CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 828

DEFENSA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA

Sesión núm. 44

celebrada el miércoles,

10 de junio de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario de Estado de Comercio (García-Legaz Ponce), para presentar las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, correspondiente al
año 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002263)... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Procedemos a tramitar el orden del día, celebración de la comparecencia del secretario de Estado de Comercio para presentar las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro
material y de productos y tecnologías de doble uso correspondientes al año 2014, de conformidad con lo establecido en el artículo 16.2, de la Ley 53/2007, del 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble
uso. En primer lugar, hace uso de la palabra el señor Secretario de Estado, don Jaime García-Legaz.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (García-Legaz Ponce): Señorías, agradezco la oportunidad que esta Comisión me brinda de poder exponer con todo detalle las estadísticas españolas de exportación de material de defensa, otro material
y productos de doble uso del año 2014. Además del informe sobre estadísticas correspondiente a este año, también se ha hecho llegar a los grupos parlamentarios el informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones relativas al informe de
estadísticas del año 2013. Mi intervención se dividirá en dos partes: la primera parte girará en torno a las cifras de las exportaciones realizadas de estos productos y en la segunda parte detallaré el grado de cumplimiento de las recomendaciones
contenidas en el dictamen aprobado por esta Comisión el 29 de octubre de 2014.


Por lo que respecta al análisis de las cifras del informe de estadísticas del año 2014, cabe destacar que se produjo un descenso del 18% de las exportaciones de material de defensa con respecto a 2013. Las exportaciones realizadas, por un
total de 3.203,2 millones de euros, ascendieron a un 87,4% del importe autorizado, 3.666,4 millones de euros. Las expediciones a los países de la Unión Europea importaron 1.830,8 millones de euros, un 57% del total, frente a los 1.414,2 millones,
un 36,2%, en 2013, y 746,3 millones, un 38,2%, en 2012. Dichas expediciones volvieron a recuperarse en valor y en porcentaje respecto a los dos años anteriores. Este incremento es debido fundamentalmente a la entrega de unidades del avión A400M a
las fuerzas aéreas del Reino Unido, Francia y Alemania. Las expediciones estuvieron distribuidas principalmente entre estos tres países, además de Italia y Grecia. Los países OTAN absorbieron un 65,6% de las expediciones/exportaciones, con 2.100,8
millones de euros. Las ventas restantes, por un valor de 1.089,4 millones de euros y un 34% del total una vez descontadas las expediciones/exportaciones a países de la Unión Europea y países OTAN, se repartieron entre 49 países.


Debo resaltar las principales operaciones materializadas en 2014, que se pueden resumir de mayor a menor relevancia económica en: 3 aviones de reabastecimiento en vuelo y 1 avión de transporte al Reino Unido, 4 aviones de transporte a
Francia, 2 aviones de transporte a Turquía, un avión de reabastecimiento en vuelo a Arabia Saudí, 1 avión de transporte a Alemania, 2 aviones a Indonesia y 10 bloques para la construcción de destructores y 8 lanchas de desembarco para un buque de
proyección estratégica a Australia. Asimismo, cabe mencionar la entrega de 4 aviones de transporte a Egipto, 3 aviones de transporte a Ecuador, 1 avión y repuestos a Omán, 2 aviones de transporte a Kazajstán, combustible militar a Grecia, diversa
munición a Bahrein, 1 avión a Vietnam, un sistema de vigilancia marítima y costera y 2 embarcaciones a Camerún, 1 avión modernizado de patrulla marítima y modernización de otros aviones similares a Brasil y, por último, 11 bloques para la
construcción de un buque de vigilancia del litoral a Venezuela. Como he mencionado anteriormente, en el año 2014 continuó el proceso que se había iniciado un año antes con la entrega de unidades del avión A400M a las fuerzas aéreas de los países
que participan en este programa de cooperación, concretamente a Alemania, Reino Unido y Francia. Por categorías de productos destacan por encima de todas las aeronaves, con 2.598,9 millones de euros y un 81,1% del total. El valor total de las
exportaciones derivadas de programas de cooperación en materia de defensa, tales como los aviones Eurofighter y A400M, los misiles Meteor e Iris-T, el programa de comunicaciones electrónicas MIDS o el helicóptero Tigre, ascendió a 1.864,2 millones
de euros.


Por lo que respecta a las medidas restrictivas que las autoridades españolas de control tuvieron que aplicar en 2014, conviene recordar la adopción por parte de la Unión Europea el 31 de julio y el 8 de septiembre de 2014 de una tercera fase
de sanciones a Rusia. Estas medidas restrictivas se tradujeron en un embargo a la exportación e importación de armas y material relacionado y a la exportación de productos de doble uso. Se excluye una aplicación retroactiva de las sanciones al
incorporar una cláusula de salvaguardia aplicable a contratos o acuerdos celebrados antes de la fecha de entrada en vigor de estas normas, el 1 de agosto y el 12 de septiembre de 2014, respectivamente. Las exportaciones, tanto en material de
defensa como en otro material y doble uso, tuvieron lugar, en parte, antes de la imposición

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de las sanciones por parte de la Unión Europea y en otro montante acogiéndose a las exenciones previstas en las mismas.


Llamo la atención a las exportaciones a algunos destinos tales como Irak, Egipto, Libia, Israel, Colombia o Tailandia, y también a los países que integran la Liga Árabe: Arabia Saudí, Bahrein, Catar, Marruecos, Jordania y Pakistán, en su
reciente intervención en Yemen. En todas estas operaciones se exigieron documentos de control con las debidas garantías de uso y destino finales, sin que se pueda realizar cambio alguno en los envíos sin la autorización previa del Gobierno español.
Cabe decir que en la segunda mitad de 2014 hubo un cambio significativo en la política española de exportación a Irak debido a la aparición del autodenominado Estado Islámico, pasando a autorizarse envíos de material letal y municiones con destino
al Gobierno iraquí en apoyo de su lucha contra aquel, en aplicación de las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en su reunión de 15 de agosto de 2014 y posteriores. En dichas conclusiones se daba la bienvenida a la
decisión de algunos Estados miembros de responder a la petición efectuada por el Gobierno regional del Kurdistán y el propio Gobierno iraquí y facilitar el suministro de material militar. Por este motivo, en noviembre y diciembre de 2014 fueron
aprobadas 8 licencias de exportación a Irak por valor de 95,8 millones de euros en 25 vehículos blindados con brazo robot de desminado, granadas de mortero, munición, disparos, espoletas de artillería y cargas propulsoras, siendo el usuario final el
Ministerio de Defensa iraquí. Salvo Egipto, los países de la Liga Árabe que forman la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de Naciones Unidas o la Unión Europea en la exportación de armamento de
material de posible uso en represión interna, ni tampoco a ningún tipo de medida restrictiva o recomendación internacional basada en la posible limitación de este tipo de exportaciones. En lo concerniente a Egipto, las conclusiones adoptadas por el
Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en su reunión extraordinaria de 21 de agosto de 2013 se referían a la suspensión de las licencias de exportación a dicho destino de cualquier equipamiento militar que pudiera ser utilizado en la
represión interna. Desde dicha fecha, el Gobierno español no ha autorizado ninguna operación de exportación de este tipo de productos a Egipto. La mayoría de países de la Unión Europea ha reanudado la colaboración con Egipto y la concesión de
autorizaciones destinadas a la lucha contra el terrorismo en la península del Sinaí y la mejora de la vigilancia de las fronteras, especialmente de la frontera con Libia. Asimismo, en el primer semestre de 2014 se produjeron envíos de diverso
material antidisturbios para la policía y el Ministerio de Justicia de Libia. Hay que precisar, señorías, que habían sido autorizadas a este país a lo largo de 2013 y primer semestre de 2014 cinco licencias de exportación de material de defensa, de
material de visión nocturna con destino al Ministerio del Interior, máscaras antigás con destino al Ministerio de Justicia y chalecos antibalas para un organismo oficial de lucha contra la droga, por valor de 1.900.000 euros, además de dos licencias
de diversos equipos antidisturbios por valor de 13,3 millones de euros con destino al Ministerio de Justicia para dotar en este caso de material de seguridad a todos los establecimientos penitenciarios del país. El embargo de Naciones Unidas a
Libia se reforzó el 27 de agosto de 2014 a través de la Resolución 21/74 del Consejo de Seguridad, sustituyendo el régimen de notificación al Comité de sanciones de las solicitudes de exportación de material de defensa no letal por una aprobación
previa de dicho comité. Hay que recordar que el embargo contempla una serie de excepciones y entre ellas el suministro de equipos no letales para asistencia al Gobierno libio en los ámbitos de la seguridad y el desarme, y por razones humanitarias o
de protección, como ha sido el caso de las siete licencias autorizadas. Con cargo a estas licencias solo se materializaron envíos en 2014 por valor de 278.771 euros en material defensa de chalecos antibalas y máscaras antigás para el Ministerio de
Justicia y 0,7 millones de euros en diverso material antidisturbios para la policía.


En lo referente a los envíos a Israel informo a sus señorías de que se limitaron a componentes de pistolas deportivas para ser ensambladas y posteriormente reexportadas a Estados Unidos, componentes de un misil destinado al Ejército de
Tierra español, espoletas para pruebas y validación en granadas de mortero iluminantes y sistemas electro-ópticos de vigilancia, observación y detección de blancos con destino al Eurofighter dentro del programa de cooperación del que forma parte
España.


Las exportaciones a Colombia consistieron en partes y piezas de aeronaves, repuestos de obuses y munición de artillería con destino al Ministerio de Defensa.


Por último, no han sido autorizadas exportaciones de equipos de posible uso en represión interna con destino a Tailandia desde el golpe de Estado que tuvo lugar en este país el 21 de mayo de 2014.


Sus señorías habrán podido comprobar que el año pasado hubo solamente una denegación de exportación de material de defensa en aplicación de la posición común 2008/944, de 8 diciembre, por la

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que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares. Dicha denegación correspondió a un acuerdo previo de exportación a Sudán del Sur de cuatro aviones de transporte. Esta operación
fue denegada en aplicación de los criterios 2, respeto a los derechos humanos; 3, situación interna; 7, riesgo de desvío, y 8, adecuación económica y técnica de la exportación de la mencionada posición común. Asimismo, se colaboró con un país
aliado en una investigación referida a una empresa española en la posible realización de actividades en Irán que podrían haber contravenido las sanciones impuestas por Naciones Unidas.


Señorías, paso a detallar a continuación las operaciones de otro material. Las exportaciones de material policial y de seguridad realizadas en 2014 alcanzaron un valor de 9,9 millones de euros, siendo los países de destino: Túnez, 2,9
millones de euros y un 28,9% del total; Bolivia, 2,8 millones de euros y un 28,8% del total; Perú, 1,7 millones de euros y un 17% del total; Venezuela, 1,5 millones de euros y un 14,9% del total; Libia, 700.000 euros y un 7% del total, y Togo,
con 300.000 euros y un 3,4% del total. Las exportaciones realizadas a Venezuela fueron con cargo a licencias vigentes que habían sido autorizadas 2013 y en cualquier caso antes de la suspensión, el 21 de marzo de 2014, de todas las licencias de
material antidisturbios. Esa suspensión de licencias sigue vigente. Las exportaciones realizadas supusieron un 102,9% de lo autorizado en el mismo periodo: 9,7 millones de euros.


En lo relativo a las operaciones de armas de caza y deportivas, las exportaciones realizadas se situaron en 46,4 millones de euros. Un 80,6% de estas exportaciones estuvo constituido por cartuchos de caza. Lo realizado representó un 38,9%
de lo autorizado, 119,3 millones de euros, en el mismo período. El destino principal fueron los Estados Unidos, con 18,9 millones de euros y un 40,8% del total. Las operaciones restantes estuvieron repartidas entre 57 destinos.


Es importante subrayar el hecho de que el Gobierno español decidiera adoptar una serie de medidas urgentes como resultado de los acontecimientos sucedidos en Venezuela y en Ucrania en los meses de febrero y marzo de 2014. La Secretaría de
Estado de Comercio, previo informe de la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa de doble uso, Jimddu, acordó el 21 de marzo de 2014 suspender las licencias de exportación de armas de fuego y de municiones de
caza a Ucrania y de material antidisturbios y de caza a Venezuela, que se encontraban vigentes. Hay que hacer notar que no había habido ninguna operación autorizada a Ucrania desde el año 2000 correspondiente a material de defensa o equipos
antidisturbios y policiales, al margen de una licencia de exportación para rifles de caza objeto de dicha suspensión. En el caso de Ucrania, España aplicó las conclusiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de 20 de
febrero de 2014. Estas conclusiones incluían, entre otros aspectos, el acuerdo de suspender las exportaciones a dicho país de equipos que pudieran ser utilizados en represión interna. La suspensión a este país afectó a doce licencias de
exportación consistentes en escopetas y rifles de caza, así como diversas cantidades de cartuchos de caza, perdigones, vainas con pistón, pistones de escopetas y pólvora para la fabricación de cartuchos. La suspensión fue levantada el 4 de julio de
2014 al comprobar que otros países de la Unión Europea habían reanudado sus exportaciones a este destino. Cabe precisar que, al margen de armas de caza de uso civil bajo la rúbrica de material de defensa, rifles y municiones, no ha habido ninguna
exportación autorizada de ningún material de defensa que no sean rifles de caza a Ucrania desde el año 2000.


Por lo que respecta a Venezuela, España se adelantó a la mayoría de los países de la Unión Europea en la posible imposición de medidas cautelares, extendiéndose la suspensión a quince licencias de material antidisturbios y a una licencia de
cartuchos de caza. La suspensión de estas licencias sigue vigente. Durante el año 2014 hubo cinco denegaciones de exportación de otro material. La primera de ellas fue una licencia de exportación a Guinea Bissau de cartuchos de caza, informada
desfavorablemente debido a la situación de inestabilidad interna y al riesgo de desvío existentes en el país de destino. Las otras cuatro denegaciones tuvieron a Egipto como país de destino y se refirieron a botes de gas lacrimógeno con sus
componentes, siendo denegadas debido a la situación de inestabilidad interna y al riesgo de uso indebido del producto. En la vertiente de las exportaciones de productos de caza se colaboró con el panel de expertos de Naciones Unidas en una posible
violación de los embargos a la exportación de armas impuestos por Naciones Unidas y por la Unión Europea a un país centroafricano.


En el siguiente bloque de la intervención, señorías, voy a resumir los principales datos de las exportaciones realizadas en 2014 de productos y tecnologías de doble uso. Las exportaciones realizadas de productos y tecnologías de doble uso
experimentaron un aumento del 11,1% en 2014 respecto al año 2013, con un valor de 168,5 millones de euros. Lo realizado representó un 80,4% de lo autorizado, siendo el valor total de las operaciones aprobadas de 209,5 millones de euros. El primer
destino en importancia

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de las exportaciones españolas fueron los Estados Unidos, con 30,8 millones de euros y un 18,3% del total. El segundo mercado fue Irán, ascendiendo las exportaciones realizadas a 26,4 millones de euros y un 15,7% del total, con una caída
del 22,8% respecto a lo exportado en 2013. Todas las solicitudes con destino a Irán fueron el resultado de la aplicación de la llamada cláusula catch-all contemplada en el reglamento comunitario de doble uso. Esta cláusula se emplea en
exportaciones de productos no incluidos en las listas de control cuando se tenga conocimiento de un posible riesgo de desvío a programas de fabricación de armas de destrucción masiva o cuando el país de destino esté sometido a un embargo de armas y
los productos vayan a tener un uso final militar. El uso de la cláusula catch-all por las autoridades españolas se justifica sobre todo por la necesidad de analizar detenidamente este tipo de envíos a Irán o a otros países sensibles. En
consecuencia, cada solicitud de exportación a Irán fue estudiada de manera detallada por la Secretaría de Estado de Comercio y la Jimddu, teniendo en cuenta las sanciones de Naciones Unidas y la Unión Europea. Los envíos consistieron en válvulas de
acero inoxidable con repuestos para las industrias de generación de energía, petroquímica, tratamiento de aguas, petróleo y gas; tubos y colectores para un horno industrial en la producción de fertilizantes, así como conjuntos para hornos
industriales en acerías.


La República Popular de China fue el tercer destino más significativo, con 23,3 millones de euros y un 13,8% del total. Es importante señalar que los envíos a Rusia, con 14,4 millones de euros y un 8,5% del total se realizaron antes de la
imposición de las sanciones por la Unión Europea o acogiéndose a las exenciones previstas en ellas. Los cambios aprobados el 12 de septiembre de 2014 y las sanciones de la Unión Europea a Rusia afectaron sobre todo a la vertiente de doble uso y se
tradujeron en la introducción de una segunda prohibición, añadida a la existente el 31 de julio del mismo año, consistente en no poder exportar a una lista de nueve entidades con actividades militares, pero no siendo de aplicación al sector
aeronáutico civil y a la industria espacial para un uso y usuarios finales no militares.


Retomando el análisis de las exportaciones realizadas de productos y tecnologías de doble uso, puedo decir que al margen de estos cuatro destinos que he citado el porcentaje restante, el 47,9% del total, estuvo distribuido entre 58 países de
diversas áreas. Las ventas se concentraron básicamente en la categoría de tratamiento de los materiales y dentro de ella en ventas de máquina-herramienta. El valor de lo exportado en esta categoría ascendió a 101.100.000 euros, con un 60% del
total. En el ámbito del doble uso hubo tres operaciones de exportación denegadas. Una de estas denegaciones se aplicó a una licencia de exportación a Irán de una válvula en acero al carbono para la industria del gas al estar incluido el usuario
final en el Reglamento de ejecución 945/2012, de 15 de octubre, por el que se aplica el Reglamento 267/2012, de 23 de marzo, relativo a medidas restrictivas contra Irán. La segunda licencia fue denegada por riesgo de desvío a un programa de misiles
en Rusia de una máquina de electroerosión. La tercera exportación denegada consistió en un centro de mecanizado con destino a la India y el motivo fue la existencia de una denegación esencialmente idéntica de un país de la Unión Europea alegando
riesgo de desvío a un programa nuclear. Por último, cabe decir que la cláusula catch-all fue aplicada en cinco casos, consistentes en dos posibles exportaciones a Irán de tubos de válvulas en acero inoxidable con destino a la industria
petroquímica, una exportación a Rusia de un centro de fresado, una exportación a Sudán de repuestos para máquina-herramienta y un envío a Bielorrusia de una máquina de electroerosión.


Señorías, durante 2014, y en el ámbito de las operaciones de doble uso, se colaboró en una investigación llevada a cabo por un país aliado relativo a posibles exportaciones a Irán por parte de tres empresas españolas de productos destinados
a refinerías de petróleo propiedad de entidades sancionadas por dicho país.


La segunda parte de mi intervención, señorías, girará en torno al dictamen de recomendaciones elaborado el 29 de octubre de 2014 por esta Comisión de Defensa. En la primera de las recomendaciones planteadas por sus señorías se indicaba que,
dado que las Fuerzas Armadas asumen cada vez más cometidos de apoyo en caso de catástrofe y en algunos países son la única organización que tiene capacidad para realizar estas tareas, se debería tener en cuenta que los vetos y restricciones no
afecten a la capacidad de reacción de dichas tropas ante estos acontecimientos. La legislación española se ha dotado de la flexibilidad suficiente para que las tropas españolas en misiones de paz o de ayuda humanitaria puedan exportar temporalmente
los equipos necesarios de acuerdo con el cometido que se les ha asignado en determinados países. De esta manera, según el artículo 5 de la Ley 53/2007, de 8 de diciembre, sobre control del comercio exterior en materia de defensa y doble uso, quedan
exentas de autorización las exportaciones de todos aquellos equipos objeto de esta norma que acompañen o vayan a utilizar las Fuerzas Armadas o incluso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español en las maniobras o

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misiones que realicen en el extranjero o con motivo de operaciones humanitarias, de mantenimiento y apoyo de la paz o de otros compromisos internacionales.


En la siguiente recomendación se pedía al Gobierno que informase acerca de la entrada en vigor del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, la adaptación a la legislación y el sistema de control en España, así como de las actividades
de divulgación llevadas a cabo para su firma por el mayor número de países. En esta recomendación se instaba al Gobierno a fomentar el conocimiento y cumplimiento del tratado mediante intercambios y reuniones con miembros de las Fuerzas Armadas y
personal funcionario de otros países, principalmente en las zonas de África e Iberoamérica. Asimismo, se abogaba por intensificar y fomentar la cooperación con los centros académicos y de investigación y la industria sobre las posibilidades de
ataques bioterroristas en España y sobre las medidas que deben adoptarse para defender a la población de la posible manipulación de bacterias y virus mediante los recursos apropiados.


El Tratado sobre Comercio de Armas entró en vigor el 24 de diciembre de 2014, después de haber sido depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación y transcurrido el plazo de noventa días previsto en el artículo 22 del texto de esta
norma. Como informé a sus señorías en la comparecencia del año pasado, el Gobierno español ha adaptado la legislación en este campo mediante la aprobación de un nuevo real decreto sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de
doble uso. La incorporación al marco jurídico español de las disposiciones contenidas en el texto del tratado se efectuó a través de tres apartados fundamentales en el Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. Este nuevo real decreto entró en vigor el 27 de agosto. Tanto en el preámbulo como en el artículo 7.1.c) se recoge una mención
explícita al Tratado sobre el Comercio de Armas, aprobado el 2 de abril de 2013 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, firmado por España el 3 de junio de 2013 y ratificado el 2 de abril de 2014. El artículo 7.1.c) aplica lo
dispuesto en los artículos 6 y 7 del tratado, relativos a prohibiciones y a exportación y evaluación de las exportaciones. España se había comprometido en el momento de la firma del tratado a la aplicación provisional de estos dos artículos hasta
su entrada en vigor. El ejemplo español fue seguido con posterioridad por algunos países miembros de la Unión Europea. La segunda de las modificaciones en el citado real decreto impuestas por el tratado se encuentra en el mismo artículo 7,
referido a la denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y revocación de las autorizaciones. En su punto 1.a) incorpora una referencia expresa a la violación grave del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho
internacional humanitario, en aplicación de lo que durante las negociaciones del texto del tratado fue considerado como la regla de oro que debía figurar de forma clara en el mismo. El tercer cambio relacionado con la adaptación y aplicación del
Tratado sobre el Comercio de Armas se plasmó en el artículo 9 de la nueva norma mediante la ampliación de cuatro a diez años del periodo mínimo en el que los operadores tienen que conservar la documentación derivada de estas operaciones.


Además de estos cambios, informo a sus señorías de que el Gobierno español ha ido más allá de la necesaria adaptación de la legislación a las disposiciones del tratado incorporando un requisito adicional para los operadores. Así, se lleva a
cabo un análisis previo a la inscripción en el Reoce -en el registro- de las personas jurídicas, comprobando que no estén condenadas por delitos relacionados con la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales
internacionales. Esta condición aparece reflejada en el artículo 15.7 del Real Decreto 679/2014 y fue uno de los posibles parámetros que finalmente quedó fuera del texto final del Tratado sobre el Comercio de Armas. En última instancia, es preciso
señalar, señorías, que se está realizando una activa labor en el seno de la Unión Europea a través, primero, de contactos con aquellos países que han mostrado dudas sobre la efectividad del tratado o son reticentes en principio a su firme
ratificación y, segundo, de la organización de seminarios de divulgación de los principales aspectos contenidos en el mismo.


Como es lógico, España está centrando sus esfuerzos en el área iberoamericana. Hay diversas actividades de divulgación del tratado que están planificadas para su realización en este año y en el siguiente, tanto en el ámbito de la Unión
Europea como por parte española. Las que han tenido lugar hasta la fecha de esta comparecencia se pueden resumir como siguen. Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación realizó una visita preliminar a Colombia los días
20 y 21 de noviembre de 2014 para la realización de labores de asesoramiento en aspectos de carácter político y administrativo. Esta visita será seguida con casi total seguridad de encuentros en 2015 entre las autoridades de control de las
exportaciones de armas de los dos países. El segundo país en el que España ha centrado sus actividades de apoyo y divulgación del tratado ha sido Perú. La Secretaría de Estado de

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Comercio llevó a cabo una visita inicial a Lima los días 13 a 15 de mayo de este año. En ella se mantuvieron contactos con las principales instituciones peruanas involucradas en todo el proceso relativo al tratado, respondiendo a sus
cuestiones y dudas desde la perspectiva de la experiencia española.


España participará en la primera conferencia de Estados parte, que tendrá lugar del 24 al 27 de agosto en México, Distrito Federal. En ella se tratarán cuestiones tales como las reglas de procedimiento de las conferencias, la financiación y
el establecimiento de una secretaría permanente del tratado. En el dictamen de recomendaciones se indicaba también, señorías, que en el proceso administrativo de autorización sería conveniente seguir reforzando la valoración de los criterios
formales, potenciando tanto los técnicos como la praxis internacional comparada, evitando al mismo tiempo retrasos que puedan surgir de la interpretación de conceptos jurídicos de difícil aplicación en coherencia con los criterios entre miembros de
las organizaciones internacionales a las que pertenece España. A tal efecto se ha trabajado en todos los foros internacionales de control y no proliferación, además de los dos grupos de trabajo del Consejo referidos a armas convencionales y a
productos y tecnologías y de doble uso, en el Comité de aplicación de la directiva comunitaria sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa y durante la propia elaboración y
discusión del texto del Tratado sobre el Comercio de Armas. En todos estos ámbitos se ha perseguido la mayor armonización posible de los sistemas nacionales de control.


En otra recomendación se instaba al Gobierno a especificar el estado de aplicación de la Directiva 43/2009, de 6 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la simplificación de los términos y condiciones de las transferencias de
productos relacionados con la defensa dentro de la comunidad y, concretamente, la emisión de licencias generales y de certificación de empresas. Como tuve ocasión de informar en las comparecencias realizadas en 2013 y 2014, la trasposición de esta
directiva se realizó a través del Real Decreto 844/2011, de 17 de diciembre, que entró en vigor el 2 de enero de 2012, casi seis meses antes de su aplicación efectiva, fijada el 30 de junio del mismo año.


Las principales novedades derivadas de la directiva han consistido en la incorporación de una nueva autorización para envíos intracomunitarios de material de defensa, la licencia general y un proceso de certificación de empresas de defensa
asociado al uso de una de esas modalidades de autorización. El personal de la Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso, que depende de la Secretaría de Estado de Comercio, ha llevado a cabo una intensa
labor de difusión de las ventajas derivadas del empleo de este tipo de licencias durante todo este tiempo. Esta actividad se ha centrado en las asociaciones del sector y, más directamente, en aquellas empresas de defensa potencialmente
beneficiarias de los mecanismos de simplificación ya implantados, informándolas directamente de las ventajas de las que pueden optar si solicitan la certificación. Toda esta actividad está dando sus frutos, reduciéndose la tramitación de un total
de siete licencias generales, dos de ellas para envíos a Fuerzas Armadas de países de la Unión Europea, otras dos con destino a empresas certificadas en Francia y las tres restantes referidas a envíos temporales para mantenimiento y reparación. En
enero de 2014 finalizó el proceso de certificación de la primera empresa española de defensa, de modo que ya figura en la base de datos europea Certider. Otras dos de las principales empresas de nuestro país en este sector han mostrado interés en
iniciar el proceso de certificación.


En la siguiente recomendación se abogaba por impulsar la internacionalización de la industria española de defensa a través del grupo de trabajo interministerial sobre el apoyo a la internacionalización de la empresa española, que preside la
Secretaría de Estado de Comercio. Este es un instrumento de indudable importancia. Su constitución tuvo lugar el 15 de marzo de 2012. El objetivo de este grupo no es otro que el de ayudar a la empresa española a acceder a los mercados exteriores
mediante el trabajo conjunto de toda una serie de departamentos ministeriales, aportando sus ideas y una mayor coordinación de las respectivas actividades. A tal efecto, la Secretaría de Estado de Comercio pone a disposición de los diferentes
ministerios instrumentos de apoyo oficial a la exportación y su experiencia en este ámbito.


En la primera reunión del grupo de trabajo, el 4 de mayo de 2012, se acordó la creación de varios grupos ad hoc, con cometidos específicos. Uno de ellos es el grupo de trabajo de defensa, que cuenta con la participación de los departamentos
directamente implicados en este campo y de las asociaciones sectoriales. El objetivo primordial del grupo es dar apoyo a la internacionalización de las empresas españolas de defensa. A tal fin, y dentro de sus cometidos, se analizan las líneas
generales de la política de apoyo a esta internacionalización, siendo objeto de evaluación el desarrollo y la utilización de los contratos entre Gobierno y Gobierno para apoyar y favorecer la exportación española en material de defensa. Asimismo,
se estudian propuestas concretas que puedan ser aprovechadas por las empresas

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exportadoras. En el seno del grupo de trabajo se busca la máxima coordinación de los organismos españoles involucrados en las exportaciones de material de defensa, así como de las visitas institucionales en países prioritarios. En las
siguientes reuniones del grupo participaron las dos asociaciones sectoriales, Tedae, Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio, y Aesmide, Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Publicas. Ambas
asociaciones están brindando un decidido apoyo a las acciones encaminadas a la internacionalización de las empresas españolas de defensa. Es importante incidir en el hecho de que las dos asociaciones consideran que este grupo de trabajo debe
convertirse en el eje vertebrador de una estrategia de internacionalización de la industria española de defensa y seguridad, coordinando y ordenando los apoyos de tipo institucional, técnico y financiero.


Otro instrumento fundamental desarrollado por este Gobierno es el Plan estratégico de internacionalización de la economía española. Así, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, se elaboró un plan con carácter bienal, cuyo objetivo es la mejora de la competitividad y la maximización de la contribución del sector exterior al crecimiento económico y a la creación de empleo. La apuesta decidida por la
internacionalización se plasma en este plan estratégico, que cuenta con ambición y abarca una gran amplitud de áreas de actuación y de actores. En él se han identificado, además, un conjunto de regiones geográficas y de sectores con gran potencial
de expansión al exterior y de generación de efectos arrastre sobre el conjunto de la economía española. En este contexto, la internacionalización del sector de la defensa es una de las prioridades que contiene el plan.


Por último, sus señorías expresaron también su deseo de que el Gobierno informase de las fechas de los años de autorización de las exportaciones efectivamente realizadas en el ejercicio en curso, proporcionando en todo caso la información
relativa a aquellas licencias autorizadas que sean más relevantes y que estén por encima de un determinado umbral, fijado en cien millones de euros. Esta recomendación ha sido objeto de cumplimiento y sus señorías pueden comprobarlo en el informe
de estadísticas de 2014, en el que se ha incorporado un cuadro en el anexo 1 referido a aquellas operaciones de exportación realizadas con un valor superior a los cien millones de euros. No se ha considerado imprescindible incluir la fecha de
autorización de todas y cada una de las exportaciones, ya que ello complicaría, por un lado, la elaboración del informe anual, debido al elevado número de operaciones, y, además, retrasaría el envío de las estadísticas.


Con esto último doy por finalizado el análisis de las cifras de 2014 y los pasos dados para el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por sus señorías. Espero que esta información haya podido ser de utilidad. Solo me queda
agradecer la atención prestada y ponerme a disposición de sus señorías para cualquier duda, pregunta o aclaración que deseen formular relacionada con el comercio exterior de material de defensa, otro material y doble uso. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, intervendrán los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, por un tiempo de diez minutos. En consecuencia, tiene la palabra, en primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, don Joan
Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor secretario de Estado, para nosotros el día de hoy no deja de ser -ya sé que esto es una expresión excesivamente utilizada, pero no tengo otra- el nuevo día de la marmota, porque me reconocerá que, al menos, en
algunos destinos de las armas españolas vendidas este 2014 existe el riesgo -y digo riesgo porque me refiero al artículo 8 de la ley- de que, si no se vulneran los derechos humanos de forma sistemática, que en algunos también, al menos pueda
ocurrir. Ya sé que el artículo 8 lo que intentaba precisamente era actuar casi con bisturí, para hacerlo todo muy bien, y que en el segundo o el tercer nivel de concreción en todas las operaciones de venta de armas los destinos quedaran muy
acotados. Pero deben aceptar, como mínimo, que hay lugares en los que se hace difícil entender que no se vulnera el concepto riesgo de que ocurra todo aquello, es decir, la vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de Arabia
Saudí las violaciones de los derechos humanos son evidentes, independientemente de ser responsables de los ataques aéreos en Yemen. Hace pocos días un ciudadano fue condenado a diez años y a recibir mil latigazos por el solo hecho de actuar como un
bloguero; es decir, mil latigazos y cárcel por redactar noticias en un blog. Ya sé que se nos puede decir que esto es algo singular y particular.


Pero el caso de Arabia Saudí lo hemos ido denunciando -y me refiero no a este diputado sino a buena parte de las organizaciones internacionales que tienen como objetivo siempre velar por el

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cumplimiento de los derechos humanos o por la denuncia de su vulneración- porque es un caso que se ha ido repitiendo y por ello desde hace años se ha venido denunciando también en esta misma Cámara.


Gracias a entidades como Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace, Oxfam Intermón, nuestra labor en este Parlamento puede ser más eficiente. Pero independientemente de ello son entidades que tienen ganado un gran prestigio precisamente
porque siempre han denunciado todo lo que ocurre desde la absoluta imparcialidad, con máximo respeto a sus objetivos y a sus principios fundacionales. Por esta razón, estas entidades nos trasladan una vez más -aunque nosotros ya tenemos esta
posición tomada desde hace muchos años- la preocupación sobre la venta de armas al Estado de Israel. Seguimos sin entender cómo se pueden vender armas a Israel sin vulnerar el artículo 8 de la ley, insisto, no lo entendemos. En otras ocasiones
hemos hablado de la operación Plomo Fundido, de la masacre de Gaza del año 2009, de todo aquello que había ocurrido respecto a la Flotilla de la Libertad. En el caso de Israel los Gobiernos deberían ser un tanto más atrevidos, quiero decir que
deberían explotar todas las potencialidades del artículo 8, que era el artículo en el cual todos en su momento nos sentimos reflejados porque habíamos sido capaces de redactarlo de manera que, con voluntad política, difícilmente ningún arma
producida en el Estado español pudiera acabar en manos de alguien que no respeta los derechos humanos. Pero, claro, todo depende del uso, de la interpretación y de cómo se pone a prueba el artículo 8. Por ejemplo insistimos en el tema de Iraq, es
paradójico que España, que participó del bloqueo al Iraq de Sadam, hoy venda armas a la región sin las debidas garantías de que no vayan a caer en manos del Estado Islámico. El argumento que ha dado usted es un tanto falaz. ¿Cuántas de estas armas
acaban precisamente en manos del Estado Islámico? Y todavía seguimos teniendo noticias de que se utilizan muchas armas españolas en conflictos africanos en los que interviene básicamente tropa infantil. Los niños de la guerra -que todavía existen
en África- siguen utilizando armas españolas. Ya sé que no fueron vendidas directamente pero aquí siempre hemos mostrado preocupación por aquellos que hacían de puente trasladando armas españolas a terceros, y sigue siendo un agujero negro. Ya sé
que usted está en contra de esto, es más, creo haber oído algunas manifestaciones suyas en ese sentido del uso perverso que hacen algunos intermediarios, pero me parece que el argumento es pobre.


También estamos preocupados -y quizás esto podría ser aclarado si usted considera a bien responderme a un par de preguntas- por una cuestión. Si se incrementa el volumen de ventas, ¿se ha incrementado en consonancia la capacidad de control?
¿Cómo ha cambiado la organización del trabajo para que las organizaciones tengan los oportunos controles que establece la ley? Porque, si no, tengo la impresión -y es posible que sea compartida por el resto de compañeros que están aquí- de que
estamos repitiendo siempre los mismos argumentos. Siempre le manifestamos a usted, como ya se lo habíamos manifestado a otros políticos cuando ustedes no gobernaban, la misma preocupación. Podríamos repasar intervenciones de otras legislaturas,
creo que los argumentos y las preocupaciones son los mismos y no creo que seamos tan imbéciles como para repetir siempre los mismos argumentos, no lo haríamos si estuviéramos convencidos de que se ha mejorado. Me gustaría preguntarle qué hace falta
para que dejen de autorizar venta de material a Israel. Y respecto a Iraq, si se ha producido ya la venta de armas que han autorizado, ¿quién es el destinatario o qué previsión tienen sobre el usuario final? ¿Cómo pueden garantizar que estas armas
no acaben en manos del Estado Islámico? ¿Qué capacidad tendremos para ser conocedores de todo ello? De manera que repito mi preocupación por Arabia Saudí, Israel, armas en África e Iraq.


Finalmente quiero pedirle dos cosas. Una, atendiendo al hecho de que estamos ya al final de la legislatura y reconociendo y agradeciendo siempre su predisposición y la manera diligente con la que usted siempre nos ha presentado los
informes, ¿es posible que se nos presente el dictamen el mes de septiembre o el mes de octubre? ¿Es posible que todo aquello que compete al año en curso lo tengamos antes de que acabe la legislatura? No sé si es absurdo lo que pido o si es
imposible.


También creo que debería mejorarse un tanto -quizás sea producto de mi incapacidad- todo aquello que tiene que ver con la información sobre el tipo de producto exportado y el usuario final. Aquí tenemos dificultades -quizás porque no somos
especialistas- y no digo que no se haya mejorado mucho pero todavía tenemos muchas dificultades para poder afirmar que somos conocedores del tipo de producto exportado y el usuario y uso final. Todavía creemos -no digo que haya pretensión de
esconderlo- que se podría avanzar más, de manera que nuestro trabajo aquí sería más eficiente y más rentable.


Termino recordándole que el artículo 8 podría dar mucho más de sí y en este artículo tenemos la impresión de que es donde se encuentra la madre del cordero porque con él se podría ser mucho más restrictivo y más precavido respecto a quiénes
se venden armas o, al revés, con una interpretación liberal

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de este artículo se permite que sátrapas con piel de cordero sigan recibiendo armas españolas, que usan para vulnerar los derechos humanos. También les reconozco que en los últimos años el Gobierno español, en este caso el Gobierno del
Partido Popular, ha avanzado mucho respecto de épocas anteriores, en las que parecía que había barra libre para vender armas con tal de que fueran pagadas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, secretario de Estado, por su comparecencia y por la información que nos facilita un año más. Quiero empezar mostrando mi agradecimiento a las ONG que nos ayudan a los grupos parlamentarios a desentrañar
toda la información y datos que hay en este informe, que son Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam, porque sin su trabajo nos resultaría mucho más difícil y porque esa colaboración con la sociedad civil nos parece también un buen
índice de participación política.


Quiero continuar señalando las mejoras que mi grupo ha observado en este procedimiento que, como hemos dicho otras veces, siendo mejorable, es un procedimiento bastante adecuado, por lo que, ojalá que en todos los temas concernientes a la
defensa hubiera una transparencia similar. En cuanto a las mejoras, como se recomendaba en el dictamen del año pasado en el punto número seis, se ha incorporado el dato de la fecha en que se autorizan exportaciones por cantidades superiores a 100
millones de euros. Indudablemente, es un aspecto doblemente digno de ser subrayado. En primer lugar, por lo que supone el reconocimiento al trabajo parlamentario que hacemos aquí y porque se acepten las recomendaciones que formula esta Comisión.
En segundo lugar, porque mejora la transparencia. Querría preguntarle sobre si -ya que la información que proporciona al establecerse este umbral en 100 millones de euros es obviamente limitada- el Gobierno considera la posibilidad de revisar ese
umbral y así podamos tener ese mayor conocimiento sobre operaciones que están por debajo del mismo, por operaciones de menor importe. Por otro lado, también celebramos que se explique el grado de cumplimiento de las recomendaciones del dictamen, si
bien son las del dictamen parlamentario del año 2013 y no de 2014; en cualquier caso, lo consideramos también una mejora.


Sin embargo, y con carácter general, entro ahora en las cuestiones que preocupan a mi grupo. La información que se nos facilita en muchas ocasiones no es suficiente para determinar con exactitud el tipo de producto y, sobre todo, la gran
preocupación permanente de este informe sobre el usuario y el uso final del material en cuestión, que a veces no nos permite saber con concreción qué tipo de armas se venden ni la unidad concreta de unas Fuerzas Armadas o del cuerpo policial al que
se destina ese producto. Constatamos también, y quiero subrayarlo, que se ha reducido el volumen del importe de exportación de armas respecto del año pasado y que aun así nos situamos como séptimo exportador mundial de las principales categorías de
armas.


Hay algunas operaciones que a mi grupo le preocupan, por lo que voy a enumerar a los países por no detenerme en todos los tipos de productos de municiones, bombas, etcétera. Nos preocupan las exportaciones a Bahrein, a Egipto y a Camerún,
en la medida en que se trata de munición de escopeta que puede haberse desviado a República Centroafricana, que sufre un embargo de armamento. Respecto de Irak, ya que usted se ha referido a material destinado a las Fuerzas Armadas iraquíes y no a
los kurdos, nos gustaría que aclarara -pues sobre Irak pesa un embargo de armamento que, sin embargo, tiene distintas excepciones, la última de ellas, hace unos meses por parte de los líderes europeos en relación a facilitar armamento a los kurdos
para combatir al Estado Islámico-, que nos proporcionara más información al respecto, puesto que no sé si basta con una petición del Gobierno iraquí para que se pueda producir ese tipo de exportación y saber también hasta qué punto o qué fiabilidad
-dada la alta volatilidad de la zona- simplemente esa petición del Gobierno iraquí se puede considerar suficiente para llevar a cabo las operaciones. También nos preocupa Ucrania aunque, como usted ha explicado, hasta marzo se hayan suspendido las
licencias vigentes al igual que nos preocupa Colombia. Pero sobre todo me quiero detener en dos países con los cuales las operaciones nos resultan altamente preocupantes. El primero es Arabia Saudí, que es el tercer cliente de España y el primero
de un país ajeno a la OTAN. El historial de vulneraciones de derechos humanos de Arabia Saudí en cuanto al sometimiento de la población y de represión por supuesto que no hace falta recordarlo aquí, pero en este momento nos preocupa más la
influencia que tiene Arabia Saudí como potencia regional y sobre todo el papel que está desempeñando como parte o como integrante de uno de los bandos de la guerra civil en Siria. Nos preocupa que ese armamento pudiera acabar en la guerra civil más
cruenta que se vive en estos momentos en nuestras

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cercanías. Asimismo, nos inquieta Venezuela. Usted ha explicado que también se suspendieron en marzo las licencias vigentes, sin embargo, se han producido numerosas operaciones con cargo a licencias vigentes que han sido autorizadas en el
año anterior, en 2013, algo que nos suscita distintas preguntas. A este respecto, quisiera trasladarle también algunas de las formuladas por esas organizaciones independientes a las que me refería al principio. ¿Se han revocado o se van a revocar
las autorizaciones de las licencias concedidas respecto de material antidisturbios para Venezuela? También nos gustaría saber qué unidades concretas de Policía y Fuerzas Armadas de Venezuela han sido las que recibieron material antidisturbios entre
2008 y 2013, así como saber de qué forma ha examinado el Gobierno el historial de derechos humanos de los usuarios finales y qué análisis se ha hecho del posible riesgo sobre dónde acabe yendo a parar ese material y cómo se garantiza que no haya
servido o vaya a servir para cometer violaciones de los derechos humanos. Querríamos, asimismo, conocer qué seguimiento se está haciendo sobre el uso por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas de material ya exportado en años anteriores,
puesto que cabe la duda razonable de pensar que ha sido empleado en casos de violaciones graves de derechos humanos, en casos de represión de la población civil.


Nos parece también muy preocupante -y aquí nos falta más información- la cuestión de las exportaciones a Libia y a Túnez. Son dos países, desde luego, muy diferentes y que han evolucionado también de una manera muy distinta después de las
primaveras árabes. Sin duda, la transición en Túnez es en la que más esperanza tenemos todos depositada, a pesar de las complicaciones que sufre. Pero el caso de Libia es claramente el caso de un Estado fallido en el que existen dos Gobiernos, en
el que existe una guerra civil y en el que tanto las milicias como otros grupos armados han cometido posibles crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos. A Libia ha llegado material antidisturbios con agentes químicos o biológicos,
así como otro tipo de armamento que nos parece muy peligroso por cuanto la zona desde luego también está en una situación de máxima inestabilidad.


Por último, quería recordarle un par de principios generales que también son ya recurrentes por parte de mi grupo y de este informe, dado que ha aumentado, se han multiplicado -visto desde la perspectiva de diez años- las exportaciones de
armamento de nuestro país. Volvemos a insistir en la necesidad de que también se multipliquen los controles y los medios materiales y humanos dedicados a esos controles ya que el volumen de operaciones ha aumentado de manera considerable.
Finalmente, le pedimos una vez más -lo formularemos en su momento en las propuestas de resolución- ya que lo consideramos muy necesario, que haya mayor información sobre los criterios que aplica la Jimddu en el proceso de exportación de
autorizaciones de licencias en general, sobre cómo se produce ese procedimiento y, sobre todo, los criterios con arreglo a los cuales se toman las decisiones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Quiero agradecerle al secretario de Estado su comparecencia. En nuestro grupo -él lo sabe- pensamos que este informe anual es un buen mecanismo de transparencia, de debate y de conocimiento. Por tanto, le agradezco
de nuevo que hoy nos lo presente. Y también quería dar las gracias a toda una serie de organizaciones no gubernamentales que de forma paralela y crítica están escrutando este informe y que realizan informes comparativos muy interesantes que ayudan
a los grupos parlamentarios a establecer criterios. Creo que a lo largo de los años vamos a ver cómo evolucionan las estadísticas para tener una visión global. Por tanto, evidentemente, agradezco su apoyo a Amnistía Internacional, a Fundipau, a
Greenpeace, a Oxfam y especialmente al Instituto Catalán Internacional por la Paz, que nos están ayudando con sus aportaciones.


Las exportaciones de armas españolas en 2014 han ascendido a 3.203 millones de euros, como muy bien señalaba usted, y España ocupa la sexta posición en el ranquin mundial de países exportadores, por detrás de Estados Unidos, Rusia, Francia,
Reino Unido y Alemania. Un 16% de esas exportaciones, exactamente 511 millones de euros, ha tenido como destino países de Oriente Medio, en especial los países del Golfo Pérsico. Hay que señalar, en primer lugar, la situación de inestabilidad que
existe en la región de Oriente Medio y, en concreto, la influencia regional que están ejerciendo países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes, en tanto que dan apoyo a una parte de los conflictos regionales que hay en este momento, por ejemplo, en
Siria o en Yemen. Es para nosotros una preocupación importante. Hemos exportado armas a Libia por valor de 279.000 euros y autorizado un total de 954.000 euros. Además, se ha autorizado la exportación a Libia de material antidisturbios por valor
de 6,33 millones y se ha suministrado material antidisturbios por valor de 697.000 euros. Hay que recordar que Libia es un Estado fallido inmerso

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en una guerra civil y con dos Gobiernos ejerciendo el poder en territorios distintos, todo ello gracias a una intervención militar en la que, en su día, participó el Gobierno de España. Por otra parte, se han denegado exportaciones de
material antidisturbios a Egipto y se han suspendido algunas licencias de exportación de material antidisturbios a Venezuela. Quiero decirle que nos enternece la sensibilidad de nuestro Gobierno con los derechos humanos en Venezuela.
Evidentemente, todo el mundo sabe que países como Libia, Irak, Arabia Saudí, Emiratos, Bahrein o Marruecos son un verdadero baluarte de respeto a los derechos humanos. Por eso, el Gobierno español ni les deniega ni les suspende la exportación de
armas ni de material de doble uso, pero evidentemente usted sabe que las mujeres, las minorías religiosas o la oposición política en esos países no tienen la misma opinión que el Gobierno de España, y nos gustaría que esas opiniones las tuviesen en
cuenta antes de exportar material militar y de doble uso a esos países que hemos mencionado. Quiero destacar que Marruecos ha sido el tercer mayor comprador de munición española, 89,7 millones de euros, por detrás de Arabia Saudí, 30,1 millones de
euros, y Bahrein, 13,2 millones de euros. Usted sabe como yo que el Gobierno marroquí ocupa ilegalmente el territorio del Sáhara Occidental. Pero no solo eso, sino que reprime, tortura y asesina a su población, el pueblo saharaui. Evidentemente,
con ese material y con esa munición es con la que se asesina y tortura a parte de esa población. Por tanto, sin lugar a dudas, Marruecos debería ser un país que no recibiese ni una bala exportada por parte de España.


Concluyo con algunos datos que están en el informe. La venta de armas es un instrumento de política exterior del Gobierno de España y, a través de esta venta, damos apoyo a partes enfrentadas en conflictos, como ponen de manifiesto las
exportaciones a países de Oriente Medio, a Libia o Marruecos, solo por citar algunos. Con esa exportación no estamos simplemente vendiendo armas, estamos haciendo política exterior con armamento, y eso es algo con lo que nosotros, evidentemente, no
estamos de acuerdo. Por tanto, seguiremos denunciando estos casos. Nos gustaría exportar a Arabia Saudí trenes AVE y no tanques, y a algunos de los países africanos a los que les vendemos armas lo que realmente deberíamos venderles son
desaladoras, potabilizadoras, cursos de administración pública y gestión de cultivos. Esa debería ser la verdadera política exterior del Gobierno de España en esos países. Muchas gracias por la información y, evidentemente, seguiremos los datos
año a año.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Empezaré por donde ha acabado el señor Tardà, con un agradecimiento por el informe. En el parlamentarismo europeo ya es un hábito avanzado presentar un informe cuya exhaustividad es encomiable -todo es
mejorable, luego me referiré a ello- y que permite un control bastante profundo de una materia que, como comprenderán, aunque corresponde al Ejecutivo, es también especialmente sensible para los que estamos en el Legislativo.


Cuando tenemos estas sesiones siempre nos sucede lo mismo, que la gente tiene filias y fobias, pero con estos informes no se puede jugar con filias y fobias. Hace tiempo que nosotros decimos que hay que establecer parámetros objetivos con
respecto a los derechos humanos, el material, etcétera. Las filias y las fobias de cada uno están muy bien, pero es mejor tener criterios y así podremos hacer algo mínimamente objetivable. En este sentido, no me referiré a ningún Estado en
concreto, aunque he de decir que agradezco la lista de la señora Lozano sobre a quién se debe vender y a quién no, porque era bastante objetiva por los dos lados.


Nosotros no somos buenistas. Entendemos que hay material militar que se produce y que es normal que se venda. En un determinado Estado donde no se respeten los derechos humanos tenemos que tener especial cuidado en que no se venda material
antidisturbios o material que pueda ser utilizado para reprimir a una población civil que puede estar reclamando democracia. En cambio, otro tipo de material, quizá mucho más espectacular pero que no puede ser utilizado contra la población civil,
entenderíamos que lícitamente puede ser vendido, aunque fuera a un régimen que no nos merece la más mínima simpatía. En general, la aplicación de este primer criterio, el de no vender material que pueda ser utilizado contra la población, ha
mejorado en relación con nuestras primeras críticas, con alguna excepción. Desgraciadamente, la conflictividad internacional en el mundo ha aumentado, sobre todo desde los últimos dos informes, y yo me atrevería a sugerir al secretario de Estado
algún nuevo criterio objetivo para que sea tenido en cuenta en informes futuros, porque, repito, el mundo ha cambiado, y no para bien, en este año.


Lo primero que le diría es que tienen que tener especial cuidado con la venta de armamento -en este caso no es material antidisturbios- a cualquier régimen, sobre todo si no es democrático, por si puede

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ser utilizarlo contra un tercero, un país respetuoso con los derechos humanos, un país democrático y que sea un aliado firme de Occidente. Hay que tener especial vigilancia en vender armamento a este tipo de países que podrían utilizarlo
luego para finalidades contraproducentes. He dicho que no voy a citar países y que voy a citar zonas; para que se me entienda, me estoy refiriendo a Oriente Medio y al este de Europa, donde la venta de armamento podría tener un uso final contra
intereses y aliados objetivos de Occidente. Cuando me refiero a Oriente Medio no lo hago en el sentido que ha utilizado el señor Tardà, sino justamente en el contrario. Hay que saber qué armas se venden ahí para que no se utilicen contra otras
democracias. He dicho que no diría países concretos, pero agradezco que se me entienda. Lo mismo sirve para el este de Europa, donde hay países que al menos formalmente son una democracia pero que en este momento no es ningún secreto que son un
peligro para sus vecinos. Eso tiene que ser tratado con especial cuidado.


En cuanto al último punto que voy a mencionar, coincido con el señor Tardà en la inestabilidad, incluso la debilidad de determinados Estados. Como criterio objetivo nos gustaría introducir un especial cuidado con la venta de armamento a
determinados países ya que previsiblemente puede caer en manos de terceros que lo utilizarían para intereses contrarios. Hablo de zonas muy concretas del norte de África y de Oriente Medio, donde el material podría acabar siendo usado, como ha
dicho el señor Tardà, por niños soldados, aunque la venta no haya sido directa.


Me permito resumir los dos criterios que quería aportar al secretario de Estado. En primer lugar, hay que tener cuidado con el armamento que se vende porque puede acabar utilizándose contra alguien que es el mejor aliado. Segundo criterio,
hay que tener cuidado con la venta de armas a Estados que tienen debilidad estructural para evitar el riesgo de que estas acaben en manos de terceros no recomendables, por decirlo de algún modo. Sin haber mencionado ningún país en concreto, esta es
nuestra aportación, señor secretario.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.


El señor MORLÁN GRACIA: Bienvenido, señor secretario de Estado, a la Comisión de Defensa para informar sobre cómo ha evolucionado la exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso en el año
2014. Ha cumplido con el plazo de quince días entre la remisión del informe a esta Cámara y la celebración de su comparecencia. No hay lugar a dudas de que el contenido del mismo es exhaustivo y prolífico, hay mucha estadística y mucha referencia
a la estructura normativa que apoya las actuaciones que se están llevando a cabo. No va a ser mi grupo quien dude de que se han producido avances importantes en el contenido de este informe a lo largo de los años y que esto ha traído consigo un
mejor control parlamentario y una mayor transparencia en cuanto a la calidad y contenido de la información comprendida en el mismo. No obstante, señor secretario de Estado, hay algunos aspectos que deben mejorarse para poder dar un cumplimiento
preciso a todas las obligaciones que como país vamos asumiendo en cumplimiento de las normas de derecho internacional que vamos ratificando e incorporando a nuestro derecho interno. Es cierto que el informe incluye en el inicio de cada uno de los
apartados el marco jurídico, con sus actualizaciones motivadas por cambios normativos vigentes en estos momentos, pero también es cierto que cuando se desciende a cada una de las operaciones de exportación de material de defensa, de otro material o
de doble uso, no existe el mismo nivel de transparencia o de conocimiento del contenido de cada una de ellas, por mucho que el marco normativo sea el mismo. Esta tarde hemos observado a lo largo de las manifestaciones de los diputados que me han
precedido en el uso de la palabra que estamos hablando de dos informes. Hablamos de un informe que está elaborado por el ministerio y que es el que se nos ha entregado hace quince días y de un análisis elaborado por cuatro organizaciones no
gubernamentales, a las que agradezco el trabajo y el esfuerzo que hacen, Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace e Intermón-Oxfam, en donde además de valorar positivamente el informe, porque hacen una valoración positiva, introducen algunos
comentarios que, puesto que estoy casi seguro que usted también dispone de él, puede compartir con nosotros cuál es su reflexión. En este análisis que se hace por parte de este grupo de organizaciones no gubernamentales se hace referencia a países
que algún diputado no quiere mencionar y que yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Es bueno que se sepa de qué estamos hablando y a quién nos estamos refiriendo cuando existe algún suministro de material a países donde existen ciertas dudas
sobre cómo se están utilizando esas exportaciones y en qué dirección lo están haciendo. Me gustaría que hiciera una valoración sobre esos comentarios a ver qué le parecen y si lo que están planteando es cierto u obedece a alguna reflexión que no es
la más correcta del informe que ha presentado.

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En la exportación de armas convencionales, de acuerdo con el Sipri, Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, España ocupa el séptimo puesto, ha alcanzado un volumen importante, y eso para la industria española, para la
generación de puestos de trabajo y para la generación de actividad económica es importante y entendemos que está bien que sea así. Pero, junto a ello, también entendemos que tiene que haber una mayor transparencia y un mejor control parlamentario.
Esto no quiere decir que no lo haya, sino que estamos planteando que aumente en el sentido de dar cumplimiento a lo que plantea el Tratado de comercio de armas, en cuyo artículo 1, sobre fines y objetivos, se habla de una exigencia de disponer de la
mayor información para que no se produzca ningún tipo de vulneración de derechos humanos, ningún tipo de vulneración de legislación internacional humanitaria. Para ello sería bueno que se actuara en dos aspectos que, si me permite, la voy a
trasladar para ver cuál es su opinión y qué es lo que se podría hacer.


En su secretaría de Estado está la Jimddu, que es la junta interministerial que evalúa el comercio de todas las exportaciones de armas, y esta es la misma ahora que hace unos cuantos años y, sin lugar a dudas, el volumen de exportaciones que
ha existido y el número de operaciones que se han planteado no tiene nada que ver con lo que pasaba en el año 2008, cuando el volumen de exportaciones ascendía a 900 millones de euros en materia de defensa y ahora estamos hablando de casi 4.000
millones en las exportaciones demandadas, aunque no en las realizadas, que han sido menos. También me gustaría saber por qué se produce esa diferencia entre las operaciones de exportaciones solicitadas y las realizadas de verdad, porque debería de
establecerse algún mecanismo para ajustar en la medida de lo posible que no hubiera tanta diferencia económica y de cuantía entre unas y otras exportaciones. ¿No piensa usted que en la Jimddu debería haber más gente trabajando? Si hemos
incrementado de manera notoria el número de operaciones y disponemos del mismo personal y de los mismos elementos materiales que hace cinco o seis años, tendría que producirse algún incremento de dotaciones para que hubiera un análisis más
exhaustivo de las mismas. Y no dudo que se haga todo lo que se puede, pero se podría hacer más si hay más medios y más personal para hacerlo. Si eso fuero posible, estaría bien que se hiciera.


En relación con la Jimddu, hicimos una propuesta el año pasado para que hubiera algún tipo de relación más fluida entre esta Comisión de Defensa y la propia comisión interministerial, con el objetivo de que hubiera un mejor conocimiento por
parte, ya no digo de la Comisión, sino de un portavoz por cada grupo, para saber cómo va evolucionando todo el desarrollo de las operaciones que van existiendo, cuál es su finalidad, a quién van dirigidas, quién va a ser el que va a utilizar esas
armas, cuánto cuestan. En fin, se agradecería que esos mecanismos de transparencia que se están planteando como una de las obligaciones que tenemos de cara a lo que tiene que ser la actuación del propio Parlamento tuvieran su plasmación en ese tipo
de entendimiento entre la Junta interministerial de exportaciones y esta Comisión de Defensa. No sé si usted considera que sería bueno que hubiera una mejor relación, que periódicamente hubiera una reunión de esta oficina con representantes de esta
Comisión para poder llevar a cabo un análisis más sosegado con todos los elementos que conoce la Jimddu para que la Comisión pudiera saber qué es lo que sucede, porque la impresión que tenemos es que es muy opaca. En el informe nos mandan ustedes
las estadísticas, nos dicen qué tipo de materiales es objeto de las operaciones, nos han dicho que había varias operaciones denegadas en este año 2014 en los distintos apartados en que se divide el informe, pero no sé si son todas las que deben ser
porque el volumen de operaciones es muy importante. En más de mil y pico operaciones se han denegado cinco, y no estoy diciendo que se hayan hecho mal las cosas, en absoluto, o que no se hayan investigado bien, pero si hubiera un mayor número de
personas y de medios para hacer frente a esos análisis a lo mejor tendríamos una mayor garantía de que todo se está haciendo con las debidas precauciones y cautelas.


En el informe, cuando hablan de las exportaciones autorizadas en materia de defensa superiores a 100 millones ustedes no tienen ningún problema en hablar de las exportaciones autorizadas, pero cuando hablan de las exportaciones realizadas en
materia de defensa se refieren en el propio informe a más de 10 millones de euros. ¿A qué se debe esta utilización de números distintos y por qué razón no se hace una referencia a exportaciones autorizadas superiores a 10 millones de euros y
exportaciones realizadas superiores a 10 millones de euros, para que se pueda ver cuál es la diferencia y comparación que existe entre unas y otras? Sin lugar a dudas, apreciando los avances que se han producido, hay aspectos que deberían
perfilarse y concretarse todavía más para que exista un mayor seguimiento sobre la evolución de todo el proceso de exportaciones de armas o de exportaciones de material relacionado con la defensa y con producción de doble uso, que indudablemente nos
vendría muy bien conocer.

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Hay otro aspecto que sí me gustaría comentar aquí que tiene que ver con la forma de trabajar. Hasta el año pasado todas las resoluciones que salían de esta Comisión eran por consenso y muchas de las propuestas que planteamos los grupos eran
propuestas perfectamente razonables, no son ninguna locura ni pretenden ninguna cosa rara, sino simplemente conocer, estar informados, saber qué sucede con el cumplimiento de nuestras obligaciones como país exportador de armas y ver hacia dónde iban
las armas, quién era el usuario y qué uso iban a tener. Y nos dimos cuenta de que ustedes lo que hicieron fue dar por buenas las resoluciones y plantear su cumplimiento, tal y como ha hecho hoy. Hoy ha hecho un análisis de qué es lo que había
pasado con el cumplimiento de esas resoluciones y, por cierto, me ha llamado la atención la primera de ellas, y no sé para qué la propusieron porque la que hace referencia a las Fuerzas Armadas, que asumen cada vez más cometidos de apoyo en caso de
catástrofe, si ya están autorizadas, para qué hace falta que se incorpore aquí una resolución que diga que se fomente y que se acepte a las Fuerzas Armadas, si no hace falta, si va de suyo. El hecho de que haya un impulso a la internacionalización
nos parece muy bien, desde luego lo necesita, pero necesita no solo internacionalizar sino que aquí en España se estructure y organice de otra manera. Si ustedes fueran capaces -se lo digo a usted y también al Grupo Popular- de buscar un
entendimiento y un acuerdo en cuanto a las propuestas de resolución, sin lugar a dudas, iríamos todos en la misma dirección y estos informes que están razonablemente bien hechos -y nos parece muy bien que usted nos dé toda la información que nos
está suministrando- gozarían del apoyo de todos los grupos, con todo lo que va a pasar en el siguiente año con las propuestas y recomendaciones que hagamos como consecuencia de esta comparecencia suya.


Habría más cosas que comentar sobre el informe que han elaborado las cuatro organizaciones no gubernamentales, pero sí me gustaría que usted, si puede y si lo ha analizado, nos diera su versión y nos dijera si con respecto a Irak, cuando se
dice que el Gobierno español debe informar al Parlamento acerca de la fecha de realización de estas exportaciones de armas y aplicar el enfoque preventivo previsto en la legislación española, si esto es cierto y si se ha hecho o no se ha hecho. Por
eso digo que con todo lo bueno que pueda ser el informe, nos llaman la atención los datos y los elementos que han puesto encima de la mesa estas organizaciones, que todavía se generen dudas en actuaciones que tienen que ver con Irak, con Israel, con
Egipto, con Pakistán, con Ucrania, con Libia, con Túnez, con Bahrein, con todos los países a los que hace referencia este documento. Quedo a la espera de la respuesta que pueda dar el secretario de Estado, al que agradezco su información.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.


El señor PÉREZ-HICKMAN SILVÁN: En primer lugar, quiero agradecer al señor secretario de Estado este prolijo informe que hemos podido valorar todos los grupos con un tiempo suficiente, atendiendo a una recomendación que se hizo en la
Comisión de Defensa para que nos llegara con una antelación mínima de quince días, plazo que se ha cumplido. Y, por supuesto, le agradezco también el informe sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones que dictaminó esta Comisión en torno
a las estadísticas españolas de exportación de material de defensa y de otro material y de productos y tecnologías de doble uso del año 2013, porque vemos en dicho informe que el grado de cumplimiento es prácticamente total.


Señorías, como todos ustedes han podido observar en las estadísticas, el sector de la defensa ha alcanzado unas cifras importantes de exportación en los últimos años, en 2014 superó los 3.000 millones de euros, pero con un peso prioritario
en equipo no letal, especialmente en buques y aeronaves de transporte. En la medida en que no se trata de empresas del Estado son las propias empresas las que tienen la iniciativa de las operaciones y solicitan a la Junta Interministerial
Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, la Jimddu, las licencias de exportación correspondientes, que se tramitan siguiendo la normativa de control vigente, y la Jimddu las aprueba o las deniega precisamente en base a
esa normativa. El Gobierno apoya a todas las empresas españolas, sean o no de este sector, que participan en licitaciones internacionales, como no podría ser de otro modo y como es práctica común además entre los países de nuestro entorno.


Las autoridades españolas de control de este tipo de comercio -la Secretaría de Estado de Comercio y la Jimddu- aplican la posición común 944 del Consejo, de 8 de diciembre, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de
las exportaciones de tecnologías y equipos militares, analizando cada operación teniendo en cuenta los ocho criterios de la posición común y los criterios del documento de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, de 24 de octubre
de 2000, sobre armas pequeñas y armas ligeras. En el estudio de las solicitudes se evalúa especialmente el cumplimiento en el país de destino de la exportación de los criterios primero -existencia de embargos de la ONU, de la Unión

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Europea y de la OSCE-, segundo -el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario-, tercero -situación interna-, cuarto -situación regional- y séptimo -riesgo de desvío de la citada posición común. El criterio
segundo es uno de los factores fundamentales al evaluar cada operación, denegándose las licencias de exportación de un producto, equipo o tecnología que por sus características específicas pudiese emplearse para violar los derechos humanos, y ello
independientemente del interés económico y comercial que se pudiese derivar de la operación. La Jimddu también valora en la solicitud las garantías que deben acompañar a la exportación de estas armas y las condiciones de uso y usuario finales. Se
exigen documentos de control, certificados de último destino firmados por las autoridades del país de destino, de forma que se garantice que el destino, usuario y uso finales del material exportado sean los autorizados por el Gobierno español y se
impida una exportación o un uso no deseados.


La Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y los posteriores reglamentos que la desarrollan han supuesto un paso decisivo en la mejora de los controles y la transparencia
en este tipo de comercio al incorporar los avances acordados en el seno de la Unión Europea y en los foros internacionales de no proliferación en los que participa España. El Gobierno español aplica la Ley 53/2007 de manera escrupulosa y busca en
todo momento la forma de perfeccionar el sistema de control de estas operaciones, y estamos seguros de que seguirá haciéndolo en el futuro. España apoya de forma activa en los foros internacionales todas aquellas iniciativas que signifiquen un
incremento de la efectividad y la transparencia en el control de este tipo de comercio.


A lo largo del proceso seguido en la elaboración, discusión y aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas, y como no podía ser de otra manera, los Gobiernos españoles han estado comprometidos de manera clara con esta iniciativa,
defendiendo en todo momento una naturaleza jurídica vinculante y el establecimiento de un nuevo cuerpo de criterios y obligaciones en el control del comercio de las armas aplicables a todos los Estados. La posición que ha mantenido el Gobierno
español a lo largo de dicho proceso ha estado directamente inspirada en el sistema de control de exportaciones establecido por la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, y los reglamentos que la desarrollan. El propio presidente del Gobierno había
expresado su satisfacción por la aprobación del tratado y asegurado al mismo tiempo que España sería de los primeros países en firmarlo para conseguir una rápida entrada en vigor. El ministro Soria procedió a la firma del tratado el primer día que
se abrió el proceso de la firma, el 3 de junio de 2013, junto a otros sesenta y tres países. En el mismo acto de la firma España se comprometió a aplicar provisionalmente los artículos 6 -referente a las transferencias prohibidas- y 7 -referente a
los parámetros utilizados en el análisis de las exportaciones- hasta la entrada en vigor del tratado. Con posterioridad a su firma por España, las Cortes Generales aprobaron el 17 de marzo de 2014 la ratificación del tratado. De esta manera España
pudo participar, junto a otros dieciséis países de la Unión Europea y El Salvador, en el acto conjunto de ratificación del tratado celebrado el día 2 de abril de 2014, fecha del primer aniversario de su aprobación por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. La entrada en vigor del tratado se produjo el 24 de diciembre de 2014, noventa días después de la fecha, como muy bien ha dicho el secretario de Estado, en que se depositó el quincuagésimo instrumento de ratificación. La primera
conferencia de Estados parte, que también ha anunciado el secretario de Estado, tendrá lugar del 24 al 27 de agosto en México Distrito Federal, y en ella se tratarán cuestiones tales como las reglas de procedimiento de las conferencias, la
financiación y el establecimiento de una secretaría permanente del Tratado sobre el Comercio de Armas.


Para terminar, cabe decir que se está realizando una activa labor en el seno de la Unión Europea a través, primero, de contactos con aquellos países que han mostrado dudas o son reticentes en principio a la firma del tratado y, segundo, de
la organización de seminarios de divulgación de los principales aspectos contenidos en el mismo. Como es lógico, España está centrando sus esfuerzos en el área de Iberoamérica.


Por último, recogiendo también el guante del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, este grupo presentará propuestas de resolución con las recomendaciones sobre las estadísticas del año 2014 que espero que sean dictaminadas por
consenso de todos los grupos. De la misma forma este grupo estudiará las propuestas de resolución que contengan estas recomendaciones que presenten el resto de grupos de la Cámara para tratar de sacarlas adelante también con el máximo consenso.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para contestar a los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario de Estado.

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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO (García-Legaz Ponce): Mi agradecimiento a todos los portavoces por el fondo de las intervenciones y también por la forma. Voy a intentar, en los minutos que siguen, dar respuesta a las cuestiones o
preocupaciones que me han transmitido sus señorías.


Comenzaré por aclarar que España aplica con todo rigor los acuerdos internacionales en materia de control de exportación de material de defensa, material de doble uso u otro material. Les puedo garantizar que, gracias al magnífico equipo
humano que trabaja coordinado a través de la Jimddu, pero con recursos humanos procedentes de diferentes departamentos ministeriales, el control es extraordinariamente riguroso.


En segundo lugar, España se mantiene en el consenso europeo respecto a los criterios de control de exportación. Nunca hemos considerado oportuno mantener posiciones divergentes de las que manifiestan en su conjunto los países miembros de la
Unión Europea. Además de los acuerdos internacionales que hay en la materia, Europa actúa de forma coordinada con unos criterios extremadamente rigurosos, con frecuencia más rigurosos de los que aplican otros países occidentales. Eso es lo que nos
lleva a estar muy tranquilos en cuanto a los criterios que se ponen en práctica respecto al control de este material.


También quiero destacar a sus señorías que España es, dentro de los países europeos, de los primeros países en reaccionar, incluso preventivamente, cuando se detectan revueltas o algún tipo de conflictividad susceptible de poder generar
problemas por utilización de material exportado español. De hecho, como he tenido ocasión de subrayar en mi comparecencia, España en varias ocasiones ha acreditado haber tomado decisiones que luego se han visto refrendadas por decisiones de otros
países europeos antes de que lo hicieran esos socios europeos. Cuando en una balanza entra en conflicto la capacidad de exportar y la necesidad de preservar los derechos fundamentales, España jamás se decanta por la segunda, siempre se decanta por
la primera, como no puede ser de otra manera. Muchas veces nos vemos enfrentados a una decisión que consiste en frenar una exportación española que genera PIB español, que genera empleos muy necesitados en muchas zonas sabiendo que frenando o
denegando esa exportación se va a generar un impacto negativo en las cuentas de una empresa y en el tejido industrial, y aun así tomamos esas decisiones cuando se detecta la más mínima información que permita llegar a la conclusión de que existe un
riesgo de que ese material pudiera ser utilizado por ejemplo para la represión interna en un país en el que se puede producir un conflicto, una confrontación civil. Con carácter general me gustaría subrayar que en las exportaciones de todo este
material se es extremadamente riguroso a la hora de exigir certificados de destino de ese material. En esas operaciones colaboran diferentes departamentos ministeriales, de tal forma que existe la total garantía de que el material exportado va a ir
dirigido y va a ser recibido exclusivamente por el organismo o institución que figura en la documentación oficial.


Finalmente me gustaría subrayar también con carácter general que nosotros no aplicamos ningún tipo de filtro ideológico a este tipo de operaciones. Nosotros aplicamos la ley, aplicamos la normativa con el mayor rigor posible. Creemos que
la ideología -cada uno tiene la suya-, por razones evidentes, debe permanecer fuera del control de este tipo de operaciones; ni las preferencias políticas ni la ideología deben ser un factor que condicione, las decisiones deben ser objetivas,
basadas en criterios objetivos y armonizados. Evitar el uso de este material en países en los que hay conflictos civiles, en países que no respetan normas internacionales son criterios que siempre y en todo lugar se respetan en las decisiones que
toma la Jimmdu gracias al inestimable apoyo de los funcionarios y de los servicios que respaldan su labor.


Los diferentes portavoces han hecho referencia a los informes que proporcionan las distintas organizaciones o entidades que vigilan el cumplimiento de estas normas. Se ha mencionado a Amnistía Internacional, a la Fundació per la Pau, a
Greenpeace, a Oxfam; todas ellas son organizaciones que hacen un trabajo muy útil, valioso, insustituible, con las que nosotros tenemos una relación muy fluida, se dirigen a nosotros por escrito con muchísima frecuencia y damos respuesta a todas
sus preocupaciones, a todas sus preguntas. Creemos que es muy positivo que haya instituciones de la sociedad civil que aporten información, recomendaciones o consejos, ya que siempre que está en nuestra mano y consideramos oportuno las hacemos
nuestras. Por tanto, me corresponde agradecer el trabajo de todas esas organizaciones porque nos ayudan a hacer mejor nuestro propio trabajo.


Algunos portavoces han coincidido a la hora de trasladar preocupaciones respecto a la autorización de exportación de material militar y otro tipo de material a algunos países concretos. Voy a comenzar por países como Arabia Saudí, Bahrein,
Egipto o Marruecos, que se han subrayado en las intervenciones de los distintos portavoces.

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En primer lugar, conviene recordar que salvo Egipto todos los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo de ninguna clase por parte de Naciones Unidas y tampoco están
sometidos a embargo alguno por parte de la Unión Europea en la exportación de armamento o de material de posible uso en represión interna. Por tanto, ese es el contexto en el que se tienen que tomar las decisiones. En todo caso, les quiero
garantizar que en todas esas operaciones, y muy especialmente en todas aquellas referidas a munición de artillería y armas ligeras, se han exigido -insisto, en todas y cada una de las operaciones- documentos de control de uso y destino final, y
además se exige y se comprueba que no se realice ningún cambio en estos documentos de uso y destino final sin autorización previa del Gobierno español.


Como he mencionado antes, en el caso de Arabia Saudí se han exportado 292 millones de euros, pero el núcleo de la exportación a Arabia Saudí son básicamente aviones de reabastecimiento en vuelo: 219 de los 292 millones de euros. A
continuación, repuestos para aeronaves, sistemas de contramedidas electrónicas, un sistema de vigilancia de perímetro, una carabina para un particular e importes muy pequeños de munición de artillería.


Israel es un país sobre el que recurrentemente muchos portavoces transmiten su preocupación, pero quiero subrayar que los envíos a Israel se han limitado a un valor de apenas 3.400.000 euros, es decir, son unas exportaciones
cuantitativamente muy reducidas. Además, fueron -conviene dar los detalles para entender qué tipo de productos estamos exportando a Israel-: componentes de pistolas deportivas para ser ensambladas y posteriormente reexportadas a Estados Unidos, es
decir, nada que tenga que ver con el uso doméstico en Israel; componentes de misil Spike destinado al Ejército de Tierra español; espoletas para pruebas y validación en granadas de mortero iluminantes y sistemas electrónicos de vigilancia,
observación y detección de blancos con destino al Eurofighter, es decir, un programa de defensa europeo y particularmente español. Quiero recordar que desde el año 2002 España mantiene una política de máxima restricción en relación con las
exportaciones a Israel. Por tanto, yo puedo entender la preocupación de algunos portavoces en relación con Israel, pero con estos datos en la mano y con el criterio que se mantiene invariable desde el año 2002, España no exporta ningún tipo de
material que las fuerzas armadas israelíes puedan utilizar para la represión interna ni para nada que se le parezca.


En relación con Irak, creo que también es importante explicar con detalle qué tipo de material está exportando España a Irak. En primer lugar, la Unión Europea modificó en el año 2004, es decir, hace once años, el embargo a Irak y a partir
de 2004, por tanto con una decisión adoptada con el respaldo del Gobierno de España, que en aquel momento ya no era el Gobierno de mi partido -por dejarlo claro-, autorizó los envíos de armas y material relacionados con destino al Gobierno
legalmente constituido. Asimismo quiero subrayar que en la segunda mitad del año 2014 hubo un cambio significativo en la política de exportación a Irak, efectivamente, pero en aplicación de las conclusiones adoptadas en el Consejo de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea, en la reunión del día 15 de agosto de 2014 y posteriores, es decir, hubo un acuerdo europeo y España lo que ha hecho ha sido aplicar las decisiones que resultan coherentes con un acuerdo previo del conjunto de los
Estados miembros de la Unión Europea. La portavoz del Grupo de UPyD, la señora Lozano, se ha interesado particularmente por este tipo de operaciones. Quiero aclarar que el Gobierno regional del Kurdistán y el Gobierno iraquí nos pidieron que
autorizáramos el suministro de material y este ha ido destinado exclusivamente al Ministerio de Defensa iraquí, que es un ministerio único, para obviamente combatir al Estado Islámico. Entiendo las preocupaciones legítimas que se puedan derivar del
posible uso de ese material, pero es evidente que tenemos por escrito todas las garantías de que la única institución que va a hacer uso de ese material es el Ministerio de Defensa iraquí, que está haciendo uso de ese material en su legítima y
necesaria labor de defender el propio Estado de Irak -un Estado legítimo y un Gobierno legítimo emanado de unas elecciones libres- de una amenaza real y efectiva del Estado Islámico contra el propio Estado de Irak. Insisto en que se han exigido con
el mayor rigor todos los documentos de control de exportación de este material.


El señor Tardà se ha referido a las exportaciones a países africanos, y con mucho gusto aportaré la información que se ha solicitado, y también ha hecho alguna referencia al caso de Camerún. En primer lugar, la Secretaría de Estado colaboró
muy activamente con el panel de expertos de Naciones Unidas en la investigación de una exportación a Camerún, en el año 2014, de cartuchos de caza de calibre 12 milímetros por parte de una empresa española y su posterior introducción por carretera
en la República Centroafricana por una posible violación de los embargos a la exportación de armas impuesta por Naciones Unidas y la Unión Europea a este segundo país. Es decir, en el mismo momento en el que se detecta la mínima señal de un posible
desvío o de que alguien haya utilizado una licencia de exportación para luego

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llevar ese material a otro país, somos los primeros que nos activamos a la hora de investigar y, obviamente, que se puedan iniciar todos los procedimientos legales encaminados a sancionar como corresponde a quienes puedan incurrir en este
tipo de ilegalidades. En este caso estamos hablando de una partida de cartuchos de caza, no estamos hablando de material de defensa ni de otro tipo de material, pero incluso cuando estamos en presencia de exportaciones de pequeñas cantidades de
material, como es el caso, de cartuchos de caza, también actuamos. Es decir, no estamos dispuestos a dejar pasar la más mínima violación de la legalidad en esta materia. Le aporto la información, porque creo que corresponde, sobre esta operación
de Camerún. La empresa española exportadora y su distribuidor local en Camerún también han colaborado de forma transparente con el coordinador del panel de expertos de Naciones Unidas, que se encarga de la aplicación de las sanciones a la República
Centroafricana. Toda la documentación relacionada con esta operación se hizo llegar al panel de expertos, incluyendo los datos relativos a las fechas de envío y fechas de entrega, el medio de transporte, las cantidades, el valor y la identificación
de las cajas. La caja fue requisada el 27 de abril de 2014 por las autoridades aduaneras de la República Centroafricana en colaboración con la misión de apoyo a la República Centroafricana de la Unión Africana, y contenía solamente 250 cartuchos de
caza. Era responsabilidad de las autoridades cameruneses el control de la exportación de esos cartuchos a la República Centroafricana; es decir, nuestra responsabilidad es garantizar que esa operación llegue a quien tiene que llegar, como
efectivamente así ocurrió. El problema fue que luego se produjo una reexportación ilegal violando el embargo. Ahí lo que hicimos fue iniciar con toda rapidez nuestra colaboración con el panel de Naciones Unidas para esclarecer quién había violado
las normas. Pero en este caso, insisto, la responsabilidad era del Gobierno de Camerún, que es el responsable de que no se reexporte material que ha llegado legítima y legalmente de España a este país.


Ha habido alguna pregunta y alguna preocupación respecto a las capacidades de control de la Administración española en esta materia. En este sentido, querría destacar algunas mejoras. En primer lugar, hemos reforzado el enfoque preventivo.
Como en casi todo en la vida es mejor prevenir que curar y, por lo tanto, hemos reforzado todas las decisiones que permitan evitar que se autoricen exportaciones a destinos en los que se pueda prever la existencia de tensiones o conflictos latentes,
así como la violación de derechos humanos. Es decir, trabajamos todavía con más intensidad con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el ministro del Interior, con el Ministerio de Defensa y con todos aquellos departamentos del Estado que nos
puedan proporcionar información con la mayor antelación posible y poder así detectar -aunque uno no tiene una bola de cristal- riesgos a futuro. En cuanto somos capaces de detectar el más mínimo riesgo, actuamos. Es decir, estamos reforzando la
capacidad de obtener información con más eficacia con el fin de poder prevenir y por tanto poder rechazar la exportación de material que pudiera ser utilizado posteriormente en la violación de derechos humanos o en conflictos que puedan existir en
algunos países, y esto no es solamente una declaración vacía. Ejemplos concretos de este enfoque preventivo se traducen en revocación de licencias de exportación en Libia y en Mali y en suspensiones de licencias a Egipto, Ucrania y Venezuela. Por
tanto, hemos evitado que exportación española de este tipo de material posteriormente se haya podido utilizar en países en los que se han producido conflictos o posibles violaciones de derechos humanos.


También se ha referido el señor Tardà a si sería posible enviar el informe de cumplimiento de las recomendaciones de las estadísticas de 2013. Me gustaría informar de que esta secretaría de Estado elaboró el informe sobre el grado de
cumplimiento de todas las recomendaciones formuladas por los diferentes grupos parlamentarios desde el primer dictamen, que fue recibido en 2008, hasta el año 2012, y se hizo llegar conjuntamente con las estadísticas del año 2013. Un nuevo informe
con el grado de cumplimiento de las recomendaciones derivadas del dictamen del año 2013 se ha remitido junto al informe de estadísticas del año 2014 y, como se puede comprobar, el grado de cumplimiento de todas esas recomendaciones es extremadamente
elevado.


El señor Tardà me ha preguntado si, dado lo avanzado de la legislatura -y antes de que esta concluya-, sería posible comparecer o aportar al menos la información de las estadísticas y de las operaciones de las que dispongamos a lo largo del
año 2015. Con mucho gusto atiendo esa petición y hablaré con mis servicios. No sé cuándo se van a disolver las Cortes y por tanto no tengo capacidad de saber hasta cuándo tenemos límite para poder comparecer y aportar esos datos, pero voy a
realizar las consultas oportunas a mis servicios para saber hasta qué mes podríamos estar en condiciones de disponer de esas estadísticas, y desde luego estoy a disposición de esta Cámara y de todas sus señorías para aportar toda la información
cuando la Comisión me requiera para ello en el plazo en que la Mesa y

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portavoces lo consideren oportuno. No tengo el más mínimo problema en aportar toda la información de los meses de este año antes de que se disuelvan las Cámaras.


Tanto el señor Tardà y la señora Lozano como el señor Nuet y quizás también -no estoy seguro- el portavoz del Grupo Socialista se han interesado respecto a la posibilidad de aportar más información sobre el usuario final y el producto
exportado, atendiendo también a algunas de las propuestas y recomendaciones que realizan las ONG que publican informaciones sobre este asunto. Les puedo decir que vamos a hacer el mayor esfuerzo por aportar toda la información adicional que esté en
nuestra mano, pero siempre hay una restricción, y es que, en primer lugar, los Gobiernos de los países de destino, que son con mucha frecuencia los destinatarios de las exportaciones de este material, tienen el legítimo derecho -y así se refleja
luego en los contratos que se firman- de considerar esta información como confidencial y sensible. Por tanto, aunque quisiéramos, no podemos dar determinada información sobre quién es el cliente final y de qué tipo de producto se trata porque el
contrato que ha firmado ese Gobierno -las fuerzas armadas o el Ministerio de Defensa de ese país- con el exportador español contiene una cláusula que impide hacer pública esa información. Ahora bien, siempre que no exista esa cláusula y siempre que
no estemos vulnerando cláusulas contractuales suscritas por terceros, con mucho gusto ampliaremos el alcance de la información. No obstante, quiero destacar -si pasamos revista a la lista de operaciones autorizadas- que el detalle con el que se
aporta la información es grande, no es información genérica. Voy a citar algunos ejemplos, como el caso de Argelia. Damos información del valor, 419.848 euros, pero estamos diciendo que estamos exportando 769 guardamanos de polímero y 759 miras
holográficas. Se señala exactamente qué producto, dónde va y por qué valor. Al azar, otro país, Cuba; se ha exportado material por valor de 129.183 euros, y se trata de dos pistolas y tres rifles con sus respectivos cargadores. Ecuador,
85.921.270 euros, de los que 102.600 euros corresponden a bombetas de bengalas rojas, verdes y de humo blanco para paracaídas y tres aviones C-295 con repuestos, asistencia técnica y entrenamiento. Sobre Marruecos tampoco tenemos ningún
inconveniente en aportar la información detallada, 9.702.553 euros. ¿Qué material es? 69.120 disparos de, 20%, 39 milímetros y 25.114 disparos de 155 milímetros, con estopines, cargas y espoletas. Así podría seguir con otros países. Damos la
información con bastante detalle, concretamente por las veintidós categorías que se derivan de la lista europea y de la lista del principal foro de no proliferación que es el Arreglo de Wassenaar. Insisto, estamos dispuestos a ir más allá siempre
que -es una línea que no podemos cruzar- respetemos las reglas de confidencialidad que están amparadas por contratos suscritos por terceros.


La portavoz del Grupo de Unión Progreso y Democracia, Irene Lozano, ha solicitado si es posible revisar el umbral de los 100 millones de euros relativo a la fecha de las autorizaciones. Adquiero formalmente el compromiso de revisarlo; para
la próxima comparecencia y para las próximas estadísticas se aportará información por operaciones por un volumen inferior, no tenemos ningún inconveniente en hacerlo así. Muchas veces la única razón por la que la información no va hasta el último
detalle es porque hay un conflicto por tener las estadísticas lo antes posible. Por cierto, somos el país que antes presenta las estadísticas -a ese punto quería referirme-. Nos podemos comparar con toda tranquilidad con cualquier país de la Unión
Europea. Damos mucha más información que Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Aportamos las estadísticas no solamente con mucha más información, sino mucho antes. Italia, Suecia y España son los países que más información damos y que antes
presentamos las estadísticas. Por tanto, como es algo que se viene haciendo desde hace algún tiempo -no es de este año ni del anterior- y es un mérito como país, no hay inconveniente en hacerlo. Atiendo con mucho gusto la petición de la señora
Lozano.


Su señoría igualmente se ha interesado por las exportaciones a algunos otros países, entre ellos Colombia. Los envíos a Colombia han sido por un valor de 1,7 millones de euros; son partes y piezas de aeronaves, repuestos de obuses y
munición de artillería, con destino al Ministerio de Defensa. Aquí conviene subrayar y aclarar que Colombia tampoco está sometida a embargo de exportación de armas por parte de la ONU ni por la Unión Europea ni a ninguna medida restrictiva de
ningún país. Por tanto, la colaboración realizada con Colombia es en el marco de una legislación internacional que suscribe y ampara este tipo de exportaciones.


Se ha hecho referencia a Ucrania, país para el que se han tomado medidas restrictivas. Concretamente, el 21 de marzo de 2014, se hizo efectiva la suspensión de las licencias de exportación a Ucrania que se encontraban vigentes. Abarcaron
doce licencias consistentes en escopetas y rifles de caza, diversas cantidades de cartuchos de caza, perdigones, vainas con pistón, pistones de escopeta y pólvora para la fabricación de cartuchos. Esa suspensión fue objeto de revisión en la reunión
de la Jimddu del 4 de julio

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de 2014. Se levantaron las suspensiones para las ocho licencias que estaban en vigor en esa fecha al comprobar que otros países de la Unión Europea habían reanudado sus exportaciones de armas de caza a este destino. Cabe precisar además
que al margen de armas de caza de uso civil, bajo la rúbrica de material de defensa, rifles y municiones, no ha habido ninguna exportación autorizada de material de defensa convencional a Ucrania desde el año 2000. Por lo tanto podemos estar
tranquilos, desde ese año no se ha exportado ningún tipo de material de esa naturaleza a Ucrania.


También se ha interesado la portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las operaciones con Bahrein, como el señor Nuet. Quiero precisar el destino de esas exportaciones. Se han exportado 39,9 millones de euros
en munición de defensa antiaérea, piezas para morteros y munición de entrenamiento, todo ello destinado a las Fuerzas Armadas. Quiero subrayar que no ha habido en los últimos veinte años licencias autorizadas de material antidisturbios, por lo que
ello pudiera generar de preocupación en el caso de que efectivamente España hubiera exportado material antidisturbios. No se ha exportado ni un solo euro de material antidisturbios a Bahrein en los últimos veinte años. Quiero aclarar que el
Gobierno de Bahrein viene solicitando a una empresa española el suministro de determinado material militar y que estos contratos forman parte de un programa de adquisiciones quinquenales con los que el Ministerio de Defensa de Bahrein pretende
renovar todas sus existencias al amparo de los acuerdos adquiridos con el resto de países pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo. La mayoría de los países de la Unión Europea han reanudado la colaboración, por tanto ese es el contexto
en el que nos estamos moviendo.


En el caso de Egipto, las conclusiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en su reunión extraordinaria del 21 de agosto del 2013, se referían a la suspensión de las licencias de exportación a Egipto de
cualquier equipamiento militar que pudiera ser utilizado en represión interna. Desde dicha fecha no se ha autorizado ninguna operación de exportación de este tipo de productos a Egipto. Por lo tanto ninguna preocupación tampoco con respecto a
Egipto. España no ha exportado a Egipto ni un solo euro de material que pudiera ser utilizado en represión interna. Podría detallar lo que se ha exportado, 108 millones de euros. Son aviones de transporte -104 millones de euros-, motores y
componentes de aeronaves, recambios para vehículos de transporte, recambios de cadenas de tanques y una pistola propiedad de un diplomático egipcio de regreso a su país. Por lo tanto, básicamente lo que hemos exportado son los cuatro millones de
transporte y alguna cosa más de poca cuantía.


Alguna mención a Venezuela. Se ha interesado por ello el portavoz señor Nuet. El Gobierno español decidió adoptar una serie de medidas urgentes como resultado de los acontecimientos sucedidos en Venezuela en los meses de febrero y marzo de
2014. La decisión no es reciente, se tomó hace un año y cuatro meses, y fue suspender las quince licencias de material antidisturbios y una licencia de caza que se encontraban vigentes; esa suspensión se mantiene, y se tomó a raíz de los informes
recibidos de distintos departamentos en los que se aconsejaba proceder a suspender esas licencias. En ese momento se estaban produciendo revueltas en una confrontación civil y consideramos prudente proceder a esa suspensión, exactamente igual que
se toman esas decisiones con cualquier otro país que se encuentra en las mismas circunstancias. Nosotros casi podríamos poner -si se me permite la expresión- una cinta sobre el nombre del país cuando nos llega un informe para hacer -entre comillas-
una evaluación anónima. Es decir el informe es objetivo de tal forma que la decisión se toma exclusivamente en función de los informes técnicos que llegan y nos dicen que en ese país, efectivamente, hay problemas o riesgos razonables de uso de este
material. Se llame Venezuela, se llame Bahrein, se llame Egipto, se llame Libia, se llame como se llame el país, la decisión es objetiva, sin ningún tipo de sesgo ideológico. Nos parece que así es como se debe actuar.


Paso a hacer referencia a Libia y a Túnez, por los que también se ha interesado la portavoz. Quiero aclarar que, en el caso de Libia, el embargo de Naciones Unidas se reforzó el 27 de agosto de 2014 a través de la Resolución 2174 del
Consejo de Seguridad. En ese caso se sustituyó el régimen de notificación de las solicitudes de exportación de material de defensa no letal al Comité de sanciones por una aprobación previa del mismo. Lo que ocurre es que ese embargo contempla una
serie de excepciones, entre ellas, el suministro de equipos no letales para asistencia al Gobierno libio en los ámbitos de la seguridad y el desarme y por razones humanitarias o de protección. Es exclusivamente en esos ámbitos en los que se han
autorizado siete licencias desde enero de 2013; cinco fueron para material de defensa por valor de 1,9 millones de euros -entre otros, chalecos antibalas, máscaras antigás con destino al Ministerio de Justicia o material de visión nocturna con
destino al Ministerio del Interior- y las restantes dos licencias fueron para equipos antidisturbios, por valor de 13,3 millones de euros, con destino al Ministerio de

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Justicia, para dotar en este caso de material de seguridad a todos los establecimiento penitenciarios del país. Con cargo a estas licencias solo se materializaron envíos en 2014 por valor de 278.671 euros. En el caso de Túnez las
exportaciones fueron de 1,6 millones de euros y correspondieron a bombas de aviación y de prácticas, además de chalecos antibalas para la policía. También hay envíos de diverso material antidisturbios y escopetas y cartuchos de caza, siempre en
línea con las normas vigentes y los criterios europeos armonizados.


Me han preguntado si los controles y los medios son suficientes. Lo que puedo garantizar a los portavoces es que los controles funcionan y son efectivos. De hecho, con cierta regularidad vemos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en determinados casos, son capaces de detectar exportaciones o salida de material no debidamente autorizado. En todo caso, las operaciones que pasan por la Jimddu cuentan absolutamente con todo el control gracias al trabajo extraordinario
que realizan los servicios técnicos del ministerio, a los que quiero agradecer públicamente su esfuerzo. Efectivamente, las operaciones van creciendo en tamaño -lo ha recordado muy bien el portavoz del Grupo Socialista- y eso implica que tendremos
que hacer un esfuerzo por incrementar los recursos a futuro, porque lo que hemos hecho hasta ahora ha sido -entre comillas- tirar no solo de los recursos existentes, sino también de otros que probablemente hubiéramos necesitado en otros
departamentos. En todo caso, el trabajo que se realiza es el suficiente y necesario para garantizar al cien por cien la efectividad de las labores de control.


También ha habido una referencia de la señora Lozano respecto a la necesidad de especificar los criterios en la autorización de las exportaciones. Año tras año hemos ido incorporando -o al menos lo hemos intentado- más información respecto
a esos criterios en línea con los informes internacionales. Como he dicho antes, estamos por delante y con un mayor nivel de información que la inmensa mayoría de los países europeos, y he citado los casos de Francia, de Reino Unido y de Alemania.
Estamos dispuestos a seguir avanzando en estos criterios siempre que respetemos otra línea fundamental: los criterios de seguridad y defensa nacional, así como las consideraciones de política exterior. Siempre hay que compaginar hacer públicos
estos criterios con los efectos que podría tener esa publicación desde el punto de vista de la política exterior. Si se aplica un criterio, puede ocurrir que un país se pueda sentir molesto-agredido porque se puedan hacer públicos. Por eso creemos
que es oportuno cuidar también ese aspecto, dentro de toda la información, la publicidad y la transparencia necesarias.


El señor Nuet ha hecho una referencia a Marruecos. Antes ya he aportado información concreta, y me gustaría subrayar que los 9,7 millones de euros de material que se ha exportado a Marruecos no es susceptible de ser utilizado contra la
población saharaui; es otro tipo de material, como he comentado antes. Por tanto, esa preocupación legítima creo que en este caso está lejos de poder materializarse en operaciones de represión contra la población saharaui.


El señor Guillaumes ha señalado algunas operaciones a las que ya me he referido, sobre exportación a algunos países. En particular, le preocupa que apliquemos criterios de máxima prudencia a la hora de autorizar exportaciones por riesgo de
desvío a otros países que no respeten los derechos humanos, concretamente en la zona de Oriente Medio y Europa del Este. Compartimos esa preocupación hasta el punto de ser extremadamente rigurosos a la hora de aplicar la posición común 944/2008 de
la Unión Europea. Reforzamos los controles, pero sobre todo las consultas también con otros Estados miembros. Cuando detectamos que un Estado miembro ha denegado una operación de exportación a un país de estas zonas o de otras porque puede suponer
elementos de preocupación comunes, nosotros también denegamos esa exportación de material esencialmente idéntico. No nos conformamos con ser rigurosos. Cuando sabemos que un país ha denegado una operación, incluso sabiendo que eso va a generar un
daño al exportador español porque se va a quedar sin mandar un material que está en condiciones de vender; si detectamos que Reino Unido, Francia o Alemania ha denegado una exportación de material sustancialmente idéntico, nosotros procedemos
inmediatamente a denegarla también. Quiero aclararle -antes lo he hecho- que además de exigir de forma estricta documentos de control de uso y destino finales, no hemos aprobado ninguna operación que hubiese sido rechazada por otro país en virtud
de la aplicación de los ocho criterios de la posición común que antes he mencionado. Por tanto, en ese aspecto somos también extremadamente rigurosos.


Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que se ha interesado por muchos de los aspectos que han mencionado otros grupos parlamentarios, creo que le he dado respuesta a buena parte de esas preguntas, pero hay algunas adicionales que
me gustaría subrayar. En primer lugar, destacaría -lo ha hecho también el portavoz del Grupo Parlamentario Popular- que España cuenta con una legislación -podemos decirlo con toda tranquilidad- que está al nivel más riguroso de lo que existe en
cualquier

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país del mundo. Cuando se aprobó el Tratado de comercio de armas no tuvimos ni siquiera que modificar el marco legal, bastó con adaptar un real decreto. El marco legal que lo regula tampoco lo ha establecido este Gobierno en este mandato
parlamentario, proviene de una etapa anterior. Creo que nos podemos sentir razonablemente orgullosos porque España tiene un marco legal extremadamente riguroso en materia de control de exportación. España apoyó, con el acuerdo de todos los grupos
parlamentarios, la aprobación del Tratado de comercio de armas. Como ha mencionado el portavoz del Grupo Popular, fue uno de los primeros países en suscribirlo, y creo que eso es muy positivo. Luego fue necesario solamente aprobar un decreto para
modificar algunos puntos concretos del marco legislativo anterior. Por tanto, estamos en la vanguardia mundial en lo que se refiere a la legislación. Le quiero dejar muy tranquilo en ese sentido.


En segundo lugar, el portavoz se ha interesado por las discrepancias entre las cifras de exportaciones autorizadas y las efectivamente realizadas. Nosotros procedemos a autorizar las operaciones, y luego tardan en materializarse en algunos
casos. A veces una operación se autoriza y a lo mejor se materializa con cierto retraso, por eso una operación autorizada en un ejercicio se materializa en el siguiente. Esa es una de las principales razones por las que existen esas discrepancias,
que se mantienen, como es natural, en las estadísticas de todos los países del mundo; en todos existe una diferencia entre estas cifras autorizadas y las exportadas efectivamente.


Insisto en un punto importante referido a la necesidad de dar información sobre las operaciones denegadas, y conviene ser extremadamente prudente. Una operación denegada tiene unas repercusiones reputacionales. Cuando se deniegan siempre
existen unas razones muy fundadas e informes técnicos que lo respaldan. En nuestra opinión, es fundamental ser prudentes a la hora de limitar la información en ese terreno, no porque tengamos problema en mandarla sino por las consecuencias que se
generarían a terceros si se hiciera público ese tipo de denegaciones.


También ha hecho referencia a las operaciones de menos de 10 millones de euros, que vamos a tomar en consideración. De nuevo, nuestro criterio es siempre no vulnerar contratos. Todo lo que sea dar información y no generar problemas en
contratos firmados por terceros, o no generar retrasos excesivos que pudieran demorar mucho la comparecencia en el Congreso y aportar esa información, lo vamos a atender con mucho gusto.


Creo que están prácticamente contestadas todas las cuestiones que se han planteado. Si no fuera así, con mucho gusto las atendería en el turno de réplica.


Gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, agradeciéndole su comparecencia y la exhaustiva información que ha facilitado a los distintos grupos parlamentarios, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las siete y veinticinco minutos de la tarde.