CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 865

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO VÁZQUEZ JIMÉNEZ, VICEPRESIDENTE PRIMERO

Sesión núm. 25 (extraordinaria)

celebrada el martes,

7 de julio de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Elección de vacantes. Mesa Comisión:


- Elección de la Presidencia de la Comisión. (Número de expediente 041/000030) ... (Página2)


Comparecencias en relación con el informe sobre el Plan integral de apoyo a la familia. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo:


- Del señor secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, CCOO (Bravo Fernández), y del señor secretario de acción sindical de la Unión General de Trabajadores, UGT (Ferrer Sais). Conjuntamente.
(Número de expediente 219/000823) ... (Página2)


- Del señor director del departamento de relaciones laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE (García Viña), y de la señora directora del departamento sociolaboral de la Confederación Española de la Pequeña
y Mediana Empresa, Cepyme (Díaz de Terán López). Conjuntamente. (Número de expediente 219/000824) ... (Página22)

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Se abre la sesión a las once y cuarenta minutos de la mañana.


ELECCIÓN DE VACANTES. MESA DE COMISIÓN:


- ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000030).


El señor VICEPRESIDENTE (Vázquez Jiménez): Se abre la sesión.


En primer lugar, el primer punto del orden del día es la elección del nuevo presidente de la Comisión debido a la renuncia de don Manuel Chaves, que ha venido presidiendo esta Comisión hasta el pasado día 2 de julio. Se ha comunicado a la
Mesa que existe consenso sobre la candidatura de don Jesús Caldera como presidente de la Comisión. ¿Se acepta la propuesta de don Jesús Caldera como presidente de la Comisión? (Asentimiento.-Aplausos).


Resulta elegido como presidente de la Comisión don Jesús Caldera, a quien invito a que tome posesión del cargo. (Así lo hace el nuevo miembro de la Mesa).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías, por la confianza, es un honor presidir esta Comisión, fruto además del diálogo social. Siempre he pensado que el diálogo social no es una actitud o una predisposición, sino que es parte constitutiva
de nuestro modelo de bienestar y por ello desde aquí, junto con el resto de compañeros de la Mesa, les instamos a mantener ese proceso que ha sido tan positivo para la sociedad española.


COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL INFORME SOBRE EL PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO:


- DEL SEÑOR SECRETARIO CONFEDERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (BRAVO FERNÁNDEZ), Y DEL SEÑOR SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (FERRER SAIS). CONJUNTAMENTE.
(Número de expediente 219/000823).


El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulos, iniciamos la sesión en la que se van a realizar varias comparecencias que figuran en el orden del día y, antes de comenzar, permítanme que les anuncie cuáles serán las pautas de funcionamiento de
esta sesión en concreto.


En primer lugar, tomará la palabra don Carlos Bravo Fernández, como saben ustedes, es secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras, y seguidamente, en unidad de acto, intervendrá don Antonio Ferrer
Sais en su condición de secretario de Acción Sindical de UGT. A continuación de ambas intervenciones se abrirá un turno en el que podrán intervenir, como es uso en esta Comisión, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de menor a
mayor, comenzando por el Grupo Parlamentario Socialista, para efectuar las preguntas o solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes. Y en último término, se concederá la palabra a los dos comparecientes para que puedan responder a las
cuestiones planteadas.


De igual modo procederemos en las siguientes comparecencias en las que comparecerán ante esta Comisión los representantes de CEOE y Cepyme, que tenemos previsto comenzar a las trece horas. (La señora Fernández Davila pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Doña Olaia Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, tengo que ausentarme a las doce para defender unas enmiendas en la Comisión de Sanidad, que está en la sala de al lado, por lo que le agradecería que en caso de que me tocase el turno me lo
permitiera cambiar para otro momento.


El señor PRESIDENTE: Sin ninguna duda, y espero además que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo en ello.


Sin más, tiene la palabra don Carlos Bravo Fernández.


El señor SECRETARIO CONFEDERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Bravo Fernández): Señoras y señores diputados, una vez más es un placer estar aquí, que, como bien decía el presidente de la Comisión, es
una comisión parlamentaria que

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para los interlocutores sociales tiene un significado especial porque aborda el seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo o, lo que es lo mismo, un monumento al consenso y a los valores compartidos para sostener un sistema de protección
social en España. El hecho de que se haya constituido en comisión permanente en esta legislatura es un hito a tener en cuenta y debería permitirnos en el futuro recomponer en mejor medida la salud con la que cuentan actualmente los consensos
sociales y políticos básicos en esta materia.


El motivo de la comparecencia es valorar la propuesta dentro del Plan integral de apoyo a la familia que ha hecho el Gobierno para mejorar las pensiones de mujeres con hijos a partir del 1 de enero del año 2016. Nosotros hemos entregado por
escrito los documentos para que los puedan ver también de manera más detallada. Articularé la intervención sobre tres ejes. Analizaré primero la medida para después analizar algunos otros desarrollos de la última evaluación y el último informe del
Pacto de Toledo aprobado en 2011 en el seno de la Comisión anterior y, a continuación, lo que pensamos que son los elementos más importantes de lo que necesita el sistema ya para la próxima legislatura, pero que creemos que son asuntos que están
enlazados.


En relación con la propuesta de complemento de pensión de mujeres con dos o más hijos, lo primero que tengo que decir es que no compartimos la idea de que tenga que establecerse una cotización por aportación demográfica, nos parece primero
que no lo es, y segundo, que es una medida que tiene una escasa relación con el fomento de la natalidad, digo escasa por no decir ninguna, en nuestra opinión, lo que no significa que no sea una medida que trabaje en una dirección y es reducir el
impacto en los sistemas de protección social de las diferencias que en materia de género proceden, por un lado, del mercado de trabajo, y por otro lado, de la propia organización de la familia y de la sociedad española, donde hay un impacto de
género evidente en estas materias. Por tanto, la primera afirmación que me gustaría trasladar es que las medidas de fomento de la natalidad sin duda pueden tener interés, sobre todo en tanto se mantenga una situación española y europea, en donde la
gente declara una voluntad de tener más hijos de los que efectivamente tiene, esto es una realidad propia en España, en cualquier encuesta de las que se dedican a preguntar estas cosas, también en Europa, donde hay una disfunción entre los hijos que
se desean tener y los que se tienen efectivamente, lo cual hace indicar que existen obstáculos a que las personas, las familias, puedan tener los hijos que consideren oportunos.


Pero cualquier medida de política demográfica por el lado de la natalidad -sabemos que hay otro gran ámbito de actuación en política demográfica, que es la inmigración, y por tanto no es una única vía, siempre son la combinación de ambas las
que pueden permitir una política adecuada al respecto- tendrá que instrumentarse a través de actuaciones en las edades biológicas donde se toman decisiones en relación con ello, y tienen que ver con las ayudas a la familia, tienen que ver con la
conciliación de la vida laboral y familiar, tienen que ver con la inversión en infraestructuras que permitan esos apoyos, tiene que ver con la conciliación de horarios, tiene que ver con tantas otras cosas, difícilmente tiene que ver con una medida
como la que hoy se plantea encima de la mesa. La vemos más como un instrumento de compensación parcial del impacto en sistemas de protección social de las diferencias en materia de género procedentes del mercado de trabajo y de la organización de
la propia sociedad en España.


¿Qué ocurre? Que es una medida de impacto muy limitado porque afecta a aquellas mujeres, madres, con dos o más hijos, que causen prestaciones a partir del año próximo. Esa es la idea; por tanto, quedan excluidas la mayor parte de las
mujeres que fueron madres en el baby boom, es decir, las que hicieron una aportación mayor -me imagino que por razones de coste-, pero hay una exclusión evidente, si tenemos en cuenta cuándo se desarrolló ese fenómeno, entre 1958 y 1978, vemos
claramente que hay una exclusión muy importante de ese colectivo.


Al mismo tiempo, se excluyen de la atención de esta medida formas de familia que hoy son habituales, es decir, parece una medida muy orientada a la familia tradicional, hombre y mujer que han tenido dos o más hijos, pero nos encontramos con
un universo de familias monoparentales con un solo hijo, fundamentalmente mujeres, no solo pero fundamentalmente, que están excluidas de esta medida, como estamos viendo en otros casos, a diferencia de lo que hicimos en el año 2011, cuando se pactó
y el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales, aprobaron la reforma de pensiones última pactada, donde se aprobaron medidas en esta materia que afectaban a hombres y mujeres, sabíamos todos que afectaban fundamentalmente a mujeres y lo que
hacían era compensar, efectivamente, el quebranto que en el período de cotización hubiera podido tener el hecho de haber interrumpido la vida laboral para atender el cuidado de hijos. Es una fórmula distinta a la que hay ahora e indiferenciada. No
hemos visto en la propuesta que haya ninguna referencia a parejas de familias homosexuales, por ejemplo, o a familias

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reconstituidas o sistemas de custodia compartida, es decir, a fórmulas de este tipo que son tan habituales hoy en esta materia. Nos encontramos con un primer problema y es la limitación de la medida y, por tanto, una situación de agravio
comparativo con muchas situaciones donde no estaría cubierta, insisto, imaginamos que será por razones de coste.


De la misma manera nos encontramos con una aplicación, de la comprensión que tenemos de la propuesta, que parece regresiva, por decirlo de alguna manera, en un ejemplo que le trasladé al propio secretario de Estado de Seguridad Social cuando
nos presentó a los interlocutores sociales esta propuesta. Tal y como está formulada, una mujer con hijos, con una carrera de cotización completa, que haya tenido una base de cotización elevada y, por tanto, una base reguladora que dé lugar a
cobrar una pensión máxima de Seguridad Social parece que recibiría una mejora de la prestación y, sin embargo, aquellas mujeres que han tenido una base reguladora más baja o cobran pensiones de viudedad derivada de una base reguladora de sus maridos
y que tienen complementos a mínimos, parece, a la vista de cómo está formulada la propuesta, que sería absorbido con el complemento de mínimos por la propia naturaleza del mismo y, por tanto, no se podría concretar la ayuda. Parece que ese elemento
de regresividad no está resuelto en modo alguno en esta vía.


Y por último, en relación con este asunto, la vía de financiación -yo sé que eso no es novedoso, ha ocurrido en otros casos- es con cargo a las cotizaciones, por tanto, una medida que es política de igualdad, política de género, la estamos
financiando con cargo al factor trabajo, es decir, a las cotizaciones a la Seguridad Social y no financiándolo con cargo a la imposición general. Es verdad que no es la primera vez, es verdad que no es la única medida y que hay muchas medidas que
han podido tener un tratamiento de estas características, pero conviene que lo veamos también de una manera clara.


Si tenemos que hacer una valoración sobre esta medida, diríamos que tenemos la sensación de que es una medida que mejora la cobertura e intensidad de las futuras mujeres pensionistas con dos o más hijos, de manera indiferenciada, generando
situaciones de agravio comparativo difícilmente explicables y que, en nuestra opinión, aborda este asunto de interés de forma poco elaborada, probablemente apresurada tendría que decir, y seguramente influenciada por el ciclo en el que estamos
viviendo ahora mismo. De hecho la presentación, el anuncio de la medida se hizo en campaña electoral de autonómicas y municipales y se ha reiterado después antes de la presentación aquí.


Pero me gustaría señalar algunas cosas más. Primero, yo sé que esta medida se enmarca en la recomendación 17 de la última revisión del Pacto de Toledo y, por tanto, siguiendo esa lógica, me gustaría ver qué desarrollo han tenido o podrían
tener, aprovechando la oportunidad de este debate, otras medidas que también derivan de las propias recomendaciones del Pacto de Toledo en vigor, así como de los mandatos legales recogidos en la Ley 27/2011, que afectan fundamentalmente a mujeres y
que están sin desarrollar y me gustaría al menos llamar la atención de esta Comisión al respecto. Estoy hablando de los subsidios por desempleo de los trabajadores y trabajadoras agrarios, que tenían que estar instrumentados en su primer nivel
antes de finalizar 2014, estoy hablando de la protección por desempleo para empleadas de hogar, que dentro de la integración de regímenes son hoy sistema especial de la Seguridad Social y que no tienen ningún desarrollo pese a que antes de finalizar
el año 2012 debía haber habido un informe para instrumentar las vías de protección al desempleo que pudieran tener. En el caso de las empleadas de hogar estamos hablando de un 95 % mujeres, en el caso de los trabajadores agrarios por cuenta ajena
estamos hablando de un 42 % mujeres. La suma de ambos colectivos supone un 61 %. También hay un impacto de género con mandatos expresos que están sin cumplir y no queríamos pasar esta comparecencia sin haberlo advertido.


Pero existen recomendaciones en vigor que abordan lo que creemos que son necesidades además del sistema de pensiones o del sistema de Seguridad Social en este momento y que deben abordar el principal reto que está asumiendo, que es el reto
del déficit que viene presentando desde el año 2011 y que nos está empezando a aproximar los elementos más coyunturales, derivados de la destrucción de empleo en la crisis y que genera una insuficiencia de ingresos, con los más estructurales o de
mayor duración que esperamos a partir de mediados de la próxima década en relación con el reto demográfico y la necesidad de pagar más pensiones a más personas y durante más tiempo, como sabemos, y nos venimos preparando para ello. Nos encontramos
con que la previsión oficial de déficit es de un 0,6 %, en nuestra opinión estamos ya en ella, se han tomado 3.750 millones del Fondo de reserva, pero pensamos -y digo pensamos porque no podemos acreditarlo porque nos falta la información, y así lo
hemos hecho notar- que la paga extraordinaria de julio nos sitúa ya en unas necesidades de financiación adicional del 0,6 %, probablemente se ha utilizado el Fondo de contingencias o la cuenta de relación con el Servicio

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Público de Empleo, no tenemos la información concreta pese a que la hemos solicitado, de todas maneras lo veremos en unas semanas, en unos pocos meses, y la situación a final de año pensamos que va a estar más próxima a la previsión de
déficit que hacía la Airef a principios de año, situada en el 1,1 %. Desgraciadamente, pensamos que ese es el escenario.


¿Por qué? Porque los ingresos del sistema no están siguiendo la evolución de la afiliación, porque el 3,42 % de incremento de afiliación que se ha producido, sin duda, no se corresponde, lo miremos por dónde lo miremos, con un incremento de
cotizaciones comparable, en términos generales estamos en el 0,94 %, con disparidad por regímenes, si voy al Régimen General estamos en un 2,6 %, ciertamente, y nos encontramos por tanto con una situación en la que los ingresos no están acompañando
la evolución de la afiliación. Las razones, básicamente, son tres, pero habría más. En primer lugar, devaluación salarial, con un incremento de nuevo empleo con bases más bajas de cotización, que tendrán un impacto en sistemas de protección
social. En segundo lugar, un incremento notabilísimo del tiempo parcial. En el documento que les hemos pasado se ve con claridad la evolución que ha tenido, pero estamos hablando de que el peso del tiempo parcial ha pasado de un 24 % de la
afiliación en el año 2007 a un 34 % en 2015, lo que significa bases de cotización más bajas. Y, por último, una utilización del sistema para financiar políticas activas de empleo. No es ninguna novedad, por otra parte, somos muy críticos, pero
ahora se instrumenta o se canaliza a través de las tres fórmulas de tarifa plana que hemos conocido, la vigente hasta la primavera de este año, la vigente en este momento y la que está en vigor para trabajadores autónomos.


Nos encontramos con que el fenómeno de la devaluación salarial, que lleva que en los nuevos empleos la relación del salario medio con los salarios medios del conjunto hayan pasado de un 78 % al 69 % en empleos a jornada completa, de un 90 %
al 85 % en empleos a tiempo parcial, unido al impacto de la parcialidad, unido al uso de las tarifas planas, están contribuyendo a que la evolución de ingresos no acompañe a la de los gastos y nos lleve a ese consumo anticipado del Fondo de reserva,
que creemos que es un error estratégico. Por eso pensamos que en esta legislatura se han tomado decisiones, la primera comprensible, la segunda no tanto, en relación con la Ley de regulación del Fondo de reserva de la Seguridad Social. La primera
es comprensible porque en el año 2012 la suspensión de la aplicación del límite de disposición del Fondo de reserva de un 3 % anual del gasto en pensiones más los gastos de gestión del mismo, unos 3.500 millones, podía entenderse atendiendo a la
situación de extraordinaria necesidad que había y a la dificultad de aportar fondos desde la imposición general para completar la previsión de la Ley del Fondo de reserva, pero esa suspensión temporal hasta 2014 se ha ampliado hasta 2016 sin acuerdo
y, aparentemente, a la vista de la situación económica que se nos presenta, en nuestra opinión sin justificación, consumiendo anticipadamente el Fondo de reserva en políticas que además no deberían ser financiadas con cotizaciones sociales, en este
caso hablo de las tarifas planas que he mencionado hace un momento. Por tanto, creemos que deben revisarse esas cuestiones.


Hay recomendaciones del Pacto de Toledo en vigor que deberían abordarse y les invito, si es posible, a que en el trámite de la propuesta que el Gobierno trae aquí, si las conclusiones de la Comisión parlamentaria así lo estimaran y después
la mayoría parlamentaria lo suscribiera, se aproveche para abordarlas. Insisto, son recomendaciones en vigor de la última revisión del año 2011. La primera, sobre separación y clarificación de fuentes de financiación. Se podría avanzar
perfectamente en la financiación de los gastos de administración del sistema, sobre los tipos de cotización o bien reestructuración de los mismos. En el documento que hemos entregado hablamos de dos posibilidades: una, de un incremento de
cotizaciones puntual, temporal, para luego volver a la situación precedente y no consumir anticipadamente el Fondo de reserva, y la otra es una posible reestructuración de las cotizaciones a la Seguridad Social, contingencias comunes, desempleo,
atendiendo a la evolución del gasto bien dispar, creciente en un caso, decreciente en el otro, como consecuencia de la tasa de cobertura decreciente que estamos teniendo en el sistema de prestaciones por desempleo no contributiva.


De la misma manera, ya he dicho que los sistemas de tarifas planas deberían modificarse en su financiación y financiarse con la imposición general. He dicho también, como desarrollo de la recomendación número 3 del Fondo de reserva, que no
debería mantenerse la suspensión del 3 % del límite de utilización. En cuanto a la recomendación número 5, adecuación de bases y período de cotización, se ha avanzado en esta legislatura en el incremento de bases máximas, en la aproximación a las
bases medias del régimen de autónomos y el régimen general, pero creemos, sinceramente, que se puede avanzar más en esa medida, se puede avanzar más y hacerlo de manera más coherente, porque el incremento de bases máximas, que apoyamos, no se
justifica que se incremente con un diferencial en relación con la pensión

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máxima como el que está manteniendo, creemos que hay que velar por mantener elementos de contributividad en el sistema compatibles con la solidaridad y, por tanto, la pensión máxima podría evolucionar no necesariamente como las bases máximas
pero en una relación un poco más próxima. De la misma manera, actuaciones sobre el salario mínimo interprofesional -la propuesta sindical era que este año subiera a 725 euros y el año que viene a 800- debería conllevar un incremento de bases
mínimas, que incrementarían los recursos del sistema y la protección social, sin duda, en el futuro. Y por último, la equiparación de las bases de autónomos con el régimen general, de manera que se avance, se ha hecho de manera muy tímida durante
la legislatura y tenemos medidas más que suficientes.


La última recomendación que quiero comentar es la de la lucha contra el fraude. Ayer se reunió, después de dos años, el Observatorio contra el fraude en materia de Seguridad Social y tengo que decir que las noticias que recibimos fueron
positivas, positivas en cuanto a las herramientas que la Seguridad Social está generando para controlar el fraude, positivas en relación con herramientas informáticas y aplicaciones que se están desarrollando y que pueden ser de gran utilidad para
el futuro, pero al mismo tiempo tengo que decir que tenemos un problema evidente en relación con la lucha contra el fraude y es la falta de medios complementarios para que los sistemas de detección del fraude, especialmente en el fraude a la
Seguridad Social donde mayor se concentra, que es en tiempos parciales que encubren tiempos completos, en trabajadores a los que no se da de alta, ese mecanismo de detección que está perfeccionando la Seguridad Social necesita elementos
complementarios de formación en la Seguridad Social y de medios humanos para el seguimiento, detección y corrección de los mismos. En esto la Seguridad Social tiene carencias muy importantes y se necesita una inversión, que además tendrá un retorno
inmediato y en medios económicos para el sistema de Seguridad Social. Tengo que decir que con elementos potentes, en 2014 las actuaciones de detección o actuaciones sobre el fraude han alcanzado los 700 millones de euros, mejorando con mucho cifras
anteriores, pero siendo absolutamente insuficiente con lo que estamos planteando. Deberíamos tener un objetivo mucho mayor que debería, una vez puesto en plenitud, aportarnos entre 5.000 y 10.000 millones de euros adicionales en lucha contra el
fraude en recaudación al sistema de Seguridad Social.


Por último -y ya acabo con ello- con estas ideas que traslado aquí, que están en el documento que hemos presentado, hacemos un llamamiento para aprovechar la oportunidad de este debate y de esta medida que nos propone el Gobierno en relación
con la mejora de pensiones para mujeres con hijos para desarrollar otras recomendaciones vigentes del Pacto de Toledo, pero el Pacto de Toledo lo que necesita en la próxima legislatura, en la Comisión del Pacto de Toledo que sustituya a esta, es
recomponer los consensos en relación con esta materia, recuperar el consenso político y el consenso social porque los acuerdos, las reformas de pensiones producidas entre 1985 y 2014 -y me van a permitir que lo diga de esta manera- tienen una lógica
diversa. Aquellas reformas que han sido objeto de pacto político y social, todas las comprendidas entre 1996 y el 2011, son reformas que han actuado con diferente intensidad sobre los ingresos del sistema, los gastos del sistema y los
comportamientos estratégicos en el sistema, reforzando la protección social y mejorando la calidad del sistema de manera muy grande. No podemos decir lo mismo ni de la última reforma, con el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de
pensiones, ni tan siquiera de la que se aprobó en el año 1985, que le faltó aquellos elementos de consenso.


Estamos convencidos de que el sistema de Seguridad Social necesita de esos consensos políticos y sociales que le dan legitimidad y que nos tienen que permitir abordar en el futuro las necesidades del sistema con la mayor legitimidad,
insisto, y con actuaciones concluyentes, sobre los ingresos del sistema en vías de aportación adicional de financiación. Nosotros trasladamos una propuesta que ya presenté aquí en una ocasión anterior y que reitero hoy, que es la posibilidad de
financiar las prestaciones derivadas de fallecimiento, las prestaciones de supervivencia, viudedad, orfandad, en favor de familiares con cargo a la imposición general, que es una alternativa, que no es la única alternativa, que hay otras, pero que
en todo caso, para abordar las necesidades del sistema en las décadas que median desde aquí hasta finales de siglo necesitamos una fuente de financiación adicional, que tiene que venir de la imposición general, y que podrá enlazar con la idea de
contributividad o podrá instrumentarse de manera distinta siguiendo modelos europeos con algún impuesto específico o progresivo, pero que nos obligará necesariamente a abordarla. La única alternativa es una reducción de los sistemas de protección
social que este país ni puede ni debe permitirse y en ese sentido es en el que creo que convendría aprovechar la oportunidad ahora para, con este debate que se pone en marcha, desarrollar medidas que refuercen el sistema de ingresos y establecer ya
las bases para una revisión del Pacto de Toledo que nos permita posteriormente

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recomponer los esfuerzos con nuevas reformas que combinen ingresos, gastos y comportamientos de cotización y comportamientos de planificación.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora don Antonio Ferrer.


El señor SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (Ferrer Sais): Quiero agradecer a la Comisión la amable invitación a la Unión General de Trabajadores para poder posicionarnos respecto a la propuesta del
Gobierno de un complemento de maternidad en las prestaciones contributivas.


Si me lo permiten, previo a la valoración de este complemento, creo que es una oportunidad que se nos ofrece cara a una próxima revisión del Pacto de Toledo de hacer una valoración de carácter general, global, muy breve, y también establecer
algunas líneas de actuación que posibiliten afrontar los retos de futuro del sistema público de pensiones en nuestro país. A nadie se nos escapa que la Seguridad Social desde el inicio de esta larga crisis, desde el otoño del 2008, ha atravesado
uno de los períodos más graves que ha habido en la sociedad española y, por lo tanto, el sistema de la Seguridad Social, con unos efectos devastadores sobre el empleo a los que han ido a añadirse los resultados de la reforma laboral ya comentados,
es decir, precarización de las condiciones de trabajo y una devaluación salarial, hasta el 2014 una devaluación salarial que prácticamente supone 7 puntos porcentuales. Todo ello en un período de ausencia del diálogo social, por lo tanto, es una
situación que ha influido en el comportamiento que ha venido a agravarse también con la reducción de las políticas de gasto dentro del objetivo de las políticas de reducción de déficit, que ha provocado una significativa reducción del ámbito de
protección en nuestro país.


Por reseñar algunas de las cuestiones, les diré que una son las reducciones en materia de prestaciones por desempleo, a nadie se le escapa que estamos en el período más bajo de la cobertura. Si cogemos el momento más alto dentro de la
crisis, enero del 2010, se han perdido 26 puntos porcentuales, en esta legislatura exclusivamente se han perdido 15 puntos porcentuales. El segundo de los aspectos es el incremento de los coeficientes reductores en la jubilación forzosa y las
excesivas limitaciones a la jubilación parcial. Llama la atención que estas dos válvulas, dos automatismos de salida a los trabajadores expulsados por la crisis, se han entorpecido, se han puesto trabas con los efectos desde el punto de vista
social de desigualdad y de exclusión hacia estas personas.


Por último, a nadie se nos escapa que la introducción del índice de revaloración de las pensiones en el medio y en el largo plazo va a suponer una pérdida de poder adquisitivo. Ha habido una situación de inflación negativa que ha permitido
que no se produjera en 2014 y hasta la fecha, 2015, pero a nadie se le escapa que estamos entrando ya en la fase de inflación positiva -de hecho, son las previsiones de los organismos internacionales- para este año y el siguiente. Asimismo, como ya
se ha comentado, se ha producido la suspensión de la aplicación del límite de disposición del Fondo de reserva de un 3 % y se ha ampliado para este año y para el año próximo. Así, está claro que los esfuerzos que algunos hacen de manera denodada de
poner en cuestión la financiación, la suficiencia y la viabilidad futura del sistema de protección social, entre ellos, en esta sede parlamentaria el gobernador del Banco de España, evidentemente, tienen caldo de cultivo y produce ecos.


Para la Unión General de Trabajadores el sistema tiene dificultades, pero en absoluto está en una situación alarmante o de crisis, pero hay que actuar para reparar daños, por eso apuntamos algunas medidas para afrontar los retos de futuro,
una de ellas es la necesidad de que a las personas que han sido realmente castigadas por la crisis se las pueda recuperar. Por lo tanto, para las personas mayores de cincuenta y cinco años que han perdido su carrera de cotización habría que
flexibilizar para poder rescatarlas, habría que revisar el acceso a las prestaciones no contributivas.


También el subsidio por desempleo. No abundaré en ello, pero la actual prueba de rentas es claramente excluyente, se demuestra que desde julio del 2012, cuando se endureció la prueba de rentas, ha habido una expulsión del sistema de
protección por desempleo. Hay que derogar el índice de revalorización de las pensiones y hay que volver a la referencia de los precios. Desde el respeto a la soberanía de esta Cámara, quiero recordarles que el pasado 8 de julio los interlocutores
sociales hemos firmado el tercer acuerdo para el empleo y la negociación colectiva según el cual los salarios siguen referenciándose a los precios. No tiene lógica que las pensiones vayan a consagrar una pérdida de poder adquisitivo. Y habría que
recuperar el límite máximo del 3 % del Fondo de reserva para este y el próximo año. Quizá la prioridad -y lo he dejado para el final- sea recuperar el aumento de ingresos

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de la Seguridad Social, creo que es ahí donde verdaderamente se concentran los problemas y donde debemos de concentrar todos los esfuerzos.


Se han abordado cuestiones como el incremento de las bases máximas de cotización. Hay que elevar las bases mínimas y, para conseguirlo, hay que acometer el cumplimiento de la Carta Social en España respecto al salario mínimo
interprofesional y avanzar hacia el 60 %. Esta legislatura tenía que haber terminado con 800 euros, cosa que no se ha alcanzado. En cuanto a la desvinculación de las políticas activas de empleo de las cotizaciones, no puede ser que las
bonificaciones empresariales supongan una menor cotización para el empresario pero menores ingresos para la Seguridad Social; hay que vincularlas a Presupuestos Generales del Estado. La Unión General del Trabajadores ha hecho una propuesta
concreta, que los ingresos por el fraude fiscal y la economía sumergida se destinen a políticas activas. Les pongo un ejemplo, las políticas activas, incluyendo bonificaciones, han sido 4.000 millones en 2014; los ingresos fiscales y de economía
sumergida, los ingresos procedentes del fraude fiscal, han sido 12.000 millones. Hay márgenes suficientes para no esquilmar el Fondo de reserva, como se está haciendo.


En resumen, la actuación urgente se debe de basar en el principio de solidaridad con las personas que han padecido de manera más brutal la crisis, la garantía del poder adquisitivo, la suficiencia de las pensiones, la extensión de la acción
protectora y la viabilidad y sostenibilidad financiera de la Seguridad Social.


Centrándome ya en el motivo esencial de la comparecencia, el complemento por maternidad para las pensiones contributivas, nos enfrentamos a un problema que no es nuevo, un problema que el propio Pacto de Toledo ya trataba en su disposición
decimoséptima. En el diálogo social más reciente, el de 2011, el del acuerdo social y económico, lo abordamos, y así se recogió en la Ley 27/2011, y ahora se nos plantea un problema cuyas causas están en el mercado de trabajo, están en las
diferencias salariales que sufren las mujeres y están en el acceso y en la cuantía de las pensiones. Por lo tanto, es un problema antiguo que no puede ser resuelto con medidas coyunturales cuando durante toda la legislatura no se han tomado medidas
ni laborales ni de pensiones para resolver la brecha laboral o la brecha prestacional. Puede ser el periodo de final de legislatura, puede ser el periodo electoral, pero eso no es lo realmente importante para la Unión General del Trabajadores;
para nosotros lo importante es ver sobre qué bases se asienta la propuesta, ver si está bien fundada, ver si obedece al objetivo de avanzar en la eliminación de la brecha prestacional.


Valoramos positivamente la voluntad que expresa el Gobierno de reducir esta brecha y valoramos también sus fundamentos, pero rechazamos la medida por ser claramente insuficiente. Es una medida, como se ha dicho, que excluye claramente a la
gran mayoría de las mujeres: las mujeres que actualmente cobran pensión no van a beneficiarse de esta medida; las mujeres que tienen un solo hijo no van a beneficiarse. El argumento que se presenta es que es una medida de estímulo a la natalidad.
No tenemos tiempo, pero si analizamos las políticas públicas de los países que han tenido éxito en potenciar la natalidad en absoluto han utilizado estas vías. Las medidas han consistido en fomentar políticas de conciliación, fomentar políticas de
inserción laboral, políticas de permisos, políticas de infraestructuras sociales, no políticas puramente reparadoras sino políticas preventivas, como las que se plantean en esta medida. Y hay una cuestión claramente injusta que es que las mujeres
que no han accedido a pensiones contributivas por tener trabajos de duración corta, por tener trabajos discontinuos, no van a acceder tampoco a este complemento.


Llamo la atención sobre una razón para nosotros muy poderosa. Esta no es una medida contributiva, es una medida de carácter asistencial y no debe de ser financiada con cargo a cuotas o al Fondo de reserva; debería ser financiada por
Presupuestos Generales del Estado. No es una medida que parta del principio de equidad, ya que no tiene en cuenta las distintas cargas económicas de las mujeres, no tiene ningún efecto redistributivo porque no tiene en cuenta para nada las
necesidades económicas y sociales. La propia presentación del Gobierno el pasado 5 de junio decía que está orientada a las clases medias de los pensionistas, y utilizando este lenguaje, que personalmente no me gusta, se olvida de las que no
denomina como clases bajas pero da a entender que lo son. Por tanto, rompe el principio de redistribución y de equidad.


Creo que no afronta realmente el problema real de la brecha prestacional, que son los periodos de cotización, el tiempo cotizado. Si la causa está en que nuestro mercado de trabajo genera trabajos más cortos, periodos discontinuos, trabajos
inestables, la única manera de actuar es compensarlo en periodos de cotización. Por esta razón la Unión General del Trabajadores considera que la propuesta actual, que esperamos que se perfeccione en el trámite parlamentario y en el comprometido
proceso de diálogo social

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que hacía el Gobierno, se mejore y sirva para lo que realmente debería de servir, que es reducir la brecha prestacional y establecer elementos de equidad y de justicia social.


A nuestro entender, no se ajusta ni a la finalidad ni a los objetivos. Por eso, si me permiten, voy a hacer dos consideraciones de carácter final. Si es cierto que la Seguridad Social no puede vivir de espaldas al mercado de trabajo y que
la crisis y las reformas laborales en nuestro país y en otros países están afectando al sistema público de pensiones, no es menos cierto que el sistema no puede dar la espalda a una protección insuficiente. Eso nos lleva a proponer una medida que a
nuestro entender tiene engarce en la disposición decimoséptima de la revisión del Pacto de Toledo del año 2011 y que está contenida en las recomendaciones del reciente Consejo de Ministros de Empleo, el conocido en la terminología europea como
Epssco, que es una alternativa perfectamente viable distinta a la que ha propuesto el Gobierno. Se trata de actuar sobre los tiempos de cotización. Esa es la estrategia adecuada, posible, para avanzar de manera paulatina, de manera modulada, pero
de manera firme y contundente en reducir la brecha prestacional que afecta a las mujeres en nuestro país. Eso supone reconocer como años cotizados los periodos de maternidad, los periodos de cuidado y de educación de los hijos, de cuidado de
familiares o de personas dependientes.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Damos comienzo ahora al turno de los grupos parlamentarios. De acuerdo con el horario previsto y teniendo en cuenta que a la una tenemos otras comparecencias, no condicionaremos el tiempo, pero procuren intervenir con
la mayor concisión posible.


La señora López i Chamosa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Si nos lo fía usted a nuestra prudencia, mal vamos, pero lo intentaremos.


En primer lugar quiero dar la bienvenida a Carlos Bravo y a Toni Ferrer, a Comisiones Obreras y a la Unión General del Trabajadores, a esta Comisión. Ya han estado en otras ocasiones y sus opiniones para nuestro grupo siempre son muy
importantes.


La verdad es que le podría decir que coincidimos en un porcentaje muy alto de las propuestas que han hecho y de las medidas que han planteado. Por ejemplo, compartimos con ustedes que esta medida es totalmente injusta, deja fuera a las
mujeres del baby boom, es decir, deja fuera a la mayoría de las madres que han tenido más hijos en este país. El otro día el secretario de Estado nos dijo que se podría hablar, pero de entrada, tal como está el estudio, todas las pensiones que
tengan complemento a mínimos no tendrán ninguna prestación, aunque, repito, el secretario de Estado nos dijo que durante el debate podríamos hablarlo.


Para nosotros hay temas importantes. Por ejemplo, el año pasado hubo 425.715 nacimientos, solo 288.842 dieron origen a prestaciones por maternidad reconocidas por la Seguridad Social, es decir, 130.000 mujeres y 130.000 niños se han quedado
sin ninguna prestación. Para nosotros fomentar la natalidad sería adoptar medidas que fomenten una protección y unos permisos de maternidad a los que tengan derecho todas las mujeres indistintamente, ya estén trabajando o en desempleo, ya tengan
cotizaciones o no; simplemente se trata de que tengan derecho a las prestaciones por maternidad. Luego, si queremos hablar de medidas que fomenten la natalidad, como alguno de ustedes decía, tenemos que hablar de servicios sociales y tenemos que
hablar, cómo no, de educación de 0 a 3 años. En definitiva, creemos que las medidas para fomentar la natalidad han de darse en el momento que son necesarias y es cuando realmente los padres lo necesitan. Por lo tanto, compartimos ese tema.


En nuestro grupo no vemos bien la medida porque realmente no creemos que sea una medida contributiva, es decir, no tiene su origen en ninguna cotización a la Seguridad Social. Por lo tanto, creemos que esta medida, de hacerse, tiene que
hacerse con dinero de los Presupuestos Generales del Estado. Tenemos también nuestras dudas de si ha de ser una cantidad establecida, por una sencilla razón. Personalmente me preocupa mucho el caso de una trabajadora de un supermercado que gana
700 euros, porque aunque le den el 10 % por dos hijos, va a recibir 60 o 65 euros; sin embargo, a otra mujer que esté en la cotización alta, le van a dar casi 300. No tiene sentido que unos hijos valgan más que otros. Por lo tanto, creemos que
también habría que hablar de esa situación.


En consecuencia, no compartimos la medida como está planteada, no la compartimos porque es totalmente insuficiente y no va destinada a conseguir los objetivos que nos dicen. No creo en ningún caso que esta medida reduzca la brecha salarial,
la brecha salarial hay que tratarla en la negociación colectiva y en la igualdad salarial y en la igualdad de condiciones de trabajo. Por otra parte, tampoco la vemos como

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una medida de fomento de la natalidad. Hay dos problemas de los que habla cualquier padre o madre que tendría más hijos y no los tiene, uno, por el coste de traer un hijo al mundo y por sus bajos ingresos y, dos, porque la mujer hoy en día
en el mercado de trabajo todavía pone en peligro su puesto de trabajo por la maternidad. Deberíamos de incidir en esa dirección para garantizar este tema.


Toda esta legislatura, salvo el acuerdo que hicimos agentes sociales y todos los grupos parlamentarios con el tema de la cotización parcial, que venía del mandato del Constitucional y del Tribunal Europeo, no hemos podido alcanzar ningún
acuerdo, todas las reformas que se han hecho han acabado impuestas por la mayoría del Grupo del Partido Popular, y mucho nos tenemos que esto tampoco va a ser una excepción. En diciembre del año pasado el Grupo Socialista presentamos una
interpelación y luego les planteamos una moción en la que planteábamos, dada la situación de los ingresos de la Seguridad Social, adelantar un año la renovación del Pacto de Toledo para buscar soluciones con tranquilidad. Ahí también hablábamos de
evaluar todas las políticas, la reforma laboral y demás que se habían hecho y lo que había significado para los ingresos de la Seguridad Social. Todos los grupos apoyamos esa medida, salvo la mayoría parlamentaria del Grupo Popular.


El Pacto de Toledo no está muerto, no está Emilio Olabarría porque si no nos diría que no sabe en qué estado está, pero no está muerto por una sencilla razón, porque los grupos parlamentarios hemos decidido que no vamos a permitir que esté
muerto y nos hemos mantenido en la Comisión porque queremos mantenerlo vivo, pero en cada Comisión decimos lo mismo, que hay que recuperar el consenso porque si no no nos va a servir.


Tienen ustedes razón en que la devaluación salarial, la reforma laboral, han generado problemas muy gordos a la Seguridad Social. Un dato que tenemos es que 320.000 afiliados en el año 2010 significaban 1.900 millones de ingresos al sistema
y 320.000 afiliados en 2014 han significado 300. ¿Por qué? Las tarifas planas, los contratos parciales, etcétera. Todas las reformas que se han hecho en el pasado del sistema han ido en las prestaciones, ya hemos hecho un montón de reformas en
prestaciones, pero ya no se puede tocar más en la partida de prestaciones porque ya están muy justas. Ha llegado el momento de hablar de ingresos y eso, desde luego, tenemos que hacerlo con total consenso no solo de los grupos parlamentarios sino
de los agentes sociales para recuperar un poco el espíritu y quitar la idea a la gente que tiene hoy veintitantos o treinta años de que les da igual porque no van a cobrar pensión. Tenemos que quitar esa sensación y realmente trasladar a los
jóvenes y a los no tan jóvenes que el sistema aguanta. Hay una cuestión muy clara, la cuestión es decidir cuánto queremos gastar en pensiones, y evidentemente nosotros estamos muy por debajo de la media europea. Por lo tanto, podemos mantenernos.


Vuelvo a la prestación. No sé exactamente tampoco el tiempo que vamos a tener de debate de esta medida, pero vamos a ver si durante el debate podemos transformar esta medida. ¿Qué sería lo razonable? Lo razonable para nosotros sería
hablar de periodos de cotización. Hoy en día el mayor problema que tienen las mujeres que van a cumplir los 65 años en este año o a primeros del año que viene es que les faltan cotizaciones para poder en unos casos acceder a la pensión y en otros
casos acceder al cien por cien de la pensión. Para nosotros sería mucho más razonable hablar de periodos de cotización por hijo a cargo, es decir, el modelo que ahora tiene Alemania. Esa es nuestra propuesta.


Termino, señor presidente, agradeciéndoles su colaboración y esperando que estos días en que va a producirse el debate sigamos en contacto y podamos ir intercambiando mutuamente papeles y propuestas.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, intervendrá la señora Fernández en primer lugar.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al señor Bravo y al señor Ferrer su comparecencia en esta Comisión. Cuanto más profundizamos en la propuesta que nos hace el Gobierno y que hoy debatimos más me
reafirmo en una posición de considerarla totalmente inadecuada, pero inadecuada no solamente porque no sea equitativa, porque incremente la brecha prestacional para aquellas mujeres que lleguen a la pensión de jubilación antes de enero de 2016, sino
porque la brecha prestacional que existe en este momento entre mujeres y hombres se agranda en este caso también con respecto a las mujeres y no solamente en el caso de las que cobren su pensión antes de enero de 2016, sino también para todas
aquellas que después de 2016 no cumplan con la condición de tener más de dos hijos; es decir, las que tienen un hijo no son tenidas en cuenta en absoluto por parte del Gobierno para reducir la brecha que existe en este momento, y a las que no
tienen hijos les pasa otro tanto de los mismo. En cambio, hay contribuciones sociales relacionadas con servicios que debería dar el Estado pero que no ha dado y sigue sin dar, y me refiero a la atención a personas dependientes, a personas mayores
por la que muchas mujeres han tenido que abandonar el empleo o incluso no han

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podido acceder a él durante muchísimos años que tuvieron que cumplir esta función. Creo que la medida no solamente no cumple el objetivo de potenciar la natalidad, porque no hay ninguna medida que la potencie, porque de qué le sirve a una
mujer que le digan que dentro de treinta años va a cobrar una pensión que tiene un 5 %. En primer lugar, eso de que dentro de cinco años se va a implantar la medida es muy relativo, sobre todo cuando por otro lado hay anuncios pesimistas que
auguran que no va a haber ni pensiones. Curiosamente, les estamos diciendo a los jóvenes que vayan haciéndose pensiones privadas porque este sistema de pensiones hace aguas -y no lo decimos nosotros, que creemos en el sistema- y por otro lado les
decimos a las mujeres que se animen a tener hijos porque van a recibir un 5 % o un 10 % más en las pensiones dentro de treinta años. Es un absurdo absoluto si se hace para potenciar la natalidad porque lo lógico para potenciarla es que se tomen
medidas en el momento actual que les permita más facilidades para la crianza de los hijos. Y sobre todo son necesarias medidas que incluyan la corresponsabilidad, no se trata de plantearse la cuestión de la renovación generacional o la aportación a
la natalidad simplemente como si las mujeres estuvieran solas y tuvieran que hacer esta función sin la responsabilidad que les corresponde a los padres de las criaturas -y nunca mejor dicho-. Por lo tanto, desde el punto de vista de fomento de la
natalidad, es una medida absolutamente ineficaz y que no tiene nada que ver con el fomento de la natalidad y con el objetivo de reducir las brechas prestacionales y de las pensiones. Ya he dicho que cuanto más profundizamos en la propuesta más
cuenta nos damos de que no se rompe la brecha en relación con los varones sino que lo que se consigue es incrementar la brecha entre las propias mujeres, y esto no solamente no es equitativo ni redistributivo sino que es total y absolutamente
injusto.


Como medida electoral no sé si tendrá éxito y si las personas que van a recibir ese 5 % o 10 % más pueden ver en esto una razón para votar a una opción política en un proceso electoral. Desde luego, a la vista del documento analizado por
esta diputada que les habla u otras diputadas de esta Comisión, a la vista de sus intervenciones y de los documentos que nos aportan e incluso de la exposición que hizo aquí el secretario de Estado no hace muchos días, no hay ninguna razón que
indique que efectivamente esto va más allá de una mera propuesta electoral. Recuerdo cuando se hizo la propuesta también por parte del Grupo Popular en relación con la pensión para las amas de casa. ¿En qué ha quedado eso? Cuando se habla de
cosas imposibles para tratar de captar un voto en una franja de edad determinada no solamente no estamos haciendo propuestas serias sino que estamos haciendo propuestas injustas. Y en este caso, desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista
personal incluso, la propuesta que nos hace el Gobierno no puede ser más injusta, además de inapropiada, aunque pueda ser interesante para aquellas mujeres que van a poder acceder a esta prestación.


Por otro lado -y voy finalizando, señor presidente-, efectivamente, estamos de acuerdo con los comparecientes en que no es una prestación contributiva; es una prestación que tiene que ser asumida por los Presupuestos Generales del Estado,
pero de esto no se dice nada. Asimismo estamos de acuerdo en que los Presupuestos Generales del Estado tienen que asumir también todas las bonificaciones, no solamente la tarifa plana, sino las bonificaciones que en este momento están limitando los
ingresos de la Seguridad Social. Y por supuesto también estamos de acuerdo con otras medidas para desarrollar el Pacto de Toledo en sus recomendaciones actuales, que pueden ser mucho más positivas que las que nos propone el Gobierno, a las que, por
cierto, no se ha referido en absoluto.


El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, tiene la palabra.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Quiero agradecer en nombre de Amaiur la comparecencia de los señores Bravo y Ferrer y además agradecerles los contenidos que nos han trasladado. Con respecto al tema concreto del que estamos hablando, que es
el informe sobre el Plan de apoyo a la familia, oyéndoles a ustedes y coincidiendo con lo que ustedes decían, me venía a la cabeza ese principio del mal periodismo que dice que no dejes que la realidad te estropee un buen titular, y creo que detrás
de esta medida estamos ante un buen titular que tiene muy poco que ver con la realidad. Creo que la realidad va por caminos muy distintos y que esto no supone ni apoyar a la familia ni apoyar la natalidad ni apoyar la reducción de la brecha
prestacional, y muchísimo menos supone apoyar esa diferencia de género que existe también en el ámbito laboral y en el de las pensiones. Creo que estamos ante una medida que busca un buen titular, algo que suena bien en unos momentos en que deben
sonar bien las cosas desde el punto de vista de la política, en vísperas de elecciones. Pero desde ese punto de vista también es una irresponsabilidad porque creo que en este tema, como ustedes han señalado, hay que buscar el máximo consenso entre
las fuerzas políticas y las fuerzas sociales; es más, creo que el actual ministro tenía

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elementos de juicio y de conocimiento mejores en los que apoyarse, creo que en la realidad de Euskal Herria y en concreto en el ámbito de la Comunidad Autónoma vasca hay desde hace años unos planes de familia que están consensuados con las
mayorías sindicales, sociales, etcétera, y que van avanzando de una forma mucho más efectiva que lo que han propuesto. Y creo que de cara al futuro hay que avanzar en esos consensos. En el ámbito de las pensiones, aparte de que, como ustedes
saben, nosotros tenemos otra concepción diferente, podríamos hablar de caja única o no, de solidaridad, etcétera, pero, al margen de ese tema, creemos que hay que contar con la realidad del Estado, que es diversa, con realidades sociológicas y
sociolaborales diferentes y también con mayorías sindicales diferentes. Es un tema que hay que plantear en la reflexión general y se tienen que plantear ustedes desde los ámbitos sindicales estatales que no se puede tampoco prescindir de mayorías
sindicales que hay en zonas importantes del Estado.


Finalmente -y con esto acabo, señor presidente-, quiero insistir en algo que han señalado los dos comparecientes y que para mí es importante. A la hora de financiar los distintos aspectos que confluyen en las pensiones -usted se ha referido
a las tarifas planas, bonificaciones, etcétera- tienen que jugar también un papel importante los Presupuestos Generales del Estado, que son un elemento fundamental. Creo que ahora mismo estamos ante una contradicción y una grave irresponsabilidad y
es que se están bajando los impuestos y al mismo tiempo se está metiendo mano en la caja de las pensiones; es una irresponsabilidad desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la justicia social, de la justicia fiscal y desde el
punto de vista de la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que creo que es algo en lo que hay que insistir. Últimamente se está insistiendo demasiado en la necesidad de fondos privados de pensiones y creo que es también una
irresponsabilidad. Yo no me opongo a que existan, pero darles ese papel fundamental, aparte de que impulsar la economía especulativa es uno de los grandes males y causa de los grandes males que padecemos, creo que es también una irresponsabilidad
si lo que queremos es garantizar la justicia social y un sistema de pensiones sostenible socialmente y socialmente justo. Creo que esa reflexión hay que hacerla y les agradezco que la hayan planteado porque coincidimos totalmente con ella.


El señor PRESIDENTE: El señor Calduch, en nombre de UPyD, tiene la palabra.


El señor CALDUCH CERVERA: En primer lugar, quiero agradecer y felicitar por su intervención tanto a don Carlos Bravo como a don Antonio Ferrer.


Nuestro grupo coincide en esa lógica de diálogo social que sustenta el Pacto de Toledo desde su origen y, como ya se ha señalado por alguno de mis compañeros con anterioridad, lamentablemente, en esta legislatura ha faltado mucho de ese
diálogo. También tenemos que decir con realismo que sinceramente a estas alturas de legislatura no creemos que se vaya a producir. Lo digo porque a pesar de las apelaciones que hacían ustedes a ese diálogo que ha faltado, creo que tendremos que
dejarlo lamentablemente para la próxima legislatura. Pero es verdad algo que se ha dicho también y es que ha sido la voluntad de los grupos de la oposición la que ha mantenido viva esta Comisión y, por tanto, la que nos permite hoy tener este
debate, este diálogo.


Con respecto a sus intervenciones, nosotros compartimos y respaldamos todo lo que sea la lucha contra el fraude. Se ha dicho ya que se ha avanzado en la lucha contra el fraude pero queda mucho por hacer porque, entre otras cosas, cada
trabajador o empresario que defrauda a la Seguridad Social está defraudando a sus conciudadanos y por tanto está minando la ética que sustenta precisamente todo el sistema de sostenibilidad de la Seguridad Social, que es uno de los objetivos
básicos, si no el prioritario, del Pacto de Toledo. Esta idea de que el sistema de la Seguridad Social tiene que ser sostenible a largo plazo ha impregnado todas las intervenciones anteriores a la mía.


Compartimos asimismo la idea de que hay que revisar ya el Pacto de Toledo; las condiciones actuales y las que se prevén para los próximos años obligan a esa revisión, que ya he dicho que se va a realizar en la próxima legislatura con
diálogo. Pero eso, efectivamente, plantea una cuestión de debate sobre la que habría que reflexionar y no dar por sentadas demasiado precipitadamente algunas cuestiones. El sistema hoy por hoy está basado en la contributividad y las aportaciones
vía imposición fiscal deben ser en todo caso complementarias pero no sustitutorias del fundamento del sistema de Seguridad Social. Si queremos cambiarlo está bien, lo cambiamos, pero mientras tengamos el que tenemos son las contribuciones las que
deben sustentarlo y, claro, en ese sentido yo no puedo compartir algunas de las ideas que se mantienen aquí respecto del Plan integral de ayuda a la familia. Es verdad que la causa por la que se pretende dar esa compensación complementaria a las
mujeres con pensión contributiva, que tienen acceso por contribución a una pensión a partir de 2016, no es estrictamente contributiva, pero se

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está aplicando exclusivamente al ámbito de aquellas mujeres que han contribuido con su cotización a garantizar su pensión y, claro, aquí no podemos hacer el discurso facilón, demagógico -y no lo digo tanto por los comparecientes como por mis
colegas- del todo o nada, porque si lo que queremos es ir a un modelo en el que la pensión que le corresponde a cada mujer está complementada porque en su momento la legislación no contemplaba que el tener hijos y el perder oportunidades laborales y
de contribución les iba a perjudicar en su pensión, el hecho de que en su momento la legislación no lo contemplase permite que hoy lo podamos subsanar con este mecanismo. Podemos discutir los porcentajes, podemos discutir si la financiación procede
del sistema contributivo o no, lo que no se puede es negar que se está aplicando solo a las mujeres que han cotizado, que han trabajado y que han cotizado, más o menos. Por tanto, si lo que se quiere es aplicarlo sencillamente por tener hijos, pues
entonces muy bien, se lo aplicamos a todas, a las que han cotizado, a las que no han cotizado y a todas las que han tenido hijos. Pero si decidimos que se van a aplicar solamente a las que cobran pensión, efectivamente será porque está asociado al
carácter contributivo, aunque la causa no sea contributiva específicamente, y no lo era porque la legislatura en su época no lo contemplaba.


De cara al futuro ya tenemos la Ley de Igualdad, tenemos las formas del sistema de contribución, etcétera, pero estamos pensando en las que se van a jubilar a partir del 1 de enero de 2016. Efectivamente, podemos debatir -y yo creo que
sería un tema debatible- el decidir si esto se aplica a las que se jubilan a partir del 1 de enero del 2016 o a las del 1 de enero de 2014 o 2010. Pero, ¡ojo!, tenemos que establecer un punto de partida y que sea compatible con la sostenibilidad
del sistema porque no cabe al mismo tiempo decir que el sistema se está cayendo por falta de sostenibilidad, por falta de contribución, como se acaba de decir y al mismo tiempo decir que se lo tenemos que aplicar a todas las mujeres que desde el año
1970, cuando se produjo el baby boom, empezaron a tener hijos. Oiga, mire usted, esto no es serio, hay que fijar un periodo de inicio que podemos debatir pero que tiene que ser compatible con el criterio de sostenibilidad económica. Si no estamos
haciendo el discurso demagógico y nuestro grupo no quiere contribuir a ese tipo de debates, quiere contribuir a un debate serio, en el que se contemplen criterios, en el que se discutan cuáles son los más adecuados. Vuelvo a repetir, puede ser por
vía de impuestos o por la vía contributiva. En todo caso, yo creo que se puede mejorar la propuesta que se ha hecho por parte del Gobierno y creo que esa es la función de esta Comisión, mejorarla sin los condicionamientos predeterministas que pueda
imponer el Partido Popular con su mayoría absoluta pero sin los discursos demagógicos, que no llevan a ningún resultado. Y, miren, para hacer propuestas concretas en ese debate nuestro grupo hace una, que no es nuestra, en realidad nosotros la
hacemos en representación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y es que, efectivamente, el tener dos hijos, tres hijos o más y que porcentúa de forma diferente vaya también compensado o cualificado en función de que
alguno de esos hijos tenga discapacidad. En alguno de los comentarios se ha recogido pero como muy de pasada. En cambio, qué quieren que les diga, yo estas cosas de las familias de padres separados o divorciados, a ver, ¿no estamos partiendo del
supuesto de que las mujeres en términos generales cobran un 30 % menos a igualdad de trabajo? Entonces, ¿qué sentido tiene meter en este asunto el debate de si se les tiene que compensar en la pensión a los padres divorciados? Yo soy divorciado
pero, sinceramente, creo que estamos debatiendo otra cosa, estamos debatiendo si compensamos a las madres que en su momento, por no estar protegidas legal y socialmente perdieron oportunidades contributivas y por tanto se ven perjudicadas en sus
pensiones y no a todo bicho viviente. Eso no tiene sentido, es distorsionar el debate.


Yo les hago una propuesta y es la de que introduzcamos una modificación para aquellas madres que, en estas condiciones generales que señalábamos, además de tener dos hijos o más han tenido hijos con discapacidad; ahí incluiría a las que
solo han tenido un hijo pero discapacitado, por una sencilla razón, porque yo nuestro grupo defendería, como se lo dije el otro día al secretario de Estado, el que se incluyese a las madres con un solo hijo, ¿o es que ellas no hicieron aportación
demográfica? Pero, claro, eso choca con la sostenibilidad económica del sistema. ¿Por qué? Porque madres con un hijo salían tres millones según los cálculos del Ministerio, mientras que el resto, con más de dos hijos, hasta 2019 no llegaba a
medio millón.


Esos son los términos en los que creo que deben plantearse los debates y eso es lo que nuestro grupo parlamentario plantea aquí en esta comisión.

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El señor PRESIDENTE: En nombre de la Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señor presidente, felicidades por su nueva responsabilidad que seguro que será muy provechosa para esta comisión.


En primer lugar quiero agradecer, sinceramente, la comparecencia de los representantes de Comisiones y UGT, su aportación y sobre todo el trabajo cotidiano que realizan en defensa del Sistema público de Seguridad Social, que tantos poderes
económicos intentan desmontar, y la responsabilidad social con la que están abordando su papel.


Quisiera hacer algunas preguntas y sobre todo resaltar algunas cosas que me parecen determinantes de su comparecencia. De entrada, lo que hemos podido comprobar es que los dos comparecientes han dejado claro que no ven que esta propuesta,
en ningún caso, deba ser ubicada en el ámbito de las políticas de natalidad sino todo lo contrario. Eso, yo creo que es importante porque en la práctica supone impugnar la mayor, es decir, impugnar la cúpula sobre la que se construye toda la
propuesta pero también tiene efectos importantes porque entonces, si no se trata de políticas de natalidad, todas las medidas que después se plantean no deberían tener como punto de referencia la existencia o no de natalidad sino la existencia o no
de discriminación de la brecha laboral, salarial y prestacional de las mujeres, que tiene orígenes distintos, y no digo que la maternidad no los tenga. Creo que vale la pena constatar ese aspecto porque de esa afirmación que nosotros compartimos se
desprende algo más que un matiz; se desprende, desde nuestro punto de vista, una enmienda a la totalidad.


Desde esa perspectiva quisiera preguntarles si por su experiencia sindical consideran que las mujeres hoy en edad de tener hijos pudieran modificar su decisión en función de la expectativa -digo expectativa porque siempre se puede modificar,
por supuesto, legalmente- de una pensión mayor de aquí a treinta y cinco o cuarenta años. ¿Ustedes, con su experiencia sindical, piensan que las decisiones de maternidad, de natalidad, se toman con esa visión tan a lontananza o responden a otras
cuestiones?


Me ha parecido entender que también los dos comparecientes han dicho que les parecería mucho mejor actuar no en los efectos sino en las causas que generan esa brecha laboral, salarial y prestacional. Aunque ya han apuntado que si no puede
ser hoy sí de cara a una aportación posterior, nos interesaría saber también qué propuestas harían en materia de cambios en la legislación laboral, en materia de políticas sociales y también en materia de Seguridad Social para reducir ad initio, es
decir, en el inicio, en la causa, en el origen, lo que es una clara discriminación laboral, salarial y prestacional.


Otra pregunta muy concreta es si, fruto de su experiencia sindical, el hecho de que para acabar con una de las causas de discriminación de las mujeres, de todas, las políticas de conciliación, especialmente los permisos, se legislen de
manera indistinta e intercambiable entre hombres y mujeres, permitiendo que haya una cesión por parte de los derechos del hombre de nuevo a la mujer, ¿no les parece que auna la función reproductiva con la de atender el hogar, con lo cual se está
reproduciendo la causa? ¿No sería mejor abordar ya que esas políticas fueran para hombres y mujeres indistintamente sin la posibilidad de ser intercambiables, es decir, sin la posibilidad de ser cedidas entre ellas, como han planteado sectores
importantes del movimiento feminista en este país?


Otra pregunta que les quisiera hacer es que en alguna de sus intervenciones, que ha sido contundente en el fondo pero muy prudente en las formas, me ha parecido entender que ustedes nos plantean una fuerte contradicción entre que mientras el
Gobierno nos plantea abordar algunos de los efectos de la discriminación laboral, salarial y prestacional existente históricamente, simultáneamente y al mismo tiempo está proponiendo y poniendo en práctica políticas que están incrementando las
causas de esa discriminación, con lo cual es como estar llenando de agua un cesto de mimbre, vas intentado reducir la desigualdad pero la vas creando simultáneamente. ¿Lo he entendido bien? Desde ese punto de vista, ¿cuáles son esas políticas que
ustedes ven en estos momentos de carácter laboral que han incrementado, me ha parecido entender que alguno de ustedes lo ha dicho, la generalización del contrato a tiempo parcial, la reducción de salario? ¿Han detectado ustedes si la reducción
generalizada de los salarios ha afectado especialmente a las mujeres en la medida, al menos es nuestra impresión, de que como ha afectado fundamentalmente a los salarios más bajos de determinados sectores y esos están ocupados por mujeres, la brecha
salarial las ha impactado especialmente como consecuencia de las últimas políticas y eso por lo tanto incrementa las causas ad initio de esa discriminación? ¿Qué medidas se podrían adoptar en el ámbito laboral y también de legislación de Seguridad
Social?


Si yo he entendido bien, entre los dos y con diferentes aportaciones, han impugnado la mayor. Esta propuesta la han calificado de limitada por excluir a determinados colectivos, por generar agravio

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comparativo entre esos colectivos, por propiciar el mantenimiento del imaginario de un determinado tipo de familia, excluyendo a otras familias, y por regresiva en sus efectos. Si es así, eso es algo más que un matiz porque eso supone, si
primero se impugna, que no tiene que estar vinculada a políticas de natalidad y gran parte de las medidas están orientadas a propiciar la natalidad; luego la califican de limitada, de que genera agravio comparativo, de que propicia el mantenimiento
de un determinado imaginario de familia y de que es regresiva en sus efectos. Han sido ustedes muy prudentes pero la verdad es que la enmienda a la totalidad adquiere unas dimensiones amplias. ¿Qué condiciones o qué cambios consideran que debiera
tener esta propuesta, si se despejaran los anteriores, para que se pudiera superar ese carácter de limitada, agravio comparativo, regresiva, etcétera? ¿Qué cambios deberían producirse?


Y en ese sentido y entrando en materia hay unas cuestiones sobre las que nos gustaría conocer su opinión. ¿Consideran que la brecha laboral y salarial que viven las mujeres se refiere solo a su condición de maternidad o es una brecha
laboral y salarial generalizada de las mujeres que tiene mucho que ver con el rol social, por ejemplo, de atender a personas mayores, lo que también en muchas ocasiones les impide desarrollar su carrera profesional plenamente y les provoca vacíos de
cotización? Porque esa es la percepción que tenemos algunos sobre todo en términos históricos pero aún en muchos ámbitos de manera importante.


¿No creen entonces que la medida, si de verdad se quiere abordar esa realidad, sería establecer un complemento en general para reducir el impacto negativo de esa brecha para todas las mujeres, con independencia de que además pudiera haber un
plus para aquellas que tienen hijos y por lo tanto desde esa perspectiva han tenido hijos y desde esa perspectiva claramente aparece un factor de agravio de esa discriminación?


¿Qué otros tipos de familias o de protección a los hijos, por ejemplo, hijos discapacitados, creen que deberían estar incluidas en los beneficiarios de esta medida para resolver algunos elementos de agravio comparativo y de regresividad?


¿Qué opinión les merece a ustedes que las mujeres más discriminadas, que son las actuales pensionistas porque son las que por razones históricas han sufrido los momentos de mayor discriminación, queden excluidas de esa mejora? Nuestra
opinión es que eso supone mantener, agravar, cuando no multiplicar, la discriminación porque en este caso se produciría una triple discriminación: de género y de edad, añadida a la de salario porque hemos comentado antes, y creo que compartimos
todos, que a menor salario más discriminación salarial y prestacional.


En relación al tema de la financiación tomamos nota de algo que le hemos dicho al Gobierno todos los grupos de esta Cámara -veo que coincidimos también con las organizaciones sindicales y espero que también coincidiré con las organizaciones
empresariales-, ¿consideran lógico que el Gobierno nos plantee una medida de esta naturaleza planteando su financiación solo por la vía contributiva, sin esfuerzo del conjunto de la sociedad, que es la que en todo caso con su comportamiento puede
haber generado esos factores de desigualdad? ¿Tiene sentido que el esfuerzo lo hagan solo el resto de contribuyentes a la Seguridad Social, no el conjunto de ciudadanos del sistema? ¿Qué les parece el hecho de que con un déficit de un 1,1 % la
utilización intensiva del Fondo de reserva, el aumento de bonificaciones y exenciones y al mismo tiempo la reducción de las expectativas de pensiones por las últimas medidas, el Gobierno ue ahora se saque esta propuesta de la manga, con lo cual
parece ir contracorriente a todo lo que ha hecho en esta situación?


Y por último, hemos tomado buena nota de sus aportaciones en relación a tres grandes capítulo: primero, claros incumplimientos del Pacto de Toledo; nosotros ya lo hemos detectado. Segundo, no aplicación del Pacto de Toledo y leyes hoy
vigentes; también lo hemos tenido presente y lo hemos dicho pero nos agrada que lo digan ustedes porque entonces parece que no es una cuestión simplemente de que nosotros ejerzamos de oposición sino que parece que es algo objetivo. Y, tercero,
algunas propuestas interesantes en materia de financiación para evitar que pronto la tormenta perfecta irrumpa en medio del sistema.


Les puedo asegurar que, como siempre, las tendremos muy en cuenta. Para eso solo hace falta que los ciudadanos nos ofrezcan la harina necesaria para hacer ese pan y es que evacúen al Partido Popular del Gobierno.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i de Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Pido disculpas a los comparecientes porque no he podido asistir a todas sus intervenciones. Sí he podido hacer una primera lectura rápida de los documentos que nos han entregado y he escuchado buena parte de
la exposición del señor Bravo. Nuestra sensación es que

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compartimos los aspectos esenciales de su diagnóstico y el carácter de medida aislada, no coherente con los retos que se pretenden abordar, retos vinculados a la brecha de género en materia de pensiones pero también vinculados a las
cuestiones demográficas, una medida que el Gobierno ha trasladado al Pacto de Toledo que viene marcada por un tono electoral muy evidente, por la búsqueda del efectismo en su presentación pero no con la voluntad de abordar los problemas de fondo que
tenemos planteados en estas dos cuestiones.


Pero además, según vamos profundizando en la discusión se van evidenciando algunas cuestiones, se va evidenciando el carácter regresivo de la medida. Ya tuvimos ocasión de trasladarle al secretario de Estado que las mujeres con carreras
laborales que generan menores pensiones, casi nada se van a poder beneficiar de esta medida. No es menor esta cuestión y merece también una reflexión la necesidad de que en cualquier caso una medida de estas características tenga en cuenta la
complejidad de las vidas de las familias hoy en España. Nosotros, por ejemplo, en la comparecencia del secretario de Estado pusimos énfasis en que la propuesta del Gobierno quitaba las circunstancias especiales de las familias con hijos con
discapacidad o no hacía referencia explícita a las familias que habían optado por acoger a menores de edad y ustedes han ampliado también la situación específica de las mujeres que deben de criar hijos solas; esta misma semana Save the Children
presentaba un informe sobre el grado de pobreza en estas unidades familiares y ahí el Gobierno tampoco reconoce esa realidad. Finalmente, incorporaban la discusión sobre el nivel de financiación de esta nueva prestación por la parte contributiva
con toda lo que ello supone.


La situación es que, efectivamente, esta es una medida aislada, incoherente y electoralista. No sabemos cómo piensan el Gobierno y el Grupo Popular o si piensan, más allá de ese anuncio, en el Plan integral de apoyo a las familia y en cómo
lo piensan concretar; ahí tenemos una incógnita. No sabemos si estamos esperando un nuevo real decreto ley o una enmienda del Grupo Popular a alguno de los proyectos de ley en marcha. Quizás lo razonable sería esperarnos a que en la próxima
legislatura planteásemos una medida de este tipo en el contexto de una política global que abordase las cuestiones de fondo de la brecha de género en materia de pensiones y que abordase uno de los grandes asuntos pendientes de estas legislaturas,
pero singularmente también de esta, que son las cuestiones demográficas.


El Gobierno, en la retórica que acompañaba al Plan de apoyo integral a las familia insistía en un discurso de carácter familiarista; pone encima de la mesa las cuestiones demográficas como cuestiones clave para el futuro de la
sostenibilidad del conjunto del sistema de protección social pero luego no existen políticas públicas que, efectivamente, aborden estas cuestiones de fondo. España continúa teniendo un gasto en políticas de apoyo a las familias lejos de la media
europea; continuamos sin una prestación por hijo a cargo de carácter universal como tienen la mayoría de los socios de la Unión Europea; vemos cómo se incrementa el riesgo de pobreza infantil y en esta legislatura hemos visto cómo se han reducido,
se han liquidado las transferencias a las comunidades autónomas para reforzar el acceso a la educación infantil a los niños y niñas de 0 a 3 años. Por tanto, son cuestiones en las que el discurso del Plan integral de apoyo a la familia, que
pretende abordar este tipo de elementos, choca con políticas concretas del Gobierno que van en la dirección contraria. Todo eso hace que estemos ante una situación compleja, en la que tenemos un reto demográfico enorme, que el Gobierno articula
retórica sobre el problema pero que no existe ninguna política pública que permita abordar el reto demográfico.


Y en relación a las cuestiones de brecha de género en materia de pensiones, mi grupo, en el debate con el secretario de Estado apuntaba que la brecha de género de las pensiones tiene que ver también con las brechas de género en el mercado de
trabajo y que superar las brechas de género en el mercado de trabajo exige políticas mucho más a fondo, mucho más a fondo de las que pueden derivarse de esta medida y todo ello, tanto el reto demográfico como la brecha de género en el mercado de
trabajo lo que exigiría sería capacidad de acuerdos sociales y políticos de fondo y de calado.


Yo creo que la comparecencia de los interlocutores sociales esta mañana en el Pacto de Toledo, y luego la de los representantes de los empresarios, debe servir para recordarle al Gobierno que lo que necesitamos, si queremos de verdad abordar
el reto demográfico y los problemas de género, es que estas cuestiones se incorporen en la lógica del Pacto de Toledo que implica acuerdos sociales y políticos de calado que sean capaces a medio y largo plazo de cambiar las estructuras hoy
existentes. Creo que esto no va a suceder en esta medida y va a ser una oportunidad perdida.


Voy a leerme con más calma sus intervenciones y estoy seguro de que nos van a ser útiles en el hipotético caso de que debamos tramitar alguna iniciativa legislativa del Gobierno.

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El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular tiene la palabra don Pablo García Pérez.


El señor GARCÍA PÉREZ: En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Bravo y al señor Ferrer de nuevo por estar aquí con nosotros en esta comisión.


Como todos ustedes saben, el Gobierno se comprometió en el marco del Plan integral de apoyo a la familia, aprobado por el Consejo de Ministros del 14 de mayo de 2015, a remitir a esta Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo del Congreso
de los Diputados la propuesta para su debate y adopción de un complemento a la cuantía de la pensión contributiva resultante para la nueva alta en pensiones de aquellas mujeres que han tenido dos hijos o más, de forma que el Sistema de Seguridad
Social reconozca la aportación demográfica de las familias como elemento clave para la sostenibilidad futura del sistema.


Yo quiero recordar a la señora López i Chamosa que el Pacto de Toledo está más vivo que nunca, el Gobierno sigue remitiendo medidas a este Pacto de Toledo y otra cosa es que le gusten o no, pero el Pacto de Toledo está vivo y va a seguir
estando vivo mientras el Partido Popular siga luchando desde el Gobierno para conseguir que el sistema funcione y nosotros vamos a seguir peleando por conseguir que un Pacto de Toledo vivo aporte soluciones al sistema, a los muchos problemas que
tiene el sistema, a los muchos problemas que hemos heredado, y vamos a seguir peleando para que el Pacto de Toledo siga siendo un referente para la lucha en el sistema público de nuestras pensiones.


Y tampoco entiendo que si una medida como esta, que es una medida buena, todos los grupos, incluso hay algunos intervinientes que a regañadientes lo dicen, todo el mundo intente destruirla. Hay comentarios respecto a si es insolidaria,
injusta, incoherente..., en fin, yo creo que la medida es buena. Es verdad que no resuelve todos los problemas que tiene el sistema, no es el adalid que resuelve todo, no es la varita mágica pero de ahí a que sea tachada, como algunos de los grupos
han dicho, de insolidaria, injusta e incoherente, creo que entra más en esa demagogia en la que algunos grupos se envuelven cuando se acercan las citas electorales. En fin, nosotros la verdad es que no lo compartimos y entendemos que es una buena
medida que va a ayudar a mucha gente, sobre todo a las mujeres, que es lo que pretendemos: intentar ayudarlas en esta situación. Yo creo que va a favorecerlas y desde ese punto de vista, desde el Grupo Popular vamos a seguir apoyando este tipo de
medidas que el Gobierno nos vaya transmitiendo.


En nuestro sistema, el sistema español de Seguridad Social es un modelo de reparto contributivo y de seguridad intergeneracional altamente dependiente, no solo de la evolución del empleo sino también de la evolución demográfica; que nuestro
sistema de Seguridad Social sea de reparto implica que se otorga protección en la medida en que el ciudadano que lo reclama ha realizado aportaciones al sistema, tratando de lograr la máxima proporcionalidad posible entre el esfuerzo contributivo
del trabajador y los retornos que se van a obtener en forma de prestaciones, prestaciones que se financian con las cotizaciones sociales aportadas por la generación actual de cotizantes en base a un compromiso intergeneracional.


El Pacto de Toledo, en un informe de recomendaciones 2011 abogó por reconocer el esfuerzo asociado a la maternidad en la Seguridad Social, la dimensión de género en el sistema de pensiones y reclamó que evolucionara conforme a esas
circunstancias. Las recomendaciones de la Unión Europea, el Libro Blanco de 2011 y el Libro Verde de 2010, abogaban por medidas de sostenibilidad económica pero también por aquellas que garantizaban la adecuación y la suficiencia de las pensiones,
el reconocimiento de la natalidad como eje de futuro del sistema ayuda a prevenir situaciones de desprotección de las mujeres ante insuficiencia de pensiones futuras. En países de nuestro entorno se han adoptado medidas que incorporan para
evaluación final de la pensión a recibir no solo la cotización económica sino el concepto de cotización demográfica, reconociendo el esfuerzo realizado por las mujeres en la tenencia y cuidado de hijos a costa de su actividad laboral.


Actualmente existen medidas y prestaciones que tratan de compensar los efectos adversos en la carrera laboral producidos por la maternidad, como la propia prestación por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la
lactancia, parto múltiple, etcétera, si bien no supone un incentivo real a la maternidad. La valoración final de la pensión a recibir incorpora el concepto de cotización demográfica, es decir, se tiene en cuenta el número de hijos que se aportan,
clave para la sostenibilidad futura del sistema, en la medida en que se trata de futuros cotizantes y no solo de la cotización económica tradicional, de este modo el sistema va a reconocer a las mujeres trabajadoras pensiones más altas a mayor
número de hijos. El complemento consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la pensión inicialmente calculada conforme a su régimen jurídico un porcentaje determinado: por haber tenido dos hijos un 5 %, por haber tenido tres
hijos un 10 %, por haber tenido cuatro o más hijos un 15 %, afectando este incremento de cuantía económica a las pensiones contributivas.

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Esta medida va a beneficiar a 123.000 mujeres el año próximo, a 242.000 en 2017 y a 350.000 en 2018, respetando los pilares de nuestro sistema de pensiones y suponiendo un gasto adicional de 51 millones de euros para 2016. Para la
evaluación de la propuesta, sin modificar en modo alguno la esencia de nuestro sistema de Seguridad Social y respetando los requisitos exigidos por la normativa para el reconocimiento y cálculo de las pensiones contributivas, lo que se ha hecho es
utilizar un criterio de contributividad ampliada, en la media en la que no se tiene en cuenta solo la cotización económica sino que incorpora nueva cotización hasta ahora olvidada cuanto menos situada en un segundo plano. Esta cotización
demográfica refuerza el principio de contributividad, pues solo se reconocerá cuando en el solicitante concurran los requisitos exigidos para generar derecho a esa pensión.


La fórmula propuesta, por tanto, es la más limpia, pues respetando los pilares de nuestro sistema no modifica sus elementos, no cambia los requisitos contributivos ni los distorsiona, solo impacta sobre la cuantía final de la pensión de la
que se trata, en vez de calculada esta de acuerdo con las reglas exigidas por la normativa actualmente en vigor. Por otra parte corrige la doble penalización sobre las mujeres trabajadoras como consecuencia de la maternidad, salarios más bajos o
carreras de cotización más cortas o discontinuas y un mayor recurso al tiempo parcial y como consecuencia de ello además pensiones más reducidas, un 38 % inferior a la media y a la de los hombres. En la actualidad, las mujeres son las que
mayoritariamente dejan de forma temporal su trabajo para atender a sus hijos.


Y, finalmente, se aborda el tema de la brecha prestacional, que encarece especialmente para las mujeres en términos sociales y económicos el hecho de tener hijos. En España la pensión media de las nuevas altas de jubilación es de 1.455,89
euros para el varón y de 1.053,72 euros para la mujer, un 27,6 % inferior para la mujer. Por otro lado, en 2014 el importe de la pensión media contributiva para las mujeres, 669,95 euros, será un 38 % inferior a la de los varones, 1.082,23 euros.
La mayor esperanza de vida para las mujeres, 85,61 años, frente a los 79,9 años para los varones, también acentúa ese efecto a lo largo de la vida.


En definitiva, en el Grupo Parlamentario Popular creemos que se hace justicia social, que se da respuesta a una situación de injusticia que pesaba sobre las madres trabajadoras, que ya veían acortadas sus carreras profesionales, y su
excedencia y las reducciones de jornada hacían que sus sueldos fueran menores, lo que afectaba a sus posteriores pensiones. Con esta medida se intenta corregir y reducir la brecha de género en las pensiones y España se adelanta una vez más a las
recomendaciones de la Unión Europea en materia de igualdad, reconociendo la labor de las madres trabajadoras, del impacto económico demográfico y el papel clave que juega la maternidad en el sistema de pensiones.


El señor PRESIDENTE: Ahora para el turno de contestación, que ya sí les ruego que sea muy breve, tiene la palabra en primer lugar el señor Bravo.


El señor SECRETARIO CONFEDERAL DE PROTECCIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS, CCOO (Bravo Fernández): Efectivamente, esta es una propuesta, una medida que no va a tener impacto alguno en reducción de brecha salarial. Yo
creo que eso no tiene mucho comentario, se ha planteado y es así.


Sí me gustaría plantear una cuestión con carácter previo y es que todos los grupos que están aquí han participado de consensos en relación con el sistema de pensiones, incluso, aunque a veces lo olvidemos, lo digo por no ver todo tan negro,
en esta misma legislatura ha habido una actuación en materia de pensiones que fue objeto de diálogo social y acuerdo unánime; creo que fue la adaptación tras un acuerdo con los interlocutores sociales de los períodos cotizados para contratos a
tiempo parcial a efectos de acreditar los quince años. Es verdad que no hemos tenido tanta fortuna ni con el factor de sostenibilidad, índice de revalorización de pensiones ni con la reforma antes de jubilación anticipada parcial que también se
implantó de manera no acordada.


Lo digo porque a la hora de establecer los elementos sí me gustaría dejar clara una cuestión, las reformas que han sido objeto de pacto mantienen unos niveles de equilibrio y compromiso con el sistema a los que no podemos renunciar y se han
alcanzado reformas muy importantes en situaciones muy difíciles, 2011 y 1996, y en situaciones menos difíciles como fue 2001 y 2006, y la lógica de esas reformas no son las mismas que la de otras como las producidas para 2013 y 2014, con factores de
revalorización de pensiones o las que se han producido en otros momentos; algunas sí han reforzado la contributividad pero con elementos, en mi opinión, de menor desequilibrio y en otras simplemente, como la última, revalorización de pensiones y
factor de sostenibilidad, directamente se altera de manera muy desequilibrada

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los elementos de contributividad del sistema y se limita a ajustar el gasto de forma injusta y por tanto son elementos que habrá que abordar.


Comparto con la portavoz del Grupo Mixto, en este caso del BNG, una afirmación que ha hecho y que es muy importante porque las aportaciones no son solo demográficas, las aportaciones al cuidado de hijos son comparables a las aportaciones que
se hacen a la sociedad también para el cuidado de mayores y tenemos una fórmula de cuidadores no profesionales en el sistema de atención a las personas en situación de dependencia, y venía reconocida también esa contribución con una cotización a la
Seguridad Social por la base mínima que ha sido suprimida, lo digo porque a la hora de reconocer las aportaciones que se hacen, fundamentalmente por mujeres, efectivamente estoy de acuerdo en que son elementos que se tienen que tener en cuenta, como
también lo es, que no se ha suscrito y lo pedimos en esta misma comisión la última vez que estuvimos, el Convenio 189 de la OIT en relación con la protección de las trabajadoras o empleadas de hogar, que es otro elemento que se ha planteado también
y que me parece de interés destacar.


Me gustaría, englobando respuestas de algunos de los portavoces, tener en cuenta alguna cuestión. Nosotros defendemos, el señor Calduch lo ha planteado y algún otro portavoz también cuando hablamos de las fuentes de financiación distintas,
un sistema que sea contributivo y que se financie con cargo esencialmente a las cotizaciones sociales pero eso no está reñido con una aportación adicional y complementaria que puede ser muy importante en determinados momentos desde la imposición
general, y me gustaría trasladarles una reflexión a título únicamente de que la tengamos en cuenta. Con las cotizaciones sociales se han financiado otras políticas públicas durante muchos años, hasta 1996, hasta 2001 y realmente hasta 2013, en que
ha culminado la separación de fuentes de financiación con la financiación vía impuestos de los complementos a mínimos.


Cogiendo algunos estudios que se publicaron hasta el 2004 y la propia información del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, si todo el importe de cotizaciones sociales dedicado a otras políticas públicas, legítimo, lo hubiéramos dedicado
a aplicar la lógica del Fondo de reserva de la Seguridad Social este tendría hoy una cuantía en torno al medio billón de euros y estaría en el 47 % del PIB. Tendríamos un Fondo de reserva potentísimo para lo que viene, razón por la cual, no digo yo
que haya que recuperar aquello, aquello se dedicó a lo que había que dedicar, había otros gastos que atender y se hizo de esa manera, hoy tenemos un sistema distinto pero en ese sistema cabe perfectamente que cuando las generaciones más numerosas de
la historia de España, que aportaron sus cotizaciones para financiar ese conjunto de políticas llegan a la jubilación, el estándar de protección que les demos sea comparable y eso requiere necesariamente una aportación adicional desde la imposición
general. Por tanto creo que ese es un asunto que conviene concretar, que creo que coincidimos en buena medida pero es muy importante.


¿Qué ocurre? Que es también muy importante alinear los ingresos con los gastos y por eso todas las propuestas que hacemos, yo no lo voy a repetir, está en el documento, establecen una incidencia importante en el lado de los ingresos hasta
el punto de que planteamos medidas muy concretas para ahora en el desarrollo del Pacto de Toledo vigente, y para el futuro en el que venga, que nos vienen a plantear aportaciones adicionales en plenitud, digo en esa batería de propuestas, que puede
haber otras, del entorno de 50.000 millones de euros en términos reales hoy, que desde luego resolverían en buena medida esas cuestiones.


No se fomenta la natalidad con la medida; sin duda alguna. ¿Hay alternativas en políticas de apoyo a la familia? Sí, se lo hemos podido trasladar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El Plan integral de apoyo a la
familia es un compendio de medidas, muchas de ellas competencia de las comunidades autónomas, con soporte presupuestario -creemos, porque no se ha publicado- y al que se incorpora una medida como la que se pone encima de la mesa ahora. Pero, lo
dije antes, si queremos alinear los deseos de tener hijos de la población, creo que conviene que no asignemos solamente los deseos de maternidad de las mujeres sino los deseos de tener hijos del conjunto de la población, de la misma manera que no
hablamos de pensiones de viudas sino de pensiones de viudedad -incluso el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto-, conviene que centremos el mensaje en esos términos de manera clara. Tenemos que saber que hacen falta
políticas distintas que suponen un esfuerzo importante y que significan que la inversión que supone tener un hijo, efectivamente, tenga ayudas económicas, tenga acceso a infraestructuras, escuelas infantiles 0-3 años, fundamentalmente, pero no solo,
tenga medidas de conciliación de vida laboral y familiar, tengan, por supuesto, una no cesión de los permisos derivados de la paternidad o la maternidad, una igualación de los permisos de paternidad o maternidad. En fin, que lo que aparentemente
dibujamos como mayores derechos no se convierta en

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una traba en el acceso al mercado de trabajo sino que verdaderamente tomemos medidas efectivas donde indiquemos a la sociedad que la responsabilidad sobre los hijos es una responsabilidad compartida y que tiene los mismos derechos y cargas
para unos o para otros. Claro que esos son los elementos en los que se tiene que transitar y donde tienen que concretarse las propuestas.


Yo creo que sí es pertinente la referencia a otros tipos de familias y voy a decir por qué, porque la propuesta que el Gobierno nos hace no es una propuesta dirigida a las madres que han visto perjudicados sus derechos de pensión como
consecuencia del mayor trabajo o dedicación a sus hijos; no. La propuesta que se nos pone encima de la mesa es una propuesta que mejora los complementos de pensión a todas las mujeres que han tenido hijos, a diferencia de lo que acordamos el año
2011, cuando reconocíamos períodos cotizados adicionales por interrupción de vida laboral para atender el cuidado de hijos y donde lo que se está actuando es con una medida compensadora de un perjuicio, en este caso en carrera de cotización,
derivado de una mayor atención a una obligación familiar que sabíamos que podían asumir, o asumen muy mayoritariamente las mujeres, pero que también se podía dar en el caso de hombres; es decir, aquello era una medida orientada a afrontar un
problema concreto.


Yo, sinceramente, creo que la medida que se pone encima de la mesa ahora es una medida que tiene, permítanme que lo diga, un colectivo nicho, un objetivo al que se dirige y que pretende dar esa imagen y trasladar esa idea. Claro, si yo
pienso en esa clave, que es a la que me lleva la lectura del documento, pienso por qué una madre o padre, fundamentalmente madre, con un solo hijo pero en familia monoparental, por tanto sin el apoyo de una segunda persona en la pareja, no recibe
ese apoyo, o pienso en una familia homosexual de hombres, o pienso en una familia reestructurada con custodia compartida, pienso en cómo vamos a resolver eso, pienso en esas cosas porque creo que el objetivo de la propuesta no es, como lo era la del
2011, la de reestablecer un desequilibrio causado. Hay que pensar además que la reforma del 2011 es una reforma que endurece el acceso a las prestaciones exigiendo más años y actuando sobre distintos sistemas, y como somos perfectamente conscientes
todos del impacto que eso tiene de género como consecuencia de la brecha salarial, de las dificultades del acceso al trabajo, de la mayor interrupción, es por lo que se actuaba corrigiendo esos mayores requisitos. Lo digo porque eso me parece un
asunto relevante.


Sí me gustaría terminar diciéndoles que la propuesta que se hace es una propuesta que tiene ese sentimiento o ese sentido parcial; la necesidad de recomponer los consensos en esta materia son cruciales y las reformas aprobadas recientemente
van a reducir sustancialmente el gasto en pensiones. Efectivamente, resulta contradictorio, es un asunto que tenemos que resolver y creo que si se va a aprobar esa medida en esta legislatura que hoy se está discutiendo aquí -el señor Campuzano ha
dicho que no se sabe cuál es el itinerario que el Gobierno va a plantear y, ciertamente, eso es algo que dependerá del Gobierno y del grupo que lo sustenta-, si esa medida se aprueba ahora, como consecuencia de las actuaciones en el mercado de
trabajo -el tiempo parcial ha pasado de un 24 % a un 34 % de las afiliaciones a la Seguridad Social, la suma de tiempo parcial y temporal supera el 50 % de las afiliaciones a la Seguridad Social- el contrato a tiempo parcial, a pesar de que empieza
a afectar de manera creciente también a los hombres, es un contrato absolutamente feminizado, y esos elementos que se derivan de lo que ha ocurrido como en las políticas que se han implantado para la crisis, dificultan los ingresos del sistema y al
tiempo estamos consumiendo anticipadamente el Fondo de reserva de la Seguridad Social mediante dos vías: la financiación de tarifas planas y de políticas activas de empleo con cargo al sistema o la de propuestas como esta que se trae aquí, también
con cargo al sistema en lugar de con políticas de igualdad.


Si se quiere actuar en esta legislatura conviene que se acompañe como mínimo, además de mejorar en los elementos que se han planteado con la propuesta, de una actuación también sobre medidas que nos permitan fortalecer los ingresos del
sistema. Creo que tenemos todos una asignatura pendiente muy clara: la de ser capaces de reconducir la situación actual de falta de consenso sobre el sistema de pensiones a una nueva situación que nos permita recuperar los consensos básicos en la
propia legislatura.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ferrer.


El señor SECRETARIO DE ACCIÓN SINDICAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, UGT (Ferrer Sais): Con brevedad porque creo que los temas están dichos.


La señora López i Chamosa planteaba una pregunta: si nuestra opinión sobre el estímulo tiene que ser por la vía de un porcentaje o por la vía de un complemento fijo o lineal. Bueno, nuestra opinión es que no tiene que haber complemento, lo
que tiene que hacerse es cumplir con el Pacto de Toledo y reconocer años de cotización por los períodos dedicados, ya lo he explicado, al cuidado de hijos -por cierto,

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recogemos la propuesta del señor Calduch-, atención a familiares, a personas dependientes, etcétera. Creo que esa es la vía.


En relación con la segunda de las cuestiones que planteaba la señora Fernández, del Bloque Nacionalista Galego, yo creo que uno de los graves problemas está en el mercado de trabajo, en el acceso y la permanencia en el mercado de trabajo,
pero quizá no nos hemos detenido en ver el efecto que se produce sobre las mujeres que se van a jubilar ya, las sexagenarias. Los que somos sexagenarios lo conocemos, recordaremos perfectamente que nuestro ordenamiento laboral en los años sesenta y
setenta primaba a la mujer para abandonar el puesto de trabajo, los llamados premio de dote. Las señoras y señores legisladoras tienen que tener esto en cuenta; es decir, señor Calduch, aquí no estamos planteando que no se dé nada a nadie que no
ha cotizado, sino que se le reponga lo que se le quitó, incluso estimulado por políticas públicas, erróneas, pertenecientes, afortunadamente, a otro orden no democrático, pero las consecuencias en las carreras profesionales y en las carreras de
cotización se están sufriendo ahora y esta medida no repara ese problema, por eso no voy a ser insistente en plantear una cuestión que es clara.


El señor Larreina plantea, y coincidimos, la clave para el sistema en las fuentes de financiación. Lo hemos apuntado, no tenemos tiempo para tratarlo, pero cara a la futura revisión este es un elemento clave. Está previsto en el actual
Pacto de Toledo y estaba en el anterior buscar otras fuentes de financiación, pero simplemente quiero llevar a su ánimo dos cuestiones, el peso del empleo cada vez se reduce para ser más competitivo y más productivo; la robótica, la nanotecnología,
la introducción digital en la industria, en las telecomunicaciones y en los servicios va a ser crucial en el futuro, y esto no es compatible con seguir teniendo un modelo de financiación que exclusivamente es el empleo, no descubro nada nuevo, estas
dos cuestiones son clave y habrá que afrontarlas. No es un debate que sea nuevo, cualquiera que se haya aproximado a la financiación de los sistemas públicos de pensiones lo encontrará. El sistema danés llegó a la ecotasa precisamente por esta
reflexión, otros han llegado por otros caminos en ese terreno.


Recordaba el señor Coscubiela los incumplimientos; hay uno que no hemos significado, la Ley 27 planteaba una mejora de las pensiones de viudedad del 52 al 60 y sigue suspendida. Parece contradictorio desarrollar políticas favorecedoras
para reducir la brecha de las mujeres, brecha prestacional, y resulta que una política ya aprobada continúa suspendida. La lógica del buen gobierno, el gobierno que está al servicio de los ciudadanos, sería levantar esta suspensión antes de
afrontar cualquier tipo de medida futura; me atrevo a aventurar que sería lo más razonable en estos momentos.


El señor Carles Campuzano planteaba algo que compartimos perfectamente, como puede ser toda la lucha contra la pobreza, no la pobreza infantil, yo creo que estamos haciendo un ejercicio excesivamente de nomenclatura, hablamos de pobreza
energética, hablamos de pobreza infantil, pero cuando vamos a las familias la pobreza energética y la pobreza infantil tienen un origen que es la pobreza, con mayúsculas y una sola pobreza. Yo creo que hay un tema que he planteado que valdría la
pena recuperar, y es qué vamos a hacer con las personas excluidas por esta crisis mayores de cincuenta y cinco años que, fruto de los recortes, se les obliga a jubilarse a partir de los sesenta y uno, jubilación forzosa, que ha reducido su acceso y
muchos no llegan. El Pacto de Toledo algo tendrá que plantear con relación a estas personas, porque si no serán personas que dejaremos abandonadas; son los perdedores reales de esta crisis, estas personas no van a ser rescatadas, como han sido las
entidades financieras.


Quisiera hacerle una reflexión al señor García. Yo, con toda la humildad y el debido respeto a los juristas que hay en esta sala, hay un principio en el derecho civil y el derecho laboral que es que la voluntad de las partes no es la que
configura la realidad, sino son los hechos, y los hechos son que lo que se nos plantea, se llame una medida contributiva demográfica, una medida contributiva natalista, es que estamos ante una medida asistencial y, por lo tanto, esto no se puede
financiar con fondos de la Seguridad Social, esto se tiene que financiar con fondos de los Presupuestos Generales del Estado, si no continuaremos -no lo voy a repetir, ya se ha dicho- esquilmando, reduciendo, el ámbito de futuro de nuestro sistema
público de pensiones, algo que los que apostamos por el sistema público de pensiones no estamos dispuestos a consentir y por eso ofrecemos otras fórmulas de financiación para que sean debatidas y discutidas.


Quisiera hacer una última reflexión. Creo que el espíritu que se está planteando por todos los grupos, empezando por el Grupo Popular, de recuperación del consenso en esta Comisión permanente, es el que esperamos que se desarrolle, no en la
tramitación de esta medida, la legislatura tiene el recorrido que tiene, sobre todo en la renovación del Pacto de Toledo.

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El señor PRESIDENTE: Despedimos a los dos comparecientes y sin solución de continuidad proseguimos con los siguientes.


- DEL SEÑOR DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (GARCÍA VIÑA), Y DE LA SEÑORA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO SOCIOLABORAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (DÍAZ DE TERÁN LÓPEZ). CONJUNTAMENTE. (Número de expediente 219/000824).


El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a los dos comparecientes. Operaremos como en la anterior comparecencia, de tal manera que los dos comparecientes hablarán seguidos. En primer lugar, tiene la palabra don Jordi García Viña, director
del Departamento de Relaciones Laborales de la CEOE.


El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (García Viña): Agradezco la petición de comparecencia y vamos a tratar de resumir las principales líneas en
relación con el tema planteado.


La verdad es que es indudable que España tiene verdaderos problemas con el tema de previsiones de demografía, sobre todo en la doble línea de envejecimiento de la población y disminución de nacimientos, pero esto es una realidad también en
toda la Unión Europea y yo diría que casi en todos los países del mundo salvo algunas excepciones muy concretas. Mi intervención va a basarse sobre dos cuestiones que a mí me parecen separadas y que de alguna manera es necesario que se aborden de
manera distinta, una cosa son las pensiones de las mujeres y otra el apoyo a la natalidad. Respecto a las pensiones de las mujeres los datos son muy claros, la carrera de las cotizaciones de las mujeres es más corta, la media de la pensión de las
mujeres es más baja, pero es verdad que por puras cuestiones numéricas la diferencia entre hombres y mujeres respecto a la cuantía es mayor cuando se trata de cinco años antes y en cambio cada vez se va acortando, de esta manera ahí nos encontramos
el efecto tiempo que está jugando a favor de la convergencia de estas cuestiones. Es cierto que en España seguimos teniendo un esquema antiguo o clásico de pensiones de mujeres, donde esencialmente tenemos pensiones de viudedad de las mujeres,
familiares y complementos a mínimos, quiere decir que no tienen pensiones o las pensiones son muy bajas. Por tanto, esa es la realidad que aún tenemos en esta cuestión.


Es cierto que esta situación de las pensiones de las mujeres deriva de la situación del mercado de trabajo que tienen estas personas. Es verdad que existen unas diferencias, pero a mí me gustaría poner sobre la mesa algunas cuestiones que
hay que matizar. Yo he apuntado tres cuestiones concretas: La primera, una que he denominado apuesta de futuro. Esas diferencias se van a ir recortando porque tenemos más estudiantes mujeres en las universidades españolas y además las notas son
más altas, porque hay una progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, porque la duración de la vida laboral de las mujeres está aumentando y porque además la tasa de empleo y la tasa de paro en los dos sexos cae desigual; sea
para bien o para mal, esa es la realidad que está sucediendo. Segunda cuestión, desde CEOE-Cepyme tenemos alguna reticencia respecto a lo que denominamos ideas preconcebidas. Hay elementos en los cuales la diferencia de sexo, evidentemente, cambia
cuestiones, pero hay otras que no. Por ejemplo, la diferencia de sexo no tiene nada que ver con las calificaciones en el sentido de categorías profesionales y niveles retributivos, ni cómo se clasifican los empleos; la diferencia de sexo no tiene
nada que ver con la transparencia en las retribuciones, ni tan siquiera con la mayor o menor seguridad del empleo. Quiere esto decir que hay algunos aspectos en los que hay que tenerlo en cuenta, pero no todo hay que atribuírselo a esta diferencia.
Un ejemplo muy claro respecto a esta cuestión es el tema del tiempo parcial. Realmente, si uno hace un análisis de los datos oficiales de los años 2002 a 2014, y por tanto hay una cierta trayectoria, nos encontramos que el porcentaje a tiempo
completo, por supuesto derivado por la precrisis, crisis y poscrisis -estamos en este periodo-, la proporción de tiempo completo de los hombres ha disminuido mientras que la proporción de tiempo completo de las mujeres ha aumentado, lo mismo sucede
con el tiempo parcial y lo mismo sucede respecto a la disminución de la población activa, por tanto esos efectos serán así. Es verdad que cuando se trata de personas que están trabajando a tiempo parcial trabajan menos, cotizan menos y, por tanto,
las pensiones son inferiores, y es cierto que los datos nos dicen que aún hoy la diferencia entre trabajadores a tiempo parcial mujeres y trabajadores a tiempo parcial hombres es muy diferente, pero esta es la realidad, cuando uno trabaja menos
cotiza menos, de manera que difícilmente se puede establecer esa diferencia. La conclusión en

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este primer apartado de las pensiones de las mujeres es que, evidentemente, el resultado es que hay diferencias entre las pensiones reales de las mujeres y de los hombres y que hay que utilizar mecanismos para luchar contra esas situaciones
porque si no el problema que podemos tener es que haya un mayor riesgo de pobreza por parte de las mujeres y es una cuestión que nos parece importante erradicar.


Respecto al apoyo de la natalidad queremos hacer una apuesta clara por el elemento de la protección de la familia como uno de los elementos fundamentales y vertebradores de la sociedad desde diversos puntos de vista, yo me atrevo a plantear
dos muy claros, como es la escuela de valores y la asunción de deberes de cuidado, por utilizar un concepto, de manera altruista. A nosotros nos parece absolutamente fundamental que dentro de ese apoyo a la natalidad tenga un elemento
importantísimo la presencia de la familia. Entendemos que es necesario mejorar el régimen general de la maternidad. Solo viendo, por ejemplo, los datos sobre retraso de la maternidad nos encontramos que la media europea es suficientemente alta, la
verdad es que en España hay una variación de uno y medio o dos años, pero estamos hablando de una media de casi treinta años, de manera que la disparidad respecto a otros países nos inducen a plantearnos una realidad muy diversa en toda la Unión
Europea. ¿Qué mecanismos hay para favorecer la maternidad? Pues hay diversos mecanismos y la realidad clara la encontramos en otros países, en donde apuestan por la protección de la maternidad, protección de la natalidad, en sistema de Seguridad
Social contributiva, en sistemas de asistencia social. Por tanto, difícilmente podemos decir que hay un esquema óptimo o más rentable, que consigue los mejores resultados respecto a estas cuestiones. Así pues, el sistema que utilicemos en nuestro
país será válido si los resultados son buenos, con independencia de la metodología. En España ya hay mecanismos para reducir estas cuestiones, las prestaciones de Seguridad Social, las prestaciones no económicas, el reconocimiento como no cotizados
de determinados periodos, determinadas correcciones en cuanto a los periodos mínimos para la exigencia de jubilación, hay otros encima de la mesa, una medida para conciliar la vida personal y familiar de los trabajadores autónomos económicamente
dependientes, en los cuales nosotros hemos presentado alguna precisión, porque desnaturaliza el concepto de trabajadores autónomos económicamente dependientes y el Plan de apoyo a la familia.


Respecto a la propuesta que nos ha citado aquí, que es el complemento de la cuantía de la pensión contributiva, nosotros entendemos que la protección de la maternidad de la Seguridad Social en España es buena, en el sentido de que está en
los estándares de la mayoría de países de la Unión Europea y, por tanto, nos parece razonable. Es evidente que si decimos que existe un problema respecto a las pensiones de las mujeres y a la necesidad de apoyar la natalidad, hemos de seguir
tomando medidas y, por tanto, apoyamos cualquier tipo de medida que se proponga con esta finalidad, sin embargo queríamos hacer tres precisiones en la cuestión concreta de este complemento de la cuantía de la pensión contributiva. Entendemos que no
es un mecanismo que suponga un incentivo claro, ya que, por su distancia y por alguna cuestión técnica, no va a servir para resolver el incremento de la natalidad y sí que puede tener otras finalidades; de hecho, puede suponer la integración de
lagunas o puede suponer la diferencia entre las cotizaciones y entre las pensiones de las mujeres y los hombres, pero es probable que no tenga una eficacia directa en relación con el apoyo a la natalidad, que entendemos que es una de las medidas que
hay. En segundo lugar, el aumento de las tasas de la natalidad es una responsabilidad de toda la sociedad, por tanto toda la sociedad se tiene que implicar. No es una función que tenga que realizar exclusivamente o prioritariamente la Seguridad
Social contributiva, sino que toda la sociedad se ha de implicar. En tercer lugar, es evidente que difícilmente, en línea con lo que acabo de afirmar, puede estar ligada exclusivamente al principio de contributividad, porque de alguna manera hablar
de las cotizaciones sociales, cotizaciones demográficas, nos parece que aunque pudiera tener un cierto sentido en este proceso de separación de la financiación y esta implicación que reclamo respecto a toda la sociedad y no respecto a la Seguridad
Social contributiva, debería estar financiado este mecanismo, o cualquier otro que sirva para apoyar la natalidad, repito, por todo el sistema general. Para esto, y como conclusión, proponemos dos medidas muy claras: una, la creación de las
denominadas infraestructuras sociales, ya sean guarderías en el caso de niños o servicios de dependencia para mayores, públicos o en colaboración público-privada, y la aportación por medio de transferencias generales, por medio de sistemas fiscales,
que pensamos que pueden tener mayor impacto en esa idea de apoyo a la natalidad con la que, repito, estamos absolutamente de acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Teresa Díaz de Terán López, directora del Departamento Sociolaboral de la Cepyme.

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La señora DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO SOCIOLABORAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Díaz de Terán López): Señorías, mis primeras palabras son de agradecimiento a esta Comisión permanente, que nos cita una
vez más para reflexionar en torno a cuestiones fundamentales desde el punto de vista de la Seguridad Social y de nuestro sistema de protección social; en esta ocasión en torno al informe elaborado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social
sobre el complemento de maternidad en las pensiones contributivas.


Antes de entrar en el informe permítanme resaltar muy brevemente -sé que vamos muy mal de hora pero creo que es importante- una vez más en esta Comisión algunas cuestiones que creo valiosas. En primer lugar, la importancia que concedemos y
que Cepyme concede desde su nacimiento y a lo largo de toda su trayectoria a la Seguridad Social española y al sistema de protección social, las décadas ya de participación en los procesos de diálogo social, de negociación y de concertación mediante
los acuerdos sociales en que hemos traducido nuestra actividad y nuestro compromiso -creo importante también destacarlo una vez más en esta Comisión- y también la importancia que tiene el sistema de Seguridad Social como estabilizador y como
elemento imprescindible por su papel vertebrador de la sociedad española. Por último, y no menos importante, el compromiso social y político que aporta la observación permanente desde esta Comisión para corregir y para asegurar la viabilidad de
nuestro sistema de futuro.


Entre los factores que amenazan la viabilidad de nuestro sistema de Seguridad Social, y me refiero a ello porque el complemento sobre el que versa el informe elaborado por la Secretaría de Estado y Seguridad Social afecta a las pensiones
comprometidas, al concepto de maternidad en torno a las pensiones contributivas, voy a citar el desajuste en la tasa de dependencia, los pensionistas, más pensionistas menos cotizantes activos, los desajustes demográficos y el desajuste en la
contributividad del sistema, esto es entre cotizaciones realizadas y prestaciones recibidas, desajustes que se ven acentuados por la disminución de cotizantes y de las carreras de cotización, consecuencia del retraso en la edad de acceso al mercado
de trabajo de muchos jóvenes, por la salida del mercado laboral de mayores de cincuenta años, que por distintas vías, lamentablemente, hemos vivido en el marco de los últimos años por la intensa crisis que hemos atravesado. No se trata de
cuestionar en mi intervención el objetivo que transciende el informe en cuanto a la necesidad de apoyar el esfuerzo que ha supuesto para muchas mujeres compatibilizar carrera profesional y maternidad y en muchos casos incluso sacrificar carrera
profesional, ni tampoco se trata de no enfrentarnos a los numerosos cambios que se están produciendo en la sociedad actual, algunos especialmente importantes, como los producidos en los modelos sociales, familiares y demográficos, que son
determinantes para el futuro de los sistemas de protección social.


Entrando en el informe me gustaría hacer algunas reflexiones. El Gobierno, en el marco del Plan integral de apoyo a la familia que aprobó el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2015, se compromete a remitir a esta Comisión parlamentaria
del Pacto de Toledo, dice, para su debate y adopción en su caso, una propuesta sobre un complemento a la cuantía de la pensión contributiva resultante para nuevas altas en pensiones de aquellas mujeres que hayan tenido dos o más hijos, de forma,
dice el informe, que el sistema de Seguridad Social reconozca la aportación demográfica de las familias como elemento clave para la sostenibilidad. Tal complemento -tengo diseñadas las características principales pero me las voy a saltar en aras a
la brevedad- se asienta sobre la base de pensiones contributivas; afectaría tanto a la jubilación, a la incapacidad y a la viudedad; el efecto sería acumulativo y, dice el informe, inmediato, a partir del 1 de enero de 2016, y casi textualmente
señala, este nuevo complemento y la aprobación de este complemento a la maternidad sería una señal clara de apoyo a la maternidad, de estímulo de la natalidad, de consideración social de esfuerzo realizado por la familia, principios que no objetamos
pero que sí cuestionamos que sea necesario aprobar en este marco de financiación contributiva, lo que suponen las cotizaciones sociales y las pensiones contributivas. A falta de que la medida se concrete -es una medida normativa que todavía no
está, no es una medida normativa cerrada en todos sus términos- desde Cepyme compartimos la preocupación respecto al desafío demográfico en los próximos años que tendrá que soportar el sistema, además también estamos en línea con el objetivo de
apoyo a la maternidad y de estímulo a la natalidad, así como consideración social al esfuerzo.


En este sentido, las relaciones familiares y la conciliación de la vida laboral y familiar juegan un papel fundamental, la división del trabajo en el seno de las familias tiene efectos fundamentales en la vida laboral de la mujer y afecta
negativamente a su integración, como señalaba un estudio del CES sobre protección social de las mujeres, en muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas a adaptar las características de su integración laboral a las necesidades derivadas de la
esfera familiar, en todo ello tenemos que contribuir a cambiar. En paralelo, algunas mujeres incluso adoptan estrategias individuales

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para acomodar sus responsabilidades familiares a las derivadas del trabajo, de tal manera que las responsabilidades familiares no incidan negativamente en su desarrollo profesional. Resultan en este sentido necesarias y fundamentales las
políticas encaminadas a facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, que aunque dirigidas teóricamente a hombres y mujeres, la experiencia de su implantación en 1999 nos muestra cómo estas medidas dirigidas a equilibrar trabajo y familia
son utilizadas todavía casi exclusivamente por mujeres que soportan la mayor parte de las responsabilidades familiares. Sería necesario, por tanto, cambios en las valoraciones socioculturales del papel masculino en la familia y en el trabajo.


Quiero referirme también a la necesidad de infraestructuras de servicios sociales públicos, puesto que su carencia dificulta la efectividad de otras medidas dirigidas a compatibilizar vida laboral y familiar. En el debate abierto está por
resolver una cuestión fundamental, que es la de quién debe financiar los costes de las políticas de protección a la familia, puesto que si la maternidad y la paternidad, así como la conciliación de la vida laboral y familiar, son bienes jurídicos a
proteger, no solo en interés de los individuos sino también de la sociedad, el coste que conlleven no debería recaer, tal y como sucede ahora, casi exclusivamente sobre el coste del empleo soportado por el trabajador y la empresa. La previsión del
Gobierno es que el complemento se financie anualmente como una cuantía adicional de la pensión con cargo al sistema contributivo y, por tanto, con cargo a las cotizaciones de empresarios y trabajadores. A este respecto no se entiende que en un
sistema contributivo en el que la pensión se determina en función de las contribuciones realizadas, se proceda a plantear una medida de este tipo que significa la introducción de especialidades a este colectivo ajenas a la contribución al sistema.


Por otra parte, se debe tener en consideración que el sistema de Seguridad Social se encuentra en una situación económica muy preocupante, recordando la necesidad de abordar medidas de reducción del gasto para favorecer el equilibrio, por lo
que no entendemos tampoco la necesidad de incorporar una medida que incrementa el gasto y por tanto supone un mayor desequilibrio. No se puede olvidar que las últimas reformas aprobadas van en la dirección de la reducción del gasto, la reforma de
2011, el índice de revalorización, el factor de sostenibilidad, y responden a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con una reducción del gasto. Para 2015 la previsión inicial en la administración de la Seguridad
Social es una necesidad de financiación del 0,6 % del PIB, habiéndose registrado déficit desde 2011, que han determinado la consiguiente dificultad de liquidez y que han obligado a disponer de 33.000 millones, redondeando la cifra, casi 34.000
millones de euros del Fondo de reserva de la Seguridad Social, que también ha afectado al Fondo de previsión y rehabilitación constituido y a disposición de las mutuas colaboradoras en un importe de 5.350 millones de euros. Solo quiero recordar
además que en este mes se deben realizar disposiciones para afrontar el pago de la paga extra de los pensionistas. Consideramos, por tanto, que este apoyo a la maternidad debe canalizarse mediante políticas públicas de apoyo, políticas que deben
ser financiadas vía impuestos, no mediante cotizaciones sociales contributivas, que son mayoritariamente soportadas por empresarios y trabajadores y que suponen un mayor gasto para el sistema público de Seguridad Social. A nuestro juicio, siendo
coherentes, es necesario valorar si se puede actuar en este marco, me estoy refiriendo si se puede actuar y completar la pensión de las mujeres en el marco de la actual situación por la que atraviesan las cuentas de Seguridad Social.


Me gustaría dar algunos datos, para cerrar mi intervención. La mayor parte de los ingresos de las cuentas de Seguridad Social provienen de las cotizaciones sociales, la previsión para 2015 de estas cotizaciones de empresarios y trabajadores
representan el 87 % del presupuesto en términos financieros. Esta previsión de ingresos por cotizaciones supone un incremento del 8,2 % por cotizaciones a trabajadores ocupados y empresas, que creemos resulta algo optimista atendiendo a la
situación del mercado laboral y a la tasa de desempleo. El principal gasto, las pensiones contributivas, suponen más de 115.000 millones de euros y representan más del 87 % de los gastos presupuestados de carácter no financiero. Respecto a la
evolución de afiliados ocupados a la Seguridad Social, el número de afiliados, aunque los últimos meses ha habido un repunte, está todavía lejos de los 19 millones que había en 2008. Por el contrario, el número de pensiones contributivas continúa
aumentando. En mayo de 2015 tenemos 9.278.782 pensiones. Todos estos datos los pongo ante ustedes no porque no los conozcan, que sé de sobra que los conocen, sino para enmarcar la situación. Tenemos que trabajar en la corrección del sistema de
Seguridad Social y en asegurar su viabilidad, y esta medida no ayuda en nada a lo que es de futuro la viabilidad de nuestro sistema de pensiones.


Voy a poner fin a mi intervención reiterando a sus señorías mi gratitud y quedo a su disposición.

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El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de los grupos parlamentarios. En nombre del Grupo Socialista, doña Margarita Pérez Herraiz tiene la palabra.


La señora PÉREZ HERRAIZ: Muchas gracias a los dos comparecientes por su intervención.


Yo manifestaré algún punto de acuerdo creo que con los dos, porque he entendido que los dos cuestionan que esta medida deba de considerarse contributiva y que la responsabilidad demográfica y la responsabilidad sobre la natalidad es del
conjunto de la población y que, por lo tanto, su compensación se debería de hacer a través de impuestos. Pero permítame también antes de profundizar en el conjunto del tema que estamos estudiando hoy, que manifieste una discrepancia con respecto a
un comentario del señor García Viña, y es que no hay diferencia en la valoración de puestos de trabajo en función del género. Evidentemente, en los puestos de alto nivel no, un puesto de ingeniero es un puesto de ingeniero lo desempeñe un hombre o
una mujer, pero en la valoración de puestos de trabajo en la mayor parte de las empresas da la casualidad de que los puestos especialmente en los niveles más bajos, menos retribuidos, los puestos desempeñados mayoritariamente por mujeres, tienen una
valoración menor solo por ese hecho sin tener en cuenta la dificultad, riesgo y demás, y esto es una de las cuestiones que incide en la diferencia salarial que persiste todavía entre hombres y mujeres.


Dicho esto y con respecto a la medida, nosotros también estamos de acuerdo en que se suban algunas cuestiones, pero tenemos dudas -creo que como ustedes y los anteriores comparecientes- respecto a las características y forma de aplicación de
esta medida. Tampoco vemos que responda, como dicen en su proposición, a las recomendaciones del Consejo Europeo ni del Pacto de Toledo. El Plan de apoyo a la familia en relación con la Seguridad Social plantea varias propuestas, como estudiar las
prestaciones familiares, mejorar la prestación por hijo, favorecer la conciliación, etcétera, pero presenta este complemento de maternidad que puede estar bien o menos bien, pero es difícil ver su impacto en las familias y que sea, como dicen,
también lo dicen ustedes, estímulo de la natalidad y apoyo a la maternidad. Tanto el Consejo Europeo como las recomendaciones del Pacto de Toledo constatan la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres y su relación con las diferencias en
los salarios y los períodos de cotización. Creemos que sería ahí en lo que habría que incidir, en las diferencias de los salarios y periodos de cotización. En la recomendación del Pacto de Toledo, además de lo que nos transcribe literalmente el
Gobierno en su propuesta, también se dice específica y literalmente, en la propuesta 17, en su presentación más amplia, que hay que avanzar en la ampliación de coberturas, las ayudas a la adquisición de derechos propios, el acceso a pensiones de
grupos especialmente vulnerables y el aumento del apoyo financiero a los pensionistas más desfavorecidos. Sin embargo, en la presentación de la medida dice que beneficia a la mujer de clase media trabajadora. Por tanto, según dicen en la
presentación de la medida, el Gobierno no cumple con lo recomendado por la Comisión del Pacto de Toledo. No está claro el encaje de esta medida en el Plan de apoyo a la familia ni que responda a las recomendaciones del Consejo de Europa ni del
Pacto de Toledo. La medida -dicen- tiene la consideración de cotización demográfica, contributividad ampliada, pero solo se reconoce a quien tiene el resto de requisitos para dar soporte a que es una medida contributiva; parece que estas
afirmaciones son para dar soporte a que es una medida contributiva, que es algo que están cuestionando los comparecientes y que cuestionamos también nosotros. Es cierto que un hijo está por debajo de la media actual, que es la justificación que dio
el otro día el secretario de Estado para que la medida beneficie solo a las mujeres que tuvieron dos hijos o más, pero si los hijos se consideran cotización no está claro que un hijo no sea cotización ni que esa cotización no tenga ningún valor para
las mujeres que no tienen los otros requisitos. Si el objetivo es reducir la diferencia en las pensiones, esa diferencia, como dijo el primer compareciente, lentamente se está reduciendo, por tanto hay más diferencia en quienes ya están cobrando
pensión, que verán cómo se las utiliza como justificación para una medida que no les afectará. Si es contribución adicional no sabemos cómo va a interferir con el complemento de mínimos. Es una cuestión que todavía está pendiente de definir; y
como apoyo a la familia, la verdad es que consideramos que sería mejor apoyar a quienes están formando las familias y no a quienes las formaron hace cuarenta años. Para incidir en la diferencia entre pensiones por sexo creemos que es mejor incidir
en las causas que las generan, que ya las mencionamos anteriormente, y sería más justo, en línea con lo acordado en el Pacto de Toledo, buscar una fórmula que beneficiara más a las mujeres que mayor esfuerzo y sacrificio tuvieron que hacer, que
estará bastante relacionado con las que cobran menos, porque ya cuando trabajaban cobraban poco, pero se supone, como dije antes, que la contribución de tener hijos valdría lo mismo que la de los que cobraban más. ¿No supondrá esto una nueva
discriminación, lo decía también antes la compañera del Bloque Nacionalista Galego, entre las mujeres que se jubilaron antes del 2016 y las de después?

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Por último, permítanme que les formule algunas cuestiones. Yo creo que ya está claro que no consideran que esta medida contribuya a la natalidad y que consideran que habría que desarrollar otras medidas de apoyo a las familias como
infraestructuras de apoyo, servicios que nosotros diríamos públicos o transferencias fiscales y que consideran que la medida no debiera de ser contributiva. Pero, ¿consideran que esta medida apoya a las familias? ¿Consideran que es una buena
herramienta para incidir en la diferencia de pensiones entre hombres y mujeres? ¿Cómo consideran que hay que tener en cuenta el complemento de mínimos, o sea, debe de estar el complemento de mínimos al margen de esta medida y por lo tanto ser
plenamente compatible, y con la pensión máxima esta medida debe de ser a mayores incluso de la pensión máxima? ¿Consideran que esta medida -creo que no por lo que dijo por lo menos la segunda compareciente- es una forma eficaz de incrementar el
gasto de la Seguridad Social? Reitero mi agradecimiento. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: En nombre de UPyD, tiene la palabra el señor Calduch.


El señor CALDUCH CERVERA: Yo, dada la hora en la que estamos, voy a tratar de ser breve, pero tengo que confesar una cosa, y es que cuanto más intervenciones y comparecientes van pasando por esta Comisión sobre este tema, yo cada vez estoy
más confuso, en lugar de ir clarificándome, me voy confundiendo más. Se supone que esta medida va a empezar a aplicarse, si sale el proyecto legislativo correspondiente, a las mujeres que se jubilan a partir del 1 de enero del 2016 que han
contribuido y por tanto tienen derecho a una pensión contributiva, que tuvieron hijos hace veinticinco, treinta, treinta y cinco años. A ver, ¿quiénes son los cotizantes de hoy? Los que nacieron hace veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta
años, ¿o no? ¿O son los que nacen hoy? No parece, ¿verdad? Creo que todos ya después de la reunión el otro día con el secretario de Estado llegamos a la conclusión de que esto no es una medida para estimular la natalidad de futuro sino una medida
de reconocimiento de la natalidad de pasado, que porque no se reconoció legalmente en su momento hay que compensar de alguna manera. Yo lo entendí así, pero reconozco que después de las intervenciones de hoy ya no lo tengo nada claro. ¿O es que el
sistema, con todas las deficiencias, con la necesidad de revalorización, con todo lo que ustedes quieran, hoy en día es sostenible porque, efectivamente, esas madres tuvieron esos hijos hace treinta, treinta y cinco o cuarenta años? Porque, si es
así, a mí me sorprende que todos los comparecientes de hoy lleguen a una misma conclusión y es que como somos los que pagamos pues que no se les compense y así pagaremos menos. En fin, yo no creo que esa sea la base sobre la que se estableció el
sistema de Seguridad Social y protección social, ni de este país ni de cualquiera.


Entonces, seamos serios, yo tengo que reconocer que después de la intervención de hoy de los dos comparecientes de CEOE y Cepyme, a los que agradezco mucho que estén a estas horas aquí ilustrándonos, tengo claro que ellos, al igual que los
comparecientes de los sindicatos, comparten que esto no es un complemento contributivo, yo no lo tengo nada claro, pero bueno, admitamos eso y que por tanto tiene que ser financiado vía impuestos generales, aceptemos eso, ahora, también podríamos
aceptar, puesto que estamos en el debate, la idea de que eso es así para un periodo determinado, los próximos años, por ejemplo el secretario de Estado traía las cuentas hasta el 2019, pero análogamente podemos incorporarlo al sistema contributivo a
partir de ese momento, ¿o es que necesariamente tiene que ir siempre por vía no contributiva? Porque, si hoy hacemos la modificación, las mujeres que a partir de mañana entren al mercado de trabajo o estén en el mercado de trabajo y tengan hijos,
podría ser un elemento más del elemento contributivo, obviamente vinculado a una revalorización de las contribuciones, que ya se está planteando. Pero no parece que eso tenga mucho sentido. ¿Por qué? Porque ya se están tomando medidas de política
social de apoyo a la familia entre las que se encuentran precisamente la de facilitar el tener hijos y no solamente tener hijos, sino contribuir a su desarrollo sea cual sea el modelo de familia. Luego, estamos hablando de pasado, estamos hablando
todo el rato de pasado, no me hablen de futuro, de futuro hagamos las modificaciones o mejoremos las que tenemos, no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa.


Tengo que decir que no tengo muy claro, después de oír a los dos comparecientes, si están a favor o en contra de la propuesta, tengo claro que están en contra de que se financie con el sistema contributivo. Lo aceptamos, nuestro grupo lo
acepta sin ningún problema, ya lo hemos dicho antes. Pero no tengo nada claro si están a favor de que se aplique o no y mucho menos supongo que me clarificarían respecto de lo que he propuesto antes, y se lo propongo a ustedes también porque creo
que esto forma parte del debate que hay que hacer aquí, la de aquellas madres que además de tener dos o más hijos han tenido alguno discapacitado, por ejemplo. ¿No se podría eso incorporar como una mejora técnica? Ya que no se han

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incluido -y yo lo propuse el otro día al secretario de Estado y a todos los comparecientes y me encanta escuchar a mi colega del PSOE, que lo acaba de plantear- que se extendiese a las madres que también tuvieron solo un hijo, por qué no
incorporar la idea de que aunque se tenga solo un hijo, ya que no van a ir a todas las madres, esa desde luego no parece que sea la propuesta del Partido Popular, por lo menos a las madres que tuvieron un hijo discapacitado, porque les lastró en su
capacidad de desarrollar su actividad laboral, etcétera, con independencia de si eran monoparentales, biparentales o pluriparentales, a las madres que tuvieron un hijo discapacitado y por supuesto a las que tienen dos o más hijos y alguno de ellos
es discapacitado, etcétera. Incorporemos esa realidad.


Concluyo. A mí me parece que estamos constantemente tergiversando el debate y lo que me ha sorprendido es que también lo hayan hecho los dos comparecientes.


El señor PRESIDENTE: En nombre de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Quiero agradecer a los representantes de CEOE y Cepyme su comparecencia y su aportación, que viene clara, porque no es una cosa banal, se trata, junto con las organizaciones sindicales, de los representantes de
aquellos actores económicos y sociales que no solo financian el sistema público de Seguridad Social por la vía contributiva mayoritariamente, sino que son aquellos beneficiarios en primer lugar, por tanto, es muy importante conocer su opinión.


A mí me sucede exactamente lo contrario que al señor Calduch, es decir, en la medida que va avanzando la comparecencia cada vez tengo más claro que mucha gente coincidimos en el mismo diagnóstico, la verdad es que lo siento porque, desde el
respeto más absoluto, el esfuerzo que está haciendo el señor Calduch para vender la propuesta del Gobierno es importante, tanto es así que yo si fuera del Partido Popular me preocuparía porque pronto les va a quitar el sitio, pero fijémonos bien, es
una medida -no lo decimos nosotros- que está ubicada dentro del Plan de apoyo a la familia, con el objetivo fundamentalmente -dos, se dicen- de incidir sobre las políticas de natalidad y de intentar restituir parcialmente la discriminación provocada
por la brecha laboral, salarial y prestacional que provoca la situación de la mujer en el mercado de trabajo, pero lo que es más evidente es que no se trata de una medida para resarcir el pasado sino para abordar el futuro, es que justo excluye a
todas las pensionistas mujeres que lo son hasta el 31 de diciembre del 2015. Es decir, es una medida que tiene como objetivo beneficiar a las mujeres de futuro, es decir, a las que están cotizando, con el supuesto objetivo de que una expectativa de
aquí a treinta y cinco años va a propiciar que las mujeres hoy tengan más voluntad, si es que eso depende de su voluntad, de tener hijos, eso es lo que hay y eso es lo que creo que todos estamos prudentemente impugnando. Yo agradezco muchísimo su
intervención porque hay que constatar que prácticamente todos los grupos de la oposición, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales coincidimos en tres aspectos básicos: uno, que estamos de acuerdo en que este país necesita
políticas de apoyo a la natalidad y a la familia -en eso coincidimos todos-; dos, que esas políticas de apoyo a la natalidad y a la familia no pasan en todo caso por el elemento de restituir esa brecha que tiene otros factores y tiene otras
medidas; y, tres, muy importante, que lo que se haga en el marco del sistema público de Seguridad Social en todo caso debe ser financiado con recursos fiscales porque la naturaleza, el objetivo y además el impacto de esa medida tiene esa naturaleza
de redistribuir de manera positiva en ese sentido el efecto negativo que se ha producido en un determinado momento.


Llegados a este punto, no me queda más remedio que girar la cabeza, dirigirme hacia el Partido Popular y decirle: yo que ustedes me lo pensaría, porque ahora no somos los perversos grupos de la oposición, con excepción de Unión Progreso y
Democracia, que lo ve bien, que resulta que porque estamos en contra de todo lo que hace el Gobierno, porque no queremos mejorar las condiciones de las mujeres, porque les queremos poner trabas a las cosas, pero ya no somos nosotros, es que lo que
han hecho hoy las organizaciones sindicales y empresariales es algo muy importante porque, si se impugna que eso sea política de natalidad, se impugna no solo la orientación global, sino que se impugna gran parte de su concreción, pero entonces no
tiene sentido, si lo que se quiere es actuar sobre la discriminación y la brecha laboral, salarial y prestacional de las mujeres y no sobre la potenciación a futuro de la maternidad, las medidas que deben adoptarse son otras y tienen poco que ver
con las que ahora se están planteando desde este punto de vista. Si además resulta que se está en desacuerdo también en relación con las fuentes de la financiación, ustedes deberían prestar atención porque no se trata de aquella dita catalana, qui
paga mana, pero es que quien está financiando en un porcentaje superior al 80 % el sistema público de Seguridad Social son los trabajadores y los empresarios a través de sus cotizaciones y quienes han hablado hoy son sus representantes.

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No se trata solo de quién financia, se trata también de quién va a tener las consecuencias -lo han dicho los sindicatos y ahora la patronal- de unas políticas que en la medida en que están abordando ajustes importantes en materia de
pensiones y utilizando intensivamente el Fondo de reserva, si se saca de la misma caja, alguien va a tener que restituir eso porque si se continúa reduciendo los ingresos del sistema por la vía de la precarización de las condiciones de trabajo, si
se continúa utilizando de manera intensiva el Fondo de reserva, como se ha dicho antes por los representantes sindicales, con la desaparición del límite del 3 %, si se continúa utilizando exenciones y bonificaciones a costa, especialmente en el caso
de las exenciones, de los ingresos de la Seguridad Social, del Fondo de la Seguridad Social, y si eso no se repone y se quieren financiar prestaciones de carácter público de fomento de la natalidad con contribuciones, se está no diría yo algo tan
bestia de que se está poniendo la mano en la caja porque eso no es así, pero en cualquier caso se está haciendo algo que es dudoso. Yo les agradezco a los intervinientes su planteamiento y creo que deberían ustedes recapacitar porque no es que no
haya consenso en el Pacto de Toledo, es que no tienen ni consenso con las organizaciones sindicales y empresariales, ya sé que 100 votos valen mucho, pero a lo mejor no tanto.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i de Unió tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer la comparecencia de los representantes de CEOE y Cepyme, y seré breve porque estas horas aconsejan que avancemos rápidamente. De sus intervenciones son remarcables dos ideas: una, que esta
política, la política de apoyo a las familias, debe ser financiada no desde las cotizaciones a la Seguridad Social, sino desde los otros ingresos al sistema público de protección social; y dos, que las políticas que afectan a la brecha de género,
tanto en mercado de trabajo como en materia de pensiones son complejas, difíciles y exigen medidas más estructurales que exigen más tiempo, que exigen acuerdo con los interlocutores sociales. Todo ello aconsejaría al Gobierno a tomar con prudencia
la media que nos propone.


Yo simplemente quería plantearles una cuestión que han planteado los anteriores comparecientes y me gustaría conocer su criterio, y es si consideran que en esa línea de mejora del reconocimiento de los esfuerzos por la crianza o por la
atención, por el cuidado de hijos o de otras personas en el seno de las unidades familiares, deberíamos utilizar no la técnica de la creación de un complemento a la pensión, sino la ampliación de los períodos que se consideran cotizados o los
periodos que se compensan por la atención de hijos u otros familiares en situación de dependencia, si creen que el camino que mejoramos en los acuerdos alcanzados en la pasada legislatura en materia de pensiones, en las que CEOE y Cepyme estuvieron
presentes, tiene aún recorrido. En este sentido, nos parece importante conocer cuál es la opinión de los representantes de las organizaciones empresariales.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Marcos.


La señora MARCOS DOMÍNGUEZ: Como todos sabemos, el sistema de pensiones español, al ser un sistema de reparto, funciona bajo una premisa que conocemos bien, cada uno de nosotros aportamos nuestras cotizaciones hoy para financiar a los
pensionistas de hoy, en la confianza que está institucionalmente respaldada por la acción pública de que el día de mañana habrá otras personas que cotizarán para sufragar nuestras pensiones, ese es nuestro sistema.


Los hechos que afrontamos son muchos, pero se me ocurre destacar tres: una pirámide demográfica invertida; la pensión media de las mujeres, que es hoy un 38 % inferior a la de los hombres en media; y que bastantes países europeos han
implementado apoyos a la natalidad dentro de su política de pensiones. Con esos elementos el Gobierno ha enviado un documento que ustedes han leído, que han comentado, sobre el complemento de maternidad en las pensiones contributivas, introduciendo
un concepto nuevo, el concepto de contributividad demográfica como vía para reforzar la solidaridad entre generaciones.


Pues bien, ahora se trata de debatir en el ámbito del Pacto de Toledo la conveniencia de apoyar esta forma de solidaridad entre generaciones, de apoyarla o de rechazarla y de explicar, señor Coscubiela, a las mujeres, por qué se decide
rechazar, si se decide rechazar, explicárselo a las mujeres que podrían beneficiarse de esta ayuda. El modelo que como punto de partida para discusión propone el Gobierno se apoya en el que sigue Francia y expone otras opciones de otros países
europeos. A mí me gustaría preguntarles, señor García Viña y señora Díaz de Terán, qué modelos de los que se aplican en países de nuestro entorno les parece a ustedes que sería más adecuado para intentar aplicar en España o qué

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reformas dentro de esos modelos, aunque es cierto que hay algunos países que simplemente no aplican ninguna medida, como el caso de Reino Unido.


En última instancia, lo que yo querría plantearles, si podemos abusar de su paciencia y de su tiempo, es qué mejoras creen ustedes que habría que poner en marcha dentro de la propuesta que ha traído el Gobierno a debate para mejorarla con el
objetivo que en principio compartimos todos, que es reducir la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres, que es una propuesta que ya está defendida en el punto 17 del Pacto de Toledo, incentivar en lo posible la natalidad y apoyar la
solidaridad entre generaciones.


El señor PRESIDENTE: Para el turno de contestación tiene la palabra, en primer lugar, don Jordi García Viña.


El señor DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (García Viña): Voy a tratar de ser muy breve.


En principio no nos toca a nosotros decir si estamos a favor o en contra de la medida y difícilmente podemos resolver algunas cuestiones de tipo técnico que se nos han cuestionado, como por ejemplo cómo articularía las pensiones respecto a
máximos o mínimos o complementos a mínimos porque realmente entendemos que el documento con el que hemos estado trabajando no alcanza a resolver todas estas cuestiones técnicas y probablemente otras más que se podrían generar y, por tanto, desde ese
punto de vista difícilmente podemos responder.


¿La medida en sí creemos que es un elemento que contribuye a la natalidad? Yo entendería que no. ¿La medida puede suponer una medida que redistribuye y que elimina diferencias entre las pensiones entre los hombres y mujeres? Pues sí,
porque de alguna manera, teniendo como elemento el número de hijos establece un crecimiento de las pensiones respecto a las personas que las van a recibir, que son mujeres, por un tema que parece ser, objetivamente, nadie duda que puede haber
significado una merma en sus carreras profesionales como es la tenencia de hijos. Por tanto, la conclusión es que sí que cumple una finalidad, podría cumplirlo con otro mecanismo, pero lo tiene con el número de hijos y podría ser uno o varios o
podría tener otros elementos, como diversas formas de familia, pero la verdad es que como el texto que nosotros tenemos no los aborda para nosotros nos es difícil plantearlo.


¿Por qué defendemos el tema de la separación de financiación? Porque, sencillamente, desde hace más de ciento cincuenta años hemos apostado por un sistema de Seguridad Social que se fundamenta claramente en la contributividad, que quiere
decir que hay un apartado de esa Seguridad Social, de esa responsabilidad de la sociedad que pagan trabajadores y empresarios y, por tanto, tiene una distribución muy clara y es que se dedica a determinadas funciones y por eso seguimos apostando que
esta finalidad no la ha de asumir esencialmente las cuestiones contributivas, pero no quiere decir que no estemos a favor de que haya mecanismos que las resuelvan, sino sencillamente que este no es el lugar, porque el lugar que debe servir los
fondos contributivos son otros y nos permitiría hacer una mejor gestión de esa separación de ingresos y gastos en materia contributiva que tenemos en materia de Seguridad Social y estoy pensando, por ejemplo, en el tema de las pensiones
contributivas que sí que tienen una finalidad puramente contributiva.


¿Qué mecanismos podría haber para solventar estas cuestiones? Yo decía que a mí me parece que los mecanismos que tenemos en la actualidad desde el punto de vista de la situación contributiva de la Seguridad Social, porque después podríamos
entrar a valorar cuáles son los sistemas no solo no contributivos sino los que tienen asignadas las distintas comunidades autónomas por la vía de la asistencia social u otras cuestiones, me parece que son de alguna manera razonables desde el punto
de vista de que se parecen a los mecanismos que hay en otros países de la Unión Europea, por lo tanto, entiendo que tenemos suficientes elementos, como son el tema del reconocimiento de las prestaciones, el tema de períodos de lagunas que ya tienen
esa función, podría ser valorable, pero yo no voy a hacerlo aquí, si esas mejoras deberían ampliarse o no deberían ampliarse, pero, repito, esto ya es otra cuestión.


Por último, respecto a qué modelo me parece el más adecuado, cada país tiene su mecanismo y, por tanto, difícilmente me parece extrapolable esa situación porque hay países en los cuales parte del apoyo a la familia está esencialmente en la
parte no contributiva o en la parte asistencial y, por tanto, difícilmente se puede responder a esa cuestión.


Me parece que son necesarias toda una serie de medidas que apoyen a la natalidad, si estamos hablando de apoyo a la natalidad, proponíamos algunas pero seguro que hay otras que son necesarias. Cualquier tipo de medida ha de tener un impacto
directo en el momento de la natalidad, las medidas

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propuestas pueden tender más a eliminar determinadas situaciones de desigualdad, por tanto totalmente justificadas, pero que no tienen esa finalidad concreta, por lo que pensamos que deberían ser medidas previas más que a posteriori.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Díaz de Terán López.


La señora DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO SOCIOLABORAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Díaz de Terán López): Por no repetirme en muchas de las cosas, en primer lugar, por si queda alguna duda en relación con
la intervención y por aclararle al señor Calduch -yo entiendo que las prisas, incluso el hablar rápidamente puede hacer que la intervención no sea del todo clara-, nosotros no estamos en contra de lo que subyace en el informe, en lo que pretende que
anima el informe, que es el complemento de la pensión de maternidad como apoyo a la familia, a la mujer, a la natalidad, no creo que realmente este tipo de medida en este marco concreto, sí en otros, vaya a apoyar a la familia, se pueden abrir
elementos muy distorsionantes que no deben afectar a la contributividad porque, se ha dicho aquí, por qué a partir de dos hijos, por qué no un hijo, por qué no un hijo discapacitado, por qué no el cuidado de mayores, a las mujeres también les
afecta, hay mujeres que sacrifican su carrera profesional para cuidar a sus padres o a otra serie de personas que están en el ámbito familiar. Es muy complejo. Pero en esta Comisión y en el ámbito del Pacto de Toledo yo creo que es muy importante
dejar claro lo que debe asegurar, las medidas que deben apoyar la viabilidad del sistema de futuro de nuestras pensiones y este tipo de medidas en este momento no contribuyen. Mi intervención iba en ese sentido, en no decir que no a lo que subyace
en cuanto a apoyo a las mujeres, pero sí en este ámbito del Pacto de Toledo.


Nosotros llevamos compareciendo ya varias veces, yo personalmente en esta Comisión voy aprendiendo cada vez más de todos ustedes, pero mi organización lleva muchos años en este compromiso con el Pacto de Toledo y con lo que es el futuro del
Pacto de Toledo, con lo que pretende asegurar el Pacto de Toledo, que es la viabilidad de nuestro sistema de protección. Y ahí estamos. Por eso a veces no es un sí pero no, es un sí pero no, es complicado, pero de lo que no hay ninguna duda es de
que, desde nuestro punto de vista, las cotizaciones sociales, de empresarios y de trabajadores, no deben financiar este tipo de políticas, con las que podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con las
políticas de apoyo a la familia, con las políticas de educación de los roles -no me he referido a ello, porque he suprimido parte de la intervención-, pero ahí es fundamental la educación de los roles masculino y femenino, la empresa se está
incorporando a todo ese ámbito, cuesta porque la sociedad avanza lentamente, pero yo creo que se están produciendo cambios importantes, ahí es donde debemos incidir y asegurar el futuro de nuestro sistema de pensiones. (La señora López i Chamosa
pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Si me permite, un descuido imperdonable que ha tenido su grupo ha sido el de felicitarle en su nuevo puesto y desearle el mayor de los éxitos, y quería corregirlo.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora López i Chamosa. Ya sabe, en casa del herrero cuchillo de palo.


Gracias a todos por su asistencia.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.