CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 704

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LOURDES MÉNDEZ MONASTERIO

Sesión núm. 17

celebrada el martes,

25 de noviembre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias:


- Del señor presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi (Pérez Bueno), para exponer y analizar el estudio realizado y remitido a la Comisión del Congreso de los Diputados para las políticas integrales
de la discapacidad del documento titulado '100 Denuncias 100-100 denuncias sobre violación de derechos de las personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad universal en España', elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad -Cermi-. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000659) ... (Página2)


- Del señor presidente de Contenme, asociación de contención mecánica (Fernández de Prado), para explicar sus proyectos en el ámbito de la discapacidad y la seguridad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
219/000502) ... (Página13)


- Del señor presidente de la Fundación Fuego (Muñoz Olmo), para que informe sobre las campañas realizadas desde su fundación en especial sobre aquellas relacionadas con la prevención de incendios en viviendas habitadas por personas mayores o
con discapacidad. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 219/000160) ... (Página20)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS:


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (PÉREZ BUENO), PARA EXPONER Y ANALIZAR EL ESTUDIO REALIZADO Y REMITIDO A LA COMISIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES
DE LA DISCAPACIDAD DEL DOCUMENTO TITULADO '100 DENUNCIAS 100-100 DENUNCIAS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR AUSENCIA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN ESPAÑA', ELABORADO POR EL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD -CERMI-. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000659).


La señora PRESIDENTA: Comenzamos el orden del día de la Comisión de esta mañana con la celebración de diferentes comparecencias. En primer lugar, la comparecencia del presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, Cermi, para exponer y analizar el estudio realizado y remitido a la Comisión del Congreso de los Diputados para las Políticas Integrales de la Discapacidad del documento titulado '100 denuncias-100 sobre violación de derechos de las
personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad universal en España', elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Le
damos la bienvenida a don Luis Cayo Pérez Bueno, que tiene la palabra para explicarnos el informe.


El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): En primer lugar, quiero agradecer la convocatoria al grupo proponente y a la Mesa y portavoces por haberla aprobado y saludar a sus
señorías, ya que, una vez más, en representación del movimiento social de la discapacidad, tengo el honor y la satisfacción de comparecer ante sus señorías. El objeto de esta comparecencia, como bien se ha indicado y figura en la convocatoria, es
hacerles una presentación sumaria, aunque tienen el texto remitido con antelación y también veo que está en la documentación a su disposición, de un informe reciente de la entidad que presido, el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad, titulado '100 denuncias-100 en materia de accesibilidad universal'.


Hace unos años, a comienzos del año 2012, tuve la oportunidad de comparecer ante esta misma Comisión, coincidiendo con la apertura de la presente legislatura, para presentar las grandes cuestiones en la agenda política y legislativa de la
discapacidad para este mandato. En esa exposición ya hacía referencia a uno de los bloques temáticos de especial consideración e importancia para el movimiento social de la discapacidad, que era la accesibilidad universal, los requisitos que han de
reunir los entornos, los procesos, los procedimientos para que sean universalmente usables por parte de las personas con discapacidad, por parte de las personas mayores; no está el entorno concebido para interactuar con cualquier persona, ciudadano
o ciudadana que se aparta del canon de normalidad impuesto y eso genera exclusión y discriminación. En esta comparecencia trataremos de ilustrar la importancia de la accesibilidad no solo apelando a los grandes principios, a las grandes cuestiones,
a los mandatos legales, internacionales, europeos o nacionales, que creo que todos y todas compartimos, sino con un informe pegado a la realidad, muy concretado en el terreno, que ilustra con violaciones estudiadas, analizadas y medidas cómo la
accesibilidad universal y el diseño para todas las personas continúa aún, después de muchas décadas de democracia, lejos de ser una realidad práctica para las personas con discapacidad, para las personas mayores y es un foco permanente e insidioso
de exclusión, de discriminación, de negación de derechos y de dificultad de acceso regular a la ciudadanía plena y completa.


En los últimos años se ha producido, incluso se ha asumido legalmente, un cambio de modelo de concepción de la discapacidad y también de la accesibilidad. La accesibilidad universal es un presupuesto inexcusable para el ejercicio de
derechos fundamentales y libertades públicas. Los derechos que todas las democracias avanzadas tienen reconocidos a sus ciudadanos, si no hay condiciones de accesibilidad y diseño para todos, en el caso de las personas con discapacidad quedan
solamente como declarativos nominales, sin realidad práctica. Podemos pensar en cualquiera: la libertad de movimiento, la libertad de desplazamiento, reconocido universalmente, si no hay transporte accesible; la libertad de expresión o de
comunicación, si los medios de comunicación no son accesibles para las personas con discapacidad

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sensorial, etcétera. Para nosotros los derechos fundamentales que están consagrados en todos los textos constitucionales y en las declaraciones de derechos internacionales se quedan en agua de borrajas si no hay accesibilidad. Por tanto,
la ausencia de accesibilidad hay que entenderla como una auténtica vulneración de derechos, como una conducta discriminatoria y como un acto antijurídico perseguible y sancionable por la ley. Hemos de constatar que en los años de democracia en
nuestro país se han producido -y hay que saludar- avances relevantes en materia de conciencia acerca de la necesidad de la accesibilidad, de aplicación práctica de sus principios, de ir ganado espacios y entornos para la accesibilidad en una lucha a
veces tensa, difícil y desigual, y que vamos ganando poco a poco, a nuestro juicio muy lentamente, espacios, ámbitos y procesos para la accesibilidad universal. Pero si tenemos que hacer un juicio global, todavía sería una cuestión pendiente, no
resuelta y, como decía, comporta una exclusión estructural e insidiosa de las personas con discapacidad. Se necesitan -y apelo aquí al Poder Legislativo- legislaciones, políticas y estrategias públicas vigorosas para avanzar en la consecución del
objetivo de entornos accesibles e inclusivos.


Para ilustrar esta realidad negativa y fijarla al terreno gráficamente, de modo visible y perceptible, el Cermi ha promovido el informe '100 denuncias 100' en materia de accesibilidad. Lo tienen todos ustedes, es muy prolijo, casi 400
páginas, y les voy a explicar la metodología para que entiendan cuál ha sido el resultado que tienen en sus manos y que pueden consultar en cualquier momento. Del 1 al 31 de marzo de este año, 2014, se pasó un cuestionario y un fichero a todo el
movimiento de la discapacidad, a entidades jurídicas y a personas, asociaciones, fundaciones, empresas del ámbito social de la discapacidad pero también a personas y a familias, llegando hasta 4.000 envíos de ese cuestionario. Del 1 al 31 de marzo
se recogen las respuestas, las contestaciones al mismo, recibiéndose más de 400. Una vez recibidas y viendo que son validadas, que se atenían a los criterios que se establecían en la consulta, se ordenan, se sistematizan, se valoran y se produce un
proceso de decantación para dejarlas en el mínimo, en un número redondo que sea llamativo a efectos de presentación pública, a los medios y a la apelación a la opinión pública; se dejan en 100. Este proceso de pasar de 400 a 100 no es sencillo.
Todas las denuncias han sido comprobadas, todas han sido validadas y contrastadas más allá del denunciante, de la persona o de la entidad y se aplicaron unos criterios de selección. Todas podrían estar incluidas pero hacer un informe de 400
denuncias hubiera tenido un volumen exagerado, difícil de gestionar y por eso lo ceñimos a 100. Los criterios que seguimos fueron: el de representatividad, que el hecho denunciado, más allá del caso concreto de la vulneración que indica y que está
señalando, fuera representativo de un estado de situación generalizado o generalizable; que fuera significativo, o sea que no fuera una violación de un derecho o una deficiencia de accesibilidad más sino que fuera significativo por cuanto
compromete derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos españoles con discapacidad o de edad avanzada.


Otra condición sine qua non del informe es que apareciera una descripción de hechos que suponen vulneración de todos los territorios, de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, porque la ausencia de accesibilidad y la violación
que esta implica se produce generalizadamente en todos los territorios; no hay una parte de España que pueda decir que se salva en cuestiones de accesibilidad universal. De las 100 denuncias -está la información estadística en las páginas
iniciales del informe-, 38 corresponden al ámbito estatal, entendiendo por tal que la responsabilidad de ese entorno, de ese servicio, de ese producto, de ese bien o de ese proceso es de la Administración General del Estado, y 62 se producen en
territorios autonómicos donde la responsabilidad, para lo bueno o para lo mano de esa situación, es de una comunidad autónoma, de un poder local o incluso de un operador privado que por ser privado, una empresa, no está ajena a las obligaciones de
accesibilidad y está sometida al imperio de la ley en esta materia.


Igualmente se extienden a todos los entornos, productos, bienes, servicios, procesos y procedimientos. Podríamos habernos ceñido a lo más visible, a lo más perceptible en materia de accesibilidad, que es el entorno construido, el espacio
físico, las vías urbanas, las viviendas, las edificaciones, el transporte, pero no, si tienen la paciencia de revisar los casos, hay de todas las índoles, desde cuestiones de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, con dificultades
cognitivas, sociedad de la información, redes sociales, páginas web, por supuesto transporte; hay todos los ámbitos donde se producen discriminaciones y donde la accesibilidad debe ser una condición necesaria para el ejercicio de derechos. Y
también se extiende a todas las discapacidades, no solo a la discapacidad física, también a la intelectual, a la originada por problemas de salud mental, a las cognitivas, a las derivadas de episodios neurológicos, etcétera. Queríamos que toda la
discapacidad se sintiera reflejada porque la accesibilidad universal en este sentido

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amplio no es solo cuestión de unos tipos o de un tipo concreto de discapacidad sino que transversalmente nos afecta y nos vincula a todos.


Con estos criterios se produce el informe que tienen en sus manos y que acabamos de presentar ante esta Comisión. Para cada denuncia, para cada hecho denunciado, se repite el cuerpo de la ficha con una descripción de la vulneración: se
dice en qué consiste, por qué ese entorno, ese producto, ese servicio no es accesible; se identifica la legislación que se ha incumplido, que puede ser desde la Convención de Naciones Unidas como marco general universal a normativa europea en el
caso de transporte, donde hay regulaciones, reglamentaciones de la Unión Europea, nacionales españolas, comunitarias o incluso ordenanzas locales. También en algunos casos, cuando no hay una regulación pero sí hay una situación de deficiencia se
indica como una especie de petición de lege ferenda, de hacer derecho. Por ejemplo, no está regulada la accesibilidad cognitiva en nuestro país; ahí no se vulneraría ninguna ley pero estamos indicando que hace falta una regulación, un marco
normativo que establezca obligaciones y que garantice derechos en lo que se refiere a la accesibilidad cognitiva, la lectura fácil, por ejemplo, para personas con discapacidad intelectual. En cada una de las 100 denuncias se plantea una solución.
No nos quedamos solo en la parte negativa de la denuncia, sino que tratamos de ser críticamente constructivos y proponemos la solución del caso y cuando se puede inducir una solución general, qué habría que hacer para solucionar lo que ese caso nos
está indicando, lo que está simbolizando.


¿Qué hemos hecho con este informe? Es conveniente que lo conozcan sus señorías. El recorrido de este documento-informe ha sido contar con un prácticum del estado de situación de la accesibilidad en España a través de la casuística, del
derecho del caso, que en otros sistemas jurídicos y políticos es muy habitual, ir más a los casos que nos permitan a partir de ahí inducir cambios estructurales; se concretan 100 denuncias de casos representativos. Pero más allá, trasciende estos
100 casos para erigirse en una denuncia global que nos sirva para la toma de conciencia de los poderes públicos, entre ellos el Legislativo -esta Cámara y esta Comisión-, el Ejecutivo en sus distintas dimensiones, los operadores privados. La
accesibilidad no es una cuestión -eso ya quedó superado hace muchas décadas- que afecte solo a lo público. Quizá la repuesta de lo público tenga que ser más intensa y más acelerada, pero afecta también a lo privado, a todas y todos los que
concurren al mercado o al intercambio de bienes, productos y servicios porque se trata de igualdad y la igualdad es una obligación, es una cuestión, como se dice en Derecho, de orden público, que afecta a todos y que es imperativa para todos y
todas.


Política y jurídicamente hemos querido que el informe, aparte de presentarlo a los medios, al circuito de la discapacidad, a la actualidad que sigue nuestra realidad en el día a día, tenga un recorrido jurídico e institucional. La
presentación a esta Cámara, al Congreso de los Diputados, a través de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, enviado con antelación, y esta comparecencia, y también a la Comisión de Peticiones del Congreso en la medida en que
ejercemos el derecho de petición establecido en nuestra Constitución para que, paralelamente a lo que se haga en esta Comisión, puedan desencadenarse actuaciones derivadas de los casos denunciados del informe. Se ha presentado también a la
institución del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, que nos ha contestado y nos ha confirmado que ha admitido 97 de las 100 quejas; les ha dado trámite, ha abierto un
expediente individual para cada una de ellas y ha comenzado la tramitación habitual de una queja ante el Defensor del Pueblo, trasladándola al presunto responsable de la infracción, pidiéndole su versión, sus alegaciones y en función de ello,
decidirá. Esto está en proceso, no ha habido todavía una solución o una respuesta definitiva.


Se ha presentado también al Consejo Nacional de la Discapacidad que, como saben, es el órgano con sede en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad donde está el diálogo y la interlocución entre la Administración General del
Estado y el movimiento articulado de la discapacidad que tiene una oficina, la Oficina de Atención a la Discapacidad, que se encarga de la vigilancia, de la denuncia y de la apertura de expedientes, que en su caso pueden derivar en sanciones, a los
casos de discriminación por razón de discapacidad y ausencia de accesibilidad. A través de nuestra estructura territorial, de los Cermi autonómicos, se ha hecho llegar a los defensores del Pueblo autonómicos allí donde existen, y en la parte que
afecta a los territorios, como antes decía, porque están identificadas y agrupadas también por territorios. Y se ha dado traslado de este informe a la Fiscalía General del Estado para que sea examinado y estudiado por si algún caso tuviera o
pudiera tener alguna dimensión penal para que actuara el ministerio público en defensa de la acción pública y del principio de tutela de los bienes jurídicos que hayan podido ser atacados por esa vulneración de la accesibilidad.

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Para concluir, me atrevería, a la luz del informe -el informe quiere tener vocación no solo de quedarse en lo que denuncia, sino de sacar factor común en sede legislativa, en una Cámara legislativa y ante esta Comisión-, a hacer algunas
propuestas sobre qué se puede hacer para mejorar global y estructuralmente las mayores deficiencias que señalan las denuncias presentadas y una lectura global de las mismas. Aquí me atrevería a hacer algunas propuestas, parte de las cuales ya las
conocen a través de otras comparecencias, de la presentación de nuestra agenda legislativa política, de encuentros con todos los grupos, con la propia Mesa, con los portavoces de esta Comisión; hay muchas iniciativas también que han derivado de las
demandas del movimiento de la discapacidad. La primera y principal, por irrenunciable y absolutamente inaplazable, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para resolver de una vez esa situación de presidio en que están personas mayores y con
discapacidad, que no pueden entrar y salir libremente de sus casas y que tienen comprometida la dignidad mínima que una democracia avanzada tenía que garantizar a todos sus ciudadanos. Les recuerdo datos estremecedores, muy recientes, de un
observatorio de accesibilidad a la vivienda, presentado hace un mes, elaboración por Fundación ONCE y Cermi, que nos dicen que más del 75 % de los edificios destinados a viviendas en España no son accesibles y apenas un 23 % lo son, teniendo en
cuenta que en los últimos quince años en España ha aumentado el parque de viviendas más de un 20 %. O sea, gran parte de lo que se ha hecho en estos últimos años tampoco reúne condiciones de accesibilidad, habiendo normativa y exigencias de que se
haga.


Otra de las cuestiones que está pendiente es la aprobación por el Gobierno de la nación de un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad a los bienes y servicios a disposición del público. Este reglamento quedó pendiente de la Ley
51/2003, la conocida Liondau, que el año pasado fue subsumida en un texto refundido, en una Ley general de discapacidad. No se cumplió por los Gobiernos que hubo desde 2003 a 2012, aunque había obligación porque había un mandado legal de hacerlo a
los dos años de aprobada la ley, o sea, en 2005. El Gobierno, en este caso con el mandato de refundición de esas tres leyes en una, se ha dado un nuevo plazo y queda todavía un año para que lo cumpla. Queremos instar al Gobierno a que en este caso
no deje huérfana esa parte porque si no, para todos los bienes y servicios, desde una guardería a la educación o al ocio y la cultura, no tenemos normativa mínima estatal que regule esa cuestión de la accesibilidad, como sí existe para el
transporte, para la edificación, para las relaciones con las administraciones, para la sociedad de la información. Existen reglamentos que se aprobaron desde 2007 a 2011 y 2012 incluido, pero este no existe y tenemos un ámbito enorme, el de los
servicios y bienes a disposición del público, sin regulación estatal. Hay que fijarse mucho en el cumplimiento de las normas. Y un aviso, en el mejor sentido de la palabra: con la legislación actual, en 2017, apenas en tres años, todos los
entornos tienen que ser accesibles por mandado de la Liondau de 2003, que daba un plazo de hasta diecinueve o veinte años, que fue reducido por las Cortes Generales y ya el límite máximo para que todos los productos, bienes y servicios sean
accesibles expira en 2017; eso está a la vuelta de la esquina y si no hay una clara conciencia, voluntad y presupuesto, no llegaremos al cumplimiento de ese mandato y nos dimos casi veinte años, en 2003, para acercarnos a una solución. Parece
mucho tiempo pero los años pasan muy rápido.


Tenemos un problema con la legislación de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal y pedimos a esta Cámara y a las Cortes una solución legal a un atolladero que depara impunidad, y les cuento. La legislación actual de
infracciones y sanciones solo permite a la Administración General del Estado abrir expediente y sancionar si el hecho se produce en varias comunidades autónomas a la vez, o si depende de una infraestructura o de un servicio que sea de titularidad
estatal. Por tanto, si Metro de Madrid, Metro de Barcelona, Metro de Bilbao, Metro de Valencia o cualquier otro medio de transporte local no cumple estos mandatos de 2017 o cuestiones más de detalle, no podemos denunciar con la ley estatal; se
necesitaría que cada una de esas comunidades tuviera a su vez un régimen sancionador aprobado por su Cámara autonómica legislativa y aplicable en esa comunidad autónoma. Eso no ocurre generalmente; la mayoría de las comunidades autónomas no tienen
legislación de infracciones y sanciones -ahora comienzan algunas comunidades autónomas a renovar sus leyes de accesibilidad y a dotarse-, por lo que estamos en una situación de desigualdad territorial. Por lo tanto, como no puede atacarse por vía
del Estado y la comunidad autónoma no tiene legislación específica, se queda en un vacío legal, no se puede atacar y hay una impunidad de esa situación de incumplimiento de la ley. Por ello hemos pedido que la legislación estatal pudiera ser
aplicable subsidiariamente -habría que modificarla, y esa es la petición a la Cámara- al hecho autonómico en tanto la comunidad autónoma no apruebe su propia ley; que la legislación estatal genérica fuera subsidiariamente aplicable en tanto no
exista legislación específica propia de la comunidad, para no invitar a las comunidades a que no legislen y dejar ese vacío al que

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aludía. Proponemos también crear un fondo estatal de accesibilidad universal que se nutriría, como ocurre con el 1 % cultural -que ya existe hace muchos años y se gestiona por los ministerios de Cultura, Fomento, etcétera-, del 1 % de todo
el dinero que en los Presupuestos Generales del Estado se destina a obra pública, infraestructuras, añadiendo otro 1 % del presupuesto que dedica el Estado a la sociedad de la información, administración electrónica, etcétera, porque no solo son
cuestiones de accesibilidad física sino también electrónica y tecnológica.


Llamo la atención sobre dos cuestiones relativas al transporte. En transporte aéreo tenemos una regulación muy deficiente. Sé que a esta Comisión y a muchas de sus señorías han llegado casos sangrantes de denegación de embarque, de
dificultades en el transporte de los productos de apoyo, de las sillas de ruedas. Aquí hay reglamentación europea, no es responsabilidad directa del Estado pero España debería ser la avanzadilla para cambiar el reglamento de pasajeros con
discapacidad del 2006, que es muy insatisfactorio y tendríamos que promover, como país miembro de la Unión Europea, su cambio. En todo caso, habría que llegar a acuerdos con las compañías aéreas que operan en España para que motu proprio apliquen
lo más beneficioso para los pasajeros con discapacidad. En relación al transporte otra cuestión también muy preocupante es la relativa al taxi accesible. En 2017 el 5 % de todas las flotas del taxi de las ciudades que los tengan han de ser
accesibles. En un reciente informe, elaborado por Cermi y Fundación ONCE, veíamos que la mayoría de ciudades que estarán obligadas en 2017 no cumplen ese 5 % de taxis accesibles.


Cuestiones que nos quedan pendientes de avanzar y extender la legislación. La legislación audiovisual, que es relativamente reciente, de 2010. Solo en 2010 se imponen obligaciones de subtitulación, de audiodescripción, de emisión en lengua
de signos de las televisiones de ámbito estatal y autonómicas, que pueden llegar en el caso de las públicas al 90 % de la subtitulación de toda la programación, pero se quedó muy corta en temas de lengua de signos y en temas de audiodescripción para
personas ciegas y con discapacidad visual; apenas son dos horas semanales, lo que está muy lejos de las necesidades. O se regula la accesibilidad cuando el programa se emite en abierto en una televisión generalista pero no obliga a las
televisiones de pago o a demanda y tampoco cuando ese mismo programa se emite a través de televisión a la carta o a través de dispositivos que no son el aparato de televisor tradicional, sino lo que se llama la televisión conectada. La obligación
de accesibilidad, si la película se emite en La 1 de Televisión Española tendrá que ser subtitulada pero si la emite Televisión Española a la carta o si se deposita en un repositorio de películas, ahí ya no hay obligación, cuando es la misma
película que materialmente está accesible porque ya tiene la banda de accesibilidad, de subtitulación o de audiodescripción o de lengua de signos. Y, como apuntaba, la necesidad de regular la accesibilidad cognitiva para las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo para que puedan entender e interpretar el entorno. Una persona con autismo puede subirse por sí misma a un autobús, en ese sentido no es inaccesible, pero para que pueda entender la señalética, las
indicaciones, la interacción con el conductor, ahí hay muchos requisitos de accesibilidad que se tienen que abordar y de la que nuestra legislación ahora está carente y no está regulando. Y en el tema de la lectura fácil, la documentación en
lectura fácil en las administraciones no solo para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino para muchas otras que tienen dificultades de entender un texto administrativo, judicial, etcétera. Eso también es una vía para
facilitar la relación con las administraciones o para el acceso a la cultura, a los bienes culturales, literarios, bibliográficos, etcétera.


Señorías -y con esto finalizo-, también ver la accesibilidad no solo como una fuente de imposiciones, de obligaciones, que lo es, porque tiene que ver con derechos humanos y en eso no se puede transigir, sino como un sector económico
emergente que con ayuda pública y con fomento, con buenas leyes y con políticas públicas destinadas al fin, genera inclusión, genera bienestar, genera actividad económica -imagínense lo que sería rehabilitar ese 75 % del parque de viviendas
inaccesibles, cuánta mano de obra se podría generar a través de unas grandes estrategias de rehabilitación- y, por tanto, riqueza y empleo e innovación social y desarrollo social que necesitan las personas con discapacidad, las personas mayores,
pero también nuestra sociedad para que sea más decente, más presentable y más digna.


Quedo a la espera de las consideraciones que tengan a bien hacerme.


La señora PRESIDENTA: Para hacer las preguntas que considere oportunas, tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, doña Gracia Fernández Moya.


La señora FERNÁNDEZ MOYA: En primer lugar, quiero agradecer la presencia de don Luis Cayo para presentar este interesante proyecto, en el que nos hace una foto, aunque no sea una panorámica total,

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pero sí una muestra muy importante de la violación de derechos humanos de las personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad en España. Este gran trabajo con una metodología cualitativa nos da una idea de lo que aún nos queda por
hacer. Durante el Gobierno socialista siempre hemos sido muy sensibles a las necesidades de las personas con discapacidad; se produjeron avances pero aún faltaba por hacer. Ahora nos preocupa que con la llegada del Partido Popular al Gobierno no
solo no se avance sino que se retroceda en muchos aspectos que afectan a las personas con discapacidad, como la dependencia, el copago -ya veremos cómo queda el material ortoprotésico, estaremos vigilantes para ver qué pasa- y también la
accesibilidad. Por ejemplo, en el año 2012, con la llegada del Partido Popular desapareció el convenio en materia de accesibilidad universal del Imserso y la Fundación ONCE, que tenía una trayectoria de más de veinte años y que ha ayudado
enormemente a la mejora de la accesibilidad en los municipios españoles.


El documento que hoy nos presenta y que he tenido oportunidad de leer -ya lo había leído antes-, me parece una gran herramienta para poder avanzar en nuestro trabajo; recoge propuestas que pueden traducirse en iniciativas para su debate en
comisiones, con el objetivo de mejorar la vida de las personas con discapacidad. Como usted ha destacado, la metodología, con una crítica y además con una propuesta de mejora, como se deben hacer las críticas, nos parece que es la correcta. Tengo
que hacer mención a algunas denuncias que me han llamado especialmente la atención. La falta de accesibilidad en algunos servicios públicos -como decía, también tienen obligación los privados pero hay algunos públicos que choca demasiado- en los
que es especialmente importante la frecuentación de personas con discapacidad, como una consejería de Asuntos Sociales aquí, en Madrid, parece increíble; o la falta de accesibilidad en centros hospitalarios o en servicios públicos, sobre todo
alguno de reciente construcción, inaugurado en 2013; no entiendo cómo ha podido ser supervisada y recepcionada una obra que no cumple la normativa, no lo entiendo. Decía usted que se necesitan legislaciones vigorosas, severas para avanzar. Sí,
estamos de acuerdo, pero sobre todo también se necesita que se cumplan las leyes en vigor.


Son muchas las denuncias por falta de accesibilidad en ferrocarriles y en otros transportes terrestres. Aunque no hay recogida ninguna denuncia de Almería, mi provincia, se lo confirmo yo, porque así me lo han transmitido las personas que
utilizan sillas de ruedas eléctricas y que se tienen que desplazar en tren hasta Madrid, y no pueden viajar sin poner en riesgo su vida, porque no están acondicionados para ello. Nosotros hemos reflejado algunas quejas en una iniciativa que
esperamos que se pueda debatir pronto para plantear soluciones. También hemos presentado iniciativas para mejorar el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público, pero todavía están pendientes de debate.


Me gustaría -para terminar y no extenderme demasiado- hacerle algunas preguntas concretas. ¿Han previsto hacer alguna priorización de estas deficiencias? Por supuesto hay algunas que son de más gravedad que otras. Después de presentar
este documento a las distintas instituciones, ¿han tenido ya alguna respuesta? Ha comentado que han sido admitidas a trámite por el Defensor del Pueblo 97, lo que demuestra que están bien acreditadas, que están bien documentadas. Si se podía poner
en duda una metodología cualitativa creo que con la documentación que aporta -y en alguna de ellas dice incluso que ya se han presentado denuncias formales- creo que ya se acredita. Quisiera conocer igualmente qué otras actuaciones tienen
previstas. ¿Van a dar un plazo de subsanación y después piensan repetir el análisis con la misma metodología o con otra?


Tomamos nota de todas las peticiones, totalmente razonables, que ha hecho al final para valorarlas y para poder hacer propuestas de mejora; lo que queremos es mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Caridad García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, don Luis, de nuevo por su presencia en esta Cámara; muchas gracias por sus explicaciones. Usted nos viene a traer hoy aquí una cuestión que, como usted mismo dice, viene de muy largo. Hace ya muchos
años que se viene denunciando por parte de las asociaciones relacionadas con la discapacidad la situación en la que se vive en cuanto a accesibilidad a edificios e incluso a tránsito por la calle, y no hablemos ya, aunque sea algo más reciente, del
tema de los medios audiovisuales para que lleguen a todo el mundo. No hace mucho apareció una queja por parte de las asociaciones de sordos, a través de un medio de comunicación, que no había transmitido con lenguaje de signos o con alguna banda el
tema que se estaba tratando en los medios de comunicación. Eso desgraciadamente es un continuo; puede, como usted muy bien decía, que en medios públicos ya en

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algunos momentos sí que se cumple con esa legislación, pero hay muchísimos -a los que tienen el mismo derecho y no solamente a aquellos que son públicos- a los que las personas sordas tienen problemas para escuchar aquello que se está
diciendo en ellos. Avanzar en ese sentido es importantísimo.


Usted hablaba de las viviendas, y es verdad; yo recuerdo cuando se hicieron determinadas viviendas sociales en la localidad donde vivo que una de las cuestiones que se ponía en los pliegos de condiciones era que había un determinado número
de viviendas que iban a ser destinadas a personas con problemas de accesibilidad, y que tendrían que tener los recursos necesarios para poder acceder a esas viviendas, puesto que además se establecía dentro del cupo que hubiera ese número
determinado de viviendas, y -¡oh sorpresa!- cuando se acaban las viviendas -debe ser que nadie a lo largo del tiempo se preocupó de hacer un seguimiento de la obra- aquellas personas que tenían derecho a acceder a las mismas no podían hacerlo, dado
que no existían los mecanismos ni dentro de la propia vivienda para establecer las condiciones necesarias para moverse en silla de ruedas ni de acceso a la propia vivienda, a pesar de que la mayoría de ellas se establecían en las zonas bajas de
dicha vivienda, lo cual llamó poderosamente la atención, porque hubo que hacer una reinversión nueva y una reconstrucción del interior y del exterior de la vivienda para que se pudieran hacer esos accesos.


Usted hablaba de las comunidades autónomas porque las diferentes legislaciones de las mismas no conllevan la penalización del no cumplimiento. Yo le quiero señalar algo más cercano: el no cumplimiento de algunas comunidades de vecinos,
cuando tienen alguna persona con discapacidad sobrevenida, de ponerle los mecanismos necesarios para que esas personas puedan acceder a las viviendas, y eso también deberíamos tenerlo en cuenta porque se da desgraciadamente con más frecuencia de la
que nos creemos.


Recuerdo -voy a terminar con estas dos cuestiones- que hace algún tiempo, cuando se construyó la nueva Asamblea de Madrid, en Vallecas, a quien les habla, que en aquel momento era diputada allí, le llamaba poderosamente la atención que,
habiéndose construido también determinando la accesibilidad a la misma, una persona que fuera en silla de ruedas para intentar abrir las puertas de acceso a los grupos tendría que aprender contorsionismo, porque si no era imposible, ya que tenía que
sujetar una puerta, avanzar con la silla de ruedas, sujetar la otra para poder entrar, y además girar, lo cual era bastante dificultoso. Se denunció y no se corrigió el tema de las puertas, y lo que se hizo fue que hubiera una persona cerca para
ayudar a la persona a poder entrar, pero no se corrigió ese defecto de accesibilidad. Si ustedes van a la Asamblea de Madrid comprobarán que el tema sigue exactamente igual. Ahora bien, sí se corrigió una cosa: no había ascensor para poder
acceder al espacio reservado al público, y se colocó finalmente un ascensor para que las personas con discapacidad pudieran acceder al espacio destinado al público. Lo digo como anecdótico, si se quiere, pero como realidades que pasan y que
deberíamos ir en ese avance para evitar que estas situaciones se sigan produciendo.


Usted decía que el plazo expira en 2017; parece que nos queda mucho, pero como diría el tango, en este caso reduciendo mucho el tiempo, tres años no es nada, y sin embargo queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, y deberíamos todos, el
conjunto de grupos aquí representados, reflexionar sobre ello para motivar precisamente que se acelere en este sentido la accesibilidad para los ciudadanos y para las ciudadanas que tienen cualquier tipo de discapacidad, sea cual fuere, para que
puedan contar con aquellos recursos que les son absolutamente necesarios, como a cualquiera de nosotros.


Con esto acabo. Avanzar en conciencia es muy importante; que todos estemos concienciados de que hay que avanzar en este sentido es muy importante, pero no vale con eso solo, porque además de avanzar en conciencia tenemos que avanzar para
facilitar los recursos necesarios, y ahí tropezamos -permítame que le diga, don Luis- con lo más crudo de todo: y es que entonces estamos hablando de dinero, y cuando hablamos de dinero ahí tropezamos no sé con quién decir para no imitar a Don
Quijote y a Sancho, en la frase ya famosa, pero desde luego tropezamos con lo más duro de la Administración, que es que se ponga dinero encima de la mesa.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Vañó.


El señor VAÑÓ FERRE: Bienvenido de nuevo a esta su casa, porque usted es habitual aquí. Además estoy agradecido por la comparecencia y la presencia del presidente del Cermi, don Luis Cayo Pérez Bueno, y por las explicaciones, sobre todo
por ayudarnos a que entre todos sigamos avanzando en buscar soluciones para todo lo que son asuntos que atañen a la discapacidad, asuntos que por desgracia no están resueltos todavía, y por eso tiene un sentido especial que exista en este Parlamento
una comisión específica para atender esos problemas de las personas con discapacidad.

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Como siempre, me gusta en estos asuntos desideologizar, ustedes lo saben -y no tengo miedo ni de la llegada del PP al Gobierno ni de ningún grupo político; no sé si la gente no está dispuesta muchas veces a desideologizar asuntos como
estos-, y en nuestro grupo creemos que lo importante es solucionar problemas de las personas con discapacidad, y además que nadie se arrogue el protagonismo ni la exclusiva. En ese sentido quería hacer una alusión a todo lo que ha habido en cuando
a evolución de la discapacidad en España, y desde el año 1982 hasta ahora -puedo citarlas, pero todo el mundo lo conoce- hay nueve leyes muy importantes que hemos hecho entre todos, no son patrimonio de nadie, sino que lo hemos hecho entre todos en
función de las necesidades que tenían las personas con discapacidad, y con la vocación de solucionar los problemas de las personas con discapacidad. Por tanto partimos de una base en la que estamos todos de acuerdo y en la que coincidimos, y es que
la falta de accesibilidad es una manera sutil de discriminar, y en ese sentido todavía en España, y en otros países más quizá, pero en España también, no tenemos resuelto el problema de la accesibilidad por mucha fecha que nos pongamos del 2017 u
otras, porque el problema creo que entra más en la labor de mentalizar socialmente a la ciudadanía de que hay otras personas con otras características, con otras condiciones, pero que tienen los mismos derechos y hay que tratar de trabajar para que
esas personas puedan acceder a esos derechos como el resto.


Hemos avanzado mucho; yo soy un optimista, lo he transmitido, y he de reconocer -y así lo reconoce también mi partido- que ha habido una evolución muy importante en los avances para personas con discapacidad. También es cierto que
partíamos de tan atrás, siempre suelo decir lo mismo, que aunque se ha adelantado mucho nos queda todavía mucho para llegar a la solución definitiva y a esa igualdad de acceso a derechos en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos.
Pero el mero hecho de que si se habla de barreras, ya la gente lo tiene más claro y no se asocia solamente a barreras arquitectónicas, a barreras de accesibilidad, al medio, al entorno, a la edificación, sino que estamos hablando ya de acceso a los
bienes, a los entornos, a los servicios, a los productos. Es decir, la gente tiene una concepción más clara de lo que es la accesibilidad y que abarca a mucha más gente, y además que cualquiera puede estar en un momento determinado de su vida con
problemas de accesibilidad a cualquiera de estos elementos. Por tanto en la medida en que hagamos un diseño para todos tratamos de solucionar para todos.


Pero volviendo al caso que nos ocupa de las cien denuncias, que me parece que es un ejercicio didáctico muy bien planteado por parte del Cermi, porque ayuda un poco a abrirnos los ojos a todos sobre esa problemática que todavía está
pendiente de solucionar, por tanto alabo la buena idea y alabo que hoy estemos aquí hablando del tema, además como gusta hacer al Cermi -y mi grupo lo valora siempre-, planteando el problema y las soluciones alternativas al problema; nos ayuda a
colaborar para que hagamos más fácil y llevemos adelante esa solución. Hay mucha legislación como decía. En España existen esas nueve leyes desde 1982: la Lismi; la del patrimonio protegido de 2003; la Liondau, de igualdad de oportunidades; la
del 14 de diciembre de promoción de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, en fin, todas las leyes hasta llegar al texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad, en las que hemos
colaborado todos los grupos parlamentarios, y la Cámara ha sido la que ha propiciado el avance de estas leyes, y gracias a ello hoy en día estamos en una mejor situación. Pero tener mucha legislación no significa que tengamos los problemas
resueltos; siempre he dicho que hace muchos, muchos años, desde la existencia del ser humano, está prohibido robar, está legislado que está prohibido robar, está penado que se robe, pero todos los días se roba, es decir, la legislación no nos va a
solucionar del todo el problema, nos va a ayudar, va a establecer unos criterios de actuación, y probablemente ayude a que cada vez haya menos problemas de accesibilidad, pero insisto en que es fundamental la labor de mentalización social, la labor
de concienciar a la sociedad de que hay otras personas con otras características que en un momento determinado pueden ser mejores, peores, diferentes, distintas, pero que hay que atender a ese grupo de personas, grupo de personas que por cierto no
es tan minoritario, que es casi un 10 % de la población, y aunque fuese uno solo creo que merecería la pena, pero en este caso mucho más.


La accesibilidad universal, el diseño para todos, son conceptos que creo que están asumidos por parte de todos; creo que está claro que todos tenemos la vocación de llegar a esa situación. Usted ha aludido al reglamento sobre
accesibilidad, que se tendrá que aprobar por un real decreto antes del 3 de diciembre de 2015; va a regular las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación, pero a todos los bienes y servicios públicos como productos
sanitarios, productos de consumo, ocio, turismo, deportivos. Esto, junto con los ya aprobados en el desarrollo de la Ley 51/2003, de la Liondau, en el ámbito de la edificación, urbanismo, entorno, transporte, cerrará el círculo de la legislación,
pero no se

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cerrará el círculo de la solución a los problemas; creo que va más allá que todo esto. Por tanto debemos seguir insistiendo en que estas comparecencias tienen ese sentido, y la difusión por parte de ustedes en todos los ámbitos, la
denuncia, creo que ayudará a algo que es importante decir, y es que más que buscar culpables debemos buscar soluciones. El problema no es quién es el culpable, quién ha hecho más o quién ha hecho menos, quiénes son mejores y quiénes son peores;
creemos que debemos buscar soluciones porque los problemas todavía están pendientes. En ese sentido, de la mano de la interlocución social, el hecho de que se haya nombrado a los representantes de las personas con discapacidad y de otros ámbitos
del tercer sector como interlocutores sociales creo que ha sido un avance importante, porque a través de ese diálogo social las personas que entienden de la problemática, que la conocen, que la viven y que la pueden transmitir para buscar
soluciones, a través de esa participación activa, de ese diálogo social se puede colaborar en facilitar las soluciones. Creo que vamos por el buen camino. ¿Que se puede hacer más y más deprisa? Por supuesto, quizá se pueda hacer, pero también hay
que ver las circunstancias y el contexto en que nos movemos.


Sobre los problemas de comunicación para las personas sordas o para deficientes visuales todavía queda mucho por hacer, pero se ha hecho bastante, incluso estamos hablando del transporte, tanto de taxis como del transporte aéreo, que ahí
dependemos un poco de Europa; quizá tendremos que presionar a otras instancias para que colaboren en la mejora de la situación. Ha citado un ejemplo, y podemos citar una referencia similar que sugiere lo del 1 % del PIB para la accesibilidad,
igual que hay un 1 % cultural; es una idea muy interesante a tener en cuenta, y además sería establecer de una manera fija, concreta y constante, independientemente de quién gobierne, unos criterios de financiación que pudiesen establecer un
mantenimiento de los servicios que muchas veces el tercer sector es el que ofrece. En este sentido, por ejemplo, recientemente en Castilla-La Mancha el Gobierno de María Dolores de Cospedal acaba de aprobar una Ley de Garantía de los Derechos donde
se establece que, de no poder ser antes, pero sí obligatorio a partir de 2020 se va a establecer el 1 % del PIB para la discapacidad.


Hay un problema, y es que hecha la ley hecha la trampa. Tenemos incluso una Ley de Infracciones y Sanciones. Efectivamente hecha la ley hecha la trampa, siempre hay una fisura por donde escaparse, y quizá no cumplirla; está hecha y además
es muy buena ley, se hizo en época del Gobierno socialista, o sea que insisto en que hay que desideologizar, como he dicho antes, porque aquí todo el mundo colabora y tiene la vocación de mejorar esta situación. Pero, como bien usted dice, tiene
algunas grietas que hay que tapar. Esta llamada de atención nos sirve a nosotros para plantearnos que efectivamente la aplicación en comunidades autónomas, si no se dan las circunstancias para poder aplicarla, no tiene efectividad; quizá por ahí
hay que replantearse la legislación para que desde una manera independiente se pueda actuar a nivel estatal en las comunidades donde no tengan solucionado o prevista la solución para situaciones donde no hay legislación al respecto, y por tanto que
se pueda aplicar esa legislación estatal en esas comunidades.


Tomamos nota de que efectivamente hemos avanzado también en la Ley de Propiedad Horizontal. Es un problema -y lo reconozco- que en el acceso a la vivienda haya tantas todavía inaccesibles; la Ley de Propiedad Horizontal se ha mejorado
mucho, ha evolucionado mucho, hemos tenido un desarrollo por el que debemos sentirnos satisfechos de lo que hemos hecho, pero no del todo satisfechos porque no hemos llegado a solucionar todos los problemas; mientras haya una persona, como muy bien
se ha citado aquí, que por sus dificultades de movilidad, por una discapacidad con un porcentaje tan elevado que le impide ser autónomo físicamente, una discapacidad física y con movilidad reducida, que no pueda salir de su casa tendremos que tratar
de solucionarlo, y por tanto debemos seguir en esa línea. Estamos pendientes de ver cómo se puede hacer, porque hay que conjugar muchas veces no solamente la voluntad de un grupo pequeño, de un grupo minoritario, sino de combinarlo con la vocación
de servicio y de hacer un bien para todos, no desvistamos un santo para vestir a otro, es decir, busquemos la fórmula adecuada. Pero sí somos conscientes, insisto, aunque solo sea por los aldabonazos que nos ha dado, de que esta comparecencia tiene
mucho sentido, y por ello quería agradecerle primero el trabajo hecho, que son denuncias que independientemente del lugar, independientemente de la institución, que sea pública o privada, que sea del norte de España, en el sur, en el este o en el
oeste, había que hacerlo para que nos sirviese a todos de motivación para mejorar y solucionar los problemas. Quiero decirle que los méritos -y lo digo con toda convicción- de estos avances no son del Legislativo o del Ejecutivo o de los partidos
políticos, creo que ahí los representantes de las personas con discapacidad han sido lo suficientemente generosas, trabajadoras, serias y constantes como para ayudar a que entre todos, empujados por ellos, lleguemos a esta solución.

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Si usted nos sugiere alguna cosa más verá que se toma nota de sus propuestas, porque creemos que, como dice el sector de la discapacidad, nada para la discapacidad sin contar con las personas con discapacidad. En ese sentido nosotros vamos
a seguir contando con ellas. Insisto en mi agradecimiento por su intervención y por el trabajo hecho.


La señora PRESIDENTA: Para contestar a las preguntas suscitadas tiene la palabra don Luis Cayo.


El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): En primer término me complace el tono de todas sus señorías y la receptividad a las propuestas desde las distintas visiones, desde
las distintas responsabilidades, grupos mayores, menores, mayoritario, etcétera, porque la preocupación y la ocupación por las cuestiones de las personas con discapacidad y sus familias creo que es horizontal a todos los grupos, y eso es muy de
agradecer viniendo de un sector histórica y estructuralmente excluido, que necesita sin duda la alianza de los representantes del pueblo para continuar avanzando legislativamente, pero siempre entendiendo que las leyes cada vez más no son un
resultado, sino un proceso, pero sin leyes, sin Estado de derecho que nos ampare como herramienta a usar por las propias personas o por las propias familias sí que estamos desasistidos, no nos solucionan la vida, pero son absolutamente un
instrumento para algo que hace honor a lo que queremos, a través de nuestro propio desarrollo como personas y de nuestra autonomía, con la ley en la mano poder solucionar nuestra propia vida. El trabajo legislativo para nosotros es el horizonte al
que siempre miramos, sabiendo que la ley por sí misma no lleva a todas las soluciones, sino que después hay que ejercerla, y queremos ejercer buenas leyes. Por eso les pedimos y les instamos a que las hagan, como lo han venido haciendo, y a que las
intensifiquen.


Respondiendo a algunas cuestiones más individuales, señora Fernández Moya, es verdad que no hay ningún caso en Almería. No lo he dicho, no he podido descender a tanto detalle, pero seguro que de las cuatrocientas de las que se partió sí que
había; también hay unos territorios donde hay más denuncias que en otros, y no necesariamente indica que ese territorio incumple más o que hay más infracciones, quizá haya una mayor conciencia de denuncia por parte del movimiento asociativo de las
personas, y entonces pueden llegar más que son significativas, que son representativas, y por eso tienen una mayor incidencia. Hemos procurado un equilibrio de comunidad autónoma y de ciudad autónoma pero a provincia no hemos descendido. En
principio esa cuestión que señalaba del tren en 2017 tendría que haber un tren accesible a Almería. Ahí está el límite, y si no volveremos a denunciar, seré yo u otra persona, traeremos otro informe diciendo que en 2017 no se ha cumplido.


Priorización. En la última parte de mi intervención inicial he intentado priorizar, pero como la gran prioridad de prioridades, como una cuestión ya de dignidad nacional y de dignidad como país y como comunidad decente está el tema de la
Ley de Propiedad Horizontal. No podemos volver a clamar aquí años y años con remiendos; en 2003 había un grupo político; en 2011 otro; y en 2013 son los últimos tres parches en la Ley de Propiedad Horizontal, que no se atreven y que no encaran
el problema fundamental, y es que a la accesibilidad en sede de propiedad horizontal hay que darle la misma respuesta que la ley ya da a las demás necesidades; si hay un problema de estanqueidad en el edificio todos los copropietarios pagan en
función de su cuota de participación, y si hay un problema para cambiar las puertas o poner un telefonillo o un vídeo teléfono, todos los copropietarios tienen que aportar en función de su cuota, y solo cuando se trata de accesibilidad, que
compromete derechos más fundamentales que algunos otros, ya que a veces pueden ser hasta ornamentales del edificio o del inmueble, se establecen límites, se ponen doce meses las cuotas como límite, y si se pasa de doce meses ya no hay obligación.
¿Por qué? Si es simplemente dar el mismo tratamiento que al resto, si es una ley buena; otra cosa es que pueda haber ayudas sociales para las familias de esos inmuebles que tengan especiales dificultades para hacer frente a esa obligación civil de
contribuir, pero eso es una cuestión de política social o de política de vivienda, pero no de regulación civil, como es la propiedad horizontal. Y eso no es cuestión de dinero -después responderé a la señora García Álvarez-, de inversión, que por
supuesto es necesaria; la accesibilidad, la igualdad es una exigencia a toda la sociedad, y si existe un régimen de propiedad horizontal que obliga a los copropietarios, porque son propietarios, también se debe extender a las obligaciones de
accesibilidad. Espero y deseo, porque tenemos una sensación de fracaso enorme, que esto pueda ser resuelto en esta legislatura, y les insto a ello.


Creo que les habrá llegado hace unas semanas una reproducción de un ladrillo; estamos en una campaña intensa, extensa, no sé hasta cuándo tendremos aliento para mantenerla, para que esta ley termine resuelta. Cuando en 2003 se abrió por
primera vez, en 2011 se amplía, en 2013 se mejora,

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siempre había un miedo; hemos comprobado en estos años que las mejoras no han traído ninguna protesta social, nadie se ha quejado, han traído bien social, no tengamos miedo a cosas oscuras, a miedos injustificados para no hacer, hagamos,
porque la verdad es que esto lo están deseando más de dos millones de personas mayores, más por razón de edad que por discapacidad, que tienen problemas de movilidad, y sería una respuesta social de este Parlamento enorme, y que verían con muy
buenos ojos todas esas personas que hoy tienen problemas de dignidad humana. Hay casos -y no quiero ser fácilmente demagógico- en que un padre o una madre tienen que coger a la espalda a sus hijos con parálisis cerebral para bajarlos y subirlos;
¿eso es aceptable en una sociedad moderna, en una democracia avanzada, como dice nuestra Constitución, que tiene que ser nuestro país? De rodillas pido, por favor, que se solucione ese problema de una vez.


Cuestión de dinero. Señora García Álvarez, hace muy pocas fechas el Consejo de Ministros ha aprobado una subvención para las comunidades de propietarios de viviendas para cambiar las antenas y ponerse al día con la nueva sintonización
digital de las televisiones. Miren que cantidad se ha dedicado a eso: cercana a los 300 millones de euros para ayudar a las comunidades a poner su televisión -no digo que no sea una necesidad social, no digo que no haya que hacerlo, no lo sé, eso
es cuestión de decisión política, la televisión es un derecho, tiene que ver con los medios de comunicación, la libertad de expresión-, pero jamás, jamás en nuestra historia democrática ha habido ni una subvención de la Administración General del
Estado a las comunidades de propietarios para ayudarles a instalar ascensores, rampas, videoteléfonos, etcétera. Quienes representan a las televisiones no han tenido que hacer manifestaciones, no han tenido que hacer presión política, no han tenido
que hacer influencia, no han tenido que venir al Parlamento a pedir que se les den ayudas para cambiar las antenas, y se les han dado. Sin embargo el movimiento de la discapacidad lleva años con esto y no encontramos respuesta. O sea que dinero
puede que sí lo haya, pero hay una decisión política, y depende de a qué finalidades se dedique, pero 300 millones para accesibilidad en viviendas ya los hubiéramos querido.


Ese convenio del Imserso, anual, al que se refería antes la diputada Fernández Moya, es verdad que en sus mejores momento ha sido un instrumento muy válido, pero ha tenido 12 millones de euros anuales, en veinte años 200 millones, sin
embargo de una tacada 300 millones para las antenas. Quiero decir que hay prioridades políticas que se reflejan en prioridades presupuestarias.


El tema de la conciencia. Para nosotros sí es importante, aparte de las políticas, de las leyes y de los presupuestos, porque todavía nos falta ganar en toma de conciencia. Yo a veces en charlas, en debates, con alumnado, porque cada vez
hay más másteres de accesibilidad, y eso es bueno, planteo una cuestión, para que se replanteen y duden de lo establecido, de lo natural. Si fuéramos a una discoteca, a un teatro o a un lugar abierto al público que dijera: no se admiten personas
por razón del color de su piel, por razón de su orientación sexual, por razón de su sexo, todos nos escandalizaríamos. Creo que el grado de progreso moral de la sociedad no admite eso, y cuando se producen casos, que todavía por desgracia se
producen, la mayoría reaccionamos indignadamente, ¿cómo es posible que no se dejen usar los bienes colectivos por razón de una característica personal? Pero si se trata de accesibilidad, si esa discoteca, si ese teatro, si ese lugar público tiene
escalones, no tiene rampa, no tiene un elemento que permita el acceso a una persona con problemas de movilidad, nadie se escandaliza, nadie dice que lo cierren, nadie dice que eso es intolerable, que eso es indignante, que se están vulnerando
derechos, bueno, lo dice quien lo sufre y quizá su entorno más inmediato, pero no hay esa conciencia global de que ahí se está discriminando. Y el efecto para la persona es devastador: no puede acceder, no puede ir al teatro, no puede participar
de ese bien; a veces no puede ir a la escuela o no puede ir a la universidad, de lo que depende después su desarrollo futuro, su empleabilidad, su inclusión económica y laboral, etcétera, pero no hay esa reacción. En un caso u otro me dirán: es
que en la primera conducta hay una voluntad deliberada de excluir, hay malicia para apartar a la gente, sí, pero el efecto objetivo en la persona es el mismo, es que no puede participar, no puede asistir, no puede estar, está al margen y está
discriminado por razón de discapacidad. Por tanto aún faltan elementos de avance en la toma de conciencia; lo intentamos hacer en que cada persona con discapacidad, pero es muy cansado; para una persona con una gran discapacidad, en silla de
ruedas, con paraplejia o con tetraplejia plantearse salir a la calle es una gincana. Todos somos humanos y desfallecemos, y somos débiles y ya te cansas, si vas a divertirte no puedes venir con cinco denuncias bajo el brazo, porque moralmente te
deprimes y te hundes, pero la conciencia de la autodefensa, del no transigir con las violaciones las asociaciones estamos para ello, y tenemos que ser autocríticos también porque no hemos hecho esa labor de denuncia intensa, masiva, constante, pero
tiene que estar ahí, y tenemos que -como se decía también por el señor Vañó- ser

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pedagógicos, ser didácticos, y enseñar a quien no cae por inadvertencia, porque no lo vive, porque no lo tiene cerca, y no tiene mala fe, pero tiene también que hacerse cargo de la diversidad humana que hay en nuestra sociedad, y que no
puede ignorar por más tiempo, porque sí que sería una ignorancia en este caso culpable.


Creo que nuestro informe no busca culpables fáciles; es verdad que después hay culpables concretos, porque de esas cien denuncias hay cien titulares de ese bien, producto o servicio que no ha cumplido la ley o que no ha sido diligente para
darle una solución positiva, que en muchos casos puede estar perdiendo clientes o puede estar perdiendo notoriedad o fama pública, porque si es una empresa ya se está poniendo en contra a determinado grupo de población. Buscamos soluciones,
tratamos de orientar, no creemos que tengamos la razón; lo sentimos, lo hemos vivido, y dentro de nuestro conocimiento honradamente creemos que traemos y proponemos ciertas soluciones que son factibles, que no es pedir la luna, que no es esperar
cosas del cielo, que con voluntad política, con conciencia, y a veces también con presupuesto -pero creo que el presupuesto no es la causa que hoy nos impida tener más accesibilidad en España- tendremos más accesibilidad, pero hay muchos otros
factores que podrían mejorar el grado de accesibilidad de nuestra sociedad, el grado por tanto de inclusión y de acceso a los derechos y a los bienes sociales básicos para las personas con discapacidad. Es lo que hemos tratado con muchas
iniciativas, y esta es una más, dentro de una estela mucho más grande.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Luis Cayo, presidente de Cermi, a quien agradecemos sinceramente la exposición que ha hecho en la mañana de hoy, en esta que es su casa, e igualmente que haya contestado a las preguntas de los
diferentes grupos parlamentarios. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE CONTENME, ASOCIACIÓN DE CONTENCIÓN MECÁNICA (FERNÁNDEZ DE PRADO), PARA EXPLICAR SUS PROYECTOS EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD Y LA SEGURIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
219/000502).


La señora PRESIDENTA: Seguimos con la sesión de la mañana de hoy. Tenemos ahora la comparecencia de don Arturo Fernández de Prado, presidente de Contenme, Asociación de Contención Mecánica, para explicar sus proyectos en el ámbito de la
discapacidad y la seguridad. Es una comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Don Arturo Fernández, le damos la bienvenida al Congreso de los Diputados, a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, a esta
que es su casa, para que nos explique sus proyectos en el ámbito de la discapacidad y la seguridad. Tiene la palabra.


El señor REPRESENTANTE DE CONTENME, ASOCIACIÓN DE CONTENCIÓN MECÁNICA (Fernández de Prado): Presidenta, miembros de la Mesa, portavoces, vocales de los distintos grupos parlamentarios de esta Comisión permanente, representantes del Cermi
que nos ha antecedido, señoras y señores, también las personas que nos estarán viendo y escuchando a través de la retransmisión en directo de esta comparecencia. Buenos días y gracias por darnos la oportunidad de comparecer ante esta institución.


Antes de comenzar la intervención, en representación de esta entidad quiero recordar en el día de hoy a las cincuenta y cinco víctimas de violencia de género y los tres menores asesinados y cinco personas adultas que las acompañaban. Hoy es
el día en que las instituciones y las organizaciones debemos redoblar los esfuerzos contra la violencia de género.


Señorías, en nombre de la Asociación de Contención Mecánica, Contenme, a la que tengo el honor de presidir, quiero agradecer a los dos grupos parlamentarios mayoritarios de esta Cámara la disponibilidad que han tenido para que les diéramos a
conocer nuestro innovador proyecto, así como su asesoramiento y compromiso. Este proyecto pionero aterriza en la Comunidad de Madrid por medio de la entidad estatal Contenme, a la cual represento, y cuya sede central se ubica en Madrid,
concretamente en Puente de Vallecas. Decimos que este proyecto es pionero porque versa sobre una materia que se encuentra apenas sin regular, como es la contención física y mecánica, que es utilizada a diario en toda España y de la que tienen
necesidad millones de personas, pudiendo evitar malas prácticas y mejorando, por tanto, la calidad de vida de las personas con discapacidad, dependientes y de las de su entorno.


Señorías, Contenme es una organización sin ánimo de lucro que se constituyó en 2013 con el objetivo de formar, asesorar y supervisar los organismos, instituciones y agentes implicados que trabajan a favor

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de las personas con discapacidad intelectual y mental. En España hay unos cuatro millones de personas con discapacidad, de las cuales, según el Instituto Nacional de Estadística, casi el 60 % tiene como origen de sus limitaciones una
discapacidad psíquica o salud mental. Si unimos a estas situaciones de dependencia a las personas que por razones derivadas de la edad, la enfermedad u otra discapacidad y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial requieren de atención y de otros apoyos para su autonomía personal, como pueden ser personas mayores, personas sin hogar y demás colectivos que ven alterada su conducta de una manera esporádica o intermitente, nos encontramos con un amplio
panorama que precisa de una gran atención.


Señorías, voy a hacerles conscientes de dicha necesidad en una serie de casos reales que han llegado a esta asociación. Centro de salud mental: médico y celador en un centro de enfermos mentales; todos los días de la semana algunos
usuarios tienen episodios de violencia. Nos comentan que usan un protocolo para inmovilizar al paciente en una camilla pero que en el momento de llevar al paciente violento a esa situación les provoca mucho estrés, tanto a usuarios como a
trabajadores; uno de ellos dice que en su juventud hizo judo y que a veces le son efectivas las estrangulaciones. Mala práctica.


Domicilio: María, de 60 años, viuda, vive con un sobrino de 25 años y un hijo de 40 años con episodios de esquizofrenia. Se siente angustiada en su propio domicilio. Cuando su hijo tiene episodios violentos y lo paga con ella no sabe cómo
contenerlo ni actuar para defenderse. Su sobrino, que es un deportista y tiene más fuerza que su hijo, le ha provocado de manera involuntaria lesiones al no saber contenerlo. María nos cuenta que tres veces a la semana viene a ayudar una cuidadora
de un centro de personas con discapacidad y que le ha dicho que nunca ha recibido formación específica para la contención de personas y que en los domicilios en los que trabajan sus compañeras tienen episodios de ese tipo a diario.


Vía pública: Juan y Patricia, policía y sanitaria de Madrid. Nos comentan que coinciden en muchas ocasiones durante el turno, que tienen que recurrir unos a otros para reducir a gente con un grado de agitación extrema pero que muchas veces
desconocen el motivo por el que se comportan así, drogas, alcohol, problemas mentales, y que se llevan muchos golpes.


Familia: Julia y Manolo, 40 y 45 años. Tienen un hijo de 16 años con trastorno del espectro autista que tiene episodios violentos habitualmente. Acuden cada semana a una asociación en la que hay muchos padres con el mismo problema y el
comentario general es que no saben cómo hacer frente al problema.


Centro de mayores. Nos dice una de las enfermeras que tienen muchos pacientes afectados por enfermedades neurológicas, alzhéimer, demencia, etcétera, y que en ocasiones al no reconocer a un pariente o al resto de las enfermeras se ponen
violentos, careciendo en todo momento de la formación necesaria para solventar esta situación, deseando tener más seguridad en el trabajo.


Contenme propone en este sentido un proyecto pionero, con la creación de protocolos unificados para atender a esas personas en esos momentos de crisis en los que se pone de manifiesto su incapacidad para autogobernarse, para que se extienda
el uso de tratamientos no agresivos de las mismas. Se trata de apoyar a esas personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, cuando atraviesen episodios agresivos contra ellos mismos o contra los demás, conteniéndoles y minimizando el
daño o dolor. Los protocolos de actuación que proponemos contienen las técnicas e intervenciones físicas y mecánicas para utilizar sobre las personas con discapacidad en situación de dependencia, atendiendo a los principios de proporcionalidad y
oportunidad, bajo nuestro proyecto Contenciones por la libertad.


Las líneas estratégicas de nuestra entidad son la creación de esos protocolos adaptados a diferentes circunstancias y situaciones, además de la prestación de una cartera de servicios y actividades básicas dirigidos a las entidades del
sector, personal de seguridad y protección, instituciones, etcétera. Contenme realizará sus estrategias en colaboración con otras entidades del tercer sector de acción social y de discapacidad, tanto en el ámbito nacional como internacional,
orientando sus protocolos, servicios y actividades para la mejora de la calidad de vida, la plena integración y participación en la sociedad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, salud mental, dependientes y
mayores.


La Asociación de Contención Mecánica a la que personifico pretende ser reconocida como una organización de referencia por su capacidad de representación y reivindicación de los derechos de esas personas en situación de dependencia. Para
ello pone al servicio de sus entidades, miembros y de las instituciones y organizaciones sus programas de formación llevados a cabo por personas expertas en distintas áreas y con las mejores capacidades profesionales que pueden garantizar altos
niveles de calidad en las actuaciones.

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Nos comprometemos a alcanzar nuestros objetivos actuando bajo un estricto marco de principios y valores éticos y morales, basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y pasando por las diferentes estrategias
o convenciones europeas y españolas. Además Contenme se compromete de manera especial con el cumplimiento de los siguientes principios y valores, los cuales han quedado reflejados en la forma en que nuestra entidad los asume e interpreta:
transparencia, compromiso, eficiencia, eficacia, independencia, responsabilidad, solidaridad, igualdad, honestidad, diversidad y respeto a la dignidad de las personas.


Prosigo mi exposición centrándome en los objetivos y en la finalidad que guían las actuaciones de nuestro proyecto pionero, Contenciones por la libertad, para el que necesitamos el respaldo moral de las instituciones públicas y privadas
implicadas en el objetivo que persigue nuestro proyecto. Desde el respeto a la dignidad de las personas y el tratamiento no agresivo de las mismas surge este proyecto para ayudar a estas personas que atraviesan por diferentes trastornos o
adicciones, máxime en estos momentos de crisis en los que se pone de manifiesto su incapacidad de autogobernarse y pueden suponer un peligro para ellas mismas, familiares, personas que les atienden y, en definitiva, toda persona que les rodee,
aplicando una contención efectiva, pero reduciendo al mínimo el daño o dolor. Además de lo anterior, por parte de los colectivos profesionales y agentes sociales implicados existe un desconocimiento generalizado de los aspectos legales que rodean
la contención física en situación de dependencia, lo que provoca una inseguridad jurídica manifiesta en todos estos colectivos que trabajan con estas personas.


Quiero dejar remarcado en esta Comisión que esta entidad evitará vulneraciones de los derechos fundamentales, derecho a la integridad, derecho al honor o el derecho a la libertad que por falta de estos protocolos que les presentamos y dado
su desconocimiento muchas veces se pueden vulnerar. Únicamente queremos la adaptación para el cumplimiento estricto y con todas las garantías de la ley, pero sobre todo del trato digno hacia las personas. Todas las políticas de apoyo para personas
con discapacidad que se realicen desde el Congreso van a tener muy buen resultado y más si tienen el respaldo de todas las fuerzas políticas sensibilizadas, según nos consta, con este gran colectivo de ciudadanas y ciudadanos con discapacidad.


La entidad a la que represento, señorías, tiene unos objetivos muy claros y definidos tanto de formación como de incidencia política: creación y homologación de protocolos en contención física y mecánica; creación de la titulación oficial
y la figura del técnico o técnica en contenciones, sin ser función exclusiva, en los centros de tratamiento o asistencia de personas con discapacidad o con trastornos de conducta; crear convenios de colaboración y subvención con los organismos
públicos; creación de un convenio entre el órgano del que dependan los diferentes cuerpos de seguridad y la Asociación de Contención Mecánica para que su personal pueda formar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las diferentes
administraciones en materia de discapacidad; acuerdos de colaboración con entidades de personas con discapacidad, de mayores, de atención a personas sin hogar y a otras organizaciones de acción social.


Señoras diputadas y señores diputados, no quiero terminar mi intervención sin señalar el respaldo político y el apoyo recibido a nuestro proyecto que nos han brindado todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid en la
comparecencia de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, con fecha 11 de marzo del presente año, así como a los grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid, a la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de
Cuenca, de Toledo, al presidente de la Diputación de Toledo, los que siempre nos han demostrado su gran interés, sus ganas de colaboración, pero haciendo que fuéramos conscientes de esa falta de recursos. Por otro lado agradecemos al Grupo Popular
del Senado también que nos hayan recibido amablemente y mostrado gran interés por el proyecto que hoy les estamos presentando, que supone años de trabajo, de cercanía con el sector y de recopilación de datos y de trabajo de campo.


Asimismo quiero que esta Cámara sea consciente del apoyo recibido mediante misiva, posterior a la reunión mantenida con él, del director general de Apoyo a la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, don
Ignacio Tremiño, que definió textualmente nuestro plan como un proyecto de futuro en el que el ministerio colaboraría de forma directa con la entidad en todo lo que fuera preciso y les abriría las puertas que se necesitaran para hacer que se
sintieran conscientes de la urgencia de esta formación y de esa sensibilización. De igual modo, comunico el interés mostrado por el director general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, don Ángel de Miguel. Esta
entidad espera que todos estos compromisos adquiridos hace meses, de los que desde esta parte

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se hace un seguimiento y en la actualidad no se han recibido noticias, no queden en meros procesos administrativos, porque lo que se pretende conseguir es la mejora de la calidad de vida de estas personas.


Muchas gracias, señorías, a todos por su atención y quedo a la espera de sus intervenciones para darles las explicaciones que precisen en mi turno de réplica. Muchas gracias, señora presidenta y autoridades.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Arturo Fernández de Prado por su información y trasladarnos las reivindicaciones. En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Socialista, doña Laura Seara, como representante del mismo.


La señora SEARA SOBRADO: Señora presidenta, vamos a ser muy breves porque en estas comparecencias entendemos que deben ser ustedes, los representantes de la sociedad civil, los expertos y expertas que vienen a esta Comisión a ilustrarnos, a
reivindicar, a exponer, a contarnos proyectos como el que usted nos ha contado hoy, los que deben agotar el tiempo. En todo caso quería hacer algunas reflexiones y cuatro preguntas, si me permite.


Primero porque esta comparecencia, que ha sido solicitada por el Grupo Socialista, nos parecía tremendamente interesante por, digamos, las características -muchas de ellas ya las ha expuesto el presidente de Contenme- de la asociación. Es
una asociación que directamente no proviene del tercer sector, es una asociación que se conforma por personas, la mayoría de ellas, vinculadas al Cuerpo Nacional de Policía, como ya se ha dicho, y que detectaron que había necesidades en cuanto a la
movilidad de determinadas personas con las que ellos y ellas trabajaban. Me parece muy importante porque su profesión, efectivamente, les ha servido para ver la realidad y para actuar, y actuar significa poner en marcha una organización como esta.
Por tanto le quiero felicitar -se lo digo con toda sinceridad-, me parece un proyecto tremendamente pionero que usted encabeza con mucha más gente y para el Grupo Socialista tiene un grandísimo interés que hoy se exponga en esta Comisión. Lo
hablaba antes con mi compañera Luisa Carcedo, en este país hay organizaciones del sector de la discapacidad tremendamente asentadas, muy fuertes, muy respetadas, que además engloban a su vez a la mayoría del movimiento asociativo de la discapacidad
de toda España, pero están surgiendo organizaciones mucho más especializadas en determinadas cuestiones, que no engloban la política de la discapacidad en su conjunto sino que trabajan y actúan en el ámbito de la prevención de riesgos, en el ámbito
en este caso de la movilidad, en el ámbito del arte, y es muy interesante que tengan voz en esta Comisión, igual que después de usted estará un representante de una fundación que también trabaja en cuestiones no directamente vinculadas con la
discapacidad y cuyo trabajo tiene una enorme importancia y una enorme trascendencia para las personas con discapacidad. Es verdad que los beneficiarios de su actividad son las personas con discapacidad pero también ustedes dan formación a los y las
profesionales y también a las familias. Aquí ha puesto usted ejemplos y también antes don Luis Cayo, cuando hablaba de la Ley de Propiedad Horizontal, hacía referencia a la situación por la que tienen que pasar muchísimas familias a veces respecto
a la movilidad y además trabajan en el ámbito de la sensibilización.


Le quería hacer unas preguntas. Por ejemplo, ¿nos podría decir qué actuaciones se están llevando en la actualidad en los distintos centros a los que asisten personas con dependencia o personas con discapacidad intelectual? ¿Qué protocolos
existen en la actualidad y qué aplicación se viene realizando? Si tienen información por comunidades autónomas -y eso sé que es más complicado- y, por ejemplo, dentro del Plan de salud mental donde esta cuestión tiene una inmensa importancia en los
centros públicos y privados, pero sobre todo le pregunto que puesto que en los centros públicos ya existen estos protocolos, cuál es su valoración respecto a su funcionamiento. Si conoce usted o ustedes si existen algunas formaciones recientemente
sobre la materia que nos ha venido a presentar y qué tipo de formación proponen ustedes, es decir, cuál es la formación que se está dando en este momento a este respecto y cuál es la formación que propondrían en todo caso ustedes a las
instituciones, tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas e incluso a los ayuntamientos.


Por último, después de sus reuniones tanto de manera verbal como documental, de las que nos ha informado durante esta comparecencia, con el Gobierno, con los ministerios de Sanidad y de Educación, en las que sus responsables se han visto en
la necesidad de activar políticamente las políticas que hoy nos han expuesto, le pregunto qué convenios, acuerdos o contactos han mantenido a posteriori con los representantes de su entidad estas administraciones públicas. Es verdad que nos ha
contado muchas reuniones, y eso es muy importante, porque además es una organización nueva que tienen que dar a

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conocer y las reuniones evidentemente son el primer paso, pero después del primer contacto tienen que empezar a llegar los hechos. Por eso le pregunto si a día de hoy hay alguna cuestión concreta que a través de convenios o de otro tipo de
colaboraciones hayan podido llevar a cabo con las administraciones públicas.


Le agradezco muchísimo que haya venido, que nos haya contado esta experiencia y ojalá podamos volver a vernos muy pronto además de con la asociación, que ya está y es un reto sólido, con cuestiones concretas y con trabajo e interlocución
permanente para mejorar esos protocolos de actuación con las propias administraciones públicas.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña María Caridad García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: En primer lugar quiero agradecer al compareciente el recuerdo a la fecha que tenemos hoy, que yo no sé si denominar de celebración porque celebrar algunas cuestiones me parece tremendo decirlo, que es el 25 de
noviembre sobre la lucha contra la violencia de género y con esas muertes tan recientes que acabamos de conocer.


Le agradecemos desde mi grupo lo que usted nos ha explicado, lo que nos ha contado a través de la información que nos ha hecho llegar. Nos parecen temas muy interesantes y a esta diputada que le habla, que también lo fue en la Comunidad de
Madrid y tuvo que visitar centros psiquiátricos o centros de acogidas con casas tuteladas de personas con problemas parecidos a los que usted relata aquí, la verdad es que le ha interesado especialmente lo que ustedes manifiestan.


El reconocimiento por parte de nuestro grupo ya lo tiene pero, como se decía anteriormente y como yo comentaba incluso con el anterior compareciente, no vale solamente con que nosotros reconozcamos la labor que se hace desde determinadas
entidades sino que además a ese reconocimiento le tenemos que dar los recursos suficientes para que puedan avanzar precisamente en aquello que le reconocemos que están haciendo bien. En este caso le manifiesto lo mismo, no solamente es que le
hagamos el reconocimiento, que nos parece muy importante, sino que además logremos avanzar en los recursos, algunos de los cuales ustedes señalan aquí, que va desde la posibilidad de que académicamente se reconozca una determinada profesión como que
además haya recursos económicos suficientes -que son todavía más complejos que los anteriores- para que se pueda ejercitar esta labor que ustedes dicen aquí y que nuestro grupo le reconoce, como me imagino que todos los grupos aquí presentes. Les
deseamos que consigan ustedes ese éxito que nos beneficiará a todos y a todas y esperamos que los grupos mayoritarios, en este caso el grupo mayoritario, el grupo del Gobierno, también le tenga el reconocimiento, pero además el avance en lo que
usted nos demanda.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Inmaculada Guaita Vañó.


La señora GUAITA VAÑÓ: Señor Fernández, muchas gracias por su intervención y gracias por acudir a esta Comisión para que podamos conocer de primera mano las labores que lleva a cabo su asociación, ya que aunque el señor Vañó nos había
comentado la reunión que mantuvieron, siempre el detalle es mayor si lo conocemos en primera persona.


Nos parece muy interesante esa sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el trato hacia las personas objeto de la contención, ya que es a ellos a los que en la mayoría de las ocasiones recurrimos las personas que
nos encontramos con este problema y deberíamos saber qué hacer sin provocar lesiones ni daños, tanto a una persona como a las personas cercanas a ella.


Nos ha dicho usted, y lo he podido leer, que Contenme es la única asociación para fomentar la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad por medio de protocolos de contención mecánica. Nos gustaría saber cómo se puede
mejorar la calidad de vida a través de este método, si los protocolos deben ser distintos a los que ya se aplican en centros hospitalarios por tratarse de personas con discapacidad.


También nos ha hablado de homologación o unificación de protocolos. He estado leyendo y he encontrado distintos protocolos de centros hospitalarios, como los del Hospital Universitario 12 de Octubre, el Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, así como también otros protocolos sobre cómo tratar en urgencias hospitalarias. He encontrado pocas diferencias entre ellos, tal vez porque como no soy una persona entendida en el tema, es normal que no las encuentre, pero nos gustaría
saber si ustedes creen

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que estos protocolos no son suficientes y en qué los mejorarían. Hoy no lo ha comentado, pero sí he leído su intervención en la Asamblea de Madrid que al hablar de creación y homologación de estos protocolos dicen ustedes que hay que
prestar especial atención a las deficiencias existentes en materia de género. Nos gustaría que nos lo aclarase ahora.


Nos ha hablado también de la creación de la figura del técnico en contención y de la creación de un título oficial. Querríamos saber también si este técnico debería diferenciarse entre si atiende a personas con discapacidad o no. ¿Dónde
creen ustedes que debe impartirse esta titulación y qué personas creen ustedes que estarían capacitadas para impartir las clases?


Nos ha propuesto la creación de convenios de colaboración entre las distintas administraciones de las que dependen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y su asociación para que su personal pueda formar a miembros de la policía, de
las policías locales, etcétera. ¿Qué experiencia, qué formación y qué capacitación tienen los miembros de su asociación para poder ejercer tal función? Nos gustaría que nos lo aclarasen.


Por último nos gustaría saber cómo o cuáles son sus necesidades de financiación, si reciben algún tipo de subvención, tanto a través de la Administración como de la empresa privada; si tienen algún tipo de convenio de colaboración con el
Cermi o cualquier organización del tercer sector o el sector de la enfermedad mental y si han presentado su proyecto a cualquiera de estas organizaciones.


Nos gustaría -aunque usted ya lo ha comentado- conocer las reuniones que ha mantenido, las relaciones con las distintas administraciones, tanto con el ministerio como con las consejerías autonómicas. Y por último si hay algún precedente de
una iniciativa semejante en algún país europeo.


Termino como empecé, dándole las gracias por comparecer en esta Comisión, por su iniciativa y le ofrezco la colaboración de mi grupo para lo que ustedes necesiten.


La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra a don Arturo Fernández les quería pedir a los portavoces que se encuentran ahora mismo aquí que, como vamos a ir creo que un poquito por delante del tiempo previsto para la siguiente
comparecencia y puesto que tenemos después Mesa y portavoces, si no les importa, se quedasen nada más acabe su intervención, para celebrar esa reunión, ya que solamente tenemos dos puntos muy rápidos y muy sencillos.


Le doy la palabra a don Arturo Fernández de Prado para que conteste a las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios.


El señor REPRESENTANTE DE CONTENME, ASOCIACIÓN DE CONTENCIÓN MECÁNICA (Fernández de Prado): Muchas gracias por el tono de sus preguntas. Voy a intentar dar respuesta a todas ellas a lo mejor de manera no muy concreta porque algunas me
parece que son repetidas; no obstante, trataré de hacerlo lo mejor posible.


A día de hoy, los protocolos existentes que nos encontramos en este tipo de materia hacen referencia al área de sanidad, sobre todo al área de psiquiatría. Lo que hemos visto en todos esos protocolos, como bien nos han dicho desde el Grupo
Popular, es que solo hay que hacer un rastreo por un buscador y nos aparecen cientos y cientos de protocolos, cada uno de ellos de su propio centro, y con pocas diferencias entre sí. Yo no soy muy amigo del corta y pega, y es lo que me encuentro
muchas veces, un corta y pega al que le han cambiado el nombre del hospital y ya está. En principio en esos protocolos que hacen referencia al área de psiquiatría existe siempre la figura de un médico, que es el que supervisa. En cualquier centro
con discapacidad nos encontramos con que esa figura no existe; se están utilizando porque nos encontramos con una persona que sufre un episodio violento en un momento de crisis y hay que contenerla y, por similitud, se aplican esos protocolos, pero
es papel solo, eso es papel simplemente. En cualquier centro con los que hemos mantenido contacto jamás habían recibido una formación en contenciones físicas, nunca, jamás. Ellos lo hacían como buenamente podían, como les he leído en los casos que
venían al principio. En alguno de ellos uno decía que aplicaba las estrangulaciones porque le venía bien, las manejaba y las conocía; eso no nos parece que sea la manera adecuada. Nosotros pensamos que una materia como esta no se puede tratar
desde la mera teoría; toda la formación que ofrecemos o que señalamos como adecuada evidentemente irá respaldada de una parte teórica pero hay que mojarse, el que quiera pescar ha de mojarse. Lo que hacemos es la parte de teoría pero hay otra
mayoritariamente práctica para trabajar en situaciones de estrés que semejen esas situaciones violentas en las que una persona de repente se pone agresiva, con conductas suicidas o se autolesiona o empieza a lesionar a otras personas que tiene
alrededor. ¿Cómo hay que actuar ahí? Puedo haber leído mucho sobre ello pero si no he trabajado esas técnicas con las personas que van a estar habitualmente conmigo

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en ese centro, con otros cuidadores, con formadores que tengan los centros, con el personal de limpieza que va a estar allí trabajando, de repente se van a ver con que van a tener que ayudar a una persona que está sufriendo esto. Muchas
veces nos encontramos con que en los centros tutelados que nos comentaban desde el Grupo de La Izquierda Plural una persona tiene que encargarse de doce chicos con diferentes discapacidades en las que a veces los estallidos de violencia surgen de
repente cuando esa gente jamás ha recibido ningún tipo de formación y por mucho que le demos un protocolo en papel, que además tiene que ir supervisado por el médico, poca ayuda realmente le estamos dando. ¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida
de las personas con este tipo de protocolo? Sin vulnerar sus derechos nos parece la manera adecuada. Muchas veces en estas contenciones que surgen de manera sorpresiva se hace un uso abusivo de la fuerza; luego, cuando esta gente tiene que estar
contenida se hace durante demasiado tiempo, no se les supervisa; en definitiva, si no se aplican las técnicas correctas, podemos hablar de vulneración de derechos fundamentales como mencionábamos antes, como la integridad física o la libertad.


Nos preguntaban antes también sobre la formación existente, volviendo al tema. Nos hemos encontrado con que la formación que se ha recibido en los centros o por los colectivos implicados ha sido meramente teórica, vuelvo a repetir, por lo
tanto nos parece que es una manera de poner una especie de parche pero no es tratar el problema directamente. Si hay un problema desde nuestra asociación pensamos que hay que ponerse a trabajar, enfocarlo de frente y no dar rodeos. La formación
debería ser siempre mayoritariamente práctica.


Me comentaban desde el Grupo Socialista y también desde el Grupo Popular -respondo a los dos- sobre todas las reuniones que hemos mantenido en las que efectivamente hemos recibido el apoyo de todos los grupos que nos hemos ido encontrando de
diferentes administraciones; a día de hoy, hechos no se ha producido ninguno, hechos, como tal, ninguno, simplemente de momento vamos por esos meros apoyos y esa voluntad que entendemos que es sincera hacia el proyecto que les estamos presentando.


Con Feaps mantuvimos una reunión un poco antes del verano; con Cermi lo hemos intentado en un par de ocasiones y todavía no hemos tenido éxito. Entendemos que son grandes organizaciones, tendrán una agenda apretada y a día de hoy no hemos
conseguido reunirnos, ahora se me ha escapado demasiado pronto de hecho, porque le tenía que haber enganchado. En definitiva no hemos establecido esos convenios pero ellos tienen la red y por supuesto son los conocedores de esa necesidad pero ya
decimos, a día de hoy es algo que existe ahí. Comentaba antes el representante de Cermi que políticamente a lo mejor existen otras prioridades y esto puede que sea una cosa que no es bonita, es hablar de contener a la gente, pero buscamos contener
a la gente adecuadamente, de que no se cometan abusos, de que se empleen las técnicas adecuadas, de que esa gente en definitiva mejore esa calidad de vida simplemente por el hecho de no vulnerar sus derechos. Ya no hablamos de bajas laborales, que
existen, porque ha habido gente que se lesiona o que recibe agresiones por parte de usuarios en algunos centros y demás; la seguridad que le aportaría en el trabajo, el buen clima laboral que supondría ello también.


Me han estado preguntando también sobre la financiación a día de hoy. Carecemos de cualquier tipo de financiación, todo, todo lo que estamos haciendo lo estamos costeando nosotros mismos y en definitiva es lo que les digo, sinceridad
absoluta: financiación, cero.


Me ha preguntado antes por el tema del género. En la medida de lo posible -me lo preguntaron también en la Asamblea-, tratamos de que en el momento de realizar las contenciones quien deba dirigir esa contención, porque hubiera una persona
que en definitiva sería el técnico encargado de supervisar y de organizar a las personas implicadas, se adecue lo más posible al género de la persona, simplemente por cuestión de simplicidad y por evitar futuras complicaciones, no tiene mayor
incidencia.


La figura del técnico debería ser una formación que se diera de manera transversal desde enfermería, medicina, educador especial, que fuera una especie de módulo para que cualquier persona que pueda tratar con personas que puedan sufrir
estos episodios de agitación tenga por lo menos, según sale de realizar sus estudios, una idea general y haya recibido lo más importante que es esa explicación o esa formación práctica de cómo realizar esas contenciones. En ello estamos pero nos
parece que debería ser una cosa que estuviera en todos esos estudios o formación.


No sé si he dado respuesta a todas las preguntas, creo que sí. Simplemente agradecezco a todos, como he dicho antes, el tono de las mismas y quedamos a su entera disposición para lo que necesiten o para seguir trabajando para la consecución
de nuestros objetivos.


Muchas gracias, señora presidenta, diputados y diputadas.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, don Arturo. Seguro que sí, porque su información ha sido muy valiosa para esta Comisión y para los diferentes grupos parlamentarios. Le agradecemos sinceramente su asistencia en el día de hoy a
esta Comisión. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FUEGO (MUÑOZ OLMO), PARA QUE INFORME SOBRE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS DESDE SU FUNDACIÓN, EN ESPECIAL SOBRE AQUELLAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN VIVIENDAS HABITADAS POR PERSONAS MAYORES
O CON DISCAPACIDAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 219/000160).


La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): Señorías, reanudamos la Comisión con la comparecencia de don Pablo Muñoz Olmo, presidente de la Fundación Fuego. Para ello tiene la palabra el compareciente.


El señor PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FUEGO (Muñoz Olmo): Gracias, señora presidenta, por concederme la palabra. En nombre del patronato de la Fundación Fuego, a quien hoy aquí represento, en primer lugar quisiera dar las gracias al
presidente del Congreso por su invitación y a los miembros de esta Comisión parlamentaria para las Políticas Integrales de la Discapacidad por la posibilidad que nos ofrecen para presentarles las acciones que hace la Fundación Fuego en materia de
prevención de incendios. Para quien no nos conozca, que seguramente será la mayoría, si tuviera que definir a la Fundación Fuego les diría solamente dos palabras: ilusión, mucha ilusión y prevención. Cada día trabajamos por que el nivel de
seguridad de la sociedad española aumente poco a poco, difundiendo la importancia de la prevención en todos los niveles, tanto profesionales como en la sociedad en general. La principal inquietud de esta fundación es intentar que las consecuencias
de las emergencias sean cada vez menores. Sabemos que es una labor complicada y, a veces, me van a permitir que digamos hasta ingrata, en un país donde la cultura de prevención aún tiene muchísimo recorrido, pero a la vez estamos convencidos de que
con el trabajo de todos es posible conseguirlo.


Antes de exponerles las acciones que hemos realizado en la Fundación Fuego, me gustaría hacer solo dos preguntas. La primera es si ustedes han tenido alguna experiencia de un incendio dentro de una vivienda o si realmente conocen lo que es
un incendio. Espero que la respuesta sea que no, pero me van a dejar que les enseñe un vídeo que solamente dura 40 segundos, un vídeo objetivo, hecho por un instituto tecnológico para la Administración, del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos de América, en el que van a ver gráficamente un incendio y cómo se propaga rápidamente. (Muestra un vídeo). Eso realmente es un incendio. Fíjense el tiempo que tarda en discurrir y desarrollarse ese incendio. Obviamente, no es ninguna
película americana con efectos especiales; dura cuarenta y cinco segundos. Y la pregunta ahora es: ¿Estamos realmente preparados? Habrán podido observar que en un incendio un minuto es la barrera entre la vida y la muerte, y por eso tenemos que
estar preparados para ello. Seguramente estas imágenes les recuerdan las noticias que aparecen en los noticiarios matinales en los que hay ciudadanos que mueren en sus viviendas; son muertes evitables que los incendios se están cobrando en los
hogares españoles, y como responsable de un cuerpo de bomberos -yo soy jefe de bomberos de mi ciudad, de Cuenca-, les puedo decir que cada día que ocurre, para nosotros es un fracaso más, nos produce angustia. Recordarán también rápidamente y
tendrán en la memoria seguramente la tragedia en Tordómar, en Burgos, donde en febrero de este año murieron seis miembros de la misma familia en un establecimiento hotelero, que teóricamente cumplía la legalidad vigente, lo que pasa es que esta
legalidad a todas luces -la evidencia es irrefutable- era escasa o no funcionaba, porque murieron seis miembros de una familia. Pero este no es un caso aislado, hay un goteo incesante, todos los días ocurre este problema. Sin ir más lejos, el día
13 de noviembre, el jueves de la semana pasada, la provincia de Sevilla se despertó conmocionada porque había habido dos incendios importantes: uno en Alcalá de Guadaira, donde murió un señor mayor de ochenta y seis años, y resultaron heridos un
matrimonio que vivía con él y cuatro niños, y otro en la población de El Arahal, donde murieron las cuatro personas que estaban durmiendo en esa vivienda esa noche.


Las estadísticas más actuales sobre víctimas de incendios, que se hizo en el año 2011 por la Asociación de jefes de bomberos y la Fundación Mapfre, daban un saldo exacto de 2.510 personas afectadas por un incendio, con 2.337 heridos y 173
muertes, 173 fracasos. De este total, hubo 151 lesionados y 66 muertos entre ciudadanos mayores de sesenta y cinco años, suponiendo el 38 % total de muertes. A la luz de estos datos que estamos aportando, creemos que esa situación requiere
adopción de medidas necesarias por

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parte de las administraciones e instituciones competentes. El grado de seguridad contra incendios en nuestro país, si bien goza de un nivel aceptable en el uso público de la industria, está muy por debajo de lo regulado en los países de
nuestro entorno en lo que se refiere al uso residencial, a nuestras viviendas, provocando que más del 70 % de las muertes en incendios en España se produzca dentro de nuestras propias viviendas o edificios donde reside la población, con una especial
incidencia en aquellos colectivos con mayor vulnerabilidad: usuarios de la tercera edad, discapacitados y familias menos favorecidas. Todos estos estudios técnicos, así como los resultados que se desprenden del análisis estadístico de las víctimas
por incendio en España y de la propia normativa aplicable en la mayor parte de los países de la Unión Europea, concluyen que el sistema de detección de incendios es el principal elemento de protección de las vidas humanas, frente a estos incendios
que se producen en nuestros hogares y en nuestros edificios, toda vez que los mecanismos de prevención previos han fallado.


En nuestro país, el Código Técnico de Edificación, el documento básico DB SI, recoge exigencias en cuanto a la realización de la estructura del edificio y condiciones de evacuación, y establece una obligatoriedad de estas instalaciones de
detección de incendios para diversos usos. Pero ahí viene la paradoja, porque en el caso del uso residencial de vivienda obligan a la instalación de estos detectores en edificios cuya altura supera los 50 metros, que para que se hagan una idea es a
partir de quince plantas; hasta esa altura no es obligatorio. Del mismo modo, en el uso residencial público, en hoteles, en albergues y en casas rurales es obligatorio y exigible a partir de 500 metros cuadrados. Las instalaciones que tengan
menos de 500 metros cuadrados no tienen por qué tenerlo, y pueden ocurrir hechos, como el que ocurrió en Burgos, en Tordómar.


De este estudio estadístico antes mencionado podemos afirmar de forma categórica que la práctica totalidad de las víctimas de incendios producidas en nuestros edificios podría haberse evitado con la instalación de detectores de incendios
autónomos. Esta conclusión ha llevado a que los detectores de incendios se conviertan en un equipamiento básico y obligatorio en viviendas y alojamientos turísticos, independientemente de su característica de uso, en países de nuestro entorno, como
Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, incluso la República Checa. Por ello, desde la Fundación Fuego iniciamos en su momento un proyecto social para la instalación de estos detectores en las viviendas, y especialmente en aquellas donde sus
usuarios son la tercera edad y los discapacitados, posible sector de población más vulnerable en estos casos. Lo entendemos como una oportunidad para aumentar el nivel de seguridad en nuestra sociedad.


Se han realizado campañas aisladas en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Valencia y en la Comunidad de Madrid, con el apoyo de los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano, y empresas. Otra, como la que realizó, por
ejemplo, la Asociación de jefes de bomberos y técnicos con la Federación de Municipios y Provincias en la Comunidad de Madrid el invierno pasado. Estas campañas son básicas y consisten en la divulgación y en la formación de la población en la que
vamos a trabajar y queremos que conozcan los medios que existen en el mercado y a su disposición. Cuando hay dinero, cuando hay recursos económicos porque lo sufraga el Gobierno, el ayuntamiento, o bien empresas colaboradoras, instalamos detectores
de incendios en esas viviendas tuteladas de discapacitados o de la tercera edad. Les puedo asegurar que es una tarea apasionante pero muy dura, porque los resultados son muy lentos. Creemos que predicamos en el desierto. Por ello queremos hacer
un llamamiento sobre la necesidad de poner en marcha campañas de sensibilización pública y apoyo por parte de las diferentes administraciones en esta materia de prevención y protección frente a incendios en hogares ya construidos, dirigidas a toda
la población.


Para finalizar, solamente quisiera que recordaran la imagen que han visto, que un minuto en un incendio supone la barrera entre la vida y la muerte y que nosotros, con nuestro trabajo diario, podemos salvar estas vidas.


La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): Gracias, señor Muñoz, por sus explicaciones.


Vamos a dar la palabra a todos los portavoces para que le puedan hacer las preguntas que consideren. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Cobos.


La señora COBOS TRALLERO: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Muñoz Olmo, presidente de la Fundación Fuego, y agradecer su presencia ante esta Comisión, así como su detallada exposición.

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Como bien nos ha explicado hoy, esta fundación, promovida por la Asociación profesional de técnicos de bomberos, es la primera en España orientada exclusivamente a la seguridad contra incendios y emergencias y nace con la idea de contribuir
a la mejora de los niveles de seguridad y protección contra el fuego. De su comparecencia se han desprendido los principales objetivos que persiguen desde su fundación, unos propósitos que, si recuerdo bien, son: concienciar a toda la sociedad de
la importancia de la prevención de incendios y llevar la prevención de incendios al mayor número de viviendas particulares posible, especialmente a aquellas que están habitadas por personas que por alguna circunstancia no pueden reaccionar de la
forma más adecuada; estamos hablando de personas mayores, personas con discapacidad, incluso los niños y las niñas. Y digo esto porque estos días, navegando por su página web y escuchando su exposición ahora mismo, he podido comprobar que ustedes
colaboran con otras asociaciones dedicadas a la atención de estos colectivos e incluso organizan campamentos con menores o cuentan con un aula virtual, entre otras muchas cosas. Además, realizan estudios e investigaciones que no solo ponen de
manifiesto la importancia de la prevención de incendios en nuestro país sino que revelan que también han exportado sus inquietudes y sus soluciones a otros países, si no me equivoco. En definitiva, podríamos decir que la consigna de la Fundación
Fuego es fomentar la prevención de incendios, explicando las reglas básicas de actuación en caso de accidente. Para ello ustedes hablan de fomentar el uso de detectores de humo autónomos diseñados para viviendas particulares; detectores de humo
que dicen que son fáciles de usar, fáciles de mantener y muy económicos, pero me gustaría que nos explicara detalladamente cómo se colocan, dónde se colocan y qué conseguimos realmente con ellos.


Para finalizar, quiero decirle que en el Grupo Parlamentario Popular compartimos con ustedes la idea de que la prevención es fundamental. Por eso agradecemos su labor y le damos la más sincera enhorabuena por su trabajo y por su interés en
ayudar a todos, especialmente a esos colectivos que más lo necesitan. También compartimos la tarea de difundir la importancia de la prevención. Por ese motivo el año pasado presentamos en esta Comisión una proposición no de ley instando al
Gobierno a promover e impulsar campañas de concienciación y de prevención. Sin embargo, a pesar del trabajo realizado, somos conscientes de que es necesario seguir profundizando en esta materia. Por eso nos gustaría saber cómo podemos ayudarles en
su labor, cómo podemos concienciar a la sociedad de la importancia de la prevención.


Termino como empecé, dándole las gracias por su comparecencia y por su labor.


La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): A continuación, tiene la palabra la señora García, por parte de La Izquierda Plural.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Simplemente quiero agradecer al compareciente la información que nos ha trasladado. Espero que todos lleguemos a fomentar campañas que eviten que sucesos -algunos ya se conocían, porque esto no es nuevo- como los
que usted ha mencionado se vuelvan a producir, y no solamente campañas de sensibilización sino todo tipo de actuaciones que se puedan hacer en ese sentido y que sean útiles para que los ciudadanos y las ciudadanas no tengan que pasar por situaciones
como las que usted ha descrito. Afortunadamente, no he vivido ningún incendio más allá de que la sartén se me haya quemado por un descuido, sin mayores consecuencias o un incendio forestal cercano a un camping, que afortunadamente no llegó hasta
él. Hasta ahí puedo contar y espero que no tenga que contar nunca ninguna otra cosa.


La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): Por Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Sayós.


La señora SAYÓS I MONTILLA: En mi pueblo también formaba parte de algún grupo de este tipo, pero cuando ya había pasado, porque los profesionales son los bomberos, no yo.


Me queda una duda y es si usted cree que deberíamos regular -concienciar seguro- para prevenir incendios en viviendas -no solo para gente mayor, sino también para los que realmente tienen capacidad reducida-, repito, si usted cree que
deberíamos regular, poner medios para la evacuación inmediata, por ejemplo. Si es así, qué precio costaría, si es muy elevado y si el Estado debería aportar cierta cantidad. ¿Cómo lo ve usted?


La señora VICEPRESIDENTA (Ferrando Sendra): Para finalizar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz.

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El señor RUIZ I CARBONELL: He encontrado muy interesante su intervención -el principio ha sido impactante-, por varias razones. Primero, porque el colectivo de ciudadanos al que va dirigido es muy numeroso. No está claro, pero se dan
cifras. Las personas mayores de sesenta y cinco años en nuestro país rondan los ocho millones; hay cuatro millones con discapacidades, naturalmente no todos con movilidad reducida. Tenemos tres millones de viviendas que necesitan intervenciones
de rehabilitación, muchas de ellas tienen más de cincuenta años. Hay otra cifra que ha citado el primer compareciente de hoy: un 75 % de viviendas en nuestro país no son accesibles.


En segundo lugar, también la he encontrado interesante porque va para año y medio que esta Comisión aprobó una iniciativa presentada por el Grupo Popular para incrementar los niveles de seguridad de las viviendas particulares y sensibilizar
a la población ante posibles incendios; exactamente decía eso. Por tanto, tras un año y medio, repito, su comparecencia a petición del Grupo Popular solo puede ser interesante, por que ¿quién mejor que una persona representativa del sector,
digamos del fuego -no sé si es la mejor expresión, lo admito- para decirnos si ve que el Gobierno ha hecho caso de lo que acordamos? La iniciativa instaba al Gobierno a llevar a cabo campañas para promover la utilización de herramientas de
seguridad en el caso de incendios de viviendas -algunas las ha citado usted-, y también impulsar campañas para que personas con movilidad reducida, y no solo ellos, adquirieran hábitos dirigidos a prevenir incendios; estas dos cosas. El Grupo
Socialista quería añadir una enmienda, que hizo nuestro compañero Tudanca, que pedía celebrar convenios con comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para dotar de recursos económicos suficientes estas actuaciones.


Es de pura lógica tomar medidas para que las personas con movilidad reducida puedan seguir viviendo en su hogar, en su entorno, en su barrio, con las máximas comodidades y medidas de seguridad posibles, y qué mejor que contar con los
organismos que están cerca, que tratan más de cerca este tipo de problemas: los ayuntamientos. ¿No les parece? Y ya lo hacen muchos; de hecho este último párrafo que he leído es de Javier Villamayor, el concejal responsable de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Tarragona, como consta en el acta del pleno de este viernes pasado. Los ayuntamientos son los que se ocupan más de cerca. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Además presentamos aquella enmienda, igual que la
presentaríamos hoy, primero, porque instar a este Gobierno a que promueva e impulse campañas podía quedar en buenas intenciones, en palabras y poco más; segundo, porque con su redacción eran los sectores más débiles de nuestra sociedad, a los que
precisamente el Gobierno del PP ha recortado una parte del Estado del bienestar que les ayudaba, quienes tendrían que acabar pagando su seguridad. Recuerden, por ejemplo, lo que hablamos el año pasado, a principios de 2013, cuando el Gobierno
pretendía ahorrar 1.108 millones en el sistema de ayuda a dependientes, muchos de ellos con movilidad reducida. Y no nos pareció bien decirles que además tenían que rascarse el bolsillo para mejorar su movilidad; no nos pareció bien, la verdad.


Por cierto, cada vez que entro en un ascensor y veo el cartelito que dice que en caso de incendio no hay que utilizarlo recuerdo lo que nos comentó en esa Comisión el señor Vañó; me viene siempre a la cabeza qué debe pensar una persona con
problemas de movilidad cada vez que lo lee. Bueno, el caso es que se acabó aprobando la iniciativa parlamentaria de la que les hablo. Año y medio después ya podríamos evaluar alguna cosa, ¿no creen? Y más si tenemos una ocasión como esta de
preguntarle a alguien como usted, que vive cada día inmerso en estos problemas. ¿Nos puede decir si en este año y medio en su, digamos, sector -vuelvo a decir que seguramente no es la palabra adecuada- se ha detectado si gracias a las campañas que
ha llevado a cabo el Gobierno -porque supongo que las ha llevado a cabo, teniendo en cuenta que además era una iniciativa de su grupo, quiero suponer que sí- hemos avanzado en prevención en caso de incendio en viviendas? ¿Es hoy más fácil ponerse a
salvo por parte de una persona con movilidad reducida?


En cuanto a su exposición de motivos, el Grupo Popular aquel día nos dijo que los grupos a los que iba dirigida su iniciativa parlamentaria era a los constructores, diseñadores de edificios y arquitectos, para que tomasen medidas en el
diseño de los edificios. ¿Sabe usted si en este año y medio el Gobierno se ha dirigido a este sector y si como fruto de ello ha tomado alguna medida? ¿Han visto ustedes que eso se haya reflejado en la construcción de los nuevos edificios? Le
recuerdo que la iniciativa también instaba al Gobierno a promover campañas para aumentar la conciencia de los vecinos y hacer más seguros los edificios para las personas con movilidad reducida en nuevos edificios y en los que ya tienen años. ¿Cree
usted que el Gobierno está haciendo estas campañas? ¿Las ha visto? ¿Nos podría dar una pincelada -a partir de lo que usted sabe y de su experiencia- sobre si la nueva Ley de rehabilitación, renovación y

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regeneración urbana está respondiendo al tema que le hablamos? ¿Cree que hay alguna medida con la que podríamos mejorar? Ha hablado, por ejemplo, de los detectores de humos. Y un tema muy concreto: ¿Sabe usted de algún caso en el que
como consecuencia de las campañas, que supongo que ha hecho el Gobierno, se hayan llevado a cabo reformas en un bloque de edificios? ¿Quién ha pagado?


Gracias de antemano por sus respuestas que, puede estar seguro, mi grupo tendrá muy en cuenta.


La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el turno de los grupos parlamentarios, damos la palabra a don Pablo Muñoz Olmo para la contestación a las diferentes preguntas que se hayan suscitado.


El señor PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FUEGO (Muñoz Olmo): Intentaré contestar a las preguntas, grupo por grupo. En primer lugar, quiero que tengan en cuenta el vídeo que han visto y la estadística de los muertos por incendios. (Muestra un
gráfico). Verán que en el lado derecho las cifras más altas son a partir de los sesenta y cinco años. Quiero que vean solamente eso y se queden con esta imagen. A la pregunta que me ha formulado el Grupo Popular, diré que en Francia en los dos
últimos años han hecho una ley que obligaba a instalar en las viviendas un detector de incendios; creo que el plazo termina el 15 de marzo del año 2015. Se han instalado 120 millones de detectores de incendios y se ha reducido el índice de
siniestralidad en casi un 90 %, según la última estadística del último año en Francia. ¿Cómo se ponen? Muy fácilmente. Este detector en el mercado -hemos preguntado cuánto costaba- cuesta menos que el pomo de una puerta, cuesta 15 euros. Consta
de un velcro, que se pone en las paredes, se instala con una pila que dura un año, y no tiene más. Hace aproximadamente diez años, el Ayuntamiento de Cuenca promovió, a iniciativa nuestra -buscamos dinero de una empresa-, su instalación en
viviendas tuteladas de la tercera edad, unas 120 aproximadamente. Conseguimos dinero para pagarlo, obviamente lo sacamos más barato de los 15 euros, y los bomberos instalaron en cada casa este tipo de detección. Funcionó bien, aunque tuvimos un
problema y un error. Al ciudadano no le explicamos que al año había que cambiar la pila, y cada año, cuando pitaba, no sabía si era el sonotone del hombre que estaba sordo o que había un incendio. Tuvimos varias llamadas y tuvimos que
solucionarlo, pero esto funciona, existe y se está haciendo.


En cuanto a su pregunta respecto a la regulación de esta situación, nosotros estamos luchando para conseguirlo, y hay una iniciativa incluso de la APTB para que se regule esta situación. ¿Por qué si voy a un hotel, a una casa rural que
tenga más de 500 metros cuadrados voy a estar a salvo y, en cambio, si me hospedo en una casa rural que tiene 200 metros cuadrados no estoy a salvo? Todo en la vida cuesta dinero, pero son 15 euros, insisto, cuesta menos que el pomo de una puerta.
Habrá gente que no pueda pagarlo, lo puedo entender, pero esto salva vidas, si nos despierta y podemos salir corriendo porque hemos visto que un minuto en un incendio es la barrera entre la vida y la muerte.


En cuanto a las preguntas del Grupo Socialista, le puedo decir que estamos en el año 2014 y hasta ahora nadie ha hecho nada; es decir, han pasado todo tipo de equipos de Gobierno por este Parlamento y por esta nación y hasta ahora nadie ha
hecho nada. ¿Qué es el momento de hacerlo? Por supuesto, cuanto antes mejor. Que lo haga quien lo tenga que hacer, el Parlamento o la Administración competente, quien tenga que hacerlo. Nosotros instamos desde los ámbitos profesionales, tanto de
bomberos como de las asociaciones de mantenedores, de las asociaciones de instaladores, de todo el mundo que está preocupado por este problema, a que esto se regule. Obviamente, el sector más desfavorecido, como siempre, es el más vulnerable -la
tercera edad, discapacitados-, pero todos, como han visto en el vídeo, tenemos riesgo. En nuestra vivienda, si hemos estado en nuestro salón o en la cocina y hemos dejado algo encendido, a lo largo de la noche, poco a poco, se produce la combustión
y, sin enterarnos, el monóxido de carbono entra en la sangre, se combina, nos dormimos y crea un colapso, no nos enteramos y estamos muertos. El lector de incendios rápidamente te despierta con un aviso acústico -en caso de discapacitados acústicos
se obliga a que sean avisadores visuales- y da tiempo a intentar salir rápidamente, cerrar nuestra puerta para que ese incendio no se propague y poder salvar la vida. No le puedo contestar de otra manera. Se ha regulado mucho en nuestro país;
desde el año 1982 ha habido mucha legislación sobre la vivienda, actualmente está en vigor el código técnico, pero realmente se ha hecho siempre en ámbitos muy amplios en el espectro de la vivienda; no así en industria o en otro tipo de usos. Pero
imagínese que en viviendas a partir de quince plantas no se exige la instalación de estos detectores. Todos los que vivamos por encima de quince plantas no tenemos por qué tenerlos. También puede ocurrir un incendio en mi vivienda y tengo que
tenerlo.


No sé si he contestado a todas las preguntas o si me he dejado alguna.

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La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, don Pablo Muñoz Olmo, presidente de la Fundación Fuego, por la valiosa información que ha trasladado a esta Comisión y que seguro que es una herramienta muy útil para el trabajo de los diferentes
grupos parlamentarios. Agradecemos su comparecencia en la mañana de hoy.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.