CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 513

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 37

celebrada el lunes,

24 de febrero de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias para informar en relación con el proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. Por acuerdo de la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (Número de expediente 121/000075):


- Del señor secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG (Blanco Suaña). (Número de expediente 219/000556) ... (Página2)


- Del señor secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA (Ramos Silva). (Número de expediente 219/000557) ... (Página10)


- Del señor secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, Asaja (Sánchez-Brunete Sánchez-Brunete). (Número de expediente 219/000558) ... (Página19)


- Del señor coordinador estatal de La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (De las Heras Cabañas). (Número de expediente 219/000559) ... (Página25)

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Se abre la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.


COMPARECENCIAS PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO. POR ACUERDO DE LA
COMISIÓN DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 121/000075).


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (BLANCO SUAÑA). (Número de expediente 219/000556).


El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la sesión de la Comisión.


En la reunión de la Mesa y portavoces, previa a esta ronda de comparecencias, se acordó la forma en la que vamos a desarrollar la sesión. Como cada media hora va a comparecer un representante de las organizaciones profesionales agrarias,
sugiero que cada uno de los comparecientes intervenga un tiempo máximo de diez minutos y así los veinte minutos restantes los repartimos entre todos los grupos para que puedan plantear aquellas cuestiones que consideren convenientes.


Doy la bienvenida al señor Blanco, que comparecen en nombre de la COAG y que nos expondrá su opinión con respecto al proyecto de ley.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (Blanco Suaña): En COAG creemos que el proyecto de ley que inicia su trámite parlamentario es de una gran trascendencia para el futuro de la
representación agraria de este país. Por ello, entendemos que es muy adecuado que esta Comisión haya llamado a los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, porque aunque hemos tenido -nosotros como COAG lo hemos tenido y creo
que todos- la oportunidad de reunirnos con distintos grupos parlamentarios, pensamos que debemos aprovechar esta comparecencia para manifestar nuestra opinión.


Tengo que decir que COAG siempre ha defendido y defiende las elecciones agrarias como el medio más democrático para medir la representatividad. Por tanto, no estamos diciendo que no haya un proceso de elecciones para medir la
representatividad a un Consejo Agrario futuro, sino que este tiene que tener todas las garantías democráticas. También queremos decir previamente que no estamos en una situación de deslegitimación. Tenemos legitimidad representativa porque, en
definitiva, esa representación que en este momento ostentamos cada una de las organizaciones agrarias está basada en las condiciones que establece la Ley 10/2009, que mide la representatividad y que tiene unos criterios. Esta ley se aprobó por una
mayoría amplísima en el Congreso de los Diputados y, por tanto, no puede decirse que haya un vacío de legitimidad por lo que se refiere a la representación de las organizaciones profesionales agrarias. Nos preocupa que la opinión pública pueda
entender que no hay legitimidad, incluso que no hay ley que ampare la representación. Hay marco legítimo, estamos representados los que hemos conseguido demostrar que tenemos esas acreditaciones que establece la ley, independientemente de que tenga
lagunas -ya lo dijimos en su momento- o sea mejorable. Además, esa ley es reciente, es del año 2009; es decir, que no estamos hablando de hace quince, veinte o treinta años.


Entendemos que cualquier legitimidad electoral necesariamente debe pasar por procedimientos verdaderamente democráticos, que tienen que atenerse a la Ley del Régimen Electoral General, y creemos que este proyecto de ley no se ampara en ella.
Creemos que cualquier decisión que se tome sobre los censos debe vincularse al ámbito de los profesionales de la agricultura y la ganadería. No puede ser que tomen decisiones de representación quienes no son profesionales y quienes no se juegan,
por tanto, su presente y su futuro principal y directamente en el sector. Para nosotros, estas son cuestiones básicas y fundamentales. Justamente por eso, porque consideramos que esta ley es importante y estratégica, creemos que debería debatirse
en el Pleno del Congreso de los Diputados. Evidentemente sabemos que no está en nuestras manos que eso suceda, pero pediríamos a los grupos parlamentarios que hicieran lo posible para que, además de presentar las enmiendas parciales
correspondientes, hubiera un debate general, contando con la presencia de los responsables del Ministerio de Agricultura, porque creemos que eso da trasparencia al proceso y que es importantísimo.


Opinamos que debería tenderse al consenso. Una ley de esta trascendencia debe ser consensuada. En COAG nos preguntamos, ¿por qué se hace esta ley contra el parecer de las tres organizaciones agrarias representativas? Hay tres
organizaciones que representan a la inmensa mayoría del campo en

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este país y, con matices -evidentemente no voy a hablar en nombre de los demás porque sería un enorme atrevimiento-, sé que coincidimos en muchas cosas. Consideramos que debería darse una oportunidad al consenso, porque aunque ha habido
reuniones en el Ministerio de Agricultura realmente no ha habido una negociación a la máxima altura; no ha habido una negociación que nos llevara a un consenso. Tengo que decir que, independientemente de las lagunas -que las había y las
censuramos-, en la ley vigente hubo consenso y cada parte pudo exponer sus planteamientos. Seguramente no salió a gusto de nadie en particular, pero se hizo una ley de consenso con las organizaciones agrarias y, por supuesto, también entre los
grandes grupos políticos. En este momento ni con los partidos políticos ni con las organizaciones agrarias se está alcanzando -al menos hasta ahora- un consenso. Nos gustaría -no sé cómo podría ser el trámite parlamentario- que se llegara a un
acuerdo.


Debería darse tiempo. ¿Por qué esta precipitación si ahora hay una ley que regula la representación? ¡Con la cantidad de cosas que tenemos que hacer en lo que queda de legislatura! Queda la aplicación de la reforma de la PAC y todo lo que
se refiere al segundo pilar, que es territorial, sí, pero que, en definitiva, es a lo que nos tenemos que dedicar durante este tiempo. También está pendiente todo lo que es la ley de mejora de la cadena alimentaria, con lo que eso significa.
Tenemos mucho trabajo y no entendemos por qué tenemos que meternos en esta cuestión, por qué no se puede dar margen a ese consenso. Al mismo tiempo nos preguntamos por qué no ha pasado por el Consejo Económico y Social. Se lo pedimos al ministro y
este nos contestó que no era necesario porque no afectaba a los intereses socio-económicos y laborales del sector agrario. Nosotros entendemos que afecta plenamente a los intereses sociales del sector agrario, y los de representación lo son. En
todo caso, la ley actual se remitió al Consejo Económico y Social para que emitiera su dictamen. Ahora no se ha hecho y eso deja lagunas importantes que lamentamos.


También tenemos que señalar, de manera general, que deberían incluirse en esta ley las funciones de las organizaciones profesionales agrarias. Se echa en falta justamente eso. En alguna parte tiene que quedar claro cuáles son nuestras
funciones. La función de representación institucional, de reivindicación y de negociación en defensa de los intereses profesionales y socio-económicos de los agricultores y ganaderos debería reflejarse, como se hace ahora en la Ley 18/2005, que
deroga la Ley de Cámaras, de 1986, en la que ya se recogía. En esta ley también debería hacerse así.


La primera objeción que COAG quiere hacer es la dicotomía entre consulta y proceso electoral. Creemos que se reviste de consulta algo que en el fondo es un auténtico proceso electoral y que tiene unas consecuencias, ya que mide la
representatividad, tiene consecuencias por lo que se refiere a la financiación pública de las organizaciones agrarias y, además, afecta a la asignación del patrimonio agrario. Esto no se puede hacer mediante una mera consulta. La consulta permite
no acogerse estrictamente al procedimiento de la Ley del Régimen Electoral General y a sus condiciones. Entendemos que si fuese un proceso electoral habría más garantías. Queremos que haya un proceso electoral, cumpliendo con la Ley del Régimen
Electoral General, que nos dé las máximas garantías. Se dice que, supuestamente, aunque sea una consulta se han adoptado todas las garantías similares a un proceso electoral, y nosotros lo ponemos en cuestión. Por ejemplo, es patente que no se
establece un número de mesas electorales adecuado a la dispersión del sector agrario y a las condiciones de participación de los agricultores y ganaderos, cuando debe darse una oportunidad clara a dicha participación. Se sabe que la dispersión por
pueblos en el medio rural es importante y, por tanto, hay que acercar al máximo el procedimiento electoral a los electores. No es asumible, desde nuestro punto de vista, una sola mesa por cada 1.400 electores. Dirán ustedes que eso es el máximo,
pero cuando venimos de plantear en borradores anteriores una sola mesa por cada provincia, está claro que se pretende establecer esos límites por mesa electoral.


El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Blanco, pero es que ha consumido ya los diez minutos. Permítame que le recuerde -el tiempo pasa volando-, porque quizá no he sabido explicarlo bien, el objetivo de estas comparecencias. Todos los grupos
parlamentarios conocen el proyecto de ley y no se trata tanto de que usted dé su opinión, que es muy respetable, naturalmente, sino de las preguntas que puedan formularle para que aclare determinadas cuestiones. Le ruego que tenga en cuenta esta
consideración, porque están citados otros comparecientes.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (Blanco Suaña): No sabía de qué tiempo disponía exactamente.

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Ya he hablado de la cuestión de las mesas. Desde nuestro punto de vista, falta regulación de la campaña electoral; falta regulación por lo que se refiere al censo electoral; falta regulación adecuada en lo referente a la elección frente a
siglas, evidentemente, una lista electoral. De ninguna manera podemos estar de acuerdo con el censo que se establece, no solo de profesionales sino de profesionales y de no profesionales, porque creemos que es un planteamiento arbitrario y
contradictorio con el contenido del proyecto de ley. Entendemos que el propio Consejo Agrario tiene menos competencias y menos capacidad de negociación que el actual Comité Asesor Agrario, que tiene un objetivo consultivo, porque de hecho solo va a
estar el presidente, pero no está, como sucede en este momento, la plana mayor del Ministerio de Agricultura. Las OPA deben participar en las juntas electorales y en la comisión central, que están al margen. Creemos también que hay que establecer
condiciones para que se permitan las coaliciones electorales territoriales. Hay que aumentar la base de representación al 20%, y aún así se garantizarían cinco organizaciones en el supuesto teórico, pero la participación es importante. Creemos que
el patrimonio sindical debe ser equivalente a la representación obtenida y no se puede repartir cada cinco años; no lo vemos factible. En cuanto a las subvenciones, debería haber una parte fija y otra variable.


Finalmente, creemos que en esta ley hay una modificación de las definiciones de agricultor profesional y deberíamos tenerlo muy en cuenta.


El señor PRESIDENTE: Siento haberle hecho acelerar, pero el tiempo nos limita a todos.


Intervendrán ahora los grupos de menor a mayor. Por tanto, por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Creemos que lo importante de esta comparecencia es escuchar a los comparecientes y no que nos escuchen ellos a nosotros. Nosotros no teníamos inconveniente en que se alargase la intervención del señor Blanco -la
suya y la de otros-, sobre todo cuando estaba sirviendo para tener una visión de la opinión de COAG, que nos parece muy interesante, así como también la de las otras organizaciones profesionales agrarias que intervendrán a continuación.


Coincido con él en algunas cosas, pero desde una realidad que debemos tener en cuenta, y es que estamos hablando de un ministro que si no está en funciones poco le falta, porque no sabemos si el mes que viene va a seguir ocupando la cartera.
Uno lee las informaciones publicadas en la prensa y llega a la conclusión de que quizá lo que estamos haciendo aquí no tendrá proyección de futuro.


Le pediría que profundizase un poco más -porque nos parece muy importante- en lo que tiene que ver con las garantías electorales. Si vamos a un proceso electoral tiene que ser con plenas garantías. Nosotros, como usted sabrá, ya somos
críticos con la Ley Electoral actual, y si, además, se rebajan las garantías, nos parece que se pueden ocasionar distorsiones. Lo importante no es tener una consulta, porque para eso están las empresas demoscópicas, las que se dedican a hacer
encuestas. Usted habla de agricultores profesionales y nos gustaría que lo detallase más.


Finalmente, repito que lo importante aquí es conocer su opinión.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS COAG (Blanco Suaña): Señor Centella, nosotros creemos que tiene ese déficit...


El señor PRESIDENTE: La práctica habitual es que usted conteste al final a todas las sugerencias. De todas formas, si usted prefiero hacerlo uno por uno, le daría la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS COAG (Blanco Suaña): Lo haré como tenga que ser.


El señor PRESIDENTE: Puede ir apuntando las sugerencias de los distintos grupos parlamentarios.


Tiene ahora la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Le formularé ocho preguntas muy concretas, a algunas de las cuales solo puede responderse con un sí o con un no. En función de si asiente o deniega con la cabeza iré formulando la siguiente.


¿Considera del todo inaplicable la Ley 10/2009? Si es así, se consideraría oportuna su derogación. Entiendo que en su exposición ha dicho lo contrario, es decir, que no consideran que sea inaplicable la Ley 10/2009 y, por tanto, no creen
oportuna su total derogación. Esto nos lleva a la pregunta que

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consideramos más importante. ¿Considera la COAG necesario este proyecto de ley? ¿Les da garantías de seguridad jurídica el hecho de que este proyecto de ley se articule a través de la fórmula de la consulta y no como un proceso electoral
normal? ¿Consideran contradictorio que el concepto de circunscripción única tenga que tener dos supuestos para conseguir representatividad en el Consejo Agrario, el del 15% y el de la representatividad en seis comunidades, con un mínimo del 5%,
cuando siendo circunscripción única quizá valdría con uno solo? ¿Cómo valora su organización la duplicidad de procesos electorales en las comunidades autónomas que actualmente han hecho los deberes, es decir, que hacen regularmente las elecciones
agrarias?


En cuanto al censo, por mucho que la disposición adicional tercera permita que las comunidades autónomas puedan convocar procesos electorales, incluso de manera conjunta a la consulta regulada en la presente ley, nos surge la duda, en caso
de que los procesos no sean simultáneos, de cómo se podrían elaborar estos censos. El artículo 10.2 de este proyecto de ley dice textualmente que los datos personales que figuren en el censo solo podrán ser utilizados por los órganos previstos en
esta ley y para los fines de la consulta. La pregunta sería: ¿Este hecho puede imposibilitar que se celebren elecciones en las comunidades autónomas al no poder elaborar los censos? La última: ¿Estaría de acuerdo en que la aplicación de esta ley
en los términos establecidos puede devaluar las elecciones y los procesos electorales en las diferentes comunidades autónomas?


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solsona.


Tiene la palabra don Alejandro Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Iniciamos la tramitación de esta -entre comillas- polémica ley que nos ha remitido el Gobierno y que los grupos de la oposición, al menos el Grupo Socialista, desconocen a qué interés responde. El compareciente, al
que agradecemos su exposición, se preguntaba por qué se hace esta ley. Lamentablemente, el Grupo Socialista no le va a poder contestar. No sé si el portavoz del grupo mayoritario, del Grupo Popular, que apoya al Gobierno, le podrá contestar. Yo
le preguntaría: ¿Qué piensa usted que hay detrás? El ministro, en su primera comparecencia, anunció la presentación de este proyecto de ley, con un planteamiento, desde mi punto de vista, muy personal, pero algo tendrá que haber detrás. A algo
tendrá que responder que el Gobierno, el Partido Popular, derogue y modifique radicalmente un proyecto de ley, el vigente, que, como usted ha dicho, fue aprobado en la pasada legislatura con el tenor literal pactado entre el Partido Socialista y el
Partido Popular. No fue un proyecto de la mayoría que fue sumando votos; el texto definitivamente aprobado fue el pactado por el Partido Socialista y el Partido Popular, y hay diputados del Partido Popular aquí, en la Comisión, que aseverarán lo
que estoy diciendo.


Sorprende el procedimiento elegido. Se cambia el procedimiento de la ley anterior, que era sumar procesos para la determinación de la representatividad en las comunidades autónomas y, a través de esa suma, determinar la representatividad a
nivel del Estado, por un proceso electoral descafeinado, llamado consulta, que tendrá que convivir con los que mantengan las comunidades autónomas. ¿Cree que es posible que en una comunidad autónoma, incluso el mismo día o con unos días de
diferencia, para medir la representatividad, pueda haber dos censos, el de la comunidad autónoma, que es el antiguo, en el que solo votan los profesionales, y otro distinto para otras elecciones, las estatales? Eso podría darse. Me gustaría que
profundizáramos un poco más. Votando con el procedimiento antiguo, votaban en torno a 250.000 agricultores profesionales. Ahora ¿cuántos cree usted que van a votar? Tratando de profundizar más, nos gustaría saber, si han hecho algún análisis,
quiénes son, a qué sociología responden esos nuevos votantes y dónde están localizados en el territorio. También me gustaría saber si ustedes creen que la ley, desde el punto de vista jurídico, tiene aval suficiente o si, por el contrario, el hecho
de que no haya pasado por el CES, el hecho de que no acompañe a la ley ningún informe jurídico -por supuesto, no ha pasado por el Consejo de Estado, pero tampoco hay análisis jurídico del propio ministerio- lleva a que pueda ser recurrida y
eventualmente anulada.


Coincidimos con usted en las dudas que ha planteado sobre el proceso electoral. A nosotros no nos parece -lógicamente, tendremos que combatirlo en el proceso- que pueda haber elecciones si no están sometidas al régimen electoral general.
Lo otro se puede llamar de cualquier manera, pero no son elecciones. Tendríamos que buscar fórmulas, si la mayoría lo consiente, para intentar mejorar el proyecto de ley.


Hay un tema que me gustaría conocer. Si las elecciones se celebran en los plazos que prevé el Gobierno, es decir si se aprueba la ley dentro de un par de meses y hay elecciones, ¿han evaluado ustedes cuánto costaría a cada organización
profesional este proceso? ¿Cuánto supondría esto en

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relación con la financiación que en este momento tiene su organización profesional para el resto de funciones, para explicar la PAC, para ayudar técnicamente a los agricultores, etcétera? ¿Qué supondría esta cuña del proceso electoral?


Veo que la luz está roja. Tendría alguna pregunta más, pero se la haré a alguna otra organización profesional.


El señor PRESIDENTE: Puede hacerla. No ha pasado demasiado de su tiempo.


El señor ALONSO NÚÑEZ: ¿Sabe usted si existe en la Administración española algún órgano consultivo en el que para determinar la representación de sus miembros se exija un proceso electoral previo? No sé si me he explicado suficientemente.
Hay consejos consultivos prácticamente en todos los ministerios y en algunos hay dos, tres o cuatro y tienen sus representantes. Yo lo he buscado y no he encontrado ninguno, pero a lo mejor ustedes lo conocen. ¿Hay algún consejo consultivo en la
Administración del Estado que exija un procedimiento previo de elecciones a nivel nacional? En esta línea, se me ocurren muchas preguntas. No sé si sería lógico -esto ya no se lo pregunto usted- que planteáramos, por homologación, que para elegir
a los representantes de la CEOE, por ejemplo, en los órganos consultivos del Estado la sometiéramos a unas elecciones. En la agricultura hay un tema de fondo, que, por equiparación, habría que homologar o tratar de extender a otras organizaciones,
a otros órganos consultivos, porque desde nuestro punto de vista no debería ser una excepción.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Bibiano Serrano.


El señor SERRANO CALURANO: Quiero agradecer a Miguel Blanco, secretario general de COAG, su comparecencia en esta Comisión. En varias ocasiones hemos tenido el placer de atenderle en el grupo para escuchar sus reivindicaciones respecto a
esta ley. Compartimos con él algunas de las cosas que ha comentado, pero estamos en el inicio de un trámite parlamentario abierto, que puede ser más largo o más corto en función de que haya más o menos consenso o en función de que se acepten o no
las enmiendas que se propongan.


El señor Blanco ha comentado que no tiene garantías democráticas porque no se atiene a la Ley General Electoral. Yo le preguntaría: ¿Considera usted que Comisiones Obreras, con el procedimiento actual con el que desarrolla sus elecciones,
está menos legitimada que lo estarían los resultados de representatividad del sector agrario? La comparativa es la misma. ¿Considera usted que aprobar esta ley en el Pleno del Congreso de esta Cámara o no, cuando la Comisión tiene competencias
plenas para aprobarla y aquí no se hurta el debate, porque se tratan las enmiendas y hay el mismo debate que puede haber en el Pleno, puede darle más o menos legitimidad, por decirlo de alguna manera?


En cuanto al consenso, le puedo garantizar que nuestro grupo parlamentario va a intentar por todos los medios a su alcance que el consenso sea total y absoluto. Lo vamos a intentar. Estamos al inicio del trámite de una ley. Ha habido un
plazo abierto de enmiendas, que se ha prorrogado nuevamente y en el que los distintos grupos están presentando las enmiendas pertinentes. Después las estudiaremos, las valoraremos conjuntamente con ustedes, con las organizaciones agrarias, que son
las verdaderas dolientes de esta ley, y le puedo garantizar que al final habrá un consenso.


Precipitación. No considero que haya habido precipitación, señor Blanco. Ha habido ya cuatro borradores. El ministerio ha tenido multitud de reuniones con las organizaciones agrarias para discutir esta ley. Me consta que ustedes han
hecho aportaciones a la misma, conjunta y separadamente. Ha habido reuniones intensas.


En cuanto a pasarla por el CES, se trata de un trámite legal. Se cumple o no cumple, es preceptivo o no es preceptivo y no hay más. No hay un ánimo de esconder nada. Simplemente, si el trámite no es necesario, no huelga hacer el proceso
más ágil.


¿Considera usted, señor Blanco, que el hecho de que la consulta que se va a hacer vaya dirigida a organizaciones agrarias, a siglas, y no a personas da más o menos representatividad a aquellos que la saquen, matizando que pueda haber
fusiones entre distintas organizaciones agrarias a nivel nacional o regional?


Nos ha solicitado en varias reuniones que subamos al 20% en vez del 15% y que en vez de en seis sea en once comunidades autónomas, si mal no recuerdo. ¿Querría explicarme un poco el porqué de esto?

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No voy a extenderme más. Simplemente le reitero la voluntad de este grupo parlamentario de escucharle cuantas veces sea necesario y de hacer el mejor proyecto de ley de representatividad del sector agrario en España, porque consideramos que
es necesario, después del tiempo transcurrido y después de ver que la ley 10 se remite a unos procesos electorales en comunidades autónomas que no se han celebrado. Entendemos que hay que determinar la representatividad con una ley, con esta o con
la que se consensúe. Repito, estamos abiertos al diálogo y a la negociación de esta ley.


El señor PRESIDENTE: Don Miguel, tiene la palabra para contestar a las preguntas que le han formulado los portavoces de los diversos grupos parlamentarios. Tome a título indicativo lo de los tiempos. No se agobie.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS, COAG (Blanco Suaña): ¿Garantías democráticas? ¿Cuáles? Señor Centella, nosotros, cuando censuramos que no tiene suficientes garantías
democráticas, nos referimos a que no puede ser que con una, dos, tres e incluso cuatro mesas electorales en una provincia se pretenda garantizar la participación. No, de ninguna manera. El nivel de abstención va a ser brutal y la ley se va a
deslegitimar por sí misma. Va a costar mucho. El ministro decía en El Norte de Castilla anteayer: Si los agricultores van a una manifestación a Madrid, ¿no van a ir a 30 o a 40 kilómetros de su pueblo? ¡Hombre! A las manifestaciones a Madrid
viene muy poca gente. Como solo participen en las elecciones los que vienen a las manifestaciones a Madrid esto va a ser un fracaso absoluto. Hay que dar oportunidades. Hay once procesos electorales en once comunidades autónomas. En algunas hace
ya mucho tiempo que no se convocan, pero en todas aquellas comunidades en las que se convocaron y en aquellas en las que ahora se convocan se ponen mesas en todos los municipios o en censos de 50, de 60, es decir, algo razonable para que todo el
mundo pueda participar. ¿Eso tiene un coste económico? Pero de qué estamos hablando entonces. ¿Solo vamos a soportar nosotros, como organizaciones agrarias, ese coste, que, por otro lado, no vamos a poder soportar? No. Lógicamente, lo tiene que
soportar el Estado si de verdad quiere hacer unas elecciones participativas. Desde nuestro punto de vista, si no hay mesas electorales cerca, muy próximas a los electores, no tiene garantías democráticas -así lo decimos- porque no se da igualdad de
oportunidad en el voto a todos los agricultores y a todos los ganaderos. Si no se regula una campaña electoral -y no se regula-, si no se ponen límites al gasto, si no se hace una auditoría sobre el mismo, si no se establecen criterios sobre de
dónde han de venir esos ingresos y cómo, ¿a quién se puede favorecer? Pues lo mismo se favorece a unos en contra de otros, y no estoy hablando en contra de nadie ni a favor de ninguno. Se tienen que poner unas condiciones, como en todos los
procesos electorales. Hay que regular la campaña electoral. Tampoco se establece un criterio de utilización del censo. Sí, se nos va a pasar el censo, pero ¿se nos va a permitir utilizarlo? Eso hay que regularlo perfectamente.


Por otra parte, ¿es democrático, desde nuestro punto de vista, que se abra el censo a la posibilidad de elegir a aquellos que no son profesionales del sector? Arbitrario es que se establezcan criterios económicos para poder votar. Vayamos
de nuevo a los once procesos electorales -algunos hace ya mucho tiempo que se han dado, pero otros se siguen dando: Cataluña, Castilla y León y Madrid- y veremos que en todos ellos el censo es el que estamos planteando, es decir, profesionales que
lo son en cuanto que por su actividad cotizan a la Seguridad Social agraria más las personas jurídicas. ¡Cuidado! A veces se ha dicho que las queremos excluir. ¡Qué va! Por eso hablamos de en torno a 320 o 330.000, eso habrá que verlo. Si
hablamos de personas jurídicas, estamos hablando de entorno a 40.000 o más y estamos hablando de todo, desde sociedades anónimas hasta cooperativas, siempre que tengan como actividad fundamental la agricultura. ¿Cómo vamos a abrir este censo a casi
500.000 personas que pueden no tener actividad ninguna, a aquellos, por ejemplo, que reciban 3.000 euros de las ayudas de la PAC? Las ayudas son desacopladas y hoy por hoy no hace falta tener actividad para cobrarlas. Esto es totalmente
contradictorio con lo que acaban de aprobar la conferencia sectorial y el ministerio sobre quién ha de ser el perceptor de las ayudas, que ha de ser el agricultor activo, y encima se ponen condiciones. Es contradictorio incluso con lo que se dice
del 25% del conjunto de los ingresos. Puede pasar que haya un agricultor que ingrese por su actividad 15.000 euros y una persona que solo ingrese 3.000 o 3.500 de ayudas, que no tiene nada de actividad, y que pueda votar el de los 3.000, que no
tiene actividad, y no el de los 15.000, porque no cumple con el 25% del conjunto de sus ingresos. Hemos de poner orden en esto. ¿Quién tiene que votar? Tiene que votar el profesional, la profesional, hombre y mujer. El ministro dice en las
declaraciones que ha hecho en El Norte de Castilla, que he leído este fin de semana, que hay un millón de agricultores en este país. ¿Se quiere abrir el censo a un millón? Hay un millón de agricultores. No; hay

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un millón de titulares. Hay novecientos y pico mil perceptores PAC y luego agricultores y ganaderos profesionales son los que son. ¿Quiere decirnos el ministro que se abre al millón? Y si solo son 500.000 en el censo, ¿quiere decir el
ministro que a los otros 500.000 se les va a privar de un derecho? Esto es totalmente contradictorio. Por favor, centrémonos en los profesionales del sector en este país. Hay otras muchas cosas, por ejemplo, la regulación del voto por correo.
Hay una parte que está regulada, la primera, pero la segunda no, y no hay garantías en el voto por correo, que puede ser importante en unas votaciones como éstas, en las que puede haber mucha dispersión. Nos preocupa enormemente que no se garantice
el voto por correo y, desde nuestro punto de vista, no se garantiza. Todo esto es lo que nos hace manifestar nuestras dudas sobre el contenido democrático de la consulta. Eso es lo que nos lleva a decir, como lo hemos dicho a otros grupos con los
que nos hemos ido reuniendo -aún no nos hemos reunido con todos-, que nosotros, como COAG, vamos a pedir todas las garantías democráticas y, en último término, iremos al Supremo, y lo vamos a hacer además junto con otras organizaciones, es decir, no
nos vamos a conformar.


Me preguntaba Marc Solsona si este proceso era necesario y si es aplicable la ley de 2009. No es que estemos plenamente satisfechos con la ley de 2009, pero es una ley que existe y es de consenso. Nos podemos acreditar todos los días, no
hace falta esperar. Hay que hacer una nueva acreditación cada cinco años, pero el que tiene acreditación puede ir todos los días a la ventanilla y decir: Aquí estoy yo, con todas las acreditaciones que me pide la ley. ¿Es perfecta esta ley? No.
Somos los primeros en decir que no. Pero ¿es necesaria otra ahora? No, claramente no. Ahora bien, ¿esta se debería modificar e irse mejorando? Sí. ¿De qué manera? Con consenso y con tiempo. ¿Por qué hemos de precipitar ahora una ley a marchas
forzadas? Bibiano, es verdad, hemos hablado mucho, nos hemos sentado no sé cuántas veces y hemos hecho propuestas, pero no la hemos negociado. Negociar quiere decir que no va a salir todo lo que planteemos, pero hay determinadas cuestiones que son
básicas, como algunas de las que estamos diciendo, que se tendrían que conseguir si se consensuase, como mínimo el censo de profesionales o que sea realmente un proceso electoral.


Circunscripción única. Aquí puede que no coincidamos. Nosotros apostamos por compaginar dos cosas. Por supuesto, es una circunscripción única y una representación que nosotros queremos llevar al 20%. Se me preguntaba por qué el 20%.
Nosotros queremos plenas garantías de representación. El 20% da oportunidad de que haya cinco organizaciones. Ya sé que esto puede parecer un poco demagógico. ¿Cómo va a haber cinco? Sí. Veinte por cinco, cien, es decir, puede haber cinco. Si
solo hay dos, será porque la gente quiera, pero puede haber cinco, puede haber cuatro, puede haber tres, es decir, da opción y es mucho más consistente. Cuanto más número de organizaciones representativas, con una representación pequeña, haya más
se diluirá la representación y más se debilitará la participación de los agricultores y ganaderos. Nosotros planteamos el 20%. No planteamos once comunidades. Lo que decíamos era sí a las seis comunidades -con eso nos salimos aparentemente de la
circunscripción única-, pero con un porcentaje mayor en cada una de esas seis. ¿Por qué? Porque entendemos que la representatividad no se puede ganar en una o en dos comunidades solamente. Esto ya lo defendíamos en la anterior ley. Por eso digo
que podemos coincidir o no y que respetamos todas las opiniones. En todo caso, nosotros nos quedaríamos con lo principal, que es: circunscripción única y 20%. Ahí, discutiríamos sin ningún problema, entendámonos, pero creemos que es mejor que se
consolide una representación más amplia.


¿Hay duplicidad con las comunidades autónomas? Lo que hay es un lío monumental. No tiene por qué haber duplicidad. Yo soy de Castilla y León, que va a seguir su proceso -supongo que Cataluña también-, porque no va a renunciar a él, puesto
que además, dicho sea de paso, es plenamente democrático, pero si un proceso se hace de una manera y otro proceso se hace de otra, los agricultores acabarán por no ir a votar; esto en cuanto a los procesos electorales que ya se están dando. En
cuanto a la simultaneidad, claro que se puede hacer, pero lo tiene que regular cada comunidad autónoma, no lo puede regular el Estado, porque es competencia de la comunidad autónoma y no del Estado. ¿Puede hacerlo simultáneamente? Sí. ¿Puede
hacerlo ese mismo día? Sí. ¿Puede ser un cacao -perdón por la palabra- impresionante? Sí, porque uno es con un censo, otro con otro censo, uno es con unas condiciones, con unas mesas en todos los pueblos, otro con dos o tres mesas provinciales...
¡Por Dios! Si alguien se atreve a hacer eso, va a ser un auténtico fracaso. Claro que se puede simultanear, pero va a ser un desastre.


Me pregunta don Alejandro Alonso por qué se hace esta ley. Usted no lo puede contestar. Hemos hablado con unos y con otros y se lo hemos dicho a todos los grupos: No sabemos por qué. No queremos pensar que se haga para que aquellos que
levantan más la voz no la levanten tanto. Quizás se pueda

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pensar que los que levantan más la voz son los menos representativos y por eso necesitan levantarla más. Espero que no sea así. Unas veces levantamos más la voz y otras la levantamos menos, pero no por eso somos más o menos
representativos. Espero que no sea por eso, que no se haya pensado: Vamos a ver cómo podemos limitar la capacidad de representación de alguna gente si no estamos muy conforme con lo que piensa. No quiero creer que eso sea así. Quiero creer que
es un compromiso que viene de muy atrás, que no acabamos de entender muy bien y que es absolutamente inoportuno en este momento. Vuelvo a insistir, porque son declaraciones públicas del ministro, en que la representación ya no es treinta y tres,
treinta y tres, treinta y tres. Eso pasó a la historia. Con la ley actual ya no tenemos una representación paritaria, cada uno tiene la suya, y ya no se financia cada organización por el treinta y tres; según la ley actual cada una se financia
sobre la base de su representación, que es distinta. Por tanto, ya no representamos todos lo mismo. Esto hay que decirlo.


¿Este proceso electoral será descafeinado? Sí. Por poca participación va a ser totalmente descafeinado, no va a servir. Muchos -nosotros en particular vamos a hacerlo- van a poner en cuestión esta ley como no se alcance un nivel de
representación alto, y en estas condiciones no se va a alcanzar. ¿Cuántos van a votar? Ya lo dije antes, podrían llegar a los 500.000 e incluso superarlos. ¿Tiene aval jurídico? ¿El CES y el Consejo de Estado le dan más aval jurídico que el
Congreso, el Senado, esta Comisión? Evidentemente, está todo reglado, pero que la anterior haya pasado por esos trámites de información y que esta no pase no nos gusta y nos hace pensar que puede que se tenga miedo a un informe desfavorable, porque
con un informe desfavorable del CES o del Consejo de Estado, por más que no sea vinculante, la ley se cae literalmente, y es muy probable que la razón se la dieran a las organizaciones agrarias y no al Gobierno que presenta esta ley a trámite
parlamentario. Desde nuestro punto de vista, esto, aunque no le quite aval jurídico, devalúa el procedimiento democrático.


¿Recursos que tenemos las OPA? Quien más dinero tenga, seguramente más votos sacará. Si hubiera en cada pueblo una mesa ya no sucedería esto. Si esa mesa se aleja a la comarca ya es grave. Si solo hay dos o tres mesas en la provincia, el
que más recursos tenga ganará, aparte de que unos tenemos más implantación y otros menos. Esa es la realidad. ¿Quién puede llevar a la gente a votar? ¿Quién puede contratar autocares? Se dice: Que vaya la gente libremente. No. Aproxímate a la
gente, no hagas que la gente se aproxime a ti, como en todos los procesos electorales. Si en las próximas elecciones al Parlamento Europeo pusiéramos una, dos, tres o cuatro mesas en cada provincia esto sería un desastre total y absoluto. Lo mismo
pasa con las demás. Nosotros no tenemos recursos, y lo tenemos que decir así, entre otras cosas porque se nos ha ajustado la financiación de una manera dramática y apenas tenemos estructura para representar lo mucho que se nos pide que
representemos. Ya no tenemos ni siquiera estructura para eso. No tenemos dinero para pagar el Copa-Colleca en Europa. Ya no se nos da ni siquiera para pagar la representación internacional. ¿Cómo vamos a tener para pagar un proceso de este tipo?
No tenemos. No sé si alguien tiene, pero nosotros no tenemos dinero para eso, ni la Administración dispone que lo tengamos, ni siquiera lo tiene para un proceso que dé ocasión a la participación. Es verdad, en los órganos consultivos nos vemos con
mucha gente que no necesita demostrar lo que es, porque lo es per se, y no se le pide que haya proceso electoral ninguno. A nosotros se nos va pidiendo por todos los sitios. Pero si lo tenemos. Todavía se nos pide más, pero hágase bien.


Bibiano, es verdad que hemos hablado, pero ¿por qué quiero que se haga en el Pleno y no solo en esta Comisión? Cuantas más oportunidades se den al debate más se dan al consenso. Ese es nuestro punto de vista. Además, en ese Pleno se
implicarían todos los diputados, incluso aquellos que no atienden a los temas de agricultura porque no son los suyos, porque creemos que es bueno dar participación a todo el mundo. Ahí estarán el ministro, que, lógicamente, tiene argumentos para
defender su proyecto, y todos los grupos parlamentarios dando a este tema la importancia que opinamos que tiene. Repito que creemos que debería ir al Pleno. Además, nos gustaría ser invitados para ver cómo se manifiesta cada grupo, porque en ese
Pleno habrá un debate entre todas las partes. Nosotros apostamos por eso.


Ha habido cuatro borradores y bastantes reuniones técnicas. Creo que hemos hecho grandes aportaciones, porque la verdad es que el primer borrador no tenía pase. Hemos trabajado y hemos colaborado bastante, pero, Bibiano -ya lo hemos
comentado-, no ha habido negociación. La negociación es otra cosa, y nosotros sabemos lo que es porque hemos negociado otras veces. Hay un interés por sacar lo básico, como va a salir, pero sin negociación.


Voy terminando, señor presidente. Siglas en lugar de personas. ¿Es más o menos legal o legítimo? Todos los del equipo hemos estado mirando y no hemos encontrado ningún proceso democrático en el que se voten siglas. He participado ya en
cinco procesos electorales, en los que me ha tocado ir de

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cabeza de lista -aunque es igual, como si voy el último-, y damos la cara; se ha hecho así incluso aunque sea a cámaras, porque conformamos los órganos de cámaras agrarias. Todo el mundo sabe que después eso se traslada a los consejos
agrarios territoriales. Nosotros damos la cara y decimos: este es el primero y hay veinticinco, que son los que van a defender las propuestas, con nombres y apellidos. Lo que pedimos son diez personas que conformen el Consejo Agrario, desde el
primero al último, con nombres y apellidos. Las siglas son para una consulta, aunque para eso hacemos una encuesta, que no puede tener después la trascendencia que esto tiene.


Que se reparta el patrimonio cada cinco años va a ser un desbarajuste. Además, el patrimonio es muy poca cosa. En cuanto somos representativos se nos obliga a todos a tener un nivel importante de trabajo institucional. Lo que proponemos
es: repártase equitativamente el patrimonio, porque después no se va a poder estar cambiando cada cinco años un pasillo, una sala, etcétera, y déjese una parte de ese patrimonio asignado para cualquier organización que tendría el pleno y legítimo
derecho a tener patrimonio si fuera representativa, ahora o en el futuro. Hay posibilidades de hacer eso, pero darle vueltas al bombo cada cinco años es un imposible. En financiación sucede lo mismo: puede haber una parte fija y una parte
variable, porque todos tenemos una obligación fija de representación. Se trata de favorecer todas las cuestiones. Hablé de coaliciones territoriales porque de hecho ya las hay y puede haber más. Tiene que quedar bien claro aquí que se pueden dar
todas esas opciones.


Por último, pediría en nombre de COAG que no nos precipitemos. No soy temerario, pero tampoco tengo miedo a un proceso electoral. Me he presentado a varios procesos electorales y les aseguro, señores diputados -no soy presuntuoso, lo digo
por poner un ejemplo-, que he tenido la suerte -y no lo tomen por dónde no es- de ganarlos todos. Sé que podemos perderlos, pero no es una cuestión de temor. Ni somos temerarios ni tenemos miedo a un proceso electoral, lo que hemos dicho es que
queremos un proceso electoral, pero con todas las garantías. Lo que pedimos encarecidamente es que se llegue a un consenso. No hay por qué precipitarlo, tenemos tiempo. Hay una ley que nos legitima, que yo no la aprobé, pero ustedes sí. No nos
precipitemos, hagamos una buena ley. Sobre la base de lo que hay, cambiemos lo que corresponda, pero hay que hacerlo con tiempo y mediante el consenso político y con las organizaciones profesionales agrarias.


El señor PRESIDENTE: Señor Blanco, muchas gracias por su amplia información. Mucha suerte en esos procesos electorales.


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (RAMOS SILVA). (Número de expediente 219/000557).


El señor PRESIDENTE: Señorías, comparece ahora don Lorenzo Ramos Silva, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, a quien doy la bienvenida en nombre de la Comisión y le ruego que nos traslade su opinión
sobre el proyecto de ley que ha dado origen a esta petición de comparecencia.


El tiempo lo venimos aplicando con una cierta flexibilidad. En principio habíamos considerado que los comparecientes tenían suficiente con diez minutos para realizar su exposición, pero los grupos prefieren que la alarguen un poco más. En
todo caso, dispondrá de diez o doce minutos para intervenir y después los grupos le plantearán aquellas cuestiones que consideren de interés. Como vamos un poco retrasados, les ruego a todos que intenten resumir.


Tiene la palabra don Lorenzo Ramos.


El señor RAMOS SILVA: Ante todo, quisiera agradecerles, en nombre de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que hayan atendido nuestra solicitud para comparecer ante ustedes y poder expresar nuestra valoración sobre el proyecto de
ley que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, corresponde a esta Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dar trámite con competencia legislativa plena. Espero que esta comparecencia contribuya a aportarles datos e
información que les sea de utilidad para fijar su posición y espero y deseo que nuestros comentarios, al proceder de una organización directamente afectada por el proyecto de ley que nos ocupa, sean tenidos en consideración en su tramitación.


Entrando en el objeto de esta comparecencia, ya les anticipo que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno no goza del respaldo de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, y trataré de exponerles los motivos que justifican esta
posición. No obstante, si me lo permiten, y con carácter previo, quiero

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señalarles la improcedencia de este proyecto de ley, dado que los argumentos en los que se sustenta el Gobierno para proponerlo, que se expresan a través del preámbulo o exposición de motivos, son cuando menos inexactos, aunque yo me
atrevería a calificarlos incluso como claramente manipulados o directamente falsos.


El objeto que aborda el proyecto de ley, esto es, regular el procedimiento para la determinación de la representatividad de las OPA y crear el Consejo Agrario, son materias ya reguladas por el Parlamento español a través de la Ley 10/2009,
la cual, por cierto, obtuvo no solo un amplio consenso entre el Gobierno y las organizaciones directamente afectadas por la misma, las organizaciones agrarias, sino también un amplio respaldo parlamentario expresado a través del voto favorable de,
entre otros, los dos grupos mayoritarios de la anterior legislatura, que siguen siéndolo en la presente. Más aún, quisiera recordar y agradecer ahora especialmente el eficaz y diligente trabajo realizado entonces, entre otros, por los señores
Llorens y Alonso, en representación de los grupos Popular y Socialista, que resultaron determinantes para que la ley fuera aprobada con tan amplio respaldo parlamentario. Se trata, por tanto, de una ley, la vigente, ampliamente debatida y, sobre
todo, consensuada en términos sociales y políticos, que fue promulgada desde el análisis y conocimiento de la realidad en la que habría de ser aplicada, -quisiera llamar la atención sobre este extremo- aunque corta aún en su recorrido de aplicación.


Pues bien, señorías, la valoración de UPA es que la Ley 10/2009, actualmente vigente, responde eficazmente al propósito para el que fue promulgada. Ha permitido, mediante un procedimiento previamente establecido, y siendo respetuosa con el
ejercicio de las competencias por las distintas administraciones, determinar qué organizaciones profesionales agrarias adquieren la condición de más representativas en el ámbito estatal. A través de dicho reconocimiento, el Gobierno se ha dotado de
agentes de reconocida representatividad del sector con los que mantener la interlocución institucional y consultar y concertar la aplicación de las políticas públicas dirigidas al sector agrario. Se ha constituido, si bien es cierto que con cierto
retraso, el Comité Asesor Agrario como órgano consultivo del Estado. Por otra parte, el reconocimiento de las organizaciones más representativas en el ámbito estatal, realizado a partir de las previsiones establecidas en la ley con el conocimiento
de la realidad existente las comunidades autónomas, ha sido compatible con las modalidades de reconocimiento que las propias comunidades autónomas vienen practicando en su ámbito, bien sea mediante la celebración de procesos electorales, bien por
otros procedimientos ya previstos en la propia Ley 10/2009.


Señorías, a la vista de lo expuesto hasta ahora, referido a los logros conseguidos por la Ley 10/2009 a partir de un amplio consenso político y social, debo manifestarles que la opinión de UPA es que resulta de todo punto innecesario
modificar la actual regulación. No obstante, el Gobierno ha decidido impulsar el proyecto de ley que ahora nos ocupa y que, como ya he señalado, no cuenta con nuestro respaldo. A continuación señalaré los motivos. El primero tiene que ver con el
procedimiento por el que opta el Gobierno para la determinación de la representatividad de las OPA. En modo alguno podemos aceptar que si el procedimiento implica votación este no sea en todos sus aspectos un verdadero proceso electoral y
rechazamos contundentemente que se lleve a efecto, como propone el Gobierno, a través de una consulta. Estimamos, y así lo defenderemos si nos vemos obligados, incluso ante los tribunales de justicia, que una consulta carece del poder jurídico
necesario para asignar, a través de ella, la representatividad de las organizaciones representativas de un sector determinado, en este caso, el sector agrario. A este respecto, queremos recordar que se está abordando un derecho fundamental como es
el de la libertad y representación sindical de los autónomos del sector agrario, reconocido constitucionalmente y amparado por convenios internacionales, por lo que mantenemos y defenderemos que allí donde el procedimiento de reconocimiento de
representatividad esté sustentado en una votación, este deberá ser determinado como un proceso electoral y aplicable a tales efectos la Ley 5/1985, del Régimen Electoral General, como así viene sucediendo, por cierto, en los procesos electorales que
para la determinación de la representatividad de las OPA se convocan por las comunidades autónomas.


No regular el procedimiento como un verdadero proceso electoral, amparado por la Ley Electoral General, conlleva, además, toda una serie de deficiencias en materia de garantías absolutamente inasumibles y sobre las que no entraré ahora en
detalle, pero que tienen que ver con la constitución de las juntas electorales, la participación de las candidaturas en las mismas, la regulación y garantías en el voto por correo, el acceso y utilización del censo por las candidaturas, la
regulación de la campaña electoral, gastos y subvenciones electorales, etcétera, que consideramos fundamentales e irrenunciables. Estimamos, por tanto, que una consulta -con los agravantes que otros aspectos de la ley introduce y a los que me
referiré más tarde- que cabría calificar como algo más cercano a una encuesta que a un

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proceso electoral, carece de fuerza vinculante como para asignar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y determinar el nivel de acceso a ayudas públicas o el uso del patrimonio sindical agrario.


En segundo lugar, quiero señalar las graves deficiencias que contiene el proyecto de ley en cuanto a la previsión de instalación de mesas de votación a los efectos de facilitar la participación de los electores. El proyecto de ley prevé la
constitución de una mesa en cada capital de provincia y tantas mesas comarcales como sean necesarias, incluyendo un máximo de 1.400 electores. Señorías, yo no sé si el promotor del proyecto de ley ha sido consciente no solo de la dispersión con que
se ubican en el territorio los profesionales del sector agrario, sino también de que esa dispersión en muchos casos va acompañada de una deficiente red de comunicaciones. Semejante agrupación de número de electores por mesa es una decidida apuesta
por limitar la participación en la votación, dificultando el acceso de los electores al ejercicio del derecho de voto. Valga como ejemplo, señorías, que en los procesos electorales convocados a estos mismos efectos por las comunidades autónomas se
establece con carácter general la constitución de, al menos, una mesa por municipio y la instalación de tantas como sea aconsejable cuando el censo en un mismo municipio sobrepase un determinado número. En consecuencia, y dadas las circunstancias
de dispersión del censo en el territorio, entendemos necesaria la constitución de una mesa electoral en todos los municipios en los que exista un número de electores igual o superior a veinticinco, y que en los casos en los que no se alcance dicho
número se produzca la integración de tales electores en la mesa del municipio más cercano, garantizando siempre que no exista una distancia superior a 15 kilómetros entre el domicilio de los electores y su mesa de votación.


En tercer lugar, debo referirme a un aspecto del proyecto de ley que cuenta con nuestro absoluto rechazo: el censo de electores. Señorías, consideramos que la adecuada elaboración del censo es la premisa fundamental sobre la que se
sustenta la legitimidad de cualquier proceso electoral y, en consecuencia, el establecimiento de los criterios que dan derecho a su inclusión en el mismo han de estar, asimismo, y si se me permite la expresión, sobrados de legitimidad. Nunca hasta
ahora ha sido objeto de discusión quiénes tenían derecho a estar incluidos en el censo de electores que mediante su voto determinaran la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Once comunidades autónomas han celebrado
procesos electorales para este fin; en algunas de ellas dichos procesos se han celebrado en varias ocasiones y, repito, nunca, nunca, se ha dudado de quiénes debían estar incluidos en el censo.


Creo que hasta ahora todos, organizaciones agrarias, administraciones, partidos políticos, hemos coincidido en que tratándose de procesos para determinar la representatividad de las organizaciones de un sector profesional concreto, los
agricultores y ganaderos, debían ser los profesionales de este sector los que tuvieran derecho a voto. Nunca se ha dudado del criterio objetivo que confería a una persona, física o incluso jurídica, el carácter de profesional del sector agrario,
que era su inscripción en el régimen de autónomos de la agricultura para las personas físicas, y el objeto social único y exclusivo de la actividad agraria, reflejado en sus estatutos, para las personas jurídicas. Esta condición, la inscripción en
la Seguridad Social, la que se produce como consecuencia de que una persona desarrolle la actividad agraria de forma habitual y directa, es económicamente relevante, y, por tanto, la que le confiere la condición de profesional de la agricultura y la
ganadería. Ni entendemos ni admitimos que se altere este criterio de inclusión en el censo. Si concediéramos que personas que realizan actividades agrarias de forma directa, personal y económicamente relevante, sin estar inscritas por esta
actividad en la Seguridad Social, fueran incluidas en el censo como profesionales del sector agrario, estaríamos admitiendo, de facto, que ciudadanos y ciudadanas que realizan fraude a la Seguridad social adquirieran un derecho a voto.


Los criterios que propone el proyecto de ley para la inclusión en el censo, aparte del de la inscripción en el respectivo régimen de la Seguridad Social, son, a nuestro juicio, absolutamente discrecionales y carentes de argumentos
suficientes para concederles la condición de profesionales del sector agrario y, además, claramente discriminatorios. Incluir en el censo a personas físicas o jurídicas por el mero hecho de ser beneficiarios de pagos directos de la PAC contraviene
el factor fundamental que debería dar derecho a la consideración de elector: ejercer profesionalmente la actividad agraria. No podemos obviar -y en el caso de UPA, además, tampoco queremos- que para recibir pagos directos de la PAC no es necesario
ejercer la actividad agraria sino, en muchos casos, simplemente ser propietario de tierras. Basta ver la lista de perceptores para identificar algunos casos llamativos como el ejército o algunas congregaciones religiosas. ¿Verdaderamente estos
perceptores de ayudas deben decidir sobre las

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organizaciones representativas del sector agrario? ¿De verdad alguien cree que debemos ver incluidos en el censo, como electores, al ministro de Defensa o a determinados obispos? Sin llegar a estos extremos, miles de perceptores de ayudas
PAC son legítimos propietarios de tierras a los que una irracional política de apoyos públicos les concede el derecho de recibir determinadas ayudas, pero que en realidad ejercen su actividad en una variada gama de profesiones liberales, son
trabajadores por cuenta ajena o autónomos de actividades distintas de la agraria y otras casuísticas que creo innecesario detallar. Sí creo necesario resaltar que la inclusión en el censo de personas físicas y jurídicas que están en esta casuística
sería una absoluta arbitrariedad, ya que estas mismas personas probablemente ejercen su derecho de libertad sindical o de asociación profesional participando en elecciones sindicales a delegados de personal, comités de empresa, juntas de personal,
colegios profesionales, etcétera.


Mucho más intolerable resulta, desde nuestro punto de vista, que solo quienes perciban más de 3.000 euros tengan derecho a su inclusión en el censo, y mucho menos aún cuando no se hace referencia a cuánto representan esos 3.000 euros de
ingresos agrarios en la renta total. De admitir semejante discriminación tendríamos que llegar a aceptar que quien reciba 12.000 euros tenga el triple de votos que quien reciba 4.000 o que el voto de quien posea 100 hectáreas valga diez veces más
que el del propietario de 10 hectáreas.


Se suma a tales discriminaciones la exigencia que se impone para ser incluido en el censo a quienes no siendo perceptores de ayudas de la PAC sí tengan ingresos agrarios, para los que se establece el requisito de que tales ingresos agrarios
representen al menos el 25% de su renta total. Según este criterio, un productor de frutas u hortalizas, que no percibe pagos directos y cuyos ingresos agrarios, generados mediante actividad, inversión y generando empleo, alcancen la cifra de
10.000 euros, no tendrá derecho a voto si el total de sus ingresos por todos los conceptos supera los 40.000 euros. Sin embargo, un perceptor de pagos directos sin actividad agraria, que se limite al mantenimiento en condiciones de cultivo de sus
tierras agrarias, que reciba 3.000 euros de ayudas directas y tenga unos ingresos totales de otras actividades de 300.000 euros, por ejemplo, sí tendría derecho a voto.


Nuestro criterio a este respecto es claro. Solo las personas físicas incluidas en el régimen de autónomos de la Seguridad Social por su actividad agraria deben ser incluidas en el censo y solo las personas jurídicas que tengan como objeto
único y exclusivo, según sus estatutos, la actividad agraria deben ser incluidas en el censo. En el caso de que arbitrariamente se incluyera en el censo de electores a los perceptores de ayudas de la PAC, no debe mantenerse la discriminación de su
inclusión o no en función del nivel de ayudas, sino que deberían ser incluidos todos los perceptores, así como todos aquellos que, recibiendo o no pagos directos de la PAC, tengan ingresos agrarios.


Para terminar, mencionaré brevemente dos aspectos que también son abordados por el proyecto de ley. Por una parte, quiero compartir con ustedes, señorías, la obviedad de que el nuevo Consejo Agrario que se crearía en sustitución del actual
Comité Asesor Agrario ni reforzaría la interlocución institucional ni permitiría, como se anuncia en el preámbulo de la ley, ser un órgano con capacidad para adoptar acuerdos. El nuevo Consejo Agrario seguiría teniendo carácter consultivo y la
periodicidad de sus reuniones sería la misma que la del actual Comité Asesor Agrario. Por lo que respecta a sus funciones, no cabe apreciar siquiera cambios que otorguen, por su naturaleza consultiva, mayor obligación al Gobierno de asumir sus
informes ni dictámenes.


Por último, brevemente, quiero indicarles que el procedimiento establecido para la cesión de inmuebles de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias es, sencillamente, ingobernable. En nuestra opinión, ni puede estar sujeto a
revisión permanente cada cinco años en función de los resultados electorales ni cabe ahora abrir la posibilidad de deslegitimar de su uso a las organizaciones que son, permítanme la expresión, legítimas herederas del patrimonio de las cámaras
agrarias y que lo han venido gestionando y manteniendo durante tantos años.


Esto era lo que quería trasladarles.


El señor PRESIDENTE: Entiendo, según me ha dicho, que pone a disposición de la Comisión el documento que me ha entregado. Procederemos a repartirlo entre todos los grupos.


A continuación, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervendré brevemente, porque hemos entendido lo que se nos ha planteado y coincidimos plenamente. Le agradecemos que ponga este documento a nuestra disposición.


Después de su intervención, la única pregunta es si tiene alguna idea de a qué responde el intento del Gobierno de impulsar esta ley, que no va a resolver ningún problema sino que los va a crear. A partir de

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ahí, no vemos la necesidad de tramitar este proyecto de ley de esta manera. Si lo que se quiere buscar es una representación más directa que la que hay ahora mismo, es decir, si se quiere mejorar la ley, habría que ir a algo real, como
usted ha dicho -y no voy a repetir sus propias palabras- como un proceso electoral pleno, de garantías. Si en cualquier proceso electoral es difícil incentivar la participación, que en el mundo rural no se sitúa en la unidad local sino en otra
mayor, con este proyecto estaríamos hablando de algo que imposibilitaría cualquier convocatoria electoral. Además, se distorsiona el concepto de agricultor.


Más que una pregunta, lo que le hago es una reflexión que comparto con la suya.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Señor Ramos, me asalta una duda. Si ustedes creen que la Ley 10/2009 responde eficazmente a lo que se proponía, la pregunta es por qué desde entonces hasta la fecha solo se han hecho dos procesos electorales. Esta
es la motivación principal en la que se escuda el Gobierno para proponer este proyecto de ley. Lo digo yo, que soy de Cataluña, donde hemos hecho los deberes. Consideramos discriminatorio que se tenga que legislar porque la gente no ha hecho los
deberes a costa de los que sí los ha hecho. Me gustaría conocer su opinión. Si la Ley 10/2009 respondía eficazmente a lo que se pretendía, entendemos que para ustedes no sería necesario este proyecto de ley.


Ha hablado de sus dudas en cuanto a las garantías democráticas en este proceso de consulta, que no proceso electoral, y podemos compartir algunas. ¿Les parece a ustedes contradictorio que el concepto de circunscripción única para conseguir
la representación en el Consejo Agrario contemple dos supuestos, el del 15% y el de las seis comunidades autónomas? ¿Cómo valora su organización la posible duplicidad de procesos, el de consulta y el electoral, en las comunidades autónomas, cuando
uno es cada cuatro años y el otro cada cinco? ¿Piensan que esta forma de articular los diferentes censos supone devaluar automáticamente la aplicación de la consulta o de los procesos electorales de las comunidades autónomas y que puede influir en
los costes de las diferentes campañas electorales?


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Señor Ramos, bienvenido a esta Comisión. Ha hecho usted -creo que también se lo ha dicho el señor Centella- una comparecencia muy completa, ya que no solo ha reflexionado sobre lo que le parece esta ley, sino que
ha puesto sobre la mesa aquellas cuestiones que, desde el punto de vista de su organización agraria, deben ser corregidas y cómo debería hacerse. Es verdad que hoy empieza el debate parlamentario de una ley que es importante y lo hace con una
amplísima contestación de los actores principales de esta ley, que son las organizaciones agrarias. Tres de las cuatro organizaciones agrarias más representativas de este país se han posicionado en contra, como también lo han hecho organizaciones
del sector de carácter autonómico. Hemos visto la contestación que hay y la hemos escuchado en sus palabras y también en las del representante de la COAG. Es una ley sin consenso. La pregunta es por qué se hace esta ley. Veía reírse hace un
ratito al portavoz del Grupo Popular. No sé por qué se hace esta ley. Es verdad que el señor Cañete lo dijo en su primera comparecencia en sede parlamentaria, pero la pregunta es: ¿Cuál es la razón? Si todo el mundo estaba de acuerdo con un
equilibrio, con una ley aprobada prácticamente por unanimidad por las dos fuerzas políticas más importantes en este Parlamento, ¿cuál es, desde su punto de vista, la razón de que el Gobierno presente ahora esta ley a pesar de que nadie la quiere?
¿Por qué cree que el Gobierno cambia el sistema de elección? ¿Por qué cree que lo plantea como una mera consulta?


Queremos referirnos a otra cuestión, porque ha hecho un repaso muy exhaustivo y por tanto solo vamos a formularle alguna pregunta. Si el ministerio pretende que voten todas aquellas personas que cobran más de 3.000 euros de la PAC, esto
significa que no solo van a poder votar los agricultores. Usted ha hablado de un amplio espectro de agentes. Hoy en una nota de prensa su organización agraria hablaba de notarios, pero usted ha citado a la Iglesia o a los agentes inmobiliarios, es
decir, una amplísima gama de personas que no se levantan todas las mañanas pensando en ir al campo y en cómo van a sacar adelante sus explotaciones. ¿Han calculado más o menos cuál es el número de personas que podrían incorporarse a este censo y
que no son agricultores?


Voy a hacerle una pregunta muy sencilla, que se repite, porque antes se la hicimos al representante de la COAG. ¿Cuántas veces le ha llamado el Gobierno, como secretario general de una de las organizaciones agrarias más importantes de este
país, para tratar sobre esta ley? ¿Cuántas veces le ha

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mandado un borrador, se han sentado, han hablado formalmente sobre una ley que, insisto, tiene como protagonistas principales a las organizaciones agrarias?


Dado que esta ley centraliza las votaciones, ¿cuántos agricultores cree que se quedarían fuera del proceso electoral? Han hablado del problema que generaría la dispersión al no colocar mesas en más ayuntamientos de los que están recogidos
en la ley. Usted decía que se pusieran mesas en donde hubiera más de 25 electores. Si esto no se modifica durante el debate parlamentario, ¿cuántos agricultores a título principal o personas que tengan la agricultura como actividad profesional
principal quedarían fuera de este proceso electoral? Hemos oído aquí que un planteamiento como el que hace esta ley sería un error democrático. Aparte del sistema electoral, que lo ha dejado muy claro, ¿qué otras cuestiones que se recogen en esta
ley y que se le hayan quedado en el tintero cree que deben ser modificadas?


Por último, voy a hacerle dos preguntas que mi compañero, Alejandro Alonso, ha hecho al otro representante que ha intervenido aquí esta tarde. Por un lado, ¿conoce usted cuántos consejos consultivos, la mayoría de ellos vinculantes y que
forman parte del entramado administrativo del Gobierno, eligen a sus representantes a través de un proceso electoral? ¿Cuántos cree que existen hoy? El último que se creó en la pasada legislatura fue el Consejo de Participación de las Mujeres, que
se eligió con un criterio territorial de representatividad y se pactó además con todas las fuerzas políticas y con todas las organizaciones que participaron en él. Fue de los últimos que se crearon en la anterior legislatura. Lo digo porque yo
participe activamente en su creación. Por tanto, por mucho que lea esta ley y por muchas risas que vea en los bancos del grupo que apoya la acción del Gobierno, me sorprende enormemente este sistema, porque no lo había visto nunca.


Por último, ¿conoce algún proceso electoral en nuestro país, en España, en el que no se vote a personas, en el que no se elija a personas? Este es el caso de este proceso electoral. Es una ley que regula un proceso electoral en el que no
se elige personas. ¿Hay algún precedente? ¿Hay algún caso más?


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Bibiano Serrano.


El señor SERRANO CALURANO: Muchas gracias, Lorenzo, paisano, amigo, por tu comparecencia aquí, en esta Comisión, esta tarde.


Hablas de que el preámbulo de la ley es falso. Te referías a que no hay un criterio de representatividad establecido en esta ley y que la Ley 10/2009 recoge perfectamente esa representatividad. Me gustaría que lo ampliaras y me lo
aclararas un poco más.


Dices que no es un proceso electoral y que, por tanto, no tendrá carácter vinculante y será un fracaso. Me gustaría que me respondieras si consideras no representativo el sistema habitual de elecciones sindicales de UGT y Comisiones Obreras
en este país. No se hace un proceso electoral, se hace una consulta. (El señor Alonso Núñez: No es un consejo). Perdón, señor presidente, le voy a tener que pedir el amparo, porque no hay una vez que no interrumpan. Si estoy en el uso de la
palabra, ustedes se callan y hacen lo que yo he hecho escuchándoles a ustedes.


El señor PRESIDENTE: Señor Serrano, si me deja, voy a protegerle y a ordenar el debate.


Por favor, señorías, les ruego que escuchen las intervenciones de todos los portavoces con el mismo silencio y el mismo respeto con el que les han escuchado a ustedes.


Puede proseguir.


El señor SERRANO CALURANO: Gracias, señor presidente. Espero que sea así.


¿Considera usted menos legitimados a UGT y a Comisiones Obreras porque su proceso de elección no sea un proceso electoral en el que no hay una campaña electoral al uso, no hay un presupuesto para elecciones, etcétera? ¿Considera que ese
proceso es menos legítimo?


En cuanto al carácter vinculante del patrimonio, me gustaría que nos aclarara como sería preceptivo el reparto de ese patrimonio según su organización: no cada cinco años, sino permanente, fijo, una parte fijo y una parte móvil... Nos
gustaría que nos aclarase cómo pretenden que sea ese reparto del patrimonio.


Respecto a la elaboración del censo, considero que llegar a que vote el Obispado o el ministerio no cabe en la ley. No lo veo por ningún lado. No veo que quepa que el Ministerio de Defensa tenga derecho a voto, porque está perfectamente
delimitado quiénes son los que tienen ese derecho, independientemente de que sea susceptible de mejora, que no lo discuto y para eso estamos.

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Cada organización agraria tiene una opinión diferente. Unos dicen que hay que subir del 15 al 20%, otros nos piden que bajemos del 15%, otros dicen que no debe compararse con ese 5, 10 o 15% en las distintas comunidades autónomas, sino que
sea circunscripción única y punto, otros que el censo se determine de otra manera. ¿Sería muy difícil que las organizaciones agrarias hicieran un documento consensuado sobre qué es lo que pretenden en conjunto con esta ley y se lo hicieran llegar a
mi grupo y, si es posible, a todos los grupos? ¿Cuál es la posición conjunta de las organizaciones agrarias? Sería bueno saberlo.


Por otro lado, es verdad que la Ley 10/2009 se aprobó con un consenso amplio en aquel momento, pero ¿considera que es un buen instrumento para medir la representatividad del sector agrario, cuando después de su aprobación y hasta el día de
hoy solamente se han producido tres procesos electorales? Hay comunidades autónomas en las que no se han celebrado nunca procesos electorales o se han celebrado hace quince o incluso veinte años. ¿Considera válida esa representatividad per se y
para siempre? Algunas comunidades autónomas consideran que una vez que se ha derogado la Ley de Cámaras no hay motivo para hacer esas elecciones, por lo que la tendencia es que cada vez haya menos consultas o procesos electorales en esas
comunidades autónomas. ¿Se va a determinar para siempre el procedimiento que marca esta ley con una o dos comunidades autónomas, que son la que están realizando las consultas, porque el resto no las realiza?


Para terminar, quiero decirle que estamos en trámite parlamentario y estamos dispuestos a escuchar cuántas sugerencias y opiniones nos queráis dar y a debatir con vosotros cuántas enmiendas queráis introducir en esta ley. Se habla de
prisas, pero no hay prisas. Ha habido tres o cuatro borradores que se han transmitido a las organizaciones agrarias. Se las ha escuchado a través de sus propuestas y se han introducido modificaciones, porque nada tiene que ver el primer borrador
con el texto que ha entrado en el Congreso, independientemente de que guste más o menos o de las modificaciones que se puedan hacer o de las enmiendas que las distintas organizaciones puedan presentar. Nuestro grupo está abierto a ese diálogo para
mejorar la ley, pero entiende que es una ley necesaria para determinar la representatividad del sector agrario en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Lorenzo, para contestar todas las cuestiones que le han sido planteadas.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (Ramón Silva): Quiero agradecer las preguntas y el tono constructivo de todos. Quiero agradecer que compartáis nuestra preocupación por el contenido, porque
eso es bueno. La verdad, tengo que reconocer que ha habido avances desde el primer documento, que me asustó, porque decía que el proceso electoral consistía en una urna durante quince días en la capital de provincia, custodiada por el subdelegado
del Gobierno, para que todos los agricultores fueran allí a votar. Eso ha ido al Consejo de Ministros como anteproyecto de ley, aunque es cierto que se ha cambiado. Tú eres de la misma provincia que yo, Bibiano, y sabes que en Badajoz hay gente
que tiene que hacer 300 kilómetros para ir a votar.


José Luis Centella preguntaba: ¿A qué responde la intención del Gobierno de sacar esta ley? Ahora mismo estamos haciendo muchísimas asambleas, estamos teniendo muchísimas reuniones. Prácticamente cada día estoy en una comunidad autónoma.
Cuando voy a las oficinas de mi organización a hacer cualquier trámite y me encuentro allí con los corros de agricultores, la gente me pregunta por la PAC: ¿Cómo va a quedar la PAC? ¿Cómo está ese tema? La gente me pregunta por los precios: ¿Qué
pasa con los precios? ¿Qué pasa con los seguros agrarios? ¿Alguien va a los pueblos y se encuentra con que los agricultores le pregunten cuándo va a haber elecciones en el campo otra vez? Hay comunidades en las que se están haciendo procesos
electorales con bastante asiduidad, hay otras en las que se venían haciendo y se han parado, no entendemos por qué, hay once en las que se seguirán haciendo y otras en las que no se han hecho, algunas incluso con su propia ley aprobada. Estoy de
acuerdo en que se adapte la ley y si hay que hacer cambios que se hagan, pero no entiendo por qué el Gobierno tiene este interés por sacar una ley que la única persona que ha planteado siempre ha sido el señor Cañete. Así de claro se lo digo. He
hablado con responsables de todas las organizaciones agrarias de los distintos territorios. A nivel nacional podremos tener cada uno la posición que tengamos, pero todos aquellos con los que he hablado me han dicho que este planteamiento, tal y
como se está haciendo, es una locura. ¿Va a incentivar la participación? No la va a incentivar. He sido presidente de una cámara agraria y he participado en dos procesos electorales, en los que hemos conseguido ganar con una participación del 75
o el 80%. Recientemente, hace un año, he participado en unas elecciones a cámaras agrarias en Castilla y León en

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las que en provincias como Palencia la participación fue del 85%. Les garantizo que en estas elecciones, con este planteamiento, no pasa de un 20 o un 30% y además los que van a votar no son agricultores, porque los agricultores son los que
van a tener las dificultades para ir a votar. Los agricultores viven en los pueblos y lo que hay que hacer es llevar las urnas a los pueblos para que voten y no llevar a los agricultores del pueblo a la ciudad para votar, porque la gente no lo
tiene tan fácil. Este procedimiento va a deslegitimar. El procedimiento de las cámaras de comercio, que yo he conocido, era muy parecido al que aquí se está planteando -creo que hoy ya ni hacen elecciones- y la participación en las elecciones a la
Cámara de Comercio de Badajoz era de un 3%. ¿Eso es representativo? Eso no puede ser representativo. Esta es una ley en la que nadie tiene ningún interés especial, no va a incentivar la participación y lo que va a hacer es deslegitimarnos. Por
ahí va.


¿Por qué desde que la ley se aprobó solo se han hecho elecciones en Cataluña, en Castilla y León y en Madrid, donde se van a convocar y no sé si se van a celebrar este año o no? Deberían hacerse. Aprovechando la legislación actual, tendría
que haber un amplio consenso entre el Gobierno y las comunidades autónomas para que se hicieran esos procesos electorales. Aprovechemos que las elecciones se hagan el mismo día, con el mismo censo y que las urnas estén en el mismo sitio. Sabemos
que hay alguna comunidad autónoma, como Aragón, que está planteando hacer un proceso electoral paralelo, con un censo distinto y las urnas en distintos sitios. Vamos a volver locos a los agricultores. Soy consciente de que Aragón aplazó el proceso
electoral, porque dicho proceso, con todas las garantías de la ley, esto es, con mesas electorales con un presidente y vocales elegidos del censo y con una campaña llamando a la participación, costaba en torno a 800.000 euros. La comunidad autónoma
decidió en su momento, con la situación de crisis que había, no meterse en ese proceso, pero ahora los compañeros de allí nos han dicho que el consejero está planteando hacer un proceso paralelo. ¿Tiene mucho sentido que haya un proceso electoral
en el que el mismo día estén votando en una mesa, situada en la capital de provincia, los que cobran más de 3.000 euros de ayudas de la PAC y en otra mesa, situada en las oficinas comarcales agrarias, según el censo que tienen reconocido, los
profesionales de la agricultura? La semana pasada he recibido una carta del consejero que lleva los temas de agricultura en Madrid haciéndonos saber que empieza el periodo para convocar las elecciones a la Cámara Agraria de Madrid. En octubre o en
noviembre podemos estar metidos en este proceso, si así se plantea por parte del Gobierno, y en el mes de junio, en Madrid, donde hay 5.000 agricultores en el censo de las últimas elecciones, podemos tener otro procedimiento electoral. Esto es para
volvernos locos.


Marc, comparto que Cataluña quiera tener su proceso electoral, pero sería lógico que se pudiera compaginar. Si tiene que haber dos urnas, que las haya, igual que las hay cuando votamos para las elecciones municipales y para la comunidad o
cuando votamos para el Congreso y para el Senado. Es el mismo censo, las urnas están en el mismo sitio y se aprovechan las estructuras. No pasaría nada por que hubiera una urna para la representatividad de ámbito nacional y otra para la
representatividad autonómica. Se podría hacer. De lo que se trata es de que se quiera hacer de verdad un proceso electoral. No podemos aceptar bajo ningún concepto que una consulta sea vinculante, además creo que es ilegal. Si eso se llevara a
los tribunales de ámbito superior dirían que a través de una consulta no se puede decidir la representatividad de las organizaciones agrarias y mucho menos en lo que afecta al patrimonio.


¿Esto devalúa los procesos autonómicos? Lo decía antes. Esto va a acabar devaluando los procesos autonómicos. Hace poco hemos tenido unas elecciones en Castilla y León a las que nos hemos presentado todas las organizaciones, y sabíamos
cuál era el censo al que nos dirigíamos -los agricultores profesionales, que son los que están dados de alta en la Seguridad Social agraria- y con eso nos íbamos defendiendo. Si ahora entran los que no están dados de alta en la Seguridad Social
agraria, las organizaciones agrarias, con un discurso distinto, nos estaremos dirigiendo a un electorado distinto. Se tiene que ser un poco serio. Eso devalúa los procesos autonómicos. Los procesos electorales que se han hecho hasta ahora son
puros. En ellos hay una participación de las personas que realmente tienen que tener derecho a voto. Las organizaciones agrarias que hemos participado en esos procesos electorales hemos tenido a nuestra disposición el censo electoral para podernos
dirigir a los votantes, hemos hecho nuestra campaña electoral, el proceso electoral ha estado regulado y estaba regulado cuánto podíamos gastar en campañas electorales, porque teníamos que demostrar esos gastos. Aquí no se recoge nada de esto.
Este es un tema preocupante. He escuchado al interviniente anterior, que decía: ¿Aquí qué pasa? ¿Que va a tener más posibilidades quien más dinero tenga? Esto va a ser costosísimo para cualquier organización agraria en la situación que estamos
viviendo, que ya es bastante grave, porque se ha recortado prácticamente todo. Las organizaciones agrarias estamos viviendo ahora mismo de las cuotas

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de nuestros afiliados, por si alguien tiene alguna duda. Meternos ahora en un proceso electoral, cuando nadie pone ningún medio significa lo que significa. Por tanto, devalúa unos procesos que han sido muy buenos y que se tendrían que
haber seguido celebrando con asiduidad. ¿Que tienen que ser cada cinco años? Que sean cada cinco años. En otros países, por ejemplo, Francia, son cada cinco o cada seis. Pues que se ponga así, no tengo ningún problema.


Es cierto que hay una gran contestación por parte de las organizaciones agrarias. Lo he dicho al principio, he hablado con representantes de estas organizaciones agrarias en el ámbito territorial y la gente dice: Esto es una locura. Es
una ley que se hace sin consenso, como decía Laura. ¿Por qué se hace? ¿Cuál es la razón? No lo entiendo. Sinceramente, creo que no hay que hacer una ley nueva. Si con la ley que hay se tienen que marcar unos plazos para los procesos electorales
que se haga y que las diferentes administraciones asuman el coste de unas elecciones. Yo echaba antes la cuenta. En una comunidad autónoma como Aragón, el proceso electoral puede costar 800.000 euros y el Gobierno ha dicho: Ahora tenemos otras
cosas, porque estamos con el tema de los recortes. A nivel de toda España un proceso electoral puede costar alrededor de 25 millones de euros. ¿Está el Gobierno español en posición de poner 25 millones de euros para garantizar un proceso electoral
que se celebre con todas las garantías, con urnas en todos los pueblos y en el que participen todos los que tienen que participar? Sobre todo queremos que se regule, que en este tipo de elecciones haya mucho control. Vuelvo a decir lo mismo, no
aceptamos que sea una consulta, tienen que ser unas elecciones puras y duras, que se atengan a la Ley Electoral General, que para eso la tenemos y tenemos que utilizarla. ¿Se puede incorporar al censo prácticamente el mismo número de gente que en
este momento tendría votos solamente si le votaran los de la Seguridad Social agraria? ¿El ministerio tiene hechas esas cuentas? Si son 300 o 350.000, nos podríamos ir a 600.000. ¿Nuestra preocupación? Lo he dicho antes. Creo que van a ir a
votar los que no tendrían que ir a votar, porque probablemente tendrán más facilidades para hacerlo, y los verdaderos profesionales se van a quedar sin votar.


¿Cuántas reuniones ha habido? Ha habido dos o tres reuniones. Se nos han mandado los borradores, pero la última vez que el Gobierno ha enviado el proyecto de ley nos hemos enterado el viernes por la mañana porque nos lo han dicho los
medios de comunicación. El día antes todas las organizaciones agrarias habíamos estado con el señor Cañete, firmando el acuerdo por la calidad de la promoción del aceite de oliva virgen; habíamos estado charlando distendidamente más de dos horas y
no sabíamos nada. Preguntamos: ¿Qué pasa con esto? Esto está parado. Y al día siguiente... Se puede decir perfectamente. Los tres máximos responsables de COAG, de Asaja y de UPA estuvimos hablando casi una hora con el ministro. Normalmente, a
nosotros nos mandaban el anteproyecto un viernes por la tarde y nos decían: Ahí lo tenéis. Llegábamos el lunes y nos lo encontrábamos o si había alguien nos lo mandaba. ¿Ha habido reuniones? Ha habido dos o tres reuniones con la directora
general, pero no ha habido ninguna negociación. Recuerdo todavía, porque yo ya era secretario general de UPA, cómo fue el procedimiento anterior. Me acuerdo de la cantidad de reuniones que tuvimos en este Parlamento, con el Partido Popular, con el
Partido Socialista, con todos los grupos. Luego fue al Senado, luego volvió otra vez y hubo cantidad de reuniones. Aquí no las ha habido. No se han planteado reuniones, se ha llevado en el orden del día del Comité Asesor Agrario, pero para nada.


El señor PRESIDENTE: Don Lorenzo, me disculpará si le digo que vaya concluyendo, por favor. Tenemos aún dos comparecientes y ya hemos consumido el tiempo total para los cuatro. No es culpa de ninguno de ustedes, a los que agradezco sus
opiniones y sus amplias informaciones. Le ruego que vaya concluyendo.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS, UPA (Ramón Silva): Iba por orden, porque no quería que se quedara nadie sin contestar.


Creemos que hay que modificar lo que se tenga que modificar de la actual legislación para que se produzcan los procesos electorales que se tengan que producir, pero no hay que cargarse una ley que fue aprobada, que está en vigor y que vale.


No conozco consejos consultivos de otros sectores en los que haya que hacer procesos electorales de ese tipo para sentarse en ellos. Tampoco conozco ningún proceso en el que no se presenten personas, sino que solo se presenten
organizaciones.


Bibiano, las elecciones sindicales están reguladas por una ley. Se vota, se tienen que hacer los preavisos, se presentan los delegados y se producen los procesos electorales. Es un proceso regulado y además muy transparente.

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En cuanto a repartir el patrimonio cada cinco años, creemos que es una barbaridad. Ya le hemos dicho a Asaja que, si nos van las cosas bien, vamos a pedir sus plantas, porque las han reformado hace poco y les han quedado muy bien. Ahí hay
un edificio, que cuesta el dinero a las organizaciones agrarias, porque antes cubríamos gastos, pero ahora no, ahora tenemos que pagarlo nosotros. He escuchado lo que ha dicho Miguel Blanco y lo comparto.


Lo que he dicho del Ministerio de Defensa y del Obispado no me lo invento. Ahora mismo, ya están ahí perceptores de ayudas de la PAC de más de 3.000 euros. Esos van directamente al censo, no tienen que reclamar. Un productor de frutas y
hortalizas -un ganadero de porcino, un granjero de pollos o del sector cunícola-, que puede haber muchos, que no está dado de alta en la Seguridad Social agraria se va a quedar fuera a no ser que vaya a la Agencia Tributaria y pida un certificado
que diga que más del 25% de sus ingresos vienen de la agricultura, y después lo tiene que llevar para que le incluyan en el censo. A ver quién va a hacer eso, porque creo que no va a ir nadie. Conozco a muchos productores de frutas y hortalizas,
sobre todo a gente del Levante, que no cobra prácticamente nada de ayudas de la PAC y que se van a quedar sin votar porque no están dados de alta en la Seguridad Social. Señores, o entran todos, los que cobren o no cobren ayudas, pero que puedan
demostrar que tienen ingresos agrarios, o votan los profesionales de la agricultura y la ganadería.


Me gustaría que las organizaciones agrarias nos pudiéramos poner de acuerdo en cuanto a los porcentajes, que en lugar de exigir el 5% en seis comunidades autónomas se pudiera incrementar para que sean más representativos, porque no puede ser
que porque una organización tenga una representatividad muy importante en una comunidad autónoma o en dos obtenga más. Esto se ha cambiado, porque antes hablaba de tres y ahora habla de seis. Debería hacerse así.


Agradezco que estéis abiertos a que podamos hacer aportaciones. Vamos a intentar, por lo menos con las organizaciones agrarias con la que podamos hacerlo, mandar documentos de forma conjunta. Hemos pedido la comparecencia porque queríamos
que conocierais nuestra opinión, porque lo que nos decían era que esto iba a ir por la vía de urgencia en la Comisión de Agricultura y que el día 18 se acababa el plazo para presentar enmiendas. Pero si, como bien decís, no hay tanta prisa, vamos a
hablarlo, porque es bueno conocer la opinión de las comunidades autónomas, del resto de partidos y de las organizaciones agrarias.


- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (SÁNCHEZ-BRUNETE SÁNCHEZ-BRUNETE). (Número de expediente 219/000558).


El señor PRESIDENTE: Recibimos ahora a don Juan Sánchez-Brunete Sánchez-Brunete, secretario general de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, a quien doy la bienvenida. En nombre de la Comisión, le agradezco mucho su comparecencia
para exponer su opinión sobre el proyecto de ley que nos ocupa.


Tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (Sánchez-Brunete Sánchez-Brunete): Voy a intentar centrarme, porque ya he escuchado a los intervinientes anteriores, en los temas fundamentales del proyecto
de ley. Los dos anteriores comparecientes, el representante de COAG y el de UPA, han dicho que teníamos una posición común. No es una posición común cien por cien, sino que en unos aspectos coincidimos y en otros no. Quiero dejar esto claro para
no confundirnos.


Por lo que refiere a la primera parte, a la representatividad, para nosotros está claro que el sistema no funciona. No es culpa nuestra, es culpa de los políticos, o de quien sea. Se hizo una ley, se hizo un esfuerzo, se consensuó, se
participó, pero por diferentes motivos solamente hay tres comunidades autónomas que han seguido el proceso. Hay comunidades agrarias tan importantes como pueden ser Andalucía, Castilla-La Mancha y todo el Levante, que no tienen representación. Con
independencia de que esta cuestión se pueda arreglar modificando o mejorando la Ley 10/2009 -lo que los políticos decidan en sus comunidades autónomas-, el problema es grave porque la gran mayoría de las competencias las tenéis las comunidades
autónomas. ¿Cuál es la representatividad en el ministerio? Vamos a intentar solucionar esto. Tiene mucha importancia la representatividad, pero más en las actividades económicas, y no solo por lo que hacemos ante el Ministerio de Agricultura,
sino porque como consecuencia de la ley estamos creando interprofesionales, la del aceite, la de los vinos, la láctea, etcétera, y nos sentamos a la

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mesa los productores con la industria. Estamos hablando de que ahí se toman decisiones económicas y es vital que el representante que esté tenga intereses en esa cuestión. Hay que intentar hacer todos los ajustes que sea posible en los
temas de representatividad -y más cuando hablamos de temas económicos- y que coincidan con la realidad.


Digo que los políticos no han querido solucionar -o no sabéis cómo hacerlo- el tema de las competencias de las comunidades autónomas y las del ministerio. Creo que este sector es donde más claro está, porque tenéis todas las competencias,
menos negociar con Bruselas. Es necesario solucionarlo con la Ley 10/2009 o con este proyecto de ley, porque si hay voluntad de consenso puede salir adelante. La realidad que yo percibo es que durante los últimos diez o quince años aquí ha estado
todo repartido al 33% -incluso, como es normal, los ministros de turno toman muy rápidamente las decisiones no solo sobre las subvenciones sino sobre los cientos de proyectos que se hacen-, cuando deberían corresponder proporcionalmente a las
organizaciones mayoritarias. No critico nada ni discuto nada. En tiempos de bonanza, cuando había dinero, yo no iba a discutir que una organización a la que yo le saco diez puntos dijera: Oye, pues mira, aquí vamos. No se discutía. Pero ahora
la situación es límite -y la ha definido muy bien el anterior interviniente-, es crítica y por eso la financiación de las organizaciones agrarias es un tema muy complejo. Nuestra postura es que hay que ajustar la representatividad, porque esta es
una actividad económica. A mí me encanta que en los demás sectores también se haga, porque lo mejor es encontrar formas de representar. Uno de los males que tenemos es quién representa a quién y cómo, y así llevamos muchos años. Ajustemos la
representatividad, dentro de ese y de todos los procesos, porque es lo más importante que hay. Vemos bien cualquier intento en esa dirección.


La segunda cuestión se refiere al censo, quiénes son los del censo, quiénes votan, etcétera. El tema agrario -vosotros lo conocéis mejor que yo- es muy complicado, porque en cada comunidad autónoma hay unas situaciones distintas. Estamos
en un debate permanente, incluso dentro de nuestras propias comunidades, y ya no digo en las comarcas, porque a lo mejor hasta en las comarcas varía el tipo de agricultura o alguien se cree más beneficiado. Quizá tenga un coste decir esto, pero
llega un momento en el que tienes que decir hacia dónde quieres ir. Tenemos 900.000 propietarios o un millón. Hay miles de injusticias y la PAC es una injusticia permanente para cada agricultor con el que hablas, aunque yo reconozco que los
Gobiernos están haciendo esfuerzos continuamente por mejorar esos temas que son reales y sangrantes. Jugamos con tres censos: 900.000, 250.000 profesionales, y decimos que cuente la Seguridad Social, que voten solo los profesionales. Nuestra
organización piensa que habrá que matizarlo. Volvemos otra vez al Gobierno y a las comunidades autónomas. Nuestra organización cree que el agricultor a título principal, que el profesional -nosotros utilizamos más la palabra profesional- tiene que
tener muchas ventajas, porque se juega su futuro y hay condicionamientos sociales, económicos, políticos, de distribución del territorio, etcétera, que obligarían a una comunidad autónoma a tomar una decisión y no lo hace. La comunidad autónoma
dice: Que ponga la ventaja el ministro. Europa no hace nada, nos manda lo que corresponde y punto. Llevamos mucho tiempo con debates eternos diciendo si esto es para nosotros o no. No lo decide nadie. Ha venido así en las anteriores
legislaturas. Tú no podías decir: esto se lo doy a estos porque creo que es mejor. Ahora se está empezando a modificar, pero, en mi opinión, siguen igual. Perdemos toda la energía insultándonos unos a otros. Creo que hay que hacer un esfuerzo
entre todos, pero también hay que ver la realidad. No se puede dejar a cualquiera ser representante de una actividad económica. No podemos dejar a todo el Levante con una agricultura a título parcial, porque a lo mejor en muchas zonas es muy
importante, pero quizá no lo es en otras, como Castilla y León.


Veo muy difícil llegar al equilibrio, porque no vale el todo o el nada. Si queremos representarnos económicamente en la industria, en las exportaciones, en todas las actividades económicas, tienen que estar los que producen, porque si no se
van y punto pelota. Con la estructura de distribución económica, de tierras y de producción que tenemos, no se puede prescindir de la noche a la mañana de partes importantes al hablar de temas económicos. Es muy lícito que los Gobiernos, las
comunidades autónomas adopten las directrices que consideren oportunas. No quiero decir que sea bueno ni malo, pero se puede rebajar de un millón de propietarios o de 900.000 a un máximo de 400.000, que ya no son los 250.000. No sé cómo quedará la
ley, porque es verdad que todo se ha hecho muy precipitadamente, como ha dicho el secretario general de la UPA. Como está empezando ahora, como dice Floriano, queda recorrido para intentar que todos nos aproximemos y busquemos un consenso, que es
lo que teóricamente ofrecéis. Considero que es posible que además de los 250.000 se puedan incluir más partes de la agricultura de la producción. Lo que no se puede hacer es abandonar partes importantes de la agricultura. Es un tema complicado,
entre otras cosas, porque la Ley de Cámaras Agrarias viene exclusivamente con la Seguridad

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Social. La Seguridad Social es muy importante para nosotros, porque de ella dependen nuestras pensiones, pero los camioneros también tienen Seguridad Social. No lo fijemos en la Seguridad Social porque nos interese más o menos.


Creo que hay espacio para el consenso, y así lo piensan nuestras organizaciones agrarias. Vuelvo a decir que hay muchas formas para descompensar esto, sobre todo en las comunidades autónomas que quieran primar o no un modelo de agricultura,
beneficiando los seguros, las subvenciones, las compras, etcétera. Hay mil formas de que cada opción política elija la cuestión económica. Pero si seguimos discutiendo, la economía va a hacer ¡bum! y nos va a pillar a todos.


Respecto a la tercera cuestión que se estaba discutiendo, diré que evidentemente el primer borrador no nos gustaba y el segundo tampoco, aunque hay algunas cosas que se han mejorado con respecto al primero. Esto ha ido a una velocidad de
vértigo. Quisiera hacer algunas aportaciones sobre lo que no nos gusta del proyecto. Creemos que se debería incluir la figura de las comunidades de bienes, o las SAT. Las sociedades civiles son muy importantes en nuestro sector, porque pesan
bastante. Garantías de voto por correo, todas. Hemos hecho muchas elecciones y casi siempre hemos terminado en los juzgados entre nosotros. Evidentemente, tiene que quedar claro cuál será el proceso.


En cuanto a las sociedades mercantiles, dice específicamente: Uso exclusivo y único agrario. Estoy de acuerdo con la filosofía, con que el uso sea agrario, pero la realidad es que hay muchas sociedades que ponen compra de terrenos, y
cuando escrituran ponen más cosas que luego no están. Ya he dicho que hay que regular el voto por correo lo máximo posible. Errores o posibilidades de mejora. Que los electores estén en la comisión central, en la junta provincial, etcétera. Hay
muchas cosas que se pueden mejorar y que no están en el proyecto de ley.


Otra cuestión en esta ley que creemos que es la más complicada -y lo han dicho también mis compañeros-, es cómo hacerlo compaginar la extinta Conca o el real decreto que en sus últimos artículos habla de este proceso, porque de pronto
estábamos en una propiedad con unas limitaciones de uso. Desde mi punto de vista es un tema muy complicado, porque todas las devoluciones del patrimonio nacional que se produjo a partir de 1975 se han hecho con criterios del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Supremo, y así se ha repartido a las organizaciones empresariales, a las organizaciones sindicales, etcétera. Nosotros teníamos una cesión de propiedad y aquí ahora hablan solo de cesión. Se habla del reparto del edificio, y creemos
que no es correcto. Tenemos un edificio que cuesta mantenerlo más que si lo tuviéramos en otro sitio. Se hizo en su momento y todos los aceptamos. Hemos estado funcionando así. Este nuevo modelo es complejo en sí, porque hemos hecho unas
oficinas y ahora a ver si nos deja usarlas la UPA. Hemos hecho unas oficinas con el dinero del patrimonio que nos correspondía. Pero en otro apartado dice que las cooperativas tendrán derecho a dos plantas o a lo que tenían en la cesión anterior.
Primer punto. Nosotros defendemos a las cooperativas al límite -apoyamos la Ley de concentración de cooperativas; creemos que es uno de los puntos fundamentales, que es la única manera de comercializar, todo lo que queramos-, pero en esto no
llevan razón, porque ahora quieren tener un derecho quitándonoslo a nosotros. Nosotros podemos regalar el edificio a las cooperativas, pero era nuestro, era de los representantes. Que se tenga mucho cuidado y se busquen las fórmulas que sean más
justas, porque ahora, en nuestra opinión, no lo son.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Para no ser reiterativo, porque que ya lo hemos preguntado antes, solo mencionaré un par de cuestiones. Me ha dejado un poco descolocado cuando ha afirmado en su intervención que el que la Ley 10/2009 no se aplique
es culpa de los políticos. Esto me sugiere la siguiente pregunta. ¿Qué confianza tiene usted en que si aprobamos esta la vamos a cumplir los políticos? Lo digo porque denoto cierto escepticismo. Esto me lleva al concepto de si es útil o no para
el sector que se legisle en este tema. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ve necesaria esta ley o cree que bastaría modificar, cambiar o arreglar la anterior?


En cuanto a la circunscripción única, quizá no es lógico que haya dos supuestos para conseguir la representatividad, el del 15% y el del 5% en seis comunidades, porque si es única valdría con un solo criterio y no harían falta dos. ¿Cómo
organización, les da o no garantías el concepto de consulta y no el de proceso electoral regulado, reglado como tal? Veo que tampoco ha hecho mucho énfasis en esto durante su intervención. En Convergència i Unió nos preocupa el hecho de que se
legisle porque no se ha sido capaz de aplicar la ley, porque en las comunidades, como la catalana, en las que ha habido elecciones agrarias, creemos que se pueden devaluar nuestros procesos electorales al aplicarse el proceso electoral

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general de la consulta. Le preguntaría cómo valoran ustedes esta duplicidad y cómo cree que se podría solucionar a nivel de costes.


También nos preocupa el censo en caso de que haya dos procesos, simultáneos o no en función de la voluntad. Igual que dice que es culpa de los políticos que no se cumpla la ley, nosotros entendemos que gracias a la política hay comunidades
autónomas que pueden hacerla cumplir, como la catalana, haciendo sus propios procesos electorales. Por tanto, gracias a la política se tiene esa representatividad directa y competente al cien por cien en agricultura, menos en las visitas a
Bruselas. Me ha chocado el escepticismo en su intervención.


Me gustaría que me comentara cómo ven ustedes esta duplicidad en los procesos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Agradezco la presencia y la intervención de don Juan Sánchez-Brunete, paisano y amigo, persona a la que conozco hace muchísimos años y de la que tengo constancia de su conocimiento de la agricultura, especialmente de
las organizaciones profesionales agrarias de este país. El Grupo Socialista, en la misma línea de los anteriores comparecientes, le agradecería que nos hiciera llegar, en este o en otro momento, un guión de su intervención, porque sería muy útil
para nosotros, puesto que, además, me da la impresión de que en ella ha hecho un resumen de una exposición más amplia y seguramente más concreta de cada uno de los temas. Le agradecería profundamente que nos la hiciera llegar.


Hemos escuchado ya a tres organizaciones profesionales agrarias. Las dos primeras han hecho una crítica muy fuerte del proyecto de ley remitido por el Gobierno, y la intervención de Asaja -conociendo al compareciente, la interpreto en sus
justos términos- ha sido un poco más light. Yo le preguntaría, cuál es la posición de Asaja ante este proyecto de ley. En estas comparecencias y en estos últimos meses estamos preguntando quién pide este proyecto de ley, a qué obedece. Este es un
proyecto de ley que interesa única y exclusivamente a las organizaciones profesionales agrarias, porque mide la representatividad, y hasta ahora lo que hemos visto ha sido que COAG ha sido muy crítica con el proyecto de ley, que UPA es muy crítica y
que Asaja lo es por partes. Pero yo he leído algunas cosas que han escrito dirigentes de Asaja, y hay un artículo publicado en medios agrarios que se titula Ley de representatividad o golpe a la agricultura profesional. Este no es un término light
como su intervención, sino que es duro. Lo que dice quien escribe en nombre de Asaja, que no es ni más ni menos que el presidente de una organización territorial, seguramente una de las más potentes, es durísimo. En relación con los temas del
censo dice que es especialmente sangrante el sistema de elaboración del censo basado en la superación de los 3.000 euros. En cuanto a la organización del sistema electoral, señala, utilizando el ejemplo de Castilla y León, que hasta ahora una
elección tradicional permitía tener una mesa por cada 50 electores y que vamos a pasar a una por cada 1.400 electores. Se critica en este artículo lo costoso del proceso. Me gustaría saber, si es que se puede, si el responsable de la intendencia
de su organización, que sé que es potente y que tiene implantación en todo el territorio, tiene estimado cuánto va a costar esto o qué representa en relación con la financiación actual. Ya ha dicho que es un proceso que les va provocar muchas
dificultades.


En cualquier caso, es importante para nosotros, para los que tenemos que fijar una posición de cara al Pleno del Congreso, si es que se presenta una enmienda de totalidad, o en la tramitación parlamentaria, saber si en algún momento desde el
año 2010, cuando se aprobó la ley anterior, hasta ahora Asaja ha pedido la derogación de la ley actual y la convocatoria de un proceso electoral a nivel nacional.


En un planteamiento de lo concreto a lo general, le diré que sé que usted sabe de esto. Y para ilustrar a sus señorías, que sabemos mucho menos, me gustaría conocer, en relación con la representatividad, qué pasa en Europa, qué hacen en
Europa para resolver este problema. Sé lo que hacen en Francia, pero no conozco mucho más. Le digo lo que he oído, lo que sé, pero usted sabe mucho más que yo. Creo que Francia es el único país de Europa donde se convocan elecciones, pero se
convocan a las cámaras agrarias, porque estas tienen, igual que aquí las cámaras de comercio, unas competencias directamente atribuidas por el Gobierno central francés. He intentado buscar en otros países y no he visto convocatorias ni leyes de
elecciones. Me gustaría que hablara de ello, porque eso nos ilustraría para saber hacia dónde vamos con esta ley.


Por último, nos gustaría escuchar la opinión de Asaja sobre si este proceso puede resolverse con una consulta o con unas elecciones. El Gobierno opta por el sistema de la consulta, es decir, por un proceso electoral descafeinado, porque una
consulta no son unas elecciones. ¿A Asaja le parece bien la consulta o le gustaría que el proceso electoral que elija la representatividad sea un proceso electoral regulado por

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la legislación electoral básica de aplicación en todo el Estado? Consulta o elecciones. Quizá ese es el nudo gordiano del debate que hemos tenido a lo largo de toda la tarde con las otras dos organizaciones.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Yo también le doy la bienvenida y le digo que gustosamente recibiremos todas las aportaciones que nos haga Asaja. Quiero hacerle algunas preguntas al representante de Asaja, a sabiendas de que su organización está
presente en casi todas las comunidades autónomas. ¿En cuántas comunidades autónomas se han celebrado elecciones a cámaras agrarias?, porque hay algunas que ni siquiera tienen ley de cámaras agrarias como marco jurídico para presentarse. Se han
producido elecciones en once comunidades autónomas y en seis no. Quiero preguntarle algunos porcentajes. En esas seis comunidades autónomas en la que nunca en democracia se han celebrado elecciones ni consultas -Andalucía, Valencia, Castilla-La
Mancha y las otras tres-, ¿cuántos agricultores, en los treinta y ocho años de Constitución, no han podido acceder a una urna para votar a su organización? En esas seis comunidades autónomas, en materia económica, dentro de las macromagnitudes
agrarias ¿qué cantidad de dinero se ha quedado sin poder acceder? Creo que estarán en uno y en otro por encima del 50%. No obstante, quisiera que me dijera qué porcentaje de agricultores y qué porcentaje de actividad agraria se ha quedado sin
votar en esta democracia. Y no ya en esos treinta y ocho años de democracia, sino en estos últimos diez años, ¿qué porcentaje de agricultores y qué porcentaje de actividad agraria han accedido a las urnas? Creo que ha sido un porcentaje ínfimo,
pero me gustaría que usted me lo dijese.


Ha dicho usted que la representatividad no funciona y que tradicionalmente se han repartido al 33% los fondos de la Administración General del Estado. Le pregunto: ¿Usted considera lógico que se repartan fondos con esos porcentajes de
agricultores y de actividad agraria que nos va a decir o, por el contrario, considera que es bueno celebrar una consulta para clarificar el porcentaje de representación que tienen en materia de agricultores activos y de actividad agraria? Insisto
en los conceptos de agricultor activo y actividad agraria porque son dos conceptos que vienen en la nueva política agraria comunitaria y el agricultor activo que va a percibir fondos tiene que tener a su vez actividad agraria y, por tanto, va a ser
la agricultura real que va a tener este país. Por eso le pregunto si considera lógico que se produzca una consulta, como consecuencia de estos porcentajes que nos va a dar de participación pasada de agricultores y de actividad agraria.


Usted nos ha hablado del censo agrario. Hay cuestiones que la ley puede mejorar. Dado que no toda la actividad agraria está representada en ese censo, ¿puede matizar algo más qué personas jurídicas que tienen actividad agraria pueden
votar, porque en definitiva esta es una ley de organizaciones que representan la actividad agraria? Todo esto puede clarificar y dar legitimidad a la representación. En ese sentido, nos gustaría que nos manifestase sus opiniones. Tenemos tiempo.
Vamos a recibir todas las reflexiones y todas las propuestas, porque en definitiva para eso estamos aquí, para que el dinero público vaya a las organizaciones que realmente sean más representativas. En ese sentido, cualquier reflexión, cualquier
propuesta, cualquier mejora de la ley será bien recibida. La representación ante la Administración General del Estado conlleva la existencia de un proceso de consulta en el ámbito general y no solo en el ámbito de una comunidad autónoma, porque hay
comunidades que no tienen ni siquiera marco jurídico y en otras muchas no se ha celebrado ningún tipo de consulta y las organizaciones que están en esas comunidades autónomas en las que no se han celebrado elecciones o consultas merecen un esfuerzo
para respaldar la representatividad que puedan tener a nivel global, a nivel del Estado español.


El señor PRESIDENTE: Don Juan Sánchez-Brunete tiene la palabra.


El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES, ASAJA (Sánchez-Brunete Sánchez-Brunete): Me pregunta el representante de Convergència que si tengo confianza en los políticos. Tengo confianza en mí mismo y en
mis compañeros de organización. Nosotros vamos a hacer lo posible, pero ya veremos. Vamos a presionar, porque la ley es muy importante para nosotros. En el fondo, ¿cómo no vamos a tener confianza? Claro que la tenemos, no solamente en ti sino en
todos. Hay que tenerla; si no, nos tendríamos que tirar a un pozo, porque a ver dónde está la solución.


Me hablas del 15%, de la dualidad o del 6%. Eso es el misterio de la Trinidad, porque tenemos uno pero tiene dos cláusulas. Eso no es culpa nuestra. Hay elecciones que no se han hecho. Era un sistema lo más justo posible, pero no era
perfecto. No es vuestro reglamento electoral. Lo digo porque estoy muy

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preocupado porque les han preguntado esto a todos los compañeros. Se hizo la ley con la buena intención de que cuadrara, pero solamente hay tres. No lo sé. Lo que hay que solucionar es que las comunidades autónomas o hagan o no hagan
elecciones. No sé si con esto te contesto, pero creo que seguirás preguntándolo durante mucho tiempo.


¿Garantías de la consulta? ¿Por qué no se ha aplicado la ley? No sé por qué no se ha aplicado la ley. Hay tantas cosas que no se aplican en todas las comunidades autónomas. Hacen una ley y no la aplican. Estaba ahí y no la han aplicado.
Qué quieres que te diga, y más siendo catalán. Por último, me has hecho una pregunta sobre el censo, pero no la he cogido bien.


Contesto ahora a mi amigo Alejandro. En primer lugar, tú sabes mucho más que yo de temas agrarios y me has hecho algunas preguntas que a ver si soy capaz de contestar. ¿Quién lo pide? Esa es una pregunta que no está aquí solucionada. No
lo ha pedido nadie por escrito. Nadie ha dicho: Señor ministro, haga usted elecciones. ¿Vale? ¿Contestada? También es verdad que todos nos pasamos la vida diciendo que somos más que los demás. Al no haber elecciones, lo normal es que yo diga:
Andalucía es el cien por cien mía o Castilla y León. Y que la COAG o la UPA digan: ¡Pero qué dices tú! Nosotros somos más. Esto se soluciona pactando con los Gobiernos y trabajando mucho, pero no legalmente. Es verdad que yo me paso la vida
diciendo eso: Estos tíos son mucho menos y los otros más. Es así. Hay un problema y hay que solucionarlo. No sé si el ministro se ha fijado en eso o es que le han dado la paliza. No lo sé. No sé por qué lo ha hecho. Creo que he contestado un
poquito a la pregunta de quién lo pide. No lo pide nadie, pero es verdad. Se podría mejorar, tú lo sabes, no solo en Castilla, en todas partes. Ese es un debate nuestro, porque lo decimos, nos cabreamos y esa es la historia.


Con respecto a las mesas electorales, estamos totalmente de acuerdo con nuestros compañeros. Hay que solucionar eso, porque no tiene sentido. He participado en elecciones en otras comunidades autónomas como Cataluña -en Tarragona tenemos
representatividad- y las he vivido muy directamente. En Madrid se van a hacer elecciones sobre el 15 de mayo, así se ha decidido en la última reunión. Soy el presidente de Asaja Madrid y es la provincia en la que mayor resultado electoral hemos
alcanzado. Antes era una de Tarragona, pero en Madrid Asaja tiene un 61% de votos. Es imprescindible. Coincido con los demás en que hay que buscar una fórmula, porque Madrid tiene alrededor de 3.000 votantes y habría dos mesas. Ahora mismo tiene
veinticuatro o veinticinco mesas. Comprendemos que es un tema económico. Hay que pagar las dietas a todas las personas que van y el momento no está para muchos gastos. Hay que solucionarlo, pero hay que hacerlo de una manera que deje contentos a
los que vamos a participar, que somos todos nosotros.


Me pregunta respecto a los censos en Castilla y León. Es verdad, Asaja depende de las comunidades autónomas. Ha habido un debate en nuestra organización. Hay otras comunidades que no lo consideran. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a
toda la Comunidad de Valencia, donde al final lo que cuenta es la producción mayor. No se puede. Hay que intentar llegar a un acuerdo para poder mantener una posición mayoritaria y nuestra organización lo ha hecho, procurando bajar de los 900.000
a los 400.000 o a los 300.000, de tal manera que se vea representada la producción agraria. Evidentemente, aunque no es mucho, es un intento de fijar bien la representatividad desde el punto de vista puramente empresarial. En Asaja nos
consideramos empresarios todos, desde el primero al ultimo. Desde ese punto de vista, hay que dar participación a las personas que vengan. Mucha gente, incluso yo mismo, puede tener una opinión personal, pero la situación económica es esa. Una
cosa es el censo y otra la actividad económica. Los que tienen competencia en el tema ¿van a primar la agricultura a título principal? Esa es la teoría que se debería imponer y será seguramente la que se imponga, la que más ayudas tenga, que es lo
que te preocupa a ti concretamente. Si se quiere solucionar eso de que yo diga permanentemente que soy más grande y más guapo que tú, una línea puede ser esta o bien se puede modificar la ley anterior, cosa que no hemos conseguido.


Me has preguntado si consulta o elecciones. El proceso normal es el de las elecciones. Tú me dices: Las elecciones es a lo que estamos acostumbrados. Bueno, en algunas comunidades estamos acostumbrados a las elecciones a cámaras
agrarias, pero depende de cómo sean las elecciones y de cómo sea la consulta. No te rías. Tú estás acostumbrado a que las elecciones sean superserias. Nosotros también, porque son elecciones que se celebran según la Ley Electoral General del
Estado, que es lo que tú me estás diciendo. ¿Consulta? Depende de las comunidades autónomas, depende de los políticos, que sois los que montáis los líos. Aquí todavía no se ha decidido si las demás comunidades autónomas van a hacer elecciones o
no. Si las comunidades hicieran elecciones, ya tendríamos unas o habríamos visto que lo mejor era una consulta o estaría claro que la consulta podría servir como referente, para ajustar, no lo

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sé. Una consulta bien hecha, con todas las garantías puede servir de momento mientras las comunidades autónomas se adaptan a esa realidad o dicen que no o que es un tema muy complejo. Comprendo que no te lo he explicado más, pero no podía
ni quería tampoco.


Respecto a lo que me ha preguntado el señor Lapazarán, se han presentado en tres comunidades autónomas permanentemente, en Cataluña, en Castilla y León y en Madrid. En un primer momento se presentaron en muchas, pero se produjeron en La
Rioja -fue mayoritaria Asaja-, en Extremadura -en la última fue mayoritaria la UPA-, en Navarra -hemos sido nosotros, pero ya no se han vuelto a producir-, en Aragón -la lista mayoritaria fue Asaja en las primeras elecciones y COAG en las segundas-,
en Murcia y en Baleares, pero faltan comunidades vitales, como Andalucía y Castilla-La Mancha. También es importante que se sigan haciendo en el valle del Ebro. Galicia lo hizo la primera vez y luego las tres organizaciones hicieron un pacto y se
cargaron las elecciones. Necesitamos un criterio más común, porque, como a todos vosotros, nos cuesta conseguir una posición de consenso. ¿Qué porcentaje supone? Pues el que supongan esas comunidades autónomas. No te lo puedo decir, pero son
comunidades autónomas muy importantes desde el punto de vista económico, social y de producción.


Con respecto a las empresas agrarias, antes estaba bien hecho en la ley, porque no se especificaba esa exclusividad. En las elecciones que hemos hecho en las demás comunidades han votado todas las empresas agrarias. Llegaba el
representante con su voto y votaba. Ahora pone exclusividad absoluta. Muchos estatutos no lo reflejan. Nuestra idea es que es una actividad económica, tenemos que tener participación y vamos a preocuparnos. Me alegro de que el Partido Popular
ofrezca consenso en este tema. A ver si os podéis poner vosotros dos, que conocéis muy bien la agricultura, a buscar un acuerdo. Conmigo lo tenéis más fácil. Ya habéis visto cuál es mi posición. Es verdad que todas las organizaciones estamos
juntas en muchos frentes, porque lo de las mesas no se puede decir a nadie. He contestado lo mejor que he podido a las preguntas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Juan Sánchez-Brunete, por su comparecencia en la sesión de hoy.


- DEL SEÑOR COORDINADOR ESTATAL DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (DE LAS HERAS CABAÑAS). (Número de expediente 219/000559).


El señor PRESIDENTE: Damos paso al siguiente interviniente, que es el coordinador estatal de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, don José Manuel de las Heras, para que nos explique sus puntos de vista sobre el proyecto de ley
que ha motivado su comparecencia. Le damos la bienvenida en nombre de la Comisión. Tiene la palabra.


El señor COORDINADOR ESTATAL DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras Cabañas): Señor presidente de la Comisión de Agricultura, señoras y señores diputados, en nombre de la organización que represento, que es la
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, agradezco la oportunidad que se nos ofrece para dar nuestra opinión en relación con la ley para la determinación de la representatividad del sector agrario. Voy a leer mi intervención para tratar de ser
claro y conciso e ir a aquellos puntos que espero que a sus señorías más les interesen.


En líneas generales, puedo decir que mi organización coincide básicamente con el análisis que hace el Gobierno, tanto en el preámbulo de la ley como en las consideraciones que se adjuntan al texto de la misma, en relación con la conveniencia
y oportunidad de proceder a clarificar la representatividad agraria a nivel del Estado. De hecho, ha sido la Unión de Uniones la única organización que ha venido demandando de forma insistente la conveniencia de revisar el sistema de
representatividad que está en vigor hasta la fecha de hoy. No lo hemos hecho desde la prepotencia ni pensando que somos más representativos que lo puedan ser otras organizaciones ni porque nos propongamos como ganadores absolutos de un posible
proceso electoral en el campo, sino porque nos parece un principio elemental de la democracia que se adapten a la realidad social existente en cada momento los sistemas de representatividad ante las instituciones del Estado en general, también los
agrarios. Para nosotros está claro que unas elecciones que no se han realizado nunca o que se han realizado hace más de doce años, como ocurre con la mayoría de las comunidades autónomas, no pueden ser la base de la representatividad actual y
futura de los agricultores, ganaderos y silvicultores.


Entrando en el articulado concreto que el Gobierno ha propuesto a la Cámara, tenemos bastantes observaciones que hacer, para que las valoren y, en su caso, las tengan en consideración. Para no

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dispersarme mucho y como les voy a dejar un documento escrito con las observaciones que hacemos al texto tal y como está ahora, voy a resumirles los principios que a nuestro juicio debe garantizar esta ley, porque nos parecen básicos.
Queremos que se garantice la seguridad jurídica durante el proceso electoral. Queremos una ley que no sea excluyente, sino clarificadora respecto de quienes quieren los agricultores y ganaderos que les representen. Queremos que sean
fundamentalmente los agricultores y ganaderos los que voten. Queremos que la aprobación de la ley sirva realmente para cambiar el sistema de representatividad actual por uno más democrático, tal y como dice pretender el proyecto, y no para
consolidar la situación actual y, por último, queremos que el Consejo Agrario resultante del proceso electoral acabe siendo un órgano útil para los agricultores y ganaderos y para las administraciones públicas, que haga posible consultar y concertar
las políticas del sector, y que su composición se atenga en su representación a lo expresado por los agricultores y ganaderos en las urnas.


Por lo que se refiere a las características de la consulta y a la seguridad jurídica durante el proceso electoral, queremos que no se ponga en duda la misma. Para ello, hubiera ofrecido mejores garantías haberla denominado proceso electoral
y haber adecuado todos los pasos, plazos, procedimientos y sanciones a los de cualquier proceso electoral basado en la Ley de Régimen Electoral General existente, la Ley 5/1985. Si bien puede parecer que eso complica las cosas, a nuestro entender,
las hubiera clasificado. El procedimiento del voto por correo, la campaña electoral, la propaganda y los actos de campaña, la utilización de medios de comunicación para la misma, los gastos y subvenciones electorales y su supervisión y la
determinación de las infracciones y cómo se dictaminan y sancionan las mismas hace razonablemente seguro cualquier proceso electoral. Cuando nos apartamos de estas normas generales en cualquier otro tipo de consulta electoral, podemos dejar más o
menos impune, sin tener coste ninguno, cometer una irregularidad, porque la norma de convocatoria no lo prevé. La verdad es que eso no da mucha tranquilidad. No obstante, les hacemos algunas propuestas para mejorar esos procedimientos que quedan
reflejadas en el documento.


En lo relativo a los tantos por ciento mínimos para ser o no representativos y estar finalmente en el Consejo Agrario y en qué proporción, queremos que la ley no sea excluyente sino clarificadora respecto a quién quieren los agricultores y
ganaderos que les represente. Sé que en este sector hay gente más obsesionada por que no estén otros en las instituciones que por el modo y manera de estar ellos. Nosotros no. Nosotros no queremos que nadie se quede ciego al precio de quedarnos
nosotros tuertos. Queremos estar representados para trasladar inquietudes y propuestas de nuestros miles de afiliados. No tenemos inconveniente en que otros también lo hagan, siempre que representen a colectivos que tengan acreditada una
representatividad mínima por este u otro procedimiento directo y democrático. En este sentido, hemos conocido de manera informal propuestas pintorescas -al menos así nos parecen a nosotros-, que proponen que no estén como representativas las
organizaciones que no obtengan un determinado porcentaje. De practicarse esto aquí, en esta Cámara, se eliminaría la presencia, por ejemplo, del PNV, del BNG, de Convergència i Unió, de Izquierda Unida, de UPyD o de Coalición Canaria. Son
propuestas que llevadas al terreno de la realidad supondrían, por ejemplo, que si tres organizaciones obtuviesen menos del 19% de los votos en la consulta, quedasen fuera del marco nacional el 57% de los votantes. Nuestra propuesta es simple. No
excluyan a nadie por estar más representado en un territorio que en otros, en el norte o en el sur, en unas comunidades o en otras. Fijen un mínimo similar al necesario para que los partidos políticos puedan estar representados en las Cortes y
garanticen que las llamadas minorías, por encima de este mínimo, estén presentes y puedan ser también escuchadas. Nuestra pretensión es que el proceso se base fundamentalmente en clarificar la voluntad de los agricultores y ganaderos en la
constitución de un órgano de consulta y concertación útil, no en cuál es el porcentaje que hay que fijar para hacer posible excluir a alguna organización, que parece ser la máxima preocupación de algunos.


Por lo que respecta a los electores, el proyecto de ley hace una serie de precisiones con las que estamos básicamente de acuerdo. Es decir, deben votar aquellos que estén en el régimen de la Seguridad Social, dados de alta como
agricultores, ganaderos o silvicultores, aquellos que obtienen más del 25% de la renta del sector, aun no estando inscritos, si lo solicitan. Hasta ahí, de acuerdo. Sin embargo, en la siguiente horquilla, donde se habla de la cuantía de las
subvenciones percibidas para votar, si no se reúne ninguno de los otros dos requisitos, y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los que podríamos denominar agricultores y ganaderos están ya incluidos en los dos epígrafes anteriores,
pediríamos que se subiese de 3.000 a 5.000 euros. Entendemos que así se garantiza mejor que sean fundamentalmente los

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agricultores y ganaderos los que voten. Como digo, en este aspecto, básicamente coincidimos con el análisis y con la propuesta que hace el proyecto del Gobierno, con la salvedad citada.


Por lo que se refiere al cuarto principio, cuando afirmo que nuestro deseo es que la ley contribuya a cambiar el sistema actual de representatividad de forma democrática, quiero decir que el proyecto no debe contemplar la posibilidad de
blindar o consolidar la situación actual, cosa que podría ocurrir con este texto. Por eso, desde la Unión de Uniones pedimos que se elimine la disposición transitoria única sobre el Comité Asesor Agrario -está en la página 14 del proyecto de ley-,
ya que en realidad, lejos de cambiar el injusto sistema de representación actual, puede ayudar, si no se convocasen elecciones, a consolidarlo, y no hasta que se apruebe esta ley, sino hasta seis meses después de que se convoquen elecciones, plazo
que la ley no determina y que podría demorarse en el tiempo, meses o años, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones. Si les parece muy exagerado lo que digo, les recuerdo que la ley actual, la que se pretende sustituir por la que debatimos hoy,
ha fracasado fundamentalmente porque basaba la representatividad en varios supuestos, entre ellos, en los resultados obtenidos en las elecciones realizadas por las comunidades autónomas, cosa que, salvo honrosas excepciones, no ha ocurrido. Esa es
una de las razones de que estemos aquí hoy debatiendo esta ley.


Hay muchos ejemplos en la historia democrática de España de los últimos años, especialmente en el ámbito agrario y de las cámaras agrarias, de cómo las elecciones pueden no convocarse aun estando aprobadas las normas que lo permiten, con lo
que se acaban consolidando situaciones anacrónicas. Así ocurrió con la normativa estatal de la Conca, Confederación Nacional de Cámaras Agrarias, y con las cámaras agrarias provinciales, ya que vimos presidentes de cámaras agrarias provinciales que
se mantuvieron en el cargo veinte años después de su elección por falta de convocatoria que les renovase, y con la mitad de los miembros de los plenos de las cámaras jubilados o desaparecidos, muchos por muerte natural, lógicamente, por viejos. Ha
habido regiones que aprobaron leyes para realizar elecciones en el campo, como se indica en la memoria del proyecto, y que teniendo Ley Electoral hace diez, doce, quince o dieciocho años que no las convocan. Así ocurrió con la Ley 1/1996, del 27 de
junio, por la que se establece la regulación de las cámaras agrarias en Castilla-La Mancha, cuyo artículo 18, sobre convocatoria de elecciones, dice: Corresponde al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha convocar elecciones a cámaras agrarias.
La convocatoria se realizará cada cuatro años, con sujeción a lo previsto al efecto en la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias. Hace dieciocho años de esto y nunca se han convocado. No criticamos
esto, sino que constatamos lo ocurrido. Algo parecido ha sucedido en las comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra, Murcia, La Rioja, Galicia o Extremadura. Solo han tenido normativa apropiada y han convocado elecciones de forma regular
Cataluña, Castilla y León y Madrid. Por eso es importante para nuestra organización que se convoquen elecciones y que exista una norma que lo permita, como la que están elaborando ustedes.


Como en el borrador no existe la obligatoriedad de la convocatoria del proceso ni creo que vayan a incluir en él un plazo concreto, cuestión a la que, por cierto, nosotros no nos opondríamos, les pido encarecidamente que no posibiliten
mantener sine die la representatividad actual, que es lo que sucedería si se retrasa o no se realiza la consulta aquí contemplada y si este proyecto se aprueba con la citada disposición transitoria única. Esto transformaría el proyecto de ley en
algo inútil, porque se estaría aprobando una ley que regularía la realización de un proceso sin fecha, que solo podría convocarse a iniciativa del Gobierno, y cuyo efecto práctico e inmediato sería consolidar por la puerta de atrás la situación
anacrónica anterior, es decir, la derogada ley del año 2009, manteniendo el actual Consejo Asesor Agrario, y blindando y reforzando su pertenencia al mismo; es decir, que si no se convocasen elecciones se garantizaría por la vía de los hechos lo
contrario de lo que este proyecto pretende. Por último, les recuerdo que tras la derogación de la ley del año 2009 será necesario arbitrar en esta alguna disposición que permita a las comunidades autónomas acceder a los datos de la Seguridad Social
para convocar sus propias elecciones agrarias, porque de lo contrario no podrán hacerlo.


Quedo a su disposición para lo que me quieran preguntar.


El señor PRESIDENTE: En nombre de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Hace un rato que estamos escuchando a los diferentes representantes, y el resumen de su intervención es que para ustedes esta ley es necesaria, pero que esto no implicaría la derogación total de la ley de 2009. Ese
puede ser uno de los matices que diferenciaría su posición de la del resto de organizaciones agrarias.

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En el tema de la circunscripción única, también han hecho referencia a que apuestan solo por uno de los supuestos y, por tanto, solo haría falta decantarse por un porcentaje para poder tener representación. No he entendido, y me gustaría
que me lo explicase, lo de pasar de los 3.000 a los 5.000 euros de percepción de ayudas para poder formar parte del censo. Para otros significaba un handicap, pero para ustedes elevar el listón puede ser una ventaja a la hora de elaborar el censo.
Me gustaría que me lo aclarase.


Usted ha sido muy tajante al decir que o se encuentra una manera de que se pueda utilizar el mismo censo que para la consulta o las comunidades autónomas no podrían convocar sus elecciones por la imposibilidad de elaborar sus propios censos.
Entiendo que sería así. Ninguna otra organización ha sido tan contundente en esta afirmación. Todas han dicho que si son simultáneas sería posible; que si no lo son se podrían regir por sus propios censos, independientemente de que fueran
diferentes de los de la consulta. Nadie ha sido tan contundente a la hora de decir que o se puede utilizar el mismo censo o las elecciones autonómicas no serían posibles. Si no he entendido mal, lo que se dice en el artículo 10.2 de esta ley es lo
siguiente: Los datos personales que figuren en el censo solo podrán ser utilizados por los órganos previstos en esta ley y para los fines de la consulta. Gracias por esta aclaración, porque nadie lo ha visto como ustedes.


Esto nos lleva a una última derivada. La aplicación de esta ley, tal como está, no devalúa absolutamente los procesos electorales de las comunidades autónomas, sino que básicamente los imposibilita al cien por cien. Por eso pregunto -es mi
última consideración- cómo se come el hecho de decir que esta ley es necesaria para ustedes pero que a la vez no se considera oportuno derogar al cien por cien la Ley 10/2009.


El señor COORDINADOR ESTATAL DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras Cabañas): ¿Me puede repetir lo último, por favor?


El señor SOLSONA AIXALÀ: Básicamente es lo que he dicho al principio. A diferencia de las otras organizaciones, ustedes consideran que es importante ajustar la representación agraria, por tanto, cambiar el modelo, es decir, hacer una nueva
ley, pero intentando conservar lo que es positivo de la ley del año 2009, como sería, por ejemplo, la regulación electoral.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Seara.


La señora SEARA SOBRADO: Quiero dar las gracias al representante de la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos por su exposición y por el exhaustivo documento que nos ha hecho llegar. Aprovecho para pedir al presidente, como ha dicho
antes mi compañero el señor Alonso, que si el representante de Asaja ha dejado algún documento nos lo haga llegar.


Han pasado por aquí las cuatro organizaciones agrarias de referencia -usted es el último, y no por ello el menos importante, ni mucho menos- de este país. Dos de ellas han sido muy claras en su rechazo frontal a este nuevo proyecto de ley;
una ha sido tibia, y entendemos que más por encontrarse en el ámbito en el que estaba que por su propio posicionamiento interno, dado que es cierto que tenemos datos constatados de que existe un rechazo importante a esta ley desde diferentes
sectores y desde el propio ámbito territorial; además, el propio compareciente no lo ha negado y ha hecho referencia a muchos aspectos con los que no está en absoluto de acuerdo; y luego, usted empieza su intervención diciendo que concuerda con la
filosofía del Gobierno a la hora de abordar este proyecto de ley. ¿A qué cree que se debe esto? ¿Por qué cree que hay que diferencias entre los sindicatos agrarios? ¿Porque se representan muchas sensibilidades, incluso ideológicas, a la hora de
entender la gestión de los fondos comunitarios o cómo se concibe la propia agricultura y la ganadería? Parece que hay un importante acuerdo de mínimos, pero no están de acuerdo en el sistema electoral, en la oportunidad o no de traer esta ley en
este momento, cuando está vigente la del año 2009, que se aprobó prácticamente por unanimidad en esta Cámara. ¿Por qué? No es una pregunta retórica, tiene que haber más razones para que usted lo haya expuesto con tanta claridad, más allá, como
decía el señor Solsona, de que quizá no ha dejado cerrada la puerta a que quizá podría valer una modificación de ciertos aspectos de la anterior legislación que podrían ser positivos. Mi pregunta es ¿por qué? El Grupo Socialista se lo ha
preguntado a todos los comparecientes y también se lo tenemos que preguntar a usted.


Hay alguna cuestión sobre la que, por lo que le he entendido, hay más acuerdos que desacuerdos con el conjunto de sindicatos agrarios, que es la referida a la elección. Decía antes el señor Ramos que hay unas elecciones, que no es una
consulta y que, sin embargo, el proyecto de ley establece un sistema de

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consulta. Se habla incluso de las dudas jurídicas, incluso constitucionales, que puede haber respecto a este proyecto de ley. ¿Cuál es su posición en relación con esta cuestión? ¿Apostaría por que la ley fuera más al detalle en cuanto a
una concurrencia electoral, en clave puramente electoral, en la que voten los agricultores, que son los auténticos protagonistas de esta ley, o por lo que plantea el Gobierno en este momento, que es una mera consulta? Me gustaría que nos
respondiera a esta cuestión.


¿Qué le parece a usted que en esta consulta voten aquellas personas completamente ajenas a la agricultura como actividad principal? Estamos hablando de aquellas personas que pagando los 3.000 euros de la PAC puedan votar en esta consulta,
que son personas, insisto, completamente ajenas. Antes preguntaba al representante de la UPA si podía calcular cuántas personas que no tienen nada que ver con la agricultura podrían acceder a este censo. Se lo pregunto a usted también porque
quisiera conocer su opinión sobre esta cuestión.


Dispersión de los agricultores. Se ha hablado mucho a lo largo de la tarde de las urnas, de que en este proceso los protagonistas tienen que ser los agricultores y las agricultoras. Por tanto, hay que poner encima de la mesa todos aquellos
mecanismos que faciliten esta participación. Si optamos por establecer los núcleos de votación en las ciudades en las que no hay agricultura o en las que es muy residual, estaremos alejando de la participación a los agricultores. La propuesta que
se hace no nos parece muy coherente y, por tanto, me gustaría saber qué piensa sobre esta cuestión.


Por último, quisiera saber cuántas veces le ha llamado el Gobierno para hablar sobre este tema, cuántas veces se ha sentado usted con el ministro o con representantes del Ministerio de Agricultura para hablar sobre esta ley, con la que
parece que están ustedes bastante -no digo completamente- satisfechos. También quisiera que me dijera si conocen algún otro consejo consultivo en el Gobierno en el que para elegir a sus representantes haya que hacer un proceso electoral como este y
si saben de algún otro proceso electoral en nuestro país -también se lo he preguntado a sus compañeros- en el que no se eligen personas; qué opinión le merece que probablemente sea de las primeras veces en la historia -no lo hemos consultado
científicamente, pero habrá que hacerlo- que se va a un proceso electoral en el que los candidatos o candidatas no sean personas.


Le reitero el agradecimiento del Grupo Socialista por la exhaustiva documentación que nos ha dejado.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Pérez Lapazarán.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Quiero comenzar dándole las gracias por sus aportaciones. Leeremos su documento con sumo interés. También le ofrezco la posibilidad, en representación del Grupo Parlamentario Popular, de que nos transmitan todas
sus opiniones, propuestas, etcétera. Le doy la bienvenida a la Comisión.


Quisiera hacerle una serie de preguntas sobre las cuestiones que ha comentado. Dice que está usted de acuerdo, como dice esta ley, con convocar una consulta. Quisiera saber si usted está de acuerdo con la representación agraria que tenemos
en estos momentos en nuestro país a nivel estatal. Me gustaría que nos diera su opinión.


En las últimas horas se ha hablado de la Ley 10/2009, y quisiera saber, habida cuenta de que su organización es nueva, si están más de acuerdo con su modificación o con el proyecto que ahora se presenta. Ha hablado de la disposición
transitoria única -ha dicho que está en la página 14, pero está en la 10-, relativa al Comité Asesor Agrario. Puedo coincidir con usted en que si no se celebra una consulta efectivamente esto es una válvula de escape, una continuidad de la
representación anterior. Ya que lo ha manifestado así, le pediría un texto alternativo a esta disposición y que nos digan qué es lo que quieren en materia de Consejo Agrario, sobre todo porque las leyes se hacen para que se cumplan y sean eficaces.
En ese sentido, creo que es interesante su aportación relativa a que no se pueden celebrar elecciones en los próximos años teniendo una Ley de órganos representativos.


Ha hablado de lo que son organizaciones más representativas. Usted ha dicho que no se puede excluir a ninguna organización. No le escuchado mencionar porcentajes, no sé si es que no estaba atento o es que no lo ha dicho. Ha hablado de
minorías y ha citado al Partido Nacionalista Vasco, a Convergència i Unió y a otros partidos políticos. Quisiera saber cuál sería el porcentaje mínimo más adecuado que, en su opinión, debieran tener a nivel estatal -otras organizaciones han dicho
que el 20% y la ley habla del 15%- para no excluir a nadie.


También ha hablado de subir de 3.000 a 5.000 euros. Me gustaría que ampliase la razón, aunque me imagino que es por ser más profesionales. Me gustaría escuchar su opinión sobre el censo. Otras

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organizaciones nos han dicho que la persona jurídica, teniendo actividad agraria, y muchas de ellas actividad agraria importante, puede estar excluida de esta ley por no estar en el censo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor De las Heras.


El señor COORDINADOR ESTATAL DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras Cabañas): Pido a los tres grupos que me han hecho preguntas que si no les contesto exactamente, porque no he tomado bien nota, a medida que lo voy
haciendo me digan qué es lo que me he dejado.


Marc Solsona dice que si creo que esta ley es necesaria y si implicaría la derogación total de la ley anterior. Nosotros creemos que esta ley es muy necesaria y entendemos que no tiene sentido que una vez aprobada quede algo de la anterior
sin derogar. Explicaré el porqué en otra de las preguntas de otra señoría. Lo que dice en su texto la nueva ley que se va a aprobar es que, exceptuando el Consejo Asesor Agrario que continuará un máximo de seis meses desde la celebración del
proceso electoral, queda derogada la anterior. Lo que decimos, repito, es que esta ley es necesaria y que implica la derogación de la anterior. Luego explicaré por qué lo del Consejo Asesor Agrario.


Me preguntaba que al ser una circunscripción única, por qué decimos lo de la cuantía de 3.000 o 5.000 euros que perciben... No lo he entendido. ¿Me podría repetir la pregunta?


El señor SOLSONA AIXALÀ: Le preguntaba por el porcentaje.


El señor PRESIDENTE: Son dos preguntas distintas.


El señor COORDINADOR ESTATAL DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras Cabañas): Creemos que al ser una circunscripción única no tiene ningún sentido, en absoluto, que haya tres, cinco o seis comunidades autónomas en
las que se les exija un porcentaje. Entendemos que hay que poner un porcentaje general -y ya contesto a lo que antes preguntaba el señor Pérez Lapazarán-, y está en el documento que les hemos entregado. Creemos que lo lógico es que el porcentaje
que se ponga para medir la representatividad sea un 10%. No tienen ningún sentido los otros porcentajes que algunas organizaciones dicen proponer; en un principio eran tres, luego seis, y creo que en alguna intervención han pedido hasta más
porcentaje en distintas comunidades autónomas. Si aplicáramos la suma que el censo supone en algunas comunidades autónomas, veríamos que a veces seis comunidades tienen menos que una sola. Por tanto, si estamos hablando de circunscripción única,
es circunscripción única. Los porcentajes mínimos que están pidiendo en otras comunidades autónomas obedecen a cuestiones distintas de la eficacia electoral. De lo que se trata, desde mi punto de vista, es de que alguna organización crea que con
esto se la puede excluir. Eso no lo entendemos.


La disposición adicional tercera de esta ley habla de la simultaneidad de la consulta con otros procesos electorales. Creemos que convendría que el Gobierno, atendiendo a las competencias que tienen algunas comunidades autónomas, llegara a
un acuerdo con ellas para simultanear el proceso. Es lógico que el Gobierno entregue el censo de electores a las comunidades autónomas que lo quieran para que estas puedan simultanear los procesos en el mismo día y utilizando unas mismas mesas, eso
sí, llegando a un acuerdo sobre los gastos de la concurrencia electoral. Tenemos, por ejemplo, las elecciones al Senado y al Congreso, y ahí se podría hacer perfectamente. Aquí se ha hablado de que se prevé que en mayo pueda haber elecciones a la
Comunidad Autónoma de Madrid. Nosotros vamos a solicitar que las elecciones al campo en la Comunidad Autónoma de Madrid se puedan simultanear con las autonómicas, como pueda hacerse en Cataluña, en Castilla y León o en cualquier otra comunidad que
quiera convocar elecciones. Eso está contemplado en esta ley -en otros borradores no-, aunque habrá que tratar de mejorarlo en lo posible. Creo que con esto, más o menos, he contestado al señor Solsona.


Respondo ahora al Grupo Socialista. Me dicen que ha habido dos organizaciones...


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor De las Heras. El portavoz de Convergència todavía está interesado en insistir en la pregunta sobre la diferencia que usted planteaba entre 3.000 y 5.000 euros. Ha hecho dos preguntas a la vez. Una era
la de la circunscripción única y la otra era por qué usted o su organización creen que en vez de 3.000 euros el límite debía ser de 5.000.


El señor COORDINADOR ESTATAL DE LA UNIÓN DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (De las Heras Cabañas): Lo decía en mi exposición. Nosotros creemos que hay mucha

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gente del sector de 3.000 que si no está en los dos epígrafes anteriores, estar en la Seguridad Social agraria o tener el 25% de la renta proveniente de sus ingresos, seguramente no serán profesionales. Es porque creemos que en el sector de
3.000 podrían no tener la consideración de agricultor casi ni activo. Es para aminorar algo el censo, porque sumando todos los conceptos es mucho más que lo de la Seguridad Social agraria. Nosotros creemos que con esto sería un poquito más justo.
No sé en cuántas personas podría aumentar el pasar de 3.000 a 5.000. Tenemos hechos los estudios pero no me los sé de memoria. Hay mucha gente de este epígrafe que coincide en el tema de la Seguridad Social, porque quizá tienen cultivos que tienen
poca PAC pero sí son agricultores. Esto no hace un gran quebranto.


La diputada del Grupo Socialista decía que dos organizaciones habían hablado en contra de este proceso electoral y que una con tibieza había dicho sí, no, pero todo lo contrario. ¿Por qué nosotros pensamos de manera distinta? Seguramente
nosotros no opinaríamos de forma diferente si con la Ley del año 2009 -lo he dicho en mi intervención- se celebraran los procesos electorales de las comunidades autónomas. Pero da la casualidad -también lo he dicho en mi intervención- de que hasta
ahora solo tres han realizado esos procesos. Las comunidades que nunca lo han hecho y que ni siquiera tienen ley suponen un treinta y tres y pico por ciento de la importancia agrícola en el Estado español. Por tanto, no se puede decir que la ley
anterior justificaba la representatividad porque en ciertas comunidades ha habido procesos electorales, porque si ahora mismo miráramos el censo para comprobar los resultados que tuvieron en su día estas comunidades autónomas que hicieron
elecciones, salvo las que lo tienen actualizado, veríamos que muchos de los que votaron no podrían hacerlo porque o son difuntos o están jubilados. Si tenemos ese pensamiento, corremos el riesgo de que alguien que gobernó este país hace cuarenta
años pida su mayoría absoluta. Son procesos electorales caducos. No se puede decir que la representatividad está medida en procesos electorales que se han celebrado. Desde nuestro punto de vista, eso no se tiene en pie.


¿Consulta o elecciones? Ya lo he dicho en mi intervención. Nos gustaría que detrás de esta consulta estuviera la garantía jurídica de un proceso electoral. Pedimos eso porque creemos que así quien la haga podrá ser sancionado de acuerdo
con la Ley Electoral General. Sin embargo, creemos que este proceso debe seguir adelante, aunque si es con eso, mejor.


¿Por qué votan otras personas y cuántas más, además de aquellas que tienen la Seguridad Social agraria? La Ley de Modernización Agraria contempla que aquel que obtiene el 25% de la renta es considerado agricultor profesional. En realidad,
las organizaciones aquí dicen defender una cosa, pero en la práctica están haciendo otras. A nosotros, como organización, nos parecería mucho mejor que en vez de aquel que obtiene el 25% de la renta, fuera aquel que es agricultor a título
principal, que contempla el 50% de los ingresos para su consideración. Eso nos gustaría más, pero a mí también me gustaría que no hubiera pobreza en el mundo y que hubiera trabajo para que no existiera pobreza, pero una cosa es lo deseable y otra
es lo posible. En aras del consenso y para que esta ley se realice, estamos dispuestos a aceptar esto. También estamos dispuestos a que de 3.000 se pase a 5.000, como decía antes al diputado Marc Solsona, porque en la mayoría de los casos los
3.000 pueden estar contemplados en el 25% o en la Seguridad Social agraria y con eso evitaríamos que muchos de los que figuran pero realmente no son puedan optar al voto.


¿Urnas? Los que me han antecedido en el uso de la palabra han dicho que son pocas y nosotros lo decimos también. Cuántas más se pongan mejor. En este anteproyecto de ley se contempla el coste de una mesa electoral. Sumando los vocales,
el presidente, seguridad y demás, puede estar entorno a 690 euros. Nos gustaría que se contemplaran también los gastos electorales que conlleva, que hubiera una normativa que dijera cuánto, cómo y dónde se puede gastar y que hubiera unas
negociaciones con Correos -también lo dice en algún apartado- para el envío de la propaganda electoral. Todo eso, cuánto más claro mejor. Al final, el censo -doscientos y pico mil más las industrias agroalimentarias con dedicación exclusiva-
podría estar en torno a los 300.000. Los datos son ya casi exactos. Con esto no llegarían a 500.000 los electores que podrían presentarse a las urnas, pero todavía queda algo por definir. Indudablemente, cuántas más mesas pongamos, más
facilitaremos que la gente puede acercarse a votar. Coincido con los que me han precedido en el uso de la palabra. En el medio rural la gente está muy dispersa y cuánta más participación haya más legitimidad se dará al proceso.


Me preguntaba cuántas veces nos han consultado. Igual que al resto, solo que un día después: cuatro veces. Ha habido cuatro borradores y en cuatro ocasiones hemos aportado mejoras a los borradores que nos presentaban. O a mí me han
mentido las personas con las que nos hemos reunido -y no me han

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mentido, porque lo he visto en la prensa- o yo me he reunido cuatro veces con mis asesores igual que lo han hecho ellos.


Por último, me preguntaba si conocía otros consejos y para qué se necesitan elecciones. Sinceramente, creo que la agricultura es mucho más que medir la representatividad para elegir a unas personas que van a constituir el Consejo Asesor
Agrario. Las elecciones hacen que las organizaciones agrarias no se duerman, que sirvan a la gente y que a través de ellas se tenga un contacto continuado no solo con el Gobierno, con el Ministerio de Agricultura, sino con otros Gobiernos y otras
comisiones que directa o indirectamente nos competen. Por tanto, yo diría que las elecciones no es que sean necesarias, es que son imprescindibles, como el aire que respiramos, en una sociedad que se llama democrática. Lo contrario es lo que ha
ocurrido hasta ahora, que se está representando en los sitios en función del capricho del gobernante de turno. Estoy en el Congreso de los Diputados y sé que lo que estoy diciendo es duro, pero estoy diciendo la verdad, nada más que la verdad y
solamente la verdad. Y me remito a lo que otros han dicho antes que yo, y es que aquí durante muchos años las ayudas se han repartido desde la Administración central a un 33%, sin mirar si uno era más o menos representativo, cuando cada uno dice
que es el máximo representante de los intereses de Andalucía, de Castilla y León o de otras comunidades autónomas. Por ello, las elecciones son tan importantes como el aire que respiramos. Creo que he contestado más o menos a lo que me preguntaba.


En cuanto a la intervención del representante del Grupo Popular, tengo que decir que no podemos estar en absoluto de acuerdo con la ley que existe en la actualidad. Alguien preguntaba quién había presionado al ministro para que hubiera
estas elecciones. Nosotros le hemos presionado, pero no solo hemos presionado al ministro sino a todos los grupos políticos. Antes de las elecciones, tenemos la sana costumbre de hablar con todos los grupos políticos y presentarles nuestro ideal
de un programa agrario, y en él hemos pedido a todos que en sus programas metieran la elaboración de una ley de representatividad agraria. Seguramente esto no lo hubiéramos hecho si la ley anterior hubiera funcionado en condiciones.


Como he dicho, elaboraremos un texto claro y conciso, que enviaremos a todos los grupos, explicando por qué queremos eliminar el apartado cuarto, según el cual el Consejo Asesor Agrario actual dejará de tener su actividad tan pronto como se
apruebe esta ley. Eso puede crear un vacío durante un tiempo, porque hay que desarrollar la ley cuanto antes, pero la ley no dice en qué plazo se van a celebrar estas elecciones. Lo he dicho en mi exposición. Sabemos que hay infinidad de leyes
-poníamos como ejemplo la de Castilla-La Mancha- que se han elaborado y nunca se han desarrollado. Sus señorías podrán pensar lo que crean conveniente, pero a nosotros nos gustaría no solo que se hiciera esta ley sino que las urnas se pusieran
cuánto antes para que pudiéramos votar.


Me pregunta qué porcentaje creemos conveniente. Lo he respondido antes. Respecto al censo, he contestado también. Por tanto, no me extiendo más. Sé que la sesión ha sido larga. Solo espero que, lejos del disenso que ahora mismo hay,
entre todos podamos crear un consenso. Si nos admitieran en algunas reuniones de los que quieren consenso seguramente lo podríamos alcanzar, porque cuando hay cuatro partes hay que tener capacidad de hablar entre las cuatro. Por nuestra parte,
nunca ha habido falta de voluntad, pero que no hablen de consenso quienes en la práctica no lo ejercen.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don José María de las Heras, por su amplia y detallada información.


Quiero aprovechar la ocasión para saludar a un viejo conocido nuestro que está hoy aquí, un colega catalán de Unió de Pagesos, don Andreu Ferré, que sabe mucho de agricultura y que siempre ha colaborado con nosotros y nos ha ayudado a los
políticos a no equivocarnos tanto.


Agradezco su atención y su asistencia a todas las organizaciones profesionales agrarias que han comparecido.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.