CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 624

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABRIEL ELORRIAGA PISARIK

Sesión núm. 27

celebrada el martes,

2 de septiembre de 2014

Página


ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), para:


- Explicar los avances en la lucha contra el fraude fiscal. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001604) ... (Página2)


- Informar de la posible regularización fiscal, por la vía de la amnistía fiscal, de miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, y de las investigaciones llevadas a cabo a partir de dichas
regularizaciones. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001597) ... (Página2)


- Ante la confesión de fraude fiscal del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, informar de si el citado expresidente o algún miembro de su familia se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, qué otras
personas también se han acogido a ella, y qué medidas se han tomado al respecto. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/001602) ... (Página2)


- Explicar los resultados de la lucha contra la economía sumergida hasta el momento. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000752) ... (Página2)


- Informar de los resultados de las actuaciones en materia de lucha contra el fraude fiscal. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001013) ... (Página2)

Página 2

- Dar cuenta del incremento de la economía sumergida y del fraude fiscal y de las actuaciones del Gobierno para hacer frente a esta situación. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001256) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Analizar los resultados de la lucha contra el fraude fiscal en 2013. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001362) ... (Página2)


Se abre la sesión a las diez de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, según el orden del día que todos ustedes conocen. La Mesa de esta Comisión, que se celebró ayer, aceptó la comparecencia del ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas para tratar las comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, en relación con
la lucha contra el fraude fiscal, la regularización fiscal por la vía de la amnistía fiscal de miembros de la familia del expresidente de la Generalitat, a las cuales hemos acumulado otras solicitudes de comparecencia anteriores que también figuran
en el orden del día correspondientes al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y otras del propio Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a verlas todas acumuladamente, como decidió ayer la Mesa, y seguiremos el orden habitual en este
tipo de comparecencias. En primer lugar intervendrá el ministro, a continuación los grupos parlamentarios que han solicitado la comparecencia, de mayor a menor; después aquellos que no lo han hecho para que fijen su posición si lo estiman
conveniente y, por último, cerrará el Grupo Parlamentario Popular.


Tiene la palabra el señor Montoro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, comparezco hoy en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados a petición del Grupo Parlamentario
Popular con la intención de hacer un balance de la lucha contra el fraude fiscal en esta legislatura. Creo que sin duda es una comparecencia oportuna y necesaria. Llevamos ya más de dos años y medio cumplidos de legislatura y es un buen momento
para revisar los resultados obtenidos y analizar la incidencia que están teniendo las medidas normativas aprobadas por esta Cámara y la presión y el buen oficio ejercido por los funcionarios de la Agencia Tributaria sobre los defraudadores fiscales.
Al hilo de la actualidad mi intervención pretende denunciar también el grado de perjuicio que está causando a nuestra economía y a los ingresos tributarios el sistema societario y fiscal de Gibraltar, cuya opacidad atrae a empresas que desarrollan
actividades de origen dudoso, así como las iniciativas adoptadas por el Gobierno español en la defensa de los intereses nacionales. Pero a nadie se le escapa que mi presencia hoy aquí tiene también su origen en uno de los más graves casos de fraude
fiscal, en términos cualitativos, que se han conocido en España. Me refiero a la noticia, a la publicación, a la difusión de que el expresidente de la Generalitat, don Jordi Pujol, ha tenido oculta en el extranjero una parte de su fortuna familiar
y que no pagó impuestos por este dinero durante más de treinta años, incluida toda su etapa frente al Gobierno de Cataluña, lo que ha provocado la consiguiente alarma social y es motivo más que suficiente para que el ministro de Hacienda del
Gobierno de España comparezca en este Parlamento. Lo hago para explicar los detalles del caso de los que tengo conocimiento y que la ley me permite hacer públicos, porque cuando un contribuyente o su representante legal hacen público, difunden a la
sociedad su situación tributaria, realmente debemos entender que la confidencialidad con que les ampara la Ley General Tributaria ha dejado de tener lugar. Así ocurrió en su momento con el conocido caso del señor Bárcenas y así ocurre ahora con el
caso del señor Pujol. Son ellos los que han hecho pública su situación tributaria y eso significa que no están buscando el amparo de confidencialidad de la Ley General Tributaria. Comparezco además, y muy especialmente, para garantizar a los
ciudadanos que casos de este tipo no se cierran con comunicados públicos, con difusión de noticias públicas. Si alguien como el señor Pujol creía que pidiendo perdón públicamente hacía borrón y cuenta nueva, se equivocaba de pleno. El Ministerio
de Hacienda va a llegar hasta el final en la persecución del fraude fiscal de todos y por supuesto del concerniente a la familia Pujol y va a actuar en todos los frentes para que nada ni nadie queden impunes. Actuaremos en sede administrativa y en
sede judicial, porque a la vista de los datos de que se dispone, no podemos descartar que se hayan cometido uno o varios delitos. Llevamos mucho tiempo trabajando para que se extienda la conciencia fiscal en la sociedad española y

Página 3

que se vea el fraude sin excepción como algo deleznable y vergonzante. Por eso es tan importante, cuando se conoce un caso de esta relevancia, dar una respuesta sólida, contundente, sin margen para la duda y esa es la respuesta que pretende
dar este ministerio.


Señorías, es obligación de todos los gobernantes hacer de la lucha contra el fraude fiscal una de las prioridades de su actuación. El Gobierno del Partido Popular se lo ha tomado muy en serio. No podemos permitir que todavía haya quien
justifique el engaño a la Hacienda pública o haga la vista gorda mientras millones de españoles honrados financian con su esfuerzo los servicios de los que nos beneficiamos todos los ciudadanos y hacen posible nuestra convivencia. El objetivo y el
deber ético de todo gobernante, de cualquier gestor público y por supuesto del ministro de Hacienda es conseguir que todos los ciudadanos y empresas con obligación de tributar aporten a las arcas públicas el dinero necesario para el buen
funcionamiento del país. Dicho de otra forma, una reforma fiscal como la que ahora está proponiendo el Gobierno del Partido Popular, que tiene como objetivo avanzar en la equidad del sistema tributario, debe ser ante todo eficaz en la lucha contra
el fraude. Hay que hacer leyes adecuadas a ese fin y hay que dar un impulso político para que las leyes se cumplan. A partir de ahí, cuando las directrices son las adecuadas y el trabajo de los funcionarios demuestra en todo momento su elevada
profesionalidad, los resultados que se obtienen son sin duda los esperados. Estamos ante objetivos que se van alcanzando y creo que esto es motivo de satisfacción.


Todos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Así lo recoge expresamente nuestra Constitución. La obligación de todos los españoles es contribuir de manera justa y equitativa al mantenimiento del Estado del bienestar y
cada vez que alguien incumple con esa obligación está defraudando al resto de los ciudadanos, está atentando contra el mantenimiento de las políticas sociales básicas de nuestro país, está perjudicando a nuestro sistema sanitario, a nuestro modelo
educativo, a las pensiones de los mayores, a las prestaciones por desempleo o a las ayudas a la dependencia. Por eso es tan importante la lucha contra el fraude fiscal y por eso debe ser una tarea del Estado perseguir al defraudador, sea quien sea,
al margen de su poder económico, mediático o político. De esta forma contribuimos a dar fortaleza institucional a la lucha contra el fraude, que es la manera de consolidar la evolución de los ingresos para poder afianzar la recuperación económica
que está viviendo nuestro país, al tiempo que sostenemos, financiamos correctamente el Estado del bienestar y el conjunto de los gastos propios de un Estado desarrollado moderno. La lucha contra el fraude es, pues, una tarea que a todos nos afecta
y que a todos concierne.


Resultados de la lucha contra el fraude. Lejos de ofrecer ningún balance triunfalista, puesto que queda muchísimo camino por recorrer en nuestro país, deseo trasladarles los resultados obtenidos fruto, como decía al comienzo de mi
intervención, de la presión de las leyes y de los profesionales de la Agencia Tributaria, que están haciendo una excelente labor. Quiero manifestarles que el esfuerzo va a seguir, porque estamos convencidos de que la acción continuada contra los
defraudadores es la única vía para acabar con esta lacra que supone un auténtico atentado social y entorpece, como decía antes, nuestra recuperación económica. Los resultados anuales de los ejercicios 2012 y 2013, con una recaudación procedente de
la lucha contra el fraude de 11.517 millones de euros en 2012 y 10.950 millones de euros en 2013, fueron los mejores de la historia de la Agencia Tributaria y han marcado una tendencia que se mantiene durante 2014. De hecho, el primer semestre de
este año es también el mejor primer semestre de la historia, con una recaudación de 5.508 millones de euros. Como estoy seguro de que todos los grupos parlamentarios aquí presentes tienen interés en conocer los detalles de los resultados de este
primer semestre, les diré que hoy mismo entrará esa información en el registro del Congreso.


Hay un dato que refleja cómo el Estado está ganando la lucha contra la economía sumergida, que es el incremento de la recaudación del IVA en los primeros meses de este año. Es evidente que este dato nos muestra que está aumentando la
actividad económica y el consumo en nuestro país, pero la realidad es que la recaudación está creciendo a un ritmo superior -muy superior- a lo que crece la economía, a lo que aumenta la demanda interna y a cómo evoluciona el consumo, y eso nos
indica que está aflorando dinero procedente de la economía sumergida. Con un crecimiento del PIB real del 1,2% en el segundo trimestre de 2014 y un deflactor del menos 0,4% estamos alcanzando una tasa de crecimiento de la recaudación del 5,3%,
medida como crecimiento anual de los ingresos tributarios homogéneos, mientras que el aumento del IVA se sitúa en el 6,8%. Insisto, 6,8% frente a un crecimiento de la actividad económica del orden del 1,2% o menos contando con que el deflactor del
PIB es negativo; por tanto, estamos en términos nominales en crecimientos menores. Estamos prácticamente multiplicando por siete los avances de recaudación del IVA.

Página 4

Otro dato que me gustaría resaltar en esta comparecencia es cómo ha crecido en los dos primeros años de legislatura la tributación de las grandes empresas. Si el tipo medio efectivo sobre el resultado contable se redujo en el año 2011 hasta
el 3,8% -eso significaba que algunas de las grandes empresas tributaban al cero por ciento-, en 2012 este tipo medio se incrementó hasta el 5,3% y esperamos que los datos de 2013 lo sitúen por encima del 9%. Por tanto, como decía, hemos triplicado
la recaudación tributaria procedente de las grandes empresas gracias también, como decía, a los cambios normativos en el impuesto sobre sociedades que se han impulsado desde esta Cámara.


Les decía al comienzo de mi intervención que la lucha contra el fraude está en la agenda del Gobierno desde el comienzo de la legislatura; de hecho, el Consejo de Ministros de 2 de enero de 2012 ya la fijó como una de sus prioridades. A
partir de ahí, a lo largo de los meses siguientes hemos ido impulsando varias líneas de actuación que han sido las que han permitido profundizar en la lucha contra el fraude fiscal con los resultados que estoy mencionando. En esta línea de
actuación voy a destacar el refuerzo normativo con nuevas leyes y modificaciones para ofrecer instrumentos legales más eficaces en la lucha contra el fraude y por otro lado el refuerzo operativo de las actuaciones de los profesionales de la agencia.
En el ámbito del refuerzo normativo está la aprobación de la Ley 7/2012, de 29 octubre, que dota a la Agencia Tributaria de nuevos instrumentos y fuentes de información, endurece las sanciones en caso de infracción y refuerza las medidas cautelares
para garantizar el cobro de la deuda tributaria. Por otro lado, está la reforma del Código Penal aprobada dos meses después, que incluye un tipo agravado de delito fiscal para cuantías mayores de 600.000 euros, elevando la pena y el plazo de
prescripción.


Por lo que se refiere a la regularización fiscal, en el ámbito de las medidas de refuerzo normativo hay que destacar el Real Decreto-ley 12/2012, que estableció la declaración tributaria especial para regularizar rentas que estaban fuera del
alcance de la Hacienda pública y que de otra manera nunca habrían pasado a formar parte de las bases imponibles y, por tanto, nunca habrían empezado a pagar impuestos ni en el presente ni en el futuro como están haciendo desde el momento en que
afloraron. Aquello fue una iniciativa excepcional para atender a una situación excepcional como estaba viviendo no ya la economía sino la sociedad española en el año 2013. España necesitaba que afloraran capitales que se movían en la opacidad y
que por tanto no estaban contribuyendo a la salida de la crisis económica. Quiero recordar además que los datos de los contribuyentes que se acogieron a la regularización extraordinaria, que eran del orden de casi 40.000 contribuyentes, están en
los ordenadores de la Agencia Tributaria. Puedo afirmar que nunca hubo tanta información en los ordenadores de la Agencia Tributaria y a ese respecto está a disposición del personal de Inspección Financiera y Tributaria, que puede acceder a los
mismos por razón de su trabajo y que puede investigarlos como los de cualquier otro contribuyente si los funcionarios entienden que hay motivos suficientes para ello. Quiero decir también que si se descubre que hay un origen delictivo en el dinero
que ha aflorado, la persona implicada debe responder por ello como cualquier otro ciudadano.


Como medida asociada al programa de regularización extraordinaria se creó, como sus señorías recordarán, una nueva obligación de informar sobre cuentas, valores e inmuebles situados en el extranjero, aquella declaración del modelo 720. El
incumplimiento de esta obligación conlleva una sanción específica y las rentas no declaradas a partir de ese momento no prescriben. Esa declaración ha sido presentada durante 2013 por más de 134.000 obligados, que han declarado la titularidad de
más de 88.000 millones de euros. Esta obligación aporta un complemento importante de contraste, de cruce de información, lo que por ejemplo ha permitido a los órganos de recaudación efectuar más de 650 requerimientos de información o embargo ante
autoridades extranjeras en el último año y medio. En el ámbito del refuerzo operativo se han intensificado las actuaciones de obtención de información y las actuaciones presenciales para controlar actividades de la economía sumergida. También he
de decirles a ese respecto que el año pasado, el último año 2013 en cifra cerrada, el número de actuaciones presenciales ascendió a 21.741 sobre un total de 93.261 actuaciones de la Agencia Tributaria. Insisto, es la cifra del año 2013. Lo digo
porque siempre hay alguien en los medios de comunicación que se considera tan relevante que acaba diciendo que es uno de ellos, pero es que hay 93.000, casi 100.000 actuaciones de la Agencia Tributaria cada año. Pero vamos, no hay por qué poner
cortapisas para que declaren públicamente aquellos que están sujetos a ese tipo de inspecciones; al revés, bienvenida sea la publicidad puesto que está demostrando que, efectivamente, la Agencia Tributaria tiene una muy notable eficacia en su
comportamiento. En el primer semestre de 2014, el número de actuaciones presenciales asciende a 9.876, casi 10.000. Por otra parte, han aumentado las operaciones de control aduanero para la lucha contra la falsificación y la piratería y

Página 5

contra el contrabando de tabaco. Desde el año 2012, se han incautado en España casi 24 millones de cajetillas de tabaco y se ha detenido por contrabando a 355 personas.


Anunciaba en mi intervención que iba a referirme al caso de Gibraltar como un asunto relevante que también ha surgido otra vez con fuerza, como suele ocurrir cada verano, en los medios de comunicación españoles y, por tanto, entiendo que la
sociedad española merece también una explicación pormenorizada de la actuación del Gobierno en este capítulo. Ya en el año 2012, la directora del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales denunció formalmente ante el director de la Oficina
Europea Antifraude, la OLAF, el incremento desmesurado de las entradas de cigarrillos por vía terrestre con destino a Gibraltar y, paralelamente, el drástico aumento en la zona de los índices de contrabando y las aprehensiones efectuadas en los
meses anteriores. En esta denuncia se informaba de que España había intensificado las acciones de vigilancia y control aduanero en la zona y se solicitaba a la OLAF que requiriese la colaboración de los fabricantes de tabaco. Gracias a la denuncia
de España, la Oficina Antifraude de la Unión Europea abrió una investigación cuyo resultado se conoció hace tres meses y que indica que el contrabando de tabaco precedente de Gibraltar ha provocado una pérdida de ingresos para España de unos 708
millones de euros en el periodo 2010-2013. Así pues, la actuación de la Agencia Tributaria ha resultado decisiva para que la OLAF conozca de primera mano y denuncie la situación que se está produciendo en Gibraltar y para que nuestro país mejore
sus sistemas de control en la frontera de La Línea. En cualquier caso, nosotros creemos que el perjuicio que causa Gibraltar a nuestra economía y a nuestros ingresos fiscales es aún mayor. Yo, en mi condición de ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, envié una carta en diciembre del año pasado al Gobierno británico alertando de que el régimen fiscal de Gibraltar no se adecua a los estándares de la Unión Europea y de que nos está causando unas pérdidas en forma de
menores ingresos tributarios por distintos conceptos próximas a 1.000 millones de euros anuales. Hay que destacar que la opacidad del régimen fiscal de Gibraltar le convierte en un polo de atracción de empresas de dudosa actividad. Además, su
impuesto sobre sociedades exime de tributación a las entidades extraterritoriales u offshore, que estando establecidas allí efectúan toda su actividad fuera del territorio gibraltareño. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión
Europea, en una sentencia dictada en noviembre de 2011, consideraba que el proyecto de reforma del impuesto sobre sociedades gibraltareño, muy similar en sus efectos al régimen actual, constituía de hecho un régimen de ayuda de Estado incompatible
con el mercado interior. Según los datos aportados por el Reino Unido en 2012, de un total de 21.770 sociedades registradas en Gibraltar, menos del 11% paga en la práctica sus impuestos y más de la mitad son meras sociedades de tenencia de bienes
que no están sujetas a obligaciones de información, ni contable ni a procesos de investigación. Es también muy relevante el hecho de que gran parte de las sociedades registradas en Gibraltar funcionan con uno o ningún empleado. El Gobierno de
España ha actuado y seguirá haciéndolo para acabar con esta situación que perjudica a nuestros intereses y va en contra de las normas comunitarias. Así, a requerimiento de nuestro país, el Consejo del Ecofin de diciembre de 2012 acordó que
determinados elementos del impuesto sobre sociedades de Gibraltar eran perjudiciales, por lo que el Reino Unido debería presentar una propuesta de modificación del mismo.


Quiero destacar asimismo que la Agencia Tributaria ha creado en esta legislatura una línea específica de selección de contribuyentes en relación con Gibraltar. Como es sabido, en la zona adyacente al Peñón reside una importante colonia de
ciudadanos domiciliados fiscalmente en Gibraltar, pero cuya residencia efectiva existen más que indicios de que está en nuestro país, está en España. Son alrededor de 6.700 ciudadanos que se benefician de nuestros servicios públicos, pero no
contribuyen a financiarlos con sus impuestos. La Agencia Tributaria ya está desarrollando actuaciones de comprobación, que permitirán la regularización de numerosos de estos contribuyentes que poseen inmuebles de elevados valores catastrales.
Estamos hablando de casi 1.700 propiedades, que suman valores catastrales cercanos a los 250 millones de euros. Tampoco debemos olvidar la correcta tributación de los medios de transporte, vehículos de elevada cilindrada o embarcaciones de recreo
utilizados en España con matrícula de Gibraltar, respecto de los que la omisión del pago del IVA y del impuesto sobre determinados medios de transporte supone una pérdida de ingresos para nuestro país de hasta el 36% de su valor. En este sentido,
también se han desarrollado actuaciones de seguimiento y control de vehículos de matrícula gibraltareña para verificar su uso por personas residentes en España, procediéndose en tales casos a la regularización de los impuestos citados.


Quisiera también en este punto referirme al ámbito de la fiscalidad internacional, donde las actuaciones se han centrado en personas o entidades que localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros

Página 6

países, contribuyentes con residencia fiscal en España que ocultan sus activos en el exterior y entidades pertenecientes a grupos empresariales multinacionales con presencia significativa en España. Me gustaría destacar que el Gobierno ha
firmado en los últimos meses varios acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria con distintos países, incluidos algunos que se han considerado hasta ahora paraísos fiscales, lo que está permitiendo que algunas de estas
actuaciones se desarrollen con mayor facilidad y eficacia, aunque también hay casos en los que los países implicados hacen interpretaciones restrictivas del contenidos de los acuerdos, lo que dificulta o ralentiza la lucha contra el fraude. En
paralelo, a lo largo del presente año la Agencia Tributaria tiene previsto realizar más de 340 actuaciones para verificar operaciones realizadas con paraísos fiscales, procediendo a las correspondientes regularizaciones. A modo de ejemplo, el
Gobierno ha extendido la red de intercambio de información con la firma de acuerdos como Jersey, Guernsey, Isla de Man, Mónaco y Macao. Además, España ha liderado junto con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido el desarrollo de un nuevo estándar
internacional de intercambio automático y multilateral de información al negociar con Estados Unidos el acuerdo Fatca y posteriormente al promover el proyecto piloto que ha impulsado los trabajos de la OCDE y la Unión Europea, reconocidos y apoyados
por el G-20. Asimismo, se han mantenido contactos al más alto nivel con el Principado de Andorra para repasar la aplicación del acuerdo de intercambio de información tributaria y profundizar en esta colaboración, comenzando la negociación para
llevar a buen término un convenio que evite la doble imposición. Entre las operaciones realizadas en el ámbito de la fiscalidad internacional también me parece conveniente destacar las actuaciones de regularización de la deducción indebida de
gastos financieros en operaciones intragrupo, que en 2012 han supuesto un incremento de las bases imponibles declaradas de más de 1.700 millones de euros, y las actuaciones de control sobre los precios de transferencia, que han permitido ajustes en
la base imponible superiores a 472 millones de euros.


Auxilio a la justicia. No voy a extenderme mucho más, aunque no quisiera terminar esta parte de mi intervención sin destacar el papel relevante que desempeña la agencia en el auxilio de los tribunales de Justicia, función a la que dedica un
número importante e incluso creciente de funcionarios. Solo en el primer semestre de 2014 son 1.304 los funcionarios que han prestado labores de auxilio judicial y peritaje, frente a los 1.034 de todo el año 2011, los 1.165 de 2012 y los 1.204 de
2013. Asimismo me gustaría destacar que ha habido un notable incremento de las condenas por delitos contra la Administración y la Hacienda pública por parte de los tribunales de justicia. El número de personas encarceladas por estos delitos en
julio de 2014 es de 252 frente a las 183 que estaban en esa situación en enero de 2012, lo que supone por tanto un incremento del 37% en estos dos años y medio. En este punto debo resaltar que esta colaboración con la justicia es total y absoluta
en todos los casos, y no puede nunca estar mediatizada por ninguna circunstancia.


El Gobierno es consciente de que el personal de la Agencia Tributaria tiene que aumentar para mejorar aún más la respuesta profesional a la que nos tiene acostumbrados. Por ese motivo, el Consejo de Ministros, junto a la oferta de empleo
público ordinaria, ha aprobado una oferta de empleo público extraordinaria, un hito que pocas veces se produce tanto para nuevas incorporaciones como de promoción interna, que fortalecerá su capital humano. De este modo, para 2014 habrá en total
238 plazas para el turno libre -situándose en el nivel de plazas que se cubrían en 2009- y 627 plazas para promoción interna de funcionarios, cifra que representa la cota máxima desde 1997, lo que hace que se supere incluso la tasa de reposición.
Estoy hablando de un proceso que ya está en marcha, pues ya han sido convocados los dos concursos para proveer estos puestos de trabajo de promoción interna abiertos al personal de las categorías C1 y C2 de otros organismos y ministerios.
Adicionalmente se ha identificado como idóneo para la realización de determinadas labores auxiliares, administrativas y de apoyo al personal funcionario que preste servicios en la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Por ello, tras un estudio de
necesidades y disponibilidad de funcionarios que hayan mostrado su interés por trasladarse voluntariamente a la Agencia Tributaria, se abrirá otra vía de acceso al margen de los concursos que será la de las comisiones de servicios. Es un proceso
complejo que debe compaginar varias líneas de movilidad interna para ocupar estos puestos pero esperamos que esté culminado a finales de 2014. Con esta iniciativa se demuestra, por un lado, la apuesta del Gobierno -que estoy seguro de que es la
apuesta de todos los grupos políticos- por reforzar la lucha contra el fraude y, por otro, el deseo de incentivar a los funcionarios proponiéndoles nuevos retos en su carrera profesional. También quiero recordar que la agencia ha tenido en los
Presupuestos Generales del Estado de 2014 su primer incremento desde el año 2009, con una dotación cercana a los 1.000 millones de euros. Además de esta mejora en sus medios humanos y materiales, el Gobierno va a realizar una apuesta decidida por
la utilización intensiva de nuevas tecnologías

Página 7

en las labores de control y asistencia al contribuyente de la Agencia Tributaria y va a acometer la aprobación de un estatuto propio para la institución, como fue su compromiso. Quiero recordarles que por supuesto continúa abierto el
emplazamiento que hicimos a los grupos políticos para colaborar en la elaboración y en la definitiva aprobación de ese estatuto de la Agencia Tributaria. Me gustaría recordar que la reforma tributaria que el Gobierno ha enviado a esta Cámara y que
tendremos ocasión de debatir en sus diferentes estamentos tiene nuevos elementos que van a incidir en la lucha contra el fraude fiscal, como la publicación de la lista de morosos. Un instrumento que empujará a muchos a cumplir con sus obligaciones
fiscales para evitar el descrédito y el reproche social que supondría aparecer en un listado de estas características. En estos momentos podemos estimar que cerca de 2.000 personas y empresas podrían aparecer en esta lista. Me gustaría contar con
el respaldo de todos los grupos políticos a la gestión de los profesionales de la Agencia Tributaria y por eso amplío desde aquí la oferta de diálogo y consenso que expresé hace unas semanas en el Congreso de los Diputados al hablar de la reforma
tributaria. Estoy convencido de que todas las propuestas que se puedan hacer en el ámbito de la mayor eficacia de la Agencia Tributaria en el ámbito de la lucha contra el fraude son dignas de consideración, porque esa lucha contra los defraudadores
es sin duda una tarea de Estado que a todos y a todos los grupos políticos nos concierne. Desde luego, así lo entiende el Gobierno y así programa y guía sus actuaciones.


Decía al principio de mi intervención que todos debemos contribuir de una manera justa y equitativa al sostenimiento del Estado y que quien no lo haga debe ser perseguido, al margen de que disfrute o haya disfrutado de poder económico,
mediático o político; es decir, al margen de que estemos hablando de personas, profesionales en cualquier ámbito o dirigentes políticos que lo sigan siendo o lo hayan sido. Todos debemos contribuir sin excepción; es el principio básico de la
igualdad ante la ley. Pero déjenme que introduzca aquí un matiz. En realidad -voy a ser muy sincero- yo pienso que no todos los contribuyentes somos iguales. Algunos contribuyentes tenemos un plus de responsabilidad con nuestras obligaciones
tributarias. Me refiero a las personas que ocupamos o hemos ocupado un cargo público al servicio de los ciudadanos. Si nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de gobernar porque nos la han delegado los ciudadanos, si somos los que
aprobamos las leyes por las que se debe regir la convivencia de todos, si somos los que aprobamos los impuestos que todos debemos pagar y somos los que decidimos qué se hace con el dinero de esos impuestos que se aplican en los gastos públicos a
través de los presupuestos del Estado, tenemos asimismo la ineludible obligación de demostrar un comportamiento ejemplar y transparente. Por eso decía que entiendo, señorías, que no todos los contribuyentes somos iguales. Hay quienes tenemos un
plus de responsabilidad; que no se entienda ese plus solo cuando ocupamos cargos públicos sino también cuando los dejamos de ocupar. Nosotros somos los primeros que debemos cumplir las leyes, nosotros somos los responsables de gobernar para todos
con eficacia, austeridad y honradez, y nosotros somos, por supuesto, los primeros que debemos cumplir nuestras obligaciones tributarias -los primeros-, y cuando alguien entre nosotros no lo hace, también hemos de ser los primeros en hacer cumplir la
ley, los primeros en pedir que el defraudador pague por engañar a los ciudadanos. Esa es la actitud que se debe seguir. Por eso deberían meditar quienes cuando se producen indicios en las investigaciones tributarias de alguien hacen alusiones a
conspiraciones del Estado o a que van en contra de los intereses de alguien por muy representativo que sea ese alguien. Los indicios son indicios, no son pruebas definitivas y, por tanto, las declaraciones públicas también deben ser siempre lo
suficientemente comedidas a la hora de hacerlas.


Los políticos -les decía- somos los primeros que debemos cumplir con nuestras obligaciones y el que no lo haga debe pagar también como el primero. Por eso no es admisible lo que ha hecho don Jordi Pujol Soley, que en lugar de empezar
pagando lo que debe a los ciudadanos, saca un comunicado para justificarse. Estamos hablando de millones de euros ocultados al fisco. Eso no es una anécdota ni es un error, como dice el interesado. ¿Cómo va a ser creíble su comunicado cuando
tiene aún cuentas pendientes? ¿Quién va a creer sus palabras si sus obras no son coherentes? ¿De qué vale admitir el fraude cometido si no se ha reparado el daño causado? ¿De qué vale la confesión si no hay voluntad de enderezar el rumbo? ¿Qué
es lo más asombroso de la declaración? Que confiesa el fraude, pero no asume su responsabilidad en el mismo. Admite que lo ha hecho mal durante treinta y cuatro años, pero se queda en eso. No hace nada que demuestre que está dispuesto a hacerlo
bien a partir de ahora. Si realmente quisiera hacerlo, no habría emitido un comunicado público pretendiendo dejarlo zanjado a través del mismo; habría hecho una confesión en toda regla ante la Agencia Tributaria o ante los tribunales de justicia
contando toda la verdad para que se cuantifique cuánto y de qué manera debe pagar por lo que se ha hecho. El señor Pujol no ha hecho eso, y no parece que tengamos indicios de voluntad de hacerlo.

Página 8

Se ha limitado a justificarse públicamente y, a continuación, ha arremetido contra la banca andorrana, a la que acusa de haber dejado al aire sus vergüenzas, con lo que ya nos está diciendo -y aquí sí veo que hay mucha más sinceridad que en
el comunicado- que si no se hubiera visto obligado, nunca habría admitido que ocultó deliberadamente un patrimonio millonario. Esa es la única realidad de este supuesto.


Quiero expresar esta mañana en esta Comisión mi convencimiento de que el señor Pujol está reaccionando a las investigaciones, es decir, cuando se ha visto acorralado por las investigaciones de la Agencia Tributaria, de las fuerzas de
seguridad del Estado y de los servicios que persiguen el blanqueo de capitales. Es una reacción a esto; en definitiva, una propuesta de estrategia. Un Estado democrático lo que no puede admitir es un simple mea culpa de quien, por su parte,
también admite sin rubor que lleva más de treinta años ocultando un patrimonio debido a un error, de quien justifica ese error en que nunca encontró el momento adecuado para regularizarlo e intenta humanizar el desmán cometido diciéndole a la
opinión pública que todo es fruto de una herencia que repartieron entre los miembros de su familia, como si al buscar un argumento tan íntimo pudiera borrar de la conciencia colectiva de la sociedad treinta años de clandestinidad fiscal. El fraude
no se expía con una carta novelada de disculpas. Insisto, todos debemos contribuir. No se puede admitir que una carta de disculpas exonere a ningún autor y a su familia de un fraude continuado en el tiempo por más de treinta años. Al
reconocimiento de la existencia del fraude debe responderse con la disposición a informar al Parlamento, ante el que los políticos somos responsables, y aportar toda la información requerida por la Agencia Tributaria y la justicia. En definitiva,
lo que procede ahora es que explique ante la Administración tributaria y, en su caso, ante los tribunales todo lo que se dice y todo lo que no se dice en esa declaración, y por supuesto que se esté dispuesto a pagar por ello en términos fiscales,
por descontado, y que cuando existan indicios de delito se ponga a disposición de la justicia para que sean los jueces los que den su veredicto.


Los antecedentes en el comportamiento del señor Pujol no invitan a creer que se vaya a colaborar en el esclarecimiento de la verdad. No lo ha hecho durante más de treinta años, ni lo ha hecho en el comunicado, en el que se limita a confesar
su culpa por el error cometido, ni ofrece ninguna garantía de que vaya a hacerlo, cuando evitar ponerse a disposición de un Parlamento, como es el Parlamento autonómico de Cataluña, para responder de su responsabilidad. No podemos creer en el
comunicado de alguien que ha ocultado la verdad engañando a la sociedad catalana y directamente a sus votantes durante más de tres décadas; no podemos creer a quien dice que se pone a disposición de la Agencia Tributaria y de los tribunales, que no
ante el Parlamento, si luego no lo hace, ni puede obtener el perdón social que solicita si antes no se comprueba que no hubo delito fiscal y no se repone a las arcas públicas en su integridad lo que nos debe a todos. No vemos, por tanto, ninguna
disposición en lo que hemos conocido hasta ahora en un caso de esta gravedad, de esta entidad. Si estuviera en su ánimo hacerlo, desde luego no lo habría hecho mediante el redactado de un comunicado que yo mismo, como ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas de España, conocí esa tarde del viernes 25 de julio; extraño sistema de proceder de los máximos responsables políticos. Por lo que a este Gobierno respecta, voy a subrayar esta mañana la máxima colaboración con las
investigaciones y desde luego ninguna permisividad con el defraudador. No estamos hablando de una cuestión más; estamos hablando de un dirigente político histórico, de un baluarte del nacionalismo catalán que en los últimos tiempos, a la par que
la Agencia Tributaria investigaba la fortuna familiar, se ha reconvertido también, sorprendentemente, en un adalid del independentismo, y eso no deja de ser significativo, es decir, que el escenario fiscal en que se produce tenga que ver con la
radicalización de los discursos políticos y de la propia estrategia de quienes quieren acompañar esos discursos políticos pidiendo instituciones propias del Estado, que sin duda alguna no se muestran contentos con las actuaciones del Estado, que es
el que nos acoge a todos.


Respeto profundamente los nacionalismos democráticos con amplias raíces en todo el territorio del Estado como expresión de las aspiraciones legítimas de autogobierno, como manifestación de una parte, de una cultura política propia de
determinados territorios de España en que se desarrolla. Pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando esta mañana. Me refiero a los que se amparan y se escudan en ello, radicalizando incluso discursos políticos, pretendiendo lanzar
pulsos políticos al Estado y al mismo tiempo se están lucrando y sacando partido personal del mismo. Ningún dirigente político sensato puede tolerar la manipulación y, si se quiere, actitudes de cinismo político de quienes mantienen un discurso en
público mientras que en privado trabajan por el oculto interés personal de unos pocos. A casos como este son a los que me refiero cuando he dicho precisamente que los políticos tenemos un plus de responsabilidad y de ejemplaridad en el cumplimiento
de nuestras obligaciones. La sociedad se escandaliza sin duda cuando conoce episodios de fraude fiscal, especialmente si los protagonizan

Página 9

personas que tienen medios más que suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Pero el escándalo se convierte en perplejidad e indignación cuando el fraude afecta a un dirigente político, especialmente, como es el caso, si ese
político cultivaba desde la Presidencia de la Generalitat una imagen de honradez personal y austeridad y con posterioridad constituye una fundación con su propio nombre para promover sus pensamientos y sus valores. Estamos hablando, por tanto, de
un comportamiento ético y político reprobable hasta un grado que pocos podíamos imaginar. Es, realmente, por este tipo de motivos por lo que cunde el descrédito de los políticos y es en este momento cuando tenemos que decir que no todos los
políticos somos iguales. Es entonces cuando los ciudadanos se preguntan cuántos otros dirigentes han estado defendiendo su interés personal cuando decían defender el interés general de cualquiera de ellos. Es lógico que todos, y también los
ciudadanos de Cataluña, se pregunten ahora cómo han podido poner la gestión de su comunidad en manos de personas que mientras gobernaban estaban vulnerando las normas tributarias que a todos nos obligan, y es lógico que se pregunten si esa forma de
querer y entender Cataluña está avalada por otros dirigentes de su partido y si su herencia política y sus herederos políticos no estarán realmente contaminados por esa presunta herencia que el señor Pujol puso a buen recaudo en Andorra.


Señorías, varios de los grupos parlamentarios aquí presentes han mostrado estos días su interés por recibir información sobre las investigaciones realizadas por la Agencia Tributaria sobre la fortuna opaca de la familia Pujol. La Ley
General Tributaria garantiza la confidencialidad de datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones. Esta garantía de confidencialidad lo es en beneficio del contribuyente, cuya intimidad
se protege. Por tanto, mientras los ciudadanos no hagan pública su situación tributaria, la ley les ampara y nadie que tenga conocimiento de dicha información podrá revelarla. ¿Pero qué pasa si ese ciudadano cuenta públicamente sus problemas
fiscales? Pues que la información que divulga deja de tener carácter reservado y deja de ser reservada porque él lo ha decidido, o a veces su representante legal. ¿Y qué sucede cuando personalidades públicas, en casos de notoria relevancia,
consienten todas las acusaciones que publican los medios de comunicación sin desmentido alguno, sin rebatir nada, tolerando como si nada la infamia? Pues que no pueden pedir de los demás más respeto del que se profesan a sí mismos. A partir de
ahí, el ministro de Hacienda tiene la posibilidad, e incluso la obligación, en un supuesto como estos, de aclarar con la cautela necesaria aspectos del caso a los que se ha referido su protagonista. Aplicaré, por tanto, en el caso del señor Pujol
exactamente el mismo criterio que como ministro de Hacienda ya empleé para informar a esta Cámara del caso de don Luis Bárcenas. Por ejemplo, tengo la obligación de aclarar ante esta Cámara que hay constancia de inicio de investigaciones en
negocios vinculados con miembros de la familia Pujol-Ferrusola ya desde mi anterior etapa como ministro de Hacienda, a partir del año 2000 y hasta 2002, en que finaliza la inspección, en una operación que involucraba a varias sociedades, una de
ellas cotizada en el Ibex 35 y que ha sido descrita en los medios de comunicación. La Agencia Tributaria, como también es conocido por los propios medios de comunicación, ha participado, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera -así ha sido
publicado, insisto, en los medios de comunicación-, en labores de auxilio judicial de una operación vinculada a la familia Pujol-Ferrusola sobre adjudicación de estaciones de ITV y que actualmente permanece en sede judicial.


Desde finales de 2012 la Agencia Tributaria solicitó información tanto a personas físicas como a las entidades de crédito para averiguar la situación de determinadas operaciones financieras realizadas en Estados Unidos, Suiza, Reino Unido,
Holanda, Argentina, México y Luxemburgo. Asimismo la Agencia Tributaria colabora con la justicia en la obtención de datos de operaciones realizadas en Andorra. Estos requerimientos de información coinciden en el tiempo con nuevas medidas de lucha
contra el fraude fiscal, como son la aprobación del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, en relación con la declaración tributaria especial y la declaración de bienes en el extranjero. Sin quebrantar mi deber de confidencialidad y siguiendo la
información que ya se ha hecho pública, entre otros por el propio don Jordi Pujol, puedo afirmar en la Cámara que el expresidente de la Generalitat no presentó declaración tributaria especial. En cualquier caso, recuerdo que la presentación o no de
estas declaraciones no exime de ninguna responsabilidad o culpa por hechos que sean constitutivos de delito. Ya lo hablamos en su momento en la comparecencia en esta misma Comisión.


Quiero concluir remarcando que la regularización a la que ha hecho referencia el expresidente de la Generalitat y en general la situación fiscal de su familia están directamente relacionadas con las actuaciones de la Agencia Tributaria y, en
todo caso, con las iniciativas contra el fraude fiscal que se han puesto en marcha por este Gobierno. Todo lo que se había estado ocultando durante décadas a los ojos de los

Página 10

ciudadanos está saltando por los aires, y eso es debido a la investigación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Policía, de los funcionarios de Hacienda y de los tribunales de justicia, y nos tenemos que congratular de que ello
ocurra. Señorías, la confesión de don Jordi Pujol no es un acto espontáneo ni casual, no es un ataque repentino de conciencia, es el resultado de un trabajo que conocía que estaba en marcha y que por tanto ha tratado de atajar. Seguro que ahora en
la intervención de los grupos plantearán conocer mayores detalles de los que he facilitado a esta Cámara esta mañana. A mí personalmente también me gustaría que existieran menos cortapisas legales a la hora de facilitar determinadas informaciones
tributarias, pero para eso debemos abrir juntos una reflexión sobre si queremos modificar el artículo de la Ley General Tributaria que establece esas cautelas a efectos de flexibilizar las posibilidades de información sobre cuestiones fiscales de
ciudadanos que tienen una especial relevancia social. Eso se hace en otros países de nuestro entorno en la Unión Europea. (El señor Elorza González: Pues hágalo.) Por tanto, no sería extraño proponer esa modificación. Otra posibilidad también
claramente operativa es que los grupos políticos en el Parlamento correspondiente, en el Parlamento de Cataluña, decidan crear una comisión de investigación a ese respecto, puesto que sería la sede natural. A esa comisión de investigación sí sería
obligatorio, tal como establece la Ley General Tributaria, que la Agencia Tributaria remitiera las informaciones que reclame esa comisión de investigación. En cualquier caso, es evidente que estamos ante actuaciones -como les he dicho-, ante
confesiones forzadas por investigaciones. Lo que nos tienen que demostrar casos así es que no importa quién sea el defraudador y no importa cuán grande haya sido su poder anterior. Decía antes que todavía es lógico que se produzca mayor
preocupación ciudadana, mayor preocupación social cuando el defraudador es un dirigente político en el que los ciudadanos habían puesto su confianza a lo largo de años. Cuando esto ocurre lo que tenemos que hacer es un ejercicio político para
limpiar la imagen de la política y demostrar que somos contundentes cuando estamos aplicando las leyes que eviten este tipo de comportamientos. De ahí las medidas que impulsamos desde el Ministerio de Hacienda, medidas que están marcadas por la
tolerancia cero con el defraudador en cualquier caso, pero especialmente si el defraudador es un político o lo ha sido.


Vamos a poner los medios necesarios para llegar hasta el final de un asunto tan turbio, hasta el final y con todas las consecuencias, ya sean estas administrativas o las que se deriven de los tribunales. Por eso hemos solicitado a la
Abogacía del Estado personarnos en los procedimientos judiciales iniciados, de manera que la actuación de la Administración tributaria tenga lugar tanto en sede administrativa como en sede judicial. Soy de los que creen que los españoles valoran
los resultados de la lucha contra el fraude, como valoran cualquier actuación política que vaya dirigida a mejorar de verdad el bienestar de los ciudadanos. Por eso tengo la convicción de que cuando la sociedad ve que el Estado democrático
funciona, que sus instituciones funcionan, se reconcilia con ese sistema político y da la espalda a postulados radicales que intentan desmembrarlo. Cataluña es mucho más que lo que estamos aquí abordando esta mañana; Cataluña tiene representantes
políticos mucho más fiables que aquel del que estamos hablando esta mañana. La Cataluña real es la Cataluña emprendedora, es la Cataluña que se levanta cada día a luchar para salir adelante, es la Cataluña que se está recuperando económicamente y
que con su recuperación está contribuyendo tan positivamente a la recuperación económica de toda España. Por eso estoy seguro de que la fortaleza con que está actuando el Estado en este caso va a ser valorada especialmente por los ciudadanos de
Cataluña, que tienen razón para sentirse también engañados por quien fue durante tan largo tiempo su presidente, porque no hay nada como la verdad para fortalecer las instituciones y no hay nada como unas instituciones sólidas para construir un país
mejor. Dejemos que las instituciones, la Agencia Tributaria y la justicia, hagan y concluyan su trabajo. Señorías, lo reitero en esta sede parlamentaria: llegaremos al final, no faltará el impulso y la iniciativa política para llegar al final y
arrostrar todas sus consecuencias. Por eso también celebro, señor presidente, la oportunidad que se me ha dado de comparecer en la mañana de hoy en la sede de la soberanía nacional, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del
Congreso de los Diputados de España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Según el orden anunciado, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, uno de los solicitantes de la comparecencia, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Señor ministro, hemos solicitado su comparecencia para conocer los pormenores de la actuación o de la no actuación de la Agencia Tributaria respecto a la fortuna de la familia Pujol, porque es un caso tan grave del
que estamos hablando que la sociedad española y el Congreso tienen que conocer toda la verdad. Por supuesto -lo quiero dejar muy claro al principio de mi intervención-,

Página 11

pensamos que el señor Pujol debe ir al Parlamento catalán a dar todas las explicaciones, y dicho Parlamento debe hacer todo su trabajo y llegar hasta el final de las responsabilidades políticas competentes en su materia, así como que el
señor Pujol debe dar explicaciones también ante la justicia y hasta el final, porque estamos hablando de planos distintos. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre el origen del patrimonio de dicha familia, al igual que si las
instituciones del Estado -porque estamos en el Parlamento nacional-, más concretamente la Agencia Tributaria -porque usted es su máximo responsable-, han hecho debidamente su trabajo. Por cierto, sus palabras relativas a que no todos los
contribuyentes somos iguales y que los políticos tenemos más responsabilidad las tomo en consideración, tanto en el presente y cara al futuro, sobre todo en relación con asuntos judiciales que puedan afectar a su partido político.


Señor ministro, nos estamos jugando recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, que todos los ciudadanos nos podamos considerar iguales ante la ley y que la conciencia fiscal de los españoles mantenga niveles de países
desarrollados. Señor Montoro, en este caso, como en otros escándalos relacionados con grandes fortunas, con grandes contribuyentes, ha sido la justicia quien ha destapado el escándalo, no la Agencia Tributaria, entre otras razones porque no se
ponen los medios ni la intensidad política en relación con esos grandes contribuyentes, ya que los medios se concentran en el pequeño fraude. Señor ministro, señorías, lo verdaderamente lamentable -permítame que le diga que también indecente-,
gracias a leyes aprobadas por el Gobierno, es que los Pujol, otras grandes fortunas y otros presuntos delincuentes se pudieran ir de rositas desde el punto de vista tanto fiscal como penal. Lo verdaderamente grave y vergonzante es que una ley pueda
servir para dar cobijo a delincuentes. Es vergonzante que una ley de un parlamento democrático sirva para que se esconda lo más despreciable de la clase política española, por ejemplo los del 3%; eso es a mi juicio vergonzante. Usted -se lo he
recordado en muchísimas ocasiones-, como ministro de Hacienda, y el señor Rajoy, como presidente del Gobierno, propusieron una ley, la de la amnistía fiscal, que ha permitido que parte de dicha familia, como se ha comentado en los medios de
comunicación y han reconocido algunos hijos de esta familia, se acogiera a la amnistía fiscal para pagar muy poco a hacienda, para pagar una cantidad ridícula y para que no se investigara el origen presuntamente delictivo de su patrimonio. Es una
ley a la que se han acogido gran parte de delincuentes económicos y políticos de la democracia española; una ley que ha servido para lavar dinero negro, por ejemplo por el señor Bárcenas, y también -parece- por algunos miembros de la familia Pujol.
Por cierto, según los medios de comunicación -reconocido por ellos- dos de sus hijos se han acogido a la amnistía fiscal por una cantidad que ronda los 6 millones de euros. Es decir, se han ido de rositas desde el punto de vista fiscal porque han
pagado una cantidad muy pequeña; aunque también se querían ir de rositas penalmente, menos mal que tenemos a la justicia. Repito, menos mal que tenemos a la justicia. A su vez, señor ministro, modificaron el artículo 305 del Código Penal, por el
que intentan asegurar la impunidad de quienes se acogieron a estos procesos de regularización, de manera que desaparezca para ellos el delito fiscal; es una modificación del artículo 305 del Código Penal para favorecer a los defraudadores.
Mientras hay dudas sobre la aplicación del modelo 720, del que usted hablaba anteriormente, sabemos que parte de la familia Pujol ha obtenido ya claramente ventajas fiscales con la amnistía fiscal porque han pagado muy poco a la Hacienda pública;
insisto, intentaban también irse de rositas desde el punto de vista penal pero, afortunadamente, estaba la justicia. Eso es lo que me parece verdaderamente lamentable. Resumiendo, lo que me parece verdaderamente lamentable es que como ministro de
Hacienda crea usted pasarelas para los delincuentes, para los grandes defraudadores y urnas de cristal para el resto de los contribuyentes. Es lamentable que la Agencia Tributaria no haya hecho su trabajo, pero lo vergonzante es que se hayan
aprobado leyes en el Parlamento, en un parlamento democrático, para que detrás de ellas se puedan esconder delincuentes y defraudadores. Ni las instituciones ni la sociedad española pueden permitir que la corrupción que ha anidado estos años no sea
investigada y castigada.


Le hago una propuesta, señor ministro: que los inspectores y técnicos de Hacienda puedan investigar el origen de los capitales regularizados de los aproximadamente 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía; es decir, que puedan
investigar el origen de esos 30.000. Esa es la propuesta que le hago, porque usted, después de treinta y cinco años de democracia, quiere convertir una ley hecha para beneficio de defraudadores en una ley del silencio. Señor Montoro, desmienta que
su compromiso con los defraudadores de la amnistía fiscal no es tan fuerte como para permitir mantener en secreto su nombre mientras anuncia que modifica la Ley General Tributaria para que se conozca, por ejemplo, el nombre de un empresario con
problemas de liquidez y que es moroso con Hacienda. Para ellos se modifica la Ley

Página 12

General Tributaria, pero para estos no. ¿Por qué no permite usted cambiar la Ley General Tributaria? Lo ha dicho en su intervención. Si está en su mano, traiga al Parlamento una ley general tributaria en la que se incluya esa
circunstancia.


Señor ministro, tengo algunas preguntas que hacerle esta mañana. De acuerdo con el nuevo protocolo de información firmado en 2010 con Andorra, ¿se ha activado la petición de información por parte de la Agencia Tributaria antes de que
actuara la Audiencia Nacional y el Juzgado de Barcelona? Más concretamente, ¿cuándo se ha realizado dicha petición, señor ministro? ¿Ha abierto actuación inspectora a los miembros de la familia Pujol? ¿Cuándo? ¿En qué condiciones se ha cerrado?
¿Se acogió algún miembro -se lo he dicho en varias ocasiones y se lo repito aquí- de la familia del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, a la amnistía fiscal? Señor ministro, de acuerdo con la doctrina Bárcenas o con la interpretación que
usted hizo en sede parlamentaria de la Ley General Tributaria, cuando dijo que Bárcenas como persona física no se había acogido a la amnistía fiscal, no tendría problema alguno para contestar a lo que le estoy preguntando. No le he preguntado solo
sobre el señor Pujol, sino si algún miembro de la familia Pujol se ha acogido a la amnistía fiscal. Le he dicho anteriormente que dos hijos de dicha familia lo han reconocido. Pujol ha dicho que no se ha acogido a la amnistía fiscal y el señor
Bárcenas dijo que se había acogido a la amnistía fiscal, hay dos hijos que han reconocido que se han acogido a ella. De acuerdo con la doctrina Bárcenas, ¿por qué no puede usted decir aquí, en sede parlamentaria, si se han acogido o no? Por
cierto, si tenía verdaderas dudas sobre su compromiso con la transparencia en la lucha contra el fraude y ante sus dudas repentinas sobre cómo interpretar la Ley General Tributaria, ¿por qué el Gobierno no le permitió a su grupo parlamentario que
posibilitara la discusión de la creación de una comisión de investigación sobre la amnistía, tal como pidió el Grupo Parlamentario Socialista el 21 de enero de 2013, petición que, por tanto, sigue todavía viva? No hemos podido discutir en el
Congreso de los Diputados una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal. Como ha dicho usted en su intervención, la Ley General Tributaria es muy clara sobre las comisiones de investigación. Todavía está a tiempo de decir que sí para que
se discuta la creación de esa comisión de investigación aquí, en sede parlamentaria.


Tiendo a pensar que usted interpreta la Ley General Tributaria como le conviene políticamente. En aquel momento le convenía interpretarla de una manera, pero hoy no le conviene interpretarla así y aclarar si alguno de los hijos de la
familia Pujol se ha acogido a la amnistía fiscal. No le conviene porque eso sería reconocer que la amnistía fiscal ha servido para que esta familia -y otros presuntos defraudadores- se hayan acogido a la amnistía fiscal para irse de rositas
fiscalmente. Por eso ahora no le conviene interpretar de la misma manera la Ley General Tributaria. ¿Qué investigaciones sobre la familia Pujol se han realizado como consecuencia de la regularización por la vía de la amnistía fiscal? ¿Se han
utilizado los expedientes de la amnistía para tirar del hilo, como se dice vulgarmente? ¿Se han incluido a los miembros de la familia Pujol en los planes de control tributario de 2013 y 1014, que al principio de cada año aprueba la Agencia
Tributaria? ¿Se han incluido a los defraudadores de la amnistía fiscal en los planes de control tributario de 2013 y 2014? Se lo pongo más fácil, señor ministro. ¿Cuántos de los que se acogieron a la amnistía fiscal han sido investigados por la
Agencia Tributaria de acuerdo con esos planes de control tributario? Se lo pongo más fácil. ¿Cuántos: veinte, treinta, uno, cien? Son 30.000. ¿A cuántos se les ha investigado el origen de los capitales regularizados? Ahí está la clave: el
origen de los capitales regularizados. Señor ministro, si usted no da la orden de que se investigue el origen del capital regularizado por la amnistía, a nuestro juicio la fiscalía debería actuar de oficio.


En cualquier país del mundo, señor ministro, la lucha contra el fraude se constituye sobre dos grandes estrategias: en primer lugar, apuntalar la conciencia fiscal de un país -sin duda esta es la medida más importante, por eso estamos
hablando aquí, en sede parlamentaria, de este escandaloso caso, para tratar de apuntalar la conciencia fiscal- y, en segundo lugar, disponer de los medios materiales humanos para combatir el fraude y la evasión fiscal. Siento decirle, señor
ministro, que su gestión en ambos campos no puede ser más horrorosa, pero la amnistía fiscal ha sido demoledora para la lucha contra el fraude. ¿Por qué? Porque ha sido la vergüenza política del siglo, señor ministro. Conclusión de sus medidas:
una reducción del 9% de los resultados de la lucha contra el fraude en 2013, 1.038 millones de euros menos. Desde 1991 los resultados de la lucha contra el fraude no habían dejado de crecer hasta 2013, año concluido. Nos habla hoy aquí de unos
resultados que vamos a ver la cocina que tienen. Voy a analizarlos para ver la cocina que tienen. Estamos hablando de 5.000 millones de euros, pero el fraude fiscal está en 70.000 millones de euros. El año pasado fueron 10.000, es decir, a mitad
de año 5.000; a final de año tendremos otros 5.000 millones de euros, es decir, 10.000 millones de euros. Estamos como el año

Página 13

anterior, señor ministro. Hay mucha gente haciendo su trabajo, pero no es para ponerse muchísimas medallas. Estamos en 5.000 millones y a final de año serán 10.000, lo mismo que el año anterior, cuando tuvimos un fraude de 70.000 millones
de euros.


Me hablaba usted en su intervención de la recaudación, de que está creciendo al cinco y poco. Señor ministro, usted sabe perfectamente que para cumplir los objetivos de ingresos tributarios que se ha marcado en 2014 tiene que recaudar entre
9.000 y 10.000 millones de euros, es decir, tiene que crecer al 6% para cumplir lo presupuestado. En fin, usted podrá ponerse todas las medallas, es libre de ponérselas todas, pero va a cumplir como mucho lo presupuestado para 2014.


El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene que ir concluyendo.


El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señor presidente. Entenderá que son muchas peticiones acumuladas y también ha sido larga la intervención del señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Ha consumido usted ya más de 15 minutos sobre los previstos.


El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señor presidente, agradeciéndole su amabilidad y su flexibilidad.


Este Gobierno también en materia tributaria es fuerte con los débiles y débil con los fuertes (El señor López-Amor García: Un eslogan.-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Parece que la cortesía parlamentaria obliga a poner en valor el hecho de que el Gobierno y el Partido Popular hayan decidido cambiar su doctrina de mirar hacia otro lado en relación con el fraude y la evasión
fiscal. Esperemos que esto no sea una excepción ni una utilización interesada y oportunista por parte del ministro. Presunción a su favor, lo veremos pronto y en el futuro.


Nos ha hablado usted con bonitas palabras, exquisitas, tanto es así que es posible que algún ciudadano incluso se las haya creído. ¡Qué problema tiene usted! Al principio de esta película tenía que haber aparecido un rótulo que dijera:
Cualquier parecido entre las palabras del señor Montoro y sus actos es pura coincidencia. Eso es desgraciadamente lo que está pasando. ¿Se da cuenta usted, señor Montoro, de lo que ha hecho hoy? Ha hecho una cosa tan increíble como olvidarse de
que usted es miembro de un Gobierno cuyo presidente ha puesto la mano en el fuego y ha dado la cara por eso que usted considera comportamientos deleznables de dirigentes de su partido, algunos de ellos en la cárcel. Se ha olvidado usted además de
que siendo profundamente reprobable, deleznable política y éticamente el comportamiento del señor Pujol, el Partido Popular tiene centenares de pujoles dentro. ¿Usted pretende que los ciudadanos se olviden? No, señor Montoro, nosotros no lo vamos
a permitir. Déjeme que le diga sinceramente, con respeto personal pero no político, que si estuviera establecido el récord mundial de cinismo hoy usted lo hubiera batido; tendría el récord, porque lo que ha hecho hoy tiene mérito.


Desde la autoridad que nos da haber denunciado la situación que se ha dado en Cataluña durante muchos años -hoy estamos en el Parlament de Catalunya siendo impulsores y votando a favor de esa comparecencia del expresident Pujol y hemos
presentado junto a otras entidades una querella por la presunta comisión de cinco delitos-, le anticipamos que vamos a compartir las acciones precisas con todos los grupos de la Cámara que estén interesados de verdad en abordar la lacra social del
fraude y la evasión fiscal pero no vamos a compartir su estrategia del calamar de desviar la atención e instrumentalizarla. Lo que ha hecho usted hoy no tiene nombre. El derecho a decidir no puede servir nunca para tapar las vergüenzas de quienes
han defraudado, como lo ha hecho el señor Pujol, desde altas responsabilidades. Con la misma claridad le digo que el caso Pujol tampoco puede servir, como lo ha utilizado usted hoy, para degradar determinadas opciones políticas y el legítimo
derecho a decidir. No vamos a caer en esa trampa de desviar la atención. Vayamos al grano, porque la gran oportunidad que nos da analizar el caso Pujol es que confirma lo que la ciudadanía sabe desde hace algún tiempo, que eso y los centenares de
Pujol que ustedes tienen dentro ha podido pasar porque ha existido durante este tiempo una connivencia e impunidad con el fraude y la evasión fiscal de las grandes élites económicas y políticas de este país. Ese es desgraciadamente el drama, y
tenemos que abordarlo en serio, si se quiere; solo así se explica lo que ha sucedido. En esto también las elites económicas y políticas de Cataluña y España son indistintas entre sí, en su tendencia genética a la elusión, la evasión y el fraude
fiscal. Solo así se explica que, a pesar de la

Página 14

profundidad de la economía sumergida, el fraude fiscal y la evasión fiscal de nuestro país no haya cambiado significativamente en los últimos años. Con honrosas excepciones de algunos responsables políticos, no ha habido voluntad política
de afrontar, en primer lugar, el problema grave de los poderes económicos y, en segundo lugar, la connivencia política con ellos. Eso es muy dramático porque afecta a la esencia del Estado social y deslegitima la democracia, ya que no hay Estado
social sin sistema fiscal justo, equitativo y suficiente -con este fraude fiscal no existe-, y sobre todo porque, cuando gran parte de la ciudadanía tiene el convencimiento, con datos encima de la mesa, de que sus dirigentes económicos y algunos de
sus dirigentes políticos incumplen reiteradamente sus obligaciones fiscales con ese nivel de impunidad, deslegitima la democracia. Eso es grave en un país -usted lo sabe- en el que tenemos un diferencial de ingresos fiscales de 9 puntos del PIB en
relación con la media de la Unión Europea, 90.000 millones de ingresos fiscales menos. Por supuesto, no todo ello es imputable al fraude; pero hay un problema gravísimo. La economía sumergida de este país, se utilicen los datos que se quiera,
incluso si se eligen las valoraciones modestas de la propia Comisión Europea cercanas al 20%, supera y duplica la media de los países de nuestro entorno. La economía sumergida es imposible que se pueda combatir porque está extendida en amplios
sectores de la población; será imposible de combatir con políticas de concienciación social mientras gran parte de la población tenga la percepción, con datos ciertos, de que las elites económicas y políticas de este país son grandes evasoras y
defraudadoras fiscales. Ese es el drama. Casos como el de la familia Pujol, como el de Bárcenas, como el de directivos de la CEOE y otros provocan efectos múltiples: ofrecen una coartada moral a la economía sumergida, sea de alto standing o de
bajo nivel; al mismo tiempo, deslegitiman el sistema fiscal, lo corroen por dentro como las termitas; y, por si fuera poco, destrozan la credibilidad de la democracia.


Le pido a usted y sugiero a toda la Cámara que esta situación la abordemos de verdad, para que ese no sea un debate en relación con quién tiene más porquería debajo de la alfombra, sino un debate de verdad, sincero para variar esa tendencia
de la única manera que se puede hacer, con un cambio de actitudes y de políticas. En ese sentido, lo primero que hay que hacer es empezar a reconocer la realidad. Entiendo que un Gobierno tenga la obligación de presentar siempre sus datos de
manera satisfactoria, incluso autocomplaciente, pero si usted se acostumbra a engañar a los ciudadanos se terminará engañando a sí mismo. Usted sabe que no es verdad que los datos de recaudación, fruto de la lucha fiscal, sean positivos; no lo es.
Ya en 2013, en el anterior ejercicio, presentó unos datos positivos, pero se olvidó de decir -algo que ha denunciado Gestha, la Asociación de técnicos de Hacienda, y ha puesto de manifiesto en su informe el Tribunal de Cuentas- que ese año se cerró
con menos ingresos de persecución de fraude que el anterior, 2012. Fue el primer año, de los veintitrés ejercicios de la Agencia Tributaria, que se recaudó menos, como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal, que en el ejercicio anterior;
creo recordar que son exactamente 560 millones menos. ¿Es poco lo que se hecho o es mucho? Es absolutamente insuficiente, porque, entre otras cosas, no se abordan las grandes bolsas de defraudadores, que son las de los grandes contribuyentes, ni
se puede hacer con escasez de medios humanos. Usted hoy nos ha venido a explicar lo que va a hacer en el futuro en relación con el crecimiento de medios humanos de la Agencia Tributaria, pero usted nos dice que le va a poner una tirita al machetazo
que le ha pegado a la plantilla de la Agencia Tributaria. Ya se la encontró usted con pocos medios, está claro -este no es un programa que nazca en 2012-, pero quiero recordar a todos que España tiene uno de los niveles de efectivos humanos más
bajos de toda la Unión Europea: un funcionario por cada 1.958 habitantes, casi por cada 2.000 habitantes. Francia tiene un funcionario por cada 942, Alemania uno por cada 740 y Luxemburgo uno por cada 574. Por mucho que se esfuercen esos
funcionarios, no es posible con estos medios. Esto no ha caído del cielo, forma parte de la falta de voluntad política -durante décadas- de no reforzar esos instrumentos de lucha. Ustedes, de las setecientas vacantes que se van a producir en la
Agencia Tributaria, se cargan seiscientas, y ahora nos vienen presentando como un gran éxito que van a convocar oposiciones para doscientos y algo. No, no, la realidad es que, desde ese punto de vista, estamos en peores condiciones humanas.


Amnistía fiscal. Tiene un triple fracaso, señor Montoro. Primero, usted sabe que el objetivo de la recaudación y emersión de datos fiscales es bastante menor del que usted prometió. En segundo lugar, ha contribuido a aumentar la sensación
de impunidad de los poderosos frente a la ciudadanía, que ve que si el instrumento de la amnistía fiscal se reproduce cada equis tiempo hay gente que puede dejar de pagar sus obligaciones fiscales porque más pronto o más tarde un Gobierno le va a
permitir salirse del trullo en el que se ha metido. Y, en último lugar, usted hoy ha dicho una cosa muy curiosa: los datos de los que han declarado están a disposición de todos los funcionarios y de todos los inspectores. ¿Usted deja a libre

Página 15

mercado la inspección fiscal? Es decir, ¿un funcionario -al que le guste- mira una cosa y el otro mira otra? No, lo que tenía que haber dicho usted es que ha puesto en marcha una operación clarísima para buscar si detrás de estas
declaraciones hay dinero criminal o que no sea legal. No lo ha hecho por una cuestión, porque en el fondo la amnistía fiscal es un pacto implícito de impunidad; claro, si usted hace eso no tiene sentido la amnistía fiscal. Los que la hacen, los
que declaran sus bienes, es porque saben que nunca van a tener consecuencias. ¿Por qué? Por una cosa que posiblemente haya que empezar a decir: porque paraísos fiscales y secreto bancario son cosas en las que la economía criminal, negra, sucia,
se confunde con la economía legal. Desgraciadamente es así, ese es el drama. Los paraísos fiscales son las autopistas y el secreto bancario son los vehículos en los que circula el dinero negro y criminal de las mafias, esas que todo el mundo dice
que quiere combatir; como es el mismo por el que circula el dinero blanco de los poderosos, estos nunca tienen voluntad de abordar el problema de fondo. Por eso no ha sido posible ni tan siquiera abordar temas tan dramáticos como las fuentes de
financiación del terrorismo o los elementos del tráfico de seres humanos; en el fondo ustedes utilizan los mismos mecanismos para eludir sus responsabilidades. Ese es el problema.


En relación con las propuestas, todos debemos ser menos autocomplacientes. Nosotros no lo somos. En cuanto a todas las que usted dice que ha planteado, solo quiero decirle una cosa que usted conoce. En estos momentos la Asociación de
inspectores de Hacienda ha presentado unas propuestas en las que identifican hasta doscientas ocho medidas distintas que se pueden aplicar para combatir el fraude fiscal. He intentado compararlas con las que usted ha incluido en esa supuesta
reforma fiscal integral, que tiene de todo menos de reforma fiscal integral, y -lo siento- no las he sabido encontrar. ¡Qué oportunidad más maravillosa están perdiendo usted y su Gobierno para poner hechos a sus bonitas palabras! ¡Qué oportunidad
más preciosa está usted perdiendo! Así, muy rápido, titulares, un decálogo de cosas que se pueden hacer: cuantificación oficial del fraude en España y de manera permanente, con un observatorio, con participación de todo el mundo, como primera
propuesta; en segundo lugar, aprovechar esta reforma fiscal y tributaria para incorporar estos elementos que le den progresividad real y equidad al sistema fiscal; en tercer lugar, mejorar los recursos humanos y económicos de lucha contra el
fraude de la Agencia Tributaria, pero con hechos, no con palabras; en cuarto lugar, la independencia política y transparencia de los organismos de la lucha contra el fraude. No existe suficiente independencia y a lo mejor hay que buscar mecanismos
de nombramiento de las personas al frente de esa agencia que sean distintos y que no dependan del Gobierno; que dependan una vez hayan sido elegidos, pero su nombramiento no. En quinto, proponemos mejorar los mecanismos de intercambio de
información y coordinación que no se dan aún entre las administraciones españolas; en sexto lugar, estamos de acuerdo -aunque no sé cuál era el objetivo de meter con tanta fuerza el tema de Gibraltar- en mejorar todo lo que tiene que ver con el
combate en relación con el control de exportaciones y de contrabando, que está haciendo mucho daño, especialmente en determinadas zonas; y en séptimo lugar, medidas contra el fraude internacional y la elusión. Permítame que le diga algo con
relación a este tema. Nos ha presentado los diferentes convenios internacionales y bilaterales que está firmando el Reino de España, es verdad. Pero lo que no nos dice -y creo que pone de manifiesto la poca voluntad política que hay para abordar
esa cuestión- es que de eso se empezó a hablar en 2002, que se volvió a hablar de ello con la crisis económica en 2008 y que en el mejor de los casos algunas de estas medidas van a entrar en vigor el 1 de enero de 2015 y siempre excluyendo el
intercambio de información en relación a los ingresos societarios. Es curioso, ¿no?, que eso se haya dejado para discutir a mediados de 2017. ¿Con qué credibilidad aborda nadie esa cuestión?


Después hay otro tema...


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene que terminar.


El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.


Esperemos a ver qué sale de la reunión entre el señor Rajoy y los responsables del Gobierno de Andorra, pero usted sabe que desgraciadamente algunos de los acuerdos que ustedes están firmando solo obligan al otro país a remitir información
en determinados supuestos, no de manera automática. Ustedes saben también que hecha la ley, hecha la trampa. La Unión Europea, con la complicidad del Gobierno de España, ha permitido a algunos países que sustituyan esa obligación de información
automática por el pago de una especie de canon para negar esa información, entre ellos Luxemburgo y Austria.


Termino en dos segundos. En primer lugar, les hago una última propuesta, pero no solo a usted sino a todos los grupos parlamentarios. De verdad creo que para tener alguna credibilidad como Legislativo,

Página 16

de este debate deberían salir al menos dos propuestas. La primera, la creación de una Comisión en sede parlamentaria para que abordara las situaciones de fraude y evasión fiscal que se están produciendo en este país y que afectan no solo a
determinados políticos sino a gente que tiene responsabilidades económicas de primer nivel y, la segunda, que se haga como segunda función la identificación de aquellas medidas que puedan permitir mejorar la lucha contra el fraude y la evasión
fiscal. En segundo lugar, como usted ha hecho una sugerencia se la voy a contestar: Sí a acabar con la protección legal de los evasores y defraudadores en la Ley Tributaria. Usted nos los pregunta ahora pero ¿usted se da cuenta de lo que ha dicho
hoy? Ha puesto en valor que el Gobierno en su proyecto, en sus ideas, va a plantear la publicación de los morosos fiscales y no tiene ninguna iniciativa con relación a los defraudadores. ¿Para usted ser moroso -que a veces es algo que no está en
las manos del que lo es- puede ser publicado y ser defraudador no? ¿Qué criterio de oportunidad tienen ustedes sobre la política? Bueno, como usted nos ha hecho la pregunta se la contesto: Sí, pero entonces comprométase a incorporar estos dos
asuntos ya en la próxima reforma fiscal. Así, entre sus palabras y sus actos habrá algún parecido, si no usted continuará batiendo récords de cinismo cada vez que intervenga.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Quiero comenzar dando la bienvenida al ministro a esta Comisión, especialmente porque no es un ministro que se prodigue mucho en ella -la última vez que estuvo aquí fue hace más de año y medio- y curiosamente estuvo
aquí para hablar de un tema muy similar a este: la amnistía fiscal y el caso Bárcenas. Déjeme que comience lamentando que en aquella ocasión su discurso no alcanzase los niveles de elocuencia ni el tono regenerador que hoy ha logrado. No lo digo
para criticar el discurso de hoy, sino para echar en falta ese mismo nivel de elocuencia y ese tono regenerador en su última comparecencia.


Se nos plantea una intervención un tanto extraña porque se mueve a dos niveles. Hay un motivo oficial de la comparecencia, la lucha contra el fraude, y un motivo más de actualidad, el caso Pujol. A mí esto ya me demuestra una vez más la
poca importancia que el ministro da a la lucha contra el fraude. Un tema tan importante, que merecería un debate monográfico, se utiliza como cascarón de otro debate diferente, pero ya que se nos plantea, responderé a esa parte oficial y en
realidad lo haré brevemente porque es fácil contestar.


El propio ministro se respondió ya sobre su éxito en la lucha contra el fraude en el Real Decreto 5/2014, cuando contrató más gente para la Agencia Tributaria, porque en ese real decreto por algún fallo en el subconsciente de alguien se
ponía negro sobre blanco lo que ha pasado en esta legislatura. Se decía allí que para aumentar los resultados, para lograr más ingresos, hacían falta más medios y que eso era difícil teniendo en cuenta la grave evolución negativa de la plantilla
que se ha sufrido en los últimos tiempos, desde el inicio de la legislatura. Eso se hacía al hilo de justificar un incremento insuficiente de la plantilla de la Agencia Tributaria, y eso es lo que ha sucedido en todos estos años. En los sucesivos
Presupuestos Generales del Estado se ha ido recortando el presupuesto de la Agencia Tributaria, que está por debajo del nivel inicial de la legislatura. Hay una tasa de reposición que ustedes dicen del 10% y que es del menos 90% -de cada 100
plazas, 90 se quedan sin cubrir- y con estos efectivos extraordinarios se queda en el 30%, porque usted mete como nuevas plazas las promociones internas, pero las promociones internas son gente que ya está allí, no son nuevas incorporaciones. Esto
se une a los ceses, dimisiones e inestabilidad en la Agencia Tributaria y nos da como resultado lo que también dicen sus datos oficiales, lo que dice el informe de recaudación del año 2013, que los ingresos han caído el 9,2% por primera vez desde
que hay una serie homogénea. Son sus datos oficiales: los ingresos han caído. Usted nos dice que este primer semestre tenemos unos datos espectaculares. Pues bien, esos datos espectaculares multiplicados por dos nos dan más o menos los datos del
año pasado y menos que los del año anterior. Si quisiésemos más pruebas de lo que le importa la lucha contra el fraude, está su propia reforma fiscal, donde apenas hay medidas que tengan que ver con la lucha contra el fraude. La última prueba de
la importancia que da al fraude es su amnistía fiscal, a la que luego me referiré. Atiendo con esto el motivo oficial de la comparecencia y a continuación paso al tema subyacente, al caso Pujol, que no voy a abordar como un inspector de Hacienda,
en primer lugar porque no lo soy y en segundo lugar porque estoy aquí como diputado y, como este es un tema que tiene unas connotaciones políticas clarísimas, mi obligación es hacerme eco de las preocupaciones de los ciudadanos, no andar citando
artículos de la Ley Tributaria.

Página 17

En opinión de mi grupo, este es uno de los escándalos más graves de corrupción política desde el inicio de la democracia, no por las cantidades defraudadas sino por la entidad, por el carácter cualitativo ligado a la personalidad que ha
cometido este fraude. Estamos hablando de una persona que durante más de veinte años ha presidido la Generalitat de Catalunya, una persona que ha exigido a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes, que ha exigido a los ciudadanos que paguen sus
impuestos, que ha dado lecciones de moral -como recordaba el ministro en este caso pero no recuerda en otros-, y mientras hacía esto, simultáneamente, estaba defraudando de forma masiva y continuada. Nos dice el señor Pujol que no encontró nunca el
momento de hacer esta declaración, lo que si tomamos su palabra hace que nos encontremos con un caso espectacular o de despiste o de exceso de trabajo, pero es difícil tomarle su palabra.


Efectivamente esto tiene una dimensión política y que cuestiona algunos de los falsos mitos del nacionalismo radicalizado que vivimos en nuestro país en los últimos tiempos. En primer lugar, ha sido por desgracia tradicional en nuestro país
que políticos nacionalistas cuando se les exigen responsabilidades individuales se envuelvan en la bandera y transformen lo que es una exigencia individual de responsabilidades en un ataque a Cataluña, en un ataque a la comunidad que sea. Habría
que recordar que a mediados de los años ochenta hubo un caso, Banca Catalana, que afectaba al señor Pujol y que se cerró en falso, y habría que recordar y que mirar la hemeroteca para ver la reacción de muchos grupos políticos que transformaron eso
en un ataque a Cataluña. Me interesaría especialmente escuchar en la intervención de mis colegas de CiU si siguen pensando que el caso Banca Catalana era un ataque a Cataluña y que si siempre que se exigen responsabilidades a un político
nacionalista se está atacando a Cataluña. Nosotros no lo vemos así.


Una segunda dimensión política. Se nos dice continuamente que todos los problemas de Cataluña provienen del resto de España; somos el resto de conciudadanos españoles los culpables de los males de allí. El día que esos lazos históricos,
económicos y sentimentales se rompan, todo será perfecto allí. Parece que la gente -según algunos programas electorales- va a ser más longeva, tal vez incluso más alta.


Estos problemas que hoy abordamos ¿son problemas que vienen del exterior o hay también problemas internos en Cataluña de mala gestión y de corrupción de élites políticas? Y cuando esas élites políticas catalanas quieren romper el control
que hay desde el resto del Estado, ¿no están tal vez también intentando evitar estas exigencias de responsabilidades? O dicho de otra manera, ¿con una Agencia Tributaria estatal que no actuara en Cataluña y con una agencia propia esto se habría
resuelto de mejor manera? Nosotros creemos que en España hay problemas compartidos que tenemos que solucionar entre todos. No podemos compartir esa visión del problema externo como raíz de todos los problemas catalanes.


Tercera cuestión. A raíz de este escándalo ha surgido un tema también recurrente, el de la obra pública en Cataluña, el 3%, que el señor Carod-Rovira dice que es el 5%. Creemos que esta es una vía de investigación interesante, y aquí
empiezo la parte de mi intervención que se dirige directamente al señor ministro. No sé si el ministerio o la Agencia Tributaria tienen intención de preguntar al señor Carod-Rovira sobre esta información que parece tener y esto tal vez ayude
también a investigar con mayor rigor el origen de esos fondos que hay en el extranjero para saber si vienen de una herencia, de Banca Catalana o de esa obra pública que, según declaraciones del señor Carod-Rovira, estaría sujeta al pago de
comisiones.


Si terminase aquí mi intervención tal vez el señor ministro me diría que a él qué le cuento, que él no es el señor Pujol, que es el ministro de Hacienda. Creo que sí hay cosas que le afectan a usted directamente como ministro de Hacienda.
Podría enumerar muchas pero me voy a centrar en las dos más importantes. En primer lugar, los ciudadanos se preguntan cómo es posible que este fraude continuado haya durado más de treinta años sin ser detectado, porque hubo denuncias previas -el
caso Banca Catalana-, hay indicios de riqueza externa -mansiones, coches deportivos-. Algunos comentaristas hablan en los medios de comunicación de que era un secreto a voces, de que se miró hacia otro lado. Usted ha presumido de que ha sido la
actuación de las autoridades la que ha obligado al señor Pujol a declarar pero otros piensan que ha sido un medio de comunicación el que le ha obligado. ¿Cómo interpreta usted, que además ha sido ministro de Hacienda anteriormente, que este caso
haya podido estar treinta años sin ser detectado, cuando parece que había tantos indicios para ello? ¿Qué actuaciones se tomaron en su anterior etapa como ministro de Hacienda, por ejemplo?


Otra cuestión, la relación de todo esto con la amnistía fiscal. A mi grupo le preocupa mucho la corrupción política. En el debate de investidura mi portavoz se lo señaló al señor Rajoy, que se enfadó mucho, y le

Página 18

dijimos en su anterior intervención que nos temíamos que la amnistía fiscal además de un error económico era una catástrofe política porque interactuaba con esa corrupción política y tal vez sin intención la facilitaba. Efectivamente en el
caso Bárcenas y en otros interactúa la corrupción política con la amnistía. ¿En este caso también? Le reitero la pregunta de otros portavoces. Usted ha dicho que el señor Pujol no se acogió a la amnistía, pero ¿miembros de su familia sí se
acogieron? ¿Sociedades de su propiedad sí se acogieron? Pero al margen de este caso específico, creemos que, una vez cometido el error de la amnistía, no se puede seguir tolerando esta continua mezcla entre corrupción política y amnistía y que los
ciudadanos piensen que esto está favoreciendo a los corruptos. Y hay una solución clara que también han comentado otros portavoces. Usted dice que los datos están ahí, que están a disposición de los inspectores y que ya se ocuparán. ¿Pero por qué
no, en vez de esperar a que se ocupen individualmente, hacer una revisión sistemática de esos expedientes de la amnistía centrándola especialmente en personas que han tenido anteriormente un cargo público? Usted hoy se puede comprometer a tomar esa
medida.


Como ven, el caso Pujol tiene un responsable principal, que es el señor Pujol desde luego, pero a usted como ministro de Hacienda también hay cuestiones que legítimamente le podemos plantear sobre su actuación anterior y sobre la posibilidad
de seguir actuando en el futuro. Le ruego que en su intervención conteste a estas apreciaciones.


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a los demás grupos parlamentarios. Es el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha pedido repartir sus intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en la sesión de la Comisión de Hacienda que hoy se está celebrando. Nosotros no le vamos a
cuestionar todas las cifras que usted ha planteado respecto a los objetivos conseguidos por su Gobierno en la lucha contra el fraude. No solamente no se los vamos a cuestionar, sino que le vamos a instar a que los mejore, como ha hecho este grupo
parlamentario a lo largo de esta legislatura. El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es el grupo político que más iniciativas ha planteado en el Congreso de los Diputados, tanto iniciativas parlamentarias como proposiciones no de ley,
interpelaciones, mociones y preguntas al ministro, en el sentido de que nosotros entendemos que todavía queda muchísimo camino por recorrer para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal; al mismo tiempo no solamente le hemos instado a
mejorar y profundizar en obtener resultados más positivos en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, sino que también nuestro grupo parlamentario le ha planteado una batería de medidas para que a lo largo de esta legislatura se puedan
conseguir incrementos importantes de recaudación para hacer aflorar la economía sumergida y luchar contra el fraude fiscal. Me referiré a ellos porque, señor ministro y señoras y señores diputados, estamos a las puertas de una reforma de la Ley del
IRPF, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y entendemos que en el proyecto de ley que ha planteado el Gobierno, justamente donde existen ausencias más significativas desde nuestro punto de
vista para luchar con herramientas y mecanismos efectivos contra la economía sumergida y el fraude, es donde todavía hay muchísimas posibilidades de que podamos afrontar una negociación con la máxima profundidad y con todos los grupos parlamentarios
para poder conseguir los objetivos que voy a detallar.


Según los datos que voy a manifestar -también lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura-, queda muchísimo camino por recorrer, queda una brecha fiscal muy importante entre España y el resto de países de la Unión Europea, porque si se
pusieran en marcha los mecanismos que nosotros vamos a proponerle probablemente podríamos incrementar la recaudación en los próximos años entre 40.000 y 60.000 millones de euros más y que cada año la Administración pierde por no abordar
efectivamente la lucha contra la economía sumergida. Nos gustaría que el señor ministro pudiera reflexionar respecto a algunas consideraciones que le voy a hacer a continuación. Nosotros, España, somos el país de la Unión Europea donde, según las
estadísticas privadas -porque hay ausencia de estadísticas públicas-, existe un volumen más importante de economía sumergida. Hay estadísticas que la sitúan alrededor del 20% del PIB y hay estadísticas privadas que la sitúan en torno al 25% PIB.
Por lo tanto, hay un gran objetivo, hay un mercado potencial muy importante para que el Gobierno pueda ser efectivo para erradicar y luchar contra este 20% o 25% de PIB de economía sumergida que existe en España.


En segundo lugar, también nos gustaría que tomara en consideración, señor ministro, que en España, siendo el país donde los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas son de los más elevados de la Unión Europea, justamente la
recaudación de IRPF respecto al PIB es la más baja o de las más

Página 19

bajas de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí constatamos que existe una brecha fiscal de 4 o 5 puntos porque algunos mecanismos no funcionan, porque no tiene sentido tener el IRPF en los tipos impositivos más altos de la
Unión Europea y que la recaudación sea de las más bajas. Si no recuerdo mal, la recaudación media europea del PIB respecto al IRPF es del 15% y en España estamos alrededor del 10% o el 11%. Por lo tanto, son consideraciones y datos estadísticos
que valdría la pena que ustedes los tuvieran en cuenta.


Valdría la pena también que usted reflexionara sobre aspectos que consideramos muy relevantes para poder ser efectivos en la lucha contra la economía sumergida. Al no existir estadísticas oficiales, nos encontramos con que el volumen de
recaudación que la Hacienda pública deja de ingresar en España cada año por este 20% o 25% de economía sumergida está entre los 60.000 y los 80.000 millones de euros. Ya sabemos que es imposible de un día para otro intentar recaudar estos 60.000 o
80.000 millones de euros, pero pienso que el Gobierno se tendría que plantear como objetivo general de legislatura -este Gobierno o el que salga de las próximas elecciones- que España estuviera en un índice medio de economía sumergida respecto al
PIB como el de la mayoría de los países europeos, donde la media de economía sumergida está alrededor del 10%. En España estamos alrededor del 20%, lo cual quiere decir que en teoría, si tuviéramos una economía sumergida similar a la media europea,
probablemente la Hacienda española podría recaudar cada año alrededor de 30.000 millones de euros más. Creo que este tendría que ser el objetivo general, que a lo largo de una legislatura, en tres o cuatro años, se pudiera llegar a la media de la
economía sumergida de los países europeos e intentar conseguir este incremento de recaudación que estimamos relevante, entre 25.000 o 30.000 millones de euros.


Por ello hemos planteado en sede parlamentaria una serie de medidas que no suponen un incremento de recursos económicos a la Agencia Tributaria y que valdría la pena que se tuvieran en cuenta en esta reforma fiscal que vamos a abordar. En
primer lugar, deberíamos ser capaces de consensuar en el mínimo periodo de tiempo, que sería a lo largo de la negociación de la reforma del impuesto del IRPF, y en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, aquellos indicadores que
permitieran estimar anualmente el volumen de la economía sumergida y las pérdidas de recaudación que se derivan de su existencia, así como efectuar las comparaciones con los años anteriores. Si fuéramos capaces de consensuar oficialmente que en
España existe un volumen determinado de economía sumergida del PIB de un porcentaje equis, al mismo tiempo podríamos comparar año a año si hemos sido efectivos o no en la lucha contra el fraude.


Si esto fuera consensuado y admitido por el partido en el Gobierno, también podríamos establecer todos aquellos objetivos plurianuales de reducción del volumen de la economía sumergida en España como mínimo hasta los niveles medios de la
Unión Europea. Aquí se podría poner en valor aquel objetivo que acabo de mencionar de incrementar la recaudación del Estado gracias a la lucha contra la economía sumergida en una legislatura, en tres, cuatro, cinco o seis años, con un volumen que
rondaría alrededor de los 30.000 o 40.000 millones de euros. Creo que vale la pena recapacitar sobre estos aspectos que en otros países de la Unión Europea funcionan perfectamente.


No quiero dejar de plantearle alguna cuestión que ha tenido gran éxito en el país vecino francés, como ha sido poner en marcha toda una serie de mecanismos que permitan aflorar puestos de trabajo desde la economía sumergida. Nosotros lo
hemos puesto en valor en diferentes ocasiones. ¿Por qué no planteamos algún aspecto similar a la Ley Varlot, que tuvo tanta eficiencia en el Estado francés y que permitió que afloraran centenares de miles de puestos de trabajos en aspectos de
asistencia social a lo largo de dos o tres años?


Acabo, señor presidente. Nosotros queremos poner en valor los datos que usted ha dado sobre la lucha contra el fraude fiscal. Son importantes, pero entendemos que todavía queda un largo camino por recorrer. Ponemos a disposición de la
Cámara -lo vamos a plantear en la reforma fiscal- todos estos aspectos que se han puesto en marcha en otros países de la Unión Europea y que permitirían a España, a lo largo de los próximos años, incrementar la recaudación, a través de una lucha
efectiva contra la economía sumergida, en una cuantía de 20.000 o 30.000 millones de euros.


El señor PRESIDENTE: Señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Señor presidente, le agradezco la posibilidad que nos da de compartir esta intervención.


Señor Montoro, también le agradecemos -ya lo ha hecho mi compañero Josep- su presencia hoy aquí. La verdad es que nosotros esperábamos una comparecencia en clave de ministro de Hacienda, es

Página 20

decir, un ministro que nos contara claramente los objetivos, que nos relatara los medios, que nos relatara la política de lucha contra el fraude, que nos explicara cómo se aplica la ley por igual a todos los ciudadanos -ha hecho una
referencia que luego retomaré- e incluso que informara lo que pueda respecto al caso sobre el que algunos grupos han pedido información, que es el caso Pujol. Esperábamos una comparecencia en clave de ministro de Hacienda y en parte de su
intervención ha hecho honor a esta circunstancia; sin embargo, a partir de ciertos momentos le hemos visto mucho más tendente a hacer juicios de valor en un ejercicio que creo que hay que calificar, como mínimo, de alto riesgo; yo lo hago con
palabras suaves y algún otro portavoz ha hablado de cinismo. En cualquier caso, cuando uno, en lugar de formular aquello que tiene que hacer, se dedica a formular juicios de valor temerarios, le pueden calificar de lo que sea. Ha empezado con una
referencia a que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que comparto, y a que algunos ciudadanos no solo son iguales sino que debemos exigirles más, y también estoy absolutamente de acuerdo. Sin embargo, a continuación creo que usted se ha
perdido en afirmaciones mucho más audaces, como la de dedicarse a valorar el voto de los ciudadanos de Cataluña. Creo que sus compañeros diputados del Partido Popular de Cataluña cuando ejercen como diputados del Partido Popular de Cataluña en el
Parlament de Catalunya van a valorar lo que los ciudadanos han votado o han dejado de votar, pero oírle decir si se han equivocado o no se han equivocado a mí me ha extrañado francamente. Incluso me ha parecido ciertamente temerario que usted se
dedique a decir lo que tiene que decir el Parlamento de Cataluña o a dar pistas, supongo que ya lo sabrán las señoras y señores diputados. En estos momentos el Parlamento de Cataluña ya ha acordado, por cierto por unanimidad, la comparecencia del
expresidente Jordi Pujol. Por tanto, creo que los diputados de todas las fuerzas políticas del Parlament de Catalunya son mayores de edad y saben perfectamente lo que deben hacer, y no hace falta que un ministro, con todo mi respeto al señor
ministro, vaya a ejercer funciones de diputado al Parlamento de Cataluña.


Algunas otras cosas son incluso más peligrosas. Usted viene a decir aquí que se han publicado muchas cosas; por tanto, todo aquello que no es desmentido es verdad. No me parece un buen estilo, es un estilo para una tertulia, para una
tertulia de no mucho rigor es pasable, pero que el señor ministro diga que todo lo que se ha dicho aquí... Se han escrito innumerables cuestiones que no sé si son verdad o no, pero desde la oficialidad de un señor ministro de Hacienda no se puede
decir que como no se han desmentido deben ser verdad. Usted sabe perfectamente que esto seguramente no va a ser así. A mí me hubiera gustado ver a un ministro de Hacienda ciertamente más centrado en su papel. De hecho, usted hace un año y medio
-y se ha hecho referencia aquí- estuvo compareciendo aquí, hemos estado releyendo su intervención, que era muy parecida a la de hoy, y en su primera intervención usted no habló del señor Bárcenas. Ni habló. No estuvo nada contundente. Hay
expresiones que hoy nos ha dicho con un gran vigor; ha hecho hoy un ejercicio de teatralidad muy notable, pero hace un año y medio en el 'Diario de Sesiones' no aparece la teatralidad y se ve que en su relato usted ni siquiera habló de este caso.
Por eso, señor ministro, me parece que sería conveniente, sobre todo cuando uno formula los juicios de valor éticos que usted formula aquí, que tuviera en cuenta algo que es muy importante: algunos somos más iguales que otros, es decir, algunos
tenemos más obligaciones que otros, pero todos. Cuando esto es en casa del vecino ser exigente cuesta muy barato e incluso uno se puede colocar una medallita, pero hay que serlo en todos los casos, porque esto puede pasar y porque además -ya se ha
hecho aquí- entonces no tendremos credibilidad ante los ciudadanos. Si alguien compara su intervención del día de Bárcenas con la de hoy, dirán: el señor ministro debió pasar mejor verano el año anterior que este, porque hoy lo vemos un tanto
excitado. Creo que se le debería exigir algo más, un comportamiento de ministro de Hacienda, que es algo importantísimo.


Voy a acabar con algo que ya dije aquí ante la Diputación Permanente y que es muy importante. Señor ministro, señoras y señores diputados, los miembros de Convergència i Unió y buena parte de nuestros militantes y de nuestros electores de
siempre o de los casos en que lo hayan sido somos quienes más afectados nos consideramos por este caso. Así es cuando uno defiende una serie de valores que nosotros defendemos, creo que muchos compartidos con muchos de ustedes. Yo he defendido
siempre, como decía don Josep Sánchez i Llibre, una economía productiva y para que funcione la economía productiva el sistema fiscal debe ser eficaz. Como decía el señor Coscubiela, no puede haber fugas porque si no el pobre fontanero que factura
bien no trabaja porque tiene esa competencia. Por tanto, es la base. Nosotros hemos creído en este valor y hemos creído en el papel redistributivo y de justicia social que suponen los impuestos, y hemos creído en una defensa del Estado de derecho
como garantía de igualdad de los ciudadanos, y hemos creído en la justicia. Señor Anchuelo, hay una cosa que me parece que no es de recibo: o creemos en la justicia o no creemos. Decir que la sentencia de un caso que se cerró por nuestra

Página 21

justicia, por la justicia del Estado español, ahora no nos gusta... Es una sentencia judicial y por tanto hay que acatarla; o la acatamos o no. Desde este punto de vista la gente de Convergència i Unió somos los que más interesados
estamos en que las cosas se aclaren. Por tanto, todo aquello que usted pueda decir, que haya dicho o diga hoy, nos parece bien. Todo aquello que usted haga para restablecer la legalidad o para situar ante los órganos judiciales nos parece bien;
no seremos nosotros quienes vayamos a poner ninguna traba, de ninguna manera, porque estamos más interesados que nadie.


Para acabar, ya sé que usted ha escrito un discurso muy medido sobre Cataluña, ha hecho un canto a Cataluña, etcétera. Ha dedicado también una frase a los nacionalismos buenos chicos y, frente a ellos, a los nacionalismos que no son buenos
chicos y, al final de este recorrido, a los que son menos buenos chicos. Yo creo que, a pesar de todo este caso, deberíamos saber separar perfectamente lo que es la aspiración de unos ciudadanos, los que sean -las urnas ya dirán su magnitud-, de un
tema que hay que perseguir, como es el fraude fiscal, lo haya cometido quien lo haya cometido, y si lo ha cometido un representante político mucho más. Por tanto, señor ministro, le pediría que sea usted muy ajustado y que no se deje llevar por
cantos de sirena y meter tres frases más o menos medidas para contribuir a si se vota o no se vota. Creo que el tema es tan serio como para que no lo inmiscuyamos en otras cuestiones. Cataluña, como toda sociedad, es una sociedad compleja, llena
de altos, de bajos, de morenos, de personas fantásticas, de personas que no lo son tanto, de personas que cometen fraude y de personas muy cumplidoras. Por tanto, debemos asumirla en su totalidad, cómo ocurre en España y en cualquier nación del
mundo y le pediríamos -esto lo tenemos muy claro- que sea usted muy fino y que no aproveche este caso -repito- más que para hacer justicia en lo que toque y para hacer cumplir los deberes fiscales, que es lo que le corresponde. En toda esta
cuestión, que es muy delicada y muy compleja, donde nos jugamos la credibilidad de los ciudadanos, vale la pena que no busquemos derivadas para proporcionar un titular amable a quien sea.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor ministro, el Grupo Vasco quiere agradecerle su presencia y las explicaciones que ha dado hoy aquí, a pesar de que haya venido antes del inicio de este nuevo curso, forzado por muchos grupos parlamentarios de
esta Cámara que esperábamos que nos aclarara e informara sobre los temas de corrupción y fraude fiscal que preocupan y alarman a unos ciudadanos que, además, están soportando los rigores de una crisis económica que aún no está ni mucho menos
superada, por mucho que a veces su Gobierno se empeñe en decirlo. Me va a permitir en este sentido un paréntesis. Hoy mismo hemos conocido los datos del paro registrado y de los cotizantes a la Seguridad Social del mes de agosto, y desde luego no
son nada positivos. Tenemos la sensación de que la economía está en un momento realmente crítico, al menos mi grupo comparte ese diagnóstico. El crecimiento, por mucho que se diga, es un crecimiento endeble, que está sobre bases no sólidas; el
sistema financiero no está funcionando; hay un riesgo de deflación; hay un estancamiento de la Unión Europea. Países importantes para nuestro comercio exterior, como Italia y Francia, no funcionan y eso ha hecho, entre otras cosas, que las
exportaciones, que en el ejercicio pasado andaban algo mejor, funcionaban algo más, este año no lo hagan. La propia Unión Europea ha revisado o va a revisar de alguna manera la política estricta de austeridad que ha estado llevando a cabo hasta
ahora, con lo cual tampoco los mandatarios o los dirigentes europeos ven que la situación económica esté exenta de riesgos. Usted, en cambio, ha hecho un comentario en relación con el crecimiento del IVA. Creo recordar que ha dicho que el IVA ha
crecido en un 5,3% porque la economía está creciendo, porque el consumo está tirando. Seguramente algún pequeño impacto tendrá también eso en el crecimiento económico, pero desde luego el aumento se deberá a que las exportaciones este año no están
funcionando como funcionaban el año pasado y, como sabe usted mejor que nadie, las exportaciones no tienen IVA, sino que se les devuelve el IVA. En fin, tendremos momentos para hablar de la economía largo y tendido con motivo de los presupuestos o
por otros motivos.


Hoy toca hablar de fraude fiscal básicamente, que es a lo que usted se ha referido, y en ello me voy a adentrar. Según dice la prensa, señor ministro, es usted uno de los ministros que menos comparece en la Comisión del Congreso y eso a un
exdiputado como usted o, si lo prefiere, a un diputado que hoy a la vez es ministro algo le tendría que decir, máxime en una situación como la actual, siendo usted el responsable de las cuentas públicas, del déficit, del endeudamiento, de los
presupuestos generales, de la amnistía fiscal, de la recaudación, de la lucha contra el fraude, de la lucha contra el blanqueo de capitales, de los paraísos fiscales, así como de perseguir a los defraudadores, que es lo que nos ha explicado largo y

Página 22

tendido a lo largo de esta mañana. Hoy se esperaba de usted una información detallada de la lucha contra el fraude, de la amnistía fiscal, de los amnistiados y, en concreto, todos los grupos parlamentarios, como los ciudadanos, esperábamos
que nos aclarara la situación tributaria de la familia Pujol, lo que conoce la Agencia Tributaria al respecto, lo que han defraudado o no, si se han acogido o no a la amnistía, así como lo que ha hecho la Agencia Tributaria para llegar al fondo de
la cuestión. Sinceramente, he de decirle que en este caso no nos ha defraudado; ha sido bastante contundente, incluso en algunos casos -si me permite, señor ministro- un tanto repetitivo. De todas formas, hay un aspecto yo diría que más
desafortunado, que no aporta nada a su discurso y en relación con el cual no he entendido nada. Se trata de cuando usted ha empezado a vincular las cuestiones de fraude perpetradas por la familia Pujol con las demandas independentistas. Entiendo
la tentación que pueda tener de mezclar estas cuestiones, pero, sinceramente, creo que esto no aporta nada en aras al rigor y la credibilidad de lo que estamos tratando en este caso. Los ciudadanos de buena fe y que pagamos religiosamente nuestros
impuestos, como usted ha dicho hoy, tenemos derecho a saber en detalle lo que las autoridades tributarias están haciendo para luchar contra el fraude fiscal y erradicar las injusticias tributarias. La equidad, la justicia social, la ética y la
democracia así lo exigen. Si no se trata fiscalmente de igual manera a todos los ciudadanos, no se puede hablar de un sistema realmente democrático. No digo que no exista fraude, que lo hay en todas partes en mayor o menor medida, pero se debe
luchar contra el mismo con todos los instrumentos disponibles.


Este verano nos han acompañado varios debates y polémicas, así como algunas noticias sorpresa. Entre esas noticias sorpresa estuvo la declaración del expresidente Pujol reconociendo que tenía dinero en paraísos fiscales y que había evadido
el pago de los impuestos al fisco. Esto ha sido un auténtico bombazo y es uno de los motivos por los que también está usted hoy aquí. Para la propia familia Pujol, para su familia política -algunos aquí presentes- y para el conjunto de los
ciudadanos creemos que esta ha sido una noticia realmente dura, por no calificarla con más adjetivos. Desde el Grupo Parlamentario Vasco consideramos que es absolutamente rechazable y condenable dicho comportamiento, especialmente -también se ha
hablado aquí hoy largo y tendido- en un líder político de la máxima altura, pero los tribunales y la justicia tendrán que investigar y dictar sentencia en el futuro. Mientras tanto, señor ministro, queremos saber de qué información disponía la
Agencia Tributaria y usted mismo en relación con este tema. Si, como parece, la Ley General Tributaria impide entrar en mayores detalles -usted ha hecho una propuesta en ese sentido que a nuestro grupo le parece correcta-, cambiemos la ley. La ley
no puede dar cobertura a los que defraudan y engañan al fisco, ya que defraudan y engañan al conjunto de los ciudadanos.


Pero nuestro grupo parlamentario quisiera aprovechar su presencia, señor Montoro, para ir más allá: para hablar de soluciones, de colaboración parlamentaria para erradicar el fraude, las amnistías y los paraísos fiscales. Siempre nos hemos
ofrecido a trabajar en esta dirección, como usted bien sabe, a pesar de que su Gobierno no ha tenido excesivo interés en colaborar con nuestro grupo parlamentario, pero esta tarea creo sinceramente que es de todos los grupos y partidos políticos.
Todos somos necesarios y todas las ideas y propuestas deberían ser consideradas. Usted nos ha hablado de más medios humanos -es una cuestión importante; quizá hagan falta más y podrían levantar la restricción que tiene impuesto el presupuesto en
relación con los funcionarios-, más recursos técnicos, mayor colaboración interinstitucional y coordinación a nivel interno y a nivel internacional. Sabemos que la tarea es ardua y usted solo no la puede ni la debe abordar. La Unión Europea debe
colaborar activamente en esta cuestión. No es vendible ni explicable que en el corazón de la Europa que llamamos democrática, en la que teóricamente nos encontramos, existan paraísos fiscales en los que los ricos pueden ocultar sus fortunas y no
pase nada o casi nada. Hemos hablado de Andorra, Luxemburgo, Suiza, Liechtenstein, Mónaco o las islas del Canal. Usted está especialmente preocupado, y estoy de acuerdo con usted, con el tema de Gibraltar. Corrupción y fraudes autorizados en el
seno de la Unión Europea. Su Gobierno, señor ministro, también debería denunciarlo en el propio corazón de Europa y exigir que desaparezcan. Ustedes tienen la responsabilidad y además tienen la interlocución. En lugar de pelear en la Unión
Europea para que el señor Arias Cañete sea comisario o para que don Luis de Guindos sea presidente del Eurogrupo, a nuestro juicio deberían dedicarle más empeño a que los paraísos fiscales desaparezcan. Y con ello no quiero decir que el señor Arias
Cañete o don Luis de Guindos no merezcan esos puestos; no es una cuestión personal.


Señor ministro, tampoco le he oído decir nada en relación con el impuesto sobre las transacciones financieras especulativas, esas operaciones que ponen en riesgo el sistema, como ha ocurrido en la crisis que estamos padeciendo. No aportan
nada al crecimiento económico, pero sí a la riqueza especulativa y

Página 23

en manos de unos pocos, que es motivo en muchos casos de fraude fiscal. Si para ello tienen que enfrentarse a los poderosos de la City o a otros poderes -seguramente muchos-, háganlo. Ahí tendrían todo el apoyo, grande o pequeño, el que
podamos tener, del Grupo Parlamentario Vasco. Bárcenas, Pujol y desgraciadamente otros muchos se están aprovechando de la situación y la mayoría de los ciudadanos no entendemos por qué no se es más firme y contundente en la política relativa a los
paraísos fiscales, los movimientos especulativos de capital o los defraudadores.


Usted hoy nos ha hecho un discurso duro, contundente, pues esa dureza y esa contundencia tenemos que llevarla a las leyes, tenemos que llevarla a las instituciones o donde sea; no corramos el riesgo de que se quede solo en un desahogo más o
menos creíble de esta Comisión y vamos a darle cauce. Demos desde la política una satisfacción a los ciudadanos y recuperemos algo del prestigio perdido peleando por las cosas que merecen realmente la pena.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto también va a haber dos intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar y en nombre de Amaiur quiero agradecer al ministro su comparecencia, su presencia aquí para hablar de un tema importante.


Como usted sabe, nuestro grupo ha dicho en múltiples debates, supongo que incluso llegando a veces a ser un poco pesados para el ministro, que este Gobierno no tendría ninguna credibilidad a la hora de defender un equilibrio fiscal de las
cuentas si no tenía un plan concreto de lucha contra el fraude fiscal, un plan concreto con metas, con precisiones, con programas concretos. Consideramos que eso es fundamental. Hoy, al oírle en su intervención, vemos que todavía no están
concienciados con esa necesidad porque usted en cierta forma ha huido un poco de la realidad, de las cifras actuales que no son muy positivas o al menos no suponen avances en la lucha contra el fraude fiscal. Recogiendo el símil del compañero señor
Anchuelo, usted se ha envuelto en la rojigualda y ha arremetido contra los paraísos fiscales, que me parece muy bien, y especialmente contra Gibraltar, solo le ha faltado hablar de la pérfida Albión. Es importante luchar contra los paraísos
fiscales, pero desgraciadamente el paraíso fiscal no nominal como esos pero sí real ahora mismo es el Estado español, porque los niveles de fraude fiscal son inadmisibles; es un paraíso fiscal real y las cifras de Eurostat son contundentes cuando
sitúan los impuestos indirectos en el número 27 de los veintisiete Estados de la Unión Europea, cuando nos sitúan en los impuestos directos -ahí estamos mejor, en el IRPF hay menos margen para el fraude fiscal- en el puesto 13 en el de las personas
y en el 15 en los impuestos directos. Pero si vamos al ámbito del impuesto de sociedades aparecemos otra vez en el puesto 22 o en el 23, y creo que eso no se corresponde con la situación del Estado español dentro del marco de la Unión Europea y
significa que hay un fraude fiscal importante.


Frente a esa realidad, usted se ha envuelto con la rojigualda, ha envuelto al señor Pujol con la estelada intentando de paso descalificar las propuestas soberanistas y ha huido de la realidad del Estado español, en el que usted hablaba que
ha sido el gran fraude fiscal descubierto. Efectivamente, pero los grandes fraudes fiscales son los no conocidos todavía desgraciadamente. La ciudadanía del Estado español tiene la sensación de que hay una doble vara de medir en el ámbito fiscal:
una para el ciudadano o ciudadana de a pie y otra para las grandes empresas y las grandes fortunas. Los datos que hay por ahí son muy claros; yo me voy a referir al informe de Oxfam, por ejemplo, que dice que las familias aportan casi cincuenta
veces más a las arcas públicas que las grandes empresas, y eso es algo tremendamente injusto. Usted ha dado los datos del tipo efectivo de sociedades, que es realmente muy injusto, aunque esté ahora en el 9%. Es tremendamente injusto y ahí hay un
campo tremendo para avanzar. El peso del esfuerzo fiscal en el Estado español está recayendo sobre las rentas del trabajo. Y luego hay un elemento que también señala ese informe y se recoge en otros ámbitos y que también hemos repetido: que el
72% del fraude fiscal corresponde a las grandes empresas y a las grandes fortunas. Ahí es donde yo echo en falta un plan contundente de actuación, de lucha contra el fraude fiscal, y eso significa que hay que poner medios. Y medios son, en primer
lugar, efectivos de inspección. Usted está hablando de que se va a facilitar el acceso a nuevos inspectores, pero están manteniendo las cifras, que yo diría que son espeluznantes comparadas con lo que hay en el resto de la Unión Europea, en los
países con los que el Estado español se debería homologar. Si miramos el número de contribuyentes por inspector, vemos que en el Estado español cada inspector tiene el doble de contribuyentes para inspeccionar que en el Reino Unido y Francia y casi
el triple que en los Países Bajos o Alemania. Ahí está, hablando en términos coloquiales, la madre del cordero del fraude fiscal: en la inspección. Ustedes se tienen que dotar de

Página 24

muchos más medios. En este caso, se puede poner de ejemplo la realidad de los ámbitos donde funcionan el Concierto y el Convenio Económico, donde hay un mayor nivel de inspección y un nivel de fraude fiscal más bajo porque hay más medios.
Este tiene que ser un elemento de reflexión. Usted ha aprovechado el tema del fraude fiscal para lanzar una dejada al ancho, como decimos en el País Vasco, con el tema del soberanismo. Pero el problema no es de ideario político, el problema es de
las personas; hay personas que defraudan en España, hay personas que defraudan en Euskal Herria y hay personas que defraudan en Cataluña, independientemente de la ideología o del proyecto político que mantengan. Y lo que hay que hacer es combatir
a esas personas y adoptar ese papel didáctico al que usted aludía en cierta forma que el mundo de la política y de las instituciones debemos desarrollar. Ese es el elemento fundamental.


Volvemos a repetirle que ponga en marcha un plan de inspección fiscal con racionalidad; es decir, que no dedique el 70% de los efectivos al 30% del fraude, mientras que el 30% de los efectivos se dedica a vigilar el 70% del fraude. Ahí hay
un desequilibrio que no puede tener resultados positivos. Es un elemento que ustedes tienen que abordar. Tienen que abordar también la lucha contra los paraísos fiscales. Ahí el Estado español y el Gobierno tienen que tomar un papel fundamental
en las relaciones con los otros Estados de la Unión Europea. Y hay otro elemento que usted no ha citado pero creo que es importante: la elusión fiscal. Ahí también tienen que tomar un papel activo con el resto de Estados de la Unión Europea para
acabar con la elusión fiscal, para acabar con ese paraíso fiscal extraterritorial de las Sicav en el conjunto de la Unión Europea. Ese es un elemento fundamental que he echado en falta.


Voy acabando, señor presidente. En el caso Pujol, ninguna duda: máxima transparencia, máxima eficacia, máxima contundencia, y ahí tendrá todo nuestro apoyo. Pero así como ha dicho que se iba a personar como ministerio en el caso Pujol, yo
le animaría a que se persone también en el caso Matas, en el caso Bárcenas, en el caso Gürtel, etcétera. Ese entusiasmo que ha manifestado usted aquí lo debe manifestar también en todos los casos. Ese es un elemento importante, ya que redunda en
la credibilidad no del Partido Popular sino de la política en general. En estas cuestiones el problema de la credibilidad no está en las siglas, sino en la credibilidad de todo sistema. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo importante.


Acabo diciéndole que nosotros seguimos defendiendo el modelo soberanista y seguimos defendiendo, precisamente también para luchar contra el fraude fiscal, que los instrumentos de soberanía estén en nuestras manos. Tenemos una soberanía
limitada pero importante con el Concierto Económico, pero aspiramos a tenerla total.


El señor PRESIDENTE: Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, señorías, muy buen día, por decirlo de alguna manera.


Jordi Pujol. Ya tenemos un primer nombre en la lista de defraudadores. Señor Montoro, ahora falta el resto de la lista. No la de los morosos, que también queremos verla, sino la de los defraudadores. Digo el resto porque sabe usted tan
bien como yo y como todos los presentes que son cientos y que falta además el nombre de las familias más importantes del Estado, aquellas que también han defraudado. Queremos los nombres y los queremos todos, y que estos padezcan el mismo acoso y
el mismo escarnio mediático, judicial y político, merecido eso sí, que ha padecido Jordi Pujol. Queremos que publiquen los más de seiscientos nombres de la lista Falciani y que Pujol y todos ellos paguen por lo que han hecho. Porque sea político
-el caso de Jordi Pujol-, sea banquero -de esos que se dedican a desahuciar- o sea empresario -que muchos de ellos, no todos evidentemente, se dedican a explotar- un defraudador es un defraudador, y un defraudador merece el mismo trato que se ha
dado a Pujol por haber defraudado en este caso su inmensa y desbordante fortuna. Porque, ¿sabe qué pasa, señor Montoro? Pasa que si no se publica esta lista, si no se publican estos nombres y no se da a la vez el mismo trato, la persecución del ex
muy honorable presidente de la Generalitat no será por defraudador sino que va a ser por catalanista. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Toma ya!) Y catalanista o españolista todo defraudador debe ser perseguido. Porque un defraudador no es más que
esto, un defraudador.


Pujol debe pagar y dar explicaciones en sede parlamentaria. De hecho, a estas horas el Parlament de Catalunya ha votado ya pedir su comparecencia y, si no me equivoco, lo ha hecho por unanimidad. Y debe pagar, sí; Pujol debe pagar sobre
todo por haber engañado y defraudado al pueblo de Cataluña. Hay una frase atribuida al republicano Manuel Azaña en la que ya en aquel entonces, hace ya algún año, identificaba todos los males de España con un puñado de familias cuyos negocios
acampan en las laderas del Boletín Oficial del Estado, familias que llevan años y años siendo las mismas. Tienen que pagar todos los que han

Página 25

robado, señor Montoro. Repito, ya por quinta o sexta vez: todos, se llamen Pujol, se llamen Botín o se llamen Cristina de Borbón, o hayan cobrado sobresueldos, por ejemplo, del Partido Popular.


Señor Montoro, su comparecencia hoy aquí queremos también que sirva para que usted nos explique por qué el Gobierno español no había dicho nunca nada sobre el caso que hoy nos ocupa, sobre el caso Pujol, si lo conocían desde hacía tiempo,
desde hacía años. A eso se le llama connivencia política pura y dura. El PP estaba atento y era completamente conocedor de las cuentas del clan Pujol fuera de la ley. De hecho, fueron ustedes mismos quienes, parece ser, organizaron el famosísimo
almuerzo de La Camarga, donde su famosísima senadora catalana se encontró con la exnovia del hijo mayor de Pujol. Señor ministro, deje que le diga que la manera en que su Gobierno y usted como titular de Hacienda han gestionado esta información
también debería ser motivo de una investigación parlamentaria, porque ustedes han utilizado con una estrategia puramente partidista y política una información que desde el minuto cero tendría que haberse denunciado ante los tribunales.


El blanqueo de dinero o la corrupción son delitos y no tienen excusa, ninguna excusa. ¿O qué pasa, señor Montoro, que mientras Pujol, el exdirigente de Banca Catalana y expresident de la Generalitat era una persona de fiar para las élites
madrileñas y barcelonesas, una persona susceptible de ser domesticado con todo tipo de ayudas, lícitas e ilícitas, ustedes guardaban su gran secreto? ¿Es esto lo que pasa? Claro, que en aquel entonces todos ustedes, incluso el señor Pujol, jugaban
un mismo partido; iban siempre con el equipo que ganaba la copa, siempre alzaban ustedes la copa. Pero no hay casi nada que dure para siempre. Llegó la crisis, se perdió el dinero fácil y apareció el lodo de la corrupción. Caso Nóos, Gürtel,
ERE, Caso Palau, Caso Pretoria, Caso Mercurio, Caso Pujol. ¿Lo ven? Ya lo decía Azaña y lo decía en los años treinta: manejos en el BOE. Conocemos el desenlace de la historia. Pujol se alineó con el desafío independentista y eso le ha expulsado
del equipo, le ha expulsado del gran pacto de Estado. Ya no es una persona de fiar ni tampoco es un muro de contención para el rival.


Acabo. Señor Montoro, publique la lista de los defraudadores, den todos los nombres. Si quieren, los pondremos debajo del de Jordi Pujo, no hay ninguna problema; si quieren incluso les podemos hacer un test de catalanidad o de españolidad
a cada uno, pero publiquen el maldito listado, porque un chorizo es un chorizo, piense lo que piense y viva donde viva. Hágalo ya. Nosotros, la gente de Esquerra Republicana y muchísimos catalanes, tenemos prisa, estamos construyendo un país nuevo
y lo queremos justo y sobre todo lo queremos limpio.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Asian.


La señora ASIAN GONZÁLEZ: Quiero comenzar mi intervención agradeciendo la comparecencia al señor ministro y muy especialmente la claridad de su exposición. La prevención y la lucha contra el fraude fiscal constituyen uno de los pilares
fundamentales del Gobierno de España. Somos conscientes de la importancia de la lucha contra el fraude, la evasión, la elusión y la necesidad del afloramiento de la economía sumergida. Por ello, se agradecen las iniciativas y aportaciones que
otros grupos puedan realizar en esta materia y reforzamos nuestro compromiso, como ha hecho hoy el señor ministro en esta comparecencia, donde nos ha ofrecido unos datos de lucha contra el fraude que, sin perjuicio de que puedan ser examinados con
mayor detenimiento, ponen de manifiesto el éxito de las medidas adoptadas por el Partido Popular desde el inicio de la legislatura, que no voy a reiterar porque son de sobra conocidas, pero sí me voy a referir a las últimas actuaciones que se han
desarrollado para acreditar que muchas de las manifestaciones que se han dicho aquí no son ciertas. Una de ellas es el Plan especial de intensificación de actuaciones en 2014 pactado con los sindicatos o la dotación extraordinaria de medios humanos
que se ha aprobado en 2014, una oferta extraordinaria de empleo. También por primera vez desde 2009 se ha incrementado el presupuesto de la Agencia Tributaria. Los datos de recaudación de los años 2012 y 2013 correspondiente al fraude fiscal son
los mejores de la serie histórica de la Agencia Tributaria, como también se prevé que sean los que ha anunciado el señor ministro respecto al primer semestre de 2014, y aun así los critican. ¿No comprenden que estos datos se expresan en unidades
monetarias recaudadas y se refieren a periodos donde las bases agregadas habían bajado significativamente por la crisis y además que por medirse en unidades recaudadas están afectadas por los graves problemas de liquidez que todos sabemos que tienen
nuestras familias y nuestras empresas? Por tanto, quiero felicitarle por los resultados en la lucha contra el fraude, así como a la Agencia Tributaria, cuyo índice de eficiencia es del 0,86%. Es decir, este índice mide el coste de gestión por cada
cien unidades monetarias recaudadas y, desde luego, es mucho más bajo que en todos los países de nuestro entorno como Australia, Canadá, Francia, Holanda, etcétera.

Página 26

Voy directamente, porque tengo poco tiempo, al siguiente punto de la intervención del ministro. Se ha referido a las iniciativas adoptadas por el Gobierno de España respecto a los graves perjuicios que está causando a nuestra economía y a
los ingresos tributarios el sistema societario y fiscal -ambos, el societario también- de Gibraltar. En particular quiero felicitarle por esa línea específica de comprobación que se va a realizar a los residentes en zonas adyacentes. Para ver la
importancia de este deterioro en la economía española de Gibraltar basta decir que en el Peñón existen constituidas 21.770 sociedades y que gran parte de ellas tienen uno o ningún empleado. Dejo esto a la reflexión de los diputados.


Quiero felicitar muy especialmente al ministro por el compromiso expresado, con una claridad total de aplicar la ley sin distinción de ningún tipo. En su comparecencia ha garantizado a los ciudadanos que en este caso se va a ir hasta el
final sin distinguir nombres ni apellidos, que este caso no se ha acabado con un comunicado por parte del señor Pujol. El Ministerio de Hacienda va a llegar hasta el final porque es su obligación. La obligación de todos los Gobiernos es tener
entre sus prioridades la lucha contra el fraude fiscal, sobre todo, como se ha explicado, porque existe un plus de ejemplaridad cuando ocupamos cargos públicos, sean o no relevantes. Somos personas que tenemos que tener una conducta especialmente
ejemplar y, por tanto, con un simple comunicado no se pueden regularizar situaciones ilegales que habrá que sustanciar ante la Administración tributaria o ante los tribunales correspondientes. Por ello, el señor ministro ha garantizado que junto a
las actuaciones de la Administración tributaria también se ha pedido a la Abogacía del Estado que se persone en los procedimientos judiciales correspondientes y, por supuesto, todo esto nada tiene que ver con el absoluto respeto a los nacionalismos
democráticos, pues hasta ahí podríamos llegar.


El señor ministro ha proporcionado unas informaciones muy interesantes que también le agradecemos, por supuesto limitadas al marco legal que tenemos, la Ley General Tributaria, y estamos abiertos a propuestas y a alegaciones -este sería el
momento oportuno-, porque hay un anteproyecto de reforma de la Ley General Tributaria. No es todavía proyecto, porque el 1 de agosto se aprobaron tres proyectos, el de renta, el de sociedades y el de IVA, pero no el de la Ley General Tributaria,
que está todavía en fase de información pública y, como digo, ahí se pueden hacer muchas alegaciones; propongan, por ejemplo, que se amplíe el marco para dar a conocer. Pueden hacer esa propuesta, están en el momento adecuado, pero el ministro se
ha adelantado y ha dicho cuál es su intención. Se muestra partidario de poner menos cortapisas legales para limitar el derecho a la información que se puede tener respecto a estos datos. Creo que más claridad no se le puede pedir.


Quiero referirme a la afirmación que ha hecho el Grupo Socialista respecto a que la Agencia Tributaria no pone medios. Señorías, el caso que nos ocupa, aparte de otro de 2000 o 2002 ya referido en la prensa, tiene un antecedente muy
importante en el Pleno monográfico sobre los desprendimientos de la obra del metro en El Carmel. Pasqual Maragall manifestó la famosa frase de: ustedes tienen un problema y el problema se llama el 3%. El Grupo Popular pidió una comisión de
investigación y no se investigó nada. Pero, ¿qué ocurría en paralelo? En paralelo, el Congreso de los Diputados trabajaba. Les hablo de la VIII y la IX legislaturas; aquí compareció el ministro Solbes, compareció la ministra Salgado y hablaron
de lucha contra el fraude y de resultados de lucha contra el fraude. Lo hicieron bien y expusieron sus argumentos, pero no hablaron en absoluto de este tema del que hoy ha hablado aquí el señor Montoro, que ha acudido a comparecer a petición propia
para hablar del fraude y ha hablado de este tema. Con esto no quiero decir, ni muchísimo menos este grupo pretende insinuar que los ministros que comparecían conocían estos datos y no hablaron de ello, en absoluto, porque esto no añade nada
positivo al debate y el único objetivo que tiene el Grupo Popular es acabar con la lacra del fraude fiscal. No obstante, para hacernos una idea de lo que ha sucedido, de por qué se manifiesta que un simple comunicado, en el que no tenemos tiempo de
profundizar, en el cual se reconoce que hay un dinero en cuentas extranjeras pero que no forma parte del caudal testamentario no es suficiente, me gustaría leer someramente algunos artículos de prensa que se han producido. Día 27 de noviembre de
2012: La familia Pujol posee una fortuna de 137 millones de euros en Suiza. Diario El Mundo. 14 de enero de 2013: Jordi Pujol admite a El Mundo que tiene dinero en paraísos fiscales. Reconoce que acaba de regularizar una cantidad de en torno a
2 millones. Si salen más será otra persona que se llame igual que él. 18 de diciembre de 2012: Jordi Pujol Ferrusola llevaba bolsas con billetes de 500 euros a Andorra. Diario El Mundo. 10 de abril de 2013: Jordi Pujol junior movió 32 millones
en ocho años. Un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez revela 118 movimientos con trece países. Diario El Mundo. Podría citar más pero no quiero cansarles. Evidentemente, estas noticias que han salido en prensa no pueden ser
legalizadas o admitidas por un comunicado en el que se reconoce que existe una fortuna en el extranjero.

Página 27

También quiero aprovechar mi intervención para decirle al señor Saura, del Grupo Socialista, que no sé por qué tienen siempre este interés por la declaración tributaria especial, que si no se puede lavar el dinero negro... Pero, oiga, si
todas las personas en la calle, en la tele, en los medios, le llaman amnistía fiscal. ¿Es usted el único que no se ha enterado? La declaración tributaria especial solo tiene efectos en el título XVI del Código Penal, los delitos contra la Hacienda
pública y la Seguridad Social. Luego decir que se pueden regularizar en materia tributaria y lavar conductas ilícitas y dinero negro, solo puede responder o a la ignorancia o a querer mentir. (Rumores). Y como creo que usted lo sabe
perfectamente, en lugar de decir amnistía fiscal usted debería decir amnistía total, que no lo dice nadie pero usted mantiene ese criterio, que es total. Creo que está bastante claro. Podrá haber personas que digan que no, pese a que se han
aflorado fuentes de ingresos ocultos que van a financiar servicios sociales que se identifican, porque usted ha dicho que este es el mayor escándalo del siglo. Lo habrá dicho porque como las amnistías que hizo el Grupo Socialista fueron en 1985 y
en 1991, habrá querido correr con los siglos un tupido velo. (Risas.-Rumores). Aquellas sí fueron opacas, porque se permitió que se adquirieran títulos de la deuda pública al tirón. Fue una novedad tremenda para la sociedad española, que no
conocíamos sino las cartillas de ahorro y depósito, y llegaron con los AFRO, títulos al tirón, cómprenlos ustedes. Te daban una rentabilidad y luego ya aflorabas con la amortización. ¿Y qué pasaba si te llamaba la Administración tributaria? Pues
nada, que sacabas los títulos y pagabas; anonimato total. Yo puedo entender que alguien diga: Que sigan prescribiendo esos fondos y que no entren en el circuito del pago. Eso es respetable, pero tiene que circunscribirse al que es. Esta es una
regularización exclusivamente de efectos tributarios. No se puede ampliar su contenido.


Respecto a la persona que ha intervenido por Esquerra, le quiero remitir a las extrañas manifestaciones que ha hecho Carod-Rovira respecto a que del 3% nada, que era el 5%. Ahí tiene usted un campo bastante importante para ir aclarando
datos y a ver si consigue sumar, aclarar, definir cómo llegó este señor al 5%. (Aplausos).


Se me acaba el tiempo pero quiero terminar diciendo que por parte del Grupo Parlamentario Popular el rechazo a la corrupción no es testimonial ni político, es real y, por ello, se ha plasmado en leyes para prevenir y, por supuesto, corregir
y penalizar la corrupción. Se ha dotado al Estado de un armazón institucional importante. Para ello basta recordar la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que va a entrar en vigor en pocos días. No leo los que no
votaron a favor, pero entre ellos estaba Izquierda Unida, que no votó a favor de la transparencia. (El señor Coscubiela Conesa: De la transparencia, no, de vuestra ley.-Un señor diputado: Sí, sí, sí) También quiero resaltar la disposición al
diálogo para adoptar medidas de regeneración democrática que ha puesto de manifiesto el Gobierno de España. En definitiva, España es un gran país capaz de hacer frente a las dos grandes lacras sociales que constituyen el paro y la corrupción
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que creo que ha dejado claro que la intención de su
grupo era promover y ordenar esta comparecencia, y ha sido muy expresiva en términos de argumentos que ha aportado respecto a esta comparecencia.


Respecto del reproche que se me ha hecho por parte de algunos grupos parlamentarios sobre mi falta de comparecencia, quiero decir que no vengo más a la Comisión porque estoy todo el día en el Pleno. Soy el miembro del Gobierno que
prácticamente duplica al siguiente en intervenciones en el Pleno de esta Cámara y en el Pleno del Senado. Está bien esta comparación pero ese es el resultado de las preguntas parlamentarias, de las interpelaciones y de las iniciativas legislativas
que hemos llevado adelante, incluyendo los Presupuestos Generales del Estado y por la materia que me corresponde en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero ese reproche de que no estoy presente en la Cámara... Yo
juraría que no salgo de ella, y lo volveremos a comprobar en el curso político ordinario. Hay cosas que uno tiene que escuchar cuando lee una estadística parcial en términos de Comisión. Vea usted el conjunto de la actividad parlamentaria que
estamos desarrollando y el compromiso que ello supone y por qué vengo esta mañana -por supuesto, como decía- a requerimiento del Grupo Parlamentario Popular y a petición propia a esta Comisión.


Lo que he tratado de transmitir esta mañana son dos elementos, dos ideas fundamentales. La primera es que las instituciones funcionan en España, que lo que hoy está ocurriendo como una sucesión de

Página 28

escándalos es consecuencia de la actuación de las instituciones. Eso es lo que he tratado de transmitir. Eso es dar confianza a los españoles en esas instituciones y eso es también dar confianza precisamente en instituciones que son de
procedimiento administrativo pero que son grandes instituciones del Estado de España, como la Agencia Tributaria del Estado o la Intervención General del Estado. Por eso, a la pregunta ¿qué están haciendo?, les contesto que están en auxilio
judicial en todos los casos que han planteado y, por tanto, son los representantes, son los funcionarios los que están colaborando y haciendo posible que la justicia esté evaluando, y nos gustaría también que fuera con la mayor rapidez, con la mayor
celeridad posible para que se resolvieran esos elementos. También he citado el número de funcionarios, concretamente de la Agencia Tributaria, que están en auxilio judicial. Por tanto, respecto a alguna de las preguntas que se han formulado
-¿están ustedes en un caso y no en otro?-, quiero decir que no, que estamos en todos los casos, en todos, haciendo ese auxilio judicial. Y se está haciendo con la seguridad y la fiabilidad de que lo están haciendo funcionarios públicos,
funcionarios que se sienten servidores públicos, que, como todos, acertarán más o menos en un procedimiento, en un planteamiento, pero dudar de su condición, de su profesionalidad está fuera de lugar y no responde obviamente a ningún tipo de
instrucción política y, por tanto, eso está funcionando y haciendo posible que conozcamos estos casos, también el propio caso Pujol. Ya lo he dicho con claridad, el caso Pujol es consecuencia de investigaciones anteriores y también lo he explicado,
y me he quedado allá donde me permite hacerlo la legislación vigente; me he quedado en ese extremo.


Por supuesto, ha habido otro tipo de comportamientos fiscales, pero también quiero decirles que esperaba más de algunos grupos políticos esta mañana. Comprendo la posición del Partido Socialista en su crítica a lo que llama la amnistía
fiscal, que no ha existido, pero es igual, han ganado el concepto. Da igual; en ese sentido, a estas alturas, estar en ese debate otra vez... El afloramiento de 40.000 millones de euros, después lo que ha inducido en términos de declaración de
bienes en el exterior -ya lo he leído antes-: 88.000 millones de euros identificados que realmente están facilitando la recaudación tributaria en nuestro país que de otra manera imagínense la cantidad de años que tendrían que haber pasado en
términos de procedimientos ordinarios. Pero he visto tibios a algunos grupos a la hora de hablar del caso Pujol (Risas) -lo digo por que hagamos una segunda ronda-, porque yo sí he sido claro o he tratado de serlo. He tratado de ser claro, aunque
se me ha reprochado también: ¿usted para qué ha venido esta mañana? He venido para informar de datos reales y cambios legislativos sobre fraude, datos reales de recaudación desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En esta
Comisión tenemos que hablar de datos, de hechos cuantificados, reales, y a partir de ahí obviamente, como también he escuchado en tono de reproche -pero no lo entiendo, aunque lo acepto-, si el ministro del Gobierno de España no viene a hacer una
valoración política de un caso como el caso Pujol no sé a qué nos dedicamos ni en el Gobierno ni en este Parlamento. Lo que rogaría es más claridad y contundencia a los grupos políticos a la hora de valorar este supuesto que se ha dado, porque no
lo he escuchado. He escuchado críticas al Gobierno, críticas a lo mal que he podido estar una vez más; he estado regular sin duda alguna, por supuesto. (Risas). Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Este caso se produce todos los días? ¿El caso de una
persona que ha tenido la máxima responsabilidad de representar al Estado en Cataluña durante tres décadas largas se produce todo lo días en todos los países del mundo? ¿Se produce? ¿Es natural? Se le había olvidado y no había encontrado el motivo
para regularizar una supuesta herencia de millones de euros; no es peccata minuta. Es decir, todo el mundo tiene millones de euros en este país y fuera de este país. De eso estamos hablando. El Partido Socialista me ha preguntado cómo están las
investigaciones, que ya he dicho y he aclarado, pero ¿cuál es la posición que tienen ese y otros grupos? La Izquierda Plural no ha hablado de ello siquiera, no le interesa hablar. (El señor Coscubiela Conesa: Ah, ¿no?). En cuanto a Esquerra
Republicana, ¿ustedes no fueron Gobierno de Cataluña? Cuando el señor Carod-Rovira denuncia ahora el 5% de comisiones en Cataluña, ¿por qué no nos lo dijo al Gobierno de España y hubiéramos actuado en términos de investigación? (Aplausos). ¿O no
fue así la historia reciente de nuestro país? Todos pasaban por allí y ahora se enteraron de lo que por lo visto en su momento no estábamos haciendo.


Ya he explicado que incluso en la época anterior en mi condición de ministro de Hacienda ya se abrieron investigaciones sobre la familia y esas investigaciones llegaron hasta los límites judiciales, donde se detuvieron porque se entendió que
no había caso. Pero ya hubo, ya lo he explicado esta mañana aquí. Lo que voy a explicar con toda claridad -puesto que yo ya tengo una cierta experiencia en términos de ministro de Hacienda, en este caso de Administraciones Públicas, anteriormente
ministro de Hacienda y secretario de Estado de Economía- es que en toda mi experiencia de Gobierno jamás me he encontrado

Página 29

con un supuesto donde se hiciera una denuncia que no fuera perseguida; jamás, jamás. Por tanto, si esto que estamos debatiendo ahora se dice que ya se sabía, que se conocía, ¡pues haberlo dicho en su momento!, y más si se tuvo
responsabilidades de Gobierno. ¿Por qué si tuviste responsabilidades de Gobierno no perseguiste lo que tenías que perseguir? ¿Se atendía a bienes y razones superiores? Bienes superiores ¿para qué? ¿Eso es lo que oculta en una determinada
situación una gestión pública? Bienes superiores. ¿Qué son bienes superiores? ¿No hay una responsabilidad en ese tripartito de Cataluña en su momento, cuando se formó y se heredó? Una herencia política igual que la hay en cualquier Gobierno. Yo
tengo la experiencia de haber entrado y salido de un Gobierno. Puedo decirle con toda tranquilidad que cuando yo salga del Gobierno -que saldré algún día, obviamente- todo va a estar como la vez que salí anteriormente de ese Gobierno. Así de claro
y así de transparente. Volveré las veces que sea necesario a presentarme a la opinión pública a decirlo con toda naturalidad, pero no volveré para decir: yo ya sabía aquello que ocurría, pero, claro, había un bien superior. ¿Qué bien superior?
¿Ustedes no fueron Gobierno? ¿Qué bien superior es el que están defendiendo? En una mañana como la de hoy les he visto de un matizado respecto de un caso..., que ya lo he dicho. ¿Todos los casos son iguales? No son iguales. Yo entiendo que no
lo son.


Ustedes dicen: tiene razón respecto de otros casos del Partido Popular. ¿Cómo estamos actuando en otros casos del Partido Popular? Ya lo hemos referido en no sé cuántas comparecencias parlamentarias. El señor Bárcenas y su representación
legal aducen que se acogió a la declaración tributaria extraordinaria y la Agencia Tributaria hizo un informe oficial en sede judicial donde dijo que eso no era posible hacerlo por la fórmula que eligió el señor Bárcenas. Eso es lo que parece que
se olvida ahora otra vez. Está en sede judicial. A partir de ahí la autoridad judicial, el juez, es quien se pronunciará. La Agencia Tributaria ya lo ha hecho en un informe que además fue público. Por tanto, no es válido ese sistema al que se
acogió. Por eso yo dije públicamente lo que estoy diciendo ahora respecto de los siguientes casos que se vayan planteando. Lo que necesitamos frente a la ciudadanía es transparencia, como muy bien indicaban la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular y alguno de ustedes.


Señor Macias, si a usted no le ha gustado mi intervención sobre el señor Pujol, a mí lo que no me ha gustado ha sido su intervención tan cautelosa, tan supuestamente responsable, a la hora de valorar la actuación de un dirigente político que
para todos en su día representó lo que representó, pero después hemos descubierto lo que hemos descubierto respecto de los valores que estaba aportando. Eso es lo que tenemos que hacer en términos de ciudadanía; eso si a ustedes les gusta y si no,
repróchenme a qué caso se le está dando una cobertura diferente de la que yo puedo expresar públicamente esta mañana aquí. Como ya les he dicho, algunos de ustedes han venido, si me permiten la expresión, a escurrir el bulto, a criticar al
Gobierno, dicen: vaya por delante que a mí no me gusta nada, pero ¿cuándo está aflorando una situación como esta? ¿Cuándo están aflorando estas situaciones? Insisto, ¿es casualidad? No, también es la crisis, y yo también lo voy a reconocer esta
mañana aquí. Es la crisis la que nos está llevando a hacer política de una manera mucho más intensa y mucho más transparente. Yo quiero realzar ese principio y ese valor esta mañana, por lo menos la crisis, que tan dura ha sido y sigue siendo para
muchos ciudadanos en España, nos va a aportar una forma todavía más transparente de hacer política. Pero digamos las cosas como son, no tratemos con subterfugios de evitar cuestiones que son importantes, como decir -como he escuchado- que el
sistema de concierto es más eficaz en la lucha contra el fraude, que está bien, pero original argumento, porque desde luego original argumento es el concierto. Ustedes saben que yo soy el primer valedor que tienen de ese concierto, que yo fui el
que materialmente lo hizo, el que impulsó en términos políticos en esta Cámara el primer concierto indefinido de la historia, el que a continuación mejoró el convenio navarro, sin necesidad objetiva, sino porque creemos en el autogobierno de esas
haciendas forales. Por tanto, eso no debe llevar a este tipo de comparaciones cuando hoy lo que estamos haciendo es investigar sobre asuntos fiscales concernientes, por ejemplo, a empresas que operan en todos los territorios, que son
multinacionales. Esta forma de verlo no es correcta, entiendo que la correcta es la que han planteado, pero también he dicho en mi intervención que es el Gobierno español el que está denunciando ante la Unión Europea insistentemente la existencia
de estos paraísos fiscales; es el Gobierno español el que está impulsando en la OCDE cambios relativos a la elusión fiscal y la evasión de bases imponibles. Es el Gobierno español el que además, si se me permite singularizar un segundo, yo, que ya
había sido ministro de Hacienda, lo que encontré cuando llegué al Ministerio de Hacienda, no ya al de Administraciones Públicas sino al de Hacienda pura, fue que efectivamente muchos grandes grupos empresariales en España no pagaban impuesto sobre
sociedades. Una situación interesante que me lleva a preguntarme siempre, y lo hago otra vez esta mañana, por qué

Página 30

mis antecesores no llevaron a cabo los cambios normativos que hemos realizado en esta legislatura para hacer que esos grandes grupos contribuyan a las arcas públicas como están contribuyendo. (Rumores). Esto son cifras de recaudación, ¿o
es que no están contribuyendo más que en la etapa del Gobierno socialista? ¿Eso no es mensurable? Está en la recaudación, cojan ustedes los datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Por lo tanto, hablen en términos de recaudación.


Las cosas son así, tiene que llegar la derecha para disciplinar -me gusta lo de la derecha y lo subrayo aquí-, tiene que llegar la derecha porque esta izquierda cuando gobierna es más flexible, entiende las cosas de otra manera. Si era una
cuestión de cambios normativos, propícienlos porque ahora es cuando están mejorando las bases imponibles, ahora es cuando están mejorando. ¿Por qué? Porque las empresas van generando beneficios en la salida de la crisis, por tanto, irán
incrementando su recaudación, pero también a raíz de los cambios normativos que han limitado, por ejemplo, la deducibilidad de los gastos financieros o la aplicación de una amortización que estaba llevando a vaciar su aportación a las arcas
públicas. Por eso les decía que entiendo todos los discursos y por supuesto entiendo también el discurso; si hubiera repetido mi condición anterior de ministro de Hacienda, ¿qué se decía de la economía sumergida en España? ¿Cuál era la
cuantificación que se hacía en esos organismos privados y desde los propios organismos públicos? Recuerdo que hubo también un informe que nació del propio Instituto de Estudios Fiscales en mi época de ministro de Hacienda que decía que ya estábamos
en un 20%. ¿Cuánto crecía la recaudación anual del IVA en esa época, en el año 2003 o 2002? El 16%. ¿Cuánto crecía la recaudación del impuesto sobre sociedades? El 28% en términos interanuales. Eso debe ser fruto de la especulación. ¡Vaya
especulación! Realmente espectacular el aumento de la recaudación. Ahora lo que estamos viviendo es que en una España donde el crecimiento económico es todavía muy modesto y sin inflación por primera vez en nuestra historia, la recaudación
tributaria está mejorando, y todo eso cumpliendo -decía el señor Saura que era imposible- la previsión de ingresos de nuestros presupuestos, porque estábamos confiados en el conjunto de elementos que componen nuestra política económica y
presupuestaria, entre otros la lucha contra el fraude fiscal. O si no, a ver qué experto nacional o internacional explica que en España la recaudación tributaria esté creciendo al 5,3% con una economía que en términos interanuales está creciendo el
1,2% y en términos nominales está creciendo por debajo del 1%. Ya me contarán cuál es la elasticidad renta de los ingresos tributarios en España. ¿Eso no tiene que ver con el fraude? También están los datos de la creación de empleo; hoy hemos
conocido los datos de agosto del paro registrado y de afiliados a la Seguridad Social. Lo que vienen a decir es que agosto siempre es un mes malo para el empleo y lo que hay que hacer es meterlo en la tendencia y en la comparación; es decir, ver
cómo ha ido este agosto en términos de afiliación a la Seguridad Social y en términos de evolución de paro registrado. ¿Y qué vemos? Que la tasa de afiliación interanual sigue aumentando prácticamente dos décimas sobre julio y eso quiere decir que
en España con muy poco crecimiento económico sigue habiendo creación de empleo por primera vez en nuestra historia, y eso tiene que ver con las reformas estructurales, la reforma laboral, pero también con que se está corrigiendo el fraude en materia
laboral porque si no, sería imposible estar en los registros de recaudación tributaria que estamos viviendo y en la evolución tan favorable que se está produciendo, ya que con muy bajo crecimiento económico estamos siendo capaces de crear empleo.


Señorías, acabo diciéndoles que hay que tener en cuenta lo que estamos viviendo y a lo que estamos asistiendo. Hoy hemos hablado de un caso muy concreto y muy importante, por cierto, con un gran valor, como es el caso Pujol, pero puedo
decirles que, como ministro de Hacienda, no había vivido nunca una situación donde se sintiera tanto el peso de la lucha contra el fraude en términos sociales como lo estamos viviendo. No lo he vivido y seguro que ninguno de ustedes, por mucha
experiencia política que tengan, ha vivido una situación parecida. Basta ver cualquier programa de contenidos de relaciones sociales para ver que Hacienda siempre está presente. Llega un momento en que empieza a pensar uno que en España no se es
nadie si no se tienen problemas con Hacienda. Esta es una época absolutamente diferente e incomparable con cualquier época anterior. Eso quiere decir que realmente hay mucha seriedad y mucho rigor en la lucha contra el fraude y que nadie tiene
amparo alguno, como he dicho antes, ni por su condición política presente ni anterior, ni por su poder económico, ni por su poder mediático. Nadie tiene protección respecto del cumplimiento fiel de sus obligaciones tributarias, y esa es una
conclusión que es percibida así y en la que debemos insistir y valorar. También deseo agradecerles a los grupos que se han referido a las ofertas que trae el Gobierno para la reforma tributaria. Ahí tendremos que hacer un trabajo, les invito a que
hagamos un trabajo en el que coincidamos lo máximo posible, primero, en fortalecer nuestras instituciones y, segundo, en hacer tangible que nuestra gestión política, pero también la gestión

Página 31

administrativa, sea cada vez más transparente. Lo que pasa es que el concepto de defraudador que manejan algunas de sus señorías es un concepto que solo puede ser calificado por la justicia y no en procedimiento administrativo. El
procedimiento administrativo llega hasta los indicios que se trasladan a la fiscalía o a la propia jueza o juez cuando está abierto ya el caso. Por tanto, la lucha por el blanqueo de capitales no depende únicamente de la Agencia Tributaria, sino
que las otras instituciones del Estado están desarrollando su papel y completando la acción de la Agencia Tributaria. Por eso decía que la calificación de defraudadores tiene que venir realmente como consecuencia de un proceso judicial, puesto que
si no estaríamos mermando las garantías del contribuyente. Pero no creo que hoy haya mermado las garantías de nadie cuando una persona que ha tenido responsabilidades de Gobierno durante más de treinta años declara que por no sé qué extrañas
razones tenía millones de euros en una cuenta sin declarar. Esto se califica solo y si no he sido suficientemente rotundo antes, aprovecho esta segunda intervención para volverlo a calificar solo. Además, lo digo con la misma franqueza, con la
misma sinceridad que pueda emplear ante ustedes. Si yo, en mi condición de ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, tengo que enterarme por un comunicado público que un representante político en ese momento va a excusar públicamente ante
la ciudadanía su defraudación, porque es una defraudación realmente formidable tener millones de euros en una cuenta no declarada, si vemos esto normal, si admitimos que estos procedimientos son válidos en una democracia, me pregunto qué democracia
de nuestro entorno admitiría semejante conducta, semejante comportamiento. Los españoles pueden estar tranquilos, que aquí no lo vamos a admitir y yo he venido esta mañana a refrendar que la posición del Gobierno va a ir mucho más allá de expresar
un juicio de valor. Va a actuar con todos los instrumentos para llegar al final y clarificar este proceso y todos aquellos que perjudiquen la calidad de nuestras instituciones democráticas. Esta es nuestra obligación, nuestro deber y vamos a estar
a la altura de la circunstancia que estamos atravesando. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Aquellos grupos que lo deseen tendrán una segunda intervención, pero les advierto que seré más estricto. Cada uno de ellos tiene cinco minutos en el mismo orden que hemos seguido antes, por lo que, en primer lugar,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Saura.


El señor SAURA GARCÍA: Señor ministro, decía usted ahora en su intervención que un caso como este, el caso Pujol, no se produce todos los días. Efectivamente, no se produce todos los días y he dicho en mi primera intervención que el señor
Pujol tiene que dar explicaciones en el Parlamento catalán y este tiene que hacer su trabajo, y también he manifestado que tiene que dar explicaciones ante la justicia hasta el final. Además, el Partido Socialista de Cataluña en ese debate en el
Parlamento catalán fijará su posición, que, lógicamente, va a ser dura y contundente. Ahora bien, señor ministro, también tendrá usted que estar de acuerdo conmigo en que no se produce todos los días que un gobierno apruebe una ley para poner una
pasarela, de tal manera que los grandes defraudadores o los grandes delincuentes puedan utilizarla para que no se investigue el origen de ese capital y para pagar muy poco al fisco. Eso no se produce todos los días y por eso en este Parlamento
tenemos que hablar del caso Pujol, pero también de su responsabilidad y de la responsabilidad política de la dirección de la Agencia Tributaria y de las leyes que se han aprobado aquí para que presuntos delincuentes se puedan acoger a la amnistía
fiscal. En este país los del 3% se van a ir de rositas con el 3% que van a tener que pagar a la Agencia Tributaria por la amnistía fiscal. ¡Maldito 3% para los españoles, porque con el 3% van a regularizar su situación! Señor ministro, dos hijos
de la familia Pujol han dicho públicamente que se han acogido a la amnistía fiscal, exactamente lo mismo que dijo el señor Bárcenas. Por cierto, el señor Bárcenas dijo que se acogió a la amnistía fiscal y usted aquí dijo que no. La cara que se le
quedó, ya que la justicia le ha desmentido, porque sí que se acogió a la amnistía fiscal. Pero vuelvo de nuevo a mi razonamiento, señor ministro. Dos hijos de la familia Pujol se han acogido y lo han dicho públicamente, igual que el señor
Bárcenas. ¿Por qué no dice usted aquí si se han acogido o no y qué investigaciones se han hecho a partir de esa regularización? Por tanto, lo que no se da todos los días, señor ministro, es que un Gobierno apruebe leyes para que los del 3% con el
3% puedan regularizar. Insisto: ¡maldito 3% para la Hacienda pública española y para los españoles! En definitiva, aquí queremos hablar del caso Pujol, pero queremos hablar también de su responsabilidad.


Además, en la dirección política de la agencia llueve sobre mojado, no es nuevo lo que está pasando. Usted cambió la cúpula de la ONIF. ¿Se acuerda? Usted también ha tomado decisiones en relación con profesionales que quieren hacer bien
su trabajo en la Agencia Tributaria y son perseguidos. Usted sabe

Página 32

perfectamente que ha cambiado a algunos inspectores de Auxilio Judicial en el caso de la caja B del Partido Popular. Usted sabe perfectamente que se ha emitido un informe adecuado para que el Partido Popular no sea infractor fiscal, no
tenga delito fiscal en el impuesto sobre sociedades. Llueve sobre mojado. Y luego, ha aprobado usted la amnistía fiscal, ese viaje a las tinieblas. Esta no es una expresión mía, señor Montoro, sino de un importante, destacado e insigne inspector
de Hacienda que ha publicado sobre la amnistía fiscal y dice que es un viaje a las tinieblas. Señor Montoro, le vuelvo a hacer la petición, le vuelvo a hacer la propuesta: ¿Por qué no investigamos el origen del capital de los 30.000 defraudadores
que se han acogido a la amnistía fiscal? En esa declaración no había obligación de poner el origen del capital regularizado. En todas las demás regularizaciones de cualquier persona de nuestro país se tiene que poner el origen de la
regularización, pero en ese caso no se tenía obligación de poner el origen del capital regularizado. ¿Por qué no pone esos 30.000 expedientes al servicio de los inspectores y técnicos de Hacienda -señor ministro, escúcheme bien, porque esto no lo
quiere escuchar- para que analicen e investiguen el origen del capital regularizado? El señor ministro no quiere escuchar esto. No todos los días un Gobierno hace lo que usted ha hecho en materia de lucha contra el fraude fiscal.


En cuanto al impuesto sobre sociedades, usted ha venido diciendo toda la legislatura que la recaudación del impuesto sobre sociedades ha caído y que el Gobierno socialista lo hizo mal. Yo esperaba que en la reforma fiscal y en la reforma
del impuesto sobre sociedades hubiera una reconstrucción de las bases imponibles del impuesto. Pues no, usted mismo reconoce en la memoria económica que el impuesto sobre sociedades va a reducir su contribución a las arcas públicas en 3.000
millones de euros, de tal manera que en el año 2016 el impuesto sobre sociedades va a tener la menor contribución en relación con el PIB desde el comienzo de la legislatura. Tanto que ha hablado usted del impuesto sobre sociedades y hace una
reforma fiscal del impuesto y plantea un regalo de 3.000 millones de euros a las grandes corporaciones. ¿Dónde está la coherencia? Porque lo que no encuentro en sus palabras en toda la mañana es coherencia, coherencia en la dirección de la Agencia
Tributaria y en los impuestos de nuestro país, coherencia. Dice una cosa pero hace completamente lo contrario, completamente lo contrario, y hay datos que lo ponen de manifiesto día tras día. Por eso hemos hablado aquí del caso Pujol, por supuesto
que sí, porque no todos los días se produce un caso como el caso Pujol. Ahora, también tenemos que hablar aquí de su responsabilidad, porque no todos los días un Gobierno aprueba leyes -es que es vergonzante- para que la familia Pujol se pueda
acoger a la amnistía fiscal para no pagar impuestos y para que no se investigue el origen de esos capitales. (El señor Matarí Sáez: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Qué mentiroso.-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Coscubiela, tiene la palabra.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señor Montoro, tiene usted un concepto muy curioso de lo que es una comparecencia parlamentaria. Se le pide información sobre la situación de Pujol y su relación con la amnistía fiscal, de él y de su familia,
dice que va a venir aquí, dice que se siente autorizado a decir cosas, no dice nada, nada, nada que no haya dicho ya a los medios de comunicación e incluso menos; le pedimos claramente un balance de la estrategia en el fraude fiscal y nos dice que
a la salida nos vamos a encontrar unos datos que ya podremos leer. Le hacemos unas preguntas todos los grupos parlamentarios para que concrete alguna cosa más y no nos contesta. Le hacemos propuestas de futuro en positivo y no se digna a
contestarlas, ni tan siquiera las que respondían a una invitación suya. De verdad, tiene usted un concepto muy curioso de lo que es ser ministro.


Usted no ha venido aquí hoy como ministro de Hacienda, ha venido a aprovechar la oportunidad sencillamente para hacer una función legítima de dirigente del Partido Popular; es legítimo pero se ha olvidado de hacer de ministro de Hacienda.
Sobre todo tiene usted el desparpajo -llamémosle así- de echarnos en cara a los demás que hemos sido poco beligerantes con el tema Pujol (El señor Merino López: Hombre, claro), y nos lo dice, fíjese, entre otros, a algunos que durante años hemos
sido los que hemos denunciado en el Parlament de Catalunya los abusos de poder que se han producido (El señor Merino López: Ya, ya). A los que además hemos sido los primeros que pedimos la comparecencia de Pujol en el Parlament de Catalunya, a los
que hoy estamos anunciando una querella por cinco presuntos delitos que se va a presentar en la Audiencia Nacional. Y por cierto, para que nadie crea que es solo un problema de Pujol, a los que en su momento presentamos una querella contra Botín y
a los que su momento impugnamos el indulto que otros dieron al señor Sáez por haber sido condenado por un delito de denuncia falsa. La verdad, para echarnos en cara lo que hoy usted nos ha echado hay que tener un poco más de autoridad moral, porque
si hiciéramos el ranquin de quienes han puesto por delante intereses

Página 33

superiores y se han tapado los ojos delante de lo que haya podido hacer el señor Pujol, su familia o su clan, no sé quién ganaría; pero ustedes nos estarían mal situados en el ranquin de: hablo catalán en la intimidad o resulta que ahora
no veo lo que no me interesa ver. Sea usted un poco más prudente, se lo ha pedido otra gente, sea un poco más prudente y sobre todo ejerza de ministro. No sé, tiene usted una oportunidad.


Vuelvo a reiterar todas las preguntas que le hemos hecho y le vuelvo a reiterar a usted y al Grupo Popular dos propuestas concretas que le hemos planteado muchas veces y que han sido rechazadas pero se las volvemos a plantear en estos
momentos: constituyamos en sede parlamentaria una comisión para abordar el tema del fraude fiscal que tenga como objetivo analizar en profundidad las causas y, por supuesto, las situaciones que están encima de la mesa, porque sin duda usted tiene
razón en una cosa: lo que ha pasado es muy grave, lo que se ha conocido es muy grave y mucho me temo que, como piensa la ciudadanía, es mucho más grave lo que aún no se conoce y no solo en relación con el tema Pujol sino en relación con otros. Lo
que ha pasado es muy grave. Que alguien esté ostentando durante tantos años la Presidencia de un Gobierno autonómico incumpliendo de manera reiterada sus obligaciones fiscales es muy grave, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero mucho nos
tememos que ni es el único caso ni responde estrictamente a una especificidad catalana. Usted ha dicho hoy una cosa muy parecida a los que en Cataluña quieren justificar eso diciendo que es no se sabe qué concepción conspirativa y que eso ha salido
ahora por no se sabe qué. Usted ha hecho exactamente lo mismo, ha aprovechado para mezclar unas cosas con las otras, cuando en el fondo de todo la pregunta es la siguiente: ¿Ha habido durante estos años connivencia e impunidad de las élites
económicas y políticas que este país, sí o no? ¿Se está dispuesto a abordar de verdad eso que usted dice de que todo el mundo sea igual? ¿Cree de verdad que ustedes tratan igual a los poderosos económicos, a los bancos? De momento, quien ha hecho
actos frente a ellos hemos sido nosotros, no ustedes. Por tanto ejerza un poco más de autoridad de ministro y, si quiere hacer oposición a otra cosa la puede hacer, pero espere un poco a salir del Gobierno porque, si no, queda un poco feo hacer de
oposición, de toda la oposición además, desde ese punto de vista.


Me queda una cosa. Por favor, contéstenos a las dos propuestas que les hemos hecho. Contéstenos.


El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Me ha dejado atónito el comentario generalizado del ministro de que todos los grupos de la oposición habíamos evadido el caso Pujol y que la oposición había sido muy tibia, pero me ha venido bien porque me ha
confirmado una sospecha que tengo desde el inicio de la legislatura, y es que el señor ministro no escucha las intervenciones de mi grupo y poco las de los otros grupos de la oposición. Me parece una falta de respeto no solo a mi grupo sino a los
ciudadanos que representamos, pero me ayuda a entender por qué nunca contesta a ninguna de las preguntas que formulamos: Es que no las ha escuchado en primer lugar. Por eso, voy a utilizar esta segunda intervención para repetirlas, a ver si tiene
a bien contestar alguna, y pido el amparo del presidente en este sentido.


Le he dicho que durante más de treinta años este caso no ha aflorado. Usted dice que las instituciones funcionan muy bien, y le pregunto: ¿Cuál es su interpretación de que un caso que involucra a personas tan significativas, que afecta a
cantidades tan significativas durante tanto tiempo y del que ya había habido denuncias no ha aflorado durante más de tres décadas, habiendo estado usted en alguna de esas etapas en el Gobierno? ¿Cuál es su interpretación? Le he dicho que la
amnistía fiscal está favoreciendo objetivamente la corrupción política, porque continuamente se entremezclan las dos cuestiones. Si usted aún ahora quiere evitar eso -no he dicho que sea intencionado, digo que objetivamente los casos se
entrecruzan-, si aún ahora quiere hacer algo al respecto, como los expedientes están ahí, ¿por qué no se revisan todos esos expedientes, por qué no se incluye esto en el plan de control tributario, priorizando los casos de personas que han tenido
cargos públicos? ¿Usted va a hacer algo en ese sentido? Le reitero la pregunta. Yo y otros portavoces le hemos preguntado si familiares del señor Pujol o sociedades que tienen que ver con el señor Pujol se han acogido a la amnistía. Tampoco ha
contestado. Y usted ha echado en cara a otros grupos, al tripartito -y me parece bien-: El señor Carod-Rovira ha hecho declaraciones sobre la obra pública, las comisiones; ustedes no hicieron nada. Le he preguntado antes: ¿Y usted va a hacer
algo? ¿Considera que esa es una línea de investigación relevante, que hipotéticamente pueda estar relacionada con este caso?


No sé si a mis preguntas se les puede aplicar la filosofía que ustedes aplican en sus leyes, como en las leyes de horarios comerciales, que es que en caso de no contestación significa que sí. En ese caso, me doy por satisfecho. Pero si no
se aplica el silencio administrativo positivo, pido amparo al presidente

Página 34

porque no tienen sentido estos debates si son monólogos cruzados. Aquí venimos a debatir. Usted ha hecho unas afirmaciones y le hacemos unas preguntas. Conteste, porque eso también sería una buena medida de regeneración democrática, que
el Parlamento sea una Cámara de debate y no una Cámara de intercambio de monólogos cruzados.


El señor PRESIDENTE: Señor Macias.


El señor MACIAS I ARAU: Le voy a agradecer al señor Montoro una cosa, que debe ser una especie de insulto para usted pero para mí no lo es: que me haya llamado cauteloso. Le vendría bien un poco de cautela a la política española. Usted
precisamente no ha estado cauteloso. En su segunda intervención a lo que se dedica es a ser una especie de hincha y ver si en la grada aparece alguien del Gol Sur y usted le enciende los ánimos. Ya sabe usted qué pasa cuando hay alguien del Gol
Sur, del equipo que sea: que muchas veces hay alguien que les está encendiendo para que hagan cosas que no deberían hacer.


A nosotros que nos llamen cautelosos no nos molesta, nos gusta, porque la política es y debería ser más cautelosa. Y su papel como ministro de Hacienda, que es para lo que está usted compareciendo aquí, debería ser de cautela. Y cuanto más
complejo es un caso, cuanto más duro es un caso, más debería usted medir sus palabras, que estas no se confundan simplemente con las de un hincha del Partido Popular de no sé dónde. Como esto viene bien, esto enciende los ánimos, esto va a gustar y
tengo que ir a Cataluña a dar una conferencia y van a aplaudir con rabia... No es este el papel de un ministro. Este es un caso muy complejo, muy duro; lo es para nosotros, es evidente, todo el mundo lo puede comprender, pero lo es para el
conjunto de los ciudadanos. Por tanto -llámeme usted cauteloso-, nosotros vamos a seguir siendo cautelosos en todo, en toda la política.


Nosotros hemos hecho dos intervenciones, una la de nuestro portavoz de CiU en esta Comisión, Josep Sánchez i Llibre. Como siempre -no sé si él ha estado cauteloso o más que cauteloso-, lo que ha hecho, hablando de fraude, ha sido hablar de
fraude haciendo propuestas en positivo, como hemos hecho toda la vida en esta casa como portavoces de CiU. También comprenderán ustedes que, como a nosotros nos afecta especialmente desde el punto de vista de mi partido, de Convergència, todo el
tema Pujol, tengamos que intervenir, tengamos que hablar. En primer lugar, para dirigirnos a todos ustedes pero también a todos los ciudadanos, a todos nuestros votantes, a todas las personas que han votado a Convergència i Unió. Votar a
Convergència i Unió era votar a Pujol, pero hace diez años que ya no; era votar a Artur Mas o al alcalde Trías o a seiscientos alcaldes.


Usted comprenderá que su llamada a encenderlo todo no es nada cautelosa y por respeto a todas estas personas, y a los miles de concejales del Partido Popular que también son cautelosos -y gobiernan, supongo, bien, mejor o peor; lo mejor que
saben-, debemos ser cautelosos. Venir aquí con una bromita fácil -ahora voy a dedicarle una al bueno del señor Anchuelo, ahora una al señor Saura y ahora un pase a la política vasca-, no es de cautela. La política debería ser más seria, señor
Montoro. Y ahora, como tenemos la víctima propiciatoria, unos cuantos pases, una bromita, una bronquita a este. No, cautela. Nosotros vamos a apostar por la cautela, desde la gravedad del momento porque creemos que es la manera de hacer política.
Usted y el presidente tienen detrás el cuadro de una persona que ha dicho aquí palabras parecidas a estas, que es Miquel Roca. Nosotros no vamos a renegar de esto, de esta manera de hacer política ni nos vamos a dejar provocar, por cierto, ni vamos
a abandonar nuestros proyectos. Ahora, eso sí, vamos a estar a su lado cuando dice que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley, y algunos más. Sí, pero todos, señor ministro, todos.


El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente.


Señor Montoro, yo creo que hemos coincidido todos en que el tema es realmente grave, pero el tema del fraude desgraciadamente no ha surgido hoy. Hoy me ha dado la sensación de que usted, como el inspector en Casablanca, dice: Aquí se
juega. Se ha venido jugando toda la vida y eso no quiere decir que el tema no sea grave, pero usted tiene la responsabilidad -más desde luego que nosotros- de que eso no ocurra. Le pediríamos medidas en este sentido. Yo le he hecho alguna
pregunta sobre esta cuestión: ¿Va a cambiar la Ley General Tributaria? ¿Qué va a hacer en Europa? ¿En Europa son vendibles paraísos fiscales a las alturas del siglo XXI en las que estamos? Paraísos fiscales que están generando una grave
distorsión al funcionamiento económico.

Página 35

Otra cuestión, ya más marginal, es en relación con el IVA. Le planteaba si no es la bajada de la exportación la que está propiciando también una subida del IVA. Porque a mí me da la sensación de que la economía no está para muchos trotes.
En relación con el aumento del IVA -ya sé que son cuatro puntos por encima del crecimiento nominal de la economía lo que usted está planteando-, los empleos no están creciendo seguramente como para dar una explicación a esto, máxime con la deflación
salarial que ha habido, con lo cual posiblemente algunos otros factores también tengan algo que decir. Sé que esta es una cuestión marginal, lo esencial es lo que estábamos hablando inicialmente; pero no nos ha dado, señor ministro, ninguna
respuesta, sin quitar un ápice a la importancia que el hecho tiene, y que desgraciadamente era conocido, según muchos dicen, y realmente es grave. Háganos alguna propuesta para avanzar en medidas concretas para luchar contra esta cuestión que nos
parece clave: de todo tipo de colaboraciones, de información o de transparencia. Eso es lo que esperan también los ciudadanos. Esperan que hagamos una condena de hechos delictivos, como puede ser el fraude en el caso del señor Pujol, pero también
otras actuaciones. ¿Esto para qué nos sirve? No solo debe servir para un recalentón de verano, como podría ser en el día de hoy, cuando todavía no hemos acabado el verano, sino para hacer propuestas para luchar contra el fraude de manera eficaz.
Eso es lo que esperan los ciudadanos y lo que deberíamos hacer.


El señor PRESIDENTE: Señor Larreina, intervenga muy brevemente si quiere compartir el tiempo.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Señor presidente, vamos a compartirlo y seré breve.


Señor Montoro, usted hacía alusión de pasada al caso vasco como algo incoherente, pero yo creo que no. Efectivamente, para algunos puede resultar incoherente que un independentista vasco venga aquí a hablar sobre la necesidad de combatir el
fraude fiscal en España. Alguien pensará que a nosotros qué puede interesarnos este tema. Nos interesa en primer lugar por solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de España que, como decía antes, son quienes soportan la carga fiscal de
todo el Estado. (Rumores). Nos interesa también porque si hay fraude en España, nos repercute en el coste del endeudamiento -usted muy bien lo debe conocer por un subordinado que ha estado detrás de las negociaciones de los últimos conciertos-,
porque contribuimos mucho a aminorarlo, a pesar de que el nuestro sea muy escaso. Eso nos influye, incluso en cuanto al Fondo de compensación interterritorial. Indudablemente si no se corresponde y el resto de las zonas del Estado no tienen los
medios que deben tener, tenemos que contribuir también de forma solidaria a reducir ese déficit. Yo creo que eso es importante. Nos incumbe también desde el punto de vista didáctico. Defender una Europa solidara y defender valores de
corresponsabilidad fiscal son valores importantes.


Cuando me refería al concierto y al convenio económico lo ponía como ejemplo. Allí, en la Diputación de Gipuzkoa, juntamente con la Diputación de Araba, que está gestionada por el Partido Popular, y en la Diputación de Bizkaia, que está
gestionada por el Partido Nacionalista Vasco, se está haciendo un esfuerzo -también con dificultades y con pegas a veces- para combatir el fraude fiscal. Creo que se está haciendo de forma más eficaz que en el resto del Estado, y es bueno aprender
de donde se hacen mejor las cosas para aplicarlo. Ese era el sentido de mi intervención. Por eso les decía que deben tomarse en serio el tema del fraude fiscal. Yo tengo la sensación de que no tienen un plan concreto, ordenado y racional, sino
que se mueven un poco a impulsos del viento dominante, y eso es malo. Por eso les decía que hagan un plan de lucha contra el fraude fiscal con plazos, con medidas concretas, con planificación a la hora de realizar las inspecciones dedicadas a los
sectores donde se sabe que está el fraude fiscal y con más medios personales, humanos en la inspección, precisamente para homologarse con Europa. Ese es el sentido de mi intervención y para reivindicar nuestro derecho a la soberanía.


El señor PRESIDENTE: Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señor presidente, intervendré brevemente.


No puedo dejar de intervenir, primero, por alusión de la portavoz del Grupo Popular y después de oír la réplica del ministro, porque a mi entender ha parecido que nos provocaba a ser más hooligans. Yo he entendido esto. Señor Montoro, en
Cataluña ya hemos padecido la sorpresa -o no- del caso Pujol. Le aseguro que independientemente de sus amigos, conocidos, militantes o compañeros del partido, los que nunca le hemos votado -yo soy una de ellas- también lo padecimos, y no me gustó
en absoluto. ¿Vale? Yo tuve una sensación rara; no sé si usted, que supongo conoce al señor Pujol, la vivió así o no. Yo la viví como una catalana de cuarenta años que casi toda su vida le conoció como presidente de su país, y no

Página 36

me gustó. Fue una sensación de tristeza acompañada de indignación. Lo digo porque oyéndole aquí da la sensación -y en su réplica más- de que usted disfrute con esto. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Lo
parece, señor Montoro; perdone, pero lo parece. No nos hace ninguna gracia, lo cual no quiere decir que no exijamos, como he dicho, que se haga justicia con el señor Pujol -que es un defraudador- y toda su familia. Deseamos que se investigue, que
paguen por ello, pero también que atienda esta lista que no he parado de reivindicarle.


Para acabar, estoy completamente de acuerdo -usted lo ha apuntado, como la portavoz del grupo que respalda al Gobierno-, comparto que cuando se sospechan cosas, o no tanto se sospechan sino que parece que se saben, tienen que denunciarse
(Rumores). Lo que no puede pasar es que aparezca Carod-Rovira -por cierto, no forma parte de Esquerra Republicana desde hace unos cuantos añitos- y haga una declaración como la que hizo; por tanto, quiero ponerlo de manifiesto también. Termino
diciendo, señor Montoro, siguiendo con esto que acabo de denunciar y que ustedes también han dicho aquí sobre Carod-Rovira: hagámoslo todos. Cuando haya algo que se tenga que denunciar o que se sepa, digámoslo. Vamos a decirlo, a exigir justicia
y a intentar cambiar, dejando atrás la vieja política que hace a algunos defenderse entre ellos por no sé qué; vamos a intentar cambiar lo que ha estado en la penumbra durante décadas y que ahora, por la crisis o por lo que sea, empieza a salir a
la luz.


El señor PRESIDENTE: Señora Asian.


La señora ASIAN GONZÁLEZ: Esperaba poder destinar los breves minutos que me corresponden a hablar sobre un tema muy interesante que ha expuesto el señor ministro respecto a la huella de la recuperación económica en las cuentas públicas y la
influencia de la lucha contra el fraude como signo positivo, pero me resulta imposible porque el debate ha ido por otros extremos y me veo obligada a contestar en nombre de mi grupo. En primer lugar, vuelvo a referirme al Grupo Socialista, que ha
vuelto a hablar de la declaración tributaria especial y de si se han identificado los titulares. Señorías, el Grupo Socialista vuelve a estar en otro siglo, porque en las amnistías de 1985 y 1991 no se pudieron grabar los datos en la Agencia
Tributaria porque eran opacos; no se sabía quienes regularizaban. Se compraban unos títulos de deuda pública, no nominales sino al tirón, al descuento; no eran títulos nominales, no se tenía que identificar la persona que compraba deuda pública.
(El señor López-Amor García: El Estado generando dinero negro.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Nunca se supo quién compraba esos títulos de deuda pública, por tanto no se pudieron grabar; además, lógicamente se
les pagaban intereses porque eran titulares al portador de dichos títulos. (Un señor diputado: Qué barbaridad.-Rumores). Frente a esa situación ahora hay una declaración tributaria especial. ¿Los titulares que han regularizado esa información se
encuentran en la base de datos de la Agencia Tributaria? (Una señora diputada: Sí). Por supuesto que se encuentran; ahí están esos datos. ¿Los van a explotar los profesionales de la Agencia Tributaria? Por supuesto que sí. ¿Y cómo acceden a
esos datos? Cada funcionario, cada persona que trabaja en la Agencia Tributaria, con su nivel de acceso, el que tenía antes de que se grabaran esos datos. Por ejemplo, si una persona trabaja en selección tendrá un nivel de acceso más amplio; si
es una persona que está en una unidad de comprobación tendrá acceso a los contribuyentes que le corresponden por el plan de inspección; ¿y si está liquidando? Si está liquidando tendrá acceso a la información que le corresponda por su trabajo. Es
decir, tenemos que dejar claro -con todos los reproches que se puedan hacer a esa declaración tributaria- que esa declaración tributaria no es opaca, que identifica a los titulares y que ellos están grabados en la base de datos de la Agencia
Tributaria. Si se quiere hablar de pasarela de defraudadores, ahí podemos hablar de lo que ha hecho la Junta de Andalucía eximiendo a determinados empresarios lejos de aportar los justificantes de fondos públicos. (El señor Merino López: Ahí,
ahí; ahí está la pasarela. Pedro, ahí la tienes.-La señora Vázquez Morillo: Qué raro que no saliera). También habría que hablar de por qué en Andalucía el Partido Socialista e Izquierda Unida han impedido siquiera que se debata -no ya la
creación de una comisión de investigación- sobre el escándalo que hay en torno a los cursos de formación. (El señor Merino López: Coscubiela, toma nota. Coscubiela, toma nota.-Rumores.-El señor Coscubiela Conesa pronuncia palabras que no se
perciben). Quiero ofrecer también un ejemplo positivo. Si se quiere combatir el fraude desde la legalidad, tomen nota de que el Ministerio de Empleo ya ha anunciado la creación de una unidad de inspección en el ámbito de la Inspección de Trabajo
para controlar los fondos destinados a la formación, para obtener fondos para la lucha contra el fraude, fondos para financiar los servicios esenciales y también para garantizar el derecho a la formación que tienen los parados. (Aplausos.-El señor
Merino López: Muy bien).

Página 37

El señor PRESIDENTE: Para concluir esta comparecencia tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Desde mi perspectiva, todo lo que estamos viviendo en la sociedad española (este afloramiento de casos de fraude, de mal uso de los fondos públicos, de
representaciones políticas que nunca debieron tener el papel que tuvieron, si realmente estaban actuando en la práctica como auténticos defraudadores fiscales), todo esto que nos está pasando no es casualidad. Es fruto de la situación que está
atravesando España, es fruto también de la crisis, pese a la actuación positiva y comprometida de las instituciones y de los funcionarios que están detrás de ellas comprometidos con el servicio público. Por tanto, reconociendo por supuesto que a
todos nos gustaría que esos casos no se presentaran, estamos viviendo una época en la que todavía tenemos la oportunidad de limpiar mucho los patios de las casas. Eso es fundamental para la higiene de nuestra democracia. Como creo que es una
oportunidad, solicito a los grupos sus iniciativas, ya que, con motivo de la reforma tributaria en materia de lucha contra el fraude, vamos a tener ocasión primero de identificar y luego de promover cambios normativos.


Ya he explicado lo que hemos hecho desde el comienzo de la legislatura. He dado datos, fechas, compromisos de Consejos de Ministros, así como de iniciativas legislativas, de investigaciones -he leído lo que se ha hecho con miembros de
determinadas familias, etcétera-. Con todos esos datos he llegado en mi exposición pública a donde entiendo que la ley actual me permite llegar para no interferir en los procesos judiciales abiertos.


En relación con el otro caso abierto que citaba el señor Saura, el del señor Bárcenas, no sé dónde ha habido una decisión judicial que ha afectado la regularización fiscal del señor Bárcenas. Eso que acaba de decir me parece de un impropio
considerable. Eso no está decidido ni mucho menos. La Agencia Tributaria ha llevado adelante la calificación de ese caso. Ha llegado a decir que la justicia le ha desmentido. ¿Dónde está esa sentencia? (Rumores).


Vamos a lo que vamos esta mañana, no a utilizar tantos prejuicios sino a dejar que la justicia actúe, a sentar las mejores condiciones para que actúe. Obviamente en el Congreso de los Diputados, en una Cámara política, cada uno somos
consecuentes con nuestras palabras y con las limitaciones propias de nuestras palabras. Mi primera intervención la he leído. A algunos no les ha gustado; normal, como la vida misma, faltaría más. Como se es responsable de las palabras, quiero
señalar que la he leído. Por tanto, si no le ha gustado por falta de cautela, ese es un reproche menor. No me gusta la tibieza donde no hay que aplicarla (Aplausos.-Rumores). Creo que estamos en la vida pública para calificar los asuntos cuando
se van produciendo y a partir de ello para aplicar con coherencia la política que está depositada en nosotros como elemento de confianza y, más aún, en una Cámara como en la que estamos hoy, donde tenemos la iniciativa legislativa con capacidad de
decisión sobre el conjunto de los ciudadanos.


Muchas gracias, señor presidente (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, ministro.


Se levanta la sesión.


Era la una y cincuenta minutos de la tarde.


http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid


D. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Teléf.: 91 390 60 00


Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - http://boe.es