CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 868

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sesión núm. 26 (extraordinaria)

celebrada el martes,

14 de julio de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias en relación con el informe sobre el Plan integral de apoyo a la familia. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo:


- De la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona (Pumar Beltrán) y del señor profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pompeu i Fabra (Fargas
Fernández). Conjuntamente. (Número de expediente 219/000825) ... (Página2)


- De la señora directora de la cátedra extraordinaria de Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta del Comité de Bioética de España (López López) y de la señora profesora de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona (Gala Durán). Conjuntamente. (Número de expediente 219/000826) ... (Página14)

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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL INFORME SOBRE EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO.


- DE LA PROFESORA TITULAR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (PUMAR BELTRÁN) Y DEL SEÑOR PROFESOR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD POMPEU I FABRA (FARGAS
FERNÁNDEZ). CONJUNTAMENTE. (Número de expediente 219/000825)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, cuyo orden del día tienen a su disposición y que consiste en la celebración de varias
comparecencias. La primera conjuntamente de doña Nuria Pumar Beltrán, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona y de don Josep Fargas Fernández, profesor de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Pompeu i Fabra. Seguiremos el procedimiento habitual que hicimos la semana anterior. Intervendrán los comparecientes, después los grupos parlamentarios, de menor a mayor, comenzando por el Grupo Parlamentario
Socialista, para un pequeño turno de aclaraciones, preguntas, etcétera, para que cierren definitivamente los comparecientes. ¿Les parece bien a sus señorías? (Asentimiento). Tiene la palabra en primer lugar doña Nuria Pumar Beltrán, profesora
titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona.


La señora PROFESORA TITULAR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (Pumar Beltrán): Como tenemos todos los comparecientes una limitación en el tiempo, mi intervención, en primer lugar, aunque tengo
aquí al lado a mi profesor de Seguridad Social, va a situar en el contexto las reformas de Seguridad Social y su impacto sobre las mujeres. (La señora compareciente apoya su intervención con una presentación de powerpoint). La verdad es que los
indicadores que hay en materia de brecha de género en pensiones y brecha salarial -aquí tenemos una estadística en la que se puede ver que no hay una correlación exacta entre los dos indicadores- no reflejan completamente la pobreza de las mujeres,
solo parte de ellas, las que acceden a un trabajo asalariado, las que acceden al sistema de pensiones, pero sí pueden medir la desigual presencia de las mujeres en el mercado de trabajo.


Señorías, ustedes lo saben muy bien y no voy a entrar en este tema, pero conviene tenerlo en cuenta al inicio para atender al complemento de maternidad: la situación desigual de las mujeres básicamente se puede concentrar en tres grandes
temas. Por un lado, están mucho más representadas en sectores con condiciones precarias las desigualdades salariales y la dificultad que pueden tener las madres con hijos para permanecer en un puesto de trabajo o progresar profesionalmente. Estas
dificultades se han agravado con la crisis económica. Debemos tener en cuenta que coincidiendo con la crisis las políticas de conciliación prácticamente se han barrido de la agenda y aquí tenemos, por ejemplo, la paralización del seguro de
dependencia o el retroceso en las cuantías. No nos da tiempo a verlo y además hay una ponencia que tratará el tema de protección de la familia. Han sido unas circunstancias mucho más difíciles para las mujeres que trabajan. Estos son los datos
que conoceréis en la Comisión, pero la duración de la vida laboral media y en las nuevas actas de jubilación de las mujeres hay muchas más interrupciones, aunque son más breves. Situando este contexto, va a tener un impacto mucho más perjudicial
para las mujeres con hijos, especialmente con pocas cualificaciones. Es cierto que no es el único colectivo, también se añadirían los colectivos de inmigrantes y jóvenes, pero hay estudios que lo constatan.


Primera consecuencia de la reforma de pensiones, las mujeres como media se van a jubilar más tarde y la edad de jubilación de los 65 años que hay actualmente o las jubilaciones parciales o las anticipadas, como sabemos se reservan para los
largos cotizantes. Aquí se excluye a muchas mujeres que no tienen estas carreras de cotización. Por otro lado, las edades especiales, que no son anticipadas técnicamente, son para ciertos colectivos tradicionalmente masculinos, excepto tripulantes
de cabina. El resto no se considera oficio o profesión típicamente femeneizada como susceptible de trabajar en condiciones penosas, tóxicas o insalubres. La edad de jubilación se retrasa en esta reforma de 2011. Por la coyuntura económica faltó
un impacto de género y está en observación, pero se va a penalizar de manera muy importante a quien realice interrupciones en las carreras. Aquí la regla más sangrante es el tema de

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relleno de lagunas de cotización. No obstante, el legislador en la propia ley dijo: Vamos a mantener una estrecha vigilancia sobre los efectos que van a tener estas nuevas reglas de relleno de cotización. Hay que pensar que en el año 2011
el propio informe del Gobierno señalaba que la mitad de las mujeres que estaban en el régimen general tenían en su carrera de cotización interrupciones superiores a los dos años. Luego está la regla que afecta especialmente a quienes justo antes de
la interrupción trabajaban a tiempo parcial. Esta regla llegó por el Tribunal Supremo hasta el Tribunal Constitucional. Por otra vía, un Tribunal Superior de Justicia de Galicia llevó en el año 2015 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el
cual no ha considerado que sea discriminatoria por razón de género. En todo caso, podemos mantener dudas de que no lo haya, porque los presupuestos de proporción quedan en entredicho. Lo dejo aquí apuntado.


Otras medidas, aunque no sean de pensiones, como la retirada del Estado del pago de las cotizaciones de las cuidadoras no profesionales tiene un impacto de género clarísimo en 150.000 mujeres menos que no tienen cotizaciones propias, las
derivadas. ¿Cuáles son las compensadoras, porque no todo es de color negro? Se han ampliado las cotizaciones ficticias. Probablemente la disposición adicional 60 supone una novedad, porque incluye a los dos progenitores, no solo a las madres.
Quiere cubrir las interrupciones de cotización. Ahí se pretende hacer una compensación. ¿Cuál es la cuestión? Que su ámbito temporal y personal es bastante limitado. Aquí hay dos medidas, pero existe una tercera mucho más importante. De las dos
medidas compensadoras por excelencia, una viene impuesta por la Unión Europea. Es el caso de Elbal Moreno, que es la mejora del acceso de los trabajadores a tiempo parcial en las pensiones y el real decreto-ley que, si quieren, lo podemos comentar
un poco más tarde. La otra medida, que también es muy importante porque es un colectivo tradicionalmente infraprotegido, es la inclusión del régimen especial de empleadas de hogar en el régimen general, con mejoras en la acción protectora:
incapacidad temporal, accidente de trabajo, etcétera. Hay que valorar positivamente esta medida pues se trata de un colectivo muy sensible. Aprovecho esta ocasión para hacer una petición a sus señorías -nosotros que estudiamos estos temas- que es
solicitar al INSS o al Gobierno, al ministerio correspondiente, que vuelvan a visibilizar los datos de este colectivo, porque al estar integrados en el régimen general, no son visibles y es un colectivo especialmente sensible en este caso. La
medida más compensadora de la contributividad pura y dura son los complementos para pensiones. Quizás es lo que evita que la brecha de pensión de género no sea mucho mayor. Ha habido la reforma de 2011, que limitó la cuantía. Si hiciésemos un
balance de la reforma de 2011, podemos considerar que estas compensaciones serían gotas de agua. ¿Por qué lo digo? Porque un organismo como la OCDE, que no es sospechoso de tener aversión a este tipo de reformas, sino todo lo contrario, piensa que
son favorables a la sostenibilidad. En el 2011 afirmó que la tasa de reposición de las pensiones con esta reforma, cuando estuviese totalmente aplicada, descendería hasta diez puntos en interrupciones de cotización de carácter largo. Es probable
que esta reforma tenga que volver a ser revisada, porque va a afectar a colectivos, especialmente a las mujeres.


Voy directamente al complemento de maternidad. Tengo miedo de repetirme con otros temas. Quizá lo trate de una manera más genérica pues ya lo han hecho en otras intervenciones los sindicatos. Si la pregunta está relacionada con este
complemento y si fomenta el complemento de natalidad, diríamos que quienes acceden a él probablemente tengan ya los hijos. Ahora la emancipación es más tardía, pero los gastos mayores vienen con la proximidad de la paternidad y la maternidad. Me
sumaría a algunas propuestas como son las prestaciones económicas. Obviamente no sustituirían los servicios públicos de cuidados, pero podrían ayudar a fomentar la natalidad, empezando por universalizar la maternidad o retomar las cuatro semanas en
la línea de corresponsabilidad en la prestación de paternidad. No se trataría de una concepción de las excedencias de este tipo de permisos largos como son tres años, porque pueden dejar a las mujeres fuera del mercado de trabajo -de hecho hay
estudios que señalan que las excedencias las piden normalmente mujeres en situación de rentas altas-, sino que se trataría de disminuir su duración o, al menos, que, como en los países nórdicos, en un cómputo de un año tuviesen alguna prestación
económica que lo acompañase. Otra posibilidad también es el reconocimiento de cotizaciones por nacimiento de hijo, pero aquí sería en la línea de otros países como en Alemania, trabajen o no. En este caso, sería para los dos progenitores, para las
madres y para los padres.


En esto nos vamos a repetir, pero la pregunta es: ¿Este complemento de maternidad protege a todas las madres? Probablemente contribuiría a aumentar la brecha de género entre las propias mujeres pensionistas. Ya no solo hay que medirnos
con los hombres, sino también entre las propias mujeres. ¿Qué ocurre? Que las mujeres pensionistas que cobran pensiones más bajas, como no acceden a las no contributivas, por un lado, o bien ya tienen la condición de pensionistas y no se les
aplica, no van a ver este complemento. Hay que tener en cuenta los datos de las mujeres que están invisibles en el sistema.

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Por ejemplo, aquellas mujeres que no cobran una pensión no contributiva, pese a no tener ingresos, porque se les mide los recursos familiares. Aquí hay huecos de protección importantes y que van a aumentar la brecha de género entre las
mujeres pensionistas. Los datos son claros, en las mujeres mayores de setenta y cinco años la brecha de género en la pensión es mayor; se concentra en las perceptoras de SOVI y en las pensiones de viudedad muy exiguas, a pesar de que está el
complemento por mínimos.


Otra pregunta. Teniendo en cuenta nuevas pensionistas, qué ocurre con las mujeres que solo tienen un hijo. No es el mismo esfuerzo ni la aportación un hijo que dos o tres. Consultando estadísticas en La Gazeta (España) se ve la brecha de
género en pensiones. Es un estudio de la Unión Europea que comienza con un hijo y aumenta con dos, pero en España curiosamente la brecha de género en pensiones es menor con tres. Por tanto, habría que repensar realmente, aparte de la aportación
demográfica, el tema redistributivo, cómo se distribuye este complemento.


Hay un asunto que me gusta, porque fue mi tesis, que es la igualdad para la Seguridad Social, pero en la discriminación para los hombres. Si yo cuando hice la tesis y estudié la doctrina del Tribunal Constitucional lo hubiese aplicado
hubiese dicho que no, porque el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones, sobre todo tratando temas de mutualidades textiles, decía que esta ventaja en jubilación se concede a las mujeres para compensar desigualdades pretéritas. Esta línea de
interpretación desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está cambiando y tenemos un caso de pensiones muy claro que es una pensión del sistema francés, que es el reflejo de esta reforma, en el cual quien solicitó el beneficio de jubilación
anticipada fue el señor Leone. El Tribunal de Justicia no entra en los argumentos ahora, pero viene a decir que es discriminatorio para los hombres esta ventaja en la jubilación. Podemos estar o no de acuerdo, pero es verdad que no es el único
caso. Hay otro caso más reciente, del año 2001, el del señor Griesmar, que declaraba discriminatorio para los hombres estas pensiones. Hay que tener en cuenta esta jurisprudencia, estudiarla detenidamente, porque nos podemos encontrar algún día
con una cuestión prejudicial sobre este punto.


Acabando, porque me he excedido en el tiempo. ¿Qué propuestas se pueden hacer para tener una mayor redistribución? Señorías, propongo comenzar por las recomendaciones del Pacto de Toledo, cuando habla de ordenar las prestaciones
familiares, porque algunas están en desuso y dice: Creemos una no contributiva de orfandad. Luego está la obligación de la propia Ley 27/2011, el mandato a las viudas mayores de sesenta años y sin recursos, de elevar la pensión hasta el 60 %.
Esto realmente sería una cuestión para estudiar. En un mundo ideal podríamos hablar de la creación de una pensión para familias monoparentales, mucho más amplia, y pensando no solo en viudas y viudos, sino en este tipo de familias y en las que
estos huecos de protección familiares quedasen más amparados.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Josep Fargas Fernández.


El señor PROFESOR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD POMPEU I FABRA (Fargas Fernández): Muchas gracias, en primer lugar, por haberme invitado, es un honor, es cierto. En segundo lugar, quiero agradecerles a
ustedes tener la oportunidad de ver el trabajo que realizan en esta Comisión. Les aseguro que a menudo, en más de una ocasión, me he leído sus trabajos en el 'Diario de Sesiones'. Me resultan útiles cuando quiero analizar una ley, ver los debates
que ha habido en esa Comisión sobre esa ley de Seguridad Social. Leer cómo vendió el producto el ministro de turno cuando lo presentó, cómo le criticaron los distintos grupos parlamentarios y qué alternativas plantearon. Me resulta muy útil para
entender por qué los proyectos de ley resultaron como resultaron y qué alternativas había, a pesar de ese momento determinado. Entender eso es muy útil para poderlo explicar a mis alumnos y poderlo criticar. No sé si ustedes son conscientes de que
es un trabajo que resulta útil para los académicos, pero les aseguro que lo es. Gracias por darme la oportunidad de hacerlo. (El señor compareciente apoya su intervención con una presentación de powerpoint).


Voy a manifestar mi opinión sobre el proyecto de ley. ¿Cuál es la finalidad primordial de la propuesta? Al analizar el documento me planteaba cuál era la finalidad principal de la propuesta, porque el documento que ha remitido el Gobierno
no es claro. En primer lugar, tiene una serie de páginas con datos, concretamente veintiséis, demográficos, de natalidad, de envejecimiento, de ratios de dependencia, de brecha entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, en el salario, en los
tipos de trabajo, de prestaciones españolas y extranjeras que hacen referencia a la natalidad, etcétera. Pero entre las veintiséis páginas de datos iniciales y las cuatro páginas finales de propuestas no he podido hallar una relación de causalidad
clara entre los datos y la propuesta. Esto no es nada sorprendente. Todos estamos

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acostumbrados a que ante unos mismos datos por desempleo, se pueda justificar que se recorten las horas de trabajo para repartir el poco trabajo existente o que se propugne la ampliación de las horas de trabajo para aumentar la
productividad. Sobre los mismos datos hemos visto defender dos posiciones contrarias y lo mismo con cualquier reforma laboral, etcétera. Hallar esta relación de causalidad, cuál es la finalidad de la propuesta, es esencial para ver si la medida es
pertinente, proporcional, etcétera, al cúmulo de datos y problemas que se definen en las primeras páginas del documento. En la primera página de la propuesta, la número 27 del documento, hay dos referencias concretas. En el primer párrafo se habla
de que se reconozca la aportación demográfica. En el último párrafo de esa página se habla del estímulo de la natalidad. Dos finalidades absolutamente distintas que pueden ser contradictorias y que vamos a comentar seguidamente.


En primer lugar, si sirve como estímulo de la natalidad, la primera de las finalidades que persigue el proyecto. Creo que difícilmente se va a modificar -antes lo he apuntado- la conducta de las mujeres referente a la natalidad por algo que
va a suceder al cabo de treinta y cinco años. Saben que actualmente la edad de acceso a la maternidad por parte de las mujeres es de treinta con algo. Si hablamos de jubilación, que va a ser cuando estas personas se jubilen, estamos de camino a
los sesenta y siete, va a ser treinta y cinco o treinta y siete años más tarde. Nadie va a modificar su conducta por algo que va a suceder dentro de treinta y cinco años. En primer lugar, por la desconfianza de que esto siga siendo así. La mejor
demostración es vamos a ver cuál era la regulación que había treinta y cinco años atrás y nadie se va a creer que dentro de treinta y cinco años la regulación de la influencia de la maternidad en la jubilación va a ser la misma que actualmente.
Nadie puede creer que una prestación actual pueda condicionar el comportamiento pensando en treinta y cinco años más tarde. Deberíamos debatir acerca del estímulo de la natalidad. Deberíamos debatir si hay que hacerlo a través de la Seguridad
Social. Todas las medidas de Seguridad Social pueden tener efectos demográficos, pero ¿deben financiarse las medidas de estímulo de la natalidad a través de la Seguridad Social?


Deberíamos debatir si las medidas de estímulo a la natalidad deben orientarse a la expulsión de las mujeres del mercado de trabajo o hay que remar en la dirección contraria e integrarlas. Las experiencias -antes lo apuntaba Nuria-
internacionales de expulsión de las mujeres del mercado de trabajo no son halagüeñas. La última que he leído estos días mientras preparaba esta comparecencia ha sido la de Austria, que expulsa a las mujeres del mercado de trabajo con un subsidio
muy generoso que puede llegar a 1.200 euros mensuales. Solo el 30 % de las mujeres vuelve al mercado de trabajo. La experiencia es muy mala. Debería debatirse la cuestión de la expulsión de las mujeres del mercado de trabajo desde el punto de
vista de la igualdad, desde cualquier consideración social que pueda hacerse, pero incluso desde el punto de vista egoísta de financiación de la Seguridad Social, porque nuestro reto está en incorporar al mayor número de mujeres al mercado de
trabajo, en el que tenemos un déficit en relación con las medias europeas. Deberíamos debatir si se apuesta decididamente por la corresponsabilidad. Mi posición es algo radical en este sentido. Creo que el mensaje debería ser claro: atender a la
corresponsabilidad en la interrupción de las carreras por maternidad, por el advenimiento de menores a la familia. Este es uno de los aspectos que deberíamos considerar al hilo de lo anunciado en el proyecto para estimular la natalidad a través de
medidas de Seguridad Social.


Vamos a comentar la segunda de las finalidades que el proyecto dice querer abordar, que es la compensación de la aportación demográfica que hacen las mujeres que tienen hijos. Si se quiere compensar a las mujeres por tener hijos que van a
aportar cotizaciones a la Seguridad Social, debería compensarse, en primer lugar, a quien más ha aportado. ¿Quién ha aportado más? Las actuales pensionistas, que son las que han soportado la mayor discriminación en el trabajo, en un entorno en el
que incluso los convenios colectivos, las normas, etcétera, expulsaban a la mujer del mercado de trabajo. Las actuales pensionistas son las que, de promedio, han tenido mayor número de hijos. Nadie ha hecho mayor aporte demográfico que ellas. Son
las que han soportado mayor dificultad económica para criar a esos hijos y, además, en épocas de mayor austeridad que la actual. Tal como está diseñado, el proyecto no compensa justamente a quien más aportación demográfica ha realizado. Tampoco
compensa -se ha comentado- a las pensionistas de pensiones no contributivas, que son aproximadamente 300.000. Recordemos, por ejemplo, que las pensionistas de pensiones no contributivas pueden haber realizado cotizaciones a la Seguridad Social
catorce años y no tener derecho a una pensión contributiva, cuando hay personas que cobran una prestación contributiva por accidente de trabajo habiendo cotizado mucho menos que ellas. Si estamos hablando de aportación demográfica, los pensionistas
de pensiones no contributivas pueden haber hecho la misma aportación. Hay que ser coherentes.

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El proyecto, tal como está redactado, no recompensa las maternidades más difíciles -y las situaciones desiguales hay que tratarlas de forma desigual-, no compensa a las familias monoparentales, a las madres solteras, antaño muy
estigmatizadas, que lo tuvieron muy difícil; no se contempla a las que renunciaron a abortar y sacaron adelante a su hijo -estoy hablando de las actuales pensionistas- en épocas pasadas, cuando era mucho más duro ser madre soltera; tampoco se
contempla a los hijos con minusvalía, y espero que si se debate este proyecto se ponga el mismo sistema de cálculo que para las familias numerosas, en las que el hijo discapacitado vale el doble. Cuando se habla de tener un hijo o dos o tres, no es
lo mismo haber tenido un hijo con síndrome de Down y pensar si después esa persona va a tener el segundo o el tercero. Si alguien ha interrumpido su carrera laboral, sus posibilidades de promoción, si alguien ha abandonado cualquier minuto
adicional de dedicación a su carrera profesional ha sido quien ha tenido un hijo con una discapacidad. No se puede valorar igual a los hijos sanos y normales que a los discapacitados.


Si en mi opinión no es un buen estímulo a la natalidad ni una completa compensación de la maternidad, ¿qué es? Mi impresión es que, para bien o para mal, este proyecto es una operación financiera del Estado. En el año 2014, de poco más de
4,7 millones de mujeres pensionistas, una tercera parte, es decir, más de millón y medio, cobraba el complemento a mínimos. Si a estas personas se les aumenta la pensión inicial en un 5 % no van a ganar nada. Al aumentarles la pensión inicial, el
importe que antes se pagaba como complemento de mínimos se va a pagar como pensión. Se reducirá el complemento de mínimos y se aumentará la parte de pensión. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se pagaba el importe como complemento de mínimos lo
pagaba el Estado con cargo a los impuestos, pero si ahora se aumenta la pensión y se disminuye el complemento de mínimos se pagará con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social. Una parte importante del millón y medio de pensionistas -no
tengo la transparencia con las cifras-, va a ver que el complemento de mínimos queda absorbido, y esto ya sucedió cuando se aumentaron las pensiones de viudedad. Es decir, la pensión va a ser igual, pero el Estado se va a ahorrar muchos millones de
euros, y luego dirá que en la Seguridad Social los números no salen, porque en situación de déficit esos millones de euros van a salir del Fondo de reserva de la Seguridad Social. Nos faltan datos para saber si estas personas piensan tener hijos,
entre otras cosas, porque no se han publicado datos de la Seguridad Social que crucen los de quienes cobran el complemento de mínimos con el número de hijos que han tenido. Si el Estado lo hubiera proporcionado hubiera podido cruzar esos datos.


Termino apuntando que, como ha dicho mi compañera Nuria Pumar, hay otras posibilidades de actuación. Yo pondría el acento en atacar las grandes bolsas donde aún está presente, donde está enquistada la desigualdad de género en materia de
Seguridad Social, por ejemplo, las empleadas de hogar. Todos somos conscientes del relativo fracaso de la incorporación de las empleadas de hogar al régimen general. Otra cuestión sería el trabajo a tiempo parcial. Sabemos cómo perjudica el falso
trabajo a tiempo parcial y las consecuencias que tiene -se comenta en las tertulias, públicamente-, porque, además, está claro que quien trabaja a tiempo parcial básicamente es la mujer. Ahí hay una importante dimensión de género. También están
las familias con alguno de sus miembros en situación de dependencia. Si hay dinero para mejorar alguna cosa, por favor, vuelvan a pagar lo que estaba en la Ley de Dependencia, porque si algo frustra la carrera profesional de las mujeres en este
país es la situación de dependencia, el fracaso de la Ley de Dependencia. Hay que revisar esa ley, hay que mejorarla y corregir las pequeñas ingenuidades que se nos colaron, etcétera, porque es público y notorio, repito, que es algo que interrumpe
la carrera profesional de las mujeres.


Quedo a su disposición.


El señor PRESIDENTE: Comienza el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Quiero agradecer la presencia de Nuria Pumar y de Josep Fargas, sus palabras y su visión del informe. La verdad es que coincidimos bastante. Hasta ahora, en todas las comparecencias que hemos tenido sobre el
tema del complemento por maternidad, todos hemos llegado a la conclusión de que ofrecer a una mujer o a un hombre -especialmente a una mujer- que tenga uno, dos o tres hijos, mejor dos o tres, para que cuando se jubile a los sesenta y seis o a los
sesenta y siete años pueda cobrar un complemento, la verdad es que no es muy incentivador.


Compartimos -ya lo dijimos en esta Comisión- que lo más razonable sería universalizar los permisos de maternidad, implicar a los hombres en los permisos de paternidad, revisar un poco las pensiones de la

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Seguridad Social por hijo a cargo, que están un poco desfasadas, incluso habría que mirar los límites cuando hablamos de desgravación fiscal, porque en la última reforma el Grupo Popular ha dejado a los que menos ganan sin ninguna deducción.


También compartimos, como no podría ser de otra forma, que con este proyecto los que cobren pensión mínima y tengan complementos a mínimos se quedan totalmente fuera. No queda aclarado, aunque es verdad que el secretario de Estado nos dijo
en su comparecencia que durante el debate de este informe podríamos hablar de los complementos a mínimos. Pero lo que más llama la atención es que dejamos fuera de esta medida a todas las madres del baby boom, que son, como ustedes decían, las que
han hecho un mayor esfuerzo. En un universo como el de la Seguridad Social buscar una medida que afecta a 120.000 personas, ya es buscar; por lo menos, hay que decir que la búsqueda tuvo éxito. Estamos de acuerdo en que este complemento no debe
ser pagado con cotizaciones sociales, porque desequilibra la recomendación del Pacto de Toledo sobre la contributividad. Los diputados tenemos la costumbre de leer solo el párrafo que apoya lo que queremos decir y olvidarnos del resto del artículo.
La recomendación del Pacto de Toledo habla del tema de la brecha salarial y se refiere a periodos de cotización, como ya se incluyó en la Ley 27/2011. Ahí Nuria tenía toda la razón. Yo recuerdo haber negociado en el año 1988, y lo he dicho más de
una vez, el convenio del textil donde estaba la dote matrimonial. ¿Qué era la dote matrimonial? Mandar a la mujer a casa. Hay muchas mujeres que han cotizado catorce, quince o dieciséis años y luego nadie ha vuelto a cotizar por ellas aunque
hayan trabajado. Por eso, cuando se incluye una medida que quiere beneficiar a la mujer por haber tenido hijos, la mejor fórmula es la alemana, que es añadir cotizaciones por los hijos que se hayan tenido, con lo cual se pueden sumar los años de
cotización que tenían más los años que les dan y así tienen acceso. Esta es nuestra posición, la que expusimos cuando se hizo la Ley 27/2011, porque hablamos mucho con los agentes sociales que comparten la misma inquietud por las mujeres que no
llegan a tener cotizaciones suficientes. Habría que tener en cuenta un número. El año que viene se van a jubilar aproximadamente 260.000 mujeres y esto solo afectaría a 120.000, pero tendríamos que saber el número de mujeres que van a cumplir
sesenta y cinco o sesenta y seis años y que no van a tener derecho a la pensión. Seguramente entonces hablaríamos de un colectivo mucho más amplio.


A veces han preguntado al Grupo Socialista cómo nos vamos a oponer a una medida que beneficia a 120.000 mujeres. Nosotros no nos oponemos, sino que decimos, en primer lugar, que es insuficiente; en segundo lugar, que no fomenta la
natalidad; en tercer lugar, que no elimina ni mejora la brecha salarial; en cuarto lugar, que deja a la inmensa mayoría de madres fuera. Además, añadimos que no puede ser pagado con cotizaciones sociales porque va contra la contributividad. Esa
es nuestra posición.


Les agradezco su presencia, todo lo que nos han expuesto y, sobre todo, que digan que a veces lo que hacemos aquí les sirve de algo. Nos llena de orgullo que ustedes que son profesores digan que a veces utilizan lo que decimos unos simples
diputados como nosotros. Esto nos hace felices.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.


El señor CALDUCH CERVERA: Dado que tengo que ir corriendo a otra Comisión, intentaré sintetizar. En primer lugar, quiero agradecer a los comparecientes que hayan venido para compartir sus planteamientos y sus reflexiones, porque siempre
viene bien tener visiones externas al propio planteamiento de la Cámara.


Comparto muchas de sus reflexiones respecto a colectivos que están formalmente integrados en el régimen general de la Seguridad Social y realmente excluidos, como, por ejemplo, el de las empleadas de hogar. Aquí estamos tratando una medida
que nos trae el Gobierno respecto de la cual yo también he manifestado muchas de las observaciones que han hecho ustedes, por ejemplo, por qué no incluir a las madres con un hijo. La respuesta era muy sencilla: porque son tres millones. Son datos
del propio Gobierno. Si el horizonte de 2019 está en torno a cuatrocientas y pico mil y le añades tres millones, la cosa se dispara económicamente. También hice la observación de los hijos discapacitados, que eran un plus de exclusión porque, como
cualquier persona dependiente, exigen una dedicación.


Hay un punto de su argumentación que no entiendo muy bien -el otro día dijeron lo mismo los comparecientes de los sindicatos y de la patronal; me llamó la atención tanta coincidencia-, porque se combinan cuestiones muy dispares, por
ejemplo, decir que no incluye otros colectivos. Eso ocurre con todas las leyes. Yo voy ahora a la Comisión de Economía y Competitividad que va a tratar sobre la baremación de las víctimas por accidente de tráfico y puedo decir: ¿No incluyen
ustedes a las víctimas de accidentes laborales? Me dirían: No, porque esta es una ley para víctimas de accidentes de tráfico. Lo

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digo porque hay cuestiones que quedan excluidas, naturalmente, como todo lo que tiene que ver con las madres con pensiones no contributivas. Uno podría desear una ley que las incluyese, pero eso sería otro proyecto de ley. De lo que se
trata aquí es de discutir las ventajas e inconvenientes del proyecto de ley que se presenta. Hacer el discurso de las leyes que desearíamos está muy bien, pero se sale de la cuestión. Precisamente ustedes, para mejorar el proyecto de ley que se
presenta incluyen argumentos que tienen que ver con otras leyes. Ese es el punto que no me encaja. Se ha dicho -y mi grupo lo comparte- que si esto se quiere plantear, puesto que debería ir financiado al margen de la Seguridad Social, a lo mejor
no tendría que ir como complemento de pensión, sino por otra vía. Esto se puede discutir. Dicen: No sirve para la natalidad futura. Yo entiendo que esta ley va a compensar a las madres que hace treinta y treinta y cinco años tuvieron que perder
cotizaciones o fueron expulsadas temporalmente como consecuencia de la maternidad, y por eso le dije al secretario de Estado: Tiene usted que incluir a las madres de un hijo.


Se habla de las madres del baby boom. Toda ley tiene un punto de partida para su aplicación. Podemos discutir si sería deseable aplicarla a las que empiezan como pensionistas a partir del 1 de enero de 2016 o hacerla retroactiva a 2010,
pero siempre habría un punto de partida. Eso es mejorar la ley. No comparto el argumento de que no se incluye a las familias monoparentales, a las mujeres solteras, porque el proyecto que se presenta no distingue entre madres casadas o solteras.
Dice: Madres con dos hijos, con tres o más, que hayan cotizado y que pasen a ser pensionistas a partir del 1 de enero de 2016. Afortunadamente no se hace esa discriminación de familias monoparentales; se hacen otras, pero esa no. Por eso no
encajo algunas de las observaciones. Sinceramente creo que en este debate -y con esto concluyo- se están confundiendo planos muy diferentes. Lo que pretende mi grupo es debatir sobre el proyecto para mejorarlo, y si es preciso sacar otro que
incluya lo que no hay en este.


Señor presidente, quiero disculparme porque a las seis me tengo que ir a la Comisión de Economía y Competitividad. Es el pluriempleo que hay entre algunos diputados.


El señor PRESIDENTE: Queda disculpada su señoría.


En nombre de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Castaño Rey.


La señora CASTAÑO REY: Señores comparecientes, en primer lugar, quiero disculpar la ausencia de mi compañero Joan Coscubiela -la sociedad a veces va por delante del legislador y, afortunadamente, ya son muchos los hombres que concilian la
vida laboral y familiar y que se ocupan de los cuidados de su familia-, que no puede estar aquí hoy por un problema familiar. Aprovecho también para saludar a todas las personas que asisten a la Comisión, puesto que es mi primera intervención, ya
que me incorporé al Congreso hace muy poco tiempo en sustitución de mi compañero Gaspar Llamazares.


Voy a ser breve porque se han dicho ya muchas cosas y todas muy interesantes. He de reconocer que a veces una es parcial, y cuando escucha que desde la Mesa se exponen argumentos con los que coincide tiende a encontrarlo todo muy
interesante. Me gustaría señalar algunas cosas. Se ha hablado hace un momento de que estamos ante una norma que va a beneficiar a 150.000 mujeres -creo que se ha dado ese dato-. Quisiera ampliar un poco la visión y que nos preguntáramos si es una
medida que beneficia a las mujeres. Tengo serias dudas por una razón muy concreta. El hecho causante que va a generar el derecho a esta prestación es ser madre, no que haya una brecha salarial o entre las pensiones, porque, de hecho, en este caso
concreto no se va a valorar la pensión que cobra la mujer que va a acceder a esta prestación. Antes se han citado colectivos de mujeres que van a quedar excluidos. La señora Pumar -me gustaría que luego se extendiera un poco- ha dicho que es una
medida que probablemente aumentará la brecha entre las pensiones. ¿Beneficia a las mujeres? Creo que no, que es una falsa protección hacia las mujeres que se refleja en algunas normas. Me parece que estamos ante ese tipo de medidas que tienen un
tinte retrógrado, reaccionario, machista -pongan el acento donde quieran-, y que hemos visto a lo largo de esta legislatura que a veces cristalizan en frases o en actitudes, pero también en normas legislativas. Cuando preparaba esta intervención
recordaba que el señor Aznar decía en una ocasión que a él le gustaban las mujeres que fueran mujeres; también puedo referirme al señor alcalde de Granada, que ha dicho que cuanta menos ropa llevemos estamos más monas -no lo dijo exactamente así,
pero era algo por el estilo-; puedo recordar el intento de reforma de la Ley del Aborto, etcétera. Todo esto me viene a la cabeza con estas medidas. Insisto en que hay una música retrógrada, machista, reaccionaria, que sitúa en el centro del rol
que tenemos que jugar las mujeres el hecho de ser madres.

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A nosotros nos parece que tiene que haber medidas de protección de la maternidad y de la paternidad -como se ha dicho anteriormente-, que fomenten la corresponsabilidad, pero creemos que en estos momentos, en el siglo XXI, en el año 2015 lo
que tenemos que hacer los legisladores es implementar medidas que hagan que las mujeres podamos ser todo lo que queramos, que podamos desarrollar nuestra carrera profesional; nos parece que es fundamental que las mujeres y los hombres en
determinado momento podamos interrumpir esa carrera para criar a nuestros hijos o a nuestras hijas. Sin embargo, creo que esta medida lo que está indicando a las nuevas generaciones, a las mujeres que ahora tienen treinta o cuarenta años, es que su
rol principal, su rol definitorio es el de traer hijos a esta sociedad. Antes se hacía referencia a las mujeres que en estos momentos son pensionistas, a nuestras madres y a esas abuelas que han cuidado a sus hijos en momentos muy complicados, que
tuvieron que abandonar el trabajo que desarrollaban, y podríamos entender que para ellas se implementara alguna medida de este tipo, pero precisamente esas mujeres quedan excluidas. ¿Estamos diciendo a las mujeres que tienen treinta o cuarenta
años, que son fértiles, que su rol principal es ser madres? Con eso no creemos que las mujeres se vean beneficiadas.


El señor PRESIDENTE: En nombre de CiU, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco a los comparecientes sus intervenciones, que abundan en argumentos que compartimos y apuntan visiones más globales sobre la cuestión que seguro que nos resultarán útiles para nuestro trabajo en los
próximos días.


Mi grupo considera que la propuesta que se nos trae contiene un pecado original, que está marcando la discusión y que marcará la decisión que finalmente tome el propio Gobierno, que es que ante retos complejos, difíciles, estructurales, como
pueden ser la brecha de género del sistema de pensiones o los problemas demográficos de natalidad, han decidido responder con una medida aislada, puntual, efectista, que, en cualquier caso, va a beneficiar a un número determinado de ciudadanas, que
seguramente en el supuesto de que el Gobierno finalmente legisle lo van a agradecer, lo van a valorar, pero que de ninguna manera aborda dichos retos con la visión que exigirían. Ese pecado original distorsiona la discusión; no estamos discutiendo
sobre una política pública global orientada a hacer frente a estas situaciones, discutimos esa medida puntual.


Además, cuando discutimos esa medida puntual aparecen al menos dos tipos de reflexiones: en primer lugar la reflexión sobre la equidad o inequidad de la medida. Ustedes lo han planteado, se trata de una medida para aquellas mujeres que por
la interrupción de sus carreras laborales, se encuentran en una peor condición socioeconómica derivada de la asunción de maternidad en solitario o por el hecho de tener hijos con discapacidad, una situación no equitativa y que no se compensa
suficientemente. En segundo lugar también se nos plantea también la discusión sobre si existen medidas alternativas de carácter puntual. Difícilmente podremos abordar en lo que nos queda de vida parlamentaria, en los próximos días o semanas,
aquello que el Gobierno no ha hecho en cuatro años. El Gobierno no ha abordado en cuatro años la brecha de género; el Gobierno no ha abordado en cuatro años una política demográfica, y no lo haremos ahora. Nos chocaría mucho, a no ser que el
presupuesto que el señor Montoro nos presente la semana que viene o dentro de quince días, aborde la prestación por hijo a cargo, resuelva la pensión de viudedad, o dé marcha atrás en algunas de las reformas que se han producido en esta materia.
Como eso no va a pasar, la otra discusión es si hay alguna medida puntual que sea útil para abordar estas cuestiones y que podamos aprobar en estas semanas, si es que hay consenso con el Grupo Parlamentario Popular. Y aquí también hay dos
discusiones, ¿podemos hacer más equitativa la medida que el Gobierno plantea o existe alguna medida puntual que podamos poner encima de la mesa?


Ustedes han planteado algunas cuestiones al respecto y yo apuntaría dos: una, ¿tiene sentido avanzar más en el recorrido de la compensación por la ausencia en el mercado de trabajo derivada del cuidado de hijos u otros familiares
dependientes? ¿Creen que hay recorrido respecto a lo que hoy regula nuestra legislación, o con la reforma que aprobamos la pasada legislatura hemos agotado todo el recorrido respecto a los tiempos cotizados por el cuidados de hijos? Y segunda
cuestión, ¿existe alguna medida que estimule la corresponsabilidad de los varones en el cuidado de hijos y de otros familiares dependientes? Creo que todos compartimos que el reto demográfico está siendo mejor resuelto en los países donde la
corresponsabilidad de los hombres en el ámbito familiar es más relevante. ¿Es posible plantear alguna medida en esta dirección? Insisto, no podemos resolver aquí estas cuestiones estructurales, pero quizás mediante la discusión parlamentaria, si
el Grupo Parlamentario Popular de verdad está dispuesto, podamos alcanzar algún tipo de consenso en esta materia.

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En cualquier caso agradezco sus comparecencias que seguramente nos serán útiles, y espero que puedan volver a participar en esta comisión.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández García.


El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Trataré de hablar sin manifestar el profundo retrógrado y machista que parece ser que subyace en cada uno de los diputados del Grupo Parlamentario Popular. Y si eso es profundamente injusto por irreal en mi caso,
protesto con mayor ahínco en nombre de las compañeras parlamentarias de mi grupo. Y le ruego a la portavoz de La Izquierda Plural que no haga ese tipo de afirmaciones que contribuyen más a defender ideas preconcebidas y a establecer compartimentos
estancos que a fomentar el diálogo que desde la reflexión y la defensa de las posiciones legítimas que cada uno tiene, debe ser lo que haga más fluida esta Comisión.


Yo quiero empezar, como los demás portavoces, agradeciendo a los comparecientes la aportación de sus puntos de vista y su posición respecto a un asunto que para nosotros es verdaderamente crucial, uno de los más importantes del Plan integral
de apoyo a la familia 2015-2017. Con todas las críticas, con todas las censuras legítimas y fundadas que se hagan, es bueno recordar que es la primera vez que tiene entrada en nuestro sistema la consideración de la maternidad a efectos de
incrementar las pensiones contributivas. Y si hay algunos portavoces a los que enriquece oír argumentos que coinciden con los suyos, en nuestro caso nos tiene que enriquecer mucho más oír aquellos argumentos que difieren de los nuestros, de los del
Gobierno en el momento de presentar la propuesta y de los que defendemos en este grupo parlamentario.


El esfuerzo de algunos portavoces por conseguir una frase ingeniosa puede ser válido desde el punto de vista de inventiva parlamentaria, pero olvidarse de las personas que hay detrás de las cifras que nos traen hoy aquí, me parecería
imperdonable. Incluso puedo coincidir con el profesor Fargas en que el documento quizás no sea todo lo claro que sería deseable, pero como punto de partida y con los datos que se nos ofrecen para fomentar esta discusión, creo que es suficiente para
establecer una relación entre esos datos y el contenido sustancial de las medidas que presentamos para su aprobación. Medidas que, por otro lado, ni son las primeras ni son únicas, y que se elaboran -quiero recordarlo, es nuestra obligación- no
desde el marco de los óptimos ideales, sino desde los compromisos posibles o lo que es posible hacer. Esa es nuestra pretensión cuando se plantea que haya un 5, 10 o 15 % más a partir de enero de 2016 en las pensiones de algunas mujeres que han
sido trabajadoras y han sido madres, han sido ambas cosas, quiero resaltarlo. Creo que es de justicia reconocer su contribución no solo a la sociedad, sino a la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Muchas de esas mujeres se preguntan -a
nosotros también nos preguntan porque, como al Grupo Parlamentario Socialista, algunas mujeres que están esperando que se aprueben estas medidas nos paran y nos preguntan- cómo es posible que aquellos que desde siempre llevan asociada la
sensibilidad a flor de piel no hayan planteado mucho antes algún tipo de medida como esta para que, con el paso del tiempo, se hubiera podido incrementar paulatinamente el monto total de dinero disponible y el número de beneficiarias de estas
medidas. Si se hubiera planteado hace unos años, ahora habría más mujeres que podrían haberse beneficiado de una medida como esta, porque para ganar espacios de convivencia entre los pensionistas, señorías, el discurso solo no basta, hace falta
bastante más. Y eso es lo que están intentando el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno con una medida como esta que, a nuestro juicio, avanza en justicia social, puesto que nada menos que el 95 % de los casos de excedencia corresponden a
mujeres y por eso hay carreras de cotización más cortas. Aquí hay quien ha dedicado buena parte de su interés docente o investigador a profundizar en estas medidas.


Compartimos algunas de las cosas que ha dicho el profesor Fargas. Todos aspiramos a que esta medida pueda tener un mayor calado numérico, pero no olvidemos que estamos hablando de 123.000 personas. A la portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista le parece que no es mucho, pero, en fin, creo que como primer paso, no digo que sea suficiente, pero sí es un punto inicial de partida. Son 123.000 personas que previsiblemente se podrán convertir en 242.000 personas en el año 2017 o en
350.000 en 2018, que nos parece, insisto, un paso en la buena dirección. La aspiración de que los efectos perseguidos por la medida puedan incrementarse desde un punto cuantitativo no desdibuja, a nuestro juicio, las mejoras cualitativas del
sistema. Algunos de los portavoces de los grupos parlamentarios en esta Comisión que están imbuidos por la idea de que la política social es un logro continuado que se

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consigue no con la acumulación de los años, sino incluso de las legislaturas, deberían tener más presentes estas circunstancias.


Muchas veces ocurre aquí, profesor Fargas, que los que intervenimos más que preguntarles por las razones que les llevan a defender aquí lo que vienen a compartir con esta Comisión, hacemos la defensa de lo nuestro, vendemos nuestro libro.
Yo quiero terminar formulando algunas preguntas a ambos para que eso no sea así. Desde luego lo óptimo hubiera sido llegar a los actuales pensionistas, pero partimos de una situación financiera global que ha estado muy comprometida en los años
anteriores por efecto de la crisis y de los ingresos ordinarios del sistema, de ahí la limitación de su alcance a la no contributividad. Quizás esto, más que en desdoro de la medida que se propone, deje abiertas nuevas puertas para trabajos
futuros. Y concluyo, como decía, formulándoles algunas preguntas porque, primero, no compartimos que los 51 millones de impacto del año próximo no puedan ser asumibles por el sistema. Me parece que bastante más desequilibrios ha generado la
cercenación de los ingresos ordinarios en los años anteriores. Me gustaría plantearles si consideran que el contenido de la medida, especialmente si es posible que se incremente en años sucesivos, es útil para reducir esa brecha de género que al
final es el objetivo que perseguimos. Se ha dicho muchas veces que es una medida fundamentalmente natalista, yo desde luego no lo comparto. Es una de las consecuencias, pero no es el origen o la causa de la medida. Otra pregunta es si creen que
contribuye en alguna medida a paliar las lagunas de cotización. Como la profesora Pumar lo ha puesto de manifiesto, a ella le pregunto si puede aventurar -comprendo que es difícil acotar lo que le voy a preguntar- una evaluación del impacto que
pueda tener en el sistema para los cotizantes si se contempla el reconocimiento para los progenitores que no sean trabajadores. Quebraría la contributividad, pero le pregunto si tiene una previsión de cuál puede ser el impacto en el sistema.
También me gustaría saber su opinión sobre si un eventual incremento o apertura de la brecha entre mujeres pensionistas puede considerarse -nosotros así lo vemos- una consecuencia, probablemente indeseada y que habría que ir paliando paulatinamente,
pero una consecuencia de segundo grado con respecto a la disminución de la brecha, que es mucho más importante, entre los pensionistas hombres y las pensionistas mujeres. Estando de acuerdo en que hay que ordenar las prestaciones y en las otras
recomendaciones del Pacto de Toledo, le pregunto si cree que debemos diferir la adopción de esta medida esperando a ordenar y poner en marcha las otras recomendaciones.


Para terminar, profesor Fargas, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nos congratula que encuentre interesante el trabajo que aquí hacemos porque, insisto, con más habitualidad de lo necesario vendemos lo nuestro en
lugar de escucharles, y yo les agradezco particularmente sus propuestas de mejora. Simplemente le diré que la causalidad no siempre es unívoca en el ámbito académico y en el ámbito político muchas veces me parece una quimera, pero le pregunto si
usted considera, como nosotros, que esa conjunción de un 23 % de salarios más bajos, de carreras de cotización de las mujeres nueve años más cortas respecto a las de los hombres, y un 34 % de pensiones más bajas no son causa suficiente para intentar
poner en marcha medidas como esta, si al menos indiciariamente estos datos no son un nexo causal suficiente. Termino dándoles las gracias por sus aportaciones. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de contestación. Tiene la palabra la señora Pumar.


La señora PROFESORA TITULAR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA (Pumar Beltrán): Gracias por sus aportaciones, me parecen todas muy interesantes. Voy a intentar responder siguiendo el orden de las
intervenciones. Empezando por la intervención del portavoz de Unión Progreso y Democracia, que se ha tenido que ausentar, le comentaré por qué insistimos en incluir a otros colectivos. Aquí se trata de un tema de concepción constitucional de la
Seguridad Social, y ya aviso de que mi planteamiento es jurídico; yo soy profesora de Derecho del Trabajo y, por tanto, hablo de derechos y no tanto de números. Lo que hay que tener en cuenta -y esta es una lección que aprendí de Josep Fargas, que
fue mi profesor, y del profesor Alarcón Caracuel, fue lo primero que me enseñaron- es el mandato de la Constitución a los poderes públicos de cubrir situaciones de necesidad en relación con el artículo 9.1, es decir, la obligación de los poderes
públicos de remover obstáculos. Por tanto, es una concepción de tipo constitucional, de concepción de una Seguridad Social en la que hay personas que no pueden acceder a ningún tipo de protección y van a mantenerse fuera de esta posibilidad.
Respecto a por qué decimos que otros colectivos tendrían que ser incluidos, cuando se incluye a alguien y se excluye a otra persona, obviamente siempre puede haber agravios, pero cuál es el límite; el límite es el principio de igualdad. Es decir,
que ese factor sea razonable

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y proporcional porque la medida tenga una finalidad objetiva. Entonces, cuando el profesor Fargas insiste en el caso de las familias monoparentales es porque a lo mejor necesitan un trato distinto, ya que su situación para acceder a las
pensiones es muy diferente a la que se da cuando existen otra serie de factores como rentas, familias con los dos progenitores corresponsables, etcétera. Hay estadísticas que nos muestran que en las familias monoparentales la pobreza es mucho
mayor.


Por otra parte, coincido con la intervención de la portavoz de La Izquierda Plural en cuanto a que tenemos que ver si son medidas de igualdad de género o simplemente de fomento de natalidad, lo que no es equiparable. En este caso también yo
sería partidaria, obviamente, de reducir la brecha de género, el problema es que nos situamos al final del recorrido y no al principio. He mencionado una sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia con la que no estoy del todo de acuerdo, pero creo
que en esencia es importante. Dentro de las acciones positivas que permite el Tratado de la Unión Europea -antes era el 141, ahora el 157- se refiere expresamente a una última disposición que permite ofrecer ventajas concretas destinadas a
facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividad profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales, y establece -se refiere al sistema francés- que con respecto al reconocimiento de una bonificación de
antigüedad en el momento de la jubilación sin aportar ningún remedio a los problemas que puedan encontrar durante su carrera profesional, resulta manifiesto que dicha disposición no está destinada a compensar las desventajas, por lo que no estaría
incluido dentro de las medidas de acciones positivas que están justificadas. Por tanto, vamos en la línea, dónde situamos esta idea.


No quiero que sea una intervención excesivamente larga, así que en repuesta a la pregunta concreta que ha formulado el señor Carles Campuzano sobre una medida puntual, diré que es difícil encontrar una medida puntual y no costosa porque
estamos hablando, como él mismo ha comentado, de problemas estructurales. Empecemos por seguir apostando por recursos públicos de cuidados, por ejemplo, en este momento el Programa Educa3 no sé dónde acabó, pero valdría cualquier programa.
Empecemos por racionalizar la jornada de trabajo en la reforma laboral, por implementar de verdad el trabajo de igual valor con la misma retribución, que no salario, porque todavía estamos a años luz de implementar la normativa europea, sobre todo
en el ámbito de la gran empresa y en la negociación colectiva. Estas son reformas estructurales, pero si vamos a lo más puntual dentro de la Seguridad Social, un poco en la línea de lo que había comentado, lo ideal sería hacer una revisión, es lo
que habría que hacer, porque se penaliza excesivamente el relleno de lagunas de cotizaciones para las mujeres con hijos. Esta es una clave de penalización importante, pero ya sé que la medida sería costosa. Otra medida sería, por ejemplo, que las
excedencias, aparte del reconocimiento de cotización, quizás podrían ser más cortas pero venir acompañadas de una prestación o, si no, lo que ha comentado Isabel López respecto a conceder períodos de cotización por nacimiento de hijo, pero
intentando que sea una medida neutral para no acabar expulsando a las mujeres del mercado de trabajo. Ahí habría que estudiar la fórmula para ver con quién y para quién se podría hacer. Y en cuanto a la corresponsabilidad, yo no soy partidaria de
imponer conductas a nadie, pero a lo mejor podríamos ir al modelo nórdico de uso obligatorio de los permisos, aunque es verdad que el permiso de paternidad, a pesar de su brevedad está teniendo una aceptación más que notable.


Por último, agradezco al representante del Grupo Parlamentario su intervención. No me es posible responder a su pregunta sobre el impacto económico que puede tener incorporar el reconocimiento de cotizaciones para padres y madres no
trabajadoras. Sé que son medidas que existen y se están planteando en otros países europeos, pero la verdad es que no lo puedo evaluar. Sobre cómo reducir el incremento de la brecha de género, creo que tendría que ser mucho más progresiva y, en
todo caso, el problema es el acceso a estas prestaciones para muchas mujeres que se quedan fuera. Y ahí es donde existe la posibilidad de adoptar medidas y ver, por ejemplo, el caso de las mujeres que trabajan en negocios familiares a las que no se
les reconoce. Aunque hay previsión para ello, finalmente no se les reconocen cotizaciones, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fargas.


El señor PROFESOR DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD POMPEU I FABRA (Fargas Fernández): De la primera intervención del señor Calduch, de UPyD, me ha sorprendido que aquí precisamente pueda considerarse
contradictorio hacer oposición a un proyecto de ley y presentar alternativas. Es decir, no entiendo que unos diputados que tienen por costumbre hacer primero enmiendas a la totalidad y luego enmiendas parciales, estimen contradictorio considerar

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que hubiera sido mejor plantear este proyecto en otro momento y de otra forma, pero como va salir igualmente adelante, hacer sugerencias para mejorarlo. Me sorprende que un diputado encuentre sorprendente esto, en la calle a lo mejor sí,
pero aquí no debería ser sorprendente. (La señora López i Chamosa: La falta de experiencia).


Probablemente me he expresado mal al hablar de las familias monoparentales. No quería en todo caso decir que estuvieran discriminadas, por supuesto se va a dar la prestación a las familias monoparentales; lo que digo es que en las familias
monoparentales, igual que en las que han tenido hijos con discapacidad, sea por nacimiento o porque antes de la mayoría de edad se les ha diagnosticado una minusvalía, es más duro tener hijos. Sabemos que en las familias numerosas se computa
distinto y podría perfectamente introducirse un cómputo de forma que el que tuviera dos hijos y uno de ellos con minusvalía, computara como tres porque es distinto. Es decir, está previsto, pero creo que debería estar previsto de forma distinta.
El ejemplo que he puesto es el de la mujer soltera que en lugar de abortar tiene un hijo, que tiene más dificultades para salir adelante que si tiene una pareja que le ayude. Además, he dicho que lo tuvo mucho más difícil antaño, es decir, las que
ahora se jubilan y tomaron esa decisión cuarenta o cincuenta años atrás, tuvieron mucho más coraje al hacer eso. Por tanto, si se trata de compensar, solicito que se considere esta posibilidad.


Por supuesto, estoy de acuerdo con el diputado en que no hay que ser ingenuo y no se puede pretender pedir tres millones en prestaciones si no hay dinero para ello, pero me considero con libertad para plantear alternativas y decir que en
lugar de lo que se paga, podrían pagarse otras cosas, como he hecho, o para hacer sugerencias de mejora. Una es una enmienda a la totalidad, es decir, en lugar de pagar eso, se podía haber reestablecido el nivel de gasto de las prestaciones por
dependencia, y la otra es hacer sugerencias para mejorar ese proyecto.


Hablando de medidas concretas y en respuesta a los otros dos intervinientes, yo no soy partidario de establecer medidas compensatorias específicas que busquen el cómputo exacto de en qué medida se ha perjudicado la carrera laboral de una
mujer. Me explico mejor, no soy partidario de decir vamos a dar una prestación para compensar exactamente la interrupción de la carrera laboral. Es decir, si perdió un año de carrera laboral porque pidió una excedencia, vamos a aumentar la
cobertura en lo que corresponda, por una sencilla razón, porque pienso que el peor hándicap es el que no es medible. No son tanto las lagunas de cotización o el tiempo de excedencia, sino que el peor hándicap es la renuncia a la formación
profesional de la mujer que tiene hijos. Cuando yo he tenido cargos en mi universidad y me he dirigido al personal para ofrecer puestos de responsabilidad, me he encontrado con personas que me decían, no, yo ahora tengo los hijos pequeños, estoy
pendiente del reloj y a las cinco en punto me largo, eso es muy humano. Esto no puede medirse, este es el sacrificio más importante y, por lo tanto, si compensásemos solo aquello que es medible, no compensaríamos el hándicap mayor que es esa
renuncia larguísima a la carrera profesional, que se debe a la diferente aportación de hombres y mujeres a las tareas familiares. Con esto enlazo con otro tema, creo que es prioritario atacar por esa vía y no por compensar las ausencias específicas
del mercado de trabajo.


Me pedían medidas específicas de corresponsabilidad, y yo voy en la línea que apuntaba Nuria Pumar; soy partidario de incentivar fuertemente, no digo ya condicionar, que el permiso de maternidad y el de paternidad sean iguales, de forma que
se lance un mensaje claro y nítido de que hombres y mujeres deben sacrificar por igual su carrera profesional. Y que eso debe tener un premio o incentivo para que no sea un castigo y ese período se pague igual. Este es un mensaje como otros que se
han tenido que lanzar, por ejemplo, de respeto hacia los otros miembros de la familia, etcétera. Hay que mandar un mensaje claro en pro de esa corresponsabilidad. Creo que hay que actuar sobre el permiso de paternidad que está bloqueado, yo no
pido el desbloqueo respecto al tiempo, sí es necesario recortaría antes el permiso de maternidad para aumentar el de paternidad y hacerlos igualitarios -en eso he sido muy claro- para no expulsar más a las mujeres del mercado de trabajo por razón de
maternidad.


Agradezco la clarificación del diputado del Grupo Parlamentario Popular sobre que este proyecto no es tanto natalista como para compensar la brecha. Yo he dicho que había dos posibilidades, una está en un párrafo de la primera página y, de
verdad, no veo clara cuál es la finalidad. Si usted me dice que es básicamente compensar la brecha, entonces está aparcado el debate sobre las medidas relativas a la natalidad. Es un debate pendiente y consideramos que está aparcado. Y si nos
centramos en la compensación de la brecha, pienso que este proyecto no es bueno, y no porque sea del Partido Popular, hay otras medidas que ha adoptado el Partido Popular en ese mismo ámbito que considero mejores, por ejemplo, la disposición
adicional 60 o la 44 de la ley que suponen la atribución de períodos de cotización

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a las personas que han tenido hijos. Me parecen medidas mejores que este proyecto por los agravios y por otros argumentos que no voy a reproducir. Otras medidas me han parecido mejores, esta medida tiene defectos y crea agravios
comparativos que son los que peor se digieren entre las personas que, como he dicho antes, más habían aportado desde el punto de vista de la cotización demográfica y, además, el mensaje que se envía a la sociedad no es claro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fargas.


Hacemos una ligera interrupción de dos minutos para el cambio de comparecientes y continuamos. (Pausa).


- DE LA SEÑORA DIRECTORA DE LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE POLÍTICAS DE FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA (LÓPEZ LÓPEZ) Y DE LA SEÑORA PROFESORA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (GALA DURÁN). CONJUNTAMENTE. (Número de expediente 219/000826).


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la sesión. Vamos a proceder a la segunda ronda de comparecencias en la que conjuntamente intervendrán, primero, doña Teresa López López, directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de
Familia de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta del Comité de Bioética de España y después, doña Carolina Gala Durán, profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene en primer
lugar la palabra doña Teresa López López.


La señora DIRECTORA DE LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE POLÍTICAS DE FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA (López López): En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad de estar aquí con
ustedes, de comparecer en esta Comisión, para explicar mi posición respecto al informe que se ha elaborado en la Secretaría de Estado de la Seguridad Social sobre el complemento de maternidad a las pensiones contributivas en función del número de
hijos. El informe que hoy valoramos recoge una serie de argumentos que son complejos de analizar en los quince o veinte minutos que en principio debo intervenir. Le pido al presidente que me quite la palabra cuando sea necesario. Voy a centrarme
solamente en tres de los aspectos de su contenido, porque los considero esenciales. Adelanto que el contenido del informe me parece que es muy sencillo y está, en mi opinión, poco desarrollado, pero tiene algunos argumentos potentes.


Voy a dividir mi intervención en tres partes. (La señora compareciente apoya su intervención con una presentación de power-point). En primer lugar, me voy a referir a la información que se recoge en el papel y a la valoración que se hace
sobre los cambios en algunas variables demográficas y en los comportamientos sociales. Mi primera valoración del tratamiento que el informe da a estas cuestiones es que se trata de un análisis -como acabo de mencionar- sencillo, con una breve
descripción del comportamiento solo de algunas variables, no de todas, y apenas se refiere a las consecuencias que estos comportamientos tienen sobre el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social. En mi intervención trataré de aportar algo más
de información sobre esta cuestión, ya que creo que es de gran importancia para comprender el valor de la medida que se propone, que aún siendo limitada, es una medida más -espero- en paralelo a otras medidas que deberían implementarse, pero
considero que tiene un valor.


En segundo lugar, me referiré al contenido del informe relativo al comportamiento de algunas variables que muestran la brecha laboral entre hombres y mujeres y que también proporcionan argumentos potentes para justificar la medida propuesta.
Con esta medida no vamos a acabar con las desigualdades, lo vamos a ver, pero cualquier paso adelante, al menos en mi opinión, siempre es bueno. En relación con esta cuestión, el contenido del informe también presenta limitaciones y lo hace porque
no tiene en cuenta todas las variables de carácter familiar, concretamente el número de hijos, que son especialmente significativas para comprender la importancia y el valor que puede tener la medida que se propone.


Por ultimo, en tercer lugar, trataré muy brevemente de hacer algunas consideraciones sobre la necesidad de complementar esta medida propuesta con el desarrollo de otras. Insisto en que voy a analizar el informe y esta medida, aunque en
materia de políticas públicas, como los objetivos son múltiples, no podemos pretender conseguir todo con una medida. Solamente con una organización pública de políticas encajadas unas con otras, los objetivos son múltiples, por lo que las medidas
deben serlo también.

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En cuanto a la primera cuestión, a los cambios en las variables demográficas y en los comportamientos sociales, el informe describe muy brevemente el comportamiento de tres variables demográficas: la disminución en el número de nacimientos,
el aumento de la edad media de la maternidad y el aumento de la esperanza de vida. ¿Qué esta produciendo esto? Evidentemente un envejecimiento de la población, un aumento de las tasas de dependencia de mayores de sesenta y cinco años, porque las
tasas de dependencia de menores lógicamente están bajando, y una disminución de la población. A pesar de las consecuencias que estos comportamientos demográficos pueden tener y tienen sobre nuestro modelo económico y especialmente sobre nuestro
sistema de Seguridad Social, el informe apenas las desarrolla. Como ustedes saben, nuestro sistema de Seguridad Social es un modelo de reparto y su principal ventaja es que permite una redistribución de rentas a nivel interpersonal,
intrageneracional, intergeneracional, territorial y temporal. El propio Pacto de Toledo así lo reconoce y valora esta solidaridad propia del sistema de reparto en su recomendación cero en la que plantea la defensa del mismo. Esta medida se enmarca
en el modelo actual de reparto, en un modelo hipotético -que en términos económicos no puede ni siquiera producirse- de capitalización no tendría sentido, porque el objetivo sería en todo caso la redistribución intertemporal de renta. Este
argumento resulta clave para avalar la medida que se recoge en el informe, porque lo que se persigue con ella, al menos en mi opinión, aunque no lo he visto muy claro en el informe, serían dos objetivos. Primero, tratar de llevar a cabo una
redistribución intergeneracional e intertemporal de rentas hacia las mujeres que han sido madres y además se les trata de compensar mínimamente, porque en términos económicos no tiene una compensación mínima, por los costes en que han podido
incurrir y no estoy hablando de costes monetarios, sino sobre todo de costes de oportunidad en que han incurrido como consecuencia de la maternidad. Esta compensación se apoya en el reconocimiento de la maternidad como un bien social del que todos
nos beneficiamos y como un derecho básico propio de nuestro Estado social de derecho. Además de que sin una renovación de la población es difícil mantener el modelo de protección social que nosotros mismos nos hemos dado como válido. Por todo
ello, este complemento a las pensiones de las mujeres que han tenido hijos, siendo un pasito mínimo, debe entenderse como un instrumento que puede facilitar la mejora y la ampliación de esa solidaridad intertemporal e intrageneracional, que es la
principal característica y lo principal que tiene que hacer el sector público, en mi opinión, en el marco de la Seguridad Social.


Si analizamos en profundidad alguna de las variables a las que hace referencia este informe -habla de la natalidad-, he señalado al principio e insisto es un informe muy sencillo, habla de número de nacimientos, debería haber incorporado
otras variables, pero debemos recordar, por ejemplo, un informe del barómetro de marzo de este mismo año del CIS en el que figura que casi el 84 % de la población manifiesta que tener hijos o hijas es muy o bastante importante para su vida. En otro
estudio del CIS del año 2012, que son los datos que tienen delante, cuando se pregunta a los españoles cuál es el número ideal de hijos/hijas en una familia, solo el 0,3 % responde que ninguno, el 4 % señala que uno, pero el 58 % dice que dos y el
25 % señala que tres. ¿Por qué hago mención a estos datos? Porque si analizamos los datos del número de hijos por mujer, no parece que las mujeres que residen en nuestro país tengan el número de hijos que les parece ideal, observándose además -y
esto es muy importante- una significativa diferencia entre las mujeres españolas y las extranjeras. Puede comprobarse en esta gráfica, he tomado el indicador coyuntural de fecundidad, es decir, los hijos por mujer, que las mujeres extranjeras en
todos los años para los que hay cifras disponibles tienen siempre un indicador coyuntural de fecundidad mucho más elevado que el de las españolas. Además se observa -fíjense que curioso- que desde el 2011 en el caso de las extranjeras aumenta ese
indicador y, sin embargo, en el de las españolas sigue cayendo. Estos datos, al menos en parte -estoy trasladándoles datos muy generales, aquí habría mucho de que hablar en toda esta cuestión-, se explican por variables culturales y especialmente
por una insuficiente valoración y reconocimiento de la maternidad. A ello me volveré a referir al final de mi intervención, porque esta idea está expresada en el último informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de hace
escasamente un par de semanas. Además de la mejora económica que esta medida puede suponer para las mujeres -mínima, pero puede suponerlo-, también es importante el reconocimiento explícito del valor social y económico de la maternidad y su
necesidad para el mantenimiento de nuestro modelo de Seguridad Social. Es decir, tiene un componente económico, apenas perceptible obviamente, y también uno de valoración.


Paso a la segunda cuestión a la que me voy a referir. En relación con el análisis del comportamiento de algunas variables que tienen que ver con la brecha laboral que se plantea en el informe entre hombres y mujeres y a la incidencia en las
cuantías de las pensiones, en mi opinión el informe también es demasiado

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sencillo. Ya he señalado que en su análisis no incorpora las variables de carácter familiar, concretamente el número de hijos, que resulta determinante para explicar esa brecha laboral. Por ello, me van a permitir que también aquí me
detenga en este punto tratando de aportar algo más de información y algunos datos complementarios que avalan la validez y necesidad de la medida propuesta en la línea de ayudar, de poner un peldaño más en la cuesta de esta desigualdad que seguimos
teniendo en España. Con esto no lo vamos a terminar, pero es un paso adelante. En relación con esta cuestión, tenemos que recordar un informe del Consejo de la Unión Europea que se aprobó muy recientemente, el pasado 18 de junio, sobre igualdad de
oportunidades de ingresos para hombres y mujeres para reducir la brecha de género de las pensiones. En este informe se hace referencia explícita en su punto cinco a que la independencia económica es una de las áreas prioritarias que figuran en la
estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 de la Comisión. También se considera la diferencia de las pensiones entre hombres y mujeres como uno de los problemas que es urgente abordar. Ese mismo informe señala en su punto diez
la necesidad de poner en marcha actuaciones que garanticen la igualdad en materia de acceso a los recursos financieros durante toda la vida. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es evitar que esas desigualdades que hoy existen en el mercado de
trabajo -y siguen existiendo- entre hombres y mujeres eviten que se consoliden y se mantengan después de que incluso las mujeres hayan salido del mercado de trabajo por motivos de edad. Desde luego, esta medida que hoy se propone no lo consigue,
pero sí da un paso adelante para la búsqueda de esta igualdad después de abandonar el mercado de trabajo. Este informe de la Unión Europea señala también que las diferencias en las cuantías de las pensiones de hombres y mujeres pueden reflejar -y
hace referencia explícita- desigualdades en su posición en el mercado de trabajo y en sus responsabilidades familiares e identifica una triple brecha de género en cuanto a la tasa de actividad, las horas trabajadas y la retribución. Reclama a los
Estados miembros la necesidad de que trabajen para adoptar medidas destinadas a reducir -me atrevería a pedir a la Comisión que dijera destinadas a eliminar, pero si vamos reduciendo algún día lo eliminaremos- la brecha de género de las pensiones en
relación con toda la vida laboral. Aquí está uno de los argumentos más potentes, en mi opinión, para reconocer la importancia de la medida que se propone en el informe que hoy debatimos.


Voy a darles algunos datos más de los que figuran en el informe elaborado por el ministerio en relación con la brecha laboral entre hombres y mujeres, porque aquí no estamos hablando solo de una desigualdad de género, sino que también
tendremos que incluir otras variables que hacen que esa desigualdad de género sea todavía mucho más aguda. Para ello he calculado un indicador que es la brecha laboral y he utilizado tres tasas: la de actividad, la de empleo y la de paro. Lo he
hecho para cuatro situaciones familiares. Tenemos los cálculos hechos para otras muchas, pero en quince minutos, que ya me estoy pasando, no podía recogerles más información. Pareja sin hijos, familia nuclear con un hijo, con dos, con tres o más,
porque es lo que hoy nos ocupa: el número de hijos. Estos datos nos van a permitir visibilizar en qué medida los hijos afectan especialmente a la posición de la mujer en el mercado de trabajo y a los derechos futuros que se derivan de esta
posición, es decir, a sus propias pensiones. Los datos están tomados de los microdatos de la encuesta de población activa correspondientes al año 2014, que publica el INE, y el cálculo lo hemos hecho simplemente siguiendo el mismo criterio que se
utiliza para calcular la brecha salarial, es decir, la diferencia entre la tasa de los hombres y la tasa de las mujeres. Como ven, estos datos muestran importantes diferencias en esta brecha en el caso de la tasa de actividad de hombres y de
mujeres que se acentúan claramente cuando tenemos en cuenta distintos tipos de hogares. Se puede comprobar un aumento muy importante en la brecha laboral a medida que aumenta el número de hijos que pasa de ser 2,24 en el caso de una pareja sin
hijos, hasta 25,54 cuando la pareja tiene tres o más hijos. Es decir, los datos muestran claramente que la diferencia de la posición de hombres y mujeres en el mercado de trabajo se acentúa a medida que aumenta el número de hijos. Esto implica que
si miramos la otra cara de la moneda, es decir, la inactividad de las mujeres, es significativamente más elevada que la de los hombres a medida que aumenta el número de hijos. Si analizamos los motivos -y esto debería preocuparnos claramente- de
esta inactividad para el tramo de edad entre veinticinco y cuarenta y nueve años, es decir, edad fértil, el 52,5 % de las mujeres alegan que están en esa situación por responsabilidades personales o familiares o por cuidado de niños o adultos
incapacitados. Mientras que solo alegan estas razones el 6,6 % de los hombres. Permítanme un paréntesis muy breve en relación con el concepto de trabajo. Si entendemos que el trabajo -más allá de la normativa laboral que aquí hay expertos y no
voy a meterme en ese berenjenal, una economista tiene la cabeza distinta-, según la Organización Internacional del Trabajo, es la creación de riqueza, deberíamos ser conscientes de que esta inactividad no significa nada más que ausencia de salario,
pero no ausencia de trabajo. Por tanto,

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esos resultados de estas mujeres y de ese 6,6 % de los hombres que alegan esas razones es por un trabajo sin remuneración, pero que revierte a la sociedad y todos nosotros nos beneficiamos. Aquí tienen datos del mismo cálculo para otros
indicadores del mercado de trabajo, empleo y paro y podemos comprobar que nuevamente hay una importante brecha laboral creciente a medida que aumenta el número de hijos en el hogar de referencia. La tasa activa la acabamos de ver. La tasa de
empleo es 23 puntos superior en el caso de los hombres cuando la familia tiene tres hijos y la tasa de paro es 7,40 puntos por debajo. ¿Esto a qué nos lleva? A reconocer que los hijos no son un asunto estrictamente privado. Es un asunto también
público y cualquier política social o relacionada con el mercado de trabajo debería tener en cuenta esto que no es nada más que un dato -hay mucha más información que podría plantearles-, pero no es posible pensar una buena política social y de
creación de empleo si se evita el análisis de las variables de carácter familiar.


Voy a ir terminando con el tercer punto, la valoración de la medida propuesta. En esta última parte me voy a referir brevísimamente, porque ya me he pasado de los quince minutos, a la medida concreta que se ha propuesto cuyos efectos a
corto y largo plazo no pueden ser sino muy diferentes. No se trata de una medida que trate de fomentar la natalidad, sería absurdo y menos en el corto plazo, entre otras razones, y desde una cabeza de profesora de Hacienda Pública, porque este no
es el papel del sector público. El sector público no tiene que fomentar la natalidad en absoluto, esto es una decisión privada, simplemente tiene que eliminar aquellos obstáculos que impidan a hombres y mujeres tener los hijos que desean, y existen
muchos todavía. Este no debe de ser el papel del sector público, incluso el propio informe apunta muy ligeramente que no supone un incentivo a la maternidad. Quizá más que un incentivo pueda ser un elemento para que en el futuro esa idea de que
cuando se trabaja solo en casa, fuera, doble jornada, y se trabaja en un trabajo no remunerado que es el cuidado, la atención y la educación de los hijos eso no tiene ningún valor. Si a mí me hubieran presentado aquí ante ustedes hubieran hablado
de mi carrera profesional, de mis premios, y nadie hubiera dicho de que además he aportado tres cotizantes a la Seguridad Social y he aportado tres profesionales y que he hecho otras cosas. Es mucho más difícil -llevo treinta y cuatro años
trabajando- ese trabajo que he hecho sin remuneración alguna que el que hago habitualmente y por el que encima me pagan. No tiene ni comparación. Se trata de una medida que reconoce en mi opinión el valor público y social de la maternidad. Parece
poco, pero es importante. En términos económicos no me atrevo ni siquiera a valorarla, porque va a ser mínimo, pero reconoce el valor público y social de la maternidad. La formación de una familia, la elección del número de hijos, es una decisión
estrictamente privada, pero tiene consecuencias públicas que afectan -como lo estamos viendo, porque, si no, no estaríamos aquí en esta Comisión- a la organización social y generan efectos sobre la actividad económica e incluso sobre los
presupuestos públicos. Estamos ante un asunto a la vez público y privado. Como acabo de decir es evidente que solo el reconocimiento del valor de la maternidad no nos vale. Esto solo no nos vale. Hace falta de manera inmediata poner en marcha
otras muchas medidas que algunas, no todas las que nos hubiera gustado ver, figuran en el Plan de apoyo a la familia. Por ejemplo, en la línea uno de protección social y económica a las familias se refiere a la necesidad de revisar y mejorar las
prestaciones de carácter familiar que deberían venir en la prestación por hijo a cargo -ojalá podamos darles trabajo-, que figura en nuestro actual modelo de Seguridad Social y que, en mi opinión, y entre otros cambios, exigiría una diferenciación
en sus cuantías, especialmente al considerar los distintos tramos de edad de los hijos y una ampliación en el límite de rentas exigido para tener derecho a la misma. Esto para empezar a hablar simplemente. Por último, esta medida debería ampliarse
a otros ámbitos más allá de las mujeres que están trabajando, especialmente a las pensiones no contributivas. La distinta posición de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, que ya he mencionado, así como otras variables, mayor número de
mujeres que tienen contrato a tiempo parcial o las elevadas tasas de inactividad, entre otras, convierte a las mujeres especialmente cuando salen del mercado de trabajo en un colectivo mucho más vulnerable con un mayor riesgo de tasa de pobreza.
Por ello, parece necesario incluir también aquellas que perciban dichas pensiones de jubilación por el régimen no contributivo probablemente por no haber podido cotizar un número de años suficiente para generar derecho a una pensión del nivel
contributivo. Mientras arreglamos lo que está pasando, vamos a solucionar los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque de hecho la brecha en los ingresos percibidos por hombres y mujeres se acentúa a medida que aumenta su edad, de forma que a
partir de los sesenta y cinco años se observa que la renta de las mujeres respecto a las del hombre se establecen en un 76,6, es decir, esa brecha en los ingresos de treinta a treinta y cuatro es 93,9, pero a partir de los sesenta y cinco se acentúa
muchísimo la diferencia,

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lo que hace tener un mayor riesgo de pobreza en una etapa de la vida en la que las personas en general nos convertimos en más vulnerables.


Quiero terminar mi intervención haciendo referencia a un documento, que mencioné al principio de mi intervención, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas publicado el 1 de julio, en el que dicho consejo se lamenta -y leo
literalmente- de que la aportación económica y social de la mujer al bienestar de la familia y la importancia social de la maternidad y la paternidad se sigan reconociendo de manera inadecuada. También afirma -y leo literalmente- que resulta
necesario abordar de manera coherente esos desequilibrios y garantizar que la maternidad y su ejercicio, la labor de crianza de los hijos y la función de la mujer en la procreación no sean un motivo de discriminación ni limiten la plena
participación de la mujer en la sociedad. La medida propuesta es un paso, es muy limitada obviamente, pero puede ayudar a conseguir estos objetivos y su aplicación, unida a esas otras medidas, permite eliminar ciertos desequilibrios, porque
pretender que se eliminen todos es complicado, y garantiza que la maternidad no sea un elemento más de discriminación.


El señor PRESIDENTE: Como varios miembros de esta Comisión tenemos que votar en la Comisión de Economía, será una votación breve a las siete en punto, les sugiero que suspendamos la Comisión un máximo de cinco minutos. Nos afecta a varios
miembros de la Mesa. Si no tienen inconveniente, votamos y continuamos la sesión.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Por esta vez y sin que sirva de precedente estamos de acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión por cinco minutos. (Pausa).


Reanudamos la Comisión, porque me sustituyen en la votación.


Tiene la palabra doña Carolina Gala Durán.


La señora PROFESORA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (Gala Durán): En primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar hoy aquí.


En relación con el informe, me gustaría destacar que su objeto realmente recoge una cuestión muy importante que durante muchos años, salvo medidas parciales o claramente testimoniales, como el artículo 180 y las disposiciones adicionales 44
y 60 de la Ley General de la Seguridad Social, ha pasado totalmente desapercibida, aunque afecta, como bien sabemos, a la mitad de la población de este país. Tal como se pone de relieve en el informe, la brecha de pensiones entre hombres y mujeres
es un hecho que, además, se va a incrementar en los próximos años como consecuencia de la aplicación de las últimas reformas legales en materia de jubilación. Me refiero al impacto de las leyes 27/2011, de 1 de agosto, sobre racionalización y
actualización del sistema de Seguridad Social, y 23/2013, sobre el factor de sostenibilidad. De hecho, me ha sorprendido que no se haga referencia a dicho impacto en el informe, ya que el recorte de la pensión de jubilación derivado de ambas leyes
impactará de una forma más negativa sobre las mujeres, al tener estas una carrera de cotización más corta y unas bases de cotización también más bajas, por lo que cabe pensar que acabarán percibiendo unas pensiones aún más bajas que las actuales y
durante más años, al tener una más alta esperanza de vida que los hombres.


En segundo lugar, cabe señalar que si bien en el informe se identifica la mayoría de los factores que influyen en la existencia de esa brecha de pensiones, se hace referencia a la brecha salarial situada en pleno siglo XXI en torno al 24 %
en todos los niveles profesionales, incluso es más alta en los niveles más cualificados; se hace referencia al impacto negativo de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, a la segregación laboral, al trabajo a tiempo parcial, que
está claramente feminizado en este país, al techo de cristal, a los que cabría añadir, entre otros factores, un mayor nivel de contratación temporal de las mujeres y, en consecuencia, una mayor inestabilidad laboral; también habría que referirse a
una estructura de la negociación colectiva que incide desfavorablemente en determinados sectores de actividad claramente feminizados. A pesar de que el informe pone de relieve todas estas cuestiones, también, de forma sorprendente, se resigna
totalmente ante esta situación, por lo que se renuncia a atajar la discriminación de fondo contra las mujeres, asumiendo, a nuestro entender equivocadamente, que reconociendo un porcentaje adicional de pensión por tener un número determinado de
hijos se soluciona dicha brecha. Creo que lo que pretendemos las mujeres es que de una vez por todas se adopten y se apliquen las medidas laborales que eviten esa discriminación de fondo que sigue existiendo y que lleva, entre otras consecuencias,
a la brecha en las pensiones; es decir, que se nos trate como ciudadanas con

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plena igualdad real en el ámbito laboral y, por extensión, en el marco del sistema de Seguridad Social. A pesar de lo que pretende el informe, ese porcentaje adicional de pensión no cumple ese efecto de compensación en el caso de las
mujeres trabajadoras que no tienen hijos, porque no pueden tenerlos o bien porque no quieren tenerlos, o que solo tienen un hijo. Tal como reconoce un reciente informe de la Unión Europea, la brecha de pensiones entre hombres y mujeres en España es
del 38 %, por lo que incrementar una pensión de jubilación, por ejemplo, hasta un 15 % cuando se tienen cuatro o más hijos -cosa en estos momentos bastante poco común en el país- no compensa, ni mucho menos, esa brecha.


A nuestro entender, resultaría necesario no resignarse, como parece que hace el informe, sino adoptar las medidas necesarias para que de una forma real se elimine la discriminación salarial entre hombres y mujeres; se rompa el techo de
cristal -el no ascender profesionalmente no siempre es una decisión de las mujeres, los datos apuntan a que es muy poca la presencia de mujeres en el ámbito directivo, tanto en el sector privado como del público-; se cambie la visión de algunos
empresarios de que la maternidad es una cuestión de mujeres y, en consecuencia, un problema para la empresa; se garantice la formación en la empresa para todos los colectivos, ya que condiciona, como todos sabemos, la carrera profesional; que los
agentes sociales y la negociación colectiva se impliquen de verdad en la igualdad real entre hombres y mujeres y no la perpetúen, tal como está ocurriendo actualmente; que los planes de igualdad sean algo más que papel, que se apliquen en realidad
o que el trabajo a tiempo parcial no siga siendo una opción femenina, muchas veces para poder conciliar la vida laboral y familiar, entre otras cuestiones.


En relación con el trabajo a tiempo parcial, en el informe se hace referencia a un avance importante, que es la desaparición de esa doble discriminación que existía con anterioridad al año 2013, pero tampoco podemos olvidar -el propio
informe lo reconoce- que en el futuro este empleo a tiempo parcial femenino va a dar lugar a pensiones muy bajas, y todas aquellas trabajadoras a tiempo parcial, por la forma en que han cotizado, van a acabar cobrando pensiones económicamente muy
bajas, claramente pensiones de carácter asistencial, tal como parece reconocer el propio informe.


Me gustaría poner otro ejemplo concreto. En el informe se cita que las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar provocan esa brecha de pensiones, pero no se incide en que la regulación actual, el artículo 180 de la Ley General
de la Seguridad Social, podría modificarse fácilmente para reducir esa brecha previendo que la reducción de jornada por cuidado de hijos compute al 100 % como periodo cotizado a la Seguridad Social y no solo los dos primeros años, sino también el
resto, hasta los doce años de vida del hijo; también se podría prever que la reducción de jornada por cuidado de familiares compute como cotizada al 100 % en toda su duración y no solo el primer año, o que la excedencia por cuidado de otros
familiares que no son hijos jóvenes, pequeños, compute durante toda su duración y no solo el primer año, como ocurre en estos momentos.


En tercer lugar, aunque sin duda resulta necesario fomentar y apoyar a la familia a través de diversas disposiciones -estoy convencida plenamente-, el informe y las medidas propuestas adoptan una visión de la mujer exclusivamente en cuanto
madre, entendiendo que el cuidado de los hijos supone un perjuicio para su carrera laboral y de cotización a la Seguridad Social. Sin discutir esta última cuestión, que comparto totalmente, a mi parecer resultan absolutamente discutibles otros
aspectos de esa visión de fondo del informe. En primer lugar, aunque sin duda hay que proteger a las madres trabajadoras, no creo posible identificar exclusivamente a la mujer con la maternidad, ya que ello supone olvidar que la mujer es algo más
que una madre o una potencial madre y que hay mujeres que no pueden tener hijos, que no quieren tenerlos o que solo quieren tener uno por cuanto existe la libertad personal también en este campo. La medida prevista solo compensa a las madres
trabajadoras con dos o más hijos, no a todas las mujeres trabajadoras, ya que algunas seguirán, como decía antes, afectadas por la brecha de pensiones, porque esta no se ataja realmente y solo se intenta compensar parcialmente. En la misma línea
anterior, cabría recapacitar sobre si el concepto de cotización no económica, sino demográfica, es decir, la mujer como procreadora de futuros cotizantes del sistema de Seguridad Social, resulta acertada en una sociedad moderna del siglo XXI. En
segundo lugar, a mi entender, se olvidan los casos en los que la madre no trabaja o ha fallecido, el padre sí trabaja y está muy implicado o asume totalmente el cuidado de los hijos, con impacto negativo incluso en su propia carrera profesional. A
estos padres, aún habiendo contribuido con una cotización demográfica no se les va a reconocer a efectos de una futura pensión. En tercer lugar, hay que destacar que la lógica del informe y de la medida propuesta rompen con el fomento de la
corresponsabilidad de padres y madres frente al cuidado de los hijos, al reconocerse el porcentaje adicional exclusivamente a las madres, presuponiendo que solo son estas las que cuidan o deben cuidar a sus hijos. Se fomenta el papel de la
cuidadora femenina, cuando la normativa comunitaria interna lleva

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décadas fomentando, en primer lugar, la conciliación y, posteriormente, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres frente al cuidado de los hijos. Baste recordar aquí tanto la Ley 39/1999, de Conciliación, o la más reciente Ley Orgánica
3/2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.


En cuarto lugar, hay que destacar que el informe y la medida fomentan una visión en la que la mujer aparece como madre de futuros cotizantes, con una carrera laboral inestable y necesitada de una compensación, y el padre, que lógicamente
también contribuye, como una persona con una carrera laboral estable y una pensión consolidada y que, en consecuencia, no requiere que se le compense con la cotización demográfica. A mi parecer, esa visión resulta muy discutible en una sociedad
moderna como la nuestra. Por último, aun cuando resulta necesario, sin duda, fomentar la natalidad, se olvida el caso de las mujeres trabajadoras que no han tenido hijos pero que se ven en la necesidad de cuidar a su cónyuge incapacitado, a su
pareja incapacitada o a otro familiar, normalmente los padres, los ascendientes en situación de incapacidad o de dependencia. Es cierto que en estos casos no existe una cotización demográfica, pero sin duda la vida laboral de esa mujer cuidadora se
va a ver afectada por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar.


En quinto lugar, y también desde una perspectiva general, cabe señalar que, tal y como se pone de relieve en el informe, es necesario fomentar la natalidad en el país para ayudar a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de
pensiones. A nuestro entender, resultaría recomendable, sobre todo, una mejora de las ayudas económicas a las familias -a todas las familias del país, con independencia de sus ingresos-, aunque se estableciera la cuantía de las ayudas en función de
los ingresos familiares, así como el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de servicios públicos que faciliten el cuidado de los hijos, y me refiero a guarderías, escuelas infantiles y también a centros para personas dependientes que no
son hijos. Cabe recordar aquí que la cuantía de las ayudas económicas por hijos en el sistema de Seguridad Social en nuestro país es muy escasa: la de menores de dieciocho años sigue estando en 291 euros al año, sin que desde hace bastantes años
se haya revalorizado alguna de esas ayudas familiares. Finalmente, desde esta perspectiva general, resulta muy común en los últimos años utilizar como argumento de las reformas legales el hecho de que se trata de medidas en materia de Seguridad
Social que están recogidas en otros países. Ese tipo de argumento difícilmente se puede utilizar, ya que las condiciones de los sistemas de Seguridad Social no son fácilmente comparables, o no lo son en ningún sentido, tal como ha reconocido el
propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.


Entrando ya en aspectos más concretos relacionados con la medida propuesta, me gustaría señalar algunas consideraciones. En primer lugar, que quedan por concretar bastantes aspectos de esta propuesta, porque es bastante genérica. En
segundo lugar, que solo afecta a las pensiones contributivas, dejando fuera las prestaciones no contributivas, donde el esfuerzo de cotización demográfico, aunque exista, no se tendría en cuenta. Aunque esa mujer haya tenido dos o más hijo, si
percibe una prestación no contributiva no se le va a tener en cuenta, cuando es posible que la perciba por haberse dedicado al cuidado de sus hijos una vez que los tuvo. En tercer lugar, no parece tenerse en cuenta el importe de la pensión que se
va a percibir, por lo que cabe entender que también se aplicaría a las pensiones máximas. No aparece en el informe que no se vaya a aplicar al caso de las pensiones máximas. Debería concretarse. Cabe pensar que esta medida permitiría, por
ejemplo, que una mujer trabajadora que haya tenido cuatro o más hijos pudiera percibir el 115 % de la pensión de jubilación. Esto desincentiva la prolongación de la vida laboral de esa trabajadora, porque en cuanto llegue a los sesenta y cinco años
decidirá jubilarse, lo que va en contra del objetivo de la prolongación de la vida laboral, que es la base de las últimas reformas adoptadas en materia de jubilación. Parece ser que tampoco resultan relevantes las rentas que perciba la
beneficiaria, por lo que no se reconocería el esfuerzo demográfico a mujeres que perciben prestaciones no contributivas de muy escasa cuantía y sí a mujeres con pensiones contributivas que pueden tener ingresos propios muy elevados. En cuarto
lugar, solo se aplica a las nuevas altas de pensión a partir del año 2016, por lo que el esfuerzo demográfico de las mujeres que ya perciben una pensión no tiene ningún reconocimiento, cuando todos sabemos que precisamente la discriminación entre
hombres y mujeres fue mayor incluso en épocas pasadas. En este tema podría hablarse incluso de una posible discriminación por razón de edad.


Me gustaría destacar que para las mujeres jóvenes, para las actuales trabajadoras jóvenes, esta medida solo constituye una expectativa, y es muy probable que prefirieran una medida de aplicación inmediata, en el momento en el que nacen sus
hijos, a una de aplicación diferida que solo se le va a aplicar cuando llegue a la edad de jubilación, treinta y cinco o cuarenta años después, a los sesenta y siete años. Seguramente esas mujeres jóvenes preferirían una mejora los permisos de
maternidad, una mejora en los

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permisos de paternidad, más permisos parentales con salario y cotización a la Seguridad Social y mejores prestaciones familiares por hijo a cargo que una expectativa de ayuda a treinta o treinta y cinco años vista, cuando muchas de ellas
piensan que ni siquiera van a cobrar una pensión de jubilación.


Quisiera señalar que es sorprendente que esta medida se aplique en el marco de la pensión de viudedad, que es una pensión que no se vincula al esfuerzo contributivo de la propia trabajadora y que, de hecho, para percibirla ni siquiera se
requiere haber sido trabajadora, por lo que se rompe la lógica del principio de contributividad que parece tan importante en este informe. La pensión de viudedad, nuestro entender, debería ser reformulada totalmente por el coste económico que
supone para el sistema de Seguridad Social y su identificación con roles femeninos ya superados socialmente.


Resulta un tanto discutible la vinculación de la denominada en el informe cotización demográfica con el principio de contributividad, ya que parece presuponer que las mujeres que no trabajan, que no tienen hijos o solo tienen uno no
contribuyen adecuadamente a la sostenibilidad financiera del sistema de Seguridad Social, lo que no resulta acertado teniendo en cuenta la propia concepción del fondo de nuestro sistema de Seguridad Social. Puede entenderse como un reconocimiento
de un porcentaje adicional vinculado con las dificultades de conciliación de la vida laboral y familiar, pero no como una obligación de todas las mujeres, que son finalmente penalizadas si no trabajan o si trabajan y no tienen dos hijos o más.


Hay que destacar que dada la situación económica del sistema de Seguridad Social y los problemas evidentes de financiación a corto o medio plazo, esta medida no debería financiarse a cargo de cotizaciones, sino a cargo de impuestos. No
puede entenderse que siendo perfectamente posible, no solo no se aporten recursos adicionales vía impuestos al sistema de Seguridad Social, sino que medidas que no tienen un fondo contributivo y que pretenden, como se dice en el informe, fomentar la
natalidad, apoyar a las familias y salvar esa brecha de pensiones, se financien exclusivamente en base a cotizaciones. Debería tratarse como un gasto no contributivo e ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. A nuestro entender, una
medida solo dirigida a algunas mujeres trabajadoras, con un fondo de solidaridad, debería ser financiada con las aportaciones de todos los ciudadanos, y más en un momento en el que el sistema de pensiones tiene claros problemas de sostenibilidad.


En conclusión, si bien puede resultar acertada cualquier medida que pretenda solventar de alguna manera los efectos desfavorables que la conciliación de la vida laboral y familiar tiene sobre las mujeres, la medida propuesta presenta, tal y
como he señalado, deficiencias y, sobre todo, responde a una visión de la mujer a nivel social, familiar y laboral que ya debería estar superada a estas alturas del siglo XXI. El apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar debería abarcar
no solo el cuidado de los hijos, sino el del resto de familiares dependientes y el de las personas con discapacidad, más en un país como el nuestro, claramente envejecido, tal y como se recoge en el propio informe presentado, así como también, a mi
entender, tanto a los hombres como a las mujeres, amén de poder contar con los servicios públicos necesarios para facilitar esa conciliación. A esto cabe añadir que no es posible resignarse, como hace el informe, ante los elementos que actualmente
siguen sustentando la discriminación laboral entre los hombres y las mujeres, sino que hay que hacer más eficaces los mecanismos que la impidan. Sin duda, una medida como la propuesta no sirve por sí sola, aunque sea un avance, para acabar con la
importante brecha de pensiones que existe actualmente nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Doy la bienvenida a la Comisión del Pacto de Toledo a doña Teresa López López y a doña Carolina Gala Durán y agradezco las aportaciones y las reflexiones que han hecho, que van a enriquecer el debate y que
permitirán a los grupos parlamentarios, una vez que esta medida se transforme en una propuesta legislativa, presentar textos alternativos o enmiendas para intentar llegar a un acuerdo.


Quiero expresar nuestra coincidencia con lo que ha apuntado la profesora Galán en la última parte de su intervención sobre el sistema de financiación de cualquier medida de estas características. Estamos totalmente a favor de que las
medidas de este tipo se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero nunca con cargo a las cotizaciones de la Seguridad Social, en primer lugar, porque no es una prestación contributiva y, en segundo lugar, porque la situación
deficitaria del propio sistema lleva a que esto se pague con el Fondo de pensiones y a hacer irrelevante la propia medida, sobre todo para los que tiene pensiones mínimas o no contributivas, que es la inmensa mayoría. Con esa forma de financiación,
la propia norma está generando una gran falta de equidad y una desigualdad entre las propias pensionistas.

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Creemos que, más allá de los comentarios, las medidas concretas son estructurales y se refieren al sistema de pensiones, de ahí que para nosotros merezcan una mención especial los comentarios que se han realizado en este sentido.


Voy a exponer la posición del Grupo Socialista sobre la medida que propone el Gobierno y los interrogantes que nos estamos planteando a la hora de mantener un debate, porque queremos intentar llegar a un acuerdo con el Grupo Popular, con el
Gobierno, y, por supuesto, con el resto de grupos parlamentarios. Lo primero que nos planteamos -ya se ha comentado por parte de todos los expertos- es el nombre de la medida: maternidad, y la propuesta de la misma: compensación por aportación
demográfica. Esto nos genera bastantes dudas. También quiero resaltar que esta medida se enmarca en un plan de familia, y curiosamente lo que se propone en relación con la maternidad o con las prestaciones por hijo a cargo se puede mejorar
sustancialmente. En el año 2014 en España nacieron muchos niños, pero 130.000 no generaron prestación de maternidad-paternidad. Ese es el primer tema que hay que abordar si realmente se quiere proteger la maternidad. Me gustaría conocer su
opinión sobre el asunto.


El segundo tema que nos parece importante es la prestación por hijo a cargo. ¿Cómo es posible que se hable de una deducción fiscal de 1.200 euros al año cuando en rentas inferiores a 11.500 euros la prestación de la Seguridad Social por
hijo a cargo menor de dieciocho años euros no llega a un tercio de lo que se da a las familias con más recursos? Aquí empiezan los problemas de equidad, que es una cuestión importante que hay que tener en cuenta. En tercer lugar, estamos avanzando
en la política de corresponsabilidad, y sin embargo la ampliación del permiso de paternidad dos semanas más, que fue una de las medidas que se incluyó en la Ley de Igualdad, está suspendida y no se sabe nada.


En cuarto lugar, creo que hay una coincidencia generalizada por parte de todos los expertos cuando hablan de que la brecha en la protección tiene su origen en el mercado de trabajo. Voy a mencionar tres cuestiones que han provocado un mayor
retroceso en esta legislatura. La primera ha sido la nueva formulación del contrato a tiempo parcial, que ha creado una gran bolsa de fraude, con lo que en lugar de ser un instrumento de conciliación y corresponsabilidad se ha transformado en un
mecanismo de precarización del trabajo de la mujer, y ya sabemos las consecuencias que eso puede tener. La segunda han sido los recortes en la Ley de Dependencia, que creo que es algo de vital importancia. La tercera, la congelación del salario
mínimo y los problemas en la negociación colectiva.


Lo primero que vemos en la propuesta que se nos ha traído en relación con las pensiones es su falta de equidad. Al ponerse como un porcentaje de la prestación contributiva nos encontramos con que la cuantía de la prestación puede ir de uno
a cuatro o de uno a veinte, porque al ser un porcentaje retribuye muchísimo más a las trabajadoras con mayor renta, y sabemos perfectamente la que brecha salarial se produce sobre todo en las rentas más bajas; precisamente en los salarios más bajos
es donde hay mayor problema de renta, donde están situadas mayoritariamente las mujeres. También observamos que se elige el colectivo de forma arbitraria. Las dos comparecientes han manifestado que las pensionistas actuales, que son las madres del
baby boom, las que más esfuerzo han hecho y las que tienen mayor brecha de protección social, no tienen ningún tipo de protección. Creemos que de acuerdo con los Pactos de Toledo la línea debería ser: aumentar las pensiones mínimas, porque es ahí
donde se da la mayor situación de desigualdad, y garantizar carreras de cotización. Desgraciadamente, durante esta legislatura no ha habido un incremento sustancial de las pensiones mínimas, como lo había habitualmente, y se han eliminado las
previsiones de lagunas que se contemplaban en la Ley 27/2011. Lo que hace esta medida es consolidar una brecha, porque una pensión que está en el tope máximo tiene un 15 %, pero la de 600 euros tiene el mismo porcentaje. Por tanto, en la de 600
euros va a suponer una cuantía de 30 a 90 euros y en la máxima será de 300 euros, lo que hará que incluso se supere la pensión máxima de un hombre. Es decir, la propia medida puede provocar una discriminación, aparte de abandonar a las personas que
cobran pensiones no contributivas, que mayoritariamente son mujeres.


Le haré cuatro preguntas. ¿Cómo valora la equidad de la medida? Teniendo en cuenta que estamos en una situación tremenda de pobreza, de desigualdad, ¿con esta medida ahondamos en la desigualdad o la disminuimos? Eficiencia de la medida
para el objetivo propuesto. Creo que esta es una medida mejorable, pero no se corresponde con el objetivo propuesto.


Finalmente nos gustaría que hicieran una reflexión sobre la fórmula de financiación, que desde el punto de vista del Grupo Socialista es determinante a la hora de adoptar una posición, puesto que puede originar una nueva desigualdad al
dificultar una aplicación mucho más homogénea en función de que sea una aportación del Estado y, por tanto, se deberían contemplar también las pensiones no contributivas.

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El señor PRESIDENTE: En nombre de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Castaño Rey.


La señora CASTAÑO REY: Doy las gracias a las comparecientes porque han hecho dos exposiciones muy prolijas y muy interesantes.


Quiero hacer un repaso en mi intervención a todos los colectivos de mujeres que se ha señalado a lo largo de todas las intervenciones que quedaban excluidas de esta prestación, porque viéndolo globalmente a lo mejor se nos plantean algunas
dudas. Quiero recordar -se ha dicho varias veces- que quedan excluidas las mujeres que ya son pensionistas, nuestras madres, las madres que probablemente han sido las que más sacrificios han tenido que hacer en unos años muy difíciles, cuando la
crianza de los hijos era casi una tarea y una obligación exclusiva de las mujeres; mujeres que ahora son abuelas, que cuidan a sus nietos, y que con esa exigua pensión -y no es hacer frases bonitas, es la realidad- sostienen a las familias de sus
hijas y de sus hijos que están en paro. Quedan excluidas -se ha dicho antes- las mujeres que reciben una pensión no contributiva. También quedan excluidas las mujeres que no son madres, porque no han podido o porque no han querido, que también es
un derecho, y que probablemente cuando alcancen la vejez -todos conocemos algún caso- no tendrán la red de protección social que proporciona la familia, que todavía es muy importante en este país, lo que hace que quizá sean las más pobres de las
pobres.


Quiero recordar otra serie de medidas que están en cartera pero que no se han desarrollado. El otro día se citaba el acuerdo que había en relación con el incremento de la base de cotización de las viudas, que está pendiente; se ha hablado
de las prestaciones por desempleo de las trabajadoras agrarias, de los trabajadores agrarios en general; se ha hablado esta tarde de las empleadas de hogar y de las prestaciones por desempleo. En mi intervención quiero poner encima de la mesa a
todos esos colectivos que se han olvidado. Me gustaría referirme a lo que habló el otro día el representante de Comisiones Obreras -creo que fue él, pero no lo recuerdo bien-, y lo traigo a colación por algo que se decía ahora y que yo comentaba la
vez anterior, que es que estamos en 2015 y debemos legislar para el año 2015 con las luces largas y viendo la sociedad que se está conformando, porque se olvida que hay familias diversas y que en estos momentos la crianza es diversa. Hay familias
en las que hay dos padres o hay dos madres, hay hombres que asumen la crianza en solitario; es decir, hay otros modelos diferentes de familia y aquí solo estamos viendo uno de esos modelos.


Hace un rato el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se enfadaba conmigo porque decía en concreto que la música o el aire de esta medida me parecía reaccionario, retrógrado, machista. Me pedía que rectificara y no voy a rectificar, voy
a explicarlo; yo me refiero a la medida, evidentemente, porque sería una osadía por mi parte atribuir a cualquier representante o persona del Grupo Parlamentario Popular este calificativo. No los conozco y, por tanto, no tengo por qué calificarlos
de esa manera, sí puedo calificar las medidas y las expresiones de algunos representantes del Grupo Parlamentario Popular. Por cierto, las expresiones retrógradas y machistas no son exclusivas de los representantes del Grupo Parlamentario Popular,
también he decirlo.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco las intervenciones de las dos comparecientes. La tarde está siendo muy útil para el conjunto de los miembros de esta Comisión y seguramente nos va a permitir, como decíamos antes, que el trabajo que
podamos hacer sea lo más riguroso posible. Mi grupo parlamentario puede avanzar dos conclusiones de esta tarde que las cuatro comparecencias han manifestando claramente: por un lado da la sensación de que el Gobierno no ha pensado suficientemente
la medida porque, según vamos profundizando en la discusión, los flecos y las cuestiones que no están bien resueltas van siendo cada vez más. Yo no puedo prejuzgar la intención del Gobierno, pero más allá del efectismo electoral, también se busca
beneficiar a las personas que puedan recibir esta compensación económica, aunque evidentemente las contradicciones y las insuficiencias son considerables. Y eso, si de verdad queremos intentar alcanzar un acuerdo en esta materia, debería
obligarnos, especialmente al Grupo Parlamentario Popular, a ir al fondo de esas contradicciones y procurar que esa medida, aunque el Gobierno tenga mayoría suficiente para aprobarla, sea lo más racional posible y, por tanto, las inequidades que
pueda generar sean también las menos posibles. Por ejemplo, la señora Gala apuntaba un supuesto que no había aparecido hasta ahora, el de los hombres que se quedan solos con hijos a cargo, que no es un tema menor; o el otro día el señor Bravo nos
planteaba la situación de parejas de hombres que tienen

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hijos a cargo en las que también existe ese esfuerzo. Al mismo tiempo, si planteamos una cuestión de brecha de género en las pensiones, debemos abordar también la situación de mujeres que tienen menos pensión no tanto estrictamente por
tener o no tener hijos, sino por otras realidades más estructurales de nuestro mercado de trabajo. Esta es una cuestión que no es menor. El Gobierno debería haber pensado mejor esta propuesta. Y luego hay otro asunto que aparece en todas las
intervenciones y pone de manifiesto una de las debilidades de legislar en esta casa, y es que los informes de género que acompañan los proyectos de ley son pura filfa. Se me escapa qué proyecto de ley hemos tramitado donde el informe de impacto de
género nos aporte alguna cosa, en la mayoría de las ocasiones el informe se limita a la afirmación de que el proyecto de ley no afecta para nada a la cuestión de género. Esto nos debería obligar a todos, especialmente a los Gobiernos, no a este
Gobierno sino a los Gobiernos en general, a mejorar esta cuestión.


Hechas estas dos consideraciones, a título telegráfico apuntaré algunos elementos. En primer lugar, si queremos abordar esta cuestión a fondo, más que establecer un complemento de pensión deberíamos ampliar las compensaciones del tiempo que
hombres y mujeres dedican a la atención de niños pequeños y de otros familiares en situación de dependencia porque ahí hay recorrido. No hablaríamos de una compensación a largo plazo, sino de una compensación hoy, a corto plazo, porque eso tendría
sentido. Y en segundo lugar, si finalmente el Gobierno decide que sea una prestación como la que nos propone, debería ser claramente más equitativa, incluyendo pensiones no contributivas, personas que cobran el complemento de mínimos, familias
monoparentales, familias que han tenido hijos con discapacidad, familias acogedoras, hombres solos con hijos a cargo, hombres que conviven con otros hombres con hijos a cargo. Ahí parece que existe un importante terreno para recorrer. Además, esta
medida no puede financiarse a cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino a cargo de la imposición general. Y todo ello sin olvidar, y con esto termino, que existen medidas más estructurales que deberían abordarse y afectan al núcleo duro
de estas cuestiones. Se ha hecho referencia a ellas, desde la mejora de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social -y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha planteado iniciativas en este sentido en esta legislatura que la
mayoría del PP ha rechazado-, a la ampliación del permiso de paternidad que se mantiene congelada, y que también se planteó en la pasada legislatura con enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió. Hay cuestiones que deberían
abordase y que tienen un coste económico clarísimamente pequeño. Es el caso de la segunda propuesta puesto que estamos hablando de aproximadamente 200 millones de euros y, en cambio, su impacto en términos de corresponsabilidad podría ser muy
elevado.


Finalizo agradeciéndoles sus comparecencias porque de verdad están siendo muy útiles.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández García.


El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Yo también quiero agradecer su presencia y sus aportaciones en esta Comisión desde un punto de vista crítico del contenido del informe y de la medida que se propone. Me atrevería a invitarles, como han hecho los
demás portavoces, a que vengan mucho por aquí para hablar sobre algunas medidas alternativas que ustedes han propuesto y algunos de los aspectos en los que más han incidido que, probablemente, no sean los que desde la comodidad política nosotros
defendemos muchas veces. Por tanto, sus aportaciones han sido interesantes y originales, vengan mucho y defiéndanlas porque seguramente nos abrirán un espacio para un debate más fresco que el que los grupos políticos solemos tener.


Me van a permitir unas pequeñas referencias a otros portavoces -ya sé que no es el objetivo de nuestras intervenciones-, pero me quedo más tranquilo con la explicación de la portavoz de Izquierda Unida sabiendo que retrógrados y machistas no
son nuestras personas, son solo nuestras ideas. No sé si eso debería tranquilizarnos mucho, en todo caso me preocupa que a machista y retrógrado le haya incorporado ahora también el calificativo de reaccionario, con lo cual no sé si empatamos y la
explicación me deja casi como estaba.


En cuanto a la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, cuando respondan a su pregunta sobre los problemas de equidad, me permito traer sobre su opinión el hecho de que a mi grupo parlamentario nada le parece más
contrario a la equidad que sacar cientos de miles de mujeres del mercado laboral, sean madres o no. Creo que también hay que tenerlo en cuenta porque cuando se habla de la equidad, hay que hacerlo sobre la base de lo que hemos tenido y tenemos en
la realidad de nuestro

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mercado laboral y de la realidad de nuestra capacidad presupuestaria, de los ingresos por cotizaciones que hemos tenido y tenemos.


El señor Campuzano se ha marchado, pero antes habló del pecado original y afirmó que la medida que adopta el Gobierno además de beneficiar por lo menos a 123.000 personas el próximo año, persigue un afán electoral. Y le tengo que decir que
si los políticos no somos capaces de reconocer que todo lo que hacemos pretendemos que también tenga un cierto impacto electoral, cometemos un pecado de hipocresía del que tendrá pedir que se le exima como del pecado original.


Me parecen muy interesantes las aportaciones que ustedes han hecho aquí. Coincido con la profesora López en que es necesario profundizar en algunas variables más de las que el informe nos da. Yo mismo he dicho antes que el informe me
parece un poco cojo. Creo que han intentado abreviarlo y hacerlo digerible y, sin embargo, han obviado algunas variables que son interesantes no tanto desde el punto de vista del análisis jurídico como del análisis politológico o económico, que
también es posible en esta materia. Coincido en que la consecución de objetivos múltiples, como los que aquí nos hemos impuesto todos, no se logra mediante medidas singulares, que si, además, son aisladas, no son suficientes, pero quiero recordar
que estamos intentando dar un paso decidido. El primer paso a veces es el más difícil, sobre las huellas del primer paso es más fácil recorrer posteriormente sendas que nos lleven más lejos. Aquí se ha incidido en las limitaciones del informe, y
yo quiero agradecérselo basándonos más en la consecución del objetivo de la medida y no tanto en el informe que la sustenta, porque sirve para ir corrigiendo algunas cosas. En nuestra opinión, no se trata tanto de medidas natalistas como de
reforzar los derechos y la igualdad de oportunidades de las mujeres desde el punto de vista laboral. Profesora López, también me gustaría que en algún momento pudiéramos adecuar las expectativas de maternidad de las mujeres españolas, las que cada
una quiera o cada mujer desea, encajándolas en la realidad de un mercado laboral que a veces es excesivamente áspero para estas aspiraciones. Mi grupo parlamentario, como el Gobierno, ha querido ser profundamente realista a la hora de plantear esta
medida. Ser realista ahora hará posible la futura sostenibilidad de esta medida, y será la base para ir ampliándola a otros colectivos que en estos momentos no son beneficiarios, sobre todo si queremos llegar a niveles no contributivos en los años
venideros. Aunque sobre esta materia, ya me gustaría a mí saber qué nos estarían diciendo algunos grupos de la oposición si lo que estuviéramos planteando fuera la quiebra absoluta del principio de contributividad y lo extendiéramos en general para
todas las pensiones contributivas y no contributivas, porque seguramente se nos estaría haciendo algo que es muy fácil y sufrimos con mucha reiteración, que es la crítica respecto a una medida por unas razones y por las contrarias. Estoy de acuerdo
con algo que ha dicho la profesora López y que también he oído decir muchas veces a la señora López i Chamosa, respecto a aquellas mujeres que no es que no hayan trabajado, porque todas han trabajado, sino que no han podido cotizar. Nos gustaría
que esas fueran las primeras brechas que se pudieran ir reduciendo.


Respecto a la intervención de la profesora Gala Durán, creo que ha sido realmente incisiva en algunas de sus propuestas que, insisto, nos abrirán un espacio para el debate que supera el ámbito y el tiempo que tenemos ahora mismo, puesto que
la contributividad de la medida y la progresividad de algunas ayudas nos darían para mucha discusión. Yo solamente quiero recordarle que no pretendemos acabar con esa brecha del 38 % en las pensiones, pretendemos disminuirla un poco. Nuestros
objetivos tratan de ser concretos, porque persiguiendo lo óptimo no vamos a empezar a hacer nada, se trata de empezar a hacer algunas cosas. Yo tengo muchas más dudas sobre la corresponsabilidad entre hombres y mujeres porque tiene una base mucho
más cultural y es difícil conseguirlo con medidas regulatorias. Con esta medida no perseguimos incidir en el compartimiento hacia el futuro, sino paliar las consecuencias de una situación objetivamente mala, que se ha sentido como una limitación
proveniente de las dificultades del pasado más que mirando hacia el futuro. En todo caso recogemos también ese guante. Por último, me parece muy interesante lo que ha planteado sobre las ayudas generales para todo el mundo, con independencia de
los ingresos de cada uno, pero, insisto, aquí nunca nos atrevemos. No nos atrevemos nosotros, pues fíjese cuando hablamos de romper la progresividad del sistema con ayudas iguales para todos, pero quizás haya llegado el momento, con esa sugerencia
proveniente del ámbito académico, de abordar este tipo de cuestiones.


Termino mi intervención haciéndoles algunas preguntas muy concretas. A la profesora López le pregunto si le parece que esta medida puede ser adecuada para la reducción de la brecha de género no en abstracto, sino en los términos que
precisamente propugna el marco europeo, si no en el acceso a los recursos financieros suficientes para todas las mujeres de cara al futuro, al menos sí en la disminución del

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diferencial de las prestaciones que se recibirán en este caso a partir del próximo año. Ya nos gustaría que esta medida pudiera aplicarse a todas las posibles beneficiarias ahora mismo. En segundo lugar le pregunto si prevé una disminución
de esa brecha incluso a efectos de las variables que ha citado desde su perspectiva de familia, algo que me parece muy interesante y sobre lo que aquí apenas podemos entrar.


Por último, a la profesora Gala Durán le pregunto por el impacto tanto cuantitativo como cualitativo de esas reformas que persiguen la sostenibilidad del sistema en el incremento de esta brecha. Nos ha dicho que el propio informe no lo
recoge. A mí no me parece muy grave, pero estoy seguro que su opinión será muy diferente y me gustaría que lo detallase, es decir, si es posible estas medidas también contribuyan a disminuir la eventual consecuencia negativa de esa brecha. Otra
pregunta es si conoce algún avance o algún estudio sobre el impacto financiero en el sistema de la ampliación de dos a doce años de la cotización plena en el caso de reducción de jornada por cuidado de hijos. Esto nos parece muy interesante, muy
importante, todos nos abonaríamos a ello, pero convendría saber cuál es el impacto real en términos de ingresos del sistema o de ingresos tributarios si se está pensando en financiarlo por otra vía. Y la última pregunta es si piensa que se deberían
eliminar estos beneficios para las pensiones de viudedad, porque yo no sé si socialmente la visión que subyace en las pensiones de viudedad está superada o no, lo que sí sé es que necesidades como las de mi madres y las de muchas mujeres como ella,
siguen existiendo cotidianamente y no están todavía superadas.


El señor PRESIDENTE: En turno de contestación, en primer lugar tiene la palabra la señora López López.


La señora DIRECTORA DE LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA DE POLÍTICAS DE FAMILIA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y PRESIDENTA DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA (Lópèz López): Muchísimas gracias por sus comentarios, que a nosotros también nos
vienen fenomenal, porque muchas veces cuando estamos en los despachos elucubrando, no nos damos cuenta de que las medidas hay que plasmarlas en la realidad y eso a veces nos hace trabajar sin tener los pies sobre el suelo, por lo tanto, quiero
mostrarles por lo menos mi agradecimiento. Voy a contestar concretamente a las cuestiones que se nos han planteado, pero cuando a un profesor se le da un micrófono es un peligro y me encantaría poder comentar muchas de las cosas que se han dicho al
margen de las preguntas concretas, pero no creo que sea posible.


En relación con la intervención de la señora Gutiérrez del Castillo, nos ha preguntado tres cosas muy concretas, en primer lugar, cómo valoramos la equidad de esta medida. Yo diría algo que también ha mencionado el representante de
Convergència i Unió, y es que la medida está poco definida y, por lo tanto, para poder hacer un análisis cuantitativo sobre equidad, que es lo que se exigiría, necesitaríamos tener la medida mucho más definida. Ahora bien, sí quiero hacer un matiz,
y es que cuando hablamos de equidad no estamos hablando de igualdad; estamos hablando de una equidad con dos patas o con dos visiones: una equidad horizontal en el sentido de que hay que tratar igual a los iguales, pero también estamos hablando de
una equidad vertical, hay que tratar de manera distinta a los que son diferentes. Por lo tanto, cualquier medida que sea universal evidentemente es más sencilla de valorar, aunque a lo mejor no sea equitativa, pero en el caso de una medida que deja
fuera a un colectivo, habría que analizar exactamente a qué colectivos llega porque lo que se plantea en el informe es demasiado simple o sencillo y, por lo tanto, yo no puedo valorarla. Sí intuyo que si no se incluyen otros colectivos aparte del
que está ahora mismo, puede generar problemas de equidad claros. Esa es mi opinión, pero no me atrevo porque tendría que hacer un análisis de equidad real y no puedo hacerlo porque desconozco el matiz de la medida y eso es muy importante, sobre
todo los colectivos y cómo influye eso. Por otro lado, al tratarse de una aplicación sobre un porcentaje, obviamente es contrario a la progresividad, sobre todo cuando es una medida que trata de compensar esa pérdida, pero en principio no me
atrevería a decir si es o no equitativa, sino simplemente que dependerá de cómo se arbitre, para qué colectivos y de qué manera.


Con respecto a la eficiencia, el problema que yo tengo aquí de nuevo es la falta de definición en el informe porque un análisis de eficiencia implicaría fijar muy claramente los objetivos. Yo he dado mi opinión sobre los objetivos que puede
tener esta medida, pero permítanme el comentario; yo llevo muchos años trabajando con los Presupuestos Generales del Estado y, a veces, es complicado identificar desde fuera y desde un punto de vista académico los objetivos porque se confunden con
los instrumentos. Por lo tanto, para hablar de eficiencia deberíamos tener muy claramente definidos los objetivos. En este caso, si lo que queremos es reducir la brecha, es perfectamente legítimo y no creo que nadie pueda considerarlo

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como negativo, pero necesitamos tener bien definidos los objetivos. En este caso y en este momento yo no los tengo claros y, por tanto, tampoco sabría decirle si esa medida realmente va a ser eficiente o no, dependerá de cómo se definan y
qué es lo que se pretenda con ella.


En cuanto a la forma de financiación, aquí tenemos un problema serio; si solamente se incluyen las pensiones contributivas podríamos decir que es una prestación contributiva y, por lo tanto, aplicando la separación de las fuentes de
financiación del sistema de Seguridad Social, se debería financiar con cuotas. A mí me parece que la medida debería ir un poco más allá, siendo consciente de que debería trabajarse con un equilibrio presupuestario, y a lo mejor esa es la razón,
aunque siempre se puede reordenar el gasto. Siempre pensamos que cualquier política pública implica un aumento del gasto, pero a ver si algún día conseguimos que se reformulen muchas políticas, incluso dentro del marco de la Seguridad Social,
actuaciones concretas que no voy a decir que no tienen ningún valor social porque lo tendrán, pero es mínimo. Por lo tanto, si es solamente para las pensiones contributivas tendría que financiarse desde un planteamiento estricto del modelo de
financiación con contribuciones. Si se extiende a las no contributivas, obviamente debería financiarse la totalidad con impuestos porque entonces, evidentemente, la prestación ya sería general.


Respecto a la intervención de la señora Castaño Rey, no ha formulado ninguna pregunta, pero a mí como profesora, docente o investigadora, me cuesta entender que una medida como esta se califique de machista. A lo mejor en términos políticos
su debate es diferente, pero creo entender que aquí de lo que se trata es de reconocer el valor de una parte de las mujeres, de forma limitada, evidentemente -se ha planteado la posibilidad de incluir a los padres-; pero si solamente nos quedamos
con que se reconozca el valor que tiene la maternidad, no creo que esto deba ser entendido como machista porque, aunque estemos en el siglo XXI, las mujeres seguimos siendo madres y nos encantaría que eso socialmente tuviera su valor. Muchos de los
problemas que tenemos son porque en el ámbito empresarial la maternidad se considera como algo privado y encima solo de las mujeres, y eso en mi opinión es un error. Simplemente es un comentario, esto es muy discutible porque probablemente en mi
idioma lo que yo pueda entender como machista no es a lo mejor lo habitual entre los políticos.


Respecto a la intervención del señor Campuzano, ha planteado si no sería mejor establecer una compensación en el corto plazo y ha preguntado también por la equidad de la medida. En cuanto a la equidad, vuelvo a decir lo mismo, creo que no
tiene posibilidad de ser una medida equitativa, eso está claro, aunque habría que calcularlo, si solamente se da a un grupo muy concreto como el que estamos definiendo y en las condiciones que apunta el informe. Me reservo hacer la valoración de la
equidad de la medida hasta ver los términos de la norma si es que llega a formularse como tal. En cuanto a las compensaciones en el corto plazo, creo que habría que hacer las dos cosas. Es decir, las compensaciones en el corto plazo deberían ser
inmediatas. Es fundamental toda la reformulación, la revisión y la reforma del modelo de Seguridad Social aplicando una nueva perspectiva de familia. Se ha hecho referencia, y me parece importantísimo, a las prestaciones por desempleo. Hay muchas
prestaciones en el sistema de Seguridad Social que deberían ser reformuladas teniendo en cuenta esa distancia que existe entre hombres y mujeres. También se ha hecho referencia a algo que me parece importante, y es que si esos informes de género se
hicieran en profundidad, podríamos ver cómo algunas de las reformas legales no han tenido en cuenta las diferencias que existen entre hombres y mujeres, y cualquier norma que se apruebe obviamente tiene diferencias. También me gustaría que entre
esas variables se explicara dónde está el problema de fondo. Cuando se habla de la brecha salarial -quiero explicarme lo mejor que pueda- la diferencia salarial no es solo por el hecho de ser mujer, es por el hecho de ser mujer y otras muchas
variables. Y no lo digo yo, sino que lo dicen muchos organismos internacionales, las variables familiares son determinantes. Me gustaría que en las reformas que se hicieran en el futuro en la Seguridad Social también se analizaran esas variables
familiares, en las prestaciones por desempleo, en las pensiones de viudedad, por supuesto, y en otras muchas otras prestaciones del sistema.


El señor Fernández García ha hecho algunos comentarios y me alegra que diga que tienen que ser realistas y mantener el equilibrio presupuestario. Yo soy hacendista y creo que la mejor política social es aquella que es sostenible en el
tiempo. Por lo tanto, vamos a partir de esa premisa porque, si no, entonces se nos va al garete el modelo. De hecho, ustedes sabrán mucho más que yo, porque forman parte de esta Comisión, que el modelo de Seguridad Social está en una situación
difícil, hay que revisarlo económicamente en el tiempo, y no es que haya fallado, sino simplemente que hay que ajustarlo a las nuevas realidades. Por lo tanto, comparto con usted ese comentario. También me tranquiliza que diga que no intentan
incidir en el comportamiento de las mujeres, menos mal porque me parece que las normas no deberían cambiar

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los comportamientos, a no ser que sean agresivos o dañinos para las propias personas o para la sociedad. Creo que el Estado y el legislador deberían ser lo más neutrales posible y centrarse en solucionar y atender las necesidades que en
cada momento se producen, pero no hacernos que ahora todas tengamos hijos o no los tengamos o, como he dicho al principio, fomentar la natalidad, me parece que eso no procede.


Me preguntaba en concreto si esta medida que estamos debatiendo puede ser adecuada para disminuir esa brecha según el marco europeo. Desde el punto de vista cuantitativo no sé los resultados que puede tener porque vuelvo a insistir en que
no sé realmente cómo va a quedar definida la medida, lo que sí puedo adelantar es que después de haber trabajado muchísimo tiempo con esos documentos europeos y con los últimos de los que dispongo, sí se insta a los Estados miembros y a los países
de la Unión Europea a trabajar por esa disminución de la brecha laboral. Creo que esto puede ser un paso, por lo menos plantea una valoración de la maternidad que no creo que sea negativa, sino todo lo contrario. Lo que no sé es lo que supone
desde el punto de vista cuantitativo, dependerá de cómo se implemente y realmente cómo se ponga en marcha esta medida.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López López.


Por último, tiene la palabra la señora Gala Durán.


La señora PROFESORA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (Gala Durán): Muchas gracias por sus aportaciones. En primer lugar, en relación con la pregunta de la señora Gutiérrez sobre si la
medida es equitativa o si se está ahondando en la desigualdad, creo que en la intervención ya he señalado que hay bastantes colectivos que quedan fuera de esta medida. Está diseñada para un colectivo muy concreto, madres trabajadoras que hayan
tenido dos o más hijos y, además, que sean madres trabajadoras, no madres en general. Por tanto, si se dejan fuera diversos colectivos, es decir, las distintas figuras que se han comentado no solo por mi parte, sino también por otros
intervinientes, creo que hay un elemento de inequidad que habría que revisar.


En esta materia -antes lo comentaba con la profesora López- he hecho un pequeño trabajo de campo. He comentado con compañeros de la universidad de distintas ramas y de distintos sentimientos políticos qué les parecía la medida. Y una
compañera del área de derecho financiero me decía: y si yo tengo un hijo, me encantaría tener más hijos porque los quiero y no puedo, qué ocurre conmigo. Y un compañero muy implicado en el cuidado de sus dos hijos, de hecho los cuida por
cuestiones laborales porque su esposa trabaja y viaja mucho, me decía: entonces, yo que soy la excepción, cuido muchísimo a mis hijos, resulta que no estoy contribuyendo y no voy a ser beneficiario de esta medida cuando llegue el momento de mi
jubilación. Por tanto, creo que la medida deja fuera varios colectivos e, incluso, puede hacer que esos colectivos se sientan excluidos. Ya he planteado mi opinión respecto a la equidad.


En cuanto a la eficiencia para el objetivo propuesto, ¿ayuda a compensar la brecha salarial? Sí, yo no lo niego, es una medida que va en esa línea para determinados colectivos, con efectos económicos distintos. No queda claro si se aplica
a una mujer que haya trabajado y cotizado y cobre la pensión máxima, porque no es lo mismo que una mujer que cobre la pensión mínima. Si se aplica por encima de la pensión máxima, como ocurre en otras medidas en materia de Seguridad Social, esta
mujer cobrará mucho, estará por encima de lo previsto como pensión máxima. El elemento de brecha se compensa, pero con diferentes efectos que habría que valorar de una forma más detenida en mi opinión. ¿Ayuda? Sí. ¿Es una medida más? Sí ¿Es la
medida para solucionar la brecha de pensiones en este país? No, es una medida. Incluso además desde una perspectiva subjetiva -quiero insistir nuevamente en ello- es muy limitada.


Respecto del sistema de financiación -lo he señalado-, debe financiarse exclusivamente con impuestos. Es una medida de carácter no contributivo. No es una medida contributiva. Cuando estaba escuchando las intervenciones, reflexionaba
sobre ello. Una prestación contributiva, tal y como entiendo desde que me dedico a estudios de Seguridad Social, es que yo aporto cotizaciones para recibir una prestación en el futuro. Esto es lo que siempre se ha entendido así. Aunque el
Tribunal Constitucional hace años dijo que no era automático: Puedo aportar y no recibir nada. Me planteaba, si esto es así y entendemos que es contribución demográfica en la ampliación del concepto contributivo, el padre de estos hijos también
hace esa contribución demográfica. En consecuencia diría si esto es contributivo, por qué yo no recibo, por lo que se puede crear un problema de discriminación por razón de género.

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En relación con la intervención de la señora Castaño, estoy completamente de acuerdo -lo ha señalado-, quedan colectivos fuera y esto me plantea bastantes problemas, tal y como ya he comentado antes.


En cuanto a la intervención del señor Campuzano, estoy completamente de acuerdo en que hay que ampliar las concesiones, tanto a mujeres como a hombres y que hay que hacerlo ahora en el corto plazo, en el momento en que se produce esa
situación de cuidado. Habría que reformar -lo he señalado y volveré sobre ello- el artículo 180 de la Ley General de la Seguridad Social. Medidas en el momento, otros países las tienen, se pueden trasladar a este país a hombres y a mujeres. No
solo para los hijos, he señalado el cuidado de otros familiares y, cada vez más, de personas con discapacidad. Los hijos con discapacidad deberían dar lugar a una protección añadida por la propia situación a la que se enfrenta la familia en sí. El
cuidado de ancianos, estamos en un país envejecido, tendríamos que compensarlo. Ahora mismo en la normativa de Seguridad Social se trata diferente -de una forma totalmente injusta- el cuidado de hijos que el cuidado de otros familiares. En cuanto
a la mejora de las prestaciones familiares, es necesario mejorarlas para todas las familias. Aunque pueda parecer otra cosa, mi opinión es esa, porque hay que fomentar la natalidad, igual que se ha hecho en otros países, para todas las familias del
país, tengas unos ingresos de 10.000 o de 600 euros. Especialmente a aquellas familias que requieran una ayuda adicional, partiendo de ese principio. Me refiero que tengan hijos con discapacidad o que sean familias monoparentales y otras
situaciones en esta línea. Pero sí, para todos. Aquí las cuantías -lo decía en mi intervención- sorprenden. Cuando les comento a los alumnos la cuantía de 291 euros al año, siempre les hago la broma, y además lo pagan en dos veces, para que
parezca más dinero. Esa cuantía en estos momentos es absolutamente escasísima, deberían mejorarse todas las ayudas familiares que se conceden desde el sistema de Seguridad Social, incrementando el límite de ingresos. Es tan bajo que muy pocas
familias pueden acceder en estos momentos.


Respecto a las preguntas del señor Fernández García, en primer lugar, insisto en lo que comentaba antes, esta medida ayuda a avanzar en la brecha, no es la solución, es empezar, es un principio para seguir adelante. En cuanto a la pregunta
que me formulaba sobre la influencia de las últimas reformas en materia de jubilación, si le he entendido bien, la Ley 27/2011 y la Ley 23/2012, por qué creo que va a influir de forma más negativa en las mujeres, porque ya partimos de una diferencia
de una brecha importante en estos momentos en materia de jubilación -aparece en el informe la cuantía- entre la pensión de jubilación que recibe un hombre y la que recibe una mujer. Si estas dos reformas llevan a que se van a exigir más años de
cotización para cobrar el 100 % de la base reguladora, como sabe pasamos de treinta y cinco años a treinta y siete años, y la base reguladora que se tiene en cuenta para el cálculo de la pensión de jubilación pasa de ser quince a veinticinco años,
dadas las dificultades de las mujeres para conseguir muchos años cotizados a la Seguridad Social y una base reguladora basada en bases de cotización más bajas, la sensación que da es que esa brecha se va a seguir incrementando, no se va a ir
solucionando. Además le añado otro factor, el de sostenibilidad. De hecho no he querido traer los datos, pero he estado viendo el importe de las actas iniciales de jubilación en los últimos años y si se ve dónde están las mujeres, están en la
franja más baja de la pensión de jubilación, si le aplicamos además el factor de sostenibilidad, a partir del 2019, si ya se cobra poco, se va a cobrar todavía menos por estos factores acumulados; es mi opinión. En relación con el informe
económico, en cuanto a la medida de avanzar la reducción de jornada de dos a doce años. Añadiría también mejorar el cuidado de familiares. Lo he señalado y quiero insistir nuevamente en ello. No hay un informe económico. Seguro que hay un coste
económico. Tampoco propongo pasar de golpe de los dos a los doce años, pero sí de forma progresiva, dado que se ha ido incrementando dos sobre seis parece razonable, pero dos sobre doce años parece menos razonable. Debería incrementarse de forma
progresiva y reconocer esa situación de conciliación de la vida laboral y familiar cuando, por ejemplo, una mujer justo después de una reducción de jornada pasa por desgracia a una situación de incapacidad permanente, su pensión se ve reducida de
forma vitalicia, aunque esté avalado por los tribunales. Soy consciente de ello.


En cuanto al coste económico, me planteaba qué medidas hay semejantes que se compensan. Por ejemplo, la jubilación parcial. Llevamos no sé si veinte años compensándoles a los jubilados parciales desde los sesenta hasta los sesenta y cinco
años, trabajando un 15 % de jornada y se les compensa la cotización hasta el 100 %, en un 85 %, y no he visto manifestaciones en contra de la misma. Me podría decir que la jubilación parcial fomenta el empleo, pero en este caso estamos ante una
necesidad muy importante que es compensar la conciliación de la vida laboral y familiar. No quiero extenderme, podríamos hablar de la compensación de tres años en el caso de la tarifa plana que se aprobó en fomento del

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empleo. No llegar a los doce, me parece excesivo en un momento, pero sí ir avanzando en cuanto que supone un coste que directamente va dirigido a las mujeres.


Por último, el caso de la pensión de viudedad, porque igual no me he explicado bien. No abogo por la desaparición de la pensión de viudedad ni mucho menos. (El señor Fernández García: ¿En relación con la medida?). En relación con la
medida y luego sobre la pensión de viudedad a la que le tengo un especial interés. Respecto de la medida, sorprende en el sentido siguiente, porque la medida está pensada para la madre trabajadora con dos o más hijos. Cuando llegamos a la pensión
de viudedad resulta que una madre no trabajadora que fallece su cónyuge accede a la medida, aunque no haya trabajado, con lo cual está disfrutando -entre comillas, lógicamente- de la compensación demográfica de la pareja, no de la suya. Ahí veo un
poco menos el principio de contributividad. No abogo por la desaparición de la pensión de viudedad. Para las personas mayores -de hecho está previsto en alguna norma, ahora no recuerdo cuál- para mujeres y hombres que llegan a la pensión de
viudedad -mayoritariamente mujeres, no nos vamos a engañar- a los sesenta o a los sesenta y cinco años y no tienen ingresos propios se merecen una pensión de viudedad de la cuantía más elevada posible. Pero en el caso de una mujer o un hombre de
treinta años que pierde por desgracia a su pareja, sigue trabajando con unos ingresos muy elevados y llega a cobrar una pensión de jubilación, ahí no veo la necesidad de pagarle una pensión de viudedad. La reforma solo para colectivos que lo
requieran, a partir de cierta edad, porque no se van a incorporar al mercado de trabajo, por desgracia, y requieren esa ayuda. Ahí no un 52 % de la base reguladora, sino un 90 o un 100 % de la base reguladora. No abogo por la desaparición de la
pensión de viudedad, pero sí hago esa diferencia porque las mujeres por suerte nos hemos incorporado al mercado de trabajo. No me habré explicado adecuadamente. No quiero extenderme más.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gala Durán.


Gracias, señorías. Se levanta la sesión.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.