CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 778

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 53

celebrada el martes,

24 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


— Sobre la declaración de España libre de transgénicos. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000138) ... (Página2)


— Sobre impulso de creación de empleo a través de la bioenergía. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001081) ... (Página7)


— Sobre el acuerdo UE-EEUU y el sector vitivinícola. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003284) ... (Página12)


— Relativa a la implantación de un sistema de control de la pesca homogéneo en la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003314) ... (Página17)


— Relativa a los acuerdos de pesca con terceros países. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003317) ... (Página20)


— Sobre medidas urgentes para ayudar a los afectados por las inundaciones y desbordamientos en diferentes comunidades autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003512) ... href='#(Página22)'>(Página22)

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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


— SOBRE LA DECLARACIÓN DE ESPAÑA LIBRE DE TRANSGÉNICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IV, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000138).


La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): Señorías, se abre la sesión.


Vamos a dar comienzo a la Comisión con la proposición no de ley sobre la declaración de España libre de transgénicos, que presenta el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su defensa tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Esta propuesta la presentamos hace ya tres años; en ese momento estábamos convencidos de la amenaza que suponían los cultivos transgénicos para nuestra soberanía en una cuestión fundamental como es nuestra agricultura,
la calidad de nuestros productos y nuestra alimentación. Pero desde entonces hasta ahora han pasado dos cuestiones fundamentales que queremos situar en el debate y que creemos que lo ponen de rabiosa actualidad con respecto al cultivo de
transgénicos en Europa y en nuestro país. La primera tiene que ver precisamente con las negociaciones que se están produciendo en el marco del tratado con Estados Unidos, el tratado transnacional con Estados Unidos en materia de comercio, en las
que el capítulo agrario y agroalimentario, señorías, es muy importante y es de especial relevancia, y concretamente aquello que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados. Saben que las regulaciones hasta este momento en materia de
seguridad alimentaria, incluidas las restricciones referentes a los cultivos transgénicos en Europa, son muy superiores a las que tiene nuestra contraparte en este caso estadounidense; al igual que lo son las de uso de pesticidas, las de la carne
tratada con hormonas, promotores de crecimiento, etcétera; y son precisamente los principales objetivos que tienen los intereses estadounidenses para acabar con ellos, eliminarlos y así poder rebajar los labels de calidad y los márgenes de
seguridad que tiene Europa en la producción de alimentos. El Gobierno estadounidense lo ha dicho con claridad, señorías, de manera explícita desde el primer momento: que hará uso de las negociaciones del tratado para revisar las regulaciones
europeas que bloquean las exportaciones de alimentos estadounidenses a Europa. Y precisamente en el centro de ese debate se encuentra el principio de cautela, el principio de precaución. Para nosotros es muy importante que este principio de
precaución se mantenga. Hasta ahora en Europa el principio de precaución adjudicaba a las compañías que quieren introducir un producto peligroso en el mercado la responsabilidad de demostrar que no lo es; no al revés, no son las autoridades, no
son las instancias públicas las que tienen que probar que es peligroso. Ese principio no se aplica en Estados Unidos, ese principio se quiere que no se aplique en Europa. Por eso, las empresas de biotecnología estadounidenses están usando el TTIP
para atacar los reglamentos de la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos está intentando cambiar la política de etiquetado obligatorio en la Unión Europea con el objetivo de aumentar la presencia en Europa de los organismos genéticamente
modificados.


Esta ofensiva desregulatoria que se está proponiendo en el marco de estas negociaciones con respecto a la seguridad alimentaria, en especial a la liberalización de los transgénicos, puede ayudarnos a explicar por qué la Unión Europea hace
muy poquitos meses modificó la Directiva 2001/18 sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, que permitirá a los Estados prohibir el cultivo en su totalidad o en parte de su territorio o
liberalizarlo. Para el Grupo de La Izquierda Plural el hecho de que la Unión Europea delegue esta responsabilidad supone una involución clara en materia de protección a nivel europeo, y otorga de facto un papel central en las negociaciones a las
empresas biotecnológicas que practicarán, como siempre hacen, su labor de lobby frente a los Estados. Otra cuestión negativa de esta modificación es la de no dejar claro, no contemplar la protección de los cultivos convencionales y ecológicos que
puedan resultar contaminados genéticamente, como está sucediendo en la actualidad, por cultivos transgénicos. Pero es verdad que permite a los Estados miembros prohibir el cultivo de transgénicos, algo que sistemáticamente había sido cuestionado,
que los Estados pudieran decidir soberanamente sobre si quieren o no quieren que los transgénicos se cultiven en su territorio.


Señorías, tenemos la pelota sobre nuestro tejado. Tenemos la capacidad y la obligación de dar respuesta sin ambages a este asunto, y hay que hacerlo. Luxemburgo ya ha anunciado que va a mantener

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la prohibición de los cultivos transgénicos, ahora, al amparo de esta nueva legislación. Igualmente se espera que pronto lo hagan, como lo tienen ahora, Austria, Alemania, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Italia y Polonia, que ya cuentan
con medidas restrictivas en este sentido (El señor presidente ocupa la Presidencia). En Europa solo hay cinco países que cultiven transgénicos; tres de ellos lo hacen de manera testimonial —Portugal, la República Checa y Eslovaquia—. El pionero
en este cultivo es España, es el único que apuesta por este cultivo, un cultivo que aparentemente tiene muchas ventajas, pero que curiosamente solo ocupa menos del 1 % de la superficie agraria útil, es decir, unas 70.000 hectáreas, según nos
explican las comunidades autónomas cuando rinden cuentas sobre la ocupación por parte de transgénicos de la superficie agraria útil. Existe, señorías, esta renacionalización, y además va a suponer que las propias comunidades autónomas se adelanten
a este Parlamento y exijan del Estado que restrinja en sus zonas el cultivo de transgénicos, como ya ha anunciado que va a hacer el País Vasco. Hay otras que ya han anunciado y ya se han declarado libres de transgénicos en el Estado español:
Asturias, el País Vasco —como les decía, que recientemente ha vuelto a anunciar que solicitará al Magrama que en base a la modificación del reglamento europeo se apruebe que el País Vasco va a ser libre del cultivo transgénico—, Islas Baleares,
islas Canarias, Galicia; todas ellas en pleno de sus parlamentos, en acuerdos de consejos de gobierno o en proposiciones no de ley adoptadas en sus parlamentos, como les decía, han decidido decir no a los transgénicos en sus territorios; casi 200
municipios de todo el Estado español, tres consejos insulares y multitud de consejos comarcales. Señorías, la coexistencia entre cultivos transgénicos, convencionales y ecológicos es imposible, como se ha demostrado por las contaminaciones
cruzadas. No voy a volver a ponerles encima de la mesa, porque no hay tiempo, los argumentos clásicos que existen para decir no a los cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos son una amenaza real a nuestro modelo de agricultura y a nuestro
modelo de vida en el medio rural, son una amenaza real. La UE nos otorga esta responsabilidad, señorías, para decir no a los transgénicos. Digamos no a los transgénicos en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo de Convergència i Unió y otra por parte del Grupo Socialista. En primer lugar, tiene la palabra para su defensa, el portavoz de Convergència i
Unió, señor Barberà.


Quisiera decirles, señorías, que las votaciones no van a tener lugar antes de las trece horas, antes de la una.


Señor Barberà, adelante.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Realmente, tenemos una novedad a nivel europeo y a nivel de normativa con la nueva directiva que, después de haber estado cuatro años bloqueada, nos modifica la normativa que existía del año 2001, aportando
más flexibilidad para poder restringir, prohibir los cultivos de organismos modificados genéticamente. En este sentido, nosotros hemos presentado una enmienda, porque el debate está claro: hay científicos que dicen que tiene consecuencias, los
organismos reguladores de la Unión Europea han validado ciertos cultivos de transgénicos y, por ejemplo, en Cataluña hay una implantación importante de este cultivo, generando una actividad económica significativa. Una comunidad autónoma que al
mismo tiempo, en cuanto a la producción agroalimentaria ecológica, está en auge, crece, tiene buenas perspectivas porque ha aumentado el número de productores agrícolas y ganaderos, la superficie de cultivo certificada, actividades industriales, la
comercialización; y desde aquí queremos felicitar precisamente al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica sobre todo por el trabajo que está haciendo en este proceso. Nosotros defendemos que sean los agricultores los que escojan, dentro
del marco legal y sanitario correcto, qué agricultura prefieren, si la convencional con algún tipo de plantación transgénica o la ecológica. En este sentido, lo que pedimos es que estas decisiones se tomen a partir de un informe validado por
expertos en ingeniería genética vegetal, profesionales de la salud, autoridades competentes en la materia de las comunidades autónomas, para que a partir de ese informe se determine la conveniencia o no de autorizar, prohibir o restringir algún uso
de este tipo de organismos modificados genéticamente.


En este sentido, nosotros, como Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, lo que queremos es trabajar para garantizar la seguridad alimentaria. Por eso, no entendemos que se alarme cuando estos productos han pasado unos trámites
oportunos; queremos también proteger el medio ambiente, como no puede ser de otra manera, y por eso es necesario crear los mecanismos adecuados y ser exigentes para que esa coexistencia que el portavoz de La Izquierda Plural ha dicho que no era
posible —creemos que hay que trabajar para ello—, pueda llevarse a cabo, que los organismos modificados

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genéticamente y los no modificados genéticamente puedan coexistir en nuestra agricultura y en nuestra producción y generación de economía, que es muy importante para nuestro país y en este caso también para Cataluña. Sin duda, hay que
avanzar en el tema del etiquetaje para garantizar la información del consumidor; y seguramente las comunidades autónomas también tendríamos que colaborar con el Estado para crear un centro de biovigilancia para que todo este proceso tenga los
máximos controles de seguridad. En este sentido, no podemos estar a favor de eliminarlos, sí a favor de que sea un documento técnico validado el que pueda darnos orientaciones al Estado o a las comunidades autónomas para tomar decisiones futuras.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar la posición de mi grupo y defender la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley de La Izquierda Plural sobre el tema de los transgénicos.
Efectivamente, como el representante de La Izquierda Plural ha señalado, este no es un tema nuevo en la Comisión, hemos debatido en esta y en anteriores legislaturas el tema de los transgénicos, y ya nos hemos pronunciado en alguna ocasión sobre el
fondo del asunto y sobre todo en relación con la petición de La Izquierda Plural, que no es otra que declarar España libre de transgénicos. Vaya por delante que nosotros no podemos votar esta propuesta en la forma en la que está planteada, además
en una proposición no de ley que se presentó hace ya más de tres años y en un contexto sobre todo legislativo completamente distinto, el actual, al de entonces. En cualquier caso —y agradecemos a La Izquierda Plural que haya incorporado este tema
al orden del día—, consideramos oportuno el debate en este momento, porque efectivamente las instituciones europeas, recientemente el Consejo Europeo y anteriormente el Parlamento Europeo y los consejos de ministros de Agricultura y de Medio
Ambiente han aprobado nuevas normas, una nueva directiva sobre organismos modificados genéticamente para su aplicación en el ámbito de la Unión Europea. Las instituciones europeas en este tema, que efectivamente es un tema controvertido, difícil,
polémico, muy politizado, han tardado más de cuatro años en tomar una decisión y, desde nuestro punto de vista, han cerrado en falso este debate, de la misma manera que vienen cerrando en falso últimamente casi todas las decisiones que tienen que
ver con la política agraria europea, y el ejemplo más cercano es esta nueva política agraria, en la que podríamos decir que la Unión Europea ha intentado mantener el presupuesto —lo rebaja de forma significativa— y deja a los Estados hacer a cada
uno lo que le dé la gana para que, sin que se haya aplicado esta nueva PAC, empiecen a aflorar las reivindicaciones de tratamiento injusto y discriminatorio por las realidades políticas y administrativas, las normas que en definitiva está aplicando
cada uno de los países. ¿Qué ha pasado en la Unión Europea? Pues que la Unión Europea, las instituciones, en una decisión que yo califico de absolutamente errónea que cierra en falso el debate, finalmente al no poder tomar una decisión única para
todo el ámbito de la Unión, permite a los Estados prohibir en su ámbito territorial el cultivo o la utilización de los organismos modificados genéticamente, alegando para ello —y leo literalmente— razones de política nacional, defensa de su
agricultura tradicional, ordenación territorial, uso del suelo o razones de tipo socioeconómico. Es decir, son términos absolutamente vagos, poco concretos y que efectivamente van a hacer que aflore el debate de transgénicos sí, transgénicos no, en
cada uno de los Estados, especialmente en aquellos que hasta este momento no han tomado una decisión definitiva.


Yo creo que es evidente, y en esto coincidimos con La Izquierda Plural, que urge que el Estado español en su conjunto fije una posición, que nos dejemos de debates territoriales si este Parlamento aprueba una normativa de declarar libre de
transgénicos esta comunidad autónoma u otra o esta provincia u otra o este término municipal u otro —este es un debate falso— y, por tanto, nosotros creemos que el Gobierno español, en nuestro caso el Parlamento español debe liderar, dirigir,
propiciar un debate serio, riguroso, que permita fijar una posición española que responda a los intereses nacionales, sabiendo que es un debate con muchas aristas, que hay muchas posiciones podríamos decir que parten de un posicionamiento
fundamentalista, en sentido positivo o negativo, este es un debate que, desde nuestro punto de vista, hay que abordar con el máximo rigor, con el máximo apoyo científico, con la máxima participación y con la máxima transparencia. El Partido
Socialista no está en contra del uso de la biotecnología, ni en este ámbito ni en ninguno; y de la misma manera que el uso de la biotecnología está sirviendo para resolver problemas de salud tanto humana como en la ganadería, nosotros creemos que
puede ser también un mecanismo para solucionar problemas que tienen que ver con la producción agrícola española, europea y mundial. Incluso diría que los que tienen un posicionamiento claramente en contra

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tienen también previamente que explicar cómo van a resolver el debate, absurdo desde mi punto de vista, de prohibir el cultivo de transgénicos y permitir su importación, que es lo que en algunos casos está ocurriendo; y sobre todo en países
que tienen una gran dependencia para el mantenimiento de su ganadería, como por ejemplo España, que tiene que utilizar millones de toneladas de productos importados de países donde está permitida la producción. Tendremos que resolver este debate,
no es sí o no, sino las implicaciones que tiene, no solo en la producción, sino también en el uso.


Nosotros, que asumimos claramente el principio de precaución de la Unión Europea, el principio de transparencia, el principio de protección de la salud, el principio de la protección del medio ambiente, creemos seriamente que bajo estos
principios tenemos que abrir el debate para fijar la posición nacional. Por ello, hemos presentado una enmienda en la que proponemos la creación de una subcomisión en el ámbito de esta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente —este es
el ámbito propicio—, subcomisión que tras las comparecencias de los representantes del mundo científico más acreditados en esta materia, representantes de la producción, organizaciones profesionales agrarias, de la industria, de los consumidores, de
las organizaciones ecologistas, seamos capaces de fijar en un dictamen una postura que vincule la posición española para su defensa en todos los ámbitos. Lógicamente, con independencia de que pudiera ser aceptada o no por el grupo proponente, es
evidente que si esto no lo acepta la mayoría no llegaríamos a ningún sitio. Nuestra propuesta va un poco en la línea del planteamiento que ha hecho Convergència i Unió. Convergència i Unió pretende sustanciar el debate en el marco de un grupo de
alto nivel y que posteriormente sus conclusiones fueran debatidas en el Parlamento. Nosotros creemos que el debate debe ser aquí en el Parlamento, con luz y taquígrafos, ya que es un debate muy serio. Efectivamente, hay varias encuestas que dicen
que un 50 %, un 60 % de la población, según los países, está en contra del uso de transgénicos, y con esto hay que ser respetuosos, hay que escuchar a la gente y propiciar el debate con la máxima transparencia. Por eso creemos que sería mejor,
lógicamente con todos los respetos, la fórmula de debate en el Parlamento nacional, y a partir de ahí la adopción de una decisión que comprometa la posición española tanto en los ámbitos nacionales como europeos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición respecto a esta iniciativa? (Pausa). De menor a mayor, por el PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea, por un tiempo máximo de tres minutos.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Brevemente, quiero decir que, tal y como ha indicado el portavoz proponente de esta proposición no de ley, Euskadi se declaró zona libre de cultivos transgénicos hace tiempo ya, y se ha ratificado además en el
Parlamento vasco esta decisión, porque consideramos, tal y como se esgrime, que no son compatibles la agricultura ecológica y la agricultura respetando los parámetros medioambientales necesarios con un cultivo transgénico masivo, tal y como se ha
entendido en otros lugares. Y creo que sí es un planteamiento acorde con que tenemos capacidad de decisión de lo que queremos hacer con nuestro territorio. Dicho esto, debo discrepar con el compañero don Alejandro Alonso cuando ha dicho ahora que
no es de rigor o tiene un calado inferior que parlamentos o provincias o etcétera… Lo será para él, para mí, que mi comunidad autónoma y mi parlamento declare Euskadi zona libre de transgénicos es tan importante como que para él el Parlamento
español declare que España es libre de transgénicos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la proposición que hace; si se debe debatir si este Parlamento tiene que hacerlo o no, pues lo hacemos, no hay ningún problema, pero creo que cada uno también
tiene que aguantar el palo de la vela en la parte que le corresponde, y nosotros sí lo hemos hecho. Por lo tanto, apoyaremos la propuesta que ha hecho La Izquierda Plural.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Nos gustaría poder discutir, como se ha dicho anteriormente, este tema más seriamente y en profundidad, científicamente hablando. Se han citado aquí dos temas que a mí me preocupa que muchas veces se tratan
de una forma cuasi religiosa: los organismos modificados genéticamente y el TTIP. Es curioso cómo se habla del TTIP a veces como si todo estuviera ya decidido, y es curioso cómo se habla de él muchas veces como un grandísimo problema, cuando de
hecho, si se negociara bien, y ojalá todos los grupos que aquí están —y uno a veces tiene sus dudas— lo hicieran, se podría convertir lo que se dice a priori que es un gran problema en una grandísima oportunidad para algo tan importante para este
país como son sus exportaciones. Con los organismos modificados genéticamente pasa lo mismo. Es cierto que pueden crear problemas, es cierto que crean infinitas oportunidades, es cierto que hace falta un debate serio científicamente hablando, es
lo que nosotros quisiéramos, pero es

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cierto también que no se puede demonizar, entre otras cosas, y por poner un solo ejemplo, hay muchísimos más, porque los diabéticos consumen cada día productos procedentes de organismos modificados genéticamente; demonizar per se todo eso
me parece completamente injusto, y creo que por lo tanto debiéramos hacer, y en eso estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho anteriormente, un debate un poquito más serio. Doy la bienvenida al Partido Socialista y me sorprende
gratamente que crea que esto, como nosotros hemos defendido muchísimas veces, en esta ocasión es un debate que se debiera llevar a cabo de modo nacional y no tanto autonómico o municipal; nosotros hemos defendido siempre ese tipo de negociaciones y
ese tipo de políticas en algo tan importante como es esta agricultura, el medio ambiente en general. Nos abstendremos porque echamos de menos un debate en mayor profundidad. Creo que es un tema que se debería llevar al Pleno y discutirlo con mayor
rigor. Asimismo, creo que es un tema en el que deberíamos escuchar a muchas voces científicamente respaldadas; espero que en el futuro lo consigamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, y yo quisiera hacer algún tipo de aportación y decir que no vamos a votar a favor. No vamos a votar a favor porque en la exposición de motivos hace
una serie de afirmaciones que son erróneas. Plantea como que España es un islote en materia de producción de cultivos transgénicos, y como ha dicho el portavoz de La Izquierda Plural, hay cinco países que producen cultivos transgénicos. Pero
España no es un islote; en el mundo hay 181 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, señorías, 181 millones de hectáreas; hay 18 millones de agricultores que cultivan cultivos transgénicos, y hay cientos de millones, miles de millones de
personas que cultivan productos que han sido consumidos por animales o bien directamente de cultivos transgénicos. Por lo tanto, España no es un islote. Pero es que hay más, no solamente se cultivan en España, sino incluso también en países de la
ideología del proponente, La Izquierda Plural; en Cuba se cultiva este maíz que está prohibido, en Bolivia, en Uruguay, en China, 4 millones de hectáreas en China de cultivos transgénicos; y precisamente se cultivan en países en donde las personas
tienen un bajo rendimiento económico, unas economías muy pobres.


Hablan de empresa multinacional que lo comercializa. En España hay ocho, una de ellas incluso es una pyme nacional. Hablan de los riesgos de los OGM y de los agrotóxicos. Señoría, esto no es cierto; cualquier semilla transgénica,
cualquier producto transgénico está avalado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, lo mismo que se hace con el maíz transgénico, ha sido avalado y autorizado por la EFSA. Y en la Comisión Nacional de Bioseguridad pasa lo mismo, no hay
nada que no pase por estos organismos. También dicen que hay muchos problemas en los países con los cultivos transgénicos. Señorías, todos los países que han presentado demandas, como pueden ser Francia, Grecia, Austria, Luxemburgo y Hungría,
todas las propuestas que ha habido en el sentido de que hay inseguridad con el consumo de transgénicos han sido rechazadas. Por lo tanto, no hay tal aversión ni hay tal manifestación de que son malos para la salud. Incluso en el mundo, hasta
veinte países han autorizado las producciones de cultivos transgénicos y todos ellos, todas las autoridades sanitarias de esos países han dicho que son aptos para la salud y que no ofrecen ningún problema. Pero es que incluso la Organización
Mundial de la Salud y muchas organizaciones universitarias, médicas, de investigación, todas han fallado que tienen total seguridad.


Hablan de efectos socioeconómicos negativos. Señorías, esto no es cierto. Como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, nuestra cabaña ganadera depende de la proteína vegetal que viene del exterior para la elaboración de piensos
compuestos. Por lo tanto, un país que no tiene, como tienen Francia y todos estos países que han prohibido los cultivos transgénicos, esa posibilidad de generar productos de maíz o de cereales convencionales, tenemos que producir y generar pienso
compuesto con producciones nuestras. Por lo tanto, nosotros hemos dejado de importar semillas y cereales para elaborar nuestros propios cereales. Fíjense que desde el año 1998 nosotros hemos dejado de importar más de un millón de toneladas de maíz
para elaborar, y todo eso es economía nacional. Por lo tanto, a nivel nacional los efectos socioeconómicos de la producción de OGM en España son positivos, y lo mismo le pasa al agricultor. Hablan de contaminación y desaparición de cultivos
ecológicos. Señorías, en diecisiete años de cultivos transgénicos en España no ha habido ninguna denuncia de contaminación por cultivos transgénicos. Por lo tanto, esa afirmación no es cierta. En España, desde hace diecisiete años no ha habido
litigios entre agricultores. Mantienen unas tesis, unas teorías que en definitiva no se corresponden

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con la realidad. Hablan de que los consumidores están indefensos. Esto tampoco es cierto. Cualquier alimento que tiene dentro de su composición cultivo transgénico tiene la obligación de etiquetarlo. Por lo tanto, no falseemos esta
realidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Lapazarán, tiene que acabar.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino diciéndoles algo con respecto a los transgénicos, a la transgénesis. Yo diría que piensen ustedes en la insulina, que piensen ustedes en los trigos transgénicos para personas que no pueden consumir
cultivos convencionales, solamente aptos para celiacos, esta es la solución. Asimismo, los cultivos que pueden descontaminar suelos, todo esto es investigación, todo esto es futuro, y así va la línea de investigación del mundo europeo. Yo les
recomendaría que leyesen algún libro, entre ellos uno del profesor García Olmedo que se titula El ingenio y el hambre; verán ustedes hasta dónde puede llegar todo lo que es la biotecnología, la investigación en materia de transgénesis y las
bondades que puede generar en materia no solo de mejora de la salud humana y de la sanidad animal, sino también de mejora de los suelos, incluso prevención de la sequía y posibilidad de plantas que puedan de alguna manera introducirse en terrenos de
secano. Yo creo que estamos ante el futuro, y el futuro es convivir con estos cultivos. En definitiva, yo creo que no se puede apoyar este tipo de iniciativas porque, como decía, van en contra del desarrollo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sanz a los efectos de si acepta o no las enmiendas.


El señor SANZ REMÓN: Intentaremos llegar a un acuerdo para redactar una transacción que les presentaremos, pero va a ser complicado a la vista de las intervenciones de los portavoces.


El señor PRESIDENTE: Si llegan a una transacción ruego que la faciliten a la Mesa para que podamos disponer de ella antes de la votación.


— SOBRE IMPULSO DE CREACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA BIOENERGÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001081).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley sobre impulso de creación de empleo a través de la bioenergía. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y para su
defensa, por un tiempo máximo de siete minutos, tiene la palabra su portavoz, el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señorías, queremos unir dos conceptos que son necesarios: uno es creación de empleo y otro es bioenergía. Esta proposición no de ley no quiere buscar en ningún momento ningún enfrentamiento claro con ningún
grupo parlamentario ni ninguna opción concreta, sino poner sobre la mesa la necesidad de que la bioenergía como fuente de energía renovable, la bioenergía como sistema de generación de energía a partir de la biomasa es una posibilidad muy
importante, validada y confirmada de creación de empleo para años futuros.


La biomasa es una materia orgánica originada en un proceso biológico que puede ser espontáneo o provocado. Esta materia orgánica es utilizable como fuente de energía. La mejor biomasa es de origen agrícola o forestal. Por tanto, aquellos
residuos agrícolas, residuos forestales, restos de industrias de la madera, cultivos energéticos, entre otros, son susceptibles de convertirse en biomasa y por tanto de ser una fuente de bioenergía. Los usos de la biomasa son varios: generación de
calor, de frío, elaboración de electricidad, uso para el transporte… Se transforma fácilmente en biocombustible sólido, en biocombustible líquido, en biogás. Por lo tanto, tenemos una fuente de energía renovable importante que puede generar puestos
de trabajo. Además, esta biomasa, que genera un combustible no fósil que es renovable, es neutra en el ciclo del carbono. Por tanto, cuanto más se pudiese usar este tipo de biocombustible o de biogás estaríamos sustituyendo el combustible fósil,
con lo que estaríamos colaborando con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Por lo tanto, a partir de una fuente de energía que cumple con los estándares para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera podemos tener muchos
beneficios. De futuro, por ser renovable y ser respetuosa con el medio ambiente porque, como hemos constatado, constituye claramente una posibilidad de lucha contra el cambio climático. Estaríamos reduciendo la dependencia energética respecto a
los recursos fósiles.

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Vamos ya a centrarnos en el segundo concepto de la proposición no de ley, que es la creación de empleo. Se produce localmente; permitiría la creación de empleo en el medio rural, lo que permitiría la fijación de la población en aquellos
pueblos de tamaños pequeños y medianos que, debido a la falta de posibilidades de trabajo y de desarrollo personal, se están quedando sin población. Abre nuevas oportunidades para la agricultura; supone una gestión forestal sostenible y estaría
dando nuevas oportunidades también para todos aquellos propietarios forestales que tienen sus bosques abandonados y, por tanto, si esto avanzase, también estaríamos ayudando a prevenir el riesgo de incendios forestales.


El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ya escuchó en su momento al exministro el señor Arias Cañete cuando en una de sus primeras intervenciones habló de esta línea —sobre todo de biomasa y de bosques, pero al final es un eje
de la bioenergía—, de que en la Ley de Montes que él quería renovar sería un eje básico la creación de puestos de trabajo, la generación de actividad económica para una mejor gestión sostenible de nuestros bosques. Por ello, en esta proposición no
de ley, y viendo que todavía se estaba tramitando la modificación de la Ley de Montes, nos hemos hecho una autoenmienda. En esta autoenmienda se mantiene el punto anterior, que era impulsar financieramente el establecimiento de planes autonómicos
de incremento del uso de sistemas de generación de energía a partir de la biomasa. La palabra básica e importante es «el impulso financiero». ¿Por qué? Porque la estrategia española de cambio climático y de energía limpia 2012-2020 ya pedía al
Gobierno un compromiso para fomentar las funciones y valores de los ecosistemas naturales, y le pedía al Gobierno que promoviese con las comunidades autónomas planes autonómicos de uso intensivo de biomasa. Pero en la situación económica actual
nosotros añadimos la palabra «financiera» porque entendemos que el impulso tiene que ser del Estado, que es en estos momentos el que tiene la dotación presupuestaria más importante para poderlo hacer.


Hemos aprovechado para añadir, tal vez con calzador, dos temas, porque creemos que era importante que los grupos parlamentarios pudiésemos opinar sobre estos dos temas que ahora vamos a comentar. Uno, que dentro de la Ley de Montes, y por
tanto para la gestión de todas las hectáreas forestales, es importante que se facilite, que se minore toda la problemática de gestión administrativa y por tanto que se facilite el uso de instrumentos de planificación y ordenación forestal, para que
a los propietarios o a la diversidad de tipología de propietarios de los montes del Estado, y en este caso también de Cataluña, se les pueda facilitar poder explotar esos bosques y esas hectáreas forestales. Pero, y creemos que es clave —aquí no
tendríamos que tener un debate sobre si es la comunidad autónoma quien lo tiene que financiar o el Estado, aquí es el Estado quien tiene la competencia—, hay que incorporar incentivos fiscales que promuevan y garanticen la gestión forestal
sostenible, lo que generaría biomasa, generaría puestos de trabajo, permitiría a la población rural quedarse y fijarse en esos territorios, y estaría ayudando al cambio climático y a la creación de puestos de trabajo.


En este sentido, creemos que estamos en un momento importante. Dentro del trámite parlamentario tal vez no es el momento más importante para debatir esta proposición no de ley, pero la Comisión se convocó cuando se convocó y la tramitación
de la Ley de Montes está como está, pero creemos que es importante que hoy todos los grupos parlamentarios podamos manifestar nuestro interés en que esta oportunidad normativa pudiese incorporar la facilitación de los usos de instrumentos de
planificación y ordenación forestal e incorporar estos incentivos fiscales que ayudarían mucho a la gestión de los bosques, y en este sentido a la creación de biomasa y a que esta fuente de energía renovable, la bioenergía, pudiese tener más éxito.


El señor PRESIDENTE: También ha presentado una enmienda el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Efectivamente, todo material de origen biológico, excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización, es como se define la biomasa, digamos, en su definición
—valga la redundancia— más técnica. Hay una amplia exposición de motivos que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en su iniciativa y a nosotros nos gustaría aportar algún dato más: su uso como recurso energético supone unas ventajas
medioambientales tremendamente importantes. Por ejemplo, disminuye las emisiones de partículas, reduce las emisiones de contaminantes, el ciclo neutro de CO2 sin contribución al efecto invernadero, se reduce el mantenimiento y los peligros
derivados del escape de gases tóxicos y combustibles en las casas, se reduce el riesgo de incendios forestales y de plagas de insectos que tanto daño hacen a nuestros montes, se aprovechan los residuos agrícolas evitando su quema en el terreno,
posibilita la utilización de tierras de barbecho con

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cultivos energéticos, favorece la regeneración natural de la masa principal, facilita la repoblación artificial de la masa forestal, posibilita el crecimiento del arbolado, incrementa la capacidad de aprovechamiento de productos forestales,
facilita los movimientos por el monte e incrementa el hábitat de cierta fauna silvestre. Yo he citado algunas de estas ventajas; podríamos estar toda la mañana nombrando las ventajas que tiene esta energía. Estas ventajas convierten a la biomasa
en una de las fuentes potenciales de empleo en el futuro, siendo un elemento de gran importancia para el equilibrio territorial, muy especialmente en las zonas rurales. Es por tanto —lo tenemos claro— un sector energético indispensable tanto desde
el punto de vista energético como desde el punto de vista ambiental, como también para el desarrollo socioeconómico de muchas zonas de nuestro país, insisto, de las zonas rurales.


Actualmente hay algunos datos. Yo he recogido los datos que entendía que eran más recientes, probablemente haya alguno ya más actualizado, pero en todo caso la energía primaria utilizada en España proviene en cerca de un 75 % de
combustibles fósiles altamente contaminantes. Estamos hablando de petróleo, de gas y de carbón. Esta realidad respecto al suministro eléctrico en nuestro país nos aleja muchísimo, señorías, de los compromisos del Protocolo de Kioto ratificado para
el periodo 2013-2020; un protocolo de la Convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y también de un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento
global, como por ejemplo el CO2. Son precisamente tres comunidades con un alto grado de ruralidad, como Andalucía, Galicia y Castilla y León, las que registran un mayor consumo de esta energía. Y eso es, seguro, debido a la presencia en ellas de
empresas que utilizan grandes cantidades de biomasa, a la existencia de un sector forestal desarrollado y a la dispersión poblacional que facilita el uso de la biomasa doméstica.


Por tanto —y ya voy terminando—, si las energías renovables ya contienen un beneficio claro en el caso de la biomasa, existen otros beneficios, especialmente para la población rural, como proporcionar el tratamiento adecuado de residuos, en
algunos casos contaminantes, como gestionar los residuos procedentes de podas y de limpiezas de bosques, limitando la propagación de incendios. Estos son beneficios de carácter medioambiental, pero los beneficios económicos se traducen en una
oportunidad para las zonas rurales, ya que la producción de biomasa para uso energético que permite el desarrollo de una nueva actividad en estas áreas genera muchos puestos de trabajo estables y además contribuye a frenar la despoblación. De
acuerdo con lo expuesto por el Comité de las Regiones en el dictamen sobre el Libro Blanco de las energías renovables, a igual potencia instalada se crean hasta cinco veces más puestos de trabajo con energías renovables que con energías y
combustibles convencionales, también para la agricultura. Hemos hecho una exposición de los beneficios que tiene para las zonas rurales, pero de manera muy concreta para la agricultura. Fíjense, la sola posibilidad de dedicar parte de sus terrenos
a prácticas distintas a las tradicionales supone un equilibrio en sus ingresos anuales a través de un mercado mucho más amplio para sus productos.


Por tanto, vamos a votar a favor de esta iniciativa. Hemos presentado una enmienda. Es verdad que el Grupo Catalán ha hecho una autoenmienda a esta iniciativa que nosotros vemos bien. Nosotros vamos a hacer una enmienda a la totalidad de
la Ley de Montes, aparte de las enmiendas parciales —es una ley con la que discrepamos profundísimamente—, pero nos parece adecuada, digamos, la reseña que se hace en esa autoenmienda de Convergència i Unió en su último punto. Y el primero es, como
decía su proponente, muy similar a lo que ya estaba redactado, a la redacción de la proposición inicial. Nuestra enmienda pide que el Gobierno no solo financie planes de carácter autonómico, sino que también y de manera coordinada, por supuesto con
las comunidades autónomas, elabore una estrategia que aumente los apoyos normativos, financieros y políticos de la bioenergía, y que incorpore objetivos de incremento en su empleo, de cara a la posición española —y esto es tremendamente relevante—
en la XXI Conferencia de las Partes de la Convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Creemos, señor proponente, que esta enmienda incorpora la clave local, que es absolutamente decisiva para entender también la importancia y la
relevancia de esta energía. Y además incorporamos ese momento clave que va a ser la Convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, donde es fundamental la postura de España en este sentido. Si desde los ayuntamientos se contribuye en
este camino, en esta dirección, yo creo que estaremos ganando todos. Por lo tanto, esperamos que acepte nuestra iniciativa; nosotros, en todo caso, votaremos a favor de esta propuesta de Convergència i Unió.

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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición respecto a esta iniciativa? (Pausa). Por UPyD, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Apoyaremos la propuesta de Convergència i Unió porque nos parece necesaria por muchas razones: porque crea empleo, porque fija población rural, porque esa era la tradición y lo que se ha venido haciendo en
nuestros bosques, en nuestros campos y en nuestros pueblos durante toda la vida, y eso ha contribuido a que el medio ambiente fuera mejor y a que el ser humano lo aprovechara de una manera sostenible; porque además así prevenimos incendios, que es
una cultura en la que nosotros hemos sido también bastante insistentes aquí, en profundizar un poquito más en la cultura de la prevención y no tanto en la de la extinción, necesaria sin duda, pero menos necesaria si previniéramos mucho más y mucho
mejor; por ecología también es necesaria, por disminuir las emisiones de CO2.


Desde Unión Progreso y Democracia nos hemos mostrado a menudo contrarios a la política energética que está llevando a cabo el Partido Popular; política energética que nos parecía que se dirigía más a contentar al lobby eléctrico —donde, por
cierto, acaban muchas veces dirigentes de este partido o de alguno de los otros partidos grandes— que realmente adonde debiera dirigirse, que es hacia los ciudadanos que pagamos la factura, pero no solamente hacia nosotros; debo añadir que además
trabajando hacia nosotros realmente se hubiera podido potenciar de manera mejor, sin castigar, como se ha hecho desde el Partido Popular, el autoconsumo en la energía solar, por poner un ejemplo, democratizando la creación de energía por lo tanto, y
no solamente poniéndola en manos de ese lobby eléctrico, sino permitiendo que cada persona en su casa, en su tejado, en su jardín, donde sea, pueda instalar una placa y por tanto pueda producir su propia energía.


No solamente eso, no solamente democratizando —que veo que la palabra despierta quejas aquí, a mi lado—, sino también ayudando y apoyando algo tan importante en nuestro país como es el sector industrial. Hay empresas muy importantes —estoy
pensando en el sector azulejero de Castellón, por ejemplo— que se han visto castigadas de manera muy dura en su factura energética porque se ha prohibido ese autoconsumo y esa reutilización de la energía que podría hacer que crearan más empleo no
solamente en el medio rural, que fueran más competitivos a la hora de exportar, que pudieran producir más barato. Parece que eso a nuestro Gobierno no le interesa.


Solamente quisiéramos introducir una pequeña salvaguarda a la propuesta que ha hecho Convergència i Unió, y es que, a pesar de que estamos muy lejos de que eso suceda, porque lo habitual en nuestros bosques es que estén tan dejados que están
completamente abarrotados de material que se podría utilizar para crear biomasa, es cierto que hay que hacer una pequeña diferenciación de cuáles serán esos cultivos que se plantarán solamente para crear esa biomasa, y de dónde se sacará esa
biomasa, para lo que nosotros proponemos que exista un pequeño punto de atención en cuanto a que si esa biomasa se saca de los bosques deberíamos añadir —todavía no, repito, porque están completamente abandonados y el problema es otro, es que hay
demasiado biomasa y son una pira— que en el futuro se establezcan ciertos tipos de controles para evitar daños y excesos.


El señor PRESIDENTE: El señor Sanz tiene la palabra.


El señor SANZ REMÓN: Tomo la palabra para anunciar el voto favorable, independientemente de la propuesta, incluyendo el añadido que nos plantea el proponente, diciendo que la propuesta es lo suficientemente amplia como para poderse apoyar
desde el fundamento que persiguen. Luego, cuando concretemos y pase a exponer la posición de mi grupo con respecto a los pormenores y las cuestiones que hay que tener en cuenta para no equivocarnos en el impulso de la biomasa, habrá incluso
diferencias para con las intervenciones que hemos venido escuchando a lo largo de la defensa de su posición por parte de los proponentes.


Es un debate energético y se ha producido en la Comisión de Energía ya en varias ocasiones; es un debate energético que está bien traído porque la energía tiene mucho que ver con el medio ambiente, fundamentalmente casi todo, sobre todo sus
afecciones sobre el mismo y el modelo energético que tenemos ahora mismo en este país, y por lo tanto es necesario traerlo a esta Comisión. Porque es necesario un cambio de paradigma, como les decía, en ese modelo de política energética. Y
hablaremos un poquito de política energética en esta Comisión de Agricultura y Medio Ambiente. Nosotros hemos venido planteando desde el inicio de esta legislatura que es necesario cambiar los cimientos, que es necesario modificar nuestro sistema
energético, nuestro modelo energético y también nuestro mix energético sobre el impulso

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claro a las energías renovables, de forma decidida. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones, y es verdad que al margen de los errores cometidos, que los ha habido, en materia de planificación de renovables, debemos reafirmar un impulso
real a este tipo de energías, no solo por las fuertes inversiones que suponen y que ahora mismo hay que seguir sosteniendo, sino porque realmente persiguen o propician unos objetivos ambientales, y sobre todo potencialmente de soberanía energética,
vitales para modificar nuestra situación actual en materia de política energética. Hay que cambiar —se han planteado aquí varias cuestiones al respecto— y hay que meter mano, permítanme la expresión, a la política energética de este país, hacerla
más transparente, hacerla más sostenible, hacerla más democrática, y sobre todo hacerla pensando en la gente y no pensando en las empresas que ahora mismo tienen la capacidad de someter a los Estados a lo largo de las diferentes legislaturas, como
ha venido sucediendo.


La propuesta que hoy tenemos ante nosotros nos permite avanzar hacia este camino; un camino, como les decía, que tiene que permitirnos ver y revisar el mix, apostando por un mix adecuado de energías renovables. Y en este sentido, la
biomasa y el biogás hoy no juegan el papel que deberían, siguen relegadas, siguen rezagadas y además han perdido peso en el Plan de energías renovables de 2011 a 2020 en este país. He de decir que considerar estas energías, entenderlas como
energías subvencionadas es una visión absolutamente equivocada. A la larga es un error considerar esto, ya que son infinitamente mayores los costes tanto económicos como ambientales que implica el modelo energético actual, de importación de
energía, de combustibles fósiles, que el apostar clara y decididamente por un mix energético fundamentado en las renovables. Pero es verdad que esto hay que hacerlo de forma planificada, porque si no, estaremos otra vez ante otra burbuja, y eso es
lo que desde mi grupo, desde el Grupo de La Izquierda Plural, estamos absolutamente en contra de que suceda.


¿Hay ventajas? Evidentemente. Se han dicho muchas en esta Comisión: es una oportunidad para producir energía limpia, para vertebrar territorio, para generar empleo, para gestionar correctamente los residuos forestales, la masa forestal.
Pero hay varias cuestiones que hay que situar encima de la mesa para no equivocarnos en cómo debe ser esta apuesta decidida por este tipo de energías. Y les diré varias, para concluir. Nosotros, al contrario de lo que se ha dicho aquí, nos
oponemos a que los cultivos destinados a la alimentación se destinen a producir energía. Nosotros nos oponemos a que los cultivos dedicados a la producción de alimentos sean dedicados a producir energía. No puede suceder eso en este país. Tenemos
que apostar por una gestión forestal, por una gestión de la masa forestal y aprovecharla para el biogás y la biomasa. Además, debemos intentar que la gestión forestal se haga basándose en prácticas sostenibles, en prácticas ecológicas, y avanzar
también, porque es una oportunidad, a través de la modificación de esa Ley de Montes y de otras leyes necesarias, en el impulso de ese tipo de prácticas agrarias. Hay que tener especial cuidado también con el tema del agua. Y eso nos lleva, en
definitiva, a decidir qué modelo de plantas de generación de energía basado en la biomasa queremos, si lo queremos de proximidad o si queremos grandes plantas. Y nosotros apostamos por plantas de proximidad, que vertebren territorio y sobre todo
que tengan el ojo puesto en el autoconsumo y en el abastecimiento de cercanía. Es necesario, es fundamental implicar a las comunidades autónomas en esta planificación y en esta estrategia porque tienen mucho que ver en lo que respecta a gestión
forestal y a gestión del territorio, y sobre todo deberían también tener mucho que ver en lo que respecta a política energética.


Por todos estos motivos, vamos a votar favorablemente esta propuesta, entendiendo que el grado de concreción de la misma permite estas consideraciones en su desarrollo posterior.


El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, para fijar posición, el Grupo Parlamentario Popular, a través del señor Bertomeu.


El señor BERTOMEU BERTOMEU: Señorías, fijo la posición en nombre del Grupo Parlamentario Popular en referencia a la PNL presentada por Convergència i Unió para impulsar la creación de empleo a través de la bioenergía. Compartimos
totalmente sus manifestaciones en relación con la necesidad de consolidar el sector de la bioenergía, por generar una energía que respeta el medio ambiente que, como indican, lucha contra el cambio climático y que, por tanto, es una energía de
futuro que debemos potenciar. Es una oportunidad para impulsar el crecimiento económico, crear empleo y contribuir a una mejora de la salud y calidad de vida de las personas. Todo lo que nos permita luchar en forma efectiva contra el cambio
climático es un modelo de suma importancia que debemos seguir. La reducción de emisiones de CO2 es un objetivo irrenunciable. No obstante, es necesario tener en cuenta el artículo 18 de la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, que establece que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán integrar las consideraciones relativas a la protección de la atmósfera

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en la planificación, desarrollo y ejecución de las distintas políticas sectoriales. El párrafo 2 del mismo artículo dice que las administraciones velarán para que dichas actuaciones no sobrepasen los objetivos de calidad del aire
establecidos y para que, en todo caso, sus posibles impactos sean debidamente minimizados en las fases de diseño y planificación de la actuación.


Como todos ustedes saben, la Unión Europea ha adoptado un nuevo marco común en materia de energía y clima para el periodo 2020-2030, aprobado el pasado mes de octubre, en el que se recogen los compromisos comunes de disminuir nuestras
emisiones de CO2 al menos en un 40 % respecto a los niveles de 1990, conseguir que las energías renovables participen en un 27 % en el consumo final de la energía, y mejorar la eficiencia energética en un 27 %. Se trata de un modelo que nos permite
luchar de forma efectiva contra el cambio climático. En los últimos años hemos avanzado en nuestro compromiso contra el cambio climático con políticas activas que contribuyen a generar actividad económica y empleo. La bioenergía es uno de los
sectores a consolidar como fuente generadora de empleo y herramienta crucial para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel estatal, en el fomento de la bioenergía el eje fundamental lo constituye el Plan de energías
renovables 2011-2020, donde se recogen las herramientas de impulso a nivel central, tales como las distintas plataformas tecnológicas existentes, en especial Bioplat, herramienta destinada a la canalización de las prioridades de investigación de
este sector. La plataforma tecnológica española de la biomasa es un grupo de excelencia y coordinación técnico-científica sectorial compuesto por todos los actores relevantes del sector de la bioenergía en España, de forma que engloba la biomasa en
su sentido más amplio: recursos, tecnologías de transformación, aplicaciones, sostenibilidad y marco regulatorio; marco en el que todos los sectores implicados en el desarrollo de la biomasa trabajan conjunta y coordinadamente, con objeto de
conseguir que la implantación comercial de la biomasa en España disfrute de un crecimiento continuo de forma competitiva y sostenible.


Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de los proyectos Clima, apoya la generación de energía a través de la biomasa, mediante la compra de reducciones de emisiones verificadas en proyectos en
sectores difusos. La tercera convocatoria de los proyectos Clima, puesta en marcha a principios de 2014, ha supuesto la adquisición de reducciones de emisiones de 42 proyectos que implican 65 nuevas actuaciones en los sectores difusos con presencia
de todas las comunidades autónomas. Por último, he de señalar que la estrategia española del cambio climático y energía limpia, horizonte 2007-2012-2020, en su apartado 3.3.1, de cooperación institucional, establece, dentro del bloque de medidas,
promover que las comunidades autónomas propongan planes autonómicos de uso intensivo de biomasa, revegetación y restauración de ecosistemas. Estas medidas se deben desarrollar en el marco de cooperación institucional de las comisiones de
coordinación de políticas de cambio climático, pero siendo competencia de las propias comunidades autónomas la proposición de estos planes, más aún cuando se trata de planes autonómicos. Dentro del ámbito de competencias del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no entra la creación de empleo y la lucha contra el cambio climático mediante el impulso a la obtención de energía a partir de la biomasa, al quedar expresamente excluido de la aplicación de la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Por tanto, aun en el caso de valorar positivamente la consolidación del sector de bioenergía como fuente generadora de empleo, no vamos a dar nuestro apoyo a la propuesta, entre otras cosas, por no
ser competencia de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: El grupo proponente tiene la palabra para manifestar su opinión sobre las enmiendas que han presentado a su iniciativa.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Podíamos haberlo hecho al final, pero era para que la portavoz del Grupo Socialista supiese que creo que podemos añadir este tercer punto suyo a los dos que nos hemos autoenmendado nosotros, con lo que
aceptaríamos la enmienda, que se sumaría a nuestra autoenmienda.


— SOBRE EL ACUERDO UE-EE UU Y EL SECTOR VITIVINÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003284).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a continuación al debate de la proposición no de ley sobre el acuerdo UE-Estados Unidos y el sector vitivinícola. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el
señor Luena.


El señor LUENA LÓPEZ: En primer lugar, como preámbulo, quiero recordar que esta Cámara ya conoce que el Partido Socialista no defiende incondicionalmente el acuerdo de comercio e inversión

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transnacional de la Unión Europea con Estados Unidos. Nosotros hemos puesto condiciones para apoyar ese acuerdo aquí y en el Parlamento Europeo. Creemos que los efectos económicos beneficiosos que pueden suponer para la economía y para la
creación de empleo en España y en Europa no pueden nunca significar el sacrificio de los estándares europeos de protección social, de protección laboral y de protección medioambiental; tampoco un menoscabo en los derechos de los consumidores, ni
mucho menos la ruptura de los principios de transparencia y rendición de cuentas. Por eso, creemos que es imprescindible que el Gobierno mantenga informada a esta Cámara del estado de las negociaciones y de los impactos que este acuerdo puede tener
sobre cada uno de los sectores de nuestra economía. Voy a hablar hoy en esta proposición del Partido Socialista de uno de los sectores que pueden beneficiarse de este acuerdo, que creemos que para eso hay que introducir algunas condiciones en la
negociación, y por eso el sentido de nuestra proposición no de ley.


Les voy a dar algunos datos. Según la Federación Española del Vino, en el año 2013 Estados Unidos se ha convertido en el primer mercado a nivel mundial en cuanto a consumo de vino, con 29,1 millones de hectolitros. Es decir, Estados Unidos
se convierte en el primer importador mundial de vino en valor y en el tercero en volumen. Dentro de este gran mercado, España es el sexto proveedor en términos de volumen y el quinto en valor, con 70 millones de litros y 341 millones de dólares.
Desde el año 2005, fecha en la que se firma el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el superávit comercial de este producto para el sector comercializador comunitario ha crecido un 87 % en volumen y un 30 % en valor, lo que
ha significado en 2014 superar los 2.500 millones de euros. Excelentes noticias, por tanto. Hoy leíamos: sorpasso del vino español tras la cosecha récord. Adelantamos ya como país miembro a Italia y a Francia en volumen de ventas y lideramos las
exportaciones mundiales.


Por tanto, incluir el sector del vino como un capítulo específico dentro de este acuerdo se convierte en una oportunidad histórica para consolidar ese acuerdo bilateral y para incluir algunos objetivos, porque es cierto que hay algunas
diferencias. ¿Cuáles? Los temas prioritarios pasan por establecer un mecanismo eficaz de lo que podríamos llamar solución de diferencias, como la eliminación total de aranceles, la protección de las denominaciones geográficas, la armonización de
las prácticas enológicas de acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial del Vino, los acuerdos de equivalencia sobre el vino orgánico, armonización fiscal, etcétera. Es decir, que es necesario, como manifiesta en este caso la AREV, la
Asamblea de las Regiones Europeas del Vino, que a algunos problemas con los que se enfrenta el sector productor comunitario se les ofrezcan soluciones en forma de garantías con respecto a las normas y a las reglas de tipo jurídico que vinculan este
acuerdo transaccional con Estados Unidos. Por tanto, particularmente supondría la renuncia a utilizar denominaciones semigenéricas, el respeto a prácticas enológicas de la Organización Internacional del Vino, el reconocimiento de los vinos
ecológicos o biológicos; en definitiva, la protección de nuestro producto, del producto del vino, dentro de ese marco del acuerdo transnacional entre la Unión Europea y Estados Unidos.


Se han presentado tres enmiendas a esta iniciativa por el Grupo de La Izquierda Plural, el Grupo Popular y el Grupo Catalán. Adelanto a la Comisión que estamos negociando una transaccional, que en todo caso tiene unos límites, que son: en
primer lugar, la defensa de que dentro de este acuerdo se incluya un capítulo específico para el sector del vino; en segundo lugar, que la situación actual resuelva las prácticas discriminatorias actuales, y por último, que en el marco de estas
relaciones comerciales se respete el sistema de producción propio de las indicaciones geográficas protegidas y de las denominaciones de origen protegidas, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y de acuerdo con los Estados miembros,
protegiendo así estándares de calidad, de seguridad alimentaria, indicadores geográficos y el principio de precaución que rige en la Unión Europea.


Objetivo final: que este acuerdo de verdad se convierta en un instrumento de promoción del sector vitivinícola europeo y español, sin perjudicar nuestros niveles de calidad y de protección que vienen, como bien saben sus señorías, a
retroalimentarse el uno del otro. Por tanto, esta es la iniciativa del Partido Socialista y también la posición del Grupo Socialista. Le haré llegar a la Mesa la transaccional final. Ojalá que podamos ponernos de acuerdo con los tres grupos
políticos que han enmendado, pero en todo caso adelanto también, para que así conste en el «Diario de Sesiones», que el Grupo Socialista considera imprescindible que figure como un capítulo específico en este texto, porque pretendemos que las Cortes
Generales mandaten al Gobierno para que el Gobierno, como Estado miembro, también mandate a los negociadores europeos y preserve así la protección de nuestros estándares de calidad dentro de la negociación con Estados Unidos del acuerdo
transnacional de comercio e inversión.

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El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa presentada por el Grupo Socialista se han presentado tres enmiendas. De menor a mayor, por La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Precisamente, y empiezo por donde lo ha dejado el grupo proponente, ese es el problema, que no solo tendría que ser el vino el que tuviera esas salvaguardas; precisamente ese es el problema, que debería ser el conjunto
del sector agrario, el conjunto de nuestra agricultura y de nuestra alimentación el que estuviese bajo ese paraguas que permitiese en último término que la regulación no arancelaria que rige nuestro marco productivo en Europa se mantuviese. Y ese
es el problema, que la propuesta que nos presenta el Partido Socialista a nuestro entender se queda corta, y por eso hemos presentado esta propuesta de sustitución, que lo que implica es única y exclusivamente ampliar la garantía del respeto a esa
regulación no arancelaria establecido en la Unión Europea, en la normativa comunitaria, al conjunto del sector agrario y de la producción agraria y de la seguridad alimentaria.


Creemos que hay que hablar del TTIP, hacer una reflexión profunda, y hacerla desde cinco puntos de vista, abordando cinco cuestiones que voy a intentar pasar a relatar con brevedad. Y sobre todo desde el punto de vista general, porque hacer
recaer única y exclusivamente la repercusión concreta de este acuerdo —este oscuro acuerdo, en otro orden de cosas— sobre un sector concreto, creemos que es no ver el bosque, y por lo tanto no analizar correctamente las implicaciones que sobre el
conjunto de nuestra economía, sobre el conjunto de nuestra soberanía y sobre el conjunto de nuestra democracia misma va a tener este acuerdo, de llegarse a producir. Y empiezo por ahí, por el oscurantismo. Si va a ser tan positivo este acuerdo,
¿por qué el jefe de la delegación de la Unión Europea se compromete con el jefe de la delegación estadounidense a mantener en secreto durante treinta años —durante treinta años, señoría— el contenido de las informaciones que hacen referencia al
proceso de negociación? ¿Por qué se impide a los parlamentarios y parlamentarias en Europa entrar con cualquier tipo de medio que permita grabar o apuntar siquiera al escenario donde están los papeles, a la sala donde están los papeles,
evidentemente para impedir que se pueda sacar de allí la información que no quieren que veamos el conjunto de la ciudadanía europea? Es decir, este oscurantismo es un síntoma del verdadero significado y trascendencia de lo que se está negociando;
es vital lo que se está negociando, y esto demuestra que lo que no se quiere es precisamente la transparencia y abundar en la verdad y en la realidad de las cosas.


La segunda cuestión de las cinco que les hablaba es lo que ocurre con tratados previos; si no hacemos ese análisis estaremos cometiendo un error. ¿Qué pasó con el Nafta, qué pasó con ese acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá? Solo
en Estados Unidos, un millón de empleos y la pérdida salarial de los trabajadores y trabajadoras a límites, a márgenes de 1979. Eso es así. Y me refiero a Estados Unidos, no estoy hablando ni de México ni de Canadá. El proponente se escuda en la
argumentación en que la comisaria Malmström dice que va a haber muchas ventajas, que se proyecta un crecimiento potencial del 0,1 % anual del PIB por parte de la Comisión —crecimiento bastante exiguo—, pero en cualquier caso se ha demostrado, si
aplicamos el modelo de análisis de repercusión de Naciones Unidas a política global, que ese tratado va a tener otros resultados potenciales sobre Europa. Les digo varios: el informe que tienen a su disposición en la Universidad Tufts
estadounidense aplicó este modelo sobre las repercusiones potenciales de este tratado, y estamos hablando de que podría implicar pérdidas netas en términos de exportación de un 7 % en Europa, frente a un 1,2 % de incremento de las exportaciones
estadounidenses en Europa, pérdidas netas del PIB europeo de 1,5 %, pérdidas en los ingresos de las rentas del trabajo —en el sur de Europa se estiman en 160 euros—, el TTIP llevaría a pérdida de empleos, como ya pasó, como les he dicho, en Estados
Unidos con el Nafta, de alrededor de 600.000 en el conjunto de la Unión; una reducción de la participación de las rentas del trabajo en el producto interior bruto; una reducción de los ingresos públicos por parte del Gobierno y por lo tanto una
mayor inestabilidad financiera, una acumulación mayor de desequilibrios.


Esto es en aplicación de un sistema de Naciones Unidas sobre repercusiones potenciales en materia econométrica, es decir, el problema que tenemos es que las estadísticas se pueden retorcer de tal manera que al final acabamos creyendo lo que
dicen y cayendo en la trampa precisamente que nos ponen.


En tercer lugar, y voy rápidamente, no es una cuestión de eliminación de aranceles —los aranceles entre Europa y Estados Unidos son prácticamente similares—, lo que hay de fondo es otra cuestión. Es más, la superación de aranceles afectaría
especialmente en el capítulo agrario, y al final pasaría lo que ha pasado en otras experiencias, que se sustituiría la producción local por importaciones, por otro lado tendencia que ya se está dando en este país concretamente con el sector del
vino.

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En cuarto lugar, les hablaba antes en la primera de las PNL que se han defendido por parte de este grupo de la necesidad de mantener los estándares de seguridad alimentaria y de calidad medioambiental en el conjunto de la producción
agroalimentaria, es decir, las barreras no arancelarias. Es fundamental mantenerlas para el conjunto de la producción agraria, para el conjunto del capítulo alimentario en el marco del TTIP. Lo peor con respecto a esto es que la Comisión Europea
se ha comprometido y se ha mostrado comprensiva con los argumentos de su contraparte estadounidense y está dispuesta a eliminar barreras innecesarias. Lo han dicho así, afirmaciones de los negociadores. Es decir, señorías, por mucho que nos
empeñemos y se nos diga que los estándares de calidad y de seguridad alimentaria como las denominaciones de origen o las EGP se van a mantener y se van a garantizar, el objetivo fundamental de los negociadores estadounidenses a lo largo de los años,
y ahora concretamente con más razón, es desmantelarlos, es desmantelarlos junto a toda medida de regulación que implique un incremento de sus niveles y de sus exigencias productivas.


El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya acabando.


El señor SANZ REMÓN: Por último, la conclusión del mecanismo de resolución de conflictos es peligrosísima. Se lo he oído citar al portavoz de la propuesta. Nosotros no estamos dispuestos a que haya un tribunal por encima de los Estados
que resuelva las cosas y además siempre las resuelva a favor de las transnacionales, como está pasando en Canadá y como está pasando en multitud de los acuerdos bilaterales a estos niveles. Hay más de 3.000 en el mundo y estos mecanismos no están
haciendo más que someter las soberanías nacionales. Por lo tanto nosotros hemos propuesto una enmienda para garantizar que en el conjunto del capítulo agrario se van a mantener las restricciones no arancelarias, porque creemos que es fundamental,
más allá del vino, abordar esto en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Ahora, en nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Se trata de una proposición no de ley en el marco de las negociaciones del acuerdo transatlántico de comercio e inversión (TTIP) que se están llevando a cabo, del que aquí no vamos a hablar, y de un ámbito,
que es el sector vinícola, muy importante para el Estado y también para nuestra comunidad autónoma, para Cataluña. Nosotros estamos de acuerdo en la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en la que propone defender ante las instituciones
europeas que el vino sea incluido como un capítulo específico. El portavoz titular, señor Solsona, con los otros portavoces están trabajando mucho en esta Comisión sobre este ámbito vinícola, como en otros aspectos. No puede ser de otra manera,
pues este sector supone el 14 % de la industria alimentaria en el Estado, una generación de 5.500 millones de euros y el 1 % del PIB del Estado. En ese sentido, que existan 4.077 bodegas le da a todo este sector un potencial económico, de creación
de puestos de trabajo, de generación de riqueza, etcétera, muy importante. No solo tiene un valor económico, también tiene un valor al que antes nos referíamos al hablar de la biomasa. Son muchas las regiones, por ejemplo en la comarca del
Priorat, en mi provincia, donde si los pueblos pequeños no tuviesen este negocio de las bodegas vinícolas, seguramente esos pueblos hubiesen desaparecido. Por tanto, creemos que es un sector importante, como otros muchos, pero que tiene parámetros
también básicos relacionados con otros aspectos importantes como son el paisaje de nuestros territorios, nuestros pueblos, nuestros pequeños pueblos rurales y la creación de ocupación, que ayudan a conservarlos; de no ser por ello, seguramente
tendríamos que invertir mucho dinero para poder tenerlos en condiciones adecuadas.


La proposición no de ley habla de aquellas cuestiones que se pueden resolver en este tratado, sin duda, como prácticas discriminatorias, etcétera, y de que sea un verdadero instrumento de promoción del sector vinícola. En nuestra enmienda
no hemos añadido el aspecto de la promoción, pero lo digo ahora, y también nos hubiese gustado que se añadiera la protección del sector vinícola, de creación de oportunidades, de mantener esas oportunidades del sector vinícola. Sin duda, contar con
un capítulo específico dentro de este tratado es una oportunidad para una industria agroalimentaria como es la vitivinícola. Igualmente tenemos que negociar bien su apertura a mercados tan importantes como puede ser Estados Unidos. Seguramente no
se podrá conseguir todo, pero hay que preservar y proteger muy bien nuestro potencial. En este sentido, hemos añadido que en el marco de estas relaciones comerciales se respeten los sistemas de producción propios que están marcados por las
indicaciones geográficas protegidas y por las denominaciones de origen protegidas, que creemos que son nuestro estandarte de

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valor, de calidad, de cómo este sector agroalimentario se está ganando el hecho de que es uno de los principales exportadores: de las 4.077 bodegas, 3.607 son empresas exportadoras, o sea el 89 % de las bodegas exportan; sabemos el valor
que tienen —lo estamos trabajando en la Comisión de Cambio Climático también— la agricultura y las prácticas respetuosas con el medio ambiente y con las emisiones de CO2; por tanto, el sector tiene una estructura empresarial importante y vivimos
dentro de un mercado mundial donde somos líderes en muchos aspectos, dependiendo de si ponemos el mosto o no, junto con Italia y otros países, pero entiendo que el mundo también ha ido creciendo en este sentido y que tenemos que posicionarnos.
Cualquier tratado comercial que, manteniendo unas reglas básicas a las que no podemos renunciar, nos dé oportunidades a la vez que salvaguarde nuestro sistema de protección y nuestro sistema de calidad de producción, es importante y el Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió dará apoyo a cualquier iniciativa que vaya en ese sentido, y más si nuestra enmienda o parte de nuestra enmienda está incorporada en la transaccional que el portavoz del Grupo Socialista ha dicho que iba
generando.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, doña Maravillas Falcón.


La señora FALCÓN DACAL: En lo referente al comercio del vino, las exportaciones desde la entonces Comunidad Europea hacia Estados Unidos siempre han sido mayores que las importaciones desde dicho país y de ahí que el interés de los
empresarios tanto europeos como españoles en conseguir un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos venga ya de antaño. No sé cómo algunos grupos parlamentarios pueden poner en duda que no queramos todos la mayor transparencia y el mejor
acuerdo posible, pues somos muchos los países dentro de la Unión Europea que en este sector del vino tenemos intereses comunes frente a terceros y por supuesto también frente a Estados Unidos.


Esta antigua reivindicación culmina en el acuerdo de 2006 entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio del vino, en el que ya entonces se tratan temas de cooperación, de certificación del vino, de acceso al
mercado, prácticas enológicas de etiquetado, de indicaciones geográficas, donde para España únicamente se reconocía el vino de La Rioja, y tenemos ahora muchos vinos más, el de La Rioja es muy importante pero tenemos muchos vinos más en España. En
cuanto al consumo de vino en Estados Unidos, en los últimos diez años ha ido aumentando en un 3 % anual. Las exportaciones de España a dicho país son cada año más relevantes gracias al trabajo de nuestros empresarios agroalimentarios y gracias
también al esfuerzo dinamizador y de apertura comercial que se está realizando desde los ministerios de Agricultura, de Economía y de Exteriores, junto a las comunidades autónomas, en una labor coordinada y transversal.


En concreto, como castellano-manchega, no puedo dejar de resaltar el gran esfuerzo de concienciación y promoción del sector vitivinícola que con ayuda del Gobierno de España se está llevando a cabo con gran éxito por el Gobierno de
Castilla-La Mancha. No en balde somos el mayor viñedo del mundo. La Cumbre Internacional del Vino, cuyo segundo certamen acabamos de celebrar, va acompañada de numerosos programas de ferias a lo largo de todo el mundo, también en la geografía
estadounidense. Por ejemplo, para este año 2015 hay programadas ferias del sector vitivinícola de empresarios españoles de la mano de nuestras instituciones en Las Vegas, en Orlando, en California, en Nueva York, para la promoción de los vinos de
Castilla-La Mancha, igual que lo hacen todas las denominaciones de origen y pagos de las distintas regiones de España y de Europa.


Precisamente en los debates generados en esta cumbre se ha puesto de manifiesto la propuesta que hoy nos ocupa, porque efectivamente el cultivo de la vid y la comercialización y consumo del vino forman una parte muy importante tanto de la
economía como de la cultura de España. En España y en Europa hemos avanzado mucho en los últimos años en lo que se refiere al proceso del vino en su conjunto. Por tanto, es cierto que se hace necesario revisar el acuerdo de 2006 con Estados
Unidos. Recientemente hemos aprobado el proyecto de ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas como saben ustedes en esta Comisión, con lo que la misma implica para el sector vitivinícola, y creemos que este es un buen
momento para hacer dicha revisión aprovechando las actuales negociaciones del acuerdo transatlántico de comercio e inversiones.


Estoy convencida de que nuestro Gobierno también está conforme en defender la inclusión del acuerdo existente del vino en dicho acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, así como en la necesidad de resolver cuestiones pendientes como
la protección de los semigenéricos y establecer vías de solución a las diferencias que ya hubo en el acuerdo del vino de 2006. Igualmente deben ser objetivos

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prioritarios —y creo que en esto estamos de acuerdo— mejorar las condiciones de acceso al mercado y abordar otros aspectos comerciales de carácter arancelario y no arancelario, impulsar el reconocimiento de la equivalencia sobre el vino,
ecológico u orgánico, y fomentar el uso de las prácticas enológicas armonizadas con los parámetros de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Citan ustedes, por cierto, en su PNL creo que erróneamente la Organización Mundial del Vino, y
Estados Unidos no es miembro de dicha organización, por lo que este es un punto que no será fácil de aceptar por parte de Estados Unidos, pero por nuestra parte lo tenemos que apoyar, por supuesto, y sería conveniente acordar prácticas enológicas
similares.


En cuanto a las indicaciones geográficas, la Comisión reiteró el pasado 6 de enero que sigue siendo una de sus prioridades llegar a un acercamiento sobre el reconocimiento satisfactorio por parte de Estados Unidos de las indicaciones
geográficas comunitarias y todo ello con el objetivo final de mejorar la competitividad y la comercialización de nuestros vinos en el mercado estadounidense, la de todos, la de España y la del resto de la Unión Europea, y también su protección
efectiva, no tanto por su cantidad como por su calidad. Según datos del Observatorio español del mercado del vino, España ha registrado un crecimiento del 22,3 % en 2014, y se sitúa a la cabeza de las exportaciones de vino en volumen a nivel
mundial, por delante de Italia y Francia. Como saben ustedes, el Gobierno está trabajando por ser también los primeros en valor promoviendo todavía más la senda ya iniciada de la internacionalización. Por ello, para continuar defendiendo estas
posiciones ante las instituciones europeas, desde el Grupo Parlamentario Popular les proponemos la enmienda de sustitución presentada.


Por otra parte, creo que este es un buen momento para aplaudir la iniciativa parlamentaria de esta X Legislatura de apoyo al sector vitivinícola español en la Asociación de la cultura de la viña y del vino, donde participa un numeroso grupo
de sus señorías, independientemente del color político. Así pues, como parece que el vino, además de fuente de riqueza y cultura, es también un punto de encuentro, espero que podamos brindar por un acuerdo unánime para que esta propuesta tan
necesaria y beneficiosa para nuestros agricultores y también para nuestro país salga adelante. Espero que podamos llegar a un entendimiento. (Aplausos).


— RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE LA PESCA HOMOGÉNEO EN LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003314).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la implantación de un sistema de control de la pesca homogéneo en la Unión Europea, cuyo autor ha sido el Grupo Parlamentario
Popular y para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Señorías, esta iniciativa responde a testimoniar de forma clara cuál ha sido la trayectoria y cuál ha sido el camino andado desde que este Gobierno hace algo más de tres años tomó el timón de la política pesquera en
España. Existía una gran preocupación por hechos que habían ocurrido en legislaturas anteriores, hechos que todos conocen, de los que hemos hablado en muchas ocasiones y no voy a reiterar una vez más, pero que dieron pie, que dieron lugar a
elevadas sanciones por sobrepesca de nuestra flota ante esa falta de control. Para hacer frente a esta situación con la que se encuentra este Gobierno y de la cual era conocedor, se plantean distintas actuaciones que voy a referir de forma muy
breve.


En primer lugar, con la creación de una unidad administrativa, que es una subdirección general en el ministerio dependiente de la Secretaría General de Pesca, llamada Subdirección General de Protección de los Recursos Pesqueros, da prioridad
en la actuación dentro de la Secretaría General de Pesca a estos temas de control. Esta unidad, esta subdirección general ha venido realizando, y sigue haciéndolo, un muy buen trabajo y probablemente consecuencia de esta acción de responsabilidad
España ha vuelto a recuperar la credibilidad que había perdido en las instancias comunitarias y ello ha permitido también probablemente un incremento en las cuotas de pesca que anualmente se asignan a los Estados miembros.


Señorías, no podemos olvidar el reglamento comunitario 1380 de 2013 sobre la política pesquera común, que establece los objetivos claros de la misma, y, entre ellos, quizás el más clarificador es garantizar que las actividades de la pesca y
la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y que se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios en tres ámbitos: en el económico, en el social y en el del empleo. Como Estado miembro estamos obligados por
lo tanto a

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cumplir con toda la reglamentación comunitaria y a trasponerla a nuestra legislación y así, fruto de esta obligación, como Estado miembro, repito, tenemos que actuar en el control, la inspección y la ejecución, que incluyan la lucha contra
la pesca ilegal no declarada y no reglamentada como uno de esos objetivos prioritarios.


Medidas que ha adoptado también el Gobierno de España en este campo: en primer lugar, desde el principio de su mandato reguló que toda la flota pesquera que tuviera una eslora mayor de 15 metros tuviera que llevar la denominada caja azul,
ese sistema de localización de buques que permite obtener información del posicionamiento y de la actividad del buque en cada momento, independientemente del lugar donde se encuentre. Además, a esta tarea añadió herramientas tanto de software como
de hardware como puede ser la utilización de nuevas tecnologías que hicieran más sencilla o más económica la transmisión de estos datos, o la actualización permanente de los programas informáticos que maneja el Centro de Seguridad de la Pesca.


Esta labor requería una actuación especial, como les decía hace un momento, en cuanto a la persecución de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. No nos cansaremos de repetir que esta es una de las mayores amenazas a la explotación
sostenible de los recursos acuáticos vivos y de la biodiversidad marina. Ahí también hay un reglamento comunitario, el 1224 del año 2009, que establece un régimen comunitario de control que aquí en nuestra normativa después lo hemos conocido con el
nombre del sistema de puntos, algo muy similar a lo del carné de conducir, donde con las sanciones se van detrayendo puntos, pero aquí funciona en sentido inverso. Aquí con cada sanción se va incrementando el número de puntos, tipificando como
graves algunos de estos delitos y con las consecuencias que esto tiene. España aplicó este reglamento comunitario en una normativa nacional que fue el Real Decreto 114/2013, donde se crea y se regula ese registro nacional de infracciones graves de
la política pesquera común. Estas infracciones pueden dar lugar a que el titular de una licencia de pesca pueda perderla o a que se sancione gravemente al capitán y al patrón del buque que cometan estas infracciones graves. No solamente fueron
estas las herramientas fruto de las obligaciones que como Estado miembro tenemos en relación con la normativa comunitaria, sino que, a iniciativa propia —y aquí lo recordarán sus señorías, hace pocos meses tuvimos ocasión de trabajar conjuntamente
en la ponencia de la reforma de la Ley de Pesca Marítima—, con esa reforma fundamentalmente se perseguía completar o complementar las acciones que les he puesto de manifiesto de forma breve, reforzar el marco jurídico de ese trabajo intenso de esta
legislatura para luchar contra la pesca ilegal, con el objetivo de controlar todavía más y evitar que los operadores se puedan lucrar con capturas ilegales. En definitiva, se trata de impedir que los operadores extranjeros compitan de forma desleal
con nuestros operadores españoles. En concreto, aquella reforma que aprobamos aquí en el Congreso hace pocos meses introduce un mandato específico a los servicios de control e inspección para perseguir la pesca ilegal con todas las herramientas
disponibles y posibles, y además de endurecer las infracciones y sanciones, se establecen medidas para evitar que los infractores eludan su responsabilidad a través de —llamémosles, por decirlo de una forma suave— entramados empresariales opacos.
No solo esto, sino que también se dispuso de las necesarias actuaciones para evitar posibles vinculaciones entre operadores españoles con buques extranjeros que practicasen pesca ilegal.


Señorías, con todas estas reformas España puso un sello a la sostenibilidad de las capturas introducidas a través de nuestros puertos, y pocos países del mundo —lo digo de esta forma clara— pueden ofrecer este mismo sello de sostenibilidad a
sus productos. Es por tanto el resultado de un intenso trabajo que ha llevado a cabo la Secretaría General de Pesca en estos tres años del Gobierno del Partido Popular, que han convertido a España en ejemplo y líder mundial en la materia. Les
pongo un ejemplo que es actualidad en la prensa hoy mismo, la operación denominada Sparrow, donde organizaciones ecologistas han felicitado a la ministra doña Isabel García Tejerina por la forma en que España ha abordado decisiva y contundentemente
la persecución de la pesca ilegal y ha destapado vínculos entre pesqueros piratas de la Antártida y algunas empresas españolas. Otro ejemplo es el castigo que hace muy pocos días se imponía a seis tripulantes españoles que estaban enrolados en un
pesquero pirata.


Sería injusto hacer mención solamente al trabajo que ha hecho el Gobierno. El sector pesquero también lo ha hecho de forma muy responsable y pongo por falta de tiempo un solo ejemplo. Hace muy pocos días la Secretaría General de Pesca y
Cepesca firmaban un protocolo para dar mayor transparencia a la actividad pesquera de buques atuneros bajo pabellón no comunitario, asumiendo las mismas normas que tienen los pabellones comunitarios, y lo han hecho de forma voluntaria, no estaban
obligados. Por lo tanto, hay que continuar con esta labor para que este proceder, esta forma de actuar tenga también

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implantación en todos los países comunitarios, y a ser posible lo hagan de forma homogénea a los sistemas que España ya ha implementado. De esta manera podremos evitar que se puedan utilizar banderas, operadores y puertos de descarga, para
impedir prácticas de pesca ilegal o encontrar puertos comunitarios por donde se pueda acceder a realizar tránsito de pesca con orígenes desconocidos. De ahí que nuestra proposición no de ley, y estas son mis últimas palabras, señor presidente, que
esperamos que todas sus señorías puedan apoyar, solicite que el Gobierno pueda continuar trabajando en estas instancias comunitarias para conseguir que el resto de países de la Unión Europea implante estos sistemas de control y sanciones homogéneos
con los que ya ha implantado España en aplicación de la legislación comunitaria. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. ¿Hay algún grupo que desee intervenir? Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Hemos escuchado la explicación que ha dado el portavoz del Grupo Popular sobre la actividad del Gobierno en esta materia. Si es una norma europea y comunitaria, creemos que se irá implantando en todos los
países. Entendemos que esta proposición no de ley es una oportunidad para dar fuerza al Gobierno del Partido Popular, que seguramente la necesita, pero vamos a votar a favor, porque lo lógico, igual que antes defendíamos lo relativo al sector
vitivinícola y suponemos que el Grupo Popular se incorporará a la transaccional —esperemos que podamos llegar a un acuerdo entre todos—, lo lógico, repito, es que si nosotros somos un ejemplo en algo y lo estamos haciendo bien, tenemos que exigir al
resto de países que también lo hagan, y si puede ser exportando nuestra tecnología y nuestra experiencia, mucho mejor. En ese sentido estamos a favor, aunque en algún momento portavoces del Grupo Popular estén actuando de diferente manera
dependiendo de quién tenga la iniciativa de una proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Nosotros, quiero empezar por ahí, vamos a votar en contra de esta iniciativa no precisamente por lo que dice la misma, ni por lo que el portavoz de pesca ha expresado, sino por traer una iniciativa sin pies ni
cabeza, una iniciativa que no puede llegar como tal a este Parlamento. Vamos a votar en contra por respeto, señores diputados y señoras diputadas, a este Parlamento, porque si hay un ejemplo de la voluntad del Grupo Popular de rellenar su cupo para
presentar iniciativas en las comisiones —y yo llevo aquí tres años, no es mucho, es verdad, pero me ha dado tiempo de ir a varias comisiones y ver los brindis al sol que para rellenar el cupo presentan ustedes—, si hay alguna que me ha llamado
especialmente la atención, y tengo que decírselo con toda claridad, es esta.


Fíjense, el PP le dice al Gobierno lo bien que lo está haciendo en cuanto a la trasposición de la normativa comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico, y por ello lo que hace es instar al propio Gobierno a que trabaje en Europa y consiga
que el resto de países lo haga igual de bien que lo está haciendo España para aplicar la normativa comunitaria. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es respetar a esta Cámara, esto es respetar a esta Comisión? ¿Lo creen de verdad? Mi pregunta es: ¿lo creen
de verdad? Esta es la pregunta que les hacemos desde el Grupo Socialista. Además, el señor Díez es una persona que conoce el mundo de la pesca y, con la que está cayendo en el sector pesquero, con las cifras de afiliados al régimen especial del
mar que tenemos hoy y que están bajando, con los acuerdos pesqueros de los que la flota española está saliendo gravemente damnificada en muchos de ellos, con los problemas de inseguridad en el mar que ya hay, con el reparto de cuotas, viene usted y
nos presenta semejante cuento y nos lo vende además y nos lo cuenta. Claro que estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho, quién no va a estar de acuerdo, por supuesto, señor diputado. Con lo que no estamos de acuerdo es con que usted presente
esta cuestión en forma de proposición no de ley.


Miren, como conocen el mar, ¿creen que si mandan al sector hacer una lista de sus demandas, sus necesidades y las acciones que ellos pondrían sobre la mesa para resolver sus problemas, aparecería esta iniciativa por algún lado, aparecería
por parte del sector esta necesidad por algún lado? Y se lo digo al proponente, porque, insisto, es un hombre que conoce el mundo de la pesca y por lo tanto está informado y bien informado, seguramente más informado que yo, pero estoy convencida de
que sabe que, si hiciera esta miniencuesta en el sector de la pesca, nadie, absolutamente nadie del sector ni de los subsectores que conforman el mundo de la pesca pondría sobre la mesa una iniciativa como esta que hoy se está presentando y
defendiendo.

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Por cierto, han hablado ustedes de la pesca ilegal y me parece por supuesto bien y todas las acciones que se lleven a cabo también, pero voy a volver a poner sobre la mesa —ya que nos encontramos ante el debate, porque se debatió en esta
misma Comisión y se debatirá de nuevo en este Pleno sobre el Código Penal— que ustedes en el Senado han introducido una enmienda para castigar duramente a los pescadores furtivos, cuando quien comete las infracciones en el mar no son los pescadores
furtivos. Saben que es gente que baja a coger un plato de almejas para poder comer. Un problema puntual que hay en determinadas zonas, como en la ría de O Burgo en Coruña, han sido capaces de intentar resolverlo llevándolo, como hacen siempre
ustedes, al Código Penal.


Mire, ya que les preocupa tanto la trasposición de la normativa comunitaria y por tanto la homologación legal en todos los países, creo que se podrían preocupar por un problema que sí está teniendo la flota española, en concreto la flota
gallega y la flota andaluza, a las que les preocupa de verdad. Saben que el problema tiene que ver con el descanso semanal de sábado a domingo que está establecido por ley en nuestro país. Eso en Portugal no ocurre, y ustedes lo saben bien, y
mientras nuestra flota está amarrada, la flota portuguesa está trabajando y ya empieza a haber las primeras consecuencias, especialmente con la flota de arrastre, porque supone muchísimo dinero. Ya hay casos de empresarios que han desguazado sus
barcos en España y han matriculado nuevos barcos en Portugal, en el país vecino. Esto sí es un problema que hay que resolver, es una cuestión que deberíamos homologar en toda Europa, esto sí que habría que solucionarlo, pero, por el contrario, y
termino, presidente, ustedes vienen a esta Comisión con una carta a los Reyes Magos que ni siquiera un niño de cuatro años escribiría. (Aplausos).


— RELATIVA A LOS ACUERDOS DE PESCA CON TERCEROS PAÍSES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/003317).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a continuación al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a los acuerdos de pesca con terceros países. El autor es el Grupo Parlamentario Popular y su portavoz es el señor
Caicedo.


El señor CAICEDO BERNABÉ: Señorías, garantizar el futuro a los pescadores españoles sobre la base de una gestión responsable está siendo y seguirá siendo uno de los principales objetivos de la política pesquera de nuestro Gobierno. Para
ello este Gobierno del Partido Popular durante estos tres años ha mejorado sensiblemente la red de acuerdos internacionales de pesca sostenible garantizando la actividad de la flota pesquera, el mantenimiento del empleo y el abastecimiento de los
mercados. En la actualidad la Unión Europea tiene firmados quince acuerdos, habiéndose renovado doce en el periodo del Gobierno del Partido Popular. Se prevé que a finales de este año contemos con diecinueve acuerdos con protocolos en vigor. (La
señora vicepresidenta, Falcón Dacal, ocupa la Presidencia).


Señorías, les citaré de forma resumida algunas de las ventajas de estos acuerdos. Se garantiza la actividad de la flota pesquera de altura y gran altura española; se garantiza el empleo directo e inducido generado por esa flota; se
consolida la actividad de los mercados asegurando la disponibilidad de recursos y el abastecimiento de los consumidores a precios razonables; se afianza la presencia de la Unión Europea en los foros internacionales y se llena de valor la dimensión
externa de la política pesquera común; se fomenta el desarrollo sectorial del tercer país al incluir estos acuerdos el componente de cooperación y capturar exclusivamente las especies excedentarias. Hay que resaltar que los acuerdos de
asociacionismo pesquero representan una oportunidad de trabajo directo para miles de trabajadores, tanto europeos como no europeos, particularmente españoles, por ser el país que más se beneficia de estos acuerdos, teniendo un impacto muy directo en
poblaciones costeras directamente dependientes de la pesca.


Tal y como está recogido en la exposición de motivos, el mercado comunitario de productos de la pesca experimenta año a año una mayor demanda que no es atendida suficientemente por la oferta comunitaria. Les facilito exclusivamente lo datos
relativos a España. Producción de pesca y acuicultura del orden de un millón de dólares al año; importaciones, 1.500.000 toneladas; exportaciones, un millón de toneladas. Como saben, nuestra dependencia del mercado exterior es del 60 %. Como
conocen sus señorías, el reciente reglamento aprobado sobre reforma de la política pesquera común incorpora un título dedicado a los acuerdos de colaboración de pesca sostenible en los que la Unión Europea aporta una contribución financiera por
tener acceso a las aguas del tercer país. El Gobierno ha tenido presente la importancia de los acuerdos. Refiriéndome a los más recientes, en 2014, en los que la flota española es la principal beneficiaria, se pusieron en marcha los siguientes.
Unión Europea-Marruecos, altamente beneficioso para un centenar de barcos y más de 700 tripulantes de Andalucía, Canarias y Galicia. Fue un

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acuerdo prioritario para este Gobierno desde el primer minuto, después de encontrarse con la falta de gestión y de voluntad del anterior Gobierno, que fue incapaz tan siquiera de solicitar la prórroga del anterior convenio mientras se
negociaba uno nuevo. Unión Europea-Madagascar. Permite faenar a cerca de 40 barcos españoles, en su mayoría atuneros, y en mejores condiciones que las del acuerdo anterior. Unión Europea-Senegal. Posibilita el regreso de la flota atunera
española y reubicar algunas unidades de la flota de cefalópodos gallega excluida del acuerdo Unión Europea-Mauritania. Se trata de un pacto fundamental para la flota atunera congeladora española, que contará con dieciséis licencias de pesca. Unión
Europea-Guinea Bissau. Suspendido en 2012 por el golpe de Estado acaecido en el país, permite volver a faenar a la flota española en este caladero. Hasta 20 buques marisqueros de Huelva y 16 buques gallegos verán garantizada su actividad bajo este
acuerdo como alternativa al convenio con Mauritania, uno de los grandes fracasos del anterior Gobierno socialista, que nos dejó condenados por una mala defensa de los intereses españoles. Finalmente les diré que está previsto el inicio de
negociaciones con nuevos terceros países para la firma de acuerdos pesqueros, concretamente con Liberia, Tanzania y Kenia.


Señorías, con esta iniciativa parlamentaria pretendemos, en primer lugar, que el sector reciba el mensaje de que el Congreso de los Diputados apuesta decididamente por esta fórmula para obtener recursos en aguas de terceros países; en
segundo lugar, dar proyección internacional al apoyo del Congreso de los Diputados a la política de potenciación de los acuerdos de pesca, reforzando la petición del sector y la labor del Gobierno. Señorías, necesitamos potenciar aún más la red de
acuerdos de pesca sostenible y por ello sometemos a su consideración nuestra iniciativa, para la que les solicitamos su voto favorable, que en su parte expositiva dice: Instar al Gobierno a continuar impulsando en las instancias comunitarias las
mejores técnicas y la renovación de los acuerdos de pesca en vigor, así como la firma de nuevos acuerdos que permitan nuevas oportunidades a nuestra flota pesquera. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): ¿Algún grupo quiere fijar posiciones? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Como decía mi compañera Seara en la anterior intervención, es lamentable que tengamos que asistir a este tipo de iniciativas por parte del Grupo Popular, que si no fuera porque el ámbito en el que estamos es muy
serio, serían una broma, porque no dicen nada, no instan al Gobierno a asumir ningún compromiso, y en este caso ni con la pesca ni con el sector pesquero español. La finalidad de las proposiciones no de ley —se lo tengo que recordar, señores del
Grupo Popular— es la de impulsar y contribuir a la dirección política del Gobierno. Pues bien, con esta iniciativa no dicen nada, no hacen nada, no dicen cuál es la posición, cuál debe ser la posición del Gobierno español ante los acuerdos
internacionales de pesca que se firman a través de la Unión Europea. Tengo que recordarles que además el Gobierno no se ha hecho valer en las negociaciones de los acuerdos pesqueros con terceros países de la Unión Europea que más afectan a la flota
española. Lo de instar a continuar impulsando mejoras técnicas y a la renovación de acuerdos de pesca en vigor, como a la firma de otros nuevos, es instar al Gobierno a cumplir con su obligación, es decir, por decirlo suavemente, es como no decir
nada, porque va de suyo que el Gobierno tiene que cumplir con su obligación. ¿O es que no lo está haciendo? ¿O es que no está defendiendo al sector pesquero en estas negociaciones? Es lo que dan a entender. Claro, la realidad es que no es así y
el Grupo Popular tiene que instar al Gobierno a que cumpla con su obligación. Tampoco aprovechan esta ocasión para instar al Gobierno a hacer frente con ayudas económicas suficientes a las paradas temporales a que obligan a la flota la suspensión o
el fin de estos acuerdos internacionales.


Además no contribuyen a solucionar los temas que de verdad preocupan a la pesca y al sector pesquero español. No contribuyen a solucionar una distribución territorialmente justa y equilibrada de los fondos europeos en nuestro país. No
contribuyen a solucionar el reparto de cuotas y totales admisibles de capturas en especies importantes especialmente para nuestra flota, como la sardina, la caballa, el jurel o el atún rojo. No contribuyen a solucionar las ayudas para compensar los
daños producidos por toxinas que, por ejemplo, afectan al marisqueo. No contribuyen a solucionar el tema de las almadrabas de Cádiz, que no han entrado en el reparto del fondo de maniobra del atún rojo correspondiente a la campaña de 2015. No
contribuyen a solucionar el tema del etiquetado, que ha dejado al pescado de Andalucía, señor Caicedo —que somos de la misma provincia y le voy a hablar de la gamba roja de Garrucha, que tan cerca la tiene usted—, han dejado al pescado de Andalucía,
gamba roja de Garrucha (Almería), bajo la identificación de pescado de las Islas Baleares —increíble, ¿verdad?—, y al producto de Huelva como pescado en aguas portuguesas, por citar algún ejemplo.

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No contribuyen a solucionar el problema de quienes, como la flota de palangre de superficie del Mediterráneo —por cierto, señor Caicedo, que también afecta a Almería—, por carecer de un plan de gestión específico, se ven obligados a parar
durante cuatro meses al año y se han quedado sin ayudas en esta legislatura. No contribuyen a solucionar el problema que ha generado en el caladero del Cantábrico noroeste la anulación por la Audiencia Nacional de la orden ministerial de julio de
2013 que establecía el plan de gestión para los buques de ese caladero. Por todas estas cuestiones y muchas otras, que son las que deberían centrar las iniciativas parlamentarias del Grupo Popular en materia de pesca, es por lo que no podemos estar
de acuerdo, porque, claro, muchas felicitaciones habrá recibido la señora ministra, la señora Tejerina, pero desde luego no por ninguna de las medidas que yo acabo de comentar, que desde luego felicitaciones no, sino un suspenso en materia de
gestión política-pesquera.


En definitiva, esta proposición no de ley no sirve para nada. No insta al Gobierno a adoptar ninguna medida que tienda a solucionar los problemas que de verdad afectan y preocupan a los pescadores. Por todo ello no podemos votar a favor,
claro que no podemos votar a favor. ¿Cómo vamos a votar a favor? Sería en ese caso participar de esta broma, de esta pantomima. No podemos votar a favor porque no vamos a contribuir a esta burla del Partido Popular hacia el sector pesquero
español. Claro que no, señorías. El sector pesquero español necesita compromisos, necesita solucionar sus problemas en el día a día y no instar al Gobierno a que cumpla con sus obligaciones en la Unión Europea. Es lo menos que se espera. (Una
señora diputada: ¡Muy bien!—Aplausos).


— SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES Y DESBORDAMIENTOS EN DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003512).


La señora VICEPRESIDENTA (Falcón Dacal): ¿Hay alguien más quiere fijar posiciones? (Pausa).


Pasamos a la última proposición no de ley, sobre medidas urgentes para ayudar a los afectados por las inundaciones y desbordamientos en diferentes comunidades autónomas. Tiene la palabra doña Susana Sumelzo.


La señora SUMELZO JORDÁN: Antes de iniciar mi intervención quiero mostrar nuestra preocupación por las fuertes precipitaciones que están afectando a diferentes puntos del territorio español, entre ellas las inundaciones en el Bajo Aragón,
donde las cuencas del Guadalope y del Matarraña están en alerta por las riadas, y la cuenca del Huerva, en Zaragoza, en prealerta.


Señorías, el debate que hoy traemos aquí es la constatación de una gestión desastrosa que el Partido Popular ha hecho de una catástrofe. Se ha puesto de manifiesto la incompetencia de un Gobierno para hacer frente a situaciones de crisis en
las que se requiere celeridad y determinación. A lo largo de toda la legislatura el Grupo Parlamentario Socialista ha venido advirtiendo de los peligros que entraña la falta de inversiones adecuadas en las diferentes cuencas. No podemos olvidar,
señorías, que desde que gobierna el Partido Popular se han reducido las inversiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro en más de un 40 %.


A lo largo de estos años, les decía, el Grupo Socialista, tanto en los parlamentos autonómicos como en el Congreso de los Diputados ha presentado numerosas iniciativas para paliar los daños y para tratar de evitar que estas catástrofes
vuelvan a suceder. En abril de 2013 el Grupo Socialista ya instó al Gobierno a solicitar la coordinación entre el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro para elaborar un plan urgente en el que se determinaran las ayudas a los
agricultores y a los ganaderos afectados por las avenidas del Ebro, se reparasen los diques, las protecciones de los municipios afectados, se limpiasen y mantuviesen los cauces y las riberas, especialmente en aquellas zonas del río en las que se
producen grandes retenciones de caudal. ¿Saben qué ha sucedido? Pues que esta iniciativa ni se ha debatido. De haberse aprobado y haberse puesto en marcha las actuaciones que ahí preveíamos, los afectados de las riadas de 2013 ya hubiesen sido
resarcidos de sus pérdidas y, casi con total seguridad, no se hubiesen producido gran parte de los daños que se han producido en las riadas de este año. Quiero recordar que los afectados todavía no han cobrado las ayudas comprometidas por este
Gobierno con las riadas del año 2013. Dos años y el Gobierno todavía no ha pagado lo que les debe a los afectados. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


El pasado 27 de febrero, hace casi un mes, el Grupo Parlamentario Socialista presentó la iniciativa que hoy debatimos. La cuenca del Ebro se hallaba en alerta por las precipitaciones que estaban teniendo lugar en las últimas semanas. Tras
una pésima gestión del desbordamiento, es evidente que existen

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responsabilidades políticas por las reiteradas contradicciones, las improvisaciones, por la descoordinación existente entre las diferentes administraciones. Nuestro grupo considera que las responsabilidades políticas llegarán, suponemos.
Pero desde luego lo que creemos que es urgente solicitar al Gobierno, y así lo hacemos, es pedirle que actúe con celeridad, con inmediatez, que dé soluciones a los afectados ya, que se coordine. Ahora mismo, en este momento, el Ebro está bajando
con 1.500 metros cúbicos en Castejón de Navarra por las lluvias y en Novillas ya se está saliendo el agua. No queremos ser alarmistas, pero es urgente reparar las motas y actuar ya. El Gobierno debe dar soluciones ya. Estamos hablando de miles de
familias afectadas. En definitiva, lo que planteábamos hace casi un mes con esta iniciativa que debatimos hoy eran dos marcos de actuación. Primero, poner a disposición de los afectados y de las administraciones involucradas medios de
coordinación; y siguen siendo necesarias, un mes después siguen siendo necesarias. La coordinación, señorías, brilla por su ausencia. Y, segundo, solicitábamos que se aprobase urgentemente un real decreto-ley de medidas extraordinarias. Tardaron
siete días en aprobarlo; una semana de parálisis del Gobierno ante una catástrofe; una semana sin escuchar, sin visitar los territorios, sin dar solución a los problemas de los afectados. Señorías, el decreto está aprobado, pero no es una
respuesta adecuada a la magnitud de la catástrofe. Por ello creemos que es necesario que se tramite como un proyecto de ley para plantear las mejoras que proponemos y así lo solicitaremos el próximo jueves en su convalidación.


Señorías, las actuaciones del Gobierno ante esta catástrofe han sido lentas y mal gestionadas, mal coordinadas. Por ello solicitamos el voto a favor de una iniciativa que planteamos hace un mes, insisto, y que es necesaria para miles de
aragoneses, para miles de navarros, riojanos y castellano-leoneses. Aceptamos la enmienda que nos presenta La Izquierda Plural y volvemos a solicitar el voto a favor de nuestra iniciativa.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y, para su defensa, tiene la palabra don Álvaro Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Gracias al grupo proponente por aceptar la enmienda.


Voy a intentar abstraerme de un análisis que sobre el terreno hicimos los hombres y las mujeres que convivimos en la ribera con el Ebro y que llevamos mucho tiempo reclamando otro tipo de medidas a medio y largo plazo; voy a tratar de
abstraerme de ese análisis hoy, hoy que vuelve el Ebro a crecer, hoy que volvemos otra vez a mirar de reojo, sobre todo en según qué zonas que aún no se han recuperado y tardarán muchísimo, años, en recuperarse. Estamos profundamente preocupados,
pero sobre todo estamos profundamente cansados y cansadas, hartos. Y eso hay que decirlo en esta Comisión porque se está hurtando a este Parlamento un debate necesario para evitar que estas cosas sucedan. No va a dejar de suceder que el río
crezca, no va a dejar de suceder que el Ebro en su tramo medio crezca, y por lo tanto lo que tiene que cambiar son las políticas de planificación y las políticas de gestión precisamente en el marco de ese tramo medio. Por eso no voy a hablar sobre
la actualidad, que ya se ha dicho mucho y se dirá más el jueves (el jueves sí hablaremos de ello), y sí voy a hablar de lo que no se ha hecho y se tendría que hacer, y en esa clave va la propuesta que le hemos planteado al Partido Socialista y que
ha aceptado.


Se elude permanentemente el debate más importante que deberíamos estar teniendo y que no es otro que el desarrollar nuevas estrategias, como les decía, y políticas públicas, como hacen otros países europeos que sí aprendieron de las
inundaciones de 2002, estrategias y políticas que pasan por ampliar y respetar el dominio público hidráulico con rigor. Por lo tanto, es imprescindible poner en marcha medidas de expansión controlada de las avenidas extraordinarias garantizando de
antemano las adecuadas indemnizaciones (cosa que no pasa, y hablaré más adelante de eso) y blindando siempre los núcleos urbanos. Esas tres cuestiones nos deberían hacernos replantear qué estamos haciendo alrededor de los ríos caudalosos, de sus
tramos medios, y sobre todo con pluviometrías como las que en este caso se viven en nuestro país en según qué zonas. Y todo eso hay que hacerlo desde una perspectiva integral, de cuenca, entendiendo además que las crecidas, como les he dicho al
principio, son consustanciales al río, son normales, van a pasar siempre; pasaron no solo en 2013, pasaron en 2007, pasaron en 2003, pasaron desde que se recuerda; desde que se recuerda hay crecidas, en este caso en el río Ebro. Lo lamentable es
que, sabiendo que esto pasa y sabiendo que hay propuestas necesarias que se tienen que poner en marcha, esas propuestas estén guardadas en un cajón, en este caso desde 2003, en el Plan ambiental del Ebro en su tramo medio, un plan que además estaba
refrendado por todos los grupos políticos y por las organizaciones sociales (en las Cortes de Aragón, me refiero); un plan que además en 2013, después de la riada, se volvió a exigir su relanzamiento, y un plan, como les decía, que sigue en un
cajón. Es decir,

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tenemos la solución a medio o largo plazo, que es como se tienen que hacer estas cosas, con planificación, con respeto integral a la cuenca y entendiendo que el río tiene y necesita su espacio, y sin embargo no se ha hecho nada. Vuelven las
avenidas y, como siempre pasa, solo nos acordamos de este problema en los momentos más críticos. Generan más devastación con menos caudal y el Gobierno nos propone una serie de medidas en ese real decreto que son absolutamente insuficientes, que se
quedan cortas. Nos sumaremos a esa propuesta de que esto se debata como una ley para mejorarlo.


Desde la izquierda de Aragón, que es a quien en este caso yo represento, y desde La Izquierda Plural, les proponemos ir más allá, y les citaré algunas de las cuestiones que para nosotros son imprescindibles. Hay que tomar medidas que
garanticen la salvaguarda de los núcleos urbanos, eso es lo prioritario. Lo que se ha visto este año es absolutamente insoportable. Hay que desarrollar medidas para deslindar el dominio público hidráulico ya; desde los años sesenta hemos reducido
a la mitad el espacio natural del río. Hay que repensar necesariamente nuestra ordenación de territorios y los usos del territorio fluvial y de ribera, es imprescindible para minimizar los daños. Eso hay que hacerlo, la movilidad fluvial es una
realidad. Hay que impulsar medidas de reforestación en la ribera. Hay que desarrollar medidas coordinadas y planificadas para eliminar los obstáculos que están sin planificación, mal construidos y repensar esos más de 182 kilómetros de motas,
demoler unas y construir otras. Se habla incluso de más de 96 kilómetros necesarios de construcción de motas, pero bien situadas, no como las que hay ahora que en un momento determinado, en circunstancias muy concretas, lo que hacen es incluso
perjudicar más en un episodio de avenida. Hay que garantizar la limpieza de los cauces de forma verdaderamente útil, eficaz y sostenible.


Señorías, es necesario, y eso sí que es competencia de este ministerio, que la información sea veraz y que la información se coordine con los municipios. Lo que no se puede hacer es convocar a los ayuntamientos de la ribera a las siete de
la tarde y decirles que no va a pasar nada y que a las tres de la mañana estén los vecinos teniendo que poner puertas al mar, que es literalmente lo que ocurrió en algunos sitios, porque si no entraba a las casas el agua. Eso es absolutamente
reprochable a este ministerio y a la Confederación Hidrográfica del Ebro en este caso.


Necesitamos protocolos de evacuación más eficaces y sobre todo que incorporen específicamente a los animales. Estas avenidas se han saldado con la muerte de más de 10.000 animales, más de 10.000 seres vivos muertos, y hay que desarrollar
protocolos efectivos para evitar que esto ocurra. Pero sobre todo (y quiero acabar con esto porque me parece, quizá, lo más relevante) hay que arbitrar medidas que garanticen que el sistema de indemnizaciones por daños no es como el actual.
Señorías, no se puede garantizar por la vía de los seguros agrarios la restitución de los daños a los agricultores y a los ganaderos: más de 45.000 hectáreas perdidas. Las avenidas se laminan y ese es el papel fundamental que juega la agricultura
de ribera, servir también para la laminación de esas avenidas. Y eso hay que pagarlo por otra vía, hay que financiarlo por otra vía que la vía de los seguros agrarios. La penetración de los seguros agrarios en el ámbito de los cultivos de ribera
es mínima, menos del 50 %, y el decreto que va a poner encima de la mesa este ministerio blinda la ayuda a tener un seguro agrario. Eso es absolutamente insuficiente y es absolutamente necesario modificar ese sistema.


El señor PRESIDENTE: Señor Sanz, por favor, ha agotado su tiempo.


El señor SANZ REMÓN: Acabo ya. Señorías, estas y otras muchas medidas, 86 medidas en el Plan ambiental del Ebro, es lo que veníamos a proponer, y por lo tanto agradecemos al Partido Socialista que lo incorpore. Desde 2005 sabíamos que
esto iba a pasar y esas medidas están ahí para evitarlo. Tomémoslas e impulsémoslo decididamente.


El señor PRESIDENTE: Grupos que deseen fijar su posición ante esta cuestión. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo brevemente porque también tengo obligaciones en otras comisiones. El anterior portavoz decía que las crecidas son normales; en el Ebro sí, las crecidas son normales y recurrentes, lo que no
deberían ser ni normales ni recurrentes son los daños que provocan cada vez que se producen esas crecidas. Yo pediría a la Comisión que trasladáramos el mensaje de que vamos a ponernos de acuerdo en aquellas medidas que sirvan para evitarlas en el
futuro, medidas de prevención, medidas de gestión del agua y medidas adecuadas de respuesta ante estos fenómenos naturales, medidas que no sean coyunturales sino que de una vez por todas las afrontemos pensando que tienen que tener naturaleza
definitiva. En tercer lugar, yo mandaría un mensaje para intentar desideologizar

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este tema en lo posible. Estamos hablando de un hecho natural, de hechos naturales que se producen todos los años, y yo creo que lo que debiéramos hacer es poner a trabajar en coordinación a los técnicos, que los hay y muy buenos en todas
las administraciones públicas de todas las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados. Yo creo que ese, de alguna manera, es el mensaje que nosotros desde aquí deberíamos trasladar: pongámonos de acuerdo y dejemos trabajar a los técnicos,
intentando en la medida de lo posible desideologizar, porque las crecidas no son de derechas ni de izquierdas ni de centro, y los daños tampoco.


Por tanto, esta proposición no de ley nos parece bien, pero es verdad que lo que pide de alguna manera lo vamos a aprobar el jueves. Se pide una urgencia que yo creo que el Gobierno ha tenido y que veremos el jueves. Y leyendo lo que se
pide en la proposición no de ley y el contenido del propio real decreto, yo creo que muchas de las cosas que se piden ya se contienen ahí. Y no es que yo quiera vender mi libro, pero es verdad que la Administración foral navarra ha actuado con
rigor, ha actuado con rapidez y ha intentado actuar con integridad. Es verdad que todavía no conocemos el saldo de todos los daños que se han producido, pero debemos estar a eso e intentar efectivamente compensar a todas las personas, propiedades,
bienes, etcétera, que se hayan visto afectados. Por tanto, yo creo que tenemos capacidad para hacerlo mejor y desde aquí al menos deberíamos trasladar ese mensaje: que si podemos hacerlo mejor, debemos hacerlo mejor todos. Y en todo caso mandemos
un mensaje de unidad, de que entre todos nos vamos a poner de acuerdo en nuestras distintas responsabilidades para que en el futuro no ocurra esto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Algún portavoz ya lo ha dicho, vamos a tener un debate sobre estas medidas propuestas en el Real Decreto-ley 2/2015, de 6 de marzo, por el que se aprueban las medidas urgentes para paliar los daños causados en
inundaciones, etcétera, desde enero hasta marzo de 2015, allí debatiremos si todas las medidas son las justas y necesarias. Esta proposición no de ley avanza algunas o la mayoría de las que están incorporadas dentro del real decreto, y entonces
veremos si son suficientes o no.


Nosotros nos añadimos en esta parte a la opinión que ha dado el señor Salvador: lo que toca cuando pasan estas situaciones climatológicas imprevisibles es coordinarse todas las administraciones que tienen competencias en el ámbito de la
cuenca hidrográfica del Ebro para poder tomar las decisiones más adecuadas en cada momento. En Cataluña las decisiones que se tomaron fueron muy ajustadas en tiempo y forma, pero evitaron males mayores. En este sentido nos solidarizamos con todos
aquellos territorios de otras comunidades que sí padecieron este incremento de caudal del Ebro que supuso daños a explotaciones agrícolas, ganaderas, ciudades, parques, etcétera.


Sí creemos que cuando se pide reflexión sobre cómo trabajar todas las administraciones que tienen competencias y que baña el río Ebro no es para menospreciar la situación y la necesidad de ayuda que tienen todos estos ciudadanos que fueron
afectados, sino que creemos, sabemos que el río Ebro en algunos momentos por exceso o por defecto puede afectar a las explotaciones económicas que en sus riberas se están desarrollando. En ese sentido tenemos que tener sensibilidad cuando pasa por
exceso y sensibilidad cuando en algunos momentos el caudal del Ebro pueda ser inferior al necesario para mantener esas actividades.


Nosotros apoyamos también algunas ideas de los portavoces de que seguramente hay que ampliar y actualizar los estudios de zonas de flujo preferentes de las cuencas competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro con la finalidad de
mejorar su gestión, reducir el riesgo de inundaciones y cumplir con la normativa europea en materia de inundabilidad. Y también adaptar entre todas las administraciones a las nuevas tecnologías las plataformas, mecanismos y sistemas a través de los
cuales se obtiene información y se estima la cantidad y las características de los recursos hídricos.


Respecto al señor Xavier de Pedro, yo no quisiera decir que es culpable, pero sí que es representativo de esta necesidad de coordinación entre todas las administraciones y de dejar a un lado la confrontación política en cuanto a la
distribución de los recursos y la riqueza del río Ebro. El señor Xavier de Pedro, presidente de la confederación hidrográfica, deja mucho que desear en cuanto a negociación, en cuanto a imagen y en cuanto a poder afrontar cualquier problema de los
que la gestión de la cuenca hidrográfica del Ebro requiere para un presidente de la misma.

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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz.


La señora COBOS TRALLERO: Quiero empezar mi intervención solidarizándome en nombre del Grupo Parlamentario Popular con todos los vecinos de los municipios de Navarra, La Rioja y Aragón afectados por las riadas e inundaciones sufridas en los
meses de febrero y marzo; quiero manifestarles desde aquí nuestro pleno apoyo. Y mostrar nuestra preocupación por las precipitaciones que en estos días afectan a distintos puntos del territorio español, y en especial al Bajo Aragón.


Quiero decir también que me produce una enorme tristeza ver cómo hay quien aprovecha estas situaciones para conseguir un rédito electoral; cómo a unos les resulta más fácil criticar que colaborar y trabajar juntos por el interés general.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, menos críticas, menos fotos y más hechos, porque esto es lo que se necesita ahora, trabajar y actuar, que es lo que están haciendo el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas, trabajar
juntos, coordinados y con agilidad.


A los municipios afectados acudieron el secretario de Estado de Medio Ambiente, el ministro del Interior, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los presidentes y consejeros de las comunidades autónomas, delegados del
Gobierno y el presidente del Gobierno. Desde el primer momento quisieron conocer de primera mano qué había pasado, el alcance de los daños y mantener un estricto seguimiento de todo lo que allí ocurría. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
no solo estuvo allí, vio y escuchó, sino que llegó con soluciones. Pudo explicarles a los alcaldes de los municipios afectados cómo se iba a actuar, qué medidas se iban a llevar a cabo porque llevó un real decreto-ley aprobado en el Consejo de
Ministros, real decreto-ley que, por cierto, llega este mismo jueves al Pleno del Congreso de los Diputados y regula un conjunto de ayudas específicas y otras medidas de índole fiscal y laboral que contribuyen a restablecer el normal funcionamiento
de los servicios públicos, recuperar las zonas afectadas y paliar los daños producidos hasta el momento. Incluso contempla la posibilidad de poder extender la aplicación de estas medidas a otros daños que pueden acaecer hasta el 31 de mayo de 2015.
Un real decreto ley que pretende dar respuesta a las especificidades de las emergencias que trata de paliar, de manera especial a lo sucedido en la provincia de Zaragoza.


Cabe destacar las ayudas de emergencia por daños personales, por daños materiales en viviendas y enseres y la referencia a la explotación agraria, que permite extender las ayudas a elementos esenciales de la explotación no asegurables, como
son por ejemplo los caminos privados de las fincas. También se prevén ayudas para las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, así como para las corporaciones locales por los gastos causados para hacer
frente a estas situaciones de emergencia: actuaciones en el dominio público hidráulico, beneficios fiscales, reducciones fiscales, medidas laborales y de la Seguridad Social, entre muchas otras. Pero es que además los Gobiernos de las comunidades
autónomas afectadas también están trabajando. Por ejemplo, el Gobierno de La Rioja ha aprobado un plan de acción para paliar los daños ocasionados, y el Gobierno de Aragón ha aprobado un paquete de medidas urgentes que complementan las ayudas
estatales, garantizando así la restitución de la totalidad de los daños causados por las inundaciones del Ebro.


Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular no puede votar a favor de una proposición no de ley que insta al Gobierno a tomar medidas que ya han sido tomadas o a llevar a cabo actuaciones que ya se están realizando.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Perdón, señor presidente. No tiene que ver nada con lo que estamos tratando pero era por si, como Comisión, podíamos tomar alguna postura, aunque sea de forma oral, respecto a las víctimas de un accidente de
un avión que ha salido de El Prat hacia Düsseldorf.


El señor PRESIDENTE: Por supuesto que sí, un avión que ha salido de Barcelona e iba a Düsseldorf.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Solidarizarnos con las familias y en este caso con los Gobiernos —autonómico, del Estado y de Francia— para que den el mayor apoyo posible a todas las familias afectadas. Había varios españoles, o al menos
con apellidos españoles; una desgracia y, por tanto, era para que conste en acta hoy porque está sucediendo mientras nosotros estamos debatiendo otros temas.


El señor PRESIDENTE: Es una sugerencia muy acertada la del portavoz de CiU. Recojo su sugerencia y en cuanto reanudemos la sesión —porque la vamos a suspender por breves minutos para ordenar las enmiendas transaccionales que tienen que
trasladar a la Mesa los diversos grupos—, antes de empezar la votación, nos ocuparemos de eso. (Pausa).

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Vamos a iniciar las votaciones de las proposiciones no de ley correspondientes a la sesión del día de hoy. Antes de empezar las votaciones quisiera trasladar en nombre de la Comisión nuestro más sentido pésame a los familiares de las
víctimas del trágico accidente aéreo que ha tenido lugar esta mañana, un vuelo de un avión alemán que cubría el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Hasta el momento hay 151 víctimas. Interpretando el sentir de todas sus señorías, manifestamos a
sus familiares nuestro más sentido pésame y nuestro profundo dolor.


A continuación vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley.


Proposición no de ley sobre la declaración de España libre de transgénicos. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley sobre el impulso de creación de empleo a través de la bioenergía. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y se vota con una autoenmienda del propio grupo proponente que incorpora la
enmienda presentada por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley sobre el acuerdo UE-EEUU y el sector vitivinícola. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y se vota con una enmienda transaccional entre el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Proposición no de ley relativa a la implantación de un sistema de control de la pesca homogéneo en la Unión Europea. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley relativa a los acuerdos de pesca con terceros países. Esta iniciativa también ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Proposición no de ley sobre medidas urgentes para ayudar a los afectados por las inundaciones y desbordamientos en diferentes comunidades autónomas. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y se vota con la incorporación de
la enmienda de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos de la tarde.