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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 292, de 10/04/2013
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 292
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles,
10 de abril de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (Número de expediente 121/000035) ...
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:
- Proyecto de ley por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (Número de expediente 121/000035) ...
Se abre la sesión a las seis y veinticinco minutos de la tarde.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN Y LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. (Número de expediente 121/000035).
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión número 21 correspondiente a la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Primero, quería preguntarles a sus señorías si consideran ratificada la ponencia designada para informar la
iniciativa legislativa que es objeto de la Comisión de hoy, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación y de los residuos y suelos contaminados. ¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada.
Vamos a pasar ahora... (La señora De Lara Carbó pide la palabra).
Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, antes de empezar la Comisión desearía en nombre del Grupo Parlamentario Popular solicitar la solidaridad de los miembros de esta Comisión de Medio Ambiente con los diputados de mi grupo
parlamentario que han sido víctimas del asedio y del acoso en sus domicilios y en los de sus familiares, -dos pertenecientes a esta Comisión-, por una serie de personas a las que no voy a calificar. Creo que es una línea que nunca debería
traspasarse. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, esta Presidencia entiende que, si no hay un turno en contra... (La señora Ortiz Castellví pide la palabra).
Señora Ortiz, intervenga solo para decir si lo apoya o no lo apoya porque no es objeto de debate. ¿Apoya la propuesta de la portavoz? No es objeto de debate en la Comisión, señora diputada.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Es que no es objeto de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: La señora diputada ha querido hacer esta propuesta, se somete y, si usted dice que no es objeto, así queda recogido. (El señor Ábalos Meco pide la palabra).
El señor ÁBALOS MECO: Evidentemente no está en el orden del día. El orden del día está tasado y no corresponde lo que ha hecho la señora De Lara. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular no nos puede llevar al resto de los grupos a
pronunciarnos sobre algo que no estaba previsto. Además, si se pretende llegar a algún acuerdo, lo normal es que se busque el consenso previo sobre estas cosas. No debemos encontrarnos con esto en una Comisión en la que vamos a hablar de suelos
contaminantes. Me parece que la Presidencia tendría que ejercer esa función, y me perdonará que se lo recuerde.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no está para que le recuerden sus atribuciones, que las está cumpliendo sobradamente.
Se ha hecho esa sugerencia. En todo caso, quizá debiera haber sido incluida en el orden del día. No se somete a debate, naturalmente.
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 16/2002, DE 1 DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN, Y LA LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. (Número de expediente 121/000035).
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar sin más el debate correspondiente al proyecto de ley por la que se modifican... (Rumores). Esta Presidencia también tiene las atribuciones para ordenar el debate. Por favor, les ruego que se mantengan
en silencio porque todos los portavoces de los grupos me han manifestado que tienen mucha prisa.
La Mesa ha acordado que todos los grupos, para defender sus enmiendas, tienen un tiempo máximo de diez minutos, que pueden agotar o no. Por otro lado, les rogaría a todos ustedes, para facilitar la agilidad de esta sesión, que trasladaran a
la Mesa cómo quieren plantear las votaciones. Si quieren solicitar alguna votación separada, comuníquenlo cuanto antes a la Mesa para que podamos ordenar las
votaciones previamente. Sin más, pasamos al proyecto de ley por la que se modifica... (El señor Agirretxea Urresti pide la palabra).
Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Señor presidente, una cuestión de orden. Ya que usted ha dicho que si algún grupo tiene alguna intención que la diga, primero me gustaría saber qué enmiendas transaccionales aceptan los grupos y que el grupo
mayoritario decida cómo votarlas. Por mi parte mantengo mis enmiendas y no me importa votarlas todas en bloque, independientemente de las transaccionales que me haya podido ofrecer el grupo mayoritario y de si se las acepto. Mantengo mis enmiendas
y no tengo ningún problema en votarlas en bloque, por ejemplo.
El señor PRESIDENTE: A lo largo del debate ya se irá comunicando. Ahora lo único que se está pidiendo a todos los grupos es que digan cuáles son las que se mantienen.
Para defender las enmiendas números 34 a 36, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Salvador Armendáriz tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: En aras de la brevedad seré esquemático. Yo no pongo ningún matiz a mi solidaridad con cualquiera de nuestros colegas que hayan sido acosados, intimidados o limitada su libertad por los hechos que estos días
estamos conociendo.
Como ha dicho, UPN ha presentado tres enmiendas. No tenemos ningún inconveniente en que la 34 y la 35 se voten conjuntamente al final, porque, tal y como nos comunicaron en su momento, y no ha habido aproximación, no serán aceptadas por el
grupo mayoritario. Nosotros pensamos que podían mejorar el texto puesto que pretendían agilizar los tiempos de redacción de algunos de los informes que son necesarios en determinados procedimientos. En todo caso, agradecemos la transacción del
Grupo Parlamentario Popular a la número 36, que da una redacción técnica más correcta y recoge la misma filosofía de lo que pretendía nuestra enmienda. Agradecemos que finalmente sea aprobada por la mayoría y pedimos al resto de los grupos que la
apoyen.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda número 1, ni el señor Quevedo y ni la señora Oramas están presentes.
Para defender las enmiendas 2 a 10 del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Seré muy breve y no consumiré el tiempo porque creo que tampoco es necesario. No por hablar más se defiende mejor cuando estamos hablando de una ley de esta índole. Es un proyecto sumamente técnico, sumamente
complicado y sumamente necesario. Se trata de una trasposición adecuada a la legislación, algo que Europa ya marca como régimen especial y obligatorio. Tiene la dificultad de cómo lo adecuamos a nuestra organización jurídico-administrativa.
Algunos grupos a veces diferimos del planteamiento que tiene el Gobierno en cuanto a la organización competencial o distribución de funciones; en este caso más que competencial es casi de distribución de funciones. Mi grupo acepta las dos
transacciones que ha ofrecido el Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas 2 y 3; por lo tanto votaríamos como tales las transacciones, si es que así lo estima oportuno. Mantengo las otras enmiendas vivas para que sean votadas en bloque, pero el
Gobierno podía haber sido más generoso en aceptar más enmiendas, tanto a mi grupo como a los demás. Eran unas enmiendas que mejoraban técnicamente el texto. No estamos hablando de una cuestión ni ideológica, ni política, ni de posicionamiento de
marcaje, sino que eran enmiendas que lo enriquecían técnicamente. Más que enriquecer ampliaban las posibles casuísticas que pudieran existir y delimitaban el terreno de lo que la ley marcaba como tal. Han quedado muchas enmiendas sin aceptar. Me
hubiera gustado oír la explicación del Grupo Parlamentario Popular de por qué no acepta mis enmiendas. No sé si en la intervención que haga el Grupo Parlamentario Popular lo va a decir; no sé si es por rechazo, porque no se está de acuerdo en el
planteamiento o porque el Gobierno considera que limita sus atribuciones al aceptar este tipo de enmiendas. No ocurre solo en esta ley. Ocurre en muchas ocasiones, y a veces los otros grupos no pedimos explicaciones; solo aceptamos o no. En este
caso es porque el Grupo Parlamentario Popular es el grupo mayoritario y tiene la sartén por el mango, por lo que también tiene la obligación de decir por qué no acepta las enmiendas. No está obligado pero existe una especie de juego democrático en
el que debería dar la explicación de por qué no las acepta. Dicho esto, reitero que voy a mantener las enmiendas -porque deben ser votadas- y aceptaremos el resultado que se dé. Por último, un par de enmiendas trataban de reforzar la capacidad que
tienen en algunas cuestiones las comunidades autónomas y los Gobiernos para mejorar su aplicación.
Creo que las administraciones cercanas hacen mejor las cosas porque están mucho más cerca de los ciudadanos. A veces impera una especie de miedo centralista a perder no sé qué que evita que algunas leyes sean mucho más ágiles, mucho más
vivas y mucho más fáciles de llevar a cabo. Lo dicho, señor presidente, acepto las dos enmiendas transaccionales de la 2 y la 3, y las demás las votamos en el orden que corresponda y todas en bloque, si no hay ningún impedimento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Plural tiene la palabra doña Laia Ortíz. (Pausa). Señora Ortiz, esta Presidencia ya sabe a quién tiene que dar la palabra.
La señora ORTÍZ CALSTELLVÍ: Muchas gracias, por su amabilidad.
Estamos ante el debate de una ley que lo que persigue es la trasposición de una directiva. Es verdad que nos podríamos quedar en si esta ley cumple o no con el requisito de la trasposición, de los criterios que fija la ley. Es una
trasposición limitada. Aunque podríamos decir que es una ley de carácter técnico, y no podríamos entrar en un debate político en profundidad, el Gobierno vuelve a pecar de relegar el medio ambiente, limitar al máximo todos aquellos requisitos
medioambientales, esas exigencias, y aplicar los mínimos requisitos legales para cumplir la directiva. No es una ley ambiciosa, no es una ley exigente, no es una ley que quiera ir al límite de lo que las directivas de referencia fijan. De hecho,
incluso se dejan cosas por trasponer. Eso refleja con qué actitud el Gobierno ha llevado a cabo ese proyecto de ley. Lo que intentan hacer es pulir al máximo los contenidos ambientales que, a nuestro entender, es un error porque durante muchísimo
tiempo en España el medio ambiente no ha estado en la agenda ni de los Gobiernos, ni de las administraciones en general, ni tampoco de los ciudadanos; por tanto, tenemos mucho recorrido por hacer. Se han instalado muchísimas empresas, como en
todos los países, pero no estamos a la altura de otros muchos a nivel de inspección y de control, y esa herencia la padecemos hoy todavía. Como les decía, no plantean una ley ambiciosa. Esa falta de ambición se refleja en la cuestión económica,
porque una ley de control ambiental y de inspección que no prevé que tenga un impacto en los recursos económicos del Gobierno ni en los recursos públicos, ni prevé que tenga un impacto en el sector económico, sin pedir un informe al Consejo
Económico Social, es una ley como mínimo un poco naif o que ya está pensada para que no se aplique de forma efectiva. Una ley de prevención y de control que no prevea que vaya a tener ningún impacto presupuestario ni sobre la economía de nuestro
país tiene que ver con esa falta de ambición o con ese objetivo de que no se aplique de manera formal. También nos preocupa, más allá de que no haya dotación presupuestaria, que deja muchísimas cuestiones al reglamento. Hasta que no se despliegue
esta reglamento las comunidades autónomas... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Ortiz.
Ruego que si van a mantener una conversación hablando de las enmiendas, por favor, se retiren al fondo porque impiden que se oiga correctamente la intervención de la portavoz. Hablen muy bajo o vayan hacia el fondo.
Puede proseguir, señora diputada.
La señora ORTÍZ CALTELLVÍ: Como decía, también dejan demasiado al reglamento, y hasta que ese no se despliegue no se podrán aplicar las leyes de comunidades autónomas, por lo cual es una ley que no se aplicará de forma inmediata ni en el
medio plazo. Nos preocupa que haya tanta reserva en cuanto al reglamento. También excluye cuestiones que fija la directiva. Lo excluye en los anejos, en las definiciones, en las disposiciones y en las exigencias. Esto es una decisión del
Gobierno. Cosas que la directiva fija luego en la trasposición han decidido excluirlas. Tiene que ver con esa poca ambición, con pensar en que el medio ambiente es un lastre para la economía y en seguir hipotecando nuestro patrimonio, en este caso
de lo que estamos hablando.
Otro peligro que plantea a nuestro entender es el artículo 29 -el Consejo de Estado en el informe también lo menciona-, que es la privatización del control. Tiene que ver con lo que decíamos antes, no está claramente expuesto que se va a
privatizar el control. Si no lo dotan de recursos no se pueden crear plazas -no de funcionarios sino de personal laboral o técnicos que hagan esas funciones-, ¿quién se va a ocupar de que esta ley se cumpla? Centrifugan dos problemas: por un lado
a las comunidades autónomas, que no sé cómo van a aplicarla sin una dotación de recursos y con la limitación en el personal público de nuestras administraciones, y por otro lado habilitan a delegar esto en la inspección privada. Esto nos preocupa
porque tiene que ser la Administración la responsable última de llevar esa inspección y ese control. Es verdad que se pueden contratar los servicios pero la planificación, el control y la
intervención lo tiene que hacer la Administración. Por tanto, nuestras enmiendas van, por un lado, a ampliar las exigencias y requisitos y recoger las definiciones que están en la directiva -entendemos que no se tengan que cambiar; son las
enmiendas 17, 23 y 16-, por otro lado, también a garantizar la transparencia en los procesos de exención, -las enmiendas 18, 19, 20 y 21, la transferencia de todo el proceso-; y también la eliminación del silencio administrativo, que entendemos que
es un peligro en una ley de este tipo. También queremos un incentivo a las empresas que utilizan el sistema de gestión ambiental E+, para que quienes lo emplean lo puedan poner en valor y tengan menos trámites a seguir. Por otro lado, también
planteamos una enmienda porque creemos que no se tiene que eliminar la colaboración con las comunidades autónomas, que no sabemos por qué se incluye en este proyecto de ley. La enmienda 31 es por una cuestión técnica de coincidencia de plazos.
Sobre las transacciones que nos ha hecho llegar el Grupo Popular estamos de acuerdo en la de la enmienda 28 pero no en la de la enmienda 22, porque no recoge el objetivo de la propia enmienda.
Es una ley necesaria, obligada, que incluso llega tarde; no llega en el plazo que se tenía para cumplir esa directiva. Es verdad que es un requisito fundamental pero no votaremos a favor. Nuestro grupo se va a abstener porque entendemos
que ha vaciado de contenido en parte la propia directiva. Además, es muy poco ambiciosa, una ley que debería ser tan fundamental para el control de la contaminación especialmente de nuestras aguas y nuestros suelos.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Barberà para defender el bloque de enmiendas presentado en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, no voy a hacer ningún comentario a nivel de grupo pero sí a nivel personal. Si cualquiera de los diputados presentes en esta sala o en otras tiene algún problema de este tipo de presión me
solidarizo personalmente con ellos, no en el ámbito de grupo que creo que no es el adecuado. Ya que se habla de esto personalmente nos añadimos a esa petición.
Respecta la ley, estamos de acuerdo con que el objetivo es facilitar un planteamiento integrado de prevención y control de las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo, la gestión de residuos, la eficiencia energética y la prevención de
accidentes. Por tanto, es una trasposición importante con unos antecedentes -ahora no nos vamos a alargar en explicarlos- y que traspone la Directiva sobre emisiones industriales que en 2010 aprobó la Unión Europea. Esta directiva no sustituye
solo una ley sino que además agrupa seis directivas más, facilitando y cumpliendo la agilización de trámites administrativos que todas las administraciones tenemos como objetivo prioritario. ¿Por qué esta directiva de emisiones industriales de
Europa? Porque la directiva anterior tenía algunas deficiencias por tanto mejoramos la situación anterior en diferentes aspectos -tampoco ahora vamos a alargarnos describiéndolos-. Respecto a otras intervenciones, tenemos claro que está Directiva
de emisiones industriales aumenta el listón en referencia a los requerimientos ambientales de las actividades que abarca y que ahora tenemos. Es un nuevo reto ambiental muy importante para las empresas del país pero, al mismo tiempo -después lo
desarrollaremos-, creemos que será necesario superar este reto sin debilitar la actividad económica de estos sectores que son importantes para la economía de nuestro territorio. La mejora sin duda de que no podrá superar los niveles de emisiones
asociados al uso de las mejores técnicas disponibles la vemos acertada. Digo esto porque en alguna enmienda referida a residuos hay alguna duda de si las empresas en el ámbito de residuos que tengan que cumplir esta normativa tienen que prorrogar
para ocho años o tienen que cumplir cuatro años hasta que las mejoras técnicas disponibles estén conseguidas y definidas. En esa enmienda aplicaremos el criterio de la trasposición. Introducimos actividades que están -lo anuncio porque después
haré referencia a ello- en un registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes, es decir son públicas y están en Internet y pueden ser consultadas por todos los ciudadanos.
Nuestras enmiendas se dividen en tres líneas. La primera, es de tipo técnico. Como otras señorías han dicho son para ajustar algunos preceptos que parece ser que son mejorables. En este sentido, sería crítico con el Grupo Popular porque
no creo que haya sido muy flexible. Otro aspecto -otros compañeros muy interesados en él no lo han incluido- es la inclusión de la eficiencia energética, considerar en las solicitudes de autorización, de acuerdo con el espíritu de la propia
directiva, que no lo marca pero que sí permitiría hacerlo. La otra línea se refiere a la justificación, si es necesaria ante la imposibilidad de aplicar las mejoras técnicas disponibles ya en el trámite de solicitud. Cuando una empresa tiene
dificultades económicas para aplicarlas contrarrestando con los beneficios ambientales que se supone obtendrá, hay unas excepciones que creemos que en la tramitación podrían alargar el proceso llegando a dos exposiciones públicas. Hemos presentado
una enmienda garantizando el derecho a la información en la exposición pública pero sin alargar el periodo.
Después de comentar mis enmiendas quiero centrarme en las de los otros grupos. Apoyaremos todas aquellas que sugieren simplificación de trámites y reducción de plazos administrativos, en pro, como no puede ser de otra manera, de la eficacia
y la eficiencia de las administraciones públicas, pero siendo realistas. Por ejemplo, rechazamos la de UPN que propone reducir de nueve a seis meses la obtención de la resolución, cuestión que creemos que no es realista. Apoyaremos aquellas que
mejoren y concreten las competencias de las comunidades autónomas y también aquellas que mejoren racionalmente la transparencia en todo el proceso para mejorar el acceso a la información de los ciudadanos. Igualmente apoyaremos todo el paquete del
Grupo Parlamentario Socialista referidas a la vuelta al texto original en lo relativo a los sistemas de depósito, devolución y retorno.
Señorías, de lo que quería hablar más es de que el inicio de aplicación de la directiva de emisiones va a traer problemas sobre todo para las industrias. En nuestra opinión el Gobierno del Partido Popular no se destaca por ayudar a las
industrias a adaptarse, al menos en estos últimos tiempos. Habría que hacer algún esfuerzo o proponer alguna iniciativa para ayudarlas a cumplir con esas prescripciones. Le pondré un ejemplo de nuestro territorio, en Cataluña, en la provincia de
Tarragona. Ercros produce cloro -supongo que no será esta la única motivación que a hecho que elimine muchos puestos de trabajo-; tiene que pasar de sus actuales celdas de mercurio -que no son prescriptibles porque usan mercurio- a celdas de
membrana. Eso supone una gran inversión para hacer ese cambio y mantener la producción de cloro competitiva y adecuada a la normativa.
No sé si es solo ese aspecto o hay otros, pero sin duda hemos perdido lugares de trabajo, y eso tenemos que tenerlo muy presente porque tenemos que ser conscientes de las dificultades que cumplir toda la directiva, que es necesaria y no
podemos renunciar a ella, puede suponer para algunas industrias, y en este momento es importante cuidarlas.
En el aspecto de las administraciones públicas -no en el de las industrias o establecimientos- que tienen competencia para dar la autorización, tenemos unos datos -como hemos dicho antes- extraídos del ministerio donde se habla de que, por
ejemplo, en Cataluña -hablo de Cataluña por no hablar de ninguna otra-, tenemos alrededor de 1.200 actividades que hay que trasponer, de las cuales 50 son ganaderas y que tal vez puedan solucionarse por otro camino cumpliendo igualmente la
normativa, y hay otras 600 que tendrán que aplicarse. Esto supone un 19%, pero tenemos Aragón, tenemos Andalucía, tenemos Castilla y León, tenemos otras que tienen un número considerable de establecimientos que hay que adecuar a la nueva normativa.
Eso supondrá un esfuerzo a las administraciones de las comunidades autónomas muy importante, pero esta normativa que hoy aprobaremos y que espero que en el Senado se pueda solucionar en su disposición transitoria primera les pone una gran barrera
para su cumplimiento y actualización, porque pone una fecha, 7 de enero de 2014. Señorías, creo -y hablo para todos los grupos parlamentarios- que tenemos que ser conscientes de que todos nuestros compañeros que estén gobernando en comunidades
autónomas tendrán problemas para cumplir este plazo y para que el 7 de enero de 2014 esté todo traspuesto. Creemos y sabemos que los diferentes Gobiernos autonómicos están trabajando con el Gobierno central para analizar esta situación, porque en
principio parecía que las excepciones y las prescripciones que después pone la misma disposición transitoria se podrían cubrir, que no serían tantas, pero al parecer al final son muchas si queremos hacerlo bien. Por eso, pedimos a todos los grupos
parlamentarios que hagan presión en sus comunidades autónomas para que el Gobierno se sensibilice y en el trámite del Senado se pueda modificar esa fecha y ser más flexibles, lo cual no quiere decir bajar límites ni intensidad, sino ser más
flexibles con el tiempo para que las administraciones con sus recursos limitados en estos momentos puedan hacer frente a toda esta trasposición.
Sin duda, la situación económica es conflictiva; no hay que renunciar ni un milímetro a las exigencias de la prevención como principio básico de nuestra política ambiental, pero hay que ser realistas. En ese sentido, señorías, la
trasposición que nos ocupa evita un gran debate, porque es técnica y ya está trabajada, pero quiero destacar los errores que podemos cometer si mantenemos los calendarios y las fechas de la disposición transitoria primera. No es realista con los
recursos humanos de las comunidades autónomas, no es creíble ante la situación económica, no la marca la directiva europea, es decir, la podemos modificar porque no viene marcada por una directiva europea, y creará industrias productoras de puestos
de trabajo, riqueza y seguridad jurídica en un futuro. Como estamos defendiendo en otros aspectos, no ser realistas nos llevará a las comunidades autónomas a no cumplir el calendario y a incurrir en cuestiones de responsabilidad transversal,
jurídica, social, de creación de empleo, económica. Por eso, señorías, esperamos que entre todos podamos corregir este aspecto en el trámite del Senado.
El señor PRESIDENTE: Señor Barberà, quiero expresarle también a título personal, porque he sido víctima de una de ellas, mi agradecimiento por su solidaridad ante los ataques infundados de las plataformas hipotecarias. (El señor Cantó
García del Moral pide la palabra).
¿Señor Cantó?
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Intervengo muy brevemente, señor presidente, porque ya le comuniqué que no iba a intervenir, pero ante la petición de expresión de solidaridad de la compañera del Partido Popular, nos sumamos a ella.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Hernández.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Entendiendo que, como han valorado el resto de portavoces, consideramos positiva la trasposición, en primer lugar queríamos decir que no entendemos cómo se ha tardado tanto en traer este proyecto de ley cuando
había borradores preparados desde 2011. No es una cosa que digamos nosotros sino que en la propia memoria de la ley, remitida a las Cortes a través de las relaciones entre el Gobierno ya venía bien expresado esto que estoy diciendo. No tiene
sentido que haya pasado más de un año con el proyecto guardado en un cajón y no tiene sentido que se haya dado prioridad a otros temas, como la Ley de Costas, donde no había ni necesidad ni urgencia. Solo se nos ocurre una causa para que esto
suceda, y es que los grupos de presión imponen un calendario al Gobierno y con ellos sí son diligentes.
No se les han pedido informes al Consejo Económico y Social, y estamos ante una ley técnica, sí, pero una ley técnica que tiene un profundo impacto en la sociedad. Cuando menos hubiera sido conveniente el informe del Consejo Económico y
Social, porque las empresas contaminantes tienen una repercusión evidente en el entorno inmediato, en el conjunto del territorio, en la población, en el medio, en el ahora y en el futuro. Además, consideramos claramente insuficiente el contenido de
la memoria económica, que no establece ninguna previsión de los impactos económicos, siendo estos evidentemente muy relevantes.
La mala praxis del Gobierno, que retrasó incomprensiblemente sus obligaciones, mala praxis en las ausencias notables del proyecto y mala praxis al obligar ahora a tramitar un proyecto de ley de esta complejidad técnica que han subrayado
todos los portavoces -entre nosotros hemos comentado que necesitábamos más tiempo para estudiar las propuestas, para realizar otras, para valorar las consecuencias de cada una-, solo muestra el menosprecio del Gobierno por la tarea de las Cortes y
de la complicidad en este caso del grupo mayoritario. Nos hemos visto obligados a realizar un estudio apresurado, sin tiempo mínimo para las reuniones, sin encuentros e intercambios de ideas, sin estudios, sin reflexión política ni entre nosotros
ni con la sociedad, y no se entiende tanta prisa después del tiempo que este proyecto estuvo en los cajones del ministerio. Tarde, porque esto ha caducado -teníamos que haberlo traspuesto el 7 de enero-, mal, con una trasposición, como bien dijo la
portavoz de Izquierda Unida, incompleta, y con prisas, tramitándolo con urgencia.
Entrando en el contenido, el juicio global que merece este proyecto es doble. Uno positivo, por supuesto, en los aspectos de mayor exigencia, en la reducción de emisiones contaminantes gracias a la incorporación de la directiva comunitaria,
pero otra cosa diferente es el juicio que merecen aspectos que no dependen directamente de la norma comunitaria y que son iniciativas propias del proyecto de ley, porque ahí es donde existen deficiencias serias en aspectos importantes. Por tanto,
el juicio en esta segunda parte es claramente negativo. Sintetizando mucho, porque no tengo mucho tiempo, podemos decir que si la ley pretende establecer unos determinados límites de contaminación hay dos aspectos que resultan especialmente
importantes. La primera parte, la que se refiere a la información pública relativa a la actividad contaminante, y la segunda, la relativa a la actividad de inspección y control.
Pues bien, en un entorno donde vaya a desarrollar su actividad una industria siempre existen aspectos positivos relacionados con la inversión, el empleo tan necesario en estos momentos, el impulso indirecto con las industrias auxiliares y
servicios, pero sin duda existen otros efectos no menos importantes que poner en la balanza de los pros y los contras. En cuanto al impacto negativo de la contaminación y residuos en el entorno, resulta evidente que la ciudadanía demanda y tiene
derecho a conocer toda la información relevante acerca de la industria que pretende iniciar o que está desarrollando actividad potencialmente nociva, porque afecta a su modo de vida, a su salud y a sus expectativas de futuro. Pues bien, a nuestro
entender, en los aspectos relativos de la Ley de Información Pública que no derivan directamente de la directiva el proyecto es más que cicatero y no promueve la participación ni la transparencia. El texto rezuma alergia a la posibilidad de
información de los interesados, a la opción de
poder opinar y participar cuando se trata de conceder una autorización administrativa. Es reticente al desarrollo de formas de ejercicio del derecho de los ciudadanos como la participación en asuntos públicos, algo que, por cierto, cada vez
demanda más y con razón la ciudadanía, que es sano y que no es contrario a los informes de las Administraciones Públicas sino que, al contrario, es complementario que participen los ciudadanos en asuntos que son de su neta incumbencia.
En este sentido hemos planteado enmiendas que tratan de mejorar estos aspectos para aplicar las ventajas de Internet, para dar acceso a la información y a la participación. Asimismo, recogemos lo que está en la directiva y que queda ausente
en el proyecto, algo incomprensible en este siglo en el que las administraciones públicas tienen que tener una actitud proactiva para la difusión de los contenidos de que disponen. Esto es algo que además tendrá que figurar en la futura ley de
transparencia, si es que algún día llegamos a verla, y que no tiene mucho sentido que no esté en una ley sectorial como ocurre en este caso. Sobre el otro aspecto que ya se ha comentado aquí de la inspección y del control, hemos visto muchísimas
leyes que tienen un espíritu muy positivo y que por falta de la inspección y de controles, que no han sido suficientes, no se ha cumplido. Vuelvo a mencionar otra vez la Ley de Costas, ya que no se controla lo suficiente su aplicación y eso dio
lugar a excesos muy sonados y que todos conocemos bien. Ahora se ha decidido amnistiar esos excesos y no corregirlos. En cuanto a los riesgos del incumplimiento por la falta de vigilancia cuando hay importantes intereses económicos como es este
caso, que por un lado supone la actividad económica y el empleo, resulta bastante fácil relajar el contrapeso de otros bienes tan abstractos pero tan importantes como el medio ambiente. Pues bien, esta caja de Pandora se abre con un control
inadecuado en el artículo 29.1 de la ley, que permite que esas actividades de inspección no sean desempeñadas por funcionarios públicos, que sea privatizada esa inspección. ¿Qué puede propiciar? Sencillamente que se hagan planes de inspección y
que luego no se controle la forma de medir los procesos, las técnicas ni, por consiguiente, los resultados de ese control. Pero es que esto que estoy diciendo no lo digo solo yo y me remito al dictamen del Consejo de Estado, que alerta sobre los
riesgos de esta previsión y habla de huida del derecho administrativo junto con la posible vulneración de la reserva a funcionarios públicos de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas.
En primer lugar, el Gobierno aprovecha este ámbito, el mínimo resquicio para privatizar todo lo público desde un planteamiento ideológico que considera lo público enemigo de lo eficiente. Ahora estamos hablando de esto, de la inspección,
pero afecta a otras facetas como la sanidad o la educación; en este caso las tareas de inspección es algo genuinamente público porque la actuación inspectora conduce a la adopción de resoluciones administrativas y en este caso el Partido Popular,
el Gobierno, huye de esta responsabilidad. En segundo lugar, los peligros prácticos de la privatización del ejercicio de la actividad de inspección ambiental no solo residen en la ruptura del sistema jurídico público. La articulación de un sistema
de inspección privado como el contemplado no sólo genera riesgos en las coincidencias de conflictos de intereses entre empresas inspeccionadas e inspectoras; no es difícil imaginar que existan conexiones económicas entre empresas inspeccionadas y
empresas inspectoras. ¿Por qué no se plantea la privatización de la Inspección Tributaria? ¿Por qué no se plantea la privatización de la Inspección de Trabajo? ¿Por qué no se plantea la privatización de la Inspección de la Seguridad Social?
Parece evidente por qué no se plantea. La respuesta la tenemos todos en la cabeza, igual que tenemos en la cabeza por qué se hace con la Inspección Ambiental, porque el medio ambiente está en la última fila de las prioridades y esta se está
convirtiendo en un negocio privado más. Además, aunque mi grupo pudiera estar de acuerdo -que no lo está- en la privatización de la inspección, no hay ninguna alusión a la conexión con otras normas. No se sabe quién va a dar las acreditaciones, no
se sabe cómo se va a hacer ese entramado y, por lo tanto, en una directiva comunitaria traspuesta por el Congreso y por el Senado que tienen que aplicar las comunidades autónomas, que a su vez éstas ceden a empresas privadas y no sabemos quién
acredita, es una chapuza ese párrafo de tal calibre que le pedimos al Grupo Popular que si no es hoy, reflexione las consecuencias de este párrafo en el trámite en el Senado y se corrija -aunque nosotros pedimos directamente que se quite-; desde
luego que se corrija porque, insisto, aunque estuviéramos de acuerdo con la privatización de la inspección, que no lo estamos, así como está es una chapuza enorme. En definitiva, todo lo que se refiere a la privatización de la Inspección Ambiental
merece nuestro rechazo frontal y una petición encarecida a que reflexionen.
Hemos incluido en nuestras enmiendas manifestaciones sobre el cambio climático, también queremos que se elimine la previsión de que se puede exceptuar sin control previo a los valores de límites de emisión. No tiene mucho sentido que si ese
es el objetivo luego se pueda exceptuar sin un control previo
a esos límites de emisión, y está previsto en la trasposición. Además, en una ley tan importante como esta nos parece oportuna la existencia de seguros de responsabilidad civil ambiental u otras garantías que puedan actuar en el caso de
accidente para estas empresas. La revisión periódica de las autorizaciones nos parece algo que tiene que estar tal cual, es decir, si existe una actividad de la industria que parece transgredir los límites legales de contaminación y la inspección
pública realizada por la Administración, como parece, no actúa con la suficiente diligencia o celeridad. Es necesario al menos conceder la oportunidad a los afectados o interesados para denunciar los posibles incumplimientos.
El señor PRESIDENTE: Señora Hernández, le ruego que vaya concluyendo porque su tiempo se ha agotado.
La señora HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ: Termino ya.
Completar la trasposición de la inspección va en otro bloque de enmiendas, como bien decía la portavoz de Iniciativa, y lo que hablaba el portavoz de Convergència i Unió de recuperar el carácter obligatorio de los sistemas de depósito y
retorno. El último bloque de enmiendas son correcciones de deficiencias técnicas que ya he comentado con los otros portavoces. En cuanto a las transaccionales, no podemos aceptar ninguna de las tres que nos han ofrecido a las enmiendas 40, 43 y
45, porque nos han cambiado una palabra por otra, no tiene ningún sentido porque no recoge el espíritu de la enmienda inicial.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz don Manuel Mora.
El señor MORA BERNAT: Antes de nada quiero agradecer a todos los compañeros diputados y señorías que se han adherido o sumado a la manifestación en contra de los acosos que han sufrido algunos de nuestros compañeros.
Señorías, el proyecto de ley que se debate es un proyecto de ley que trata de trasponer la Directiva de la Unión Europea 2010/75. Esta directiva refunde un único texto de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y
modifica siete directivas europeas ya existentes. Para llevar a cabo esta trasposición se pretende modificar la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación, y como consecuencia de esta modificación es preciso armonizar el
artículo 27 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados a la nueva regulación de la autorización ambiental integrada, modificación que alcanza también al reglamento de prevención y control integrados de la contaminación. Este proyecto de ley antes
de llegar a las Cortes ha recibido un informe favorable del Consejo de Estado, asimismo ha sido sometido a la participación pública, a la consulta de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial y al Consejo Asesor de medio ambiente
integrado por organizaciones ecologistas, sindicatos y empresarios. Los objetivos que se pretenden con este proyecto de ley son garantizar la eficacia legislativa en términos medioambientales, simplificar y unificar la normativa en materia de
emisiones industriales y evitar los costes administrativos innecesarios.
El primer objetivo, simplificar, tiene como principal finalidad la prevención y en su caso la reducción de las emisiones de las actividades industriales a la atmósfera, al agua y al suelo, aplicando el programa comunitario sobre la
estrategia de Lisboa. Se trata de una estrategia para la simplificación del marco regulador, avanzando en una simplificación administrativa que, pese a la mayor exigencia ambiental, agilizará las concesiones de autorizaciones a las empresas. Se ha
reducido en un mes el tiempo de tramitación de las autorizaciones ambientales integradas. Este proyecto de ley está basado en la prevención de las emisiones y en el principio de que quien contamina, paga, con el que creo que estarán de acuerdo
todos los grupos políticos. Se trata de evitar, reducir y eliminar en la medida de lo posible la contaminación derivada de las actividades industriales que suponen una gran aportación al producto interior bruto español. Se estima que este proyecto
de ley afectará a unas 6.100 instalaciones industriales. Señorías, este proyecto de ley mejora el concepto de mejoras técnicas disponibles con el objetivo de reducir las emisiones, ayudando a la I+D+i, ya que obligará a las empresas a innovar para
alcanzar unos valores límites de emisión establecidos, que es otro de los términos que también se ve mejorado en este proyecto de ley. Valores límite de emisión que podrán conseguir de manera eficaz aquellas industrias que más investiguen y mejor
apliquen las innovaciones descubiertas para paliar las emisiones. Señorías, quiero destacar la excepción que contempla el proyecto de ley para las actividades de investigación, actividades de desarrollo o la experimentación de nuevos productos y
procesos, otra prueba más del empeño en el apoyo a la I+D+i.
Otro de los objetivos del proyecto de ley es evitar los costes innecesarios. Viene definido en la disposición adicional única del proyecto de ley, gasto público, en la que se dice que de la aplicación de la presente ley no podrá derivarse
ningún incremento del gasto para las Administraciones públicas competentes.
Las nuevas necesidades de recursos humanos que en su caso pudieran surgir como consecuencia de las obligaciones normativas contempladas en la presente ley deberán ser atendidas mediante la reordenación o redistribución de efectivos. Estos
costes los verán también reducidos las industrias al acortar los plazos para la autorización ambiental e integrada; autorizaciones que se publicarán en la web del ministerio, facilitando que cualquier ciudadano pueda tener acceso a cuanta
información desee, consiguiendo más transparencia y más claridad. El objetivo final de este proyecto de ley es actualizar y simplificar la legislación vigente, poner la legislación en consonancia con el desarrollo político y tecnológico y reducir
al mínimo las distorsiones de competitividad en la Unión Europea. En este proyecto de ley se están suprimiendo trabas administrativas y se les da a las industrias la opción de buscar la mejor manera de ajustar sus valores límites de emisión, lo que
no implica apenas impacto económico en su aplicación y no tiene sentido buscar pegas en este aspecto.
Respecto a la privatización, que viene siendo la palabra obsesiva tanto del Grupo Socialista como del Grupo de La Izquierda Plural, son ustedes los que hablan de privatizar; en esta ley no sale la palabra privatizar por ningún lado. De lo
único que se habla es de una cooperación público-privada y de que haya organismos de control autorizados que pueden ser públicos y/o privados. Hoy en día hay muchos organismos de control que realizan funciones que anteriormente, cuando no había
posibilidades, las ejercían los funcionarios. Solo hay que ver los organismos de control que existen en los diferentes sectores cuya finalidad es verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e
instalaciones industriales mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoría. La portavoz socialista y la portavoz de La Izquierda Plural han puesto en duda la profesionalidad de los trabajadores privados. Dudar de los
trabajadores privados es dudar también de la profesionalidad de los funcionarios que examinan el trabajo realizado por ellos. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular con la tramitación de este proyecto de ley se intenta incentivar la gestión
y el uso eficiente de los recursos en la gestión de los residuos, consiguiendo así nuevas posibilidades para las empresas españolas, realzando de esta manera su competitividad y generando puestos de trabajo que ayuden a mejorar la economía del país.
En cuanto a las enmiendas presentadas, he de agradecer a todos los grupos sus aportaciones y su trabajo. Gracias a él se han presentado un total de cincuenta y tres enmiendas de las que se han recogido tres, se han propuesto transacciones
con otras ocho y en el resto no ha sido posible llegar a un acuerdo, muchas porque ya estaban incluidas en el proyecto de ley, otras porque la directiva europea no daba pie a su inclusión y otras muchas referentes a la Ley de Residuos y Suelos
Contaminados. En la tramitación de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente se introdujeron modificaciones en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados con el objeto de simplificar y reducir las cargas
administrativas que ocasionaban incertidumbre e inseguridad en la aplicación de ciertos aspectos de la norma. Este tema ha sido tramitado recientemente y el Grupo Parlamentario Socialista insiste en unas enmiendas que no están relacionadas con el
objeto del proyecto de ley que hoy debatimos. Da la sensación de que quieren ustedes de esta manera justificar su pobre aportación en esta tramitación.
Hay un conjunto de enmiendas que están referidas al contenido de las solicitudes de las autorizaciones ambientales integradas y los informes básicos. No consideramos oportuno incluir exigencias adicionales a las establecidas en la Directiva
sobre Emisiones Industriales, salvo la Declaración ambiental EMAS, sistema comunitario de gestión y auditoría ambientales, que se ha incorporado con una transaccional. Otro conjunto de enmiendas pretende reducir los plazos en cuanto a la
participación de organismos, especialmente los organismos de cuenca. Hay que reconocer la imposibilidad de llevar a cabo el informe de vertidos para una instalación nueva en menos de seis meses. Analizando esta demanda, debemos recordar a sus
señorías que ya se ha hecho un gran esfuerzo por la reducción de plazos. En el reglamento de desarrollo de esta ley actualmente en tramitación se ha incluido un procedimiento simplificado de aplicación a los casos de revisión de las autorizaciones
ambientales integradas y modificación de la instalación que contempla un plazo de tres meses para la emisión de este informe de cuenca.
Respecto a la gran aportación de UPyD para incorporar el fracking en esta tramitación, no se considera oportuno incluir actividades industriales y sustancias contaminantes adicionales a las establecidas en la Directiva sobre Emisiones
Industriales. Como ustedes ya deben saber, el debate sobre esta actividad va
por otros derroteros. El Consejo de Ministros aprobó en marzo el proyecto de ley sobre sistemas eléctricos en el que incluyó un apartado de control ambiental para esta técnica, así como las medidas para reforzar el seguimiento y control de
la investigación de hidrocarburos no convencionales. Será obligatorio someter esos proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Además, se incluirá la técnica de la fracturación hidráulica en el ámbito objetivo de la Ley del
Sector de Hidrocarburos.
Otra demanda común entre varios grupos hace referencia a la descontaminación de los suelos. El proyecto de ley recoge íntegramente el contenido de la Directiva 2010/75 en lo referente a la protección del suelo y a las medidas que deben
aplicarse: artículo 22.3 primer y segundo párrafo. Es decir, el reestablecimiento del emplazamiento a la situación descrita en el informe base es exigencia directiva del artículo 22.3 primer párrafo. Por otra parte, el reestablecimiento de las
condiciones de emplazamiento ha de hacerse teniendo en cuenta el uso actual o futuro aprobado también por exigencia expresa de la directiva.
Por último, hay otras enmiendas específicas y técnicas que desde el Grupo Parlamentario Popular no se han tenido en cuenta para incluirlas en el proyecto de ley. Señorías, espero que voten a favor de este proyecto de ley, ya que en él solo
hay ventajas para el medio ambiente y para la salud las personas, cuestiones con respecto a las que es muy difícil estar en contra. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señorías, ahora vamos a interrumpir la sesión por un plazo muy breve, de diez minutos, para ordenar las votaciones. Entiendo que todos los portavoces han recibido el guión de las votaciones por separado y el texto de
las enmiendas que se han transaccionado. (Pausa).
El señor PRESIDENTE: Les ruego tomen asiento y se mantengo en silencio. Vamos a proceder al inicio de la votación.
Señores diputados, todos los portavoces dispone de la propuesta de las votaciones por separado. Respecto a la votación por separado quiero hacerles las siguientes observaciones porque han sido modificaciones de última hora. De las
enmiendas de La Izquierda Plural, la que figura con el número 31, que figuraba en el primer bloque que se iba a votar, finalmente se va a votar por separado. Y la enmienda número 22 ha sido objeto de una transaccional con el Grupo Parlamentario
Popular. Se lo comunico porque todos ustedes tienen estos dos errores, debido a las rectificaciones de última hora.
Vamos ahora a proceder a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, por el señor Salvador Armendáriz.
Enmienda número 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 26; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1 del Grupo Mixto, presentada por la señora Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV. Vamos a proceder a la votación del bloque de las enmiendas números 4, 5, 6, 7 y 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda números 8 y 9, presentadas también por el Grupo Parlamentario del PNV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 32 y 33 presentadas por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, UPyD.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 39.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos ahora a proceder a las votaciones de las enmiendas presentadas por La Izquierda Plural. Se va a votar en primer lugar el bloque de las enmiendas 18, 19, 20, 23, 24 y 25. De ese bloque hay que tachar la 31, que se va a votar por
separado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 21 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 39.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda número 22, como he dicho antes, es objeto de una transaccional. Votamos las enmiendas números 26, 29 y 30.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 27 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 25; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 31.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, enmiendas números 11, 13 y 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 12 y 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Vamos a proceder ahora a la votación de las enmiendas agrupadas números 38, 39, 42 y 44.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A pesar de que las tienen por separado, vamos a votar en conjunto las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista números 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a la votación de las enmiendas transaccionadas con el Grupo Parlamentario Popular que están a disposición de los portavoces. Votamos, en primer lugar, la enmienda transaccional número 2 del Grupo Parlamentario Popular y la número
3 del Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV. (El señor Alonso Núñez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: ¿Qué desea, señor Alonso?
El señor ALONSO NÚÑEZ: Desearíamos votación separada de ambas enmiendas. Ha sido un error nuestro, perdone.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente. En primer lugar votamos la número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas transaccionales 22 y 28 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Enmienda transaccional número 36 del señor Salvador Armendáriz, de UPN.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, se somete a votación de todas sus señorías el texto del proyecto de ley con las enmiendas aprobadas y según el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto de ley.
Muchas gracias señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cincuenta minutos de la noche.