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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 266, de 27/02/2013
cve: DSCD-10-CO-266
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 266
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles,
27 de febrero de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Debate y votación de la solicitud de creación de subcomisión de estudio sobre las redes sociales. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 158/000027) ... (Página3)
Proposiciones no de ley:
- Sobre el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Langreo (Asturias). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001361) ... (Página7)
- Sobre mantenimiento de los grupos de respuesta contra el crimen organizado (Greco) y los equipos contra el crimen organizado (ECO). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000856) ...
- Relativa a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la violencia de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000477) ...
- Sobre Plan de prevención de la violencia contra menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001088) ... (Página17)
- Sobre regulación de manera adecuada del uso de material antidisturbios y sustitución de las pelotas de goma. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001132) ... (Página19)
- Sobre prohibición total del uso de escopetas de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquiera Plural. (Número de expediente
161/001131) ... (Página20)
- Sobre la prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000558) ... (Página20)
- Sobre prohibición del uso de pelotas de goma como material antidisturbios. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001219) ... (Página20)
- Por la que se insta al Gobierno a incrementar la eficacia y eficiencia de los intercambios de información y a crear sinergias entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y de las comunidades autónomas. Presentada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001385) ... (Página26)
- Sobre la reforma y cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000042) ... (Página32)
- Relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión
Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000410) ... (Página36)
- Relativa a la reforma del reglamento de armas en lo atinente al uso de armas blancas. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000010) ... (Página41)
- Sobre la expulsión de personas con estatutos de refugiado y/o con riesgos para su integridad física y derechos fundamentales. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001071) ...
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Dada la configuración y extensión del orden del día, ruego a sus señorías que sean tan amables de ocupar sus asientos para poder dar comienzo a esta sesión.
Como sin duda conocen sus señorías, cualquier alteración del orden del día inicialmente previsto y distribuido requiere de la conformidad y unanimidad de los miembros de la Comisión. Si no existe inconveniente por parte de ningún grupo, el
Grupo Socialista solicita que la proposición a la que inicialmente se le asignó el punto sexto del orden del día pase a ocupar la tercera posición, configurando lo que sería la segunda de las proposiciones no de ley a debatir. (El señor Muñoz
González pide la palabra).
Señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Tendríamos también la intención de cambiar el orden de la número ocho, pero el problema es que todavía no está el representante del Grupo de Izquierda Unida. Si en su momento pudiera adelantarse...
El señor PRESIDENTE: Señor Muñoz, si desea hacer las gestiones discretas, que no secretas, oportunas, por parte de esta Presidencia no habría ningún inconveniente, insisto, dentro de un clima supuesto de aceptación por parte del resto de
los grupos.
Antes de iniciar formalmente la sesión de la Comisión, me permito rogar algo que sé que puedo a todos los intervinientes, que es la máxima precisión y concisión en sus intervenciones. A efectos de ordenación y con la excepción, bien que
relativa, del primer punto del orden del día, en el resto de proposiciones no de ley entendemos que es un tiempo suficiente y máximo el de diez minutos para quienes presenten la proposición, el grupo proponente o propulsor de cada iniciativa; que
quienes han enmendado puedan disponer de un tiempo de siete minutos y que quienes simplemente deseen indicar la posición o la explicación de voto de su grupo dispongan de un tiempo de entre tres y cinco minutos. Ello nos permitiría afrontar una
duración razonable de la Comisión, en la que no pretendo de ninguna manera reducir la importancia de los temas, pero en la que creo que todos podemos contribuir a un desarrollo con la agilidad suficiente, más aún sabiendo la complejidad de la tarde
para todos los grupos -que quede de
ello constancia en el 'Diario de Sesiones'-, pues me consta que es una agenda francamente compleja la que tienen una gran mayoría de los señores diputados miembros de esta Comisión y miembros a su vez de otras comisiones. Por ello, si les
parece, vamos a intentar, con la ayuda de los medios electrónicos y mecánicos de los que nos dota el Congreso, que esta Comisión pueda tener ese ritmo de celebración, que entiendo puede satisfacer las expectativas. (El señor Escobar las Heras pide
la palabra).
Señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Por una cuestión de orden y por aclararnos. Después de todas estas advertencias del presidente, que tomamos por buenas, ¿cuál sería en definitiva el orden del día?
El señor PRESIDENTE: Paso a indicarle. En primer lugar, el debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión, en este caso sobre el estudio de las redes sociales y su seguridad. Segundo, proposición no de ley sobre el nuevo
cuartel de la Guardia Civil de Langreo, en Asturias. Tercero, la que venía ocupando la posición número seis, con número de expediente 856, relativa a grupos de respuesta contra el crimen organizado (Greco) y los equipos contra el crimen organizado
(ECO). El resto seguiría tal cual estaba previsto, con las modificaciones anunciadas. No sé si le he iluminado u oscurecido.
Señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Únicamente quisiera que me confirme algo el portavoz de CiU. ¿La proposición no de ley número siete, que es del Grupo Catalán, se mantiene?
El señor PRESIDENTE: ¿Mantienen el punto?
El señor JANÉ I GUASCH: Sí, es la única proposición no de ley que tenemos presentada.
El señor PRESIDENTE: Pues entonces el rumor que ha llegado a esta Mesa sobre su posible retirada lo damos por no producido.
El señor JANÉ I GUASCH: Exacto. De entrada es un rumor que no ha llegado a este portavoz, que debe defenderla.
El señor PRESIDENTE: Que es en este caso el portavoz de la propiedad de la iniciativa.
El señor JANÉ I GUASCH: Aunque todo es posible, porque tengo el móvil sin atender durante dos horas y podría pasar de todo.
El señor PRESIDENTE: Pues, si es tan amable, haga las verificaciones oportunas. Entiendo que se mantiene. Dispone del tiempo que medie desde este instante hasta el debate de la misma para hacer cualquier indicación a la Presidencia.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LAS REDES SOCIALES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 158/000027).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos, como les anunciaba, esta sesión de la Comisión con un primer punto, que es la solicitud de creación de una subcomisión, en este caso concreto de estudio sobre las redes sociales, que impulsa el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. Saben que el trámite subsecuente, si se produce una aprobación de esta iniciativa, sería su traslación al Pleno del Congreso, que es quien realmente es competente. Nos corresponde, en consecuencia, saber si
esta iniciativa dispone del respaldo y mayoría suficientes para poder ser tramitada ante el Pleno.
Para su defensa y presentación, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Escobar, con las indicaciones que he hecho, con el ruego insistente, rayano entre la tenacidad y la pesadez, de que pueda ser un tiempo suficiente.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Voy a tratar de ajustarme a esas observaciones.
El Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa, esta petición de creación de una subcomisión, y muy brevemente voy a referirme a algún antecedente que conviene que compartamos todos para ilustrar lo que nosotros entendemos que es
una importante cuestión. El pasado 13 de marzo del año 2012 el Pleno aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a una mayor
prevención y protección del menor en Internet, en episodios como el acoso, el bullying, el sexting y cualquier otra modalidad que está surgiendo, desafortunadamente, en Internet. Fruto de esa iniciativa traemos aquí esta petición de
subcomisión para que se confeccione el estudio de una estrategia nacional integral que permita afrontar la protección y la educación de los menores en la red, así como la prevención de delitos que se puedan cometer a través de las redes sociales.
Destaco dos circunstancias a este respecto. Una es que es el Grupo Popular el que presenta esta iniciativa, pero destaco el hecho -o así lo esperamos- de que, una vez que se cree esta subcomisión, tanto la subcomisión como sus trabajos
serán de este Congreso, es decir, que serán de todos los miembros de esta Cámara, y así lo deseamos. La segunda circunstancia es que se presenta en la Comisión de Interior, pero su objetivo, si me permiten, desborda el concepto de seguridad en un
plano estrictamente policial y afecta a la sensibilización, la prevención y la educación. En España las instituciones ya vienen trabajando intensamente. La Agencia de Protección de Datos, diferentes consejerías, el Ministerio de Industria, por
supuesto la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Defensor del Menor ya trabajan en este campo. Junto a ellos, vienen haciéndolo también diferentes operadores que desarrollan su actividad en las red de sociales. Destacamos Tuenti, Unicef,
Pantallas Amigas, Protégeles, Save the Children, Facebook, Google, Centro de Seguridad Escolar, Cruz Roja y muchas otras organizaciones que ya se han dirigido a este grupo con la intención de aportar conocimientos y experiencia. Debe ser objetivo
de todos que esos trabajos incorporen la mayor parte de aportaciones posibles.
Pero también estamos ante una gran oportunidad y ante la responsabilidad de contribuir a una estrategia a favor de la seguridad de Internet y sobre todo a favor de nuestros chavales, por ser los más vulnerables. Hay algunos datos que
permiten dibujar que Internet es, sobre todo para nuestros menores, un nuevo entorno social, con el que debemos convivir, pero también con el que tenemos que plantear una serie de principios para que el uso de Internet sea más responsable, si cabe.
Hay más de 1.100 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo, un 85% de los chavales españoles navegan solos por Internet, más del 35% de los padres no saben nada de lo que sus hijos hacen en Internet, el 20% de los chavales no tienen
restricciones ni consejos para navegar en Internet, y además comprobamos cómo el 22% creen que pueden poner cualquier foto sin que ello entrañe ningún riesgo y un 16% de menores de doce años ya se ha incorporado a alguna red social con el ánimo de
comunicarse o de intercambiar información, e incluso el 40% considera divertido hablar con un desconocido a través de las redes sociales.
En paralelo, encontramos que un uso moderado de las redes sociales fomenta la lectura, que los usuarios de las redes sociales presentan un mayor índice de sociabilidad y que crece el número de contenidos propios entre la gente joven que
participa en las redes sociales. Finalmente, se ha comprobado que las redes sociales suponen extraordinarias posibilidades educativas. A partir de ahí -acabo ya-, lo que proponemos con esta subcomisión es que se trabaje, entre otras cosas, para
promover la formación y la concienciación de los usuarios de las redes sociales e Internet, para fomentar conductas respetuosas con la propiedad intelectual, para educar en el uso responsable de Internet y de las redes sociales, para impulsar
modificaciones legislativas cuando sean necesarias en beneficio de la seguridad de nuestros menores fundamentalmente y para analizar el fenómeno de las redes sociales en todos los países de nuestro entorno.
Con esas premisas presentamos esta subcomisión. El resto de cuestiones que afectan a la subcomisión ya lo tienen todos ustedes a su disposición y no dudamos de que vamos a contar con la colaboración de todos los grupos parlamentarios -por
lo menos ese sería nuestro especial deseo- y también del sector tecnológico y las instituciones, y muy especialmente de los servicios de esta Cámara, que me consta que harán, como siempre, un fenomenal trabajo en la difusión y en la documentación de
la labor de la subcomisión. Con estas premisas y con esta introducción, esperemos que esta subcomisión arranque de la mejor forma posible, que es con la unanimidad de todos los aquí representados.
El señor PRESIDENTE: Gracias por la precisión y concisión, que agradece la Presidencia y estoy seguro que también los servicios técnicos de la Cámara, especialmente sus taquígrafos y estenotipistas.
Para fijar su posición, el Grupo Parlamentario Mixto no desea hacer uso de la palabra, así que si desea intervenir a estos fines, tiene la palabra el portavoz del PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a ver si podemos también regenerar un cierto prestigio quebrantado en relación con el cuerpo de taquígrafas de esta Cámara con una intervención sucinta y pausada.
El señor PRESIDENTE: Conozco sus condiciones oratorias y estoy seguro de que va a cumplir con el objetivo, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a intentarlo por lo menos. Los argumentos del portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos parecen pertinentes todos ellos. Nos encontramos con un fenómeno nuevo y los fenómenos nuevos hay que afrontarlos
siempre, usando el símil de la práctica del tenis, con el brazo encogido -porque nunca se sabe hasta qué punto- y utilizando el derecho punitivo fundamentalmente para afrontar ciertos fenómenos. En todo caso, siempre hay que autocontenerse y sobre
todo utilizar los principios inspiradores del derecho punitivo, de mínima intervención, de última ratio, etcétera. Dicho esto, señor presidente, la fenomenología o la patología, el efecto patógeno que nos ha descrito el portavoz del Grupo Popular
existe, y los que los que tenemos hijos pequeños sabemos que existe -ya lo creo que lo sabemos- y que tiene componentes que deben ser objeto de acotación normativa e incluso punitiva en algunos casos. Todos conocemos cómo hoy hay casos
judicializados en los que el fiscal general del Estado o los fiscales competentes de las distintas demarcaciones territoriales nos piden a los legisladores criterio en tanto en cuanto el Código Penal, la normativa en materia de seguridad ciudadana,
no consigna elementos de identificación de las posibles infracciones de naturaleza jurídico penal que existen, hasta dónde llega o dónde se encuentra el punto de equilibrio entre el derecho de información o de expresión a través de estas tecnologías
y los elementos que deben ser objeto de reproche penal o de reproche administrativo punitivo. En tanto en cuanto no es claro encontrar estos puntos de equilibrio, y estos puntos de equilibrio evidentemente pueden llevar a la comisión de reales
delitos, yo le puedo comentar un caso del que he sido conocedor personalmente y con relación al cual la Fiscalía de La Rioja tiene graves problemas conceptuales para identificar si hay un injusto penal que merece o merita la aplicación del Código
Penal o el derecho sancionador administrativo. Se trata de un chico que se dirigió a través de los chats y de los sistemas de intercomunicación a determinadas chicas menores de edad en algunos casos -con lo cual ya estamos en un injusto penal
clarísimo- y a otras mayores de edad -en este caso el tema es más discutible-. Solicitaba determinadas fotos exigiendo como chantaje o como contraprestación la amenaza de ubicar o de introducir en la red las fotos si estas no eran las que este
personaje pretendía. Desde esa perspectiva, este es un tema que nuestro ordenamiento jurídico todavía no ha introducido, no ha incorporado en tanto en cuanto estamos hablando de fenómenos recientes en el tiempo. Si he entendido bien al portavoz
del Grupo Parlamentario Popular, lo que solicita es que se estudie esta fenomenología, que puede tener -y agradezco al portavoz del Grupo Popular la específica atención que me está prestando- distintos ámbitos de reproche: un reproche jurídico
penal mediante la creación de tipo delictivos específicos, un reproche del derecho sancionador administrativo mediante la mejor especificación de las sanciones administrativas, por ejemplo de la Ley de Seguridad Ciudadana -por citar alguna-, y un
reproche donde los puntos de equilibrio no están todavía perfectamente definidos. Yo creo que una comisión de estudio de estas características resultaría particularmente pertinente.
El portavoz de su grupo parlamentario no ha escuchado nada de lo que he dicho, pero usted sí, señor presidente, y como usted y yo somos viejos diputados y nos conocemos perfectamente -viejos no en el sentido etimológico sino más en el
sentido de acumulación de trienios por una incorporación un tanto prematura a la actividad parlamentaria-, usted sabrá como yo que las formas que conocimos en el año 1986, cuando ingresamos en estas Cámaras, eran otras; las interrupciones no eran
tan abruptas ni tan groseras, la gente se escuchaba y los discursos eran mucho más sofisticados en su dimensión semántica y en su dimensión conceptual. Esto se ha perdido desafortunadamente, y algún día se recuperará, si Dios quiere. En todo caso,
y dicho esto, señor presidente -usted sabe de lo que estoy hablando-, vamos a tomar en consideración, después de su brillante disertación, la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, donde usted ha dicho viejos pongamos veteranos, que seguro que es políticamente correcto.
En cualquier caso, no tengo ningún inconveniente en trasladar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular la opinión que he escuchado, si en algún momento le es de utilidad, pero estoy seguro de que también en este caso lo que más agradece
es el respaldo manifestado.
Dado que no veo a ningún representante del Grupo de UPyD ni del Grupo de La Izquierda Plural -comprendo la complejidad de la tarde-, tiene ahora la palabra el señor Jané, del Grupo de Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Intervengo con muchísima brevedad para dar nuestro apoyo a que se cree esta subcomisión.
Como reflexionaba ahora el portavoz del Grupo Vasco, el señor Olabarría, dados los nuevos acontecimientos, las nuevas formas de delito, incluso las modificaciones que hemos compartido en el propio Código Penal, que quizás es de las normas
con carácter orgánico que más se ha reformado en lo que llevamos de legislaturas, también en ese carácter veterano del que hablaba el señor Olabarría, nosotros nos sumamos a esa necesidad, encontramos oportuna la presentación por parte del Grupo
Parlamentario Popular de esta iniciativa de creación de una subcomisión que estudie ese impacto en materia de seguridad sobre las redes sociales. La sensación de desprotección del ciudadano usuario de las redes sociales cada vez es mayor y la
sensación de conculcar el derecho a la intimidad de las personas es también cada vez mayor a través de la utilización o la mala utilización de las redes sociales y, por tanto, en el ámbito de la seguridad, para prevenir delitos, para prevenir nuevas
formas de terrorismo, para prevenir absolutamente el mal uso que en ocasiones se realiza de los datos que fluyen a través de esas redes sociales, entendemos del todo oportuna la aprobación de esta subcomisión para que la elevemos al Pleno.
Simplemente quiero hacer un ruego al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Comparto con él que esta debería ser una iniciativa de toda la Comisión en su conjunto; deriva de la aprobación previa de una proposición no de ley. Creo que
hubiera sido oportuno, aunque ya no estamos a tiempo, que se nos hubiera solicitado la firma conjunta a la petición de creación de esta subcomisión, como se hace en otras subcomisiones que se crean en esta Cámara, porque estoy convencido de que la
mayoría, por no decir la totalidad de los grupos, hubiéramos sido coautores de la propuesta, que creemos, señor Escobar, que es del todo acertada y, por tanto, la vamos a votar favorablemente. Esperemos que esta subcomisión dé sus frutos, que
lleguemos a trabajar en el plazo que nos marquemos y no tengamos que ir pidiendo prórrogas, sino que podamos hacer un calendario efectivo de trabajo, que dé sus frutos y sirva de guía al propio Poder Legislativo.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Intentaré ser también breve, en la medida de lo posible, porque para el Grupo Parlamentario Socialista esa brevedad se centraría en remitirnos al debate de este asunto que ha tenido lugar recientemente en el Senado,
lo cual convertiría esta iniciativa no sé si en vieja o en veterana, pero en todo caso es más antigua que aquella que se ha debatido en el Senado, porque en el Senado se aprobó -eso sí, con mejores formas, a ello se ha referido el portavoz del Grupo
de Convergència i Unió, ya que aquí el Grupo Popular ha querido hacerlo solo- una moción en el Pleno de 19 de diciembre de 2012 que proviene de varios grupos: del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo de
Convergència i Unió, del PNV y del Grupo Mixto. Ahí sí se ha buscado conformar una iniciativa unitaria, pero el problema es que allí se va a hablar de lo que se va a hablar aquí, porque entre las cuestiones que figuran en la moción, el punto
primero es el relativo a las medidas de prevención contra los riesgos derivados del uso de las redes sociales por parte de los menores. Por tanto, vamos a redundar en el trabajo -es imposible enmendarlo- que van a hacer los senadores. No sabemos
bien si vamos a tener que asistir a comparecencias de expertos, primero en el Senado y luego aquí, en el Congreso. En todo caso, nos parece que hay una cierta ociosidad en relación con el trabajo que se pueda desarrollar por parte de esta Comisión.
Pero como el asunto es importante, nosotros entendemos que la forma de solventar esta situación que se ha creado por parte del Grupo Popular -que el 4 de diciembre presentó esta iniciativa, cuando ya había una iniciativa registrada en el Senado por
todos los grupos el 11 de diciembre del mismo año, de 2012- sería dejar un poco más abierto el objeto para que al menos no hagamos que vengan expertos a comparecer sobre la misma materia en una y otra Cámara de forma sucesiva. Dado que el asunto
merece la pena y es de actualidad, nosotros vamos a estar de acuerdo con la aprobación de esta subcomisión.
El señor PRESIDENTE: El señor Escobar desea hacer un cierre de posición para precisiones; le ruego que sea lo más conciso posible.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Ni siquiera para precisiones, señor presidente. Únicamente quiero puntualizar dos cuestiones: La primera, agradecer al resto de los grupos la posición expresada en torno a esta iniciativa y la segunda, pedir
disculpas por la forma inapropiada o poco ortodoxa en que quizás se ha
planteado la presentación. Nada más lejos de la intención que alejarnos de ese consenso que tiene que presidir este tipo de iniciativas. Hago mías totalmente las cuestiones o fallos imputables, tanto en la forma como en cualquier otro
aspecto que se pudiera plantear, y a partir de ahí, me gustaría que lo importante fuera el consenso porque la materia necesariamente debe ser objeto de consenso ya que estamos hablando de algo serio.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, por el tenor de las intervenciones que he tenido ocasión de escuchar atentamente, que podría aprobarse por asentimiento. Sí es así, y ningún grupo tiene inconveniente, entenderíamos reflejado ese deseo
general y unánime de trasladar al Pleno la aprobación definitiva de creación de esta subcomisión. (Asentimiento).
A los efectos de organización de agenda y siendo conscientes de las dificultades de muchas de sus señorías, les anuncio que las votaciones no tendrían lugar nunca antes de las siete de la tarde, pero desde luego en el momento en el que
procesalmente fuese más próximo a dicha hora. Para evitar situaciones de pérdida de tiempo que, insisto, son poco deseables, si se hubiese concluido con una relativa anticipación, consultaría a los señores portavoces sobre si podríamos proceder a
las votaciones para, insisto, tratar de buscar la máxima compacidad o compactación. En consecuencia, a efectos organizativos, reitero que tendrán lugar a las siete de la tarde o en el momento procesal más inmediato a dicha hora.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE LANGREO (ASTURIAS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001361).
El señor PRESIDENTE: El señor Trevín solicitó también a efectos de agenda que se tramitase como primera de las PNL la relativa, en este caso, a la creación de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Langreo. Con dicho fin, y para su
presentación, por un tiempo inicial de diez minutos como máximo, o el que estime oportuno, tiene la palabra el señor Trevín. Cuando guste.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Mis gracias por la consideración de introducir este punto como el primero después del que vimos ya en el orden del día.
¿De qué voy a hablarles hoy? Voy a hablarles de tres cosas: De una buena historia, de un final excesivamente largo y de una sinrazón burocrática. Empezamos por la primera, por la buena historia. La buena historia es haber logrado que
tres administraciones diferentes se hayan puesto de acuerdo, primero, para detectar el problema, la existencia de unas carencias muy importantes en el cuartel de la Guardia Civil de Langreo y, en segundo lugar, para de forma conjunta abordar la
construcción de un nuevo cuartel a coste cero para el Ministerio del Interior y que eso fuera posible. La historia comenzó bien. En octubre del año 2006 se suscribe ese acuerdo por parte del Ayuntamiento de Langreo, que está poniendo todo de su
parte en este proceso, por parte del Giese, del Ministerio del Interior, y por parte de una sociedad instrumental del Gobierno asturiano, de Sogepsa, con todas las condiciones encima de la mesa. En febrero del año 2007 ya tenían el proyecto y el 31
de diciembre del año 2010 habían acabado la obra con plena conformidad del Ministerio del Interior. Hasta ahí la buena historia.
A partir de esa fecha, empieza un final excesivamente largo de, si se dan cuenta, algo más de dos años, en el que conviven un cuartel que es una ruina y un cuartel tan moderno como vacío. Empiezo por el primero. El actual cuartel que ocupa
la Guardia Civil en Langreo tiene tan malas condiciones que el 7 de febrero del pasado año tuvo que cerrar los vestuarios de la plantilla de la Agrupación de Tráfico porque se inundaban cada vez que llovía. A principios de mayo del pasado año tuvo
que cerrar los calabozos porque fueron calificados como insalubres. En la segunda quincena del mes de enero de este mismo año, tuvieron que instalarse mallas protectoras en la fachada del actual cuartel para evitar la caída de cascotes que pudieran
originar accidentes tanto a los guardias civiles, como a sus familias o a los ciudadanos de Langreo. Por tanto, creo que es evidente que lo que reflejaba el Ayuntamiento de Langreo en uno de los informes que envió en estos meses estaba cargado de
razón: Las dependencias del viejo cuartel se encuentran en un avanzado estado de deterioro, que con la caída de tejas y ladrillos hizo necesaria la intervención municipal para la colocación de un vallado que salvaguarde la integridad física de los
viandantes, siendo lo cierto que con la llegada del invierno se hace previsible el aumento del deterioro de la vieja instalación, de tal forma que pueda determinar una declaración de ruina del inmueble a fin de proteger la seguridad e integridad
tanto de los agentes de la Benemérita como de los ciudadanos usuarios de las instalaciones. Mientras tanto, un cuartel nuevo y vacío. Hasta tal punto el ayuntamiento lleva su
lucha a favor de resolver este problema que ha iniciado un expediente de ruina económica en este mismo año, con acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Ayuntamiento de Langreo. Pero mientras tanto, como les decía, teníamos un cuartel
vacío, que tiene una edificación que alcanza los 1.000 metros construidos, con sótanos para garajes, vestuarios y almacenes; que tiene además veinte viviendas -diecisiete de tres habitaciones y tres de una para solteros- y que tiene además todos
los servicios que requieren las diferentes especialidades de la Guardia Civil, los cincuenta y dos hombres y mujeres de la Guardia Civil que prestan sus servicios en el Ayuntamiento de Langreo; viviendas perfectamente adaptadas a los tiempos
actuales y sin poder ocuparlas.
Llegamos al tercer punto, la sinrazón burocrática. Hace algo más de dos años que estamos en esta situación y tiene que haber alguna explicación. Nadie puede suponer que haya alguien lo suficientemente perverso como para tener una
instalación recién acabada, moderna y tener sacrificados a cincuenta y dos hombres y mujeres de la Guardia Civil más todos los ciudadanos de Langreo, que tienen que hacer gestiones en el cuartel o quien pase por delante de ese viejo cuartel. La
sinrazón está en la discusión entre dos organismos. Entre el organismo Sogepsa, del Principado de Asturias, y entre el organismo Giese, del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Discuten sobre varias cosas. Discuten, por una parte, de impuestos.
Según las diferentes cláusulas que están recogidas en la propia ley, les corresponde a unos o a otros el pago de un cierto tipo de impuestos. Discuten si efectivamente ha habido un aumento -que lo ha habido- de 300.000 euros del coste porque el
Ministerio del Interior, una vez presentado el primer borrador del proyecto, exigió, por condiciones de operatividad de la Guardia Civil, una mejora en las instalaciones que hizo que aumentara el presupuesto, es decir, quién debe correr con ese
cargo. Incluso hay discusiones por temas de IVA, por el IVA que en cada momento debería corresponder. Conozco bien el tema porque me correspondió, como delegado del Gobierno, intentar poner de acuerdo a ambos organismos. Y, señor presidente,
tengo que reconocerle mi fracaso; fui incapaz de que una u otra parte se moviera un ápice. En esta discusión bizantina sobre aspectos administrativos, no había sentido común ciudadano que pudiera comprender la situación.
¿Cuál es la razón por la que presento en este momento la PNL? La razón es que ha habido un avance sustancial en toda esta situación que les estoy comentando. Alguien se ha movido, y ese alguien ha sido, en este caso, la empresa
instrumental del Principado de Asturias, Sogepsa, que es la propietaria lógicamente del nuevo cuartel, que ha dado un paso que permite separar la discusión de las diferencias que hay entre el Ministerio del Interior y el propio Gobierno asturiano a
través de esta empresa, de la ocupación o no de la nueva instalación. Esta sociedad instrumental, como digo, quien construye el nuevo cuartel, el propietario actual del mismo, lo que está diciendo es: Habida cuenta del deterioro de las actuales
instalaciones de la antigua casacuartel de Langreo y en razón de no causar mayores perjuicios a los agentes, el consejo de administración de Sogepsa, en su reunión de 27 de julio, adoptó el acuerdo de poner a disposición de la Giese el edificio
concluido y destinado a nuevo acuartelamiento, de modo que la Giese pueda declarar la obra nueva terminada y ocuparlo sin mayor dilación. Con el fin de poder resolver en el ámbito jurisdiccional las discrepancias sobre el IVA, Sogepsa, en el
momento de formalización de la entrega, procedería a girar el impuesto; la oposición al pago por parte de Giese, daría pie para iniciar el proceso de resolución de la discrepancia. Pero mientras todo esto pasa, los hombres y mujeres de la Guardia
Civil podrían estar en el nuevo cuartel, los ciudadanos de Langreo podrían resolver todas las gestiones que tengan que realizar en el ámbito del cuartel en unas nuevas instalaciones y los viandantes que tengan que pasar por la fachada del antiguo
cuartel no tendrían el problema del peligro por cascotes. Yo le pediría, para terminar, que no convirtamos este problema en un nuevo y tú más. Como decía, soy el primero que reconozco que durante unos pocos meses intenté poner de acuerdo a los dos
organismos para encontrar una solución y fui incapaz. Pero ahora tenemos por primera vez la posibilidad de separar una discusión burocrática-administrativa de la solución de un problema, algo que es muy difícil que pueda entender el ciudadano de a
pie. Por tanto, convirtamos el tú más en el ¿y tú cómo puedes ayudar a resolver este problema? Convengamos todos que lo importante ahora no es tanto señalar culpables, como encontrar soluciones. No se trata de recurrir y no se está pidiendo en
ningún caso que caigamos en ilegalidad administrativa alguna, sino que desde la responsabilidad política, logremos casar la legalidad burocrática con la necesidad y el sentido común. Es decir, parafraseando a uno de nuestros mejores políticos del
siglo XX, convertir lo que es normal en la calle en normal en el ámbito administrativo, y esto estoy seguro de que puede conseguirse con una breve intervención del director general o del propio ministro del Interior.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley no tiene enmiendas, con lo cual abriríamos un turno que, como bien saben, no es obligatorio, por parte de los distintos grupos. Estando ausente el Grupo Mixto, entiendo que no va a hacer uso
de la palabra. No sé si desea hacer uso de la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No estando particularmente especializado en este delicado problema, señor presidente, comprenderá que haga mías las argumentaciones de quien conoce la materia y, en principio, nuestra predisposición a votar
favorablemente a la solución propuesta, tiene el fumus de ser particularmente razonable.
El señor PRESIDENTE: Tampoco veo representación del Grupo de UPyD, ni de La Izquierda Plural, con lo cual, puede hacer uso de la palabra, si lo desea, el señor Jané, aunque también me indica que lo considera una cuestión, supongo, de perfil
muy territorial. Podría intervenir, si lo desea, por parte del Grupo Popular, el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Estoy totalmente de acuerdo con el señor Trevín en este tema. El cuartel de la Guardia Civil en una zona tan importante de Asturias como Langreo, era una necesidad acuciante. Fue una buena solución hacer un cuartel
nuevo con un convenio, con una permuta, de tal suerte que la empresa instrumental Sogepsa construiría 350 viviendas donde está ahora el antiguo cuartel y haría a coste cero, al menos para la Administración, el cuartel nuevo. Hasta ahí todo bien, y
el cuartel se termina. Los problemas no empiezan ahí, los problemas empiezan con la crisis económica. Con la crisis económica evidentemente las expectativas que tenía Sogepsa de vender 350 viviendas se vienen a pique, porque una zona como Langreo
tiene un parón total de la construcción. Por ello, Sogepsa plantea -como bien sabe el señor Trevín, ya que hizo ahí un trabajo con muy buena voluntad para aclarar este tema- no recibir el cuartel, porque el cuartel tiene unos costes de más de
300.000 euros, a parte de la discusión del IVA, porque hay que derruirlo, y además es evidente que no era un buen momento para empezar a construir. Cuando se firma este convenio, año 2006, la construcción está tirando; pero cuando se acaba,
finales del año 2010, estamos en una gran depresión, especialmente en el sector de la construcción. Y bien sabe el señor Trevín que los problemas no estaban en el ámbito político, eran puramente problemas interiores administrativos. Hubo
objeciones de la Intervención General del Estado y hubo objeciones de la Abogacía del Estado; o resolvemos esas objeciones o no se va a seguir adelante. No obstante, yo creo que hay una muy buena voluntad por parte del Gobierno y del Ministerio
del Interior porque es una necesidad; hay que tirar aquel cuartel y reubicar a la Guardia Civil en el cuartel nuevo. Estoy en condiciones de decirles que posiblemente en el plazo de un mes, mes y medio, esto tendrá ya una solución definitiva. Se
está trabajando en esa línea.
¿Por qué no vamos a apoyar la moción? Fundamentalmente, porque no es un tema que esté nuestro ámbito; no está en el ámbito político, está en el ámbito administrativo, la Intervención General del Estado y la Abogacía del Estado. O les
damos soluciones o va a ser imposible que ellos den el visto bueno. Por lo tanto, podemos decir que se está negociando para buscar esas soluciones y que antes de dos meses el cuartel tendrá no solo la ubicación sino el destino para el que fue
concebido, y creemos que es una buena idea.
- SOBRE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS DE RESPUESTA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (GRECO) Y LOS EQUIPOS CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (ECO). PRESENTADA POR GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000856).
El señor PRESIDENTE: Pasaríamos, así las cosas, al debate y ulterior votación a partir de las siete de la tarde de la proposición no de ley, también del Grupo Socialista, que, como antes anuncié y por alteración unánimemente acordada,
inicialmente era el punto 6º: Proposición no de ley sobre el mantenimiento de los grupos de respuesta contra el crimen organizado (Greco) y los equipos contra el crimen organizado (ECO), de la que es autor el Grupo Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: En primer lugar, quiero dejar claro que el Grupo Socialista quiere que se mantengan los efectivos contra el crimen organizado y contra la corrupción. Pero antes de entrar al detalle propiamente dicho de la
proposición no de ley, quiero explicar el tema de fondo que se desprende de lo que motiva la proposición no de ley. Son tres aspectos. En primer lugar, que el Gobierno está
tomando medidas ineficaces e injustas contra la crisis, que afectan directamente a la posibilidad económica para salir de la crisis, y a la calidad de vida de los ciudadanos, y el problema de la reducción de efectivos también es una medida
ineficaz e injusta contra la crisis e injusta con los ciudadanos. En segundo lugar, comprobamos y constatamos que se mintió a los ciudadanos en las elecciones generales, porque se habló de unas líneas rojas, que están todas pasadas, en educación,
sanidad, dependencia, pensiones, pero también en materia de seguridad. Y la tercera idea que se desprende de los que estamos tratando es que no existe una estrategia y una planificación clara de cómo se quiere afrontar la lucha contra el crimen
organizado.
Los recortes, como decía, son ineficaces para salir de la crisis. Se están atacando los sectores productivos con recortes brutales: en industria del 40% y en turismo del 47. Hablaba de recortes injustos -he hablado de educación, de
sanidad, de dependencia, de pensiones, de aumento de impuestos- y ahora, además, señorías, son recortes peligrosos, pues pueden suponer un aumento claro de la criminalidad más grave, como la del crimen organizado y la de la propia corrupción, con un
claro efecto en la seguridad ciudadana, pero también efectos económicos, porque estamos hablando de la seguridad de nuestros sectores productivos y de la seguridad ciudadana o, por ejemplo, del factor que aporta la seguridad ciudadana a la
competitividad de nuestro sector turístico. Los ciudadanos reclaman mano dura contra la corrupción y ustedes lo que hacen es aplicar recortes a los medios policiales y judiciales contra la corrupción. Pues, entre otros objetivos de estas unidades
de las que hoy vamos a hablar, está precisamente asistir en la persecución de la corrupción, a lo que hay que sumar los recortes que ha hecho el Gobierno en materia de jueces y de juzgados. Y hablaba de mentiras, y es que el Gobierno dijo en las
elecciones que no iba a reducir los efectivos y lo cierto es que está reduciendo efectivos en la Policía y en la Guardia Civil. Un ejemplo es que en las zonas turísticas, que se han visto afectadas por esta reducción de unidades, este verano no se
ha puesto en marcha el plan verano ni los refuerzos que se hacían siempre. Y hablaba de que falta estrategia. Esto es, si cabe, lo más grave.
No tienen clara una planificación de la lucha contra el crimen porque una de dos, o mienten o no tienen claro lo que quieren hacer. ¿Por qué lo digo? El 22 de febrero del 2012 el PP firmó con el PSOE una iniciativa donde se pedía el
incremento de las capacidades de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. El 28 de junio del 2012 el secretario de Estado, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, afirmó que no existe ninguna modificación con respecto a
las unidades Greco y ECO. A su vez, el Ministerio del Interior, en respuesta a pregunta escrita en el Senado, niega que se fueran a eliminar o reducir estas unidades. En agosto, sorpresa: lo que no dice claramente el ministro lo dicen los medios
de comunicación sobre lo que piensa el ministro, y es que va a reestructurar estas unidades. Hacemos una pregunta escrita y nos contestan que efectivamente van a reestructurar estas unidades. El peligro es que cuando el Gobierno que tenemos habla
de reestructurar normalmente suele ser recortar, porque utilizan esa palabra para referirse a los recortes. Y el Gobierno justifica estos recortes diciendo que ganan en eficiencia y ahorro. Un ahorro de un millón de euros. Pues cabe decir que
según los datos de criminalidad -y aquí tenemos, por ejemplo, las tasas de la Comunidad Valenciana-, vemos cómo desde que sí se tiene una estrategia clara de lucha contra el crimen organizado en una zona como la de la Comunidad Valenciana, por
ejemplo, baja radicalmente la criminalidad; y si nos vamos a los casos más graves como pueden ser asesinatos, delitos contra el patrimonio, homicidios dolosos, vemos además cómo el descenso es casi del 50%. Por tanto, si lo que había es eficaz no
entendemos por qué se quiere ser más eficaz quitando lo que había y además sin clarificar cómo debería ser después el número de efectivos.
Se habla de un millón de euros de ahorro, como he dicho. Solamente en las subsedes de Benidorm y Orihuela estas unidades han recaudado mucho más con sus operaciones. También se alega que no supondría reducción de efectivos, pero es que no
nos fiamos porque nadie nos clarifica qué efectivos van a compensar esa pérdida de unidades específicas en el territorio. Debo decir que estas unidades las crea el Partido Socialista, que las crea el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de
España, y además estas unidades no fluctúan por ahí de forma suelta sino de forma coordinada con la Udyco, con la Agencia Tributaria, con Aduanas, con la UDEF y trabajando además con agencias internacionales. El despliegue se produce en zonas
sensibles de elevado movimiento de personas por ser zonas turísticas y de segunda residencia. Estos recortes pueden afectar también a un sector tan importante como es el turismo, como decía antes.
Por todo ello la iniciativa pide tres cosas. Una, mantener y, en su caso, reforzar las unidades de Greco y ECO en las comunidades autónomas en las que actualmente tienen implantación. Que si se produjera alguna reestructuración como la que
se realiza en Andalucía de las unidades Greco y ECO, debe llevarse
a cabo garantizando en todo caso un aumento de eficiencia de la lucha contra el crimen organizado. Y en tercer lugar, que en ningún caso se produzca una reducción del número de efectivos en estas comunidades autónomas aunque, como digo, en
provincias como la de Alicante, donde se retira esa unidad específica que actúa sobre el terreno en esa provincia, difícilmente una unidad ubicada en Valencia va a tener el mismo efecto que tiene esa unidad trabajando el día a día en una zona tan
sensible como es mi provincia, Alicante.
Vemos una incoherencia más del Partido Popular, un doble discurso. Sepan sus señorías que en la Comunidad Valenciana la delegada del Gobierno era la vocera del Partido Popular diciendo que el PSOE y el Gobierno discriminaban a la comunidad
autónoma cuando aumentaban los efectivos policiales, y ahora que se reducen, calla. El secretario general del Partido Popular, a la vez consejero de Gobernación, calla. El presidente del Partido Popular de la Generalitat calla. Tenemos un nuevo
ataque a la Comunidad Valenciana que se suma a los recortes en inversión y, como vimos ayer, en financiación, que no se quiere revisar. El Partido Socialista lo que hace con esta iniciativa es mantener la coherencia de lo que hizo en el Gobierno y
lo que hace en la oposición. Lo hemos hecho en el debate del estado de la Nación; lo hemos hecho desde el Gobierno aumentando los efectivos, aumentando la coordinación de esos efectivos y aumentando los grupos específicos que actúan sobre el
terreno. Por tanto, el Partido Socialista pide la misma coherencia al Partido Popular y que simplemente cumpla lo que prometió, que el secretario de Estado cumpla lo que dijo en esta casa y no nos engañe a todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Existe una única enmienda, en este caso de adición y digamos que de matiz, que entiendo que se subsume. Aclaro: sería la adición de un término comparativo con respecto a una comunidad autónoma. En consecuencia,
estaríamos abriendo el turno de grupos, en el que corresponde en primer lugar la palabra al Grupo Parlamentario Mixto, ausente también. No sé si el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) desea hacer uso de la palabra.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente, con mucha brevedad para comentar que cualquier restricción en relación con la existencia de grupos Greco y ECO nos parece preocupante, nos parece patológica en tanto en cuanto quienes
conocemos las instancias comunitarias europeas sabemos que se considera al Estado español una suerte de paraíso, una suerte de refugio de todas las mafias que existen en el mundo. Ya en otras legislaturas anteriores se llegó a reconocer la
existencia en una localidad, comunidad o pueblo, cualquiera que sea su calificación administrativa, en Torrevieja (Alicante), de cincuenta -cincuenta, se dice pronto, señor presidente- organizaciones mafiosas.
Este es un problema de política criminal grave y que debe ser atendido dado el carácter sofisticado de las actividades delictivas de estos grupos y de su capacidad de presión, de su capacidad de intimidación y del carácter sofisticado de sus
operaciones en el ámbito del blanqueo de dinero y otras fenomenologías también muy difíciles de reprimir por la policía, y por ello la especialización policial es particularmente importante. Por lo tanto, nosotros vamos a votar favorablemente,
siempre que se respeten las competencias de aquellas comunidades autónomas que poseen policías integrales y competencias en materia de seguridad ciudadana.
¿Qué nos parece discutible de este tipo de iniciativa, señor presidente? Pues que los grupos aquí presentes nos intentemos -y es algo recurrente- poner la medalla. Es decir: nosotros hemos creado los grupos, nosotros los hemos mantenido,
otros los han desarticulado o los han reducido y nosotros vamos a recuperarlos. Existe una gran brecha entre la política institucional y las pulsiones de la sociedad a la que pretendidamente representamos. ¿A qué se debe, entre otras cosas? Se
debe a muchos factores, se debe a la corrupción, se debe a la desafección por los recortes y por las políticas de austeridad y se debe al intento recurrente y sistemático de patrimonialización de lo que se hace bien. Porque se hacen bien algunas
cosas, se hacen regular otras y se hacen muy mal otras; pero este intento de patrimonialización, el uso de la locución nosotros o ellos es particularmente perjudicial. Desde esa perspectiva, yo pediría que en los tiempos que corren y dado que en
este momento nuestra representación está sujeta a refutación por colectivos cada vez más amplios de la sociedad, intentemos evitarlos en la medida de lo posible. Yo sé que es un optimista desiderátum lo que le estoy solicitando, señor presidente,
porque aquí nadie va a prescindir del intento de utilizar la política como instrumento de propaganda. No se va a hacer, pero cuanto más se utilice la política como instrumento de propaganda, mayor va a ser la brecha que nos separe de la sociedad
civil, nunca mejor usada la expresión. Desde ese punto de vista, nos parece muy bien la proposición no de ley y nos parecen solo relativamente bien algunas de las reflexiones utilizadas por el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: En primer lugar, quiero aprovechar para excusarme dado que seguramente tienen delante al que causó el rumor sobre la retirada de nuestra PNL. Seguro que esto es debido a mi natural torpeza y aprovecho para
pedir excusas a la Comisión y a la Mesa.
Sobre el tema que nos ocupa, nadie como la gente del Grupo Catalán de Convergència i Unió entiende la necesidad de reducir costos en estos tiempos de ahorro y de intentar mejorar la eficacia. Pero también es cierto que la política es el
arte de hacer las cosas en el momento oportuno. Al tratarse de unas unidades policiales que se han distinguido por su gran eficacia en la limitación de la corrupción, del blanqueo de dinero, de algo que se suele dar en la costa como son las mafias
de origen internacional, etcétera, seguramente es un mal momento para tomar una medida de este tipo dada la eficacia demostrada por estas unidades. Por tanto, a menos que supiéramos exactamente cuál es la reestructuración y hubiera alguna
intervención que nos convenciera de que la misma, que ahorra un millón de euros, aumenta la eficacia, daríamos apoyo a la moción del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Voy a intervenir brevemente para dar respuesta a los planteamientos que se han hecho y, sobre todo, para poner de manifiesto que el compromiso del Gobierno, como explicó el señor ministro en su comparecencia
para hablar de las líneas generales del departamento, sigue siendo la lucha contra el crimen organizado considerado como una prioridad, uno de los objetivos fundamentales de este ministerio. Dentro de ese compromiso está la potenciación de las
unidades policiales de inteligencia y las unidades operativas y, por supuesto dotar a los Greco de los recursos humanos y materiales que sean precisos para que puedan proseguir con esa brillante trayectoria al servicio de la seguridad, como ya
ponían de manifiesto alguno de los grupos intervinientes.
Dicho esto, el Gobierno tiene pleno derecho a plantear una nueva estrategia de lucha contra el crimen organizado, hacerlo desde un enfoque multidimensional, multiagencias, que hoy en día se está poniendo en práctica y que persigue
simplemente la integración de todos los actores nacionales, europeos e internacionales en la materia y de todas las capacidades para combatir ese crimen organizado.
Brevemente les diré que los planes de actuación se articulan en torno a cinco ejes. En primer lugar, potenciar la inteligencia contra el crimen organizado. Se ha creado ya la comisión de coordinación dentro de la estrategia 2011-2014
contra el crimen organizado. En segundo lugar, la lucha contra las vías de financiación. Atacar la economía del crimen organizado, luchar contra sus actividades económicas incautando sus activos y el blanqueo del dinero derivado de esa actividad
criminal. En tercer lugar, reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En esta materia en concreto hablaríamos de racionalizar el despliegue territorial de las unidades especializadas. Racionalizar, no
suprimir, no reducir; racionalizar. Por tanto, reforzar las unidades territoriales encargadas de combatir la criminalidad organizada potenciando capacidades operativas y tecnológicas. Para ello, evidentemente, se van a crear secciones y grupos
dependientes de las distintas brigadas que componen la unidad central de drogas y crimen organizado, la Udyco central, y también las periféricas, las Udyco territoriales. La cuarta línea sería el impulso de la coordinación y cooperación
internacional con la Unión Europea y con los organismos internacionales y, por último, promover la participación del sector público y privado en la lucha contra el crimen organizado y especialmente en la lucha para evitar la corrupción.
En el marco de ese replanteamiento del conjunto de actuaciones, los criterios que se han seguido para potenciar las unidades contra la delincuencia y el crimen organizado, las Udyco, están de acuerdo con las exigencias operativas que demanda
la actual delincuencia. El objetivo es siempre el mismo, incrementar la eficacia policial en la lucha contra el crimen organizado. Con ese objetivo y en este marco es con el que se ha afrontado el impulso y refuerzo de las Udyco territoriales para
afrontar las nuevas necesidades operativas en la lucha contra el crimen organizado. Se trata de dar respuesta integral a las actividades criminales que además son actividades mayoritariamente interconectadas, tanto a nivel nacional como
internacional. Ello exige redimensionar las unidades operativas territoriales de investigación para que puedan resultar autosuficientes, para que puedan asumir por sí mismas las tareas y funciones de policía judicial y supone reorganizar los Greco,
reestructurar, reasignar efectivos. Por ejemplo, en el caso de los agentes del Greco que se han visto afectados por algunas de estas reestructuraciones se han ido incorporando o bien a las brigadas de la Udyco central o bien a la Comisaría General
de Policía Judicial o bien han sido adscritos a las unidades de Policía judicial de las respectivas demarcaciones donde se
encontraban desplegados. Lejos de este grupo cualquier tentación de medallas, cualquier tentación de patrimonializar lo que se ha venido haciendo o lo que se está haciendo, señor Olabarría. Rechazamos que haya ataques ni a la Comunidad
Valenciana ni a Andalucía ni a ninguna comunidad autónoma. No hay reducción de efectivos o de medios; lo que hay es reasignación, reorganización, replanteamiento de estrategias para ganar en eficacia, para hacerlo desarrollando una nueva
estrategia en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción sobre el compromiso planteado -como bien se ha recordado- por la proposición no de ley debatida el 22 de febrero de 2012. Es eso lo que se está haciendo, desarrollar aquel
compromiso -insisto- reasignando efectivos, reorganizando, buscando ganar eficacia. En ningún caso se trata ni de ponerse medallas ni de discriminar o reducir el esfuerzo allí donde hace falta sobre nuestro territorio. Por todo ello, votaremos en
contra de la proposición no de ley planteada.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que en el momento ulterior de la votación el proponente asumirá la autoenmienda, la corrección en este caso, que hemos tenido ocasión de conocer en la propia Mesa. En esos términos se someterá a votación en el
momento oportuno.
- RELATIVA A LA COLABORACIÓN DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000477).
El señor PRESIDENTE: Retomamos el orden inicialmente previsto, correspondiendo ahora el debate y ulterior votación de la proposición no de ley relativa a la colaboración de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la
violencia de género, que procede del Grupo Parlamentario Popular y que inicialmente no tiene enmiendas presentadas.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para presentarles una proposición no de ley relativa a la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra la violencia de
género. Convendrán conmigo, señorías, en que la violencia de género constituye una lacra social y una violación de los derechos humanos que resulta intolerable en toda sociedad. En una sociedad desarrollada y avanzada como la nuestra, donde la
igualdad entre hombres y mujeres es cada vez mayor, no tiene cabida este tipo de violencia que denigra a las mujeres y a la sociedad en su conjunto. Por ello, nuestro Estado democrático y de derecho debe aunar todos los esfuerzos en erradicar este
tipo de agresión que, para mayor crueldad, tiene lugar en el ámbito que debería ser el más seguro, en el ámbito doméstico, en el hogar. Las víctimas que sufren agresiones físicas o psicológicas por parte de su pareja no son susceptibles de anclar
en un grupo social determinado del cual uno pueda distanciarse y desprenderse, ya que las mujeres objeto de esta violencia pertenecen a todo tipo de sectores sociales y no se ciñen a una edad determinada. Cualquiera puede ser víctima de la
violencia de género. Este es un problema grave que tiene la sociedad, un problema de todos. Por ello, la lucha contra ella debe ser emprendida desde todos los ámbitos de la sociedad. Todos estamos implicados y debemos hacernos responsables en la
tarea de su erradicación. No podemos cerrar los ojos ante esta terrible realidad. Todos los agentes sociales deben tener una actitud de tolerancia cero con la violencia de género y sus autores. Además, la violencia de género no causa lesiones y
daños físicos y psicológicos solamente a las mujeres, ya que también afecta a otros miembros que se encuentran en el entorno familiar, especialmente a los menores.
Hace unos días un diputado de esta Cámara afirmaba en su Twitter que la mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas. Sin embargo, a diferencia de él, nosotros opinamos que hay demasiadas mujeres que sufren en silencio
este problema, aproximadamente el 80%; mujeres que por miedo o por vergüenza no se atreven a denunciar a sus maltratadores. Lamentablemente algunas no son ni siquiera conscientes de estar sufriendo esta situación porque siguen creyéndose
culpables, o justifican a su agresor, o algunas creen que la situación puede cambiar cada vez que él se arrepiente o le promete que no va a volver a pasar. Por ello, desde aquí, mi grupo parlamentario cree conveniente animar a todas las víctimas de
violencia de género a que denuncien.
Todo problema suscita una reacción, especialmente cuando se trata de situaciones donde se vulnera la dignidad del ser humano, por ello es necesario actuar de forma continua y no desviar la mirada. Todavía son muchas las mujeres que mueren a
manos de su pareja, novio, marido o compañero. Las cifras constatan que las acciones emprendidas hasta el momento todavía no se han mostrado lo suficientemente
eficientes para lograr el fin pretendido, que ninguna mujer más sea agredida. Hay que reconocer el esfuerzo que se hace desde las distintas administraciones con el fin de acabar con esta terrible lacra social, pero a pesar de los avances en
la lucha contra la violencia de género es evidente que todavía queda mucho por hacer. Debemos seguir trabajando para que este problema social desaparezca definitivamente.
Las medidas para luchar contra la violencia de género no están siendo suficientemente eficaces. La Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, a pesar de que fue aprobada por
unanimidad, no está dando los resultados esperados. Hay que reforzar los mecanismos de prevención, protección y asistencia a las víctimas. Las mujeres no se sienten suficientemente protegidas por los poderes públicos. Desde el Grupo Parlamentario
Popular hemos presentado esta proposición no de ley porque creemos necesario implementar las medidas para mejorar la protección de las mujeres. Para ello, por una parte es fundamental aumentar la colaboración de todas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. El Gobierno debe firmar acuerdos de colaboración con todas las administraciones autonómicas y locales con competencias en materia de seguridad ciudadana, para proteger de manera más eficaz a las víctimas de esta violencia. Este hecho
permitiría ampliar los efectivos disponibles para preservar la seguridad de las mujeres y poder consultar en tiempo real la herramienta informática Viogen, donde se encuentran todos los datos relevantes para conocer la situación de seguridad de las
mujeres que han denunciado malos tratos.
Por otro lado, también consideramos que hay que mejorar la eficacia de la valoración del nivel de peligrosidad de los casos de violencia de género denunciados que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En función de esta valoración,
que se realiza en el momento en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen conocimiento de una denuncia, y a través de la información proporcionada generalmente por la propia víctima y el denunciado, las distintas administraciones públicas
proporcionan determinados servicios a estas víctimas, por ejemplo, la teleasistencia móvil.
Es necesario reforzar la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de que la valoración del grado de riesgo se haga en las mejores condiciones posibles. Del mismo modo, sería óptimo contar con la asistencia de
profesionales de la psicología en los interrogatorios de los que se extrae la información necesaria para mejorar la seguridad de las mujeres. Por ello, también instamos al Gobierno a reforzar y revisar periódicamente la formación de los agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de los instrumentos utilizados para la valoración de la peligrosidad y de las medidas de protección a adoptar según el nivel de riesgo.
No quisiera terminar, señorías, sin pedirles el voto a favor de esta proposición y para esta proposición no de ley. En el Grupo Parlamentario Popular hemos considerado siempre este un asunto de Estado y hemos buscado siempre el máximo
consenso, porque creemos que es necesario erradicar definitivamente esta lacra social y para ello es muy importante la unidad y el consenso. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: ¿Desea por parte del Grupo Mixto hacer uso de la palabra el señor Quevedo? (Pausa). En consecuencia, ¿por el Grupo Vasco desea intervenir el señor Olabarría?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Nuestras coincidencias con las reflexiones de la portavoz del Grupo Popular son prácticamente absolutas. Realmente esta es una batalla muy difícil desde una perspectiva de reproche penal y de reproche
administrativo. No estamos ganando la batalla a los agresores de las mujeres. Ella se ha referido a unas declaraciones recientes de un diputado de esta Cámara muy conocido y no sé hasta qué punto es pertinente desde una perspectiva parlamentaria
el encarnizamiento o la cacería por los errores incluso reconocidos personalmente por determinado diputado, pero desde luego las reflexiones de este diputado son las más desafortunadas para optimizar sobre todo la sensibilidad social contra la lucha
de esta lacra que afecta a las mujeres y que debe ser objeto de una reflexión y de una consideración específica. Pero lo que está fallando, al margen de determinadas desafortunadas declaraciones, son los mecanismos que configuran jurídicamente o
normativamente el reproche penal. No está funcionando el Código Penal, señor presidente. La regulación de los artículos 83 y siguientes del Código Penal se ha mostrado como insuficiente, y eso que este precepto ha sido objeto de consecutivas
reformas incorporando nuevos mecanismos de violencia de género contra las mujeres de distinta naturaleza, incluso de naturaleza psicológica, no solo de naturaleza física.
Yo, que he pertenecido al Observatorio de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, le podría describir situaciones realmente brutales, abominables, con relación a cómo la violencia de género contra las mujeres, no solo de
carácter físico sino psicológico, raya en el límite de lo inverosímil.
Yo he llegado a conocer denuncias de una mujer que se dirigió al Consejo General del Poder Judicial porque su pareja la obligaba a acudir a un supermercado ubicado a más de 15 kilómetros a pie, en bata y con zapatillas a adquirir los
productos de consumo ordinarios para el ámbito doméstico. La casuística sería infinita desde la perspectiva de la dimensión psicológica de la violencia de género contra las mujeres. Por eso resultan particularmente -no las voy a calificar-
contraindicadas reflexiones contemplativas o reflexiones relativizadoras del sufrimiento que las mujeres con carácter general padecen en relación con esta patología de carácter criminal. Yo no voy a sumarme, como he dicho, a esta cacería a un
diputado en concreto, pero sí a las reflexiones que usted ha realizado con mucha pertinencia y con mucha lucidez. No se está ganando la batalla, ni desde la perspectiva del reproche jurídico penal ni desde la perspectiva del reproche jurídico penal
punitivo administrativo, y tenemos que hacer cosas nuevas en el ámbito educativo, en el ámbito preventivo, en el ámbito asistencial psicológico, a veces incluso psiquiátrico, dada la dimensión de la patología, en el ámbito del reconocimiento como
víctimas en el sentido más etimológico pero también jurídico del concepto de víctimas de las mujeres que sufren estas agresiones, en muchos ámbitos en los que seguramente -acabo, señor presidente- la dimensión de la configuración jurídica de los
mecanismos represivos, reparativos o asistenciales todavía es insuficiente, tanto en el ámbito del Estado español como en el ámbito autonómico.
No sabe cuánto agradezco su intervención -me refiero a la portavoz del Grupo Popular-, cuán pertinentes me parecen sus reflexiones y cuánto tenemos que hacer todos los que ostentamos representación parlamentaria para luchar contra esta
lacra. Esta lacra en el siglo XXI no es admisible y, si no es admisible, tenemos que incorporar todos nuestros esfuerzos especulativos, intelectuales, nuestras propuestas normativas y sobre todo nuestra vinculación con esta causa, nuestra
vinculación activa, nuestra militancia contra esta lacra social, contra esta patología social, de forma absolutamente incondicional. Por eso usted ha dicho bien que determinadas declaraciones son particularmente inconvenientes en determinado
contexto histórico y temporal. Le doy la razón en todo lo que usted ha dicho. Cuente con nuestra adhesión sin ningún tipo de reservas a sus propuestas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Desde Convergència y Unió vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley. Coincidimos totalmente con el diagnóstico y con las buenas intenciones que la propuesta trae hoy ante esta Comisión de Interior, pero de la
misma manera que compartimos el objetivo, la finalidad, el diagnóstico y el discurso, queremos mostrar hoy aquí un cierto escepticismo sobre la utilidad final de la propuesta que aprobamos en relación con la problemática que intentamos entre todos
atajar, vencer, como decía antes la propia portavoz. Dudo mucho de que el objetivo se vaya a conseguir con esta redacción, redacción con la que es imposible no coincidir porque se basa en una obviedad. ¿Qué nos propone el Grupo Parlamentario
Popular? Que se firmen acuerdos con las administraciones responsables de policías autonómicas y locales para contar con la colaboración de todos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. Pues
que se firmen. Se van a firmar acuerdos y convenios y ya se está haciendo. Se pueden aumentar, pero estoy convencido de que a la Ertzaintza en el País Vasco, los Mossos d'Esquadra en Cataluña, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las
distintas policías locales les une el objetivo común de luchar contra la violencia de género. No porque firmemos un convenio más o menos vamos a ser más eficaces, porque en ese ámbito ya se está haciendo muchísimo. Por tanto, si queremos reafirmar
que deben hacerse y promoverse esos convenios, bienvenidos sean y nosotros vamos a votar a favor. Igualmente vamos a votar a favor de reforzar y revisar periódicamente la formación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
así como de los instrumentos utilizados para la valoración de la peligrosidad y de las medidas de protección a adoptar según el nivel de riesgo. Pues sí, también estamos de acuerdo en esto. Una vez aprobado esto, ¿nuestros agentes y cuerpos
policiales se van a formar mejor porque hoy la Comisión de Interior ha aprobado este buen deseo que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular? Lo dudo. Estamos en una línea clara de esfuerzo legislativo que no ha producido el rendimiento que
todos pensábamos que iba a producir y se enfocan también medidas en el ámbito penal. Es cierto que también se producen declaraciones desaforadas, incluso por parte de miembros de esta Cámara, que en nada contribuyen al objetivo que todos
perseguimos que es luchar contra la violencia de género. No obstante, bienvenida sea esta proposición no de ley, aunque nos tememos que al final solo servirá para fomentar y promover. Tiene buenas intenciones, pero en el fondo va a tener una
plasmación práctica discutible. Por mucho que hoy la
aprobemos, no vamos a mejorar de repente en aquello que el Grupo Parlamentario Popular nos plantea hoy y que nosotros compartimos. Por tanto, bienvenida sea la propuesta, que tendrá el voto favorable de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Apenas mencionaré tres cuestiones con respecto a esta proposición no de ley. La primera es que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta iniciativa porque, mucho o poco, cualquier cosa que se haga en el
ámbito de la lucha contra la violencia de género es positiva y merece el apoyo de todos.
En segundo lugar, coincidimos con el representante de Convergència i Unió en que se queda muy corta tanto por lo expresado de manera concreta como por lo genérico de la misma. Habría que ir mucho más allá en la concreción y en el diseño de
mecanismos concretos que permitiesen transformar lo mucho que tiene la parte propositiva de declaración de buenas intenciones en hechos reales. En todo caso, nos parece positiva y la vamos apoyar.
En tercer lugar, discrepo de la intervención del representante del PNV, aunque no de toda porque sus intervenciones siempre son documentadas y muy ilustrativas en términos jurídicos. Discrepo siquiera de la posibilidad de la existencia de
una cacería contra algún diputado en esta Cámara. En absoluto. Es más, creo que esta proposición no de ley se refiere a una cuestión que está en el final del proceso, es decir, en el ámbito de la terapia una vez que el daño se ha producido. Pero
en todo el proceso de génesis de la violencia de género hay un origen en el que hay mucho trabajo por hacer en el ámbito de la prevención -en la educación, en la concienciación social- y dentro de este esquema que es al inicio y donde existe el
machismo tradicional, todavía muy rampante en nuestra sociedad, la ejemplaridad de los cargos públicos es un factor primordial, una cuestión clave y esencial. Por tanto, me parece que las declaraciones del diputado de UPyD, el señor Cantó, son
intolerables, inadmisibles y repugnantes, además de falsas. Creo que produce un daño tremendo que no se subsana con la petición de disculpas. Un representante público que miente sobre las estadísticas al respecto, que transmite bulos, consciente o
inconscientemente -aunque se supone que cuando un diputado habla de ciertos asuntos debe procurar siempre hacerlo conscientemente y no con frivolidad e irresponsabilidad-, debería asumir su responsabilidad y, aunque en mi grupo se quedan más cortos
y vayan a pedir la reprobación en la Comisión de Igualdad, aprovecho la ocasión -y que conste en acta- para decir que, a título personal, me gustaría que el señor Cantó presentara su dimisión como diputado en esta Cámara. No estaría nada mal, sería
un fantástico acto en el proceso de lucha contra la violencia de género, además de una lección de humildad muy necesaria y, sobre todo, de dignidad para esta Cámara. Y no es ninguna cacería, creo que es una cuestión de absoluto sentido común.
El señor PRESIDENTE: Quien les habla, que ha tenido la máxima responsabilidad dentro de un Gobierno como ministro de Igualdad, es consciente de la dificultad de estos temas, de la afectación social y creo que una de las grandes herramientas
en este caso es la tenacidad, junto a la constancia y la prudencia. (La señora Hoyo Juliá pide la palabra).
Concluido el debate de esta proposición no de ley, no hay ningún inconveniente si su señoría desea hacer alguna precisión. No procede el trámite de aceptación de enmiendas puesto que nadie ha enmendado y, es más, entiendo por el tenor de
las intervenciones que podría darse por aprobada por unanimidad y asentimiento de los presentes. No obstante, si desea, con la brevedad obligada, hacer una pequeña intervención, no existe inconveniente.
La señora HOYO JULIÁ: Medio minuto, presidente.
Simplemente quiero agradecer a todos los grupos que han intervenido el apoyo a esta iniciativa y decirles que, efectivamente, las proposiciones no de ley que aprobamos aquí las tiene que llevar a cabo el Ejecutivo y nosotros proponemos.
Quizás esta proposición no de ley no erradique la violencia de género, que es nuestro objetivo, pero aunque solo sirva para salvar una vida o reducir en un solo caso la violencia de género, aunque solo sirva para eso, ya vale la pena. Es un grano
de arena. Esta materia es muy transversal. Hay una Comisión de Igualdad, pero luego, como es tan transversal, también desde la Comisión de Educación y desde muchas otras se trata esta materia y, como decía, aunque solo hayamos aportado un grano de
arena, creo que vale la pena.
- SOBRE PLAN DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MENORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001088).
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el debate, para su posterior votación, de la proposición inicialmente fijada como 4º punto del orden del día y ahora 5º. Es la proposición, también del Grupo Parlamentario Popular, relativa al Plan de
prevención de la violencia contra menores. Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: El Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa de otro colectivo vulnerable de la sociedad que son los menores. Según la Confederación de madres y padres separados, hay alrededor de 20.000 menores
maltratados al año en España. Según IRES, 800.000 niños y niñas sufren situaciones de malos tratos en sus hogares, de los que solo un 4% reciben atención especializada. Uno de cada siete menores sufre violencia familiar y estos menores constituyen
el otro lado de la moneda, se han convertido en las víctimas sin voz. Recientemente, la Fiscalía de Pontevedra afirmaba que el 30% de los menores que utiliza Internet han sufrido en alguna ocasión una situación de acoso por parte de algún adulto.
Según el Ministerio del Interior, durante 2006 un total de 18.152 menores fueron víctimas de algún delito en España. En nuestro país la violencia contra menores continúa siendo una realidad oculta y poco documentada. Los menores pueden padecer
violencia en cualquiera de los ámbitos en los que transcurre su infancia: en el hogar, en la familia, en la escuela, en la comunidad o jugando con otros compañeros. Solo una pequeña proporción de todos los actos de violencia contra menores se
denuncia e investiga y pocos perpetradores son llevados a juicio. La violencia se denuncia en contadas ocasiones por varios motivos. En primer lugar, por la falta de capacidad de los propios menores para denunciar y, en otras ocasiones, porque
temen una represalia de los culpables. Tengo aquí unos datos de la Fiscalía. Por ejemplo, en prostitución de persona menor de edad o incapaz, 122 casos; en el caso de utilización de menores con fines pornográficos en el último año, 281; en el
caso de abuso sexual de menores y agresión, 615 casos; en el caso de abandono de niños, tan frecuente ahora en nuestro país, 1.219 casos. Son números que nos tienen que hacer reflexionar sobre la necesidad de aprobar esta proposición no de ley con
la máxima unanimidad y consenso posible aquí, en el Congreso.
En diciembre de 2010, el anterior Gobierno socialista aprobó el tercer Plan de acción contra la explotación sexual de la infancia y de la adolescencia, que ha sentado las bases para luchar contra esta lacra que es el maltrato y el acoso
sexual a lo menores. La próxima reforma de la Ley orgánica de protección del menor será también otro puntal fundamental para seguir. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno para que habilite los mecanismos y protocolos para la
detección precoz de la violencia en los ámbitos familiar, educativo y social. Hoy mismo tenemos la noticia de un padre que ha sido detenido por presuntamente maltratar de manera reiterada a un niño de ocho meses que falleció; fueron precisamente
los servicios sanitarios los que alertaron de que podría estar sufriendo maltrato.
En segundo lugar, solicitamos crear planes policiales de lucha frente a la violencia contra menores. La Guardia Civil y la Policía tienen sus respectivos órganos de lucha contra la violencia sobre menores, pero de alguna manera debemos
incrementar esa ayuda y esas aportaciones. Por último, crear unidades provinciales de lucha contra el maltrato infantil, con presencia de jueces, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, asociaciones, entidades ciudadanas y
medios de comunicación. Es necesaria la coordinación y la cooperación multidisciplinar con fines preventivos. Ya no es llegar a la víctima, sino intentar prevenir a esa víctima. Me gustaría anunciar que vamos a aceptar la enmienda del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, y así mismo hemos hablado con el señor Hernando, para intentar hacer un texto lo más amplio posible, que tenga como fin la protección de los menores.
Quiero anunciar que, a pesar de que defiendo esta iniciativa, el presidente sabe que dado que está nevando en mi comunidad autónoma, en Galicia, y tengo que estar a las 9, me sustituirá en la votación mi compañero por Pontevedra, Telmo
Martín, que será quien lleve a partir de ahora la negociación de las enmiendas con ustedes. Por tanto, en esta Comisión también existe igualdad, y lógicamente me siento apoyada por los compañeros de la oposición y por los míos para poderme ausentar
y que den por reconocida mi propuesta.
El señor PRESIDENTE: Como acaba de indicarse en este instante, se ha presentado una enmienda por el Grupo de Convergència i Unió, por lo que se le concede el primer turno de intervención.
El señor JANÉ I GUASCH: Compartimos la propuesta defendida por la diputada, señora Vázquez, así como la finalidad, los objetivos y toda la argumentación que ha utilizado, por lo que vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Hay
una salvedad y es que la propia señora Vázquez ha adelantado ya la feliz resolución de la misma, que es que aquello a lo que instamos al Gobierno con esta proposición no de ley forma parte también del cuerpo de competencias asumidas por muchas
comunidades autónomas. Por lo tanto, bueno es instar al Gobierno a impulsar tanto esos mecanismos y protocolos para la detección precoz de la violencia en los ámbitos familiar, educativo y social; bueno es crear esos planes policiales de lucha
frente a la violencia contra menores; compartimos también la necesidad de crear esas unidades provinciales o territoriales de lucha contra el maltrato infantil con presencia de jueces fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales,
asociaciones, entidades ciudadanas y medios de comunicación. Todo ello lo comparte Convergència i Unió. Puede dar sus frutos y ser eficaz, pero hacíamos una enmienda, señor presidente, solo en el sentido de que se realice respetando también el
ámbito competencial autonómico y, como el señor Olabarría ha relacionado el País Vasco con Cataluña, hay cuerpos policiales propios y, por lo tanto, también hay competencias también de seguridad ciudadana y de actuación policial propias. Bueno es
que este Congreso de los Diputados hoy dé ese impulso en positivo a través de esta proposición no de ley. La felicitamos por esta iniciativa y nos felicitamos, sobre todo porque fruto de lo que se apruebe se preservan esas competencias autonómicas
en este ámbito.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el señor Olabarría? (Asentimiento).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La señora Vázquez y yo solemos tener ciertos debates, en donde no es el consenso el elemento caracterizador sino el disenso siempre civilizado y cariñoso. En este caso me veo en la tesitura de darle la razón en la
totalidad de su argumentación, sobre todo después de haber aceptado las enmiendas que hacen referencia a las competencias que, en materia de seguridad ciudadana, ostentan o prevén algunos estatutos de autonomía que configuran o provocan la
existencia de policías integrales con competencias en todo lo que hace referencia a la actuación policial, la seguridad ciudadana, la protección civil y la actuación de estas policías como policías judiciales. Qué le voy a explicar a la señora
Vázquez que no sepa sobre esta materia, que lo sabe todo.
Quiero también manifestar mi empatía con ella en relación con los problemas climatológicos que afectan a los que vivimos en la cornisa cantábrica. Todos estamos afectos por este problema y, desde luego, sin perjuicio de lo que ella ha
comentado, preñado de razón, hay otro problema que me gustaría que generara algún tipo de reflexión por su parte y por el Grupo Popular que no es solo la violencia intrafamiliar de ascendientes a descendientes, sino de descendientes a ascendientes,
que se está convirtiendo en un problema criminológico de primera magnitud. En este momento estadísticamente es incluso quizá más frecuente y más patógeno que el de ascendientes a descendientes. Nos encontramos con que hay un problema de precocidad
en el ámbito de la adolescencia, después de la adolescencia, en la juventud e incluso en la mayoría de edad, en donde la convivencia provocada por razones del desempleo juvenil tan abundante, donde la convivencia en el entorno familiar, en el
entorno doméstico, con los progenitores se prolonga mucho tiempo, provoca dificultades de convivencia que, al final, adquieren una dimensión de fenómeno de política criminal, en donde proliferan los malos tratos tanto físicos como psicológicos.
El Consejo General del Poder Judicial, señora Vázquez, ha tomado ya una decisión. No solo es hacer convivir dos observatorios; el Observatorio de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, contra el denominado no observatorio
de la violencia de los ascendientes contra los descendientes, sino de lo que se denomina más genéricamente violencia intrafamiliar. Le recomendaría que pensáramos en ambos flujos del acto o del hecho violento dentro del ámbito doméstico o dentro de
la familia. Desde esa perspectiva lo que usted ha dicho es muy razonable pero quizá podríamos ir pensando en una amplificación de estos presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Si desea puede hacer uso de la palabra el señor Sixto por parte del Grupo de La Izquierda Plural.
El señor SIXTO IGLESIAS: Simplemente quiero decir que vamos a aprobar la propuesta, exactamente igual que en el punto anterior.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Adelanto a la señora Vázquez que también vamos a apoyar la proposición no de ley en sus propios términos, con el añadido de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y le agradecemos la
oportunidad que brinda a esta Comisión de tratar un tema que no es de la máxima actualidad mediática pero que, evidentemente, es un problema que afecta a nuestra infancia. Esta es una proposición no de ley cargada de buenas intenciones y de buena
voluntad. Además, la preocupación mostrada por la diputada del Partido Popular coincide con la mostrada también por las organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia, como son Unicef y Save the children, que han traído hace poco a
esta Cámara, concretamente a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales -lo sabrá bien ella-, una iniciativa para crear una subcomisión sobre violencia contra la infancia. La iniciativa de estas organizaciones no gubernamentales es mucho más
amplia que lo que aquí se contiene por razones específicas de los asuntos que se tratan en esta Comisión pero, en todo caso, de alguna manera estamos respondiendo a esa inquietud de la sociedad civil.
En todo caso, me voy a referir muy someramente a los tres puntos que contiene la proposición no de ley. Nos parece bien que se habiliten mecanismos y protocolos para la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar, educativo y
social. Esto normalmente requiere medios -no nos engañemos-, no se dice nada de los medios, pero estamos convencidos de que si esto realmente se quiere llevar a buen término, habrá que habilitarlos. No son buenos precedentes determinados recortes
en partidas relacionadas con la atención a la infancia o a la familia o en el Plan concertado de servicios sociales que, como ustedes saben, financia de forma tripartita los servicios sociales locales que, en muchos casos, sí que se dedican a la
atención a la infancia y a la familia.
También estamos de acuerdo con crear planes policiales de lucha contra la violencia sobre los menores. Aquí se ha hecho mucho a lo largo de estos años, no solamente por parte del anterior Gobierno, sino por parte de gobiernos del Partido
Popular y del Partido Socialista, desde los años ochenta, cuando se crearon los servicios de atención a la mujer y los grupos de menores dentro de los servicios de atención a la familia. El Cuerpo Nacional de Policía tiene grupos especializados y
también la Guardia Civil tiene especialistas en mujer y menor para prevenir estos malos tratos y perseguirlos. Por lo tanto, también de acuerdo con la creación de esos planes policiales.
Respecto al tercer punto, estamos de acuerdo con crear unidades provinciales. Ya existen, como he dicho, dentro de la Policía y la Guardia Civil y, sobre todo, en las unidades de Policía Judicial provinciales, pero tenemos una duda respecto
a la inclusión de los jueces. Es posible que las limitaciones establecidas en el artículo 117.4 en relación con el 117.3, es decir, las funciones propias de los órganos jurisdiccionales, que son juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, les impida
participar en este tipo de unidades provinciales. Es una duda que ahí dejo, pero, en todo caso, me imagino que cuando esto se vaya a ejecutar habrá que hacer alguna precisión. Hay una experiencia similar que es la creación de subdelegaciones de
este tipo de órganos de coordinación en relación con la violencia de género.
Finalmente, en la actualidad, señoría, la mayor violencia que están recibiendo los menores en España proviene de su riesgo a la pobreza. En estos momentos muchos menores en España -y no solamente en España, sino en la Unión Europea- tienen
un alto riesgo de ser víctimas de la pobreza. Hoy leía una estadística que se ha publicado ayer mismo de Eurostat que dice que los menores son el grupo con mayor riesgo de pobreza en la Unión Europea, e incluso en España el porcentaje se eleva al
30,6% de los menores de 18 años que están en riesgo de pobreza o exclusión. En estos momentos este es el mayor riesgo de violencia, otro tipo de violencia, que sufren nuestros menores. En cualquier caso, vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Esperamos que se lleven a buen término por parte del Gobierno las bienintencionadas iniciativas que de la misma han partido.
El señor PRESIDENTE: Entiendo también, en orden a la votación, que dado el parecer de los portavoces que se han expresado podría entenderse por asentimiento, llegado el momento ulterior, incorporada evidentemente la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa al respeto a las competencias de las comunidades autónomas.
- SOBRE REGULACIÓN DE MANERA ADECUADA DEL USO DE MATERIAL ANTIDISTURBIOS Y SUSTITUCIÓN DE LAS PELOTAS DE GOMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001132).
- SOBRE PROHIBICIÓN TOTAL DEL USO DE ESCOPETAS DE PELOTAS DE GOMA POR PARTE DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente
161/001131).
- SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL USO DE PELOTAS DE GOMA COMO MATERIAL ANTIDISTURBIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000558).
- SOBRE PROHIBICIÓN DEL USO DE PELOTAS DE GOMA COMO MATERIAL ANTIDISTURBIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (Número de expediente 161/001219).
El señor PRESIDENTE: Abordaríamos ahora el 6º punto del orden del día (antiguo 5º), proposición no de ley sobre regulación de manera adecuada del uso de material antidisturbios y sustitución de las pelotas de goma, del Grupo Parlamentario
Socialista, entendiendo que se han acumulado para tramitación conjunta, de acuerdo con el parecer de la Mesa y los portavoces de la Comisión, las proposiciones no de ley números 1131, 558 y 1219.
Existen dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y otra del Grupo Parlamentario Socialista que merecerían, a la hora de asignar los turnos de intervención, ser las dos primeras. Y también hago notar, de cara
a simplificar la votación, que se entendería que lo que se somete a votación es el texto del Grupo Parlamentario Socialista desde la práctica identidad, por no decir absoluta identidad de contenidos y objetivos, a los efectos de no tener que
producir cuatro votaciones sobre una misma materia que es esencialmente coincidente; si así les parece a los legítimos propietarios de estas proposiciones que son sus autores. Se actuaría sobre la base o texto del Grupo Parlamentario Socialista y
en función del devenir del debate si se aceptan o no se aceptan las enmiendas. Creo que eso simplificaría razonablemente las cosas y evitaría una votación reiterativa de hasta cuatro veces sobre un mismo objeto sustancialmente coincidente.
Para la presentación de la PNL correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Hace tan solo una semana los medios de comunicación daban a conocer el informe del caso de Ester Quintana, que como recordarán perdió el ojo izquierdo el día de la huelga general del 14 de noviembre, en Barcelona.
Como saben, señorías, Ester Quintana se encontraba ese día de la huelga general en el céntrico paseo de Gracia de Barcelona cuando resultó herida en el ojo. El informe pericial concluye que la herida pudo ser fruto de un pelotazo de goma, puesto
que las lesiones que presenta se corresponden con las que según la literatura científica produce este tipo de dispositivos. Pero también es el caso de Consuelo, una señora de avanzada edad que fue gravemente herida en la última marcha minera de
julio del año pasado. Unos sucesos que últimamente se están repitiendo, con más frecuencia de la que todos, ciudadanos y por supuesto también las fuerzas de seguridad, quisiéramos, máxime si tenemos en cuenta que en el último año las acciones de
protesta en la calle se han ido multiplicando.
Como saben, el uso de las pelotas de goma como material antidisturbios ha provocado lesiones graves e irreversibles en varios ciudadanos e incluso alguna muerte. Según denuncia la Asociación Stop Balas de Goma, en los últimos tres años dos
personas habrían muerto y treinta habrían padecido lesiones permanentes, de las cuales ocho habrían perdido un ojo en las actuaciones en que se usaron pelotas de goma en Cataluña. La pregunta que deberíamos hacernos, señorías, es: ¿podría haberse
evitado? ¿Existen mecanismos menos lesivos que permitan actuar con la misma eficacia en la contención de multitudes? Como saben, señorías, las pelotas de goma tienen la consideración de armas no letales, menos letales. Pero la literatura
científica discrepa sobre los posibles traumas que pueden llegar a provocar los impactos de esta munición sobre el cuerpo humano. Diversos testimonios y estudios científicos afirman que estos proyectiles pueden provocar daños irreversibles en
órganos vitales e incluso pueden llegar a provocar la muerte. Tanto es así, señorías, que incluso las fuerzas de seguridad advierten de que el uso de las pelotas de goma puede resultar altamente lesivo si no se le da un uso adecuado, es decir si no
se disparan a una distancia mínima y apuntando al suelo para que no impacten directamente sobre el cuerpo.
Señorías, estamos hablando de esto (muestra una pelota de goma de color verde) de una bola de caucho macizo de entre 85 y 90 gramos y algo más de cinco centímetros de diámetro. (Rumores). Una
bola que es lanzada a una velocidad de salida de más de 700 kilómetros por hora desde una bocacha aplicada al cañón de una escopeta cargada con cartuchos de pólvora. Además, según señalan los testimonios, las balas, al ser disparadas, se
deforman achatándose y provocando una parte puntiaguda que puede ser incluso más dañina. ¿Pueden imaginarse, señorías, las lesiones que puede producir una pelota de este tipo si impacta directamente en la cabeza o en el ojo de alguna persona? ¿Se
lo pueden imaginar? Les puedo asegurar que al tacto esta pelota es muy dura y no hace falta ser un experto para imaginarse el daño que esto puede ocasionar.
El uso de las pelotas de goma como proyectil por los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad está cuestionado desde hace tiempo debido al efecto descontrolado de su trayectoria y los posibles daños que pueda producir. Quienes recomiendan
su retirada denuncian que son peligrosas porque su trayectoria es aleatoria y puede provocar daños graves. Uno de los puntos más polémicos es la forma en que se disparan las pelotas de goma desde una distancia mínima de 50 metros; la bola debe
rebotar en el suelo antes de impactar en el cuerpo de la persona objetivo o del grupo objetivo. La contusión provoca inhibición muscular y dolores durante mes y medio. Además, como ya saben, se han dado casos en que debido a una trayectoria
errónea se han producido lesiones en otras partes del cuerpo. Por el contrario, sus defensores aseguran que son imprescindibles para poder disuadir a suficiente distancia actos violentos, sin tener que llegar al cuerpo a cuerpo, que eleva el número
de heridos en las contusiones. ¿Cuál es, señorías, la situación en el resto de Europa? Los cuerpos antidisturbios de Italia y Grecia no las usan, pero cuentan entre su material con gases lacrimógenos; no obstante, para evitarlos también hay que
decir que los manifestantes violentos utilizan máscaras antiguas y gafas, lo que provoca una menor distancia entre violento y policía y, por tanto, un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con peores consecuencias. Los alemanes tampoco las incluyen en su
material antidisturbios, aunque en este caso hay que advertir que el número de agentes por manifestante es mucho mayor que nuestro país; allí su armamento de choque son los cañones de agua, lo que algunos también consideran un procedimiento mucho
más agresivo. En Reino Unido, Portugal y Francia sí que se utilizan, sin embargo los agentes franceses han cambiado sus escopetas por unas lanzaderas de proyectiles mucho más precisas; con estas armas, un tirador experto, señalan, es capaz de
hacer blanco en un objeto de 15 centímetros cuadrados a 50 metros, lo que elimina lo aleatorio de lanzar proyectiles que rebotan y que además se deben lanzar rebotando, lo que puede provocar además un alto número de daños colaterales. Algunos
expertos señalan estos dispositivos como la mejor alternativa a las clásicas pelotas de goma. Dicen los expertos que entre las cualidades de estas lanzaderas, además de la precisión, está que estos proyectiles de material viscoelástico -este es el
ejemplo de este tipo de proyectiles- (muestra un proyectil de colores) son antirrebote y se deshacen al impactar -entendemos que es la parte amarilla la que se desharía al impactar-, con lo que reducen la posibilidad de alcanzar a objetivos no
buscados. Estas armas han sido adquiridas por la Ertzaintza y por los Mossos d´Esquadra, aunque está en fase de pruebas en estos momentos. A todo ello se añade que la Comisión Europea ha recomendado a los Estados miembros que siguen utilizando las
pelotas de goma como material antidisturbios que a final del pasado 2012 dejaran de utilizarlas y las sustituyeran por mecanismos menos lesivos.
Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Socialista con esta proposición no de ley insta al Gobierno a evaluar los diferentes mecanismos existentes y a proceder a su sustitución por otros dispositivos disuasorios menos lesivos, un
material que tenga un potencial menos dañino y que no pueda provocar, bajo ninguna circunstancia, lesiones graves o fallecimientos. Como saben, señorías, la decisión de utilizar medios de disuasión, entre los que se encuentran las pelotas de goma,
debe adoptarse siempre sobre la base del principio de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que establece la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, las normas técnicas para su uso, el adiestramiento necesario y el cumplimiento de
la estricta normativa de uso, solo se recogen en manuales de actuación de estas unidades de los cuerpos de seguridad del Estado especializada en el control de masas. Un rango que desde nuestro punto de vista es claramente insuficiente para regular
una materia de tanta importancia, tanto para la protección de los agentes intervinientes como para regular el uso de la fuerza cuando los demás procedimientos resulten insuficientes para restablecer el orden. Por ello, el Grupo Parlamentario
Socialista insta también al Gobierno en esta proposición no de ley a regular la materia de forma exhaustiva, más allá de manuales de actuación e insta también a que se les facilite a dichos agentes la protección individual adecuada. Creemos que
nuestra proposición no de ley puede recoger el espíritu del resto de proposiciones que sobre la materia hoy vamos a debatir. Por este motivo hemos registrado una enmienda que busca aunar el consenso del resto de los grupos. Les pido que la
consideren y entre todos podamos llegar a un acuerdo.
Señorías, no se trata de criminalizar a nadie ni mucho menos poner en duda la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Grupo Parlamentario Socialista estará siempre al lado de los cuerpos de seguridad cuando en el ejercicio
de sus funciones se vean obligados a hacer un uso proporcional y adecuado de la fuerza, pero también denunciará las actuaciones desproporcionadas, de la misma forma que denunciamos y nos oponemos a las actitudes violentas de unos pocos que en
ocasiones degeneran en altercados. Pero sobre todo, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista estará siempre al lado de aquellos ciudadanos que decidan ejercer su derecho de manifestación libre y pacífica para que lo puedan hacer además de forma
segura.
El señor PRESIDENTE: Como les decía se han acumulado en este caso otras iniciativas, una del Grupo Mixto, del cual no veo a ningún representante en este momento y otra de La Izquierda Plural, que si desea puede hacer uso de la palabra en
este momento. Señor Sixto, si lo desea puede intervenir.
El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero agradecer al diputado del Grupo Socialista que ha intervenido la prolijidad y el detalle técnico, el haber traído aquí las pelotas o balas de goma que se lanzan. La verdad es que estas armas que se utilizan
contra las manifestaciones en España han ocasionado diversos problemas -se ha dicho anteriormente- e incluso han ocasionado muertes como la de Íñigo Cabacas. Hay una problemática al respecto y es tan aceptada por todos que hasta el conseller de
Interior de la Generalitat no hace mucho decía en un artículo que había que numerar las pelotas de goma. Dudando mucho de la efectividad esa medida, de la numeración de las pelotas de goma, porque no entiendo para qué se numerarían exactamente, si
para buscarlas después y recuperarlas, o para qué, lo que sí es cierto es que varios de esos artefactos han provocado que varias personas pierdan los ojos y que alguna persona pierda la vida.
Eso ha pasado sobre todo en Cataluña y en el País Vasco y esto va por la enmienda que plantea el Grupo Socialista. Por nuestra parte nosotros hemos reivindicado y reivindicamos en nuestra proposición no de ley la prohibición absoluta por
ley del uso de este tipo de instrumental por parte de cualquier Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Nosotros vamos a entrar en cualquier enmienda que procure que eso sea realidad en última instancia, por la vía legal o por la vía
administrativa para que no se pueda producir -es lo que estaba comentando antes con el diputado socialista- que al final unos Cuerpos y Fuerzas Seguridad del Estado no las utilicen porque el ministerio o este Congreso o esta Cámara lo decidamos
-ojalá el grupo mayoritario asumiese la consideración de la peligrosidad estas armas y votase a favor de su eliminación- y que nos podamos encontrar -y desde mi grupo no lo compartimos- que al final Policía y Guardia Civil no las utilicen pero
puedan ser utilizadas por la Ertzaintza o por los Mossos d'Esquadra.
Para mi grupo parlamentario lo fundamental es la prohibición, no ya las balas de goma porque el peligro no es la pelota, es el fusil con el que se lanza la pelota, y que el uso de esos fusiles sea prohibido taxativamente como está prohibido
en otros países. Hay otras alternativas para cuando sea necesario el uso proporcionado de la fuerza y esas son las alternativas que se deben contemplar en la legislación vigente. Lo importante es que aceptemos todos los grupos parlamentarios que
tenemos un problema con estas armas, ya que están ocasionando daños a la población injustificados e injustificables, como pérdida de miembros o pérdidas de vidas, y no hay un control sobre su lanzamiento.
No quiero entrar en detalle sobre cómo se usan o se dejan de usar o sobre los problemas de orden público que estamos teniendo ahora mismo en España, ni sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en estas cuestiones,
porque tenemos algo así como una treintena de comparecencias pedidas del ministro y de altos cargos del Ministerio del Interior y una buena parte de esa casi treintena de peticiones de comparecencia son por cuestiones de orden público que creemos
que se tienen que debatir en esta Comisión precisamente por las tácticas, técnicas y órdenes que se están dando desde las responsabilidades de Interior para la actuación ante las protestas que está habiendo. No quiero entrar en ese tema porque nos
llevaría mucho tiempo, pero sí quiero dejar meridianamente claro que desde el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural lo que queremos es que quede absolutamente prohibido -o en todo caso suspendido desde ya- para todas las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado -policías autonómicas incluidas- el uso de esas pelotas de goma. En tanto en cuanto eso se contemple de alguna forma en el texto que nos proponga el Partido Socialista, aceptaremos gustosamente la enmienda. En tanto en cuanto
quede un resquicio para que eso vuelva a ocurrir -como en el País Vasco y en Cataluña, que es donde ha habido una muerte y donde algún manifestante ha perdido un ojo-, mantendríamos nuestra posición original y por lo tanto en ese caso pediríamos la
votación de nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Sixto, entiendo que en el supuesto que plantea habría dos votaciones, una, la correspondiente al texto socialista y, otra, la correspondiente a la redacción original de la del Grupo de Izquierda Plural. De
acuerdo.
Figura como enmendante Convergència i Unió, por lo que tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, hoy se nos plantea un tema de alta sensibilidad, que nos preocupa como integrantes de la Comisión de Interior y es de qué forma somos capaces de dar la mejor respuesta para garantizar en todo caso la
seguridad ciudadana, el orden público. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad tienen el deber de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, esa necesidad de evitar altercados y de utilizar material antidisturbios cuando se dan
determinadas circunstancias que, por razones de seguridad, así lo exigen. Este es un protocolo que todos los cuerpos policiales tienen y deben tener, nos guste más o menos, pero junto a ese necesario protocolo también tenemos el deber de utilizar
aquello que pueda tener más efectividad pero con el mínimo impacto lesivo para las personas, y por tanto hay que encontrar ese necesario equilibrio.
Desde Convergència i Unió no queremos obviar -y no lo hemos hecho en el Parlament de Catalunya, donde ya se ha producido el debate con la comparecencia reciente del nuevo conseller de Interior- en ningún caso que este es un tema que requiere
una solución, previo estudio de las consecuencias que real y objetivamente puedan atribuirse a esa utilización y las alternativas que en todo caso deberíamos aprobar para no mermar tampoco en ningún caso la necesaria protección de la seguridad
ciudadana y del orden público. Ese equilibrio es el debate que tenemos hoy encima de la mesa; deberíamos abordarlo con seriedad y desde el consenso. Aquí no se trata de intentar buscar cuál es el cuerpo policial al que le podemos atribuir la
culpabilidad por un acto en un determinado momento. Además está el Poder Judicial para, desde su independencia, garantizar que en todo momento se utilicen los medios adecuados de forma legal, legítima y dando la atribución de responsabilidad final,
si es que la hay, a quien pueda haber realizado un uso indebido. Eso está así, pero nosotros tenemos el deber de aportar alternativas.
Yo escuchaba ahora al señor Sixto y quiero recordarle cómo en Cataluña, por ejemplo, la responsabilidad en la consellería de Interior la ha tenido un representante de Iniciativa per Catalunya y también se utilizaban esos métodos que, tras el
estudio, quizás lleguemos a la reflexión de que no son los más adecuados y de que hay una alternativa mejor. Por tanto, ¿qué pedimos desde Convergència i Unió? Pedimos serenidad en el debate y ser eficaces en el estudio de alternativas. No
pretendemos defender un material u otro, sino pedir al Gobierno que se estudie por expertos, que se emita un informe, que se traiga a esta Cámara y que, a la vista de esas conclusiones, seamos capaces de evaluar cuál es la utilización de esos medios
antidisturbios, buscar, si es aconsejable, alternativas y en ese momento decidir. Esta es la propuesta que hoy plantea Convergència i Unió, y lo hacemos desde el respeto más absoluto a las propuestas que los distintos grupos han presentado y sobre
todo desde la más absoluta sensibilidad hacia cualquier persona que haya podido ser víctima de una mala utilización de un material antidisturbios que a lo mejor no se ha utilizado de la forma debida o ha causado un impacto que no era el deseado por
nadie. Por tanto, lo hacemos desde la máxima comprensión y solidaridad hacia las posibles víctimas, desde la máxima comprensión y solidaridad hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad, que precisan también de instrumentos que puedan reforzar la
necesidad de ser capaces de garantizar el orden público en todo momento. Bajo esas premisas, con ese espíritu de consenso hemos presentado esta enmienda, que esperamos que pueda ser aceptada por los grupos proponentes.
Si no he entendido mal, señor presidente, la enmienda que ha defendido el Grupo Socialista ha sido aceptada por el Grupo de La Izquierda Plural, con lo cual entiendo...
El señor PRESIDENTE: Permítame un segundo, señor Jané. Precisamente por la discrepancia existente, porque es más radical en su contenido la de La Izquierda Plural, más radical en cuanto al sentido de prohibición de este tipo de usos
-entienda la palabra radical como una palabra absolutamente aceptable en política-, prefiere que no se produzca una única votación sobre el texto del Grupo Socialista, sino que haya al menos dos votaciones. En consecuencia, preguntaré al final de
este debate, tanto al señor Corcuera como al señor Sixto, si aceptan para su incorporación la enmienda que ha planteado el señor Jané. Ese sería el esquema de votación. No sé si les he iluminado o les he complicado la vida, pero ese sería el
esquema.
El señor JANÉ I GUASCH: Perfecto. Muchísimas gracias. Como siempre ha sido muy locuaz el presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Como intuía por qué derroteros iba a decurrir el debate, he venido armado, en el sentido más parlamentario y etimológico de la palabra. No ha muerto solo el señor Cabacas, señor Sixto. Le voy a hacer la relación
de las muertes producidas por disparos de balas de goma. Bajo el mandato del señor Rosón, ministro del Interior con UCD, gobernando el partido de Unión de Centro Democrático, hubo quince muertos por esta circunstancia, judicializados. Bajo el
mandato del señor Barrionuevo seis muertos, judicializados. Sobre el señor Barrionuevo me va a permitir que no haga una glosa de otras actuaciones de este ministro del Partido Socialista durante el decurrir de su mandato. Bajo el mandato del señor
Corcuera doce muertos por pelotas de goma. No sé si de ese tamaño, de un tamaño inferior o de un tamaño análogo, o de una dimensión o configuración parecida o diferente. Doce muertos judicializados con el señor Corcuera. Bajo el mandato del señor
Alonso -al que usted y yo hemos conocido personalmente- un muerto, que no se apellidaba Cabacas, aunque me parece repugnante que haya muerto una persona como Cabacas por esta circunstancia. Bajo el mandato del señor Rubalcaba, también un ministro
del Partido Socialista Obrero Español, otro muerto por el uso de pelotas de goma. Bajo el mandato del señor Belloch, también ministro del Interior, ningún muerto por el uso, por el buen uso seguramente, de las pelotas de goma. De hecho no era el
señor Belloch formalmente el ministro del Interior, materialmente era ministra del Interior, doña Margarita Robles. En Euskadi, y con relación al señor Cabacas al que usted se ha referido, bajo el mandato del lehendakari del Partido Socialista de
Euskadi, Patxi López, un muerto, el señor Cabacas precisamente. Por otras razones, en el ámbito de la disolución de manifestaciones violentas, ha habido treinta y nueve muertos no por pelotas de goma, sino por otro tipo de actuaciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde acciones violentas utilizando los mecanismos de defensa de estas fuerzas, hasta en alguno casos el uso no de balas de goma como las que nos ha mostrado a efectos ilustrativos nuestro compañero
socialista, sino por balas de plomo, balas que normalmente se usan en los fusiles y armamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con lo cual nos encontramos con una patología que nos parece que se debe estudiar, y si el pedimento de su
iniciativa -creo que he entendido bien al señor Corcuera- es estudiar cuáles son los medios que deben utilizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y las Policías integrales autonómicas deben ser objeto de una reconsideración
parlamentaria, me parece bien, me parece un pedimento razonable. ¿Por qué? Porque están produciendo muchas muertes y se ve que no hay un elemento de proporcionalidad, que sería el elemento a utilizar aquí entre los mecanismos y las actividades que
deben ser objeto de disolución, de represión, de reprensión, etcétera; utilícese la expresión que se quiera. También le puedo citar los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como de las Policías integrales de ámbito autonómico que han
muerto, y no por balas de goma, sino por piedras y otros procedimientos usados por los manifestantes, algunos de ellos de distinta identidad ideológica, pero todos del ámbito extraparlamentario y todos vinculados a posiciones políticas e ideológicas
que podríamos -por usar una expresión aglutinadora- considerar nihilistas -siendo generoso en el uso de la expresión-, pero de un nihilismo violento. Desde esa perspectiva, estudiar me parece bien, pero estudiar una problemática compleja de
seguridad ciudadana vinculándola a un hecho, a una circunstancia, a una muerte solo, me parece maniqueo, y solo por evitar el maniqueísmo -que me parece la mayor perversión parlamentaria que hay- y solo por entender que existe un problema político
que debemos atender, vamos a votar, aunque con muchas reservas -y cuanto más observo determinados elementos de ilustración pretendidos que veo en el pupitre que me adelanta, con menos convicción-, favorablemente a esta iniciativa parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Corresponde finalmente el uso de la palabra al señor Cabello.
El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: Señorías, pueden ustedes estar seguros de que no hay nadie más preocupado por la seguridad e integridad física de los ciudadanos que los miembros de este grupo parlamentario; tan preocupados, sí, estoy
seguro de ello, pero más preocupados, no. Tampoco hay nadie mejor preparado para velar por esa integridad física ni tan dispuesto a hacerlo en cualquier circunstancia que los miembros de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad en general. En el
ejercicio de sus funciones a las órdenes del Gobierno de la nación, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen que actuar continuamente protegiendo el desarrollo de los derechos y libertades constitucionales de estos
ciudadanos, y además en ese momento tienen que garantizar la seguridad ciudadana, entendiendo por seguridad ciudadana ese espacio de paz social en el que se puedan desarrollar
de forma normal esos derechos y esas libertades. Señorías, ocurre con demasiada frecuencia que en el entorno del ejercicio constitucional de estos derechos, fundamentalmente el de reunión y el de manifestación, protegidos en ese momento y
expresamente por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hay también grupos de individuos más o menos numerosos, más o menos organizados, que actuando con violencia, a veces extrema, ponen en riesgo no solamente el ejercicio de los derechos y de las
libertades de las personas que allí están sino incluso su integridad física, y las fuerzas de seguridad tienen que actuar para restituir ese estado de seguridad ciudadana que permita seguir celebrando y ejerciendo esos derechos fundamentales, así
como para que puedan seguir con su vida cotidiana las personas que no lo están ejerciendo en ese momento, que también es un derecho.
Señorías, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a veces, para restituir esa seguridad ciudadana tienen que utilizar la fuerza. Yo estoy convencido de que lo hacen siempre con un escrupuloso respeto a la congruencia, a la oportunidad y a la
proporcionalidad que configuran los principios básicos de actuación, concretamente el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Yo les diría más, viendo la violencia con la que a veces se desarrollan los acontecimientos, lo hacen
además siguiendo el principio de mesura, como lo puede demostrar sin duda el hecho de que a pesar de la desproporción numérica, a pesar de que van mucho mejor protegidos y que desde luego están mucho más preparados para esa situación, suele ser
normal que el número de heridos sea igual o superior entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que entre los propios grupos violentos. Lógicamente, en su actuación para sofocar esos disturbios que impiden el ejercicio normal de los derechos y
libertades tienen que utilizar material antidisturbios. En su dilatadísima experiencia -y le garantizo, señoría, que no es pura retórica lo que estoy diciendo, porque son cuerpos normalmente ejemplares en su profesionalidad y en su eficacia, y le
digo que en el caso de España además son referencia de los cuerpos policiales de los países de nuestro entorno- han desarrollado técnicas de utilización progresiva de esos medios, que normalmente evitan que se puedan desarrollar actuaciones
violentas premeditadas por parte de algunos grupos, sin necesidad de llegar a utilizar los medios disuasorios más contundentes. Estamos hablando concretamente de las pelotas de goma, que es lo que hoy está centrando este debate aquí. Las pelotas
de goma, como saben sus señorías, son el último escalón en la utilización de estos medios disuasorios y son utilizadas específicamente para dos cosas: una, exclusivamente en momentos de extremada violencia, y, otra, para poder mantener una zona de
seguridad en la que sean inoperativos los cócteles molotov, las piedras, los rodamientos, los cohetes o las barras de hierro que en muchas ocasiones se han utilizado contras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y así no tener que llegar a ese
enfrentamiento cuerpo a cuerpo, no porque se digan partidarios, sino porque está demostrado que desde el punto de vista técnico son mucho más peligrosos para la integridad física de los ciudadanos.
Señorías, la utilización de estos medios está perfectamente recogida en la normativa interna de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en su utilización como en su conformación, la conformación física de estos medios. Yo les puedo decir
en este momento que me consta que en el seno del Ministerio del Interior, concretamente en la Dirección General de la Policía, y por parte de un equipo formado por técnicos de la Unidad de Armamento de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de
la Comisaría General de Policía Científica y de la División de Formación y Perfeccionamiento, se están llevando a cabo estos estudios a los que de forma muy oportuna hacían mención tanto el señor Olabarría como el señor Jané, que son necesarios para
configurar cuál debe ser no solamente la conformación física de estos medios antidisturbios que deben utilizarse, sino la forma y la oportunidad de su utilización. Se están estudiando métodos para reducir los grains de la pólvora propulsora, los
materiales que conforman el proyectil que se lanza para poder mantener esas distancias de seguridad, que son seguridad para todos los que en ese momento están intentando ejercer sus derechos, y que están intentando que los demás puedan ejercerlos.
Ese estudio es fundamental, entre otras cosas, señorías, porque en este momento en que no existe ningún otro medio disuasorio que sea eficaz en sustitución de las pelotas de goma, es fundamental la formación especializada de quienes estén usando
estos elementos. A lo mejor llegamos a la conclusión en un momento determinado de que hay elementos mucho más adecuados, y cuando esa conclusión se tenga, será apoyada por todos. La experiencia que se tiene en las policías europeas -lo ha dicho
usted muy bien, señor Corchera-, realmente no es unánime. Hay policías que solamente están utilizando -en el caso de la griega, por ejemplo, y de la italiana- fumígenos y lacrimógenos, y está aumentando el número de lesionados, eso es cierto; los
cañones de agua que utilizan los alemanes se consideran más lesivos incluso, en muchas ocasiones, que las propias balas de goma. En el caso de los franceses, no sustituyen una cosa por otra, sino un escalón intermedio con lo que se denomina
comercialmente los
foam, que utilizan ya las policías integrales, tanto la Ertzaintza como la autonómica vasca. Por cierto, además, al módico precio de 1.800 euros/unidad, que es un detalle curioso. De momento, señor Corcuera, no solamente no está demostrada
la eficacia de estos medios, sino que, de hecho, y no quiero criminalizar a nadie, ha habido la desgracia de que estos accidentes se han producido en el seno de estas dos policías ejemplares, sin lugar a dudas, en muchas cosas, que son precisamente
las policías que tienen ya estos medios. De hecho, los informes periciales no descartan que la pérdida del ojo pudiera deberse también a un impacto de un foam viscoelástico, que es, a fin de cuentas, un proyectil como otro cualquiera y que tiene
que dispararse, porque no rebota, de forma directa contra el cuerpo. Por lo tanto, no está todavía totalmente demostrado y me parece imprescindible el estudio que el Ministerio del Interior está ya realizando.
Para concluir, quiero decirle, señor Corcuera, que me ha extrañado su exposición en parte -otra parte la comparto- tan mediática, porque lo que usted ha mostrado no ha sufrido variación en los últimos veinte años; es lo mismo que había en
el tiempo que ustedes han estado gobernando, salvo que ahora las pelotas de goma son de un material más flexible y, por lo tanto, rebotan menos que las que había antes. En cualquier caso, es solamente una apreciación sin querer echarle
absolutamente nada en cara. Además de esto, me parece importantísimo tanto la formación especializada de quien utiliza estos medios como el estudio que se está realizando, ya que no se ha contrastado que exista en este momento ningún medio que
pueda de verdad, de forma eficaz, reducir los daños y mantener la eficacia. En este sentido, este grupo parlamentario de momento no a apoyar que prospere esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Naturalmente, entiendo que el representante del Grupo Socialista acepta la autoenmienda, la corrección que ha hecho de su propio texto, pero debe posicionarse respecto a lo expresado como enmienda por el señor Jané.
El señor CORCUERA PLAZA: Sí, señor presidente, entendemos que la enmienda de Convergència i Unió se podría subsumir en nuestra propia enmienda, con lo cual no aceptamos la enmienda de Convergència i Unió porque entendemos que tiene el mismo
objetivo que el texto de nuestra proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, se someterá a votación en los términos resultantes de la corrección que el propio grupo ha realizado frente a su proposición inicial.
Señor Sixto, ¿acepta alguna de las enmiendas?
El señor SIXTO IGLESIAS: No, mantenemos el texto en sus términos.
El señor PRESIDENTE: Mantiene el texto en sus justos términos.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN Y A CREAR SINERGIAS ENTRE LOS DIFERENTES CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD ESTATALES Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001385).
El señor PRESIDENTE: Así las cosas, procederemos a abordar el punto octavo, inicialmente séptimo, proposición no de ley cuyo autor es el Grupo Parlamentario Catalán, relativo a instar al Gobierno a incrementar la eficacia y eficiencia de
los intercambios de información y a crear sinergias entre los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad estatales y de las comunidades autónomas. Para su presentación, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, hoy trae Convergència i Unió a la Comisión de Interior una propuesta de gran importancia, de gran utilidad y que ayudaría muchísimo a la eficacia de nuestros cuerpos policiales. Antes el señor Olabarría
recordaba datos históricos, y como tengo al señor Olabarría junto a mi escaño quiero también recordar un dato que compartimos ambos como diputados. Estábamos en la Comisión del 11-M, que analizaba qué pasó, cómo pasó, qué circunstancias fallaron
ante los atentados del 11-M, ante esa amenaza terrorista del 11-M que se plasmó finalmente con esos trágicos atentados. Entre los datos, recordaremos ese vehículo que, cargado de explosivos, iba desde Asturias a Morata de Tajuña, en la provincia de
Madrid; si cuando fue parado ese coche se le iba a buscar realmente
y si ese vehículo estaba o no el censo, en las bases de datos. Falló una comunicación, y se le dejó marchar. Quizá de no haber habido ese fallo en esa comunicación en una base de datos hubiera evitado esos atentados, porque allí estaba el
material que se transportaba desde Asturias a Morata de Tajuña. Y pongo ese ejemplo porque tengo al lado a mi amigo Emilio Olabarría, porque ambos lo vivimos y porque en muchas ocasiones se llega a la conclusión, cuando estamos hablando de policías
integrales -la Ertzaintza lo es en el País Vasco, los Mossos d'Esquadra lo son en Cataluña y lo son también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- de que habría que ver de qué manera podríamos evitar hacer compartimentos estancos de bases de
datos cuando todos trabajamos en la misma dirección de prevenir atentados terroristas, de prevenir nuevas formas de crimen organizado, de narcotráfico, de mafias internacionales, la llamada ciberdelincuencia, el cibervandalismo. Hay tantos,
tantísimos riesgos, que compartimos todos, que la sociedad nos exige a todos, a todos, que colaboremos con las bases de datos, que intercambiemos información, que seamos útiles para, fluyendo la información necesaria, evitar un riesgo compartido.
De ahí, que hoy Convergència i Unió haga una propuesta para que puedan participar las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ese intercambio bases de datos: DNI, Adextra, Meinas, Tirce, Armas, Embarcacions, el software de trabajo
1/24/7-Interpol o la oficina Sirene. Son ejemplos, cada uno en su determinado ámbito de investigación, de que si se comparten los datos que allí existen por parte de los cuerpos policiales que tienen también esa función integral de preservar la
seguridad en su respectivo territorio, seremos más eficaces en la lucha por aquello que todos compartimos. Y daremos con ello cumplimiento a un deseo manifestado por el propio ministro del Interior, en su primera comparecencia como tal en esta
Comisión, que a preguntas de este diputado sobre la necesidad o no de compartir bases de datos, su respuesta fue contundente: Estamos de acuerdo, es necesario. Todo intercambio de información es poco cuando se trata de atajar un riesgo compartido
por todos, cuando se trata de avalar entre todos una mejor seguridad. De ahí, la propuesta que hoy planteamos. Planteamos esa propuesta, entendemos que es útil, que es necesaria, que es urgente. Entendemos que cuando se producen disfunciones
entre la labor que realizan unos y otros, se nos pide, más que ir cada uno por su cuenta, que colaboremos juntos, y esa colaboración conjunta pasa por aprobar hoy aquí iniciativas, propuestas como la que Convergència i Unió, en un sentido positivo,
plantea ante esta Cámara.
Hay un segundo apartado de esta proposición no de ley muy centrado en un aspecto que también nos preocupa a todos. En Cataluña tiene una gran implantación una asociación que trabaja en el ámbito de la ayuda a las familias con personas
desaparecidas, que es Inter-SOS, y esa asociación nos pone de relieve cada día para ejemplo un botón. ¿Qué necesitamos para compartir bases de datos? Necesitamos que, por ejemplo, en la búsqueda de personas desaparecidas, la información entre
todos fluya de la mejor manera posible, y ahí vamos. Cedimos de manera específica que, en la búsqueda de la mayor eficacia en los supuestos de personas desaparecidas, busquemos esa mejor coordinación entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, tanto de ámbito estatal como de ámbito autonómico.
Creemos que esta proposición no de ley, que hoy plantea Convergència i Unió, no va contra nadie; entendemos que va a favor de todos, a favor de esa mayor colaboración, de esa mayor eficacia, de ese mayor intercambio de información, de
evitar compartimentos estancos, de esa necesidad de crear unas sinergias que permitan medidas de coordinación y cooperación que al final redunden en una mayor eficacia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Este es el objetivo que pretendemos.
Cada una de las bases de datos a las que aludimos de manera directa en nuestra exposición de motivos están justificadas por razones de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el software de Interpol incorpora informaciones
especializadas sobre presuntos terroristas, personas buscadas e impresiones dactilares. Es bueno que todos los cuerpos que tienen esa capacidad de policía integral puedan acceder a ese software de trabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de la
Oficina Sirene para poder facilitar la localización de fugitivos o el desarrollo de investigaciones policiales a través del acceso a la supervisión de los señalamientos de los sistemas de información Schengen y la información complementaria de los
señalamientos de otras oficinas Sirene de países del espacio Schengen. Estamos hablando de la base de datos del DNI o de Adextra, con el objetivo de poder obtener la fotografía, los datos de filiación de personas de interés policial tanto estatales
como extranjeros, ya que pueden resultar de gran ayuda y utilidad a las unidades de investigación. Estamos hablando de bases de datos como Meinas, para poder comprobar si una persona ha sido identificada o no por huellas dactilares en otras zonas
del Estado. Todo ello, y no me quiero alargar más -también en materia de tráfico-, va hacia ese objetivo común y compartido de afianzar nuestra seguridad, de afianzar nuestra prevención, ser entre todos más
eficaces y compartir por ello esas bases de datos, esos intercambios de información, crear esas sinergias entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Este es el propósito, en
positivo, que Convergència i Unió defiende hoy aquí.
El señor PRESIDENTE: No existen enmiendas. En consecuencia, el turno sería el normal, de menor a mayor. ¿Desea hacer uso de la palabra, señor Olabarría?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Solo quiero manifestar que comparto en sus propios términos la argumentación del señor Jané. Efectivamente nosotros fuimos honrados por esta institución para investigar lo acontecido en los atentados del 11-M y la
descoordinación policial resultó manifiestamente acreditada, incluso en las propuestas de resolución aprobadas por el Pleno de la Cámara, no solo con las policías autonómicas, sino entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, la Guardia Civil
dentro de sí misma y el Cuerpo Nacional de Policía dentro de sí mismo también. Resulta relevante -no ha querido regodearse en la materia el señor Jané- que la goma 2 se obtuviera en unas minas de caolín abandonadas, protegidas por una barrera y un
perro sin dientes muy anciano. Se podía obtener con cierta facilidad y bajo los auspicios de un comandante de la Guardia Civil al que prestaban servicios de información estos traficantes de goma 2, que intercambiaron la goma 2 por sustancias
estupefacientes.
Dicho esto, las deficiencias de coordinación con las policías integrales autonómicas deben ser corregidas desde la perspectiva indicada por el señor Jané, integrando a todas en los mecanismos de intercambio de información, porque la
información, desde una perspectiva preventiva en materia policial, es absolutamente imprescindible y es el elemento más útil, mediante la incorporación de estas policías al sistema Schengen, al Europol, a Eurojust y otras estructuras que él ha
citado. También desde una coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no siempre han funcionado bien. Todos hemos conocido tensiones entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, que esperemos que se vayan
corrigiendo poco a poco, y tensiones dentro de estos cuerpos entre los distintos mandos de los mismos. Todo esto merita que la proposición presentada por el señor Jané sea objeto de consideración.
En definitiva, desde la perspectiva de la represión de los delitos y de los fenómenos criminológicos, no hay nada más eficiente que la información, que la información compartida y que la información tratada por métodos coherentes y
compatibles entre sí, y desde esa perspectiva hay mucho por hacer. Hay un largo camino por recorrer, señor presidente, que quizá con pedimento de la iniciativa de Convergència i Unió se pueda mejorar o se pueda avanzar por estas razones y por otras
muchas que podríamos señalar. El anecdotario en el ámbito de la descoordinación policial nos llevaría a esta Comisión a trabajar, seguramente, hasta el próximo año. Vamos a cortar aquí la intervención y vamos a decir que nos parece perfecto y
adecuado lo que el señor Jané ha propuesto.
El señor PRESIDENTE: Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Quiero intervenir solamente para hacer constar nuestro apoyo a la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Amor.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Quiero hacer dos indicaciones iniciales que pueden parecer obvias, especialmente después de que el señor Jané haya hecho invocación de lo que tenía aquí escrito. En el criterio de eficacia, como él lo ha señalado, no
voy a insistir. A veces este tipo de cuestiones se traducen en un cruce de acusaciones o de invocaciones competenciales y se pierde de vista ese objetivo esencial de la eficacia en la seguridad que, como el señor Jané ha señalado, es el objetivo.
Y luego el cumplimiento de la ley y de los acuerdos de desarrollo de esa normativa, con una concepción amplia y -diría- generosa de la obligación jurídica legal de prestarse mutuo auxilio e información recíproca. Pero todos somos conscientes de que
el marco legal de distribución de funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Mossos d'Esquadra necesita perfilarse mucho más, porque esas leyes están hechas en un momento en el que no había todavía el desarrollo efectivo del
despliegue de los Mossos d'Esquadra. El acuerdo de la Junta de Seguridad catalana del año 1994 es un marco que, jurídicamente, quizá sea muy débil, pero con ese marco se ha trabajado bien.
Esa compartición de bases de datos comienza a acelerarse en 2004 con la gestión del Gobierno socialista. Efectivamente, como dice don Emilio Olabarría, en ese momento ni siquiera la Policía y la Guardia Civil estaban compartiendo bases de
datos, con todo tipo de excusas técnicas y jurídicas que no
eran otra cosa más que, seguramente, enmascarar celos corporativos. (Rumores). Se consigue que la Policía y la Guardia Civil compartan bases de datos y se consigue que esas bases de datos se vayan extendiendo también a las policías
integrales de las comunidades autónomas. ¿Y por qué eso comienza a funcionar razonablemente bien, aunque seguramente se podría discutir el ritmo? (Rumores). Porque había voluntad política de entenderse, porque había voluntad política de
colaborar, porque el Comité de coordinación policial, que presidían el delegado del Gobierno en Cataluña y el director general de Seguridad de la Generalitat y los comités mixtos operativos que dependían de esa estructura, funcionaba en un clima
razonable de cordialidad y de lealtad a esa obligación de mutua confianza. (Rumores). Pero, lamentablemente, hay que constatar...
El señor PRESIDENTE: Por favor, un segundo, señor Sánchez Amor.
La acústica de esta sala nunca ha sido buena. Entonces, ruego que si alguien desea mantener una conversación al margen del debate parlamentario, lo haga fuera porque si no, perturba mucho e impide el trabajo tanto de taquígrafos como de la
Presidencia.
El señor SÁNCHEZ AMOR: Se lo agradezco, presidente.
Decía que el asunto había funcionado razonablemente hasta que todo, aparentemente, salta por los aires o -para no decirlo tan bruscamente- comienza a deteriorarse con la entrada de un nuevo Gobierno del Partido Popular. La delegada del
Gobierno en Cataluña llega con un programa expreso de visibilidad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de visibilidad. Esa es la lógica que se expresa porque había una cierta ocultación o poca presencia social de la Policía Nacional y de
la Guardia Civil y que esa visibilidad es necesaria. El ministro ofrece -lo hizo aquí, como ha dicho el compañero Jané- esa colaboración en bases de datos y ofrece -muy representativo de su concepción de la seguridad pública- policías
antidisturbios. Es la primera oferta formal que hay registrada por parte del Gobierno a la Generalitat. Pero no funciona porque en la primera ocasión en la que hay que poner en marcha esa fórmula mixta de trabajo que es la Cumbre del Banco Central
Europeo en marzo de 2002, da lugar a dos centros operativos. Es una sola operación, la seguridad de una cumbre, y ya no hay un solo centro operativo sino que hay dos, dependiente uno de las Fuerzas de Seguridad del Estado y otro de los Mossos
d'Esquadra. El conseller Felip Puig ironiza sobre la presencia -dice él- sobre todo visual de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dice que el exagerado despliegue callejero de las fuerzas de seguridad estatales era meramente
propagandístico de cara a las autoridades protegidas. El PP contraataca -si me permiten la expresión- promoviendo que algunos alcaldes o grupos municipales del Partido Popular pidan el redespliegue de las fuerzas de seguridad estatales, con la
excusa de la cercanía o la operatividad de la Policía y Guardia Civil frente a la de los Mossos d'Esquadra, y se piden patrullas conjuntas. Este cierto zarandeo de los cuerpos de seguridad alcanza su primera cima con la invocación del conseller
Puig de que los mossos deben ser los guardianes armados de una llamada -abro comillas- legalidad democrática, frente a la legalidad jurídica. Esta diferencia entre legalidad democrática y jurídica daría para una larga charla con Emilio Olabarría
sobre esa metalegalidad por encima de la ley. Pero lo que se venía a decir era que los mossos serían los garantes de los referendos, legales o ilegales -esa fue la expresión que se utilizó-, de autodeterminación. Entenderá mi colega Jané que este
tipo de manifestaciones no es la mejor tarjeta de visita para pedir colaboración ni en el tema de la bases de datos ni en cualquier otro tema.
Esta escalada de disparates continúa con la invocación por parte del señor Vidal-Quadras de un general de la Guardia Civil para que venga a mandar a los mossos y que da lugar a una carta de los eurodiputados, que da a este asunto una
dimensión europea absolutamente exagerada. Por si fuera poco, un juez se hace acompañar de la Policía Nacional para ir a registrar la sede central de los Mossos d'Esquadra. Y en este baile de declaraciones los únicos que parecen sensatos son los
sindicatos que defienden la profesionalidad de todos los cuerpos de seguridad y piden a las dos fuerzas políticas enfrentadas que dejen de manosearlos. El director de los mossos dice públicamente que los mossos van a colaborar con todas las
policías del mundo y que...
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez, me atrevo a rogarle una cierta brevedad porque hasta ahora ha sido factible.
El señor SÁNCHEZ AMOR: De acuerdo. Y que la ventanilla abierta es una ventanilla sin criterio. No voy a insistir. La quema de unos coches policiales da lugar a declaraciones de deslealtad del conseller a la delegada del Gobierno. Y,
finalmente, están los casos de estos días, quién se queda con la investigación
de las escuchas ilegales y qué pasa con ese extraño informe de la UDEF. Este es el clima creado por ambas fuerzas políticas con el que se pretende conseguir un objetivo que solo sería posible en un ambiente completamente distinto del de
colaboración y confianza.
Nosotros deseamos la máxima eficacia, la mayor seguridad para los catalanes y el mayor respeto a la ley. Esa obligación de colaboración está en nuestro espíritu. Por tanto, creen ustedes, ambos Gobiernos, el clima necesario; dejen de
zarandear a los cuerpos de seguridad; renuncien a utilizar a las policías para mezquinas batallas partidarias; reintroduzcan las estructuras mixtas que funcionaron bien con el Gobierno socialista y mientras tanto, por favor, no nos traigan esos
simétricos disgustos ante los que solo van a tener ustedes, como en el caso de hoy, nuestra abstención.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Micheo.
La señora MICHEO CARRILLO-ALBORNOZ: Por lo que vemos, es un planteamiento recurrente que le preocupa al señor Jané, por lo que he leído en distintas intervenciones tanto en la comparecencia del ministro como en la comparecencia del director
general de la Guardia Civil. La verdad es que, avanzando y profundizando en lo que él nos plantea, yo no sé si este debate queda ya un poco obsoleto porque la coordinación y el trabajo conjunto ya están en marcha y alguna de las peticiones, por
tanto, no sé si pueden ser algo innecesarias.
Para plantear el marco de la intervención me gustaría centrarme en la seguridad, que esta sea la finalidad y el objetivo de la intervención y del debate, si esto está encaminado a mejorar la seguridad de los ciudadanos. La seguridad debe
ser entendida como uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el legítimo ejercicio de los derechos de los ciudadanos y constituye una de las mayores responsabilidades de cada Gobierno. Por tanto, la primera pregunta que nos
podríamos hacer es: ¿Mejoraría nuestra seguridad el desarrollo integral de esta iniciativa? En la primera comparecencia del ministro el 31 de enero -como ya le decía, es un tema que ha ido planteando-, ya le solicitaba usted la información fluida
entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas. Decía que era necesario evitar que hubiera compartimentos estancos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos autonómicos y que este
compartimento estanco dificultara la correcta realización de los trabajos. Añadía que esos esfuerzos son los que deberían llevar a compartir los datos, a que no hubiera desconfianza porque, como decía, todos estamos en el mismo barco intentando que
la seguridad sea efectiva. Aquí es donde le quiero trasladar la primera pregunta. No sé si esto puede llevar implícito que ahora mismo usted desconfía del funcionamiento -no vamos a decir de la lealtad porque puede parecer una palabra demasiado
gruesa-, de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Yendo a ese planteamiento parece que usted estaría más cómodo si sustituyera su actuación y manejo de información directamente por las policías autonómicas. Señoría,
creo que aquí hay un punto que no debemos confundir. No podemos equivocar la colaboración con la injerencia y con el papel que cada uno desempeña.
La contestación que le daba el ministro y que decía que estaba de acuerdo va a ir reflejándose en los trabajos y en la puesta en marcha de lo que ya está funcionando, a lo que creo que es bueno referirse aunque de manera breve porque hay
muchos datos. Primero, las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están sujetas y amparadas por la Ley orgánica 15/1999 y en el Real Decreto 1720, de 2007, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la ley
orgánica, se contemplan los ficheros o bases de datos excluidos de la aplicación de la ley, concretamente en el artículo 4 -y se detallan en concreto los apartados b) y c)-, a los sometidos en la normativa sobre la protección de materias
clasificadas y a los establecidos para la investigación del territorio y de formas graves de delincuencia organizada. Sigo aportándole más datos. La Orden de Interior 12/02, de 2011, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal
del Ministerio del Interior, recoge todas aquellas bases de datos bajo responsabilidad de los diferentes centros directivos u órganos de departamento. En este contexto, y dentro de los ficheros de datos expresamente citados en la proposición no de
ley, los relativos a armas y embarcaciones son responsabilidad de la Guardia Civil y, en ambos casos, estando prevista la cesión de información a otras fuerzas y cuerpos de seguridad en aquellos casos necesarios para un mejor ejercicio de sus
competencias y de conformidad con la legislación que regula la materia.
Otro punto que me gustaría destacar, porque lo ha incluido usted en su intervención, es que si bien la finalidad de esta proposición es la de incrementar la eficacia y eficiencia de los intercambios de información entre las acciones a
legislar, únicamente, parece que por el contenido -usted lo deja claro-, podría
contemplarse un acceso unidireccional a las bases de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, extremo este que para alcanzar la finalidad propuesta debiera haberse complementado con igual cauce informativo en la otra
dirección. Es decir, ver si las policías autonómicas podrían aportar sus datos e informaciones a los correspondientes ficheros del crimen organizado y en los sistemas nacionales del CICO, tanto operativos como estadísticos. Es decir, reciprocidad.
Con relación al punto 2 de su proposición -impulsar una mejor coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, estatales y autonómicos, que permita una mayor eficiencia en las labores de investigación en los supuestos de personas
desaparecidas-, por los datos aportados vemos que esta coordinación ya existe. Dicha materia está regulada en la Instrucción 1/2009, de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre actuación policial, ante la desaparición de menores de edad y otras
desapariciones de alto riesgo, recogiéndose en el apartado 9.º de dicha instrucción, en el que se da traslado de la misma a la Consejería de Interior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en aras del principio de colaboración, debiendo promoverse a
través de las juntas de seguridad la integración en la base de datos de personas desaparecidas, fichero en el cual ha estado colaborando -actualmente ya colabora- la policía de la Generalitat, los mossos. En este ámbito quisiera significar que la
citada policía autonómica tiene ya acceso y trabaja con la citada base como herramienta fundamental para la resolución de muchos casos de desapariciones. Entiendo que esto puede servirle de contestación al punto 2 de la proposición.
Me gustaría añadir, por último, que la coordinación citada está ya protocolizada entre el ministerio y la Generalitat, que se estructura a través de la Junta de Seguridad Autonómica mediante el Comité de coordinación policial y que se hace
efectiva por la Sala conjunta de coordinación interpolicial. En esta sala, que funciona de manera permanente, prestan servicio de manera continuada representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la policía autonómica catalana, de
forma que se tiene capacidad para intercambiar información en tiempo real sobre datos y antecedentes policiales necesarios para la realización de las actuaciones policiales en dicha comunidad.
En lo que respecta a la actual operatividad, el denominado Siis, permite el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas. Igualmente ocurre con otra de sus preocupaciones con el acceso a los datos de
la Dirección General de Tráfico en lo que afecta a titularidades, sustracciones de vehículos y permisos de conducción. A nivel de investigación, bases de datos como la SAID, de identificación dactilar, también son compartidos por ambas, por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por las policías autonómicas. Por lo que se refiere a la oficina Sirene, la Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad ha dado cobertura técnica al sistema de información Schengen,
proporcionando el acceso a los cuerpos policiales autonómicos integrales a la base de datos y señalamientos nacionales.
El señor PRESIDENTE: Señora Micheo, le ruego vaya concluyendo.
La señora MICHEO CARRILLO-ALBORNOZ: Teniendo en cuenta que la presente proposición se refiere a la incorporación directa a las policías integrales, las estructuras organizativas y la información dimanante del sistema Schengen, sólo recordar
tres aspectos: que ya tienen participando en dichas estructuras organizativas, que asisten a sesiones y que forman parte de los grupos de trabajo. De este modo -ya para ir terminando-, el artículo 149.29 de la Constitución establece que la
seguridad pública es una de las competencias exclusivas del Estado, permitiendo su participación a las comunidades autónomas. Pero volvemos a lo mismo de antes, su participación no es nunca sustitución.
Por terminar y para no alargarme, quería hacer una breve referencia a la Ley Orgánica 2/1986 y al artículo 46.2: Cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran simultáneamente
miembros o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la policía de la comunidad autónoma, serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación. Por tanto, nos viene ya marcado lo que usted nos está
planteando.
Como conclusión, la efectividad de los cuerpos policiales es que cada uno cumpla fielmente -creo que esta frase es fundamental para terminar- las competencias establecidas por la ley, las que cada institución tiene asignadas. Sin duda
siempre beneficiará al mejor funcionamiento ir implementando las adecuadas medidas de coordinación que permitan que cada uno de los órganos implicados pueda desarrollar sus funciones de modo eficaz, evitando duplicidades y conflictos competenciales.
Por todo ello, señor Jané, vamos a votar en contra de esta iniciativa, porque creemos que no es necesaria.
El señor PRESIDENTE: No existiendo enmiendas, no procede la pregunta sobre su aceptación.
- SOBRE LA REFORMA Y CIERRE DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000042).
El señor PRESIDENTE: Entramos así en el ahora noveno punto del orden del día, proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo de La Izquierda Plural, sobre reforma y cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Para su
presentación, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Esta propuesta ya es antigua, es de las primeras que presentamos al principio de la legislatura, y lo que plantea básicamente se mantiene en toda su totalidad, aunque habla de algún CIE que ya no existe, como por
ejemplo el de Málaga, que ya se cerró, pero es perfectamente de actualidad en todos sus puntos.
El Partido Socialista sugería la votación separada de algún punto. Por nuestra parte no hay ningún problema en solicitar la votación separada de los puntos que deseen el Partido Socialista o cualquiera otro de los grupos.
Lo que plantea en última instancia la proposición y el punto central de la proposición es el progresivo cierre de los CIE. Desde nuestro punto de vista no se justifica legalmente el internamiento de las personas inmigrantes que están en
situación irregular. En todo caso, es una cuestión administrativa y las cuestiones administrativas no se pueden penar o contemplar con la restricción de la libertad de movimientos. Hay un hecho básico, y es que la mitad de las personas que entran
en los CIE en España no acaban siendo expulsadas del país, que sería la consecuencia lógica de entrar en un CIE, sino que son simplemente puestas en libertad cuando concluye el plazo de dos meses que marca la legislación, que es el máximo que puede
estar una persona en un CIE. Por tanto, tienen como mínimo una viabilidad del 50%. Al 50% de personas que han pasado dos meses en un CIE se las ha mantenido encerradas absolutamente para nada. Eso no es justificable, no tiene ninguna
justificación. Hablemos de un CIE de nueva construcción y más razonable, como pueda ser el de Valencia, que estuve visitando el otro día y que, a pesar de ser de nueva construcción, tiene una estructura y un funcionamiento absolutamente carcelario
o penitenciario y no es nada deseable para personas que en la mayoría de los casos no han cometido ningún delito, sino simplemente una irregularidad administrativa, como es estar en nuestro país sin papeles, y mucho menos en otros centros de
internamiento de extranjeros que se comentan en la proposición no de ley, de los que creo que el más señalado de todos es el centro de internamiento de Aluche, que está en unas condiciones lamentables. El de Málaga estaba en unas condiciones
también lamentables y ya ha sido cerrado. Por eso, una de nuestras primeras peticiones es la del cierre de este centro de internamiento de extranjeros.
En lugar de mantener una estructura de centros de internamiento de extranjeros, para el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural sería mucho más sencillo de gestionar y más barato para el gasto público recurrir a otras estructuras u otras
posibilidades para mantener localizables a personas que pueden o no acabar siendo expulsadas de nuestro país. Se plantea en la propia exposición de motivos la notificación periódica a las autoridades, el depósito de una garantía financiera o la
obligación de permanecer en un determinado domicilio. Quiero hacer hincapié en que más de la mitad de las personas a las cuales se les acaba privando durante dos meses de su libertad no son finalmente expulsadas de España. Ese es un dato que nos
debe hacer reflexionar sobre el futuro de estas instituciones. Por eso, queremos plantear alternativas a la localización de las personas que, dicho sea de paso, supondrían un ahorro para las administraciones públicas. El mantenimiento de los CIE
le cuesta un dinero a las administraciones públicas por todos los gastos que llevan aparejados, aparte de tener que dedicar una serie de efectivos policiales a su vigilancia, seguridad y gestión interna. Sabemos, porque hemos hablado con los
policías que trabajan en algunos de ellos, que no es algo que les guste para nada porque no forma parte de sus cometidos. Ellos no han preparado oposiciones para ser funcionarios de prisiones, sino que han preparado oposiciones para ser policías y
estar cumpliendo otras funciones y no las de guardia y custodia de personas que están retenidas para ser expulsadas de España.
Planteamos otras cuestiones también aquí, no solamente la máxima de que se vayan cerrando los CIE. Planteamos la cuestión del reglamento, de un reglamento que dé una serie de garantías a las personas que están allí retenidas. El ministro
del Interior en su primera comparecencia en esta Comisión mostró su voluntad de elaborar un reglamento para los CIE. Fue loable y, de hecho, se nos pasó un borrador, se hicieron por nuestra parte aportaciones a ese reglamento y también se hicieron
aportaciones por parte de otras entidades ocupadas en la gestión de la extranjería y que atienden a los extranjeros en los CIE. Pero no se ha vuelto a saber nada de este reglamento. Sería importante que mientras los CIE
sigan existiendo puedan tener un reglamento mejor que el que se presentó que recoja lo que se haya podido aportar -para ello hicimos las alegaciones correspondientes- y que garantice la situación, la convivencia y, sobre todo, los derechos
en el interior de estos centros.
Planteamos también en nuestra proposición no de ley el aumento necesario de las garantías judiciales al respecto y acabar con determinadas prácticas que han generado graves problemas relacionados con la salud a personas que estaban
internadas en los CIE. Incluso se ha producido alguna muerte debido a las gestiones que se llevan a cabo durante la noche, a la falta de espacios sanitarios dentro de los CIE y a sus propias condiciones. Todo ello nos lleva a mantener esta
proposición no de ley y a abrir su votación al resto de grupos para tratar de sumar el máximo consenso posible. En todo caso, quiero hacer constar que la posición política de La Izquierda Plural en última instancia es la de que los centros de
internamiento de extranjeros sean cerrados en nuestro país y sean sustituidos por otras estructuras o elementos que permitan no acabar privando de libertad -es un derecho superior- a personas que no han cometido ningún delito.
El señor PRESIDENTE: No existen tampoco enmiendas a esta iniciativa de La Izquierda Plural. En consecuencia, hacemos el turno en el orden normal.
Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Intervengo para afirmar que nos vamos a adherir a la iniciativa presentada por el señor Sixto de La Izquierda Plural. Es un debate recurrente que los CIE no pueden tener más analogías con centros penitenciarios
que con centros para personas que no han cometido ningún delito. Incluso sería dudoso que hubieran cometido alguna irregularidad administrativa, porque es un tema pendiente del debatir en la legislación de extranjería. Sin embargo, las condiciones
de algunos CIE -no quiero generalizar en esta materia- son condiciones que podrían hacer envidiar las de algunos centros penitenciarios recientemente construidos. Esto es una aberración, vulnera no solo nuestra propia legislación en materia de
extranjería sino el derecho internacional público en materia de los derechos que se deben reconocer a los extranjeros, un derecho de un espectro muy amplio que va desde la Carta Social Europea hasta la Convención Europea de Derechos Humanos o los
tratados internacionales de derechos humanos en relación con los extranjeros, y ese no es el tratamiento. El Estado español no se puede permitir el lujo de incumplir, en el sentido más estricto del término, una legislación tan perentoria, tan clara
y tan exigente en materia de tratamiento de los extranjeros como la que se está produciendo y el señor Sixto ha glosado perfectamente. Nuestra adhesión -si me permite la expresión el presidente- entusiasta a esta iniciativa presentada.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir la señora Díez?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muy brevemente, simplemente para anunciar también nuestro voto positivo a la iniciativa defendida por el señor Sixto en nombre de La Izquierda Plural.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir el Grupo de Convergència i Unió? (Pausa). Señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: En primer lugar, quiero excusar la ausencia del señor Picó, que es quien ha negociado todo este proceso, pero se ha tenido que ausentar por un problema de agenda.
En relación con la proposición no de ley que debatimos hoy, nosotros ya al inicio de la legislatura tuvimos una iniciativa en ese sentido. La verdad es que es un elemento que podríamos llamar surrealista dentro de la situación legal. Esta
situación tendría que estar regulada por un reglamento que se deriva de la Ley de Extranjería, reglamento que no hay manera de que se apruebe. Mientras tanto, está regulado por una orden ministerial de 1999 que en realidad desarrolla una Ley
orgánica, la 7/1985, que resulta que está derogada desde hace doce años. Dicho de otra manera, estos centros de los que estamos hablando están regulados por una orden -ni siquiera por un reglamento- de una ley derogada hace doce años. Esta es una
situación legalmente caótica y nos obliga, como mínimo, a hacer rápidamente, como ha dicho el señor Sixto, el reglamento correspondiente que coincidimos en que tiene que decir que estos centros tienen simplemente una finalidad excepcional,
preventiva, cautelar, que en todo caso ha de preservar los derechos y libertades reconocidos sin más limitación que la libertad ambulatoria provisionalmente.
Hay una preocupación social sobre este tema: hablamos del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado, de organizaciones de la sociedad civil que atienden a los extranjeros. Se han
denunciado condiciones de hacinamiento, de falta de servicios, de problemas de tutela judicial efectiva y todo eso hace que nuestro grupo parlamentario se incline favorablemente hacia la PNL presentada por el Grupo de La Izquierda Plural.
Ahora bien, detectamos en ella cierta contradicción: por un lado pide el elemento minimalista que es aprobar el reglamento -cosa en la que nosotros coincidimos plenamente-, pero luego está el elemento maximalista y en este caso ciertamente
contradictorio de que desaparezcan los centros. En todo caso, es un problema que se podrá solucionar si, como se ha dicho aquí, la votación se hace de forma separada en cada uno de sus puntos.
Me gustaría acabar con la exposición de motivos que tenía la orden ministerial de 1999. Es muy corta, presidente: La precaria situación que hasta ahora venían presentado los centros de internamiento de extranjeros, carentes de una
normativa que desarrollan las previsiones legales, ha sido puesta de manifiesto en distintas ocasiones por el Defensor del Pueblo en informes que han subrayado la necesidad acuciante de regular aspectos tan importantes como la creación de un
estatuto jurídico de los extranjeros sometidos a dicha medida cautelar, la delimitación de competencias, el adecuado control judicial sobre los ingresos autorizados y la articulación de mecanismos que permitan resolver las peticiones y quejas de
tales extranjeros. Esto, señores, es un texto del 22 de febrero de 1999. Tendría una aplicación literalmente idéntica en este momento. Por tanto, creemos que es una materia en la que es importante intervenir rápidamente.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: De todas las políticas relacionadas con las personas inmigrantes en situación irregular, la que nos crea más dudas a todos los grupos es precisamente la que se refiere a los centros de internamiento. En la entrada
de personas inmigrantes a estos centros se unen demasiadas necesidades que en ocasiones son incompatibles. Por ejemplo, tenemos diferentes tipologías de personas: Personas pendientes de devolución a sus países de origen, personas ya con orden de
expulsión en algunos casos, personas con irregularidad sobrevenida. Ninguno ha cometido en estos casos de falta o delito, pero también coexisten con otras que sí las tienen. Cumplir con los procesos de devolución, de expulsión a sus respectivos
países y de control a veces no es posible hacerlo. En lo que se refiere a la estancia, recordaremos todos que en 2009, en la nueva Ley de Extranjería ampliamos el periodo de 40 a 60 precisamente para hacer posible el retorno a aquellos países con
los que no había convenio, sobre todo los países asiáticos, para poder hacer la devolución o el retorno de aquellas personas que estaban en una situación irregular,y de aquí la ampliación. Pero me permito recordarles que en aquella época la
estancia media -época de un año y pico, y creo que ahora no va a ser muy diferente- en los centros de internamiento estaba alrededor de los quince o veinte días. Es decir, que existe una responsabilidad por parte de todos de que estos tiempos han
de ser los más cortos posibles para cumplir un fin, que no es otro que el retorno o la expulsión.
Pero esto no siempre va así. Estoy de acuerdo con el compañero diputado que ha planteado la proposición. A menudo nos encontramos con unos centros que arrastran desde hace tiempo una situación que no cumple las condiciones de habitabilidad
adecuadas, donde no existe una fluidez para conectar con el exterior, teniendo en cuenta que no son personas que hayan cometido ninguna falta salvo su situación de irregularidad, no hay otro elemento. Ya en la Ley de 2009 incorporamos una serie de
medidas que creo que fueron aceptadas por todos los grupos, pero que están pendientes del reglamento. Y en este caso, deberíamos ser capaces y así lo pido, en este caso, al Gobierno, acelerarlo cuanto antes porque tenemos todos una asignatura
pendiente, que son las condiciones de habitabilidad, la sustitución de algunos CIE, las visitas de las organizaciones no gubernamentales, avalar al máximo las garantías jurídicas que mayoritariamente se elaboran, y en aquellos casos donde ya se sabe
que será difícil el retorno o la devolución, simplificar los procesos. Es decir, que el reglamento -asignatura que tenemos pendiente- nos ayudaría a poder avanzar en todo este proceso, tanto de contenidos como de gestión, como de contacto con el
exterior. Por ejemplo, ¿Qué impide que una persona que está en situación irregular, pendiente de su expulsión, pueda salir a la calle acompañado de un tutor como las organizaciones gubernamentales? Es una reflexión que se me ocurre en este
momento. Por tanto, el reglamento debería permitir humanizar y garantizar al máximo la situación de los CIE, por ejemplo, el de Aluche. En este punto nos vamos a abstener porque la situación del CIE de Aluche no es de ahora, esto ha ido
acumulándose con el tiempo. Lo cierto es que es un edificio que se debe sustituir, pero esto no lo podemos hacer de hoy
para mañana, pero sí que hemos de ir pensando en planes concretos para que esto se acelere al máximo posible, con una mejora de gestión, mientras se van supliendo con otros equipamientos que sean realmente dignos y que aseguren este proceso.
Finalmente, una reflexión y acabo, presidente. Fíjense que creo que deberíamos ser capaces de dar un paso más. Estamos en el capítulo -y aquí coincido con el compañero-, de personas que no tenemos posibilidades de retornar, que son los
llamados inexpulsables. Lo que creo que es peor a todas luces es que estas personas puedan salir a la calle en una situación de irregularidad que no lleva a ninguna parte, que les lleva al anonimato, y a una situación de irregularidad que no se
sabe si algún día se podrá solucionar; y esto genera subculturas, problemas de integración y cohesión social sobre las que me parece que deberíamos poder reflexionar. En contra de esto, quizá debemos agudizar el pensamiento con algún permiso de
residencia provisional hasta poder formalizar la devolución o el retorno. Pero en todo caso evitar el aislamiento, el anonimato, porque esto es mucho más fácil de manipular y, sobre todo, es un elemento que amenaza la convivencia. Si fuéramos
capaces de trabajar entre todos está claro que mi grupo pondríá ahí todo el esfuerzo. Por descontado no podemos dejar de poner de relieve las insuficiencias y el malestar que causa la situación de algunos CIE que nos lleva a esta contradicción a la
que he aludido al principio.
Por lo tanto, vamos a apoyar toda la proposición excepto el punto de Aluche donde nos vamos a abstener, entendiendo que esto es un tema prácticamente de todos.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de votación, entiendo que se ha separado exclusivamente el punto 3, siendo agrupables el resto de puntos, para facilitar el trabajo, obviamente, de los servicios técnicos de la Cámara.
Por parte del Grupo Popular, señor Márquez de la Rubia.
El señor MÁRQUEZ DE LA RUBIA: A tenor de las intervenciones de los portavoces que me han precedido -y creo observar cierta coincidencia en algunos planteamientos-, me gustaría hacer algunas reflexiones sobre todas ellas, pero centrándome en
la proposición no de ley que tenemos en consideración en este momento y a su proponente inicial, el grupo de La Izquierda Plural.
Su propio portavoz ha comenzado diciendo que esta oposición no es nueva sino que realmente era recurrente y que ya habíamos debatido ampliamente en diversas ocasiones, además, en esta misma Comisión sobre el asunto que nos propone el grupo
de La Izquierda Plural. Es una reiteración de un propósito de La Izquierda Plural manifestado en múltiples ocasiones y que, efectivamente también lo reconoce, el objetivo final es el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Ustedes
no comparten la necesidad de este instrumento administrativo y presentan una proposición no de ley en la que -y eso sí que es mi punto de vista- para llegar a solicitar su cierre desgranan otra serie de peticiones que, cuando menos, tienen bases
inexactas si no ampliamente superadas por los hechos, señor Sixto, permítame que se lo diga.
Recordemos y precisemos de lo que estamos hablando aquí en este momento. Estamos hablando de los CIES, instrumentos administrativos de la política de inmigración y extranjería ante la presencia de personas, extranjeros, que han infringido
normas -sí, de carácter administrativo, pero normas- y a las que les ha sido dictadas judicialmente unas medidas de internamiento, una privación de libertad deambulatoria de carácter no penitenciario y sujeta a una serie de condiciones y también de
derechos y garantías regulados en la ley y garantizados siempre y en todo momento por el control judicial. Además de ello -y creo que todos los portavoces lo han obviado en sus intervenciones iniciales-, también es importante tener en cuenta la
modificación que del Código Penal se hizo por la Ley 5/2010, mediante la cual se ponía a disposición de los jueces correspondientes esta medida, el ingreso de un centro de internamiento de extranjeros para asegurar en determinados casos la salida
del territorio español a aquellos extranjeros a los que esos jueces hubieran sustituido penas de prisión o parte de las mismas por las medidas de expulsión. No obviemos, por favor, aquello que no nos interesa de la argumentación. Hagamos una
argumentación completa y plena, al objeto de que el debate pueda ser también completo y pleno. Esto que he dicho es así, está en las leyes ambos objetivos de este instrumento -que lo es- administrativo de la política de inmigración y extranjería.
Como les digo, ustedes, la Izquierda Plural, se pronuncian claramente en contra de ese instrumento y, por tanto, abogan por el cierre de los centros de internamiento, legítimamente, faltaría más. Se puede abogar por la supresión de estas
medidas, se puede abogar por la eliminación de los centros, se puede abogar por convertir a España en la excepción en el conjunto de la Unión Europea, nuestros socios, ya
que en todos los países de nuestro entorno existen instrumentos similares, si no iguales, que tienden a garantizar unas medidas concretas judiciales de expulsión de los extranjeros que han ingresado de forma alegal en los territorios
nacionales correspondientes. Se puede dejar al Estado desprovisto de este tipo de instrumentos y proveerle de otros -de los cuales nunca se habla con la debida claridad o concreción como un asunto de este tipo requiere- para que otra serie de
políticas, inconcretas como digo, se pusieran en marcha. Todo eso es legítimo, evidentemente, faltaría más. Lo que no es de recibo y dice muy poco de quien aboga por ese objetivo, señores de La Izquierda Plural, es venir a esta Comisión con una
iniciativa que, desde mi punto de vista, su correspondiente exposición de motivos está plagada de lugares comunes, de inexactitudes, de medias verdades, de referencias sesgadas e inexactas, de datos absolutamente obsoletos o de citas de
organizaciones -que opino que tienen muy dudoso rigor documental o argumental- que se elevan a la categoría de axiomas. Desde luego esto dice muy poco del rigor y de la seriedad de esta iniciativa. La PNL es antigua, está caduca y, sobre todo, no
incorpora los avances que en esta materia se han logrado en el último año. Quizás es una iniciativa que sirve para justificar el apoyo que su grupo político da a una serie de organizaciones y asociaciones que luchan contra los centros de
internamiento; esto también me parece legítimo. Todo esto que he dicho es fácilmente demostrable en todos y cada uno de los párrafos que componen su exposición de motivos.
Veo que el tiempo que tengo para mi intervención se acaba y no quería terminar sin contemplar su parte dispositiva. Hay una serie de puntos todos ellos tendentes al cierre de los centros de internamiento de inmigrantes, pero la mayoría de
las cosas que piden están ya superadas por los acontecimientos. La tramitación del reglamento está en marcha, ustedes lo saben, y se ha prolongado más en el tiempo precisamente por esa tramitación novedosa, original y muy participativa que el
ministerio ha querido que se diera en este caso, sometiéndolo al debate previo y sin procedimiento alguno de los grupos políticos que componen esta Comisión de Interior y, además, de las asociaciones que trabajan en esta materia para intentar
conseguir un texto lo más consensuado posible y que diera pie a la incorporación de todas las sensibilidades que en un tema tan delicado como este se mantienen. Quizás me aventure demasiado al decirles que el reglamento está en una fase muy final y
que, seguramente, lo veremos aprobado como real decreto -tal y como corresponde- en las próximas semanas. El resto de puntos que componen su parte dispositiva, señor Sixto, están, como le digo, totalmente superados por la situación, como la tutela
judicial de los internos y las garantías sociales, sanitarias y de otro tipo que se han introducido en la gestión y funcionamiento interno de los mismos.
Una proposición no de ley debe ser algo más que un mitin, algo más que una pancarta, algo más que un eslogan más o menos acertado. Debe ser algo más que un corta y pega, que mucho de ello se lleva esta PNL en su exposición de motivos. Lo
digo así porque creo que deben tener rigor, seriedad y acreditar con certeza lo que se plantea. Si no es así, se pierde la credibilidad y, además, se pierde la capacidad de debate si se juega con la verdad y se manipula la realidad. Por toda esta
serie de razones el Grupo Parlamentario Popular no puede apoyar la iniciativa que presenta La Izquierda Plural.
- RELATIVA A LA READMISIÓN DE LOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL PERSEGUIDOS Y EXPULSADOS DEL SERVICIO POR SOLICITAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN AMPARADO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN
PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000410).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de la proposición no de ley correspondiente al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio
por solicitar el derecho de asociación. No existen enmiendas, con lo cual, tras la primera intervención de la señora Díez con un tiempo máximo de diez minutos, fijarían su posición por un tiempo de tres minutos el resto de grupos.
Señora Díez, cuando guste.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: El 16 de octubre del año 2009 en la Comisión de Interior se aprobó por unanimidad una proposición no de ley que llevaba este mismo título o uno muy similar, pero que, en todo caso, abordaba esta misma cuestión. Se
aprobó, como digo, por unanimidad con un texto consensuado como consecuencia de una enmienda que presentó el Grupo Popular que decía lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar de manera inmediata e individualizada los
casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales anulando a todos sus efectos todas las sanciones injustas.
Han pasado cuatro años prácticamente y esta iniciativa se ha quedado en eso, en un mandato, en una solicitud, en un acuerdo parlamentario, insisto, unánime -y tiene eso mucha importancia- dirigido al Gobierno, al Gobierno de la legislatura
pasada y al Gobierno que actualmente tiene esta responsabilidad. Un mandato que no se ha cumplido en ninguno de sus términos. La verdad es que yo lamento mucho tener que volver a plantear aquí esta cuestión que me parece de justicia estricta. De
justicia para estas personas y de justicia en definitiva también para todos nosotros porque hemos hecho un acuerdo, hemos llegado a un consenso entre nosotros y no solamente no ha habido respuesta sino que, para parafrasear la propia palabra, se nos
ha dado la callada por respuesta. Yo quiero recordar muy brevemente -porque es un asunto que conocernos algunos de los que estamos aquí porque lo discutimos en aquella fecha del año 2009 que les he recordado; otros porque lo conocen aunque no
estuvieran presentes en aquel debate; no creo que necesite insistir mucho sobre la cuestión de la que estamos hablando pero por recuperar un poco la memoria histórica, siquiera histórica con minúsculas como decíamos también entonces- que estarnos
reivindicando que se haga justicia con unas personas -no que se cumpla la ley, que se haga justicia que es mucho más- con unas personas que se movilizaron a partir de la aprobación de la Constitución en 1978. guardias civiles, conciudadanos
nuestros, ciudadanos españoles que son guardias civiles porque son ciudadanos españoles, que se movilizaron, insisto, en defensa de los derechos civiles propios y de todos sus compañeros y si me apuran más, en la defensa y en la extensión de esos
derechos civiles al conjunto de la sociedad española para hacer la democracia, una democracia de más calidad. (El señor vicepresidente, Hernando Vera, ocupa la Presidencia).
Aquella movilización hoy a lo mejor no nos resulta tan complicada o tan llamativa; pero se hizo, señorías, ustedes lo saben bien, en situaciones, en momentos difíciles: acababa de alumbrar la democracia en España, era complicado para
cualquiera movilizarse pero mucho más para hombres y mujeres de la Guardia Civil, para personas uniformadas que luchaban, insisto, para que los derechos constitucionales civiles que tienen como ciudadanos se hicieran efectivos también en ellos.
Tuvieron muchas luchas, muchas dificultades, muchos malos ratos, mucha falta de reconocimiento, mucha persecución, si quieren con minúsculas, pero persecución. Pero no cejaron en esa lucha. Después de muchos avatares, por destacar algunos de los
momentos positivos, esa lucha recibió en noviembre del año 2006 el reconocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que condenó al Gobierno español por la aplicación del Real-decreto de Fuerzas Armadas por ser ilegal.
El paso de los años ha demostrado después que las reivindicaciones realizadas en su día por los movimientos sindicales clandestinos y posteriormente por las asociaciones de guardias civiles, eran justas y que el poder político tras varios
años las ha acometido por considerarlas necesarias para la modernización y puesta al día de dicho colectivo. Modernización y puesta al día de dicho colectivo para cumplir con su función de protección a la sociedad; pero también para cumplir con su
derecho de reconocimiento de sus derechos civiles.
En la pasada legislatura se aprobó como les he dicho esta resolución. Yo creo que ha pasado demasiado tiempo para que no hagamos un nuevo intento para que el Gobierno cumpla con el mandato parlamentario y haga justicia con estas personas.
Creo que en estos momentos de cambios tan importantes y de ajuste del colectivo de la Guardia Civil a la realidad constitucional, tantos años negada, es, en fin, procedente la rehabilitación de estos guardias civiles injustamente represaliados por
solicitar algo tan básico y hacerlo de forma pacífica, el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Además reclamamos su regreso con todos los derechos a la carrera de la que fueron injustamente separados: es el caso del sargento primero
don José Morata Gargallo, el cabo primero don Manuel Rosa Recuerda, el guardia segundo don Manuel Linde Falero y el guardia segundo don José Carlos Piñeiro González.
Para terminar, señorías, conviene recordar que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que antes he citado, aunque no son directamente ejecutivas, imponen a los Estados la obligación de acatar su doctrina, por los medios que
consideren oportunos, pero en todo caso la obligación de acatar su doctrina. Por eso, señorías, les vuelvo a plantear en este momento que retomemos aquel acuerdo unánime de esta Comisión, de esta Cámara, y que de una forma sencilla instemos al
Gobierno a cumplir con sus compromisos para hacer justicia a estos hombres y mujeres de la Guardia Civil, que no solo han defendido legítimamente sus derechos civiles y constitucionales, sino que han dado la vida muchos de ellos por defender los
derechos y libertades de todos los españoles.
El señor VICEPRESIDENTE (Hernando Vera): No hay enmiendas a esta proposición no de ley, por tanto tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios en el turno de fijación de posición. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV,
tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Vamos a votar que sí a esta iniciativa, por el fumus, por la apariencia de que hay relación de causalidad, que no se puede probar, pero entre determinadas reivindicaciones que se han generado en el seno de la
Guardia Civil, a efectos de configurar una ley que regula siquiera parcialmente los derechos y deberes de los miembros de este cuerpo y también en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía, por las mismas razones, luchar por los derechos sindicales
de la policía y sobre todo de la Guardia Civil. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Desde 1986 que estoy presente en este Congreso de los diputados -formé parte la Mesa de edad con el señor Zapatero, como sabe el señor Aparicio; el señor
Zapatero hizo una gran carrera política y yo me quedé aquí donde estaba-todavía no he sido capaz de que nadie me explique cómo se puede denominar Guardia Civil a un cuerpo de naturaleza militar. Como ya he renunciado a que alguien me dé una
explicación lógica sobre esta circunstancia tan peculiar y tan paradójica en lo semántico, en lo orgánico y en lo funcional, quiero decirles que quienes han luchado por el reconocimiento parcial de sus derechos y deberes desde la perspectiva de la
cuasi sindicalización o posibilidades de sindicalización a efectos de negociar sus condiciones de trabajo, tanto en la Guardia Civil como en el Cuerpo Nacional de Policía, los que incipientemente iniciaron estas reivindicaciones y estas actuaciones
han sido paradójicamente objeto de expedientes sancionadores, a los que se ha referido con prolijidad la señora Díez.
Por esta razón y porque nos parece que es manifiestamente desproporcionado e injusto castigar, sancionar o privar de la condición, en ocasiones, de número de estos cuerpos a quienes han luchado los derechos laborales de ellos y de sus
compañeros, el reconocimiento de derechos y deberes que cualquier cuerpo policial civil de los existentes en nuestro contexto, en nuestro entorno, nos parece pertinente que se apruebe y que se debata en sentido positivo esta proposición.
El señor PRESIDENTE: No veo al portavoz del Grupo de La Izquierda Plural. ¿Desea intervenir el grupo de Convergència i Unió? Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Deberíamos evitar en esta Cámara ser reiterativos y volver a aprobar aquello que se ha propuesto con anterioridad, sea en esta o en anteriores legislaturas. Compartimos lo que hoy nos trae Unión Progreso y
Democracia, pero ya se había votado con anterioridad, y más que volverlo a votar quizá lo más adecuado sería exigir si se ha cumplido o qué grado de cumplimiento ha tenido ya aquello que en su día se había votado. Por tanto, en esa línea vamos a
apoyar el texto que finalmente se somete a votación, que irá en esa línea del necesario cumplimiento de aquello que esta Cámara había aprobado ya en legislaturas anteriores sobre idéntico objeto. Por tanto, busquemos esa fórmula de mejor
colaboración en el cumplimiento de aquello que esta Cámara aprueba y, por tanto, exijamos al Gobierno que informe sobre el grado de cumplimiento.
Aprovechó, señor presidente, para hacer recordatorio. No hace tantos meses, concretamente estamos hablando de la pasada legislatura, en el Pleno del Congreso se aprobó una proposición no de ley del Grupo Popular, antes en la oposición y
ahora en el gobierno, que viene al caso de lo que hoy estamos hablando, de cómo se cumplen o no las proposiciones no de ley. Hoy llevamos ya desde de las cuatro y media de la tarde discutiendo cada una de nuestras proposiciones no de ley. ¿Y
después qué? Una vez que se aprueban o no, qué pasa con ellas.
Pues bien, a raíz de una proposición no de ley del Grupo Popular aprobada en el Pleno del Congreso, el día 18 mayo de 2010, resulta que el Congreso de los Diputados instaba entonces -y sería bueno reinstarlo ahora- al Gobierno a comparecer
en la Comisión Constitucional al inicio de cada periodo de sesiones, previa remisión del correspondiente informe para informar sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas que hayan contado con el apoyo de la Cámara en el periodo de sesiones
anterior al de su presentación. En dicho informe -decía la propuesta aprobada e impulsada por el Grupo Popular entonces- se dará cuenta de forma singularizada del cumplimiento de cada iniciativa aprobada en Pleno y en comisiones del Congreso y será
publicado y accesible a todos los ciudadanos a través de la página web del Congreso. Esa excelente iniciativa de entonces, hoy tiene actualidad. Si hablamos de cosas que ya se habían aprobado antes, bueno sería que en esta Cámara tuviéramos
puntualmente en cada periodo de sesiones un informe del Gobierno en el que se nos informara de qué se está haciendo para dar cumplimiento a aquellas resoluciones, proposiciones no de ley o mociones que se hayan podido aprobar
en Pleno o en Comisión en las Cortes Generales en el periodo de sesiones anterior. Sería dar algún sentido más positivo a sesiones como las que hoy estamos teniendo en esta Comisión de Interior del Congreso.
Finalmente, quiero manifestar que apoyaremos en sus términos la justificación que la señora Díez argumentaba al defender su proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Por parte de nuestro grupo vamos a reiterar aquello que hicimos en la Comisión de 30 septiembre de 2009, a la que se han referido anteriores intervinientes. Vamos a votar a favor del texto que se acabe proponiendo,
esperando que sea fruto de un acuerdo entre todos los grupos, o al menos de una mayoría de ellos porque creemos que es cierto que habrían de hacerse algunas precisiones sobre la sentencia, que también han citado los anteriores intervinientes, en el
sentido de que esa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se estaba refiriendo no a aquello por lo que se propone esta iniciativa que es la posibilidad de que puedan ser reincorporados a la Guarda Civil, sino que se estaba refiriendo a
la existencia de cobertura legal con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos de las sanciones que se pusieron en relación con los arrestos. Quizás sea verdad que había una aplicación excesivamente rigorista desde el punto de vista en esa
reserva que hizo España cuando ratificó ese acuerdo porque lo que viene a decir la sentencia es que no cabe la posibilidad de que esa reserva que se hizo sea modificada por una ley que luego posteriormente no tiene esa cobertura. Por tanto,
diciendo que no es de aplicación en los términos en recoge la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que aquí debería traer la causa, si es verdad que existen razones de justicia y en este orden de cosas tendríamos que decir que la
dificultad proviene -y así también provenía anteriormente en otras etapas de Gobierno- de cómo se puede dar virtualidad a este mandato que en su momento hizo la Cámara y que hoy volverá hacer -parece, por lo que se ha anticipado a la Cámara- con
relación a este exhorto que se propone.
Desde luego revisar de manera inmediata e individualizada los casos de los guardias civiles expedientados tiene alguna que otra dificultad que no voy enumerar de forma prolija en aras a intentar buscar brevedad, pero no es tan fácil, no cabe
aquí ese derecho de gracia en relación con cuestiones que no tienen un ámbito penal sino que provienen de un ámbito administrativo. Tampoco existe la posibilidad que se prevé en la ley de régimen de personal del cuerpo de la rehabilitación, que sí
existiría para delitos, que no sería el caso ni tampoco cabe porque además el Tribunal Supremo se pronunció cuando se intentó una revisión de oficio. El Tribunal Supremo entendió que no se daban esas causas de nulidad a las que se refiere el actual
artículo 62 de la Ley 30/1992. Por tanto hay esa dificultad e incluso algunas de las conductas técnicamente que llevaron a aquellas sanciones podrían estar actualmente también en algunas del régimen disciplinario vigente. Por tanto, entendemos que
hay dificultad objetiva.
Dicho esto, nosotros queremos que cabe aplicar aquí un principio importante y es qué es lo que se pretendía. Lo que se pretendía es lo que han dicho los anteriores intervinientes y por eso nosotros entendemos que esa apariencia de ese buen
derecho nos tiene que llevar a que se busque una solución, y esa solución me parece bien en relación con los términos que aquí se han dado. Y déjeme que concluya diciendo que si nos parecía bien entonces ahora nos parece mejor porque, como ya dijo
el portavoz que llevó la comparecencia del director general de la Guardia Civil en su momento, no nos gusta la forma en que actualmente se están desarrollando estás cuestiones. A nosotros nos parece fundamental que se siga salvaguardando ese
derecho que tiene y esa existencia de asociaciones que tienen que ser también reivindicativas y que no se las puede cercenar los derechos por la vía de eliminar la capacidad de crítica. Por tanto por aquello y también por esto nosotros vamos a
votar a favor de este intento que esperamos que tenga mejor suerte que la que tuvo el anterior.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Voy a ser muy esquemático porque estoy convencido de que eso lo agradecerán todos los grupos parlamentarios.
Evidentemente esta proposición no de ley que se somete a la consideración de la Cámara en este momento es prácticamente idéntico a la que la Comisión de Interior en fecha 20 de septiembre de 2009 aprobó. Un texto que fue fruto de un
consenso que la señora Rosa Díez acaba de alabar y que todos
alabamos y suscribimos en torno a una cuestión especialmente delicada y sustancial. Quiero referirme a algunas de las manifestaciones que entonces se hicieron porque me parecen muy oportunas, a lo que en su momento en esa Comisión la señora
Álvarez de Toledo señaló como el doble compromiso del Grupo Parlamentario Popular a la hora de aproximarse a estas cuestiones. Dijo que nosotros abordábamos el tratamiento del asunto objeto del debate desde un doble compromiso, primero el que
tenemos con la ley, con el Estado de derecho y con la legalidad vigente; creemos que la ley está para ser cumplida nos guste o no y eso es aplicable a todas las personas en todos los momentos, por más justas o sensatas que nos parezcan sus
reivindicaciones, por más fuerte que sea nuestra convicción de que el tiempo finalmente les puede dar la razón y por más anacrónica, imperfecta o incluso a veces injusta que nos pueda parecer tal o cual norma o ley. Y dijo, en segundo lugar, que el
otro compromiso inquebrantable de este grupo lo era con las libertades y los derechos constitucionales de todos los españoles, incluidos por supuesto los miembros de la Guardia Civil, a los que debemos un especial respeto, admiración y
agradecimiento precisamente por su abnegada contribución a la defensa de esas libertades y valores y derechos fundamentales.
La segunda intervención que quiero acentuar la hizo el señor Bar Cendón, en aquel debate portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque recordó -desde mi punto de vista con un notable acierto- que hubo en su momento un puñado de
militares, incluidos entre guardias civiles que, con clara con vocación democrática y en el contexto más difícil, se jugaron y muchos perdieron su libertad y sus puestos de trabajo. Con muchos de ellos nuestro sistema actual tiene una deuda tal vez
no suficientemente saldada, pero no es ese exactamente el caso del que hablamos hoy aquí, decía el señor Bar Cendón. Entre otras cosas porque no todos los caminos para conseguir unas, por justas que sean, son igualmente legítimos y justificables y,
por otra parte, porque con los principios de legalidad y de seguridad jurídica en la mano no todos los casos tienen las mismas posibilidades o derechos de reparación ni de restablecimiento pleno de la situación anterior. Y este recordatorio del
señor Bar Cendón me sustancialmente importante a la hora de afrontar esta cuestión.
Sin lugar a duda, este grupo parlamentario mantiene una misma línea interpretativa de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que acaba de realizar el señor Muñoz y, por tanto, en aras de la brevedad no voy a insistir en ello.
Sí quiero decir que la aportación que en este momento hace la señora Rosa Díez es importante en la medida en que nos va a permitir, evitando ser reiterativos -como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, señor Jané-,
poder dar una muestra más de compromiso con el asunto de fondo que estamos debatiendo pero probablemente desde la óptica de la mejor metodología del trabajo parlamentario, teniendo en cuenta que el sometimiento a esos dos principios -el de legalidad
y el de seguridad jurídica- es el que condiciona de suyo la resolución final que se le pueda dar a este asunto.
Por eso nosotros hoy, con el doble objetivo de perseverar y profundizar en el consenso que la iniciativa que la señora Díez en su momento logró generar con la aportación de todos y con el objetivo de profundizar en la lógica del trabajo del
parlamentario, proponemos un texto que vendría a ser -en el caso de ser aceptado por la señora Díez y por los demás grupos parlamentarios- una enmienda in voce de sustitución al texto que en este momento estamos debatiendo por creer que,
fundamentalmente desde la óptica de la coherencia y de la lógica del trabajo parlamentario, ahora lo que le corresponde es saber y pedir información al Gobierno sobre el grado de ejecución de una resolución que en su momento esta Comisión ya adoptó.
Creemos que eso al final puede ser mucho más expresivo del compromiso de todos los grupos con este asunto, más que una mera reiteración que probablemente no tendría sino el loable, el muy loable alcance, pero de un gesto sin mayor trascendencia.
Por eso el texto de esa enmienda in voce de sustitución diría lo siguiente: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que informe a esta Cámara de la ejecución dada a la proposición no de ley que aprobó la Comisión de Interior, de 30 de
septiembre de 2009, sobre revisión de los casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales.
En definitiva, señor presidente, el compromiso de todos con el cumplimiento de las leyes, con el principio de legalidad, con el principio de seguridad jurídica, el compromiso de todos con los derechos y las libertades fundamentales de los
ciudadanos, incluidos, como no puede ser de otra forma, los miembros de la Guardia Civil. La voluntad de profundizar en el consenso, en ese consenso importante en este tipo de cuestiones, como bien señalaba la señora Díez y todos los demás
portavoces de los distintos grupos parlamentarios, y sobre todo la buena metodología, la lógica del trabajo parlamentario nos invitan a proponerle a la señora Díez, como autora de la iniciativa, y al conjunto de los grupos de la Cámara este texto de
sustitución que entendemos puede ser útil para expresar esos principios que a todos nos ocupan.
El señor PRESIDENTE: Es obligado que pregunte a la señora Díez si acepta la enmienda ofrecida y cuyo texto ha sido igualmente distribuido al resto de portavoces para que puedan manifestar su aceptación o no a esta enmienda in voce del señor
Gil Lázaro. Señora Díez, ¿acepta la enmienda?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Acepta la enmienda y espero que nadie se oponga a su tramitación.
El señor PRESIDENTE: En Comisión no existe la prerrogativa de la que sí dispone el Pleno de que cualquier grupo podría obstruir o detener la tramitación. Normalmente la práctica en Comisión es que no se requiera ese plácet general o esa
unanimidad para la tramitación.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente, eso me tranquiliza más todavía.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
- RELATIVA A LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE ARMAS EN LO ATINENTE AL USO DE ARMAS BLANCAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000010).
El señor PRESIDENTE: Restan dos proposiciones no de ley. Corresponde el debate para su posterior votación a la relativa a la reforma del Reglamento de Armas en lo atinente al uso de armas blancas, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Vasco, a la cual se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, y para cuya presentación tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Defenderá la iniciativa con brevedad, dada la hora y la saturación intelectual de todos los que estamos presentes en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradeceremos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Estamos otra vez con un tema que nosotros presentamos con cierta recurrencia, con la problemática con relación a la política criminal del Estado del uso tan generalizado de las llamadas armas blancas y el
incumplimiento casi sistemático, o amplio, y la permisividad con que se interpreta el reglamento que establece cuáles son las permitidas y cuáles son las prohibidas. El reglamento que regula esta materia, señor presidente, es el Reglamento
137/1993, con una corrección por una orden del año 2012, irrelevante la corrección, pero que establece que las armas blancas prohibidas exclusivamente serían las siguientes: la tenencia y uso de bastones-estoque, los puñales y las navajas
automáticas, y se permiten expresamente las armas blancas de una hoja inferior a 11 centímetros. 11 centímetros son exactamente la mitad de este folio, señor presidente. Todas las armas cuya hoja tenga una dimensión inferior a 11 centímetros, la
mitad de este folio, están permitidas por el Reglamento de Armas.
Dentro de las patologías y fenomenologías criminales con que se tiene que enfrentar la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías autonómicas, la incidencia del uso de armas blancas en estos
fenómenos criminales es tan abundante como que alcanzan prácticamente el 60% de los delitos cometidos; repito, en distintas patologías, cualquiera de las que se analicen. Esto está provocando, en primer lugar, una sensación subjetiva y objetiva de
inseguridad ciudadana. Yo sé que el concepto de inseguridad ciudadana es un concepto difícilmente mensurable, para objetivar la inseguridad ciudadana hay que recurrir a las memorias de la Fiscalía General del Estado, a las memorias del Ministerio
del Interior -por cierto, siempre discrepantes entre ellas, cosa que habría que deberíamos intentar corregir-, pero existe una sensación que además está objetivizada en ambas memorias, tanto en la de la Fiscalía General del Estado como en la del
Ministerio del Interior, con relación a un incremento importante, casi del 20%, de los delitos de robo con arma blanca. Bueno, el delito de robo, el injusto penal de robo, necesita el uso de la violencia o la intimidación para que el delito se
pueda cometer; el tipo penal está conceptuado de esta manera. ¿Cómo se comete normalmente la violencia en los delitos de robo, en más de un 60% de los delitos de robo, excluyendo el uso de la fuerza, los delitos en los que se usa la fuerza, no la
intimidación, y también el uso de la fuerza y la intimidación? Mediante el uso de armas blancas, y esto, la comisión de estos delitos, está provocando un incremento de la población penitenciaria, un incremento del 33,4% año tras año y 1.500
personas que ingresan en los centros penitenciarios -cada vez más menguantes en el Estado español porque se están amortizando y cerrando muchas prisiones-, 1.500 presos nuevos por comisión de delitos con arma blanca cada año, lo cual nos plantea un
doble problema. El fenómeno criminal o la patología criminal se incrementa, los ingresos o las condenas se
incrementan en la misma proporción y, sin embargo, las posibilidades de ingresar en centros penitenciarios son tan exiguas, tan reducidas, que lo normal es que las personas que cometan delitos de robo usando la fuerza o la intimidación no
ingresen en prisión nunca o ingresen en prisión de forma muy tardía, porque está comprobado que desde el momento de la detención y de las primeras diligencias hasta el momento de la celebración del juicio oral pueden pasar hasta tres años cuando se
cometen delitos con armas blancas.
Esta patología tiene diferentes dimensiones o afecta a determinados colectivos sociales que están perfectamente identificados sobre todo o particularmente en la memoria del fiscal general del Estado. Nos encontramos con un problema de
violencia juvenil en donde prolifera con abundancia el uso de armas blancas a través de las tribus urbanas, de los altercados en el seno de las actividades denominadas de botellón -muchos tolerados y muchos autorizados por las autoridades locales
normalmente-, en las macrofiestas de fin de semana y en otros ámbitos, sobre todo aquel atinente a la violencia embrionaria con estos instrumentos en centros escolares, lo cual es un fenómeno nuevo pero ya preocupante, ya que en los centros
escolares se empiezan a decomisar armas blancas por parte de alumnos de edades muy tempranas: once, doce, trece años, etcétera. En el ámbito de la violencia de género la incidencia del uso de armas blancas contra las mujeres -en la generalidad de
los casos, la violencia de género siempre se comete contra las mujeres, pero también está la llamada violencia intrafamiliar- el uso de armas blancas llega a un porcentaje del 56% para la comisión de estos delitos particularmente aberrantes y sobre
los que hemos podido glosar en algunas de las iniciativas anteriormente debatidas. En los delitos de lesiones, amenazas o violencia en acontecimientos deportivos, en actos lúdicos o festivos, lo que tipifica en definitiva en actos -los que prevé el
artículo 154 del Código Penal- en donde hay presencia masiva de personas, los delitos que se cometen con arma blanca, que pueden estar incardinados en otros tipos penales o en tipos específicos vinculados precisamente a la aglomeración, al tumulto,
llegan a un porcentaje de incidencia del 56%.
El uso de armas blancas está incrementándose prácticamente en todos los ámbitos de las actividades delictivas, y desde esa perspectiva el pedimento o la parte dispositiva de nuestra disposición hace referencia a las necesidades que la
legislación -manifiestamente insuficiente, como hemos comentado- requiere en estos momentos. Primero, a redefinir la clasificación de armas reglamentarias, de las llamadas de quinta categoría, que son las armas blancas previstas en el Reglamento de
armas, en el Real Decreto 137/1993. En segundo lugar, la tenencia de armas blancas prohibidas que deben ser consideradas en la Ley de Seguridad Ciudadana como una infracción siempre muy grave, por contravenir uno de los aspectos punitivos que
paradójicamente la Ley de Seguridad Ciudadana no considera como muy graves. En tercer lugar, la prohibición del uso y tenencia de armas blancas a las personas con antecedentes penales -que es una cuestión que no se considera penalmente relevante,
valga la redundancia, por la Comisión de Delitos Violentos, tienen que ser antecedentes específicos-, a los comitentes de las faltas previstas en el Código Penal, que consiste en el ejercicio de actividades violentas, o a las personas que hayan sido
sancionadas por infracciones graves o muy graves de las previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana. En cuarto lugar, la prohibición del uso o tenencia de armas blancas a los menores de edad. Esta es una patología, señor presidente, de terrible
preocupación. Es muy raro en este momento que menores de edad no porten armas blancas si pertenecen a distintos colectivos, a distintos segmentos o practiquen determinadas actividades que no podrían ser calificadas como lúdicas precisamente. La
prohibición de acceso a recintos deportivos o espectáculos multitudinarios a personas que porten armas prohibidas. Usted entiende perfectamente, señor presidente, a qué me estoy refiriendo y cómo la lasitud en los mecanismos de control del acceso a
actos multitudinarios portando armas blancas es algo que debe ser objeto de corrección. La exigencia de acreditación de las correspondientes licencias deportivas -porque es el truco del almendruco o el fraude sistemático que se practica en este
ámbito- para la posesión, por ejemplo, de catanas o determinadas armas que se utilizan para las mal denominadas en ocasiones artes marciales; la posesión de licencias deportivas para portar este tipo de armas que están prohibidas paradójicamente
por el Reglamento de armas -acreditación de las correspondientes licencias deportivas~_. La coordinación de las actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas Integrales con las Policías Locales para la prevención del
uso o tenencia ilícita de armas blancas. No me consta que exista una priorización por parte de ninguna policía, ni de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni de las Policías Integrales Autonómicas ni de las Policías Locales, para controlar
la posesión o no posesión de armas blancas, y cuando se acredita la posesión de las mismas por entender que es un delito de entidad menor, de menor cuantía, no son objeto del decomiso al
que obligan tanto el Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana. La no posesión del uso, tenencia, comercialización, depósito, publicidad de cualquier tipo de armas blancas prohibidas o reglamentadas sin la correspondiente autorización
administrativa. Yo no sé, señor presidente -y con esto voy acabando-, si usted suele ver la televisión a partir de ciertas horas de la noche, es una oferta televisiva de gusto discutible en la doble dimensión de los productos ofertados: unos que
pertenecen a un estilo cinematográfico que no voy a parafrasear ni glosar, y otro que pertenece a la venta ambulante, en donde se puede posibilitar la adquisición de armas blancas prohibidas específicamente que se pueden comprar por correo a través
de las ofertas televisivas que se producen en determinadas horas. Y por último la prohibición absoluta, exigiendo a las autoridades académicas responsabilidades por ello de la introducción de armas blancas en centros escolares o en lugares donde se
desarrollen actividades lúdicas infantiles o juveniles. Esto no se está cumpliendo y esto cada vez es más frecuente.
Esta fenomenología que he desglosado con alguna prolijidad, señor presidente, ya pasándome del tiempo, y por eso pido disculpas a mis compañeros, es la que se debe corregir mediante una modificación del Reglamento de armas. La única
modificación del Reglamento de armas del año 1993 es manifiestamente irrelevante, controla administrativamente el uso de dos tipos de armas que no sé si se pueden llamar blancas exactamente, los llamados airsoft y los llamados paintball, es decir,
estos deportes que consisten en, con unas balas de goma, intentar manchar al enemigo para intentar tomar las posiciones que el enemigo posee. Esta es una actividad semilegal, semiclandestina que raya en el umbral de la legalidad, pero este tipo de
actividades son también objeto de promoción y de publicidad pública. Por lo demás, el reglamento del año 1993, que solo establece la prohibición de tres tipos de armas blancas, ha sido objeto de un desbordamiento tan absoluto y ha proliferado tanto
el uso de armas blancas en la comisión de todo tipo de fenómenos delictivos, en todo tipo de tipos delictivos, que estamos hablando del 60% del total de los delitos cometidos cada año en el Estado español. Desde esa perspectiva, pido a los
portavoces de esta Comisión una reflexión ex novo sobre la suficiencia o la insuficiencia, en nuestra opinión, del reglamento de armas en el ámbito de la reglamentación del uso de armas blancas, que cada vez se incrementa en su dimensión para la
comisión de delitos, disminuyendo además de forma proporcional el uso de otro tipo de armas que son objeto de un uso menos intenso y por grupos organizados que practican un tipo de violencia extrema que no es en términos porcentuales o en términos
estadísticos tan relevante como el fenómeno que he intentado describir.
Dicho esto, señor presidente, es la tercera vez que presentamos esta iniciativa y nos hemos encontrado las tres veces con enmiendas del mismo grupo parlamentario y nos hemos encontrado con otro fenómeno que le voy a intentar...
El señor PRESIDENTE: Le ruego, dada la hora de la tarde, que vaya concluyendo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es mi última frase, señor presidente. Nos hemos encontrado con la oposición de determinado lobby, de determinada localidad del Estado español donde la fabricación de armas blancas es una de las fuentes
generatrices de riqueza económica. Desde esa perspectiva, me parece muy bien el monocultivo industrial de determinadas actividades, pero, pareciéndome bien esto, me parece muy bien también que este monocultivo industrial no genere una proliferación
de armas prohibidas por la legislación que provoque la comisión de tantos delitos como se han cometido.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, no creo que ninguno de los aquí presentes seamos responsables de la concentración de algunos sectores armeros, bien de armas de fuego, bien de armas blancas.
Hay una enmienda, para cuya defensa tiene la palabra el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Intentaré también ser lo más breve que pueda. Efectivamente, estamos ante una iniciativa que se ha debatido en numerosas ocasiones en esta Cámara y en la que en diversas ocasiones hemos manifestado nuestro punto de
vista, nuestro criterio, lo hemos mantenido a lo largo de todas estas intervenciones y lo haremos también en el debate de hoy. El precedente más inmediato es una moción consecuencia de interpelación debatida en mayo de 2007, en ella mi compañero
González Serna fijó los criterios de mi grupo en la materia, que yo también voy a compartir y voy a seguir. Señor Olabarría, evidentemente es un debate pertinente, aunque usted sabe que no compartimos algunos de los datos que usted manifiesta
disponer, pero en cualquier caso comprendemos y compartimos el fondo del asunto, su preocupación y la de su grupo por la seguridad ciudadana.
En lo que tiene que ver con la legalidad, con el punto de vista legislativo de las armas blancas, estamos convencidos de que el ordenamiento jurídico fija ya un modelo normativo que es coherente, que es minucioso y que a priori a este grupo
no le parece ni insuficiente ni que adolezca de graves déficits, sin perjuicio, señor Olabarría, de que evidentemente pueda ser mejorable, y seguramente lo es. En este sentido, permítame simplemente que haga constar cinco cuestiones contempladas en
nuestra legislación y que consideramos de extraordinaria importancia. En primer lugar, nuestra legislación no permite a los menores de edad la adquisición y la tenencia de armas blancas. El artículo 106 del reglamento de armas al que usted ha
aludido ya establece que la adquisición y tenencia de armas blancas es libre solo para los mayores de edad. En segundo lugar, que se considere ilícita la tenencia o el uso de armas blancas por parte de quienes hubieran sufrido condena por delito o
falta contra las personas o contra la propiedad, y también por el uso indebido de armas. En tercer lugar y muy importante, la Ley del Deporte prohíbe la introducción y tenencia en todo tipo de espectáculos deportivos de cualquier clase de armas,
algo que también hace la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte aprobada en 2007 bajo un Gobierno socialista. En cuarto lugar, el reglamento de armas considera como infracción grave llevar armas blancas en
establecimientos públicos o en lugares de pública concurrencia y habilita a los agentes de la autoridad para realizar todo tipo de comprobaciones en la vía pública que tengan como finalidad detectar y ocupar armas que se lleven ilegalmente.
Finalmente, del mismo artículo se deduce la prohibición de introducir armas blancas en centros escolares o en lugares públicos donde se realicen actividades lúdicas o de ocio. En este particular sería conveniente poner en evidencia dos cuestiones:
Una es de carácter jurídico, la distribución competencial en materia educativa y de policía de espectáculos públicos. La otra es de carácter práctico. ¿Es conveniente la presencia de las fuerzas de seguridad en los centros escolares? No lo sé.
En definitiva, señor Olabarría, al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa especialmente los aspectos centrales de su iniciativa, pero creemos que la gran mayoría de ellos ya están regulados. No obstante, somos conscientes de la
preocupación real de su grupo y, evidentemente, estamos abiertos a sus sugerencias, como lo hemos estado siempre. Tal y como le señalaba mi compañero González Serna en el debate de la moción de 2007, consideramos que el problema no está en el
tamaño de la hoja, también se pueden causar graves daños con otros útiles, como los de cocina, o con pequeñas herramientas que están al alcance de cualquiera y, por tanto, es más efectivo incidir -tal como usted mismo nos plantea- en las medidas de
naturaleza preventiva que en las reformas de carácter legal. Siguiendo con la coherencia que le anunciaba al inicio de mi intervención, hemos vuelto a ofrecerle una enmienda -ya se la ofrecimos en la moción y en anteriores debates- que deseo que
pueda aceptar. Le reitero nuestro interés y le pido que considere, evidentemente, su aceptación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa). Señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Presidente, solo quiero expresar nuestro apoyo a la proposición.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, señor Molinero.
El señor MOLINERO HOYOS: Nuestro grupo parlamentario, como no podía ser de otra manera, va a rechazar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, principalmente por tres motivos. En primer lugar, por un principio
de coherencia política, toda vez que el contenido de esta proposición no de ley ya fue expuesto en su momento por el Grupo Parlamentario Vasco en el año 2008 mediante una interpelación parlamentaria y su correspondiente moción. En segundo lugar,
porque consideramos que la legislación existente en España es suficiente, coherente y está adaptada a la normativa europea. En tercer lugar, porque estimamos que la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco es inoportuna, dada la actual situación
económica de España.
La presentación de la propuesta plantea como núcleo principal, por un lado, la insuficiencia legislativa y, por otro, una batería de prohibiciones -como ha expuesto el señor Olabarría esta tarde- sobre la tenencia y uso de armas blancas.
Nuestros motivos de oposición son porque consideramos que, desde el punto de vista legislativo de protección ciudadana, tanto el reglamento de armas -que ha omitido su señoría que está adaptado a la Directiva 2008/51- como la Ley de protección y
seguridad ciudadana son normas suficientes para esa protección ciudadana. La Ley de Protección Ciudadana en sus artículos 6 y 7, por un lado, habilita al Gobierno para intervenir y regular los requisitos de la fabricación, comercio y tenencia y uso
de armas blancas; por otro lado, facilita o habilita la inspección de cualquier lugar donde
haya armas, y por último, también habilita para prohibir aquellas armas que considere peligrosas para la integridad de la vida. En cuanto al artículo 8, habilita a los agentes de la autoridad a realizar todo tipo de comprobaciones e
inspecciones en las vías públicas para detectar u ocupar armas blancas que se lleven o utilicen de manera ilegítima.
Por otra parte, el reglamento de armas señala cuáles son las armas permitidas y cuáles son las armas prohibidas. Así, como ha apuntado el señor Olabarría, están prohibidas lógicamente las navajas automáticas, los puñales y las armas blancas
con hoja inferior a once centímetros con doble filo. Y si bien el reglamento permite la tenencia y uso de armas a los mayores de edad, esta afirmación no debería entenderse como una cláusula abierta para la proliferación de armas blancas, pues no
es cierto que este criterio sea tan amplio que permita todo tipo de armas, hasta el punto de que los artículos 146 a 148 del reglamento establecen una serie de prohibiciones respecto a este tipo de armas. La proposición nos sorprende porque plantea
una batería de prohibiciones, como por ejemplo que se le prohíba la tenencia y uso de estas armas a personas con antecedentes penales. Bueno, pues ese supuesto está previsto ya en el artículo 146.2 del reglamento. Dice también que se les prohíba a
los menores. Pues también está contemplado en el artículo 106. También dice que se prohíba el acceso a los recintos deportivos a personas que porten armas. Viene contemplado en el artículo 146 apartado 1. Así como en los centros escolares y en
los lugares donde se desarrollen actividades lúdicas, infantiles y juveniles. También está contemplado en el artículo 146 del reglamento. Es decir, los supuestos que vienen en el expositivo de la proposición no de ley resulta que ya vienen
contemplados en el propio reglamento.
Apartado especial es el referente a las armas blancas con una hoja inferior a once centímetros, como ha hecho referencia esta misma tarde el señor Olabarría. Efectivamente, esas armas no están prohibidas. Pero no olvidemos que se trata de
una hoja de un solo filo. No son las de doble filo, porque si son de doble filo se entiende que son puñales y, por lo tanto, están catalogadas como armas prohibidas. Por tanto, en el debate del arma blanca de pequeña dimensión, estaríamos de
acuerdo con el señor Olabarría en que esas armas pueden lesionar e incluso matar a una persona, pero lo pueden hacer igual que unas tijeras, una lima, un formón, etcétera. Es decir, si bien no está prohibido ese tipo de armas, sí está prohibido
exhibirlas y usarlas sin necesidad o de modo negligente y temerario. Por lo tanto, según el artículo 147 también estaría prohibida su exhibición o su uso en lugares públicos.
Asimismo, contrariamente a los datos que ha dado el señor Olabarría esta misma tarde, podemos apuntar que desde el año 2008 al año 2012 ha disminuido un 17,32% la incidencia de armas blancas en la comisión de los delitos y ello se ha logrado
gracias a dos cosas. Primero, a la existencia de una legislación suficiente y coherente para prevenir ese tipo de armas. Y en segundo lugar, a una actividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el control, inspección y decomiso de
esas armas. En resumen, no es achacable al ordenamiento jurídico vigente la supuesta proliferación de armas. Pero es que además hemos dicho que es inoportuna. Y es inoportuna porque es un importante...
El señor PRESIDENTE: Le ruego, señor Molinero, que vaya concluyendo.
El señor MOLINERO HOYOS: Sí, enseguida. Decía que es un importante sector económico de la provincia de Albacete que representa 70 empresas, entre empresas principales y auxiliares, que suponen 900 puestos de trabajo, una facturación de 35
millones de euros y además una exportación del 35% de la facturación en una provincia donde hay un nivel de paro por encima de la media. Por lo tanto, el cierre de cualquier sector empresarial de ese tipo sería gravemente perjudicial para la
economía de ese lugar. Pero es más, si estuviéramos debatiendo sobre la integridad de las personas y la protección de la seguridad ciudadana, hablaríamos, pero vamos a hablar de prohibir todo tipo de armas, y en primer lugar, tendríamos que
prohibir los explosivos y las armas de fuego, que son las que están causando realmente los daños. En este caso le diría al señor Olabarría que muchas veces se ve la paja en el ojo ajeno, pero no se ve la viga en el propio.
Para concluir, señoría, mi grupo considera la preocupación por la seguridad ciudadana y sobre todo por la prevalencia de la vida ante un conflicto de intereses, pero no creemos que sea necesario modificar la legislación ahora mismo sobre el
reglamento de armas, que se encuentra adaptado a la normativa europea desde el año 2010. Por tanto mantenemos el rechazo a la proposición no de ley que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Es obligada la pregunta al portavoz del PNV en este momento, señor Azpiazu, sobre si acepta o no acepta la enmienda que fue expuesta por el señor Corcuera en nombre del grupo socialista.
El señor AZPIAZU URIARTE: No aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Se votara, en consecuencia, en sus propios términos.
- SOBRE LA EXPULSIÓN DE PERSONAS CON ESTATUTOS DE REFUGIADO Y/O CON RIESGOS PARA SU INTEGRIDAD FÍSICA Y DERECHOS FUNDAMENTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001071).
El señor PRESIDENTE: Abordamos ahora la proposición no de ley correspondiente a la expulsión de personas con estatutos de refugiado y/o con riesgos para su integridad física y derechos fundamentales. Cuando guste tiene la palabra.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Es la primera vez que estoy en esta Comisión, voy a intentar ser breve, vista la hora, y además porque varios de los representantes aquí presentes tenemos otro acto que comienza ahora mismo. Hoy Amaiur trae aquí
una propuesta que tiene dos objetivos. El primero, es denunciar un hecho que se está produciendo en los últimos años en relación con la expulsión de personas refugiadas con riesgo para su integridad y derechos fundamentales. El segundo, es hacer
una propuesta en referencia a este asunto.
En primer lugar, es un hecho constatable que en el Reino de España se produce una anomalía que no se produce en el resto de Estados europeos. Por un lado, en los últimos años ha sido un hecho habitual la expulsión de ciudadanos a países en
los cuales su integridad física corre peligro. Hoy mismo Amnistía Internacional nos hacía llegar a varios portavoces las denuncias que han realizado en los últimos años sobre algunas de las expulsiones y extradiciones realizadas, en los casos en
que estas personas corrían el riesgo de sufrir torturas y malos tratos en sus países de origen, entre ellos destacaban el caso del ciudadano sirio Basel Ghalyoun y el del checheno Murat Gasayev. En algunos de estos casos y en otros se hizo con las
llamadas garantías diplomáticas, que como se ha visto después no sirvieron para nada. Por ello solicitamos al Gobierno que respete los convenios que le vinculan, como la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o
degradantes, y no expulse ni extradite a personas cuando existan riesgos, aunque sean mínimos, de que estas personas sean torturadas o maltratadas.
Por otro lado, en el Reino de España se viene produciendo una constante y sorprendente actuación por parte del Ministerio del Interior de la cual han sido víctimas varias personas con estatus de refugiado, que han sido detenidas a su paso
por este país en relación directa a su estatus, esto es, que no les han detenido por haber cometido un delito aquí. Si bien es cierto que no es un hecho que destaque cuantitativamente, sí lo hace cualitativamente, ya que este es uno de los únicos
Estados donde sucede, y de igual forma, señorías, porque en este Estado se detiene a personas por la misma razón por la que en otros Estados se ha decidido protegerlas para que justamente no sean detenidas. ¿Por qué sucede esto? Presumiblemente la
razón principal es que es debido a una falta de comunicación o falta de coordinación en los sistemas de verificación. En ocasiones estas personas están en listas con órdenes de detención emitidas por Estados, en la mayoría de los casos con
acusaciones de terrorismo. Como todo el mundo sabe tras los terribles hechos que conforman el 11 de septiembre o el 11 de marzo, y por la gravedad de este delito, se han implementado las medidas de información y coordinación, motivo por el cual en
muchos Estados en los cuales los derechos humanos y las libertades brillan por su ausencia se acusa de terrorismo a cualquier tipo de disidencia política, y meramente política. De esto se aprovechan, de la persecución internacional contra este
delito, para perseguir a sus opositores. Afortunadamente para algunas de estas personas injustamente acusadas otros Estados han decidido darles protección, concediéndoles el estatus de refugiado político, y desafortunadamente para otras tenemos un
Estado como España donde ante el dilema de contar con una orden internacional de detención, y por otro lado, el deber de proteger al refugiado, se está dando prioridad a la primera, causando un perjuicio enorme a personas inocentes que deben ser
protegidas.
Para que visualicen esta injusticia les narraré brevemente el caso de Firat Demirkiran. Firat Demirkiran, un ciudadano kurdo residente en Alemania y reconocido como refugiado por la justicia alemana en 2009, fue detenido en las islas
Canarias el 11 agosto del pasado año, cuando fue de vacaciones. Portaba con él un documento que le habían concedido las autoridades alemanas informando sobre su estatus, pero fue
detenido. El día 16 agosto la cancillería alemana comunicó por una nota verbal, que como ustedes saben es una notificación diplomática reconocida por el derecho internacional, el estatus de Firat al Gobierno de España. Durante los meses de
agosto y septiembre la embajada alemana se puso en contacto tanto con el fiscal como con el Ejecutivo español para hablar de este caso. ¿Para qué sirvió? Para nada. Por un lado, el juez no conocía el estatus de esta persona, pero el Ejecutivo sí
lo conocía, y el 5 octubre el Consejo de Ministros decidió comenzar el proceso de extradición, y no hablo del proceso judicial, habló del Ejecutivo. Abren un proceso de extradición contra un refugiado, y no es la primera vez.
Sobre este asunto yo mismo presenté una pregunta escrita al Gobierno, a la cual el Gobierno me respondió que ellos desconocían la situación de este señor hasta el día 4, fecha en la que recibieron una carta de Amnistía Internacional. El
Gobierno mintió en una respuesta realizada a esta Cámara, un hecho que es vergonzoso y escandaloso, cuando tenían conocimiento desde el 16 agosto por medio de una notificación oficial de la cancillería alemana. Este suceso acabó tras dos meses de
detención, ya que este señor fue puesto en libertad condicional, como se imaginan ustedes volvió a Alemania y no tiene ninguna intención ni de venir aquí a ningún juicio ni de vacaciones, ya que teme por su integridad física y por sus derechos.
Este hecho refleja lo que ha sucedido en varias ocasiones. Sí, señores, hay un problema. Este problema se produce, como decíamos, por una descompensación en la información relativa a los refugiados y por un celo excesivo de las autoridades
españolas, que en este caso produce unas situaciones injustas con las personas detenidas, además de jugar con la legalidad, ya que estas personas nunca podrían ser expulsadas por el principio de no devolución acorde con la legislación española, la
europea, y la internacional. Este problema lo han denunciado la Acnur, el Alto Comisionado de la ONU para el Refugiado, Amnistía Internacional, el CEAR y Estados europeos como Alemania y Finlandia.
Por eso en segundo lugar les hacemos una propuesta, señores del Partido Popular. Ante esto, y para que no se produzcan hechos similares, les animamos a fomentar instrumentos a nivel europeo e internacional donde se puedan intercambiar datos
con rapidez con respecto a estas personas para mejorar la coordinación e información sobre los refugiados. Esto ayudaría al Ejecutivo y al Poder Judicial, y de esta forma España dejaría de detener a refugiados y de verse obligada a hacer el
ridículo mintiendo a Gobiernos europeos, a los miembros de esta Cámara o a la sociedad española. En definitiva protéjase a quien se debe, y tómense las medidas oportunas para ello.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa).
Por Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Intervengo para anunciar nuestro voto en contra de la iniciativa que ha defendido el portavoz de Amaiur, por una razón muy sencilla que me va a llevar muy poco tiempo explicar. No puedo sino considerar una
intervención sorprendente -por no utilizar un calificativo que le dé oportunidad al portavoz de tomar nuevamente la palabra- que haya un diputado que se preocupe tanto, tanto, por los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros -preocupación que
compartimos la totalidad de los miembros de esta Cámara-, y tenga tan poca preocupación y tanto desprecio por la vida de sus conciudadanos españoles. Sencillamente quien no ha condenado nunca la historia de ETA ni sus actos -insisto, ni la historia
ni sus actos-, quien no ha condenado nunca a ETA -que es la única reminiscencia viva del franquismo en España y del totalitarismo y de la falta de democracia, la única reminiscencia viva- y no ha hecho eso nunca para con sus conciudadanos españoles,
no merece por parte de esta diputada ningún crédito, y por tanto no apoyará ninguna de sus iniciativas, digan lo que digan sus iniciativas, porque antes de considerarle uno de los nuestros esta diputada exigirá a los miembros de esa agrupación en
nombre de la que habla no solamente la condena de ETA, sino la condena de toda su historia y la exigencia de colaborar con la justicia para que los 326 casos de asesinatos aún no resueltos se puedan resolver. (El señor Iñarritu García pide la
palabra).
El señor PRESIDENTE: Señor Iñarritu, si le parece podrá disponer de una brevísima intervención, pero será al acabar esta ronda.
¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa). Por el Grupo Socialista, el señor Muñoz.
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Intentaré ser breve pero el tema tiene cierto interés. Ya anticipamos que vamos a votar en contra de esta iniciativa de Amaiur por razones que devienen de la propia iniciativa. Nos encontramos con una proposición
no de ley que podríamos denominar de carácter preventivo, porque en el fondo -y voy a su texto- está hablando de futuribles, dice: esta medida sería contraria a los
tratados internacionales. Reconoce que no ha habido expulsiones, pero dice: de seguir adelante, se produciría una violación. Por ello entendemos que no tiene lógica que esta Cámara se pronuncie sobre futuribles o sobre cuestiones que
pueden ocurrir, pero que no han ocurrido.
Sí conviene no obstante que al menos desde el Grupo Parlamentario Socialista dejemos algunas cosas en sus justos términos y tremendamente claras. España es un Estado de derecho, el artículo 9 de la Constitución establece que los poderes
públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Y nosotros tenemos una ley, la Ley del año 2009 del Estado español que regula el derecho de asilo, y estamos tremendamente orgullosos de esa ley, que se aprobó por un
Gobierno socialista, porque creemos que es una ley garantista, una ley que garantiza expresamente ese derecho de asilo, que creemos que tiene que ser garantizado no ya tanto porque lo diga el artículo 13, que también, sino porque nos parece que la
regulación que se hizo en esta ley es una regulación prolija, y especialmente formalista y rigurosa en la garantía del derecho.
Es verdad que esa ley establece lo que se entiende como causas de revocación o de denegación, pero están tasadas, son limitativas en cuanto que limitan derechos fundamentales, y por ello son muy claras. Las personas a las que se les puede
revocar son aquellas que constituyan por razones fundadas un peligro para la seguridad de España, y las personas que habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave constituyan una amenaza para la comunidad. Esta parte hay que reconocer
que no es nueva, es un principio que ya existe desde los tiempos de Justiniano, que como precursor de esa ley de asilo ya decía que no les correspondería ese derecho a aquellos que tuvieran crímenes graves. Esta ley establece específicamente, en
cuanto al procedimiento y al otorgamiento del asilo la consulta ni más ni menos que al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, del Acnur. Y en relación con los procedimientos de revocación de asilo en la ley se establece especialmente que tiene
que dar participación al Acnur en aquellos procedimientos en los cuales se tenga que recabar información precisa y actualizada de las diversas fuentes. Por tanto negamos por ello la mayor, este es un Estado de derecho y en este Estado de derecho
entendemos que hay unos procedimientos que además -y como lo dice la iniciativa de Amaiur- están judicializados. De tal forma que esas iniciativas de inicio de expedientes tendrán su devenir lógico en la capacidad que existirá de que sean
recurridas, como él cita en la propia iniciativa, ante la propia Audiencia Nacional. Por ello entendemos que no debemos votar una iniciativa que tenga carácter preventivo, y además entendemos que hay una salvaguarda perfectamente establecida en la
Ley del año 2009 del Derecho de Asilo que está recogida en nuestro artículo 13.
Recordamos, por último, que nuestra Constitución establece que los tratados internacionales a los que se refiere la iniciativa, y que él ha enumerado, están salvaguardados precisamente en virtud del artículo 10 de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Grau, por el Grupo Popular.
El señor GRAU REINÉS: Señor Iñarritu, entiendo su preocupación por las personas, por el Estatuto del Refugiado, y tengo que decirle que España cumple escrupulosamente con la legislación vigente en esta cuestión, pero ahora que le oigo
entiendo su preocupación, porque me habla usted del sirio Ghalyoun, del que lo mejor que dice el supremo es: los argumentos de la Audiencia Nacional solo conducen a pensar que Ghalyoun es una persona de ideas radicales e incluso violentas, algo que
debe ser rechazado en una sociedad democrática como la de España. Me he molestado en buscar también a Murat Gasayev. ¡Qué casualidad! No existe. Existe en dos informes de Amnistía Internacional. Por lo demás el señor Gasayev no existe en ningún
sitio. Usted, que ha elaborado la proposición no de ley, nos podrá dar cuenta de esto.
Como ya es sabido el procedimiento de reconocimiento del Estatuto del Refugiado previsto en el ordenamiento jurídico nacional contempla todas las previsiones y garantías de la legislación internacional en la materia, esto es, tanto la
Convención de Ginebra del 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado, del que España es parte desde 1978, y su protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967, como la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes del año 1984, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como el Convenio Europeo de Derechos Humanos del año 1950. En España la legislación en materia de derechos de los refugiados está prevista en
la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. Es en sus artículos 2 y 3 donde se establece que a toda persona con la condición de refugiado se le reconoce el derecho de asilo. De hecho el artículo 3
deja bien claras las condiciones necesarias para que una persona pueda obtener el estatus de refugiado. Textualmente dice: debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas,
pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que careciendo de
nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión o de las causas de
denegación o revocación.
La ley mencionada es muy explícita y deja muy claro que el solicitante de protección internacional no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que no se haya decidido sobre su solicitud. La ley exige también la suspensión
hasta la decisión definitiva de la ejecución de cualquier proceso de extradición de la persona interesada, con excepción en su caso de la extradición a otro Estado miembro de la Unión Europea, en aplicación de una orden europea de detención y
entrega, o a un país tercero ante órganos penales internacionales. Pero aún más. La ley establece que las personas a las que se concede el derecho de asilo o de protección subsidiaria tienen garantizada la protección contra la devolución en los
términos establecidos en los tratados internacionales firmados por España. En definitiva España respeta escrupulosamente el principio de no devolución, que constituye la base del sistema español de protección internacional, una legislación que como
ya he dicho está amparada por los convenios y leyes internacionales en la materia.
Por lo que se refiere al punto quinto de su proposición no de ley, que tiene relación con la necesaria coordinación entre los países europeos en materia de personas con estatuto de refugiado, he de decir que ya existe una base de datos
plenamente operativa, a la que acceden los responsables en la materia de cada Estado miembro, con la finalidad de garantizar la solvencia del procedimiento y para evitar posibles duplicidades en el sistema a nivel europeo. Queda claro por todo lo
expuesto que la propuesta del Grupo Mixto está instando a llevar a cabo algo que ya es objeto de cumplimiento. Como ya he dicho con anterioridad el Gobierno está cumpliendo con su obligación y con nuestro ordenamiento jurídico en esta materia, que
además coincide con el objetivo de la propuesta.
Por tanto nuestro voto será negativo, por cuanto consideramos que no tiene sentido aprobar algo que ya se está cumpliendo por parte del Gobierno. Señor Iñarritu, tranquilícese, España y sus leyes están para su tranquilidad y la de todos los
españoles. Tiene razón: en este país a los terroristas, sean de donde sean y vengan de donde vengan, se les persigue, se les captura, se les juzga y se les condena. Y otra cosa, mi Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, no miente ni ha
mentido nunca. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Iñarritu, dispone de un minuto y le ruego que no abra el debate.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Ante la gravedad y falsedad de las palabras de la señora Díez me gustaría decir que es falso todo lo que ha dicho. Como es conocido, yo mismo, mi partido Aralar, mi coalición Amaiur, siempre han rechazado
cualquier tipo de violencia y están por los derechos humanos en el País Vasco, en España, y en todo el mundo. A la señora Díez, que tiene esta preocupación por los derechos humanos, le diría que hay un grupo parlamentario en esta Cámara, pequeño
-tiene cinco miembros-, en el cual conviven un exmiembro de ETA Sexta, convive una señora que fue a hacer apología de los GAL a una cárcel donde estaban encerradas dos personas condenadas por haber torturado...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que se ciña a las menciones que le hayan podido resultar ofensivas, no que nos cuente la descripción exhaustiva de su grupo.
El señor IÑARRITU GARCÍA: En tercer lugar, para ese grupo pidió el voto un ultra conocido en todo el Estado, que fue juzgado y acusado de asesinar a nuestro compañero Josu Muguruza. Si tiene esta preocupación por los derechos humanos,
invito a la señora Díez a buscar a este grupo y a comentarle sus inquietudes. (La señora Díez González pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, tiene la palabra con igual o mayor brevedad. No se trata de abrir un debate al margen de la proposición no de ley.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: No tengo ninguna intención de abrir ningún debate. Yo no le voy a pedir verdad al señor portavoz de Amaiur, porque es incompatible con el grupo al que pertenece, pero por lo menos le voy a pedir lectura, y que a la
hora de hacer afirmaciones se tome el tiempo suficiente -creo que le llevará poquísimo tiempo- para ir a las hemerotecas y calificar a cada cual siquiera por su historia.
Ha dicho cuatro cosas que son falsas. Por tanto preocúpese de eso con relación a las imputaciones que ha hecho de ese grupo de cinco diputados, salvo que se esté refiriendo al suyo -lo digo por si acaso-, salvo que se esté refiriendo al
suyo.
En segundo lugar, señor Iñarritu, yo no he dicho nada que sea falso, ni usted ni su grupo han condenado nunca a ETA, ni le han pedido que abandone las armas, ni han condenado su historia...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez, con todo el afecto, no redunde en lo que ya ha dicho en anteriores intervenciones.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: El señor Iñarritu ha dicho que lo que yo he dicho es falso, y yo le digo que no es verdad que hayan condenado. Él lo ha repetido, rechazan todo tipo de violencia. Y yo le voy a decir, señor Iñarritu, que poner en
igualdad de condiciones a las víctimas y a los verdugos es un insulto inaceptable para las víctimas y para los demócratas en su conjunto, un insulto inaceptable.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a las votaciones. (El señor Muñoz González pide la palabra).
Señor Muñoz, ¿desea intervenir?
El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Simplemente quiero decirle que en relación con la iniciativa del Grupo de La Izquierda Plural se nos olvidó antes pedir también la votación separada del apartado 8.
El señor PRESIDENTE: Sí, creo conocer la desagregación que ha tenido dicha proposición no de ley.
Iniciamos las votaciones. Ruego cierta atención, puesto que aunque no son especialmente complejas, sí son diversas. Comenzamos con la primera, correspondiente a la proposición no de ley con número de expediente 1361, del Grupo
Parlamentario Socialista, relativa al cuartel de la Guardia Civil de Langreo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición no de ley con número de expediente 477, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a violencia de género. No existían enmiendas y todos los grupos han manifestado su parecer favorable. Por tanto, salvo que alguien
desee en este momento salvar su voto, se entendería aprobada por asentimiento.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votación de la proposición no de ley con número de expediente 1088, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a violencia a menores. Tampoco ha existido ninguna posición contraria. No obstante la sometemos a votación, por supuesto con la
inclusión de la enmienda de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley con número de expediente 1132, del Grupo Socialista, que de alguna manera podía haber incluido -no ha sido el caso- otras proposiciones no de ley. Se van a votar separadamente a petición del Grupo Parlamentario de La
Izquierda Plural; en primer lugar votamos la proposición no de ley del Grupo La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora el texto de la proposición no de ley que sobre la misma materia presentó el Grupo Socialista, esto es la número de expediente 1132. Estamos hablando en todo momento de materiales antidisturbios, pelotas de goma, para que
puedan situarse también conceptualmente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 23; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley con número de expediente 856, del Grupo Socialista relativa a la pervivencia de los grupos Greco y Eco, automodificada por el propio grupo, que hizo una corrección al texto inicial.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votación de la proposición no de ley con número de expediente 1385, del Grupo de Convergència i Unió, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra; 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley de La Izquierda Plural con número de expediente 42, en la que se ha producido una enorme desagregación, tiene ocho puntos, y yo creo que acabamos antes votando punto por punto. En el punto 1
manifestó el señor Sixto la aceptación de una enmienda in voce por parte del Grupo Popular, sustituyendo el término 'urgente' por 'en el plazo más breve posible'. Con dicha precisión creo que tardamos menos. Votamos el punto número 1.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra; 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto número 4, y creo que pueden agregarse el resto, menos el 8; es decir votamos los puntos 4, 5, 6 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Punto número 8, que es el único que queda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 9º, que es la proposición no de ley con número de expediente 410, de UpyD, en los términos resultantes de la enmienda transaccional in voce, formulada y aceptada, en este caso formulada por el señor Gil Lázaro, y aceptada por la señora
Díez, y de la cual han tenido conocimiento todos los grupos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votación de la proposición no de ley con número de expediente 10, del Grupo Vasco, relativa a armas blancas, en sus propios términos puesto que no fue aceptada la enmienda ofrecida por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 32; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente votación de la proposición no de ley con número de expediente 1071, del Grupo Mixto, relativa al estatuto del refugiado y en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Me permito recordar que el punto número 1 fue aprobado en su momento por asentimiento. Ruego a los señores miembros de la Mesa y portavoces presentes en la sala que se acerquen un instante para poder concretar algún aspecto relativo a la
sesión que celebraremos el próximo día 12 de marzo.
Agradezco a los servicios de la Cámara, especialmente al servicio de redactores y taquígrafos, el esfuerzo de calidad y cantidad que han tenido que hacer.
Se levanta la sesión.
Eran las nueve y cinco minutos de la noche.