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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 535, de 08/04/2014
cve: DSCD-10-CO-535
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 535
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 39
celebrada el martes,
8 de abril de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. (Número de expediente 121/000075) ...
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. (Número de expediente 121/000075) ...
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a destinar los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero a políticas de cambio climático y a distribuirlos territorialmente entre las comunidade
autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001228) ... (Página11)
- Sobre el IVA de la alimentación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002065) ... (Página15)
- Sobre medidas para el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión del tratamiento de residuos en la provincia de Alicante, para el cierre del vertedero situado entre Abanilla y Orihuela, y para la reparación de daños
medioambientales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002293) ... (Página18)
- Relativa al reconocimiento y puesta en valor del V centenario de la 'Obra de Agricultura' del autor talaverano Gabriel Alonso de Herrera (año 1513). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/002312) ... (Página22)
- Relativa a los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002406) ... (Página24)
- Relativa a la paralización de las actividades de prospección de combustibles fósiles en el Mediterráneo. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002438) ...
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO. (Número de expediente 121/000075).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al inicio de la sesión número 39 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. En primer lugar, propongo a la Comisión la ratificación de la ponencia designada para informar la
siguiente iniciativa legislativa: Proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el consejo agrario. ¿Queda aprobada dicha designación?
(Asentimiento).
En segundo lugar, y antes de pasar al debate para su aprobación en su caso con competencia legislativa plena a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley antes comentado, si algún grupo quiere solicitar votación
por separado de las enmiendas presentadas, además de los que ya lo han hecho, ruego que lo comunique a la Mesa lo antes posible. Como ustedes saben, señorías, en el día de hoy se va a ver en primer lugar, por acuerdo de la Mesa, el proyecto de ley
de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y la creación del consejo agrario y, a continuación, se va a proceder al debate de las seis proposiciones no de ley, que fueron aprobadas en la última Mesa convocada al respecto. Las
votaciones, tanto la del proyecto de ley como las de las PNL, tendrán lugar al finalizar los debates del conjunto de iniciativas previsto para hoy y no antes de las 13 horas.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO. (Número de expediente 121/000075).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al debate del proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el consejo agrario. Les rogaría
que seamos lo más estrictos posible en el cumplimiento de los tiempos asignado a cada grupo. Para la defensa de las enmiendas del proyecto de ley hay un tiempo máximo de diez minutos por grupo. El Grupo Mixto deberá distribuirse el tiempo entre
sus miembros. No sé si las va a defender en su conjunto. Yo veo solo un representante de dicho grupo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Estoy viendo que solo estoy yo.
El señor PRESIDENTE: Sí. Entonces tiene la palabra la señora Fernández Davila. El grupo tiene un tiempo máximo de diez minutos, que puede consumirlo usted si no se presenta ningún otro grupo.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sin detrimento de que si aparece algún otro miembro del Grupo Mixto pueda dejarle unos minutos para la defensa de sus enmiendas, que inicialmente doy por defendidas, paso a defender aquellas presentadas por el
Bloque Nacionalista Gallego, como la 46, 47 y 48 a los artículos 1, 5 y 7, que están relacionados con algo que nos parece grave en este proyecto de ley, que es la exclusión que se hace de organizaciones que no son de ámbito estatal o que, por las
razones que sean, no puedan concurrir en coalición a esta consulta, que es como se define en el proyecto de ley este -que debería ser- proceso electoral. Por lo tanto nuestras enmiendas van a subsanar esto, ya que para nosotros es grave porque, al
excluir a estas organizaciones, se excluye a muchos agricultores y agricultoras. No hace mucho tiempo apareció en los medios de comunicación la noticia de que más de 800.000 agricultores y agricultoras quedaban fuera de la representación de este
consejo, de acuerdo con el proyecto de ley, aparte de las dificultades que el mismo contiene para que los agricultores y agricultoras puedan acceder a este -que debería ser- proceso electoral. Para subsanar estos graves errores desde el punto de
vista no solamente del BNG sino de otras organizaciones agrarias como las que digo que quedarían fuera de esta posibilidad de concurrir a este proceso, nuestras enmiendas 49 y 52 pretenden mejorar el texto de manera que se puedan constituir mesas
más allá del ámbito uniprovincial, como se considera en el proyecto de ley. En él se habla de la constitución de una mesa por provincia, que imposibilitaría la participación de muchísimos agricultores y agricultoras para poder ejercer su derecho al
voto; por eso planteamos que las mesas sean a nivel comarcal. De la misma manera planteamos ampliar el reconocimiento a los agricultores y agricultoras que tendrían este derecho, más allá de lo que recoge el proyecto de ley, que mantiene el
criterio de que sea por nivel de ayudas recibidas. Se deben cumplir las condiciones de agricultor/ agricultora a título principal y en un porcentaje igual o superior al 50% de su renta total. Esto sería mucho más representativo que lo que se
recoge en el proyecto de ley.
Señorías, hay otras cuestiones como la que se refleja en nuestra enmienda 54, que va relacionada con las competencias que tendría el órgano de este consejo agrario porque sería muy poco útil si no se especifican sus competencias, más allá de
lo que recoge el proyecto de ley. Por lo tanto, creemos que es necesaria la creación de un marco institucional que favorezca e impulse la participación y colaboración de los representantes sindicales del sector en todos aquellos asuntos relativos
al sector agrario y que ese consejo debe impulsar la participación de las mujeres que se dedican a la actividad agraria, habida cuenta de que, cuando menos, en el sector agrario en Galicia el 60 o 70% de los que se dedican a esta actividad son
mujeres.
Me olvidé anteriormente de una cuestión relativa a la exclusión que se hacía de ciertas organizaciones, en la medida en que solo se recoge que puedan participar en este proceso de consulta aquellas que están reconocidas al amparo de la Ley
19/1977. Nosotros presentamos una enmienda para que también puedan concurrir en este proceso las que están amparadas en la Ley 11/1985, habida cuenta de que muchas de ellas se consideran organizaciones sindicales precisamente por la competencia de
defensa de los intereses de los agricultores y agriculturas como trabajadores del sector agrario.
Mantenemos la defensa de todas nuestras enmiendas y esperaremos al final, antes de la votación del proyecto de ley, para manifestar si retiramos algunas de ellas, a la vista de las transacciones que hoy se están proponiendo. Nos parece
conveniente, por ello vamos a aceptarla, la enmienda de transacción que se hace a nuestra enmienda número 19, en la medida en que se recoge algo que yo comentaba en la defensa de las enmiendas, que es la ampliación de las mesas electorales más allá
de la provincia. Así pues, se recoge la posibilidad de las mesas electorales locales.
El señor PRESIDENTE: Para defender el grupo de enmiendas presentadas tiene la palabra, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Ya dijimos que este proyecto de ley nos parecía innecesario; teníamos bastantes problemas con la letra, no solo con la pequeña sino también con la grande. Presentamos muchas enmiendas, algunas de las
cuales hemos podido transaccionar -lamentablemente son las de menor calado político-, pero creemos que sigue siendo importante establecer un censo, saber quiénes son los agricultores, saber cómo se reúnen en todo el Estado. Pensábamos que unas
elecciones hechas hace tanto tiempo no podían ser la tabla de medir que se siguiera utilizando. Como yo decía en el Pleno, con esa tabla de medir nosotros ni siquiera estaríamos en el Congreso; con esa tabla de medir, con ese 15 % -con
el que ya decíamos que no estábamos de acuerdo- tampoco estaríamos allí. No queremos nada -ya lo decía yo- distinto para los agricultores de lo que queremos para el resto de los españoles en un lugar como este, en el Congreso de los
Diputados, y en esa dirección iban muchas de nuestras enmiendas. Hablábamos también en ellas de cuál era nuestra definición de agricultor activo. Además, ya lo hicimos cuando hemos estado hablando de la PAC, de las ayudas y de cómo repartirlas.
Tenemos diferencias sobre cuál debe ser el nivel de renta del agricultor. Existe una diferencia obvia entre lo que es un proceso electoral y una consulta.
Voy a detenerme un poco más en concreto en cuáles eran esas enmiendas que hemos presentado. Repito, fundamentalmente estaban orientadas a transformar el proceso consultivo que propone el proyecto de ley en un proceso electoral completamente
asimilable a la Loreg, por eso introducíamos las siguientes modificaciones. Sustituíamos consulta por proceso electoral en todo el texto del proyecto. Asegurábamos con eso garantías en materia electoral y evitar mecanismos que ustedes, el Grupo
Popular y del Gobierno, trataban de introducir con el término consulta. Las coaliciones que quieran ser incluidas en el proceso electoral deberían, según nosotros, actuar en el ámbito nacional, pero no tendrían por qué ser exclusivamente de ámbito
nacional. También se permite la formación de confederaciones y federaciones con las mismas características que las coaliciones. Yendo más al detalle, se deberían considerar organizaciones agrarias más representativas dentro del consejo agrario
aquellas que obtengan no ese 15 % sino al menos el 10 % de votos válidos emitidos en el proceso. Tampoco estamos de acuerdo con la barrera que ustedes exigían. Nosotros hablábamos del 5 % al menos en seis comunidades autónomas. Para garantizar el
objeto de representatividad regulábamos en esas enmiendas las posibles incompatibilidades para ser miembro del consejo, por ejemplo: ejercer un cargo público, tener la condición de trabajador al servicio de la Administración pública, si se
encuentran en activo o en situación de servicios especiales, etcétera. Creemos que el censo debiera incluir de oficio a las personas físicas que reciban pagos directos de la PAC inferiores a 5.000 euros al año, frente a los 3.000 que proponía el
proyecto de ley, y siempre que no sean superiores al 80 % del total de sus ingresos agrarios. Proponíamos también que para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y la elección de los vocales del
consejo agrario la circunscripción electoral fuera única. La candidatura, además, debería presentarse en listas cerradas con una composición equilibrada de hombres y mujeres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los
sexos fueran al menos el 40%. Consideramos que la transparencia, objetividad e igualdad tienen que estar garantizadas por una Administración electoral compuesta por la Junta Electoral Central, las juntas electorales provinciales y las mesas
electorales. Por último, los aspectos relativos al proceso electoral no regulados en el proyecto de ley se desarrollarán reglamentariamente aplicando las disposiciones reguladoras de la Loreg. Consideramos que el consejo agrario deberá
constituirse un mes después de conocerse el resultado de las elecciones. Y pedíamos que la distribución de consejeros se realizara en vez de con la ley D´Hont con el cociente Hare, con el método del resto mayor para tener de esa forma una mayor
representatividad; una representatividad, si se me permite la expresión, más proporcional de lo que está proponiendo el Gobierno o el Grupo Popular. Esas eran nuestras enmiendas. Algunas se han incluido en el texto, no tantas como quisiéramos,
pero agradecemos, aunque sea pequeña, esa voluntad del Grupo Popular por haber aceptado algunas de nuestras propuestas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Cuando debatimos la enmienda a la totalidad ya dijo nuestro grupo que iba a intentar transformar en enmiendas todo aquello que motivaba nuestra enmienda a la totalidad, que era un rechazo radical a lo que
entendíamos que es un mal método para medir la representatividad de las organizaciones agrarias en un momento en que esto es importante. Considerábamos que no había que ir a una consulta sino a un proceso electoral; que no había que ir a un método
más o menos discrecional sino reglado en función de lo que es cualquier consulta electoral, sea sindical o de otro tipo. A lo único que venía eso era a crear más confusión y a no cumplir el papel que debería cumplir cualquier proceso, que es que
haya claridad y objetividad a la hora de la tramitación de cualquier proceso electoral. Por eso nuestras enmiendas han tratado de dar pie a esa rectificación; casi son enmiendas de totalidad ya que, de aprobarse, nos situaríamos ante un proceso
claramente reglado con arreglo a la Ley Electoral. Nosotros, por tanto, damos por defendidas todas nuestras enmiendas. Esperábamos algo más de la voluntad negociadora del Grupo Popular cuando se nos anunció. Entendíamos que íbamos a llegar a más
propuestas de acuerdo y nos hemos visto un poco defraudados. Aunque nos consta su voluntad, creemos
que ha sido el ministerio el que tiene poco interés en que esta ley realmente supusiese un avance a la hora de medir con claridad y de una forma objetiva -es decir, de una forma que todo el mundo finalmente acepte- quién es quién respecto a
las organizaciones agrarias. Por eso hemos planteado enmiendas que van, primero, a que se defina el ámbito de participación, y para ello es muy importante el voto por correo.
Una de nuestras enmiendas va claramente a equiparar el voto por correo en esta consulta al de otro tipo de elecciones porque, si empezamos por poner en entredicho el voto por correo, restaríamos credibilidad al propio proceso. También hemos
planteado quién tiene que estar incluido en el censo, quién se debe considerar con derecho a participar. Nosotros entendíamos que eran exclusivamente los profesionales de la agricultura, es decir, aquellos que realmente forman parte de lo que se
quiere constatar. También había otro elemento fundamental que es la Junta Electoral. No hay una junta electoral que se pueda llamar de tal manera si no hay vocales designados por los colectivos que participan en la consulta. Por tanto, si no hay
voto por correo, si no hay censo, si no hay junta electoral, es evidente que vamos perdiendo credibilidad en un proceso que va a suponer una movilización, un gasto pero que, evidentemente, luego no va a tener la credibilidad ni el reconocimiento que
debería tener. En el mismo sentido íbamos avanzando a la hora de regular la campaña electoral y todo el procedimiento mínimo que cualquier elección debe tener, y que es cómo se justifica la campaña electoral. También planteábamos una cuestión, en
relación con algo que nos parecía una auténtica barbaridad, tal y como estaba redactado, el artículo que hacía referencia al ámbito de las mesas electorales y cómo se distribuían los votantes. Tal y como venía redactado, con ese número máximo de
1.400 y ese ámbito comarcal, nos parecía una verdadera barbaridad, que iba a provocar un nivel de abstención realmente escandaloso, lo cual era el colmo de la falta de legitimidad de esta consulta. Se nos ha presentado en este caso una enmienda
transaccional, a cuyo trámite no nos vamos a oponer en principio, aunque otra cosa es que finalmente la votemos o no a favor; es una mejora evidente que no llega al máximo de 100 censados que planteaba nuestro grupo, porque lo sitúa en 500.
Nosotros seguimos pensando que 500 es un número excesivo porque estamos hablando del mundo rural, con una gran dispersión. Hay que intentar facilitar la votación, no poner dificultades. En procesos electorales como el que vamos a vivir dentro de
unos meses, se intenta facilitar las cosas, y hay lugares donde hacen falta mesas electorales para que la gente pueda participar. Hay que facilitarlo y en este caso el número que nos parecía objetivo podría ser el de un máximo de 100 electores y en
el ámbito local. Se nos plantea que el número máximo sea de 500 y también la posibilidad de mesas locales. Ese es ya un avance significativo para nosotros, en principio, que se tramite; de aquí a la hora de la votación valoraremos nuestro voto,
que nunca será contrario por el reconocimiento de ese avance. Finalmente, planteamos también enmiendas respecto al carácter del consejo agrario. En primer lugar, hay que darle rapidez a su constitución. Creemos que alargar ese momento es un
elemento de interinidad que no solamente no es buena sino, en este caso, incluso peligrosa. Por tanto, planteábamos que se debería constituir en el plazo máximo de un mes desde la proclamación definitiva de los resultados. No he visto recogida
tampoco esta enmienda, con lo cual se nos va a dieciocho meses, y no viene a ayudar. En sus propias competencias, seguimos pensando que es un consejo claramente devaluado y alejado de lo que debería ser dicho órgano.
En fin, para no alargar más el relato de enmiendas, pensamos que es una ley que no va a cumplir los objetivos, que es una lástima porque ya que se hace un esfuerzo y se generan unas expectativas -puesto que se plantea que se responde a una
necesidad que verdaderamente es objetiva desde el inicio del periodo constitucional de reconocer quién es quién en el mundo rural, quién es quién en la representatividad de las organizaciones agrarias-, una vez tramitada la ley, se podría haber
hecho más simple en la medida en que nos hubiésemos referido a la Ley Electoral General como mínimo. Lo contrario es haber hecho un juego malabar entre lo que es una consulta y unas elecciones, que, repito, finalmente va a causar más frustración,
más inseguridad y no va a responder a la necesidad de generar un ámbito de negociación y representatividad sino que va a contribuir, evidentemente, si los conflictos no se resuelven por la vía de la negociación, a que se eche leña al fuego y que los
conflictos se resuelvan por otra vía, que creo que nadie desea y menos las organizaciones agrarias. Por tanto, repito, nuestro voto va a ser en general negativo a esta tramitación en la medida en que no son recogidas la inmensa mayoría de nuestras
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Desde el Grupo Catalán de Convergència i Unió hemos presentado a este proyecto de ley un total de cincuenta enmiendas, en coherencia con la motivación que nuestro grupo argumentó ya en la enmienda de totalidad que
presentamos en el plenario. Podríamos dividir las enmiendas en diferentes bloques: uno sobre quién puede votar y cómo se mide su representatividad; otro sobre las garantías democráticas en el proceso, es decir, cómo se regula la campaña
electoral; y un tercero relativo a la simultaneidad de los procesos electorales con las comunidades autónomas. También me permitiré en esta intervención hacer una breve valoración de sus autoenmiendas, de las enmiendas que ustedes mismos han
presentado a este proyecto de ley y que se han incorporado en el informe de la ponencia, básicamente en la disposición adicional quinta, que era su enmienda 241. En el primer bloque, en quién puede votar y cómo se mide su representatividad, para
nosotros eran importantes dos o tres aspectos: por ejemplo, incorporar a las sociedades civiles y no solo a las mercantiles. Esto se ha recogido en una transaccional que hemos aceptado. Después era importante también el porcentaje, en la
circunscripción única se tenía que conseguir el 15 % más un 5 % en seis comunidades autónomas. Entendíamos que era excesivo y basándonos en la ley, como cuando se concurre a elecciones a Cortes, pedíamos un 3 %. Quizá nuestra propuesta, por ser
muy baja, serviría para buscar un acuerdo: 15 % es el techo, 3 % es el suelo y vamos a buscar un punto intermedio para intentar conseguir alguna cosa. Vemos que no se ha movido nada en este aspecto. Esperemos que en el trámite del Senado se pueda
mover. Un tercer punto era el número de mesas electorales o el número de electores por mesa. Se ha avanzado recogiéndolo en una transaccional, que no es exactamente lo que nosotros pedíamos, que, en el caso de que hubiera procesos electorales
simultáneos con comunidades autónomas, se pudiera favorecer la participación y el estímulo aprovechando la organización de las comunidades autónomas para el proceso de la consulta a nivel estatal. No es exactamente lo que decíamos. Se incorpora el
concepto local de proximidad y el tope de 500 en vez de 1.400. En cualquier caso, se ha avanzado y no nos vamos a oponer.
Otro bloque era el tema de las garantías democráticas en el proceso, es decir, cómo se regulaba la campaña electoral. Hemos presentado más de treinta enmiendas, básicamente dirigidas a sustituir el sujeto elegible. El señor ministro en las
enmiendas a la totalidad justificaba hacer consulta en vez de elecciones porque el sujeto que se elegía no era persona física sino organizaciones profesionales agrarias. Se adapta, pues, la norma de la ley electoral cambiando el sujeto y la
metodología puede ser la misma. En la reunión de ponencia se deja viva la enmienda 238 de su grupo, referida al artículo 8, que pretende regular la campaña electoral, y al final tampoco se aporta nada más. Supongo que se subsumirá sin más. No
comprendemos que se autoenmienden con un cuadro de infracciones y sanciones si no regulan los conceptos básicos de la campaña electoral. Nos parece un sí pero no, un no pero sí, y no sabemos cómo fijan ustedes las garantías del proceso. Creemos
que no están garantizadas tal como queda redactado en este informe de ponencia. Otro bloque, como he dicho, es la simultaneidad de los procesos electorales con las comunidades autónomas. Entendemos que se ha avanzado en ese tema, pero aún nos
quedan dudas -lo reconozco públicamente- en la utilización de los datos de la Tesorería de la Seguridad Social. Don Bibiano Serrano me dice por activa y por pasiva que no debemos tener ninguna preocupación en este tema, pero yo estaría menos
preocupado si se recogiera en el dictamen y no solo oírlo. En cualquier caso, vamos avanzando. Entendemos que puede ser un punto a mejorar y pulir en el trámite del Senado.
Hay otro aspecto sobre el que queremos reflexionar en voz alta en esta Comisión. Permítanme hacer un comentario a una autoenmmienda suya, la 241, que se ha convertido en el informe de ponencia en la disposición adicional quinta, que dice lo
siguiente textualmente: La primera consulta se convocará en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la presente ley. No entendemos esto, señorías del Grupo Popular. Nos preguntamos por qué tanta prisa en hacer esta ley si después
se emplaza a un año y medio más tarde para convocar. ¿Por qué se escudan en la fórmula de la consulta para reducir costes del proceso y después dicen convocar dieciocho meses más tarde? Si es un tema de costes y ahora no los pueden garantizar y se
emplazan, se puede poner una disposición que diga: el proceso se hará como se tiene que hacer cuando haya la dotación presupuestaria conveniente a tal efecto, en vez de aplazarlo a dieciocho meses después. ¿Por qué creemos que no es correcto
incorporar esta disposición adicional quinta, y menos en una autoenmienda? Porque entendemos que es una operación estética del señor ministro y no creemos que sea útil, necesaria y aplicable. En la exposición de motivos y en la memoria se dice que
se deroga la Ley 10/2009 porque no es aplicable. Yo me pregunto cómo se puede derogar una ley inaplicable, como la 10/2009, y se aprueba esta ley de aplicabilidad futura con ninguna garantía de ser aplicable, porque haciendo política-ficción a
dieciocho meses vista esto no tiene ningún sentido. Políticamente el ministro tenía un compromiso electoral y lo ha querido cumplir. Pues o se mejora en el
trámite en el Senado o será aquello de gracias por nada, porque al final habremos hecho estos fuegos de artificio sin acabar definiendo nada en absoluto.
Vamos aceptar las transaccionales que se nos ofrecen desde el Grupo Popular. Al final llegaron, y lo digo sin ánimo de nada más; al final llegaron, tarde pero llegaron, y vamos a aceptarlas. El trabajo hecho no es en vano. Si solo
estuviéramos aquí para ser puntillosos podríamos decir: como han llegado mal y tarde no las aceptamos. No, si sirven para mejorar se aceptan sin ningún problema. En cualquier caso, necesitamos hoy más compromisos firmes de la disposición del
Grupo Popular de que esta ley se va a modificar en el Senado, básicamente por lo que hemos dicho: por el porcentaje para medir la representatividad, porque no se puede emplazar dieciocho meses a posteriori de aprobar la ley para convocar la primera
consulta, y por los censos. Para no estar en contra del dictamen totalmente, necesitamos que hoy el ponente del Grupo Popular asuma compromisos firmes de que en el trámite del Senado se puede regular la campaña, aceptando lo que estamos diciendo en
nuestra intervención.
Si me permiten, quería una aclaración. En el informe de ponencia, en la disposición final tercera, antes segunda, donde pone habilitación para el desarrollo reglamentario, entendemos que este será el escudo que ustedes tienen para desplegar
reglamentariamente el proceso de campaña electoral. Si fuera así, nos gustaría saber cómo están pensando hacer el desarrollo de esta disposición. Tampoco nos sirve mucho decir que tendremos que regularla, como dijo el señor ministro en la enmienda
a la totalidad. Si hay una voluntad de hacerlo y hoy no se ha escrito negro sobre blanco en el texto, al menos que ustedes digan aquí hoy, antes de emitir el voto los diferentes grupos, si tienen intención de regularla y cómo quieren hacerlo. En
función, pues, de su intervención, definiremos el sentido de nuestro voto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: En el Grupo Socialista seguimos sin conocer el interés y los objetivos que pretende cubrir el Gobierno con la aprobación de este proyecto de ley. El trabajo en ponencia ha sido tan escaso que lo que en algunas
ocasiones se consigue en la ponencia trabajando enmienda a enmienda en este caso no ha sido posible y seguimos en las mismas. Nos da la sensación -esto es una suposición- de que el señor ministro de Agricultura asumió un compromiso no escrito en
precampaña electoral, la que le llevó al Gobierno en esta legislatura, y que trata lógicamente de cumplir ese compromiso no explicitado, no publicado y no transparente, aun cuando, vistas las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, podría dar
la sensación de que quizá lo que pretenda sea cumplir el compromiso de aprobar la ley y que termine la legislatura sin que se lleve a efecto, visto el planteamiento que nos hacen de llevar la convocatoria a consulta -no es electoral; no son
elecciones, son consultas- en algún momento una vez pasada esta legislatura.
En cualquier caso, no sabemos en definitiva a quién trata de agradar el Gobierno con esta ley. Con los partidos políticos, después del debate que estamos teniendo -en el Pleno con varias enmiendas de totalidad, en ponencia, que no ha
habido, y aquí, en la Comisión-, el nivel de consenso es escaso -lo veremos en la votación-. En cuanto a lo que dicen las organizaciones profesionales agrarias, las cuatro que tienen representación ahora mismo en el ámbito del Estado, con matices
lógicamente, algunas criticaron abiertamente el proceso, se opusieron radicalmente al planteamiento que se hace en él, y otras exigieron cambios que den a este proceso unas garantías democráticas que, conforme está redactado y previsiblemente se
aprobará, no tiene. De todas formas la mayoría debe saber que ustedes, en base a ese compromiso no conocido del ministro de precampaña electoral, están cambiando una ley, la vigente, que fue pactada literalmente entre el Partido Socialista y el
Partido Popular, se pactó su contenido literal artículo a artículo, una ley que tenía el consenso y venía de una propuesta conjunta de las tres organizaciones profesionales agrarias declaradas entonces más representativas en el conjunto del Estado.
Esa es la diferencia: consenso político y acuerdo con las organizaciones profesionales la ley vigente, a una ley que desconocemos cuáles son sus objetivos y que no sabemos a quién trata de agradar, y que en definitiva cambia el modelo por otro
desde el punto de vista democrático muy discutible.
No corresponde ni me corresponde ahora a mí decir si la ley anterior era mejor o peor, pero la ley anterior era plenamente respetuosa con las comunidades autónomas en el sentido de aceptar dos criterios para medir la representatividad a
nivel nacional: la suma de votos obtenidos en las comunidades autónomas donde se hayan desarrollado procesos electorales, o validar los criterios que se utilicen en cada comunidad autónoma para la determinación de las organizaciones más
representativas en dicha comunidad autónoma. Esto llevaba a la determinación de cuáles eran las organizaciones más representativas, y por tanto a la asignación de puestos en el consejo y posteriormente las consecuencias que de ello se derivaban.
De las comparecencias de las organizaciones profesionales agrarias sí se deriva una conclusión, y es que todas ellas demandaron mayores garantías democráticas de las que plantea o aporta este proyecto de ley, y en ese sentido han ido
fundamentalmente las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista. El Grupo Socialista ha presentado cuarenta enmiendas, y voy a tratar de resumirlas en dos ámbitos: el primero es este de las garantías democráticas. El Partido Socialista dijo
en la enmienda de totalidad -y hoy lo volvemos a reiterar- que nosotros podemos discutir si esta ley es mejor o es peor, pero lo que sí decimos a la mayoría -se lo han dicho las organizaciones profesionales agrarias- es que si el Gobierno y el
Partido Popular quieren medir, por un procedimiento electoral, la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias este proceso tiene que hacerse con todas las garantías democráticas, y por tanto tiene que regirse por los principios de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Esto que ustedes plantean: hacer elecciones, pero llamar a una consulta, es un cuento chino, esto no hay quien lo entienda, esto no es serio, señores del Partido Popular, si quieren elecciones con
todas las garantías democráticas. ¿Qué temen? ¿Qué temen? Por qué tienen que hacer este -no sé cómo denominarlo- artificio de llamar consulta a un procedimiento de medición de representatividad, para no someterse a los principios de la Ley del
Régimen Electoral General que se utiliza en España en todos los procedimientos. Por tanto nuestro planteamiento es: si hay elecciones, si ustedes quieren hacer elecciones para medir la representatividad en el campo, háganlo con todas las garantías
democráticas.
Hemos presentado una serie de enmiendas lógicamente a todo el proceso, a todo el procedimiento electoral, a lo que tiene que ver con los electores, a lo que tiene que ver con los elegibles, pero, señores del Partido Popular, ¿ustedes creen
que es serio que la gente vaya a elegir siglas? Es que no hay candidatos, no saben quién les va a representar en los consejos, es como ahora casi en las elecciones europeas, que parece que les gusta a ustedes el sistema, es decir: voten al Partido
Popular y después ya diré yo quién se siente en la mesa. Pues ahora dicen: voten a una organización profesional y después se sentará quien yo diga. Oigan, cuando hay elecciones, se votan personas en todos los países democráticos, y yo creo que
esta es una regla fundamental, es de esencia democrática; si hay elecciones, régimen electoral general, vamos a hacer un censo homologable con los procedimientos electorales que ha habido y que va a seguir habiendo en las comunidades autónomas, y
lógicamente permitan a los agricultores que elijan a sus representantes. Estarán de acuerdo conmigo en que esto suena a broma: vote usted a Asaja, a UPA, a COAJ, y yo pondré allí a quien me dé la gana; pero, hombre, ¿no ven que esto es una broma?
Esto no hay quien lo entienda.
Electores, elegibles, procedimiento, mesas electorales. Nosotros hemos propuesto que la mesa electoral, lógicamente como en cualquier procedimiento electoral en España, tiene que ser el municipio, es el ámbito donde se puede celebrar la
consulta; y en casos muy excepcionales donde se rebaje el número de electores en ese municipio por debajo de veinticinco, podrían establecerse circunscripciones comarcales. Pero, hombre, el planteamiento que hacen, aun cuando lo han modificado en
la tramitación, sigue siendo un procedimiento que hará muy difícil la participación electoral en zonas de montaña, en zonas de baja concentración agraria. Estas son la mayoría de las enmiendas que hemos presentado.
Por último me voy a referir un tema que también creemos que es esencial. Ustedes con esta ley están estableciendo un ámbito de interlocución en este consejo agrario del Gobierno con las organizaciones profesionales agrarias con un mal
procedimiento, pero ya no voy a eso, a lo que voy es a que la interlocución del Gobierno en política agraria no debe circunscribirse a las organizaciones profesionales agrarias, y por tanto ustedes deberían reconsiderar este planteamiento. Nosotros
hemos presentado varias enmiendas que lo que pretenden es recuperar la figura del Consejo Agroalimentario del Estado como máximo órgano de representatividad de los intereses de la política agraria española con el Gobierno, y en el que pudieran estar
representados todos los agentes de la cadena, por supuesto los representantes de la industria agroalimentaria, los representantes de las cooperativas agroalimentarias de España, las organizaciones profesionales agrarias por supuesto, y también los
sindicatos de trabajadores, interesados como el que más en el futuro de la política agraria. No he tenido ningún comentario en sentido positivo ni negativo, ni discusión sobre este planteamiento acerca de si el Gobierno va a hacer otra ley, pero en
definitiva creemos que este es un planteamiento razonable. Ayer recibí -entiendo que todos ustedes también- una carta firmada por el director general de la FIAP y por el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España -esta es una carta
que yo recibí pero en el encabezamiento figuran distintos diputados de la Mesa, portavoces del Partido Popular y de otros grupos-, que con otra redacción proponen lo mismo que les estoy diciendo. Ellos nos plantean una modificación de la
disposición derogatoria única en el sentido de que la derogación que este proyecto de ley establece con carácter total de la ley anterior se hiciera
excepto de los artículos que se refieren al Consejo Agroalimentario del Estado, es decir, que lo que plantean FIAP y las cooperativas, y en otro orden de cosas porque hemos recibido otras documentaciones tanto de UGT como de Comisiones
Obreras, es que el Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, le ruego que vaya concluyendo, porque su tiempo ha finalizado.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, voy a terminar. Voy a terminar pidiéndole al Partido Popular que reconsidere esta posición. En este sentido, señor presidente -en esto sí quiero que me escuche-, voy a presentar in voce una
enmienda transaccional a las que el Partido Socialista tenía registradas sobre este punto y otra de Izquierda Unida, con el texto que voy a repartir, en el sentido de que la disposición derogatoria no afecte a los artículos que se refieren al
Consejo Agroalimentario del Estado para mantenerlo vigente, y de alguna manera permita la interlocución con el conjunto de agentes de la cadena agroalimentaria, y no solo como plantea la ley restringido a las organizaciones profesionales agrarias.
Les entrego una copia de esta enmienda transaccional que lógicamente servirá para retirar las enmiendas 267, 277 y 279 de mi grupo, que dicen lo mismo, pero de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz don Bibiano Serrano.
El señor SERRANO CALURANO: Señorías, en primer lugar, quiero recordar que hoy estamos presentando una ley pionera, al igual que lo fue la Ley de la Cadena Alimentaria, la Ley de Integración Cooperativa Interregional, y otras leyes que hemos
debatido en esta Comisión. Nos hemos quejado en multitud de ocasiones de que España ha ido siempre por detrás de la Unión Europea en alguna legislación sobre materia agraria, y ahora damos un paso adelante en nuestro país poniéndonos al frente de
la reivindicación para que se celebren elecciones democráticas en el sector agrario con esta ley pionera, que a nivel europeo marca un antes y un después. Lo que se pretende con esta ley no es ni más ni menos que dar legitimidad al sector agrario
-más legitimidad si cabe de la que ya tenía-, darle transparencia con un modelo democrático de representatividad, y acabar definitivamente con lo que todos sabemos que viene ocurriendo. Cada organización agraria se asigna a sí misma una
representatividad que dice tener, pero que no puede demostrar, porque no hay procesos electorales. Cada una de estas organizaciones agrarias -créanme, señorías, que sé bien de lo que les hablo- se asigna unos porcentajes en cada comunidad autónoma
por arte de birlibirloque, porque no hay procesos electorales que lo pueden demostrar. En definitiva tenemos una representatividad en estos momentos basada en un sistema totalmente especulativo. La ley pretende únicamente tener unos interlocutores
democráticos que hayan pasado por las urnas. No es un proceso electoral; no lo es. Es una consulta, pero tan válida democráticamente como lo puede ser un proceso electoral si se establecen los mecanismos -no duden de que así va a ser- para que
sea una consulta con todas las garantías legales.
Esta es una ley que también de alguna manera corta el que las comunidades autónomas sean las que decidan que haya o no haya organizaciones agrarias representativas a nivel nacional. Se les encomienda a ellas que hagan procesos electorales
para determinar la representatividad nacional, pero no lo hacen, excepto en Cataluña y en Castilla y León, que sí lo hacen cuando toca. Señor Alonso, tiene razón en que la Ley 10/2009 fue ampliamente consensuada, debatida y aprobada con el apoyo de
las organizaciones agrarias y del Grupo Parlamentario Popular. Fue una ley bienintencionada, no hay ninguna duda, pero inaplicable a todas luces. No se cumple lo del 15 % de los votos en al menos nueve comunidades autónomas, porque no existen
procesos electorales más que en dos. No se puede dar validez a los procesos electorales cuando algunos de ellos se han celebrado hace dieciséis años. Han pasado dieciséis años sin celebrarse procesos electorales. No le podemos dar validez a algo
que no la puede tener democráticamente hablando; y ustedes lo saben. De las diecisiete comunidades autónomas solamente en nueve se han celebrado elecciones una vez, y repito que en algunas de ellas hace más de dieciséis años. Únicamente se
celebran en dos comunidades autónomas, que son Cataluña y Castilla y León -lo hacen cuando toca y simultáneamente-, y estos son los datos fehacientes que tenemos para determinar la representatividad a nivel nacional. Son las organizaciones que se
presentan en estas dos comunidades autónomas y estas dos únicas comunidades autónomas las que tienen el poder de determinar la representatividad o cambiar el modelo de representatividad a nivel nacional de las organizaciones agrarias, y esto no se
puede consentir. En cinco comunidades autónomas -el 34 % de las comunidades autónomas españolas- nunca se han celebrado elecciones. Ahora se considera válido que a un consejero de
cualquier comunidad autónoma se le antoje reconocer a una organización agraria sin tener datos, porque la ley no lo dice y el reglamento no lo recoge. Por su capricho le puede hacer un certificado a quien le dé la gana, porque la ley no se
lo impide. Viene, lo presenta en el ministerio, y el ministerio tiene que reconocer una representatividad a una organización agraria que ni siquiera lo es. Les digo sinceramente que considero a los grupos que ustedes representan y a ustedes
personas muy serias y muy respetables, y estoy plenamente convencido de que ustedes consideran que esto no es válido y que hay que cambiarlo. Podemos discutir sobre el censo; sobre si se celebran antes o después; sobre 5.000 o 3.000 euros; o
sobre quién tiene derecho al voto y quién no. Todo eso se puede discutir, pero no se puede discutir que se celebre una consulta, y que se mida de una vez por todas la representatividad del sector agrario para tener interlocutores válidos en el
Estado. Eso creo que ninguno de ustedes lo puede discutir.
Respecto a lo que han apuntado los diferentes portavoces en sus intervenciones, el Bloque Nacionalista Galego habla de un máximo de 500. Su portavoz no está, pero hemos aceptado el nivel local. Nada impide que se pueda poner una mesa a
nivel local. Y no hablamos de mínimos, sino de máximos. Decimos: máximo 500, pero, ¿qué impide que pueda haber una mesa que tenga 30 o 50 votantes? Absolutamente nada lo impide, y la ley lo regula. Hemos recogido en una enmienda todo lo que
ellos pretendían. Respecto a las competencias del consejo que había antes ya me dirá cuáles son, si ni siquiera se ha llegado a convocar en esos dos años. Nada impide tampoco que las mujeres se incorporen a las organizaciones agrarias. Hay un
mínimo establecido que regula la ley, pero se habla de un mínimo. No desestima que se puedan incorporar más mujeres a la organización que las tenga; al revés.
Coincidimos con UPyD en la necesidad. Es necesaria esta ley ante la imposibilidad de medir la representatividad en el sector agrario. Hay que acabar con esa pugna entre organizaciones agrarias, y determinar de una vez cuáles son las
representativas y quién representa a quién, y una consulta es un sistema válido para poder hacer esto.
La Izquierda Plural dice que la consulta no sirve. Yo creo que sirve si en los reglamentos de desarrollo que se van a hacer se recoge con toda nitidez y transparencia todo el proceso electoral, la campaña electoral, y las sanciones que
correspondan, y que hemos incluido en el texto de la ponencia. Es decir, habrá desarrollos reglamentarios de esta ley que permitirán mejorar y poner claridad donde el artículo sea escueto; no habrá ningún problema para que se pueda ampliar. Sí
hay voto por correo. Decían que no hay voto por correo, pero lo hay. Se regula perfectamente y se va a ampliar más dentro de los convenios que se puedan firmar con Correos. Lo que decía el señor Centella del censo está recogido. No decimos que
haya 500 electores por mesa; puede haber 50. Hablamos de un máximo de 500 y hemos bajado del nivel comarcal que ellos pedían al nivel local; lo hemos puesto más fácil en la enmienda que presentamos, y que van a apoyar. Dicen que no va a
responder a las necesidades del sector, pero sí lo va a hacer. Todo es mejorable, pero sí va a responder.
Con Convergència i Unió tenemos muchas coincidencias, y lo hemos podido ver. Respecto a bajar del 15 al 10% o bajar el porcentaje para las organizaciones más representativas no le puedo prometer nada, pero sí le puedo prometer que se
estudiará, y que en los reglamentos de desarrollo, incluso en el trámite del Senado, se verá todo lo que usted ha dicho. En cuanto a lo de los dieciocho meses, es cierto. Habla de dieciocho meses, pero habrá que añadirle la palabra máximo. No
está, pero se arreglará. Es un error, se lo reconozco. Habrá que añadirle la palabra máximo dieciocho meses. Eso no impide que las elecciones se celebren antes de que termine 2014. No lo impide. Habla de dieciocho meses y sé que está mal
redactado, lo reconozco, pero la disposición de nuestro grupo aquí, en los reglamentos de desarrollo, y en el siguiente trámite, que es en el Senado, es a que dialoguemos y negociemos la posibilidad.
En relación con el Grupo Socialista que formula críticas por la no convocatoria del consejo, y con esa enmienda in voce que presentan ahora, tengo que decir que ustedes nunca predican con el ejemplo. En dos años ustedes no han reunido ni al
comité que regulaba la Ley 10 ni al consejo de regulaba la Ley 10, y ahora pretenden ustedes meter un comité dentro de la nueva ley o que mantengamos el consejo que había antes. ¡Pero si ustedes no lo reunían! Si ustedes en dos años no lo han
reunido, y saben ustedes que esta misma figura existe en otras comunidades autónomas y que no tiene función ninguna. No hay falta de interlocución ni falta de diálogo en el ministerio por parte de nadie, se lo garantizo, y le puedo tranquilizar en
cuanto a la interlocución por parte de la FIAP, no hay ningún problema.
Termino, señor presidente, agradeciéndole a todos los grupos políticos su participación y sus aportaciones en esta ley, y ofreciendo la disposición del Grupo Parlamentario Popular a negociar, a seguir negociando y consensuando esta ley, que
sin duda ninguna es pionera en España y en Europa. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos políticos que no hayan intervenido y deseen, por un tiempo máximo de tres minutos, fijar su posición? (Pausa).
Por el Grupo Nacionalista Vasco tiene la palabra su portavoz, don Joseba Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: En primer lugar, quisiera decir que mi grupo no ha presentado ninguna enmienda a este proyecto porque presentó la enmienda a la totalidad. Las razones que a ello le conducían son las mismas que han hecho que no
nos sintamos en la necesidad de presentar ninguna enmienda parcial, porque estábamos en contra de raíz de esta ley, de su origen, y de su no necesidad tal y como estaba planteada por el Gobierno. Por tanto no hemos optado por presentar ninguna
enmienda porque nos parecía que no iban a tener ningún sentido.
Sigo manteniendo el mismo discurso que mantuve cuando hice mi intervención en el debate de totalidad. Creemos que el Gobierno ha optado por un precepto preconstitucional para la determinación de las organizaciones profesionales agrarias,
que aunque se encuentre vigente y sea acorde con la Constitución carece de fundamento constitucional expreso, tal y como decía. El proyecto plantea un cambio de modelo en la elección de las organizaciones profesionales agrarias más representativas,
al pasar de uno en el que las comunidades autónomas ostentan un papel determinante en los procesos de elección a otro definido por una consulta única en el conjunto del Estado, y este es el quid de la cuestión de nuestra llamémosle protesta o
nuestra clara disconformidad con el origen de esta ley, que nace con una deformación que nuestro grupo no puede aceptar.
Se pretende instalar un sistema de carácter centralizado y uniforme en el que se elimina cualquier intervención de las comunidades autónomas, cuando estas ostentan competencia exclusiva en materia de agricultura, algo que se sabe desde el
ministerio, materia que a fin de cuentas es la que va a ser tratada en el seno del consejo agrario que crea la ley como resultado de lo que el Estado denomina una consulta de ámbito estatal. Mezcla el concepto, tal como se ha dicho aquí por otros
grupos, de la consulta con unas elecciones, y hay una especie de trufa en el sentido de que se está tapando una cosa con la otra. Es una protesta que todos los grupos hemos realizado, dándole algunos más importancia y otros menos. Pero además el
hecho de que las personas físicas electoras no respondan únicamente a quiénes sean trabajadores agrarios afiliados a la Seguridad Social resta carácter profesional al resultado del proceso, al permitir la participación en la consulta de quienes no
tienen estrictamente un perfil profesional agrario.
Voy acabando, señor presidente, diciendo que como otras muchas veces parece ser que, cuando no se tienen más argumentos, se invoca el artículo 149.1, en este caso 18.ª, de la Constitución, para decir que el Estado tiene competencia en esta
materia. Creemos que el Estado no puede ampararse en el artículo citado para dictar el presente proyecto de ley, como tampoco puede ampararse en título alguno relativo a la agricultura, porque en este ámbito la competencia pertenece en exclusiva a
las comunidades autónomas, algo que no se quiere entender. Decía en mi intervención en el debate de totalidad que seguramente este era uno de los proyectos de ley con el que más satisfecho y más reflejado en su concepción política se sentiría el
ministro, y no me lo negó. Por mucho que a él le gusten esos elementos -único, en todo el territorio nacional, conjunto, con la misma legislación, etcétera-, las leyes son las que son, a veces a mí tampoco me gustan, y mi estatuto dice que somos
competentes en materia agraria al cien por cien. Por tanto no se las pueden saltar cuando a uno le interesa por hacer un proyecto de ley ad hoc.
Por último, quisiera decir que mi grupo no va a participar en la votación y que solo va a votar el dictamen. No va a votar ninguna de las enmiendas presentadas por coherencia y por el planteamiento que en un principio dijimos de que esta
ley de raíz va en contra del ámbito competencial que ha regido el Estado español, y por tanto esa va a ser nuestra posición. Cuando se vote el dictamen votaremos en contra del proyecto de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESTINAR LOS RECURSOS PROCEDENTES DE LAS SUBASTAS DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES CON EFECTO INVERNADERO A POLÍTICAS DE CAMBIO CLIMÁTICO Y A DISTRIBUIRLOS TERRITORIALMENTE ENTRE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001228).
El señor PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones solicitadas, vamos a pasar a los siguientes puntos del orden del día que, como se acordó en la última Mesa, se refieren al debate y posterior votación de las PNL que se incluyeron en el
orden del día. La primera de ellas es una proposición no de ley presentada por el Grupo de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a destinar los recursos procedentes de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto
invernadero a políticas de cambio climático, y a distribuirlos territorialmente entre las comunidades autónomas. Tiene la palabra don Martí Barberà, portavoz de Convergència i Unió.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Primero pediré disculpas porque en cuanto haya hecho mi intervención tendré que desplazarme a otra Comisión, y por tanto no podré escuchar a los otros grupos. Estará seguramente nuestro portavoz oficial, Marc
Solsona, que me pasará la información de sus opiniones.
Esta proposición no de ley hace tiempo que la presentamos -en la redacción se ven los verbos-, y fue en un momento crítico para el Partido Popular, cuando estando el ministro Cañete fuera del Estado se aprobó un decreto donde se le
adjudicaban 400 millones de euros a las tarifas eléctricas, cuando tenían que ir destinados a políticas de mitigación y reducción del cambio climático. En ese sentido pido disculpas por la redacción, pero ha coincidido también con un momento
importante, porque en este año 2013, en el que de una forma plena entraba en vigor el funcionamiento de las subastas del mercado de derechos de emisiones de CO2, las comunidades autónomas y entiendo que el Estado, que supongo que pasará la
información cuando la tenga, están recabando la información de cómo evoluciona el mercado, de qué diferencias hay entre las emisiones notificadas y los derechos asignados gratuitamente, y se está viendo que esta proporción va cambiando. Por
ejemplo, en Cataluña, entre las emisiones gratuitas concedidas, que se han reducido, y las notificadas, que han ejecutado las industrias que están dentro del marco legal, tenemos 1,5 millón de toneladas de CO2 que están fuera de las emisiones
gratuitas. Por tanto las industrias han pagado un promedio -si entendemos que vale cada tonelada de CO2 6,3 euros- de 9,9 millones de euros. En este sentido cada vez será más importante, ante la evolución y el pleno funcionamiento de las subastas,
la reducción de las emisiones gratuitas y el aumento de las notificaciones de las emisiones realizadas por las industrias, la cantidad económica de dinero que se tiene que aplicar según la normativa europea a políticas para mitigación del cambio
climático.
En este sentido la proposición no de ley se centra en dos apartados principales. El primero se refiere a que si las directivas europeas dicen que un mínimo del 50% de los resultados de las subastas de emisiones de CO2 tienen que ir a
políticas de mitigación del cambio climático, ¿por qué no va ese 50% en España a esas políticas, sino que los primeros 450 millones van a la tarifa eléctrica y a partir de ahí el resto del dinero va a cambio climático, en este caso al ministerio del
señor Cañete? Desde Convergència i Unió queremos remarcar en esta Comisión que no nos parece coherente esa decisión. Creemos que esa decisión no es del Ministerio de Agricultura, sino que es una decisión del Ministerio de Industria, al cual
entiendo que el ministro Cañete tendrá que ir oponiéndose y plantando cara, como está haciendo también con toda la problemática de las granjas y de los purines. Las comunidades autónomas estarán ayudando también en estos temas, aunque no sé hasta
qué punto. Ahí el ministerio tendría que tener más fuerza ante el Ministerio de Industria y hacer que estos recursos, que van a ir creciendo, se distribuyan como mínimo en un 50% para políticas de cambio climático.
El segundo punto insta al Gobierno a que al menos la mitad de esos recursos se territorialicen. Ya ha dicho alguna vez el ministro que está trabajando en distribuir las obligaciones y los recursos. Ahí sabe que siempre estamos a favor en
ese aspecto. Hay que distribuir los objetivos por territorios, por comunidades autónomas, y por administraciones locales que son los que tienen más acceso para luchar contra los sectores difusos y para poder llegar a uno de los principales
problemas que hemos tenido, porque por ejemplo la actividad suponía un 45% en el año 2005 y las actividades industriales en 2013 supusieron un 30% de las emisiones, siendo los sectores difusos, el transporte básicamente, los que han aumentado.
Estamos controlando las subastas y las industrias, pero tenemos el gran problema en los sectores difusos. En ese sentido territorializar los objetivos y los recursos es una demanda que tenemos. Ya sabemos que el Partido Popular no estará de
acuerdo con eso, y sabemos que el Partido Socialista está de acuerdo en que hay que distribuirlo, pero no desde el territorio, sino desde el Gobierno central. Nosotros entendemos que la capacidad de la Administración local y de la autonómica es
suficiente y de calidad como para recibir el 50% de los recursos, y decidir cómo y de qué manera se lucha contra los objetivos marcados por el Estado, que es al final el que tiene la responsabilidad como Estado ante la Unión Europea. En ese sentido
pedimos el apoyo de toda la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, porque creo que el ministro lo necesita para que plante cara al Ministerio de Industria; que el Gobierno del Partido Popular decididamente apueste por el
cambio climático, apueste por la territorialización de los recursos, y podamos luchar contra algo que en el último informe de los especialistas queda marcado que ya está aquí. El cambio climático ya ha llegado y la lucha contra el mismo tiene que
ser importante para intentar no aumentar más la temperatura global del planeta, porque las consecuencias sí que serían muy graves.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. ¿Grupos que deseen fijar su posición respecto a esta iniciativa? (Pausa). Por orden de representatividad en primer lugar, por un tiempo máximo de tres minutos, que
podríamos flexibilizar un poquito porque vamos bien de tiempo, tiene la palabra por el Grupo de Unión Progreso y Democracia el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor presidente, intervendré brevemente para decir que apoyamos esta propuesta punto por punto. Solo en el último punto teníamos alguna duda, que expresaré, pero desde luego todo lo que tenga que ver con
reducir las emisiones, adoptar medidas de adaptación a los impactos del cambio climático, desarrollar las energías renovables para cumplir entre otras cosas el compromiso comunitario de utilizar el 20 % de ellas de aquí a 2020, todas las medidas que
tenga que ver con impedir la deforestación y aumentar la forestación y reforestación, transferencia de tecnologías y facilitar la adaptación a los efectos adversos del cambio climático en otros países, desarrollar y aplicar sistemas de captura y
almacenamiento de carbono, fomentar el paso a formas de transporte con un nivel bajo de emisiones, medidas que pretendan aumentar la eficiencia energética, aislamiento de viviendas, etcétera, estamos absolutamente de acuerdo. Estaremos vigilantes
porque sí que hay algo que nos preocupa cuando tiene que ver con la territorialización: que el Estado se quede sin una herramienta que para nosotros es esencial, y que le permita garantizar la igualdad de los españoles allá donde vivan es el único
pequeño pero que podríamos expresar. Desde luego si esto sigue adelante ya nos ocuparemos de intentar vigilar que esto no se así.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Nuestro grupo parlamentario dará apoyo a esta propuesta de resolución porque entendemos que los ingresos que provienen precisamente de las subastas de los derechos de emisión tienen que ser repartidos a nivel
territorial, ya que la lucha contra el cambio climático se hace a nivel de distintas administraciones públicas. Entendemos que es lo equitativo y lo razonable si queremos realmente ser también eficaces en el destino de esos recursos para la
prevención y adaptación del cambio climático.
Simplemente quisiera mencionar una cuestión. Lo único que a nosotros nos incomoda, y nos gustaría que se pudiera votar de forma separada, es el punto que habla de desarrollar y aplicar sistemas de captura y almacenamiento de carbono en
condiciones de seguridad para el medio ambiente. Estamos de acuerdo con la filosofía de territorialización, pero no compartimos algunas de las recomendaciones o de las formas con las que aborda el Grupo de Convergència i Unió esa lucha contra el
cambio climático. Nos gustaría que se pudiera hacer votación separada de ese apartado, y así daríamos apoyo al resto de la propuesta de resolución.
El señor PRESIDENTE: Señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Aunque ha intervenido mi compañero, el señor Barberà, presentando la proposición no de ley, no hay ningún problema para votar separadamente este punto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Nosotros compartimos la oportunidad del debate, no solo por lo que ha dicho el ponente de esta proposición no de ley de que estamos en la tercera fase del mercado de derechos de emisión, de que estamos en
una transición hacia que determinado sectores no solamente las eléctricas que van a pagar el cien por cien, sino otros sectores empiecen a pagar por los derechos de emisión que hasta el año 2013 han sido de manera gratuita percibidos por estos
sectores, sino que también compartimos la oportunidad del debate como consecuencia de que hace escasos días, la semana pasada en concreto el Panel Internacional de Naciones Unidas lo que ha hecho ha sido poner
negro sobre blanco y alertar de nuevo sobre la gravedad del problema del cambio climático, el calentamiento global del planeta, y también señalar por cierto a España como uno de los principales países damnificados de este calentamiento
global del planeta, diciendo que se tendrían que reforzar todas las políticas de adaptación, sobre todo aquellas que tienen que ver con el fortalecimiento de nuestras costas españolas, lo cual a nuestro juicio es un jarro de agua fría más desde el
ámbito científico a la Ley de Costas que aprobó el Gobierno, y que no previó -pese a la alarma y a las demandas de la comunidad científica española- el impacto que el calentamiento global del planeta iba a tener sobre la elevación del nivel del mar,
y en consecuencia sobre las costas españolas de nuestro país. En todo caso este es otro debate.
En relación con la iniciativa parlamentaria vamos a compartir el diagnóstico. Estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, y no hace por cierto este Gobierno, pero no estamos de acuerdo en el cómo se va a hacer desde el punto de vista de la
lucha contra el cambio climático lo que plantea el grupo proponente de territorializar todos los objetivos de reducción, de mitigación, y de adaptación al cambio climático. En efecto nosotros creemos, al igual que el grupo proponente, que es un
error destinar casi el 90% de los ingresos de esos derechos de emisión a reducir el déficit de tarifa. Creemos que hay que hacer una política más en consonancia con la Directiva 2009/29, es decir, habrá que modificar la Ley 13/2005, que regula el
uso de los ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión, pero no estamos de acuerdo -insisto- en cómo se plantea por parte del grupo proponente de territorializar los objetivos de reducción de emisiones. Sí estamos de acuerdo -y el
portavoz de CiU lo ha dejado caer en su intervención- en que hay que aumentar la participación de las comunidades autónomas, por ejemplo, en la comisión ejecutiva, en el consejo rector del Fondo de carbono para una economía sostenible. Estamos de
acuerdo en que hay que dotar de mayor poder de decisión a la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático y en que hay que abrir también la puerta a la cofinanciación, con cargo al Fondo de carbono, de proyectos liderados por regiones
comprometidas con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que cuenten por cierto con planes o leyes de lucha contra el cambio climático, como por cierto ha anunciado que va a hacer en breve la Junta de Andalucía. Por tanto, el
camino no es territorializar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino reforzar la cooperación interinstitucional entre el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas; y al no estar esto incluido en
la proposición no de ley presentada por el grupo proponente, nosotros, por desgracia, no vamos a poder apoyar esta iniciativa parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular su portavoz doña María Luz Bajo.
La señora BAJO PRIETO: Señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos es un déjà vu, en la que varias veces tanto el Grupo Popular como el Gobierno ya se han posicionado, y también lo ha hecho UPyD. Señor Cantó, ¡vaya cambio de
criterio! En el anterior debate votaron en contra porque suponía desmantelar España y ahora votan totalmente a favor. (El señor Cantó García del Moral: Yo no he dicho que vaya a votar a favor). Y, señores de Convergència i Unió, por mucho que
quieran emular a Paco Martínez Soria en la película Don Erre que erre, donde la tozudez y las ideas fijas eran el leitmotiv del protagonista para conseguir las 257 pesetas que le habían robado en un atraco al banco, no va a funcionar, porque estas
características o cualidades -como usted prefiera llamarlas- están bien para la ficción, pero la realidad es bien distinta. Los hechos son tozudos, como diría Hegel, y por mucho que uno pida distribuir territorialmente los recursos procedentes de
las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, todos los días la respuesta será la misma: hay que esperar al estudio del cumplimiento de los objetivos nacionales a 2020 que está elaborando el ministerio. Pero el proceder
de su formación, el erre que erre, ya ni nos sorprende, y buena muestra de ello es el debate que esta tarde se va a producir en el Pleno de esta Cámara. Menos debates artificiales, señores de Convergència, que no conducen a nada, y preocúpense más
del buen gobierno y del bienestar de los ciudadanos de Cataluña.
Señores de Convergència, no se puede empezar la casa por el tejado, no se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, no se puede vender algo que no tenemos, no se pueden pedir recursos sin haberse presentado la hoja de ruta de difusos
2020, que es fundamental para identificar la tendencia esperada de las emisiones y las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Hay que conocer primero el potencial de reducción de emisiones de cada sector difuso y de las
comunidades autónomas. Y no se pueden pedir los recursos sin compromisos claros de cumplir los objetivos. Señorías, el Estado es el último responsable de los cumplimientos de España en materia de cambio climático, con lo que ello implica de
responsabilidad de los recursos utilizados y su aplicación más eficiente y acorde con la evolución
de las emisiones. Pero, según la proposición no de ley, los recursos tienen que distribuirse territorialmente como mínimo el 50 %. ¿Y por qué no el 30 % o el 70 %, ya puestos? ¿Sobre la base de qué criterio? Porque el esfuerzo de
discriminar adecuadamente el presupuesto por territorios exige un consenso y una solidaridad interterritorial basada en múltiples variables que pueden incluir potencial de mitigación, coste eficiente y otros criterios como población, emisiones,
renta, etcétera. Por tanto, actualmente los objetivos de reducción de emisiones están fijados a escala nacional y no se dispone de herramientas para fijar los objetivos a escala territorial. El establecimiento de objetivos para cada comunidad
autónoma puede conllevar notables dificultades técnicas relacionadas con la contabilidad de las emisiones tanto en el año de referencia como en el año objeto de cumplimiento. Habría que garantizar que los inventarios autonómicos sean plenamente
coherentes con el inventario nacional, único relevante a la hora de determinar el cumplimiento por parte de España y que está sujeto a estrictos controles de calidad por parte de Naciones Unidas. Habría que determinar quién elaboraría los
inventarios autonómicos, a qué control estarían sujetos, quién garantizaría la coherencia y cómo se procedería si hubiera discrepancias.
Por este motivo, durante el pasado año se ha llevado a cabo la definición de la hoja de ruta de difusos 2020, identificando la tendencia esperada de las emisiones y las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos. Estas medidas
sectoriales, con su potencial de mitigación, costes y beneficios, permitirán identificar las políticas y medidas más adecuadas y darán paso a un posible reparto del esfuerzo y los recursos necesarios para abordarlo, así como a la búsqueda de
financiación necesaria, las posibles medidas fiscales, incentivos y medidas regulatorias.
En cuanto a su petición de que los recursos obtenidos por la subasta de derechos de emisión sean destinados en su totalidad a medidas de lucha contra el cambio climático, tengo que decirle que a mí también me gustaría, pero hay que cumplir
las leyes, aunque su formación no siempre comparta este criterio. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 prevé destinar el 10% de los ingresos a políticas de cambio climático y el 90 % está pagando el déficit de tarifa, que
lamentablemente es de tal calibre que tenemos que aplicar un 90 %, sí o sí, para poder paliar este problema porque, si no, tendríamos que ir a recursos presupuestarios ordinarios. Y yo digo que si el déficit está generado en mayor medida por las
primas a las renovables, paliar este déficit ¿no son también políticas de lucha contra el cambio climático?
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular votará en contra de esta proposición no de ley porque entiende que hay que cumplir con las leyes vigentes...
El señor PRESIDENTE: Señora Bajo, le ruego que vaya concluyendo.
La señora BAJO PRIETO: Sí, estoy acabando.
... y porque hay que esperar al estudio del cumplimiento de los objetivos nacionales a 2020 que está elaborando el ministerio. Supongo señoría de Convergència i Unió que, siguiendo su política del erre que erre, hasta la siguiente
iniciativa que volvamos a debatir de lo mismo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar ahora al debate de la siguiente proposición no de ley. Se refiere a las medidas para el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión del tratamiento de residuos en la provincia de Alicante para el
cierre del vertedero situado entre Abanilla y Orihuela y para la reparación de daños medioambientales. El autor de esta iniciativa ha sido el.... (Rumores). Aquí no hay ningún cambio de orden. Perdonen, si algún portavoz tiene algo que decir que
se dirija a esta Presidencia. (El señor Campos Arteseros: ¿Era la que procedía ahora o cambia a otra?). No, no, esta es la que procedía ahora y no se ha comunicado ningún cambio. Está aquí apuntado y el orden del día está a disposición de todas
sus señorías y lo pueden comprobar. No ha habido ningún ánimo de alterar el orden del día, no se ha dicho en ningún momento.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, si consulta usted el orden del día, la siguiente PNL es la del IVA en la alimentación, pero si quiere cambiarlo por mí no hay ningún inconveniente.
El señor PRESIDENTE: No, no, tiene usted razón.
- SOBRE EL IVA DE LA ALIMENTACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002065).
El señor PRESIDENTE: La siguiente proposición se refiere al IVA en la alimentación. Su autor es el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Esta es una PNL sencilla, pero muy de actualidad que pretende garantizar estabilidad fiscal, en concreto en materia de IVA, a un sector clave de la economía de este país. Es una PNL que, al hilo de los debates que se
están produciendo en estos últimos días, que se vienen produciendo desde hace meses -concretamente desde el momento de la presentación de esa PNL en octubre de 2013-, tiene al sector de la alimentación en vilo, amenazado de una subida del IVA que
podría provocar estragos en un sector trascendental. La PNL lo que pretende es instar al Gobierno desde el Parlamento nacional a garantizar que no se va a producir ninguna modificación al alza del IVA que grava los productos de alimentación,
manteniendo el actual gravamen en cada uno de sus tramos. Si esta PNL se aprobara conforme está planteada -no conozco el sentido del voto del grupo mayoritario-, podríamos hacer desaparecer los riesgos y las incertidumbres que pesan en este momento
sobre este sector. Digo que es clave porque es un sector que en este momento alcanza en su conjunto una facturación de 369.000 millones de euros y da empleo a casi 4 millones de trabajadores de este país, por lo que es sin duda el sector más
importante de la economía. Además, es un sector en crecimiento, un sector pujante, que está consiguiendo importantes cotas de mercado en el exterior y, por tanto, no entendemos cómo alguien se puede plantear en este momento darle un golpe al sector
de la alimentación.
El sector de la alimentación en España en este momento con relación a los temas del IVA, que son los que son objeto de la PNL, soporta tres tipos de IVA: un tipo superreducido del 4 %, que grava el pan, las harinas, la leche, los quesos,
los huevos, las frutas, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos y los cereales, es decir, los productos básicos de la alimentación; un tipo reducido del 10 %, que grava otro tipo de alimentación y los servicios que tienen que ver con las
actividades agrícolas y ganaderas, y un tipo normal del 21 %.
Nosotros presentamos la PNL al hilo de la publicación en diversos medios de comunicación de que el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, en ese momento se estaba planteando una subida de los tipos impositivos del IVA de la alimentación para
garantizar la estabilidad de las cuentas públicas y entonces presentamos la proposición no de ley. En este momento cobra más actualidad porque, como saben sus señorías, el informe encargado por el ministro de Hacienda, por el Gobierno en definitiva
-el informe de Montoro, el informe del Gobierno-, plantea directamente una subida del 10 % al 21 % en el IVA de la alimentación. A partir de la presentación del informe, se han producido lógicamente distintos pronunciamientos. Conozco -y es
probable que quien intervenga en nombre del Partido Popular haga referencia a algunas declaraciones que ha hecho el ministro de Hacienda-, que de alguna manera pudiera interpretarse como que el Gobierno descarta, que no va a hacer caso a lo
planteado por el informe Lagares. Pero le puedo asegurar que en el sector de la alimentación, a través de sus representantes, las palabras del ministro no han despejado ni descartado las dudas, las sospechas de la intención del Gobierno de elevar
el IVA de la alimentación.
En este sentido les recuerdo a sus señorías que, después de las declaraciones del señor Montoro en la sala de prensa del Consejo de Ministros, ha habido un pronunciamiento conjunto de todos los operadores de la cadena alimentaria. Lo han
hecho en la feria de alimentación el pasado día 2 en Barcelona; dieron una rueda de prensa conjunta exigiendo el mantenimiento de los actuales gravámenes del IVA de la alimentación. Ellos, en este momento, siguen teniendo dudas de la intención del
Gobierno en relación con la subida del IVA de la alimentación. Por tanto, creemos sinceramente que si se aprobara esta proposición no de ley ayudaríamos al sector a descartar estos nubarrones que tienen sobre el horizonte. Los representantes de
todo el sector de la cadena alimentaria nucleados en torno a la Federación de industrias de la alimentación y bebidas, a las organizaciones que representan a la distribución, a la restauración moderna, a la Asociación de fabricantes y
distribuidores, a las cooperativas, a las organizaciones profesionales agrarias han realizado un estudio de lo que significaría para este importante sector una subida del IVA del 10 % al 21 %. Ellos en su estudio dicen que habría una caída de la
actividad, de la producción y del empleo en la industria de la alimentación, en el comercio y en la hostelería. Además, están convencidos de que esta subida del IVA -como en otros casos en los que ha habido subidas impositivas- podría tener un
efecto negativo sobre la recaudación. En relación con la actividad económica del sector, los operadores señalan que podría producirse una pérdida de producción de 16.000 millones de euros, una destrucción de empleo de entre 155.000 a 175.000
trabajadores y una recaudación de entre 2.100 y 2.300 millones de euros, además de los gastos por desempleo que podrían suponer para la hacienda del Estado de 556 a 629 millones de euros.
En la rueda de prensa de los representantes de la cadena en la Alimentaria de Barcelona el pasado día 2 de abril se señaló que la subida del IVA propuesto por el informe del ministro de Economía afectaría al 65% del gasto total de la
alimentación. Señalan, por otra parte, que, de acuerdo con una encuesta realizada recientemente, el 98% de los consumidores manifiestan que reducirían su consumo en caso de subirse el IVA. Además, por edades -señala este estudio-, afectaría
fundamentalmente a los consumidores de entre 25 y 34 años que, según afirman, recortarían su gasto prácticamente en todos los sectores, excepto, lógicamente, en transporte y alimentación. Una subida del IVA, según el estudio realizado por los
operadores de la cadena alimentaria, supondría un incremento de gasto por familia en España de 600 euros al año, una cifra desde nuestro punto de vista absolutamente inasumible para miles, millones de familias que tienen en este momento dificultades
para llegar a fin de mes y para los que esta subida del IVA sería un problema adicional.
En definitiva, reiteramos lo dicho al principio. Si el Gobierno, el Partido Popular, quiere lanzar un mensaje claro, nítido en relación con este nubarrón que pesa sobre el horizonte del sector de la alimentación, no tiene nada más que votar
esta proposición no de ley, que, vuelvo a repetir, dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar que no se va a producir ninguna modificación al alza del IVA que grava los productos de la alimentación, manteniendo el actual
gravamen en los tres tipos vigentes -que ya hemos señalado- del 4 %, del 10 % y del 21 %.
Esperemos que en esta ocasión, y aunque solo sea atendiendo a esas declaraciones que hizo el ministro de Economía, el Grupo Popular tenga a bien votar una propuesta en este caso presentada por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición respecto a esta cuestión? (Pausa).
Por el Grupo de UPyD tiene la palabra su portavoz, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo muy brevemente para mostrar nuestro apoyo a la propuesta que nos trae hoy aquí el Grupo Socialista. Es obvio que apoyamos esta propuesta. Nos hemos manifestado muchísimas veces, tanto en
Comisión como en Pleno, en cuanto a la subida del IVA que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular y hemos expresado a menudo también nuestra preocupación por los efectos adversos y por lo injusto que podría ser un tributo como ese.
No obstante, quisiera matizar dos cosas porque me parece que, si no, estaríamos haciendo un apoyo meramente oportunista, y es decir que en este tipo de políticas, todo lo que tiene que ver con los tributos, para mí es importante apoyar la
propuesta y desde luego ponernos a la defensiva respecto a las ocurrencias del señor Montoro que han tenido, y que tienen, un coste dramático para muchos españoles, dramático para muchas empresas. Es importante para mí decir que todo esto debe ir
aparejado con dos cosas que nos parecen fundamentales y que también hemos defendido a menudo aquí y en Pleno. Una se refiere a bajar el gasto improductivo de nuestro país, a bajar todas esas duplicidades, eliminar, revisar todo ese entramado de la
Administración pública que muchas veces hemos denunciado como redundante, como improductivo. El ejemplo de las diputaciones, el ejemplo de la falta de una política que haga que podamos fusionar ayuntamientos, etcétera. Y otro es la lucha de
verdad, real, no con las ocurrencias de nuevo del señor Montoro, sino dotando a la Agencia Tributaria de los medios y sobre todo del personal necesario para hacerlo, de una política de lucha contra el fraude al que parece que el Gobierno del Partido
Popular ha renunciado y que para nosotros es esencial, entre otras cosas para poder mantener estos tipos de IVA superreducido en algo tan importante como la alimentación, que tiene que ver con la propuesta que nos presenta hoy aquí el Grupo
Socialista.
Reiteramos nuestro apoyo a la propuesta, pero nuestro recuerdo crítico también a algunos temas que incluso el Grupo Socialista, y desde luego el Grupo Popular en repetidas ocasiones, han votado en contra en Pleno y en Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en relación con esta proposición no de ley del Grupo Socialista, y quiero manifestar que estamos absolutamente de acuerdo con ella. Entendemos que es pertinente a
raíz de que esta propuesta se sitúa en el entorno preventivo, atendiendo a las propuestas contenidas en el informe de la reforma fiscal que el Gobierno del Estado encargó a una comisión de expertos. Si fuera así, si el Gobierno atendiera a esta
petición del informe de expertos, a estos estudios, estaríamos otra vez ante una demostración clara, evidente y palpable de políticas estancas entre ministerios, porque otra vez se evaluaría por un tema estrictamente económico
sin calibrar el impacto social, productivo en el sector económico de la alimentación y actividades agrícolas y también, cómo no, en las familias y, por tanto, en el consumidor. Ya está bien, basta ya de incrementos de tipos de IVA. Lo que
se tiene que hacer es reformular, como se ha hecho o se intenta hacer en otros servicios a nivel más general. Por tanto, nuestro grupo está de acuerdo con esta proposición.
También es cierto que estamos solo ante un informe y que esto no se traduce hoy por hoy en ningún trámite parlamentario a tal efecto. En cualquier caso, si llegara, ya haríamos las oportunas objeciones a este tema. No podemos dar mensajes
que aporten más nervios y más incertidumbre al sector agroalimentario, y sobre todo no se puede gravar a los servicios de actividades agrícolas y ganaderas, con todo lo que ya están sufriendo por diferentes reformas que ha realizado este mismo
Gobierno, objetivadas en un concepto estanco y que no valoran ni calibran su impacto a nivel transversal. Por lo tanto, damos nuestro pleno apoyo a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz don Javier Puente.
El señor PUENTE REDONDO: Quiero adelantar que el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la iniciativa presentada, y quiero hacer unos comentarios respecto a ella. Por un lado, sobre el interés de nuestro grupo en los sectores
mencionados, comercio, hostelería y la industria de la alimentación y las bebidas, y por otro lado, sobre la importancia de la consolidación fiscal. En relación con el comercio y la hostelería, podríamos hablar de muchas medidas llevadas a cabo por
este Gobierno; medidas de apoyo como pueden ser los proyectos de ley de liberalización del comercio o la Ley de garantía de la unidad de mercado, así como medidas de apoyo al turismo, que tanto inciden en estos sectores y en su crecimiento. En
este punto deseo resaltar los importantes datos que se han obtenido en relación con el turismo, siendo los mejores datos en el sector del turismo para nuestro país. Ello nos anima lógicamente a seguir trabajando en esta línea para seguir
consiguiendo que España sea un referente turístico a nivel mundial, ya que todo ello será en beneficio tanto del comercio y de la hostelería como de todo el país.
Por otro lado, en relación con la industria alimentaria y las bebidas, igualmente este Gobierno está trabajando fuerte y decididamente por este sector y apostando por él. Uno de los ejemplos es una ley que también se ha debatido en esta
Cámara, que es la Ley de la mejora de la cadena alimentaria. Muchas de las sociedades a las que se hace mención en la iniciativa presentada participaron también en la elaboración de esa ley y estuvieron muy a favor de ella. Igualmente, en relación
con el mismo sector, me gustaría hacer mención a los datos presentados en el salón alimentario la semana pasada sobre el análisis del comercio exterior español agroalimentario y pesquero en relación con el año 2013. Según un informe con tal título,
las exportaciones agroalimentarias españolas en ese año habían crecido cerca de un 4%, es decir, que se está trabajando fuertemente por la internacionalización de este sector, lo cual permitirá y está permitiendo su crecimiento, y estamos viendo los
resultados.
En cuanto al otro punto que quería tratar, es el tema de la importancia en la consolidación fiscal, ya que no podemos gastar más de lo que ingresamos, y cumplir el objetivo de déficit es algo prioritario también para este Gobierno. A día de
hoy el cumplimiento del déficit en 2013 por parte del conjunto de las administraciones públicas ha permitido y está permitiendo que se vea a España como un país que cumple, que se vea a España como un país serio, que se vea a nuestro país como un
país creíble, que genera confianza; confianza que hace que los inversores vuelvan a nuestro país, y con ello que nuestra economía siga creciendo y que se cree empleo. Igualmente, ese cumplimiento favorece la reducción de los impuestos de todos los
ciudadanos a través de la anunciada reforma fiscal, que ha comentado también algunos de mis compañeros, con la que el PP busca el crecimiento y la creación de empleo.
Para concluir, y en referencia a la subida del IVA, siendo cierto que no es posible aventurar nada concreto en tanto no se realice la reforma tributaria integral que en los próximos meses llevará a cabo el Gobierno una vez presentado el
informe del comité de expertos, no es menos cierta la firme respuesta pública del ministerio de no subir el IVA. Sin ir más lejos, ayer el secretario de Estado de Hacienda negaba en este sentido que se vaya a aprobar una reclasificación o una
subida del IVA.
- SOBRE MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN LA GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA PROVINCIA DE ALICANTE, PARA EL CIERRE DEL VERTEDERO SITUADO ENTRE ABANILLA Y ORIHUELA, Y PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS
MEDIOAMBIENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002293).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre medidas para el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión del tratamiento de residuos en la provincia de Alicante, para el cierre
del vertedero situado en Abanilla y Orihuela y para la reparación de daños medioambientales. Para su defensa tiene la palabra el portavoz del grupo autor de la iniciativa, el Grupo Socialista, señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Me remito plenamente a la exposición de motivos que era amplia porque el tema es amplio y es muy dañino para los ciudadanos. Quisimos recoger las propuestas y las reivindicaciones que han venido realizando los
ciudadanos de la comarca de la Vega Baja. Hay que reconocer a ellos en un primer término su movilización, su participación y su denuncia de hechos que ahora describiremos. El vertedero de Orihuela y Abanilla y la gestión en general de residuos en
la Comunidad Valenciana y especialmente en la provincia de Alicante es un ejemplo de mala gestión por parte de la Generalitat Valenciana y también de dejadez por parte del Gobierno de España. El plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana
es papel mojado. Ya en sí se podrían enumerar muchas carencias que ese plan, pero si encima ese plan no se cumple evidentemente es papel mojado. El Gobierno no se implica. Alguien puede decir que es que no tiene competencias, pero sí tiene
competencias en saber qué está pasando. Eso sí lo dice la Unión Europea y esas competencias se las atribuye al Gobierno de España. Pero el Gobierno de España no pide los planes, no ve si se están ejecutando, si realmente se está siendo eficiente
en el uso y aplicación de esos planes. Ha tenido que venir la Unión Europea a decir que cierren todos los vertederos ilegales, especialmente el de Orihuela y Abanilla. Por cierto, la Unión Europea tuvo que pedir varias veces la información al
Gobierno de España porque no se la quería dar. No quería cumplir el artículo 33.1 de la Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea. Por tanto, ha venido Europa a decir nuevamente lo que está pasando de verdad. Pero allí hemos estado muchos. Ha
estado Perelló, ha estado Ábalos, han estado responsables del PSPV como el señor Signes, como el propio secretario general, Ximo Puig; yo mismo he estado allí.
Señores de la Comisión, estos lixiviados que se ven aquí no son de risa; no son nada de risa. (Muestra una fotografía). Esto está en mitad incluso de zonas donde en teoría no debería haber nada. Y esto no es magia; esto es lo que está
pasando allí, donde puedes ir por algunas zonas de alrededor y de repente hay emisiones de gases que están debajo de actuales plantaciones hortofrutícolas. En teoría ahí no debería haber nada debajo, pero ahí está. No he podido traer la foto, pero
pueden ustedes encontrar algunas en las que se ven hasta jeringuillas y materiales que hacen decir: ¡pero esto cómo está aquí! Tú vas a África y a lo mejor no ves en algunos países tan mala gestión como la que ves en la Comunidad Valenciana con el
consentimiento del Gobierno, y el Partido Socialista quiere dejar clara su posición, como la ha plasmado también en la provincia de Alicante. No puede ser que nuevamente los ciudadanos paguen con un aumento de tasas la mala gestión del Gobierno de
la Generalitat ni la dejadez del Gobierno de España, que es la solución que plantea ahora el Partido Popular en la provincia de Alicante: Como ahora tenemos que trasladar la basura, como todo se ha hecho fatal, ahora subimos el recibo porque al
final el culpable es el ciudadano. No. ¿Es el ayuntamiento? Tampoco. Es la Generalitat Valenciana, que tiene la competencia, y el Gobierno de España, que es el que hace dejadez porque debería velar por que no pase lo que ha pasado.
¿Pero qué pasa allí realmente? Estamos hablando de un tema que está en plena ebullición con la cuestión judicial del Brugal. Algo tiene que ver eso y tiene que ver mucho porque la basura se ha convertido en un negocio, por cierto, mal
gestionado, porque no es que sea un negocio para un empresario es que es un desastre medioambiental y hay un consentimiento claro de la Generalitat. Se dice que se ha cerrado la puerta por donde entran del término municipal de Orihuela, pero es que
la de Abanilla sigue abierta y en teoría a veces tenía que haber estado cerrada. Nadie controla si el camión va hacia un lado de la frontera o hacia el otro. Yo he estado allí y, estando yo, han pasado camiones y, en teoría, no tiene que pasar
ningún camión por allí. A lo mejor el camión estaba dando una vuelta; desde Torrevieja daba una vuelta por allí y luego volvía otra vez para Torrevieja sin descargar ni nada. Pero, aunque parezca increíble y algunos se pregunten ¿pero este qué
está contando?, estos son hechos reales que están pasando en España y en la Comunidad Valenciana. Por tanto, ha habido descontrol, dejadez y, al final, el ciudadano y el ayuntamiento es el que tiene que asumir este error y esta culpa de la
Generalitat Valenciana. Eso a corto y medio plazo, porque a largo plazo es el drama medioambiental que se puede producir ya que esto que está saliendo está en barrancos y en acuíferos. Esto no es una invención, no es un fotomontaje, es la realidad
de lo que pasa. Se puede decir que traten la basura y la lleven a otro sitio, pero es que está todo
saturado, el sistema está colapsado. Tenemos las plantas de Elche, Crevillente, Xixona, Villena, El Campello y Alicante saturadas. No se hacen los tratamientos que dice la Unión Europea que hay que hacer y ni de coña vamos a cumplir los
objetivos de la Unión Europea de tratamiento de residuos. ¿No pasa nada? Sí pasa porque al final el recibo del ciudadano acaba subiendo.
¿Qué pedimos los socialistas? Que se tomen medidas, como ha pedido la Unión Europea en respuesta parlamentaria a unos diputados; pedimos que se interese, que sepa qué está pasando, que pida los planes, que pregunte qué se está ejecutando o
no; pedimos que cumpla con el mandato hecho por la Comisión Europea y tome medidas para cerrar todos los vertederos ilegales y de forma especial, como le pide la Unión Europea, el de Orihuela-Abanilla; pedimos garantizar el cumplimiento de la
normativa vigente tanto europea como nacional y autonómica; nos preguntamos también que, si ha habido un delito, por qué no se está actuando de forma administrativa y judicial con todas las fuerzas del Estado, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y con todos los elementos judiciales que tiene a su alcance el Gobierno para ver quién va a pagar esto. La solución es mandar un camión allí que absorba aquello conforme vaya saliendo y lo importante es que no se note; y si va hacia un
barranco que está más abajo, hacemos una zanja y lo paramos. ¿Qué pasó? Que se llenó la zanja de lixiviados. La gente estará oyendo esto y se dirá que no puede ser verdad, pero esto pasa. (Varios señores diputados: Es que no pasa). Aquí está
el señor Ábalos y le puede decir a él también que nos lo estamos inventando.
Por todo ello, solicitamos actuaciones administrativas y judiciales oportunas para depurar responsabilidad. Alguien tiene que pagar estos daños que van a sufrir los ciudadanos y el territorio durante mucho tiempo y queremos que haya una
reparación de daños, como decimos. Por cierto, por si a alguien se le ocurre decir que en esto no tienen competencias, el Gobierno de España sí puede actuar más si ofrece su colaboración y la Generalitat lo acepta. El problema está entre unos y
otros y la conclusión a la que se niega el Partido Socialista -y así lo ha expresado también nuestro secretario general, Ximo Puig- es la de que los ciudadanos acaben pagando el coste de una mala gestión que roza en muchos casos una presunta
corrupción -y ahí está juzgándose en los juzgados- y al final el que acaba pagando todo esto es el ciudadano y el ayuntamiento. Pues no, el Partido Socialista está en contra y, dada la situación económica en la que está el Gobierno de la
Generalitat, fruto en parte de la mala financiación pero, sobre todo, del despilfarro y la presunta corrupción, pedimos que el Gobierno también intervenga porque la Generalitat no tiene capacidad económica de cambiar su plan de residuos ni de
aplicarlo. Este problema afecta y es competencia del Gobierno de España saber qué está pasando, trasladarlo a la Unión Europea y, como ha hecho la Unión Europea, que este le pida responsabilidades al Gobierno.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir respecto a esta iniciativa para fijar su posición? (Pausa).
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz doña Macarena Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Este ya es un tema absolutamente recurrente para el Partido Socialista y aquí nos dedicamos a difamar que algo queda, sobre todo siempre generando sospechas sobre cualquier actuación en la Región de Murcia o
en la Comunidad Valenciana en vez de remar en el mismo sentido.
Todas las irregularidades descritas en la exposición de motivos son una auténtica falacia, están basadas, como yo decía al principio, en ocasionar un grave daño no solamente a la Región de Murcia, sino además a la Comunidad Valenciana y la
desinformación que demuestra, una vez más, el Grupo Parlamentario Socialista y su portavoz sobre este y otros asuntos referentes a las dos comunidades es desde luego absoluta por no tildarla de otra cosa mucho más grave. Desde luego, lo que no ha
hecho el Grupo Parlamentario Socialista es leer el Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana. No se lo ha leído, es absolutamente imposible, porque no quiero pensar que se lo hayan leído y sean incapaces de entenderlo y de saber hasta
qué punto se está cumpliendo. Además, el plan cumple escrupulosamente con la Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea, cuya trasposición al ordenamiento jurídico español se realiza a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio. El plan ya ha sido
remitido al Ministerio de Agricultura, como ustedes bien saben, en diciembre de 2013. No obstante, que sepa el Grupo Parlamentario Socialista que toda la información que solicita y a la que hace mención en la propia proposición no de ley -toda,
absolutamente toda la que hace referencia a la Comunidad Valenciana- está publicada y disponible en la página web de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Por tanto, transparencia absoluta. Yo les remito a ella porque no
voy a empezar a detallar todo el procedimiento, los informes favorables al plan, etcétera. La información requerida por la Unión Europea a la que usted hacía referencia
se remitió por parte de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consellería de Infraestructuras el 27 de febrero del año 2014 y, por tanto, se ha informado de lo que solicitaba la Comisión Europea. El PSOE habla y mezcla territorios
con una facilidad enorme y está hablando de una planta que es Abanilla-La Murada y, no, vamos a ver, la planta es la de Abanilla y eso está en la Región de Murcia y La Murada es una pedanía de Orihuela que está en la provincia de Alicante y en la
Comunidad Valenciana. Nada de que todo es lo mismo, porque no es todo lo mismo (Rumores.-El señor Campos Arteseros: He dicho Orihuela).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Montesinos. Señor Campos, usted ha tenido su turno y se le ha respetado sin que ningún otro portavoz le haya interrumpido, cosa que esta Presidencia no hubiera tolerado. Por tanto, le ruego que dispense
el mismo trato al resto de portavoces.
Señora Montesinos, puede proseguir.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: No existe, por tanto, como decía, ninguna planta de residuos en la pedanía de La Murada como decía. Los enterramientos de residuos a los que usted hacía alusión en las parcelas de la pedanía de La Murada
están judicializados por la vía penal en el Juzgado número 3 de Orihuela y, además, desde la Dirección General de Calidad Ambiental, se han incoado los expedientes sancionadores correspondientes por la vía administrativa; incluso se ha licitado un
estudio hidrogeológico para que nos indique de dónde provienen esos lixiviados a los que hacía referencia en su exposición de motivos y, en cuanto esté concluido el estudio, los resultados serán remitidos a la fiscalía y se actuará dentro del ámbito
competencial de la Generalitat Valenciana. También la Generalitat Valenciana, para su conocimiento, se ha personado en el procedimiento judicial de los enterramientos de residuos domésticos en las parcelas de la pedanía de La Murada como acusación
particular.
En cuanto a lo de Abanilla, tengo que decirle que el Gobierno de la Región de Murcia, en el ámbito de su competencia, ya ha llevado a cabo las actuaciones que se demandan en la citada proposición. El 28 de septiembre de 2011 se ordenó la
suspensión de actividad, sellado y restauración ambiental del vertedero de RSU situado en Abanilla y explotado por Proambiente S.L. El 3 de abril de 2013 se aprobó el proyecto de ejecución de la restauración de ese vertedero, el programa de medidas
compensatorias, el plan de vigilancia, etcétera, para garantizar la ejecución de las actuaciones de la restauración del vertedero en el paraje de La Solana, sierra de Abanilla. Sigo: el 22 de noviembre se remitió a la mercantil Proambiente el
requerimiento del director general de Medio Ambiente para la presentación de certificado de director facultativo de las obras ejecutadas. Tras la valoración de toda la documentación, se realizó visita el 17 de diciembre de inspección para la
comprobación in situ de los avances de las actuaciones y se concluye que las actuaciones de restauración del proyecto y emplazamientos afectados lleva un ritmo adecuado al cronograma inicialmente previsto. Esto en cuanto a la planta de Abanilla y
en cuanto a la referencia a La Murada.
Pero me gustaría decirle varias cosas más. Una, que el Grupo Parlamentario Popular desearía que usted demostrara ese mismo interés en otras regiones, porque en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia no hay un solo vertedero que no
esté clausurado y sellado. Sin embargo, curiosamente no sé si sabrá usted cuántos vertederos ilegales están por clausurar y sellar en Andalucía. Se lo voy a decir yo. Es la comunidad autónoma donde más vertederos ilegales hay por clausurar y
sellar. Si no recuerdo mal, en la última reunión del ministerio se dijo que había treinta y seis vertederos por clausurar y sellar. Yo entiendo que le moleste y que tosa, pero ustedes también han sido muy laxos en el tiempo y yo pido el mismo
tratamiento.
En cuanto a la planta de la Vega Baja, a la que usted hacía referencia -no a la planta, sino al consorcio, al acuerdo, que enseguida lanzaba usted los nubarrones sobre la corrupción, en la que por cierto también supuestamente se vería
afectado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la institución de la Diputación Provincial de Alicante-, he de decirle que la ubicación se aprobó por unanimidad, incluidos los alcaldes socialistas de la Vega Baja. Por tanto, sospechas
las justas.
El señor PRESIDENTE: Señora Montesinos, ruego que vaya concluyendo.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Termino.
Quiero dejar claro que se aprobó por unanimidad la ubicación y que ya con anterioridad, cuando se empezaba a barajar la posibilidad del plan zonal -fíjese lo que le voy a decir-, con un gran amigo suyo, el presidente Lerma, siendo presidente
González, los informes técnicos ya situaban en Torremendo la ubicación de ese plan zonal. (El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben).
Curiosamente se aprobó por unanimidad y, una vez aprobado por unanimidad, recurren los vecinos de Torremendo. Ante tal recurso, se ha paralizado todo, y a todas las vía de solución que se vienen aportando, a todas absolutamente, incluso a
la que sugirió el alcalde socialista de Albatera, que era instalarlo en su propio municipio, a todas se opone ahora el Partido Socialista, siempre detrás de la manifestación, ya sea en contra de que se ubique en Albatera, ya sea en contra de la
solución de Cox, sea la solución que sea, ellos tienen siempre el doble discurso para quedar bien frente a cualquiera. Estamos en campaña electoral, y ha quedado claro con esta iniciativa. (Aplausos.- El señor Campos Arteseros pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Solamente una aclaración. Es que se ha acusado aquí a una persona de estar implicada en un caso y no es verdad, como es Antonio Amorós, portavoz del PSOE en la diputación.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, no tiene la palabra. Las palabras las da esta Presidencia y no tiene usted la palabra.
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL V CENTENARIO DE LA 'OBRA DE AGRICULTURA' DEL AUTOR TALAVERANO GABRIEL ALONSO DE HERRERA (AÑO 1513). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/002312).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proseguir con el orden del día. La siguiente proposición figura con el número 6.º en el orden del día y es la relativa al reconocimiento y puesta en valor del V centenario de la Obra de Agricultura, del autor
talaverano Gabriel Alonso de Herrera. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular. (Pausa). Si no está presente y no hay otro portavoz que la defienda, se da por defendida.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Se da por defendida si lo dice el Grupo Popular. Si no, decae técnicamente. (La señora De Lara Carbó pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: La portavoz que lleva la iniciativa está interviniendo en otra Comisión. Por consiguiente, la doy por defendida.
El señor PRESIDENTE: Sobre esta iniciativa hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Intervengo otra vez en esta proposición no de ley que tiene que ver con asuntos de mi provincia, con la ciudad de Talavera, y tiene que ver con un insigne talaverano, don Gabriel Alonso de Herrera. Lamento
profundamente que no esté aquí ningún diputado del Partido Popular de la provincia de Toledo que pueda defenderla. En cualquier caso, voy a hacer una intervención breve.
El Partido Popular en la exposición de motivos hace un preámbulo describiendo los valores culturales de don Gabriel Alonso de Herrera, que publicó un tratado sobre agricultura hace quinientos años, cosa que de alguna manera celebramos y
reconocemos. Nos parece bien que en esta Comisión de Agricultura se haga un recuerdo positivo de los autores que históricamente han tenido que ver con este sector al que nosotros nos dedicamos desde el punto de vista político. Pero cuando se llega
a la petición que hace esta proposición no de ley -lo diré con respeto al proponente y sobre todo con respeto al autor y a la ciudad que le vio nacer, que es Talavera de la Reina-, uno, que es diputado por la provincia de Toledo, siente de alguna
manera, señores del Partido Popular, un poco de vergüenza ajena. Presentan una proposición no de ley que insta al Gobierno a reconocer y valorizar la Obra de Agricultura, del autor toledano Gabriel Alonso de Herrera, al cumplirse el V centenario de
la misma, al haber hecho una gran aportación a la lengua, la literatura y la mejora de la agricultura española en los últimos cinco siglos -y dice el Partido Popular, yo creo que con falta de respeto en este caso al homenajeado, a su obra y a la
ciudad que le vio nacer-, con actuaciones divulgativas a través de la página web del propio departamento.
Señores del Partido Popular, ¿ustedes creen que es serio hacer una proposición no de ley para instar al Gobierno a que publique en la página web del ministerio la programación cultural? Señores del Partido Popular, me parece que esto es
faltar al respeto a la gente. Si hubiera programación, que no la hay por lo
que he podido comprobar, es una decisión de un segundo publicarlo en la página web del ministerio, no se sabe de cuál, será de Agricultura o de Cultura... Una proposición no de ley para que alguien dé instrucciones de que se publique en la
página web, desde mi punto de vista, es poco serio. Yo no entiendo que haya que hacer una proposición no de ley para dar instrucciones para publicar en una página web.
Creo sinceramente que la obra, su contenido y su actividad merecerían algo más. Por eso en este país, cuando se establecen programaciones para conmemorar acontecimientos culturales, normalmente se hace en la ley de presupuestos o en una ley
específica estableciéndose beneficios fiscales, es decir, estableciendo condiciones económicas favorables para que la celebración pueda tener éxito y algún interés económico, turístico, artístico o histórico sobre la ciudad. Así se ha hecho, por
ejemplo, con la conmemoración del IV centenario de la muerte de El Greco, que brillantemente se está celebrando en Toledo en estos días y que tiene una norma, una ley específica que regule los incentivos para ayudar a esta celebración, o con la
conmemoración del centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa, etcétera. Ya digo a los señores del Partido Popular que lógicamente yo votaré a favor de que se den instrucciones al responsable de la página web del ministerio para que ponga la
programación, pero, señores del Partido Popular, ustedes deberían proponer cosas un poco más serias para temas importantes.
Puesto que nos da la sensación de que para esta conmemoración no se ha creado, como en otras conmemoraciones, un patronato o una fundación, ni se ha establecido una programación específica y por eso no hemos planteado incorporar, vía
enmienda a la ley que corresponda, una serie de beneficios fiscales, hemos presentado una enmienda que dice al Partido Popular, si la quiere votar, que cumpla un compromiso con Talavera. El Partido Popular en las últimas elecciones prometió en
Talavera la creación de un parque agroindustrial. Aprovechando esta iniciativa y para poder darle un poco de contenido, planteamos desde el Grupo Socialista que se inste al Gobierno, además de a publicar la programación en la página web
-programación que yo no conozco todavía-, a incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2015 una partida para la creación de un polígono agroindustrial en Talavera de la Reina que lleve el nombre de Gabriel Alonso de Herrera.
Creo que sería una buena forma de rendir homenaje al autor talaverano y en cualquier caso sería una buena oportunidad para que el Partido Popular cumpliera algún compromiso con la ciudad de Talavera.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que sobre esta iniciativa deseen intervenir? (Pausa).
Señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Nos hubiese gustado que más allá de una mención o un lugar destacado en la página web del ministerio, hubiera algunas dependencias que tuvieran que ver con el estudio de la obra y de la vida del Ministerio
de Agricultura o del CSIC que puedan adoptar el nombre de Gabriel Alonso de Herrera.
También quisiéramos decir algo brevemente. Agricultura general y Obra de Agricultura tuvieron ya en vida del autor distintas reediciones y ampliaciones. No nos parece una mala ocasión para que el Ministerio de Cultura impulse la iniciativa
de una exposición de los facsímeles que se conserven y, por supuesto, tras consultar a los expertos sobre si hay necesidad o no de la misma, tomar una iniciativa de una posible convocatoria ad hoc para una edición crítica de Agricultura general.
Nuestro apoyo a la propuesta que nos trae aquí el Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo? (Pausa). Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular solo a los efectos de decir si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Simplemente disculparme por no estar en su debido momento, pero venía de otra Comisión, porque hoy se han juntado muchas comisiones y tenía otra intervención. Es de agradecer el interés del Grupo Socialista y del
diputado Alonso por honrar y dignificar la figura de Alonso de Herrera, aunque la petición de ponerle su nombre a un polígono agroindustrial no parece apropiada en este momento y en este debate en la Comisión de Agricultura, sobre todo si dicho
reconocimiento va ligado a la exigencia de comprometer al Gobierno a dedicar una partida presupuestaria.
El señor PRESIDENTE: Doña Rocío, le he dado la palabra solo para que manifestara si acepta o no la enmienda.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Reitero mi reconocimiento a la buena voluntad del Grupo Parlamentario Socialista, pero rechazaremos esta enmienda. Pedimos a todos los grupos que voten a favor en el V
centenario de esta Obra de Agricultura, por la gran aportación que ha hecho a la lengua, a la literatura y a la mejora de la agricultura española en estos últimos cinco siglos.
- RELATIVA A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002406).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley relativa a los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular y para cuya defensa tiene la palabra don Conrado Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Quiero mostrar mi agradecimiento tanto a la portavoz de medio ambiente de mi grupo como al portavoz de agricultura por permitirme defender esta iniciativa que, como ustedes comprenderán, por tratarse de un tema
vitivinícola para un riojano tiene una especial ocupación y preocupación.
En ese sentido, quiero también en estas primerísimas palabras mencionar la intervención que ha tenido el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja y la propia Consejería de Agricultura a la hora de confeccionar esta iniciativa.
Los objetivos que perseguimos como Grupo Parlamentario Popular con esta iniciativa son fundamentalmente cuatro, que comparto con todos ustedes. En primer lugar, sensibilizar sobre la influencia del cambio climático en el cultivo de la viña y en la
elaboración del vino, tanto a medio como largo plazo, en sus tres aspectos fundamentales -algo ya se ha dicho a lo largo de esta Comisión-: temperatura, agua y zonas de plantación. En segundo lugar, desarrollar medidas conjuntas que revaloricen la
viticultura y su aporte al medio ambiente y muy en especial el compromiso con la reducción del CO2. En tercer lugar, aprovechar la oportunidad de este fenómeno de cambio climático en beneficio del viñedo y en beneficio de todas las regiones
vitícolas españolas que por su geografía y por ser un sector tradicionalmente dinámico son sensibles a este fenómeno que entendemos que es positivo. Y en cuarto lugar, asentar la marca España en la lucha contra el cambio climático y también
entendiendo que estamos ante una oportunidad para el sector vitivinícola español.
Por contextualizar esta iniciativa, es evidente -y lo han dicho voces mucho más autorizadas a lo largo de esta Comisión- que el cambio climático es un fenómeno de dimensiones globales que afecta a la agricultura y al hábitat humano. Los
síntomas en el sector agrícola, y muy específicamente en el sector viticultor español, son: adelantamiento de la vendimia, aparición de nuevas zonas para poder implantar el viñedo, variación de la posible altitud a la hora de implantar viñedo y en
concreto la aparición de posibles vinos de diferente calidad. En conjunto estamos hablando de que se prevé una reducción en la superficie mundial para el año 2050 de entre el 25 y el 50 %. Si eso lo llevamos a España, tenemos que compartir con
todos ustedes -y la mayor parte de los aquí presentes tienen de una manera u otra relación con el sector- que el viñedo es en España paisaje, es turismo, es gastronomía, es economía, es innovación, es cultura y es, en definitiva, territorio. Somos
los líderes mundiales en superficie de viñedo y somos el segundo exportador mundial de vino.
En ese contexto se vienen produciendo iniciativas tanto públicas como privadas que trabajan en adaptarse al fenómeno del cambio climático. Hay una iniciativa que pongo encima de la mesa: el proyecto Más vino, menos CO2. El Foro
empresarial iberoamericano del vino subrayó la tarea que tenemos pendiente. El propio programa de apoyo al sector vitivinícola, impulsado por el Ministerio de Agricultura, también marca en la agenda política esta tarea. Alimentaria 2014 también lo
ha puesto de relieve. Y últimamente destacó el Foro Barcelona de la Federación Española del Vino o el Plan nacional de adaptación al cambio climático.
¿Cuáles son las actuaciones, señorías, más comúnmente aceptadas por parte de la comunidad climática y el sector vitivinícola al respecto? Es necesaria la reducción de emisiones de CO2, es decir, la huella por botella tiene que reducirse,
como así establece la Unión Europea, en un 20 %. Las prácticas tradicionales en el sector vitivinícola son las más aconsejables a la hora de reducir emisiones. Eso se traduce en cepas tradicionales, en el empleo de madera, en el empleo de
nitrógeno, etcétera. La edificación de las bodegas tiene que ajustarse a un criterio de sostenibilidad. Eso pasa por integrar la bodega o por el empleo de materiales sostenibles. El transporte ha de ser eficiente. Se tiene que reducir la huella
hídrica, es decir, optimizar el agua por unidad productiva, se deben reducir los residuos o también se han de incorporar elementos de eficiencia energética o de energías alternativas. ¿Y cómo se pueden evaluar esas prácticas? Nosotros sugerimos
cuatro sistemas. En primer lugar, un sistema de auditorías que evalúe
las buenas prácticas. En segundo lugar, una red de organismos de buenas prácticas, el propio Plan nacional de adaptación al cambio climático con un área específica al respecto y el programa de apoyo al sector vitivinícola. A partir de ahí
no podemos pasar por alto -y con ello ya voy a ir acabando, señor presidente, agradezco su generosidad- que tenemos ya en el mercado ejemplos de buenas prácticas al respecto, y menciono algunos. El propio consejero delegado del Grupo Torres ha
mencionado que los vinos serán diferentes en adelante. Otra bodega, como puede ser Marqués de Terán, ya ha obtenido el sello Bureau, lo que podemos denominar un vino verde, que es el primero en Europa. Las bodegas Rioja Alta han hecho lo mismo y
las bodegas Campo Viejo han obtenido la ISO 14064, con lo que se llama la trazabilidad verde. Luego ya hay ejemplos de buenas prácticas. En ese sentido, se propone a esta Comisión esta proposición no de ley que persigue una red de colaboración y
persigue incluir en el Plan nacional de adaptación al cambio climático un área específica de investigación. A esta iniciativa se ha presentado por parte del Grupo Socialista una enmienda que yo no dudo en calificar de razonable, que es sensata, tan
es así, señorías, que me van a permitir que destaque el hecho de que su finalidad ya está incorporada en sí misma en esta proposición no de ley de una manera implícita, porque ya existe una partida presupuestaria que vaya a dar cobertura a los dos
propósitos que perseguimos desde el Grupo Parlamentario Popular: una red de colaboración y la inclusión en el Plan nacional de adaptación al cambio climático de un área específica.
Acabo solicitando el apoyo de todos los grupos para un sector que, como ya he tratado de explicar, es absolutamente fundamental, no para una región española, como puede ser el caso de La Rioja, sino para todas las regiones españolas, para la
economía española, para el turismo y para el paisaje español. Así que confío en contar con el apoyo de todos ustedes.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda, la portavoz socialista, señora Alegría.
La señora ALEGRÍA CONTINENTE: Señorías, comenzaré mi intervención por el final. Hacía alusión el diputado del Partido Popular a la enmienda del Partido Socialista que no va a apoyar, y decía que no la apoyaba porque mi texto ya aparecía
implícitamente en la redacción de la PNL. Pues le voy a instar a que le dé una segunda vuelta, porque si hay un texto que está implícitamente recogido en la PNL, no tendrán su señorías ningún problema en añadir un punto nuevo a esta proposición no
de ley donde se vea recogido explícitamente que lo único que está pidiendo este grupo es que todas esas medidas que usted ha detallado, con las que mayormente estamos de acuerdo, vayan apoyadas y sostenidas con una suficiente aportación económica
que ayude, sobre todo, a poner en marcha, como le decía, todas las medidas que son necesarias para evitar que el cambio climático siga teniendo estos efectos en el sector vitivinícola. Es un sector, como decíamos esta mañana, muy importante tanto
en España y, cómo no, en muchas comunidades autónomas, principalmente en Aragón, de donde procedo.
Hablaba el portavoz del Partido Popular del cambio climático. Por cierto, sean bienvenidos; veo que ya vamos reconociendo que el cambio climático existe y que además tiene efectos negativos en el sector vitivinícola. Comentaba que las
temperaturas que estamos sufriendo han aumentado un grado en las regiones mediterráneas y que este mismo resultado puede hacerse extensible al conjunto del planeta. Para el siglo XXI, de hecho, las previsiones oscilan entre los 2 y los 5 grados de
aumento. La viña, como todos ustedes saben, es un cultivo extremadamente sensible a los cambios climáticos y, si nadie lo remedia, se convertirá en uno de los sectores agrícolas que más sufrirá el aumento de las temperaturas, como consecuencia de
la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Es importante que las regiones vinícolas, viticultores y bodegueros afronten este reto y se posicionen al frente de un cambio en la gestión de la energía. Se trata
fundamentalmente de reducir el consumo y de aplicar de forma racional y progresiva las energías renovables. Dada la dependencia de la agricultura, en general, del clima, es muy importante tener en cuenta los riesgos que pueden traer los posibles
cambios que pueden venir de la mano del cambio climático. Aunque este proceso no es nuevo, se ha venido analizando en el campo concreto de España y se ha podido constatar que particularmente desde la década de los años setenta hasta el siglo XX las
temperaturas en España han aumentado de forma general, con una magnitud algo superior a la media global del planeta, mientras que las precipitaciones durante este periodo han tendido a la baja, sobre todo en la parte meridional. Si bien me
preocupan los resultados de los modelos de predicción, que prevén un mayor calentamiento y muy probablemente una mayor intensidad de fenómenos climáticos adversos en el sistema climático mundial durante el siglo XXI y que los observadores dicen que
duraron en el siglo XX, obviamente, en las actuales zonas de producción estos cambios podrían tener importantes consecuencias tanto en la calidad de la uva como en el potencial
productivo de la uva, influyendo de forma determinada, en primer lugar, en el rendimiento económico de la explotación y, en segundo lugar, en la capacidad del sector vinícola de competir en el mercado. Por tanto, el mundo del vino afronta
desafíos importantes para los próximos años: mejorar la producción y adaptar los cultivos y la fermentación a las nuevas condiciones ambientales. Es necesario por ello que el sector vitivinícola cuente con estrategias de adaptación, teniendo en
cuenta las peculiaridades de cada región, y que estas cuenten con el respaldo de los programas de apoyo de las administraciones públicas, de forma que se asegure la rentabilidad de un sector netamente exportador y con gran importancia socioeconómica
en las zonas rurales. Por ello, como decía al principio de mi intervención, nuestro grupo ha presentado una enmienda en la que pedimos que esas buenas intenciones que el PP nos presentaba se vean respaldadas de realismo, y eso se consigue con una
buena financiación económica, porque si carecemos de ella, difícilmente podremos trabajar en ningún proyecto.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Apoyamos esa iniciativa del Partido Popular. La vid no es un cultivo anual herbáceo, es un cultivo leñoso; por tanto, a corto plazo el agricultor tiene poca capacidad de reacción y hay que apoyarlo
especialmente. Las variedades tienen una importancia esencial en cuanto a su comercialización y, por tanto, la repercusión de los cambios puede ser mayor. Por esas razones, apoyamos la PNL.
Quisiéramos añadir un par de consideraciones. Habitualmente, el Partido Popular no ha dado muestras de entusiasmo en apoyar todo aquello que tenía que ver con las políticas relativas al cambio climático. Le damos la bienvenida y esperemos
que esto se amplíe y aborde otros temas esenciales importantes en nuestra agricultura, en nuestro medio ambiente, en nuestra industria. El cambio climático, además, como he dicho, no solo afecta a la agricultura y, por tanto, esperemos que esta
actitud abarque pesca, alimentación, salud, zonas de asentamiento poblacional, etcétera. Nos parece esencial empezar a abordar temas como la posibilidad de mayores lluvias torrenciales, de incendios, de cambios, de escorrentías, de daños a la capa
del suelo fértil, de aceleración de fenómenos de desertización, de cambios en productividad, de plagas, de entrada de especies foráneas, de salinización de acuíferos cercanos a la costa, de cambios en la línea de costa y un largo etcétera de cambios
que hacen necesario que la perspectiva del respeto a todas aquellas políticas que puedan tener que ver con el cambio climático sea bastante más seria y bastante más amplia.
Apoyamos, como digo, la propuesta hoy en todo lo que tiene que ver con ese cambio climático y el apoyo a un sector tan importante como el vitivinícola, pero esperamos que Partido Popular abarque un poco más todo lo que tiene que ver con
estas políticas.
- RELATIVA A LA PARALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROSPECCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES EN EL MEDITERRÁNEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002438).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es una iniciativa presentada por La Izquierda Plural, relativa a la paralización de las actividades de prospección de combustibles fósiles en el Mediterráneo.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, doña Laia Ortíz.
La señora ORTÍZ CASTELLVÍ: La Izquierda Plural presenta esta iniciativa, y celebro que se debata precisamente después de que el Partido Popular haya defendido una iniciativa sobre las consecuencias del cambio climático en el sector
vitivinícola. Efectivamente, el cambio climático tiene un impacto no solo en el propio medio ambiente y en el aire que respiramos, sino en el sector económico y en sectores estratégicos. Esta iniciativa tiene que ver directamente con esa cuestión,
porque cuando hablamos de paralizar las actividades de prospección de combustibles fósiles en el Mediterráneo estamos hablando también, sobre todo y principalmente, del impacto en términos de cambio climático. La Izquierda Plural ha presentado de
forma reiterada iniciativas en este sentido para combatir esta obsesión del Gobierno de que la única salida energética de España es apostar por la quema de combustibles fósiles, como es el fracking o ahora las prospecciones petrolíferas en el
Mediterráneo o en Canarias. Hemos presentado iniciativas en el propio debate del estado de la Nación, incluyendo la problemática del impacto de esas prospecciones de hidrocarburos en Baleares, en Valencia, pero también en Canarias, y el impacto que
tiene en términos de cambio climático, pero también el impacto en sectores como el turístico o el social. La Agencia Internacional de la Energía y el propio Panel Internacional contra el Cambio Climático recomiendan y
alertan a todos los Gobiernos de que si queremos mantener la temperatura de la tierra bajo control debemos mantener los hidrocarburos bajo tierra, es decir, no continuar haciendo prospecciones en ese sentido. La política del Gobierno ha
sido totalmente la contraria, ha castigado las energías renovables mientras promueve de forma activa las prospecciones de hidrocarburos y, además, las ensalza como el futuro energético de nuestro país.
Hoy nos centramos en una iniciativa concreta, que pretende sobre todo exigir coherencia al Partido Popular. Si habla de cambio climático para proteger al sector vitivinícola, entendemos que debe dar también apoyo a una iniciativa que prevé
hablar del cambio de modelo energético no apostando por la prospección de hidrocarburos. Pero también exige coherencia al Partido Popular para que vote lo mismo que ha votado en Baleares. Por tanto, es una iniciativa que se ciñe exclusivamente a
lo que el propio Parlamento balear ha votado en una declaración institucional. Eso no excluye, como La Izquierda Plural ha mostrado de forma reiterada con sus iniciativas, que hayamos incluido el impacto que tiene en la Comunidad Valenciana; en
Cataluña, donde también hemos hablado de esta cuestión; y en Canarias, donde hemos planteado iniciativas sobre esta problemática así como sobre las peticiones de referéndum que la sociedad canaria y la propia comunidad exigen. Por tanto, si no
incorporamos las enmiendas de Coalición Canaria no es porque no incluyamos este asunto -saben perfectamente que hemos seguido el tema y que lo hemos impulsado desde este Congreso-, sino que lo que pedimos hoy es exactamente lo que pide el Parlamento
balear. ¿Por qué lo pedimos? Uno, hablamos de cambio climático, y estos argumentos quedan dichos. Dos, estamos hablando de una zona tan delicada como son las Islas Baleares y el conjunto del Mediterráneo, un espacio estratégico para nuestro
sector turístico vinculado sobre todo al hecho de que es una joya medioambiental y de biodiversidad. Ese es el encanto que tiene este territorio. De hecho, cuando hablamos de Formentera se dice que es uno de los últimos paraísos que quedan en el
Mediterráneo.
No podemos entender que el Partido Popular, primero con la Ley de Costas y ahora permitiendo la prospección de hidrocarburos en el Mediterráneo, ponga en riesgo uno de los principales tesoros que tenemos en este país. Entendemos que el
impacto se produce también en términos de biodiversidad; no solo tiene riesgo social y en el sector turístico. Está más que demostrado el impacto que tienen los movimientos sísmicos asociados a esas prospecciones en los cetáceos, dado que las
mismas se producirían precisamente en el corredor del Mediterráneo por donde pasan los principales cetáceos, así como en el conjunto de la fauna y la flora marítimas. No podemos entender este despropósito, por lo que planteamos su paralización. Lo
que proponemos es que se tengan en cuenta todas estas cuestiones, así como las más de 56.000 alegaciones de la sociedad civil que se han recogido. Hoy la sociedad civil de Ibiza y Formentera está completamente movilizada. La gran mayoría de la
población está en contra de permitir esos estudios y esas prospecciones; por ese motivo se constituyó la Alianza de Mar Blava para ser más efectivos en ese combate. Señorías, 56.000 alegaciones y la complicidad de las instituciones europeas, que
alertan del peligro que suponen dichas prospecciones. Lo que hoy pedimos es exactamente lo que el propio Parlamento balear exigió, que el Congreso de los Diputados manifieste el rechazo a estas actuaciones e inste al Gobierno a su inmediata
paralización, de acuerdo con los informes de la Comisión balear de Medioambiente y la declaración institucional que se acordó. Eso es lo que pedimos.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista -ya me he referido a la de Coalición Canaria-, compartimos que esto afecta a Valencia, al modelo energético, pero reiteramos que queremos ser explícitos en reproducir la declaración
del Parlamento balear. Por lo que se refiere a la enmienda del Grupo Popular, agradecemos la buena voluntad de su portavoz al presentar una enmienda con ánimo de negociar, pero tiene que admitir que esta enmienda solo prevé lo establecido por la
propia ley, en cuanto a que si la declaración de impacto ambiental es negativa, se paralizarán las prospecciones. Señoría, eso es lo que prevé la ley; no están promoviendo ninguna actuación más allá del propio Gobierno. Otra cuestión que
denunciamos es que el estudio de impacto ambiental es parcial; no incluye todas las consecuencias sociales o económicas en los distintos sectores. Solo incluye, de forma muy parcial, la evaluación ambiental de una parte de los proyectos. Está
fragmentada pero no tiene en cuenta los riesgos ambientales, sociales y turísticos.
Hoy, además, nos levantamos con una nueva noticia que sinceramente nos da todavía menos confianza para poder entrar en una negociación o que el Gobierno esté realmente dispuesto a revocar esas prospecciones y esos estudios. Hoy vemos cómo
Industria pide al consell balear que ratifique sus alegaciones si no quiere dar por confirmada la teoría y la respuesta de la empresa Cairn Energy. ¿Qué quiere decir? El procedimiento del estudio de impacto ambiental recoge las alegaciones, ¿por
qué un
consell tiene que volver a plantear unos informes si no quiere dar por buenas las tesis de la propia empresa? Eso es poner los argumentos de parte de la propia empresa, unos argumentos completamente alejados de la realidad y en los que la
empresa presenta un mundo de color de rosa, como si provocar terremotos en el subsuelo marítimo no tuviera consecuencias sobre el conjunto de la flora y la fauna. Además, si no paralizamos esto a tiempo y después queda rechazado a través del
estudio de impacto ambiental, los costes financieros para el Estado en caso de que quiera revocar van creciendo día tras día, algo que ha admitido el propio Ministerio de Industria y Energía, que en una respuesta a un senador hablaba de que los
costes por lucro cesante podrían subir. Ahora mismo, como no se han encontrado hidrocarburos, revocar la orden no conllevaría esos costes, pero si ustedes permiten mantener los estudios los costes para el conjunto de la sociedad podrían subir. Por
tanto, damos la oportunidad al Grupo Popular de ser coherente con lo que han votado en Baleares y de que den una oportunidad a la lucha contra el cambio climático y al cambio de modelo energético y, sobre todo, a reducir el impacto de los costes que
después acabamos pagando el conjunto de los españoles a empresas que ya han especulado con nuestros recursos marítimos.
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado enmiendas por parte del Grupo Mixto, del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Popular. Por el Grupo Mixto cada enmendante tiene un tiempo de tres minutos, por tanto, como el
Grupo Mixto ha presentado una enmienda, en ese caso a la portavoz de Coalición Canaria, señora Oramas, le corresponderían los tres minutos. ¿Está usted dispuesta a ceder parte de los tres minutos para que su compañero en el Grupo Mixto pueda
hablar?
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señor presidente, le pediría que tuviera la flexibilidad de darnos medio minuto más, porque yo soy muy cumplidora y no hago como otros, que le dicen que sí. A mí me gustaría compartir el tiempo con mi
compañero Joan Tardà, pero calculo que tardaré más o menos dos minutos y medio en mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer una excepción, pero todos los portavoces saben que cuando se ordenan los debates los tiempos están tasados para todos los grupos y que estos son los que son. Usted va a poder utilizar -a ver si es verdad
que es cumplidora- el tiempo que ha dicho y después habrá un minuto o un minuto y medio para el señor Tardà. Esperemos que se ajusten al tiempo, porque vamos muy justos.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Hoy seremos testigos, una vez más, de las dos percepciones del Partido Popular sobre un mismo asunto. Es decir, su férrea oposición a las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y su apoyo sin fisuras
a un proyecto que entraña más peligros en Canarias por la profundidad de las aguas en las que pretenden llevarse a cabo las mismas. Estas contradicciones evidencian que su discurso es más político que científico y, sobre todo, que sus dos caras
obedecen al color del partido político que gobierna en un territorio y en otro. Quienes consideramos que hay que mirar con confianza al futuro para encontrar respuestas que ya no se hallan en el pasado, creemos que existen razones más que
suficientes que justifican nuestra oposición a que Canarias y Baleares sean el escenario de la búsqueda de una fuente de energía antigua, cuyo impacto podría afectar seriamente a nuestro delicado ecosistema. El Gobierno del Estado, carente de ideas
para encarar un futuro que requiere soluciones que pasan por invertir en capital humano y apostar decididamente por la economía del conocimiento y la innovación, pretende dar la espalda a la modernidad y emprender un viaje a ninguna parte con unas
exploraciones que podrían derivar en un modelo económico con consecuencias funestas. La riqueza de Canarias es su paisaje, el entorno privilegiado que representa su mar, la diversidad de especies que habitan en las aguas que nos rodean; un espacio
tan sobresaliente que solo aquellos que cegados por la avaricia del dinero fácil son incapaces de ver que la solución que nos permitirá retomar la senda del crecimiento no se encuentra en el subsuelo sino en la superficie. Las nuevas ideas que nos
ayudan a construir un futuro consistente, ajenos a los intereses de la industria petrolera, pasan por el impulso de las energías limpias. Su huida hacia delante en ambos archipiélagos por parte del Ministerio de Industria, que transita sin
transparencia en los informes de impacto ambiental siendo portavoz de la petrolera Repsol, hace que estos archipiélagos no puedan ser un proyecto cortoplacista que pondría en riesgo dos territorios excepcionales que estamos obligados a entregar
impolutos a aquellas generaciones a las que ya hemos condenado de antemano a pagar la deuda de nuestro errores. No lo tiremos todo por la borda lanzándonos a lo desconocido.
Termino con lo más importante. Escuchen, señores del Partido Popular, estas palabras: El paisaje beneficia a todos, el petróleo solo a la empresa que puede llegar a explotarlo; el petróleo es una energía antigua, sucia y a extinguir.
Estamos en el tiempo no ya del oro negro sino del oro verde. Si se explota el petróleo se acabó un parque natural, se acabó la pesca, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pradera y se acabó el turismo. Estas palabras no son mías,
fueron pronunciadas en 2010 por el diputado don Estaban González Pons y reflejan esa doble personalidad del PP a la que nos enfrentamos y que hoy repite como un mantra el señor Soria, ministro de Industria. Por todo ello apoyaremos esta propuesta,
entendiendo y defendiendo la opción de Canarias y sabiendo que es una estrategia plantear solo el texto popular.
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas, no ha cumplido su anuncio; es decir, no le ha dejado ni un segundo a su compañero, a pesar de que lo había anunciado. No obstante, esta Presidencia, haciendo honor a la flexibilidad que le caracteriza,
va a concederle un turno de un minuto, señor Tardà, que le ruego cumpla, porque su compañera no le ha dejado nada.
El señor TARDÀ I COMA: El tiempo es oro. Solamente quiero decir que estamos totalmente en contra de las futuras prospecciones petrolíferas en el golfo de Valencia y en el mar balear porque nos jugamos el equilibrio medioambiental sobre el
cual se fundamenta la viabilidad económica de las Islas Baleares, básicamente la industria turística y buena parte de la economía del País Valencià. Produce horror pensar el desequilibrio, la desproporción con la que viviríamos si contempláramos
unos hipotéticos ingresos gracias al petróleo comparado con la tragedia que significaría un desastre por la prospección petrolífera en el mar balear. No pueden actuar contra la ciudadanía. Lo ha dicho la diputada Ortíz, 56.000 alegaciones de una
población, la de Ibiza, de 140.000 personas. Además, pocas veces ocurre lo que ha ocurrido, y es que todas las formaciones políticas, desde el Partido Popular hasta la izquierda, todo el mundo se ha puesto de acuerdo en oponerse a este proyecto.
Produce un tanto de sonrojo y creo que provocará mucha desorientación en la población ver que aquí, en el Parlamento español, se actúa de forma distinta a los intereses del territorio y de las personas que generación tras generación han tenido dos
preocupaciones: mantener el equilibrio medioambiental y construir un modelo económico basado en el turismo.
Votaremos a favor porque estamos en contra, como ha quedado clarísimo, de las prospecciones petrolíferas. Gracias, señor presidente, por su tolerancia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà, a que usted lo reconozca. (Risas).
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz.
La señora HERNÁNZ COSTA: Intervengo como representante del Grupo Parlamentario Socialista, pero permítanme que ponga muy especialmente de manifiesto mi condición de diputada ibicenca, de diputada de las Islas Baleares. Lo que pretendo con
esta intervención es trasladar al Congreso de los Diputados, a esta Comisión, el sentir unánime de los ciudadanos de Baleares. Hemos presentado una enmienda en la que pedimos que, además del rechazo de las prospecciones frente a las Islas Baleares,
se tengan en cuenta también las consecuencias que tendrían en la Comunidad Valenciana, pero quiero adelantar, y es importante, que a pesar de que nuestra enmienda sea rechazada votaremos a favor de la proposición no de ley presentada por la
proponente porque la paralización de esas prospecciones es una cuestión fundamental para los ciudadanos de las Islas Baleares. Pocas veces una cuestión -en este caso el rechazo a esas prospecciones- había generado un consenso tan amplio en mi
comunidad autónoma. Desde Ibiza, desde las Islas Baleares, no queremos que comiencen las prospecciones petrolíferas porque somos perfectamente conscientes de los graves daños que las mismas pueden causar al medio ambiente pero también, y quiero
ponerlo de manifiesto, a nuestro único medio de vida: la industria turística. No nos van a traer nada bueno; no es cierto que nos vayan a traer riqueza y trabajo, y pueden destruir todo aquello que tenemos y de lo que vivimos.
Quiero también aprovechar para desmentir algunas de las falsedades que nos ha estado contando el Partido Popular, porque primero nos dijeron que estas prospecciones ya estaban aprobadas y que no había vuelta atrás, y esto es falso. Lo que
tienen otorgadas las empresas concesionarias son permisos de investigación que, sobre la base de la vigente Ley de Hidrocarburos de 1998, pueden ser desarrollados por cualquier empresa pública o privada que acredite su capacidad técnica, legal y
económica. El momento en el que nos encontramos ahora es el momento en que esas empresas deben obtener un estudio de impacto medioambiental positivo para poder obtener la autorización de las prospecciones. La segunda de
las falsedades que el Partido Popular nos ha estado diciendo es que iniciativas como las que hoy presenta La Izquierda Plural, a la que nosotros vamos a dar apoyo, son extemporáneas y no tienen sentido porque lo que debemos hacer es esperar
el estudio de impacto medioambiental. Los ciudadanos de Baleares no estamos tranquilos en esa espera; no estamos tranquilos porque desde que gobierna el Partido Popular la situación está cambiando; de hecho, la está cambiando el Partido Popular.
Mientras que en Baleares el Partido Popular, el president de la comunidad, Bauzá, y el president del Consell Insular de Ibiza, Vicent Serra, se enfundan camisetas azules y pretenden encabezar la manifestación antiprospecciones, aquí, en Madrid, el
Partido Popular del presidente Rajoy y del ministro Soria está dando pasos firmes y convencidos hacia esas prospecciones. Están modificando leyes para que el informe de impacto medioambiental no sea un obstáculo y quede como un mero trámite vacío
de contenido, con aprobaciones como la ley de evaluación de impacto ambiental y la nueva ley de responsabilidad medioambiental.
Señoras y señores diputados del Partido Popular, no nos digan a los ciudadanos de las islas Baleares que las prospecciones ya están aprobadas porque no es cierto y tampoco pretendan decirnos que esta proposición no de ley es extemporánea y
que debemos esperar ese estudio. Si lo que nos van a contestar es que no queda más remedio que esperar esa evaluación, porque revocarla antes de conocer sus resultados supondría un coste millonario inasumible para las arcas del Estado, debo
responderles que es falso ya que, según el informe emitido por el propio Ministerio de Industria, la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de una eventual revocación de los permisos de investigación concedidos en el mar Mediterráneo sería
de 410.00 euros.
He intentado desmontar todos los argumentos que hasta ahora nos ha estado dando el Gobierno del Partido Popular para demostrarles que la paralización de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo es en realidad y únicamente una
cuestión de voluntad política. Pero sobre todo lo he hecho, señoras y señores diputados del Partido Popular, para intentar convencerles de que voten a favor de la paralización de esas prospecciones.
Lo he hecho para intentar trasladar a esta Cámara el consenso y la unanimidad que existe en Baleares en contra de las prospecciones. Lamento mucho haberlo tenido que hacer sin estar presentes ni uno solo de los diputados del Partido Popular
de Baleares que allí encabezan la manifestación en contra de las prospecciones, pero a los que sí que están presentes quiero hacerles un ruego; les pido que escuchen lo que la ciudadanía de las Islas Baleares está gritándonos masivamente (Pronuncia
palabras en catalán). No queremos esas prospecciones y hoy tenemos la oportunidad de paralizarlas. Les pido que su voto sea favorable. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señorías, he seguido con atención la intervención de los distintos portavoces, así como sus declaraciones a la prensa previas al debate de esta proposición no de ley. Considero penoso, señorías, el desconocimiento,
la desinformación y la demagogia, demasiado habituales ya en los partidos de la izquierda española. (Un señor diputado: ¡Muy bien!). Por ello, señorías, creo que es importante aportar objetividad al debate y destacar una serie de aspectos con el
permiso de la portavoz socialista, que ha intentando acotar mi intervención; ha intentado decirme qué es lo que puedo decir y lo que no.
Primer punto. Los permisos de investigación de hidrocarburos fueron concedidos a través de dos reales decretos de fecha 23 de diciembre del año 2010 y que llevan la firma de Miguel Sebastián, ministro de Industria en la etapa en que el
señor Zapatero presidía el Gobierno de España.(Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!). Repito, señorías, los permisos de investigación llevan la firma de Miguel Sebastián durante el Gobierno Zapatero (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego silencio.
Puede proseguir.
La señora DE LARA CARBÓ: Segundo. Los permisos de investigación concedidos son concesiones de dominio en un área geográfica que no autorizan ningún tipo de trabajo en concreto. Al amparo de esos permisos se desarrollan diversas
actuaciones especificadas en los anteriores reales decretos, condicionadas al resultado de su análisis de impacto ambiental. Tercero. La evaluación ambiental de estos proyectos exige la consideración de sus efectos directos e indirectos sobre el
territorio, incluyendo el ser
humano, la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje, los bienes materiales y el patrimonio cultural, así como la definición de las medidas necesarias para evitarlos o reducirlos. Todo ello bajo criterios de máxima
garantía para la protección del medio ambiente y con los más avanzados criterios técnicos y científicos. En la actualidad, señorías, todos los expedientes de evaluación ambiental, y más aún los que se refieren a actuaciones en áreas de alto interés
social, se resuelven con el máximo rigor. Cuarto. Ha sido el Grupo Parlamentario Popular el que introdujo tres enmiendas en la recientemente aprobada Ley de evaluación de impacto ambiental, siendo su finalidad profundizar en la evaluación del
riesgo sísmico de determinadas categorías de proyectos, así como establecer que los proyectos de exploración mediante sísmica marina se someterán siempre a una evaluación ambiental. Esto, señorías, no era obligatorio en la anterior normativa y no
parecía que preocupase a los grupos de la izquierda española porque no había ninguna iniciativa en este sentido. Ahora es cuando la Ley de evaluación ambiental considera la peligrosidad sísmica, natural o inducida, y no antes. Quinto. Conviene
que recordemos que en enero de 2011, fecha de publicación de los reales decretos citados, que conceden los permisos de investigación, la portavoz socialista que ha intervenido, Sofía Hernanz, era la directora insular de la Administración del Estado
en las islas pitiusas. No se conoce una sola declaración, ni una, señorías, en contra de la concesión de esos permisos. Por cierto, tampoco ninguna del anterior presidente balear, el socialista señor Antich. (Rumores). ¿A qué se debe este
cambio, señora portavoz del Grupo Socialista? ¿Cuándo empieza su intranquilidad? En la fecha en que se aprueba el permiso usted no estaba intranquila. Sexto. Los trabajos de investigación sísmica en medio marino son muy frecuentes, señorías, no
solo en el ámbito de la exploración de hidrocarburos, sino con fines puramente científicos, siendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas uno de los agentes más activos al respecto. ¿Lo sabían, señorías de la izquierda? ¿Conocían
ustedes que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se dedica a la exploración sísmica? Parece que ustedes lo desconocían. Séptimo. Como saben sus señorías, es el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el responsable
del análisis de impacto ambiental, y la declaración de impacto ambiental es imprescindible para que Industria pueda otorgar la autorización definitiva de los trabajos de investigación. Octavo y último. El Grupo Parlamentario Popular, consciente de
la trascendencia social relativa a las decisiones sobre las actividades de investigación de hidrocarburos en el Mediterráneo, ha presentado una enmienda que paso a leer textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo
con la máxima exigencia científica y técnica la evaluación ambiental de las actuaciones de investigación de hidrocarburos en el Mediterráneo y, en su caso, a proceder a su paralización en el supuesto de que en cualquier momento de su ejecución se
perciban impactos ambientales significativos.
Termino, señorías. Si realmente están ustedes preocupados por las posibles afecciones ambientales de la exploración sísmica, si sus declaraciones no son demagógicas ni sectarias, pueden ustedes tranquilizarse, la declaración de impacto
ambiental será, no lo duden, rigurosa y aportará la máxima exigencia científica y técnica. Como ya he dicho, la declaración de impacto ambiental es imprescindible para que el Ministerio de Industria pueda otorgar la autorización definitiva.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en turno de fijación de posición respecto de esta iniciativa? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra, por un tiempo máximo de tres minutos, el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Es muy breve el tiempo que me da, pero intentaré explicar algo que me ocurre a menudo con otros temas de importante calado político; debo decirlo porque estamos hablando de energía, de factura energética y,
por lo tanto, de creación o destrucción de empleo, básicamente. Me encuentro en terreno de nadie porque, por un lado, escucho argumentos de partidos que dicen atacar lo que se nos presenta hoy aquí, todo lo que tenga que ver con la prospección de
hidrocarburos, pero que no atacaron en el pasado -caso del PSOE-, o que no nos presentan -como por ejemplo La Izquierda Plural- una alternativa seria y que, además, curiosamente sí que apoyan otros combustibles fósiles que son todavía menos
rentables y más contaminantes que lo que nos ocupan aquí hoy. Yo quisiera huir de esa posición y hacer una intervención un poco más seria o pedir que hagamos un debate un poquito más serio a lo que nos ofrece hoy aquí el Partido Popular, que es
decir una cosa en un lugar, en Baleares, y otra cosa distinta aquí, repito, con un horizonte puramente electoralista, lo que tampoco nos parece serio.
Estamos hablando de factura energética, de apoyar o criminalizar una prospección que para nosotros no debe ser criminalizada per se, siempre y cuando cumpla con los criterios medioambientales y con las leyes de impacto ambiental. Eso sí,
también debo decir que no estamos de acuerdo con las políticas que nos presenta aquí a menudo el Partido Popular y que tienen que ver con costas, medioambiente, etcétera. Hace poco hemos discutido en el Congreso de los Diputados el nuevo proyecto
de ley que nos presentaba el Partido Popular y decíamos que estábamos en contra de cosas que pueden ser muy importantes en un debate como el que hoy nos ocupa, con ese cambio fundamental que presentaban ellos, que cambiaba el orden y que decía que
en lugar de que el que contamina, pagua; el que paga, contamina. Eso puede afectarnos en una situación como la que estamos discutiendo hoy. La excepcionalidad que se establecía en ese proyecto de ley también puede afectarnos en un proyecto como
el que estamos discutiendo hoy. Por lo tanto, tenemos una preocupación y unos peros. No vamos a estar per se en contra de que se estudie, de que se vea cuál es nuestra riqueza en cuanto a combustibles fósiles porque somos realistas, señor
presidente, ya que no podemos defender eso y luego quejarnos de las subidas de la tarifa eléctrica. Somos conscientes de que eso afecta a la competitividad de nuestro país. Somos conscientes de que eso puede afectar a la creación o a la
destrucción del empleo en nuestro país, que creemos que es una de las cosas más importantes a las que nos tenemos que enfrentar ahora.
Sin embargo, pedimos un poco de seriedad, porque se han dicho cosas que tienen que ver con la provocación de terremotos o de movimientos sísmicos que no son ciertas, o se han dicho cosas aquí respecto a cuáles son los métodos de esas
prospecciones que tampoco lo son. Esas prospecciones y esas técnicas para estudiar el subsuelo que se van a efectuar ahora ya se han utilizado, como se ha dicho aquí, por parte del Cesic. Si fuese cierto que van a afectar de la forma que se ha
dicho por parte de algunos de los grupos a la fauna marina, en el Mediterráneo no existiría ya ni un solo salmonete. Perdónenme, no existe, se lo dice un valenciano, pero no es por este tipo de historias, sino por otras muchas que ya hemos estado
discutiendo y por las que nosotros hemos sido muy combativos.
Repito, hagamos un debate serio. No estamos per se en contra de las prospecciones, pero sí estamos por que el Partido Popular amplíe los estudios de impacto medioambiental y las garantías para que este tipo de cosas se puedan hacer sin que
nuestro medio ambiente sufra. No nos fiamos, lo siento, del Partido Popular en cuanto al cuidado del medio ambiente. Por tanto, estamos un poco huérfanos aquí, entre dos aguas. Tampoco nos fiamos de lo que propone hoy el Partido Socialista cuando
hace poco propuso otra cosa. Quisiéramos que La Izquierda Plural nos explicara qué tienen estos hidrocarburos que no tengan otros y cuáles son las alternativas que ellos proponen para que esto no haga que siga sucediendo algo esencial. Hace poco
yo leía un ejemplo clarísimo. Una empresa española prácticamente tenía que cerrar una de sus fábricas aquí porque producir el mismo elemento en Estados Unidos le salía un 40% más barato que aquí por el coste de esa factura energética. Ese es el
debate que tenemos que llevar a cabo aquí. Pongámonos, hagamos un debate serio, hagamos todos esos estudios, traigamos a los expertos, pero por favor hagamos un debate serio porque el tema lo merece.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora, en nombre de Convergència i Unió, su portavoz, don Martí Barberà.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Convergència i Unió cree que la prioridad energética a medio plazo en España, especialmente en Cataluña, no pasa por una intensificación de su dependencia de los combustibles fósiles, sino por una acción
decidida y en profundidad en materia de ahorro y eficiencia energética y por la mejora de la introducción de las energías renovables, especialmente en el ámbito de la energía distribuida y del autoconsumo.
Nos crea una cierta paradoja que un proyecto de futuro como es el proyecto Cefir, de investigación e innovación en el campo de la producción de energía eólica off-shore en aguas profundas, se haya visto paralizado y, en cambio, permitan unas
prospecciones para combustibles convencionales que no son la solución al problema. Teniendo en cuenta las problemáticas que ya está sufriendo el mar Mediterráneo y la importancia del sector turístico en este área, no nos parece que esta actividad
de prospecciones petrolíferas vaya en la dirección adecuada, no solo por las prospecciones sino por el futuro que estas prospecciones están buscando. Los accidentes y los vertidos son problemáticos en este sector. Por tanto, es necesario
establecer de una manera muy precisa los costes y los supuestos beneficios que de ello podrían resultar y no dejarse llevar por falsos espejismos. En tal contexto convulso en materia energética pueden aflorar supuestas nuevas fuentes de
combustibles que en el fondo pueden tener más de acciones especulativas que de soluciones reales en términos energéticos.
Convergència i Unió haría lo de siempre, analizar muy bien proyecto por proyecto, ver si responde a las exigencias desde el punto de vista ambiental y de actividad en general y tener presente el derecho que tienen las empresas a ejercer sus
actividades dentro del marco legal.
Además hay una cosa importante que nos va a hacer votar a favor. No podemos más que respetar una posición unánime de un Parlamento autonómico como el Parlamento de las Illes Balears porque, aunque tal vez no estemos de acuerdo con algunos
grupos que han expresado su política energética, su política de actividades, tenemos que respetar a fondo y sin ninguna duda un acuerdo unánime de un parlamento autonómico. Por ese básico motivo de que el Parlamento autonómico ha votado
unánimemente vamos a apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo de La Izquierda Plural, simplemente para decir a la Comisión cuáles son las enmiendas que acepta, doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: No porque alguien repita que alguien es más serio se convierte automáticamente en cierto. La Izquierda Plural tiene alternativa energética. Emplazo al diputado de UPyD a debatirlo en la Comisión adecuada porque
hemos planteado esa transición energética en reiteradas ocasiones. Como mínimo por contradicción y por las alusiones directas quería dejar eso bien claro. Los estudios científicos a los que nos hemos referido están ahí y cuando quiera los
discutimos, pero me parece una falta de respeto cómo se plantea y quién se atribuye la seriedad o no de la documentación.
El señor PRESIDENTE: Señora Ortiz, no reabra el debate porque tendría que dar la palabra al portavoz de UPyD, que se sentirá aludido. Según lo que tenemos ordenado, este trámite consiste en que usted como grupo proponente nos diga cuáles
son las enmiendas que acepta o no.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Se votará en sus términos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir por unos breves instantes, un par de minutos, la sesión para ordenar las votaciones y a continuación procederemos a la votación, empezando por el proyecto de ley y continuando después por todas las
proposiciones no de ley que han sido incluidas en el orden del día de hoy. (Pausa).
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO. (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones del proyecto de ley que nos ocupa.
En primer lugar, votaciones de las enmiendas. Enmiendas presentadas por el Grupo Mixto de acuerdo con el cuaderno de votaciones que los portavoces han entregado a esta Presidencia.
Enmienda número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En su cuaderno de votaciones tienen la 46 y la 47 agrupadas, pero ha habido una rectificación de última hora y se va a proponer por separado.
Enmienda número 46.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas agrupadas números 47, 48 y 49.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 50.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, uno; en contra, 23; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 52 ha sido objeto de una transaccional y, por tanto, será votada al final.
Enmienda número 53.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 54.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 55.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a proceder a la votación agrupada de las enmiendas 107, 108, 109 y 111.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a proceder a la votación agrupada de las enmiendas 110, 112 y 113.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 114, presentada por el Grupo Mixto, ha sido objeto de una transaccional.
Enmiendas 115 y 116. Se votan conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 117 ha sido objeto de una transacción.
Enmienda número 118.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 119 a 152.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 153 a 155.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda 156, del Grupo Mixto, ha sido objeto de una transacción, que se votará al final.
Enmienda número 157.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 158.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 159.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas de la 181 a la 183.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 184.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 185.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 186.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 187 a 190.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 191.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 192 y 193.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 194 ha sido también objeto de una transaccional.
Vamos a proceder a votar en bloque las enmiendas números 195 a 228, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 229 a 231.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda 232 ha sido objeto de una transaccional.
Enmienda número 233.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, vamos a proceder a la votación de la enmienda número 234, que ha presentado el Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora vamos a proceder a la votación por separado de las enmiendas presentadas por el Grupo de UPyD. En primer lugar, votamos las enmiendas 160, 161, 163 y 164.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 162.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 165.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 166.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 167.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 168.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 169 es objeto de transacción.
Enmienda número 170.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 171 y 178.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 177.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 172, 173, 174 y 176.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 175.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 179.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, la enmienda número 180, presentada por el Grupo de UPyD, es objeto de una transaccional que se votará al final.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo de La Izquierda Plural. Enmienda número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 10 y 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 13, 14 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 16 y 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 19 ha sido objeto de transacción.
Enmiendas 20 y 21.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 22 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda 24 es objeto de una transacción.
Votamos la 25 y la 26.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 27, 29 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 31, 32, 33, 34, 35 y 37.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 36.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 38 ha sido objeto de una transaccional. Se votará al final.
Enmienda número 39.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 40.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 41 ha sido objeto de transacción.
Enmiendas 42 y 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, vamos a proceder a la votación de la enmienda número 44 del grupo que la ha presentado, La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Vamos a proceder a la votación de las enmiendas números 56, 57, 58 y 60.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 59, 61, 62 y 63.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda 64 ha sido objeto de transacción, igual que la 65 y la 66.
Vamos a proceder ahora a la votación conjunta del bloque integrado por las enmiendas que van de la 67 a la 97.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda número 104 ha sido objeto de transacción.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas 101, 102 y 103.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Aquí se separan; no coincide con el cuaderno de votaciones que tienen ustedes. Se va a proceder a votar por separado ambas enmiendas. Primero votamos la enmienda 105.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 106.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Otro error con respecto al cuaderno de votaciones del que disponen ustedes. El bloque de enmiendas que vamos a votar a continuación son la 98, la 99 y la 100.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos, por último, a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Enmiendas números 243 y 244.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 245.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 246 a 248.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 249 a 251.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 252 a 254.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
La enmienda 255 ha sido objeto de una transaccional.
Enmiendas números 256 y 257.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 258 a 263.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 264, 265, 266, 268, 269 y 270.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda 271.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas que van de la 272 a la 276.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14, en contra, 23, abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 278.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 280 y 281.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Las enmiendas 277 y 279 han sido objeto de transacción, así como la 238. Vamos a proceder ahora a la votación de las enmiendas transaccionales 1, 2, 3 y 4, del Grupo Popular. (El señor Alonso Núñez pide la palabra.)
Señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Perdone, presidente. Nosotros no tenemos el mismo sentido de voto en las cuatro, por tanto, hay que votarlas de forma separada. Votaremos favorablemente las enmiendas 2 y 3, pero las otras, no. Si quiere que se
vote conjuntamente, por lo menos por parte del Grupo Socialista, se puede hacer respecto de la 2 y la 3, pero la 1 y la 4 hay que votarlas de forma separada. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Les propongo suspender un momento la sesión para poder ponernos de acuerdo respecto de esta cuestión. (Pausa).
Esta Presidencia suponía que todos los grupos disponían de las enmiendas transaccionales, pero no ha sido así, por tanto, les ruego que disculpen, puesto que no se podía proceder a la votación conjunta porque todos los grupos no tenían los
textos de las enmiendas. Vamos a votarlas por separado.
Enmienda transaccional del Grupo Popular a las enmiendas número 38, de La Izquierda Plural; número 156, del Grupo Mixto; número 180, de UpyD; número 232, del Grupo Mixto; y número 104, de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 2, del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 19, de La Izquierda Plural; número 64, del Grupo Catalán de Convergència i Unió; número 114, de Compromís; de Esquerra Republicana; parcialmente de la
enmienda 255, del Grupo Parlamentario Socialista; y número 169, de UPyD.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número 65, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a las enmienda número 24, de La Izquierda Plural; número 52, del Grupo Mixto; número 66, de Convergència i Unió; número 117, del Grupo Mixto; número 194, de Esquerra Republicana, del
Grupo Mixto; y 238, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a proceder a la votación de la enmienda transaccional número 5 a la enmienda 41, de La Izquierda Plural; y 267, 277 y 279, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Ahora vamos a someter a votación el proyecto de ley con el informe de la ponencia y las enmiendas aceptadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (El señor Agirretxea Urresti pide la palabra). Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Son 16 votos en contra, no 15, presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Agirretxea, usted no ha levantado la mano, por lo tanto, esta Presidencia no tiene la facultad de adivinar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: No se me habrá visto, pero sí he votado. Hagan ustedes lo que quieran. Yo he dado mi opinión.
El señor PRESIDENTE: No tenemos por qué dudar. No le hemos visto y, por lo tanto, ruego que disculpen el resultado de esta votación, que sería 23 votos a favor, 16 votos en contra y 4 abstenciones.
- PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora... (Rumores.) Señorías, por favor, les agradezco muchísimo su colaboración porque la verdad es que ha habido muchas votaciones, pero todavía nos quedan por votar las proposiciones no de ley. Por
tanto, no nos distraigamos y sigamos el orden de las votaciones. Vamos a votar ahora la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió por la que se insta al Gobierno a destinar los recursos procedentes
de las subastas de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero a políticas de cambio climático y a distribuirlos territorialmente entre las comunidades autónomas. Se ha pedido votación separada. La señora Ortiz tiene la palabra.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Solo el punto de desarrollar y aplicar sistemas de captura y almacenamiento de carbón.
El señor PRESIDENTE: ¿Nos puede facilitar qué número es?
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: El cuarto guión. No está numerada.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley antes leída. En primer lugar, votamos el apartado número cuatro de esta proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el resto de la iniciativa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Vamos a someter a votación la proposición que figura en el punto 4.º del orden del día sobre el IVA de la alimentación, que ha sido presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley que figura en el punto 5º del orden del día, sobre medidas para el cumplimiento de la normativa vigente en la gestión del tratamiento de residuos en la provincia de Alicante, para el cierre del vertedero
situado entre Abanilla y Orihuela y para la reparación de daños medioambientales. Esta iniciativa la ha presentado el Grupo Socialista, que la ha autoenmendado. Se somete a votación la iniciativa con la enmienda incorporada.
+El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación la iniciativa relativa al conocimiento y puesta en valor del V centenario de la Obra de agricultura, del autor talaverano Gabriel Alonso de Herrera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley relativa a los efectos del cambio climático en el sector vitivinícola, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, votación de la proposición no de ley relativa a la paralización de las actividades de prospección de combustibles fósiles en el Mediterráneo. Se somete a votación en sus propios términos, porque el grupo proponente no ha
aceptado ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.