CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 317

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA

Sesión núm. 15

celebrada el miércoles,

8 de mayo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Para desarrollar y cumplir con el título V de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000427) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Sobre el caso Magnitsky. Presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001061) ... (Página7)


- Sobre la ley de acción exterior y la participación en su proceso de definición. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001343) ... (Página11)


- Relativa al establecimiento de un plan director de derechos humanos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/001539) ... (Página15)


- Sobre impulso a la entrada en vigor del Tratado internacional de comercio de armas y su debida aplicación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001550) ... (Página18)


- Sobre el quinto centenario del descubrimiento de Florida. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001559) ... (Página21)

Página 2

- Por la que se insta al Gobierno a adoptar la quinta libertad en los tratados internacionales de aviación civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001570) ... href='#(Página24)'>(Página24)


Dictamen sobre:


- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Cabo Verde, hecho en Praia el 23 de noviembre de 2012. (Número de expediente 110/000079) ... (Página27)


- Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y protocolo, hecho en Madrid el 16 de noviembre de 2011. (Número de expediente
110/000080) ... (Página27)


- Acuerdo entre el Reino de España y el Programa Mundial de Alimentos para el establecimiento de oficinas del Programa Mundial de Alimentos en España, hecho en Nueva York el 19 de julio de 2012. (Número de expediente 110/000081) ... href='#(Página27)'>(Página27)


- Tratado sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012. (Número de expediente 110/000082) ... (Página27)


- Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, hecho en Moscú el 28 de octubre de 2011, y declaración que España desea formular. (Número de
expediente 110/000083) ... (Página27)


- Acuerdo sobre una zona de aviación común entre la Unión Europea y sus Estados miembros y la República de Moldavia, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012. (Número de expediente 110/000084) ... (Página27)


- Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de Kazajstán, hecho en Madrid el 21 de noviembre de 2012. (Número de expediente 110/000086) ... (Página27)


- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República Federal Democrática de Etiopia, hecho en Addis Abeba el 19 de febrero de 2013. (Número de expediente 110/000087) ... (Página27)


Se abre la sesión a las seis y diez minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- PARA DESARROLLAR Y CUMPLIR CON EL TÍTULO V DE LA LEY ORGÁNICA 6/2006, DE 19 DE JULIO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000427).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


De acuerdo con lo que hemos decidido en Mesa y portavoces, se limitará el tiempo de intervención a cinco minutos en lugar de lo que es habitual, que son diez minutos, tanto a efectos del ponente que presente la iniciativa como a efectos de
las intervenciones de los grupos parlamentarios en defensa de sus posiciones, sean enmiendas, sea simplemente posicionarse al respecto.


Vamos a empezar con la primera de ellas: proposición no de ley para desarrollar y cumplir con el título V de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto.


Para su defensa tiene la palabra la señora Jordà.

Página 3

La señora JORDÀ I ROURA: La presente proposición no de ley pretende cumplir con lo establecido por el Estatuto de Autonomía de Catalunya, el Estatut, que de hecho está vigente, después -eso cabe decirlo- de sus diversos cepillados. En
particular, esta iniciativa pretende que el Estado español cumpla con la ley en lo referente a la acción exterior de la Generalitat de Catalunya. Esta acción exterior recogida en el capítulo III del Estatut contiene en su articulado consideraciones
como las siguientes -leo textualmente-: los órganos de representación exterior del Estado prestarán el apoyo necesario a las iniciativas de la Generalitat, artículo 195. Cuando se trate de tratados que afecten directa y singularmente a Cataluña,
la Generalitat podrá solicitar del Gobierno que integre en las delegaciones negociadoras a representantes de la Generalitat, artículo 196.2. La Generalitat debe participar en los organismos internacionales competentes en materias de interés
relevante para Cataluña, especialmente la Unesco y otros organismos de carácter cultural en la forma que establezca la normativa correspondiente, artículo 198. Estos son, señorías, tres simples ejemplos de lo establecido en el vigente Estatut de
Catalunya, referente a la acción exterior de la Generalitat y que el Estado no cumple y debería cumplir. Debería cumplir con ello porque es una ley orgánica, una ley orgánica aprobada por estas Cortes Generales y que además ha sido avalada por el
Tribunal Constitucional, al que ustedes lo llevaron.


El Gobierno español está obligado a cumplir con su ley en cualquier caso y no solo cuando le parezca oportuno ideológicamente hablando. Por cierto, este mismo capítulo del Estatut de Catalunya es el que legitima el establecimiento de
oficinas de la Generalitat de Catalunya en el exterior. Ya sabemos cuál es su opinión al respecto, no hace falta ni que tan siquiera se la pida. No obstante, la Generalitat de Catalunya decidió abrirlas y las mantiene porque entiende que son
eficientes para los intereses de la población catalana, a la vez que entiende que sirven para promocionar la internacionalización y la exportación de las empresas catalanas, es decir, generan empleo y generan a la vez riqueza en nuestro país, en
Cataluña. Las oficinas catalanas no son un gasto, sino que son una inversión. Acabo ya, señor presidente. Además, las oficinas catalanas se abren en buena parte ante la ineficiencia, oposición o dejadez con los intereses de las empresas catalanas
por parte de las embajadas y consulados españoles; la misma ineficiencia, oposición o dejadez que han demostrado a la hora de permitir la participación de Cataluña en organismos internacionales como la Unesco a nivel de cultura o de otros ámbitos
donde Cataluña tiene competencias exclusivas.


Señorías, cumplan con la ley y dejen que Cataluña haga por la economía e intereses catalanes aquello que las delegaciones españolas, así como las embajadas y los consulados, que nosotros también pagamos, no quieren o no saben hacer en este
caso por Cataluña.


El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas presentadas, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


Para defender la del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Chaves.


El señor CHAVES GONZÁLEZ: Señoras y señores diputados, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto está relacionada con el debate que se abrió en su momento por el anuncio del proyecto de ley sobre acción exterior,
concretamente sobre la acción exterior de las comunidades autónomas, y en este caso con la acción exterior de la Generalitat de Catalunya.


Me van a permitir que haga una reflexión general remitiéndome, como no podía ser de otra manera, tanto al Estatuto de Autonomía de Cataluña y a otros estatutos de autonomía, como a la propia Constitución española. El artículo 149 de la
Constitución española establece la competencia exclusiva del Estado en el campo de las relaciones internacionales, y esta competencia no se menoscaba con las de acción exterior que tienen las comunidades autónomas y que se reconocen en varios
estatutos de autonomía; por citar algunos, el Estatuto de Autonomía de Cataluña o, por ejemplo, también el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Por lo tanto, si la acción exterior de las comunidades autónomas es constitucionalmente reconocida en
una ley que forma parte del bloque constitucional, creo que no hay que rasgarse las vestiduras ni mantener reservas en relación con esta acción exterior, absolutamente legítima, legal, y constitucional, bien para la proyección exterior de las
comunidades autónomas, de su cultura, de sus productos, de sus servicios, bien para libre y razonablemente disponer de los recursos materiales y personales con los que deseen acompañar esa presencia y asesoramiento en el exterior de sus
conciudadanos y de sus propios empresarios.


Pienso que hay desconfianza y reservas hacia la acción exterior de las comunidades autónomas, una desconfianza que también se produce en el ejercicio de otras competencias por parte de las comunidades autónomas y que forma parte de ese
sentimiento -entre comillas- antiautonomista y recentralizador de

Página 4

algunos sectores políticos y mediáticos que se dedican a cuestionar la validez del Estado autonómico manipulando muchas veces errores y defectos propios del modelo. De la misma manera que señalo ese afán recentralizador, también quiero
poner de manifiesto que no estoy de acuerdo con la utilización de la acción exterior por parte de las comunidades autónomas con un afán rupturista de la propia Constitución española o de los estatutos de autonomía. Estamos en un Estado complejo,
reflejo resultado de una profunda descentralización política, y creo que como en otros campos la acción exterior de las comunidades autónomas debe basarse en el principio de la lealtad institucional, es decir, que la acción exterior de las
comunidades autónomas debe centrarse, situarse en el marco de la política exterior del Estado y no entrar en contradicción con esta política exterior.


Si examinamos el Estatuto de Autonomía de Cataluña, si examinamos el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el del País Vasco u otros estatutos de autonomía, veremos que expresa o indirectamente se alude a la necesidad de la cooperación y de la
coordinación en la materia de la acción exterior. Además, si analizamos el capítulo III del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la acción exterior de la Generalitat se sitúa precisamente en este marco de la cooperación y de la coordinación.
Expresamente se habla o se recogen términos o expresiones como el apoyo de los órganos de representación del Estado a esta acción exterior o a la colaboración de los órganos de la Administración General del Estado; se habla de la información del
Gobierno a la Generalitat y de la reciprocidad, es decir, de la posibilidad de presentar observaciones por parte de la Generalitat al Gobierno y a la participación en organismos internacionales.


Termino, señor presidente. Pienso que quizás tengamos una debilidad en la complejidad de nuestro Estado, que son los mecanismos de cooperación y de coordinación. Por lo tanto, creo que es necesario reforzar esta cooperación y coordinación
precisamente en lo que se refiere a la acción exterior del Estado. Es necesario el diálogo, la información, la consulta y el acuerdo también en materia de acción exterior de las comunidades autónomas. Como he dicho antes, es un error cuestionar,
dificultar u obstaculizar la acción exterior de las comunidades autónomas, como también creo que es un error prescindir en esta acción de las comunidades autónomas de las estructuras, de los recursos materiales y personales del Estado en el
exterior; en definitiva, tener en cuenta el principio de la lealtad institucional recíproca.


El Grupo Mixto presenta una PNL sobre la acción exterior de la Generalitat y nosotros tenemos reservas y desacuerdos con la misma. No voy a hablar de ningún afán rupturista en este caso, pero creo que en algunos apartados y en algunos
términos y expresiones de la proposición no de ley se va más allá del espíritu y la letra del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por ello, señor presidente, hemos presentado una enmienda de sustitución en la que creemos que recogemos lo sustancial
de la PNL presentada por el Grupo Mixto. En ella ponemos de manifiesto, en primer lugar, la necesidad de desarrollar la acción exterior de la Generalitat, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Cataluña; en segundo lugar, la apuesta
por la coordinación y cooperación en el campo de la acción exterior de la Generalitat; y en tercer lugar, la invocación a la necesidad de la apertura de un proceso de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de España. En definitiva -y con ello
termino-, nosotros queremos poner de manifiesto dos cosas: en primer lugar, nuestro respeto a la acción exterior de las comunidades autónomas, y en este caso de la Generalitat de Cataluña; y en segundo lugar, que la situación de esta acción
exterior de las comunidades autónomas se sitúe en el marco general de la política exterior del Estado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Xuclá.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, voy a defender la enmienda y también a anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a esta proposición no de ley del Grupo Mixto, concretamente de Esquerra Republicana de Catalunya. En la
exposición de motivos de esta proposición no de ley el grupo proponente reproduce literalmente varios artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, evidentemente ley vigente, con lo cual en buena medida esta es una iniciativa que quiere subrayar
la necesidad de que se cumpla la ley. Nosotros somos partidarios de que se cumpla la ley, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, ley paccionada en todos sus extremos y también en los artículos referentes a la acción exterior de las comunidades
autónomas que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1994, surgida de una cuestión de competencias planteada por el Gobierno vasco, fija que las comunidades autónomas tienen capacidad de desarrollar una política exterior en
el ámbito de sus competencias. Así, pues, nosotros la vamos a votar favorablemente.


Por otra parte, presentamos también una enmienda de adición -les quiero hacer notar que nos hemos equivocado: la enmienda de adición no es al punto 2 sino al punto 1-, para abrir la puerta a la

Página 5

posibilidad de que la representación del Gobierno de la Generalitat, de la institución de la Generalitat de Cataluña en el ámbito internacional, se desarrolle a través del derecho de legación contemplado en el Convenio de Viena y también
recogido en la Carta constitutiva de Naciones Unidas. Señorías, quiero recordar que en el pasado se han producido casos de entes no estatales, como en la época soviética eran Ucrania o Bielorrusia, con presencia directa en Naciones Unidas a través
de la aplicación de este derecho de legación. Y si nos remontamos a principios del siglo XX también hay experiencias de presencia en la arena internacional de entes subestatales como el Estado libre de Baviera. Con este espíritu presentamos esta
enmienda de adición, de mejora de complemento, a una iniciativa que en general compartimos con el grupo proponente.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Vasco quiere hacer uso de la palabra? (Asentimiento). El señor Esteban tiene la palabra.


El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo brevísimamente, señor presidente, ya que como no hay recelo alguno sobre estos temas en el Estado español creo que no habrá ningún problema para que se apruebe. Está claro, porque hasta el propio
presidente del Gobierno lo ha mencionado hoy, que la acción exterior de las comunidades autónomas es perfectamente legítima y constitucional. Insisto, el propio presidente Rajoy hoy lo ha mencionado. Lo que sinceramente da bastante pena es que
haya que acudir a las instancias parlamentarias -intuyo además que probablemente con poco éxito- para que se pueda hacer cumplir algo que no solo es ley, sino ley orgánica y que forma parte del bloque de constitucionalidad, se refiera a materias de
acción exterior o a cualquier otro tipo de asunto.


Algún portavoz ha mencionado que sería bueno que además se abriera un proceso de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno para desarrollar toda esta actividad, pero, señorías, qué más hace falta negociar de nuevo y cuántas veces se va a
negociar si ya se ha negociado, si ya se ha plebiscitado, si ya se ha acordado. Cuando hay asuntos -por citar uno nada más-, como la clarísima presencia -se dice literalmente en el Estatut de Catalunya- en la Unesco, qué más hay que negociar. Lo
que hay que hacer es cumplir las leyes. Por tanto, votaremos -y creo que actuamos de manera absolutamente constitucional; quizás otros no tanto- a favor de la propuesta que se hace.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo muy brevemente para expresar la oposición rotunda de mi grupo a esta iniciativa. Desde luego, hay muchos motivos para desconfiar de lo que se llama acción exterior de las comunidades autónomas, que
tiene una cobertura constitucional en sentencias del Tribunal Constitucional y del Estatuto así como en otra legislación, pero que en los últimos tiempos se ha convertido no en acción exterior sino en actividad diplomática. Podemos hablar de un
mundo ideal en el que las comunidades autónomas se comportaran como tales y llevaran a cabo determinadas actividades en el exterior, pero en el mundo real en el que vivimos nos encontramos con comunidades autónomas que se comportan como si fueran
países.


Me refiero concretamente a un hecho muy reciente como es la creación de esa entidad público-privada llamada Diplocat, organismo creado para la diplomacia de Cataluña, que se define a sí mismo como una entidad al servicio del Gobierno y del
conjunto del país -cuando dice país se refiere a Cataluña- que desarrollará una estrategia de diplomacia pública dirigida a la sociedad civil internacional que contribuya al conocimiento y al reconocimiento de Cataluña. Es decir, es una acción
diplomática enmarcada en la acción de un país, no de una comunidad autónoma. Ese mismo organismo, Diplocat, ha lanzado recientemente una campaña en la que dice cosas como que cualquier negociación con España resulta imposible, que muchos catalanes
no reconocen a España, a la que se tilda de opresora, y muchas cosas más. Por tanto, la desconfianza no es una actitud sino la respuesta natural a una extralimitación absoluta de ciertas comunidades autónomas en esa cobertura legal que tiene la
acción exterior y nosotros no somos partidarios de darle mayor cobertura ni de ampliarla.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Jordà simplemente a los efectos de comunicar a la Comisión si acepta las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y de Convergència i Unió.


La señora JORDÀ I ROURA: En principio, respecto a la de Convergència i Unió no hay ningún problema y la del Grupo Socialista no nos aportaba nada; acababa ahora de hablar con el señor Sáez...

Página 6

El señor PRESIDENTE: Usted dígame si la acepta o no la acepta.


La señora JORDÀ I ROURA: No la acepto.


Pasamos al siguiente punto del orden del día. Perdón. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Beneyto.


El señor BENEYTO PÉREZ: Señor presidente, muchas gracias por tener en cuenta al grupo mayoritario en la Cámara. (Risas). Este tema nuestro grupo lo aborda en su pragmatismo y con la misma o mayor sensibilidad y respeto a la legalidad a
los que los demás grupos han hecho explícita referencia. No se trata en absoluto de rasgarse las vestiduras ni por supuesto de una desconfianza hacia las comunidades autónomas, se trata del respeto a la legalidad interna e internacional.


Respecto al derecho internacional y la legalidad internacional está bien claro que los únicos sujetos de derecho internacional son los Estados. Son los que tienen el derecho de representación, son los que tienen el derecho de legación, son
los que tienen el derecho de poder negociar y concluir contratos. Ese es el derecho internacional vigente que existe en el mundo desde que se inicia en el siglo XVI, se desarrolla en el siglo XIX y sigue vigente en el siglo XX y en el XXI. Ese es
el marco en el cual nos movemos, así que el único sujeto con capacidad plena de representación exterior del Estado es el Estado español, por tanto, ninguna de sus entidades subterritoriales o las comunidades autónomas. Esa es la legalidad
internacional. Desde el punto de vista del derecho interno está bien establecido también por el propio Tribunal Constitucional, que ha desarrollado hasta qué punto existe una lógica proyección exterior de las competencias de las comunidades
autónomas, el pleno respeto a lo que significa nuestro Estado autonómico, pero siempre, como establece de manera taxativa el propio Estatuto de Cataluña, que no incida en la política exterior del Estado y se respeten plenamente esos derechos de
representación exclusiva y de dirección de la política exterior del Estado que corresponde al Gobierno.


Por tanto, quisiera, en primer lugar, resaltar que la proposición no de ley de Esquerra Republicana va bastante más allá del propio texto del Estatuto. El Estatuto dice en su artículo 193 que la Generalitat debe impulsar la proyección de
Cataluña en el exterior y promover sus intereses en este ámbito respetando la competencia del Estado en materia de relaciones exteriores. De nuevo, cuando habla de la Unesco -participación en organismos internacionales, artículo 198- dice
taxativamente que la Generalitat debe participar en los organismos internacionales competentes en materia de interés relevante para Cataluña, especialmente la Unesco y otros organismos de carácter cultural, en la forma que establezca la normativa
correspondiente. Sin embargo, la proposición no de ley establece la representación de la Generalitat de Catalunya en todas aquellas organizaciones y foros internacionales que traten temas de interés específico de competencia exclusiva de Cataluña,
y también insta a establecer mediante ley la participación de representantes de la Generalitat de Catalunya en la Delegación Permanente del Estado español ante la Unesco y otros organismos de carácter cultural.


El término representación, si hace referencia a la competencia exclusiva del Estado de representación exterior, evidentemente lo que introduce es una ambigüedad que va mucho más allá del texto del Estatuto. Hay que tener en cuenta que el
Estado son todas las entidades del mismo, también las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas participan en la formación de la voluntad exterior del Estado a través de su propia actividad interna y existen ya cauces a través de los cuales
las comunidades autónomas, por ejemplo, pueden participar en la formación de la voluntad en relación con la Unión Europea, y con la propia Unesco existen cauces administrativos como es la propia Comisión nacional de colaboración con la Unesco. La
propia Unesco ha establecido bien claramente que la posibilidad de tener miembros asociados de entes subterritoriales solo es posible si los Estados miembros solicitan esa participación o esa presencia de sus entes subterritoriales en la Unesco.


Por tanto, nuestra posición es no aceptar tanto la proposición no de ley de Esquerra Republicana como las dos enmiendas presentadas respectivamente por CiU y por el Grupo Socialista. Entendemos que, por ejemplo, en la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista, en la que se propone añadir un segundo párrafo a continuación del primer inciso de la PNL de referencia, se está aceptando que la representación exterior del Estado, tal como establece la PNL, es menor y puede ser limitada
por un derecho de representación exterior de las comunidades autónomas, algo que no está de acuerdo con la legalidad vigente, como decía, ni interna ni internacionalmente.


En el momento en que se añade: Dicha representación se basará en el derecho de legación del Convenio de Viena y de la Carta constitutiva de Naciones Unidas, que es la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán, lo que se está
introduciendo entonces es una contradicción, porque, si la

Página 7

representación ya es la del Estado español, no hace falta establecer una representación específica distinta de alguno de sus entes subterritoriales, comunidades autónomas en este caso. Por tanto, nuestro grupo votará en contra de la
proposición no de ley y de las enmiendas así mismo presentadas.


El señor PRESIDENTE: Reitero la petición de excusas.


Pasamos al punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley... (El señor Chaves González pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Chaves.


El señor CHAVES GONZÁLEZ: Presidente, como ha hecho alusión a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, intervengo medio minuto para decir que entiendo que a algunos no les puede gustar el Estatuto de Autonomía de Cataluña -y ustedes
no lo votaron-, pero la participación de la Generalitat de Catalunya en la Unesco -en el punto 2-, le guste o no le guste, está en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que forma parte del bloque constitucional.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día... (El señor Beneyto Pérez pide la palabra).


Treinta segundos.


El señor BENEYTO PÉREZ: Como he hecho referencia, una cosa es lo que establece el Estatuto de Cataluña, que es legalidad vigente en estos momentos en España, y otra cosa es lo que propone la PNL. Son dos... (El señor Chaves González: No,
no. Las enmiendas). Lo que propone la enmienda es aceptar la PNL haciendo una introducción, porque lo que dice es: añadir un segundo párrafo a continuación. Es una enmienda de adición, no es una enmienda de sustitución, con lo cual se está
aceptando la proposición no de ley... (El señor Chaves González: Léete la enmienda).


El señor PRESIDENTE: La enmienda es de sustitución y, no obstante, no discutamos más sobre la misma porque está rechazada ya. Por tanto, no vale la pena.


- SOBRE EL CASO MAGNITSKY. PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001061).


El señor PRESIDENTE: Pasemos al punto 2.º del orden del día: Proposición no de ley sobre el caso Magnitsky, propuesta por el Grupo Socialista, Grupo Catalán (Convergència i Unió) y Grupo Vasco. En ese sentido, los grupos proponentes
intervendrán de menor a mayor o de mayor a menor, como deseen.


El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, si no le importa, el señor Sánchez Amor comenzará la exposición.


El señor PRESIDENTE: ¿En nombre de los tres?


El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, después continuaremos nosotros, pero muy brevemente. Él es el que hará básicamente la exposición.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Amor.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Les traemos un asunto que no es de los habituales últimamente en nuestra agenda política española, tan centrada en las dificultades económicas, pero que supone el recuerdo, como en otros casos de derechos humanos, de
una obligación moral y de un deber hacer que nos corresponde como Parlamento.


Hay muchas violaciones de derechos humanos en el mundo y siempre tenemos la tentación de decir por qué se pone el foco en unas y no en otras, pero algunas de ellas se convierten por el motivo que sea en emblemáticas, y quiero recordar, por
ejemplo, el caso de esa niña, Malala Yousafzai, que ha sido tiroteada por defender su derecho a la educación. El caso Magnitsky desde este punto de vista podría ser también emblemático de una situación, y por eso hablamos de él y no de una
situación general de derechos humanos en otra parte del mundo.

Página 8

Lo primero que querría decir en mi nombre y en el de los compañeros que han firmado la PNL es que no hay ningún tipo de sentimiento antirruso ni ningún tipo de prevención respecto de ese país y que manifestamos nuestro respeto y nuestra
amistad tanto al pueblo como a las autoridades, pero esta amistad con Rusia es leal y, por tanto, esa lealtad nos obliga también a la sinceridad en momentos en los que la relación tiene que hablar de temas menos simpáticos o más dolorosos.


La escala del caso Magnitsky desde 2009 no ha dejado de crecer. Es extraño porque en España no ha encontrado el eco que sí ha encontrado en el resto de los países de la Unión Europea y en América del Norte. En España estamos tardando
quizás demasiado en tener un pronunciamiento, dado que ha habido pronunciamientos formales ya del Congreso de Estados Unidos, del Parlamento holandés, del Parlamento canadiense, del Parlamento italiano, del Parlamento Europeo, de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, del Parlamento sueco, del Parlamento polaco, del Parlamento británico hace quince días por segunda vez y del Parlamento irlandés también hace algunos días. No sabría
decir por qué no ha encontrado hueco en nuestra agenda de Asuntos Exteriores este asunto, pero estoy seguro de que no es por falta de sensibilidad ni de nosotros ni de los Gobiernos que se han sucedido desde 2009 en el Gobierno.


El problema del caso Magnitsky es que sobre un núcleo central de hechos comienza a acumularse una gran cantidad de circunstancias que son adjetivas y de repente el caso se convierte no solamente en un caso de derechos humanos sino en una
especie de test de sinceridad de la voluntad de reformas de las autoridades rusas y, últimamente, en un reto, en una prueba de fuego para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia a partir de la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de una
ley que, con motivo de este caso, prohíbe la entrada y congela los bienes de una lista de funcionarios rusos que se ven de esa manera sancionados en la legislación de Estados Unidos.


La respuesta rusa ha sido tan suave y diplomática como suele ser, aprobando una ley en la que prohíbe las adopciones de niños rusos en Estados Unidos. Hay una clara relación entre esta ley y la Ley Magnitsky, aprobada por el Congreso, de
tal manera que el asunto pasa a ser una especie de dosier más en la carpeta de las cumbres internacionales. Eso tiene el riesgo de difuminar lo que en esencia son los hechos que dan lugar a nuestra preocupación y a la de muchos parlamentarios a lo
largo de Europa.


Hay un abogado de una empresa británica que descubre y denuncia una trama corrupta que está defraudando a la Hacienda rusa y en la que hay policías y funcionarios de Hacienda. Ese abogado es investigado por los mismos policías a los que él
acusa de estar defraudando a su Gobierno. Ese policía es, por esas investigaciones de los policías a los que él acusa, encarcelado a la espera de juicio y ahí pasa un año. Y en esa detención prejudicial, antes del juicio, se producen malos tratos,
hay una mala atención médica y un comité de derechos humanos ruso aprecia que fue golpeado y le fue negada la asistencia el día de su muerte, manteniendo una ambulancia una hora y dieciocho minutos fuera del local donde estaba el señor Magnitsky, lo
que provocó finalmente su muerte. Hay un comité independiente, dependiente del presidente Medvedev, que reconoce el carácter torturante del tratamiento que tuvo el señor Magnitsky y reconoce que su detención por las personas a las que acusaba era
irregular.


Ese es el núcleo en el que me gustaría que concentráramos nuestra atención, porque a partir de ahí surge toda esa enorme bola de nieve, pues el jefe de este abogado, el propietario o el director ejecutivo de la compañía que él empleaba,
emprende una campaña personal por toda Europa para intentar reparar esa injusticia. Hay una enorme repercusión internacional. Las autoridades rusas, entiendo que para justificar lo que había pasado, emprenden algo que no había sucedido en Rusia
desde hacía centenares de años: un juicio póstumo. Se abre un juicio a una persona muerta para hacerla responsable del fraude que él mismo denunció y hay un intento, por tanto, de cerrar el asunto. De tal manera que en este momento, a partir de
algunos juicios a los servicios médicos de la prisión, no hay nadie acusado ni procesado por esta circunstancia.


¿Qué pedimos al Gobierno? Con un lenguaje que yo creo que ha sido muy prudente -no estamos hablando de listas ni de congelación de fondos bancarios- le pedimos que tome una posición activa en el asunto, que siga las recomendaciones de estos
parlamentos y organismos internacionales que se han pronunciado sobre el asunto, que exija la depuración de las responsabilidades a las autoridades rusas en nuestras relaciones bilaterales y, en fin, que tome una posición activa en un dosier en el
que España estaba lamentablemente ausente, y en la medida de lo posible que sea capaz de diferenciar el tratamiento de nuestro apoyo a una causa de derechos humanos como esta de lo que son las relaciones con Rusia.


Termino, señor presidente. Las relaciones con el Gobierno ruso a veces son complejas y la reacción ante la ley americana lo demuestra, pero pediría a nuestro Gobierno que sepa diferenciar la defensa de un caso de derechos humanos de nuestra
amistad y nuestros intereses con el pueblo y las autoridades rusas.

Página 9

El señor PRESIDENTE: Recuerdo, por si hay personas que han llegado tarde, que en Mesa y portavoces hemos concertado que las intervenciones se limiten a cinco minutos.


Por el grupo parlamentario también proponente, Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: En aras de la brevedad acordada entre las partes y a que no se trata muchas veces de hablar por hablar, sino de subrayar aquello que ha estado muy bien defendido por uno de los grupos coproponentes de esta
iniciativa, doy por defendida en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la iniciativa en los términos expresados por el señor Sánchez Amor.


El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco y seguro que me expreso en nombre de todos.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Brevemente también. Me sumo a las palabras y a la descripción perfecta del caso que ha hecho el señor Sánchez Amor. Insisto en que la iniciativa está hecha desde el respeto al pueblo ruso y a las instituciones
rusas, pero también desde la defensa de los derechos humanos, que debería ser un mandato de esta Comisión y un mandato en la acción interna y externa por parte del Estado español. Lo que presentamos es un suelo mínimo. Únicamente estamos haciendo
referencia a decisiones ya tomadas por asambleas parlamentarias reconocidas. Estamos hablando de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo.


Tengo que decir que lo que se nos presenta como enmienda intenta modificar incluso la exposición de motivos. No estamos pidiendo una Cardin List, como ha señalado el señor Sánchez Amor, es un suelo mínimo. Podemos por eso -termino, señor
presidente- girar la cabeza, no mirar, pero creemos que eso no ayudaría al pueblo ruso ni tampoco a la defensa de los derechos humanos y a la justicia.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Mixto, representado por la señora Jordà, quiere intervenir? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario de UPyD, la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Solo para manifestar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley y en la línea de lo que ha señalado el portavoz del Grupo Socialista de cómo otros parlamentos han llevado a cabo iniciativas particulares,
aunque peque quizá de cierta ingenuidad señalar lo crucial que sería en este caso una posición común de la Unión Europea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Márquez.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Intentando ser breve para ajustarme a las directrices de la Presidencia, es importante de antemano y sobre todo, como primera consideración, dejar muy clara la postura del Grupo Parlamentario Popular, que es la
postura del Gobierno de España, en cuanto a la firme defensa de los derechos humanos, civiles y políticos y el compromiso expreso, un compromiso activo, un compromiso militante, diría yo, del Partido Popular y del Gobierno de España con la lucha por
la extensión del conjunto de derechos que se incluyen en los distintos acuerdos internacionales de los que España forma parte: la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos,
la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, el Convenio Europeo de Derechos Humanos o, como seguramente en una intervención posterior un compañero explicará, los planes nacionales de derechos humanos que tendremos oportunidad de
debatir en esta misma sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores. Es una defensa que nuestro grupo considera esencial, básica, y que debe formar parte de la agenda exterior de cualquier país democrático y avanzado.


Hecho este preámbulo, que me parecía importante, importantísimo diría yo, para que nadie se llame a engaño, nadie tergiverse y nadie quiera confundir en cuanto a la postura del Grupo Parlamentario Popular, paso a exponer las razones que en
principio nos llevarían a no votar favorablemente la proposición no de ley que se trae a debate en este momento. Nos encontramos ante una iniciativa que en principio podría parecer positiva en cuanto al apoyo a otras iniciativas supuestamente
respaldadas o adoptadas en el marco de foros internacionales de los que España es miembro de pleno derecho. Sin embargo, un examen más a fondo de la proposición no de ley, de sus considerandos y de sus peticiones, nos puede llevar a conclusiones
que no son tan simples.


Déjenme establecer algunas consideraciones previas que nos hacen pensar que la proposición no de ley adolece de defectos de contenido, de juicio y de rigor y que es en cierto modo prematura en sus

Página 10

extremos, así como escasamente práctica en sus peticiones. Quizá también es porque el tiempo la ha hecho caducar. Recordemos que es una proposición no de ley que se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso, de 4 de
diciembre de 2012 y algunos hechos importantes han sucedido desde ese momento hasta este mes de mayo de 2013. Quisiera relatarlo porque creo que es básico a la hora del considerando. En primer lugar, la proposición no de ley obvia dos hechos
fundamentales. En abril de 2012 el Juzgado del distrito de Moscú reabre el caso Magnitsky. Por tanto, en sede judicial rusa este caso está en este momento abierto, pero más allá, en octubre de 2012, la madre del fallecido, el señor Magnitsky,
denuncia su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es, por tanto, un caso que está siendo sometido a distintas instancias judiciales, una de las cuales, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, -estarán ustedes de acuerdo conmigo en
que es el máximo órgano europeo defensor de los derechos humanos-, cuya resolución daría solidez a cualquier iniciativa respecto al caso que ahora mismo estamos debatiendo.


En principio solamente por esos dos hechos sería conveniente esperar, sería de sentido común darnos un plazo de tiempo para saber si las resoluciones que adoptamos en este Congreso de los Diputados gozan de la adecuada firmeza en cuanto a la
debida comprobación de los hechos que se imputan. El Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular que le apoya apuestan por un enfoque pragmático y constructivo en sus relaciones con Rusia. Se ha dicho en las intervenciones anteriores y
creo que estamos todos de acuerdo en que Rusia es un país amigo al que nos unen innumerables lazos y vínculos culturales, históricos y sociales. La defensa y promoción de los derechos humanos -he dicho en el preámbulo de mi intervención- juega un
papel esencial, pero no es un papel condicionante del resto de los aspectos de la relación, pues para poder dar continuidad a la defensa de los derechos humanos en Rusia es necesario -es imprescindible, diría yo- mantener abiertos los cauces de
comunicación con sus autoridades.


He dicho, por tanto, que esta proposición no de ley me parece hasta cierto punto prematura, y lo es también porque es necesario apoyar la defensa de los derechos humanos en todos los países de nuestro entorno, incluida la Federación Rusa, a
través de la vía multilateral, apoyando expresamente las iniciativas planteadas en los distintos foros arriba referidos, es decir, los que he comentado en mi intervención, y que es necesario promover en estos foros que las autoridades rusas se
comprometan para el esclarecimiento de los hechos y pongan fin a la impunidad de los responsables de este suceso.


Quería además destacar cómo las iniciativas internacionales que se hacen constar en la parte de petición de la proposición no de ley son iniciativas en foros internacionales. En esos foros se ha debatido este tema y después la traslación a
los parlamentos nacionales no ha tenido el mismo fin. Quiero destacar cómo ninguna de las iniciativas que se han debatido hasta este momento en los parlamentos de los países de la Unión Europea han tenido apoyo o han prosperado. Los dos únicos
países en los cuales las iniciativas parlamentarias han tenido la aprobación de la Cámara correspondiente han sido Estados Unidos y Canadá, ningún país de nuestro entorno más próximo, de nuestros socios europeos. Pero en la Unión Europea sí se
están moviendo cosas. Quisiera destacar el apoyo a la iniciativa para que el presidente Van Rompuy escribiera una carta al presidente saliente, el presidente Medvedev, en la que hacía expresa referencia a la importancia de tener una adecuada
resolución del caso Magnitsky. O últimamente, en tan cercana fecha como el 20 de marzo de este año 2013, la resolución que la alta representante para los asuntos exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, dirige al presidente de la
Federación Rusa con relación exclusiva y concretamente al caso Magnitsky, en la cual hace constar lo lamentable de la situación y le pide que continúe el proceso de las indagaciones al objeto de dilucidar lo que ha sucedido en el caso que nos ocupa.


Decía además que me parecía que la proposición no de ley adolecía -termino, señor presidente, un minuto- de inconcreciones, incorrecciones e inexactitudes, incluso de presunciones. No es posible aceptar como probados hechos que están en
sede judicial y que no han tenido la oportunidad, por otra parte, hasta este momento, de ser probados, como ese fraude fiscal que es el comienzo de todos los hechos que nos ocupan o las torturas que se produjeron presuntamente en el interior del
establecimiento penitenciario. No es posible establecerlo de esa forma como hechos probados, aun cuando las evidencias puedan responder a una opinión en tal sentido. Tampoco creemos que sea cierta o que esté debidamente contrastada la opinión de
que no hay personas imputadas en este momento por los hechos que nos ocupan. Según la información que consta en mi poder, al menos una persona está imputada por hechos acaecidos en el transcurso de toda esta triste historia. En definitiva,
señorías, hemos propuesto una enmienda de sustitución que debería encontrar el adecuado punto en común de todas las opiniones que

Página 11

se han vertido esta tarde sobre el caso que nos ocupa y que, en primer lugar, es el común denominador, la firme defensa de los derechos humanos en todas partes del mundo y en particular también, por qué no, en la Federación Rusa, desde un
punto de vista pragmático, desde un punto de vista constructivo y desde un punto de vista multilateral en el seno en el cual se están llevando a cabo esas negociaciones o ese diálogo abierto con la Federación Rusa en torno a derechos humanos y otras
tantas materias. Esa enmienda de sustitución propuesta debería contentar al resto de grupos y proponentes de la proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Márquez, ¿está hablando de que han presentado una enmienda de sustitución?


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Sí, señor presidente. La hemos hecho circular entre el resto de grupos. No está presentada oficialmente.


El señor PRESIDENTE: Si la Mesa no la conoce, puede circular por donde quiera.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: En este momento me acerco para la que conozcan.


El señor PRESIDENTE: Enmienda in voce. Grupos proponentes ¿aceptan la enmienda?


El señor SÁNCHEZ AMOR: No, señor presidente. Lo hemos debatido ya previamente y la posición es negativa.


- SOBRE LA LEY DE ACCIÓN EXTERIOR Y LA PARTICIPACIÓN EN SU PROCESO DE DEFINICIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001343).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: proposición no de ley sobre la ley de acción exterior y la participación en su proceso de definición del Grupo Parlamentario Socialista, que a su vez presenta una
autoenmienda. Para la defensa de la proposición y de la enmienda tiene la palabra el señor Sáez.


El señor SÁEZ JUBERO: Desde el inicio de la presente legislatura, el Gobierno y el ministro de Exteriores anunciaron su voluntad de dotar a nuestra acción exterior de un instrumento legislativo. Lo hizo en la idea de que como ley
estructural fuera fruto también del diálogo y del consenso y muy especialmente del consenso de los grupos parlamentarios. Lo cierto es que el borrador del anteproyecto de ley de acción y servicio exterior del Estado que fue sometido al trámite de
audiencia, adoleció del mínimo diálogo no solo con los grupos parlamentarios sino también con diplomáticos, técnicos comerciales, ONG, empresas y comunidades autónomas, por ejemplo. La presentación de esta proposición no de ley pretende, en parte,
corregir la notable falta de diálogo con una aportación de mínimo común denominador de los grupos parlamentarios que permitan construir una arquitectura compartida en esta ley de acción exterior. Compartimos la necesidad de esta ley, no en vano
existe todavía en vigor normativa preconstitucional y no hay ninguna ley en nuestro actual período democrático que establezca los objetivos de nuestra política exterior. Sin embargo, constatamos en el borrador del anteproyecto que conocemos un
enfoque no necesariamente compartido y enormes lagunas que deben corregirse si el Gobierno quiere contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista. Algunos de estos errores de enfoque y lagunas son, según nuestro criterio, y quiero
ejemplificarlo en la desconfianza institucional con las comunidades autónomas como actores de la política exterior. El control y no la cooperación inspiran, o parecen inspirar el borrador de esta ley. Incluso parece que este sea el motivo
principal que justificaría la necesidad de una ley de acción exterior, aspecto que obviamente no es el motivo principal que debe informar la necesidad de una ley de acción y de servicio exterior. La exposición de motivos indica que es una ley de
corte excesivamente economicista, dedicada muy especialmente a la diplomacia económica y hace nulas referencias a los valores y principios de la política exterior. La confusión que existe en el borrador del proyecto ley entre la acción exterior y
el servicio exterior del Estado, el escaso valor que da a la diplomacia parlamentaria y la ausencia de un control parlamentario de los objetivos y del balance de nuestra acción exterior. También observamos una cierta voluntad uniformizadora en los
contenidos de la marca España, de la diplomacia cultural, que prescinde de nuestra riqueza pluricultural y plurilingüística. Constatamos un escaso protagonismo en la ley de acción exterior de la acción exterior de la Unión Europea, del servicio de
acción exterior de la Unión Europea que no tiene un tratamiento diferenciado del internacional. Parece difuso el

Página 12

papel del Ministerio de Asuntos Exteriores en la coordinación de la política exterior. Encontramos que la cooperación al desarrollo, que es un pilar importante en la acción exterior, en este borrador de la ley tiene un tratamiento residual.


Por ello hemos presentado esta proposición no de ley con el objetivo de consensuarla con el resto de grupos parlamentarios para ser compartida, con la idea de que esta ley de acción exterior se tramite con criterios de diálogo y consenso y
se informe con carácter inmediato a los grupos parlamentarios del borrador después del trámite de audiencia; que se establezcan los oportunos cauces de participación de todos los actores de la acción exterior y de diálogo con el ministerio para que
el anteproyecto de ley de acción exterior incorpore sus aportaciones; la participación de todos estos actores; reforzar, como hemos indicado, el papel de las Cortes Generales en el ámbito de la diplomacia parlamentaria; que se acompañe en la
futura ley de acción exterior una clara previsión de recursos que asegura dicha ley; que cuente con un marco presupuestario; incluir como principios de la acción exterior los principios de solidaridad, multilateralismo y defensa de los derechos
humanos como principios inspiradores de toda acción exterior de nuestro país; incluir mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que la acción exterior se corresponda en la práctica con las principales prioridades geográficas y
sectoriales que marque el Gobierno en cada legislatura; paralizar la reforma del despliegue exterior de nuestro país, actualmente en marcha, y consensuarla con los grupos parlamentarios. A estos nueve puntos hemos añadido esta enmienda de adición
para reforzar la necesidad de que las comunidades autónomas sean un actor de la política exterior del Estado español.


Convergència i Unió ha presentado una enmienda de adición en términos similares, recordando nuestra jurisprudencia constitucional. Estamos seguros de que podemos alcanzar una transacción entre el texto del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència y el nuestro para aceptar esta enmienda de adición que ha propuesto el grupo proponente. En definitiva, nos gustaría alcanzar un amplio consenso en este mínimo común denominador con el resto de grupos parlamentarios para que ayuden en
este trámite que se ha iniciado de la futura ley de acción exterior y que cuente con un mayor diálogo y con el consenso de los grupos parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Vayamos por partes. Primero por la parte y después por el todo. La parte hace referencia a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán. El Grupo Socialista ha presentado una iniciativa sobre una futura ley de
acción exterior que nos ha anunciado el Gobierno, de hecho lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en su primera comparecencia para exponer las líneas generales de su departamento durante esta legislatura. El Grupo Socialista a
la hora de redactar una larga y detallada proposición no de ley, ya que, de hecho, tiene algunos ribetes de enmiendas de la futura ley de acción exterior con aportación de ideas y aportación de puntos de vista razonables, no había prestado atención
en la dimensión del reparto de competencias entre la acción exterior del Estado y la de las comunidades autónomas. Por eso hemos presentado esta enmienda de adición en cuanto al respeto a las competencias de la acción exterior de las comunidades
autónomas, subrayando, y esto va en la línea inspiradora de alguna futura enmienda nuestra, la necesidad que este respeto comporta de evitar la utilización de mecanismos superfluos de control por parte del Estado respecto a las comunidades
autónomas, ciñéndonos estrictamente a la legalidad vigente, esto es, al derecho positivo, al Estatuto de Autonomía, ley del bloque constitucional, y también a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a partir de la sentencia 165/1994.


Señor Sáez, usted ha invocado la posibilidad de llegar a un acuerdo entre su enmienda y la nuestra. Estamos a favor de la primera parte del redactado de su enmienda, incluir en la futura ley de acción exterior a las comunidades autónomas
como actores de la política exterior; punto y final para nosotros en tanto en cuanto los principios de cooperación, coordinación y confianza institucional, especialmente los de cooperación y coordinación, a la luz de la experiencia conocida en los
últimos años más bien nos evocan el borrador del proyecto de ley en su artículo 10 y 11 con mecanismos superfluos e innecesarios.


Finalmente, para hablar del conjunto de esta proposición no de ley, como les decía hace algunas aportaciones interesantes sobre la tramitación de la ley. En cuanto al punto número 9, que pide paralizar esta reforma, lo importante es que
precisamente existe un texto articulado para hablar, discutir y enmendar el proyecto del Gobierno. Los grupos parlamentarios hemos sido convocados y se nos ha presentado este anteproyecto, y hoy mismo nos ha llegado por correo electrónico a los
portavoces de los grupos un nuevo

Página 13

borrador actualizado de este proyecto de ley. El debate parlamentario es el debate de las proposiciones no de ley -eso está bien-, pero especialmente es el debate de las leyes, del derecho de enmienda, del derecho de propuesta y del
consenso en el trámite legislativo. Por todo esto presentamos esta enmienda. Estamos a la espera de ver si el Grupo Socialista nos presenta una propuesta de fusión entre el redactado de las dos enmiendas, y nos reservamos el anuncio del sentido
final de nuestro voto en función de esta capacidad de acuerdo y de esta invocación al consenso que planteaba el propio señor Sáez.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Intervengo brevísimamente, como desea el señor presidente, para decirle al grupo proponente que en este caso nos vamos a abstener. Puede que estuviéramos de acuerdo con algunos de los puntos, pero la inclusión del
punto 10 nos dificulta todavía más la cuestión al hablar del principio de coordinación, el de cooperación y el de confianza institucional. En la franqueza y las relaciones bien llevadas estoy de acuerdo, en lo de la coordinación me temo que no.
Debe dejarse actuar a cada institución y sus competencias libremente. No sé al final en qué va a acabar todo esto. Confío en que esta semana en determinada conversación que espero que se produzca -parece que se va a producir, y estoy hablando a
nivel de las inquietudes que ha suscitado en el País Vasco este proyecto- puedan aclararse algunas cuestiones y llegar a determinados acuerdos. Nos gustaría es ir sabiendo de una vez cuál es el borrador con el que tenemos que trabajar, sobre el que
tenemos que ir pensando e ir proponiendo los posibles cambios, porque hoy también se nos ha sorprendido con una nueva redacción del borrador del anteproyecto. En cualquier caso, señor Sáez, aunque estamos de acuerdo con algunos puntos, como en
otros no podemos coincidir, me abstendré en la votación.


El señor PRESIDENTE: Por Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo sobre todo para hacer una observación. Hay algunos puntos de esta proposición no de ley que hacen alusión puramente a la tramitación, en puntos relativos a la transparencia y a la participación que
nosotros compartimos. Hay otros puntos que no, sobre todo a partir del número 5, aunque también entre los puntos 1 al 4 se entremezclan asuntos relativos al contenido de esa futura ley. Aunque es un poco dificultoso, pediríamos al grupo
proponente, para tratar de simplificar y votar algo a favor, que se separan los puntos del 1 al 4, por un lado, y del 5 al 9 por otro, para votar a favor de facilitar la transparencia y la participación en el trámite, pero no entrar en el contenido
de la ley porque nos parece que no es el momento oportuno.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Beneyto.


El señor BENEYTO PÉREZ: Gracias a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios por lo que significa el reconocimiento de que estamos dando un paso importante, como se había propuesto por parte del Gobierno y del ministro de
Asuntos Exteriores como uno de los objetivos principales en la primera parte de la legislatura, conseguir el más amplio consenso sobre la discusión parlamentaria y la aprobación en su momento de una ley de acción de servicio y acción exterior.
Desiderátum de diferentes Gobiernos anteriores y de la propia Cámara, que esperamos conseguir. En este sentido todos los grupos deberían estar satisfechos, porque no ha sido el Grupo Popular el primero que insta y tiene la iniciativa para realizar
esta ley sino, como es bien conocido, que han sido también Gobiernos anteriores los que lo intentaron y, a pesar de las dificultades, tenemos en este momento un proyecto de ley. Este proyecto de ley está en trámite y ha ido pasando los sucesivos
trámites establecidos, entre los cuales en estos momentos, como es conocido por parte de todos los portavoces, acaba de finalizar el periodo de audiencia pública. Se transmitió el día 18 de abril por el trámite de urgencia a informe del Consejo de
Estado, y tras este el texto será examinado nuevamente por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministro, para su remisión como proyecto de ley a las Cortes Generales. Por
tanto, ese es verdaderamente el momento en el cual se iniciará el trámite de discusión parlamentaria.


Hasta este momento el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha sido rigurosa y exquisitamente respetuoso con la participación de los órganos que está previsto que participen en la elaboración. Por
ejemplo, el trámite de audiencia del anteproyecto se ha sometido a la consulta de cuarenta y cuatro entes, las diecisiete comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias, las
federaciones vasca y catalana de

Página 14

municipios, los órganos constitucionales -Cortes Generales, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo-, las organizaciones sindicales más representativas, las asociaciones de funcionarios, la CEOE, el
Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el Consejo Superior de Cámaras y el Instituto Nacional de Estadística. El trámite se cerró el día 1 de abril de 2013, habiéndose recibido informe de veinticuatro de estos organismos, que han
sido incorporados en su mayoría en el texto. Asimismo en la reunión que se tuvo con los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios con el ministro hubo por parte del Grupo Socialista la propuesta de introducir en el texto un déficit que
existía, que eran los principios y valores de la política exterior española, que inmediatamente el ministro, como recordarán los portavoces aquí presentes, aceptó y se ha incorporado al borrador del texto. Esto es únicamente para dar muestra de que
la voluntad del Gobierno a lo largo de todo el proceso hasta ahora ha sido de participación, transparencia, y que es ahora verdaderamente cuando se inicia el trámite parlamentario. Quiero resaltar la absoluta convicción, expresada en varias
ocasiones por el ministro en sede parlamentaria, del interés del Gobierno, y en particular del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de que esta ley tenga el máximo consenso posible. Esa es la razón por la cual se ha facilitado hoy el
último texto que nos ha sido remitido por el ministerio para que los portavoces lo tuvieran, y es el texto que en su momento se transmitió al Consejo de Estado. Es ahora cuando se inicia el trámite parlamentario y es ahora cuando la voluntad del
grupo mayoritario es que se pueda consensuar el texto en su totalidad y que se puedan admitir la mayor parte de las enmiendas de los otros grupos.


Quiero resaltar que, a la hora de discutir y aprobar esta ley tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes en su totalidad, no deberíamos tener una visión excesivamente obsesionada con determinados aspectos. Aquí se ha señalado
en repetidas ocasiones, e incluso se ha abordado, la posibilidad de que el objetivo principal de la ley fuesen nuevos mecanismos de control sobre las comunidades autónomas, que el objetivo principal fuera limitar la acción exterior de las
comunidades autónomas. Yo creo que esto es sencilla y llanamente tergiversar los objetivos de la ley. La ley es muy amplia, atiende y afecta a muchos aspectos muy distintos que tienen que ver con la acción exterior y con el servicio exterior del
Estado.


En primer lugar, la ley establece mecanismos de coordinación dentro de las representaciones exteriores en lo que hace referencia a la presencia de los consejeros técnicos de los otros ministerios; establece el principio de jerarquía del
jefe de misión, cosa absolutamente necesaria para una acción eficaz y eficiente de nuestra representación exterior; establece claramente, cosa que no existía hasta ahora, y define lo que es acción exterior, servicio exterior, lo que es diplomacia
económica, diplomacia cultural, diplomacia parlamentaria. Hay un artículo específico dedicado a la diplomacia parlamentaria de las Cortes, como existen también artículos respectivos sobre la diplomacia que realizan otros órganos constitucionales y
otros entes y organismos del Estado español como pueden ser los ayuntamientos, las universidades u otros actores o sujetos, en un sentido más amplio, de la política exterior. Establece asimismo la ley, por ejemplo, la comparecencia de los
embajadores una vez hayan sido nombrados para informar sobre su programa en la misión que se les haya encomendado. Por tanto, introduce un mecanismo de control parlamentario sobre la acción exterior que no existía hasta la fecha y que sin ninguna
duda, conveniente e inteligentemente utilizado por la propia Comisión de Asuntos Exteriores, puede ser de enorme eficacia. La ley fija la obligación de establecer una estrategia de política exterior cada cierto periodo de tiempo; se establecen,
como he dicho, los valores y principios para los que el grupo que represento está absolutamente abierto -como he señalado- a aceptar aquellas indicaciones, comentarios o enmiendas que puedan aportar los otros grupos.


Es una ley ambiciosa, es una ley que pretende cubrir un hueco, como bien señalaba el representante del Grupo Socialista, de una carencia de legislación en una materia tan importante y que ha evolucionado en los últimos años de manera tan
acelerada como es la acción exterior y el servicio exterior del Estado y en donde, efectivamente, estamos todavía en un marco preconstitucional. Todo ello unido también a la puesta en marcha del consejo ejecutivo de política exterior y de los
mecanismos de control y evaluación de la política exterior previstos en la propia ley deberían favorecer la eficacia y la eficiencia de nuestra política exterior, de nuestra acción exterior y del servicio exterior del Estado.


Por lo que hace referencia a las comunidades autónomas, el ministro y la ley recogen esa posibilidad. El ministro ha ofrecido, como es bien conocido -y la ley establece- la posibilidad de que oficinas comerciales, oficinas de representación
exterior de las comunidades autónomas puedan coordinarse e integrarse con las representaciones del Estado central, con las misiones, con las embajadas, pero de manera absolutamente voluntaria y dentro del objetivo general de una mejor coordinación.
La ley es ambiciosa, es amplia, necesita

Página 15

el consenso de todos los grupos y desde luego de nuevo por parte de este grupo parlamentario se vuelve a tender una mano, ahora que se inicia el trámite parlamentario, una vez vuelva del Consejo de Estado el proyecto de ley y sea aprobado
definitivamente por el Consejo de Ministros, para que efectivamente podamos trabajar sobre ella. Una ley que es de gran trascendencia para esta Comisión de Asuntos Exteriores y en la que sin ninguna duda todo el trabajo y toda la aportación que se
pueda realizar debe de ser bienvenida y será eficaz y útil para los objetivos que presenta la ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beneyto.


- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DIRECTOR DE DERECHOS HUMANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/001539).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, punto 4.º del orden del día, relativa al establecimiento de un plan director de derechos humanos, del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia que a su vez tiene
también una autoenmienda.


Para su defensa tiene la palabra la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: Seré breve también porque creo que la iniciativa, con la autoenmienda que hemos hecho para desambiguar algunas cuestiones que podían quedar oscuras, es bastante sencilla y no necesita mucha explicación. Creo que
tampoco cabe mucho debate puesto que hay un acuerdo general sobre el asunto de los derechos humanos en esta Cámara. Esta iniciativa podía adscribirse también a la Comisión Constitucional pero hemos preferido, únicamente por razones de organización
interna de mi grupo, presentarla aquí; lo digo por si a alguien le causa extrañeza.


La pretensión que tiene esta iniciativa es simplemente la de crear un automatismo, un mecanismo automático con el plan de derechos humanos para evitar que se dé una situación como la actual. El primer Plan de derechos humanos se aprobó en
el año 2008 con una validez de cuatro años, hasta 2011; desde 2011 en que caducó ese plan hasta el día de hoy, dos años, nos encontramos con que España carece de ese plan de derechos humanos. Creo que esto es algo que habla mal de nosotros como
país tanto de cara a nosotros mismos como de cara al exterior. Por lo tanto la idea era simplemente establecer ese mecanismo automático para garantizar que nuestro país nunca esté sin un plan vigente de derechos humanos.


Hemos alcanzado una transaccional que, como suele ocurrir, se queda más corta ante las expectativas iniciales pero que aun así consigue algunos compromisos por parte del Gobierno. Agradezco particularmente el trabajo del señor Uriarte y de
la señora Blanco puesto que la enmienda transaccional la hemos alcanzado con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista. También quiero señalar, en relación con el impulso del plan de derechos humanos que actualmente el Gobierno asegura estar
elaborando, que en gran medida hay que agradecer el impulso y el trabajo realizado por el Grupo Parlamentario Vasco. Por tanto, en esa tónica de consenso general ofrecemos esta enmienda transaccional al resto de los grupos, algunos de los cuales ya
me han manifestado su apoyo, y confiamos en que salga adelante en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que nos haga llegar la enmienda transaccional.


Para defender la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Uriarte.


El señor URIARTE AYALA: En primer lugar, también quiero agradecer la iniciativa de doña Irene Lozano porque llega en un momento de impulso, de cambio, de convencimiento del Gobierno de España por el trabajo con los derechos humanos y en el
escenario de la elaboración no solo de un plan -como habla esta iniciativa- sino de hasta tres planes relacionados con los derechos humanos como son el plan de responsabilidad social corporativa del Ministerio de Empleo; el plan de empresas y
derechos humanos que se elabora desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y este plan que se elabora directamente desde la Vicepresidencia del Gobierno. El compromiso del Gobierno en materia de derechos humanos es claro, quiere ser
eficaz y quiere mantener una política coherente con la labor que desarrollamos. Desde luego tengan el compromiso de este grupo parlamentario y también del Gobierno de España, como hemos tratado a lo largo del día de hoy, de que este plan nacional
de derechos humanos se enmarcará siempre, como acaba diciendo el texto de esta enmienda transaccional, en el Manual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es una transaccional breve -es cierto lo que dice doña Irene
Lozano- porque el propio manual, que es el compromiso que

Página 16

adquiere hoy el Grupo Parlamentario Popular y que adquiere el Gobierno de España, es lo suficientemente extenso y explícito para elaborar un gran plan de derechos humanos. Va a ser un segundo plan. Se elaboró por el anterior Gobierno un
primer Plan de derechos humanos que no se ajustaba especialmente a este manual de Naciones Unidas y desde luego este Gobierno sí quiere tener el compromiso de elaborarlo en razón de los criterios de los especialistas y de la experiencia que tiene
Naciones Unidas en este ámbito de los derechos humanos.


El propio manual contempla un plazo de un año y medio para la fase de elaboración del plan nacional. Sé que algunos grupos parlamentarios quieren instar al Gobierno a darse prisa para la presentación en esta Cámara de un plan nacional, pero
yo creo que una de las principales diferencias que debe marcar el segundo plan de derechos humanos con el primero del Gobierno socialista es justamente este cuidado, esta coherencia y esta búsqueda de la eficacia ya desde su fase de elaboración. El
primer Plan de derechos humanos se elaboró en dos meses por el Gobierno socialista y hoy en su fase de evaluación vivimos las consecuencias negativas de esas deficiencias ya desde su inicio. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes,
señor Ayllón, se ha comprometido en esta Cámara en diciembre de 2012 a traer en cuanto se finalizase la evaluación del primer plan el marco de elaboración del segundo plan. Estamos en tiempo y les puedo garantizar que el compromiso de cumplir las
cinco fases con los criterios, con los indicadores, con el monitoreo y la evaluación final siguen estando vigentes.


Quiero agradecer la labor que los diputados están realizando no solo en esta Comisión sino también en la Comisión Constitucional y en la de Cooperación al Desarrollo para seguir impulsando de manera coherente y coordinada los tres planes.
Creo que es un gran momento para los derechos humanos en el marco de Naciones Unidas y este Gobierno va a favorecer también que sea un momento para el impulso del enfoque de los derechos humanos en España. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, para defender la enmienda que tiene presentada su grupo, tiene la palabra doña Delia Blanco.


La señora BLANCO TERÁN: Señorías, también quiero reiterar el agradecimiento a la diputada Irene Lozano y al grupo UPyD por traer en este caso una PNL a esta Comisión cuando ha venido siendo tradicional que estuviera residenciada en la
Comisión Constitucional. Los tres planes a los que se refería el señor Uriarte -que son complementarios, efectivamente, los tres responden al Manual de Naciones Unidas para los Derechos Humanos- han de ir de la mano, pero es importante también que
se residencie aquí una PNL como esta, porque toda la parte de acción exterior del que será el segundo plan de derechos humanos debe pasar por esta Comisión, al igual que es necesario que pase por la Comisión de Cooperación Internacional al
Desarrollo, que tiene competencia legislativa plena como todos sabemos.


Quería comentar alguna cosa al albur de lo que han dicho los dos portavoces que me han precedido, pero también de lo que han venido siendo los trabajos de seguimiento del primer Plan de derechos humanos. El Gobierno va retrasado. El primer
Plan de derechos humanos no está en vigencia, estamos todavía en el periodo de evaluación y seguimiento de ese primer plan. Era un primer plan completo. Sé que el Grupo Popular ha venido defendiendo en la Comisión Constitucional -me he tomado la
molestia de leer los 'Diarios de Sesiones' de las discusiones- en que la Constitución de 1978 era un marco suficiente como para recoger de alguna forma lo que venía a decir el Manual de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con respecto a los
planes nacionales y no es verdad. El marco constitucional español como cualquier otro marco constitucional es eso, un marco constitucional y no un plan de acción, que es lo que nos está pidiendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. Por tanto, encuentro pertinente que hayamos llegado a una transaccional solicitando al Gobierno que siempre esté en vigor un plan de derechos humanos y/o si no está en vigor esté evaluándose o en proceso de elaboración el
siguiente. Eso me parece básico para dar continuidad a un tema como es este plan que es imprescindible.


Quería hacer hincapié en un segundo punto. Es verdad que no es competencia de esta Comisión -aunque relativamente también lo es, como lo es Constitucional en torno a las relaciones exteriores- pero para nosotros, para el grupo que
represento, es importantísima la acción interior del plan de derechos humanos. Esa acción interior tiene que ver con los derechos de segunda y tercera generación de los derechos humanos. Es decir, derechos sociales, económicos, que no políticos,
etcétera, que son los de primera generación. Es imprescindible tener en cuenta los derechos de segunda y tercera generación ya asentados, ya reconocidos y por tanto sólidos en la comunidad internacional a la que pertenecemos y más en un período de
gravísima recesión económica que ha traído como consecuencia

Página 17

recortes en derechos de segunda y tercera generación. No me voy a extender en este tema porque no toca en esta Comisión de Asuntos Exteriores, pero sí agradezco el esfuerzo que ha hecho la diputada, nuestra colega Irene Lozano para llegar a
una transaccional entre todos los grupos y que, por tanto, termine el periodo de evaluación, se recomponga el grupo de trabajo para elaborar el segundo plan de acción de derechos humanos y que llegue lo más pronto que se pueda a esta Cámara.


No creo que el primer plan tuviera graves deficiencias, era completo, desglosado, muy pormenorizado en las acciones que tenía que llevar a cabo cada ministerio y en ese sentido no me parece que adoleciera de grandes lagunas. Al contrario,
probablemente era demasiado exhaustivo, probablemente deberíamos ir a un segundo plan menos exhaustivo pero con la firme convicción de que los derechos sociales y económicos en el interior y el exterior son derechos humanos asentados, no solo
proclamados sino firmados por el Gobierno en este caso pero también por el Estado español.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Esteban.


El señor ESTEBAN BRAVO: Votaré a favor de la transaccional sobre todo porque parece que esto permitirá, al menos en el papel y aunque sea en una mera declaración, dar continuidad sin que tengamos que estar continuamente instando cada vez
que hay una nueva legislatura al Gobierno entrante a que haya un plan de derechos humanos, para que al margen de cambios políticos siempre se cuente con un plan de derechos humanos. Habrá que ver qué mecanismo es el que se pone, etcétera. También
tengo que decir al mismo tiempo que sí estoy un tanto descontento con cómo ha ido evolucionando este asunto porque, desde luego, al Parlamento se le ha tenido absolutamente desinformado. Desde que se obtuvo la primera resolución en la Comisión
Constitucional -había dudas entonces ahora veo que ya no las hay por parte del Grupo Popular para elaborar un plan- y se consiguió el compromiso de que se hiciera en febrero de 2012, el 31 octubre 2012 es cuando comparece el secretario de Estado de
Relaciones con las Cortes y trae la evaluación de lo que había sido aquel plan, pero no se había puesto en marcha y por cierto, durante todo ese trámite hubo que estar, digamos, muy encima y hablando casi en conversaciones privadas para ver cómo iba
evolucionando aquello porque no hubo información voluntaria por parte del Gobierno. Llegamos a octubre y resulta que no se ha empezado a realizar en paralelo el nuevo plan, sino que simplemente se ha tratado de una evaluación de las famosas fichas
con las que contaba el anterior. Entiendo que tendría que estar ya muy avanzado, recuerdo que en aquella reunión lo que nos anunció el señor Ayllón fue que se le encargaba al Centro de Estudios Constitucionales, pero que este iba a iniciar una
dinámica en la que participarían miembros de la sociedad civil y también los grupos parlamentarios. Recuerdo que le di la mano al director del Centro de Estudios Constitucionales y luego ¡hasta luego Lucas!, desde entonces no me acuerdo. No he
recibido absolutamente ninguna comunicación. En estos momentos no sé qué pasa con la elaboración de este plan, no sé si se ha hecho algo, si se ha celebrado alguna reunión ni con quién o si hemos avanzado o no. Celebro que vayamos ahora a aprobar
una resolución en la que sí se va a avanzar. No celebro tanto, aunque me parece muy bien, que mencionemos el Manual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos -es correcto tenerlo en cuenta- pero me temo que se utilice por
parte del Gobierno como escudo para prolongar la presentación del plan de nuevo. Porque desde octubre a esta fecha creo que podríamos plantearnos perfectamente que antes del final del próximo periodo de sesiones, o sea cuando acabe este año,
estuviera ya presentado. Nos encontramos con que el manual pide año y medio para su elaboración y si tomamos la fecha de la comparecencia del señor Ayllón, fue en octubre. Con ello el Gobierno ya tendría el escudo para no presentarlo -voy
acabando, señor presidente- antes de mayo; sí, es así, si cuenta el año y medio. A mí no me importaría que en esto incumplieran ustedes el manual, y sí me gustaría que nos informaran a todos los grupos de si nos van a dar o no participación en la
discusión y en la elaboración y si nos van a mantener informados sobre cómo se va realizando. Por otra parte, insisto, me congratulo de que se haya podido llegar a un acuerdo entre el grupo proponente y los enmendantes, al que yo también me sumo
porque es importante que se diga que se va a poder contar en lo sucesivo -no importa que haya un cambio de Gobierno- con un plan de derechos humanos.


El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió.

Página 18

El señor XUCLÀ I COSTA: Anuncio nuestro voto favorable a esta enmienda transaccional, también felicito al grupo proponente por su iniciativa, y quiero recordar el largo camino recorrido en muy poco tiempo, la aproximación de posiciones a
partir de una legislatura, la presente, que empezó con una gran discrepancia entre el nuevo grupo de la mayoría y el primer grupo de la oposición. Recuerdo perfectamente un debate al inicio de legislatura, en la Comisión Constitucional, donde el
Grupo Popular y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, alto cargo del Gobierno, competente en esta materia, el señor Ayllón, quería recordar que no era necesario un plan de derechos humanos porque la Constitución española recogía una
carta de derechos fundamentales y esa carta de derechos fundamentales debía regir la acción, la línea estratégica del Gobierno en materia de derechos humanos, por lo que en ningún caso era necesaria la elaboración de un segundo plan de derechos
humanos e incluso había una crítica, no tácita sino bastante explícita, al plan de derechos humanos del anterior Ejecutivo socialista.


Pues bien, señorías, de esto hace un año y unos cinco meses. En este turno de portavoces nosotros simplemente hemos presentado una enmienda y quería aprovechar las palabras que pueda pronunciar para poner de relieve, para subrayar que no
siempre en el debate parlamentario -como tantas veces ha sucedido en esta legislatura- hay discrepancia y confrontación, sino que ha habido una aproximación. El grupo de la mayoría y el Gobierno están a favor de la elaboración de un plan de
derechos humanos y entienden que la Constitución y los derechos fundamentales no son suficientes para la protección de los derechos humanos por parte del Gobierno español. Hay un segundo elemento importante en lo que vamos a votar sobre este punto
número 4, referido a la necesidad de que esta estrategia supere mayorías parlamentarias, que haya una estrategia de largo alcance, y esto es posible en estos momentos en pensiones a través del Pacto de Toledo; ese elemento tiene el valor que tiene
en el ámbito y discusión, como ha apuntado la señora Blanco, de la Comisión Constitucional, de la Comisión de Cooperación al Desarrollo y también de esta Comisión de Asuntos Exteriores. Finalmente anuncio que nosotros vamos a votar favorablemente,
aunque la aportación del señor Esteban de fijar una fecha límite este mismo año 2013 nos parecería muy oportuna.


El señor PRESIDENTE: Recuerdo a los grupos que las votaciones no serán antes de las ocho de la noche.


- SOBRE IMPULSO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL TRATADO INTERNACIONAL DE COMERCIO DE ARMAS Y SU DEBIDA APLICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001550).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º, PNL sobre impulso a la entrada en vigor del Tratado internacional de comercio de armas y su debida aplicación, del Grupo Parlamentario Socialista, donde hay una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular. Para la defensa, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso.


EL señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Intentaré ser breve. Para ponernos en antecedentes, el pasado 23 de mayo del pasado año 2012 aprobamos una PNL en esta Comisión sobre impulso de las negociaciones para que se ratificara cuanto antes el
Tratado internacional sobre el comercio de armas; una PNL que fue aprobada por unanimidad y cuyo texto recuerdo que fue pactado entre todos y sometido a una serie de correcciones; una PNL presentada por mi grupo sobre el comercio de armas y en
defensa de los derechos humanos en el mundo, sobre la que llevábamos muchos años trabajando. En aquella discusión desaparecieron del texto algunas referencias que me parece importante recordar; por ejemplo que abarcase a todo tipo de armas el
Tratado de libre comercio pero también a los equipamientos conexos, que es la manera técnica de llamar a la munición y otros equipamientos necesarios para utilizar las armas, y también pedíamos, aunque no fue incluido en la PNL, que la ley de
transparencia que el Gobierno está desarrollando incluyera en su contenido información adicional sobre la venta de armas.


Desde entonces transcurrió un año intenso de actuaciones que han culminado con la aprobación el pasado 2 de abril en la Asamblea de Naciones Unidas del texto definitivo del Tratado sobre comercio de armas; ha exigido seis años de intensas
negociaciones diplomáticas y también el trabajo intenso y continuo de la Coalición Armas bajo control de las organizaciones de la sociedad civil. El plazo fijado para la firma y ratificación del tratado se abrirá el próximo 3 de junio en Naciones
Unidas y, desde luego, a nuestro grupo le gustaría mucho que España representada por su ministro o por alguien del Gobierno estuviese ese día en la ceremonia con la que la sociedad civil va a intentar dar solemnidad a este acto.

Página 19

El objetivo de este tratado, como ustedes saben, es evitar que las transferencias de armas se utilicen para perpetrar los graves abusos de derechos humanos y violaciones de derecho internacional que se producen casi siempre con armas de todo
tipo. Los perpetran tanto fuerzas gubernamentales como, con frecuencia, grupos armados y grupos de todo tipo al margen de la ley. El tratado garantiza y responsabiliza a los gobiernos para que se controlen, de la mano de esta actuación de la
comunidad internacional, las peores formas de crimen organizado, la violencia organizada y sobre todo la violencia en países donde la combinación de conflicto, violencia extrema y extrema pobreza hacen que los derechos humanos sean sistemáticamente
vulnerados.


España ha vivido una intensa campaña a favor de este tratado, ahí está la proposición no de ley que mi grupo propuso el año pasado y que fue aprobada por unanimidad en esta Comisión, y también en coherencia hay que recordar la Ley 53/2007,
de 28 de diciembre, sobre control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Igualmente hay que recordar que cuando se aprobó esta ley, la Ley 53/2007, en su disposición final cuarta se decía que había que instar a que en el
ámbito de Naciones Unidas, así como en el seno de la Unión Europea, se trabajase activamente a favor de la elaboración de este tratado por el que todos nos congratulamos. Quiero recordar también que en el pasado debate sobre el estado de la Nación
el Congreso de los Diputados aprobó una resolución, la número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesaria consecución de un texto final que recogiera este tratado tal y como se produjo el pasado 2 de abril.


Una vez que se ha votado a favor del tratado en Naciones Unidas, la Coalición internacional Armas bajo control sigue trabajando para intentar redondear al máximo su contenido. Así, por ejemplo, existe preocupación por que la crisis
económica pueda facilitar en algunos países un relajamiento del control de la venta de armas y sobre todo del control de las exportaciones de armas. Por ejemplo, esta coalición y este grupo de sociedad civil han mostrado su preocupación por la Ley
de medidas urgentes para la liberalización del comercio y de los servicios de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre. Esta plataforma, compuesta por Amnistía Internacional, la Fundación por la Paz, FundiPau, Greenpeace o Intermón Oxfam, ha elaborado un
informe que ha coordinado el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que establece esas preocupaciones y que marca esas cautelas. De manera que creemos que es muy importante que aunque el tratado haya sido ya aprobado en
Naciones Unidas, se dote todavía de los máximos instrumentos de transparencia. En particular la sociedad civil demanda un mayor control de transparencia para que se den a conocer los criterios que está utilizando la Junta interministerial
reguladora del comercio exterior de material de defensa y de doble uso para aplicar la ley y garantizar el buen fin y el buen uso de este tratado y, por ejemplo, realizar más seguimiento del material en los países de destino para asegurarse que
nunca sean utilizados en contra de derechos humanos. La PNL contempla cinco puntos y el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que hemos negociado con una adicional. Creemos que puede ser la base de un nuevo consenso que
complemente el del pasado 12 de mayo de 2012 para que este país sea firmante el primer día de la entrada en vigor del tratado y para que demos ejemplo al resto de la comunidad internacional en este importante cometido.


El señor PRESIDENTE: Si hay una transaccional, les ruego que la hagan llegar a la Mesa.


Para defender la enmienda que tenía presentada el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.


El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para defender la enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley que ahora se discute, y como bien ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
haremos llegar la transaccional a la Mesa en cuanto termine mi intervención si no intervienen más grupos parlamentarios.


Señor presidente, la presentación de nuestra enmienda no obedece a ningún criterio provisional ni a ningún criterio aleatorio, sencillamente el Grupo Parlamentario Popular, una vez estudiado el texto de la proposición no de ley que hoy
presenta el Grupo Parlamentario Socialista, ha presentado una enmienda que no solamente es ambiciosa sino que enriquece el texto que se está discutiendo aquí hoy en esta Cámara. Además pone en valor -como se dice ahora-, matiza, explicita, aclara,
comprende no solamente el sentido literal de la proposición no de ley, sino también el criterio de nuestro grupo parlamentario. Al presentar esta enmienda y los puntos que por brevedad no voy a relatar, el Grupo Parlamentario Popular creía que
había que suprimir una serie de puntos o expresiones que no solamente no añadían nada al texto fundamental que se presentaba, sino que inclusive podían ser elementos de confusión o de confrontación con los antecedentes parlamentarios de la
proposición no de ley. Porque no cabe duda,

Página 20

señor presidente, que a la hora de presentar nuestra enmienda hay que tener en cuenta los antecedentes parlamentarios de la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo, no solamente de la disposición final cuarta de la Ley 53/2007, sino
también de las comparecencias de los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación en distintos años, la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el Senado el año pasado, el 7 de marzo de 2012, la moción en el Pleno
del Senado o la iniciativa que se debatió también en el Pleno del Senado -el grupo autor de la iniciativa, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, no aceptó una serie de enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular-, el conjunto de
preguntas con respuestas escritas, las proposiciones no de ley en Comisión, etcétera. Todo esto hace que basáramos nuestro argumento principal en presentar esta enmienda.


Nos congratulamos, señor presidente, señorías, de que hayamos llegado a un texto transaccional, a un texto de consenso, que no solamente aúna la voluntad de ambos grupos parlamentarios, sino que yo creo que recoge el sentido de toda la
Cámara. Nosotros creemos que la proposición no de ley -también se ha dicho aquí por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- referida al Tratado internacional sobre el comercio de armas y su debida aplicación tiene que profundizar
también en cuanto a la transparencia, a la ley de transparencia del Gobierno, al seguimiento del Gobierno y a las exigencias a las que el propio Gobierno tiene que estar sometido, pero también, señor presidente, en cuanto a la responsabilidad
institucional, la lealtad institucional -como se dice ahora- de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, principalmente del que presenta esta iniciativa parlamentaria. Por tanto, señor presidente, nos congratulamos de que hayamos llegado a una
transaccional que recoge todos los puntos fundamentales, no solamente los de la proposición no de ley que el grupo proponente ha expuesto, sino también de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la tarde de hoy. Termino,
señor presidente. Después de agradecerle su generosidad, así como a las demás señoras y señores parlamentarios, haré llegar a la Mesa la transaccional a la que hemos llegado el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, autor
de la iniciativa. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Para defender la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Señorías, desde la perspectiva del tiempo, la aprobación el pasado mes del Tratado sobre el comercio de armas por parte de la Asamblea de Naciones Unidas ha sido todo un éxito; un éxito compartido -creo que es
necesario decirlo- fruto del esfuerzo de los Estados, del compromiso de España, que creemos que ha sido firme, y de la sociedad civil organizada, culminando años de negociaciones diplomáticas y de esfuerzos por parte de la sociedad civil. Por
primera vez disponemos a nivel mundial de una regulación global del comercio de armas que reconoce la interrelación y el esfuerzo mutuo de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo de los pueblos. Por tanto, creo que es importante
reconocer el trabajo realizado durante muchos años, reconocer el esfuerzo que se ha hecho para consensuar un texto que con carácter general satisface a muchos. Ahora lo que toca es trabajar, acelerar la firma y ratificación por parte del Estado
español y que suficientes Estados hagan lo mismo para asegurar la entrada en vigor del tratado internacional aprobado. Estoy convencido, muy agradablemente convencido de que las disposiciones del tratado nos pueden dar mucho juego, tanto en el
campo internacional como en el ámbito parlamentario, para prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío.


Por lo que se refiere a la proposición no de ley, como se ha referido el portavoz socialista, nos recordaba mucho a la proposición no de ley que aprobamos en esta Comisión a iniciativa del mismo grupo parlamentario. La mayoría de los puntos
que contiene la iniciativa de hoy se recogían ya en esa iniciativa. En aquel momento nuestro grupo parlamentario pretendió con éxito incluir la necesidad de conseguir la coherencia entre la posición que acordábamos y el resultado del tratado
internacional. De nuevo creo que debemos reclamar coherencia; coherencia para urgir la firma y ratificación del tratado, coherencia para activar los mecanismos necesarios para el control del tráfico de armas y coherencia para activar en su caso
modificaciones normativas en el ámbito interno. Quiero recordar -como hice ya en mi anterior intervención de la proposición no de ley- que en la Ley de control del comercio de material de defensa y de doble uso, en la que mi grupo participó con
entusiasmo con mecanismos que nos han permitido interactuar en esta materia, tras quince años de vigencia cabría la posibilidad de hacer un balance de su aplicación y avanzar en mejoras que se pudieran derivar de este análisis. Recordando el
consenso con el que aprobamos la proposición no de ley anterior a la aprobación del texto y viendo la enmienda anunciada, la enmienda transaccional aprobada o consensuada entre el grupo proponente y el grupo mayoritario,

Página 21

entiendo, sin haberla visto, que todos celebramos la vuelta al consenso y que el resto de los grupos parlamentarios apoyaríamos el texto que corresponda.


- SOBRE EL QUINTO CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE FLORIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001559).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día, proposición no de ley sobre el quinto centenario del descubrimiento de Florida.


Para su defensa, por parte del grupo parlamentario proponente, el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Miguélez.


La señora MIGUÉLEZ PARIENTE: El Grupo Parlamentario Popular trae a esta Comisión de Asuntos Exteriores una proposición no de ley sobre el descubrimiento de Florida por Juan Ponce de León. Pocos españoles podrían localizar en el mapa la
población de Santervás de Campos, sin embargo a miles de kilómetros, en Florida, el alcalde de este pequeño pueblo vallisoletano de apenas cien habitantes, es recibido con todos los honores. El motivo es que Santervás es la cuna de Juan Ponce de
León, el aventurero castellano que en 1513 se convirtió en el primer europeo en pisar un territorio entonces desconocido y que con el tiempo se convertiría en la primera potencia del planeta. Han pasado, por tanto, quinientos años -la casualidad ha
hecho que lo traigamos a esta Comisión o que haya llegado al orden del día de esta Comisión casi justamente en el quinientos aniversario, puesto que Florida se descubrió en mayo de 1513 y estamos en mayo del año 2013- desde que el español Ponce de
León surcara las aguas del Atlántico desde Puerto Rico con rumbo al norte en busca de nuevas tierras en una expedición formada por tres barcos, una carabela y dos pequeñas naves, que partió de San Juan de Puerto de Rico, de donde era gobernador Juan
Ponce de León, el 20 de marzo llegando el 2 de abril en la posición de 30 grados, 8 minutos a una zona geográfica que actualmente debe corresponder aproximadamente con la playa de Ponte Vedra -escrito de forma separada- o en algún punto entre
Jacksonville o Cabo Cañaveral.


Quiero detenerme un momento en el origen de Juan Ponce de León, que justifica de alguna manera que yo como leonesa sea la que defienda esta proposición no de ley. Habitualmente se habla de Juan Ponce de León como vallisoletano, como
castellano, pero reivindico desde aquí su origen leonés en aquella época. Es cierto que Juan Ponce de León nació en Santervás de Campos, actualmente perteneciente a la provincia de Valladolid, pero en el año 1460 Santervás de Campos era un priorato
que dependía del monasterio de Sahagún por indicación de la infanta doña Sancha, hermana del rey Alfonso VII, leonés, que fue la que decidió que esa iglesia de Santervás de Campos dependiera del monasterio de Sahagún, apenas a 20 kilómetros y que
pertenecía al Reino de León. Por tanto, como reza su apellido, Juan Ponce de León tenía origen leonés aunque actualmente, como digo, la población pertenezca a Valladolid, pero, como comentaba su alcalde, hasta hace prácticamente seis años el
prefijo de la localidad era el de León y no el de Valladolid. En la actualidad -como es de suponer- esta localidad es una pequeña población de apenas cien habitantes que tiene, como dice su alcalde, seis niños, de los cuales tres son los suyos,
limítrofe entre las provincias de León y Valladolid, pero sigue conservando esa iglesia y su silueta sigue dominando los campos del lugar y presume, como digo, de haber sido la cuna en 1460 del nacimiento de Juan Ponce de León, conquistador de La
Florida.


Juan Ponce de León, además -como digo-, fue gobernador de la isla de Puerto Rico y precisamente la catedral del viejo San Juan es donde reposan sus restos bajo un epitafio que dice: Debajo de esta estructura descansan los restos de un león
que ejecutó hechos más grandiosos que su nombre. Se dice que el descubrimiento de Florida se debió a la búsqueda que Ponce de León hacía de lo que llamaban los indígenas Bímini, la fuente de la eterna juventud, en la que se decía que entrabas viejo
y salías mozo. Aunque en realidad Ponce de León nunca dejó escrito en ningún sitio que fuera en búsqueda de esta fuente, es verdad que es un mito y una leyenda que ha calado entre los historiadores y ha quedado como una anécdota, pero lo cierto es
que Juan Ponce cuando llegó creyó que era una isla alargada sin saber que en realidad era el apéndice de un inmenso continente, el de América del Norte, y a la que llamó Florida no se sabe si porque le impresionó la vegetación que encontró o porque
llegó el domingo de Pascua, la Pascua Florida. También quiero destacar que después bordeando las costas descubrió la corriente del golfo, que recorría el Caribe hacia el Atlántico y que permitió después a los galeones españoles una rápida ruta
marítima de vuelta a Europa desde América del Norte.


Cinco siglos después celebramos la relevancia y la proyección de esta gesta, que ha servido para fortalecer lazos de cooperación y hermanamiento entre territorios. Lo celebran especialmente en este

Página 22

año 2013 en el Estado de Florida, donde recuerdan con orgullo sus raíces españolas, lo que ellos llaman The Spanish Heritage, y que se prepara para celebrar este año por todo lo alto la llegada de los españoles con una larga lista de eventos
bajo la iniciativa Viva Florida 500, y que se basa sobre todo en una captación de turismo cultural con el legado español como protagonista. Están previstos más de 150 eventos y actividades. Su presentación oficial se hizo en la ciudad de San
Agustín, que fue la primera ciudad de Estados Unidos, fundada concretamente por el asturiano Menéndez de Avilés en 1565. De hecho, la herencia española se siente en cada rincón de esta pequeña ciudad, muchas de cuyas calles todavía llevan nombres
como Avilés, Málaga o Córdova; eso sí, escrito con uve.


Por eso traemos hoy a esta Comisión de Asuntos Exteriores esta proposición no de ley que esperemos aprueben todos los grupos, en la que instamos al Gobierno a que colabore con las instituciones públicas y privadas del Estado de Florida con
el fin de transmitir a las autoridades americanas el extraordinario legado colonial español y nuestro interés por la comunidad hispana. Este asunto ha venido también de forma indirecta a la Comisión de Asuntos Exteriores puesto que el año pasado el
secretario de Estado para Asuntos Exteriores en una comparecencia en la Comisión ya indicó que el gobernador de Florida en su visita a Madrid había cursado una visita oficial a Sus Majestades los Reyes para que celebraran con ellos en Florida este
acontecimiento, invitación que el rey aceptó pero que por motivos de salud no ha podido ser llevada a cabo, pero estaba previsto un importante programa de actos empresariales universitarios y culturales.


Estas conmemoraciones tienen varios actores, entre los que me gustaría destacar la iniciativa del Ayuntamiento de Santervás de Campos, con su alcalde a la cabeza, que con el apoyo de las instituciones de Castilla y León y de los Ministerios
de Cultura y Exteriores se está volcando este año en reivindicar la figura de este conquistador vecino de la villa y que ha tenido dos grandes iniciativas. La primera ha sido invitar en enero de 2011 al gobernador de Puerto Rico a este pueblo que,
como digo, actualmente tiene cien habitantes, que acudió acompañado de una amplia delegación de gente de Florida y se celebró una pequeña ceremonia en la que se conmemoraba el quinto centenario de la primera gobernación de la isla por Ponce de León.
De hecho, se descubrió una estatua del personaje que quedó instalada en el centro del pueblo en la que llamaron la nueva Plaza de Puerto Rico, en Santervás de Campos. La segunda iniciativa ha tenido lugar en abril de este año cuando el alcalde de
Santervás regaló al alcalde de la ciudad de San Agustín una réplica en piedra de la pila bautismal donde fue bautizado Ponce de León y que ha sido trasladada por el Juan Sebastián Elcano hasta las costas de Florida y que ha llegado justamente la
pasada semana. Ha sido precisamente el ministro Margallo, ministro de Asuntos Exteriores, el que ha acudido al puerto de Miami a recibir al Juan Sebastián Elcano y este regalo del alcalde de Santervás al alcalde de San Agustín.


También existe una importante participación en los actos de instituciones privadas. Está, por ejemplo, la Fundación España-Florida 500, institución en la que participan patronos como la Fundación Mapfre, Banco Sabadell, Iberia, Telefónica,
Banco Santander, que están haciendo muchos actos culturales y educativos puesto que tienen delegaciones en Florida. Asimismo, la Fundación España-Estados Unidos está uniéndose a esta conmemoración. No podemos dudar del interés que nuestras
empresas tienen en penetrar en este mercado, puesto que el Estado de Florida es uno de los más pujantes del país, con casi 19 millones de habitantes, un 22 % de población hispana. Es un Estado con una fuerte implantación de empresas de alta
tecnología, un gran centro financiero que sirve de entrada a los países de Latinoamérica y sede de muchas corporaciones mundiales precisamente por la facilidad para hacer negocios que promueve la Administración del Estado. Se puede indicar que si
se tratara de un país, Florida sería la decimonovena economía más grande del mundo.


En España quisiera destacar las actividades del Ministerio de Cultura, que ha puesto a disposición de la conmemoración el Archivo General de Indias, de Sevilla, que conserva el núcleo esencial de la documentación relativa al descubrimiento
de Florida. El Museo de América en Madrid va a hacer un ciclo de conferencias llamado El largo camino en busca de la fuente de la eterna juventud. Después, la Sociedad Estatal Acción Cultural también ha presentado en el mes de abril en Casa de
América un vasto programa de actos en los que destaca una exposición inaugurada la semana pasada en Miami en la Torre de la Libertad, edificio que recuerda mucho a La Giralda de Sevilla, inaugurada también por el ministro español de Asuntos
Exteriores y que se llama Imaginando La Florida. Juan Ponce de León y la búsqueda de la fuente de la juventud. Estos actos tratan, como digo, de dar a conocer la importancia que tuvo España en el descubrimiento y el pasado colonial de este Estado,
que en buena medida es desconocido por el público de ambos países. (El señor vicepresidente, Landaluce Calleja, ocupa la Presidencia). Por

Página 23

tanto, queremos que el Congreso de los Diputados se sume a las celebraciones de este quinto centenario que ahora comienza -estamos ya en el mes de mayo de 2013- y que culminará en el año 2015 con el 450 aniversario de la fundación de San
Agustín, constituida, como digo, por Pedro Menéndez de Avilés. Quiero señalar solamente que en la proposición no de ley hay un pequeño error que no afecta al contenido de la misma. Al final, donde se dice: Valorar el esfuerzo de las instituciones
de Castilla y León, hay un 'por' respecto del que ya he hablado con algún portavoz y con el letrado para que se elimine porque es un error gramatical que no cambia en absoluto el contenido de la proposición no de ley. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Carlos Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo un segundo para agradecer las explicaciones y el apunte histórico de la portavoz del Grupo Popular sobre la vida y hazañas de Ponce de León y felicitar al Grupo Popular por poner en valor nuestra
historia. A veces nos flagelamos innecesariamente con todas nuestras miserias y es de justicia poner en valor esa historia grande que a todos nos une y nos enorgullece.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): En nombre del Grupo UPyD, la señora Lozano tiene la palabra.


La señora LOZANO DOMINGO: Intervengo solamente para señalar, señor presidente, que nos ha causado cierta perplejidad este texto en el que se eleva el autoelogio a la categoría de proposición no de ley por las alusiones al Gobierno, a los
ministerios, a las instituciones de Castilla y León, autoelogio del Grupo Popular hacia el Partido Popular en las instituciones que gobierna que no obstante ha sido atenuado y amenizado documentadamente por la señora Miguélez. En cualquier caso, y
a pesar de ello, no vemos ningún motivo para votar en contra de la iniciativa.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): El señor Xuclà, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra.


El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo para anunciar el voto favorable del Grupo Catalán. Quiero poner de relieve la importancia de Ponce de León en el descubrimiento de Florida y que es una vieja tradición en Cataluña recordar el papel de
fray Junípero Serra en el descubrimiento de California. No vamos a plantear una enmienda para hablar de fray Junípero Serra, pero sí quiero invocar la presencia excepcional de los catalanes en el descubrimiento de América en tanto en cuanto ustedes
saben perfectamente que fue un asunto de Castilla.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el doctor González Cabaña tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Probablemente porque Juan Sebastián Elcano para llegar hasta Florida partió de Cádiz, y yo soy de Cádiz, me toca participar en esta proposición. (Risas).


La PNL, considerada en su conjunto, tiene en algunos de sus apartados el mismo carácter mítico y quimérico que la propia expedición de Ponce de León, porque como mito y como quimera se ha considerado históricamente su pretendida búsqueda de
la fuente de la eterna juventud que le llevó a desembarcar en las costas de Florida en 1513, el 2 de abril, otro motivo también -el día de mi santo- para que sea yo el que intervenga en el día de hoy. (Risas). Y ocurre que los mitos, como decía el
propio presidente de la Fundación España-Florida 500 años, son, por su propia naturaleza, bonitos, pero no dejan de ser simplemente mitos.


Esta PNL tiene su cara y su cruz, como si de una moneda lanzada al aire se tratara, porque efectivamente el quinto centenario del desembarco de Ponce de León es una buena oportunidad para la evocación del acontecimiento histórico de nuestras
raíces comunes, pero sin llegar a olvidar que evocar no es sino un recuerdo con un fuerte componente de ensoñación nostálgica del pasado, desde la incertidumbre que nos provoca el momento que vivimos y un futuro en cierta forma inquietante; de ahí
que, más que para la mera evocación del pasado, con la que corremos el riesgo de quedarnos en la simple conmemoración histórica, sea el momento, la oportunidad perfecta, para la reivindicación del futuro, un futuro en el que podamos hacer valer todo
el potencial de nuestra historia común, nuestra cultura hispana, nuestra lengua, pero también nuestra capacidad de desarrollo económico, comercial y

Página 24

tecnológico en esa encrucijada de puertas abiertas al futuro que es el momento y el espacio al que nos estamos refiriendo. No puede ser, por tanto, esta conmemoración una mera revisión nostálgica del encuentro entre el nuevo y el viejo
mundo, sobre todo porque quinientos años después el nuevo mundo empieza a ser también viejo y, llegados a este punto, no sería descabellado recordar el viejo refrán de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero, situándonos en los
aspectos positivos de la efeméride, la cara de la moneda a la que antes me refería, busquemos esa profundización en las relaciones como país diferente que se plantea en la proposición del Grupo Popular, buscando esa proyección como plataforma
logística y económica en nuestras relaciones con Iberoamérica y con el resto del mundo.


No tenemos nada que objetar al punto primero de acuerdo de la proposición del Grupo Popular, salvo quizás un cierto exceso de optimismo iluso propio del carácter mítico de la propuesta al que antes me refería. Pero somos conscientes de que
el optimismo, aunque sea iluso, no está reñido con la necesaria ambición de abrir fronteras y de profundizar en nuevas relaciones económicas y comerciales de las que tan necesitado está nuestro país en este momento, y que esa profundización lleve en
paralelo el afianzamiento de las relaciones sociales en sus manifestaciones culturales y lingüísticas, entre otras. Aceptemos incluso el reto que se plantea de que el acontecimiento pueda ayudar a fortalecer la tan traída y llevada marca España.
Sin lugar a dudas sería lo deseable. Apoyemos la colaboración con las fundaciones y las organizaciones y, cómo no, con las instituciones que en la propuesta de acuerdo se detallan. Pero todos estos objetivos que compartimos plenamente no pueden
llevarnos a un ejercicio excesivo de voluntarismo como el que se nos plantea en el último punto de la propuesta, dado el desconocimiento de los apoyos que han prestado los ministerios de Exteriores y Educación y que nos gustaría conocer antes de
pronunciarnos, así como el esfuerzo que hayan llevado a cabo las instituciones de Castilla y León, a las que se alude en la proposición. Bien distinto sería nuestro posicionamiento en relación con este punto si de lo que se tratara fuese de
solicitar el apoyo para ese trabajo del conjunto de las instituciones reseñadas, por lo que solicitaríamos a la proponente la modificación del texto del punto citado en el sentido que hemos manifestado, sobre todo porque se habla de valorar el
esfuerzo, y los esfuerzos se pueden valorar en positivo o en negativo, y no nos gustaría entrar en ese tipo de valoración.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Como cuestión de orden, señora Miguélez, ¿va a aceptar la propuesta?


La señora MÍGUELEZ PARIENTE: Le pediría al portavoz del Grupo Socialista que me dijera exactamente, con concreción, qué quiere cambiar; es decir, exactamente qué quiere que se sustituya.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Señor González Cabaña, tiene la palabra.


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Lo que pediría es sustituir ese punto de valorar el esfuerzo, no entrar en valoración de esfuerzos, sino instar al Gobierno a que apoye el trabajo conjunto de las instituciones que ahí se citan para la mejor
consecución de los objetivos que se plantean en la proposición.


La señora MÍGUELEZ PARIENTE: Es decir, cambiar valorar el esfuerzo por instar al Gobierno a que continúe apoyando...


El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Lo digo porque podemos caer en la tentación de valorar negativamente el esfuerzo.


La señora MÍGUELEZ PARIENTE: No aporta nada nuevo. La acepto.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): La admite usted. Muchas gracias.


- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LA QUINTA LIBERTAD EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE AVIACIÓN CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001570).


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Iniciamos, señorías, el debate de la séptima de las proposiciones no de ley de esta tarde. Es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a adoptar la
quinta libertad en los tratados internacionales de aviación civil.


El señor Xuclà tiene la palabra.

Página 25

El señor XUCLÀ I COSTA: Señorías, a esta altura no solo de esta Comisión de Asuntos Exteriores sino de esta vida parlamentaria que hoy ha empezado a las nueve de la mañana con un debate sobre la situación económica de España y con la
presencia del presidente del Gobierno, y que termina con una discusión sobre el derecho del aire, los dos derechos, el derecho del mar y el derecho del aire, son de regulación reciente. Concretamente, el Convenio de Chicago de 1944 es el que fija
las primeras libertades referidas al derecho del aire y al cual España se adhiere en el año 1947. Es un derecho reciente, un derecho que hasta hace poco era bastante esquemático. Por ejemplo, la primera libertad era la que regulaba los puntos de
origen y de partida de aviones, y básicamente se fijaban entre dos ciudades de dos Estados y no se entraba en otras libertades que se han ido desarrollando con el paso de los años, como el transporte de mercancías o el transporte postal. Hoy les
planteo aquí la necesidad de liberalizar la quinta libertad y de incorporarla en los tratados internacionales y en los convenios que se ratifican en primera lectura en esta Comisión de Asuntos Exteriores y que posteriormente se discuten -en esta
legislatura afortunadamente más que en anteriores legislaturas- en el Pleno del Congreso y posteriormente en la Cámara Alta.


Cuando hablamos de quinta libertad, señorías, hablamos de la liberalización de las comunicaciones, lo que siempre supone una mejora en la competitividad y en la competencia entre las compañías aéreas, y significa -les voy a poner algunos
ejemplos- una mejora de la conectividad y de las posibilidades de vuelo desde España, contemplando los aeropuertos españoles no como aeropuertos de destino sino como aeropuertos de paso en recorridos, en trayectos, en servicios internacionales de
más amplio recorrido. Señorías, España, por su situación geográfica al extremo occidental de Europa, es un buen lugar geográfico para las paradas técnicas o para las paradas de las líneas comerciales que transitan desde Asia hacia América del Sur
y, en mucha menor medida, de algunas compañías que hacen el servicio desde América del Sur hacia Asia. Les voy a poner un ejemplo. En estos momentos -esa fue una gestión que en su momento realizó el Grupo Parlamentario Catalán, que se lo planteó
al anterior Ejecutivo- está operando una línea que presta el servicio entre Singapur y Barcelona, con parada en Barcelona, y Barcelona-Sao Paulo. Este es un ejemplo de lo que supone la quinta libertad, incorporar en los convenios entre países sobre
derecho del aire la relación de aeropuertos en los cuales pueden aterrizar estos vuelos comerciales, estos vuelos de pasajeros, que son competitivos y eficientes en la medida en la que parte de este vuelo sirve para transportar a algunos pasajeros,
en este caso que les ilustraba desde Asia hasta Europa, pero también para incorporar a clientes europeos, básicamente españoles, en vuelos sudamericanos, hacia Sudamérica. Geográficamente los aeropuertos españoles son el gran hub para hacer posible
esta interconectividad entre Asia y América del Sur, de la misma forma que en su momento Frankfurt, Ámsterdam o Londres jugaron su papel para conseguir ser países de la quinta libertad, países de parada y países de paso en los vuelos entre Asia y
América del Norte, porque geográfica y comercialmente los mejores lugares de escala eran Frankfurt, Ámsterdam y Londres para operar entre Asia y América del Norte. Pues bien, España tiene la gran oportunidad de revisar sus convenios bilaterales en
derecho del aire con países para convertir a España en lugar de escala en vuelos con destino a terceros países. En estos momentos en el derecho del aire España aún tiene un largo camino que recorrer para liberalizar el espacio aéreo y permitir que
los aeropuertos españoles en su conjunto sean lugares de parada de vuelos con destino a terceros países. Tenemos este ejemplo de Singapore Airlines con parada en Barcelona, pero compañías aéreas del Golfo, compañías aéreas asiáticas, están
observando con interés los aeropuertos españoles como aeropuertos de parada, siempre que se tenga en cuenta la quinta libertad y se revisen los convenios bilaterales para incorporar una relación de aeropuertos españoles -seguramente también hay un
gran interés en aeropuertos de Canarias- como aeropuertos de tránsito entre continentes en este caso, entre distintos países.


Esta iniciativa tiene algo de técnico. Cada día se aprende algo. No sé si he sido suficientemente lúcido a las ocho y cuarto para explicarles algunas cosas del derecho del aire. Tengan confianza en mí. Esto es bueno para la
liberalización del espacio aéreo español y para la multiplicación de la conectividad aérea española. Y les avanzo que vamos a aceptar la enmienda de modificación del Grupo Popular.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Se ha presentado solamente una enmienda de sustitución por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Márquez.


El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: Con extrema brevedad, porque realmente -debo decirlo así- la intervención del señor Xuclà, que él ha calificado como técnica, también ha sido sumamente pedagógica, ilustrativa y esclarecedora del asunto que nos
traemos entre manos.

Página 26

En este momento debo hablar en mi intervención de esa enmienda de sustitución que ha propuesto el Grupo Popular y que trae cuenta de otra serie de aspectos que quizá no han sido comentados en la intervención del señor Xuclà. Es cierto que
las quintas libertades permiten a las aeronaves de terceros países aterrizar en nuestro territorio, desembarcando o embarcando pasajeros para otros destinos. Es cierto también que tienen un importante contenido económico, ya que permiten a esas
correspondientes líneas aéreas competir -esta palabra es clave- con las aerolíneas nacionales españolas en trayectos que son más rentables. Y esa competencia económica, comercial, puede que no se haga necesariamente en iguales condiciones, porque
en muchos casos las aerolíneas extranjeras, incluso algunas que ha comentado en su intervención, pueden no aplicar en su país de origen las mismas condiciones de salarios, de derechos de los trabajadores o de circunstancias fiscales o impositivas.
Entre otras cosas podría producirse uno de esos términos novedosos que ahora se emplean y que se denominan dumping social, de tal forma que las aerolíneas extranjeras pudieran expulsar a las españolas en esos trayectos. Es algo sobre lo que habría
que reflexionar. Esto es especialmente importante en el sector aéreo, en el cual los salarios representan una parte muy importante del gasto. Prueba de la situación es que en nuestro caso sí, pero ningún otro país europeo ha concedido quintas
libertades, por ejemplo, a la República Popular China, ya que el tráfico entre Europa y América constituye una de las principales fuentes de ingresos para las líneas españolas. Solamente España y Portugal han concedido a China esas quintas
libertades como contrapartida a la apertura del mercado chino para las compañías españolas y -está claro- portuguesas. El hecho de que España y Portugal se hayan avenido a conceder esas quintas libertades a China se basó claramente en una
necesidad, que era la de ofrecer una contrapartida de interés para conseguir la apertura del difícil mercado chino a nuestra industria aérea, que en el momento de la negociación tenía un enorme interés -que creo que sigue existiendo- para operar en
China. También -hay que reconocerlo así- hay motivos políticos, ya que se trata de países periféricos de la Unión Europea que de otro modo tendrían un difícil enlace directo entre sus capitales y la capital de la República Popular de China.


En consecuencia y resumiendo, la concesión de quintas libertades debe estudiarse muy cuidadosamente desde el punto de vista económico, ya que si bien es cierto que podría aportar un cierto tráfico a los aeropuertos, fundamentalmente a esos
aeropuertos de tránsito que ya se han comentado, podría también en algunos casos restar un importante tráfico y negocio a las aerolíneas nacionales en aquellos trayectos en los que precisamente son más rentables, como es el caso muy concretamente de
los destinos latinoamericanos.


Por estas razones expuestas hasta este momento el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto esta enmienda de sustitución en la cual se insta al Gobierno, en primer lugar, a continuar impulsando la liberalización del tráfico aéreo -creo que es
la base, el núcleo de la proposición no de ley que hoy se trae a debate- con origen y destino en los aeropuertos españoles, con el objetivo de mejorar la conectividad y la competitividad de la economía española, fomentando así el desarrollo
económico y la libre competencia en los territorios donde haya aeropuertos, así como la creación de nuevas rutas comerciales que promuevan el turismo y la actividad empresarial, y en especial, y con el objetivo de incrementar la conectividad de
distintas zonas de España, se insta también al Gobierno a analizar de forma individualizada -por eso hablábamos de la necesidad de una reflexión concreta en cada caso- las solicitudes y proyectos operativos de las compañías aéreas de terceros países
para operar quintas libertades desde o hacia los aeropuertos españoles, pudiendo otorgar este tipo de concesiones cuando se confirme que esas propuestas contribuyen a establecer operaciones nuevas que sean beneficiosas, enlaces que sean beneficiosos
para los aeropuertos españoles y para nuestras regiones y comunidades.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): El Grupo de UPyD no desea intervenir. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Cortizo. Con brevedad, señoría, porque conocemos los hábitos y vamos justos de tiempo.


El señor CORTIZO NIETO: Pues con la quinta marcha puesta, señor presidente. Nos parece un tema muy complejo y nos suscita ciertas dudas si por el fondo técnico de la propuesta esta es la Comisión más adecuada para debatir esta proposición
no de ley. En todo caso, con la brevedad de la quinta marcha a la que hacía referencia, somos permeables a los argumentos y a las razones del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Popular y apoyaremos la iniciativa.

Página 27

El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Me ha sorprendido gratamente usted y creo que al resto de los grupos también. (Risas).


DICTAMEN SOBRE:


- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE, HECHO EN PRAIA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000079).


- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. (Número de expediente
110/000080).


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS EN ESPAÑA, HECHO EN NUEVA YORK EL 19 DE JULIO DE 2012. (Número de expediente 110/000081).


- TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN, HECHO EN MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000082).


- CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE LA FALSIFICACIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS Y DELITOS SIMILARES QUE SUPONGAN UNA AMENAZA PARA LA SALUD PÚBLICA, HECHO EN MOSCÚ EL 28 DE OCTUBRE DE 2011, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de
expediente 110/000083).


- ACUERDO SOBRE UNA ZONA DE AVIACIÓN COMÚN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS Y LA REPÚBLICA DE MOLDAVIA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000084).


- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN, HECHO EN MADRID EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000086).


- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE ETIOPIA, HECHO EN ADDIS ABEBA EL 19 DE FEBRERO DE 2013. (Número de expediente 110/000087).


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Vamos a pasar ahora al dictamen sobre los convenios.


¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa).


Pues si les parece, pasamos a la votación de las proposiciones no de ley.


Primera proposición no de ley, para desarrollar y cumplir con el título V de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. El autor es el Grupo Parlamentario Mixto. Admite una enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán y pide la votación por separado de todos los puntos.


El señor CHAVES GONZÁLEZ: Señor presidente, solicitamos votación separada pero siempre y cuando el grupo proponente acepte algunas modificaciones de términos. Era ese el planteamiento que habíamos hecho.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Tiene la palabra el señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: No aceptamos la enmienda socialista, pero solicitamos a la Mesa la votación por separado, si es posible.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Acaba de intervenir el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que adopta una postura que nos impide la votación por separado.


El señor BOSCH I PASCUAL: Entonces votación conjunta, aceptando la enmienda de Convergència i Unió.

Página 28

El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Se vota la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 11.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Queda rechazada.


La segunda proposición no de ley que votamos es sobre el caso Magnitsky, de la que son autores tres grupos. No hay enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Queda rechazada.


La tercera proposición no de ley que votamos es sobre la Ley de Acción Exterior y la participación en su proceso de definición.


El señor SÁEZ JUBERO: Pedimos votación en un bloque de los cuatro primeros puntos y el siguiente bloque, del 5 al 10, aceptando la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al punto 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Había dicho al letrado que hasta el punto 5 no hasta el 4.


El señor SÁEZ JUBERO: Hasta el punto 4 en bloque y el resto con la enmienda transaccional.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


El señor CASADO BLANCO: Según el Reglamento, si hay una transaccional no se puede votar separadamente.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Señoría, se vota en conjunto con la transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,14; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Queda rechazada.


Votamos ahora la proposición relativa al establecimiento de un Plan director de derechos humanos, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que tiene una transaccional del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario
Socialista.


Efectuada la votación, dijo


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Queda aprobada por unanimidad.


La siguiente proposición es sobre el impulso a la entrada en vigor del Tratado internacional de comercio de armas y su debida aplicación. Es del Grupo Parlamentario Socialista con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Queda aprobada por unanimidad.


La sexta proposición es sobre el quinto centenario del descubrimiento de Florida. El autor es el Grupo Parlamentario Popular. Hay una pequeña modificación a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que admite el grupo proponente y es
la que votamos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Queda aprobada.


Por último, votamos la proposición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la que se insta al Gobierno a adoptar la quinta libertad en los tratados internacionales de aviación civil. Hay una enmienda de sustitución del
Grupo Parlamentario Popular que ha sido admitida por el autor.

Página 29

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.


El señor VICEPRESIDENTE (Landaluce Calleja): Queda aprobada.


Señorías, los convenios se han dado por admitidos porque nadie quería intervenir. ¿Alguien quiere salvar su voto? (Pausa). Quedan aprobados.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta minutos de la noche.