CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 772

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO

Sesión núm. 53

celebrada el miércoles,

25 de marzo de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor Ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), para:


— Explicar la subida de la tarifa eléctrica como consecuencia de la resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios
voluntarios para el pequeño consumidor, y de la Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014, normas publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de febrero de 2014. A petición
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001268) ... (Página4)


— Que explique cómo piensa salvaguardar los derechos de los consumidores y usuarios con el nuevo método de cálculo de la tarifa eléctrica. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/001294)
... (Página4)


— Que informe sobre el real decreto por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor y su régimen jurídico de contratación. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/001339) ... (Página4)


— Dar cuenta del incremento del precio de la electricidad en el mes de enero. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001885) ... (Página4)


— Dar cuenta de la situación generada en la empresa Alcoa, que ha anunciado el cierre de sus plantas de producción en Avilés y A Coruña. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001770) ... href='#(Página4)'>(Página4)

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— Que explique los procesos de subastas por la implantación del sistema de interrumpibilidad y consecuencias para las industrias de Galicia. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001777) ... href='#(Página4)'>(Página4)


— Que informe de los motivos de los sucesivos retrasos de la aprobación del decreto que ha de regular el autoconsumo de energía, desde que se presentara el borrador del decreto en julio de 2013. A petición del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/001938) ... (Página4)


— Informar sobre el expediente de la Unión Europea a España por la falta de estudio ambiental de la línea de muy alta tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de Gramenet. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
213/001521) ... (Página4)


— Informar de las previsiones del Gobierno respecto de la revisión del proyecto de línea de muy alta tensión (MAT) en Santa Coloma de Gramenet y su impacto ambiental, tras el expediente abierto por la Comisión Europea. Urgente. A petición
del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001531) ... (Página4)


— Que informe sobre los posibles cambios legales que han anunciado miembros de su ministerio para permitir que vuelva a funcionar la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) que se encuentra en situación de cese definitivo al
superar su vida útil con los consiguientes riesgos de que vuelva a operar la central nuclear más antigua del Estado español que ha superado holgadamente su vida últil de 40 años, así como el impacto social de la medida. A petición del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/001201) ... (Página4)


— Explicar la postura de su ministerio ante la central nuclear de Garoña. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001274) ... (Página4)


— Dar explicaciones en relación con las informaciones aparecidas en el eldiario.es sobre la auditoría interna realizada a Enresa de la que se desprende incumplimiento de contrato e irregularidades de gastos realizados por su presidente
Francisco Gil-Ortega. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001729) ... (Página4)


— Informar sobre la situación de la empresa Enresa como consecuencia de la dimisión de quien ha sido su presidente así como para proporcionar al Congreso de los Diputados la posición del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ante las
actuaciones llevadas a cabo en el municipio de Villar de Cañas para la construcción del ATC. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001889) ... (Página4)


— Que informe de si va a revisar en profundidad la estrategia del ATC actual, ante los constantes problemas del futuro almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural. (Número de expediente 213/001891) ... (Página4)


— Informar sobre las medidas que va a adoptar tras conocerse los graves perjuicios ambientales y sociales que supone la técnica de fractura hidráulica, «fracking», tal y como consta en el informe del Instituto Geológico y Minero sobre
conclusiones del estudio «Recomendaciones ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica». A petición del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/001463) ... (Página4)

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— Informar sobre los supuestos sondeos de prospección sísmica con cañones de aire comprimido que habría realizado la empresa «Seabird Exploration» en abril de 2013 entre las costas de Cataluña y las Illes Balears sin contar, aparentemente,
con los permisos exigidos, y sin respetar el periodo primaveral de migración de las ballenas. A petición de los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/001582) ... href='#(Página4)'>(Página4)


— Explicar la situación y perspectivas de la central de gasificación integrada en ciclo combinado de Puertollano (Ciudad Real), propiedad de Elcogas, S.A. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/001523) ... (Página4)


— Que explique si el Gobierno tiene previsto incluir en los recibos de todos los usuarios de gas para los próximos años, algún tipo de recargo o similar para el pago de la indemnización de 1.400 millones de euros que el Estado debe
satisfacer a la empresa Escal UGS —participada por ACS y CLP— por la paralización del proyecto de almacén de gas Castor en Vinaròs (Castellón). A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente
213/001652) ... (Página4)


— Dar cuenta de las razones de la decisión del Gobierno de indemnizar con 1.350 millones de euros a la empresa concesionaria de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas Castor y de su repercusión en la tarifa de los consumidores
de gas durante los próximos años. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001830) ... (Página4)


— Informar de las circunstancias, razones y criterio empleado por el Gobierno para dar de baja 2,8 millones de euros de los fondos asignados a la reactivación de comarcas mineras. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 213/001649) ... (Página4)


— Pregunta de los Diputados don Luis Carlos Sahuquillo García, don Alejandro Alonso Núñez y doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre retribución, gastos y gestión del presidente de Enresa, así como contratos
realizados por dicha empresa vinculados al proyecto del ATC de Villar de Cañas (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/063725). (Número de expediente 181/003050) ... (Página46)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados. Es la sesión número 53 y el orden del día, como todos ustedes conocen, tiene una parte de
comparecencias —veinte comparecencias pedidas por los distintos grupos parlamentarios, aunque muchas son repetidas o coincidentes y hacen referencia de una manera general a la tarifa eléctrica, sus precios y su evolución, al autoconsumo, a Enresa y
al ATC de Villar de Cañas, y a la fractura hidráulica como temas generales, y de manera concreta a la central de Garoña, a la situación de Elcogas, al proyector Castor y a ayudas para las comarcas mineras.


El procedimiento va a ser el que todos ustedes ya conocen, una primera intervención del ministro al tramitarse las comparecencias de una manera conjunta, luego intervendrán los grupos solicitantes de la comparecencia de mayor a menor, a
continuación los dos grupos que no han solicitado la comparecencia, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, cerrando el grupo mayoritario, el Grupo Popular. Como ya les he comunicado a los portavoces, el tiempo por grupo parlamentario
reglamentado es de diez minutos, aunque será flexible; de todos modos ruego que se ciñan a los quince minutos como máximo por grupo parlamentario.


Damos la bienvenida de nuevo al ministro a esta Comisión y le cedemos la palabra.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señorías, comparezco ante esta Comisión para informar en relación con algunas de las comparecencias que han sido solicitadas por parte de distintos grupos políticos hace ya
algún tiempo y que responden mayoritariamente a cuestiones relacionadas con la energía.


Mi última comparecencia en esta Comisión fue el 26 de noviembre del año 2014. Las comparecencias que figuran en el orden del día suman un total de veinte solicitudes. Voy a agrupar las distintas materias de las veinte comparecencias para
hacer una única intervención en un primer turno y que tendrá el siguiente esquema. Un primer bloque incluirá las seis primeras comparecencias. Tienen que ver con la subida de la tarifa eléctrica como consecuencia de la resolución del 31 de enero
del año 2014 por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios voluntarios para el pequeño consumidor y también cuestiones sobre la subasta de interrumpibilidad e impacto en industrias en Galicia. Son las comparecencias
número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del orden del día. En un segundo bloque informaré a esta Comisión sobre la próxima aprobación del decreto de autoconsumo y la línea de alta tensión de Santa Coloma de Gramenet, así como sobre la situación de la central
nuclear de Santa María de Garoña. Corresponde este contenido a las solicitudes de comparecencia que aparecen en el orden del día como 7, 8, 9, 10 y 11. Las 12, 13 y 14, relativas a la revisión del emplazamiento de la ATC y a la situación de la
empresa de gestión de residuos nucleares, forman el tercer bloque. En el cuarto bloque se incluyen las solicitudes de comparecencia números 15, 16 y 17, sobre recomendaciones del estudio del Instituto Geológico y Minero sobre proyectos relacionados
con el «fracking» y sobre unos sondeos de la empresa «SeaBird Exploration» en 1913, así como la integrada en el ciclo combinado de Elcogas, en Puertollano. Será el cuarto aspecto de mi intervención. Por último, habrá un quinto bloque, donde
explicaré la situación del almacén Castor y su repercusión en el recibo del gas, solicitudes formuladas por La Izquierda Plural y por el Grupo Socialista, así como las circunstancias, razones y criterios de la reducción de fondos asignados a la
reactivación de las comarcas mineras.


Entro de lleno en el primero de los bloques apuntados. Tiene que ver con el tema de la tarifa eléctrica, con los derechos de los consumidores y usuarios, con el nuevo método de cálculo de la tarifa eléctrica, con informes sobre la
metodología de cálculo de los precios voluntarios al pequeño consumidor, con el incremento del precio de la electricidad en el mes de enero, con la situación generada en la empresa Alcoa como consecuencia del cambio en el sistema de determinación de
la demanda de interrumpibilidad y con los procesos de subasta anejos a ese nuevo sistema. En cuanto a la primera cuestión, subida de la luz y precio voluntario del pequeño consumidor, como saben sus señorías, los peajes de acceso, que sirven para
pagar todas las actividades que son necesarias para hacer llegar el suministro eléctrico hasta los hogares —estamos hablando de los costes del transporte, de la distribución, de los incentivos a las renovables, etcétera—, tienen a su vez dos partes:
una fija y una variable. La parte fija es la que depende de la potencia contratada por cada consumidor y la parte variable es la que depende del consumo eléctrico que cada consumidor realice. El Gobierno, efectivamente, modificó la ponderación de
estas dos partes, la fija y la variable, para que no se penalizara a aquellos consumidores que más consumen, que era lo que había venido ocurriendo a lo largo de los últimos años, que con el método de ponderación de las dos

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partes que integran los peajes se penalizaba directamente a los consumidores que más consumían. Y además para que los consumidores con una sola vivienda no estuviesen financiando a aquellos consumidores que tienen más de una vivienda o
incluso las viviendas vacías. En el marco de la reforma del sector eléctrico, se modificó la estructura del componente regulado de la tarifa con el objetivo de que los grupos de mayor consumo, como las primeras residencias y especialmente las
familias con hijos, dejasen de financiar la tarifa de la luz de otros colectivos menos vulnerables como consumidores, como por ejemplo segundas residencias o viviendas vacías. Parece un criterio más que razonable. Por tanto, a principios del año
2014 se produjo mediante orden ministerial un incremento del 0,9% en la factura correspondiente a la parte regulada del recibo de peajes para cubrir las anualidades del déficit de 3.600 millones de euros generado en 2013, que, como todas sus
señorías conocen, se produjo como consecuencia de la suspensión de las partidas que los Presupuestos Generales del Estado para ese año tenían destinadas a este efecto. La citada orden de peajes incluía a su vez dos aspectos con impactos diferentes.
Por una parte, un incremento en los peajes del 0,9% para hacer frente al incremento en los costes, regulados por las anualidades del déficit derivadas de esos 3.600 millones a los que me referí con anterioridad. Se avanzó además en la ponderación
entre la parte variable del peaje, que se paga en función del consumo, y la parte fija del mismo, que se paga en función de la potencia contratada, para dar cada vez un mayor peso a esta última parte. Esta reponderación no supone un incremento en
la factura. Repito, esta reponderación no supone un incremento en la factura, pero sí que supone una transferencia entre consumidores domésticos a favor justamente de aquellos que más consumen. ¿Especialmente quiénes? Las familias que tienen
hijos, en contra de las segundas residencias y de las viviendas vacías. Tan solo se da más peso a la parte fija del peaje sin que, en conjunto, suponga un incremento del peaje.


En relación con la explicación de cómo se piensa salvaguardar los derechos de los consumidores y usuarios con el nuevo método para el cálculo de la tarifa eléctrica —cuestión planteada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia— y en
relación con el informe sobre el real decreto que establece la metodología del cálculo del precio voluntario del pequeño consumidor —cuestión planteada por el Grupo Socialista—, quisiera hacer, dentro de este primer bloque, las siguientes
consideraciones. El nuevo sistema de fijación de precios que entró en vigor el 1 de abril del año 2014 es un sistema más eficiente y es un sistema más transparente. ¿Por qué? Porque se basa directamente en la evolución del precio del mercado. Ya
no hay intermediarios en la fijación de precios de la electricidad en España. Los intermediarios se han terminado. Desde que el anterior Gobierno creó el sistema de subastas —conocido como sistema de la Cesur— en el año 2009, y hasta el mes de
diciembre que estuvo en vigor dicho sistema —año en el que se eliminó—, los consumidores en España han estado pagando un 4,3% en su factura. Es decir, solamente por el hecho de la existencia del anterior sistema de subastas, todos hemos pagado un
4,3% cada vez que mes a mes hemos ido a pagar la factura de la luz. Es decir, desde el año 2009 —insisto, con el anterior sistema de subasta, aprobado por el anterior Gobierno y suspendida por este— los consumidores han estado pagando 1.671
millones de euros de sobreprecio como consecuencia del sistema de fijación que aprobó el anterior Gobierno. Señorías, esto que les doy es evidencia empírica. Esto que les doy es información. No estoy dando opinión. Estoy diciendo la realidad de
los hechos, 1.671 millones de euros más que pagamos los españoles entre 2009 y finales de 2013 como consecuencia del sistema de fijación de precios que había anteriormente. ¿Por qué? Porque todo eso era la comisión que obtenían los intermediarios
financieros que iban cada tres meses a la subasta, lógicamente, para poder garantizar un precio en el trimestre siguiente. No parece que sea este un motivo menor para cambiar el sistema de fijación de precios.


El nuevo sistema ha hecho que las compañías eléctricas hayan tenido que devolver —las compañías eléctricas han tenido que devolver; las compañías eléctricas han devuelto— por primera vez, por cierto, en la historia de este país, más de 400
millones de euros a los consumidores. ¿Por qué? Porque se les cobró de más durante la primera mitad del año 2014. Este hecho, señorías, es la primera vez que se produce. Además, de no haberse eliminado la última subasta de la Cesur, aquella que
tuvo lugar el 19 de diciembre del año 2013, no solo no habríamos ahorrado esos 400 millones de euros del trimestre, sino que habrían tenido que pagar solo en el primer trimestre del año 392 millones de euros adicionales, los habríamos tenido que
pagar todos los consumidores en el incremento correspondiente de la factura. Parece claro, a la luz de esta evidencia empírica, que la corrección, la modificación, la sustitución en definitiva del sistema de determinación de precios fue una
decisión acertada.


Señorías, el precio voluntario del pequeño consumidor aporta claridad, aporta transparencia y aporta simplicidad en la factura de la luz y, al mismo tiempo, esta factura de la luz se ha simplificado y clarificado;

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desde el 1 de octubre del año 2014 las eléctricas utilizan un nuevo modelo de factura más sencillo, más transparente. Se ha agilizado el proceso de cambio de suministrador y se han reforzado los mecanismos de atención al cliente,
garantizando su gratuidad cuando se cambia de suministrador, cosa que antes no ocurría. Se han habilitado nuevas comercializadoras para el suministro a los consumidores domésticos, permitiendo la competencia entre ellas al poder realizar ofertas y
descuentos; más comercializadoras, más competencia, más posibilidad de ofertas y descuentos. Se han creado y reforzado también distintas herramientas para que el consumidor comprenda su factura y pueda comparar las distintas ofertas, lo cual ha
aumentado su capacidad de elección. La metodología de cálculo del precio voluntario del pequeño consumidor se basa en la determinación del precio de producción de la electricidad, que se obtiene directamente del precio que fija el libre mercado y
también de los peajes de acceso. El cambio más relevante se produce en la determinación del coste de producción de la electricidad, que se realiza con base en el precio horario del mercado diario, y el nuevo sistema es más eficiente y transparente
al basarse directamente en los precios del mercado, insisto, sin los intermediarios que con anterioridad sí había. Los peajes de acceso financian todas las actividades que son necesarias para el suministro eléctrico y se componen de dos partes:
una fija que depende, como decía antes, de la potencia contratada, y una variable que depende del consumo eléctrico para cada consumidor.


A continuación me voy a referir a otro de los planteamientos que se hacen en una de las comparecencias por parte del Grupo Parlamentario Socialista respecto al incremento en el precio de la electricidad. En primer lugar, hay que señalar que
una comparación del precio mes a mes no resulta apropiada. ¿Por qué? En primer lugar, por la alta variabilidad que puede existir en el precio de la energía, condiciones meteorológicas, disponibilidad de centrales, oscilaciones en la demanda,
etcétera. Por ello lo que hay que hacer es hablar de media. La media mensual del precio de la electricidad en febrero de este año fue de 42,56 euros por megavatio/hora y eso supone una disminución del 17,51 respecto a los 51,59 euros de media por
megavatio/hora del mes de enero. Esto de acuerdo a los datos definitivos del pool eléctrico que han sido publicados por parte del operador del mercado, por OMIE.


Si comparamos periodos más largos y, por tanto, más representativos de la evolución de la carga para las familias, en el periodo de 2004 a 2011 la factura media de la electricidad para familias con dos hijos se incrementó un 67,2%, un 62,3%
de media para los consumidores domésticos en ese periodo. Para la segunda residencia y las viviendas vacías, con un menor consumo de energía, la subida media en ese mismo periodo fue del 53,3%; es decir, de media para las familias un 67,2%, y para
las segundas viviendas y viviendas vacías, un 53,3%, o sea, nueve puntos menos que la media de los consumidores domésticos. Esto fue así porque una parte de los costes fijos del sistema eléctrico se pagaban en función del consumo, y como
consecuencia de esto la parte que hubiese correspondido a las segundas residencias y a las viviendas vacías la estuvieron pagando primeras residencias que eran las que tenían un mayor consumo. Claramente muy poco justo; de ahí la necesidad del
cambio en el sistema. En las últimas órdenes de peaje el Gobierno ha ido corrigiendo esta situación de desequilibrio en la factura eléctrica desde las primeras residencias y familias con hijos hacia las segundas residencias y viviendas vacías. Esa
reponderación, tal como anteriormente ya había mencionado, no ha supuesto ningún tipo de incremento en la factura, pero sí una transferencia entre consumidores de electricidad a favor de aquellos que más consumen, especialmente a favor de las
familias con hijos. En 2014, para un consumidor medio que tiene una potencia contratada de 3,3 kilovatios y un consumo de 3.000 kilovatios/hora el precio ha disminuido un 4,5% respecto al año anterior.


Me refiero ahora a la cuestión que se ha planteado con relación al sistema de interrumpibilidades, singularmente al efecto sobre la empresa Alcoa, que tiene centros de producción, como saben ustedes, en Galicia y en Asturias. Son
solicitudes que han planteado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad es, como conocen sus señorías, una herramienta que permite flexibilizar la
operación del sistema posibilitando una respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Por este servicio, por el hecho de que estos grandes consumidores pongan a disposición del sistema su capacidad de interrumpibilidad, los grandes consumidores
perciben a cambio una retribución económica. La reducción de potencia puede realizarse tanto por motivos técnicos —es decir, por una emergencia— como por motivos económicos como en el caso de que el coste de interrumpir el suministro sea menor que
el que resulta de aplicar los servicios de ajuste del sistema.


Segundo, la orden de 31 de octubre del año 2013 regula un nuevo procedimiento competitivo de asignación a través de subastas del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a partir del año

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2015. El mecanismo está gestionado por Red Eléctrica bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Este nuevo mecanismo competitivo de asignación dio como resultado las subastas que tuvieron lugar en
noviembre y diciembre del año 2014 y, además de ser más transparente y equitativo, ha permitido ya para el año 2015 disminuir el coste de este servicio para el conjunto del sistema eléctrico, que es quien lo financia. ¿Qué importancia tiene que una
actividad como la interrumpibilidad tenga un menor coste para todo el sistema? Pues tiene una importancia fundamental, porque cuanto menor sea el coste del sistema mayor será el equilibrio del sistema porque menor es el déficit del sistema, o
incluso puede haber superávit en el sistema.


Tercero, estas industrias electrointensivas también se han visto beneficiadas por la sustancial reducción en el impuesto especial de electricidad, que todo cuenta a la hora de saber cuál es la situación de estas grandes empresas
electrointensivas. Se contempla que la base liquidable del impuesto especial de electricidad será el resultado de practicar en el caso de estas industrias una reducción del 85% sobre la base imponible, por tanto también medida que ayuda lógicamente
a este tipo de industrias.


Cuarto, en el caso concreto de Alcoa, tras la última de estas subastas, en diciembre del año 2014, Alcoa anunció su intención de retirar el ERE que afectaba a las plantas de Avilés y A Coruña. Por último, se está trabajando en la regulación
para el año 2015, que se basará en principios competitivos, si bien puede haber algún ajuste.


Vamos ahora con el segundo bloque de las comparecencias. Tienen que ver con el autoconsumo —la plantea La Izquierda Plural— y con la línea de muy alta tensión a su paso por Santa Coloma de Gramenet, planteada tanto por el Grupo Mixto como
por el Grupo Socialista. En cuanto al autoconsumo, la gran cantidad de disposiciones que han sido o deben ser modificadas como consecuencia de la reforma eléctrica no ha permitido todavía, a día de hoy, la aprobación del real decreto que regule el
autoconsumo, pero próximamente verá la luz. Lo que sí está previsto es el autoconsumo en la nueva ley del sector eléctrico, pero todavía no ha sido aprobado el real decreto que lo regula. No obstante, el Gobierno considera en relación a esta
cuestión los siguientes aspectos. Cualquier consumidor de electricidad que se engancha a la red paga por tres conceptos. Todos pagamos por la energía que consumimos, pagamos por los costes de respaldo del sistema y también pagamos por los peajes
por el uso de las redes. El consumidor que autoconsume no paga la energía que está autoproduciendo, pero sí que debe pagar los costes de respaldo del sistema y debe pagar también, en opinión del Gobierno, por el peaje si usa las redes o si piensa
usarlas. Porque si no contribuye a los costes de respaldo del sistema de los que, por otra parte, sí se está beneficiando, serían el resto de los consumidores, los que no están en autoconsumo, los que verían incrementada su factura de la luz para
compensar la menor contribución de aquellos que están autoconsumiendo sin pagar esos costes de respaldo y sin pagar el coste de financiación de las redes. Por tanto, ¿es el Gobierno partidario del autoconsumo? Sí. Si es autoconsumo y no hay
ningún tipo de enganche a la red, usted se paga la instalación del autoconsumo y no va a pagar nada por la producción de energía porque se la está autogenerando y la autoconsume. Ahora bien, si aparte de tener autoconsumo usted desea engancharse a
la red que están pagando el resto de los consumidores, es normal que ese consumidor también financie esas redes porque, de lo contrario, serían el resto de los consumidores que no están en autoconsumo y que sí están pagando los peajes quienes
estarían contribuyendo a pagarle una parte de la factura al consumidor que está en autoconsumo. Esta es la posición del Gobierno. La disponibilidad a corto plazo implica que el consumidor tenga electricidad de manera inmediata. Si la instalación
estuviese aislada, es decir, si opta por tener autoconsumo pero no está conectado a la red, el autoconsumidor no pagaría costes de respaldo ni el peaje por el uso de las redes. Solo tendría, eso sí, electricidad cuando hubiese sol en ese estante,
incluso si tuviera baterías tendría electricidad si estas estuviesen cargadas. Por tanto, esta también sería una opción. Pero, insisto, si se engancha a la red y esa red está financiada por todos los consumidores, parece lógico, normal y justo que
el autoconsumidor también contribuya porque, insisto, de lo contrario, el resto de los consumidores le está financiando al autoconsumidor.


En relación a la línea de muy alta tensión de Santa Coloma de Gramenet, es un tema que tiene complejidad. Me voy a extender algo más en él. Son dos comparecencias solicitadas por el Grupo Mixto y por el Grupo Parlamentario Socialista.
Septiembre del año 2014. La Secretaría de Estado para la Unión Europea contesta a la carta de emplazamiento de la Comisión Europea en relación a la presunta aplicación incorrecta de la directiva de la Unión Europea relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medioambiente en relación con el proyecto de modificación de una línea de alta tensión entre Sentmenat y Santa Coloma de Gramenet. Los proyectos objeto de este

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expediente son los siguientes. Una subestación a 400 kilovoltios denominada Gramenet y, luego, modificaciones puntuales en determinadas líneas a 220 kilovoltios. El circuito Pierola-Santa Coloma, a 400 kilovoltios, es una parte de la línea
a 220 kilovoltios que se encuentra en este momento ya en funcionamiento y que fue autorizada por resolución de 12 de diciembre de 1973, y además por resolución de 16 de marzo de 1974. Muy esquemáticamente, la situación ahora es la siguiente. El
circuito de Pierola-Santa Coloma, a 400 kilovoltios, no tienen ningún tipo de modificación de tendido, de trazado, ni de las torres de la línea original, salvo los tramos de entrada y salida a las subestaciones que se han citado. Esta línea ya fue
diseñada y autorizada para funcionar a 380 kilovoltios y estamos hablando actualmente en el proyecto de 400 kilovoltios, aun cuando en la primera etapa no ha funcionado a los 380 kilovoltios que se habían autorizado, sino que ha funcionado a una
tensión de 220 kilovoltios. La línea cumple, por tanto, con la legislación vigente en cuanto a distancia a edificaciones y cruzamientos, y esta línea seguirá cumpliendo cuando se energice a 400 kilovoltios, tensión para la cual ya fue diseñada en
su día, como se ha expuesto. La finalidad de estas actuaciones es reforzar la red de transporte en la zona de Barcelona. ¿Por qué? Por la necesidad de un nuevo apoyo desde la red de 400 kilovoltios que permita garantizar el suministro y la
calidad del servicio.


El proyecto en cuestión inició su tramitación el 27 de diciembre del año 2005, el marco nacional normativo aplicable es pues el vigente en esa fecha y, por tanto, la evaluación de impacto ambiental de proyectos exigible en el momento de la
tramitación administrativa del proyecto estaba.


regulada por la Ley del Sector Eléctrico del año 1997 y también por el Real Decreto-ley 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. Finalmente, para una mejor comprensión, cabe insistir en que aunque en la carta de
emplazamiento, a la que antes me refería, se hace referencia en varios párrafos a que el proyecto consiste en cambiar una línea eléctrica aérea de 220 kilovoltios por otra de 400 kilovoltios, lo cierto es que el proyecto no consiste en cambiar una
línea por otra, ni contempla el proyecto la construcción de ninguna otra nueva línea, sino que lo que se plantea es un cambio de uso de la existente que, como ya se dijo anteriormente, fue diseñada para 380 kilovoltios sin perjuicio de que a lo
largo de todo este tiempo no haya estado trabajando a una tensión de 380 kilovoltios sino a una tensión de 220 kilovoltios, salvo, como se dijo anteriormente, la entrada y salida de la subestación. En lo relativo a la oportunidad de manifestar su
opinión al respecto de municipios y de población, debo decir que la tramitación que se siguió para ambos expedientes es la contemplada en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que es el real decreto que regula las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Señorías, durante la tramitación este proyecto se sometió a información pública, en el caso de las modificaciones de la
línea de entrada y salida en el BOE de 3 julio del año 2006; es decir, esto ya ha tenido un proceso de información pública; también en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de esa misma fecha, 3 de julio de 2006, y también en el diario
«La Vanguardia» con fecha 28 de junio de 2006. Y en el caso de la subestación ha tenido información pública en el BOE de 13 de mayo de 2009, también en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña de la misma fecha y en el diario «La Vanguardia»
de 12 de mayo de 2009. Señorías, se consultó también a todos los municipios afectados por la subestación y por las modificaciones de la línea de entrada y salida. Es necesario resaltar que no en todos los ayuntamientos atravesados por la línea
había modificaciones puesto que en su mayor parte, tal y como se ha mencionado, esta línea permanece como fue construida hace ya más de veinte años. Señorías, a mayor abundamiento cabe señalar que el hecho de que tanto la declaración de utilidad
pública como la aprobación del proyecto de ejecución se hicieron mediante acuerdo del Consejo de Ministros y fue precisamente en Consejo de Ministros, de acuerdo con la legislación española, debido a la oposición mostrada por el ayuntamiento de
Santa Coloma de Gramenet. En este sentido, cabe destacar además que inicialmente Red Eléctrica de España había firmado un convenio con el ayuntamiento de Santa Coloma en noviembre del año 2006, que fue ratificado en 2009 tras la realización de un
estudio paisajístico en el que este ayuntamiento mostraba su acuerdo con la ubicación elegida y fue posteriormente, durante la tramitación, cuando el citado ayuntamiento mostró su oposición a la ubicación para el proyecto. Me parecen especialmente
destacables estas últimas observaciones que he realizado porque en dos ocasiones, en 2006 y en 2009, el ayuntamiento se mostró partidario de llevar a cabo este proyecto.


Durante la tramitación de la subestación se recabaron asimismo informes favorables de diversos órganos con competencia sobre el medio ambiente; es decir, aparte de todo lo que anteriormente se ha mencionado, se recabaron informes al área de
espacios naturales de la Diputación de Barcelona, a la Agencia Catalana del Agua y al área de infraestructuras, urbanismo y vivienda de la Diputación de

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Barcelona. Adicionalmente, estas actuaciones estaban previstas en la planificación de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica horizonte 2002-2011, aprobada el 10 de septiembre del año 2002, y continúan previstas en la
planificación realizada 2008-2016, de 30 de mayo de 2008, que a su vez se sometió a trámite de audiencia y a un procedimiento ambiental. A este respecto, tal y como ya se ha señalado anteriormente, hay que decir que la evaluación de impacto
ambiental de los proyectos exigible en el momento de la tramitación administrativa del proyecto que comentamos estaba regulada por la Ley 54, del Sector Eléctrico, del año 1997 y también por el Real Decreto al que antes me referí, 1302/1986, de 28
de junio, conforme a las modificaciones introducidas en la Ley 6/2001, de 8 de mayo.


Es necesario, señorías, insistir en que la línea actual, que cumple con toda la legislación vigente en cuanto a distancia de edificaciones y cruzamientos, seguirá cumpliendo cuando se energice a 400 kilovoltios. Del mismo modo, el proyecto
de ampliación de la subestación de Gramenet consiste en incorporar un parque de 400 kilovoltios a los parques ya existentes de 220, de 132, de 66 y de 25 kilovoltios, conectándose a los mismos mediante un cable subterráneo que discurre bajo
carretera. El proyecto autorizado se limita a ampliar una subestación existente desde hace ya décadas, integrada por parques de tensiones de 220, 132, 66 y 25 kilovoltios, como hemos dicho.


Del análisis del proyecto, señorías, se entiende que las actuaciones proyectadas no constituyen un incremento ni significativo ni apreciable de las afecciones sobre el medio ambiente y la salud de las personas en comparación con los efectos
que pudieran producir en su caso las instalaciones que venían existiendo desde hace más de treinta años; eso sí que tendría efectos de impacto mayor. Por último, señorías, cabe afirmar que estas actuaciones no incrementan la probabilidad de
impacto de las instalaciones existentes ni ponen en riesgo la capacidad de carga del medio natural puesto que, de acuerdo con lo expuesto, el proyecto de modificación de las líneas de entrada y salida se limita única y exclusivamente a la colocación
de un nuevo apoyo y al tendido de un conductor de cerca de 600 metros fuera en todo caso de espacios protegidos. En estas circunstancias no cabe sostener, señorías, que las actuaciones supongan o incrementen afección de las instalaciones al suelo,
al agua, a la flora o a la fauna protegida y además tienen lugar en un entorno periurbano en el que convergen, entre otros, un cementerio, una zona urbanizada, la subestación y líneas existentes, además de una carretera. La afección al suelo por
tanto está muy localizada, limitándose al nuevo apoyo. Tampoco se deduce que la naturaleza del proyecto sea susceptible de producir vertidos sobre las aguas y por otro lado esta actuación no es susceptible de generar residuos de ningún tipo que
puedan considerarse significativos.


En relación con la central nuclear de Santa María de Garoña —solicitudes formuladas por La Izquierda Plural y por el Grupo Mixto—, el pasado día 27 de mayo de 2014, Nuclenor, que es el operador de esta central, presentó ante el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo una solicitud de renovación de la autorización de explotación al amparo del artículo 28 del reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas. Esta solicitud fue remitida por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo al Consejo de Seguridad Nuclear el 2 de junio para su informe preceptivo. El 30 de julio del año 2014, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la emisión de una orden a esta central nuclear con requisitos adicionales sobre la solicitud de
renovación entre los que se incluían los requisitos para el largo plazo contemplados en las órdenes post-Fukushima, cuya implantación se requiere previamente a la carga de combustible. El proceso de implantación de las medidas post-Fukushima en las
centrales españolas está siendo supervisado por el Consejo de Seguridad Nuclear mediante un plan específico de inspección y evaluación. El procedimiento a seguir para la concesión de la renovación de la autorización de explotación en esta central
nuclear de Santa María de Garoña es el establecido en el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas que fue aprobado por Real Decreto 1836/1999, cuya última modificación se ha llevado a cabo mediante Real Decreto 102/2014, de 21 de
febrero, para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. Por tanto, posición del Gobierno en relación con la posibilidad o no de ampliación de la vida útil del reactor de Santa María de Garoña o de
cualquier otro si se planteara: se hará conforme a lo que dictamine el Consejo de Seguridad Nuclear que, en todo caso, hará el informe de acuerdo con las exigencias tanto existentes como adicionales como consecuencia de la gestión post-Fukushima.


Tercer bloque de comparecencias. Aquí se solicitan explicaciones sobre la auditoría interna realizada en Enresa, que se informe sobre la situación de Enresa y sobre la revisión de la estrategia en relación con el ATC. Las plantean el Grupo
Parlamentario Socialista y también el Grupo de La Izquierda Plural. En relación con Enresa y el ATC, situación del expediente para la contratación de la obra civil del almacén temporal centralizado, ATC, el consejo de administración aprobó el
pliego de licitación de la obra civil el 2

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de septiembre del año pasado, 2014. El 4 de septiembre se inició el plazo para la presentación de ofertas, que terminó el 27 de octubre del pasado año. En la página web de Enresa se encuentra toda la información en relación con esta
licitación. El importe máximo de licitación de la obra civil es de 217.760.000 euros. Se han presentado ocho ofertas, que en este momento están en fase de evaluación por parte de la empresa. La financiación de este proyecto del ATC, al igual que
en el resto de los costes relacionados con la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos generados por las centrales nucleares, así como su desmantelamiento, se lleva a cabo a través del Fondo para la financiación de actividades del
Plan general de residuos radiactivos. Este fondo se nutre a través de las tasas que entraron en vigor a partir del 1 de enero del año 2010 y se imputan a los titulares de las centrales nucleares que se encuentran en operación.


Dentro de esta cuestión, en relación con la tramitación de la autorización previa para el emplazamiento del ATC, la autorización previa que concede el Ministerio de Industria, Energía y Turismo mediante orden ministerial requiere informe
previo, preceptivo y vinculante por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, así como en todo caso declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Agricultura y de Medio Ambiente. El 13 de enero del año 2014 Enresa presentó en el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo la documentación relativa a la solicitud para la obtención de esta autorización y el ministerio la remitió para su preceptivo informe al Consejo de Seguridad Nuclear. Dentro del proceso de evaluación que
el Consejo de Seguridad Nuclear está llevando a cabo, el pasado día 15 de septiembre este organismo remitió a Enresa una petición de información adicional. En relación con la citada documentación, en la que se requería a dicha empresa información
adicional sobre distintos aspectos relativos al estudio de caracterización de emplazamiento, la mayor parte de estas peticiones se refieren a aclaraciones relativas a las características del mismo, siendo las más relevantes las relacionadas con
potenciales riesgos de inundación, inestabilidad del terreno por fenómenos de expansividad o colapso por disolución de yeso. Hay que tener en cuenta, señorías, que en todo proceso de licenciamiento es habitual que el Consejo de Seguridad Nuclear
requiera a los licenciatarios de instalaciones nucleares información adicional o aclaraciones específicas en relación con la documentación presentada. Por tanto, no estamos hablando de ningún tipo de petición excepcional. Lo que se pretende es
disponer de un mayor conocimiento sobre la base del cual el Consejo de Seguridad Nuclear pueda elaborar el informe. Hasta la fecha, en ningún momento el Consejo de Seguridad Nuclear ha manifestado que el emplazamiento no sea válido para la
construcción del almacén temporal centralizado, repito, hasta ahora en ningún momento ha sido ello manifestado por parte del Consejo de Seguridad Nuclear. Mediante envíos de documentación realizados los pasados días 30 de diciembre y 20 de enero,
Enresa remitió al Consejo de Seguridad Nuclear la información solicitada y actualmente el Consejo de Seguridad Nuclear está analizando dicha documentación. De acuerdo con la normativa nuclear, no se puede iniciar ningún tipo de actividad en el
emplazamiento hasta que el ministerio conceda la autorización previa que permita la realización de obras preliminares de infraestructuras. Para el inicio de las actividades de construcción se requiere autorización de construcción, que igualmente
concede el Ministerio de Industria, Energía y Turismo por orden ministerial, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. De acuerdo con las previsiones actuales, la concesión de la autorización previa podría tener lugar a finales del primer
semestre del año 2015 y la autorización para la construcción, antes de finalizar el presente año 2015. Estas son las previsiones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.


Nombramiento del nuevo presidente de Enresa. Tras la dimisión por motivos personales del anterior presidente, don Francisco Gil-Ortega, el consejo de administración ha nombrado nuevo presidente a don Juan José Zaballa. Técnico comercial y
economista del Estado, de amplia experiencia y muy solvente trayectoria, ha realizado una extraordinaria tarea de gestión al frente de la empresa Paradores, que, como saben ustedes, perdía en el año 2011 aproximadamente unos 20 millones de euros al
año, con un agujero financiero acumulado de 115 millones, y hoy ya está en Ebitda positivo. Cuenta el nuevo presidente con toda la confianza del Gobierno y, desde luego, con la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que tutela la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos. En relación con las informaciones y comentarios que se han publicado en distintos medios de comunicación, puedo decirles que no consta en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con toda la información que
ha sido aportada por parte de la empresa, ninguna irregularidad, insisto, de acuerdo con toda la información de que disponemos y que ha sido remitida a las Cortes.


El cuarto bloque hace referencia a comparecencias solicitadas en relación con la fracturación hidráulica, Grupo de La Izquierda Plural; en relación con los sondeos de prospección sísmica en Baleares, también por parte del Grupo de La
Izquierda Plural, y con la situación y perspectivas de la central de

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gasificación integrada, propiedad de Elcogas, del Grupo Parlamentario Socialista. Respecto a la cuestión de fracturación hidráulica y medio ambiente, señorías, como cualquier otra actividad industrial, la fracturación hidráulica no está
exenta de riesgos; ahora bien, esos riesgos son gestionables. La protección de las personas y del medio ambiente está garantizada en España por medio de un sólido y riguroso procedimiento de impacto ambiental. Con carácter preceptivo y vinculante
en la autorización de cada trabajo, ese procedimiento establece las condiciones, las limitaciones y las prohibiciones necesarias para garantizar la seguridad medioambiental, como saben todas sus señorías. Esos procedimientos los aprueba el
Gobierno, pero son elaborados por técnicos más que cualificados del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, técnicos que están allí no porque haya un Gobierno u otro, sino porque han demostrado tener las capacidades, generalmente a través de una
oposición a un cuerpo del Estado, más que acreditadas para desempeñar las funciones, entre otras, de llevar a cabo este tipo de informes.


Cabe destacar las novedades introducidas por la Ley 17/2013, de 29 de octubre, y por la Ley 21/2013, de 1 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental. De acuerdo con estas dos nuevas leyes aprobadas en esta legislatura, se ha reforzado
el control ambiental de este tipo de proyectos. De esta forma las perforaciones que contemplen la utilización de técnicas de fracturación hidráulica se someterán al procedimiento que la Ley de Evaluación Ambiental establece y que implica la
realización de un trámite de información pública, sin perjuicio de una batería amplia de consultas a las administraciones públicas y al público interesado. De esta forma se garantiza la máxima protección del medio ambiente, a la vez que se ofrece
la máxima información a los ciudadanos, que podrán participar activamente en dicho procedimiento. Además, se pretende establecer un marco legal transparente tanto para las empresas como para las personas que fije unas reglas de juego basadas en la
exigencia de unos estrictos estándares de seguridad para las personas y de protección del medio ambiente y de los recursos naturales. En particular, señorías, el artículo 35 de esa Ley de Evaluación Ambiental contempla la evaluación y
cuantificación de los efectos previsibles, directos e indirectos, acumulativos o sinérgicos, del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los
factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y también prevé la interacción entre todos estos factores mencionados durante las fases de ejecución y de explotación y, en su caso,
durante la demolición o abandono del proyecto.


En adición a lo anterior, el anexo III de la Ley de Evaluación Ambiental contempla la evaluación de los riesgos detectados debiendo señalarse en concreto que los proyectos contemplen específicamente la descripción en su caso de los tipos,
las cantidades y la composición de los residuos, de los vertidos, de las emisiones o de cualquier otro elemento derivado de la actuación, como la peligrosidad sísmica natural o la peligrosidad sísmica inducida por el proyecto, tanto si son de tipo
temporal, durante la realización de la obra, o permanente, cuando ya esté realizada y en operación, en especial ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, emisiones de partículas y un largo etcétera. Además, señorías, se realizará una
identificación, cuantificación y valoración de los efectos significativos previsibles de las actividades proyectadas sobre los aspectos medioambientales y modificaciones necesarias. Por tanto, señorías, esas modificaciones que se hicieron en la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental durante el año 2013 vienen a reforzar todavía más los requisitos desde el punto de vista del impacto medioambiental que se requieren en este tipo de proyecto. De este modo los aspectos de mayor riesgo son objeto
de una atención detallada en la normativa nacional, que no obstante pueden ser evaluados para cada proyecto concreto a la vista de sus respectivas particularidades.


Para concluir, señorías, con esta cuestión relativa a la fracturación hidráulica, cabe resaltar que es una prioridad absoluta del conjunto de las administraciones públicas y en particular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo velar
por la seguridad de las personas y del medio ambiente. Por último, las actividades que se desarrollan en el marco de los permisos de investigación de hidrocarburos están sujetas, señorías, a estrictos controles administrativos para garantizar la
conformidad de las operaciones con todas y cada una de las normativas técnicas y medioambientales de seguridad y esto hace que sea totalmente compatible el respeto al medio ambiente con la explotación de recursos energéticos con los que pudiera
contar nuestro país.


Dentro de este bloque me voy a referir a otra cuestión planteada, también en solicitud de comparecencia, por el Grupo Mixto y por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural en relación con las prospecciones de hidrocarburos en Baleares.
Señorías, en el marco de las consultas ambientales sobre el proyecto de una campaña de adquisición sísmica en áreas libres del golfo de León frente a las costas de Cataluña y Baleares, promovidas por la empresa «Seabird Exploration», se consultó a
la Dirección General de Medio

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Rural y Marino de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de las Islas Baleares, que en su informe del 24 de julio del año 2013 indica que dicha dirección general tendría constancia de la realización de sondeos
sísmicos en abril de 2013, que atribuye a la citada compañía mercantil. Mediante oficio de la Dirección General de Política Energética y Minas de 1 de septiembre del año 2014, se solicitó informe a la Dirección General de Medio Rural y Marino de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de las Islas Baleares, que respondió mediante oficio de 11 de septiembre de ese mismo año 2014. Posteriormente, mediante respectivos oficios de 18 de septiembre de 2014, se
solicitaron informes al Instituto Hidrográfico de la Marina, a la Capitanía Marítima de Palma de Mallorca, a la Dirección General de la Marina Mercante, al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada, a la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al organismo autónomo de Parques Nacionales, a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, al Instituto Español de Oceanografía, a la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales y a la Asociación Tursiops. Mediante oficio de 15 de diciembre de 2014 se requirió nuevamente informe de la Dirección General de Medio Ambiente Rural y Marino de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Gobierno
de las Islas Baleares, que respondió a su vez con oficio de 29 de enero del año 2015.


Señorías, de acuerdo con la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la realización de actividades reguladas en la misma o la construcción, ampliación, explotación o modificación de instalaciones afectas sin la necesaria
concesión, autorización administrativa, declaración responsable, comunicación o inscripción en el registro correspondiente cuando proceda, o el incumplimiento del contenido en las prescripciones y las condiciones de las mismas cuando se ponga en
peligro manifiesto a las personas o bienes constituyen —todas las conductas anteriormente citadas— una infracción muy grave. De acuerdo con esa citada normativa, requieren autorización administrativa todos los métodos geofísicos o geoquímicos de
prospección de hidrocarburos previa realización de los trámites ambientales pertinentes. Hasta la fecha, la Dirección General de Política Energética y Minas no ha emitido, señorías, ninguna autorización para la realización de campañas sísmicas
marinas en el área referida, si bien debe tenerse presente que la adquisición sísmica es una técnica no exclusiva de la prospección de hidrocarburos, sino que tiene otras aplicaciones, las cuales se rigen por la normativa que les sea de aplicación
en función de cada uso, escapando así a la competencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuando no sea específicamente de la competencia de este departamento. Señorías, tampoco se ha incoado ningún procedimiento sancionador por no
haberse apreciado la concurrencia, ni siquiera indiciaria, de los elementos necesarios para ello. No obstante, es necesario destacar que no se ha concluido el examen exhaustivo de los antecedentes recabados.


Cuestión relativa a Elcogas y carbón nacional, planteada por el Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, en agosto de 2014 la central térmica Elcogas, en Puertollano, hizo una solicitud al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. ¿Qué
solicitó al ministerio? Solicitó autorización para cerrar la instalación, agosto del año 2014. El pasado 5 de enero del año 2015 la empresa Elcogas solicita la suspensión del procedimiento a fin de que le fuera concedido un plazo adicional de seis
meses, hasta el 1 de julio del año 2015. ¿Para qué? Para poder aportar argumentos, documentación adicional que pudiera tener influencia significativa sobre su petición de cierre. ¿Qué hace el ministerio? El ministerio, con fecha de 24 febrero
del año 2015, hace lo que tiene que hacer, no podía hacer otra cosa, y es resolver esta solicitud en los siguientes términos: primero, que el plazo máximo para la resolución del procedimiento sea el 1 de agosto de 2015, es decir, más allá del que
había solicitado formalmente la empresa Elcogas; segundo, que la empresa pueda presentar cualquier tipo de documentación, que era lo que solicitaba, quería ampliar el plazo hasta julio para presentar más documentación: pues hasta julio no, hasta
agosto, y además la puede presentar en cualquier momento siempre que lo considere oportuno y hasta ese plazo del 1 de agosto; tercero, que el procedimiento contemple además de forma expresa el otorgamiento de un trámite de audiencia en el que
igualmente se podrá presentar información adicional. Esta resolución permite por tanto que la empresa vea satisfecho el fondo de su solicitud, incluso yendo más allá en el plazo solicitado por ella. No obstante, lo que plantea formalmente se le
deniega porque la vía jurídica planteada no tiene encaje en los supuestos previstos por el ordenamiento administrativo. Es decir, usted pide una cosa, se le concede, pero el procedimiento a través del cual la pide no cabe en el ordenamiento, luego
eso se le deniega, pero sepa usted que tiene incluso más de aquello que había planteado. En este procedimiento quedan al menos los siguientes trámites: informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y trámite de audiencia y
resolución definitiva, y en todos ellos deberá ser valorada cualquier documentación adicional que se presente. El ministerio, señorías, está estudiando diferentes opciones para la viabilidad

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de la instalación y no va a emitir una resolución hasta que se hayan analizado estas opciones con detenimiento, porque la prioridad y desde luego la preferencia del ministerio es que estas instalaciones permanezcan abiertas. No obstante, en
cualquier momento Elcogas puede renunciar a esa petición de cierre que ha hecho.


Quinto y último bloque de esta comparecencia, que incluye las cuestiones relativas a los recibos de los usuarios de gas para los próximos años y el impacto que va a tener en dichos recibos en los próximos años la indemnización de
aproximadamente 1.400 millones de euros del Estado a la empresa Escal UGS —esta la plantea el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural—; en segundo lugar, las razones de la decisión del Gobierno para indemnizar con esa cuantía —planteada por el
Grupo Parlamentario Socialista—; y en tercer lugar, para informar sobre las razones, circunstancias y criterios empleados por el Gobierno para dar de baja 2,8 millones de euros de los fondos asignados a la reactivación de las comarcas mineras
—también planteada por el Grupo Parlamentario Socialista—.


Primera cuestión: Castor, almacenamiento subterráneo, indemnización e impacto en el recibo del gas. El almacenamiento subterráneo denominado Castor es una infraestructura singular en la que concurren una serie de circunstancias que hacían
necesario, imprescindible y urgente articular un marco normativo adecuado que permitiese garantizar el interés general primario de la seguridad de las personas, de los bienes y del medio ambiente, y ello con carácter de extraordinaria y urgente
necesidad. De ahí el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares, convalidado en este Congreso de los Diputados en su sesión del día 16
octubre del año 2014, que establece una solución equilibrada en la que, por una parte, se determina la extinción de la concesión de explotación de almacenamiento subterráneo, la hibernación de las instalaciones y su asignación a la empresa mercantil
Enagás Transporte, que será la encargada de las labores de mantenimiento y operatividad de las instalaciones, así como de realizar los estudios necesarios, de cuyo conocimiento deberá obtenerse la profundidad de juicio que se precisa a fin de que se
adopte la decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento, debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos para las personas, los bienes o el medio ambiente que así lo aconsejen.


Señorías, la situación de hibernación de estas instalaciones ya construidas permitía su futura explotación siempre que se realizaran los estudios técnicos necesarios que garantizaran la seguridad de las personas, de los bienes y del medio
ambiente y así se considere por acuerdo del Consejo de Ministros. De esta forma se mantiene el interés estratégico del almacenamiento subterráneo Castor, que forma parte del conjunto de las instalaciones para la seguridad y suministro del sistema
gasista español, cuyo abastecimiento depende fundamentalmente de suministros exteriores, y, por consiguiente, la utilidad pública de dicho almacenamiento, así como la imputación de los costes e ingresos al sistema gasista. Por otra parte, los
informes actualmente disponibles sobre el almacenamiento no permiten aún emitir una conclusión definitiva sobre el episodio sísmico de los meses de septiembre y octubre del año 2013; al contrario, recomiendan la realización de una serie de estudios
adicionales de cuyo conocimiento deberá obtenerse la información precisa a fin de que se adopte la decisión definitiva que determine el futuro del almacenamiento, debiendo procederse al desmantelamiento cuando puedan existir riesgos —como antes
mencionada— para las personas, los bienes o el medio ambiente.


La concesión de explotación de este almacenamiento subterráneo se otorgó en la anterior legislatura, particularmente por Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de junio del año 2008. El 18 de
julio de 2014 Escal UGS comunicó su decisión de ejercer el derecho de renuncia a la concesión, según establece tanto el Real Decreto del año 2008 como la Orden de 29 de diciembre del año 2006, al contemplar ambos la posibilidad de renuncia
anticipada a la concesión y el reconocimiento de una compensación por las inversiones efectuadas. Esto trae causa directamente del Real Decreto de autorización de la concesión, año 2011, y de la posterior orden ministerial. Dicha compensación se
establece en el valor neto de la inversión acometida y el importe total de la inversión asciende a 1.461 millones de euros, importe del que habría que descontar la retribución provisional abonada de 110.691.000 euros. En consecuencia, el importe
que se reconoce en el referido real decreto asciende a 1.350.729.000 euros. No obstante, la efectividad de la renuncia y el pago a Escal de las cantidades anteriormente señaladas no implica en modo alguno la extinción de la responsabilidad que esta
y sus accionistas deban en su caso afrontar por la gestión del proyecto y que será convenientemente exigida una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios. Por último, en relación con esta cuestión del almacenamiento subterráneo,
la solución financiera que se ha articulado supone una notable

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reducción de costes para el sistema y para el consumidor y ello debido a los menores costes financieros a los que habrá de hacerse frente, al aumento del periodo de amortización de la operación y a la drástica disminución de costes de
operación y mantenimiento del almacenamiento durante la hibernación.


Para terminar, entro en la cuestión relativa a los fondos mineros, que responde a otra de las solicitudes formuladas en este caso también por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, la razón que permitió en su día la baja de 2,8
millones de euros del presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía destinados a la reactivación de las comarcas mineras es muy clara. La ejecución presupuestaria permitió hacer dicha baja sin poner en riesgo en ningún momento los pagos
comprometidos para el año 2014 por parte del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Por tanto, la baja de dicho importe ha sido neutra a dichos efectos. Ha habido baja —se permitía por la situación presupuestaria—, ha sido
neutra y no ha tenido efecto. Señorías, como saben, existe un desequilibrio competitivo del carbón comunitario con relación al carbón importado que ha obligado a la industria del carbón a aplicar importantes medidas de reestructuración y de
reducción de la actividad a lo largo de las últimas décadas. Evidentemente no hablo solo de la industria del carbón española, sino también de la industria del carbón comunitaria. Se trata de medidas adoptadas por cada Estado miembro —ahora bien,
sobre la base de normativa europea— y España no ha sido en esta materia una excepción.


El marco legislativo es el siguiente: en primer lugar, Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, así como las normas adoptadas para su aplicación y, en particular, la decisión 3632/93/CECA de la Comisión, del 28 de diciembre
del año 1993, que establecían un marco para las intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del carbón hasta el 23 de julio del año 2002 —estamos en el año 2015—. El reglamento 1407 del mes de julio del año 2002, del Consejo,
sobre ayudas estatales a la industria del carbón, ya limitaba la producción del carbón subvencionado a lo estrictamente necesario para poder contribuir con ello de manera eficaz al objetivo de la seguridad energética. Es decir, estamos hablando de
normas comunitarias de aplicación en todo el ámbito de la Unión que se remontan al año 2002. Al propio tiempo, hay una decisión más reciente, la 787, del Consejo, de 10 de diciembre del año 2010, que marca ya un punto de inflexión. Las ayudas
estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas del carbón no competitivas tienen como fecha límite el 31 de diciembre del año 2018. El plan de cierre del Reino de España incluye todas aquellas unidades de explotación no competitivas y que
contribuya a un cese ordenado de las actividades mineras que no alcancen el umbral de rentabilidad en el contexto de un plan de cierre irrevocable que debe concluir en todo caso el 31 de diciembre del año 2018.


Señorías, en todas y cada una de las ocasiones en las que el Gobierno y quien les habla, al menos a lo largo de esta legislatura, han planteado a la Comisión Europea, y particularmente al comisario de Competencia, la propuesta de que, sin
perjuicio de que el plazo venza el 31 de diciembre del año 2018 y de que en la decisión del año 2010 estuviese implícito y explícito que las ayudas eran para el cierre de la minería no competitiva, sin perjuicio de todo eso, en todas las ocasiones
en las que me he reunido con el comisario de la Competencia, le he planteado que lo deseable sería que, a partir del año 2019, aquellas unidades de explotación o empresas, sin perjuicio de que hayan recibido ayudas para el cierre, que sean
competitivas y puedan mantenerse por sí solas sigan abiertas. En todas y cada una de las reuniones que he tenido con las autoridades de Competencia ese ha sido el planteamiento. Pues bien, en todas y cada una de las reuniones que hemos tenido la
respuesta ha sido sistemáticamente la misma, antes con el comisario Almunia y en la actualidad con el nuevo equipo de la Comisión. La Comisión nunca va a admitir —insisto, estoy citando a la Comisión Europea— que puedan seguir funcionando las
empresas que han recibido ayudas, so pena de devolución de las ayudas que se han percibido, en ese caso sí, lógicamente, pero quiero decir que la posición del Gobierno de España ha sido muy clara y la posición de la Unión Europea también.


En diciembre del año 2014 finalizaba, como todas sus señorías saben, la vigencia del real decreto que regula las restricciones. Diciembre del año 2018 es la fecha límite para dar las ayudas del carbón y en enero de 2019 tienen que funcionar
exclusivamente aquellas que sean competitivas y no hayan recibido ayudas. El nuevo marco de actuación en España se fijó por acuerdo de octubre del año 2013 y permite, por una parte, seguir apoyando la actividad minera y, por otra, mantener la
protección social para aquellos trabajadores del sector que puedan verse afectados por el cierre de explotaciones mineras no competitivas. El objetivo final es que exista a partir del año 2018 un sector de la minería energética en España
competitivo y que pueda seguir operando sin ayudas públicas, puesto que eso es lo que establece la decisión del año 2010.

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Con ello concluyo, señorías. Les pido disculpas por haberme extendido tanto, pero, como les decía, es la respuesta a veinte solicitudes de comparecencia que se habían ido acumulando a lo largo de los últimos meses. Muchas gracias, quedo a
su disposición. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Socialista se me ha comunicado que van a dividir el tiempo entre dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra doña Isabel
Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Agradecemos su comparecencia, señor ministro, pero usted es el único responsable de que se le acumule el trabajo. Venga por aquí más a menudo, le recibiremos amablemente y le escucharemos con atención, porque
cuando planteamos una comparecencia es porque los diputados de esta Cámara estamos interesados en conocer la opinión del Gobierno, en conocer determinadas opiniones. El caso al que yo me quiero referir es muy concreto y lo hago desde la pasión de
una diputada de provincias que en este caso además es vecina de la ciudad de Puertollano y que quiere saber acerca de un conflicto de una empresa importante para nuestra ciudad, pero no solo para la ciudad. Es la empresa Elcogas. En algún momento
me referí a ella en una intervención en el Pleno, señor ministro, y usted me acusó de defender intereses privados, de una empresa privada. Le diré que no se trata de eso, que se trata de defender un sector industrial importante, se trata de
defender a la ciudad de Puertollano, que es el principal motor económico e industrial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y se trata también de defender a las más de 200 familias que están en una incertidumbre en estos días.


Esta comparecencia a la que hago referencia se la solicitamos hace ya más de ocho meses y siete días. Para usted ocho meses y siete días igual no es mucho, pero las personas que están pendientes de la decisión de su ministerio llevan ya
nueve meses y nueve días, doscientos ochenta y dos días, pendientes de la decisión de su ministerio, porque el día en que la empresa remite esa solicitud al ministerio no es un día de agosto, sino que fue el 16 de junio cuando el consejo de
administración de la empresa envía esa solicitud al ministerio para plantear el cierre de la central. A ver si soy capaz de explicar en los pocos minutos de los que disponemos qué está ocurriendo con esta central. Se trata de una empresa singular.
Por eso, señor ministro, le pedimos también una actuación singular a su ministerio. No es la primera vez que lo hacemos. En esta Cámara se han debatido leyes muy importantes que han afectado al sector energético en nuestro país. También desde el
Grupo Parlamentario Socialista le hemos instado, vía enmiendas, a dar una visión exclusiva o una visión especial de esta empresa, porque es una empresa particular. En otros países como China o Estados Unidos donde hay una empresa de similares
características, sus Gobiernos están dando una ayuda para que pueda tener viabilidad, porque no es una cuestión de rendimiento lo que busca esta empresa, sino de viabilidad, y lo basa, sobre todo, en que ha sido un proyecto de mucha importancia
tecnológica, medioambiental, de innovación, que es por donde tendría que caminar el sector económico en nuestro país. Lo que le estamos pidiendo es sinceridad, ministro. Me ha enfadado un poco lo que acaba de decir, porque aquí alguien está
mintiendo. Acabo de hablar en estos momentos, mientras usted terminaba la comparecencia, con el presidente del comité de empresa de los trabajadores y le preguntaba qué es lo que sucedió el 30 de diciembre, porque no sé si sabe, ministro, que estos
trabajadores llevan nueve meses de conflicto con este asunto y las navidades las pasaron encerrados en su empresa. El día 30 de diciembre recibieron la llamada de la consejera de Fomento de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que, como
sabe, dirige también la presidenta De Cospedal de su mismo partido político. Esta señora, la consejera de Fomento, les informa que, tras llamar al ministerio, se les propone una solución de viabilidad a futuro. Hay una conversación telefónica con
la consejera de Empleo, que después hace declaraciones públicas en otro momento, y el presidente del comité de empresa en la que les dice que el ministerio está estudiando una viabilidad a futuro. Lo que se produce es que, tres meses después de
aquellas conversaciones, ellos pararon sus movilizaciones. Esperaban deseosos una respuesta por parte del ministerio y no se ha producido. Señor ministro, a nuestro entender, consultados los trabajadores y habiendo hablado con el comité de
dirección de la empresa, creemos que hay una solución viable que depende solo de la voluntad política. La primera es que se cumplan los acuerdos del carbón y que haya hueco térmico suficiente para que la empresa sea viable y que, si es necesario,
se modifique la Ley del Sector Eléctrico para darle una peculiaridad, para darle una solución viable a la empresa, un régimen retributivo específico, que es lo que hemos venido reclamando durante este tiempo. Solución política, señor ministro.
Está en su mano no solo el futuro de estas 260 familias, de estos 260 trabajadores, sino el de una ciudad que ya se ha visto atacada por las políticas de su Gobierno en materia energética, que ahora también hemos descubierto que han sido

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llevadas a cabo en base a informes inexistentes, a informes fantasmas y que han destruido más de 1.500 empleos en la ciudad de Puertollano como consecuencia de la caída del sector de las energías renovables. Siento, señor ministro, hablarle
con esta pasión, pero no puedo evitarlo cuando hablo de mi tierra, cuando hablo de mi gente y cuando hablo del futuro de tantas familias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el mismo grupo parlamentario doña Pilar Lucio.


La señora LUCIO CARRASCO: Bienvenido, señor ministro, a pesar de esas veinte comparecencias, diez de las cuales han sido solicitadas por mi grupo. Voy a tratar de defender una tras otra, aunque entenderán que en los minutos que tenemos
para hacerlo va a ser complicado, teniendo en cuenta la magnitud de cada uno de los temas que aquí se han tratado. En esta hora en la que ha estado interviniendo ha pretendido justificar un desastre, el desastre de su política energética. Una
política al exclusivo dictado de la reducción del déficit, que ha acabado con todo lo que funcionaba y ha cargado a los consumidores y a los pequeños inversores con todo el peso de salvar sus cuentas, sin estrategia, sin diálogo, sin consenso y, lo
que es más grave, señor ministro, sin alma. Se ha pasado toda la legislatura tratando de culpabilizar al Partido Socialista de cada una de las decisiones que ha ido tomando, pero ahora, señor ministro, ya no engaña a nadie. Sus decisiones estaban
premeditadas y son decisiones puramente ideológicas y cortoplacistas, sin horizonte alguno. Además, no ha conseguido lo más importante que es bajar el recibo de la luz. En un momento tan difícil, con un desempleo tan alto, con tantas familias con
todos sus miembros en paro, debía de haberse preocupado por luchar firmemente contra la pobreza energética. Aunque usted no la haya nombrado a lo largo de su intervención, existe. La pobreza energética en este país existe y afecta, según
estimaciones, a más de siete millones de personas. Además, está estrangulando las posibilidades de muchas empresas e industrias que siguen viendo que el precio de la electricidad en España es muy superior a la media de la Unión Europea. Así, señor
Soria, no somos ni seremos competitivos. Utiliza los datos a su antojo, pero la realidad, como usted dice, es que para un consumidor tipo como el definido por el IDAE y publicado en el BOE, la tarifa subió aproximadamente un 10%, entre marzo de
2014 y marzo de 2015. Si utilizamos otro mes de referencia como enero, la subida es de un 18%. Son datos del IDAE publicados en el BOE. Pero eso no nos lo ha explicado. Muy al contrario, ha utilizado datos para presentar una realidad que no es
la que están percibiendo los ciudadanos. Ha aludido a que la subasta de interrumpibilidad ha bajado el precio en un 4,3%, y eso es sencillamente falso. A lo largo de estos tres años ha utilizado usted diversos mantras. No ha cesado de repetir que
su Gobierno apuesta por las energías renovables, presumen de ellas cada vez que salen al exterior, al mismo tiempo que ha hecho todo lo posible por acabar con ellas. ¿Sabe usted que nadie en el futuro pensará en volver a invertir en este sector?
Lleva toda la legislatura tratando de trasladar a la opinión pública que tanto el déficit de tarifa como el incremento del coste de la energía provienen de una excesiva implantación de las energías renovables en España. Esto, señor Soria, también
es falso y le voy a decir por qué, para que de una vez por todas deje de usar este argumento falaz e interesado para justificar sus desmanes. El déficit de tarifa, que le recuerdo que lo inventó Aznar en el año 1997, en su peculiar entendido de lo
que supone la solidaridad entre generaciones, siguió al alza a pesar de su recortazo a las renovables. Usted ha igualado siempre renovables a déficit, pero en 2013 solo fruto de su gestión, sin herencias ni nada y con la mano de Montoro sobre su
espalda, el déficit se incrementó nada más y nada menos que en 3.540 millones de euros. Además, dentro del modelo contable, que no real, del cálculo del déficit —recordemos todos que si tomamos los números de la desafortunadamente extinta CNE, son
costes reconocidos pero no costes reales—, vemos que las energías renovables más la cogeneración en los residuos suponían en torno a un 20% del déficit. ¿Por qué entonces han sufrido las renovables casi el cien por cien del recorte de su
contrarreforma eléctrica? Sus decisiones no se sostienen. Ya hemos visto que no tienen ningún argumento económico. Han utilizado argumentos de lo más variopinto para justificar lo injustificable. El ejemplo claro lo hemos tenido hace una semana.


Señor Soria, transparencia y objetividad. Esos son los motivos que usted aducía para justificar la contratación de los informes previos al recortazo a las renovables. La semana pasada, para escándalo de todos excepto de usted, nos
enteramos por la prensa de que esos informes, los de la objetividad, los de la transparencia, en los que usted se ha amparado para frustrar el desarrollo de las renovables, no existieron. No, señor ministro, no existían cuando usted cambió la
legislación. Es un escándalo más, un auténtico fraude y una chapuza de su ministerio. Contrató a dos consultoras que justificaran su recorte, haciendo una adjudicación directa de un millón de euros. Adjudicación que podrá ser legal, pero que no

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es ni ética ni estética. Para colmo, una no lo entregó y, la otra, lo hizo después de su recorte. Señor Soria, tan injustificable y tan arbitraria es su reforma que ha obtenido el récord de recursos jurídicos y arbitrajes internacionales.
Hemos pasado de ser punteros en energías renovables a ser un espacio de inseguridad jurídica salvaje. Usted lo sabe y no podrá negarlo. Las instituciones financieras en España están aplicando la misma prima de riesgo para los inversores aquí en
España que en países africanos, lo cual hace prácticamente imposible que se desarrollen nuevos proyectos, como por ejemplo la fotovoltaica de Calzadilla de los Barros, que a pesar de la propaganda electoralista de su alcalde popular, ni se hizo
cuando Monago lo prometió ni se hará mientras ustedes gobiernen. Señor ministro, además de cargarse la marca España ha dejado en la ruina a pequeños inversores. Su mala gestión ha frustrado las esperanzas de desarrollo y empleo en comunidades
autónomas como la mía, Extremadura, en la que se han destruido un montón de empleos y en la que las expectativas de creación de puestos de trabajo han disminuido en torno a 30.000 empleos, justo los que ha destruido el señor Monago desde que
gobierna nuestra región. ¿Dónde están la transparencia y la objetividad si usted, a pesar de encargar estos costosos informes ni siquiera los tuvo en cuenta? En definitiva, señor Soria, admita que su decisión sobre las renovables no fue en
absoluto una decisión técnica y objetiva, sino una decisión arbitraria e ideológica.


En otro orden de cosas tengo que recordarle que la Agencia Europea de Medio Ambiente advierte de que España difícilmente podrá cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en 2020, y esto, señor Soria, es otra consecuencia de su
nefasta contrarreforma energética. Ya puede esforzarse la ministra de Medio Ambiente con gran voluntarismo, eso sí, que si usted no modifica sus prioridades en materia energética es harto difícil que se vayan a cumplir los objetivos. Mientras la
ministra de Medio Ambiente se encontraba en la COP de Lima mostrando sus propuestas contra el cambio climático, usted estaba en Madrid aprobando en el Consejo de Ministros la ley que abre la puerta a la técnica del «fracking» y a las prospecciones
petrolíferas; todo esto a pesar de su estrepitoso fracaso en sus y nuestras islas Canarias. Por cierto, utilizan los argumentos ambientales a su antojo. Están avanzando en la elaboración de informes de impacto ambiental para el «fracking» pero
llevan por ejemplo tres años para dar un permiso, el de la planta fotovoltaica de la que le hablaba en Calzadilla. O también, ¿qué pasa con el informe de impacto ambiental de Santa Coloma? Solamente queremos saber dónde está el informe de impacto
ambiental. Usted ha utilizado mucho tiempo de su intervención para hablar de este proyecto, pero lo único que queremos saber es si van a cumplir la legislación ambiental o no; eso es lo que nos interesa saber. Está bien que haga usted muchísimas
consultas a quien considere en temas ambientales, pero también le recordaré que la legislación ambiental ha sido tocada completamente y que las exigencias han ido en todo momento a la baja. Su compromiso contra el cambio climático es el siguiente:
penalizar a las energías renovables e impedir el desarrollo de medidas de eficiencia energética. La Directiva de Eficiencia Energética no se ha traspuesto en los términos necesarios para que tenga algún efecto. Muy al contrario, su sistema de
tarificación carga todo su peso —por mucho que usted intente demostrar otra cosa— sobre el término fijo y deja en un 30 o 40% el término variable, lo cual desincentiva a todas luces el ahorro energético y de nuevo penaliza a los consumidores
vulnerables; justo lo contrario de lo que usted ha tratado de explicar aquí esta tarde.


Su falta de modelo energético está trayendo numerosos problemas, algunos de los cuales formaban parte de las diez comparecencias que le hemos pedido hoy. El Gobierno carece de un modelo de transición energética que hay que abordar con rigor
y con transparencia; un modelo que busque la sostenibilidad económica, medioambiental y social y que nos conduzca a un modelo bajo en carbono. Ustedes no tienen ese modelo, pero lo peor no es que no lo tengan, es que ni siquiera están trabajando
en él. Para hacer todo esto usted tiene que tomar decisiones eficaces, señor ministro. No puede ni debe seguir apostando por la energía nuclear y el alargamiento de la vida útil de las centrales, como pretende hacer en Garoña. Las energías
renovables son una oportunidad para garantizar el suministro eléctrico tras su cierre. Dedíquese a esto y a velar por que organismos como Enresa funcionen correctamente y por resolver de manera efectiva los problemas que el proyecto del ATC está
trayendo para Castilla-La Mancha. Hacen falta respuestas integrales y no parches como el que usted ha perpetrado con la introducción de la subasta de interrumpibilidad. A veces no tenemos muy claro si ustedes pretenden fomentar la industria o
terminar con su viabilidad, como está ocurriendo en algunas de ellas, como en Alcoa, en Avilés. Debería usted entender que energía e industria —sobre todo usted lo debería entender— están indisolublemente unidas y hay que sentarse a diseñar un
modelo que las haga compatibles y que siga generando empleo. Tiene que hacerlo compatible con el empleo, tiene que evitar que las industrias se marchen, y con este modelo de subasta no lo pueden conseguir. Hay que ser serios. —Un minuto, señor
presidente; termino—. Ustedes

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se comprometieron, dentro del marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras, junto a los sindicatos y la patronal minera, a que pondrían en marcha las ayudas al desarrollo alternativo de dichas comarcas, y, sin
embargo, a pesar de estar presupuestadas en los años 2013, 2014 y 2015, aún no se ha convocado la línea de ayuda. Es decir, a pesar de la buena voluntad que ha mostrado usted aquí hoy, la realidad es que no hay expectativa de que se suelte un duro
hasta el año 2018. ¿Piensa el señor ministro cumplir el acuerdo firmado o no? Eso es lo único que usted tiene que decir aquí hoy.


Termino ya. Señor ministro, sus razones y sus hechos son ideológicos, no son técnicos. Había alternativas, pero ustedes han renunciado no solo a hacer política energética sino también a hacer política eléctrica. No han reformado el sector
eléctrico, solo ha hecho lo que su Gobierno sabe hacer bien: recortar, cargando los ajustes sobre los más débiles, sin que les importe que esos recortes hayan supuesto llevarse por delante la imagen de España, el bienestar de los consumidores y las
posibilidades de desarrollo futuro de nuestras empresas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Tiene la palabra su portavoz doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: También quiero agradecer al señor ministro su comparecencia. Esta será seguramente la última comparecencia a la que asista porque esta diputada se despide de esta Cámara, pero ya le advierto que no será una
intervención plácida.


Recuerdo perfectamente la primera vez que vino el señor ministro a exponer cuáles eran sus planteamientos sobre política energética. Recuerdo perfectamente que usted dijo: No, no, lo que no necesitamos en nuestro país es ahorrar. España,
un país que es despilfarrador en energía, que paga muchísimo en su factura eléctrica, y usted decía que no nos interesaba ahorrar porque en crisis ya había caído mucho el consumo. Era un primer aviso de qué haría el Gobierno a la hora de aplicar su
política energética. Usted no defendía el interés del conjunto del Estado, usted defendía el interés de las compañías eléctricas. Efectivamente, a las compañías eléctricas les penaliza mucho que caiga el consumo de este país; ese era el problema.
Esa fue su primera comparecencia y, efectivamente, lo que nos temíamos en ese momento se ha venido corroborando a lo largo de su gestión.


Hablaremos de muchas cosas porque hay muchas comparecencias acumuladas, pero una de ellas, que no está en el orden del día pero que esta diputada pidió en 2013, era sobre los informes para la retribución a las renovables. Espero que, ya que
es un tema de actualidad y hoy mismo el Supremo ha ampliado esa causa, vea bien responder a las preguntas que hagamos. Vamos por partes. Como le decía, la historia de su gestión para mí es la historia del servicio a los grandes intereses de las
corporaciones energéticas de este país. Usted no ha tenido una política energética ni planificada ni al servicio del conjunto de la ciudadanía, ha ido dando bandazos, modificando a golpe de decreto, a golpe de ley, en función de lo que en cada
momento le podía interesar a Iberdrola o a Shell Gas o a Repsol o a Red Eléctrica. Esa es la historia de su gestión, y de esos polvos, esos lodos. Ha empezado hablando de la factura eléctrica, y lo que es cierto es que la factura eléctrica
continúa aumentando y cuando baja no es precisamente gracias a la gestión de su ministerio. Lo de las subastas, bien, de acuerdo, se lo reconocemos, hacía años que este grupo parlamentario venía diciendo que era un mecanismo de forma de gestión
completamente absurdo, pero también denunciamos la forma de retribución a través de un mercado que es completamente opaco, que continúa siendo así y que controlan las grandes empresas. No podemos llamar mercado a ese chiringo que tienen montado
tres grandes empresas que controlan a gran parte de los consumidores. Usted viene aquí y nos dice que es injusto un mecanismo de asignación de precios que sea variable. Perdón, el precio es precisamente variable, es decir, que si alguien tiene
capacidad de ahorrar pueda reducir su factura; lo que es injusto es que hoy gente que no pueda pagar su factura tenga un término fijo que es inasumible. Lo cierto es que en este país hay un millón de cortes de suministro al año solo por parte de
Endesa e Iberdrola, con unos beneficios que continúan aumentando. El 12% de las familias de este país dedican más del 10% de sus ingresos a pagar la factura energética. Eso es pobreza energética y no lo ha solucionado este ministro, todo lo
contrario. En enero de 2005 la factura era un 15% superior a la de enero de 2014. ¿Por qué? Hay muchos factores, pero uno de ellos es que, una vez que las renovables podían bajar el precio —usted lo ha reconocido, cuando las renovables producen,
el precio del mercado baja—, esa vez no bajó como esperábamos. ¿Por qué? Porque usted ha hecho una reforma eléctrica que ha cambiado el comportamiento de los actores. Hoy no interesa producir tanto en renovable porque usted les ha cambiado las
reglas del juego y lo ha hecho de manera retroactiva, hundiendo a millones de inversores. Es un despropósito y le aconsejo que no vaya por Europa diciendo que un mecanismo de

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precio variable y que atenta contra el ahorro es lo más justo, porque eso es hacer el ridículo a nivel internacional. A lo mejor puede venir aquí a hablarnos de segundas residencias, pero no tiene ni pies ni cabeza decir que el ahorro
energético no sale a cuenta y esa es la mejor manera de asignar precios.


Lo del autoconsumo es otro despropósito, con el que vamos haciendo el ridículo a nivel internacional. Hemos ocupado portadas de diarios internacionales sobre lo que están haciendo: El Gobierno de España privatiza el sol, pone peajes a la
autoproducción de energía. No venga a hablar de que eso es en beneficio de los consumidores, señor Soria. El autoconsumo es una amenaza a las grandes eléctricas, porque es ahorro energético, una forma de producción de proximidad, nos ahorra en
transporte y además democratiza la energía; es decir, aquel que no quiera depender del oligopolio eléctrico puede producir su energía y abaratar su factura. ¿Y usted qué hace? Pues penalizarlo. ¿Por qué? Porque no interesa, y no al país ni a
los consumidores, no, a quien no interesa es a las eléctricas que ven que se les acaba el chollo. Ese es el problema. Además, lo que han hecho es especialmente mezquino. Dijeron que iba a salir el decreto que lo ordenara, pero no, lo que hicieron
fue un borrador de decreto en 2013 asustando a todo el mundo para que nadie aplicara el autoconsumo o para que nadie invirtiera en ello; así tiene asustado a todo el mundo, no se desarrolla y tampoco tienen el amparo legal para poder denunciarlo.
Realmente es una jugada maestra: no hace un decreto pero amenaza con un borrador que, evidentemente, hace que nadie pueda invertir. Sinceramente, el autoconsumo es una gran salida en España a nivel tecnológico, a nivel de una energía que es lo que
más tenemos en este país, que es el sol; es una manera de democratizar la energía y, además, la propia Comisión Nacional de la Competencia ya dijo que era desproporcionada esa asignación y esa manera que tenían de plantear la regulación del
autoconsumo. Pero es que la propia Defensora del Pueblo ha solicitado que pongan fin al despropósito que quieren hacer con el autoconsumo. Realmente, el argumento que utiliza también va en la línea del de las segundas residencias. Lo del peaje
por estar conectado a la red ¿se lo aplicamos a la industria que autoconsume y produce energía?, ¿lo hacemos igual?, o ¿solo se lo aplicamos a los consumidores que quieren utilizar autoconsumo eléctrico?, o ¿cómo funciona? Porque las grandes
empresas productoras de energía también autoconsumen su energía y ¿a ellas no les aplicamos ese tipo de peajes y ese mecanismo de retribución? Realmente, ese peaje a quien beneficia es a Red Eléctrica, no penaliza al conjunto, lo que penaliza al
conjunto es mantener un mercado tal y como lo tenemos.


Sobre el tema de las nucleares, es otra vez lo mismo, es la historia de a quién interesa su política. ¿De quién es Nuclenor? Iberdrola y Endesa controlan Nuclenor. Ha sido un auténtico esperpento la historia de Garoña: ahora abrimos,
ahora se cierra, ahora les pide por favor a las eléctricas que permanezca abierta la central, ahora modificamos la fiscalidad para que tengan a bien mantener abierta Garoña. Una central que es vieja, que está obsoleta, que tiene un diseño similar
al de Fukushima, que pone en riesgo al conjunto de la población y que además es innecesaria porque tenemos más capacidad productiva de la que consumimos, muchísima más. ¿Por qué? No hay nada a nivel energético que justifique alargar la vida útil
de Garoña. Y ¿qué dice usted? Que ya lo decidirá el Consejo de Seguridad Nuclear, es decir, su exsecretario de Estado, que es quien lo preside, va a ser quien lo va a decidir. No, lo que ha hecho el Gobierno es poner todos los elementos para que
continúe, y si las empresas no lo ven suficiente usted va aportando rebajas fiscales o medidas hechas a petición de las propias empresas. No es esa la política nuclear que necesitamos, porque luego vamos a hablar del ATC y tenemos un problema para
gestionar esos residuos. Usted dice que el alargamiento de la vida de las centrales nucleares es algo que dependerá del CSN. No, no, eso es política, es una decisión política, y el Partido Popular no aborda el problema de seguridad y el que
representan los residuos nucleares. Hoy tenemos alternativas viables, con un plan de cierre y una transición acomodada en el tiempo, pero ustedes aquí se empecinan —eso sí que es empecinamiento ideológico, que no está a la altura de la realidad— y
tenemos el ATC. Una de las primeras decisiones del Gobierno fue dónde tenía que estar el ATC. ¿Por qué? Para gloria de la secretaria general del Partido Popular, la señora De Cospedal, que ha hecho suyo este proyecto. Lo venimos arrastrando
hasta ahora, pero a mí lo que me gustaría oír hoy de este ministro es que no se va a hacer porque es inviable económicamente y porque ese terreno es peligroso para hacerlo. Hace tres años que venimos diciendo que había problemas, en 2012 ya había
informes que hablaban de los problemas del terreno, del estrato yesífero en 2013, de los sobrecostes millonarios que supondrían emplazar el ATC allí. En abril de 2013 Enresa dice que todo va bien y que no pasa nada. En el mismo año 2013 este
ministerio niega al Congreso los informes técnicos que habíamos pedido, los niega. Le pedimos que por favor paralizaran ese expediente y tiraron para adelante porque era algo político que querían vender de cara al electorado, especialmente la
señora De Cospedal. Ese empecinamiento ideológico, político y electoralista nos va a

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costar mucho dinero al conjunto de los españoles. Por tanto, busquen una alternativa a un ATC en el que se han empecinado, busquen alternativas con ATI, que seguramente son algo más a la medida, y también con un cambio de política
energética.


Sobre el fracking no me voy a extender porque hemos hablado muchísimo de ello, pero no creo que se pueda decir que es una opción medioambientalmente viable, cuando tenemos viento y sol, que son la principal riqueza de este país, y ustedes se
empecinan en ir a los sustratos. El fracking de sostenible no tiene nada, entre el uso de los recursos hídricos y el uso de productos químicos y, por otro lado, cuando hoy el Panel Internacional de Cambio Climático lo que nos aconseja precisamente
es dejar las reservas de hidrocarburos bajo el suelo si queremos luchar contra el cambio climático. Pero no, porque a usted le vienen Shell Gas o Repsol con las prospecciones en Canarias o en el Mediterráneo y eso es lo que pasa, así se dicta la
política energética de este país. Este país no es rico ni en petróleo —como ha pasado en Canarias al final, que no es rentable— ni en gas, por lo tanto no hundamos el sector en el que somos ricos, las renovables.


Le quiero hacer dos preguntas concretas sobre las prospecciones en el golfo de Valencia. El informe de medio ambiente ya desaconsejaba las prospecciones porque era una zona muy rica en cetáceos y en fauna marina. ¿Pero por que llevamos ese
retraso en la declaración de impacto ambiental? Parece que debe ser negativa pero llevamos tres meses de retraso. ¿Qué sucede, la está retrasando el propio ministerio? También quería hablar del golfo de León, del proyecto de Seabird, porque usted
ha dedicado mucho tiempo a hablar pero no nos ha concretado nada. Ustedes han hecho fraude de ley porque ha eludido sacarlo a informe público amparándose en un informe que ya estaba archivado de medio ambiente. Nos gustaría saber qué pasará con
eso, si lo va a ampliar, si lo va a sacar a información pública, porque es un área de especial valor añadido; de hecho, España está lidiando para que sea un área marina protegida y en cambio ustedes quieren dar carta blanca a las prospecciones en
esa zona.


En relación con Castor, usted se ampara en que son otros y que no es culpa suya, pero lo que es realmente una vergüenza es la diligencia con la que este Gobierno —con los recortes sociales que ha habido— se ha puesto a pagar al señor
Florentino Pérez; 1.350 millones que se van a convertir para todos los usuarios en aproximadamente 4.731 millones con el tipo de interés. Usted hablaba de ahorro financiero. Lo que podría ahorrarse sería si usted combatiera mínimamente el pago a
ACS de esa indemnización, pero lo que ha hecho el Gobierno es todo lo contrario. La Generalitat ha recurrido esa indemnización pero el propio Defensor del Pueblo europeo está investigando a España por si esa indemnización puede formar parte de
ayudas de Estado a empresas. Le están investigando en Europa y ustedes aquí no han hecho nada, lo que es peor, hace dos semanas en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo se hablaba de un informe sobre las inversiones del Banco Europeo de
Inversiones y había un capítulo que hablaba de revisar esas inversiones así como la indemnización de Castor, que podía ser anulada. ¿Qué hizo el Partido Popular en el Parlamento Europeo? Poner una enmienda que suprimiera eso. Es decir, el Partido
Popular lo que ha defendido en el Parlamento Europeo es que se pagara y que se continúe pagando la factura por todos los consumidores al señor Florentino Pérez. Ese es el papel que ha hecho el Partido Popular en Europa y el Gobierno no ha dado
ninguna batalla.


Ahora quiero hablar de los informes, porque yo creo que es el colofón a esa gestión; gestión a medida de las grandes corporaciones, y eso es así. El 26 de noviembre yo pedí precisamente que compareciera para hablar de cómo se había
asignado ese proceso de los informes que en teoría tenían que dar cobertura a un recorte de las renovables de una futura orden ministerial que, según la ley que ustedes aprobaron, tenía que ser objetivo y con una rentabilidad razonable.
Evidentemente, para hablar de miles de plantas que van a tener una rentabilidad razonable eso tiene que tener algún tipo de soporte objetivo. Estamos descubriendo que no y que cada vez es más oscuro cuando intentan explicar lo que es inexplicable.
El 26 de noviembre le pedíamos que compareciera y hasta hoy no se han dado explicaciones y espero que hoy sí que las dé. Me gustaría entrar primero en cómo se hizo esa asignación. Al final se presentaron dos consultoras, «Boston Consulting» y
«Roland Berger». No hemos visto esos informes. El 16 de junio de 2014 esta diputada los pidió. Al cabo de seis meses pidió un amparo al presidente para ver esos informes. El 16 de julio les pedimos de nuevo los informes, se aprobó la orden y a
día de hoy no hemos podido verlos. Lo que sí hemos visto son las consecuencias de su gestión y qué significa no tener esos informes. Sabemos que se ha pagado un millón de euros o como mínimo se presupuestó un millón de euros y nos gustaría saber
qué se pagó finalmente, a quién se le ha pagado, si se le ha pagado a dos consultoras, a solo una y qué es lo que ha sucedido porque, en teoría, fue un contrato que ustedes justificaron con urgencia porque en seis semanas tenían que hacer ese
informe. Esas semanas se convirtieron en meses

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o no. ¿O es que a lo mejor en seis semanas le presentaron un informe que al Gobierno no le gustaba porque no justificaba el recorte que quería hacer a las renovables? De hecho, lo que usted tenía encima de la mesa eran dos consultoras;
una, la que calculó o ayudó a calcular precisamente la retribución de las renovables en 2008 y, la otra, que a lo mejor no le quería dar la razón. Nos gustaría que nos aclarara la historia de este despropósito, porque al final ustedes aprobaron una
orden con arbitrariedad, con opacidad y sin respaldo de ningún tipo de los informes. Al final eso confirma lo que venimos diciendo durante toda la legislatura: todos los decretazos eléctricos, la reforma eléctrica y las reformas de las distintas
leyes que han hecho son ideológicas. Es una cruzada contra las renovables, y no contra las renovables en general, sino especialmente contra esos pequeños inversores y también los grandes inversores extranjeros, pequeños y grandes inversores que no
son los suyos, que no son las empresas con las que usted habla de energía. Ese es el problema que tenemos en este país, ideología pura y ese es el resultado.


Termino, señor presidente. Lo cierto es que de ese déficit de tarifa solo el 20% son las renovables. Lo cierto es que Red Eléctrica hoy tiene un 75% de margen bruto de resultados y que el 65% de sus beneficios lo dedica a dividendos.
¿Cómo puede explicar que tengamos un peaje y unos costes de peaje como los que tenemos y nos dediquemos a repartir todos los consumidores dividendos de Red Eléctrica? Sinceramente, señor ministro, yo creo que hoy solo puedo terminar de una manera.
La opacidad, el dedazo de esos informes y la mala gestión solo tiene una respuesta, y yo le pido hoy la dimisión o, si no, que cese a su secretario de Estado de Energía, porque ha sido la historia precisamente de un despropósito, de una gestión al
servicio de unos amigos, pero que ha hecho un desaguisado en la política energética y en la política social a nivel medioambiental en todo el país y una hipoteca inmensa. No habrá inversión en renovables y habrá una destrucción de empleo sin
precedentes en un sector en el que nadie quiere invertir. Usted está acorralado hoy jurídicamente. La historia de los informes y ese dedazo nos puede costar a todos muchísimo, porque precisamente con los arbitrajes internacionales España está
denunciada y esas denuncias nos pueden costar a todos. Por tanto, lo mejor es que dimita y que se asuman las responsabilidades, porque esto nos va a costar muy caro y puede que ustedes ya no estén. Eso sería lo mejor que le podría pasar a este
país a nivel energético.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno del Grupo Parlamentario Mixto, que se va a repartir el tiempo entre cuatro portavoces. En primer lugar, doña Rosana Pérez Fernández tiene la palabra.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: En primer lugar, quiero dar las gracias al resto de miembros del Grupo Mixto por permitir esta alteración.


Quiero agradecer al señor Soria su comparecencia, pero por otro lado quiero manifestar mi desacuerdo con una comparecencia que acumula veinte solicitudes de otros tantos temas importantísimos que, a nuestro juicio, requerirían un tratamiento
más demorado. Esto conlleva además que en vez de intervenciones algunos grupos tengamos que poner telegramas, lo cual no es de recibo, así que yo voy a poner el mío, señor Soria.


El BNG solicitó su comparecencia en el mes de diciembre para que explicase los procesos de subastas por la implantación del nuevo sistema de interrumpibilidad y su afectación a las industrias en general, en concreto en Galiza. Después de
esa solicitud, le interpelamos en el mes de noviembre sobre este tema y hemos debatido también una moción sobre esta cuestión el mes pasado, a principios de febrero. Si bien la segunda subasta, señor Soria, realizada en diciembre, resolvió el
problema más inmediato y preocupante, los cerca de mil puestos de trabajo que peligraban seriamente en Alcoa de A Coruña y Avilés, seguimos pensando que esas empresas y otras muchas continúan siendo totalmente vulnerables con el actual sistema.
Creemos que no solo debe modificarse el sistema de interrumpibilidad, sino también todo el sistema tarifario, que no ha servido para nada. No ha reducido el colosal déficit tarifario actual, no ha disminuido en lo más mínimo el recibo de la luz de
las familias y empresas, tal y como usted dijo en su intervención, y ha incrementado cada vez más los peajes o costes fijos del sistema, provocando entre otros factores la existencia de más de 4 millones de personas en situación de pobreza
energética. Eso sí —para eso sí ha servido—, ha generado cada vez más mayores beneficios a las eléctricas. Las pujas de finales de 2014, señor ministro, han evidenciado claramente que este sistema no favorece ni a la competitividad de las empresas
ni a su asentamiento en los territorios. Con esta medida el Gobierno no solo no facilita las condiciones que eviten el cierre de empresas y la desertización industrial de territorios concretos, sino que tampoco contribuye a la instalación de nuevas
industrias. Respecto de esto, precisamente, quiero hacerle algunas preguntas: ¿Cómo piensa, señor ministro, evitar con el actual sistema que en el próximo mes de noviembre nos volvamos a encontrar con el mismo y grave peligro de

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amenaza de deslocalización de empresas y por lo tanto de despido de cientos de trabajadores? ¿Qué piensa hacer cuando nos volvamos a encontrar exactamente en el punto en el que estuvimos en noviembre pasado? ¿No considera usted, señor
ministro, que este sistema no da estabilidad al tejido industrial y al empleo y que por lo tanto es hora de hacer una reforma seria del sistema?


Quiero referirme a una cuestión en la que también venimos insistiendo desde hace tiempo. Usted sabe que Galiza es un territorio excedentario en producción de energía eléctrica. Consideraríamos bastante paradójico y desde luego
absolutamente injusto que un territorio precisamente excedentario en producción de energía eléctrica se viese afectado por medidas como esta u otras después de sufrir elevadísimos costes ambientales y sociales. Por tanto, como ya hemos hablado de
este tema en el Pleno, le pregunto: ¿sigue considerando que no es posible fijar tarifas diferentes, que la tarifa unitaria es inamovible y que no puede existir ningún mecanismo que beneficie en función de un elemento objetivo básico, como es la
generación de energía, a los territorios que tienen grandes centros de producción? ¿Por qué cree entonces que existe esta diferenciación de tarifas en otros países de nuestro entorno, como el Reino Unido, Alemania o Suiza?


Termino, señor presidente, con una última cuestión que no tiene que ver con esto. Nos gustaría muchísimo, señor Soria, que diese respuesta, aunque ya sé que nosotros por lo menos no se lo planteamos, a la cuestión de la orden de estándares
de las energías renovables y los informes, uno de los cuales se recibió más tarde de aprobarse la orden y el otro no existe. Consideramos que estos hechos son gravísimos y, de ser así, como lo fueron, no le quedaría otra salida que dimitir o que el
presidente del Gobierno le cesase. Creo que debería explicarlo, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra, señor Errekondo, como está siendo recurrente por algunos portavoces la crítica al orden del día, quiero decirles que esa crítica debe ir dirigida a los miembros de la Mesa y portavoces que
confeccionaron el mismo, sin que tenga nada que ver el ministerio al respecto.


Continuamos con las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra don Xabier Errekondo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señor Soria, usted es gobernante de un Gobierno que utiliza sus leyes e incluso las modifica con intereses perversos y opuestos al interés público en general. Una constante que caracteriza a este Gobierno es
precisamente que presiona hasta a sus propios organismos. De hecho, es fácil imaginar la presión que pueden estar ustedes ejerciendo en estos momentos a las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nuclear con respecto a las centrales
nucleares; también —lo que es «vox populi»— la presión que han ejercido en los técnicos del Instituto Geológico y Minero para ocultar, retrasar o modificar el informe de medidas preventivas y correctoras para la exploración y la explotación de
hidrocarburos mediante el fracking, que es el informe que tenemos aquí en la mano; o por ejemplo la presión que ha ejercido el Gobierno sobre los jueces con respecto a que los presos vascos cumplan doblemente las condenas, incluso contra el
criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o contra los técnicos de Hacienda para que no respondan o lo hagan sobre la base de sus intereses ante el juez Ruz; de ahí que ustedes se autodenominen como de Cáritas. Tendríamos que hablar claro
en este momento y decir que de Cáritas nada sino que, como dice la expresión, más cara que espalda. Ustedes adoptan todas las medidas —esto se ha repetido ya en las intervenciones previas—, adoptan todas las medidas legales necesarias para
satisfacer las demandas de las grandes empresas especuladoras y en contra de los intereses generales. Por ejemplo, a las empresas que tienen multimillonarios beneficios por los costes de transmisión a la competencia ustedes les han regalado 3.400
millones de euros. Quizás debería responder usted a la pregunta de si es consciente de que posiblemente han cometido un delito de malversación de fondos públicos. También a Florentino Pérez, ACS, por el desastre económico y medioambiental del
proyecto Castor, con el que le han primado con 1.350 millones de euros. ¿Opina usted acaso que han prevaricado medioambientalmente al no haber analizado los riesgos reales de los seísmos? Hace usted apología de la opacidad, utiliza la opacidad
como herramienta para imponer su política, porque usted se ha negado mil veces a la reclamada auditoría del sistema energético, a auditar en especial el déficit de tarifa de miles de millones que van cargando las espaldas de la ciudadanía y que
agudiza la situación de esas familias que están padeciendo la pobreza energética, que llega ya al 17%. Estamos hablando de millones de personas sin luz, sin agua caliente, sin calefacción.


En cuanto a la energía nuclear, hace ya quince días que se han cumplido cuatro años del accidente de Fukushima, que podríamos tildar como el más grave de este siglo y que, por supuesto, ha constituido la lección más importante, el punto de
inflexión para todo el mundo técnico nuclear. De hecho, la comisión

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de investigación del Parlamento japonés concluyó que fue causado por errores humanos, por la complicidad entre el Gobierno, las agencias de regulación y el operador; esto es precisamente lo que estamos denunciando aquí, la complicidad entre
este Gobierno, el Consejo de Seguridad Nuclear, Iberdrola y Endesa. Suponemos que Alemania, referencia idílica para este Gobierno, ya ha aprendido esa lección y la está aplicando; de hecho, de las 16 centrales nucleares este año cerrará la novena
central nuclear y en el año 2022 cerrará la última; las compañías operadores ya han aportado 36.000 millones para el cierre de estas centrales, para su desmantelamiento y para el cementerio nuclear. El Gobierno alemán ha tomado en consideración la
voluntad mayoritaria de la sociedad alemana, que con un 71% se ha posicionado en contra de esas centrales nucleares, y en esa transición está impulsando las energías renovables, como las fotovoltaicas y las eólicas. Sin embargo, ¿qué hace el
Gobierno español? Apuesta por la explotación de las centrales nucleares hasta los sesenta años y, envía a la ruina, a todas esas familias que han invertido en energías renovables. Estamos hablando de más de 62.000 familias que han engañado
vilmente.


En cuanto a Garoña, con cuarenta y tres años es fuente de alarma social. Hoy en día, podemos decir claramente que el conflicto social provocado con Garoña ha conseguido unir a toda la sociedad vasca en contra de su reapertura. El cien por
cien de vascos y vascas está en contra de la pretensión de usted, de Borja Prado y de Ignacio Sánchez Galán, presidentes de Endesa y de Iberdrola. Son todos los partidos, sindicatos, agentes sociales e institucionales los que exigen el cierre, el
desmantelamiento y un plan de reactivación de esa misma zona. Además, estoy seguro de que usted conoce que los partidos políticos de la oposición —la mayoría de ellos— se han comprometido a que en la primera oportunidad van a impedir esa reapertura
de la central nuclear de Garoña. Hemos tenido conocimiento hace unos meses de que el Consejo de Seguridad Nuclear está llevando a cabo esas inspecciones sobre la central y sobre la vasija. Por eso, le pregunto: ¿Sabe usted cuántas grietas tiene
la vasija de Garoña, teniendo en cuenta que a la Doel-3, que es la hermana gemela, le detectaron ocho mil grietas? A ver si puede responder a este dato porque sería de gran ayuda. En el caso de Garoña, le pedimos que respete, que respete la
voluntad de la sociedad vasca, que está en contra de su reapertura, como usted bien sabe.


Por último, con respecto a Garoña le haré una sola pregunta. Hace cuatro meses que hicimos una petición para realizar la visita a la central nuclear de Garoña por parte de los miembros de esta Comisión. ¿Va a seguir usted boicoteando esa
visita a la central nuclear de Garoña?


Hablemos del «fracking». «Ruina montium», la denominaron los romanos, y es que hoy también es una ruina para la salud, para el medio ambiente; es una ruina social, económica y energéticamente y, no responde a las necesidades de la
ciudadanía, sino a las hipotecas y los intereses de algunos partidos con algunos bancos y grandes empresas energéticas. Además, se ha demostrado que provoca seísmos, verdaderos terremotos como —ya le lanzo la pregunta— los seísmos que se produjeron
en Ossa de Montiel. Me gustaría que pudiera hacernos alguna aclaración en cuanto a qué fue lo que indujo a que se diera ese terremoto. Señor Soria, usted sabe que la voluntad de la ciudadanía vasca es contraria al «fracking», por tanto, le puedo
adelantar los datos que usted también conoce: una iniciativa legislativa popular en el Parlamento de Vitoria; una ley en el Parlamento navarro, que ustedes se niegan a respetar y que, por vía del Tribunal Constitucional, han permitido que sea
anulada; una reforma de la Ley del Sector de Hidrocarburos, con la clara intención de comprar la voluntad de la gente y chantajear a las comunidades y a las entidades locales. Le pregunto: ¿es compatible la técnica del «fracking» con las
directrices que se van a marcar y que se han adelantado ya en la COP21 de París de diciembre, que van a marcar las líneas para establecer la reducción en las prospecciones de hidrocarburos?


Para finalizar definitivamente, en cuanto a los sistemas de producción energética, usted defiende los más agresivos y con más riesgo y tiene, además, una solución mágica para ello; basta con que añada la coletilla de: siempre que se
garantiza la seguridad del medio ambiente y de las personas. También promete aportar la constitución de un seguro de responsabilidad civil. Le pregunto: ¿con un seguro de responsabilidad civil se puede responder a una catástrofe como un terremoto
estilo Fukushima, que se puede dar perfectamente, teniendo en cuenta la orografía y las circunstancias y condiciones en las que se encuentra Garoña?


El señor PRESIDENTE: Debe concluir, señor Errekondo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: ¿La responsabilidad civil también va a impedir la ruina social o la salud de la población en el caso de que se pueda inducir un terremoto por un «fracking»?

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Teresa Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, ¿usted ha visitado alguna vez Santa Coloma de Gramenet? Se lo digo porque es muy fácil decidir sobre un territorio desde su despacho, en Madrid, sin conocer la realidad del dicho territorio. De
hecho, ustedes lo que han hecho ha sido esto justamente. Lo que han hecho es decidir, en contra de lo que opina la ciudad de Santa Coloma, que van a hacer pasar una línea de muy alta tensión al lado de unos pisos y por en medio de una zona verde
que, además, está protegida. Le voy a explicar brevemente que Santa Coloma de Gramenet es una ciudad de unos 7 kilómetros cuadrados en la que viven alrededor de unas 120.000 personas. Le pregunto, señor ministro: ¿sabe lo que significa esto?
Esto significa que tiene una enorme densidad de población sin ningún parque verde ni frondoso, y el poco trozo de montaña verde que tienen, que es el Parc Natural de la Serralada de Marina, ustedes quieren cargarlo de electricidad afectando al
paisaje, al ecosistema y a la tranquilidad de la única zona verde que existe, y sobre todo a la salud de los vecinos y vecinas. Y digo salud, señor ministro, lo digo y lo subrayo, porque pretenden hacer pasar una línea de muy alta tensión a menos
de cien metros de los pisos de Can Franquesa. ¿Sabe qué son Can Franquesa o Les Oliveres? ¿Conoce qué gente vive allí o la opinión que tienen sobre su MAT? Pues vaya a preguntárselo, señor ministro. Vaya usted y se lo pregunta, que se lo van a
dejar todos ellos muy clarito, y se lo van a explicar con razón, porque mientras en Alemania las líneas eléctricas que pasan a menos de cuatrocientos metros de las zonas urbanas y protegidas van soterradas, ustedes pretenden hacer pasar la
electricidad necesaria para el siglo XXI con torres de alta tensión de otro siglo, sin estudios medioambientales ni de salud —tema muy importante—, sin importarles tampoco cómo afecta al territorio ni a la salud de las personas, lo mismo que hacen
con el «fracking» —ya se ha dicho aquí esta tarde, no hace falta que lo repita—. Ustedes, al servicio, como siempre, de las grandes empresas. No sabemos, señor ministro —a lo mejor si nos lo cuenta le entendemos— si espera alguna silla en algún
consejo de administración cuando deje de ser ministro. (Rumores).


Señor Soria, la lista de pueblos a los que pretende imponer su insostenible modelo energético es larga, demasiado larga. No siga por este camino, porque está generando violencia; así de claro. Le informo de que la MAT no pasará nunca por
Santa Coloma de Gramenet, y si quiere intentarlo desde su despacho de Madrid y sin visitar siquiera la población, sabrá lo que es Santako. El problema de la MAT es mantener el actual modelo energético, que ustedes saben que es insostenible,
dependiente del exterior y de los recursos fósiles, que además es caro, es contaminante y evidentemente es insano. Pero lo mantienen porque es el que beneficia a las cinco grandes empresas del oligopolio del que esta tarde también se ha hablado
largamente, esas que tienen los beneficios más grandes de toda Europa y los consejeros mejor pagados a costa de la factura de la luz más cara de toda la Europa continental. La MAT no sería necesaria si ustedes ya no solo apostaran por una nueva
cultura energética a nivel social, sino defendieran un modelo de producción renovable a nivel local, y por supuesto de autoconsumo; este autoconsumo que ustedes penalizan. Por cierto, primera pregunta que formulo, y voy acabando: ¿para cuándo el
real decreto de autoconsumo de balance neto? Lejos de apostar por un futuro en que el Estado español era pionero a nivel mundial, ustedes han dejado con el agua al cuello a las 4.300 familias que apostaron por ese futuro limpio y renovable.
Queremos aplaudir desde aquí proyectos como Recupera el sol, de Som Energía, una cooperativa de Girona, para la recuperación social de los proyectos que ustedes precisamente han arruinado. Esa ruina es a la que ustedes, siguiendo la estela de las
tijeras del PSOE —todo sea dicho de paso—, han sentenciado a las renovables, mientras han perdonado más de 3.000 millones a sus empresas amigas —amigas del Partido Popular, amigas del PSOE—, lo que significa que a los catalanes y catalanas nos ha
costado aproximadamente unos 640.000 euros.


Termino, señor presidente, con tres preguntas muy sencillas y muy cortas. Primera, señor ministro, ¿no le parece indignante que aprobaran este recorte antes de tener el estudio que debía legitimarlo? Estudio que una consultora se negó a
realizar siguiendo sus directrices. Segunda pregunta: ¿es legal que ustedes designaran a dedo y sin concurso público a una consultora a la que pagaron unos 600.000 euros? Al margen de la legalidad, es una vergüenza pagar esa cantidad a una
consultora a la que dieron indicaciones para realizar un informe que justificara su hachazo a las renovables. Y última, muy concisa y muy precisa: ¿piensa, señor ministro, desmantelar de inmediato el proyecto Castor?


El señor PRESIDENTE: Para concluir con las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don Juan Baldoví.

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El señor BALDOVÍ RODA. Señor ministro, aquí va el telegrama de Compromís Equo de tres minutos. Se lo pregunté el otro día ¿para quién trabaja? Cada día es más evidente que protege los intereses de determinadas empresas, y hoy queda muy
claro, a la vista de las veinte comparecencias de temas tan dispares planteados por las diversas formaciones: subida del recibo de la luz; retraso en el decreto de autoconsumo, que no ha dicho cuándo vendrá; facilitar el «fracking»; ampliación
de la nuclear de Garoña; la indemnización de 1.350 millones del proyecto Castor a Florentino; los sondeos de petróleo en el golfo de Valencia; y el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas. Compromís Equo se centrará en los dos últimos.
Señor ministro, hay un informe de la Consellería de Medio Ambiente de las Illes Balears, fechado el 24 de julio de 2013, que constata que se hicieron prospecciones los días 16 y 17 de abril. ¿Por qué permitió el ministerio esos sondeos con cañones
de aire comprimido si no tenían permiso para hacerlos en pleno período de emigración de las ballenas? Como valenciano me gustaría que contestara si o no, claramente, sin esos rodeos que ha estado dando hace un rato. ¿Piensa autorizar los sondeos a
la empresa «Cain Energy Capricon Spain» en el golfo de Valencia, a pesar del informe en contra del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente? Me gustaría un si o un no.


En segundo lugar, respecto del almacén de residuos radioactivos de Villar de Cañas, se indica en una respuesta que tramitamos a algunas de las preguntas que nos pasó el Partido Castellano que los informes del Consejo de Seguridad Nuclear y
el informe de evaluación ambiental del Ministerio de Agricultura son preceptivos y vinculantes. Si el Consejo de Seguridad Nuclear está estudiando una documentación que le ha dado Enresa, —es decir, aún la está estudiando—, y usted ya ha licitado
las obras y están en período de evaluación, si después de estudiar esta documentación que le ha mandado Enresa no es adecuado ¿qué pasará? ¿Pagaremos todos como con el proyecto Castor? La Comisión Europea, en un escrito firmado por el ex ministro
español Arias Cañete, en respuesta a las preguntas presentadas por el Partido Castellano a través de nuestro eurodiputado de Primavera Europea, Jordi Sebastiá, afirma que el Gobierno de España debe cumplir el artículo 37 del Tratado Euratom. Por
ello, España tendrá que facilitar a la Comisión datos sobre su plan que permitan determinar si la ejecución de dicho proyecto puede dar lugar a una contaminación radiactiva de las aguas, del suelo o del espacio aéreo de otro Estado miembro. En
función de los resultados de este examen, la Comisión emitirá su dictamen vinculante al derivarse de un tratado europeo de obligado cumplimiento. Ante todos estos hechos, nuestras preguntas: ¿Qué razones motivaban las prisas de Enresa por
adjudicar las obras del ATC en Villar de Cañas, cuando todavía son necesarios y preceptivos informes vinculantes del Consejo de Seguridad Nuclear, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y de la Comisión Europea? ¿Se plantea el ministerio
otra ubicación para el ATC si estos informes no validan o presentan problemas sobre la ubicación actual elegida? ¿Cree el ministerio necesario el ATC proyectado cuando casi todas las centrales nucleares disponen ya de almacenes propios? —Acabo—.
No hacer caso de los informes del Instituto Geológico y Minero sobre el proyecto Castor nos costó más de 500 terremotos en las costas de Castellón y Tarragona y 1.350 millones que tendremos que pagar todos. Un nuevo informe del Instituto Geológico
alerta sobre los riesgos del fracking. ¿Va a hacer caso de este informe o, por el contrario, les va a poner una alfombra de plata a las empresas que pretenden hacer fracking? Señor ministro, los ciudadanos y las ciudadanas estamos contando los
días que faltan para que usted se vaya, sobre todo, después de pagar el recibo de la luz de este mes.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de los grupos parlamentarios no solicitantes de la comparecencia. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Pedro Aspiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quisiera agradecer de verdad al ministro las explicaciones que nos ha dado; muchas de ellas son absolutamente necesarias y de gran interés, y muchas veces son objeto de preocupación para los
ciudadanos. Son temas políticamente candentes que requieren una explicación y un debate. Voy a dedicar mi tiempo a dos cuestiones puntuales. Una de ellas es al tema de Garoña; señor ministro, como sabe bien nuestro grupo se ha pronunciado en
multitud de ocasiones. Usted nos ha contado cuál es el procedimiento que se ha seguido para si acaso tener la autorización del Gobierno, es decir, si cumple con los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear etcétera, tendrá la autorización, pero,
como usted bien sabe, hay otra historia detrás. En su día Nuclenor sacó el combustible nuclear consumido y paralizó la central porque no le salían los números. Había unos impuestos al combustible nuclear consumido, no le salían los números y
decidió paralizar la central porque no le daba rentabilidad. Después el Gobierno tenía empeño en que los números salieran y cuando ha cambiado ese

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marco parece ser que Nuclenor ha solicitado la reapertura de la central, y a partir de ahí sabemos lo que usted nos ha contado.


Se lo he comentado en varias ocasiones, la central nuclear de Garoña es una central de primera generación, está obsoleta, es pequeña es decir, no genera ninguna garantía ni de suministro. Actualmente hay una demanda baja en relación con la
energía eléctrica, por lo que no aporta nada sustancial que quizá en otra coyuntura, incluso económica, podría tener alguna otra justificación. Como sabe, nuestro grupo se ha manifestado en contra de esta central y a favor de su cierre por estos
motivos, y también por el respeto político que merece el Parlamento vasco, donde todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Parlamentario Popular, se han mostrado favorables a su cierre. De esto ya lo hemos dicho todo; simplemente quiero
pedirle hoy también, señor ministro, que si es posible facilite el cierre de la central nuclear de Garoña.


Entrando en el otro tema, señor ministro, como usted sabe perfectamente, queda menos de una semana para que finalice el plazo fijado por su ministerio para adaptar las antenas colectivas de las viviendas a las exigencias derivadas de la
aplicación del dividendo digital. Aquellos ciudadanos que no hayan modificado los amplificadores de sus antenas colectivas antes del próximo martes, es decir, en menos de una semana, no podrán, por ejemplo —esto nos afecta a muchos ciudadanos
vascos entre los que me incluyo—, ver las emisiones de la Euskal Telebista. Hay algunos canales, como Telemadrid, que van a emitir por donde antes lo hacía Televisión Española; o ciertas cadenas privadas que lo harán en bandas que antes también
estaban presintonizadas. Estos no van a tener problemas, pero en el caso de la ETB la reantenización es absolutamente imprescindible porque, de lo contrario, señor ministro, muchos ciudadanos guipuzcoanos y vizcaínos no podremos verla. Tras el
plazo inicial que acababa a finales del año 2014 y a petición de los operadores de televisión, su ministerio —el competente para hacerlo— prorrogó el plazo tres meses más, prórroga que se ha mostrado insuficiente puesto que no ha permitido concluir
el proceso de reantenización debidamente. Los antenistas son en muchos casos autónomos y pequeños empresarios incapaces de dar respuesta en un plazo tan corto a una demanda tan intensa, e incluso incapaces de conseguir el material de sus
proveedores. Señor ministro, se estima que a finales de mes, aproximadamente, un 10% de las antenas colectivas estarán aún sin adaptarse cuando los canales del dividendo digital se apaguen para siempre; y tendremos que privarnos de un derecho
innecesariamente porque en un periodo tan corto no ha sido posible, por las limitaciones técnicas que le he comentado, cumplir con los plazos establecidos. He corroborado esta información antes de empezar la sesión con la directora general de EITB,
la señora Iturbe, y con unos técnicos de su departamento. Lo que me han dicho es que, dada la naturaleza fronteriza del «simulcast» situado en el monte Oiz y para evitar las interferencias de los operadores franceses se procedió a su retirada a
instancias del ministerio, pero no en otros lugares. Por ello, señor ministro, insisto en que si el 31 de marzo —en menos de una semana—, se produce el apagón tendremos un problema.


Por eso, señor ministro, le pido una prórroga de dos meses, que entienden los técnicos que sería suficiente para que los antenistas pusieran las antenas colectivas de la mayoría de los hogares, y así evitaríamos el problema de mucha gente,
que si no dejará de ver la televisión, y los problemas de la propia ETB que puede perder miles de televidentes que son más tarde difíciles de recuperar. Yo le hago una propuesta, señor ministro, con toda la buena voluntad, como siempre. Si está
dispuesto a ello y si requiere alguna información adicional a esta cuestión, que puede que haya alguna por lo que me ha transmitido, los responsables de la propia EITB pueden ponerse en contacto con los de su ministerio para aclarar el asunto y
prorrogar el tiempo necesario. Esto es lo que le pediríamos desde el Grupo Vasco: buena voluntad, si le hace falta conversaciones con la EITB, y la prórroga para que no nos afecte negativamente el fin el día 31 de marzo, el martes de la semana que
viene.


El señor PRESIDENTE: Para terminar el turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Guillermo Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Tengo la sensación de que ha empezado la campaña electoral y aprovechamos este tipo de comisiones para exhibir argumentos políticos relacionados con las próximas elecciones en mayo. Creo sinceramente, y lo digo con
tristeza, que casi ninguno de ustedes ha escuchado al ministro, porque sus intervenciones han sido previamente escritas, y entiendo que la respuesta del ministro no les interesa. A mí sí me ha interesado, motivo por el cual no tengo una
intervención preparada, porque entiendo que mi obligación como parlamentario y como representante de la soberanía española, en particular de la provincia de Las Palmas, es escuchar tanto al compareciente como a los miembros o

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representantes de la oposición. (El señor secretario Torres Herrera, ocupa la Presidencia). En cualquier caso, lamento, —insisto— que en una Comisión como esta que exige rigor técnico, que exige establecer postulados basados siempre en
términos científicos, si quieren académicos o por lo menos ciertamente profesionales, nos hayamos encontrado lo que nos hemos encontrado y hemos tenido escuchar en el día de hoy. Lo digo, de verdad, con tristeza, porque esto no es agradable, sobre
todo cuando uno pretende —es mi caso— intentar exponer o plantear cuáles son los motivos que impulsan a este grupo parlamentario a apoyar la labor de este Gobierno.


El ministro en su intervención, como lo ha venido haciendo en las anteriores trece comparecencias en esta Cámara —este número trece lo digo porque aquí hay representantes de otros grupos que estuvieron en la pasada legislatura compartiendo
Comisión conmigo y saben perfectamente que esta cifra no se alcanzó por los representantes ministeriales de aquella época—, ha señalado cuáles son los requisitos que guían la labor política en materia de energía de este Gobierno. Estos requisitos
se pueden resumir en tres aspectos: por una parte, lograr la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico español y la sostenibilidad financiera del abastecimiento de recursos energéticos; en segundo lugar, la sostenibilidad medioambiental y,
en tercer lugar, la garantía del suministro en condiciones razonables que permitan y no limiten la competitividad de nuestro país. Este Gobierno cuando asume ese compromiso se encuentra con un lastre de 26.000 millones de euros que venían de las
pasadas legislaturas y que se ve obligado a reducir a pasos agigantados para, con ello, no lastrar la sostenibilidad financiera. Aquí se han planteado, voy a intentar responder, situaciones alarmantes. Se plantea que el ministro favorece a la gran
industria, a las grandes empresas. Este es el primer Gobierno que ha devuelto 400 millones de euros en la factura de los españoles del primer trimestre de 2014. Este es el Gobierno que con el apoyo y el impulso del Grupo Parlamentario Popular
favorece la liberalización en el sector de las gasolinas y, por tanto, pretende la reducción del coste energético que suponen gasolinas y gasóleos que, como ustedes bien saben, representa el 70% del consumo energético de una familia media. Medidas
como el establecimiento de impuestos sobre la generación, fundamentalmente en aquellas industrias energéticas con mayor impacto ambiental, demuestran que este Gobierno tenía la pretensión que anteriormente expuse: sostenibilidad económica,
medioambiental y garantía del suministro.


Se ha hablado aquí, y me ha parecido significativo, de un Gobierno sin alma. Un Gobierno sin alma, desde mi modesto punto de vista, es un Gobierno que conduce al paro en tres años a 3 millones de personas; es un Gobierno que mete en el
paro a 3.500 personas al día durante tres años. Ese es un Gobierno sin alma. Un Gobierno sin alma es el que no evita que se destruyan 177.000 empresas en tres años; ese es un Gobierno sin alma. Un Gobierno que intenta dar racionalidad económica
y sostenibilidad a nuestro país, y que coadyuva a que durante el año 2014 ingresen en el mercado laboral más de 440.000 personas me parece que es un Gobierno que piensa en las personas, que es el Gobierno al que estamos escuchando hoy.


Se habla de la factura eléctrica. Si entre los años 2008 y 2011 se incrementa la factura eléctrica en un 67% para una familia media, y hay una reducción en el año 2013 de un 3%, y de un 4% en el 2014, ya sé que ustedes no pueden aplaudir,
pero por lo menos atengámonos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, y no estemos continuamente buscando la demagogia que en este tipo de comisiones es poco recomendable. Hemos escuchado también hablar de Castor y que lo que hemos hecho
ha sido pagar al empresario que lo construyó. No sé quién lo ha dicho, pero lo cierto es lo siguiente: con ese dinero que ha planteado antes el ministro de 1.370 millones de euros lo que se hace es devolver el dinero a los bonistas, a quienes
prestaron dinero a través del Banco Europeo de Inversiones para que esa infraestructura se realizara. Lo que sí me parece impresentable es firmar —yo no hubiera hecho eso en la vida— el Decreto 855/2008, que en su artículo 14 establece que,
independientemente de que exista dolo o negligencia —eso al parecer para quien firmó este decreto daba exactamente igual—, hay que abonar a la empresa concesionaria la compensación del valor residual. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Creo que hay gente que sigue sin leer estas cosas, y por eso si hay algún compañero que no lo haya leído, le recomiendo que lea, insisto, el artículo 14 del Real Decreto 855/2008.


Se habla también aquí de que hay mucho peso de los combustibles fósiles. Un sistema energético razonable, como es el español, necesita para evitar la vulnerabilidad y la excesiva dependencia la participación de todas las tecnologías
posibles. Sé que es recurrente en todas mis intervenciones en esta Comisión, pero las tecnologías no se deben politizar; no hay tecnologías de izquierdas ni de derechas, hay tecnologías más eficientes que otras, hay tecnologías que procuran mayor
o menor dependencia. Recientemente ha estado en España la ex primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, que es la

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persona que ha ideado el concepto de desarrollo sostenible, y en una conferencia realizada en Barcelona la pasada semana nos decía a quienes nos gusta de vez en cuando leer —es muy importante estar siempre leyendo, atentos a la
documentación, intentando ser lo más sensato, lo más pegado a la realidad, y lo más sólido posible— (Rumores) que los combustibles fósiles seguirán todavía unos cuantos decenios formando parte de los sistemas energéticos occidentales. Y esto que es
una desgracia, porque a todos nos gustaría evidentemente reducir al máximo las emisiones, y procurar por supuesto una garantía de suministro energético procurada por tecnologías que no fueras emisoras, irá sucediendo poco a poco, pero no sucederá si
hacemos el sistema insostenible, que es lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Le dije antes que había 26.000 millones de déficit, y si no hubiera hecho nada este Gobierno respecto al sector de las energías renovables nos
encontraríamos con que el peso de las ayudas hubiera supuesto 11.000 millones de euros en el 2014, cifra que es alarmante si tenemos en cuenta que el sistema eléctrico español supone 35.000 millones de euros. Por tanto plantearse que este Gobierno
ha destruido el sector de las energías renovables, cuando ha sido el que ha garantizado su sostenibilidad, me parece una incoherencia más de las muchas que hemos escuchado hoy. Porque este Gobierno además es el que ha establecido una rentabilidad
mínima para las inversiones en energías renovables de alrededor del 7,4%.


Se ha aludido a los informes de unas consultoras. La Constitución española establece que la dirección política de un país —en este caso de España, y así lo dice en el artículo 97— la tiene el Gobierno, no las asesorías, no las consultoras.
(Rumores). El Gobierno tomó la decisión y marcó los estándares de energías renovables. (Risas). Es el Ministerio de Industria el que marca los estándares de energías renovables, apoyado en este caso por el Instituto de Diversificación y Ahorro
Energético, considerando que efectivamente se tienen en cuenta las consultoras a las que anteriormente mencionó el ministro.


He escuchado a un interviniente hablar también de sobrecapacidad. Hay que saber distinguir potencia instalada de energía. (Rumores). Es muy importante distinguirlo, porque si no lo distinguimos pensamos que, como tenemos instalados
103.000 megavatios, ya tenemos una sobrecapacidad que facilita el cierre de instalaciones. Todo el mundo en esta sala sabe que el desarrollo de las energías renovables debe llevar siempre aparejada la tecnología «backup» o de respaldo que permita
que, en el caso de que por circunstancias medioambientales o técnicas no funcionen los equipos fotovoltaicos, eólicos, etcétera, podamos seguir manteniendo lo que dije anteriormente: garantía de suministro veinticuatro horas, sostenibilidad
económica y sostenibilidad financiera, por tanto la sostenibilidad del sistema energético, y eso exige tecnología de respaldo. Por tanto negarse a las tecnologías convencionales como respaldo a esas renovables es otra cuestión más que sigo sin
comprender.


Se habla de inseguridad en el sector nuclear. También he escuchado aquí esto hoy. Inseguro es no acometer el almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado. Inseguro es no procurar garantizar que los residuos nucleares —nos
guste más o menos, por un prejuicio u otro contra la energía nuclear— estén a buen recaudo. El estar aquí defendiendo —como he escuchado— los almacenes temporales individualizados lo que demuestra es un altísimo desconocimiento sobre lo que está
ocurriendo en todo el mundo, porque es más sencillo, más barato, y más eficiente centralizar la gestión de los residuos, como todos los que en esta casa estudian estos temas saben perfectamente.


Evidentemente la decisión sobre la continuidad de Garoña no es una decisión política, es una decisión económica que tiene por encima de ella una decisión relacionada con la seguridad. Es obvio que esos 466 megavatios podrán volver a ponerse
en funcionamiento o no, dependiendo de —como ha establecido anteriormente el ministro— lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el órgano que en nuestro país vela por la seguridad de las instalaciones nucleares. No es el Gobierno el que
decide que se encienda o no, se active o no una u otra determinada central. En cuanto a la visita a Garoña esto no se hace, es decir, no se puede responsabilizar al ministro de que la Comisión —en este caso la ponencia— que vela por los informes
del Consejo de Seguridad Nuclear vaya o no a Garoña. No es una responsabilidad del ministro, es una responsabilidad de la ponencia, y la ponencia decide, en función de su composición, en qué momento visita o no una u otra instalación.


El fracking. Yo es que soy un poco más humilde, no soy un especialista en morfología del terreno. Ya sé que aquí se afirma que en España no hay gas ni petróleo. Pero, ¿sabe lo que le digo? Que yo prefiero saber si lo hay, pero prefiero
saberlo con todas las medidas y los estándares de seguridad necesarios. Por ese motivo se modificaron la Ley de Responsabilidad Medioambiental y la Ley de Evaluación Ambiental, para exigir que exista declaración de impacto ambiental a la hora de
acometer procesos de investigación. Les recuerdo que en España entre los años ochenta y noventa se realizaron 689 exploraciones sin tener

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en cuenta esta modificación que hemos incluido ahora. Por tanto hemos aumentado los grados de seguridad acerca de este tipo de situaciones. Ustedes bien saben que en los diferentes informes sobre seguridad nacional de los países
homologables a España se considera prioritario conocer cuáles son los recursos naturales de los que disponemos en estos momentos, y para eso es necesario investigar. Es obvio que con un consumo de 1,5 millones de barriles como el que tenemos en
España parece necesario reducir esa altísima dependencia, y por tanto reducir el coste financiero que supone pagar esa importación de hidrocarburos. Yo prefiero conocer, me parece que es una mala noticia no conocer cuáles son los recursos a los que
tenemos acceso.


Se ha hablado sobre redes de transporte. Los mismos que están de acuerdo —como es el caso del Grupo Parlamentario Popular— en aumentar el peso de las energías renovables son los mismos que no quieren que existan redes de transporte. Por
tanto pregunto, ¿cómo trasladamos la energía que generamos en plantas fotovoltaicas, termosolares y de biomasa a los lugares de consumo? Hay algo que se llaman líneas de transporte. ¿Qué hacemos, no ponemos líneas de transporte, nos oponemos por
tanto a que los hoteles, las industrias y las diferentes instalaciones de las pequeñas y medianas empresas tengan acceso a esa energía, porque resulta que tenemos un apriorismo, que pensamos que las redes son malas? Está muy bien, pero entonces,
¿cómo va la energía de un lado a otro?


También se ha hablado sobre el autoconsumo. El autoconsumo está permitido en España. Pregunto. ¿A quién se le niega en España que en su establecimiento o en su domicilio coloque una instalación de autoconsumo? Aquí lo que estamos
demandando es otra cosa, y lo que ha dicho el ministro y con lo que estoy totalmente de acuerdo es que las redes de transporte y distribución tenemos que financiarlas entre todos, porque lo que no parece justo —y creo que en eso debemos estar todos
de acuerdo— es que si yo me beneficio en cualquier momento del día de poder acceder a esas líneas, tendré que financiarlas trescientos sesenta y cinco días, las veinticuatro horas. ¿O es que solo vamos a financiar aquello que utilizamos? Es
curioso que desde los partidos de izquierda se plantee esto. Me parece muy curioso. Quienes han propiciado la burbuja que supuso —este dato yo creo que es importante— que cuando la media del precio de la energía en España estaba entre 42 y 48
euros se financiaran, a 480 euros el megavatio, instalaciones fotovoltaicas que propiciaron que entre 2007 y 2008 se crearan más instalaciones de fotovoltaica que en todo el mundo, o quienes procuraron financiar a 300 euros el megavatio la energía
termoeléctrica, posibilitando la instalación de 50 plantas en España cuando en todo el mundo se cifraban en 8, ahora resulta que les parece mal que establezcamos una rentabilidad razonable del 7,4%. Creo que este tipo de materias exige, vuelvo al
principio de mi intervención, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental, y garantía de suministro, y esto exige la entrada en nuestro sistema de todas las tecnologías posibles en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta que
esto es extremadamente complejo, y que la principal medida que tomó el Gobierno fue acometer el lastre que suponían para nuestra economía los 27.000 millones de euros del déficit tarifario. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las cuestiones que le han planteado tiene la palabra el señor ministro de Industria.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señorías, en primer lugar, agradezco mucho todas sus intervenciones y los comentarios que han hecho. Algunos los comparto, otros no, y lo que me gustaría decir de entrada es
que a lo largo de esta legislatura —porque he escuchado al principio que había quejas respecto a lo poco que comparecía— he comparecido en el año 2012 en esta Comisión seis veces, es decir, tres veces por cada periodo de sesiones, en el año 2013
cuatro veces, en el año 2014 tres veces, y esta es la primera vez que comparezco en el año 2015. No sé si es mucho o si es poco, pero en todo caso quiero que sepan sus señorías que a mí de toda la actividad política probablemente lo que más me
gusta es la actividad parlamentaria. ¡De verdad que es lo que más me gusta! No hay cosa que más me guste que venir a dar cuenta a quienes son los representantes legítimos del pueblo español, agrupados en distintos grupos parlamentarios, para
escuchar, para debatir y para decirles qué es lo que estamos haciendo en el Gobierno. Cada vez que tenga la oportunidad la aprovecharé.


Voy a ir contestando uno por uno a los portavoces. Es un poco más largo, pero la deferencia parlamentaria marca responder uno por uno a las y los portavoces. La primera cuestión que Doña Isabel Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Socialista, ha planteado respecto a Elcogas es que el Gobierno miente. Perdone que le diga que eso que usted dice es falso, y le voy a demostrar por qué. La empresa ha solicitado autorización para el cierre, y después ha solicitado otra cosa que
es llegar hasta julio de 2015 para aportar documentación adicional. El Gobierno le dice: no solo le vamos a dar hasta julio, le vamos a

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dar hasta agosto. Por tanto estamos dando más de lo que la propia empresa está planteando. Si usted lo que me pregunta es por qué el ministerio no prohíbe a la empresa que solicite un cierre, es porque no se lo podemos prohibir. ¡No se lo
podemos prohibir! Dicen que hagamos una modificación singular en la ley, que modifiquemos lo que sea. No nos podemos saltar los procedimientos, aunque usted crea lo contrario, que con su intervención igual entendí mal, pero hoy ha demostrado aquí
que usted quiere que se salten los procedimientos; eso un Gobierno serio no lo puede hacer. Señora Rodríguez, eso no lo podemos hacer. Usted me ha insistido en que nos los saltemos, pero no podemos. Ya sé que usted lo ha planteado, pero eso
nunca lo vamos a hacer. ¿Cuál es la solución? La solución que le vamos a dar va a depender de la documentación que aporte la empresa, pero de nada más. La empresa ha solicitado un plazo adicional y nosotros le hemos dado ese plazo y alguno más.


Después usted ha hecho unos comentarios sobre las energías renovables, y quiero reconocerle un valor político supremo para que usted, diputada del Grupo Parlamentario Socialista, todavía plantee cuestiones relacionadas con las energías
renovables en España, lo que se hizo y lo que se hace. Le tengo que reconocer un valor político supremo, porque lo tiene, pero no solo usted, sino también su compañera. Cuando dice que esto ha sido una ruina, etcétera, le voy a contestar, y me va
a permitir que responda a las dos conjuntamente sobre las cuestiones que han planteado en materia de energías renovables. Doña Pilar Lucio, que ha hecho una intervención algo más larga, ha dicho que este Gobierno se ha cargado todo lo que
funcionaba, refiriéndose a las energías renovables. Le voy a contestar y voy a contraargumentar utilizando argumentos ajenos. Ni siquiera voy a utilizar los argumentos de este ministro, sino los del anterior, que ya sé que no le gustan.
(Rumores). Ya lo sabía y por eso lo planteó. Pues se lo voy a… (Rumores). Si no les importa, ¿me dan una oportunidad? Es que he cronometrado una hora y cuarto para responder, si no les importa.


El señor PRESIDENTE: Todos los portavoces han intervenido, algunos con un tono un poco más agrio que otros, y han sido escuchados y respetados no solo por el ministro, sino también por el Grupo Parlamentario Popular y por el resto de
grupos. Ruego pues a todos que escuchen con la misma atención con la que se les ha escuchado, sin intervenir hasta que les vuelva a tocar en el turno de réplica. Muchas gracias.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Eso sí, lo que no voy a utilizar es un tono agrio. Le podrá gustar más o menos lo que diga, pero le adelanto que lo que le voy a decir, citando a su compañero de formación,
que fue mi antecesor, no le va a gustar, pero se lo voy a decir con un buen tono, no voy a emplear un tono agrio. Simplemente se lo voy a recordar.


También ha dicho la señora Lucio que este ministro culpa de todo lo malo en las renovables al PSOE. No, este ministro no, el anterior. No es este. Le voy a citar, y supongo que no tendrá inconveniente en que cite al anterior ministro… No
lo tiene, ¿no? (Denegación). Pues muchas gracias porque le voy a citar. Ha manifestado que las decisiones que toma ahora este ministerio son ideológicas. Pues también le voy a citar a su anterior ministro, para que compare cuándo se hacía
ideología, si antes o ahora. Eso sí, me podrá decir que no está de acuerdo tampoco con el anterior ministro. Entonces su problema ya es más grave, pero le voy a citar al anterior ministro.


Después dice que los precios no han bajado. ¿Y usted dónde se informa? Le voy a recordar —igual me lo niega— la evolución de los precios de la electricidad en España para una familia tipo que tiene contratados 3,3 kilovatios, y que tiene
un consumo de 3.000 kilovatios/hora al año. Entre los años 2004-2012 —señora Lucio, también incluyo el primer año de esta legislatura— hubo un incremento del 62,7%, incluyendo el año 2012. Claro, la inercia que venía de atrás difícilmente se podía
parar, pero en 2013 bajó un 2,9% y en 2014 un 4,5%. Y ahora le voy a decir cómo van los precios este año. Permítame que le hable solo de la evolución al 20 de marzo, que es el último dato que tengo. Son datos de Red Eléctrica de España, que no sé
si a usted le parece bien o mal, pero son de Red Eléctrica, y le hablo de los precios del pool, incluyendo los treinta y un días de enero, los veintiocho días de febrero, y los veinte días hasta el 20 de marzo. Esto hace, señora Lucio —usted ha
dicho que han subido los precios este año y si toma nota le voy a demostrar que es exactamente lo contrario—, setenta y nueve días. Precio medio del pool 46,22 euros megavatio/hora. Y ahora le voy a decir lo que están marcando los futuros para lo
que queda de año, para que usted se pueda hacer una composición de lugar de qué es lo que puede ocurrir con los precios de la electricidad en lo que queda de año. En la semana trece, que son los días que quedarían para finalizar marzo, los mercados
de futuros marcan 38 euros megavatio/hora; para el segundo trimestre entero —de abril a junio— están marcando 43 euros megavatio/hora; para el tercer trimestre —menos

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lluvia, menos agua, menos viento— están marcando 49,80 euros; y para el cuarto trimestre 46,80 euros. Es decir, para los doscientos ochenta y seis días restantes, que van desde el 20 marzo hasta el 31 diciembre, los mercados de futuros nos
dicen que el precio va a estar en torno a 46,3 euros megavatio/hora. Usted sabe —yo sé que usted eso lo sabe— que normalmente los mercados de futuros apuntan entre 3 y 5 euros por encima —pura evidencia empírica— de lo que luego arroja el pool.
Por tanto teniendo en cuenta esa consideración los futuros van a estar más caros que el spot para el mismo periodo, y hay futuros de 46,3% con un spot en 2015 entre el 41% y el 43%; esa es la evolución esperada de los precios. Por tanto con un
spot en los primeros setenta y nueve días de este año de 46,22, y con un futuro para los doscientos ochenta y seis días restantes de 46,28, vamos a estar más o menos a mitad de lo que fueron los años 2012 y 2013; eso es lo que va a marcar el año
2015. Por tanto, señora Lucio, yo le pido a usted que vaya a la fuente directa para que se informe bien de cómo están evolucionando los precios.


Ha dicho usted en su intervención que estrangulamos a muchas empresas industriales. ¿Sabe usted desde cuándo venía cayendo la actividad industrial en España hasta el año 2014, en que hay una inflexión en la tendencia? Desde el año 2002
viene cayendo el valor añadido bruto de la producción industrial. En el año 2014 empieza a aumentar. ¿Cree usted que acaso en el año 2014 empieza a aumentar la producción industrial por el efecto retardado de las medidas de política industrial
entre el año 2004 y el año 2011? ¿Acaso cree usted que fue por la política económica anterior? ¿O cree usted más bien que es fruto de la estabilidad macroeconómica que hay ahora en nuestra economía, de la política industrial activa? ¿Se acuerda
usted, señora Lucio, de cuando alguien decía en España que la mejor política industrial era la que no existía? ¿No será acaso que una política industrial activa es la que ayuda a empujar la industria?


Decía usted que no somos competitivos. Ahí le voy a remitir directamente al Boletín de Información Comercial Española, el que sale semanalmente o el que sale mensualmente, cualquiera de las dos versiones, para que usted vea cómo están
aumentando las exportaciones españolas a todas las áreas geográficas del mundo: a Latinoamérica, a Estados Unidos, al resto de nuestros socios europeos, a Asia, a África. ¿Cree usted que cuando aumentan las exportaciones es porque somos más
competitivos o menos competitivos? Yo creo que es todo lo contrario, pero igual usted acuña una teoría que no tiene nada que ver con esto.


Insisto en que usted tiene un valor político supremo para venir a hablar del déficit del sistema eléctrico. A principios del año 2012 estaba previsto un déficit estructural para ese año de 7.000 millones de euros, de 10.500 millones para el
año 2013 y otros 10.500 millones para 2014. Esa era la previsión si no se hubiese hecho nada, solamente con la inercia de las políticas que venían de atrás. Voy a estar de acuerdo en algo que ha dicho: es verdad que en el año 2013 —lo han dicho
también otros portavoces— hubo todavía un déficit de 3.400 millones de euros, y que el Gobierno había presupuestado unas partidas en los presupuestos y se retiraron en aras de un objetivo superior: cumplimiento del déficit público. Por cierto
estarán de acuerdo ustedes en que es su reconducción lo que nos ha dado confianza y credibilidad fuera de España. Se lo digo porque creo que usted también habló algo de la marca España. Pues bien, tengo la satisfacción enorme de comentarle que el
año 2014 ha sido el primer año de los últimos doce donde no ha habido déficit en el sistema eléctrico. Lo verá usted cuando se haga la liquidación definitiva en noviembre de este año. Cuando digo que no hay déficit, le digo que puede haber un
déficit imperceptible o incluso un superávit imperceptible; pero equilibrio. ¿Y usted todavía afirma que hay déficit en el sistema eléctrico? Se estará refiriendo usted al déficit acumulado que nos encontramos cuando llegamos, y que con la
inercia de las políticas que se venían aplicando se ha ido aumentando en 2012 y en 2013. A ese sí, estoy totalmente de acuerdo con usted; pero por lo menos, señora Lucio, reconózcame la evidencia empírica, y reconózcame por lo tanto que el déficit
en el sistema eléctrico está reconducido y está solucionado.


Usted y otros diputados han hablado también del informe de los estándares para determinar cuáles son los costes de inversión de las instalaciones renovables. En primer lugar, señorías, los estándares han sido elaborados exclusivamente por
parte de los servicios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo; y particularmente, dentro de este ministerio, por el órgano responsable de elaborarlo, que es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. No se ha encargado a
ninguna empresa externa, señorías. No se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los estándares, señorías. (La señora Lucio Carrasco: ¡Bueno!). Sí, sí, claro, pero no se me pongan nerviosos. Si ustedes lo que quieren
deliberadamente es confundir lo que es recabar el criterio de otros órganos, públicos y privados, con la elaboración de los criterios, pues, mire, ese es un problema que tendrán que resolver ustedes, pero no el Gobierno de España. El Gobierno de
España lo que tiene que hacer es encargar la elaboración de los criterios a quien tiene que hacerlo; y así se hizo. Efectivamente, ¿se recabó información adicional de

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expertos externos? Claro que se recabó, y durante la elaboración del diseño del nuevo régimen retributivo la Secretaría de Estado de Energía, el ministerio, encargó al IDAE que recabara apoyo técnico para llevar a cabo los análisis de
detalle sobre los costes de producción; es decir, inversión, operación y mantenimiento de las distintas tecnologías renovables basándose en la propia experiencia acumulada del IDAE —mucha, más que ningún otro experto en España—, aprovechando el
conocimiento profundo del sector que tienen los profesionales del IDAE, así como fuentes públicas, asociaciones, operadores, fabricantes, fuentes oficiales, y —como les decía— análisis de expertos independientes. Por lo tanto quiero decirles que si
confunden, confunden deliberadamente, sin ningún tipo de fundamento.


En septiembre del año 2013 el Consejo de Administración del IDAE resolvió la clasificación de todas las ofertas presentadas para recabar esa opinión adicional de expertos externos, y facultó al director general para formalizar el contrato
con dos consultores, «Boston Consulting Group» y «Roland Berger»; septiembre de 2013. En diciembre de 2013, cuando el trabajo realizado por el Minetur ya tiene un avance considerable, se firman los contratos con las consultoras, y se comparte con
ellas el desarrollo ya alcanzado del trabajo. Se comparte con ellas, porque este es un trabajo de contrastes; los criterios los elabora el ministerio. Desde esa fecha y durante todo el año 2014, un equipo de más de veinte expertos del IDAE, con
apoyo de su estructura administrativa, ha estado trabajando en el desarrollo de los estándares correspondientes. Señoría, funcionarios del IDAE. Se han mantenido distintas reuniones con los equipos de las dos consultoras mencionadas —claro que
hubo muchas reuniones— a fin de comprobar y evaluar el avance de sus trabajos. En esas reuniones se ha intercambiado y cotejado información a los efectos de llevar a cabo la labor de contraste pretendida y en junio del año 2014 se publica la orden
que establece los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de producción de energía renovable. Se trata de más de 1.400 estándares para recoger toda la casuística del sector renovable formado nada más y nada
menos que por 65.000 instalaciones. Por tanto, les pido —lo pueden hacer lógicamente— que no sigan confundiendo a la opinión pública, porque no tiene absolutamente nada que ver lo que ustedes plantean con la realidad de los hechos.


He creído entender a la señora Lucio —creo que fue un lapsus— que la prima de riesgo de España es igual que la de las economías africanas. Probablemente haya sido un lapsus o a lo mejor lo escribí mal. La prima de riesgo de España estaba a
639 puntos básicos a mitad de 2012 y ahora está por debajo de 100. Estoy seguro de que usted sabe, señora Lucio, que es probablemente de las cuestiones por las que mayor confianza y credibilidad hoy nos otorgan todos los inversores extranjeros y
organismos internacionales, justamente por haber sido capaces de disminuir el riesgo— país. (El señor Ruiz Llamas: No ha entendido lo que ha dicho). Ya sé que no les gusta que hable de la prima de riesgo, pero si me la nombran me gustaría que por
lo menos aceptaran mi opinión. (El señor Ruiz Llamas: Es que no lo ha entendido). Por lo menos que la aceptaran. Por lo menos. No se enfade, que yo he escuchado cosas que a lo mejor no me gustan, o me gustan más o menos, pero yo he aguantado
aquí. Yo le pido que haga más o menos lo mismo. Mire el señor Segura cómo aguanta. El señor Segura está muy tranquilo. Los canarios no nos alteramos, nos digan lo que nos digan.


Después hay otra cosa que dice la señora Lucio: Es que nos hemos cargado la marca España. ¿Usted habla en serio? ¿De verdad, usted dice esto en serio? (La señora Lucio Carrasco: Totalmente). Pues si lo dice en serio solamente le voy a
recordar dos cosas. Primero, a principios del año 2012, ¿sabe usted lo que decía el Fondo Monetario Internacional de la economía española? Que era la mayor amenaza para la recuperación económica no de Europa, del mundo. España. ¿Sabe usted lo
que en la última reunión del G-20, octubre de 2014, Brisbane (Australia), le dijeron al presidente Rajoy cuando lo presentaban para que hablara al G-20 de las reformas en España? ¿Sabe cómo lo presentaron? Como el artífice de la recuperación
económica en España, que estaba allí hablando al resto de los dirigentes porque España tenía una historia de éxito que contar. ¿Habla usted en serio de deterioro de la marca España? Yo he entendido que no habla en serio.


En cuanto a lo de Santa Coloma, quiero decirle que lo que se ha hecho literalmente ha sido cumplir la ley. La Unión Europea —esto responde a todas las señoras y señores diputados que han planteado esta cuestión— remitió carta de
emplazamiento sobre la posible falta de evaluación de impacto ambiental de la línea de 400 kilovoltios. Se contestó en septiembre de 2014 argumentando que se han cumplido todos los trámites preceptivos conforme a la legislación aplicable cuando los
proyectos obtuvieron autorización administrativa. Esta es la posición del Gobierno. Preguntaba su señoría si yo podía tomar una decisión sobre Santa Coloma de Gramenet sin haber estado nunca allí. Yo le contesto con dos cuestiones. Primero, si
cada responsable político nacional debiera visitar el municipio sobre el que toma una decisión para

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poder tomarla, sería imposible tomar ninguna decisión. Dicho lo cual, he estado en Santa Coloma de Gramenet hace muchos años, es verdad, y no me acuerdo prácticamente de nada (Risas), salvo de que tenía una iglesia extraordinaria con unas
vidrieras en la fachada interior que eran impresionantes. Esto es lo único de lo que me acuerdo, pero ciertamente creo que no ha influido en absoluto esa visita mía a Santa Coloma y la visita a la iglesia para la exposición que yo le he planteado,
que es la que los servicios del ministerio, lógicamente con la información disponible, me han trasladado.


Y ahora quiero ir a tratar las energías renovables —todavía estoy en el Grupo Parlamentario Socialista— tema que me han planteado con gran valor político e insisto en que les admiro, tanto a la señora Rodríguez como a la señora Lucio. Les
admiro porque teniendo en cuenta lo que ya sabemos que piensa el autor de la política energética del Partido Socialista, teniendo en cuenta lo que sabemos porque lo ha publicado de puño y letra y casi seguro que usted lo ha leído, estoy seguro de
que en materia de política energética seguirá usted lo que decía el anterior responsable. Usted se ríe, pero es un tema muy serio. No se tome personalmente lo que voy a decir ni leer, simplemente voy a leerlo. Permítame, eso sí, que tome
prestados determinados ejemplos, citando al anterior ministro.


El señor Sebastián, anterior ministro, ha publicado de su puño y letra que el anterior Gobierno socialista cometió muchos errores en materia de política energética –él se refiere solo a los errores de política energética, no entra en otros—
y señala cinco grandes errores. Dice el señor Sebastián: El Gobierno socialista, de 2008 a 2011, apostó desproporcionadamente por las ayudas a las energías renovables. Señora Lucio, ¿sigue pensando que nos hemos cargado las energías renovables o
le hace más caso al señor Sebastián cuando dice que el Gobierno anterior apostó desproporcionadamente por las energías renovables? No me haga caso a mí, pero le pido un poco de congruencia, hágale caso a su compañero de partido. Dice el anterior
ministro de Industria que se cometieron demasiados errores con las energías renovables en España: Las primas de la energía solar —señora Lucio y señora Rodríguez, estoy citando a su compañero— son en realidad una transferencia de rentas desde las
pymes a la industria hacia los terratenientes o financieros que desplegaron los huertos solares por toda España. Terratenientes y financieros. Esto es lo que dice el ministro responsable de energía del Partido Socialista sobre la política
energética de la que ahora parece ser que abominan. Fue así. ¡Ah, ¿que la siguen aceptando? Entonces estamos de acuerdo porque lo que hemos hecho es corregir aquello. Dice el anterior ministro socialista: Lógicamente, lo hicieron en aquellos
suelos que no valían para el desarrollo inmobiliario, lejos por tanto de los núcleos urbanos, aumentando el coste del transporte. Es decir, directamente una acusación de especulación. Como no se podía hacer en los suelos aptos para uso
inmobiliario, entonces en las afueras. Uno de los errores –alude, señora Lucio, su compañero de partido, ministro de Energía anterior— es no haber incluido el coste de estas energías en los Presupuestos Generales del Estado. Supongo que se refiere
al anterior Gobierno cuando está hablando de la política de aquellos años. Dice: La asunción de los incentivos a estas tecnologías por parte de la tarifa eléctrica y no de los presupuestos fue una de las dos grandes causas del déficit del sistema.
Ese por el que usted se preocupaba tanto. Y me dice usted: Es que usted le imputa todo el déficit a las energías renovables. Yo no, pero da la impresión de que alguien del Partido Socialista con importantes responsabilidades en política
energética sí lo ha hecho. Es verdad que no le gusta que se lo recuerde, pero ¿qué quiere que haga? Usted critica la política del Gobierno cuando justamente hemos arreglado ese desaguisado que ustedes nos dejaron y que está reconocido. ¡Es que se
lo estoy leyendo! ¿Que no le gusta que cite a su compañero? ¡Qué le vamos a hacer! Pero es que su compañero ha hecho autocrítica. ¿Cómo no la hacen ustedes? Sería lo mejor que podrían hacer, sobre todo reconociendo que los problemas están
reconducidos.


Habla de más errores. Y perdone que me extienda, pero es que como se extendieron tanto en el tema de energías renovables, estoy seguro de que les interesa mucho. La tercera equivocación cometida —dice el señor Sebastián— fue fijar de
antemano y a ciegas —es decir, un Gobierno que tomaba las decisiones a ciegas; pero no lo digo yo, lo dice un miembro de aquel Gobierno—, fijar a ciegas —dice— un precio en la prima, pero no acompañarlo de un límite a la cantidad, un tope a la
capacidad instalada. Es decir, está diciendo que hubo un error en no fijar un tope al desarrollo y a la instalación de energías renovables. El incentivo de la prima —sigue diciendo— fue demasiado alto. Señora Lucio, el incentivo de la prima fue
demasiado alto. Lo estoy repitiendo yo, pero no soy yo quien lo escribió; lo escribió el anterior ministro de Energía. Y dice el anterior ministro: Eso dio lugar a un importante aumento de la oferta de instalaciones, y eso fue lo que ocurrió en
2007 con el Real Decreto 661 de ese año. Señora Lucio, señora Rodríguez, el 661 es de 2007, no es ni de 2012 ni de 2013 ni de 2104 ni de 2015. Fue de 2007; fue un error reconocido, luego lo recondujeron pero ya era muy tarde. Sin embargo, aquí
hay un reconocimiento de responsabilidad y de

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culpa porque está hablando de que se tomaban las decisiones a ciegas solo en energía, no está hablando de otras cosas. En otros ámbitos también se tomaron a ciegas, pero aquí el señor Sebastián está hablando solo de energía. Y sigue el
señor Sebastián: Los objetivos del Plan de energías renovables de 2005 a 2010 eran instalar 480 megavatios de fotovoltaica, pero se produjo una avalancha. Señora Lucio, señora Rodríguez, una avalancha de renovables dice. Pero no lo digo yo; dice
que hubo una avalancha. No sé si ustedes comparten o no que hubo una avalancha, pero esto es lo que dice el anterior responsable de energía: una avalancha, de 480 a 3.000. Sí, ya sé que no les gusta que cite a su compañero, pero claro, cuando me
preguntan por estas cosas entienda que tengo que dar muchas explicaciones. (El señor Ruiz Llamas: Pero dé las suyas y no recurra a un ministro anterior; que dé las suyas sobre su política). ¿No quiere que dé explicaciones? (El señor Ruiz
Llamas: Hable sobre su política).


El señor PRESIDENTE: Por favor, no entren en diálogos directos. Estamos en intervenciones regladas. Por favor, no entren en diálogo directo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): No he interrumpido ni siquiera a quienes han intervenido. (El señor Ruiz Llamas: Tiene usted que hablar sobre su política).


El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Es que mi política es la que ha arreglado este desaguisado. (El señor Ruiz Llamas: Ya ha sido juzgado por las urnas).


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, perdone. (El señor Ruiz Llamas: Usted tiene que hablar de su política). Señor Ruiz, no me haga llamarle al orden. He dicho que todas las intervenciones han sido más duras o menos duras, incluso con
peticiones de dimisión del ministro. Se ha escuchado con absoluto silencio por el resto de los grupos parlamentarios. Si hay cosas que no le gusten no tiene más remedio que respetarlas y callarse. Por favor, no vuelva a intervenir mientras esté
hablando el ministro u otro grupo parlamentario porque tendré que llamarle al orden. (El señor Ruiz Llamas: Muy bien).


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Yo entiendo que a alguna de sus señorías no les guste que recuerde lo que hacía el anterior Gobierno. Entiendo que no les guste. (La señora Ortiz Castellví: Pero dé
explicaciones). Perdone, usted, señora Ortiz, déjeme intervenir. Yo no la he interrumpido y usted me ha dicho algunas cosas que me pueden gustar más o menos, pero déjeme intervenir si no le importa. Muchas gracias. Se lo agradezco mucho.


La burbuja fotovoltaica —continúo con el señor Sebastián— se produjo en la primavera del año 2008 ante las propias narices del Gobierno. Pero está expresión de las narices no es mía, es del señor Sebastián. Y fue alentada deslealmente
—dice— por los ayuntamientos y las comunidades autónomas —aquí hay una responsabilidad hacia las corporaciones locales y las autonomías—, que daban todo tipo de facilidades burocráticas, algunas apurando al máximo la legalidad. Esto era la política
energética del anterior Gobierno, que hemos arreglado, que hemos solucionado. Esta es la que hemos solucionado, justamente esta, de la que con buen criterio el anterior ministro dice: Nos hemos equivocado. Y yo estoy seguro de que ustedes también
lo piensan pero no lo pueden reconocer. El anterior ministro lo ha reconocido y lo ha escrito.


El señor Sebastián, además, dice: Estaba solo contra todos —esto ya en un Gobierno también es malo— argumentando que las tres regiones que recibían la generosa lluvia de primas… Fíjense ustedes cómo habla el anterior ministro de Energía,
tres regiones que recibían la generosa lluvia de primas —no lo digo yo, y se refiere a Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura— y —entre comillas— el señor Sebastián: … entonces eran gobernadas por el PSOE. Toda una pieza, toda una pieza de
reconocimiento de lo que fue la más nefasta política energética que nunca se haya hecho en España. Y ustedes, señora Rodríguez y señora Lucio, todavía vienen a decir que por qué hemos tomado estas medidas que bajan los precios, que garantizan la
sostenibilidad ambiental y que acaban con el déficit del sistema eléctrico para corregir todos estos desaguisados que su Gobierno, como con buen criterio reconoce el anterior ministro, llevó a cabo. Después dice algo más, claro. Dice: Y el
ministerio de Economía mirando para otro lado. Exactamente dice que se declaraba ajeno al problema. Imagínese usted lo que hubiese ocurrido si no hubiese habido una coordinación en toda la política reformista en este Gobierno, pues hubiese
ocurrido algo similar a lo que ocurrió con el Gobierno anterior.


Dice el señor Sebastián: Como consecuencia del Real Decreto 661, ese del año 2007, se instalaron en España 3.000 megavatios de paneles fotovoltaicos. Siete veces el objetivo, un despliegue mayor que

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el del resto del mundo en ese año, y ustedes, sin embargo, siguen aplaudiendo la política energética del Gobierno anterior y cuestionando esta que lo que ha hecho es, insisto, solucionar todos estos desajustes. Dice el anterior ministro:
Esos 3.000 megavatios iban a recibir 3.000 millones de euros en primas durante veinticinco años. La friolera de 3.000 millones en veinticinco años, 75.000 millones, a costa de la factura de la luz de los consumidores. ¡Y usted todavía se pregunta
por qué tomamos medidas dirigidas a modificar el sistema de incentivos a renovables!


Otro grave error de diseño –dice el señor Sebastián— fue el de remunerar la tecnología en función de las horas producidas sin un límite expreso, con lo que se llegaba a la paradoja económica de que cuanto más oferta mayor precio. Esto es
probablemente lo más importante de toda la autocrítica que hace el anterior ministro. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo que está diciendo es que como consecuencia de que las primas eran demasiado elevadas, por mucho que bajara el coste medio de
producción al meter mucho viento y mucha agua, eso nunca se traducía en un menor precio para el consumidor. Esto lo está diciendo el señor Sebastián, esto no es una «technicality», esto es simplemente evidencia empírica. ¿Qué es lo que ocurre
ahora? Como consecuencia de que los niveles de incentivos son menores, pero razonables, 7,5%, ahora en los meses que llueve y hace viento, ahí hay una repercusión directa en el coste de la energía y, por tanto, en la factura de la electricidad.


De verdad, me cuesta creer cómo todavía puede seguir pensando que lo que se ha hecho para corregir esos errores puede criticarse; de verdad, me cuesta, si hay un reconocimiento aquí. Le pido que en su próxima intervención reconozca por lo
menos la autocrítica que ha hecho el anterior ministro, porque es una enmienda a la totalidad de la política energética, es una enmienda a la totalidad. Pero ¿por qué no la comparte usted? Hay que tener también a veces valor político para eso.
Usted lo ha tenido hoy, mucho, hablando de las renovables, se lo he reconocido, pero también hay que tener valor político para hacer autocrítica. Yo le invito a usted a que el mismo valor que ha tenido para hablar de las renovables, después de lo
que le he leído, lo tenga también para decir: Yo me uno a la posición de mi compañero Miguel Sebastián. Porque supongo que para usted fue un gran ministro de Energía, esto lo supongo, ¿es así, no? (La señora Lucio Carrasco: Sí, es así) Tengo que
asumir que usted comparte todo esto. Me alegra, me alegra escucharlo.


Finalmente, porque no quiero ser exhaustivo con todas las cosas que dice el anterior ministro… (La señora Rodríguez García: Lleva cuarenta minutos, señor ministro). No quiero ser exhaustivo, pero sí quiero darles respuesta a todas las
cuestiones que han planteado. Lo dije desde el principio, creo que hay que responder diputado por diputado y diputada por diputada. Dice: Otro gran error fue no haber impedido la conversión de estos proyectos en un producto financiero de alta
rentabilidad garantizada. Un producto financiero fue lo que hicieron aquí, igual que era un producto financiero la subasta que hicieron en el 2009. ¿Por qué? Porque a las subastas iban fundamentalmente intermediarios financieros que decían: No
se preocupen, les garantizo para los próximos tres meses un precio; eso sí, a cambio nos llevamos al año una comisión de 350 millones. ¿Y quién paga eso? ¡Pues los consumidores! Siempre primando, siempre, a los intermediarios financieros;
siempre primando a los intermediarios financieros. Tenemos que agradecer que por lo menos el artífice de aquella política lo haya reconocido.


Se ha referido también su señoría, doña Pilar Lucio, a las subastas de interrumpibilidad. Hemos introducido un sistema para que, aparte de las grandes empresas electrointensivas, también puedan participar del mecanismo de la
interrumpibilidad otras empresas que no son tan grandes pero también son electrointensivas, y este mecanismo de la subasta lo ha garantizado. Dice que la empresa Alcoa estuvo a punto de cerrar y de hacer un ERE después de la primera subasta y que
menos mal que hicieron la segunda. No, mire, en la primera subasta la empresa Alcoa no pujó por otro tipo de razones, porque fíjese cómo cuando pujó en la segunda qué bien lo tuvo, mire qué bien lo tuvo, y así lo pusimos de manifiesto. Si después
la empresa —esta o cualquier otra— anuncia una toma de decisiones, es una cuestión de la empresa, pero lo que no se le puede imputar al Gobierno es que, como consecuencia del cambio del sistema, la empresa tomara o anunciara determinado tipo de
decisiones, porque fíjese bien usted cómo después, en la segunda subasta, que ya no había bloques de 90, fueron a los de 5 y les dio; y les dio. Por tanto, el sistema es competitivo, es transparente y mejora la distribución de la
interrumpibilidad. Un mecanismo de subasta, en este caso el que menos ofrezca más se lleva.


Paso a responder —les pido disculpas si se me ha quedado algo sin responder, creo que he sido bastante exhaustivo, pero si se me ha quedado algo les pido disculpas— a la señora Ortiz, de La Izquierda Plural. Dice, como resumen de su
intervención, que toda la política energética del Gobierno es ideológica y yo a la única que le he escuchado hacer ideología aquí con la política energética ha sido a usted; bueno,

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la única no, pero también a usted. Solo hace ideología. Usted se opone a la energía nuclear por argumentos puramente ideológicos, absolutamente ideológicos. No ha dado ni un solo argumento sólido y no es que no los haya dado hoy, que no
los ha dado, sino que en los tres años de esta legislatura —me dice que se va hoy y siento que se vaya no solo porque se vaya sino porque se va a ir sin darme un solo argumento, ni un solo argumento—, usted sí que ha hecho política ideológica; es
más, solo hace ideología. Cuando habla de energía se va a estos —perdonen por la expresión— mantras que hay: la democratización de la energía. ¿Pero de qué me está hablando si lo de la energía es un «input» fundamental para la vida, para las
empresas, para la industria? Lo que hay que hacer es tener una energía más segura. Seguridad en el abastecimiento, seguridad, seguridad, señora Ortiz; equilibrio en el «mix», señora Ortiz; sostenibilidad, sostenibilidad medioambiental. No se
preocupe, en relación con los objetivos del año 2020 España está por encima de lo que correspondería hoy, en el 2015. No se preocupe de eso. ¿Pero qué es esa broma —perdón por la expresión—, esto que he escuchado aquí de que ya no hay inversores
interesados en energías renovables en España? ¿Pero cómo que no hay inversores si están viniendo a invertir en renovables? Otra cosa es que usted me diga: No, lo que ya no hay son pequeños inversores. Todos esos a los que el señor Sebastián se
refiere diciendo que fueron engañados por quienes hicieron la inversión en primera instancia y después fueron pasando de manos las instalaciones. Para eso ya no, señora Ortiz, para eso ya no. Es que los primeros que se metieron aquí se metieron
con el 20% y a mí me parece una inmoralidad que por un negocio se pague el 20% garantizado por una ley, me parece una inmoralidad. (La señora Lucio Carrasco: ¡Es falso!) Y que se haya terminado con eso, se haya arreglado el déficit y encima se
cuestione, ¡qué quiere usted que le diga! ¿O les parece poco una rentabilidad razonable del 7,5% para las renovables en la cogeneración de residuos? ¿Hay alguien que conozca alguna actividad en el mundo, de cualquier sector, en cualquier país del
mundo, que en un negocio privado le garanticen el 7,5 de rentabilidad por ley? ¿Hay alguien que conozca eso? (La señora Ortiz Castellví: Sí, Red Eléctrica.— Rumores). Por tanto, señora Ortiz, lamento decirle que lo único que le he escuchado son
argumentos puramente ideológicos. Ni una sola, pero ni una sola… Dice usted que el interés…, que yo legislo para las compañías eléctricas. Eso, si me permite, ya es faltar al raciocinio, permítame que se lo diga. ¿Usted cree que si un Gobierno
negociara para un sector ese sector recurriría absolutamente todas las decisiones tomadas por ese Gobierno? Es decir, estamos legislando para ese sector, adoptamos medidas y el sector las recurre todas porque le gustan tanto, tanto, tanto le gustan
esas medidas, que las recurre. ¿Para qué, a ver si las mejoramos, para eso las recurren, para ver si las mejoramos todavía más? Es que no tiene sentido común, señora Ortiz. Eso es pura ideología, insisto, pura ideología. No tiene ningún
argumento, no los ha utilizado, pero permítame que le diga que no le he escuchado un argumento nunca en tres años. Usted viene aquí, se lee el papel que le han preparado… Porque esa es otra. (Rumores.— La señora Ortiz Castellví: No, no. ¡No, ya
está bien!) (Muestra unos papeles manuscritos). Yo me traigo mi moleskine, yo mi moleskine. (La señora Ortiz Castellví: Vale ya de arrogancia). No, no, perdone usted. Yo a las descalificaciones nunca entro.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, señora Ortiz.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): No entro nunca en las descalificaciones. ¿Sabe por qué? (La señora Ortiz Castellví: Eso es una falta de respeto, señor ministro. —El señor Ruiz Llamas: Es una falta de
categoría). Porque al final yo creo que las descalificaciones descalifican a quienes las hacen. (La señora Ortiz Castellví: Responda a las preguntas, es lo que tiene que hacer aquí, rendir cuentas.— Un señor diputado: Le pediste la dimisión.
¿Qué esperabas?.— La señora Ortiz Castellví: Usted está descalificándome a mí. Yo le pedí la dimisión).


El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, por favor. Ruego silencio. Señor ministro, no entre en valoraciones. (La señora Ortiz Castellví: Pedir la dimisión no es descalificar personalmente. No está respondiendo). Señora Ortiz, le he pedido
al ministro que no haga valoraciones del tipo que acaba de hacerlas sobre el escrito. Vamos a continuar esta comparecencia en silencio y escuchando. (La señora Ortiz Castellví: Responda a las preguntas, que para eso estamos en una sesión de
control. —El señor Ruiz Llamas: Por favor, responda y no descalifique). Vamos a continuar la sesión en silencio, por favor. Luego tendrán un turno de intervención otra vez los portavoces.

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El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Retiro la valoración que he hecho sobre el escrito que ha leído pero también le insisto en que yo…(La señora Ortiz Castellví: Yo no he leído ningún escrito, lo he preparado
yo. —Rumores). Retiro la valoración que he hecho pero no voy a entrar en las descalificaciones, no voy a entrar porque no es mi estilo. (La señora Ortiz Castellví: Responda).


Dice la señora Ortiz que las subastas eran malas, negativas, que afectan negativamente a la industria… Me remito a la explicación que ya he dado con anterioridad. El sistema de subastas es un sistema transparente, que entiendo que a usted
no le guste; es un sistema competitivo, que entiendo que no le guste; es un sistema que permite entrar a empresas grandes y menos grandes, que entiendo que no le guste y usted pretenda que solo entren las muy grandes. Pero el Gobierno tiene otro
criterio, que es distinto al suyo, y es que puedan entrar electrointensivas que sean de un tamaño medio o incluso pequeño. Una cosa que sí le tengo que agradecer es que haya reconocido que la factura de la electricidad a veces ahora baja. Eso he
creído entender y lo he apuntado. Pero le voy a decir por qué baja, porque ahora sí, cuando hay agua o hay más viento, ahora sí que hay una repercusión directa en la factura de la electricidad. ¿Por qué? Porque se ha conseguido bajar los
incentivos a las renovables y al final los altos niveles a las renovables que había con anterioridad que compensaban la bajada en el coste de producción ya no tienen ese efecto y esa es la razón por la cual usted con muy buen criterio reconoce que
en ocasiones baja la factura de la electricidad.


En cuanto al autoconsumo, otro mantra, la privatización del sol. Todas estas cosas suenan muy bonitas. Dicen que queremos privatizar el sol. Vamos a ver, ¿saben en qué consiste el autoconsumo? En que si usted quiere ponerse una placa
solar en su casa no haga que el resto de los que estamos aquí le paguemos los peajes. Es tan sencillo como eso. Y si usted me dice: ¿Por qué no dejamos el autoconsumo como está. Es la primera vez que se ha regulado en España. Es la primera vez,
en la Ley del Sector Eléctrico, que lo hemos aprobado en esta legislatura y pronto se regulará a través de real decreto.


Usted plantea también la energía nuclear en términos ideológicos y se pregunta a quién le interesa. ¿Por qué no lo hace al contrario: ¿Por qué no se pregunta a quién no le interesa? No les interesa a quienes solo tienen argumentos
ideológicos para oponerse a la energía nuclear porque, que yo sepa, no hay una sola decisión, ni en España ni en ningún otro país del mundo, que en materia de energía nuclear se tome en contra de lo que dice el organismo correspondiente encargado de
la seguridad nuclear, en España, el Consejo de Seguridad Nuclear. No conozco donde suceda esto en ningún país del mundo. Y si a usted le molesta que el Gobierno se deje llevar por los criterios y los informes del Consejo de Seguridad Nuclear, ese
es otro problema. En esta materia el Gobierno va a seguir prestando atención a esos informes, y no nos vamos a salir de ellos. Su señoría dice que lo que hacemos en el Gobierno es reducir los impuestos a las centrales nucleares. Tengo que
concluir que no se ha leído la reforma energética y no ha visto que en la Ley 15/2012 está la creación de determinados tributos, entre ellos uno que no existía para gravar los residuos nucleares.


En cuanto a la ATC, me pedía que dijera que no lo voy a hacer. Es lo que creo haber interpretado. Diga lo que diga el Consejo de Seguridad, por favor, diga que no lo va a hacer. Repito que el ministerio se guíe más por los criterios del
Consejo de Seguridad que por aquello que usted pueda sugerir aquí, entre otros motivos porque en el citado Consejo de Seguridad están los mejores expertos en esta materia de toda España. No dudo de que usted sea también una gran experta, pero hasta
ahora no lo ha demostrado, porque viene aquí esgrimiendo solo argumentos ideológicos sobre la energía nuclear, y no mencionemos los argumentos respecto a la fracturación hidráulica. De nuevo, pontifica. La mayor revolución que se ha producido en
el mundo en los últimos diez años en materia energética es justamente la que viene de la fracturación hidráulica.


¿A qué cree usted que se debe que el precio del petróleo haya bajado desde 115 dólares en junio del año pasado a 50 dólares en el mes de enero? ¿Cree usted que de repente se pusieron de acuerdo los grandes productores y dijeron: Vamos a
bajar a 48 dólares porque estamos mejor vendiendo a 48 que a 115 dólares? No. Esto ha sido una respuesta directa al aumento de producción, utilizando la fracturación hidráulica, tanto de gas como de petróleo. La fracturación hidráulica ha
permitido que la primera economía del mundo, es decir, Estados Unidos, haya podido plantear una independencia en gas y en petróleo de aquí a pocos años, hecho que ha permitido que Estados Unidos esté en un proceso de relocalización de industria
porque el gas en ese país cuesta 3,5 dólares; cuando es tres o cuatro veces más caro en Europa. Ha habido también supuestos de deslocalización desde Europa hacia Estados Unidos.

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En relación con las prospecciones en el Golfo de León, dice S.S. que el Gobierno está en fraude de ley. Lo afirma usted, pero yo le digo exactamente lo contrario: Lo único que hace el Gobierno es actuar dentro de la ley. Si usted tiene
alguna duda, cuando alguien actúa en fraude de ley, el ámbito en el que estamos es otro. Repito que el Gobierno actúa absolutamente dentro de la ley, absolutamente con los informes de la Dirección General de Política Energética y Minas. Respecto a
las prospecciones que se hacen en esa ubicación, me remito a lo que señalé en la primera intervención.


Por lo que se refiere a Castor, dice que ha habido mucha diligencia en las indemnizaciones. ¿Sabe S.S. en lo único que hubo diligencia? En frenar las inyecciones de gas cuando los movimientos sísmicos subieron de un determinado nivel en
la escala Richter Y eso ocurrió en septiembre de 2013. Ahí hubo diligencia. En todo lo demás, lo que decían el Real Decreto de año 2008 y la orden ministerial de ese mismo año. ¿Usted me pide que incumpla ese real decreto?, Contesto que no. Es
verdad que el real decreto no lo aprobó este gobierno, sino otro, pero ese real decreto vincula a cualquier gobierno. Me remito también a lo que dije sobre esta materia en mi primera intervención. Y sobre los estándares, lo doy por respondido con
la contestación que di con anterioridad a la señora representante del Grupo Parlamentario Socialista.


Por el Grupo Mixto, doña Rosana Pérez, suscita en primer lugar el tema de la interrumpibilidad de Alcoa. Me he referido anteriormente a ello, por lo que no voy a insistir. Sobre los estándares, lo mismo.


Respecto a la intervención del señor Errekondo, el Gobierno actúa siempre en base al interés general. No existe otro tipo de interés. Le puede a usted gustar más o menos, pero actúa siempre en base al interés general. Ha hablado de los
costes de transición a la competencia y en relación con el regalo, se refirió a los 3.400 millones de euros. La posición del Gobierno en una Comisión en este mismo Congreso de los Diputados quedó meridianamente clara, pero los tribunales han
fallado otra cosa. Posición del Gobierno: respeto absoluto a las decisiones de los tribunales.


Garoña. La posición del Gobierno en Garoña es hacer aquello que el Consejo de Seguridad Nuclear le permita para ampliar su vida útil. ¿El Gobierno es partidario de ampliar la vida útil? En el caso de que se cumplan todos los requisitos y
prescripciones que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear, sí. En el caso de que no se cumplan, no. Respecto a la visita de Garoña que quiere hacer esta Comisión, y a la que este ministro, según le escuche se opone he de afirmar que me acabo
de enterar esta tarde de que esta Comisión quiere visitar Santa María de Garoña. No sé si usted me estaba pidiendo una gestión, repito que me acabo de enterar esta tarde. El ministerio no tiene nada que ver al respecto. Es el Consejo de Seguridad
Nuclear. Le pido a la Comisión, a su presidente, que se dirija directamente al consejo, por lo que se refiere a la fracturación hidráulica, me remito a lo que he afirmado anteriormente.


Doña Teresa Jordà —no está ya presente— se refirió a Santa Coloma de Gramanet, tema tratado con anterioridad, al igual que sucede con los estándares.


Señor Baldoví, en cuanto a las prospecciones en el Golfo de León, me remito literalmente a lo que dije en la primera intervención. Reitero que en esta legislatura al menos el ministerio no ha hecho ni una sola autorización de prospección
contraria a la ley; ninguna. Siempre ha estado avalado por informes. Me pregunta si pienso seguir autorizando sondeos. Si los piden, se solicitan los informes y son conformes a derecho, no le quepa la menor duda. ¿Piensa el Gobierno prohibir
los sondeos de gas y petróleo en España? Este Gobierno, no. Creo que ningún otro los va a prohibir. Desde luego, no los vamos a prohibir. ¿Por qué? Porque estamos gastando al año más de 35.000 millones de euros en la factura de hidrocarburos;
repito, más de 35.000 millones de euros. Es una buena causa para saber si al igual que en otros países Venezuela, Bolivia, Argentina, México, Estados Unidos; Italia, Reino Unido o Noruega en Europa, tenemos o no hidrocarburos. Lo del ATC, lo
dicho en las otras intervenciones, y lo del «fracking», también.


Al portavoz del Grupo Vasco PNV, señor Azpiazu, ya le he contestado en lo relativo a Garoña. En cuanto al dividendo digital, es un tema que no figura en las comparecencias, pero ya que lo plantea, es una buena oportunidad para tratarlo.
Estamos a 25 de marzo y el 31 de este mes vence el plazo que en prórroga ha dado el Gobierno para proceder a la reantenización necesaria para seguir viendo a partir del 1 de abril el cien por cien de los canales. De acuerdo con la información que
nos ha suministrado la asociación de antenistas de España, el 31 de marzo va a haber algo más del 98% ya reantenizado; el porcentaje restante que no lo esté, ninguno se va a ir a negro. La mayor parte de los canales se van a seguir viendo lo que
pasa es que para poder ver el cien por cien van a tener que reantenizar. Para eso son las ayudas del Gobierno, los 280 millones —que tampoco estaban previstos, lo hizo este Gobierno—; a los que se va a poder de acudir hasta el 30 de junio de este
año. Usted me pregunta si a la luz de la situación que ha planteado con Euskal Telebista sería posible otorgar otra prórroga más. No, no es posible,

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ni individualmente considerado ni globalmente considerado. ¿Por qué? Porque ya vamos con retraso. ¿Por qué vamos con retraso? Porque el plazo era el 1 de enero de 2014; nos dieron otro año, 1 de enero de 2015. Dimos una prórroga de
tres meses. Todas esas prórrogas para reantenizar suponen retrasos en el desarrollo de la tecnología de la 4G, y eso nos resta competitividad en nuestra economía. Lamento decírselo. En todo caso, me ha planteado que ETB o el Gobierno vasco
quieren hablar con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Estoy encantado, pero tenemos que cumplir el compromiso de la Unión Europea.


Por último, me quiero referir a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Ha hecho referencia a la crítica de que el Gobierno ayuda a las grandes empresas. Sucede exactamente lo contrario. Estoy de acuerdo con usted.
Si esa fuera la posición del Gobierno, no entendería cómo los grandes operadores del sector eléctrico recurren absolutamente todo lo que el Gobierno aprueba. También ha señalado algunas descalificaciones o calificativos que se han utilizado. No
voy a entrar en ello porque no es objeto del debate. Puedo decir cosas que les gusten más o menos, pero lo hago con mucho respeto, sin calificar. Si en las intervenciones me invitan a hablar —como ha sido el caso del Grupo Parlamentario
Socialista— y extenderme en la política de energías renovables, entenderán que no puedo, no debo, ni quiero desaprovechar esa oportunidad que me brindan, porque es muy bueno hacer pedagogía con lo que el anterior ministro de Energía piensa al
respecto.


En cuanto a la indemnización por Castor, comparto plenamente lo que usted ha dicho: Aquí se ha hecho lo que establece el Real Decreto de 2008. Nos guste más o menos. Ese no es el planteamiento. El Gobierno tiene que cumplir la legalidad
vigente. Agradezco mucho la pedagogía que ha hecho en relación con el futuro de los fósiles dentro del mix energético, porque llevamos no sé cuántos años afirmando que dentro de treinta años ya no habrá combustibles fósiles. A medida que va
avanzando el estado de la ciencia y la tecnología, mire lo que está pasando con toda la revolución del shale gas y del shale oil. Comparto plenamente lo que afirma respecto al backup y a las energías renovables. Cuanto más energías renovables, más
backup tiene que haber. También es muy importante el tema de las interconexiones. En la Cumbre de Madrid, y que se celebró hace pocas semanas, con las intervenciones del presidente Hollande; del primer ministro, Passos Coelho; donde estuvo el
presidente Juncker y el Banco Europeo de Inversiones; como digo, la citada cumbre convocada por el presidente Rajoy, es en materia de interconexiones el paso más grande que se ha dado a lo largo de los últimos veinte años. Hay que poner en valor
esto con la reciente inauguración de la interconexión entre Baixas y Santa Llogaia, que ha doblado la capacidad de interconexión.


En cuanto al fracking, reconozco que no soy un experto en morfología del terreno. Desconocía que en esta Comisión hubiese algún diputado o diputada. Desde luego, todas las decisiones que tomo en esta materia las tomo basándome en los
informes de los servicios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Me han pedido la palabra algunos de los portavoces. Señora Rodríguez, tiene dos minutos.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señor ministro, creo que usted no ha entendido nada. El comunicado que emitió la empresa –en el que usted dice que lo que promueven es el cierre— señala que no les queda más remedio que ir al cierre como
consecuencia de las decisiones de su Gobierno, expresamente; así se explica en el comunicado de la empresa. (Muestra un documento). Pero lo que yo le estoy diciendo no es solo lo que dice la empresa, sino lo que dice la ciudad, lo que dicen los
trabajadores, y lo que decimos también desde el Grupo Socialista. No se trata de buscar soluciones al cierre del Cogas, que es lo que está ofreciendo hoy aquí. Se trata de buscar soluciones a su viabilidad y a su futuro, para dar futuro también a
la ciudad de Puertollano. Esto es lo único que esta diputada le está pidiendo; es lo que le pedimos también los 12.000 vecinos de Puertollano, que salimos hace algunos meses a la calle para solicitar la actuación de su Gobierno.


Me ha acusado de utilizar un procedimiento que no se ajusta a la legalidad. Nada más lejos de mi intención. Utilizamos todos los procedimientos adecuados legislativamente. De hecho, no sé si leyó las enmiendas que este grupo parlamentario
presentó a los proyectos de ley que se debatieron en esta Cámara. Concretamente en el último, en la Ley del Sector Energético, presentamos una enmienda para evitar lo que hoy está sucediendo con el Cogas, y usted y su grupo parlamentario hicieron
caso omiso. Así que el procedimiento, el exacto, el que hay que tratar en los trámites parlamentarios, la enmienda; una

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enmienda que fue rechazada por su mayoría absoluta. Insisto, futuro y viabilidad, no acabar con el Cogas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, tiene dos minutos.


La señora LUCIO CARRASCO: Señor ministro he escuchado leer el artículo, que ha reproducido fielmente en esta sede parlamentaria, tres veces a usted, una vez a Rajoy y otra a la ministra de Agricultura. Me encanta que le inspire tanto un
exministro socialista, pero estamos aquí para que dé explicaciones de su gestión, no para hacer un comentario de texto sobre un artículo de un profesor universitario. Ya que estamos haciendo comentarios de texto, también me va a permitir que haga
otro acerca de sus declaraciones.


Usted ha hecho unas declaraciones relativas a los informes que hemos tratado hoy, declaraciones del 20 de septiembre de 2013, cuando fue usted preguntado en el Consejo de Ministros respecto a cuándo van a estar preparados los informes. Dice
S.S. que a partir de esos informes se va a fijar la retribución razonable y que, muy probablemente, estarán en la primera quincena de noviembre, de tal forma que dé tiempo a que, una vez hayan sido estimados, se pueda establecer, a partir del 1 de
enero de 2014, esa retribución razonable sobre esos estándares de coste. Eso lo dijo usted en la rueda de prensa. Es decir, sí encargó esos informes para establecer esa retribución razonable. Sin embargo, el 13 de marzo de 2015, usted mismo
manifiesta que los estándares de las renovables se han elaborado exclusivamente por los servicios del ministerio y que no se ha encargado a ninguna empresa externa la elaboración de los mismos. Señor Soria, parece que usted se equivoca.


Son muchos los temas que ha tratado. Estamos en desigualdad de condiciones y no podemos responder a todo, pero le diré algunas cuestiones. Nuestras empresas no son competitivas por la factura de la luz. Si usted dice que somos
competitivos, no tiene nada que ver con eso. Tendrá que ver más con el precio del euro que con la factura de la luz. Pregúntele usted a cualquier empresa lo que esto significa para su viabilidad. Pregúntele, porque yo creo que no pregunta.


Afirma S.S. que el precio de la energía en el mes de marzo bajó porque había sido un mes ventoso. Por fin reconoce que las energías renovables hacen que la factura de la luz sea más barata. El nuevo sistema de retribución, el que usted ha
aprobado, disminuye el efecto sobre el precio. En febrero de 2015, con la fuerte participación de las renovables, estuvo en torno a 20 euros, y en este año está en 40 euros, fruto de su reforma.


Son muchas las cuestiones que usted ha tratado, pero veo que no acepta las críticas desde la razón y utiliza argumentos que van directamente enfocados a debilitar al contrario en lugar de argumentar. Ha tenido muchas posibilidades de
argumentar, pero se ha dedicado a otra cosa.


El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Lamento mucho que esta comparecencia no haya sido una sesión de control al Gobierno, que es lo que debería ser. Es de las cuestiones más lamentables de este Congreso, que cuando se carece de argumentos se recurre
al: «y tú más». En el caso de esta diputada, como no tiene un ministro Sebastián, le dice que no ha dado un argumento en toda la legislatura. No voy a discutir al respecto. Para eso están «Diario de Sesiones».


¿Hago ideología? Seguramente. Todos tenemos nuestros principios y por eso hacemos política. Pero cuando le hablo de seguridad, de salud, de medio ambiente, de cambio climático, de autonomía o soberanía energética, esos son argumentos.
Usted a lo mejor no los quiere escuchar, pero son argumentos. También le he dado argumentos económicos, de dependencia energética del exterior, del impacto sobre los puestos de trabajo, del impacto financiero en este sector, de lo que está haciendo
usted con las energías renovables, del impacto sobre las inversiones… ¿Cómo puede decir que vienen a invertir? En 2012, una caída del 68% de la inversión en renovables; en 2013, del 63% respecto al año anterior. Se están hundiendo las energías
renovables, y eso sí ha sido una posición del Gobierno. Usted ha librado una auténtica cruzada y lo que le decimos que es ideológico —a lo mejor le podemos llamar corporativismo de amiguetes, porque eso es lo que ha hecho— ha sido decidir en contra
de inversores que no son las grandes, que no son Iberdrola, Endesa ni Gas Natural. Cuando le hablo de democracia en el sector energético, es un bien básico para la vida de cualquier persona y para la sociedad. Si tenemos un sector, como el de la
energía, controlado por tres gigantes, como el actual, que controlan el 80% del mercado, ni

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democracia ni capacidad de decidir ni capacidad de decidir desde el Gobierno, que es lo que está pasando, que tenemos gobiernos secuestrados por las grandes corporaciones.


El autoconsumo es una oportunidad de descentralizar el modelo de producción, también de reducir los costes de transporte y de las redes, como decía el portavoz del Partido Popular. Eso es una oportunidad, pero ustedes ponen peajes no solo
para la energía consumida en la red, sino para la que se vierte a la red, y tratan de manera discriminatoria. De eso es de lo que hablamos. Usted no ha respondido a ninguna de las preguntas que le he hecho. Ha dicho más de diez veces que no tengo
argumentos, pero lo que usted no tiene son respuestas. Me parece lamentable es que, ante un caso tan opaco y tan negro como el de los informes, diga que los informes los hace el Gobierno. Era usted quien se amparaba en eso, porque usted ahora está
solo a nivel internacional lidiando con centenares de abogados que quieren denunciar a España por lo que ha hecho con las energías renovables. Si se pierden esos juicios lo pagaremos entre todos. Usted se amparaba en unos informes que ahora no
podemos ver o que no existen, que se convocaron por urgencia porque los querían en seis semanas. ¿Y ahora dice que han estado trabajando durante meses con las consultoras? ¿Por qué fue un dedazo esa adjudicación, si no era de urgencia?


Señor ministro, tiene muchas explicaciones que dar. Puede estar aquí hablando durante horas sobre ministros anteriores o sobre la incapacidad de los que estamos aquí, pero es un fraude democrático venir aquí a hacer lo que ha hecho hoy.
Por eso me reitero. Pedir la dimisión no es una descalificación personal. Pedir la dimisión es mi responsabilidad política ante lo que acaba de hacer el señor ministro y lo que lleva haciendo durante tres años y medio. Yo creo que eso no merece
que sea respondido en términos personales o de agresión. En política eso lo deberíamos ir aprendiendo todos. Todos leemos. Cada uno lee los informes que tiene y los que quiere. Seguramente ese es el problema que tiene este Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Señor Errekondo, un minuto.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Estamos acostumbrados a que el Gobierno no responda las preguntas que se le dirigen, tanto las escritas como las comparecencias. Pero me ha extrañado, dado que usted ha hecho un gran alarde de capacidad de
tomar esos apuntes y responder a algunos de ellos con mucho detalle. Estoy convencido de que usted lee mucho, al igual que el resto de diputados. Usted ha sido siempre un buen alumno, pero incluso a los mejores alumnos los profesores alguna vez
han tenido que repetirles las lecciones o las preguntas. Yo voy a repetirle alguna de las preguntas que usted ha obviado o no ha respondido, para ver si en la segunda oportunidad tenemos más suerte. ¿Cuántas grietas se han detectado en la vasija
de Garoña? Es una respuesta muy sencilla y creo que usted la tiene. Alguna otra pregunta. Sobre el terremoto de Ossa de Montiel no ha dado ninguna explicación. Es muy importante que sepamos si es debido al fracking o si se han llevado a cabo
sondeos, si usted puede garantizar que no se han efectuado esos sondeos de fracking o si su política es compatible con las directrices que se van a marcar, que se han adelantado en la COP 21 de París. Finalmente, si con la responsabilidad civil que
se va a imponer a esas empresas que van a explotar los pozos de fracking se puede garantizar las consecuencias que todos sabemos que tiene una actuación tan agresiva como el fracking.


El señor PRESIDENTE: Señora Pérez Fernández.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Solo un minuto, señor presidente.


Señor ministro, primera cuestión, interrumpibilidad. Olvídese de Alcoa. Creo que está obsesionado con Alcoa. Con Alcoa estamos obsesionados precisamente los territorios que tenemos en nuestro caso a más de 400 trabajadores pendiendo de la
espada de Damocles de este ministerio. Le he preguntado qué piensa hacer en el mes de noviembre con el actual sistema y nos vuelve a poner en el mismo punto en el que estamos, no solo con Alcoa. He citado Alcoa, pero hay muchas otras empresas.


Segunda cuestión, la orden de los estándares. Ha sido usted —siento no haber traído las declaraciones recogidas en prensa—, el que ha declarado que estaba pendiente de informes de consultoras externas. Ahora se tiene que desdecir porque,
efectivamente, desde el ministerio tiene que hacer frente a un montón de pleitos y de recursos que han presentado las empresas. Por último, hay una cuestión en la que usted y yo no nos entendemos. Nunca me la contesta a la primera, en el Pleno
hizo lo mismo. Quiero que me responda qué opina de las tarifas diferenciadas. Quiero que me diga si un territorio excedentario en energía como Galicia —se lo vuelvo a repetir—, que exporta energía, que ha sufrido costes ambientales gravísimos con
embalses, con hidroeléctricas y costes sociales, no tiene derecho a que su energía sea

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más barata. No es una quimera lo que le estoy diciendo. Usted sabe que esto existe en otros países europeos; no africanos, europeos. Me gustaría que me respondiese.


El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: También intervendré muy brevemente.


Señor ministro, ha estado hablando de lo bien que lo estaban haciendo, de que todo estaba bajando. Yo le he hecho alguna vez esta pregunta y me gustaría que nos la respondiera. En el famoso déficit de tarifa, ¿cuando, de una puñetera vez,
se va a hacer una auditoría de los costes del sistema eléctrico? ¿O nos vamos a creer siempre lo que nos digan las empresas que son los costes? Usted, que tiene un personal tan cualificado que es el que ha hecho el decreto de las renovables,
¿cuándo va a hacer realmente una auditoría del coste eléctrico? Otra pregunta muy simple. Ha hablado de autoconsumo, ha dicho que no tiene por qué pagárnoslo. ¿Lo va a regular en esta legislatura, sí o no? ¿Va a haber decreto de aquí a
noviembre, sí o no? Ha insistido en todas sus intervenciones en lo bien que lo están haciendo porque ha bajado el coste de la luz, pero yo le digo que mi familia, una familia tipo, nunca ha pagado el recibo de la luz tan caro como este mes. No sé
cómo puede pasar que usted diga que baja el coste de la luz y el recibo que pagamos los ciudadanos sea mayor.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, ¿va a hacer uso de la palabra?


El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente también, señor presidente.


Señor ministro, reconozco que me hubiera gustado oírle otra respuesta, una respuesta afirmativa, y que dentro de dos meses, el plazo que le solicitaba para la prórroga, todos los ciudadanos y ciudadanas en Euskadi pudiéramos ver sin cortes
la ETB. Creo que es el derecho de la gente y creo que también es posible. Lo siento políticamente y lo siento como un ciudadano, dado que soy uno de los afectados por esta no prórroga. Le agradezco su ofrecimiento y trasladaré su respuesta a los
responsables de la ETB para que se pongan en contacto con su ministerio a la espera de que a través de las conversaciones técnicas sea posible una solución aceptable.


El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Lamento no haber sido lo suficientemente claro en mi intervención y voy a intentarlo de nuevo. En asuntos relacionados con la energía, establecer prejuicios y vincular tecnologías a ideologías políticas es un
error. Así lo creo y lo he creído el tiempo que llevo trabajando en este sector. En segundo lugar, señora Lucio, el hecho de que hayamos cambiado el sistema de regulación para las energías renovables en España posibilita que tengamos menores
costes en el sistema, menos vulnerabilidad, menos dependencia y que cada vez que se activan las palas de un generador, o se enciende la fotovoltaica, o tenemos mayor capacidad termosolar, el coste de la tarifa para todos los españoles es menor,
cuestión que no ocurría antes. Esto, unido al incremento de las interconexiones propiciadas por el Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre y la Cumbre de Madrid de 4 de marzo, hacen que año a año vayamos reduciendo los costes de la tarifa y
contribuyamos con ello a reducir el coste para las familias españolas y mejorar la competitividad de las empresas.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro, para contestar las cuestiones planteadas.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Gracias a las señoras y a los señores portavoces. Voy a seguir sin entrar en descalificaciones porque, como decía antes, las descalificaciones descalifican a quienes las
hacen.


El Cogag. Dice usted, señora Rodríguez, que no lo he entendido. No. Es exactamente al contrario. Usted lo que no ha entendido es que el Cogag, no el ministerio, el Cogag, la empresa, ha planteado una solicitud de cierre. Eso lo ha hecho
el Cogag. Después, lo que ha planteado es: Deme más plazo para poder aportar más documentación. (Denegaciones). ¿Cómo dice que no? Es así, señora Rodríguez. No niegue la evidencia. Usted me enseña un papel que niega la evidencia. Lo que ha
hecho el ministerio es decirle: No, el plazo que nos ha pedido no, le vamos a dar más. Eso es exactamente lo que ha hecho el ministerio. Y usted dice: ¿por qué no aceptaron la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que daba una solución?
Muy sencillo, porque las soluciones que dan ustedes siempre es que todos paguemos en el sistema. Uno de los grandes problemas de esta legislatura en el sistema energético ha sido que hemos

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tenido que disminuir los costes de todas las actividades reguladas porque eso va directamente, señora Rodríguez, a la factura, aunque usted no crea que sea así. Créame, es así. Si usted resulta que plantea una solución… (La señora
Rodríguez García: Señor ministro, me está interpretando).


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, por favor.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Solo pido, señor presidente, que el ministro no interprete lo que yo quiero decir. Yo tengo muy claro lo que he dicho y no hace falta que me interprete.


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, usted tiene su turno. Saben perfectamente cómo se lleva el debate. Hay que escuchar lo que dicen.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Es que el ministro está interpretando lo que yo digo.


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, hay cuestiones que se han dicho aquí que todos, incluso los afectados, lo han escuchado con absoluto respeto, incluso que alguien se pueda ir después a una empresa eléctrica e insinuaciones por el
estilo. El grado de susceptibilidad no le permite hacer uso de la palabra fuera del turno que tiene. Por lo tanto, le ruego que siga escuchando con respeto todo lo que se dice.


La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Solamente solicito su amparo, presidente, porque está interpretando mis palabras. Mis palabras las he dicho yo.


El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez, usted puede interpretar lo que quiera y las medidas del ministerio, y el ministerio puede interpretar lo contrario. Para eso está reglado el turno y el debate. Por favor, vamos a terminar la sesión,
que usted conoce perfectamente cómo es un sistema de debate como este.


Puede continuar, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): No podemos admitir ninguna solución que pase por incrementar los costes del sistema. Vamos a recabar toda la información, señora Rodríguez; vamos a recabar toda la
documentación adicional que quiera aportar la empresa. Por eso hemos dado más, no menos; hemos dado más. Una vez que tengamos toda la documentación, entonces y solo entonces, habrá una respuesta.


Señora Lucio, dice usted que se le ha recordado en tres ocasiones por mi parte lo que dice y escribe el señor Sebastián (La señora Lucio Carrasco pronuncia palabras que no se perciben). Pero es que es muy bueno lo que escribe el señor
Sebastián. (La señora Lucio Carrasco: Claro, claro) Pero es que se lo estoy reconociendo. Ha sido usted la que me ha hablado ahora… Si usted me habla de renovables y le respondo, no le gusta; después me habla del señor Sebastián, le respondo y
tampoco le gusta. Entonces dígame usted qué es lo que quiere que yo le conteste. (La señora Lucio Carrasco: Conteste a lo que le hemos planteado). Permítame, pero tal cual yo la escucho a usted, normal, usted escúcheme a mí, aunque no le guste
lo que le estoy diciendo. (La señora Lucio Carrasco pronuncia palabras que no se perciben). Es normal que no le guste porque yo sé que se ponen en evidencia muchas cuestiones. Pero le recuerdo…


El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, por favor. Conoce perfectamente cómo es este debate. Señora Lucio, no tiene la palabra.


La señora LUCIO CARRASCO: Señor presidente, ¿puedo intervenir un momento a su amparo?


El señor PRESIDENTE: No, no puede intervenir. (Un señor diputado: No, no puede)


La señora LUCIO CARRASCO: ¿Cómo que no? ¿Quién está diciendo que no por ahí? Será el presidente quien lo tenga que decir, ¿no?


El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, no tiene el uso de la palabra. Le ruego que siga escuchando la intervención del ministro.

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La señora LUCIO CARRASCO: Perdón, es que el ministro se está dirigiendo directamente a mí y yo no me he dirigido a él.


El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, no tiene la palabra.


Puede continuar, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Yo he entendido que todas las intervenciones se dirigían a mí esta tarde. Acabo de escuchar que a mí no se están dirigiendo. Con franqueza, no entiendo nada.


Se me nombra al señor Sebastián y yo respondo. Quiero tener la amabilidad de responder a lo que usted me ha planteado. Me dice que lo he leído muchas veces. Pues sí, lo he leído porque no tiene desperdicio, señora diputada; no tiene
desperdicio porque es una enorme contradicción lo que ustedes vienen a decir aquí con lo que hicieron y luego rectificaron. Señora diputada, sé que no le gusta; es una enorme contradicción. Y claro que es un ejercicio de enorme valor político
venir aquí a decir lo contrario de lo que hicieron. Y por eso le he expresado mi admiración. Ahora, si no le gusta lo que le digo, pues tendrá usted que soportarlo porque no le estoy faltando al respeto, simplemente le estoy respondiendo a aquello
que usted me ha planteado.


Usted me ha dicho que el día 20 de septiembre de 2013, refiriéndome a los estándares en rueda de prensa después del Consejo de Ministros, dije que no estaban preparados los informes. Claro que no estaban preparados; no estaban preparados.
(La señora Lucio Carrasco: Yo no he dicho eso). Sí, sí y le voy a decir ahora por qué a uno de los consultores… ¿No le gusta que le responda a esto tampoco? Me plantea cosas y cuando le voy a dar respuestas me dice: no, eso no quiero oírlo. (La
señora Lucio Carrasco: ¿Pero por qué está usted interpretando lo que yo digo?).


El señor PRESIDENTE: Señora Lucio, la llamo al orden por primera vez.


Puede continuar, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Pero no se enfade. Ya que me lo ha planteado le voy a decir por qué en el informe que presentó una de las dos consultoras, Boston Consulting Group, propuso la resolución del
contrato: porque no se ajustaba a las condiciones del pliego. ¿En qué no se ajustaba? Mire, señora Lucio, no se presentó en el formato establecido. Señora Lucio, no aportaba los valores estándares históricos de las principales variables por las
tecnologías y años de puesta en operación hasta el año 2013; no lo aportaba y se le pidió. No aportó los valores estándar a futuro de las principales variables por tecnología y años de puesta en operación desde 2014 a 2020; no lo aportó. No
aporta proyecciones a futuro de las necesidades de retribución por tecnologías ni la evolución de la producción primada para instalaciones puestas en operación hasta 2013; no lo aportó, señora Lucio. No aporta proyecciones a futuro de las
necesidades de retribución unitaria por tecnologías y años de puesta en operación desde 2014 a 2020; no lo aportó, señora Lucio. Y el documento final no incluye, señora Lucio, los análisis ni los resultados de algunas tecnologías. ¿Y usted
todavía me pregunta por qué no se tuvo en cuenta ese informe? ¿Le parece poco argumento que se hayan desviado tanto de las condiciones en base a las cuales se les encargó el estudio? Esa fue la razón. ¿Y dice usted que no tiene nada que ver la
competitividad del sector industrial —nada que ver— con la bajada en el precio de la energía? ¿No tiene nada que ver? Le voy a hacer una sugerencia, señora Lucio, si no me lo tiene a mal. Llame usted a cualquiera de las industrias del automóvil
de estas que van tan bien en España y pregúntele cómo ha evolucionado y qué implicación ha tenido en la mayor competitividad de ese sector —más fabricación, más ventas, más exportaciones— la evolución del precio de la energía, porque yo ya le puedo
adelantar que ha sido Anfac directamente quien ha remitido al ministerio un gráfico de la evolución descendente en los dos últimos años del coste de la energía y su repercusión en el sector de la automoción. Por eso le hago esta invitación, si
usted amablemente me la acepta. Por tanto, es incierto que no tenga nada que ver la competitividad con la evolución del precio de la energía.


Dice usted: Por fin se ha convencido de que las energías renovables disminuyen el precio. Me he convencido cuando hemos bajado los incentivos. Pero añade usted otra cosa: Es que ahora los bajan pero no tanto como antes. No ha entendido
nada, es exactamente al revés. Se lo voy a explicar: cuando los incentivos están aquí arriba y el coste aquí abajo, si no bajan los incentivos, por bajo que sea el coste del pool eso no se traduce. Eso era lo que ocurría antes, señora Lucio. Vea
usted simplemente la evolución del coste, vea usted la evolución del precio del pool. (La señora Lucio Carrasco: No es así). ¿No es así?

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Yo, francamente, solo me puedo limitar a sugerirle que estudie exactamente por qué ahora sí tiene una repercusión directa y antes no.


Señora Ortiz, ha vuelto usted con las descalificaciones. Me ha dicho: usted está en fraude, y el Gobierno… No voy a entrar en eso porque, insisto, cuando alguien descalifica lo que hace es descalificarse a sí mismo o a sí misma. (La
señora Ortiz Castellví: No quiere responder). Perdone que le diga, sigue sin dar usted ni un solo argumento. No ha dado ni un solo argumento, solo viene a hacer ideología, que no se lo tengo a mal, pero yo estaría mucho más contento si usted,
frente a los argumentos —que es política energética— del Gobierno me contrapusiera uno. No le digo varios, uno; con que me contrapusiera solo uno me valdría. Por lo menos ha dado un argumento económico y es que hay que disminuir la dependencia
energética respecto al exterior. Ahora, ya me contará usted cómo lo hace oponiéndose a que sepamos si tenemos o no tenemos hidrocarburos en nuestro país. Es que son permanentes contradicciones en las que usted cae. ¿Y sabe por qué? Por utiliza
solo argumentos ideológicos.


¿Vienen a invertir en renovables? Claro que vienen a invertir. Usted me podrá decir: claro, pero vienen a invertir a descuento en inversiones que se habían hecho. Pues sí, algunos sí, pero están viniendo inversores extranjeros porque
ahora sí ven que hay una estabilidad regulatoria que les da seguridad, cosa que antes no pasaba. Antes lo que ocurría es que había algunos que tenían una rentabilidad del 20% pero que pagábamos en la factura de la luz usted, yo y todos los que
estamos aquí y todos los españoles. ¿Ese es el modelo que usted defiende? Nosotros defendemos exactamente el contrario.


Después hablaba también de la necesidad de disminuir los costes del transporte, de la distribución. ¿Sabe usted si hoy los costes del transporte en España son inferiores o mayores de lo que eran hace tres años? Se lo digo yo: inferiores.
¿Y de la distribución? También inferiores. ¿Y los de los sistemas insulares y extrapeninsulares? También inferiores. ¿Y los pagos por capacidad? También. ¿Y la interrrumpibilidad? También. (La señora Ortíz Castellví hace gestos negativos).
¿Ah no? Yo le doy datos y usted me contesta nuevamente con ideología: no, eso no es así. Señora Ortiz, el modelo energético que tiene este Gobierno es totalmente distinto al ideológico que usted ha venido defendiendo reiteradamente aquí.


El señor Errekondo me pregunta de nuevo por el número de grietas que tiene Garoña. Voy a buscar el dato porque tenía una nota por aquí. Señor Errekondo, le doy la información directamente del operador, de Nuclenor: Se acaba de realizar la
inspección de la vasija de la central de Santa María de Garoña. La inspección se ha realizado para investigar la posibilidad de que tuviera los mismos problemas que los encontrados en sus gemelas, las centrales belgas. La inspección ha sido hecha
por General Electric y Euratom, descartándose por completo cualquier grieta. El informe ya está en el Consejo de Seguridad Nuclear. Es lo que le puedo decir a este respecto.


Cumbre del Clima de Paris, diciembre del año 2015, y compatibilidad con los objetivos en materia energética y medioambiental de España. La posición de España es exactamente la misma que la de la Unión Europea porque es una posición que
llevamos como Europa; es la Unión Europea la que lleva la posición, siendo, por tanto, nuestra posición la de toda Europa que, por cierto, ya hemos consensuado en el Consejo de Ministros correspondiente y posteriormente en el Consejo Europeo.


Me dice la señora Pérez Fernández que me olvide de Alcoa; yo estoy encantado, pero si usted, de entrada, me plantea en su intervención la interrumpibilidad de Alcoa, le tendré que hablar de aquello que sabemos de Alcoa en relación con la
subasta, pero no porque tenga ningún interés en Alcoa. Nosotros teníamos interés en que hubiese un sistema de interrumpibilidad más competitivo, más transparente y más justo. ¿Lo tenemos hoy? Sí. ¿Lo teníamos antes? No. Creo que este es el
tema esencial.


El tema de los estándares ya lo he contestado de nuevo. ¿Tarifa diferenciada en distintos lugares de España? No. La respuesta es no. Le digo más, hay determinados territorios en España en los que ocurre lo contrario. En Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla el coste de generación del megavatio es más alto. Por ejemplo, en la isla de El Hierro, en Canarias, cuesta 220 euros la producción del megavatio cuando la media a nivel nacional está, según los futuros para este año, en
unos 46 o 47, y lo que hacemos todos los españoles es asumir ese coste dentro del sistema eléctrico. ¿Para qué? Para que en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla paguemos el mismo precio por la electricidad que en toda España. Usted me plantea
exactamente lo contrario. No, eso no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer y no está planteado.


El señor Baldoví dice que el Partido Popular —yo, en este caso— habla de lo bien que lo estamos haciendo. Yo no he mencionado lo bien que lo estamos haciendo, pero ya que usted me lo menciona… Señor Baldoví, este país hace tres años estaba
en recesión y hoy crece por encima del 2%. En este país entre los años 2008 y 2011 se destruía empleo a razón de 2.200 empleos cada día, pero cada día de cada uno de los cuatro años; hoy, estamos creando empleo a razón de unos 1.500 empleos
diarios. No decimos

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que todo vaya bien porque en un país donde hay 4.300.000 desempleados decir que todo va bien es un atrevimiento y eso no lo hace el Gobierno. ¿Pero va mejor el crecimiento económico? Sí. ¿Va mejor la evolución de la prima de riesgo?
También. ¿Va mejor el coste de la financiación internacional? También. ¿Van mejor los cobros por parte de los pequeños empresarios en relación con las deudas que tienen de ayuntamientos y comunidades autónomas? Sí. ¿Van mejor los pagos de los
vencimientos de la deuda de las comunidades autónomas? Sí. Hay algo que va mal, muy mal, que es el empleo, 4.300.000 parados, aunque la tendencia es mejor. Y dice usted que la factura eléctrica está más alta que nunca, pero es que entre 2004 y
2012 —fíjese que incluyo el primer año de esta legislatura— aumentó un 67% y lo que estamos haciendo año a año es ir bajando. ¿En esta legislatura vamos a corregir lo que subió en los ocho años anteriores? No, señor Baldoví, pero vamos en la buena
dirección porque ha caído en 2013, 2014 y estoy seguro de que este año 2015 va a tener un comportamiento similar al año 2014.


Déficit del sistema eléctrico, auditoría de costes. Una gran parte de la reforma del sistema eléctrico ha consistido exactamente en disminuir los costes del sistema, exactamente eso que usted ha planteado, y por eso ha disminuido la
retribución del transporte, Red Eléctrica, la retribución de la distribución y la retribución de los costes de la actividad de producción en los sistemas insulares y extrapeninsulares. Por eso han disminuido los pagos por capacidad, por eso ha
disminuido la interrumpibilidad y han disminuido todos los costes del sistema eléctrico, lo que ha permitido, por tanto, acabar con el déficit en el sistema eléctrico.


¿Va a haber real decreto de autoconsumo esta legislatura? Sí. Se ha legislado por primera vez el autoconsumo en la Ley del Sistema Eléctrico del año 2013 y va a aprobarse el real decreto en esta legislatura.


Señor Azpiazu, me hubiese gustado darle otra respuesta en cuanto a lo del dividendo digital; va a haber más de un 98%, de acuerdo con la información que tenemos de los antenistas, pero lo importante es que nadie se va a ir negro de quienes
no hayan hecho la reantenización y quienes la hayan hecho no van a tener absolutamente ningún problema.


Señor Mariscal, tal como hice en la primera intervención, le agradezco muchos sus observaciones, seguiremos en esa línea. (Aplausos).


— PREGUNTA DE LOS DIPUTADOS DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DON ALEJANDRO ALONSO NÚÑEZ Y DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RETRIBUCIÓN, GASTOS Y GESTIÓN DEL PRESIDENTE DE ENRESA, ASÍ COMO CONTRATOS
REALIZADOS POR DICHA EMPRESA VINCULADOS AL PROYECTO DEL ATC DE VILLAR DE CAÑAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/063725). (Número de expediente 181/003050).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es la pregunta del diputado don Luis Carlos Sahuquillo en relación con la gestión de Enresa y la ATC de Villar de Cañas. Tiene la palabra.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señor ministro, voy a intentar, aunque sabe que soy diputado por Cuenca, ser canario, por eso del sosiego y la tranquilidad, aunque la zozobra que me provoca este asunto por la pinza que el Gobierno del que usted
es ministro nos metió a los ciudadanos de Cuenca y de Castilla-La Mancha impiden que eso sea así.


El 5 de noviembre de 2014 el Grupo Parlamentario Socialista solicitó su comparecencia para que informase de lo que aparecía en un medio de comunicación sobre una auditoría interna realizada a Enresa de la que se desprendía un incumplimiento
del contrato e irregularidades de gastos fiscalizados y realizados por el presidente Francisco Gil Ortega. Ese mismo 5 de noviembre pedimos información y documentación, por cierto que todavía no la tenemos. ¿Qué pedíamos? La auditoría realizada a
Enresa con fecha 3 de junio de 2014; un informe interno del responsable jurídico de Enresa que, fíjese lo que decía, calificaba de enriquecimiento injusto los cobros que el presidente de ese organismo recibió de la empresa por gastos que
previamente había cargado en su tarjeta de crédito; y también pedíamos, entre otras cosas, contratos de personal realizados por Enresa vinculados al proyecto de ATC o los gastos de publicidad y de marketing que Enresa tenía por contratos durante el
año 2013.


En esa misma fecha hicimos una serie de preguntas, cuestiones que hoy traemos aquí a esta Comisión. Ha dicho usted en su primera intervención que no es irregular. No sé si es irregular o ilegal lo que hizo el presidente, pero respóndame
usted. ¿Cobró el presidente de Enresa gastos que previamente había

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cargado a su tarjeta de crédito en concepto de viajes nacionales y al extranjero sin haber presentado la correspondiente factura? Queremos saber si constituye eso un incumplimiento de contrato o no. ¿Qué motivos existieron para el cese del
responsable jurídico de Enresa, si tenían alguna relación con el informe interno que realizó poniendo en duda la legalidad de algunos de los gastos de viaje, comidas o la necesidad de identificar a los comensales, como así plasmaba? ¿Cuál es la
relación de gastos de representación abonados en 2013 al presidente de Enresa? ¿Cuál era la retribución oficial, tanto fija como variable, que recibía el presidente de Enresa? ¿Cuál era la relación de cuantías de los gastos en comidas de empresa
tanto del presidente de Enresa como de su director de comunicación? ¿Es cierto —escuche, escuche lo que le voy a decir— que en el informe interno se hacen constar gastos en bebidas alcohólicas, whisky, gin-tonic y otros destilados que estaban
expresamente prohibidos? ¡Vaya vergüenza! ¿Qué valoración hace el Gobierno en relación con que se hayan invertido el 1,5% de los ingresos anuales de Enresa en gastos de publicidad y marketing que superan los 600.000 euros? ¿Cuántos contratos y de
qué tipo se han realizado vinculados al proyecto de ATC por Enresa? ¿Qué valoración hace el Gobierno de la gestión de Gil Ortega frente a la presidencia de Enresa? ¿Asume el Gobierno su responsabilidad al haber nombrado como presidente de Enresa
en un asunto tan sensible a una persona sin ninguna experiencia previa en el sector nuclear y cuyo único mérito parece ser que fue la vinculación que tenía en la confianza de la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal?


El pasado 26 de febrero pedimos a la Mesa del Congreso —si usted dice que no hay irregularidades no tendrá ningún problema— que el Tribunal de Cuentas fiscalice la actividad contractual llevada a cabo por Enresa sobre la ATC de Villar de
Cañas. Y después de lo que haya sido —cese, dimisión, renuncia— les preguntamos si el señor Gil Ortega ha solicitado algún tipo de liquidación, retribución al cese o percepción similar. De ser así, ¿tiene intención el Gobierno de concederla? ¿Por
qué conceptos y en qué cuantía?


Permítame que haga un poco de historia. Cinco fechas le voy a dar: 14 de diciembre de 2004, resolución unánime instando al Gobierno, en colaboración con Enresa, a desarrollar los criterios necesarios para instalar un ATC; 27 de abril del
2006, se aprobó una proposición no de ley para constituir una comisión interministerial que estableciera los criterios que debería cumplir el emplazamiento del ATC apoyándose en un comité técnico asesor; 23 de febrero del 2010 —muy importante,
señor ministro—, se instó al Gobierno por el Parlamento, por el Pleno del Congreso de los Diputados, por unanimidad —creo recordar que solo se abstuvo la señora Díez, que era la única diputada de UPyD—, que como condición previa para instalar el
cementerio nuclear hubiese consenso social, territorial e institucional; 16 de septiembre de 2010, la comisión interministerial acordó aprobar y remitir al Gobierno el informe de propuestas: Ascó la primera, Zarra la segunda, Yebra la tercera, y
cuarta Villar de Cañas; 30 de diciembre de 2011 —aquí entra usted en escena—, el Gobierno que tan solo llevaba una semana dirigiendo este país decide por arte de magia que Villar de Cañas ya no es la cuarta, que es la primera y es donde se instala
el cementerio nuclear, sin existir ni consenso social —colectivos manifestándose—, ni institucional —acuerdos del Gobierno de Castilla-La Mancha y de las diputaciones en contra—, ni territorial —había municipios colindantes, más de treinta, que se
oponían a ello—.


El señor PRESIDENTE: Debe concluir.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Voy terminando.


Ese es el precio, estamos convencidos de ello, señor presidente, señor ministro, que Cospedal consiguió seguir siendo secretaría general del Partido Popular. Claro, entonces cobraba 200.000 euros en A; parece ser que también en B.


Y hay dos documentos clave que le pido que los estudie para que se paralice este proyecto. Uno es el del Consejo de Seguridad Nuclear, que pone muchísimas pegas. Otro, el de URS, una auditora que le dice que estos terrenos no son idóneos.
¡Por favor, que no prevalezcan la economía, los contratos, los intereses políticos y personales de Cospedal! Estoy seguro de que usted a ella no le debe nada. Que no prevalezca eso sobre la seguridad de los ciudadanos. Nos jugamos mucho. Y dicen
que rectificar es de sabios.


El señor PRESIDENTE: Señor Sahuquillo, lo siento pero estamos en preguntas, tiene que terminar.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Termino ya, señor presidente.

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Le decía que rectificar es de sabios. Sean sabios, que en Cuenca y en Castilla-La Mancha se lo vamos a agradecer. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor Sahuquillo, ha empezado usted su pregunta diciendo que el Gobierno se ha metido —he creído entender— o les ha metido en un lío como consecuencia de la decisión de
localizar el emplazamiento para la construcción del futuro ATC en Villar de Cañas. He creído entender esto, ¿no? Mire, cuando se hace el cambio de Gobierno hay una tradición, que cuando ya están nombrados los nuevos ministros, los ministros
anteriores hacen los cambios de papeles. Y de cuantos temas hablé con el ministro Sebastián… Ya sé que no le gusta que lo nombre. Estoy hablándole, señorías, a la señora Rodríguez, que cuando nombro al señor Sebastián parece que no le hace mucha
gracia. (Rumores). En todo caso quiero decirle que el ministro Sebastián, con buen criterio —aquí también tuvo buen criterio el ministro Sebastián—, me dijo: Hay una serie de cosas que están totalmente hechas y no vas a tener que hacer nada, te
las dejo totalmente preparadas, y una de ellas —me dijo— es lo del ATC. Me dijo: mira, no hemos tomado la decisión —detalles no me pida que le cuente porque no se los voy a contar— porque no he podido llevarla al Consejo de Ministros, pero está
todo preparado para que solo te quede llegar a un acuerdo con la comunidad autónoma de estas cuatro que yo ya te tengo preparadas aquí. Y como sabe usted, había dos emplazamientos en Castilla-La Mancha, uno en Cataluña y otro en Valencia. Pero fue
el tema más redondo que me dejó. (Rumores). Yo hablé con los presidentes de las comunidades respectivas y tuve una respuesta de la presidenta de Castilla-La Mancha, donde había dos emplazamientos. Es decir, la elección, señor Sahuquillo, trae
causa de lo que ya me había dejado preparado el ministro Sebastián que, insisto, en esto también tuvo muy buen criterio; yo sé que usted no lo comparte, pero en esto tuvo muy buen criterio. Lo dejó preparado para que el emplazamiento del ATC
fuera, entre otros, en Villar de Cañas. No estaba descartado Villar de Cañas, era uno de los cuatro. Lo habían estudiado, habían analizado todo tipo de riesgos, etcétera. Era uno de los posibles. Entonces, a partir de ahí se toma la decisión
efectivamente y a partir de ese momento se pone en marcha el procedimiento. Ahora bien, en cuanto a lo que ha planteado de Enresa, a principios de esta legislatura, una vez nombrado el anterior presidente —el señor Gil-Ortega, que ha dimitido—,,
con el fin de incrementar los sistemas existentes en la empresa para aumentar el seguimiento y control y verificar el cumplimiento de la normativa, lleva a cabo una reforma en la estructura de esta empresa; la reforma, y establece, entre otras
cuestiones: la creación de una dirección de auditoría interna —no existía, la crea el anterior presidente— y esta dirección de auditoría se configura como un área de dependencia directa del presidente, teniendo como finalidad principal analizar,
evaluar y supervisar la eficacia en los sistemas de control interno y de gestión de riesgos relevantes de la sociedad, garantizando que dichos sistemas de control sean adecuados y suficientes. En un informe del mes de junio de 2014 de esa dirección
de auditoría, creada ex novo durante este mandato, informe relativo a los gastos de representación del ejercicio 2013 —por tanto, del anterior presidente—, se pone de relieve que algunos de tales gastos no estaban adecuadamente justificados; esto
lo dice el informe de la dirección de auditoría que había creado el propio presidente y, en relación con sus gastos, esa dirección de auditoría que se creó para aumentar el control dice que eso no está adecuadamente justificado —justificado,
lógicamente, de acuerdo con las normas correspondientes—. En la reunión de la comisión de auditoría y control del consejo de administración que tiene lugar un mes más tarde, el 23 de julio del año 2014, esa comisión requiere la subsanación de las
facturas cuando resultara posible, así como la devolución de las cantidades indebidamente percibidas o justificadas. De acuerdo con la información que el ministerio que tutela a la empresa —Industria, Energía y Turismo— ha recabado de la propia
empresa en noviembre de 2014, en lo que respecta a los gastos del anterior presidente a que se refería la pregunta que usted ha formulado, esta situación ha sido subsanada —insisto, de acuerdo con la información que nos ha pasado Enresa— y, en esa
fecha, no existe ningún cargo en su tarjeta de crédito sin justificar; hay cargos, pero no sin justificar. Esta es la información que obra en poder del ministerio,…


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro, este turno es tasado, con lo cual le ruego que concluya sabiendo que tiene un segundo turno para continuar.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):... habiendo sido dicha tarjeta de crédito utilizada exclusivamente para el pago de los gastos de representación. Punto final.

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El señor PRESIDENTE: Señor Sahuquillo.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señor Sebastián,…¡Uy, me he equivocado! Señor Soria,… (Risas), perdone usted, pero es el subconsciente. Nosotros, como grupo parlamentario, deberíamos tener la información que le hemos pedido al presidente del
Congreso, que no nos da. Tenemos extraoficialmente el informe de la auditora norteamericana URS y tenemos extraoficialmente la petición de información del señor Munuera que dice que hay graves problemas con los terrenos. (Muestra un documento).
Este diputado de Cuenca tiene la información in situ, del 23 de diciembre, en el sentido de que una empresa estaba haciendo sondeos e iban por casi 70 metros; recientemente han aprobado otro presupuesto de 1,5 millones de euros para llegar a los
200 metros de profundidad, así que fíjense ustedes qué pilotes tiene que tener este cementerio nuclear. Hace un mes y pico, en El Bonillo, en el pueblo de Cospedal, donde tiene sus tierras, ha habido un movimiento sísmico cuyo epicentro estaba a 80
kilómetros, y la gente está preocupada. Si hubiéramos tenido toda esa información podríamos discutir de otra cosa, pero igual que con Castor han dado marcha atrás y ha costado 1.300 millones, den marcha atrás con este proyecto que está creando
zozobra, como decía al principio, a mis paisanos y a mis vecinos. Vale más la seguridad de las personas que los intereses económicos de ninguna empresa, señor ministro. Estoy convencido, y se lo he dicho a usted, que no tiene ningún compromiso con
Cospedal, que dentro de dos meses va a ser pasado en Castilla-La Mancha. (Un señor diputado: Ahí, ahí). Pero, por favor, no nos dejen esto para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Que no lo queremos, que fue una idea de un alcalde iluminado
—que usted conocerá porque ha ido allí varias veces—, con una secretaria más iluminada todavía, en contra de todo el mundo; incluso Cospedal al principio llegó a manifestar que no quería en ningún municipio de Castilla-La Mancha el cementerio
nuclear. Sin embargo, de la noche a la mañana cambió y dijo que en Guadalajara no, pero en Cuenca, sí. Será que tenemos mucha tradición nuclear.


Teníamos un proyecto alternativo en ese territorio de 2.000 millones de euros en energía renovables. Era un proyecto con todos los parabienes de todas las administraciones, ¿y ha prevalecido a esto? Por cierto, investigue usted, porque le
va a interesar, quién está teniendo los contratos del cementerio nuclear; investíguelos. El vivero de empresas, 2,5 millones de euros. Una UTE formada por OHL, cuyo presidente es Villar-Mir, con un empresario, Copal —ahora ha cambiado las
iniciales de lugar—, con un administrador único en Madrid con otras treinta y tantas impresas. Mi impresión es que presuntamente, aunque estoy convencido de ello, puede ser un testaferro. Investigue eso porque le puede salpicar a usted como
ministro y a este Gobierno.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): ¿Cómo que un testaferro?


El señor PRESIDENTE: Señor Sahuquillo, debe terminar.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Termino, señor presidente.


Lo que le decía: rectificar es de sabios. Los ciudadanos de la comarca de Castellón están contentos por la decisión que usted tomó: fuera aquel proyecto. Tome esta decisión, que no es necesario que ya están hablando de los ATI. Vayamos
a los ATI. Olvidémoslo, porque este error fue un proyecto.


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor Sahuquillo, ha hecho una serie de consideraciones sobre la presidenta de Castilla-La Mancha, refiriéndose a ella como el pasado. (La señora Rodríguez García: Dentro de
dos meses.—Rumores). Yo quiero decirle que es el presente y el futuro. (Aplausos). El pasado en materia de Presidencia de Castilla-La Mancha son otras dos personas de cuyo nombre no quiero acordarme. Eso es —si usted quiere saber— lo que es el
pasado en Castilla-La Mancha.


Dice que dé marcha atrás como en Castor. No, en Castor lo que hemos hecho, señor Sahuquillo, es aplicar literalmente lo que su Gobierno en el año 2008 aprobó con un real decreto, ni más ni menos. Ha dicho que hay graves problemas en los
terrenos. Creo que no estaba en la primera parte de mi intervención. No hay ni una sola indicación del Consejo de Seguridad Nuclear —ni una sola— que vaya apuntando en esa dirección. Cuestión distinta es que al igual que en cualquier tipo de
proyecto que se presenta para todo lo que tiene que ver con energía nuclear, el Consejo de Seguridad Nuclear —bueno fuera que no lo hiciera— siempre recaba información adicional, pero no hay nada que pueda asegurar que estos terrenos no son los
adecuados. Ahora bien, si no lo fueran, desde luego, yo sé dónde iba a ir a reclamara porque

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—insisto— el anterior ministro me dijo: Elije, los tengo todos preparados; uno de ellos, Villar de Cañas, y otro, también.


Respecto a los pivotes y el presupuesto, le puedo decir que como consecuencia de la elección de los terrenos no va a haber ningún tipo de extracoste en el proyecto. También ya se ha dicho y se ha publicado, pero ya se lo puedo decir: no va
a haber ningún extracoste. Pero sí que se hará todo aquello que dentro del proyecto está previsto que se haga. ¿En aras de qué? En aras de maximizar, lógicamente, la seguridad nuclear y la seguridad general.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.