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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 354, de 19/06/2013
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 354

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍA CHAVES GONZÁLEZ

Sesión núm. 11

celebrada el miércoles,

19 de junio de 2013



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo:


- Del miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (Lagares Calvo), para que informe a la Comisión sobre esta materia. (Número de expediente 219/000323) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Del miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (Conde-Ruiz), para que informe a la Comisión sobre esta materia. (Número de expediente 219/000325) ... href='#(Página4)'>(Página4)


- Del miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (Vázquez Burgos), para que informe a la Comisión sobre esta materia. (Número de expediente 219/000324) ... href='#(Página8)'>(Página8)



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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a reanudar el trabajo de la Comisión, como todos ustedes saben, con la presencia de don Manuel Lagares Calvo, don Ignacio Conde-Ruiz y de don Miguel Ángel Vázquez Burgos, los tres
miembros de la comisión de expertos del informe sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, les agradecemos su presencia aquí, así como el tiempo que nos van a dedicar. Primero van a intervenir los tres miembros y después se
someterán a las preguntas de los miembros de la Comisión. Sin más, reiterando nuestro agradecimiento, va a intervenir, en primer lugar, don Manuel Lagares Calvo. Tiene usted la palabra.


El MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Lagares Calvo): Señorías, quiero expresar, en primer término, mi satisfacción por comparecer ante esta Comisión, es la segunda vez
que vengo a la Comisión del Pacto de Toledo, la anterior fue hace ya varios años, y, en segundo término, mi satisfacción por haber pertenecido a la comisión de expertos para el diseño de un factor de sostenibilidad. Quiero decirles que todos mis
compañeros y yo también hemos sido independientes, libres y, desde luego, no retribuidos, quede constancia de esa circunstancia que me parece importante.


En primer lugar, tendríamos que plantearnos la necesidad de una solución urgente para la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Esa necesidad de una solución de cierta urgencia para la sostenibilidad del sistema público de
pensiones viene obligada por los cambios en la estructura demográfica de nuestro país. Las proyecciones de diciembre de 2012 efectuadas por el Instituto Nacional de Estadística sobre la población residente en España, no la totalidad de la
población, nos dice que nos enfrentamos, en primer término, a una población creciente de más de 65 años. Es decir, el trecho, el tramo o la cohorte de población que tendrá más de 65 años va a ser creciente en el tiempo. Hasta el punto de que si en
este año, en octubre, que fue la última previsión del instituto, representaban 7.667.000 personas, en números aproximados, es decir, un 16,6 % de la población. En el año 2052 el INE proyecta que esa cohorte de población de mayores de 65 años
representará casi 15 millones de habitantes, exactamente 14.716.000. El tramo de población superior a los 65 años va a pasar de representar un 16,6 % del total de la población en el año 2012 a nada menos que un 35,4 % de la población si se cumplen
obviamente las previsiones de nuestro Instituto Nacional de Estadística. Por el contrario, la población en edad de trabajar será cada vez más reducida, en el año 2012 esa población alcanza la cifra de 30.552.000 habitantes, mientras que en el año
2052 esa población será solo de 20.961.000 habitantes aproximadamente, es decir, pasará de un 66 % a un 50 %, un envejecimiento rápido por parte de los mayores de 65 años y un acortamiento de la población en condiciones de sostener nuestro sistema
de pensiones mediante un sistema de reparto. Si a esto le sumamos el impacto del aumento de la esperanza de vida a partir de los 65 años nos encontraremos con un panorama demográfico que presiona fuertemente sobre las posibilidades de nuestro
sistema de pensiones. Ese panorama podemos verlo si nos damos cuenta que en 1900, a principios del siglo pasado, la esperanza de vida al cumplir los 65 años de una persona de esa edad era aproximadamente de alcanzar diez años más de edad, de llegar
aproximadamente a los 75. En el año 2012 esa esperanza de vida había aumentado a veinte años y en el año 2052, si no cambian demasiado las circunstancias médicas de la población, probablemente alcance los veinticinco años de más edad sobre los 65.


El impacto de la esperanza de vida será importante para el sostenimiento del sistema de pensiones. La urgencia de la solución para el mantenimiento del sistema de pensiones público es evidente. En el año 2011 el déficit de la Seguridad
Social fue de 773 millones de euros. En el año 2012 fue ya de 10.131 millones de euros, en el año 2013 probablemente se aproxime a los 15.600 millones de euros. En términos de producto interior bruto, el déficit ha pasado en el año 2011 del 0,07 %
al 0,97 % en el año 2012, es decir, se ha multiplicado por catorce nada menos y alguna estimación que rueda por ahí dice que el déficit de nuestra Seguridad Social puede alcanzar el 1,5 % del producto interior bruto a finales de este año, si las
cosas no cambian. El gasto total de la Seguridad Social, no el gasto en pensiones, era de unos 58.633 millones de euros en el año 2011, de 160.576 millones de euros en el año 2012 y puede alcanzar los 165.000 millones de euros en el año 2013. Eso
significa que el déficit, en porcentajes del gasto, que es como tendremos que medirlo a efectos del factor de sostenibilidad, representa el 0,49 % de ese gasto en el año 2011, representa el 6,31 % en el año 2012 y viene a representar aproximadamente
entre un 9,5 y un 10 % a finales de este año. Un déficit creciente e importante para nuestra Seguridad Social. Esta es la situación en la que nos encontramos o de la que parte el grupo de expertos en su análisis del factor posible de
sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones.



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Hemos tenido en cuenta que las variables que realmente van a influir en el desenvolvimiento del sistema de pensiones son, por una parte, la esperanza de vida en el momento de la jubilación, una esperanza de vida que se espera -menos mal-
creciente. Un crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social, es decir, se tendrá que tener en cuenta las variaciones en los ingresos de la Seguridad Social y más concretamente las variaciones en las cotizaciones sociales. Habrá que tener en
cuenta también el crecimiento del número de pensionistas, que ya se puede deducir con facilidad de las cifras de población que nos suministra el Instituto Nacional de Estadística. Desde luego, tendremos que tener también en cuenta el crecimiento de
la pensión media por sustitución. Los pensionistas que fallecen y desaparecen del sistema suelen cobrar pensiones menores que los pensionistas que ingresan de nuevo en el sistema. Hay una sustitución de la pensión media, por lo que hay un factor
de crecimiento de la pensión media como consecuencia de esa sustitución. Deberíamos tener en cuenta, si queremos que el sistema sea autosuficiente, el superávit o el déficit en que incurre la Seguridad Social en cada uno de esos años.


Deberíamos subrayar algunas características especiales de todas estas variables. En primer lugar, el crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social, como bien conocen sus señorías, está ligado, por una parte, a la actualización de las
cotizaciones sociales, que en buena medida es responsabilidad del Gobierno y, por supuesto, de este Parlamento, del Congreso y del Senado, y, por otra parte, al aumento nominal de los salarios, si crecen los salarios, y eso va a depender de la
situación económica en que nos encontremos, crecerán las cotizaciones sociales y también los ingresos de la Seguridad Social. Hay que tener en cuenta una regla que me parece de elemental prudencia que es la de que no crezcan las pensiones más que
los salarios de quienes están en ese momento en activo. Es decir, que de alguna forma el crecimiento de las pensiones se atempere, acomode y acompase con el crecimiento nominal de los salarios. Partiendo de esas premisas y manejando todo el
conjunto de variables que he citado anteriormente, la comisión de expertos que ha nombrado el Gobierno hemos llegado a varias conclusiones. La primera que habría que separar en el factor de sostenibilidad dos elementos. Un factor de equidad
intergeneracional, que de alguna forma hiciera que quien percibe hoy una pensión y espera percibirla a lo largo de su vida activa no quede en peor situación que quien va a comenzar a percibir esa pensión dentro de 4, 5 o 10 años, porque esa otra
persona que espera ser pensionista dentro de 4, 5 o 10 años va a tener una esperanza de vida mayor y, en consecuencia, va a cobrar la pensión durante más tiempo. Los expertos hemos pensado que la primera corrección que habría que introducir en las
pensiones es la de aplicar un factor de equidad intergeneracional que viene medido por la relación entre la esperanza de vida a la jubilación en el momento en que se inicie el sistema partido por la esperanza de vida a la jubilación en el momento en
que una persona cualquiera se jubile. Con ese coeficiente evidentemente al segundo, el que se jubila después, se le reducirá algo su pensión, ligeramente, unos porcentajes no demasiado grandes, y se verá compensado por el aumento del número de años
en que cobrará esa pensión. Así se consigue un cierto equilibrio intergeneracional en el cobro de las pensiones.


El segundo factor que la comisión de expertos ha tenido en consideración es el factor de revalorización anual de las pensiones. He dicho antes que no nos parecería lógico que quien estuviera percibiendo una pensión tuviera una
revalorización al año superior a la revalorización que experimenten en cada momento los salarios nominales. Eso sería no demasiado justo para quienes en ese momento están en activo, están trabajando y están cotizando para pagar la pensión de
quienes se jubilan. Hemos pensado que habría que utilizar un factor de revalorización anual que tiene dos componentes: un componente de crecimiento anual de los ingresos ajustado y un componente de estabilidad presupuestaria. En unas fórmulas que
ustedes conocen de sobra, imagino, porque han recibido los informes del proyecto, en todo caso por ahí hay unos impresos en los que he puesto esas fórmulas, podrán comprobar que el componente de crecimiento anual de los ingresos ajustados está
compuesto por el crecimiento nominal de los ingresos de la Seguridad Social, que a su vez dependerá de las cotizaciones sociales y de la masa salarial y corregido por el aumento del número de pensionistas y por el crecimiento del factor de
sustitución de las pensiones. Estos son los ajustes que se hacen al crecimiento nominal de los ingresos de la Seguridad Social. Después se introduce un factor adicional que intenta la estabilidad presupuestaria de la Seguridad Social. Ese factor
adicional viene representado por la diferencia entre ingresos menos gastos de la Seguridad Social, es decir, el superávit o el déficit de la Seguridad Social, tendrá signo positivo si hay superávit y signo negativo si hay déficit, en relación con
los gastos de la Seguridad Social. Ingresos menos gastos partido por gastos. Estas fórmulas no están analizadas ni estudiadas ni propuestas en términos puramente nominales, sino por el contrario se pretende que su cálculo se haga mediante medias
aritméticas de un amplio espectro, es decir, de trece años, seis años por detrás del momento de cálculo, el año de cálculo, y seis años por



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delante del momento del cálculo, al objeto de suavizar su impacto y exactamente igual en el caso del factor de estabilidad presupuestaria, en este caso las medias son geométricas porque ajustan mejor. Todo ello, en el caso del factor de
sostenibilidad presupuestaria, va sometido a un coeficiente reductor que atenúa aún más, si cabe, todos los movimientos del ciclo económico que se puedan producir. Es decir, los expertos han intentado que los movimientos de las pensiones sean lo
más suave posibles.


No quiero cansarles más, sino a modo de resumen y conclusiones, quiero expresarles mi opinión sobre el informe de los expertos y sobre la reforma que pretende. En primer lugar, la reforma que propugnamos no toca en absoluto para nada lo que
prevé la Ley 27/2011. Esta ley marca una pauta de crecimiento de la edad de jubilación. Nosotros respetamos esa edad de jubilación, la que sea en cada momento de acuerdo con esa ley. En segundo término, tampoco pretendemos cambiar el periodo
máximo de cotización para tener derecho a una pensión, el que establezca la ley. Finalmente, tampoco decimos nada respecto a los años de cotización que se tomen en consideración para calcular la pensión inicial, lo que disponga la Ley 27/2011 y no
otra cosa. Los expertos hemos intentado, sobre la pensión inicial que establece esa ley, proponer un factor de sostenibilidad, algo que permita la pervivencia del sistema público de reparto en las circunstancias demográficas con las que nos
enfrentamos. La reforma, en mi opinión, resulta necesaria por la presión de las variables demográficas. En mi opinión, parece oportuna por la necesidad de equilibrar ya las cuentas de la Seguridad Social, aunque ese equilibrio se va a producir
lentamente por la forma en que se calcula el factor de sostenibilidad. La reforma parece razonable, porque toma en consideración todas y cada una de las variables que influyen en la situación de nuestro sistema público de pensiones y, finalmente,
la reforma debe ser transparente. El informe de los expertos ha sido absolutamente transparente. Todas las fórmulas y cálculos que hemos realizado están expuestos ahí. La forma en que se deducen las fórmulas está en los anexos correspondientes
del informe. Pero no basta con eso, los resultados de la aplicación del factor de sostenibilidad, si ustedes lo aprueban, deberá comunicarse año por año a los futuros pensionistas para que todo el mundo tenga noticias de cómo se va a jubilar y de
cuáles son sus expectativas de ingresos en el futuro. Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: A continuación le voy a dar la palabra a don Ignacio Conde-Ruiz.


El MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Conde-Ruiz): Para mí es un honor participar en esta sesión de la Comisión del Pacto de Toledo. Simplemente voy a tratar de
explicar la motivación que nos llevó a adoptar la propuesta, que no es nada más que una propuesta, no pretende implicar nada. La decisión final y donde debe recaer la responsabilidad final de lo que se haga es aquí. Hemos tratado, con nuestra
humilde modestia y con nuestro conocimiento, de acordar lo que creemos que deberíamos hacer para tener unas pensiones sostenibles.


En primer lugar, hemos anunciado los retos potenciales a los que se enfrenta el sistema de pensiones que, aunque son por todos conocidos, conviene recordarlos. Vemos que el principal problema del sistema de pensiones es, en mi opinión, una
de las mejores noticias que se puede dar a los ciudadanos y es que cada vez, con la excepción que empezaría a preocuparme con el dato del INE de ayer, que por primera vez ha caído la esperanza de vida a partir de los 65 años, conviene ver qué está
pasando, ahora entraré a reflexionar sobre ello, pero quitando este dato, lo cierto es que desde que se empezaron a introducir los sistemas de reparto en el mundo, la esperanza de vida no ha hecho más que aumentar y siempre está aumentando. Es
verdad que ha venido acompañada de una caída de las tasas de fecundidad y que España las tiene bajas. Quizá sea otro tema a plantearse. No creo que se puedan alcanzar tasas de fecundidad de las vistas a principios del siglo anterior, pero se
debería de hacer algo para intentar que mejoren siempre que el problema sea que no pueden cuando quieren tener más hijos. La fuerza principal no es solo la caída de las tasas de fecundidad, sino la esperanza de vida. El envejecimiento de la
población, como decía, es una de las mejores noticias que podíamos recibir. Desde principio de siglo la esperanza de vida ha aumentado espectacularmente, no solo al nacer, sino también a partir de los 65 años. Lo que es más espectacular de ver es
el porcentaje de cada generación que consigue llegar a los 65 años. Cuando se introdujo la edad legal de jubilación a los 65 años en España, en los años veinte del siglo pasado, tan solo llegaban a los 65 años el 35 % de la población y se decidió
en ese momento que 65 años era la edad a partir de la cual un ser humano no podía seguir trabajando. Ahora prácticamente está llegando el 90 % de cada generación a los 65 años, esto sí que ha cambiado y es una muy buena noticia. Lo que ocurre es
que pone en riesgo la sostenibilidad financiera o presupuestaria de un sistema de pensiones como el de reparto que tenemos hoy en día. Cuando uno mira las proyecciones demográficas



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de los distintos países, ve que el porcentaje de personas mayores sobre el total de la población está aumentando de una forma increíble. La línea roja que sale por encima de todo es la de las últimas previsiones del INE. Son increíbles, no
me las creo, porque según estas previsiones el envejecimiento iba a ser no visto en ningún país. Uno debería reflexionar sobre ello. Probablemente no están teniendo en cuenta que siempre tiene que haber un porcentaje de población en edad de
trabajar. Si no lo hay, lo atraeremos con la entrada de inmigrantes. Como vemos a continuación, si uno trata de hacer una simulación del gasto en pensiones con el último escenario que ha anunciado el INE las cosas no es que sean dramáticas, son
más que dramáticas. Ahora mismo hay una persona mayor de 65 años por cada cuatro en edad de trabajar. Es verdad que hay un problema, porque no están trabajando y sería mejor si estuvieran trabajando. Pero el problema estructural esta ahí. Aunque
todos trabajen y consigamos el pleno empleo dentro de unas cuantas décadas, habrá 1,7 personas en edad de trabajar por cada jubilado. Esto es algo que un sistema de reparto no lo puede sostener.


La tregua que nos había dado la inmigración en los años previos nos ha venido muy bien. Los expertos sabíamos que la inmigración era una tregua transitoria, porque los inmigrantes una vez que trabajan y aportan luego tienen que recibir la
pensión. Si encima cuando se jubilen, se van a jubilar a la vez que las cohortes más grandes, que son los baby boomers, el problema no se resuelve, pero nos han dado una tregua para reformar el sistema. Después de esta tregua, que estaba presente
con la crisis, la demografía se ha dado la vuelta. Hemos dejado de atraer inmigrantes, que entraban casi 600.000 al año, y hemos pasado a expulsar población en edad de trabajar. Confío que con el envejecimiento puedan volver en un futuro. Ahora
mismo la demografía se ha dado la vuelta y lo que hace tres años eran unos escenarios con entrada de inmigrantes, ahora estamos pensando -el INE lo considera así- en unos escenarios demográficos donde España va a seguir perdiendo población en edad
de trabajar. No solamente los jubilados van a vivir más años, lo cual está muy bien y es una buena noticia, no solo tenemos menos gente que está naciendo, porque la fecundidad está cayendo, sino que encima los que están aquí se están yendo. Es un
problema que no toca ahora, pero que hay que examinar. Sabemos que cuando uno intenta hacer una simulación de cuál va a ser el gasto en pensiones futuro, la variable más importante es la demografía. No es lo mismo hacer una simulación con el
escenario que tenía el INE en el año 2005, que suponía una entrada neta de inmigrantes de 270.000 al año, en el 2010, cuando empezó la crisis, eran 70.000, luego llegó el INE en el año 2011 y dijo que eran negativos. En un artículo científico que
les he entregado por si les interesa, he rehecho un poco una estimación de flujo de entrada de inmigrantes para mantener la población en edad de trabajar con un porcentaje razonable del total de la población. Hay que trabajar con escenarios
demográficos, porque la demografía aquí es muy importante. Lo cierto está en que con cualquier escenario demográfico que consideren, uno muy optimista con entrada de inmigrantes, uno menos optimista o uno incluso negativo, el gasto en pensiones va
a aumentar de forma considerable en las próximas décadas y también la tasa de dependencia, que sería el porcentaje de la población mayor de 65 años. Esto es inevitable. Lo vamos a ver porque, aunque consigamos aumentar la fecundidad no va a llegar
a tiempo, porque nacen ahora y tienen que crecer. El único riesgo que veo que podría hacer que esto no se cumpliera es tan negativo que prefiero no considerarlo en un escenario y es que aumente mucho la mortalidad y por definición se acaba el
envejecimiento, pero es una variable que puede ocurrir, aunque espero que no ocurra. Salvo el dato de ayer del INE, estaba confiado en que no fuera así. Si uno analiza el gasto en pensiones, antes de la reforma de 2011, había momentos en que el
gasto en pensiones se disparaba claramente. Se ve una especie de joroba en el gasto en pensiones como porcentaje del PIB son los baby boomers que se van a jubilar más o menos en las próximas décadas. Es verdad que luego baja un poco, pero no
mucho, porque aunque cada vez hay menos que se jubilan, como los que se han jubilado viven más y la esperanza de vida aumenta, no llega a compensar la bajada completa del gasto. Podemos pensar que va a haber un aumento del gasto estructural que
antes de la reforma llegaba al 20 % y después de la reforma, que desde mi punto de vista ha sido la más importante que ha llevado a cabo un sistema de pensiones en este país desde 1985, es una reforma bastante importante, en la que además se contó
con el diálogo social, que es lo razonable intentar avanzar en esa dirección, que sea el diálogo social el que esté detrás y avale la reforma del sistema de pensiones. Es una tradición española que me parece muy buena. A pesar de que se tocaron
las reglas de pensiones, hay distintos estudios, entre ellos el que tienen ahí, pero los hay de todas las fuentes, lo cierto es que resolvía un tercio los problemas de sostenibilidad de largo plazo del sistema de pensiones. Esto lo pueden ver en
los trabajos que les he entregado, en otros que hay por ahí o incluso en el más optimista de todos, que son las previsiones oficiales del Gobierno, que están suponiendo que el gasto en pensiones, después de la reforma de 2011,



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va a pasar del 10 % al 13,7 % pasando por el 14 %. Estas son las previsiones más optimistas, pero me valen. A pesar de los estudios que hemos hecho fuera del ámbito oficial nos salen aumentos de gastos superiores, pero esta me vale.
Porque esto nos está diciendo que los ingresos por cotizaciones nunca van a ser superiores al 10,5 % del PIB, si no se cambia. Es una identidad contable. Aquí no hay magia de modelos ni nada. Esto es: dos y dos son cuatro. Sabemos que el gasto
en pensiones se va a ir en el mejor de los casos, si creemos las previsiones tan optimistas del Gobierno, al 13,7. Estamos hablando de un déficit de cada año del 3,7 %. Este es el mejor de los escenarios que podemos presentar hoy en día a la
ciudadanía con todos los trabajos que se han hecho. Estos son los datos que se han presentado en el programa de estabilidad. Los han presentado ambos Gobiernos, aquí nadie puede pensar que estamos hablando de juego político, etcétera. Estas son
las cifras oficiales. Vuelvo a decir, en el mejor de los escenarios, no hay nadie que haya hecho un escenario tan optimista como este en ningún sitio de este planeta.


¿Cuál es nuestra propuesta? Al menos en mi caso el sistema de pensiones público y de reparto es el mejor invento del siglo XX, eso lo tengo bien claro. He dedicado quince años de mi vida a estudiar distintos sistemas de pensiones, creo que
es el mejor invento y creo que es muy útil, porque es la principal institución del Estado del bienestar en cualquier país de la Europa continental, en la que me gusta vivir. Por tanto, hemos trabajado con el reto de preservarlo para las futuras
generaciones. Ha sido un trabajo humilde el que hemos presentado. Ese ha sido el reto al que nos hemos enfrentado con este mandato que se nos había hecho de adelantar la puesta en marcha del factor de sostenibilidad, que estaba prevista en la
antigua reforma de 2011 en 2027. Todos los que estábamos trabajando allí considerábamos que había que adelantarlo, pero nos han dado este mandato y hemos trabajado en ello. Creemos que salvaguardar el sistema de pensiones no es no afrontar los
retos, no es no hablar de ellos, sino más bien todo lo contrario. Tenemos que garantizar el equilibrio presupuestario en el medio y largo plazo. Esta es la principal vía para salvaguardar el sistema de pensiones. Pretender mirar a otro lado,
querer ver que los riesgos no existen y que ya se solucionará todo no es responsable y desde luego no es la mejor forma de garantizar, en mi caso a mis hijas, un sistema de pensiones como el que tenemos hoy en día. Además, lo hemos hecho de una
forma, desde mi punto de vista, neutral. Hemos puesto suficientes grados de libertad para que ustedes, señorías, en el Parlamento, decidan cuál es la mejor forma de afrontar los retos. No nos hemos comprometido en una regla concreta a la alemana o
al estilo de cualquier otro país, sino que hemos dejado abierta la posibilidad. Lo que venimos a decir básicamente es que o bien se dota de nuevos ingresos al sistema público de pensiones, porque si no sabemos que solo podemos financiar el 10,5 %,
o bien tendrán que bajar las pensiones o bien habrá que hacer una combinación de ambas cosas. Por tanto, la responsabilidad está donde tiene que estar, que es en ustedes, señorías.


La propuesta del comité de expertos tiene dos partes. Una primera, que creo que todo el mundo entiende, es el factor de equidad intergeneracional. Cuando yo digo que quiero que el sistema de pensiones que tengan mis hijas sea el mismo que
el que tengo yo, quiero decir que si mis hijas cuando se jubilen -Dios quiera que sea así- tienen una esperanza de vida superior a la mía, como van a cobrar la pensión durante más años, deberán recibir un porcentaje de pensión más bajo que yo,
porque lo van a percibir durante más tiempo. Confío en que cuando se empiece a diseñar el sistema y se puedan tocar otras cosas, como la edad de jubilación, ellas tengan la posibilidad, dado que van a vivir más años, de trabajar más para poder
tener la misma pensión que tengo yo. Digamos que este factor de equidad intergeneracional todo el mundo lo entiende. Es bastante simple. Lo que hace es que todas las personas reciban el mismo montante en pensiones. Si vives más años, como lo
tienes distribuido en más años, tendrás que recibir un porcentaje menor cada año, pero en conjunto recibirás lo mismo. En el informe hemos presentado las previsiones del INE. Sería útil un grupo de trabajo para analizar la esperanza de vida. La
esperanza de vida tiene que tener una clara metodología y debería ser pública para que los trabajadores vieran cómo va evolucionando y cómo les va a afectar el sistema de pensiones, siempre y cuando ustedes consideren que es útil establecer en este
país una regla de esta naturaleza. Básicamente, lo que nos viene a decir es que cada diez años, si las personas se siguen jubilando con la misma carrera y con el mismo historial laboral, la pensión debería bajar un 5 %. Esto está calculado con los
últimos datos que ha publicado el INE. Como decía, sería útil introducir incentivos a la prolongación de la vida laboral.


El otro factor, que es el que creo que genera más controversia, es la revalorización anual. Sabemos que los sistemas de cuentas nacionales a la sueca también tienen este problema. Sabemos que tiene que haber un cierto equilibrio actuarial,
pero también sabemos que si un país se compromete a garantizar un determinado nivel de pensiones en términos absolutos, sin que sea en términos relativos al PIB, puede



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suceder que si el PIB, por algún motivo, es mucho más pequeño de lo que se espera, las pensiones ocupen un porcentaje tan grande del mismo que imposibiliten financiar otro tipo de políticas que podrían ser más útiles en ese momento. Algunos
medios de comunicación han dicho que la regla que hemos propuesto es la más dura, pero es todo lo contrario, es probablemente la regla más completa que podemos tener en la actualidad, porque considera todo. La regla alemana solo considera el
cociente de cotizantes y pensionistas. Nosotros aquí permitimos todo. Es una restricción presupuestaria, como nos gusta decir a los economistas, en la que básicamente los ingresos tienen que ser iguales a los gastos, pero no en un periodo. Hemos
propuesto una media de once a trece periodos y además dejamos que ustedes, señorías, decidan cómo tiene que ser. Se trata de un periodo suficientemente largo y encima no exigimos que esté en equilibrio, sino que introducimos otro factor que está
multiplicado por el alfa, que es un mecanismo de corrección de error, con lo que incluso dejamos que esos desequilibrios entre ingresos y gastos se produzcan y se vayan ajustando a lo largo de más periodos. Por tanto, estamos hablando de una
cantidad de tiempo tan grande que va más allá de una crisis coyuntural. Estaríamos hablando de un cambio realmente estructural en la economía. Lo que hace esta regla es permitir que aumenten los ingresos. Si a impuestos constantes un gobierno en
particular quisiera aumentar las pensiones más de lo que indica esta regla, nadie le impide hacerlo, lo único que tiene que hacer es proyectar hacia adelante. La regla tiene en cuenta cinco o seis periodos hacia atrás o cinco o seis periodos hacia
adelante, por lo que solo tendría que introducir en los presupuestos hacia adelante, en los próximos cinco años, un aumento de los ingresos que van al sistema de pensiones y así podría colocar la revalorización de las pensiones en el nivel que
considerara oportuno. Como decíamos, todas estas cosas están abiertas. Nosotros hemos hecho una cosa que es una obviedad, que es poner una restricción presupuestaria intertemporal a lo largo de un ciclo suficientemente amplio. Luego tendrá que
ser, como no puede ser de otra forma, el Parlamento el que decida lo que quiere hacer. Además, la regla que hemos propuesto aquí es tan concreta que es perfectamente compatible con que un gobierno se quiera comprometer a revalorizar las pensiones
con el IPC año tras año. ¿Cuál es la alternativa que tenemos actualmente? La que tenemos actualmente es un compromiso de revalorización de las pensiones con el IPC de noviembre, pero si lo piensan fríamente esa regla no ha funcionado. Ha bastado
la primera crisis desde que se introdujo en el año 1997 para que en cuatro años se haya incumplido en dos -2011 y 2012- y probablemente se incumpla en 2013, salvo que la inflación, por una cuestión que todavía no soy capaz de explicar como
economista, no llegue a sobrepasar el 1 %. Por tanto, la regla actual no ha funcionado. No es que digamos que queremos cambiar una regla que funciona perfectamente por una regla que no sabemos si va a funcionar. La regla que proponemos es tan
completa que permite incluso comprometerse con anterioridad, que no lleguen todos los meses de noviembre y estemos todos esperando a ver si suben o no suben y al final no suben. Tú te puedes comprometer al principio del año, porque lo único que
tienes que hacer es dotar al sistema de recursos suficientes para poder hacerlo.


En definitiva, lo único que hemos tratado de hacer en el informe ha sido advertir de los riesgos potenciales -básicamente el aumento espectacular de la esperanza de vida y que sabemos que van a llegar a la jubilación las cohortes más
grandes, los baby boomers, que además van a vivir una media de dos años por encima de nuestros similares europeos- y plantear un factor de sostenibilidad que lo único que hace es garantizar el equilibrio presupuestario en el medio y largo plazo.
Básicamente decimos: No se pueden financiar las pensiones con déficits estructurales. Pero lo hemos propuesto al final con tantos grados de libertad que es el Parlamento el que tiene que decidir cómo hacerlo. Si considera que quiere dotarle de
más ingresos, ahí tiene la puerta para hacerlo; lo mete en las fórmulas y todo funciona perfectamente. Creemos que es más completo, porque se puede adaptar al ciclo económico. Estamos hablando de periodos muy grandes; esto está puesto en
distintas partes del documento. Aumentar los ingresos es otra de las vías que se proponen en numerosas partes del documento. Permite, si así lo desean -incluso está puesto en el documento- mantener la regla actual; nadie impide que el Gobierno
pueda comprometerse a esto. Hemos impuesto también una cláusula suelo. Nos parece razonable que las pensiones de los pensionistas actuales no puedan caer bajo ningún concepto en términos nominales. Además, hemos pedido que se haga con
transparencia. Cuando uno tiene que proyectar ingresos adicionales al sistema de pensiones para los próximos cinco o seis años no lo hace gratis, porque esto es lo que hay que entregar a Bruselas. Si tú quieres dotar de más ingresos para pagar las
pensiones, en el programa de estabilidad tendrás que recaudar más impuestos o bien quitar gasto de otras partidas, que a lo mejor son educación o sanidad, pero es mucho más transparente. Los ciudadanos podrán saber en cada momento lo que está
pasando. Por último, y es lo más importante, las reglas son completamente



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inocuas, en el sentido de que si la economía va fenomenal, si los economistas con nuestros modelos nos hemos equivocado en todas nuestras previsiones económicas -que siempre parece que nos vamos a equivocar-, lo único que hace la regla es
decir que los ingresos serán más altos que los gastos y permitir una revalorización de las pensiones incluso superior a la que hay actualmente. Por tanto no entiendo el porqué de tanto reparo. En cuanto a la esperanza de vida, espero que ahí no
nos hayamos equivocado, por el bien de todos, y que siga aumentando, porque es una buena señal de desarrollo socioeconómico. Esto es básicamente lo que quería decir.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Miguel Ángel Vázquez Burgos.


El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Vázquez Burgos): Señor presidente de la Comisión, señorías, exactamente igual que mis compañeros, que me han precedido, ante
todo y antes que nada deseo expresar mi agradecimiento a esta Comisión por haberme cursado invitación para la presente comparecencia. Es obvio que la razón fundamental de esta comparecencia son las dudas, cuestiones o comentarios que los diferentes
grupos tengan el deseo de transmitirnos y que al menos yo voy a tratar de contestar con la mayor exactitud de la que sea capaz. Pero antes de que lleguemos a este punto, me compete a mí dirigirles algunas palabras en las que voy a pretender
explicarles el qué y algunos de los porqués, cuando menos los míos, del informe de la comisión de expertos que ya obra en su poder y que yo voté afirmativamente sin restricciones.


Aún a riesgo de repetirme con el propio informe y con lo que puedan haber dicho antes o decir después que yo algunos miembros del comité, creo que es importante que comencemos por delimitar las fronteras de nuestro trabajo, porque en este
tema, en mi opinión, se han dicho muchas cosas y no todas precisas. En realidad, a muchos de los que han afirmado que esta comisión fue creada para reformar el sistema de pensiones y que el propio informe versa sobre dicha reforma les habría
bastado leerlo para comprobar que no es verdad. El comité de expertos, siguiendo un mandato del Gobierno, que es el que lo crea, todo lo que ha hecho ha sido trabajar antes de lo previsto inicialmente, eso sí, en un elemento de la reforma que se
sustantiva en la Ley 27/2011. Por tanto, aquí no ha habido más reforma que la que partidos políticos e interlocutores sociales pactaron en su día, porque esa reforma ya incluía la necesidad del desarrollo de un factor de sostenibilidad para el
sistema de reparto. Los expertos, lo repetiré una vez más, no fuimos llamados a opinar sobre las vías de reforma del sistema y mucho menos a diseñarlas. Si ustedes quieren preguntarme, en el turno de preguntas, sobre mi opinión respecto de la
reforma, sepan que estaré encantado de contestarles, pero esta contestación no formará parte del desarrollo de los trabajos de la comisión, porque la comisión ni fue convocada para reformar nada ni consecuentemente ha reformado nada. Para que nos
entendamos, aun existiendo un pacto de hierro de cien años para no tocar los parámetros del sistema de reparto durante todo ese tiempo, haría falta desarrollar para ese sistema de reparto un factor de sostenibilidad. Esto es así porque el factor no
es más que una herramienta, una herramienta de sostenibilidad, como se dice cuando se habla de flujos de pagos públicos, o de solvencia, como se dice habitualmente cuando los flujos son privados. Pero solvencia y sostenibilidad se asientan sobre la
misma idea, que es la existencia, en tiempo y forma adecuados, de recursos suficientes para hacer frente a los compromisos que se vayan a presentar. Un sistema de pensiones de reparto tiene unos compromisos presentes y otros futuros. Es cierto que
los futuros son de mayor levedad. Se trata de promesas que con el tiempo se pueden matizar -no otra cosa han hecho las denominadas reformas paramétricas de nuestro sistema-, pero son promesas que, por razón de nuestro ordenamiento constitucional,
nuestra normativa y el pacto social que viene representado por la existencia del acuerdo que da nombre a esta Comisión, tienen un nivel de certeza tan enorme que es por eso por lo que llamamos a nuestro sistema de reparto un sistema de prestación
definida. Dando por razonablemente ciertos los compromisos futuros, el problema de la solvencia del sistema adquiere otra calidad. Ya no se trata solo de exhibir recursos capaces de cumplir con los compromisos presentes, sino de hacer eso mismo
con los futuros, de demostrar por tanto que se puede pagar hoy, mañana, el mes que viene y también dentro de treinta años. Eso, señorías, ustedes lo saben bien, es la solvencia o la sostenibilidad. Un factor que lleve este apellido no es más que
un instrumento para medir dicha solvencia, para garantizarla o para ambas cosas.


El reto de crear factores de sostenibilidad se ha abordado en muchos países de formas bastante diferentes. El grupo de factores que actúan sobre la edad de jubilación o elaboran cálculos basados en la evolución de la esperanza de vida es
bastante numeroso, con algunos casos ligeramente diferentes, pero



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que a la postre dan los mismos resultados, como es el francés. Otro grupo se basa en el cálculo financiero actuarial de los flujos de pagos y cobros, activando medidas correctoras en el momento en el que el valor actual de los primeros, es
decir, de los pagos pendientes, supera a los segundos, es decir, a los cobros. También existen factores que vinculan el crecimiento de la pensión a la suerte de determinadas relaciones, como la tasa de dependencia demográfica o, como en Hungría, la
evolución del PIB. Nosotros, señorías, conscientes de que llegábamos un poco tarde a esta labor, decidimos aprovechar ese retraso como una ventaja e ir un poco más allá en el diseño del factor español, haciendo lo que llamamos un factor de tercera
generación. El principio de la reflexión es muy sencillo. Es una combinación de dos ideas. La primera es que el reto que se le presenta al sistema español de reparto es fundamentalmente demográfico; máxime después de las intervenciones que me
han precedido, daré por presentados todos los argumentos relativos a la inversión progresiva de nuestra pirámide de población, que son clásicos en las ponencias, conferencias y comparecencias a este respecto. La segunda idea es que, al fin y a la
postre, aquello de lo que dependen los pagos es de los cobros o, dicho de una forma más directa, se reparte lo que hay. A través de este doble prisma, la sostenibilidad del sistema de reparto se convierte en una combinación entre, primero, la
resistencia del propio sistema frente a las tensiones demográficas y, segundo, la expresión cierta de que estructuralmente, no en un día concreto, en la caja hay y va a haber dinero para hacer frente a los compromisos. Lo primero lo procuramos
desarrollando un nuevo parámetro en el cálculo del derecho de pensión en el momento de la jubilación; un nuevo parámetro inspirado en lo que ya se ha hecho en otros países, fundamentalmente en Portugal, aunque podríamos hablar también de Dinamarca
o de otros países. Es un mecanismo basado en la adopción de lo que podríamos denominar un año ancla. En dicho año las personas de cada edad tenían una esperanza de vida calculada. En años sucesivos, cuando se produzcan jubilaciones, se deberá
calcular la esperanza de vida del nuevo pensionista a la edad en la que se jubila y ponerla en relación con la esperanza de vida que tenía una persona a esa misma edad en el año denominado año ancla. Dado que normalmente la esperanza de vida del
nuevo pensionista será mayor que la del pensionista del año ancla, el quebrado dará una relación menor que uno, que actuará sobre el cálculo de la pensión. Dado que sus señorías están sobradamente familiarizadas con los estudios demográficos, ya
saben que la longevidad no avanza a grandes saltos. Es un proceso continuado pero progresivo en el que las personas tienden a vivir -es un poco la expresión que utilizamos todos- unos dieciséis meses más cada diez años. Ya que estoy aquí, voy a
expresar mi opinión personal de que deberían mejorarse las estadísticas oficiales sobre la llamada esperanza de vida libre de discapacidad, que son las verdaderamente relevantes para algunos fenómenos como la dependencia, aunque este es un tema que
no nos compete hoy. Consecuentemente, no es de esperar que este factor suponga reducciones ni muy bruscas ni muy perceptibles. Sin embargo, es por eso por lo que se llama de equidad, porque dotará al sistema de una mayor justicia. Dos
pensionistas que se jubilaron cuando tenían 65 años, uno en 2010 y otro en 2020, teniendo ambos derecho a 1.000 euros de pensión, serían hoy tratados de manera diferente. El segundo, el de 2020, cobraría más, porque cobra durante más tiempo. Si
dejamos de ver la pensión como un pago mensual y pasamos a verla como lo que es para la Seguridad Social, esto es, el valor actual de la suma de pagos producidos a lo largo de toda la vida del pensionista, veremos que sin la existencia de un factor
de equidad el sistema trata mejor al segundo pensionista, el de 2020, que al primero, el de 2010, sin tener razón para ello.


Por lo que concierne al valor de revalorización anual o FRA, es una fórmula que trabaja con medias móviles para capturar la dinámica de ciclos económicos completos, es decir equilibrar los años buenos con los malos, generando incrementos de
pensión, por así decirlo, no tan buenos en unos años y no tan malos en otros; trabaja con medias e incluye todos los elementos que, por así decirlo, tiran de la pensión media hacia arriba o hacia abajo. La pensión media depende de la inflación,
del crecimiento real de los ingresos, del número de pensiones entre las que tenemos que repartir estos ingresos, del efecto sustitución -que normalmente expande el gasto porque los pensionistas entrantes cobran pensiones superiores a los salientes-
y finalmente de la relación básica entre ingresos y gastos. Es por tanto una fórmula integral en el sentido de que captura -y los captura por separado- todos los elementos que inciden en la pensión media y, consecuentemente, modula el crecimiento
de dicha pensión media de acuerdo con las posibilidades de dicho sistema dentro del ciclo económico.


Entre los miembros del comité de expertos y también en el subconjunto de los que votamos a favor de la propuesta hay perfiles muy diversos que supongo irán describiéndoles esta realidad de formas distintas de acuerdo con sus querencias o
especialidades. Yo voy hacer esto mismo al compartir con ustedes mi juicio sobre la propuesta, juicio evidentemente positivo. A mí, lo que más me gusta del factor de



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sostenibilidad propuesto es su transparencia, hasta el punto de que ya dije en su presentación pública a la prensa, y lo repito aquí, que aunque el Pacto de Toledo finalmente negociase y decidiese no aplicar este factor de sostenibilidad,
aún así, deberían, en mi opinión, decidir que se calculase sistemáticamente, porque solo el mero cálculo es de por sí una virtud por lo que supone de conocimiento, conocimiento, en el caso del FEI, del factor de equidad intergeneracional, del
impacto de la longevidad sobre las pensiones, y conocimiento, en el caso del FRA, de cómo están interactuando cada una de las variables que inciden en la pensión media. Esto es tan así que debo reconocerles, señorías, que el que yo interpreto como
principal argumento en contra de la propuesta dentro y fuera del comité se me hace, quiero confesárselo, difícil de comprender. Se dice: El factor de sostenibilidad ya es de alguna manera la reforma de 2011. La reforma está en curso y
consecuentemente hay que dejarla que se despliegue en el tiempo. Entiendo el argumento y por supuesto lo respeto, pero en realidad, puesto que el FRA trabaja también con los ingresos y gastos del sistema, si verdaderamente la reforma es efectiva en
términos de sostenibilidad, la relación entre estos y aquéllos, es decir, la relación entre ingresos y gastos, mejorará, comunicándose al propio FRA y generando con ello aumentos de pensiones más generosos. No veo pues incompatibilidad en
desarrollar ambas cosas al mismo tiempo. La gran virtud del factor de sostenibilidad, señorías, es que es capaz de decirnos por qué podemos gastarnos lo que nos gastamos en pensiones, lo cual quiere decir que es capaz de decirnos lo que nos cuesta
o ahorra tomar tal o cual decisión en este terreno. Caso de haber problemas de sostenibilidad derivados del gasto, los aflora, lo cual facilita los pactos alrededor de este gasto, sea para recortarlo sea para mantenerlo sea para incrementarlo
buscando fuentes de ingresos para ello, decisión que no tomamos nosotros, la tomarán ustedes en esta Cámara.


Es muy importante recordar aquí lo mucho y muy categóricamente que nos habla el informe aprobado de los lógicos márgenes de actuación que tienen los que el texto llama los canales democráticos. En realidad estamos hablando de un margen de
actuación total, porque lo lógico en un sistema democrático es que las decisiones las tomen quienes han sido votados para ello, no desde luego quienes han sido designados para estudiar un problema. Pero lo verdaderamente importante del factor es
que sirve para valorar estos pactos. Eso, señorías, me parece de un gran valor y es por eso por lo que he apoyado la propuesta. Me parece de gran valor por una razón fundamental. Permítanme que les diga que cuando menos yo no estoy del todo
satisfecho del devenir que ha tenido el proceso de mejora, ajuste y reforma de nuestro sistema de pensiones en nuestra historia reciente. No voy a negar, eso sería injusto, los importantes esfuerzos que ha hecho el pacto político por analizar el
sistema, detectar sus disfunciones y pactar las medidas para equilibrarlas, pero -si me permiten lo que probablemente será una discrepancia respecto a algunos de ustedes- en mi opinión este proceso no se ha producido con las debidas dosis de
complicidad con la sociedad, sobre la que en el fondo actúa dicho pacto. El tema de las pensiones es un Guadiana en la vida de las personas. Si acuden ustedes a los barómetros del CIS, por ejemplo, comprobarán que no está ni en las preocupaciones
ni en las ocupaciones del español medio. La sociedad vive ajena al hecho de que el sistema de pensiones es un organismo vivo que debe dar servicio a una sociedad cambiante. Las cosas sin embargo se mueven, la realidad muta, las tensiones aparecen.
Como consecuencia de esas tensiones, cada cierto número de años las clases representativas, los canales democráticos en el lenguaje del informe, salen a la palestra, dan la campanada y dicen: Esto hay que reformarlo. Entonces viene la angustia, la
inquietud y a veces la conflictividad. Ha pasado recientemente en Francia, sin ir más lejos. De una forma más o menos suave o traumática se pacta la reforma. Una vez pactada, la sociedad vuelve a olvidar el tema de las pensiones, hasta la
siguiente vez en que aparezcan los canales democráticos y vuelvan a decir lo mismo: Esto hay que reformarlo. El principal sentimiento que me mueve a mí a apoyar esta propuesta es que creo sinceramente que estamos ante la oportunidad de terminar
con esta situación. Si el factor de sostenibilidad se combina con una ambiciosa política de transparencia, que -también lo dice el informe- es una conditio sine qua non del entorno propuesto, el tema de las pensiones, la visión sobre la situación
de su sostenibilidad, la delimitación de la naturaleza e intensidad de sus tensiones dejarán de ser materia tratada en foros especiales para pasar a ser material de común consumo para todo aquel que se quiera interesar por él.


El factor de sostenibilidad coloca en su lugar correcto la pregunta de si tenemos un sistema de pensiones solvente. Hace no muchos años, en los tiempos en los que la afiliación en España alcanzaba sus máximos históricos, se escuchaba un
discurso político recurrente basado en el siguiente argumento: El sistema de pensiones no está en crisis. Miren las cifras de este año y verán que ingresamos mucho más de lo que gastamos y estamos dotando el Fondo de reserva. Humildemente les
pediría, señorías, que desterrasen definitivamente este concepto de sus argumentaciones. Es un argumento parcial, que además



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nos llevaría a la conclusión falsa, quiero repetirlo, falsa, de que puesto que hoy ingresamos menos de lo que gastamos nuestro sistema de pensiones está en crisis. En todo sistema basado en flujos de pagos presentes y futuros la situación
en un determinado momento adquiere poca importancia, lo importante es el balance entre cobros y pagos a lo largo de todo el ciclo considerado, que es precisamente el enfoque del factor de sostenibilidad. Todo esto tiene una consecuencia, señorías,
que es la que a mí más me ilusiona: colocar al individuo y, por supuesto, a sus representantes legítimos en el centro del sistema. El individuo debe saber que con un factor de sostenibilidad en marcha -y ya he dicho que para mí eso es connatural a
la existencia de una política de transparencia de gran ambición- tiene las herramientas para saberlo. Las cosas, desde luego, pueden seguir como hasta ahora. El tema de las pensiones puede seguir siendo ese asunto que se discute y se pacta entre
elites expertas, pero yo no sé sinceramente si ese es el mejor camino. En mi opinión, señorías, lo que realmente crea angustia en la sociedad es el no saber o el no ser informado durante tiempo para luego encontrarse con la necesidad de la reforma
de cuando en cuando. No hay nada más tranquilizador, en mi opinión, que el flujo continuado de datos. Suecia tiene tal vez el sistema de pensiones más transparente de Europa, transparencia que se concreta en el famoso sobre naranja que es remitido
anualmente por la Seguridad Social sueca a cada uno de los cotizantes. Es verdad que las estadísticas del propio sistema sueco indican que un porcentaje de en torno al 60 % de los suecos o no abre el sobre o no lo lee, pero yo les invito a
reflexionar sobre el hecho de que el 40 %, es decir, los que sí lo abren y sí lo leen, es también un porcentaje muy significativo y muy superior, estoy convencido, al porcentaje actual de españoles que se preocupan de recibir y analizar información
precisa sobre la marcha de sus cotizaciones, de sus derechos de pensiones y de la situación general del sistema. Supongo que a ustedes, miembros representantes del Pacto de Toledo, les desazona leer en los periódicos o en las redes sociales esas
opiniones o artículos que dan al sistema de pensiones el tratamiento de fraude piramidal y coquetean con la idea de que algún día las pensiones no se pagarán o se pagarán unas pensiones de pobreza. Pues aquí tienen una herramienta de primer nivel
para contestar a ese falso milenarismo del bienestar, y se llama factor de sostenibilidad. Si no se adopta este factor y este giro de transparencia, como digo, las cosas seguirán, en mi opinión, teniendo esta existencia de Guadiana de la que
hablaba antes, y esto supone que ustedes, señorías, se condenaran a sí mismas a dirigirse cada cierto tiempo a los ciudadanos para anunciarles que tienen que tomar una purga. No se extrañen en ese caso de que los ciudadanos reaccionen
resistiéndose.


Otro tema que me parece importante de este factor es que, al menos en mi opinión, los temidos mercados no castigan por tener problemas, castigan por no arbitrar soluciones. Con un factor como este en vigor, sostener que España no busca
soluciones para las tensiones de su sistema de bienestar pasa a ser simplemente un argumento, nunca mejor dicho, insostenible.


No quiero terminar mi intervención, señorías, sin tratar un asunto que ha dado para mucho en estas jornadas posteriores a la presentación del informe, que es el asunto de la independencia del comité. Obviamente, por respeto a mis compañeros
en el mismo, solo puedo y debo referirme a mi propia independencia. Yo trabajo, esto es bien sabido, en la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, Unespa. Por lo tanto, dedico mis esfuerzos profesionales a las necesidades que en
una serie de campos de conocimiento, sobre todo cuantitativo, tiene el sector asegurador, pero yo no represento a dicho sector, porque la representatividad del seguro es ostentada por otras personas de la organización, como claramente establecen sus
estatutos. Ustedes mismos -me refiero, obviamente, a esta Comisión- han querido conocer varias veces los posicionamientos de la industria aseguradora sobre materias del bienestar y en ninguna de ellas me han llamado mí, ni creo que vayan a hacerlo,
porque ustedes saben, como lo sé yo, que cuando quieren escuchar lo que la industria aseguradora piensa sobre esto o aquello no es a este compareciente al que deben buscar. El trabajo de muchos responsables de estudios -yo soy responsable de
estudios- es muy de carácter interno. Aunque hay servicios de estudios que por su tamaño y proyección ven sus trabajos sometidos al conocimiento público, lo normal es que este tipo de departamentos sirva de forma interna a sus mandos de referencia.
En el departamento de estudios de Unespa llevo ya bastante tiempo trabajando en el ámbito de las pensiones, dada la necesidad de nutrir a mi estructura de un buen conocimiento sobre la materia. Hemos analizando a fondo la reforma sueca, análisis
que cristalizó en un documento que, si no estoy mal informado, fue facilitado precisamente esta Comisión, y que si no lo fue lo será. También se han realizado análisis pormenorizados en el momento de la firma del acuerdo social en Holanda, hace dos
años, si no recuerdo mal, o durante las preparaciones derivadas de la pensions act en Reino Unido. He asumido también la representación de España en el grupo de pensiones de Insurance Europe, que ha realizado el seguimiento de los libros verde y
blanco



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sobre pensiones de la Comisión Europea, a los que aportó en su día decenas de apreciaciones, así como de los trabajos para estudiar la viabilidad de la reforma de la Directiva, llamada aquí de fondos de pensiones de empleo, la normativa
sobre portabilidad y otras. En el marco de todos estos trabajos le fue encomendado a mi departamento el estudio de los factores de sostenibilidad desarrollados en distintos países, estudio que se puso en su día a disposición de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social y que supongo que fue un elemento importante en la decisión de designarme para estar en el mentado grupo de expertos.


Adelantándome quizás a lo que podría ser una pregunta, les diré que yo no he recibido ninguna instrucción, repito, ninguna instrucción ni apreciación sobre mi trabajo ni por parte de personas del staff de Unespa ni de las compañías de
seguros. He desarrollado mi trabajo, por cierto, totalmente desconectado del resto de los servicios de Unespa, que no han visto ni un papel, ni un correo electrónico ni una hoja de cálculo. Los órganos de gobierno de Unespa, de hecho, ya
decidieron en su día que el sector asegurador como tal no iba a elaborar opiniones sobre el primer pilar de la previsión, lo que conocemos como sistema de reparto, por considerarlo extramuros de sus competencias. Esta decisión impulsó la promoción
del grupo consultivo de reflexión sobre políticas públicas para que asumiese esa parte de la reflexión en la que el seguro como tal no quería entrar; trabajo el de este grupo que sus propios miembros han declarado repetidas veces que han
desarrollado en total libertad de criterio. A este respecto hay una última apreciación que quisiera hacer, que en el fondo es más importante que las que hecho hasta este momento, y que se basa en compartir con ustedes mi opinión personal de que en
realidad estas sospechas de connivencias oscuras en el sector del ahorro privado, en la procura de una debilidad o incluso desaparición del pilar público, se basan en un concepto que, en mi opinión, es erróneo de base. Ese concepto es que sistema
de reparto y sistema de capitalización son vasos comunicantes, lo que crece uno lo decrece el otro. Es una idea, repito, señorías, que para mí es falsa de toda falsedad. Ustedes mismos, me refiero al Pacto de Toledo, han admitido implícitamente la
falsedad de este principio cuando han colocado entre sus recomendaciones el desarrollo de los sistemas de capitalización. ¿Acaso querían decir cuando escribieron eso que el sistema de reparto debía decrecer para dejar sitio a aquellos productos
cuyo desarrollo consideraban virtuoso? Tampoco es este el principio que defiende la Comisión Europea cuando en sus libros verde y blanco sobre pensiones, o el propio Parlamento Europeo en su revisión del último de ellos, llama a un mayor desarrollo
de los productos de capitalización en todo el continente.


La verdad de las cosas, en mi opinión, es exactamente contraria a lo que formula este principio. Suecia acumuló durante décadas unos fondos de reserva en el sistema de reparto que son muy superiores a los nuestros, enormemente superiores, y
eso mismo pasaba mientras el segundo pilar de la previsión, la empresa, alcanzaba a capas mayoritarias, prácticamente totales, de los trabajadores. Alemania por su parte, aprueba durante el mandato del canciller Schröder una reforma de las
pensiones que crea productos de seguro calificados fiscalmente, incluso directamente subvencionados en algunos casos, y a día de hoy, una década después, según el último informe de la Comisión Europea, gasta en pensiones más que nosotros en términos
del PIB. Reparto y capitalización no se fagocitan, crecen juntos, justo al contrario. Si lo prefieren, aseguradores y gestores del ahorro no necesitamos que el sistema de reparto se reduzca para expandirnos. Este es el punto de mis palabras en el
que debería quizás empezar a extenderme sobre qué hay que hacer, en mi opinión, para garantizar la extensión del ahorro privado, para hacerlo equilibrado y eficiente, pero no lo voy a hacer porque, lo crean o no, señorías, de este tema no se ha
hablado en la comisión que hoy explica mi estancia aquí, no estaba nuestro mandato; así pues, no influyó lo más mínimo en nuestros análisis y en nuestros trabajos.


Termino, señorías. Un ilustre pensador español y conspicuo miembro en su día de esta Cámara, José Ortega y Gasset, dejó escrito que reconocer la verdad no es nunca un acto pesimista, porque la crítica prepara la posibilidad de una nueva
vida. Algo muy parecido, aunque tal vez más gráfico, lo dijo otro compañero suyo en aquella Cámara, el historiador y diputado Claudio Sánchez Albornoz, cuando llamaba a diagnosticar los males de la patria para así poder prevenirlos. Creo que el
sistema español de reparto es una realidad ilusionante y venturosa, porque atesora los elementos necesarios para garantizar prestaciones suficientes a la sociedad española en el largo plazo, alejando de forma explícita el fantasma de la
insostenibilidad. Para ello, todo lo que tiene que hacer es reconocer o, mejor dicho, aflorar algunas verdades; verdades que les permitirán a ustedes, depositarios de la soberanía popular, actuar en consecuencia, espero que en el mismo tono de
pacto y convergencia con el que lo han hecho hasta ahora. Estamos, por tanto -yo así lo pienso-, ante una propuesta equilibrada, potente y necesaria.



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El señor PRESIDENTE: A partir de ahora, van a intervenir los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Quiero recordarles que disponen de cinco minutos.


Comenzamos por los representantes del Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Me toca abrir el turno y, sinceramente, después de la intervención del señor Vázquez, en la que nos ha expuesto su gran verdad, no sé si absoluta o relativa, comprenderá que en estos momentos me encuentre en una
situación de inferioridad, porque lo que tengo son muchas dudas. Esa situación de inferioridad, además, no me permite alcanzar el conocimiento de esa verdad que usted acaba de exponer aquí partiendo de la base de nuestro sistema de Seguridad
Social, de reparto contributivo, pero también solidario; un sistema de Seguridad Social que además de ser contributivo no impide que también tenga ingresos por otras vías, como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado.


Me gustaría preguntar, a ver si pueden responderme, después de todo lo que nos han dicho esta tarde, cómo se puede justificar que España sea el Estado de la Unión Europea que menos gasto tiene en pensiones, 3 puntos menos que la media
europea y 4 puntos menos que Alemania. Me gustaría que me explicaran cómo es posible que, si hace un año se hizo la reforma de la Seguridad Social partiendo de la base de la sostenibilidad del sistema con una proyección al año 2030, entendamos que
la verdad exige que nos enfrentemos a una reforma de la Seguridad Social con una previsión al año 2050. También quisiera saber por qué han tenido en cuenta para elaborar el informe que ustedes nos exponen esta tarde la realidad actual de la caja de
la Seguridad Social y la previsión de la proyección de la esperanza de vida en el año 2050. Independientemente de que también hayan contemplado en su intervención de hoy cuestiones demográficas, como la natalidad, la inmigración y la emigración, es
una variable que no consta en las reflexiones del informe y mucho menos en las alternativas que sería necesario dar para cambiar algo de lo que inicialmente se indica.


Señores comparecientes, hace un año se hizo una reforma laboral partiendo de esa necesidad de sostenibilidad pensando en el año 2030, y se dieron algunos argumentos. Estos datos del INE a día de hoy nos están diciendo que hay
equivocaciones, porque resulta que esa proyección de esperanza de vida en la que ustedes insisten hoy no se cumple como se planteaba hace dos años; es decir, ya hay una disminución de esa esperanza de vida. Es evidente que también puede haber
variables en relación con la proyección de la natalidad o con el incremento de la población. Por tanto, nos gustaría saber por qué no han tenido en cuenta estas otras variables y por qué tienen en cuenta que a pesar del pleno empleo en el año 2052,
1,7 personas por pensionista no posibilitaría la financiación del sistema. Nos gustaría saber si han tenido en cuenta -y si no lo han hecho por qué- que en la producción inevitablemente tienen que contemplarse el conocimiento y las nuevas
tecnologías, y que yo sepa en el informe esto no aparece por ningún lado. Lo que hoy hacen 1,7 personas hace treinta años -no digo cincuenta ni cien- lo hacían muchas más. Son variables que también sería conveniente que se plantearan, además de la
solidaridad.


Hay una cosa que sigo sin entender, y vuelvo a decir que estoy en situación de inferioridad con respecto a los comparecientes y al informe.


El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: ¿Cómo es posible aplicar el término equidad a la propuesta que ustedes nos hacen de la equidad intergeneracional? Cobraría menos una persona que vive diez años más que otra. La cuestión es que las personas que
se van a jubilar a los 67 o a los 70 años cobrarán una pensión a la que por estadística se le atribuye una esperanza de vida de veinte años, pero a dos personas se les calcula la misma esperanza de vida cuando una puede vivir treinta años y otra
puede vivir diez. ¿Dónde está la equidad en la pensión que va a cobrar esa persona? Puede ser una equidad de sistema, pero no distributiva. Nosotros entendemos que como sistema de reparto y como sistema solidario tiene que ser equitativo y, desde
luego, su propuesta no nos parece que lo sea.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuadra.


El señor CUADRA LASARTE: En dos minutos y medio haré dos reflexiones y media. La primera, una que tengo especial interés en transmitir de parte de Amaiur a todos los miembros del comité. Nosotros tenemos la impresión de que este proceso
que se ha llevado es un inmenso fraude, que las cartas han estado marcadas desde el principio y que el director del casino -ya lo comenté ayer-, el Gobierno del



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PP, es el que ha marcado las reglas del juego. No sé si lo sabrán ustedes, pero no hemos mantenido ninguna discusión en relación con la creación de esta comisión, menos aún con su composición y mucho menos aún con la designación concreta de
todos ustedes. Ha sido el Gobierno del PP el que les ha nombrado. Esto no lo digo yo, lo he leído en los diarios de mayor tirada. Es evidente, ustedes reconocen las vinculaciones directas que tienen con algunos bancos, con la patronal de los
seguros, con Mapfre, con el Banco Bilbao-Vizcaya, etcétera. Ha habido aquí algunas intervenciones señalando la independencia de ustedes mismos. Bueno, ahí está también lo que yo afirmo.


Quería hacerles tan solo un par de preguntas. En declaraciones a la prensa han afirmado que era preciso coger el toro por los cuernos y trabajar por conseguir unas pensiones razonablemente adecuadas. A esto no me contestó ayer el
presidente y por eso se lo vuelvo a repetir hoy a ustedes. ¿Qué es lo que estiman ustedes que es una pensión razonable y adecuada? Digo esto porque con muchos gráficos y muchos datos lo que perdemos de vista es que estamos hablando aquí de
personas con derechos y con dignidad. Por tanto, la pregunta es muy sencilla. ¿Dónde situarían ustedes en una pensión expresada en euros la dignidad de una persona, a partir de la cual esta, por poner un ejemplo, pasa casi a la mera condición de
semoviente? ¿Dónde un sistema de pensiones deja de serlo y pasa a ser un sistema de beneficencia? ¿Lo han calculado también con sus gráficos y con sus proyecciones?


La compañera que ha intervenido anteriormente ha dicho que partimos de las pensiones más bajas de Europa. Solo con las reformas que se han hecho hasta la fecha, la de 2011, las congelaciones, los recortes, etcétera, se ha acumulado una
pérdida del poder adquisitivo de estas pensiones entre un 20 y un 25 %, y ustedes expresamente han afirmado que con sus fórmulas se van a reducir aún más. Esta es una pregunta muy concreta, porque hay que hablar de cosas muy concretas. Ustedes,
los tres que están aquí, si tuvieran que jubilarse con una pensión de 700, 800 o 900 euros, ¿pensarían que es adecuado al trabajo que han realizado, que es digno para ustedes? ¿Pensarían algo de esto? En caso de no ser así, por qué piensan que lo
que no es bueno para ustedes sí lo es para millones de personas que van a sufrir esta situación, por debajo de los umbrales de la dignidad. En opinión de mi grupo no están cogiendo ustedes el toro por los cuernos, están favoreciendo que a quienes
se coja sea a 9 millones de pensionistas por el cuello. Hoy mismo sale la noticia en la prensa de que el número de millonarios en el Estado español ha crecido un 5,4 % en el último año y sin embargo los sueldos y las pensiones han perdido poder
adquisitivo. El reparto de la tarta sigue siendo tremendamente desigual y cada vez más favorable, cogiendo cada vez más velocidad, a las rentas del capital. ¿Creen ustedes que esto es sostenible? ¿Hasta cuándo puede ser sostenible, según sus
cálculos, una injusticia de este tamaño? Estas son las preguntas que quería hacer.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En la parte que he podido escuchar, quiero agradecer la brillantez y la ilustración de sus reflexiones. Intentaré realizar alguna pregunta que, en estos tiempos de la historia, en este momento -parafraseando a
Silvio Rodríguez- pueda resultar mínimamente coherente. En este momento acabo de recibir un documento del Fondo Monetario Internacional en el que nos reclaman otra reforma laboral y en el que lo único que salvan, desde una perspectiva muy
especulativa y muy teórica, es el informe de sostenibilidad elaborado por ustedes, no sin matizaciones y sin algún tipo de reservas.


Soy un humilde profesor de Derecho del Trabajo que he conocido lo que explico a mis alumnos y lo que dimana de la legislación en el ordenamiento jurídico vigente (vigente formalmente, no sé si materialmente; uno ya empieza a tener dudas
kantianas sobre estas cuestiones, porque cuando uno defiende el ordenamiento jurídico tal como está configurado en materia de pensiones o de derecho del trabajo, le acusan de ultraortodoxo, de talibán y de cosas parecidas a estas, que no sé hasta
qué punto estas imputaciones se puede hacer con la suficiente legitimidad), en tanto en cuanto las normas que configuran el entramado socio-laboral en materia de pensiones y de derecho del trabajo siguen vigentes todavía, y sobre todo siguen
teniendo una impronta constitucional que está captada no de la Constitución española del año 1978, como una creación ex novo, sino de la Constitución de Weimar y de los paradigmas del Estado del bienestar y de otras constituciones europeas. Desde
esta perspectiva, la pregunta que le puedo hacer es hasta qué punto estamos en un contexto de soberanía político-económica suficiente como para poder hacer alguna reflexión coherente que nos permita especular razonablemente sobre cuál puede ser el
futuro de nuestras pensiones.


Ustedes han hecho reflexiones de naturaleza econométrica, demográfica y económica. Yo sé perfectamente cuáles son los problemas del sistema de pensiones, sé lo que está ocurriendo en el ámbito



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de las pensiones, y están ocurriendo cosas verdaderamente graves. La tasa de dependencia tiene el riesgo de ser tasa de dependencia cero en poco tiempo si realizamos la adición del número de pensionistas, más de 9 millones; tasa creciente
en tanto en cuanto cuando se configuró la edad legal de jubilación totémica de 65 años nos encontrábamos en el año 1919, y en esa fecha superaban esta edad, no la jubilación sino esta edad, solo el 10 % de la población, y en este momento las
expectativas de vida tras los 65 años -la edad de jubilación hoy ya no serían los 65 años sino 65 años y cuatro meses- son veinticuatro años para los hombres y veintisiete años para las mujeres, con tendencias crecientes en ambos ámbitos. Esto no
lo puedo ignorar. Pero también nos encontramos con que estamos en una situación en la que la población activa está decreciendo por dos efectos: los extranjeros que retornan a sus países de origen y los jóvenes que están buscando trabajo en el
extranjero, que son los que pertenecen a la generación seguramente con mayor cualificación profesional de la historia. Esto va a provocar en el año 2016, según el cuadro macroeconómico presentado por el propio Gobierno español, una cifra del 25 %
de desempleo, que no va a ser un 25 % en sus propios términos, sino que será el 25 % condicionado con la reducción de la población activa, es decir, que será un 26 % o un 27 % y antes de 2016 no conviviremos con porcentajes de desempleo que sean
inferiores a 6 millones de desempleados o probablemente a 7 millones. A esto se le pueden añadir otros fenómenos, como la generación del baby boom, que son personas pertenecientes a unidades familiares de 5 o de 6 hijos que se empiezan a jubilar y
cuyas pensiones serán financiadas por unidades familiares de 1 o 2 hijos, o de algunos aventureros que hemos decidido tener hasta 3 hijos, rayando en la extravagancia. Todo esto lo conocemos.


Quería referirme a algunas cuestiones. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional permite una especulación razonable, dadas las evaluaciones permanentemente cambiantes de lo que está sucediendo en la zona euro. ¿Ustedes creen que se
puede hacer en este momento una especulación razonable y una foto fija -me conformaría con que me digan que se puede hacer hasta una foto difusa- dados los requerimientos de la troika, los requerimientos comunitarios? En segundo lugar -quiero ser
extravagante otra vez-, soy muy tributario de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, interpretando el contenido esencial de su artículo 41 y los principios del carácter universal, el carácter suficiente, el carácter público de las
prestaciones, reinterpretadas por una sentencia, que no por más repetida deja de tener relevancia, del año 1987, en la que se identifica en qué consisten estos conceptos en relación con la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1985, donde
se incorporan por primera vez las medidas anticúmulo si se topan las pensiones máximas de jubilación. ¿Pero es que ya tenemos que prescindir también de que las pensiones sean suficientes, tal como las configura el Tribunal Constitucional, para
subvenir las necesidades ordinarias de la vida, prescindiendo del IPC como elemento de referencia? ¿Puede resultar razonable desde la perspectiva de los requerimientos de la Constitución española? Se lo dice un miembro del Partido Nacionalista
Vasco al que se le atribuye la condición de partido no constitucionalista, cosa difusa también, porque los partidos constitucionalistas leen con mucho detenimiento algunos preceptos de la Constitución y con menos otros y además los relativizan,
particularmente los que hacen referencia a los derechos económicos y sociales. ¿Vamos a tener que prescindir del requerimiento de irregresividad en cualquier reforma de pensiones? El Tribunal Constitucional ha dicho que cualquier reforma del
sistema de pensiones al menos tiene que mantener o incrementar el sistema previgente en el ámbito del nivel o cuantía de protección y de los requisitos de acceso a ese nivel de protección. ¿Tienen que dejar de ser públicas las pensiones? ¿Tienen
que dejar de ser universales? Tendríamos que terminar optando por un sistema híbrido en el que unas contingencias fueran protegidas por un sistema público y otras por un sistema complementario privado, tendríamos que prescindir de lo que algunos
somos tributarios, pero de forma crecientemente marginal.


El señor Coscubiela intervendrá después de mi, y los que somos profesores e impartimos esta asignatura nos sentimos no solo preteridos sino una especie de raras avis, de personas extravagantes que predicamos como Jesucristo en el desierto,
ante la incomprensión de esta invocación, porque algunos -y con esto acabo, señor presidente- representantes ilustres del Gobierno del Estado español dicen que ya el sistema de fuentes de derecho que ellos reconocen, que el Estado español
reconoce...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...no es la estructura piramidal del profesor Kelsen, que la única fuente de derecho que se reconoce es el ahorro. Si estamos hablando de esto, y ustedes están hablando de estas características, solo me gustaría
que me lo reconozcan.


Reproduzco mi agradecimiento por sus ilustres reflexiones.



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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Quisiera comenzar mi intervención dando la bienvenida a los tres comparecientes a la Comisión y agradeciéndoles el material y la información que nos han suministrado, en mi opinión, con una actitud que es la
adecuada para unos expertos. Ustedes nos dicen correctamente: proporcionamos un material, unas reflexiones para iluminar, para guiar la decisión, pero la decisión en último término corresponde a esta Comisión, al Parlamento, a la sede de la
soberanía popular. Por tanto, repito, les agradecemos ese material.


Voy a intervenir muy brevemente, porque ya tuvimos ocasión ayer de debatir con el presidente de la comisión y hubo algunas reflexiones de carácter general que ya le hicimos y que él contestó. Por tanto, solo voy a ceñirme a las cuestiones
que quedaron pendientes en esa intervención. La primera de ellas es que él nos remitió expresamente a ustedes cuando le preguntamos por el origen intelectual de las dos fórmulas que nos proponen. Continuamente estamos debatiendo sobre esos dos
factores de sostenibilidad, y quisiéramos saber de dónde vienen. ¿Se sentaron con un papel en blanco, debatieron y llegaron a la conclusión de que este era el enfoque adecuado, o tienen algún precedente académico, algún trabajo previo?
¿Consideraron otras alternativas y las descartaron porque pensaron que estas eran las más adecuadas? En ese espíritu de transparencia que propugnan, creemos que es una información interesante de cara a la sociedad, porque partimos de estas fórmulas
como dadas, pero sería bueno saber cómo se ha llegado a ellas. Aunque hay un anexo en el informe un tanto escueto, quisiéramos, si es posible, una pequeña comparación internacional con otros países que permiten factores de sostenibilidad. Se habla
de este factor como de tercera generación, que va más allá, pero nos gustaría saber qué ventajas o inconvenientes tiene respecto a los factores de sostenibilidad que ya utilizan países europeos de nuestro entorno.


La otra cuestión que quedó pendiente del debate de ayer son los plazos con los que ha trabajado la comisión. En otros países, cuando se han debatido cuestiones de esta importancia, que van a afectar a millones de personas durante décadas,
ha habido un proceso lento de reflexión, se ha plasmado en un libro blanco, han intervenido ministerios y todo tipo de actores. La comisión ha trabajado en unos plazos muy apretados, en unas semanas; de hecho, se trasluce en el propio informe,
puesto que hacen alguna mención a que no ha habido tiempo de hacer las simulaciones necesarias con datos oficiales. La pregunta es a qué ha obedecido esa premura. ¿Los plazos estaban previamente marcados o la propia comisión se autoimpuso estas
prisas por algún motivo? ¿Cuál es la razón para haber trabajado en un plazo tan breve?


La última cuestión, en la línea que apuntaba el señor Vázquez, es que ustedes nos han traído un informe que comparten en una especie de mínimo común denominador, pero siendo especialistas en el tema seguro que hay otras opiniones personales
que son propias y no necesariamente compartidas con los otros expertos. Si lo consideran conveniente, sería una buena ocasión para que nos proporcionaran información adicional -mi grupo se lo agradecería- que pueda no estar en el informe de cómo
creen que habría que encarar este proceso de definición del factor de sostenibilidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Me gustaría aclarar a los expertos que comparecen hoy una idea que apareció ayer. Hablamos de cartas marcadas, de un proceso un poco tramposo. Quiero aclarar que no se refería a ustedes sino al proceso del
Gobierno. ¿En qué consiste la trampa? El Gobierno decide adelantar una cosa que la Ley 27/2011 está previendo para mucho más adelante y no lo justifica, no comparte esa decisión con el Pacto de Toledo. A continuación, a pesar de que tiene los
mejores expertos en Seguridad Social y en cálculos actuariales dentro de la Seguridad Social, los únicos que no se han equivocado hasta ahora en las previsiones, decide crear una comisión de expertos y, además, le da una determinada composición;
composición que es legítima, porque nadie pone en duda ni su carácter de expertos ni su honestidad, pero que viene muy marcada porque la inmensa mayoría de ustedes ya habían hecho pública su opinión al respecto, incluso en algún caso, como nos acaba
de reconocer en estos momentos, el señor Vázquez Burgos había entregado estudios concretos de Unespa al Ministerio sobre cuál debía ser el cálculo del factor de sostenibilidad. Está claro que de esas naranjas, de doce o de nueve o las que sean, no
puede salir un saco de manzanas, sale lo que sale. Eso es a lo que me refería. Déjenme que les diga que creo que ustedes han seguido bastante bien el guión, porque abordar el enfoque como



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lo han hecho, planteando por ejemplo solo determinadas variables de gastos y demográficas supone, como mínimo, la duda de que el resultado final estaba prejuzgado desde ese punto de vista.


Entrando en materia, quiero agradecer al señor Conde-Ruiz la prudencia e incluso el escepticismo con el que ha planteado racionalmente sus previsiones, lógico y exigible en cualquier científico social y al mismo tiempo la honestidad en
reconocer que se acaban de hacer públicos los datos del INE que, como mínimo, con el método científico deberían hacer dudar al menos de si todo el andamiaje con el que se ha construido esa previsión es cierto o habría que intentar ponerlo en duda.
Le agradezco a usted, solo a usted, ese talante. Déjenme que les diga que el análisis es sesgado y desequilibrado, al menos desequilibrado. Ustedes parten de un hecho indubitado y es que está todo previsto para que haya un incremento de la
esperanza de vida y, desde ese punto de vista, un aumento significativo de la tasa de dependencia. Salvo que haya una catástrofe, incluso con algunos de los parámetros de cambio que se van a producir, eso es así. A continuación ustedes nos sitúan
en una cierta trampa dialéctica -lo digo desde el respeto-, porque analizan los términos demográficos y ni sitúan la inmigración, que es un dato que ha tenido mucho que ver con la evolución de nuestro sistema de pensiones en los últimos años, ni tan
siquiera una cosa que el señor Conde-Ruiz ha apuntado hoy que es el elemento de la incidencia que podía suponer la mejora de las tasas de natalidad en un sistema de reparto o las aportaciones de futuros cotizantes. Es verdad que no van a tener
impacto en los años en los que estamos teniendo cuello de botella, pero tiene una proyección hacia delante. Una tasa de natalidad que además es una de las claves de esos sistemas que a veces citamos para lo que nos interesa y en cambio no lo
hacemos cuando no nos interesa y que requiere unas políticas de familia muy concretas. Incluso en relación con las previsiones demográficas, el dato no es que se haya hecho público ese cambio de tendencia, que veremos si se consolida o no. El dato
es que el cambio de tendencia más importante se hace en relación con la expectativa de vida a partir los 65 años y eso, perdonen que les diga, lo anunció Ana Cabré, la demógrafa del Centro de Estudios Demográficos el año pasado en un encuentro que
tuvimos oportunidad de celebrar en la Universidad Menéndez Pelayo. Dijo: cuidado con las previsiones demográficas. Hay dos cuestiones, primero, los datos se están situando hacia el 40 y después hay una caída desde ese punto de vista y, segundo,
es bastante probable que con el impacto de la crisis la mejora de la expectativa de vida baje o se paralice. Aquí nadie tiene en cuenta esos parámetros. Partimos de una verdad de fe, de un hecho prácticamente teológico, sobre el que construir una
serie de propuestas. Hay otros parámetros que ustedes no han tenido en cuenta: la evolución del empleo, la cantidad y calidad de empleo y la mejora de la productividad. ¿Son conscientes que con la argumentación que nos han traído aquí, aplicando
esa lógica, la Seguridad Social contributiva de reparto del siglo XX no hubiera sido posible en ningún país europeo? Si nos trasladamos a 1900 o 1920 y utilizamos los mismos parámetros de mejora de expectativa de vida, tasa de dependencia y las
tasas de creación de empleo y de productividad que había en aquel momento, hoy ningún país europeo tendría Seguridad Social. ¿Por qué? Porque las claves precisamente han estado en esos elementos que tienen que ver con lo que ustedes no han
analizado. Le agradezco al señor Conde-Ruiz una cosa, que le ponga difícil la estrategia al Gobierno, porque es verdad que el informe abre una serie de variables políticas y lo dice bien claro. Se puede hacer lo que las instituciones digan porque
es posible llegar a un nivel de gasto del 13,6 o del 14 %, simplemente se ha de decir cuánto y de dónde sale. Se lo agradezco con sinceridad, porque además eso le va a dificultar al Gobierno y ya nos encargaremos nosotros de que no les utilicen a
ustedes como coartada para lo que ya tiene decidido. Discrepo en todo caso en relación con una cosa que ha formulado y les pido que reflexionen sobre ello. Es verdad que pasar del 10,7 al 13,5 o al 14 no es posible solo con ingresos contributivos,
todos lo sabemos. Pero afirmar, como lo ha hecho usted, que no se puede pasar de la tasa actual de participación en el PIB solo con ingresos contributivos es negar la realidad del sistema de Seguridad Social desde 1978 hasta ahora. Hay una
variable que estamos estudiando y poniendo encima de la mesa que es importante. Tenemos en estos momentos un problema, ya no solo de mejora del empleo al que tenemos que aspirar, sino también de mejora de las bases de cotización. Tenemos un
elemento clave: existen algunos conceptos que en estos momentos no cotizan a la Seguridad Social y existen además unas bases máximas. (El miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones,
Conde-Ruiz: En el PIB). También habría otra posibilidad de que si el PIB baja, a lo mejor hasta subimos. Lo comento simplemente.


Por último, y en relación con este apartado, voy a hacer dos comentarios en relación con el FEI y el FRA. El FEI, ustedes han renunciado a plantearnos la idea inicial de las cuentas nocionales que muchos de ustedes, no todos, han defendido
públicamente, pero en el fondo nos colocan ese concepto por la



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puerta de atrás y nos sitúan en un concepto de idea de capitalización que es el siguiente: no es posible que los que se jubilen ahora cobren más pensión si se jubilan ahora que los que se jubilaran en el año 2020 en función de la
perspectiva de la esperanza de vida. Esa idea no tiene nada que ver con el concepto de sistema contributivo de reparto de prestación definida, porque además eso está hecho sobre unas previsiones que, primero, no está claro que se vayan a cumplir y,
segundo, que no se van a cumplir necesariamente en todas las personas que van a tener una expectativa de vida. Ustedes utilizan un concepto de capitalización desde esa perspectiva para incorporarlo al elemento de reparto.


En el tema del FRA, discúlpenme, el argumento de que su fórmula es más garantizadora para los ciudadanos que la actual no aguanta ni un segundo. Es verdad que en veintitrés años ha habido dos años que no se ha cumplido, pero qué garantías
hay de que la fórmula que nos propongan tampoco la cumpla el Gobierno de aquí a tres años. No se da cuenta de que ese argumento no se aguanta. Por supuesto que una vez acordada una cosa por un Gobierno, ese u otro Gobierno lo puede cambiar, pero
tiene tanta sostenibilidad la fórmula de revalorización actual como la que nos proponen.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Se lo digo solo porque, no es su caso señor Conde-Ruiz, de verdad, en algún momento hemos comentado con algunos compañeros que hemos tenido la sensación de que les poníamos en duda, nosotros no ponemos en duda su
condición de expertos, pero no consideren que los que estamos aquí no tenemos ni idea de Seguridad Social y sobre todo si es posible, si nos quieren convencer, no estaría mal un poco menos de -a ver qué palabra utilizo- soberbia o de autosuficiencia
intelectual en relación con nosotros y con la sociedad en su conjunto.


Le formulo las preguntas que le planteé ayer al presidente, porque él decidió dejar la encíclica para su segunda intervención.


El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto para plantear las preguntas, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Si nos hubieran informado solo sobre el contenido, a lo mejor hubiera sido una intervención más breve, como además nos han adoctrinado, necesito desadoctrinarme. ¿Pueden ustedes explicar por qué sus cálculos de
sostenibilidad ni tan siquiera han tenido en cuenta las previsiones del impacto de la Ley 27/2011? ¿No les parece un tanto extraño eso desde un punto de vista científico? ¿Pueden explicarnos por qué, a pesar de que citan mil veces que es posible
incrementar los ingresos, no le hayan dedicado nada a concretar esa cuestión? ¿Nos pueden explicar su planteamiento de garantizar que otros ingresos públicos establezcan un suelo de garantía, si eso sería posible no solo para el valor nominal, sino
para el valor real? Para finalizar, la última pregunta, ya que ustedes insisten mucho en la transparencia y en esa información que los suecos reciben de forma tan maravillosa periódicamente, una fórmula sería que lo que el Gobierno decida hacer no
se aplique hasta transcurridos 5 o 6 años desde haberlo acordado y mientras se analice el impacto en todas y cada una de las personas y también en términos agregados, no sea que las suposiciones fallen,...


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: ... porque lo mejor es hacerlo sobre casos concretos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero agradecer también a los comparecientes su presencia esta tarde. El debate es bueno, la discusión es buena, a algunos de ustedes les va la marcha, a esta Comisión también (Risas), por tanto el debate
tiene un punto de apasionamiento. Creo que es bueno y no es otra cosa que el indicativo de que a todos nos interesa y nos apasiona la cuestión que estamos discutiendo. Que nadie se sienta incómodo en la discusión, al menos los que estamos sentados
en este lado de la Comisión estamos acostumbrados a saber discutir sin que eso implique ni mucho menos una descalificación de tipo personal, lo digo para rebajar un poco algún momento de tensión que quizás hemos tenido. La dimensión del reto
demográfico está más que asumida. Precisamente si existe el Pacto de Toledo desde 1995 es que desde ese año el sistema de partidos políticos en España y los agentes sociales están muy de acuerdo en que se plantea un reto sobre el sistema público de
pensiones que está



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vinculado básicamente a la demografía y todas las reformas que se han hecho desde entonces responden a esta idea. No comparto alguna afirmación que se ha hecho y que incluso figura mal explicada en el informe, con un punto de adanismo, como
si la cuestión demográfica se descubriese a raíz del informe realizado. La cuestión demográfica está en el centro de todas las reformas que se han aplicado, si no, no tendría sentido nada de lo que hemos hecho y simplemente hay que remitirse a
todos los informes del Pacto de Toledo que siempre han incorporado las previsiones demográficas fundamentalmente del Instituto Nacional de Estadística.


Segunda cuestión, lo ha dicho el señor Conde-Ruiz, -y se lo agradezco- y lo quiero recalcar, la importancia de la reforma de 2011. En términos políticos, el error de algunos de no apoyar esa reforma, porque el proceso que ahora estamos
iniciando tendría mayor solidez política si quien hoy gobierna hubiese tenido la responsabilidad de apoyar esa reforma. Es difícil que ahora se nos reclame a todos los grupos consenso, cuando hace cerca de un año y medio se pusieron todos los
impedimentos para alcanzar un consenso amplio en esta Cámara. Consenso que fue posible en el marco del diálogo social. No es una cuestión a la que ustedes deban de responder, para nada del mundo, pero para ajustarnos también al debate de las
próximas semanas eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos portavoces han dicho algo que algunos no terminamos de entender de su informe, es ese cierto desajuste en relación con la reforma ya en marcha, porque la incorporación del factor de
sostenibilidad como mecanismo de ajuste automático de los parámetros del sistema en función de la esperanza de vida respondía a la finalización de los ajustes paramétricos que se alcanzaban en 2027. Ustedes, en la construcción teórica, no elaboran
el factor de sostenibilidad bajo esa lógica, sino que lo incorporan ex novo, como si no respondiese a la reforma aprobada en 2011. Es lo que me chirría fundamentalmente del enfoque global del informe que han realizado. Se centran ustedes -y ahí sí
que la ley del año 2011 hace referencia a ello, no en exclusiva, no de manera central- en la esperanza de vida y el ajuste automático en función de la misma siempre tiene dos tipos de riesgos. Un riesgo, que alguien puso de manifiesto en los
debates de ayer, que es la diversa esperanza de vida en función de la clase social, del tipo de trabajo que se realiza, del tipo de estilo de vida. Estamos siempre calculando una esperanza de vida media sin tener en cuenta ese tipo de situaciones.
A quienes hayan tenido una mejor vida y un estilo de vida más sano y quizás empleos que hayan afectado menos a su calidad de vida esta medida podría serles justa. A quienes han tenido estilos de vida menos saludables o empleos más duros, con mayor
desgaste físico, les estamos condenando a cobrar menor pensión. Sin que además muchas de esas decisiones hayan respondido a una voluntad individual, sino a las circunstancias de la vida que las personas no controlamos. Un segundo riesgo -y alguien
lo ha dicho-, ¿tenemos la seguridad de que los datos del INE, que son proyecciones, nos dan suficientes elementos para permitir afirmar que condicionamos la cuantía de la pensión sobre la base de una proyección que efectúa el INE? Algunos expertos
formulan que quizás es mejor trabajar no tanto con expectativas, sino con datos reales sobre las cohortes existentes a las que les afecte esa cuestión. No me parece un debate menor. Mi grupo ha pedido que comparezca el representante del Centro de
Estudios Demográficos en esta Comisión, porque tengo la impresión de que en el grupo de doce expertos -corríjanme si me equivoco- no hay ningún demógrafo. Me preocupa que siendo central la esperanza de vida, entre las personas que el Gobierno
nombrase no existiese ningún demógrafo. Si los datos del INE nos sirven para determinar una cuestión tan relevante son importantes.


Último comentario. Este libro, que ustedes seguro que conocen de Barr y Diamond sobre la reforma de pensiones, que es muy sugerente, y algunos de mis colegas saben que voy haciendo propaganda del mismo, cuando analiza los ajustes de las
pensiones en función de la esperanza de vida, los autores defienden opciones distintas, existen opciones distintas para que la esperanza de vida ajuste las pensiones. Por ejemplo, podría afectar a la edad legal de jubilación. Es una de las
opciones que dan los autores. En este sentido, hubiese preferido que ustedes nos formulasen diversas opciones a elegir. Un menú para elegir, no un plato único. Es cierto que en el plato único que nos ofrecen existen ingredientes que podemos
modular, pero el plato es único. Si hubiera habido un menú para permitir al trabajo parlamentario tener mayor capacidad de poder buscar posiciones de acercamiento, porque al Gobierno también le han trasladado una patata caliente difícil. Porque
está su opción, sobre la que el Gobierno deberá elegir cómo la compone. Quizá con un menú de dos o tres opciones hubiesen dado más posibilidades al acuerdo político. Quiero agradecerles su intervención y decirles que he de ausentarme y deberé leer
sus intervenciones en el 'Diario de Sesiones', porque presido un grupo de trabajo que hace un cuarto de hora tenía que haber empezado su sesión.



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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Valerio Cordero.


La señora VALERIO CORDERO: Vaya por delante el agradecimiento de nuestro grupo por su buena disposición, por el trabajo que han realizado en tiempo, a nuestro juicio, excesivamente récord, dadas las prisas que demuestra el Gobierno de
España, el Gobierno del Partido Popular, en materializar cuanto antes una importante reforma de nuestro sistema público de pensiones con algo que a nosotros no nos cabe ninguna duda que es con el evidente objetivo de recortar las mismas, tanto en el
presente como en el futuro. Eso que hace nada, en torno a dos años, les pareció muy dura la Ley 27/2011. En relación con el informe que han elaborado hay algo que ya manifestó ayer el señor Campuzano aquí en esta Comisión en la comparecencia de
don Víctor Pérez Díaz y que quiero volver a reiterar porque me pareció un poco grave. Hoy lo han intentado subsanar aquí de viva voz algunos de ustedes. En la página 2 de su informe dice que debería abordarse esta reforma en España, aunque no se
atravesara una profunda crisis económica, porque en realidad debería haberse abordado hace bastantes años. Sinceramente, ya digo que hoy lo han rectificado mínimamente, parece como que no considerasen el trabajo que han hecho los diversos Gobiernos
a lo largo de estas décadas, los parlamentarios, en especial esta Comisión del Pacto de Toledo, los agentes sociales y económicos, desde que se aprobó la Constitución española del año 1978, intentando hacer sostenible nuestro sistema público de
pensiones, desde aquella gran reforma del año 1985 hasta la última del año 2011, con la decisión importante de crear un Fondo de reserva, que sea un sistema de reparto, pero atenuado, lo que ha posibilitado que en estos momentos tengamos más de
63.000 millones de euros en ese Fondo de reserva y que hemos tenido 67.000 a 31 de diciembre de 2011. Se ha estado trabajando durante todas estas décadas para que el sistema sea sostenible, para que lo sea económicamente, pero también apostando por
la cohesión social, porque el sistema público de pensiones es un pilar esencial del Estado del bienestar y, desde luego, siempre siguiendo el mandato constitucional del artículo 41 de la Carta Magna.


Han dedicado ustedes, los tres comparecientes, una parte de su intervención a defender su independencia. Eso significa que prácticamente todos han defendido y he pensado, cuando les estaba oyendo, no hay mejor defensa que un buen ataque.
No les voy a preguntar a alguno de ustedes, como el señor Vázquez que tiene una vinculación importante con Unespa o el señor Conde con Aviva, si se consideran independientes, porque ya han dicho que sí que son independientes y neutrales, etcétera,
así que me ahorro la pregunta. Hay una cosa que me preocupa. En un reciente informe que lo mencionaba el señor Vázquez de Unespa, pero también en la revista de Aviva que acabamos de recibir todos los miembros de la Comisión, usted señor Conde,
mantiene aquí una intervención que termina: Por último, el sistema actual debería evolucionar hacia un sistema de pensiones de reparto, no de capitalización -aclara- con cuentas nocionales. Es decir, usted apuesta por un sistema similar al de
Suecia. Es lo que creo entender de esto. Me pierdo un poco. ¿Consideran que la propuesta que contiene el informe que hoy estamos analizando y que ustedes han afirmado es un parche, que solo es viable la reforma estructural planteada por Unespa y
por el señor Conde en Aviva? Hoy me ha sorprendido porque ha dicho usted, lo he apuntado textualmente: el sistema público de reparto es el mejor del siglo XX y la principal institución del Estado del bienestar. No sé si hoy considera esto. (El
miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, Conde-Ruiz: Las cuentas nocionales van en el reparto). Lo de las cuentas nocionales no nos lo ha contado usted ahora, porque si están de
acuerdo con las cuentas nocionales, concretamente usted señor Conde, por qué no ha planteado un voto particular. Yo me pierdo sinceramente. Saben además que la implantación de un sistema de cuentas nocionales supondría una reducción en los
importes de las pensiones entre un 35 y un 50 %, que ya hay estudios de expertos que lo establecen. Son dudas que dejo encima de la mesa.


En el informe efectúan una visión parcial y bastante fatalista de nuestro sistema público de pensiones y de su evolución, centrando únicamente su foco de atención en las debilidades y no en las fortalezas. ¿A su juicio, nuestro sistema
público de pensiones no tiene elementos de fortaleza? ¿Solo el sistema español es el que tiene problemas futuros, según ustedes, en cuanto a su viabilidad? Digo esto porque ningún planteamiento de reforma de los otros sistemas ha llegado tan
lejos, desde el punto de vista de los recortes a efectuar, para su mantenimiento. Ustedes hablan de un factor de tercera generación, lo que denomino triple salto mortal con pirueta: primera generación, segunda generación, tercera generación. ¿No
creen que antes de aplicar el factor de sostenibilidad que proponen, que supone un evidente recorte



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en las pensiones presentes y futuras, no habría habido algún margen para una reformulación del propio sistema de carácter integrador buscando soluciones que respeten nuestro modelo?


El Real Decreto-ley 5/2013 circunscribe el mandato que da al comité, del que ustedes forman parte, para la elaboración de un factor de sostenibilidad en los términos de la Ley 27/2011, es decir, en atención a la evolución de la esperanza de
vida, a partir de los 57 años, una vez que ya había culminado el proceso de implantación de las reformas paramétricas que establece la propia ley. ¿Me podrían justificar por qué han desbordado, se han extralimitado y han ido más allá del mandato
que les marcaba el Real Decreto-ley 5/2013? ¿Podrían decirme cómo va a actuar el factor de sostenibilidad intergeneracional con las modificaciones paramétricas de la Ley 27/2011 y su aplicación transitoria? Les hago esta pregunta, ya que ayer el
presidente del comité de expertos nos suscitó -a mí por lo menos- bastante intranquilidad, porque dijo que las simulaciones realizadas no son suficientemente precisas y que no han tenido en cuenta el periodo de transición de la Ley 27/2011 y que los
técnicos de la Seguridad Social van a tener que hacer estas simulaciones más en profundidad, ya que ustedes no han tenido tiempo para realizarlas. Sin embargo, sin esas simulaciones nos hacen todas estas propuestas. Dentro del factor de
sostenibilidad que proponen incluyen el denominado familiarmente FRA, factor de revalorización anual, en este caso se extralimitan en el mandato contenido en el Real Decreto-ley 5/2013. ¿Tratan ustedes de solventar este problema con este nuevo
factor de revalorización que se inventan? Este factor parece, a nuestro juicio, más bien diseñado para conseguir el objetivo de déficit cero a costa de nuestros pensionistas. Esta es una pregunta para el señor Vázquez Burgos, porque además ha
insistido mucho en la transparencia, en dar participación a la ciudadanía, en estar en un permanente contacto con la ciudadanía y saber qué sistema de pensiones quieren en cada momento: ¿Considera usted que este informe que han elaborado contribuye
a tranquilizar a los pensionistas actuales sobre las actuales pensiones y a los futuros pensionistas? ¿Pueden seguir creyendo estos futuros pensionistas en nuestro sistema público de pensiones?


Concluyo. Nuestro grupo tiene en especial una gran preocupación por el sentir de millones de personas, algunos de los cuales nos están siguiendo, los más de 8 millones de pensionistas que en estos momentos sienten, ya no incertidumbre o
angustia, sino miedo por lo que pueda pasar con sus pensiones en el peor momento, tras los recortes en la sanidad pública, en la ley dependencia, con el repago farmacéutico, con el medicamentazo, cuando ahora mismo hay muchos que están manteniendo a
sus hijos y a sus nietos, ahora tocar las pensiones es atacar una de las señas de identidad de nuestro Estado social y democrático de derecho, uno de los pilares del Estado del bienestar, y puede verse tocada la cohesión social.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora Valerio.


La señora VALERIO CORDERO: Termino. Puede ser un ataque a la cohesión social y atacarla es el prolegómeno o la antesala de quebrar la paz social en nuestro país. Les rogaría, de verdad, que en esta situación, cualquier propuesta que se
haga sea muy prudente y tenga todos, todos, los datos muy claros, porque, si no, estaremos empezando la casa por el tejado y no por los cimientos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor García Pérez.


El señor GARCÍA PÉREZ: En primer lugar, quiero dar las gracias a los comparecientes, señores Lagares Calvo, Vázquez Burgos y Conde-Ruiz, por la claridad de sus exposiciones y, sobre todo, por decir lo que piensan, aunque haya algunos a los
que no les guste escuchar lo que dicen. El Grupo Parlamentario Popular apuesta por un sistema de pensiones público, fuerte y solvente. La Seguridad Social no tiene fecha de caducidad. Siempre ha estado allí y lo seguirá estando para atender a las
pensiones de hoy, a las de mañana y a las de pasado mañana. Su misión es irrenunciable: certificar que todas las generaciones podrán recibir prestaciones adecuadas y suficientes. El monedero de la Seguridad Social llega cada mes a más jubilados y
a más mayores, pero no podemos olvidar que ese mismo monedero ha de servir también para atender a las generaciones siguientes. El Grupo Parlamentario Popular apuesta por la sostenibilidad del sistema público de reparto, teniendo como objetivo
alcanzar pensiones dignas y suficientes. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, en su artículo 8, factores de sostenibilidad, establece: Con el objetivo de mantener la
proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad. La Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera plantea, en su artículo
18, medidas automáticas de prevención. El Gobierno, en caso de



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proyectar un déficit en el largo plazo del sistema de pensiones revisará el sistema aplicando de forma automática el factor de sostenibilidad. En la recomendación del Consejo Europeo sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España y
en el acuerdo del Consejo de la Unión, en fecha 10 de julio de 2012, se establecía asegurar que la edad de jubilación vaya aumentando en función de la esperanza de vida a la hora de regular el factor de sostenibilidad previsto. Tiene el compromiso
de su ordenamiento jurídico y el compromiso político en el marco de la Unión Europea de desarrollar este factor, que no es algo ajeno ni novedoso.


El informe que nos han presentado es un documento de trabajo de los expertos con un esquema de los análisis y propuestas de carácter técnico. El factor de sostenibilidad no altera los principios básicos que configura la Seguridad Social
española, que se basa en un modelo de reparto, prestación definida, básicamente contributivo, y de solidaridad generacional. Asegura su equilibrio y su viabilidad financiera a medio y largo plazo. El factor pretende asegurar la respuesta del
sistema frente al desafío demográfico, esperanza de vida y envejecimiento, y a los riesgos económicos que producen efectos que desequilibran la estructura de ingresos y gastos del sistema. El factor de sostenibilidad no se diseña para recortar
pensiones, sino para asegurar su pago. Lo que recorta las pensiones es que no haya recursos para financiarlas. El factor de sostenibilidad no sustituye la necesidad de reforma interna para mejorar la equidad y la eficiencia, con el factor se pone
en evidencia qué desequilibrios pueden afectar a su capacidad de pago. La decisión de cómo corregirlo sigue siendo política. El factor de sostenibilidad hace visible lo que el sistema puede pagar por sí mismo, pero no condiciona que las decisiones
de la sociedad puedan mejorar su capacidad de ingreso o determinar la naturaleza de los gastos a realizar. Siempre podrán tomarse decisiones para mejorar la estructura de esos ingresos y gastos. El factor de sostenibilidad es sinónimo de
tranquilidad. Los más de 9 millones de pensiones actuales están garantizados. Con el factor ni se bajan ni se congelan, se respetan los derechos adquiridos. Las pensiones nominales de los pensionistas están aseguradas y se asegura también su
renovación anual. Para los nuevos pensionistas el factor es sinónimo también de tranquilidad. El factor de sostenibilidad está implantado en muchos países de Europa. Países como Suecia, Alemania, Portugal, Dinamarca, Finlandia o Italia ya lo
aplican. Hoy salía un informe del Fondo Monetario Internacional, al que antes ha hecho referencia el compañero Olabarría, en el que se dice que la propuesta de los expertos da un marco sólido para garantizar la sostenibilidad del sistema. Señor
Olabarría, no solamente dice eso, dice también que el fuerte progreso de las reformas está ayudando a estabilizar la economía, que los desequilibrios claves se están corrigiendo, es decir, alaba ciertas políticas que el Gobierno está haciendo.
Aunque no viene al caso, quiero reflejar que el informe no solamente dice eso.


Señores comparecientes, me gustaría plantearles varias cuestiones para que nos ayuden a comprender mejor el informe que nos han presentado. Se las dirijo a los tres en su conjunto. ¿Han tenido tiempo suficiente para realizar este informe?
¿Les convence el trabajo que han hecho y que nos han presentado? ¿Consideran que el sistema es sostenible si no se define ningún factor de sostenibilidad? ¿Consideran precipitada la entrada en vigor del factor en el periodo 2014-2019? ¿Consideran
que la Ley 27 es suficiente para la sostenibilidad del sistema? ¿Son partidarios de ir agotando el Fondo de reserva para no establecer el factor de sostenibilidad? ¿Nos pueden explicar la fórmula? ¿Por qué ponen esa fórmula? ¿Consideran
necesario el establecimiento de límites de suelo y de techo en estas aplicaciones? (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Habiendo intervenido todos los portavoces de los grupos parlamentarios, doy la palabra a los señores comparecientes, empezando por el señor Lagares Calvo.


El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES (Lagares Calvo): Quiero insistir en lo primero que dije al iniciar mi intervención. Es la segunda vez que vengo a la Comisión
del Pacto de Toledo y lo hago con gran satisfacción, porque entiendo que ha representado un papel fundamental en la evolución de nuestras pensiones, un papel fundamental y positivo. Esa es mi impresión y esa es la sensación que he tenido cuando he
venido aquí. Sin embargo, no quiero ocultarles que me he visto absolutamente abrumado por muchas de las críticas. Ya sé que en el ámbito parlamentario esas críticas son habituales, pero partan ustedes de un hecho que a mí me parece importante. Al
menos quien les habla, supongo que mis compañeros también, somos técnicos, personas que trabajamos libremente, bajo nuestro leal saber y entender, intentando encontrar soluciones a los problemas que se nos plantean, no a otros, solo a los que se nos
plantean. Se nos ha planteado un problema de factor de sostenibilidad, no se nos ha planteado una reforma completa, absoluta e incluso adanista del sistema de pensiones; se nos ha planteado solo diseñar



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un factor de sostenibilidad. Por cierto, el factor de sostenibilidad no nos lo hemos inventado nosotros y me atrevo a decir que ni siquiera el Gobierno -y con esto no le estoy defendiendo-; está contenido en la Ley 27/2011, que prevé
precisamente que se aplicará un factor de sostenibilidad en el cálculo de las pensiones. El Gobierno nos ha pedido que respondamos a esa petición de la Ley 27/2011.


Otro hecho que voy a tratar de explicar es por qué no hemos entrado en el contenido, en las reformas paramétricas de la Ley 2011. Precisamente por respeto a esa norma. La Ley 2011 prevé una evolución de la edad de jubilación, prevé una
evolución de las cotizaciones que se tomarán en consideración y en eso ni entramos. Está en la ley, se cumplirá la ley y saldrá adelante la pensión que resulte de la aplicación de las normas de la ley.


La señora Fernández Davila me ha hecho una pregunta que, la verdad, me ha afectado. ¿Por qué dice el informe que la reforma que ustedes propugnan es equitativa? Le voy a responder con las palabras de un gran conocedor de la justicia y la
equidad, John Rawls. John Rawls dice que la justicia es imparcialidad. Nosotros, con nuestra fórmula, hemos establecido un criterio de imparcialidad. No entramos a decir cuáles deben ser los ingresos de la Seguridad Social; serán los que sean,
los que establezca el Gobierno en cada momento bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad del gobierno que en cada momento sea gobierno. Nosotros no hemos entrado en ese tema, hemos entrado solamente a controlar dos factores. Por una parte,
los ingresos del sistema de Seguridad Social, ingresos que deben ser ajustados por el número de pensionistas -cuando aumenta el número de pensionistas o cuando disminuye el número de pensionistas-, por el factor de sustitución, y después, el
equilibrio presupuestario, esa pequeña cosa que tantas veces se nos ha olvidado a los españoles, el equilibrio presupuestario de las cuentas de la Seguridad Social, porque la Seguridad Social en nuestro sistema es un sistema cerrado, un sistema
autosuficiente o al menos debería serlo en las pensiones contributivas.


Algún portavoz, creo que el señor Cuadra Lasarte, de Amaiur, ha citado a Mapfre. Hace dos años que dejé de ser consejero independiente de la compañía Mapfre. Sí he tenido una trayectoria en esa compañía como consejero independiente. Lo
digo por alusiones. Quédese usted tranquilo, porque hace dos años cumplí el periodo en el que fui consejero independiente y además cumplí los 70 años, que es la fecha límite que establecen los estatutos de Mapfre. Dejé de ser consejero. Tengo un
buen recuerdo de esa empresa, pero nada más, y por supuesto no tengo ninguna relación en estos momentos con ella, para su tranquilidad.


Hay otro tema importante. El señor Olabarría ha dicho que el informe es una foto fija. Señor Olabarría, el informe no es una foto fija, el informe es una matriz, es una fórmula en la que caben muchas cosas en cada momento. En cada momento
esa foto puede ir variando con los componentes de la fórmula. No hemos dicho que tenga que ser una foto fija. De hecho, si usted me lo permite, no es una foto fija.


Me ha formulado una pregunta a la que me gustaría responder. ¿Tendremos que ir obligadamente a un sistema privado complementario? Obligadamente, no, ni mucho menos. Si no existiera el factor de sostenibilidad, el sistema podría quebrar y
entonces sí que tendríamos que buscar componendas fuera del sistema público, pero la fórmula de sostenibilidad, que es una fórmula neutra, abierta, que permite todo el juego y que lo único que hace es tomar en consideración todos los factores que
afectan a la definición de las pensiones, absolutamente todos -al menos todos los que nosotros conocemos y son razonables-, no lleva a un sistema complementario. Quien quiera hacer un sistema complementario, podía hacerlo antes, puede hacerlo ahora
y lo podrá hacer después, pero al factor de sostenibilidad no obliga a eso, precisamente evita la quiebra del sistema y, en consecuencia, que tengamos que pasar a un sistema complementario.


Hay una cosa que me importa como economista, como decano que he sido durante muchos años del Colegio de Economistas de Madrid, y es romper una lanza en favor del Instituto Nacional de Estadística. Todo el mundo puede equivocarse en sus
predicciones y por supuesto el Instituto Nacional de Estadística también, pero yo, como economista, tengo que agarrarme a algo, a algo sólido, y qué mayor solidez que la proporcionada por un organismo oficial absolutamente independiente como es el
Instituto Nacional de Estadística, donde trabajan millares de técnicos y donde es difícil predeterminar las decisiones de esos técnicos. Por supuesto, el Instituto Nacional de Estadística se puede equivocar en la predicción o en la proyección de
las magnitudes demográficas, ¿quién no?, pero ¿sería preferible buscar una estimación privada de las proyecciones de las variables demográficas en lugar de la oficial del Instituto Nacional de Estadística? Estamos en un mundo oficial, como ha sido
el mundo de esta comisión, y tenemos que aceptar los datos que nos proporcionan los institutos oficiales. Luego cada cual puede tener una opinión sobre esas valoraciones, pero no a efectos del informe oficial sobre el factor de sostenibilidad.



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El señor Coscubiela ha planteado muy seriamente el problema de los ingresos de la Seguridad Social. Estoy de acuerdo con él. Permítanme que les diga que soy catedrático de Hacienda pública y, como tal, el sistema de cotizaciones sociales
nunca me ha gustado, porque es un sistema anquilosado, tarifario, con límites muy marcados y que no se ajusta completa y automáticamente a la evolución de los salarios. Dicho esto, hemos tomado el sistema que existe. Por supuesto, me gustaría -lo
he hecho en algunas ocasiones- recomendar a quien proceda que sustituya el sistema de cotización por otro sistema más flexible para la financiación de la Seguridad Social. Dicho esto, el sistema de cotizaciones es el que existe y es el que
habitualmente se aplica en muchos países; en otros se aplica un sistema de impuestos sobre nóminas, como sus señorías seguramente conocen muy bien.


Señor Campuzano, la cuestión demográfica no se ha descubierto ahora. Sé positivamente que los problemas demográficos de nuestra población están encima de la mesa de esta Comisión del Pacto de Toledo desde hace muchos años y que su tarea,
que siempre he considerado excelente, se ha fundamentado precisamente en ese conocimiento de los problemas demográficos. Ahora bien, el hecho de que no se hayan descubierto ahora no significa que ahora nos olvidemos de los problemas demográficos
que parece que se le plantean al país. Y digo parece con toda humildad, porque nadie conoce el futuro. Un filósofo, Epicuro de Samos, decía hace ya muchos años que el futuro no está en las manos de los hombres, pero tampoco totalmente fuera de las
manos de los humanos. En ese medio entre el futuro en nuestras manos o fuera de nuestras manos, quiero reconocer la evidencia demográfica en este momento y así es como se lo ha planteado la comisión.


El señor Campuzano ha insistido en el planteamiento ex novo, sin contar con la Ley 27/2011. No es cierto. Nosotros hemos contado con la Ley 2011. Hemos partido de la Ley 2011 y hemos desarrollado un factor de sostenibilidad que está
reconocido y establecido en la Ley 2011.


La señora Valerio Cordero ha dicho que parece como si existiera un menosprecio al trabajo del Pacto de Toledo. No lo habido por mi parte ni por parte de ninguno de los miembros de la comisión. En ningún caso pretendo adoctrinarles a
ustedes, en ningún caso pretendo imponerles una solución. Hemos hecho un trabajo. Se nos ha pedido una opinión técnica y fundamentada y creo en conciencia que hemos dado una opinión técnica y fundamentada. Son ustedes, señorías, el Parlamento en
su conjunto, el Congreso y el Senado, los que tienen que definir lo que tiene que ser en el futuro el sistema de pensiones, cuenten con nuestra opinión o no cuenten con ella.


La señora Valerio ha dicho también que hemos tenido una visión parcial y fatalista del sistema. Ni mucho menos. Pensamos que el actual sistema tiene problemas. ¡Cómo no va a tener problemas cuando sus déficits han pasado de 773 millones
en el año 2011 a 10.131 en el año 2012 y se espera que superen los 15.000 millones en 2013! ¿Esos no son problemas? Esos, señoría, son problemas, al menos en opinión de un economista y un hacendista. Hemos intentado resolverlos de la mejor manera
posible, encontrar un camino para que esos problemas no acaben haciendo reventar -perdón por la expresión- el sistema público de pensiones.


El señor García Pérez ha formulado una batería de preguntas a las que voy a intentar responder. ¿Tiempo suficiente? Yo pienso que sí. Hemos trabajado intensamente, hemos trabajado sábados, domingos y fiestas de guardar, pero todos íbamos
ya con una formación. El tema de pensiones no es desconocido en absoluto para quienes hemos integrado esa comisión. Unos somos catedráticos de Hacienda pública, otros catedráticos de Economía empresarial, otros catedráticos de Matemáticas
financieras y todos nos hemos planteado a lo largo de toda nuestra formación y de toda nuestra vida estos problemas. No íbamos con la libreta vacía a aprender; íbamos a aplicar conocimientos que teníamos anteriormente.


¿Nos convence el trabajo? Totalmente. Yo he votado que sí sin ninguna restricción. Me ha convencido el trabajo. Por supuesto, si uno se va a su casa y reflexiona siempre piensa que debería haber dicho algo más o que podríamos haber
añadido algo más. Esa insatisfacción la tenemos todos al día siguiente de haber escrito algo. A mí me ocurre siempre cuando escribo algún artículo o algún papel. Al cabo de quince días estoy pensando que podía haberle añadido alguna cosa más o
que podía haber dicho alguna cosa más. En este caso, les quiero decir para su tranquilidad que esa preocupación no se me ha planteado todavía, es decir, estoy contento con el trabajo.


¿Es precipitado entrar en 2014-2019? ¿No tenemos acaso un Fondo de reserva que nos permitiría respirar tranquilamente y esperar tiempos mejores? Son ustedes los que tienen que decidirlo, no soy yo, pero si me permiten una opinión -no sé si
soy experto o no, porque a estas alturas de la vida uno no sabe realmente lo que es-, cuanto antes mejor, porque el problema es serio. El Fondo de reserva es corto y



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probablemente va a necesitarse para esa red de seguridad que hemos establecido para los pensionistas actuales. ¿Por qué para los pensionistas actuales? Porque son los que no tienen capacidad de reacción frente al futuro; los otros podrán
ir tomando decisiones a lo largo de los próximos años e incluso la decisión de retrasar su jubilación, lo que ya no está en manos de quienes se jubilaron hace muchos años. En consecuencia, no es precipitada la opinión de que esto entre en vigor lo
antes posible.


En cuanto a la Ley 17/2011, es una ley razonable en la que no hemos entrado. Creo que esa pregunta ya se ha respondido antes.


La fórmula. He distribuido por ahí un papel que quizás suene a chino a aquellos que no tengan un conocimiento matemático adecuado, pero es una fórmula muy elemental para cualquiera que tenga un conocimiento básico del álgebra. Fíjense que
en la fórmula más compleja, la del factor de revalorización, hay dos componentes, uno de ajuste de los ingresos y otro de estabilidad, un componente que permite ajustar al déficit o al superávit del presupuesto. ¿Qué factor van a tener esos
componentes? El de los ingresos va a ser siempre positivo. Los ingresos de la Seguridad Social van a crecer y en consecuencia el primer factor va a ser positivo. El número de pensionistas lamentablemente crecerá, si se cumplen las previsiones, y
será negativo; esto es obvio también. Sobre el factor de sustitución me quedan algunas dudas. Aparentemente el factor de sustitución puede ser negativo, pero hemos introducido un factor de equidad intergeneracional que va a reducir las pensiones
de las personas que tienen mayor cantidad de años de percepción, mayor esperanza de vida. A lo mejor ese factor no es tan negativo. En función de cómo sean los ingresos de la Seguridad Social, el factor de estabilidad presupuestaria será también
positivo o negativo; si los dejamos caer en el déficit, será negativo, si coadyuvamos a que exista sino un superávit al menos un equilibrio, el factor será cero o positivo.


Solamente les puedo decir eso. No se me ocurre ninguna cosa más, pero estoy a su disposición para responder a lo que ustedes gusten.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Conde-Ruiz.


El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Conde-Ruiz): En primer lugar, quiero pedir disculpas, porque va a ser imposible contestar a todas las preguntas. Tengo que
reconocer que todas son bastante buenas y si dejamos algunas sin contestar es porque son muchas, lo que demuestra el interés que existe. Si algún grupo necesita alguna aclaración particular, yo me presto a venir aquí, donde me digan, a discutir con
un papel y con tranquilidad la propuesta, porque algunas de las preguntas que se han hecho se deben probablemente a que sobre el papel no hemos sido capaces de explicar bien lo que hemos hecho. Es una cosa que pasa muchas veces. Tú escribes en un
papel y a lo mejor eres muy concreto y no matizas las cosas como te gustaría o crees que lo has hecho así, pero no ha sido así. Con más tiempo, vengo aquí sin ningún problema y me presto a cualquier tipo de aclaración sobre cualquier duda, porque
esto es lo más importante, y como son ustedes, señorías, quienes tienen la decisión final sobre lo que va a ocurrir, cuanta más información tengan, la decisión que tomen será más correcta. En ese sentido, pido disculpas, porque seguro que se me van
a quedar muchas cosas sin contestar.


Es verdad que el gasto en pensiones sobre el PIB en España no está por debajo, está por la media de los países de Europa, según qué países tengas en cuenta. En Europa hay dos tipos de sistemas de pensiones, los que son más beveridge o
asistenciales, como puede ser el del Reino Unido o el de Holanda, y los bismarckianos o contributivos, como el nuestro, el francés y el alemán. Es cierto que si comparas España con estos países, que son con los que tienes que comparar, porque son
los que pretenden ser contributivos, el gasto en pensiones en la actualidad es inferior al de ellos, pero esto también tiene que ver con la demografía. En España, los baby boomers hemos llegado más tarde que en esos países y además la inmigración
ha rejuvenecido mucho nuestra población. Es cuestión de que nos pongamos en el mismo timing de envejecimiento que esos países para que veamos, como se ve en la gráfica que les he puesto antes, que podemos tener un gasto incluso superior al de
ellos. Esto es bueno advertirlo para tomar decisiones, porque con los ingresos actuales no se va a poder financiar ese nivel de pensiones. Es bueno que lo sepamos, porque habrá que decidir si nos vamos a un nivel de gasto inferior, a un sistema
más asistencial, o si, por el contrario, dotamos mayores ingresos para tener un sistema como el de esos países, pero esa es una cosa sobre la que nosotros, como expertos, no nos hemos pronunciado. Nosotros hemos hecho un análisis normativo de lo
que hay que hacer y, dentro de lo que hay que hacer, tienen que ser ustedes, no pueden ser otros, quienes tomen las decisiones. Eso tiene que ser así. Entiendo que en este debate nuestra postura es siempre más fácil que la de ustedes, porque
nosotros hablamos de análisis



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normativo, de la mejor política económica que vemos, pero luego está la economía política, que es en la que se mueven ustedes, que es mucho más complicada. A veces puede ocurrir que nuestra forma de hablar sea un poco prepotente. Pido
disculpas si en algún momento lo hemos sido, porque no lo pretendíamos, la verdad. Sabemos que muchos de los que hay aquí son auténticos expertos del sistema y pido disculpas por si alguna vez parece que estamos dando una clase, porque esto tiene
que ver más con este rifirrafe entre nuestra posición más fácil y la de ustedes más difícil. Esto hay que dejarlo claro.


Alguien ha preguntado si estamos teledirigidos, si respondemos a intereses particulares. Cuando he tenido que trabajar aquí o cuando he tenido que hacer un informe como el de Aviva, que ahora mencionaré, solo firmo si estoy de acuerdo con
lo que pone. Por tanto, estoy tranquilo, porque lo que se ha puesto y lo que he firmado es lo que yo quería que se hiciera. El proceso que ha llevado a cabo el Gobierno ha podido ser uno u otro, pero a mí no me ha llamado nadie, he trabajado con
total libertad y he firmado una cosa que he puesto en total libertad. ¿Que luego ha coincidido con lo que quería el Fondo Monetario o con lo que quería la ministra? Es como si me preguntan una cosa y coincido. Yo he actuado con total libertad y
me imagino que mis otros compañeros igual. Hay una parte de toda esta polémica que se está generando constantemente que se fundamenta en si yo he trabajado para Aviva. Es verdad, yo trabajo en Aviva, en el sentido de que estoy en un grupo de
expertos. No soy asalariado, me pagan por informes y he hecho un par de ellos. Es un instituto que dirige Don Guillermo de la Dehesa, que para mí es garantía absoluta de objetividad, y estoy allí porque trabajo con total libertad y digo lo que yo
quiero. Tampoco quiero criticar a quien prefiere mirar de dónde viene la gente, porque me parece que puede ser una postura democrática. Está bien ver para quién trabajan los que han elaborado un informe. Me parece un paso previo y no lo critico,
pero a veces me entristece que nos quedemos ahí. Una vez que se sabe -yo he trabajado para Aviva, este señor trabaja para Unespa, este señor estaba en Mapfre-, lo único que eso tiene que implicar, desde mi punto de vista y con toda humildad, es que
cuando se analice el informe se haga con mayor precaución, con mayores alertas. Si al final nos quedamos en esto, en que yo solo apoyo a los que van aquí o a los que van allá, no vamos a avanzar. No tengo ningún problema en que se haga así, en que
se analice. Puedes pensar: Me lo voy a leer un poco mejor, porque aquí puede haber un interés. Eso me parece bien, pero luego nos deberíamos centrar en el informe para avanzar, porque, si no, esto se convierte en un debate pseudoideológico de lo
que yo creo que este dice, de que apoyo lo que dice este que va allí y no lo que dice este que va allá. Si hacemos esto no avanzamos. Me parece razonable y me parece de higiene democrática mirar dónde hemos trabajado, pero me entristece un poco
ver cómo todo se queda ahí. No digo que ustedes hagan eso, pero sí es verdad que la prensa se ha quedado solo ahí. Estoy seguro de que ustedes no, porque muchos son auténticos expertos. Quería hacer simplemente una reflexión al respecto.


¿Qué consideramos unas pensiones adecuadas? Me parece una pregunta muy interesante que alguien ha planteado. Son las que ustedes consideren adecuadas. Yo creo que esa es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. La que ustedes, los
que responden ante los electores, consideren adecuada será para mí una pensión adecuada. Lo único que decimos en este informe es que una vez que ustedes, señorías, hayan decidido lo que es una pensión adecuada, tendrán que preocuparse, si los
recursos no son los adecuados, de incrementar los ingresos por otras vías para poder garantizar esas pensiones adecuadas. Yo no puedo decir qué es una pensión adecuada, porque eso les corresponde a ustedes. Lo que ustedes consideren es lo que para
mí será una pensión adecuada.


Seguro que me estoy dejando muchas cosas. ¿Cuál es el origen intelectual de las fórmulas? Me alegro mucho de que me hayan hecho esta pregunta. La primera es una fórmula muy estándar, es la fórmula portuguesa, que bastante gente comparte y
que es básicamente que a medida que aumenta la esperanza de vida el montante que recibe la persona desde que se jubila y durante el resto de su vida tiene que ser igual tanto hoy como dentro de treinta años. Es decir, yo quiero que la pensión que
reciba a lo largo de mi vida sea la misma que reciba mi hija cuando venga por detrás, que no sé cuándo será. Me parece razonable que si ella -ojalá sea así- va a vivir más años de los que voy a vivir yo, una vez que se jubile reciba cada año un
poco menos o, como ha dicho el señor Campuzano, el sistema permita que pueda trabajar más años, si así lo desea, para poder complementarlo. Por tanto, si yo me jubilo a los 67, a lo mejor ella se jubila a los 68 o a los 69. Es decir, hay que
encajar estas partes del sistema. Les corresponderá al diálogo social, al Pacto de Toledo y a ustedes adecuar esto. Consideramos que esto es la solidaridad intergeneracional, es decir, yo quiero que tenga lo mismo que yo, no quiero que tenga mi
más ni menos. Por tanto, la primera fórmula, que es la portuguesa, es la finlandesa pero con un factor de descuento igual a cero. Es muy estándar, tampoco es que nos hayamos inventado la luna. De todas las



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que hay es la que se acepta como la más razonable, la que mejor entiende la gente y la que mejores resultados está dando. La otra fórmula, que es la que puede resultar más complicada desde fuera del mundo académico, es la que usamos
nosotros todos los días. Yo he presentado ahora mismo un artículo que hice hace dos años sobre esto. En el apéndice del final, cuando hablamos, en la página 38, de fase 3, proyección de ingresos y gastos, dice: ingresos por un lado igual a los
gastos por el otro. Son las variables que están ahí. Es una restricción presupuestaria, que es con lo que trabajamos los economistas siempre. Puedo entender que alguien haya pensado: ¿Esto como ha podido surgir así? Alguien se lo ha podido
decir. Pues llevamos ochenta años utilizándola; cuando Diamon hizo el primer paper de Seguridad Social ya la estaba usando. Entiendo que puesta así haya podido sorprender. La gracia de poner esta fórmula y no otra -creo que no hemos sido capaces
de explicarlo, dadas las preguntas que nos han hecho- es que esta, que se dice que es de tercera generación -también lo pone El País y yo he hablado con el periodista y he intentado explicárselo- no es la que más recorta, como se interpreta, sino
por todo lo contrario. Por primera vez no hay ningún país en el mundo que haya introducido una fórmula en un factor de sostenibilidad que permita incrementar los ingresos. No hay ninguna en el mundo y eso es porque es tercera generación. No hay
ninguno en el mundo, y eso es porque es tercera generación, porque por primera vez se permite introducir la variable ingresos adicionales. Precisamente eso es todo lo contrario de que es la que más recorta. Creo que aquí hay una pequeña confusión,
pero es a esto a lo que nos referíamos. La fórmula alemana es muy rígida, mira pensionistas y jubilados; si eso cae las pensiones caen y aquí no hay nada que hacer, el Gobierno lo aplica y se bajan las pensiones. A nosotros nos pareció una
fórmula muy rígida y pensamos: si eso hace que las pensiones bajen, dejemos al Parlamento que pueda dotar de mayores ingresos para contrarrestar esto. Tan simple como eso. Lo de tercera generación venía más por ahí que por la interpretación que
ha dado la prensa, que no sé por dónde viene.


Los ingresos por cotizaciones, solo por cotizaciones, como lo tenemos actualmente, sabemos que no van a pasar del 10,5 % del PIB. Lo sabemos, porque para que ocurra lo que decía las bases de cotización tendrían que crecer más que la
productividad y es muy raro que eso suceda. No digo yo que si aumentaran las bases más que la productividad lo consiguiera, pero tendría que estar cambiando algunos parámetros del sistema como las bases de cotización, que ahora mismo crecen con los
salarios, que están coordinados con la productividad. Tal como está el sistema actual, difícilmente se va a conseguir. Entiendo que lo que usted propone es aumentar las bases más que la productividad para aumentar los ingresos por encima del PIB,
pero eso es equivalente a aumentar el tipo de cotización; recaudaciones, base de cotización por tipo. Usted está diciendo que no hace falta aumentar el tipo solamente la base de cotización. Claro, una base más grande por el mismo tipo hace que se
recaude más, pero es equivalente. Estoy de acuerdo en que eso también se puede hacer. Si ustedes lo consideran oportuno lo pueden hacer.


Pasamos al tema de la trampa dialéctica. Vuelvo a pedir disculpas. Tendría que volver a releerlo, pero es verdad que a lo mejor en el preámbulo no hemos puesto suficiente énfasis. Sí está, al menos así lo recuerdo yo, el tema de la tasa
de fecundidad y el de la inmigración. Es cierto que quizás se le podría haber dedicado un poco más de atención -pedimos disculpas por ello-, porque es importante. Un aumento de la tasa de fecundidad puede hacer que luego haya que necesitar menos
ingresos para equilibrar el sistema. En ese sentido, España está muy por debajo de otros países y se podría intentar. En cuanto a la inmigración, en las simulaciones que yo he presentado en ese artículo precisamente estoy considerado escenarios
mucho más generosos en cuanto a la entrada de lo que supone el INE, porque si nosotros hacemos -no se ha hecho todavía, porque se ha realizado con otras previsiones demográficas- la simulación de a cuánto se va el gasto de pensiones con el escenario
actual del INE, veremos que se va a ir más allá del 14, cerca del 16 o del 17. Creo que está bien considerar escenarios más generosos, pero evidentemente siempre nos vamos a equivocar en cuanto a las previsiones, porque son imposibles de predecir.
Lo que a mí me deja tranquilo a la hora de decidir esta fórmula es que si al final la demografía nos sorprende en positivo -al decir en positivo me refiero a que aumente la fecundidad, que entren más inmigrantes- y no en negativo, que significaría
un aumento en las tasas de mortalidad -espero que esto no ocurra-, es inocua, porque te dará más ingresos y, por tanto, necesitarás menos recursos para poder equilibrar el sistema. La fórmula que hemos establecido ahí, repito, es completamente
inocua en ese aspecto.


Para realizar las previsiones hemos utilizado el escenario macro de la Unión Europea, que es muy optimista. Si ustedes lo miran observarán que supone que la tasa de paro se va a situar en el 10 % en menos de seis años. Hemos hecho
previsiones muy optimistas. Pero vuelvo a decir que seguro que nos vamos a equivocar, incluso con crecimientos de la productividad muy optimistas. Lo bueno de estas



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fórmulas es que no son cerradas, porque miran el ingreso y el gasto. Si solo miraran las ratios, como en Alemania, sí podríamos ser injustos, pero aquí al final se va compensando. Entiendo que es bueno hacer las previsiones, pero muchas
veces están para equivocarnos. Particularmente, nos hemos equivocado muchas veces gracias a que ustedes han hecho reformas para que nos equivoquemos. Es decir, si se producen cambios en el sistema eso hace que nuestra previsión de gasto ya no sea
la que se preveía sin cambios. Es lógico. Las previsiones en la ciencia económica son muy complicadas porque los agentes reaccionan a ellas, la política económica reacciona a los problemas; por tanto, es lógico que si denuncias un problema los
políticos o el Parlamento reaccionen a dicho problema e intenten solucionarlo, lo que hace que al final te equivoques. Hay que hacerlas, creo que es importante.


Los plazos. Cuando la ministra me convocó a participar en el comité de expertos y me preguntó por los plazos, yo le dije que quería que fueran cortos, porque entiendo que si tú vas a un comité de expertos tienes que saber cómo funciona,
tienes que tenerlo estudiado. Para la mayor parte de la gente que estábamos allí no era una cosa que nos pillara de sorpresa, por ejemplo, yo ya llevaba más de quince años analizando esto. Un comité de expertos que dure un año para mí es un poco
raro, porque en el fondo es una cosa muy concreta. De hecho, siempre hemos trabajado dentro de la comisión sabiendo que si nos hacía falta más tiempo nos lo iban a dar, al menos eso es lo que nos decían al principio. Nos pidieron que acabáramos a
principios de mayo y acabamos el día 17. Nunca ha habido ningún problema en cuanto a acabar más tarde. Esta es una situación razonable. Es verdad que si a alguien se le ha hecho corto a lo mejor tiene algo que ver con que no estuviera preparado
para estar allí, y lo digo con toda la modestia. Trabajar en profundidad un mes y medio sobre esto no es poco tiempo si ya sabes lo que haces. Esa es mi opinión, yo lo prefería así, porque, al final, en estas comisiones que duran seis meses estás
cuatro o cinco meses mareando la perdiz y luego un mes trabajando. Hemos trabajado sabiendo que si necesitábamos más tiempo nos lo iban a dar. Nunca hemos sentido esta angustia de que había que hacerlo ya. No hemos dejado de hacer nada que
hubiéramos querido por el tiempo que nos han dado. Hemos tardado un poco más a la hora de redactarlo, a pesar de que al hacerlo hemos cometido errores, porque quizá no hemos sido capaces de explicarlo todo lo bien que hubiéramos querido, pero es
que cuando metes 12 opiniones en un documento intentas mantener el equilibrio, pero se puede perder un poco de precisión.


El mandato que se nos había dado era el factor de sostenibilidad. El señor Campuzano, que se ha tenido que ir, nos preguntaba: ¿Por qué no habéis pensado en un aumento de la edad legal de jubilación? Por un lado, no entraba en nuestro
mandato, pero es que yo tampoco estoy a favor de esto. ¿Por qué? Porque la reforma de 2011, que movió la edad de jubilación hasta los 67 años -vuelvo a decir que es la mejor reforma que se ha hecho desde el año 1985, y creo que tiene mucho valor
que se hiciera dentro del diálogo social y lo ideal sería que se repitiera ahora- llegó a un límite, porque estaba pensada de la siguiente forma. Dado que no van a poder recibir una pensión suficientemente generosa, voy a obligar a todo el mundo a
jubilarse más tarde para que así la reciba durante el menor tiempo posible y la pueda subir. Eso tiene cierta lógica, es como garantizar una sustitución entre el salario y la pensión adecuada. El problema es que cuando miramos las expectativas de
vida es verdad que de media suben, pero también lo es que no todo el mundo va a vivir lo mismo, porque dentro de cada generación somos heterogéneos. Una parte que me gusta de esta fórmula es que si dentro de veinticinco años tu generación va a
vivir más que las anteriores y, por tanto, hay que bajar un poco la pensión, tengo la posibilidad de conformarme con una pensión un poco más baja o de trabajar más para intentar recuperar esa pérdida que he tenido. Esto me parece más justo, porque
no estás obligando a todo el mundo a jubilarse más tarde, ya que puede haber motivos de valoración del ocio, de salud, etcétera, porque al final no todo el mundo tiene la misma salud; esto me parece importante. Aprovecho la ocasión para decir que
deben analizar esto en profundidad y exigir a la Seguridad Social -que estoy de acuerdo en que tiene los mejores técnicos- que presenten esperanzas de vida de los distintos trabajadores por nivel de cualificación, etcétera, porque ahí, como ocurre
en otros países, nos podemos llevar sorpresas. Obligar a todo el mundo a jubilarse más tarde puede estar redistribuyendo en la dirección equivocada. Por eso, este tipo de políticas está bien, pero ahora están ustedes para poderlas hacer, porque
simplemente se trata de adaptar el sistema.


Ahora que he vuelto a leer la página 2 he visto que tiene usted razón. Nosotros no somos nadie. Hemos actuado de la forma típica de los académicos que dicen: estamos aquí, se podía haber hecho antes, etcétera. Entiendo la complejidad que
tiene esto, y me parece que el Pacto de Toledo es un ejemplo a seguir. Yo no lo hubiera puesto, y más ahora sabiendo que se han sentido ofendidos. Parece fácil decirlo desde fuera, pero es más complicado hacerlo desde dentro. Sobre mi
participación en Aviva, si quieren



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puedo decir la remuneración que me pagan. Son 2.000 euros por cada informe y hago dos al año. Alguien puede pensar que me he vendido por esto, pero mi mujer se va ofender porque pensará que soy muy barato. Lo bonito de ese informe es que
es verdad que estaba antes de que yo participara en este grupo de expertos. Yo sigo pensando que el sistema de cuentas nacionales a la sueca es el que más me gusta, pero es cierto que hay mucha confusión respecto a él, porque es un sistema de
reparto. Lo único que hace es que tiene en cuenta todas las cotizaciones. Esto es importante, porque hoy en día el sistema es muy injusto, y ustedes lo saben mejor que yo. Para una persona que es despedida al final de su etapa laboral, como solo
se tienen en cuenta los últimos años de cotización -va a subir hasta veinticinco, pero pueden ser los últimos dieciocho o diecinueve años-, está siendo muy injusto. En el caso de dos personas que han contribuido lo mismo en cuanto a cotizaciones, a
uno le dan una pensión mucho más alta que al otro. Eso es muy injusto. Un sistema a la sueca lo único que hace es tener en cuenta todo lo que ha cotizado. Hay una cierta correspondencia entre el sistema actual español con el sueco, lo que pasa es
que hay que hacerlo bien. La única gracia es que tengamos en cuenta toda la vida laboral para evitar estas injusticias, porque creo que el sistema las comete. Desde que he participado en este grupo de expertos me mandan e-mails -supongo que a
ustedes todavía más- personas a las que les está pasando esto, es decir, que tienen una pensión muy baja con cuarenta años cotizados. Con el sistema sueco de cuentas nacionales esto no pasa, y sigue siendo de reparto. El nombre es horrible, porque
parece que sea de capitalización, pero no se capitaliza nada, simplemente se va anotando lo que vas aportando y luego te dan una pensión, pero todo lo que aportan se destina a pagar las pensiones de los que están en ese momento jubilados. Ese es el
modelo sueco del que yo hablo, si hay otro no sé cuál es. Por tanto, el sistema es de reparto, y sigo pensando que los sistemas de pensiones de reparto son el mejor invento del Estado del bienestar; de hecho, surgió en algunos países como Estados
Unidos. Después de la crisis, del crash del 29, todas las personas mayores se quedaron sin un solo ahorro porque lo tenían todo metido en la Bolsa, se quedaron en la más absoluta pobreza. El Gobierno americano introdujo el sistema de reparto, pay
as you go, y pagaron la pensión a los jubilados que no habían cotizado nunca, porque había que salvar a la primera generación ya que estaban en la más absoluta pobreza, a cambio de que los que no habían nacido se la pagaran después. Así fue como
surgió. Por tanto, nadie en su sano juicio puede pensar que hay que cambiar un sistema de reparto como el que tenemos en España por un sistema de capitalización. La capitalización tiene que servir como segundo pilar, pero el principal tiene que
ser este, porque te puede pasar lo mismo ante un riesgo macroeconómico bursátil o de cualquier otra naturaleza. Quería aclarar esto porque a lo mejor no estaba bien expresado.


Si hemos quebrantado la paz social, pido disculpas. Creo que se nos ha dado demasiada importancia. Nosotros hemos hecho un trabajo, digamos, académico, intentando presentar los problemas y haciéndolo con la mayor honestidad, procurando que
sea equilibrado y neutro. Por tanto, nadie se puede escudar en nosotros a la hora de ejercer su responsabilidad, en el Parlamento o donde toque. Simplemente creemos que es mucho mejor advertir de los riesgos para que se puedan adoptar las
soluciones adecuadas para tener un sistema como el que queremos. Si hacerlo ha quebrantado la paz social..., creo que no debería ser así. Esto habría que explicarlo y pedir tranquilidad.


Por supuesto, como decía, el tiempo ha sido suficiente. El trabajo me convence. Es verdad que, a la luz de algunas de las intervenciones, habría que haber mejorado la redacción. Pido disculpas por ello. Creo que con esto he intentado
contestar a todo.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez Burgos.


El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Vázquez Burgos): Me lo han puesto bastante fácil las dos personas que me han precedido en el uso de la palabra, porque han
contestado bastantes de las cosas que yo tenía aquí anotadas. Aún así, hay algunos temas que me gustaría comentar.


En el turno de palabra de sus señorías creo que se han producido dos intervenciones, una que hablaba de si yo he explicado la verdad y otra de si yo practico la autosuficiencia. Cuando me hice las notas del discurso, que básicamente es lo
que he leído, porque no he cambiado prácticamente nada, y todo lo que he cambiado ha sido precisamente en esa dirección, me preocupé de colocar bastantes veces las palabras 'en mi opinión'. Es cierto que evidentemente creo en lo que digo, y pensaba
y pienso que lo que más valor añadido podía aportar a esta Comisión, de la comparecencia de un miembro de una comisión de expertos de 12, era explicar el sentido de su voto, es decir explicar los porqués de la defensa del voto afirmativo a la
fórmula. Quizá pongo pasión defendiendo los postulados que mantengo, pero insisto en



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que mis notas están llenas de las palabras 'en mi opinión', y alguna vez incluso las he puesto de mi propia cosecha cuando he ido leyendo. No pretendo, y si ha sonado así pido disculpas, ser autosuficiente ni dar lecciones a nadie.


Aunque Ignacio ya las ha abordado en parte, me gustaría dejar claras un par de cosas. La primera, es que creo que todavía tenemos espacios -me refiero a los miembros de la comisión de expertos y al documento que hemos redactado- de
incomprensión, en el sentido de que no hemos sido capaces de explicarnos correctamente. El factor de sostenibilidad, desde mi punto de vista -no sé si mis compañeros lo compartirán, porque nunca lo he discutido con ellos-, es un climatizador, es un
aparato que ponemos en esta habitación que garantiza que la temperatura de esta habitación va a ser de N grados, 21, 22, 24, 20, 15, 8, 7 o 43. Eso es lo que hace el factor de sostenibilidad. ¿Quién dice si en esta habitación tiene que haber 5, 7,
8, 47 o 24 grados? Ustedes. Ahí está la grandeza del factor de sostenibilidad que nosotros hemos diseñado -lo ha dicho Ignacio y lo quiero decir yo también-, por eso es un factor de tercera generación. El factor alemán es crecimiento de los
salarios por evolución de la tasa de dependencia demográfica; es decir, si la tasa de dependencia demográfica, el número de mayores respecto de jóvenes, se deteriora, o entras en las casas y te llevas por delante a 25.000 ancianos o no puedes
solucionar el problema. Tienes que tragar con una bajada de las pensiones o con una subida pequeña de las mismas. Nuestro factor es de tercera generación, en el sentido de que permite perfectamente que los canales democráticos, que es la expresión
que utiliza el informe, digan: No me vale, y como no me vale lo voy a hacer de otra manera; es decir, le voy a poner 2 grados más al climatizador. Lo que sí hacer el factor de sostenibilidad es establecer en qué medida esa subida es coherente con
lo que hay en la caja en ese momento y con lo que va a haber en los próximos años según las predicciones. Por tanto, canta una alarma en una situación negativa, en el sentido de decir: hace falta ajustar esto. El factor de sostenibilidad no
define la sostenibilidad, no la crea ni la deteriora, simplemente la mide. Insisto en que es un elemento que lo que hace es garantizar que una vez definida la temperatura de la habitación, va a ser esa. Creo que no hemos conseguido explicar esto
suficientemente y que debemos tomar nota en ese sentido, porque se siguen adjudicando al factor de sostenibilidad labores que no hace y responsabilidades que no tiene.


Paso al siguiente comentario general que quería hacer, que es el tema de la pensión suficiente. Lo han sacado el señor Olabarría y el señor Cuadra, pero me voy a centrar concretamente en lo que ha dicho este último, que ha hecho una
pregunta muy directa. ¿Qué es lo que yo estimo -se la ha hecho a los tres- que es una pensión adecuada? La mala suerte que tiene, señor Cuadra Lasarte, es que soy de A Coruña y le voy a contestar como contestan en mi tierra: ¿Y usted? ¿Cuál
opina usted que es la pensión adecuada? Esa definición le compete a usted. Lo que hará el factor de sostenibilidad será decir: esa definición que usted hace en qué medida es compatible, insisto, con los recursos financieros que se espera que
tenga el sistema. Yo no voy a decirle cuál es la pensión adecuada, porque además, insisto, creo que sería infatuado por parte de unos señores intitulados expertos, que digan lo que es la pensión suficiente en España. Por supuesto, quienes deben y
tienen que definir la pensión suficiente en España son los representantes de la soberanía popular.


El señor Anchuelo ha preguntado dos veces -lo preguntó ayer y lo vuelve a repetir hoy- por el origen intelectual del factor. Le voy a dar mi opinión sobre ello. Para mí, el origen intelectual del factor está sobre todo en la experiencia
internacional. El origen internacional del factor, el FEI, lo ha dicho Ignacio, tiene varias maneras de aplicarse, pero al final la pirueta es la misma en Portugal, en Dinamarca, en Finlandia, también en Italia, con el factor annuity, etcétera. El
FEI tiene unos padres muy claros, porque está bastante aplicado. Creo que el padre intelectual del FRA es el factor alemán, pero, insisto en lo que he dicho antes, creo que lo hemos superado; hemos ido más allá y hemos fabricado un factor que
permite actuar sobre el factor alemán desde la soberanía popular, cosa que el factor alemán teóricamente, y yo diría que en la práctica, no permite. Hemos eliminado esa rigidez y por eso consideramos que el factor alemán es de segunda generación y
nosotros lo consideramos de tercera generación. Para nosotros, como decía Ignacio, la expresión tercera generación es positiva, no es negativa como se ha podido interpretar.


Voy a contestar al señor Coscubiela. Él se ha referido, como otros, al tema de la independencia. Creo que de esto ya hemos hablado bastante, pero respecto de lo que ha dicho Ignacio -que ha dicho bastantes cosas- simplemente gustaría
añadir una cosa, en mi opinión. He traído aquí el informe que elaboró la comisión de la reforma Schröder que fue la que reformó en Alemania el sistema de pensiones a principios del siglo XXI. Tiene una página, que es la que tengo marcada con la
banderita amarilla, en la que viene la composición de la comisión que diseñó esta reforma y hay dos aseguradores, el presidente Axa y el presidente de AOW Bayer, o algo así. En Inglaterra tenemos una primera comisión, que es la Pensions



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Commission, que solamente tenía tres miembros. Me interesa el presidente, Adair Turner. Esta comisión hizo un informe sobre la reforma de las pensiones y este señor, que era quien la presidía, dice el propio informe que es actualmente -lo
decía entonces- vicepresidente de Merrill Lynch Europa. Luego fue director de la FSA, de la Financial Services Authority, es decir, de un departamento público. Detrás de esta comisión llegó el informe del Independent Public Service Pensions
Commission, conocido como informe Hutton, porque lo hizo un diputado llamado John Hutton, que tiene un capítulo en el que pone: Expert panel, la lista de los expertos que dice que le ayudaron, le asistieron, etcétera. El primero, es un profesional
de seguros que ha trabajado en AON toda su vida y que llegó a ser presidente de la Asociación británica de gestores de fondos de pensiones. También tengo documentación, aunque algo menos completa, de lo que pasó en Italia, de las dos comisiones que
se formaron en Italia para la reforma de las pensiones, presididas por Onorato Castellino y Alberto Branbilla, que son dos personas que estaban trabajando en el sector privado del ahorro. El hecho de que en las comisiones de expertos haya personas
del sector del ahorro privado podrá parecerles criticable y eso, quiero que les quede muy claro, es absolutamente respetable, pero lo que ha hecho esta comisión de expertos no es anormal. (La señora vicepresidenta, Angulo Romero, ocupa la
Presidencia). Hay muchos ejemplos y es lo que normalmente se ha hecho en estos temas.


Señor Coscubiela, le haré una pequeña aclaración, simplemente, porque no quiero dejar de decirlo. No me he explicado bien. El estudio que yo hice para Unespa y que después acabó en la Seguridad Social era un estudio meramente descriptivo
de cómo habían abordado los diferentes países el factor de sostenibilidad, no era sobre el factor de sostenibilidad que había que hacer. Este estudio, y se lo puedo mandar, ni siquiera dice que hay este, este, este y este, y de todos estos el que
más me gusta es este. Esto último no aparece en el estudio; era meramente descriptivo. Me parece que no me explicado bien. También se ha hablado de que si esta comisión lo que quiere es meter por el portillo de atrás el concepto de las cuentas
nacionales, pero no voy a entrar en este tema porque creo que Ignacio ha sido bastante claro al explicar que el sistema de cuentas nacionales es un sistema de reparto y, por tanto, no es de capitalización.


También he explicado esto en mi intervención, pero si hace falta vuelvo a hacerlo. Usted ha preguntado por qué no se ha tenido en cuenta el impacto de la Ley 27/2011 en el factor de sostenibilidad. Creo que sí se tiene en cuenta. El
factor de sostenibilidad está diseñado de tal manera que si la reforma es efectiva, que lo va a ser -estoy seguro de que lo va a ser-, al hacer que las personas trabajen más años hay un factor que es crecimiento de pensionistas que se va a ver
afectado y, por tanto, al verse afectado el número de pensionistas también se va a ver afectado el factor gasto; ingresos partido por gastos es un quebrado que va a mejorar, por decirlo así, sobre lo que sería sin la reforma y, por tanto, el FRA va
a exportar incrementos de pensiones superiores a los que exportaría sin reforma. Quizá no se han tenido en cuenta en los cálculos concretos los elementos de la reforma, pero reforma está en el FRA, porque este prevé que en el momento en que haya un
movimiento en el sistema de pensiones, por decirlo así, que provoque, en este caso, una reducción, una ralentización del crecimiento del número de pensionistas, al estar ese crecimiento como elemento de la fórmula se va a notar en forma de
crecimiento.


El señor Campuzano -que no está- hablaba del tema del INE. Le quisiera anunciar que probablemente mañana va a poder preguntar todo lo que quiera sobre este tema, porque creo que vienen los actuarios, que son precisamente los que más han
insistido en la comisión sobre este tema de la demografía. Respecto de la intervención de la señora Cordero, tengo que decir que estoy con Ignacio en que está claro que esa frase que contiene el documento de 'se tenía que haber hecho hace muchos
años' no es muy feliz. Por tanto, no habría que haberla puesto o habría que haber intentado explicarla. Voy intentar explicársela más que decirle que la olvide. He dicho en mi intervención -quizá no lo he dicho categóricamente- que valoro mucho
-efectivamente es así- todo el trabajo que se ha hecho en España en los últimos treinta años en cuanto a pactos sobre reforma de las pensiones Pero todo ese trabajo, todas esas reformas paramétricas, en mi opinión, hubieran sido absolutamente
compatibles con el diseño de un factor de sostenibilidad. Eso es lo que, en mi opinión -una vez más digo, en mi opinión, porque esa frase la firman diez-, quiere decir esa frase del informe; es decir, que además de todo lo que se ha hecho, que
tiene un gran valor, si se hubiera hecho un factor de sostenibilidad en paralelo se hubiera tenido una valoración transparente de las consecuencias de esas reformas que el Pacto de Toledo, primero el pacto político y, posteriormente el Pacto de
Toledo, fue adoptando, afrontando y pactando en el marco de la reforma de las pensiones.



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Lo que he criticado en mi intervención -y sigue pareciéndome que es un problema que honradamente creo, en mi opinión, que habría que cambiar de alguna manera, y el factor de sostenibilidad es una gran oportunidad para hacerlo- es que veo
-puedo estar equivocado- que el tema de las pensiones aparece y desaparece y cuando aparece es para contar muy malas noticias y para -hay una palabra que no voy a decir por decencia-... a la gente. Desde mi punto de vista, con un factor, que es de
smoothing, que lo que hace es generar evoluciones en la pensión -lo he dicho en mi intervención- no tan altas en los años buenos, pero no tan bajas en los años malos, se establece un entorno más smooth, más suavizado, más regular y que, sobre todo,
aporta al ciudadano un entorno de conocimiento o de juicio sobre el sistema de pensiones y su propia pensión. En modo alguno contemplo como antitética la formación de un factor de sostenibilidad y las reformas que se han hecho hasta el momento y
que se puedan hacer en el futuro. Mi idea es que hubiera sido bueno que esas reformas se hubieran hecho con un factor de sostenibilidad ya calculado y en aplicación. Les recuerdo otra cosa que también he dicho en mi intervención. Yo soy
partidario incluso de que aunque no aprobasen ustedes la aplicación del factor de sostenibilidad sí aprobasen su cálculo, porque solamente su cálculo y la publicación de sus resultados, desde mi punto de vista, tiene unos efectos enormemente
taumatúrgicos e importantes.


Me pregunta directamente la señora Cordero: ¿Considera que este informe contribuye a tranquilizar a las personas? Sí, en coherencia con lo que he dicho. En mi intervención he dicho, y lo repito, porque lo sigo creyendo una hora después,
que lo que realmente genera angustia en el tema de las pensiones es no saber, no tener datos, tener esa sensación de que de momento no pasa nada, pero que quizás mañana nos encontremos con un Consejo de Ministros, del color que sea, que se descuelga
a las dos de la tarde con una rueda de prensa en la que dice: voy a convocar al Pacto de Toledo porque hay que hacer reformas en el sistema, por lo que sea, porque me lo dice Bruselas o porque me lo dice Murcia; me da lo mismo. En cualquier caso,
voy a convocar al Pacto de Toledo porque hay que hacer reformas. Creo que el factor de sostenibilidad, una vez que este rodando y dando resultados, va a aportar tranquilidad y, sobre todo, insisto, información, que en estos momentos no tiene, a ese
40 % de la población que estimaba antes basándome en los resultados de las encuestas en Suecia, que verdaderamente quiere tomar las riendas de su pensión y de las pensiones, que quiere tener una opinión sobre el sistema de pensiones y un mínimo
elemento de control sobre lo que pasa, sobre lo que tiene que pasar y sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Con esto simplemente he terminado.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Sustanciado el orden del día y no sin antes dar las gracias a los tres comparecientes, don Manuel Lagares Calvo, don Miguel Ángel Vázquez Burgos y don Ignacio Conde-Ruiz por su disponibilidad para
comparecer en esta Comisión y por atender las posibles dudas que algunos de los componentes de los grupos políticos les han manifestado.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cinco minutos de la tarde.