CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 700

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA

Sesión núm. 40

celebrada el miércoles,

26 de noviembre de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor fiscal general del Estado (Torres-Dulce Lifante), para presentar e informar a la Cámara en relación con la memoria anual de la Fiscalía General del Estado de 2013. A petición del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/001763) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión de Justicia con un único punto en el orden del día, que es la comparecencia del fiscal general del Estado para informar y presentar a la Cámara -en este caso, a la Comisión- la
memoria anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2013. Como saben sus señorías, en este tipo de comparecencias abre el debate el fiscal general de Estado, don Eduardo Torres-Dulce, que no tiene límite de tiempo. A
continuación, los distintos portavoces de menor a mayor intervendrán por un tiempo de quince minutos y cerrará finalmente el debate el señor fiscal general del Estado. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de don Eduardo Torres-Dulce,
fiscal general del Estado, que comparece una vez más ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Quiero agradecerle especialmente que haya presentado con celeridad la memoria anual, como es tradicional, para que en el ejercicio
posterior al que se refiere la memoria y antes de que finalice el año 2014 podamos celebrar esta comparecencia y tener los debates correspondientes a los datos que se nos faciliten. Sin más dilación, señorías, cedo la palabra al señor fiscal
general del Estado reiterando el agradecimiento por su comparecencia.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Torres-Dulce Lifante): Señor presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, señoras y señores diputados, tengo el honor de comparecer ante esta Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados para dar cuenta de la memoria del ministerio fiscal y de la actividad desplegada por el mismo a lo largo del año 2013. Como siempre que comparezco ante sus señorías, lo hago con el máximo respeto hacia la sede y los representantes de
la soberanía popular. De nuevo este año expongo, señoras y señores diputados, la necesidad de efectuar los cambios legislativos que sean necesarios para permitir que el fiscal general del Estado pueda someter la memoria del año precedente en fechas
no tan alejadas de su conclusión como ocurre en el día de hoy.


Es inevitable comenzar por una somera exposición de los datos estadísticos más representativos de esta actividad. Desde que soy fiscal general del Estado he pedido autorización al Congreso de los Diputados para utilizar algún medio visual
que permita, dentro de la aridez de los datos, la visualización más concreta posible de los mismos. Lo primero que destaca en ellos -tendrán pronto en las pantallas la diapositiva correspondiente- es la acusada diferencia que existe entre el dato
bruto de diligencias previas incoadas -más de 4 millones- y el número de procedimientos que llegan a tener sustantividad propia tras efectuarse el descuento de inhibiciones, apenas 600.000 procedimientos. Esta cifra es la verdadera referencia
cuantitativa de la justicia penal en nuestro país. Este desnivel mueve a reflexión. La masiva incoación de diligencias judiciales responde a la automática y tradicional remisión de la totalidad de los atestados policiales desde la policía a los
juzgados de Instrucción, lo que a nuestro juicio resulta pernicioso, pues genera una enorme burocracia judicial en su recepción y registro. La solución podría ser sencilla. Consistiría en una discreta reforma de la legislación procesal que
dispusiera que en el caso de delitos que no afecten a bienes jurídicos personales o a intereses públicos relevantes la policía solo remitirá los atestados en los que haya podido concretar la autoría del delito. Por esta vía el número de incoaciones
se minoraría, lo que permitiría a las oficinas judicial y fiscal aplicar sus medios personales y materiales siempre ajustados a los procedimientos viables. He leído en la prensa que el Gobierno prepara alguna modificación en tal sentido y, si fuera
así, sería bienvenida desde la Fiscalía General del Estado. En todo caso, les anuncio que se ha constituido una comisión mixta Consejo General del Poder Judicial-Fiscalía General del Estado para analizar precisamente esta cuestión y para formular
propuestas de reforma que cuenten con el mayor consenso posible entre todos los operadores jurídicos concernidos en campos tan perentorios para legislar como los juicios de faltas, la conformidad en los procesos, la agilización de los procesos de
urgencia y abreviados o el mentado problema de los atestados policiales sin autor conocido.


Les expongo a continuación otras cifras reseñables. El ministerio fiscal evacuó en el año 2013 un total de 287.740 escritos de calificación provisional y asistió a 171.455 juicios orales por delitos y a 326.883 juicios de faltas. Hemos
incoado, asimismo, un total de 14.210 diligencias de investigación penal. Nuestra actuación en órdenes diferentes al penal -saben ustedes que se ha ido ampliando extraordinariamente la presencia del fiscal en otros órdenes jurisdiccionales- queda
sintetizada en las siguientes cifras: Hemos intervenido en 214 vistas del orden contencioso-administrativo, 6.206 del orden social y 7.686 del orden civil. Del total de las acusaciones, el 52% han sido evacuadas en trámite de procedimiento
abreviado, el 47% en diligencias urgentes y solo un 1% en sumarios y procedimientos para el Tribunal del Jurado. Si alguna vez se opera esa exigible y dramáticamente pospuesta reforma de los procesos penales, estos datos deberían indicar el camino
a seguir. Solo alrededor del 1% de los procesos penales girará el debate

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sobre quién deberá investigar o instruir. La respuesta procesal penal que debe preocuparnos, desde mi punto de vista y con carácter muy prioritario, es cómo agilizar los procedimientos abreviados y de urgencia y corregir la desmesura de
medios empleados en la resolución de los juicios de faltas, sin que evidentemente el debate sobre la investigación por el ministerio fiscal o el juez de instrucción carezca de importancia, que sí que la tiene. De los 171.455 juicios por delitos
celebrados, concluyeron de forma consensuada mediante conformidad con la defensa el 47% de dichos delitos en los juzgados de lo Penal y el 34% en las audiencias provinciales. Este instrumento de la conformidad está presentándose como un instrumento
extraordinariamente útil para producir una justicia más cercana, más frecuente y en definitiva más previsible con respecto a las exigencias que prevé nuestra Constitución.


En diligencias previas, las dos familias de delitos que más peso relativo han tenido han sido los delitos contra el patrimonio, que representan un 66% de las incoaciones, y a cierta distancia los delitos de lesiones, con un 24% de
incoaciones. En diligencias urgentes, el 53% de las calificaciones del fiscal han tenido por objeto delitos contra la seguridad vial y un 14% delitos de violencia de género y doméstica, quedando un resto del 33% para otras figuras delictivas. En
sumarios ordinarios las calificaciones del fiscal han tenido por objeto delitos contra la libertad sexual en un 34% y delitos contra la vida y la integridad de las personas en un 28%. En todo caso, ya les he destacado que las calificaciones en
sumario, incluidas las del jurado, no alcanzan el 1% del total de calificaciones efectuadas por el fiscal. En el procedimiento ante el Tribunal del Jurado, el 53% de las calificaciones tienen por objeto delitos contra la vida y la integridad de las
personas, un 13% delitos contra la Administración pública y un 9% delitos contra la seguridad colectiva. Del total de las sentencias dictadas en 2013, el 36% responden a delitos contra la seguridad vial, el 19% a delitos contra el patrimonio y el
8% a delitos de violencia de género y doméstica. Tengo que decir fundamentalmente que las sentencias condenatorias han sido 224.312 y las sentencias absolutorias 44.126. En lo que se refiere a las diligencias de investigación penal tramitadas por
las fiscalías, el 41% se han incoado en virtud de traslado de denuncia desde las distintas administraciones públicas, lo que refleja un hecho sintomático: que el ministerio fiscal se ha convertido en la autoridad de referencia para la recepción de
la notitia criminis por hechos delictivos cometidos en el seno de las administraciones o descubiertos con motivo de su actividad. La segunda fuente de información la constituyen las denuncias de particulares, con un 27%, mientras que los
testimonios judiciales derivados de estos procesos y los atestados policiales representan cada uno de ellos un 6%.


Uno de los problemas más acuciantes del ministerio fiscal que quiero presentar ante sus señorías es la limitación de sus plantillas. En tanto que la plantilla judicial se amplía últimamente por la vía del incremento de jueces de adscripción
territorial a disposición de los respectivos presidentes de los tribunales superiores de Justicia para cubrir vacantes o reforzar órganos judiciales colapsados, el número de fiscales de los que disponemos para atender a esos mismos órganos
reforzados sigue siendo el mismo. Deseo transmitir a sus señorías un mensaje claro: de nada sirve la ampliación de la plantilla judicial si los procedimientos están destinados a estancarse en unas fiscalías que carecen de la necesaria dotación
personal para despachar puntualmente los asuntos. La Administración de Justicia, aun siendo importante, no es solo la carrera judicial. Si atendemos a las plazas convocadas en las oposiciones celebradas desde 2011, mientras que las ofertadas para
la carrera judicial han ascendido a 755 plazas, las de la carrera fiscal han sido únicamente 349. En otro orden de cosas, el ministerio fiscal mantiene un esfuerzo permanente de análisis y reflexión de sus áreas de actuación que hemos encauzado a
través de tres grupos de trabajo sobre juicios de faltas, equipos de investigación penal y fomento de juicios rápidos, en cuyo seno se han alcanzado conclusiones desde mi punto de vista interesantes para el mejoramiento del servicio de la justicia.


En cuanto a los juicios de faltas -lo he repetido en varias ocasiones aquí, en esta sede parlamentaria-, resulta preocupante que las 326.883 asistencias del fiscal a juicios de faltas representen el 66% del total de sus asistencias a juicio
oral. El enjuiciamiento por el trámite inmediato no ha aliviado mucho el problema, pues alcanzó un exiguo 9%, rubricando el paradójico fracaso de un modo de agilización que tan útil se mostraba y que en cambio no se muestra así cuando se trata del
enjuiciamiento rápido de delitos. Llamo la atención respecto a que, por tanto, el 66% de la actividad en el proceso penal del ministerio fiscal radica en un campo interesante pero evidentemente de impacto social mucho menor, como son los juicios de
faltas. En este contexto, las fiscalías territoriales se ven frecuentemente obligadas a planificar el desplazamiento de sus efectivos personales a lo largo de un mapa judicial y geográficamente disperso para, a la postre, conseguir un muy magro
resultado, pues casi la mitad de estos juicios concluyen estadísticamente en sentencia absolutoria, en la mayor parte de las ocasiones debido al desinterés

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absoluto de las partes. Nuestro grupo de trabajo, tras un minucioso análisis de la situación y de las soluciones de derecho comparado, aboga por una destipificación amplia de las infracciones leves actualmente incluidas en el libro III del
Código Penal, aunque no de todas ellas, pues merecen ser preservadas las más reprochables jurídicamente, como las faltas de lesiones, maltrato de obra, amenazas, coacciones, muertes y lesiones imprudentes, hurtos y defraudaciones, entre otras. Se
estima oportuno en todo caso que la perseguibilidad de las faltas se supeditara a la presentación de denuncia por el perjudicado u ofendido, con las necesarias excepciones por razón de interés público o condición del perjudicado, y que el perdón del
ofendido o la reparación total del daño puedan operar como causas habilitantes de un posible archivo. Finalmente, la participación de los fiscales en las vistas se ordenaría mediante una instrucción del fiscal general del Estado que seguiría el
criterio preferente de la protección del interés de la víctima. Vamos camino de una creciente paralización de la actividad del ministerio fiscal con este problema de los juicios de faltas.


El segundo de los elementos que hemos estado estudiando son los denominados equipos de investigación penal. El horizonte de cambios procesales que se vislumbra y que afectará al papel y funciones que corresponden al fiscal en el proceso
penal nos sitúa ante un fiscal con una vertiente investigadora creciente. De hecho, ya tenemos las diligencias de investigación a las que he hecho referencia estadística con anterioridad. No obstante, y sin necesidad de esperar a que estos cambios
procesales se produzcan, la realidad exige cada vez más una potenciación de la actividad investigadora del fiscal que le permita desplegar su estrategia procesal con eficacia y gestionar adecuadamente el procedimiento judicial. En este contexto, la
actual estructura organizativa de las fiscalías está encontrando dificultades para dar respuesta a aquellos supuestos en los que la naturaleza del hecho delictivo y su complejidad exigen una mayor implicación del fiscal en la investigación.


El modelo basado en investigaciones policiales más o menos dirigidas por el juez instructor con intervención puntual y reactiva del fiscal mediante la petición de diligencias necesarias para poder formular en su caso escrito de acusación se
revela absolutamente inadecuado para aquellos supuestos que, al haberse iniciado por la incoación de diligencias de investigación o bien al tratarse de asuntos de instrucción compleja, exigen un perfil de fiscal muchísimo más proactivo. Estos casos
obligan a la fiscalía a dedicar uno o varios fiscales con exclusividad a la investigación de los hechos, lo que provoca verdaderas disfunciones en el plano organizativo de las fiscalías y no está proporcionando resultados satisfactorios, y así debo
confesarlo. Por otro lado, el actual papel que el fiscal desempeña en el proceso penal hace que la formación y la especialización en técnicas de investigación y el contacto con los grupos policiales queden reservados a los fiscales de las fiscalías
especiales, existiendo dificultades para encontrar este tipo de perfiles en las fiscalías territoriales. Tampoco las fiscalías territoriales cuentan con unidades adscritas de cuerpos policiales de la Administración ni de peritos, como ocurre en la
Fiscalía Anticorrupción y en parte en la Fiscalía Antidroga, que les asistieran en las investigaciones, lo que impide al fiscal disponer de un asesoramiento técnico externo al proceso que le permita diseñar su estrategia procesal. La creación de
equipos de investigación en las fiscalías integrados por fiscales específicamente formados en estas técnicas permitiría, con el adecuado soporte de los grupos de investigación policial o pericial, diseñar estrategias de investigación conducentes a
una más eficaz gestión del procedimiento judicial desde el punto de vista de la fiscalía.


En esta línea la Fiscalía general ha comenzado el diseño de secciones especializadas de investigación en las fiscalías de mayor tamaño que se encargarán de la investigación de aquellos asuntos de mayor complejidad que exijan un especial
impulso de la actividad instructora. Espero poder llevar a una próxima Junta de Fiscales de Sala esas secciones de investigación para que comiencen a operar a lo largo del próximo año. Paralelamente, y con el convencimiento de que estas secciones
de investigación requerirán un adecuado soporte técnico, policial y pericial, la fiscalía está trabajando con el Ministerio del Interior, y espero asimismo con las consejerías autonómicas correspondientes, para dotar a todas las fiscalías
provinciales de unidades de Policía judicial que les asistan en las labores de investigación. Debo decir que en este caso es ejemplar el comportamiento de la Generalitat de Catalunya, que así ha dispuesto estas unidades respecto de la Fiscalía de
la Audiencia Provincial de Barcelona y funcionan magníficamente. Esperamos poder hacer otro tanto en el Ministerio de Hacienda, a fin de integrar en esas unidades de investigación a agentes tributarios y de la Intervención General de la
Administración del Estado, insisto, tal y como existen actualmente diseñados en la Fiscalía Anticorrupción.


Respecto a los juicios rápidos, hemos constituido un grupo de estudio para extender en lo posible el enjuiciamiento rápido de delitos, modelo procesal sumamente eficaz en el que se califican casi el 70% de

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los procedimientos incoados, lo que representa casi la mitad del número total de calificaciones que han sido evacuadas por el ministerio fiscal, aproximadamente un 47%, y en el que además se logra una solución consensuada en un 80% de los
casos. Si ven ustedes la diapositiva que les presentamos, alrededor de unas 200.000 incoaciones de juicios rápidos, en un 68% formulamos acusaciones y de ellos en un 80% llegamos a sentencias de conformidad. Comprobamos, en definitiva, que ciertas
pautas de reforma legal y organizativa podrían incrementar extraordinariamente este éxito de los procedimientos de urgencia. En primer lugar, establecer la posibilidad de que la incoación de este procedimiento pueda hacerse a instancia del fiscal;
en segundo lugar, disponer que las diligencias de investigación interesadas por el fiscal por estimarlas imprescindibles para formular acusación tengan carácter vinculante para el juez; en tercer lugar, suprimir el límite de cinco años de pena
privativa de libertad asociada al delito para que puedan ser objeto de esta tramitación hechos de instrucción sencilla, fijando como límite el propio de las diligencias previas de procedimiento abreviado, nueve años de pena privativa de libertad,
según el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A continuación, extender la conformidad privilegiada, lo que conlleva minoración de la pena en un tercio, a peticiones de penas superiores a tres años. Con ello se incrementaría el número
de soluciones consensuadas y la tarea investigadora se podría concentrar en aquellos asuntos de mayor relevancia. También consideramos que reducir la competencia objetiva del Tribunal del Jurado sacando de su ámbito los delitos de instrucción
sencilla, por ejemplo, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, amenazas condicionales, pueden beneficiarse del modelo de enjuiciamiento rápido y de otro, que evidentemente no es tan rápido, como el del Tribunal del Jurado. Finalmente,
crear órganos de enjuiciamiento de guardia, juzgados de lo Penal de guardia, para solventar los juicios rápidos en los que no se ha producido la conformidad entre partes en el Juzgado de Instrucción ayudaría extraordinariamente a reducir lo que
considero una situación absolutamente intolerable: que desde que se califica un asunto por el ministerio y las partes en un procedimiento que debe acabar en el Juzgado de lo Penal hasta que se celebra la vista estamos entre año y medio y dos años
para la celebración de la vista oral. Ello, en un procedimiento llamado rápido y que afecta a bienes jurídicos de tanto impacto en la ciudadanía lo consideramos totalmente intolerable.


El Libro Blanco del ministerio fiscal, que tuve ocasión de presentar ante Su Majestad el Rey con los vocales del Consejo Fiscal el pasado día 20 de marzo, es algo que debo destacar a lo largo del año 2013. Este documento es fruto del
esfuerzo colectivo de todos los miembros de la carrera fiscal, impulsado y coordinado por el Consejo Fiscal con el fin de obtener una fotografía institucional del ministerio fiscal que refleje su realidad y sirva de base para su reforma. Es un
documento preciso, conciso y directo, contiene consideraciones y propuestas concretas, es un mapa o guía de lo que pensamos que debe hacerse para y con el ministerio fiscal en los próximos años. Ahora son el Gobierno central y los autonómicos y los
parlamentos central y autonómicos los que deben estudiarlo y, si así lo entendieren, ponerlo en marcha. La idea básica que subyace en el mismo es simple: para ganar en eficacia es necesario reforzar la institución, dotarla de mayor autonomía y
redimensionarla funcionalmente. Una revisión en profundidad de las funciones encomendadas al fiscal que a lo largo de los años se ha extendido más allá de lo necesario es uno de los desafíos más importantes. La intervención preponderante del
fiscal debe seguir residenciada en el proceso penal -ello es obvio-, sin que ello signifique que se deba obviar o minusvalorar su participación en los otros órdenes jurisdiccionales, siempre y cuando entren en juego intereses públicos o sociales
relevantes. En todo caso, debe garantizarse que su actuación se produzca siempre en el ámbito de la Administración de justicia. En segundo lugar, incidimos en la necesidad de reforzar la autonomía del fiscal como presupuesto de la imparcialidad de
su actuación, proponiéndole fórmulas adecuadas de modificación estatutaria para la realización de este objetivo. También reiteramos la necesidad de reforzar la unidad como eje central del funcionamiento de la institución, a la vista de la
complejidad que ha ido adquiriendo su organización territorial y funcional. También se aborda la necesidad de reforzar la posición de la Fiscalía General del Estado como órgano de dirección del ministerio fiscal, dotándolo de mayores niveles de
autonomía en su gestión. Finalmente, persistimos en la reivindicación de la individualización presupuestaria de las partidas correspondientes al fiscal como requisito necesario para la correcta planificación de sus necesidades y como medio para
facilitar el gasto. No debo incidir otra vez, pero debo decirlo ante sus señorías, cómo el 95% de las inversiones en tecnología va a parar a juzgados y tribunales y solo el 5% a la fiscalía, y cómo solo el 3% del personal que sirve en la
Administración de justicia lo hace en la fiscalía, mientras que el 97% lo hace en los juzgados. Con una plantilla de 5.000 jueces y 2.400 fiscales, el desequilibrio es tan importante que resaltarlo una vez más aquí, en esta sede

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parlamentaria, y solicitar del Gobierno y de los grupos parlamentarios la corrección de esta deriva nos parece ciertamente importante.


En cuanto a las propuestas de reforma legislativa, sus señorías las tienen a su disposición en la memoria. Me quiero concentrar en las reformas que entendemos necesarias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En primer lugar, y
fundamentalmente, en el campo de determinadas técnicas de investigación. El campo de las comunicaciones, lo saben bien sus señorías, ha experimentado un desarrollo espectacular en los últimos años. Hemos pasado del uso marginal del teléfono móvil
a su generalización, primero, y a la aparición de una infinidad de programas y aplicaciones informáticas después, todas orientadas exclusivamente a establecer cauces diversos de comunicación entre las personas. Esta revolución tecnológica ha
potenciado notablemente las posibilidades de comunicación entre las personas, incrementando al propio tiempo las posibilidades de desarrollo y desenvolvimiento de la criminalidad que de la mano de estas nuevas formas de comunicación ha conseguido
mayores posibilidades de ocultación y elusión de la persecución policial. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se sirven de los avances tecnológicos en la persecución de las formas más complejas de delincuencia: Sin embargo, la
reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de septiembre de 2014 ha declarado la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones en un supuesto de grabación de las conversaciones de los detenidos en calabozos sitos en
dependencias policiales, pese a contar con previa autorización judicial. La queja constitucional del demandante de amparo, sustentada por la fiscalía ante el Tribunal Constitucional, se fundamentaba en la insuficiente habilitación legislativa para
la intervención de estas comunicaciones directas y lo ha recogido el Tribunal Constitucional en esta importante y admonitoria sentencia. La declaración efectuada por la precitada sentencia del Tribunal Constitucional al señalar que la decisión
judicial motivada de interceptación de las conversaciones del detenido en la celda carece de norma legal de cobertura suscita la urgentísima necesidad de una reforma legal. Tras esta resolución, y hasta tanto no se introduzca una norma de
cobertura, no podrá practicarse ese tipo de diligencias de investigación, limitando gravemente las posibilidades de llegar a esclarecer la verdad en muchos delitos graves. En definitiva, deseo llamar la atención de sus señorías acerca de las graves
consecuencias que para la persecución de las formas más graves de delincuencia pueden derivarse de las actuales carencias de nuestras leyes procesales. Estimo necesario no solo la actualización de los textos vigentes, sino también el
establecimiento de comisiones de seguimiento que puedan detectar de manera inmediata futuras lagunas normativas de la legislación que pudieran surgir de manera imprevista como consecuencia de la gran velocidad con la que se van produciendo las
innovaciones tecnológicas en la sociedad actual.


Existen otros ámbitos en los que se precisa urgente reforma legal. No podría abarcarlos todos ni quiero cansar a sus señorías con una larga exposición. Me limitaré a apuntarlos. Es preciso regular de manera más detallada el Estatuto
jurídico del imputado, con el fin de precisar las garantías que han de rodear esta figura. También urge en el ámbito procesal efectuar una regulación razonable del recurso de apelación contra las sentencias que resulten absolutorias en la
instancia. Actualmente, y no son pocas, existen secciones de las audiencias provinciales que deliberadamente ignoran la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo que exige la
práctica de pruebas personales para poder desvincular las sentencias absolutorias y transformarlas en sentencias condenatorias. De esta forma, la protección de las víctimas y la irrogación de severos errores jurídicos están siendo claramente
invalidadas por este deliberado desconocimiento de algunas de las secciones, basado fundamentalmente en que no encuentran apoyo y cobertura legal para dar cuenta de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es una situación ciertamente muy grave que
pongo de manifiesto ante sus señorías. La situación actual es, pues, sumamente insatisfactoria pues en estos casos la apelación prácticamente ha quedado reducida a la revisión de la calificación jurídica de los hechos declarados probados en la
instancia sin que haya una posibilidad viable y realista de obtener una revisión del material probatorio en la segunda instancia por las propias limitaciones que la ley procesal vigente impone. Y si añadimos, además, que el recurso de casación
cumple en buena parte esas funciones de apelación, encontraremos cómo la Sala Segunda del Tribunal Supremo tampoco puede entrar a revisar esas situaciones que, insisto, desde el punto de vista del ministerio fiscal afectan gravemente al cumplimiento
de la legalidad y, sobre todo, a la protección de las víctimas y perjudicados del delito.


Quiero hacer una especial referencia a un tema que es ya tradicional y no por ello menos importante para este ministerio fiscal cual es la corrupción. La corrupción, lo saben bien sus señorías, es una de las cuestiones que más debilitan la
fortaleza moral de nuestra sociedad, constituyendo una de las primeras preocupaciones de la ciudadanía, tal y como se pone de manifiesto en los barómetros de opinión

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elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas y por los medios de comunicación. El ministerio público comparte esta preocupación, dado que el número y entidad de los procedimientos judiciales abiertos por hechos encuadrables en
el concepto de corrupción se ha incrementado en los últimos años. Este incremento no solo repercute en los estados de opinión, sino también en el propio funcionamiento de la Administración de Justicia, que queda en evidencia cuando no es capaz de
dar una respuesta adecuada al fenómeno. Los tipos delictivos integrados dentro de la corrupción constituyen una de las formas más graves de delincuencia, consistiendo en un ejercicio de las funciones públicas de forma contraria a las normas con el
propósito de obtener beneficios económicos u otras ventajas y provocando el desvío de fondos públicos a fines privados. En definitiva, supone un ataque a los pilares del Estado de derecho y a la convivencia social y democrática que si no se combate
con contundencia puede generalizarse en la sociedad con gravísimos daños. Por otra parte, en el plano económico la corrupción administrativa es un factor desestabilizador del normal funcionamiento de la economía de mercado que puede frenar el
propio desarrollo del país, pues supone un coste añadido sobre bienes y servicios que acaba siendo repercutido en el consumidor final, lo que es especialmente negativo en períodos como el actual, tras una recesión y en el inicio de la recuperación
de la actividad económica. La activa intervención del ministerio fiscal a través de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada y su red territorial de fiscales delegados, así como a través de las secciones de delitos
económicos de las fiscalías territoriales continúa siendo decisiva para el esclarecimiento de gran cantidad de delitos relacionados con el manejo de caudales públicos y con el ejercicio abusivo o desviado de las atribuciones públicas. Los números
globales, refiriéndonos tanto a los procedimientos conocidos por la Fiscalía especial contra la corrupción como por las fiscalías territoriales, han aumentado. Ciñéndonos a los tipos penales más representativos -entendiendo por tales la
prevaricación administrativa, el cohecho, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, las exacciones ilegales y las negociaciones prohibidas a los funcionarios-, nos encontramos con que el año 2013 presenta un incremento de un
22,54% respecto al año anterior en el número de procedimientos incoados, con una clara preponderancia, al igual que el pasado año, del delito de prevaricación administrativa, que supone un 38,50% del total de los delitos de corrupción. Si observan
ustedes la diapositiva debidamente señalizada, verán cómo ha crecido un 43% la prevaricación administrativa, un 182% el cohecho, un cien por cien las exacciones ilegales, un 125% las negociaciones prohibidas a los funcionarios, mientras que ha
descendido mínimamente la malversación de caudales públicos, descendiendo severamente el tráfico de influencias y el fraude por autoridad o funcionario.


Las sentencias por delitos de corrupción -he hecho referencia a las acusaciones y ahora hay que centrarnos en las sentencias- se han incrementado en un 17,93% respecto al año anterior. Es una buena noticia. Han aumentado en un 35% las
sentencias por prevaricación administrativa, en un 31% por cohecho y en un 75% por tráfico de influencias. En cambio, desciende el número de sentencias por delitos de malversación y fraudes cometidos por autoridades o funcionarios públicos. En el
ámbito de actuación de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada debo destacar que de las dieciocho sentencias recaídas en procesos en los que intervino dicha fiscalía, todas han resultado conformes total o parcialmente
con la acusación deducida por el ministerio fiscal. Tales resultados han de servir para combatir las opiniones más o menos generalizadas que se quejan de la impunidad de este tipo de delitos y para que no se pueda dar por buena la idea de que las
injerencias externas acarrean la salida en falso o el archivo de este tipo de procesos. Al final, es cierto que tras mucho caminar, tras muchas diligencias -a veces excesivas diligencias- se acaba abriendo el juicio oral y celebrando éste con el
resultado de sentencias de todos conocidas que suponen un castigo por hechos tan graves. Ahora bien, debemos reconocer que la respuesta es lenta, muy lenta. Se halla alejada en el tiempo de la comisión de los hechos, a una distancia que impide
percibir, sobre todo por los ciudadanos, cuando los hechos que suceden o se denuncian, la eficacia del sistema -que es real al cabo del tiempo- y, sobre todo, con grave defecto de su objeto de prevención.


La cifra de causas judiciales en las que interviene la fiscalía especial ha pasado de 246 a 312 en un periodo de seis años y el gráfico que les muestro a sus señorías desde que comienza a trabajar en el año 1997 la Fiscalía Anticorrupción
resulta harto revelador del extraordinario trabajo que está haciendo esta fiscalía. La cifra de causas judiciales de esta fiscalía ya les he dicho que ha pasado de 246 a 312 en un periodo de seis años y en el último año el incremento ha sido de 22
asuntos, aunque el número de causas judiciales asumidas por esta fiscalía especial alcanzó las 44, debido a la conclusión de algunos asuntos y la acumulación de procedimientos en los que se investigan delitos conexos. He solicitado al Ministerio de
Justicia y al Ministerio de Hacienda -y parece que me lo van a dar- un aumento de la plantilla en general

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del ministerio fiscal que voy a destinar básicamente a labores de investigación en la Fiscalía Anticorrupción en todas las secciones territoriales dedicadas precisamente a la persecución de este tipo de delitos.


En estos procedimientos que ha tratado la fiscalía especial se distinguen dos bloques, los delitos de corrupción en el ámbito de la actividad pública y los que tienen por objeto la investigación de hechos delictivos cometidos en el
desarrollo de actividades mercantiles y privadas como son los delitos societarios, de apropiación indebida, estafa o blanqueo de capitales. Dentro de este último bloque destacan principalmente ciertas prácticas irregulares cometidas en el seno de
determinadas entidades financiadas, como algunas de las antiguas cajas de ahorros o las entidades en las que éstas acabaron reconvirtiéndose. Así, del total de causas incoadas el pasado año son veinte las que tienen tal objeto. Como expuse el año
pasado, la lucha contra la corrupción exige cada año nuevos medios y nuevos desafíos. Los medios con los que cuenta la fiscalía no son suficientes para abordar este fenómeno criminal y no quiero poner ninguna excusa a este respecto, pero ello es
algo absolutamente cierto y creo que pone de relieve la precariedad en la que se mueve la justicia española y constituye el síntoma de un excesivo deslizamiento de los mecanismos de control de la cosa pública al ámbito judicial, así como de una
contraproducente justificación de conflictos políticos.


Por otra parte la realidad diaria de las fiscalías provinciales ante este fenómeno es sencillamente descorazonadora pues en ellas donde se ventilan más del 80% de las causas de corrupción. La precariedad de medios materiales y personales
que sufren estas fiscalías territoriales da lugar a que la tramitación de una causa de estas características se convierta en muchas ocasiones en una tarea poco menos literalmente que titánica y en muchos casos abocada a un cierto fracaso ya que las
investigaciones se prolongan en el tiempo y generan la consiguiente sensación de impunidad de comportamientos muy graves.


La lucha contra la corrupción ha de ser estructural mediante el establecimiento de mecanismos de control administrativo y político y la dotación a la Administración de Justicia de medios materiales, personales, normativos y tecnológicos que
permitan una respuesta punitiva real y eficaz en tanto que, salvo en la fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, como he tenido que expresar a vuestras señorías anteriormente, los medios personales y humanos no están a
disposición de la fiscalía o la Administración de Justicia, sino dependiendo de otras instancias administrativas que incluso en algunos casos son objetos de la propia investigación. No obstante poco a poco se van dando pasos que permiten un mayor
optimismo. En el orden organizativo no puedo dejar de mencionar el acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco, alguna iniciativa del Parlamento vasco, con motivo de la celebración del Consejo Fiscal en la villa de Bilbao el pasado mes de septiembre
para designar un fiscal delegado de la fiscalía especial contra la corrupción, de ámbito autonómico, con funciones de coordinación de la actividad de dicha fiscalía en todo el territorio del País Vasco. No cabe duda de que esta medida, solicitada
por el Parlamento y el Gobierno vasco, repercutirá favorablemente en el trabajo de investigación que en el futuro se desarrolle en dicho ámbito autonómico.


Quiero referirme a continuación a un tema de especial significación social como es la droga: la lucha contra los delitos de narcotráfico. La lucha contra las formas graves de criminalidad ofrece otros aspectos positivos que no puedo dejar
de mencionar. En lo que respecta al tráfico ilícito de drogas, debo destacar el éxito derivado de la aplicación del acuerdo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los ministerios de
Justicia, Hacienda, Administraciones Públicas e Interior y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Este acuerdo fue suscrito el 3 de octubre del 2012 y sirvió para establecer el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis,
custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que ha permitido descongestionar la situación de saturación de los depósitos de droga incautada en el marco de los procesos penales agilizando su pesaje, análisis
y destrucción en un tiempo razonable e impidiendo los asaltos a estos depósitos con la nueva comercialización de los efectos ya decomisados.


Sus objetivos eran tres y se están cumpliendo rigurosa y escrupulosamente. En primer lugar, como he dicho, evitar el peligro que el almacenamiento supone para la seguridad y la salud pública. Segundo, reducir el riesgo de que la droga
incautada pueda regresar a los circuitos clandestinos del tráfico ilícito. Y tercero, asegurar la trazabilidad de los decomisos en los procesos penales. Las cifras de droga almacenada en las unidades de recepción, custodia y destrucción de droga
de las delegaciones del Gobierno son elocuentes pues han pasado de la escalofriante cifra de 132.000 kilogramos en 2012 a 111.000 en 2013 y 53.000 en 2014, lo que pone de relieve una disminución del 60% y el éxito de esta iniciativa de colaboración
institucional que puede convertirse en estímulo para extender este modelo de cooperación a otros ámbitos.

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Finalmente dedicaré unas palabras al fenómeno del terrorismo puesto que deseo cerrar esta intervención con una referencia a este problema. La fiscalía de la Audiencia Nacional certifica en su memoria, y así lo he recogido en la memoria de
la Fiscalía General, el descenso de causas derivadas del terrorismo de ETA debido a la ausencia de atentados imputables a dicha organización y a la disminución de la intensidad de la violencia callejera. Pero apunta otro fenómeno preocupante, el
mantenimiento de la intensidad de la amenaza que representa en otro campo el terrorismo yihadista. La consideración de nuestro país como objetivo a atacar sigue vigente en el ideario de estos grupos, lo que debemos tener en mente en todo momento.
En relación con esta modalidad criminal, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado en el año 2013 cinco escritos de acusación por delitos de enaltecimiento del terrorismo, difusión pública de consignas terroristas, integración y
colaboración con organizaciones terroristas. Se han celebrado cuatro juicios orales en los que han sido juzgados cuatro individuos; se han dictado cuatro sentencias, todas ellas condenatorias. Constituyeron objetivos prioritarios de las
investigaciones las organizaciones transnacionales dedicadas al reclutamiento y envío de operativos a zonas de conflicto. Hace unas semanas presidí en Córdoba la realización de un seminario conjunto de las fiscalías belgas, francesas, españolas y
marroquíes, que en este fenómeno está dando una producción ciertamente de eficacia notable. Se sostiene por lo tanto el rigor en la lucha contra todas las modalidades de terrorismo contemplándose igualmente la acción de los grupos insurreccionales
anarquistas, en algunos aspectos residuales del GRAPO y determinadas acciones de grupos minoritarios que siguen siendo objeto de investigación por la fiscalía y las fuerzas de seguridad, siempre en el marco estricto de la legalidad.


Nada más, muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de sus comentarios.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor fiscal general del Estado.


Sin más dilación, señorías, pasamos a continuación al turno de portavoces. En primer lugar empezaremos por el Grupo Parlamentario Mixto, que me ha señalado que se va a dividir el tiempo entre el señor Bosch y el señor Tardà. Sepan que son
siete minutos y medio para cada uno, les avisaré llegado el momento.


El señor Tardà tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Señor fiscal general del Estado, en primer lugar le quiero agradecer que respondiera a la carta que le dirigí en relación con el caso Castor. Usted en la respuesta que me dio me dice que están abiertas las
diligencias y que no se ha adoptado aún una resolución de fondo. Teniendo en cuenta la alarma social que ha generado todo lo relativo a este caso y atendiendo a la denuncia que muchos ciudadanos han vehiculado a través de la propia sociedad civil
respecto a esta enorme suma de millones de euros que han sido trasladados a don Florentino Pérez, le quiero preguntar si hoy aquí, en sede parlamentaria, está en condiciones de ser más explícito que aquello que contiene la carta de contestación a
este diputado que por supuesto le agradezco de forma pública.


En segundo lugar haré referencia al caso Panzer. También debo agradecer que ustedes fuesen tan diligentes a la hora de presentar a través de la fiscalía de Castellón el recurso tal como se había solicitado atendiendo a las dificultades que
tenía la acusación popular, porque si ustedes no se hubieran personado, si no hubieran presentado este recurso, quizás la acusación popular no hubiera tenido recursos suficientes como para poder hacerlo. Ustedes saben que esta organización, frente
antisistema, es una organización neonazi, sus dieciséis acusados fueron absueltos atendiendo a lo sentenciado por el juzgado: que las escuchas telefónicas no habían sido permitidas, razón por la cual se absolvió a estas personas. En todo caso
quisiera saber si usted nos puede decir hoy algo más sobre este caso que ha creado tanta alarma. Coincidirá conmigo en que existe un creciente número de casos de exhibición de simbología nazi en todo el Estado español. Incluso hay una cierta y
progresiva tendencia a la banalización de los mismos delitos de odio racial. En ese sentido, no sé si no valdría la pena -a ver qué nos puede decir- si se pudiera hacer extensible al resto de fiscalías aquello que ya se ha hecho en la Fiscalía
Superior de Cataluña de considerar que en este ámbito de actuación el título genérico de la fiscalía debería ser fiscalía de delitos de odio y discriminación. Porque ahora en Valencia ha ocurrido -fíjense- que todo ello se lleva a cabo desde la
fiscalía bajo el epígrafe: Tutela de igualdad de trato y no discriminación. ¿No cree usted que esto contribuye un tanto a ir banalizando esta creciente y preocupante exhibición del discurso y de la simbología nazi? Por cierto, también nos
interesa si nos puede decir -no hoy pero en otro momento- cuál ha sido el número de delitos de odio racial sobre los cuales la fiscalía ha actuado en cada una de las comunidades autónomas. Esto nos podría dar una radiografía de cuál es la situación
en estos momentos. Advierto que existe una creciente exhibición impúdica de la simbología nazi que en otros tiempos, hace tan solo siete

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u ocho años, no se daba y que ahora va creciendo de una forma alarmante. Por cierto, ¿ha tomado alguna medida en concreto contra aquellas personas que hacen esta exhibición pública cada dos por tres en estos últimos tiempos? Fíjese en que
esto es un tanto contradictorio con lo que está ocurriendo en Cataluña y también fuera de Cataluña, porque se está deteniendo a personas y se judicializa su situación por exhibir banderas independentistas catalanas, esteladas. Hace pocos días en
Zaragoza un ciudadano fue detenido, ingresado en comisaría, denunciado y después condenado por exhibir una estelada. Además el número de estos casos va in crescendo.


En su última comparecencia le planteé qué estaban dispuestos a hacer ante la querella que Argentina había vehiculado hace un año a través de la magistrada Servini, que trasladó el requerimiento para la detención de dos exfuncionarios
torturadores. Recuerdo que usted me respondió que, a efectos de derecho interno español, todo ello ya estaba prescrito, me habló de la Ley de Amnistía del año 1977 y también de defectos formales. Ahora, atendiendo al hecho de que la justicia
argentina ha vehiculado un requerimiento que afecta a diecinueve personas, entre ellas dos muy importantes, como son el señor Utrera Molina y don Rodolfo Martín Villa, dos exministros franquistas, le pregunto si se va a reiterar usted en la negativa
a colaborar con la justicia argentina, si también existen en este caso defectos formales y si piensa cumplir el convenio bilateral de extradición celebrado entre España y Argentina, en caso de que se vehiculara el requerimiento de extradición. Todo
ello además lo envuelvo en otra pregunta genérica, que es casi un requerimiento intelectual que le hago. ¿Se da cuenta de que el modelo español de impunidad se va resquebrajando?


Finalmente, con relación a la segunda parte de su última comparecencia, le he traído diez casos más de vulneración de derechos lingüísticos en estos últimos meses. Cuando en la última comparecencia le trasladé un buen número de casos de
vulneración de derechos lingüísticos, usted me dijo que estaba sobre ello y que los investigaría. No me ha dicho nada de aquellos casos que le trasladé entonces y le traigo ahora los casos de los últimos meses y le digo lo siguiente, sobre lo que
creo que me dará la razón, y ya termino. Si usted quisiera, y lo repito, si usted quisiera, esto se acababa, porque solo con que la fiscalía actuara tres o cuatro veces de forma contundente, dando ejemplo y con efectos de ejemplaridad, ya no habría
ningún juez -porque los casos que le traigo ponen los pelos de punta y afectan a jueces también- ni ningún funcionario que se atreviera a hacer lo que hacen. Le entregaré este documento a la espera de que usted esta vez no nos falle.


El señor PRESIDENTE: Señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Señor fiscal general del Estado, quisiera hacerle algunas preguntas a raíz de la votación del día 9 de noviembre que se celebró en Cataluña, una votación, como usted sabe, pacífica, cívica, democrática e incluso
alegre, festiva y solemne. Por tanto, fue todo lo contrario a lo que uno imagina que puede ser una conducta criminal.


Los hechos derivados de esa votación del día 9 de noviembre son conocidos -usted los conoce- y son los que conducen a las preguntas que deseo hacerle. En primer lugar, el ministerio fiscal, que puede actuar directamente y que además es un
órgano jerarquizado, elige dejar en manos de la Fiscalía Superior de Cataluña indagar sobre si había indicios suficientes de vulneración de la legalidad en esa votación del día 9 de noviembre. Acto seguido la Fiscalía Superior de Cataluña no
encuentra suficientes indicios de vulneración de la legalidad. Ante esa situación, usted, la Fiscalía General del Estado, se impone por jerarquía y presenta una querella por diversas razones y motivos. Derivado de esos actos encadenados quisiera
hacerle algunas preguntas y me gustaría que usted tuviera a bien contestarlas. Las preguntas son: ¿Puede ser que usted o que la Fiscalía General del Estado prefiriera que la querella se iniciara en Cataluña? Puede ser. ¿Puede ser que eso fuera
para poder argumentar que ese era un tema catalán que se debía tratar exclusivamente en Cataluña y para minimizar la conexión con las instituciones del Estado y del Gobierno español? ¿Es posible? ¿Puede ser que, al no prosperar esa intención de
delegar en la Fiscalía Superior de Cataluña, usted asumiera el mando para hacer aquello que tenía previsto desde el inicio? ¿Se siente usted cómodo con lo que muchos consideramos una politización de la Fiscalía General del Estado? ¿Se da usted
cuenta de que al actuar contra el presidente de Cataluña y otros miembros del Gobierno de Cataluña eso puede ser interpretado por muchísima gente como un acto hostil hacia los que les eligieron y hacia el pueblo que representan esas personas?
¿Usted sabe que el 9 de noviembre fue organizado por la sociedad civil y que gente como el compañero Joan Tardà, yo mismo y 40.000 voluntarios asumimos la autoría y la autoridad en las mesas electorales para que la gente pudiera votar? La pregunta
derivada de esto es: ¿Piensan querellarse también contra miles de voluntarios que asumieron esa

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autoridad electoral? ¿Sabe usted que participaron votando más de 2.350.000 personas? ¿También se va a actuar contra esos millones de personas? Se lo digo porque participaron activamente, desafiaron a lo que se presentó como un desafío
desde el Estado. ¿Actuará también contra más de 100.000 personas que votaron que no a la independencia de Cataluña? ¿Sabe usted que la querella también puede ser percibida por esas más de 100.000 personas como una querella contra su voluntad
democrática expresada ese día 9 de noviembre en las urnas?


Señor Torres-Dulce, ¿de veras cree usted que se podrá frenar la democracia, la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña a golpe de querellas? Señor fiscal general del Estado, ¿usted cree que es una buena idea querellarse? ¿Usted cree
que se puede frenar un proceso multitudinario, masivo, democrático y participativo a golpe de burofax?


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Olabarría tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Torres-Dulce, muchas gracias por su prolija exposición, expresión no peyorativa sino que tiene una dimensión un tanto contable, aunque no sé si la coyuntura con la que estamos conviviendo admite reflexiones
de esta naturaleza. En todo caso, usted y yo nos conocemos hace mucho tiempo y además en un doble ámbito de una actividad que nos une, en el ámbito de la justicia en su condición en este momento de fiscal general del Estado y en el ámbito
cinematográfico. Fíjese hasta qué punto tenemos ese punto de conexión que yo recuerdo perfectamente que en una universidad de verano usted me dirigió en dos cursos en una misma tarde. Uno hacía referencia al futuro y a la naturaleza de la Fiscalía
General del Estado y el otro hacía referencia a los hombres en la vida de Rita Hayworth. Son cosas que en esta vida ocurren y me conducen a hacerle la primera pregunta. En una de sus críticas cinematográficas más lúcidas de las que yo he oído...
Usted, señor presidente, ha encendido la luz naranja y no sé si he consumido tanto tiempo o es una prevención de naturaleza cautelar.


El señor PRESIDENTE: Le estaba dejando un poco más de tiempo para darle ahora los quince, conociéndole, señor Olabarría. (Risas).


Continúe, por favor.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Cuando usted hace críticas cinematográficas donde muestra una gran altura intelectual, uno ve la película de otra manera. Se refería a una película cuyo nombre no recuerdo ahora, pero cuyo texto o cuya intención
era preterir o denunciar que el Estado de derecho no puede utilizar atajos legales para resolver problemas de naturaleza legal o de naturaleza política. Seguro que usted se acuerda mejor que yo de qué película estamos hablando. La primera pregunta
que le haría es si usted tiene la convicción absoluta de que en este momento la Fiscalía General del Estado para resolver problemas de naturaleza exclusivamente política no está utilizando atajos legales, atajos legales de difícil ubicación en las
previsiones del ordenamiento jurídico. Esa sería la primera cuestión que me llama poderosamente la atención, sobre todo porque hay una previsión en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, ministerio que usted preside, que es la prevista en el
artículo 8, que usted conoce perfectamente, en donde no es imposible, es legal y es aceptable que el Gobierno del Estado español realice mandatos o invocaciones o incitaciones para actuar a través del ejercicio de la acción criminal o de la acción
penal. Me gustaría tener la convicción de que esto no es lo que ha ocurrido con el proceso al que se ha referido el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.


También me llama la atención la naturaleza de la querella que usted ha presentado. Se ha querellado en virtud de determinados injustos penales que todos conocemos y no de otros. Se ha referido a injustos penales que afectan a altos
funcionarios públicos o responsables políticos, particularmente malversación de fondos públicos o delito de desobediencia que hace referencia y que hay que ostentar para incurrir en el injusto penal esta condición de alto funcionario o de
responsable político, pero es que aquí eventualmente uno podría, analizando el Código Penal, pensar que se han cometido otros delitos también. ¿O es que no es un delito penal también el quebrantamiento o la vulneración de medidas cautelares
adoptadas por el Tribunal Constitucional? Usted no se ha referido a esto. Si usted se refiere a esto, entonces estamos ante un problema político de una dimensión desmesurada y espectacular porque la criminalización que usted ha iniciado mediante
la presentación de esta querella llegaría también a los organizadores de la consulta, que son entidades de naturaleza jurídico-privada, pero podría llegar incluso a los votantes. Y si llega la criminalización mediante la utilización de esta acción
penal prevista en el Código Penal, como está previsto

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el delito de desobediencia o de malversación, estaríamos criminalizando a más de 2.400.000 personas del pueblo de Cataluña. Estaríamos criminalizando los mecanismos de actuación del pueblo catalán, prácticamente en su conjunto, excluyendo a
los que no han participado o a los que no han incurrido en este injusto penal. No sé hasta qué punto usted es consciente de la dimensión y de la desmesura de utilizar la acción penal para resolver problemas de esta naturaleza, porque cuando me
refiero a usted es que es a usted; es que no es la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No sé qué le dijo la Junta de Jefes de Fiscales de Sala a los que usted convocó, entre los que estaban, entre otros, beneméritos
personajes que son buenos amigos míos, como el fiscal contra los delitos de tráfico, el jefe de la Audiencia Nacional y otros; no sé qué le dijeron, pero es que la decisión la tomó usted. De verdad, por el respeto que le tengo e incluso por la
amistad, porque nos conocemos desde hace muchos años, me gustaría saber que esta decisión se tomó de forma independiente y atendiendo solo y exclusivamente a los requerimientos del ordenamiento jurídico, y que no se está pretendiendo criminalizar a
una parte o a un segmento significativo de la sociedad catalana. Sencillamente, esto, y permítame que utilice esta expresión, constituiría una verdadera atrofia democrática.


Señor Torres-Dulce, la configuración territorial del Estado español se ha acometido desde dos sectores del ordenamiento jurídico que no se los tengo que glosar, desde el Derecho Constitucional y desde el Derecho Administrativo. Si a partir
de ahora vamos a iniciar la configuración territorial del Estado español a través del orden penal de la jurisdicción o a través de este sector del ordenamiento jurídico, el derecho penal, iniciamos una senda terriblemente enigmática en cuanto a sus
resultados; pero también perversa, también conflictiva, que también va a provocar desafectos de determinadas naciones de las que configuran un Estado plurinacional como el Estado español, difícil de controlar y con resultados que ni usted ni yo
estamos en condiciones, en este momento, de poder concretar, ni siquiera sobre los que se podría especular.


Desde la perspectiva de la memoria, casi acabaría -pero no lo voy hacer, señor presidente, porque no quiero generarle expectativas falsas- mi intervención preguntándole qué opina el fiscal general del Estado sobre el artículo 124 de la
Constitución, que me imagino que lo conocerá porque es el que la afecta, es el que regula su institución, y particularmente sobre el número 2 del artículo 124, y si el sistema de unidad de actos y el sistema de dependencia jerárquica es razonable en
relación con quienes defienden la legalidad o tienen como cometido fundamental la defensa de la legalidad. Usted lo ha dicho bien, no solo la legalidad penal, sino la legalidad en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos cuando están afectados
intereses públicos. Me gustaría conocer cuál es su opinión, y me gustaría conocer si esa opinión es congruente con lo que ha ocurrido en relación con los acontecimientos del proceso de consultas o lo que fueran.


Mire, son consultas no vinculantes. Lo que no se puede hacer democráticamente, señor Torres-Dulce, es modificar la naturaleza de las cosas para declararlas ilegales posteriormente. Si el Parlamento catalán aprueba una ley de consultas con
carácter no plebiscitario ni ustedes ni nadie puede decir que tiene carácter plebiscitario para luego proceder a su ilegalización; y si se hace otra cosa alternativa, la alternativa tampoco puede transmutarse en cuanto a su naturaleza jurídica para
luego, posteriormente, declarar su ilegalización. A mí me ha decepcionado desde la perspectiva institucional, desde la institución que usted representa que está llamada a defender la legalidad porque defender la legalidad penal en relación con
quienes están defendiendo la democracia y la participación en los asuntos públicos, como el Gobierno catalán, me parece particularmente aberrante. Pero la legalidad en general me parece una aberración, permítame que se lo diga no solo como persona
que le respeta mucho y que me sigo considerando su amigo -no sé si esta relación afectiva continuará después de lo que le estoy diciendo-, pero es que es metafísicamente imposible comprender lo que se está haciendo en este ámbito. Es muy difícil
creer que usted haya actuado sin presiones de naturaleza gubernamental. Es muy difícil de creer porque todos los acontecimientos eran proactivos a una actuación inhibitoria por parte del ministerio fiscal y a la no presentación de la querella, pero
sobre todo está el respeto que usted le debe a pesar de su subordinación jerárquica a la Junta de Fiscales del Tribunal Superior de Cataluña. Usted les debe un respeto, y ellos realizaron las correspondientes o pertinentes reflexiones jurídicas que
usted ha refutado en su totalidad para presentar una querella por nada menos que cuatro figuras delictivas solo contra tres personas cuando, si nos ponemos a analizar el Código Penal, se han vulnerado otros preceptos también del Código Penal.
Estaríamos hablando de la criminalización o de la incriminación procesal penal de una parte muy significativa del pueblo catalán, y esto no puede quedar así.

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Le voy a hacer una pregunta solo en términos hipotéticos y únicamente para excitar sus mecanismos y sus registros intelectuales, que son notables tanto en el ámbito cinematográfico como en el ámbito de la justicia. ¿Qué ocurriría si algún
día es consultado el pueblo catalán y este proclama la independencia con carácter plebiscitario o sin carácter plebiscitario, con efectos vinculantes o sin efectos vinculantes? ¿Acometería usted una operación de ejercicio de la acción penal contra
el pueblo catalán en su conjunto? No es tan hipotética la reflexión que le estoy haciendo. En otros términos y no con esta dimensión, es lo que de facto ha ocurrido por su impulso, porque usted ha sido el autor contra la opinión de otros fiscales.
Por cierto, algunos de ellos han acusado a la Fiscalía General del Estado y alguno de sus miembros de presiones. Son noticias que yo no puedo probar porque las he conocido por los medios de comunicación, pero me gustaría saber que no ha habido
presiones de esta naturaleza, donde ya la jerarquía se convierte en chantaje o se convierte en otro tipo de conceptos.


Trascendiendo de este tema, y dado que ya le han hecho algunas preguntas, voy a ser particularmente breve. Le han formulado una pregunta sobre cómo se ha amortizado en el Estado español con la Ley 1/2014 la justicia universal prácticamente
como noción. No sé, pero me imagino que a usted le preocupará el fenómeno de que la justicia universal se amortice por presiones de determinada potencia emergente. Sin perjuicio de esto, se han referido a la orden de detención presentada por la
oficina argentina de la Interpol a instancias del procesamiento iniciado por la juez Servini de Cubría en el Estado argentino contra nada menos que diecinueve políticos franquistas o posfranquistas que cometieron en opinión de esta juez crímenes de
lesa humanidad y que, por cierto, no pueden ser amnistiados porque ninguna de estas diecinueve personas fue condenadas. Una persona que no ha sido condenada no puede ser amnistiada y estos delitos no prescriben nunca por su naturaleza, por ser
crímenes de lesa humanidad. Me gustaría una acción más beligerante por parte de la fiscalía para posibilitar el enjuiciamiento de personas que en opinión de un órgano judicial legítimo y legitimado, y en virtud de los requerimientos de la justicia
universal ha incoado su procesamiento. Si no es así, al final la juez Servini instará una orden de extradición, y también me gustaría una posición proactiva del ministerio público con relación a la consecución de esta extradición. Pero, bueno, ya
sabemos que se están haciendo trampas en esta materia; sabemos lo que ha hecho la oficina española de la Interpol, que es representar en virtud de la resolución del año 2010 alegaciones a la Secretaría General de la Interpol radicada en Lyon, y en
virtud de esas alegaciones presentadas por la oficina española de la Interpol se va a tramitar esta petición de orden y captura dictada por la juez Servini sin el distintivo rojo, sin la divisa roja, lo cual quiere decir lisa y llanamente que estas
personas, estos diecinueve presuntos asesinos franquistas, solo podrán ser procesados si acuden a Argentina y son detenidos allí, aunque no parece previsible que en la agenda de estas personas figure viajar a Argentina. Desde esa perspectiva,
nosotros le pediríamos una acción muy proactiva de la fiscalía, fiscalía que, por cierto, también merece -y perdone que haya sido tan beligerante en la primera parte de mi intervención- felicitaciones con relación a la Fiscalía Anticorrupción y su
funcionamiento. Seguramente, si la Fiscalía Anticorrupción no hubiera funcionado con la eficiencia con la que han funcionado la Fiscalía Anticorrupción o los fiscales anticorrupción, a pesar de la carencia de medios (yo me comprometo a recibir su
pedimento, hay que implementar e incrementar la Fiscalía Anticorrupción y sus medios, sobre todo en materia de la consecución de pericias, de expertos, de personas o de peritos forenses que puedan contribuir a realizar la identificación exacta de
delitos de naturaleza normativa muy compleja, como son los delitos de corrupción), muchos casos de corrupción que están lacerando las propias esencias del sistema institucional con el que convivimos no se hubiesen podido conocer. Yo le animo a que
siga estimulando y solicitando a esta Cámara el incremento de los fiscales anticorrupción y de los medios puestos a disposición de la Fiscalía Anticorrupción.


Le tengo que felicitar también por otra cosa, señor Torres-Dulce. En materia de política penitenciaria nos hemos encontrado recientemente con un suceso curioso, que es la concesión del tercer grado a un antiguo cargo, a un presidente de las
Islas Baleares, don Jaume Matas, mediante procedimientos manifiestamente ilegales, y la fiscalía recurrió a la jurisdicción de vigilancia penitenciaria para conseguir la reparación de la legalidad. También por esto ustedes merecen ser felicitados.
A veces sí que cumplen con su función, la que debería estar prevista en el artículo 124 de la Constitución, uno de los preceptos que quienes preconizan la reforma de la Constitución deberían acometer, que es la función de contrapoder desde la
perspectiva del cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y se ha conseguido.


Le pediría también, en el ámbito de las reformas...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, ahora sí le ruego termine.

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El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya va a ser mi última reflexión, señor presidente.


Usted también ha invocado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es una ley muy antigua, del siglo XIX, del año 1862. No sé si queda ya legislatura, señor presidente, para aprobar un código procesal penal, como nos anunció el otro día el
señor ministro de Justicia.


El señor PRESIDENTE: Habrá que correr mucho en lo que queda de legislatura y contará con la voluntad de su señoría sin duda. Ruego termine, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con esto acabo de verdad.


Yo era -no soy- un firme partidario de la instrucción sumarial por parte de los fiscales. Lo que pasa es que desde la perspectiva del ministerio público tiene que haber una acreditación de desvinculación de las instituciones gubernamentales
y del Gobierno para que este presupuesto, en el que yo siempre he creído, se pueda mantener. En todo caso, le voy a desear suerte. No le puedo felicitar por determinadas actuaciones vinculadas a las consultas celebradas en Cataluña. No le deseo
suerte porque no me gustaría que la configuración territorial del Estado español no se acometiera a través del derecho constitucional y del derecho administrativo y sí por el derecho penal, y le pediría encarecidamente que salgamos de este derrotero
tan peligroso para la propia consistencia institucional de un Estado que siempre ha tenido déficit de configuración territorial.


El señor PRESIDENTE: A continuación le corresponde el turno al Grupo Unión Progreso y Democracia y, en su nombre su portavoz, la señora Díez, tiene la palabra.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Le doy las gracias en nombre de mi grupo al fiscal general del Estado por su explicación y por todos los detalles que ha incorporado a la memoria que ya habíamos tenido la oportunidad de leer. Yo quisiera en esta
intervención hacerle media docena de reflexiones y algunas preguntas al hilo de algunas de las cuestiones que más me han interesado de su memoria y de su intervención.


Empezando por una reflexión que ha hecho el fiscal y que no es nueva, que tiene que ver con la plantilla de la fiscalía, y que yo comparto absolutamente. No es defendible ni aceptable que la plantilla esté inalterada desde el año 2010. No
hay un incremento de refuerzos que se corresponda con el incremento del trabajo. Usted lo ha puesto de manifiesto, todos nosotros lo sabemos. Por si fuera poco, hay treinta y tres fiscales en situación de servicios especiales que no están
trabajando en el área en la que tendrían que estar trabajando. Llueve sobre mojado, que se suele decir. Los ciento treinta y siete nuevos fiscales no son una ampliación de plantilla -usted lo ha reseñado y yo quiero también llamar la atención al
respecto-, sino que cubren bajas, o sea, que realmente no es ninguna ampliación. Todo esto causa unas consecuencias yo creo que absolutamente lamentables en la lucha contra la corrupción y en la tarea general de la fiscalía, pero desde luego desde
el punto de vista de la lucha contra la corrupción tiene unos efectos verdaderamente lamentables, muy negativos.


Dice usted, y lo ha dicho bien, que si se incrementa el número de jueces y a la vez no se incrementa el número de fiscales son procedimientos -creo que lo ha llamado usted- destinados a estancarse. Efectivamente, de nada sirve que haya
muchos más jueces si a la vez no hay un incremento del número de fiscales similar. Estas deficiencias de la fiscalía que detalla y que tienen efectos muy negativos en aspectos muy importantes para la democracia y para la sociedad española, como es
la lucha contra la corrupción, tienen responsabilidad política. No es la suya. Podemos llegar a la conclusión de que usted pide mal o que no tiene la suficiente capacidad de convicción para convencer al Gobierno de que necesita más recursos. Pero
quiero destacar que detrás de esto hay una responsabilidad política. Los recursos se distribuyen de una determinada manera y las decisiones políticas son las que determinan cómo se invierte el presupuesto. Usted ha dicho que ha tenido alguna
conversación y que lo ha pedido. Quería saber expresamente, si puede concretar algo más, si ha pedido al Gobierno un incremento de los medios materiales y humanos del ministerio fiscal, especialmente para la lucha contra la corrupción. Quiero que
me diga, si es posible, cuál ha sido la respuesta que ha obtenido; si ha habido una respuesta que vaya más allá de: bueno, ya veremos; si ha habido una respuesta más concreta que esa de carácter general.


Una segunda reflexión, señor fiscal, es en relación con la individualización presupuestaria como garantía de autonomía, por denominarlo de esa manera. La independencia del ministerio fiscal -usted lo sabe bien y todos los que estamos aquí
lo sabemos también- ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones -no me referiré ahora a lo que han dicho otros intervinientes, lo haré después- no solo por el

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sistema de nombramiento del fiscal general del Estado -como sabe, nuestro grupo tiene diferencias de criterio con el grupo mayoritario de la Cámara, aunque diría que prácticamente con todos-, sino también por la dependencia jerárquica del
resto de fiscales de este, o las limitaciones presupuestarias; insisto en lo que ya había dicho. Usted señala en la memoria algunas de estas dificultades para saber el presupuesto que está desagregado o cuánto se presupuesta, además de lo que se
desagrega de lo que está en presupuestos de otras instancias, de comunidades autónomas. En relación con esta cuestión me llamaron la atención unas declaraciones que hizo en el mes de agosto, en las que decía, textualmente y entrecomillado: No
todos tienen interés en que la justicia sea rápida y eficaz. Me llamaron mucho la atención porque dicho por otra persona que no tenga su responsabilidad es fuerte, pero dicho por usted suena muy fuerte. Explicó, además, que en muchas ocasiones los
problemas de la justicia penal no son consecuencia de deficiencias legislativas. Podríamos relacionarlo con la dotación económica, presupuestaria, material y humana, pero cuando dice usted: No todos tienen interés en que la justicia sea rápida y
eficaz, no me queda otro remedio que preguntarle a qué se refiere, si es una forma de hablar porque le pilló desprevenido y lo soltó así, o si está pensando en algo. Cuando dice. No todos, a continuación le preguntaría cuáles son, a su juicio, los
principales problemas de organización y gestión, algunos de los cuales los ha reseñado usted pero, como dije en mi reflexión anterior, muchas de estas cuestiones, muchísimas, son consecuencia de decisiones políticas previas que no solo están en la
fiscalía o no siempre y, desde luego no en primer lugar.


Una tercera reflexión sobre la lucha contra la corrupción. Quisiera hacerle una pregunta. Esto es mera curiosidad, si puede, me contesta y si no, ya lo miraré. En la memoria de este año hay un apartado específico dedicado a la corrupción.
¿Desde cuándo en la memoria de la fiscalía hay un apartado dedicado a la corrupción? ¿Desde siempre hay en la memoria de la fiscalía un apartado dedicado a la corrupción o el tema ha adquirido tal dimensión...? Es pura curiosidad. Tal vez resulte
que la respuesta es que siempre ha habido un apartado. Simplemente es por curiosidad, pero me gustaría saber el espacio que ocupa en la memoria de la fiscalía, si hay un apartado específico, la reflexión sobre la corrupción. En la memoria se pone
de manifiesto también que ha habido un gran incremento de diligencias pero no se traduce en un mayor número de penas por la complejidad -usted lo ha señalado- de muchos de los procedimientos incoados así como por la falta de medios existentes. Dice
textualmente la memoria una frase sobre la que también quiero llamar la atención, señor fiscal: De no llevar a cabo una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una
sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, de que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa
mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber. Si yo le digo esto al presidente del Gobierno o a cualquier miembro del Gobierno, esto es una crítica de un miembro de la oposición. Si la Fiscalía General del Estado dice eso y no hay una
respuesta inmediata, estamos ante un problema verdaderamente muy serio, porque lo que usted expone aquí es una cuestión verdaderamente seria planteada en términos -si me permite la expresión- dramáticos en el ámbito político. Parto de la base de
que ustedes han hecho un análisis riguroso e independiente de la situación y han llegado a una conclusión. Pero es que esto me parece verdaderamente preocupante porque es cierto que la sensación de impunidad y de que hay una justicia de dos
velocidades está anidada en la sociedad española, y esta es una situación verdaderamente preocupante en términos democráticos, que afecta a las instituciones democráticas en su conjunto y a la propia democracia. Me resulta dramático volverlo a leer
-he leído en algunas entrevistas suyas cosas similares- en esta memoria. También me resulta llamativo -se me acaban los adjetivos- leer que usted dice que no resulta fácil aportar datos globales sobre la corrupción, dado que existe cierta
indefinición sobre los delitos concretos que deben abarcar este concepto, además de que dice que es imposible que se pasen los datos, por decirlo simplemente, entre las distintas administraciones que tratan la cuestión. La pregunta para cualquier
ciudadano de fuera de esta sala que lea esto e incluso para mí, es: ¿Esto decir que no sabemos cuántas personas en España están imputadas? ¿Cuántos casos de corrupción están abiertos? ¿Cuántas investigaciones hay en este momento? ¿De qué estamos
hablando? Sabemos que es muy grande pero no sabemos ni de lo que estamos hablando ni lo sabemos concretar. Si no lo sabe concretar la Fiscalía General del Estado, cómo lo voy a saber concretar yo. No sabemos de la cuestión. Cómo podemos dar una
respuesta si no tenemos ni siquiera el análisis de su conjunto, porque no tenemos las herramientas para tener una visión de conjunto del asunto del que estamos hablando. ¿Cómo solucionaría la fiscalía el problema de la falta de datos homogeneizados
sobre

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la corrupción? Le pregunto, señor fiscal, si han pensado en ello. Simplemente la falta de datos homogeneizados que nos permitan tener una visión de conjunto sobre esta cuestión.


Siguiendo con el tema de la corrupción, usted sabe, señor fiscal general del Estado, que mi grupo parlamentario ha llevado a cabo una serie de acciones judiciales en las que hemos tenido que cubrir la clara inacción de la fiscalía. No hemos
ido ante la Audiencia Nacional o ante los tribunales porque no tuviéramos trabajo, sino porque hemos estimado que se estaban produciendo delitos, que había denuncias y que la fiscalía, que es la primera que tiene que reaccionar, no estaba actuando.
Hemos hecho nuestro trabajo, no creo que lo que hemos hecho y estamos haciendo no sea parte de nuestro trabajo. Los partidos políticos estamos en la Constitución, hemos de defender el interés general, cobramos de los Presupuestos Generales del
Estado y, por tanto, si una parte de lo que percibimos del conjunto de los ciudadanos lo destinamos a defender el interés general, pues bien está. Nuestro asombro, señor fiscal general del Estado -quiero decírselo-, no ha sido tanto la falta de
acciones por parte de la fiscalía para investigar casos importantes relacionados con la corrupción como el hecho de que posteriormente, durante las instrucciones de los procedimientos, hemos comprobado pasmosamente cómo el fiscal pertinente no solo
no aparecía en algunos casos en los interrogatorios, sino que en otros, cuando aparecía, su postura era claramente pasiva, de una total indiferencia hacia el tema, llegando incluso en numerosos casos a rechazar preguntas a los imputados o testigos.


Me podría decir: Ustedes denuncian a todo el mundo, pero luego resulta que no hay caso, porque les ha dado por denunciar a todo el mundo. Le voy a detallar varios procedimientos iniciados por UPyD a los que después se ha sumado la
fiscalía; por ejemplo, Bankia, preferentes, compra de noticias por el Gobierno autonómico del País Vasco en el Grupo Noticias, Banca Cívica y la querella contra Artur Mas, porque nosotros nos habíamos querellado ya antes. Casos en los que la
fiscalía no acude: caso Torreón -pieza separada de Caja Segovia-. Procedimientos en los que la fiscalía acude pero no pregunta o posee una actitud absolutamente pasiva: Bankia -sí, no se sorprendan ustedes-, que no se ha activado hasta las
tarjetas black; preferentes; prejubilaciones de Caja Segovia y Banca Cívica. Procedimientos en los que la fiscalía no se ha querellado contra los imputados -la fiscalía ha ido después, pero no se ha querellado-: Bankia, preferentes, compra de
noticias por el Gobierno autonómico del País Vasco en el Grupo Noticias, tarjetas black de Caja Madrid y Banca Cívica. Esto, señor fiscal general del Estado, es cuando menos sorprendente. Alguien no está haciendo su trabajo. Antes, algunos de mis
colegas le criticaban que la fiscalía hubiera actuado en relación con la consulta que se celebró el 9 de noviembre -que, según el presidente del Gobierno, no se ha celebrado, pero todos sabemos que se ha celebrado, pero después hablaré de eso-. Yo
le increpo por que no haya actuado; le increpo justo por lo contrario, porque en estos casos otros han tenido que abrir el procedimiento y usted -perdóneme que le hable como si fuera una cosa personal-, ustedes han ido después. Creo que la actitud
de la fiscalía no se corresponde con su obligación de esclarecer posibles responsabilidades penales relacionadas con importantes casos de corrupción. Es su responsabilidad esclarecer esos casos; luego ya juzgarán y sentenciarán los jueces, pero
esclarecer esos posibles casos de corrupción es su obligación, le pagamos para eso, verdaderamente. Esa es su obligación. ¿Cómo justifica, por otra parte, que los fiscales, cuando después se han sumado a las querellas que otros han iniciado -en
este caso, nosotros-, acudan a esos procedimientos sin preguntas o preguntando nimiedades -porque también las hay en algunos casos-, en una actitud absolutamente pasiva? También le quería preguntar -no se moleste- si ha dado alguna instrucción para
que un fiscal se inhiba de actuar en alguno de estos procedimientos que he señalado.


En relación con este caso, aunque no directamente, usted ha hablado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y le quería preguntar lo siguiente: Si la reforma se hace en la dirección prevista y desaparece la capacidad que tenemos
como grupo político o como partido político para actuar como acusación popular, ¿es consciente de que, por ejemplo, en todos estos procedimientos -Bankia, etcétera- no hubiéramos podido actuar? ¿Es consciente de que nos estarían quitando un
instrumento para poder actuar cuando ustedes u otros no actúan? No sé si es usted consciente, porque quiero pensar que el Gobierno no lo hace porque es consciente, precisamente para evitar que otros actúen, cuando quiere poner un velo oscuro sobre
todo este tipo de actuaciones.


El señor PRESIDENTE: Señora Díez, le ruego que concluya.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino ya.


Quiero hacer una breve reflexión sobre la actuación de la fiscalía en relación con el 9-N. Creo que ustedes han ido muy tarde, qué quiere que le diga, fiscal general del Estado. No entiendo que hayan

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tardado nueve días en decidir si había indicios suficientes para actuar porque las cosas que se estaban produciendo y los delitos de los que ustedes han acusado al presidente Mas y a otras personas se habían perpetrado supuestamente
bastantes días antes y además estaba previsto, es decir, era un historia que estaba contada, ya se sabía. El Tribunal Constitucional ya había hecho dos resoluciones; o sea, se sabía, no fue una sorpresa, no fue una cosa que no se supiera que iba a
ocurrir. Bueno, hay quien no se ha enterado de que ha ocurrido, el presidente del Gobierno no lo sabe, pero todos los demás sabemos que efectivamente se produjo allí una votación y ustedes lo han presentado, pero no sé por qué han tardado tanto
francamente, no sé lo que ha sucedido; me llama poderosísimamente la atención que hayan tardado tanto en tomar una decisión de esas características, no sé por qué ha sido. Por tanto, le pregunto por qué, si no lo habían previsto, si creían que
finalmente no iba a pasar nada, no lo sé. Por eso le pregunto por qué han tardado tanto.


Ahora, déjeme que le diga una cosa, ya que ha habido tanto debate jurídico-político aquí en relación con esta materia. Yo francamente estoy pasmada con esas expresiones de criminalización de la política que se hacen, que se han hecho aquí,
y quiero darle mi opinión al respecto porque también tiene que ver con su actuación. No consigo entender esa acusación de criminalización de la política cuando actúa el fiscal o un grupo político, como es este caso, pensando que un político, que un
responsable político ha cometido un delito, creyendo que hay motivos para pensarlo, pruebas indiciarias, en fin, denunciando la cuestión. ¿Eso es criminalizar la política? ¿He de concluir, hemos de concluir de eso que por el hecho de ser político
o responsable político no tienes que cumplir la ley y que si alguien te denuncia está criminalizando la política? ¿Qué especie de amparo tiene un político para no cumplir la ley? Porque, claro, si le denuncias es que estás criminalizando la
política, pero ¿acaso las leyes no son políticas? ¿No las hemos hecho los políticos? ¿No tenemos obligación de hacerlas cumplir y no tenemos obligación de cumplirlas? Entonces no sé qué se quiere decir. O sea, se le puede denunciar si el delito
del que se le acusa es por corrupción económica, pero si es por otro tipo de delito por el que se acusa no se le puede denunciar porque te denuncian por criminalizar la política. Yo francamente...


El señor PRESIDENTE: Señora Díez, favor.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: ...no lo entiendo. O sea, entiendo que no es criminalizar la política denunciar a alguien si crees que ha cometido un delito. Y la fiscalía es la primera obligada en hacerlo. Lo mismo que le he pedido que lo haga
en temas de corrupción, le pido que lo haga en estas cuestiones.


El señor PRESIDENTE: A continuación le corresponde el turno al Grupo de La Izquierda Plural y, en su nombre, el diputado señor Coscubiela tiene la palabra.


El señor COSCUBIELA CONESA: En primer lugar, quisiera agradecer al señor Torres-Dulce no solo su comparecencia sino el informe y la exposición que nos ha hecho. Quiero comenzar destacando las cuestiones que me parecen positivas de su
informe. Primero, por haber puesto encima de la mesa lo que, a nuestro juicio, constituye uno de los grandes problemas endémicos de nuestro sistema judicial visto desde la perspectiva del ministerio fiscal: una justicia lenta a la que usted le ha
puesto datos, que, como lenta, deja de ser justicia, o al menos no cumple los requisitos básicos de la justicia; unas leyes procesales en el ámbito penal absolutamente obsoletas, pero el problema no es ese -que hace mucho tiempo se detectó-, el
problema es la falta de reformas y sobre todo la falta de voluntad reformista. Es curioso, pero en tres años donde el furor reformista de este Gobierno lo ha arrasado todo, donde además el Ministerio de Justicia ha sido capaz de presentar 200.000
iniciativas, algunas de las cuales se ha tenido que comer con papas enteritas, sorprende que no haya tenido tiempo de presentar una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso no debe ser casual porque además es un problema que se repite
gobierno tras gobierno, al mismo tiempo que la falta de medios. Un maestro mío me dijo que cuando un error se repite no es un error repetido sino que es una opción, y posiblemente con eso se pueda contestar a la pregunta que le hacía hace un
momento la diputada Rosa Díez. Hay gente a la que no le interesa que la justicia sea rápida, ¿quiénes son? Es evidente: los poderosos económica o políticamente. Para esos delitos que no son delitos menores que llenan nuestras cárceles, a
aquellos nos les interesa que la justicia funcione, porque no perdamos de vista nunca que la ley es justa, está creada para su aplicación precisamente para intentar conseguir un mayor reequilibrio de poderes y establecer un código de circulación en
nuestra sociedad. Este es el problema de fondo. Y de la lectura de ese informe se desprende

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-usted ha sido muy prudente pero clarito en alguno de sus aspectos- que este comportamiento endémico de los Gobiernos se mantiene en estos momentos y no parece que hay ningún viso de modificación.


Yo soy nuevo en esta casa, llevo tres años, pero desde fuera de la actividad política lo que detecto permanentemente son unos Gobiernos más preocupados por el efectismo que por la efectividad o, dicho de otra manera, unos Gobiernos más
preocupados especialmente en el orden penal, tanto sustantivo como procesal, en dar respuesta en caliente a las alarmas sociales generadas por la prensa rosa, que en afrontar de verdad de manera estructural los problemas de fondo. Eso incide en una
sociedad -también les sucede a otras, no nos sucede solo a nosotros- que vive una profunda esquizofrenia social con relación al orden penal, en una sociedad donde existe una percepción social en la que ante cualquier patología social, ante cualquier
conflicto social, se tira del Código Penal para intentar resolverlo, pero simultáneamente quienes tienen que poner mecanismos para que el Código Penal y las leyes criminales funcionen, no los ponen. Ese conflicto, esa esquizofrenia social es la que
provoca esa situación de desasosiego y de insatisfacción profunda de una parte de la ciudadanía con relación al ámbito de la justicia. Que esa percepción la tenga la ciudadanía, que esa especie de expansionismo del orden penal para querer resolver
a través del ámbito penal problemáticas y conflictos que deberían tener otro ámbito de solución lo tenga una ciudadanía fuertemente impactada por ciertas culturas mediáticas, se puede entender, pero que eso esté también imbuyendo el comportamiento
de los responsables políticos, no es de recibo. Y yo me permito interpretar que de manera muy sutil usted deja caer algo de eso en su informe. Y la verdad es que no vamos a mejor, vamos a peor, porque si cualquier comportamiento social no tiene su
respuesta en el ámbito penal, los conflictos políticos no deberían tenerlo. Lo que está pasando con el conflicto político en Cataluña es una barbaridad, aunque ya verá usted cómo a babor y a estribor hay gente que está encantadísima de que el
ministerio fiscal se haya puesto en medio de este lío, porque con esto ocurre como con el aire en los incendios, que alimenta el fuego. Luego volveré sobre esto.


Con relación al contenido de su informe, quiero poner énfasis en una cosa que usted plantea, lo que suponen los inaceptables plazos desde la perspectiva del ministerio fiscal. Usted hoy ha dado datos con relación al desequilibrio entre
medios judiciales y medios fiscales. Son unos plazos absolutamente incompatibles con la celeridad de la justicia e, insisto, tienen su origen en dos males endémicos: la falta de medios y la obsolescencia tecnológica de algunos de esos medios, y
las leyes procesales manifiestamente mejorables. La pregunta es: El Partido Popular, que es quien puede en estos momentos abordarlo, ¿lo va a abordar? Con una mayoría como la que ha tenido, con la cantidad de cosas que ha llegado a hacer, con la
cantidad de diques que se ha llegado a saltar, que no haya encontrado el momento para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal es bastante incomprensible desde mi punto de vista. Eso nos preocupa mucho e incluso usted lo reconoce literalmente,
porque dice: Desafortunadamente, el Ejecutivo parece haber desistido de impulsar la reforma del proceso penal. Esa es la peor noticia que podía haber tenido este país en este ámbito. Eso tiene incidencia en todos los ámbitos, pero especialmente
en la delincuencia de cuello blanco, en la delincuencia económica, lo que usted llama los delitos especialmente complejos, que sin duda requieren de medios, de procedimientos y de cambios importantes en ese tratamiento procesal.


El segundo bloque es el que tiene que ver con la corrupción y los delitos. Señor Torres-Dulce, creo que en su informe comete una incongruencia. Usted no puede hablar de delitos de corrupción -también lo ha dicho aquí hoy-, sabiendo todos
que la corrupción como tipo penal no existe, que en todo caso es un nombre que entre todos hemos convenido que le ponemos a determinados tipos penales sin saber cuáles son y, sin embargo, no establecer el agrupamiento de los mismos. O entre todos
decidimos qué es eso de la corrupción, o a lo mejor habrá que empezar a hablar de otro concepto. Yo prefiero lo primero, pero usted, por favor, ayúdenos, no nos incorpore más confusión en ese planteamiento. En ese sentido está clarísimo que la
falta de medios que usted denuncia en el ministerio fiscal para que puedan jugar un papel impulsor en la investigación de las causas complejas de gran trascendencia vuelve a tener otra vez el mismo objetivo. No hay voluntad política para dotar de
medios a quien puede determinar la función de impulsar investigaciones en temas de mucha complejidad; por ejemplo, en las unidades de investigación integradas en las fiscalías especializadas que su informe destaca en cuanto a la falta de medios
necesarios para ello. Le vamos a acompañar en ese planteamiento, aunque eso es como no acompañarle en nada porque nosotros no tenemos la llave para hacerlo, la tienen otros grupos que, pudiéndolo hacer, no lo han hecho. En ese sentido, permítame
que le diga que de todas maneras en relación con el ministerio fiscal -también comparto alguna opinión de otro grupo parlamentario- algunos grupos parlamentarios no nos hemos sentido acompañados en algunas de nuestras actuaciones. Yo creo que a
nosotros no nos incumbe

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sustituir a nadie, ni a los jueces, ni a la Abogacía del Estado, ni al ministerio fiscal, ni a las acusaciones privadas, pero es verdad que en algún momento creemos tener la necesidad de ejercer la acusación popular, y la verdad es que ahí
el acompañamiento de la fiscalía no ha sido bueno. Le voy a poner unos ejemplos que yo he conocido directamente: en la impugnación del indulto concedido en el último Consejo de Ministros del señor Zapatero al señor Sáenz hemos notado muy poco
acompañamiento de la fiscalía, y menos aún en la querella que presentamos por prevaricación contra don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, por no haber cumplido sus obligaciones de aplicar la normativa sobre regulación de
los cargos bancarios. Si el ministerio fiscal no cumple su función y encima cuando la cumplen otros no se les acompaña y se les ponen trabas, la verdad es que la sensación de que alguien está dando cobertura a la impunidad de esos poderosos es
importante.


Hay un tercer bloque sobre el que le queríamos preguntar. Queríamos saber qué impacto considera usted que ha tenido el cambio legislativo en relación con la justicia universal, porque la verdad es que hemos visto que algunos jueces e
incluso algún fiscal ha puesto de manifiesto lo que eso suponía en relación con las dificultades de persecución de algunos delitos de especial complejidad, sobre todo cuando afectan a las principales lacras de este país y del mundo, como es el tema
de las mafias organizadas y, por supuesto, la dificultad de combatirlas. En ese sentido, ¿considera usted que es posible luchar contra esas mafias sin de verdad recuperar espacios de justicia universal y al mismo tiempo sin abordar en profundidad
asuntos como los de los paraísos fiscales y el secreto bancario?, ¿o eso es pedirle que alguien haga una función de investigación atándole de manos, cerrándole los ojos y tapándole los oídos, que es lo que me parece que está sucediendo en esos
momentos?


El cuarto bloque de preguntas está relacionado con los delitos de violencia contra la mujer. Sinceramente, nos sentimos profundamente defraudados en esta parte de su memoria. Posiblemente ustedes no hayan podido hacer más -o sí, no lo sé-,
pero sorprende por ejemplo que el informe cuantitativo sea muy completo en aspectos periféricos, como el de las denuncias falsas que, por cierto, parece que afectan al 0,0010 de las denuncias presentadas. Sorprende que se preste tanta atención y se
hable tanto de denuncias falsas cuando afectan a un porcentaje tan pequeño. No digo que no tengamos que tenerlo en cuenta, por supuesto que sí, porque sabiendo cuántas denuncias falsas hay y desincentivándolas damos más posibilidades a que las
reales se puedan tramitar oportunamente, pero nos sorprende, por ejemplo, la poca información de su informe en temas cualitativos de la violencia machista, como por ejemplo la implantación del protocolo médico-forense, que desde mi punto de vista es
un gran instrumento para intentar evaluar con carácter urgente y preventivo los riesgos de violencia de género. Eso puede obedecer a dos cosas: una, que no se tienen datos porque no se considera importante, o dos, que se tienen datos y lo que
sucede es que ese protocolo médico-forense no se está usando, y si no se utiliza es un drama, porque es un gran instrumento para prevenir. Posiblemente alguno de esos cuarenta y cinco asesinatos de mujeres se podría haber evitado si con actuaciones
previas se hubieran detectado los riesgos con relación a esas mujeres. Yo creo que ante esta situación -se lo digo de verdad- hacen falta menos días mundiales y que lo sean los trescientos sesenta y cinco días del año. En ese sentido, señor fiscal
general, le pido que uno de los esfuerzos de los próximos meses y de los próximos años en relación con sus responsabilidades vaya dirigido al tema de la violencia contra la mujer.


El quinto apartado va dirigido a los delitos contra los derechos de los trabajadores. Permítame decirle que en este aspecto no el informe, sino el comportamiento del fiscal general y del ministerio fiscal nos parece absolutamente reprobable
y contrario al mandato constitucional. Están ustedes aportando un cambio de comportamiento que dice muy poco de las funciones del ministerio fiscal. La hiperactividad con la que el ministerio fiscal está actuando en relación con el artículo 315.3
-es decir, actuaciones que conlleven presiones para iniciar o continuar huelgas-, mientras que no han presentado -al menos no me consta- ni una sola denuncia o querella contra quienes han impedido el ejercicio del derecho de huelga -normalmente
empresarios o altos dirigentes empresariales-, no se corresponde con su función. Es un planteamiento absolutamente desequilibrado, pero sobre todo es desequilibrado el comportamiento que ustedes están teniendo. No es normal que la secretaria
general de Comisiones Obreras de Baleares tenga sobre su cabeza una pena de más de cuatro años de cárcel por arrancar un cartel que -según le imputan- provocó la ruptura de un vidrio en un autobús. Más allá de los elementos de la prueba, lo que es
más incomprensible es que ustedes encima apelan, o sea que ganas de meter en la cárcel a sindicalistas no les faltan. Eso no corresponde, al menos no se equilibra con la poca beligerancia que están teniendo ustedes con el comportamiento permanente
de los empresarios en relación con los trabajadores para impedirles el derecho a la huelga. Recuerden que una de las funciones de la Constitución es mandatar a

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los poderes públicos para que la igualdad sea efectiva y real, y para que la igualdad sea efectiva y real los derechos colectivos de huelga y libertad sindical deben ejercerse y, como dice el Tribunal Constitucional, de manera expansiva,
siempre limitados por otros derechos, pero nunca de manera restrictiva. Ustedes, como ministerio fiscal, están haciendo exactamente lo contrario. Le pido, por favor, que reconsidere ese comportamiento. El día 10 de diciembre va a haber un juicio
en la Audiencia Nacional donde para trabajadores sindicalistas de Airbus se van a pedir sesenta años de cárcel, sesenta, no me he equivocado, casi tantos como pidieron en el proceso 1001 para Marcelino Camacho y compañía durante el franquismo.


¿De verdad usted cree que existe algún tipo de proporcionalidad en ese comportamiento del ministerio fiscal? Usted me puede decir que eso es lo que dice la ley. Si es así, le tengo que pedir a continuación que usted plantee en sus
propuestas un cambio legislativo. ¿Es normal que un comportamiento que se produce a la salida de un partido de fútbol sea calificado de falta y por el mismo comportamiento en el marco de una huelga se pidan cuatro años de cárcel? Es una
barbaridad, señor fiscal. Entonces, o por un lado o por el otro, pero esas situaciones no pueden continuar porque deterioran la imagen del país y de la fiscalía. En ese sentido, nos gustaría saber si esa hiperactividad de los fiscales es un hecho
natural -porque de golpe y porrazo han detectado muchos 315.3- o corresponde a una directriz emitida desde la Fiscalía General del Estado.


Una última cuestión en relación con la autonomía del ministerio fiscal que pudiéramos calificar de la teoría a la práctica. Usted en su informe nos habla de un aspecto muy importante. Parece ser que tienen elaborada una propuesta del nuevo
estatuto orgánico del ministerio fiscal que pretende reforzar la autonomía fiscal a fin de garantizar su función de custodios de la ley. Perfecto, no puedo estar más de acuerdo con la teoría.


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.


Entrañables palabras que adquieren en estos momentos una mayor trascendencia: autonomía, imparcialidad y unidad de actuación son las claves de bóveda del ministerio fiscal, cierto, pero lo han demostrado ustedes fatal en relación con el 9
de noviembre. No sé qué ha pasado. Lo que sí sé es que para cualquiera que conozca el mundo del derecho y la actuación del ministerio fiscal es incomprensible el sainete al que ustedes nos han condenado. Los que conocemos el mundo del derecho
sabemos que las leyes y su interpretación no son como la tabla de multiplicar -dos por dos, cuatro; dos por tres, seis-, eso lo sabemos y, por tanto, puede haber criterios jurídicos distintos, pero lo que parece inconcebible es que reunida la
Fiscalía territorial de Cataluña entiendan que no existe tipo de delito alguno y reunido el Consejo Fiscal resulte que detecten cuatro por los mismos hechos. Algo pasa y no se entiende. Puede ser que como ha dicho alguien eso sea fruto del
ambiente social distinto que hay en Cataluña y en España. Si fuera así, estaríamos ya con la prueba del algodón. Si se trata de ambiente social, no se trata de leyes: se trata de conflictos políticos.


Permítame que le diga por último que en este país hemos visto cómo se deterioran de manera profunda muchas instituciones. Hemos visto al Tribunal Constitucional, una de las instituciones con más prestigio de este país -lo digo así- hasta
bien entrados los años noventa, que tiene en parte la responsabilidad del desarrollo de las libertades individuales y colectivas en su favor, deteriorándose a marchas forzadas hasta no tener hoy ningún tipo de credibilidad. No permita usted, al
menos bajo su responsabilidad, que el ministerio fiscal sea el terreno de juego donde unos y otros diluciden una batalla política, porque las batallas políticas se dilucidan en los ámbitos democráticos y no en los ámbitos penales. No lo permita
usted. Desde mi punto de vista se ha equivocado -se lo digo sinceramente- entrometiéndose en ese planteamiento. Este es un conflicto político que debe tener soluciones políticas, porque está haciendo usted eso que he denunciado yo desde el
principio. No todo conflicto político, no toda anomalía social tiene su solución en el ámbito penal. Por tanto, y ahora sí son mis últimas palabras, se hace más evidente que nunca la necesidad de un nuevo estatuto orgánico del ministerio fiscal,
pero mientras no se produce, por favor, garantice que la autonomía y la imparcialidad del ministerio fiscal se practican, además de que se teorizan. Creo que usted -me sabe mal decirlo- como fiscal general del Estado, con relación al 9-N, no ha
garantizado la función pública del ministerio fiscal y le ha hecho un mal favor al ministerio fiscal. Quizá, según usted, no haya tenido otra posibilidad, pero la verdad es que no ha ayudado al ministerio fiscal y espero que no sea el principio...


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Coscubiela, por favor.

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El señor COSCUBIELA CONESA: ...del deterioro de esta institución.


El señor PRESIDENTE: A continuación le corresponde el turno al Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. En su nombre, tiene la palabra el señor Jané i Guasch.


El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre de Convergència i Unió, agradecemos la presencia del fiscal general del Estado, así como de los miembros del ministerio fiscal, de su equipo, que hoy le acompañan para la presentación anual
de la memoria, una memoria que nos hemos leído en Convergència i Unió y que hace una buena radiografía de datos que son necesarios para, tras la radiografía, intentar mejorar el funcionamiento de la justicia e intentar mejorar todo lo relativo a
reformas legislativas. Por tanto, agradecemos esa exhaustiva valoración de datos, cuyo resumen hoy hemos podido ver en esta sesión.


Quiero destacar simplemente algunos aspectos de esta extensa memoria. Coincidimos en ese estrés burocrático que se denuncia y también coincidimos que en ocasiones hay una falta de medios, que a veces se da por culpa de algunas disfunciones.
Hoy usted ha puesto una vez más un ejemplo y también lo pone la propia memoria cuando dice que se trasladan atestados policiales a las fiscalías, a los juzgados, sin autoría del delito conocida, con lo que estamos sobrecargando esos órganos
burocráticamente, cuando nos lo podríamos ahorrar. Son medios que se podría dedicar a otras prioridades en el ámbito de la fiscalía. Por tanto, coincidimos con ello.


Coincidimos también con ese diagnóstico que se hace de las faltas. Hay un dato en la memoria sobre esos juicios de faltas que señala que los fiscales han asistido a 326.883 juicios de faltas, lo que representa un 66% del total de
asistencias a juicio oral. ¿Eso al final en qué queda? Más de la mitad acaba con sentencia absolutoria, con lo cual hay que replantear este tema. Hay también una reforma del Código Penal que se está prolongado, pero entre todos podríamos
consensuar medidas en relación con esa extralimitación que en estos momentos tienen los juicios de faltas. Hay otro dato que compartimos. No hemos sido capaces de trasladar bien, en ese ámbito de las faltas, lo relativo a los juicios rápidos. Se
ha hecho en los delitos, pero en cambio en las faltas no lo hemos sabido trasladar de forma adecuada.


Coincidimos igualmente, señor Torres-Dulce, en la necesidad de la reforma del proceso penal. Cuente para ello con Convergència i Unió. Hay aspectos del proceso penal que urge que sean abordados. Nos queda un año, nos quedan unos meses de
legislatura que podríamos aprovechar para llegar a un acuerdo en aquellos aspectos en los que podríamos tener un mínimo común denominador. Usted ha hablado de ese estatuto jurídico del imputado. Podemos hacerlo, podemos incluso darle un nombre
distinto para aliviar a esa persona sobre la que recae el término de imputación, lo cual para muchas personas significa culpabilidad cuando sabemos que no es culpable. Es la garantía de ser asistido cuando va a acudir, porque pudieran derivarse
sobre él futuros delitos, pero no significa necesariamente que esa persona sea autora de un delito. Por tanto, hay que cambiar esa terminología, aportar mayores garantías, hacer una instrucción más abreviada y eficaz que nos sirva también para
atajar el aumento alarmante de casos de corrupción. Una reforma del proceso penal nos puede ayudar a ello, evitando los macrojuicios, evitando la concatenación de causas conexas. Podemos articular nuevas medidas, podemos erigir la instrucción en
casos de corrupción no en algo principal sino en algo accesorio para recabar datos y que después se abra, a partir de esos datos, una acusación o no. Ahí puede intervenir con mayor protagonismo el ministerio fiscal, pero debe hacerlo desde la
independencia, desde la eficacia y desde la atribución de los medios que le hacen falta. Aquí hay un diagnóstico que desde Convergència i Unió compartimos.


Compartimos también la necesidad -urgente ha dicho usted, lo dice también la memoria y se dijo también en la Comisión Constitucional en una comparecencia que realizó hace unos meses el fiscal general del Estado- de regular de manera más
adecuada todo lo que se refiere al secreto de las comunicaciones. Estamos vulnerando en ocasiones el derecho al secreto de las comunicaciones en juicios penales y por tanto hay que acotar bien esa utilización del secreto de las comunicaciones.
Aprovecho para pedirle desde Convergència i Unió que, cuando desde la fiscalía se interviene activamente en la investigación de los posibles delitos en el ámbito penal y contra la corrupción, se vele de manera muy clara para evitar filtraciones de
sumarios secretos, que dañan muchísimo a las personas afectadas y las dañan injustamente. Le pedimos también al fiscal general del Estado que investiguen desde la fiscalía cuando se producen filtraciones sobre presuntos hechos que pudieran ser
delictivos y que se basan quizá en la nada, en la pura especulación. Nosotros por ejemplo defendemos al alcalde de Barcelona, el señor Trías, que se ve sometido a posibles hechos, y nadie acaba de esclarecer de dónde salen esas informaciones, unas
informaciones que no son veraces, porque ya le adelanto que desde Convergència i

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Unió estamos totalmente convencidos de su inocencia. En cambio, se van difundiendo esas filtraciones que hacen daño, que pueden incluso alimentar una imagen de corrupción en este caso inexistente. Por tanto, igual que le damos a la
fiscalía apoyo en todas esas reformas del proceso penal, pedimos al fiscal general del Estado que ayude a defender siempre la veracidad. Queremos que el ministerio fiscal sea el garante de la veracidad y de que se lucha realmente contra las
acciones delictivas, de que se quiere investigar, esclarecer los hechos y comprobar si estos tienen o no después una relevancia penal o delictiva.


Paso ya a otro asunto que también incluye la memoria. La memoria -y lo agradecemos desde Convergència i Unió- nos interpela como legisladores; más allá de hacer un diagnóstico también nos propone medidas. En la página 737 y siguientes se
reconocen algunas reformas que ya están propuestas en el Libro Blanco del ministerio fiscal, que se presentó el 8 de abril de 2014. Hay ideas básicas y una de ellas, que es recurrente, es reforzar la institución del ministerio fiscal, dotarla de
mayor autonomía. Esto se dice textualmente en la página 737 de esta memoria que se nos presenta, y le agradezco que lo hayan hecho también en formato libro. Está bien el formato electrónico, pero a los que nos gusta trabajar las memorias de la
fiscalía nos satisface reencontrarnos con la tradición de que se remita a los portavoces de Justicia en formato libro.


¿Qué le queremos trasladar al señor Torres-Dulce? Que esa intención loable de dotar de mayor autonomía a la fiscalía se ha visto gravemente atacada estas últimas semanas. La imagen de una fiscalía que actúa con autonomía se ha visto
atacada en el proceso, en la querella que la fiscalía ha presentado contra el presidente de la Generalitat de Catalunya, contra la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya y contra la consellera d´Ensenyament. ¡Qué error esa querella! Ahora me
referiré a ella. ¡Y qué error al atacar la imagen de la Fiscalía General del Estado! Se ha querido utilizar políticamente a la Fiscalía General del Estado. Esto lo podemos repasar desde la política, porque se ha querido utilizar políticamente.
Han utilizado la Fiscalía General del Estado políticamente. Los que queremos una Fiscalía General del Estado que refuerce esa imagen de autonomía vemos cómo se ha dañado esa imagen. Le pondré algún ejemplo.


El día 9 de noviembre hubo un proceso participativo, donde miles de personas participaron como voluntarios. Fue un proceso pacífico, un proceso que encaja plenamente en los valores constitucionales de fomentar la participación ciudadana,
los valores constitucionales de pluralismo, el derecho fundamental a la participación directa de los ciudadanos. Todo ello lo encarnaba ese proceso. No era una consulta ni era un referéndum, ni se derivaban del mismo consecuencias jurídicas, ni se
tomaba una decisión en nombre de no sé qué principio de soberanía, porque decisión no se tomó ninguna -lo ha dicho hoy el presidente del Gobierno ante el Pleno: ni hubo referéndum ni tiene eficacia jurídica-. Hubo un proceso participativo y eso es
loable. ¿Cuál fue la respuesta, no jurídica, política, del Gobierno esa noche del 9-N? Fue una salida a la desesperada, la del ministro de Justicia -al que en Cataluña ya se le conoce como el ministro del celo- improvisando con un micrófono sujeto
con papel celo, trasladando desde el ámbito de la justicia la respuesta política que se había dado ese día 9 de noviembre. Se traslada desde el ámbito de la justicia y ese día lo que se hace desde el Gobierno es querer ridiculizar un proceso
participativo de más de 2.300.000 personas, ridiculizarlo diciendo que es un acto de propaganda política. Esto no se hace, porque es atentar contra miles, millones de personas que han querido participar. ¡Un respeto! Pues no, el ministro de
Justicia lo que hace es atacar ese proceso, pero hace un anuncio en nombre de la fiscalía. El ministro actúa como portavoz de la fiscalía y dice ese día que se están recabando datos por parte de la fiscalía, que por parte de la fiscalía se va a ver
si existen o no responsabilidades penales y que se van a ejercer en los próximos días las acciones penales que correspondan. Escueto comunicado, pero escueto comunicado en el que ya le ponen a usted por medio, se interfieren en su labor y se
interfieren en su labor desde la política. Y cuál es la sorpresa cuando desde un medio televisivo, el día 11 de noviembre, la presidenta del Partido Popular en Cataluña afirma lo siguiente: Se va a presentar la querella de la fiscalía y estaríamos
hablando de no sé cuántos delitos, dice ella. Se va a presentar la querella de la fiscalía y está prácticamente ultimada. La querella que esta misma mañana se va a formalizar tiene unas bases jurídicas muy sólidas. Fíjese que lo dice
televisivamente y, si no es verdad, alguien tendría que actuar, porque se daña la imagen de la fiscalía. Dice la señora Sánchez Camacho: Yo he estado en permanente contacto con el presidente y la vicepresidenta del Gobierno. Tenía claro que la
consulta era ilegal y no se podía celebrar. Por eso -dice- se instó a la fiscalía para la apertura de esas diligencias informativas previas. Esto está entrecomillado. O sea, que el Partido Popular en Cataluña reconoce que desde el Gobierno se ha
instado a la fiscalía. Hoy el ministro de Justicia dice que sí, que el artículo 8 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal permitiría que la fiscalía fuera instada desde el Gobierno, pero que en ningún caso lo han

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hecho. ¿Cómo juegan desde la política sobre lo que debería ser un respeto a lo que decidan desde la fiscalía?


¿Qué deciden desde la fiscalía? También me quiero referir a ello, a sus declaraciones cuando fue usted a La Rioja y visitó el palacio de Justicia en Logroño el día 12. Era mucha la presión externa sobre la fiscalía y duele que se haga esa
presión externa tan fuerte en los medios sobre qué hará la fiscalía, porque, claro, como todos están haciendo de portavoces de la fiscalía cuando no les corresponde, la están utilizando políticamente. ¿Qué pasa? Pasa que usted dice ese día: La
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia -refiriéndose a la de Cataluña-, en su concepción de ministerio fiscal, como todas las fiscalías, tiene un ámbito de actuación extraordinariamente autónomo. Son los fiscales y la fiscalías los que actúan
dándome cuenta y finalmente tomamos las decisiones de común acuerdo. Esa idea era que se iba a valorar lo que se hiciera desde Cataluña, desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a pesar de las declaraciones de la señora
Cospedal instándole a que actuara, a pesar de que portavoces de esta Cámara le dijeran que ya estaba tardando en actuar, a pesar de todo ello, parecía que usted iba a respetar lo que se decidiera desde la propia Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. Incluso el 14 de noviembre, usted, desde Burgos, reafirma que será la fiscalía en Cataluña la que decida si se presenta o no una querella contra miembros del Gobierno catalán. Lo afirma usted e incluso dice: No es necesario
que el fiscal superior lleve el caso porque ya está en los tribunales. Efectivamente, se había judicializado por otras denuncias, por otras querellas instadas, aparte de la que pudiera instarse o no desde la fiscalía. Pero había una cierta
voluntad de respeto a lo que se pudiera decidir desde la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.


¿Y qué es lo que decide la fiscalía? Le envía, el día 17 de noviembre, un escrito muy fundamento en derecho con argumentos jurídicos muy sólidos, entre ellos uno que no destacamos de manera suficiente, en honor a la verdad, porque somos
juristas y creo que todos los que estamos aquí apreciamos el mundo del derecho y queremos que se reafirme el Estado de derecho y que se actúe desde el principio de legalidad -yo estoy convencido de que todos lo queremos-. La Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña afirma incluso cómo en este caso no ha habido una decisión del Tribunal Constitucional. Ha habido una suspensión automática por la aplicación del artículo 161.2. Se lo pide el Gobierno y el tribunal suspende, pero
no ha entrado en el fondo, no es que estemos ante un acto en que el Tribunal Constitucional haya tomado una resolución. Alguien dice: la sentencia unánime del tribunal... No, no ha habido sentencia, simplemente ha habido la aplicación automática
de un artículo de la Constitución que debería ser muy excepcional y que, desgraciadamente, se utiliza demasiado, porque atenta contra la presunción de legalidad de las leyes que emanan de los parlamentos y de las decisiones que jurídicamente emanan
de los Gobiernos. Eso que debería ser excepcional se hace demasiado a menudo, esa invocación a la suspensión automática. ¿Qué dice la fiscalía? Dice: No hay desobediencia porque no hay un requerimiento como tal. Incluso recuerda cómo desde la
Abogacía del Estado se pidió ese requerimiento y al final el Tribunal Constitucional suspende pero sin advertir de las responsabilidades. Duda mucho de que eso pueda ser desobediencia y al día siguiente, cuando usted ordena ya que sean cuatro los
delitos -y como solo se había pronunciado sobre el de desobediencia-, la propia Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que en ninguno de los delitos concurren elementos que justifiquen entablar acciones penales respecto de los
mismos. Esto le dice la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y usted ordena que se presente la querella.


Ante eso, ¿qué le decimos desde Convergència i Unió? Hago mías las palabras del portavoz de nuestro grupo, el señor Duran i Lleida, que ha declarado este lunes: La querella es el peor de los errores políticos que se ha cometido en muchos
años. Ayer, el presidente de la Generalitat decía: Esto no es normal. Y no lo es, no es normal que se persiga a un presidente como el de Cataluña, a una vicepresidenta, a su consejera de Educación; que se les persiga porque en Cataluña la gente
ha participado en democracia, no en una consulta ni en un referéndum ni ha decidido nada, ha hecho un proceso participativo. Y ante eso, a los tribunales; ante eso, querellas; ante eso, criminalización de lo que debería ser un diálogo político,
que no debería resolverlo la instancia judicial. Estamos ante un conflicto que requeriría de diálogo, de sentarse en una mesa, de intentar buscar acuerdos, de intentar buscar soluciones acordadas. Ante eso, la respuesta es una querella criminal.
Por tanto, desde Convergència i Unió le pedimos que se retire, aún estamos a tiempo. Habrá otras querellas que habrán instando otros, pero le pedimos que se retire la que promueve la fiscalía.


Hay una sentencia, si me permite, señor presidente, porque es importante...

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El señor PRESIDENTE: Señor Jané, por favor, vaya concluyendo.


El señor JANÉ I GUASCH: Voy concluyendo.


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia de fecha 2 de octubre de 2001, nos dice lo siguiente: En una sociedad democrática basada en el Estado de derecho se debe ofrecer una adecuada oportunidad de expresión de las ideas
políticas que discutan un orden existente y cuya realización se proponga por medios pacíficos. Esto es lo que ocurrió en Cataluña el día 9 de noviembre. Hubo una participación, aquello que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que debemos
promover, que debemos fomentar y que debemos respetar. Y es respetable lo que puedan ejercer libremente participando 2.300.000 personas. Esto debería tener una valoración, la de que en una sociedad, de manera pacífica, de manera incluso sonriente,
de manera en muchos casos emocionada, tantas personas quisieron participar. No les demos desde la Fiscalía General del Estado una respuesta penal. No se lo merece esa sociedad, no nos lo meremos, no, no nos lo merecemos. ¡Es tanta la frustración
que se genera! Y como ha habido toda esta contaminación de declaraciones políticas, ¡es tanta la desafección que se genera! ¡Son tantas las personas que ven la justicia como algo lejano, como algo que no debería de preocuparse de ir contra el
presidente de la Generalitat por un proceso participativo! Debería preocuparse, como queremos todos, por la seguridad vial, debería preocuparse por la lucha contra la drogadicción y contra ese tráfico, por la lucha contra la corrupción, pero no por
atacar desde la fiscalía lo que ha sido un proceso de participación, cuando la propia Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha dicho que los elementos podían apreciarse de manera distinta.


Termino ya, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Conozco al señor Torres-Dulce desde hace muchos años y respeto muchísimo su trayectoria jurídica. Quiero recordar que el 17 de septiembre usted abogaba en Bilbao por una interpretación flexible de la Constitución,
decía, sin fundamentalismos que impidan la convivencia. Recuerdo también unas declaraciones de Ortega y Gasset, que nos decía: Caminará seguro quien exija, cuando alguien le hable de un hecho jurídico, que le indique la sociedad portadora de ese
derecho y previa a él. En el vacío social no hay ni nace el derecho. En Cataluña hay mucho vacío social ante esa querella, mucha incomprensión por parte de la sociedad, que no entiende cómo la justicia puede actuar por esos derroteros. Por tanto,
le pedimos que inste a esa retirada y que sobre todo ayude a que la fiscalía no sea un instrumento de confrontación política; que los problemas que deben resolverse desde la política se dejen a la política y no pongamos por medio a los tribunales a
partir de actuaciones de la propia fiscalía. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Corresponde intervenir al Grupo Socialista y en su nombre la señora Aguilar tiene la palabra.


La señora AGUILAR RIVERO: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista queremos dar la bienvenida al fiscal general y al equipo que le acompaña a esta Cámara, así como agradecerle la presentación que ha realizado de la memoria. Pero, como
usted mismo ha señalado, no es fácil estar hablando hoy de la memoria del año 2013 cuando estamos finalizando el año 2014, y menos todavía por las circunstancias que concurren en este momento y en las que la fiscalía está inmersa, por lo que
adentrarse en la memoria entraña una doble dificultad.


Nosotros, teniendo en cuenta que son un conjunto de temas que afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas, vamos a plantear algunas cuestiones que consideramos fundamentales en la valoración y en el análisis que de la memoria hemos
realizado. Es verdad, señor fiscal, que de forma habitual ante esta Cámara señala la falta de medios que tiene la fiscalía y coincidimos con usted al respecto. Además, le aseguro que no ignoramos esa realidad que usted viene manifestando a lo
largo del tiempo, pero nos gustaría que planteara estas reivindicaciones, estas quejas, estas exigencias de forma directa, que no en la intimidad, y con determinación al Gobierno del Partido Popular en estos momentos; Gobierno que usted bien sabe
que es quien puede dar una respuesta de forma inmediata, si de verdad tiene voluntad de contar con una fiscalía con medios bastantes y suficientes.


Por otra parte, insiste también en que es preciso o necesario reforzar la autonomía del ministerio fiscal. Le tengo que volver a decir que estamos totalmente de acuerdo. Además, hay que tener en cuenta que es un principio básico del propio
diseño constitucional de la fiscalía y que está vinculado a la dotación

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de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Ahora bien, quisiera plantearle algunas cuestiones. En primer lugar, quería recordarle la reforma del año 2007, promovida por el Gobierno socialista de aquel momento, que en
su artículo 31 estableció que el mandato del fiscal general del Estado tendría una duración de cuatro años y que solo podría ser cesado por causa tasada. Sin lugar a dudas fue un paso que reforzó considerablemente la autonomía del ministerio
fiscal, pero es verdad que hay que seguir ampliándola. En ese contexto, señor fiscal, permítame que le diga que la autonomía hay que practicarla, no basta con requerirla y demandarla; y sobre todo hay que ejercerla y, especialmente en algunos
momentos, con determinación.


Viene usted insistiendo en una idea que, analizada en toda su extensión -y hoy lo ha vuelto a hacer aquí en su comparecencia- y también en toda su profundidad, desde nuestro punto de vista, resulta peligrosa. No es otra que la afirmación
-que hoy ha vuelto a plantear- de que es imprescindible adaptar el alcance y extensión de las funciones de jueces y fiscales a las posibilidades de los medios de que disponen. Tenemos que analizarlo con detenimiento y en profundidad porque para
reforzar su posición ha puesto algún ejemplo, como que el 66% de la actividad del ministerio y de los fiscales está residenciada en los juicios de faltas. De sus palabras lo que se desprende es algo así como que es un tiempo que los fiscales están
perdiendo y que les resta atención de los asuntos verdaderamente importantes. A nosotros nos gustaría plantearle una cuestión. ¿Quién, según usted, debería llevar a cabo esta actuación? ¿La Administración, como prevé la Ley de seguridad
ciudadana? No olvide, señor fiscal, que de forma habitual los juicios de faltas son el primer eslabón de la delincuencia donde el poder coactivo del Estado necesita ser plenamente controlado. Y usted sabe bien que esa es también una labor básica,
esencial y fundamental del ministerio fiscal. Usted sabe que entregar esa capacidad, ese poder a la Administración solo comporta una merma de garantías para la ciudadanía. En ese sentido si no se garantiza el sometimiento de la Administración al
control jurisdiccional, por más que así lo exija el artículo 106 del texto constitucional, dígame con ese planteamiento dónde vamos a ir a parar. Y hoy además nos habla, lo deja caer, de que se va a colapsar la fiscalía. Creo que esto debiera
aclararlo mucho más. Según la memoria del Consejo General del Poder Judicial, hay un gran retraso en la ejecución penal. ¿Nos puede decir qué está ocurriendo al respecto, señor fiscal general?


En otro orden de cosas, hay un capítulo que mi grupo parlamentario considera de extraordinaria importancia y en el que el ministerio fiscal no sale muy bien parado. Nos referimos a la defensa de los derechos de libertad de expresión,
reunión y manifestación frente al ataque frontal por parte del Ejecutivo con una aplicación implacable e injusta -y subrayamos injusta- de la normativa contra todos aquellos que han mostrado su disconformidad con las políticas antisociales del
Gobierno, cuya máxima expresión es el ataque directo al derecho de huelga. Al respecto queremos preguntarle: ¿Hay actuación concertada entre el Ministerio del Interior, el de Justicia a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la fiscalía?
Si no es así, señor fiscal, ¿cómo explica que los defensores en estas causas aseguren que los atestados o informes que redactan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o los escritos de acusación de la fiscalía presentan notas en común, tales como la
consideración de muchas de las actuaciones como preconcertadas? Esta es una cuestión clave, como bien sabe, porque no da igual, señor fiscal. La cuestión es esencial y fundamental en función de que sea de aplicación la forma agravada de coacciones
-prevista en el artículo 315, apartado 3 del Código Penal- sobre la más atenuada de coacciones genéricas que está en la actuación que se está llevando a cabo. Se está conduciendo, en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a
situaciones de cercenamiento del derecho de huelga a través de petición e imposición de penas a sindicalistas, ciudadanos y ciudadanas obviando la configuración del derecho de huelga como un derecho fundamental constitucionalmente reconocido, que
además se quiere confrontar con el derecho a trabajar, que no tiene en ninguno de los casos la condición de derecho fundamental. Usted sabe bien lo que le estamos planteando porque le han visitado los propios sindicatos para ponérselo de
manifiesto. Hay un cambio radical en la aplicación del artículo que he referenciado, nadie lo ignora y desde luego el fiscal general del Estado mucho menos. La petición de imposición de penas superiores a dos años si son impuestas en ningún caso
pueden ser suspendidas y esto, señor fiscal, es de una gravedad extraordinaria, porque manda un claro mensaje a la ciudadanía, a los trabajadores y a las trabajadoras, para que no ejerzan un derecho fundamental como es el derecho de huelga y, si lo
ejercen, que se atengan a las consecuencias.


Otro capítulo que queremos referenciar es el ministerio fiscal y la proximidad a las víctimas. Su estatuto orgánico le atribuye expresamente la función de velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y
peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y

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asistencia efectiva. La realidad es que el ministerio fiscal -hay que señalarlo- no cumple puntualmente como sería exigible. Le digo esto sin perjuicio de que en determinadas materias -y queremos también señalarlo- hace un papel encomiable
con estas importantes funciones que le atribuye la ley. Quisiera también en este capítulo formularle una pregunta: ¿Cómo piensa que en este ámbito se puede avanzar para mejorar? En cuanto a las víctimas, quiero expresarle con todo respeto, pero
también con claridad la posición de mi grupo parlamentario en el sentido de que no compartimos su decisión de desconectar al fiscal de los temas de memoria histórica negándole un papel en las exhumaciones, a pesar que las demandas que la ONU ha
realizado a España.


Consideramos igualmente un capítulo de extraordinaria importancia en el ámbito de la memoria el trabajo de la fiscalía en la lucha contra la corrupción. El señor fiscal lo ha señalado y nosotros conocemos, le aseguro, la precariedad de
medios materiales y humanos con que cuenta para afrontar las causas, pero queremos preguntarle si desde la fiscalía se han adoptado todas las medidas posibles, especialmente en materia de medios de refuerzo y especialización en el territorio.
Consideramos que debería haber una implantación territorial homogénea, al menos en el ámbito de las comunidades autónomas, que a día de hoy no existe. El Grupo Parlamentario Socialista cree que es necesaria.


Señor fiscal, estamos hablando de la memoria de 2013 y, justamente en el año que valoramos y analizamos, las actividades y funcionamiento de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada han estado muy relacionadas
con las diligencias de investigación y asunción de causas penales relativas a diversas entidades bancarias, donde se ventilan no solo intereses generales, sino también derechos de víctimas muy vulnerables. Es precisamente pensando en esas personas,
en las más vulnerables, por lo que le pedimos que nos amplíe datos de la actuación de la fiscalía sobre este último extremo con mayor precisión de lo que la memoria recoge y expone.


Por otra parte, ayer fue el Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, y hoy, aquí y ahora, queremos señalar, subrayar y valorar la incansable labor que lleva a cabo la fiscal delegada para la violencia de género y
doméstica. Le diré que, llegado este momento, en este contexto de lucha contra la violencia de género, el Grupo Parlamentario Socialista quiere contribuir a divulgar un dato que aparece en la memoria para rebatir las voces que se alzan en torno a
la prevalencia de denuncias falsas en materia de violencia de género, habitual recurso incluso para algunos grupos parlamentarios. El número de denuncias interpuestas por violencia sobre la mujer fue de 657.084 mientras que las causas incoadas por
delito de acusación y denuncia falsa supusieron un 0,0018%. Los datos hablan por sí solos.


Permítame también que le diga que igualmente queremos valorar y señalar la actuación de la Fiscalía de Seguridad Vial por la proximidad a las víctimas con las que lleva a cabo su intervención y la importante labor en materia de unificación
de criterio en la interpretación y aplicación de los tipos penales que integran la llamada delincuencia vial, sobre los que incoaron 114.854 procedimientos y un gran número de sentencias rápidas y de conformidad.


En relación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, llama la atención la disminución sustancial de la carga de trabajo, pero le diré que a mi grupo parlamentario le merece una valoración muy positiva la posición de dicha fiscalía con
respecto a la reforma de la justicia universal, llevada a cabo por una proposición de ley en el marco de este Parlamento del Grupo Parlamentario Popular y votada en soledad por el propio Grupo Parlamentario Popular. Manifiesta la fiscalía lo
siguiente: que cercena esa reforma sustancialmente las posibilidades de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos, que limita notablemente la investigación y persecución de actividades delictivas, especialmente
graves, de carácter trasnacional, como el terrorismo, el tráfico internacional de drogas, la trata de seres humanos en sus diferentes modalidades, la piratería, el apoderamiento ilícito de aeronaves, las redes de prostitución y corrupción de menores
o los delitos de naturaleza intrínsecamente trasnacional relacionados con el uso de las nuevas tecnologías, todas ellas vinculadas con el crimen organizado, y esto, lamentablemente, aún no es suficiente para que el Gobierno del Partido Popular
derogue de inmediato la reforma llevada a cabo en justicia universal.


En otro orden de cosas, señor fiscal general, quisiera solicitarle en nombre de mi grupo parlamentario una información y es si en este momento hay abierta alguna diligencia o se está valorando abrirla sobre todas o algunas de las
circunstancias concurridas en la crisis del ébola.


Por último, señor presidente, señor fiscal general, como no podía ser de otra manera y como su señoría puede imaginar, quiero hablar en mi intervención de la actuación de la fiscalía en relación con el 9 de noviembre. Señorías, conocen bien
la posición política de mi grupo parlamentario, del Partido Socialista, y es que la respuesta está en la política, en los acuerdos, en el diálogo, en abrir un tiempo

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nuevo y abordar definitivamente una reforma constitucional con un objetivo, que todas y todos nos sintamos en ella reconocidos, en ese acuerdo que podemos alcanzar. Saben también que consideramos que no hubiéramos llegado a esta situación
si hace tres años se hubiera hecho una lectura adecuada de la realidad que acontecía por parte del Gobierno y se hubieran abierto espacios de diálogo. Dicho esto, he de subrayar que el Grupo Parlamentario Socialista, por coherencia, no va a entrar
a enjuiciar el contenido de la querella porque no compete a este Parlamento hacerlo ni tan siquiera vamos a entrar, señor fiscal general, a valorar lo que debió o no hacer en el ejercicio de su responsabilidad, toda vez que nosotros queremos, y en
ella creemos, una fiscalía autónoma, imparcial y sometida sin reserva al imperio de la ley. Pero, señor fiscal, sí le queremos poner de manifiesto que usted no ha querido o no ha podido defender la autonomía de la fiscalía, que ha sido invadida,
incluso atropellada por dirigentes del Partido Popular.


Usted ha guardado silencio cuando el día 11 la señora Sánchez Camacho -y se ha referenciado aquí su cita- ya decía que se iba a presentar la querella de la fiscalía y que estaba prácticamente ultimada. Además, decía que se iba a hacer en
esa mañana, que se iba a formalizar y que tenía unas bases jurídicas muy sólidas y hablaba de tres delitos, de cohecho, de desobediencia a los tribunales y de malversación de los fondos públicos. ¿Obedecen estas manifestaciones de la señora Sánchez
Camacho a que tenía una información privilegiada en esos momentos y ella quiso darla a conocer a todo el país? Porque, señor fiscal, cuando la señora Sánchez Camacho de forma indebida usurpa la voz y la responsabilidad de la fiscalía, lo que no
entendemos es por qué rápidamente usted no salió a defender esa autonomía, ese espacio a la propia institución del ministerio fiscal, porque, la verdad, es que actuó de portavoz auténtica de la fiscalía.


Concluyo preguntándole algunas cuestiones. ¿Le instó el presidente del Gobierno, o no, a la apertura de diligencias informativas previas? Dígalo y aclárelo. ¿Lo hizo el ministro de Justicia? Se lo pregunto, entre otras cosas, porque hoy
se ha estado debatiendo en el Pleno y parece que al final nadie fue ni nadie le llamó ni nadie nada le dijo al respecto y es bueno que se aclare por lo que comporta y conlleva para la fiscalía. Además, hay otros miembros y dirigentes del Partido
Popular que en la línea de la señora Sánchez Camacho con sus declaraciones han presionado a la fiscalía desde fuera del Gobierno en una estrategia claramente trazada por el Partido Popular. Y los fiscales -no es que lo digamos el Grupo
Parlamentario Socialista- lo han dicho, que así lo han sentido y así han sufrido la injerencia del Gobierno y además es que lo han puesto públicamente de manifiesto. Desde luego, las formas han brillado por su ausencia.


Finalmente, señor fiscal, el día 21 se presentó la querella. Sabemos hasta ese momento todo lo que sucedió y cómo se desarrollaron los acontecimientos, pero queremos también que nos explique y responda a lo siguiente. ¿Impartió alguna
orden concreta con carácter previo al 9 de noviembre a los fiscales de Cataluña que sabía iban a tener que abordar ese día situaciones excepcionales? ¿Cuáles? Si es que acaso las dio. Señor fiscal general del Estado, ¿cuándo dio la fiscalía su
primera nota de prensa?


Para finalizar, creemos -y lo decimos con todo el respeto que nos merece la institución a la que representa- que usted, y su desarrollo al frente de la fiscalía, no asumió la alta responsabilidad que le correspondía impidiendo que le
invadieran y que le ocuparan el espacio que es propio y exclusivo de la fiscalía. Los dirigentes del Partido Popular han puesto a los fiscales, a la Fiscalía General del Estado, a los pies de los caballos, dejando a la institución en una mala
posición y causándole mucho daño, algo que no merecen, pero lamentablemente lo cierto es que ha acontecido por una irresponsabilidad manifiesta del partido en el Gobierno. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este turno de portavoces, en nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Molinero.


El señor MOLINERO HOYOS: Excelentísimo señor fiscal general del Estado, señor Torres-Dulce, en nombre del Grupo Popular bienvenido una vez más a esta Comisión. Pensaba que venía a la presentación de la memoria anual 2013, pero tras oír a
algunos portavoces la verdad es que me han surgido ciertas dudas: si realmente veníamos a hablar de lo importante que es la memoria de la Fiscalía General del Estado o veníamos a abordar otros temas ajenos al punto del orden del día. Parece ser
que algunos han utilizado muy hábilmente la convocatoria para plantear sus reivindicaciones legítimas. Por supuesto, están en su completo derecho, pero lógicamente el asunto principal que nos ha traído aquí es la memoria que ha confeccionado la
secretaría.


Señor Torres-Dulce, le agradecemos la amplia y prolija información que nos ha dado acerca de la memoria anual de la fiscalía. Siempre constituye un privilegio parlamentario tener la oportunidad de escucharle exponiendo la actividad del
ministerio fiscal, la situación y sus aspiraciones futuras. La

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presentación de la memoria tiene una gran importancia, porque a través de ella conocemos los datos objetivos de la siniestralidad penal, del aumento o disminución de las infracciones penales, la valoración de esa siniestralidad, las medidas
preventivas que se deben tomar y las iniciativas legales que se deben adoptar por parte de esta Cámara. Estos datos cuantitativos y cualitativos que aparecen sirven -como se diría en el mundo de la sanidad- para diagnosticar la salud del sistema y
aplicar las medidas para paliar la siniestralidad penal. Hay numerosos temas que han sido tratados en la memoria, pero dado el breve tiempo del que dispongo seleccionaré alguno de ellos.


Señor Torres-Dulce, antes de comenzar a abordar ciertas cuestiones de la memoria, sinceramente, en nombre del Grupo Popular quiero agradecerle la magnífica labor que viene desarrollando al frente de la fiscalía y, sobre todo, por su
independencia personal y su compromiso institucional como máximo valedor del principio de legalidad, pilar fundamental del Estado de derecho y corolario de los principios democráticos. Ha demostrado una vez más que la ley es igual para todos; para
los grandes y para los pequeños, para los pobres y para los ricos. Es muy importante desmontar el estado de opinión que se encuentra asentado entre los ciudadanos, por el cual parece ser que hay una justicia para los poderosos y otra para los
humildes, y esa percepción la ha roto la fiscalía que usted preside, porque ha sido la fiscalía la que ha actuado contra aquellos que, por encima de la ley, por encima del bien y del mal, han querido prevalecer sobre cualquier otra cosa. Gracias a
los fiscales por el gran servicio que están haciendo a la democracia en España.


Como he dicho, han sido muchos los temas que ha tratado en su intervención en consonancia con la amplitud de la memoria que debatimos, pero me han llamado la atención algunos en particular, como son el cambio metodológico y la mejora de los
datos estadísticos. Ante todo, quiero manifestarle el reconocimiento del Grupo Popular por la mejora de la calidad de los datos estadísticos recogidos en la memoria anual que tan reiteradamente venía solicitando el portavoz del Grupo Popular en
esta Comisión, el señor Castillo Calvín. Esta es una metodología más adecuada si realmente pretendemos adecuar la estadística a la realidad jurídica, sobre todo cuando entre el dato bruto de las diligencias previas incoadas en el año 2013 y el
rendimiento neto de los procedimientos con sustantividad propia, quedan reducidos en 661.556 asuntos frente a los 4.036.984 que figuraban en precedentes memorias; es decir, un 83% menos de los datos cuantitativos que habitualmente aparecían en esa
memoria. Es muy importante clarificar estos datos. Por esa razón, compartimos su reflexión cuando dice en la memoria: Esta cifra es la que identifica la masa crítica de procedimientos abreviados que proporciona la referencia cuantitativa real de
la justicia penal en nuestro país. En efecto, los datos que venían apareciendo en precedentes memorias no eran datos rigurosos científicamente, ya que daban una radiografía inexacta de las estadísticas. Consecuentemente, tampoco se podían adoptar
decisiones acertadas y eficaces, y además nos situaban lamentablemente a la cabeza del ranquin europeo respecto a número de procedimientos. Afortunadamente, la fiscalía, dirigida por usted, ha sabido corregir esa leyenda negra de la justicia
española. Reciba nuestra felicitación, señor Torres-Dulce, porque por primera vez conocemos los datos reales de la justicia penal española.


Otra de las cuestiones importantes que se han abordado en la memoria es el problema del adecuado despacho del trabajo diario por la carencia de medios humanos y materiales. Si le soy sincero, me ha desorientado un poco esta afirmación
cuando he proseguido con la lectura de la memoria que ha presentado, donde se recoge que la carga real de trabajo de los fiscales, como he dicho anteriormente, es de 661.556 asuntos, y no los cuatro millones que se venían fijando en precedentes
memorias, carga de trabajo que es asumida por 2.407 fiscales distribuidos en distintas categorías; eso, frente a los 4.500.000 asuntos que son asumidos por 5.000 jueces, si son correctos los números que se me han aportado. En segundo lugar,
también se dice en la memoria que 123 alumnos de la 52.ª promoción van a incorporarse en breves fechas a los diversos destinos de la carrera fiscal. En tercer lugar, en el apartado Conclusiones en materia de siniestralidad laboral se pide prudencia
a la hora de reclamar nuevos medios materiales y humanos al afirmar que el procedimiento se congestiona cuando se aleja del control del ministerio fiscal.


Por otro lado, se está diciendo que en los presupuestos para el año 2015 el Gobierno ha incrementado la partida del Ministerio de Justicia hasta los 1.475 millones. En esa partida lógicamente está la parte correspondiente al ministerio
fiscal. En cuanto a los medios materiales, en los Presupuestos Generales del Estado para 2015 se destina para el capítulo 6 una inversión de 77.550.000 euros, lo que implica un incremento de un 26%, que también se destina a la modernización de la
justicia, tanto respecto a jueces como a fiscales. Además, el Ministerio de Justicia convoca otras 100 plazas de nuevos jueces y fiscales, con lo que parte de esas necesidades de medios que reclama la fiscalía podrán ser corregidas de alguna

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manera. Por último, el Ministerio de Justicia ha anunciado que llevará a cabo, antes de que finalice la legislatura, importantes reformas legislativas sustantivas y procesales. Ante estos datos, permítame hacer una reflexión y una
pregunta. El ajuste de la estadística a la carga real de trabajo, unido al incremento de las plantillas fiscales y las próximas reformas que se tramitarán en el Congreso de los Diputados para la modernización de la justicia, van a producir, como
consecuencia lógica, que la carga de trabajo de los fiscales se reduzca notablemente. Permítame que le pregunte: Desde la prudencia, ¿no sería más lógico asentar las bases de la modernización de la justicia para posteriormente distribuir los
medios materiales existentes y, por último, ver las necesidades reales de la fiscalía para dotarla de las partidas presupuestarias necesarias? Es decir, ¿por qué no construimos la casa por los cimientos? Vamos a ver realmente cómo se desarrolla el
tema de la modernización de la justicia, qué recursos se necesitan en realidad, para después adoptar las soluciones tanto de jueces como de fiscales.


Otra de las cuestiones importantes que aborda la memoria es la corrupción, y no puedo por menos que comenzar agradeciéndole las tranquilizadoras palabras que figuran en la memoria cuando dice: El frente judicial contra la corrupción empieza
a rendir sus frutos, de lo que es buena muestra el porcentaje de condenas logradas. Me parece una gran noticia, sinceramente. Pero también comparto su reflexión cuando afirma que la justicia penal debe ser la última respuesta que tiene una
sociedad para cambiar esa lacra social, ya que la respuesta que proporciona no siempre es tempestiva o plenamente reparadora. Comparto, de verdad, esa reflexión. Por tanto, la consecuencia es que debemos buscar otros medios de respuesta para
acabar con esa lacra de la corrupción. Los sondeos demoscópicos sitúan a la corrupción en el segundo lugar del ranquin de preocupaciones de la ciudadanía, y tiene razón la ciudadanía cuando se preocupa por este problema, porque en realidad supone
un ataque al sistema democrático y a los pilares fundamentales del Estado. Por tanto, todos los grupos parlamentarios -estoy de acuerdo con todos ellos- debemos hacer una lucha encarnizada para terminar con esa lacra social. Para ello creo que
instrucciones demasiado dilatadas, lentitud en las resoluciones o la falta de reparación de los daños que se causan tanto al interés público como al privado, de alguna manera son circunstancias que vienen a desmoralizar a los ciudadanos. Todos los
grupos parlamentarios compartimos la preocupación de esa ciudadanía y desde este Parlamento trataremos de dar solución con las modificaciones legislativas, tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal. Por esa razón es alentadora la actividad
que vienen desarrollando la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada y sus delegaciones al haber logrado incrementar el número de diligencias de investigación, así como los escritos de acusación, y sobre todo haber
obtenido un ratio elevado de condenas, como también es muy positiva la propuesta que se hace en la memoria de crear una unidad de investigación para concluir lo más rápidamente posible la instrucción de asuntos y con ello agilizar el enjuiciamiento
de los hechos.


Por todo ello, nos gustaría conocer su opinión acerca de las propuestas que ha anunciado el ministro de Justicia de incrementar la pena accesoria de inhabilitación para cargo público en los delitos de cohecho, malversación y fraude, o la
tipificación como delito de la financiación ilegal de los partidos políticos. También sobre la reforma del principio de conexidad que, a día de hoy, ralentiza, como todos sabemos, el enjuiciamiento de ciertos procesos como son los llamados
macroprocesos. ¿Qué valoración hace de esa reforma? ¿La reforma de ese principio de conexidad puede ser la solución a la lentitud de los procedimientos en esa materia o de esos asuntos? ¿Qué opinión le merece que se establezcan plazos para la
instrucción de los procesos penales? También nos gustaría saber si han realizado una memoria de impacto normativo y económico para la creación de la unidad de investigación y si dicha unidad puede crearse con el presupuesto general del
departamento. Otro capítulo de la memoria que me ha llamado la atención es el que recoge las interesantísimas reflexiones sobre el juicio de faltas. Compartimos su reflexión sobre la necesidad de abordar una reforma sustantiva y procesal en
profundidad, máxime cuando el 66% del total de asistencias a los juicios orales viene causada por los juicios de faltas y la asistencia a estos juicios supone un desplazamiento del personal adscrito a las demarcaciones de las fiscalías
territoriales. El ministro de Justicia ya ha anunciado una reforma respecto al Código Penal y en materia de juicios de faltas, lo que suponemos que conllevaría un descenso en la actividad o intervención del ministerio fiscal. Quisiera saber si
considera que lo más positivo sería desplazar todas las faltas existentes en el Código Penal a la vía administrativa, y de no ser así, qué tipo de faltas serían las que habría que desplazar.


Como me queda muy poco tiempo, me gustaría reseñar un tema muy importante porque es también otra de las lacras sociales, que es la violencia sobre la mujer y la violencia doméstica. Lamentablemente, es otra de las lacras sociales con la que
tenemos que acabar como sea, porque todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en terminar con ella. Sin embargo, nos ha causado cierta zozobra la

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lectura de la memoria cuando dice que se crean así los problemas de aplicación de la ley en materia de incidencia de dispensa, los problemas de prueba, las dificultades de que los progenitores mantengan una declaración en juicio, o la
ineficacia de las órdenes de protección a la mujer. Nos ha creado cierta zozobra sobre la que trataremos de buscar las soluciones legislativas. Nos gustaría preguntarle si es necesario incorporar al Código Penal alguna regulación específica sobre
la protección a la mujer, tipificando expresamente las conductas y los actos tendentes a alterar o impedir el correcto funcionamiento de los dispositivos telemáticos que se establecen contra los condenados con orden de alejamiento en temas de
violencia de género.


Son muchas las cuestiones interesantes que contiene la memoria, pero el tiempo es limitado. Para terminar, solo puedo darle las gracias, señor fiscal general del Estado, por su presencia y por lo documentado de la memoria. A la vista de
las intervenciones que he oído esta tarde, voy a despedirme como a usted le gusta, de manera cinematográfica. Permítame, con todos los respetos del mundo, rememorar una frase de la película Star Wars: Que la fuerza le acompañe, porque la va a
necesitar. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a hacer un receso de quince minutos.


Señores portavoces y miembros de la Mesa, durante ese tiempo vamos a celebrar la reunión de Mesa y portavoces que estaba prevista al finalizar la sesión. En quince minutos se reincorporarán el fiscal General del Estado y su equipo, y
tendremos oportunidad de continuar la sesión. (Pausa).


Señorías, reanudamos la Comisión.


Tiene la palabra para cerrar esta comparecencia el señor fiscal general del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Torres-Dulce Lifante): Señor presidente, como dicen los largos oradores, me gustaría decir que voy a ser breve, o que intervendré con la máxima brevedad posible; evidentemente lo voy a intentar por la
longitud del tema y el horario correspondiente. Ahora bien, no oculto a las señoras y señores diputados que voy a intentar contestar -no voy a decir a la totalidad- a la mayor parte de las preguntas y propuestas que se me han hecho, pero si me
queda alguna, ya me lo recordaran e incluso fuera de esta comparecencia y con mucho gusto atenderé todas estas observaciones.


Puesto que ha habido un asunto en el que han coincidido la mayor parte de los grupos parlamentarios, que es la querella del ministerio fiscal en relación con el 9-N, contestaré a todos más o menos grupalmente al final de las intervenciones
concentrándome en principio en todas ellas. En todo caso, quiero agradecer a todas las señoras y señores portavoces sus intervenciones, muy medidas de tono y que yo recibo con la máxima atención posible agradeciendo la cortesía parlamentaria que
han tenido acerca del fiscal general del Estado, que más que a mi persona atribuyo a la propia institución.


Empiezo por el señor Tardà. En cuanto al caso Castor, en los próximos días tomaremos una decisión e irá en la línea propuesta por la fiscalía de Castellón, que es la que ha investigado y la que ha estado más cerca del tema. Nos ha hecho
una serie de propuestas, hemos indicado alguna variación de carácter exclusivamente técnico-jurídico, y yo creo que estamos en condiciones de dar en los próximos días una respuesta que, si me permite, no debo avanzar aquí antes de que la conozca la
propia fiscalía de Valencia y obviamente la opinión pública. En segundo lugar, y con respecto al caso Panzer -no me acordaba, me lo han recordado ahora mis compañeros-, puedo decirle que intervenimos -le agradezco la referencia- por la especial
gravedad del caso. Se produjo una anulación basada en intervenciones telefónicas y en este momento no estoy en condiciones de decirle más -imagino que habremos recurrido la decisión-. En todo caso, quiero transmitirles a todas las señoras y
señores diputados, y muy especialmente al señor Tardà, mi absoluto compromiso -he escrito sobre ello- con respecto a cualquier actividad que suponga discurso de odio, discurso de discriminación, tengo un absoluto compromiso con ello. A lo largo de
este año hemos estado investigando y hay actuaciones abiertas -por poner un ejemplo- en los twitters que ciertos aficionados al baloncesto del Real Madrid hicieron con respecto a la derrota de su equipo en la Copa de Europa de baloncesto con
alusiones absolutamente intolerables desde todos los puntos de vista a la condición judía del equipo, el Maccabi. En este sentido, hay actuaciones abiertas en Toledo y Zaragoza con las dificultades inherentes a intentar descubrir a los culpables en
Internet. Tenemos igualmente una actuación positiva en los asuntos de la librería Blanquerna y en otros. Examinaré lo de la fiscalía especial, pero es que ya existe una especial dedicación. He promovido -y se aprobó por la Junta de Fiscales de
Sala- una circular especialmente para estos delitos de odio que imagino que conocerán -si no la pongo a su disposición, señor Tardà- y evidentemente examinaré la necesidad de crear una fiscalía especial, si fuera absolutamente necesario. En todo
caso, la instrucción prevé en todas las fiscalías la creación de

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fiscales que despachen coordinadamente con la fiscal de sala todos estos asuntos de discriminación y de odio concreto y determinado. En este momento el número de diligencias previas por estos hechos es de 184, y en todas ellas estamos
atentos al desarrollo de las mismas porque -insisto- estamos actuando con el mayor rigor.


De igual forma, le puedo decir que cualquier acto de violencia durante eventos con banderas o con las esteladas que se han citado tendrá la respuesta más contundente de este fiscal general y de la Fiscalía General del Estado en este punto y
hora. Ya le he dicho personalmente que lamento no haberle contestado el año pasado -creía que había respondido a casi todas las cuestiones- respecto a las vulneraciones de derechos lingüísticos. Usted me ha hecho entrega de ellas y tenga por
seguro que no me podrá reprochar el año que viene -aunque no sé si seré fiscal general del Estado el año que viene- que no ha tenido respuesta. Si no, señor Tardà, demándemela, ya que al menos existe una correspondencia fluida haya o no
coincidencias entre usted y yo con respecto a esto. Tengo una educación muy próxima a los derechos fundamentales. He pasado dieciséis años de mi vida en la fiscalía del Tribunal Constitucional defendiendo los derechos fundamentales en todas las
situaciones y a veces discrepando de las posiciones de la fiscalía en la jurisdicción ordinaria. Nada de los derechos fundamentales -si se me permite la cita- me es ajeno, sino que me está especialmente concernido. No sé si estaremos de acuerdo o
no, pero, señor Tardà, esté seguro de que voy a contestarle puntualmente a los casos que me ha enviado.


El señor Tardà y algunos otros han hecho referencia a la petición de actuación de la jueza argentina. En este caso no puedo ser muy preciso porque está en las actuaciones y me gusta ser prudente, pero quiero decir dos cosas con absoluta
claridad. En primer lugar, la posición de la Fiscalía General del Estado está fijada desde hace tiempo en atención fundamentalmente a dos decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional a las que, si no hay
variación de carácter, debemos de atenernos; se atuvo a ellas mi antecesor y me voy a atener a ellas yo. No obstante, siempre que se ha cursado una petición desde una legítima situación, se ha atendido. En este caso, como saben ustedes, se ha
emitido y enviado a Interpol una orden de detención preventiva a los fines de extradición contra veinte personas por los delitos de homicidio agravado y otros. Ignoro lo que ha hecho Interpol respecto a las detenciones, porque no es de mi
competencia, en estos aspectos concretos y determinados. Vamos a actuar en consecuencia y veremos si las detenciones tienen base fáctica y jurídica. Sin ningún género de dudas puedo destacar que existen algunos errores; no digo que sean
esenciales, pero existen errores en la orden de la magistrada argentina. Por ejemplo, el señor Puig Antic no fue condenado a muerte por el asesinato de Carrero Blanco como figura en la orden. Por ejemplo, se imputa a los señores Martín Villa y
Osorio lo sucedido en Vitoria, cuando los dos no eran responsables del Ministerio del Interior. Cito algunos de los errores que hemos detectado -aunque no afectan al fondo del asunto- que resolveremos con la jurisprudencia ya fijada en los
tribunales españoles y fundamentalmente atendiendo de manera escrupulosa a la orden que nos envíe la señora jueza argentina.


Señor Bosch, me va a permitir que le conteste en el conjunto de las respuestas que daré a todos los grupos parlamentarios.


Señor Olabarría, en poco tiene mi amistad si piensa que por las observaciones perfectamente legítimas que pueda hacer a este fiscal general del Estado en defensa de sus ideas me voy a molestar o voy a privarme de su amistad o de que usted me
invite a comer en compañía de mi equipo, como ha hecho en algunas otras ocasiones en que fue tan duro o más que en esta. ¡Faltaría más! Estoy orgulloso de comparecer ante el Parlamento, estoy orgulloso de que se controle al fiscal general del
Estado y soy respetuoso con cualquier discrepancia hacia las decisiones del fiscal general del Estado. Esta tarde se han alabado decisiones mías y de la Fiscalía General del Estado y se han criticado severamente otras posiciones. Tiene usted mejor
memoria que yo. Esa cita cinematográfica no la recuerdo, pero seguro que es tan clara como usted dice. Pienso sin ningún género de dudas que no hay atajo ninguno para el Estado de derecho. Como gran parte de su intervención ha ido en ese sentido,
le contestaré en términos generales.


En cuanto al principio de justicia universal que ha sido mencionado por algunos otros portavoces, tengo que decir que mi posición fue clara y tajante. La Fiscalía de la Audiencia Nacional me señaló -creo que lo ha recordado la señora
Aguilar esta tarde aquí- los manifiestos errores de concepción que tenía el anteproyecto de jurisdicción universal que no pasó a informe, porque legítimamente se planteó aquí en la Cámara. En ese sentido, asumí el criterio crítico de la Junta de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional y se lo remití al señor ministro de Justicia para que procediera, si había tiempo parlamentariamente, a enmendarlo. Todos nosotros y yo personalmente soy un partidario absoluto del principio de justicia universal,
creo que es un enorme avance de las democracias civilizadas y las democracias progresivas.

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Por tanto, todo lo que suponga la restricción, por las razones que sean, del principio de justicia universal nos tiene absolutamente en contra. Es verdad que han visto ciertas concepciones y alguna aplicación que se ha producido con el caso
de los narcobarcos, una actuación que ha sido indeseable desde el punto de vista jurídico y que ha sido corregida, como debe ser, por la Sala segunda del Tribunal Supremo. En el resto, en todo aquello que es de verdad justicia universal y que
merece la reputación de justicia universal el ministerio fiscal está siguiendo adelante, caso Ellacuría y todos los demás casos que de esta forma tienen, sin ningún género de duda, el compromiso a este respecto.


Le agradezco las felicitaciones al señor Olabarría por el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, del caso Matas concretamente, y por las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde el primer momento he sostenido que no era posible
atribuir la investigación al ministerio fiscal sin modificar sustancialmente el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, para que la credibilidad de las decisiones de los fiscales que lleven asuntos a los que hay que blindar y la decisión del fiscal
general del Estado no puedan tener ningún pábulo de conexión con respecto del Ejecutivo. Modifíquese antes -y lo he dicho desde el primer momento- el Estatuto orgánico del ministerio fiscal para dotar de ese blindaje a los fiscales que investiguen
o instruyan y a la propia figura del fiscal general del Estado. La propuesta que hacíamos de estatuto, que no ha salido adelante porque iba en el paquete de medidas de Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, preveía
una limitación -que yo deseo- de las facultades del fiscal general del Estado, un aumento de las decisiones de control interno. Soy de los que cree que la democracia se basa en un sistema de checks and balances y todo lo que sea progresar en este
sentido me parece que es imprescindible antes de decidir si se da o no la investigación o instrucción al ministerio fiscal que creo que conceptualmente es lo que corresponde en este sentido.


La señora Díez me ha hablado de la plantilla del ministerio fiscal y me ha dicho que quizás pido mal al ministerio. No sé si pido mal o pido bien, lo cierto es que la inspección fiscal, la unidad de apoyo y la secretaría técnica me dicen
todos los años las necesidades de plantilla del ministerio fiscal y yo así lo he planteado. Durante todo este año hemos tenido una serie de discrepancias, que en este momento están resueltas, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de
Justicia. Del total de plazas que habíamos solicitado que eran 75, se nos han otorgado 66 nuevas plazas que empezarán a funcionar el próximo año. En este caso, debo de agradecer el diálogo coherente que se ha establecido entre el Ministerio de
Hacienda, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.


En cuanto a la individualización presupuestaria he insistido muchísimo para ello. Creo que si pedimos individualización presupuestaria, se pide desde el punto de vista de la responsabilidad. Si aquí se nos viene a exigir qué estamos
haciendo en violencia de género, en corrupción, en siniestralidad laboral o en ciberdelincuencia o en los discursos de odio, lo lógico es que podamos decir de qué medios disponemos para hacer eso. Por tanto, hay que exigir que tanto el Gobierno
central en sus presupuestos como las comunidades autónomas nos digan cuánto dinero destinan al ministerio fiscal, y no solamente en el capítulo 1 de plantilla sino en tecnologías, en medios auxiliares y en otros tipos de necesidades, y aquí lo
tenemos.


En este momento existe un problema grave en el ministerio fiscal, que ya he puesto de manifiesto. En este momento los jueces que ganan las oposiciones salen sin juzgado, lo cual es una enorme anomalía. En este momento tenemos cerca de
trescientos y pico jueces sin juzgado porque es carísimo presupuestariamente y no se puede hacer, y esos jueces son destinados por los presidentes de las audiencias a determinados juzgados que están colapsados y que necesitan refuerzo. Y cuando
Écija número 3, con un solo juez, es reforzado por dos jueces, ¿qué hago yo para atender las vistas de juicios y el papel que llega a fiscalía? Lo único que pido es que se incremente la plantilla del ministerio fiscal proporcionalmente a esas
medidas porque estamos tirando de una plantilla de fiscales sustitutos, con todas las ventajas que tienen los fiscales sustitutos de larga tradición -sin ningún género de dudas-, pero con los defectos también cuando hay que sobrepasar el nivel de
sustituciones previsto dentro de las propias fiscalías. Esto es lo que intentamos poner de manifiesto, que desde ese punto de vista no es posible seguir en esa situación en la que el número de jueces y de fiscales se sigue agrandando.


En cuanto a la corrupción, señora Díez, tenemos los datos estadísticos que podemos tener. Llevo exigiendo desde hace tiempo que se cree un cuerpo de estadísticos en la Administración de Justicia para que nos digan cómo debemos hacer las
estadísticas y qué estadísticas debemos ofrecer a la sociedad. Nadie me ha respondido y llevo tres años exigiendo esa aplicación de medios estadísticos para hacer bien las cosas en la Administración de Justicia. Lo he dicho bien claro y fuerte y
lo vuelvo a repetir aquí esta tarde noche en la Comisión de Justicia.

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Discrepo casi totalmente de la señora Díez acerca de la inacción de la fiscalía. Dice que han iniciado determinados procesos porque la fiscalía no lo había hecho. Bankia no es el caso, teníamos abiertas unas diligencias de investigación.
Con respecto a las preferentes, tenemos criterios distintos; en algunos casos hemos entendido que la ideación de las preferentes constituía un delito de estafa o de algún otro tipo, y en otros casos, la ideación, no, y sí la comercialización. Nos
dice que no estamos en el caso de El Torreón; yo creo que estamos y con todo el respeto no voy a entrar en polémica. Y que estamos muy pasivos con respecto a Bankia. Mire, en Bankia tenemos un problema que quiero poner aquí de manifiesto y es que
el señor juez central de instrucción recibe la denuncia de UPyD y a continuación -y sin disponer de ningún dato- comienza el interrogatorio de las personas imputadas. Lo que le pedimos al señor juez de instrucción es que primero recabe la
documentación para poder interrogar a esas personas con un verdadero sentido. Y esa es la profunda discrepancia que tenemos en el caso Bankia con respecto a UPyD. No puedo aceptar que diga que la posición es pasiva, que no van los fiscales o que
no hacen preguntas. En algún caso, si ellos no han tomado la iniciativa al citar a una persona puede ser que las preguntas se hayan hecho correctamente y no hay que repetir las preguntas, o sencillamente puede ser que se discrepe de la citación de
esa persona. Con respecto a la situación de Cataluña, le contestaré igualmente de forma absolutamente general en el bloque correspondiente.


Al señor Coscubiela le agradezco profundamente lo que ha destacado positivo de mi intervención y de la Fiscalía General del Estado con respecto a las situaciones: la falta, las plazas inaceptables, la corrupción. Me ha dicho que hay que
definir la corrupción. Señor Coscubiela, sin ánimo de entrar en debate en modo alguno, creo que una cosa es el concepto de corrupción -que podemos entrar en todo tipo de distinciones- y otra cosa son aquellos delitos que afectan directamente a la
corrupción. He expresado con toda la modestia un cuadro de aquellos delitos que desde el punto de vista del ministerio fiscal afectan severamente a la corrupción, que son de diversos tipos. Desde nuestro punto de vista podríamos ampliarlo más
-porque hay estafas, hay apropiaciones indebidas, hay delitos societarios...-, sin ningún género de duda, porque hay dos tipos de corrupción, como he puesto de manifiesto, las dos absolutamente nefastas pero que merecen un tratamiento diferenciado:
la corrupción pública y la corrupción privada, ambas con el mismo objetivo de deteriorar profundamente la situación. Por nuestra parte está realmente claro que vamos a operar en todos aquellos delitos que tienen con respecto a la corrupción. Si de
alguna forma se cree que se puede llegar a algún grado de definición de lo que es una enfermedad social con numerosas patas, estaré totalmente de acuerdo.


En cuanto a las unidades de investigación, espero que podamos sacarlas adelante y creo que es un primer paso para no quedarnos parados en aquellas zonas en las que pensamos que el ministerio fiscal tiene que ser mucho más proactivo de lo que
está en este momento. Pero necesitamos la asignación de policías especializados, necesitamos la asignación de peritos tributarios porque sin ello el trabajo específico de los fiscales no se va a hacer ni tan exigente ni tan eficiente como nos
gustaría a nosotros y nos demandan los ciudadanos. Dice que en algunos casos no hemos coincidido en este aspecto. Nosotros fuimos muy claros en el indulto del señor Sáenz, nos opusimos al mismo en su momento e informamos discretamente de que no
nos parecía correcto el camino que se iba a seguir. Finalmente, coincidimos con el Banco de España, que alguna consulta me hizo a este respecto. En cuanto a la exposición del señor Fernández Ordóñez, probablemente no hemos estado de acuerdo en la
regulación de los cargos bancarios y en el juicio en el que se pudiera plantear hemos tenido un criterio absolutamente distinto. Ya he contestado en cuanto a la jurisdicción universal que estamos absolutamente de acuerdo.


Respecto a la violencia contra la mujer, quisiera resaltar -como se ha hecho aquí- el extraordinario papel que están haciendo los juzgados de violencia de género, los fiscales y especialmente la fiscal de sala, que semestralmente nos da al
Consejo Fiscal un informe sobre situación de los delitos. No podemos estar orgullosos de que el número de muertes de mujeres que se están produciendo no se reduzca sino que se incremente el número de víctimas, ni mucho menos, pero creo que de lo
que se trata es de ir descubriendo poco a poco todas aquellas zonas -que las hay- de aspectos procesales, de aspectos prácticos en la probanza de pruebas o donde pueda detectarse algún tipo de defectos. El tema del protocolo médico-forense se lo
trasladaré a la fiscal de sala; no soy un especialista y en este momento no detecto nada especial, pero he tomado nota y le contestaré en este sentido.


El señor Coscubiela introduce también un tema que otros portavoces -me parece que la señora Aguilar- han tratado respecto a los delitos relativos al ejercicio del derecho de manifestación, de huelga, en definitiva. Esta es una materia sobre
la que desde que se me puso de manifiesto tengo una seria preocupación. En primer lugar, el delito del 315.3 del Código Penal es un delito durísimo, de una estructura

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durísima, y hay que decirlo. Se entiende que el desvalor de la conducta y la proporcionalidad de las penas, atendiendo a que subyace detrás un derecho como es el posible derecho de huelga, es desproporcionado. Dejo caer aquí que habría que
estudiarlo seriamente. Tenemos un Código Penal en el que el desvalor de las conductas y la desproporción como consecuencia del parcheo es tremendo, planteémoslo. Creo que sería buena una Comisión parlamentaria a la que vengamos todo el mundo y
opinemos acerca de la reforma de este delito, que desde este mismo momento reconozco que es extraordinariamente duro, porque además es un delito cuya tipificación son conductas especiales, lesiones, etcétera, que llevan en muchos casos
inevitablemente a la aplicación de la pena. Digo inevitablemente, no justamente, a la aplicación de la pena. Con ello no excuso ninguna actuación de la fiscalía sino que constato la existencia de un posible problema de desvalor de la conducta y de
desproporción, atendiendo al bien jurídico protegido y que convendría quizás repasar, establecer cuál es la pena de lesiones, cuál es la pena de daños y estudiar la proporcionalidad. Me brindo a ello porque nosotros no estamos muy cómodos, por
decirlo de alguna forma, con esa conceptuación de tipo delictivo concretamente. Tengo aquí una serie de actuaciones, la mayor parte me parece que son correctas, pero voy a hacer un informe con todos los datos que tenga, que pondré a disposición de
la Comisión de Justicia, una vez que tabulemos de verdad todas las situaciones, situaciones en las que a veces puede existir una conceptuación distinta de cuáles son los hechos, cuál es la probanza de los hechos y cuál es la trascendencia de los
hechos. Como estoy recabando todos los datos, les digo que acepto sus críticas, pero estén absolutamente seguros de dos cosas, y no lo pongo como excusa de los errores que hayamos podido cometer. Primera, este fiscal general no ha dado ninguna
instrucción ni se me ocurriría dar ninguna instrucción al respecto; segunda, los fiscales jefes tampoco han dado ningún tipo de instrucción. En el despacho de los asuntos todas las calificaciones han sido visadas y asumimos, yo el primero, la
responsabilidad de lo que hayamos podido hacer. Que en algunos casos puede haber faltado sensibilidad a las circunstancias que rodean al hecho delictivo, es posible, pero hemos actuado dentro de un terreno de razonable legalidad con el horizonte de
legalidad. Tomo nota de ello porque nosotros no estamos cómodos y vamos a reexaminar absolutamente todos los casos de los que disponemos. La estadística la tenemos muy difícil de precisar en este campo porque la aplicación del delito contra los
trabajadores está dentro de otra conceptuación general y nos podemos encontrar, en determinadas circunstancias, con que diéramos más detalles de los que corresponden. Pero tomo nota, me preocupa extraordinariamente y creo que podremos avanzar a lo
largo de los próximos meses en una fijación de cuál ha sido la postura del ministerio fiscal y hacer propuestas de modificación en este sentido. Reflexionaré si doy o no una instrucción a los fiscales -en este caso sí- que valore las circunstancias
correspondientes.


Con respecto al Grupo Catalán, el señor Jané sabe de mi amistad, de mi valoración. Agradezco extraordinariamente, de siempre, la colaboración del Grupo Catalán y acepto las críticas que se puedan hacer a este respecto. Estoy de acuerdo con
lo que ha expresado de juicios rápidos, del Código Penal. Hemos insistido muchísimo en las filtraciones de los sumarios y sabe su señoría que el criterio más radical que existe en toda Europa es el criterio francés: declarada reservada o secreta
una actuación judicial, quien filtra por supuesto, pero quien publica es sancionado penalmente. Es una radicalidad de respuesta con respecto a esa situación que afecta a muchas cosas. Yo, decir que esa regulación me parece perfecta, me van a
permitir que no lo diga aquí, ni mucho menos, pero los grupos parlamentarios tienen abiertas todas las posibilidades para examinar cuál debe ser la respuesta. Creo que debe ser siempre lo más moderada posible, con el principio de intervención
mínima respecto a, en este caso, aplicación de bienes jurídicos como es la conservación del secreto de la reserva que afecta tanto al derecho de defensa como a las víctimas y a otras personas partícipes. ¿Quién filtra? Sabe, señor Jané, que cuando
todo el mundo recibe la documentación de un proceso lograr saber quién filtra resulta harto difícil. A veces se puede aplicar el criterio quid prodest?, pero es que a veces quid prodest? afecta a tanta gente que acaba siendo casi una novela de
Agatha Christie en la que todos pueden ser los culpables del asesinato. La situación es lamentable, se perjudica la imagen de la justicia y se extraen nefastas consecuencias.


En cuanto a la mayor autonomía, con las consideraciones que ha hecho respecto de Cataluña, le contestaré, pero en todo caso agradezco extraordinariamente las aportaciones, siempre positivas, que hace el Grupo Catalán.


Señora Aguilar, la saludo y le deseo lo mejor como portavoz en esta Comisión de Justicia. Mi saludo y respeto también para el señor Camacho -ausente- y para mi querido amigo, el señor Villarrubia, tanto tiempo en contacto con temas de
justicia que conoce realmente bien. Hemos hablado de falta de medios y me dice que si se lo he planteado al Gobierno. Sí, y ahí están los documentos. Mi obligación es plantearle

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al Gobierno o a los medios parlamentarios aquellas necesidades que detecto de la justicia en general y del ministerio fiscal en particular. Más allá no puedo ir, pero tanto el anterior ministro de Justicia como el actual tienen noticia de
la necesidad de medios que, insisto, nunca voy a utilizar como excusa de un deficiente, negligente o errado camino del ministerio fiscal. No creo que jueces y fiscales, en este momento, nos podamos escudar ante la falta de medios para la
Administración de Justicia. Los tenemos; otra cosa es que creamos que debamos demandar aún más medios, atendiendo y explicando por qué demandamos más medios y proponiendo igualmente la exigencia de la responsabilidad por esos medios que
solicitamos de un erario público realmente asediado de necesidades de todo tipo.


En cuanto a la autonomía del ministerio fiscal ya me he referido a la reforma del estatuto orgánico. Respecto de las faltas, señora Aguilar, mi reflexión es clara y lo conocen los señores portavoces de esta Comisión de Justicia: así no se
puede continuar. No hay país de Europa que dedique esa cantidad de recursos a las faltas, que tienen su importancia social, pero si estamos diciendo que no todo ha de llegar a los tribunales de Justicia -y se me ha dicho aquí esta tarde por otras
razones-, reflexionemos entre todos sobre qué podemos hacer para mejorar algo que está lastrando enormemente a la Administración de Justicia. Vamos gustosos a los juicios de faltas y en muchos casos nos encontramos con que, a cuenta del erario
público, tenemos que hacer hasta 200 y 300 kilómetros para llegar allí y encontrarnos con que el juicio de faltas se ha suspendido, un juicio de faltas. Hay que reflexionar acerca de que algunas faltas nunca debieron estar en el Código Penal,
porque son faltas estrictamente administrativas o civiles concretamente, y habrá que buscarles la salida oportuna. La mayor parte de las faltas tienen bienes jurídicos penales, y deben seguir en el Código Penal -ya he citado un catálogo de las
mismas-. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Nosotros hemos propuesto en este grupo de trabajo -en el que también estamos trabajando con el Consejo General del Poder Judicial-, en primer lugar, que en aquellas faltas en que el bien jurídico sea
mayoritariamente privado, sean las partes las que inicien el proceso y tengan el gobierno del mismo. Si tiene que estar allí el ministerio fiscal, porque además de ese interés privado hay un interés general, estaremos. El 67% aproximadamente de
las faltas decaen por falta de interés de los particulares, no van a los juicios, no tienen especial interés. No hay quien les notifique la comparecencia en los juicios de faltas. Esa es la realidad. ¿Qué pasa, que solo tiene interés el
ministerio fiscal en la defensa del interés general? Me parece que lo tenemos, pero debe ser compatible. Finalmente, creo que, como ya se hizo hace bastantes años, debe permitirse un cierto principio de oportunidad al ministerio fiscal para que
sean los fiscales jefes, coordinados con el fiscal general del Estado, los que decidan a qué tipo de faltas imprescindiblemente debe asistir el ministerio fiscal. Una coordinación de todos estos elementos permitiría aliviar al menos el sistema de
los juicios de faltas, que no está colapsando la fiscalía en modo alguno, pero si podemos distraer algunos de esos efectivos de las faltas con estos procedimientos para dedicarlos a otro tipo de procedimientos, sería realmente bueno.


Ya le he contestado respecto de los derechos de reunión y expresión y del derecho de huelga, concretamente, sin ningún género de dudas a este respecto. Le agradezco las palabras para la fiscal de Sala. Respecto a cómo creo que se puede
avanzar, en la memoria destacamos algunos defectos en los que creo que hay trabajar conjuntamente con este criterio. He destacado algo que nadie dice respecto de las faltas y es que se están produciendo absoluciones en la instancia que no se pueden
recurrir en apelación o en casación, y ahí está la situación de las víctimas que llama poderosamente la atención. O hacemos una reforma del recurso de apelación en verdadera segunda instancia que contemple esta posición o vamos a dejar
desprotegidas situaciones de errores judiciales evidentes y de situaciones de víctimas que no vamos a poder recurrir ni el ministerio fiscal ni los perjudicados o víctimas del delito correspondientemente.


Ya le he contestado respecto a la memoria histórica y creo que también en cuanto a la corrupción. Le agradezco las felicitaciones en lo relativo a la seguridad vial. En cuanto a la valoración de la justicia universal, como usted también ha
dicho, mi posición ha sido firme y estoy detrás de la posición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que solo debe ser reducido el principio de justicia universal en aquellos casos que no son de justicia universal, porque es un avance de la
humanidad que no puede dejarse atrás en modo alguno.


Me pregunta usted qué se ha hecho en la crisis del ébola. Señoría, el primer órgano que inició una diligencia de investigación fue la Fiscalía de Madrid a petición mía. Esas diligencias se han incorporado a los distintos procesos
judiciales en los que está actuando el ministerio fiscal y vamos a ver qué se deduce de cada uno de esos procesos. Algún sindicato de enfermería se presentó en la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, que inmediatamente los escuchó y trasladó a la
Fiscalía de Madrid las demandas que se

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plantearon de posibles actuaciones de naturaleza puramente delictiva. En cuanto a las preguntas tan específicas que me ha hecho respecto del 9-N, se las contestaré a continuación.


Muchas gracias, señor Molinero, por sus palabras. Mi saludo al señor Castillo, con el que he tenido ocasión de trabajar en esta Comisión de Justicia. Se lo agradezco ciertamente de verdad y su colaboración la agradezco de corazón. Creo
que ha habido una diferencia de interpretación porque quizá yo no me haya expresado bien. Tanto los jueces como los fiscales tenemos el mismo número de diligencias previas, 4 millones. Lo que pasa es que ese número de diligencias previas -vamos a
ser serios- solo se convierten en 600.000 acusaciones. ¿El resto qué son? Pues inhibiciones, atestados que no tienen autor conocido, etcétera. Por lo tanto, no es que los jueces tengan más carga de trabajo que nosotros, tienen la misma que
nosotros, aproximadamente 600.000 o 700.000 asuntos en el año 2013 a este respecto. Estoy de acuerdo con usted en que por lo que se refiere a las cargas de trabajo primero hay que radiografiar la situación, proponer soluciones, sin ningún género de
dudas, pero ya me he referido a la situación. En este momento tenemos casi 400 jueces sin juzgado, reforzando juzgados, y la plantilla de fiscales no da para tanto aunque estamos tirando de sustitutos que está pagando, y correctamente, el
Ministerio de Justicia. Sigo insistiendo en que estamos muy lejos en términos de tecnología: 95%-5%, y en personal auxiliar 97%- 3%. En Valencia estamos por debajo de medio personal auxiliar con respecto a la ratio de los juzgados, que está un
poquito por encima, es de un auxiliar por juez concretamente. Creo que ese esfuerzo que se pide por parte del Gobierno de las comunidades autónomas tienen que hacerlo, porque evidentemente está en juego el criterio de eficiencia. Gracias por sus
coincidencias en corrupción y en las unidades de investigación. En cuanto a las propuestas del Ministerio de Justicia voy a esperar a que nos lleguen, porque tiene que informar el Consejo Fiscal. Sería una temeridad por mi parte avanzar respuestas
respecto de ese criterio. En general, coincido acerca de la formación de piezas para evitar los macroprocesos. Sobre las unidades de investigación y los juicios de faltas ya he contestado, así como sobre la violencia. Se lo agradezco igualmente.


No creo que sean necesarias más modificaciones del Código Penal. Creo que hemos exacerbado al límite las propuestas respecto de violencia de género. Ahora hay que hacerlas eficaces en los procesos domeñando aquellos defectos que se puedan
deducir respecto del proceso. Tenemos, lo he dicho varias veces, el Código Penal más invasivo de Europa en cuanto a penas, en cuanto a conductas y en cuanto a quiebra del principio de intervención mínima. Es hora de empezar a reflexionar acerca de
un Código Penal mucho más racional y más pegado a la realidad, por mucho que la ciudadanía nos esté demandando a todos de alguna forma mayor exacerbación, pero creo que hay que mantener un poco la calma en esto. Gracias por la cita de Star Wars,
que la fuerza me acompañe, pero me tiene que acompañar más que la fuerza, vamos, por lo menos unos efectos especiales ciertamente bastante más notables.


Finalmente, voy a hacer referencia a lo que ha sido un tema dominante en muchas intervenciones, que es mi decisión de interponer querella por los hechos ocurridos en el proceso de participación. En primer lugar, respeto -y cuando digo
respeto no empleo en modo alguno el verbo de manera retórica, sino que lo hago absolutamente-, respeto, aunque no puedas compartirlas, todas las opiniones que se han expresado aquí de sentido político crítico con mis decisiones, y aún más aquí, en
la sede de la democracia parlamentaria. Por lo tanto, no tengo nada que reprochar. Es más, incluso debo agradecer el tono crítico y acerado con el que se han hecho, de discrepancia radical con una decisión que se interpreta del ministerio fiscal,
en este caso del fiscal general del Estado. En todo caso, señoras y señores diputados, yo las he adoptado exclusivamente atendiendo a criterios de estricta legalidad tal y como nos exige a los fiscales el artículo 124 de la Constitución, que nos
exige ser legales, ser imparciales, actuar con unidad de criterio y salvaguardar el principio de dependencia jerárquica. Sin embargo, cuando se habla de respetables efectos de oportunidad o de valorar las consecuencias políticas, válidas para los
fiscales anglosajones, no puedo aceptarlas por la exigencia del principio de legalidad, es decir, yo, y voy a intentar demostrarlo, he adoptado las decisiones autónomamente, sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de injerencia y con un
análisis, equivocado o no, pero un análisis de la realidad jurídica de los hechos y exclusivamente desde ese punto de vista.


Por otra parte, he seguido escrupulosamente -como tengo por costumbre- el proceso de decisión que me exige el Estatuto orgánico del ministerio fiscal y voy a probarlo ante sus señorías. En primer lugar, yo podría haber avocado el despacho
del asunto para mí, me lo permite el artículo 23 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, y probablemente ustedes en este momento me estarían reprochando que no he tenido en cuenta la opinión ni de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña ni a la Junta de Fiscales de Sala, pero el estatuto me permite a mí, como a cualquier jefe, avocar para mí el despacho del

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asunto, simplemente comunicándolo al Consejo Fiscal. En segundo lugar, yo podía haber designado un fiscal fuera del ámbito del Tribunal Superior de Justicia para que despachara el asunto, me lo permite el artículo 26 del Estatuto orgánico
del ministerio fiscal, simplemente, igualmente, informando al Consejo Fiscal, que puede opinar por supuesto al respecto. No he hecho nada de eso. Me he limitado -como hago en todos los asuntos y lo pongo de manifiesto- a pedir la valoración de la
fiscalía que tiene que despachar el asunto, que es la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y, pura y simplemente, le expresé al fiscal superior de Cataluña, como máxima autoridad de dicha fiscalía, mi criterio en ese punto
concreto y determinado, que examinaran la posibilidad -y, subrayo, la posibilidad- de que los hechos que se habían producido en el proceso de participación, al que me referiré más adelante, pudieran constituir hechos penales, dándole absoluta
libertad con respecto a la valoración de tales hechos.


Lo primero era conocer el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, como saben ustedes, ese criterio siguió -prácticamente ha sido radiografiado en los medios de comunicación- diversas etapas en la formación, que finalmente
concluyeron en la decisión de una junta de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia el lunes 17 expresando -en ciertos términos de los que daré cuenta- la inviabilidad del ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, así como les expresé la
posibilidad de que los hechos constituyeran hechos delictivos, les dejé absoluta libertad -como no podía ser de otra manera- para que ellos formaran la opinión, que finalmente se formó en junta de fiscalía, así que a aquellos que dicen que de alguna
forma el ministerio fiscal funciona siempre a golpe del principio de dependencia jerárquica, creo que les hemos demostrado un criterio absolutamente distinto. Por lo tanto, yo no puedo admitir que se pueda decir que los fiscales de Cataluña son
fiscales rebeldes o que han estado en un motín, porque lo que yo les he pedido, y ellos han cumplido escrupulosamente, es lo que manda el Estatuto orgánico del ministerio fiscal: expresar libremente la opinión desde un punto de vista estrictamente
jurídico.


Lo que se produce a continuación es que tras la Junta de fiscales de Cataluña -tengo delante el acta, que está a su disposición- finalmente se me dice que los fiscales han estudiado dos informes y aprecian serias objeciones que dificultan
sobremanera la viabilidad de una eventual acción penal a ejercitar contra el president de la Generalitat de Catalunya y otros miembros de su Gobierno por el delito de desobediencia analizado, sin que por ello los miembros de la Junta de la Fiscalía
Superior de Cataluña dejen de ser conscientes de que las autoridades antes mencionadas, en su actuación en el denominado proceso participativo ciudadano, han recurrido al empleo de argucias jurídicas sin precedentes, ni siquiera en derecho
comparado, y actuado con absoluta falta de lealtad al acuerdo constitucional. Reseño a los señores y señoras diputados que en este acta no se me dice que los hechos no sean constitutivos de delito, sino que hay serias objeciones que dificultan
sobremanera la viabilidad de una eventual acción penal a ejercitar. Por lo tanto, la opinión en la Junta de la Fiscalía de Barcelona es que el hecho podía ser objeto de persecución penal, pero que había serías objeciones en este sentido.


En el informe que firma en nombre de todos el fiscal superior dice exactamente lo mismo, reproduce en uno de los dos informes que se me envían exactamente lo mismo que tienen ustedes. Es decir, que el fiscal general del Estado, cuando tiene
que decidir, tiene un acta y un escrito en el que los fiscales de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no le dicen que el hecho no es delito, sino que hay serias objeciones que dificultan la viabilidad, y aluden a una serie de
referencias, que no entro a valorar, acerca del comportamiento de la Generalitat. No solamente eso. En la nota de prensa que dan ese día, 17 de noviembre, afirman en el punto tercero lo siguiente: Que en tales circunstancias no se ha juzgado
procedente por el momento -por el momento- entablar nuevas acciones penales, sin perjuicio de delimitar la eventual relevancia penal de los hechos en el seno de los procedimientos en curso.


Conviene poner todas las cosas en su justa correspondencia a la hora de la expresión. Yo, por supuesto, sin ningún género de dudas, escucho esa decisión y, tras examinar las razones que se me dan de objeción para el delito de desobediencia,
en principio, que es el que se me estaba planteando en ese momento, entiendo que no son de recibo desde el punto de vista jurídico y doy la orden de proceder, orden de proceder que el fiscal superior de Cataluña -ya no la junta- me objeta dentro del
criterio radicalmente estatutario del artículo 27, y obviamente me pide lo que es preceptivo una vez que se objeta la improcedencia de la orden, que es la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala concretamente. En consecuencia, estamos
fundamentalmente en una situación de desarrollo estrictamente estatutario. Han examinado una orden, me dicen lo que les he señalado, no estoy de acuerdo con la argumentación -es evidente que ellos dicen que hay razones de viabilidad- y procedo a
dar la orden que entiendo justificada en derecho.


Vamos a la Junta de Fiscales de Sala -artículo 27-, escucho a dicha junta y 23 de los 25 fiscales me dicen, uno, que mi orden es procedente conforme a derecho y, dos, que las razones que alegan la Fiscalía

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de Barcelona y el fiscal superior de Barcelona no son procedentes en derecho. Conforme con ese criterio -y no me voy a escudar en el criterio de la Junta de Fiscales de Sala, pero no voy a negar que en este momento el máximo órgano de la
carrera, cuya procedencia y elección ha sido puesta de manifiesto, avala mi decisión desde el punto de vista estrictamente jurídico: la procedencia de mis argumentos, la procedencia de la elección de los delitos y la improcedencia de los argumentos
expresados por mis compañeros de Barcelona-, repito, conforme con ese criterio, doy la orden y, como saben ustedes, básicamente se desarrolla a partir de ese momento el ejercicio de las funciones establecidas en ese criterio concretamente.


Mi decisión estaba desde el primer momento orientada a la posibilidad de la existencia de un hecho delictivo concretamente. La providencia de 4 de noviembre -haré algún excurso a este respecto-, así lo avalaba. Estuve atento, en permanente
conexión con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que me fue dando cumplida información de todos los datos que se iban produciendo, y el sábado 8, ante los datos que me daba la Fiscalía de Barcelona, básicamente el buzoneo y
las denuncias, las diligencias de investigación presentadas allí y aquí por la utilización de datos indebidos, concretamente la apertura de colegios y la remisión de ciertas órdenes por parte del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, le pido
al fiscal superior de Barcelona que abra diligencias de investigación y requiera a los Mossos d'Esquadra, orden que es aceptada por el fiscal del Tribunal Superior de Justicia como congruente hasta ese momento sin ningún género de dudas.


Quiero recordar a las señoras y señores diputados que hasta ese momento el ministro de Justicia había expresado que no veía ninguna viabilidad de carácter penal y que la consulta se iba a realizar. Por tanto, si yo adopto, antes de que el
Gobierno tome esa posición, esta posición mía, se critique o no desde el punto de vista jurídico, de consecuencias políticas, de criminalización, lo que quieran ustedes, no veo cómo se puede decir que estoy presionado, que estoy haciendo
determinadas cosas, cuando estoy preparando el terreno mucho antes de que el Gobierno manifieste eso; más bien manifiesta absolutamente lo contrario por boca del ministro de Justicia ese viernes 7 de noviembre. El sábado 8 lo que se producen son
denuncias en los juzgados de Barcelona, exactamente sesenta denuncias en Barcelona, siete denuncias en Tarragona, una denuncia en Lleida y tres denuncias en Girona. Ante las denuncias yo pido opinión a las fiscalías correspondientes y a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y personalmente, incluso el fiscal de guardia de Barcelona, me dicen que de lo que van a informar es de que existen indicios racionales de delito y que no proceden las medidas cautelares por criterios de
proporcionalidad. Yo no doy ninguna orden. Todos los fiscales de Cataluña, en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, cuando se presentan las denuncias de los ciudadanos ante los juzgados de guardia actúan con criterio de unidad de criterio y de
actuación, sin ninguna orden del fiscal general del Estado, y expresan que los hechos pudieran ser constitutivos de delito y que no proceden las medidas cautelares, y con la anuencia, por supuesto, del fiscal superior. Llegamos así al proceso que
ya les he detallado a partir de ese momento concretamente.


Me permito decirles a sus señorías, sin necesidad de entrar en ningún debate jurídico -ni es el ámbito ni la ocasión- que hay una muy sustancial diferencia entre la naturaleza de la providencia del 29 de septiembre y de la del 4 de noviembre
del año 2014. La diferencia básicamente es que en la primera, la del 29 de septiembre, se están impugnando y se anulan preceptos y normas, mientras que en la providencia del 4 de noviembre lo que se suspenden son los actos impugnados que constan en
el parágrafo primero de la providencia, donde se dice que:... mediante un denominado proceso de participación ciudadana, contenidos en la página web participa2014.cat., y los restantes actos y actuaciones de preparación realizados o procedentes
para la celebración de dicha consulta, así como cualquier otra actuación aún no formalizada jurídicamente vinculada a la referida consulta. Es decir, que lo que anula y prohíbe la providencia del Tribunal Constitucional es esto, lo que dice la
providencia, y lo que nosotros explicamos y lo que nosotros debatimos, primero con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y después en la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, es si las actuaciones que desarrolla la
Generalitat activamente o pasivamente o de cualquier otro término desde el día 4 hasta el día 9 de noviembre pudieran constituir -porque la querella es simplemente esto- los delitos de los que se trata concretamente.


Habrá diferencias jurídicas, podrá entenderse que esos hechos no tienen transcendencia o relevancia penal, podremos opinar absolutamente lo contrario. Podemos dividirnos concretamente en este aspecto. Hemos descrito en nuestra querella los
actos que aquí se contienen. No se pueden ignorar estos hechos, se pueden valorar desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, donde las interpretaciones son de todo tipo. Mi interpretación está avalada por 23 de los 25
miembros de la Junta de Fiscales de Sala, a los cuales evidentemente no he dado ninguna. Estos hechos, si son valorados jurídicamente como tales, obliga a investigarlos en un proceso penal y, efectivamente, para eso no tiene otro objetivo la acción
de la

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querella. Además y debo ponerlo de manifiesto, estábamos en una ruptura grave del principio de unidad de actuación del ministerio fiscal, exigencia del artículo 124, en Cataluña, puesto que los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña decían que no había delitos, mientras que cerca de otros 100 fiscales en Cataluña decían que esos hechos sí eran constitutivos de delito, y me corresponde a mí como fiscal general del Estado asegurar el principio de unidad de actuación que
estaba roto en Cataluña con dos opciones absolutamente distintas y eso implica la valoración de una u otra posición desde el punto de vista estrictamente jurídico.


Antes de mi decisión, el debate judicial sobre el proceso anulado por el Tribunal Constitucional en la citada providencia de 4 de noviembre ya estaba ante el TSJ, había querellas de entidades, y desde el día 9 de noviembre había denuncias de
particulares. A nosotros nos correspondía por lo tanto evacuar, como dicen los fiscales de la Fiscalía del Tribunal Superior en su nota de prensa, la opinión, pero los ciudadanos libremente en Cataluña habían llevado a los tribunales el proceso de
participación en el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, que es de la tutela judicial efectiva. Naturalmente que la posición del ministerio fiscal es relevante. Naturalmente que el ejercicio de una acción penal, juntamente con otros, es
relevante. No lo negaré, sin ningún género de dudas, pero no neguemos que el proceso de participación estaba sometido ya al proceso judicial. Se tenía que decidir, y se va a decidir, y acatemos todos la decisión que adopte el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. Hemos manifestado una opinión absolutamente abierta. Dejemos que sean los tribunales, conforme con el 117.3, los que lo digan en este caso concreto y en determinadas formas. Insisto, no quiero ni necesito escudarme en más
razones sobre las decisiones. Primero, he cumplido escrupulosamente el criterio de decisión de autonomía estatutaria del ministerio fiscal; lo he hecho valorando criterios jurídicos que han sido avalados por la Junta de Fiscales de Sala y solo
puedo debatir desde un punto de vista estrictamente jurídico, aceptando y respetando totalmente las valoraciones que, desde el punto de vista político o político-jurídico, como ustedes quieran, pueden hacer a este respecto concretamente.


Tengo que decir, como es obvio, que nadie me ha presionado. Ya he dicho cuál era mi decisión a lo largo de la semana y con anterioridad a la expresión del Gobierno. Yo no he tolerado nunca que el Gobierno me indique lo que tengo que hacer,
y no lo tolero porque pura y simplemente eso es un delito, y es un delito además que está previsto, en sentido negativo, por el artículo 8.º del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. No creo que a mí se me pueda decir de ninguna manera que soy
un fiscal proclive al Gobierno. No voy a descender a más casos, pero yo soy el fiscal que incoó e investigó el caso Bárcenas. Yo soy el fiscal que solicitó la prisión del señor Bárcenas. Yo soy el fiscal que ha sostenido un criterio contrario a
Interior en los casos Bolinaga y en el caso reciente del expresidente de Baleares. Yo soy el fiscal que ha defendido públicamente, en contra del criterio de dos diputados del Grupo Popular, al fiscal superior de Murcia ante actuaciones que piensan
que son de carácter sesgado políticamente. Con ello quiero decir que si tengo que sostener una posición contraria al Gobierno, yo la sostengo, por muy costosa que resulte de sostener desde cualquier punto de vista. No me duelen prendas al
respecto. La decisión la he tomado autónomamente. Y pregunto yo, si se ha dicho aquí que hubo presiones con respecto al fiscal general del Estado y a los fiscales, y las niego terminantemente, tengo que negarlas también para mis compañeros de
Cataluña. ¿O es que las expresiones que se expresaron en la prensa nacional no se han expresado también en la prensa de Cataluña con cualquier carácter? Estoy seguro de que los fiscales de Cataluña no han tomado ninguna decisión bajo ningún tipo
de presión ni ambiental ni social ni política, de igual forma que ni yo ni los fiscales de Sala hemos tomado ninguna decisión bajo ningún tipo de injerencia de naturaleza absolutamente política. Las hemos tomado, equivocadamente o no, y así lo
aceptaremos desde un punto de vista estrictamente jurídico, razonando por qué son así y sin ningún género de dudas al respecto.


Me preguntaba doña Rosa Aguilar -y con esto quiero concluir para no cansar la atención de sus señorías- que por qué no había contestado a la señora Sánchez-Camacho. Lo hice, señora Aguilar, en cuanto tuve noticia -el martes- de que la
señora Sánchez-Camacho había dicho eso, con todo el respeto a su libertad de expresión. En Logroño dejé claro que esa no era la posición del ministerio fiscal y si se me reprocha la tardanza en tomar una decisión, se debe pura y simplemente a que
-como dije en Logroño- los tiempos políticos, los tiempos mediáticos no son los tiempos ni de este fiscal general ni del ministerio fiscal.


Me dice usted que si me instó el presidente o el ministro de Justicia a abrir diligencias de investigación. Le tengo mucho respeto, pero me ofende simplemente que piense que me pudieran instar fuera del artículo 8.º, que solo permite
indicaciones de carácter general, nunca de carácter particular ni con respecto

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a un hecho concreto. Dice usted que si impartí ordenes con carácter general a los fiscales de Cataluña. Es público y notorio que los reuní antes de que empezaran el proceso, y las instrucciones que les dí, y que algún medio de comunicación
reprochó que no fueran tan drásticas, fueron simplemente que ellos eran servidores de la legalidad y de la Constitución, que debían actuar de manera absolutamente imparcial y que, por tanto, debían asegurar la unidad de actuación del ministerio
fiscal. No podía ni debía dejar absolutamente ningún otro tipo de indicación.


Respecto a mi posición con relación a las situaciones de Cataluña, les puedo decir que he sido el fiscal general del Estado que ha autorizado el dictamen que con respecto a las declaraciones de soberanismo en el Parlamento se han hecho así,
porque entendí que ese es un acto, aparte de la inviolabilidad parlamentaria, de contenido político. Con lo que no puedo estar de acuerdo es con la discrepancia de que, anulado un proceso de participación por la máxima autoridad constitucional
española como es el Tribunal Constitucional, pudieran desarrollarse determinados actos que, en mi opinión, pudieran ser constitutivos de un hecho delictivo.


Finalmente, me habla usted de una nota de prensa. Dimos una el sábado 8 de noviembre a las 13:00 horas informando a la opinión pública de la apertura de las diligencias de investigación, y otra aproximadamente a las 19:00 horas del
domingo para decir fundamentalmente que recogíamos los hechos y que valoraríamos -nunca dije que íbamos a ejercer las acciones penales- la posibilidad del ejercicio de las acciones penales.


No tengo nada más que decir, salvo agradecer a sus señorías sus intervenciones, aceptar las críticas que pudieran hacer con respecto a la elección, desde el punto de vista estrictamente jurídico, y asegurarles que lo hemos hecho todo desde
una perspectiva estrictamente estatutaria, con respeto al estatuto, con respeto a la ley, con respeto a la Constitución. Puede que de ello se derive una valoración negativa, pero en modo alguno hemos querido criminalizar la política. Cuando se han
producido otro tipo de decisiones hemos mantenido la vigencia de los principios, y mi respeto por Cataluña puede manifestarse en el hecho de que soy la única autoridad institucional que ha llevado a celebrar una institución como el Consejo Fiscal en
Cataluña y que pedí audiencia al presidente de la Generalitat para que departiera con dicho consejo. Pienso que todas las instituciones del Estado y las instituciones autonómicas responden al modelo constitucional al que juré lealtad y al que
pienso seguir defendiendo.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión, quiero agradecer al fiscal general del Estado su intensa y densa exposición, tanto en primera como en segunda intervención, porque merecía la pena el esfuerzo. Además quiero agradecer el
esfuerzo también a los portavoces por la cortesía parlamentaria que han tenido con el compareciente, y agradecer, cómo no, a los servicios de la Cámara que hayan aguantado tantas horas y a estas horas y, por supuesto, a nuestra querida letrada por
el trabajo que realiza de manera permanente.


Quiero recordar delante del señor fiscal general del Estado que nos hace llegar a la Mesa y portavoces de esta Comisión la oportunidad de que conozcamos más a fondo, incluso visitando su sede y pudiendo departir en otro ámbito, la Fiscalía
General del Estado, que si no me equivoco está en el Paseo de la Castellana -entrada por la calle Fortuny-. En cualquier caso, en próximas semanas articularemos esta visita. Le agradecemos la invitación.


Sin más, señorías, se levanta la sesión.


Eran las nueve y veinticinco minutos de la noche.