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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 781, de 09/04/2015
cve: DSCD-10-CO-781
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 781
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK
Sesión núm. 34
celebrada el jueves,
9 de abril de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
(Número de expediente 121/000127) ... (Página2)
Emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
(Número de expediente 121/000127) ... (Página2)
Corrección de error ... (Página16)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, quiero proponer a la Comisión y si les parece bien lo aprobaremos por asentimiento que los puntos 1, 2 y 3
del orden del día, que corresponden a preguntas escritas transformadas en orales, queden aplazados y se incorporen al orden del día de la próxima sesión de esta Comisión. (Pausa). Se da por aprobado.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
(Número de expediente 121/000127).
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar, si le parece bien a la Comisión vamos a ratificar la ponencia designada para informar el proyecto de ley que hoy es objeto de debate. (Pausa). Lo damos por ratificado.
EMITIR DICTAMEN A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1980, DE 22 DE SEPTIEMBRE, DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
(Número de expediente 121/000127).
El señor PRESIDENTE: Pasamos por lo tanto al objeto de esta Comisión, que es el debate de las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Vamos a seguir el orden habitual, es decir, intervendrán los grupos de mayor a menor, cerrando el Grupo Parlamentario
Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, para la defensa conjunta de todas las enmiendas que cada grupo haya presentado, y su posicionamiento sobre las mismas. Por lo tanto, en primer lugar y para la defensa de las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Como bien ha leído usted debatimos hoy una ley orgánica que modifica dos leyes, la Lofca y la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, aunque bien es verdad que después de las enmiendas que ha
presentado el Grupo Popular y que suponemos como suele ocurrir que se aprobarán, realmente tendrían que haber presentado una que modificara el título, porque después de esas enmiendas se modifican al menos cinco leyes.
Según la exposición de motivos esta ley se presenta con el objetivo de garantizar una adecuada financiación de los servicios sociales y la consolidación fiscal. La exposición de motivos dice eso, pero ocurre muchas veces que luego como
pasa aquí también el articulado de la ley no tiene ningún artículo que vaya en esa dirección, porque el articulado persigue más bien aumentar el control sobre las comunidades autónomas, y recortar su autonomía financiera y de gestión, sobre todo si
tenemos en cuenta esas enmiendas del Grupo Popular.
Ciñéndonos en primer lugar al proyecto de ley quedó claro ya en el debate de totalidad en Pleno que el mismo ni gustó ni convenció a nadie, excepto al señor Matarí, que fue quien lo defendió; que las modificaciones propuestas no iban a
solucionar los problemas de financiación de las comunidades autónomas ni iban a facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit sin recortar más el Estado del bienestar, porque quedó claro también por todos los grupos que lo que tendría que hacer
el Gobierno era comenzar de una vez la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque no van a facilitar el cumplimiento del objetivo de déficit atando más a las comunidades autónomas, porque precisamente el objetivo de
déficit no se cumplió en 2012 ni en 2013, a pesar de los drásticos recortes que se produjeron en el Estado del bienestar, pero no se cumplió fundamentalmente por la Administración central, que fue la que se desvió más de ese objetivo de déficit.
Ahora en 2014 tampoco se cumplirá, y precisamente las culpables de que no se cumpla serán las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular; así que el problema está en la Administración central, que gobierna el Partido Popular, y
en las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular, y por tanto ahí tendrían que hacer alguna reforma.
En su presentación el ministro Montoro no aclaró muy bien por qué presentaba esta modificación de las leyes, pero sí se explayó hablando de la buena marcha de la economía, de que la economía en España crece, de que el empleo crece, pero se
olvidó de decir que realmente nos hemos aproximado a los objetivos de déficit y que la economía española está creciendo porque la Unión Europea relajó esos objetivos de déficit, que desde luego el señor Montoro no estaba dispuesto a pedir a la Unión
Europea ni por supuesto el señor Rajoy. También ha mejorado la marcha de la economía, no solo en España sino en toda Europa, por el cambio en la política monetaria que ha llevado a cabo la Unión Europea. La economía española crece, pero crece mal,
aunque tampoco dijo el señor Montoro eso, y crece mal porque no se mejoran las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Lo que sí crece con el Gobierno del Partido Popular son los beneficios de las empresas del IBEX, y a mí me parece bien, pero
deberían crecer todas. Crece también casi sin medida la deuda pública hasta el 97,7% del PIB; crece la desigualdad; crecen los desempleados sin prestación; crece el número de jóvenes que emigran; crece el desempleo juvenil, y a pesar de que
ahora ha decrecido el desempleo, el desempleo juvenil ha crecido, y crece la precariedad de los puestos de trabajo. El objetivo quién nos lo iba a decir que ahora se plantea el presidente del Gobierno es llegar a la tasa de paro que dejó el
presidente Zapatero. Ese es el gran objetivo del Gobierno del Partido Popular, ya lo han oído ustedes. Lo que desde luego no va a conseguir es la calidad en el empleo que había con el Gobierno del señor Zapatero.
Centrándome ya en las enmiendas a esta ley hemos presentado ocho enmiendas, aludiré solo a algunas, porque no quiero dejar de hablar de las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular. En general nosotros no hemos enmendado las mejoras
técnicas que contiene el proyecto de ley, y proponemos que se derogue lo que han añadido. Por ejemplo, en la enmienda 57 pedimos que se derogue el apartado 6 del artículo 14 de la Lofca, donde dice que las comunidades autónomas deben reducir el
riesgo y coste que asumen en la concesión de avales, reavales, etcétera, porque es un artículo impreciso. ¿Qué es eso de que reduzcan el riesgo? ¿En qué cuantía? ¿Relacionado con qué? Además supone una nueva obligación a las comunidades
autónomas. La enmienda 58 igualmente propone suprimir el apartado 5, que se incorpora a la disposición adicional octava de la Lofca. Consideramos que la posibilidad que plantea de retener recursos a las comunidades autónomas para que el Estado
pague directamente a las entidades locales puede ser contraria incluso a la Constitución española, que otorga autonomía a las comunidades autónomas para la gestión de sus propios intereses; puede ser contraria también a estatutos de autonomía de
las comunidades autónomas, y desde luego es contraria al Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en su artículo 175.2 establece que la comunidad gozará de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias. Si el Estado va a
ser el que priorice el pago de las obligaciones a las entidades locales sobre otros que tengan priorizados la comunidad autónoma parece que está en contra de la Constitución española y de los estatutos de autonomía. Además de alguna forma el Estado
le está dando categoría de deuda pública a la deuda de las comunidades autónomas con las entidades locales, y eso conllevaría modificar el artículo 135, puesto que no se considera deuda pública la deuda con las entidades locales. Por estas razones
nosotros creemos que debe desaparecer ese apartado 5. Por otra parte y porque lo ha sufrido alguna comunidad en la enmienda 56 planteamos que el Estado tenga un plazo para responder a una solicitud de autorización de endeudamiento con entidades
del extranjero. No hay plazo, y ya ha pasado en alguna comunidad que tenía operaciones de crédito con el extranjero en muy buenas condiciones, que el Estado sencillamente no contesta, y no se puede acceder. Nosotros consideramos que si no contesta
en dos meses se debe dar por autorizado.
Destacaría también y este es el quid de la cuestión la enmienda 61, porque evitaría muchos de los parches que se vienen poniendo a la financiación de las comunidades autónomas. La enmienda 61 propone añadir una disposición adicional para
instar al Gobierno a ponerse a trabajar ya, sin perder tiempo, y diseñar un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, abordando a fondo el problema de la sostenibilidad de las cuentas de las comunidades autónomas y del Estado del
bienestar, que han devaluado tanto en estos últimos años. Esto evitaría una modificación detrás de otra de la Lofca y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y evitaría la creación de un fondo de financiación detrás de otro. Esta es la forma de
atar corto a las comunidades autónomas que prefiere el Gobierno. El Gobierno, con la creación de tantos fondos y de tantas condiciones para quien acepte esos fondos, está llevando a cabo una recentralización de las competencias. Es el Estado el
que financia a las comunidades autónomas a un bajo coste, y a cambio pide excesivas condiciones. Por lo tanto consigue un nivel de control de las
comunidades autónomas importante. Nosotros pensamos que en lugar de hacer esto de una forma unilateral sería necesario afrontar ese cambio de la financiación de las comunidades autónomas, y además que lo inicie inmediatamente. Si no lo ha
hecho con la mayoría absoluta que tiene el Gobierno en esta legislatura no entiendo cuándo lo va a hacer. Nosotros creemos que lo debería iniciar rápidamente, porque si no lo inicia pronto será una de las primeras actuaciones que ponga en marcha el
Gobierno socialista en la próxima legislatura. (Rumores). No se rían, que luego les pasa lo que les pasa.
No quiero acabar sin referirme a las enmiendas del Grupo Popular a este proyecto de ley. En primer lugar, la enmienda 83 que modifica la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica. Reconoce así el Gobierno el fracaso que ha supuesto
la aprobación de esta ley. Pero ahora obliga, vía enmienda, sin posibilidad de debate, a que las administraciones acepten las facturas que los proveedores presenten en el punto de entrada del Estado. Esto va a distorsionar el cálculo de los
tiempos medios de pago para las comunidades autónomas. Una vez más el Gobierno interfiere en esas competencias, y además fija por ley que en las comunidades autónomas solo pueden ser rechazadas las facturas que incumplan los requisitos previstos en
esta ley, es decir, está hurtando a las comunidades autónomas la posibilidad de poner requisitos a las facturas que puedan ser fundamentales para su gestión y para su eficiencia. Por lo tanto votaremos que no también a esa enmienda. Igualmente voy
a pedir que alguna de estas enmiendas las retire el Grupo Popular; a lo mejor lo tiene a bien.
Mención muy especial creo que merecen las enmiendas 87 y 88. No sé si diré algo nuevo que no haya dicho ya toda la prensa. Me parece escandalosa cuando menos la forma que utiliza el Gobierno para intervenir en la gestión de las comunidades
autónomas en materia sanitaria, para ejercer el control sobre la gestión sanitaria de las comunidades autónomas. El Gobierno utiliza la vía de la enmienda a un proyecto de ley que es ajeno a la sanidad, impone una serie de obligaciones y
condiciones sin contar con las comunidades autónomas. Ni siquiera lo ha informado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y si mal está la forma, que lo está, peor está el fondo porque el Gobierno conoce perfectamente que el
sistema sanitario está infrafinanciado. Eso ha sido aceptado en Conferencia de Presidentes, donde las comunidades autónomas gobernadas por el PP han estado también representadas, aunque el presidente de la nación no fuera del PP. Se reconoció que
está infrafinanciado y requiere financiación ajena. Eso lo sabe el Gobierno y aun así pone en marcha un fondo y le llama instrumento de apoyo a la sostenibilidad, que será una especie de flash sanitario, y dice que quien necesite financiación, es
decir, todas las comunidades autónomas, tendrán que someterse a las condiciones que pone el Gobierno. Esas condiciones son fíjense que el gasto sanitario, a ejercicio cerrado, no aumente más que el crecimiento del PIB nacional a medio plazo. No
tiene ningún sentido que se ligue la financiación de cada comunidad autónoma del sistema sanitario con el crecimiento del PIB nacional. Pero es que además en épocas de recesión castigamos a la financiación del sistema sanitario. Las comunidades ya
tienen que cumplir una regla de gasto, ¿por qué pone el Gobierno una regla de gasto específico al sistema sanitario? Pero si alguna comunidad supera un poco esa tasa la comunidad no podrá entonces aprobar la cartera de servicios complementaria.
Ahí está el quid de la cuestión, porque el Gobierno no soporta que las comunidades autónomas tengan la libertad de aprobar su cartera de servicios complementaria. Es más, a pesar de que algunas comunidades autónomas tengan la cartera de servicios
complementaria más amplia de España, como ocurre en Andalucía, y tengan el gasto sanitario per cápita más bajo de toda España, eso no lo puede soportar el Gobierno del Partido Popular tratándose, además y especialmente, de Andalucía, con la fijación
que tienen con ella.
Todo esto se le ocurre al Gobierno para mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario. Lo que realmente se le ocurre es recortar el gasto y cortar la capacidad de las comunidades autónomas para establecer sus políticas propias. Por eso
yo creo que la barbaridad es tal que el ministro porque esto lo conocía ya cuando presentó la ley en el Pleno, seguramente esto no se le habrá ocurrido anteayer a un diputado del Partido Popular sin hablar con el Gobierno no se atrevió a decirlo
en el Pleno. Esto se ha hecho de tapadillo, por la puerta de atrás ha metido este control del sistema sanitario en las comunidades autónomas. El Gobierno lo que tiene que hacer para atender ese requerimiento de la Unión Europea para mejorar la
eficiencia del gasto sanitario es apostar por medidas innovadoras en la gestión, la puesta en marcha de buenas prácticas en vez de recortar el sistema sanitario. Es verdad pasó antes que cuando se nombra a Andalucía el Grupo Popular se remueve un
poquito, pero la subasta de medicamentos que tanto han perseguido contribuye a mejorar la financiación del gasto farmacéutico; las recetas por principio activo, que ya se están ustedes convenciendo de que es buena, ha hecho a Andalucía ahorrar mil
millones
de euros en diez años, y como he dicho antes Andalucía tiene la cartera de servicios complementaria más amplia de España y el gasto sanitario per cápita más bajo de España.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo, señoría.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Termino ya.
Con este control que el Gobierno pretende introducir se ponen en riesgo todos estos logros. Por eso nosotros consideramos que el Grupo Popular debería retirar estas enmiendas, hacer partícipes a las comunidades autónomas, y debatir las
modificaciones que sean necesarias.
También votaremos en contra de la ley porque consideramos que agrede a las comunidades autónomas, que es intervencionista, que pretende recortar la autonomía de las comunidades autónomas, y lo que sí deja claro es que el Gobierno no se cree
el Estado de las autonomías.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, mi grupo parlamentario inició la tramitación de este proyecto de ley orgánica que hoy debatimos en esta Comisión con la presentación de una enmienda a la totalidad, y el sentido de la enmienda podíamos
llamarlo estructural por cuestiones que hemos venido denunciando en esta legislatura de forma reiterada. El sistema de financiación autonómica debe ser modificado; debía serlo el año pasado y no lo fue. El Gobierno ha preferido financiar de forma
extraordinaria a las comunidades autónomas a través de préstamos y créditos, en demérito y lo afirmo en contra de lo previsto en la Ley de Financiación, en lugar de hacerlo de forma ordinaria a través de un nuevo sistema de financiación. Esas
consideraciones no obstaban para que desde una perspectiva a corto plazo pudiéramos valorar de forma positiva algunas de las medidas contenidas en el proyecto de ley orgánica. Por ejemplo, la articulación de mecanismos para garantizar la
financiación de servicios sociales que venían siendo financiados por los entes locales, o también, por ejemplo, perfeccionar el sistema de liquidez que vienen percibiendo las administraciones territoriales. Pero todo ello solo porque no se acomete
lo que debe acometerse, que no es otra cosa que la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, repito que de forma ilegal, incumpliendo el plazo de vigencia del ya caducado sistema de financiación que previene la misma Ley
Orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
En el debate de totalidad manifestamos una preocupación muy puntual, pero de suma importancia para Convergència i Unió, que es la que ha quedado recogida en las enmiendas 65 y 67, y que no es otra que la aplicación estricta del contenido del
proyecto de ley orgánica conlleva una rigidez muy elevada para el normal desarrollo del trabajo que llevan a cabo los institutos autonómicos de crédito, teniendo que solicitar autorización de la Administración del Estado para conceder un aval o un
crédito, a pesar de que exista ya una autorización global o explícita para hacerlo. Esta autorización singular que previene el proyecto de ley complica extraordinariamente la gestión de este instrumento de dinamización de la economía real, de la
financiación de pequeñas y medianas empresas, de trabajadores autónomos, en definitiva de la economía productiva. Estas enmiendas 65 y 67 pretenden eliminar esa rigidez.
Continuando con las enmiendas presentadas hay varios preceptos del proyecto de ley que elevan el control de la estabilidad presupuestaria hasta una vulneración del principio de autonomía financiera de las administraciones públicas. Nuestra
enmiendas 68, 69, 70 y 71 pretenden delimitar muy bien el principio de estabilidad presupuestaria sin que suponga una vulneración del principio de autonomía financiera. En términos de financiación autonómica a los que me he referido antes, si el
proyecto de ley modifica la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, por qué no incluir una serie de medidas que mi grupo ha defendido en esta Comisión durante la presente legislatura. Las enmiendas 66 y 73 formuladas por mi grupo
parlamentario persiguen garantizar la participación efectiva de las comunidades autónomas en los ingresos que se han producido por el aumento del impuesto sobre el valor añadido y de determinados impuestos especiales, sin que este aumento de la
financiación signifique una reducción del Fondo de suficiencia de las comunidades autónomas. Quiero recordar que en el periodo 2012-2014 la Administración del Estado ha recaudado más de 35.000 millones de euros por los cambios normativos en estos
impuestos IVA e impuestos especiales, y que las comunidades autónomas no han percibido literalmente ni un euro.
En términos de gastos la enmienda 72 pretende revisar el reparto de los objetivos de déficit atribuidos a los diferentes niveles administrativos, toda vez que como bien saben, señorías y lo he reiterado, no
se ha cumplido lo previsto en la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En la última comparecencia en la Comisión del presidente de la Autoridad Fiscal Independiente pusimos de manifiesto que esta
disposición transitoria no se ha cumplido, y se ha atribuido a las comunidades autónomas unos objetivos de déficit superiores a los que esta disposición transitoria preveía, en contra de lo que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una
tercera enmienda, la 75, contempla la adición de una disposición transitoria al proyecto de ley, contemplando la modificación del importe de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico con el fin de adecuarlo a la evolución de
ingresos tributarios recaudados. No tiene sentido, señorías, que las comunidades autónomas reciban un importe inferior en el año 2015 al que percibieron en el año 2012, cuando en el año 2015 hay una reactivación de la economía y un incremento de
recaudación impositiva. Cuarto aspecto en relación con la financiación de las comunidades autónomas. La enmienda 74 reclama la dotación y transferencia del pago a cuenta del Fondo de competitividad correspondiente a los años 2014 y 2015. Los
recursos de este fondo, señorías, no se necesitan dentro de dos años; se necesitan ahora, para garantizar los servicios que las comunidades autónomas prestan a sus ciudadanos en materia de sanidad, educación y servicios sociales.
Hablando de sanidad, como ha dicho muy bien la portavoz del Grupo Socialista, no podemos más que rechazar rotundamente repito, rotundamente las enmiendas 87 y 88 formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en relación con el
establecimiento de un supuesto mecanismo de financiación de tesorería del gasto farmacéutico. El grupo mayoritario nos tiene muy acostumbrados en esta Comisión, por desgracia, a incluir en varios proyectos de ley enmiendas que podemos calificar
como sorpresa, que no tienen ninguna relación con el objeto del proyecto de ley que tramitamos en cada momento. No es la primera vez que en el debate de un proyecto de ley acabamos debatiendo más las enmiendas inconexas formuladas por el grupo
mayoritario que el propio proyecto de ley, cosa que como ustedes entenderán no nos gusta. Esta no es una buena fórmula para legislar. Una primera consideración, por tanto: hoy estamos detrayendo de la Comisión competente en esta materia, que es
la de Sanidad, un debate de profundidad, un debate que tiene consecuencias directas para los ciudadanos, directas en la calidad de los servicios sanitarios públicos. Mi compañera, la señora Tarruella, como portavoz de mi grupo parlamentario en
materia de sanidad ha querido estar presente en el debate de hoy en esta Comisión porque estas enmiendas afectan directamente a sus competencias, a las competencias en materia de sanidad. Estas enmiendas suponen una injerencia en la gestión de los
servicios sanitarios transferidos por la Administración del Estado y asumidos, desde hace muchos años, por las comunidades autónomas. Cabe preguntarse por qué creemos que es una injerencia. A través de un pretendido instrumento de sostenibilidad
del gasto farmacéutico y sanitario se pretende intervenir directamente en competencias autonómicas de gestión, llegando a concentrar de facto esta gestión de las competencias autonómicas de sanidad en la Administración del Estado. Ustedes me pueden
decir alguno me lo dirá que el objetivo de la medida es garantizar la sostenibilidad del gasto farmacéutico. Difícilmente podemos entenderlo así cuando es el Gobierno del Estado el que aprueba nuevas prestaciones sanitarias, pero no dota
económicamente a las comunidades autónomas de su financiación. La medida, por ello, es simple y llanamente una clara inversión de las competencias propias que ostentan las comunidades autónomas. Porque si se pretendiera garantizar la
sostenibilidad del sistema sanitario, que continúa siendo el gran asunto pendiente y que no se ha abordado en los términos que debería hacerse, se debería considerar, en primer lugar: aumentar los recursos presupuestarios estatales destinados a la
financiación autonómica de la sanidad, resolviendo la tradicional infrafinanciación que padece el sistema sanitario y, en segundo, garantizar el principio de lealtad institucional en el ámbito sanitario, atribuyendo financiación específica para las
nuevas prestaciones aprobadas por el Gobierno del Estado o al contrario, en términos de deslealtad, como ya ha hecho el actual Gobierno, pasan por no acometer cambios en el sistema de financiación de la atención a desplazados, que ha pasado a tener
carácter extrapresupuestario, por tanto, señorías, no podemos estar de acuerdo. En cuanto a la visión del Ministerio de Sanidad, debe tratarse de un mero asunto administrativo, pero desde la perspectiva de las comunidades autónomas, desde la
perspectiva de las administraciones competentes en la gestión de la sanidad, del servicio a los ciudadanos, del servicio de atención al paciente, la medida no es administrativa; la medida es real y con efectos reales y afectará negativamente al
nivel de atención en los servicios sanitarios públicos. La medida es inasumible en los términos de las enmiendas que hoy aprobarán con sus votos los diputados del grupo mayoritario. La medida, como decía, no es una medida real para garantizar la
sostenibilidad de los servicios sanitarios; la medida supone una clara injerencia en la gestión autonómica de los servicios sanitarios en contra de las competencias propias de las comunidades autónomas y de la buena prestación de servicios a los
ciudadanos.
Por todo ello, señorías, entenderán que pida que estas enmiendas sean retiradas por el grupo mayoritario y que no se incluyan en el dictamen que hoy aprobará esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo para defender las enmiendas que mi grupo parlamentario ha presentado a este proyecto de ley; un proyecto de ley que enmendamos a la totalidad en su momento, porque nos parecía absolutamente inadecuado,
ya que continúa en una línea que no compartimos para nada. No compartimos el marco general en el que se desarrolla; un marco de estabilidad presupuestaria que para mi grupo parlamentario está ahogando los derechos de la mayoría de la ciudadanía,
sobre todo, en cuestiones tan básicas como sanidad y educación, que son las partidas fundamentales que pagan las comunidades autónomas. Este proyecto de ley en ese marco de austeridad que, como he dicho, no compartimos, nos parece que además agrava
una línea que ha venido siguiendo el Partido Popular, que es la de la intervención desde el Poder Ejecutivo, desde Estado en las comunidades autónomas. Ya lo dijimos en su momento y con estas enmiendas hemos tratado de corregir ese carácter
intervencionista que nos parece totalmente inadecuado. Desde nuestro punto de vista, habría que proceder con urgencia a una reforma del sistema de financiación autonómica, un sistema de financiación que adolece de importantes problemas que es
necesario solucionar. Es preciso abordar una reforma con profundidad del sistema de financiación autonómica. No es una postura que mantengamos en mi grupo parlamentario en solitario, sino que la compartimos con otros grupos parlamentarios y con la
gran mayoría de las comunidades autónomas, entre otras con la mía, la del País Valenciano, que tiene gravísimos problemas de financiación más allá de la mala gestión que han venido realizando durante los últimos veinte años los diversos Gobiernos
del Partido Popular en el País Valenciano. Esto es exactamente igual a lo que ha pasado en otras muchas comunidades autónomas y que ha llevado a importantes problemas de gestión que aparentemente este proyecto de ley trata de solucionar con una
fórmula de intervención, reteniendo el dinero que tiene que transferir el Estado a las comunidades autónomas, lo que nos parece absolutamente inadecuado.
Desde nuestro punto de vista, se debería abordar una reforma con profundidad del sistema de financiación autonómica y no se debería continuar en esta línea de poner paños calientes o poner trampas en el camino de la capacidad que tiene que
tener cada comunidad autónoma de gestionar sus propios recursos. También las entidades locales deberían revisar su sistema de financiación local, ya que durante todos los años de la democracia ha venido arrastrando importantes problemas, enjugados
en parte en los años de bonanza económica sobre la base del ladrillo, aunque cuando llegaron los momentos de crisis económica aparecen con toda su crueldad. En este sentido, lo que plantean nuestras enmiendas es corregir las principales
características de este proyecto de ley que no compartimos, por lo tanto, vamos a mantenerlas y vamos a votar en contra de este proyecto de ley. Tampoco compartimos en absoluto las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en la
tramitación de la ley, que tienden a endurecer todavía más las peores características de este proyecto de ley que no compartimos en absoluto.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia tiene la palabra su portavoz, el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Este proyecto de ley orgánica modifica dos leyes muy importantes: la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Financiación Autonómica, y las modifica mínimamente, solo lo imprescindible para adaptarlas a los
nuevos mecanismos de liquidez. Esto a mi grupo le plantea dos tipos de problemas: en primer lugar, no compartimos algunos de estos mínimos cambios que se hacen a estas dos leyes y, en segundo lugar, tampoco compartimos ese enfoque minimalista.
Habría sido una buena ocasión esta para reformar con mucha más profundidad estas dos importantes leyes.
Comenzando por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como dijimos cuando se aprobó, es una ley útil y que cierra una laguna importante en nuestro diseño institucional, que es la falta de coordinación entre las diferentes administraciones
públicas; por eso en su momento la votamos a favor, a pesar de que el modelo ahí propuesto no era exactamente el modelo de Unión Progreso y Democracia. Pero desde su aplicación la experiencia ha venido demostrando que, aparte de los problemas en
la letra de ley, hay un problema previo, que es la falta de aplicación de la ley. En la ley hay toda una serie de medidas previstas en caso de incumplimiento de los objetivos de déficit que no se están aplicando ni de forma automática ni
de forma transparente, y esto no es una opinión personal ni partidista, es una opinión que manifiestan tanto la Comisión Europea como la Airef y que ratifica la realidad. Saben sus señorías que hace pocos días salieron publicados los datos
de déficit público del año 2014. Pues bien, de diecisiete comunidades autónomas, trece incumplieron su objetivo de déficit y ocho no solo lo incumplieron, sino que tenían una desviación mayor que el año anterior. El Gobierno, en vez de aplicar las
medidas previstas en la ley, echa más leña al fuego en forma de financiación a tipos de interés cero en un año electoral, y por eso la propia Airef de nuevo prevé que en el año 2015 seguirá habiendo problemas. Por tanto, parece evidente que hay una
falta de voluntad en la aplicación de la ley, y eso difícilmente se puede solucionar con enmiendas. Sin embargo, algunas de las enmiendas sí tienen que ver indirectamente con esto, porque en estos mínimos cambios que se hacen a la Ley de
Estabilidad Presupuestaria hay cambios que facilitan que en el futuro se apliquen todavía con más discrecionalidad y con más oscurantismo. Por ejemplo, hasta ahora el Plan de ajuste y su calendario de aplicación tenían carácter público y ahora, con
la nueva redacción, en lugar de carácter público el Ministerio de Hacienda publicará información relativa al Plan de ajuste; es decir, se desvirtúa ese carácter público del Plan de ajuste y del calendario con una redacción mucho más dulcificada.
Por este motivo, nuestra enmienda 26 propone mantener la redacción original. Hasta ahora la información remitida durante la vigencia del Plan de ajuste tenía también carácter público y ahora deja de ser de general conocimiento, por eso nuestra
enmienda 27 propone dejar la redacción como estaba. Son pequeños cambios que van a aumentar la discrecionalidad y oscurantismo con que ya se viene aplicando esta ley. Otra enmienda, la 23, tiene que ver con la filosofía de la retención de recursos
del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Quiero recordar que este es un tema que mi partido puso en la agenda pública y que cuando lo propusimos se dijo que era impensable; nos alegra, por supuesto, que ese principio se haya
convertido en realidad y nos parece bien que se aplique a los convenios sobre gasto social. Pero, como proponen los propios ayuntamientos, creemos que ese principio de retención de recursos del sistema de financiación autonómica debería incluir
también la deuda que contraen las comunidades con los ayuntamientos, debido a convenios de colaboración o debido a delegación de competencias, porque sería otra forma de lograr lo que intenta la nueva redacción de la ley, que es financiar los
servicios sociales, en este caso, de los ayuntamientos. Eso es lo que propone nuestra enmienda 23.
Otras cuestiones tienen que ver con la reforma más amplia que propondríamos de la Ley de Estabilidad y que va en la línea que propusimos cuando se promulgó esta ley. Les decía que el nuestro era un modelo diferente que tenía que ver, sobre
todo, con que nosotros proponíamos un mayor número de controles previos; es decir, en lugar de dejar que se manifieste el problema y luego tomar medidas hay que ir a una filosofía de prevención, más controles previos. Proponíamos tres tipos de
controles previos que no incorporó la ley. En primer lugar, controles directos del gasto público de todas las administraciones. La idea hoy en día es que hay unos objetivos de déficit, lo que controla el gasto solo indirectamente porque las
comunidades, los ayuntamientos y el Estado pueden gastar más si sus previsiones de ingresos se inflan, son demasiado optimistas. Es mejor el control directo del gasto, por lo que proponíamos que los techos de gasto de los diferentes niveles de la
Administración, comunidades autónomas en particular, no fueran techos autoimpuestos, sino que se aprobasen de forma coordinada. Hay media docena de enmiendas que, como cuando se promulgó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, van a esa dirección.
El segundo tipo de control preventivo es que una vez establecidos esos techos de gasto, hay que fijar sus grandes líneas de distribución para garantizar un gasto mínimo en sanidad y educación que garantice una calidad alta y similar en las
diferentes comunidades autónomas y que, en caso de recortes, obligue a priorizar otro tipo de recortes; es decir, su techo de gasto es tanto y de ese tanto un mínimo de equis millones hay que gastarlo en sanidad y un mínimo de equis miles de
millones hay que gastarlo en educación. Media docena de enmiendas desarrollan esta idea en el texto de la ley. El tercer tipo de control preventivo es que consideramos que los proyectos de presupuestos autonómicos deben ser supervisados antes de
ser debatidos en los parlamentos autonómicos para que respeten estos requisitos anteriores de techo de gasto y distribución del mismo. Dicho así, esto puede sonar como una enorme invasión competencial, pero es exactamente la filosofía que se
utiliza entre Estados soberanos en la Unión Europea en el llamado Semestre Europeo; si eso es posible entre Estados soberanos en la Unión Europea cómo no va a ser posible entre comunidades autónomas del mismo país. Este es el espíritu del Semestre
Europeo, la supervisión previa de los proyectos de presupuestos.
Junto a estas enmiendas que desarrollan nuestro modelo de ley de estabilidad presupuestaria, desde que se promulgó la ley la experiencia ha enseñado algunas cosas y era una buena ocasión de incorporar
esas lecciones de la experiencia. Por ejemplo, se ha creado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que nosotros propusimos en la ley y que no se hizo; bien, existe esta nueva figura y era una buena ocasión de darle el papel
que le corresponde. Hay una serie de variables no observables fundamentales en esta ley como son el déficit estructural y la tasa del crecimiento del PIB a medio plazo. No tendría sentido que la Airef tuviese un papel más protagonista en el
cálculo de estas variables no observables, fundamentales en el diseño de la ley, como son el déficit estructural y la tasa de crecimiento a medio plazo. También debería tener un mayor papel en el debate presupuestario. Hoy el presidente de la
Airef ni siquiera comparece en la Comisión de Presupuestos como hace el gobernador del Banco de España.
Otra lección de la experiencia: la ley incorpora para el año 2020, dentro de cinco años, un objetivo de deuda pública del 60% del PIB y hoy estamos cerca del cien por cien del PIB, es decir, según la ley, en los próximos cinco años habrá
que recortar 40 puntos la deuda pública, 400.000 millones de euros, 80.000 millones cada año. El papel lo aguanta todo, pero este es un objetivo claramente irrealizable, por eso nuestra enmienda 48 propone la revisión de este objetivo de forma
creíble. No hemos tenido noticia del grupo mayoritario; supongo que esta enmienda, como el resto, será rechazada pero querría saber la explicación y, si el Gobierno cree creíble que habiendo llevado prácticamente la deuda pública al cien por cien
del PIB, se puede recortar en 400.000 millones de euros en los próximos cinco años; si es así, le pediría al portavoz popular que explicase también brevemente cómo se propone hacerlo.
Consideramos que la Ley de Financiación Autonómica es una ley que ha de ser reformada ya, en esta legislatura, porque es una reforma urgente que no puede esperar a la legislatura siguiente. Lo que hacemos en nuestras enmiendas es, como
hicimos en el debate de totalidad, plantear las grandes líneas que esa ley debería tener en nuestra opinión. Nosotros proponemos una ley de financiación autonómica que garantice los mismos recursos por habitante, la misma financiación per capita en
las diferentes comunidades porque si los servicios deben ser similares, la financiación ha de serlo también; financiación, eso sí, por población ajustada porque hay una serie de características demográficas o geográficas que hacen que el coste de
los servicios públicos pueda ser mayor para una población dada. El sistema debería ser mucho más sencillo y transparente en lugar de esta multiplicidad de fondos de difícil comprensión, al igual que consideramos que debería aumentar la
corresponsabilidad fiscal: si las comunidades quieren, como pueden y deben legítimamente, proporcionar políticas adicionales deben hacerlo financiándolas con sus recursos propios. Asimismo, consideramos que el Régimen Foral no tiene por qué
proporcionar privilegios económicos ni una mayor financiación si se calculan de forma correcta. Nos oponemos a fragmentación de la Agencia Tributaria porque dificultaría la lucha contra el fraude y aumentaría sus costes. Todas estas ideas son las
que hemos desarrollado con las diferentes enmiendas presentadas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Voy a defender una única enmienda que Unión del Pueblo Navarro ha presentado a este proyecto de ley, que es la enmienda número 64. Con esta enmienda pretendemos una actualización de la Lofca y una
clarificación, al igual que pretendemos defender la naturaleza singular y paccionada de la institución foral.
Voy a hacer una breve cronología sobre el origen de esta enmienda. Este proyecto de ley tuvo entrada en la Cámara el 29 de diciembre de 2014. El periodo de presentación de enmiendas parciales terminó el pasado 17 de marzo de 2015. A él se
han presentado 104 enmiendas y, como digo, una de Unión del Pueblo Navarro. En unos días llegará, señor presidente, para su tramitación en las Cortes Generales el proyecto de ley que incluirá el acuerdo suscrito por la comisión negociadora para la
modificación del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, que ya se aprobó el 23 de febrero de 2015 y que, en su día, fue firmado por unanimidad por todos los representantes de la Administración Central y de Navarra para
la modificación del mismo. El debate de totalidad de este proyecto de ley lo tuvimos el 12 de marzo; es cierto, como saben obviamente, que la Lofca es una norma de 1980 y que la Ley de Reintegración, la Lorafna, se aprobó en 1982. Por tanto,
planteamos un asunto que es conocido en Navarra, un tema sensible que tiene que ver con la defensa y con la necesidad de un cambio normativo que actualice esta norma a la aprobación, entre otras, de la Ley Orgánica de Reintegración y, además, porque
los problemas sobre la naturaleza jurídica o el alcance del Régimen Foral, de su sistema fiscal, han derivado en algunos problemas de constitucionalidad. Hay dos sentencias a las que quisiera referirme, la sentencia 218/2012, de 14 de noviembre y
la sentencia del Tribunal Constitucional 110/2014, de 26 de junio, que hacen una interpretación que a decir de muchos foralistas o amantes del Fuero no es una interpretación correcta. De alguna manera, lo que quisiéramos con esta enmienda es evitar
que en el
futuro se produzcan este tipo de sentencias, por tanto, nosotros planteamos al Gobierno, al grupo de la mayoría, pero también al resto de grupos un debate sobre la continuidad y modernización de la institución foral. Hemos propuesto en esta
enmienda una solución jurídica de futuro, como digo, que garantice su respeto por parte de otras instancias constitucionales y fomente una mayor comprensión del devenir histórico del sistema foral navarro, su encaje constitucional y su utilidad para
regular las relaciones entre las distintas administraciones en un entorno, como siempre, de lealtad y colaboración. Pedimos una modificación de la disposición adicional segunda de la Lofca introduciendo un matiz que nos parece oportuno, un
llamamiento en particular a lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la Lorafna y que así se incluya en esta disposición. Es verdad que no es la única fórmula posible para intentar evitar en el futuro problemas de constitucionalidad; ya incluso en
esta Cámara se han visto otras fórmulas, pero debe adoptarse algún tipo de criterio. En todo caso, todas aquellas iniciativas tanto de mi grupo como de otros grupos pretenden en conjunto lo mismo: evitar en el futuro conflictividad.
En la justificación de la enmienda hablamos de preservar la imagen de la foralidad navarra en materia fiscal y clarificar el alcance último de la normativa de referencia en este caso la Lofca para evitar en el futuro pronunciamientos que
incidan directamente sobre los elementos más sensibles de la columna vertebral de la foralidad Navarra; eso es lo que pretendemos. Quiero agradecer que he recibido una transacción del Partido Popular a nuestra enmienda y la estamos valorando. No
hay una fórmula única, se han planteado distintas modificaciones de la disposición adicional segunda de la Lofca, una por UPN, una por Geroa Bai y ahora estaría también la transacción del PP. Son muchas las fórmulas, pero creo que todos tenemos la
misma voluntad y, por lo tanto, quiero decirles que tenemos que encontrar entre todos una fórmula que evite esa conflictividad y lo estamos estudiando. Ahora mismo la solución jurídica no está madura y me parece sensato, salvo que haya una novedad
de aquí a finalizar la Comisión, que este debate quede abierto para el Pleno y podamos cerrarlo allí. Como digo, ya tenemos una transacción, un marco de juego y una cierta sintonía para solucionar este problema. No vamos a aceptar lecciones o
algunos consejos que se nos dan por los que no han presentado ni una sola enmienda a este proyecto de ley habiendo tenido tres meses para hacerlo; tampoco de algunos que han dicho públicamente que por el hecho de que pudiéramos alcanzar un acuerdo
en esta Comisión se iba a sustraer el debate del Pleno, desconociendo que esta ley como es orgánica tendría que ir a Pleno en todo caso y que todos los grupos podrán tomar posición por la solución jurídica que al final adoptemos.
Termino, señor presidente, diciendo que en mi partido, Unión del Pueblo Navarro, creemos que también las instituciones generan prosperidad y el Régimen Foral para muchos navarros es una de ellas; en Navarra quizás la más importante de las
instituciones. Muchos de nosotros vivimos el Fuero navarro como algo propio y, por eso, con este debate y con esta solución que finalmente estoy seguro que le daremos pretendemos cuidarlo, conservarlo y mejorarlo. Espero anunciar un acuerdo al
final de la Comisión, pero si no estoy seguro de que lo haremos en el Pleno de la próxima semana.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Intervengo para la defensa de las enmiendas del Grupo Popular a este proyecto de ley y para hacer un posicionamiento sobre las enmiendas de los otros grupos. El Grupo Popular ha presentado quince enmiendas con
la finalidad de insertar el principio de prudencia financiera en las operaciones de las administraciones públicas, para que sean sostenibles y se formalicen cumpliendo unas condiciones lógicas de coste y riesgo y de garantías públicas para las
comunidades autónomas; para realizar mejoras técnicas al calificar el cómputo de los plazos aplicables para el control del periodo medio de pago a proveedores; para cumplir un mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a los
presupuestos de 2011 sobre la actividad de Loterías y Apuestas del Estado, que hizo nulo el medio normativo sin referirse al fondo de la cuestión, con lo cual reproducimos el contenido e incorporamos una mejora técnica aclarando que únicamente
deberán integrarse a los Presupuestos Generales del Estado anualmente los presupuestos de los consorcios adscritos a la Administración General del Estado sobre los que exista un control real; para resolver dificultades que han surgido en la
implantación, por parte de las administraciones públicas, de la factura electrónica y el registro contable de las mismas a fin de garantizar los derechos y deberes, tanto de los proveedores como de las administraciones, y mejorar el control de las
facturas y la agilización de los plazos de pago; para aplicar con carácter retroactivo determinados beneficios fiscales de fusiones de municipios que han entrado en vigor en el año 2013; para facilitar la aplicación por parte de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de nuevas deducciones fiscales
anticipadas familiares y disponer de información relativa a las clases pasivas, y para crear un nuevo instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario de adhesión voluntaria para las comunidades autónomas.
Quiero detenerme aquí porque se ha tratado mucho la cuestión en esta Comisión. Queremos decir, desde el Grupo Popular, que es un tema que está abierto a negociación y que a lo largo del procedimiento parlamentario, tanto en el Congreso como
en el Senado, se podrá intentar llegar a un acuerdo sobre la materia. No puedo evitar pronunciarme sobre lo que ha dicho la representante del Grupo Socialista sobre Andalucía, que este grupo tiene obsesión por Andalucía. Evidentemente, soy
andaluza y estoy aquí para defender los derechos de todos los españoles y muy especialmente los de mi tierra, y no se puede decir que no sabe a qué viene eso. Le recuerdo que su consejera, la señora Montero, con los presupuestos de 2012 se reunió
con los farmacéuticos y les dijo que fueran pidiendo un crédito porque ella no tenía de momento cash para pagarles. Y eso es lo que queremos evitar con esta normativa. Queremos establecer también una excepcionalidad en la contratación directa por
circunstancias técnicas específicas del personal adscrito a un consorcio.
Voy a referirme a las enmiendas por grupos y en las que se repiten doy por reproducida la argumentación sobre el tema. El Grupo Mixto presenta una enmienda de supresión del apartado 4 del artículo 1 al entender que centraliza competencias.
Señorías, no es de recibo que las comunidades autónomas reciban transferencias económicas del Estado para la gestión de sus competencias y, una vez que libremente deciden descentralizarlas, no paguen a quienes efectivamente las prestan. Las
comunidades autónomas tienen libertad para prestarlas por sí mismas, llegar a un acuerdo de delegación, llegar a un convenio, y si tienen el dinero y no acceden al FLA que paguen porque no pueden cargar el mochuelo a las asfixiadas arcas municipales
o colapsar los servicios sociales perjudicando a los más débiles de la sociedad. También presentan otra enmienda para rechazar el cumplimiento del objetivo de déficit y estabilidad presupuestaria. Volvemos al mismo argumento, que unos celebren la
fiesta del gasto desorbitado y que seamos todos los españoles los que paguemos los excesos. Señoría, es muy fácil gobernar con presupuestos expansivos, cualquiera lo puede hacer viviendo del crédito, pero cuando el grifo del crédito se cierra y los
impagos amenazan la supervivencia de los servicios públicos es cuando se mide a los verdaderos gestores y a los que no sirven para gestionar ni gobernar. Realizan enmiendas que pretenden poner hoy fecha y hora a un nuevo sistema de financiación,
obviando la capacidad de negociación del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Pretenden una reforma en el momento más inoportuno: señorías, no es tener una gran visión de Estado pretender reformar la financiación autonómica ahora que se van a celebrar elecciones y se van a formar los nuevos Gobiernos autonómicos; es
otra cosa que pretende el PSOE antes del 30 de junio cuando prácticamente acaben de formarse los Gobiernos que tienen que decidir en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera junto al Estado sobre esta materia. Eso o pretender al
principio de legislatura y durante este tiempo que hemos pasado de crisis, con las arcas totalmente esquilmadas, reformar un sistema de financiación autonómica cuando los ingresos tributarios del Estado habían caído en más de 70.000 millones de
euros. ¿Qué querían, que repartiéramos 70.000 millones de euros de ruina entre todos los que faltaban o que hiciéramos lo que hemos hecho, que es reforzar la financiación de las comunidades autónomas, darles liquidez y que puedan hacer frente a sus
facturas y puedan seguir manteniendo sus servicios? Es obvio que al Grupo Popular no le gustaba el sistema de financiación, ya se manifestó en este sentido, pero por todos estos motivos no lo ha cambiado. Lo que no es de recibo es que haya
dirigentes que lo apoyaron como pasó en mi tierra y que se vanagloriaban de ello yo les he escuchado decir: vienen 3.000 millones más y que ahora les demos 3.000 millones más, aplicando la misma fórmula, y no les guste. La formula, si la
aplican ellos, es fantástica; si la aplicamos nosotros, malísima. Entonces, 3.000 millones eran buenos; ahora, 3.000 millones son malos. Recuerdo que el señor Griñán decía: Tengo 11.000 millones de razones para aplaudir el modelo (Rumores);
ahora los socialistas dicen que no, cuando solo con el FLA han recibido 11.435 millones de euros. Sinceramente, no lo puedo entender.
La señora portavoz del PSOE también ha dicho que no entiende el riesgo de los avales; claro, ahora entiendo muchas cosas. No lo entiende pese a que la Intervención General de la Junta de Andalucía les dijo que el gasto de la Agencia IDEA
estaba excediendo el importe de los avales que tenían en el presupuesto para ella. Entre que no entienden los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que su consejero de Hacienda no se los leía y que tenían un consejero que
pasaba por allí, porque no sabía del tema, pero estaba ahí colocado, nos ha pasado en mi tierra lo que nos ha pasado.
Hay buena prueba de los pasivos contingentes dados por comunidades autónomas, que han supuesto un grave quebranto para sus arcas y han comprometido su sostenibilidad financiera, disminuyendo en gran cuantía los recursos disponibles para
servicios públicos fundamentales. Una cosa son las urnas y otra cosa es la dignidad política y la claridad en el gasto del dinero público, que muchos tienen todavía que explicar. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
El Grupo de UPyD propone la reforma del sistema de financiación, eliminando los derechos forales constitucionalmente aceptados y atendiendo a un desarrollo retórico de los principios constitucionales. Le queremos decir a UPyD, igual que ha
dicho el señor Salvador de UPN, que estamos de acuerdo con esos sistemas y con esos principios constitucionales y que estamos abiertos a una negociación sobre la materia tanto aquí como en el Pleno. Pretenden limitar nuevas cesiones tributarias y
atar las manos para mover los fondos de suficiencia y los fondos de financiación. Evidentemente, si no podemos tocar la autonomía financiera y no podemos tocar la nivelación, no podemos crear ningún sistema de financiación autonómica, señores de
UPyD. Olvidar criterios tan relevantes como la inversa de la renta y el esfuerzo fiscal es desconocer por completo los mecanismos del sistema y volver a un mecanismo, el llamado del coste efectivo, previo a la Lofca y, por supuesto, muy acorde con
su posición, muy contraria al reparto de competencias que contiene el título VIII de la Constitución.
La Izquierda Plural también es contraria a que se transfieran a quienes efectivamente están prestando los servicios sociales los recursos necesarios para prestarlos. Aquí me pregunto si muchas de las personas que han planteado estas
enmiendas conocen la realidad diaria de la gestión local, los problemas por los que están pasando los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas de toda España, para hacer frente a los servicios sociales. Son muchos los ejemplos en todos los
territorios. A los señores de La Izquierda Plural les vendría bien hablar con algunos compañeros de Izquierda Unida, como el alcalde de La Roda de Andalucía, un pueblo de mi tierra, de Sevilla, que pretendía hacer huelga de hambre y encerrarse por
cobrar los servicios sociales. En el Ayuntamiento de Barcelona se llegó a un acuerdo de todos los grupos de la oposición cosa muy complicada sobre esta materia; tres cuartos de lo mismo pasó en Tarragona, donde pretendían embargar a la
comunidad; en Baza, los andalucistas se encerraron en el ayuntamiento, y así podría seguir con ejemplos por todo el territorio español. Esto es lo que pretendemos evitar. Exigir con fecha y hora un sistema de financiación en estos momentos está
totalmente fuera de una visión lógica de la política, de la realidad financiera y del Estado.
De los plazos sí habla el Partido Socialista, pero no nos habla del modelo. Para mí es que no tienen capacidad de propuesta, porque hablan de que quieren unos plazos, quieren unas fechas, pero no dicen cómo los quieren. Claro, no se
aclaran entre el federalismo y la solidaridad, ni sobre qué piensan hacer para corregir la financiación actual, que les recuerdo que es la suya. ¿Apuestan por una financiación por PIB, como aplaudieron en Cataluña, o quieren una financiación por
población, como en Andalucía? ¿Qué quieren para Murcia o La Rioja? Señores, aclárense y, cuando se aclaren, trasladen al Consejo de Política Fiscal y Financiera un modelo de lo que quieren, porque aquí nos han dicho que quieren una fecha, pero no
han puesto líneas. Otros grupos sí lo han hecho. Podemos estar o no de acuerdo, pero desde luego han expresado algunas líneas sobre las que quieren que pivote el modelo. Nosotros nos quedamos con el último que aprobaron, que parece que ahora no
les gusta.
Respecto a Convergència i Unió, teníamos pendiente transaccionar algunas enmiendas relativas a avales y garantías financieras, cuya negociación implicaría aceptar la número 15 del Grupo Mixto, de Coalición Canaria, y la número 57 del Grupo
Socialista. En cuanto a la enmienda que propone modificar el artículo 21 de la Lofca, respecto al Fondo de suficiencia, para que se puedan variar tipos impositivos del IVA e impuestos especiales sin que tal modificación pase por el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, tengo que decirles que esto está vetado, como exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Lo mismo pasa con las entregas a cuenta del Fondo de competitividad, materia en la que tendrían que ponerse de acuerdo
en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En definitiva, con sus enmiendas, el Grupo Popular apoya al Gobierno en su esfuerzo de mejora de los mecanismos de reforzamiento de la financiación y liquidez de las administraciones territoriales. Creemos que no es de recibo que haya
responsables autonómicos que con una mano accedan al crédito con el aval del Gobierno ya hay ocho comunidades autónomas que se han acogido al FLA social y a las medidas de liquidez y con otra le aticen por querer gastar sin mesura. No van a
contar con el apoyo de este grupo a esas medidas, porque tendríamos que hacer frente a unos intereses y a una deuda. Solamente les pido a esos que tienen una ensoñación sobre el consumismo del gasto público que vuelvan a junio de 2012, que
recuerden cómo estaban las cuentas públicas y que hagan un ejercicio económico para ver
en qué lugar estaría ahora España si se hubieran aplicado las políticas que ellos pretenden aplicar, suprimiendo todas estas reformas y todas estas medidas. Gracias a las medidas del Gobierno no estamos en esa situación, y pretendemos
seguir apoyándolas para que la liquidez llegue a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, porque final eso es lo que llega a los ciudadanos. (Aplausos.-el señor Salvador Armendáriz pide de la palabra).
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Salvador?
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Disculpe, señor presidente. Se me había olvidado dar por defendidas las enmiendas del resto de grupos del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Se dan por defendidas todas las presentadas.
Vamos a suspender la sesión durante unos minutos con dos objetos: uno, que todos los grupos puedan conocer el texto de las transaccionales a las que se ha hecho referencia, porque en algún caso no han sido distribuidas, y dos, ordenar las
votaciones. Creo que en cinco minutos estaremos en condiciones de iniciar las votaciones. (Pausa).
Estamos en condiciones de comenzar la votación, aunque diré dos cosas previas. La primera es que propongo a la Comisión que el plazo para la formulación de votos particulares se reduzca a veinticuatro horas, para facilitar la preparación de
la documentación que irá al Pleno la próxima semana. Cerraremos el plazo mañana a las dos; más o menos son veinticuatro horas. Están presentes todos los grupos salvo algunos enmendantes del Grupo Parlamentario Mixto. Por eso, debe advertirse
expresamente a los enmendantes del Grupo Parlamentario Mixto que no están presentes hoy en la Comisión de la reducción del plazo, para que, si quieren formular sus votos particulares, puedan hacerlo correctamente. La segunda es que, a pesar de lo
que habíamos anunciado antes, no hay enmiendas transaccionales, con lo cual vamos a votar todas las enmiendas en los términos por todos conocidos.
Sin más, pasamos a las votaciones. En primer lugar, vamos a someter a votación la enmienda número 64 del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el señor Salvador.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Oramas. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 9, 14, 19 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 12 y 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora separadamente la enmienda número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas de la señora Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Fernández Davila.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Jordà. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 92 y 93.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 95.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas de la señora Jordà.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 23, 28, 41, 42, 47 y 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos conjuntamente las enmiendas 26, 27 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 29.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 32 a 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 44.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las enmiendas 45 y 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 48.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, votamos separadamente la enmienda número 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 69, 70 y 71.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 56 y 63.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 61.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 62.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; en primer lugar, conjuntamente, las números 76 y 79.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 2; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 77, 78 y 83.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 81.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 2; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 84.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 85.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda número 86.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos conjuntamente las enmiendas números 87 y 88.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos la enmienda número 89.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 2; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Por último, sometemos a votación el texto del dictamen de la ponencia, una vez incorporadas las enmiendas que acabamos de aprobar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.
Corrección de error.
En el «Diario de Sesiones» número 760, correspondiente a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas celebrada el martes 10 de marzo de 2015, en la portada, donde dice: «Número de expediente 212/002182», debe decir: «Número de
expediente 212/002180».