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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 210, de 15/11/2012
cve: DSCD-10-CO-210
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2012 X Legislatura Núm. 210
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 19
celebrada el jueves
15 de noviembre de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Elevación al Pleno de la Cámara de la ampliación del plazo, hasta la finalización del próximo periodo de sesiones, para la conclusión de los trabajos de la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e
hipotecarios de las entidades de crédito, con arreglo a lo dispuesto en la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1966, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las subcomisiones. (Número
de expediente 154/000002) ... (Página2)
Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:
- Proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (procedente del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo). (Número de expediente 121/000014) ... (Página2)
Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:
- Proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (procedente del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo). (Número de expediente 121/000014) ... (Página2)
Se abre la sesión a las tres y veinticinco minutos de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
ELEVACIÓN AL PLENO DE LA CÁMARA DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO, HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PRÓXIMO PERÍODO DE SESIONES, PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN SOBRE LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS E
HIPOTECARIOS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO, CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, DE 26 DE JUNIO DE 1966, SOBRE PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN Y REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS SUBCOMISIONES. (Número
de expediente 154/000002).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
En primer lugar, se somete a la consideración de la Comisión la alteración del orden del con la finalidad de incluir como punto del mismo la elevación al Pleno de la Cámara de la ampliación del plazo hasta la finalización del próximo período
de sesiones, para la conclusión de los trabajos de la subcomisión sobre la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, con arreglo a lo dispuesto en la resolución de la Presidencia del
Congreso de los Diputados, de 26 de junio de 1966, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las subcomisiones.
¿Se acuerda la alteración del orden del día en este sentido por asentimiento? (Asentimiento).
¿Se acuerda elevar al Pleno de la Cámara la solicitud de ampliación del plazo para la finalización de los trabajos de la subcomisión por asentimiento? (Asentimiento).
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/2012, de 25 DE MAYO). (Número de expediente 121/000014).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día. En primer lugar, ratificación de la ponencia designada para informar de la siguiente iniciativa legislativa: Proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios, procedente del Real Decreto-ley 19/2012 de 25 de mayo.
¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento).
APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORACIÓN POR LA PONENCIA SOBRE:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 19/2012, DE 25 DE MAYO). (Número de expediente 121/000014).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la aprobación, en su caso, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre proyecto de ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados
servicios.
Para la defensa de sus enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista dividirá su turno en dos intervenciones. En primer lugar, tiene la palabra la señora Gallego Arriola.
La señora GALLEGO ARRIOLA: El Grupo Parlamentario Socialista solicitó que se tramitase el decreto de medidas de liberación del comercio para poder introducir mejoras y así enriquecer este proyecto de ley, en definitiva mejorar la vida de la
gente que es para lo que estamos, porque creíamos que el real decreto se había realizado con mucha prisa y, además, mezclando materias que nada tienen que ver con el comercio.
Este proyecto quiere continuar la senda que inició el Gobierno socialista de intentar dar seguridad a los sectores y a los ayuntamientos. No sé si lo hemos conseguido, pero se ha hecho un notable esfuerzo de estudio, de reunión con diversos
colectivos afectados así como consultado en qué situación pudieran verse los servicios administrativos y técnicos de los municipios, que son los que al final serán los últimos gestores de estas medidas que hoy estamos discutiendo y que van a tener
que conciliar los intereses de
estas pequeñas empresas, los intereses de sus vecinos, de los trabajadores y trabajadoras del pequeño comercio y también del entorno que les rodea. Por ello creemos que es un error la eliminación de los supuestos de autorización motivados
por la protección del medio ambiente, por la seguridad o salud pública o el respeto al patrimonio histórico-artístico, por lo que apoyaremos las enmiendas en ese sentido. Es importante que la Administración asegure una correcta ejecución de la obra
en los diferentes locales así como un adecuado control de los servicios de inspección, que sea capaz de disuadir a los prestadores incumplidores cuando observan que la legislación ha experimentado cierta laxitud y se ven suprimidos los controles y
los requisitos previos. Por ello también vamos a apoyar las enmiendas en ese sentido.
En la medida en que las políticas de los gobiernos deben promover acciones de igualdad de oportunidades, de conciliación de la vida familiar y laboral y en definitiva de justicia, tras diversas reuniones con sindicatos pedimos y apoyamos que
se retiren las medidas de liberalización de horarios; medidas que van a ir en contra de los formatos comerciales medianos y pequeños, que son los que soportan la mayoría de los empleos en el comercio minorista de este país y que de forma abrumadora
son empleos femeninos. Por ello, apoyaremos las enmiendas que solicitan la eliminación de la liberalización de horarios de forma unilateral por este Gobierno. Además, es inadmisible que se quieran colar por la puerta de atrás en este proyecto
medidas que apoyan la amnistía fiscal, porque resulta que el desarrollo normativo de la citada orden no tenía cobertura legal y resultaba imprescindible incluir la medida en alguna disposición de rango suficiente. Aquí sí que se están mezclando
peras con manzanas. Nos parece totalmente inmoral. El Grupo Socialista ha impugnado globalmente dicha amnistía y por ello solicitamos su retirada del texto. Tampoco podemos estar de acuerdo con un anexo que no distinga entre actividades inocuas y
calificadas, que es lo que se ha hecho al reproducir el anexo del IAE, que solo está diseñado para recaudar. No se pueden eliminar con carácter previo licencias que no tienen carácter de inocuas como servicios de tintorerías o el comercio de
productos alimenticios por seguridad o salud pública. Por ello vamos a apoyar las enmiendas que supriman el anexo.
Desde aquí quiero agradecer a los diferentes sectores de comercio su disposición a colaborar, a reunirse con nuestro grupo para mejorar este proyecto de ley, que si queda como está creemos que va a producir muchísima indefensión y mucha
inseguridad jurídica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lavilla, también por el Grupo Socialista.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Vaya también mi enhorabuena por el nombramiento, ya que no he tenido oportunidad de decírselo. Sinceramente me alegro.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado, como decía mi compañera Puerto Gallego, una alternativa al proyecto de ley denominado de liberalización del comercio. Este proyecto de ley no da respuesta a los problemas del
comercio en nuestro país. En el mes de septiembre, señorías, la caída de ventas ha sido del 12,6 %. Yo anticipé el pasado día 17 de abril al secretario de Estado de Comercio que no íbamos por el buen camino. Estamos peor que hace un año y el
Gobierno nos lleva por la dirección equivocada. Tenemos más paro, más deuda, más recesión, pero hay alternativas. En el marco en que se ubica el presente proyecto de ley ocho razones nos justifican esa petición de cambio de dirección y otra
alternativa. En primer lugar, este proyecto de ley no cumple con los compromisos electorales del Partido Popular; en segundo lugar, se practica la imposición inicialmente vía real decreto-ley; en tercer lugar, caen las ventas; en cuarto lugar,
el comercio no es una prioridad dada la reducción del 34% en el apoyo presupuestario; en quinto lugar, falta un equilibrio entre agilidad y garantía a los derechos de los ciudadanos para primar a los que no cumplen, aunque aquí en este punto hemos
alcanzado un acuerdo, una transaccional que podría subsanarlo; en sexto lugar, hay escasez de medios para poder cumplir con la supervisión de las declaraciones responsables; y en séptimo lugar, hay una clasificación desordenada e incoherente de
las actividades incluidas en la declaración responsable.
Este proyecto se enmarca dentro de una acción del Gobierno y por eso reiteramos que las medidas que se adoptan van en una dirección equivocada y no se corresponden con los compromisos electorales asumidos. Hemos dicho también que se
practica la imposición por vía de real decreto-ley, a lo que hay que sumar la inseguridad jurídica. Se legisla a golpe de real decreto. Concretamente, señorías, llevamos veintisiete reales- decretos; este es uno, aunque es verdad que se ha
tramitado después como proyecto de ley, pero genera inseguridad porque el real decreto está en vigor. Estamos peor que hace un año y el Gobierno nos lleva en esa dirección equivocada.
Nuestro compromiso con el comercio interior está mucho peor ahora que hace un año; el Gobierno -como decía- nos lleva por ese camino equivocado y hay que recordar algunas alternativas. Esta
normativa se ha demostrado claramente insuficiente, porque está en vigor y las ventas han caído, insisto, un 12,6% en septiembre, la caída más elevada del periodo de crisis, que ha coincidido con la subida del IVA y que se agravará a final
de año con la eliminación de la paga a los funcionarios; no da respuesta a las necesidades del sector comercial y no va en nuestro ordenamiento jurídico, ya que muchos ayuntamientos, a partir de la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local,
realizada por la Ley de Economía Sostenible, ya habían superado esta medida con creces y sin necesidad de una norma básica como esta, como es el caso de Madrid, Barcelona o Valencia. El comercio -como decíamos- no es una prioridad con esa caída del
34 % en el apoyo.
Hemos resuelto en el punto 5º parcialmente el equilibrio entre la agilidad y la seguridad jurídica con una propuesta de transacción que hemos recibido del Grupo Popular sobre la base de las enmiendas números 29 y 33 del Grupo Parlamentario
Socialista. La escasez de medios para poder cumplir la supervisión, a la que se refería mi compañera, de las declaraciones responsables es una fuente también de inseguridad jurídica. La clasificación desordenada pedimos que se ordene en una
enmienda, concretamente la número 28, dando participación a todo el sector. También denunciamos en el punto 8º una arbitrariedad, puesto que tendremos diecisiete sistemas de comercio distintos, porque la disposición final séptima y la disposición
final octava permiten al Gobierno o a las comunidades autónomas variar los 300 metros que como máxima superficie se ubican en el proyecto de ley.
El Grupo Parlamentario Socialista ha planteado un conjunto de enmiendas que proponen una visión integral de la economía para generar mayor seguridad jurídica, requisito necesario para invertir, modernizar y crear empleo, para facilitar el
inicio de la actividad económica pero manteniendo la cautela en los ámbitos que afecten la salud, la seguridad pública y el medio ambiente, en definitiva, hay que regular con garantías, porque ambas cosas no están reñidas. Enmiendas también para
favorecer la seguridad jurídica y evitar la arbitrariedad unilateral, ya sea del Gobierno o de las comunidades autónomas, y para realizar un listado de actividades amparadas por esta medida liberalizadora con la participación de todos los sectores
que sea coherente; equilibrar la agilidad en el inicio de la actividad económica con un régimen sancionador para fomentar la responsabilidad y evitar perjuicios colaterales al ciudadano y crear un registro público en Internet que nos parece muy
importante, un registro transparente de los prestadores que faciliten firmas de declaraciones responsables, donde aparezcan las sanciones que se les hayan aplicado, porque esto es un efecto disuasorio importante.
Quiero destacar y hacer constar, aunque mantenemos una alternativa diferente, la buena disposición de la ponente del Grupo Popular, Belén Juste, independientemente de lo que ha sido posible avanzar -podríamos haber avanzado más-; su buena
disposición personal, aunque probablemente por causas ajenas a su voluntad no hemos conseguido llegar más allá. En relación con las enmiendas de otros grupos, nosotros, en el año 2010, conseguimos un acuerdo, donde estaban prácticamente todos los
grupos, en el denominado Pacto de Soria.
Termino anunciando el sentido de nuestro voto a todas las enmiendas. Del Grupo Mixto apoyaremos la número 42, nos abstendremos en la 46, 47 y 52 y votaremos en contra de la 48, 50, 51 y 53. Del Grupo de UPyD apoyaremos las números 1, 2, 7,
8, 9, 10, 39, 40, 43 y nos abstendremos en la 5 porque consideramos que la enmienda 34 del Grupo Parlamentario Socialista es más completa. Del Grupo de La Izquierda Plural apoyaremos la número 12, que es similar a la número 27 del Grupo
Parlamentario Socialista, y las números 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 y nos abstendremos en las números 11, 13 y 17. De Convergència i Unió apoyaremos las números 54, 55 y 61 y nos abstendremos -si hubiéramos liderado el proyecto podríamos haber
llegado a acuerdos probablemente en muchas de ellas- en las números 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 y 64. Y del Grupo Popular apoyaremos las números 44, 45 y 49, nos abstendremos en la 46, 47 y 52 y votaremos en contra de la 48, 50, 51 y 53, dado que el
Grupo Popular ha incluido la mayor parte de sus enmiendas en el trámite de ponencia.
Termino ya. Por las ocho razones que justifican un cambio de rumbo y los seis pilares que justifican nuestra alternativa, sobre los que se basa un modelo distinto que genere más empleo, más actividad, que sea más equilibrado entre agilidad
y responsabilidad y logre más seguridad jurídica, votaremos en contra de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lavilla, especialmente por sus palabras introductorias.
Tiene la palabra, en nombre de Convergència i Unió, la señora Riera. Antes de darle la palabra quiero recordar, no lo puedo evitar, que compartí con usted esta Mesa en otros momentos; fue un honor y lo recuerdo con cariño.
La señora RIERA I REÑÉ: Igualmente, señor presidente, usted lo sabe bien, y compartír también como portavoz, por la parte de competitividad de mi grupo parlamentario en esta Comisión, la Presidencia con usted.
Respecto del proyecto de ley que hoy se debate y en el ámbito específico al que se refiere, a nuestro grupo parlamentario, presidente, señorías, le preocupan fundamentalmente dos ejes o dos cuestiones. Por una parte, la dinamización de la
actividad económica y, por tanto, impulsar medidas facilitadoras de dicha actividad y del crecimiento en este específico sector y, por otra parte, el respeto a las competencias en materia que sustentan las comunidades autónomas. Este proyecto de
ley, desde nuestra perspectiva, aborda únicamente una parte, determinados aspectos de carácter más administrativo que impactan en la actividad del comercio minorista, los que afectan a la tramitación del inicio de desarrollo de actividad y que
compartimos. A nuestro entender y en este estricto marco, el proyecto de ley, si bien en líneas generales es respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas, hay un aspecto -la disposición final séptima- que nos preocupa, al entender
que constituye una invasión competencial y sobre la que nuestro grupo ha presentado una enmienda específica.
Es cierto que aún hoy existen significativas trabas administrativas que dificultan la actividad comercial y afectan de manera directa al comercio minorista, que es un sector estratégico en nuestro crecimiento y en la generación de empleo;
es cierto también que, según datos de la OCDE, España es el segundo país de Europa con más trámites a realizar para la apertura de un comercio, por tanto, eliminar autorizaciones o licencias municipales previas y apostar por un régimen de control ex
post basado en la declaración responsable es, a nuestro entender, estrictamente necesario y es urgente una clara apuesta por la desburocratización de nuestro sistema y por la dinamización de la actividad económica y comercial, hoy más necesaria que
nunca en el actual contexto económico y social que vivimos. También he de decir que para que el consumo aumente se necesitan medidas destinadas a reactivar la economía e incrementar el empleo; hasta que no aumente el empleo será muy difícil que
aumente el consumo interno y la actividad comercial. En este contexto de necesario crecimiento y reactivación, creemos que hemos de facilitar la actividad económica también a través de medidas como las que se incorporan en este proyecto de ley.
Respecto a las enmiendas que nuestro grupo ha presentado, las dividiré en dos grupos. Un primer grupo de enmiendas, la 54 y 55, que son de carácter más técnico y competencial dirigidas a aspectos propiamente regulados en el cuerpo
legislativo. En relación con la enmienda 54 hemos aceptado una enmienda transaccional que nos ha propuesto el Grupo Popular. En relación con nuestra enmienda 55 nos preocupa, como ya he dicho antes, la invasión competencial que supone la
disposición final séptima y la confusión que se genera entre esta y la disposición final octava. La enmienda 55 pretende evitar, por una parte, una invasión competencial y, por otra, la confusión entre ambas disposiciones finales. En concreto, la
disposición final séptima establece que el Gobierno podrá modificar el umbral de los 300 metros cuadrados de superficie, a los que se aplicarán las medidas contenidas en el título I del presente proyecto de ley, con el objeto de poderlo extender a
otras superficies; posteriormente, en la disposición final octava se indica, tal como se regula en la actualidad, que las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar el umbral de superficie y el catálogo de actividades
comerciales. Entendemos, señorías, que correspondiendo las competencias en la materia a las comunidades autónomas, cualquier modificación en este ámbito debe hacerse siempre previa evaluación y de acuerdo con las comunidades autónomas.
El segundo grupo de enmiendas, de la 56 a la 64, van orientadas a cambios en el Real Decreto 20/2012, que como sus señorías recordarán no apoyamos al considerar que, por una parte, tenía unos objetivos claramente invasores de las
competencias autonómicas en la materia, es decir, en temas de liberalización de los horarios comerciales y, por otra, defendía un modelo que no compartimos. Entendemos, señorías, que el título del presente proyecto de ley es confuso, dado que al
referirse a la liberalización comercial puede dar a entender que se modifican también aspectos relativos a los horarios comerciales y a la Ley del comercio minorista y en cambio lo que únicamente se liberaliza en este proyecto de ley es lo que
afecta a la eliminación de cargas y restricciones administrativas que impactan el inicio y el ejercicio de la actividad comercial.
Con estas consideraciones, todos los aspectos referidos a la liberalización de horarios y la Ley del comercio minorista fueron modificados, como decía antes y he recordado, de forma a nuestro entender precipitada mediante el Real-decreto
20/2012, sobre el que no me extenderé. Sí quiero decirles que dicha reforma pretendía imponer un modelo comercial unificado en todo el Estado español, un modelo cuya prioridad está en captar un comercio más masivo, un comercio orientado a
aprovechar la radialidad de
comunicaciones que se ha ido construyendo y un modelo que no beneficia, a nuestro entender, a los consumidores y tampoco al pequeño y mediano comercio. Un modelo uniforme que no respeta ni la especificidad ni la diversidad comercial y que
no genera ni garantiza la competencia ni beneficia al consumidor.
Nosotros, señorías, presidente, defendemos un modelo comercial y urbano de proximidad, de cohesión y de convivencia, cercano al consumidor, que apuesta por la diversidad y también por el equilibrio entre formatos, un modelo que claramente
sigue las pautas europeas. Este también es el modelo que aplicamos en Cataluña, que se caracteriza por su especificidad. Un modelo eficiente, viable, que ha funcionado y funciona y que entendemos no puede ni debe limitarse porque es un modelo de
éxito. Un modelo de cohesión, de equilibrio y de proximidad, y no puede limitarse a favor de un modelo que no respeta esta especificidad del comercio minorista y pone en riesgo en cambio su papel como sector en el crecimiento económico, en la
reactivación y en la generación de empleo.
Con todo ello, señorías, presidente, se evidencian las prioridades tan diferentes que tenemos y defendemos entre el Gobierno y el Partido Popular y nuestro grupo parlamentario respecto al modelo comercial. En este marco de la defensa de
este grupo de enmiendas que, recuerdo, van de la 56 a la 64, nuestro grupo defiende que la ampliación de horarios comerciales de 72 a 90 horas deberá mantenerse según la anterior normativa. La ampliación del horario de apertura en un momento de
fuertes contracciones del consumo fácilmente propiciará una disminución del número de establecimientos, es decir, una menor competencia comercial y menos comercio de proximidad, lo cual constituye un objetivo contrario al que propondría la ley, y
los elevados costes que ello supone, a nuestro entender, solo los podrán aprovechar las grandes superficies y no los pequeños comercios. El mismo argumento para la aplicación de los domingos y festivos, que deberán adecuarse, sin ninguna duda, a
las competencias de las comunidades autónomas, a las competencias que estas tengan en materia de comercio. ¿Quién mejor que las propias comunidades autónomas para establecer el modelo comercial a seguir? El Estado, señorías, presidente, es plural
y diverso.
Hay razones por tanto de defensa competencial y de defensa del modelo. Competencial porque el Gobierno legisla sobre horarios comerciales cuando las competencias corresponden a las comunidades autónomas, y si hablamos de duplicidades, en
este sentido es el Gobierno quien las crea. En relación con los horarios comerciales, aparte del abanico del horario comercial actual, es hoy uno de los más amplios de Europa y entendemos que ampliarlo ulteriormente sería limitar la competencia.
Queremos también señalar que no por abrir más horas el consumo aumentará. El consumo, repito y recuerdo, necesita hoy de medidas claras y urgentes de reactivación económica. Por lo que respecta al ámbito de la determinación de las zonas turísticas
a las que se podrá aplicar el régimen especial de horarios, corresponde también a las comunidades autónomas su determinación sin mayores condicionantes que la de ser propuestos por los correspondientes ayuntamientos. No se puede aceptar y no
aceptamos que sea el Estado español el que determine nuevamente de forma uniforme los requisitos que se deben cumplir para tener tal condición. Entendemos que es una invasión competencial.
Por todas estas razones, nuestro grupo se abstendrá ante el proyecto de ley que estamos debatiendo, entendiendo que si bien el mismo contribuye a facilitar la apertura y reforma de establecimientos comerciales, lo cual significa eliminar
trabas administrativas a la actividad comercial y en ello estamos plenamente de acuerdo, hay dos aspectos que apoyan nuestra abstención; por una parte, la consideración de que la disposición final séptima supone una invasión competencial -y nuestra
enmienda 55 ha sido rechazada- y por otra, nuestro rechazo en su momento al Real Decreto 20/2012, tanto porque defendía un modelo que no compartimos y porque constituía, a nuestro entender, una clara invasión competencial en este ámbito. Nuestras
enmiendas al proyecto de ley que hoy debatimos han ido en la dirección de reconducir estos aspectos en los que claramente discrepamos en su momento y nuestras enmiendas en este sentido se han visto rechazadas.
Por último, quiero agradecer también la predisposición de la portavoz del Grupo Popular, anunciando que aceptamos la transacción a la enmienda número 54.
El señor PRESIDENTE: Ahora le correspondería el turno a La Izquierda Plural, pero por acuerdo entre los dos portavoces, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo de UPyD, el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Deseo comenzar dando las gracias a la Presidencia y muy especialmente al señor Garzón por las facilidades para el cambio de turno porque me coincide esta Comisión con la de Empleo, que comienza a las cuatro.
Este proyecto de ley, como comentamos en el Pleno, mezcla temas muy variados, lo que es una pena porque hay aspectos de liberalización de comercio que mi grupo valora positivamente y otros que se mezclan que no valoramos tan positivamente y
que consideramos que no deberían estar en el mismo texto. El asunto fundamental es de gran importancia para la economía española. Hace pocos días salió el indicador de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial que indicaba que nuestro país
ocupa el puesto 136 de 185 países en la facilidad para apertura de negocios, es decir, es uno de los peores países a la hora de abrir un negocio. Estamos tratando en este proyecto de ley uno de los graves problemas de la economía española. Este
problema, además, está fuertemente correlacionado con otros dos, con el de regulación de la OCDE -en este momento está indicando la causa del problema, el exceso de regulación con efectos económicos- y con el indicador de competitividad global del
World Economic Forum. Esto nos está indicando que la regulación provoca dificultad para abrir negocios que a su vez provocan falta de competitividad. Por tanto, nos ocupamos de problemas esenciales de la economía española: la dificultad para
abrir negocios y la falta de competitividad.
En opinión de Unión, Progreso y Democracia, el problema de fondo tiene que ver con el exceso de regulación; con que la Administración estatal, la autonómica y la local han promulgado durante décadas infinidad de medidas legislativas sin
tener en cuenta sus efectos sobre la economía y la ruptura que provocan del mercado único. Esto es un tema que nuestro grupo puso sobre la mesa del debate político desde la creación de nuestro partido, que durante mucho tiempo se ha negado y que
hoy está aceptado pero todavía no resuelto. Querría resaltar que los diferentes partidos que han ocupado y ocupan responsabilidades en comunidades, municipios y gobierno estatal son los que han provocado esta situación. Lo que nos propone este
proyecto de ley en el fondo es un atajo. Esa regulación sigue ahí pero la sorteamos porque se puede poner en marcha el negocio con una simple comunicación y el control se deja para una etapa posterior. Nos parece una manera ingeniosa de sortear el
problema de manera rápida, aunque hemos propuesto una serie de enmiendas para mejorar el procedimiento, en concreto, cuatro enmiendas.
La enmienda 40 propone utilizar mecanismos de tramitación electrónica y ventanilla única para facilitar la gestión a las empresas y a las propias administraciones. El Partido Popular nos ha ofrecido una enmienda transaccional que recoge lo
esencial de nuestra propuesta y que aceptaremos. Creemos que mejora el proyecto tanto para los empresarios como para las administraciones. La enmienda número 1 también busca mejorar el procedimiento y lo que pide es que cuando se requiera proyecto
de obras como parte de la documentación, ese proyecto se adjunte con la declaración responsable, de forma que nos podamos asegurar de que ese proyecto de verdad se tiene y además se adelante ese trámite. La enmienda 39, de nuevo intentando mejorar
el procedimiento, busca que el modelo tipo de declaración que se acuerde con la Federación Española de Municipios y Provincias sea el mismo para todos los municipios y la documentación complementaria también, es decir, que haya un mismo impreso y
además que en todos los municipios se pida la misma documentación con la idea de facilitar la gestión y homogeneizar procedimientos. A estas dos enmiendas, 1 y 39, se nos ha ofrecido una enmienda transaccional que recoge en muy pequeña medida lo
pedido. Simplemente se declara explícitamente que se tiene el proyecto de obra; aunque poco, consideramos que es una mejora y por tanto la aceptaremos y agradecemos su propuesta. Por último, la enmienda 43 intentaba ampliar los efectos de esta
legislación de forma que afectase no solo a los locales sino también a las instalaciones. Consideramos que para que esto funcione bien es muy importante que el control a posteriori sea efectivo, que esta legislación no sea un coladero sino que lo
que se deja para la etapa posterior efectivamente se inspeccione y, si es necesario, se sancione. Por eso, nuestra enmienda número 3 pide reforzar los recursos para la inspección pública -creemos que no es buena idea privatizar esa inspección- y
que haya unos plazos máximos, de forma que la resolución sea rápida; aunque se deje para un momento posterior, no puede eternizarse el procedimiento. Otras dos enmiendas tienen que ver con la raíz del problema; el atajo es ingenioso, de acuerdo,
pero la raíz del problema es el exceso de regulación. Por eso, en línea con lo presentado en el pasado mediante una proposición no de ley, creemos que es importante tener un catálogo de esas regulaciones que ayude posteriormente a su reducción.
Eso es lo que pide nuestra enmienda número 4, de forma que esas regulaciones no solo se sorteen sino que se acaben disminuyendo. Nuestra enmienda número 10 pide suprimir la disposición final octava. Creemos que es un grave error esta disposición
porque permite a las comunidades autónomas ampliar los umbrales de superficie y el catálogo de actividades, es decir, los elementos esenciales de la ley, y va en contra del espíritu de la propia ley. Si buscamos unos procedimientos similares de
hacer negocios en todo el territorio nacional, no tiene sentido disgregar de nuevo las formas
de hacer negocios con esta disposición final octava. A continuación vienen una serie de cuestiones que, en opinión de mi grupo, no deberían figurar aquí. Hay un título II dedicado a defensa. En opinión de mi grupo, si el Estado se
involucra más en la gestión de esos contratos de defensa, eso debería ir unido a una mayor transparencia y a un mayor control parlamentario, por eso nuestra enmienda número 2 pide mayor información; pide que la información semestral que se va a
remitir a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos también se remita a la Comisión de Defensa del Congreso. Hay temas de hacienda que tienen que ver con las multas de tráfico en la disposición final segunda. Nuestra enmienda
número 6 pide que no se aplace indefinidamente la puesta en marcha de los mecanismos de notificación electrónica de las multas. Esto es un problema social que todos vivimos en nuestro entorno, en nuestras familias; se puede retrasar la fecha si no
se ha podido cumplir la inicial, pero es importante poner en marcha estos procedimientos. A continuación hay unas disposiciones en torno a la amnistía fiscal. Mi grupo se ha posicionado a menudo claramente en contra de esta amnistía. Consideramos
un error la amnistía, además de una inmoralidad, y pensamos que es otro error añadido incluir disposiciones en esta legislación relacionadas con ella. Por eso, nuestras enmiendas 5 y 7 piden derogar esa amnistía y que desaparezca del texto del
proyecto de ley que nos ocupa.
Como otros portavoces, quería agradecer a doña Belén Juste, portavoz del Partido Popular, su esfuerzo en la búsqueda de acuerdos y en proporcionar información incluso en los temas en los que no había acuerdo. También quiero agradecerle que
haya recogido algunas de nuestras propuestas. Respecto a nuestra postura global en el tema esencial, que es facilitar la apertura de comercios, estamos claramente a favor, pero las otras cuestiones que he señalado relacionadas con la amnistía
fiscal o la duda de cómo los procedimientos se acaben llevando a la práctica van a llevarnos a que al final no podamos apoyar el proyecto y optemos por la abstención.
El señor PRESIDENTE: Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Intentaré ser todo lo breve posible.
En primer lugar, quiero agradecer a la portavoz del Partido Popular que haya tenido esa actitud de comunicación con el resto de grupos, y en particular con nosotros, dado que es la primera ocasión en la que nos sucede esto, por lo menos a mi
persona en tanto que diputado, por parte del Grupo Popular. Es de agradecer esa predisposición para por lo menos trabajar conjuntamente algunas enmiendas.
Hemos presentado una serie de enmiendas y me gustaría destacar la filosofía de dos de ellas. La primera es la necesidad de mantener un control parlamentario de las actuaciones en materia de comercio exterior de armamento. Consideramos que
ese es un requisito importante y a ello se refieren las enmiendas 19 y 21.
Después nos preocupa el hecho de que con este proyecto de ley pueda darse la circunstancia de que determinados comercios empiecen su actividad y queden pendientes los controles por parte de diferentes personalidades de los ayuntamientos.
Esto va a ser poco operativo en ayuntamientos pequeños que tengan que mandar un control a un comercio que ya ha empezado a andar, y si el control demuestra que hay que penalizarlo afronte todas las complicaciones económicas y políticas que puede
suponer ese hecho, en caso de que tuviera que tomar medidas de sanción o incluso el cierre de ese comercio. Aquí hay un elemento de preocupación que no se puede justificar solo por el mero hecho de agilizar los trámites. Por eso entendemos que hay
que garantizar ciertos derechos jurídicos y que la Administración esté encima de la problemática con mayor interés.
En lo que se refiere a la filosofía del proyecto entendemos que está vinculada con una obvia problemática para los pequeños comercios especialmente, porque están en una crisis importante como consecuencia de la crisis económica general. Sin
embargo la agilización de los trámites no va a ser un elemento que ayude a estos comercios a salir adelante. Modificar las leyes incluso en aquellos puntos en que esta ley pueda acertar no va a garantizar que esos comercios puedan sobrevivir en un
entorno depresivo. Por esas razones consideramos que este proyecto se va a quedar corto si el objetivo es recuperar la actividad económica de estas entidades económicas. La actividad, la filosofía y los programas económicos del Partido Popular en
el Gobierno están minando las posibilidades de que este proyecto de ley y esta filosofía puedan ser exitosos; desgraciadamente esto es lo que se está viendo a lo largo de estos años de políticas de austeridad. En cualquier caso, volvemos a saludar
la disposición del Grupo Parlamentario Popular para negociar ciertas enmiendas con nosotros, a pesar de lo cual anunciamos que nos abstendremos en el dictamen final.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para defender nuestras dos únicas enmiendas, la 41 y la 42. La primera está relacionada con el artículo 3, que corresponde a la inexigibilidad de la licencia, y la segunda está relacionada con los
horarios comerciales, aunque no sean motivo de tratamiento en el proyecto de ley que hoy discutimos. Ambas cuestiones están relacionadas con las competencias autonómicas, y como sus señorías saben la regulación del comercio minorista es competencia
de las comunidades autónomas, y desde nuestro punto de vista el artículo 3 de este proyecto de ley se injiere en esas competencias. Por eso en la enmienda que presentamos y con la modificación que proponemos manifestamos que hay que trasladar la
competencia para que estas licencias sean debidamente concedidas a la Administración autonómica que corresponda, y a las administraciones municipales en lo que a estas atañe. Lo hacemos, igual que defendemos los horarios comerciales como
competencia autonómica, porque no es que sea una observación del Bloque Nacionalista Galego, sino una realidad del territorio del Estado. El comportamiento del comercio minorista no es igual en todo el territorio del Estado. Depende de los hábitos
culturales de consumo que existen en cada territorio. Antes la portavoz de Convergència i Unió hablaba de la importancia que tiene para Cataluña el pequeño y mediano comercio, pero en Galicia podríamos decir otro tanto; sobre todo habida cuenta de
los pequeños municipios que tenemos, que aunque son pequeños, tienen poblaciones importantes. De ahí que nadie mejor que la Administración autonómica y la municipal, como las más cercanas a esa realidad, para legislar o regular aquellas cuestiones
relacionadas con las licencias o los horarios comerciales. Señorías, presentamos estas dos enmiendas porque entendemos que de una vez por todas se debe abordar el tema de los horarios en la legislación estatal, respetando la facultad de
ordenamiento de las comunidades autónomas.
Por otro lado, nuestra enmienda 41 plantea que, al margen de una idea generalista de la legislación estatal, la concesión de las licencias tiene que ser competencia de las administraciones más cercanas por sus propias características. Aquí
se liberalizan las licencias, pero no es cuestión de que empiecen a crearse establecimientos comerciales sobre ofertas comerciales de las que ya existe una determinada saturación o cosas parecidas. Por eso la Administración local tiene competencias
que deberían reconocerse y en este caso la ley no lo hace. Dentro del ordenamiento constitucional entra adecuar estas licencias remitiendo la competencia a las comunidades autónomas y municipales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Juste Picón.
La señora JUSTE PICÓN: Me corresponde tomar la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y quisiera comenzar agradeciendo a todos los grupos parlamentarios el trabajo, el tono, el rigor y la voluntad con la que se han trabajado
todas estas enmiendas.
Todos los portavoces han hablado de simplificación, de apoyo, de facilitar y de dar oportunidades, y así estamos actuando. Estamos incidiendo desde el Gobierno en los factores clave para fomentar y consolidar la actividad emprendedora.
Todos sabemos lo necesario que es reducir el número de trámites administrativos de forma que estén todos integrados y coordinados. Pero también se hace patente la necesidad de que cada una de las administraciones tenga una coordinación interna
mucho más eficaz. Ya han comentado la señora Riera y el señor Anchuelo que si nos comparamos con otros países seguimos siendo el segundo país de Europa en número de trámites a realizar para crear una empresa; siguen siendo necesarios diez trámites
cuando la media es de cinco. Es verdad que el marco normativo en el ámbito del comercio minorista se ha venido simplificando en los últimos cuatro años mediante la modificación de diversas leyes, las cuales se mantienen vigentes. La mayoría de
ellas, señores del Grupo Parlamentario Socialista, han sido modificadas y convalidadas durante su legislatura. Pero dicho esto, y a pesar de los avances, perviven en el ordenamiento jurídico muchísimas trabas administrativas que están vinculadas al
inicio y ejercicio de la actividad comercial, y que constituyen un obstáculo añadido a la iniciativa empresarial y emprendedora.
Por todo esto, con esta normativa lo que se pretende es realizar un importante ejercicio de simplificación administrativa -ese es su objeto- basado en la eliminación de licencias municipales de inicio y ejercicio de la actividad comercial -o
cualquier otra forma de control previo-, siempre relativa a la instalación y apertura de establecimientos comerciales en los que se realicen actividades comerciales minoristas y prestación de servicios complementarios situados en cualquier parte del
territorio nacional, y cuya superficie de exposición y venta no sea superior a 300 metros cuadrados.
El Grupo Parlamentario Popular apoya en su totalidad el proyecto de ley procedente del Real Decreto-ley 19/2012, del 25 de mayo. En la ponencia que acabamos de ratificar se señalan las enmiendas que vamos a incorporar al texto para mejorar
el contenido de esta medida y quisiera volver a agradecer el consenso y los acuerdos que hemos podido alcanzar. Quiero destacar que de las sesenta y cuatro enmiendas presentadas vamos a incorporar quince de ellas, lo que representa un 23 % del
total del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y más de un 15 % del las del Grupo Parlamentario Socialista. Creemos, y por eso hemos trabajado en ello, que con estas cuatro enmiendas transaccionales y la nueva de adición se va a
mejorar mucho técnicamente la normativa y va a aportar mucha más seguridad jurídica.
Vamos a aceptar la enmienda número 49 del Grupo Parlamentario Popular y recuerdo a los portavoces que en la ponencia la dejamos pendiente de una posible transacción. Se va a introducir una nueva disposición final que no tiene ninguna
incidencia en temas de salud pública y que va a suponer una mejora considerable para los operadores económicos del sector. También se introduce una corrección técnica a la disposición adicional novena. Yo no sé si quieren que lea el texto, porque
se lo he dado a todos los portavoces, pero es simplemente una corrección técnica a la disposición adicional tercera nueva. Esta modificación va a suponer una mejora aclaratoria muy necesaria para delimitar adecuadamente el ámbito de aplicación de
lo contenido en el título I de esta medida, y se precisarán las obras excluidas del régimen de licencia previa.
Señor presidente, voy a pedirle -si es posible- votación separada de la agrupación 76, que se incorporó por enmienda en el informe de la ponencia. Hay enmiendas, señores portavoces, que no hemos podido incorporar porque muchas de ellas se
separan de la filosofía que impregna este real decreto, algunas incluso la complican, y no contribuyen a aportar más seguridad e incluso -ahora hablaremos de ello- algunas ya están reguladas en otro real decreto.
Señora Riera, no me puedo alargar mucho ni me puedo extender, pero también voy a contestar a los otros grupos, a la señora Gallego y también al portavoz de UPyD, en cuanto a las enmiendas que han presentado para la libertad de horarios
comerciales, rebajas, etcétera. Quiero decirles que ya está regulado como usted bien ha dicho en el Real Decreto-ley 20/2012, dentro del título V, y el Grupo Popular no puede estar menos de acuerdo en lo que ha dicho, porque usted sabe que ha sido
una propuesta muy moderada, muy consensuada, donde se han implicado y se han reunido casi todas las comunidades autónomas, y no todas, pero sí la mayoría han aceptado con muchísima participación este real decreto. En este real decreto no se obliga
a nadie a abrir, y tenemos que insistir en que ya hubo en España doce días de apertura de festivos al año, y que ahora estamos hablando de diez. También es importante resaltar que recientemente tanto en Italia como en Portugal han aprobado medidas
mucho más liberalizadoras, con libertad horaria total, y que otros países como Irlanda, Bélgica y Reino Unido también permiten una mayor libertad de horario. La verdad es que yo creo que necesitaríamos un gran debate para seguir defendiendo la
razón de este real decreto.
Contestando a las enmiendas 2, 19, 20 y 25, que están en relación con el título II de esta norma, quiero decirle a la señora Lozano que la enmienda número 2 creemos que es innecesaria, por un lado porque el secretario de Estado de Comercio
comparece anualmente ante la Comisión de Defensa para informar de las estadísticas de exportación de material de defensa y doble uso, y por otro, cada seis meses se envía a dicha Comisión, la cual tiene la obligación de responder, un informe con las
estadísticas de exportaciones permitidas, las no permitidas, las causas de denegación y los procedimientos.
En cuanto, señor Garzón, a sus enmiendas 19 y 20 sobre la petición de un control previo por parte del Parlamento sobre cada contrato creemos -y lo sabe usted porque lo conoce- que va en contra del primer dictamen de la Comisión de Defensa,
en relación con un informe de estadísticas, el cual si quiere se lo leo, pero fue aprobado en dicha Comisión el pasado día 10 de octubre. Por otro lado, señor Garzón, la seguridad de los contratos viene dada, como el resto de exportaciones de
material de defensa, por la necesidad de ser sometidos todos ellos a la aprobación de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior.
Contestando a la enmienda 25, precisamente este real decreto tiene como fin que la industria de la tecnología de defensa y doble uso pueda competir en condiciones de igualdad con otros países en el mercado internacional, y una independencia
de las necesidades económicas del Ministerio de Defensa por ser cliente único. Por otro lado, la junta interministerial vela siempre por que se cumplan condiciones de exportación mucho más garantistas que en el resto de los países de nuestro
entorno.
Contestando a la señora Gallego y al señor Lavilla, quiero decirles que la mayoría de las enmiendas que han presentado se centran mucho en la actividad económica, como bien decía el señor Lavilla, no en el comercio minorista. Creemos que
tendríamos que hablar de otro real decreto.
En cuanto a las enmiendas 5 y 7, señora Lozano, que pretenden derogar el Real Decreto-ley 12/2012, y después de oír la defensa de las mismas del señor Anchuelo, en ningún caso se producen con esta normativa. Es más, lo que buscamos
precisamente con la aplicación de esta es favorecer el interés general y que haya cada vez más recursos en la Hacienda pública, recursos que por otra parte se van a ver incrementados en el futuro como consecuencia de ese afloramiento de bienes y
derechos, los cuales generarán nuevas rentas sometidas a tributación.
No olvidemos además, señorías, que este tipo de procedimientos extraordinarios de regularización por la situación extraordinaria presupuestaria se encuentran amparados por las recomendaciones que nos hace la propia OCDE. Debo insistirles en
los aspectos positivos de esta normativa, que se consideran muy necesarios para evitar en el futuro situaciones de desimposición, así como conciliar la realidad formal y económica.
Señora Gallego, que les parezca ahora injusta e inconstitucional la llamada amnistía fiscal no lo podemos entender, porque ustedes aprobaron en los años 1984 y 1991 esas amnistías y en ese momento no les pareció ni inconstitucional ni por
supuesto injusto. Quiero decirles que el Gobierno, muy lejos de lo que ustedes han dicho y hecho, tiene un compromiso muy claro y muy firme con la disciplina fiscal y así lo ha valorado la Audiencia Nacional, rechazando con contundencia y
rotundidad el recurso presentado por su partido contra la supuesta amnistía fiscal; sentencia que ha puesto de relieve la irresponsabilidad con la que han actuado y les ha desautorizado al fallar que no están legitimados para recurrir esta
decisión. El Partido Popular mantiene su compromiso y por eso desde el Ministerio de Hacienda se va a endurecer asimismo el régimen sancionador tributario.
Señor presidente, más o menos he podido contestar -y en el tiempo- a los portavoces. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones, intentando que sean ágiles. Hay veintiséis votaciones, ya se lo anuncio, y en primer lugar votamos las enmiendas transaccionales. La primera enmienda transaccional es a la
enmienda 40, de UPyD.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En segundo lugar, la enmienda transaccional a las enmiendas 29 y 33 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En tercer lugar, enmienda transaccional a la 14 de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a las enmiendas 1 y 39 de UPyD, 16 de La Izquierda Plural, 45 del Grupo Parlamentario Popular y 54 de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, enmienda de corrección técnica a la disposición adicional tercera nueva, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 8; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, enmiendas de la señora Fernández Davila.
Enmienda 41.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda 42 de la señora Fernández Davila.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del señor Bosch i Pascual.
En primer lugar, la enmienda 24.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 30; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 25 del señor Bosch i Pascual.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 32; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En primer lugar, la enmienda número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, votamos las enmiendas, 5, 7 y 10 de UPyD.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 25; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 8 y 9 de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos por último la enmienda 43 del Grupo UPyD.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
En primer lugar, las enmiendas 11, 13 y 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
En segundo lugar, votamos las enmiendas 12, 19 a 21 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, de este grupo votamos las enmiendas 15, 18 y 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, las enmiendas 55 y 61.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas 56 a 60, 63 y 64.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las enmiendas 26, 27, 31, 32, 34 y 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 24; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas 28, 36, 37 y 38.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar la enmienda número 49 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, 1; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación del texto del informe. En primer lugar, agrupación 76 del anexo, Telecomunicaciones, y grupos 761 y 769.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: en contra, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 10; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las cuatro y treinta minutos de la tarde.