lleven a atribuirle la condición del general Perón, en demócrata, transmutado en una
persona democrática, es practicar lo que usted ha invocado con tanta solemnidad y con tanta prosopopeya en esta Cámara.
En todo caso tenemos cosas muy importantes que hacer. La Administración de Justicia funciona bien y cuando la Administración de Justicia funciona bien un país incita a funcionar mejor, incluso en el ámbito económico, en el ámbito social y
en todos los demás ámbitos. Yo necesito, todos necesitamos que la Administración de Justicia del Estado español funcione bien y que de una vez se pueda afirmar que está realmente despolitizada; no despolitizada en el sentido aristotélico del
término: 'despartirizada'.
Seguramente esta expresión no está en la RAE, pero como la RAE incorpora todas las que oye, seguramente la incorporará a corto plazo. Es muy importante esta reflexión.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Ha presentado también enmienda a la totalidad el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Para su defensa tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, efectivamente, como usted mismo nos ha recordado, estamos hoy ante un importante debate, un debate que pretende la devolución del proyecto de ley. Más allá de las cuestiones técnicas a las que usted aludía y en las
que nos explicaba que iba a entrar en el segundo turno, más allá del debate concreto de cómo cada cual de nosotros, de los grupos parlamentarios podamos plantear cómo ha de elegirse el nuevo Consejo General del Poder Judicial, más allá de eso hoy
estamos ante un debate en el que la mayoría de los grupos, concretamente cinco grupos parlamentarios, le piden al Gobierno que devuelva el proyecto de ley para analizarlo.
Estamos ante un debate, a mi juicio, extraordinariamente importante desde la perspectiva democrática. No es un tema menor. La independencia de la justicia, la separación de poderes -la forma en que se elige este órgano de la justicia está
íntimamente relacionada con la independencia y con la separación de poderes- es un debate sobre lo esencial de la democracia. Por eso abordarlo sin ningún tipo de corsé, como usted planteaba en su intervención, es algo que a mi juicio resulta
verdaderamente interesante y que corresponde a un verdadero servicio público. Es imposible regenerar la democracia en España, que es un objetivo de todos nosotros -diría yo-, si no entramos en este debate de verdad, no con palabrería, de verdad.
Porque lo que hoy tenemos, lo que hoy usted nos ha traído aquí, lo que ha producido estas enmiendas de totalidad es un debate que nunca se quiso abordar, señor ministro, sobre la reforma de una ley que ustedes mismos llevaron al Constitucional y que
lo que sancionó fue el enterramiento y muerte de Montesquieu. No son palabras mías, eso ha formado opinión general. Los partidos políticos en España tomaron la decisión -primero no todos, pero después parece ser que todos, según usted mismo ha
dicho- de controlar también desde dichos partidos políticos a los órganos de la justicia, no solamente a este, al Consejo General del Poder Judicial, sino también a los demás.
Usted hoy aquí en su intervención, buscando consenso -estas son sus palabras, otro portavoz ha utilizado otras a las que también me referiré-, ha querido poner de manifiesto que Unión Progreso y Democracia es el único grupo político que
tiene una enmienda de totalidad de verdad, en el sentido de que está de totalidad en contra del sistema que ustedes proponen de elección del Consejo General del Poder Judicial. Yo le agradezco el reconocimiento, porque efectivamente estamos en
contra de que los partidos políticos metan la mano en el órgano de representación de los jueces y nos da igual el porcentaje. Estamos radicalmente en contra de que ustedes consideren que el Consejo General del Poder Judicial es una tarta que se
tienen que repartir entre ustedes y que lo tienen que hacer, en fin, sin que se note que vulnera la Constitución, con arreglo a la Constitución, siquiera a la letra, que no al espíritu, como luego le recordaré, de la propia Constitución,
recordándole sus propias palabras.
Efectivamente, nosotros estamos en contra. ¿Eso es excéntrico? Pues parece que sí. Si el centro es esto, lo que ustedes discuten, qué parte de la tarta les toca, somos muy excéntricos. Estamos completamente en contra de repartirse la
tarta del órgano de gobierno de los jueces, completamente en contra, tan en contra como hemos manifestado -y también en eso hemos sido muy excéntricos y ustedes nos lo han llamado, no solamente quien lo ha hecho hoy sino el resto de la Cámara- y tan
excéntricos a lo largo de estos años como cuando pedimos ya en la legislatura pasada que los partidos políticos sacaran la mano de los órganos de las cajas de ahorros. Si la hubiéramos sacado entonces, mejor dicho, si la hubieran sacado ustedes
entonces, las cosas no hubieran llegado a la situación que ha llegado. Como cuando pedimos que sacaran los partidos políticos la mano de los organismos reguladores. Si hubieran sacado la mano de los organismos reguladores, no hubiéramos llegado a
la situación que hemos llegado. Y hoy les pedimos que saquen la mano de los órganos de la justicia, que la saquen, pero no porque estemos en desacuerdo con el trozo de tarta que nos ofrecen o que no nos ofrecen: no queremos ni un trozo de la tarta
ni la guinda, oiga, ni el papel de envolver. Queremos que los órganos que representan a los jueces sean elegidos por los jueces y no por los partidos políticos en proporción a los votos que les han dado los ciudadanos. (La señora vicepresidenta,
Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
'No podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España. No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra nuestra Constitución está, a efectos del ciudadano, absolutamente vulnerada como
consecuencia de la extensión de la lucha partidista a la configuración de los órganos de gobierno de uno de los poderes del Estado. No es eso, señorías, lo que quiso el legislador constituyente. No es eso lo que nos manda nuestra Constitución y es
un error que estamos obligados a corregir y tenemos que empezar, lo digo con rotundidad y desde el principio para acabar con esa politización y con esa percepción de politización que tienen los españoles, con la modificación del sistema de elección
de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que ir al espíritu de la Constitución y tenemos por lo tanto que dejar bien claro que la voluntad del Gobierno, como ya ocurrió en los primeros tiempos de funcionamiento del consejo, es
que doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Y les digo más, si queremos de verdad acabar con la politización, tenemos también la obligación de que los ocho miembros que habrá de
designar este Parlamento -y hago extensiva esta reflexión a otros órganos constitucionales del Estado- no sigan siendo parte de un sistema partidario de reparto de cuotas. No es eso lo que quiso el legislador constituyente. Cuando el legislador
quiere que en determinados órganos estemos representadas las diferentes formaciones políticas en función del apoyo popular que hemos tenido, así lo establece, y la elección de la Mesa de las Cámaras creo que es un ejemplo rotundo de esta voluntad.
Cuando el legislador exige una mayoría cualificada que, salvo excepciones, presume que no puede ser alcanzada por una sola formación política, no está buscando un reparto en función de los apoyos electorales que haya tenido cada formación; lo que
está buscando' -estamos hablando del legislador constituyente- 'es, a través del diálogo, un consenso para elegir a las personas adecuadas' -a las personas adecuadas- 'para elegir a aquellos que, elegidos por todos y votados por todos' -por todos
los jueces- 'cumplan todos los requisitos para poder ejercer esa alta función. No podemos seguir asistiendo a un relato de la crónica judicial donde cada decisión está permanentemente asociada al origen partidario de los miembros de gobierno del
Consejo General del Poder Judicial y, consiguientemente, a una identificación con una u otra formación política. Este es un sistema no solamente perverso en origen, en su elección -a mi juicio, insisto, vulnerando la voluntad del legislador
constituyente-, sino que además perturba de forma grave las decisiones, aunque sean adecuadas, que adopta este mismo órgano, el Consejo General del Poder Judicial'. Cierro la cita: Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia del Gobierno de
España, 25 de enero del año 2012. Cierro la cita y hago mías todas y cada una de sus palabras, todas y cada una de sus reflexiones, todos y cada uno de sus énfasis: constitucional, plenamente constitucional, importante desde la perspectiva de la
regeneración democrática, urgente, necesario para regenerar la democracia, para devolver la confianza a los ciudadanos, para que España sea una democracia de calidad homologable con las democracias de calidad de los países a los que más nos queremos
parecer.
Esta es la propuesta, señor Ruiz-Gallardón, a la que usted ha renunciado y ha venido usted y nos ha dicho que renunciar es un valor, es una virtud, que renunciar en aras del consenso es una virtud. Renunciar es una virtud según a lo que se
renuncie, pero aquí es renunciar a algo tan básico como esto que usted nos ha explicado, salvo que usted no se lo creyera, salvo que usted fuera allí a hacer un discurso para obtener en un momento dado unos determinados aplausos, pero que le diera
lo mismo esto que lo que hoy nos ha traído. No es que le dé lo mismo, es que además ha presumido de haber renunciado a lo sustancial, a lo sustancial para regenerar la democracia, para cumplir con el espíritu del legislador constituyente. Es lo
que nos dijo en esa fecha, no es lo que llevaron ustedes en el programa electoral, no, después de haber ganado las elecciones. ¿Cómo lo explica usted en términos democráticos? El consenso, dice, ¿pero qué consenso? O sea que ustedes han vuelto a
dar más importancia a conseguir el acuerdo con el resto de fuerzas políticas -que no con Unión Progreso y Democracia-, que están todas, según usted, en este chalaneo de: vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en qué porcentaje nos toca a cada uno.
¿Usted le da más importancia a eso que a cumplir con el espíritu de la Constitución? ¿A eso le llama usted consenso? ¡Hombre!, no, esto es un fraude; es un fraude contra usted mismo, contra sus propias palabras. Yo pienso que si alguien cree
esto que acabo de leer, si lo cree de verdad, si lo tiene interiorizado hasta el extremo de que en su primera comparecencia parlamentaria hace de esto el corazón de su discurso, la recuperación del espíritu de la Constitución en algo tan importante
como esto, y luego, por lo que sea, tiene que hacer lo contrario, es muy difícil mantenerse ahí sentado.
Estamos acostumbrados a que venga el Gobierno y nos hable de imperativos y de que todas las cosas las hacen porque no les queda otro remedio, porque se habían encontrado los cajones llenos de facturas,
porque les dejaron un déficit por encima de lo que creían, por la herencia recibida. ¿Esto forma parte de la herencia recibida también? ¿O es que repasando han llegado ustedes a la conclusión de que más vale pájaro en mano y de que: oiga,
ahora que estamos en el Gobierno, cambiamos la ley, vete a saber dentro de ocho años si estamos en la oposición y, mira, que aquí lo que hay que organizar es la alternancia y que esto no nos venía tan mal, porque ahora a ti te tocan doce y a mí me
tocan ocho, pero dentro de unos años a mí me tocarán doce y a ti ocho. Esto es una vergüenza y sobre todo no ponga en valor haber renunciado a sus principios fundamentales -entendiendo principios fundamentales en la democracia, ¿eh?, para que
nadie haga ninguna broma-. Habiendo renunciado a lo fundamental de sus principios en esta materia, lo pone en valor y dice que es una renuncia.
A mí me parece que es lamentable para una idea solvente en términos de regeneración democrática, valiente en términos de regeneración democrática, superadora del poder partidario que tuvo usted -o su Gobierno, porque supongo que ahí hablaba
en nombre del Gobierno-, me parece lamentable que la haya abandonado en aras de garantizarse la alternancia y el control del órgano de la justicia. Me parece absolutamente lamentable y me parece todavía más lamentable que para justificar esto que
otro portavoz ha llamado excentricidad usted apele al consenso. Excéntrico, señor Olabarría, también eran Copérnico o Galileo y tenían toda la razón. O sea que a nosotros no nos importa ser excéntricos en la defensa de la despolitización de los
órganos de la justicia, como no nos importa ser excéntricos en la defensa de la reforma de la Constitución o de tantas cosas que hemos defendido y que seguimos defendiendo en esta Cámara.
No queremos ser parte de ese chalaneo, no queremos ser parte de este reparto de la tarta, no queremos ningún tipo de trozo de esta historia. No nos vamos a poner de acuerdo con ustedes y le agradezco, señor Gallardón, que haya usted
destacado desde el inicio y en su primera intervención que efectivamente aquí hay dos propuestas distintas. Una es aquella que por cierto se parece como una gota de agua a otra a aquella proclama que usted hizo en aquella comparecencia de enero del
año pasado que, por lo visto, por lo visto no, que ha abandonado en el camino, la propuesta que sigue defendiendo Unión Progreso y Democracia y que por cierto están defendiendo muchos jueces jóvenes, como decía antes el señor Tardà, mucha gente que
es independiente y que quiere ejercer con independencia su función, mucha gente que respeta la separación de poderes, que respeta la democracia y que quiere para España una democracia de mayor calidad. Por eso, señor ministro, solicitamos que haga
usted otra reflexión siquiera en el sentido contrario y que en esta reflexión tenga usted a bien considerar que a lo mejor no sería malo que recuperara usted el espíritu que le llevó ese día a hacer esa proclama tan regeneradora desde el punto de
vista democrático, que acepte devolver este proyecto de ley al Consejo de Ministros y que nos traiga otro que sea respetuoso con el espíritu de la Constitución, respetuoso con la separación de poderes y que, sobre todo, ponga a España entre las
democracias de más calidad.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Antes de nada, señorías, comienzo diciendo -no sé si debo entonar un mea culpa- que soy un político, que pertenezco a una formación política y que además los ciudadanos con sus votos me han convertido en un diputado. Lo digo porque además
soy médico y no creo tener ninguna autoridad moral ni tampoco política para, siendo médico, gobernar la sanidad de este país. Si acaso la tengo, la tengo como consecuencia de pertenecer a este Parlamento, no como consecuencia de mi profesión. No
creo por tanto en los gobiernos corporativos. Creo en los gobiernos democráticos que en buena parte emanan del centro de la vida democrática, que es el Parlamento español. Lo quiero decir para luego entrar al debate de la presentación que ha hecho
el ministro de Justicia.
Señor ministro, ha hecho usted una presentación muy curiosa, a mí me ha resultado curiosa. La verdad es que no gano para sorpresas. Es curiosa porque ya lo habíamos discutido la vez anterior con la suspensión de los artículos que renovaban
el Consejo General del Poder Judicial y usted me había dicho, frente a mi argumento de que nos ponía a los grupos parlamentarios entre la espada y la pared -entre la espada y la pared porque por una parte había agotado prácticamente el tiempo de la
renovación y por otro lado decía querer el consenso con los grupos parlamentarios-, que aquello era una reforma instrumental -le recuerdo que instrumental también es el instrumental quirúrgico- y que por tanto no dificultaba en absoluto la necesaria
negociación y acuerdo en esta materia tan importante.
Señor ministro, llega usted aquí no con el desacuerdo, llega usted aquí sin haber dialogado con nadie. Se lo digo claramente. Desde ese debate parlamentario al menos con mi grupo parlamentario -y otros grupos lo han dicho- no ha tenido
usted ni la deferencia del diálogo, siendo el diálogo una parte muy pequeña del acuerdo, porque existe el diálogo, existe la deliberación, existen -como usted ha dicho- los puntos de encuentro y el acuerdo o el pacto. No ha hecho usted nada de eso
y, como no ha hecho nada de eso, llega a esta Cámara no con el consenso, llega con el rechazo parlamentario quizá de los más amplios que se han producido en las reformas tan importantes del Consejo General del Poder Judicial. Además llega usted con
el rechazo prácticamente total de las organizaciones judiciales y de los operadores jurídicos. Se ha dedicado durante todo este tiempo a labrarse una fama entre los operadores jurídicos que precisamente no favorece el diálogo y el acuerdo.
Esta es la realidad de la iniciativa que hoy presenta usted aquí y la presenta de una forma, en opinión de mi grupo, muy curiosa, porque la presenta haciendo una apelación al consenso. A mí me ha recordado dos cosas. Me ha recordado -ya se
lo he dicho alguna vez- una obra de uno de mis autores Friedrich Dürrenmatt que se llama La visita de la vieja dama. En La visita de la vieja dama, la dama que volvía a su pueblo empobrecido les ofrecía sacarlos de la pobreza. Lo que no les decía
es que esa concesión graciosa era a cambio de legalizar un crimen, eso es lo que no le decía a su pueblo de origen. Usted ha intentado asimilar consenso a concesión graciosa, y eso no es consenso, eso no es diálogo ni es deliberación. Yo diría que
no tiene nada que ver con la democracia, tiene más que ver con la aristocracia. La aristocracia, el elitismo tiene la concesión graciosa como su mecanismo de legitimación. La democracia no, la democracia tiene el conflicto, la deliberación y, en
su caso, la mayoría o el acuerdo.
Me ha recordado otra cosa, señor ministro. Me ha recordado cuando el Gobierno israelí argumenta su política de ocupación. La argumenta siempre no porque no quiera hablar con los demás, es porque no tiene interlocutor. Y usted ha dicho hoy
aquí que propone un punto de encuentro porque no tiene interlocutor. A mí me suena a una posición de ocupación, es decir, usted nos concede graciosamente el punto de encuentro porque no nos reconoce como interlocutores. De hecho, no nos ha
reconocido como interlocutores durante todo este tiempo y, por lo tanto, déjenos dudar que nos vaya a reconocer en los próximos meses. Se lo dije el otro día. No se trataba únicamente de desconfianza; es legítima defensa, señor ministro, porque
no solamente no nos reconoce como interlocutores, no solamente no dialoga con nosotros, sino que prácticamente nos impone todas las medidas: las que ha habido hasta ahora, todas, las ha impuesto a esta Cámara.
Dice usted que ese punto de encuentro es la elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros siempre hemos defendido la elección parlamentaria pura del Consejo General del Poder Judicial y nada más lejos de nuestro
objetivo que condicionar políticamente al Consejo General del Poder Judicial, porque la independencia de los jueces está en la jurisdicción, no está en el Consejo General del Poder Judicial, ahí no está la independencia judicial, está en la
jurisdicción, y nosotros siempre hemos defendido la independencia de los jueces; y porque, por otra parte, señorías, los miembros del Consejo General del Poder Judicial tienen autonomía para considerarse dependientes de un partido político y
ejercer como brazo político de un partido o para ejercer de verdad su independencia, su autonomía en ese órgano, porque tienen prescripciones reglamentarias que les permiten esa autonomía. En ese sentido no tenemos ningún prejuicio con respecto a
la elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial. Sí teníamos y tenemos diferencias con respecto al actual sistema de elección. Es un sistema de elección que podríamos llamar escabinado, mixto, entre la elección parlamentaria y la
elección corporativa, pero con un corporativismo especial porque no lo elige la corporación sino que lo eligen las organizaciones de la corporación, es decir, un corporativismo plural -lo cual es una contradicción en sus propios términos-, digamos
que entre una democracia pluralista y un corporativismo plural. Eso es lo que conforma finalmente la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Nosotros no compartíamos la parte relativa al corporativismo plural, éramos y
somos partidarios de una elección puramente parlamentaria. Esa es nuestra posición política en defensa de la centralidad del Parlamento y en defensa también de la autonomía y de la independencia de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial. Pero, ¿qué nos propone usted? Como en la visita de la vieja dama o como en la política de ocupación, el diablo, señor ministro, está en los detalles. Usted nos propone mantener el sistema escabinado parlamentario y corporativo pero con
un reglamento muy peculiar. -Como Romanones, el reglamento es lo fundamental-. Propone que una parte de los miembros del consejo tiene que ser necesariamente del Tribunal Supremo. ¿Por qué tiene que ser del Supremo un porcentaje de los elegidos?
Otro porcentaje de los elegidos tiene que llevar veinticinco
años de magistrado. ¿Por qué tiene que llevar ese tiempo? ¿Qué es lo que nos propone? Nos propone regresar del sistema político corporativo al sistema estamental, señor ministro. Volvemos a la aristocracia, a la que me referí en la
primera parte de mi intervención. Una propuesta estamental.
Esta es una propuesta que, como usted sabe muy bien, tiene un control claro por parte del Gobierno y una orientación ideológica muy determinada. Además de esa propuesta que hace usted de carácter estamental, también propone un mecanismo de
presentación de los candidatos de las organizaciones judiciales y no de las organizaciones judiciales que podríamos denominar plebiscitario. Es curiosa también está contradicción entre lo estamental y lo plebiscitario, pero usted da la posibilidad,
al margen de las organizaciones oficiales, de que un número mínimo de jueces presenten candidatos. ¿Qué es eso? Una revancha del señor ministro, sin más. Lo estamental para el control político conservador de una parte importante del Consejo
General del Poder Judicial y la revancha para las organizaciones judiciales que se han convertido en una oposición política al ministro de Justicia, pero ha sido por usted, no por ellos, ha sido por usted porque no ha hecho más que pisarles durante
todo este tiempo y le han respondido. Este es el modelo que usted nos presenta de elección del Consejo General del Poder Judicial. Como usted comprenderá, no estamos de acuerdo ni con el modelo estamental ni con su revancha o su pulso con las
organizaciones judiciales que, en todo caso, consideramos un pulso negativo para el Gobierno de los jueces. Pero vayamos al modelo de Gobierno de los jueces, señor ministro, y ahí entro en lo que para mí y para mi grupo es fundamental. Le he
criticado durante este tiempo, señor ministro, porque usted tiene una peculiar concepción de la justicia y del servicio público de la justicia, porque lo que ha hecho hasta ahora, mediante medidas legales, ha sido transformar el servicio público en
un servicio de mercado, en un servicio sujeto a precio.
¿Cómo no iba a ser, pues, el gobierno de la justicia un trasunto del precio de mercado? El órgano de gobierno de la justicia es una suerte de consejo de administración de una empresa, es decir, su planteamiento con respecto al gobierno de
los jueces es puramente gestor, puramente empresarial. El consejo de administración tiene una parte, que es su comisión ejecutiva, que tiene dedicación plena, y otra parte que no es comisión ejecutiva, que son vocales con dedicación parcial. Ese
es el modelo de gobierno de los jueces del Partido Popular y del señor Gallardón; elitismo por una parte y gobierno de mercado o gobierno empresarial por otra.
Señor ministro, no compartimos ese modelo, no estamos de acuerdo, pero no es que no estemos de acuerdo en relación con el punto que usted considera esencial y lo demás es accesorio. No, señor ministro, el diablo está en los detalles y esos
detalles del procedimiento de elección, esos detalles de la forma de funcionamiento del consejo son fundamentales, en nuestra opinión, y por eso no compartimos su propuesta. No es solamente que se elija parlamentariamente o no a los miembros del
consejo, es cómo se proponen, es cómo se eligen, es también cómo funciona el Consejo General del Poder Judicial. Se lo dice alguien que habló con usted en relación con mi crítica a una concepción extensiva del consejo. Existen competencias
políticas en el Ministerio de Justicia que son indelegables, al igual que existen competencias de gobierno en el órgano de gobierno de los jueces que tienen que ser respetadas, y nosotros creemos que en su propuesta ni una cosa ni la otra; ni las
competencias políticas son indelegables ni, por otra parte, se respeta el conjunto de las competencias del Consejo General del Poder Judicial. Esa es nuestra posición, señor ministro, esa es la razón de nuestra enmienda de totalidad.
Para terminar, le diré que nosotros somos partidarios de una elección parlamentaria pura porque no creemos que ahí esté el problema de la independencia del poder judicial. Segundo, somos partidarios de que en hearing ante esta Cámara y las
cualidades de los candidatos sean las que determinen su elección, no un mecanismo que usted plantea escabinado o sectorial que nosotros no compartimos. Esta propuesta, termino, no soluciona ninguno de los problemas que se han manifestado en
relación con el consejo, y no soluciona una fundamental, señor ministro, que es la transparencia, la responsabilidad y el control parlamentario. Usted, en esta propuesta, reduce el control parlamentario a una sola presencia del consejo, en el caso
de la memoria. ¿Sabe lo que es eso? Nos convierte usted en la asamblea de la empresa. Consejo de administración, comité ejecutivo y asamblea de la empresa, esa es su concepción de mercado, esa es su concepción del Consejo General del Poder
Judicial.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Por el grupo socialista, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señora presidenta, señor ministro, señorías, debatimos hoy la reforma del Consejo General del Poder Judicial segregada de una reforma más amplia y de conjunto de la Ley orgánica del Poder Judicial. Esta
tramitación separada de la reforma del consejo responde básicamente a asegurar que la próxima elección de vocales se haga conforme a las nuevas reglas de juego y al modelo que propone. Para ello el Gobierno presentó a las Cortes un proyecto de ley
tramitado en lectura única y por vía de urgencia, que el viernes pasado entró en vigor al ser publicado en el Boletín Oficial del Estado como Ley orgánica 1/2013, de 11 abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial,
por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la ley orgánica. Dicha ley tiene como única finalidad detener el mecanismo de renovación del procedimiento de elección del consejo. No obstante, al amparo de la vigente
ley orgánica el mecanismo de renovación ya se había iniciado con anterioridad a la publicación de la ley orgánica de suspensión mencionada, ya que el presidente del consejo dirigió una carta en el plazo legal a las Cámaras al mismo tiempo que se
debatía en estas el proyecto de ley de suspensión del mecanismo de elección. Existe, pues, un conflicto sobre la aplicación retroactiva de la Ley orgánica 1/2013 al mecanismo de renovación y se desconoce aún, en este momento, si tras la expiración
del mandato del actual consejo la renovación podrá ser llevada a cabo conforme a la todavía hipotética y futura ley que se apruebe de reforma del consejo, o será necesario rehabilitar la vigencia de los preceptos temporalmente suspendidos, artículos
112 y parcialmente el 114.
Señorías, la finalidad de la reforma solo puede ser para garantizar el funcionamiento de la justicia en el ámbito de sus competencias y especialmente garantizar la independencia de jueces y magistrados. Esta reforma debería ser una
oportunidad para superar las disfunciones en que han incurrido los distintos consejos y no puede ser aprovechada para privar al consejo de parte de sus funciones esenciales invocando unas supuestas razones de eficiencia y de simplificación del
órgano. Esta creencia, que no es solo del Grupo Socialista, encuentra su reflejo en las conclusiones del informe del propio consejo, que en su primera conclusión califica el modelo que configura el proyecto de ley de desapoderamiento de importantes
funciones del Consejo General del Poder Judicial. Desapoderamiento a favor del Poder Ejecutivo al atribuir al Ministerio de Justicia la potestad reglamentaria relativa a las condiciones accesorias al estatuto de jueces y magistrados, posibilitando
el control y condicionando su funcionamiento, menoscabando su independencia y colocando al Poder Judicial en una relación de subordinación respecto al mismo; para más tarde añadir que dicho régimen jurídico no parece conciliable con el mandato
constitucional del artículo 127.1 de la Constitución, que establece que los jueces, magistrados y fiscales mientras se hallen en activo no podrán desempeñar otros cargos públicos.
En la sentencia del Tribunal Constitucional 37/2012, muy reciente, de 19 de marzo, se dice además que la independencia del Poder Judicial implica que en el ejercicio de esta función jueces y magistrados están sujetos única y exclusivamente
al imperio de la ley. Lo que significa que no están ligados a órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún otro poder público, singularmente del Legislativo y del Ejecutivo -fundamento jurídico cuarto- o dicho de otro modo, que los jueces y
tribunales son independientes porque están sometidos únicamente al derecho. Independencia judicial y sumisión al imperio de la ley son, en suma, anverso y reverso de la misma moneda.
Hay que aprovechar, señorías, esta reforma para mejorar el funcionamiento del consejo, acertar en la racionalización de una institución en la que no solo unos pocos vocales estén liberados de sus funciones de procedencia, en tanto el sistema
constitucional que se plasma en el artículo 122 de la Constitución sea el que es, y adoptar medidas para que todos los miembros elegidos trabajen en la finalidad para la que han sido evaluados y seleccionados por las Cámaras, que no es otra que
garantizar la independencia de los miembros de la carrera judicial, lo que será una garantía de buen servicio público de la justicia para todos los ciudadanos. Podemos convenir, es más, quizás convenimos, que el modelo de consejo plasmado en la
Constitución por el constituyente requiera una revisión a la luz de estos años de recorrido y experiencia; pero mientras la Constitución no sea modificada no puede provocarse ese efecto de revisión y redimensión por la vía de una ley que recorta y
restringe las previsiones de la Constitución. Visto el desgaste institucional provocado por las disfunciones y por algunas prácticas y hechos reprobables que redundaron, lamentablemente, en el menoscabo del prestigio de la institución se hace
imprescindible para recuperar la credibilidad y legitimidad y evitar la alteración de los equilibrios democráticos clarificar las competencias del consejo, determinar sus límites pero preservando el ejercicio de aquellas que le fueron encomendadas
en la Constitución y no privarle de ellas en aras de una supuesta sencillez, eficacia y ahorro. Señorías, a nadie se le esconde que la apertura del sistema de elección a más candidatos
haciéndolo más transparente y competitivo incrementa las posibilidades de mejora en cuanto al factor humano, que es el que finalmente puede ser el más decisivo, pero sin perder de vista que un órgano colegiado -como es el consejo- está
pensado para que refleje la pluralidad, no sólo ideológica, asociativa y del escalafón sino que también debe representar la pluralidad social, elemento esencial por donde el proyecto ni siquiera transita en ninguno de sus postulados.
En cuanto a la composición paritaria en materia de género, es el único elemento que no sido contrastado sobre cómo incidirá en la mejora del funcionamiento del órgano. Por otro lado, el proyecto del Gobierno tiene otros elementos que
afectarán sin duda a su funcionamiento, y que son de una parte un marcado carácter presidencialista y una sobrerrepresentación del Tribunal Supremo y de la parte más antigua de la carrera en una deriva conservadora muy preocupante. En cuanto a la
proporcionalidad que debe ser respetada, la Constitución exige que sean elegibles miembros de todas y cada una de las categorías de la carrera judicial, pero no comporta la exigencia de presencia efectiva de representantes de todas ellas en la
composición del órgano, lo que en este proyecto si se impone limitando con ello la libertad de elección de las Cámaras. El Grupo Socialista tampoco comparte el modelo que configura el proyecto desvirtuando el funcionamiento como órgano colegiado
del Consejo General del Poder Judicial. Este sistema marcadamente presidencialista atribuye al presidente facultades discrecionales para el cese del vicepresidente, del secretario, del vicesecretario general, director de comunicación, y arrebata al
pleno esas competencias.
Señorías, señor Gallardón, una cosa muy importante, el Grupo Socialista no comparte un aspecto clave del proyecto que posibilita la constitución de un nuevo consejo con los diez vocales de la Cámara que hubieran procedido a la renovación.
Dicha renovación parcial, prevista en el artículo 570 del proyecto de ley, es contraria al mandato constitucional de que sean veinte los vocales y que sean nombrados, como afirma el Consejo General del Poder Judicial, en unidad de acto por el rey
mediante real decreto. Es decir, el Partido Popular con su mayoría actual en el Senado de tres quintos hace la renovación unilateral y ya no hace falta seguir hablando de nada más. Precisamente la Constitución no lo quiere por su carácter de
órgano político a diferencia del proceso de renovación en un órgano jurisdiccional, como es el Tribunal Constitucional, en el que sí se impone esa fórmula de renovación parcial para la continuidad y el mantenimiento de criterios jurídicos. A ello
debe añadirse que el artículo 122.3 de la Constitución establece un mandato de cinco años para todos los miembros nombrados por el rey, de manera que lo dispuesto en este artículo entra en clara colisión con el mandato de la Carta Magna.
Señorías, si se pretende garantizar que todos los vocales, salvo los adscritos a la Comisión Disciplinaria, formen parte durante una anualidad de la Comisión Permanente, resulta necesario establecer con carácter preceptivo la renovación
integral de los vocales que formen parte de ella. El carácter inalterable y la composición numerosa de la Comisión Disciplinaria unido a la prohibición general de formar parte de más de una comisión dará lugar a que los miembros de la citada
comisión no puedan llegar a formar parte de la Comisión Permanente durante todo su mandato. Otro aspecto importante, señorías, señor Gallardón, es que en el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que todo esfuerzo dirigido a un avance sustancial
en transparencia del consejo favorecería una mayor legitimidad y un mejor funcionamiento. Por ello, no compartimos que se excluya la llamada a comparecer en las Cámaras del presidente y de los vocales en el proyecto de ley que queda limitada a una
comparecencia anual del presidente únicamente para la presentación de la memoria. Por el contrario, consideramos que pueden ser llamados a comparecer en las Cámaras tanto el presidente, para informar acerca de actividades o decisiones del órgano
-con la sola excepción lógica de las que tengan contenido jurisdiccional-, como los vocales, a nuestro juicio, si así lo solicitan los grupos parlamentarios y en las condiciones que se estipulen. En la línea de profundizar en la necesaria
transparencia, pensamos que las deliberaciones del consejo deben tener carácter público, en contra del carácter reservado que les atribuye el proyecto de ley, y deben ser motivados sus acuerdos sobre materias no regladas.
Señorías -importante también, señor Gallardón-, además de la transparencia -aspecto fundamental-, debe profundizarse en la búsqueda de amplios consensos, y de ahí deriva la necesidad de adoptar por mayorías reforzadas los acuerdos en
materias importantes para el cumplimiento de la finalidad de la propia existencia del consejo y que más sometidas están al escrutinio público. Mayorías reforzadas que fueron avaladas por el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia de 13 de
diciembre de 2012 y que son reconocidas como necesarias cuando la naturaleza o carácter de las decisiones o acuerdos que han de ser tomados así lo justifiquen. Tal como recoge la Sentencia del Tribunal Constitucional 146/1993, de 29 de abril
-importante-, una mayoría tan amplia como la exigida al pleno del consejo para
adoptar las decisiones sobre los nombramientos a que se refieren los apartados c) y d) del artículo 127.1 de la ley orgánica, contribuye a estimular un amplio consenso en el seno del órgano de gobierno del Poder Judicial respecto de los
elegidos que habrán de desempeñar importantes funciones en el seno del Poder Judicial. Ello justifica la búsqueda de una mayoría cualificada, mayoría cualificada que refuerza la legitimidad de los nombramientos -dice el Tribunal Constitucional-, lo
que interesa particularmente habida cuenta del contenido de esas funciones que los cargos nombrados habrán de desempeñar. Todas las razones que se tuvieron en cuenta en la Ley orgánica 2/2004 y que aconsejaron la modificación del régimen de
mayorías para la adopción de determinados acuerdos por el pleno del consejo siguen estando plenamente vigentes. El sistema existente se ha revelado como mucho más democrático y propicio para la salvaguarda de la independencia judicial que el
anterior.
El Grupo Parlamentario Socialista tampoco puede estar de acuerdo con el intento de deslegitimar y devaluar el papel de las asociaciones judiciales y su capacidad de actuación en ámbitos donde ahora mismo ya tienen consolidada su presencia.
Estamos seguros de que para hacer mejoras en la justicia es imprescindible la interlocución intensa con los justiciables, pero también con aquellos representantes de los colectivos que tienen que llevar adelante las reformas y propuestas para su
mejora, posibilitando un espacio de actuación que no solo les legitime -que es correcto- para defender los intereses corporativos, sino también el interés general y el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
Señor Gallardón, señorías, estas razones, creo que de peso, avalan nuestra enmienda de totalidad. No obstante, ante una cuestión de Estado como la que nos encontramos, el Grupo Parlamentario Socialista presentará un importante número de
enmiendas parciales que pretenden corregir las carencias expuestas. Mi grupo parlamentario estará abierto al diálogo, con voluntad de acuerdo si se modifica el proyecto de ley durante la tramitación parlamentaria en los aspectos que marcan las
diferencias sustanciales que hemos planteado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Señora presidenta, señorías, quiero comenzar agradeciendo a todos los señores portavoces sus intervenciones y cumplir lo que afirmé al inicio de este debate, que este era el momento
efectivo de entrar en los distintos asuntos que han sido puestos de manifiesto en las enmiendas de totalidad. En todo caso, por encima de cualquier otra consideración y de las discrepancias que manifestaré, reitero mi agradecimiento por la forma en
la que estamos construyendo un debate cuyo éxito no se agotará lógicamente en estas votaciones que se producirán, sino que será cuando, una vez tramitadas primero en Comisión y luego en Pleno las enmiendas parciales, veamos cuál es el grado de
acuerdo, de consenso que hemos podido alcanzar entre todos los grupos parlamentarios.
Muchos de los asuntos han sido formulados con reiteración, con coincidencia, por distintos grupos y, por lo tanto, me permitirán sus señorías que haga una intervención que inicialmente seguirá el orden de los señores portavoces que han
intervenido pero que necesariamente, para evitar reiteraciones, saltará conceptualmente a los distintos asuntos que han sido tratados. Empezaré por el primero de los intervinientes. Señor Tardà, tengo que decirle en relación con su evaluación con
carácter general que no hay ningún propósito, absolutamente ninguno, por parte de este proyecto de disminuir -lo explicaré después con detalle- cuales son las competencias que tiene el Poder Judicial, en modo alguno. Antes al contrario, le puedo
asegurar que lo que hace este proyecto es consolidar el Poder Judicial desde el mismo momento en que, como aquí se ha dicho, haciendo crítica a lo que yo casi he entendido como un elogio lo que hace es dotársele de un instrumento eficaz que funciona
no solamente -esa era la carga peyorativa de la crítica-elogio- dentro de los consejos de administración del mundo privado, sino como funcionamos también en otros órganos de las administraciones públicas, donde hemos ido a un proceso paulatino de
reducción y a un proceso de selección de órganos operativos, de órganos eficaces, de órganos con capacidad de resolución. Sin embargo, no puedo dejar de hacerle una reflexión de carácter general. Cuando usted hablaba de que determinados jueces
-hablaba de la nueva generación de los jueces- en estos momentos lo que están haciendo es establecer un mecanismo alternativo al ejercicio de su jurisdicción que corrige las injusticias del sistema, no sé si ha tenido intención de hacerlo o no, pero
indirectamente lo que está haciendo es criticar al resto de la judicatura que lo que hace es lo que marca la Constitución. Se lo dije una vez y se lo reitero hoy: el carácter democrático de un juez no deriva de su
sistema de elección, no es necesario que haya una votación para elegir a un juez como sí lo es para elegir un diputado; no por eso un juez es democrático -un sistema que funciona en el mundo anglosajón y que no se aplica en el mundo
continental-. Le digo más todavía: el carácter democrático de un juez ni siquiera se perfecciona por sus propias convicciones democráticas, que son extraordinariamente necesarias para el ejercicio de su jurisdicción y que me atrevería a
calificarlas como una condición necesaria pero no suficiente. Un juez democrático es aquel que precisamente por esas convicciones democráticas desde el respeto absoluto a la separación de poderes lo que hace es aplicar la ley que aprueba usted,
señoría, que aprueban todos los que han intervenido, que aprueban todos los diputados y todos los senadores, es decir, que aprueba la representación del pueblo, desde su conformidad o disconformidad. Y si la disconformidad es jurídica, hay
mecanismos para plantearla, pero un juez democrático lo que hace es entender que el Poder Legislativo le corresponde, a través de las Cortes Generales, al pueblo español.
Luego ha hecho alguno de sus excursos, tengo que decírselo, en relación con los jueces y con nosotros -porque nos ha señalado personalmente- que prefiero no calificar para no llevar este debate a terrenos de ingratitud. No obstante, ha
hablado de apellidos de los jueces, los ha vinculado con el franquismo y nos ha hecho esa atribución directamente a nosotros casi como pidiéndonos disculpas, diciendo: ustedes y sus apellidos vienen de donde vienen. Mire, tengo todo el respeto,
absolutamente todo el respeto por su apellido, señor Tardà, y no tengo noticia ni interés -no por falta de interés personal sino porque creo que no hace al caso- de cuáles son los antecedentes políticos del apellido Tardà. Sin embargo, si se
refiere usted al franquismo y al apellido Ruiz-Gallardón, hay antecedentes efectivamente, hay antecedentes políticos: entrar en la cárcel por defender los derechos y libertades para que hoy pudiésemos estar aquí. Eso fue lo que hizo mi padre
durante el franquismo por defender una derecha democrática. (Aplausos).
Señora Barkos, entiendo su planteamiento desde un punto de vista de algo que no tenga ninguna duda que ocupa, no le voy a decir que preocupa, sino que ocupa al Gobierno. Dice usted que se han presentado enmiendas a la totalidad que
representan a la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. Sí, pero no de la Cámara, y esto es importante; pero no me quedo única y exclusivamente con lo que significa la mayoría del Grupo Popular. Es muy importante. Me han ayudado mis
compañeros de grupo a hacer los cálculos. Han presentado enmienda a la totalidad a este proyecto los grupos que representan al 38 % de la Cámara. El 62 % de la Cámara no ha enmendado a la totalidad este proyecto. Quiero decir con ello no
solamente que no está solo el Grupo Parlamentario Popular en esa consideración de que no es necesario enmendar el proyecto en su totalidad, sino que además creo que hay una representación que está en la línea de muchos proyectos que se han tramitado
y aprobado en las Cortes Generales. Pero le digo una cosa que ya dije en mi primera intervención. Podríamos conformarnos con esa mayoría absoluta, pero no lo vamos a hacer de ninguna de las formas, y esa es la razón por la que hemos buscado el
consenso, y por la que hemos avanzado en espacios de encuentro con otras formaciones políticas. Después de escuchar todas las intervenciones, yo le tengo que decir que creo que durante el debate parlamentario, que es, señor Llamazares, ya se lo
anticipo, donde se tiene que producir el diálogo -no le hemos dicho a usted que no a nada, porque no hemos empezado todavía a tramitar ninguna de sus enmiendas parciales-, ese será el momento.
Mis compañeros de Gobierno, el propio presidente y yo mismo hemos recibido alguna crítica por hacer acción política fuera de lo que es directamente la vida parlamentaria. Démosle el espacio que tiene a esta vida parlamentaria. El Gobierno
habla en el Parlamento naturalmente, y lo hace con el grupo parlamentario que lo soporta, cuya voz es la voz directamente del Gobierno. Por tanto su interlocución es la interlocución del Gobierno. Tenemos el instrumento encima de la mesa, vamos
directamente a aprovecharlo.
Voy a entrar en algunas de las cuestiones más importantes que se han producido directamente. Al señor Olabarría, como siempre, le agradezco su generosidad personal, que yo también creo que es una forma elegante de después establecer una
dureza doctrinal parlamentaria a la que me parece que está no única y exclusivamente legitimado, sino que tiene por supuesto absolutamente todo mi respeto. Pero quiero empezar contestándole a una cosa que tangencialmente se ha introducido en el
debate, y que con toda sinceridad creo que no pertenece a este debate, y tengo la impresión de que preocupará también a alguno de los grupos parlamentarios que no ha presentado enmienda la totalidad. Estoy pensando concretamente en Convergència i
Unió y estoy pensando en su protesta porque no hayamos introducido en este proyecto de ley la creación de consejos autonómicos. Señor Olabarría -se lo digo al resto de los portavoces que han intervenido-, tengamos ese debate, pero tengámoslo donde
tenemos que tenerlo, que es en la tramitación de la Ley orgánica del Poder Judicial, en esa ley orgánica que ustedes saben que ha sido elaborada por una comisión de expertos por encargo del Consejo de Ministros, en la que hemos
abierto un debate amplísimo por su profundidad y su trascendencia, en la que además puedo anunciar que estamos convocados los señores portavoces en el ministerio para tener una primera entrega y un primer encuentro en relación con la misma.
Este ministro ya ha anunciado una comparecencia monográfica ante la Comisión de Justicia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar precisamente los contenidos de esta Ley orgánica del Poder Judicial, y entiendo que también del
proyecto de ley de enjuiciamiento criminal o código procesal penal, como lo quieren llamar los expertos, y creo que ese es el momento en que se debe debatir cuál tiene que ser el diseño completo, y qué respuesta damos a esa pretensión que algunos de
los grupos parlamentarios están planteando en relación con los consejos autonómicos. Pero con toda sinceridad no creo que sea en la reforma de la ley del consejo existente donde pudiésemos meter una adenda que regulase algo ajeno completamente.
Son muchísimas las materias que vamos a regular en la ley orgánica. Pienso en los tribunales de instancia, pienso en la nueva demarcación y planta, pienso en la composición de órganos de apelación para poder introducir la segunda instancia
penal, en la que este país está en mora en relación con los convenios internacionales. Ese es el momento del debate. Por tanto no entiendan ustedes de ninguna de las formas que no se haya introducido en este caso como una toma de posición, sino
única y exclusivamente como una decisión de centrarnos en aquello que nos convoca en estos momentos, que es directamente la regulación de Consejo General del Poder Judicial.
El señor Olabarría, coincidiendo en esto también con otros grupos, fundamentalmente con La Izquierda Plural y con UPyD, hacía una crítica a la existencia de unos vocales con dedicación exclusiva y a los problemas de compatibilización de
aquellos vocales que, no estando en la dedicación exclusiva, seguirían ejerciendo sus respectivas actividades, y ellos incidían mucho directamente en el mundo judicial. Hacía usted referencia al artículo 127 de la Constitución, que dice que
efectivamente los jueces y magistrados así como los fiscales, mientras se hallen en activo no podrán desempeñar otros cargos públicos. Señoría, claramente este artículo está referido rotundamente a la prohibición de ocupar cargos fuera del ámbito
judicial, no puede referirse a cargos dentro del ámbito judicial. Porque fíjense, señor Olabarría y señor Llamazares -introducía usted también esta objeción-, si llegásemos a la conclusión de que un juez en activo no puede ocupar un cargo dentro
del mundo judicial, sinceramente tendríamos que modificar la Constitución, porque la Constitución, no la ley, la Constitución establece que el presidente del Tribunal Supremo, que es el máximo organismo jurisdiccional de nuestro país con
reconocimiento constitucional y que naturalmente ejerce jurisdicción, por serlo preside el Consejo General del Poder Judicial. Es la propia Constitución la que encarga un cargo gubernativo al presidente del Tribunal Supremo, manteniéndole sus
funciones de presidente del Tribunal Supremo. Porque en contra de lo que muchas veces se piensa fuera de esta Cámara, no es el presidente del Consejo General del Poder Judicial el que preside el Tribunal Supremo, no, la Constitución estableció
clara y rotundamente una jerarquía, y es el presidente del Tribunal Supremo el que preside el Consejo General del Poder Judicial. Esto es muy importante, porque si la Constitución nos dice que a quien preside el máximo órgano jurisdiccional, con
jurisdicción en todo el territorio nacional, el presidente del Tribunal Supremo, se le encarga como actividad complementaria la presidencia del Consejo General del Poder Judicial cuánto más no podremos decir que podrán pertenecer a ese Consejo
General del Poder Judicial, continuando ejerciendo funciones jurisdiccionales, aquellos otros jueces o magistrados que sean elegidos vocales y que no formen parte de la Comisión Permanente. Por lo tanto en derecho constitucional no se nos plantea
la colisión con el 127 que preocupaba a algunas de sus señorías.
¿Cuál es la razón por la que hemos introducido este criterio? Doble. Por un lado, obviamente la racionalización del funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que la Constitución estableció un consejo de veinte
miembros. Todos sabemos por qué lo hizo, todos los que hayamos tenido la curiosidad de asomarnos al 'Diario de Sesiones' del debate constituyente. No era esa la previsión inicial, la previsión inicial era de doce vocales, y con una enmienda de
nuestro añorado y por mí siempre respetado profesor Peces-Barba se introdujo una ampliación de doce a veinte, única y exclusivamente -allí se explico- para que de esa forma se garantizase una representación de lo que era la Cámara en aquel momento
político, luego fue una necesidad puramente instrumental. Nosotros entendemos -y la práctica nos lo ha dicho- que veinte titulares de un órgano de gestión que tiene importantísimas responsabilidades, pero que gobierna a 5.000 jueces y magistrados
es un número innecesario, y que por lo tanto el día a día de la gestión de ese Poder Judicial puede llevarse con un número ciertamente más reducido. No digo el actual Consejo de Ministros, pero creo recordar que ningún presidente del Gobierno -ni
don Felipe González, ni don José María Aznar ni don José Luis Rodríguez Zapatero- haya llegado
a tener veinte componentes en su Consejo de Ministros. Luego si también evaluamos los componentes de la Mesa de la Cámara, que es el órgano de gobierno del Poder Legislativo, creo que podríamos concluir todos que es innecesario no que haya
veinte, que tiene que haberlos porque está en la Constitución, sino que esos veinte miembros, todo ellos, deban tener esa dedicación de carácter exclusiva.
Pero esa no es la única razón, señores diputados, hay otra razón que además les digo que está avalada por el propio Tribunal Constitucional. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, concretamente la 108/1986, que establecía que lo que
se buscaba mediante la incorporación constitucional de doce de los veinte miembros de condición judicial era que aportasen su experiencia personas conocedoras del funcionamiento de la justicia, desde otro puntos de vista distintos a los que la
administran. Fin de la cita. La experiencia directa de los problemas de la justicia. Y yo me pregunto y les pregunto: si esa experiencia se interrumpe al inicio del mandato de los vocales, y se produce inevitablemente una lejanía entre aquello
que fue y lo que es, ¿no se está perdiendo la posibilidad de que, si a diferencia del sistema antiguo aplicamos el moderno, esos vocales que siguen ejerciendo jurisdicción -el que sea magistrado del Tribunal Supremo en el Tribunal Supremo, y el juez
que esté destinado en cualquier lugar de España ejerciendo funciones de instrucción, llevando asuntos en primera instancia y que mantenga ese contacto diario con la realidad, con sus propios compañeros- no van a enriquecer con esa experiencia
sostenida la labor que después hagan como vocales del Poder Judicial? Creo con toda sinceridad que sí.
Sin embargo algo que ustedes no han dicho a nosotros nos ha preocupado, y es la posibilidad de que surjan conflictos probablemente escasos entre aquellos que pertenezcan a la carrera judicial y fiscal, y podrían surgir entre aquellos
juristas de reconocido prestigio que sin embargo podrían estar tramitando asuntos en los que la pertenencia de ellos al Poder Judicial podría de alguna forma contaminarlos. Se ha previsto en el 585 del proyecto la obligación de los vocales de
aplicarse las cláusulas de abstención y de recusación que están legalmente establecidas para las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado. Por tanto, siempre que haya un interés, da igual que sea directo o
indirecto, tendrán deber de abstenerse. Además se establece otra limitación, y es que no podrán hacer ostentación de su condición de vocales o mencionar esta condición en el ejercicio de su actividad que no sea gubernativa en el propio Consejo
General del Poder Judicial.
Con toda sinceridad creo que estableciéndose también un mecanismo, que lo está, de tal forma que el pleno ante cualquier supuesto que apreciase de que uno de los vocales hubiese incurrido en quebrantamiento de la prohibición impuesta a la
que antes he hecho referencia para cualquier fin público o privado, pero en todo caso ajeno a lo que es el ejercicio de su función como vocal, podrá ser destituido; este vocal infractor sería inmediatamente destituido. Con lo cual, si tenemos
garantías de que no hay conflictos, si tenemos la constatación de que una comisión permanente que no será permanente en los mismos vocales, porque se establece un sistema rotatorio para que cuando acabe el periodo de mandato todos los vocales, para
que no haya vocales de primera y segunda, hayan pertenecido a la Comisión Permanente, si entendemos que esta Comisión Permanente y su instrumento es suficiente para la llevanza del día a día del Consejo, y si concluimos también que puede enriquecer
los debates y las resoluciones del consejo que sus miembros, los que lo sean, que por la Constitución tienen que ser al menos doce, pertenecientes al Poder Judicial continúen en contacto con sus compañeros, continúen constatando los problemas, las
carencias, las insuficiencias o las soluciones acertadas que se han ido aplicando, ¿no conseguiremos de esta forma que el consejo sea, en contra de lo que se ha dicho, más judicial y menos político? ¿No conseguiremos que el peso de ese día a día
que esos compañeros van a trasladar directamente a sus decisiones en el consejo profesionalice, como aquí se ha pedido, el funcionamiento del propio consejo? Les invitó a que abramos desde la más absoluta de las disposiciones una reflexión sobre
ese asunto, porque soy consciente de verdad de que es una medida novedosa, que es una medida -y se han expuesto- que puede tener sus riesgos, pero creo que tiene ventajas, y con toda sinceridad, se lo digo desde la convicción y después de haber
reflexionado mucho, creo que tiene más ventajas que riesgos.
Por último, señor Llamazares, hoy a mí se me han reprochado cosas que dije y ahora, no todo lo que aquí se ha dicho, pero que en algunas hemos efectivamente cambiado nuestro criterio, y me decía usted que quizá no debería utilizar esta misma
técnica. Y no lo voy a hacer como reproche, sino única y exclusivamente invitándole a una reflexión que dentro de su propio grupo parlamentario se ha hecho. Mis compañeros de la bancada popular me han facilitado una proposición de ley que presentó
el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural con fecha de registro 25 de mayo de 2012 -tengo el número-, referida a la reestructuración de los órganos del Consejo General del Poder Judicial, donde expresamente
ustedes solicitaban -le leo-: que permita reducir el número de vocales liberados a una comisión permanente reducida, de forma que el resto compatibilice su cargo de vocal con el desempeño de su profesión. (El señor Llamazares Trigo hace
gestos afirmativos). Usted asiente con la cabeza, pero esto es lo que me acaba de reprochar. Usted me acaba de reprochar lo que nosotros introdujimos en el proyecto, que es esto, no es cosa distinta, es decir, reducir el número de vocales
liberados, que estos pertenezcan a una comisión permanente reducida -sigo leyéndole-, de tal forma que el resto compatibilice su cargo de vocal con el desempeño de su profesión. Es literalmente lo que sugiere el proyecto. Me atrevería a decir que
le hemos hecho caso en este supuesto, aunque tengo que decirle que quien primero puso la propuesta encima de la mesa fue la comisión de expertos que me redactó el proyecto. Ahora usted le da la vuelta, con la habilidad dialéctica que le
caracteriza, diciendo: no, usted en realidad lo que está construyendo es un consejo de administración, y nos está convirtiendo a los demás en una junta general de accionistas. No, yo me quedo con sus expresiones: reducir el número de vocales
liberados en una comisión permanente y que la comisión permanente sea reducida. Hicieron ustedes esta reflexión y le invito de verdad a que la recupere, porque me parece que es algo extraordinariamente positivo.
Luego le contestaré, señor Olabarría, a algunos otros aspectos como el presidencialismo, al que también ha hecho referencia, pero déjeme que entre en algo que le preocupa a usted y que también le preocupa al Grupo de La Izquierda Plural, y
que está dentro de los argumentos de su enmienda a la totalidad, que es la supresión de la Comisión de Calificación. Ustedes consideran que suprimir la Comisión de Calificación puede afectar a la independencia judicial -dice el Grupo de La
Izquierda Plural- y que alimenta el fumus de politización que ha gravitado históricamente sobre el consejo, dice el señor Olabarría. Sinceramente creo que no. ¿Por qué? Porque, ¿desaparece la Comisión de Calificación? Sí. ¿Desaparecen las
funciones de la Comisión de Calificación? No, rotundamente no, y está expresado en la exposición de motivos, donde se dice que todas estas funciones pasan a ser directamente desempeñadas por la Comisión Permanente, es decir atribuimos directamente
las funciones de la Comisión de Calificación a la Comisión Permanente, sin restar ninguna. ¿Por qué lo hacemos? Por una racionalización, porque entendemos que si hay una comisión permanente cuyos miembros por estar liberados tienen dedicación
exclusiva, por qué no pueden asumir ellos la competencia que antes hacía una comisión distinta del mismo consejo. Estando formadas tanto la actual Comisión de Calificación como la Comisión Permanente por vocales del Consejo General del Poder
Judicial, con toda sinceridad no acabamos de entender cuál puede ser el pretendido impacto negativo en la independencia judicial, cuando al final las competencias van a ser ejercidas por una comisión que va a estar formada por el presidente del
Tribunal Supremo y cinco vocales.
Lo que sí sería conveniente, en la línea de lo que ustedes dicen, pero no creando un órgano más burocrático e innecesario, es que avanzásemos en la objetivación de los méritos. Ahí sí nos podríamos poner de acuerdo. Vamos a introducir
criterios que objetiven los méritos, que reduzcan la discrecionalidad del consejo en los nombramientos; hagamos que se acrediten condiciones adecuadas para el ejercicio de determinadas funciones. Vamos a ir a un sistema -pongo un ejemplo- donde
tenga preferencia para ser magistrado de la Sala tercera del Tribunal Supremo quien haya desarrollado toda su vida judicial dentro del mundo contencioso-administrativo, y que aquellos que han estado en las salas de lo penal de las audiencias o
instruyendo sumarios, en su momento tengan más mérito para ser magistrados de la Sala segunda que aquellos que han sido jueces de primera instancia o han estado en lo mercantil. Ese sí me parece un criterio razonable, porque si nosotros buscamos
criterios reglados -que es verdad que van a reducir la discrecionalidad del consejo- estaremos llevando directamente a los mejores, a los más preparados y a los mejor formados al ejercicio de sus responsabilidades.
Protesta el Partido Socialista y también UPyD sobre las normas antibloqueo que están introducidas en el proyecto. Se hace un alegato de que los veinte vocales tienen que estar nombrados en unidad de acto por el rey. Con toda sinceridad
creo que eso no es directamente exigencia de la Constitución. De todas formas le puedo decir que a efectos formales nunca ha habido una unidad de acto, porque aunque hayan tenido la misma fecha siempre -al menos desde luego la última vez y yo creo
que las veces anteriores, pero certifico que la última vez así fue- los nombramientos se hacen por dos reales decretos distintos, firmados por su majestad el rey el mismo día, pero son dos actos jurídicos diferentes, uno para los vocales que son
nombrados por el Congreso de los Diputados, y otro para los vocales que son nombrados por el Senado de la nación. No creo con toda sinceridad que eso sea ningún tipo de problema. Pero en todo caso lo que se nos establece es la protesta de que si
una de las Cámaras renovase y la otra no habría vocales
que tendrían un mandato inferior a cinco años. Eso es verdad, pero eso ya ha ocurrido; eso ya ha ocurrido como consecuencia del mecanismo que en estos momentos establece nuestra propia ley orgánica, concretamente el artículo 115.2, donde
dice que continuarán en funciones ejerciendo sus competencias hasta la constitución del nuevo consejo cuando, como desgraciadamente se ha producido en más de una ocasión, las Cámaras no cumplan su obligación de renovación. Eso sucedió con el
Consejo General del Poder Judicial. Hubo vocales que tuvieron mandato de hasta seis años y consecuentemente otros lo han tenido más corto. Tengo una relación completa de los mismos -voy a hacer gracia de leérsela a sus señorías-, pero creo que
nadie en esta Cámara podrá negar la constitucionalidad de sus mandatos.
Pero vamos al fondo del asunto, señorías. Digamos la verdad, que esta Cámara y el Senado en algunas ocasiones no han cumplido el mandato constitucional. ¿Cuál es el mandato constitucional? La renovación de los órganos constitucionales, y
como consecuencia de esas mayorías requeridas por la Constitución a las que luego haré referencia, y no haberse alcanzado acuerdos políticos, se ha producido un estancamiento. Señorías, cuando eso ha afectado al Tribunal Constitucional o al Consejo
General del Poder Judicial ha traído consecuencias perversas. Consecuencias y descrédito; consecuencias y deslegitimación; consecuencias muchas veces incluso de protesta o no acatamiento de resoluciones, en este caso del Tribunal Constitucional,
porque se invocaba que no se había producido la renovación que mandaba la Constitución por el incumplimiento de las Cámaras.
Hay distintos sistemas. No sé si ustedes sabrán que en el modelo alemán, cuando se inicia una legislatura, se hace una lista preventiva -vamos a llamarla así- de personas cualificadas para ocupar en abstracto determinados cargos, de tal
forma que cuando los órganos constitucionales convocan al Parlamento para hacer sus nombramientos, si el Parlamento no lo hiciese, directamente podrían utilizar estos nombramientos. Hay otros sistemas en Europa donde, cuando el órgano
constitucional solicita los nombramientos al Parlamento y el Parlamento no responde, es el propio órgano constitucional quien les urge una capacidad nueva para el nombramiento. Nosotros hemos articulado un sistema consistente en que si al menos una
de las dos Cámaras cumple el mandato constitucional de renovación el consejo pueda renovarse y el consejo pueda funcionar.
Creo, señorías, con todo y entendiendo a las intervenciones que aquí se han hecho, que lo importante es que seamos conscientes de que tenemos la responsabilidad de no volver a estar en mora con la Constitución y con los ciudadanos. Que lo
importante es que encontremos un mecanismo que haga imposible que esta Cámara y el Senado no cumplan el mandato de la Constitución, y que si se nos dice que hay que renovar, renovemos. En el periodo de enmiendas vamos a sentarnos y a buscar, si hay
propuestas mejores que la que ha hecho el proyecto del Gobierno, cuál es la fórmula. Pero coincidirán ustedes conmigo -creo que coincidirán conmigo- en que tenemos no solamente una obligación política de responsabilidad, sino que tenemos también la
obligación de establecernos a nosotros mismos un mecanismo disuasorio o alternativo, de tal forma que si no estamos a la altura de las circunstancias haya una solución alternativa, pero que el funcionamiento del órgano constitucional no se paralice.
Si esta no es la mejor, hablémoslo, pero creo que la idea fuerza de verdad merece ser defendida.
Críticas también, señorías, en cuanto al reparto entre categorías judiciales. Esta la han compartido La Izquierda Plural, el Grupo Socialista y también el propio Grupo Nacionalista Vasco. En primer lugar, el artículo 122.3 de la
Constitución expresamente dice, cuando se refiere a los doce judiciales: De estos doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales. De todas, sí, me asiente el señor Villarrubia, pero yo le pregunto: ¿cuántos jueces -jueces, no
magistrados- han sido elegidos vocales del Consejo General del Poder Judicial desde el año 1980? Señoría, tenemos que cumplir el mandato, tenemos que cumplir el mandato de que sea de entre todas las categorías judiciales. ¿Cuál es la propuesta que
establece el proyecto? Creo que con toda sinceridad es adecuada porque no es que prime, que podría ser primado, fíjese lo que le digo, constitucionalmente podría ser primado el Tribunal Supremo, creo que muchas veces nos olvidamos de la importancia
que tiene el Tribunal Supremo, estamos todos los días con debates sobre el consejo, ya sé que esta ley es sobre el consejo y que sobre el Tribunal Supremo debatiremos cuando tratemos la Ley orgánica del Poder Judicial, pero el Tribunal Supremo,
señorías, es conjuntamente con el Tribunal Constitucional, el único organismo jurisdiccional que está constitucionalizado, que el artículo 123 dice que el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en
todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
¿Cuál es el modelo que propone el Gobierno? En primer lugar, garantías de que habrá vocales de todas, sin exclusión, de todas las categorías judiciales, por supuesto con un mecanismo de su sustitución
de tal forma que, si no se alcanzase conforme al sistema de votación la representación de algún vocal de alguna de las categorías judiciales, otra entraría directamente a sustituirla; pero lo que hace es primar la experiencia, cierto,
primar la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando se introduce esa llamada a magistrados del Tribunal Supremo o a magistrados con más de veinticinco años de antigüedad, nos parece que tiene su lógica, porque resulta de la derivación de que es el
consejo a quien le corresponden los nombramientos, los ascensos, la inspección o el régimen disciplinario, y por lo tanto hacer una llamada a la experiencia de la carrera, garantizando sin embargo, a diferencia de lo que antes ocurría, que cualquier
categoría judicial va a estar representada nos parece con toda sinceridad que enriquece la propia labor del consejo. En todo caso de verdad creo que si existe alguna duda sobre subrepresentación de algún grupo de la carrera podremos encontrar la
fórmula para adecuarlo, pero piensen ustedes que aquí no hay más que intención de cumplimiento del artículo de la Constitución que nos dice que tienen que ser todos los grupos de la carrera judicial, lo que hasta ahora no ha ocurrido, y eso sí, una
llamada a la experiencia para hacerlo.
Punto muy importante de lo que ha sido objeto de crítica es cuando se ha hablado de la reducción de competencias. Señorías, no; les digo con toda sinceridad que no, ni una sola competencia, ni una sola competencia de las que están
atribuidas constitucionalmente al consejo la deja de ejercer, ni una sola pasa al Ministerio de Justicia, ni una; ni siquiera aquellas que por ley, por Constitución, corresponden al Poder Ejecutivo, como puede ser la política internacional,
directamente con quien tiene que coordinarse no es con el Ministerio de Justicia, sino con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Hemos tenido un especial cuidado, porque no existe la más mínima voluntad política de desapoderar al
Consejo General del Poder Judicial, antes al contrario lo que hemos pretendido es que el consejo se centre y se concentre en aquellas competencias que le da el artículo 122 de la Constitución. ¿Que me dice usted que hay otras actividades, no
competencias del artículo 122, que históricamente puede, al margen de la Constitución, haber realizado el consejo? No entro en ello; lo que le digo es que los títulos competenciales se respetan y se fortalecen absolutamente, artículo 110.2,
párrafo 2.º de la ley orgánica. Con toda sinceridad me gustaría en este caso, porque sé la autoridad que en algunos de los grupos constituye el nombre de las personas que voy a leer, y permítame que en este caso, cuando se alega ese pretendido
desapoderamiento de importantes funciones, traiga a colación el voto particular formado por los vocales Gabriela Bravo y José Manuel Gómez Benítez. En ese voto particular -leo literalmente- dice: La proyectada reforma del ámbito de la potestad
reglamentaria del consejo, que prevé el artículo 560 del anteproyecto, respeta el mandato constitucional de reservar al legislador orgánico la regulación del estatuto de los jueces y magistrados, y por tanto de limitar la capacidad reglamentaria del
Consejo General del Poder Judicial sobre aspectos accesorios de la actuación judicial. Podría citar otras voces que ustedes dirían que están más próximas a su pensamiento; si cito estas es para que vean que en un análisis jurídico riguroso
desapasionado no se puede sostener, de ninguna de las formas, que existe la más mínima reducción de las competencias del consejo.
Me critica en este caso el Grupo Socialista -creo que en exclusiva, no sé si lo ha dicho algún otro portavoz- que adolece de un excesivo presidencialismo que desvirtúa el funcionamiento del consejo como órgano colegiado. Creo que no. Si
usted compara la composición del consejo con, por ejemplo, cómo funcionan otros órganos colegiados -piense usted, por ejemplo, en el Consejo de Ministros de la nación o en los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas o, si me apura, en las
propias salas de gobierno ya dentro del mundo judicial-, no podemos hablar de excesivo presidencialismo. En primer lugar, no es cierto que se desvirtúe el funcionamiento del consejo como órgano colegiado. Las decisiones de mayor importancia -que
son las que contienen, lógicamente, un mayor grado de discrecionalidad- continúan en el pleno. El pleno nombra a los presidentes y magistrados del Tribunal Supremo, el pleno nombra los reglamentos del consejo, el pleno aprueba el presupuesto, el
pleno designa los vocales componentes de las diferentes comisiones, el pleno aprueba la memoria anual, es decir, lo único que sucede es que deja de conocer en alzada con carácter general sobre los acuerdos de la Comisión Permanente, pero las grandes
decisiones del consejo, todas aquellas que interesan a la sociedad, están adoptadas directamente por el pleno.
En segundo lugar -y esto es muy importante-, las decisiones no tan trascendentes que antes desarrollaba el pleno y que ahora las va a dejar de ocupar no pasan, señorías, como se puede deducir de sus enmiendas, al presidente, no, pasan a la
Comisión Permanente. Por lo tanto, no hay ese carácter presidencialista que se le quiere atribuir al proyecto. El presidente no designa al vicepresidente y al secretario general, no, los propone, pero es el pleno a quien le corresponde su
designación. Hay, sí, una
facultad de cese, hablemos de ella si ustedes quieren, pero lo que no podemos tampoco es conducir a un mal funcionamiento del órgano, a una inoperabilidad del mismo. Se ha dicho aquí también y quiero corregirlo, el vicepresidente lo elige
el pleno, cierto que a propuesta del presidente, pero es una decisión directamente del pleno. En el caso de la oficina de comunicación no existe discrepancia entre quien nombra y cesa porque su nombramiento y cese corresponde al presidente. Parece
lógico, son aspectos puramente instrumentales. Al final, démosle al presidente una capacidad operativa, pero siempre dejando en el pleno la gran capacidad de adopción.
En cuanto a la transparencia de adopción de acuerdos -asunto que también le preocupaba y lo ha argumentado el Grupo Socialista-, lleva razón el Grupo Socialista en que el proyecto prevé -y así se recoge en el artículo 629- que las
deliberaciones de los órganos del consejo tendrán carácter reservado, debiendo sus componentes guardar secreto de las mismas. Pensamos que así debe ser. ¿Por qué? Porque nos referimos a las deliberaciones. Los ministros también estamos obligados
a guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Las deliberaciones, señorías, pero no las votaciones. ¿Por qué? Porque las votaciones tienen que ser públicas. Las dos medidas que hemos introducido, de cara a esa transparencia,
en cuyo propósito yo me identifico plenamente, son: en primer lugar, la que se recoge en el artículo 630, que señala precisamente que la votación será siempre nominal y no tendrá carácter secreto, recogiéndose su resultado en el acta. Esto quiere
decir que cada vocal tendrá que emitir su voto de forma tal que el resto de los vocales sepan cuál ha sido su posición sobre una determinada cuestión. Que la deliberación sea secreta, cuando la votación tiene que ser pública, me parece que
garantiza plenamente la transparencia. En segundo lugar, la que está prevista en el artículo 632, que establece que en los plenos que decidan las propuestas de nombramiento se dejará constancia de la motivación del acuerdo, señorías, con expresión
de las circunstancias de mérito y capacidad que justifican la elección de uno de los aspirantes con preferencia sobre los demás. ¿Qué más transparencia que los vocales del consejo, cuando eligen algo tan trascendente como un magistrado del Tribunal
Constitucional o un magistrado del Tribunal Supremo, tengan que motivar cuál es la razón para que, frente a otros candidatos, esa sea la persona más adecuada? Creo que estas medidas, al contrario de lo que se dice en alguna enmienda, son más
garantistas, son de mayor transparencia. Por lo tanto, en este caso la valoración positiva que el informe del propio consejo hace del proyecto así lo confirma.
En cuanto a las asociaciones judiciales -también preocupación del Grupo Socialista-, no hay ninguna devaluación de las asociaciones judiciales, al contrario, lo que hacemos es elevar a rango de ley orgánica la regulación de las asociaciones
judiciales. Si actualmente están reconocidas -y así lo reconoce, lo afirma, y es verdad, el Grupo Socialista en su enmienda-, lo están como consecuencia de un reglamento, concretamente el reglamento 1/2011, de 28 febrero. ¿Qué es lo que propone el
proyecto? Dotarles de una mayor protección, blindamos la actual regulación. ¿Por qué? Porque cualquier modificación ulterior tendría que hacerse modificando la ley orgánica, ya no por vía reglamentaria. Por tanto, las asociaciones quedan más que
fortalecidas, quedan absolutamente blindadas en su trabajo. Es decir, sería tanto como decir que la independencia judicial se ataca por regular a través de ley orgánica el consejo en vez de que este se pueda autorregular a través de reglamentos.
No. Darle ese carácter de necesidad de modificación de ley orgánica para cualquier alteración de la regulación de las asociaciones creo, con toda sinceridad, que es de las medidas más efectivas y, estoy convencido, además, que más satisfacción han
causado en las propias asociaciones.
Hay algunas otras cuestiones que se han planteado por los señores portavoces, aunque creo, con toda sinceridad, haberlas respondido a todas, excepto naturalmente a una que es a la que ha hecho referencia la portavoz de Unión Progreso y
Democracia, doña Rosa Díez. En primer lugar, señora Díez, quiero decirle una cosa. La Constitución no es que no quiera, es que prohíbe expulsar. Usted utiliza la expresión partidos políticos, y lo hace con una carga peyorativa reiteradamente, y
eso que ha militado en varios -los que en nuestra vida solamente hemos militado en un partido político no tenemos ese problema-, pero usted lo hace permanentemente. La Constitución no solamente no expulsa a los grupos parlamentarios, que
evidentemente nacen de las formaciones políticas, que tienen rango constitucional y que es el órgano y cauce de expresión democrática. Hay que recordarlo y no criminalizar permanentemente a los partidos políticos, que es una forma indirecta de
criminalizar a la política, pero es que la Constitución obliga a que ocho de los veinte miembros del consejo nazcan de este, de esta Cámara y del Senado de la nación. Por lo tanto, ese discurso de que introducir personas designadas por los grupos
parlamentarios-partidos políticos lo que hace es atacar la independencia judicial es un discurso que choca frontalmente con la Constitución, porque la Constitución dice expresamente que ocho de esos miembros tendrán que
ser designados por el Congreso y por el Senado. ¿Y qué dice de los otros doce? Que tendrán que ser jueces y magistrados, y usted se convierte en intérprete de la Constitución. Yo, la verdad, después de haberse comparado con Copérnico y
con Galileo, dentro de su habitual modestia, tengo también muchas dificultades para poder rebatírselo. Pero le voy a decir una cosa, es que es el propio Tribunal Constitucional, que es el único que puede interpretar la Constitución con autoridad,
puesto que sus sentencias nos obligan al legislador, quien dijo que esa reserva de los otros doce vocales para jueces y magistrados no exigía que fueran elegidos por los propios jueces y magistrados. Tampoco, de ninguna de las formas, es contrario
a la Constitución un sistema que permita que sean los propios jueces y magistrados quien lo elija. Pero tenemos que dejar muy clara una cosa.
Usted ha tenido la generosidad, cosa que le agradezco, de ocupar parte de su intervención leyendo parte de la mía, de la que yo hice en la Comisión de Justicia del Congreso, y me la ha puesto aquí encima de la mesa como si fuese una
contradicción con el discurso que, en nombre del Gobierno, estoy sosteniendo en la mañana de hoy. Y le digo que no, señoría, de ninguna de las maneras, porque usted ha leído -lo que pasa es que lo ha hecho tan rápido que no ha hecho el énfasis
necesario- la reflexión que yo hacía con respecto a los ocho vocales de designación parlamentaria. Y le digo que no solamente mantengo esa reflexión, sino que la amplío, porque, si el proyecto se aprueba, la amplío de los ocho a los veinte los que
va a designar el Parlamento.
En primer lugar, se tachaba -aunque eso no lo hacía usted, lo hacía el señor Llamazares- como un sistema escabinado. Bueno, aunque la palabra, dentro de lo que han sido los resultados del jurado, no tiene mucho crédito, le tengo que decir a
su señoría que tiene razón. Tiene razón en el sentido de que esta Cámara, según la propuesta del Gobierno, no tendrá tampoco libertad absoluta para nombrar entre los cinco mil miembros de la carrera judicial a aquellos doce vocales que libremente
seleccione ante sí y por sí, sino que esta Cámara tendrá que pronunciarse sobre aquellos que tengan una previa legitimidad de la propia carrera judicial. Tendrá que pronunciarse sobre aquellos que acrediten una representación de la propia carrera
judicial. No podrá esta Cámara llevar al consejo a una persona que no tenga un apoyo, aunque sea mínimo, de sus propios compañeros o de las asociaciones establecidas dentro de la carrera judicial. Por lo tanto, este sistema, que es mixto, que no
da todo el poder a los jueces y magistrados para que ellos o ante ellos procedan a la elección y que no da tampoco todo el poder a las Cámaras para que, sin tener en consideración cuál es la voluntad de la propia carrera, haga su designación, nos
obliga a varias cosas. En primer lugar, nos obliga a considerar la realidad de la carrera y esa realidad es que hay la mitad de la misma, el 50 %, que pertenece a asociaciones; y la otra mitad, que no pertenece a asociaciones. Por lo tanto, el
consejo debe representar a esas dos opciones, ambas legítimas, de un juez: asociarse o no asociarse. No hay sindicatos obligatorios, afortunadamente. Pero eso no significa que aquel que no haya tomado la opción de asociarse, como un trabajador
que en cualquier sector no hubiese tomado la opción de formar parte de un sindicato, tenga menos derecho que aquel juez asociado o que aquel trabajador sindicado. Por eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Libremente? Tampoco. Se establece un
criterio de preselección de tal forma que necesitarán un aval de veinticinco de sus compañeros y ese aval manifestará dos cosas: una, su voluntad y, por lo tanto, aceptación y disposición a ser vocal del consejo; y otra, que tiene al menos esa
representación de impulso para que esta Cámara lo pueda tener en consideración. Y la otra alternativa es que esté avalado por alguna de las asociaciones legalmente establecidas.
Por lo tanto, sí, señor Llamazares. Y creo, con toda sinceridad, señora Díez, que también le puedo contestar que sí. Pero cuando yo le decía que suscribo el discurso en la parte que usted ha leído y que lo extiendo, se lo voy a repetir
para terminar esta intervención. Señorías, si esta Cámara aprueba este proyecto, en muy pocos meses estaremos ante una importante responsabilidad: la responsabilidad de elegir el órgano de gobierno del Poder Judicial en España, su consejo general.
La Cámara tendrá que actuar conforme al mandato de la Constitución, que exige una mayoría cualificada de tres quintos para la elección de los vocales. Y, señora Díez, reitero en esta tribuna lo que dije en la Comisión de Justicia. Si esta Cámara
lo que hace es un reparto numérico entre los grupos parlamentarios del número de vocales que a cada cual puede corresponder, no habrá cumplido el mandato de la Constitución; lo reitero. Pero si esta Cámara, en consideración lógica a la realidad de
la carrera judicial y a la realidad parlamentaria, lo que hace es no repartir números, sino consensuar nombres, elegir a los mejores, buscar a personas que desde sus diferentes procedencias representen de verdad la excelencia de la carrera judicial,
de los operadores jurídicos y lo hace desde un sentido de la responsabilidad, habrá cumplido plenamente la Constitución. Y le voy a hacer un pronóstico. Yo creo que estamos obligados a conseguirlo, sea cual sea
el resultado de la tramitación del proyecto, y mi pronóstico es que, cuando cumplamos nuestra obligación de elegir a los mejores y de no repartirnos las cuotas, habremos conseguido que durante los próximos años esté operativo el Consejo
General del Poder Judicial menos politizado de la historia de España. Esa es nuestra responsabilidad.
Muchas gracias, señora presidente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, creo que mucho debería cambiar su política para que fueran ciertas -ojalá lo fueran- sus últimas palabras. Le pido que deje de mirar al dedo que señala la luna. De hecho -no tenía por qué hacerlo-, no ha entrado en la
valoración del contenido de nuestras propuestas sintetizadas y creo que ha intentado hacer un ejercicio de reduccionismo con un cierto menosprecio, pero tiene todo el derecho. Ha llevado el debate al terreno ideológico. La verdad sea dicha, creo
que he hablado de constataciones. Me vienen a la cabeza tres nombres. El señor Dívar, que dejó las cosas fatal para vergüenza de muchos jueces. Me viene a la cabeza el señor Bermejo, un ministro socialista que firmó su pena de muerte el día que
dijo aquí que venía con una intención -que yo aplaudí-, que era democratizar la carrera judicial. Aquel día creo que firmó la pena de muerte política, y fíjese cómo acabó. Y le recuerdo al señor Garzón -que, por cierto, no es demasiado amigo del
independentismo catalán-, que para vergüenza de esta democracia fíjese cómo ha caído. Me refiero a que aquí creo que nadie puede presumir de nada o de casi nada.
Le he dicho que los hechos son los que son, esta democracia ha ido evolucionando y es cierto -lo cual no significa que los jueces no sean democráticos- que existía una realidad histórica. ¿Cuántos jueces eran hijos de jornaleros andaluces o
de trabajadores del textil de Tarrasa en los años setenta u ochenta? Solo he dicho que gracias a la democracia y a la consolidación de la democracia, al funcionamiento del ascensor social, este sesgo de clase -sé que usted no está de acuerdo con
esto, pero no pasa nada- ha ido desapareciendo. Esto ha existido y por suerte va desapareciendo, pero ahora llegan ustedes y ¡cuidado! hay que atar corto. De hecho, esto forma parte de algo global, es la política neoliberal conservadora en la
medida en que hay menos para repartir hay que asegurar nuestra parte del pastel. Ciertamente, en épocas de crecimiento económico todo el mundo se apunta a repartir. Toda la buena gente, que somos todos, se apunta a repartir. ¿Dónde se demuestra
que uno es progresista? Cuando el pastel se hace pequeño. ¿Cuál es la respuesta de la derecha? Primero, conservar nuestra parte del pastel y esto tiene una traslación en las estructuras públicas. Y ahora en la medida en que, precisamente por
civilización democrática y de progreso del mismo pensamiento social, la democracia exige más calidad, en la medida en que el Poder Judicial alcanza una madurez, porque lleva más de treinta años de democracia, ustedes también tiene que controlarlo.
Esta es la tesis.
Usted está instalado en su torre de marfil y creo que es un tanto insensato. ¿Usted se da cuenta como están las calles? ¿Usted se da cuenta de que las nuevas generaciones aceptarán vivir en sociedades más austeras a cambio de mucha calidad
democrática? ¿O no se da cuenta? Y ahora usted desde su torre de marfil de gran académico viene aquí y habla como si estuviera en el laboratorio. No, la sociedad es muy exigente y no vamos a aceptar triquiñuelas para que la democracia pierda
calidad. Y la separación de poderes tiene que ser excelente. Repito, las nuevas generaciones solamente estarán dispuestas a vivir de forma más austera a cambio de mayor calidad democrática y ustedes son los perros guardianes de que nada, nada, se
desmadre y, si hay que controlar a los jueces, se les va a controlar. Esta es nuestra tesis. He dicho antes que están muy alejadas, no pasa nada. Nosotros presentaremos enmiendas -en catalán decimos assenyades- y ustedes contemplarán la
posibilidad de tenerlas en cuenta o no.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Sí, señora presidenta.
Creo que el señor Gallardón ya se ha enterado de lo que quería decirle.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Barkos, ¿no va a intervenir? (Pausa). Señor Baldoví. (Pausa).
Por el Grupo del PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, voy a intentar recuperar el debate vinculándolo a la iniciativa que estamos debatiendo. Ahora, tengo que decir que cuando se escucha al señor Tardà las evocaciones
alegóricas son inevitables y le vuelvo a aconsejar la misma película, Uno de los nuestros, que tiene una dimensión simbólica que a usted, hablando del Poder Judicial y de las estructuras y estamentos judiciales, no se le escapa qué quiere decir. En
todo caso, yo no comparto tampoco algunas de las reflexiones hechas, tan esencialistas. Usted ha tenido la deferencia de halagar mi educación en mi relación personal con usted, pero yo no puedo dejar de ser educado cuando me refiero a usted por
ciertas experiencias existenciales que hemos compartido usted y yo y que, ni pretendiéndolo, me permiten ser maleducado con usted. Además, nosotros somos un grupo educado con carácter general. Hay algunos estereotipos y mitos antropológicos que
nos afectan a los vascos y hay quien dice que los vascos somos parcos en palabras -qué le voy a decir de quien le está hablando (Risas)- y hay quien dice que los vascos no tenemos educación, pero históricamente nuestro grupo ha acreditado que
nuestro sistema de formular nuestras reflexiones es educado cuando menos aunque puede ser argumentativamente duro y argumentativamente voy a ser duro con usted.
A usted seguro que le tienen que preocupar, aunque no lo reconozca, las siguientes circunstancias. Estamental o no estamentalmente -generacionalmente sería la palabra más adecuada-, en la Administración de Justicia las nuevas cohortes de
jueces están cambiando y no es baladí que los 46 jueces decanos del Estado español hayan realizado la siguiente afirmación: La corrupción es sistémica en el Estado español. Yo no lo había oído en el ámbito judicial jamás, pero que lo digan no
cualesquiera personas o cualesquiera jueces a título individual, sino 46 jueces decanos -que son todos los que existen en el Estado español- es algo que merita una reflexión profunda, y no solo a su grupo parlamentario, sino seguramente a todos los
grupos parlamentarios que estamos aquí representados. Que todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia existentes en el Estado español hayan proclamado que no están dispuestos a ser en el ámbito de los desahucios el cobrador del
frac es algo que merita una reflexión, una reflexión política para todos. Que desde el ámbito judicial o desde la Administración de Justicia se haya planteado una cuestión prejudicial que ha prosperado y que ha provocado una sentencia del tribunal
europeo declarando ilegal el sistema de desahucios español y, sobre todo, lo que es más relevante y lo que afecta a sus competencias -y no a las del señor De Guindos, que no sé por qué interviene de forma exclusiva y en régimen de monopolio en esta
materia-, declara la ilegalidad del procedimiento ejecutivo de desahucio y el sistema de subasta y lanzamiento, no es una cuestión baladí. Que se avalen por parte de la Administración de Justicia, mediante una amplificación manifiesta de la Ley de
la Memoria Histórica, la investigación en fosas comunes de los represaliados tras la Guerra Civil, no es una cuestión baladí. Yo no sé si usted es un apologeta también del uso alternativo del derecho; me da la impresión de que no, a pesar de que
es un hombre joven y pretendidamente moderno, yo creo que usted, conocedor profundo de las tesis y doctrinas de Bari, no creo que las comparta. Pero estamos aproximándonos mucho a lo que los apologetas de la escuela de Bari o del uso alternativo
del derecho como elemento transformador de la realidad proclaman. A ver si los jueces al final nos van a adelantar en todos los ámbitos de actuación de las políticas gubernamentales, cosa que no sería descartable a tenor de lo que está ocurriendo,
por degradación de los derechos y libertades públicas de las segundas y por una actuación espiritualista y digna de encomio de los primeros. Podría pasar, no lo descarte, señor ministro.
Hemos vuelto al debate recurrente de los consejos autonómicos. Usted dice que esta ley no tiene entidad suficiente para debatir esta cuestión; ya me ha dicho varias veces que no cree en ellos. Si diferimos a otra ley posterior, no hace
falta ser profeta para decir que la ley posterior en la que sí tenga entidad en su opinión me volverá decir que no cree en ellos. Cómo no va a tener entidad normativa esta ley para hablar de los consejos autonómicos cuando se modifica la estructura
del Poder Judicial, cuando se convierte un Consejo General del Poder Judicial de veinte se reduce a seis, cuando esos seis cumplen todas las competencias que corresponden a las comisiones que se hacen desaparecer, cuando se hacen desaparecer
comisiones tan relevantes para de alguna forma garantizar la neutralidad en materia de política de nombramientos discrecionales que hacen referencia a todas las salas del Tribunal Supremo, en el caso del Consejo General del Poder Judicial la
Comisión que podría neutralizar o evitar introducciones o presiones bastardas a la hora de articular estos nombramientos y que estos nombramientos sean neutrales de verdad y despoliticen no, despartidicen -si se puede utilizar la expresión- la
actuación de los tribunales; cuando se estamentaliza el Consejo General del Poder Judicial de tal manera que solo un estamento de 81 jueces de los 6.000 existentes en la carrera judicial pueden ostentar la condición de
vocales del Poder Judicial. Estamos creando un órgano selectivo, pero de jueces de la vieja escuela, de los jueces no dóciles, de los jueces que aplicaban la legalidad y tan demócratas como los actuales, pero sin el sentido espiritualista y
transformador de las nuevas cohortes de jueces, de los jueces más jóvenes, con un sentido de aplicación de la norma rígido, literalista, que en una legislatura como la que estamos, con treinta y seis reales decretos-leyes, yo me quedo con los nuevos
-si me permite la opción- y no con los viejos, con los que aplican el ordenamiento jurídico sin los conocimientos hermenéuticos del artículo 3 del Código Civil, sin la realidad social, sin los condicionamientos que hay a la hora de aplicar desde una
perspectiva progresista y transformadora la norma. Pero respecto a los consejos autonómicos del Poder Judicial, los modelos que configuran los distintos estatutos de autonomía son muy heterogéneos; a mí me gusta el Estatuto de Autonomía de
Cataluña, ya limado por una sentencia del Tribunal Constitucional; otros no son nada más que la traslación de las competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores. Pero vamos a analizar en qué norma, en qué precepto
constitucional o si está en la naturaleza de las cosas, en su opinión, que el órgano de gobierno, que es un órgano gubernativo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo, señora presidenta.
... tenga que ser de régimen centralizado, ajustado a los requerimientos de un Estado compuesto; por cierto, cada vez menos compuesto y cada vez más centralizado.
En cuanto a la dedicación en exclusiva y a la dedicación a tiempo parcial -y con esto acabo- y la incursión en una manifiesta contradicción del requerimiento del artículo 127 de la Constitución, es muy alambicada su reflexión, y además
falsa. ¿Sabe por qué le digo que es falsa? Porque lo que establece el tenor literal de este precepto es que los jueces en el ejercicio de la jurisdicción no pueden cumplir ningún tipo de función pública ajena a la función jurisdiccional, pero
menos pueden realizar funciones ajenas a la función jurisdiccional que les afecte a ellos mismos, y un vocal del Consejo General del Poder Judicial puede tomar una decisión favorable a sus pretensiones o desfavorable a las pretensiones de otro
compañero de la carrera judicial, luego la prohibición del artículo 127 de la Constitución debe interpretarse de forma más intensa o enfática en este ámbito de esa dedicación a tiempo parcial en el régimen de teletrabajo que es en el que usted ubica
a catorce miembros o vocales del Consejo General del Poder Judicial. Estas son las trampas dialécticas que usted practica...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.
Son las trampas dialécticas, cuyo epítome sería el siguiente: con la misma argumentación usted le ha dado la razón al señor Llamazares y a la señora Díez. Conmigo, como nos conocemos muy bien, esas trampas le pediría, por favor, que no las
hiciera.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.
Señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
Señor ministro, vayamos por partes, que diría Jack el Destripador -espero que esta cita no le haga llegar a la conclusión de que me he comparado con él, señor ministro-; vayamos por partes. Dice usted que no hay contradicción entre lo que
usted dijo en la Comisión de Justicia en enero del año pasado y lo que nos ha dicho hoy y ha propuesto en el texto legal, que es al fin y al cabo lo más importante, no lo que ha dicho aquí en la tribuna, sino lo que nos han propuesto en este
proyecto de ley. Usted dijo en esa Comisión, señor ministro -ahora se lo voy a enfatizar, por si acaso antes no se ha acordado o no me ha entendido-: Tenemos que ir al espíritu de la Constitución y tenemos, por tanto, que dejar bien claro que la
voluntad del Gobierno es que doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por los jueces y magistrados de todas las categorías. ¿Es lo mismo que viene en la ley? Mire que soy despistada, mire que le acabo de oír explicar aquí que los
veinte, pero que a pesar de todo, aunque a esos veinte los elijamos todos aquí, va a primar el espíritu no partidista, no partidario a la hora de hacerlo. ¿Usted ha cambiado de posición? Si no ha cambiado de posición ha cambiado de letra, aunque
mantenga la otra posición, o no sé cuál es la que mantiene. No solamente ha cambiado sino que, además de cambiar, en su primera intervención nos ha explicado como un valor que ha renunciado a lo que defendió. Por tanto, una de dos,
o ha renunciado o no, está sosteniendo lo mismo que dijo en aquella comparecencia o sostiene lo contrario; las dos cosas a la vez no pueden ser. Si quiere poner valor a que ha renunciado diga que ha renunciado y por qué. Antes explicaba
que por el consenso, después ha dicho que no ha renunciado. Primera cuestión: usted dijo una cosa, se comprometió a una cosa, y ha hecho la contraria.
Segunda cuestión, la criminalización de los partidos políticos. Esto es el colmo, señor ministro. Bueno, no es el colmo, qué vamos a decir, qué va a ser el colmo. Esto es muy repetido aquí también en esa bancada. Cuando hace año y medio
comenté al entonces candidato a la Presidencia del Gobierno que la corrupción política era uno de los mayores lastres de nuestra historia y de nuestra democracia, el presidente del Gobierno también me dijo que criminalizábamos a los políticos y los
partidos políticos. Que 46 jueces del Supremo, como le ha recordado el señor Olabarría, hayan dicho que la corrupción es sistémica ¿es criminalizar? ¿Es criminalizar criticar la degeneración de las instituciones y de la propia democracia? ¿Eso es
criminalizar? Hombre, no sea tan, tan... Usted suele demostrar otro nivel a la hora de hacer los debates. No vaya a estas cosas tan facilonas. El Poder Judicial es un poder político, pero no es un poder partidista. Le traiciona el inconsciente
-permítame la expresión- y viene usted aquí a reivindicar que los partidos políticos pueden poner a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Viene y lo explica, y dice que quienes pensamos lo contrario -porque nosotros, Unión Progreso y
Democracia, pensamos lo contrario- lo que estamos haciendo es criminalizar a los partidos políticos. Pues no; sencillamente pensamos que hay que ser fieles a la letra y al espíritu de la Constitución, y que aquello que se hizo en el año 1985,
seguramente con muy buena voluntad, hay, como todo, que revisarlo a la luz de sus consecuencias. Las consecuencias de aquella reforma de la ley han sido muy negativas, como yo entendí que usted reconocía y como desde luego nosotros seguimos
defendiendo. La reforma que se hizo después de aquella ley en el año 2001 no ha arreglado las cuestiones. La reforma de 1985 se hizo al precio de subordinar el consejo a los intereses de los partidos políticos mayoritarios, que no siempre
responden a los intereses generales, a los intereses del conjunto de los ciudadanos. Aquello ha tenido muy malas consecuencias.
Es verdad, su partido llevó esa ley al Tribunal Constitucional, que dijo que era constitucional, pero añadió otra cosa que viene muy a cuento de la reforma que ustedes nos traen y del debate que usted, de una manera ciertamente tramposa, ha
introducido en su réplica para sostener que sigue pensando lo mismo que dijo en enero de 2012. ¿Qué dijo el Constitucional? Que siendo constitucional y avalando la reforma, siempre que las Cámaras a la hora de efectuar sus propuestas -abro
comillas- no atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. Sigue: La lógica del Estado de partidos empuja a mantener
al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder, y entre ellos señaladamente al Poder Judicial. ¿A usted le parece que es criminalizar a los partidos políticos defender radicalmente la separación de poderes? A mí me parece que no, que
eso no es criminalizar a los partidos políticos sino hacer una apuesta por una democracia de más calidad, de más y de mejor calidad. Eso es lo que estamos planteando, señor ministro. Efectivamente, como le decía, aunque con objeto de mitigar los
efectos perversos de esa ley de 1985 se hizo una reforma en el año 2001, usted sabe que esa reforma no sirvió para nada, porque puso de manifiesto que mientras la decisión final respecto al nombramiento de todos los miembros del Consejo General del
Poder Judicial, de todos ellos y no de los ocho que la Constitución reserva para ser elegidos en las Cámaras, corresponda al Parlamento, será imposible evitar que los dos partidos políticos mayoritarios se pongan de acuerdo respecto de las cuotas a
repartir -cuando quieren o necesitan más votos se ponen más generosos a la hora de repartir cuotas, trocitos de tarta, además de guinda, al resto de fuerzas políticas y otras veces se ponen menos generosos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Díez, termine.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Voy terminando, señora presidenta.
Pero al final es el propio sistema que ustedes definen el que pervierte el resultado final porque es el sistema el que es perverso. Debe ser -esta es nuestra propuesta, y sigue siendo- en el grupo de los doce reservados a jueces y
magistrados donde se introduzca la principal reforma legal que no requiere cambio constitucional; que no se elijan aquí esos doce, que se elijan entre ellos y fuera de las Cámaras, que es lo que la Constitución dice en el texto y en el espíritu,
que es lo que usted dijo en aquella primera comparecencia, aunque ahora nos quiera hacer creer alternativamente que bien ha renunciado, bien sigue diciendo lo mismo.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor ministro, por entrar al detalle de su iniciativa, pero eso demuestra que usted no ha hablado con nadie, demuestra que de nuevo el consenso es un trampantojo que nos presenta usted cada vez que habla con los grupos
parlamentarios, sobre todo en esta Cámara nos lo pone siempre delante. Es lo del palo y la zanahoria, lo que pasa es que nosotros ya no segregamos jugos gástricos; como no nos ha dado ninguna zanahoria y no somos masoquistas, no nos creemos lo del
palo y la zanahoria. Por tanto, no hay voluntad de consenso y no ha avanzado ni un milímetro el consenso. No es un problema de que no haya avanzado con nosotros, es que usted no ha avanzado un milímetro con las organizaciones judiciales y adopta
medidas en este proyecto que significan casus belli con las organizaciones judiciales -no hay más que ver las declaraciones públicas-. Desde hace tiempo no hemos estado tan lejos del consenso -no utilice esa palabra no vaya a ser que termine
cambiándole el significado-, es el disenso lo que hay en estos momentos con respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial. De hecho usted lo reconoce cuando dice que su grupo tiene la mayoría. Incluso ha tenido un desliz que no me
ha gustado nada, que ha sido contabilizar el porcentaje de escaños. Yo podría hacerlo con el porcentaje de votos, incluso sin el porcentaje de votos por censo, pero no sería tan mayoritario, no llegarían al 50 %, señorías. Con lo cual, cuidadito
con lo que estamos diciendo, porque es un tema muy importante y no basta únicamente con tener una mayoría, y mucho menos una mayoría aplicando únicamente rodillo, como su señoría ha hecho hasta ahora en este Parlamento. Después ha intentado
descalificar a mi grupo hablando de una iniciativa que hemos presentado -que es cierta- sobre la reducción del pleno del consejo precisamente cuando se había producido el escándalo del señor Dívar. Tanto en el diagnóstico como en el tratamiento no
coincidimos, en absoluto. Usted ha dicho al final que el problema del Consejo General del Poder Judicial es la politización. Yo estoy en absoluto desacuerdo, al igual que lo estoy con otros grupos parlamentarios. Creo que es una degeneración de
lo que podemos llamar politización, que es el faccionalismo y el clientelismo. Eso es totalmente diferente. No tiene nada que ver con la politización, porque la política, defensa del interés general en materia de justicia, se la supongo a todos
los jueces, formen parte o no del Consejo General del Poder Judicial, igual que se la supongo a todos los ciudadanos. (Aplausos). Me parece que eso es la política y estamos tomando una deriva por la cual estigmatizamos continuamente a la política;
entendida, como he dicho antes, la alta política como defensa del interés general.
Le decía además que el diablo está en los detalles, por eso nosotros tenemos dudas con respecto a su propuesta y rechazamos su propuesta de permanente. Por ejemplo, en relación con esa revisión del corporativismo en forma de estamentos,
usted pone determinados porcentajes para generales, pero no hay porcentajes de cabos ni de soldados. Mi grupo y yo entenderíamos esta propuesta estamental si hubiera una representación del conjunto de la judicatura, pero usted se cuida muy mucho de
que quien esté representado sea el Tribunal Supremo y sean magistrados con más de veinticinco años de ejercicio. Lo que usted está haciendo es intentar reorientar el carácter conservador de la justicia, que por esencia es un sistema conservador,
hacia un sistema aún más conservador si cabe, en el que no es que haya uso alternativo de la justicia sino abuso conservador de la justicia. Es lo que el Gobierno pretende, y nosotros no estamos de acuerdo con ese planteamiento. No me ha querido
responder a lo fundamental. Con el caso Dívar este Parlamento se vio arrastrado -no solamente el Consejo General del Poder Judicial sino este Parlamento también- a una aparición y a un debate público en el que no podíamos decir nada, prácticamente
no podíamos intervenir. Usted no tomó ni una sola medida ni de dación de cuentas ni de control parlamentario. Eso es lo que demuestra que este Consejo General de Poder Judicial merece ser claramente mejorado, porque ahí, en el control
parlamentario, en la orientación parlamentaria que vaya más allá de la memoria, está, en nuestra opinión, el carácter del Consejo General del Poder Judicial. Yo sigo afirmando que, en coherencia con su modelo empresarial, el carácter del Consejo
General del Poder Judicial es un consejo de administración o, mejor dicho, una comisión ejecutiva del consejo de administración. Para nosotros es un órgano político formado por jueces pero qué más quisiéramos que fuera formado por algo más que
jueces, por profesionales de otras carreras, por secretarios y por ciudadanos de la carrera judicial. Esa es la posición de mi grupo parlamentario. Espero que el consenso en el resto de la tramitación parlamentaria sea cierto y no sea solamente un
trampantojo. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Llamazares.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Tengo que ir al grano, señor Gallardón, porque, aunque hay muchos temas muy interesantes y muy amplios, tengo escasos minutos. Solo haré unas reflexiones dando por reproducida la intervención más amplia anterior y emplazándome con ustedes y
con todos los grupos parlamentarios al debate de la tramitación parlamentaria. Quiero dejar claro en la tribuna la reivindicación de la vida política, de la ética en la vida política concebida como servicio público en favor de los ciudadanos, más
allá de los abusos de los corruptos y de los indeseables. Reivindico eso y reivindico el artículo 1.2 de la Constitución que dice: 'La soberanía nacional reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado'. Emanan todos, incluido el
Poder Judicial, no para dictar sentencias y ejecutar lo juzgado sino como órgano político. (Aplausos). Eso es lo que dice la Constitución. Quiero reivindicar eso ante esta Cámara con la mayor dignidad y con el orgullo de ser, como todos mis
compañeros, un servidor de lo público y de los ciudadanos de este país, en mi partido, sobre todo de los ciudadanos que lo están pasando especialmente mal. No puedo decirle muchas cosas pero sí alguna en los temas básicos. Dice -de acuerdo con la
idea pero, claro, la conclusión es terrorífica- el artículo 570 de la reforma que hay que cumplir el mandato constitucional de renovación. Respondo: de acuerdo, pero el incumplimiento anterior de las Cámaras no puede justificar un precepto en la
propia ley que de entrada sea inconstitucional. No puede dejar unilateralmente en manos de alguien ad hoc la solución del problema, porque además es inútil. Hoy ustedes tienen tres quintos en el Senado, por eso se agarran a ello, pero eso no es el
consenso. Probablemente en las siguientes elecciones nadie tenga tres quintos, y ya no habrá sistema de desbloqueo y sobre todo sistema unilateral de desbloqueo. No nos podemos encontrar así, sí en la intención pero no en la conclusión, que hace
inútil cualquier tipo de consenso o de esfuerzo. No ha mencionado -es fundamental- las sentencias reiteradas del Tribunal Constitucional, el contenido de la ley 2004, nuestra propuesta del quórum necesario para que gobierne quien gobierne no caiga
en la tentación de copar los órganos institucionales, de copar los nombramientos (el Supremo, los TSJ). Que tengamos que consensuarlo desde la política, desde el orgullo de lo público, claro que sí, porque es el pueblo del que emanan todos los
poderes del Estado. La Constitución recoge claramente la elección parlamentaria política -sí, del pueblo español-, no gremial, de un grupo de jueces por muy importantes que ellos sean. ¿Es inconstitucional esa posición? No, pero tiene un plus
menor de constitucionalidad, tiene un plus menor de legitimidad, tiene un plus menor de democracia, frente a la elección política. La mala realización o ejecución de los mandatos constitucionales en algún momento por la propia Cámara o por algún
partido no justifica este otro tipo de actuaciones que es ir a favor de corriente pero debilitar la esencia de lo democrático y de los valores de la convivencia en nuestro país.
Hay temas que solo apunto: la transparencia, dos vías. Acerca de la publicidad, nada tienen que ver -eso que es lo que habría que salvaguardar- los debates secretos del consejo con la transparencia. Nada de esconderse; publicidad, la
prensa conociendo de qué se debate. ¿Por qué se van a esconder? Hagamos como en la Cámara, como en el Parlamento; pongamos cristal de una vez a este país para que no haya tantas duda (Aplausos), pongamos cristal también en el Poder Judicial,
claro que sí, menos en aquellos temas que por su entidad o por su contenidos deban, cómo no, ser secretos, como ocurre también en el Congreso de los Diputados. El sistema presidencialista no tiene justificación, señor Ruiz-Gallardón. No quiero ser
duro, pero es tremendamente casposo. Nos vamos -lamento la expresión, pero es que es así- a valores del siglo XIX. ¿Por qué veinticinco años de antigüedad? La Constitución nos dice -ha habido alguna otra intervención en este sentido- que entre
todos los cuerpos, pero no dice que de los que son ochenta y uno copen más de la mitad del consejo; ochenta y uno frente a cinco mil y pico. Yo conozco y defiendo la cualificación del Supremo pero, entre otras cuestiones, no lo dice la
Constitución. ¿Por qué coartar esa libertad de la política con mayúsculas para que las Cámaras elijan -ese es el problema que a lo mejor ha habido, una mala elección en muchos casos, como apuntaba el portavoz de Izquierda Unida-, si se acierta en
la elección con los méritos de verdad de capacidad? Hago aquí un paréntesis, apliquémoslo no al debate de hoy. A ver qué propuestas estamos haciendo para la renovación del Tribunal Constitucional, a ver si somos coherentes con estos principios de
mérito y capacidad y llevamos a gente competente de verdad, que tenga ese entrecomillado de independiente. Porque la gente decente y profesional, tenga la ideología que sea, es independiente en la responsabilidad del ejercicio de
su cargo si no desacertamos y cogemos a algunos de los pocos -que hay pocos- indeseables que hay en todos los sitios. Ese es el problema que tenemos.
Señor ministro -termino, señora presidenta-, recojo esa oferta de consenso, que exige intento de concordancia de voluntades. Claro que exige renuncias, pero estamos en una cuestión de Estado, señor Ruiz-Gallardón. La seguridad jurídica es
necesaria para la propia convivencia en este país. Las reglas del juego no puede estar cambiándose por cada mayoría -legítima sí-; pero esas reglas del juego, ese valor del consenso añade un plus y -yo estoy de acuerdo con usted- implica
renuncias. Eso es grandeza. Además rectificar es de sabios también, y si se rectifica para el consenso no es una rectificación de principios sino en aras de un valor superior, que es dar esa estabilidad, estar en una cuestión de Estado. Le
adelanto -termino- si no se rectifican sustancialmente algunas de las líneas rojas que hemos puesto en este debate el Partido Socialista estará en contra y a las veinticuatro horas de volver a gobernar volveríamos a cambiar esta regulación, esta
legislación que ustedes unilateralmente en estos aspectos han presentado en el texto que hoy trata esta Cámara. Aceptamos ese guante, recogemos ese guante de buena fe de verdad, si es que realmente se quiere buscar el fortalecimiento del Poder
Judicial y defender la independencia de los juzgados y tribunales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señora presidenta.
Con brevedad daré respuesta, cerrando esta primera y sustancial parte del debate, a los intervinientes que han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto, para quedarme con la esencia de lo que yo creo -lo digo con toda sinceridad- que
ha sido un buen ejercicio de aproximación, que -hago el pronóstico- anuncia muchas posibilidades de encuentro durante la tramitación de las enmiendas parciales en la Comisión correspondiente para buscar ese objetivo último -empiezo por el final-, al
que hacía referencia el portavoz del Grupo Socialista, que la alternancia de Gobiernos en el poder no signifique la modificación de las estructuras básicas del Estado.
No solamente por cortesía sino porque desde luego algunos puntos son importantes, quiero hacer algunas precisiones. Señor Tardà, sigue usted con argumentos genealógicos. No voy a entrar en esa batalla. Me dice que no le contesto a las
cosas que me pregunta. Estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial y usted me trae aquí hasta tres nombres -con todos los respetos hacia todos ellos-. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abrir debates ahora mismo sobre quien estuvo en un sitio y
quien estuvo en otro? Con toda sinceridad, usted ha querido hacer -es legítimo- un debate general sobre la justicia y sobre el estado de la justicia, y aquí lo que estamos debatiendo son precisamente los instrumentos para el gobierno de los jueces.
Al señor Olabarría quiero decirle exactamente lo mismo. Yo no sé por qué confronta usted las manifestaciones de los jueces decanos, lo que hayan podido decir determinados presidentes de tribunales superiores de justicia, el propio Consejo
General del Poder Judicial; por qué ese tipo de afirmaciones que no son en contra del Gobierno ni de la política del Gobierno sino que denuncian un sistema... Sí, se incluye usted, pero tampoco son en contra de su señoría, ni del Parlamento, ni
del sistema democrático. Manifiestan unas preocupaciones sobre el estado de la corrupción en España en las coincidimos todos, espero. No creo que nadie, aunque hubiera un solo supuesto de corrupción en España, no tuviese obligación de estar
preocupado, y si encima se ejercen responsabilidades públicas ocupado. Le puedo asegurar que es lo que hace el Gobierno, y pongo como ejemplo lo que creo que es una actuación impecable y modélica de la Fiscalía General del Estado en todos y cada
uno de los asuntos, que afectan a funcionarios, a altos cargos y a responsables políticos, que se están llevando desde hace año y medio en España. Le insisto, no es este el tiempo ni la hora para tramitar una propuesta como la generación de
consejos autonómicos. No prejuzgue usted cuál pueda ser el resultado del debate en la futura ley orgánica del Poder Judicial. ¿Qué estamos en una época de recortes? ¿Qué estamos en una época de reducción? Eso es cierto. ¿Que el Gobierno
asimismo, en la Administración General del Estado, se está aplicando un criterio reductivo de sus organismos en aras de esa reducción presupuestaria? Es verdad. ¿Que eso puede chocar con la creación de nuevos órganos? También es cierto, pero no
es este el momento del debate. Ese debate será profundo, importante, y lo tendremos cuando tramitemos la ley orgánica del Poder Judicial, pero no haga usted prejuicios en relación con lo que allí puede ocurrir. Con toda sinceridad le digo, tenga
por seguro que la interpretación del artículo 127 de nuestra Constitución que yo le he dado
es válida. Si la propia Constitución encarga a quien preside y ejerce jurisdicción desde el máximo orden jurisdiccional en nuestro país, que es el Tribunal Supremo, una tarea gubernativa, porque se la encarga, porque el consejo obviamente
es una tarea gubernativa, ¿cómo se la va a negar a un magistrado que en lugar de presidente del Supremo sea, por poner un ejemplo, magistrado de la Sala segunda del Tribunal Supremo? ¿Cómo se la va a negar a un juez que esté destinado en cualquiera
de los partidos judiciales españoles, cuando es la propia Constitución la que al presidente del Supremo, no es que le permita, le obliga a ejercer una tarea gubernativa? Esta claro que ese régimen de incompatibilidades no afecta a aquellas tareas
que la propia Constitución encarga por ley que sean necesariamente ejercidas por él. Creo, volviendo al fondo del asunto, que introducir esa permeabilidad, ese no distanciamiento, el que los vocales no dejen de ser sino que sigan siendo jueces y
magistrados... ¿Por qué nos dice la Constitución, al margen del debate sobre el sistema de elección, que tiene que haber doce jueces y magistrados? Porque quiere que haya gente que conozca la realidad de la carrera; quiere que haya gente que
tenga esa experiencia, que tenga ese contacto permanente, porque, si no, al modo italiano o al modo de otros consejos podía haber llamado solamente a juristas de reconocido prestigio o a presidentes de otros estamentos. No, no; la Constitución nos
dice: de los veinte, doce que sean jueces y magistrados. Yo le digo: no solamente que lo hayan sido sino que lo sigan siendo. Ese es el cambio sustancial del Gobierno. Nos conformamos con que lo hayan sido, queremos que lo sigan siendo;
queremos que sigan en contacto con la realidad cotidiana; queremos que no se encierren en una burbuja de cristal durante el tiempo del mandato como vocales, sino que, al contrario, sean permeables a todo lo que ocurre en la carrera judicial. Creo
que eso es esencialmente positivo, se lo digo con absoluta sinceridad.
Señora Díez, no voy a pensar que se compara usted con Jack el Destripador porque esa cita que usted ha hecho me la ha copiado. Fui el primero que la hice en esta Cámara, con la diferencia de que yo tuve la humildad de decir quién la había
construido, que es don Joaquín Leguina, esta es la verdad. Yo siempre, siempre que cito algo que no es original mío digo quién lo ha construido; usted ni me ha citado ni ha citado a don Joaquín Leguina, que es el padre de la criatura, pero no voy
a entrar en ello en estos momentos. Le he dicho radicalmente, radicalmente, que el espíritu que yo defendí para la elección de los ocho vocales parlamentarios solicito a esta Cámara hoy que se extienda a la elección de los veinte vocales, tanto de
los ocho como de los doce de origen judicial. Ese espíritu no es el del reparto partidista; ese espíritu no es sacar la calculadora y decir tantos votos tienes tú, tantos tengo yo. Ese espíritu es elegir a los mejores y atender a la carrera.
Usted me ha leído una sentencia del Tribunal Constitucional que marca exactamente lo que dice el proyecto de ley; exactamente, sí, señoría. ¿Qué me ha dicho usted? Que el Tribunal Constitucional dice que, aun siendo constitucional que la Cámara
eligiese, no sería acorde con el espíritu de la Constitución si lo hiciera con criterios de reparto conforme al resultado de las últimas elecciones generales; substancialmente es eso. No traigo la cita literal de la sentencia pero substancialmente
es eso. ¿Qué dice nuestro proyecto? ¿Cómo dice nuestro proyecto que tenemos que escoger a esos veinte miembros? ¿Dice que tenemos que atender, como así lo establece para elegir la Mesa la Cámara, a cuántos diputados tiene cada grupo
parlamentario? ¿Dice que tenemos que ir al censo...?
Por cierto, señor Llamazares, no sé por qué le puede ofender que haga esta referencia. Se me dice: tiene a los grupos parlamentarios. Yo digo: oiga, los grupos parlamentarios que enmiendan a la totalidad representan el 38 % de la Cámara,
los grupos parlamentarios que no enmiendan a la totalidad representan al 68 %. No es ninguna ofensa al origen censual, ni muchísimo menos.
Vuelvo a la materia, señora Díez. Perdón por el excurso. ¿Dice el proyecto que se tienen que sentar los portavoces para aritméticamente repartir? No. ¿Qué dice el proyecto, señorías, porque lo dice? Artículo 578, punto 2.º, leo
literalmente, señora presidenta: En la designación de los vocales de turno judicial, las Cámaras tomarán en consideración la proporción existente en la carrera judicial en el momento de proceder a la renovación del Consejo General del Poder
Judicial entre jueces, magistrados y no afiliados y los afiliados a cada una de las distintas asociaciones judiciales. Señoría, está en la ley el criterio, está en la ley; no hay un criterio partidista, no son sus votos ni los míos los que van a
determinar esa selección. La ley nos dice que lo que tenemos que hacer es: primero, atender cuántos están afiliados y cuántos no; y, segundo, dentro de los que están afiliados cuántos a cada una de las asociaciones, y de esa forma hacer un
reflejo del consejo de la realidad de la carrera judicial. Esta es -en una fórmula que no es la original que nosotros presentamos- la aplicación del espíritu de la Constitución. No hemos puesto de ninguna de las formas en el proyecto que tenga que
ser la aritmética parlamentaria la que determine el número de los vocales. Lo que hemos puesto es que tiene que ser la realidad de la carrera judicial quien lo determine. Creo que con eso le doy la respuesta.
Señor Llamazares, consenso, disenso...De verdad, a veces pienso que es usted un hombre pesimista. Le invito a que tenga un tono vital más optimista y se lo digo de verdad. Tenemos un recorrido por delante, nos vamos a sentar en la
Comisión. ¿Quiere usted que venga todo previamente pactado? ¿Quiere usted que hagamos en los despachos del ministerio el trabajo que les corresponde hacer a los señores diputados? ¿No le parece que la máxima prueba de transparencia es el debate
que hoy estamos manteniendo aquí, exponer cada uno nuestras tesis, decir cuáles son los puntos que no podemos sobrepasar y los que sí podemos consensuar? ¿No le parece que esta es la forma parlamentaria de hacer política? ¿Somos una democracia
presidencialista, donde el Ejecutivo se reúne con la oposición en su despacho, o una democracia parlamentaria, en la que se plantean en la sede del Parlamento todos y cada uno de los asuntos? No devaluemos el Parlamento y, sobre todo, no sea usted,
de ninguna de las formas, pesimista. Habla usted de clientelismo, de degeneración y del diablo. Usted habla muchas veces del diablo, es cierto. Tengo muchas dudas de que exista el diablo pero eso nos llevaría a un debate de una naturaleza
radicalmente distinta. Hemos introducido un sistema, el 578.3 -tiene razón-, con el que de los doce vocales, habrá tres magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados de más de veinticinco años de antigüedad en la carrera, cuatro con menos años
de antigüedad y dos jueces. Usted me utiliza el argumento de que garantizan la existencia de los más antiguos, pero también de los más modernos, que antes no estaba garantizada. Porque los más modernos antes podían quedar excluidos -y de hecho
quedaban- de la entrada en el Consejo General del Poder Judicial. Le vuelvo a repetir, ¿cuántos jueces -no magistrados- ha habido en el consejo desde 1980? Nosotros lo que hemos garantizado es la aplicación de la letra de la Constitución, que dice
que tienen que ser de todas las categorías judiciales. En cuanto a ese peligro que usted denuncia de clientelismo y degeneración, estoy convencido de que en modo alguno nadie de los que esta Cámara vaya a proponer va a permitir entrar en ese juego.
Luego me ha hecho una reflexión interesante -que no quiero extenderme más en ella para no cansar a sus señorías- sobre cuál tiene que ser la relación de esta Cámara con el Consejo General del Poder Judicial. El sistema en estos momentos
existente, sustancialmente coincidente con el propuesto, permite esa conexión. A usted le parece insuficiente y lo entiendo. Usted me dice que no. Dice: Nosotros queremos no solamente la comparecencia de dación de cuentas, no solamente la
posibilidad de abrir un debate, no solamente la posibilidad de abrir un debate ulterior aquí, en la Cámara, para formular propuestas que se trasladen después al propio Consejo General del Poder Judicial, sino la comparecencia directa no solamente
del presidente, sino de los vocales. Lo que usted quiere es un título nuevo en la Constitución y me voy a explicar muy rápidamente. Nuestra Constitución dedica uno de sus títulos al Poder Ejecutivo, concretamente el título IV, que se llama del
Gobierno y de la Administración. Dedica otro título al Poder Legislativo, que es el III, de las Cortes Generales. Por último, dedica otro título, el VI, al Poder Judicial. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero es que hay un título más, que es el
título V, que establece cuáles son las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Y es en ese título donde se establece que ese Ejecutivo que se sienta en el banco azul depende de ustedes, señorías, y se establece un mecanismo de elección
del presidente, se establece un mecanismo de control parlamentario, se establece un mecanismo de censura y sustitución del presidente. ¿Por qué? Porque quiso el constituyente -y por eso estableció y aprobó ese título- que la relación entre esos
dos poderes del Estado fuese una relación -lo digo con rotundidad- subordinada. Nosotros, el Ejecutivo, estamos subordinados al Legislativo. Primero, porque estamos obligados por las leyes y, segundo, porque esta Cámara, además de legislar,
controla, elige al presidente, censura al presidente. No quiso eso la Constitución en relación con el Poder Judicial, señor Llamazares, no lo quiso; no estableció un título más, un título equis, donde estableciese las relaciones entre el Poder
Legislativo y el Poder Judicial, y si lo hubiese querido, lo hubiese establecido. De la misma forma que el señor presidente, y quienes tenemos el honor de formar parte del Gobierno con él, comparecemos semanalmente aquí a rendir cuentas en control,
lo hacemos porque el constituyente quiso que ustedes nos controlasen, no quiso el constituyente que el Poder Legislativo se convirtiese en un elemento de control político del Poder Judicial. Por eso, haber articulado, como lo hemos hecho en el
proyecto de ley, el sistema de que sin control -el máximo es el de origen, como es lógico- haya relación, de verdad, con toda sinceridad se lo digo, nos parece que es el más adecuado de todos.
Señor Villarrubia, termino mi intervención refiriéndome a usted. Ha hecho una serie de afirmaciones -usted lo ha dicho, el tiempo no le daba para más- y no haré yo el truco parlamentario de abusar de mi tiempo para contestarlas a todas
ellas. Creo que coincidimos en la necesidad de existencia de mecanismos antibloqueo; constato que discrepamos claramente en cuáles son las propuestas que hemos hecho porque, al final, lo que usted decía de esa búsqueda de consensos y mayorías no
está en contra de lo que
quiere el Gobierno y del espíritu del proyecto. Lo que el proyecto articula no es la ausencia de esas mayorías, sino mecanismos sustitutivos de la imposibilidad de alcanzar esas mayorías. Esos mecanismos lo que hacen es que, cuando no se
alcanzan esas mayorías parlamentarias, existen, es verdad, segundas, terceras posibilidades, en las cuales una mayoría sin ese nivel de exigencia puede proceder al nombramiento. Señoría, creo que los dos estamos de acuerdo en que tenemos que dar
una respuesta valiente. Hablábamos antes de renuncias partidarias o de grupos, o del Gobierno y de la oposición. Bien, vamos a hacer también un ejercicio de hasta qué punto todos tenemos que renunciar a una posibilidad de bloqueo de un órgano
constitucional y de su funcionamiento. Tenemos tiempo, vamos a sentarnos a estudiar cuál es la mejor posibilidad, pero si coincidimos en la conveniencia y oportunidad de introducir ese mecanismo de absoluta modernidad y de absoluta garantía de
eficiencia, estoy casi absolutamente convencido, de verdad, de que encontraremos la redacción adecuada a la ley.
Termino con su última reflexión, que fue también con la que empecé, señor presidente, sin perjuicio de que después agradeceré sus intervenciones a los grupos que no han presentado enmienda a la totalidad, pero anuncio desde ahora que no
abriré ningún otro debate. Señorías, cualquiera que haya seguido este debate, que hasta ahora -y todavía queda- ha sido largo, habrá constatado que se ha hablado de muchas cosas desde planteamientos muy diferentes y con propuestas no compatibles
entre sí. Creo que cualquiera que lo analice en profundidad constatará también que la esencia de la modificación del Consejo General del Poder Judicial puede y debe ser apoyada por una inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Nosotros -lo dije al principio y lo reitero ahora- hicimos una propuesta que pensamos que la inmensa mayoría de ustedes podían aceptar. Hoy nos dicen que, valorando la esencia de la misma, el sistema de elección, existen puntos que les dificultan
llegar a ese acuerdo, pero nos constatan también -y yo recojo ese guante- la voluntad de llegar a ese acuerdo; que sean los grupos parlamentarios ahora -y desde luego el nuestro, con coordinación y apoyo absoluto del Gobierno de España- los que
consigan que estemos todos en los momentos difíciles en que vivimos a la altura de la responsabilidad de lanzar un mensaje de acuerdo, no solamente al mundo judicial, no solamente a los operadores jurídicos, sino a toda la sociedad española. Dicen
que decía Napoleón -ve, señora Díez, como yo sí cito a los autores de las citas- que la derrota es huérfana y que la victoria tiene cien padres. Seamos, señorías, todos padres de la victoria del consenso.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Pasamos a fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de Convergència i Unió, señora Surroca. (La señora vicepresidenta Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, nuestro grupo no ha presentado, como bien saben, enmienda a la totalidad a este proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial. No porque no tengamos motivos para ello, ya que
compartimos en gran medida las causas de oposición que han esgrimido los portavoces de los grupos que me han precedido en el uso de la palabra y que sí han presentado enmienda de devolución. Hemos decidido no formularla porque confiamos en que a lo
largo de la tramitación parlamentaria se pueda mejorar sustancialmente, como también ha anunciado hoy aquí mismo el señor ministro, el actual texto del proyecto, tal como ofreció también a los grupos parlamentarios en el reciente debate del proyecto
de ley orgánica de suspensión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Hoy iniciamos el debate de una reforma que no nos agrada en cuanto a las formas y tampoco en cuanto a su contenido; aspectos ambos que entendemos indisociables, especialmente cuando estamos abordando cambios de calado en una de las
principales instituciones del Estado. Es una reforma que nace con una carencia fundamental, contrariamente a lo que ha manifestado usted, señor ministro, cual es la búsqueda del diálogo y consenso con los sectores afectados y con los distintos
grupos parlamentarios para alcanzar el mínimo entendimiento necesario en una reforma que incide en el órgano de gobierno del Poder Judicial tal como lo define la Constitución española. En ese sentido, señor ministro, lamentamos profundamente que se
haya roto el consenso que en 2001 cinco grupos parlamentarios, precisamente a iniciativa de un Gobierno del Partido Popular, fueron capaces de lograr para fijar el modelo que ha regido hasta nuestros días.
Si repasamos los diarios de Sesiones de esta Cámara, veremos que en aquel entonces el acuerdo fue calificado como histórico de forma unánime por los portavoces que intervinieron en aquel momento, y
ahora romperán ese acuerdo histórico, sin diálogo, con precipitación y sin buscar el necesario entendimiento entre los distintos grupos parlamentarios. Y nos preguntamos con qué finalidad, en qué vamos a mejorar con esta reforma del Consejo
General del Poder Judicial. Es evidente que al emprender un cambio de esta envergadura necesariamente tiene que ser para avanzar en mejoras, pero, en estos momentos, cómo lo vamos a conseguir cuando el principal problema no está tanto en la propia
institución sino en la falta de capacidad de alcanzar acuerdos entre los principales grupos de esta Cámara.
Cuando por parte del Gobierno se ha planteado la necesidad de reformar el Consejo General del Poder Judicial, desde Convergència i Unió siempre hemos mostrado predisposición a ello, porque como es lógico y natural todo es mejorable, y seguro
que la institución también necesita adecuaciones. Y así cuando usted, señor ministro, anunció en sede parlamentaria que se cambiaría el sistema de elección de los vocales del consejo y su estructura para superar situaciones de bloqueo en la
constitución del consejo, no nos opusimos a ello porque pensamos que cualquier sistema tiene sus pros y sus contras, y que de todo se puede hablar, como es evidente. Ahora bien, ¿cree usted, señor ministro, que después de romper el gran consenso
alcanzado en 2001 lograremos superar ese bloqueo en que se ha visto inmersa la institución? Permítame que lo pongamos en duda y más aún cuando constatamos con sorpresa que los dos grandes grupos de esta Cámara, contrariamente a lo que pensábamos,
ni siquiera han sido capaces de llegar a un acuerdo de mínimos en este proyecto. Tanto es así que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmienda a la totalidad a la reforma. Esto nos hace pensar que volveremos a encontrarnos, como ya han
mencionado algunos portavoces que me han precedido, con un nuevo proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial con cada cambio de Gobierno; situación que, como bien saben, desestabiliza al propio consejo, acrece la
desconfianza de la ciudadanía en la justicia y a la vez aumenta el descrédito de las instituciones.
Ahora bien, señor ministro, nuestro grupo, a pesar de tener argumentos para ello, no ha presentado enmienda a la totalidad porque consideramos que aún es posible rectificar buscando ese consenso tan necesario con los distintos grupos en la
negociación de las enmiendas al articulado que usted mismo hoy se ha ofrecido a abrir. Le anuncio que desde Convergència i Unió hemos preparado y presentaremos un importante número de enmiendas al articulado que desde nuestro punto de vista suponen
una mejora sustancial del contenido del proyecto que a todas luces es mejorable. Así, pasando al contenido de la reforma, presentaremos una enmienda para nosotros fundamental, como es la referente a la creación de los consejos autonómicos de
justicia como órganos desconcentrados del Consejo General del Poder Judicial en aquellas comunidades autónomas cuyos estatutos lo prevean. Es incomprensible que la presente reforma no recoja esa previsión cuando hay siete estatutos de autonomía que
así lo disponen -usted se ha adelantado a nuestra intervención y anteriormente ha dicho que nosotros haríamos hincapié en ello y dé por seguro que será así-, cuando en el caso de Cataluña, incluso, ha sido avalado por la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el estatut y cuando en definitiva estamos hablando del cumplimiento de lo dispuesto en la ley.
Además, eso tampoco ha pasado desapercibido en los preceptivos informes al anteproyecto de reforma por cuanto, como sabe, señor ministro, el informe del Consejo General del Poder Judicial dice literalmente al valorar el artículo 559 que en
el contexto de ese precepto resulta el momento oportuno y adecuado que el texto del anteproyecto legislativo de reforma del Consejo General del Poder Judicial contemple la existencia de los consejos de justicia autonómicos en aquellas comunidades
autónomas donde lo prevea su Estatuto de Autonomía. Y añade -y lo compartimos totalmente- que si la voluntad de reducir las competencias del consejo que se justifican por el legislador pasa por dotarlo de una estructura más eficiente, es el momento
al abordar esta reforma de dar cabida a las previsiones estatutarias de los estatutos de autonomía de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Illes Balears, Valencia y la creación de los consejos de justicia autonómicos. Y
termina afirmando de forma contundente que ignorar el desarrollo legislativo del bloque de constitucionalidad que representan los estatutos de autonomía constituiría una negligencia inexcusable. Palabras del consejo que, sin duda, ponen de
manifiesto con suma claridad una omisión en el anteproyecto, que se ha mantenido en el proyecto presentado en esta Cámara, y que exige una rectificación porque de lo contrario supondrá mantener una configuración del órgano de gobierno de jueces y
magistrados que no se corresponde con las previsiones estatutarias de esas siete comunidades autónomas. Se va a perpetuar una situación por falta de voluntad política, optando por incumplir una vez más la ley en vez de aprovechar la ocasión para
dar cumplimiento a esas previsiones estatutarias.
Y como estamos aprovechando la reforma para dar cumplimiento a los estatutos de autonomía, hemos preparado otra enmienda que tiene por objeto recoger la previsión del artículo 180 del Estatuto de Autonomía de Cataluña -no afectado por la
sentencia del Tribunal Constitucional-referente a la designación de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y por el cual la Generalitat participará en los procesos de designación de magistrados del Tribunal
Constitucional y también de miembros del Consejo General del Poder Judicial en los términos que establezcan las leyes o, en su caso, el ordenamiento parlamentario. Pues bien, esa previsión -por lo que se refiere a la designación de magistrados del
Tribunal Constitucional- fue debidamente introducida en el apartado uno del artículo 16 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional; en cambio, está pendiente aún lo correspondiente en cuanto a la designación de los miembros del Consejo General
del Poder Judicial. Por lo tanto, es necesario también para dar cumplimiento a dicho precepto del Estatuto Autonomía de Cataluña introducir esta participación de la Generalitat en el proceso de designación de los vocales del consejo. Por otra
parte, presentaremos otro bloque de enmiendas que pretenden fundamentalmente mantener competencias esenciales del consejo, que en gran medida tienen por objeto garantizar su independencia con respecto al Ejecutivo, tal y como prevé la propia
Constitución española. Es en ese ámbito -a nuestro juicio importante- donde la institución debe mantener la potestad reglamentaria en los mismos términos de la ley vigente, porque precisamente esta restricción en las hasta ahora facultades
reglamentarias del consejo -especialmente en lo que se refiere al Estatuto de la carrera judicial- junto con otras modificaciones en la configuración del consejo, como la reducción considerable de competencias del pleno a favor de la Comisión
Permanente -cuya composición es variable- más la supresión del actual régimen de incompatibilidades, constituyen un auténtico laminado de las competencias del Consejo General del Poder Judicial a favor del Ejecutivo, cosa que revierte en detrimento
de la necesaria independencia que debe mantener el órgano de gobierno del Poder Judicial.
En definitiva, señor ministro, plantearemos una serie de enmiendas que, a nuestro entender, mejoran el proyecto que a lo largo de la tramitación parlamentaria tendremos ocasión de debatir y esperamos que desde el ministerio se produzca, como
ha anunciado, algún gesto en este sentido, en el sentido del diálogo y del consenso para conseguir que no se rompa de esta manera el pacto alcanzado en 2001.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy, como todos saben, la reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial en cuanto regula el consejo general y quiero destacar que, en relación con esta reforma, ha habido dos actitudes bien distintas hasta el día de hoy.
La primera, la del Gobierno, buscando el acuerdo durante meses y, la segunda, la de los grupos enmendantes en el día de hoy, instalados en una oposición perro del hortelano, una oposición en la que ni comen ni dejan comer, ni hacen ni dejan hacer,
si negocian no acuerdan y si avanzan en el acuerdo, señor Villarrubia, reniegan finalmente de lo acordado. Esa es una oposición perro del hortelano en este proyecto de ley. Por eso, hoy hay que destacar, en primer lugar, la voluntad de acuerdo y
la responsabilidad con que se ha conducido el Gobierno en torno a esta reforma. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del consejo general creemos importante buscar la extensión del consenso constitucional y alcanzar amplias bases que mantengan la ley
orgánica lejos de la controversia en la alternancia electoral. Por ello, en efecto, señora Díez, el Gobierno evitó plantear la reforma en términos de programa partidista y para ello señaló un terreno más propicio al acuerdo, por supuesto con
finalidades claras -seamos también claros nosotros desde el principio-, es decir, que cualquiera que fuere el acuerdo en el curso del debate parlamentario se deben alcanzar eficacia y transparencia, evitar bloqueos y diseñar un sistema de
designación de vocales que permita la mayor pluralidad del consejo. Sin embargo, insisto, la respuesta de la oposición ha sido la de esa oposición perro del hortelano y debo decirles que en ningún caso renunciaremos a la ambición de la reforma para
llegar a un acuerdo que orille esos objetivos que hemos marcado en el proyecto de ley.
El proyecto de ley desarrolla un nuevo sistema de elección de los vocales del consejo, un nuevo sistema duramente criticado también en el día de hoy que, sin embargo, hunde sus raíces en el modelo de doble legitimidad vigente desde 2001
-debo destacar que vigente y acordado en el 2001-. Un modelo a mejorar en este momento para garantizar la representación de toda la carrera judicial en el consejo. Se ha recordado ya que el nivel de jueces y magistrados asociados representa el 50
% de
la carrera en España y, sin embargo, los doce vocales a elegir entre jueces y magistrados pertenecen a día de hoy a alguna de las asociaciones. Por tanto, el objetivo es claro, el objetivo es abrir el consejo a ese 50 % no asociado y para
ello el proyecto de ley lo que hace es eliminar el límite de treinta y seis candidatos, por supuesto las asociaciones podrán seguir planteando sus candidatos y, además, cualquier juez avalado por alguna de ellas o por veinticinco miembros en activo
de la carrera podrá presentar su candidatura y serán todas ellas -reitero, todas, no solo treinta y seis- las que se remitan a las Cámaras para la elección de esos doce vocales, seis por el Senado y seis por el Congreso.
La verdad es que reconozco mi sorpresa en el curso del debate por algunas voces críticas que consideran que abrir el consejo al conjunto de la carrera judicial supone politizarla. Creo que como argumento es un salto al vacío tan
inconsistente por lo menos como esa ocurrencia cuasi asamblearia que nos ha planteado La Izquierda Plural en su enmienda para la elección del consejo. Por el contrario, señores del Partido Socialista, señor Villarrubia, un consejo al que tengan
acceso la totalidad de jueces y magistrados es, en efecto, más plural, más transparente y más competitivo, como ustedes reclamaban, refleja mejor la realidad de la carrera, de las asociaciones o del escalafón pero, sobre todo, hace posible, como ha
recordado el señor ministro, cumplir, más allá de la crítica fácil de la elección estamental, el mandato del artículo 122.3 de la Constitución, es decir, que los doce vocales sean elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías
judiciales y la verdad es que no han dado ustedes respuesta en ningún momento a esa interpelación que se les hacía sobre cuántos jueces en la historia del consejo han formado parte del mismo.
En todo caso, más allá del sistema de elección, lo más chocante del debate de hoy para mí es la irritación que les produce la reforma del sistema de renovación del consejo, una reforma que simplemente tiene como objetivo que se cumplan los
plazos previstos para esa renovación. Recordemos que la última tuvo un retraso de dos años. Son situaciones que debilitan la institución y que degradan su imagen y para evitarlas debemos eliminar los mecanismos de bloqueo. Por ello, el proyecto
de ley propone la constitución del nuevo consejo, incorporando los diez nuevos vocales elegidos por una de las Cámaras con independencia de si la otra cumple o no el plazo previsto legalmente. Por cierto, el consejo siempre se constituirá con
veinte vocales, señora Díez, no con diez. Basta con leer el artículo 570 para comprenderlo. En su enmienda y en intervenciones anteriores ustedes han hablado en esos términos. Yo no creo que se pueda oponer seriamente que algunos vocales podrían
tener mandatos inferiores o superiores a cinco años -se lo ha recordado el señor ministro-, pero lo cierto es que los consejos en funciones suelen superar los cinco años y hay una larga historia, más de una docena de vocales que han tenido mandatos
inferiores a los cinco años y nadie, nadie hasta el inicio del debate de este proyecto de ley, ha discutido durante décadas la constitucionalidad de los mandatos de estos vocales.
En todo caso, oyendo hoy al señor Villarrubia y vistas las reacciones y lo peregrino de algunos argumentos en torno a los mecanismos de renovación, da la impresión de que lo que algunos van a echar en falta en este proyecto de ley es
precisamente la persistencia de los mecanismos de bloqueo. Es decir, cómo es posible, seor Villarrubia, una oposición tan carente de pudor político en ese punto. ¿No será que algunos ya están pensando en bloquear la aplicación de la reforma antes
incluso de que se apruebe la ley? ¿No será que están ustedes pensando en cómo reservar un mecanismo de bloqueo que puedan utilizar para impedir esa renovación o para condicionarla? En todo caso, se ha criticado -el señor Olabarría en términos de
caricatura hablando de amateurismo y teletrabajo, por cierto- la creación de la Comisión Permanente y el régimen de dedicación exclusiva en la Comisión Permanente mientras los restantes compatibilizan la condición de vocales con la tarea
jurisdiccional o profesional. Yo creo que hay que insistir en que literalmente lo que recoge el proyecto de ley es lo que Izquierda Unida nos proponía en mayo de 2012 y estamos pendientes de que el señor Llamazares aclare cuándo han cambiado
ustedes de opinión, cuándo han dejado de estar de acuerdo con esa fórmula, porque hace menos de un año era la que ustedes planteaban por escrito a la Cámara. Señor Olabarría, en su caso siempre con ninguna parquedad, mucho ripio jurídico -se lo
digo con simpatía-, mucho blasonar de lo mucho que usted trabajó en el consejo, cosa que no le discuto, pero no le he oído un solo argumento que permita cuestionar un modelo que está vigente en la propia Presidencia del Tribunal Supremo o en las
salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia. No le he oído un solo argumento consistente que permita cuestionar precisamente la extensión de ese modelo al Consejo General del Poder Judicial. Tampoco ni un solo argumento frente a la
propuesta de una Comisión
Permanente que se ocupe de la gestión ordinaria. No hay presidencialismo alguno, las competencias son de la comisión, no del presidente, y los temas de más enjundia quedan reservados, siguen reservados al pleno. Por cierto, en relación con
la Comisión de Calificación, la Comisión Permanente absorbe las funciones de la antigua Comisión de Calificación, pero lo que se suprime es la comisión no las funciones. ¿Dónde está, por tanto, el ataque a la independencia judicial? No se sostiene
una vez más el argumento.
Tampoco ha habido mayor esfuerzo por parte de los enmendantes en relación con las competencias del consejo, porque todas y cada una de las recogidas en el artículo 122 de la Constitución siguen atribuidas, no podría ser de otra manera,
expresamente al consejo. Resulta asombroso, para mí por lo menos, que se hable de desapoderamiento del consejo en relación con el Estatuto de jueces y magistrados, y resulta asombroso porque precisamente al reservar ese régimen al nivel de ley
orgánica lo que se hace, indiscutiblemente, es reforzar las garantías en esta materia. Por tanto, no parece una conclusión demasiado afortunada cuestionar la independencia de jueces y magistrados a partir del elenco de competencias del Consejo
General del Poder Judicial. Tampoco se justifica, señor Villarrubia, creo que de ningún modo, la acusación de falta de transparencia. No se justifica cuando las votaciones son nominales y no secretas; esto de los cristales y estas cosas es muy
vistoso como argumento pero ciertamente las votaciones son nominales y no secretas y las propuestas de nombramiento se adoptarán mediante acuerdo motivado. Eso es mucha más transparencia, desde luego, de la que hoy tenemos en la vida del consejo.
Entre las críticas, para que no falte nada, también ha habido lo que no toca. Lo que no tocaba era volver a abrir el debate sobre la supresión de determinados artículos de la ley en relación con la renovación, y lo que no toca tampoco son
las viejas obsesiones nacionalistas, señor Olabarría, el raca que raca con los consejos autonómicos, que evidentemente debe tener otro momento. Yo sí le anticipo que, aunque sabemos que ya se pronunció sobre ello el Tribunal Constitucional, también
sabemos que las competencias que ustedes desearían atribuir a esos consejos autonómicos forman parte del núcleo del artículo 122 de la Constitución y que, por tanto, están reservadas y van a seguir reservadas al órgano constitucionalmente
competente, que es el Consejo General del Poder Judicial. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por todo ello, vamos a rechazar las cinco enmiendas de totalidad presentadas.
Termino como empezaba, recalcando las muchas horas dedicadas a aunar voluntades en torno al proyecto. Ustedes saben, especialmente el Grupo Socialista, que ha sido así. No es el Gobierno o este grupo quien tiene responsabilidad en lo que
unos socialistas tejen y otros socialistas se dedican a destejer. En todo caso, están a tiempo de retomar la senda del acuerdo en torno a este proyecto de ley. Yo apelo a su responsabilidad. En estos momentos es necesaria una oposición leal y
seria, como la que hizo el Partido Popular en la pasada legislatura, facilitando por ejemplo el trámite de la reforma del Código Penal, a la que no presentamos enmiendas de totalidad. Quizá puedan tomar ejemplo de esa actitud para el resto del
trámite de este proyecto y desde luego tienen para ello la mejor disposición de Gobierno de la nación y de este grupo parlamentario que lo respalda.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Ruiz-Gallardón Jiménez): Gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, me gustaría agradecer el sentido de la intervención a la señora portavoz de Convergència i Unió, entendiendo que sus discrepancias, al no haberlas tramitado con una enmienda a la totalidad, nos abren esa vía de encuentro a
la que ella nos ha manifestado su disposición, y agradecer de forma muy especial la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que creo que ha argumentado todos y cada uno de los razonamientos que sustentan el proyecto del Gobierno.
Gracias a todos los grupos parlamentarios por estas largas horas de debate. Termino con la misma intención con la que muchos de los intervinientes lo hemos hecho hoy. Ha habido discrepancias encima de la mesa, ha habido voluntad de acuerdo. Ahí
está el camino. Recorrámoslo juntos.
Gracias, señor Presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente
250/000003).
El señor PRESIDENTE: Vamos a examinar el último punto del orden del día, correspondiente al dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del
ejercicio 2010, así como la resolución adoptada por dicha Comisión.
Va a haber turno de fijación de posiciones para los grupos que lo han pedido. Comienza el Grupo de Unión Progreso y Democracia, con el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Llega a la Cámara para su aprobación el dictamen de la cuenta general del Estado del año 2010, un ejercicio en el que la huida hacia adelante de la economía española en forma de gasto ineficiente, de bajadas de impuestos generalizadas, llegó
por fin a su callejón sin salida, un año en el que la crisis griega afectó de lleno a la economía española por nuestro alto déficit público y por la tasa de crecimiento de nuestra deuda pública. Pero no es, señorías, el objeto de este trámite
parlamentario analizar la política económica de ese año, sino preguntarnos si la cuenta general del Estado refleja adecuadamente la actividad económica y financiera del sector público estatal en 2010. Hay que decir que es así. La cuenta general
del Estado refleja adecuadamente esa actividad económica del sector público estatal gracias, un año más, al buen hacer del Tribunal de Cuentas, gracias un año más al buen hacer de los funcionarios y empleados que trabajan en él. Esto no quiere
decir que no siga habiendo un importante margen de mejora. Me van a permitir que me refiera especialmente a las propuestas de resolución que ha presentado mi grupo parlamentario.
Unión Progreso y Democracia ha presentado veintiuna propuestas de resolución a la cuenta general del Estado y de ellas doce han sido aprobadas gracias al espíritu de consenso que suele predominar en la Comisión del Tribunal de Cuentas. De
esas doce aprobadas quiero resaltar algunas. Una primera parece caer por su propio peso pero conviene recordarla, y es mejorar la rendición de cuentas, que todas las entidades públicas presenten en plazo las cuentas y en algunos casos incluso que
las presenten, porque, aunque parezca mentira, hay todavía un porcentaje significativo de entidades públicas que no presentan las cuentas o que lo hacen fuera de plazo. Es cierto que ha habido una mejora, pero nos parece intolerable que haya
incluso el porcentaje existente, que sigue siendo significativo.
Otra propuesta de resolución aceptada a Unión Progreso y Democracia que valoramos como importante es la creación de un portal en Internet donde se recojan las cuentas de todas las entidades públicas que hoy en día están dispersas y en
algunos casos son de difícil accesibilidad. Creemos que la creación de este portal donde se puedan ver estas cuentas, donde se pueda acceder a las mismas con facilidad es un avance importante en aras de la transparencia. También se ha aceptado una
propuesta de resolución que pide que el Tribunal de Cuentas evalúe, desde el punto de vista de la eficiencia económica, los planes anticrisis del Gobierno. Estamos acostumbrados a ver planes con objetivos ambiciosos, con memorias económicas muy
discutibles, y el tribunal tiene mandato, tiene potestad de evaluar esos planes desde el punto de vista de la eficiencia económica y decirnos si al final esos objetivos se han cumplido o esas memorias económicas se han respetado.
No obstante, tenemos que lamentar que junto a estas propuestas de resolución aceptadas se nos hayan rechazado algunas que sinceramente creemos que habrían contribuido a una mejora de la cuenta general del Estado. Son nueve las propuestas de
resolución rechazadas y quiero resaltar algunas, porque creemos que habrían mejorado la cuenta y las seguiremos defendiendo en próximos periodos de sesiones. Una muy significativa, muy importante, tenía que ver con que en ese portal que se va a
crear con las cuentas de las entidades públicas se publicasen también las retribuciones de los miembros de los consejos de administración y del personal de alta dirección. No entendemos por qué esta propuesta se ha rechazado. Se nos habla
continuamente de transparencia, pero un mínimo de transparencia es que estos salarios públicos, que la información de estas retribuciones públicas sea accesible a los ciudadanos; estamos seguros de que si fuese así muchos de los abusos que ha
habido en el pasado nunca se habrían producido. Nos preocupa que esta propuesta se haya rechazado. Proponemos también que así como el tribunal va
a evaluar la eficiencia económica de los planes anticrisis, evaluase también la eficiencia económica de los entes públicos, porque proliferan entes de todo tipo -fundaciones, consorcios, observatorios-, y es necesario racionalizarlos, por lo
que un estudio del tribunal, desde el punto de vista de la eficiencia, ayudaría a racionalizarlo con criterio, ayudaría a guiar la racionalización; sin embargo, esta propuesta también se ha rechazado.
Hay otros rechazos que nos resultan mucho más difíciles de entender porque nos parecían simples mejoras técnicas, ya casi sin contenido político, simples mejoras técnicas. Por ejemplo, pedíamos evaluar la posibilidad -subrayo, evaluar la
posibilidad, ni siquiera que se hiciese, evaluar la posibilidad- de acortar los plazos legales de rendición de cuentas. Estos plazos legales están inalterados desde el año 1977 y con los avances que ha habido en las tecnologías no parece sensato ni
siquiera plantearse la posibilidad de acortar esos plazos de rendición, porque les hago notar que estamos estudiando hoy la cuenta del año 2010, en el año 2013. Pedíamos también una mejor presentación de esa cuenta general para que tuviese una
estructura más clara y manejable. Esto es algo que otros grupos han pedido en el pasado y que sigue sin hacerse, no entendemos por qué se rechaza. Asimismo, planteábamos incluir un análisis del déficit estructural en la cuenta, porque este déficit
estructural es hoy en día el concepto clave en torno al que gira todo el nuevo procedimiento presupuestario y, sin embargo, brilla por su ausencia en la cuenta general del Estado.
Lamentamos, por tanto, el rechazo de estas propuestas, que creemos que eran razonables y que habrían mejorado la cuenta general del Estado. Seguiremos insistiendo con un espíritu constructivo en próximas cuentas intentando que estas mejoras
se lleven a cabo. En cualquier caso, anuncio el voto favorable de mi grupo a lo que hoy aquí se nos presenta.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Culminamos hoy con este acto lo que las Cámaras empiezan con un macro debate de presupuestos maratoniano primero en Comisión de Presupuestos, con las carreras que nos llevamos todos los diputados, en este caso los de la legislatura anterior,
para presentar los miles de enmiendas que se presentan, el debate en la Cámara hasta altas horas de la noche y ahora no sé si en apenas media hora liquidaremos la cuenta general del presupuesto de un año que ya pasó hace tiempo, del año 2010. Se
presentan apenas medio centenar de propuestas entresacadas, consensuadas por parte de otros grupos, también por el que represento para mejorar la presentación de las cuentas y la gestión económica del Estado, pero lo vamos a liquidar de una forma
rápida y con bastante poca atención como viene siendo habitual. Este año en el trabajo del Tribunal de Cuentas planteaban algo que para nosotros es muy importante, y es que sistemáticamente año tras año las recomendaciones que aprueba esta Cámara,
que aprueban las Cortes Generales después del debate de la Comisión mixta, en algunos casos caen sencillamente en saco roto. Si anteriormente el ministro de Justicia hablaba de que hay un título de la Constitución para regular las relaciones entre
el Gobierno y estas Cámaras y que supedita el Gobierno a esta Cámara, nos encontramos con que a la hora de la verdad lo que se aprueba aquí después el Gobierno en muchas ocasiones sistemáticamente lo incumple.
Esta vez el Tribunal de Cuentas proponía en su informe previo y después modificado a las Cámaras que instásemos al Gobierno un informe sobre cuáles van a ser sus actuaciones para corregir las deficiencias que año tras año estas Cámaras
vienen señalando y marcando al Gobierno que tiene que corregir. Pongo tres ejemplos: la liquidación de los centros mancomunados de las mutuas u obligaciones pendientes por la liquidación y transferencia del sistema sanitario al País Vasco y
Navarra por valor de 9.000 millones de euros y que se arrastra desde los años noventa, desde la noche de los tiempos, o la transformación de las sociedades de estiba en agrupaciones portuarias, algo que depende de una ley del año 2003 que ya se
señalaba en la liquidación del presupuesto de 2008 y que sistemáticamente se incumple. Porque lo que hoy vamos a hacer aquí es aprobar por unanimidad de la Cámara ese medio centenar, esos cuarenta y nueve puntos, esas cuarenta y nueve
recomendaciones, pero ya veremos cuántas de ellas sencillamente caen en saco roto por el simple hecho de que no se lleven adelante
Vemos hoy la cuenta general del año 2010, año que supuso un cambio en la política económica del Estado, y se ha dicho por parte del interviniente anterior. En mayo de ese año, el presidente del Gobierno sube a esta tribuna y pega un golpe
de timón a la política económica, un golpe de timón que culmina en
aquella primera fase con la modificación del artículo 135 de la Constitución por los dos grandes partidos de esta Cámara en un proceso sumamente rápido y con la elevación a dogma constitucional de que primero hay que pagar la deuda antes de
pagar cualquier otro concepto del Estado. Aquel año también se subió el IVA, se incrementó y se salvó parte del presupuesto gracias a esas subidas de los impuestos indirectos. También bajó sobremanera -y lo señala la cuenta general- la recaudación
de los impuestos directos. Le prestamos dinero a Grecia, se inició también esa dinámica que ha llevado al Estado griego a la situación en la que se encuentra. Se empezaron los recortes, los sistemáticos recortes, recortes tan señalados como -y
pongo solamente un ejemplo- que en I+D+i se recortó finalmente el 18 %, casi 2.500 millones de euros, algo que España no se debería permitir el lujo de recortar en ningún caso.
Aquella senda que se inició en el año que hoy estamos viendo la liquidación del presupuesto, en el año 2010, nos ha traído a la situación en que nos encontramos actualmente, a este desastre económico en el cual el paro roza límites
desconocidos en la historia de España y cuando además el Fondo Monetario Internacional le ha dicho ya a este Gobierno, y nos ha dado el susto a todos los españoles, de que cualquier previsión negativa va a ser rebasada por otra más negativa todavía
por su parte.
Quisiera señalar en nombre de mi grupo algunas cuestiones breves, no voy a entrar en un desgrane de cifras ni de cuestiones, pero sí en algunas preguntas concretas que nos preocupan de esta liquidación. Una -y además está ligada a algo que
en esta Cámara se debatió ayer, y es la cuestión de las pensiones en una magnífica intervención por parte de nuestro portavoz- es que esta cuenta vuelve a señalar los problemas que hay en la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad
Social. La responsabilidad por parte de los Presupuestos Generales del Estado de financiar una serie de políticas o de prestaciones que no deben ser cargadas sobre los ingresos que se efectúan por las prestaciones de trabajadores y de empresarios
no está solucionada en este año 2010. Parece ser que posteriormente se ha trabajado para solucionarlo, pero seguimos sin separar definitivamente las fuentes. Luego se nos habla de la falta financiera de la Seguridad Social para cubrir todas sus
obligaciones, pero hay una parte de las obligaciones que está atendiendo la Seguridad Social que se deberían cubrir con los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado, con otros ingresos y no con los suyos, y eso queda señalado en esta cuenta
general del presupuesto.
Señala también el informe del Tribunal de Cuentas un proceso que ha seguido continuando, y es que el Fondo de reserva de la Seguridad Social en aquel momento empezó a desinvertir en deuda alemana, holandesa -se cita precisamente la de esos
dos países- y comenzó a invertir en compra de deuda española, una dinámica que ha continuado hasta la actualidad y que veremos a dónde nos lleva. Indica sistemáticamente el informe problemas en los balances, en la evaluación de las políticas. Si
el presupuesto es un instrumento fundamental de planificación económica de la actividad del sector público y también de una parte del privado, resulta que cuando tenemos que evaluar para qué han servido todas esas políticas, cómo las hemos
implementado y a dónde nos han llevado, nos fallan los objetivos. Señala el tribunal problemas con los inventarios sistemáticamente, históricamente; los inventarios de los diferentes organismos del sector público, de empresas, de fundaciones
tienen graves problemas: no se actualizan, no constan en los balances de la forma en que deben constar y eso lleva a que la imagen se distorsione y a que los derechos a veces estén en duda. Las cuentas -señala también- no recogen la constitución
del Fondo de reserva de la Seguridad Social, una cuestión no menor a la que debería poner solución el Gobierno. Indica problemas significativos de transparencia: no se publican las cuentas de las empresas como se deberían publicar en el Boletín
Oficial del Estado, al margen de que hay entidades que no rinden las cuentas en tiempo y forma, y además produce una desviación importante y es el tema de loterías. Sobre todo, señala que se incumplen los preceptos de la Ley 30/1997, de contratos
de las administraciones públicas, cuando tienen que informar específicamente del cumplimiento de principios tan importantes como son el de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. A partir de ahí se
pueden entender problemas que están analizando los tribunales ligados a la financiación, no ya de las administraciones públicas, sino también de los partidos políticos que concurren a las elecciones. Cuando se dan los contratos por parte de las
administraciones públicas sin estas clarificaciones que está diciendo el Tribunal de Cuentas que faltan, y son coincidentes además después con donaciones, se producen los problemas que acaban analizando los tribunales.
Es muy elevado el número de fundaciones que no han presentado las cuentas. Es un 24 % el número de entidades públicas que se han retrasado en la entrega de las cuentas, y lo más lamentable de todo es que al final estamos en abril del año
2013 hablando de la liquidación del presupuesto del año 2010. La pregunta que desde este grupo le planteamos al Gobierno de España es si tiene los datos de la Intervención
General del Estado actualizados en el día a día y además periódicamente se emiten a Eurostat, ¿por qué no se pasan esos datos al Tribunal de Cuentas para que la fiscalización del gasto público lleve a una inmediatez con el momento en el que
se hace ese gasto? ¿Porque tenemos que acabar retrasando la justificación del gasto público tres años? Ese es el reto que le planteamos desde el Grupo de La Izquierda Plural al Gobierno para que facilite los datos en el día a día de la
Intervención General del Estado, porque los tiene, al Tribunal de Cuentas, y se agilice de forma clara la fiscalización de las cuentas del Estado por parte del Tribunal de Cuentas y por esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Páramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, una vez más estamos tratando un tema que no es la aprobación o crítica de la gestión del Estado de las administraciones, sino de un documento contable que nos motiva que felicitemos a todos los responsables del
Tribunal de Cuentas del Estado. Si bien en el ejercicio de 2010 se cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria previsto para el conjunto de las cuentas generales del Estado, debemos tener en cuenta que si disgregamos la cuenta podemos
observar que dicho objetivo no se llegó a lograr en la totalidad de las administraciones. Concretamente, la Seguridad Social tuvo una desviación presupuestaria negativa del 0,40 respecto al PIB -4.000 millones de euros-. Esta desviación se explica
por los efectos de la crisis: menor número de cotizantes y mayor número de beneficiarios de la prestación por desempleo. Cabe recordar que en el anterior ejercicio revisado -el 2009- la cuenta general del Estado registró un elevadísimo déficit
-90.000 millones de euros-, lo que supuso una desviación negativa del 9,38 %. Es especialmente preocupante que este déficit, sumado a la totalidad de las administraciones, elevara la cifra a cerca de 100.000 millones de euros.
Como es sabido, el logro de un objetivo responde a dos aspectos básicos. De un lado, la capacidad para fijar la cifra y, de otro, la voluntad o el rigor en la gestión de la realidad. En consecuencia, antes de analizar una cuenta es básico
tener en cuenta quién tiene la potestad de fijar el objetivo. Así, en 2009, el Gobierno del Estado fijó un objetivo de superávit del 0,02 positivo, que en 2010 pasó a ser de déficit, en concreto con menos 5,9 %, lo que implica una evidente
relajación que sube al 6,1. Lo recuerdo en este momento en que tanto se cuestionan las desviaciones de las comunidades autónomas y la Administración local. Es evidente que cuando se critica a las comunidades autónomas o a algún ayuntamiento por no
cumplir el objetivo de déficit hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de déficit impuesto y quien lo ha fijado. Desde 2010 hasta la fecha, el objetivo fijado por el Gobierno a las comunidades autónomas nada tiene que ver con la relajación que
se ha fijado a sí mismo para con la Administración que de él depende directamente. Los criterios en base a los cuales se reparte el déficit son absolutamente subjetivos y responden, a la vista está, a intereses partidistas o ideológicos. Una forma
razonable de repartir el déficit sería teniendo en cuenta el volumen de gasto del que cada Administración es responsable. Se debe atender al hecho de que el gasto autonómico ronda el tercio, mientras que el esfuerzo en su contención es superior a
esa proporción. Fijar el déficit a las autonomías en un tercio de la totalidad sería una distribución también razonable. Hay que tener en cuenta que el gasto social de las comunidades autónomas -sanidad, educación y asistencia social- representa
más del 70 % del gasto total autonómico, mientras que el porcentaje del gasto social conjunto de la Administración central no llega al 60 %.
Señorías, respecto a la resolución adoptada por la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas echamos de menos en la resolución adoptada con el número 77 revisar la política de concentración de la inversión del Fondo de reserva de la Seguridad
social en deuda pública española, lo cual va en contra de criterios de prudencia financiera que aconsejan la diversificación del riesgo en base a inversión en distintos productos financieros. No tiene mucho sentido que el Fondo de reserva, en lugar
de optar por la diversificación, se concentre cada vez más en un solo tipo de deuda, concentrando mucho más riesgo que la media de los países europeos. El artículo 3 del Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, regulador del Fondo de reserva de la
Seguridad Social, señala que las inversiones se efectuarán de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación. Atendiendo a la legalidad expresada, debemos manifestar que continuamos por una senda equivocada, del 2009 al 2010 la
inversión en activos financieros españoles de la Seguridad Social ha pasado del 77 % al 88 %, con lo que el riesgo asumido se ha incrementado.
Igualmente, en las recomendaciones del Tribunal de Cuentas echamos de menos que no se aprobara el punto 76, el proceder a la corrección de las incidencias indicadas en el análisis del activo del balance, entre las cuales debe efectuarse la
correcta contabilización de los préstamos existentes entre el Estado y la Seguridad Social. Cabe destacar que ello ha sido reiterado anualmente por el Tribunal de Cuentas, lo que conllevó la aprobación de una disposición, posteriormente también
derogada, la adicional trigésimo octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, la cual facultaba al Gobierno para realizar el desarrollo normativo que debería culminar
con la entrega por parte de la Seguridad Social a la Administración General del Estado de los inmuebles afectos a fines de asistencia sanitaria y servicios sociales transferidos a las comunidades autónomas en pago de los préstamos que le fueron
concedidos por el Estado; resolver este incumplimiento sigue pendiente. Es evidente la falta de voluntad del Gobierno para que un asunto interno de la Administración del Estado siga todavía sin resolverse, a pesar de que año tras año el Tribunal
de Cuentas destaque esta incidencia y que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) lo recuerde en la correspondiente tramitación de la cuenta general del Estado, lo que estamos haciendo hoy. Este asunto tiene una solución relativamente
fácil, ya que no se trata de efectuar pagos sino anotaciones contables, y completar así unas transferencias que están incompletas. Seguramente, los sucesivos Gobiernos continuarán incumpliendo y este grupo continuará recordándoselo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Páramo.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Socialista, en el debate sobre la cuenta general del Estado de 2010 y las propuestas de resolución que han sido acordadas en la propia Comisión mixta por los distintos
grupos parlamentarios. Han transcurrido algo más de dos años desde el ejercicio fiscalizado que hoy consideramos, 2010; hasta hoy se ha debatido en la Comisión, hoy en el Pleno, junto con las propuestas de resolución, y daremos como finalizado la
cuenta general de 2010. Dos años puede parecer un periodo excesivo cuando la ciudadanía exige inmediatez, conocimiento directo y en tiempo real de las distintas situaciones; no obstante, hay que entender que en estos dos años se han cumplido los
plazos para su rendición y fiscalización que establecen nuestras normas. Habrá, por tanto, en todo caso, que intentar reducir los plazos y abreviar los tiempos, sin menoscabo de la calidad de la fiscalización, de la rendición de cuentas y de la
garantía de la representatividad de la cuenta general. Al tratar la cuenta general hay que diferenciar entre lo que corresponde a la aprobación de unos presupuestos con el análisis de la ejecutoria de los mismos, acorde con lo establecido, que es
lo que comporta, en su caso, la cuenta general. Es evidente que al tratar esta cuenta hay aspectos positivos y también algún aspecto negativo, que en modo alguno mi grupo va a ocultar.
La cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio 2010 se presentó en el Tribunal de Cuentas el 31 de octubre de 2011, dentro del plazo legalmente establecido. Según el propio Tribunal de Cuentas, presenta la estructura y contenido
previstos en las disposiciones que le son de aplicación y es coherente internamente. Las tres cuentas que integran la cuenta general del sector público administrativo, la cuenta general del sector público empresarial y la cuenta general del sector
público fundacional se han elaborado todas ellas por la Intervención General de la Administración del Estado de conformidad con lo dispuesto en la normativa dictada al efecto, tal como reconoce el propio Tribunal de Cuentas.
En relación con la cuenta general del sector público administrativo, todas las entidades públicas que forman parte de dicho sector han cumplido con la obligación de rendir cuentas anuales al tribunal, es cierto que en algunos casos fuera del
plazo, pero todas ellas han rendido las correspondientes cuentas al tribunal.
Con respecto al análisis de la liquidación de los presupuestos, observamos que en las políticas de gasto la mayor desviación sobre las dotaciones crediticias se ha producido en deuda pública, la desviación importante en la administración
financiera y tributaria de 10.028 millones, por los gastos no previstos de 9.794 millones por aportaciones al Fondo de apoyo a la República Helénica, y otra en la gestión y administración de la Seguridad Social por materialización del Fondo de
reserva y del Fondo de prevención y rehabilitación de la Seguridad Social.
La ejecución del presupuesto de gastos supone un incremento del gasto de 2010 con relación a 2009 del 5,6 %. Desde el punto de vista de la clasificación por programas, el área que absorbe el mayor importe
presupuestario es la relativa a la actuación de protección y promoción social. Destaca el incremento de los gastos que se ha producido en las siguientes políticas: pensiones, servicios sociales y promoción social, desempleo, gestión y
administración de la Seguridad Social, administración financiera y tributaria y deuda pública. Por el contrario, existe disminución en el porcentaje del gasto relativo a actuaciones de carácter preferente, que tienen que ver con algunas políticas
como las subvenciones al transporte, infraestructuras y también, como se ha dicho, en investigación, que hay que hacer constar que experimentaron importantes crecimientos en ejercicios anteriores; desde el año 2005 hasta precisamente el año 2010
iban experimentando importantes crecimientos. (Rumores).
Respecto a la ejecución del presupuesto de ingresos, en 2010 se incrementaron estos ingresos respecto a 2009 en 25.000 millones.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Císcar.
Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al orador.
El señor CÍSCAR CASABÁN: En 2010 se ha producido una recuperación en los derechos reconocidos por IRPF. En el capítulo II, impuestos indirectos, en el ejercicio 2010 se ha producido un incremento de 23.700 millones. La mayor parte de este
aumento corresponde sin duda a los derechos reconocidos netos del impuesto sobre el valor añadido.
En relación con el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, en cuanto al cumplimiento del límite del gasto, las obligaciones reconocidas netas resultaron inferiores al límite fijado, por lo tanto podemos concluir que se
cumple el objetivo del déficit previsto en los presupuestos de 2010.
Por lo que se refiere a la cuenta general del sector público empresarial, la cuenta de pérdidas y ganancias agregada ofrece un resultado positivo atribuido al Estado de 6 millones de euros, beneficio que hubiera ascendido a 2.641 millones de
euros si se hubieran integrado las sociedades que rindieron sus cuentas con posterioridad a la fecha de su elaboración en la cuenta general, entre las que destacaría Loterías y Apuestas del Estado, que obtuvo un beneficio en el ejercicio de 2.594
millones.
El ejercicio de 2010 ha sido el primero en el que las entidades del sector público empresarial estatal han rendido al Tribunal de Cuentas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, sus cuentas anuales y el resto de
documentación exigida utilizando medios telemáticos. La aplicación de este nuevo procedimiento de remisión ha contribuido significativamente a la disminución del incumplimiento del plazo de rendición con respecto de ejercicios anteriores, en torno
a un 26 % en lugar del 51 % que venía siendo habitual. No han rendido cuenta ocho entidades, y en relación con la cuenta general del sector público fundacional, no han rendido cuenta ocho fundaciones. Según el propio tribunal, las entidades no
integradas, aquellas que no han rendido o que tienen informes de auditorías negativas, el porcentaje presupuestario al que afecta es del 0,25 %. Por lo tanto, demuestra el avance considerable en la representatividad de las cuentas del Estado que se
ha ido consiguiendo a lo largo de estos ejercicios.
A diferencia de lo que sucedía en las cuentas generales de los años 2005, 2006 y 2007, cuentas con superávit y resultados positivos, a partir de 2008 entramos en una dinámica, en una situación diferente, que se ve con claridad en 2009 y ya
en 2010 cabía pensar que las situaciones de dificultad por las que se estaba atravesando conducirían a la explicación que el propio informe del Tribunal de Cuentas recoge. Cuando habla de la ejecución del presupuesto de gastos el área que absorbe
el mayor importe del presupuesto es la relativa a las actuaciones de protección y promoción social, que tienen que ver con pensiones, con servicios sociales, con promoción social y con desempleo.
En cuanto a lo que hace referencia al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, el cumplimiento del límite del gasto, las obligaciones reconocidas fueron inferiores al límite fijado, por lo cual hay que mantener que se cumple
el objetivo de estabilidad. He de hacer constar que tanto el ministerio fiscal como la Abogacía del Estado en su preceptivo informe no manifiestan ningún aspecto en materia de irregularidad de carácter ilegal, aun cuando, como es lógico, se
establezcan algunos problemas contables que tienen que perfeccionarse o mejorarse en rendiciones consiguientes.
No cabe duda de que la alta función que representa el Tribunal de Cuentas para el cumplimiento de las normas para la fiscalización y elaboración de informes contribuye a la transparencia y a tratar de alcanzar la mayor representatividad en
la elaboración, rendición y fiscalización de las cuentas generales del Estado. Mi grupo quiere reconocer el esfuerzo y el trabajo de la Intervención General, de los funcionarios y del propio Tribunal de Cuentas en los avances que se están
produciendo en cuanto a conseguir la mayor representatividad en la cuenta general.
Para terminar, señorías, respecto de las propuestas de resolución que se han presentado, que lo son en número de 50, una relativa al acuerdo de aprobación -que mi grupo comparte y manifiesto que votará favorablemente a la aprobación de la
cuenta general de 2010- y 49 que tienen que ver con la mejora en los procedimientos, si bien de estas 49 es cierto que 23 constituyen reiteraciones, porque los distintos grupos las hemos planteado coincidiendo en el fondo de las mismas, y que, en mi
opinión, aconsejan en sucesivas tramitaciones de cuenta general intentar integrarlas. En cualquier caso, quedan 34 planteamientos de interés en punto a mejorar la rendición de cuentas para seguir avanzando en la consecución de transparencia y
representatividad cada vez mayor en la cuenta general del Estado, también para dar cumplimiento a cuestiones solicitadas al propio Congreso...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que vaya acabando.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Termino, señor presidente.
... por el Tribunal de Cuentas y para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de la cuenta general del estado.
Concluyo. Mi grupo va a votar favorablemente tanto la aprobación de la cuenta general como el conjunto de las propuestas de resolución que han sido presentadas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Císcar.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, sobre la declaración de la cuenta general, con relación a la resolución de 9 de abril de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas por la
que se aprueba.
Señorías, estamos a punto de concluir el análisis, el debate de las cuentas públicas del año 2010, cuenta general, señorías, que es el penúltimo legajo, el penúltimo tomo de la pesada herencia que dejó el Partido Socialista.
(Protestas.-Aplausos). No esperaba menos, señorías. El año 2010 comenzó con una afirmación categórica. Decía el señor Rodríguez Zapatero que íbamos a superar a Alemania en renta per cápita. Así comenzó el año 2010, señorías. Y el año 2010 acabó
de la siguiente manera: un 9,3 % de déficit público, en el que por cierto también se equivocaron y les tuvo que corregir Europa. (Protestas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio. Está hablando un orador.
El señor SUÁREZ LAMATA: Señorías, yo entiendo que es desagradable que a uno le recuerden lo que hace mal (Continúan las protestas), pero se incrementó la pobreza como nunca ha sucedido en este país. Cerraban 254 empresas diarias. Y les
voy a dar dos datos muy importantes, señorías: 11.000 millones de euros comercializados en participaciones preferentes, 90.000 ejecuciones hipotecarias y 50.000 desahucios, señorías (Aplausos.-Protestas), y en esa bancada, señorías, no se tomó ni
una sola decisión para solucionar estos dos últimos problemas.
Señorías, la cuenta general refleja aspectos de la gestión económica financiera de 2010 muy preocupantes. Decía el señor Císcar que había mejorado la representatividad. Yo creo, señor Císcar, que respecto al año anterior empeoró un poco,
al final 57 entidades no rindieron cuentas. El propio tribunal pone de manifiesto, evidencia los informes desfavorables de auditoría. Hay una cosa que es preocupante en esa cuenta general y que ya ha reflejado el portavoz de Izquierda Unida: la
hipoteca para el futuro de las pensiones que suponía que el Gobierno de entonces no hubiera aplicado el principio de separación de fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social, distinguir entre lo que es pago, prestaciones y pensiones
con fondos no contributivos, con recursos de naturaleza no contributiva. Ahora le toca también solucionarlo, ¡cómo no!, al Partido Popular.
Señorías, en cuanto a los derechos a cobrar de presupuestos cerrados, hay una cuestión que conviene analizar. Había 54.000 millones pendientes de cobro de ejercicios cerrados. El Gobierno de 2010, el Gobierno de Rodríguez Zapatero,
solamente consiguió cobrar el 14 %. ¿Cómo es posible ahora que se articulen desde esa bancada soluciones para las dificultades recaudatorias que hay en estos momentos cuando ustedes, sobre 54.000 millones de euros, solo fueron capaces de recaudar
el 14 %, señorías? Me cuesta entender algunos discursos, insisto, algunas medidas de las que se oyen ahora.
Respecto al capítulo de compromisos de gastos adquiridos con cargo ejercicios presupuestarios, la deuda se incrementó en 83.000 millones de euros. Eso sí, el 13 % que supone ese incremento era de carga financiera improductiva. El año 2010
fue un año donde las inversiones cayeron el 34 %, la inversión en I+D+i cayó el 24 % y algo muy preocupante que evidencia el informe del Tribunal de Cuentas es que el parón en las obras públicas se dejó sin presupuestar para a posteriori, no se
especificaban los plazos con el riesgo, señorías, que suponía para las inversiones. En cuanto a las obligaciones pendientes de pago, nada más y nada menos que 21.100 millones se dejaron por pagar. Preocupa de ese informe que el volumen más
importante del rescate helénico -más de 6.000 millones- también lo tendrá que solucionar el Gobierno actual.
Por lo que se refiere a los ingresos, si hay algo que deja claro el informe del Tribunal de Cuentas en la declaración, es el escaso rigor y la imprevisión del Gobierno de Rodríguez Zapatero presupuestando ingresos. Solamente se equivocaron
en 8.000 millones en el capítulo 1. Solamente se equivocaron en el 40 % de los ingresos provenientes de la Unión Europea. Señorías, la conclusión más grave de este informe en este punto es que eso llevó a las comunidades autónomas y a las
entidades locales a presupuestar ingresos por encima de lo que se iba a recaudar y eso propició al final que no se pudieron abonar las facturas. Por eso son difíciles de entender discursos como el que ayer se hacía desde la bancada socialista
criticando el endeudamiento del Gobierno actual, porque resulta que los ayuntamientos y las comunidades autónomas, señorías, no podían pagar las facturas precisamente por el error al que les llevó ese Gobierno. Señorías, hay otra cuestión que
preocupa y es la sobrevaloración de los resultados económicos patrimoniales cifrada en 5.109 millones, que también tendrá que solucionar este Gobierno. Este Gobierno va a tener que asumir ese desfase ficticio.
Estamos ante una declaración del Tribunal de Cuentas que pone de manifiesto la temeridad de la política económica de la gestión del Partido Socialista. Esta es la explicación de por qué el Partido Socialista entregó este país en un estado
de coma. Ayer un diputado del Grupo Socialista le solicitaba al ministro que pidiera perdón por la política económica que se estaba llevando a cabo. Yo, señorías -sobre todo me dirijo al Grupo Socialista-, no les voy a solicitar que pidan perdón,
pero sí que no aplaudan a quienes insultan al Gobierno cuando este es el único Gobierno que está intentando solucionar problemas que ustedes nos dejaron. (Aplausos).
Señorías, creo que sería mucho más inteligente que ustedes apoyaran a este Gobierno, fundamentalmente porque todavía hay algo que no han entendido, que en la vida funciona el principio causa-efecto. (La señora Monteserín Rodríguez pronuncia
palabras que no se perciben). Nosotros podríamos hoy no aprobar la declaración de esta cuenta general. Así lo hizo el Partido Socialista en aquellos años que correspondían al Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor diputado.
Señora Monteserín, le ruego silencio y tranquilidad.
Continúe usted.
El señor SUÁREZ LAMATA: Nosotros vamos a aprobar la declaración de la cuenta general, eso sí, no reconociendo las argucias legales, las triquiñuelas contables, en definitiva toda la parte negativa que se recoge en el informe. Lo vamos a
hacer fundamentalmente por responsabilidad y por la estabilidad de las instituciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
En unos minutos, pocos, pasaremos a votar. (Pausa).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL. (Número de expediente 140/000010).
El señor PRESIDENTE: Señorías, los grupos parlamentarios suscriben la siguiente declaración institucional: El Congreso de los Diputados expresa a través de esta declaración institucional su radical condena a los atentados terroristas
perpetrados en Boston durante la celebración del Maratón de esta ciudad. En representación de los ciudadanos españoles, la Cámara se solidariza con las víctimas, sus familias y con todo el pueblo norteamericano, unido en estos momentos de dolor, y
expresa su más firme apoyo a las instituciones y a las autoridades públicas de los Estados Unidos, país con el que nos unen estrechos lazos de amistad.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AUMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR FERROCARRIL Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN
DE RENFE-OPERADORA EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS. (Número de expediente 173/000075.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Se vota en primer lugar la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas concretas que piensa adoptar el Gobierno para aumentar la libre competencia en
el transporte de mercancías por ferrocarril y para mejorar la eficiencia de la gestión de Renfe-Operadora en el transporte de mercancías. Hay una transaccional. ¿Algún grupo se opone? (Denegación). Pues esa transaccional es la que vamos a votar.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 297; en contra, 15; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV), RELATIVA A LA DETERMINACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y PARA LA DEFINICIÓN DEL FACTOR
DE SOSTENIBILIDAD. (Número de expediente 162/000618).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán de Convergència i Unió y Vasco (PNV), relativa a la determinación del sistema de pensiones para los trabajadores a
tiempo parcial y para la definición del factor de sostenibilidad. Se vota en sus propios términos, pero hay votación separada de los puntos 1 y 2. Por tanto, punto 1.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 316; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 300; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000041).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora las enmiendas de devolución presentadas por los grupos parlamentarios Mixto (señor Tardà), Vasco (PNV), de Unión Progreso y Democracia, de La Izquierda Plural y Socialista al proyecto de ley orgánica
de reforma del Consejo General del Poder Judicial por el que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Estas enmiendas, que son todas de devolución, se someten a una única votación conjunta. Hay tres votos emitidos
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317, más 3 votos telemáticos, 320; a favor, 129, más 2 votos telemáticos, 131; en contra, 174, más 1 voto telemático, 175; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de devolución.
DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO. (VOTACIÓN).
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2010, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN ADOPTADA POR DICHA COMISIÓN. (Número de expediente
250/000003).
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter ahora a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2010, así como la
resolución adoptada en dicha Comisión. Hay tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316, más 3 votos telemáticos, 319; a favor, 315, más 3 votos telemáticos, 318; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la resolución.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.
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