CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 462

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA

Sesión núm. 39

celebrada el miércoles,

20 de noviembre de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado en el seno de la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito. (Número de expediente 154/000002) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Proposiciones no de ley:


- Sobre el rescate de los ahorros de la cooperativa L'Aldea. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000690) ... (Página12)


- Por la que se insta al Gobierno a la creación de una agencia pública europea de calificación. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000231) ... href='#(Página15)'>(Página15)


- Sobre financiación de I + D + I. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000589) ... (Página21)


- Sobre las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001763) ... (Página26)


- Sobre impulso y mejora de la actividad del Instituto de Comercio Exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000901) ... (Página30)


- Sobre el impulso del sector de la moda en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001888) ... (Página34)

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- Relativa a la cesión temporal de la gestión de viviendas propiedad de la Sareb ubicadas en Cataluña, y en especial en los municipios de Girona y Salt, a sus respectivos ayuntamientos o a la Generalitat para que puedan ser incluidas en los
programas sociales de alquiler de viviendas de dichas administraciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002095) ... (Página37)


- Para promover un programa de apoyo a la financiación de pequeñas y medianas empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002117) ... (Página41)


Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


DEBATE Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ELABORADO EN EL SENO DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS E HIPOTECARIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 154/000002).


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


El primer punto del orden del día es el debate y aprobación, en su caso, del informe elaborado en el seno de la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito.
Como sus señorías conocen, hoy tenemos una sesión larga y, de acuerdo con lo que han solicitado a la Mesa, vamos a intentar que haya un primer turno de aproximadamente siete minutos y una réplica después de tres minutos por respeto a todos los
participantes, porque la sesión puede ser más o menos larga dependiendo de lo que hagamos en las intervenciones. Empezaremos el debate de mayor a menor. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: En primer lugar, quisiera agradecer, y que conste en el 'Diario de Sesiones', todo el trabajo desarrollado por parte de los comparecientes y de los miembros de la subcomisión. Ha sido un trabajo intenso y seguro
que va a ser provechoso, independientemente de que no haya sido posible hacer un informe único, haber concretado entre todas las fuerzas políticas un documento de conclusiones; estoy seguro de que es un trabajo muy aprovechable con vistas al
futuro. Los objetivos eran tres principalmente: en primer lugar, evaluar lo que ha ocurrido, por qué se han provocado situaciones de desprotección a los clientes de productos financieros; en segundo lugar, ver qué soluciones se podían dar a los
conflictos ocasionados por esta desprotección, y en tercer lugar, tratar de abordar cambios normativos, legislativos y también ejecutivos para evitar estos problemas en el futuro. El único pero que le pondría es que creo que ha habido por parte del
Gobierno muy poca fe en esta subcomisión, y a las pruebas me remito. Hubiese sido más aprovechable si, en vez de abordar una serie de reformas durante el periodo que ha durado esta subcomisión, se hubiese tenido fe. Si se hubiese tenido fe, se
podrían haber adelantado concreciones de esta subcomisión mucho antes para que fuesen la base de las reformas. En estos momentos el Gobierno da por concluido su proceso de reformas en esta materia -no sé si el Grupo Popular coincide con lo que
estoy manifestando-, si bien es cierto que el informe del grupo que apoya al Gobierno pone de manifiesto interés en abordar unos cambios de cara al futuro. Considero que son bastante generalistas e insuficientes tanto las reformas que se han
abordado en esta materia como las propuestas que se elevan a través de este informe que hoy se va a votar. Por eso nosotros hemos presentado nuestro voto particular y hemos hecho un informe exhaustivo de cómo creemos que se tenía que abordar la
problemática actual y cómo se tiene que abordar la problemática en el futuro.


Voy a entrar mucho más en materia hablando, en primer lugar, de preferentes y productos subordinados. No cabe duda de que el arbitraje no ha sido una solución. Mi grupo parlamentario ha mantenido hoy una reunión con la coordinadora de
plataformas de afectados por las preferentes y nos han manifestado que no se pueden dar por satisfechos con este arbitraje; muy al contrario, lo que nos dicen es que hasta cierto punto ha creado un nivel de insatisfacción bastante considerable. Me
voy a remitir a los datos del último informe, que ponen de manifiesto que en la única entidad que habían concluido, que era Novagalicia Banco, solamente un 46 % había conseguido que fueran aceptadas las solicitudes de arbitraje -es decir 62.000
personas sobre un total de 133.000- y por otra parte, solamente

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se ha devuelto un 27 %, 493 millones sobre un total de 1.832, es decir que es claramente insuficiente. Por tanto, el arbitraje no ha sido la solución ni tampoco lo son los cambios normativos incluidos en el real decreto que todos conocemos
y no me voy a parar a desmenuzar, por lo que nuestra postura sigue siendo la que era anteriormente. Consideramos que es necesario con vistas al futuro prohibir la comercialización a minoristas y que tiene que ser la Comisión Nacional del Mercado de
Valores la que, a través de una auditoría de oficio, aborde la revisión de la idoneidad y conveniencia de todos los titulares de preferentes, no solamente de las entidades nacionalizadas o gestionadas por el FROB sino de todas las entidades
financieras que mantienen todavía participaciones preferentes en este país, que son muchas, hay miles de millones de euros todavía en preferentes. Con vistas al futuro, también incluimos en nuestro informe una serie de medidas añadidas, como el
consentimiento informado, el periodo de reflexión, la definición y la explicitación de que no son productos que estén garantizados o que tengan cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos, una ficha de datos esenciales y un etcétera largo, porque
ustedes han visto el informe exhaustivo que hemos presentado al respecto.


En cuanto a los desahucios, ha ocurrido tres cuartos de lo mismo. El Gobierno ha abordado una reforma a través del código de buenas prácticas, que sigue siendo insuficiente porque se siguen produciendo desahucios en este país y desde luego
si hay menos desahucios no es por el código de buenas prácticas sino porque en estos momentos los bancos ya no quieren ni una vivienda porque no saben qué hacer con ellas y en muchos casos se las tienen que ceder a la Sareb. Los bancos tienen menos
interés en recuperar y en el lanzamiento de los residentes en estas viviendas, y eso es posible que haya surtido mucho más efecto que el propio código de buenas prácticas. No obstante, también tenemos nuestras enormes reservas sobre la Sareb, sobre
el banco malo, sobre la salida que el Gobierno quiere dar todos estos inmuebles que están todavía en stock y en los activos de las entidades bancarias en este país. Nuestras propuestas están claramente definidas en el informe: seguimos manteniendo
la moratoria a tres años para que no haya ningún lanzamiento en este país y que se paralicen los procesos de ejecución de garantía hipotecaria; el valor de tasación único; la independencia de las sociedades de tasación; el procedimiento
extrajudicial en la ejecución; la elevación del valor de tasación a la hora de la adjudicación; la dación en pago; el parque público de viviendas... (Rumores).


Presidente, pediría, si es posible, un poco de silencio porque si no, difícilmente nos podemos concentrar en la exposición.


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio que no se oye bien al interviniente.


El señor HURTADO ZURERA: Se lo agradezco.


Que la concesión de los préstamos hipotecarios no sea por más de treinta años y que no se supere un valor del 80 % de la tasación; la línea ICO para facilitar el aplazamiento temporal y parcial en el 50 % de las cuotas hipotecarias; la
equiparación del interés de demora al interés legal, y un amplio etcétera que tienen ustedes en el propio informe.


Quiero hacer especial mención a las cláusulas suelo. No se habla prácticamente nada de las cláusulas suelo, que siguen siendo uno de los grandes problemas en este país y una de las grandes injusticias. Ya ha habido tres entidades que las
han tenido que quitar pero sigue habiendo otros grandes bancos en este país que tienen cláusulas suelo y parece ser que el Gobierno no quiere saber nada al respecto. El último dato ha sido que el Banco de España, al que se le había requerido un
informe sobre la situación de las cláusulas suelo, se desentiende absolutamente de esta situación. Nosotros creemos necesario que se eliminen las cláusulas suelo en todas las entidades nacionalizadas, que en aquellas otras entidades no
nacionalizadas si no se eliminan voluntariamente las cláusulas suelo, se haga una intervención del Banco de España y una auditoría para ver si se han comercializado con la suficiente transparencia e información. Creemos que es un problema enorme en
el que parece que el Gobierno no quiere intervenir.


En cuanto al IRPH, el cambio normativo ha sido en beneficio de los bancos, porque la sustitución del IRPH de las cajas por el IRPH de entidades de crédito más menos el diferencial histórico, significa dejarlo a la misma altura que venía
teniendo el IRPH de las cajas, con lo cual seguimos manteniendo un sustituto al IRPH, que es el euribor más un punto. De los swaps no se habla nada, no se ha abordado ningún tipo de reforma. Se ha producido un enorme fraude con la comercialización
de estos productos financieros y parece ser que el Gobierno tampoco quiere saber nada. Incluimos una serie de medidas y la eliminación inmediata de todos los swaps que se hayan comercializado en este país, al igual que ha hecho Alemania, que ha
eliminado y ha exigido a las entidades bancarias la devolución de todos los gastos ocasionados por la comercialización de los swaps estructurados exactamente igual. Queremos la equiparación, tanto

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con preferentes como con subordinadas, en el mismo texto normativo. De hipotecas multidivisas tampoco se habla nada, tampoco parece que haya en este país un problema sobre este producto. Exigimos exactamente igual: más información, más
valoración del riesgo y una auditoría a medida. Tampoco se quier saber nada de los seguros de vida, desempleo e incapacidad y es un auténtico problema; seguros que, al final, en el caso de que se ejecuten, no cubren las cuotas hipotecarias
pendientes porque son seguros falseados, seguros comercializados de forma fraudulenta y falsa. En concreto en relación con las comisiones bancarias, parece ser que tampoco se quiere hacer ningún tipo de apreciación al respecto y somos el segundo
país de Europa con las comisiones bancarias más altas. En este país se están cobrando comisiones por todo: por poner el concepto y por poner el nombre de la persona que hace los ingresos en una cuenta corriente; se están cobrando comisiones por
servicios que no se prestan. Creemos necesaria una regulación exhaustiva, definir claramente qué servicios son los que prestan las entidades bancarias, que se publiciten las tarifas, los precios porque se está produciendo una merma sustancial de la
competencia entre las distintas entidades bancarias; más aún, el saneamiento financiero está ocasionando la integración, la fusión de muchas entidades bancarias. Se está creando un oligopolio en la oferta con relación al sistema financiero, a las
entidades bancarias, con una reducción sustancial, y tenemos que poner mecanismos que garanticen que los sistemas de libre competencia y de competitividad sigan funcionando. Por eso todas nuestras medidas van encaminadas a esta labor, a más
información, más transparencia, más protección al consumidor pero, por otra parte, hay que seguir apostando por que la integración en nuestro sistema bancario no vaya en detrimento de la competitividad y del libre mercado. El oligopolio puede ser,
con vista a futuro, un enorme problema si no ponemos las medidas necesarias para que se respeten. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Los miembros de esta Comisión tienen una capacidad de síntesis que yo admiro a menudo; les rogaría que la aplicaran hoy en la medida de lo posible.


Tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: También nuestro grupo parlamentario, como promotor de esta iniciativa sobre esta subcomisión para la transparencia de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, se muestra satisfecho del
trabajo realizado a lo largo de estos casi dieciocho meses. Desde esta perspectiva, también valoramos positivamente, en términos generales, las conclusiones recogidas por la subcomisión sobre los trabajos realizados por la misma en relación con la
información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, donde encontramos muchos puntos coincidentes con una serie de propuestas de resolución que nuestro grupo planteó cuando finalizaron los trabajos de dicha
subcomisión y que han sido incorporados en gran medida en este informe que hoy está sujeto a valoración y a votación. No obstante, trataremos de ser lo más críticos posible con las conclusiones presentadas para perfeccionar todas aquellas
propuestas que, más que tener un impacto directo y medible, se hayan traducido en una mera declaración de buenas intenciones con muy pocas repercusiones en la mejora de la transparencia de estos productos y, en definitiva, en una mayor seguridad
para todos los consumidores.


Desde otra perspectiva, Convergència i Unió también queremos reclamar la máxima celeridad en la puesta en marcha de las medidas propuestas para ofrecer cuanto antes mejores garantías y más seguridad a todos los ciudadanos, logrando con ello
una mayor credibilidad de la banca, hecho que resulta clave para el devenir del sistema y más en estos momentos, dada la crisis económica por la que está atravesando nuestro país. En cuanto a todos aquellos aspectos que se refieren a productos
financieros complejos, tenemos una actitud crítica, concretamente en relación con el sistema de arbitraje como vía de resolución para lidiar con el problema de las participaciones preferentes, aun cuando compartimos con el informe de conclusiones
que esta es una vía rápida y razonable para dar salida a los afectados de esta estafa, siempre y cuando -y esto lo hemos mantenido a lo largo de todos los debates que hemos planteado en esta subcomisión- esta salida pueda ser universal, que es uno
de los objetivos de nuestro grupo parlamentario a lo largo de dichos trabajos. Creemos que debido a que en un inicio los criterios de arbitraje han sido muy restrictivos y ha habido muchos afectados que se orientaron por la vía judicial
directamente para asegurar que tuvieran una respuesta en su demanda, el Gobierno debería eximir a las personas afectadas por la tenencia de participaciones preferentes e instrumentos híbridos de capital del pago de todas aquellas tasas judiciales y
costas derivadas por las reclamaciones correspondientes, ya que es necesario garantizar una igualdad de trato con los que han accedido vía arbitraje, ya que el coste de esta estafa es nulo para el consumidor afectado. También, como cuestión
crítica, echamos en falta que el

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Gobierno proporcione mayor independencia y competencias claras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que esta pueda adoptar medidas cautelares. Del mismo modo, es importante el otorgamiento de facultades a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores para imponer acuerdos a las partes cuando se estime que la normativa no ha sido respetada en perjuicio de los inversores minoristas, evitando que tengan que acudir a la justicia para solventar cuestiones que el supervisor ha
decidido de antemano, sin perjuicio de su derecho a la utilización de la vía judicial.


En cuanto a la relación de los productos hipotecarios, dentro de las medidas no vinculadas con la transparencia que recoge el informe, echamos de menos en estas conclusiones una que presentó nuestro grupo parlamentario, tanto en esta
subcomisión como en el proyecto de ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, porque nosotros entendíamos que el Gobierno tenía que haber presentado un proyecto de ley de
medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar en la reforma de la Ley Concursal, con el fin de adaptarla a los casos de sobreendeudamiento de las personas físicas. Se trata de dar una segunda oportunidad a aquellas personas, tal como
recoge la legislación de los países más importantes de la Unión Europea. También se echan en falta propuestas de reformas legislativas encaminadas a evitar una burbuja crediticia como la que ha ocurrido en el Estado. Si estas medidas se hubieran
implementado en su momento, no solo hubiesen evitado las consecuencias de una falta de transparencia informativa hacia mucha gente a la que no se le debería haber concedido una hipoteca, sino que se impediría que nos encontrásemos en una situación
como la actual, con muchas entidades financieras intervenidas y sin crédito para las pequeñas y medianas empresas. Además, de tomarse estas medidas, permitiría que cuando vuelva a fluir el crédito se destine a aquellos sectores con más capacidad de
innovación y no a bienes susceptibles de tener un alto componente especulativo, como la vivienda. También tendríamos que destacar que dentro de los objetivos de esta subcomisión está el de analizar la forma de mejorar la capacidad de tutela de los
órganos supervisores competentes en la materia. Dentro de las conclusiones no hay ninguna mención al Banco de España en este sentido. Si el Banco de España es el encargado de supervisar las entidades financieras y, como se ha observado en estos
años ha habido fallos de supervisión importantes, lo más lógico sería que esta subcomisión también planteara alguna propuesta.


Finalmente, en este apartado de los préstamos hipotecarios nuestro grupo quiere hacer constar que no está de acuerdo con el segundo punto del apartado de los antecedentes, que dice: Esta subcomisión reconoce la labor del Gobierno en este
último año, en particular la rapidez con la que ha ido reaccionando ante los problemas que se han agravado como consecuencia de la crisis económica. Se habla del código de buenas prácticas, pero es una medida sobre la que una ínfima parte de las
personas imputadas se puede beneficiar. El Fondo social de la vivienda solo cuenta con 6.000 viviendas, cuando en todo el Estado hay más de 3 millones de viviendas vacías, según el Instituto Nacional de Estadística. Muchas viviendas del Fondo
social siguen vacías y ni siquiera el banco malo las ha querido, además de estar desubicadas y de ser de mala calidad. En relación con la ley de 2013, en lo referente a lo que recoge el apartado de antecedentes, no es cierto que esta ley evite el
incremento exponencial de la deuda porque el tipo de interés de mora se aplica sobre el total del préstamo pendiente de amortizar y no exclusivamente sobre las cuotas vencidas y no pagadas. Solamente es una cuestión de hacer números.


Estas han sido básicamente las cuestiones más críticas que nuestro grupo ha planteado al informe, partiendo de la base de que la mayoría de propuestas de resolución que nosotros presentamos después del informe han sido recogidas en el
conjunto del informe.


El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra su portavoz, el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: No soy el portavoz de la subcomisión; ocupo el lugar del señor Coscubiela. Por eso hago mías sus palabras y sencillamente me limito a reproducir algunas de las que él quería dedicar, pero que por estar presente
en estos momentos en la Comisión de Empleo no puede hacerlo personalmente.


Decimos que vamos a votar en contra del informe porque, en primer lugar, hay que destacar que los trabajos de esta Comisión han sido decepcionantes; estos trabajos no han sido un espacio útil para intentar buscar una respuesta a los
problemas de la ciudadanía ante el sector financiero. El informe del Grupo Popular está al margen de cualquier realidad social, y es algo que hemos defendido en todo momento. En los antecedentes que se plantean en el documento de las conclusiones
se relatan cómo en los últimos años se han resuelto satisfactoriamente todos los conflictos sociales derivados de los abusos de la banca; esa impresión que se señalaba en otras ocasiones de que el Gobierno del Partido Popular

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habría atacado directamente los problemas y habría solucionado los conflictos sociales a través de su función legislativa en los últimos meses. Dentro de esa función legislativa se encontraría el código de buenas prácticas o el Real Decreto
6/2013, de arbitraje y quita de las preferentes, que son elementos que el Partido Popular ha presentado como solución a los problemas a los que hacemos referencia en esta subcomisión. Sin embargo, la realidad es que los casos de desahucios siguen
existiendo, los casos de las preferentes también y que hay muchas personas trabajadoras y ahorradoras que con las preferentes han perdido porcentajes importantes de sus ahorros y que los han tenido bloqueados durante meses. Y además, todavía miles
de preferentistas no entran en los criterios que el real decreto estableció y a los que las cajas de ahorros no están dando respuestas. Estos antecedentes ignoran también -como decíamos- que los desahucios siguen siendo un drama que tampoco el
código de buenas prácticas ni la Ley 1/2013 pretendían resolver y que hasta una entidad con un 45 % de capital público, creada para salvar a las entidades financieras del desastre inmobiliario causado por ellas mismas, está desahuciando sin piedad y
ha levantado incluso la alarma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha tenido que intervenir a pesar de la acción del Gobierno. Con las cláusulas suelo nos encontramos con hechos similares. Solo la sentencia del Tribunal
Supremo del 9 de mayo de 2013 contra este tipo de práctica del BBVA, de Cajamar y Novagalicia Banco ha evitado que este Gobierno siga mirando para otro lado mientras la banca abusa de la ciudadanía y aun así tampoco ha tenido interés alguno en
resolver esta cláusula abusiva y extinguir su uso definitivamente.


Evidentemente, con un análisis tan desenfocado del problema como se plantea en el informe del Grupo Popular difícilmente se puede hacer una propuesta de conclusiones útiles y acertadas. Por lo tanto, no compartimos la lista de medidas
propuestas por el informe de conclusiones de los trabajos de esta subcomisión. En primer lugar, porque no aporta ninguna solución de raíz ni ataca las verdaderas causas del problema. No propone la necesidad de proteger al ciudadano delante de unas
entidades financieras que han alcanzado un poder sin precedentes, ni reconoce que la ausencia de una supervisión estricta y constante conduce ineludiblemente a los abusos de la banca. En segundo lugar, nos oponemos porque es un listado de medidas
de una levedad e inocuidad alarmante teniendo en cuenta la magnitud del problema que tenemos entre manos. Lo deja todo en propuestas de autorregulación del sector financiero, que no tiene ninguna voluntad de autorregularse a sí mismo.


En este sentido, la mayoría de las medidas, excepto la tercera, se centran exclusivamente en proporcionar mayor información a los ciudadanos. Nadie se puede oponer a proporcionar mayor información y mayor transparencia a los ciudadanos ni a
que se hagan públicos códigos de conducta ni a otro tipo de profundización de la cultura financiera, pero entendemos que no son las respuestas a la magnitud del problema al que estamos haciendo referencia, especialmente porque aunque se dieran todas
esas circunstancias, el mercado financiero podría ver cómo se siguen firmando contratos de esta naturaleza. Además, no se resuelve el problema real de las personas afectadas actualmente. Es cierto que se puede seguir hablando de las personas que
se puedan ver afectadas de aquí en adelante, pero lo cierto es que esta subcomisión se creó fundamentalmente para las personas que ya están afectadas por los procesos anteriores al presente año.


Simplemente quiero añadir algunas cuestiones más sobre productos de inversión. La única respuesta viable y posible para evitar la avaricia y usura de las entidades financieras es una, la separación definitiva de la banca de ahorro y la
banca de inversión. Ni los clientes ni los empleados de las entidades financieras tienen la necesidad ni la formación ni la capacidad para formar parte de la mediación financiera como brokers. El gran problema del texto es la ausencia de
soluciones a los afectados por las participaciones preferentes y por los créditos hipotecarios, así que brevemente proponemos algunas soluciones. En primer lugar, soluciones para los afectados por las participaciones preferentes. Nos parece
necesario que todos los clientes que fueran ahorradores reciban el cien por cien del capital inicial. Las excusas que se plantean desde el sector financiero y desde el propio Gobierno no son sino vagas excusas al lado de los rescates financieros
millonarios, de miles de millones de euros desembolsados a favor de las entidades financieras. Y, en segundo lugar, soluciones para las personas afectadas por los créditos hipotecarios. Proponemos dación en pago retroactiva y vivienda social, como
hemos debatido durante los dos años de esta legislatura y antes de esta propia legislatura. ¿Cómo es posible que las entidades financieras acepten la dación en pago de las inmobiliarias que quebraron y que fueron las responsables de esta crisis y,
sin embargo, no se haga nada para los desahucios que se están produciendo y la necesidad de mantener la vivienda como un derecho humano? Y soluciones para los afectados por cláusulas suelo e índices como el IRPH. Nosotros proponemos, como ya se
sabe, el Euríbor más 1 %. Entendemos que es una propuesta

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de informe que tiene que ser rechazada necesariamente. Simplemente añadimos que la propuesta del Partido Socialista al respecto nos parece un análisis muy acertado, muy profundo, pero no nos olvidamos de que las preferentes se
comercializaron también durante su Gobierno y tampoco nos olvidamos de que en todo lo que tiene que ver con la dación en pago nuestras propuestas fueron sistemáticamente rechazadas durante la legislatura del Partido Socialista. En cuanto a la
propuesta y recomendación de voto de UPyD, nos parecen también acertadas las conclusiones, aunque en el lado de la dación en pago de nuevo nos parece insuficiente. En cualquier caso, votaremos en contra del informe presentado por el Partido
Popular.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre de Unión Progreso y Democracia, el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Voy a seguir su consejo muy razonable de que usemos la capacidad de síntesis. Yo no soy el portavoz habitual de esta Comisión, pero sé que vamos a abstenernos en la votación de este informe. En su momento ya
expusimos en la subcomisión un voto particular donde se explica el sentido del voto. Lo doy por defendido. Eso es todo.


El señor PRESIDENTE: Muy brillante intervención, señor Martínez Gorriarán.


Tiene ahora la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero subrayar que en el origen de esta subcomisión estaba precisamente la realidad complicada de muchas personas que se habían visto afectadas seriamente por las extralimitaciones de las
entidades bancarias, de las entidades financieras; extralimitaciones que habían llevado a consecuencias muy graves para muchas personas tanto en el ámbito de los productos hipotecarios, con el tema de los desahucios, como dentro de este capítulo en
el tema de las cláusulas suelo, que también ha originado sus problemas, el tema de las preferentes, etcétera.


Creo que la subcomisión ha sido un buen elemento de reflexión y de análisis de todas esas situaciones y que en las actas de la Comisión hay un buen material para la reflexión, el análisis y para poder sacar conclusiones. Sin embargo, en el
informe final echamos en falta precisamente una concreción necesaria para dar respuesta a todas esas situaciones que realmente son muy graves. Nuestro grupo, como ustedes saben, tiene un sistema de participación peculiar en esta Cámara;
normalmente no entramos a los ámbitos de las enmiendas parciales, entramos simplemente a los debates generales y por eso tampoco hemos entrado en el debate para aportar medidas concretas. Pero queremos poner encima de la mesa esa reflexión:
echamos en falta una mayor concreción para dar respuesta a los problemas concretos. En nuestra opinión, el informe quedaría mucho más completo y sería sobre todo mucho más eficaz para dar respuesta a los problemas de la gente de la calle si hubiera
asumido un número importante de las propuestas que se han hecho tanto por parte del Grupo Socialista como por parte del Grupo de Izquierda Unida, como también incluso alguna de las de UPyD. Creo que eso enriquecería el informe y sobre todo le daría
un contenido práctico para dar respuesta, como decía anteriormente, a los problemas de toda esa gente que se ha visto afectada en el pasado por estas extralimitaciones de las entidades financieras, por esos abusos de las entidades financieras, que
en el futuro no tienen garantizado que no se puedan producir en otros temas estos abusos. Por eso no vamos a respaldar con nuestro voto el informe, que nos hubiera gustado que hubiese contenido esas otras concreciones que están en los votos
particulares de los grupos que antes he citado.


El señor PRESIDENTE: Por último, en el turno de portavoces, en nombre del Grupo Popular, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, yo quiero empezar mi intervención agradeciendo, en primer lugar, a los servicios de la Cámara el esfuerzo que han hecho para que esta Comisión funcionara adecuadamente. Detrás de cada
comparecencia hay muchas horas de convocar a comparecientes y luego que podamos tener todos los documentos. Por tanto, mi agradecimiento y el de mi grupo a los servicios de la Cámara. En segundo lugar, quiero agradecer a los portavoces su
presencia. Unos han aparecido más y otros grupos, que son más pequeños y tienen que dividirse muchísimo más en muchas comisiones, han aparecido menos, pero creo que todos han colaborado con ánimo constructivo y también con la buena intención de
intentar solucionar los problemas que habían llevado a la creación de esta subcomisión. Esta subcomisión se crea porque hay problemas reales. No se crea porque tengamos

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la voluntad de darle vueltas a ningún tema por gusto, sino que había muchos españoles afectados por comportamientos, digamos, poco adecuados tanto a la hora de materializar sus ahorros o sus inversiones como a la hora de la solicitud de
créditos. Todo iba muy bien mientras se crecía muchísimo, mientras todo se convertía en bueno, pero como consecuencia de la crisis se han puesto de manifiesto -como pasa siempre en las crisis, por otra parte- comportamientos poco idóneos. Mi
grupo, consciente de que había un problema real y consciente de la sensibilidad de muchos ciudadanos que lo estaban pasando muy mal, independientemente de las medidas que se han ido adoptando a lo largo de estos casi dos años -hoy hace dos años de
las elecciones-, impulsamos junto con otros grupos de la Cámara la creación de esta subcomisión.


Las subcomisiones, como todos sabemos, más allá de la retórica parlamentaria, no tienen por objeto solucionar los problemas ya producidos; tienen por objeto -independientemente de los discursos parlamentarios- intentar hacer recomendaciones
para evitar que esto suceda en el futuro. No se trata tanto en las conclusiones de solucionar los problemas de los ya afectados, tema que ha ido por otra línea pero que ha sido el fundamento del análisis del trabajo de la Comisión, porque si no se
conocen los problemas cómo se va a intentar solucionar lo que ha pasado en el futuro, sino que queríamos garantizar los derechos del consumidor dentro de un marco jurídico estable. A veces algunos de los comparecientes que han venido nos decían que
determinadas medidas pueden afectar al comportamiento de la comercialización, de los productos, del mercado. Nada más lejos de la voluntad de mi grupo que, por garantizar el buen funcionamiento del mercado, dañar uno solo de los derechos que tiene
que tener un consumidor. Si el mercado se retrae porque está garantizando los derechos del consumidor, bien retraído está -perdón, señorías- el retraimiento del mercado. Porque lo que hemos visto en esta Comisión es que los consumidores han sido,
entre comillas -se ha empleado esta expresión mil veces y yo la voy a volver a emplear-, engañados en su buena voluntad, tanto cuando se habla de productos de ahorro como cuando se habla de productos de crédito. Creo que al final la subcomisión ha
estado muy polarizada con dos temas; por una parte, las participaciones preferentes y, por otra, las hipotecas. Pero es mucho más amplio el marco de lo que a nosotros nos gustaría abordar. Las conclusiones, indudablemente, no son una receta
concreta que mañana vaya al BOE. Lo que va al BOE es lo que aprueba el Parlamento en sesión plenaria como ley. Esto va al Boletín de las Cortes y a unas recomendaciones al Congreso. Lógicamente, estas recomendaciones genéricas -algún portavoz ha
dicho que son genéricas, sobre todo el de CiU- tienen que tener una concreción práctica en proyectos de ley que vayan al BOE, porque si aquí a lo que nos dedicamos es a poner de manifiesto lo que va mal pero luego eso no se concreta en soluciones
claras y precisas que puedan articularse en proyectos de ley que se introducen en el BOE, no hemos hecho nada.


No quiero entrar en debates más allá de por qué ha pasado o por qué no ha pasado, lo que es evidente es que la crisis lo ha puesto de manifiesto; si hubiéramos seguido creciendo en el entorno del 6 % no habría ningún problema, si no hubiera
habido un deterioro del mercado de trabajo como el que se ha producido no habría habido ningún problema, pero sí es verdad que el problema estaba porque se maltrató a algunos clientes. En las participaciones preferentes hemos visto -sirva el
diagnóstico para alcanzar las soluciones- que se vendieron en el mercado minorista de manera masiva, sin hacer los tests de idoneidad adecuados, y que además se hacía buscando un objetivo claro de la entidad, que era que tuviera unos ratios de
capitalización adecuados, y como necesitaban unos ratios adecuados de capitalización y las participaciones preferentes eran un producto considerado -perdón por el nombre- tier one, capital de primerísimo nivel, se aceptó por parte de la CNMV y del
Banco de España una masiva comercialización en la red de un producto que el cliente no sabía que era deuda perpetua -no le dijeron al cliente que era deuda perpetua y que no se podía deshacer del mismo si no se lo compraba otro señor-, no sabía que
el interés estaba ligado a que el banco tuviera beneficio -quizá en ese momento nadie pensaba que un banco iba a tener pérdidas y no beneficios-, y que si el banco iba mal, podía tener quita su producto. Se hizo inadecuadamente, y lo que tenemos
que conseguir en el futuro es explicar bien lo que es el producto, que se haga bien el test de idoneidad, que no se coloque un producto a nadie que no se deba, que el director de la sucursal o de la entidad no tenga un baremo variable en su
remuneración que permita incentivos a que haga lo que no debe, que haya buena formación, que se identifiquen los productos en rojo y en azul o como quiera, porque si hubieran dicho esto son acciones, esto es como las acciones, no se hubieran vendido
las preferentes como se vendieron, ni siquiera se hubiera vendido la deuda subordinada como se vendió, porque era un producto que debía ser comercializado fundamentalmente a mayoristas y excepcionalmente a inversores con conocimiento profundo de lo
que estaban haciendo para

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que tuvieran un estímulo. Esos que sabían lo que hacían preferían invertir en preferentes con el 6 % o el 7 % que en un depósito al 2 % o al 3 %. Pero eso no fue así, y queremos que las soluciones de futuro pasen por la formación, por el
conocimiento, por la identificación del producto, por el sistema de remuneración de los directores de oficina; esa es la línea que se lleva en los temas de crédito. En cuanto a si se ha atendido bien o mal a los afectados, vamos a tener una
discusión siempre en el Parlamento, y seguro que los más de 120.000 o 130.000 que compraron preferentes y que se les ha devuelto el cien por cien de su inversión estarán contentos. Hace unos días me decía uno -valga solo como ejemplo, presidente-
que tenía un cargo -iba a decir el cargo pero entonces algunos de los aquí presentes lo sabrían- en un consejo de administración de la entidad, que había comprado preferentes y había ido al arbitraje porque le habían engañado. Habría engañado él
¿no?


El arbitraje ha sido una buena solución para aquellos que ya han recibido el dinero. En Bankia todavía queda camino por recorrer y yo quiero que en esta Comisión se diga por parte de mi grupo que agradecemos a las autoridades de consumo
nacionales y autonómicas el esfuerzo que han hecho para atender de manera extraordinaria un tan masivo proceso de arbitraje. Además, creo que en el mercado de las hipotecas ha quedado clarísimo que hay que trabajar y nosotros lo apuntamos. No
decimos en cuáles pero, por ejemplo, la clase notarial debe tener una mayor responsabilidad. Es decir, en las hipotecas no pasa como en las preferentes; en las hipotecas un señor va a pedir un crédito y una entidad a dárselo, y hay un
intermediario, cosa que no pasaba en las preferentes. Por tanto, esto de los intermediarios en las operaciones es también un elemento a valorar, ya que ahora en otro tipo de productos, como el de los seguros, algunos quieren eliminar a los
mediadores de seguros. Creo que es una figura que, si está a favor del consumidor, es buena. En las hipotecas había una figura que cobraba por hacer un trabajo, que es que el que firmaba era el que firmaba, que el que firmaba tenía capacidad para
firmar y que el que firmaba sabía lo que estaba firmando. Queremos que se haga con esa claridad, que sea el cliente el que elija al notario, que no haya centros de firmas notariales donde se firme a mansalva. Además -y con esto concluyo, porque
hay otro turno; veo la luz roja y me está mirando el señor Caldera- (Risas), queremos que se haga respetando la libertad de los que tienen que firmar y respetando la voluntad, que todo se haga con transparencia y conocimiento y que haya mecanismos
que detecten más allá de que el crédito vuelva a fluir y de que la situación vuelva a ser buena, que no por que la situación sea buena desprotejamos a los consumidores. Entre consumidores y buen funcionamiento del mercado, para mi grupo están
primero los consumidores. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Algunos grupos, no todos, porque algunos me han dicho que renunciaban, han pedido réplica. Breve, por favor.


Tiene la palabra el señor Hurtado.


El señor HURTADO ZURERA: Señorías, voy a hacer una reflexión y me quiero salir de lo que es una visión partidista. Me van a permitir hacerlo. Seamos conscientes de que lo que ha ocurrido en este país no es un problema de los productos;
los productos son los productos. Podemos mejorar en su definición, evidentemente, y nosotros hemos hecho una serie de propuestas para mejorar en su definición y en su identificación, pero aquí ha habido un problema de los agentes que intervienen en
estos productos, desde las entidades bancarias a los supervisores reguladores o los propios clientes, no nos quepa la menor duda. Aquí ha habido un cuarto, que ha sido el que hasta cierto punto está poniendo las cosas en su sitio -lo tenemos que
reconocer los que nos dedicamos a la política-, que son los jueces. Al final, los jueces son los que están dando soluciones reales. Por eso la política en estos momentos está tan cuestionada por parte de la ciudadanía, porque parece que no somos
capaces de solucionar el problema. Seamos conscientes de que en las cláusulas suelo quien únicamente ha intervenido ha sido el Tribunal Supremo, pero para tres entidades nada más, por lo que sigue habiendo muchas entidades y miles y miles de
personas en este país que siguen teniendo cláusulas suelo y no somos capaces de ponernos de acuerdo y decir que las cláusulas suelo se han comercializado de forma fraudulenta, no figuran como elementos principales del contrato cuando tenían que
figurar y no se ha aportado ningún tipo de simulación para saber los efectos. Por tanto, son cláusulas que hay que eliminar de estos contratos y desde la política no lo estamos haciendo; lo están haciendo los jueces. El último ha sido Cajasur,
que se le ha exigido que ejecute. Voy a poner el ejemplo de Cajasur, con una sentencia que dice que solamente se van a eliminar las cláusulas suelo de aquellos contratos que tengan el 3 % o el 4 % de suelo, sin embargo, aquellos que tienen el 3,5 %
o el 4,25 %, no. Es decir, no estamos dando la solución. En los desahucios ha tenido que venir el tribunal de Luxemburgo para poner las cosas en su sitio y decir que se han dado muchas cláusulas

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abusivas y que eso hay que evitarlo. Ha sido el tribunal de Luxemburgo el que nos ha obligado, el que nos ha forzado a hacer cambios legislativos.


En los swap no somos capaces de ponernos de acuerdo y decir, como han hecho en Alemania, vamos a eliminarlos. Los swap son un claro ejemplo de abuso por parte de las entidades bancarias en relación con la comercialización de productos que
los clientes no saben a cuento de qué se les coloca. Igual ocurre con los seguros de vida, los seguros de desempleo o los seguros de incapacidad; es que, por ejemplo, se les ha exigido, vinculados a préstamos, seguros de desempleo a los
funcionarios públicos cuando teóricamente un funcionario no va a incurrir en el desempleo. También con los seguros de vida, a la hora de morir, los familiares no han podido beneficiarse porque había trampa en dichos seguros. El IRPH, con unos
tipos de interés al 0,5, estaba manteniendo tipos de interés por encima del 4 % en este país en beneficio de los bancos, que están recibiendo del Banco Central Europeo crédito a prácticamente nada de interés remuneratorio. En ese sentido, señorías,
se nos hace obligatorio cambiar mucha normativa en este país y las reformas que ha abordado el Gobierno, con toda humildad, no están surtiendo efecto. Nuestro grupo parlamentario se ha reunido hoy con la coordinadora de afectados, que sigue
amparando y ayudando a mucha gente. Es decir, sigue habiendo enormes problemas a pesar de una reformas, que son claramente insuficientes.


En relación con los agentes -mi primera intervención ha sido más en relación con los productos, lo que es definición e identificación de los productos-, es incomprensible que uno de los principales agentes intervinientes en la
comercialización de productos financieros, el supervisor regulador, emita unos informes que no son vinculantes, que están dando la razón o que la quitan pero sin ningún tipo de efecto; es incomprensible. Hay fórmulas para arreglarlo y es que las
entidades bancarias acepten un sistema de conflictos y que se sientan vinculadas por los informes de los reguladores supervisores; es muy fácil, es cuestión de convocarles ante la situación tan dramática que estamos viviendo y decir a los
supervisores reguladores que no han ejercido la labor que les correspondía; tenemos que ser críticos, independientemente de quiénes sean o quiénes los representen. Tienen que tener un papel fundamental y hasta cierto punto vinculante, que no vaya
todo por la vía judicial, por lo costoso que significa esta vía y más ahora, por lo larga y truculenta que es la vía judicial. Por otra parte, es necesario aclarar en este país la labor de asesoramiento e intermediación, y esa labor la tiene que
hacer el regulador supervisor. Ahora mismo hay un tótum revolútum de entidades bancarias que no sabemos si están asesorando, intermediando, colocando; ese papel tiene que estar claramente definido y no lo está. Hay que desarrollar la metodología
de la conveniencia e idoneidad y eso tiene que ser el regulador, el supervisor, quien lo concrete. Hay que dar información concreta de estos productos, de lo que es la posición o el valor razonable de estos productos en todo momento; una
información con una periodicidad permanente; tiene que ser el regulador quien lo exija. También tiene que tener el regulador la posibilidad de hacer públicos los expedientes sancionadores, porque estamos en una situación en la que no se sabe,
porque se recurre, se recurre, se recurre y realmente no sabemos quiénes son los que tienen expedientes sancionadores, y es una información fundamental, sobre todo para el consumidor y para la ciudadanía.


Con relación a otro gran interviniente en las entidades bancarias, es necesario regular porque gran parte del conflicto ha venido por que desaparezca la división entre banca comercial y banca de inversión. Esa desregulación que ha mezclado
la banca comercial con la banca de inversión, que la ha fusionado, ha provocado esta confusión, porque los consumidores en la banca comercial son fieles a su entidad y cuando esa misma banca se ha dedicado a vender productos complejos e híbridos han
creído que les estaban vendiendo cosas que podían comprar. Es necesario abrir un registro y archivo de la autolimitación voluntaria de cada consumidor, que yo pueda definir mi perfil y que ese perfil conste en las entidades bancarias y en cualquier
tipo de contrato. Es necesario agilizar los procedimientos de reclamaciones, señorías, porque cualquier ciudadano presenta una reclamación ante el servicio de defensa del cliente de una entidad bancaria y nunca le hacen caso, ya que el servicio de
atención al cliente depende funcionalmente, no digo orgánica u organizativamente, de la propia entidad, nunca puede ir en contra porque es la propia entidad. Tiene que haber una dependencia funcional del Banco de España o de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores para determinados temas, es fundamental. Es necesario abrir un tribunal -concluyo, señor presidente, disculpe- de pequeñas quejas para este tipo de cuestiones, conflictos bancarios, y esta ha sido una sugerencia de muchos de
los intervinientes. Es necesario prohibir los incentivos en la gestión y colocación de este tipo de productos, sobre todo de aquellos que están participando en el asesoramiento, están desempeñando la función de asesoramiento, y es necesario abrir
también un registro en el Banco de España sobre ofertas vinculantes, que no existe.

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Respecto a los consumidores, no cabe duda de que hace falta seguir profundizando en la cultura financiera en este país para que puedan definir su propio perfil, pero también hay que modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, señorías, porque
hoy en día en cualquier conflicto la jurisdicción que corresponde es la de la propia entidad y muchos consumidores no acuden a la vía judicial entre otras razones por esta, porque si ya la justicia la ven lejana, mucho más lejana la ven con la
regulación que existe con la Ley de Enjuiciamiento Civil.


Concluyo, ahora sí, señor presidente. Yo creo que el trabajo ha merecido la pena, la reflexión, independientemente de que no coincidamos, es necesaria; también es necesaria la autocrítica porque la política no está resolviendo el problema
tan grave que están viviendo y sufriendo millones de familias en este país con relación a las entidades bancarias, y lo que sí pido es que haya servido de algo y que las sugerencias del grupo que apoya el Gobierno vayan acompañadas de cambios
normativos, que no quede en un mero informe y que por lo menos esto signifique un paso, aunque no sea el que a nosotros nos hubiese gustado dar, pero que sea un paso en definitiva para mejorar sustancialmente la protección del consumidor ante este
tipo de productos.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro portavoz quiera hacer uso de la palabra? (Pausa). Por favor, no abusen del afecto parlamentario que he tenido con el señor Hurtado. (El señor Hurtado Zurera: Es que es demasiado bueno).


Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, seré muy breve, se lo aseguro.


He escuchado atentamente la terapia del señor Hurtado, me ha parecido muy bien este tipo de terapia en colectivo poniendo de manifiesto lo que se había hecho muy mal en España. He leído recientemente una parte -no lo he podido acabar- del
libro del ministro de Economía en esa época haciendo también una terapia sobre su actuación en el Gobierno, y ojalá que las terapias sirvan para que nosotros en el Gobierno aprendamos para que cuando estemos en la oposición no tengamos que hacer
terapia de lo que hemos hecho mal, podamos hacerlo mejor y sea un incentivo hacerlo mejor. Yo me alegro de esas terapias y aprendo de ellas, pero quiero manifestar que muchos de los detalles que ha señalado el señor Hurtado están contemplados en
las conclusiones que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado. Nosotros queremos distinguir lo que son productos de lo que son comportamientos, por supuesto. Oiga, es que una preferente la puede comprar un señor, por supuesto si tiene la
formación, la capacidad, la idoneidad y el gusto de querer arriesgar su dinero por obtener un extra tipo. Lo que no puede ser es que se le venda a un señor que quería tener un depósito una preferente como si fuera un depósito; lo que no puede ser
es que a un señor de 85 años se le venda una preferente como si fuera un depósito. Por supuesto que nosotros queremos que los seguros se clarifiquen, está en nuestras conclusiones, pero no porque no haya que tener un seguro de vida o sí haya que
tenerlo, sino porque no queremos que haya un comportamiento no adecuado donde las entidades financieras obliguen a contratar el seguro que ellas quieren sin dejarle libertad al consumidor y sin que tenga capacidad de elección. Por supuesto que
nosotros queremos que las entidades de supervisión supervisen los productos y supervisen que las entidades financieras se comportan correctamente, y por supuesto que nosotros queremos que se señale clarísimamente -vamos a estudiar la fórmula- lo que
es inversión y lo que es comportamiento del minorista en una entidad financiera. No hay que olvidar que hoy todos los ciudadanos están condenados a ir a una entidad financiera. La entidad financiera no es una tienda en la que uno entra o no entra,
la entidad financiera es una concesión y muchos ciudadanos para pagar un recibo o para ingresar su nómina tienen la obligación de estar en una entidad financiera; por tanto, los comportamientos de la entidad financiera necesitan estar vigilados por
el supervisor, por supuesto que sí, y ahí va una de las líneas de nuestras conclusiones. Yo les digo que está genéricamente y, si quieren, la apoyan, y si no quieren, no la apoyan. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular hoy está en
condiciones de decir que a partir de enero tramitaremos en esta Comisión una ley financiera donde se incluirán algunas de las conclusiones de esta Comisión. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Nos hemos pasado un poquito en el tiempo, pero vamos a fijar una hora para la votación, que no se producirá antes de las siete y media. A ver si lo podemos cumplir.

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PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE EL RESCATE DE LOS AHORROS DE LA COOPERATIVA L'ALDEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000690).


El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado a la Mesa si podíamos debatir a continuación el punto 4.º en lugar del 2.º, que es la proposición no de ley sobre el rescate de los ahorros de la cooperativa L'Aldea. Se trata de una iniciativa del
Grupo Parlamentario Mixto y para defenderla tiene la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: En el mes de diciembre del año 2011 la cooperativa agraria de L'Aldea, en el vall de l'Ebre, terres de l'Ebre, presentaba concurso de acreedores, y lo hacía básicamente por falta de liquidez de su sección de
crédito, lo que ponía en riesgo los ahorros de 3.000 impositores, la mayoría habitantes del mismo municipio. El bloqueo del acceso a sus cuentas provocó una situación económica y social muy grave. También por aquellos tiempos empezaron las
acciones del Gobierno español para rescatar con fondos públicos diversos bancos y cajas. Han sido miles de millones los dedicados a este rescate y Bankia ha sido una de las que más ha recibido, hasta el punto de que el 9 de mayo de 2012 el Gobierno
español tomaba el control de Bankia nacionalizándola a través de la compra del cien por cien del banco financiero y de ahorros, conocido como BFA. La pregunta es ¿qué tiene que ver el rescate de Bankia, antes Caja Madrid, con el hecho de que en
estos momentos, dos años después de que se bloquearan las cuentas de la sección de crédito de la cooperativa de L'Aldea, todavía haya 416 impositores que no han podido recuperar sus ahorros, que suman más de 4,5 millones de euros? La respuesta es
clara y muy básica: tiene mucho que ver.


La sección de crédito de la cooperativa L'Aldea actuaba en aquel momento bajo el amparo y la cobertura primero de Caja Madrid y después de Bankia, haciendo uso como es natural de su marca. Se transmitió una imagen externa de conjunto
utilizando el nombre y los signos indicativos de Bankia en todos los servicios y en todos los productos. Esto quiere decir libretas de ahorro, talonarios de cheques, cajero automático y un largo etcétera; incluso todas las cuentas de los
impositores estaban vinculadas a la oficina bancaria que Bankia tenía en la ciudad vecina de Amposta. De hecho, la cooperativa de L'Aldea llegó a pignorar las cuentas a largo plazo con la entidad para garantizar así sus inversiones. Vistos estos y
otros antecedentes, queda claro que la relación de Bankia con la sección de crédito no era una simple relación comercial más, sobre todo porque la presencia de Bankia ofrecía a los clientes una falsa seguridad sobre sus ahorros y su garantía de
custodia.


Mientras se recapitalizaba y se reflotaba Bankia, repito, con fondos públicos y se garantizaban los depósitos de sus clientes, los impositores de la sección de crédito de L'Aldea veían cómo las mismas administraciones no impulsaban acciones
para garantizar en este caso sus propios ahorros; unos ahorros depositados en una entidad que había tenido la cobertura, repito, de Bankia y por tanto tenía una responsabilidad subsidiaria. Pero no solo una responsabilidad subsidiaria, sino
también una responsabilidad moral, una responsabilidad económica y financiera sobre estos depositarios. Señorías, si Bankia se ha beneficiado de la imagen de conjunto transmitida, también en justa compensación debe responder de las
responsabilidades de la sección de crédito de L'Aldea que hoy estamos tratando en esta Comisión. En estos momentos -voy acabando- son 416 impositores, entre empresas, entidades y también particulares de la sección de crédito de la cooperativa de
L'Aldea, que ven cómo el esfuerzo y el trabajo de toda una vida se ha esfumado, que ven cómo no pueden recuperar sus ahorros. De estos 416 impositores, 213 están pendientes de recuperar de 0 a 1.000 euros, pero es que 115 están pendientes de
recuperar de 1.000 a 6.000 euros, 62 están pendientes de recuperar de 6.000 a 20.000 euros y 50 de recuperar de 20.000 a 170.000 euros; un total de 4,5 millones de euros.


Esquerra Republicana de Calatunya pide simplemente justicia. Los 416 impositores de la sección de crédito de la cooperativa L'Aldea deben ser tratados del mismo modo que los de Bankia, por ello, deben beneficiarse también del rescate de
Bankia. Es una cuestión simple y llanamente de voluntad política.


El señor PRESIDENTE: Hay petición de tres grupos para fijar posición. Rogaría que fueran lo más breves posible. En primer lugar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ I CARBONELL: Lo digan como lo digan, no me negarán que es muy difícil explicar a ciudadanos normales y corrientes, a quienes les llega continuamente la noticia de los millones y millones de euros que desde la Administración se
están empleando en salvar entidades bancarias, que no podemos encontrar una solución para salvar una situación como la que describe esta iniciativa. Y todavía se hace

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más difícil explicárselo estos días, en los que pueden abrir el periódico y encontrarse con la noticia de que una parte considerable del dinero del rescate no parece que vaya a volver a las arcas públicas. Por cierto, una de estas entidades
es Bankia, y la cito porque parte de lo que sucede en la sección de crédito de la cooperativa de L'Aldea tiene relación con ella, puesto que dicha sección comercializaba sus productos financieros. Les diré más, cuando alguno de los afectados enseña
los papeles que tienen, entre ellos aparece una libreta de ahorro que en la tapa lleva el anagrama de Caja Madrid. Ahora bien, hay una cosa que sí entienden y ven, y es que antes tenían ahorros en una cuenta y ahora no los tienen, mientras que sus
conocidos de pueblos cercanos, que tenían ahorros en una entidad financiera también con graves problemas, sí tienen sus depósitos asegurados.


Los afectados de la cooperativa de L'Aldea, población de algo más de 4.000 habitantes, con todavía un fuerte componente agrícola, situado justo donde empieza el Delta del Ebro son gente sencilla y trabajadora que son o han sido payeses,
agricultores. Gente sencilla, repito, a buena parte de los cuales, lo mismo que a buena parte del resto de ciudadanos de nuestro país, no les sabrían decir ni explicar las diferencias entre sección de crédito y entidad de crédito, entre una caja
rural y la sección de crédito de una cooperativa agrícola, ni que una de las diferencias es que los depósitos de las primeras no están cubiertos por el Fondo de garantías. Además, buena parte de ellos tenían sus ahorros en la cooperativa porque es
la entidad de crédito, la del pueblo, como en Camarles, L'Ampolla, El Perelló, Deltebre, los pueblos de alrededor, lo es la Caja Rural o la Caixa Tarragona, ahora CatalunyaCaixa o la sucursal de cualquier otra entidad bancaria.


Ayer, Manolo Másdeu, concejal del Ayuntamiento de L'Aldea, me lo resumía en una frase que apunté: Los afectados son en la mayoría de los casos personas mayores que lo único que sabían era que tenían sus ahorros a plazo fijo y nada más.
Afectados a los que desde las administraciones les hemos dicho y repetido que recapitalizábamos nuestros bancos con dinero público con el objetivo de garantizar los depósitos de los ahorradores y no entienden por qué los suyos no. Afectados que
también saben que algunos de los responsables de la situación a la que han llegado algunas cajas y bancos han cobrado retribuciones muy superiores a la cantidad con la que se podría resolver el problema de la cooperativa de L'Aldea. Ahora bien,
aquí lo podemos decir. Además de la responsabilidad de los anteriores gestores de la cooperativa L'Aldea también hay alguna otra responsabilidad, la del Govern de la Generalitat, que a lo largo de estos dos años transcurridos desde que se hizo
pública la situación de la cooperativa ha hecho grave dejación de funciones, siendo como es la Administración competente, teniendo en cuenta que en Cataluña había a finales del año pasado más de cien secciones de créditos de cooperativas agrícolas
que gestionaban depósitos por valor de más de 600 millones de euros, tenían una cartera de préstamos a socios de 139 millones y podríamos seguir con cifras por el estilo. En estos dos años tan solo se ha hecho un plan, concretamente por la
Consejería de Economía, que presentó a los afectados para resarcirles y que luego ha incumplido. El 12 de este mismo mes los medios de comunicación hablan de un proyecto de decreto para regular al sector, cuando, como he dicho, han pasado ya dos
años desde que la situación de la cooperativa saltó a la opinión pública. La mayoría parlamentaria que gobierna Cataluña, Convergència y Esquerra, se está tomando su tiempo para resolver la situación y para prevenir que se vuelvan a producir
situaciones como esta.


Pueden estar convencidos de que tendrán el apoyo del Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya, que es donde se tiene que discutir esto, para acordar medidas que regulen el sector y le doten de transparencia y de garantías para los
ahorradores que depositen su confianza y sus ahorros en las cooperativas. Esperamos que dicha regulación se haga dialogando con los representantes de las cooperativas, que en estos últimos meses, a través de la Federación de Cooperativas Agrarias
de Cataluña, han manifestado su preocupación de que, si se hace, no vaya en detrimento del crédito al agrícola, que tiene graves dificultades para obtenerlo.


Volviendo a L'Aldea, los actuales responsables de la cooperativa han denunciado a los anteriores al objeto de delimitar responsabilidades. Personas humildes, muchas de ellas mayores, que tenían sus ahorros en la entidad financiera del
pueblo, ahora se encuentran sin nada, en algunos casos viviendo de la caridad de sus familias, mientras, como ya he dicho, leen, escuchan y les explican que para las grandes entidades financieras hay solución, y se preguntan por qué para ellos no.
¿Porque son muchos? ¿Porque son pocos? ¿Porque son una entidad pequeña? ¿Porque es necesario que el agujero sea de millones y millones para que la Administración haga un fondo de rescate para garantizar la recuperación de sus ahorros? Estamos
convencidos de que no, que es posible una solución. Por ello el Grupo Socialista se

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suma a esta iniciativa y esperamos que también lo haga el Grupo Popular y que vote así en coherencia con lo que votó en el Parlamento de Catalunya cuando se trató este tema. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Desde Convergència i Unió compartimos la finalidad de esta proposición no de ley y la vamos a votar favorablemente. Lo haremos desde una doble visión; en primer lugar, la cercana a la población, a los centenares de
personas que confiaron sus ahorros en esa sección de crédito de una cooperativa, que no es una entidad de crédito. Es lo que es, pero la persona que vive allí y que ve esa entidad, aunque es una sección, la asimila como si tuviera sus ahorros en el
marco de una oficina bancaria, cuando en realidad jurídicamente no es lo mismo. Se presupone la buena fe de cada uno de los titulares de los depósitos y la apariencia global de un producto que se ofrecía y que era -se ha dicho ya por parte de otros
oradores- casi lo normal en ese y en otros municipios de la zona, donde muchas personas están vinculadas a la cooperativa e incluso el dinero que perciben de su actividad agrícola se queda ya en la entidad de crédito de esa misma cooperativa. Era
algo absolutamente normal. Nos preocupa esa situación generada. Entendemos razonable y justa la petición que hoy se nos trae a esta Comisión de Economía.


Dicho esto, no podemos admitir la crítica al Govern de la Generalitat de Catalunya que se ha vertido por parte de don Joan Ruiz en lo que hace referencia a la cooperativa de L'Aldea en particular y en general ante el problema de otras muchas
cooperativas que han visto cómo sus entidades de crédito pasaban por una situación difícil. Quiero poner en valor la actuación de cercanía y compromiso del concejal de L'Aldea señor Royo que de manera muy directa nos ha trasladado desde el primer
momento al Govern de la Generalitat y a los grupos parlamentarios la necesidad de actuar. A la Generalitat de Catalunya y a Convergència i Unió le preocupa y se ocupa de L'Aldea. Por eso hizo un plan específico atendiendo a esos 750 depósitos que
estaban en cuentas a la vista. Es verdad que quedan pendientes ahora esas cuentas a plazo que gozaban por parte de los impositores de una presunción de garantía que finalmente no han tenido. Por tanto, es justo desde esta óptica que podamos crear
ese fondo específico, sin que pueda compararse con crisis de otras entidades bancarias que tienen una regulación distinta. Por razones de equidad, de justicia y de protección a los titulares de esos depósitos es oportuno que nos ocupemos de ello, y
desde Convergència i Unió votaremos a favor de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Solo quería indicar que nuestro grupo se va a abstener en esta proposición y quiero explicar el porqué. He escuchado con mucho interés y mucha simpatía lo que decía la señora Jordà, porque siempre es lamentable
oír estas historias de gente que ha sido avasallada en su buena fe y estafada por gente sin escrúpulos, pero hay un problema, aparte de que creo que quizás alguien les haya explicado mal lo que ocurre en Bankia y en otras entidades de ahorro
rescatadas. Lo que ha pasado es que en Bankia y en otras cajas de ahorro que han tenido que ser nacionalizadas no se ha rescatado a los ahorradores; ojalá. Lo que se ha hecho ha sido rescatar a la entidad y dejar tirados a los ahorradores, a los
preferentistas, a los que han comprado otro tipo de productos financieros opacos. Pedir el mismo tratamiento para los miembros de esta cooperativa de ahorro sería lamentable, porque significaría que nadie les iba a resarcir y no iban a encontrar
ningún tipo de devolución de sus ahorros. Se iban a quedar, como digo, como la inmensa mayoría de los preferentistas y de los ahorradores que han sido engañados con diferentes productos en muchos casos, no en todos. Tampoco está mal recordar,
porque creo que vivimos en un país de adultos, que también hay inversiones que son fallidas. No está mal mandar a la sociedad el mensaje de que, cuando alguien invierte en algo, tiene que tener en cuenta que puede perder y que, si pierde, no
debería tener ninguna garantía por parte de instituciones públicas de que le van a resarcir, porque eso significa que los que no hemos invertido tenemos que pagar una mala inversión, lo cual no sé en qué tipo de teoría de la justicia se podría
fundamentar. Por tanto, nuestro grupo se va a abstener, como digo, no porque considere que no es un tema importante o una cuestión ejemplar de lo que ha sido un abuso constante y permanente de la gestión financiera en este país sino, sobre todo,
porque no pidamos para estos ahorradores el mismo tratamiento que para los de Bankia. Significaría su abandono y su completa relegación a la vía judicial particular. Por eso mismo mi partido se sintió obligado a presentar una serie de querellas
que están en curso en los juzgados, precisamente por las preferentes,

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por las estafas que ha habido en Bankia, en Banca Cívica y en otras cajas de ahorro a lo largo y ancho de la geografía española.


¿Qué es lo que habría que hacer? En nuestra opinión -por eso invito a la señora Jordà a que dé una vuelta a esta cuestión y presente otras iniciativas-, sobre todo garantizar la independencia de los reguladores, porque todo esto ha ocurrido
porque los reguladores que tenían que haber impedido este tipo de cosas, comenzando por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, estaban capturados por aquellos que también gobernaban las cajas de ahorro, que eran -lo
siento- los partidos políticos tradicionales. Este es el origen político del problema. No podemos luego venir aquí a pedir a los demás que rasquemos las cajas públicas para compensar a gentes que han sido estafadas con un abuso de mala fe cuando
en realidad el problema viene de antes, de una mala regulación, pero sobre todo, peor que eso, de una pésima ejecución de las obligaciones de los reguladores y supervisores.


El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Gallego.


El señor GALLEGO BURGOS: Yo he de confesar que cuando mi compañero Vicente Martínez-Pujalte me encargó la defensa de esta proposición no de ley, después de una lectura breve, me invadió una gran sorpresa. Cuando Esquerra Republicana de
Catalunya se ha manifestado en los últimos tiempos absolutamente en contra de todo tipo de rescates a bancos -hay mil ejemplos y las hemerotecas están llenas de ese tipo de afirmaciones-, ¿qué hace ahora? Pide el rescate de un banco o algo
parecido. Estamos en contra de los rescates, pero hoy vengo al Congreso a pedir un rescate para la sección de crédito de una cooperativa. Es todo un ejemplo de coherencia. Es curioso que Esquerra Republicana pida al Gobierno de España que rescate
a esta entidad.


Vamos a votar en contra de esta proposición no de ley por varios motivos. En primer lugar, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, el Estatuto de Autonomía de Catalunya dice en su artículo 124: Corresponde a la Generalitat de
Catalunya la competencia exclusiva en materia de cooperativas. No será el Grupo Parlamentario Popular, -me sorprende que Esquerra Republicana se lo pida al Gobierno de España- el que viole ese artículo 124 del propio Estatut de Autonomía de
Catalunya. Hablan de responsabilidad moral, pero yo apunto directamente a la Generalitat de Catalunya según ese artículo 124. Además existe una Ley autonómica, la 6/1998, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las
cooperativas de Catalunya. Por tanto, es que hay una ley aprobada por el Parlament de Catalunya para regular precisamente, esta tipología, este modelo de casos. La Generalitat fue, es y será la responsable y competente para regular y supervisar la
sección de crédito de la cooperativa de L'Aldea. No entiendo como Esquerra Republicana de Catalunya pide al Gobierno de España que haga algo que le toca hacer por ley a la propia Generalitat de Catalunya. Este es un tema de la Generalitat, según
una ley de la propia Generalitat. Insisto, me sorprende muchísimo que Esquerra Republicana le pida al Gobierno del Partido Popular que haga en Cataluña una invasión de competencias y de su marco legal y estatutario. No hay parangón, este discurso
no parece muy coherente por parte de Esquerra Republicana. Como consecuencia de estas dos leyes, los depósitos de esa sección de créditos no se encuentran amparados por el Fondo de garantía de depósitos ni por el propio FROB. Por tanto, el Grupo
Popular votará en contra, porque no quiere violar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni la ley catalana, tal y como pide Esquerra Republicana en un ejercicio de coherencia supina. No entendemos que Esquerra hoy pida un rescate, que continuamente
está criticando, y que violemos el marco jurídico catalán. Por tanto, votaremos en contra y le pedimos al Gobierno de la Generalitat que haga lo que tiene que hacer, que para eso está regulado, es el competente y es el responsable político y
jurídico de regular las secciones de crédito de las cooperativas, incluida la de L'Aldea. (La señora Serrano Argüello: ¡Muy bien! -Aplausos).


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA PÚBLICA EUROPEA DE CALIFICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000231).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley presentada por La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a la creación de una agencia pública europea de calificación. Para su defensa tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: La PNL que traemos hoy a debate es de extrema importancia, especialmente desde que en el año 2010 los países de Europa del sur fueran atacados sistemáticamente por los llamados mercados, que en última instancia no
acababan sino de representar a las grandes

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fortunas y a las grandes empresas, que con su capacidad económica podían dirigir los movimientos en los mercados financieros y, en consecuencia, podían determinar las acciones de política económica a llevar a cabo por los gobiernos
legítimamente elegidos en el marco jurídico de esos países, en particular, de España, de Grecia y de Portugal. El papel en este proceso de las agencias de calificación fue notable. De hecho, se llegó a la situación de que se presentaran varias
querellas en diferentes países, entre ellos Portugal, Grecia y España -en el caso de España, tanto por una asociación ciudadana como por nuestro grupo, Izquierda Unida-, querellas que situaban la responsabilidad en las agencias de calificación y
que, sin embargo, no encontraron un eco en las instancias judiciales por la falta de legislación adecuada a los propósitos que defendíamos, y que era el papel de intervención excesiva y antidemocrática que tenían las agencias de calificación. Hay
que recordar que las agencias son privadas y que fundamentalmente hay tres de verdadera importancia, las tres estadounidenses, y que tienen un papel de referencia a la hora de dar opiniones sobre la calidad de los productos financieros, en
particular de los productos financieros que emite el Estado: los bonos del Estado y las letras del Tesoro. Precisamente en un contexto de financiarización, en un contexto donde hay un predominio de las finanzas sobre la economía real, como
llevamos viendo en crecimiento desde los años ochenta, hay una lógica que impera, la del cortoplacismo. Por tanto, los inversores más que plantearse hacer un análisis riguroso de lo que son las características fundamentales de una economía, por
ejemplo, de la economía española, prefieren ir directamente a una información resumida, que es la información que dan las agencias de calificación. De esa forma se abandona el rigor y se pasa a la opinión arbitraria de las agencias de calificación.
Es arbitraria por dos razones: en primer lugar, porque es imposible científicamente poder cuantificar y predecir las calificaciones de los productos financieros. Esto es algo que muchos estudios acreditan al haber hecho un estudio retroactivo de
si han acertado o no las agencias de calificación. La conclusión es que, según se iba bajando en escalas de calificación -que van de la AAA hacia números y escalas inferiores-, encontrábamos que los incumplimientos se daban en menor cuantía, lo
cual era contrario a lo que la propia lógica sugería. En este sentido, la primera cuestión es que es imposible con rigor y con carácter científico poner una nota y resumir la información de esa forma. Por tanto, ahí hay un ámbito de actuación que
le corresponde al espacio público. En segundo lugar, y más importante por lo que a nosotros se refiere, es que hay un conflicto de intereses muy importante entre las agencias privadas y el producto que valoran, en la medida en que las agencias
privadas son agencias privadas capitalistas, que funcionan buscando el beneficio privado, cuyo beneficio procede precisamente de la cantidad de productos financieros que cuantifican. De esta manera, se puede dar la situación de que una agencia de
calificación puntúe favorablemente un producto financiero a una empresa y que esta, visto ese resultado tan favorable, vuelva a recurrir a sus servicios, generando de esa forma un círculo vicioso que presenta unos productos financieros
sobrevalorados, pero que proporcionan ingentes beneficios tanto a la parte que emite el título, como a la que lo valora, es decir, las agencias de calificación. Esto es lo que desgraciadamente hemos comprobado tanto en la crisis del año 2000, de
las punto com, como en la crisis financiera más reciente, la crisis de las hipotecas subprime.


Para evitar esta situación nosotros proponemos que el Gobierno inste a la Unión Europea a que utilice todos los mecanismos a su alcance para crear una agencia de calificación pública, que naturalmente tiene que ser independiente -de la misma
forma que la justicia, que también por definición tiene una naturaleza pública, debe ser independiente- para poder valorar y no estar subordinada al criterio de rentabilidad privada y de beneficio privado. Esto es importante certificarlo e insistir
en ello, porque a menudo se critica nuestra propuesta de crear una agencia pública de calificación diciendo que es como poner el lobo a cuidar a las gallinas. Lo cierto es que lo del lobo que cuida a las gallinas es cuando existe una agencia
privada de calificación, cuyos beneficios dependen de la calificación que están ejerciendo, no cuando existe una pública, que puede diseñarse de tal forma que mantenga una independencia y que además no esté subordinada al criterio de la
rentabilidad. Dicho lo cual, esto nos parece fundamental para evitar nuevas crisis financieras y sobre todo para no utilizar el espacio público como una palanca de gestación de dinero, de beneficios privados, tal y como ha ocurrido desde el año
2010, ya que aunque se hayan amortiguado de momento los detalles y contradicciones del sistema financiero que se estaban generando, nadie puede asegurar que no volvamos a estar en condiciones de repetir esas circunstancias de 2010 en los próximos
años, como consecuencia de la grave crisis económica por la que siguen atravesando los países de la periferia de Europa, en particular el nuestro. Así que esperamos que el Gobierno, y el Grupo Parlamentario Popular en primera instancia, tengan en
consideración esta propuesta. Para su trámite parlamentario damos la bienvenida a la enmienda del Grupo Socialista, que aceptamos con el fin de

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conseguir el mayor consenso posible entre los grupos parlamentarios y de situar al Grupo Popular en la necesidad también de repensar los fundamentos que el resto de grupos parlamentarios -esperemos que con el mayor consenso posible-, le
presentemos y le instemos.


El señor PRESIDENTE: Tal y como ha dicho el señor Garzón, hay una enmienda del Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor González Ramos.


El señor GONZÁLEZ RAMOS: Efectivamente compartimos esta PNL con el planteamiento que ha hecho el diputado Garzón, de la Izquierda Plural. Lógicamente el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación, de
ampliación, de adición, en definitiva, de completar la presentada por La Izquierda Plural. Yo espero -lo comparto con el señor Garzón-, que hoy el Grupo Popular diga que sí porque tenemos hoy iniciativas importantes, muy importantes. La creación
de una agencia pública europea de calificación en estos momentos es fundamental. Nos hemos despertado en estos últimos años con las noticias de la calificación crediticia de determinadas agencias de calificación proponiendo, calificando, la deuda
soberana de los Estados, la deuda pública. Además, lo hacen tres agencias: Moody's, Standard & Poor's y Fitch. Es un oligopolio, tres empresas que copan el 95 % de este mercado de rating. Cuando, por ejemplo, califican la deuda española con
perspectivas negativas, como ha ocurrido en los últimos años, nos ha supuesto un incremento de los intereses de la deuda española. Por abundar y ahondar en lo que ha expuesto el diputado de La Izquierda Plural, me pregunto ¿son fiables las
calificaciones de estas agencias? Me voy a remitir a tres ejemplos de los últimos años. Uno de ellos son los relativos a ciertos imperios empresariales, cuando previamente a las quiebras de grandes corporaciones y grandes empresas sus
calificaciones eran de buena o muy buena, la AAA. Por ejemplo, ocurría en Parmalat, en WorldCom, Enron, AIG, Goldman Sachs, en definitiva, empresas cuya deuda corporativa estaba calificada como buena o muy buena días antes de quebrar. Un segundo
ejemplo es el papelón que jugó la agencia Moody's, cuando previamente a la quiebra de Lehman Brothers tenía una calificación de AAA; buena no, muy buena. Hay que recordar que Lehman Brothers marcó el inicio de esta desgraciada crisis financiera en
todo el mundo, comercializando productos estructurados, comercializando las hipotecas subprime que derivaron al final en las crisis europeas que hoy padecemos. Un tercer ejemplo más cercano, en lo que hoy es esta PNL, son las amenazas y/o
calificaciones del riesgo soberano que ha creado incertidumbre, zozobra y un efecto contagio por lo menos en la economía del sur, incluso en toda la Unión Europea.


Otra pregunta que me hago: ¿qué supone cuando cambia la perspectiva? Que tengamos que pagar más intereses; es decir, supone que haya transferencia de dinero público hacia empresas privadas. Los fondos de inversión, los fondos de
pensiones, los fondos soberanos y los bancos también exigirán más intereses para poder financiar las cuentas del Estado. Una tercera pregunta que me hago es: ¿quiénes son estas agencias? Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Es curioso, -creo que
lo sabrán todos los diputados de esta Comisión-, pero Standard & Poor's y Moody's comparten, por ejemplo, en su accionariado cinco empresas iguales y suponen el 30 % del accionariado. (Muestra documentos). Por ejemplo, por no alargarme dada la
limitación de tiempo, pido a los señores diputados de cualquier grupo que consulten Black Rock, Vanguard Group o Capital Group -todos son accionistas de ambos- y verán las ligazones con otros grupos empresariales financieros e incluso con bancos,
bien nacionales o bien internacionales. Ante estos antecedentes hemos de tener muchas dudas, tenemos que ser cautos a la hora de saber lo que están calificando estas agencias de rating. Como digo, el papel de las agencias cada vez está más en
entredicho. ¿Lo dice el Grupo Parlamentario Socialista o La Izquierda Plural? No, lo dicen los informes del Banco Central Europeo, lo dice la propia Comisión Europea, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Congreso de los Estados
Unidos -hay que recordar que estas agencias de calificación nacieron en los inicios del siglo pasado en Estados Unidos-, que dicen textualmente que las agencias de calificación fueron en la crisis económica piezas esenciales de la maquinaria de
destrucción financiera. Esto parte del Congreso de los Estados Unidos del año 2011.


¿Qué es lo que pretende la iniciativa de esta PNL tanto de La Izquierda Plural como el Grupo Parlamentario Socialista? Que se cree esa agencia pública que sea independiente, que no tenga intereses, que haya un compromiso ético con los
ciudadanos. Algunas veces estas agencias se han atrevido a recomendar que se produzcan más recortes sociales a los Estados, por ejemplo, a España, a Portugal, a Grecia; que se provoquen reformas estructurales....Yo lo que pido es que haya un
compromiso ético, reputacional, de responsabilidad social corporativa sobre todo de estas tres agencias de rating, que no miran, -así viene establecido en la responsabilidad social corporativa- por la economía, no miran por la

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sociedad, no miran por el medio ambiente, por supuesto. Como yo creo que a ellos la reputación les importa poco, puesto que copan, como he dicho el 95 % del mercado del rating, de la calificación del rating soberano o corporativo, en
definitiva, estamos en manos de unos, -iba a decir monstruos empresariales-, oligopolios que califican en función de los intereses de unas grandes corporaciones, de unos grandes intereses que en este mercado globalizado, sobre todo financieramente,
piensan poco en la economía real de todos los ciudadanos, porque piensan más en el aspecto especulativo, en ganar mucho dinero en muy poco tiempo, a corto plazo. En definitiva, de ahí esa propuesta en la que ampliamos un segundo punto a la
iniciativa de La Izquierda Plural para que además no existan las barreras de entrada que hay para otras agencias potenciales de calificación, para que sea un mercado más competitivo, más transparente, más ético y para que prime la reputación y la
responsabilidad social de estas agencias de calificación. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Se han solicitado otras intervenciones para la fijación de posiciones. Ruego que encarecidamente que fijen su posición lo más brevemente posible. Así, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra
la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Respecto del debate de la proposición no de ley que nos presenta el grupo de La Izquierda Plural quiero hacer unas breves reflexiones. La primera es que la existencia de las agencias de calificación queda legitimada
en la medida en que estas agencias son intermediarias de información, contribuyen a reducir la asimetría informativa entre el emisor y el comprador de obligaciones y reducen también los costes de información entre agentes económicos. No obstante,
es una industria que cumple con las condiciones de oligopolio a las que se ha referido también el portavoz del Grupo Socialista al estar dominada a nivel mundial por tres grandes agencias. Con el estallido de la crisis de las subprime surgieron
irregularidades relativas a la actuación y el funcionamiento de las agencias de rating, y el órgano regulador de los mercados financieros en Estados Unidos, la SEC, emitió un informe al respecto en el que concluyó que se habían encontrado fallos
importantes en todas las agencias de calificación que en el momento fueron examinadas. En este contexto -no me referiré a los errores a los que se hizo referencia- surgió un consenso en torno a la necesidad de reforzar la regulación y supervisión
del marco institucional bajo el cual operan los mercados financieros, con especial hincapié en el papel de las agencias de calificación crediticia.


Haré un brevísimo repaso, pero que entiendo necesario, de cómo Europa afronta en este contexto el debate sobre las agencias de calificación. Es un repaso que creo que nos permitirá situarnos en el marco y en los objetivos que persigue esta
proposición no de ley. En el plano europeo, este paso hacia una mayor supervisión del riesgo se materializó en el año 2009, cuando el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron un reglamento que constituye el marco europeo de la actividad de las
agencias de calificación crediticia y que entró en vigor en diciembre de 2010. Este reglamento introdujo cambios significativos como la introducción de disposiciones para garantizar la independencia de las agencias y prevenir los conflictos de
interés, confiar la supervisión de las agencias de calificación a una nueva autoridad europea de mercado de valores e imponer obligaciones de publicidad relativas a los métodos e hipótesis utilizadas para la calificación. Sin embargo las tensiones
entre la Unión Europea y las agencias de calificación persistieron, evidenciando que el reglamento aprobado era insuficiente pues seguía sin solucionar los problemas más importantes, como eran la falta de competencia y las estructuras de oligopolio,
por otra parte, la falta de responsabilidad pública y de transparencia.


En esta línea en junio de 2011 el Parlamento Europeo emite un informe en el que se solicita un estudio sobre el impacto de la creación de un organismo europeo de calificación crediticia, planteándose como una de las mejores alternativas para
reforzar la competencia y mejorar la fiabilidad de las valoraciones. De hecho, según ciertos grupos políticos del Parlamento Europeo y del CESE, la calificación de la deuda soberana es una cuestión de interés público, y por ello, debería ser
calificada por una agencia internacional o europea independiente, creada a tal efecto para defender el interés público. No obstante, y a pesar de que la propuesta fue considerada en la última modificación del reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, aprobada en noviembre de 2011, no fue incorporada en el texto legislativo. De este modo la creación de la agencia europea de calificación crediticia se ha desestimado, sin que las soluciones ofrecidas al respecto en el reglamento hayan
dado tregua a las sucesivas rebajas de la calificación de la deuda de países de la zona euro.


En este sentido, y hecho este breve repaso, entendemos que la iniciativa planteada por La Izquierda Plural tiene razón de ser y merece nuestro apoyo. Sin embargo no podemos dar un apoyo absoluto a la

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propuesta por dos motivos. En primer lugar, desde el grupo parlamentario al que represento no compartimos el hecho de que esta agencia deba ser la única que califique la deuda soberana de los países miembros de la Unión Europea, ya que
sería un impedimento para una mayor competencia en el mercado, y frenaría que dicha agencia tuviese credibilidad ante los mercados financieros, por lo que en última instancia sería peor el remedio que la enfermedad y el impacto de la creación de la
misma nulo. En segundo lugar -termino ya, señor presidente-, y ligado a la falta de competencia que consideramos que es el mayor problema que existe -tal y como apunta también la Comisión Europea en sus planteamientos-, también nos preguntamos
acerca de la naturaleza pública de la nueva agencia, y si es lo más apropiado para ofrecer valoraciones más acertadas. Renegar del origen privado de la agencia podría lastrar a nuestro entender la capacidad para competir de igual a igual con las
otras agencias privadas. Ello frenaría una competencia directa, cuando de lo que se trata es de que haya más empresas con capacidad para valorar, que sigan criterios de transparencia y de responsabilidad muy claros, y que ello sea lo que merece la
mejor valoración. Por tanto compartimos el debate, y valoramos positivamente el planteamiento de la cuestión que se nos presenta en esta iniciativa, pero entendemos que por su importancia y por su trascendencia debe ser objeto de un debate profundo
que permita orientar de manera real y efectiva el papel de las agencias de rating -no solo a nivel del Estado español, sino a nivel europeo-, evitando los problemas que en los últimos años se han vivido y que han afectado a nuestro crecimiento, a
nuestra competitividad, y en general a nuestra sociedad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Desde nuestro grupo hemos señalado en varias ocasiones que uno de los problemas que tenemos en el seno de la Unión Europea es que tenemos una especie de Unión Europea de cartón-piedra donde las cosas parecen
ser lo que no son. Tenemos un banco europeo que no es un Banco Central Europeo, un Parlamento Europeo que no es un auténtico Parlamento Europeo, y una Comisión Europea que no es un auténtico Gobierno europeo, y quizá este elemento abunda en esta
dirección. La ausencia de una agencia pública europea de calificación crediticia también contribuye a que Europa siga estando en el aire, y no puede dar respuesta eficaz desde el punto de vista de la sostenibilidad social a los problemas económicos
y sociales que se generan en el conjunto de la Unión Europea, y dentro de cada uno de los Estados de la Unión Europea. Por eso desde nuestro punto de vista es oportuna esta propuesta que se hace desde el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural,
porque va a aportar una solución a uno de los problemas que ha estado en la base de la actual crisis económica. Somos partidarios de que se cree esa agencia pública europea que tendría que estar dentro del organigrama de un banco central que sea un
auténtico Banco Central Europeo -como puede ser la Reserva Federal de los Estados Unidos o el banco equivalente en Japón-, para que pueda tener competencias reales y dar respuesta a los problemas que se producen en las épocas de crisis, sobre todo
por parte de los poderes financieros y especulativos, y que sea la única forma de frenar a esos poderes financieros y especulativos que al final pervierten todo el juego de la democracia, sobre todo desde el punto de vista social. Por eso somos
partidarios de esta propuesta y votaremos a favor de ella.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Perplejidad es la palabra con la que tengo que iniciar mi intervención. Salvo por la intervención muy acertada de doña Inmaculada Riera, perplejo me quedo cuando, tanto el proponente como el enmendante,
parecen haber olvidado lo ocurrido en el seno de la Unión Europea en los dos últimos años largos. Puede entenderse por parte del proponente por cuanto planteó una proposición no de ley en el año 2012, y ahí quedó. Pero quien enmienda tal día como
ayer y parece no haber acudido al archivo histórico de la legislación europea para saber qué es lo que ha pasado, hace que manifieste mi perplejidad.


Señorías, tan recientemente como en mayo de 2013 -es decir, hace seis meses- la Unión Europea concluye, con una modificación reglamentaria y la modificación de una directiva, un proceso por ahora transitorio. Se partía del diagnóstico con
el que todos coincidimos de que había habido falta de transparencia en la calificación de la deuda soberana por parte de las agencias de calificación; que ha habido una excesiva dependencia por parte de los inversores de esas calificaciones que
tomaban a pies juntillas -entendían que eran prácticamente una verdad absoluta lo de esas AAA o BBB, y las tomaban como una referencia única sin acudir a sus propias valoraciones o a su criterio intelectual más acendrado-; que existían de hecho

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conflictos de intereses, y que había que atajar el conflicto de intereses entre quienes emitían unos determinados títulos y además encargaban una calificación a agencias que a lo mejor estaban participadas por ellos mismos -eso había que
atajarlo, porque era una parte del problema-; y que también era una parte fundamental del problema la absoluta ausencia de responsabilidad por parte de las agencias en las actuaciones que desarrollaban: esto lo he dicho, era una opinión y si usted
se la ha tomado en serio, peor para usted.


Ese proceso que se inició en junio de 2011 -y la señora Riera ha hecho referencia a ello-, con una resolución del Parlamento del 8 de junio de 2011, concluye al menos por ahora -y digo al menos por ahora porque hay más que caminar hasta el
año 2016- con la modificación de una directiva y con una modificación reglamentaria -como acabo de decir el debate se produce en el mes de enero y la publicación en mayo de 2013, hace unos meses-, donde ya la Unión Europea toma posición respecto a
esta cuestión, y en muy diversos frentes, que parece que es lo lógico. No se trata de resolver todo esto creando una agencia sin más; ojalá fuera así, hay opiniones para todos los gustos, y esa puede ser una, pero la Unión Europea en su
modificación reglamentaria y de directiva aborda, por un lado, el exceso de dependencia diciendo a todo el mundo que esas calificaciones no son suficientes, y que los emisores de estos títulos tendrán también que recurrir a su propia labor
evaluadora de riesgo para asumir responsabilidad, porque al final es una asunción de responsabilidad. No bastará con decir que eso lo dijo Standard & Poor´s; eso lo diría Standard & Poor´s, pero usted debe hacer su labor porque también es
responsable. En segundo lugar, en cuanto a la deuda soberana se pretende también con estas modificaciones -insisto, que ya están aprobadas; lo afirman, pero no se ha hecho ni una sola referencia en las intervenciones, tanto del ponente como del
enmendante, a que existe esta legislación-, con esta legislación que las agencias deban señalar un calendario de las valoraciones, de las certificaciones que tengan que hacer a lo largo del año, hasta un máximo de tres para que no nos pille por
sorpresa; esto de que de repente me cargo el crédito de un país con una publicación intempestiva y ya está. Además que esa publicación se produzca entre el cierre de los mercados el viernes y una hora antes de la apertura los lunes, y dándole
traslado con antelación a los emisores -en este caso a los emisores de deuda soberana- de por qué se hace esa valoración para que puedan interferir, para que puedan decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo o usted qué ha hecho con esto. Eso está
también en esa modificación reglamentaria.


Se les exige ya desde ahora responsabilidad por las actuaciones y cualquiera -puede ser un emisor de deuda soberana o puede ser un inversor- puede decirle: usted me ha engañado, dígame de dónde sacó ese dato, etcétera, y le reclamo
responsabilidad por esa razón. Se reducen los conflictos de intereses, por un lado, obligando a que se publiquen si en más de un 5 % tienen participación las empresas, las entidades emisoras, en esas agencias de calificación o si dichas agencias
tienen participación en la empresa emisora, prohibiendo que se haga la calificación en el caso de que esa participación sea superior al 10 %. Todo eso está en la norma. Se favorece también la competencia. No se trata, señor Garzón, de que el
zorro -usted decía el lobo- cuide las gallinas, sino de que haya muchos zorros vigilando este cotarro, muchos zorros, provocando una mayor competencia. Esa es la línea que ha adoptado la Comisión Europea -en la que todos coincidimos-, y esa es la
línea y en ese foro se tiene que resolver. Además, para que los inversores puedan cotejar su información, se plantea que todas estas valoraciones se publiquen en una plataforma europea de calificaciones. Con esto, además, lo que ha sido aprobado
por el Parlamento Europeo es que para el 2016 se evalúe la posibilidad de crear o bien una agencia pública o bien una fundación o bien una red -en caso de que se produzca una mayor competencia- que permita a los inversores valorar con mayor claridad
cuáles son los riesgos que asumen cuando compran este tipo de productos o deuda soberana.


Dicho todo esto -voy acabando, señor presidente-, señorías, plantear que haya una única agencia pública de calificación a mucha gente no le ofrece la menor garantía. No se puede decir que renunciamos a agencias que cobran por emitir una
calificación, pero aceptamos sin más -al menos sin debate- una agencia pública que al parecer no puede tener interés, cuando puede no tenerlo pero a lo mejor le interesa que la deuda soberana de los Estados miembros de la Unión sea muy bien valorada
en el resto del mundo; podría ocurrir, y hay quien piensa que eso podría no ser una buena solución. Por tanto tenemos este periodo transitorio para llegar a una solución definitiva.


En cualquier caso, en relación con la experiencia que se ha intentado de constituir una fundación, la consultora Roland Berger no ha sido capaz de reunir los 300 millones de euros necesarios para que una fundación se pudiera constituir para
hacer esa valoración. Señorías, no se puede enmendar la propuesta diciendo que no, que lo público -porque lo dice la motivación del enmendante- puede que cause alguna

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duda, pero si es público-público, es decir, si es independiente...Bueno, pues no parece que esa sea una argumentación demasiado contundente como para entender que lo público sin más es una garantía de transparencia y de equidad. Saquen
ustedes una agencia pública a los mercados y veremos cuál es la calificación que a esa agencia pública le dan.


El Grupo Popular, en cualquier caso, a la vista de que se ha recorrido un camino en el seno de la Unión Europea, a la vista de que hay un periodo de evaluación hasta finales de 2016, considera oportuno por supuesto rechazar esta proposición
no de ley, y además emplazarles a que, a la vista de la nueva regulación y de la experiencia derivada de la misma, podamos entonces valorar si vamos a una agencia pública, si vamos a una fundación, o si vamos a una red de agencias que puedan
elaborar estas calificaciones.


- SOBRE FINANCIACIÓN DE I + D + I. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000589).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día: proposición no de ley sobre financiación de I+D+i. Es una iniciativa del Grupo de UPyD. Tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán. Les ruego por favor que, en la medida de
lo posible, sean escuetos. Sé de la importancia que tienen todas estas proposiciones, pero creo que se puede resumir más de lo que lo estamos haciendo.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Esta proposición no de ley, como dice el título, es básicamente una petición al Gobierno para que corrija determinados aspectos de la financiación de la I + D + i, y concretamente que se atenga en lo posible, a
pesar de la excepcionalidad de la situación presupuestaria que implica la salida de la crisis, al preámbulo de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación que se aprobó no hace tanto tiempo, en mayo de 2011, con un amplio consenso -todos los
grupos la apoyaron-, y que sin embargo juzgamos que no se ha desarrollado como esa ley preveía. Se trataría de restablecer los principios de esta ley y tratar de desarrollarla, como digo, con una serie de medidas que proponemos; que el Gobierno la
desarrolle con su iniciativa legislativa con el objetivo doble -bien conocido y que todos los grupos siempre citamos, y que por tanto entiendo que apoyamos- de que, por una parte, se haga el máximo esfuerzo posible para apoyar la investigación, la
ciencia y la innovación, y que, por otra parte, eso se considere de una manera real y no meramente retórica como un preámbulo necesario para un cambio de modelo productivo que no nos haga recaer en los errores del pasado.


Voy a ser breve como nos pide el presidente. Se han presentado varias enmiendas a esta proposición no de ley; tres en concreto, una del Grupo Popular, otra del Grupo Socialista, y otra de CiU. La verdad es que al Grupo Popular le
agradezco el intento de llegar a un acuerdo al respecto, pero su enmienda está muy lejos de lo que proponemos, y no puedo aceptarla en los términos en que la han planteado. Sin embargo sí he podido llegar a una enmienda transaccional, tanto con el
Grupo Socialista como con el Grupo Catalán, que es la que proponemos que se vote.


Recordando brevemente lo que dice esta proposición no de ley para que todos sepamos lo que votamos, lo que planteaba primitivamente eran diez puntos, que ahora han sido aumentados con dos más, con las aportaciones -que creo que la mejoran
considerablemente- de socialistas y CiU. Básicamente lo que se propone es adoptar determinadas medidas legislativas que conduzcan a lo siguiente: en primer lugar, que la I + D esté entre los sectores prioritarios, no entre los que primero se
recortan, y que se haga lo que se hace en los países que mejor han combatido la crisis, que es considerar que la inversión en I + D + i es precisamente una inversión anticíclica con resultados muy beneficiosos para la economía y para el conjunto del
país, y que por tanto se incremente, en la medida de lo posible el presupuesto público de la I + D + i.


Fundamental también es la cuestión de los recursos humanos. Nos parece que esto es básico. Consideramos que es necesario conseguir cuanto antes una tasa de reposición de efectivos de al menos uno por uno, entre otras cosas porque como es
conocido la edad media de los investigadores que trabajan en España, tanto en OPI como en universidades e instituciones científicas es bastante elevada y corremos el riesgo grave no solamente de incentivar, como de hecho se ha hecho, la fuga de
cerebros -lo cual es un grave perjuicio para el conjunto del país y para la inversión pública y privada- sino además hacer imposible la renovación generacional, que es una cuestión de la máxima gravedad. Esa es una de las razones -se lo quiero
explicar al Grupo Popular- por la que no he podido aceptar su enmienda que proponía una tasa de reposición del 10 %, que es la que ahora mismo se ha aprobado en los presupuestos generales; nos parece insuficiente. También fomentar el cumplimiento
de los programas de investigación,

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desarrollar las figuras externas de contratación, y me gustaría insistir en la importancia de la estabilidad; no basta solo con que se incremente la inversión, que también, es que es fundamental dar estabilidad laboral, contractual, a la
gente que trabaja en el campo de la ciencia y de la investigación, porque siguen siendo en esta materia unos parias, y es una marginación en su estatus, en su estabilidad, que redunda en un daño general a la estabilidad del sistema, y por tanto
también en una mala inversión, en una mala política en este sentido. Por supuesto es necesario también el pacto de Estado que todos estamos siempre dispuestos a suscribir, pero que haría falta que se sustanciara en algo.


Para ser breve, como he prometido, hemos añadido dos puntos más que son los nuevos que vienen en la enmienda transaccional. El primero pasaría a ser el punto 9: Adoptar las medidas necesarias para que las entidades financieras
nacionalizadas, saneadas con fondos públicos, financien mediante créditos y ayudas proyectos de I + D + i, tanto públicos como privados y público-privados. Esto nos parece importante porque efectivamente vamos a decir que el pretexto que se
invocaba de la falta de recursos que se han dedicado precisamente -algo que en nuestra opinión fue erróneo, pero ya es irreversible- al rescate de la banca quebrada y su nacionalización, ahora que ya se hacen por parte del Gobierno todo tipo de
celebraciones de que hemos salido de la crisis, que esto ya está resuelto, que se ha acabado el rescate europeo, de la troika, de la banca española, ahora estas entidades que son nacionalizadas deberían revertir parte de lo recibido a la sociedad en
un campo particularmente sensible, particularmente rentable. De manera que nos parece que el Gobierno tiene que poner los medios para que esta banca, ya saneada con fondos públicos, revierta al menos parte de lo que ha recibido concretamente en el
campo de la innovación y de la ciencia.


Finalmente hay un punto 10 que propone, debido a la insuficiencia y escasez de fondos públicos que sigue habiendo dedicados a la investigación y que presumiblemente va a haber durante bastante años, la mejora de distribución de estos fondos.
Hay que adoptar criterios de competitividad en la innovación y de calidad científica en los proyectos, y para esto nos parece básico que adoptemos indicadores transparentes y objetivos conocidos para valorar estos proyectos y para su financiación, y
de acuerdo con los criterios aprobados por las instituciones europeas.


El señor PRESIDENTE: Hay tres enmiendas. Para defender la primera de ellas, por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Quiero agradecer la proposición no de ley presentada por el Grupo de Unión Progreso y Democracia porque nos permite volver a insistir sobre la importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación, un tema
en el que nuestro grupo ha insistido en los últimos años y no dejará de insistir, y la actual situación económica ha de hacer que el Estado cambie sus prioridades e invierta más en dichas políticas, porque estas políticas de más investigación, más
desarrollo, y más innovación son las que constituyen el eje de crecimiento, de competitividad, y de cambio de modelo productivo por el que estamos apostando. Por tanto compartimos el espíritu de la proposición no de ley sobre la financiación de la
I + D + i que ha presentado este grupo.


Sin embargo también creemos que adolece de algunos aspectos que desde nuestro grupo parlamentario sería importante y necesario corregir, y me referiré a tres de ellos. En primer lugar, creemos necesario desde el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió que en materia de investigación se garantice, ante la escasez de fondos estatales destinados a la misma, la correcta distribución de los que existan, y que esta se haga sobre la base de criterios exclusivamente competitivos,
favoreciéndose así la competitividad frente a un modelo de aportaciones públicas directas a entidades que no dispongan de las suficientes garantías de solvencia científica. Por ejemplo, este modelo es el que se utiliza en el European Research
Council, y por tanto es un modelo de reconocido prestigio. En segundo lugar, creemos también fundamental que se fomente el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el programa Ramón y Cajal por las universidades y las OPI, pero también se ha
de fomentar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los centros e instituciones de investigación que son fundamentales en nuestro actual sistema. Y en tercer lugar, nos gustaría precisar que no estamos tan de acuerdo con la terminología
utilizada en la proposición no de ley al establecer la I + D + i como un sector. Creemos que la I + D + i va mucho más allá de un sector, y que las políticas de investigación, desarrollo e innovación son políticas transversales que mejoran la
competitividad del conjunto de nuestro tejido productivo.


En este sentido, y con estas tres consideraciones, hemos presentado una enmienda, y agradecemos al Grupo de UPyD que la haya aceptado. Esta enmienda perseguía una complementariedad a la proposición no de ley, incidiendo no solo en los tres
ejes a los que he hecho referencia, sino también, en

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primer lugar, en que el sistema y el conjunto de instituciones y organismos de investigación está formado tanto por las OPI como por los organismos e instituciones que no son OPI, pero que han demostrado un dinamismo, una competitividad, un
reconocimiento y un prestigio innegables, y tienen una aportación muy clara al sistema estatal de I + D + i, por lo cual estos debían ser incorporados. Hemos de reconocer también, al hablar de las instituciones y organismos que no son OPI, el
retorno de los modelos de gobernanza más flexibles al que responden estas instituciones, que representan centros de investigación de reconocido prestigio internacional. Y en segundo lugar, se plantea incorporar la necesidad de aplicar los criterios
competitivos en las convocatorias, a los que hacía antes referencia, a fin de perseguir y de conseguir la máxima eficiencia, el máximo retorno, y la máxima competitividad del sector.


Por tanto, presidente, señorías, compartimos el espíritu y los objetivos de esta proposición no de ley. Agradecemos que se haya incorporado nuestra enmienda. Compartimos cada uno de los puntos que se definen en la proposición no de ley, y
subrayamos también no solo la necesidad de continuar apostando desde un punto de vista tangible de recursos, sino también intangible de políticas y de cambio cultural hacia una economía mucho más competitiva y mucho más sólida, que pasa por una
apuesta innegable por la investigación, el desarrollo y la innovación, que ha de ser un tema de Estado no de corto plazo, sino un tema de acuerdo, de consenso en el medio y largo plazo que dé estabilidad a la que hacía referencia el portavoz del
Grupo de UPyD.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Serrano.


La señora SERRANO ARGÜELLO: En principio, como no podría ser de otro modo, quiero agradecer por parte de esta portavoz puntual del Grupo Popular esta iniciativa por el espíritu que entendemos que lógicamente conlleva, porque está en
perfecta sintonía con lo que es la filosofía del Partido Popular, que no puede ser otra que establecer explícitamente con carácter prioritario la investigación, el desarrollo y la innovación como motor de cambio del modelo productivo que se base en
el conocimiento, ya que lógicamente acarrearía mucho crecimiento y por lo tanto mucho empleo, que como todos ustedes saben es un objetivo fundamental dentro del Partido Popular. Por tanto quiero agradecer ese espíritu por la sintonía que tiene con
el Grupo Parlamentario Popular. En segundo lugar, agradezco que la propuesta sea prolija y concisa, porque al final son ocho los puntos que se desarrollan en la última transaccional -incluso es más concisa-, y en la inmensa mayoría de ellos estamos
de acuerdo. Compartimos, cómo no, que precisamente la ciencia y la tecnología son el motor del cambio, sin embargo, podríamos ir posicionándonos sobre todos y cada uno de los puntos que se han desarrollado aquí. En un primer momento esta portavoz
pensó en pedir votación separada porque, por ejemplo, no podremos estar más de acuerdo en el punto primero o en el punto séptimo. Pero vayamos al punto primero, cuando hablamos de un sector que calificamos como estratégico -no podemos considerarlo
de un modo diferente- para que cambie nuestro modelo, y lógicamente haya una colaboración de la financiación público-privada. Del mismo modo podríamos estar de acuerdo en reforzar la financiación del plan nacional, tal y como se ha indicado
precisamente en estos puntos. En 2013, en cuanto al suplemento de créditos, se incrementaron las partidas para convocatorias en 79 millones de euros, y en cuanto las circunstancias lo han permitido los presupuestos de investigación y desarrollo han
incrementado concretamente las partidas de subvenciones correspondientes a la secretaría de Estado en prácticamente un 10,5 %. Pero no podemos estar de acuerdo en otros puntos, como puede ser -que creo que se puede plantear como el mayor de los
escollos- el punto número dos, porque como todos sabemos a algunos les costó muchísimo reconocer la crisis, y parece que siguen sin darse cuenta de que los presupuestos de hoy en día tienen, como no puede ser de otro modo, que ser austeros.


Se ha dicho por parte del grupo parlamentario proponente que en el Partido Popular estamos ya muy contentos porque ya se ha acabado todo. Pues, no. No estamos en absoluto ni contentos ni satisfechos, porque desafortunadamente no se ha
acabado todo. Estamos moderadamente o razonablemente contentos porque parece que las reformas dolorosas -tan dolorosas como necesarias- y el esfuerzo de todos los españoles empiezan a dar frutos, y a verificar que estamos en la buena línea, y por
eso seguiremos, como no puede ser de otro modo, perseverando en las reformas para que una vez más España vuelva a ser un país en crecimiento, como siempre fue, para volver a generar empleo, porque no debemos perder de vista que es el objetivo
clarísimo, último del Partido Popular.


Una vez analizado punto por punto y estando de acuerdo en el espíritu de muchos puntos concretos, pero no en todos, la enmienda que hemos presentado en el Grupo Parlamentario Popular trata de

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actualizar -y se lo decimos en la justificación- el texto a la incorporación de los últimos desarrollos legislativos que se han producido, y que están ya en vigor, y a las líneas políticas observadas en la acción de gobierno. Para qué?
Para que esta iniciativa lógicamente sea realista, porque de lo contrario no lo sería. ¿Y por qué presentamos esta iniciativa? Por una razón muy clara: por la situación presupuestaria que tenemos en este país, donde hay que seguir haciendo un
serio esfuerzo en la consolidación del déficit y en la consolidación fiscal, como no puede ser de otro modo.


Ahora bien, se ha hablado mucho de si los Gobiernos la apuestan o no por la investigación, el desarrollo y la tecnología en función de los presupuestos. Pues bien, con los últimos Gobiernos del Partido Socialista no se ejecutaba lo que se
presupuestaba; por lo tanto de poco nos valía fijarnos solamente en los presupuestos. También quiero decir que la ejecución de los presupuestos del primer año del Partido Popular fue más elevada que lo ejecutado por el Gobierno anterior del
Partido Socialista. Por lo tanto, actuemos con más rigor a la hora de hacer las comparaciones con los presupuestos. También hay una máxima que sale permanentemente en este tipo de discrepancias: gastar más no significa gastar mejor. Tenemos
múltiples ejemplos, uno de los más sangrantes es la educación. En la última década se ha aumentado, se ha doblado prácticamente el presupuesto de educación y sin embargo los resultados en nuestra política educativa son bastante peores. Gastar más
no es gastar mejor. Por eso el Gobierno popular ha puesto en marcha lo que llamamos las cuentas satélites, porque es muy importante invertir en investigación y desarrollo, sí, pero es tan o más importante evaluar los resultados de esas inversiones
en investigación y desarrollo. Por eso se han puesto en marcha lo que llamamos las cuentas satélites para evaluar el impacto de ese tipo de políticas. Y una apuesta clarísima por la calidad y por la excelencia, que no deben faltar, y mucho menos
cuando hablamos del conocimiento. Cuando hablamos de que gastar más no es gastar mejor sino que lo que hay que hacer es gastar mejor, también estamos hablando de lo que es una mejor gestión. Por ejemplo, aumentar la movilidad; no solamente que la
gente que se dedica a la investigación, que nuestros investigadores salgan fuera de España, sino fomentar la movilidad entre las empresas y la universidad, que lógicamente es la colaboración público-privado o, por ejemplo, una fórmula con la que
podemos ver cómo se está gestionando mucho mejor es con los famosos Ciber, los centros de investigación dentro de las universidades en las que en cada uno de ellos tenía que tener un abogado del Estado. Ahora se ha coordinado de tal modo que solo
haya un abogado del Estado para todos ellos, es decir, reducir en estructuras que salían tremendamente caras.


La apuesta del Partido Popular sigue siendo la excelencia y la calidad. Y para muestra un botón: ustedes que nos acusan permanentemente de que se han bajado las partidas de presupuestos en investigación y desarrollo, queriendo decir con
ello que no hay una apuesta clara por parte del Partido Popular por la investigación y el desarrollo. Hoy en día estamos liderando el 10 % de los proyectos europeos, cuando en etapas anteriores, no hace mucho más de dos años, liderábamos el 4 %.
Estamos hablando de un aumento considerable porque, insisto, la apuesta definitiva es la calidad, la excelencia -como no puede ser de otro modo- y eso se hará ver lógicamente en la nueva Ley de Ciencia y Tecnología que, como ha dicho la portavoz de
Convergencia, estamos de acuerdo que tiene que ser una cuestión de Estado. Ustedes dicen en su parte expositiva, para que la carrera científica sea clara, predecible y atractiva; será más atractiva cuanta más calidad y excelencia busquemos.
Insisto, seguimos pensando en el Partido Popular que la investigación, el desarrollo y la innovación es un clarísimo pilar de competitividad y, por lo tanto, es un clarísimo pilar de cohesión social. Yo hablaba esta tarde con el portavoz de estas
cosas y me decía: Arenales, no es un pilar de competividad, es el pilar de competitividad, por eso la búsqueda de la excelencia aquí tiene que ser permanente y desde el Gobierno popular se seguirá haciendo así.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cortizo.


El señor CORTIZO NIETO: Quería anunciar brevemente el apoyo a la proposición no de ley de UPyD. La verdad es que pensábamos en mi grupo que la proposición sin más era muy apoyable, por más que siempre se puedan discutir cosas. Al fin y al
cabo es una proposición no de ley que aborda el calamitoso estado de la I + D + i en este país. Pero, de repente, aparte de tener muy presente lo de estimular mi capacidad de síntesis -tal como pidió el presidente-, la intervención de la portavoz
puntual del PP me ha descolocado un poco la línea argumental. Ya el mantra aquel de más con menos no está, pero estamos en este de gastar más no significa gastar mejor, y yo también estoy de acuerdo, pero cualquiera diría que somos unos manirrotos
o lo son los científicos, ya hace tiempo que no ejerzo. Empecé a entender la cosa

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cuando mentó las cuentas satélites porque entonces llamé a Joan Rangel, que es el que lleva esto de Hacienda y le pregunté: ¿qué es esto de las cuentas satélites? Me dijo: no sé, estarán orbitando. (Risas). Le dije: a ver si la
portavoz puntual va a ser una extraterrestre y no se enteró del calamitoso estado de la I + D. Al final, creo que fue un relato el suyo de auténtica ciencia ficción, señora portavoz puntual del Grupo Parlamentario Popular.


Técnicamente lo ha hecho usted muy bien, y hay que reconocerlo. Estaría muy bien si no fuese porque el Gobierno tiene que hacer -mañana vamos a convalidar el real decreto-ley- un suplemento de crédito extraordinario por valor de 100
millones para evitar que colapse el mayor OPI de este país, para evitar que colapse -para que abran el grifo y haya agua, para que puedan encender la calefacción, para que se puedan pagar los salarios- no para que investigue, así que fíjese a qué
situación hemos llegado. Esa es la situación del CSIC. En las universidades, que aportan el 60 % de la investigación de este país, la situación no es mucho mejor. (La señora Serrano Argüello: ¿De dónde vendrá?). Supongo que todo esto usted lo
sabe. Si yo pensase que usted es tonta, diría: pues no tiene ni idea de esto, no sabe, pero no, usted sabe y no es tonta. Sabe perfectamente que se están cerrando proyectos de investigación, porque no hay dinero para financiarlos.


Usted ha hablado de cifras y de que es un tema de los socialistas, porque eran malísimos. Siendo malísimos y teniendo cola o rabo (Risas), en 2011 el Plan Nacional de I+D en este país tenía 537 millones de euros y en 2013 tuvo 260, y se
ejecutaron los 570 millones del Plan nacional, y el Plan nacional, señora portavoz puntual, es el elemento fundamental donde se nutren todos los equipos de este país: 537 en 2011 y 260 en 2013, y se ejecutaron. Con esto no quiero decir que se los
pasaron por las armas, sino que se ejecutaron, que se gastaron los presupuestos. Con lo malos que eran los socialistas -a veces también lo pienso- (Risas), hay una diferencia notable. Por eso le digo que lo de que ahora todo está estupendo, no es
así. Hay científicos que se tienen que ir del país, jóvenes y no tan jóvenes, porque el problema en el ámbito de la ciencia es que decimos científicos jóvenes pero no son científicos de algo más de veinte años, que estén haciendo la tesis o recién
doctorados, no, es que aquí la juventud va hasta más de los cuarenta y tantos años. Es un concepto de juventud en el sentido de que no están estabilizados, porque no hay plazas, porque los hemos traído con engaños desde el extranjero diciéndoles
que les íbamos a estabilizar a través del Ramón y Cajal, Juan de la Cierva etcétera. Por cierto, aquí abro un paréntesis. Fíjese qué calamitoso es el estado de la ciencia que hemos conseguido que actualmente se diga Juan de la Cierva, Ramón y
Cajal o Severo Ochoa y todo el mundo piense en cosas negativas, en vez de pensar en grandes científicos. Hasta ese punto hemos llegado. Se cita el Severo Ochoa y se piensa: incumplimientos, recortes, gente a la calle. Se cita el Ramón y Cajal y
se dice: gente que no se contrata, gente que se tiene que ir al extranjero, gente que no se puede estabilizar. Hasta ese punto hemos llegado. (La señora Serrano Argüelo: Es que usted es muy negativo). Porque yo no orbito. Como no orbito y
estoy en la realidad, pasa que la cuenta no es satélite, la cuenta es terrenal. Esa gente se está yendo, ya lo ha dicho el portavoz de UPyD. ¿Es un drama que se vayan? Sí, porque descapitalizamos el país en un sector, como usted ha dicho,
tremendamente importante, porque es el único capaz de ser el motor del cambio y de cambiar el modelo productivo. Si no hay innovación, no hay cambio y no hay competitividad. Pero además la descapitalización, por efecto de la edad media de los
científicos -da igual en el consejo, que es de ciencuenta y ocho, o en otros OPI, donde baja un poquito hasta los cincuenta y cuatro, o en la universidad-, hace que se vayan a jubilar de manera masiva investigadores en todos los institutos,
universidades, OPI, incluidos los que citaba la portavoz de Convergència, y detrás no hay recambio, no hay nada. Eso es tremendo, eso es fácil de ver y, desde luego, eso no está en una cuenta satélite, está en el balance de resultados de la
política científica ciega, muda, sorda y no sé cuántas cosas más que se está haciendo en este país.


Como prometí síntesis (Risas), es lo que tiene la ciencia ficción y las cuentas satélites, que nos llevan a orbitar y entonces empezamos con esas cosas, y además como la política es como la psiquiatría, el cliente nunca tiene razón y, por
tanto, los científicos son unos locos que no tienen razón, claro. Ya dije que nuestra intención era, independientemente de que hubiese o no aceptado la enmienda del Grupo de Unión Progreso y Democracia, apoyar, porque me parece razonable, muy
moderada, algo genérica en su formulación, lo cual es generosidad, porque implica la posibilidad de que todo el mundo pueda abrirse a participar. También tiene una parte perversa, que es que se apunta cualquiera, porque uno se puede apuntar al
discurso palabrero y ya está. Pero se nos ocurrió aportar un poco, y como ya se está presumiendo tanto de que ahora los bancos no están estresados, los nacionalizados, ya se les ha curado el estrés que tenían -son 41.300 millones de ansiolíticos de
euros que les dieron para que se desestresaran los

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bancos-, se nos ocurrió que esos bancos ya desestrados, tranquilos, relajados, con ganancias, pudieran devolver algo de los 41.300 millones que el sector público ha metido para quitarles el estrés, y como la I + D + i está deprimida, pues
tremendamente deprimida, vamos a ayudarle también un poquito con el mismo tipo de ansiolítico que ayudó a los bancos, es decir, con dinero público. Ese dinero público no lo hay en las arcas -coincido con usted-, pero esos bancos que de facto están
nacionalizados, que es el FROB quien los gobierna, pueden aportar financiación a proyectos de I + D + i, pueden aportar financiación a infraestructuras, pueden aportar en definitiva créditos también, en una cuantía infinitamente menor que la que
ellos recibieron, infinitamente menor. Yo había puesto en la enmienda inicialmente en torno a unos 600 millones; al portavoz de UPyD le pareció más correcto no citar, pues también, pero pongamos unos cientos de millones de euros que pueden aportar
estos ya desestrados bancos para curar la depresión de la I + D + i. ¿No sería razonable que ya que ahora ganan dinero, se han salvado de la quiebra, los hemos rescatado del infierno, aporten algo a un sector que es el motor fundamental para que se
produzca el cambio de modelo productivo en este país?, y yo no soy capaz de expresarlo con palabras tan bien como lo expresó la portavoz del Grupo Popular. Si es tan prioritario, si es tan motor, estupendo, si es tal, apoyen esta proposición no de
ley. Nos ofrecemos -yo me ofrezco, no sé UPyD- a transaccionar un poquito más todavía, pero den algo, no nos den palabras, no nos den discursos vacíos, no nos den alharacas y hojarasca que no resuelve nada.


Mañana volveremos a discutir en el Pleno por la convalidación del decreto-ley y vendré preparado con las cuentas satélites, aunque me parece que a este paso lo que va a ocurrir es a que la I + D + i española haya que buscarla en la estación
orbital, porque se va a tener que refugiar allí porque aquí no va a haber ni sitio. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para fijar, si puede hacerlo, por favor, señor Garzón, la posición de La Izquierda Plural.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Simplemente, y aprovechando la ocasión para que quede constancia, nuestro grupo va a apoyar la enmienda transaccional. Tendremos oportunidad de debatir y volver al debate que se ha mantenido hoy y mantener más
clara nuestra posición en el debate de mañana y sucesivos.


El señor PRESIDENTE: He entendido al proponente que aceptaba las dos enmiendas con la transaccional que nos pasa. (Asentimiento). Muchas gracias.


- SOBRE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001763).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día y volveremos después al 5.º El punto 6.º es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre las líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Para su defensa
tiene la palabra doña Inmaculada Rodríguez-Piñero.


La señora RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ: Señor presidente, gracias por su flexibilidad a la hora de modificar el orden de intervención tal y como estaba fijado en el orden del día.


Mi grupo parlamentario presenta esta iniciativa porque si hay algo en lo que estamos todos de acuerdo, tanto los diferentes grupos políticos como los expertos y analistas de organismos internacionales, es que el principal problema de que no
pueda recuperarse la economía española y crearse empleo es que no fluye el crédito. Sin embargo en lo que no estamos de acuerdo es en lo que hay que hacer en el ámbito de las competencias de nuestro país para conseguirlo adecuadamente. Fíjense que
cuando el ministro Guindos presentó en esta Cámara su primera reforma financiera, allá por febrero de 2012, dijo que toda la reestructuración del sector financiero tenía como objetivo conseguir que el crédito fluyera al sector privado. Meses
después, en el mes de junio, tuvieron que solicitar un rescate financiero por la pésima gestión que se llevó respecto a la reestructuración del sector financiero. Y también se dijo que ese rescate tendría coste cero para los ciudadanos y que
permitiría que fluyera el crédito.


Pues bien, la realidad es que el crédito sigue sin fluir y se intensifica la caída y ahoga a las pequeñas y medianas empresas y a los profesionales y autónomos. Fíjese, según la encuesta elaborada por el Banco Central Europeo y la Comisión
Europea a las pequeñas y medianas empresas, en nuestro país solo una de cada dos pymes recibe el cien por cien de la financiación solicitada, 13 puntos menos que la media nacional. Pero fíjense, el 87 % de las pymes alemanas reciben el cien por
cien de la financiación solicitada; el 81 % de las de Finlandia y el 80 % de las de Austria. La cuestión que debemos preguntarnos

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y a la que debemos dar respuesta es: ¿Acaso son peores los proyectos empresariales que presentan nuestras empresas que las de Alemania, Austria o Finlandia? Esto no es así. El problema no es el de la vialidad de los proyectos, sino la
incapacidad de las entidades financieras para asumir su papel de intermediario financiero. Pero fíjense, la encuesta también nos dice que para el 23 % de las pymes españolas el acceso a la financiación es el problema más grave que tienen, y de
nuevo aquí también estamos muy por encima de la media de la Unión Europea y solamente están peor que nosotros las pymes de Chipre y de Grecia. También estamos fatal en cuanto a los costes que tienen que pagar aquellas empresas que al final
consiguen obtener el crédito que han pedido. Esto hace que nuestras empresas se encuentren en condiciones de mucha peor competencia respecto a sus homólogas europeas: créditos más caros y desde luego con mayores exigencias de garantías y de
avales. En la encuesta que acaba de publicar el Banco de España con los últimos datos, referidos al mes de junio, las conclusiones son exactamente iguales: el crédito al sector privado ha caído de enero a junio un 11 % y si consideramos solamente
el crédito nuevo, ha caído un 23 %.


Sobre estas circunstancias quiero poner de manifiesto además que la troika, en el reciente estudio que ha hecho a la hora de evaluar el rescate bancario, ha puesto de relieve que el crédito sigue sin fluir al sector privado debido
fundamentalmente a que las entidades financieras incurren en dos elementos absolutamente deplorables. Primero, no están trasladando a sus clientes las mejoras que obtienen en las condiciones de financiación, las entidades financieras se están
financiando en mejores condiciones y no lo están trasladando a sus clientes, por eso pagan costes más elevados. Segundo, no están haciendo su papel de intermediarios financieros, que es canalizar el ahorro para financiar la inversión. Que están
haciendo es que todo lo que captan lo están empleando para financiar deuda pública. Por lo tanto lo que necesitamos son entidades financieras que asuman su papel, que es evaluar riesgos con prudencia. Ni queremos lo que hicieron antes, que no
evaluaron riesgos porque daban el crédito a quien no debieron, ni ahora que no dan el crédito al que deben. Ese es el papel que tenemos que conseguir de las entidades financieras.


Con este panorama lo que tenemos que hacer y lo que le exigimos al Gobierno -y le pedimos al Grupo Parlamentario Popular que interceda para que el Gobierno consiga modificar sus posiciones- es que utilice los instrumentos que tiene a su
alcance para favorecer que fluya el crédito a nuestras pymes, a nuestros autónomos y a nuestros profesionales. Según los datos que están publicados a fecha de hoy en la página web del ICO -los datos hasta septiembre, que son los últimos que
aparecen publicados-, el ICO ha concedido 7.941 millones de euros; y eso es un 21 % menos que en el mismo periodo de 2012, un 31 % menos que en el mismo periodo del 2011 y casi la mitad de lo que se concedió en el mismo periodo de 2010, cuando se
dieron 14.592 millones de euros. Hoy, tres años después, insisto en que son 7.941 millones de euros. El ICO tiene a su disposición para autónomos y pymes 22.000 millones de euros. Esto quiere decir que a 30 de septiembre solo ha ejecutado poco
más de un tercio de sus recursos, y esto francamente es una ineficiencia que no nos podemos permitir. Lo más caro es tener recursos que no se están utilizando para el principal objetivo, que es conceder crédito a proyectos viables de nuestras
pequeñas y medianas empresas, nuestros autónomos y nuestros profesionales.


Por eso, hemos presentado esta iniciativa con medidas muy concretas que no tienen coste para el erario público. Consisten fundamentalmente en que las entidades nacionalizadas pongan en marcha una ventanilla única para informar en todas sus
sucursales de las líneas ICO y de las condiciones para su acceso, de manera que no se quede ni un euro sin prestar por falta de conocimiento por parte de quien puede solicitarlo. En segundo lugar, dado que las líneas de crédito del ICO no están
siendo utilizadas porque no están siendo útiles para quien las pide, modifiquen las condiciones: coste cero, nuevas líneas de crédito ICO de importe menor -que es lo que están pidiendo las microempresas y los autónomos-, que sirvan tanto para
circulante como para inversión productiva y que aumenten con los avales y garantías del Estado. En tercer lugar, mejorar la oferta de microcréditos de las empresas nacionalizadas bajando el umbral de exigencia de las garantías patrimoniales.
Proponemos -esto es lo que nos han trasladado todas las asociaciones representantes de los autónomos y profesionales- que la garantía patrimonial se reduzca un 30 % y las entidades financieras nacionalizadas den el 70 % restante por la viabilidad
del proyecto. Tenemos proyectos viables. Nuestras empresas están siendo más competitivas y se están internacionalizando más. Hay proyectos viables; lo que no hay es capacidad por parte de las entidades para favorecer el crédito. Por eso, es
imprescindible que las entidades nacionalizadas que financiamos todos y el ICO hagan ese papel.

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Quiero señalar que se han presentado dos enmiendas, una por parte de Convergència i Unió de adición que asumimos íntegramente, y otra por parte del Grupo Popular que no aceptamos. Han presentado una enmienda que en sus términos no tiene
ningún problema, pero pretenden sustituir la nuestra por la que plantean y eso es inaceptable. Por tanto, votaremos la proposición no de ley de mi grupo parlamentario en los términos en que está redactada más la enmienda de adición que ha
presentado Convergència i Unió. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para la presentación de la enmienda de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Se trata de una proposición no de ley que nos presenta del Grupo Parlamentario Socialista y que va la dirección del crédito del ICO a las empresas, a las pymes y a los autónomos, los más afectados por la falta de
crédito por las restricciones y por las dificultades de acceso al crédito. Hemos de ser conscientes con que las restricciones a la financiación bancaria que están sufriendo aún autónomos y pymes requieren de una actuación urgente por parte del
Gobierno, y esto para nosotros es un mensaje fundamental. Valoramos muy positivamente esta proposición no de ley. Esta actuación urgente por parte del Gobierno debe asumir que, a pesar de que el sistema y el sector financiero no necesite de más
ayudas europeas, el sector financiero no está facilitando el crédito y no está facilitando que el crédito fluya y llegue a la actividad productiva, con todas las consecuencias negativas que ello representa en términos de crecimiento y también de
viabilidad de muchas empresas y, por tanto, de una gran parte de nuestra economía productiva.


El Gobierno debe aceptar y entender que las líneas de mediación del ICO están infravaloradas, como muy bien apunta la iniciativa del Grupo Socialista, y a lo que ha hecho referencia también su portavoz. En este sentido, déjenme recordar que
el 16 de marzo de 2012 el Consejo de Ministros aprobó, por ejemplo, ampliar a 22.000 millones de euros la dotación de las líneas de mediación ICO para el ejercicio 2012. No obstante, en la presentación de resultados del ICO 2012 la financiación a
través de las líneas de mediación se materializó en un importe de 11.511 millones de euros. En relación con este remanente, Convergència i Unió ya planteó en su momento una pregunta escrita al Gobierno sobre el bajo nivel de ejecución de las líneas
de mediación del ICO, y el Gobierno justificó esta baja ejecución haciendo alusión al encarecimiento del coste de captación de fondos, al empeoramiento del rating soberano y de la calificación crediticia de la pyme española, y también a la caída de
la demanda solvente de crédito. Pero Convergència i Unió sí que considera necesario y prioritario que los recursos del ICO se utilicen en su totalidad, más cuando el acceso al crédito sigue siendo una gran dificultad para las empresas, que
continúan con serios problemas de financiación y de acceso a la financiación. Aun cuando la dotación de las líneas del ICO estén en máximos, algo que parece lógico en el entorno de la crisis financiera sin precedentes que hemos padecido, el
Gobierno debe hacer más para maximizar la eficiencia del ICO y lograr que el crédito fluya a la actividad productiva y llegue a las pymes y a los autónomos. En este sentido también, en la respuesta escrita a la que hacía referencia antes, el
Gobierno aludía a que las nuevas líneas ICO 2013 ya intentaban paliar las carencias o deficiencias que habían tenido en 2012, algo que, si bien puede ser cierto en algunos aspectos, me refiero concretamente a las líneas destinadas a impulsar la
expansión internacional de las empresas, queda bastante en entredicho con los datos que ha hecho públicos el mismo organismo y que apuntan a que los nueve primeros meses de 2013, con cargo a las líneas de mediación que ICO distribuye en colaboración
con las entidades de crédito, se han financiado operaciones por importe de 7.941 millones de euros, que es una cifra claramente alejada de los 22.000 millones de que dispone la entidad. Así, pues, a nuestro juicio, desde el grupo que represento, no
parece razonable que en un contexto de restricción crediticia como la actual, especialmente para pymes y autónomos, como pone de manifiesto también una reciente encuesta del Banco Central Europeo, la entidad pública empresarial, como es el ICO,
presente remanentes en sus líneas de mediación por un importe de casi 9.000 millones de euros, como sucedió en 2012. La crítica situación que atraviesa el tejido productivo hace injustificable la inoperancia del Gobierno a la espera de los
estímulos crediticios a pymes y autónomos que ofrezca Europa. Estos recursos, procedentes de las autoridades comunitarias, no pueden ni sustituir ni ralentizar la puesta en funcionamiento de otras medidas necesarias que deben emanar del propio
Gobierno para evitar que el tejido productivo siga debilitándose.


Con estas consideraciones, señor presidente, Convergència i Unió considera muy adecuada la proposición no de ley que plantea hoy en esta Comisión el Grupo Socialista, porque creemos que es conveniente y necesario que el Gobierno contribuya
más activamente a la normalización del crédito y

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actúe con celeridad para contribuir a la financiación de pymes y autónomos. En este sentido, creemos que el Gobierno, mediante las líneas ICO mediación y las entidades que han sido intervenidas por el FROB, debe permitir canalizar vía
microcréditos tanto los excedentes del ICO mediación de los ejercicios 2012 y 2013 -si los hay en 2013- como parte de los recursos públicos que han percibido las entidades nacionalizadas hacia pymes y autónomos, y en esto nuestro grupo parlamentario
ha insistido de manera clara y contundente en los últimos debates.


Hemos presentado una enmienda que agradecemos sea aceptada en los términos que se presenta por el Grupo Socialista; es una enmienda de adición que pretende garantizar la ejecución de todo el presupuesto asignado al ICO para que en caso de
que las líneas de mediación no agoten los recursos que tienen asignados, el Gobierno reoriente este excedente con una línea ICO directa que otorgue microcréditos a pymes y autónomos, garantizándoles el acceso al crédito.


Agradecemos nuevamente la presentación de esta proposición no de ley y sobre todo la aceptación de la enmienda que mi grupo ha presentado por parte del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Garrido.


La señora GARRIDO VALENZUELA: Quiero dar las gracias por las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra porque ponen de manifiesto que verdaderamente el objetivo que perseguimos todos es el mismo, y es
resolver este problema de financiación que tiene la pequeña y mediana empresa, en este caso en nuestro país, dado el papel que ocupan en la evolución de cualquier economía del mundo, y cómo no de nuestro país; digamos que constituyen el eslabón
determinante que encadena la actividad económica y la generación de empleo. En Europa se estima que el 97 % de las empresas tienen la consideración de pyme. Si hablamos de pymes en España -toda mi intervención va a ir encaminada a analizar las
medidas que se están tomando para solventar este problema de la fluidez del crédito, de la reanudación del crédito, aunque después me centraré básicamente en el ICO, en el Instituto de Crédito Oficial, que es el objeto de esta proposición no de
ley-, hay que tener en cuenta la circular del Banco de España 4/2013, de 27 septiembre, que modifica la definición de pyme que estaba vigente desde el año 2008. Con base en esta circular y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado de 12
octubre, el Banco de España con el fin de la valoración de empresas por parte de las entidades financieras amplía el concepto de pequeña y mediana empresa, con la finalidad de facilitar la concesión de créditos a las mismas, de tal manera que desde
octubre una pyme en España será aquella que tenga un número de empleados inferior a 250, que tenga un volumen de negocio anual que no supere los 50 millones de euros y que tenga hasta 43 millones de activos. El Grupo Parlamentario Popular, al que
estoy representando en este momento, conoce las dificultades por las que atraviesan estas empresas y por ello apoya las medidas adoptadas tanto en el ámbito nacional como en el europeo, que van a permitir mejorar el acceso de las pymes a la
financiación.


Quisiera resaltar, señorías, que se están creando las condiciones objetivas para que fluya el crédito. A día de hoy España cuenta con una banca sólida, con una banca solvente. Así lo constata el hecho de que -y fue motivo de una
proposición no de ley anterior a esta que estamos tratando- hemos sido objeto de una mejora de la calificación crediticia por parte de una de las principales agencias. Esta condición previa y necesaria -la solvencia, la solidez- para que vuelva a
fluir el crédito debe permitir además compaginar el necesario proceso de desapalancamiento de las empresas con la recuperación de la economía, impulsando medidas que promuevan el acceso a la financiación. De hecho -y los números así lo dicen-, la
demanda de financiación está aumentando al percibirse una cierta recuperación económica. Este nuevo escenario está siendo posible por dos factores estrechamente relacionados: por un lado -y muy importante, que ha llevado mucho tiempo y que ha
impedido aplicar otras políticas antes-, la corrección de los desequilibrios económicos acumulados en el caótico período de expansión que acabamos de atravesar; y por otro lado, la política económica desarrollada en los dos últimos años, que se
sustenta en los dos pilares fundamentales de reformas estructurales y de consolidación pública.


Esta proposición no de ley aporta datos sobre la principal agencia financiera del Estado, el ICO, referidos al tercer trimestre; datos que en este momento ya no reflejan lo que es la realidad, puesto que se está produciendo una aceleración
de la demanda en los últimos meses, sobre todo precisamente a través de las líneas de mediación. En 2013, tal y como refiere este punto en la PNL que presenta el Grupo Socialista -por eso lo señalo- y en contra de lo afirmado por el portavoz
socialista, se ha reforzado el papel del ICO. Se han dotado 23.000 millones de euros en las líneas de mediación, que supone casi el

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doble de la financiación disponible en 2012. Sus líneas de intermediación dirigidas a empresas representan en estos momentos más del 10 % de la financiación a medio y largo plazo. Además, el ICO participa en la financiación de todo el
tejido productivo de nuestro país y lo hace en distintos ámbitos. Por un lado, mediante la concesión de préstamos y, por otro, mediante la disposición de las líneas de financiación a las empresas, que se han incrementado considerablemente en los
últimos doce meses.


Los principales beneficiados de la mayor parte de los préstamos concedidos por el ICO son las pymes y los autónomos. El 76 % de las operaciones fueron inferiores a 60.000 euros, por tanto han sido pequeños importes dirigidos a pequeñas
empresas, y el 56 % de los créditos fueron concedidos a microempresas con menos de 10 trabajadores. Además, el ICO también ofrece apoyo a la internacionalización, a través de la línea ICO internacional e ICO exportadores 2013. El Fondo de
financiación de pago a proveedores también está dentro de esta financiación del tejido productivo. El ICO actúa en este fondo como prestamista y como agente de pagos. Desde su creación, el Fondo de pago a proveedores está aportando 42.000 millones
de euros en sus tres fases. Ha supuesto que 150.000 proveedores puedan cobrar sus facturas y ha cubierto 5 millones de facturas. Estos resultados ponen de manifiesto, al contrario de lo manifestado en esta proposición no de ley, que las líneas de
crédito ICO y la propia institución sí están funcionando adecuadamente. Además, confirman que se consolida la financiación concedida por la banca a las empresas con la mediación del ICO.


Creemos, y en eso hemos coincidido todos los grupos, que el objetivo básico -ya voy terminando, presidente- es que las pymes, el auténtico motor de la economía de un país, consigan la financiación necesaria y solvente que les permita lograr
crecimiento económico y generar empleo. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular apoya las medidas utilizadas a lo largo de estos dos años y las que va a utilizar, como la nueva ley financiera, que se aprobará próximamente, que incidirá claramente
en la diversificación de la financiación, haciendo un análisis profundo del régimen de capital-riesgo. Voy a obedecer al presidente y acabaré cuanto antes. El ICO juega un papel fundamental con la creación este año 2013 del fondo de fondos
Fond-ICO Global, con una dotación de 1.200 millones de euros, que va a tener un apalancamiento de 3, es decir, va a financiar inversiones por 3.000 millones. Se ha adjudicado ya la primera licitación el 31 de octubre, hoy precisamente ha anunciado
el ICO que comenzará este próximo mes la siguiente adjudicación, de tal manera que a principios de diciembre veremos cómo los primeros fondos empiezan a invertir en empresas españolas.


Señorías, nuestro grupo tiene la intención de considerar las iniciativas y de apoyar y colaborar con todas las que contribuyan al objetivo perseguido. Hemos intentado llegar a un acuerdo, tal y como dijo la portavoz socialista, con una
enmienda de sustitución y no ha sido posible, pero no podemos aprobar la proposición no de ley en sus propios términos, puesto que obstaculizaría y retrasaría el camino que hemos emprendido.


El señor PRESIDENTE: He sobreentendido a la portavoz del Grupo Socialista que acepta la enmienda de Convergència i Unió, pero no acepta la del Grupo Popular. (Asentimiento).


- SOBRE IMPULSO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD DEL INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000901).


El señor PRESIDENTE: Volvemos al punto 5.º, una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, sobre impulso y mejora de la actividad del Instituto de Comercio Exterior. Para su defensa, tiene la palabra don Santiago Martínez.


El señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Por todos es conocido que el sector exterior en nuestro país está siendo el motor fundamental de la recuperación económica. Precisamente hoy nos levantábamos conociendo la excelente noticia de que las
exportaciones españolas han crecido en los primeros nueve meses del año un 6,8 % más que en el mismo periodo del año 2012. El sector exterior está lanzando señales potentes de la existencia de un tejido empresarial con fortaleza suficiente para
competir en un entorno internacional. Una de esas señales es que somos la segunda economía entre las principales europeas con mayor peso de las exportaciones en el producto interior bruto nacional, y este es un dato que explica la evolución que
está llevando a cabo nuestra economía en los últimos tres años. Esta evolución del sector exterior no es una casualidad sino que es el resultado del exitoso proceso de internacionalización que han llevado a cabo las empresas españolas durante los
últimos años. Que la

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balanza de pagos cuente con una balanza por cuenta corriente positiva por primera vez en la historia es el fruto del trabajo bien hecho por estas empresas de mentalidad global.


Cuando pensamos en el éxito de las empresas exportadoras españolas es inevitable reconocer el trabajo que durante años ha venido desarrollando el ICEX, cuya tarea principal ha sido la de promover la internacionalización de las empresas
españolas para contribuir con ello a su competitividad y también para aportar valor a la economía en su conjunto. El ICEX se ha convertido en una herramienta fundamental de apoyo a la exportación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas
de nuestro país. Lo que hoy pretendemos es profundizar en el análisis de políticas novedosas que ayuden a nuestras empresas a seguir aumentando su presencia en el exterior. Para ello me parece razonable que desde las administraciones públicas nos
planteemos qué más se puede hacer para mejorar la situación de las empresas españolas en el exterior y este es el motivo por el que hoy planteamos esta proposición no de ley.


Intentando ser fiel a un criterio lo más riguroso posible, antes de lanzar ninguna respuesta a la pregunta planteada, siempre es recomendable hacer un diagnóstico que nos ayude a conocer las debilidades que ha venido arrastrando este sector
durante los últimos años. En primer lugar, hay que señalar que el tejido empresarial español cuenta todavía con un reducido número de empresas exportadoras. Si se compara con el número de empresas exportadoras de Francia, Alemania o Italia, nos
damos cuenta de que en España todavía pueden exportar muchas más empresas de las que lo hacen. Todo ello pese a que en los últimos tres años nuestra base exportadora se ha visto aumentada en más de 30.000 empresas, pasando de un total de 100.000
empresas exportadoras hasta cerca de 140.000 empresas en la actualidad. Por lo tanto podemos decir que ahora sí, con este contexto económico general, necesitamos más empresas exportadoras. Pero además, si profundizamos en el diagnóstico, podemos
afirmar que un gran número de empresas ha tenido una mala experiencia exportadora cuando iniciaba su aventura internacional. En esta Comisión hemos tenido la oportunidad de escuchar varias veces que, de cada cien empresas que estaban exportando en
el año 2001, una década más tarde solo seguían exportando cuatro, es decir que en el año 2011 la tasa de mortalidad de las empresas exportadoras españolas era del 96 %, y este es un dato que, en mi consideración, bien merece una reflexión.


Para seguir profundizando en el diagnóstico, consideramos fundamental analizar también las zonas geográficas a las que se dirigen nuestras exportaciones, ya que en su mayoría las ventas se realizan a países de Europa. Sin embargo, las zonas
geográficas donde se localiza actualmente la mayor parte del crecimiento del PIB mundial son África, Asia y América, áreas en las que todavía el porcentaje de nuestras exportaciones es minoritario. Esto supone que existe una necesidad urgente de
diversificar los mercados de destino y poner el foco en las áreas que más crecimiento están generando, porque es allí donde más tienen que ganar las empresas exportadoras españolas. Pero no parecería completo el diagnóstico de nuestro sector
exterior si no profundizamos en la necesidad de ampliar los sectores productivos que exportan. Si unimos la concentración de áreas geográficas a las que dirigimos nuestras exportaciones a la excesiva concentración de los sectores exportadores, esto
hace que ante una disminución de la demanda europea como consecuencia, por ejemplo, de la actual crisis económica, nuestras exportaciones en estos sectores se vean fuertemente mermadas.


Pues bien, aquí cobra sentido esta proposición no de ley relativa a impulsar y mejorar la actividad del ICEX, porque tiene un papel insustituible como acompañante de las empresas españolas en su internacionalización. El ICEX es una
institución de referencia internacional y ahora, cuando los resultados de las exportaciones son enormemente positivos, es cuando consideramos que hay que dotar a este organismo de un nuevo impulso para desarrollar nuevas estrategias más eficientes
que ayuden a optimizar al máximo los limitados recursos de los que se dispone.


Fruto del análisis previo, vemos necesario que las estrategias del ICEX, entre otras cosas, prioricen los mercados donde queremos dirigir los esfuerzos de nuestras empresas. Creemos que las herramientas que ofrece el ICEX deben centrarse en
las primeras fases del proceso de internacionalización de las empresas exportadoras, focalizando el objetivo de las ayudas en aquellas que más lo necesitan para comenzar esa estrategia internacional, que son las pequeñas y medianas empresas, lo que
ayudaría a reducir esa tasa de mortalidad elevadísima de las empresas exportadoras. A la vez, sigue existiendo la necesidad de potenciar un cambio de estructuras que centre el apoyo del ICEX en ayudar a las empresas en el lugar de destino, que es
donde realmente necesitan el apoyo. Con estas ideas no estamos diciendo que sobren esfuerzos, sino que hay que mejorar la coordinación de cara a la acción exterior. Aquí, junto al ICEX, también cobra una importancia relevante la colaboración con
nuestra representación diplomática en el exterior. Es decir, que también debemos avanzar en integración.

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Por todo esto, y conscientes de la relevancia de contar con un sector exterior potente que sea capaz de actuar como locomotora de nuestra economía, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa de impulso y mejora de la actividad
del Instituto de Comercio Exterior, esperando que nos sean facilitadas las informaciones requeridas para así poder realizar las aportaciones que se consideren oportunas para mejorar la consecución de los objetivos de nuestras empresas exportadoras.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Rangel, tiene la palabra.


El señor RANGEL TARRÉS: Dada la hora, intentaré sintetizar y colaborar con la Presidencia para terminar cuanto antes, pero no sin expresar un par de ideas que vale la pena que comentemos. Nuestro grupo podría estar de acuerdo con la
exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo Popular, pero ya que se nos apela constantemente a que seamos eficientes en nuestra labor, yo creo que yerra en el tiro completamente en cuanto a la propuesta que se nos hace para intentar
mejorar un instrumento necesario para la internacionalización de nuestras empresas. De hecho, las empresas españolas están haciendo de la necesidad virtud debido a la caída de la demanda interna y a la necesidad de exportar sus productos o
servicios y buscar otros mercados.


Ya hemos hablado esta tarde de que hay que mejorar la competitividad. Tenemos visiones distintas de cómo se mejora la competitividad. Seguramente coincidimos en la filosofía, pero para nada en la praxis política. A veces las filosofías no
están acompañadas de una praxis política adecuada. Hemos dicho más de una vez que la competitividad de nuestras empresas, de nuestros productos y de nuestros servicios se tiene que basar mucho más en la incorporación de conocimiento en el proceso
productivo que en la devaluación salarial, porque eso las hace más competitivas de una manera más consistente. También hemos hablado de la necesidad de financiación de esas empresas para que puedan crecer y tener líneas de financiación para la
exportación, y ante eso por parte del Grupo Popular se nos plantea que por parte del ICEX se nos suministre información para que nosotros podamos decidir cuáles son las líneas de mejora. Así entramos en un bucle, en un círculo vicioso que no nos
ayuda para nada a ser eficientes a la hora de evaluar nuestra labor parlamentaria. He estado viendo cuál es la opinión de los clientes del ICEX y no es precisamente laudatoria hacia el instituto. Es más, he visto algunas noticias donde se afirma
que la CEOE promueve un ICEX privado porque está absolutamente en contra de lo que está haciendo el ICEX en estos momentos. Se dice que no ha recortado gasto corriente pero que sí ha recortado inversiones para mantener al personal. Es decir, los
clientes del ICEX no están manifestando estar demasiado satisfechos con la labor que se está haciendo de apoyo de ese instrumento, necesario pero no suficiente, para que se internacionalicen nuestras empresas. El enfoque debería ser que ya que es
necesario dar a poyo a las empresas, aparte de todo el debate previo para mejorar su competitividad y su financiación, vamos a pedirles a las empresas que nos cuenten en qué se está fallando para proponer mejoras en los instrumentos de apoyo a su
internacionalización. No se lo preguntemos al ICEX, porque nos va a decir que lo está haciendo de maravilla, al menos es lo que dice el secretario de Estado en la web del ICEX y en su presentación del instituto. Vamos a preguntarles a los
clientes. Eso es lo que he intentado en un determinado momento plantearle como transacción al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Está bien que intentemos buscar una mejora en un sector importante y en los instrumentos que tiene a su
servicio, pero vamos a intentar escuchar no solo lo que nos dicen los papeles -por Internet he encontrado la totalidad de lo que se nos está diciendo que debemos pedir al ICES- y aparte de pedir la comparecencia de los responsables del instituto,
vamos a pedirles a los clientes que nos digan qué es lo que necesitan, porque a la vista de algunos comentarios de importantes representantes de la patronal, no están precisamente satisfechos y están buscando fórmulas alternativas. Por tanto, o
bien se reconduce totalmente el objetivo y la metodología de trabajo para intentar aportar soluciones y mejoras, o difícilmente podemos apoyar esa propuesta, porque se entra en la autocomplacencia y no se buscan soluciones para el problema que
tenemos planteado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Larreina. A ver si puede ser breve, por favor.


El señor LARREINA VALDERRAMA: Intervengo para explicar que Amaiur se va a abstener en esta proposición no de ley porque es difícil decir que no a algo que tampoco es negativo. Pero tengo que decirles como elemento de reflexión que para mi
país, Euskal Herria, que tiene un potencial exportador importante y que cualitativamente es el elemento más exportador dentro del Estado, y para las empresas vascas el ICEX no existe porque piensan que no está cumpliendo con su misión y que se tiene
que

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producir un cambio importante, tanto por parte del ICEX como por parte de la representación del Estado español en el extranjero. Las oficinas comerciales de las embajadas tampoco acaban de funcionar, y ese es un elemento que tiene que estar
encima de la mesa. Por eso me sorprende que desde el Partido Popular se diga que hay que mejorar el ICEX, cuando lo que tenían que hacer, después de dos años de Gobierno, es haber hecho algo ya, porque este es un problema endémico que viene de este
Gobierno, del anterior, del anterior y del anterior. Es un tema histórico que no se puede adjudicar a ninguna sigla concreta sino a la ineficiencia del Estado. Y estas ineficiencias son las que aumentan nuestro apoyo soberanista.


El señor PRESIDENTE: Señora Riera, sea magnámina con los demás. Tiene la palabra.


La señora RIERA I REÑÉ: Lo seré, lo seré.


Hoy en esta Comisión estamos debatiendo sobre dos de los instrumentos más importantes al servicio del crecimiento y de la competitividad de nuestra economía, el ICO y el ICEX; dos instrumentos que deberían primar la eficiencia, la eficacia
y que deberían adaptarse a la realidad y sobre todo a las necesidades del tejido productivo. Nosotros valoramos positivamente esta iniciativa pero quiero hacer una serie de consideraciones. Creo que no solo la crisis financiera sino la situación
económica y la estrategia de crecimiento que ha de pasar por el cambio de modelo productivo, del que tanto hablamos, hace prioritario lograr una mayor eficiencia y eficacia, como decía, de las políticas de internacionalización de la empresa.
Resulta innegable que hoy el estímulo de la demanda exterior es un propulsor directo de nuestro crecimiento económico y consideramos que el Gobierno debe trabajar insistentemente en apoyar a las empresas a internacionalizarse, a abrirse hacia nuevos
mercados y, sobre todo, un especial y específico apoyo a las pymes, que son las más vulnerables, las más que más necesitan internacionalizarse y las que más dificultades tienen para hacerlo. En este sentido, el papel del ICEX debe ser fundamental,
como decía al principio, y la iniciativa que hoy nos presenta el Partido Popular puede representar un paso al frente para reforzar el papel de este organismo.


Pero quiero clarificar dos aspectos de esta proposición no de ley. En primer lugar, que esta proposición no de ley no ha tener un objetivo fiscalizador de las actividades del ICEX en los años 2009-2011, sino que ha de tener un objetivo de
mejora, de impulso de un instrumento esencial en la internacionalización de nuestra economía. Y en todo caso, un repaso a la actividad de estos años del ICEX ha de ser constructivo y ha de servir para enfocar mejor el futuro. En este sentido,
entendemos que esta propuesta ejemplifica una fotografía estática de las funciones que viene desarrollando el ICEX en los últimos tiempos y puede suponer un buen punto de partida para evaluar el mismo, observar sus deficiencias, permitir reconducir
los déficits que se puedan identificar y la existencia de una mejora en la consecución de los objetivos. Compartimos el contenido de la iniciativa; compartimos la necesidad de que el informe al que se hace referencia, y que se solicita en esta
proposición no de ley, permita poner en valor y adaptar las políticas del ICEX en términos de las zonas geográficas, de los sectores, etcétera, y permita actualizar y mejorar la actividad del ICEX al servicio de la internacionalización. Estamos en
un claro proceso de internacionalización, estamos en un claro proceso de cambio hacia un modelo de crecimiento más competitivo, más diversificado en sectores y mercados y para lograrlo necesitamos de dos palancas importantes e insustituibles, como
son la innovación y la internacionalización.


Dos últimas consideraciones, presidente. La primera está relacionada, hablando y debatiendo sobre el papel y la importancia del ICEX, con el papel que los agentes privados, las asociaciones de exportadores u otros agentes económicos, como
cámaras de comercio o patronales, han de tener también en la definición e impulso de los procesos de internacionalización y por tanto la necesaria complicidad entre ICEX y estos agentes económicos. Es, y ha de ser, muy relevante en materia de
internacionalización. Un ejemplo de esta colaboración ha de ser el consejo de orientación estratégica del ICEX que incorpora asociaciones de exportadores, grandes empresas y otros agentes económicos, que ha de ser un ejemplo de colaboración real y
efectiva. La segunda consideración está relacionada con la también necesaria colaboración del ICEX con el resto de instituciones autonómicas que tienen responsabilidades y funciones en el marco de la internacionalización. En este sentido, es
positiva la participación de las comunidades autónomas en el consejo de administración del ICEX. Por último, señalar que los últimos cambios que han afectado al ICEX asumiendo un nuevo estatus jurídico iban en la dirección de reducir la dependencia
de las transferencias del Estado y facilitar el acceso a más financiación, a una financiación más amplia. Este aspecto ha de ser positivo y debería permitir también un nuevo empuje del ICEX.


Votaremos favorablemente esta iniciativa. No hemos presentado ninguna enmienda pero esperamos que a partir de los resultados solicitados que se presenten y a raíz de esta proposición no de ley se pueda

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avanzar en una mayor eficiencia de las políticas de apoyo a la exportación y a la internacionalización que sustenta el ICEX, se refuercen los mecanismos existentes para consolidar el papel de las pymes como exportadoras regulares y se
amplíen también o se revisen las zonas geográficas donde exportan y donde invierten nuestras empresas, siendo Asia en este sentido uno de los mercados donde queda mucho por hacer.


El señor PRESIDENTE: Recuerdo a sus señorías que nos quedan todavía tres proposiciones todavía, que a las nueve de la mañana se reanuda el Pleno y que si no hemos terminado me veré obligado a cortar el debate. (Risas).


- SOBRE EL IMPULSO DEL SECTOR DE LA MODA EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001888).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, el 7º, que es una proposición del Grupo Popular sobre el impulso del sector de la moda en España. Tiene la palabra para su defensa la diputada Juste.


La señora JUSTE PICÓN: Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo en esta Comisión para defender la iniciativa que presenta el Grupo Popular con el objetivo de impulsar un sector clave en la industria española, el de la moda.
España siempre ha sido un país de afamada tradición textil de corte artesano, lo que ha marcado la actual configuración de este sector, muy atomizado y conformado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas que no superan la docena de empleados.
El macrosector de la moda incluye no solamente los sectores de producto acabado, prendas de vestir, marroquinería, bisutería, joyería, perfumería y cosmética, sino también los sectores de producto cabecera, curtidos, tejidos e hilados y los
componentes de calzado. Actualmente da empleo a cerca de 100.000 personas, manteniendo una respetable posición en su contribución al PIB.


La moda en España está viva, nuestros creadores son auténticos genios del diseño y nuestros empresarios trabajan constantemente para innovar en sus procesos de fabricación y distribución tanto online como offline. Sus productos son un
símbolo de la credibilidad de esta industria tan dinámica, en la que todos trabajan para afianzar la marca hecho en España, convertida en un valor de éxito, con un modelo de negocio sólido, una gran capacidad de adaptación a los cambios y una alta
tasa de internacionalización. Les apuntaré un par de datos que corroboran esta afirmación. Los niveles de calidad y diseño de la moda española son muy elevados, lo que la convierte en un producto fácilmente exportable y con importantes
oportunidades de crecimiento, como lo demuestra que el pasado año las compañías del sector realizaron de media el 45 % de sus ventas fuera de España. Por si esto no fuera suficiente, irrumpe una nueva variable en el ámbito internacional por la que
apuestan el 87 % de las empresas españolas de moda, un cambio en el orden económico mundial provocado por la subida de los costes de producción en China -más de un 20 %-, un aumento de los precios y de exigencias en términos financieros. A todo
ello hay que sumar la necesidad que hay hoy de rapidez en el suministro y envío de reposiciones, así como la fabricación de series más cortas. Todo ello hace que China sea vista cada vez más como un mercado para la expansión y menos como un país de
aprovisionamiento. Mientras, en España, desde el año 2008 hasta el año 2011 los costes han caído por encima del 4,5 %, lo que está provocando que muchas de las empresas que salieron a producir fuera estén volviendo y que los extranjeros que
escogieron China para fabricar se fijen de nuevo en España, debido también a la cercanía de países como Portugal, Marruecos y Turquía, considerados como países de aprovisionamiento en proximidad.


Todas estas son las nuevas reglas del juego y ello propicia que la industria española vuelva a jugar en primera división. Señorías, si los franceses apuestan por un modelo basado en los conglomerados de marcas, el márquetin y el lujo, y los
italianos por el diseño y la creatividad, en España hemos apostado por el diseño, el binomio calidad-precio y por un modelo de proximidad que nos permite dar velocidad y calidad a nuestras propuestas. Sin embargo, en la otra cara de la moneda nos
encontramos con más de 8.500 pequeñas y medianas empresas que necesitan de un impulso para salir al exterior, empresas que van más allá de simplemente centrarse en la calidad, que buscan un concepto basado en lo artesano, en el slow fashion, una
razón de ser como marca.


El Grupo Popular en el Congreso ha mantenido encuentros con este sector para conocer de cerca cuál es su situación. Para dinamizar este sector y agilizar su recuperación el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha el pasado mes de enero la
Mesa de la moda española, institución donde se está trabajando desde el pasado mes de julio en una programa de apoyo propuesto por la confederación de empresas del

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sector, Moda España, para favorecer políticas que les permitan afrontar con solvencia los retos del mercado exterior. En un ámbito más concreto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pone a disposición de las empresas manufactureras
más de 723 millones de euros en préstamos para financiar inversiones industriales en zonas afectadas por procesos de deslocalización. A todo esto hay que sumar que el pasado mes de junio el Gobierno aprobó el Plan de apoyo al comercio minorista y
el Fondo de ayuda al comercio interior, una herramienta que aglutina por primera vez el esfuerzo de todos los actores que intervienen en el plano comercial. Fruto de todas estas reuniones y de las medidas tomadas por el Gobierno, el Grupo Popular
ha considerado necesario presentar esta iniciativa, que persigue entre otras muchas cosas el impulso de esta actividad a través de la proyección de nuestro patrimonio cultural e histórico, valiéndonos de nuestra extensa red exterior.


Quisiera detenerme en este último aspecto para hablar de la importancia de la moda, mucho más allá de un simple vestido, zapato, complemento o joya. Se trata de una manifestación que acompaña a los cambios históricos, sociales y económicos
de un país, porque la moda, señorías, también es cultura. Convendrán conmigo en que la historia de España, como la de cualquier otro país, puede seguirse perfectamente a través de la de sus trajes y el hecho de que los museos más importantes de
todo el mundo incluyan en sus programaciones habituales exposiciones sobre la moda en su sentido siempre más amplio. Esto nos habla de su importancia como manifestación cultural.


Aparece también una nueva variable que habla de la atracción que ejerce este sector sobre el turismo, la primera industria de nuestro país. En las cada vez más numerosas escapadas las compras son, junto con la gastronomía y la oferta
cultural, los motivos que llevan a un turista a visitar nuestro país. Y me gustaría acabar, señorías, con la reflexión de una profesional de la comunicación y gestión de la moda, Paloma Díaz Soloaga, que dice: En España hay identidad y cultura
suficiente como para llenar de creatividad los grandes almacenes de todo el mundo.


Señorías, por todas las razones expuestas el Grupo Popular pide el apoyo a esta proposición no de ley en sus términos, que recoge los mínimos que debe marcar el futuro de este sector, y que se promueva un debate en la Cámara con el objetivo
de seguir trabajando por el sector de la moda. Y no podemos aceptar las enmiendas de adición presentadas por CiU ni las de modificación del Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera. Ya sabe el placer que siempre nos produce escucharla, pero esta tarde creo que la hemos escuchado con todo gusto ya. (Risas).


Señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Señor presidente, intentaré ser muy breve (Risas) y en mi diversificación voy a hablar ahora de moda. Nuestro voto va a ser favorable a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular, aun cuando de las
conversaciones mantenidas con la portavoz del Grupo Popular deduzco que no va a aceptar nuestra enmienda. Creemos que es complementaria, que es importante, pero también entendemos que poner en valor una industria y un sector, la industria textil y
el sector moda, es muy importante y más en estos momentos. Son un sector y una industria potentes, dinamizadores de la economía española, que han conseguido adaptarse a un entorno cambiante y que han sufrido unas transformaciones muy profundas,
pero también es cierto que el impacto de la crisis les ha pasado factura, ha pasado factura al sector industrial y al sector textil. Solo voy a dar tres datos. De 2008 a 2013 la industria de la moda ha perdido en España una cuarta parte de su
tejido industrial. Resulta también importante señalar que la estructura industrial del sector está muy atomizada geográficamente, que la mayoría de las empresas son pymes y que en términos de exportación son cuatro las comunidades que concentran el
93 % de las exportaciones.


Mi grupo cree que las firmas de moda españolas necesitan un apoyo específico por parte del Estado para que sigan apostando de forma clara y contundente por dos ejes de competitividad, por la internacionalización y por la innovación, y hoy en
esta Comisión se ha debatido profundamente sobre uno y otro porque son los dos pilares de crecimiento y de competitividad también para este sector. Nuestra enmienda, en aras de impulsar, de contribuir a la reactivación del tejido industrial,
pretendía integrar también el sector de la moda y sus subsectores, como es el diseño, en la estrategia de innovación llevada a cabo por el Estado y en la estrategia de internacionalización y, por otra parte, acompañar estos dos ejes con unas
partidas presupuestarias específicas. Asimismo, nuestra enmienda pretendía señalar una realidad que se está dando en la actualidad precisamente en el sector textil, que es la relocalización de grandes firmas que ven ventajas significativas en
volver a producir en nuestro país. Ello sin duda favorece

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el crecimiento del tejido industrial y en el grupo parlamentario que represento creemos que el Gobierno debería hacer más para que el impacto de esta relocalización en el tejido productivo fuese mayor, así como el beneficio para la economía
en términos de PIB industrial y de creación de puestos de trabajo.


Termino, señor presidente. Hablamos de un sector que forma parte de esta reactivación industrial por la que apostamos pero que requiere tanto recursos específicos como que se impulse una colaboración -ha hecho referencia a ello la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular- entre todos los agentes que intervienen en su crecimiento y en su desarrollo, las mismas empresas e industrias, los centros tecnológicos, las universidades por lo que hace referencia al conocimiento y a la
innovación, y los centros de formación. Todos ellos de manera clara, con una fuerte colaboración, han de permitir un mayor impulso a un sector con gran presente pero con aún más futuro y en el que nuestras capacidades y talento son innegables.
Además puede ser un eje de atracción en términos de emprendedores, porque cuando hablamos de emprendedores el sector textil y el sector moda son un eje de crecimiento para toda nueva actividad emprendedora. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Había también una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Señor presidente, señorías, voy a intentar ser lo más breve posible.


Ya les adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa porque supone apoyar al sector moda. Por tanto no vamos a contra, pero pensamos que esta iniciativa es mejorable y, en este sentido, habíamos presentado
algunas enmiendas. Pero antes de entrar a explicarlas quisiera poner en valor los esfuerzos que durante la última década han dedicado los Gobiernos socialistas a potenciar este sector en el exterior. En primer lugar, se destinó una importante
inversión a favorecer la creación de una imagen de la moda de España y conseguir que este sector desarrollase todo su potencial de internacionalización consolidando una presencia estable de empresas y marcas españolas en los mercados
internacionales. En un primer momento los esfuerzos fueron de carácter sectorial, en el que el sector moda recibió un apoyo económico muy importante llegando a alcanzar en el año 2007 la cifra de inversión de 9.573.605 euros. Por cierto, una cifra
muy superior a la que se destinará en los presupuestos de 2014 para el Plan de internacionalización empresarial de todos los sectores, que alcanza los 4.260.000 euros. Después este esfuerzo se enmarcó dentro de un plan más global para el conjunto
de las empresas españolas exportadoras.


Según las estadísticas para el sector moda, las exportaciones en el sector se han visto incrementadas a lo largo de los últimos años, incremento que se ha visto frenado en el año 2012, en el que solo avanzaron un 5,8 % frente a un aumento
del 13,2 % y del 14,2 % en 2010 y 2011 respectivamente. En lo que llevamos de año y con los datos de que se dispone en el acumulado enero-agosto, las exportaciones del sector de la moda ya están aumentando a un 12,2 % con respecto al mismo periodo
del año anterior, pero pensamos que cabe continuar con este esfuerzo de potenciación y consolidación de la presencia estable de marcas españolas en los mercados internacionales. Se deben tomar acciones y continuar adoptando medidas en este sentido.
Ahora bien, creemos que también es necesario desarrollar las acciones conjuntas que permitan identificar al sector de la moda en España, made in/made by Spain, como una marca con calidad, ecológica, con buen diseño y precio ajustado a un producto
elaborado con salarios justos. En este sentido presentábamos esa enmienda de modificación. Se debe actuar para potenciar que las empresas españolas sean más competitivas produciendo productos con más innovación y más capital y no vía precios,
bajando salarios y precarizando las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Se debe apostar por la innovación y, en este sentido, hemos incorporado la necesidad de invertir y apoyar económica y financieramente a los institutos
tecnológicos en particular y la innovación propia de las marcas en general. Cabe reprochar el retroceso que este país está sufriendo en cuanto al apoyo público a la innovación y al desarrollo. Hemos tenido en esta Comisión la oportunidad de hablar
sobre ello y me gustaría destacar uno de los datos que más me ha llamado la atención: revisando los Presupuestos Generales del Estado, concretamente en el programa 467.C, que hace referencia a la investigación y desarrollo tecnológico e industrial,
me ha llamado muchísimo la atención cómo en los presupuestos se ha visto reducido este programa de manera muy importante. De un presupuesto de 2.834 millones de euros en 2011 hemos pasado a 227 millones en 2014, una reducción importantísima,
estamos hablando de un 92 %. El Gobierno de España ha dejado de lado a los centros de investigación e innovación y además la última convocatoria del programa Reindus ha sido un verdadero fracaso: ha impedido a los institutos tecnológicos públicos

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que puedan acceder a ayudas, solo permitía la financiación a empresas privadas y con unas condiciones tan abusivas que ni siquiera las empresas se han acogido.


Por otra parte, consideramos oportuno enmarcar todas las medidas en una estrategia global de moda que propicie que el ámbito económico y empresarial interactúe de manera transversal en el ámbito educativo con el reconocimiento a los jóvenes
creadores, que propicie la elaboración de productos fácilmente reciclables y con ahorro energético en el proceso de su elaboración y que comprometa al sector de elaboración de prendas de vestir a confeccionar productos que sean identificables como
ajustados a tallas reales y cuya publicidad se atenga a unos parámetros de estética saludable. Cabe recordar que algo ya se avanzó desde el Ministerio de Sanidad con Gobiernos socialistas anteriores.


Por último, hemos incluido un punto en el que se pide que no se apoye ni se proyecten al exterior aquellas firmas que comercialicen productos en cuyo proceso de producción y elaboración las condiciones laborales no estén sujetas a las
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. En este sentido, cabe destacar el compromiso unánime de todos los grupos parlamentarios en una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que se adoptaban ciertos acuerdos respecto
a la responsabilidad social empresarial. Por tanto, por coherencia, creo que debería incorporarse este punto a la iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Señora Juste, tiene la palabra únicamente a efectos de aceptar o no las enmiendas.


La señora JUSTE PICÓN: Sintiéndolo mucho, no podemos aceptar ninguna de las enmiendas.


- RELATIVA A LA CESIÓN TEMPORAL DE LA GESTIÓN DE VIVIENDAS PROPIEDAD DE LA SAREB UBICADAS EN CATALUÑA, Y EN ESPECIAL EN LOS MUNICIPIOS DE GIRONA Y SALT, A SUS RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS O A LA GENERALITAT PARA QUE PUEDAN SER INCLUIDAS EN LOS
PROGRAMAS SOCIALES DE ALQUILER DE VIVIENDAS DE DICHAS ADMINISTRACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002095).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente que es la proposición del Grupo de Convergència i Unió relativa a la cesión temporal de la gestión de viviendas propiedad de la Sareb ubicadas en Cataluña, y en especial en los municipios de
Girona y Salt, a sus respectivos ayuntamientos o a la Generalitat para que puedan ser incluidas en los programas sociales de alquiler de viviendas de dichas administraciones. Para su defensa tiene la palabra la señora Surroca.


La señora SURROCA I COMAS: Teniendo en cuenta la densidad del orden del día y la hora que es seré respetuosa con los tiempos, igual que lo ha sido mi compañera Inma Riera.


Hoy defendemos aquí una proposición no de ley que, según describe su propio enunciado, pretende conseguir que el Gobierno impulse con la mayor brevedad posible la cesión temporal de la gestión de viviendas propiedad de la Sareb ubicadas en
Cataluña, y en especial en los municipios de Girona y Salt, a sus respectivos ayuntamientos o a la Generalitat, indistintamente, para que puedan incluirse en los programas sociales de alquiler de viviendas de dichas administraciones. Por tanto, el
objetivo último de esta propuesta no es otro que contribuir a cubrir una necesidad social básica para muchas personas y familias como es la vivienda, necesidad a la que diariamente tienen que hacer frente y dar respuesta muchos de nuestros
ayuntamientos y demás administraciones implicadas. Aquí quiero mencionar especialmente, por cuestión de proximidad pero también por la gran labor que están llevando a cabo, a los ayuntamientos de Girona y Salt y también a la Diputación de Girona.
Pero sería injusto hablar solamente de estos ayuntamientos; es evidente que hay otras administraciones, organismos y entidades que están diariamente atendiendo estas necesidades, pero también entenderán que por cuestiones de proximidad me refiera a
ellos.


Podemos facilitar datos de distinta índole, pero seré breve. A principios de este año 32.000 personas recibieron algún tipo de ayuda o prestación para la vivienda en Cataluña, bien a través de cuotas hipotecarias, bien a través de
alquileres sociales. Otro dato es que, según el último informe sobre la vivienda en Cataluña, en el pasado mes de septiembre había más de nueve mil trescientas viviendas de alquiler ocupadas y gestionadas por las bolsas de mediación para el
alquiler social. En definitiva, estos y otros datos nos ilustran, aunque todos conocemos cuál es la realidad del país, sobre la situación en la que están inmersas muchas personas y muchas familias hoy en día. Por ello, esta iniciativa pretende
facilitar el acceso a una vivienda a aquellas familias o personas que se encuentran en estas situaciones de

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extrema necesidad por falta de recursos económicos. Estamos hablando de situaciones que precisan de una rápida y adecuada respuesta por parte de la Administración con distintos programas sociales. En este sentido, nos consta que se han
habilitado distintas medidas para hacer frente a las graves dificultades de muchos hogares desde la Administración local, pero también desde la Administración autonómica y, como no puede ser de otra manera, desde la Administración del Estado, cada
una en el marco de sus competencias, aunque en ocasiones ese esfuerzo no ha sido suficiente y necesita ser complementado, mejorado o apoyado con otros recursos que contribuyan a mejorar la gestión de estas situaciones. Por ello, Convergència i Unió
presenta esta iniciativa, cuyo fundamento -como decíamos- tiene un claro objetivo social, y que esperamos que sea apoyada por el resto de grupos parlamentarios. Lo que proponemos concretamente es que la Sociedad Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, conocida como Sareb, que como bien saben está gestionando y administrando el patrimonio que le transmiten las entidades financieras mayoritariamente participadas por el FROB y que está constituida básicamente por activos
inmobiliarios, ceda temporalmente a los ayuntamientos o a la Generalitat los inmuebles desocupados que está gestionando en Cataluña, obviamente acordando determinadas condiciones temporales y de uso con la Generalitat o los respectivos ayuntamientos
para que puedan destinarlos a alquiler social. Creemos que poniendo a disposición este paquete de inmuebles la Generalitat o los ayuntamientos dispondrían de mayor capacidad para hacer frente a la ingente demanda de viviendas para cubrir
necesidades sociales que diariamente tienen que atender y a las que antes nos referíamos.


Por otra parte, esta proposición no de ley hace especial referencia a los municipios de Girona y Salt, pero está claro que esta demanda afecta también al resto de localidades y al resto de comunidades autónomas, porque entendemos que es una
solución que puede ser aprovechada por todo el territorio del Estado. Agradecemos la receptividad que ha habido por parte de los grupos parlamentarios. Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista que agradecemos porque muestra sensibilidad
hacia esta cuestión, pero no la podemos aceptar en sus términos porque entendemos que no aporta nada nuevo al texto que Convergència i Unió ha presentado. En cambio, hemos estado hablando con el portavoz del Grupo Popular y lo que propondríamos es
una enmienda in voce. Concretamente, lo que propondríamos sería que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, haga las gestiones necesarias para que se agilice la
ratificación de los convenios de cesión temporal de viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, a las comunidades autónomas para su uso como vivienda de alquiler social, con la correspondiente
transferencia del importe de alquiler convenido a la Sareb. Los plazos del mencionado alquiler deberán ser compatibles con los compromisos de liquidación de la cartera de viviendas que tiene marcados la Sareb y las comunidades autónomas firmantes
deberán responsabilizarse del cumplimiento de los términos del convenio para no poner en riesgo los objetivos que tiene la Sareb.


En definitiva, entendemos que esta propuesta concreta y mejora el texto inicial de nuestro grupo parlamentario. En este caso la cesión sería a favor de la Generalitat de Catalunya o del resto de comunidades autónomas para su uso como
viviendas de alquiler social. Por tanto, respeta totalmente el espíritu de nuestra iniciativa y, en su caso, las comunidades autónomas realizarán después los correspondientes convenios con los ayuntamientos para poner a disposición de las personas
que tienen esta necesidad los inmuebles que ahora están en manos de la Sareb y que están desocupados. Señorías, abrimos esta iniciativa a los demás grupos parlamentarios para que también puedan sumarse al acuerdo y agradecemos la receptividad que
ha habido por parte de todos ellos.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez.


El señor SÁEZ JUBERO: Trataré de ser conciso. En primer lugar quiero poner en valor esta iniciativa del grupo proponente, el Grupo de Convergència i Unió, y les voy a evitar que nos sometamos a un debate sobre política local porque no
podría suscribir exactamente la defensa de la política de vivienda de la Generalitat de Catalunya, de la Diputación de Girona y de los ayuntamientos de Girona y Salt. Como no sería objeto de este debate, se lo voy a evitar.


Asimismo, quiero poner también en valor el trabajo hecho por la Plataforma de afectados por las hipotecas de Salt, su labor de apoyo y asesoramiento y también de impulso a la propia iniciativa legislativa popular sobre los desahucios y la
dación en pago, y la difícil situación que se ha vivido en Salt con el bloque de pisos ocupados, una ocupación de pisos que afecta a 43 personas, 21 de ellas menores, desde

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marzo de 2013. Como ustedes saben, se trataba de pisos propiedad de la Sareb que han estado tres años vacíos y que ocuparon estos ciudadanos con problemas de vivienda. Inicialmente, la Audiencia Provincial de Girona accedió a la petición
de la Sareb de desalojar a estos vecinos del bloque de Salt y, como ustedes conocen, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aceptó la petición de medida provisional urgente para impedir su desalojo. Ustedes ya conocen que la Sareb es un banco
público, un banco con el 45 % de capital público y, si bien es cierto que su función principal es sanear el sistema bancario, no es menos cierto que es exigible en un momento excepcional que haga un esfuerzo público y que por tanto pueda también
combatir la situación de auténtica emergencia habitacional que se vive en muchos ayuntamientos, situación que algunos ayuntamientos tanto socialistas como de distinto color político han solucionado, pero es necesario que la vivienda recupere su
función social.


Quiero recordar también que el Grupo Parlamentario Socialista en el proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios ya planteaba en el título V la creación de un parque público de alquiler social
para garantizar el derecho a la vivienda y a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares a las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio.
Por ello, y como no puede ser de otra manera, estamos conformes con esta iniciativa, a la que habíamos presentado una enmienda simplemente a los efectos de que en su parte dispositiva no solo se refiriera a los municipios que de alguna manera han
originado la presentación de esta iniciativa parlamentaria, concretamente Girona y Salt, sino que este parque de viviendas también afecte con carácter temporal al conjunto de administraciones públicas -ayuntamientos y comunidades autónomas- de toda
España.


Hemos conocido esta enmienda in voce en este momento, señor presidente, enmienda a la que vamos a dar apoyo y respecto de la que simplemente queremos señalar, a efectos polémicos, que el verbo agilizar cumpla exactamente la definición que
tiene en la lengua española y, por tanto, sea en el plazo más breve posible. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Mixto la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: El Estado debe garantizar el derecho a una vivienda digna, a una vivienda adecuada y definitiva donde alojarse. Así lo ha dictaminado reiteradamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En estos momentos hay
más de tres millones de viviendas vacías, muchas de ellas gestionadas por la Sareb, por lo tanto, pertenecen al Estado y pueden garantizar a toda la población el derecho a esta vivienda digna. No es lógico, pues, que, habiendo tenido que pagar el
rescate bancario, las entidades bancarias sigan desahuciando y no se ponga a disposición de la sociedad lo que por justicia le corresponde. Por ello, en la tramitación de la Ley de Cajas de Ahorros Esquerra Republicana de Catalunya presentó ya una
enmienda para que se transfirieran a la Generalitat los inmuebles gestionados en este caso por la Sareb y los pertenecientes a las entidades financieras que han recibido en su día ayudas públicas para que sean incorporadas a la oferta de viviendas
de protección oficial de la Generalitat de Catalunya, no de manera concreta y temporal, sino de todas las viviendas, de la misma manera que defendimos la creación de una banca pública catalana mediante la conversión de las ayudas públicas recibidas
por las entidades financieras de Cataluña en capital.


Señorías, cualquier Gobierno que se considere mínimamente democrático ya hubiera reaccionado mucho antes. Antes de salvar bancos hubiera salvado personas, porque lo que se está viviendo es evidentemente una emergencia de primer orden. Es
una vergüenza, también en mayúsculas, y una flagrante injusticia que haya viviendas vacías mientras haya gente sin techo, y más -y más, repito- cuando los pisos vacíos pertenecen a unos bancos que han sido rescatados con dinero público, es decir,
con dinero de todos y gestionado hoy por hoy por la Sareb.


Dejen que muy brevemente me centre en el bloque de Salt, un ejemplo de las comarcas gironinas pero desgraciadamente extrapolable también a cualquier otra ciudad del Estado español. A personas que han visto cómo esta maldita crisis les
dejaba sin trabajo, les dejaba a la vez sin ninguna oportunidad y sin poder pagar su hipoteca o su alquiler, mientras el Gobierno se dedicaba a rescatar, como ya he dicho, con el dinero de todos a los bancos que precisamente les echaban de sus
casas. No se pueden dejar a cuarenta y tres personas desesperadas y con veinte menores en la calle, no se puede bajo hacer ningún concepto por razones sociales pero también por razones humanitarias y por razones de fuerza mayor. Ante estas
razones, a nuestro entender no hay consideraciones ni políticas ni tampoco jurídicas que tengan ninguna validez. El bloque de Salt es la cara de la desesperación de personas a quienes el sistema

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se lo ha arrebatado absolutamente todo, todo menos la dignidad; pero también es la cara de una dignidad que reclama justicia y, ante la pasividad política, ocupan la vivienda que en derecho les corresponde. Salt es, hoy por hoy, un
referente de lucha, pero es algo más: es una gran casa al servicio de la dignidad. En el bloque de Salt ha surgido un proyecto comunitario, un proyecto de autogestión y solidaridad comunal fruto de una toma de conciencia, de una convicción moral
ante el capitalismo egoísta e insolidario, especulativo y depredador que les ha desahuciado.


Termino. En definitiva, consideramos que la Administración es quien debe garantizar la vivienda a las personas desahuciadas en Salt y donde sea, evidentemente, pero hoy hablamos del bloque de Salt. Pero también consideramos que la lucha de
estas personas, de la PAH y de la justicia, no es solo por ellas, sino para reparar todas las injusticias concretas producto de una injusticia estructural que hace que haya personas sin techo y sin derechos, mientras hoy por hoy hay pisos vacíos y
aún hay especulación.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Araújo.


El señor ARAÚJO GIL: Señorías, un compañero mío ha comentado anteriormente que había sido sorprendido. Yo también he sido sorprendido por las intervenciones de los ponentes anteriores, pero voy a mantener el tono de mi intervención y no
voy a polemizar con Convergència i Unió y con Esquerra Republicana. Teniendo la responsabilidad de gobierno y las competencias transferidas en esta materia, no entiendo cómo se pueden hacer según qué tipos de afirmaciones en esta Comisión. Me
sorprende, insisto, la falta de responsabilidad, pero lo principal es que como todos estamos de acuerdo en el fondo en que tenemos la obligación de ayudar tanto a los vecinos de Salt como a los de otras poblaciones y de otras comunidades autónomas
que están sufriendo estas dificultades, voy a mantener el tono de mi intervención. También me ha sorprendido que se me adelante la señora Surroca con la proposición que voy a hacer in voce, que hemos gestionado y acordado con el resto de grupos.
También les quiero manifestar mi total satisfacción por que la hayan aceptado en aras de solventar esta problemática. Pero haré, con la mayor brevedad posible, una serie de matizaciones.


Quiero decirles lo siguiente. Primero, el Gobierno del Estado evidentemente cuenta con una política propia de vivienda dirigida por el Ministerio de Fomento. Con esta finalidad, a principios de año se firmó -recuérdenlo- la constitución
del Fondo social de la vivienda. Tengo que decirles que esta medida se empezó a implementar en marzo de este ejercicio y existe la voluntad de irlo adaptando conforme se vayan obteniendo resultados. Segundo, también conviene recordar -y aquí iba a
hacer una precisión a la señora Surroca y a otros ponentes que han intervenido con anterioridad- que la Generalitat de Catalunya tiene a su disposición 14.000 viviendas de su propiedad, pertenecientes al Incasòl y que actualmente gestiona la Agencia
de la Vivienda. Por lo tanto, me cuesta trabajo entender según qué tipo de problemáticas. Voluntad de colaboración. Tercero, es importante resaltar también que la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, Sareb,
se constituye en aplicación de una disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, importantísima como instrumento para llevar a cabo la reestructuración y resolución ordenada de entidades de crédito. Asimismo, también en el artículo 3º del Real
Decreto 1559, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, se establecen los objetivos de la Sareb y de cualquier otra sociedad de gestión de activos que se constituya al amparo de la Ley 9/2012. Se fijan los
siguientes: contribuir al saneamiento del sistema financiero adquiriendo los activos correspondientes, de forma que desde su transmisión se produzca una traslación efectiva de los riesgos vinculados a los activos; minimizar los apoyos financieros
públicos; satisfacer las deudas y obligaciones que se contraigan en el curso de sus operaciones; minimizar las posibles distorsiones en los mercados que se puedan derivar de su actuación; enajenar los activos recibidos optimizando su valor dentro
del plazo de tiempo para el que hayan sido constituidas. Por lo tanto, la política de vivienda no se encuentra entre los objetivos de la Sareb. No obstante, los objetivos legalmente definidos en el artículo 3º no impiden que la Sareb realice
actuaciones en materia de política de vivienda. La Sareb se constituyó como sociedad anónima, conforme a lo previsto por el artículo 16 del Real Decreto 1559/2012, de participación mayoritariamente privada, en virtud del artículo 19.3 del mismo
real decreto. Por todo ello, la Sareb se configura como sociedad anónima de carácter privado y las actividades que realice dependen de la decisión de sus accionistas, aunque deben ser compatibles, evidentemente, con los objetivos definidos en el
mencionado artículo 3.º Cuarto, en ese sentido, si bien no tiene la obligación de llevar a cabo políticas de vivienda como otras administraciones, la Sareb, dentro de su labor de responsabilidad social corporativa, tiene previsto colaborar con las
comunidades autónomas a través de la firma de una serie de convenios dirigidos a facilitar el acceso a alquileres a precios asequibles. La Sareb tiene previsto

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destinar a este fin entre 1.500 y 2.000 viviendas de su cartera de inmuebles, que se entregarían a todas las comunidades autónomas con las que se firmen convenios para su gestión por un periodo determinado por el que la Sareb recibirá una
compensación. Las viviendas cedidas temporalmente se destinarán a alquiler a precios asequibles, si bien el rango de precios dependerá de la zona y de los términos en que se firme el acuerdo. El Gobierno autonómico, si lo considera conveniente,
podrá financiar una parte de la renta a través de sus propios programas de ayuda pública. Las administraciones deberán devolver las viviendas vacías al término del convenio para que la Sareb pueda proseguir con su tarea de desinversión. El
programa evidentemente tendrá un coste razonable, por lo que no pondrá en riesgo la viabilidad del proyecto empresarial de la Sareb.


Se favorecerán especialmente las regiones con mayor presencia de viviendas de la Sareb y donde haya más necesidades habitacionales; es evidente que en Gerona, en Salt y en otros municipios más. Este tipo de convenios permitirá a la Sareb
colaborar con las comunidades autónomas sin menoscabar el mandato que tiene asignado por ley, que es el de liquidar la cartera de activos recibidos en un periodo de quince años. (Aplausos).


- PARA PROMOVER UN PROGRAMA DE APOYO A LA FINANCIACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002117).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día. Iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para promover un programa de apoyo a la financiación de pequeñas y medianas empresas. Para su defensa, tiene la palabra don
Jesús Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Es evidente que el principal cuello de botella de la recuperación de la actividad económica y empresarial es la escasez de crédito que llega a las pymes, pequeñas y medianas empresas. He recibido con
alarma, y supongo que sus señorías también, el último informe de la troika, que prevé para España una ligera recuperación del crédito en 2014 y 2015 -puntos suspensivos-, salvo para las pymes. Si no se produce esa recuperación del crédito, no habrá
crecimiento económico, es prácticamente imposible, y eso está provocando una destrucción adicional de empleo. Obviamente, la crisis económica, el endeudamiento de familias y empresas y la situación del sector financiero son las razones principales
de la crisis, pero el hecho de que no llegue crédito a empresas solventes es una maquinaria adicional de destrucción del tejido empresarial y, en consecuencia, del empleo. Por eso, buscamos desesperadamente -creo que todos- fórmulas para poder
impulsar el canal del crédito hacia las pequeñas y medianas empresas. Señorías, el crédito se ha reducido un 30 % desde el año 2009 y continúa reduciéndose, lo que, en mi opinión, es bastante alarmante. En lo que llevamos de año -el último dato
disponible es de septiembre-, el volumen se ha reducido un 9,2 %; España lidera la caída de los préstamos del sector privado en la zona euro; las empresas, cuando se las consulta, indican que cada vez se encuentran con mayores dificultades como el
incremento del coste de financiación, encarecimiento de gastos y comisiones, el aumento de las exigencias de avales y garantías, la dilatación del plazo de la respuesta de las entidades financieras, la exigencia de un plazo de devolución de la
financiación más reducido, etcétera. Todo esto nos sitúa en una posición muy difícil y tenemos que intentar articular canales o salidas a la misma.


Se produce un segundo fenómeno, ya reconocido por todas las tendencias ideológicas del análisis económico. En la Unión Europea, especialmente en la zona euro, se produce una fragmentación que no tiene sentido, que es una profunda anomalía
de una unión monetaria y económica. ¿Qué significa esto? Que hay empresas solventes en determinados países, entre ellos España, que no acceden al crédito en las mismas condiciones, ni de lejos parecidas, a empresas en la misma situación en
Noruega, Austria, Alemania u Holanda. Esto es un verdadero problema para cuya solución las propias instituciones comunitarias tienen que plantearse fórmulas.


Lo que propongo en esta proposición no de ley, por tanto, va dirigido fundamentalmente a las instituciones, en parte a las instituciones comunitarias. No se descubre nada nuevo: pido que España solicite al Banco Central Europeo la puesta
en marcha de un programa similar, por ejemplo, al que tiene el Banco Central Británico, Funding for Lending Scheme, o la FED americana, que significa que se puede financiar el crecimiento del crédito neto de las entidades financieras, que a su vez
estas podrían utilizarlo como colateral de un nuevo crédito a la economía real, que el acceso esté condicionado al volumen y variación del crédito concedido a las pymes por parte de las entidades, que las entidades que accedan a

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este tipo de programa tengan condiciones privilegiadas de financiación -como ocurre con el modelo británico-, que el programa esté en vigor, si se quiere transitoriamente y con carácter contracíclico, durante la fase más aguda de la crisis,
y que incorpore -este es el punto más importante, y creo que el Gobierno de España y todos estamos de acuerdo- el siguiente mecanismo: que el acceso a mejores condiciones de financiación incluya esquemas que permitan sacar del balance de las
entidades financieras los nuevos préstamos concedidos a las empresas sustituyéndolos por títulos públicos con mayores garantías, una titulización que permita liberar espacio en los balances de las entidades financieras para prestar más y con más
facilidad. La propia troika critica el sistema financiero español por condensar la escasez de sus recursos en adquisición de deuda pública del Estado español, algo que no es positivo ni para el Estado ni para las entidades financieras por el riesgo
que entraña. Pero si se produjera esta liberación, esta garantía de titulización de estos préstamos ya concedidos y una liberación de espacio, se podría conseguir perfectamente un mayor volumen de crédito a disposición de las pequeñas y medianas
empresas. No parecen heterodoxas estas propuestas, Gobiernos conservadores e instituciones con Gobiernos conservadores las están aplicando, por tanto, creo que deberíamos solicitarlo, deberíamos exigir, sí, exigir ahora o a la nueva Comisión que se
forme después de las elecciones al Parlamento Europeo y a las instituciones comunitarias que se fomenten programas de esta naturaleza.


Hay un segundo punto que tiene que ver con cómo mejorar instrumentos alternativos para la obtención de financiación ajena por parte de las empresas: capital riesgo, business angels, capital semilla, préstamos participativos, etcétera, y una
serie de propuestas sobre el ICO. Como mi compañera la señora Rodríguez-Piñero ya lo ha explicado, hago gracia a sus señorías de tener que volverlo a escuchar. Eso sí, hay un último punto en el que planteamos que se promueva el aumento de las
líneas de créditos específicas de financiación a pymes ya establecidas a través del Banco Europeo de Inversiones, que en mi opinión son muy escasas y que tienen un efecto multiplicador muy notable. Si consiguiéramos un aumento de estas cantidades
-creo que la línea actual son 10.000 millones de euros, me parece muy escasa para el espacio de los países euro- sí tendríamos una capacidad de respuesta muy notable.


Señorías, estas son las propuestas que presentamos con la vista puesta en dinamizar la economía real, favorecer la vida de las empresas y mejorar el empleo y el bienestar de los ciudadanos españoles. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Hay presentada una enmienda por el Grupo Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: A la vista del escepticismo, que rozaba casi el pesimismo, manifestado por algún portavoz del Grupo Socialista en otra proposición no de ley, quiero dejar claras algunas cuestiones de esta proposición. El
posicionamiento que el Partido Popular ha tenido siempre, haya estado en el Gobierno o en la oposición, ha sido que el objetivo principal de cualquier política económica es la creación de empleo y el crecimiento económico, pero sobre todo hemos
defendido que no puede haber sociedades sin empresas porque son las empresas las que crean el empleo y no las administraciones, siempre hemos defendido que son los autónomos y los pequeños y medianos empresarios la columna vertebral de la economía
española. Y teniendo claro esto, por si alguno lo dudaba, no hemos dejado de trabajar desde el primer momento sobre esta cuestión. Me voy a remontar al Real Decreto-ley 4/2013, que no se olvidaba de pequeñas y medianas empresas. Y es evidente que
la situación es complicada, pero la pregunta que nos podemos hacer es si hay hoy más o menos apoyos a las pymes que hace dos años, y la respuesta es que hay más.


Estoy convencido de que la proposición no de ley que ha defendido el portavoz del Grupo Socialista, el señor Caldera, es bienintencionada e intenta avanzar en soluciones porque siempre se puede hacer más de lo que hace un Gobierno, pero este
Gobierno no ha estado de brazos cruzados. Decía el señor Caldera que nos dirigiéramos al Banco Central Europeo y pidiéramos más recursos económicos. Luego me referiré un poco más a esa propuesta. El presidente del Gobierno de España solicitó a
Europa un plan de financiación para pymes de más de 100.000 millones de euros que fueran movilizados a través del Banco Europeo de Inversión. Es verdad que en la última comparecencia se quejó de la lentitud en el avance de esta propuesta, pero es
que en junio de este año hubo un acuerdo entre la Asociación de la Banca Española y la CECA para poner a disposición de las pymes 10.000 millones; recientemente, en octubre, se creó un nuevo mercado alternativo de renta fija, el MARJ; la Ley de
Emprendedores recoge incentivos para el business angels; se ha puesto en marcha el FOND-ICO -antes he hablado del FOND-ICO Global- con 2.000 millones gracias a un acuerdo con su homólogo alemán, el KFW. En definitiva, insisto, el Gobierno no ha
estado parado.

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Entrando rápidamente en la propuesta defendida por el señor Caldera, es quizá en el punto 1 en el que más cerca hemos estado de llegar a un acuerdo, hemos estado a punto y a mí personalmente no me disgusta, es verdad que luego se ha
complicado la negociación quizás no por esta iniciativa sino por otra, pero, como ya le he dicho, el presidente del Gobierno de España pidió 100.000 millones. Y yo no comparto su afirmación de que esté funcionando, yo tengo otros datos. El saldo
vivo del crédito elegible no solo se incrementó, sino que disminuyó en un 1 % en los seis primeros meses en Inglaterra. Es verdad que hay que seguir viendo la evolución de la fórmula que usted propone y a lo mejor al final llegamos a la conclusión
de que es buena y un poco más tarde quizás se pueda poner en marcha.


En cuanto al establecimiento de incentivos que usted solicita, le recuerdo que está FOND-ICO Global, la red nacional de incubadoras, el Fondo Isabel la Católica, Spain Startup, está el CDTI, Enisa, la Ley de Emprendedores con las
desgravaciones... En definitiva, se avanza en eso. Con respecto a las propuestas sobre el ICO, ya le ha contestado mi compañera la señora Garrido, no perderé más tiempo puesto que es una hora avanzada. En cuanto a que se fomente el crédito a
través de las sociedades de garantía recíproca, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores, incluye en su artículo 35 un aumento del capital mínimo de esas sociedades y del volumen de recursos propios que deben mantener con el
objetivo de reforzar y aumentar la eficiencia del sistema. Con respecto a la instrumentación de líneas de crédito a través del BEI, es verdad que no es suficiente; pero le quiero recordar que ya se destinan fondos a la financiación de pymes a
través de dos vías. Y sobre la disminución de la morosidad, creo que este Gobierno fue algo que tuvo claro desde el primer momento. Pero lo que no puede ser es que desde el propio Grupo Parlamentario Socialista -y no se lo digo a usted, señor
Caldera, sino a algún otro compañero- se nos eche en cara que se incrementa la deuda. Claro, hay que pagar los famosos planes de pago a proveedores y lógicamente el dinero no se multiplica, y para disminuir la morosidad quiero recordarles los
planes integrales de lucha contra la morosidad y fundamentalmente el Plan de pago a proveedores y el Fondo de liquidez autonómico. En definitiva el Gobierno, reitero, no ha estado parado. Por último, hay un proyecto de ley financiera en el que se
incluirán medidas para mejorar el funcionamiento del canal bancario del crédito y se introducirán modificaciones legislativas que impulsen la intermediación financiera no bancaria.


Hemos propuesto una transacción. Aunque no hemos llegado a un acuerdo, entendemos que actualizaba de alguna forma lo propuesto por usted. Y en el punto 1 quizá podríamos haber alcanzado un acuerdo razonable. De todas formas, señor
Caldera, no pierdo la esperanza de que más pronto que tarde nos pongamos de acuerdo en esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.


El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor presidente, intervengo brevemente para manifestar que vamos a apoyar esta PNL como también vamos a apoyar la PNL que se refería al ICO. En cualquier caso, quiero hacer alguna apreciación muy breve porque
cuando se intenta recetar algún tipo de medida hace falta hacer un diagnóstico lo más adecuado y lo más preciso posible, y ciertamente entre los problemas de las pymes está notablemente situado el de la falta de financiación, pero más especialmente
el de la falta de mercado interno, la falta de clientes, la falta de demanda. Y se da en nuestro contexto y en nuestras circunstancias lo que en teoría económica llamaríamos la trampa de la liquidez, incluso aquellos que tengan a su disposición
financiación barata no van a proceder a endeudarse por la sencilla razón de que no hay mercado donde hacer una inversión rentable. Por eso, aunque consideramos que puede mitigar los problemas actuales y proporcionar y reabrir el flujo de crédito
hacia las pequeñas y medianas empresas y hacia los sujetos económicos del mercado interno, consideramos que simplemente alivia los problemas pero no los resuelve en la medida que su principal escollo es la falta de demanda y la falta de una
actividad económica que les incentive en última instancia dentro de la economía capitalista a tener una ganancia. Con esta apreciación damos por fijada nuestra posición.


El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, la señora Riera, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, las pymes están presentes en todas y cada una de las proposiciones no de ley que hoy hemos sometido a debate y el
objeto de esta proposición no de ley es la financiación de las

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pymes, que hoy continúa constituyendo un problema y condicionando no solo el crecimiento, sino la viabilidad de una gran parte de la actividad económica.


Voy a hacer cuatro brevísimas consideraciones con respecto al contenido de la proposición no de ley. En primer lugar, respecto a los programas de Funding for lending, consideramos que las medidas tendrían que beneficiar a aquellas entidades
financieras que tengan un incremento de riesgo limpio por cliente, incluyendo a todas las entidades financieras y no solo a los bancos. En segundo lugar, en relación con el punto 2, sería muy útil desde nuestra perspectiva ampliar los coeficientes
obligatorios de inversión para los fondos de pensiones y aseguradoras. Sobre el punto número 3, de redefinición del papel del ICO sobre el que hemos debatido en otra proposición de ley presentada también por el Grupo Parlamentario Socialista,
quiero señalar que actualmente los beneficiarios del ICO son principalmente las entidades financieras y de forma mucho más residual las pymes. Por ello, sería interesante exigir que todo su crédito a las entidades financieras tuviese como condición
el incremento de riesgo de cada cliente. También sería interesante que asumiera una parte del riesgo de crédito final de las pequeñas y medianas empresas. Por último, con respecto al ICO y a las sociedades de garantía recíproca, desde Convergència
i Unió consideramos que la gran modificación respecto a las SGR pasa por que Cersa modifique su sistema de cobrar su refinanciación, que entendemos que es importante.


En todo caso, con estas valoraciones vamos a votar favorablemente esta iniciativa porque trata de poner énfasis en el problema de financiación de pymes y autónomos, que es un problema que preocupa y ocupa a nuestro grupo parlamentario ahora,
hace ya meses y algunos años. Además, entendemos que esta proposición no de ley plantea soluciones que desde mi grupo parlamentario compartimos, como es la mejora del papel del ICO. Creo que estamos todos obligados a reclamar, a insistir y a
encontrar todos aquellos instrumentos, incentivos y mecanismos que desde aquí y desde Europa puedan permitir la reactivación del crédito hacia esta parte tan importante de nuestro tejido productivo, de nuestro crecimiento y de nuestra
competitividad.


El señor PRESIDENTE: El señor Larreina, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.


El señor LARREINA VALDERRAMA: En nombre de Amaiur, voy a votar a favor de esta proposición no de ley de apoyo a la financiación de las pequeñas y medianas empresas. El hecho de que estemos debatiendo aquí esta cuestión ahora es la prueba
más palmaria de que una de las reformas estructurales del Gobierno -una más- que ha planteado como uno de los grandes elementos centrales de su política ha fracasado. El hecho de que después de dos años de gobierno estemos aquí debatiendo la
necesidad de que las pequeñas y medianas empresas accedan al crédito y que este sea uno de los elementos centrales de todos los documentos de la Unión Europea sobre la economía del Estado español es una prueba palmaria del fracaso de esa reforma
estructural. Ha sido una reforma estructural que, en vez de solucionar el problema del conjunto de la sociedad y de la economía del Estado español, ha solucionado el problema de la banca y de las entidades financieras. Se ha olvidado de lo
fundamental: solucionar los problemas del conjunto de la ciudadanía y de la sociedad, que es para lo que debe estar la política. Ese es un elemento pendiente y por eso es importante el apoyo a cualquier iniciativa tendente a facilitar que las
pequeñas y medianas empresas, los autónomos, las microempresas y la economía social puedan acceder al crédito, porque es uno de los elementos básicos para el relanzamiento de la economía. No habrá salida de la crisis económica si las pequeñas y
medianas empresas no pueden acceder al crédito y si no pueden desarrollar su actividad económica en pie de igualdad con el resto de las pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea. Por eso, consideramos que este elemento es fundamental. Lo es
también -con esto acabo, señor presidente- otra reflexión, es decir, la necesidad de una entidad financiera pública para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, precisamente desde el punto de vista del interés público. Desde Euskal Herria
lo hemos reclamado eso. Hemos denunciado la liquidación de la figura de las cajas de ahorros, que puede, debe y debía haber jugado un papel muy importante en esta cuestión de apoyo a la financiación de las pymes, objeto fundamental de su obra
social; pero defendemos también, al menos desde el punto de vista de Euskal Herria, la necesidad de contar con una entidad financiera pública vasca que dé respuesta a las necesidades de la sociedad y que colabore para salir de la crisis y al
reforzamiento del entramado socioeconómico que constituyen las pymes, autónomos y la economía social.


El señor PRESIDENTE: Suspendemos nada más que dos o tres minutos y después votamos. (Pausa).

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El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. Votamos en primer lugar, en relación con el informe elaborado por la Subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de
crédito, el voto particular del Grupo de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el voto particular del Grupo de UPyD.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Voto particular del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos ahora el informe de la subcomisión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 3; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a las proposiciones no de ley. Votamos en primer lugar, la proposición no de ley de La Izquierda Plural sobre la creación de una agencia pública europea de calificación, con la enmienda del Grupo Socialista, que ha sido aceptada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición no de ley del Grupo de Unión Progreso y Democracia sobre financiación de I + D + i, en los términos de la enmienda transaccional del propio Grupo de UPyD con el Grupo de Convergència i Unió y el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la tercera de las PNL, del Grupo Mixto, sobre rescate de la cooperativa L'Aldea en sus términos, porque no ha habido enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición del Grupo Popular sobre el Instituto de Comercio Exterior en sus términos. No ha habido enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición del Grupo Socialista, sobre líneas de crédito del Instituto de Crédito Oficial con la adición de la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, que ha sido aceptada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la proposición del Grupo Popular, sobre impulso del sector de la moda y, en sus términos, al no haberse aceptado ninguna enmienda.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

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Votamos la proposición del Grupo de Convergència i Unió sobre las viviendas propiedad de la Sareb, en los términos de la enmienda transaccional in voce.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último, votamos la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre financiación de las pequeñas y medianas empresas en sus términos, al no haberse aceptado la enmienda que había presentada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se levanta la sesión.


Eran las nueve y cinco minutos de la noche.