CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 258

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 17

celebrada el martes

19 de febrero de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley sobre medidas de apoyo al sector tabaquero frente a la revisión de la Directiva 2001/37/EC sobre los productos del tabaco. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001233) ... (Página2)


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (Número de expediente 121/000029) ... (Página5)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:


- Proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (Número de expediente 121/000029) ... (Página5)

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Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.


PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR TABAQUERO FRENTE A LA REVISIÓN DE LA DIRECTIVA 2001/37/EC SOBRE LOS PRODUCTOS DEL TABACO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/001233).


El señor PRESIDENTE: Señorías, va a dar comienzo la sesión número diecisiete de esta Comisión, en la que se va a tratar en primer lugar, tal y como han acordado Mesa y portavoces, la proposición no de ley sobre medidas de apoyo al sector
tabaquero frente a la revisión de la Directiva 2001/37/EC sobre los productos del tabaco. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y se ha consensuado además con otros tres grupos políticos: Coalición Canaria,
UPN y Grupo Parlamentario Socialista.


El tiempo para defender la iniciativa se va a considerar que es de los cuatro grupos, y va a ser de menor a mayor por un tiempo máximo de cinco minutos. Luego el resto de grupos que no han participado en esta iniciativa conjunta van a
disponer de un tiempo máximo de tres minutos, también en orden de menor a mayor. (El señor Pérez Lapazarán pide la palabra). Dígame, señoría.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, a efectos de organizar la tarde, ¿podría decirnos si la votación de esta PNL será al final, junto con la ley, y a qué hora serán las votaciones en el caso de votarla conjuntamente con la Ley de
Costas?


El señor PRESIDENTE: Lo saben los portavoces que han asistido a la reunión de Mesa y portavoces: se ha calculado que las votaciones no serían antes de las siete de la tarde, y la votación de la PNL que nos ocupa ahora, la del tabaco, sería
la primera; luego se procedería a la votación de la Ley de Costas.


Tiene la palabra la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señorías, el sector del tabaco está entre los más regulados de Europa y ello por las múltiples vertientes que su comercialización comporta: sanitaria, económica, cultural, fiscal. Este factor determina que
cualquier desarrollo normativo que afecte en parte o en su conjunto a la elaboración, presentación, distribución y venta de los productos derivados del tabaco pueda suponer cambios sustanciales en los efectos sobre la recaudación fiscal, el empleo,
la estructura productiva, con indudables consecuencias sobre la economía local y regional. En este contexto la Comisión Europea ha manifestado su intención de presentar una propuesta de revisión de la Directiva 2001/37/EC sobre los productos del
tabaco. A estos efectos estableció una consulta pública entre el 24 de septiembre y el 17 de diciembre de 2010 para conocer cuál era la posición de los interesados sobre la necesidad de revisión de la directiva, y conocer sus puntos de vista sobre
las posibles opciones a incluir en esta modificación normativa.


La consulta generó más de 85.000 contribuciones de usuarios, industriales, gobiernos y otras autoridades públicas, que sirvieron de base al documento de julio de 2011 de la Dirección General de Salud y Consumo de la Comisión Europea, Informe
sobre la consulta sobre la posible revisión de la directiva sobre los productos del tabaco. Teniendo en cuenta que el resultado de este proceso es participativo, la Comisión ha dado a conocer a finales de 2012 algunos de los ejes básicos y
principales medidas que contemplará. La citada propuesta, cuyo contenido está siendo objeto de concreción en la actualidad, podría incluir entre otras medidas tendentes a la extensión de su ámbito de aplicación a productos no incluidos actualmente,
a la limitación de la exposición de los productos en los estancos, la estandarización del paquete de tabaco, incluyendo el uso de advertencias sanitarias de tamaño excesivo, o la prohibición de ciertos canales de venta como el de máquinas
expendedoras de tabaco ahora existentes en hostelería, quioscos y tiendas de conveniencia en nuestro país. Junto a estas, al parecer la Comisión Europea está considerando establecer, pese a las alegaciones presentadas en el proceso de consulta,
restricciones y prohibiciones de la utilización de determinados ingredientes que se utilizan para la elaboración de las labores de tabaco, y que para la industria tabaquera canaria podrían suponer de facto la desaparición del 80% de su mercado y en
consecuencia de su producción.


Sin embargo el análisis de los resultados de la encuesta pone de manifiesto mucha oposición a esta medida. Así, por ejemplo, a la pretendida inclusión de nuevos productos, muchos participantes señalan la necesidad de disponer de una
evidencia científica sólida, aún no existente, sobre el perjuicio de productos tales como las bebidas con nicotina. Sobre la estandarización del paquete de tabaco, eliminando aspectos que diferencien marcas o especialidades, los usuarios
manifestaron una clara posición a favor de mantener

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el statu quo señalando que no existe evidencia de que ese tipo de iniciativas sirva para reducir el número de fumadores, principalmente de los jóvenes. La propia Dirección General de la Salud Pública del ministerio español se hace eco en su
participación en la encuesta de algo que preocupa mucho al sector industrial, señalando que en su opinión es necesario que se realice informe jurídico sobre la afección que esta medida tendría sobre las marcas y el comercio, porque pueden surgir
problemas relacionados con la propiedad industrial y los derechos derivados de las marcas registradas. Sobre la regulación de ingredientes, muchos de los participantes en la consulta se manifestaron en contra del establecimiento de una norma de
ámbito comunitario, señalando que la Unión Europea necesita desarrollar métodos científicos para evaluar la seguridad de los ingredientes y nunca establecer normas supuestamente destinadas a evitar la atracción de nuevos fumadores sin un claro
fundamento. Por otra parte, en sus aportaciones señalaban los encuestados que muchos de los ingredientes de los cigarrillos son necesarios para el proceso productivo. Así, muchas de estas sustancias sirven para incrementar la humedad, la
elasticidad y la vida del producto. Por ejemplo, se precisa añadir productos azucarados que restituyan al tabaco los azúcares perdidos en los procesos de secado y curado.


Varias de las medidas a las que ha hecho referencia la Comisión, de confirmarse, irían en detrimento de la competitividad del sector y orientarían al mercado hacia productos de baja calidad, favoreciendo el contrabando y la llegada masiva de
productos de bajo coste, fundamentalmente de Asia, con ausencia total de garantías sanitarias y posible evasión fiscal. En este punto hay que recordar que la industria tabaquera en Canarias genera en torno a 3.000 puestos de trabajo directos y
supone el 14% de nuestro mermado PIB industrial. Esta industria genera en las islas una producción aproximada de 250 millones de euros al año, y un importe de compras a otros sectores cercano a los 162 millones de euros, y en consecuencia podrían
propiciar la destrucción o merma de un sector del que dependen muchas familias.


Por todo ello creemos necesario buscar las alianzas necesarias con otros países de la Unión Europea que también producen tabaco para que las reformas anunciadas sobre los productos del tabaco tengan una justificación científica sólida, se
hagan de manera consensuada con todos los agentes económicos y sociales afectados, y en todo caso no afecten a la competitividad del sector y su capacidad para generar y mantener puestos de trabajo. Asimismo debemos defender el cultivo y la
industria tabaquera canaria y del resto del Estado, prestando especial atención a los efectos perniciosos que sobre el futuro del sector puede tener una injustificada prohibición de los ingredientes habitualmente utilizados por los fabricantes de
cigarrillos para la estabilización y conservación de los productos derivados del tabaco.


Por último quiero manifestar nuestra oposición al etiquetado genérico, a la limitación del uso de las marcas en las cajetillas de cigarrillos, y a la restricción de la exhibición del producto en los estancos sin perjuicio del mantenimiento
del nivel de advertencias sanitarias actuales. Por eso apoyamos esta propuesta.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Leire Iglesias.


La señora IGLESIAS SANTIAGO: Quiero manifestar por parte del Grupo Parlamentario Socialista la preocupación y la necesidad de que este Parlamento se posicione sobre la Directiva 2001/37 de la Comisión Europea sobre los productos del tabaco,
y quiero hacerlo por varios motivos. En primer lugar, por la situación o el impacto socioeconómico y laboral que pueda tener la trasposición de esta directiva en nuestro país, especialmente en las zonas de mayor producción, manufacturación y
distribución de tabaco, que hay que recordar una vez más que generan un volumen económico de 2.700 millones de euros, y un impacto entre empleos directos e indirectos de 56.000 puestos de trabajo en zonas especialmente afectadas por la destrucción
de empleo, con una alta tasa de desempleo. Son comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y muy especialmente por su situación en datos de empleo en las comunidades autónomas de Canarias y Extremadura, donde -no olvidemos-
cerca del 92,5% de los 10.000 puestos trabajo vinculados a la producción están en el norte de la provincia de Cáceres. Son zonas en las que en muchas ocasiones existe además una dificultad para la reconversión, una dificultad para generar estos
mismos puestos de trabajo, esta actividad industrial, esta producción económica en otros sectores agronómicos que no tienen alternativas al cultivo del tabaco, y en los que sus trabajadores han demostrado que no están dispuestos a ir a una política
de producción fácil vinculada a la subvención. Hay que recordar que no encaja y que no tiene ningún sentido que hoy en día se pretendan aprobar directivas que atenten contra políticas de la Unión Europea ya en vigor y acordadas con el sector, como
puede ser el Plan del tabaco, que ha supuesto además que los propios trabajadores hayan hecho inversiones en energías de biomasa, en plataformas, en modernización de riegos, en adquisición de

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maquinaria, en mejora de explotaciones. Eso les ha requerido ya desde el año 2010 -hoy sigue ese Plan del tabaco en vigor- el desarrollo de una serie de compromisos que se deberían mantener por parte de Europa.


Quiero señalar que este es el principal motivo de preocupación de mi grupo parlamentario respecto a la aprobación de esta directiva, pero deseo matizar que de lo que estamos hablando aquí no tiene nada que ver con la salud, que lo que
estamos produciendo en nuestro país no son fumadores, sino que lo que estamos produciendo es tabaco. La Unión Europea no produce fumadores y el volumen total de lo que producimos no llega ni al 20% de lo que se consume. La entrada en vigor de una
directiva de estas características, con la que se desregulariza absolutamente todo, podría tener incluso graves consecuencias para el consumidor. Si decimos que el tabaco es un producto legal y queremos hacerlo no legal, abordemos la cuestión sobre
la legalidad del tabaco, pero no sobre la producción del tabaco, causando un grave perjuicio a los trabajadores de este sector. Ir a directivas o normas que simplemente hagan desaparecer en las cajetillas el origen del tabaco, la calidad o los
componentes que pueda tener el tabaco no favorecería nada más que la piratería; no desaparecería el consumo que se está produciendo en la actualidad, y simplemente perjudicaría a los consumidores y fundamentalmente a los productores de tabaco en
zonas -insisto- en las que difícilmente tienen otra alternativa de producción socioeconómica o de desarrollo de una industria. En ese sentido apelamos a este Parlamento para intentar consensuar, y que unánimemente alertemos sobre las consecuencias
que tendría su aprobación, su puesta en vigor -si no hacemos nada para evitarlo-, en el empleo de la gente, especialmente en algunas comarcas tabaqueras como Campo Arañuelo, en la provincia de Cáceres.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Serrano.


El señor SERRANO CALURANO: Se ha hablado anteriormente de la importancia del cultivo del tabaco a nivel europeo, a nivel de nuestro país y a nivel extremeño. En la tierra de donde vengo, en Extremadura, señorías, el tabaco se cultiva en
todo el norte de Cáceres; es la única actividad para el sustento de comarcas enteras del norte de Cáceres. Pueblos como Talayuela han visto crecer su población en los últimos años, ya que de las 10.000 hectáreas que se producen a nivel nacional
más de 9.000 se producen en Extremadura; más del 94% de esa superficie está en Extremadura. De los 32 millones de kilos que se producen en España más de 30 millones se producen en Extremadura. De los casi 3,6 millones de jornales al año 3,4
millones se producen en Extremadura. Repito que se trata de zonas deprimidas, zonas que en estos momentos son pueblos y comarcas Objetivo 1 de la Unión Europea.


El cultivo en la Unión Europea es muy importante también: hay cinco países productores de tabaco, más de 200.000 empleos, más de 135.000 explotaciones, pero sólo producimos el 3,7% del total del tabaco que se consume a nivel mundial, con lo
cual no somos los únicos que vendemos tabaco en el mundo. Las actividades vinculadas al tabaco en nuestro país producen un valor añadido de más de 2.700 millones de euros y más de 56.000 empleos directos. La recaudación del impuesto sobre las
labores del tabaco superó en el último ejercicio los 10.000 millones de euros, y el 5,7% del total de los ingresos fiscales en nuestro país. El cultivo del tabaco es esencial para el desarrollo de zonas rurales y regiones como Extremadura donde
cerca de 7.000 empleos giran en torno a este cultivo. En España, señorías, operan más de 48 empresas que dan trabajo directo a más de 4.500 personas en la manufactura del tabaco. La red de expendedurías de tabaco y timbre de nuestro país consta de
más de 13.600 establecimientos que dan trabajo directo a más de 20.000 personas. El cultivo del tabaco -se ha dicho anteriormente- es uno de los más regulados en Europa. Para poner en valor los más de 10.000 millones de ingresos que genera el
cultivo del tabaco como recaudación fiscal habría que compararlo con lo que se paga en empleo, más de 10.000 millones de euros, la tercera parte del gasto en desempleo -de los más de 30.000 millones de euros que se pagan en desempleo-, o un 45% del
gasto destinado a defensa, que asciende a 6.886 millones, o si se quiere a más de un tercio del gasto del servicio de la deuda pública.


¿Qué propone la directiva? La Dirección General Sanco propone cambiar el uso obligatorio de la advertencia sanitaria, que ocupe gran parte del envase, 75x75, y la posibilidad de introducir etiquetado genérico en los Estados miembros; la
restricción o prohibición de los ingredientes o aromas, basado en su atractividad, con lo cual cualquier regulación sobre la utilización de ingredientes debería estar apoyada en evidencias científicas sólidas y no en conceptos subjetivos como la
atractividad. Hay unanimidad en todo el sector español en contra de esta revisión. A nivel nacional Asambleas como la de Extremadura, el Parlamento extremeño, el Parlamento canario, el Parlamento de Navarra, todos se han mostrado en

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contra de esta pretensión de la Dirección General Sanco. Se ha creado la Mesa del Tabaco en nuestro país aglutinando a todo el sector, y exactamente igual a nivel internacional a través de Unitab e Intab, que están radicalmente en contra de
esta pretensión. Nosotros en el Grupo Popular animamos a los demás grupos a que se sumen a esta propuesta para evitar el desmantelamiento de un sector de vital importancia para nuestro país, y muy especialmente para Extremadura, que genera, repito,
más del 4% de la producción nacional. (Aplausos).


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 121/000029).


El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al debate de la Ley de Costas, si les parece bien a sus señorías, daríamos por ratificada la ponencia por asentimiento, ¿les parece bien a sus señorías? (Asentimiento). Gracias, señorías; así se
acuerda.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. (Número de expediente 121/000029).


El señor PRESIDENTE: Señorías, tal y como se ha informado en la reunión de Mesa y portavoces, el tiempo del que van a disponer sus señorías para defender en bloque las enmiendas va a ser de diez minutos como máximo, que se administrará con
una cierta flexibilidad. En el caso del Grupo Mixto el tiempo se va a distribuir entre sus distintos intervinientes, y las enmiendas se defenderán igualmente en bloque. También les agradecería que facilitaran, antes de la correspondiente
interrupción para la votación, aquellas enmiendas transaccionales que durante el transcurso del debate sus señorías tengan a bien plantear, aunque ya se han presentado a esta Mesa las enmiendas transaccionales que han sido acordadas hasta el
momento. Y también facilitaría mucho el orden de las votaciones que informaran sobre la petición de votación separada; si sus señorías lo facilitan a esta Mesa antes de la interrupción para votar se lo agradeceríamos, porque iría en beneficio del
buen orden del debate.


Pasamos por tanto al turno de la señora Oramas González-Moro, del Grupo Mixto, que defiende en bloque las enmiendas presentadas por ella misma y por el señor Quevedo, y que repartirá su tiempo con la señora Fernández Davila y con el señor
Baldoví. Les he dicho antes que el turno era de diez minutos, pero podríamos flexibilizarlo. Señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Señorías, como nos temíamos, el Grupo Popular llega a este debate sin la intención de enmendar una iniciativa legislativa que no sirve para corregir los problemas que se plantean en el litoral, ni tampoco
cumple la máxima que se plantea con la misma el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente: garantizar su sostenibilidad. En el caso de Canarias los diputados del Partido Popular se convierten en cómplices del Gobierno al sumarse a una iniciativa
en la que no se recoge ni una de las promesas que realizaron a los afectados durante la campaña electoral. El parche que el Gobierno del Estado ha remitido a las Cortes sirve únicamente para extender a setenta y cinco años las concesiones tanto
nuevas como vigentes sin analizar el objetivo ni las consecuencias económicas, y amnistiar determinadas áreas o urbanizaciones concretas de la costa mediterránea, además de establecer un deslinde excepcional para la isla de Formentera, en Baleares.


¿Qué diferencia hay entre Formentera y La Palma? ¿Qué diferencia hay entre Formentera y Fuerteventura o El Hierro? Esta reforma pone de manifiesto el desconocimiento del Gobierno del problema que sufren muchos núcleos costeros del litoral,
entre ellos los que existen en Canarias, para los que no aportan ninguna solución tanto en relación con su afección al deslinde marítimo terrestre como a la servidumbre. Obvia las singularidades de Canarias, la comunidad autónoma con mayor longitud
de costa por superficie, con más de 1.500 kilómetros de litoral, cuyo origen geológico-volcánico, nuestro clima y nuestra posición geográfica hacen que las actividades que se desarrollan en las islas no encajen en un marco normativo estatal que
obedece a una realidad geográfica y social bien distinta a la nuestra. Omite aquellos núcleos costeros y pesqueros tradicionales existentes con anterioridad a la Ley de Costas de 1988, cuya realidad social y económica nunca ha sido adecuadamente
considerada, y cuyos valores

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etnográficos o arquitectónicos no encuentran protección en la nueva norma que solo establece la prelación de bienes de interés cultural, valores que el PP defendió desde la oposición y que ahora desestima.


Tampoco resuelve problemas competenciales, más bien los recorta o agrava, tanto respecto a los que corresponden a las administraciones locales como a la comunidad autónoma. Esperábamos de esta nueva norma que al menos reconociera el
ejercicio de la competencia municipal en las playas; en los ayuntamientos recaen las obligaciones de limpieza, vigilancia y seguridad de las playas, y el Estado se sigue reservando en esta reforma las autorizaciones de las actividades en las mismas
y el cobro de los elevados cánones por ocupación, dejando poco margen a la Administración local.


En cuanto a las competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio esta reforma las complica o condiciona en las zonas de servidumbre, estableciendo el carácter preceptivo de los informes del Estado. Tampoco
mejora la participación y la concurrencia competencial en la práctica del deslinde, ni en la delimitación en zona de servidumbre. En definitiva nos enfrentamos a una reforma que no aporta nada a Canarias, ya que el Gobierno legisla sin entender ni
querer ver una realidad que afecta a la comunidad autónoma que más depende de su litoral.


El Partido Popular nos ha presentado dos transaccionales que vamos a aceptar, y quería hacerle reflexionar al Partido Popular de aquí a las votaciones sobre una de las enmiendas que quiero priorizar por lo siguiente. Es la que propone una
transitoria nueva en la que planteábamos que en los casos en que exista sentencia firme de demolición de edificaciones no ejecutadas, y los ayuntamientos donde se encuentren los ciudadanos afectados hayan certificado, en el plazo de un año a la
entrada en vigor de la presente, la iniciación de los expedientes públicos de reubicación de los vecinos afectados, aquellas quedarán suspendidas hasta el realojo definitivo. En este momento tenemos en Canarias casos como el del Ayuntamiento de
Telde, de Tufia, o Ojos de Garza donde va a procederse a la demolición por orden, y sin embargo están en este momento los terrenos para la reposición, haciéndose las obras, y no tiene sentido que, con la que está cayendo en este país, vayamos a
desalojos y a desahucios con el drama que supone para gente muy humilde perder su primera vivienda cuando hay una solución de reposición inmediata. Lo único que estamos pidiendo es que se paralicen esas demoliciones hasta que se produzca la
reubicación, compromiso del Partido Popular en Canarias con todos los afectados por la Ley de Costas.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, lamentablemente el Bloque Nacionalista Galego no va a poder votar favorablemente esta modificación de la Ley de Costas 22/1988 porque, como ya hemos dicho en el debate de totalidad, no resuelve
los problemas que en muchas ocasiones hemos planteado. En el caso concreto de Galicia queremos una solución a la ilegalidad -entre comillas- en la que puedan estar algunos núcleos rurales a causa de esta ley en vigor. Por otro lado, lo que se hace
con esta modificación de la ley es abrir la posibilidad de la ampliación de las concesiones actualmente en vigor a setenta y cinco años. Esto, desde nuestro punto de vista, tiene como objetivo garantizar la pervivencia de instalaciones que en este
momento estarían ya prácticamente en situación de demolición o de cierre de sus puertas, en caso de establecimientos fabriles, dado que se acaba el plazo en el año 2018. Pero con esta propuesta del Gobierno que hoy tenemos encima de la mesa se abre
la posibilidad de ampliación a setenta y cinco años. Pasando de lo general a lo concreto, nos preocupa lo que esto significa para industrias contaminantes y, especialmente, por la papelera instalada en la ría de Pontevedra. Nos interesa realizar
una mención especial a esta cuestión porque los diputados del Partido Popular de la provincia de Pontevedra -y el Partido Popular en el Parlamento de Galicia y en el ayuntamiento- se han comprometido a garantizar que esta papelera se retiraría de la
ría en el año 2018, pero en el momento de dar pasos nos encontramos con que eso no es así, y no lo es no solamente por la ampliación a setenta y cinco años de la concesión, sino que la cosa queda mucho más clara cuando vemos las enmiendas 152 y 155,
del Grupo Parlamentario Popular, que van destinadas a reforzar la continuidad. Mientras en el proyecto de ley se recoge que estas concesiones requerirían el informe de la comunidad autónoma y que este sería determinante, esas enmiendas incluyen que
si la Administración General del Estado se aparta del contenido establecido por la comunidad autónoma, simplemente tendrá que justificarlo de manera razonada pero puede hacer lo contrario de lo que dice la comunidad autónoma. Desde nuestro punto de
vista el Grupo Parlamentario Popular quiere con estas enmiendas garantizar la continuidad de este tipo de industrias contaminantes como Ence-Elnosa en la ría de Pontevedra. En ese sentido, la mayoría de nuestras enmiendas, que son doce, pretenden
eliminar esa ampliación a setenta y cinco años y dejar en los artículos modificados del proyecto de ley los treinta años que se recogen en la Ley 22/1988.

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La otra cuestión es la relacionada con los núcleos rurales. Entiendo que sus señorías de otros grupos políticos que no conocen la realidad de Galicia puedan no entender muy bien lo que planteamos, porque estamos hablando de núcleos rurales
que al mismo tiempo pueden tener actividad marinera y agraria y que son importantes en nuestro territorio para fijar población. Por diferentes razones que tienen que ver en muchos casos con la irresponsabilidad de las personas a las que
correspondía hacer en su momento las alegaciones cuando la ley de 1988 estaba en periodo de información pública, no se han recogido como tales. Por eso nosotros presentamos la enmienda 125, que habla de esa realidad de Galicia que también recoge la
propia ley gallega. Trata de resolver esta cuestión partiendo de aquellas condiciones que deberían tener los núcleos rurales desde el punto de vista urbano en relación con las posibilidades de edificación. El Gobierno presenta una disposición
transitoria segunda -voy acabando, señor presidente- que recoge algo semejante, recoge aspectos de nuestra enmienda, pero los puntos 2 y 3 trasladan al Estado competencias que nosotros creemos que tiene la comunidad autónoma, concretamente la
Comunidad Autónoma de Galicia, en materia urbanística. Lo que nosotros planteamos a esta Comisión, y de manera especial al Grupo Parlamentario Popular, es la posibilidad de llegar a una transacción, de manera que la disposición transitoria segunda,
en la que nosotros tenemos una enmienda de supresión, resuelva la eliminación o transacción de estos puntos 2 y 3. Así, ante la preocupación de otros grupos porque pueda significar que esto pueda abrirse al urbanismo salvaje en la costa, podríamos
matizar que serían viviendas familiares habituales.


El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, lamento tener que pedirle que acabe y quisiera preguntarle si ha transaccionado también su enmienda 127.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, no tenemos problema en aceptar la transaccional.


El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, tiene la palabra.


El señor BALDOVÍ RODA: Intervendré brevemente, señor presidente.


Compromís-Equo no puede votar favorablemente esta ley por diversas causas. En primer lugar, por la nula disposición del Partido Popular a aceptar las enmiendas, como hemos visto a lo largo de su tramitación. Otra de las causas es que
reduce muchísimo la protección del dominio público marítimo-terrestre, reduce terrenos incluidos en el dominio, limita y reduce ostensiblemente la aplicación de la servidumbre de 100 metros generalizando la servidumbre de 20 metros, amplía de forma
arbitraria y desmesurada el plazo de concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre a setenta y cinco años y establece varias e importantes excepciones para la aplicación de la ley. En ese sentido, por ejemplo, está la no
aplicación en la isla de Formentera, que no entendemos de ninguna de las maneras.


El proyecto desnaturaliza la protección del dominio público marítimo- terrestre de forma sustancial y priva del uso público una gran parte del territorio litoral. Por tanto, a nuestro entender, vulnera el artículo 132 de la Constitución,
como así lo atestigua la sentencia del Tribunal Constitucional 149 de 1991. Finalmente creemos que con esta ley se propicia que se puedan legalizar por los municipios muchos desmanes urbanísticos que se han perpetrado a lo largo de la costa en los
últimos años de especulación urbanística. Se abre la puerta a la especulación urbanística y se privatiza la costa durante setenta y cinco años más. Además se invaden competencias autonómicas en materia urbanística y de ordenación del litoral, hay
una ausencia palmaria de regulación de los efectos de los temporales y del cambio climático en la costa y no se tiene en cuenta la vulnerabilidad del Estado español al aumento del nivel medio del mar. Por tanto, esta ley es una oportunidad perdida
tanto a la hora de mitigar el cambio climático como de adaptación a los impactos, en protección de la población, en actividades económicas, en infraestructuras y en recursos naturales. Por todo ello, Compromís-Equo rechaza esta reforma y pide la
devolución al Gobierno de este proyecto de ley para que elabore un texto con la mayor participación y coherencia posible.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: En primer lugar, mi grupo se presenta ante esta Comisión con una gran decepción, una decepción debido a las pocas ganas que ha tenido el partido del Gobierno no solo de aceptar, sino de negociar, de poder llegar
a ciertos acuerdos en algunos planteamientos que eran muy importantes para el Grupo Vasco, pero no solo porque lo eran para el Grupo Vasco, sino porque

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consideramos que a los ciudadanos a los que defendemos y a los que representamos les iba a ser muy valiosa la aportación que nosotros planteábamos en este proyecto de ley.


La compañera Arantxa Tapia, actualmente consejera del Gobierno vasco, es la que inició esta andadura con esta ley en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Yo la heredo, digámoslo así, tras su intervención en el debate de totalidad, y me
voy remitir a ciertas palabras que dijo ella misma. En un principio sabíamos que la anterior Ley de Costas no cumplía las expectativas, incluso que era muy difícil que se aplicara, y teníamos la esperanza de que con las aportaciones que se pudieran
hacer y ante el planteamiento que hacía el Gobierno pudiera ser más válida, pero al final nos hemos llevado una gran decepción. No estábamos de acuerdo con algunas cuestiones que se plantearon en el debate de totalidad y teníamos la esperanza de
que se iban a poder corregir. Por eso mismo, mi grupo no apoyó la enmienda a la totalidad de algunos grupos -nos abstuvimos-, con la esperanza de que en Comisión, y a partir de las aportaciones que se pudieran hacer, pudiera ser mejorada. Vuelvo a
reiterar que nos hemos llevado una gran decepción, incluso las formas no han sido las más correctas. El Gobierno se ha escondido. Ya sabemos que no necesita el apoyo de ningún grupo, ya sabemos que tiene mayoría absoluta, ya sabemos que la fuerza
de sus ciento y muchos diputados le permite poder hacer esta ley tal y como le viene en gana, pero ciertas cuestiones que estaban medio comprometidas hay que respetarlas, entre otras cosas porque no es hacer el favor a nadie, sino que con un par de
enmiendas se mejoraría y mucho el tenor del documento o de la ley.


Como decía antes, esta ley tiene algunas limitaciones. Confiábamos en que se pudiera mejorar. Había dos cuestiones en las que incidíamos y que creemos que eran muy importantes, sobre todo proponíamos una enmienda referida a los espacios
artificializados de titularidad pública, como pueden ser los espacios que actualmente ocupan los puertos que pueden ser revertidos a la ciudad, y planteábamos una enmienda en la cual, con todo lujo de detalles, proponíamos que las infraestructuras y
terrenos de titularidad pública, que habiendo sido construidos sobre el dominio público marítimo-terrestre, ganados al mar o incorporados por cualquier título al dominio público, fueran desafectados por haber sido declarados innecesarios para su
finalidad originaria y pudieran ser enajenados con arreglo a lo establecido a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas, siempre que contaran con un instrumento de planificación territorial o urbanística
acorde a ciertas prescripciones. Estamos hablando, por ejemplo, del caso del puerto de Pasaia. Si se aceptara esta enmienda, en el momento en que llegara esa desafección, con todo el corpus jurídico fundamental y necesario para poder proceder a
esa desafección, esa zona degradada, que en un momento tuvo una actividad industrial o que sigue teniéndola, podría tener otra serie de actividades económicas, sociales y culturales.


Por otra parte, no se le ha hecho caso en este proyecto de ley a algo que nosotros le dábamos mucha importancia, a innumerables elementos patrimoniales históricos, artísticos y paisajísticos de incalculable valor que se encuentran en estos
momentos en zona de dominio marítimo-terrestre. No es cuestión de volver a que la titularidad sea privada de algo que es público, no; solamente aquellos inmuebles como molinos de mareas, que están considerados patrimonio cultural histórico, sean
considerados como tal y no como si fueran un edificio más que está en un terreno de titularidad pública. Se lo hemos explicado al Gobierno y sabe perfectamente a qué nos referimos. Sabe que no estamos hablando de cuestiones puramente caprichosas
pero, así y todo, no nos han hecho caso. La actitud del Gobierno en esta materia no ha sido la que esperábamos. Además, en un principio no iba a generar ninguna complicación ni iba a mover las bases y los cimientos de este proyecto de ley. Es
más, nosotros podíamos estar incluso de acuerdo tal y como se planteó en el debate de totalidad y con cierto espíritu que pudiera tener. Sin embargo, nos ha decepcionado esta actitud tan mezquina con nuestro grupo cuando sabían perfectamente que no
estábamos haciendo un alarde de enmiendas que pudieran generar distorsión ni que hubieran roto el espíritu, sino que eran una serie de incursiones y de complementos en algunos elementos que considerábamos que estaban cojos o faltos de definición,
como es el caso que he comentado de zonas industriales, para que cuando se pierda ese uso al cual originariamente se destinaron puedan utilizarse de otra manera, o en el caso de los bienes patrimoniales y culturales de extraordinario valor
paisajístico, artístico e histórico.


Por lo tanto, y no me voy alargar más, mi partido esperaba otra actitud del Gobierno. Nos ha decepcionado su actitud; no se puede estar esperando una respuesta y no darla o darla en el último minuto, aunque supongo que después dará la
explicación de por qué no ha aceptado el portavoz del Grupo Popular. Sabemos la fuerza que tenemos, pero no creo que se pueda ir por la vida con esta actitud

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de pasear por delante no aceptando aportaciones que no cuestionaban en absoluto la ley y sí la enriquecían. Por lo tanto, mi grupo va votar en contra de la ley.


El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Cantó, para defender en bloque las enmiendas presentadas por el Grupo Unión Progreso y Democracia.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señorías, voy a intentar explicar brevemente el porqué de las razones que llevan a mi grupo, Unión Progreso y Democracia, a votar en contra del proyecto de ley de costas que el Partido Popular nos presenta
hoy aquí. Voy a explicar también brevemente cuáles eran las enmiendas que nosotros creíamos enriquecían el texto, aunque ya sabemos -somos muy poco optimistas sobre lo que no sabemos- que el Partido Popular no nos ha aceptado ninguna de esas
propuestas, concretamente las de supresión, y dudamos que apruebe ninguna del resto. Me gustaría sumarme al comentario que hasta ahora han estado haciendo los portavoces del resto de fuerzas políticas en cuanto a que hubiésemos preferido otro tipo
de actitud de la mayoría y que hubiesen confiado en que realmente las aportaciones de otros grupos parlamentarios podían enriquecer esta ley. Nosotros seguiremos trabajando para que así sea.


Señores del Partido Popular, ustedes justificaban la presentación de esta ley diciendo que la anterior en ciertas ocasiones ha tolerado resultados inaceptables, medioambientalmente hablando, para proteger la integridad del dominio público
marítimo-terrestre y también para preservar -decían ustedes- su uso común y además para otorgar seguridad jurídica. Pero lo cierto, señores del Partido Popular, es que este proyecto de ley no añade elementos nuevos con el fin de preservar, asegurar
y proteger la integridad del dominio público marítimo-terrestre. Nos parece una broma, una broma de mal gusto, decir que esta ley impedirá nuevos desmanes urbanísticos, y desde luego, señores del Partido Popular, el cuidado del ecosistema parece
traerles sin cuidado. Voy a explicar, en primer lugar, brevemente cuál es el sentido de nuestras enmiendas y luego razonaré también de forma breve nuestro voto en contra.


Señores del Partido Popular, señores del Gobierno, hemos intentado mejorar lo que ustedes definen como albuferas, dunas, bermas, escarpes o marismas, porque nos parecía importante. Nos parecía importante nombrarlas correctamente porque eso
delimita mejor aquello a lo que queremos proteger. No nos parece que hayamos tenido éxito en convencerles. Queríamos que no redujeran la extensión protegida de los márgenes de los ríos en su desembocadura; ordenar las actividades de destrucción
de yacimientos de áridos; las de colocación de publicidad; regular las zonas inundadas artificialmente. Intentamos también mejorar la regulación acerca de las urbanizaciones, de las servidumbres, de los canales navegables, etcétera; la forma en
la que ustedes proponen excluir de la ley a determinadas poblaciones; la forma en que permiten que se transmitan ciertas propiedades. Queríamos impedir la amnistía encubierta para tantas edificaciones irregulares porque tememos que sigan los
desmanes en nuestras costas, señores del Partido Popular. Esta no es una ley que establezca como objetivo el principio del desarrollo sostenible definido en la Ley del Suelo de 2008. En la legislación ambiental de influencia en el litoral que se
ha desarrollado desde 2008 hasta 2012 no se contempla esta reforma, y esto nos parece increíble. No se contemplan directivas comunitarias, tenemos la obligación de incluir directivas comunitarias y no lo hacemos. Señores del Partido Popular, ¿qué
juristas redactan una ley de reforma profunda, según dicen ustedes, sin tener en cuenta las directivas comunitarias y ni siquiera la nueva legislación vigente sobre medio ambiente? Seguimos sin someter a información pública los planes de playa.
¿Esa es su idea de transparencia, señores del Partido Popular? Solo informan de las concesiones, muchas de ellas provenientes de edificaciones ya consolidadas. Aquí manda, señores del Partido Popular, la política de hechos consumados una vez más.
No hacen referencia a los espacios contemplados en la Red Natura 2000, ni a los lugares de interés comunitario, ni a las zonas especialmente de interés mediterráneo, y muchos de esos espacios corresponden al litoral español. No hacen referencia la
Ley de Responsabilidad Medioambiental, no establecen procedimientos de licitación ni adjudicación para concesiones y autorizaciones. Aquí se ocupa un espacio con o sin autorización de la Administración local. Se establece una relación de amiguismo
o una red de favores, se hace uno socio del lobby del sector y se espera que esa política de hechos consumados dé sus frutos. Todo ello sin publicidad, sin transparencia, sin concurso alguno y rompiendo absolutamente con el derecho de igualdad que
tienen todos los ciudadanos de España. En estas condiciones, las instalaciones en algunos lugares de nuestras costas han crecido entre un 30% o un 50% en pocos años. ¿Cuándo parará esto? ¿Es mucho pedir que impere el sentido común? El ciudadano,
señores del Partido Popular -señores del Partido Socialista también, por la responsabilidad anterior que tienen-, tiene la sensación de que solamente hay dos opciones: o playas absolutamente

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copadas de chiringuitos y de hamacas donde uno no puede colocar una sola toalla, o playas donde no existe ningún servicio público. ¿No conocen ustedes la virtud del término medio, señores del Partido Popular? Además, tenemos que costear
los servicios de muchas de esas instalaciones que no han de cumplir con las condiciones acústicas ni de higiene que sí que hacemos cumplir a otras instalaciones, como los restaurantes. Son sitios que no tienen inspecciones de trabajo, ¿y les damos
la concesión de esa forma?


Otra cuestión que nos preocupa es que la ley no define lo que es una playa urbana y lo que es una playa natural, por lo que la protección a esta última, a la playa natural, de hecho es nula. Cualquier Administración autonómica o local podrá
interpretar esa definición y hacer lo que le venga en gana, y volveremos a asistir al desfile de despropósitos que hemos visto en este país. Señores, ustedes privatizan de oficio terrenos que incorporan el dominio público. En la zona de
servidumbre, con su redacción, se podrá construir cualquier cosa. Ustedes consolidan playas como dominio privado, no establecen criterios de ordenación compatible con los usos existentes.


Señorías, la ordenación del litoral es un asunto de interés general. Cualquier ciudadano español tiene derecho a exigir la sostenibilidad del medio ambiente, independientemente de dónde resida y tenga costa o no. Dejan ustedes en las manos
de los ayuntamientos la ordenación mediante las concesiones y ya sabemos adónde lleva eso sin una administración independiente que unifique criterios y asegure los mismos derechos a todos los españoles; amplían el plazo de las autorizaciones y,
según la experiencia, esto hace que se regularicen de por vida. No hay forma ni procedimiento para recuperar suelo público y revocar concesiones. Imposibilitan acometer obras de interés general. En definitiva, privatizan de hecho el suelo
público.


La cláusula antialgarrobico ya existía en la ley actual, señores del PP, y la Administración no la ha ejecutado. Fue una administración nacional del Partido Popular y una autonómica del PSOE, aparte de las locales, las que incumplieron la
ley permitiendo aquella aberración. El jefe de demarcación de costas, que depende del delegado del Gobierno, podía haber impugnado dicha resolución y no lo hizo. ¿Qué diferencia hay ahora? Aquí, en Comisión, el señor Cañete me respondió que no se
podrían construir nuevos algarrobitos. Con este proyecto de ley que ustedes nos presentan eso no es cierto. Esto debe ser obligatorio, no potestativo, señores del PP, y ustedes no han hecho nada por solucionarlo. Esa facultad de habilitar al
delegado del Gobierno para suspender en vía administrativa actos y acuerdos debiera ampliarse a aquellos adoptados por las autonomías que sean contrarios a la ley. No derogan ustedes los reales decretos que establecieron el traspaso de competencias
en el litoral a Cataluña y Andalucía. En definitiva, esta ley ni es reforma ni es profunda, señores del Partido Popular. Permite de nuevo la construcción de algarrobicos, restaurantes en la arena, privatización de suelo público, imposibilidad de
revocar y recuperar concesiones y sigue sin permitir que una administración independiente que vele por el interés general tenga las herramientas efectivas para llevarlo a cabo.


Señores del Partido Popular, nos presentan una ley que obligará a revisar el deslinde del 95% en el 95% de los casos, sin tener en cuenta además que el periodo que establecen de diez años es muy corto como para apreciar los efectos del
cambio climático, que yo francamente no sé ya si ustedes creen que existe o no. Lo digo de veras, sin ninguna ironía. No existe la palabra paisaje en su proyecto de ley, ignorando que la defensa del paisaje costero también es la defensa de la
costa. Permiten que gran parte de lugares inundados, como la bahía de Cádiz, como Ibiza, Santa Pola, Torrevieja, Santoña, etcétera, se puedan privatizar. Dicen que se podrá urbanizar a partir de 21 metros de la orilla de las rías, permiten
canteras.


Miren, señores del Partido Popular, todo esto nos lo parece -y acabo, señor presidente- por una razón fundamental: ustedes no demuestran tener ningún interés en proteger nuestro medio ambiente. Y, lo que es peor, ustedes vuelven a las
andadas. Esta ley de costas explica, señores del Partido Popular, señores del Partido Socialista, uno de los grandes problemas de nuestro país. El estado de las costas es un síntoma que explica uno de los mayores males de nuestro país. La burbuja
inmobiliaria es la principal responsable de la situación que vivimos todos los españoles. Ustedes, junto al Partido Socialista, han sido incapaces de proponer otra forma viable de construir un futuro y de generar riqueza. Solo han sabido llevar a
cabo la chapuza fácil del ladrillo, la de una construcción más que exagerada en la que se retrataron todos los problemas fundamentales de nuestro país. El problema de una justicia lenta que hacía que todos sus desmanes quedaran impunes. El del
enchufismo. El de los políticos que toman decisiones que corresponden a los técnicos. El de las entidades financieras copadas por ustedes que financiaban proyectos irregulares que muchas veces escondían recalificaciones escandalosas. Obras que se

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realizaban por intereses partidistas y no por el bien común. El problema competencial que permitía que todos fueran responsables y que al final no se responsabilizara ninguno.


Señores del Partido Popular, el turismo es una de las pocas fuentes de riqueza que nos quedan. Está en peligro por su avaricia, por su estrechez de miras y por su cortoplacismo. Somos menos competitivos en cuanto a turismo porque tenemos
peor materia prima, tenemos peores costas. Estas costas, nuestro medio ambiente, nuestra flora, nuestra fauna, están cada vez más arrinconados. Con este proyecto de ley, según Unión Progreso y Democracia, ustedes vuelven a caer en los mismos
vicios. Tras la amnistía chapucera del señor Montoro, la amnistía fiscal, hoy nos traen aquí la amnistía de los chiringuitos y de las edificaciones ilegales del señor Cañete. Y nosotros, señores del Partido Popular, votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Para defender el bloque de enmiendas de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señor presidente, desde nuestro grupo parlamentario ya planteamos una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley donde denunciamos -y también en su momento en el Pleno- lo que suponía una desvirtuación del
título de la ley. Es una ley de desprotección del litoral, es una ley de privatización del litoral, y es una irresponsabilidad que un Gobierno que debe ser el responsable de la protección del patrimonio de todos y de nuestro patrimonio natural
traiga un texto como este.


No voy a insistir en los argumentos, pero antes de empezar a explicar nuestras enmiendas, que van en la línea de darle completamente la vuelta a las intenciones del Gobierno, sí quiero hacer una breve mención al proceso. Y también
lamentamos que en una ley de esta envergadura, con el impacto social, ambiental y también económico que tiene un proyecto como este, así como el impacto que tiene en las distintas administraciones públicas, el proceso se haya hecho de manera tan
opaca y acelerada y con la poca voluntad de diálogo que ha tenido el Gobierno. Un trámite que no cumplió ni los mínimos requisitos a nivel de participación pública de la sociedad civil antes de entrar en este Congreso. Una ley que utiliza el
informe europeo de la eurodiputada Auken y se ha negado a tramitar comparecencias en este Congreso. Una ley que requeriría un mínimo de participación y que este Congreso se abriera a la ciudadanía y a las organizaciones implicadas y a esos sectores
que se verán afectados por la ley. Un Congreso que cada vez está más blindado y más encerrado en sí mismo. Para nosotros es incomprensible que no se haya abierto un periodo de comparecencias abriendo la participación desde este Congreso. Pero es
que no solo no se abrieron comparecencias, sino que se negó también la visita para hablar del trámite de esta ley, por ejemplo, a la diputada Auken y a la diputada Werthmann. Estuvieron de forma informal la semana pasada y se llevaron literalmente
las manos a la cabeza al ver la dimensión de este proyecto de ley. Ustedes han utilizado el informe Auken para justificar la chapuza y la involución medioambiental que supone esta ley, pero estaban escandalizadas de lo que supone una ley que
debería ser de protección del litoral y que se ha puesto al servicio de la cultura del pelotazo y del ladrillo. De hecho, no lo decimos solo nosotros, no lo dicen solo las eurodiputadas, no lo dice solo la mayor parte de los grupos que han
planteado una enmienda a la totalidad. Hace poco, unas jornadas del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos celebradas el 14 de febrero se titulaban La nueva Ley de Costas, oportunidad de negocio. Efectivamente, es lo que venimos denunciando
desde el primer día. No es una ley para proteger el litoral, no es una ley para proteger un patrimonio que es de todos, sino que está al servicio del negocio; sobre todo de que algunos continúen haciendo el negocio, pero lo que ustedes están
haciendo es hundir el futuro desarrollo de todo nuestro litoral e incluso el desarrollo turístico, al pensar que en el siglo XXI el desarrollo turístico depende del modelo Torremolinos de los años sesenta. Sinceramente, es completamente obsoleta la
visión que tiene el Gobierno y la mayoría de esta Cámara sobre cuál ha de ser el modelo de desarrollo de este país en los próximos años.


Voy a comentar las enmiendas que hemos presentado y que van en la línea de revertir precisamente ese impacto negativo de la modificación. En primer lugar, respecto a la introducción del cambio climático, proponemos una enmienda para que
esta ley tenga en cuenta los efectos del mismo. En todos los países desarrollados se están acometiendo actuaciones que afrontan el problema. Es una clara irresponsabilidad del Gobierno. Ya sé que el portavoz nos dirá que eso es cuestión de
creencias de mayas, pero incluso el propio ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente habla de las consecuencias. Quedamos con países de América Latina, vamos a dar lecciones sobre cómo afrontar las consecuencias del cambio climático y
ustedes hacen una ley a setenta y cinco años, con amnistías a estas construcciones sin prever los efectos del cambio climático en un país tan vulnerable como el nuestro.

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En segundo lugar, pedimos que no se reduzcan los terrenos del dominio público marítimo-terrestre. Solicitamos la supresión del apartado 2 del artículo primero, uno, ya que implicaría que muchos terrenos inundables como salinas, marjales,
esteros, en definitiva los humedales costeros protegidos también por una directiva europea, quedasen fuera de esa protección. Además, la mayoría de ellos están protegidos en la Red Natura 2000 o en la Convención Ramsar de humedales y constituyen un
valioso e irremplazable patrimonio que ustedes ningunean y dejan a la libre especulación de quien tenga interés. Por otra parte, también podría dar lugar a la picaresca de inundar la costa baja del litoral con bombas de achique para reclamar la
desclasificación. Creo que esto abre las puertas a las trampas y a la picaresca, precisamente para poner más presión en nuestra costa.


En tercer lugar, proponemos que la zona de servidumbre de protección sea de 200 metros, como algunas comunidades autónomas ya se han visto obligadas a establecer para cumplir con esa función de protección. En cuarto lugar, sobre el plazo de
concesiones proponemos la supresión de la ampliación arbitraria y desmesurada del plazo de concesiones de ocupación del dominio público que ustedes extienden a setenta y cinco años. Esto supone una renuncia del Estado al debido control y protección
del dominio público marítimo-terrestre que está en la Constitución y en la práctica es una privatización de la costa. Además, con esta decisión aumenta extraordinariamente el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o por la
expropiación de los derechos concesionales.


En quinto lugar, podemos hablar también de Formentera y los núcleos urbanos. Proponemos la supresión de la disposición adicional cuarta y también de la disposición adicional sexta. Nos parece una auténtica arbitrariedad. Para solventar
los problemas de algunos núcleos antiguos tenemos la declaración de bien de patrimonio cultural, que es un instrumento que permite precisamente resolver los conflictos que hay en algunos pueblos costeros. Nos parece que ampliar ese deslinde al 90%
de Formentera es una desprotección completa de una isla que debería ser una de las perlas a cuidar del patrimonio natural de nuestro país.


Por otro lado, proponemos la supresión de las concesiones inter vivos porque a nuestro entender esto, unido al plazo extraordinario de extensión de la concesión, supone sin duda introducir en el dominio público marítimo-terrestre el comercio
privado, la posibilidad de especulación y su plena inserción en el mercado. Sobre el informe Auken, del que ustedes hablan, proponemos la inclusión de las recomendaciones que ustedes no han querido oír de este informe. Ya que ustedes apelan a él,
les planteamos una nueva disposición adicional en la enmienda 51 que entendemos que no deberían poder rechazar, porque son las recomendaciones de un informe que ustedes utilizan para defender su reforma. Esas recomendaciones son precisamente para
acabar con el desarrollo urbanístico salvaje basado en las construcciones ilegales y asentado en la cultura del pelotazo, que entiendo que el Partido Popular continúa defendiendo aunque haya hundido al país en una crisis económica y social de la que
no podemos salir porque no hay una alternativa -y no la están construyendo- de desarrollo económico. Otra cuestión es la imposición de cambio de usos de suelo. Nosotros proponemos un impuesto en este ámbito destinado al fondo para el patrimonio
natural y la biodiversidad. Entendemos que hay que limitar ese cambio de usos de suelo para poner freno a la especulación y este impuesto revertiría en poder cuidar mejor nuestro patrimonio natural.


También hay unas enmiendas dedicadas a cumplir con la distribución competencial, porque esta ley va más allá de las competencias que tiene asignadas e incumple asimismo las sentencias del propio Tribunal Constitucional que han sido asumidas
por la mayor parte de los estatutos de autonomía. Me gustaría mencionar que no es solo que no se haya hecho bien el proceso respecto a esta ley -ya entró muy mal-, sino que se ha empeorado en el propio trámite.


Antes de terminar me gustaría comentar algunas enmiendas de otros grupos, que esperemos que no prosperen, porque nos preocupan mucho ya que podrían empeorar el texto. Especialmente me gustaría mencionar aquí las enmiendas de Convergència i
Unió y el impacto que tienen también en la privatización, en el descontrol y en la presión en particular, porque están pensando en la costa catalana, por ejemplo respecto a los usos hoteleros en los ámbitos portuarios. Ustedes están pensando en el
Marina Deluxe, en el hotel Vela, en ese modelo de desarrollo y de presión en las grandes ciudades, en continuar poniendo amarres cuando tenemos más de 30.000 solo en el litoral catalán. No podemos entender que el grupo de Convergència i Unió
coincida completamente con el Gobierno cuando la costa catalana ya está bastante degradada, ni que bastantes enmiendas de dicho grupo vayan en la dirección de poner más presión y degradar más el litoral. Estamos hablando por ejemplo de las
enmiendas números 59 o 67. Hay otras cuestiones a las que sí daremos apoyo porque son competenciales y entendemos que al final se trata de cumplir la distribución competencial, pero sinceramente queremos denunciar también esa voluntad de

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Convergència i Unió de degradar y poner el patrimonio público, que es de todos, al servicio de los intereses privados y de las multinacionales que se quieran asentar. También tenemos dificultades con algunas enmiendas del PNV sobre las
áreas artificializadas para abrir la puerta a empresas en la parte de dominio público marítimo-terrestre. Esta no es una buena práctica y deberíamos proteger precisamente esa zona, ya que el País Vasco también tiene la presión de algunas
actividades que degradan el patrimonio natural, por lo que no podemos dar nuestro apoyo.


En definitiva, se trata de un proceso muy nefasto, con una falta de participación y de apertura del grupo de la mayoría en una ley que entró muy mal, con un contenido también nefasto para el desarrollo de nuestro país y para la protección
del litoral y que previsiblemente todavía saldrá peor de esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Por el grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Voy a empezar explicando un poco otra vez la costa catalana, que es la que conocemos y la que defendemos nosotros, porque después de ciertas intervenciones que hemos oído parece que aquí siempre redundemos en
lo malo y en lo peor. No digo que esta reforma sea perfecta -y lo iré explicando-, pero algunos, como la señora Ortiz, dentro de La Izquierda Plural, de Iniciativa per Catalunya Verds, han tenido responsabilidades de Gobierno en Cataluña. Les
agradezco que apoyen nuestras enmiendas competenciales. La lástima es que yo no pueda apoyar las suyas, porque faltan en el texto, porque La Izquierda Plural no las ha presentado y, por tanto, porque Iniciativa per Catalunya Verds no ha puesto su
grano de arena para que las competencias catalanas puedan recuperarse económicamente, porque legalmente ya las tenemos, las tenemos del tripartito en Cataluña, se traspasaron con el Estatut de 2006 y con los decretos, pero con un pequeño olvido que
era la parte económica, que era la dotación económica para poder ejecutar esas competencias que ahora tenemos y que constituyen un gasto, cuando los cánones y las tasas van hacia el Gobierno central, pero de eso ya hablaremos. Por eso, señora
Ortiz, lástima que nosotros no podamos desde Convergència i Unió votar también aquellas enmiendas competenciales en defensa de Cataluña que La Izquierda Plural podía haber presentado.


Señorías, la costa catalana tiene una densidad de población muy alta, no distribuida uniformemente. Repetimos -ya se lo dijimos el día que se debatieron las enmiendas a la totalidad-: 208 kilómetros de acantilados, 52 kilómetros de costa
baja, 280 kilómetros de playas, 40 kilómetros de puertos y obras marítimas. En total, el 59% de la costa está habitada por población de dos tipos: compacta y difusa. Hay 76 municipios costeros cuyos alcaldes y equipos de Gobierno tienen que
invertir y preocuparse por competencias de limpieza de playas, de salvamento, de balizamiento, que el Estado central olvida y deja en sus manos. Estos responsables de municipios aman la costa, quieren su costa, conocen el modelo mixto de la defensa
medioambiental y también el motor económico que supone para sus localidades en el ámbito pesquero, en el ámbito industrial, en el ámbito turístico. Es importante reconocer que nuestra costa también es respetada y cuidada por aquellos municipios
costeros que saben que su futuro está en esa costa, porque parece que siempre hablemos de negativo, negativo y negativo; por tanto, desde Cataluña queremos defender nuestro modelo costero; sin duda puede haber errores y cosas que mejorar, pero
queremos defender nuestro modelo costero.


Durante esta tramitación no hemos conseguido completar esos traspasos a los que antes me refería, traspasos que nos dan gestión, nos dan autonomía, pero para los que no tenemos recursos en el momento de ejecutarlos, llegando al ejemplo de
que en un edificio en dominio público marítimo-terrestre cuya concesión se termina y que se tenga que derruir, los costes tienen que ir a cargo de la Generalitat de Catalunya. En eso, señorías del PP, y así lo haremos con el Gobierno, queremos
seguir insistiendo porque es una gran injusticia. Tal vez esta ley -así nos lo comentaban los portavoces del Grupo Popular y del Gobierno- no es la correcta. Ya lo hemos visto con el ministro Cañete y con la subasta de CO2: él hace la subasta del
CO2 y el dinero va a la tarifa eléctrica. O sea, tenemos que hablar seguramente no solo con el Gobierno y con los portavoces de Medio Ambiente, sino también con algún responsable de Hacienda o Economía. En ese sentido vamos a seguir reclamando
esas partidas económicas necesarias para que la Generalitat pueda ejercer sus competencias adecuadamente.


Hace meses ya presentamos una proposición de ley a la Mesa del Congreso donde pedíamos que unas realidades existentes desde hace muchos años en la costa de Girona, concretamente en Santa Margarida -municipio de Roses- y Empuriabrava
-municipio de Castelló d'Empúries-, se reconociesen para que, según señalaba el informe Auken y así lo constatan aquellos ciudadanos que enviaron su solicitud a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, no fuese eliminado el derecho a sus

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propiedades y se instaurase una inseguridad jurídica muy importante. Eso se ha incorporado no ahora en las enmiendas sino en el mismo anteproyecto de ley y en el proyecto de ley. Nos congratulamos desde Cataluña. Los diputados, alcaldes y
municipios que desde hace tiempo lo está pidiendo tanto al Gobierno socialista en su momento como ahora al del Partido Popular ven sus peticiones resueltas tal vez no al cien por cien como ellos querían pero sí en gran medida.


Respecto a otra población que es Sitges, donde está el poblat mariner de Aiguadolç, con condiciones diferentes sin duda, creemos que tenemos que continuar trabajando con el Gobierno porque es otra injusticia que más de 300 viviendas estén en
una zona de concesión portuaria cuando realmente la trama urbanística tendría que estar conectada con el municipio y con la trama urbanística del mismo. Sin duda la complejidad legal es diferente a la de los otros casos, pero tenemos que ir
trabajando y esperamos que podamos colaborar con el Gobierno y con el Grupo Popular para buscar una solución para todas aquellas familias, que son de origen sencillo, que no tienen nada que ver con algunas imágenes de la costa, pero que debido,
históricamente, a la situación de sus casas y de sus concesiones tienen una situación jurídica muy delicada.


El Gobierno, en un periodo corto de tiempo, va a tener que redactar un reglamento que desarrolle esta ley. Estaremos muy atentos. Algún diputado lo ha comentado. Nos preocupa la descripción de estas playas de tramo natural. No nos
preocupa porque los municipios vayan a hacer más construcciones, sino porque hay que definirlo bien, pues son una riqueza importante para el territorio, para la economía y para el medio ambiente. Ahí también estaremos atentos al texto del
reglamento.


Quisiera dar un ejemplo de la actitud del Gobierno en este sentido, hablando de economía. En un apartado establece que el impuesto sobre bienes inmuebles de aquellos terrenos que estén adscritos a la comunidad autónoma, pero fuera de la
concesión, lo pague la comunidad autónoma. Creemos que ese es el ejemplo de centrifugar a pequeña o a gran escala la economía del Estado central hacia las comunidades. Esperamos que en el Senado podamos rectificar ese error, ese egoísmo por parte
del Gobierno de transmitir a las comunidades autónomas el pago de ese impuesto.


En el apartado de cánones y tasas es donde hemos presentado más enmiendas. Ninguna de ellas ha sido aceptada ni transaccionada. Como he anunciado antes, continuaremos luchando para que una parte importante de esos cánones que van al Estado
se quede para sufragar los gastos de gestión que están teniendo la Generalitat de Catalunya o los mismos municipios o administraciones locales que están asumiendo competencias que no son suyas. Tampoco han aceptado el compromiso para financiar las
obras de conservación y mantenimiento de construcciones o defensas marítimas. Les pedíamos un plan de compromisos para unos años prolongados y que el Estado se hiciese responsable de aquello que es competencia suya, para lo que tiene que tener
recursos. Esa enmienda no ha sido aceptada esa enmienda.


Sí han aceptado una enmienda para situar la línea exterior de los paseos marítimos, porque la propuesta del proyecto solo lo hacía para los proyectos financiados desde el Estado, cuando en la costa catalana, y supongo que en el resto del
Estado, hay proyectos de paseos marítimos financiados por las comunidades autónomas, por la Generalitat de Catalunya o por los mismos municipios en planes urbanísticos.


Se ha hablado aquí también, pero estamos entrando en un debate vacío, de quién es más defensor del cambio climático. En ese sentido reclamamos que, si no es ahora -parece ser que no lo va a ser-, en otro momento, todos los partidos
pudiésemos llegar a un acuerdo para ver de incorporar en la ley estudios, planimetrías, elementos que nos ayuden a prever la influencia del cambio climático, que es una realidad, y cómo puede influir en la costa. Por ejemplo, cuando la Generalitat
de Catalunya hace obras y reformas en puertos, ya está incrementando el tamaño de los diques y de las protecciones pensando en un posible aumento importante del nivel del mar. Creo que negar lo evidente no es correcto, pero tampoco es necesario
hacer una guerra del cambio climático cuando todos estamos implicados en ese sentido.


Para terminar, señorías, vamos a ser beligerantes con la introducción del artículo 119.2 -al que por cierto algunos compañeros de Cataluña no han hecho referencia-, que es donde se permite al delegado del Gobierno suspender actos y acuerdos
adoptados por entidades locales que afecten a la integridad legal. En ese sentido pasa por encima de las comunidades autónomas, pasa por encima de las competencias de las administraciones locales y aquí sí, señorías, estamos dispuestos a emprender
las acciones jurídicas necesarias llegando al recurso de inconstitucionalidad si es necesario. Creemos que esta medida puede estar motivada por algún ejemplo concreto, pero sin duda con esa puerta están intentando entrar en medio del campo de
fútbol, que es tener centralizado el poder para decidir si en algún momento se pueden parar obras o licencias otorgadas por administraciones locales y por comunidades

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autónomas. En muchos puntos podemos estar de acuerdo y en otros no lo estamos, pero en este seremos beligerantes.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, doña María José Rodríguez tiene la palabra.


La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Nuestra oposición a este proyecto de ley fue ya objeto de la correspondiente enmienda a la totalidad que presentamos y, como dijimos, se fundamenta en múltiples razones, desde el título que se le da, que no es
sino un intento de enmascarar justamente aquello que la ley promueve -la desprotección, la insostenibilidad y el abuso del suelo litoral- hasta sus últimas disposiciones, pasando por la argumentación que se utiliza para justificarlo, que no es sino
el ejemplo de un relato amañado, porque, partiendo de una crítica a la norma vigente hasta hoy, este proyecto no solo no hace posible su mejora, sino que alienta aquello que supuestamente le reprocha a la Ley de 1988: alienta la degradación de
nuestras costas a partir de una amnistía ambiental a infractores presentes y futuros y abre la veda a la especulación. Esta ley supone un grave retroceso en la protección de nuestro litoral, que se ha venido incrementando progresivamente en la
legislación de nuestro país. El Partido Popular también marca en esto un punto de inflexión que nos acerca más a la Ley Cambó y a la Ley de 1969 que a las medidas que están adoptando los países de nuestro entorno en armonía con la normativa
comunitaria. Es una ley antigua y desfasada que solo propone una marcha atrás de décadas para remontarse al modelo desarrollista y a la sobreexplotación de los sesenta.


El Gobierno del Partido Popular nos impone un nuevo recorte de lo que es y debe seguir siendo público por el interés general de la sociedad de hoy y por el de generaciones futuras. Se recorta la definición de dominio público
marítimo-terrestre y se privatiza su disfrute: recorte y privatización son marcas de la casa. Es obvio que esta ley no se justifica en razones medioambientales, pero ni siquiera tendrá efectos positivos desde el punto de vista económico, porque
promueve una estrategia equivocada de la que ya hoy tenemos evidencias claras. Se equivocan ustedes al querer insuflar nuevos aires a la burbuja inmobiliaria y, no, el sector turístico tampoco celebrará -más allá de algún caso muy particular, eso
sí- esta ley. El sector de turismo de playa ofrece signos importantes de agotamiento allí donde el entorno natural está degradado y pierde año tras año competitividad y valor frente a destinos que integran la sostenibilidad como parte de su oferta.


Tampoco el coste que para las arcas del Estado va a tener la aplicación de esta ley ha sido tenido en cuenta y no me refiero ya a la inconsistencia de la memoria económica y sus incógnitas, sino a la ingente inversión que será necesaria para
amortiguar mínimamente los efectos de la erosión de la costa que hoy son visibles, pero que se acelerarán por obra de los despropósitos que esta ley va a permitir y por la inacción de un Gobierno que, quizá fruto de ese afán privatizador, se ha
desentendido en los presupuestos de las necesidades de inversión en nuestro litoral con un programa cada año más pobre.


Desde la perspectiva del coste que va a tener esta ley, hay que señalar que la desprotección nos saldrá muy cara. Pese a que algunos en una visión cortoplacista no alcancen a ver el medio ambiente sino como un freno o un estorbo al negocio,
de un Gobierno se espera que vaya un poco más allá, porque no solo está el coste de los servicios ambientales que una ley así va a provocar y que es perfectamente cuantificable en términos económicos, sino que por si fuera poco hablamos de
seguridad, y no de la jurídica, que esa es otra falacia, como veremos ahora. Resulta incomprensible que el Gobierno no solo ignore la realidad de una costa en regresión -como cualquiera con un mínimo de interés puede comprobar-, sino que a
principios del siglo XXI, a la hora de elaborar una norma sobre una materia objeto de estudio por la ciencia, el Gobierno desprecie los avances que existen en el conocimiento de las dinámicas de nuestro litoral y que permiten anticipar los
comportamientos y los riesgos del mismo a la hora de querer intervenir en él.


Este proyecto de ley, que mete más presión urbanística en nuestra costa en lugar de ensanchar la franja litoral tierra adentro, es además temerario desde el punto de vista de la seguridad. Este Gobierno abdica no solo de adoptar las medidas
para que el dominio público preserve las características que le son propias y le convierten en un patrimonio de inestimable valor, sino de una de sus primeras obligaciones: la de velar por la seguridad de las personas y los bienes. Es inconcebible
que se crean ustedes capaces de desafiar lo que no se rige por una ley en el Boletín Oficial del Estado y es ridículo que se resistan a seguir -aunque solo fuera por prudencia- una mínima pauta de adaptación no ya al cambio climático, que no es
ninguna profecía y que además de intensificar temporales incrementará el nivel del mar, sino a

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los efectos recurrentes de la meteorología, que son también incuestionables, como las inundaciones y las avenidas frecuentes.


Eso sí, nos hablan de seguridad jurídica. Si esta ley no atiende a un mínimo de rigor científico, desde el punto de vista de la técnica jurídica deja también mucho que desear. No solo no acierta con definiciones geográficas, sino que abusa
a propósito de conceptos jurídicos indeterminados, de imprecisión y de ambigüedad, lo que se traducirá -pese a que se diga lo contrario- en mayor litigiosidad, y, sobre todo, abre la puerta a modular su aplicación según interese. Además, relega a
un desarrollo reglamentario aspectos esenciales que deberían ser clarificados ya en el texto de la ley. ¿Dónde está la seguridad jurídica en un texto que promueve el agravio al querer revisar un deslinde aprobado ya en el 95% de nuestro perímetro
costero y que va a legitimar a los insumisos que se resisten al mandato de una ley, pese a que está avalada por el Constitucional y el Supremo en más del 95% de las ocasiones en las que ha sido objeto de reclamación? ¿Les parece eso poca seguridad
jurídica? ¿O acaso es seguridad cambiar la definición de lo que es dominio público para tener la excusa así de revisar un deslinde? Más que seguridad, parece la justificación burda de una trampa. ¿Dónde queda en este proyecto de ley el interés
general? Este proyecto de ley no vela por el interés general ni por el interés del litoral, sino por el interés particular que algunos tienen en el litoral, eso sí. Y es que, señorías, este proyecto, más que un anexo donde excluir del dominio
público a algunos núcleos de nuestro país sin fundamento alguno, debería tener un apartado final de dedicatoria.


Por todo esto y mucho más hemos presentado una serie de enmiendas que no se limitan a volver al texto de 1988. Aprovechamos para introducir las mejoras que el tiempo y la práctica han puesto en evidencia, pero sin alterar lo esencial de
esta ley. Enmendamos todo aquello que sirve para reducir o desafectar el dominio público; la nueva e incierta delimitación de zona marítima o de elementos esenciales como las dunas para algunas costas; la exclusión automática de terrenos solo
porque quedan tierras dentro de un paseo marítimo construido por el Estado o de miles de hectáreas destinadas a cultivos marinos o salinas. Nos oponemos a la desafectación de playas urbanas, así como a la reducción de zonas de servidumbre en los
márgenes de los ríos. Defendemos el plazo de los treinta años para las concesiones. Su ampliación a setenta y cinco años, y no digamos su prórroga por otros tantos, es un despropósito en lo ambiental, no se justifica en lo económico y es una
aberración en lo que se refiere a la gestión pública de un patrimonio de todos.


En el caso de las concesiones compensatorias, el plazo de setenta y cinco años choca con su propia naturaleza porque pervierte el fin que perseguía la Ley de 1988, compensar una expropiación que se hacía a titulares de terreno. Con este
proyecto se desnaturaliza esa compensación y se convierte la concesión justamente en aquello que quería la ley, evitar el privilegio y el uso privativo de un bien público. En el caso de concesiones a actividades económicas, es igualmente
desproporcionado, pues ni siquiera las concesiones portuarias más intensivas en inversión han tenido este plazo, que se fundamentaría en necesidades de amortización, pero además se contravienen los más elementales principios de la competencia, como
marcan las directivas al respecto. Además, nos parece insuficiente el control previo a actividades que puedan ser contaminantes. Por tanto, volvemos al plazo de treinta años y a algo muy importante, a la posibilidad de ejercer por parte de la
Administración los derechos de tanteo y retracto a los que prácticamente se renuncia en este proyecto de ley, así como a que se contemplen mayores controles en las transmisiones, que se amplían sin consideración alguna hacia los principios de
publicidad y concurrencia.


Señorías, presentamos también una enmienda al apartado diecinueve del artículo primero del proyecto de ley desde el reconocimiento de que es preciso arbitrar fórmulas más eficaces a la hora de evitar actuaciones que se consolidan en el
tiempo, en contra incluso de la posición de administraciones que han de respetar los plazos de la justicia, cuyo pronunciamiento negativo no siempre revoca los efectos perjudiciales para el medio ambiente. Eso requiere de una gestión integrada
desde la coordinación y la cooperación de los tres niveles competenciales -estatal, autonómico y local-, con independencia funcional en sus actuaciones, que refuerce los controles previos para evitar antes lo que se lamentaría después. Tal y como
señala el informe de evaluación de la gestión y funcionamiento de las demarcaciones de costas, nuestra enmienda va en la dirección de establecer procedimientos conjuntos de adopción de decisiones entre los distintos niveles de la Administración
implicados en la gestión del litoral reforzando su interlocución. Nosotros proponemos una agencia de evaluación urbanística y de suelo conjunta entre Estado, comunidades autónomas y representación municipal para evaluar y controlar los instrumentos
de la ordenación urbanística local, en especial sobre la legalidad ambiental en nuestras costas.

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Podríamos reconocer la intención del texto que contiene el proyecto de ley, pero desconfiamos de su validez. Por cierto, ya era posible en nuestra legislación, y sin agotar la vía administrativa, recurrir directamente, como se ha dicho, a
la jurisdicción ordinaria para reclamar la suspensión de un acto. Lo digo por el uso maniqueo de la expresión anti-Algarrobico, con la que han bautizado la cláusula de esta ley. Ustedes gobernaban en el año 2003 y no recurrieron la licencia
municipal y esa posibilidad existía. Fue un deslinde aprobado en época de quien hasta hace poco formaba parte de esta Comisión, es decir, fue la aplicación de esta ley que ustedes tanto denostan pero que no cambiaron en ocho años lo que dejó fuera
de ordenación el hotel del Algarrobico; eso y que la Junta de Andalucía, entre otras actuaciones, recurriese la licencia ha servido para avanzar hacia su demolición mediante un protocolo acordado con el Gobierno central, al que espero den ustedes
cumplimiento. Pero además esta contundencia en el control ex ante, que de momento solo sirve para llenar titulares, choca con la laxitud en el control ex post que se reserva a la Administración, que según esta ley va a permitir obras e
instalaciones en zonas de servidumbre con una simple declaración responsable, es decir con menos o iguales requisitos que para abrir una mercería o montar un quiosco. Ya veremos en cuántos minialgarrobicos se traduce esto. De ahí que tengamos
ciertas dudas de que esto solo sea una maniobra populista para aparentar lo que esta ley no es, esa previsión de ahorro del consumo de energía y de agua con la que quieren maquillar de verde este proyecto o el uso sesgado que se ha descubierto por
la propia autora del informe Auken, como ponía de manifiesto esta semana. Hoy han evitado su visita oficial y no acudieron al encuentro, como testimonio de que tenían muy difícil la defensa de este proyecto de ley. De ahí que en nuestra enmienda
exijamos una certificación por parte de entidades acreditadas para reforzar los controles a estas actuaciones.


Presentamos una enmienda también para incorporar a este texto lo que de ninguna manera puede quedar fuera, la necesidad de valorar el impacto que el cambio climático tiene sobre un entorno tan vulnerable como el litoral, de que se gestionen
adecuadamente los riesgos, mitigando los que ya se perciben y anticipándonos a los que se pueden prevenir. No es solo una cuestión ambiental, con todo lo que ello representa, es una cuestión económica. Vean la evolución del sector seguros y los
impactos que está teniendo el aseguramiento de riesgos naturales y calculen además el incremento que en infraestructuras de defensa para el litoral tendrá para las arcas públicas. Proponemos la supresión de nuevos deslindes, del reintegro, de la
exclusión de determinados núcleos. El silencio, en unos casos, y la triste argumentación, en otros, resultan muy elocuentes para dejar en evidencia la falta de rigor de este proyecto. Hablan del origen de la isla de Formentera. Pues mire, el
mismo que el de Ibiza, porque originariamente eran una sola isla, pero las singularidades de la isla de Formentera, que rechaza esta fórmula, la deja sin protección. Como denuncia el Consell insular, deben ser y son otras. En la provincia de
Huelva tiene usted los mismos motivos para excluir a Punta Umbría o a Isla Cristina que para el resto de municipios costeros de la provincia. Por tanto, tampoco se justifica aquí esa cuestión.


No puedo sino lamentar el trámite que ha seguido una ley de enorme trascendencia como la que aquí discutimos. Seguramente, la premura y la forma de su aprobación tengan mucho que ver con la intención de silenciar un debate, de eludir no ya
los argumentos de los grupos políticos sino de restarle eco social. Señorías, el grupo parlamentario mantendrá su oposición a esta ley ante instituciones de la Unión Europea y estará muy vigilante ante su aplicación práctica, porque lo que está en
juego trasciende este debate y a todos los que estamos en él. Derogaremos, en cuanto tengamos la oportunidad, todas las disposiciones que hoy hemos denunciado aquí y que pueden ocasionar un perjuicio irreversible al patrimonio natural de nuestras
costas, pero además estamos convencidos de que el camino es incrementar su protección, en línea con lo que se está haciendo en algunas comunidades, como la andaluza, que ha aprobado un decreto que restringe la edificación en los primeros 500 metros
del litoral. Esta ley va en la dirección contraria de la lógica de los tiempos, de la mayor conciencia ambiental de la sociedad española, de las necesidades del litoral, de los resultados de un modelo económico, de las evidencias del conocimiento
científico y del mandato de las normas europeas. En pocos entornos como en el litoral se despliega tan claramente la atención entre el interés general y el interés particular, y por esto en lugar de ceder hay que frenar la voracidad contra el
litoral, lo contrario de esta ley, porque esta ley opta por lo fácil, que no es ni mucho menos lo más inteligente. No basta con saber hasta dónde ha llegado el agua, señorías, sino prever hasta dónde puede llegar en el futuro, y eso no es
esoterismo, es ciencia, lo dice el profesor Losada. Esta ley no protege el dominio público marítimo-terrestre, sino que es una oportunidad perdida para orientar un modelo de desarrollo sostenible que no solo vea en la protección un freno sino un
activo a largo plazo. Señorías, una ley por sí sola no es suficiente para una correcta gestión de nuestro litoral, pero desde luego una ley como esta será una herramienta devastadora para su conservación. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el portavoz don Rafael Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Después de tantas intervenciones con tanta pasión, vamos a ver si somos capaces de determinar algo sobre el contenido concreto de la ley y, aceptando sin duda alguna las lecciones jurídicas del señor Cantó, que me
brinda a mí como portavoz de este grupo parlamentario, insistiré en que este es un proyecto de reforma de una ley que no ha funcionado adecuadamente, que ha dado lugar a grandes controversias jurídicas y a una litigiosidad altísima entre
propietarios originales de construcciones en las zonas costeras, también entre los ayuntamientos y entre parte de las comunidades autónomas, que incluso llegaron a cuestionar el conjunto de la ley, cosa que ahora en esta reforma que hemos hecho no
se ha producido.


Quiero decir, en primer lugar, por hablar del conjunto de los grupos parlamentarios, que hemos estudiado profundamente las enmiendas que han planteado, que las hemos analizado una a una -eran casi ciento cuarenta y cinco enmiendas-. Nos ha
sorprendido que el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, que presentó una enmienda a la totalidad, no haya realizado ninguna enmienda parcial. No sé si es que le convencimos con éxito en el debate, pero estas cosas suceden y supongo que
habrán sido otras cuestiones las que hayan motivado esa falta de enmiendas parciales al proyecto de ley.


Nosotros hemos aceptado de todas estas enmiendas, como ustedes conocen y así lo hemos anunciado a los grupos parlamentarios, las números 55 y 88, de Convergència i Unió; hemos realizado cinco transaccionales a distintas enmiendas de
Convergència i Unió, de ellas dos coinciden con otras de Coalición Canaria; además hemos realizado otra enmienda transaccional al Grupo Parlamentario Vasco, así como a La Izquierda Plural y al BNG porque hemos estudiado, como les decía antes,
insistiendo en el asunto en profundidad y con criterios jurídicos, más allá de la demagogia a la que algunos nos tienen acostumbrados, las propuestas que cada una de sus señorías hacía.


Señor Cantó, sus seis o siete enmiendas no dan para tanto entusiasmo. Cualquiera que viera su intervención en la televisión o en algún medio de comunicación podría pensar que ustedes habían hecho aquí una especie de enmienda a la totalidad
de todos y cada uno de los artículos del proyecto de ley, pero solo han sido seis enmiendas. Además, en algunos casos creemos que tienen que ver con el anteproyecto de ley -así ha sucedido en su discurso- que se presentó en el mes de julio y que
luego sufrió modificaciones antes de entrar en el Congreso de los Diputados. Por tanto, no voy a extenderme mucho más pero sí quiero decirle que quizás hay que ajustar el tono de los discursos al conjunto del trabajo parlamentario, especialmente
cuando hablamos de un proyecto jurídico enormemente complejo como es este de la reforma de la Ley de Costas.


Al señor Agirretxea quería señalarle lo siguiente. Hemos estudiado con mucho cariño, de verdad, el conjunto de sus enmiendas. Hemos visto que una gran parte de ellas pretendía establecer una serie de criterios con los que excluir la
protección de los elementos patrimoniales históricos, artísticos y paisajísticos. Hemos entendido que si introducíamos estos elementos en la ley iban a suponer un elemento aún mayor de distorsión en la seguridad jurídica que debe de ofrecerse, y de
lo que ha carecido el anterior proyecto de ley, a la actual reforma que nosotros hemos propuesto. Ha hecho una referencia especial a las enmiendas números 20 y 21, pero si hubiéramos aceptado la enmienda 20 con ello hubiéramos provocado que
desapareciera la regla general de prohibición de edificaciones residenciales o habitacionales en la zona de servidumbre de protección. Con esa enmienda podríamos haber provocado que se pudieran construir viviendas y hoteles justo al lado del mar,
lo que como usted comprenderá no es la intención, por mucho que se diga, de este proyecto de ley. También a nuestro juicio introduciría una gran presión urbanística en los terrenos de la zona del dominio de protección marítimo y terrestre
desafectados. Si hubiéramos aceptado la enmienda 21 también daríamos un tratamiento diferencial sobre los elementos BIC que pertenecían antes de la ley a privados del que hemos dado al conjunto y al resto de las propiedades que pertenecían a
personas que fueron afectadas por esta ley, en lo que fue sencillamente una expropiación sin justiprecio. Aquí se produjo sobre la base de una ley un lanzamiento de los propietarios de muchas viviendas, a los que luego se les intentó contentar con
una concesión de un uso a treinta años que precisamente caduca dentro de cinco años. Lo que hemos pretendido sencillamente es cambiar esta situación que había provocado no solo inseguridad jurídica sino cierta zozobra, como ustedes pueden imaginar,
en miles y miles de antiguos propietarios de esos inmuebles previos a la Ley de 1988, que fueron adquirientes de buena fe a los que se les responsabilizó de una ocupación de la costa, cuando luego ha sido muchísimo mayor la que sea producido en años
posteriores, y a los que de alguna forma se

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les hizo víctimas de una decisión política sin que se dieran los elementos normales cuando se producen expropiaciones, como son las indemnizaciones de los bienes expropiados.


Quiero, por otra parte, hacer una serie de comentarios generales al conjunto de las enmiendas que hemos visto por parte de los distintos grupos y que en algunos temas coinciden. Ha habido una parte de enmiendas que tienen que ver con los
terrenos que deben de formar parte del dominio público respecto de las zonas inundables y las dunas. Independientemente de lo que establece nuestra Constitución, que es la adjudicación de estos bienes y la zona marítimo-terrestre, así como la
gestión de las playas al dominio público y, por lo tanto, a la Administración General del Estado, el proyecto de ley lo que ha hecho ha sido precisar algunos de los conceptos que estaban establecidos en la Ley inicial de 1988. Así, frente al
concepto jurídicamente indeterminado de delimitar la zona marítimo-terrestre -aquel famoso donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos-, lo que hemos pretendido es que a través del reglamento se fije qué es precisamente este concepto
jurídico indeterminado, cuál es el régimen temporal, lo que tendrá que determinar el reglamento, y cuáles son esos temporales a los que se hace referencia.


El proyecto de ley ha hecho también un esfuerzo de definición técnica de los elementos que forman parte del dominio público marítimo-terrestre. Antes no existía en la ley una definición de lo que es una albufera, una duna, un escarpe, un
estero, una marisma y, por lo tanto, al hacer esa referencia a ley, señor Cantó, lo que hacemos es dar seguridad jurídica; no tiene nada que ver con lo que usted ha planteado. En lo que se refiere a las dunas, también el proyecto de ley ha
regulado más racionalmente las relaciones entre la duna y el dominio público marítimo-terrestre, definiendo la duna con una gran amplitud y con una concepción incluyente y, a partir de esta definición, establece el criterio de pertenencia a este
dominio, que es funcionalista. Forman parte del dominio las dunas que sirven para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de las costas, que está tomado, por cierto, de la redacción del reglamento de la Ley de 1988. También se incide en
que el reglamento debe de concretar técnicamente esta cuestión.


Los terrenos privados -que ha sido otro de los problemas que han anticipado o participado en algunas de las enmiendas que han presentado los grupos- que se inundan artificial y controladamente no forman parte del dominio público
marítimo-terrestre constitucional por su origen privado y por su uso artificial y controlado; no son naturalmente inundables. Estas son las razones que avalan su no inclusión en el dominio. Lo que se hace es devolver la propiedad a aquellas
salinas y establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de 1988, añadiéndose una limitación muy importante: se consideran servidumbre de protección y, por lo tanto, ni en esos terrenos se van a poder construir ni viviendas ni
hoteles ni ningún otro tipo de construcción que altere las mismas. Hay quien ha pretendido que elimináramos la concesión de setenta y cinco años bajo la justificación de suponer una privatización de facto. Yo ya sé que la señora Auken, que estuvo
reunida con algunos de los portavoces, sostenía que solo tenían que ser treinta años. Pero, ¿treinta años desde cuándo, desde 1988 o treinta años desde ahora? Nosotros hemos intentado utilizar un concepto jurídico concreto de acuerdo con los
precedentes que establecen otras leyes, por ejemplo, la Ley de Aguas, y por eso hemos ido a concesiones de setenta y cinco años. Eso da seguridad jurídica a los propietarios de un patrimonio que tenía enormemente limitado su mantenimiento, su
simple mantenimiento, y que estaba causando un deterioro enorme y formidable del aspecto de nuestras costas y de numerosas edificaciones en las que ya no se invertía absolutamente nada, ni tan siquiera para mantenerse, porque nadie sabía cuál iba a
ser el futuro que aguardaba a las mismas. Además, y relacionado con esto, hemos permitido la transmisión inter vivos de estas construcciones. ¿Por qué, señorías? Porque así ya lo ha dicho el Tribunal Supremo y porque es jurisprudencia aceptada
hasta el punto de que el Partido Socialista en la Ley de Navegación de hace dos años intentó meter este concepto de la transmisión inter vivos. Por lo tanto, nos han sorprendido enormemente las argumentaciones o los motivos que algunos han
expresado esta tarde y también en sus propias enmiendas.


Otro de los elementos de confrontación o de discusión ha sido la relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre. Enmiendas que tienen que ver con los núcleos concretos, con alguna isla en particular. Nosotros lo
hemos hecho según unos criterios objetivos porque no establecer criterios objetivos nos implicaba que la lista fuera interminable, como todas sus señorías han podido comprobar debido a que ustedes mismos han recibido numerosas visitas, supongo, de
alcaldes e incluso de presidentes de comunidades autónomas y responsables de urbanismo de comunidades autónomas, que han hablado de la necesidad de excluir algunos municipios. Y los criterios eran los siguientes: Primero, que fueran núcleos
residenciales. Segundo, que fueran núcleos o conjuntos de edificaciones construidos con anterioridad a la Ley de 1988. Tercero, que los deslindes fueran también anteriores a 1988. No se ha excluido de la zona del dominio público
marítimo-terrestre ningún espacio

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que se pudiera considerar demanio natural, esto es, ribera de mar por ser zona marítimo-terrestre o playa. Espacios, además, que desde hace mucho tiempo estuvieran fuertemente antropizados habiéndose producido una profunda transformación de
su entorno. Zonas en las que resultara totalmente desproporcionada la inversión a realizar para la recuperación de las características naturales del dominio público marítimo-terrestre y, por último, terrenos en los que resultaran absolutamente
innecesarias para la protección o utilización del dominio público marítimo-terrestre. Estos son los elementos que han llevado a incluir estos diez terrenos, que son muy concretos y muy precisos. Sé que ha habido algunas personas y algunos alcaldes
que nos han pedido incluir otros municipios, u otras zonas de su municipio, pero en ellos, como sucedía por ejemplo con Aiguamolls, no se cumplían estos requisitos que hemos exigido para todos y cada uno de ellos.


Ha habido otro bloque de enmiendas muy importante de numerosos grupos sobre el tema de la facultad del delegado del Gobierno para suspender actos y acuerdos, y planteados desde puntos de vista antagónicos, unos diciendo que porque era una
invasión de las competencias de los ayuntamientos y otros justamente por todo lo contrario. Mire, la cláusula anti-Algarrobico tiene precisamente el objetivo de reforzar la protección de la costa evitando que lleguen a producirse situaciones
contrarias a la integración del dominio público o la zona de servidumbre. No vulnera la autonomía local porque da la posibilidad a que los ayuntamientos recurran estas decisiones del propio Estado. Por precisar algunas de las cosas que he
escuchado aquí sobre el tema del Algarrobico, mire, señor Cantó, la obra del Algarrobico se inició en el año 2004, cuando nosotros ya habíamos perdido el Gobierno, pero durante esa época hubo un informe de Costas firmado por una persona que era el
director de Costas de Almería advirtiendo a la empresa que tenía que respetar la zona de los cien metros. (El señor Hernando Fraile muestra a los miembros de la Comisión un documento). Aquí está, si tiene usted interés; también se lo puedo
facilitar a la portavoz socialista para que vea de quién es la responsabilidad. La responsabilidad es de un ayuntamiento socialista que dio esta licencia a sabiendas, que eximió del pago de la licencia a la empresa Azata del Sol; de una comunidad
autónoma que no cumplió con su obligación de vigilar la zona de servidumbre y permitió que se levantaran diecisiete plantas; que además obtuvo y consiguió tres millones de euros de subvención para hacer el hotel. ¡Tres millones de subvenciones de
fondos europeos de la Junta de Andalucía para hacer el hotel! (Aplausos). Y otros 200.000 euros además de la Consejería de Sanidad porque se cumplían unos requisitos higiénico-sanitarios que ningún otro hotel del país cumplía. Por lo tanto, que
ustedes vengan ahora a decir que han sido otros... ¡Asuman las responsabilidades! (Rumores). ¿Qué ocurrió? Ustedes dejaron que se invadiera esa zona de servidumbre en 75 metros y no hicieron nada; y luego, cuando llegaron algunas organizaciones
ecologistas, decidieron paralizar el hotel con gran escarnio internacional y avalando esa seguridad jurídica de la que tanto gozamos en Andalucía. Por eso, doña Laia, en Andalucía, donde ustedes cogobiernan, la alternativa de desarrollo económico
es esa que ustedes plantean y que nos ha llevado al 36% de paro, y donde de la noche a la mañana en un Consejo de Gobierno se decide que ahora la zona de protección son, en vez de 100 son 500 metros.. Por cierto, me hubiera gustado ver alguna de
esas propuestas de la Junta de Andalucía aquí hoy en forma de enmiendas porque ustedes no han presentado ninguna enmienda para proteger 500 metros. Por lo tanto, les agradezco a todos ustedes sus lecciones pero la historia es la que es y aunque
algunos intenten reescribirla ahí está.


Han hecho ustedes referencia también a otro de los asuntos y es el hecho de que aquí estamos haciendo una especie de urbanismo salvaje, de que hay una amnistía general o que se desprotege la costa. No sé si ustedes han leído el texto de la
ley. (La señora Rodríguez Ramírez: Hemos venido aquí a merendar.-La señora Seara Sobrado: ¡Estamos esperando a que lo diga.-Protestas). Está muy bien que ustedes escuchen a la señora Auken, que me mandó muy amablemente una carta para decirme que
quería saber cuáles eran los conceptos de la ley y a la que remití, evidentemente, a la página web del Congreso donde viene el proyecto de ley que se presentaba y las enmiendas de los distintos grupos. (El señor Alonso Núñez: Te han pasado el
papelito del ministerio. Estás muy bien aquí, no en el Gobierno). No hace falta venir hasta Madrid para consultar la página web del Congreso de los Diputados.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, por favor.


Les ruego que escuchen con la misma atención al portavoz del Grupo Popular que al resto de portavoces. (El señor Alonso Núñez: Sí, pero que se nos respete, que no falte, que no moleste.-El señor Barberá i Montserrat: A ser posible con el
mismo tiempo.-El señor Alonso Núñez: Lleva el doble de tiempo).

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El señor HERNANDO FRAILE: Las verdades duelen, lo entiendo.


Sigo con las enmiendas que ustedes han planteado sobre la ampliación de áreas que no tuvieran clasificación de suelo como urbano pero que tuvieran unos requisitos, la famosa disposición transitoria segunda. Nosotros hemos planteado esta
disposición transitoria segunda porque es una reivindicación histórica de dos comunidades autónomas que por la configuración de sus ayuntamientos, por ser núcleos urbanos pequeños que no podían desarrollar como otros lo pudieron hacer entre el año
1985, que se inició la tramitación de la ley, y el año 1988, la clasificación de los suelos de su costa como urbanos pero que tenían esa clara vocación de ser urbanos porque cumplían unos requisitos que los hacían urbanos como tal, según la ley
anterior puedan obtener los mismos beneficios que los que lo hicieron en el pasado. (El señor Barberá i Montserrat: Lleva treinta minutos). Establecemos además unos instrumentos reglados. Tiene que ser la Administración autonómica competente en
materia de urbanismo la que haga esos planteamientos. Tiene un plazo de dos años como mucho para hacerlo y además está la revisión por parte de la Administración General del Estado. (La señora secretaria segunda de la Comisión, Hernández
Gutiérrez: Podemos revisar el vídeo, señor presidente, a ver cuánto tiempo está el Grupo Popular y cuánto los demás). Algunos nos han planteado que quitáramos esa cláusula de la revisión de la Administración General del Estado y nosotros creemos
que eso da garantías. Me extraña que haya quien proponga aquí esta supresión de esta disposición transitoria segunda cuando en Galicia o en otras comunidades autónomas plantean otras cosas bien distintas.


Otra de las cuestiones que ustedes han indicado ha sido la incorporación de criterios sobre la influencia del cambio climático.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, le ruego que vaya concluyendo. (Protestas.-La señora Seara Sobrado: ¿Cómo que vaya concluyendo?).


El señor HERNANDO FRAILE: Voy a intentarlo, el problema que tengo, señor presidente entiéndalo usted, es que he querido ser cortés con los grupos y explicarles nuestra posición sobre las enmiendas. (Protestas.-El señor Barberà i
Montserrat: ¿Cortés?) No he querido echarles un mitin.


El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, entiendo su posición porque la Mesa ha acordado unos tiempos y además hemos dicho que aplicaríamos los criterios con la máxima flexibilidad. Esta Presidencia no le ha aplicado el estricto control de
tiempos a ningún portavoz. (El señor Alonso Núñez: Hasta que ha llegado el PP y tiene el doble.-El señor Sicilia Alférez: ¡Si ningún portavoz ha usado el tiempo!-Rumores). Señor Alonso no está usted en el uso de la palabra. Si me dejan lo
explico. Hemos dicho que en la ponencia hubo una propuesta de distribución de tiempos. El problema es que los ponentes se han confundido de sala y la Mesa, que es la que tiene las competencias, ha propuesto una distribución de tiempos distinta.
Pero se ha dicho -y si me he equivocado que me lo diga alguien- que se aplicarían los nuevos tiempos con la máxima flexibilidad. Ninguno de los portavoces, ninguno de los que ha hablado ha tenido la más mínima advertencia de que se terminaba su
tiempo. Y si me permiten ejemplos, por el Grupo Mixto han intervenido tres portavoces y el último, el señor Baldoví, ha empezado cuando ya se había rebasado con creces ese tiempo. Por lo tanto, le ruego al señor portavoz del Grupo Parlamentario
Popular que resuma su intervención. Está aportando elementos de conocimiento al debate. (La señora secretaria segunda de la Comisión, Hernández Gutiérrez: ¿Eso quién lo dice?-La señora Seara Sobrado: ¡No, no! Lo mismo que nosotros; si no
aporta nada.-El señor Barberà i Montserrat: No nos valore su intervención.-Protestas).


Le ruego que vaya concluyendo.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente... (La señora secretaria segunda de la Comisión, Hernández Gutiérrez: Eso no es ordenar el debate). Señor presidente, si me dejan... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, quien ordena el debate es esta Presidencia. (La señora secretaria segunda de la Comisión, Hernández Gutiérrez: Y usted lo valora políticamente). Usted no tiene el uso de la palabra.
(Protestas.-Rumores). Usted no está en el uso de la palabra.


Señor portavoz, le ruego que vaya concluyendo. (Rumores).


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, he visto muchas cosas en este Parlamento durante mucho tiempo, pero tengo que reconocer que determinadas actitudes desde la Mesa de una Comisión no las había visto nunca. (Protestas.-Aplausos.-La
señora secretaria segunda de la Comisión,

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Hernández Gutiérrez: Efectivamente). No obstante, insisto, y por acabar... (Protestas.-Rumores.- La señora Rodríguez Ramíez: ¡Entrar en debate con la compañera de la Mesa!-Un señor diputado: ¡Muy bien, Hernando, muy bien!) Solo llevo
veinticuatro años en el Parlamento, pero siempre hay alguien que sorprende. (Protestas.-La señora Seara Sobrado: ¡Menos mal que quiere ser cortés!).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, quien dirige y ordena el debate es esta Presidencia. Les ruego que colaboren a la buena marcha del debate. (Pausa).


Prosiga, señor Hernando, por favor.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, para acabar, quiero decirle que he escuchado algunas alegaciones sobre el tema del cambio climático. Les pedí en el debate plenario que pudiéramos precisar, he visto algunas enmiendas
interesantes y nuestro grupo va a presentar un paquete de enmiendas en el Senado sobre este asunto, pero sí quiero hacer frente a la demagogia de algunos o a la manipulación que se ha hecho de determinadas palabras.


Yo creo en el cambio climático. (Rumores). Nosotros creamos una Comisión de Cambio Climático en esta Cámara en esta legislatura a petición de los grupos y continuando con su trabajo. Hoy se ha presentado una estrategia por parte del
ministerio en la lucha contra el cambio climático, pero -insisto- sería muy importante que pudiéramos precisar los efectos que el cambio climático tiene sobre el litoral y sobre nuestra costa. Eso nos daría rigor, nos daría sin duda alguna
precisión en las medidas a adoptar. (Rumores.-La señora Rodríguez Ramírez: ¡Un proyecto con mucho rigor!).


Muchas gracias por sus interrupciones que son siempre por cosas que me halagan. (Aplausos.-Protestas).


El señor PRESIDENTE: Tal y como ha anunciado esta Presidencia, acordamos en la Mesa interrumpir la sesión por un plazo de quince minutos, que es el tiempo que necesitamos para ordenar las votaciones. Aprovecho la ocasión para agradecerles
a los portavoces de todos los grupos que hayan facilitado la ordenación de las votaciones, trasladando a esta Mesa las votaciones que piden por separado y las enmiendas. Estamos cumpliendo los tiempos porque hemos dicho que las votaciones no serían
antes de las siete. Ahora les ruego que descansen (Risas), que se relajen para que luego no nos equivoquemos en las votaciones y podamos terminar lo antes posible. (Pausa).


Señoras y señores diputados, vamos a iniciar las votaciones una vez transcurridos los quince minutos que hemos necesitado para ordenar las votaciones separadas.


En primer lugar vamos a proceder a la votación de la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Popular, consensuada por otros tres grupos políticos. (El señor Alonso Núñez pide la palabra).


El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, no le quiero corregir, pero la PNL no es que esté consensuada sino que ha sido propuesta por cuatro portavoces. Me refiero a ese matiz que introduce, ya que la PNL ha sido formalizada por cuatro
portavoces de grupos parlamentarios, y en concreto por el Grupo Socialista.


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, es una cuestión de matices. En el listado de actividades usted puede ver -es verdad- que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esa iniciativa, pero los cuatro grupos no la habían presentado.
Por tanto, la iniciativa la han presentado el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, pero no los otros grupos. Si somos precisos, vamos a serlo del todo.


Vamos a proceder a la votación del punto 1.º del orden del día, la proposición no de ley sobre medidas de apoyo al sector tabaquero.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a las votaciones relativas al proyecto de ley de costas. En primer lugar, vamos a votar las enmiendas presentadas por la señora Oramas, del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos por separado, en primer lugar, la enmienda número 129 de
la señora Oramas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 39; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 130.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 131.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a la votación en bloque, porque no se ha pedido votación separada, de las enmiendas números 132 y 133, de la señora Oramas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 134, de la señora Oramas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 135.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 136.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 137, de la señora Oramas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 138.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 139.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 140.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 141.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 26; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 143.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 38.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Les recuerdo, señorías, que hay 43 diputados en la Comisión; no hay 44, es decir falta un diputado de La Izquierda Plural. Digo esto a efecto de votaciones.


Enmienda número 144.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 145.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 146.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a la votación de las enmiendas presentadas por la señora Fernández Davila. En primer lugar, votaremos conjuntamente las enmiendas 117, 118 y 128.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 122.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 125.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a la votación del bloque compuesto por las enmiendas 120, 121 y 124.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas de la señora Fernández Davila, excluida la enmienda 127.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a proceder ahora a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En este bloque quedan excluidas -lo digo por anticipado- la enmienda número 26, que es objeto de una enmienda transaccional, y la enmienda número
19, que también es objeto de otra enmienda transaccional; las votaremos al final. Por tanto vamos a proceder a la votación conjunta de las enmiendas números 15 y 18 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de la enmienda 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votación de la enmienda 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 3.

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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a las votaciones del bloque de enmiendas integrado por las números 17, 22, 23, 24, 25; es decir todas menos las que se han votado y las excluidas por ser objeto de enmiendas transaccionales, que son las enmiendas 26 y 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votaremos las enmiendas presentadas por UPyD. Enmienda número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 28; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el grupo de enmiendas de la 7 a la 13, sin la 12 porque ya la hemos votado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a proceder ahora a las votaciones de las enmiendas presentadas por el Grupo de La Izquierda Plural.


En primer lugar, y de forma agrupada, vamos a votar las enmiendas número 27, 29, 31, 35 y 36.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Ahora vamos a proceder a la votación conjunta de las enmiendas siguientes: 28, 30, 33, 34, 37, 38, 40, 42, 43 y 44.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas número 32 y 50.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 39; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 39.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 46.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 47.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 48.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 49.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a la votación conjunta de las enmiendas 51 y 52.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Perdón. Hemos pedido votación separada de las enmiendas 51 y 52.


El señor PRESIDENTE: Ha sido un error de esta Presidencia.


Votamos por separado la enmienda 51.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 52.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 27; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 53.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 26; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Ruego disculpen algún error que se pueda producir al que no es ajena esta Presidencia.


Procedemos ahora a las votaciones del bloque de enmiendas presentado por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Quedan excluidas de este conjunto de votaciones las enmiendas número 56, 62, 69, 73, 81, 84 y 92 porque son
objeto de enmienda transaccional. No obstante, en cada bloque de enmiendas lo iré recordando. (El señor Ábalos Meco pide la palabra). Dígame, señor Ábalos.


El señor ÁBALOS MECO: Nosotros queríamos votar la enmienda 55 separada y la 88 también separada.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señoría. Vamos a proceder a la votación por separado de la enmienda número 55 del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda número 88.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 1; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas números 54, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 72, 74, 78, 79, 87 y 90. Es decir, quedan excluidas de este grupo las enmiendas 73 y 84.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 37.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas 66 y 91 conjuntamente. Quedan excluidas la 56 y la 69.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a proceder a la votación del bloque de enmiendas formado por las números 57, 70, 71, 75 y 80.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 59, 67, 76, 77, 83, 85, 86 y 89.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 25; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Procedemos ahora a la votación de las enmiendas 58 y 82.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda número 106.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos ahora conjuntamente dos enmiendas, las números 94 y 115.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 104.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 114.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 27; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas transaccionales. Todos ustedes, señores portavoces y señorías, disponen de las enmiendas transaccionales, salvo la 104, que al final creíamos que estaba transaccionada y no era así.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, quisiera que quedara claro que esa enmienda transaccional, como era a dos enmiendas, una del Partido Socialista, la 104, y otra del PNV, la 19, y el PNV la ha aceptado, se votaría también esa
enmienda transaccional. ¿Correcto?


El señor PRESIDENTE: Tiene razón. (El señor Agirretxea Urresti pide la palabra).


Sí, señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Quería aclarar que, en el papel que tengo yo, la transacción correspondería solo al punto que me han pasado. En la enmienda 19 mía, transada con ustedes, se refiere al punto dos lo que me han pasado del texto.
No cambia nada más.

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El señor HERNANDO FRAILE: Exactamente.


El señor PRESIDENTE: Enmienda transaccional a las enmiendas 26 del PNV, 41 de La Izquierda Plural, y 127 del Bloque Nacionalista Galego.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda número 56, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda número 62, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 14; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda número 69, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda número 84, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 14; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda número 92, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 14; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda 19, en los términos que ha señalado el portavoz del PNV, señor Agirretxea.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 15; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a las enmiendas números 147, de Coalición Canaria, y 73, de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la enmienda 81, de Convergència i Unió, y 142, de Coalición Canaria.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28, en contra, 14; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último, señorías, vamos a proceder a la votación del texto del dictamen de acuerdo con el informe elaborado por la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 18; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.