CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 239

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFREDO PRADA PRESA

Sesión núm. 16

celebrada el lunes

17 de diciembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Moliner Tamborero), a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales
correspondiente al año 2011. A petición propia. (Número de expediente 245/000003). A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000756)... (Página2)

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Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


El señor PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Posada Moreno): Se abre la sesión.


Señorías, la tradición y el respeto a la institución del Consejo General del Poder Judicial hacen que sea el presidente del Congreso de los Diputados quien dé la bienvenida a esta Comisión de Justicia a su excelentísimo presidente. Son por
tanto mis primeras palabras para dar esa bienvenida al señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, bienvenida que hago extensiva a los vocales del consejo que nos acompañan hoy en esta reunión.


Con estas palabras declaro abierta la sesión de la Comisión de Justicia convocada para la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial a fin de poder presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades
del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales correspondiente al año 2011.


Dejo ahora mi lugar al presidente de la Comisión de Justicia, mi buen amigo Alfredo Prada, para que a partir de este momento dirija el debate.


El señor PRESIDENTE: Señorías, quiero en primer lugar reiterar la bienvenida que ha formulado el presidente de la Cámara al presidente del Consejo General del Poder Judicial, así como al vicepresidente de este órgano, vocales y resto del
equipo; en nombre de todos los miembros de la Comisión de Justicia les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia.


Muy brevemente voy a explicar el procedimiento que vamos a seguir para la tramitación de esta Comisión en lo que es la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial. En primer lugar intervendrá el excelentísimo señor
presidente del Consejo General del Poder Judicial sin límite de tiempo. A continuación se abrirá una intervención de los portavoces de todos los grupos parlamentarios de menor a mayor, es decir, comenzará el Grupo Parlamentario Mixto y seguirán el
Grupo Vasco, Grupo de Unión Progreso y Democracia, Grupo de La Izquierda Plural, Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y Grupo Socialista, cerrando este turno el Grupo Popular, por un tiempo de quince minutos, en los que en principio sí
les ruego que se concentren, porque habrá un segundo turno con posterioridad. Después contestará a los grupos parlamentarios el presidente del Consejo General del Poder Judicial, también sin límite de tiempo, y posteriormente abriríamos un turno de
réplica de los grupos parlamentarios -por eso insisto en la rigidez de los quince primeros minutos- por un tiempo de diez minutos como máximo, y también en el orden de menor a mayor. Por último cerraría esta comparecencia el presidente del Consejo
General del Poder Judicial.


Quiero recordar a sus señorías que si la Comisión lo entendiera conveniente, se podría designar una ponencia en su seno para que informara en el plazo de quince días hábiles sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia que
estén contenidos en la memoria, y que si no se constituyera la ponencia se abriría un plazo de tres días para presentar propuestas de resolución ante la Mesa de la Comisión. Esta admitirá las propuestas que sean congruentes con la memoria objeto de
debate en el día de hoy, en definitiva referidas al servicio público de la justicia, y respetando en todo caso la independencia de la función jurisdiccional de nuestros jueces y magistrados. Las propuestas admitidas a trámite, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 31.2 del Reglamento de la Cámara, serán remitidas a la Mesa del Congreso a efectos de su inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria, tal y como se establece en el Reglamento de la Cámara.


Sin más dilación, reiterando el agradecimiento por su presencia a don Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial, en lo que es su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados desde que tomó posesión de su
cargo, le concedo la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Moliner Tamborero): Señoras y señores diputados, señores miembros de esta Mesa, compañeros del consejo, periodistas, en definitiva, señoras y señores aquí comparecientes, gracias
por la salutación. He de comenzar diciendo que comparezco ante ustedes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, por primera vez, para dar el debido cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 109
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y expresarles en mi nombre y en el de los vocales que integran este consejo nuestro reconocimiento y la máxima lealtad y colaboración a la hora de abordar los retos, problemas y búsqueda de soluciones para la
máxima eficacia de la Administración de Justicia y del Poder Judicial, para conseguir lo que es sin duda un anhelo común, un Poder Judicial independiente y eficaz que

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aporte un marco de seguridad jurídica, y constituya una garantía efectiva de todos los derechos e intereses legítimos.


La memoria cumple efectivamente con el mandato establecido en aquel precepto que he citado, y tiene como finalidad trasladar al Poder Legislativo el estado real de la Administración de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, con
la posibilidad de hacerles ver igualmente las necesidades que para el correcto funcionamiento de la misma habrían de ser atendidas, tanto desde el punto de vista normativo como presupuestario, aun siendo consciente de la real situación económica de
nuestro país y de las dificultades que de ella derivan para poder llevar a cabo determinadas actuaciones, a pesar de considerarlas necesarias.


La memoria que ahora presento ante sus señorías fue aprobada por acuerdo del pleno del consejo del órgano de gobierno del Poder Judicial, en julio de 2012, y contiene, como el propio precepto legal antes indicado exige, por una parte el
despliegue de las actuaciones concretas llevadas a cabo por el Consejo General del Poder Judicial, tanto en relación con el pleno del mismo y sus comisiones legales y reglamentarias como la actividad llevada a cabo por los juzgados y tribunales de
este país en dicho año. Ahora bien, como la memoria se refiere a 2011 y estamos a finales del año 2012 considero necesario introducir en mi explicación, aunque sea de forma somera y especificándolo claramente, algunas pinceladas acerca de la
situación actual de finales de 2012, aunque sea a título meramente informativo y siempre a disposición de ustedes para que puedan hacer las aclaraciones que consideren oportunas.


Para una ordenada exposición del contenido de la memoria me voy a permitir hacer un resumen de la misma, siguiendo el orden previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por tanto refiriéndome en primer lugar al estado, las actividades y
el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial para abordar después el mismo esquema en relación con los órganos judiciales que integran el Poder Judicial, para finalizar con una referencia a las previsiones de mejora que se hallan ya
establecidas o se están perfilando para el mejor funcionamiento actual del consejo y de estos órganos judiciales.


Comienzo por lo tanto con una referencia al estado, actividades y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Me permitirán sus señorías en este momento que haga una referencia personal inicial para indicar que, pese a que la
memoria que hoy tengo el honor de presentar ante ustedes ciñe su contenido básicamente a un periodo temporal en el que yo no formaba parte de la institución, me siento plenamente identificado y solidariamente responsable de la labor realizada por el
actual consejo; una labor que yo califico de positiva, desde este momento en el que me he incorporado al mismo, en muchos aspectos que tal vez en demasiadas ocasiones han pasado desapercibidos, tapada su actividad como ha estado por otros problemas
de todos conocidos que no solo han menoscabado la imagen del propio consejo, sino -lo que es más grave- que han erosionado de alguna manera la confianza de la sociedad en la Administración de Justicia. Ha sido y es objetivo de este consejo y de mi
presidencia recuperar esa credibilidad ante la ciudadanía, y evidentemente ante sus más legítimos representantes, sus señorías, lo que convierte en aún más importante y significativa esta comparecencia.


El Consejo General del Poder Judicial previsto en la Constitución de 1978, como órgano de gobierno del Poder Judicial, se halla integrado, como todos ustedes saben, por veinte vocales y un presidente que es elegido por ellos como presidente
del Tribunal Supremo, y que una vez elegido como presidente del Tribunal Supremo, pasa a ser a su vez presidente del consejo. La actividad del consejo, que es de naturaleza gubernativa y no judicial, se desarrolla a través de unos órganos
colegiados que deciden y de otros órganos técnicos o funcionales que proponen y ejecutan, todos ellos actuando dentro de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial a dicho organismo, y recogidas en el artículo 107 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Los órganos técnicos dependen de una secretaría general que dirige sus actividades dentro de las previsiones y acuerdos legales y reglamentarios, y a estos efectos tengo un esquema que si quieren verlo se lo puedo
proporcionar respecto del organigrama interno del Consejo General del Poder Judicial, que quizá en este momento no sea necesario exponer, salvo que ustedes quieran que lo concrete.


En relación concreta con sus actividades del consejo se impone distinguir entre lo que puede considerarse la actividad normal del mismo, fruto de las competencias que tiene atribuidas, y aquellas otras que merece la pena especialmente
destacar por su especial transcendencia e importancia. Dentro de la actividad normal del consejo se sitúa, en primer lugar, la figura del presidente, que es quien convoca, preside y fija el orden del día de las sesiones del pleno y de la comisión
permanente, controla el funcionamiento de la Administración de Justicia a través del servicio de inspección, ostenta a todos los efectos la representación del mismo, del consejo en todos los organismos nacionales e internaciones;

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pero su actuación concreta durante el año 2011 queda reflejada en la memoria en las páginas 31 a 35, que ustedes han podido ver, y yo creo que no se necesita demasiada explicación, salvo que sus señorías necesiten alguna aclaración sobre el
particular.


El pleno es el órgano máximo del consejo; el pleno de todos los integrantes del Poder Judicial, del órgano de gobierno del Poder Judicial, es el órgano por excelencia del mismo, es el que toma las decisiones más importantes, que se traducen
fundamentalmente en la emisión de informes a los proyectos de ley que tienen un contenido procesal o judicial, es el que decide aprobar los reglamentos competencia del organismo, es el que aprueba las previsiones presupuestarias, conoce de los
recursos contra decisiones de otras comisiones, y de todo aquello que no ha sido situado dentro de la competencia de otro órgano. En las páginas 39 y siguientes de la memoria se recogen los datos más importantes en relación con las actividades del
pleno, y ustedes lo han podido comprobar, pero sí que quiero resaltar que su actividad real, la importancia del número y calidad de su actividad se traduce en el hecho de que en el año 2011 resolvió un total de 1.426 asuntos en las catorce sesiones
que celebró, y entre aquellas decisiones se sitúan como muy importantes el nombramiento de 36 altos cargos judiciales, pero también la aprobación en dicho año de otros importantes reglamentos, el de asociaciones judiciales y de la carrera judicial,
habiéndose iniciado ya en dicho año un plan de austeridad, al que luego me referiré, que entre otras cosas previó una reducción presupuestaria en algunas materias y una reducción de personal. Dado el volumen de asuntos del pleno, desde que yo
alcancé la presidencia celebramos una reunión de esta naturaleza cada quince días en lugar de cada mes como antes se hacía.


La misma referencia que he hecho al consejo se puede hacer a las comisiones en que está organizado, siendo de destacar las actividades de las comisiones de creación legal, y en concreto la de la comisión permanente, que como su nombre indica
se puede reunir en cualquier momento y desarrolla una actividad gubernativa permanente y variada, apreciable en los folios 49 y 59; se encarga normalmente de la gestión del estatuto del juez en todas sus facetas, salvo que haya que tomar decisiones
en el pleno. La comisión disciplinaria, que desarrolla la acción sancionadora de las infracciones disciplinarias cometidas o posiblemente cometidas por miembros de la carrera judicial, queda reflejada en las páginas 63 a 72. La comisión de
calificación interviene en la fase de selección de magistrados y en otros nombramientos y en otros informes de reconocimiento de méritos, páginas 81 a 90. La comisión de igualdad ha desarrollado también su actividad con la efectividad que recogen
las páginas 93 y siguientes. Luego están las comisiones reglamentarias, muy importantes también aunque no están recogidas en la ley orgánica, están recogidas en el reglamento interno del consejo, y se concretan en: la comisión de estudios e
informes, en la que se preparan los informes competencia del consejo en relación con anteproyectos de ley y otras disposiciones generales; comisión presupuestaria; comisión de relaciones internacionales; comisión de modernización informática,
encargada de la planificación de nuevas actividades relacionadas con la modernización de la justicia, la nueva oficina judicial, la informática judicial; la comisión de comunicación, dirigida a la potenciación de las políticas de comunicación en el
consejo; la comisión de escuela judicial, con la misión principal de establecer las líneas estratégicas en materia de selección, formación inicial y formación continuada de los miembros de la carrera judicial, muy importante en cualquier caso; o
la comisión de inspección, que supervisa y dirige la actividad de la inspección de tribunales, como órgano encargado de garantizar la operatividad de los órganos judiciales en este país. Y cabe resaltar por fin, dentro de las actividades del
consejo, la muy importante que llevan a cabo los vocales territoriales, que con sus visitas y comunicación permanente -vocales que se encargan de las visitas a los territorios- con los jueces y magistrados de sus respectivos territorios permiten que
el indicado organismo conozca en cada momento la situación de cada juzgado y tribunal, y pueda por ello adoptar o proponer al órgano correspondiente la adopción de los acuerdos que permitan solucionar los problemas de funcionamiento.


Siendo esta la actividad normal general, y reflejada como está en la memoria, he de resaltar sin embargo determinadas actividades del consejo que merece la pena subrayar, porque su conocimiento quizá no haya alcanzado el nivel que sería
deseable entre la sociedad española, y probablemente entre ustedes aquí presentes. El Consejo General del Poder Judicial en su función, en la diversa funcionalidad recogida en el artículo 107 -como he dicho-, tiene atribuida en primer lugar, y yo
creo que la señalaría como primera medida de importancia, la selección y formación de jueces y magistrados. La formación de jueces y magistrados, como la formación de cualesquiera otros funcionarios o personal de cualquier actividad, es un capítulo
fundamental para dar el servicio público que merece la ciudadanía, y por tanto en ello se vuelca el Consejo General del Poder Judicial con actividades de variada naturaleza que voy a exponer. En primer lugar, se encarga de la selección de los
jueces y magistrados -de los que ingresan

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en la carrera judicial-, selección que se produce en dos turnos, como ustedes saben: de cada cuatro plazas, tres vía oposición y una vía concurso. Por la vía de oposición en el año 2011 el consejo, a través de los tribunales
correspondientes, consiguió que accedieran a la carrera judicial 231 jueces de las 250 plazas convocadas; no aprobaron todos los que se presentaron porque la oposición para acceso a la judicatura tiene una dificultad que quiero resaltar, y puede
decirse que los que acceden a la escuela tienen una formación jurídica suficiente como para desempeñar esas funciones que después se le van a encomendar. En cualquier caso, luego en la escuela están un tiempo, un año y pico, y ahí se profundiza el
conocimiento que ellos puedan tener de entrada. En el año 2011, pues, de 250 plazas convocadas en el 2010 entraron 231, y en el año actual 2012 ingresaron 204 de una convocatoria de 2011. Por el turno de juristas ingresaron en el 2011 además 15
magistrados en el orden social, etcétera, hasta un total de 76 magistrados. Quiero resaltar la selección como algo muy importante porque de ahí es de donde van a salir los jueces y magistrados que van a formar parte de la carrera judicial, y que
van a dar el servicio judicial que la ley orgánica tiene previsto.


Pero no acaba en esta selección la actividad del consejo en este punto de formación. El consejo ha planeado desde hace tiempo el reto de crear un nuevo modelo de formación continua. Durante toda la carrera profesional del juez existen
previsiones de formación a las que se pueden acoger todos los jueces y magistrados. Ahí se distingue entre un plan estatal de formación continua y un plan de formación descentralizada en las comunidades autónomas. En el año 2011 se realizaron un
total de 326 acciones formativas en las que pudieron participar hasta 4.397 jueces; es verdad que algunos participaron en varias y otros no participaron en ninguna, pero el consejo da posibilidad de acceso a una formación permanente que creo que
merece la pena resaltar, teniendo en cuenta que, tal como se desarrolla el proceso legislativo en este país, todos los años hay novedades legislativas que exigen ese giornamento, esa puesta al día de los jueces y magistrados, y en general es un
servicio que está funcionando bien. Se está potenciando también la formación de jueces en materia de mediación, que es una manera iniciática de conseguir que la autocomposición tenga algún interés en el funcionamiento judicial, en la resolución de
los problemas judiciales, y en definitiva estamos hablando de algo que quiero resaltar, y que es el concreto contenido de una formación permanente que podrá ser mejorable, pero que por parte del consejo está siendo llevada con el rigor que se
requiere.


El consejo además realiza una actividad que es muy importante también para la sociedad y para todos nosotros, y es la que se produce por medio de la inspección de tribunales con un seguimiento permanente de la actividad jurisdiccional. O
sea, el consejo, que tiene 18 unidades inspectoras, está permanentemente realizando este seguimiento, que es un control relativo, un control referido a ver cómo funcionan los tribunales y en qué situación se encuentran. En el año 2011 estas 18
unidades llevaron a cabo un total de 347 visitas ordinarias por cuatrimestre, más 14 visitas extraordinarias a juzgados. De sus visitas -por medios informáticos también se informan de cómo se encuentra la situación- se derivaron 5.098 propuestas de
mejora, de las que 3.195 correspondieron a propuestas dirigidas a los propios órganos para mejorar su actividad, 1.293 dirigidas al Ministerio de Justicia sobre las comunidades autónomas para que mejoraran los servicios que prestan, y 110 fueron
propuestas de apertura de expedientes de seguimiento de la actividad para determinar en qué medida se van poniendo al día los juzgados que no lo están. Pero es que además esta comisión remitió a la comisión disciplinaria 565 expedientes con
informaciones efectuadas por si de ellas pudieran resultar acciones disciplinarias. Quiere decirse que la actividad inspectora, que es una de las principales que se desarrollan para ver cómo funciona el sistema judicial, se llevan a cabo con una
periodicidad tremenda. En este año 2012 se han hecho 537 visitas presenciales, más 12 visitas extraordinarias. De ello se deduce -sabe el consejo en este momento histórico y yo estoy en condiciones de saber- qué juzgados funcionan y qué juzgados,
por desgracia, que los hay -como todos ustedes saben-, no funcionan al rendimiento necesario por las razones que en cualquier caso también se pueden especificar. Pues bien, formación e inspección.


Pero el consejo tampoco ha olvidado la conveniencia de que los jueces y tribunales tengan unas condiciones laborales adecuadas para el ejercicio de su actividad. Desde luego aquí he de resaltar que no es al consejo al que le corresponder
atender a los medios personales y materiales. Ustedes ya saben que le corresponde o al Ministerio de Justicia o a las comunidades autónomas que tienen transferidos estos medios. Pero el consejo no puede dejar de preocuparse, en la medida en que
puede, en la medida en que le corresponde, de que los jueces y tribunales tengan una mejora de sus condiciones laborales. En este sentido hay que señalar que en el año 2011 se creó, dentro del servicio de personal judicial, una sección de
prevención de riesgos laborales. Desde el año 1995 en que se publicó la Ley de Prevención de Riesgos

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Laborales no se había tomado ninguna medida respecto del personal judicial. Eso motivó que el año pasado hayamos pasado por primera vez en la historia una revisión médica todos los jueces de este país, cosa que no se había producido en la
vida, aunque desde el año 1995 está en vigor la ley. Por otra parte, en la elaboración del reglamento de la carrera judicial que tuvo lugar en 2011 se recogió también el impacto de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
dando lugar a la aplicación transversal del principio de igualdad de trato, que se ha traducido fundamentalmente en la regulación de diversas modalidades de excedencia voluntaria, licencias, permisos y posible reducción de jornada por razón de
cuidado de hijos, que no estaba previsto en la ley orgánica, y sin embargo se ha previsto como derivación de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que también había que traducirlo al personal judicial.


En el ámbito de la mejora del conocimiento judicial y acceso a datos necesarios para el ejercicio de la función jurisdiccional es de destacar la importancia del Centro de Documentación Judicial, con sede en San Sebastián, que depende del
consejo, que ha llegado a contener para el servicio de los jueces hasta cinco millones de resoluciones judiciales y dos mil normas legales actualizadas que se pueden consultar en cualquier momento a través de la vía que proporciona este organismo, y
en cualquier caso supone la posibilidad de que el juez o magistrado que necesite conocer la doctrina del Tribunal Supremo o una legislación puede acceder directamente en todo momento a ese servicio, que funciona -como digo- a satisfacción, y que en
general ha sido bien recibido por toda la carrera judicial. La posibilidad de acudir a un centro donde te dan la información on line de lo que desees para poner una resolución es una herramienta de vital importancia para el ejercicio cotidiano de
la función por parte de jueces y magistrados, y esto lo ha hecho el Consejo General del Poder Judicial.


Dentro del mismo capítulo de actividades relacionadas con la modernización, la modernización de los medios al servicio de la Administración de Justicia es algo que se debe potenciar, y es una de las cosas que quiero resaltar en el capítulo
de conclusiones. En este momento histórico existe a disposición de cualquier organismo o de cualquier empresa un montón de posibilidades derivadas de la telemática y de la informática. El Consejo General del Poder Judicial no podía estar ajeno a
esta situación, se impuso colaborar en que la comunicación entre los órganos de la Administración de Justicia con otros organismos se potenciara y se hiciera factible por medio de estas vías nuevas, y creó hace unos años el punto neutro judicial
como órgano de consulta, comunicación y gestión de actividades por parte de los órganos de la Administración de Justicia y de otras administraciones que deciden conectarse a esta actividad. En este momento su utilidad práctica se traduce en la
posibilidad de gestionar a través del mismo los exhortos entre juzgados, que de otra manera tenían que hacerse por escrito; el intercambio directo de comunicación entre los juzgados y los centros de detención, con todo lo que ello supone de
adelanto en la comunicación; la realización de embargos por vía telemática, lo que supone que las ejecutorias se aceleran en gran medida; la averiguación de cuentas de bancos y entidades de crédito; la conexión con determinados organismos como
Registro de la Propiedad, Fondo de Garantía y Agencia Tributaria, todo lo cual indudablemente -y ustedes lo verán, no necesita más explicación- es una herramienta de gran importancia. El Cendoj y el punto neutro judicial son dos medidas que ha
llevado a cabo el consejo y que considero que en el territorio de la modernización son dos grandes herramientas a disposición de los jueces. Solamente les puedo decir que en el año 2011 han pasado por el punto neutro judicial 16.464.872 comunicados
y que en este año 2012 superan los 18 millones a través del punto neutro judicial, con lo que ello supone de redacción de millones de sobres, de oficios y de acuses de recibo. Era lo que antes se tenía que hacer cuando no funcionaba este sistema.
En definitiva, el consejo atiende a la selección, atiende a la formación y atiende a la modernización. No acabo aquí, por eso he dicho desde el principio que me parece que este consejo ha realizado una función que no ha sido reconocida y yo, desde
aquí, creo que debo reconocer la trascendencia de su actividad con independencia de otras cosas que han podido pasar y que le han podido perjudicar.


No ha dejado de tener en cuenta el acercamiento necesario de la judicatura a la ciudadanía, la comunicación entre la justicia y la sociedad. Consciente de que la justicia es un valor por y para la sociedad ha seguido en todas sus
actuaciones una línea marcada por la transparencia y el acercamiento de la función desempeñada por los miembros del poder judicial al ciudadano, como destinatario de la justicia. A ello destina un importante esfuerzo material y personal, que se
traduce en actividades como las siguientes. Las voy a enumerar sin adentrarme demasiado en ellas para no hacer demasiado larga la exposición.


Funciona en todos los órganos juridiccionales un buzón en el que cualquier ciudadano puede dejar su reclamación, que es atendida por una unidad del consejo, que es la unidad de atención ciudadana, que

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da respuesta a los pedimentos, quejas o peticiones de los ciudadanos que entienden que algo puede mejorar o que se quejan de que algo no funciona bien. En el año 2011 recibió 11.970 escritos y en todos los casos se dio una respuesta
pertinente. En definitiva, llegaron a la apertura de expedientes disciplinarios derivados de este comunicado del ciudadano.


Actúa dentro del consejo el Foro Justicia y Discapacidad, que tiene la finalidad básica de coordinar las instituciones jurídicas del Estado y así conocer mejor los problemas a los que se enfrentan las personas discapacitadas en relación con
la justicia. Este es un servicio que tiene trascendencia para la creación de juzgados especializados para la realización de actividades a favor de discapacitados y sus familiares y tiene convenios de colaboración en este sentido con algunos
organismos como la Comunidad de Madrid o el Colegio de Abogados de Madrid, que prestan un servicio de orientación jurídica específica destinada a esas personas con discapacidad. Además, el Foro Justicia y Discapacidad creó un premio anual que
potencia las actuaciones que puedan considerarse relevantes en defensa de los derechos de las personas discapacitadas o incapacitadas para su mejor integración social.


Funciona el Observatorio de violencia doméstica, que ustedes ya conocen, con la finalidad de garantizar la protección de las personas más vulnerables y la lucha por alcanzar una justicia igual para todos. En relación con otros colectivos y
organismos públicos, el observatorio está llevando a cabo un importante seguimiento de los supuestos de violencia doméstica, pero fundamentalmente está realizando una actividad de formación y concienciación constante de los jueces y magistrados, que
ha dado como resultado unas cifras de intervención espectaculares y que pensamos que pueden servir para erradicar esta lacra o, por lo menos, para que esta lacra social en que consiste la violencia de género se minimice o desaparezca. A su vez,
para potenciar esta actividad existe una convocatoria de premios a la que pueden concurrir personas o entidades más destacadas con el compromiso de esa protección. En definitiva, es una manera de relacionarse también con la sociedad contra lo que
pudiera parecer que es un órgano, como el consejo o como la Administración de Justicia, que desde fuera se ve como si estuviera al margen de la realidad social.


Se concede todos los años también el premio a la calidad de la justicia, que trata de reconocer y distinguir a los órganos jurisdiccionales y oficinas judiciales por actividades relacionadas con la Administración de Justicia. Desde luego, a
mí, que he asistido a dos, en los años 2011 y 2012, me parece interesantísimo ver las propuestas que se hacen y los premios que se entregan porque cada año aparecen actividades que si se aplican a los juzgados, y se están aplicando, pueden dar un
gran resultado para la mejora de esa calidad.


Asimismo, tengo que decir que también utilizamos las redes sociales para esa comunicación con la ciudadanía. El consejo tiene su página web que puede consultarse en cualquiera de las lenguas cooficiales, así como en inglés y en francés,
como tienen también algunos tribunales superiores. El consejo está dado de alta en Twitter, donde tiene más de 18.000 seguidores. En definitiva, está rigiendo su comunicación por los principios de transparencia, veracidad, calidad, agilidad y
publicidad. En este sentido, y en relación con todo esto que estamos diciendo, se trata de dar lugar a las exigencias de la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia, con especial incidencia en la protección de los más desfavorecidos
para que no exista esa separación que pudiera parecer que hay entre ciudadanía y justicia.


Voy a resaltar igualmente algo que es marginal, pero que tiene mucha importancia también, que es la actividad disciplinaria del consejo. Hemos visto que existe una comisión disciplinaria con facultades sancionadoras, que actúa bien de
oficio o como consecuencia de la actividad inspectora, o bien a denuncia de particulares en averiguación y en sanción, en su caso, de las disfunciones que puedan producirse. Esta comisión disciplinaria recoge las informaciones previas que haya
podido hacer el servicio de inspección, ordena, cuando procede, abrir expediente sancionador y, cuando procede también, impone sanciones a los jueces o tribunales que han podido cometer alguna irregularidad de las infracciones que están tipificadas
en la Ley Orgánica del Poder Judicial.


El número de expedientes incoados en los años 2009, 2010 y 2011 son cuarenta y siete, cincuenta y seis y cuarenta y cuatro y, de los expedientes incoados en 2011, catorce fueron resueltos sin sanción y treinta y dos con sanción. Por su
parte, los expedientes incoados en la presente anualidad de 2012 son cincuenta y siete, de los cuales han finalizado veintiocho sin sanción y veintinueve con sanción.


El ámbito internacional de la actividad del consejo no lo podemos dejar aparte, porque el consejo también tiene una necesidad de comunicación con organismos internacionales que existen, así como la necesaria emisión y cumplimiento de
peticiones de auxilio judicial internacional entre los juzgados y cumplimiento de resoluciones judiciales de otros países, lo cual exige una participación en todos los

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órganos y sistemas que coadyuven a la realización de aquella actividad internacional. Esa actividad internacional se traduce, de forma resumida, en la participación en relaciones institucionales, como las redes europeas, la Cumbre Judicial
Iberoamericana, la Conferencia de La Haya, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. El Poder Judicial está allí siempre en conexión con el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Consejo General del Poder Judicial no actúa sin esa comunicación y
autorización, en su caso, del Ministerio de Asuntos Exteriores, en cuanto reconoce que es el Gobierno el titular de la política exterior del Estado, y colabora con los jueces en materia de auxilio judicial internacional, con misiones que se tienen
que remitir desde órganos españoles a órganos extranjeros.


El Consejo General del Poder Judicial está integrado como punto de contacto en la Red judicial europea, civil, mercantil, la Red judicial europea penal y la Red judicial iberoamericana y ha tenido encuentros en Eurojust y en las redes
europeas. Y en materia de cooperación internacional, continua teniendo su presencia en el ámbito iberoamericano, concretándose su labor en asistencias técnicas a diferentes países, en la participación a programación iberoamericana, en formación
técnica especializada, etcétera.


Finalmente, he de hacer una especial referencia a la actividad presupuestaria del consejo. El consejo realiza una actividad presupuestaria, como órgano autónomo que es, que consiste en la elaboración de un presupuesto anual y la ejecución
de ese presupuesto. El presupuesto anual del año 2011 ascendió a 74.217.930 euros, que ya supuso una disminución del 4,98 % sobre el presupuesto del año anterior. Y en este año ha realizado un esfuerzo de acomodación a las exigencias europeas y a
las exigencias del Gobierno dada la situación en la que nos encontramos; y es importante resaltar que, en cumplimiento de estas previsiones de transparencia y de sugerencias de orden interno, el pleno del consejo, en su sesión del 28 de junio de
2012, antes de aprobar el presupuesto aprobó una propuesta de actualización del régimen de control de gestión y transparencia, actualización que iba dirigida a una mejor ejecución del presupuesto, a un mejor control de los gastos y a una mejor
publicidad de este control que enmarcado en una situación de crisis económica estableció requisitos mayores para la justificación de las indemnizaciones por razón de servicio con motivo de desplazamientos de altos cargos o gastos de protocolo o
representación. Acordó la publicación en la página web del consejo de la agenda institucional de actividades y reuniones de las comisiones y vocalías, que puede ser consultada en cualquier momento, y, muy importante, acordó igualmente la
publicación trimestral del estado de ejecución presupuestaria clasificada por programas, capítulos y conceptos. Con lo cual, se trató de dar la mayor transparencia y austeridad en la parte económica y presupuestaria del organismo. Si ustedes
quieren, también sobre este tema podemos concretar más cosas.


En el año 2012 y en relación con esta materia, el presupuesto del año 2013 se redujo en un 12,02 %, superando incluso las pautas aconsejadas por el Gobierno de la nación, y quedó reducido en 62.778.490 euros, con el que se piensa que
podremos funcionar si bien, claro está, ha supuesto algunas medidas de reducción en algunos capítulos puesto que los presupuestos anteriores se habían hecho porque se estaban dando servicios y necesariamente al reducirlos se han tenido también que
replantear. En definitiva, el Consejo General del Poder Judicial realiza una función, ha realizado una actividad, se puede estar de acuerdo o no con su actividad, pero yo sinceramente, y desde la posición en la que me encuentro, ajena de hecho a lo
que el año pasado fue, me he sorprendido de ver que tendría que reconocer, aunque llegué al consejo a lo mejor con otros criterios, que ha sido muy positivo.


Voy a hablar ahora sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales en el año 2011, que es también objeto de consideración en esta memoria. Con independencia de la mayor precisión que puedan dar las cifras y
estadísticas que se reflejan en los gráficos que aparecen en las páginas 463 y siguientes de la memoria, yo a grandes rasgos puedo decir que la actividad de los organismos, a pesar de las dificultades de medios y económicas que vienen sufriendo, se
ha desarrollado dentro de los límites de lo aceptable; pero ya sabemos que estamos en un momento en el que los jueces y tribunales probablemente no puedan dar la satisfacción que fuera de desear a las demandas de los ciudadanos.


Antes de entrar en los datos estadísticos correspondientes al año 2011, les diré que voy a dar unos datos estadísticos pero advirtiendo que los datos estadísticos que les voy a dar son los de la estadística real de los registros de los
juzgados y tribunales. No obstante tratarse de datos ciertos, de ellos no se puede deducir necesariamente que todos los asuntos registrados se correspondan con procesos judiciales reales, pues todo lo registrado no acaba necesariamente en un
auténtico proceso judicial. Quiero decir que hay asuntos que pueden recibir uno o varios números de registro y traducirse luego en un solo

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procedimiento. Por ejemplo, es el caso típico de un asunto penal que se registra cuando se recibe el parte médico y luego se vuelve a registrar cuando se activa el atestado. Eso puede darse y en los registros figuran como dos cuando
realmente es uno; pero registrado está como dos, y así lo tengo que decir. O es el caso de varias demandas iguales de distintos trabajadores que pueden registrase por separado, porque llegan por separado, pero que posteriormente se acumulan, con
lo cual pueden aparecer como diez números, pero realmente no es así. Eso lo tengo que advertir porque las cifras puede que no se correspondan exactamente con lo que hay. Lo digo en honor de la honestidad que merece una exposición pública ante una
Comisión parlamentaria como la de hoy aquí. También hay asuntos registrados que luego no acaban en ningún procedimiento judicial. Ocurre con los asuntos penales sin autor conocido que se archivan sin ulteriores partes. Pero eso es todo dentro de
la normalidad, no hay por qué pensar en ninguna situación rara, simplemente todos los procedimientos registrados dan lugar a alguna actividad aunque no sea luego necesariamente una actividad procesal completa que termine con sentencia.


Hechas estas advertencias previas, en el año 2011 ingresaron en los organismos judiciales 9.041.442 asuntos, que es un 3,4 % menos que en el año 2010. Han bajado un poquito, pero el hecho de bajar a 9 millones supone que es una barbaridad
de asuntos. No sé cómo se pudo llegar a eso, pero se llegó, es así y es lo que hay. Por lo tanto, en 2011 teníamos 9 millones de asuntos que hubo que resolver por 5.000 jueces -entonces no llegaban, ahora sí- Eso da una situación verdaderamente
difícil de abordar, no hace falta ser matemático para deducir que todos estos asuntos, por más que unos tengan más o menos entidad, son muy difíciles de abordar por una organización judicial como la que ahora les voy a indicar. La tasa de
litigiosidad alcanzó la cifra de 191 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes. La litigiosidad se toma en la memoria como el número de asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes de población utilizando las poblaciones oficiales al 1 de enero.
El número de soluciones ha alcanzado la cifra de 9.143.000, se han superado en 100.000 los ingresos; por lo tanto, ha disminuido la tasa de pendencia un 5 % respecto del año 2010. Así, se aprecia un incremento de la tasa de resolución y una
reducción de la de pendencia, lo cual se puede interpretar como una mejora de la situación del conjunto de las jurisdicciones. En cualquier caso, como ustedes comprenderán, estamos ante cifras tremendas.


Les puedo adelantar datos respecto a 2012, según la estadística que tenemos ahora está bajando igualmente. Ha bajado un 3,5 %, que tampoco es significativo frente a los más de 9 millones que siguen existiendo. Es importante ver cómo ha ido
bajando en la primera instancia como en todos los órganos jurisdiccionales, sin embargo, hay algunos en los que se nota un incremento. En este sentido, es muy llamativo que hayan aumentado un 52 % los procesos monitorios -que será debido a las
reformas procesales- y un 134,13 % las ejecuciones hipotecarias reales, que es un tema problemático, como ustedes saben, y llamativo. En cualquier caso, las cifras que nos dan son esas. La jurisdicción penal ha disminuido y la jurisdicción
contenciosa ha disminuido. Sin embargo, la jurisdicción social, aunque ha disminuido en términos generales, se han incrementado los despidos en un 24,66 %. Por lo tanto, en la jurisdicción social la realidad última es que está en una situación
mucho peor para resolver los asuntos que le llegan si tenemos en cuenta que ha sufrido un incremento total de un 6,45 %, de los cuales el 24,66 % es de despidos producidos dada la situación de crisis económica y en razón de la normativa vigente
sobre la materia.


Sobre estos parámetros reales de 9 millones -que es la cifra que con mejor o peor criterio se baraja, pero que aproximadamente podrá situarse en algo parecido-, la situación de la planta judicial en 2011 es la siguiente: hoy tenemos 5.199
jueces en activo, de los cuales el 49,95 % son hombres y el 50,05 % son mujeres. De ellos, 4.447 están destinados en órganos colegiados y el resto, 3.517, en órganos unipersonales. Se ha producido la situación de que mientras las medias de la
Unión Europea en la ratio jueces/número de asuntos por 100.000 habitantes se sitúa en 14 jueces por 100.000 habitantes de promedio -hay países donde se habla de 20, otros de 12 o de 14- en España estamos en un 10,96. Es un porcentaje inferior que
permite señalar que aquel volumen de asuntos es más difícil de resolver por menos jueces. Las necesidades de justicia que revela nuestra sociedad se ven reflejadas en otra situación, en otra circunstancia y es que durante los dos años últimos a los
jueces titulares les han estado ayudando en la prestación del servicio público judicial un gran número de jueces sustitutos o magistrados suplentes y magistrados eméritos que han sustituido o cubierto vacantes, permisos o licencias de los jueces
titulares en números elevados: 1.402 en 2011 y 1.352 en 2011-2012. Bien es verdad que todos estos jueces sustitutos y magistrados suplentes no actuaban a tiempo completo ni por todo el año, pero sí que se echaba mano de ellos cuando se necesitaban
y, por lo tanto, es algo que se puede entender como una gran ayuda para afrontar estos retos de los números que antes indiqué.

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Además de estos suplentes, hubo 348 medidas de refuerzo adoptadas en el año 2011 por medio de magistrados en comisión de servicio que acudían a otro tribunal a completar o sustituir la falta de juez. Magistrados en comisión de servicio,
magistrados sin comisión de servicio, medidas de autorrefuerzo, magistrados eméritos también, todo esto en los años 2011 y 2012 ha supuesto una gran ayuda para los magistrados titulares de la función judicial en propiedad, digamos, es decir, jueces
y magistrados de este país. También ha ayudado en cierta medida la mediación en procesos familiares, penales y civiles que se ha iniciado hace poco tiempo y que está dando unos ciertos resultados que en el año 2011 han permitido resolver 358
asuntos en civil, 986 en penal y 14 en civil no familiar. No son grandes cifras, pero son ayudas interesantes. Donde funciona la nueva oficina judicial también está ayudando bastante a que los procedimientos se reduzcan, pero hay que decir que en
algunos sitios se ha impuesto y en otros muchos sitios no, con lo cual estamos ante la situación tradicional de una oficina por juzgado, que no es lo más idóneo para el mantenimiento de la gestión del servicio. El futuro, sin embargo, apunta hacia
esa nueva oficina judicial y a los frutos importantes que pueda dar.


En relación con ello, hay que señalar las limitadas perspectivas que nos ofrecen para los años próximos y que se reflejan en el apartado siguiente. Les he dicho cuál es el número de asuntos que tienen que resolver los jueces, cuál es el
número de jueces, cuáles son las medidas, y ahora voy a ver qué pasa con el futuro, dada la situación actual. En la situación actual, con la carga de trabajo que dan las cifras antes indicadas y con la necesidad de sustitutos, suplentes y otros
refuerzos antes referidos, se impondría un incremento en la plantilla de jueces y magistrados superior incluso al que en 2011 consideraban necesario los presidentes de los tribunales superiores de Justicia que, como puede apreciarse en la memoria en
los folios 613 y 614, ascendía en necesidades apreciadas por ellos -y en principio acomodadas a la realidad- a 295 jueces y magistrados unipersonales, más 114 magistrados de órganos colegiados; es decir, un total de 409. A finales del año 2011
entendíamos que hacían falta 409 nuevos magistrados. Sin embargo, en la situación actual no es posible cubrirlos pues debido a la crisis económica no se han convocado oposiciones ni se piensan convocar más que 50 plazas cada año. Es una promesa
verbal que todavía no se ha traducido en norma. No se van a convocar las oposiciones que en el año 2010 y 2011 fueron de 250 plazas cada una. No se han convocado en 2012 ni se prevé convocar para 2013, si acaso 50 plazas. Esto supone que las
previsiones de incremento de la plantilla judicial no se van a producir.


Por otra parte, las previsiones legales para el año 2013, en una norma que todavía no ha entrado en vigor, pero que se halla en fase de aprobación parlamentaria, en esta Cámara concretamente, la ley de eficacia presupuestaria de la
Administración de Justicia, van en el sentido de reducción drástica de los refuerzos de que disponíamos, con la idea de que sean los propios jueces titulares quienes se hagan cargo del trabajo excedente; medida discutible y de efectos
impredecibles. No sabemos cuál es la solución que darán. Ante esta situación cabe augurar un futuro próximo bastante poco prometedor en cuanto a la agilidad en la resolución de los procedimientos judiciales que se incoen. Contamos frente a ello
con el esfuerzo que cada día realizan nuestros jueces y magistrados quienes llevan a cabo un trabajo superior al normalmente exigible y contamos con la posibilidad de optimizar el uso de las nuevas tecnologías, confiando en que con la remisión de la
crisis que sufrimos descienda el número de pleitos o la minoración de alguna manera como consecuencia de los efectos que pueda producir alguna legislación nueva. En cualquier caso, y para serle sincero, si se mantiene el nivel de litigiosidad que
tenemos, tenemos menos jueces y no prevemos incremento de plantilla ni contamos con la posibilidad de echar mano de los sustitutos que teníamos, probablemente el deterioro judicial se produzca. Esa es una de las realidades que no podemos obviar. Y
ello a pesar del esfuerzo que estoy seguro de que harán todos los jueces y magistrados porque, frente a lo que hoy en día está apareciendo como algo anormal, los jueces y magistrados de este país están dispuestos a cumplir su función como siempre lo
han hecho, al margen de otras valoraciones que se puedan hacer. Estoy convencido de que lo harán y, por lo tanto, estoy seguro de que tratarán de hacer frente a esta situación, pero, aunque quieran hacer frente a esta situación, va a ser muy
difícil conseguir que el servicio judicial se preste con la rapidez y calidad con la que la sociedad española debería recibirla.


Como ayuda provisional para prestar este servicio disponemos de la que nos van a prestar los alumnos de la Escuela Judicial que, como antes dijimos, son 231, que saldrán de la escuela en marzo de 2013 y que tendremos que destinar a cumplir
un servicio judicial que indudablemente servirá de gran valor; en ese sentido, para ver a dónde los destinamos y cómo se utiliza mejor su ayuda, se está estudiando en el consejo y se han hecho varias reuniones para ver cuál es la solución mejor de
destinos. Hemos pedido a los tribunales superiores de justicia que informen sobre las necesidades más perentorias a las que

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pudiéramos hacer frente por esta vía. En cualquier caso, hay un problema de coordinación entre el Ministerio de Justicia y el consejo para llevar a buen fin todas estas previsiones legislativas y esa distribución de medios limitados, que
son 231 los que tenemos, que se incrementarían en el año 2014 con la nueva promoción 64ª de la escuela, que tiene otros 204 y que indudablemente podría servir para esa ayuda que se necesita. Por lo tanto, tenemos como única posibilidad esa sin
perjuicio de que las sustituciones, efectivamente en el modo y manera que la nueva ley lo prevea, se lleven a cabo por medio de jueces adjuntos o magistrados suplentes.


Voy a terminar con una referencia específica a la situación del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es un órgano jurisdiccional, y es un órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes; es un tribunal de cuyo funcionamiento dependen
muchas cosas en este país, porque es el último en resolver los grandes problemas que se crean en la interpretación y aplicación de las leyes. El Tribunal Supremo tradicionalmente tenía un gran retraso en la solución de los asuntos, era lo
tradicional, pero esto ya no se puede decir así. Es una satisfacción que tengo que darles, porque a partir de acuerdos que se iniciaron en 2006 con los sucesivos ministros de Justicia suscribiendo convenios de actualización, con ayudas importantes
de otros magistrados, de letrados, se ha conseguido que en este momento histórico se pueda decir que el Tribunal Supremo está al día, no está completamente al día en algún punto pero en general sí, y les voy a decir en qué consiste estar al día.


La Sala primera, que es la Sala de lo Civil, ingresó en 2011 un total de 4.591 asuntos, en este momento tiene 3.326 asuntos resueltos a 31 de diciembre del año pasado, que, frente a los 4.591 que recibe, significa que están prácticamente al
día, están a menos de un año de resolución, con lo cual, una Sala primera cuyo retraso tradicional llegó a ser de cinco años hoy en día se puede decir que está completamente al día. Al día es una palabra que utilizamos que en el argot judicial
significa que el tribunal está resolviendo en los términos previstos en las leyes procesales; las leyes procesales no permiten que los tribunales supremos resuelvan mucho antes de un año porque exige que cuando llega una situación al Tribunal
Supremo se le dé vista a las partes por un mes, a la otra parte por otro mes y según las partes van pasando los meses, o veinte días, y luego al fiscal. Por lo tanto, solo los plazos procesales ocupan unos cuantos meses y eso es inevitable, por lo
tanto, estar al día supone que se resuelve dentro de los plazos previstos en la ley. La Sala segunda está tradicionalmente también al día -utilizo esta palabra- aunque recibe 5.012 asuntos. Llamo la atención sobre el número de asuntos que recibe
cualquier sala cada año, es una barbaridad. La Sala primera recibió 4.591; la Sala segunda, 5.012; la Sala tercera, 7.703 el año pasado, ha mantenido también un ritmo de trabajo importante, pero en este momento es la única probablemente que está
a unos catorce o quince meses de solución, es decir, no está al día completamente pero lo estará probablemente en el mes de junio. La Sala cuarta ingresó 4.920 asuntos y resolvió 822 por sentencia y 3.300 por auto, le quedan menos de los que
ingresa, con lo cual está también al día; y la Sala quinta, que es una sala con muy poca carga de trabajo, está completamente al día. Quiero decir con ello que por lo menos el Tribunal Supremo lo tenemos al día y espero que siga estando así, por
lo cual podemos decir que el órgano máximo del Poder Judicial lo está.


Sin embargo, yo quería llamar la atención también sobre la cantidad de recursos que recibe, y les voy a contar una experiencia que nosotros hemos tenido concretamente en Alemania. En Alemania existe un Tribunal Supremo laboral. Ya saben
que era el presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y con ese motivo hicimos un viaje a Alemania. En Alemania hay cinco Tribunales Supremos -en España hay uno solo pero tiene cinco salas, más o menos similar-, y el Tribunal Supremo
de lo Social tiene un procedimiento muy semejante al español, introducen algunas variables indudablemente, pero parecido al español, pero ¿saben ustedes cuántos asuntos recibe el Tribunal Supremo alemán en lo social? Ochocientos al año. Aquí,
4.900. Eso tiene alguna explicación, pero yo no me atrevo a darla. Además los que resolvemos son los mismos, porque al final por sentencia resolvimos 822 y por auto 3.300 por inadmisión, porque está mal hecho el recurso, o le falta contenido
casacional, o algún requisito. En fin, hay posibilidades de lectura que yo no voy a hacer pero que a ustedes no se les escaparán.


En definitiva, yo creo que el Consejo General del Poder Judicial funciona bien y, por tanto, no sé hasta qué punto merecen mucho la pena determinadas modificaciones, aunque sí sería importante hacer algunas para perfeccionar su
funcionamiento y prever algunas distorsiones que hay. Pero creo que es un organismo que cumple con su función primordial de preservar la independencia de los órganos del Poder Judicial, que es lo que tiene encomendado por la Constitución. Eso lo
cumple y no creo que nadie esté en condiciones de decir lo contrario, más allá de otras historias y particularidades que se hayan podido producir alrededor de su funcionamiento.

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En cuanto a los órganos judiciales, el número de asuntos que tienen que resolver excede de sus posibilidades por mucho que dediquen a ello sus esfuerzos los jueces y tribunales, y repito que me consta que la inmensa mayoría de los
integrantes de dichos órganos alcanzan un nivel óptimo de dedicación y están dispuestos a mejorar si cabe esa dedicación. El próximo futuro -ya lo dije también- no es prometedor, dado que no se prevén incrementos de plantilla y se reducen las
posibilidades de refuerzo, lo que provoca una situación de déficit en la actividad jurisdiccional con efectos perniciosos para la tutela judicial efectiva. Veremos hasta qué punto, trataremos de evitar que sean muchos, pero lo que no puede ser no
podrá ser.


El problema es variado. Ya han visto que hay una desproporción tremenda entre asuntos a despachar y jueces a resolver. Esto se ha intentado solucionar en los últimos años creando más órganos judiciales. Yo pienso que eso hay que hacerlo,
pero no solo eso. A mi juicio no hay que hacer más de lo mismo, sino más de otra cosa, y eso pasaría por crear órganos, pero también por una nueva o mejor organización y distribución de la planta judicial. En la próxima ley orgánica del Poder
Judicial creo que tenemos entre todos la obligación clara de prever un sistema organizativo que mejore el actual. El actual está fundado en planteamientos decimonónicos, sobre el esquema clásico de partidos judiciales y audiencias provinciales y,
aunque ha habido modificaciones legales, al final estamos en un juez con un juzgado, con lo que eso supone de problemas de creación, por ejemplo, porque un juez con un juzgado es mucho más difícil de crear que un magistrado solo. Tenemos que
avanzar hacia la creación de algo que no sé si está previsto en la ley pero sí lo está desde hace mucho tiempo en la mente de todos los estudiosos del derecho, que es el tribunal a distancia, un tribunal que vea los asuntos a distancia con una
oficina judicial, aprovechando todos los medios que da la oficina y todos los medios que proporcione un mejor reparto de asuntos entre los miembros de la oficina judicial. Eso es un reto que hemos de cubrir con la nueva organización. Yo creo que
el consejo en ese sentido está volcado en la idea y les pido a ustedes que, si la entienden oportuna, se vuelquen también en ella. Creo que hay consenso en esta situación.


Una vez prevista esa organización deseable con la nueva planta, habrá que dotarla de los medios técnicos necesarios. Hoy en día hay medios técnicos que nos permiten acelerar bastante el trámite. Vistas las necesidades y los medios que
tenemos que dar, tendiendo hacia el expediente digital, que es una cosa que en algunos países ya existe y aquí todavía está en ciernes, entonces sí habría que dotar a los tribunales de los medios personales que necesitan, el número de jueces que
hagan falta en este país. Entonces es cuando se sabrá los que hacen falta. Con este criterio -ahora el momento lo pasaremos como buenamente podamos-, la futura ley orgánica habrá de ser algo así, algo parecido a eso, y creo que los esfuerzos de
todos habrán de ir en esa dirección. No vale ocultar que siempre será bueno potenciar las actividades de mediación, que siempre será bueno potenciar la formación de jueces y magistrados, y no olvidemos tampoco la formación de los abogados, de
quienes depende en gran medida que la litigiosidad sea mayor o menor. Una vez realizados estos pasos previos, habría que hacer el cálculo definitivo, como digo, y crear los órganos que correspondieran con los jueces que correspondieran, creando las
plazas que hagan falta, si es que hacen falta, y llegando a un funcionamiento óptimo de la actividad jurisdiccional.


Con estas apreciaciones de lege ferenda, porque son de lege ferenda, y viendo que la situación en la actualidad es problemática -ya lo es, pero puede serlo bastante más-, termino mi exposición quedando a su disposición para aclarar cuantas
observaciones deseen plantear.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tal y como habíamos señalado, vamos a dar la palabra a los grupos parlamentarios. No está presente el Grupo Mixto y, en consecuencia, tiene la palabra, en nombre del Grupo Vasco, el señor Olabarría. Le
recuerdo, señor Olabarría, lo establecido; va a haber un segundo turno, así que concretemos este primer turno al tiempo máximo que la Presidencia les concede.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, le agradezco mucho la recurrencia en estos recordatorios sobre el uso del tiempo disponible; sé que lo hace con la intención de ordenar adecuadamente los debates, con toda seguridad. (Risas).


Señor Moliner, le doy la bienvenida más sincera, y espero que esta bienvenida no vaya acompañada de una mala salida. Le ha endosado su predecesor una tarea difícil que usted mismo ha glosado, ha indicado, que es regenerar el prestigio del
órgano, incluso cierto déficit de legitimidad, que no hace falta al órgano, que es un órgano colegiado y no hay nada que reprochar a ninguno de los vocales, cuya dedicación todos conocemos, pero que sí quedó muy alterada por las circunstancias o los
avatares que afectaron a la anterior Presidencia. No es una tarea fácil la que a usted le corresponde y tampoco es

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baladí que el prestigio de esta institución, de este órgano, que al fin y al cabo también afecta al prestigio de la Administración de Justicia con carácter general, vaya siendo repuesto en la medida de las posibilidades. Lo que pasa es que
su propia exposición denota que la tarea de recuperación del prestigio raya en la épica por las circunstancias que usted mismo ha planteado, tanto en sus reflexiones de naturaleza estadística como en las propuestas de lege data, no las de lege
ferenda, que veremos. A mí las de lege ferenda no crea que me tranquilizan particularmente, por lo menos las que estoy escuchando por boca del ministro y otros portavoces del grupo mayoritario en esta Cámara. Sin perjuicio de eso, si estamos
partiendo de que se ingresan cada año más de 9 millones -creo que ha dicho 9.449.000- con una planta de 5.000 jueces, exactamente menos de la mitad de la ratio de jueces por 100.000 habitantes que tiene por ejemplo Francia o cualquier otro país
parangonable al Estado español, lo cual es una atrofia con la que en el ámbito judicial en este país se lleva conviviendo durante decenios -nunca ha sido, en mi opinión, la prioridad de ningún Gobierno de los que yo haya conocido mejorar el buen
funcionamiento del servicio público de la justicia desde la perspectiva de una dotación de jueces suficientes-, esto nos plantea el recurso a lo que usted está haciendo en virtud de reflexiones de lege ferenda y de otra naturaleza, de naturaleza
organizativa, orgánica, para implementar la oficina judicial o informática, es decir, lo de siempre, recurrir a la imaginación para compensar la falta de recursos humanos. Porque -usted lo ha comentado también- de los 5.000 jueces de carrera en
este momento ya tenemos que ir detrayendo los 1.400 jueces sustitutos y magistrados suplentes en virtud de una ley que paradójicamente se denomina de modernización del servicio de la justicia; jueces sustitutos y magistrados suplentes que en
materia de refuerzo, en materia de provisión de vacantes, en materia de los planes anuales de refuerzo, van a ser sustituidos -nunca mejor usada la expresión- con jueces en prácticas, jueces de adscripción territorial, jueces adjuntos, etcétera. Yo
no sé hasta qué punto -y me gustaría conocer su opinión personal sobre esta circunstancia- un juez en prácticas, un alumno de la Escuela Judicial o, como hemos leído hoy en algún periódico, un juez becario -yo no sé si vamos a incorporar también las
becas, en el ámbito de la precarización más absoluta, a un poder del Estado- está en mejores condiciones de sustituir o -como se dice eufemísticamente- profesionalizar el servicio público de la justicia que los jueces sustitutos o magistrados
suplentes, muchos de los cuales llevan más de veinte años en el ejercicio de la jurisdicción. Pero no solo que llevan más de veinte años en el ejercicio de la jurisdicción, señor presidente, sino que llevan veinte años cubriéndolo estadísticamente
casi en su totalidad o en un porcentaje altísimo y en momentos históricos en los que en determinados territorios, por circunstancias como la violencia u otras de otra naturaleza, los jueces de carrera eran remisos o renuentes a ocupar plazas. Con
lo cual tampoco es particularmente agradecido el legislador ni el Gobierno que propone la norma con estas personas que han cubierto la posibilidad de que funcione el servicio público de la justicia en algunos territorios del Estado español. Me
estoy refiriendo a Euskadi, donde hubo que recurrir de forma masiva a magistrados suplentes y a jueces sustitutos por las dificultades, por el azote de la violencia terrorista. Yo comprendo sus tribulaciones y la necesidad de recurrir a un
ejercicio de imaginación verdaderamente épico o extraordinario para cubrir estas lagunas en materia de recursos, de organización.


También desde una perspectiva orgánica me gustaría conocer sus opiniones sobre la ley orgánica del Poder Judicial que se va a presentar a corto plazo en un aspecto muy particular que usted ha omitido, y me sorprende que lo haya omitido: el
sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial que se prevé en esta ley, la propia reconfiguración de vocales del consejo, de su propia naturaleza, de esta extravagancia a la que se llama vocales -los de extracción
judicial-, pero que no se van a dedicar en exclusiva al ejercicio de la función. No sé si usted comparte estas cosas que estamos viendo en un borrador de ley orgánica del Poder Judicial donde se consignan verdaderas extravagancias judiciales, salvo
que a usted le meriten otra opinión estas cosas. En cuanto a la incorporación del concepto, de la misma locución, del mismo término 'juez becario' o 'vocal del Consejo General del Poder Judicial de dedicación no exclusiva a las funciones del mismo'
-lo cual quiere decir que si son de extracción judicial tendrán que compatibilizar en su órgano judicial el ejercicio de la función jurisdiccional con las competencias que se le atribuyan en el seno del Consejo General del Poder Judicial-, me
gustaría saber si usted considera que metafísicamente es posible concebir el futuro órgano para el gobierno de los jueces, de la Administración de Justicia que va a dimanar de la próxima ley orgánica del Poder Judicial. Yo le deseo mucha suerte en
estos ejercicios de imaginación que usted -me imagino que con sus compañeros vocales- está realizando para intentar superar lo que es manifiestamente inasumible mientras no se duplique, por lo menos, la planta judicial en el Estado español.

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Le iba a pedir su opinión sobre la congelación de las oposiciones. Ya me lo ha dicho; una opinión evidentemente preocupada, una opinión casi alarmada por las dificultades que esto ya plantea. Sin perjuicio de eso, yo le deseo que
fructifiquen estos ejercicios de imaginación pero estamos en una situación de crisis económica y donde, a pesar de las reflexiones que parecen apuntar hacia un descenso de la litigiosidad, es muy probable que la litigiosidad no disminuya. No es
habitual que en un contexto de crisis económica disminuya la litigiosidad porque el recurso, la última ocasión que los ciudadanos tienen para buscar el amparo de las leyes o el reconocimiento de sus derechos es la Administración de Justicia.
Seguramente veremos repuntes importantes de la litigiosidad.


Su predecesor en el cargo, señor Dívar -no hay por qué no citar su nombre, todos le recordamos perfectamente-, realizó en la última exposición de la memoria judicial una invocación un tanto extraña que nos llamó mucho la atención porque no
la concretó en ninguna medida de actuación concreta. Manifestó la predisposición del Consejo General del Poder Judicial a atenuar los lacerantes efectos de la crisis económica. ¿Cómo se hace esto mediante órganos judiciales y personas que en el
ejercicio de sus funciones deben sencillamente aplicar lo que prevén o disponen las leyes? No lo concretó, pero yo quería comentarle que vemos con esperanza algunas actuaciones en donde la Administración de Justicia está funcionando de forma mucho
más pertinente, más adecuada a los requerimientos de la crisis económica que los demás poderes del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo e incluso me atrevería a decir que el Poder Legislativo. Le voy a poner dos ejemplos. Alguno no le
resultará desconocido a usted porque es un profesional reconocido en esta materia. La proliferación de anulaciones de expedientes de regulación de empleo, que algunas han sido muy notables, sobre todo en la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, cuya presidenta es Garbiñe Biurrun. Expedientes de regulación de empleo, despidos colectivos, despidos por causas económicas, la última reforma laboral los ha descausalizado absolutamente, no hace falta una invocación de
causa alguna dada la deletérea regulación de las causas para recurrir a esos procedimientos de despido: causas técnicas, económicas, de fuerza mayor, pérdidas económicas reales, pérdidas económicas previstas que no se tabulan o se tabulan mediante
el descenso de las ventas durante tres trimestres consecutivos, etcétera. En definitiva, son causas tan deletéreas, tan genéricas y tantas las que legitiman al empresario para despedir por este procedimiento del despido objetivo y de los
expedientes de regulación de empleo que estamos hablando de una verdadera descausalización de estos despidos. Sin embargo, ya estamos observando cómo en la tramitación algunos expedientes de regulación de empleo son objeto de anulación porque se
percibe por parte del tribunal juzgador, del órgano judicial juzgador que lo que pretende el empresario no es tanto evitar lo que legitimaría acudir a esta fórmula de extinción -por cierto, el año pasado se ha multiplicado por tres el número de
extinciones de contratos de trabajo a través de la vía del despido colectivo; por tres, es un fenómeno muy preocupante en el ámbito de los despidos, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial- sino que lo que busca la empresa es
seguramente solo mejorar su margen de beneficios o, desde una perspectiva preventiva, evitar pérdidas pro futuro. En estos casos se declara la nulidad del ERE, con lo cual lo que ha sido descausalizado y desregulado por la reforma laboral está
buscando una suerte de causalización incipiente pero muy relevante en mi opinión en el ámbito jurisdiccional. Yo le quiero felicitar por ello; usted no representa en este momento a un órgano con competencias jurisdiccionales, pero me gustaría que
sea proactivo y se felicite a los jueces que dicten resoluciones de esta naturaleza.


Otro caso es el tema de los desahucios y de los lanzamientos por la peculiar Ley Hipotecaria que en estos momentos regula esta materia, Ley Hipotecaria a la que hay que añadir las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y las
previsiones del propio Código Civil. Aquí también la justicia va por delante de los demás poderes del Estado; aquí se están buscando fórmulas, puntos virtuosos para evitar que una entidad de crédito pueda quedarse o pueda retener a través del
correspondiente lanzamiento, si no hay otro postor en la subasta, un bien inmueble por un 60 % de su valor, pero el acreedor manteniendo la deuda al deudor por el resto del crédito pendiente más los intereses hipotecarios, más los intereses
moratorios en su caso, más las costas judiciales, etcétera. Hay sentencias muy importantes, algunas dictadas en Navarra, otras en Cataluña, etcétera, que de forma más o menos sutil y subliminal están introduciendo, inoculando en la práctica
jurisdiccional, que no en el ordenamiento positivo, la dación en pago. No será por invocaciones hechas desde el consejo porque serían ilegítimas y vulneradoras de la independencia, pero le quiero felicitar también por esta actuación, que va más
allá de lo hecho en el ámbito del Poder Legislativo, en el ámbito de las Cortes Generales, que no son capaces de encontrar una estructura que imposibilite lo que constituye un verdadero enriquecimiento injusto de las entidades acreedoras,
normalmente entidades bancarias. Y además se utilizan procedimientos sumarios, que es lo que constituye

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el fundamento de la abogada general en el recurso al Tribunal Europeo que está pendiente de ser conocido. Los jueces españoles ya lo están empezando a hacer, por lo cual yo me felicito y desde esa perspectiva me gustaría que sean de alguna
forma alagadas, alabadas o haya una actuación proactiva ante estas actuaciones jurisdiccionales concretas, en distintos puntos geográficos, no generalizadas en la totalidad, pero si se llega a crear jurisprudencia en este ámbito seguramente la
legislación podrá ser reformada y la actuación de la Administración también, señor presidente.


Quiero hacer una segunda pregunta en relación con la opinión -no sé si esta oficializada y es formal- del Consejo General del Poder Judicial sobre la próxima reforma del Código Penal y la famosa cadena perpetua o prisión perpetua revisable y
su visión negativa y la invocación de inconstitucionalidad de la norma. Me gustaría que me indicara su opinión sobre si una prisión perpetua o una prisión permanente revisable -me da igual a cuántos años sea- se incardina en los requerimientos del
artículo 25 de la Constitución, fundamento ontológico de las penas de privación de libertad, y si realmente el informe del Consejo va a derivar o se va a concretar en lo que hemos tenido la oportunidad de saber o se anuncia ya: la posible o segura
inconstitucionalidad de una norma de estas características, como si no estuviera ya incardinada en el ordenamiento punitivo español la cadena perpetua en tanto en cuanto determinados comitentes...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, le ruego que concluya.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...de determinados delitos tienen que cumplir cuarenta años de privación de libertad efectiva, real. Esto sí que es una cadena perpetua de verdad.


Usted ha hablado de la mediación y yo quiero felicitarle por los trabajos de mediación. En este tema de la mediación tampoco el legislador ha estado muy fino puesto que la directiva europea que se refería al arbitraje y a la mediación se ha
traspuesto a la legislación española -y acabo con esto, señor presidente- mediante un peculiar régimen de tracto sucesivo, primero -en la anterior legislatura- lo relativo al arbitraje y después a la mediación. Pero me interesa mucho la mediación
contencioso-administrativa y saber si van a potenciar esta vía, y la mediación penal en tanto en cuanto yo soy de los que creo en un derecho penal restaurativo y no en un derecho penal retributivo. Me gustaría saber si hay una opinión colegiada o
una opinión personal sobre esta materia.


Quisiera también señalar -y esta es mi última reflexión, señor presidente- algo que manifestó el señor Torres-Dulce en su reciente comparecencia en relación con el considerando decimoquinto de la sentencia que declara constitucional a Bildu
y citaba a la Administración de Justicia. Cuando habla del Tribunal Constitucional, de la Administración de Justicia, quiero creer que se está refiriendo solo al ministerio fiscal, a la Fiscalía, pero se iban a vigilar de forma prudente, pertinente
pero muy directa y pormenorizada las actuaciones ex post a la legalización o a la declaración de constitucionalidad de esta organización política, incorporando lo que ya la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con la Ley de Partidos
Políticos de 2003 excluyó del ordenamiento jurídico penal español, que es lo que se denomina democracia militante: vigilancia y la posibilidad de incoar expedientes de ilegalización para partidos que incluso refuten el ordenamiento constitucional,
no lo cumplan o lo critiquen... Si hablamos de los que incumplen el ordenamiento constitucional seguramente tendríamos que empezar por ilegalizar a esta propia Cámara. Sin perjuicio de esto, me imagino que no formará parte...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, por favor, concluya.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por último, en relación con el Tribunal Supremo, me alegro de que funcione bien. Me gustaría también que funcionara bien -y se va a ver en la próxima ley orgánica del Poder Judicial- la sala del 61, que de forma
sobrevenida ha adquirido competencias importantísimas.


Señor presidente, son muchas las cuestiones a tratar. Siento haberme sobrepasado en el tiempo y espero no haberle incomodado.


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. El señor Cantó tiene la palabra.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: La verdad es que preparando la intervención de hoy repasaba cuál fue mi discurso ante su antecesor, el señor Dívar, y me temo que hay una gran cantidad de cosas que no he necesitado cambiar. Me temo además
que las cosas están bastante peor, si cabe, que hace un año. Estamos asistiendo, según mi grupo parlamentario, al desmantelamiento de varias cosas que son muy

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importantes en el Estado de derecho, en el Estado del bienestar. La semana pasada hablábamos de pensiones. Estamos asistiendo a un deterioro y a un final, según quiere el Partido Popular -esperemos que no sea así-, de una sanidad gratuita
y en la justicia está pasando lo mismo. Llegan las tasas judiciales del señor Gallardón, llegan las dificultades de algunas comunidades autónomas para poder garantizar el turno de oficio y uno se pregunta si la balanza de la justicia no está con el
Gobierno del Partido Popular más desnivelada que nunca. Nos gustaría saber cuál es su opinión al respecto.


Usted ha hablado e incluso se ha jactado de la independencia del poder que usted representa. Quisiéramos hablar de eso porque en la comparecencia de su antecesor yo agrupaba los temas de los que quería hablar en dos grandes bloques: una,
que es muy preocupante para nosotros y que tiene que ver con esa -según mi grupo parlamentario- falta de independencia, es decir, con la politización de la justicia actualmente, y otra, que tiene que ver -con todas mis disculpas- con el mal
funcionamiento de la justicia en nuestro país.


Voy a resumir primero los puntos de los que me gustaría hablar y luego los desarrollaré. Me gustaría hablar de politización de la justicia, me gustaría hablar de algunas de esas medidas concretas que ha tomado el señor Gallardón, además con
la excusa, que parece que es muy bien traída siempre por ellos, de la excesiva litigiosidad, que para nosotros pone en peligro -ya lo está haciendo- la gratuidad de la justicia. Hablábamos también de problemas concretos, urgentes y dramáticos. El
señor Olabarría hablaba de los ERE y yo también añadiría -él también habló de ellos- de los desahucios, de la calidad de la justicia y de las resoluciones judiciales, del presupuesto, de los expedientes disciplinarios, de los tribunales de
instancia, de la nueva oficina judicial, de la informatización de la justicia, de las filtraciones y de esa necesidad a la que usted aludía también, y que creo que es obvia para todo el mundo excepto para quienes nos gobiernan, de contar con nuevos
jueces para acelerar el proceso y sobre todo conseguir una mayor calidad en la justicia de nuestro país.


En cuanto a la politización de la justicia -ya lo hemos repetido varias veces en esta Comisión y en Pleno-, nos gustaría hacerle saber de nuevo cuáles son, según nosotros, las posibilidades sobre las que nos gustaría dialogar. Nosotros
estábamos de acuerdo con algo que empezó a plantear el señor Gallardón. Tengo aquí su intervención y decía: Tenemos que dejar bien claro que la voluntad del Gobierno es, como ya ocurrió en los primeros tiempos del funcionamiento del consejo, que
12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías. Y añadía: Y les digo más, si queremos de verdad acabar con la politización tenemos también obligación de que los ocho miembros que habrá que designar
de este Parlamento, y hago extensiva esta reflexión a otros órganos constitucionales del Estado, no sigan siendo parte de un sistema partidario de reparto de cuotas, no es eso lo que quiso el legislador constituyente. Me temo que hemos avanzado
poquito en este tema. A mí me gustaría matizarle cuál es nuestra propuesta. Nosotros defendemos una votación personal, igual, secreta y directa, evitando así pasar del monopolio de los políticos a un monopolio corporativo de los jueces, de las
asociaciones judiciales. Y además querríamos extender esa democratización a todos los órganos judiciales, a todos los órganos de gobierno de la judicatura, no solamente al consejo, sino también a la presidencia de los tribunales superiores de
Justicia y a las audiencias provinciales. Insisto, para Unión Progreso y Democracia hay dos líneas, una de ellas es la recuperación, para nosotros importante, de la competencia exclusiva en materia de justicia a fin de homogeneizar, etcétera, y
luego me voy a referir a todos esos temas que decía anteriormente que tienen que ver con el correcto funcionamiento de la justicia.


Hablaba de lo que decía el señor Gallardón en cuanto a razones por las que justificar lo de las tasas y también ese anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria que extrae de los juzgados un inmenso número de procedimientos judiciales a
ellos encomendados desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, aún vigente en esto, para pasar esos procedimientos a los notarios y registradores pagando. Abundamos de nuevo en ese problema para nosotros fundamental que es poner en peligro la
gratuidad de la justicia. Ya está puesta en peligro, ya no es tal. Esa iniciativa legislativa ya se ha concretado en un anteproyecto que además, quiero resaltarlo, ha sido redactado por una comisión del Ministerio de Justicia en la que no hay un
solo abogado. Quisiéramos saber cuál es su opinión al respecto; a mí me parece cuando menos criticable.


Queríamos hablar también de calidad de la justicia, de las resoluciones judiciales. Hemos hablado mucho de número, de cantidad, pero nos gustaría hablar de calidad. Ya denunciábamos hace un año que nos parecía que la calidad es
manifiestamente mejorable; nos preocupaba el exceso de tecnicismos, en muchas ocasiones encontrábamos resoluciones gigantescas de 30 o 40 páginas, con abuso de citas

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jurisprudenciales. Nos gustaría que nos dijera usted si cree que se puede avanzar y si se ha hecho algo al respecto.


Ha hablado usted de presupuestos, constatamos con usted las dificultades en que debe ponerle a usted y a todo el cuerpo judicial esa bajada de presupuestos, pero nos gustaría que abundara un poquito más en cómo ha sido el cumplimiento de los
anteriores presupuestos y si ha habido alguna desviación. Nos gustaría también que nos comentara algo acerca del mapa de partidos judiciales, que según nosotros debiera superar esas demarcaciones, procedentes del siglo XIX. También nos llama la
atención siempre el número de expedientes incoados por los jueces, que para nosotros sigue siendo muy pequeño, sigue siendo muy reducido. No dejamos de reconocer, por supuesto, la ingente labor que hacen, la profesionalidad y el buen hacer de la
mayor parte del colectivo, pero nos parece sospechosamente pequeño el número de expedientes que se llevan a cabo. Nos gustaría saber su opinión sobre los tribunales de instancia y sobre la nueva oficina judicial. Se llevan gastados muchos recursos
y nos parece que es un secreto a voces el fracaso de esta iniciativa. Hablaba usted de informatización de la justicia, pero seguimos sin avanzar en este aspecto, especialmente en lo que significa poner de acuerdo a los sistemas de todas las
comunidades autónomas con el que ustedes están desarrollando y que, por otra parte, no está teniendo un buen resultado.


Por último, hay otro tema que nos preocupaba que son las filtraciones. Seguimos sin saber si hay algo en concreto al respecto. Hemos visto durante este año cómo se han repetido en numerosas ocasiones numerosas filtraciones que ponían en
peligro los derechos de aquellas personas que estaban siendo juzgadas y, además, el correcto funcionamiento de los juicios. Nos gustaría saber si han avanzado algo, porque no se ha tomado ninguna medida al respecto, con las medidas que se podrían
tomar para garantizar los derechos de las personas que están siendo juzgadas. Voy a escuchar atentamente las respuestas a lo que le he planteado. Si me queda alguna duda más al respecto, utilizaré el siguiente turno para abundar en alguno de estos
temas.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparecencia del señor presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, como es obligado por ley, ante esta Comisión para presentar la memoria del año 2011. Recordaba
ahora que una de las obras más importantes de Sigmund Freud titulada El malestar en la cultura fue publicada en 1930. Hoy podríamos hablar, en un contexto muy similar a aquel de crisis y de retroceso autoritario en Europa, del malestar en la
justicia. Voy a utilizar este término para mi intervención. En primer lugar, malestar en el Congreso de los Diputados respecto al Consejo General del Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial contempla en su artículo 109 una relación
específica entre el Consejo General del Poder Judicial y el Congreso de los Diputados, lo hemos visto hoy aquí con la presencia del presidente del Congreso de los Diputados. Podría parecer que estamos en una aparente contradicción, en la que se da
la relación entre dos poderes pero, al mismo tiempo, el poder parlamentario siente la necesidad -por lo menos mi grupo la siente- de mantener una relación con el Consejo General del Poder Judicial que vaya más allá de lo formal, de lo burocrático,
de lo retórico. Estas memorias se están convirtiendo en una relación puramente formal. En primer lugar, por el tiempo, la memoria de 2011 cuando ya casi llegamos a las puertas de 2013, poco podemos decir que sirva para orientar el trabajo del año
siguiente, por tanto, una memoria en cierta medida anacrónica. Luego, me ha resultado simbólico -no sé si lo es o solamente es un descuido- que en este texto en relación con el texto del año anterior no he encontrado el grado de cumplimiento de las
resoluciones del Congreso de los Diputados. Sin embargo, en la publicación en Internet aparece un capítulo que -¡oh, sorpresa!- es el seguimiento de las resoluciones del año anterior. Es decir, en la memoria de 2011 aparece el seguimiento de las
resoluciones del año 2010. Más allá de la anécdota, descoordinación o el problema que haya sido, a mi grupo parlamentario le preocupa establecer una relación de una vez entre el Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial. Lo
cierto es que no lo hemos podido hacer y lo cierto es que, ante un escándalo como el que se ha producido en el Consejo General del Poder Judicial, que ha provocado alarma social, este Congreso no ha podido decir ni pío.


Pueden decir ustedes que se trata de la independencia del Poder Judicial. No, señores, la independencia del Poder Judicial es jurisdiccional, pero resulta que existe una relación entre el Consejo General como órgano de gobierno de los
jueces y el Congreso de los Diputados que está establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer algo. Esto no puede seguir así. No puede seguir

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así, en primer lugar, el malestar del Congreso de los Diputados o el que mi grupo siente, y además lo manifestamos todos los grupos cuando se produce la comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial con respecto a este
órgano, respecto de las memorias y respecto de las resoluciones; si es que tienen alguna utilidad en esta Cámara en relación con el Consejo General del Poder Judicial, si orientan, si controlan, si proponen, si sugieren, si alientan. No sabemos
muy bien qué significan nuestras resoluciones. Malestar, por tanto, en el Congreso, malestar en el Consejo General del Poder Judicial también.


Usted ha dedicado, yo diría, que el 70 % de su intervención, no creo exagerar, a reivindicar el papel del Consejo General del Poder Judicial. Da la impresión de que la reciente crisis, de que el reciente escándalo, ha provocado -vuelvo a
Freud- en ese conflicto entre la pulsión y la represión, el sentimiento de culpa. Se ve la necesidad del consejo de explicarnos cuáles son las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Agradecemos la explicación, la agradecemos, pero no es
suficiente. De hecho, hoy, en los medios de comunicación -no sé si podemos tratarlo en el día de hoy porque las cosas van mucho más rápidas, y ese es otro de los problemas del Congreso de los Diputados, en la vida social y sobre todo en la vida de
la comunicación, que en la vida parlamentaria- aparece una propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial. No sé si la intervención del presidente y su reivindicación de todas y cada una de las comisiones, de todos y cada uno de los
trabajos, de todos los calendarios y del presupuesto del Consejo General del Poder Judicial tiene que ver con eso, tiene que ver con que el Ministerio de Justicia tiene preparada -no sabemos con quién; con nosotros, no- una reforma del Consejo
General del Poder Judicial -espero que con ustedes, sí, que haya consultado con el Consejo- y vaya a hacer algo también teniendo en cuenta esta explicación que usted ha dado hoy aquí sobre el funcionamiento del Consejo. No cabe duda de que en el
Consejo General del Poder Judicial hay en estos momentos malestar, que se traduce en la reivindicación de las cosas tal y como están.


En mi grupo parlamentario pensamos que hay cosas que se están haciendo bien y no tiene por qué cuestionarlas, pero, por otra parte, hay deficiencias en el funcionamiento del consejo -he dicho una de ellas en la relación con las Cortes- sobre
las que merecer la pena reflexionar. Por una parte, sobre si la fórmula de elección de los miembros del consejo es la mejor o puede haber otra. Nosotros creemos que en todo caso debe ser parlamentaria -antes también he dicho que considero que el
centro de la vida política democrática es el Parlamento-. No creo que el modelo corporativo sea mejor que el modelo parlamentario. El modelo parlamentario es mejorable, no tiene por qué se ser bipartidista, no tiene por qué ser partidista, pero
tiene que ser un modelo de elección parlamentaria. En relación con la composición y el funcionamiento -se lo transmití al anterior presidente del Consejo General y vuelvo a decírselo de la misma manera-, hay quienes pensamos que quien mucho abarca
poco aprieta; que esa pulsión que tiene el consejo de extender sus funciones le quita intensidad a las competencias constitucionales y a las competencias de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ejemplo, ha hablado de muchas de esas funciones;
yo me circunscribo a las que tiene, me circunscribo a la formación, me circunscribo a la inspección y también a la elección en los órganos jurisdiccionales. Bastantes son esas competencias para entrar en otros López y entrar en conflicto de
competencias con el Ministerio de Justicia o con otros ámbitos de la vida institucional de este país. Por tanto en cuanto a las competencias del Consejo General defenderemos que las realice y que las desarrolle; en relación con otras materias que
se han venido incorporando al funcionamiento del consejo y que burocratizan en nuestra opinión el Consejo General del Poder Judicial, las someteremos a reflexión y a crítica, y ya veremos lo que se nos propone por parte del Gobierno si es que se nos
propone finalmente tal reforma.


En tercer lugar, además del malestar del consejo, el que más nos preocupa es el malestar social, el malestar social con la justicia, que podemos decir que viene de largo, no es nuevo, pero que se ha acentuado en los últimos tiempos.
Malestar social con la justicia cuando se hacen encuestas y se califica a la justicia de lenta, a veces de injusta; malestar social con la justicia también con los recientes acontecimientos que se han producido en el ámbito de la justicia española.
Un malestar social que significa por lo pronto que nuestro grupo parlamentario no ha entendido la vendetta corporativa que se ha producido en el Tribunal Supremo en la figura del juez Garzón; no la entendemos; no lo entenderemos y creemos que ha
significado un deterioro de la credibilidad de nuestro Tribunal Supremo. Más allá de todo eso, los que nos consideramos herederos de una tradición republicana nos sentimos especialmente dolidos por que los órganos jurisdiccionales mantengan en esa
materia una actitud que parece de saña con los perdedores de la guerra civil. Esa materia se ha producido en torno al caso Garzón pero que no parece que tengan ninguna intención de rectificar y eso niega el relato compartido de una España
democrática y

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nos retrotrae a otro relato que no quisiéramos que apareciera en la vida política de este país. Y de la misma manera el malestar social con la justicia se produce como consecuencia de los acontecimientos en la presidencia del Consejo
General del Poder Judicial. Bien, nos ha explicado determinadas medidas que han adoptado en materia presupuestaria, en materia de control presupuestario y de control de gasto del Consejo General del Poder Judicial y saludamos esas medidas. Pero
nos preguntamos si lo que he dicho antes respecto al Congreso de los Diputados tiene también otras deficiencias en relación al Consejo General del Poder Judicial. Si además del problema de la relación o el control democrático hay más problemas de
control: de control financiero que no podría realizar el propio consejo de sí mismo o de otras materias que deben ser también objeto de reflexión y de transformación o de cambio. También creemos que ahí debe de haber cambios.


Por otra parte malestar de los jueces. Malestar del conjunto de lo que podemos denominar el servicio público de la justicia en estos momentos de crisis económica, y no solamente con los recortes y no solamente por la atribución del ministro
de Justicia de las, vuelvo a las pulsiones, pulsiones en este caso corporativas, sino porque hay datos objetivos de malestar entre los jueces. En ese sentido quisiéramos conocer cuál es la posición que mantiene el Consejo General del Poder Judicial
y su presidente respecto a medidas que van a influir y están influyendo en el funcionamiento de la justicia. Se ha referido a algunas el presidente del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo respecto al número de jueces en nuestro país, a
todas luces insuficiente, que dificulta el funcionamiento de la justicia; ha establecido un pronóstico: el pronóstico es un deterioro del servicio público de la justicia. Eso va a provocar un mayor malestar: malestar en la justicia y malestar de
los ciudadanos ante la justicia. Eso en nuestra opinión no se soluciona ni con medidas de reorganización ni con medidas tecnológicas. La reorganización, la tecnología es necesaria pero si no existe una voluntad de recursos humanos y de recursos
presupuestarios para la justicia las cosas se van a poner mal. Y si además se toman medidas de mayor recorte aún o de repagos y privatizaciones de la justicia, las cosas en nuestra opinión no solamente se van a poner mal sino que se van a
deteriorar aún más. En ese sentido, tanto la ley de eficiencia presupuestaria, la Ley de Tasas, la preparación de una ley sobre las inscripciones en los registros y demás nos parece que están por una parte quitando a los ciudadanos la igualdad ante
la justicia o restando esa igualdad ante la justicia -que es un precepto constitucional-, como también restando posibilidades al servicio público de la justicia y aumentando el malestar social y el malestar entre los jueces y entre el conjunto de
los funcionarios públicos que trabajan para la justicia.


Termino. En esta materia ha ocurrido algo similar a lo que describe un autor también centroeuropeo respecto a la justicia, hemos pasado de la vieja dama al incidente. Eso tiene que tener una respuesta por parte del Consejo General del
Poder Judicial. La vieja dama es la venganza frente a la justicia y el incidente es lo que hemos vivido a lo largo de los últimos tiempos, que no ha mejorado la imagen del Consejo General del Poder Judicial. En estos momentos de crisis lo que
esperan los ciudadanos de la justicia no solamente es un mejor funcionamiento, con las dificultades que se han comentado con anterioridad, sino que en mi opinión necesitan que la justicia sea más justa con aquellos con los que la sociedad es más
injusta. En estos momentos se habla de litigiosidad y se habla de colapso en la justicia, pero quizás habría que analizar cuáles son las causas y probablemente tengan mucho que ver con lo que acabo de decir ahora, con una sociedad muy desigual, muy
polarizada y con unas leyes también manifiestamente mejorables.


El señor PRESIDENTE: Termine, por favor, señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Por último, me gustaría decirle al presidente del Consejo General del Poder Judicial que nos preocupan fundamentalmente esas personas que están sufriendo una mayor nivel de injusticia y la reparación que pueda
darles la justicia en nuestro país. Los ciudadanos despedidos injustamente, los desahuciados -el Consejo general ha perdido una oportunidad en recoger ese informe-, los casos de justicia gratuita, los menores, los discapacitados y del otro lado de
la balanza la corrupción económica y la corrupción política. Alentaría al Consejo general a impulsar un trabajo -es verdad que con los medios escasos que tiene- fundamentalmente en estas materias, que son los más injustamente tratados y que
necesitan el mayor apoyo por parte de la justicia.


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno correspondiente al Grupo Catalán de Convergència i Unió. Su portavoz, la diputada señora Pigem, tiene la palabra.

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La señora PIGEM I PALMÉS: Hoy, ocho meses después de la última comparecencia para presentar la memoria correspondiente al año 2010, tenemos una nueva comparecencia en una nueva etapa del Consejo General del Poder Judicial, con la adopción y
puesta en práctica de las necesarias medidas de transparencia y austeridad y también con una presidencia renovada, en la persona del señor Moliner, a quien desde Convergència i Unió le damos la bienvenida a esta Cámara y a esta Comisión y le
agradecemos todos los datos que hoy nos ha trasladado. Damos también la bienvenida a todos los señores y señoras vocales que le acompañan.


En primer lugar, quisiera recordar la importancia del acto que estamos realizando porque este es un acto -conviene recordarlo, lo hacemos cada año- donde se visualiza la colaboración entre dos poderes del Estado, el Poder Legislativo y el
Poder Judicial. Prueba de ello es que ha sido el presidente de la Cámara, el señor Posada, quien ha recibido al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Pero es también una comparecencia en donde se nos da traslado de los números del año
en el ámbito judicial; el estado, funcionamiento y actividades del consejo y también de los juzgados y tribunales de justicia, pero también -esto nos parece importante- se nos da traslado de las necesidades que para el correcto funcionamiento deben
ser atendidas desde el punto de vista presupuestario y normativo. Aquí, el señor presidente del consejo ha hecho una pequeña pincelada diciéndonos este pronóstico -como señalaba el señor Llamazares- de un futuro poco prometedor, pero nos gustaría
que aprovechando esta capacidad de propuesta o impulso normativo se nos hiciera de una manera más extensiva y más amplia, porque ustedes son buenos conocedores tanto de la realidad como de las propuestas normativas -no tenemos la capacidad de las
presupuestarias- que sí pudieran ayudar a paliar o mejorar este futuro que usted augura poco prometedor.


Respecto a la memoria, me gustaría trasladarle un par de reflexiones. Una primera -ha salido ya también aquí- es la necesidad de una mayor inmediatez entre el periodo de tiempo al que se refieren los datos de la memoria y el análisis de los
mismos, que es lo que estamos haciendo ahora. Hoy analizamos el año 2011 y estamos, como es obvio, a finales de 2012. Para que los datos fueran realmente útiles, deberíamos analizarlos mucho antes y por ello reiteramos una vez más -porque ya se ha
solicitado muchas veces a anteriores presidencias- una mayor inmediatez en el análisis de los datos. En segundo lugar, como usted conoce bien y ha señalado el presidente de la Comisión, después del debate de hoy y en relación con el mismo se
presentan por los grupos propuestas de resolución que, con posterioridad, se debaten en el Pleno y las que se aprueban se trasladan al Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, año tras año, es también un clásico, el lamento por parte de los
grupos parlamentarios del escaso eco que encuentran en el consejo estas propuestas de resolución. Tampoco he encontrado en la memoria, por lo menos en la memoria escrita, la cumplimentación de las propuestas aprobadas el año pasado, pero en todo
caso me puedo remitir a las de hace dos años; las respuestas son escuetas, cortas, y nos gustaría que, ya que disponen de esta capacidad de impulso normativo y que disponen de buenos informes de capacidad para hacerlos y de buenos datos, se nos
trasladaran propuestas de impulso normativo de mayor trascendencia, de mayor complejidad y de mayor enjundia.


Después de estas reflexiones iniciales respecto a la memoria, voy a trasladarle algunas cuestiones que se nos plantean, tanto del análisis de los datos de la memoria como de otras cuestiones de actualidad sobre las que quisiéramos conocer su
opinión. Derechos lingüísticos. Señor presidente, hemos de poner encima de la mesa que nuevamente ha habido un retroceso en la utilización del catalán en los tribunales de justicia. Así lo recordaba recientemente don Miguel Ángel Gimeno,
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quien ha manifestado que en el año 2011 únicamente el 13 % de las sentencias fueron dictadas en catalán, por debajo incluso del porcentaje, ya muy bajo, del año 2010, que fue del 16 %. Es
evidente que la utilización del catalán en los tribunales de justicia es una responsabilidad plural, coral, no solo de jueces y magistrados sino también del personal de la Administración de Justicia, de los abogados, procuradores y también de los
justiciables, pero le queremos requerir, como presidente del consejo, a que se pongan todos los instrumentos necesarios para que en la parte que a sus competencias se refiere no siga produciéndose e incrementándose este retroceso. A este respecto,
creemos que la aprobación del Reglamento 2/2011, una parte del cual se refiere a la regulación por parte del Consejo General del Poder Judicial del conocimiento del idioma cooficial y del derecho civil propio como mérito preferente en los concursos
para órganos judiciales de determinadas comunidades autónomas, puede ser una buena medida y queríamos preguntarle si usted también lo considera así y que pueda dar un vuelco a esta situación. Respecto a este tema de derechos lingüísticos, le
solicitaríamos que, en lo que a sus competencias se refiere, se impulsen aquellos actos para reconocer la validez y eficacia de las actuaciones

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judiciales realizadas y de los documentos presentados en el idioma oficial de una comunidad autónoma, garantizándose el derecho de los ciudadanos a que cuando se dirijan a los órganos con jurisdicción en todo el Estado puedan hacerlo en su
propia lengua, evitando que la presentación de escritos en lenguas oficiales diferentes del castellano pueda suponer bien su no admisión bien la dilación de los procedimientos. Ello no solo está previsto en los estatutos de autonomía ya aprobados
sino que recientemente ha habido una recomendación del Consejo de Europa en el sentido de que el Estado español no protegía ni debida ni suficientemente lo dispuesto en la aplicación de la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias en
España, en diversos ámbitos y, especialmente, en el ámbito de la Administración de Justicia. Nos gustaría saber si piensan impulsar algunas iniciativas al respecto o si piensan atender a estos requerimientos.


Por lo que se refiere a los consejos autonómicos de justicia, previstos en ocho estatutos de autonomía, con las precisiones del Tribunal Constitucional en cuanto a que deben ser órganos desconcentrados que respeten la unidad del Poder
Judicial, siguen sin ser creados, señor presidente, aunque además de los propios estatutos de autonomía hay cuerpos legales en donde se menciona y en donde se prevé ya su intervención, como en el Estatuto Orgánico del ministerio fiscal. ¿Qué
previsiones tienen en el consejo para, en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, desarrollar los consejos autonómicos? Me gustaría saber si hay esta previsión. Entendemos también que este tema puede adquirir mayor relevancia si
a tenor de las informaciones que tenemos la reforma en profundidad del gobierno del Consejo General del Poder Judicial, anunciada desde el ministerio, va a limitar a un número reducido de vocales la dedicación exclusiva. ¿Usted cree señor
presidente, que la numerosa actividad que nos presentan, por ejemplo, en la memoria del año 2011, con la implicación directa y exclusiva de todos los vocales, se va a poder realizar con una dedicación no exclusiva si no se crean, desconcentrándose
las funciones, los consejos autonómicos de manera que parte de la ejecución de lo que se decida en el consejo pueda realizarse desde organismos en este caso pegados al territorio?


Es también imperativo, señoría, que me refiera a temas que están en la agenda diaria, que son temas derivados de la actividad reformadora del Gobierno, que crean y han creado un gran malestar en todos los operadores jurídicos y que, aunque
en muchos de ellos es cierto que no hay una competencia directa del Consejo General del Poder Judicial, no podemos dejar de plantearnos, máxime cuando ha habido ya por parte del presidente del consejo, de la portavoz o de vocales del mismo,
declaraciones sobre los mismos que han sido recogidas en los medios de comunicación. Primer tema, muy preocupante para nosotros: tasas judiciales, que se implementan precisamente hoy. Unas tasas judiciales, a juicio de Convergència i Unió,
absolutamente desorbitadas e impeditivas del acceso a la Administración de Justicia. Una ley que ha sido aprobada con los únicos votos del Grupo Popular que si bien al tener la mayoría absoluta son legítimamente suficientes, no deja de ser
relevante que ningún otro grupo parlamentario haya estado de acuerdo con estas tasas, especialmente por lo desorbitado de las mismas. En fechas recientes la portavoz del consejo ha asegurado que la Ley de Tasas limita la tutela judicial efectiva,
rompe el Estado de derecho y no soluciona el atasco judicial. Nos consta que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española solicitó al consejo que acordara acciones pertinentes para que el Gobierno derogara la Ley de Tasas por causar
perjuicios, indefensiones irreparables a los ciudadanos. El parecer del consejo ha sido que no era un tema de su competencia, pero ha encargado un diagnóstico de los efectos de la entrada en vigor de la ley. Nos gustaría saber si ello ha sido así
y cuándo van a poder tener los resultados de este informe, de este diagnóstico. A Convergència i Unió también le gustaría que desde el Consejo General del Poder Judicial se hiciera no solo una valoración de la entrada en vigor sino también una
valoración de la aplicación de las tasas durante, por ejemplo, el primer trimestre del año 2003, que elaborara un informe para analizar qué es lo que significan en cuanto a impeditivas o no del acceso a la justicia especialmente de las amplias capas
medias de la sociedad.


Código Penal. Los medios de comunicación se han hecho también eco del proyecto de informe que sobre la reforma del Código Penal se está elaborando por el Consejo General del Poder Judicial, en el que al parecer se cuestionan algunas de las
principales medidas que pretende introducir el ministerio, como serían la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, y lo cuestionan porque plantean dudas acerca de su constitucionalidad por compaginarse mal con la reinserción que
atiende al artículo 25 de la Constitución española. Nos gustaría también si usted nos pudiera dar alguna opinión al respecto.


Otro tema es la reforma ya aprobada de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entendemos que la situación que se deriva de la práctica supresión de jueces sustitutos que se prevé en dicha ley no va a poder resolverse únicamente mediante
sustituciones internas, especialmente en los partidos judiciales

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donde el grado de pendencia y la proporción entre jueces titulares y vacantes o necesidades de sustitución sea superior a la proporción que se estime asumible mediante dichas sustituciones internas. Sería por tanto necesario, a nuestro
juicio, en estos supuestos la creación de más plazas de jueces de adscripción territorial, y querríamos saber cuál es su opinión al respecto.


Por cierto, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se anudan al concepto carga de trabajo -literalmente carga de trabajo- temas tan importantes como la obligatoriedad en las sustituciones o la posibilidad de que las mismas sean
o no remuneradas. Hay un debate al respecto de si por parte del Consejo General del Poder Judicial se ha determinado y aprobado de manera definitiva qué quiere decir el concepto carga de trabajo. Como ha habido una polémica al respecto nos
gustaría que nos aclarara si esto está definitivamente aprobado o no.


Durante la tramitación de esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha barajado también la afirmación que se viene reiterando de que la media europea de jueces es de 19,8 jueces por cada cien mil habitantes frente a 10,3
actualmente en España. Yo le pregunto: ¿esto es así? ¿Son homogéneos estos porcentajes? ¿El 19,8 de jueces europeos son todos ellos jueces profesionales? ¿Están incluidos los jueces de paz? Me gustaría tener una aclaración al respecto.


Futuro de la organización territorial. Entendemos que en el futuro de la organización territorial estamos en un impasse que ya es quizá demasiado dilatado en el tiempo. Hoy tenemos una oficina judicial ya horizontal, con servicios comunes,
mientras que la organización judicial sigue siendo vertical, y tanto en términos de sostenibilidad económica como en términos de eficacia en cuanto a la prestación de servicio público no parece razonable seguir creando órganos verticales. Usted se
ha referido a ello cuando ha hablado de soluciones para este futuro poco prometedor.


Se ha anunciado para esta legislatura la modificación de la Ley de Planta y Demarcación. Ha salido incluso algún informe del consejo que la verdad es que ha creado alarma en los entes locales, en esos entes locales que son sede de partidos
judiciales, no solo por la pérdida que supone la posibilidad de que se traslade la sede a otro lugar, sino también porque en muchos casos hay un esfuerzo económico reciente de adecuación de las propias sedes.


El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya terminando, señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Acabaré en seguida, señor presidente, si me permite finalizar este punto, y dejaré los otros para la réplica.


¿Cree el señor presidente que sería el momento de plantearnos, junto con la creación de los tribunales de instancia, la creación de juzgados de base que podrían continuar en las sedes actuales? ¿A qué me refiero? Tanto Francia como Italia
suprimieron hace décadas -como también hizo España- los juzgados de distrito municipales y comarcales, pero con estas u otras denominaciones los recuperaron a partir de la década de los 90 y 2000. La propuesta que ahora le planteo sería si cree que
sería beneficioso recuperar una justicia profesional de base, quizá con un acceso a la misma no tan exigente como el actual para la judicatura -podríamos hablar de incorporación directa de secretarios judiciales, pruebas de promoción desde el cuerpo
de gestión procesal y administrativa, si se tiene la licenciatura o el grado en derecho, quizá unas oposiciones no tan duras, quizá un tiempo de formación más reducido, etcétera-, y que no pudiera promocionar a otros órganos judiciales salvo por
procesos selectivos con turnos restringidos. No parece razonable tener jueces de nuevo ingreso asumiendo, como ocurre en Cataluña actualmente, la instrucción de casos de presuntos culpables de múltiples muertes en un incendio o en un geriátrico y a
la vez juzgados de instrucción de grandes ciudades o mixtos resolviendo temas totalmente menores porque allí no hay juzgados de base. Esta iniciativa permitiría, según nuestra opinión, que siguieran operativos los recursos humanos que con la
creación de los tribunales de instancia se perderían -secretarios judiciales, personal de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, edificios, etcétera- y que la inversión en la creación de tribunales de instancia fuera menor, y su
efectiva puesta en funcionamiento podría ser más rápida en el tiempo por requerir menos inversiones. Nos gustaría, señor presidente -y con esto acabo, señor presidente de la Comisión-, saber su opinión al respecto.


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz, el señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Quiero dar la bienvenida al señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, don Gonzalo Moliner, bienvenida que hago extensiva en nombre del Grupo

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Parlamentario Socialista a todas y a todos los vocales del consejo que mayoritariamente hoy le acompañan. Además del saludo que le hago de bienvenida sincera, señor presidente del consejo, quiero agradecerle, como es lógico, la amplia
información que nos ha dado, que merece realizar alguna reflexión, antes de entrar en los contenidos, y es la normalidad democrática que debe presidir -algo que venimos reiterando ya hace años, y se repite la historia- este tipo de comparecencias y
algunas otras. La situación convulsa del consejo ha sido casi permanente, algo mejorada en los últimos tiempos en sí misma y en las relaciones con el Parlamento. De entrada quiero decirle que la posición de mi grupo es que la colaboración y
coordinación leal entre las instituciones debe primar, y que el presidente del consejo -no sé si delimitando los contenidos- y en ocasiones los vocales, debe comparecer no formalmente a presentar la memoria, que es importante, sí, y no en una
función de fiscalización de control del Parlamento hacia el consejo, no, sino en una función de colaboración a hablar de los temas importantes del servicio público de la justicia; ahí hay que tender.


Respecto a la información de hoy tengo que decirle que, aparte del sincero agradecimiento, me parece bastante poco útil, no por su esfuerzo o por el contenido formal, sino por la tardanza, por el formato. Estamos desbordados por la realidad
de lo que está ocurriendo en este país con carácter general y en el servicio público de la justicia. Señor presidente del consejo, estamos asistiendo en el último año a unos recortes brutales en el Estado del bienestar, a una pérdida de la calidad
democrática que a algunos nos parece preocupante y a un deterioro del servicio público de la justicia, que es de lo que a mi juicio tenemos que hablar y lo que tenemos que abordar dentro de esa lealtad constitucional. En estos momentos hay un
malestar generalizado de jueces, fiscales, funcionarios, abogados, ciudadanos, secretarios, gente de todos los operadores, sobre cómo está la situación de la justicia en España. No es que la gente salga a la calle solo a defender sus privilegios,
eso es simplificar demasiado, hay un malestar generalizado. Hoy coincide su comparecencia -es mala fecha, para mi grupo parlamentario- con la entrada en vigor -a alguien le molesta y por eso lo repito- del copago o tasazo judicial, es decir, de la
Ley de Tasas. (Rumores). Además hoy entra en vigor -esto entre paréntesis- por la manifiesta incapacidad e incompetencia del Gobierno que la impulsó que, publicándola en el BOE el día 21 de noviembre por no tener ni los impresos, ha hecho que
hayan dejado de pagar no las personas físicas, que no queremos que paguen, sino las personas jurídicas que con anterioridad venían pagando cerca de 15 millones de euros. Con eso sufragábamos el ERE de los jueces sustitutos y magistrados suplentes
del año 2013, por ejemplo. Pero no es eso lo más grave. Señor presidente, a juicio de mi grupo parlamentario -y me gustaría, por qué no, que opinara al respecto- esta ley que hoy ya se va a aplicar con esos impresos de autoliquidación supone un
atentado al derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Supone un atentado al principio de igualdad; probablemente, pero no vamos a profundizar, a algún otro derecho constitucional; a los propios derechos de los consumidores;
probablemente al derecho a la asistencia jurídica gratuita. Pero en definitiva es un ataque a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, con lo que implica de deterioro del servicio público de la justicia y de la calidad democrática. Mi grupo
parlamentario ha anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. Y le voy a hacer otra pequeña reflexión. Son ya demasiados recursos, en menos de un año, los que hemos tenido que anunciar, y otros que próximamente de manera lamentable vamos a
tener que anunciar ante el Tribunal Constitucional, curiosamente acudiendo frente a recortes de derechos. También salimos a la calle esta tarde frente a los recortes de derechos. El Gobierno, el Partido Popular recurría al Tribunal Constitucional
y salía a la calle frente a ampliaciones de derechos en este país. Esa es la historia de nuestra reciente y joven democracia.


Pero estos días están pasando otras cosas. Permítame, señor presidente del consejo, con todo el respeto, que le hable de estas cosas, que son las que afectan a los ciudadanos y al servicio público de la justicia, dando por buenas -cómo no-
las estadísticas, los datos, pero que casi dándolos por reproducidos, sobre todo después de un año, valdría. Le hago una sugerencia entre paréntesis. Su antecesor dijo ya en la comparecencia de 13 de febrero de este año que en las primeras fechas
del año siguiente hay que presentar ya los temas que interesan, con tiempo, aunque luego formalmente se presenten los datos de la memoria más tarde. Porque si no la utilidad es escasa, sin perjuicio de que se frecuenten sus comparecencias -insisto-
para recibirle con el mismo respeto -cómo no- que se merece en el día de hoy y en todas las fechas y comparecencias posteriores. Pero estamos para servir a los ciudadanos con ese principio de lealtad constitucional.


En estos días se produce otro hecho importante, y es que se aprueban nuevas leyes. Una, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que lleva consigo una reforma del Código Penal. A nuestro juicio le adelanto que también
inconstitucional. Sencillamente, entre otras cuestiones, frente al disfraz del título de

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lucha contra el fraude, transparencia, buen gobierno, se establece la impunidad para los delincuentes de cuello blanco, los defraudadores de este país. Lamentablemente es cierto -ojalá no lo fuera- haciendo y recogiendo expresamente que a
los delincuentes defraudadores por más de 120.000 euros con devolver lo defraudado hay desvalor del resultado, y no una excusa absolutoria, simplemente con devolverlo. Y si fueren pillados y van a ser juzgados si lo devuelven también en sesenta
días les vamos a rebajar uno o dos grados la pena, señor presidente. En paralelo, en la misma ley, la reforma del Código Penal, que precede a otro atropello que va a venir en pocos días, se dice que se criminaliza a los trabajadores, a los
desempleados y a los pensionistas sin desvalor en la conducta, sin cuantía en el teórico fraude porque cobren indebidamente una prestación, por ejemplo, de unos 400 euros con pena de seis meses a tres años. Atropello manifiestamente, a mi modesto
entender, inconstitucional. Y en esta ola de populismo y demagogia punitiva se recoge también vía enmienda, sin haber sido sometido siquiera a informe y a consideración, la ampliación en el artículo 31 bis del Código Penal de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, cómo no, a petición de algún grupo y apoyado, sin debate, en última instancia, en una enmienda, por el grupo mayoritario, la criminalización también como personas jurídicas de partidos y sindicatos que estaban como
es lógico en la reforma introducida en el 2010 con el tratamiento que tienen las administraciones públicas, en función del contenido de los artículos 6 y 7 de la Constitución española. Pero es que van a informar ustedes, creo que mañana. El
Consejo Fiscal ya se ha pronunciado con claridad, dentro del respeto institucional, de otra reforma del Código Penal, un anteproyecto en el que se recogen temas tan interesantes como la prisión permanente revisable, la custodia de seguridad, el
delito de atentado con la resistencia pasiva, entre otros, en una redacción a nuestro juicio siempre lindando, cómo no, con la inconstitucionalidad.


Otro tema de interés que ha tocado usted, y es importante y de fondo, es el tratamiento, el marco en el que se encuentra, en la voluntad general no en el detalle, la Administración y el servicio público de la justicia, el marco
presupuestario. Este año, señor presidente del consejo, el presupuesto, no ya del consejo, que ya ha manifestado usted las cifras, de 74 a 62, si a lo mejor se puede entender, no lo sé, lo que no se puede entender es que hayamos bajado de 1.816
millones, la sección 13, la sección de Justicia, el servicio público de la justicia, a 1.507, de los cuales 1.264 son del capítulo 1, gastos de personal, y nos quedan 243 millones, no 243.000, no, 243 millones de euros para gasto corriente, para
transferencias, para inversiones, para modernización. Esto es un descalabro, esto es un desatino, esto es un abandono del servicio público de la justicia, en la raíz, en la esencia, cuando requiere, es verdad que estamos en momento de crisis, pocos
recursos cuantitativamente, pero no este desmantelamiento. Y alguna pregunta le voy a hacer sin ponerle en muchos aprietos al terminar. Pero tenemos que levantar la voz entre todos para poder salir un poco con dignidad de esto que está ocurriendo.
Porque sabrá que en los años anteriores se multiplicaron por más de dos los recursos a la Administración de Justicia, también en la crítica compartida que hace usted de la planta judicial, pero hemos pasado de cuatro mil ciento y pico del 2004 a
5.171 del 2011, más del doble de plazas creadas que en el momento anterior, por el Gobierno anterior, siempre insuficientes; nunca se ha priorizado suficientemente el servicio público de la justicia, pero no tiene parangón el Plan de modernización
con los recursos 2009-2012 que desarrollaba el plan del consejo, de 12 noviembre de 2008, con consenso de casi todo el mundo, de todos los operadores, con 600 millones de euros adicionales, pese a estar en crisis, en tres años, que no se pudieron
continuar después del 2011. Esta es la realidad. Pero presentan otro proyecto de ley que se aprueba mañana, se aprueba mañana porque como tiene que entrar en vigor antes del 1 de enero no va a volver al Congreso, aunque recoge alguna chapucilla
jurídica en su contenido, pero como tienen que aprobarlo, lo aprobarán mañana, día 18, y lo llaman medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia. Y ahí es donde se recoge el ERE -usted como experto en derecho laboral y yo
fui un humilde abogado laboralista, pero hablo del ERE- que deja en el camino a mil jueces sustitutos y magistrados suplentes. Mire, la excusa es la profesionalización, porque con la sobrecarga de trabajo que hay, que se diga que es para
profesionalizar, es tomarnos el pelo, porque si en paralelo tuviéramos el mismo número de jueces y magistrados que sustituyeran a quienes son eliminados, estaríamos entendiéndonos, pero no, es que frente a las plazas que usted ha manifestado tan
solo se recoge la creación, si se produce, de cincuenta. Y en esta misma ley se contemplan cuestiones que debieran ser modificadas, porque incluso en la exigencia de la sustitución por jueces profesionales no podrán dar abasto, porque si con todos
no podemos, si quitamos mil cómo vamos a hacerle frente.


No puedo profundizar en ello, solo lo apunto -voy terminando, señor presidente, lo reduciré del segundo turno-, pero el hecho de imponer en esta ley trabajo obligatorio y forzoso a jueces que están en

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su lugar de destino puede producir la quiebra del propio principio de independencia en la función, de la inamovilidad de los miembros de la carrera judicial e incluso del juez predeterminado por la ley. Es bastante delicado y son
reflexiones que creo que no debiéramos dejar pasar. A veces he tenido respetuosas diferencias con el propio consejo incluso de este año, y una no la voy a olvidar: el famoso informe -esto entre paréntesis- de la Ley de Planta y Demarcación
Judicial, donde creo que con un trabajo previo y requerido se excedieron claramente en lo que les correspondía, y además corriendo por los territorios, no como una información de colaboración, sino como una propuesta que generó alarma indebida, por
ser suave en la calificación. Dicho eso, lo que no se puede es poner bajo sospecha en esta ley a todo el colectivo judicial en medidas como la reducción de las retribuciones cuando se está en situación de incapacidad laboral transitoria, y creo que
no se va a corregir porque el plazo es hasta mañana.


Termino con algo que solo apunto, con la reflexión -por si le vale, señor presidente- de que hace menos de un año hablábamos del seguimiento por parte del Consejo General del Poder Judicial del plan de modernización en colaboración con el
ministerio y las comunidades autónomas. Iban a analizar ocho aspectos anualmente: la oficina judicial, la planta judicial, los tribunales de instancia, el punto neutro, las nuevas tecnologías, las reformas procesales, la mediación intrajudicial,
la calidad en las condiciones de trabajo, y la conciliación de la vida familiar y laboral del colectivo. Sonará a broma esto, pero hablábamos de ello hace solo un año, y también de la Carta de derechos de los ciudadanos. Son temas sobre los que me
hubiera gustado hacer una pequeña reflexión acerca de qué hablábamos hace un año y en qué condiciones estamos hoy.


El señor PRESIDENTE: Para finalizar este primer turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, el portavoz del Grupo Popular tiene la palabra por tiempo de quince minutos.


El señor CASTILLO CALVÍN: Quiero comenzar por dar la más cordial bienvenida a don Gonzalo Moliner en esta primera ocasión en la que está entre nosotros, y desearle a usted y al consejo los mayores éxitos en esta nueva etapa que se inicia
precisamente tras el cierre de la memoria que hoy nos trae a esta Comisión, y que coincide con la actualización de las medidas de transparencia y austeridad del consejo y con la renovación de su Presidencia. Quiero igualmente expresarle en mi
nombre y en el del Grupo Parlamentario Popular nuestro más sincero y leal ofrecimiento de colaboración, y manifestarle nuestro reconocimiento, que hago extensivo a todo su equipo -especialmente a los vocales del consejo que nos acompañan en esta
mañana-, por el esfuerzo realizado para confeccionar una memoria que, pese a lo prolijo de su contenido, ha sabido detallarnos con profundidad en el fondo y con claridad en la forma, planteando con acierto los retos a los que nos enfrentamos en una
situación de dificultad extrema, pero a la vez poniendo sobre la mesa las respuestas que hemos de dar entre todos a los ciudadanos, así como las posibles soluciones para mejorar la agilidad y la calidad de nuestra justicia. Por tanto no le quede la
menor duda de que desde el Grupo Popular, y espero que también desde el resto de grupos con representación parlamentaria, sabremos tomar buena nota de las iniciativas que nos plantea, como también de las más de 5.000 propuestas de mejora que durante
el pasado año realizó el consejo, pues lo cierto es que desde la privilegiada posición que ocupa, conocedor de la realidad de nuestra justicia, estas iniciativas y propuestas facilitan al legislador la difícil tarea de racionalizar los instrumentos
personales y materiales que sirven a la función jurisdiccional. Pero como digo se trata de una memoria que viene a recoger datos correspondientes a una etapa previa a su Presidencia, por lo que queremos que esta memoria no siga siendo un mero acto
simbólico de rendición de cuentas, y sirva realmente para arrojar luz sobre el estado de necesidad de nuestros juzgados y tribunales.


Me gustaría insistir un año más -como han hecho ya el resto de los portavoces- en que este trámite anual presenta un importante defecto, como es su falta de inmediatez, y ello nos impide en cierta medida obtener un conocimiento y visión
cercana y real de lo que sucede en nuestra Administración de Justicia. Precisamente por este motivo el Grupo Popular entre sus propuestas de resolución presentadas a la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del consejo
correspondientes al año 2010 instó al consejo para que agilizara su presentación a las Cortes Generales. Evidentemente este año una vez más no ha podido ser así. Inevitablemente, en un trámite como este, como ya se ha visto, acaban sacándose a
relucir cuestiones que no se corresponden estrictamente con su finalidad, que es la rendición de cuentas de la actividad del consejo. Por el contenido de algunas de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra
en determinados momentos incluso he llegado a tener dudas de si quien comparecía hoy era el señor ministro de Justicia o el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial. (Risas). En todo caso, como no estamos ante una comparecencia de
control ni de debate

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sobre las propuestas o reformas legislativas del Gobierno para intentar aprovechar la oportunidad que nos brinda su presencia en esta Comisión, en el día de hoy le realizaré algunas observaciones sobre las que, al menos desde el punto de
vista de mi grupo, nos parece oportuno reflexionar.


Comenzaré con una breve referencia a las circunstancias en que se ha desarrollado la gestión correspondiente al año 2011 en un contexto social con numerosas y continuadas malas noticias económicas. Un año con un notable incremento del
número de desempleados y de crisis empresariales, como bien refiere la memoria. En este contexto resulta indudable que con unos recursos económicos limitados tendremos que acudir, para obtener soluciones a los problemas planteados, a mejorar
nuestro diseño organizativo y de gestión, como usted bien ha señalado. Señor Moliner, el mensaje inicial de la memoria revela que 2011 ha vuelto a ser un año muy complicado en materia de Administración de Justicia, con un alto porcentaje de
litigiosidad que afortunadamente no ha supuesto un incremento respecto a la anualidad anterior, pero que implica una tasa de ingresos que sigue siendo demasiado elevada para rebajar el volumen de asuntos pendientes con la actual planta judicial. La
memoria refleja que en 2011 ingresaron en nuestros juzgados un total de nueve millones de asuntos, un 3,4% menos que el ejercicio anterior, y que al término del año el número de asuntos en trámite quedó en torno a los tres millones, lo que supone un
5% menos que el año anterior. Es por tanto el segundo año consecutivo en el que cae el volumen de litigiosidad y la primera vez en muchos años en que la Administración de Justicia ha sido capaz de resolver más casos de los ingresados, vaya por
delante nuestro reconocimiento.


En esta línea, sin embargo, la primera reflexión, haciendo memoria del año pasado -que ya es hacer memoria- es que al final de 2011 seguimos donde nos encontrábamos al final de 2010, esto es, con la dificultad, por no decir imposibilidad, de
aproximarnos a la meta del rendimiento óptimo de la justicia, que cada órgano, unipersonal o colegiado, resuelva dentro de los plazos que la leyes procesales establecen para todos los asuntos atribuidos a su competencia, con la máxima calidad,
rapidez y precisión exigibles. Así que lo primero que podemos constatar es que en el año 2011 se perdieron oportunidades, pues no se avanzó suficientemente en las reformas, en la organización de un sistema de trabajo que hoy por hoy resulta
inviable, ni en el modelo de oficina judicial tecnológicamente avanzada que establezca la forma colegiada como nueva fórmula organizativa de trabajo, factores que indudablemente han incidido en un resultado claramente insatisfactorio y justifican
que continúe la percepción negativa de la ciudadanía, a pesar del general esfuerzo y laboriosidad. Ello resulta hoy por hoy un problema de muchísima importancia, pues precisamente la elevada carga judicial es la que motiva la lentitud en la
tramitación de los procesos y, a su vez, se convierte en la principal causa de protesta ciudadana en materia de justicia.


Para obtener un mayor conocimiento y una visión más cercana de lo que está sucediendo en nuestra justicia, creo conveniente hacer un análisis comparativo que, superando el perímetro de la memoria, contraste las cifras referidas a España con
las de los países de nuestro entorno, pues entiendo que esta comparación nos permitirá profundizar en nuestras reflexiones, en los diagnósticos y, sobre todo, en las soluciones. Así, indicaré que el número de asuntos que ingresan en España en la
jurisdicción civil y mercantil en primera instancia asciende a 4.200 por cada 100.000 habitantes, mientras que en Francia es de 2.700 y en Alemania es de 1.900, es decir, menos de la mitad. Si nos referimos a la estimación del tiempo de duración de
estos asuntos contenciosos, la media en Europa es de 200 días, mientras que en España duran 287 días, es decir, casi un 50 % más. Resulta evidente que algo está fallando en nuestro país y ello es la causa principal de que se resienta la confianza
de los ciudadanos en la justicia. La solución, en una época de crisis como la que vivimos, no puede consistir en destinar cada vez mayores recursos materiales a su resolución y tampoco basta con elevar la ratio de jueces por habitante, puesto que,
cuando así se ha hecho, no se ha resuelto el problema.


Llegado a este punto, me va a permitir que discrepe con la memoria, concretamente cuando en su presentación dice que, más allá de todos los debates mediáticos sobre la percepción que de la Administración de Justicia tienen los ciudadanos, a
la hora de la verdad, la población española, las personas físicas y jurídicas, cuando tienen un problema en la interpretación de la legalidad vigente, acuden masivamente a los tribunales de justicia. Que los ciudadanos acudan masivamente a la
justicia no es un síntoma de confianza, ni mucho menos, ni hablar de la desconfianza de los ciudadanos puede tacharse de simple debate mediático. Así, cuando el 48 % de los ciudadanos creen que la justicia funciona mal o muy mal y, en cambio,
comparativamente España se encuentra a la cabeza de litigiosidad en relación con los restantes miembros de la Unión Europea, solo superado por Italia y Bélgica, debemos buscar otras explicaciones menos autocomplacientes. Podemos poner ejemplos, en
el Reino Unido la justicia tiene una valoración ciudadana enormemente elevada. Concretamente, un 82 % de los ciudadanos califican como

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muy satisfactoria o satisfactoria su relación con la justicia, prueba incontestable de que sí es posible que un sistema judicial genere elevadas tasas de aprecio por parte de la ciudadanía, con tasas bajísimas de litigiosidad. Así que
tendremos que buscar el origen de nuestra elevada litigiosidad en causas muy distintas a la confianza que genera el sistema judicial y sí referirnos a factores sociológicos y muy especialmente a la insuficiencia de nuestro sistema jurídico y
judicial, como puede ser el reducido coste económico que presenta para los litigantes la utilización del servicio público de la justicia -al menos hasta este momento- o la escasa tradición en nuestro sistema de los medios alternativos a los
jurisdiccionales para la solución de conflictos.


Si podemos diagnosticar adecuadamente las causas, podremos hablar de soluciones que, evidentemente, no pasan por incrementar el número de jueces ni, mucho menos aún, en el contexto recesivo en el que nos encontramos, por el incremento del
gasto en el sistema judicial. Existe un dato que, en mi opinión, resulta revelador. Las comunidades autónomas que dedican mayor esfuerzo de gasto per cápita en el sistema judicial no son, necesariamente, las que presentan las mejores ratios ni en
sus tiempos de respuesta ni en sus tasas de resolución. Como he indicado, tampoco basta con elevar la ratio de jueces por habitante, que en España está, según señala la memoria, en torno a los 11 jueces por cada 100.000 habitantes, puesto que en
Italia también es de 11; 10,7 en Francia; 11,2 en Noruega; 9 en Dinamarca u 11,5 en Suecia. Lo cierto es que en España no existe un defecto de jueces profesionales pues con estos datos queda acreditado que se sitúa en una media razonablemente
alta dentro de los países de nuestro entorno y se encuentra también por encima de la media en órganos judiciales, con más de cuatro juzgados por cada 100.000 habitantes, cuando, por ejemplo, Alemania está en uno.


Cuestión muy distinta es la relativa a los funcionarios no jueces, incluidos secretarios judiciales, médicos forenses y funcionarios de los cuerpos de gestión, tramitación y auxiliar, cuyo número supone la cifra más alta en términos
absolutos de la Unión Europea, duplicando la media. Ello nos lleva a la forzosa conclusión -no siempre fácil de escuchar- de que en España, dada nuestra actual estructura del sistema, el mayor gasto en justicia -más ayudas, más órganos, más jueces,
más edificios, más informática- no siempre genera más eficiencia del sistema ni incrementa necesariamente la calidad de sus parámetros.


Resulta evidente que tenemos una pésima organización del sistema tras haber seguido durante años una política irreflexiva de creación de nuevos juzgados para dar respuesta a todas las necesidades, como una estructura territorial de partidos
judiciales anacrónica y sin sentido alguno en la España moderna de nuestros días, que necesita una reforma urgente. Necesita, por tanto, encontrar fórmulas que contribuyan a disminuir, y hacerlo de forma razonable, el elevado índice de litigios que
actualmente se acumulan ante los juzgados y tribunales. Por eso es importante, y nos alegramos, que desde el Consejo General del Poder Judicial se valore positivamente que entre las fórmulas que pueden contribuir a disminuir, y a hacerlo de forma
razonable, el enorme volumen global de asuntos que anualmente se acumulan en nuestros juzgados y tribunales se deba afrontar la reforma de la demarcación y planta de la jurisdicción voluntaria o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se pongan
en valor algunas de las recomendaciones del Ministerio de Justicia para reducir la litigiosidad, como la desjudicialización de determinados procedimientos de la mano, por ejemplo, de la despenalización de determinadas conductas que hoy tienen
calificación de faltas, así como el fomento de soluciones extrajudiciales de conflictos a través de la mediación de las partes afectadas. Pues bien, sobre estas soluciones planteadas desde el Consejo General del Poder Judicial, como bien saben,
está ya trabajando nuestro Ministerio de Justicia, por lo que agradecemos igualmente que desde el consejo trasladen al Gobierno y a las Cortes la necesidad de adoptar y culminar las iniciativas legislativas indispensables para que la justicia se
modernice.


También vamos a coincidir en que es necesario agilizar y racionalizar los asuntos pendientes por la necesidad de prestar al ciudadano una justicia más ágil, mejorando el actual sistema organizativo, cuya reforma resulta imprescindible, así
como modernizar su gestión mediante la optimización de los recursos que tenemos. Por ello, recogemos y hacemos nuestra la propuesta que pone de manifiesto la necesidad de actualizar los sistemas informáticos que en la actualidad cuentan con diez
aplicaciones distintas, en gran medida incompatibles, para coordinar ámbitos tan importantes como el de las propias ejecuciones de sentencias, así como agilizar y hacer más eficaz el servicio de la Administración de Justicia a través de una
transformación tecnológica en la que ya se viene trabajando, aunque desde luego tengamos todavía un gran camino que recorrer. Desde esta perspectiva, se impone recordar la coincidencia con aquellas metas reseñadas por el señor ministro de Justicia
al inicio de la legislatura a fin de asegurar la necesaria transformación de nuestro sistema judicial y atender las demandas continuas de modernización e

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incremento de los niveles de servicio que deben ser ofrecidos a los justiciables; metas que en el transcurso de esta legislatura ya se están materializando y que, sin duda, permitirán agilizar y mejorar nuestro sistema de justicia.


No tengo tiempo para más. Le agradezco nuevamente sus explicaciones y las que nos ofrecerá a continuación, señalándole que cuenta con el compromiso del Grupo Parlamentario Popular para elaborar propuestas constructivas de resolución en
materia de justicia, partiendo del balance que nos ha realizado, pues, si esta memoria anual habla del pasado, el pasado nos sirve para construir el futuro. El documento que nos ha ofrecido ofrece un diagnóstico preciso de la actividad judicial y
con este diagnóstico siempre nos resultará mucho más fácil instaurar el tratamiento más adecuado para tratar los problemas que aquejan a nuestra justicia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Antes de volver a dar la palabra al presidente del Consejo General del Poder Judicial, vamos suspender la Comisión durante un tiempo máximo de diez minutos, reanudando a continuación. (Pausa).


Señorías, vamos a reanudar la Comisión. Como se había señalado, corresponde ahora el turno de contestación del presidente del Consejo General del Poder Judicial a los distintos grupos parlamentarios que han intervenido con anterioridad.
Tiene la palabra el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial.


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Moliner Tamborero): Muchas gracias por sus intervenciones, no solo las halagüeñas, sino por todo lo que ustedes han dicho, que a fin de cuentas es interesante y, sirva o no, sirva
más o menos para conseguir un mejor servicio judicial, se toman en consideración, puesto que de todo se puede sacar provecho. Hay una batería tan enorme de preguntas que yo tendría que estar bastante rato, y tendría que haber estado mucho rato
preparando las contestaciones. Pero hay algunas cuestiones genéricas a las que todos ustedes han aludido y que creo que puedo contestar.


Lo primero que parece ser recurrente es la época en que comparece el presidente del consejo para la memoria. Hoy por hoy, la época no puede ser otra -podría ser en octubre o en noviembre- por una razón, y es que la Ley Orgánica del Poder
Judicial prevé que la memoria se presente ante el rey el día de la apertura de tribunales, que es en septiembre. Antes de septiembre no podríamos presentarla. Otra cosa es si ustedes me llaman -yo estoy dispuesto a venir, por nuestra parte no hay
problema- ante una situación concreta o particular en la que necesiten una explicación. Depende de ustedes que llamen al presidente del consejo. Yo estaría dispuesto a venir en cualquier momento.


Noto que ha habido discrepancias respecto a la actividad del consejo, unos entendiendo que se debe ceñir a lo que dice la ley orgánica y otros entendiendo que debemos pronunciarnos en muchas otras cosas. Yo sinceramente creo que nos hemos
pronunciado y hemos hecho demasiadas cosas, como decía el señor Llamazares, pero tampoco podemos evitar intervenir en algo que consideremos necesario para que la Administración de Justicia funcione mejor. Lo haremos mejor o peor, pero de momento se
ha hecho así. Posiblemente tenga razón en cuanto a que si nos centráramos en lo nuestro ya sería suficiente, pero luego no pueden pedir que hable de todo, de las tasas, de los desahucios, de todo, cuando no somos competentes. Y con esto entro en
otro tema, el de las leyes. Las leyes que están por aprobar no las puedo comentar. Sí está el informe del consejo si hemos llegado a ese punto. Con respecto al Código Penal, por ejemplo, no hay ningún informe del consejo. Hay una cosa que salió
por ahí pero no es el informe del consejo, porque mañana precisamente se reúne la comisión. Por tanto, no se puede hablar de eso. Preguntarme mi opinión no conduce a nada y no procede darla en este momento. Respecto de las leyes que ya han sido
aprobadas, ya hemos dado el informe preceptivo. Por tanto, respecto a la Ley de Tasas ya dimos en su día el informe que ustedes conocen. Lo que hemos dicho -eso es importante y ustedes lo han resaltado- es que vamos a hacer un seguimiento -y eso
es lo que importa- para ver qué problemas reales ha habido; más allá de los problemas que pensemos en este momento que puede crear la ley de tasas, los problemas que realmente se produzcan en los juzgados, porque puede haber cuestiones de
inconstitucionalidad o problemas que no sabemos cuáles van a ser. Ese seguimiento lo vamos a hacer y en la página web del consejo, que cada trimestre informa de las cosas que se han hecho, haremos la comunicación de los resultados que hayamos
obtenido.


Respecto de los jueces, el señor Olabarría ha hablado de los jueces en prácticas, jueces becarios, jueces sustitutos, jueces suplentes. ¿Qué es mejor? Es cierto que la ley que ustedes van a aprobar -por eso me atrevo a hablar, porque
seguramente se aprobará mañana, según me han dicho- habla de una

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aparente reconversión del juez de la Escuela Judicial en juez en prácticas. La preparación del juez en prácticas es equivalente a la del juez que salía de la escuela antes de que hubiera juez en prácticas. El problema es que se le va a
pagar menos, pero creo que no va a ser problemática la introducción de esta figura. Cuando yo salí de la Escuela Judicial me mandaron a un juzgado definitivamente y si me hubieran mandado en prácticas, habría hecho lo mismo que hice. ¿Mejor que
juez sustituto es juez suplente? El juez sustituto y el juez suplente han cumplido una función importante, pero no toda. También ha habido muchas críticas respecto de lo que han hecho estos señores o señoras, a los que hay que agradecer que hayan
colaborado, pero no se puede pretender que se les mantenga sine die en una situación excepcional como es la interinidad, realizan la oposición y pasan a ser jueces o dejan de ser jueces. En cualquier caso, no van a extinguirse del todo, porque al
final verán ustedes cómo hay más jueces suplentes de los que aparentemente salen o surgen de las previsiones legales.


Me preguntaban por los ERE y los desahucios. Eso es una ley, la Ley modificadora del régimen jurídico laboral prevé unos ERE distintos a los de antes; ha eliminado la intervención administrativa y ahora es la judicial. A mi juicio está
mal regulado, pero ese es un problema suyo, yo no tengo nada que decir ahí. Es muy difícil que prospere una extinción colectiva tal y como está, porque se exigen muchos requisitos. Resulta que los requisitos que se exigen son más que los que había
antes y eso hace que se produzcan las nulidades. Esa es la situación. Los jueces están haciendo lo que creen que deben hacer según la ley, y cada caso será distinto, no todos los ERE se van a anular ni todos los ERE se van a aprobar. Espero que
cuando se cumplan los requisitos legales se aprueben.


¿Qué podemos decir de los desahucios? Ha habido una gran conmoción con este tema y, a mi juicio, se ha desorbitado, pero efectivamente es un tema muy grave. Todos lamentamos que se hayan dado situaciones como las que se han producido,
lastimosamente están ahí, pero es también un problema de la ley, del legislador, los jueces están aplicando la ley y algunos la están aplicando con criterios constitucionales, con criterios derivados de directivas comunitarias, con los criterios que
establece el Código Civil, que es lo que tienen que hacer los jueces; así que cada caso es distinto y el juez tiene que aplicar la ley más allá de la letra de la ley, eso lo sabemos todos.


En cuanto a la reforma del código Penal, ya les he dicho que no hay ninguna opinión del consejo todavía. Por lo tanto, lo que se haya dicho ha sido dicho por quien quiera que lo haya dicho, pero nada más. La mediación funciona, pero
funciona ahora. Y respecto a la Sala del 61, ¿qué quiere que diga yo si soy el presidente de la sala del 61? No puedo decir nada porque sería probablemente recusado.


Seguimos con el señor Cantó. Usted habla de la politización de la justicia, algo recurrente en la historia. A mí me gustaría saber en qué consiste la politización de la justicia. Otra cosa es que hable de la politización del Consejo
General del Poder Judicial, probablemente ahí ha habido rifirrafes políticos, pero el consejo no es la justicia. Los jueces son los que no deben estar politizados, porque el juez tiene que resolver con arreglo a derecho, no con arreglo a otros
criterios. Por lo tanto, si hablan de politización del Consejo General del Poder Judicial, posiblemente sea cierto, porque es un órgano político, pero los jueces no. Yo creo que los jueces no resuelven con arreglo a criterios políticos, creo
sinceramente que lo hacen con arreglo a su leal saber y entender cumpliendo la ley, con arreglo a la ley. Por lo menos yo opino así.


Me habla también del mal funcionamiento de la justicia, de la calidad. ¿Cómo le voy a hablar yo de la calidad, si a fin de cuentas la calidad la controlan los tribunales superiores? El consejo no puede controlar la calidad, el consejo
tiene que controlar la cantidad, pero la calidad la controlan los tribunales superiores, que conocen de los recursos. Como en todos los grupos humanos, habrá sentencias de mayor calidad y otras de menor calidad. Creo sinceramente que con que la
sentencia se acomode al cumplimiento de la ley con criterios constituciones ya tiene bastante calidad, si está motivada, que es lo único que le pide legislador.


Luego habla de las tasas, de la Ley del consejo, de la jurisdicción voluntaria. De las tasas ya he dicho lo que tengo que decir y la Ley reguladora del consejo todavía no ha salido, aún no la han presentado. Se oye hablar y se conocen
textos, ya dos, pero puede haber un tercero pasado mañana a lo mejor. Qué le voy a decir, no puedo opinar sobre eso, tendrán que mirarlo ustedes y el consejo opinará cuando le manden el texto. Sobre la jurisdicción voluntaria hay asuntos que llama
la atención que se quiten o se aparten de la Administración de Justicia, pero a lo mejor otros no. Cuando venga esa ley la valoraremos en la medida en que esté o no acomodada a lo que entienda el consejo que es función judicial.


Expedientes de jueces. Puede usted tener la opinión que quiera de algunas situaciones pero aquí funciona una comisión disciplinaria y ha sancionado a 29 jueces este año. Yo no sé si hay muchos colectivos en los que eso se produzca. Se han
puesto sanciones, algunas de ellas graves, que dan a

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entender que el corporativismo que se puede denunciar no llega al extremo de no sancionar a un juez cuando se considera que debe ser sancionado.


Me habla de los tribunales de instancia, de la nueva oficina judicial. Todo eso está por ver. Es cierto que la nueva oficina judicial puede tener una gran función, pero no la tiene nada más que en algunos sitios. Por falta de medios, por
falta de organización. Se va a impulsar porque es bueno que la oficina judicial funcione, pero también sería bueno que funcionara cuando hay una organización más adecuada, como los tribunales de instancia, por ejemplo, que es cuando de verdad se
vería. Hay sitios donde funciona; por ejemplo, en el País Vasco me consta que está funcionando bastante bien y, sin embargo, en otros sitios no, depende mucho de cómo se organice.


La informatización. Se está haciendo mucho, aunque la interoperabilidad entre distintos medios de distintas comunidades autónomas no se ha producido. Estamos en ello y sería interesante que la gestión procesal se pudiera llevar con las
distintas bases de datos pero interconectadas. Esto ahora no es posible pero me consta que están trabajando en ello. Depende mucho del Ministerio de Justicia. Hay algunas comunidades autónomas que están muy interesadas y muy adelantadas en esto;
concretamente, en Cataluña me consta que están deseando que se empiece a trabajar en serio en este asunto.


En cuanto a las filtraciones en los procesos judiciales, es un horror. En los judiciales y en los no judiciales. No hay manera de controlarlas porque cada uno es cada uno y los que intervienen quieren conservar su parcela de protagonismo y
las hacen. Pero, de verdad, no puedo valorar positivamente que haya filtraciones ni en este ni en otros organismos. Por ejemplo, en la sala 61 cuando yo me ocupaba de Batasuna hubo filtraciones derivadas de la propia sala. Eso es horroroso, una
deslealtad tremenda, pero ocurre. Lo condenamos, lo criticamos, pero busque usted quién es el que ha producido la filtración.


Convergència i Unió ha hecho una batería de preguntas tremenda. A la inmediatez de los datos de la memoria ya le he contestado. En cuanto al escaso eco de las propuestas de resolución de la Cámara, lo lamento; si es verdad que hemos hecho
una escasa aceptación de sus propuestas, lo lamento. En estos momentos no sabría contestar si es o no así y hasta qué punto hemos incumplido ese compromiso de ponerlas en marcha.


Los derechos lingüísticos. ¿Qué puede hacer el consejo? Si la Administración de Justicia en Cataluña no pone más sentencias en catalán será porque no querrá, pero nadie le va a impedir que las pongan. Si vienen al Tribunal Supremo, por
ejemplo, le puedo decir que a pesar de los problemas en alguna ocasión en que se ha presentado algún recurso en catalán se ha admitido y se ha mandado a traducir. A pesar de los problemas que hay sobre si es la Ley Orgánica del Poder Judicial la
que tiene que decidir eso o el estatuto de autonomía; sería un problema de competencia. En cualquier caso, bienvenida la actuación de los jueces en catalán.


Consejos autonómicos de justicia, previsiones. En relación con los consejos autonómicos de justicia el consejo no va a poder decidir nada sobre ellos; es la ley, la aplicación de la ley la que tendrá que decirlo.


Tasas judiciales. Lo que haya dicho el consejo es lo que tengo que repetir. No voy a opinar por mí mismo sobre las tasas judiciales. Yo me atengo a lo que dijo el informe del consejo, que ustedes conocen perfectamente.


Código Penal. No hay ninguna opinión del consejo y yo tampoco voy a adelantar opiniones cuando mañana o cualquier día vamos a dar la opinión del organismo.


Creación de más plazas de jueces de adscripción territorial. Posiblemente, a mi juicio sería bueno que se crearan más plazas de jueces de adscripción territorial porque están a disposición de los presidentes de los TSJ y son los que pueden
perfectamente acudir a remediar los males que provisional o momentáneamente se encuentren.


Las cargas de trabajo. ¿Está definitivamente aprobado? Sabe usted que el consejo aprobó provisionalmente un sistema de cargas de trabajo referencial para saber cada juzgado lo que tendría que asumir realmente, pero está en fase
experimental, todavía no se ha aprobado del todo. La fase experimental empezará en enero y después de esa experiencia habría que dictar un reglamento que regulara el tema de las cargas. Por lo tanto, estamos en una situación de provisionalidad que
llegará a un fin, pero ese fin no se ha producido.


¿La ratio de jueces es real? Pues no lo sé. Yo no sabría decir si las estadísticas son reales en ningún caso, pero aquí las estadísticas nos dicen lo que nos dicen. No lo sé. Yo no sé si en España es verdad que tenemos un 10,70 o un
14,70, porque ni las hago yo ni las hace el consejo, las hacen estadísticos, que seguramente saben más que nosotros y opinan que eso es así.

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Organización. Ya le he dicho que yo también tengo mis criterios de organización. Sinceramente, pienso que tendría que haber una organización distinta y los juzgados de base a mí particularmente me gustaría que se introdujeran, pero el
consejo no ha tenido oportunidad de hablar y, por lo tanto, más no le puedo decir.


Señor Llamazares, habla del malestar de la justicia. Hoy hay malestar, como usted ha dicho, en todos los terrenos, puede alcanzar a todo y puede estar más o menos justificado, pero en cualquier caso estamos en un momento álgido, un momento
muy difícil, un momento en el que todo el mundo ha perdido algo de lo que tenía y se encuentra con un cierto malestar. ¿El consejo tiene sentimiento de culpa? Yo no tengo ningún sentimiento de culpa y no sé que mis compañeros lo tengan tampoco.
Yo no estuve en aquellos avatares de la pasada primavera, que efectivamente fueron tremendos y son los que me inclinaron a aceptar este cargo o carga que me han dado, en la que me han metido, donde me han puesto (Risas); pero no creo que haya un
sentimiento de culpa, el consejo sigue funcionando y sigue funcionando cumpliendo sus cometidos. Malestar social en la justicia, lo del juez Garzón. Del juez Garzón no le voy a decir nada, ahí se pronunció el Tribunal Supremo y la Sala segunda del
Tribunal Supremo. Eso hay que respetarlo, le guste o no, me guste a mí o no; es así y no podemos volver atrás ni podemos decir ninguna cosa sobre el particular.


El control financiero del Consejo General del Poder Judicial. Puede ser discutible, pero tengan en cuenta que allí hay una intervención, intervención que controla y actúa conforme a las normativas vigentes en materia de control
presupuestario. Además, por si ustedes no lo saben, supongo que sí, el Tribunal de Cuentas ha tenido allí desde febrero hasta ahora a dos funcionarios averiguando todo lo que ha sido la administración del caudal presupuestario del consejo estos
años atrás. El Tribunal de Cuentas dará cuenta a todos de cómo ha funcionado y desde luego también saben ustedes, a petición precisamente del señor Llamazares, que pusimos a disposición del Congreso toda la documentación que tenemos en materia
presupuestaria para cuando quieran averiguarla. Es decir, existe control financiero previo, posterior y el que ustedes quieran tener, no tenemos ningún inconveniente.


El malestar entre los jueces. Sí, malestar entre los jueces hay, pero no alcanza a todos los jueces ni alcanza a todas las situaciones. Las últimas declaraciones del señor Gallardón estoy convencido de que no han sido todo lo precisas que
debieran ser porque hay un malestar básico, que es la falta de medios en la Administración de Justicia, y eso de toda la vida lo hemos tenido, ese malestar nos ha alcanzado toda la vida y ya está, y eso está detrás de todas estas otras peripecias
coyunturales o modificaciones legislativas. Lo que sí quiero decir es que estoy convencido de que aunque haya malestar los jueces no van a dejar de cumplir su función; manifestar su malestar es una cosa, pero saber que hay una obligación de
respetar los principios constitucionales y concretamente el de tutela, lo tienen todos los jueces aprendido, sabido y lo van a mantener.


Justicia más justa con los más desfavorecidos, sociedad desigual. La justicia que hacemos es la de las leyes, son ustedes los que tienen que hacer las leyes justas; es así. Nosotros aplicaremos con mucho más gusto las justas que las que
consideremos injustas, pero las aplicamos con arreglo a los criterios de interpretación y aplicación que nos dan el Código Civil, la Constitución y las normativas comunitarias. Sociedad más desigual y leyes manifiestamente mejorables, preocupación
por los desahuciados, por la corrupción, por cómo quedará la justicia después de las tasas. La preocupación la tenemos todos, pero tampoco podemos precisar mucho en qué la traducimos. Estamos en unos tiempos difíciles en los que en la justicia
también hay problemas, pero da la impresión de que precisamente en la justicia, a pesar de que lo que parezca, es donde menos incidencia va a tener el malestar por la sencilla razón de que hay una conciencia clara de que el juez es el último garante
de los derechos de los ciudadanos, y esa conciencia nos va a llevar seguramente a defender como sea a los ciudadanos, no a los intereses de los jueces. Por lo tanto, aunque es verdad que hay un malestar me da la impresión -puedo estar equivocado-
de que ese malestar, más allá de lo estrictamente derivado de la imposibilidad de atender las pretensiones que nos lleguen, no va a influir en el ciudadano o en la sociedad española.


Señor Villarrubia, con respecto al Parlamento ya le he contestado. Al Parlamento venimos cuando nos llamen, pero son ustedes los que nos han de llamar. Lo de la memoria es después; a no ser que en la Ley Orgánica del Poder Judicial
cambien la fecha de presentación de la memoria ante el rey, nosotros vendremos siempre a presentarla después de haberla presentado al rey. En cuanto a la tardanza, el deterioro del servicio en los últimos años, malestar generalizado, ley de tasas,
Código Penal, me atengo a lo que les he dicho anteriormente, nosotros no podemos decir más de lo que hemos dicho cuando la ley

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ya está publicada, y cuando no está publicada no podemos decir más allá de lo que el informe dé de sí, y en este caso del Código Penal no hemos dado ningún informe.


Hablan de una reducción grave de los presupuestos de justicia. Miren a ver si ustedes pueden conseguir incrementarlos. (Risas). Yo les aplaudiría.


El trabajo forzoso de los jueces. ¿Esas sustituciones forzosas pueden afectar a derechos de los jueces? Posiblemente, pero yo creo que no. Yo llevo cuarenta y tres años en esta función. Hasta la ley del año 1985 -yo entré en 1970- los
jueces nos sustituíamos entre sí. Te decían: Vaya al otro juzgado. Y tenías el tuyo y el otro. Nunca pasó nada y tampoco creo que eso atentara contra ningún derecho, más allá de que el juez difícilmente puede llevar dos juzgados, pero los
atiende en la medida en que puede. Yo creo que no atenta contra derechos fundamentales, sobre todo si se hacen planes que permitan saber de antemano qué juez sustituirá en el caso oportuno. Eso se va a hacer: planes de sustitución con tiempo. Y
se sabrá quién te va a tocar en el caso de que no esté este juez.


En cuanto al plan de modernización del año anterior, hemos seguido haciendo cositas. Ya les he dicho que se está mejorando el punto neutro judicial, que estamos incidiendo para que vaya mejor la nueva oficina judicial y también la
mediación, pero a lo mejor todo no se puede hacer en un año. No sé si podríamos haber hecho más cosas.


Respecto al Grupo Popular y el señor Castillo, lo de la comparecencia lo asume porque es lo que le he dicho a todo el mundo. Que el 48 % de los ciudadanos considere que la justicia funciona mal es hasta cierto punto normal porque de los
ciudadanos que han pasado por la Administración de Justicia la mitad han perdido el pleito y no crea usted que están tan contentos con esa Administración de Justicia. Es curioso, hay estudios sociológicos que dicen que hay organismos y grupos que
nunca podrán acceder a un cien por cien de aceptación por razones objetivas. Por ejemplo, la Casa Real nunca podrá tener el cien por cien porque hay republicanos que nunca le darán el cien por cien a la Casa Real; aquí, en las Cortes, no podrán
alcanzar nunca el cien por cien. El Poder Judicial no podrá alcanzar nunca el cien por cien porque siempre hay gente que tiene un mal recuerdo de su paso por la justicia. Hay sociólogos que entienden que la máxima aceptación de los tribunales
sería un 65 %. Si sobre ese 65 % hay un 48 % de ciudadanos que consideran que la justicia funciona mal, a lo mejor resulta que el 48 % del 65 % no es tan malo. Nos gustaría que fuera así. Qué le vamos a hacer, nosotros vamos a tratar de hacerlo
lo mejor posible. Los jueces, en su generalidad, están tratando de hacerlo lo mejor posible. El ciudadano puede tener otra visión distinta y a lo mejor tiene razón el ciudadano. Nosotros trataremos de funcionar mejor, que es lo único que se nos
puede pedir. En cualquier caso, estoy bastante de acuerdo con usted en cuanto a una necesaria reorganización del servicio judicial, ya lo he dicho al principio. Lo mejor de todo esto sería que ustedes -que han hecho críticas generalizadas- fueran
capaces de ponerse de acuerdo en hacer una ley orgánica del Poder Judicial acomodada a los tiempos y con los medios que hacen falta. Creo que eso sí sería realmente una conclusión buena de esta reunión. Les invito a que sea así. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Consejo General del Poder Judicial.


Correspondería ahora un nuevo turno de los portavoces. (Pausa). Ningún portavoz hace uso de este turno. En consecuencia, reitero el agradecimiento al presidente del Consejo General del Poder Judicial, al vicepresidente y a los vocales que
le han acompañado esta mañana en esta comparecencia, así como a su equipo de colaboradores, con el deseo de que podamos tener la oportunidad de nuevas comparecencias a la mayor brevedad posible. Quiero recordar también a sus señorías que, como
quiera que la Comisión no ha designado ponencia para que informara en ese plazo de quince días sobre el estado y actividades de la Administración de Justicia contenidos en la memoria, se abre un plazo de tres días para presentar propuestas de
resolución ante la Mesa de la Comisión, plazo de tres días que vencería el jueves a la tres y media de la tarde, salvo que la Mesa del Congreso aceptara o modificara este plazo que está previamente establecido en la regulación de esta comparecencia
del presidente del Consejo General del Poder Judicial.


Muchísimas gracias, señor presidente, por su tiempo y por su dedicación a esta Comisión. Sin más, se levanta la sesión.


Eran las tres y treinta minutos de la tarde.