CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 787

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 54

celebrada el miércoles,

15 de abril de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


— Sobre la construcción de un embalse en el río Bergantes. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/001825) ... (Página2)


— Sobre la lucha contra la plaga del caracol manzana. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/003545) ... (Página6)


— En relación con el sector lácteo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003159) ... (Página10)


— Relativa a la diversificación y emprendimiento del sector pesquero. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003315) ... (Página13)


— Sobre la acuicultura. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003558) ... (Página17)


— Relativa al fomento de la responsabilidad social corporativa de las entidades privadas para la conservación de nuestro Patrimonio Natural. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003608)
... (Página20)

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Se abre la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EMBALSE EN EL RÍO BERGANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/001825).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Como saben, señorías, esta Comisión estaba convocada a las diecisiete horas o al finalizar el Pleno, pero este ha finalizado más tarde como consecuencia de que se han acumulado muchos asuntos que no se pudieron tramitar en el Pleno que fue
suspendido la semana en la que ocurrió el trágico accidente de los Alpes y eso hace que la Comisión empiece a la hora que nos ocupa. Quiero informales, en primer lugar, de que las votaciones no tendrán lugar antes de las 19:30, aunque me parece un
cálculo muy optimista. También he de decirles que los grupos que han presentado las iniciativas dispondrán de un tiempo máximo de siete minutos; los que presenten enmiendas, de cinco minutos; y los que quieran fijar posición, de tres minutos. Si
a una iniciativa varios grupos han presentado enmiendas, el orden de intervención será, como siempre, de menor a mayor, y así sucesivamente.


El punto 1º del orden del día es la proposición no de ley sobre la construcción de un embalse en el río Bergantes, cuyo autor es el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. El señor Sanz tiene la palabra para defender la iniciativa.


El señor SANZ REMÓN: Quisiera empezar mi intervención agradeciendo el trabajo de todas las personas y organizaciones —especialmente de la plataforma ciudadana El Bergantes no se toca— que se han sumado a esa exigencia que hoy pone encima de
la mesa La Izquierda Plural, la izquierda de Aragón, que no es otra que la de paralizar este proyecto por los motivos que a continuación trataré de explicarles en el tiempo que tengo. Lo primero que haré será explicar aquello de lo que estamos
hablando. Estamos hablando de construir una nueva presa en el río Bergantes, en Teruel. En el río Bergantes sería la primera, pero en la subcuenca del río Guadalope, que es la más regulada de la cuenca del Ebro, sería la tercera en menos de 10
kilómetros. La construcción se justifica, según el estudio de impacto ambiental presentado en el propio proyecto, para paliar los problemas de seguridad que tiene una de esas tres presas más abajo, la de Calanda sobre el río Guadalope en este caso
y, a la vez, mezclándolo mal, para paliar los problemas derivados de las avenidas y laminarlas. Su construcción, señorías, implicaría el incumplimiento de dos directivas europeas, la Directiva-marco del Agua y la Directiva Hábitat y afectaría a una
zona LIC ya que el río Bergantes está catalogado como tal dentro de la Red Natura y dentro del Parque Cultural del Maestrazgo. Se construiría en una zona en la que habitan especies amenazadas y en peligro de extinción y generaría también
importantes afecciones a la ZEPA cercana del río Guadalope-Maestrazgo. No voy a pormenorizar más estas afecciones; son muchas, muy importantes y de tal severidad que debería hacernos replantear este proyecto. (Rumores). Además de estos daños, la
construcción implicaría…


El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, por favor. Señorías, les ruego que se mantengan en silencio para poder escuchar la intervención del portavoz de La Izquierda Plural.


El señor SANZ REMÓN: Gracias, presidente.


Además de estos daños, habría que resaltar también los socioeconómicos ya que desalojaría toda la actividad agropecuaria que hay en la zona, decenas y decenas de explotaciones agrarias, así como otro tipo de empresas —de áridos en este caso—
e infraestructuras necesarias para el desarrollo y la vertebración de la zona, caminos, etcétera. Quiero resaltar también los daños y afecciones en materia de salubridad y ocio y sobre todo al patrimonio arqueológico. Hay que destacar que, de
construirse esta presa, un yacimiento de 3000 años antes de Cristo quedaría anegado. Esta es la zona donde se pretende desarrollar la presa de Aguaviva sobre el río Bergantes, señorías, un proyecto que esperamos que hoy finalice su camino en esta
Comisión. Para explicarles los motivos concretos por los que este proyecto carece de todo juicio usaré los pronunciamientos reiterados de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente respecto al mismo. En 2009, la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental cuestionó la construcción del embalse, llegando a afirmar que la supervivencia a largo plazo de los valores vivos del Bergantes podía verse afectada por actuaciones aguas abajo; sin embargo, el 20 de noviembre del año

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pasado, a través de una solicitud complementaria de evaluación de impacto ambiental, (Rumores) ese mismo organismo desmontó…


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, le ruego que respete la intervención del compañero, igual que yo voy a proteger su turno.


Prosiga, por favor.


El señor SANZ REMÓN: Gracias, presidente.


Como decía, la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente desmontó la solvencia argumental, incluso técnica, sobre la que se sustenta la construcción de esta presa y su proyecto.
La propia dirección general, analizando el estudio de impacto ambiental presentado que acompañaba el proyecto en sí, en sus 14 páginas, dice básicamente que hay que rehacer completamente el estudio de impacto ambiental, contemplando todas las
alternativas que no se contemplan, sobre todo —esto es muy importante— rehaciendo todos los cálculos, de forma que no den lugar a errores cuestiones tan vitales como el grado de vulnerabilidad de la presa de Calanda, uno de los argumentos que sirven
para justificar la construcción aguas más arriba en el Bergantes de esta presa. Es tanto como decir, señorías, que hay que parar este proyecto. La Subdirección General de Evaluación Ambiental empieza poniendo en tela de juicio la justificación de
la obra; considera que no se pueden mezclar para justificarlo cuestiones tan distintas como la necesidad de evitar la rotura de la presa de Calanda para que no llegue más agua al pantano de Calanda de la que debería llegar, y la necesidad de
laminar avenidas. Exige de ambas que se traten y analicen de forma independiente, es decir, que no se analicen a la vez para justificar este proyecto. Es muy importante la alerta que hace la subdirección general sobre la falta de claridad en los
datos utilizados para dimensionar la vulnerabilidad de la presa de Calanda. La variación de datos y cálculos utilizados —dice literalmente— genera diferentes grados de vulnerabilidad, lo que condiciona completamente la gestión del riesgo. Esto
quiere decir básicamente que la presa de Aguaviva se va a construir porque la de Calanda tiene problemas, pero los datos que afirman que esos problemas existen están basados en cálculos dudosos. Solo por eso, señorías, deberíamos decir que vamos a
parar este proyecto, vamos a estudiarlo, vamos a estudiar bien otras alternativas y vamos a garantizar que la alarma que ahora mismo hay en la zona deje de existir, que es muy preocupante. Continúa este requerimiento del que les hablo señalando las
deficiencias que tiene el estudio de impacto ambiental que lo sustenta en lo que afecta a todos y cada uno de los criterios que recoge para el análisis de alternativas sobre la funcionalidad del proyecto, sobre el análisis de impacto sobre el medio
natural, sobre el análisis económico, del que llega a censurar que solo recoge el coste de la obra. Por último, respecto a la preselección de alternativas, afirma que se ha elegido la construcción de esta presa descartando el resto de las
posibilidades, tanto las que implican obra como las que no. Con respecto a las que no implican obras es curioso ver cómo este proyecto descarta en estos momentos medidas no estructurales, que no implican obras, que se están recogiendo y que están
contempladas en el plan de previsión de riesgo de inundaciones en el que se está trabajando en estos momentos. Una obra que se construye para laminar avenidas no contempla lo que dice el plan de prevención de riesgo de inundaciones que estamos
ahora mismo debatiendo. Pero es que entre las medidas descartadas en el estudio que implican obra existen varias que están incluso contempladas en el Plan hidrológico de cuenca, como es la construcción del aliviadero de Calanda. Este proyecto
descarta obras que se van a acabar haciendo sí o también y que, de hacerse, complementándolas con aquellas que no implican obra, que son medidas de gestión, permitirían que no se construyese esta presa sobre una zona especialmente sensible y
vulnerable. Lo dice muy clarito la Subdirección General de Impacto Ambiental, la necesidad de estudiar todas estas opciones, e incluso habla de la necesidad de actuar sobre Santolea, que es el tercer pantano que está más arriba, en el río Guadalope
mismo —el Bergantes coincide con el Guadalope, pues este está más arriba en el Guadalope—, y dice que se puede recrecer para evitar que Calanda llegue al cien por cien de llenado y mantener los recursos hídricos para evitar afecciones económicas en
la zona.


Señorías, hay multitud de argumentos que aconsejan desestimar esta obra. En primer lugar, es preciso garantizar con taxatividad el estado de seguridad de la presa de Calanda y después analizar todas esas alternativas, como dice el
ministerio, para dar salida a los problemas que hubiere, priorizando aquellas que impliquen el menor impacto. En segundo lugar, con respecto a la gestión de las avenidas, he de decir que las últimas crecidas nos han hecho ver la necesidad de
gestionar las avenidas de otro modo —el mismo ministerio contempla en ese plan de gestión de avenidas otra forma de hacer las cosas—, medidas de gestión basadas en la ordenación del territorio o recuperación del dominio público hidráulico. En el

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caso del río Guadalope, además, es reseñable lo sucedido en el último episodio de crecidas. Ante todas esas voces que dicen que esta obra hubiera evitado determinadas afecciones que sufrió la cuenca del Guadalope, he de decir que, de haber
estado construida la presa, no hubiera servido absolutamente para nada ya que la capacidad prevista para sus desagües de fondo es de casi 500 metros cúbicos por segundo, es decir, la misma cifra, exactamente la misma cifra, que alcanzó la punta de
la crecida del Bergantes por Zorita. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el caudal hubiera circulado por el río igualmente y no hubiera servido absolutamente para nada. Quiero decirles también que la cuenca del Bergantes no está dentro de las cuatro
zonas de riesgo por inundación señaladas en el Plan de zonas con riesgo de inundación, es decir, de la zona de la subcuenca del Guadalope.


El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, ha pasado ampliamente su tiempo.


El señor SANZ REMÓN: Gracias por el tiempo añadido, señor presidente.


En resumen, señorías, todos estos argumentos aconsejan desestimar la construcción de la presa en Aguaviva sobre el río Bergantes y desarrollar alternativas realmente útiles para los objetivos que teóricamente persigue su construcción.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se ha presentado ninguna enmienda. En turno de fijación de posición de los grupos, de menor a mayor, por un tiempo máximo de tres minutos ¿quién desea intervenir? (Pausa). Tiene la palabra el
representante del Grupo Catalán.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Intervendré muy brevemente. Nuestro grupo se va a abstener en esta iniciativa. Tengo que recordar, y así lo vengo haciendo ante las iniciativas del portavoz de La Izquierda Plural en coalición con otros
partidos de la izquierda de Aragón, que estamos hablando de defender la flora, la fauna, la riqueza medioambiental del territorio de la cuenca hidrográfica del Ebro, de reducir el peligro de avenidas, de inundaciones, etcétera. Yo soy crítico —y él
lo sabe— en este sentido, porque cuando pasamos la frontera de la comunidad autónoma y entramos en Cataluña toda esta defensa de la flora, la fauna, la riqueza medioambiental y la biodiversidad del Delta del Ebro, para lo que es necesario tener unos
caudales mínimos adecuados, La Izquierda Plural de Aragón vota diferente que Iniciativa per Catalunya-Verds. Por tanto, cada vez que salga un tema de estos, voy a seguir repitiendo que no encuentro coherente que en Aragón se defienda la
biodiversidad y cuando el río Ebro pasa por las Terres de l’Ebre la biodiversidad pueda mantenerse sin agua y casi sin caudales ecológicos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Vicente Guillén, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor GUILLÉN IZQUIERDO: El Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa de La Izquierda Plural por distintas consideraciones. En primer lugar, porque entendemos que no existe en estos momentos ninguna razón de urgencia
para considerar que haya un riesgo de inundaciones en las localidades aguas abajo del río Bergantes. Ni siquiera en estos días tan lluviosos, que han causado una catástrofe natural en el Ebro en la cuenca del Bergantes, se han producido daños
reseñables. En segundo lugar, porque, como el señor Sanz ha expresado, de realizarse esta obra, se produciría un gran impacto ambiental con afecciones a una gran variedad de vegetación natural y de riqueza de los hábitats existentes y catalogados
de interés comunitario y de conservación prioritaria en el ámbito de la Red Natura 2000. En tercer lugar, porque la construcción de esa presa provocaría problemas económicos en la zona, provocaría expropiaciones de explotaciones agropecuarias
básicas, expropiaciones de multitud de hectáreas de doble uso —unas de cultivo y otras para el vertido de residuos ganaderos— y además desaparecerían varias empresas de áridos, con la generación de puestos de trabajo que las mismas han creado.
Finalmente, creemos que habría un grave problema social. El Bergantes es un símbolo identificador de todas las localidades que atraviesa pero especialmente de una, señorías, que tiene un nombre bonito, Aguaviva. Existen alternativas a esta presa
de laminación que ya se han comentado y que les explico brevemente. Nosotros creemos que se debería de ejecutar ese proyecto de aliviadero de la presa de Calanda que recoge el Plan hidrológico de la demarcación del Ebro y se podría hacer otra obra
muy importante y muy demandada en la zona, como es el recrecimiento del pantano de Santolea, que en este momento está paralizado después de cuatro años de gobierno del Partido Popular. En definitiva, pensamos que esta obra debería paralizarse y
estudiarse mucho mejor porque tenemos que ir a una nueva cultura del agua.

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Les voy a poner un ejemplo de lo que se ha hecho en nuestra provincia, en Teruel, para que lo tengamos todos en consideración. Me estoy refiriendo a un modelo de gestión del agua a través de un contrato que se hizo entre los distintos
usuarios del río Matarraña para su regulación entre usuarios, asociaciones ecologistas e instituciones, es decir, todo el mundo de acuerdo para regular un río precioso, muy bonito, que hay en Teruel; todo ello con un sistema de diálogo, un sistema
de acuerdos, a través de balsas laterales y sin necesidad de hacer estas obras faraónicas que a veces todos los Gobiernos hemos tenido la tentación de realizar. Un contrato como el del río Matarraña sería un modelo clave para una nueva gestión del
agua, un modelo que se basa en el diálogo frente a la imposición, que se basa en la sostenibilidad ambiental frente a las agresiones al ecosistema y un modelo de pequeñas obras de regulación frente a esas obras faraónicas. Nosotros creemos que ese
es el camino y no el que ustedes quieren imponer en esta obra sin ningún tipo de consenso, sin diálogo y pasando por encima de los intereses de los pobladores, que lo único que quieren es ver su río como siempre lo han visto, un río vivo, un río
claro, un río que forma parte de un paisaje natural de incalculable belleza.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Manuel Torres.


El señor TORRES HERRERA: Señorías, el pasado mes de marzo, mientras se discutían las repercusiones de las inundaciones en el curso medio del Ebro, el Ayuntamiento de Alcañiz activaba el Plan de protección civil del municipio ante una
posible inundación masiva en la ribera del río Guadalope. El ayuntamiento realizaba un llamamiento a toda la población para que se extremara la prudencia y se evitara transitar por las zonas cercanas a la ribera del río Guadalope, algunas de las
cuales ya estaban inundadas. El río Guadalope es un afluente del Ebro que confluye a la altura del embalse de Mequinenza en la parte media baja del curso del Ebro. La cabecera del río Guadalope está regulada por los embalses de Santolea y de
Calanda. En situación de avenidas, los caudales que llegan a la presa de Calanda tienen dos orígenes y características distintas; en primer lugar, los caudales procedentes del propio río Guadalope, caudales moderados que además han sido laminados
por la presa de Santolea; y en segundo lugar, los caudales procedentes del río Bergantes, afluente del río Guadalope por su margen derecha, sin ningún tipo de infraestructura hidráulica que permita controlar su régimen hidráulico, con hidrogramas
de duración relativamente cortos y caudales punta muy elevados.


El río Bergantes, señorías, es un río con un curso no excesivamente largo, unos 60 kilómetros aproximadamente, y una cuenca relativamente reducida pero que recoge un abundante caudal durante el invierno. Nace en la provincia de Castellón,
en la comarca de Los Puertos de Morella, a unos 12,5 kilómetros en línea recta al sureste de Morella. Su cuenca incluye la única parte de la Comunidad Valenciana que pertenece a la cuenca del Ebro. En el año 2000 un episodio de avenidas demostró
que la presa de Calanda por sí sola era insuficiente para regular las magnitudes de caudales pico de la cuenca. En menos de un día la presa de Calanda pasó de estar prácticamente vacía a estar llena. Las magnitudes de estas aportaciones, unido a
la vulnerabilidad de la presa de Calanda para hacer frente a las avenidas, con un periodo de retorno relativamente bajo, ponen de manifiesto la necesidad de laminar los caudales de entrada a la citada presa, laminación que tiene un doble objetivo;
en primer lugar, dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de seguridad de presas y embalses; y en segundo lugar, evitar o minimizar las afecciones aguas abajo de Calanda, protegiendo, entre otras poblaciones, la ciudad de Alcañiz.


Señorías, la presa de Aguaviva permitiría laminar una avenida con un periodo de retorno de diez mil años sin necesidad de actuaciones complementarias, como la ejecución de una presa adicional o la ampliación de la capacidad de desagüe del
aliviadero de la presa de Calanda. Este proyecto de laminación de avenidas en el río Bergantes estaba incluido en el anexo II de inversiones del Plan Hidrológico Nacional del año 2001, que recuerdo a sus señorías, sobre todo al Grupo Parlamentario
Socialista, que no fue derogado por la modificación realizada por el Partido Socialista en el año 2005.


En el estudio de impacto ambiental presentado se han analizado y estudiado siete alternativas distintas, en las que se eliminaron aquellas que no cumplían algunos de los objetivos y se elaboró un estudio detallado de los otros. Los
criterios de selección para la ubicación de la presa de laminación del río Bergantes fueron los siguientes; en primer lugar, capacidad de laminación; en segundo lugar, criterios de geología y geotecnia; en tercer lugar, criterios económicos; en
cuarto lugar, afecciones a la población; en quinto lugar, afecciones a las vías de comunicación; en sexto lugar, afecciones medioambientales; y, por último, número de embalses necesario. Este proyecto técnico con el estudio de impacto ambiental
ha sido sometido al trámite de información pública en 2013. El proyecto técnico con el estudio de impacto ambiental con el resultado de la información pública ha sido enviado al órgano ambiental actuante, esto

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es, a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para que emitiera la preceptiva y vinculante declaración de impacto. Este proyecto queda, pues, pendiente de la
aprobación de la DIA, que establecerá las medidas correctoras, compensatorias y el programa de vigilancia ambiental que sea necesario para garantizar el correcto funcionamiento del citado embalse. Los condicionantes de esta declaración de impacto
se incorporarán, como no puede ser de otra manera en un procedimiento de evaluación de impacto, al proyecto técnico para que pueda ser aprobado definitivamente por el órgano sustantivo, esto es, por la Dirección General del Agua del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y podrán entonces licitarse las obras para su construcción.


Señorías, en primer lugar, es necesario realizar una gestión hidrográfica bajo el criterio de unidad de cuenca. En segundo lugar, es necesario tomar medidas para controlar las crecidas en esta zona, una demanda y necesidad histórica. En
tercer lugar, se han propuesto y estudiado diferentes alternativas bajo un prisma razonado de eficiencia y sostenibilidad económica, social y ambiental. Por último, existe un procedimiento técnico de evaluación de impacto ambiental que está
tramitándose bajo un riguroso análisis técnico para garantizar la máxima protección ambiental. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta proposición no de ley.


— SOBRE LA LUCHA CONTRA LA PLAGA DEL CARACOL MANZANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/003545).


El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con la solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, les propongo una alteración del orden del día, si no hay inconveniente por parte de ningún portavoz, que sería que la proposición no de ley que
figura con el número 4, sobre la lucha contra la plaga del caracol manzana, se viera ahora. ¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones). Entonces tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) don Martí Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Convergència i Unió vuelve a traer una proposición no de ley que afecta al Delta del Ebro, que afecta a las Terres de l’Ebre, que afecta al sur de Cataluña. (La señora vicepresidenta, Falcón Dacal, ocupa la
Presidencia). El Delta del Ebro es uno de los espacios húmedos más importantes del sur de Europa. Tiene un modelo productivo donde el cultivo del arroz es fundamental, así como el turismo que se acerca a este territorio gracias a su gran riqueza
medioambiental y su biodiversidad, características por las que hace poco las Terres de l’Ebre fue nombrada reserva de la biosfera con el Delta del Ebro. Un reconocimiento al delta y a sus productos y a que el delta es motor económico de las Terres
de l’Ebre. Este modelo mixto necesita —hay mucho debate y muchas iniciativas sobre ello— apoyo e inversiones, pero también, y nos centraremos en este aspecto, soluciones a los problemas que frenan su desarrollo. En este caso, Convergència i Unió,
en el Parlamento Europeo, en el Govern de Catalunya y aquí en Madrid en el Congreso y en el Senado, trabaja en dos líneas, que son buscar un caudal ecológico de acuerdo con las necesidades del río Ebro y también, y en este sentido se enfoca esta
proposición no de ley, luchar contra la plaga del caracol manzana, plaga que afecta cada vez a más superficie desde hace más de cinco años. El caracol manzana es el caracol más grande de todos los caracoles, una de las cien especies invasoras más
perniciosas para el planeta y tiene una gran facilidad para extenderse. En pocos meses procrea muy rápidamente y puede extender la plaga muy rápidamente. Por tanto, la situación es grave en el Delta del Ebro; de las ocho hectáreas en la margen
izquierda del Ebro se ha llegado a más de 7.000 hectáreas. Esta plaga afecta de manera muy directa a la producción agrícola, básica en el sistema económico, y al ecosistema, luego tenemos una situación preocupante.


Las administraciones competentes así lo han reconocido. Dentro de sus dificultades, de si se ha actuado antes o después, este no es el objetivo de la proposición no de ley. La Generalitat de Catalunya, la Confederación Hidrográfica del
Ebro y el Estado (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) en aspectos importantes debido al dominio marítimo-terrestre, a un lado y a otro del río Ebro compete a Costas del Estado, a la estructura de la Administración General del
Estado, y todas juntas tienen la necesidad de afrontar este problema. Deben llevar y están llevando a cabo actuaciones contundentes para alcanzar el control total de la plaga y dejar de poner en peligro la continuidad del cultivo del arroz en el
delta. Pero hasta ahora medidas exitosas, pruebas que se han hecho en colaboración con los mismos agricultores, no han sido suficientes para evitar la proliferación: el río, los canales, las acequias, la maquinaria agrícola, etcétera, son
herramientas o caminos y autovías muy fáciles para que se pueda ir propagando y reproduciendo; la salinización o el desecado se han utilizado y han funcionado, pero a

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cambio de costes graves tanto en la producción del arroz como en los costes en el caso de elementos fitosanitarios de los mismos agricultores. Pero, ¿a quién atañe esta plaga? A la Generalitat, sí, porque es su competencia; al Estado, sí,
porque también es competente en este aspecto, pero también a la Unión Europea. La autoridad europea de Seguridad Alimentaria publicó un informe en el que alertaba de la posibilidad de propagación de este caracol a los humedales del sur de Francia,
Italia, Grecia y los Balcanes, con el riesgo masivo que significaría para el agua fresca o para hábitats de alto valor energético. La plaga, por lo tanto, de no controlarse o reducirse, podría propagarse. No es únicamente en estos momentos un
problema del Delta del Ebro, de los agricultores y de las administraciones competentes, es también un problema de Europa. Debería constituir una preocupación de ámbito europeo. Europa tiene alrededor de 450.000 hectáreas de arrozales que también
pueden ser afectadas en sus producciones. Por eso Convergència i Unió lo que quiere con esta proposición no de ley es reclamar a las instituciones europeas mayor implicación. ¿Por qué mayor? Porque ya están implicadas, pero se necesita mayor
implicación para luchar contra la plaga; reconocer que se trata de un problema de ámbito europeo y eso provocaría un aumento automático de recursos por parte de la Unión Europea, no solo de cofinanciación, sino de aportación directamente de
recursos para evitar consecuencias negativas para productores de arroz y para el entorno natural.


El diputat de Convergència i Unió en el Parlamento Europeo, Françesc Gambús, ya en muchas de sus preguntas está concentrando que se está llevando un proceso de decisión y revisión de todo aquello que afecta a la erradicación de plagas, y es
un buen momento para que el Gobierno del Estado español pudiera incidir en la Unión Europea para que esta plaga y estas medidas hiciesen un avance cualitativo y cuantitativo en cuanto a intensidad e implicación de la Unión Europea. Es una
oportunidad que no podemos perder. Ya la Unión Europea ha aportado fondos en 2011, 2012 y 2013. El Estado está aportando fondos. La Generalitat está aportando fondos y los propios agricultores también, pero es necesario que el Estado dé un paso
adelante ante la Unión Europea.


La enmienda que nos ha presentado el Partido Popular no demuestra esa voluntad de llegar a luchar por erradicar esta plaga del caracol manzana ante la Unión Europea. La Unión Europea en muchos casos responde a las preguntas de nuestros
eurodiputados diciendo que es responsabilidad de las administraciones competentes nacionales. Estamos de acuerdo; pero es que no estamos hablando de un problema solo del Delta del Ebro, estamos hablando de un posible problema que se puede
trasladar a toda la ribera del Mediterráneo. Se están tomando medidas acordadas para la lucha contra el caracol manzana en consenso con todo el territorio, con las administraciones. Nosotros creemos que es necesario investigar esta especie, que la
Unión Europea abra esta línea de investigación para conocerla al detalle y erradicarla. Necesitamos recuperar la capacidad de producción de arroz de las quadres de arròs de las Terres de l’Ebre porque es un ingreso económico muy importante para el
desarrollo de esas comarcas. La Unión Europea no puede prorrogar las medidas actuales, tiene que aumentarlas, y ese es el objetivo de nuestra proposición no de ley y a ese objetivo llamamos a todos los partidos y a todos los representantes a que
nos apoyen porque no hemos entrado en un debate de quién ha sido el culpable o no, quién ha hecho más o menos —espero que nadie entre en él en ese sentido— sino que todos juntos defendamos las Terres de l’Ebre, la producción del arròs y la riqueza
de la biodiversidad de esa tierra ante la Unión Europea.


La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta iniciativa. Para su defensa, tiene la palabra el señor Joan Bertomeu.


El señor BERTOMEU BERTOMEU: Señora presidenta, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender nuestra enmienda referente a la PNL sobre la lucha contra la plaga del caracol manzana presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En el Grupo Popular compartimos con el proponente que el Delta del Ebro es uno de los espacios húmedos más importantes de Europa y también somos conscientes de la gran amenaza que actualmente sufren las
comarcas del Vallès con la introducción de la especie invasora del caracol manzana, una de las cien especies más dañinas del mundo. Fue en el año 2008-2009 cuando se detectó la presencia de la plaga, concretamente durante el mandato del Gobierno
del Tripartito en Cataluña (Rumores), y a pesar de las advertencias hechas al mismo del peligro que comportaba la introducción de esta especie invasora para el cultivo del arroz y su fácil reproducción con la posibilidad de propagación a otros
países, no se tomaron las correspondientes medidas para afrontar la posible erradicación del mismo. Tampoco podemos aceptar las posteriores gestiones del Gobierno de Convergència i Unió al principio de su mandato, donde

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los recursos económicos que dispuso no dieron el resultado esperado. Es a mediados del 2012 cuando se celebran reuniones entre el Gobierno central y la Generalitat y se crea un grupo de coordinación que periódicamente celebra reuniones en
donde junto a la Generalitat de Catalunya se suman diferentes direcciones generales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Capitanía Marítima y la Confederación Hidrográfica del Ebro, en las cuales, aparte de valorar los
resultados de las acciones llevadas a cabo, se presentan y se estudian las actuaciones a realizar en los próximos meses.


La irresponsabilidad de las acciones que llevó a cabo el Gobierno del Tripartito queda demostrada con la iniciativa y acciones que actualmente se están realizando, donde se demuestra que en el margen derecho del Delta del Ebro, a pesar de
producirse focos puntuales estos son erradicados puntualmente con las medidas actuales. En cuanto al margen izquierdo del Delta del Ebro, que es donde se detectó por primera vez la presencia de la plaga, la erradicación es muy complicada por la
extensión del problema que no se afrontó en su momento. Las medidas tomadas, entre otras, aplicar agua salada en 3.210 hectáreas, y el desecado de otras 5.050 hectáreas, han perjudicado la viabilidad económica de la explotación del cultivo del
arròs, en el primero de los casos por pérdidas en producción y, en el segundo, por pérdida de la prima asociada a las medidas agroambientales. Por lo tanto, los agricultores ya están sufriendo grandes pérdidas económicas debido a las consecuencias
de la plaga. Para afrontar la problemática el ministerio destinó recursos económicos que, junto con la aportación de la Generalitat de Catalunya y la de la Comunidad Europea, hasta el 2013 hacen que el total de la cofinanciación comunitaria fuera
de 2.645.156 euros, recursos que como decía al principio no fueron correctamente gestionados, siendo la responsabilidad y competencia de la Generalitat de Catalunya.


El caracol manzana se encuentra catalogado como plaga de cuarentena y está siendo objeto de actuaciones específicas para su control y posible erradicación por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El género
Pomacea no se recoge ni en el Anexo 1 ni en el Anexo 2 de la Directiva 2.297 de la Comunidad Europea. Es a partir del 2009 cuando se detecta en España, y de la información que se desprendía del análisis de riesgo de plagas realizado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Comisión publicó en noviembre de 2012 la decisión 2012/267, de la Unión Europea, relativa a las medidas para evitar la introducción y la propagación en el interior de la misma del género
Pomacea.


Como plaga de cuarentena se presentó a la Comisión Europea el expediente de solidaridad, a través del cual se recibe apoyo financiero de Europa que asciende al 50 % de las actuaciones de control. Además, la Comisión Europea ha establecido
un programa puente de financiación hasta la publicación de la reforma de la legislación europea en materia de sanidad vegetal, a través de la cual se financiarán actuaciones de vigilancia, muestreo y seguimiento durante al menos tres años. España
solicitó la inclusión del caracol manzana en este programa de financiación, lo que fue aceptado por la Comisión Europea, y en los años 2015 y 2016 tendremos la financiación europea. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular, dado que el Gobierno ha
solicitado las ayudas a la Comisión Europea, propone una enmienda de modificación del texto presentado por Convergència i Unió con el siguiente redactado: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que continúe colaborando con las
administraciones competentes y solicitando financiación a la Unión Europea, para la lucha contra la plaga del caracol manzana para evitar así las consecuencias negativas para los productores de arroz y el entorno natural del Delta del Ebro. En el
caso de ser aceptada la enmienda, el Grupo Parlamentario Popular dará su apoyo a la PNL.


La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): Para fijación de posiciones, por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Teresa Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Querría constatar, en primer lugar, que, a pesar de las irreconciliables diferencias que manifiestan tanto CiU como el Grupo Popular, hay una cosa que los une por encima de todo, que es la herencia recibida,
que les facilita no dar explicaciones de nada de lo que hacen; todo es culpa del pasado. Después de tantos años, después de lo insoportable que les resultó que no gobernaran ellos, resulta que al final es lo que les une. A ver si tenemos suerte y
son capaces de avanzar en esa unión en otras cosas que hacen sufrir a tanta gente.


Estamos hablando de una plaga que tiene su origen en el año 2009, y ya en aquel entonces la Generalitat creó una comisión técnica de seguimiento porque estábamos ante una especie invasora de alcance, de grandes dimensiones, como vemos, en la
que intervienen departamentos de la Generalitat, la Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre, representantes del sector y el IRTA, como instituto de

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investigación, cuya participación ha sido importante. Si fuera verdad todo lo que han dicho los dos grupos sobre tantas cosas que han hecho, seguramente después de estos años de Gobierno del Partido Popular y de Convergència i Unió
estaríamos en una situación diferente a la que estamos. O no han hecho lo que dicen o lo que han hecho no ha dado resultado, porque la plaga está aquí; es una plaga que ni siquiera está controlada y, por tanto, no está en vías de extinción.
Deberíamos hacer cosas distintas a las que están haciendo hasta este momento, porque esto sí sería culpa de los Gobiernos actuales.


El día 1 de octubre del año pasado, en 2014, el Pleno del Senado aprobó una moción por unanimidad del Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya, por la que el Senado instaba al Gobierno de España a que, a través del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente coordinara las actuaciones necesarias para acabar con la plaga en el Delta del Ebro mediante la puesta en marcha de un grupo de trabajo de expertos, con representantes de las administraciones
competentes en la zona, para decidir de manera coordinada y mediante la colaboración con las organizaciones agrarias del territorio las acciones que había que poner en marcha. Queda una duda. Si el Partido Popular aprobó esto hace seis meses en el
Senado, no se corresponde con la intervención que acabamos de escuchar del representante del Grupo Popular. Es más, si todos estábamos de acuerdo en que la plaga se origina en el hemidelta izquierdo del Ebro, que se ha extendido al derecho, que ha
avanzado aguas arriba del Ebro, que hay necesidad de que todas las administraciones con responsabilidad en el río, tanto la Confederación Hidrográfica como la Generalitat, se pusieran de acuerdo y se coordinaran para tomar las medidas necesarias y
paliar las consecuencias de la plaga, pero también —y muy importante— medidas de prevención, había otra cosa también importante, como es la necesidad de avanzar en la investigación —se habla en el debate celebrado en el Senado de informes llevados a
cabo por expertos en Singapur—, tomando nota de las investigaciones llevadas a cabo. Igualmente, se habló en ese momento de dotar de fondos para esa investigación desde la Unión Europea que, según decía el senador del Grupo Popular, era la que nos
ayudaría a trabajar y, en definitiva, a erradicar o como mínimo a reducir los graves perjuicios que esto está produciendo a todos los agricultores de la zona del Delta del Ebro.


Estamos en una contradicción flagrante entre lo que se dice, se aprueba en el Senado y lo que hemos oído aquí. Pero seis meses y medio después de lo aprobado en aquel momento es obligatorio preguntarse: ¿este grupo de expertos que se
aprobó por unanimidad se ha constituido?, ¿alguien sabe quién lo compone?, ¿alguien sabe si ha llevado a cabo algún trabajo? Porque estas son preguntas que quedan sin contestación, no solo por las dos intervenciones que hemos visto hasta el
momento, sino porque sobre todo no se ha hecho ninguna relación a este efecto y estaría bien que alguien pudiera contestar a esto. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


La proposición no de ley que presenta el Grupo de Convergència i Unió, que nosotros vamos a apoyar, se refiere a la Unión Europea, y la Unión Europea —ha hecho mención a ello el señor Barberà— ha contestado a iniciativas del eurodiputado
Gambús; además ha habido otras intervenciones del eurodiputado Javier López. La Unión Europea dice cosas muy importantes en estas contestaciones. Por ejemplo, dice en qué proyectos no puede contemplarse esto; dice que, según el Reglamento de
Desarrollo Rural, en el marco de la política agraria común, se pueden tomar medidas en este sentido, y dice también —porque hay una contestación bien reciente, de este mismo mes— que hay posibilidad de que esta plaga se extienda por vías naturales a
otras zonas de la Unión Europea y que se deberían tomar medidas. Por tanto, es muy importante la prevención que se puede hacer en el marco de la Unión Europea.


Me parece sensato que el grupo proponente no acepte la enmienda del Grupo Popular y nos ciñamos a lo que está proponiendo Convergència i Unió, que es que la Unión Europea haga aquello que los Gobiernos nacional y autonómico son incapaces de
hacer.


El señor PRESIDENTE: Pregunto al grupo proponente si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, no aceptamos la enmienda porque el objetivo, que es que la Unión Europea reciba presión por parte del Estado español para que se puedan aumentar los recursos y la intensidad, no ha sido
aceptado.

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— EN RELACIÓN CON EL SECTOR LÁCTEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003159).


El señor PRESIDENTE: Vamos a seguir con el orden del día establecido y, por tanto, debatimos ahora la proposición no de ley en relación con el sector lácteo, cuyo autor ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra la portavoz, señora Pérez.


La señora PÉREZ HERRAIZ: Ha pasado tiempo suficiente para que nuestra iniciativa inicial necesite modificaciones, pero estamos muy lejos de encauzar los problemas del sector lácteo, que consideramos que necesita las medidas que proponemos.


Galicia y Castilla y León son el primero y el segundo de los productores de leche en España; Galicia, con más de 2 millones de toneladas y, Castilla y León, con más de 800.000, toneladas representan el 38 % y el 13 % respectivamente del
total de la producción en España. Este sector de producción está también muy relacionado con un problema que comparten estas dos comunidades: su demografía y su estructura territorial, con amplias zonas que están prácticamente despobladas, con la
pérdida económica y el riesgo medioambiental que ello conlleva. Además de lo anterior, en Galicia está el 56 % de los productores de leche de España, con lo que todo lo relacionado con este sector afecta de forma muy importante. Los precios que
están cobrando los ganaderos por la leche en muchas ocasiones no están siendo suficientes para cubrir los costes de producción. Por eso, consideramos que el Gobierno debería proponer a la Comisión Europea que activara medidas de mercado ante la
gravedad de la situación de crisis de precios y la revisión y actualización de los precios de intervención pública de leche en polvo y mantequilla para que los ganaderos pudieran cubrir los costes de producción. El sector lácteo, como todos, está
condicionado por nuestra pertenencia a la Unión Europea, pero de forma doble por el condicionante que hasta ahora había de cuotas de producción. Un reglamento europeo de 1984 fijaba una cantidad de producción máxima para cada Estado miembro y una
tasa en caso de sobrepasar dicha producción. Este sistema, que inicialmente se aplicaría durante cinco campañas lácteas, duró hasta este año. España se incorporó a este sistema en 1986 con una cantidad inicial de 5,4 millones de toneladas, que se
incrementó hasta 6,5. Esta limitación de la producción también contribuyó a un cierto mantenimiento de los precios. Pero uno de los problemas del sector lácteo español es que las normas europeas no se aplican de igual manera en todos los Estados.
Dicho de otra forma, los diferentes Estados, en función de la importancia que dan a este sector, actúan dentro del marco europeo de diferente manera y determinados controles o garantías para los productores que parece que no son posibles por
normativa europea en España sí lo son en otros países.


Los principales problemas del sector lácteo en la actualidad son: el desequilibrio en las relaciones de la cadena de producción y la adaptación a la desaparición de las cuotas. Respecto de la desaparición de las cuotas de producción, puede
ser un problema, pero también una oportunidad de continuar incrementando la producción, como explican claramente profesores de universidad como Santiso y Sineiro, y avanzar en el autoabastecimiento, que pasó de ser del 70,4 % en 2007 al 76,1 % en
2013, a la vez que se podrían incrementar las exportaciones de algunos productos lácteos. El Grupo Socialista considera que el Gobierno de España no tomó las decisiones oportunas para que el sector pudiera estar preparado para este tránsito, como
hicieron otros países cuando liberalizaron sus producciones. El Gobierno utilizó, con un cierto tono de amenaza, la posibilidad de sobreproducción de esta última campaña con datos cuestionados por estadísticas europeas e informes de expertos en
España. Falta por conocerse la producción del mes de marzo y sería una seria manipulación de la campaña electoral que el ministerio retrasara esa información hasta después de las elecciones. Por tanto, desde aquí solicitamos al Gobierno que
informe de la producción de la última campaña lo antes posible.


Respecto a los desequilibrios en la cadena de producción, persisten. La modificación del decreto que regula las relaciones entre productores e industria se hizo tarde y no es suficiente y, lo que es peor, no hay garantía de su cumplimiento.
Por ejemplo, la figura del mediador es voluntaria y tendría que ser obligatoria, efectiva y con facultades reales de arbitraje y sanción. También consideramos necesario que se recupere la obligación de que los contratos tengan tres copias para que
una de ellas se deposite en la Interprofesional láctea. Tras mes y medio de la entrada en vigor de la modificación del decreto y quince días desde la desaparición del sistema de cuotas lácteas nos encontramos, especialmente en Galicia, con que las
industrias están entregando a los ganaderos ofertas de contratos con precios por debajo de los costes de producción: veintisiete, veinticinco, veinticuatro y hasta veinte céntimos por litro, muy por debajo de los precios que se pagan en otros
países y por un volumen inferior a la capacidad productiva de la explotación.

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Además, las propias empresas acompañan la oferta de contratos de duración de un año del modelo de renuncia a esa duración mínima para que el ganadero lo notifique a la comunidad autónoma, generalizando así una capacidad de renuncia que el
real decreto contempla para supuestos solo debidamente justificados. Se paga un precio, el 90 % de la producción, y el restante a uno mucho menor. Es necesario que se incorpore como referencia de volumen objeto del contrato la leche producida en
los últimos doce meses anteriores al contrato, garantizando la recogida y prohibiendo un doble precio para este volumen. Las entregas pueden variar un porcentaje sobre el volumen objeto del contrato para adaptarse a circunstancias de la producción.
Las partes podrían acordar que esas variaciones tengan un precio diferenciado, pero no el volumen principal. Además, no hay suficientes garantías de que se cumpla lo que está regulado.


Las organizaciones de productores tienen delegado por los productores la capacidad de negociar, pero las industrias están presionando a los productores de forma individual para que firmen los contratos en las condiciones fijadas
unilateralmente por la industria ante el riesgo de no recogida del producto. Por tanto, sigue siendo necesario modificar el decreto para que la figura del mediador no sea voluntaria y se garantice la recogida de la producción. Y hay que garantizar
que lo que está regulado se cumple, que la posibilidad de que la duración del contrato sea inferior a un año, si así lo solicita el productor, esté claro que es una decisión voluntaria y no forzada por la industria y que sea efectiva la delegación
de negociación que los productores hacen en las organizaciones. Prueba de que las relaciones entre industria y producción no se ajustan a derecho es la sanción de 88 millones que la Comisión Nacional de Competencia puso a la industria láctea, pero
además de no compensar el abuso de la industria sobre los ganaderos —ya sé que se calcula que las pérdidas de los ganaderos por dichas prácticas fueron muy superiores—, Competencia actuó con demasiado retraso, ya que sanciona prácticas de hace diez
años, y si hubiera actuado más rápidamente hubiera habido alguna posibilidad de que se corrigieran dichas prácticas. Una parte muy importante en la cadena de producción láctea es la distribución. En España grandes cadenas de distribución son de
origen francés y alemán, que a la vez son países excedentarios y utilizan a España para colocar sus excedentes, saltándose los principios más elementales del comercio internacional. Utilizan la leche como producto reclamo, vendiéndola a precios
inferiores a los de su producción. El mismo producto se vende en España a un precio un 40 % inferior a Francia, a pesar de tener que añadir los costes de transporte. Es necesario inspeccionar exhaustivamente que se cumple lo dispuesto en la Ley de
Cadena Alimentaria y no se vende por debajo de los costes de producción. Consideramos que el ministerio debe elaborar un plan de apoyo a los productores de leche para ayudarles a la adaptación por la desaparición de cuotas, facilitar que los
ganaderos lácteos tengan seguros de rentas y que reviertan en ellos como mínimo los 88 millones de euros que Competencia puso de sanción a la industria por mantener relaciones abusivas.


Somos conscientes de las dificultades que hay para que las etiquetas reflejen claramente el origen del producto, pero creemos que se pueden mejorar las posibilidades de ese conocimiento y ya que no puede ser obligatorio, que se incentive de
alguna manera esa posibilidad, que seguro que beneficiaría a algunos orígenes por la valoración que la sociedad tiene de sus productos, como es el caso de Galicia, y hay que definir y regular un sistema de trazabilidad. Por último, consideramos
necesario que el ministerio lidere un foro permanente de productores, industria y distribución para minimizar las dificultades…


El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya concluyendo.


La señora PÉREZ HERRAIZ: Enseguida.


… y que los problemas como los que ahora sancionó Competencia se resuelvan más rápidamente. En una reciente respuesta, el Gobierno reconocía que el sector lácteo es estratégico desde el punto de vista social y económico y con una presencia
clave en gran parte de las zonas rurales, especialmente en Galicia, y que se adoptaron medidas para mejorar la posición negociadora de los productores de leche en la cadena de valor y la capacidad de defensa de sus intereses. Por tanto, esperamos
que el Grupo Popular esté de acuerdo con nosotros en la necesidad de corregir estas medidas, que tenían por objeto mejorar la capacidad de negociación de los productores, en la medida en que se está probando que no cumplen adecuadamente sus
objetivos, ya que, como dicen, están de acuerdo en la consideración del sector lácteo como estratégico en España, y especialmente en Galicia.


Respecto a su enmienda, agradezco la intención del señor Alonso, pero, resumiendo la nuestra, es necesario modificar las normas y que haya garantías de que se cumplen. Su propuesta no es concreta y no avanza en estas dos importantes
cuestiones que resumen nuestra iniciativa. Somos conscientes de que algunos avances son difíciles, pero también nos sorprende que lo que parece imposible en España

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sea posible, por ejemplo, en Italia, que acaba de aprobar un plan de ayudas de 108 millones hasta 2017 y un logo para la leche que producen que ponga cien por cien italiano. Sometemos, pues, a votación nuestra propuesta, y muchas gracias,
señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores intervinientes que se ajusten a los tiempos porque luego me piden unas horas de previsión; les he dicho que no antes de las siete y media, y hemos visto solo dos iniciativas. Me gusta ser flexible,
pero es que estamos doblando los tiempos previstos.


Don José María Alonso, tiene usted para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular un tiempo máximo de cinco minutos.


El señor ALONSO RUIZ: Señorías, la proposición no de ley que se trae a debate a esta Comisión trata un asunto muy importante, el paquete lácteo, y afecta al sector ganadero y productor de leche. Quiero empezar diciendo que no ha habido un
Gobierno como el de Mariano Rajoy que haya hecho tanto en tan poco tiempo por el sector lácteo, sobre todo, si nos fijamos en lo que se ha realizado en la legislatura pasada. La prueba está en que normas como el Real Decreto 1363/2012, la
modificación del Real Decreto 125/2015, de 27 de febrero, y la Ley 12/2013, de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que se han hecho en estos tres años se podían haber elaborado antes,y el Gobierno anterior
hizo poco o nada. Es más, si vemos los antecedentes parlamentarios, todas las propuestas que se hicieron en el sentido de mejorar o equilibrar la cadena alimentaria, especialmente los más desfavorecidos como los productores, fueron rechazadas por
el Partido Socialista.


Esta proposición no de ley al principio era extemporánea porque quería modificar un real decreto, el 1363/2012, que luego ha sido modificado por el Real Decreto 125/2015, de 27 de febrero. Respecto a la autoenmienda que ha presentado el
Partido Socialista, y después de agradecer la voluntad de la diputada señora Pérez, quisiera decir que no hemos podido aceptar la enmienda y que hemos presentado una transaccional. Los puntos eran poco concretos, con poco rigor, y en la mayor parte
de los casos ya los contemplaba el reglamento recientemente aprobado, como es el Real Decreto 125/2015. Y voy a poner un ejemplo. La portavoz socialista hacía referencia a definir y regular un sistema de trazabilidad de la leche y de los productos
derivados del sector lácteo en España. Esto ya existe en la actualidad. Sería un sobrecoste incrementar los procesos de trazabilidad desde la granja a la mesa, y aumentaría la burocracia administrativa, lo que nos dejaría en desigualdad de
oportunidades con el resto de Europa. Actualmente se produce una trazabilidad y además se hace desde los productores, las cisternas, los productos en los lineales. Es imposible aceptar este punto. Otro de los puntos es establecer un foro
permanente de representación de los productores. Ya existe la interprofesional láctica, con la que el Gobierno tiene una comunicación permanente. Y lo de pedir un seguro de rentas subvencionado para afrontar la situación de vulnerabilidad no tiene
base legal, ni en España ni en Europa. Los seguros están asociados a las catástrofes o a las inclemencias, pero no puede ser un seguro de renta. Ha hablado de un programa de ayudas, y creo que no hay un Gobierno que haya apoyado tanto al sector
lácteo. No solo están las ayudas no vinculadas a la producción, que son ayudas de la PAC, sino que además este año el Gobierno ha incrementado la subvención a la producción láctea en 94 millones de euros, lo que supone un incremento de un 56 %, que
va a garantizar que las explotaciones ganaderas tengan una renta para su sostenibilidad. Ha hablado de la figura del mediador, y de que a la vez tenga competencias para sancionar. El real decreto del paquete lácteo aprobado recientemente ya
contempla la figura del mediador. No obstante hemos propuesto que se cree un mediador específico para el sector lácteo. Pero la Ley de la Cadena Alimentaria y la legislación sectorial contemplan ya todos los procesos. En cuanto a que el plan de
inspección sea claro y con seguimiento periódico tengo que decirle que ya existe un plan de inspecciones desde el punto de vista de la higiene, desde el punto de vista de la calidad alimentaria, en toda la cadena, desde la granja hasta la mesa.


Por tanto no podemos votar a favor esta enmienda, pero agradecemos la intención del Grupo Socialista, porque tenemos que seguir estudiando y tenemos que seguir controlando que se cumplan todas las medidas que ha aprobado este Gobierno, y les
invito a que hagan propuestas, pero concretas, claras y que mejoren lo que tenemos en la actualidad. Italia ha aprobado unas medidas de apoyo al sector y ha puesto de ejemplo a España. España es la punta de lanza de Europa. Hemos sido los
primeros en aprobar el contrato por un año, el contrato público. Somos un ejemplo, es una realidad, y solo hay que mirar las propuestas que hace Italia. Les invito a que sigan haciendo propuestas, y lamento que no hayan aprobado la transaccional
que hemos presentado. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por La Izquierda Plural, señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Intervendré brevemente para anunciar el voto favorable a la propuesta y hacer alguna reflexión muy concisa. Lo que es cierto es que los precios percibidos por los productores lácteos han bajado un 10 %. Lo que es
cierto es que las medidas de regulación encumbradas en la política agraria común, y en este caso el final del sistema de cuotas, lo que va a acelerar no es otra cosa que la reconversión y la desregulación de un sector productivo. Les voy a poner el
ejemplo de Galicia: hay diez mil explotaciones aproximadamente, y este tipo de situaciones van a llevar a la desaparición de miles y miles de ellas. Se deslocaliza la producción y se avanza hacia un cambio en el modelo productivo, en este caso en
el sector lácteo español; es decir, producción en macroexplotaciones, muy vinculadas a la industria forrajera y a grandes superficies. Vamos hacia ese modelo. Es un modelo que se ha priorizado y que se está priorizando. Nosotros estamos
absolutamente en contra. ¿Cómo se puede garantizar? Hemos debatido esto muchísimas veces cuando hemos hablado de la PAC, cuando hemos hablado de la necesidad de que articular medidas que garanticen que la participación en la conformación de los
precios de los profesionales y de las profesionales del sector agrario esté garantizada por parte del Estado, como sector estratégico que debería de ser. Hay una Ley de la Cadena Alimentaria que tiene que ser mucho más ambiciosa; nada de opciones
voluntarias, sino mucho más ambiciosa, y por ley, porque estamos hablando de la alimentación, señorías, de lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos tres veces al día. Habría que explicarle a la ciudadanía qué es eso de los productos reclamo,
por qué un litro de leche vale 50 o 60 céntimos o menos en un supermercado, qué es eso de la venta a pérdidas. Si no se evitan todas esas cuestiones no se trabaja por el sector, sino que se trabaja contra el sector, y sobre todo contra la justicia.
Por eso apoyaremos la propuesta, que creemos que es el camino sobre el que trabajar para recobrar la senda hacia un modelo agrario distinto, hacia la soberanía alimentaria, y hacia una reorganización de nuestro sector que permita que nuestro modelo
de agricultura, ese modelo social mayoritario sea el que persista, frente a ese otro que se está imponiendo por la vía de la desregulación que mantienen los mercados.


El señor PRESIDENTE: Por Convergéncia i Uniò tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Anunciamos también nuestro voto favorable a esta iniciativa. Esta mañana, a una pregunta de la diputada del Bloque Nacionalista Galego, la ministra ha expresado que se han hecho tantas cosas que no ha tenido tiempo
en tres minutos de describirlas todas. En cualquier caso no parece que hacer mucho sea hacer lo eficaz. La Ley de Cadena Alimentaria, que tendría que recoger toda la inquietud de la PNL del Grupo Socialista, fue una ley que se vendió como pionera,
y es verdad que es pionera, pero lo que tenemos que hacer es no ser tan pioneros sino más efectivos. La Ley de la Cadena Alimentaria en el tema de los contratos y de los costes de producción no ha quedado bien resuelta, al contrario; se quedó en
un primer paso, pero se tendría que complementar porque se está viendo que no está correspondiendo a la expectativa que se generó en su momento. También estaría bien que se pudiera aprobar esta PNL para que se aprobasen los posicionamientos del
Gobierno en las proposiciones que hablan del tema en concreto. Porque, por ejemplo, en el actual proyecto de ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, de ámbito supraautonómico, actualmente en tramitación en el Senado,
se introdujo por parte del Grupo Parlamentario Popular una enmienda que fue incorporada en el texto como disposición adicional séptima, relativa al régimen sancionador en materia de declaraciones obligatorias y contratos en el sector de la leche y
de los productos lácteos. Estaría bien que nos centrásemos en los temas y que en cada uno de ellos pudiésemos aportar las enmiendas correspondientes, y no, dentro de la complejidad, poner enmiendas en otras leyes, que al final tampoco acaban de
responder a la reclamación del sector.


Quisiera decir que en nuestra opinión no encontramos poco concreta, sino muy concreta esta autoenmienda actualizada, y por tanto la vamos a dar nuestro voto favorable.


— RELATIVA A LA DIVERSIFICACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL SECTOR PESQUERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003315).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente iniciativa. Proposición no de ley relativa a la diversificación y emprendimiento del sector pesquero. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la
palabra su portavoz, don Joaquín García Díez.

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El señor GARCÍA DÍEZ: Señorías, con esta proposición no de ley lo que estamos proponiendo es que se continúe trabajando en cuatro grandes líneas de actuación dentro del sector pesquero. Por un lado, fomentar la iniciativa empresarial en el
sector pesquero, contribuyendo a diversificar los ingresos de los pescadores mediante el desarrollo de actividades complementarias. En segundo lugar, apoyar a las organizaciones de productores pesqueros para mejorar la comercialización de productos
de la pesca y de la acuicultura. En tercer lugar, apoyar la sostenibilidad ambiental, facilitando un modelo de explotación pesquera basado en lo que se ha venido llamando el rendimiento máximo sostenible y la introducción gradual de los descartes,
y finalmente promover que el capital humano y el diálogo social, junto con la creación de empresas por jóvenes pescadores, sea también uno de los campos contemplados en esta iniciativa.


Señorías, todo ello no parte de cero. Afortunadamente tenemos un Gobierno que en esta legislatura ha sido consciente, sensible y trabajador con todos los problemas que el sector pesquero ha ido poniendo encima de la mesa. Ha sido previsor,
se ha anticipado a los problemas que ya existían, y para contrarrestar adecuadamente el impacto negativo de la reducción de la flota, sobre todo en las poblaciones altamente dependientes de la pesca, las poblaciones costeras, creó en su día un grupo
técnico denominado Diverpes. Este grupo era el encargado de estudiar la diversificación pesquera y acuícola, que en perfecta colaboración y respetando las competencias con las comunidades autónomas ha trabajado desde la Administración General del
Estado, y que como decía elaboró en su momento el primer Plan estratégico nacional Diverpes 2013-2020. En este plan, que también sufrió una actualización el pasado año 2014, se han detectado y se han analizado las fortalezas y las debilidades del
sector en materia de diversificación pesquera y acuícola.


Sin embargo como les acabo de indicar no partimos de cero, ya que además esta proposición no de ley está en línea, como no podía ser de otra manera, con lo que la reforma de la política pesquera común recientemente aprobada marca como uno de
sus objetivos principales: incrementar el empleo y la cohesión territorial dentro de la Unión Europea en materia pesquera. También —lo recordarán algunas de sus señorías— hemos presentado múltiples iniciativas desde el Grupo Parlamentario Popular
en esta Comisión de cara a apoyar la plena utilización y aprovechar al máximo el Fondo europeo marítimo y de pesca, así como todos los fondos importantes que están contemplados en ese reglamento, por ejemplo, los destinados a ayudar a jóvenes
pescadores a adquirir la primera embarcación o a recibir formación a bordo de embarcaciones de pesca artesanal. También hemos avanzado en lo referido a continuar promoviendo la igualdad de oportunidades, la igualdad de género en el sector de la
pesca y la acuicultura. En este sentido sus señorías recordarán la reciente modificación de la Ley de Pesca Marítima del Estado, que a pesar de los grandes esfuerzos que hicimos desde nuestro grupo y las importantes concesiones y transacciones en
el mejor de los casos hemos recibido de muchos de los grupos la indiferencia, por no decir la abstención, que es una forma de expresar la indiferencia. También es una forma legítima de votar, pero creo que merecía aquel apoyo porque ha sido un
importante esfuerzo de consenso el que se ha realizado desde el Grupo Popular, y también desde el Gobierno. Asimismo en el programa operativo del Fondo europeo marítimo y de pesca está incluido este objetivo de promover la igualdad de género y de
oportunidades en el sector de la pesca y la acuicultura, por lo que hay que continuar en esta línea, algo que proponemos en esta iniciativa.


En lo que atañe a favorecer la rentabilidad y a mejorar las condiciones socioeconómicas del sector pesquero, por falta de tiempo y para no extenderme solo citaré dos ejemplos. Se ha incorporado en la Ley de Pesca el concepto de
diversificación pesquera y acuícola. Les recuerdo que el capítulo 6 está dedicado exclusivamente a estas medidas. Destacaré solamente una a modo de ejemplo, el turismo pesquero o marinero, que es la primera línea de diversificación que necesita
seguir fomentándose, así como armonizar su normativa coordinada con las comunidades autónomas. El segundo ejemplo es potenciar las áreas de transformación y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas, donde también el Fondo europeo
marítimo y de pesca destina importantes cantidades. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que en este terreno son las organizaciones de productores pesqueros las que tienen un papel importante. Vamos a seguir apoyando a estas
organizaciones, y estaremos también atentos a que por parte de todas las administraciones se pongan en marcha las diversas oportunidades que ofrece la nueva política pesquera común.


En resumen, y para ir concluyendo, en la diversificación hay una gran oportunidad para aplicar los fondos comunitarios 2014-2020, aumentando —creo que es lo importante— la rentabilidad del sector pesquero. Señorías, España —lo digo con
pleno convencimiento— es un enclave único para aplicar

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actividades de diversificación pesquera, por varias razones. Tenemos una alta demanda de productos pesqueros, tenemos una gran afluencia de turismo, tenemos riqueza gastronómica, tenemos recursos naturales —un importante patrimonio
natural—, por citar solo algunos ejemplos. España es un enclave único para aplicar este tipo de políticas. Esta proposición no de ley, como he tratado de explicar aunque algunos probablemente no querrán entender, pretende respaldar al sector
pesquero y que todas sus organizaciones y las propias administraciones realicen una labor de permanente aplicación y utilización adecuada de los fondos europeos.


A esta iniciativa el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado —iba a decir una enmienda, pero no es una enmienda— un decálogo de medidas, y yo les diría que o se quedan cortos o se pasan de frenada. En la última sesión de la Comisión,
hace pocas semanas, no presentaron enmiendas a iniciativas similares a la que ahora debatimos; las descalificaron de entrada diciendo que había cosas mucho más importantes, que estaban de acuerdo con el fondo, pero que de todas maneras no iban a
apoyarlas. No sé, buscaron una serie de argumentos para acabar no apoyándolas —no les debió dar tiempo a presentar enmiendas, porque estaban preocupados por las elecciones en Andalucía—, (Rumores) y ahora presentan a esta proposición no de ley diez
puntos para modificar los cuatros que nosotros proponemos. Es decir, plantean más o menos una nueva política pesquera común: rectificar o modificar la Ley de Pesca que acabamos de aprobar aquí en el Congreso o una serie de cosas que ya están en
marcha, que ya están en ejecución, o que han sido aprobadas y ya están funcionando desde hace tiempo. Parece ser que o no acaban de encontrarse o no acaban de entender lo que debatimos, o sí, y lo único que buscan son estrategias para no apoyar las
iniciativas del Grupo Parlamentario Popular. (La señora Rumí Ibáñez: ¡Bravo!). Será su problema. Lamentamos no poder aceptar ninguna de esas enmiendas. En cuanto al resto, que a lo mejor están dispuestos a entender o apoyar la iniciativa, les
pido su apoyo; igual que al Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra doña Laura Seara por un tiempo máximo de cinco minutos.


La señora SEARA SOBRADO: Señor diputado, nos tiene aquí en carne y hueso; encontradas, porque realmente nunca nos hemos perdido. Déjeme que lo primero que le diga respecto a esta iniciativa que presenta aquí sea que constituye una
auténtica enmienda a la totalidad de las políticas que ha desarrollado el Gobierno estos años. Es verdad que oyéndole a usted dice cosas distintas a lo que después escribe y aparece plasmado en su iniciativa. Escuchándole parece que está todo
hecho y que basta solo con completar algunas cuestiones, pero si cogemos el texto vemos que realmente estamos ante una enmienda a la totalidad. Deje que le diga algo más, déjeme que le diga que tal y como hacen sus iniciativas parece que es el
propio Gobierno el que se enmienda a sí mismo. Aquí no presentan absolutamente nada que no vise y revise cien veces el Gobierno.


Señor diputado, a estas alturas hablar de fomentar la diversificación empresarial en el sector y de la disminución de descartes cuando lo marca ya la propia normativa comunitaria, qué quiere que le diga, me suena como suenan los cascabeles
en el mar, señor García Díez. Y no le digo nada respecto a fomentar la igualdad en el sector, a lo que ustedes dedican un amplio espacio en su exposición de motivos. Se lo digo porque están ustedes viviendo de las rentas. Sabe que el trabajo en
ese ámbito lo hemos hecho íntegramente desde los Gobiernos socialistas. (El señor García Díez: Seguro). Y no soy amiga de repetir esta frase, pero se lo tengo que decir aquí. Por un lado, solo en la pasada legislatura se consiguió el derecho de
las mariscadoras a coeficientes reductores en la cotización de la Seguridad Social en razón de la dureza de sus condiciones de trabajo; tuvieron acceso al reconocimiento de sus enfermedades profesionales; se puso en marcha un plan de pensiones
para que pudieran completar sus cotizaciones; se creó la red de mujeres en la pesca. Usted hace referencia a esa red, y fíjese que esa red estaba creada y yo tuve algo que ver. Se le olvidó el pequeño detalle de reconocer que efectivamente se
encontraron con esa red de mujeres en la pesca ya creada. Es cierto que quedan cosas pendientes respecto a la discriminación de las mujeres, y voy a hacer referencia a una cuestión muy concreta sobre las ayudas europeas. Sabe que los reglamentos
comunitarios establecen que la definición de pescador se asocia con un barco, por lo que las personas que trabajan en el mar y no son tripulantes o propietarios de un barco quedan excluidas del derecho a percibir subvenciones. La práctica totalidad
de estas personas, señor García Díez, son mujeres. Por tanto no pueden tener ayudas para su jubilación anticipada, de incorporación a la actividad o paradas biológicas, por ponerle un ejemplo.

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Quiero dejarle claro que el anterior Gobierno preparó un informe para las autoridades comunitarias, siendo entonces comisario de pesca don Joe Borg, quien se comprometió por escrito a que en el momento de tramitar el nuevo fondo de pesca
para el periodo 2014-2020 se tendría en cuenta esta circunstancia. Pues bien, no tenemos ningún tipo de conocimiento de que el Partido Popular mantuviera ese posicionamiento en el final de las negociaciones que le tocó llevar a cabo. Las mujeres
del mar en definitiva siguen discriminadas en los fondos europeos: las mariscadoras, las rederas, las perceberas, las empleadas de la industria auxiliar de la conserva, el congelado, etcétera.


Nosotros efectivamente —sí, usted lo ha dicho— hemos presentado una enmienda de sustitución. Cuando ustedes hicieron un brindis al sol en la pasada Comisión de Pesca con dos iniciativas para decir al Gobierno lo bien que lo estaba haciendo,
y también para decir: por favor, Gobierno de España, enséñele a los otros Gobiernos europeos, que no saben hacer las cosas, cómo hay que hacerlas —porque eso era en definitiva lo que decían—, obviamente nosotros no enmendamos esas iniciativas.
Hoy, como ustedes se quejaron tanto y tan amargamente en aquella Comisión, hemos decidido presentar una enmienda completa. Y ya que quieren ustedes enmendar la acción del Gobierno, vamos a hacerlo bien; vamos a apostar por una diversificación, por
la innovación, y por un emprendimiento eficaz en el sector pesquero.


Primero, hay que modificar la legislación en materia de representación sindical, señor García Díez, a efecto de que los trabajadores y trabajadoras del mar puedan obtener los beneficios de adscripción sindical que hasta ahora les son negados
en la práctica por la especial configuración del trabajo en el mar. Y va recogido en nuestra enmienda, no es ninguna tontería. Implica coste cero y voluntad política. Segundo, hay que revisar la actual legislación laboral, y hay que hacerlo para
adoptar medidas que mejoren las condiciones de trabajo de la gente del mar, en especial en lo referido a las condiciones de trabajo a bordo de los buques. Por lo tanto hay que derogar la última modificación legal hecha por este Gobierno para
disminuir las tripulaciones mínimas a bordo, que ponen en riesgo muchas vidas humanas en el mar. También va en la enmienda. Tercero, hay que poner a disposición del sector, conjuntamente con otras instituciones del Gobierno, otros ministerios,
dispositivos individuales de localización para los hombres y mujeres que trabajan en el mar, a efectos de su salvamento rápido. Cuarto, hay que colaborar de verdad, no solo con buenas palabras, señor García Díez, con las comunidades autónomas para
que se constituyan cooperativas. Hay que apostar por la economía social y ayudar a que se pongan en marcha proyectos de comercialización de los productos procedentes de la pesca fresca, artesanal y de litoral, porque además esta pesca incrementará
su valor e incentivará la creación de nuevas marcas de calidad, identificación de origen, etcétera, en relación con lo que se decía antes sobre la Ley de la Cadena Alimentaria; no tiene mucho que ver, pero alguna relación hay en lo que se refiere a
la trazabilidad. Quinto, hay que promover una pesca responsable. Lo hemos dicho muchas veces en esta Comisión. Mi compañera, la señora Rumí, trajo una proposición no de ley a esta Comisión de Pesca, una pesca responsable y sostenible, lo hemos
dicho muchas veces, y además con iniciativas. Y hay que hacerlo para que, en función de las competencias de cada Administración, se puedan crear nuevas áreas marinas protegidas y reservas marinas de interés pesquero, en diálogo siempre con el
sector, para generar también en la actividad sostenible un mayor valor de los productos de la pesca, y una nueva cultura pesquera que tanta falta nos hace en este país. Sexto —también va en la enmienda—, ¿queremos igualdad? Pues vamos a por ella;
modifiquemos la legislación vigente en materia de cofradías de pescadores, dialogando con estas y con las comunidades autónomas para que se comprometan a llevar la paridad a sus órganos de gobierno. En la ley gallega, que se aprobó durante el
Gobierno presidido por Emilio Pérez Touriño, esta medida estaba contemplada. Llegó el Partido Popular y derogó este punto.


El señor PRESIDENTE: Señora Seara, por favor, concluya.


La señora SEARA SOBRADO: Termino ya con el último punto, señor presidente.


En el ámbito de la igualdad también queremos una línea de ayudas específica para promover la igualdad en el sector pesquero, con medidas como la reforma de los buques de pesca.


El señor PRESIDENTE: Señora Seara, cuando este presidente esté en el uso de la palabra, le ruego que le escuche. Por favor, vaya resumiendo. Ha cumplido ampliamente su tiempo.


La señora SEARA SOBRADO: Resumo y termino, señor presidente. Es que tenía una enmienda muy amplia.


El señor PRESIDENTE: Bien, pero respete primero el uso de la palabra de esta Presidencia.

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La señora SEARA SOBRADO: Disculpe, presidente. Continúo si le parece a usted bien.


En penúltimo lugar, hay que fomentar la negociación colectiva con los distintos ámbitos de la actividad económica pesquera. Y por último, señor presidente, pedimos que se modifique la legislación en materia de despacho de buques por parte
del Ministerio de Fomento para que los buques de la pesca artesanal puedan llevar a bordo a personas ajenas a la actividad pesquera para poder realizar otras actividades.


En definitiva, estos son los nueve puntos de la enmienda. No son los nueve desconocidos, no; son nueve puntos que con voluntad política y poco esfuerzo económico podrían hoy salir adelante para ayudar a implementar una nueva cultura en el
sector pesquero, apoyando a su gente, a la innovación y a la diversificación. Esta enmienda no es un brindis al sol, señor García Díez.


El señor PRESIDENTE: Gracias. Su tiempo ha concluido.


Les ruego, señores portavoces, que colaboren con esta Presidencia. Yo no tengo prisa, pero como sigamos así, podemos quedarnos hasta que ustedes quieran.


¿Algún grupo desea fijar posición? (El señor Sanz Remón pide la palabra). Don Álvaro Sanz, tiene la palabra. Y, por favor, no sean contradictorios con los portavoces que están pidiendo que terminemos a una determinada hora las votaciones.


El señor SANZ REMÓN: Intentaré ser breve, presidente.


El Grupo de La Izquierda Plural no va a apoyar esta iniciativa por una cuestión muy sencilla: la única incorporación que propone es la que hace referencia a la pesca-turismo. El resto de medidas no dejan de ser —permítame la expresión, lo
digo con todo respeto y cariño— un brindis al sol, y en cualquier caso cuestiones que deberían ser tratadas con más determinación, como es el caso de los descartes, etcétera. La llaman de emprendimiento y acaba siendo de fomento de la iniciativa
empresarial. Hablan de emprendimiento en el ámbito de un sector en el que comprar una embarcación de diez a doce metros cuesta 100.000 euros, y una de veinticinco metros de eslora cuesta hasta 750.000, y me imagino a quiénes se refieren ustedes
cuando hablan de emprendimiento, de facilitar y fomentar la actividad empresarial y la diversificación en el ámbito del sector pesquero, pero nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo. Creemos que hay otras medidas para la incorporación de los
jóvenes o de las mujeres, tratamientos fiscales; se han dicho aquí algunas de ellas. Consideramos que hay que eliminar arrastres y hay que hacer un tratamiento de la cuota de la pesca tradicional y artesana diferenciado al que hay ahora mismo.
Creemos que hay una serie de medidas que no están contempladas en esta propuesta y que nos llevan a votar en contra.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.


¿Algún otro grupo desea fijar posición? (El señor Pérez Díez pide la palabra). Adelante, pero no me abra el debate otra vez; solo es para referirse a la enmienda.


El señor GARCÍA DÍEZ: Simplemente quiero decir que no vamos a aceptar la enmienda presentada, por las razones que he expuesto durante mi intervención, y porque algunas materias son objeto de otras comisiones.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señoría.


— SOBRE LA ACUICULTURA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003558).


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, doña Consuelo Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Comisión una iniciativa sobre acuicultura. La importancia del tema, tanto desde el punto de vista económico y de empleo como social, es evidente. Pero también
su importancia es fundamental en relación con el futuro del sector pesquero. Así lo ha entendido la nueva política pesquera de la Unión Europea. La acuicultura es necesaria para la alimentación de la ciudadanía europea, y también para garantizar
el futuro del sector pesquero. Falta ahora que esa visión se traslade a la política pesquera española.


Los socialistas planteamos esta iniciativa con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Para que no haya equívocos, no queremos que se invadan competencias; lo que queremos

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—y esto quiero que quede muy claro— es que la acuicultura tenga la atención y el apoyo que merece por parte del Estado. Y lo hemos dicho ya en alguna ocasión. Por citar la última, en la Ley de Pesca Marítima del Estado, en la que
pretendíamos que se incluyera el ámbito de la acuicultura, y como no fue posible y entendemos la importancia y la trascendencia de la acuicultura, hemos presentado esta iniciativa. Queremos fundamentalmente un marco jurídico nacional para la
acuicultura que regule, respetando las competencias autonómicas, los mecanismos de coordinación y cooperación de las administraciones competentes, la importación de especies, las titulaciones profesionales así como su régimen sancionador, y también
contemplar medidas específicas para el fomento de la acuicultura en la puesta en práctica a nivel nacional del nuevo Fondo europeo marítimo y de pesca. Todo ello, señorías, como un primer paso para impulsar este sector que consideramos esencial
para el futuro del sector pesquero español. Esta es la propuesta en síntesis. ¿La apoyarán? Nosotros creemos que deberían, pero sé por adelantado que el ministerio y el Grupo Parlamentario Popular se han convertido en un muro infranqueable al
decir que no a todas las iniciativas y enmiendas que se presentan, también en materia de pesca. Y hay temas, además del relativo a la acuicultura, que es imprescindible solucionar. Alguno lo hemos planteado incluso de forma reiterada, pero la
realidad es que no se han puesto manos a la obra para solucionarlo. Me refiero a que no están poniendo en práctica la reformada Ley de pesca marítima del Estado aprobada en esta legislatura, una ley que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo
Popular, el Grupo Socialista no apoyó en su totalidad porque creíamos que se quedaba corta, que no era ambiciosa para ir a esa sostenibilidad necesaria en el sector pesquero, aunque sí tenía aspectos beneficiosos para el mismo que no están siendo
puestos en práctica adecuadamente. Estoy pensando, por ejemplo, en la diversificación pesquera, en el tema de la flota de palangre de superficie en el Mediterráneo que, a pesar de verse obligada a parar durante cuatro meses al año, no puede recibir
ayudas desde el comienzo de esta legislatura porque no existe un plan de gestión. Otros sectores sí lo tienen. Señorías, no alcanzamos a comprender por qué esta animadversión para no hacer posible una solución que es evidente, un plan de gestión
para el palangre de superficie en el Mediterráneo. Comprenderán que me sienta muy afectada por este tema, al igual que lo están los pescadores de Almería, mi provincia, de manera significativa. Quiero referirme también con carácter general al tema
de las ayudas directas al sector que, en colaboración con el nuevo fondo marítimo europeo y de pesca, han de articularse en el nivel nacional de forma justa, equilibrada y, sobre todo, suficiente. O a las que han de darse a aquellas flotas que como
consecuencia de la suspensión o de la no celebración de acuerdos entre la Unión Europea y terceros países se ven obligadas a parar. Me refiero también a una verdadera defensa de la pesca artesanal, un arte de pesca que en algunas zonas de España,
en especial en mi provincia, Almería, tiene una importancia que no se puede desconocer y que por definición es plenamente respetuosa con el medio ambiente. Por ello, hay que darle el tratamiento que se merece, defendiendo una definición de pesca
artesanal que abarque a toda la flota, por supuesto a toda la flota almeriense, independientemente de su tamaño, que utiliza toda ella artes menores, que en ningún caso realiza pesca de carácter industrial y que respeta el medio marino.


Otro ejemplo es el tratamiento que su Gobierno está dando a las almadrabas de Cádiz. Han eliminado el observatorio científico. No han sabido defender los intereses de los almadraberos en la negociación de las cuotas de atún rojo y no
contribuyen a solucionar el conflicto laboral que se vive en la almadraba Lances de Tarifa mediante un reparto más adecuado del fondo de maniobra; una situación que está creando verdaderas tragedias en un tema tan delicado en el que ustedes,
insisto, no se ponen manos a la obra, como en tantos otros en los que tampoco se ponen manos a la obra. En definitiva, este Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que lo sostiene están muy poco preocupados por los problemas que realmente afectan
al sector pesquero, al que tienen la obligación de dar una respuesta y no lo hacen, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Es un incumplimiento más del Gobierno del señor Rajoy, en este caso con el sector pesquero español que tanta ayuda
necesita. El Gobierno no está a la altura de las circunstancias que necesita este sector. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no hay enmiendas. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posición.


Tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Seré muy breve. Simplemente para anunciar nuestro voto favorable porque fue la posición que mantuvo este grupo durante el debate de la ley de pesca con respecto a la introducción de la acuicultura en el marco de ese
debate legislativo. Nosotros exigíamos que hubiera un marco

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legislativo específico para la acuicultura porque entendemos que son cuestiones con problemáticas diferentes. Por tanto, coherentemente, vamos a apoyar esta propuesta.


El señor PRESIDENTE: Don Marc Solsona, por favor.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Compartimos en general las propuestas que plantea el Grupo Parlamentario Socialista sobre acuicultura, principalmente en el punto 2, en relación con las ayudas económicas suficientes para el fomento real de la
acuicultura medioambientalmente sostenible. En relación con el punto 1, a pesar de que la propia iniciativa establece que el proyecto de ley de acuicultura se elaborará con respeto pleno a las competencias de las comunidades autónomas, en Cataluña
tenemos competencias exclusivas en este tema y, por tanto, no requerimos un proyecto de ley en este campo. Nuestro voto será la abstención.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Insua.


El señor PÉREZ INSUA: Señorías, compartimos que la acuicultura contribuye de manera efectiva a la utilización eficaz de los recursos naturales, a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico, con un limitado y controlable impacto
sobre el medio ambiente. La pesca extractiva está lastrada por los topes de capturas impuesto a las principales flotas como las europeas y por el control de las biomasas de las principales especies comerciales que han de garantizar la
sostenibilidad de los recursos. Este factor, así como el precio más competitivo de algunas especies, ha disparado la cuota de productos de cría en cautividad. La producción de pescado marino de crianza en España, que tuvo un incremento constante
hasta 2008, se estancó en una producción en torno a 48.000 toneladas, muy distante de los objetivos fijados por el Gobierno socialista cuando asumió el poder de alcanzar progresivamente las 100.000 toneladas en 2015, rebajando en su segundo mandato
la cifra a 70.000 toneladas, para luego situarnos la realidad al finalizar la legislatura en cifras inferiores a las de 2008. La falta de apoyos al sector hizo que las empresas optaran por realizar sus inversiones fuera del territorio nacional, tal
y como sucedió con la macroplanta que Pescanova intentó realizar en cabo Touriñán y que acabo en Mira, Portugal, dejando bien a las claras que para el Gobierno socialista la acuicultura era un tema menor o, cuando menos, no un tema de mayor interés.
Esta apreciación no es un reproche sin fundamento. La escasa participación del Gobierno de entonces en la preparación de la reforma de la política pesquera común quedó reflejada en su Libro verde, que trataba a la acuicultura de forma secundaria y
lateral, no siendo esto motivo de queja por parte del Gobierno español de entonces. Por el contrario, las cosas cambian sustancialmente con la participación del Gobierno del Partido Popular en el proceso negociador de la reforma. El Reglamento
1380/2013 sobre la política pesquera común ha mantenido como uno de sus objetivos la explotación sostenible de la acuicultura, dando igual tratamiento a la actividad de la pesca extractiva como a la acuicultura. El Reglamento 508/2014, relativo al
Fondo europeo y marítimo de la pesca incorpora la acuicultura como una de las actividades financiables, y el Reglamento 1379/2013 establece la organización común de mercados en el sector de la pesca y la acuicultura. Con este marco legislativo la
acuicultura dispone de todos los elementos para iniciar un despegue que permita alcanzar los objetivos planteados. Por otro lado, dando cumplimiento a la exigencia comunitaria, el pasado año se aprobó el Plan estratégico plurianual de acuicultura
española 2014-2020, que parece ignorar el Grupo Parlamentario Socialista y que se puede consultar en la página web del ministerio. Se ha estructurado en torno a cuatro objetivos estratégicos coincidentes con las directrices estratégicas para el
desarrollo sostenible de la acuicultura de la Unión Europea. Esto son, simplificar y homogeneizar el marco legal y administrativo e incrementar la producción acuícola española por la mejora de la planificación sectorial y la selección de nuevas
zonas de interés acuícola, reforzar la competitividad del sector a través de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación y reforzar los aspectos vinculados con la transformación y comercialización de los productos acuícolas. En
conclusión, tanto el Plan estratégico plurianual 2014-2020 como el programa operativo serán los instrumentos que permitan el desarrollo armónico y sostenible de la acuicultura a lo largo del territorio nacional.


Como saben, el desarrollo del sector de la acuicultura es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. El papel que se reserva la Administración General del Estado es de coordinación a nivel nacional. Es una contradicción lo
expuesto en la proposición no de ley socialista en cuanto a que se hace imperiosa la elaboración de una ley en el marco de las competencias del Estado siendo plenamente respetuosa con la competencia exclusiva que ostentan las comunidades autónomas.
Yo pediría al Grupo

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Socialista que retirara su proposición no de ley por estar fuera de la realidad. Ni es necesaria una ley urgente ni nadie la demanda.


El señor PRESIDENTE: Don Antonio, por favor, vaya terminando.


El señor PÉREZ INSUA: Concluyo, señor presidente, diciendo que el apoyo a la acuicultura está garantizado en el diseño planteado por el Gobierno, que responde al modelo promovido por la Unión Europea y en el que han participado todas las
comunidades autónomas, los interlocutores económicos y sociales del sector pesquero y acuícola, grupos de acción costera, Instituto de la Mujer, etcétera, que, afortunadamente, está estimulado por la cuantía de los fondos comunitarios a disponer
hasta 2020. Mi preocupación no es, por tanto, instar al Gobierno con las peticiones presentadas por innecesarias unas y por ya realizadas otras, sino apoyar al sector, al objeto de facilitarle el uso de los fondos que el Gobierno ha puesto a su
disposición para que la acuicultura acabe teniendo el peso que corresponde en un país como el nuestro. (Aplausos).


— RELATIVA AL FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO NATURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003608).


El señor PRESIDENTE: Último punto del orden del día, proposición no de ley relativa al fomento de la responsabilidad social corporativa de las entidades privadas para la conservación de nuestro patrimonio natural.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz don Teófilo de Luis.


El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Parece que el planteamiento que hago es un tema muy obvio, por lo que espero no tener que profundizar demasiado para convencer a los grupos que nos acompañen en la votación de la iniciativa que hoy sometemos a
consideración de esta Comisión.


Creo que todos podemos coincidir en que el patrimonio natural de España es muy importante y merece todo el esfuerzo para mantenerlo y conservarlo en las mejores condiciones para transmitirlo a las generaciones futuras. ¿Por qué ocurre así?
Por la posición geográfica que tiene nuestro país; por la variedad de climas —tenemos desde el frío húmedo con verano caliente hasta el clima desértico— como consecuencia de que tenemos un régimen de precipitaciones muy variado, siendo en la cuenca
norte muy intensas, en las zonas montañosas de tipo medio y en la cuenca mediterránea muy escaso; también tenemos una enorme variedad de suelo, desde suelo muy rico en carbono hasta suelo muy pobre. Todo esto da lugar a un entorno de una gran
riqueza.


De los 175 hábitats que se definen en la directiva comunitaria, en España tenemos más del 65 % de ellos. Si nos fijamos en la flora, España cuenta con más de 8.000 especies de plantas vasculares y si tenemos en cuenta los animales que
habitan en el entorno al que me estoy refiriendo, es decir, la fauna, podemos afirmar sin lugar a dudas que existen más de 1.060 vertebrados, de los cuales 665 son terrestres, lo que indica claramente que tenemos una gran variedad. Es muy
conveniente señalar algo que es evidente, y es que España es una zona clave para el movimiento migratorio de muchas especies, especialmente aves, dada la situación de nuestro país, que pudiéramos decir que es el sur de Europa y el norte de África.
Esta enorme riqueza, esta ingente variedad de entornos y la importante cantidad de especies da lugar a que, por ejemplo, como dato destacado, la superficie forestal de España puede superar fácilmente los 13 millones de hectáreas. Los espacios
protegidos consecuencia de esta enorme riqueza que hoy quiero destacar pueden hacer que en el conjunto de superficie terrestre más de 3 millones de hectáreas tengan un cierto nivel de protección, más de 67.000 hectáreas en la superficie marina y en
cuanto a humedales que requieren un nivel especial de protección hay más de 158.000 hectáreas. Hay otro elemento que es conveniente incorporar en este desarrollo y es que nuestros recursos hídricos, tan necesarios para el desarrollo del entorno
natural y de la actividad en el medio rural, han sido muy escasos. Nuestra infraestructura hídrica tanto de almacenamiento como de transporte requiere un esfuerzo de conservación y también podríamos meterla en todo este paquete.


Este importante patrimonio tiene ciertos factores de riesgo, algunos de ellos por causas naturales, como puede ser un relieve accidentado, precipitaciones irregulares e intensas en determinados momentos y unos suelos pobres y de fácil
degradación, lo que conduce todo ello a una importante erosión. No hay que olvidar que a los factores que contribuyen al deterioro de este patrimonio natural se une el uso

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inadecuado del entorno por parte del ser humano, como es la deforestación, incendios forestales siempre que sean causados, pastoreo abusivo y algo que es importante que quede reflejado en el «Diario de Sesiones» y es la inadecuada
conservación de terrenos que se abandonan, bien sean terrenos de labor o terrenos forestales.


Una vez hechas todas estas reflexiones, es muy conveniente señalar que el Gobierno tiene un claro compromiso con la conservación del patrimonio. A partir del año 2013 se impulsa la iniciativa española de empresa y biodiversidad y dentro del
pacto de biodiversidad existen ya unas aportaciones de agentes económicos y empresas privadas para la conservación del medio natural. Se están desarrollando determinados proyectos para la conservación como, por ejemplo, uno de fauna y otro de
flora; uno para la difusión de los parques nacionales y otro para la conservación del urogallo. También es muy importante destacar el esfuerzo que se está realizando para poner en marcha los bancos de conservación.


Esta iniciativa que hoy traemos, por ser evidente, no es en absoluto innecesaria porque lo que realmente mi grupo quiere proponer a la Comisión es, por un lado, la necesidad de ser muy sensibles con la conservación y con el mantenimiento de
nuestro patrimonio y, por otro, queremos que desde la Comisión surja un compromiso claro con el patrimonio natural de España, un compromiso claro con la conservación del mismo, así como hacer un llamamiento para la convocatoria de los agentes de la
sociedad civil, de la economía privada, para la conservación de uno de los grandes activos de nuestro país. Estoy seguro que, por obvia, la proposición no de ley contará con el apoyo de muchos de los grupos que se encuentran en la Comisión.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se han presentado enmiendas.


¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa). Don Álvaro Sanz, por el Grupo de La Izquierda Plural.


El señor SANZ REMÓN: Seré breve, señor presidente.


La Izquierda Plural no va a apoyar esta iniciativa porque cuando el portavoz del Partido Popular habla de obviedad en materia de conservación del patrimonio natural nos ponemos a temblar. Además, en este caso toca aplicar el principio de
precaución para con esa vocación que tienen ustedes de conservar el patrimonio natural.


Ustedes entienden la relación entre la economía del medio natural y el medio ambiente desde la explotación de la primera sobre el segundo. Nosotros consideramos que lo que hace falta es un cambio de modelo económico que pasa por una
reconversión ecológica de la economía. Ha hablado usted de los incendios; pues yo le voy a citar alguna de sus leyes como, por ejemplo, la ley de montes que debatiremos mañana, la Ley de Costas, la Ley de Parques Nacionales, la Ley del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad. Las reformas de todas ellas nacen con la vocación de vincular y explotar económicamente el patrimonio natural, en algunos casos joyas naturales de nuestro país. No es ni el 40 % ni el 60 % de la economía, señor
portavoz del Partido Popular, la que está vinculada con la biodiversidad, es el cien por cien, y hasta que no cambiemos la mentalidad y la manera de entender esto vamos a estar equivocados y vamos a caminar en la línea incorrecta.


No confiamos en la vocación del Partido Popular en esta materia. Ustedes hablan siempre de conservar cuando realmente de lo que hablan es de explotar. Ahí no nos van a encontrar. Si siguen haciendo su trabajo —porque eso de la obviedad no
deja de ser más que hacer su trabajo— no pondremos pegas, pero ser cómplices —con la cautela con la que utilizo esta palabra— de apoyar una iniciativa que luego acabe siendo otra totalmente contraria, evidentemente, no va a contar con el apoyo de La
Izquierda Plural.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Martí Barberà, por el Grupo de Convergència i Unió.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Sin duda, las empresas y entidades privadas, al igual que las que no lo son, tienen una responsabilidad social derivada del impacto que su actuación tiene en la sociedad. Para asumir plenamente esta
responsabilidad social, las empresas deben aplicar, en estrecha colaboración con las partes interesadas, un proceso destinado a integrar las preocupaciones sociales, medioambientales y éticas, el respeto de los derechos humanos y las preocupaciones
de los consumidores en sus operaciones empresariales y su estrategia básica. Evidentemente, las preocupaciones medioambientales, el logro de un desarrollo humano social y económico sostenido pero también sostenible está presente en la sociedad, en
los principios y objetivos deseados por muchos ciudadanos, y debe estar también integrado cada vez en mayor medida en las organizaciones y entidades de esta sociedad. La adecuada conservación de nuestro patrimonio natural es una necesidad y una
obligación fundamental

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para conseguir mejorar nuestro desarrollo. Si las empresas y entidades privadas con su actuación producen un impacto en este patrimonio natural, son y deben ser a todos los efectos responsables ante la sociedad de ese impacto. (La señora
vicepresidenta, Falcón Dacal, ocupa la Presidencia).


En este contexto, con estos parámetros y valores, una mejora de la competitividad de las empresas puede estar asociada a un enfoque estratégico sobre responsabilidad social corporativa o de las empresas desde el punto de vista de gestión de
riesgos, ahorro de costes, acceso al capital, relaciones con los clientes, gestión de los recursos humanos y capacidad de innovación. Un enfoque estratégico de responsabilidad social de las empresas puede permitir a las mismas anticiparse a las
regulaciones gubernamentales, a las nuevas tendencias y expectativas sociales en un contexto de cambio profundo y acelerado.


Señorías, este sería nuestro enfoque y es lo que estamos describiendo ante la proposición no de ley del Partido Popular. Por eso, después de oír al portavoz del Partido Popular, y realmente compartiendo un poco la opinión del portavoz de La
Izquierda Plural, nos comprometemos ante esta Comisión a presentar una proposición no de ley para que el Partido Popular se comprometa a su vez en esta línea y podamos llegar a acuerdos y acciones concretas a través de las cuales el grupo
parlamentario pueda instar al Gobierno a conseguir esos objetivos a los que, sin concretarlos, se ha referido el portavoz del Partido Popular. Recordemos que el Gobierno aprobó la estrategia española de responsabilidad social de las empresas
2014-202 y uno de sus apartados está dedicado al medio ambiente. Nosotros creíamos que el portavoz del Partido Popular concretaría y avanzaría en este sentido y no sería tan generalista en su proposición. Tenemos que apoyar esta proposición, pero
con el compromiso de presentar una iniciativa a la que el Grupo Parlamentario Popular pueda unirse y concretar esta filosofía que hoy ha descrito.


La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alegría Continente.


La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señor diputado del Partido Popular, mientras le escuchaba, pensaba que si estuviera aquí mi sobrino le agradecería la clase de conocimiento del medio que ha realizado en su exposición, pero es que esta
proposición no de ley es bien distinta porque, sinceramente, creo que lo que su grupo debía haber planteado hoy en esta Comisión es una proposición distinta; debería haber traído una propuesta relativa al fomento pero de su responsabilidad en lo
que a conservación del patrimonio natural se refiere. Porque si hacemos un repaso de lo que el Partido Popular ha hecho en materia medioambiental durante esta legislatura, hay motivos más que suficientes como para sonrojarse con el destrozo que ha
realizado. En primer lugar, a diferencia de lo que cualquier Estado hace protegiendo los recursos naturales, bienes públicos por excelencia, ustedes han decidido relegar en unos casos y malvender en otros nuestro capital natural más valioso,
privando a los ciudadanos de unos bienes cuyo disfrute les correspondería en términos de igualdad, cediendo su tenencia y en la práctica su propiedad exclusiva a aquellos privilegiados cuya capacidad económica o proximidad al Gobierno les sitúa por
encima de los demás. En segundo lugar, en solo tres años las decisiones que ha tomado el Gobierno del Partido Popular han hecho retroceder a España cuatro décadas en materia medioambiental (Varios señores diputados: ¡Hala!), demostrando un enorme
desprecio hacia la comunidad científica, eliminando cualquier cauce de participación ciudadana y en contra… (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): Disculpe, señora Alegría. Por favor, bajen el tono de voz para que pueda continuar la señora diputada.


La señora ALEGRÍA CONTINENTE: … de cualquier iniciativa parlamentaria de los partidos de la oposición. España es el único país del mundo que desde hace tres años viene aplicando una moratoria contra las energías renovables, junto con una
fiscalidad disuasoria para estas tecnologías. La Unión Europea, como saben, ha dado ya varias llamadas de atención a este Gobierno sobre esta cuestión, y así podríamos relatar un sinfín de aspectos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Señorías, en su programa electoral de 2011 encabezaban la cuestión medioambiental con el siguiente título: Asegurarnos el porvenir. Y tres años más tarde podríamos preguntarles: ¿De quién? ¿De quiénes? Lo digo porque se han empleado a
fondo en el desmantelamiento de la legislación ambiental aprobada por los Gobiernos socialistas, ya lo ha dicho mi compañero Álvaro Sanz: Ley de Costas, Ley de Evaluación Ambiental, Ley de Responsabilidad Ambiental o la Ley de Parques Nacionales.
Ustedes no son creíbles y, si me apuran, en materia medioambiental mucho menos, porque con ustedes hemos podido comprobar

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con claridad cómo ese convencimiento de la derecha española que dice que la variable ambiental no puede frenar el desarrollo económico se ha hecho más evidente que nunca. El Ejecutivo de Rajoy ha pasado del principio que inspira la
legislación comunitaria de que el que contamina, paga, a que quien paga, contamina. (Rumores). Eso es, señorías, lo que ustedes han hecho en estos años. Quizá les resulte bonita la frase a los diputados del Partido Popular; a nosotros, no.
Ahora presentan una iniciativa en la que destacan la importancia de la biodiversidad y de nuestro patrimonio natural cuando han tocado hasta los espacios protegidos más importantes, como son los parques nacionales. Repito, no son creíbles y más
cuando, como ya he dicho, han modificado toda la legislación medioambiental sin consenso social ni político. No deja de ser irónico que con tales precedentes vengan ustedes a esta Comisión a hablar de responsabilidad social, de compromiso con la
naturaleza o de desarrollo económico sostenible; por no hablar del texto de su proposición, donde, por otro lado, no dicen nada sobre de qué colaboración están hablando, en qué términos, cómo, cuándo. Esa indefinición nos preocupa porque creemos
volver a ver en este texto su intención verdadera, que es poner el patrimonio de todos en manos de unos pocos y ahí nosotros no vamos a estar de ningún modo. Por tanto, nuestro voto va a ser en contra de esta propuesta. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Están todos los grupos presentes, por lo que podemos proceder a la votación pero antes, señorías, quisiera comentarles que después de las votaciones correspondientes a la sesión del día de hoy, como recordarán, hay
reunión de Mesa y portavoces, que ha sido convocada con el fin de ordenar el debate para la próxima Comisión, que se celebrará el jueves día 23, para que los altos cargos comparezcan y respondan a las preguntas escritas que no han sido contestadas
en plazo y que se han convertido en preguntas orales. Ruego a los señores portavoces que se queden al finalizar la sesión.


Procedemos a la votación de la proposición no de ley sobre la construcción de un embalse en el río Bergantes. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. No ha sido aceptada ninguna enmienda, por lo que se
procede a la votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar ahora la proposición no de ley en relación con el sector lácteo, con la autoenmienda que ha presentado el propio grupo proponente, el Grupo Socialista. No ha sido admitida la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, por tanto, sometemos a votación el texto con la autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley relativa a la diversificación y emprendimiento del sector pesquero, a la que se había presentado una enmienda del Grupo Socialista que no ha sido aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, por lo tanto,
sometemos a votación la iniciativa en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Vamos a someter a votación la proposición no de ley sobre la lucha contra la plaga del caracol manzana, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que no ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Por
tanto, se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación la proposición no de ley sobre la acuicultura, a la que no se ha presentado ninguna enmienda, por tanto, se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, sometemos a votación la proposición no de ley relativa al fomento de la responsabilidad social corporativa de las entidades privadas para la conservación de nuestro patrimonio natural, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, que se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.