CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 799

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 56

celebrada el martes

28 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


— Relativa al control del mejillón cebra. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001334) ... (Página2)


— Sobre la vigilancia de la Comisión Europea en relación a la necesidad de revisar las importaciones de tomate desde el Reino de Marruecos en los últimos años. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número
de expediente 161/002158) ... (Página5)


— Relativa a la defensa del olivar en pendiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002543) ... (Página9)


— Sobre la creación de un registro nacional de posibilidades de pesca. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003316) ... (Página12)


— Sobre inversiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Comunitat Valenciana. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003507) ... (Página15)


— Por la que se insta al Gobierno a garantizar la participación de las comunidades autónomas en programas de lucha contra el cambio climático que persigan la reducción de emisiones en sectores difusos, como los planes de impulso al medio
ambiente (PIME), o los proyectos Clima. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003600) ... (Página20)

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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— RELATIVA AL CONTROL DEL MEJILLÓN CEBRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001334).


El señor PRESIDENTE: Señorías, comienza la sesión número 56 de la Comisión, cuyo orden del día es el debate y votación de las proposiciones no de ley que fueron propuestas en la última reunión de Mesa y portavoces.


Antes de empezar quiero decirles que, atendiendo a la duración de otras sesiones, las votaciones no se realizarán antes de las trece horas.


La primera proposición no de ley, relativa al control del mejillón cebra, ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Bertomeu.


El señor BERTOMEU BERTOMEU: El Grupo Parlamentario Popular presenta esta PNL, relativa al control del mejillón cebra, con el objetivo de actualizar la estrategia nacional para el control del mismo. La expansión de especies exóticas
invasoras se considera la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel global, solo por detrás de la destrucción o alteración de los hábitat naturales.


Desde el punto de vista ecológico, cuando una especie se instala en un nuevo lugar, fuera de su área de distribución natural, lo hace provocando un desequilibrio ambiental que produce serias alteraciones en el ecosistema. La intensidad y
magnitud de estas alteraciones dependen de las características biológicas de la especie invasora y del ecosistema receptor. Los efectos que producen las especies exóticas invasoras incluyen, entre otros, la depredación sobre las especies nativas,
los desplazamientos de especies autóctonas, los efectos desestabilizadores en la red trófica, la transmisión de enfermedades o las alteraciones del patrimonio genético como consecuencia de la hibridación. La combinación de estas alteraciones puede
generar, además, importantes sinergias con efectos en cadena sobre el ecosistema en el que desembocan; en definitiva, es una importante pérdida neta de diversidad biológica.


Debido a su fragilidad y aislamiento, algunos ecosistemas, como los sistemas fluviales y las islas, son especialmente vulnerables a la introducción de estas especies, siendo sobradamente conocidos los efectos desastrosos de la aparición de
especies de comportamiento muy agresivo en los archipiélagos, ríos y lagos. Por otra parte, el impacto de las especies exóticas invasoras tiene importantes implicaciones que repercuten no solo en la biodiversidad, sino también en el campo
económico. A los costes derivados de la mitigación del daño provocado por la especie, de su control o erradicación, hay que sumar frecuentemente la incidencia, directa o indirecta, sobre los recursos aprovechados por el hombre, cuando no las
repercusiones sanitarias, lo que puede convertir a las especies exóticas invasoras en una amenaza directa para el bienestar humano.


Proliferación del mejillón cebra. Originario de los mares Caspio y Negro, este molusco bivalvo tiene un comportamiento fuertemente invasor y viene expandiéndose desde hace más de dos siglos hacia regiones muy distantes de sus áreas de
origen. En el caso español, el mejillón cebra se detectó en la cuenca de Llobregat durante la década de los ochenta del siglo XX y desapareció tras unas crecidas. A partir del año 2001, cuando apareció en el tramo bajo del río Ebro, se ha asistido
a un incremento sistemático de su área de presencia hasta ocupar en la actualidad una buena parte de esta cuenca hidrográfica y de sus infraestructuras hidráulicas asociadas, aunque con distinto grado de infestación. Con posterioridad a 2005, las
citas empiezan a producirse en otras cuencas, como son las de los ríos Júcar y Segura.


Las larvas del mejillón cebra tienen una gran capacidad de dispersión, lo que favorece una rápida expansión de esta especie aguas arriba y abajo desde el punto donde se haya introducido en el río, cubriendo todas las áreas húmedas en lagos,
lagunas y embalses; tienen un crecimiento rápido y prácticamente cada mes se reproducen, formando pronto, de esa manera, las características mejilloneras constituidas por numerosos individuos por metro cuadrado, y sus conchas vacías suelen
acumularse en las orillas y fondos de los cauces. El mejillón cebra se alimenta de fitoplancton, compitiendo con otras especies autóctonas por ese alimento e incrementando el nivel de materia orgánica, afectando así a la calidad de las aguas
continentales; por tanto, afecta a toda la fauna y flora silvestres debido a la alteración de los ecosistemas. El mejillón cebra se caracteriza por causar un gran desequilibrio ecológico al cubrir y tapizar todo el sustrato que encuentra su paso:
lecho fluvial, cantos rodados y rocas, vegetación de ribera, construcciones hidráulicas de todo tipo, desagües, depósitos, motores y anclas de embarcaciones,

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embarcaderos, industrias, centrales hidroeléctricas, plantas potabilizadoras de agua, presas, azudes, acequias y canales de riego, etcétera; incluso llega a obstruir totalmente cañerías, tuberías, conductos de irrigación y conducciones
hidráulicas en general. La acumulación de miles y miles de valvas de especímenes muertos de mejillón cebra modifica el sustrato de los fondos de los ríos, de las playas de ribera y de los sedimentos fluviales.


En el momento en el que se introduce con éxito el mejillón cebra, y teniendo en cuenta los antecedentes de otros lugares del mundo, podemos hablar de un grave riesgo ambiental. Este riesgo debe ser contrarrestado mediante medidas de
prevención para evitar su introducción en zonas no afectadas y su proliferación donde ya está presente. Pero se puede pasar rápidamente de estar en situación de riesgo ambiental a padecer los efectos perjudiciales y observarlos directamente. En
2006 se detectaron adultos en Puentelarra y en el embalse de Sobrón, en Álava y Burgos, cerca de la cabecera del Ebro. Desde esa fecha, las prospecciones van detectando, poco a poco, la presencia de larvas de mejillón cebra en casi la totalidad de
la cuenca del Ebro. En octubre de 2006 se detectaron adultos en el embalse de Forata, Valencia, en noviembre y diciembre de 2006 se han detectado larvas en la cuenca del río Segura. Actualmente se han detectado individuos en los pantanos de
Azahara de la Sierra, Iznajar en la cuenca del Guadalquivir, además de en algunos ríos en el norte de España.


En el año 2011 el Gobierno del Partido Socialista aprobó una norma, un catálogo, que el actual Gobierno tuvo que revisar, dado que generaba dificultades de aplicación de la legislación en materia de especies exóticas invasoras, así como
falta de coordinación. La revisión de la norma se llevó a cabo mediante la aprobación del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, si bien es cierto que en el caso de especies
como el mejillón cebra no había problemas de calificación. A lo largo de los últimos años se han venido realizando seguimientos y desarrollando investigaciones sobre la especie. Igualmente, el mejillón cebra ha continuado su expansión,
especialmente por la cuenca del Ebro. Los estudios y la experiencia en otros países sentencian que, una vez establecido, es prácticamente imposible su erradicación del espacio invadido.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proceder a la actualización de la estrategia nacional para el control del mejillón cebra
siguiendo el procedimiento de participación y buscando el consenso entre las administraciones implicadas.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se han presentado enmiendas.


Para fijar la posición de su grupo, por un tiempo máximo de tres minutos, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Anuncio el voto favorable a la propuesta que presenta el Grupo Popular para revisar la estrategia que en 2007 existía a nivel nacional para el control de la plaga, porque eso es precisamente lo que dice la propuesta del
Grupo Popular. Si esta cuestión ya estaba contenida en la estrategia nacional, no entendemos por qué se ha esperado ocho años para revisarla, teniendo en cuenta que habría que haberlo hecho en tres.


Queremos hacer algunas consideraciones porque este asunto nos parece importante. En el Ebro se sufrió esta plaga, especialmente desde el año 2001, como ya se ha comentado, y, por tanto, La Izquierda de Aragón, grupo al que yo represento en
este Parlamento, conoce perfectamente el impacto que tiene tanto en la economía como, sobre todo, en el medioambiente. Por eso mismo, el remedio que entre todos tenemos que poner a esta situación —contando también con la comunidad científica
implicada en la búsqueda de una solución— no puede ser peor que la enfermedad; es decir, desde el punto de vista ecológico no podemos profundizar en medidas que atenten contra el equilibrio natural. Por esta razón queríamos introducir esta
cautela, porque no entendemos este voto como una carta blanca para la aplicación de cualquier medida que implique la utilización de sustancias biocidas, sobre todo químicas, y su liberación al medio.


Compartimos con los expertos de la confederación la necesidad, como también ha dicho el portavoz del Grupo Popular, de profundizar en los mecanismos de prevención, de aislamiento, en la medida de lo posible, y de control de la plaga,
revisando esos tratamientos que en un momento determinado no han surtido los efectos deseados, pero evitando esos otros que, repito, puedan afectar de forma sustancial al equilibrio natural.

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà i Montserrat.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Cuando leía el texto de la proposición no de ley, recordaba un debate que tuvimos en esta misma Comisión sobre una especie que está catalogada dentro de las cien más invasoras, que produce daños económicos y
de rápida expansión, que es el caracol manzana. Esta especie, al igual que el mejillón cebra, afecta a la cuenca del Ebro, pero hay una diferencia, y es que cuando en la proposición no de ley se habla del mejillón cebra se dice que su expansión se
inició en el siglo XIX, luego pasó al siglo XX y que llegó a la cuenca del Ebro en el año 2001, y precisamente lo que nosotros pedíamos era que esto no volviese a suceder con la plaga del caracol manzana. En aquel debate, el Grupo Popular y el
Grupo Socialista, con sus portavoces, el señor Bertomeu y la señora Cunillera, comenzaron a debatir sobre quién tenía la culpa de que esto sucediese, pero es que el mejillón cebra apareció en el mar Negro, en el Caspio, etcétera, donde no gobernaban
ni el PP ni el PSOE ni Convergència i Unió, y esa misma plaga que, repito, apareció en el siglo XIX ha ido creciendo y ha llegado a nuestras tierras en el año 2001. Este es un ejemplo claro de que cuando se inicia la propagación de una de estas
especies fuera de su hábitat natural deben adoptarse medidas, deben dedicarse los recursos necesarios, no solo para mitigar e impedir su expansión, sino para investigar esa especie y así conocer, respetando el medio natural y los ecosistemas y
buscando las mínimas repercusiones económicas para los productores y los agricultores de esas zonas, cuáles son las medidas oportunas para que estas especies no puedan escamparse de la misma manera que ha hecho el mejillón cebra.


Apoyamos que se revisen estas medidas, que creo que son necesarias, y aprovechamos esta intervención para denunciar la incongruencia del Grupo Popular, que con algunas especies como el mejillón cebra, que se está controlando en las cuencas
internas de Cataluña, esté adoptando medidas que son casi inocuas y que en el caso del caracol manzana, cuya propagación hacia Europa se está iniciando, no apoye pedir más recursos, y no solo cofinanciación, a la Unión Europea en I+D+i para que esta
especie pueda ser erradicada definitivamente.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que cuando usted habla de escamparse, que es una palabra catalana, quiere decir extenderse.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, muchas gracias por la precisión.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra para fijar su posición, el señor Ruiz i Carbonell.


El señor RUIZ I CARBONELL: Cómo vamos a estar en contra de pedir que el Gobierno controle el mejillón cebra, aunque la verdad es que cualquiera de los presentes calificaríamos esta iniciativa como de objetivo para llenar el cupo de
proposiciones no de ley a las que tiene derecho Grupo Popular. Y lo haríamos no porque su contenido no sea importante, sino porque, como en otras muchas, suele pedir al Gobierno que haga cosas que tiene la obligación de llevar a cabo y que ya están
haciéndose. Como esta práctica se ha convertido en algo cotidiano, incluso se puede dar el caso de que acaben cayendo en el ridículo, debido a que piden cosas que ya están haciendo, puesto que desde que les dicen que presenten la proposición no de
ley hasta que la discutimos aquí a veces pasan años, en este caso han pasado más de dos años.


Aparte del objetivo que ya les he mencionado, rellenar el cupo al que tienen derecho, su iniciativa dice tener también otro: que el Gobierno revise la estrategia nacional para el control del mejillón cebra. Echando mano de las hemerotecas
es fácil comprobar, como ha dicho el señor Bertomeu, que los primeros ejemplares se detectaron en la cuenca del Llobregat en los años ochenta, y más tarde, en el año 2001, en la cuenca del Ebro, en el embalse de Ribarroja, en Tarragona, para
extenderse a continuación prácticamente por todas las cuencas fluviales de la península ibérica. También se puede encontrar que fue en mayo de 2007, por cierto, con un Gobierno socialista, cosa que dicen poco —aunque hoy lo ha dicho también el
señor Bertomeu—, cuando la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, elaboró la estrategia nacional para el control del mejillón cebra, que fue aprobada unos meses más tarde, exactamente en septiembre, por la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente; control que se consideró necesario por los perjuicios que podía llegar a producir. Un estudio de 2007 de la CHE cifró en 40 millones de euros las pérdidas que ocasionaría la proliferación de dicha especie invasora en los sectores
turístico y energético hasta el año 2025 solo en la cuenca del Ebro. Se acordó que dicha estrategia fuera indefinida, puesto que la

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capacidad reproductiva del mejillón cebra es enorme, lo que hace extremadamente difícil su control y aún más su erradicación. Para hacerse una idea, solo hay que tener en cuenta que un adulto puede llegar a verter un millón de larvas en el
cauce de un río en un solo año. Esta estrategia contemplaba un grupo de trabajo que tenía que elaborar informes anuales, con la colaboración de un comité asesor de expertos, y su revisión cada tres años, incluso antes, si los estudios anuales lo
exigían.


Cuando el Gobierno del Partido Popular tomó posesión se encontró con que ya habían transcurrido los tres años y que tenía encima de la mesa varios estudios anuales, es decir, que ya podía perfectamente revisar la estrategia de control. En
lugar de hacer la revisión, en este mandato nos encontramos con que en febrero de 2013, eso sí, con bastante despliegue propagandístico en los medios de comunicación, registran ustedes esta iniciativa, que nos presentan dos años y pico después. En
agosto del mismo año, elaboran un Real Decreto con el catálogo español de especies exóticas invasoras, en el que citan al mejillón cebra. Además de indicarles desde el ministerio, porque seguro que lo hicieron en su día, que presentaran esta
proposición, ¿qué más han hecho? Lo digo porque a nosotros nos ha costado encontrar si han hecho algo más, y por eso lo preguntamos de manera territorializada en el Senado, aunque como su respuesta se puede resumir en remitirnos a la página web del
ministerio, la verdad es que nos quedamos igual.


Recapitulemos. Con esta iniciativa quieren instar al Gobierno, con retraso, porque no han pasado los tres años que fija la estrategia para el control del mejillón cebra, sino el doble, a hacer la revisión en profundidad que establece. Así
que como más vale tarde que nunca, votaremos favorablemente su proposición no de ley. Lo haremos también por coherencia, ya que, repito, procede del Gobierno anterior, del nuestro. Por cierto, han vuelto a explicar en los medios de comunicación
estos días lo mismo que dijeron cuando hace más de dos años anunciaron que presentaban la propuesta —según parece con la misma nota de prensa, con los mismos puntos y comas; a simple vista parece que solo han cambiado la fecha—, sin ni siquiera
decir, repito, que van con años de retraso para llevar a cabo la revisión de la estrategia. Votaremos favorablemente pese a que tenemos dudas sobre su credibilidad, porque mirando los Presupuestos Generales del Estado, que es donde se podía
constatar, nos encontramos detalles que nos hacen dudar. Como muestra un botón. Daré los datos de la sección 23 de los presupuestos de este año y de 2011. Año 2011, último presupuesto del Gobierno socialista, para la calidad de agua, que es donde
van las partidas destinadas a financiar… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, señor Ruiz.


Ruego a los Diputados que si tienen que hablar lo hagan en voz baja, porque están dificultando que se pueda escuchar la intervención del señor Ruiz i Carbonell.


El señor RUIZ I CARBONELL: Año 2011, en el último presupuesto del Gobierno socialista para la calidad del agua, que es donde van las partidas destinadas a financiar estas cuestiones, había algo más de 295 millones de euros, aparte de una
partida específica de 69.000 euros para el mejillón cebra. Año 2015, para la calidad del agua en los Presupuestos Generales del Estado figuran 250 millones, es decir, 45 millones de euros menos. Si hay alguna otra partida, específica o no, que
tenga que ver con el tema que tratamos, no la hemos encontrado. Como pueden ver, no se trata de este tipo de cifras que aparecen cuando hablamos de una autopista o de un aeropuerto, sino que son más modestas.


Nos gustaría que como consecuencia de esta propuesta, o por iniciativa del propio Gobierno, revisen la estrategia para continuar controlando la expansión del mejillón cebra. Si no lo hacen, ya lo haremos nosotros, al menos lo intentaremos,
cuando volvamos a gobernar, más pronto que tarde. Pero, sinceramente, creo que es mejor que se haga ya, cuanto antes, porque sus recortes y su falta de acción pueden hacer que muchos ciudadanos y ciudadanas se vean afectados.


— SOBRE LA VIGILANCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE REVISAR LAS IMPORTACIONES DE TOMATE DESDE EL REINO DE MARRUECOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número
de expediente 161/002158).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre la vigilancia de la Comisión Europea en relación con la necesidad de revisar las importaciones de tomate desde el Reino de Marruecos en los
últimos años. A esta iniciativa del Grupo Parlamentario de Unión

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Progreso y Democracia, se han presentado dos enmiendas: una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Lleonart.


El señor LLEONART CRESPO: En diciembre de 2012 el Congreso de los Diputados debatió una proposición no de ley sobre las medidas a tomar ante la entrada en vigor del nuevo protocolo agrícola del acuerdo de asociación Unión Europea-Marruecos.
En la misma, además de alertar de que el nuevo protocolo deja en manos de los Estados miembros el control de precios de entrada y el control de contingentes, señala que la Comisión se debe responsabilizar de su correcto funcionamiento, así como del
cabal cumplimiento de los términos del acuerdo, con especial interés en la percepción de los derechos de liquidación y gravamen cuando los precios de entrada reales se sitúen por debajo de los precios de entrada establecidos en el acuerdo. Según
los datos que ha elaborado Hortoinfo, procedentes del servicio estadístico Euroestacom —ICEX-Eurostat—, Marruecos ha incrementado sus ventas de tomate en fresco a la Unión Europea en un 80 % en los últimos 10 años, mientras que en ese mismo periodo
España las ha reducido en un 11 %. Esta publicación agraria ha realizado una comparativa de las ventas de tomate en fresco de la Unión Europea en la última década. De los tres principales proveedores de tomate, sin duda alguna la peor parada, con
diferencia, es España, con una caída de un 11 %, en tanto que Holanda ha experimentado un aumento de un 27 % y Marruecos de un 80 %. Asimismo, en los últimos 10 años analizados, el precio medio al que Marruecos ha vendido sus tomates a la Unión
Europea ha sido del 0,76 euros por kilo, mientras que España lo hizo a 1,12 euros y Holanda a 1,25 euros, siempre según los datos de Euroestacom recogidos y analizados por Hortoinfo. Estos datos reflejan una situación de falta de vigilancia de las
autoridades comunitarias en relación con los contingentes y precios de importación de tomates y otros productos desde terceros países de manera sistemática y reiterada, una práctica que ha generado, por un lado, un perjuicio las arcas comunitarias
por aranceles no cobrados y, por otro, un daño por lucro cesante a los agricultores españoles y comunitarios en general.


Por todos estos motivos, y en relación con estos datos, hemos presentado esta proposición no de ley para que de forma resumida se traslade a las autoridades comunitarias la necesidad de revisar las importaciones de los últimos años y se
evalúe si como consecuencia de estos datos hay pérdida para las arcas comunitarias, la economía española y los propios agricultores; que se revierta en la agricultura europea como resarcimiento el dinero obtenido por evaluación y cobro de aranceles
no pagados, y que se cambie la legislación para que se impida la importación de productos alimenticios por debajo de los precios de producción comunitaria.


Se han presentado dos enmiendas de modificación: una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Las hemos estado revisando y vamos a transaccionar la del Grupo Popular, incorporando la del Grupo Socialista. Por tanto, votaremos esta
PNL en los términos de esta nueva transacción.


El señor PRESIDENTE: Entiendo que están trabajando en una enmienda transaccional con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista. Les ruego que la pasen a la Mesa antes de proceder a las votaciones para que pueda ser leída.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Caicedo, por un tiempo máximo de cinco minutos.


El señor CAICEDO BERNABÉ: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Lleonart y agradecerle haber podido llegar a una transaccional en unos momentos tan difíciles como los que está pasando la agricultura, en este caso, las
exportaciones con Marruecos. Tengo que decir que vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista y que entrará a formar parte de la transaccional.


Primer punto de la enmienda. Trasladar a las autoridades comunitarias la necesidad de contar con la información detallada por meses sobre los derechos de aduanas pagados en los Estados miembros cuando los valores de importación a tanto
alzado se sitúan por debajo del precio establecido. Segundo, analizar la evolución de las importaciones de Marruecos a la Unión Europea, así como la del sector hortofrutícola español. Tercero, comunicar a esta Cámara en qué situación se encuentra
el acuerdo aprobado en la proposición —expediente 161/000480— sobre la realización de un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los mercados comunitarios y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo.
Cuarto, continuar con las alianzas que han permitido una mejora del régimen de precios de entrada de las frutas y hortalizas en el marco del desarrollo legislativo de la reforma de la política agraria comunitaria, así como impulsar también los
mecanismos de intercambio de información

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para la rápida detección de los problemas. Quinto, reclamar a las autoridades comunitarias la información cabal sobre el cumplimiento de los acuerdos en otras áreas comerciales para verificar si en todos los acuerdos se están produciendo
incumplimientos de este tipo o solo y particularmente en este caso.


Agradezco que se haya tenido en cuenta la enmienda del Grupo Popular y, sobre todo, que hayamos podido llegar a una transaccional para que estos problemas se vayan solucionando y cada día estén mejor nuestros mercados, de forma que podemos
ir hacia delante con más tranquilidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: En primer lugar, quiero mostrar la satisfacción del Grupo Socialista por sacar adelante una iniciativa tan importante, y agradecer la sensibilidad del Diputado señor Lleonart, a quien doy la bienvenida. Es verdad que
esta iniciativa refleja algo que no es nuevo, porque, como ha dicho el portavoz de UPyD, ya se debatió en Pleno una similar del Grupo Socialista, que fue rechazada, y después, en diciembre de 2012, se vio en esta Comisión y salió adelante.


Es conocida la situación que motiva este debate —venimos arrastrándola desde hace ya años—, que es una competencia desleal en el mercado europeo a los productores y exportadores españoles que no podían competir en igualdad de condiciones.
Los que tenemos contacto con el campo y hablamos continuamente con las organizaciones agrarias sabemos que exportadores y productores de tomates han alertado de forma continuada sobre la necesidad de controlar el respeto por lo establecido en la
normativa comunitaria, sobre todo en relación con el cumplimiento de los contingentes asignados y con los precios de entrada. El Grupo Socialista siempre ha demandado el cumplimiento de los estándares europeos de calidad, sanidad y seguridad
alimentaria, pero también los estándares de derechos laborales y sociales en relación con todos los acuerdos con terceros países.


La Comisión Europea y el Gobierno marroquí llegaron a un acuerdo a mediados del año pasado para poner fin al conflicto que se venía manteniendo desde hacía tiempo. Los cambios en el denominado sistema de precios de entrada fueron acordados
por los Gobiernos europeos en el marco de la reforma de la política agraria común y se comenzaron a aplicar a partir del 1 de octubre de 2014 a todos los terceros países que exportan frutas y hortalizas a la Unión Europea, equiparando, de hecho, el
sistema con el régimen arancelario aplicado al resto de productos.


Los problemas que afectan hoy al tomate producido en España son otros. En primer lugar, no podemos olvidar el veto ruso, y es evidente que la situación de los productores de tomate sigue siendo crítica. En segundo lugar, la entrada de
tomate marroquí sigue siendo un problema, y no hablo de cupos, de precios de entrada —por eso presentamos la enmienda que se ha incorporado, porque todos sabemos que esta es la realidad que se está viviendo ahora—, porque el valor global de
importación actual contempla todas las variedades de tomate y, en consecuencia, los envíos marroquíes de tomate redondo se ven favorecidos por el mayor precio de las especialidades, el cherry, el cocktail, etcétera. De este modo, todos estos
tomates y no solo los de mayor precio, es decir, los de las especialidades, sino todos los tomates marroquíes pueden no situarse por debajo del precio de entrada y no han de satisfacer derecho aduanero. Por eso pedimos con nuestra enmienda dos
valores de entrada diferenciados por categoría. Más si tenemos en cuenta que las especialidades son más costosas de producir y suponen un mayor esfuerzo para los productores. Estos dos factores determinan que el precio del tomate español sigue
cayendo. Datos de mi provincia, Almería, febrero de 2015, los tomates producidos en ella han visto caer su precio en un 32 % en relación con los precios del año pasado y su volumen de producción ha caído un 10 %. Por eso tiene sentido esta
enmienda. La sensibilidad de haber sido aceptada para poder llevarla adelante tiene una opción clara que es la revisión al alza del propio precio de entrada para las importaciones del tomate de Marruecos. De manera que se refleje el incremento de
los costes de producción en el mercado interior, así como la evolución de las exportaciones de Marruecos a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el precio actual se fijó en un momento en que los envíos marroquíes se ceñían al tomate redondo, pero
ahora han diversificado sus exportaciones con variedades de mayor valor, por eso ese precio actual queda invalidado. Mientras se produce esto, pedimos que se trabaje para modificar la normativa europea que haga posible el establecimiento de un
valor global de importación para el tomate redondo liso y otro diferenciado para el tomate cherry. Estableciendo estos dos valores diferenciados se favorecerá el mantenimiento de este tipo de especialidades en el mercado comunitario frente a las
importaciones a bajo precio de países terceros. Sin lugar a duda, quiero dar las gracias por el esfuerzo que hacen nuestros agricultores por acercarse a las demandas del consumidor y por mejorar el valor añadido que generan en

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sus explotaciones. Su desaparición supondría además un freno a la innovación del sector por el que todos apostamos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Mixto, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Intervengo muy brevemente. La agricultura mediterránea —y entre ella la valenciana— siempre sale perjudicada. Siempre toca, cuando no es el veto ruso, las ayudas de la PAC que no llegan a las frutas y hortalizas, y
cuando no tenemos el día de la marmota recurrente de las importaciones de Marruecos que sistemáticamente incumple sus cupos de exportación. Si miramos noticias vemos que ya aquí en el Parlamento se exige este control en el 2007, en el 2011 y en el
2014 y seguimos nuevamente con esta historia interminable de que Marruecos incumple sistemáticamente. Votaremos a favor de la propuesta porque entendemos que es absolutamente necesaria si queremos que el futuro del campo mediterráneo tenga alguna
viabilidad en el futuro o bien se comienzan a controlar estas importaciones o bien al final con los vetos rusos, sin las ayudas de la PAC y con mayores exigencias fitosanitarias no podrán competir con nadie.


El señor PRESIDENTE: Don Álvaro Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Intentaré ser breve, pero por apuntar algún argumento más. De lo que estamos hablando es del incumplimiento taxativo y cotidiano de Marruecos a la hora de importar de la Unión Europea, en este caso de España más y
además le sale más barato. Los efectos sobre nuestra economía y sobre nuestro tejido productivo son absolutamente claros y ya se han dicho y se han argumentado con datos concretos cómo afecta al sector y a nuestra economía en pérdida de ingresos y
arancel. Hay algún elemento más que me gustaría poner sobre la mesa respecto a ese acuerdo con Marruecos. Por apuntar algún argumento más para intentar frenar esta situación de abuso que sufre o que sufrimos o que se tolera o permite al Reino de
Marruecos, que no es otra situación que aquella que afecta tanto a consumidores europeos como al pueblo saharaui. Me gustaría decir esto porque se nos está olvidando de dónde proceden en buena medida esos tomates que luego entran a España, a
Europa.


Señorías, Marruecos sigue importando tomate en Europa cultivado en territorio saharaui ocupado, algo que incumple absolutamente la normativa internacional, beneficiándose además de aranceles reducidos, como se ha dicho en esta Comisión. El
Sáhara no es Marruecos, así lo dice la justicia internacional y queda recogido en los acuerdos de libre comercio que otros países mantienen con el Reino marroquí, alauita. Por mencionar alguno: Estados Unidos, Noruega, Suiza. No podemos ni
debemos olvidar esta situación.


Se están incumpliendo leyes porque a los consumidores no se les informa, como dice la legislación europea con respecto a la comercialización de frutas y hortalizas; en materia de etiquetado de venta de productos frescos; se incumple la Ley
de Competencia Desleal, artículos 5.1 a y b, artículos 15 y 18; la Ley General de Publicidad, en su artículo 3 y el Real Decreto 1/2007, texto refundido de la Ley General de defensa del consumidor y usuarios, en sus artículo 13 y 18. Esta
situación es absolutamente inaceptable desde muchas perspectivas. Por lo que todas aquellas medidas que permitan ver negro sobre blanco quién está padeciendo esta situación, que no dejamos de ser todos los españoles y europeos, nuestros
productores, nuestros consumidores, que no tienen la información adecuada. El pueblo saharaui que ve como se le sigue esquilmando sus recursos naturales y su derecho al territorio. ¿Quién se está beneficiando? Dos francomarroquíes: Azura y
Soprofel, y Siger que son las tres que aglutinan el 70 % de los beneficios con Marruecos. La última de la que le he hablado, que es una de las más importantes, es del rey de Marruecos. Estas tres empresas son los que se benefician y los que he
dicho al principio, todas y todos nosotros y el pueblo saharaui somos los perjudicados. Todo aquello que vaya en la dirección de parar esta situación de abuso nos parecerá bien. Queremos conocer el texto definitivo y concreto, porque además hay
otros debates que se han cruzado de fondo aquí como la PAC, la necesidad de regulación, de medidas de protección arancelaria, que nos parecen muy interesantes y que darían para otro debate.


El señor PRESIDENTE: Don Martí Barberà quiere también fijar posición.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Intervengo muy brevemente. Las exposiciones tanto del grupo proponente como las que de los que han presentado enmiendas son bastante claras. Celebramos que haya podido haber un acuerdo entre diferentes
partidos para defender el sector del tomate. Sabemos que

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España, aunque Cataluña no es un productor especial de tomate, pero sí de arroz, de uva, cebolla, olivas, productos de los que España es un importante productor de la Unión Europea, necesitan de estas iniciativas que vayan a favor de
nuestros productores, que deben competir con productos cuyos costes de producción, así como requisitos de seguridad alimentaria y trazabilidad nada tiene que ver con los de nuestros productores. Cualquier iniciativa que defienda estos criterios
Convergència i Unió estará a favor de ella.


— RELATIVA A LA DEFENSA DEL OLIVAR EN PENDIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002543).


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiero darle la bienvenida en nombre de la Comisión, por lo que le pido disculpas, a don Julio Lleonart, que ha sido capaz de consensuar una iniciativa muy
interesante con todos los grupos parlamentarios y le animo a seguir en esa dirección. Proposición no de ley relativa a la defensa del olivar en pendiente. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la
palabra don Gaspar Zarrías.


El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Señorías, de nuevo volvemos en esta Comisión a hablar del olivar. Estamos hablando de que España es el mayor productor mundial de este cultivo. Ha ido creciendo últimamente en la cuota de mercado en
exportaciones. Hemos mejorado de forma significativa la calidad, la modernización de nuestro parque de Almazara, las técnicas de recolección hacen que paulatinamente el producto tenga mayor capacidad de penetrar en mercados que hasta ahora no era
posible. No obstante, no solo por la baja cosecha, sino por la coyuntura menos coyuntural, más estratégica, seguimos con problemas importantes de rentabilidad en líneas generales para el cultivo del olivar. Esta iniciativa que hoy presenta el
Grupo Parlamentario Socialista trata de la defensa del olivar de pendiente u olivar de montaña. Me van a permitir que me centre en este olivar menos rentable con una pendiente superior al 20 %, que no son cuatro olivas esturreas, como dicen en mi
pueblo, por el campo, sino que estamos hablando de 600.000 hectáreas en el conjunto del país. Estamos hablando de 400.000 hectáreas en mi tierra, Andalucía, y si profundizo un poco más, en mi tierra chica, Jaén, más de 140.000. En su momento
determinó la conferencia sectorial hace más de un año dejar fuera a este tipo de cultivo de las ayudas directas al agricultor, ese primer pilar, acordó dejar fuera de los pagos acoplados a este sector del olivar en pendiente. Voy a darle un dato.
Solamente en la provincia de Jaén se van a ver afectados más de un 20 % de las explotaciones. La justificación del ministerio, me van a permitir que la califique de discriminatoria por darle un calificativo muy liviano. Hablando del incremento de
la producción, de que se ha incrementado un 5,6 % el número de hectáreas bajo este tipo de cultivo no es ni mucho menos la razón de peso, cuando otros cultivos que también han incrementado reciben las ayudas que se le niega al olivar de montaña o de
pendiente. La alternativa que nos plantea el Gobierno, el ministerio, es reducir la producción. Tengo que decirle —y conozco bien el problema— que en la mayor parte de las explotaciones es la única forma de poder complementar los recursos sin
pensar en la rentabilidad para un número muy importante de agricultores que de no hacer esto se verían abocados a tomar decisiones que nadie en esta Comisión pretende. Me refiero, por supuesto, a tener que dejar la explotación, a abandonarla, con
lo que supone de daño social, despoblamiento de esos edificios, y de daño ambiental en lo que se refiere a la fijación del terreno y a ese bosque mediterráneo que supone el olivar. Evitar el abandono del mundo rural es uno de los elementos claves y
ese ha sido uno de los que han tenido en cuenta otros Gobiernos de la Unión Europea, con mayor sensibilidad que el Gobierno de nuestro país para poner en marcha mecanismos de ayudas a este tipo de cultivos. También lo ha hecho el español con otros
cultivos que habían incrementado su producción o su extensión en cuanto a cultivos.


Señorías, los agricultores han tomado nota. No quiero que lo entiendan como una crítica, sino como un diagnóstico. Si hacen un repaso por los resultados de las últimas elecciones andaluzas, hace un par de meses o menos, y ven cómo ha sido
el resultado de esos municipios que viven del olivar y fundamentalmente del de montaña, del que aquí estamos hablando, habrán visto que los olivareros han tomado perfecta nota. Se han dado cuenta del recorte de un 8,64 % lineal que el ministerio ha
impuesto a las ayudas de la PAC, a todo lo que significa que perjudica de forma muy significativa a los agricultores que reciben menos de 5.000 euros al año. Estamos hablando nada más y nada menos del 76,4 % de los agricultores de nuestro país.
Este grupo de menos de 5.000 euros al año estaba hasta ahora exento de esas reducciones de pago. La primera reducción para ajustarse al límite máximo de ayudas directas y la segunda es para obtener recursos adicionales para ayudas estructurales,
conocido como la modulación.

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El ministerio podría excluir para 2014 a los perceptores de menos de 5.000, pero no fue así, optó por aplicar el recorte del 8,64 % a todos. El reglamento de tramitación preveía alguna medida de carácter excepcional que no fue aceptada por
el Gobierno y es al Gobierno de nuestro país, dentro de la Unión Europea, al que le corresponde adoptar la medida. No quiso aprovechar esa flexibilidad que nos hubiera permitido algo tan importante como la rentabilidad, si cabe, pero sobre todo lo
que significa desde el punto de vista social y ambiental. Desgraciadamente este recorte no para aquí, porque se consolida para el futuro. Será básico para las proyecciones de 2015 y así paulatinamente hasta el 2020. Frente a esto a los grandes
propietarios se les ha aplicado una moderación de hasta el 18 %. Pues bien, eso que era lo que ocurría antes, ahora es lineal. Se aplica un 8,64 a los grandes, se le baja del 18 al 8,64 frente a los pequeños que antes no tenían y ahora se les
aplica un 8,64. No es el momento de hablar de la tarifa plana. Me parece que ha quedado clara la posición del Gobierno socialista en su momento y la del Grupo Parlamentario Socialista en la actualidad, no voy a entrar en ello, pero hay para poner
encima de la mesa más que razones para incluir al olivar de pendiente o de montaña entre los sectores beneficiados de los pagos acoplados de la PAC. Estamos hablando de un olivar con un marco de 7 a 10 metros, con una producción por árbol que puede
llegar a 30 o 40 kilos como mucho, con un rendimiento del 20 o veinte y poco por ciento. No estamos hablando ni mucho menos de una rentabilidad, sino de un complemento de renta que permite fijar la población al territorio y que ese bosque
mediterráneo en esos bosques de pendientes siga siendo un elemento clave desde el punto de vista ambiental. Hay muchas fórmulas, señorías, y las conocen perfectamente. Hay fórmulas que pasan por ayudas que garanticen un porcentaje equis de euros
por hectáreas que permita la viabilidad y la persistencia de este olivar, a las primeras 20 hectáreas, el mecanismo que estimen oportuno. Señorías, si no hacemos esto estamos jugando con un número muy importante de ciudadanos que viven y
complementan su renta, que les permiten seguir viviendo en sus municipios y no tener que irse a otros sitios y, sobre todo, desde el punto de vista ambiental.


Para terminar, quiero manifestarle desde el punto de vista de la enmienda que conocí ayer que vamos a votar no. Pasó el momento de los estudios y de echar la pelota a las comunidades autónomas, es el momento de tomar medidas ya y lo que
proponemos en nuestra proposición no de ley es eso, es el momento de que por parte del Gobierno se pongan en marcha los mecanismos que permitan que ese olivar de montaña, de pendiente, reciba las ayudas que permitan su viabilidad, posiblemente no
rentabilidad, pero sí un complemento que haga que los agricultores sigan viviendo en sus municipios y que ese valor ambiental se mantenga en buena parte de España, en la mayor parte de Andalucía y en la infinita parte de la provincia de Jaén.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra don Aurelio Romero.


El señor ROMERO GIRÓN: Paso a defender la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a esta proposición no de ley. En primer lugar, tengo que decir que esta proposición no de ley es una iniciativa recurrente del Grupo
Socialista, puesto que no es la primera vez que se habla de este tema ni en esta Comisión ni en el Pleno del Congreso ni en el Senado. El Grupo Socialista va sacando esta iniciativa y por lo que he oído del señor Zarrías, suele sacarla en periodo
electoral para animar a sus electores en la provincia de Jaén, como ha dicho en su intervención. ¿Qué es lo que viene a proponer esta proposición no de ley? Viene a decir que se incluya el olivar en pendiente entre los beneficiarios de las ayudas
acopladas de la PAC. Es necesario señalar que el Grupo Parlamentario Popular —y, por supuesto, el Gobierno— es consciente de que el olivar es un sector fundamental de la agricultura española, representa ni más ni menos que el 14 % de la superficie
agrícola útil con 2.584.000 hectáreas y aproximadamente su producción es el 5,4 % de la producción final agraria.


El señor Zarrías con su habilidad parlamentaria ha querido trasladar al Gobierno la responsabilidad de que el olivar en pendiente no recibe las ayudas acopladas y no es así. Se ha seguido un procedimiento completamente distinto a lo que
hacía el Partido Socialista, que cuando llevó acabo la negociación en el periodo anterior de la PAC hizo y deshizo a su antojo. El actual Gobierno no ha hecho eso. Ha sido la Conferencia Sectorial de Agricultura la que ha fijado los criterios de
distribución de las ayudas de la PAC. No traslade la responsabilidad al Gobierno, sino a la conferencia sectorial. Tengo que decirle que en la Conferencia Sectorial de Agricultura del pasado mes de enero el olivar fue considerado como uno de los
sectores prioritarios, de los más beneficiados en el nuevo modelo de ayudas. Nada que ver con la propuesta que en su día hizo el Partido Socialista del reparto de las ayudas de la PAC que, de aplicarse, hubiera supuesto no una pérdida para los
agricultores, sino la desaparición total del cultivo del olivar. En

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esa conferencia sectorial también se establecieron el sistema de pagos acoplados y los cultivos que iban a recibir esos pagos acoplados. Se incluyeron sectores como el arroz, la remolacha, los frutos secos, el tomate, la vaca nodriza,
etcétera, es decir, una serie de cultivos que efectivamente son sectores que están en recesión e incluso algunos en peligro de desaparición si no reciben estas ayudas complementarias a las ayudas directas. Esto se hace en aplicación de la normativa
europea. La conferencia sectorial no incluyó el olivar en pendiente entre los sectores que van a recibir ayudas acopladas porque no reunían estos requisitos, puesto que no había habido ni pérdida de superficie ni de producción. Si no, como bien
reconoce la propia proposición no de ley, entre el 2006 y el 2012 había habido un aumento de un 5 o 6 % en el número de hectáreas del llamado olivar en pendiente, pasando de 501.000 hectáreas a 529.000 hectáreas. Lo que sí ha hecho la conferencia
sectorial, insisto, no el Gobierno, sino la conferencia sectorial, es acordar que si en el plazo de dos años, es decir, en el año 2016 cambiaran las condiciones de algunos de los sectores que hoy no van a recibir estas ayudas acopladas se hiciese
una revisión para que en dichos supuestos se incluyeran entre los sectores beneficiarios de estas ayudas acopladas. Es decir, que el olivar en pendiente, como otros productos, podrán recibir estas ayudas en el año 2016 si en este tiempo el
comportamiento de este sector fuese distinto del actual y se dieran las condiciones exigidas por la normativa europea para acceder a las mismas.


También quiero señalar que las comunidades autónomas disponen además de otros instrumentos para apoyar a este tipo de cultivos, concretamente al cultivo del olivar en pendiente, que puede ser mediante la concesión de las ayudas de tipo
agroambiental que puede incluirse en los respectivos planes de desarrollo rural y que me consta que hay comunidades que han incluido ya este tipo de ayuda. Por eso hemos presentado esta enmienda a la proposición no de ley en un doble sentido. En
el primero instamos al Gobierno a realizar el seguimiento del olivar en pendiente con el fin de valorar si se cumplen los requisitos de riesgo de reducción o abandono de cultivos para incluirlo entre los sectores a los que se les conceden las ayudas
de pagos acoplados de la PAC y, al mismo tiempo, instamos al Gobierno a analizar, en colaboración con las comunidades autónomas, la posibilidad de establecer otro tipo de ayudas como las de tipo agroambiental que puedan incluir en sus planes de
desarrollo rural para facilitar la viabilidad y pervivencia de este cultivo.


El señor PRESIDENTE: Señor Romero, le ruego que vaya concluyendo.


El señor ROMERO GIRÓN: Termino, señor presidente. Lamento el anuncio del Grupo Parlamentario Socialista de no aceptar esta enmienda y anunciamos que de no aceptarse y de no cambiar de opinión, votaremos en contra de la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa). Don Álvaro Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Intervengo para anunciar el voto favorable a la propuesta y hacer una pequeña reflexión por el Grupo de La Izquierda Plural. Ya lo discutimos, cuando se trajo a debate la reforma de la PAC y los reglamentos, con la
ministra, cambiar todo para no cambiar nada y para generar unos efectos colaterales que ponen de manifiesto que esta reforma de la PAC y la filosofía que ha ido inspirando en los últimos procesos de reforma de la política agraria comunitaria han
profundizado en lo irracional. Lo irracional del desacoplamiento de las ayudas, de eso estamos hablando aquí, del desacoplamiento de las ayudas a la producción. Lo irracional y lo injusto de las referencias históricas. Lo perverso y pernicioso de
haber sometido a las sucesivas reformas a la producción de alimentos a la lógica del mercado. En esto quiero recordar que han coincidido los grupos mayoritarios a lo largo de las diferentes y sucesivas reformas de la política agraria común. Está
bien reaccionar y reflexionar por qué ha ocurrido y cuál es el fondo del asunto. El fondo del asunto es que este tipo de políticas de liberalización de mercados agroalimentarios producen unos efectos flagrantes sobre unas producciones, en este caso
concreto como la del olivar en pendiente, cuya rentabilidad no hay que buscarla en términos económicos, sino desde la perspectiva y el papel que juegan en lo ambiental y en lo social, pues son fundamentales para la vertebración, como se ha dicho en
esta Comisión, de determinados territorios de nuestra geografía rural. Volver a reiterar nuestro apoyo a la propuesta y, una vez más, volver a llamar a esta Comisión y a este Parlamento a la necesidad de repensar esa política agraria común, a la
necesidad de volver a la lógica y al acoplamiento de las ayudas y, sobre todo, a la regulación y a la intervención de los mercados de la agroalimentación.

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El señor PRESIDENTE: Don Martí Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Esta iniciativa, como muy bien ha expresado el portavoz del Grupo Socialista, está muy centrada en Andalucía y concretamente en la provincia de Jaén. En la exposición ha quedado muy claro. Incluso puede
influir en las votaciones, está claro que influye mucho en Andalucía. Añadir a la baja producción de la alta pendiente, no es suficientemente coherente vista la distribución del primer pilar y cómo se ha apoyado en algunos casos a sectores de
España en la producción olivar, creemos que mantener la baja producción como criterio es lo que corresponde. Vamos a votar en contra de esta iniciativa del Grupo Socialista.


— SOBRE LA CREACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE POSIBILIDADES DE PESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003316).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al debate del siguiente punto del orden del día sobre la creación de un registro nacional de posibilidades de pesca, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra
su portavoz don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Esta proposición no de ley está justificada en el desarrollo legislativo, tanto comunitario como de nuestras leyes, en concreto la Ley de Pesca Marítima del Estado. No estamos hablando de una iniciativa que se haya
improvisado o pensado hace quince minutos. Se lo digo para aquellos que vayan a decirnos que estamos instando al Gobierno a cosas que no tienen sentido. Además estamos recogiendo una demanda del propio sector pesquero que nos la ha hecho llegar de
forma insistente en los contactos permanentes que mantenemos en todos los puertos, en todas las cofradías y en todas las organizaciones pesqueras de España. Como les digo, está fundamentada en la Ley de Pesca Marítima del Estado y en la política
pesquera común. El artículo 28 de esta ley, a la que me acabo de referir, que las posibilidades de pesca serán transmisibles con autorización previa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y previo informe de las comunidades
autónomas del puerto base del buque. También aclara cuáles son los criterios que deben prevalecer a la hora de regular esta posibilidad de transmisión de estos derechos de pesca. Habla de evitar la acumulación de posibilidades de pesca en un solo
buque cuando los volúmenes sean superiores a los que pueda utilizar ese buque; habla de establecer un límite mínimo de posibilidades por debajo del cual el buque deba abandonar la pesquería; habla de justificar que la transmisibilidad esté
restringida a buques o a grupos de buques pertenecientes a determinadas categorías o censos; finalmente establece, a efectos de favorecer la libre competencia —algo que no parece estar presente en el espíritu de alguna de las enmiendas que se han
planteado, es decir, la libre competencia—, el porcentaje máximo de posibilidades de pesca que puede ser acumulado por una empresa o grupos de empresas relacionadas societariamente en una misma pesquería. Esto en cuanto a la Ley de Pesca.


En cuanto a la política pesquera común, se dice claramente que los Estados miembros pueden introducir un sistema de concesiones de pesca transferibles, que es a lo que hace referencia nuestra proposición no de ley. Así lo establece el
Reglamento 1380/2013, sobre la política pesquera común, cuando en el apartado 6 del artículo 16 dice textualmente: Los Estados miembros decidirán en relación con los buques que enarbolan su pabellón el método de asignación de las posibilidades de
pesca que les hayan sido previamente atribuidas, creando posibilidades de pesca individuales. Por tanto, señorías, estamos ante una política que tiene una clara finalidad, al igual que esta iniciativa, que es la de adaptar el número de buques
pesqueros que tiene la Unión Europea a los recursos disponibles que tienen también las aguas de la Unión Europea; es decir, que, por un lado, haya un equilibrio entre capacidad pesquera y, por otro, posibilidades de pesca disponibles.


Cuando decía que ésta no es una iniciativa que se haya pensado hace 15 minutos, es porque ya hay unos antecedentes en esta materia que tienen décadas. Expondré varios ejemplos en los que no me voy a extender por falta de tiempo. Mediante
una orden del año 1981, antes de que España ingresara en la entonces llamada Comunidad Económica Europea, lo que se llamó en su día la flota de los 300 —por desgracia hoy no llegan ni a 100—, que eran los barcos que faenaban en aguas de la
denominada Neafc o del Atlántico nordeste, se reguló esta pesquería. Posteriormente, en el año 1998 se hizo una regulación para otras flotas que faenaban en aquellas mismas aguas, que eran los palangreros menores de 100 TRB. Más recientemente
tenemos ejemplos, como el del Gobierno socialista, que en el año 2008 reguló por

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primera vez la pesquería del atún rojo y estableció asignación de cuotas a las distintas flotas con sus derechos específicos; asignaciones que fueron corregidas en el año 2013, modificando aquella orden, donde se distribuían las
posibilidades de pesca del atún rojo entre los buques, incluyéndose las almadrabas autorizadas para pescar dicha especie. Por tanto, se sigue la política pesquera comunitaria, se sigue la legislación pesquera española y se sigue una práctica, como
he dicho, de regulación de estas pesquerías y de estos derechos de pesca que tiene décadas. Las posibilidades de pesca se utilizan para la asignación individual de cuotas de pesca de los stocks pesqueros correspondientes. Además de las flotas
indicadas en algunos de los ejemplos que he puesto, también recientemente dentro de los caladeros nacionales, como ha pasado con la cabaña, con el jurel, con la merluza de litoral, como ha pasado en el golfo de Cádiz, donde por unanimidad se aprobó
el reparto individual por barco de las cuotas, tanto de boquerón como de cigala, estamos ante un modelo de gestión en el que ya existen posibilidades de transmisión de esos derechos, de esas posibilidades de pesca entre buques del mismo censo.


¿Cuál sería el paso siguiente? El que propone nuestra iniciativa. El Grupo Parlamentario Popular cree que creando un registro de posibilidades de pesca quedarán reflejadas claramente todas las operaciones de transmisión que se efectúen y
todas las posibles pignoraciones que se den en cada caso. ¿Por qué un registro? Son varias las razones, pero citaré brevemente tres o cuatro. Armonizará el procedimiento administrativo para la gestión y registro de las transmisiones las
posibilidades de pesca; destacará el valor patrimonial de las cuotas, porque requiere un sistema que les garantice transparencia, que les dé seguridad jurídica —quédense con estas dos expresiones: transparencia y seguridad jurídica—; va a
permitir que las cuotas asignadas al titular de un buque sean objeto de pignoración si son constituidas como garante de una póliza de préstamo; finalmente hará que la posibilidad de consultar o acceder a este registro de forma permanente por parte
de todos los profesionales dé mucha más transparencia a todo este procedimiento que hasta ahora se venía haciendo de otra manera. Quiero hacer hincapié en que estas garantías van a estar siempre supervisadas, o deberán estarlo si el Gobierno crea
este registro, por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Señorías, no se está hablando —lo digo porque me temo algunas intervenciones— de modificar las condiciones de asignación de cuotas de pesca, que nos está hablando de cuotas, de si son pocas o muchas las posibilidades de pesca, de si están
bien o mal repartidas, porque también he escuchado este debate en algunos parlamentos autonómicos; no se está hablando de eso. Por tanto, si ustedes deciden hablar de eso estarán hablando de otra cosa distinta de lo que propone nuestra iniciativa.
No se está hablando de privatizar el mar, como también se ha dicho en algún sitio, porque el mar y los recursos son bienes públicos. De lo que se está hablando es de regular la utilización de manera temporal de esos recursos asignados. Lo que
estamos buscando es incrementar la rentabilidad del sector pesquero; reconocer los derechos de uso pesquero para su explotación durante un tiempo limitado, insisto, por un período de tiempo limitado; evitar lo que se denominó siempre la pesca
olímpica, es decir, salir a pescar todos deprisa y corriendo a ver quién acaba antes la cuota de ese recurso; en definitiva, mejorar la gestión y dar respuesta, como dije al principio, a una demanda del sector.


Termino, señor presidente, recordando brevemente los tres puntos que contiene nuestra iniciativa: llevar a cabo la creación de un registro nacional de posibilidades de pesca; que ese registro incorpore a todas las flotas españolas que
tengan constituido un régimen de posibilidades de pesca, con distribución individual por buque o almadraba en el caso de la pesquería del atún rojo; y que el citado registro quede adscrito a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Mis últimas palabras son para dejar clara constancia del rechazo a la única enmienda que se ha presentado, en este caso la del Grupo Parlamentario Socialista, en la que nos propone la creación de una reserva nacional de posibilidades de
pesca, — es algo que ya propusieron cuando se debatió la modificación de la Ley de Pesca Marítima del Estado y en aquel momento ya justificamos nuestra negativa a la enmienda que presentaron— porque entendemos que rompe los mecanismos de reparto que
vienen funcionando desde hace décadas; que es una injerencia clara en el libre mercado, la libertad de las empresas de utilizar ese patrimonio asignado temporalmente; que va contra el ordenamiento jurídico vigente; que constituye un desprecio y
una desposesión, posiblemente ilegítima, de los derechos patrimoniales, que en caso de aceptarse va a provocar litigios. Claramente estamos en contra de ese tipo de intervencionismo. Esto me recuerda —y estas sí que son, de verdad, señor
presidente, mis últimas palabras— aquello que hicieron ustedes cuando gobernaron con las cuotas lácteas y aquella reserva nacional de cuotas lácteas. Todos sabemos muy bien en que acabó aquel reparto de cuotas lácteas. Nosotros no estamos a favor
de que un Gobierno utilice de forma partidista derechos patrimoniales que tienen en este caso los pescadores,

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y en el caso de las cuotas lácteas, los ganaderos. Dejemos que funcione el libre mercado con ese control y con esa supervisión del ministerio y todo irá mucho mejor.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra doña Laura Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Efectivamente, la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la reforma de la política pesquera común introduce para 2014 un sistema obligatorio de concesiones de pesca transferible,
aplicable a todos los buques, con excepción de la pesca artesanal. Por tanto, señor García Díez, suponemos que esta iniciativa no se pensó en cinco minutos, porque es obvio que debería estar pensada desde hace bastante más tiempo.


Ha explicado, igual que lo recoge la exposición de motivos, en qué consisten los derechos de pesca en sus condiciones. El Grupo Socialista, efectivamente, considera importante la creación de un registro o reserva de posibilidades de pesca,
pero no —y aquí está el matiz— como lo plantean ustedes. Efectivamente esto ya se debatió en la ley. De hecho, ha dicho exactamente lo mismo que dijo cuando el Grupo Socialista presentó su enmienda, ha utilizado las mismas palabras que en el
debate de la Ley de Pesca en aquella Comisión. Somos coherentes, señor García Díez, y por supuesto a esta propuesta presentamos nuestra propuesta alternativa, que entendemos que sería dar un paso adelante y no volver a escribir lo mismo sobre lo
mismo permanentemente. Solicitamos que se lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para garantizar que el Estado cuente con una reserva nacional de posibilidades de pesca, gestionada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, que sería un instrumento para mejorar la gestión del control de la actividad, así como para favorecer también la gestión empresarial. Insisto en que esto sí sería dar un paso al frente.


Saben ustedes que cada barco cuenta con determinadas cuotas para pescar y que puede comprar cuota a otros barcos. Aquí es donde chocamos usted y yo, donde choca nuestra ideología, que es una cuestión inevitable, porque yo veo positivo que
de vez en cuando afloren estas diferencias ideológicas tan claras, porque si se gestiona libremente por el mercado, si se hace sin reglas y sin la intervención de la administración, este sistema se convertirá en una trampa para los barcos con menos
recursos. Sin regular, este sistema sólo favorecería a los barcos más competitivos y dejaría a la flota más pequeña, a la más modesta, que además es importante en nuestro país, en una situación tremendamente complicada. El registro que ustedes
piden en su iniciativa no ha de ser solo administrativo, que es como ustedes lo plantean, sino que debemos regular, cómo no, el mercado que se abre. Nuestra propuesta pasa por que los derechos de pesca de los buques que se hayan modernizado,
desguazado o construido con ayudas públicas no puedan ser objeto de comercio entre buques, sino que los vuelva a gestionar el Estado. Creo que eso es lo lógico. Además, entendemos que hay que evitar la concentración de derechos en determinados
lugares del territorio, y eso también lo tiene que garantizar el Estado. Así, los derechos de pesca que salgan de buques gallegos tienen que volver a Galicia —usted no, según este registro—, igual que los que salgan de Andalucía, del País Vasco o
de Canarias tienen que regresar a sus comunidades autónomas. Tal como esto está planteado aquí, esto puede pasar perfectamente. (El señor García Díez: Para nada). Ya le adelanto que el Grupo Socialista no va a permitir que ocurra lo contrario y
que mercadeen con los derechos de pesca de los territorios, porque, tal como ustedes lo han planteado, con este registro puede suceder. Nuestra propuesta serviría para que cada comunidad autónoma mantenga su actual nivel de posibilidades de pesca,
además de ser mucho más justa en el reparto entre los diferentes buques.


Creo que tanto el Grupo Popular como el Gobierno deberían repasar y revisar el programa operativo del Fondo europeo de pesca que ustedes entregaron a Bruselas, porque en esta iniciativa hablan de un registro y no de la gestión de las cuotas,
pero sí lo hacen en el programa operativo del Gobierno, en el que hacen referencia a que las cuotas obtenidas con ayuda pública tienen que ser propiedad del Estado. Esto se lo pasa el Gobierno a Bruselas en el programa operativo… (El señor García
Díez: No tiene nada que ver). Sí, señor García Díez, hay que leerse los papeles, todos debemos hacerlo. Creemos que este sistema contribuiría a mejorar la seguridad jurídica, las operaciones de los derechos de pesca serían mucho más
transparentes, más equilibradas y, como le dije antes, serían más justas.


Como me queda medio minuto, voy a recordarle las palabras que usted pronunció en el debate en Comisión de la Ley de Pesca Marítima. Dice así: Otra de las enmiendas que nos hemos visto en la necesidad de rechazar, la 103, está relacionada
con el reparto de las posibilidades de pesca. A nuestro grupo parlamentario, al igual que al Gobierno, no le parece razonable que a mitad de partido se tengan

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que modificar las reglas de este reparto, cuando ya hay una experiencia acumulada que ha hecho mejorar las condiciones de aplicación. Dice usted: No parece adecuado promover un intervencionismo de la gestión pesquera, convirtiendo a la
Administración General del Estado en un armador que disponga de derechos de pesca para aplicarlos según el parecer del Gobierno en cada momento, y mucho menos razonable, y hay que considerarlo como inconstitucional —se atreve a decir— es el
mecanismo que se propone de aportación de derechos a la llamada reserva que crean en esa enmienda, desoyendo al propietario de los mismos. Efectivamente, señor García Díez, usted es derecha y nosotros somos izquierda, y en debates como éste, que
parecen técnicos, también se ven estas diferencias. Es una política neoliberal, pura y dura, no regulando lo que el propio sector —no se confundan— sí demanda. Por tanto, ya me imaginaba cuál sería su respuesta a nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Intervengo para justificar el voto negativo de La Izquierda Plural a esta proposición que nos trae hoy el Grupo Popular.


Me voy a centrar en los mismos argumentos que mantuvimos en el debate de la Ley de Pesca. La Izquierda Plural no está de acuerdo con las posibilidades de transferir derechos de pesca, porque denota una planificación deficiente de las
necesidades socioeconómicas del sector y una total inadecuación de las cuotas negociadas con las capacidades reales de los caladeros y de las flotas. Además, tal cual está pasando y tal cual se está desarrollando y aplicando esto ahora, concentran
los derechos de pesca en unos pocos operadores que, además, tienen intereses fuera del sector pesquero, lo que da pocas garantías de que tengan un interés real por la sostenibilidad del sector. Tampoco estamos de acuerdo con vender o alquilar
derechos de pesca. El planteamiento que defiende La Izquierda plural creo que es de sentido común, es de soberanía y, además, es bueno tanto para nuestro sector, como para el medio ambiente y para la vertebración de los territorios que viven de la
pesca. Nos sigan dejando las cosas en manos del mercado, porque el mercado siempre se lleva por delante a los mismos.


Ya dijimos en el debate de la Ley de Pesca que si no se definen clarísimamente los criterios, si no se garantiza que operativamente esos criterios responden a los principios de la política pesquera común, que basa todas sus decisiones en los
planes de gestión —su propuesta no habla nada de eso—, al final se va a caer en todo lo contrario, es decir, se caerá —el portavoz del Grupo Popular ya ha adelantado que se lo íbamos a decir— en la privatización de los recursos pesqueros.


Como su propuesta no contempla el papel que tienen que jugar la comunidad científica, los pescadores, las pesquerías, la sociedad civil y las comunidades autónomas, sobre todo y por supuesto en el marco de esos planes de gestión, nosotros
votaremos en contra.


— SOBRE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003507).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre inversiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Comunitat Valenciana, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Campos.


El señor CAMPOS ARTESEROS: Estamos hoy en el debate de esta proposición no de ley sobre las inversiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Comunitat Valenciana. Esta es una iniciativa que promueve Ximo Puig,
secretario general de los socialistas valencianos.


Lo primero que haré será explicar la situación. La partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2011 para toda el área de Medio Ambiente era de 435 millones de euros, y con el Partido Popular se ha quedado en 88,5 millones
de euros; es decir, ha habido una reducción del 80 %. Alguien puede decir: No, lo que ha pasado es que ha habido recortes generalizados. Pero si fuéramos a la inversión media por habitante, comprobaríamos que no solamente hay un destacado
descenso en las inversiones, sino que baja mucho más en la Comunidad Valenciana, especialmente, como comprobamos, en materia de medio ambiente, puesto que el conjunto de la inversión se reduce un 50 %, pero en el área de la que trata la iniciativa
baja un 80 %.


En materia de disponibilidad de agua de boca, el Programa AGUA se ha paralizado. Ustedes siguen con las viejas soluciones: hablan allí del trasvase del Ebro, en Aragón ni de coña, en el Gobierno de

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España, dicen que puede ser que sí o que no. Lo cierto es que hay unas desaladoras que están sin terminar, aunque está toda la obra concluida; esto no se pone en marcha, y no sabemos si es por falta de presupuesto. Ustedes siguen sin
aclarar, pese a todos los planes que ha habido, cuál es su solución al déficit hídrico que tienen en este momento las cuencas del Júcar y del Segura. Además ustedes han intentado hasta privatizar los Canales del Taibilla, lo que se ha paralizado no
por decisión propia, sino por la movilización ciudadana.


Inversiones en humedales y recuperación medioambiental de los mismos. Ejemplos: Relleu, Calp, L’Albufera, todas las obras paradas. En la costa, lo mismo. La única actuación que había en marcha, la recuperación de la fachada litoral de
Altea está paralizada en este momento porque la empresa ha renunciado. Nosotros hemos dado una solución, y es que Tragsa cogiera esta obra. De hecho, hice una pregunta parlamentaria y el Gobierno me contesta que efectivamente… No sé qué le hace
tanta gracia a la Mesa, pero bueno.


El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Diputado. Usted limítese a exponer su intervención, que el rostro de cada uno de los presentes no es de su incumbencia.


El señor CAMPOS ARTESEROS: El Gobierno me contesta que Tragsa puede asumir esa obra, pero parece ser que no les interesa invertir en eso y ahí está paralizada, generando incluso hedor por el estancamiento de agua.


Lo mismo podría hablar de Teulada-Moraira, de Alicante, del paseo de Benidorm, que se comprometieron a hacer la segunda fase del paseo de Poniente y están haciéndose los remolones. El alcalde trajo en febrero lo que debía ser el proyecto
para concluir y poner en marcha el proceso de licitaciones, y ustedes, pues eso, unos se ríen y otros no lo hacen. En Torrevieja igual, se paraliza la obra. En Xavea no se invierte en la contención de los acantilados y se tienen que cerrar playas
porque no son transitables, precisamente porque el ministerio no acomete sus obras. Qué decir de los cauces de los ríos. Ustedes dejan que aquello se empantane. Y no solo eso, sino que ayuntamientos como los de Polop y Bolulla hacen peticiones y
ustedes tardan meses en responder. El propio Ayuntamiento de Alcoy ha hablado del río Barxell, y ustedes no contestan. Todo esto afecta la competitividad turística en una zona muy importante.


Modernización de regadíos. Ustedes se llenaban la boca diciendo que eran la solución a los problemas estructurales del agua. Seiasa se queda en 3,5 millones de euros, e incluso tenemos la duda de que se haya ejecutado. Con riegos
tradicionales del Júcar, estamos esperando todo aquello que prometieron. Las ayudas por la sequía y por las consecuencias del veto ruso, evidentemente han sido insuficientes. La reducción a la mitad de la ayuda de seguro agrario agrava aún más, si
cabe, la situación. Sobre el desarrollo rural, ustedes han paralizado todos los planes zonales que había en la Comunidad Valenciana. El tema de las transferencias de empleo ha tenido también consecuencias en las brigadas fijas y temporales que
debían actuar.


En el sector pesquero hay que decir lo mismo. De ser ustedes los grandes defensores, en la práctica han pasado a que no haya acciones integrales para la flota del Mediterráneo. En las ayudas de carburantes, ahora porque está bajo, pero
hace unos meses estaba alto y ustedes pasaron de decir que las ayudas socialistas eran insuficientes e irrisorias a no hacer nada. Ayudas a la flota por los paros biológicos. Si no llegan las ayudas al propio sector, al trabajador del mar, no pasa
nada. En materia de prospecciones, si esto afecta al sector pesquero, no pasa nada. En cuanto a la gestión de residuos, ha tenido que venir la Unión Europea a exigir al Gobierno español, no una vez, sino dos, porque no hizo su trabajo, que
aclarara lo del vertedero de Orihuela para saber qué estaba pasando allí y qué había pasado. Eso está relacionado con el caso Brugal, y está lleno de basura, pero de basura de corrupción. Ha tenido que preguntar la Unión Europea, y ustedes siguen
sin hacer su papel, que es averiguar si se cumple la normativa europea y, en caso de que no sea así, exigir a la comunidad autónoma que lo haga. Siguen sin hacerlo.


En definitiva, hay un déficit evidente de financiación de la Comunidad Valenciana que no solamente se traslada a la financiación ordinaria, que en cuanto a la financiación por habitante está un 8 % por debajo, sino que si vamos, como decía
antes, a la inversión media por habitante, podemos comprobar cómo la media nacional está en 238 euros y en la Comunidad Valenciana baja hasta a 151 euros. Nosotros decimos lo mismo aquí que en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig dice lo mismo en la
Comunidad Valenciana que aquí. Mientras tanto, el Partido Popular dice una cosa allí y aquí vota otra. La prueba la tenemos en que no se ha presentado ni una sola enmienda. Quien se lea esta proposición no de ley verá que nuestras propuestas son
asumibles. Si piensan que no es así, deberían haber presentado una enmienda diciendo: No pongas esta fecha, pon este plazo, pon el otro, etcétera. ¿O es que ustedes no

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van a hacer estas inversiones? ¿O es que no se comprometen a hacer un calendario cierto, plurianual, concreto sobre estas inversiones? Deduzco, porque no han presentado enmiendas, que el voto negativo a esta iniciativa significa que están
en contra de estas inversiones.


Les pedimos que se retomen las inversiones del Plan AGUA; que las desaladoras se pongan en marcha; que hagan la parte que les corresponde del postrasvase Júcar-Vinalopó; que mejoren el trasvase Taibilla-Amadorio; que Seiasa retorne las
inversiones que están paralizadas; y, por supuesto, que la mancomunidad del Taibilla no se privatice. Pedimos que se retome el convenio entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España sobre humedales y cauces. Pedimos que se cumplan las
actuaciones previstas…


El señor PRESIDENTE: Señor Campos, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CAMPOS ARTESEROS: … en la fachada litoral y en la costa, en Altea, en Benidorm, en Torrevieja, en Teulada, en Alicante; que cubran las necesidades para evitar riadas; medidas para paliar los efectos de la sequía; ayudas al
desarrollo rural; dotación de brigadas; que haya un plan de actuación en el Mediterráneo para el sector pesquero; sobre todo, también gestión de residuos.


Acabo pidiendo su apoyo a esta proposición, porque aquí presentamos un modelo claro que cree en la sostenibilidad del medio ambiente, que pone en valor el entorno, que garantiza más agua y para siempre, y que apoya, sobre todo, como digo, al
medio ambiente y a los sectores productivos, lo que supondrá generación de empleo y justicia para la Comunidad Valenciana. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: La prueba del interés del Grupo Popular por aquello que dicen defender tanto, es que se envuelven en la bandera de la defensa de la comunidad y luego no son capaces de votar ni una sola vez a favor de sus intereses.
La prueba de ello fueron los Presupuestos Generales del Estado. Un grupo como el nuestro, con un solo diputado, presentó 200 enmiendas por valor de más de 1.000 millones de euros; el Grupo Popular, con 14 o 15 Diputados, solo presentó una enmienda
por valor de 140.000 euros. Los que hemos sido concejales o alcaldes sabemos que eso es lo que vale asfaltar una calle; pocas cosas se podían hacer con ese dinero. Ese es el interés que tiene el Grupo Popular por aquello que dice defender y
estimar tanto.


Daremos nuestro apoyo a esta iniciativa. Creo que el Partido Popular tiene que decidir de una vez por todas de qué lado está; sobre todo el Partido Popular valenciano. No valen las excusas, las palabras, decir que ahora no toca. Ahora
toca, porque llevamos muchísimo tiempo en el furgón de cola. Somos la única comunidad más pobre que la media que sigue ofrendando nuevas glorias, nuevos dispendios a otras comunidades mucho más ricas. Como ejemplo, les voy a citar dos cosas que
han pasado esta semana. La primera, es que el viernes pasado estuve en Burriana y me reuní con la asociación de vecinos de la playa. Me dijeron que las playas no existen, que son solo muros, que han sido engullidas por el mar. En la demarcación
de costas de Castellón les dicen que hay cuatro proyectos que están muy maduros, pero que no hay dinero. Esto se lo llevan diciendo no sé cuántos años. La protección y regeneración de esas costas no se puede hacer porque ustedes no destinan los
recursos suficientes para ello. La segunda es el engaño que han sufrido los regantes valencianos. El ministro Arias Cañete prometió 50 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para modernización de regadíos y después hemos visto
que no existía esa partida. Ya está bien de burlarse, de mirar para otro lado y de engañar a los valencianos. Decidan de qué lado están, a quién representan y qué es lo que van a votar nuevamente hoy, porque las inversiones, como ya ha dicho el
diputado socialista, siempre, siempre, están debajo.


Acabo justamente con lo que dijo el presidente de la Acequia Real del Júcar y de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar, de USUJ: tener un Gobierno así en la nación es una vergüenza para los regantes valencianos y para la Acequia Real.
Le dí las gracias al ministro Cañete en el Consejo Nacional del Agua porque nos habían prometido 50 millones para modernización de regadío, pero lo que han hecho es reírse de 40.000 regantes. Son unos carotas. Si no quieren que gente más próxima a
ustedes que a mí, por supuesto, no les sigan llamando eso, ya saben lo que tienen que hacer.


El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, le llamo al orden y le ruego que no emplee ese tipo de expresiones.

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El señor BALDOVÍ RODA: He reproducido una expresión del presidente de la Acequia, no la he dicho yo.


El señor PRESIDENTE: No lo retire, pero queda usted muy mal.


El señor BALDOVÍ RODA: No lo he dicho yo.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Pérez Moya por el Grupo de La Izquierda Plural.


El señor PÉREZ MOYA: Mi intervención es para fijar el voto favorable a la proposición no de ley del Grupo Socialista. Las intervenciones que me han precedido han situado perfectamente la realidad en la que el Gobierno se mueve en la
inversión, en la protección, en el desarrollo, en el impulso de las políticas medioambientales y en las infraestructuras asociadas a esas políticas. La realidad es que la inversión es negativa. El hecho que se reduzca, como se ha expresado aquí,
el 80 % las inversiones en los últimos tres o cuatro años es un ejemplo muy claro de la poca sensibilidad que el Gobierno tiene en las políticas medioambientales y, sobre todo, en uno de los compromisos que el Gobierno del Estado ha de tener en el
seguimiento de las directrices, de las propuestas y de las evaluaciones que se fijan desde la Unión Europea en las políticas de medio ambiente, de agua, de protección de costa, en definitiva, en un elemento claro para el desarrollo del territorio y,
en este caso, como se plantea por parte del Grupo Socialista, para el desarrollo del País Valencià. El impacto negativo que tiene en su desarrollo económico es claramente evidente. La obligación del Gobierno es situar unos compromisos, con un
calendario plurianual, con la financiación correspondiente que tenga que ver con la política de agua, de protección y preservación de los humedales, de recuperación de la costa, el desarrollo y protección de los regadíos, en definitiva, cumpliendo
la obligación que tiene como Gobierno de exigir a las comunidades autónomas el cumplimiento de sus obligaciones, sobre todo, cuando se producen convenios de colaboración, compromisos de financiación en proyectos que quedan paralizados, porque con la
excusa de los criterios de estabilidad presupuestaria el ninguneo económico que se produce en las políticas de proximidad por el Gobierno del Estado tiene un impacto negativo en la preservación del medio ambiente y en el desarrollo económico del
conjunto del territorio español. Por eso nosotros daremos el voto favorable a la propuesta del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa). En nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña Inmaculada Guaita.


La señora GUAITA VAÑÓ: Señor Campos, nosotros desgraciadamente no sabemos lo que dice el señor Puig porque ni está ni se le espera ni vota y si tanto interés tenía en defender esta iniciativa, que hubiese estado aquí en lugar de estar
haciendo campaña electoral por tierras valencianas. Dicho esto y adentrándome en el contenido de esta iniciativa, comienzan diciendo que los Presupuestos Generales del Estado de 2011 preveían una inversión del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino de 435 millones de euros. Lo que no dice es que de esos 435 millones casi el 90 % correspondían a Acuamed y a Seiasa, presupuestos que se incumplieron sistemáticamente y que se utilizaron como recurso propagandístico como lo hacen
hoy aquí. La realidad fue que en el año 2011 el presupuesto de inversiones del ministerio en la Comunidad Valenciana había caído un 40 % respecto a 2009. Sigue diciendo en su exposición de motivos textualmente que los ciudadanos no sufren corte
alguno de agua gracias a las inversiones del programa AGUA que estaban operativas antes de diciembre de 2011 y lo dice sin sonrojarse, cuando la única actuación puesta en servicio por el Gobierno socialista y que aporta agua a la Comunidad
Valenciana es la segunda desaladora de Alicante. Por lo demás, ninguna de las actuaciones incluidas en el programa AGUA ha traído hasta la fecha una gota de agua a la Comunidad Valenciana y no la han traído porque no han entrado en servicio y no lo
han hecho porque el agua desalada cuesta un euro el metro cúbico, precio inasumible para la agricultura valenciana. En cambio, el Gobierno socialista nunca puso en marcha la mayor parte de las inversiones distintas a las desaladoras. A modo de
ejemplo, voy a enumerar una de cada provincia como la reutilización en el sistema Vinalopo Alacantí, la modernización del canal Júcar-Turia y el Plan de modernización de las infraestructuras hidráulicas de riego en la plana de Castellón a las que
les sigue un largo etcétera que, por razones de tiempo no puedo enumerar. (Rumores).


También menciona en la exposición de motivos que recientemente se han aprobado todos los planes de cuenca que afectan directa o indirectamente a la Comunidad Valenciana,... (Rumores).

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El señor PRESIDENTE: Doña Inmaculada, por favor. Señores Diputados que están al fondo, les ruego que permitan oír la intervención de la Diputada, porque se está dificultando. Prosiga, doña Inmaculada.


La señora GUAITA VAÑÓ: … lo que no dice es que estos planes de cuenca deberían haberse aprobado en 2009, porque así lo exigía la Directiva Marco del Agua. Incumpliéndose esta exigencia por el Gobierno socialista que puede costar a los
españoles 80 millones de euros. Mientras el Gobierno socialista fue incapaz de promover los acuerdos mínimos y los consensos necesarios entre usuarios y comunidades autónomas y nos sumía en una guerra del agua, el Gobierno de Mariano Rajoy ha
logrado el acuerdo histórico sobre el trasvase Tajo-Segura, con las comunidades de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura y Comunidad de Madrid. Señor Campos, esta es la diferencia entre ustedes y nosotros.


Respecto a la costa, el Gobierno siempre ha actuado de forma ordenada. Quiero destacar el Plan litoral 2014 y actualmente está el PIMA Adapta que incluye todas las acciones como estabilización de arenas con dunas bajas en El Puig,
protección de la playa de les Deveses de Oliva, contravenidas del río Molinell, aporte de arena a la playa del Postiguet de Alicante y así hasta once actuaciones más. Se adentra después en la exposición de motivos en que no se está actuando en
obras comprometidas para la prevención de riadas. Mientras el Gobierno socialista hacía desaladoras, señor Campos, se olvidó de la presa de Villamarchante y de la presa del Marquesado, dos infraestructuras prioritarias para evitar inundaciones y
que estaban en el programa AGUA o también las actuaciones del Plan de inundaciones de la ribera del Júcar con lo que esto supondría para la zona. (El señor Campos Arteseros: ¿El tiempo es el mismo para todos?).


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Diputada.


Le llamo al orden. Aquí se interviene pidiendo la palabra. Usted ya lo debería de saber.


La señora GUAITA VAÑÓ: Es un mal educado.


El señor PRESIDENTE: Usted ha dispuesto de más tiempo del que le tocaba y todos los intervinientes… (Rumores). Perdonen, señoras y señores Diputados, la que está en el uso de la palabra es esta Presidencia. Todos los Diputados han
dispuesto de más tiempo del que estaba previsto, porque se ha utilizado la distribución del tiempo con flexibilidad. No me obliguen a ser estrictos con el control de los tiempos, porque entonces alguno saldrá perdiendo. Señora Diputada, prosiga
usted.


La señora GUAITA VAÑÓ: Siento, señor Campos, que no le guste lo que estoy diciendo. He sufrido dos interrupciones, entenderá que tenga que exponer con el mismo tiempo o con un poco menos del que usted ha tenido nuestra posición.


Hablan del fracaso de las ayudas por la sequía y el veto ruso. Señor Campos no ha habido ningún fracaso en las peticiones, al contrario. En algunos productos como en los cítricos el cupo previsto por la Comisión se había agotado a
principios de año y España ha reclamado que se amplíen medidas. En cuanto a las ayudas a la sequía, en la Comunidad Valenciana además de las ayudas convocadas por el ministerio y las de emergencia que se están preparando, en materia de recursos
hídricos mediante decretos de sequía, la Generalitat ha convocado ayudas financieras para los agricultores afectados. Además la reciente reducción de módulos agrarios aprobados por el Gobierno va a suponer un ahorro a los agricultores de 790
millones de euros aproximadamente. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Diputada, les ruego a los señores Diputados que se mantengan en silencio y que se respete la intervención de la señora Diputada. Señora Diputada, vaya concluyendo.


La señora GUAITA VAÑÓ: Concluyo ya. En relación con el desarrollo rural no es que se hayan paralizado los convenios para la aplicación del desarrollo sostenible del medio rural es que tales convenios no existen, porque el Gobierno
socialista nunca los suscribió con la Comunidad Valenciana. Lo único que se suscribieron fueron dos convenios pilotos que se han ejecutado totalmente. Así podría seguir con el tema del programa del desarrollo rural, el apoyo al sector pesquero con
la participación de la Comunidad Valenciana en el Fondo europeo marítimo pesquero, que se ha incrementado de manera significativa para el periodo 2014-2020. (Un señor Diputado pronuncia palabras que no se perciben). Por todos estos motivos,
señores del Grupo Parlamentario Socialista, si me permiten. (Un señor Diputado: Están nerviosos). Porque sabemos donde estamos y lo que defendemos, señor Baldoví, porque la proposición no

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de ley que nos presenta el Grupo Socialista falta a la verdad y se aleja de la realidad este grupo va a votar negativamente. (Aplausos.—Un señor Diputado: Muy bien.—El señor Sicilia Alférez pide la palabra).


El señor SICILIA ALFÉREZ: Simplemente me gustaría que nos aclarara cuál es el tiempo que tienen los distintos grupos para defender su posición o aquellos grupos que no hayan presentado enmienda. Se lo digo, porque tenía entendido que eran
tres minutos y en este último caso ha sido del doble. Aún parando el cronómetro cuando se le ha interrumpido a la señora Diputada, porque he tenido a bien medir el tiempo dado que me suscitaba cierta curiosidad y cierta duda saber cuál era el
tiempo con el que contábamos cada uno de los Diputados para exponer. (Aplausos.—Rumores). Señor presidente, no he terminado. Le ruego que me deje terminar. No le estoy haciendo una queja. Le estoy haciendo una pregunta. Usted es quien dirige
los debates y mi pregunta es: ¿De cuánto tiempo disponen los grupos para defender su posición en el caso en el que no tengan ninguna enmienda? Es la pregunta que le hago y que le rogaría que me contestara, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Aquí no se viene a hacer preguntas a la Presidencia, en primer lugar. Escuchen ustedes. Segunda cuestión —estoy en el uso de la palabra—, no he considerado necesario recordar lo que viene siendo habitual en todos los
turnos de proposiciones no de ley, que es que quien defiende la iniciativa dispone de un tiempo de siete minutos, los grupos que presentan enmiendas disponen de un tiempo de cinco minutos y los grupos que deseen fijar posición disponen de tres
minutos. En el uso de unas atribuciones que no tiene se ha dedicado a controlar el tiempo, pero el de otros grupos parlamentarios. Me he tomado la molestia de controlar el tiempo de todos los grupos y quiero decirle que casi ningún portavoz del
Grupo Parlamentario Popular y de todos los grupos se ha ajustado a los tiempos previstos. La señora Seara, por ejemplo, en la intervención que tuvo en la última sesión dobló el tiempo que tenía previsto. No en el turno de las preguntas que se
podían formular en la última sesión, porque no pudo comparecer. Le ruego que faciliten la buena marcha de esta Comisión, porque no sé si están muy nerviosos por las épocas que nos tocan vivir, pero nos interesa, como adelanté en mi última
intervención en la pasada sesión, que el control de los tiempos se administre de una forma flexible. Porque si es de una forma estricta lo voy a cumplir, pero con todos los grupos parlamentarios, incluido al que usted pertenece.


El señor CAMPOS ARTESEROS: Perdone, señor presidente. No, no es en relación con el tiempo. Se ha hecho una alusión a un Diputado y lo primero que le pido es que lo retire, porque ese Diputado está en la Comisión Constitucional cumpliendo
con sus funciones y se ha aludido a que está en otra cosa, que está en campaña. Se lo pido por una cuestión de orden.


El señor PRESIDENTE: No tiene el uso de la palabra.


El señor CAMPOS ARTESEROS: ¿No considera el presidente que se ha hecho alusión?


El señor PRESIDENTE: No.


El señor CAMPOS ARTESEROS: ¿Que se acuse a un Diputado de estar de campaña por ahí no es hacer alusión? Repito, ¿no es hacer alusión?


El señor PRESIDENTE: Señor Campos, le llamo al orden. No tiene por qué contestar ni por qué explicar dónde está otro Diputado. Esto está fuera de la cuestión.


El señor CAMPOS ARTESEROS: Ni este Diputado cuestionar al otro. Es que no puede. Simplemente le he pedido que lo retirara. (Rumores.—El señor Serrano Calurano: Que va a contestar por el otro).


— POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE PERSIGAN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN SECTORES DIFUSOS, COMO LOS PLANES DE IMPULSO AL MEDIO
AMBIENTE (PIME), O LOS PROYECTOS CLIMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/003600).


El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, vamos a pasar al último punto del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a garantizar la participación de las comunidades

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autónomas en programas de lucha contra el cambio climático que persigan la reducción de emisiones en sectores difusos como los planes de impulso al medio ambiente o los proyectos Clima. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra don Martí Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Le pido que continúe con su flexibilidad, porque nuestro grupo parlamentario a menudo disfruta de ella. Nuestro grupo parlamentario no tiene ninguna queja en ese sentido; incluso me hace de traductor de
catalán a castellano en alguna expresión, cosa que agradezco.


El señor PRESIDENTE: Le agradezco muchísimo su colaboración, como no podía ser de otra manera, actitud que distingue a su grupo pues en repetidas veces hace uso de ella.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Sé que no votará como yo, eso ya no se lo pido. Empiezo la defensa de esta proposición no de ley. Es un concepto que alguno de sus señorías tienen adjudicado a Convergència i Unió que es la distribución de
los recursos que se destinan a mitigar y a reducir los efectos del cambio climático y que no estamos de acuerdo con el modelo. Por eso pedimos en la proposición no de ley que instemos al Gobierno a colaborar con las comunidades autónomas impulsando
su participación e implicación en planes, medidas y programas destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los sectores difusos, así como la adaptación frente a los impactos del cambio climático. En concreto en
planes como los PIMA Aire, Sol, Tierra y Adapta distribuyendo territorialmente los recursos destinados a materializar los citados planes y programas. Separamos este primer punto de un segundo punto en el que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a garantizar la participación de las administraciones autonómicas en los proyectos Clima, en este caso, derivados del Fondo de carbono para una economía sostenible, tanto en la recepción de solicitudes como en la definición de criterios y
en la selección final de los proyectos.


En las diferentes comparecencias de la señora ministra y en intervenciones respecto a este ámbito de cambio climático nuestro grupo parlamentario siempre ha dicho que está a favor de iniciativas como los PIMA, planes de impulso al medio
ambiente, que lo que buscan es generar instrumentos para luchar contra el cambio climático, reforzar el objetivo de avanzar en la protección del medio ambiente e impulsar la actividad económica. Incluso hemos traído iniciativas como con la Ley de
Montes para intentar adjudicar rebajas fiscales a aquellos que inviertan para promocionar la biomasa en los montes y sean inversiones sostenibles. También estamos de acuerdo con los proyectos Clima. Sin duda alguna siempre hemos reclamado que haya
más recursos, los que vengan de las subastas del Fondo del carbono que son escasos en este momento debido a decisiones del Gobierno del Partido Popular, pero que podían ser más generosos y se podía cambiar e implementar el modelo hacia modelos más
sostenibles y atacar muy directamente a los sectores difusos que no están sometidos a los regímenes de comercio de derecho de emisión de la Unión Europea.


Estamos de acuerdo en los objetivos, aunque no en la cantidad económica destinada pudiendo destinar más, pero tenemos una diferenciación muy clara del modelo. El modelo que está llevando la ministra no es correcto, no es el adecuado, pues
en todos estos planes e iniciativas es el Gobierno central el protagonista, cuando las respuestas más eficientes y más eficaces las ofrece la Administración más cercana al ciudadano, en este caso las comunidades autónomas. Por eficiencia y por
eficacia tendrían que ser las comunidades autónomas las que tuviesen mucha implicación en el desarrollo, en la aplicación y en las decisiones sobre estos programas. Mucho más cuando estamos hablando de sectores difusos donde incluso normativa y
jurídicamente son las administraciones locales y autonómicas las que tienen muchas veces competencias sobre este ámbito. Hablando de competencias, lo que está claro es que las responsabilidades sobre los sectores difusos son estatales, pero el
modelo competencial estatal en estos momentos, que el Partido Popular lo está cambiando de facto sin cambiar la normativa, da a las comunidades autónomas todo este protagonismo que se le está quitando. No se le da el suficiente protagonismo que
necesitaría. La excusa que la actividad es global. Pensamos que es querer tener protagonismo en diferentes de estas actuaciones. Lo que vamos a hacer próximamente es hacer una propuesta concreta, porque no estamos defendiendo un modelo nuevo.
Estamos defendiendo un modelo que, por ejemplo, en la estrategia española de eficiencia energética en la línea de 4 ya se llevó a cabo, resumiéndolo muy fácilmente. Los ingresos llegaban al Estado, este generaba un menú de opciones muy amplio que
las comunidades autónomas podían elegir de acuerdo con sus realidades particulares, sus situaciones, no todas las comunidades autónomas tienen grandes ciudades con problemas atmosféricos

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de contaminación, no todas tienen costa, no todas tienen diferentes ejes de adaptación al cambio climático, no todas tienen el mismo modelo industrial, agrícola. Todas las comunidades autónomas tienen su idiosincrasia propia. Ese menú
permitía que cada comunidad autónoma tuviera acceso a las líneas necesarias y al mismo tiempo algo que el Partido Popular defiende siempre que es la homogeneización, que las comunidades autónomas no puedan por el mismo proyecto financiar de
diferente manera. Estaríamos de acuerdo en que el Estado marque un campo de juego amplio, que es el que homogeneiza, pero que sean las comunidades autónomas las que lo adapten a su realidad. En ese sentido, el Estado, en este ejemplo, tenía un
porcentaje del presupuesto para apoyar aquellos proyectos muy singulares de avance de investigación, desarrollo, etcétera, que pudiesen ser de interés propio, de que el Estado pudiese apoyarlos. De tal manera que las comunidades autónomas, hasta
que no se había demostrado que los proyectos que se habían llevado a cabo se implementaban y se verificaban, no podían disponer de más fondos para continuar haciéndolo. Este es un ejemplo que cumple con los criterios que estamos pidiendo en esta
proposición no de ley. Seguramente, como ha pasado en algún punto que defendimos en el Pleno del Congreso y que intervino el líder señor Sánchez, del Grupo Socialista, el concepto territorialización une en este caso al Grupo Popular y al Grupo
Socialista. Pediría al Grupo Socialista que dé un paso hacia delante, que sea valiente, que apoye esta proposición no de ley y que en este caso sea el modelo del Grupo Popular el que quede como aquel que no es eficiente ni eficaz y lo único que
hace es reducir las competencias de las comunidades autónomas. Creemos que los ejemplos existen, coinciden con lo que nosotros estamos pidiendo, se lo hemos dicho muchas veces a la ministra. Por qué las solicitudes de los proyectos Clima no pueden
entrar en las comunidades autónomas, por qué tiene que centralizarlo el Gobierno estatal, por qué en la definición de criterios no participan las comunidades autónomas si conocen y son las responsables de las actividades que se están llevando a cabo
en sus territorios y por qué en la selección final de los proyectos tampoco participan. Es una proposición no de ley justificada. No es el concepto solo de territorialización, sino que va más allá, y pediríamos su apoyo al Grupo Socialista y al
Grupo Popular porque eso va en beneficio de las medidas de mitigación y reducción de los efectos del cambio climático.


El señor PRESIDENTE: Como verá esta Presidencia sigue haciendo uso flexible de los tiempos. Faltaría más. ¿Grupos que deseen intervenir en esta iniciativa? (Pausa). Por el Grupo de La Izquierda Plural, el señor Pérez Moya.


El señor ALONSO NÚÑEZ: ¿Hay enmiendas?


El señor PRESIDENTE: No hay.


El señor PÉREZ MOYA: La Izquierda Plural votará favorablemente a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no porque coincidamos en el modelo y en la política medioambiental de Convergència i Unió o
del Partido Popular, porque hacen los mismos planteamientos en las políticas medioambientales, sino porque entendemos que en el fondo lo que plantea la proposición no de ley es respetar las competencias de las comunidades autónomas en la
participación de las políticas globales de carácter medioambiental. Votaremos a favor porque entendemos que ese respeto a las competencias de las comunidades autónomas responde al principio de subsidiariedad, de proximidad y de eficiencia. Las
políticas de mitigación del cambio climático y la prevención de la contaminación es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos y que el Gobierno aún no ha establecido. Los límites de reducción de las emisiones de CO2 como una de sus
prioridades. Abordar las políticas de mitigación del impacto del cambio climático o de las políticas de contaminación requiere abordarlo de una manera integral y global y como decía el representante de Convergència i Unió eso no es contradictorio
con el respecto a las competencias y a las actuaciones que desde las comunidades autónomas se pueden tener. Nosotros seguimos planteando la necesidad de que esa política venga avalada también por una política fiscal verde, que formaría parte de
esas políticas medioambientales. España está a la cola de la Unión Europea. Solo estamos por delante de Lituania. De hecho, la fiscalidad verde estamos aplicando el 1,83 % con respecto al PIB mientras que en el conjunto de la Unión Europea es del
2,44. Se requieren medidas de combate real a la contaminación y aquí entra un factor determinante que es más implicación en el cambio modal. En los programas que se estaban hablando, tanto el PIMA Aire, por ejemplo, requieren políticas serias y
definitivas hacia el trasvase de la movilidad de personas y sobre todo de mercancías de carretera al ferrocarril, que es un elemento que la verdad es que clama al cielo, pero que eso contribuiría

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de manera clara no solamente a la reducción del CO2, sino también a la reducción de la contaminación. Por cierto, la Unión Europea nos tiene abiertos algunos expedientes por incumplimiento de los objetivos fijados por la Unión Europea.


Para ir terminando, simplemente quiero recordar a Convergencia i Unió que está muy bien que exprese su preocupación por las mejoras medioambientales y por las acciones de mitigación del cambio climático, pero que cuando se planteó el
impuesto correspondiente para los gases fluorados votó en contra; y tengo que decirle que precisamente los gases fluorados contribuyen de forma muy negativa al cambio climático. Los países más competitivos y avanzados son aquellos que hacen de la
preocupación por el cambio climático, de la modernización ecológica de sus políticas uno de los pilares de su dinamización económica.


Mantenemos diferencias en el modelo, pero estamos de acuerdo con el fondo de lo que plantea la proposición respecto al papel de las comunidades autónomas en las políticas integrales de mitigación del cambio climático y de reducción de la
contaminación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Girela.


El señor GIRELA DE LA FUENTE: El Grupo Parlamentario Socialista apoya la proposición no de ley que trae el Grupo de Convergència i Unió y compartimos las iniciativas contempladas en la misma. No obstante, aparte de instar al Gobierno a que
colabore con las comunidades autónomas, al haber competencias que estas asumen, así como a garantizar que estas participen en los proyectos Clima que se vienen impulsando desde la Administración Central, nos gustaría añadir una enmienda de adición
que dice: Por último, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un proceso de diálogo con las fuerzas políticas con representación parlamentaria para elaborar las propuestas definitivas, los objetivos y las posiciones a defender
en la Cumbre del Clima que se celebrará a finales de este año 2015 en París.


Sin duda, cada vez se hace más necesaria una concienciación institucional en nuestro país, muy vulnerable a los efectos del cambio climático, que se van a sentir sobre todo en el medio rural, en los recursos naturales, así como también en
nuestra salud. Además, entiendo la preocupación de su grupo político, señor Martí, dado que en su comunidad actualmente está en proceso de elaboración y negociación la ley catalana de cambio climático. En Andalucía se debatirá próximamente en su
sede parlamentaria el anteproyecto de ley andaluza de cambio climático, impulsada por el Gobierno socialista de la comunidad. Este anteproyecto, que se aprobó a finales del pasado año en el Consejo de Gobierno, ha contado con la pertinente
exposición pública en la que los sectores implicados han estudiado la norma y realizado sus aportaciones, así como también ha sido presentado por la consejería competente a entidades ecologistas de la comunidad. Andalucía y su Gobierno son un
referente en la lucha contra el cambio climático, ya que fue la primera comunidad autónoma que puso en marcha una estrategia global para abordar las causas y efectos de este fenómeno. Su desarrollo se concretó, además, en el Plan andaluz de acción
por el clima, cuyo programa de mitigación alcanzó, con año de adelanto, los objetivos iniciales planteados para 2012 de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 19 %. Finalmente esa reducción fue del 21 %, lo que supuso 6,8
toneladas de CO2 por habitante y año.


Me gustaría resaltar algo que también figura en esta proposición no de ley que hoy se presenta, referente a la respuesta que hay que dar desde el ámbito local y su implicación. Precisamente el artículo 15 del anteproyecto de ley andaluza
hace hincapié en los programas municipales de cambio climático, especialmente en ciudades con una población superior a 50.000 habitantes, ya que en esta estrategia global es imprescindible la cooperación y coordinación de las distintas
administraciones públicas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Belén Bajo.


La señora BAJO PRIETO: Señor portavoz socialista, parece que su jefa sea Susana Díaz en lugar de don Pedro Sánchez, porque no para de hablar de Andalucía. (Rumores). Usted mismo. El cambio climático afecta a toda España. Entiendo que no
quieran hablar bien del anterior Gobierno, porque no hizo nada...(Rumores.—Una señora Diputada: ¿Qué tiene que ver eso con el clima?).


El señor PRESIDENTE: Señora Diputada, un momento, por favor.


Señores diputados, les ruego que respeten el uso de la palabra. (Rumores). Perdone, tengo yo la palabra. Aquí se hacen alusiones a otros Diputados que si no faltan al respeto se pueden consentir. Les recuerdo que a quien le corresponde
llamar al orden es a mí, a la Presidencia. (Rumores.—Aplausos). Les ruego que respeten el turno de intervenciones y que las sigan en silencio.


Prosiga, señora Bajo.

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La señora BAJO PRIETO: Señor Martí, decía Guy de Maupassant que las ideas fijas nos roen el alma con la tenacidad de las enfermedades incurables; una vez que penetran en ella la devoran, no le permiten ya pensar en nada ni tomar gusto a
ninguna cosa. Esto mismo es lo que le está pasando a usted, señor Martí. Tiene una idea fija: mas recursos para Cataluña. Ayer pedían la territorialización de los ingresos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero
y hoy piden la de los planes PIMA y los proyectos Clima. En resumen, ¿qué es lo que piden? Los recursos estatales. Señorías, más recursos, es decir más dinero del Estado no es sinónimo de mejor gobernanza. Cataluña, por desgracia, no es líder de
nada: no es líder en creación de empleo, en creación de empresas ni en renta per cápita. ¿Saben en qué son líderes? En poner trabas al emprendedor, en deuda, en gasto y en morosidad. Señor Martí, le invito a que compare los recursos y los
índices económicos de las comunidades de Madrid y de Cataluña, se encontrará con una diferencia abismal. No se debe tapar la incompetencia con la necesidad de más recursos, porque eso es perjudicar y engañar a los ciudadanos. Los objetivos
políticos y las prioridades del Gobierno en materia de cambio climático son de ámbito nacional y no están tipificadas como regionalizables. En opinión del Grupo Popular, territorializar los objetivos de reducción de emisiones crearía un mapa
complejo y poco eficiente; además, los planes PIMA ya se desarrollan en todo el territorio español, como usted bien sabe.


En relación con la participación de las comunidades autónomas en los proyectos Clima, cabe señalar, señoría, que ya participan en su desarrollo a través de un representante de las mismas en el Consejo rector Fondo de carbono FES-CO2. Es
verdad que en diversas ocasiones ustedes han manifestado interés en contar con mayor participación, pero hay que tener en cuenta que se trata de un fondo que gestiona recursos presupuestarios estatales, y la participación de un representante
autonómico en el principal órgano de gobierno del fondo puede considerarse muy significativa si la compararnos con la participación que recíprocamente puede tener la Administración General del Estado en la gestión de recursos presupuestarios de las
comunidades autónomas en este ámbito. Compartirá conmigo, señor Martí, que si los proyectos son buenos se acogen a este sistema, En Cataluña, la distribución de los fondos Clima ha sido la siguiente: convocatoria 2012, 8 de 37; convocatoria 2013,
12 de 49; convocatoria 2014, 9 de 42. De cara a futuras convocatorias se continuará con la misma participación de las comunidades autónomas, pero se explotarán cauces para intensificar su participación en la fase de seguimiento y verificación de
la reducción de las emisiones generadas por los proyectos Clima, lo cual es coherente con las funciones que ya desarrollan las administraciones autonómicas en otras materias relacionadas con políticas de cambio climático, como lo aplicación del
régimen de comercio de derechos de emisión.


Señorías, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición no de ley, fundamentalmente porque los recursos para luchar contra el cambio climático son estatales, porque consideramos que se es más eficaz aplicando medidas sectoriales que
territoriales, y especialmente porque España responde ante los acuerdos europeos e internacionales como país.


Señor Martí, usted cree que la tenacidad vence sobre la razón porque reduce al adversario al silencio por medio del aburrimiento; pero, señoría, yo no me voy a callar, no me voy silenciar y volveré a exponer mis razonamientos las veces que
usted considere conveniente. (Aplausos).


El señor GIRELA DE LA FUENTE: Señor presidente, pido la palabra por alusiones en virtud de los artículos 71.1 y 72 del Reglamento. La Diputada del Grupo Popular ha hecho alusiones directas.


El señor PRESIDENTE: No tiene el uso de la palabra. No ha lugar. (Rumores).


Vamos a suspender un minuto la sesión y después procederemos a las votaciones. (Pausa).


Votamos las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día de la sesión de hoy.


Votamos, en primer lugar, la relativa al control de mejillón cebra, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Será votada en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 381; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición sobre la vigilancia de la Comisión Europea en relación con la necesidad de revisar las importaciones de tomate desde el Reino de Marruecos en los últimos años, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia. Se ha elaborado una transaccional con los Grupos Popular y Socialista que está a disposición de todos los portavoces. Se vota en los términos de la enmienda transaccional.

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Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Votamos ahora la proposición relativa a la defensa del olivar en pendiente, presentada por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se vota la proposición sobre la creación de un registro nacional de posibilidades de pesca, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley sobre inversiones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en la Comunitat Valenciana.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a garantizar la participación de las comunidades autónomas en programas de lucha contra el cambio climático que persigan la reducción de emisiones en sectores difusos, como los
planes de impulso al medio ambiente, PIMA, o los proyectos Clima. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.