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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 686, de 11/11/2014
cve: DSCD-10-CO-686
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 686
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO
Sesión núm. 47
celebrada el martes,
11 de noviembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Energía (Nadal Belda), para:
- Informar sobre los asuntos relacionados con su departamento y las perspectivas para los próximos meses. Por acuerdo de la Comisión de Industria, Energía y Turismo. (Número de expediente 212/002025) ... (Página3)
- Informar sobre la propuesta de un nuevo marco de actuación para la minería del carbón 2013-2018. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001052) ... (Página3)
- Informar sobre los constantes movimientos sísmicos que se están produciendo frente a las costas de Castellón y las comarcas catalanas del Montsià y Baix Ebre y sobre la posible vinculación entre la inyección de gas en el almacén marino y
los movimientos sísmicos. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001316) ... (Página3)
- Concretar el procedimiento y calendario a seguir para la ejecución en el menor tiempo posible de la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 4 de Madrid, en el que se estima el recurso interpuesto por el
Gobierno del Principado de Asturias para el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011 por el que se suprimían las ayudas al desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras. Urgente. A petición del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 212/001358) ... (Página4)
Preguntas:
Del diputado don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Valoración de las medidas puestas en marcha para abaratar la energía para las empresas de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/042045). (Número de expediente 181/001825) ...
- Cumplimiento del programa electoral del Partido Popular 'Energía de calidad para impulsar la economía' en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/042088). (Número de
expediente 181/001836) ... (Página24)
- Modificaciones legislativas para que si un servicio deja de funcionar durante un tiempo se descuente automáticamente de la tarifa el tiempo y se le otorgue una indemnización (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
número de expediente 184/042917). (Número de expediente 181/001840) ... (Página24)
- Número de titulares acogidos a la tarifa social eléctrica en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039398). (Número de expediente 181/001848) ...
- Número de propietarios o promotores que han solicitado el certificado de eficiencia energética en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039399). (Número de expediente
181/001849) ... (Página26)
- Consecuencias que tendrá sobre los consumidores de la provincia de Soria la decisión del Gobierno de no aportar 3.600 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, a los que se había comprometido para contribuir a la
eliminación del déficit de tarifa, en el sector eléctrico (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/045643). (Número de expediente 181/001889) ... (Página26)
- Efectos de las últimas decisiones del Gobierno en la tarifa eléctrica en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/045644). (Número de expediente 181/001890) ...
- Ciudadanos residentes en Soria acogidos al 'bono social' en la factura eléctrica, así como los cortes de energía eléctrica por impago a clientes residenciales en 2013 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
184/050551). (Número de expediente 181/002024) ... (Página27)
- Contadores eléctricos inteligentes operativos existentes en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/048059). (Número de expediente 181/001893) ... (Página29)
- Cantidad de energía eléctrica consumida en la provincia de Soria y facturada desde el año 2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/048060). (Número de expediente 181/001894) ...
- Tasa de envejecimiento de la provincia de Soria, comparada con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como opinión del Gobierno acerca de si el nuevo modelo de facturación eléctrica será entendido por las personas mayores con
facilidad (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/048532). (Número de expediente 181/001901) ... (Página29)
- Número de equipos de medida con telegestión para interpretar y gestionar las nuevas posibilidades de la futura factura eléctrica existentes en la provincia de Soria, así como medidas para incrementar este tipo de equipos y contadores para
mejorar los consumos en energía eléctrica en la citada provincia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/048533). (Número de expediente 181/001902) ... (Página29)
- Personas acogidas a la 'tarifa regulada' de electricidad en la provincia de Soria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/050549). (Número de expediente 181/002022) ... (Página30)
- Cantidad acumulada del denominado 'déficit de tarifa' en la provincia de Soria desde el año 2000 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/050550). (Número de expediente 181/002023) ...
- Incidencia en las plantas de cogeneración de purines en la provincia de Soria de la nueva reforma energética que plantea el Gobierno, así como razones del ministro de Industria, Energía y Turismo para no contestar a las preguntas de los
medios de comunicación referidas a dicha cogeneración en la provincia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/048085). (Número de expediente 181/001899) ... (Página34)
- Medidas para evitar el tarifazo eléctrico a los agricultores de regadío en la provincia de Soria, así como razones del ministro de Industria, Energía y Turismo para no contestar a las preguntas de los medios de comunicación referidas a la
afección de la reforma eléctrica al regadío en la provincia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/048092). (Número de expediente 181/001900) ... (Página37)
De la diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre:
- Número de solicitudes existentes en tramitación para redes eléctricas de alta tensión en la provincia de Ourense (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/051000). (Número de expediente 181/002138) ...
- Potencia eléctrica instalada en la provincia de Ourense con fecha 01 de abril de 2014 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/050999). (Número de expediente 181/002139) ... (Página39)
- Porcentaje, sobre la producción nacional, de energía renovable producida en la provincia de Ourense con fecha 01 de abril de 2014 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/050998). (Número de expediente 181/002140)
... (Página39)
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (NADAL BELDA), PARA:
- INFORMAR SOBRE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SU DEPARTAMENTO Y LAS PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. (Número de expediente 212/002025).
- INFORMAR SOBRE LA PROPUESTA DE UN NUEVO MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN 2013-2018. URGENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001052).
- INFORMAR SOBRE LOS CONSTANTES MOVIMIENTOS SÍSMICOS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO FRENTE A LAS COSTAS DE CASTELLÓN Y LAS COMARCAS CATALANAS DEL MONTSIÀ Y BAIX EBRE Y SOBRE LA POSIBLE VINCULACIÓN ENTRE LA INYECCIÓN DE GAS EN EL ALMACÉN MARINO Y
LOS MOVIMIENTOS SÍSMICOS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/001316).
- CONCRETAR EL PROCEDIMIENTO Y CALENDARIO A SEGUIR PARA LA EJECUCIÓN EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚMERO 4 DE MADRID, EN EL QUE SE ESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO POR EL
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 30 DE DICIEMBRE DE 2011 POR EL QUE SE SUPRIMÍAN LAS AYUDAS AL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS COMARCAS MINERAS. URGENTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 212/001358).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión número 47 de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados, y lo hacemos dando de nuevo la bienvenida a la misma al secretario de Estado de Energía,
don Alberto Nadal, quien comparece otra vez ante esta Comisión. Como saben, el orden del día consta de cuatro solicitudes de comparecencia del secretario de Estado y diecinueve preguntas de las formuladas por escrito al Gobierno y que no habiendo
sido contestadas pasan a convertirse en preguntas con respuesta oral en Comisión, y el trámite será el ordinario. Intervendrá en primer lugar el secretario de Estado de Energía para sustanciar las cuatro solicitudes de comparencia: una primera a
instancia de la propia Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo para explicar los asuntos relacionados con su departamento, la segunda a petición del Grupo Parlamentario Socialista sobre el marco de la minería y el carbón, la tercera a
petición del Grupo Parlamentario Catalán sobre los movimientos sísmicos ocurridos frente a las costas de Castellón y las comarcas catalanas de Montsià y Baix Ebre y la última a petición del Grupo Mixto sobre la sentencia del Juzgado central de lo
contencioso-administrativo número 4 de Madrid, en el que se estima el recurso interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias para el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre del año 2011, por el que se suprimían las ayudas al
desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras. Las comparecencias se van a sustanciar conjuntamente, para lo que intervendrá en primer lugar el secretario de Estado y a continuación los portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a
menor. Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Señor presidente, señorías, comparezco ante esta Comisión para dar cuenta en primer lugar de los asuntos relacionados con la secretaría de Estado de Energía para los próximos meses, en
segundo lugar a petición del Grupo Socialista para informar sobre la propuesta del marco de actuación para la minería del carbón 2013-2018, en tercer lugar para informar sobre los movimientos sísmicos en la costa de Castellón y en el sur de
Tarragona como consecuencia del almacén de gas Castor y, por último, a petición del Grupo Mixto para concretar el procedimiento y calendario en la ejecución de la sentencia relativa a los recursos interpuestos por el Principado de Asturias sobre las
ayudas al desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras.
Paso a referirme con brevedad al primer punto. A lo largo de esta legislatura el Gobierno se enfrentó a una serie de problemas de gran profundidad en el sistema energético. Como todos ustedes saben, al comienzo de esta legislatura, en lo
que se refiere al sistema eléctrico, se hereda una deuda de 26.000 millones de euros y, lo que es más grave, un déficit tarifario anual que, de no haber tomado medidas, hubiera alcanzado la astronómica cifra de más de 10.000 millones de euros
anuales o, lo que es lo mismo, un 1 % del producto interior bruto. Todo ello después de que en las dos legislaturas anteriores los precios de la electricidad hubieran subido para los consumidores en torno al 70 %. Durante esta legislatura se ha
aplicado una reforma energética en todos los aspectos, con profundidad, cuyos resultados empiezan a verse en los años finales de la legislatura y que crean un marco de estabilidad financiera para el sistema eléctrico y para las empresas que en él
operan. Todo ello garantizando a los consumidores el menor precio posible, dados los errores de política energética que se habían cometido. En primer lugar, la reforma eléctrica tuvo dos fases: una primera con la introducción de nuevos ingresos
para el sistema a través de impuestos sobre los generadores en aquellas actividades que pudieran tener un impacto medioambiental superior como eran el carbón, el gas, la generación y los residuos nucleares; en segundo lugar, creando un marco de
reducción de costes en el sistema impidiendo la entrada de nuevas tecnologías que incrementaran los costes del mismo. En la segunda fase de la reforma, a partir del año 2013, se elabora una nueva Ley del Sistema Eléctrico que genera estabilidad al
sistema, que consigue cuadrar las cifras y que permite que la parte regulada no sea el principal problema para los consumidores españoles. Esa reforma es enormemente compleja desde el punto de vista técnico, porque se han revisado todas y cada una
de las actividades y toda su remuneración; por lo tanto, en la ley se sustentan todas las actividades financieras del sistema eléctrico y todos los sistemas de retribución con un nivel de detalle que hasta entonces no se había producido. En
segundo lugar, el
desarrollo de un gran número de reales decretos y órdenes ministeriales. La mayor parte de estas ya han sido aprobadas, ya están en el Boletín Oficial del Estado, tanto en lo que se refiere a la retribución de las actividades de
distribución como a las actividades de transporte y a las energías renovables. También el nuevo marco de interrumpibilidad ha sido aprobado y quedan pendientes, están en elaboración en continuo diálogo con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia decretos de carácter más técnico referidos a suministro, autoconsumo, algunas cuestiones de carácter técnico y pagos por capacidad y otras de carácter técnico dentro del sistema eléctrico.
Nos encontramos con problemas importantes en el sistema gasista. El déficit acumulado a final del año pasado alcanzaría los 600 millones de euros y, como en el caso de la electricidad, se había producido también un incremento en las
infraestructuras muy por encima de lo que demandaba el país, un incremento en las inversiones de infraestructuras al que, como la demanda no creció luego como estaba inicialmente previsto, ya que se sobreestimó la capacidad de crecimiento de la
economía española, ahora hay que hacer frente al pago de las mismas. De acuerdo con el sector se llevó a cabo una profunda reforma del sistema de retribución equivalente a la del sistema eléctrico, también analizando todas y cada una de las
actividades de distribución, de transporte, de regasificación y de almacenamiento, y en todas ellas realizando los ajustes adecuados para tener una retribución conforme a una actividad de bajo riesgo como es la actividad energética regulada en la
que las empresas tienen que realizar su función y garantizar el suministro, pero tienen que hacerlo al mismo tiempo en un contexto en el que no tienen que buscar clientes y con nivel de competencia limitado en el caso de las actividades reguladas.
En ese sentido, se aprobó en julio de este año la reforma gasista en lo que se refiere a su aspecto retributivo mediante decreto-ley que ha sido convalidado por esta Cámara y quedan pendientes reformas puntuales importantes en la Ley de
Hidrocarburos que el Consejo de Ministros presentará en breve a esta Cámara.
Por lo que se refiere al sector de hidrocarburos líquidos, es decir, al sector de las gasolinas y gasóleos, en marzo del año pasado se realizó una reforma en profundidad, rompiendo buena parte de los vínculos entre las principales empresas
comercializadoras y las gasolineras. Esto está teniendo como consecuencia un aumento de la competencia en el sector de las gasolinas que cada vez repercute las bajadas de precios de manera más rápida al consumidor final. Ya se está notando en los
surtidores de gasolina la reducción de precios consecuencia de la reducción de los precios del petróleo y de los precios internacionales de gasolina y gasóleo que se están observando en los mercados internacionales. Queda para los próximos meses
pendientes en el ámbito de la secretaría de Estado también remitir a esta Cámara una nueva Ley de Minas cuyo objetivo es la actualización de un marco que tiene una antigüedad muy alta -la Ley de Minas es del año 1973 y necesita ser adaptada al marco
actual- y, al mismo tiempo, ganar eficiencia en el sector.
Quedan dos cuestiones importantes que van a ser objeto de atención especial por parte de la secretaría de Estado en los próximos meses. En primer lugar, implementar, con la mayor celeridad posible, las conclusiones del Consejo Europeo de
octubre pasado en el que, por primera vez, la cuestión de las interconexiones, tanto eléctricas como gasistas, cobra una importancia fundamental y se liga a la cuestión de las energías renovables. El Consejo Europeo, a la hora de fijar los
objetivos para la Unión Europea para el año 2030, en términos de reducción de CO2, de eficiencia energética y de introducción de nuevas energías renovables, por primera vez liga estos objetivos a la existencia de interconexiones y reconoce el
especial esfuerzo que tienen que hacer aquellos Estados miembros como España que están aislados del resto de Europa. Tras una década en que prácticamente esto no se había movido, en el Consejo Europeo no solo se establece una hoja de ruta para ir
terminando con el asilamiento de la península ibérica, sino que también se establece la intervención de la Comisión Europea como garante de que el proceso se va a llevar a cabo de manera eficaz por parte de las instituciones europeas y de todos los
agentes y operadores que tienen que actuar en el mercado europeo, de tal manera que las interconexiones garanticen, por un parte, la creación del mercado interior y, por otra, una penetración a un coste razonable de las energías renovables.
Por último, también dentro de lo que queda de legislatura, del año y unos meses que quedan de esta legislatura, se va a dar especial importancia por parte de la secretaría de Estado a las cuestiones relacionadas con la eficiencia energética.
La mejor energía es la que no se necesita consumir, no es la que se produce con determinadas tecnologías que son medioambientalmente más favorables, aunque sean más cara, el mejor favor que podemos hacer al medio ambiente y, al mismo tiempo, al
bolsillo de los consumidores es que la energía sea lo más eficiente posible o, dicho en otros términos, que podamos seguir manteniendo los niveles de consumo y de producción con menos utilización de energía. Ya se ha producido un cambio importante
en el país, la elasticidad de la demanda de energía a la evolución del
producto interior bruto es más baja de la que existía antes de la crisis, somos un país menos intensivo en crecimiento energético de lo que éramos en el pasado, pero todavía quedan amplios campos en los que actuar. Fundamentalmente hay tres
áreas en las que hay que incidir: la primera es el sector de la vivienda, donde todavía una gran parte de nuestro parque de viviendas es ineficiente desde el punto de vista energético; la segunda es el sector es el del transporte, donde se ha
hecho un esfuerzo en la renovación del parque automovilístico a través de los famosos planes PIVE que se ejecutan a través del IDAE que -como ustedes saben- pertenece a la secretaría de Estado, pero hay que seguir apostando tanto por formas más
eficientes de transporte como por los propios programas de innovación de las flotas, no solo de vehículos particulares sino también de los vehículos industriales. Por último, en el sector industrial, donde proyectos puntuales pueden conseguir
reducciones muy importantes en los consumos energéticos, en el mes de junio, en el mismo decreto-ley en el que se aprobó la reforma del sistema gasista en su aspecto retributivo se creó el Fondo de eficiencia energética, con una obligación por parte
de todas las empresas comercializadoras de aportar fondos al mismo. El Fondo de eficiencia energética, que se va a nutrir tanto de fondos comunitarios como de fondos de las empresas y de aportaciones públicas, permitirá movilizar más de 2.500
millones de euros todos los años en eficiencia energética, con el consiguiente ahorro para los ciudadanos españoles.
Paso al segundo punto de la comparecencia, el que hace referencia al Marco de actuación para la minería del carbón. Hasta el 1 de enero de 2011 el sector de la minería del carbón estuvo apoyado por un régimen de ayudas establecido con el
acuerdo del Reglamento 1407/2002, del Consejo de la Unión Europea. A partir de esa fecha la Decisión 2010/787 de la Unión Europea cambió la orientación de las ayudas, pasando a ser desde entonces ayudas destinadas a facilitar el cierre de las minas
de carbón no competitivas. Al comienzo de esta legislatura había un marco para la actuación para la minería del carbón, el Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006-2012, que planteaba un gran número de cuestiones y de dudas para las
autoridades comunitarias respecto a su finalidad última y su ejecución. En el año 2013 se iniciaron conversaciones con las empresas mineras, las empresas eléctricas y las organizaciones sindicales más representativas del sector para la aprobación
de un nuevo marco de ayudas que se acomodara a la nueva regulación comunitaria establecida por la Decisión 2010/787. Ese acuerdo se alcanza por todas las partes el 1 de octubre de 2013, fue firmado tanto por las organizaciones empresariales como
sindicales y se invitó a seguir dialogando con las empresas eléctricas en lo que se refería a la parte energética del marco de la minería. Se firmó, así, el 1 de octubre el Marco de actuación para la minería del carbón en las comarcas mineras para
el periodo 2013-2018. El objetivo del marco era, por una parte, establecer un régimen transitorio que fuera adaptando suavemente la minería del carbón nacional hacia una minería competitiva, que pudiera funcionar más allá de 2018 y que pudiera
competir en situación de igualdad con otras tecnologías o con otros minerales procedentes de otras partes del mundo. Por otra parte, para aquel caso en el que la explotación no pudiera continuar porque, aunque se hicieran los ajustes pertinentes no
alcanzara los niveles de competitividad adecuados, tenía de plazo 2018 para ir adaptándose. Se crea un marco de protección social muy importante por el Real decreto de prejubilaciones y de asistencia a los trabajadores y además se introducen
figuras nuevas como ayudas específicas para la restauración medioambiental de aquellas actividades mineras que no puedan seguir operando.
El plan prevé una producción de carbón nacional muy importante que seguirá existiendo durante los próximos años. Hay que entender que el carbón nacional en muchas ocasiones compite bien con el carbón internacional, y en cualquier caso es
una forma de producción de electricidad adecuada y más barata que la proveniente del gas a través del ciclo combinado. Por lo tanto, siempre tendrá un hueco dentro del mapa térmico español. El objetivo del plan se ha cumplido en su mayor parte.
Se han aprobado las órdenes ministeriales y los reales decretos de las ayudas correspondientes, así como todas las ayudas hasta el año 2013, y están a punto de ejecutarse las correspondientes al año 2014. Por el Real Decreto 676/2014, de 1 de
agosto, se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinados a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de empresas mineras del carbón. Se aprobó la Orden ministerial 1158/2014, de 30 de
junio, sobre las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo. Se ha aprobado asimismo el Real Decreto 675/2014, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de
las comarcas mineras del carbón mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas. Es decir, se sigue apoyando la creación de infraestructuras y -esta es la novedad- se apoya de forma
consistente la restauración de las unidades mineras cuya operación vaya a cesar. Por último, la Orden ministerial 594/2014, de 10 de abril, establece las bases
reguladoras para los ejercicios 2013-2018 de las ayudas destinadas a cubrir los costes excepcionales que se produzcan o se hayan producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón.
Como ustedes conocen, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado se ha dotado en cuantía más que suficiente el Plan de la minería y, por tanto, todo hace prever que en principio el sector de la minería del carbón, con sus ajustes
correspondientes y sus altibajos desde el punto de vista empresarial, va a seguir operando y cumpliendo con los objetivos fijados por el plan. Este año, en el que en la primera parte ha habido una gran cantidad de producción de energías renovables
que ha desplazado al resto de tecnologías, sobre el decreto de restricciones inicialmente previsto, sobre la orden ministerial que lo desarrolla, se va a cumplir el 70 o 75 % del plan, según las estimaciones de Red Eléctrica en cuanto a producción y
consumo del carbón nacional.
Paso al punto siguiente de las comparecencias que han pedido sus señorías para informar sobre los movimientos sísmicos que se están produciendo en las costas de Castellón y en las comarcas catalanas de Tarragona. Permítanme hacer un breve
repaso de cuál ha sido la evolución del almacenamiento, cuáles son las medidas que ha tomado el Gobierno y la situación en la que nos encontramos en este momento. El 31 de enero de 2006 la empresa Escal UGS solicita la concesión de explotación del
almacenamiento subterráneo de gas natural denominado Castor. Repito, la fecha de cuando se inicia la petición de la concesión de explotación es 2006. Hay que recordar que Castor está situado sobre un antiguo yacimiento de petróleo que fue
explotado en su momento por varias empresas petrolíferas. Una vez vaciado es parte del dominio público, ya que el subsuelo es dominio público y más aún cuando se encuentra en la zona económica exclusiva o en las aguas territoriales españolas. Por
lo tanto, lo que se hizo en su momento fue una petición de otorgar una concesión administrativa para utilizar ese almacenamiento -que era un antiguo almacenamiento de petróleo- como almacenamiento de gas y para construir sobre él las
infraestructuras correspondientes, que es una gran plataforma encima del almacenamiento; plataforma con bombas que inyectan y extraen gas del almacenamiento y una terminal en tierra conectada con la red de gasoductos de la Península. El 5 de junio
de 2008 se otorga la concesión por el Real decreto 885/2008, de 16 de mayo, es decir, el almacenamiento fue concedido por el Gobierno de entonces, hace seis años. El 5 de julio de 2012 se emite el acta de puesta en servicio provisional para el
conjunto del almacenamiento. Es decir, cuando comienza esta legislatura el almacenamiento ya está construido con todas sus plataformas y la infraestructura ejecutada. Es en esa fecha de 5 de junio de 2008 cuando se reconocen los costes de Castor,
en torno a 1.200 o 1.300 millones de euros. Castor comienza a funcionar con una puesta en marcha provisional porque lo primero que tiene que hacer es inyectar el denominado gas colchón, es decir, el gas mínimo de operación para que el
almacenamiento pueda funcionar. Ese gas colchón se va introduciendo dentro de la cavidad entre julio y septiembre del año 2013. Repito, se empieza en julio y en septiembre son ya unas inyecciones de un nivel relativamente importante. Se introdujo
solo una parte del todo el gas colchón y en ningún momento se superaron las presiones para dar el gas que estaba previsto. Unos días después de empezar la inyección del gas en la cavidad, en el almacenamiento, se empiezan a producir movimientos
sísmicos de magnitud baja, y por baja quiero decir por debajo de 2 o 2,5, apenas perceptibles y que son enormemente comunes en todo tipo de obra pública, parecidos a los que se producen en una obra del metro, al llenar una presa o en cualquier tipo
de obra de gran magnitud en la que se mueve el subsuelo y los movimientos tienen un carácter de asentamiento. Hasta ahí el funcionamiento de la instalación parece ser normal. Sin embargo, a partir del día 29 septiembre se empiezan a producir
movimientos sísmicos de magnitud superior: 3,5, 3,8, hasta 4,2, que es la máxima magnitud que se detectó en la zona. Esto ya no podía deberse al asentamiento del terreno, no podía deberse a movimientos microsísmicos normales en este tipo de
instalaciones, sino que tenía que deberse a que se estaban produciendo movimientos de fallas tectónicas que estuvieran presentes y que fueran conocidas o desconocidas en el momento de realizar la obra. Con carácter inmediato, en cuanto se producen
estos movimientos, por parte del Ministerio de Industria se ordena a la empresa operadora de la instalación el cese inmediato de cualquier actividad hasta que se conozca cuál es el origen de los movimientos y se piden informes técnicos al Instituto
Geográfico Nacional y al Instituto Geológico Minero como expertos de la Administración para poder entender qué es lo que estaba ocurriendo.
Como ustedes pueden entender, simultáneamente se creó un comité de crisis formado por varios ministerios encabezados por esta secretaría de Estado, en el que participaron: el Ministerio del Interior; el Ministerio de Economía, en cuanto
responsable de la parte tecnológica y científica; el Ministerio de Fomento, en cuanto responsable del Instituto Geográfico, que es el que mide los movimientos sísmicos que se producen en España, y Presidencia. Además, había una coordinación
continua con las delegaciones
del Gobierno y conversaciones muy frecuentes con la Generalitat de Catalunya y la Comunidad Valenciana. Pasados unos días tras suspenderse las operaciones, se fueron remitiendo los movimientos sísmicos hasta volver a una estabilidad normal
en la zona, la que tenemos en estos momentos. De los informes del Instituto Geográfico y del Instituto Geológico se deriva que existe una relación causal entre las inyecciones de gas y los movimientos de las fallas tectónicas. Con la información
disponible y con toda la que pudieron acumular durante los días en los que se produjeron los movimientos, los informes han intentado cerrar al máximo posible el lugar exacto en el que se producían los movimientos, pero hay que entender la dificultad
de lograrlo teniendo en cuenta que es una instalación que está a 20 kilómetros de la costa y a varios miles de metros de profundidad. Por lo tanto, existe un área de incertidumbre sobre cuál es el lugar concreto donde se producen cada uno de los
movimientos, a pesar de que se intentó realizar todas las medidas relacionadas con la medición necesarias para conocer esto.
Los informes no logran aclarar -y esto necesitará un análisis muy pormenorizado, seguramente de meses o años por parte de los mejores expertos con los que ya hemos contactado- si inyecciones posteriores generarán o no nuevos movimientos
sísmicos y de qué magnitud. Porque puede ocurrir que la falla se haya descargado o puede ocurrir que no y el riesgo es elevado. Evidentemente, no se puede tomar ninguna decisión sobre nuevas inyecciones hasta tener una idea lo más clara posible de
si poner en marcha la instalación va a generar o no nuevos movimientos sísmicos. Hasta entonces, hasta que se tenga toda la información disponible, la instalación permanecerá hibernada. Y si la información que se obtenga no es suficiente para
garantizar al cien por cien la seguridad de todos los ciudadanos y de todos sus bienes materiales, esa instalación no operará. ¿En qué situación estamos ahora? La situación en la que estamos ahora viene determinada por el real decreto-ley que se
acaba de aprobar sobre Castor, en el que se intenta dar una solución, tanto financiera como técnica, a la situación que se nos plantea. Como digo, es una instalación que no estaba operando como inicialmente se había previsto porque produce unos
movimientos que no estaban inicialmente contemplados. Simultáneamente, el Estado tenía una serie de obligaciones respecto de la instalación derivadas de su real decreto de concesión y, como recordarán, al principio de esta legislatura el Gobierno
intentó declarar su lesividad en el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo rechazó la pretensión del Gobierno. El marco legal de la instalación es el aprobado en el real decreto de concesión y había que respetarlo, pero al mismo tiempo había que
garantizar la seguridad de las personas y analizar -con el sosiego suficiente, con toda la información disponible y con los mejores expertos internacionales- el futuro de Castor sobre el que no se puede tomar una decisión en este momento.
El real decreto-ley toma las siguientes medidas: Primera, se hibernan las instalaciones, esto quiere decir que no pueden operar, ni van a operar y se mantienen al mínimo indispensable para que no se estropeen. No se va a realizar ninguna
operación con Castor, ni se va a inyectar gas, ni se va a extraer el gas que está allí situado. Esto se hace con el objeto de disponer del tiempo suficiente para realizar todos los estudios necesarios y al mismo tiempo permitir analizar con
profundidad cuáles son las consecuencias tanto de su cierre definitivo como de su puesta en marcha. Segunda, el real decreto-ley extingue la concesión administrativa porque había renunciado la empresa operadora. Hay que recordar que uno de los
derechos que se le otorgan en el real decreto de concesión es que la empresa operadora puede renunciar en cualquier momento y una vez que lo hacía tenía derecho al pago del valor residual, que es estrictamente lo que se les ha pagado; es decir, lo
que invirtieron menos lo que ya se había amortizado en los pagos provisionales realizados según el real decreto correspondiente. Esto tiene como consecuencia que la empresa concesionaria pierde la retribución del 8,5 % más la revalorización de
activos que tenía hasta entonces. Es cierto que se le paga el valor residual pero no es menos cierto que desaparece la retribución que se había fijado en los reales decretos de retribución. Hay que recordar que esa retribución del 8,5 % fue
recortada respecto a la concesión original otorgada en el año 2008.
¿Qué hace la concesionaria con el valor residual de la inversión que se le paga? ¿Qué hace con los fondos que recibe? Se destinan íntegramente al pago de la deuda de la instalación, que estaba en manos en su mayor parte del Banco Europeo
de Inversiones. El real decreto-ley acepta la renuncia a la concesión que había realizado la empresa, paga estrictamente lo que estaba establecido en el real decreto de concesión -el Gobierno está vinculado por ese real decreto-, no recibe ninguna
compensación adicional, no recibe retribución financiera y el pago se destina íntegramente al pago de la deuda que tenía acumulada a través de un grupo de bonistas cuyo agente financiero principal era el Banco Europeo de Inversiones. ¿Cuánto le
cuesta esto al consumidor gasista? Castor, tal y como estaba previsto -hoy existen grandes dudas sobre su necesidad y más aún al coste en que se ejecutó-,
le hubiera costado al consumidor gasista alrededor de 230 o 240 millones de euros anuales. Ahora mismo, Castor no le cuesta nada al consumidor de gas porque está hibernado, está parado y no hay retribución alguna al respecto. Sí hay que
pagarles a aquellos que nos han prestado el dinero para hacer frente a la obligación financiera con la concesionaria. Como el tipo de interés es mucho más bajo y el plazo mucho más largo, para el consumidor gasista el coste de Castor después del
real decreto-ley es unos 100 millones más bajo que antes de su entrada en vigor. Es decir, la retribución provisional o la definitiva que hubiera tenido la instalación de estar funcionando era casi el doble de la que hubiera tenido de no estar
funcionando y con el real decreto-ley aprobado.
Con el marco jurídico que teníamos -que, como les digo, procede de la legislatura anterior- y una vez que el Tribunal Supremo lo confirma, esta era la mejor alternativa. Reduce los costes para el consumidor, los ciudadanos de la zona de
Castellón y Tarragona van a tener la más absoluta seguridad de que la instalación no se va a poner en marcha otra vez si no se garantiza al cien por cien su seguridad y mientras, la instalación se hiberna con un coste muy bajo para analizar sus
consecuencias. Ahora mismo no existe información suficiente para su cierre definitivo. Hay que recordar que hay 300.500 millones invertidos en la instalación, por tanto hay que estar muy seguro de que su cierre definitivo se puede llevar a cabo
sin tener ningún coste para el sistema, si es que existen las condiciones de seguridad. Tampoco se puede abrir sin garantizar al cien por cien su seguridad, sin hacer todos los análisis técnicos correspondientes. Por lo tanto, la solución adoptada
ha sido hibernarlo, analizarlo y buscar una solución financiera que tenga el menor impacto posible sobre el consumidor gasista.
Paso al último punto por los que se me ha pedido comparecer por parte de sus señorías, relativo al procedimiento y calendario a seguir para la ejecución en el menor tiempo posible de la sentencia del Juzgado Central de lo
Contencioso-administrativo número 4 de Madrid, en el que se estima el recurso interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias para el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, por el que se suprimían las ayudas al
desarrollo de infraestructuras en las comarcas mineras. Señorías, el día 28 de octubre de 1013 el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 4 emitió la sentencia 343/13, por el procedimiento seguido a instancias del Gobierno del
Principado de Asturias contra el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Principado solicitaba fundamentalmente el pago de las cantidades que consideraba adeudadas por las ayudas correspondientes a las actuaciones en materia de
infraestructuras en las comarcas mineras. Estas actuaciones, instrumentadas por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, constituye uno de los ejes principales de los sucesivos
planes del sector. Las condiciones para la concesión de estas subvenciones se detallan en convenios suscritos con carácter específico para cada proyecto y dentro de un convenio marco con la comunidad autónoma. El Ministerio de Industria
consideraba en términos generales, en relación con los convenios cuyo pago parcial o total era objeto de recurso, que se había producido un incumplimiento de las obligaciones de ejecución y justificación en los plazos previstos y, por ello, de los
términos de subvención, de modo que no se procedía al abono de cantidad alguna, conforme a lo previsto en la Ley General de Subvenciones.
Conviene precisar que los referidos incumplimientos eran la base de la actitud denegatoria del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, no el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, al que se alude en la solicitud de
comparecencia. Quiero dejar esto bien claro, el motivo por el que no se hace frente a los pagos solicitados por el Principado de Asturias y otras comunidades autónomas no es el acuerdo del Consejo de Ministro, que en todo caso salva aquellos
convenios que estén en vigor, sino porque había algún elemento en el desarrollo del expediente que hacía imposible su pago, bien porque no se había presentado la documentación en tiempo y forma o bien porque no se había justificado con documentos
fehacientes que se habían realizado las infraestructuras objeto del pago por parte del Ministerio de Industria. Dicho acuerdo se limitaba a declarar la indisponibilidad de determinados créditos de los Presupuestos Generales del Estado de 2011, en
el contexto de la prórroga de los mismos para el año 2012, sin que ello suponga suprimir las ayudas al desarrollo de infraestructuras de las comarcas mineras. En efecto, el crédito restante, dado el ritmo habitual de ejecución de los proyectos,
hubiera bastado para atender los compromisos de gasto que se hubieran justificado debidamente en el año 2012. La referida sentencia estimaba en parte el mencionado recurso del Principado, en el sentido de declarar obligatorio por el órgano
administrativo competente, es decir, el instituto, determinar en cada caso las incidencias que concurran en la ejecución de los convenios de elaboración litigiosos, con identificación de los posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el
pago de las cantidades que, en su caso, procedan. Por tanto, a lo que obliga la sentencia no es al pago, sino a que el ministerio en cada caso y en
cada convenio justifique el impago, expediente administrativo por expediente administrativo, y establezca dónde se ha producido el incumplimiento y por qué; identificarlo y, en el caso de que no se haya producido tal incumplimiento,
proceder al pago.
La sentencia, que fue recurrida por la Abogacía del Estado, es confirmada por la Sala de lo Contencioso-administrativo, sección cuarta de la Audiencia Nacional, el día 16 de abril de 2014, es decir, hace seis meses. Desde entonces el
ministerio ha pedido, por una parte, información al Principado de Asturias sobre aquellos convenios que considera que no han sido cumplimentados. La información nos ha llegado en los últimos meses y se están analizando todos y cada uno de los
expedientes. Realmente están siendo vueltos a analizar, porque fueron ya analizados en primera instancia. A la luz de la sentencia, están siendo vueltos a analizar para concretar nuevamente en cada uno de ellos si cumplen con los requisitos para
poder realizar el pago o si no cumplen con los requisitos. En esa situación estamos. Que no quepa ninguna duda a sus señorías que, si del análisis del Instituto de la Minería del Carbón -que es exactamente a lo que nos obliga la sentencia- se
deriva que haya habido algún error por nuestra parte y alguno de los convenios tenga que ser pagado, se pagarán en su totalidad. No así en aquellos en los que el instituto, la Secretaría de Estado de Energía y el Ministerio de Industria sigan
considerando que no se han cumplido todos los trámites para llevar a cabo el libramiento de los pagos; como ustedes comprenderán, si consideramos que no se han cumplido los trámites para otorgar una subvención, no podemos otorgarla. Lo que estamos
haciendo es revisarlos todos, de uno en uno, todos aquellos que han sido reclamados por el Gobierno del Principado de Asturias, analizarlos con detalle para dar una respuesta definitiva. Tendremos una respuesta definitiva en las próximas semanas o
meses. Quiero repetir que a lo que nos obliga la sentencia en el fondo es a revisar los convenios, no a pagarlos; nos obliga a pagar aquellos en los que, una vez revisados, veamos que tiene razón el Principado.
El señor PRESIDENTE: A continuación, es el turno de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor secretario de Estado, siempre resulta positivo escucharle en una comparecencia ante esta Comisión, porque la Secretaría de Estado bajo su responsabilidad tiene un amplio abanico de competencias. A veces el
encorsetamiento en el trabajo parlamentario impide hacerle llegar las consideraciones que estimamos oportunas y queremos pedirle que nos proporcione información tal y como se la voy a ir demandando a lo largo de mi intervención e incluso, por
iniciativa propia, puede solicitar comparecencias para hablar de temas que no se han tocado. Por ejemplo, se ha sustituido el sistema de subastas para la fijación de precios. Qué gran tema de interés social, qué gran tema para tener un debate.
Usted, en el ejercicio de su responsabilidad gubernamental, hará lo que estime oportuno, pero sería deseable que solicite la comparecencia ante esta Comisión para hablar precisamente de ese tema antes de que finalice el año para que en el año nuevo
comience una nueva maquinaria retributiva.
El Grupo Parlamentario Socialista solicitó su comparecencia para hablar precisamente del sistema minero en su conjunto. Es suficientemente sabido que el día 1 de enero próximo termina la obligación de comprar mineral español, lo que puede
llevar a la clausura de minas en Asturias, en León o en Aragón. Se ha dicho en distintos medios de comunicación que las compañías eléctricas más relevantes de nuestro país han comunicado al ministro que se verán obligadas a cerrar centrales
térmicas de carbón si el ministerio no aprueba un plan a largo plazo que permita rentabilizar las ingentes inversiones a las que se les obliga ahora desde la Unión Europea en la línea de reducir emisiones contaminantes a la atmósfera. Estamos
viviendo una situación en la que, por un lado, las eléctricas y, por otro lado, el ministerio, tienen que adoptar decisiones, y usted ha indicado algunas de las rutas. Nosotros creemos que la producción de carbón español está amenazada. Creemos
que las centrales que queman carbón español para generar electricidad son relevantes en la economía de nuestro país y que es relevante también la cantidad de carbón que importan procedente de otros países. En concreto, el año pasado el 15 % de
media -si los datos no son incorrectos- de la energía eléctrica consumida en España fue producida por un fenómeno de interconversión energética que tiene su origen precisamente en el carbón. Sabemos que la producción está en peligro, sin duda
alguna, que hay que articular medidas que sustituyan la obligatoriedad de las eléctricas de comprar carbón español. El motivo, sin duda alguna también, es la vigilancia que ejerce la Unión Europea, de la que no podemos escaparnos -lo digo
metafóricamente-, que amenaza con considerar ayudas de Estado precisamente aquellas que proporciona el Estado español. Por eso, a partir
de enero del año próximo, las eléctricas teóricamente tendrán libertad para comprar carbón allá donde estimen oportuno.
Esta temática vincula a las minas de carbón español, a las centrales eléctricas y al consumidor. Las principales compañías que están radicadas en España tienen centrales con una tecnología diseñada precisamente para ese consumo. Por eso,
preocupados por esta materia, como han puesto de manifiesto fundamentalmente diputados del Grupo Parlamentario Socialista de aquellas comarcas netamente mineras, desde hace varios meses se vienen presentando una serie de consideraciones y preguntas
dirigidas al Gobierno en los distintos niveles en los que puede ejercer un parlamentario. Me voy a tomar la libertad de leerles una que se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados el día 23 de octubre. Le haré unas breves
reflexiones y después un conjunto de preguntas. Dentro de las reflexiones, el día 1 de enero de 2015, como ya he dicho, finaliza la vigencia del sistema actualmente en vigor. A partir de esta fecha, tanto la generación eléctrica con carbón
nacional como la producción de mineral y el precio del mismo formarán parte del ámbito de gestión de las empresas implicadas: por un lado, como he reiterado en varias ocasiones, las eléctricas, y por otro, las empresas mineras. Aquí aparece Red
Eléctrica, de la que sorprendentemente nunca se habla en las Cortes Generales, imputable a los diferentes grupos parlamentarios, porque Red Eléctrica ha tenido un encargo y fruto del mismo está trabajando para establecer un procedimiento que
permita, a partir del 1 de enero próximo y sin costes adicionales para el sistema eléctrico, mantener un hueco térmico suficiente para el carbón nacional -este es un aspecto fundamental y es donde está la clave- dado su carácter de único combustible
autóctono -no hablemos ahora de las renovables, que también el sol y el viento nos la pueden proporcionar, son desde luego elementos autóctonos a nuestro alcance- capaz de contribuir a la seguridad del suministro en casos excepcionales.
Teniendo en cuenta los datos históricos de generación eléctrica con carbón y la producción actual estimada de mineral, se considera suficiente una participación del carbón nacional -esto es orientativo y discutible, como es obvio- del 7,5 %
en el mix de generación medido en términos anuales. Dado que nos encontramos a mes y medio de ese 1 de enero, le planteamos preguntas como las siguientes: ¿en qué situación se encuentran los trabajos de Red Eléctrica con la intencionalidad de
obtener precisamente o de delimitar ese hueco térmico en el que se establezca qué porcentaje se le proporciona al carbón? En segundo lugar, ¿qué gestiones está haciendo el ministerio para asegurar la producción de energía eléctrica con carbón
nacional? Usted ha dicho algunas, pero yo estimo que hay otras. ¿En qué situación se encuentra el cumplimiento del aún vigente Real Decreto 134/2010, de consumo de carbón autóctono por las correspondientes centrales térmicas? ¿Qué medidas piensa
adoptar el ministerio en caso de incumplimiento de las previsiones contenidas en ese real decreto sobre restricciones por garantía de suministro de producción, al que hice referencia al comienzo de mi intervención? Así sucesivamente le han
formulado otras preguntas -figuran en el 'Diario de Sesiones' del Congreso de los Diputados- diputados socialistas de las distintas comarcas mineras. Como son muchos los temas que debemos tocar, no me voy a extender más en esta materia.
Pasemos ahora a hablar del Castor unos minutos para que conozca la posición del Grupo Parlamentario Socialista. Usted sabe que en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de convalidación del Real Decreto-ley 13/2014 -que tenía un
título muy extenso al que no me voy a referir ahora- el Grupo Parlamentario Socialista consumismo un turno en contra y votamos en contra de la convalidación, cosa que hicieron todos los grupos parlamentarios excepto el Grupo Parlamentario Popular y
que les debería llevar a pensar. Lo hicieron con razonamientos muy dispares, pero algunos de ellos son dignos de ser tenidos en consideración. Sin duda alguna con el Real Decreto 855/2008 el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero
acordó la adjudicación. Se trata de un real del decreto integrado por 14 artículos y sin duda alguna el artículo 14 es discutible, pero con la misma metodología procedimental por la cual se adjudicaron anteriores estudios por distintos Gobiernos.
¿Dónde tiene su origen? Señor secretario de Estado, en la intervención de la sesión plenaria este diputado puso de manifiesto que los primeros estudios que empiezan a realizar una serie de empresas por petición del Gobierno español tuvieron lugar
en el año 1997 por encargo del ministro Piqué, del ministro Rato y naturalmente de aquel Gobierno. ¿Nos vamos a estar flagelando permanentemente y buscando el origen? Este es un error intelectual que no conduce a nada. La realidad es que la
empresa Eurogas/Dundee estuvo buscando durante siete años, por mandato del Gobierno, un fondo marino en el Mediterráneo, frente al litoral del Mediterráneo español, es decir, desde Girona hasta prácticamente la provincia de Málaga -en fin, en aguas
territoriales españolas, dentro de las 12 millas-, un lugar idóneo para la construcción de un depósito submarino. ¿Y este diputado
está criticando la decisión? No, porque probablemente el consumo de gas, el déficit en ubicación de almacenamiento de gas que tenía España y que sigue teniendo -lo que ocurre es que el consumo de gas fue disminuyendo y no ha sido ahora tan
alarmante- nos ha llevado a la búsqueda de lugares con cierta curiosidad tecnológica como este. Se tomó la decisión y se produjo la adjudicación.
El Real Decreto-ley del año 2013 contiene aspectos muy controvertidos. En primer lugar, creo que se puede cuestionar con carácter general que el Estado debería haber agotado todas las vías jurídicas antes de reconocer de una manera integral
y reforzada la totalidad de la inversión al concesionario, porque aunque con la información disponible creemos que se debe descartar el dolo -eso que quede claro-, lo cierto es que la instalación no se ha llegado a entregar en condiciones de
operación segura y por mucho que se trate de un proyecto planificado por el Estado y con retribución regulada y reconocida, el sistema concesional no debería implicar, al menos inicialmente, que el concesionario no asume riesgo alguno en la
operación. En otras palabras, si el Estado debe asumir sin más el coste íntegro si la concesión se extingue, ¿no hubiese sido mejor que la hubiera ejecutado directamente el Estado? Este es un tema discutible. Además no se debe olvidar que este
proyecto ha sufrido una hiperinflación de costes -repito, hiperinflación de costes- desde sus comienzos, que solo cuando ya eran muy elevados fueron limitados regulatoriamente por el Gobierno. Concretamente, señor secretario de Estado, en la
memoria que acompaña al Real Decreto-ley de 2013, que ha entrado en el registro del Congreso de los Diputados y que hemos estudiado, se pone de manifiesto en la página 69 -y específicamente este diputado lo puso de manifiesto en su intervención en
la sesión plenaria, en representación de su grupo parlamentario, en el acto de convalidación del real decreto-ley- que el proyecto pasa de 491 millones de euros a 894,5 millones de euros para terminar posteriormente en 1.179 millones de euros.
Podemos explicar la inflación endógena con muy distintos razonamientos. Nosotros creemos que, al menos en parte, por los incentivos perversos que se generan cuando el titular de la concesión subcontrató permanente y reiteradamente para la
construcción a empresas del mismo grupo empresarial. Curiosamente la obligación introducida por el Gobierno de que las partidas mayores fueran adjudicadas con mecanismos de concurrencia y auditadas llegó cuando los costes ya habían alcanzado los
1.179 millones de euros que acabamos de indicar. Son muchos más los razonamientos que podemos poner encima de la mesa para justificar de nuevo lo que ha sido la posición política del Grupo Parlamentario Socialista en esta materia.
Desde luego queremos dejar claro que este es un problema que sin duda alguna tiene la Administración General del Estado y que hay que procurar la mayor claridad posible. Por eso, señor secretario de Estado -y usted ha hecho una serie de
afirmaciones que ojalá estén suficientemente fundamentadas, espero que no sean solo afirmaciones de naturaleza política-, le solicito que nos proporcione la memoria económica y financiera en la que se soportan las afirmaciones que usted acaba de
hacer desde la perspectiva de la reducción de costes a los consumidores, que son particulares y empresas. Esa memoria económica no es la que acompañaba al real decreto-ley. El real decreto-ley entró en vigor un sábado 4 de octubre y se le dio a
Enagás un plazo de treinta y cinco días hábiles para que produjera la materialización de los 1.700 y pico millones de euros. Este tema, tal como cobran hoy en días las empresas, puede ser objeto de un debate muy extenso.
Si el señor presidente me permite -se lo ruego, porque son las doce y diez y faltan representantes de muchos grupos parlamentarios-, en aras de la riqueza de este debate, hay dos o tres temas relevantes para la ciudadanía de los que merece
la pena hablar. Curiosamente, hoy tengo la tensión arterial un poquito alta y no quiero enfadarme. Le ruego al señor presidente que me permita continuar porque hay temas relevantes, solo dos o tres minutillos más.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, si todos los grupos parlamentarios planteasen utilizar el tiempo de los grupos que no vienen, estaríamos triplicando el tiempo. Le ruego, en aras además de su tensión, que concluya lo antes posible, por
favor. (El señor Sánchez Díaz: ¡Media hora!-Risas).
El señor SEGURA CLAVELL: Don Ovidio, no me haga enfadar. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Hemos tocado el tema del carbón y el asunto de Castor. Señor secretario de Estado, hay aspectos muy relevantes en algunos temas de los que usted ha hecho aquí unas afirmaciones hiperbólicas. Esto era como en
aquella época de las oposiciones. Había un ejercicio para oposiciones que era el ¡mecachis, qué guapo soy! Es decir, ¡qué bien lo estamos haciendo! Usted acaba
de afirmar, por ejemplo, en materia de combustible -el que consumismos todos los días cuando vamos a la estación de servicio con nuestro vehículo-, que está bajando su precio. Sin embargo, no se refiere al bajón de precios que están
experimentando el crudo y el barril. Hay una realidad: en septiembre pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dice textualmente en su informe, que está colgado en la página web -se lo leo-: 'España continúa en los puestos más
altos de la Unión Europea', no se estaba refiriendo a la Champion Ligue; se estaba refiriendo a los precios del crudo 'no produciéndose variaciones relevantes en cuanto a su posición en el ranking de precios respecto del mes anterior'. Yo creo que
es una contradicción entre lo que dice oficialmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el ¡mecachis, qué guapo soy! -no usted, estoy hablando metafóricamente de aquellos ejercicios de oposiciones-, el ¡qué bien hacemos las
cosas!
Por último, para satisfacción del presidente del Gobierno... Perdón, quería decir del presidente de la Comisión. ¡Vamos, vamos! Es que lo veo en Canarias lanzado y por eso me ha salido así. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Concluyo, pero usted no lo está pasando mal, señor presidente.
Sería muy bueno, señor secretario de Estado, que nos hablase de algo que está saliendo en los medios de comunicación recientemente y que genera cierta preocupación. Se lo digo con toda sinceridad: que se reduzca a cero el déficit tarifario
es un desiderátum que sería muy positivo para nuestro país. A día de hoy, que si no me equivoco es 11 de noviembre de 2014 -y puedo estar equivocado, ruego que me corrijan-, existe un desfase de 3.511 millones de euros con respecto a la previsión.
Eso lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en el informe vinculado a la liquidación número 8 arroja un resultado que está en 1.200 millones de euros por encima de lo que la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia considera como el escenario que conduciría al déficit cero para 2014. Denos, por favor, los datos a día de hoy vinculados al aspecto al que he hecho referencia.
Con ello, reconociendo la elevada generosidad del presidente de la Comisión, que me tiene impactado, les agradezco que me hayan prestado atención.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero darle la bienvenida y agradecerle las explicaciones al secretario de Estado, señor Nadal.
Voy a intervenir, señor presidente, con relación al tema del que habíamos solicitado la comparecencia como grupo, que es el asunto relativo a la plataforma Castor. Intervengo como portavoz en esta Comisión cuando ordinariamente no lo soy,
en tanto que soy diputado por Tarragona y por les Terres de l'Ebre, haciéndome eco de la inquietud que este tema de la plataforma Castor ha generado entre la ciudadanía.
Usted ha hecho -y se lo agradezco- un repaso histórico de cómo fue la concesión, en qué marco temporal, en qué legislaturas y con qué Gobiernos se realizó. Es cierto que fue un Gobierno socialista el que aprobó el Real Decreto 855/2008, que
recogía una concesión de una explotación de ese almacenamiento y que había también unas contraprestaciones económicas en caso de que se tuviera que indemnizar. Eso se aprobó en su día y, por tanto, es historia, pero historia que nos vincula hasta
el momento presente. Es historia, sí, pero aquello que ocurrió entonces quizá no debía de haber ocurrido. De ahí que desde Convergència i Unió planteemos una primera enmienda a la totalidad a lo que se hizo, ya que se dio una autorización cuando
había informes técnicos -porque aquí los informes técnicos tienen que ser siempre el elemento crucial- que advertían de riesgos en el emplazamiento concreto donde después se construyó la plataforma Castor. Usted ha hecho el relato de cuando se
realizó el llenado de la burbuja, a partir sobre todo del mes de septiembre, y a la aparición de los seísmos de cierta importancia. No diremos seísmos de gravedad, pero sí de cierta importancia, porque son percibidos, causan alarma y causan una
sensación de desamparo a los ciudadanos de la zona. Yo ya tuve ocasión de trasladarle al propio ministro Soria el 9 de octubre de 2013 una pregunta en el Pleno de la Cámara cuando se estaban produciendo esos seísmos. Ya le recordaba entonces uno
de los informes de l'Observatori de l'Ebre, el Observatorio del Ebro. Este organismo científico hacía ocho años que había presentado alegaciones al proyecto. L'Observatori de l'Ebre presentó un informe científico hace ocho años en el que decía que
la inyección en pozos profundos puede causar una modificación en el esfuerzo de las fallas y desencadenar -decía entonces- eventos sísmicos. Se decía también que algunos de estos seísmos pueden ser de pequeña magnitud, pero pueden
ser precursores -decía el informe- de terremotos más grandes. Esto se dijo ya en su día: año 2005, informe del Observatorio del Ebro. En enero de 2007 el Instituto Geológico y Minero de España, el IGME, también validó los informes
técnicos pero dejó patente que, aunque mínima, existía la posibilidad de que la falla Amposta, donde están ubicadas las instalaciones, se reabriera por la presión. De la misma forma, la consultora internacional URS, en mayo del año 2008 -es una
consultora que también está especializada en ingeniería y medio ambiente-, hablaba de la necesidad de estudiar más la actividad sísmica de la zona. Incluso la petrolera Shell, que explotó durante años el pozo en el que se ha inyectado gas, advirtió
a finales de los ochenta que había actividad sísmica en la zona y alertaba de los riesgos del almacén.
Todo este recordatorio es para poner en evidencia la causa de esa enmienda a la totalidad. No se actuó bien; esto es muy fácil también decirlo a toro pasado, pero con la perspectiva de que en el momento que el Gobierno socialista da la
concesión existían ya esos informes que detectaban esos riesgos, se puede ver que no se atendió a los mismos. ¿Ahora qué ocurre? Ahora ocurre que, después de comprobar que hay esa relación de causa-efecto -también quiero dejar claro que el
Gobierno no ha mirado hacia otro lado a la hora de constatarlo-, con esa inyección de gas colchón -un nivel importante de inyección aunque, como decía muy bien el secretario de Estado, sin llegar a niveles más importantes ya se producen esos
seísmos, en principio seísmos menores, pero después alguno incluso ha llegado al 4,2-, interrumpen, estudian y llegan a la conclusión de que esa inyección de gas colchón fue realmente la que ocasionó esos seísmos. ¿Qué le pedimos ahora desde
Convergència i Unió? No nos diga más eso de 'cierre provisional a la espera de'. Aporte a la sociedad, al conjunto de ciudadanos que están esperando una expresión distinta a la de cierre provisional. Afirme cierre definitivo. Tranquilicemos a la
zona, tranquilicemos a la población, no especulemos con que esto quizá pueda volver a ser utilizado y podamos volver a inyectar gas, cuando hemos tenido ya la experiencia desastrosa que hemos tenido. Por tanto, ante esa afirmación suya de cierre
provisional, le pedimos desde Convergència i Unió el cierre definitivo. Y ante esa expresión que usted ha utilizado de hibernación, le pedimos desde Convergència i Unió una expresión distinta, el desmantelamiento, la de ejecutar un plan de
desmantelamiento.
Usted hoy ha hablado -no en el tema del caso Castor, sino en uno previo- de que se iba a impulsar una reforma puntual de la Ley de Hidrocarburos. Yo quiero recordar que la vigente Ley de Hidrocarburos, en su artículo 25, establece que,
entre otros criterios, cuando se solicita la concesión de una explotación el titular del permiso de investigación debe acreditar ante el ministerio el plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones una vez finalizada la explotación, así
como la recuperación del medio. Por tanto, le pedimos compromiso hacia el desmantelamiento -lo han dicho también así el Parlament de Catalunya y el Síndic de Greuges en Catalunya- y la indemnización que deben recibir los afectados -la actividad
pesquera que se ha visto afectada, la actividad turística asociada que se ha visto afectada-, y pedimos asimismo que no se repercuta en la factura mensual de usuarios de gas domésticos, comerciales o industriales, en unos momentos en que los precios
son muy altos. Usted decía que aún van a ahorrar porque va a haber cien millones menos de repercusión. No, es que el pobre consumidor final se encuentra con que algo que no ha funcionado va a seguir pagándolo en su factura de gas por errores
cometidos antes que no tenían que haberse cometido. Por tanto, hay que buscar una fórmula distinta a la repercusión en la factura del consumidor final. Hay muchos consumidores que lo están pasando mal y su Gobierno impugna ante el Constitucional
el Decreto de pobreza energética, como usted sabe muy bien. Déjeme que le traslade que es un escándalo, señor secretario de Estado, que ustedes, a las puertas del inicio del invierno y de los meses más fríos, hayan impugnado ante el Tribunal
Constitucional el Decreto-ley de pobreza energética en Cataluña alegando el 161.2 de la Constitución, con el que saben que el Tribunal Constitucional está obligado a suspender la eficacia de ese decreto-ley. También le quiero trasladar la
indignación de Convergència i Unió ante esa suspensión que ha pedido su Gobierno, no porque la haya acordado el Tribunal Constitucional, no le echemos al Tribunal Constitucional las culpas que son del Gobierno en este aspecto. Esa factura
energética se va a incrementar también por culpa de esa indemnización. Debería haberse buscado una solución distinta.
Como termina ya mi tiempo, le pido lo mismo que le ha pedido el Govern de la Generalitat de Catalunya, que haga públicos todos los estudios e informes que se han encargado o recopilado sobre este proyecto Castor, proyecto fracasado, y todos
los episodios sísmicos que han tenido lugar desde el inicio de los trabajos relativos al proyecto de almacenamiento, y también que se determinen exactamente los costes económicos totales de esta operación. Esto, que se lo ha pedido en acuerdo de
Gobierno la Generalitat de Catalunya, se lo trasladamos también hoy aquí desde Convergència i Unió. Le agradecemos una vez más la información puntual que hoy nos ha dado sobre la investigación que aún se está realizando, que
no ha concluido definitivamente. Pero más allá de eso, lo que debe concluir definitivamente es ese proyecto Castor. El cierre tiene que ser definitivo y no únicamente provisional.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don Guillermo Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Creo que es importante y conveniente que, habida cuenta de la enorme confusión que otros grupos parlamentarios están trasladando a la sociedad española, no solamente en la Cámara sino en toda la sociedad, se le
pueda escuchar a usted y, en vez de escuchar continuamente interpretaciones sobre lo que dice el Gobierno, podamos escuchar lo que realmente dice el Gobierno y cómo con su esfuerzo diario y continuo y el apoyo de este grupo parlamentario estamos
transformando y mejorando la calidad de vida de los españoles, en este caso fundamentalmente en todo lo relacionado con el sistema eléctrico, como a continuación expondré.
Creo que este Gobierno -sería bueno hacer un pequeño balance- ha contribuido a dotar de cierta racionalidad el sistema eléctrico, acompasando los ingresos y los costes y, por tanto, dando viabilidad tanto a las familias, y por consiguiente a
los consumidores, como a quienes invertían en energía eléctrica. Pasaré a continuación a explicar esas políticas que al final han contribuido a llevar a un déficit cero las cuentas eléctricas, pero creo que es importante destacar cuáles son los
errores que nos han llevado a la situación que tenemos actualmente. En este caso me refiero fundamentalmente al Grupo Socialista, que acaba de dejar de gobernar, como aquel que dice, hace dos años y medio y parece que nunca ha gobernado en este
país, cuando escucho hablar al portavoz del Grupo Socialista y a aquellos acólitos que le acompañaron y empujaron en la acción de Gobierno durante siete años y medio.
En primer lugar, una política cargada de prejuicios tecnológicos, una regulación que desordenó absolutamente las plantas con una sobrerretribución y una sobrecapacidad y una planificación claramente errónea de la que eran responsables,
estimando, por ejemplo, un crecimiento de la demanda del 25 % cuando, como todo el mundo sabe, apenas alcanzó el 3 %. Es evidente que este grupo parlamentario no tiene ningún inconveniente en hablar del Transmission System Operator de Red
Eléctrica. Obviamente no tenemos ningún inconveniente. Es más, estamos convencidos de que, ahora sí, están existiendo propuestas creativas que facilitan la operación del sistema, todo ello encaminado a ese déficit cero del que luego hablaré y que
antes ha especificado perfectamente el secretario de Estado, promoviendo mecanismos de estabilidad.
El portavoz del Partido Socialista ha vuelto a hacer alusión a los 3.000 millones. En esta materia es importante -yo sé que el portavoz, señor Segura, tiene dedicación- entender cómo se produce el sistema de pagos, y así comprenderá que el
déficit cero será cero al final del año. No se pueden hacer estos cálculos a mitad del año, puesto que todavía no conocemos los datos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, como él bien sabe. Como bien dice un profesor mío de
dirección financiera, los datos no se discuten, los datos se contrastan. Haremos un pequeño balance que yo creo que es relevante. En el año 2008 la factura eléctrica de una familia media española -por tanto, estamos hablando de una familia con dos
niños que tuviera instalados 3.000 kilovatios y que consumiera unos 3.000 kilovatios hora- se incrementó en un 9,3 %; en 2009, un 10 %; en 2010, un 5,7 %, y en 2011, un 16,5 %, todo ello para acometer una burbuja, de la que luego hablaré, que fue
cimentada y construida por su Gobierno y por las malas políticas energéticas que se desarrollaron en este país, no solamente por ustedes, sino por ustedes y con ayuda de otros grupos parlamentarios que aquí hoy nos acompañan. En el año 2012 también
subió la luz un 6,8 % porque había que reestructurar todo el sistema eléctrico, como antes ha explicado el secretario de Estado y como explicó en su día en la comparecencia de presupuestos, pero en 2013 la factura eléctrica descendió un 3 % en
España y en 2014 acabará descendiendo un 14 %. Por tanto, desde que el Partido Popular empezó gobernar el 20 de noviembre al día de hoy y a fin de año de 2014 el acumulado trasladará una reducción de la factura eléctrica cercana al 0,7 %. (El
señor Ruiz Llamas: No es verdad).
Obviamente, cuando entramos a gobernar en España, lo sencillo, lo habitual, lo que se acostumbraba a hacer por parte de otro grupo parlamentario era incrementar directamente la factura eléctrica y machacar aún más a las pequeñas y medianas
empresas y a los consumidores incrementando la factura, como pasó entre 2004 y 2011, un 67 %. Si cuando el Partido Popular llega al Gobierno y se encuentra ese déficit acumulado de 26.000 millones de euros hubiera continuado la política energética
que dispuso el Gobierno socialista habrían sido 10.000 cada año, si hubiera mantenido ese sistema habríamos tenido que encarecer la factura eléctrica de todos y cada uno de los españoles un 42 %. Eso es lo que no hemos hecho. Lo que
se hizo fue incrementar, mediante un impuesto, la generación eléctrica e incrementar otro impuesto sobre aquella generación que tuviera un combustible que perjudicaba el medio ambiente. Esa es la decisión que este Gobierno ha tomado.
Y por supuesto que han apoyado las energías renovables. He creído escuchar que se hacía una referencia a las energías renovables. Obviamente que es importante que haya energías renovables: reducen nuestra dependencia, son más volátiles
aunque nos permitirían tener una mayor fortaleza en todo el sistema eléctrico europeo. Pero para ello es necesario que haya interconexiones. El proceso para apoyar las interconexiones en toda Europa, y fundamentalmente en este caso desde la
península ibérica hacia el centro de Europa, se inició en 2002, en la Cumbre de Barcelona, gobernando el señor Aznar y el Partido Popular. Desde 2002 a 2011, nada. Hubo consejos europeos y hubo reuniones, pero nada. En el último Consejo Europeo
se empuja a la Comisión Europea a dar solución a los niveles de interconexión de España y Portugal con el resto de Europa y a agilizar y hacer más sencilla, más fácil y por tanto más profunda la penetración de nuestra energía renovable, de nuestra
sobrecapacidad en el resto de Europa. Eso se hace bajo el liderazgo de Mariano Rajoy y con España liderando esa materia de las interconexiones en el Consejo Europeo. No creo que sea una casualidad, además, que hoy mismo ya esté compareciendo el
nuevo comisario de Energía que se llama Miguel Arias Cañete. Sé que ustedes no lo apoyaron en su candidatura, pero creo que es relevante que haya un español que conoce perfectamente las dificultades que tenemos en las interconexiones, que, por
supuesto, no llegan ni de lejos al 10 % requerido.
Por cierto, tampoco oigo hablar nunca de geoestrategia en la energía y me parece que es importante que en esta Comisión introduzcamos esta materia. ¿Nos damos cuenta de la relevancia que tiene que España pueda incrementar hasta un 20 % su
capacidad de interconexión tanto gasística como eléctrica, lo que supondría convertirnos en un eje estratégico clave para toda Europa, habida cuenta de lo sucedido recientemente en el caso del gas con Ucrania? ¿Nos damos cuenta de lo que supone
tener siete regasificadoras a disposición de todo el mercado europeo? Lo que ha conseguido el señor Rajoy, el Gobierno de España, el Partido Popular, es que las interconexiones formen parte de la agenda no solo como algo importante para los
españoles, sino como algo muy relevante para todos y cada uno de los europeos. Me parece que esto también es importante recordarlo. Sé que cuando el Partido Popular y el Gobierno de España hacen cosas que son tan claramente positivas cuesta
reconocerlo, pero es que esta política del siglo XXI -la política nueva, no la vieja política- exige que cuando un Gobierno, tu Gobierno, lo hayas votado o no, hace cosas que mejoran la calidad de vida de los españoles se diga. Porque si no, al
final, estamos siempre aquí en un juego de tú más y yo menos que acaba por deteriorar la imagen que existe sobre los políticos, una imagen que, como todo el mundo bien sabe, es manifiestamente mejorable.
Ha habido una alusión a Castor. Efectivamente, el Partido Popular avaló el decreto que presentó el ministro Soria hace unas semanas. Claro que lo avaló, lo que nunca se entendió aquí. Lamento mucho escuchar las palabras del portavoz del
Grupo Socialista que leo como una entonación de un mea culpa, aunque lo agradezco; a tiempo pasado, pero lo agradezco, puesto que el Decreto 855/2008 hace tiempo que se firmó. ¡Claro que consideramos que es lesivo! Voy a limitarme a leer una sola
frase para que quede en el 'Diario de Sesiones' lo que se llegó a aprobar por un Gobierno de España: En caso de caducidad o extinción de la concesión las instalaciones revertirán al Estado. En tal caso, y para asegurar la recuperación de la
inversión realizada por los titulares, en coherencia con lo establecido, se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo. Es decir, independientemente de lo que ocurra,
al que hizo la inversión se le paga. Obviamente, este Gobierno, como bien ha dicho el secretario de Estado, trató de establecer un criterio de lesividad para no tener que pagar esa cantidad de 1.350,7 millones de euros. Como no pudo, pues el
Supremo se lo impidió porque el decreto estaba mal, era lesivo y perjudicial para los intereses de los españoles en este caso, hemos intentado minimizar el coste y el daño producido por un decreto lesivo para todos los españoles. Agradezco en
nombre de mi grupo que el señor Segura entone el mea culpa y que hoy día efectivamente nos diga una vez más que el decreto manifiesta dudas jurídicas claras y perjudiciales para todos los españoles.
En primer lugar, ¿qué se hizo? No trasladar ese coste a los Presupuestos Generales del Estado. Primera medida. Segunda, que la retribución planteada en un 8,76 % bajara al 4,2 %. Que en vez de tener que pagar en veinte años paguemos en
treinta, y que en vez de empezar a pagar mañana, empecemos en abril de 2016. Es decir, el Gobierno lo que hace ante una dificultad es tratar de solucionarla, no llorar ni echar las culpas al anterior. Por tanto, los anteriores lo que deben hacer
es ayudar y empujar, no poner
el foco en aquellas medidas que han perjudicado y son lesivas para el sistema eléctrico español y por tanto para todos los españoles.
Por cierto, con el asunto de Castor, gracias a la modificación de la Ley de impacto ambiental se han endurecido las medidas que deben tomar los concesionarios de este tipo de instalaciones. Nosotros ponemos remedio a los problemas que nos
vamos encontrando. Como bien decía la vicepresidenta recientemente, aquí hay Gobiernos que gastan, que dispendian y otros que tenemos que pagar y solucionar problemas. Pero esta es nuestra obligación y es lo que nosotros estamos haciendo.
Hablaban de pobreza energética. Efectivamente, la pobreza energética está compuesta fundamentalmente por tres factores: la renta familiar, los precios de la energía y la calidad de la vivienda. Primero, y brevemente, la renta familiar.
El haber reducido el desempleo en 270.853 personas en un año creo que contribuye abiertamente a mejorar la renta familiar de los españoles y a reducir las tasas de desempleo que nos encontramos por políticas económicas claramente nefastas y
perjudiciales para todos los españoles. En segundo lugar, con respecto a los precios de la energía, nos encontramos un incremento de tarifas del 67 %. Ya he explicado antes que con nosotros ya ha bajado un 1 % en tres años. En cuanto al bono
social, efectivamente, lo hemos mantenido y se ha incrementado año a año en los tres factores a los que ocupa: desempleados, con un 38 %; familias numerosas, un 20 % y pensionistas, un 2 %. En cuanto a la calidad de la vivienda, ustedes tenían la
obligación en mayo de 2010 de haber modificado el código técnico de la edificación y aún seguimos esperando. No hace falta que esperemos; ya lo ha hecho el Partido Popular para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Todas las medidas que este Gobierno ha ido introduciendo tienen como objeto garantizar y mejorar la calidad de vida de los españoles y tener un sistema eléctrico que no vuelva a caer en un déficit tarifario que se hubiera podido convertir en
un déficit financiero y, por tanto, lastrar nuestra economía. Un pequeño detalle para los que tengan ganas de seguir profundizando en estas materias. Hasta que llegó el Partido Popular, si había más viento, si llovía más y teníamos más horas de
sol se pagaba más por la factura eléctrica. ¿Por qué? Porque como los costes variables eran más altos que en las tecnologías convencionales, con la introducción de energía fluyente renovable castigábamos la factura de los españoles. Tras las
modificaciones legislativas emprendidas por este Gobierno es todo lo contrario. Al ser costes variables más bajos, lo que hemos conseguido es que a más viento, a más agua y a más sol, menos coste de la factura eléctrica para todos los españoles.
¿Cómo se ha conseguido esto? Garantizando una rentabilidad mínima a los inversores de este tipo de tecnologías.
Yo rogaría que, de ahora en adelante, en lo queda de legislatura, cada vez que afrontemos debates relacionados con la energía nos ciñamos más a las tecnologías, a la realidad y a los datos y tratemos de no politizar aquellos asuntos en los
que es muy difícil politizar, porque yo creo que los datos, como decía al principio de mi intervención, no se discuten, se contrastan. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para responder a las observaciones y preguntas planteadas tiene la palabra el señor secretario de Estado de Energía. (El señor Segura Clavell pide la palabra).
El señor SEGURA CLAVELL: Para una cuestión de orden, señor presidente. Me voy a referir solo a un comentario...
El señor PRESIDENTE: No, señor Segura...
El señor SEGURA CLAVELL: Es que ha ofendido a mi grupo parlamentario. Lo ha calificado de acólitos que me acompañan. Me gustaría que me explicase en qué consiste eso de ser acólito.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Porque si no, no voy a seguir escuchando.
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Segura, por favor!
El señor SEGURA CLAVELL: Usó ese término. O lo retira o nos retiramos.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, por favor, tiene usted la suficiente experiencia parlamentaria para saber que esto no se puede hacer.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, pero no para aguantarlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura.
Para responder a las preguntas y observaciones que le han planteado los parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario de Estado de Energía.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Señorías, les agradezco las preguntas, sus intervenciones y el tono utilizado en las mismas. Voy a comenzar por el tema que probablemente preocupa más a los ciudadanos y que ha sido
mencionado por los tres portavoces, que es la cuestión de la tarifa doméstica, del precio doméstico.
Del comentario breve que ha hecho el señor Segura no quiero deducir que quiera volver a las subastas, sino simplemente debatir el tema de las subastas. Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que el sistema anterior de subastas
encarecía la parte de la energía en un 16 % con muy poco beneficio para el consumidor. El único beneficio que obtenía es que tenía un precio fijado para tres meses y por eso pagaba un 16 % en la parte de energía, superior a la que hubiera pagado de
ir directamente al mercado. Se puede objetar o no que el sistema que ha adoptado el Gobierno de ir directamente al mercado guste más o menos a los consumidores. Los consumidores tienen muchas opciones. El Gobierno ha puesto una encima de la mesa
para la gran mayoría de los consumidores españoles, que es sencilla, y es tomar el precio del mercado y evitar el sobrecoste que generaba la subasta. Todo es manifiestamente mejorable y se pueden hacer aportaciones, pero lo cierto es que el nuevo
sistema está consiguiendo abaratar los precios, y les voy a decir por qué.
En el año 2007 se produce un giro en la política energética española. El Gobierno de entonces decide cambiar el mix energético nacional y donde antes se producía con carbón, nuclear, viento y agua, decide introducir de forma masiva energías
renovables. Hasta ahí, bien, porque el resto del mundo lo hacía y teníamos una obligación comunitaria y las energías renovables tienen unas grandes ventajas. Donde estuvo el problema es que nos convertimos en los años 2007 y 2008 en los campeones
mundiales de las energías renovables, hasta el extremo de que se pusieron más placas fotovoltaicas en España que en del resto del mundo juntas. Como no aprendimos la lección, y ya en plena crisis, pusimos centrales termoeléctricas, de las que se
construyeron cincuenta en España cuando en el resto del mundo se han construido ocho. En el resto del mundo se han producido ocho y nosotros hemos construido cincuenta, a los siguientes precios: mientras que el mercado se mueve en un precio que
este año va a estar alrededor de 42 euros y para el año que viene marca alrededor de 48 euros, que es una media europea, en Alemania se mueve alrededor de 38 a 40 euros con carbón de importación y en Italia alrededor de 50 o 60 euros. Las primas
fueron las siguientes: la eólica, que era la que menos primada estaba, cobraba alrededor de 90 euros megavatio/hora frente a 48,40; la fotovoltaica, 480 euros megavatio/hora; la termosolar, 300 euros megavatio/hora. Todo ello sin poder cerrar un
solo ciclo combinado porque, claro, cuando no hay viento, cuando no hay sol, ¿con qué producimos la electricidad? Así que a mantener todos los ciclos combinados abiertos y pagándolos, porque no están produciendo. Al mismo tiempo, hay que mantener
el carbón nacional, como su señoría me ha recordado. ¿Cómo casamos todo esto? Muy fácil: creando 26.000 millones de deuda y 10.000 millones de déficit. Esto es en esencia la política energética realizada en los últimos ocho años. Además, como
nos creemos una planificación energética en la que la demanda iba a crecer al 25 o al 30 % en los próximo diez años, construimos redes que nos salían por las orejas. El resultado de todo esto es un sistema español cuyos costes regulados eran un 40
% por encima de los países de nuestro entorno, que de haber trasladado al consumidor final el agujero hubiera subido la electricidad sobre lo que ya subió, que fue un 70 %, un 40 % adicional.
Señoría, no voy a repetir las palabras del presidente del Gobierno en la última comparecencia sobre el Consejo Europeo, en la que citó al ministro de Industria socialista de entonces. El señor Sebastián, en ese artículo en el que describe
claramente la situación del sistema energético español, podemos decir que acertó plenamente. ¡Qué lástima que no hubiera tomado decisiones a tiempo porque todas las decisiones, una vez más, nos tocará tomarlas a nosotros! No es nada fácil ajustar
el sistema. No es nada fácil cambiar el sistema retributivo sobre inversiones ya hechas. No es nada fácil establecer techos sobre las inversiones que se pueden realizar en redes. Pero lo hemos tenido que hacer porque la alternativa era la quiebra
financiera del sistema eléctrico español o subir el recibo de la luz un 40 %. El portavoz popular lo explicaba muy bien. Hoy llueve, hoy hace viento; ayer la electricidad costaba 57 euros en el mercado y hoy vale 42 euros. Eso se lo ahorran los
españoles porque hay viento y hay lluvia, hay agua. Antes no se lo hubieran ahorrado, lo único que hubiera hecho es incrementar el déficit porque como tenían garantizados 90, 480 y 300, la diferencia entre el precio de mercado y esos 300 los ponía
el consumidor. Ahora por lo menos
solo le pagamos para conseguir una retribución sensata, razonable, sobre la inversión inicialmente realizada, y si produces más, ya no tengo que subvencionarte tanto.
Aquí se olvidan algunas cosas, como que la Unión Europea nos ha preguntado si el Decreto 661/2007 era una ayuda de Estado ilegal por exceso de retribución, a lo que el Gobierno de España, defendiendo la gestión de gobiernos anteriores, ha
contestado que si la hubo, queda corregida con la reforma. El año que viene no vamos a incrementar los costes regulados porque están sujetos y dependeremos de la meteorología porque así se decidió por parte de un Gobierno de España: depender de la
meteorología. Pero por lo menos si llueve y hace viento como este año, tendremos un precio de la electricidad más barato, no más caro, que era lo que ocurría hasta ahora.
Voy a su pregunta sobre cuál es el déficit en este momento. Todas nuestras proyecciones apuntan a que el déficit a final de año estará en torno a cero. Ajustar, no lo sabemos exactamente porque, como usted sabe, depende de la demanda que
haya en noviembre y diciembre, de los peajes que se recauden, etcétera. En la liquidación ocho de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hay 3.500 millones de déficit. ¿Por qué? En primer lugar, porque el sistema de retribución de
renovables solo ha entrado en vigor a partir de julio, hay una gran cantidad de lo que se ha retribuido que se lo deben al sistema y el sistema tiene un gran activo contra un exceso de retribución de algunas de las instalaciones renovables. En
segundo lugar, porque hay un desfase entre el devengo de los impuestos y su entrada dentro del sistema; el año pasado ya ocurrió, que llegamos a tener déficits de cinco mil o seis mil millones y luego se redujeron de forma sustancial porque la
mayor parte de los impuestos llegan al final. Y en último lugar, porque en las dos últimas liquidaciones ya se ha pagado la mayor parte de los costes del sistema y la trece y la catorce son ingresos que prácticamente entran netos para el sistema
porque no hay que pagar nada. Debo recordar que la liquidación última no es ni siquiera la liquidación catorce, que conoceremos en abril o mayo del año que viene, sino la liquidación definitiva a 1 de diciembre, cuando se hayan tenido todos los
ingresos y gastos definitivos del sistema. Nuestra proyección sigue siendo de déficit cero para entonces, para el 1 de diciembre, y si queda algún desajuste es por mero comportamiento de la demanda en lo que queda de año o porque algunos de los
activos que hay que recuperar del sistema no se hayan recuperado plenamente para esa fecha, pero es un activo que tiene el sistema y liquida el déficit.
El tema de Castor también ha suscitado la intervención por parte de los tres portavoces. Les agradezco el debate sobre el mismo y las cuestiones planteadas, que en muchos casos también se las plantea el propio Gobierno a la hora de tomar
sus decisiones, pero las tiene que tomar con realismo y sabiendo que lo que dice va a tener consecuencias en la realidad práctica. Primera cuestión. No he mencionado en mi intervención -y no lo han mencionado sus señorías- la fortísima cláusula de
responsabilidad que acompaña al real-decreto ley y que algunos de sus grupos han votado en contra. Seguramente por primera vez en la historia de la regulación energética española, a la empresa que ha ejecutado una operación se le establece una
responsabilidad patrimonial más allá del capital social de la misma y se extiende a sus accionistas; seguramente por primera vez en la historia del derecho mercantil español. Esto es así precisamente porque somos conscientes de que si en algún
momento se observa en el análisis de la instalación que se ha producido una actividad de negligencia grave o dolo, los responsables de la instalación deben hacer frente a los pagos que sean necesarios, y si para entonces ya no existe la sociedad,
son responsables los accionistas de la misma. Eso está escrito en el real decreto-ley que ustedes han votado en contra, señores del Grupo Socialista. Al contrario de lo que hicieron ustedes en el real-decreto del año 2008, que fue trasladar toda
la responsabilidad al consumidor gasista ya que la empresa no tenía ningún riesgo de ningún tipo, hiciera dolo, hiciera negligencia, la devolviera a la mitad, hubiera riesgo sísmico, da igual, pagaba el Estado. Eso es lo que decía el Real-decreto
de 2008. El Real decreto-ley 13/2014 lo que establece es la responsabilidad, incluso más allá del capital social, de la empresa que gestiona la operación. Además, señor Segura, le debo corregir porque esa cláusula, la del artículo 14, es una
innovación del decreto de Castor, no está en los dos decretos anteriores, que sí tienen racionamientos de gas, sí en el posterior, pero se innovó en Castor. Le voy a decir más, no salió con esa cláusula de los servicios técnicos del ministerio, se
introdujo legítimamente por parte del Gobierno de entonces, pero se introdujo posteriormente por los órganos políticos del ministerio.
Me reconocerán que existe una enorme diferencia entre pedir a una empresa que analice cuál es un emplazamiento lógico para poner un almacén de gas a aprobar un real decreto en esas condiciones, en el que se triplica la cantidad que
inicialmente se pensaba que costaba la operación. ¡Es que se triplica, y aquí no pasa nada! Empezó por cuatrocientos y pico millones y terminó en 1.200 millones; el resto ha sido lo que se ha acumulado desde los 1.200 millones hasta ahora. Si en
el año 2008 alguien se plantea
objetivamente si España necesita un almacenamiento de gas con las previsiones de demanda, la respuesta hubiera sido sí, pero si se hubiese dicho que ese almacenamiento de gas iba a costar 1.200 millones de euros, entonces, no. Lo que se
hizo es que cuando ya se había subido la factura a 1.200 millones fue aceptar esos 1.200 millones y encima garantizar a la empresa todos y cada uno de los pagos. La renuncia de la empresa suponía el pago automático sin causarla, simplemente porque
quiere renunciar a la concesión, a pagarme. (Rumores).
Una vez más a este Gobierno le toca deshacer el desaguisado que otros hicieron y créame que no ha sido nada fácil, y encima el Banco Europeo de Inversiones por medio, que no se nos debe olvidar. Así que hemos tenido que pagar, hemos tenido
que garantizar la deuda, hemos tenido que evitar que el Banco Europeo de Inversiones tuviera un default en el primer bono que hacía, hemos bajado el coste para el consumidor respecto a lo que hubiera sido un almacenamiento que hubiera tenido un uso
limitado y hemos establecido una responsabilidad más allá del capital social por si en el análisis de la situación se descubre que existe un dolo o negligencia grave, única pequeña puerta que tenemos en caso de que se descubra, y, como usted bien
sabe, en cuanto al dolo y la negligencia grave, la carga de la prueba está en quien acusa. Un mínimo de riesgo a la empresa quizá se podría haber establecido. ¿Que en esas condiciones no se hubiera hecho el proyecto? A lo mejor. A lo mejor no se
tenía que haber hecho el proyecto.
En cuanto al cierre definitivo que el portavoz de Convergència i Unió planteaba, entienda usted que con el nivel de información que tenemos, dado que cuesta hacer estos análisis muchos meses, incluso años, nos parece tan irresponsable abrir
sin tener un cien por cien de seguridad como cerrar definitivamente la instalación sin saber qué va a ocurrir en el caso de que se vuelva a inyectar gas. Son 1.500 millones de euros que el consumidor gasista está pagando y están allí. Créame,
ningún Gobierno de España, a menos que tenga un cien por cien de seguridad, va a abrir esa instalación, pero, antes de cerrarla, ética, jurídica y patrimonialmente el Estado tiene que tener claro que no hay otra alternativa y lo tiene que tener con
documentos porque está condenando 1.500 millones de euros que están pagando todos los consumidores gasistas. Por cierto, los estudios de los que habla el ministerio los ha citado usted, son los del Instituto Geológico y los del Instituto
Geográfico, no tenemos más, lo que tenemos ahora son conversaciones con los expertos mayores del mundo. De hecho, esas conversaciones las continuará ahora Enagas, a la que se le ha dado el testigo como operadora de la instalación para seguir
profundizando en los mismos. Los que hay son públicos y los tiene su señoría, el Gobierno de la Generalitat y los demás.
Pobreza energética. En la factura eléctrica el bono social lo ha mantenido y lo ha mejorado este Gobierno, estableciéndolo como una reducción del 25 % de la factura. Lo que hacía el decreto-ley de la Generalitat era establecer que el
consumidor podía dejar de pagar la factura y por ello no se le cortaba el suministro, prácticamente a discreción del consumidor. Si ustedes consideraban que había un problema de pobreza energética en Cataluña y que no se afrontaba suficientemente
bien con un descuento del 25 %, que es el bono social, de los Presupuestos Generales de la Generalitat se podría haber cubierto más cantidad de dinero. Lo que no se puede hacer es decir que a discreción del consumidor se decida pagar o no pagar el
recibo eléctrico, que es básicamente lo que decía la ley de la Generalitat, porque usted sabe las consecuencias de eso. El Gobierno ha hecho unos esfuerzos enormes para evitar que subiera el recibo de la electricidad para el consumidor doméstico y
que cuando la meteorología sea favorable le baje el coste de la electricidad. Es la primera vez que los consumidores eléctricos españoles han recibido dinero de devolución por parte de las compañías eléctricas y han mantenido y mejorado el bono
social. Lo que no puede permitirse es que en una comunidad autónoma de forma unilateral, porque no es responsable ni de los pagos que se realizan a las empresas ni del sostenimiento del sistema eléctrico porque se dejan de pagar los peajes, se deje
de pagar todo esto de lo que se mantiene el sistema, prácticamente para hacer un guiño a sus socios parlamentarios, apruebe un decreto-ley en el que queda a discreción del consumidor pagar o no pagar el recibo eléctrico.
Carbón. Me ha planteado una pregunta sobre cuál es el grado de cumplimiento del decreto de restricciones en el año 2014 y creo haberlo mencionado en mi primera comparecencia; en la estimación de red eléctrica estaremos alrededor del 75 %
del carbón inicial programado. Una parte del mismo no se va a cumplir porque han sido las propias empresas mineras las que no han suministrado carbón por problemas de gestión interna y por problemas laborales y en otras ocasiones ha sido durante la
primera parte del año, como he mencionado, porque el decreto establece que es obligatorio su cumplimiento, salvo que existan energías alternativas que en estos momentos los estén cubriendo. Es decir, si llueve y hace viento y se está produciendo
con renovables, no pretenderá su señoría que paremos los molinos de viento que están produciendo energía barata para introducir carbón.
Respecto a la otra cuestión que es la relevante, cómo garantizar el funcionamiento del carbón nacional en unos márgenes adecuados, usted ha hecho una afirmación que no es compatible; si el carbón nacional no se está consumiendo en mayor
medida es porque es más caro. Si fuera más barato se estaría consumiendo en mayor medida. Luego cualquier medida que tomemos a favor del carbón nacional tiene un coste, eso va por principio. La cuestión es cuál es un coste adecuado para combinar
las necesidades de competitividad del país y de una factura energética adecuada con el sostenimiento de una actividad que es estratégica para el sector de la energía. Esta es la decisión que hay que tomar. Tenemos dos vías para hacerlo, o bien
ayudamos a las empresas a hacer las inversiones en desnitrificación o bien abrimos un hueco dentro del mercado. Ambas opciones las hemos planteado de forma informal en Bruselas; el problema es que ahora no hay un diálogo fluido con Bruselas porque
con el cambio de Comisión nadie está tomando decisiones allí. Sería una catástrofe tomar una medida que termine siendo interrumpida por Bruselas en unos meses. Nosotros tenemos claras las medidas que podemos tomar, estamos negociando con las
empresas y estamos hablando con las autoridades comunitarias, pero también hay que ver cómo va a entrar el carbón nacional en los primeros meses del año. Ahora mismo se está comprando muchísimo, entre otras cosas porque lo necesitamos. En el
momento en que falle el viento, con el gas no es suficiente. Es más barato el carbón nacional y siempre va a entrar ahí. Hay que hacer una combinación de ver cuál es el escenario en el que nos movemos los primeros meses del año junto con
conversaciones sobre cuál de las dos vías es la más adecuada para dar un cierto apoyo al carbón nacional dentro de unos límites razonables. Hay que recordar que sobre esto se suman las ayudas que están en los Presupuestos Generales del Estado más
el resto de ayudas que se reciben por parte del conjunto de reales decretos que he mencionado anteriormente, todo ello en un contexto en el que, para aquellas unidades de producción minera que puedan tener algún problema, el marco social es
enormemente amplio y generoso; por eso conseguimos un acuerdo entre todas las partes.
Sobre las facturas, aquí hay que dar las cifras para que luego no se diga qué es lo que ha dicho el Gobierno o ha dejado de decir. Nosotros, cuando calculamos el coste de la electricidad, lo calculamos para un consumidor estándar dado por
la CNMC o por el Instituto Nacional de Estadística diciéndonos qué potencia ha contratado el consumidor medio español y qué consumo medio ha realizado, y lo hacemos tanto para el medio total como para determinadas viviendas que son significativas.
Cuando estamos hablando de una familia con dos hijos no nos estamos inventando la cifra, vamos a la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística que nos dice cuál es el consumo y la potencia contratada para una familia
media española de esas características y sobre eso le aplicamos el recibo. Hay que recordar que sobre eso se produce un ahorro porque se disminuya el consumo o porque se ajuste mejor la potencia, con lo cual, lo que estamos dando es un máximo de lo
que está ocurriendo. A continuación calculamos lo que cuesta esa factura a lo largo del año, no la del mes de diciembre frente a la del mes de diciembre o la del mes de julio frente al mes de julio, sino a lo largo del año, porque a lo largo del
año va fluctuando el consumo y van fluctuando los precios. Nuestra estimación es que hasta septiembre la factura media española doméstica respecto al mismo mes del año anterior en el acumulado enero-septiembre fue un 7 % inferior. Como en los
meses que quedan los futuros los están marcando unos precios un poco más altos que los que tuvimos el año pasado, esa reducción se queda alrededor del 4 % para final de año. Es decir, el conjunto de lo que gastó una familia media española de enero
a diciembre del año 2013 respecto a enero a diciembre del año 2014 será un 4 % más bajo con las estimaciones que tenemos ahora del mercado de futuros. Luego veremos qué ocurre definitivamente, pero se quedará por debajo. Teniendo en cuenta que el
precio del mercado será similar al del año anterior, la cifra coincide exactamente con el ahorro que habíamos previsto tener con la eliminación de las subastas, porque esta es la repercusión que en el coste final del recibo eléctrico tenía el
aseguramiento a tres meses. Por tener un precio fijo durante tres meses, al final en el recibo una familia media española estaba pagando un 4 % más de electricidad. Teniendo en cuenta que lo recibos son bimestrales, eso apenas se nota. Si se
fijan en la publicidad de las compañías, cuando hablan del tobogán, no hablan tanto de los precios, sino del consumo, porque lo que afecta realmente es que en el verano se pone el aire acondicionado y en invierno la calefacción, y no otra cosa. Eso
es lo que afecta para que tengan más recibo un mes u otro. Están ofertando una especie de distribución de la energía a lo largo del año, porque la afectación de precios es relativamente baja, sobre todo con la enorme cantidad de costes regulados
que tiene el recibo eléctrico español. Por cierto, en las facturas que están llegando a los españoles ya tienen claramente detallado a dónde va cada cosa y es muy interesante ver el renglón de a dónde van los costes regulados: redes, energías
renovables y otros costes, la mayor parte de los cuales es el déficit tarifario que ustedes nos dejaron.
En cuanto al tema de combustibles, la afirmación que se ha hecho es que ha aumentado la competencia y eso se traduce en que los precios bajan más deprisa de lo que bajaban antes. La bajada del precio del petróleo y la bajada del precio
internacional de la energía se trasladan antes al consumidor final. El informe al que usted hace referencia, si lo lee entero, dice que hay que tener cuidado con las estadísticas comunitarias, porque no son homogéneos todos los parámetros que se
están introduciendo. Por ejemplo, la forma de introducir los descuentos en gasolinera; cada Estado miembro lo hace de manera distinta y la comunicación es diferente. Lo importante aquí es ver la tendencia, y la tendencia es que España es un país
en el que, en primer lugar, por una fiscalidad más baja y, en segundo lugar, porque poco a poco las grandes dominantes del mercado van erosionando su poder y perdiendo cuota de mercado, los márgenes tienden a comportarse igual o mejor en tendencia
que en el resto de la media europea. Eso no quiere decir que los márgenes en la estadística europea no estén arriba; como decía antes, están arriba pero teniendo en cuenta que las cifras no son totalmente homogéneas. De todas maneras, tanto la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como el ministerio semanalmente vemos la evolución de los precios en casi todas las gasolineras españolas y vamos viendo que efectivamente repercuten los movimientos del mercado internacional, que
es lo que al final le interesa al consumidor. No se puede pretender que cuando haya una subida del precio del petróleo no repercuta sobre los consumidores, pero, ante la bajada que se ha producido en los últimos meses, el comportamiento de las
gasolineras españolas es muy semejante al que tienen el resto de las gasolineras europeas.
Con esto creo haber respondido a todas las preguntas que sus señorías me han planteado.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, ahora tiene un turno de dos minutos para pedir alguna aclaración a los datos que ha dado el secretario de Estado.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor secretario de Estado, en primer lugar, Castor. En mi intervención puse de manifiesto que el Tribunal Supremo se pronunció sobre el proyecto Castor el 14 de octubre de 2013 -no dije la fecha exactamente- a
través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. ¿Cómo se pronunció? Se pronunció, en primer lugar, desestimando la impugnación del Gobierno del artículo 14 del Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo, por el cual se otorgaba la concesión de
explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural que establecía -ahí queda en el 'Diario de Sesiones' como comentario de este grupo parlamentario- una compensación a la empresa concesionaria en caso de caducidad o extinción de la
concesión equivalente al valor residual de las instalaciones si mediara dolo o negligencia de la misma. En segundo lugar, el Tribunal Supremo consideró que la citada cláusula no era incompatible con la gratuidad de la reversión de las
instalaciones, tal y como dice el artículo 29.1 de la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos. Repito, el Tribunal Supremo consideró que la citada cláusula -artículo 14 del Real Decreto 855/2008- no era incompatible con la gratuidad de la reversión
de las instalaciones al dominio público. Este es un tema extenso; no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Supremo.
En segundo lugar, el sistema tarifario es un tema muy interesante para tener un gran debate. El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un estudio concreto -lo tengo aquí en mis manos- para un cliente con 5,5 kilovatios de potencia
contratada que tiene un contrato de un peaje a 2.0 amperios que no lleva discriminación horaria, que consumió 700 kilovatios/hora entre el 23 de agosto de 2014 y el 22 de octubre de 2014 -sesenta días- y la factura la tenemos con cada uno de los
epígrafes. Ya está nervioso el señor presidente, bueno, voy a dejarlo, pero quiero decirle que hemos hecho este estudio con rigor, con método, con sistemática y con cálculos mediante programas de ordenador y es muy discutible la permanente
manifestación que usted lleva a cabo hablando de abaratamiento. Por eso, le incito a que un día, sin el corsé de otros temas, comparezca usted y nos hable de este tema, de la interrumpibilidad -el nuevo criterio del Gobierno-, del nuevo sistema de
infraestructuras energéticas que va a sustituir al actualmente vigente y se nos explique antes de que lo veamos en el Boletín Oficial del Estado, como hemos visto más de una docena de normas que afectan a las renovables, al biodiesel y a tantos
otros sectores. No solo queremos que nos hable de la interrumpibilidad, sino de la que se nos viene encima con la hibernación de las centrales mixtas de ciclo combinado, aspectos sobre los que hubiese preferido que hubiéramos tenido la posibilidad
de profundizar.
El señor PRESIDENTE: Señor Janè.
El señor JANÉ I GUASCH: Haré dos acotaciones. Primero, en cuanto al tema Castor, quiero reiterarle lo que se ha aprobado por amplísima mayoría en el Parlament de Catalunya; solo los diecinueve diputados
del PP votaron en contra, pero más de cien han votado a favor del cierre definitivo y el desmantelamiento. Usted decía que por razones éticas y económicas, ya que se ha hecho una inversión, antes de cerrarla debemos estar seguros. De lo
que debemos estar seguros es de la necesidad de dar un mensaje de tranquilidad al territorio y a la ciudadanía, de que aquí se han cometido errores, pero que por lo menos les vamos a trasladar que efectuaremos el cierre definitivo y el
desmantelamiento para que nadie pueda pensar en un futuro que esa plataforma va a volver a operar, que se le va a volver a inyectar gas o que se nos va a volver a poner en riesgo de un posible movimiento sísmico, tal y como advirtieron en su día
antes de que se construyeran los organismos científicos que habían dictaminado que ese riesgo podía existir. Lamentablemente vimos como al inyectarle gas, a pesar de que no era el nivel de máxima potencia en la inyección, se produjeron esos riesgos
sísmicos con algún episodio que llegó a más de 4. Por tanto, hay que poner las cosas en su sitio y dar ese mensaje de tranquilidad. Es una exigencia ética.
Segunda exigencia ética. No le permito, señor secretario de Estado, que usted prejuzgue nuestra intencionalidad política. Ha dicho que lo hacíamos para hacer un guiño a no sé qué socio parlamentario. No, señor secretario de Estado, hemos
aprobado el decreto de pobreza energética preocupados por aquellos usuarios a los que la bonificación social no les alcanza y que no pueden pagar por razones de pobreza su factura de la luz y no queremos que se les corte directamente el suministro.
Mirando hacia ellos, y no para contentar a no sé qué socio parlamentario -no es por esa razón-, se ha decidido aprobar el decreto-ley del Gobierno de la Generalitat de Catalunya con todas sus consecuencias. Ustedes están en su pleno derecho de
impugnar una decisión si no creen que es acorde con el ordenamiento jurídico, pero creemos que es un abuso que hayan buscado la fórmula para que quede en suspenso justamente ahora que van a empezar los meses de más frío y que algunos ciudadanos
pueden verse afectados por esa medida.
El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Únicamente como cuestión de orden, y después de escuchar al portavoz del Grupo Socialista, el señor Segura, quiero decirle que cuando aludía al término acólitos lo hacía en su acepción de satélites. En ningún caso
me refería a sus compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, al que respeto y deseo que continúe ejerciendo la labor de oposición durante esta legislatura, como bien ha hecho hasta ahora, y con el máximo afecto a su portavoz. La referencia iba a
aquellos grupos satélites y, por tanto, a las otras formaciones políticas que durante la pasada legislatura acompañaron con sus votos a favor las medidas políticas que han entorpecido el sistema eléctrico español.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGIA (Nadal Belda): Quiero hacer solo dos apuntes. Con respecto a la factura, si usted me presenta los dos meses más caros del año y no me coge ninguno de los meses bajos en los que hay devolución, claro
que le va a salir peor la factura. Lo que le vuelvo a repetir es que coja de enero a diciembre frente de enero a diciembre, que es lo que paga una familia española a lo largo de todo el año, con diferencias en consumos según tenga aire
acondicionado, según tenga calefacción, según tenga cocina eléctrica o no, y en función de los precios que también van fluctuando a lo largo del año. Nuestra afirmación -vuelvo a decirlo- es de enero a diciembre. Si me coge los meses de septiembre
y octubre, que son los meses más caros del año, pues evidentemente le sale mal.
En segundo lugar, en lo referente a los decretos-leyes que han venido a esta Cámara, el motivo por el que en muchas ocasiones nos hemos visto forzados a emitir decretos-leyes, por el que el Consejo de Ministros ha tenido que aprobar
decretos-leyes, es porque en el caso del sistema energético teníamos al enfermo en la mesa de operaciones con el corazón abierto y había que actuar ya. No había tiempo para una tramitación porque el déficit se iba, el problema financiero se iba y
el caos reinaba en el sistema eléctrico. El real decreto-ley, con toda la precaución con que hay que utilizarlo, tiene una enorme ventaja, y es que una vez que se aprueba por parte del Consejo de Ministros viene a esta Cámara para su aprobación.
El Real Decreto 661/2007, que movía 10.000 millones de euros del bolsillo de los españoles hacia determinadas tecnologías, salía de la mesa del Consejo de Ministros, y nunca se debatió en esta Cámara; 10.000 millones de euros anuales destinados a
determinadas tecnologías con un impacto brutal sobre los costes eléctricos, y que se podía haber hecho de una forma totalmente diferente, jamás fue discutido por el Congreso de los Diputados ni por el Senado, ni fueron en ninguna ley de
presupuestos. Salieron directamente de utilizar la ambigüedad de la ley eléctrica y hacer un real decreto que se aprobaba, exclusivamente, por el Ejecutivo.
PREGUNTAS:
DEL DIPUTADO DON FÉLIX LAVILLA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA PARA ABARATAR LA ENERGÍA PARA LAS EMPRESAS DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/042045). (Número de expediente 181/001825).
- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR 'ENERGÍA DE CALIDAD PARA IMPULSAR LA ECONOMÍA' EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/042088). (Número de
expediente 181/001836).
- MODIFICACIONES LEGISLATIVAS PARA QUE SI UN SERVICIO DEJA DE FUNCIONAR DURANTE UN TIEMPO SE DESCUENTE AUTOMÁTICAMENTE DE LA TARIFA EL TIEMPO Y SE LE OTORGUE UNA INDEMNIZACIÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/042917). (Número de expediente 181/001840).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de las preguntas. En primer lugar, las preguntas que han sido formuladas por don Félix Lavilla. El propio diputado ha trasladado a la Mesa la acumulación en cinco bloques. En primer lugar, para
formular las preguntas que figuran como puntos 5, 6 y 7 del orden del día tiene la palabra don Félix Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, como usted muy bien sabe, estas preguntas están aquí porque el Gobierno de alguna forma tiene la penalización por no haber contestado eficazmente en tiempo y forma a las preguntas que
un parlamentario le formula. Anteriormente lo he dicho en Fomento, el control escrito es una parte esencial del control al Gobierno, porque sin información el parlamentario lógicamente no puede saber la actuación del Gobierno. Hecho este
preámbulo, se ha incumplido este precepto y, por eso, estas preguntas vienen aquí.
No obstante, quiero subrayar, señor secretario de Estado, que su comparecencia aquí en este momento y en esta Comisión -no ha sucedido lo mismo en Fomento- se produce tras la presencia en esta Comisión de Industria, el pasado día 8 de
octubre del año 2014, de la secretaria general de Industria, donde se comprometió -y figura en el 'Diario de Sesiones'- a liderar una reunión para impulsar el polígono industrial de Soria, que tiene un millón de metros cuadrados y cuya propiedad
principal es del Estado, pertenece al Gobierno de España, que tiene más del 50 %, y que faltan pequeñas actuaciones para ponerlo en funcionamiento. Indirectamente tiene que ver con las preguntas que le planteo, la 5, la 6 y la 7, dado que se
referían al programa electoral del Partido Popular en materia de energía y el abaratamiento para los empresarios en la provincia de Soria.
Nada más concreto y mejor para hablar de ello que decirle a usted que uno de los problemas que tiene todavía por resolver -no el ayuntamiento de Soria, no la sociedad soriana, sino el Gobierno de España, que es propietario de ese polígono
industrial en su mayor parte, en Valcorba- es la instalación de una subestación eléctrica para comenzar a generar energía y poder poner en venta las parcelas, con lo que el Gobierno podría obtener recursos y se podría obtener también, de alguna
forma, empleo y riqueza para la provincia de Soria. Por lo tanto, prefiero quedarme en estas preguntas con relación al programa electoral del Partido Popular en materia energética -su hermano, don Álvaro Nadal, estuvo también en Soria y tengo lo
que se dijo, aunque lo dejaremos para posteriores comparecencias- sobre si es posible la ayuda y el compromiso de su secretaría de Estado para coordinarse con la Secretaría General de Industria, dentro de esa actuación del Gobierno, para poner en
funcionamiento su propio polígono industrial, dado que la energía -hablando de programa electoral, energía y empresarios- es un apartado fundamental para poner en marcha ese suelo industrial.
Me bastaría con que usted me dijera que también desde su secretaría de Estado se van a coordinar con la Secretaría General de Industria, por lo menos en el apartado de la subestación eléctrica -insisto, en un suelo industrial que es
propiedad del Gobierno de España en su mayor parte-, para atraer empresas, que bien necesitadas están en casi un millón y medio de metros cuadrados, cuya mayor parte corresponden al Gobierno de España.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Señoría, yo tenía preparadas otras preguntas, que eran las que usted me había formulado, pero voy a intentar contestarle a la que me ha formulado. Estamos en pleno proceso de
planificación energética, y uno de los ejes de ese proceso de planificación energética es evitar cuellos de botella para el sector industrial español. Las infraestructuras en la red de transporte, en las instrucciones que le hemos dado al operador
del sistema a la hora de realizar la planificación para los próximos años, en primer lugar, tienen como objetivo las interconexiones de islas e interconexiones internacionales para abaratar los costes del sistema y conseguir las interconexiones con
el resto de Europa. En segundo lugar, la eliminación de las restricciones técnicas, es decir, de aquellas zonas del país que están aisladas energéticamente y obliga a una generación cara, sin aprovechar el conjunto del mix energético español. En
tercer lugar, la eliminación de los cuellos de botella en los sectores industriales, y aquí entiéndaseme bien. Hay zonas de España que necesitan -y quizá sea el polígono de Soria, que ahora no le puedo contestar- infraestructura para que se
implanten industrias o para que estas crezcan sobre el nivel que tienen en este momento. La planificación energética no puede servir para crear industria donde no la hay -tenemos muchos polígonos industriales con subestaciones construidas que no
está utilizando absolutamente nadie-, y tampoco debe servir para elevar la tensión que no necesitan las industrias y de esa manera que reduzcan su peaje. Es decir, hago una inversión en infraestructura que permite elevar la tensión; al elevar la
tensión disminuyo el peaje y con eso la industria mejora, la industria concreta. Realmente no lo necesita, porque luego la transforma internamente, pero con eso evita el pago del peaje. Por otro lado, nos cuesta dinero y ese peaje evitado hay que
repartirlo entre todos los demás. Es decir, hay que hacer las infraestructuras con cabeza, y no como se hacía hasta ahora, que era un listado a la carta en el que Red Eléctrica -que se ha mencionado antes por el señor Segura- prácticamente elegía
las instalaciones.
Ahora mismo, hemos cerrado el volumen de inversión máximo que existe. En esas hay que priorizar, y hay que priorizar, primero, para resolver los problemas del sistema, que son interconexiones y aislamiento de determinadas zonas que dan
lugar a restricciones técnicas -España se gasta 1.100 millones al año en restricciones técnicas de sobrecoste de ciclos combinados que hay que poner en funcionamiento- y, segundo lugar, sectores industriales. En este momento, como no estaba entre
las preguntas que me había formulado, no sé decirle si está incluida o no en la planificación la subestación para el polígono industrial de Soria, pero no tenga ninguna duda de que, cuando salga de esta comparecencia, consultaré con mis servicios y
le daré contestación cumplida de cuál es el estado de la planificación de la subestación.
El señor PRESIDENTE: Señor Lavilla, tiene la palabra para la réplica.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, las preguntas, como usted muy bien tiene en el expediente, tienen que ver con varios conceptos: las promesas del Partido Popular en materia energética, el abaratamiento de la energía
para los empresarios de Soria y la puesta en marcha de suelo industrial para atraer empleo. Hay tres relacionadas con eso, basándonos en su programa electoral para las elecciones generales y en el programa electoral de su partido en la provincia de
Soria. La pregunta es muy concreta, creo que no me ha entendido bien y como para eso está el Parlamento, que es un Parlamento vivo, se lo voy a concretar más.
El Gobierno de España -no este parlamentario- dispone de suelo público perteneciente a Sepes y a ADIF en un porcentaje de más del 51 % en una actuación cerca de la ciudad de Soria y para la puesta en marcha del suelo industrial del Gobierno
de España -insisto- se necesita -no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los servicios técnicos y la propia junta de compensación, donde el Gobierno de España tiene mayoría- una pequeña subestación eléctrica, que aproximadamente costará no más de
2 millones de euros, para poner en marcha un polígono industrial que ya está funcionando. Es más, está ya instalada allí la principal industria de Soria, Copiso, y está funcionando. Pero para poder lanzar ese suelo, el Gobierno de España tiene que
resolver este pequeño tema. Al lado, a no más de 10 kilómetros, una actuación del Partido Popular en la Junta de Castilla y León acaba de despilfarrar 100 millones de euros para construir una ciudad del medio ambiente, que el Tribunal
Constitucional ha dicho que no se podía realizar, como ya advertimos en su día. No se explicaría, de cara a la gestión de los recursos públicos, que el Gobierno de España no pusiera en marcha un polígono que tiene al lado la ciudad de Soria y para
lo que como mucho se necesita menos de media docena de millones de euros y además las compañías eléctricas, con una voluntad de pago, comenzarían a construir la subestación eléctrica y que, por otro
lado, se hayan tirado 100 millones. Le pido -porque, como digo, el Parlamento es algo vivo y su programa y las palabras de su hermano en Soria fueron muy claras, y me referiré después a ellas- un mayor nivel de compromiso, porque, insisto
-y con esto termino en esta pregunta, señor secretario de Estado-, es un suelo que tiene el Gobierno. Y, por lo tanto, hablando de compromisos electorales en materia de energía, en materia de suelo industrial y de abaratamiento de esta energía para
las empresas, nada mejor que empezar por lo concreto, y lo concreto lo tiene encima de la mesa.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Sobre la cuestión que es competencia de la Secretaría General de Industria hablaré con la secretaria general. Si hay un Gobierno comprometido con la reindustrialización de España, ese
ha sido este Gobierno; si hay un Gobierno que ha evitado el tarifazo de un 40 % en la factura de la electricidad, ha sido este Gobierno; si hay un Gobierno que le ha bajado los impuestos a la industria, ha sido este Gobierno, y si hay un Gobierno
que ha hecho un mercado más flexible a través de una reforma laboral y una reforma impositiva para ayudar a la exportación y la industria, ha sido este Gobierno, y no solo para Soria sino para el conjunto de la nación. Por la cuestión concreta que
usted me plantea -estoy repasando mis notas y no está entre las preguntas que me habían formulado- la trasladaré a mis servicios y le daré cumplida contestación. Pero, ¡faltaría más!, no solo en Soria sino en cualquier otra parte, todo lo que se
pueda hacer para apoyar a la industria y que esté en manos de este Gobierno, claro que se va a realizar.
Me referiré a una segunda cuestión. El dinero del sistema eléctrico es dinero privado. Ya sé que ustedes, los socialistas, lo consideran dinero público, pero no es dinero público, es dinero privado, que viene del recibo de los españoles,
que lo pagan en sus facturas a través del banco, y se lo pagan a las compañías, que pueden ser de actividad regulada o de actividad libre, pero son compañías privadas. Lo digo porque no se puede mezclar el dinero de los Presupuestos Generales del
Estado o de los presupuestos de una comunidad autónoma con el dinero que viene del recibo que pagan los españoles por la compra de un servicio como es la electricidad. Ya sé que se ha usado y se ha abusado en el pasado de ello; por eso tenemos un
déficit. Pero no es dinero público, es dinero privado que en parte está gestionado por el sector público, que es el regulador, pero el dinero es privado. No es dinero de la secretaría de Estado, es dinero que el consumidor eléctrico paga a Red
Eléctrica, a su comercializadora, a su distribuidora, y hasta que no tengamos esto claro vamos a tener siempre errores de política energética importantísimos. Es dinero privado que en parte regula el sector público, pero no es de libre
discrecionalidad, como se hizo con el Real Decreto 661/2007, que he mencionado anteriormente. No podemos meter el dinero en el bolsillo de los españoles y distribuirlo a voluntad del regulador eléctrico; debe servir para el sistema eléctrico, lo
que se paga en la tarifa eléctrica es para pagar la electricidad, para pagar las redes, para pagar el operador del sistema, para pagar la generación, no para otra cosa. Para otra cosa hay otros instrumentos, y cuando confundimos el dinero privado
regulado con los presupuestos y escondemos déficit público en forma de déficit tarifario, entonces es cuando se genera el problema.
- NÚMERO DE TITULARES ACOGIDOS A LA TARIFA SOCIAL ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039398). (Número de expediente 181/001848).
- NÚMERO DE PROPIETARIOS O PROMOTORES QUE HAN SOLICITADO EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039399). (Número de expediente
181/001849).
- CONSECUENCIAS QUE TENDRÁ SOBRE LOS CONSUMIDORES DE LA PROVINCIA DE SORIA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE NO APORTAR 3.600 MILLONES CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, A LOS QUE SE HABÍA COMPROMETIDO PARA CONTRIBUIR A LA
ELIMINACIÓN DEL DÉFICIT DE TARIFA, EN EL SECTOR ELÉCTRICO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/045643). (Número de expediente 181/001889).
- EFECTOS DE LAS ÚLTIMAS DECISIONES DEL GOBIERNO EN LA TARIFA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/045644). (Número de expediente 181/001890).
- CIUDADANOS RESIDENTES EN SORIA ACOGIDOS AL 'BONO SOCIAL' EN LA FACTURA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LOS CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR IMPAGO A CLIENTES RESIDENCIALES EN 2013 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
184/050551). (Número de expediente 181/002024).
El señor PRESIDENTE: A continuación, tramitamos las preguntas que figuran en el orden del día con los números 8, 9, 10, 11 y 20. Señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Estas preguntas sí que tienen que ver con la tarifa social y con el precio de la energía. Me parece muy bien, pero no me corresponde a mí, yo soy diputado por la provincia de Soria, como usted bien sabe porque
supongo que habrá mirado en el expediente quién le formula las preguntas. Yo he salido diputado porque los ciudadanos de Soria me han elegido. Somos dos diputados, uno del Partido Popular, don Jesús Posada Moreno, que es presidente del Congreso, y
quien le está preguntando. Soy diputado, a pesar de su programa electoral, que tengo aquí. Me hubiera gustado una respuesta más positiva, pero como usted insiste, iremos poco a poco y nos iremos centrando más. En este programa electoral prometían
ustedes de todo a todos. Por lo tanto, estos son sus compromisos, no son los míos, ¿de acuerdo, señor secretario de Estado? No me corresponde hacer un análisis del debate en profundidad del sistema energético, que lo haría con gusto. Le
recordaría a usted para empezar algunas de las enmiendas del Partido Popular de la época en que yo era portavoz en el Senado de esta área y teníamos que intentar poner sentido común, porque algunas son verdaderamente clarificadoras de lo que era la
política energética del Partido Popular; todos tenemos herencia. O también me podría explicar usted el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, a dos días de las elecciones generarles. O podríamos analizar en profundidad de dónde procede el déficit
eléctrico y cómo un hombre tan conocido por todos y con una gestión que ahora se ha descubierto cómo era, don Rodrigo Rato Figaredo, firmó los reales decretos eléctricos para conseguir entrar en el euro y que el déficit en España no se disparara.
Es un debate mucho más profundo, pero yo me quiero centrar en las preguntas, no porque no tenga conocimiento sino porque mi obligación como diputado es preocuparme e interesarme por los asuntos de Soria, que son el objeto de las preguntas que le he
formulado. Por lo tanto, y concretando en estas preguntas de tarifa social, tengo que decirle que la cantidad de ciudadanos que han perdido el bono social en la provincia de Soria es de 1.099 familias.
Refiriéndome a la duda que usted tiene, no me conteste usted con política general. Le estoy hablando -y no hace falta tener muchos expedientes sobre la mesa- de suelo público, señor secretario de Estado, suelo público donde el Gobierno de
España tiene el 51 %, que es mayoritario, con más de 5,5 millones de parados y 7.500 parados en Soria. Ustedes, cuando llegaron al Gobierno tenían 4.500 parados, cuando hicieron las promesas que hicieron allí, y ahora hemos pasado de 4.500 a 7.500.
Tenemos suelo público industrial, propiedad en su mayor parte del Gobierno de España, y yo lo que le pido es un mayor compromiso en relación con la anterior pregunta.
Y en relación con esta, quiero denunciar que hay 1.099 familias menos que se benefician del bono social en Soria, y me gustaría también que diera respuesta a esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): El número de consumidores acogidos al bono social en la provincia de Soria en el segundo trimestre de 2014, que es la última información disponible, era de 10.326 personas. La
provincia de Soria es la menos poblada de España, con un total de 92.000 habitantes y una densidad de población de 8,98 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual significa que respecto a la media nacional el número de consumidores sorianos acogidos
al bono social está ligeramente por encima de la media. El número concreto de clientes acogidos al bono social se ha comportado de manera equivalente al resto de España. Como ustedes saben, al bono social -que se aprueba en 2009- tienen acceso
cuatro grupos de consumidores: en primer lugar, las familias numerosas, por el mero hecho de serlo; en segundo lugar, los parados de larga duración que vivan en hogares donde ningún miembro de la familia tenga ingresos; en tercer lugar, las
rentas mínimas de pensiones, bien sea porque son pensiones mínimas o porque tienen complementos
a mínimos; y en último lugar, un grupo heterogéneo, que es el más numeroso, de todos aquellos consumidores que tenían en su vivienda habitual contratados menos de 3 kilovatios de potencia. Ustedes comprenderán que es una medida muy
indirecta de la renta porque hay familias que tienen una potencia contratada superior y lo necesitan, y otras que no lo tienen. Simultáneamente a la aprobación del decreto de 2009, se aprobó todo un programa de colocación de interruptores de
control de potencia en toda España. Dicho en otros términos, había muchos hogares donde la potencia estaba contratada pero no estaba medida.
Los resultados son los siguientes. En los años de vigencia del bono social ha aumentado su utilización por los pensionistas en un 0,6 %, lógico al movimiento normal de pensionistas en los grupos de renta que antes he mencionado. Las
familias numerosas han incrementado un 15 % el uso del bono social. El colectivo de desempleados sin ningún ingreso lo han incrementado en un 41 %, también lógica consecuencia de la crisis energética. El único colectivo que reduce son aquellos
consumidores que el único motivo por el que tenían acceso al bono social es porque tenían contratada una determinada potencia, esa reducción coincide con el despliegue de los interruptores de control de potencia. Saque usted las conclusiones. Los
grupos socialmente protegidos aumentan su peso en el bono social, son aquellos a los que se les está protegiendo y en algunos casos están incrementando en un 40 % el número de personas que acceden a él. El único grupo que disminuye es aquel en el
que el único motivo por el que tenían acceso al bono social es porque tenían una determinada potencia contratada. A medida que esa potencia se controla o se evalúa mejor, ese colectivo está disminuyendo. Si dentro de ese colectivo hubiera alguien
que perteneciera a alguno de los otros tres, puede pedir el bono social inmediatamente. De hecho, está ocurriendo. Por eso está incrementándose de forma notable el número de clientes acogidos al bono social por esta materia.
En definitiva, en la provincia de Soria como en el resto de España, aquellos consumidores que han salido del bono social lo han hecho por motivo de potencia. Le voy a dar otro dato. Esto se produce no ahora, lleva produciéndose en los
últimos cuatro años, a medida que se han ido instalando los controladores de potencia. El punto máximo de clientes con bono social se produce en marzo de 2010. A partir de entonces, se produce un descenso paulatino y lento, tampoco muy grande,
exclusivamente en el grupo de los consumidores con 3 kilowatios de potencia.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Usted me podrá contar su percepción, su punto de vista, pero yo le cuento el mío, el de la realidad, el de la que padecen 10.000 sorianos que están en el umbral de la pobreza, según diversas organizaciones, que se
han incrementado sustancialmente a partir del año 2012. También podríamos incluir el año 2011. Hasta la fecha hay 10.000 sorianos que están en el umbral de la pobreza. Hay muchas familias en la provincia que no tienen recursos. En el año 2011,
de este conjunto de ciudadanos que estaban en el umbral de la pobreza, 11.576 familias se acogían al bono social, y no me cuadran los números. Usted puede echar las cuentas que quiera, pero si se incrementa el número de pobres en Soria, de familias
que están en el umbral de la pobreza, y antes había 11.576 familias y ahora tenemos 10.477, no digo que no haga usted los cambios que tenga que hacer en la legislación, no solo la potencia, sino que se incluyan otras variables o si es una familia
numerosa a lo mejor mirar solo la potencia es una causa injusta de exclusión. Pero hay un hecho incuestionable, más allá de las cifras concretas, el número de familias en el umbral de la pobreza ha crecido, y por parte del Gobierno de España con el
conjunto de normativas que usted y su antecesor han liderado, en la provincia de Soria hemos pasado de 11.576 familias que antes tenían el bono social a 10.477. A mí no me encajan las cifras. Yo ahora soy diputado para controlar la acción de
gobierno y para controlar su gestión y su programa electoral, no para hablar del pasado porque los ciudadanos ya nos suspendieron. La labor que nos han dado los ciudadanos, y yo más en este caso, ya le diré por qué de manera especial, es para
controlar su acción de gobierno. Porque, insisto, cuando el Partido Popular quería sacar en la provincia de Soria dos diputados sabe que no era difícil. El Partido Socialista estaba pasando por un mal momento, entre otras cosas por la quiebra de
Lehman Brothers, por la negativa en el año 2003, por lo que Rato, Guindos y demás y algún inmobiliario que estaba conectado al sistema financiero hicieron una campaña publicitaria y dijeron: la culpa de la crisis la tienen los socialistas. Qué
bien. Nosotros somos la solución, crearemos más empleo y haremos muchas más inversiones, vótennos a nosotros. Hicieron un programa donde prometieron de todo. Lo tengo aquí, si quiere se lo puedo leer. Daría para mucho. Igual algún día pido su
comparecencia para hablar del programa electoral que ustedes prometieron en Soria. Por lo tanto, yo soy
diputado a pesar de su programa electoral. Estoy totalmente legitimado para exigirles que lo cumplan. Lo que prometieron es una energía mucho más barata a las familias y más empleo para las familias. En la provincia de Soria, señor
secretario de Estado -usted pertenece a un Gobierno-, la despoblación, que es su principal problema, se ha incrementado en 3.071 personas. Anteriormente, con el Plan Soria, donde el Ministerio de Industria lideró un montón de iniciativas, la
provincia de Soria por primera vez en su historia creció en 3.571 personas. Estoy hablándole de hechos, le estoy hablando de que se ha incrementado la pobreza y le estoy hablando de que esas familias pueden pagar peor la factura energética. Lo que
le pido es un mayor compromiso, y si tiene que cambiar las normas, las cambie, porque ustedes prometieron lo que prometieron. Yo estoy legitimado para pedirle que cumplan con su programa electoral, no para que me hable de milongas del pasado,
porque para hablar del pasado podemos hablar de muchas cosas, y tengo amplio conocimiento, algunas de las enmiendas que su grupo aprobó, que lo conozco perfectamente. Alguna de ellas, por ejemplo, quería cargarse la fabricación automovilística en
España y hubo que enmendar después. Pero no es el caso. Hablemos de lo que nos corresponde, su programa electoral, el bono social para los sorianos, hay más pobreza y hay menos bono social. Usted me lo podrá pintar como quiera, pero no deja de
ser una injusticia social.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El seño SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Señoría, lo que es una injusticia es que midamos el acceso al bono social en función de la potencia que uno contrata, porque un apartamento de un dormitorio en la calle Serrano, que
valga 2 millones de euros, puede contratar 3,3 kilowatios de potencia y teóricamente tiene acceso al bono social. Esa es la legislación que ustedes dejaron. Eso es así. El único lugar donde se está produciendo reducción en el bono social y de
forma muy marginal es en aquellas viviendas que tienen 3 kilowatios contratados y que cuando se les mide resulta que necesitan más. Por cierto, cuando su portavoz ha mencionado un recibo de 5,5 kilovatios, ya es potencia, es un buen piso. Ahí no
están los españoles, la mayoría están en 3,3 o 4,4. En 5,5 ya es meterle metros cuadrados.
Respecto a cuál es el origen, no voy a ponerme a discutir sobre los orígenes de la crisis, a quién ha afectado más o a quién menos y cuáles son los aciertos y errores que haya cometido cada gobierno. Lo que sí le digo es una cosa, en
materia energética los errores son solo imputables al Partido Socialista. Antes no había caos y cuando lo recibimos el sistema estaba en pleno caos. Antes ha mencionado el Real Decreto 436/2004, ¿sabe usted cuánto era el coste para el consumidor
doméstico de ese real decreto? Unos pocos cientos de millones y se ha pasado a varios miles de millones de euros en el pago de renovables. ¿Sabe usted cuál era el déficit en el año 2003? Se lo digo yo, cero. Cuando ustedes llegaron al Gobierno,
el déficit era cero. Revise las cifras. Por cierto, en el año 2002, que fue en el único que se produjo un poco de déficit, España ya había entrado en el euro cinco años antes. No fue para entrar en el euro.
- CONTADORES ELÉCTRICOS INTELIGENTES OPERATIVOS EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/048059). (Número de expediente 181/001893).
- CANTIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA EN LA PROVINCIA DE SORIA Y FACTURADA DESDE EL AÑO 2008 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/048060). (Número de expediente 181/001894).
- TASA DE ENVEJECIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SORIA, COMPARADA CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, ASÍ COMO OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI EL NUEVO MODELO DE FACTURACIÓN ELÉCTRICA SERÁ ENTENDIDO POR LAS PERSONAS MAYORES CON
FACILIDAD (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/048532). (Número de expediente 181/001901).
- NÚMERO DE EQUIPOS DE MEDIDA CON TELEGESTIÓN PARA INTERPRETAR Y GESTIONAR LAS NUEVAS POSIBILIDADES DE LA FUTURA FACTURA ELÉCTRICA EXISTENTES EN LA PROVINCIA DE SORIA, ASÍ COMO MEDIDAS PARA INCREMENTAR ESTE TIPO DE EQUIPOS Y CONTADORES PARA
MEJORAR LOS CONSUMOS EN ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CITADA
PROVINCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/048533). (Número de expediente 181/001902).
- PERSONAS ACOGIDAS A LA 'TARIFA REGULADA' DE ELECTRICIDAD EN LA PROVINCIA DE SORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/050549). (Número de expediente 181/002022).
- CANTIDAD ACUMULADA DEL DENOMINADO 'DÉFICIT DE TARIFA' EN LA PROVINCIA DE SORIA DESDE EL AÑO 2000 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/050550). (Número de expediente 181/002023).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a tramitar las preguntas que figuran en el orden del día con los números 12, 13, 16, 17, 18 y 19, también del señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, puede hacer esfuerzos por hablar de la herencia, no es mi responsabilidad juzgar la herencia, ya lo han hecho los ciudadanos. Yo soy diputado a pesar de su programa electoral. Usted
le puede dar poca importancia. Pasaron por Soria más cargos del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León y de toda la ejecutiva nacional del Partido Popular que en tiempos de los romanos. Fue una invasión. Ustedes iban a por el segundo
diputado y yo les expliqué a los sorianos cuál había sido nuestro modesto trabajo y que lo que ustedes estaban prometiendo era sencillamente mentira, así de claro, como se ha demostrado que así va a ser cuando termine la legislatura. Les quedan
trescientos días. Yo me vi invadido. Comprenderá usted que no pierda el tiempo en hablar del pasado, porque tengo que hablar de su responsabilidad, la del Gobierno para cumplir este papelito que ustedes prometieron. Entenderá que llevo toda la
razón. ¡Faltaría más! No cambiemos los papeles que les va bastante bien. Yo no me voy a dejar enredar. Su responsabilidad es cumplir con el programa electoral y la mía pedir que lo cumplan, sobre todo en aquellos asuntos que benefician a Soria.
No tengo ningún problema si quiere usted tener un día un debate sobre la herencia pasada en Soria. Pida su comparecencia y este diputado por Soria vendrá con gusto a este Parlamento a hablar solo de la herencia; y también de otras muchas cosas,
pero hoy no es el caso. Usted tiene que venir a hablar aquí de las preguntas que se le han formulado; además, viene castigado porque no han cumplido adecuadamente con la labor constitucional que les corresponde de contestar en tiempo y forma.
Algunos de los datos que ahora me proporciona quizá los tenga yo por escrito, pero algunas de las preguntas, señor secretario de Estado, en este momento están sin contestar. Por lo tanto, un poco más de humildad, ¿de acuerdo? No ha hecho usted
bien los deberes y viene castigado a este Parlamento; es algo que hay que dejar bien claro.
Centrándonos en la cuestión de los contadores inteligentes y la energía consumida, formulé anteriormente una serie de preguntas en relación con este tema. La provincia de Soria es un provincia pequeña y, si hace usted memoria, le dije que
era una buena forma de impulsar, de ayudar a las personas mayores -tenemos una población muy envejecida, como así figura en las preguntas- porque, según los datos que usted ha facilitado, y que hemos podido conocer también a través de las compañías
eléctricas, tenemos un nivel de instalación, por un lado, mucho más bajo que la media de Castilla y León, mucho más bajo que la media de España -creo recordar que en Soria es del 11 %-. Además hace falta mucha pedagogía para que esas personas
mayores -hay un nivel de envejecimiento muy grande en esa provincia- puedan usar los contadores ya que, por las quejas que este diputado por la provincia de Soria está recibiendo, muchos mayores están preocupados con la interpretación de la factura.
Por ello, me gustaría saber qué medidas concretas van a tomar ustedes en la provincia de Soria para ayudar a estas personas, facilitarles la comprensión del recibo y para que se puedan beneficiar al máximo de todas sus ventajas a nivel de precios.
Ha dicho usted algo que creo que es producto de su desconocimiento de Soria. Según la declaración de la renta, se puede considerar que en Soria hay 300 familias, señor secretario de Estado, que cobran más de 100.000 euros en la provincia;
según los datos del Ministerio de Hacienda, del año 2012, son concretamente 312 familias. Señor secretario de Estado, no se me vaya usted a Serrano, yo le hablo de Soria y su provincia. En el año 2011, tenían derecho al bono social 11.576 familias
sorianas y ahora lo tienen 10.477. Se ha incrementado la pobreza, aspecto muy importante porque hay gente que no puede pagar la factura. En Soria el rigor climático es muy fuerte, tenemos temperaturas muy duras. La Unión Europea ha considerado y
ha compensado a Soria, Teruel y Jaén como NUT 3 porque reconoce institucionalmente estas carencias dentro del conjunto de la Unión Europea. Yo pido al Gobierno una
mayor voluntad de ayuda y mayor voluntad de apoyo porque es de justicia y porque, entre otras cosas, ustedes lo prometieron, junto con la cuestión de los contadores y la enseñanza a las personas mayores, que me preocupan especialmente.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): En primer lugar, debo que decirle que no seré un gran conocedor de la provincia de Soria, pero yo la visito tres o cuatro veces todos los años; mi última visita fue hace dos fines de
semana, entre otras cosas, porque los paisajes, bosques y riqueza natural de Soria es de lo más bonito de España.
El contador con telegestión que permitirá -todavía no lo puede hacer- dar los datos de consumo por horas, se ha instalado en Soria -usted tiene razón- en un porcentaje inferior a la media nacional; alrededor de 13 %, mientras que la media
nacional está en el 27 y en Castilla y León, en el 17. ¿Por qué? Porque las compañías han empezado sustituyendo aquellos contadores que son más fáciles de reemplazar, que son los contadores en las zonas urbanas; en las zonas rurales cuesta más y
lleva más tiempo, pero eso no quiere decir que no estén cumpliendo con los calendarios de sustitución de contadores, si bien es cierto que en las zonas rurales llegará un poco más tarde. En su momento, el despliegue no fue aprobado por este
Gobierno, pero se ha seguido realizando a lo largo de esta legislatura; ahora mismo no es necesaria una medición del consumo por horas porque lo que se hace es tomar la media de los consumidores españoles y facturarlos sobre la media del mercado.
Es decir, es un sistema muy parecido al que había anteriormente, pero en este momento no se están transmitiendo por horas los datos; es algo que haremos dentro de unos meses cuando esté disponible todo el aparataje técnico que ahora mismo se está
desarrollando. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que ocurría es que se estaban desplegando los contadores, se estaba cobrando más a los consumidores y esos contadores no servían para nada, salvo para mandar el dato de fin de mes a la empresa
comercializadora; de tal manera que se ahorraban el trabajador que antes acudía a realizar la lectura de los datos, si bien tenía unas capacidades de enviar consumos por horas que no se estaban utilizando en absoluto.
Es a raíz de la introducción del PVPC cuando pensamos cómo hacerlo. Falta por aprobar la reglamentación técnica para que se produzca esa transmisión de información, pero una vez que se produzca -que todavía no está, tardará unos meses-, los
consumidores podrán optar entre el sistema actual o que se les mida cada hora, y, que en relación a eso, se les cobre el precio que existe en el mercado. Esto interesa fundamentalmente a consumidores cuyo perfil sea muy distinto del consumidor
medio. Si alguien trabaja por las noches y vive por las mañanas, ahora mismo se está aplicando el perfil de todos y, sin embargo, puede tener un patrón de consumo distinto que le interese más. De todo esto se ha ido informando de forma puntual.
En las tres últimas facturas remitidas a los consumidores se les ha enviado un folleto valorado por el IDAE, más la campaña de comunicación que hemos realizado, donde se les proporciona información sobre cuáles son los distintos contratos que puede
realizar.
Hay que recordar que en España ya no hay tarifas desde el año 2009, lo que hay son distintos tipos de contratos: está el contrato libre con la comercializadora, en el que se pactan bilateralmente las condiciones, pero hay que tener mucho
cuidado en la lectura de las cláusulas del contrato. Hay un segundo contrato donde las cláusulas están reguladas por el Gobierno, donde las empresas están obligadas a dar una tarifa constante para todo el año. Las empresas fijan el precio que
estiman oportuno, pero los contratos están más controlados por la regulación. Por último, está el PVPC, donde el precio se toma del mercado, estando el resto de cuestiones fijadas por el Gobierno; este último es el que más protege de alguna manera
a los consumidores, pero es el que tiene ciertos vaivenes por los precios y no tiene otros servicios de valor añadido que puedan interesar a un consumidor, como mantenimiento, etcétera, que debe contratar con su comercializadora. Este esquema ha
sido explicado mediante campañas de comunicaciones y a través de un folleto que se vuelve a repetir en las últimas facturas. En cualquier caso, el consumidor puede acudir tanto a la sección de consumo de la comunidad autónoma, donde se lo
explicarán, como al Ministerio de Industria y al IDAE, donde puede recibir -de hecho recibimos- consultas sobre esta cuestión. Cuando esté lista la parte técnica del contador horario, podrán además optar por lo que sea lo más lógico, qué hora he
consumido, cuánto he consumido y qué precio tenía entonces la electricidad, y eso es lo que facturo. Eso está todavía por hacer, por lo que de momento no tienen nada que hacer los consumidores. Cuando llegue ese momento podrán optar por un sistema
o por otro, pero sin que ellos tengan que hacer más ni pensar en los precios.
Ahora mismo no es nada complicado, pues ahora lo único que se hace es la media del mercado y sobre eso se aplica en el recibo. Los consumidores no han tenido que hacer nada, pero sí se ha apreciado que el mercado está mejor cuando llueve o
hay viento porque el precio se abarata y cuando no, estamos más o menos en los precios que teñíamos anteriormente, como ha ocurrido en los meses de septiembre y octubre. En marzo y abril, que fueron meses de mucho viento y mucha agua, los precios
fueron muy bajos, lo que repercutía en el recibo. Esto es lo que hay a diferencia del sistema anterior, en el que los costes no hacían más que crecer y crecer, mientras que ahora están controlados. ¡Qué más hubiéramos querido nosotros que bajar la
parte regulada del recibo, que es sobre la que tenemos dominio, en un 20 o en un 30 %! ¡Pero si lo que hemos hecho es evitar que suban un 40, porque el déficit estaba ahí, era real y había que pagarlo! Todos los años los consumidores tienen que
pagar 3.000 millones de euros en amortización de deuda de intereses, ¡3.000 millones! Es el doble de lo que nos gastamos en la red de alta tensión de Red Eléctrica, el doble; es el doble de lo que nos cuesta que en Canarias y Baleares tengan el
mismo coste de electricidad que en la península. ¡Es un tercio de lo nos gastábamos en energías renovables y seis veces lo que nos gastamos en interrumpibilidad! Solo la deuda. Usted me dirá si había margen para encima reducirlo, es imposible; lo
que hemos evitado es que crezca. Hemos creado un sistema en el que la renovable tiene un peso específico importante; se ha hecho mal, pero tenemos ese activo ahora; que al menos cuando en verano tengamos sol y en otoño y primavera, viento y agua,
se abarate el recibo, que antes no se abarataba, antes lo incrementaba.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Aunque veo que ha reducido un poco la intensidad, señor secretario de Estado, tiene cierta querencia. Ya le he dicho que no tengo ningún problema, que acepte el guante, que si quiere hablar de la herencia
circunscrita a Soria para comparar gestión, no tengo ningún problema.Créame. Pida usted comparecer -porque tiene la potestad y la mayoría parlamentaria de su grupo para hacerlo- para decir: vamos a hablar de la herencia recibida y de nuestro
programa electoral y de la gestión. No hay ningún problema, usted viene, comparece, se somete a la comparecencia y yo vengo aquí gustoso, y ya está. Insisto: usted de lo que tiene que dar cuenta es de este programa electoral, de este y de este
(Muestra unos documentos), que me lo he leído entero, entero me lo he leído; cada palabra de lo que ustedes han dicho. Por supuesto que sé de memoria el programa electoral de Soria porque tuve que combatir esto (Muestra uno de los documentos) para
ser diputado, porque prometían de todo y, claro, la gente decía: ¡Empleo para todos! Vamos a votar al PP. Sobre las infraestructuras ofrecían todo. ¿El AVE? Por un lado no, por dos: desde Navarra y desde Madrid, y además estudiarían conectar a
Valladolid. ¿Y en cuanto a la autovía del Duero? Bueno, ya me veía yo circulando por la autovía del Duero. ¿Energía? Gratis para los empresarios. Sobre polígono de Valcorba cuando llegaran al Gobierno iban a funcionar a tope. Les quedan poco
más de trescientos días y no han hecho nada. Eso es lo que me preocupa a mí su compromiso electoral, y del que tiene que dar cuenta usted aquí. Respecto a la deuda grosso modo, 11.000 millones llevan ustedes en tres años de deuda eléctrica, pero
no es el objeto de las preguntas.
El objeto de las preguntas es que me conteste a lo que yo le formulo. Hay una, si usted quiere dar datos, que está bien clara y no la han contestado todavía; es muy clarita, contéstenmela por escrito; cuando yo analice los datos, lo vemos
y entonces luego analizamos si lo que usted dice es verdad o no es verdad, pero yo tengo los datos oficiales, que es la forma de pedirle a usted responsabilidades. Concretamente es la pregunta 48.060, que está aquí en el expediente, que dice:
indicar cuál ha sido la cantidad total de energía consumida en la provincia de Soria, el total facturado por tramos. Hay otra -como usted se refiere a la herencia, tengo que buscar las preguntas-, que además está viva, la 50.550, transformada, que
está sin contestar, por tanto pido a la Mesa que me ampare y le pido al Gobierno que la conteste. Dice la pregunta: desde que en el año 2000 se fijó un sistema para marcar el tope que podría tener el precio de la energía eléctrica -sabe usted por
el euro-, derivado desde entonces a lo que se llamó exceso del denominado déficit de tarifa, qué cantidad anual se ha acumulado desde entonces. Le pregunto por la provincia de Soria, Castilla y León, en España. Esta pregunta no se ha contestado.
Es sobre lo que usted está dando referencia de manera oral permanentemente. Por favor, contésteme, lo analizo, pide su comparecencia y lo estudiamos.
Volviendo al asunto anterior, me encanta que coincida en que Soria es una de las provincias más bonitas de España -es verdad-, yo no dejo de recordarlo, así lo siento, así lo creo y así lo difundo. A lo que yo me refería, señor secretario
de Estado, para que no se me vaya por las ramas, es a que usted
quizá no conozca que allí no hay mucho rico al que hacer referencia; son jubilados, trabajadores o funcionarios; muchos viven en la ciudad, otros en el medio rural, y el bono social se ha reducido en las cantidades que le he dado y, por
eso, he hecho esa referencia al perfil sociológico de la provincia. Me refería a las personas y a su nivel de riqueza.
El señor PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al secretario de Estado, señor Lavilla, ha hecho referencia a esa última pregunta que no está en el orden del día, ¿me puede decir cuál es?
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Sí, está en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Quiero hacer un comentario general ya que me saca en cada pregunta el programa electoral. Yo no he querido hablar de: por el pleno empleo; mejor nos callamos y no le digo: por el
pleno empleo. (La señora Seara Sobrado: Hombre, por favor, vas a comparar).
Dicho esto, no acabo de entender de qué se queja. Si fueron todos los altos cargos de la Junta y del Partido Popular a Soria, según usted, para intentar que no tuviera usted escaño y sacó el escaño, pues le fue muy bien. Me alegro mucho;
pero no acabo de entender cuál es la caja. Y si ahora cree que tiene el escaño todavía más asegurado, pues tampoco acabo de comprender el resto de cosas que me está planteando. Lógicamente en el Parlamento nacional tiene que haber diputados de
todas las provincias y de todos los partidos porque si no, esto no funcionaría.
Dicho esto, usted tiene todo el derecho del mundo -faltaría más- a preguntar por la provincia en la que ha sido elegido, pero también entenderá que el secretario de Estado de Energía intente responder no solo a los datos -cuando los tiene-
de su provincia y de lo que pasa en su provincia, sino a lo que es la política general energética de España porque esta es la Cámara que representa a todos los españoles.
Respecto a las dos preguntas que me ha realizado, tengo que decirle que el Gobierno en ambos casos no dispone de datos divididos por un motivo: la electricidad no la vende el Gobierno, la venden las compañías, y las compañías
comercializadoras son las que tienen los datos de sus clientes. Nosotros podemos saber la parte regulada, qué es lo que en conjunto se recibe por el peaje o cuáles son los agentes que tienen en bono social porque tenemos que recibir esta
información para realizar el pago correspondiente. Pero cuánta energía se consume en una provincia lo conoce el comercializador, como no conocemos el número de zapatos que se venden en la provincia de Soria. Lo mismo en cuanto al déficit. El
déficit es una diferencia entre ingresos y gastos del sistema. No se generan en una provincia o en otra. Es el conjunto de actividades del sistema y el conjunto de lo que se recauda en el sistema. Supongo que la Agencia Tributaria, como recauda
impuestos, sí sabe dónde se han devengado los impuestos en cada sitio, pero no es el caso del sistema eléctrico. El sistema eléctrico recibe los ingresos por peaje del conjunto de los ciudadanos, a través del recibo eléctrico; nuevamente no son
presupuestos generales, es dinero privado que se canaliza a través de facturas privadas y que entran en la cuenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en función de la regulación; pero quien emite las facturas, quien recibe el
dinero son las empresas privadas cuya parte recibe en su conjunto en una bolsa la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Nosotros no podemos tener información, tendríamos que preguntarle a todas las comercializadoras -que son empresas
privadas- cuánto han vendido, o sobre eso, cuánto han recaudado y, calcular el déficit; es prácticamente imposible, porque en una red de alta tensión qué parte es imputable a una provincia y qué parte es imputable a otra provincia? (El señor
Lavilla Martínez: Se sabe). Es como preguntar cuál es el gasto en carreteras en la provincia de Soria; pues cuando es una nacional por la que pasan coches de toda España, no viene, y aun así Fomento tienen los datos porque es su carretera. Pero
no es el caso del sistema eléctrico.
Le puedo dar datos nacionales, que ya sé que usted me dice que me voy por las ramas y me voy al ámbito nacional. Le puedo dar los datos nacionales de generación del déficit en cada año y qué es lo que se ha ido pagando en cada deuda. Se
los doy ahora mismo, pero no puedo especificarlos para la provincia de Soria, igual que no puedo especificar cuánta energía se ha comercializado en la provincia de Soria. Esos son datos de empresas privadas. No es distinto de cuántos limones se
han vendido en la provincia de Soria, tendría usted que preguntar a los supermercados y a las tiendas de comestibles que venden limones. Nosotros lo que hacemos es regular una factura privada. Lo he mencionado anteriormente, no es dinero público,
no es una tarifa regulada. Las tarifas reguladas desaparecieron en el año 2009. Incluso
el PVPC es un contrato que forzamos a las empresas para que ofrezcan ese tipo de contrato a los consumidores, pero ni siquiera sabemos cuántos consumidores tienen ese tipo de contrato u otro. Esto es una decisión que toma el consumidor con
las compañías; lo que hace la regulación es obligar a las compañías a ofrecer determinados tipos de contratos. Si quiere, le doy los datos agregados, los datos divididos por provincias no se los puedo dar.
- INCIDENCIA EN LAS PLANTAS DE COGENERACIÓN DE PURINES EN LA PROVINCIA DE SORIA DE LA NUEVA REFORMA ENERGÉTICA QUE PLANTEA EL GOBIERNO, ASÍ COMO RAZONES DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO PARA NO CONTESTAR A LAS PREGUNTAS DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN REFERIDAS A DICHA COGENERACIÓN EN LA PROVINCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/048085). (Número de expediente 181/001899).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a tramitar la pregunta número 14 del orden del día. Tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, no me lo ponga fácil. No me refería a que estuviera encantado de que tuviera que competir con tanta gente; ya digo, más que en tiempos de los romanos. Lo de Numancia fue casi una
broma para lo que intentaron ustedes en las pasadas elecciones generales, con su hermano al frente reuniéndose con todos los empresarios, prometiéndoles créditos prácticamente gratis porque nos criticaban las ayudas. Señor secretario de Estado,
¿sabe usted lo que hacían? Nos criticaban las ayudas de reindustrialización porque cobrábamos interés cero y había que devolver el principal, el capital. Todo así, con empresarios reunidos allí, prometieron más ayudas y menos intereses.
Han cumplido, ¿eh? Se las han cargado ustedes. Las ponen a precio de mercado y encima menos dinero, pero, en fin, no es una cuestión para profundizar. Me refería a la visita de tanto cargo a que ustedes se comprometieron, y mi obligación
-usted estará conmigo, porque haría lo mismo si estuviera sentado aquí- es forzar al Gobierno a que cumpla. Cuando este diputado tiene compromisos de Gobierno que se cumplen con Soria retira preguntas, dialoga y negocia y cuando no se cumplen, como
es el caso de Fomento, agoto los minutos y todas las preguntas que se les pasen hasta el final, porque es mi obligación; cumplir con mi trabajo y hacer que el Parlamento controle al Gobierno, que es una función no solo partidista, sino democrática,
del Parlamento. En la pregunta que está escrita -la tiene ahí- le interrogo también por el total nacional y no me lo ha dado por escrito, así que ya me lo dará y lo analizaremos después. Usted sabe que así es.
En relación con el programa, simplemente antes de entrar, fíjese en lo que decían ustedes: Súmate al cambio, lo primero es la creación de empleo. El cambio de oportunidades para los 5.500 sorianos que están en el paro. El cambio es que
las familias y las pymes tengan acceso al crédito. El cambio es que los jóvenes terminen sus estudios y encuentren un puesto de trabajo en lugar de la emigración y un puesto en la cola del paro. Verá usted, señor secretario de Estado, que mi tono
es bastante moderado para la realidad que tenemos allí: 3.071 sorianos menos en Soria que se han marchado, que se han tenido que ir por falta de trabajo. Esa es la realidad. El festival de la recuperación allí no ha llegado. Hay 3.071 sorianos
menos, menos ayudas a las empresas y más paro: de 5.400 hemos pasado a 7.500. Esa es la realidad, aunque me gustaría que fuera otra.
Les quedan trescientos y pocos días de Gobierno y en estos trescientos y pico días de Gobierno, señor secretario de Estado, he recibido una queja de los productores de porcino sorianos. Le pregunto por las plantas de cogeneración. Usted,
que, como me ha dicho, conoce la provincia de Soria, sabe que es muy importante que se recojan los purines y se transformen porque el valor medioambiental de la provincia es uno de sus atractivos y, al no poder realizarse esa cogeneración en este
último año los campos están inundados de purines porque los ganaderos no saben qué hacer con ellos.
La tercera pregunta, relacionada con la número 14 del orden del día, se refiere a qué razones tuvo el señor ministro de Industria, Energía y Turismo en su visita a Soria, cuando habló de ayudas para el turismo -pero a Soria no llegó nada-,
para no contestar precisamente a esta cuestión que le formularon los medios de comunicación de Soria, que era una preocupación provincial. A lo mejor en otros lugares el tema de los purines no es importante; sí lo era en Soria y el señor ministro
no contestó. Estas son las tres cuestiones concretas que se incluyen en esta pregunta y a las cuales me gustaría que diera respuesta porque los ganaderos están muy preocupados, los de las plantas de cogeneración están muy preocupados
y el conjunto de los sorianos de la provincia, por lo que supone inundar de purines -porque no tienen otro recurso-, los campos, están muy preocupados. Esto afecta al turismo, a la imagen de Soria, a la viabilidad de las explotaciones
ganaderas y en general a la actividad económica de la provincia de Soria.
Usted habla de las grandes cifras de la energía y, lo que yo le puedo decir, es a que muchas empresas sorianas que se dedicaban a la fabricación de aerogeneradores -es una provincia volcada con lo verde- con este Gobierno no les ha ido nada
bien. Y también se preocuparon ustedes de ofrecer más ayudas en el programa, y en las reuniones que tenían, a los productores de energías verdes. Parece ser que era poco lo que nosotros estábamos haciendo y a lo mejor, probablemente, no era
correcto, pero incrementarlo va en la dirección contraria. Me gustaría que me contestara a estas preguntas.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Que la situación económica ha cambiado es un hecho innegable. España es el único país de la zona euro que va a tener crecimientos importantes el año próximo, en torno al 2 %, y la
prima de riesgo, que medía la calificación que hacían los mercados financieros a España y, por tanto, el dinero que nos prestaban -la prima de riesgo no es un esoterismo, sino que establece el precio del dinero que necesitamos que nos presten para
que el Estado y la economía española sigan funcionando-, ha bajado de manera sustancial. España ha dejado de ser el problema en Europa para ser uno de los países que se ponen sistemáticamente de ejemplo, desde el punto de vista del buen
funcionamiento de la política económica. ¿Eso quiere decir que a todos y cada uno de los españoles les ha llegado la recuperación? No, ni muchísimo menos. ¿Cómo podemos hablar de que ha llegado la recuperación cuando la tasa de desempleo sigue
siendo elevadísima, cuando hay familias que han visto disminuir su renta, cuando hay personas que no tienen capacidad para hacer frente a gastos necesarios? Por supuesto que queda muchísimo por hacer, pero la cuestión es dónde estábamos, dónde
estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos. No cabe la más mínima duda de que poco a poco y con el esfuerzo de todos los españoles -esto no lo hace el Gobierno solo; el Gobierno hace la regulación y elabora las leyes adecuadas, pero el esfuerzo es
de todos los españoles- estamos saliendo de esto y mucho mejor de lo que la mayoría de los observadores internacionales y nacionales esperaban. ¿Eso quiere decir que a la provincia de Soria, que a usted le preocupa -tiene toda la razón en que le
preocupe-, ha llegado ya la recuperación, hayamos visto crecimientos de población o vuelta de inmigrantes? Pues no, como hay muchas partes del territorio que todavía no se han recuperado. La recuperación es una mancha de aceite que va
extendiéndose muy poco a poco, pero ahora hay esperanza y hace dos años no la había.
Con respecto al segundo tema, la cogeneración de purines, los purines tratados en plantas suponían el 5 % de los purines nacionales. El 95 % restante no se trataba en plantas de purines para producir electricidad. Con el 95 % restante se
hacía lo que se va a hacer ahora con los purines que iban a las plantas, es decir, darles un tratamiento puramente agrícola, trasladarlos a zonas donde se necesitan los purines para fertilizar los campos y no convertirlos en combustible para
producir electricidad, que era un gasto económico absolutamente inasumible. Le voy a dar unas cuantas cifras: el sobrecoste para el sistema eléctrico de los purines estaba en torno a los 300 millones anuales más lo que cobraban a través del
mercado, con unas inversiones de unos 287 millones de euros. Los purines pierden, como otras actividades, sus subvenciones -hay que recordar que son subvenciones que salen del recibo eléctrico de los consumidores- porque ya han alcanzado
rentabilidades del 7,5 %, pero fíjese que esos 300 millones de euros que nos gastamos en el sistema eléctrico todos los años el Ministerio de Agricultura, hablando con las comunidades autónomas, lo ha resuelto con 10 millones; 10 millones que por
cierto ha puesto el presupuesto del Ministerio de Industria. Nos estábamos gastando 300 millones en producir electricidad a través de los purines de cerdo, cuando se podía dar esa misma solución medioambiental con 10 millones. Debo recordar que
300 millones son 7,5 euros por español, es decir, una familia media española de cuatro miembros estaba pagando 30 euros al año para mantener vivas las plantas de purines, que solo gestionaban el 5 % de los purines nacionales. Como usted
comprenderá, esto no tenía ningún sentido. Ningún país del mundo lo hacía, ninguno; es más, buena parte de las instalaciones venían de Alemania y Holanda, que habían cerrado todas sus fábricas de purines por inútiles, pero aquí lo hemos mantenido
durante catorce o quince años. El coste es inaceptable: 300 millones de euros al año más lo que cobraban de mercado para gestionar el 5 % de los purines españoles, y todo eso en el recibo eléctrico todos los meses, entrando, entrando, entrando,
entrando. La mayoría de las plantas de purines apenas tenían trabajadores, dos o tres personas, y vuelvo a repetirlo, 300 millones. Si ha habido algo en lo que el sistema eléctrico ha malgastado ha sido en el tema de purines, y vuelvo a decir que
no entiendo por qué
lo tenía que pagar el consumidor eléctrico. Es un problema medioambiental y agrícola y no un problema que tengan que pagar todos los españoles en el recibo de la luz a razón de 7,5 euros por español al año. Este es un caso en el que no me
cabe la más mínima duda.
En cuanto a por qué el ministro no contestó ese día, fue por motivos de agenda. El ministro contesta todos los días; es uno de los ministros que más sale en el telediario. Prácticamente lo veo haciendo declaraciones diarias en todas las
provincias de España y sobre cualquier tema. Si ese día en concreto, que no lo sé, no pudo contestar a las preguntas de la prensa no fue por el tema, porque sobre los purines ha contestado cientos de veces a los medios de comunicación, sino porque
algo urgente se le habría retrasado o por alguna cuestión parecida. Este asunto ha sido abordado tanto por el ministro como por el secretario de Estado en múltiples ocasiones.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Señor secretario de Estado, me obliga constantemente a decirle que soy diputado a pesar del programa electoral. Le he leído literalmente lo que decían ustedes aquí. Ustedes no decían: como el contexto
internacional es muy fastidiado, no sabemos el empleo que vamos a crear. No, ustedes prometieron empleo a los 5.500 parados que había aquí y a todos los jóvenes para que no votaran al PSOE porque todos se iban a quedar con empleo en Soria. Eso es
lo que ustedes prometieron. Comprenderá que yo le exija responsabilidades por lo que ustedes prometieron, porque es una forma de ejercer la responsabilidad. Así es, no es de otra manera. Yo creo mucho en el Parlamento, muchas veces el Parlamento
es sano para controlar el Gobierno, muchas veces el Gobierno no se entera de algunas cosas que suceden; somos los parlamentarios, no digo en este caso solo el Grupo Socialista sino también el Grupo Popular y otros grupos de la oposición, quienes
dan luz. Igual ustedes no conocían estas promesas y ni siquiera las aprobó Mariano Rajoy; no lo sé, pero esto es lo que pone, es una copia literal, se lo puedo pasar a alguno si tiene alguna duda. Es la realidad, señor secretario de Estado -no me
vuelva usted a las andadas-, el festival de la recuperación no ha llegado a Soria pese a sus promesas; 38 % más de paro, 3.071 sorianos menos y la actividad económica muy fastidiada. No es objeto de esta comparecencia tratarlo a nivel general,
puede pedir una segunda y hablamos también de economía. Usted sabe que las exportaciones han caído un 5,1 % en el mes de agosto, se van a ralentizar probablemente, y que se ha acumulado un déficit de 16.000 millones. Sé que no es el objeto de las
preguntas; es solo una entrada para que vea que esto no es el festival que nos pinta. No, tiene más matices y daría mucho de sí. Muchas veces -como digo cuando viene el secretario de Estado de Comercio- las empresas exportan a pesar del Gobierno,
porque lo que han hecho ustedes es recortarles las ayudas exactamente un 34 % -se lo puedo decir para que así hable con su compañero de economía-.
En relación con los purines, no se puede mirar solo desde un punto de vista de rentabilidad económica la financiación de la cogeneración. Las ventajas que tiene para el medio ambiente son incalculables. España ha firmado acuerdos
internacionales sobre esta materia y claro que es más costoso. ¿Cómo se tienen que repartir? Ustedes son los responsables de gestionar esto para que se haga bien. Lo que yo le digo como representante de Soria es que se han cerrado dos plantas,
que la mayoría están en ERE, que los campos están inundados de purines y que las medidas que ustedes han puesto en marcha, de las cuales parece que 3 millones todavía no se han distribuido, son insuficientes. Yo se lo digo desde la realidad que
conozco. Yo no sé qué le cuentan a usted sus asesores o quienes les hagan los informes. Analice bien lo que yo le traslado; desde la realidad que yo conozco hay dos plantas cerradas, casi todas en ERE y los purines por el campo. Evidentemente el
que va a visitar la provincia de Soria, que es encantadora, lo nota; los ganaderos están abocados a eso. Yo no sé si estamos dentro de ese 5 % y todos los ganaderos que reciclaban purines en cogeneración están en Soria, no lo sé; lo que sí sé es
que antes funcionaba y ahora no funciona y que habrá otro tipo de sistemas mucho más equilibrados para evitar estos problemas que yo le subrayo y buscar soluciones. El ministro no contestó, respondió a las preguntas que quería y se marchó, cuando
le plantearon esta y la siguiente; es un hecho que no me invento yo, sino que me lo trasladaron algunos de los periodistas que estaban cubriendo la rueda de prensa. No van muchos ministros, la verdad porque tienen poco que vender en Soria ya que
no se ha hecho nada, pero ya que vAn a Soria es exigible que atiendan a los medios de comunicación, porque es la forma de atender las preocupaciones e inquietudes de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Si a usted le parece normal que un grupo de empresas inviertan 280 millones, reciban 300 millones de subvenciones al año más lo que recibían del mercado, creen muy pocos puestos de
trabajo, solucionen un problema medioambiental que el Ministerio de Agricultura ha resuelto con 10 millones y que esto siga siendo así, pagando todos los españoles de su bolsillo 7,5 euros por cabeza, entonces no podemos hacer ninguna reforma. Es
evidente que nosotros la hemos llevado a cabo haciendo los ajustes donde se estaba tirando el dinero, y este es un sitio donde se estaba tirando. Aun así, nosotros no hemos eliminado la subvención, la hemos ajustado a una rentabilidad del 7,5 %,
que ya está bien.
- MEDIDAS PARA EVITAR EL TARIFAZO ELÉCTRICO A LOS AGRICULTORES DE REGADÍO EN LA PROVINCIA DE SORIA, ASÍ COMO RAZONES DEL MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO PARA NO CONTESTAR A LAS PREGUNTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REFERIDAS A LA
AFECCIÓN DE LA REFORMA ELÉCTRICA AL REGADÍO EN LA PROVINCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/048092/0000). (Número de expediente 181/001900).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta del señor Lavilla, que es la que figura en el orden del día con el número 15.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: No sabía yo que el ahora comisario europeo y exministro de Agricultura cuando se comprometía con los ganaderos y les decía lo que les decía -como figura en la prensa- era también de los abonados a tirar el dinero,
porque promesas les hizo, señor secretario de Estado; el señor Cañete hizo unas cuantas promesas y pasaba la pelota al Ministerio de Industria. Usted lo sabe, ¿no? Porque bien que lo cuentan los ganaderos y los de las plantas de cogeneración.
Por tanto, no se puede simplificar de la forma que usted lo hace. Usted dice que antes invertían 300 millones y ahora se invierten 10; qué despilfarro, porque ahora funciona de maravilla y donde había 300 ahora hay 10. Le realidad que yo le he
pintado, si es que usted me ha querido escuchar -yo creo que me ha escuchado pero no ha querido entenderme-, es que donde ustedes ponen 10 el problema está sin resolver, al menos en la provincia de Soria. Por tanto, no sé cuántos son necesarios, no
es mi responsabilidad determinarlo; mi responsabilidad es pedirle a usted que lo resuelva. Lo que le digo es que en Soria eso no está resuelto: las plantas han cerrado, los ganaderos no tienen un sistema para llevar a reciclar los purines, que
por un lado son un problema medioambiental, pero, por otro, para la propia actividad de los ganaderos en Soria es una actividad económica muy importante. Por tanto, no me venga usted disfrazando lo que yo digo, porque figura en el 'Diario de
Sesiones' y es lo que le he trasladado en dos ocasiones: no está resuelto. Por tanto, yo no sé cuánto hace falta, si tiene que cambiarlo o hacerlo de otra manera, si tiene que pintarlo de otra forma; es su responsabilidad. Reitero que en la
provincia de Soria eso no está resuelto, como tampoco lo está -se ha hecho una reforma insuficiente- todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica para los agricultores de regadío en la provincia de Soria que, como dice la pregunta, afecta
principalmente a la comarca de Almazán, de la Ribera del Duero, junto a la provincia de Soria.
Yo le pido que me diga qué medidas complementarias van a poner en marcha para intentar ayudar a estos agricultores para que sus explotaciones sean lo más rentable posible. También le pregunto -aunque ya ha contestado a ello desde su punto
de vista, que no lo comparto- las razones que tuvo el ministro en su visita a Soria para no contestar a esta pregunta, según denunciaron algunos periodistas de Soria que me hicieron llegar esta queja.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): En el caso de los regantes que usted me está planteando, que es un caso que no solo afecta a la provincia de Soria sino a todos aquellos agricultores que tienen contratada determinada
potencia para regar, el problema se plantea en la medida en que solo utilizan sus instalaciones durante unos pocos meses al año, sin embargo la infraestructura hay que pagarla durante los doce meses del año. Es verdad que ha tenido un cierto
impacto económico negativo aumentar el peso de la parte fija del peaje y disminuir el peso de la parte de consumo. En el caso de las economías domésticas esto afecta a favor a las familias y va en contra de las viviendas vacías y de las segundas
residencias, ya que estas tienen muy poco consumo o de unos pocos meses al año, sin embargo la parte de su peaje estaba siendo pagada por aquellas familias que estaban consumiendo doce meses al año. Lo mismo ocurre en parte con el sector de los
regantes, que utilizan la infraestructura
durante dos o tres meses pero hay que pagarlas durante el conjunto del año. Con lo cual, al retarificar se les produce un cierto impacto negativo. Siendo consciente de ese impacto negativo sobre la actividad productiva, y en concreto al
amparo del artículo 15.3 de la Directiva 2003/1996, se introduce en el impuesto especial sobre la electricidad una reducción del 85 % de la base imponible, de acuerdo con el pacto alcanzado con el sector de regantes por la ministra de Agricultura y
el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El impacto estimado de esta exención fiscal va a suponer a los regantes un ahorro del entorno de los 55 millones de euros al año, que es aproximadamente el impacto que el cambio de ponderación en
la tarifa iba a tener sobre el sector de los regantes. Hay que mencionar aquí otra cuestión. La Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia estima que todavía tendría que ser mayor el coste fijo pagado a través del peaje por contrato de
potencia. Ahora mismo para los regantes de baja tensión está un 60 % basado en la potencia contratada y un 40 % basado en el consumo. La sugerencia que nos hace la CNMC es 90 % frente a 10 %. Ese cambio ha sido frenado por parte del Gobierno para
evitar que el impacto económico negativo que tenían los regantes se fuera agudizando con el tiempo. Aquí hay un problema de fondo, y es que aunque una infraestructura esté disponible -según usted dice- solo dos o tres meses al año, la
infraestructura hay que pagarla durante todo el funcionamiento. La comunidad de propietarios, en una segunda residencia vacacional, hay que pagarla los doce meses aunque solo se utilice dos o tres meses. Hemos intentado sobre los sectores
productivos que tenga el menor impacto posible y, en el caso de los regantes, establecer la exención fiscal correspondiente para compensarles por el impacto negativo que tenía la reponderación. Dar marcha atrás a la reponderación sería nuevamente
cargar sobre las familias con hijos el coste de toda la infraestructura eléctrica y librar del mismo a las viviendas vacías y a las segundas residencias que estaban infrapagando respecto a los costes que tenían que aportar al sistema eléctrico.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Hombre, no me diga que el dinero que se necesita para ayudar a los agricultores y que sus explotaciones sean rentables lo pagará no sé quién. Hay que buscar soluciones; las soluciones se buscan y el Gobierno
toma decisiones que es su obligación. Yo puedo decir: con los 100 millones que han tirado al lado en la ciudad de Soria en una actuación anticonstitucional, fíjese si habría para pagar factura eléctrica. No hagamos cuentas de ese tipo, porque
entonces no vamos al fondo del problema. Vamos a analizar si es justa o no la situación que me trasladan.
Yo le transmito lo que la sociedad soriana me hace llegar; de la misma forma que antes se me quejaban los de las granjas de porcino, algunas personas que se dedican a ello, o los de las plantas de purines, o las personas que están sufriendo
ese no reciclaje de los purines, en este caso le digo lo mismo. Se han dirigido a mí, al espacio Parlamento Abierto Soria, que es un espacio que tengo abierto para que todo soriano que tenga un problema se dirija a este diputado, le señale sus
inquietudes y yo se las pueda trasladar al Gobierno. Es verdad que el regadío permite un ahorro del 20 % al 30 % del agua, y es muy necesario porque el agua es un bien escaso, es un bien que hay que proteger y cuanta menos agua se gaste en la
cabecera del Duero más agua para regar habrá hasta que el río Duero desemboque en Portugal. Por lo tanto, hay que proteger el agua, hay que rentabilizar su uso; pero, si los costes de energía hacen inviable esta explotación, vamos a buscar un
equilibrio. ¿Y a quién le corresponde? A usted, al Gobierno le corresponde buscarlo. No me diga que si pone de aquí lo tiene que sacar de otro lado. No me haga echar cuentas de despilfarros de este Gobierno en cosas que no deberían de haber
hecho y han hecho, por ejemplo, el último decreto del Ministerio de Defensa -hablando de deudas, 813 millones de euros para comprar misiles, armamento-, una factura que nos dejó Aznar de 30.000 millones; no es esa la cuestión. Yo le hablo de cosas
concretas que me traslada la gente de mi provincia, y ustedes tienen que buscar soluciones.
Hay un problema, señor secretario de Estado; tal como está no son rentables y hay que buscar un equilibrio. ¿Cómo? Pues si no usan siempre la energía eléctrica, habrá algún tipo de tarifa que se les pueda poner a los agricultores, porque
está claro que no están viendo la televisión todo el día en la explotación; la utilizarán cuando se tenga que utilizar, cuando se pueda regar. En los casos tasados, como en la provincia de Soria, donde el rigor climático es muy claro y no puedan
regar todo el año porque es muy acotado el tiempo en que pueden utilizar ese regadío, supongo que la solución será más fácil. Yo le pido y exijo en nombre de estos agricultores que busque una solución. Yo creo que técnicamente es posible y además
es justa y necesaria. Por lo tanto, me gustaría que me dijera que la van a estudiar y que la van a encontrar, porque si se quiere se puede.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): Debo recordar una vez más que el sistema eléctrico es dinero privado a manos privadas y que, por lo tanto, no se puede hacer con él lo que se quiera. Además, en este caso concreto
existen directivas comunitarias. No se puede tarificar o establecer precios diferentes en función de la actividad. No existe tal cosa. No se puede poner un precio a la agricultura y un precio distinto a los regantes, y un precio distinto a la
minería. No, esto lo prohíbe precisamente el mercado interior. Por eso, la solución que hemos buscado -ya la hemos buscado- ha estado en el ámbito fiscal. Se ha compensado a los agricultores en la zona de regadíos mediante una exención fiscal del
85 % del impuesto de la electricidad. Eso, junto con los programas de eficiencia energética en la agricultura, debería de ayudar a compensar más que de sobra. Otra cosa distinta es que haya agricultores que todavía se acuerdan de las tarifas que
existían hasta 2009, como hay sectores industriales en que existían tarifas hasta 2009, ¡pero es que estas las prohíbe Bruselas! Las prohíbe precisamente porque los Estados miembros estaban utilizándolo como ayuda encubierta de Estado. Entonces, al
final, las han prohibido todas. Esa es buena parte de los problemas que tenemos, que se ha utilizado el sistema eléctrico como ayudas de Estado. Vuelvo a decir que esto lo pagan los españoles en el recibo. Esto no se recauda a través del IVA, del
impuesto sobre sociedades o del IRPF, por la Agencia Tributaria entra en el fondo común y luego se reparte en los Presupuestos Generales del Estado; no, no. Esto es dinero que se paga todos los meses por las familias y las empresas españolas por
un recibo que le gira una empresa privada a un consumidor privado; una parte de la misma son regulados porque hay una parte de la electricidad que hay que regular, como las redes, el operador del sistemas, etcétera, y sobre ella se ha cargado
ingentes cantidades de dinero que correspondían mucho más a los Presupuestos Generales del Estado que al recibo eléctrico. Nosotros, en la medida de lo posible, hemos intentado moderarlo, frenarlo, que el coste no creciera, meter racionalidad y que
el consumidor eléctrico pague el mínimo imprescindible.
Vuelvo a decir que el punto de partida era una subida del 70 % y faltaba otro 40 % adicional para reducir los costes. Cuando usted dice: alguna solución habrá. Hombre, la que adoptaban ustedes -dice que prefiere el pasado, pero es que el
pasado pesa mucho- era perfecta: bajo el peaje aquí, le doy el regalo a este, pago esto otro y...Ah, ¿qué no suma? Pues creamos una inmensa bola de deuda. Claro, esa solución ha reventado; esa solución no puede seguir. Es más, uno de los
primeros deberes que Bruselas puso a España en este periodo fue eliminar el déficit de tarifa, porque se había vendido por parte del Gobierno anterior que no era un déficit privado, que nada tenía que ver con lo público porque era dinero privado, lo
cual es cierto, pero por decisiones públicas. Hay mucho déficit público escondido y mucho presupuesto general del Estado escondido en el peaje eléctrico, que poco a poco hemos ido limpiando, ordenando y estructurando; nada fácil, porque el que
recibe una subvención y vive de ella quiere seguir viviendo de la misma. Este es un hecho objetivo. La subvención no se pagaba del aire, ni siquiera de los impuestos. Se pagaba del recibo de todos los españoles, ese que luego ustedes me dicen que
es difícil que los españoles puedan pagar. Estoy de acuerdo, pero quien le ha subido el coste de la electricidad a una renta baja ha sido el exceso de mala regulación en las legislaturas anteriores, no por las decisiones tomadas por este Gobierno,
porque todas van en la dirección del ahorro. No ha habido una sola medida tomada por este Gobierno que no haya ido en dirección de reducir y ajustar costes.
DE LA DIPUTADA DOÑA LAURA CARMEN SEARA SOBRADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE:
- NÚMERO DE SOLICITUDES EXISTENTES EN TRAMITACIÓN PARA REDES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN EN LA PROVINCIA DE OURENSE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/051000). (Número de expediente 181/002138).
- POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA EN LA PROVINCIA DE OURENSE CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2014 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/050999). (Número de expediente 181/002139).
- PORCENTAJE, SOBRE LA PRODUCCIÓN NACIONAL, DE ENERGÍA RENOVABLE PRODUCIDA EN LA PROVINCIA DE OURENSE CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2014 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/050998). (Número de expediente 181/002140).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las últimas preguntas del orden del día, todas ellas de doña Laura Seara, las números 21, 22 y 23 que se tramitarán conjuntamente. Tiene la palabra la señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Solo quiero hacer una consideración, antes de pasar a las preguntas, que tiene que ver con una cuestión que ha planteado mi compañero, igual que yo en este Congreso y esa iniciativa ha ido a la Comisión de
Agricultura y tiene que ver con las plantas de tratamiento de purines. Yo creo que ha habido algún dato sobre el que no le han debido informar a usted muy bien. Hay una planta, la única que hay en Galicia, que está en la comarca agroganadera más
importante de Galicia, donde hay mayor concentración de granjas, que es la comarca de La Limia, y en ella trabajan doce personas; no trabaja una persona o dos sino doce. Es una planta que puso en marcha una de las principales empresas
agroganaderas y de alimentación de este país que se llama Coren, que es una cooperativa que a usted le sonará. Esta planta ha sido cerrada igual que el resto. Sobre ella hemos hecho nosotros también alguna pregunta, pero ha habido algunas
incongruencias en su respuesta, porque las plantas se situaron, muchas de ellas con inversión privada -aunque había ayudas públicas-, en comarcas y en zonas o provincias donde había una actividad agroganadera importante, como es este caso. Le
vuelvo a decir que son doce personas trabajando y más de 120 millones de toneladas tratadas a lo largo de todo el año, porque -repito- es una de las comarcas con mayor concentración de granjas y de explotaciones agroganaderas, no solo de Galicia
sino del conjunto de España. Esta planta también se ha cerrado en esa decisión que afecta a otras veintinueve, igual que la de Soria, igual que la de Ourense, que además está en el Ayuntamiento de Sarreaus, para darle más datos. Por eso, como me
daba la sensación de que le faltaba algún dato, he preferido completárselo; no es que sepa yo mucho de esto pero, como cada uno habla de su tierra, de la mía a lo mejor algo sí sé. Solo comentaré una cuestión, y pasaré a las preguntas, que son de
carácter territorial.
Usted esta mañana -yo lo he escuchado- ha hecho un repaso político sobre las nuevas vías, las nuevas líneas de trabajo en materia energética. En algunas cosas siento discrepar y además tengo datos. No soy ninguna experta pero me gusta
documentarme y tengo datos al respecto que no coinciden exactamente con lo que usted ha ofrecido hoy aquí. Es verdad -esa es la postura del Partido Socialista y también la mía- que han aprovechado la crisis para cambiar el modelo energético con
cuatro características claras: la defensa de los intereses de las grandes empresas eléctricas; reforzar el oligopolio eléctrico; la lucha contra las renovables, quesobre todo en el caso de la eólica ha sido un clamor; y la lucha contra el
autoconsumo. Usted sabe bien que esta política está provocando incertezas regulatorias en las energías renovables, posibles cambios regulatorios cada poco tiempo -muchas plantas incluso están ya amortizadas-, riesgo en las inversiones futuras
afectando gravemente a sectores industriales asociados. Hay una caída en la inversión tanto nacional como extranjera en el sector, por eso se han incrementado los precios de la energía que afectan a familias y a empresas. Hay un brutal ataque al
sector eólico, primero, señor secretario de Estado, por la supresión de las primas a las nuevas instalaciones; segundo, por el cierre del prerregistro, una oportunidad perdida para el sector gallego en este caso -sobre el que le voy a preguntar-
por el atraso en el nuevo concurso eólico del presidente de la Xunta de Galicia, señor Feijóo; y, tercero, por la suspensión retroactiva de las primas para los parques anteriores a 2004. (La señora Moraleja Gómez: ¡Menos mal!). Soy de las que
tienen muy claro -igual que todo mi grupo- que el presidente de la Xunta no ha defendido frente a ustedes los intereses de Galicia en lo que a las políticas energéticas se refiere, porque Galicia, señor secretario de Estado, es la comunidad autónoma
con más viento, con más agua y con más biomasa de toda España (Rumores) -son datos científicos, no me los estoy inventando-, y a pesar de esto en Galicia se paga el precio de la electricidad igual que en otras zonas. Además, Galicia posee
indudables ventajas comparativas en el sector eólico (Rumores), y esto no es un dato discutible ni que pueda provocar risitas en algunas bancadas. Son ventajas en términos operativos, ventajas en cuanto a la cantidad y calidad del viento y a la
hora de producir energía renovable, pero también ventajas en términos de desarrollo industrial vinculadas al sector eólico, al sector del metal, al sector mecánico y con muchas sinergias además con el sector naval, que nada tiene que ver con mi
provincia. Creo que era importante hacer esta introducción para no perder la perspectiva de lo que estamos hablando.
Sabe perfectamente, porque es un conocedor de la materia -no tengo ninguna duda al respecto-, que con los Gobiernos de Manuel Fraga se inicia el desarrollo de los proyectos aislados; no fueron planes eólicos pero empieza a haber proyectos
aislados sobre esta cuestión. Es una época con cierto caos, porque hay descontrol y porque las autorizaciones se hacen de manera discrecional. Llega el segundo Gobierno a la Xunta de Galicia, un gobierno bipartito presidido por el señor Touriño, y
se aprueba un plan
eólico con una serie de características importantes: se introducen cuestiones medioambientales, los beneficiarios de las adjudicaciones crean empleo, hay participación del tejido socioeconómico gallego y del ámbito público. (La señora
Moraleja Gómez: Sí). Se produce un cambio de Gobierno, llega el Gobierno del señor Feijóo y empieza a primar la ideología y el revanchismo y se produce en Galicia una paralización total de la biomasa. (Rumores). Sí, sí, una paralización total de
la biomasa por una orden política que se da desde la Consejería de Industria, lo cual acaba siendo además un estrepitoso fracaso. Surge el Plan eólico 2010 -las conclusiones las puede sacar usted; seguro que lo conoce- y hasta el momento actual no
hay ni un solo parque eólico de este concurso en funcionamiento; del suyo, del siguiente, después de haber anulado uno importante. Galicia perdió entre 2008 y 2013 cinco puntos en la potencia eólica instalada en el conjunto de España; pasamos de
la segunda posición a la cuarta a pesar de tener, insisto, el mejor viento. En 2013 en Galicia solo se instaló un 1,5 % de los megavatios eólicos del conjunto de España y la energía eólica, que recibe el 25 % de las primas, está soportando el 70 %
del recorte. Esto es lo que está ocurriendo en mi comunidad autónoma; todo esto -y termino, presidente- con una crisis industrial sin precedentes en la que la caída del peso de la industria manufacturera en el PIB está en torno al 12 %, cuando el
objetivo de la Unión Europea -lo sabe usted- para 2020 es del 20 %. La pérdida de ocupación industrial es muy fuerte. Por ejemplo, entre 2009 y 2013 se perdió un 25 % de ocupados, pasando de 200.000 a 150.000 más que en la reconversión de los años
ochenta en la provincia de La Coruña, que fue durísima; más que en la reconversión de los años ochenta. Por otro lado, la energía es un input importante en algunos sectores estratégicos de la industria metalúrgica, metalmecánica -empresas como
Alcoa, Megasa, etcétera-, y hay otros sectores que se han visto especialmente afectados por el parón de la eólica. Por tanto -termino-, si al encarecimiento del precio de la energía sumamos las dificultades de financiación salen a la luz problemas
-le estoy hablando solo de Galicia- como la disminución del crédito en un 66 % -desde que comenzara la crisis en 2013 había un 10 % de caída- o el coste financiero medio en España, que es el doble que en Alemania, un 6 % frente a un 3 %.
Esta era la reflexión que le quería a hacer para pasar a formularle las tres preguntas que hemos acumulado y que tienen que ver con Galicia y con la provincia de Ourense. Son preguntas sobre las solicitudes en tramitación para redes
eléctricas de alta tensión en la provincia de Ourense, sobre la potencia eléctrica instalada en la provincia Ourense con fecha de 1 de abril de 2014 y por último respecto al porcentaje sobre la producción nacional de energía renovable producida en
la provincia de Ourense con fecha también de 1 de abril de 2014. Estas son las preguntas. Solo necesitaré al final unos veinte segundos para otra cuestión que me queda pendiente.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): No me deja de sorprender que después de haber cometido los mayores errores de regulación energética de todo occidente lo que hace el Grupo Socialista es no enmendarse. Les voy a
mandar el artículo del señor Sebastián que describe muy bien todos y cada uno de los errores cometidos en política energética. El problema no es de las renovables sino cómo se metieron las renovables. Se metieron con calzador, haciendo
barbaridades que nadie más hacía en el resto del mundo y con unos costes brutales que han destrozado el sistema energético español y han restado competitividad. ¿Cómo me puede pedir en la misma pregunta renovables a tutiplén y sin control y
simultáneamente decirme que hay un problema en la industria porque la energía es muy cara? Tendrá que ver una cosa con la otra, digo yo. (La señora Seara Sobrado: Depende).
Respecto al tema de los purines, le haré un cálculo muy rápido. Cada planta de purines cobraba unos 10 millones de euros al año en subvenciones; 300 millones entre veintinueve plantas solo en subvenciones, más lo que cobraban en el
mercado. Me dice usted que en la de Orense eran doce puestos de trabajo; seguramente es de las que más tenga. Señoría, salimos a millón de euros en subvenciones por puesto de trabajo. (La señora Seara Sobrado: ¿Y la contaminación?). La
contaminación se resuelve de una manera mucho más barata. Solo era el 5 % de los purines lo que se trataba en las plantas; el 95 % restante no costaba esto, porque nos hubiéramos arruinado como país.
Dice que nuestra política energética se basa en cuatro ejes: el primero atacar las renovables. Los megavatios de renovables no hacen más que incrementarse; otra cosa es lo que están cobrando, porque les hemos garantizado una rentabilidad
del 7,4 % que nos parece suficiente. Y otra cosa es que las primas anteriores dieran rentabilidades brutales, y ya no le digo apalancadas al 80 o al 90 %, como estaban, o las que se vendieron, o los papeles que se vendieron. Eso sí que generaba
rentabilidad, pero ¿sabe usted a
quién? A los que financiaron las operaciones, a los promotores, y a los dueños del suelo, porque puestos de trabajo, lo que son puestos de trabajo, bien poquitos; a millón de euros el puesto de trabajo. Si se da una vuelta por un parque
fotovoltaico o por un parque eólico, dígame cuántos puestos de trabajo está generando ese parque. Los generó en su momento, en la instalación -sí, claro-, para ganar las elecciones de 2008, pero después nada; queda la hipoteca para el consumidor
eléctrico, que sigue pagando. Con esto no se quiere decir que no haya que introducir renovables, por supuesto que sí, pero a ritmo pausado, mirando la tecnología, viendo lo que hacen los países de nuestro entorno.
¿Cómo es posible que tengamos el 75 % de la termosolar del mundo? ¿Cómo es posible que en unos años instaláramos más paneles solares que el resto de la humanidad, cuando además estaban carísimos? Ahora mismo esos paneles solares valen
catorce veces menos que los que pusimos nosotros y son mucho mejores. Cuando los parques eólicos han dejado de recibir primas es porque ya han alcanzado la rentabilidad del 7,5 %. Se lo digo porque el IDAE es propietario de algunos de ellos, y aun
eliminada la prima alcanzan algunos de ellos rentabilidades de dos dígitos sobre el activo; imagínese apalancado. El propio ministro de Industria de la legislatura pasada dice que las rentabilidades eran escandalosas en algunos casos. El que no
tiene rentabilidades escandalosas es porque compró a otro promotor, que es el que se ha llevado la rentabilidad escandalosa. En ningún país del mundo se utilizaron las subvenciones basadas en precio fijo como en España, de forma tan intensiva. Por
cierto, la Unión Europea ahora está diciendo a los Estados miembros que hagan el favor de no repetir el mismo error y las guide lines de la Unión Europea para las nuevas renovables son muy parecidas a las que está introduciendo España.
Dice usted que nosotros defendemos el oligopolio eléctrico y el interés de las grandes compañías eléctricas. Pues permítame que le diga que si ha habido un Gobierno que ha ajustado retribuciones de estas compañías ha sido este. ¿Es que ha
habido algún Gobierno que haya revisado lo que se les estaba pagando en distribución o en extrapeninsulares hasta llegar este Gobierno? Lo único que he oído presentación de cuenta de resultados tras presentación de cuenta de resultados es que la
reforma les ha afectado a las compañías en no sé cuánto. Es verdad que les ha afectado, creemos que en una cantidad moderada, que era la aportación que tiene que hacer cada parte del sector a la resolución del déficit. Yo quiero saber qué medidas
tomaron ustedes cuando estaban en el Gobierno para ajustar el déficit y enfrentarse mínimamente a las empresas eléctricas o a las del resto del sector. Nosotros hemos intentado buscar un justo medio entre todas las partes porque todas aportan, pero
si ha habido procesos de concentración empresarial ha sido bajo los Gobiernos socialistas, en los que cada vez eran las empresas más grandes. Si ha habido un momento en que se ha establecido una regulación más estricta es ahora, porque no podemos
pedir esfuerzos a los consumidores y a los pequeños productores y simultáneamente no pedírselo a los grandes productores. Hemos pedido esfuerzos a todos de una manera que consideramos equilibrada.
Eso me lleva al tema del manido autoconsumo, que es la siguiente burbuja que ustedes quieren organizar. En el autoconsumo solo salen las cuentas porque evitan el pago del peaje por el consumo variable, lo que estábamos hablando
anteriormente. El que tenga capacidad de ponerse placas en el techo consigue que su peaje lo paguen los pisos de renta media y baja que no tienen capacidad de autoconsumir. Ese es el único efecto que va a tener el autoconsumo. Si fuera más barato
generar con autoconsumo lo pueden hacer, y lo pueden hacer ahora mismo. El autoconsumo no se ha prohibido. Lo que se ha dicho es que si el autoconsumo permanece conectado al sistema, paga los costes del sistema como todos los demás. Eso es lo que
se ha dicho, no que no se puedan poner placas solares donde uno quiera. Si uno se quiere montar su propio sistema de autoconsumo, se lo monta. Lo que no vale es decir: me monto la energía y evado el peaje, pero eso sí, si me falta o si me falla
la instalación entonces tomo de un sistema al que no aporto. Lo único que se ha establecido es un peaje de respaldo por la parte del peaje que va asociada al consumo, nada más. No hay ninguna prohibición ni nada por el estilo.
Vamos a las preguntas, que el presidente me está acuciando.
El señor PRESIDENTE: Se lo ruego, porque este es un trámite tasado. Luego tiene un turno para contestar a la réplica.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): El porcentaje de energía renovable producida en Ourense a 1 de abril de 2014 con respecto al total de la energía nacional es del 8,99 %. El IDAE puede facilitar datos de porcentaje de
consumo térmico de energías renovables sobre el total del consumo térmico de energías renovables nacional en periodos anuales. Para el año 2013 y en la provincia de Ourense el consumo térmico de energías renovables fue de 64.862 toneladas
equivalentes de petróleos
sobre un total nacional de 3.495.623 toneladas equivalentes de petróleo, es decir, el 1,7 % nacional. La potencia instalada en la provincia de Ourense está alrededor de los 2.625 megavatios. Esa es la información de la que dispone el
ministerio en estos momentos.
En cuanto a la cogeneración, en el año 2013 la potencia instalada en Ourense era de 29 megavatios sobre una potencia total nacional instalada de 6.487. La potencia en Ourense es el 0,45 % de la potencia nacional, según los proyectos de
cogeneración que se hayan acordado en cada provincia.
En cuanto a las solicitudes en tramitación para redes eléctricas de alta tensión en la provincia de Ourense, según la información facilitada por Red Eléctrica, los expedientes que se encuentran en fase de tramitación en Ourense de la red de
transportes son los siguientes: línea de 220 kilovoltios aislada a 400 de entrada y salida de Ponte Bibei y de la Trives a Aparecida; línea de 400 kilovoltios de Cartelle a Meson; línea de 400 kilovoltios de Beariz a Fontefría; modificación de
la línea de 220 kilovoltios de Conso a Valparaíso y de Aparecida a Trives, necesaria para el AVE; aumenta la capacidad de línea de 220 kilovoltios de Castrelo a Pazos y aumenta la capacidad de la línea de 220 kilovoltios desde San Esteban a Trives.
Estos datos se los puedo facilitar por escrito si así lo desea.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica tiene la palabra la señora Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Solo algunas cuestiones. El interpelado es usted, no soy yo. Usted me ha hecho preguntas sobre lo que hacía antes en el Gobierno. Yo también fui secretaria de Estado, señor secretario de Estado, pero ahora lo es
usted. Por tanto, soy yo como diputada la que le puede y debe preguntar a usted sobre cuestiones que interesan a mi grupo, de carácter territorial o de carácter general. Usted no puede interpelar en este caso a la oposición, no debería, sería un
poco kafkiano.
¿Es un dato pausado, tal y como usted ha hablado y la expresión que ha utilizado, la paralización del Plan eólico en Galicia y que después de todo este tiempo no se haya abierto ni un solo parque nuevo? ¿Esto es pausado o es paralizado?
Porque una cosa es pausada y otra cosa es paralizada. Esto me suena más a paralizado que a pausado después de todo este tiempo.
Ha dicho algunas cuestiones sobre la tarifa y sobre el precio que me llaman la atención. A causa de la crisis cae la demanda, pero sigue subiendo el precio, un incremento medio de casi un 10 % en el año 2013. Es verdad, el precio no se
fija en un mercado libre, pero a pesar de la teórica liberalización hay un mercado opaco -sí que lo hay- y oligopolista, y usted lo sabe exactamente igual que lo sé yo. No somos capaces de conocer el coste de la producción de energía. Los costes
de distribución y transporte son totalmente opacos y están fijados sin una auditoría hecha por la Administración.
La subida de los precios -voy terminando, señor presidente-, frente a lo que dice usted y frente a lo que dice el Partido Popular, no es culpa de las primas a las renovables, es culpa de los costes que no son energéticos y se incluyen en el
precio, que deberían financiarse a través de los impuestos, como la insularidad, los costes de transición y competencia, el bono social, etcétera. Vuelvo repetirle que no podemos echar la culpa a las primas a las renovables.
Los beneficios de las tres empresas eléctricas españolas en el año 2013 -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- superaron los 6.000 millones de euros. Entre 2009 y 2013, 36.000 millones de euros de beneficio. Las tres están entre las diez
primeras empresas no de España, de Europa, en beneficios. De esto el Gobierno y usted, por no hablar de esta forma tan laxa, debieran sacar alguna conclusión.
Antes de terminar y agradecerle los datos que me ha pasado sobre las preguntas que le había hecho, una cuestión que nos ha quedado. Si tiene usted a bien contestarnos ahora, vale, y si no puede pasárnosla por escrito. Tiene que ver con un
asunto de Granada y de Almería. ¿Cuáles son las razones que han hecho que el Ministerio de Industria haya excluido la planificada línea del eje Caparacena-Baza-La Ribina, en Vera, y la subestación de 400 kilovoltios de Baza del borrador de la red
de transporte eléctrico 2015-2020? Esta es la pregunta que durante la comparecencia queríamos haber hecho. Si usted tiene a bien contestarla ahora, bien. Si no, nos la puede hacer llegar por escrito y nos valdrá igualmente.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Nadal Belda): El problema no es la prima de las renovables. El problema es cómo se introdujeron las primas de renovables, lo vuelvo a decir. Si este año no hubiéramos hecho la reforma, las primas
de las renovables hubieran alcanzado 11.000 millones de euros en un sistema eléctrico que vale 35.000 millones. Saque usted las consecuencias. Un tercio del
coste eléctrico habría ido entero el pago de primas de renovables. Por cierto, España es el país de la Unión Europea que más gasta en renovables en relación con su PIB, y sigue siéndolo.
Me dice usted que no hay nuevos parques porque ha habido un parón. Es cierto que ha habido una cierta parada, porque ya hemos cumplido con los objetivos de 2018. Fue tan brutal la burbuja de renovables que tenemos un exceso de capacidad
instalada en todo ámbito. Dicho lo cual, en la nueva ley se establece un sistema mucho más sensato para ir introduciendo renovable en la medida que sea necesaria para cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea, ¡faltaría más!
Respecto a la pregunta concreta sobre Granada y Almería ahora mismo no le puedo contestar. Le puedo decir que en la red de transporte se ha hecho la planificación sobre los tres ejes que he mencionado anteriormente. Primero
interconexiones, que son críticas para el país y críticas para las renovables. En los dos últimos años en los meses de marzo y abril hemos tenido que desconectar energía renovable porque había tanta oferta de renovable que la red no la podía
aceptar y, en vez de poderla exportar a Europa, como nuestra interconexión con Europa es muy limitada, tuvimos que desconectar las unidades de generación. El año pasado incluso se llegó a parar nucleares. Esas circunstancias no deben ocurrir, como
no debe ocurrir lo contrario, y es que cuando acaba el verano y tenemos mucha menos agua porque por dentro del año hídrico español en el verano bajan mucho los niveles de las reservas de los embalses, sería bueno poder importar energía de Europa y
poder compensar la falta de energía que tenemos. Lo lógico sería que tuviéramos un nivel de interconexiones que nos permitiera en la primavera y a principios del verano exportar a Europa e importar del resto de Europa cuando el año hídrico baje.
Eso reduciría enormemente los costes que ahora mismo tenemos por mantener unidades de gas y carbón que están esperando a dar el respaldo al sistema en el caso de que no haya viento suficiente. Ya digo que lo primero son las interconexiones.
El segundo aspecto es eliminar las restricciones técnicas. Hay zonas de España que siguen estando aisladas energéticamente y eso significa que sus costes de energía son mucho más altos. Y un tercer aspecto, que es apoyar al sector
industrial. Esta línea en concreto no sé si entrará en alguna de estas categorías o cuál es el motivo. Yo gustosamente le contesto por escrito.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.