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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 199, de 24/10/2012
cve: DSCD-10-CO-199 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2012 X Legislatura Núm. 199

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 13

celebrada el miércoles

24 de octubre de 2012



ORDEN DEL DÍA:


Solicitud de creación de subcomisión:


- Solicitud de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar un seguimiento y eventuales aportaciones a la posición del Gobierno de España ante el procedimiento de reforma
de la Política Pesquera Común (PPC) y su futura implementación. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000020) ... (Página2)


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo). (Número de expediente 121/000011) ... (Página6)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente (procedente del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo). (Número de expediente 121/000011) ... (Página7)



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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, da comienzo la sesión de hoy con el desarrollo de los puntos previstos en el orden del día. Se aplaza el primer punto del orden del día para una posterior Comisión para que los diversos
grupos parlamentarios puedan trabajar conjuntamente en la declaración institucional a favor de la cultura del vino y dispongan de un plazo de al menos cuarenta y ocho horas para que ese documento pueda llegar a la Comisión para realizar una
declaración institucional que pueda aprobarse por asentimiento.


SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN:


- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y EVENTUALES APORTACIONES A LA POSICIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA ANTE EL PROCEDIMIENTO DE REFORMA
DE LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN (PPC) Y SU FUTURA IMPLEMENTACIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 158/000020).


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al segundo punto del orden del día. Antes que nada, señoras y señores diputados, muchos de ustedes nos han hecho llegar a la Mesa que, por motivos de viaje, esta Comisión transcurriera lo más rápidamente
posible. De acuerdo con el Reglamento, todos los grupos van a tener para defender en bloque sus enmiendas al proyecto de ley que hoy nos ocupa en esta Comisión un tiempo máximo de diez minutos. Aunque no quiere decir que se agote, porque si algún
grupo defiende sus enmiendas conjuntamente y necesita menos tiempo, se lo agradeceremos por la rapidez y la agilidad en el funcionamiento de esta Comisión. Los grupos que no hayan presentado enmiendas tendrán también un tiempo máximo de diez
minutos para fijar su posición.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: ¿Cuándo será la votación?


El señor PRESIDENTE: Es muy difícil calcular la hora de la votación. Vamos a fijar un plazo mínimo no antes de las dos.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: No antes de la una y media.


El señor PRESIDENTE: Que sea no antes, no quiere decir que vaya a ser antes. No antes de las 13:30 horas.


Segundo punto del orden del día: debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar un seguimiento y eventuales aportaciones a la posición
del Gobierno de España ante el procedimiento de reforma de la Política Pesquera Común y su futura implementación. Esta propuesta ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra doña Consuelo Rumí, por un tiempo máximo de
diez minutos.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Intentaré ser más breve, señor presidente, porque no por hablar más se es más eficaz.


Intervengo para defender la creación de una subcomisión que realice un seguimiento y, en su caso, aportaciones a la posición del Gobierno ante el procedimiento de la reforma de la Política Pesquera Común; reforma que se está llevando a cabo
ahora mismo en las instituciones de la Unión Europea. Aunque sea brevemente, tengo que resaltar la importancia del sector pesquero, incluida la acuicultura, en Europa, con unos ingresos anuales de más de 34.000 millones de euros y con más de
350.000 puestos de trabajo en el sector de la pesca, procesamiento y comercialización. Además se concentra de manera especial en determinadas regiones. No es necesario destacar la importancia del sector en nuestro país, pero España es el país que
mayor flota pesquera tiene de la Unión Europea y, en consecuencia, es de los que más empleo genera en este ámbito. También me gustaría destacar que para llevar a buen puerto el proceso de reforma de la Política Pesquera Común en el que estamos
embarcados es necesario actuar de manera consensuada, encontrar a todos los niveles lo que nos une, como sector, como país y como espacio común europeo, dentro del reconocimiento y del respeto a la diversidad. Por eso considero adecuadas
iniciativas como la llevada a cabo por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado español, consensuando una posición de todos los grupos para trasladarla a la Comisión de Pesca



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del Parlamento Europeo. Vale la pena decir que esta iniciativa nace mirando lo que ocurrió en el Senado y valorándolo positivamente. Señorías, anoche en el Senado todos los grupos políticos se pusieron de acuerdo en una moción, en un
documento conjunto de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, referente a la reforma de la Política Pesquera Común. ¿Por qué se puede hacer en el Senado y no aquí en el Congreso? Esta subcomisión sería un buen instrumento que permitiría
al Parlamento español participar en el proceso de reforma, porque entendemos que eso también reforzaría la posición negociadora del Gobierno de España. Somos conscientes de que el proceso negociador está ya muy avanzado, pero todavía podemos
colaborar. Esa es nuestra única motivación. Podemos servir de elemento de juicio en el momento en que esa reforma tenga que ponerse en práctica en nuestro país y ese es el fin que anima esta iniciativa.


Señorías, no pretendemos crear una subcomisión para confrontar, todo lo contrario, sino para sumar, aportar y hacer frente a desafíos complejos que tenemos en este ámbito: mantener el crecimiento y la sostenibilidad de la industria pesquera
y de la industria adyacente o dependiente de ella y garantizar la sostenibilidad de los caladeros. Todo esto obliga a ver el fenómeno de la pesca desde un punto de vista global, que estoy convencida que todos compartimos. Global quiere decir que
se tiene que entender no solo desde una perspectiva económica, sino también social y medioambiental. Para incrementar las posibilidades de actuación del sector pesquero resulta necesario apostar claramente por la investigación y el desarrollo
aplicados al mismo. Otro ámbito que hay que tener en cuenta es la dimensión exterior de la Política Pesquera Común. Los acuerdos pesqueros que la Unión Europea firma con terceros países, y que son tan necesarios a la hora de abrir nuevos caladeros
a la flota europea y, por supuesto, a la española, tienen una importancia incontestable. No voy a entrar aquí en los problemas que tenemos por la no renovación de algunos de esos acuerdos o por algunos acuerdos, en los que todos estamos trabajando
para que no se desarrollen en los términos en los que han sido suscritos.


Otra cuestión que es importante dentro de este proceso de reforma es la relativa a la confrontación latente en toda la construcción europea entre la tendencia a la unidad y el respeto a la diversidad. En una política común se trata de
establecer una reglamentación única para todos los Estados que integran la Unión Europea, en este caso en relación con la pesca. Si se quiere ser eficaz y útil, esta normativa común debe de respetar la pluralidad de formas de organización de la
industria que existe en el continente. Por poner un ejemplo, que saben ustedes que me motiva muchísimo, nada tienen que ver las flotas pequeñas artesanales de bajura con las flotas que operan a miles de kilómetros de sus puertos de origen. No son
lo mismo, no tiene las mismas necesidades, por lo que es necesario tratarlas de forma diferenciada. La demanda de un tratamiento específico a la pesca artesanal y a la acuicultura podemos enmarcarla también en este ámbito, que por cierto parece
reflejado en lo que ayer se aprobó por todos los grupos políticos en la Comisión del Senado.


En definitiva, señorías, necesitamos un sector pesquero europeo que resulte sostenible, adaptado a los recursos pesqueros disponibles, que garantice un nivel de renta digno a los pescadores y demás trabajadores del mar, que mantenga los
puestos de trabajo y, en consecuencia, que permita asentar la población en las zonas de costa de nuestro país. Para ello, el grupo parlamentario al que represento considera deseable la creación de esta subcomisión parlamentaria que trate en
profundidad todas las cuestiones -como se está haciendo en la otra Cámara-, que colabore con el Gobierno español en las negociaciones europeas y que, en su momento, se encargue del seguimiento e implementación de las reformas de la Política Pesquera
Común en nuestro país. Me gustaría contar con el apoyo de todas sus señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición con respecto a la propuesta presentada por el Grupo Socialista? (Pausa). Por el Grupo Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, que les rogaría a todos los portavoces que no lo
agotaran siguiendo el ejemplo de la portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo con mucha brevedad, porque se han expuesto una serie de razones para solicitar la subcomisión. El Bloque Nacionalista Galego va a prestar su apoyo por diferentes razones, por un lado, por las
expuestas, y, por otro, porque en esta Comisión se ha constatado en numerosísimas ocasiones las grandes dificultades que tiene la pesca del Estado español. Hablando desde una posición nacionalista desde Galicia, la flota gallega, representa el 80%
de la pesca del Estado, y tiene dificultades para faenar en diferentes caladeros y de negociación con terceros países por una visión pequeña o, no sé cómo definir la visión que tiene la Unión Europea en relación con la pesca, de total



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despreocupación por un sector que para el Estado español representa mucho, y ya he dicho lo que representa para Galicia. En distintas ocasiones, desgraciadamente hemos tenido comisarios de la Comisión de Pesca que no entienden el problema
del sector y propuestas de modificación de la PCP que al final incluso empeoran el primer documento que existía. Me parece muy importante que nos pongamos de acuerdo en un documento que obligue a los representantes del Estado español a defender
ante la Unión Europea los intereses de la pesca, porque entendemos que esos intereses han de ser defendidos con la máxima fuerza y no solamente por parte del Gobierno, sino por todos los grupos políticos que tenemos responsabilidades de defender un
sector productivo de esas características. Nos parece interesante la creación de la subcomisión en tanto que puede provocar la existencia de ese documento final que nos obligue a todos, y a esta institución, al Parlamento, a las Cortes Generales, a
tener un papel claro y decidido en la defensa del sector pesquero.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Marc Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Solamente queremos dar nuestro apoyo a la creación de esta subcomisión, porque entendemos que es oportuna, necesaria y que la realidad actual del sector pesquero, en todos sus ámbitos, insta a no trabajar solo a
golpe de PNL, sino que se pueda trabajar en un grupo de trabajo para promover la actividad del sector en este momento. Creía entender que en la comparecencia del ministro Cañete, en la que se abordó el tema del fracaso de la negociación de la
Política Pesquera Común, todos los grupos coincidieron en que era un mal acuerdo, era un elemento que llevaba a crear esta subcomisión para dar apoyo al Gobierno para negociar conjuntamente las necesidades oportunas de cada sector. Esa subcomisión
solo puede sumar, en ningún caso puede restar a nadie, y aquí hay muchos grupos que tenemos portavoces específicos de pesca. Es una manera de constatar una realidad y una inquietud de los diferentes grupos que se pueda trabajar no a golpe de PNL,
como he dicho, sino mediante una subcomisión como la que se sugiere en este punto. Apoyamos esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: He escuchado bastantes palabras de las que se acaban de decir ahora y he retenido algunas. Se habla de oportunidad y de necesidad, pero lo que hay que hacer es centrar lo que se está pidiendo. Aquí no deberíamos
estar hablando -porque estaríamos hablando de un asunto distinto al que figura en el orden del día- de la importancia que tiene el sector pesquero español o en Galicia. Podemos discutirlo en cualquier momento y de hecho lo estamos haciendo
constantemente cuando traemos iniciativas a esta Comisión. Lo que tenemos que analizar es si la petición que se trae a esta Comisión en este momento es oportuna, temporánea o extemporánea, si colabora o no a resolver los problemas de la reforma de
la Política Pesquera Común.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero hacer un mínimo análisis de la situación en que se encuentra en este momento la reforma de la Política Pesquera Común o, por lo menos, a día de hoy. Primero quiero aclararles, señorías, que
este proceso no ha empezado con la petición de creación de esta subcomisión ni tan siquiera con la llegada al Gobierno del Partido Popular. Este proceso empieza en abril del año 2009, cuando un Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea
presenta lo que se llamó el Libro Verde de la reforma de la Política Pesquera Común. A partir de esa fecha no es que no haya ocurrido nada hasta hoy, cuando debatimos la creación de una subcomisión, es que desde aquella fecha -por referirme solo a
los eventos más relevantes- ha habido un intenso calendario de foros, encuentros y jornadas sobre el sector pesquero y su reforma. La primera de ellas fue en noviembre del año 2009. Desde entonces hasta enero del año 2012, en el que nos
encontramos, hubo al menos, que haya podido contabilizar, ocho encuentros, foros o jornadas, en todos los cuales han participado el sector pesquero; los expertos, tanto nacionales como comunitarios en la reforma de la Política Pesquera Común, así
como las distintas administraciones con competencias en esta materia. Siete de esas ocho jornadas se producen bajo la responsabilidad del Gobierno anterior y la última, porque ya ha habido un relevo en el Gobierno, bajo mandato del Gobierno del
Partido Popular. En paralelo a estas jornadas ha habido muchos debates en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, otros ocho consejos de ministros en los que se abordaron diferentes temas que tenían que ver con la reforma de la Política
Pesquera Común. Por cierto, el último de ellos ha terminado en esta pasada madrugada con un notable éxito para uno de estos reglamentos que



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todavía está en tramitación, al que me referiré ahora brevemente, porque se ha conseguido lo que pretendía el Gobierno de España -y estoy seguro que todas sus señorías también apoyarían- que es conseguir algo para lo cual la posición de
partida era tremendamente difícil y complicada, dado que la propia comisaria Damanaki había mostrado una y otra vez su posición contraria a lo que finalmente España ha conseguido esta noche, después de buscar alianzas con Francia, con Portugal y con
Polonia y de distintas reuniones trilaterales, que es mantener en ese Fondo europeo marítimo pesquero, que forma parte de uno de los tres reglamentos que componen la reforma de la Política Pesquera Común, las ayudas al desguace y por paradas
temporales. Todo esto está pendiente lógicamente de que sea refrendado por el Parlamento Europeo. Ha habido jornadas, foros, encuentros, debates en consejos de ministros de la Unión Europea, pero también debates en el propio Parlamento Europeo,
porque, como acabo de decir, hay tres reglamentos: el reglamento base, la OCM de la Pesca y el tercer reglamento, al que me refería hace un momento, el del Fondo europeo marítimo pesquero.


No me voy a extender por la limitación del tiempo, pero les puedo resumir que todos estos reglamentos han pasado prácticamente ya la tramitación en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo y algunos de ellos están a punto de entrar en el
debate plenario. Además, se han celebrado los consejos consultivos previos a cada uno de los Consejos de Ministros de Pesca. Les quiero recordar que en esos consejos consultivos además de asistir el Gobierno, le ha acompañado una representación de
las comunidades autónomas. Bien es cierto que en todo este tiempo se han producido sensibles mejoras, hubo épocas en las que acudía acompañando al Gobierno un consejero de una comunidad autónoma, como Extremadura que, con todos mis respetos hacia
esa comunidad autónoma -no quiero que se malinterpreten mis palabras-, tiene pocas competencias pesqueras, como ustedes pueden comprender, y en las últimas cuatro reuniones ha sido la Comunidad Autónoma de Galicia la que ha acompañado a la
representación del Gobierno de la nación, con notable éxito para los intereses de todos nosotros.


Concluyo ya. Tenemos los tres reglamentos, uno de ellos desde esta misma madrugada, con una propuesta de compromiso del Consejo de Ministros, que ahora debe ser refrendada, como acabo de decir, por el propio Parlamento Europeo. No debemos
olvidar que existe una posición española, consensuada con todo el sector pesquero, con las comunidades autónomas y que consensuó y defendió el Gobierno socialista -no perdamos esto de vista- y -añado- matizada, apoyada y defendida en los consejos de
ministros por el Partido Popular, a través de su ministro. No perdamos nunca esto de vista, porque lo importante es que hay que defender y apoyar la posición española. Creo que el margen de maniobra -al que se refería también la portavoz
socialista, que decía que existía a su juicio- que hay para influir en este momento es limitadísimo, porque está limitado al Parlamento Europeo, con su poder de codecisión, según el Tratado de Lisboa. El Parlamento Europeo es el que ahora tiene
algo de recorrido. El ministro Arias Cañete ya nos lo ha explicado aquí en sus últimas comparecencias. Ha explicado cuál es la posición de España y ha pedido apoyo a todos los grupos parlamentarios para alentar conjuntamente la posición de España
y para ser fuertes en la defensa de la misma. A nuestro juicio lo que cabe -y lo pido una vez más- es el apoyo de esta Cámara. Un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra decía que no debemos estar a golpe de PNL o que además de las
PNL se deben de hacer otras cosas, lo que caben en este momento son iniciativas parlamentarias de apoyo a la posición española. Ya tenemos poco que estudiar o analizar en el seno de una subcomisión. Probablemente esa es la diferencia, señora
portavoz socialista, con lo que ocurrió ayer o hace unas semanas en el Senado. El Senado aprueba una moción, pactada entre todos los grupos parlamentarios, que es como una declaración de intenciones, a la que probablemente nos sumaríamos todos los
diputados aquí presentes y de esta Cámara, pero que no tiene nada que ver con la creación de una subcomisión. Insisto, lo importante es apoyar la posición del Gobierno de España. Una subcomisión como la que se pide es extemporánea.


Finalizo ya mi intervención poniendo un ejemplo que no sé si vendrá o no al caso, pero es el que se me ocurre en este momento para justificar esta extemporaneidad. Sería como si en el seno de mi partido político propongo a día de hoy lo que
debe hacer mi partido para concurrir a las elecciones de Galicia, cuando ya se han celebrado y todos conocemos el resultado. Así de extemporáneo sería crear ahora mismo una subcomisión para analizar lo que debe de hacer este Parlamento sobre la
base de aportar ideas, iniciativas o propuestas a algo que, como he dicho, está dictaminado, tiene propuesta firme del Consejo de Ministros en sus tres reglamentos, de la Comisión de Pesca en sus tres reglamentos y que iniciará en breve -alguno de
ellos ya lo ha hecho- el trámite parlamentario. Termino pidiéndoles que igual que aquí cada uno de nosotros asistimos a esta Comisión y votamos en nombre de nuestros respectivos grupos parlamentarios, cada uno puede trasladar -porque doy por hecho
que todos tenemos



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esa sensibilidad por el sector pesquero español al que se ha defendido en las intervenciones que se han producido anteriormente- a nuestros compañeros en el Parlamento Europeo que apoyen la posición de España, que ha sido, insisto,
consensuada con las comunidades autónomas y con el sector pesquero, por el Gobierno anterior y por este Gobierno. (Aplausos).


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Le pido un minuto, porque antes no he consumido todo mi tiempo.


El señor PRESIDENTE: En este trámite no hay réplica. Tiene la palabra por un tiempo máximo de dos minutos.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Precisamente por respeto a lo que ha dicho el presidente, simplemente intervengo para manifestar que todo lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular no nos es ajeno, no ha dado aquí nada de pedagogía; me parece
muy bien. He insistido mucho en mi intervención que nunca era para confrontar, sino para sumar y aportar y que todo lo que ha dicho lo conocemos, pero la propuesta de la subcomisión era para hacer un seguimiento de la implementación de la reforma
cuando se ponga en marcha en nuestro país. No entiendo por qué en el Senado el Grupo Parlamentario Popular tiene una actitud diferente, por lo que no es una consigna del partido, debe de ser el portavoz que no quiere que hablemos con sosiego de
estos temas. En cuanto al margen de maniobra, está usted despreciando el trabajo de ayer de sus compañeros y de otros muchos senadores que culminó en un excelente trabajo para trasladar al Parlamento Europeo, por qué en esta Cámara no podemos hacer
lo mismo. (El señor García Díez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Este es el inconveniente de cuando se reabre el debate. Tiene la palabra el señor García Díez.


El señor GARCÍA DÍEZ: Si le pido la palabra, usted lo ha comprendido, es porque se ha aludido a mi intervención.


No pensaba entrar en ningún debate, pero es evidente que la portavoz socialista ha querido que lo reabriéramos. Nada más lejos de mi intención que polemizar en algo que tiene un interés que no debemos de perder de vista y es al que me he
referido. Esto no es una cuestión menor, es una cuestión en la que por el momento en que se encuentra este documento no cabe ahora volver a empezar ni a revisar. No es cuestión de voluntad política ni de que este portavoz vaya o no por libre, he
colaborado con los senadores del Partido Popular en el Senado para la elaboración de ese documento, como no podía ser de otra manera. Insisto, no tiene nada que ver una declaración de intenciones o una moción o un documento conjunto, que aquí
podríamos aprobar mañana mismo entre todos -estoy seguro que sin dificultad alguna-, con la petición que están trayendo en este momento a la Comisión.


En cuanto a la implementación, que es a lo que se refería usted, si una es extemporánea, porque llegamos tarde, la otra es precipitada, porque cómo vamos a analizar aquí la implementación de algo que no conocemos todavía en qué va a acabar.
Esperemos a que durante el año 2013, probablemente avanzado, finalice todo este proceso de aprobación de la reforma en la Unión Europea y después veremos cómo se implementa. Aunque también me adelanto, aquí hay un pequeño matiz: dejémosle al
Gobierno que gobierne, que tiene su responsabilidad. Porque implementar una norma es función que corresponde al Gobierno, no solamente este Parlamento está facultado para presentar iniciativas, sino que el Gobierno puede desarrollar su capacidad
legislativa y decisoria.


El señor PRESIDENTE: La votación sobre este punto tendrá lugar al finalizar el debate del proyecto de ley y junto con las demás votaciones.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 17/2012, DE 4 DE MAYO). (Número de expediente 121/000011).


El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día se refiere a la ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. ¿Se aprueba por unanimidad?
(Asentimiento).



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APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 17/2012, DE 4 DE MAYO). (Número de expediente 121/000011).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente,
procedente del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo. A la vista del informe elaborado por la ponencia de este proyecto de ley que hoy nos ocupa, ruego a los señores diputados que si hubiera alguna enmienda in voce o transaccional que la hagan
llegar a esta Mesa en el transcurso del debate, así como la petición de votaciones separadas de las diversas enmiendas que presentan los grupos parlamentarios a este proyecto de ley. Tengo que manifestarles a su vez, señorías, que una vez que
terminemos el debate, suspenderemos la sesión de la Comisión para ordenar la votación por breves instantes. Rogándoles que se ajusten al tiempo previsto, paso a dar la palabra, por el orden de menor a mayor, a los diversos grupos parlamentarios
para que defiendan en bloque las enmiendas que han presentado por un tiempo máximo de diez minutos. En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Las cuatro enmiendas que presentamos son fáciles de entender. La enmienda número 3, que es a la exposición de motivos, es para incluir un párrafo que viene a decir: establecerá con carácter obligatorio sistemas de
depósito, devolución y retorno. Entendemos que por razones de seguridad hay que incluir esto si queremos que al final se haga de una manera definitiva. La enmienda número 4, al artículo tercero, es de modificación y supone introducir el párrafo:
para su reciclado. De cara a la futura implantación de los sistemas de depósitos, devolución y retorno es importante incluir este párrafo por razones de incertidumbre jurídica.


Las enmiendas números 5 y 6 son muy parecidas. La enmienda número 5, al artículo tercero, apartado cuatro, es de adición y supone añadir: y aquellos que pudieran establecer las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias por
justificadas razones de protección ambiental. Entendemos que hay que salvaguardar las competencias legislativas de las comunidades autónomas para establecer normas adicionales de protección ambiental. Ese sería el mismo caso que el de nuestra
enmienda número 6, al artículo tercero, apartado cinco, párrafo tercero, porque entendemos que se podría producir colisión con las competencias autonómicas. Eliminaríamos el párrafo que dice: La autorización será válida para todo el territorio
nacional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Olaia Fernández Davila para defender en bloque sus enmiendas.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Defenderé las cuatro enmiendas que presentamos y argumentaré tres de ellas.


En primer lugar, la enmienda número 8 trata de suprimir el apartado cuatro del artículo primero, porque creemos que introduce excepciones al principio de recuperación de costas en casos de daños ambientales; una vía que puede reducir las
responsabilidades e indemnizaciones, tanto a interesados como al sector público, por daños en el patrimonio natural colectivo en casos de grandes catástrofes, cuya regulación anterior contribuía, además, a mantener el efecto disuasorio y a reforzar
la prevención. Esta enmienda elimina esos aspectos.


Presentamos una enmienda al apartado nueve del artículo primero, porque la derogación que se plantea en el mismo suprime las competencias autonómicas en materia de dominio público hidráulico que así las tengan establecidas en sus estatutos
de autonomía. No todas las comunidades las tienen, pero las elimina en aquellos casos en que sí las tengan. Esta derogación se efectúa por un prejuicio ideológico y con ánimo de recentralizar las políticas medioambientales, pues en ningún caso se
esgrimen disfunciones en el modelo descentralizado que se había implantado; al contrario, es una regresión que supondría la aplicación de criterios de policía y sancionadores diversos en la misma materia en un mismo territorio, pues no olvidemos
que las comunidades autónomas tienen competencias sobre las aguas que discurren íntegramente por su territorio, y lo que se pretendía con la legislación que ahora se quiere derogar era que hubiera una coordinación entre las diferentes políticas
sancionadoras en materia de agua.



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Nuestra enmienda número 11 pretende suprimir el artículo cuatro en su totalidad. Este artículo permite la entrada de intermediarios ajenos a las empresas afectadas, a fondos de inversión y entidades financieras, en la gestión de los
derechos, sin existir una relación directa con la actividad y perseguir en exclusiva una remuneración por la intermediación efectuada, lo cual puede contribuir a generar una espiral especulativa en la transmisión de derechos de emisión. Por otra
parte, estimamos que las administraciones autonómicas con competencias legislativas y ejecutivas en materia de medio ambiente, como es el caso de Galicia, deben ostentar facultades relacionadas no solo con la autorización de emisión y la asignación
individualizada de derechos de emisión sino también con los aspectos relativos a la gestión de las transferencias de derechos. Esta atribución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se plantea en este artículo cuya supresión proponemos,
evita cualquier posibilidad de intervención de las comunidades autónomas.


Estas son las razones fundamentales por las que presentamos estas cuatro enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra la señora Tapia.


La señora TAPIA OTAEGI: Voy a tratar de ser breve en mi exposición. En primer lugar, mediante la enmienda número 36 añadimos un párrafo nuevo para entender mejor todo lo que se trata en prevención, reutilización y reciclado, así como en
aspectos de carácter voluntario de implantación del SDDR, de tal forma que quede más claro en la exposición de motivos. La enmienda 37 se refiere a los costes por daños producidos en dominio público hidráulico y si bien se hace referencia al coste
que hubiera sido necesario para evitar la contaminación y la peligrosidad de la actuación que se fuera a llevar a cabo, entendemos que también sería interesante introducir el coste que fuera necesario en determinado momento para restaurar el medio
que se haya podido dañar y devolverlo a su situación original. Creemos que es ahondar un poco más en todos los aspectos relacionados con los daños que se puedan producir en ese medio hidráulico.


Las enmiendas 38 y 39 hacen referencia únicamente a aspectos competenciales. Creemos que es importante que se considere explícitamente que existen órganos y comunidades autónomas que tienen competencias en esta materia y que esto debe ser
tenido en cuenta. En la enmienda número 40 hemos introducido dos aspectos. Por una parte, en todo lo que se refiere a temas de prevención, reciclado y demás, entendemos que las campañas de concienciación ciudadana son realmente interesantes y por
eso las hemos introducido en el apartado 1 de ese artículo 21. Por otra parte, consideramos que en ese tratamiento de residuos hay que dar todos los pasos: prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y hasta vertido si fuera
necesario. De ahí la mejora que hemos introducido en ese artículo.


En la enmienda 41, al hilo de lo que se propone en nuestra primera enmienda, hablamos de que la implantación de los sistemas de SDDR, que tengan un carácter eminentemente voluntario, deberá garantizar un periodo transitorio a fin de que toda
la ciudadanía se vaya acostumbrando a los nuevos sistemas, si así se establecen. La enmienda 42 de nuevo hace referencia a aspectos competenciales, es decir, a las competencias que puedan ostentar las comunidades autónomas y a todas las actuaciones
que puedan llevar a cabo. Presentamos la enmienda número 43, porque entendemos que la autorización que se pueda dar en un determinado momento no tiene por qué ser válida en todo el territorio nacional, ya que las comunidades autónomas pueden tener
regímenes distintos. Por tanto, las autorizaciones que se otorguen, a nuestro juicio, tendrían que ser válidas únicamente en la comunidad autónoma que así lo decida.


La enmienda número 44 hace referencia al trabajo de entidades locales. Nuestra experiencia en el País Vasco nos ha llevado a observar ciertos problemas que se pueden dar cuando entidades locales se ponen a trabajar sobre residuos
comerciales determinados que previamente estaban siendo gestionados por otro tipo de entes, que pueden ser mancomunidades con una capacidad algo mayor. Introducimos este nuevo apartado en el artículo 12.5 con objeto de evitar los problemas que se
pueden generar.


La enmienda número 45 es similar a la anterior, y la presentamos con objeto de mejorar la recogida y la responsabilidad de los productores de residuos. La enmienda 46 hace referencia al fomento de la utilización de envases y embalajes
fabricados con materias primas renovables. Entendemos que en este momento existe capacidad suficiente para hacer frente a esta utilización de envases y embalajes de este tipo. Hemos introducido este nuevo apartado con este objetivo. Finalmente,
la enmienda 47 hace referencia a la existencia de un cierto vacío legal y de esta forma creemos que queda más cubierto.



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El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas por La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Mi grupo parlamentario ha formulado 23 enmiendas, en la misma línea de la enmienda a la totalidad que presentamos al proyecto. El título de esta ley habla de medidas urgentes en materia de medio ambiente, pero
entendemos que el contenido indica todo lo contrario; todas las disposiciones van dirigidas a desproteger o reducir las exigencias medioambientales.


Una parte de nuestras enmiendas -no las defenderé una por una para no agotar el tiempo- se refieren al apartado de agua, para exigir el cumplimiento de los principios de la Directiva-marco del Agua. Precisamente nuestro país es uno de los
de la Unión Europea que más incumple la Directiva-marco del Agua, no por esta ley, pero sí por las malas políticas de gestión del agua que ha habido. Entendemos que las disposiciones que se contemplan en esta ley van precisamente en sentido
contrario a estos principios. Estas enmiendas van en la línea de garantizar que no haya una sobreexplotación, porque muchos de los contenidos de los artículos de esta ley dejan hacer o, como mínimo, ponen en riesgo la sobreexplotación de los
recursos, pero también la distribución competencial, que es un mínimo común denominador a toda la ley. Nuestras enmiendas intentan proteger los acuíferos y nuestros recursos hídricos y, al mismo tiempo, mantener la distribución competencial. Por
ello, hemos hecho redacciones garantistas, como, por ejemplo, sobre el dominio público hidráulico. Proponemos una redacción que sea garantista con la voluntad de las comunidades autónomas de asumir competencias. Cataluña tiene una encomienda de
gestión, y entendemos que si las comunidades autónomas así lo piden se les deben garantizar esas funciones. Lo mismo sucede en el Alto Guadiana. Hemos presentado una enmienda, porque la redacción que se nos plantea abre nuevos riesgos precisamente
en una zona muy castigada.


En cuanto a la parte de la ley que habla de protección medioambiental, nuestra enmienda pretende cambiar el contenido para que se garantice una coherencia y que, a la vez, exista un criterio de máxima protección sobre un territorio. Se
decía que fueran los ayuntamientos los que decidieran la exigencia de protección sobre un territorio y nosotros entendemos que el principio que tiene que garantizar es el de máxima protección sobre dicho territorio.


Finalmente, en cuanto a residuos, que es la parte más extensa de nuestra enmiendas, hemos querido ir más allá de lo que había antes, en la línea de lo que nuestro grupo, y desde Iniciativa per Catalunya-Verds, había planteado cuando se
tramitó el proyecto de ley de residuos en la anterior legislatura. Nuestras enmiendas querían ir más allá en las exigencias medioambientales y también en la implantación del SDDR. Queremos evitar el dumping fiscal en el tratamiento de todo el
proceso entre comunidades autónomas, que esto de un mercado único competitivo no signifique precisamente reducir los estándares medioambientales. Nuestras enmiendas pretenden, por un lado, que sea obligatorio el sistema de depósito y retorno, ya
que entendemos que en Europa ha avanzado con éxito y tiene unos claros beneficios para toda la sociedad en términos de creación de puestos de trabajo y de mejoras medioambientales. Por otro lado, se exige responsabilidad en el proceso productivo de
los residuos, que es fundamental para avanzar en la trazabilidad; es decir, que quien contamine asuma los costes que eso conlleva y que no sea la sociedad la que acabe asumiendo los gastos de esa actividad. También hemos tenido que presentar
enmiendas para garantizar el cumplimiento competencial, puesto que entendemos que se vulnera el artículo 144 del Estatuto de Autonomía en materia de prevención y corrección en la generación de residuos.


Finalmente, sobre bolsas de plástico, hemos querido introducir una enmienda para que se aplique una fiscalidad verde, mediante un impuesto, y que se garantice un calendario más ambicioso que permita sustituir el 80% de las bolsas antes de
2015. Pensamos que tenemos mucho trabajo por hacer en nuestro país y que este proyecto de ley precisamente va en sentido contrario, es decir, va a desmontar los pocos instrumentos que teníamos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: No vamos a desgranar una por una nuestras treinta enmiendas sino que intentaremos agruparlas. Por lo que se refiere a la Ley del Mercado de Valores, igual que planteamos en otras intervenciones, cuando
algunos grupos presentaron enmiendas a la totalidad, en las diferentes comisiones, tanto de Cambio Climático como de Agricultura, creemos que el resultado económico de la subasta tendría que usarse y territorializarse, pero no solo el capital que
podamos conseguir sino también los objetivos. Decimos en nuestra enmienda que hay que distribuir los objetivos



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por territorios, porque estos son diferentes y cada uno tiene sus propios problemas y sus propias afectaciones. Hay que definir bien cuáles son esos objetivos y después darles los recursos necesarios para que puedan mejorar sus planes de
prevención de la contaminación atmosférica, etcétera. Insistiremos otra vez, y lo iremos repitiendo, en el tema de los sectores difusos, sobre todo el transporte, la edificación, la agricultura, etcétera, que son los principales causantes del
cambio climático, no solo por el aumento de temperatura, por las emisiones de CO2, sino también por la contaminación atmosférica que ya tiene repercusiones sobre la salud de los ciudadanos en algunas zonas. Apoyaremos algunas enmiendas de otros
grupos que van en la misma línea, señalando que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda en el sentido de que los fondos reciban el dinero de las subastas pero que no se territorialicen. Cuando llegue el momento, pediremos votación separada
de esa enmienda.


Por lo que se refiere a la Ley de Aguas, como ha dicho la compañera de La Izquierda Plural, este proyecto de ley no afecta a la encomienda de gestión que tenemos en Cataluña, pero hemos intentado hacer unas mejoras técnicas. Algunas de
ellas -lo agradecemos- las ha añadido al proyecto el Grupo Popular y sobre las otras nos han explicado que creen que técnicamente no son necesarias porque ya están contempladas. Por ejemplo, la ley habla de aguas subterráneas 'en riesgo de no
alcanzar' y nosotros queremos incluir también las que ya están ahora contaminadas. Parece ser que ya están incluidas y, por tanto, mantendremos nuestra posición, entendiendo que son cuestiones técnicas que no van más allá. Poníamos en duda el tema
del servicio público o un servicio esencial, de un trato diferenciado, pero también se nos ha dicho que no hay ningún problema en este sentido.


Quería volver a hacer hincapié, y lo dijimos durante la tramitación de una proposición no de ley en esta misma Comisión, en una cuestión, porque creo que no se nos quiere entender. En varias ocasiones hemos hablado con diputados y diputadas
de los diferentes grupos de la situación que viven algunos alcaldes de municipios pequeños que no tienen recursos para construir las depuradoras. En un momento determinado, teniendo la voluntad de cumplir, quiero remarcarlo, los términos impuestos
por la Unión Europea, a pesar de las dificultades económicas, un compañero alcalde, de cualquier partido político, puede verse ante la fiscalía, por una denuncia determinada, teniendo que dar cuenta de algo que la Ley de Régimen Local le asigna,
como es construir una depuradora, pero para lo que no tiene recursos ni posibilidades. En ese sentido, pediría al grupo que sustenta al Gobierno que lo trabajáramos un poco más, porque creemos que hay alguna cosa que no se entiende; si pudiésemos
hablarlo y contrastarlo con los grupos que quieran hacerlo, podríamos llegar a una solución para estos compañeros que están trabajando en el territorio, en la Administración local y que a veces por estas causas se ven inmersos en situaciones muy
injustas. Sé que esta enmienda no va a ser apoyada por el Grupo Popular, pero quiero agradecerles su receptividad e intentaremos seguir trabajando en este sentido. Hay otras apreciaciones técnicas en el régimen sancionador, porque parece que hay
discrepancia entre las cuatro categorías que prevé la ley y las tres del proceso administrativo. Parece ser que técnicamente no es ningún problema. Agradecemos que nos hayan aceptado la enmienda 58 y que se haya podido transaccionar la 59 por un
error de redacción.


Paso, señor presidente, al patrimonio natural. Aquí hay diferentes aspectos que invaden las competencias autonómicas de Cataluña. En cuanto a hacer un documento único en las zonas protegidas, el Grupo Popular nos ha dicho que no es esa la
intención sino que hay una voluntad de facilitar la tramitación y que toda la normativa de la que cada administración sea responsable esté en un documento único. Agradecemos la explicación y mantendremos nuestra posición a la espera de ver cómo se
reglamenta y cómo funciona.


Los residuos son un apartado importante. En el año 2011 -concretamente las enmiendas se presentaron antes del 6 de mayo de 2011- hubo un debate muy importante y la mayoría de los grupos aprobó una redacción garantista de la situación.
Creemos que es un sistema novedoso y, aunque nos llegan diferentes informaciones, desde Cataluña confiamos en él, pero entendemos que por la forma de implementarse, tal como la ley de 2011 preveía, hay que hacer un estudio de viabilidad técnica y
económica, así como de los impactos ambientales y sociales, de los efectos que puede tener sobre la salud. El texto tenía tal grado de garantías que no entendemos cómo el Grupo Popular no está tranquilo. Mantendremos la posición que fue aprobada
por la mayoría de grupos en la Ley de 2011 y sería interesante que los que en aquel momento apoyaron ese texto se mantuviesen en él. Nosotros nos abstendremos en cualquier otra propuesta que no sea el texto aprobado en 2011 y nos opondremos a la
propuesta del Grupo Popular.


Hay una cuestión técnica en cuanto a agentes, negociantes, productores. Hemos presentado una serie de enmiendas para intentar que desde la Administración pública competente se pueda exigir a todas



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aquellas personas y entidades que gestionen residuos que en todo momento las garantías sean las correctas para que se mantenga el principio de que quien contamina paga y que nadie se pueda escabullir de cumplir las normativas y las
exigencias. Otro aspecto sería el tema de la autorización válida para el sistema integrado de gestión. No puede ser que el permiso de una comunidad autónoma sirva para todo el territorio nacional. Sin querer hacer críticas ni buscar diferencias,
tengo que decir que el territorio es diferente según donde esté situado por su grado de industrialización o por diferentes motivos. Aparte de la invasión de competencias que eso significa, entendiendo que el objetivo es facilitar trámites a las
empresas e industrias, creemos que si la exigencia no es igual en todo el territorio podemos facilitar que alguien vaya a alguna comunidad cuya normativa para obtener el permiso sea más laxa para implantarse después en otro sitio y no hacer
correctamente la gestión de los residuos. Nos oponemos a esto y entendemos que esa frase que se ha añadido puede hacer mucho daño a la valoración de los residuos y a todo el proceso que siguen los agentes, los negociantes, los gestores y los
productores de los sistemas integrados de gestión.


El señor PRESIDENTE: Le ruego que concluya.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Me queda la cuestión de las bolsas biodegradables y reutilizables. Agradecemos al PP que haya aceptado parte de nuestra enmienda, concretamente, que se pueda estudiar, trabajar y exigir que ese sector
productivo mejore su calidad, que sus bolsas sean reutilizables y llegar a un equilibrio entre el mantenimiento del medio natural, la producción económica y la riqueza de nuestro territorio.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista va a distribuir el tiempo entre sus dos portavoces. En primer lugar, tiene la palabra el señor Ábalos.


El señor ÁBALOS MECO: Me corresponde intervenir en este debate para exponer la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con este proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Con carácter previo, quiero
valorar positivamente el hecho de que finalmente se haya tramitado este decreto como proyecto de ley, ya que facilita incorporar propuestas de los diferentes grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, lo que compensaría -aunque es
difícil decirlo así- el déficit de participación que supuso el decreto, al no haber intervenido en él el Consejo Asesor de Medio Ambiente y las diferentes entidades ecologistas. Este déficit de participación se refleja, por otra parte, en el propio
contenido de esta iniciativa legislativa. Ahora está por ver -creo que hay malos augurios- que después de aceptar tramitarlo como proyecto de ley se puedan recoger en él las abundantes aportaciones que los grupos parlamentarios han realizado.


Quiero cuestionar, no obstante, el título del proyecto de ley. Creo que el Partido Popular nos tiene acostumbrados a poner a las leyes títulos que contradicen los contenidos; justamente dicen lo contrario. Por tanto, cuestiono que sean
medidas urgentes y para preservar el medio ambiente. Urgente sería hablar de la fiscalidad, de empleo o del cumplimiento de las exigencias medioambientales europeas, pero lo que ustedes presentan aquí responde exclusivamente a cumplir con presiones
de grupos de interés y con compromisos electorales del Partido Popular. Como saben, el compromiso de mi grupo parlamentario con el medio ambiente es consciente y profundo. Creemos en la transformación del actual modelo productivo hacia uno
sostenible como factor que nos permita superar la crisis y volver a la senda del crecimiento económico y de la creación de empleo. Este compromiso nos llevó a presentar una enmienda de totalidad a esta iniciativa, en la que expusimos nuestra
alternativa a este proyecto de ley, que ahora hemos convertido en enmiendas al articulado. El decreto-ley que el Gobierno del Partido Popular envió a esta Cámara para su convalidación y que ahora tramitamos como proyecto de ley, recoge básicamente
cuatro grandes áreas medioambientales: aguas, patrimonio natural y biodiversidad, residuos y subastas de derechos de emisión, de forma restrictiva, por decirlo suavemente.


De todas formas, voy a fundamentar nuestras enmiendas, que están guiadas por la defensa del medio ambiente, lo que en coherencia guiará nuestro voto en relación con las aportaciones del resto de los grupos parlamentarios. En cuanto a la Ley
de Aguas, apoyamos la iniciativa en cuanto que se reconoce que las competencias de policía corresponden en exclusiva al Estado, dando cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, no podemos apoyar el nuevo régimen jurídico
del agua que establece el proyecto de ley, caracterizado por su privatización y mercantilización, en ningún caso deseable. La creación de este mercado privado de agua también abre la posibilidad de amnistiar las



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explotaciones ilegales. Frente a ello, nuestra alternativa pasa por establecer un derecho de tanteo y retracto a favor de los organismos públicos de cuenca, que habrán de velar por el interés general. Con carácter general, apostamos por
potenciar los planes hidrológicos de cuenca como norma reguladora.


No mencionaré las enmiendas relativas al Plan del Alto Guadiana, porque, como ha dicho el presidente, lo hará mi compañero Alejandro Alonso. En cuanto a la Ley de patrimonio natural y biodiversidad, aprovechamos este proyecto para
introducir algunas enmiendas que están de nuevo inspiradas en la defensa del medio ambiente. En primer lugar, una enmienda dirigida a garantizar que se aplique el mayor grado posible de protección en aquellos espacios donde concurran
simultáneamente varias figuras de producción. Además, aprovechamos la tramitación de este proyecto para introducir dos aspectos nuevos. Por un lado, la necesidad de que la Administración competente controle la prohibición, ya incluida en el texto
vigente de la Ley de patrimonio natural, de utilización de munición de plomo en determinados espacios. Lo hacemos siguiendo las recomendaciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria, según las cuales, al menos los niños y las mujeres embarazadas
no deberían consumir carne de caza por los altos niveles de plomo que pueden afectar seriamente a su salud. De otro lado, se pretende hacer efectiva la prohibición de cazar en las fincas de parques nacionales u otros espacios protegidos en los que
se lleven a cabo programas de recuperación de especies amenazadas más allá de la labor de control de poblaciones.


En relación con la Ley de Residuos, tampoco estamos de acuerdo con la voladura controlada del sistema de depósito, devolución y retorno que estableció la Ley de 2011. Convertirlo en un sistema subsidiario y voluntario y suprimir las medidas
que lo fomentan no puede interpretarse de otro modo. Por eso nuestras enmiendas apuestan no solo por mantener el sistema de depósitos sino por reforzarlo, al convertirlo en obligatorio en los supuestos que contempla el artículo 31.2.d) de la Ley de
Residuos. Este es un sistema que se promociona desde Europa, especialmente desde la Directiva 2008/98, y que está teniendo resultados notables en varios países de nuestro entorno como el sistema más eficaz desde el punto de vista económico, social
y medioambiental. Es además un sector que puede crear empleo.


En cuanto a la reforma de la Ley del Mercado de Valores, compartimos con la iniciativa del Gobierno la necesidad de llevar a cabo esta reforma para de una vez por todas poner en marcha las subastas de derechos de emisión, unas subastas que
lógicamente aportarán ingresos a la Administración del Estado que ahora tanto necesitamos. Lo que pedimos con nuestra enmienda 106 en este punto es aplicar lo obtenido en estas subastas al Fondo del carbono.


Al margen de estas cuatro áreas de actuación medioambiental que plantea el decreto-ley, quiero destacar otra enmienda de mi grupo, la número 108, dirigida a derogar el Decreto-ley de suspensión de las ayudas a las renovables, porque estamos
firmemente convencidos de que estamos ante un error. Apostamos por las energías renovables y lamentamos que España ya no sea una potencia mundial en este sector.


En cuanto a las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, vamos a apoyar bastantes de ellas, porque coinciden con nuestra visión, y vamos a rechazar algunas por coherencia con el discurso que acabo de pronunciar.


Queremos insistir en una alternativa basada en un modelo compatible entre el crecimiento económico y el medio ambiente. Parece ser que el Gobierno no lo ve así. Para el Gobierno el medio ambiente es incompatible con nuestro crecimiento
económico. Es justamente lo contrario. El futuro pasa por la defensa y la protección del medio ambiente. Recordemos que la defensa del medio ambiente es el camino que nos ha señalado Europa y que la Comisión Europea criticó severamente el
programa de reformas de España, entre otras cosas por su escasa ambición medioambiental.


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, le quedan casi tres minutos.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Mi intervención pretende defender en la Comisión las enmiendas que tienen que ver con el estatus jurídico-ambiental de la zona del Alto Guadiana y, específicamente, defender el mantenimiento del Plan especial del Alto
Guadiana.


Les recuerdo a sus señorías que el Plan especial del Alto Guadiana fue una gran conquista social. Pese a estar incluido en el Plan hidrológico nacional de 2001 con un mandato al Gobierno de que fuera aprobado en un año, fueron necesarios
siete años de consultas, de manifestaciones y de trabajos para que finalmente en 2008 la zona del Alto Guadiana tuviera su plan. El Plan especial del Alto Guadiana, en la corta etapa en la que ha tenido vigencia, ha dado sus frutos en dos ámbitos.
Por un lado, en la recuperación del acuífero, hemos visto mejorar las condiciones ambientales de los espacios naturales de las Tablas de Daimiel, las Lagunas de Ruidera y el resto de los espacios húmedos de La Mancha oriental.



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Por otro lado, el plan abría una posibilidad de legalización de miles de situaciones de explotaciones de agricultores profesionales en la zona. El Partido Popular, con esta modificación de la ley y con las medidas que ha introducido en la
Ley de Presupuestos, que vacían de contenido económico todos y cada uno de los programas, simple y llanamente ha disuelto el plan especial. El Partido Popular se ha cargado el Plan especial del Alto Guadiana. ¿Qué pretende con esta modificación
que hoy vamos a aprobar? Digámoslo claramente: Lo que pretende es dejar exclusivamente a la iniciativa privada la capacidad de intercambio de derechos en la zona, dejar sin posibilidad de actuación a las administraciones y, por tanto, lanzar este
mensaje a los agricultores que quieren legalizar su situación: Si usted quiere legalizar su pozo, si usted quiere regar con aguas de este acuífero, vaya a la casa del agricultor, del terrateniente que tenga tierras y derechos para poderle vender.
El Partido Popular no ha consignado ni un solo euro para comprar derechos de agua y no pretende nada más que dejar abierta esta posibilidad de intercambio de derechos entre particulares. Nosotros pretendemos con nuestras enmiendas mantener el
estatus jurídico actual, es decir, que sea la Administración la que compre derechos de utilización de agua en la zona, para destinar parte a la recuperación del acuífero, como en estos últimos años, y parte a constituir un banco de derechos de agua
para legalizar situaciones. Son enmiendas que tienen que ver con el mantenimiento del compromiso del Gobierno de inversiones en programas ambientales de reforestación, de recuperación del acuífero, con asegurar la legalización a explotaciones
prioritarias, agricultores profesionales y jóvenes y con la exigencia en definitiva del cumplimiento de la normativa ambiental en todas las materias, específicamente en lo que tiene que ver con la instalación del acuífero. Estas son nuestras
enmiendas, que pretenden mantener una política que ha dado resultados. La aprobación de la propuesta del Partido Popular, vuelvo a repetirlo, supondrá la certificación de defunción del Plan especial del Alto Guadiana.


El señor PRESIDENTE: Señorías, gracias al buen ritmo que llevan las intervenciones, sería posible adelantar la hora de la votación. Como al principio hemos dicho que no sería antes de las 13:30, quiero saber si todos los portavoces están
de acuerdo en que se pueda adelantar al momento de la terminación de este debate, siempre y cuando tengamos una breve pausa, como hemos adelantado antes, para ordenar las votaciones. (La señora pide De Lara Carbó pide la palabra).


Señora De Lara, tiene la palabra.


La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, me temo que no va a ser posible, porque la gente ya sabe que es a esa hora y hay otras comisiones. Si las adelantamos a la una, cosa de la que todos estaríamos encantados, nos arriesgamos a que
falte gente, y es una ley importante.


El señor PRESIDENTE: Sugiero que se adelante a las 13:15, siempre que los portavoces me digan que han podido avisar a sus compañeros. Si no, mantendremos las 13:30.


Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular están incorporadas al informe de la ponencia. Para fijar la posición respecto a las enmiendas que han presentado los demás grupos, tienen la palabra sus portavoces, que se van a repartir el
tiempo. En primer lugar intervendrá doña Celia Alberto y después don Guillermo Collarte.


La señora ALBERTO PÉREZ: Señorías, comparezco en representación del Grupo Parlamentario Popular para trasladarles nuestra posición en relación con las enmiendas al articulado presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de
ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. El Grupo Socialista ha presentado treinta y una enmiendas al articulado del referido proyecto de ley, que para una mayor claridad expositiva intentaré tratar por materias.


En relación con las enmiendas que afectan al artículo primero del proyecto de ley, relativas a la Ley de Aguas, que van desde la número 78 a la 95, ambas inclusive, les anuncio que no procederemos a apoyarlas. Debido al tiempo del que
dispongo, paso a explicarles muy brevemente las razones fundamentales que justifican esta negativa. Tal y como ya hemos adelantado, mi grupo parlamentario es un firme defensor del principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas y, como
tal, entiende que toda disposición que refuerce este principio es positiva; tal es el caso de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley. Atendiendo al contenido de las enmiendas, entendemos que muchas de ellas no suponen ningún tipo de
mejora técnica o legislativa. En otras ocasiones se proponen definiciones que ya se encuentran contenidas en las disposiciones normativas de aguas o establecen mecanismos que ya se encuentran legislados y que consideramos adecuados. Este es el
caso de las enmiendas números 78, 79, 81, 82, 89, 90, 91, 93 y 94. En otros casos, como la número 80, se propone eliminar las medidas de



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flexibilización que se introducen con el proyecto de ley y que entendemos acertadas. Otras nos parecen limitativas, como es el caso de la 85, que propone limitar el margen de actuación del organismo de cuenca, obligando a una concesión
colectiva que no siempre es la mejor solución. Otras proponen complicar la redacción del texto, como es el caso de la 86. La 84 nos parece ilógica, al establecer el texto vigente la facultad de las comunidades autónomas a instar la adquisición.
Entendemos que no tiene sentido extender esa posibilidad a las comunidades de usuarios. Las enmiendas 87 y 88 las rechazamos al entender que la recuperación de costes debe basarse en estudios y previsiones de los planes de cuenca, pero los
mecanismos para articular este principio deben poder dar una respuesta más rápida que la del plan de cuenca, que se revisa cada seis años. Las enmiendas 92 y 95 son rechazables al entender que el objetivo de las disposiciones cuya derogación
pretenden no es otro que reforzar la gestión pública de los derechos concesionales, facilitando la transformación de derechos privados en concesionales. En definitiva, señorías del PSOE, lo que venimos a demostrar con el sentido de nuestro voto es
que mantenemos coherencia en nuestras posiciones, tal y como ya manifestó en su intervención en el Pleno nuestra portavoz, el pasado 17 de mayo, en relación con la convalidación del real decreto-ley del que trae causa este proyecto de ley.


En relación con las enmiendas que afectan al artículo segundo del proyecto de ley, que modifican la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad, que van de la número 96 a la número 99, ambas inclusive, les
anuncio igualmente que no procederemos a apoyarlas. La 96, por entender que la enmienda prejuzga la capacidad que tienen las administraciones competentes en determinar el grado de protección que se debe dar a un espacio en el que se solapen varias
figuras de protección. La 97, porque a pesar de su motivación no supone ninguna mejora técnica. La 98, por entender que la vigilancia de la prohibición contenida en el mencionado artículo corresponde a las comunidades autónomas. Además, una
evaluación anual parece excesiva y la referencia a las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es imprecisa y confusa y no propia de una ley que trata de la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.
La 99 es rechazable al entender que las acciones cinegéticas diferentes al control de poblaciones ya se encuentran prohibidas en los parques nacionales y los planes y programas de recuperación son instrumentos de gestión que aprueban las comunidades
autónomas en el marco de sus competencias.


En relación con las enmiendas que afectan al artículo tercero del proyecto de ley, que modifican la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados y que van desde la número 100 a la número 105, ambas inclusive, les anuncio igualmente que no
procederemos a apoyarlas. Las razones que nos llevan a esta posición son las mismas que les hemos expresado anteriormente en sede parlamentaria. Creemos que sus enmiendas contribuyen a crear más cargas administrativas, complican la normativa y no
aportan más seguridad jurídica. Ya saben ustedes que el grupo al que pertenezco considera importante establecer el carácter voluntario para la implantación de los sistemas de depósito, devolución y retorno. Hemos sido reiterativos en esta
consideración. Tal y como ya hemos comentado, la estructura contenida en la disposición legal de referencia antes de la modificación operada y contenida en el actual proyecto de ley no contribuía a la competitividad, eficacia o eficiencia
empresarial y, lo que es peor, no minimizaba el impacto ambiental, motivos por los cuales, como ya hemos manifestando, entendemos que debe imperar el principio de libertad de elección en el modelo para el cumplimiento de los objetivos de reciclaje.


Para terminar, les comunico que votaremos en contra de las enmiendas que van desde la 106 a la 109, ambas incluidas. Quiero hacer especial referencia a la 106 y la 107. Tal y como ustedes saben, la enmienda 107 propone la derogación del
Real Decreto-ley 1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energías renovables y residuos. En primer lugar, tengo que trasladarles nuestro asombro por la presentación de esta enmienda. Es patente que la disposición normativa que ustedes proponen derogar aquí por esta vía tiene una
entidad importante y prueba de ello es que hasta el momento han corrido ríos de tinta en muchos foros en relación con la misma. Quiero recordarles que el contenido del Real Decreto-ley 1/2012 no viene sino a intentar ordenar nuestro sistema
nacional energético y a mitigar una situación de la que ustedes, señores del PSOE, son directamente responsables, que es el déficit de tarifa.


En relación con la 106, nuestro voto en contra se debe a que es falso el principio enunciado en la enmienda, ya que la legislación española no prevé en su articulado que el 50% de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de
emisión se aplique al Fondo de carbono. Ello solo se contempla en la exposición de motivos de la ley que traspone la Directiva europea de comercio y derechos de emisión.



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Habría que preguntarse por qué ustedes no traspusieron correctamente la directiva. Por otra parte, los ingresos derivados de las subastas no tienen por qué aplicarse en su totalidad al Fondo de carbono. Será el Gobierno quien decida el
destino de estos recursos económicos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Guillermo Collarte por un tiempo máximo de tres minutos.


El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: Antes de nada, quiero dar las gracias a todos los grupos por las enmiendas que han presentado, no tengo ninguna duda de que con la excelente intención de mejorar el texto de la ley. Si no he hecho mal los
números, tengo que responder a setenta y una enmiendas: cuatro del señor Baldoví, cinco de mi buena amiga Olaia, doce del Grupo Vasco, veinticuatro de La Izquierda Plural y veintiocho del Grupo Parlamentario Catalán. En total son setenta y una y
en tres minutos difícilmente las puedo contestar.


El señor PRESIDENTE: Señor Collarte, le ruego que, igual que los demás grupos, las defienda en bloque, salvo que quiera detenerse en alguna especialmente. Centre su intervención ahí, porque, si no, no vamos a cumplir el horario.


El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: No se asuste, señor presidente.


Voy a empezar por la parte fácil. Aceptaremos solamente dos transaccionales, la 59 y la 74, de Convergència i Unió. Ofrezco a los grupos que han presentado enmiendas una reunión con ellos para comentar las justificaciones de cada una de
sus propuestas, si tienen interés en hacerlo.


Al hilo de las intervenciones de mis compañeros, quiero comentar dos cosas. Agilizar y simplificar no tiene por qué ser sinónimo de suprimir o rebajar las exigencias en materia medioambiental, sino más bien todo lo contrario. El criterio
debe ser fácil de entender, clarito de tramitar y exigible de manera rigurosa. Esa es la mejor receta para mantener una buena política en materia medioambiental. El grueso de las enmiendas presentadas por los grupos se refiere a residuos y suelos
contaminados. A mi compañero Martí Barberà, de Convergència i Unió, le preocupa igualar en los mínimos. Estoy de acuerdo con él en que no debemos de igualar en los mínimos, pero hay un criterio excelente, que es el que tratamos de mantener, y es
que haya una uniformidad en materia medioambiental en todas las comunidades y que no haya diecisiete regulaciones en todo el territorio español.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a suspender brevemente la sesión para ordenar las votaciones. Ante la propuesta de esta Presidencia de adelantarlas media hora, la portavoz del Grupo Popular ha puesto objeciones,
puesto que ya se había anunciado que no serían antes de las 13:30. Esta Presidencia, de acuerdo con todos ustedes, ha fijado la hora prevista para las votaciones y va a mantener el criterio, salvo que los portavoces de todos los grupos nos
autoricen a adelantarlas. (Rumores). Les rogaría que no comenzaran un diálogo cruzado. Estas son las reglas del juego. Si la portavoz del Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo las adelantaríamos, si no, no lo haremos.


La señora DE LARA CARBÓ: Nosotros no tenemos inconveniente.


El señor PRESIDENTE: Entonces la votación tendrá lugar no antes de las 13:15. (Pausa).


Señoras y señores diputados, como no ha sido posible la presencia de todos los diputados, las votaciones tendrán lugar a las 13:30. (Pausa).


Vamos a proceder a las votaciones.


En primer lugar, vamos a someter a votación la solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para realizar un seguimiento y eventuales aportaciones a la posición del
Gobierno de España ante el procedimiento de reforma de la Política Pesquera Común y su futura implementación. Esta propuesta ha sido presentada por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Se han facilitado a la Mesa las votaciones por separado. De acuerdo con ellas, vamos a proceder a votar
separadamente las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto. Votamos en primer lugar las del señor Baldoví.


Enmiendas números 3, 4 y 5.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Mixto presentadas por la señora Fernández Davila. Están distribuidas en dos bloques. Vamos a votar en primer lugar las enmiendas números 7, 9 y 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora las enmiendas números 8 y 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Procedemos a la votación separada de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco.


Enmienda número 36.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 37.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 38.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 39.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 40.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 41 y 42.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 43 y 44.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 46.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 47.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo de La Izquierda Plural, también divididas en bloques.


Enmiendas números 12 y 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas número 14 y 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 18 y 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas números 20, 21, 22 y 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 24 y 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 26.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 27 y 28.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 29, 30, 31 y 32.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 33.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 34 y 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmienda número 48.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 49 y 50.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 51 y 52.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 53 y 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 55.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 56 y 57.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 60, 61 y 62.


Señor Camacho, usted ha levantado dos veces la mano.


El señor CAMACHO VIZCAÍNO: No. Señor presidente, tengo un problema y es que no sé cuándo puedo bajar el brazo. Puede ser tan amable de avisarnos cuándo tenemos que dejar de mantener el brazo en alto.


El señor PRESIDENTE: Lo vamos a hacer, en cuanto diga en voz alta el resultado de la votación. Le agradezco la colaboración, tiene razón.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 37; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 70.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 75.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 77.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que se votan en bloque.


La señora LARA CARBÓ: Señor Presidente, es el resto de enmiendas exceptuando las dos que hemos transaccionado.



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El señor ALONSO NÚÑEZ: No hay resto, hay transaccionadas.


El señor PRESIDENTE: El resto de las enmiendas son las números 63, 64, 65. (La señora Ortiz Castellví pide la palabra).


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Como no son muchas, si las pudiera nombrar en voz alta el resto de enmiendas, porque no tenemos la distribución de las votaciones, como tiene la Mesa.


El señor PRESIDENTE: La hemos facilitado a todos los grupos.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Mi grupo no la tiene.


El señor PRESIDENTE: La tienen todos los grupos, señora Ortiz.


Serían las enmiendas números 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69.


El señor ÁBALOS MECOS: Las enmiendas números 71, 72 y 73.


El señor PRESIDENTE: Señores diputados, serían las enmiendas números de la 63 a la 69, ambas inclusive, y las números 71, 72 y 73.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a someter a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Votamos las enmiendas números 78, 79. 80 y 81.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 82, 83, 84 y 85.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 87 y 88.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 86.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 25; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 89.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 90.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 91, 92, 93, 94 y 95.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 96, 97, 98 y 99.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 26; abstenciones, 1.



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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 100 y 101.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 102, 103, 104 y 105.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 106.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 107, apartado 1.


Señoras y señores diputados, les ruego que tomen asiento, que no vayan entrando y saliendo de la sala de reuniones y que faciliten la labor de esta Presidencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 107, apartado 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 108 y 109.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 25; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar las enmiendas transaccionadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo de Convergència i Unió. Enmiendas números 59 y 74.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Por separado.


El señor PRESIDENTE: Votamos la transaccional a la enmienda número 59. Por favor, una vez han empezado las votaciones no se puede entrar y salir de la sala. Por favor, cierre la puerta.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 15, abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 74, transaccionada entre el Grupo Popular y Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos en su conjunto el proyecto de ley, según el informe de la ponencia, con las enmiendas aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 16; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, antes de levantar la sesión quisiera comentarles que la Mesa y las señorías que quieran asistir pueden visitar mañana la Feria Fruit Attraction, a la que hemos sido invitados todos los vocales de esta Comisión. Es a las once de la
mañana en el Campo de las Naciones.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.