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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 41, de 19/06/2012
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2012 X Legislatura Núm. 41
Sesión plenaria núm. 40
celebrada el martes,
19 de junio de 2012
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 9-1, de 27 de diciembre de 2011. (Número de
expediente 122/000009) ... (Página5)
Modificación del orden del día:
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) ... (Página16)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 31-1, de 5 de enero de 2012. (Número
de expediente 122/000021) ... (Página16)
Proposiciones no de ley:
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre reducción de la pobreza infantil. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 110, de 15 de junio de 2012. (Número de expediente 162/000336) ... (Página24)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo público a la actividad innovadora. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 27, de 31 de enero de 2012. (Número de expediente 162/000133) ...
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra la pobreza y la exclusión social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 27, de 31 de enero de 2012. (Número de expediente 162/000115) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al establecimiento a nivel nacional de la custodia compartida como modelo preferente en los procedimientos de separación o divorcio.
(Número de expediente 173/000025) ... (Página44)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Gobierno acerca de la posible implantación de la formación en alternancia también en centros universitarios. (Número de expediente 173/000026) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de inserción laboral del Gobierno y la extensión de la cobertura a los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones. (Número de expediente 173/000027) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)
Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE:
- Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE. (Número de expediente 276/000001) ... (Página67)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Grande Pesquero, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democ
racia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las señoras Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Fabra Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página16)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento y oída la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del proyecto de ley orgánica por la
que se autoriza la ratificación por España del Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012, lo que se aprueba por asentimiento.
Como consecuencia de este acuerdo se modifica el orden del día del próximo jueves, en el sentido de que el punto 28 pasa a tener nuevo contenido, consistente no en el debate de totalidad del citado proyecto de ley orgánica sino en su
tramitación directa y en lectura única, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) ... (Página16)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido ... (Página16)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página24)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre reducción de la pobreza infantil ...
Defienden conjuntamente la proposición no de ley la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, que defiende en este turno las enmiendas del señor Bosch i Pascual, del mismo grupo; los señores Esteban Bravo, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Madina Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Méndez Monasterio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas intervienen el señor Madina Muñoz y la señora Méndez Monasterio.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo público a la actividad innovadora ... (Página30)
Defiende la proposición no de ley el señor Fernández Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Baldoví Roda y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Tapia Otaegi, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Cortizo Nieto, del
Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Fernández Álvarez.
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra la pobreza y la exclusión social ... (Página36)
Defiende la proposición no de ley el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la señora Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Díez
González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso
y Democracia y Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Llamazares Trigo.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página44)
Del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al establecimiento a nivel nacional de la custodia compartida como modelo preferente en los procedimientos de separación o divorcio ...
Defiende la moción la señora Díez González, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Salvador Armendáriz y las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las
señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Díez González.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Gobierno acerca de la posible implantación de la formación en alternancia también en centros universitarios ... (Página53)
Defiende la moción la señora Tapia Otaegi, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Álvarez Sostres, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Vázquez Morillo, del Grupo Parlamentario Socialista y Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Tapia Otaegi.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de inserción laboral del Gobierno y la extensión de la cobertura a los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones ... (Página58)
Defiende la moción la señora Gutiérrez del Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Barkos Berruezo y los señores Tardà i Coma y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y la señora Susinos Tarrero, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Gutiérrez del Castillo.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios, se rechaza por 120 votos a favor,
202 en contra más 1 voto telemático y 4 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, se rechaza por 48 votos
a favor, 276 en contra más 1 voto telemático y 3 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre
reducción de la pobreza infantil, se aprueba por 327 votos a favor.
Sometida a votación enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo público a la actividad innovadora, se aprueba por 194 votos a favor, 122 en contra y 8 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra la pobreza y la exclusión social, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por
133 votos a favor, 178 en contra y 17 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al establecimiento a nivel nacional de la custodia compartida como modelo
preferente en los procedimientos de separación o divorcio, se aprueba por 207 votos a favor, 111 en contra y 8 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los planes del Gobierno acerca de la posible implantación de la formación en alternancia también en centros universitarios, se aprueba
por 311 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.
Sometido a votación el punto 4 de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de inserción laboral del Gobierno y la extensión de la cobertura a los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones, se rechaza por
130 votos a favor, 194 en contra y 4 abstenciones.
Sometidos a votación los restantes puntos de la moción, se rechazan por 146 votos a favor, 177 en contra y 4 abstenciones.
Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE ... (Página67)
Elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE ... (Página67)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Sixto Iglesias, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Gordo Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista y Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometida a votación la elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE, y no habiendo alcanzado la mayoría de dos tercios requerida en esta primera votación, se procederá a una segunda votación en la sesión plenaria
del jueves, una vez transcurridas las veinticuatro horas legalmente previstas.
Se suspende la sesión a las doce de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DESTINADOS A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente 122/000009).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día, toma en consideración de proposiciones de ley. La primera es la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios. Por parte de dicho grupo tiene la palabra la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Gracias, señor presidente.
Para el Partido Socialista la defensa de los consumidores es un compromiso que nace de nuestras más profundas convicciones. Un compromiso por la igualdad en el acceso a los bienes básicos de consumo, un compromiso por la seguridad de
nuestros ciudadanos, una apuesta por la autonomía de sus decisiones, cada día más complejas, y por el libre ejercicio de su poder de compra. Apostamos por un consumidor activo, capaz de defender sus intereses en el mercado, dotado de conciencia
ética sobre la repercusión de sus decisiones y partícipe en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. En un mundo en transformación constante, con lo que significa el cambio global y el desafío añadido de la crisis económica, la
cooperación y la responsabilidad compartida entre los ciudadanos y la responsabilidad social de las empresas ha de combinar la competitividad con el máximo respeto a los derechos de las personas, a su seguridad y a su autonomía. Por ello, creemos
que la acción normativa de este Parlamento ha de estar dirigida a combatir la sensación mayoritaria de indefensión que en demasiadas ocasiones siente el consumidor y a darle poder real al ciudadano para que pueda ser capaz de cambiar esto,
facilitándole instrumentos legales para solucionar cualquier reclamación que pudiera presentar y que pueda hacerlo de manera sencilla y rápida. Tenemos la obligación de dotar a los ciudadanos de las herramientas jurídicas adecuadas para defender
sus derechos como consumidores y por eso presentamos hoy esta proposición de ley.
Sabemos que los índices de confianza del consumidor disminuyen cada trimestre. La situación económica está provocando una seria desconfianza de los consumidores en su futuro, y ello a su vez provoca un deterioro cada vez mayor de la
economía. Pero a esta desconfianza hay que añadirle otra: la que siente el consumidor cuando tiene que reclamar sus derechos frente a las grandes empresas prestadoras de servicios. Es cierto, señorías, que los últimos treinta años han supuesto un
indudable avance en las conquistas de derechos de los consumidores, particularmente como consumidores de bienes, pero cuando se enfrentan a una gran compañía de servicios estos derechos son vulnerados de forma constante. Por ello, esta ley ayudará
sin duda a que estos derechos que tanto ha costado establecer se apliquen de forma fácil, rápida y sobre todo gratuita para los consumidores que tienen problemas con las grandes compañías. Estamos seguros de que hay muchas reclamaciones que los
consumidores no llegan ni siquiera a presentar ante una posible vulneración de sus derechos, bien porque consideran que sus resultados nunca les van a favorecer o bien por las propias dificultades del proceso de reclamación ante las compañías.
Estas mismas compañías han desarrollado múltiples tretas para hacer de muy difícil acceso a los usuarios los canales de queja, en algunos casos con teléfonos 902, que repercuten en el usuario el coste del mal funcionamiento de un servicio, en otros
con infinitos pasos y elecciones ante una voz robotizada y enlatada que, tras muchos minutos de espera y música, desde luego no deseada, rara vez te facilita el acceso a un operador real y, lo que es aún más irritante, cuando tras todo ese tiempo se
accede al operador, es frecuente que desconozca la materia e incluso el idioma del consumidor. Seguro que a ustedes mismos o a personas cercanas les ha ocurrido algo parecido alguna vez cuando han tenido que hacer una consulta, una reclamación
sobre el recibo de la luz, del gas, del teléfono, en una aerolínea o, el más difícil todavía, intentar darse de baja en una compañía de telefonía móvil.
Esta proposición de ley trata de acabar con esas situaciones. Tiene como objetivo principal mejorar la protección de los consumidores y usuarios, cumplir con el mandato constitucional de garantizar mediante procedimiento eficaces los
legítimos intereses de los consumidores y, en especial, garantizar adecuadamente los derechos básicos previstos en el artículo 8 y en el artículo 21 del Real Decreto 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General de
Consumidores y Usuarios, que califica esta protección como un derecho básico. Especialmente en el artículo 21 se contempla la obligación de las empresas de que en sus oficinas y servicios de información y de atención al cliente se asegure la
constancia de las quejas y reclamaciones, y, si se utilizase atención telefónica o electrónica, deberán garantizar una atención personal y directa. En este sentido, y en la actual situación de dificultades económicas, hemos pensado que es adecuado
y oportuno presentar hoy esta proposición de ley, que tendrá efectos positivos sobre los consumidores y supondrá un ahorro importante para los ciudadanos, no solo en tiempo sino también en cuanto a los gastos derivados de sus reclamaciones, quejas e
incidencias a través de llamadas telefónicas ya que tanto el servicio como las llamadas tendrían que ser gratuitas. Creemos además que, de aprobarse, esta norma va a suponer un importante paso adelante en materia de protección de los derechos e
intereses de los consumidores y situará a España en la vanguardia europea en cuanto a la solución eficaz de las reclamaciones más habituales. Estas son algunas de las razones por las que pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios para su
admisión a trámite.
Además, es importante destacar algo más: la inclusión de los servicios financieros en una disposición adicional, porque no tendría ningún sentido en la actual situación dejar al margen a bancos, cajas de ahorros y compañías aseguradoras,
sectores que han gozado históricamente de sistemas específicos de reclamación y sobre los que las decisiones de contratación por parte de los consumidores y usuarios afectan en un importante porcentaje -y si no, escuchemos a la gente de las
preferentes- a
sus condiciones de vida futura. Debemos asegurar que cuando las cosas vayan mal el cauce de comunicación con el consumidor esté abierto y además sea de calidad, exactamente la misma vía que utilizan las compañías cuando pretenden captar
clientes y nos quieren vender algo. Señorías, después de seis meses de Gobierno del Partido Popular, hemos hablado en esta tribuna creo que cero minutos sobre políticas de consumo y de protección a los consumidores y unos cinco en las diferentes
comparecencias en Comisión de los responsables ministeriales. Creemos que con la que está cayendo en nuestro país aprobar esta propuesta admitiéndola a trámite y durante su tramitación introducir enmiendas para mejorarla y ampliarla si cabe, podrá
significar un motivo de esperanza para todos los ciudadanos, que cada día ven cómo sus quejas y reclamaciones frente a las grandes compañías se topan con una y mil dificultades y que además les cuesta tiempo y dinero. Precisamente este texto tiene
como objetivos sustanciales la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores, la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos y la protección de los derechos mediante procedimientos
eficaces, en especial en situaciones de inferioridad e indefensión ante las grandes compañías. ¿Y cómo podemos conseguir estos objetivos? Pues estableciendo una serie de parámetros de calidad mínimos que obligatoriamente deberán cumplir los
servicios de atención al cliente de todas las empresas que presten servicios económicos de interés general, garantizando un servicio eficaz y gratuito que facilite información, que atienda y resuelva quejas y reclamaciones o cualquier incidencia en
el servicio contratado en unos plazos máximos establecidos y con atención personal y directa de operadores bien formados, y desde luego a través de números de teléfonos de tarificación gratuita.
Las novedades más significativas que introduce este texto son las siguientes. Que las empresas tendrán que poner a disposición de los ciudadanos una serie de medios de acceso a los servicios de atención al cliente, como una dirección
postal, un número de fax o dirección de correo electrónico, o un servicio de atención telefónico personalizado y, como decía antes, gratuito. Que el servicio de atención al cliente tendrá que entregar justificante de la reclamación o incidencia
presentada en cualquier soporte duradero que permita tener constancia no solo de la fecha de la recepción, para lo que deberán las empresas tener un sistema de gestión unitario centralizado, sino de manera que se facilite el seguimiento de la
tramitación de la reclamación. Quedaría prohibido que se utilicen números de tarificación adicional como los 902, 901 y 807 a través de llamadas o mensajes de texto, ya que además proporcionan ingresos extra a las empresas a las que vamos a
reclamar. Que la resolución de las reclamaciones en ningún caso podrá exceder de un mes y que el tiempo de espera en atención telefónica para el 90 % de las llamadas no pueda ser mayor de un minuto. Que el horario de atención al cliente se ajuste
al tipo de servicio prestado, por ejemplo, para los suministros de carácter básico como la luz, el agua, el teléfono o el gas, el servicio deberá estar disponible veinticuatro horas al día los 365 días del año, y que las empresas deban desarrollar
sistemas que midan la mejora de sus servicios de atención al cliente y para ello tendrán que superar auditorías externas anuales.
Señorías, el consumo es una materia multidisciplinar y compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta norma pretende regular los servicios de atención al cliente de empresas que prestan servicios de interés económico general,
cuya regulación es estatal, por lo que esta Cámara puede aprobar una proposición de ley de carácter básico, dejando el desarrollo y la complementación de las medidas a llevar a cabo a las comunidades autónomas en virtud, por supuesto, de su potestad
legislativa propia. No pretendemos en ningún caso invadir las competencias de las comunidades autónomas, sino establecer las bases para una defensa más eficaz y armónica de los derechos de los consumidores en el territorio nacional.
Señor presidente, finalizo mi intervención, pero voy a hacerlo con una reflexión dirigida fundamentalmente al grupo mayoritario de esta Cámara. Señorías del Grupo Popular, ya me imagino que cuando suban a esta tribuna nos dirán que los
socialistas somos los culpables del yin y del yang, que nosotros podíamos haberlo hecho y nos dirán que van a traer su propia norma, como si el distintivo o la divisa fuera lo importante y no lo que realmente importa, que no es ni más ni menos que
la defensa de los ciudadanos, que cada día ven cómo se frustran sus intentos de reclamar por servicios básicos costándoles tiempo y dinero. Estas no son razones para rechazar un buen texto, como es este, que se puede mejorar desde luego, ampliar,
corregir en algunos aspectos parciales, pero cuyo fondo y cuya filosofía estoy absolutamente segura que compartimos. Y es un texto que ya está aquí, consensuado e informado hace menos de un año por todos los sectores, instituciones y responsables
pertinentes, incluidas las comunidades autónomas, y que solo el adelanto electoral impidió que finalizara su tramitación en la pasada legislatura. En resumen, no tendría sentido iniciar de nuevo su tramitación y volver al principio, perder más de
dos años para volver a empezar un texto que persigue en el fondo los mismos objetivos. No tiene más sentido, señorías, que colmar quizá las ansias personales de los actuales dirigentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a no
ser que me digan que van a traer de nuevo un real decreto-ley, como casi todo lo que han hecho hasta ahora desde que gobiernan. Déjennos ayudarles; por favor, déjennos ayudarles. Hoy tienen la oportunidad de mandar por fin un mensaje claro a los
españoles -uno, aunque solo sea uno- y decirles que estamos todos en el mismo barco, que aunque atravesamos una buena tormenta se cuenta con toda la tripulación para llegar a buen puerto. Y, señorías, como representantes de los ciudadanos, mi
grupo, nosotros, también somos tripulación y no les
quepa la menor duda que una tripulación responsable. Sean ustedes también responsables y sean además valientes para aceptar lo que es necesario para los ciudadanos en estos momentos de crisis económica, en estos momentos complicados. Como
decía Winston Churchill, valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también valor es lo que se necesita, lo que se requiere para sentarse y escuchar. Pues eso, señorías, admitan a trámite esta proposición, sentémonos y trabajemos
juntos por el bien de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Grande.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar queremos repetir lo que ya hemos dicho muchas veces y no nos cansaremos de repetir: queremos a juicio a los responsables de Bankia y queremos a juicio a los culpables de la crisis.
Dicho esto, y ateniéndome al orden del día y al tema que nos ocupa hoy, nos preocupa la deriva recentralizadora del Partido Socialista; se han puesto el buzo, se han puesto el mono del Partido Popular. ¿Tenemos que recordarles que el
Estatuto de Autonomía de Cataluña -es el caso que conozco- en el artículo 123 atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de consumo, que los artículos 28, 34 y 49 protegen los derechos de las personas como consumidoras y que el
artículo 113 atribuye competencias para desarrollar, aplicar y ejecutar la normativa de la Unión Europea que afecta al ámbito de competencias de la Generalitat? Es decir, tenemos un círculo que se cierra, luego no entendemos esto.
Fruto de este marco competencial, el Partido Socialista de Cataluña, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa y los republicanos cuando gobernábamos -que lo hicimos con mucha voluntad y muy buenos resultados- elaboramos
el código de consumo. Es decir, el PSC, Esquerra Republicana e Iniciativa elaboraron el código de consumo catalán, que entró en vigor en el año 2011 y del cual cuelgan las obligaciones para las grandes empresas, porque la situación era francamente
deplorable. Todavía tenemos deficiencias porque vivíamos instalados en un océano de abusos, vejaciones y actuaciones incluso fraudulentas. La diputada Pilar Grande lo ha expuesto muy bien, hay un listado de agravios larguísimo, pero para eso están
los gobiernos progresistas -al menos me refiero al Gobierno catalán de entonces-, para encauzar el código de consumo porque, ciertamente, las grandes empresas nos tomaban el pelo, tomaban el pelo a los ciudadanos. Y coincidimos en que existen
problemas todavía porque las grandes empresas deberían tener la obligación de ofrecer un teléfono gratuito para comunicar incidencias y trasladar reclamaciones y, ¡atención!, una sede física Por ejemplo, en el código de consumo catalán también se
obliga a facilitar una sede física, cosa que han olvidado ustedes. ¿Cómo puede ser que las grandes empresas se puedan ir de rositas y con un teléfono lo puedan solucionar todo? No, no, una oficina, un espacio físico donde puedan recibir a los
ciudadanos porque hablamos de empresas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos, transportes, medios audiovisuales, comunicaciones, servicios asistenciales, servicios financieros, seguros, etcétera. Es decir, aquello que
afecta a los ciudadanos casi las veinticuatro horas del día, independientemente de que no coincidamos con ustedes sobre la necesidad e incluso la legitimidad -si se me permite el uso de este término- de una legislación de carácter básico, como la
que proponen ante nuestra sorpresa, sobre todo porque no han tenido ni tan siquiera la delicadeza, la finezza política de incluir al menos unas cláusulas de salvaguarda. Porque si ustedes, llevados por este empuje jacobino, ahora quieren legislar
sobre algo que no les corresponde con carácter básico, al menos tengan la finezza de incorporar unas cláusulas de salvaguarda para aquellas comunidades autónomas que, haciendo uso de sus competencias -y además atendiendo a la acción de sus
Gobiernos-, ya han hecho todo el despliegue legislativo ad hoc. De manera que al menos, aunque sea tan solo por salvar las formas, pongan cláusulas de salvaguarda.
Así pues, la verdad es que nosotros impugnamos la mayor. Pero fíjense, incluso si estuviéramos dispuestos a discutir -salvando esta oposición nuestra al ADN de su iniciativa parlamentaria- lo que ustedes nos proponen, debo decirles que hay
algo que ofende un tanto. Estoy convencido de que en la redacción de esta proposición de ley no ha participado ningún diputado socialista catalanohablante, ningún diputado socialista gallegohablante, ningún diputado socialista euskaroparlante.
¡Ninguno, es imposible! Estoy convencido de que ningún diputado que tenga como lengua materna una lengua distinta a la española puede haber dado cobertura a esta iniciativa parlamentaria. Porque tener el atrevimiento de decir que las empresas
deberán responder a las reclamaciones en función de la lengua en la cual se ha firmado el contrato es tan grave, es tan de ignorantes... Porque es ignorancia o es mala voluntad, voluntad asimilacionista y genocida desde el punto de vista
lingüístico, y como esto no puedo concebirlo en diputados socialistas solamente puedo atribuirlo a la ignorancia. ¿Ustedes saben que el 96 o 97 % de todos los contratos mercantiles de las grandes empresas, de oficio, no solamente se firman en
castellano sino que se vehiculan en lengua castellana y solo en lengua castellana? Si estas empresas ni tan solo -y fíjense que son empresas que teóricamente compiten en el mercado- tienen normalizadas en gallego, euskara y catalán las páginas web.
¿Cómo puede pensar usted que vehiculan los contratos en las distintas lenguas? Es más, la inmensa mayoría de ciudadanos ni se leen esos contratos. Esta es una de las razones
que hace que existan tantas reclamaciones. Ignora la historia. Existe una dinámica histórica, existe una realidad sociolingüística, existe un predominio lingüístico en el mundo empresarial y en el mundo mercantil, e ignorar eso es que...
Repito, estoy convencido de que no hay ningún diputado socialista catalán que ignore esto; es más, estoy convencido de que no tenían ni idea de esto. ¿Por qué? Porque existe una realidad. Así que un ciudadano en el año 2009, 2010, 2011, firma un
contrato mercantil en lengua castellana y ya está atado de manos para poder reclamar que se le respete su lengua oficial. Fíjese qué locura. Además yo les invito a hacer un ejercicio. Nos vamos al despacho y llamamos a las empresas que usted
decida y yo le digo que antes de diez respuestas tendrá una como mínimo que dirá: hábleme en español porque estamos en España. Esta frase se repite cientos de veces cuando los ciudadanos en Cataluña, en el País Valencià y en las Illes Balears
intentan trasladar sus reclamaciones a las grandes empresas de servicios que, aun cuando acumulan tantos beneficios, no tienen ninguna delicadeza -y digo delicadeza, ya no hablo de respeto a los derechos- para con sus clientes y usuarios.
De manera que hemos impugnado el ADN de su proposición de ley y además le recordamos -creo que he oído a muchos diputados nacionalistas españoles decir que el nacionalismo se cura viajando- que la ignorancia se cura leyendo y viendo cómo
están las lenguas distintas a la española en el Estado español.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Vasco PNV tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Grande, me ha llamado también mucho la atención que sea usted precisamente la que presente una proposición de ley de estas características. Sin recurrir a teorías conspirativas o reflexiones que pueden rayar en la paranoia, yo quiero
creer que ustedes no van a concertar, con la coartada de la crisis económica, con el partido mayoritario en esta Cámara elementos de recentralización de las competencias autonómicas en el Estado, y además sé que su mentalidad -nos conocemos
personalmente mucho- no es una mentalidad jacobina, no es una mentalidad recentralizadora. Parafraseando a Churchill -trayendo la frase que usted ha utilizado para acabar su intervención: Vamos a sentarnos para hablar de propuestas-, utilizando su
fenotipo político, Churchill decía: vamos a sentarnos para reflexionar sobre propuestas políticas razonables. Usted sabe que la suya no lo es. La suya no lo es sencillamente por una razón que me podría exonerar de hacer reflexiones
complementarias a esta: porque estas Cortes no están habilitadas para regular lo que usted propone que se regule. Pero además me consta que usted lo sabe. Por citar los títulos competenciales en esta materia del Estatuto de Autonomía de Gernika,
le puedo citar el artículo 10 en sus epígrafes o parágrafos 27 y 28, que atribuyen competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma del País Vasco -exclusiva, sin ningún tipo de limitación; exclusiva o pura, no vinculada, no alterada o no relativizada
por la legislación marco, la legislación básica, la Alta Inspección del Estado, los principios ordenadores de la economía, etcétera-, competencia exclusiva pura en materia de protección de los consumidores y usuarios. Además, no solo esto, yo le
podría glosar ahora una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la Sentencia 72/1982, que identifica la dimensión de esta competencia y no relativiza lo que el Gobierno vasco ha hecho en el ejercicio de su competencia, que es regular mediante
una ley del año 1981 todo lo que ustedes pretenden regular en esta proposición de ley, in extenso, con más prolijidad, con más amplitud y -si me permite la licencia- con más pertinencia lo que usted pretende regular en esta proposición de ley.
Señora Grande, sabe que le tengo gran aprecio personal, pero usted está defendiendo lo que sabe que es manifiestamente indefendible. La protección de los consumidores y usuarios no es una competencia del Estado, es una competencia
autonómica y no solo es una competencia autonómica, sino que es una competencia autonómica ejercida por las comunidades autónomas en virtud del ejercicio de sus competencias legislativas. Pero, si fuera dudoso lo que yo le estoy diciendo, si fuera
valorativo o si fuera opinable, basta con recurrir a los elementos de legitimación que ustedes se atribuyen para presentar en estas Cortes Generales del Estado, en este Congreso de los Diputados, esta proposición de ley. Y los títulos
competenciales que ustedes arguyen son dos, que resultan paradójicamente desmesurados, casi graciosos, chuscos -si me permite la expresión-, y con usted quiero ser particularmente delicado en la utilización de los calificativos y de la nomenclatura
parlamentaria. Cuando usted habla de que uno de los títulos habilitantes para el Estado para regular esta materia es lo previsto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases y la
planificación general de la actividad económica, están, de facto, tácitamente reconociendo que no poseen título de legitimación o de habilitación competencial alguno. Usted sabe cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado en
qué consiste la determinación de las bases y la planificación de la actividad económica del Estado. Son los grandes principios o las grandes bases de la actividad macroeconómica del Estado. Porque ustedes en esta ley ni siquiera regulan la
protección de los consumidores y usuarios in toto, en su globalidad, sino una subespecie de la protección de los consumidores y usuarios que consiste en lo relativo a los servicios de atención a los clientes, que es una de las partes que está
configurada como parte, como título o como subespecie especial en toda la normativa tanto estatal como autonómica
existente en relación con la protección de los consumidores y usuarios. Pero ya resulta -yo no sé si esta expresión es forense, señor presidente; si no, me corrige o la excluye del 'Diario de Sesiones'- casi como de cachondeo utilizar como
título habilitante y competencial el artículo 149.1.6ª, que es el segundo que ustedes utilizan, que es la legislación procesal.
Primero, no identifican a qué legislación procesal se refieren porque usted sabe que hay órdenes de la jurisdicción procesal diferentes: existe la jurisdicción contencioso-administrativo, que regula los procesos contencioso-administrativos;
existe la jurisdicción penal, que regula los procedimientos penales; la jurisdicción civil, que regula los procedimientos civiles; la mercantil, que regula los procedimientos mercantiles. No identifican cuál es, pero, cuando vemos a qué se
refieren con esta pretendida y falsa habilitación competencial, nos encontramos con que lo que ustedes proponen en el artículo 5.2 de la proposición de ley que nos presentan son fórmulas de autocomposición o de composición de conflictos
extrajudiciales que no pertenecen a la competencia del Estado, sino que pertenecen a la competencia autonómica. Particularmente ustedes hacen una referencia específica a la Ley de Mediación cuando hay leyes de mediación que son también autonómicas
y que no pertenecen a la competencia del Estado.
Por otra parte, entran en flagrante contradicción con todo lo dispuesto en la legislación autonómica y particularmente en relación con Euskadi, que es la legislación que yo más conozco o mejor conozco. Hay legislación en materia de
protección de los consumidores y usuarios y esta subespecie que ustedes pretenden regular en forma de proposición de ley, que es la protección de la atención al cliente, en todas las comunidades autónomas prácticamente. Por eso me sorprende
profundamente -y en usted más que en nadie- esta ontología jacobina con la que se impregna este proyecto de ley.
En la ley que regula la protección de los consumidores y usuarios de Euskadi, la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, se regula nada menos que el concepto de consumidor y usuario, que ustedes vuelven a regular de forma diferente y -si me permite
la mención- más deficiente que la consignada en la legislación autonómica vasca. Se regulan los derechos del mismo, subrayando el de información y el de información se desagrega en cinco apartados diferentes, una regulación in extenso mucho más
profunda, más prolija y más pertinente que la que ustedes acometen; la protección del daño jurídico y la protección de la deficiencia del servicio; se regula la calidad y formas en que se prestan los bienes y su reparación cuando estos bienes
resultan defectuosos; se regula la composición de los ingredientes y componentes de los productos que son objeto de oferta a un eventual cliente; la calidad y la salubridad en el transporte.
Ustedes, mediante una dimensión omnicomprensiva de la atención al cliente en materia de protección de usuarios, no solo regulan la adquisición de bienes y servicios, sino también la obtención de bienes que se denominan de tracto sucesivo,
como el suministro de gas o el suministro eléctrico, y otros de estas características; regulan la protección respecto al servicio de transportes, así como la protección respecto a otro tipo de servicios que están mucho mejor calificados mediante
listas precisas que establecen en todas las legislaciones autonómicas la protección de la prestación de esos servicios; la regulación de descuentos y bonificaciones, una regulación muy prolija en la legislación autonómica; los grupos de protección
especial, de los que se han olvidado paradójicamente, en materia de protección de los consumidores y usuarios, y me estoy refiriendo a juguetes, a vestidos y a productos de limpieza e higiene; la suspensión de barreras urbanísticas respecto a las
cuales sus referencias son muy colaterales y manifiestamente insuficientes; la potenciación del asociacionismo y organizaciones de consumidores y usuarios; el derecho a la educación en el consumo, incluyendo en las asignaturas de educación
primaria y secundaria la de educación para el consumo; la prevención del fraude; la protección de prácticas abusivas; la calidad del bien mediante elementos concretos; configuración de la calidad del bien y en su caso de los elementos de
reparación de esa calidad del bien cuando no es adecuadamente ofertada; el servicio posventa; en virtud de lo previsto en el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Gernika, la creación del defensor del consumidor, figura que ya está creada en la
Comunidad Autónoma del País Vasco; y la Comisión consultiva sobre consumo, a la que tuve el honor de pertenecer en su primera configuración.
En definitiva, señora Grande, no termino de comprender por qué han presentado esta proposición de ley que vulnera los títulos competenciales, el bloque de constitucionalidad; vulnera -hay que decirlo claramente- las previsiones
constitucionales, las previsiones estatutarias y la regulación autonómica, que es muy prolija y muy adecuada, muy avanzada en algunas comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya con esto, señor presidente.
Espero no tener que aceptar las tesis del señor Tardà de que ustedes están coparticipando en un proceso de recentralización de las competencias bajo la coartada de la crisis económica. No me gustaría creer que esto es a lo que estamos
jugando mediante la presentación de iniciativas políticas y jurídicas de esta naturaleza. En usted no lo creo, y espero que su partido tampoco. Desde esta perspectiva, cautelarmente le voy a anunciar nuestro enfático no a la admisión en
consideración de una proposición de ley que vulnera brutalmente, sin ningún tipo de duda y reserva,...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...las competencias autonómicas en esta materia.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señorías, la proposición de ley que trae aquí hoy el Grupo Parlamentario Socialista nos parece que es muy pertinente. No hace falta haber realizado profundos estudios sobre la materia, puesto que todos hemos vivido alguna vez la experiencia
de llamar a algún servicio de atención al cliente en el que, además de gastarnos un dinero, nos han tenido media hora pasándonos de un departamento a otro con música que se repite una y otra vez hasta que al final hemos colgado sin conseguir
siquiera hablar con una voz humana. La necesidad de regular este asunto no requiere mayor explicación. De hecho, también hay estudios sobre este asunto que demuestran que cada vez aumentan más las reclamaciones y las consultas, particularmente en
lo relativo a los sectores de telecomunicaciones, transportes, viviendas y servicios financieros y bancarios. Por lo tanto, tanto por el conocimiento científico como por la experiencia personal, la necesidad de una regulación de estos asuntos está
de sobra justificada. Además, tal y como recoge el artículo 51 de la Constitución, los poderes públicos están obligados a proteger a los consumidores y a los usuarios. Se trata, por tanto, de fijar unos mínimos de calidad en esos servicios de
atención al cliente, establecer unos plazos y fijar qué servicios deben prestar las empresas en este tipo de asuntos.
Nos parece bien la mayor parte de los aspectos que recoge la proposición de ley socialista. Son los aspectos en los que se ha detenido más la señora Grande y, por lo tanto, en los que yo me voy a detener menos: acceso a la información,
establecimiento de plazos, garantía de que nos atienda un ser humano al otro lado de la línea telefónica y que el servicio sea gratuito. Nos plantea algunas dudas que se limite esta regulación a las empresas de más de 250 trabajadores. Dado que en
España hay tanta pequeña empresa, creemos que de alguna manera también se debería buscar una solución para las empresas de menor tamaño.
Me voy a detener más en lo que nos gusta menos de esta proposición de ley. No nos gusta que el plazo para resolver la reclamación sea de un mes; nos parece excesivamente amplio. El régimen sancionador nos parece que es confuso y, sobre
todo, nos parece que no se debería dejar fuera al sector bancario, financiero y de las aseguradoras. Cuando ustedes redactaron lo que era entonces un anteproyecto de ley, había suficientes motivos para ver la necesidad de que estos sectores
estuvieran regulados, pero un año después, y a la vista de los propios informes que generó el anteproyecto del Consejo Económico y Social y otros órganos consultivos, se podía haber aprovechado para incluirlos en esta regulación en vez de remitir a
una disposición adicional que al fin y al cabo lo posterga.
Además, en este espacio de tiempo el Defensor del Pueblo, que es otra de las instituciones encargadas de velar por los derechos de los ciudadanos, ha emitido un informe que consideramos muy relevante sobre el sector bancario y,
particularmente, sobre el servicio de reclamaciones del Banco de España. Ese informe es tan ilustrativo que les voy a citar dos párrafos literalmente, porque me parece que explican mejor la situación de lo que lo pudiera hacer yo. Uno de esos
párrafos, relativo al servicio de reclamaciones del Banco de España, dice literalmente: El Banco de España es una institución clave en la protección del cliente bancario, imprescindible para asegurar el buen funcionamiento del sistema bancario.
Sin embargo, su posición en todos estos temas dista mucho de ser neutral. Se suele inclinar hacia la entidad bancaria con la justificación de que debe primar la solvencia de las entidades sobre la protección de la clientela. Esto lo dice el
Defensor del Pueblo y nos encontramos, seis meses después de que emitiera este informe, con que esa inclinación del Banco de España ni ha garantizado la solvencia de las entidades financieras ni ha protegido a los clientes, es decir, a los
ciudadanos. En otro párrafo también muy ilustrativo dice el Defensor del Pueblo: Las relaciones banca-cliente no han disfrutado de la simetría que debería presidir las mismas. La falta de negociación de las cláusulas de los contratos y las
dificultades para comprender su contenido, así como la ausencia de claridad de la información facilitada que han regido estas relaciones, junto con la desaparición de la intervención pública en la materia, han generado la necesidad de la protección
de los consumidores frente a las entidades financieras. Creo que esto, dicho por una institución como el Defensor del Pueblo, deja fuera de toda duda que es necesario incluirlo en esta proposición de ley.
Son defectos o ausencias que vemos, pero lo podríamos enmendar en el proceso de enmiendas, puesto que lo que estamos debatiendo en este momento es la toma en consideración de la proposición, y desde luego nosotros la vamos a apoyar. No
entenderíamos que sobre todo el Grupo Popular no apoyara una propuesta de este tipo cuando es algo que afecta tan directamente a los ciudadanos y algo que tanto necesitan en este momento. Es exactamente el tipo de trabajo que yo creo que nos
justifica y nos legitima a nosotros en nuestro papel de legisladores, el poder proteger a los ciudadanos y proteger sus derechos, porque, señorías, esto va mucho más allá de regular un servicio telefónico de atención al cliente, esto trata también
de mejorar la calidad de la democracia, porque garantizar los derechos de los consumidores también es mejorar la calidad de la democracia, y no solo nosotros la vamos a apoyar, sino que animamos al resto de los grupos a que lo hagan.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, al igual que el señor Tardà mi grupo parlamentario echa de menos, por una parte, la presencia del presidente del Gobierno en esta Cámara ante una situación tan difícil y complicada como la que vivimos y, por otra parte, la
necesaria investigación y responsabilidades en materia bancaria.
Pasando a la iniciativa parlamentaria que hoy se nos somete a opinión y a votación en relación con los servicios de atención al cliente destinados a consumidores y usuarios, nosotros vamos a votar favorablemente esta iniciativa, como lo
hicimos también en su momento en la legislatura pasada. No es nueva y, por tanto, tenemos la misma posición que entonces, pero con reticencias y valorando insuficiencias y extralimitaciones de esta iniciativa que a continuación intentaré explicar.
También en materia de consumo los ciudadanos se encuentran entre el malestar y la indignación, y yo ahí diría que hay cinco aspectos fundamentales que llevan a esta situación a los ciudadanos, tratados en estos casos a los que nos referimos
únicamente como consumidores.
En primer lugar, la situación de esta iniciativa es un cierto sarcasmo, porque en los momentos que vivimos, en los que se producen recortes también en el consumo por parte de los ciudadanos en algunas materias incluso básicas para ellos, no
deja de ser un cierto sarcasmo adoptar estas iniciativas si se viera de manera parcial; nosotros creemos, sin embargo, que son necesarias. En segundo lugar, en nuestro país se está produciendo lo que podríamos denominar un oligopolio de dominio en
materias como la telefonía móvil o con lo que tiene que ver con la energía, la electricidad, el gas y demás, donde una compañía pone el precio y las demás siguen a esa compañía a precios altos, con lo cual la protección del consumidor deja bastante
que desear. En tercer lugar, nos encontramos en el ámbito bancario con fraudes como las participaciones preferentes, que obvian claramente la información necesaria a los ciudadanos, el conocimiento a los ciudadanos, y las posibilidades de recurso
de los mismos. También consideramos que en nuestro país se está produciendo aquello que se denomina el regulador regulado, a lo cual se ha referido la portavoz de UPyD, que es aquel regulador que se decanta claramente por la empresa en vez de
decantarse por los ciudadanos; con lo cual el regulador termina regulado por el mismo sector que pretende regular. Por último, también vivimos en esta materia una situación de interinidad administrativa. El Gobierno del Partido Popular anunció
una nueva estructura de consumo que todavía no conocemos. Habló de integrar la política de consumo y la agencia en materia de seguridad alimentaria, y nos da la impresión de que en esa materia prácticamente no se ha avanzado nada; con lo cual, en
nuestra opinión, se aumenta la confusión.
Esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se corresponde, como decía antes, con el proyecto de ley que entró en la Cámara en la legislatura pasada y cuya tramitación decayó por la convocatoria anticipada de
elecciones, incluso se llegaron a registrar las enmiendas de los grupos parlamentarios en agosto de 2011, por lo que es conocida la posición de cada cual. Compartimos la importancia de una iniciativa de este tipo, aunque tenemos reservas también de
carácter competencial, por lo que votaremos afirmativamente a su toma en consideración. Pero queremos señalar carencias importantes en el texto.
La regulación de los servicios de atención al cliente destinados a consumidores y usuarios se justifica desde el mandato constitucional del artículo 51, que sanciona la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los
consumidores, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos. Los derechos a la información, a la comprobación y a la reclamación son derechos básicos del consumidor y solo pueden hacerse
efectivos a través de una correcta atención a los consumidores por parte de las empresas de bienes y servicios. Estos derechos deben ser garantizados respecto de todas las empresas que comercialicen bienes y servicios, aunque con mayor intensidad o
nivel de exigencia respecto de aquellas que presten servicios básicos esenciales y de interés general para la ciudadanía. Una ley que desarrolle derechos básicos de los consumidores y usuarios en los servicios de atención al cliente de las empresas
es un instrumento de primer orden. Hoy por hoy, el pésimo funcionamiento de estos servicios no permite hacer efectivos estos derechos que se enuncian, ni el derecho de información, que sea suficiente, completa, veraz, actualizada, ni el derecho de
contratación con todas las garantías -lo estamos viendo en las participaciones preferentes-, ni el de reclamación ante cualquier problema o incidencia; de hecho, no son reconocidos. Una ley de este tipo no debe tener como objetivo, como en algún
momento se plantea, garantizar una buena imagen comercial de las empresas, porque, señorías, no se trata de un servicio de márquetin, se trata de garantizar derechos básicos de los consumidores de manera efectiva, con nivel de calidad y de respuesta
superior a la actual, que es bastante baja.
Señorías, por eso consideramos que la norma debe ser, en nuestra opinión, más ambiciosa y más decisoria que el texto que se nos propone, que forma parte de lo que podemos denominar legislación flou o legislación light. Nuestro ordenamiento
jurídico en materia de protección del consumidor se viene caracterizando por una gran dispersión, sectorización y asimetría, haciendo cada vez más complejo su seguimiento y velar por su cumplimiento. Esta iniciativa pretende avanzar en este sentido
con una norma de carácter general si nos atenemos a su título, sin embargo, contiene una regulación que solo
será de aplicación a determinado sector de actividad. Por todo ello, frente al texto que propone el Grupo Socialista, entendemos preciso incluir en el ámbito de aplicación de una ley de este tipo a los servicios sanitarios, asistenciales,
financieros y de seguros, porque la regulación sectorial en su caso no es suficiente para garantizar los derechos de los consumidores y usuarios, basta con considerar que el grado de insatisfacción de la atención al cliente en estos sectores es más
que notable. Además, consideramos que no deben excluirse los servicios prestados por las administraciones públicas, independientemente de que exista contraprestación económica o no o que la gestión sea directa o indirecta, ya que este tipo de
servicios de atención al cliente, comúnmente denominados de emergencia o de atención ciudadana, igualmente se prestan en España bajo la modalidad de externalización a empresas de contact center.
Tampoco parece razonable que la ley no sea de aplicación a las empresas que ocupen al menos a 250 trabajadores, cuyo volumen de negocio anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance anual no exceda de 43 millones de euros. Estos
parámetros conforman la definición de mediana empresa que utiliza la Comisión Europea. Creemos, sin embargo, que hay que reducirlos a la definición de pequeña empresa para evitar que la gran mayoría de las empresas en nuestro país no entren en esta
legislación o dividan su actividad, que es lo que hacen también, ajustándola a parámetros que eviten cumplir con una ley de este tipo.
Otras cuestiones susceptibles de mejora en el texto para nosotros son, por una parte y como se ha dicho, la materia competencial. En segundo lugar, respecto a la atención y resolución de quejas, reclamaciones e incidencias, pensamos que es
esencial para los usuarios que existan departamentos específicos para el tratamiento de las quejas, ya que la mayoría de los servicios de atención al cliente no tiene personal cualificado para el tratamiento de las mismas. Respecto a los niveles
mínimos de calidad de los servicios de atención al cliente, creemos que tanto la empresa de servicios como la empresa prestadora del servicio de atención al cliente deben fijar el mínimo de calidad en sus contratos para evitar discrepancias a la
hora de interpretar la calidad. Por último, respecto a los sistemas de medida del nivel de calidad del servicio, entendemos que no deben existir diferencias de medición entre España y otros países, porque estas diferencias podrían evitar garantizar
el cumplimiento de lo establecido en la norma, teniendo en cuenta que una cantidad considerable de estas empresas tienen parte de su atención telefónica externalizada fuera de nuestras fronteras.
En suma, entendemos oportuna la toma en consideración de la iniciativa y, caso de ser aprobada por la Cámara, anunciamos que presentaremos las enmiendas precisas para que el texto mejore sustancialmente en el sentido de preservar con
garantías la protección de clientes y de usuarios.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, desde Convergència i Unió estamos convencidos de la buena voluntad que ha llevado al Grupo Socialista a presentar esta toma en consideración, puesto que entendemos que la regulación de los servicios de atención al cliente
destinados a consumidores y usuarios son una materia muy importante que conviene regular. Dotar de seguridad los actos jurídicos de consumo es importante, igual que dotar a las empresas de los marcos para actuar en caso de reclamación de los
clientes para que estos encuentren la satisfacción cuando lo adquirido o el servicio contratado no sirve para el uso para el cual se destinó o para el cual estaba previsto que se destinase. Entendemos que esto es así, y quiero recordar que fue la
Cámara catalana -porque en Cataluña se aprueban las leyes en la Cámara más allá de quienes las propongan- la que aprobó el código de comercio de Cataluña hace escasamente un año. Lo que hacíamos era regular, dentro del ámbito competencial de la
comunidad catalana, lo que nos correspondía en materia de consumo. Esta reforma, esta compilación -porque agrupaba tres normas vigentes en aquel momento-, permitía abordar todos los aspectos que desde nuestro punto de vista era importante regular
y, por tanto, dotar de seguridad jurídica a los actos de reclamación de los consumidores y usuarios. Es importante tratar los temas, pero tan importante como tratar los temas es tratarlos de forma correcta. Tenemos unas normas y las tenemos que
respetar.
Ahora mismo tenemos un Estado que está basado en la descentralización, formado por diversas comunidades autónomas con competencias cada una de ellas en distintas materias. Y en este caso la exclusiva de Cataluña debe ser respetada, porque
también la Generalitat de Cataluña es hoy por hoy un instrumento del Estado para ejecutar y cumplir las leyes que le son propias. Ampararnos en un concepto de norma básica no nos puede servir para colar -si me permiten la expresión- cualquier tipo
de regulación y que ello atente o vulnere las competencias de las comunidades autónomas. Debemos legislar, y para impulsar la actividad económica esta legislación debe tener seguridad, no hacer normas desde el hemiciclo susceptibles de ser luego
recurridas por eventuales invasiones competenciales.
Desde Convergència i Unió votaremos que no a esta toma en consideración. Y hoy votamos que no porque nos preguntan si queremos entrar a conocer una ley que atenta contra nuestras competencias. Ante la pregunta, la respuesta es no. Desde
Convergència i Unió siempre colaboraremos con la elaboración y la redacción de las leyes para mejorarlas, para implementarlas y siempre teniendo en cuenta y vigilando las competencias propias,
porque esta es la forma que nos hemos dotado para funcionar dentro del Estado. En todo lo que sea colaborar para mejorar y para vigilar que no se vulneren las competencias Convergència i Unió estará allí.
Señorías, si me permiten, también quiero decirles que esta norma además adolece de una serie de imprecisiones técnicas, puesto que bajo la rúbrica de planificación general de la actividad económica se cuelan allí una serie de elementos, como
una especie de cajón de sastre. Ustedes pretenden regular lo que son las ventas on line o los servicios postales, pero no aquellos que presta el Estado, porque los excluyen expresamente cuando estos son materia de la comunidad autónoma; en cambio,
no regulan lo que usted ha dicho que regulaban, que era precisamente las compañías de telecomunicaciones, que no son objeto de esta ley de forma expresa; no regulan los servicios financieros ni los servicios de seguros ni tampoco las compañías
aéreas, a pesar de que son las principales receptoras de reclamación. Por tanto, una cosa es lo que nos gustaría regular y otra es lo que podemos regular o de hecho pretende regular esta proposición de ley. En cambio pierde una valiosa oportunidad
para incluir, por ejemplo, las normas de arbitraje, que son de disposición del Estado, y que por tanto las comunidades autónomas lo que han hecho ha sido incorporarlas, pero haciendo voluntaria la sumisión al arbitraje, cuando esta actividad de
sumisión al arbitraje en la resolución de conflictos serviría para la dinamización económica, puesto que permitiría descongestionar los juzgados de trámites de reclamaciones que podrían ser atendidos y resueltos de forma más inmediata -y más rápida
seguramente- por la vía del arbitraje, que ahora solo es un punto voluntario dentro de la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
Señoría, en lo que se refiere al ámbito competencial no se puede utilizar el concepto de norma básica de una forma alegre. El concepto de norma básica es el que, por ejemplo, vestía la Ley general de defensa de personas consumidoras y
usuarias que aprobó esta Cámara. Por tanto, dentro de este marco que es la Ley general de defensa de los consumidores se han desarrollado las competencias de las comunidades autónomas incluyendo las exclusivas. Por eso entendemos que no podemos
utilizar de ningún modo y de forma alegre el concepto de norma básica, porque las sentencias del Tribunal Constitucional han acotado que una norma es básica cuando se determina por la propia norma que pretende arreglar, por ejemplo, la Ley general
de defensa de los consumidores y usuarios es una norma básica porque ha sido proclamado así en la propia ley, y además refrendado en las Cortes, cosa que no pasa con la subespecie de ley que pretenden ustedes presentar de defensa de las personas
consumidoras y usuarias, en lo que a los servicios de atención al cliente se refiere.
No nos gustaría -y nos sumamos a lo que han dicho algunos grupos en esta Cámara- ver cómo el Partido Socialista se suma a estos aires de recentralización que lo que persiguen, al final, es desvirtuar el papel de las comunidades autónomas,
que nos ha permitido llegar a nuestros días en perfecto desarrollo en cada uno de sus ámbitos de actuación. Esta norma va más allá de las materias que puede regular, y se queda corta en las que podría regular. Por tanto no podemos dar bajo ningún
concepto nuestro apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley, básicamente por la invasión competencial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fabra.
La señora FABRA FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista trae esta tarde a esta Cámara el debate de una iniciativa parlamentaria caducada, caducada por falta de voluntad política del anterior Gobierno para que prosperase en la pasada legislatura, y caducada -al igual
que otros 25 proyectos de ley del Gobierno de Rodríguez Zapatero- porque cuando este aprobó su remisión a las Cortes ya se sabía que difícilmente podría culminar su tramitación parlamentaria, ser aprobada y entrar en vigor. Se remitió a las Cortes
un proyecto de ley en la postrimería de una legislatura que se sabía agotada, y en la que por cierto el Gobierno ignoró por completo la protección de los derechos de usuarios y consumidores. El Grupo Socialista trae esta tarde a la Cámara una
iniciativa tan caducada como la forma de hacer política que esta y otras proposiciones de ley de corta y pega, señorías, nos hacen revivir. Esta proposición de ley forma parte de un grupo de iniciativas parlamentarias que tienen en común ser una
copia literal de anteproyectos y proyectos de ley elaborados por el anterior Gobierno sin más ánimo que dejar constancia de los mismos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros en unos casos, y en otros ni siquiera eso, porque el Gobierno no
llegó a aprobar su remisión a las Cortes.
Como tantas y tantas iniciativas del anterior Gobierno y del grupo parlamentario que constituía su principal sustento político, la finalidad de estos proyectos no era mejorar las cosas, no era resolver los problemas, no era atender a las
necesidades de los ciudadanos y tener un impacto en la vida de los mismos, sino en el mejor de los casos, señorías, simplemente cobrar vida en forma de teletipos, de páginas de periódicos o de cortes en radio y televisión. Y digo en el mejor de los
casos, señorías, porque en este periodo de sesiones estamos asistiendo al debate de iniciativas del Grupo Socialista que hace unos meses, cuando todavía no se había producido el cambio de Gobierno, fueron algunas rechazadas y otras incluso olvidadas
a la hora de remitirlas a esta Cámara. No deja de ser sorprendente que toda la iniciativa del Grupo Socialista, en el ejercicio de la función legislativa, se reduzca a enmendar iniciativas
de otros y a presentar como propias iniciativas que no quiso impulsar cuando tenía la responsabilidad de gobernar. Pero más sorprendente aún es que habiendo decidido tomar este camino, el Grupo Socialista lo haya hecho con algunos proyectos
caducados, y con otros no; supongo que sus razones tendrán. En todo caso, señorías, esta es una forma de hacer política que no voy a entrar a calificar, pero sobre la que sí diré que, por voluntad de una amplísima mayoría de españoles expresada a
través de las urnas, está tan caducada como las proposiciones de ley, insisto, de corta y pega, que los socialistas nos traen aquí un Pleno tras otro. Simplemente los españoles dijeron no a la levedad que inspiró casi ocho años de Gobierno
socialista, y que parece seguir inspirando la actividad parlamentaria del grupo de quien dirige también, y era responsable de dirigir entonces, el Gobierno y ahora el grupo parlamentario.
Hoy, señorías, debatimos un proyecto de ley transformado en proposición de ley que el anterior Gobierno remitió a las Cortes apenas unas semanas antes de que se anunciara la convocatoria de unas elecciones que nadie dudaba se iban a convocar
anticipadamente. Se trata de un proyecto que anduvo dando vueltas por la Administración largo tiempo hasta la última hora de la legislatura, cuando su remisión a la Cámara no pasaba de ser un gesto estéril. Es el colofón de una legislatura en la
que la acción del Gobierno en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios simplemente brilló por su ausencia. Tal fue la pereza gubernamental en esta materia que, aunque el reglamento de funcionamiento de la
Conferencia Sectorial de Consumo prevé su convocatoria al menos dos veces al año, en los cuatro años de legislatura socialista tan solo fue convocada dos veces. Esa es la importancia que otorgaba el anterior Gobierno a las políticas de consumo y a
la conferencia sectorial. Estamos, en fin, ante un proyecto caducado que fue remitido al Congreso para cubrir el expediente, deprisa, corriendo, al término de una legislatura cuando ya no había tiempo para reparar las deficiencias observadas, tanto
por el Consejo Económico y Social como por algunas asociaciones de usuarios y consumidores, las más representativas.
Señorías, la regulación de los servicios de atención al cliente ha sido una de las reivindicaciones clásicas de las asociaciones de consumidores, dada la desprotección que sufren, que sufrimos todos, porque todos somos consumidores ante
estos servicios. La vigente regulación de la materia no parece haber logrado el resultado esperado, habida cuenta de la insatisfacción y el descontento generalizado de los usuarios hacia los servicios de atención al cliente. Estoy convencida de
que todos coincidimos en que hace falta una ley que regule estos servicios, porque cada vez es más elevado el número de quejas y reclamaciones que plantean los consumidores. Unos consumidores que cada vez exigen no solo más calidad, sino también la
exigencia y la existencia de mecanismos que canalicen esas quejas. Aunque los servicios de atención al cliente han proliferado en los últimos años en términos generales, esto no ha supuesto un aumento de la calidad ni tampoco de su nivel de
eficacia. Señorías, el Gobierno socialista amagó, amagó con abordar tras casi ocho años gobernando la cuestión que nos ocupa hoy, pero su preocupación llegó tan tarde que el proyecto de ley que trajeron a esta Cámara caducó en tramité de ponencia
al producirse la disolución de las Cortes. Fueron noventa y cuatro las enmiendas que recibió el texto, un texto de poco más de veinte artículos, de las que veintitrés correspondían a mi grupo, al Grupo Parlamentario Popular, enmiendas con las que
pretendíamos, entre otras cosas, que se acortara el plazo de resolución de las quejas o que se ampliara el ámbito de aplicación de la ley a los servicios financieros y de seguros, excluidos en el texto que remitió a la Cámara el Gobierno, a pesar de
que el año pasado se registraron, según el Consejo asesor de consumidores, alrededor de 250.000 consultas y reclamaciones. Estos servicios, junto con los de las telecomunicaciones, son los que acumulan un mayor número de reclamaciones, y sin
embargo no están contemplados tampoco en la proposición de ley, simplemente hay una breve remisión a una disposición adicional.
El Grupo Popular está por trabajar en el sentido expresado en las enmiendas que por entonces registró nuestro grupo, y a las que acabo de referirme, y también por trabajar en la dirección de la moción que hemos presentado en el Senado, por
la que se insta al Gobierno a dinamizar y a potenciar el Consejo de Consumidores y Usuarios, así como las asociaciones que representa, fundamentalmente para que puedan incidir en la toma de decisiones que se adopten por los poderes públicos en
relación con las políticas de consumo. Pero el punto de partida no puede ser la proposición de ley cuya toma en consideración propone hoy el Grupo Socialista, porque este no es un buen punto de partida.
Por todo ello, por defectuoso y por caducado en todos los sentidos, mi grupo votará en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley con el convencimiento de que el proyecto de ley que remita el Gobierno actual, tal y como
anunció la ministra ante esta Cámara el pasado 1 de febrero, será un texto más completo y más ambicioso; un texto que incluya también la regulación de los requisitos y procedimientos de la venta electrónica y de prestación de servicios al
ciudadano, porque si hoy los consumidores compran de manera distinta, parece que tiene sentido que la política de consumo deba cambiar para adecuarse a los nuevos hábitos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fabra.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en el punto 2.º quiero decir a la Cámara que la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de
estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria, firmado en Bruselas el 2 de marzo de 2012. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Como consecuencia de este acuerdo ha de entenderse modificado el orden del día, en el sentido de que el punto 28.º pasa a tener un nuevo contenido consistente no en el debate de totalidad del citado proyecto de ley orgánica, sino en su
tramitación directa y en lectura única. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
Antes también de pasar al punto 2.º y para gobierno de sus señorías les comunico que votaremos las proposiciones de ley, las proposiciones no de ley, y las mociones al terminar la última moción, el punto 8.º, y no será antes de las diez de
la noche. Asimismo les recuerdo a sus señorías que después se pasará al siguiente punto: elección de miembros del Consejo de Administración de la Corporación Radiotelevisión Española, que se hará por sistema de papeleta.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (CONTINUACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (Número de expediente 122/000021).
El señor PRESIDENTE: Punto 2.º, proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido. Tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió presenta esta proposición de ley que hace referencia al impuesto sobre el valor añadido, que plantea permitir a las pymes y autónomos no tributar por el IVA de las
facturas no cobradas. En definitiva se trata de un mecanismo legislativo que tiene como objetivo fundamental posibilitar que las pequeñas y medianas empresas, empresarios y trabajadores autónomos puedan liquidar el IVA a Hacienda cuando hayan
cobrado las facturas y el IVA correspondiente de sus deudores o de sus clientes. Se trata de una propuesta relevante de Convergència i Unió, que fue una de las propuestas estrella en nuestro programa electoral, que persigue en primer lugar inyectar
liquidez y recursos económicos en el corazón de las pequeñas y medianas empresas, de los pequeños y medianos empresarios en un momento en el que este tejido industrial tan importante de la economía española tiene grandes dificultades para poder
acceder al crédito bancario. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Por tanto hay un primer objetivo básico y fundamental que es proveer de liquidez suficiente a este tejido industrial tan importante.
En segundo lugar, hay un dato muy significativo: inyectar 2.300 millones de euros de liquidez a más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas, empresarios y trabajadores autónomos que liquidan estos 2.300 millones de euros a la Hacienda
pública antes de haber cobrado las facturas de sus clientes. Se produce aquí un desfase de tiempo muy importante en el cual las pequeñas y medianas empresas, según datos muy significativos de la Federación de Trabajadores Autónomos, ATA, de la
Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, Pymec, y según también la Agencia Tributaria, las pequeñas y medianas empresas pagan el IVA en un plazo aproximado de cuarenta y cinco días y lo cobran en un plazo de ochenta y siete días, por lo que se
produce un desfase de tiempo en el cual este tejido industrial tan importante y tan característico de la economía española, como son las pequeñas y medianas empresas, los empresarios y los trabajadores autónomos, adelantan a la Administración
pública, en concreto a la Hacienda pública, alrededor de 2.300 millones de euros.
Este fue el caballo de batalla de nuestro grupo en la pasada legislatura, como lo fue también de algunas formaciones políticas que estaban en la oposición, como el Partido Popular. A lo largo de los últimos cuatro años presentamos más de
diez iniciativas que iban en la dirección de lo que realmente nos demandaba la sociedad industrial, el tejido industrial formado por la pequeña y mediana empresa, el tejido industrial de empresarios y autónomos que pedían a las formaciones políticas
que habilitásemos un mecanismo para que estos 2.300 millones quedaran en sus manos, y pudieran pagarlos a la Hacienda pública cuando los hubieran cobrado de sus respectivos clientes. Hoy volvemos otra vez a la carga presentando esta iniciativa. Es
cierto que el partido que antes coincidía con Convergència i Unió ahora no está en la oposición, sino en el Gobierno, y que el partido que antes estaba en el Gobierno ahora está en la oposición. Veremos si somos capaces de aplicar el sentido común
y evitar que, los unos por los otros, la casa se quede sin barrer.
Esta iniciativa presentada por Convergència i Unió no es nuestra, señorías, es una iniciativa que nace de la sociedad industrial española, es una iniciativa que nace de la economía productiva española, es una iniciativa que nace de los
trabajadores autónomos, y aquí todo el mundo se llena la boca diciendo que los defiende. Veremos cuál es hoy ese grupo parlamentario, ya esté en el Gobierno o en la oposición, o en una oposición como la que ejercemos nosotros, que nunca vamos a
estar en el Gobierno de la nación, y sin embargo tenemos el sentido común de presentar propuestas orientadas a evitar que muchísimas empresas mueran por falta de liquidez e intentar que muchísimos recursos
que todavía no se han materializado, por no haber sido cobrados por las pequeñas y medianas empresas, puedan ser liquidados.
En tercer lugar, otro objetivo importante en la iniciativa presentada por Convergència i Unió es el de trasladar una muestra de confianza y una buena noticia a este colectivo tan importante, repito, más de 3 millones de pequeñas y medianas
empresas y trabajadores autónomos que cada día abren la persiana de sus establecimientos y no aprecian ninguna buena noticia en los medios de comunicación, debido a las circunstancias económicas por las que atraviesa la economía española. Por lo
tanto también nosotros entendemos que esto tendría que ser -ojalá fuera así- una gran noticia para que estos trabajadores y empresarios autónomos puedan disponer de esta liquidez de la que hoy no disponen, y al mismo tiempo les podamos generar la
confianza política que hoy podríamos demostrar para que a través de ella puedan abrir la persiana de sus establecimientos con ilusión. Pero si no hay esta ilusión y esta confianza lo más posible es que, si vamos en esta dirección, en lugar de abrir
esta persiana con ilusión quizá la cierren definitivamente, con lo cual los grandes perjudicados no seríamos ni este Parlamento ni las formaciones políticas, sino que serían muchísimas familias que engrosarían las listas del paro en España.
Finalmente hay un cuarto objetivo importante que nosotros consideramos relevante al presentar esta iniciativa, que no es otro que el de evitar que muchísimas pequeñas y medianas empresas, que muchísimos empresarios autónomos tengan que
cerrar por falta de liquidez. Y esto desgraciadamente ustedes -los que están en contacto con la economía productiva- lo saben perfectamente: que por falta de liquidez hay un índice muy importante de mortalidad de la economía productiva española.
Y con esta medida, si somos capaces de aprobarla, de tomarla en consideración y de tramitarla con la máxima urgencia, probablemente evitaremos que este índice de mortalidad se incremente, y salvaremos desde esta perspectiva muchísimas empresas.
Señores del Grupo Parlamentario Popular que dan soporte al Gobierno, recuerden que hoy hace exactamente seis meses que se produjo el debate de investidura en el cual el presidente, señor Rajoy, solemnizó la promesa de que se haría efectiva
en este periodo de sesiones la posibilidad de que los empresarios, trabajadores y pequeñas y medianas empresas pudieran tener a su alcance la posibilidad de pagar el IVA cuando realmente lo hubieran cobrado. Esta fue una promesa no ya del Partido
Popular en campaña electoral, sino una promesa, un compromiso importante que solemnizó el presidente del Gobierno y que escucharon miles y millones de trabajadores y empresarios autónomos, millones de pequeñas y medianas empresas que confiaron en
que esto sería una realidad a lo largo de este periodo de sesiones. Por lo tanto, señores del Partido Popular, se lo recuerdo y al mismo tiempo les planteo que si ustedes hoy son capaces de votar en contra de esta iniciativa parlamentaria -repito
de una iniciativa parlamentaria que a lo largo de la anterior legislatura la votaron afirmativamente reiteradamente en más de diez ocasiones- estarán haciendo una gran trastada al colectivo de empresarios autónomos, a las pequeñas y medianas
empresas. Estarán haciendo ustedes una gran trastada a más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas, a más de 3 millones de empresarios autónomos. Y no solo les estarán haciendo una gran trastada por incumplir una promesa electoral, sino
también una promesa del debate de investidura de su presidente, sino que también este posible voto en contra -ojalá me equivoque-, en el caso de producirse, se transformará, señorías -y nosotros se lo vamos a recordar reiteradamente a lo largo de
este periodo de sesiones-, en seis meses de tomadura de pelo a los empresarios autónomos; en seis meses de tomadura de pelo a las pequeñas y medianas empresas que escucharon atentamente en el debate de investidura del presidente Rajoy solemnizar la
promesa de que esto sería una realidad, de que esto sería efectivo rápidamente a lo largo de este periodo de sesiones.
Si ahora ustedes votan en contra -y ojalá me equivoque- estarán incumpliendo un planteamiento electoral que, repito, no es única y exclusivamente de Convergència i Unió, nosotros no queremos apropiarnos de nada que no nos corresponda. Esta
es una propuesta electoral, esta es una iniciativa que nace en la base, en la economía productiva de nuestro país; esta es una propuesta electoral que nace en la base de los empresarios autónomos que cada día abren una persiana que es más difícil
de levantar y es más fácil de cerrar, y ustedes con esta iniciativa, ustedes con su posición, en el caso hipotético de que voten en contra, estarán posibilitando que la ilusión y las buenas noticias con que podrían abrir la persiana cada día
millones de negocios en España, esta ilusión, estas buenas noticias se transformen en pesimismo, se transformen en malas noticias, y posibiliten que en lugar de abrir la persiana cada día con alegría y con ilusión para generar confianza, para
generar crecimiento del PIB, para generar puestos de trabajo, en vez de que esto sea de esta manera, ustedes van a obligar a muchísimas empresas a cerrar lamentablemente las puertas de su negocio, por la frustración que les va a generar que
propuestas y planteamientos que se debatieron en esta Cámara en el debate de investidura, y que vieron millones de pequeños y medianos empresarios, millones de empresarios autónomos que están con la ilusión de seguir con sus negocios, de dar empleo
a sus familias, a más familias y a muchísima gente que hoy está en una situación de paro, reciban una gran frustración con su voto negativo; iniciativa que, repito, aunque la plantee Convergència i Unió, es una iniciativa de la base, es una
iniciativa de la economía productiva española, es en definitiva una iniciativa que hemos hecho nuestra casi todas las formaciones políticas de este Congreso de los Diputados, planteando semana tras semana, periodo de sesiones tras periodo de
sesiones iniciativas que van en la dirección, repito, de inyectar
liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Es una iniciativa que afecta única y exclusivamente a las empresas de facturación menor a los 10 millones de euros, y es una iniciativa también, señores diputados del Grupo Parlamentario Popular,
que la Unión Europea a través de diferentes directivas permite a los distintos Estados miembros aplicar el criterio de caja en lugar del criterio de devengo para facilitar la supervivencia...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sánchez i Llibre, tiene que terminar.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: ...de estas pequeñas y medianas empresas.
Muchísimas gracias, señora presidenta, por su generosidad en darme cuatro segundos más de tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Teniendo en cuenta que le pusimos el tiempo bastante después de empezar a hablar, ha sido algo más de un minuto, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Mixto, señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, aunque cargado de razón el señor Sánchez i Llibre, intentaré ser un poco más breve, aunque evidentemente suscribiendo todas sus palabras.
En Cataluña más del 99 % del tejido empresarial está compuesto por microempresas, por pymes y por autónomos; todos ellos suponen el 75 % de la ocupación y aportan más del 65 % de la riqueza generada, unas cifras que demuestran por sí solas
sin lugar a dudas la importancia de este sector empresarial. Por tanto en unos momentos como estos ahogar la liquidez de esas empresas obligándolas a pagar un IVA que no han cobrado supone en el mejor de los casos recurrir a la autofinanciación, y
eso no quiere decir otra cosa que más deuda, y en el peor de los casos supone, como explicaba muy bien el señor diputado, cerrar la persiana. Si permitimos el cierre de las empresas productivas, señorías, mi pregunta es: ¿De dónde vamos a sacar el
dinero para pagar las deudas que teníamos y las que se están generando con los nuevos préstamos europeos? Señorías del Partido Popular, cierto es que se puede argumentar que el Estado en estos momentos no puede reducir sus ingresos de IVA porque
necesita justamente ingresos, pero si ahogamos a las pymes y las obligamos a cerrar a medio plazo reducimos también los ingresos y aumentamos los gastos, generando un mayor perjuicio del que pretendemos evitar. En definitiva, pan para hoy, hambre
para mañana.
Lo peor del caso es que los manifiestos problemas de liquidez están provocados en parte por la morosidad de las propias administraciones públicas. Además, se genera una espiral de morosidad. Si las empresas no cobran, no pueden pagar a sus
proveedores que a su vez no pueden pagar a los suyos. ¿Pretendemos que paguen un IVA que no han cobrado? Esta obligación sitúa a las empresas ante un dilema que en absoluto se puede calificar de agradable. El dilema está basado en dos opciones.
La primera, derivar esta morosidad hacia sus proveedores, cosa que evidentemente contribuye a hacer el problema aún más grande. Segunda opción, ir absolutamente ahogados de liquidez, lo que nada beneficia al propio negocio. Ante este pésimo
contexto y ante todas estas derivadas, la obligación de las empresas de pagar inmediatamente a la Administración el IVA repercutido a sus clientes en el momento de facturar y no en el momento en que se paga la factura supone para el empresario
evidentemente avanzar el dinero de dicho impuesto sin haber cobrado en muchos casos su propia factura, una factura que ya ha emitido pero que evidentemente no ha cobrado. Es injusto que el coste de la morosidad se la tenga que comer solo el
empresario y que el Estado no soporte en ningún caso su parte, un hecho que responde a una directiva europea del año 2010.
De hecho, la Administración pública, lejos de resolver el problema lo agrava. De hecho, también obligan a las pymes a decidir si la poca liquidez que tienen la destina a pagar a proveedores o la destina a pagar el impuesto, el IVA. Con la
situación que se vive hoy no es ninguna novedad certificar que todas las empresas tienen serios problemas de liquidez y si a este problema le añadimos el difícil acceso al crédito porque, entre otras cosas, el sistema financiero español está más
pendiente y más preocupado hoy en día de tapar sus vergüenzas y maquillarlas que de abrir el grifo al crédito, el resultado es evidentemente nefasto para las empresas y, en general, para la propia economía. Por ello, tal y como hemos defendido en
decenas de ocasiones, es imprescindible buscar fórmulas que contribuyan a distensionar la tesorería de nuestro tejido productivo porque justamente esta es la causa principal del cierre de pequeñas y medianas empresas y de autónomos y, a la vez,
constituye una amenaza para las que siguen activas y un serio obstáculo para cualquier proyecto expansivo de las empresas que van bien.
Señorías, esta sí es, a nuestro entender, una iniciativa justa, una iniciativa que, aunque llega tarde, está cargada de lógica, está repleta también de razón y, cómo no, de justicia. No voy a alargarme más en justificar el porqué, voten lo
que voten esta tarde, ustedes saben también, señorías del Partido Popular, que esta iniciativa que hoy se presenta aquí en esta Cámara a debate es justa y es a la vez absolutamente necesaria. De hecho, tanto es así que esta fue una de las
propuestas estrella en todos los programas electorales de los partidos que concurrimos a los pasados comicios del 20 de noviembre, al menos, señorías, déjenmelo decirlo así, en Cataluña. También, tal como lo explicó el diputado, en el debate de
investidura el presidente del Gobierno de una manera solemne usó esta iniciativa como una de sus propuestas, por decirlo de alguna manera, estrella. Por tanto, debemos felicitarnos por este debate, pase lo que pase, y esperamos que esta iniciativa
sea aprobada hoy por todas sus
señorías, por todos los diputados y diputadas de esta Cámara. Desde luego, nosotros daremos nuestro voto favorable a esta proposición de ley.
Acabo, ahora ya sí, tal y como empezó mi compañero Joan Tardà y como vamos haciendo en cada una de nuestras intervenciones: Queremos juicio a Bankia y a los culpables de la crisis.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Jordà.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidenta, señoras diputadas, señores diputados, con el incendio que se ha desatado en la economía española, la aprobación y puesta en marcha de esta iniciativa, harto improbable que se apruebe dada la
mayoría de esta Cámara, sería como echar un pequeño balde de agua en una esquina cuando el fuego arrasa con fuerza, un esfuerzo más simbólico y estético que otra cosa, pero un esfuerzo que el Grupo Vasco quiere votar a favor. A pesar de las altas
llamas que pueden asolar nuestra economía, a sus pymes y autónomos, dejando la economía productiva bajo mínimos, creemos que la actual configuración y funcionamiento del IVA contribuyen a aumentar la dimensión de la crisis y las dificultades de
financiación de muchas pymes y autónomos que tienen completamente cerradas las puertas al crédito tanto para realizar inversiones y garantizar su futuro como para sobrevivir al día a día y hacer frente a las facturas del cajón. No es en absoluto
lógico que muchas pymes y autónomos tengan que ingresar a las haciendas el importe del IVA por facturas que aún no han cobrado, financiando de esta manera al proveedor y a la propia Hacienda con sus recursos o no se sabe de qué forma, dado que las
entidades financieras no les facilitan los mismos. Es mucho más razonable modificar la legislación para que las empresas pequeñas y medianas y los autónomos puedan pagar sus impuestos una vez que hayan cobrado las facturas que los incluyen. Parece
que la legislación comunitaria lo permite y, si es así, sería preciso adaptarse a ella; sin embargo, no es difícil imaginar en un país repleto de pícaros, y no solo en el ámbito de las finanzas sino también en el de la política, que si no se
legisla correctamente corremos el riesgo de generar ciertas perversiones. Por ejemplo, hay una perversión entre el proveedor y el cliente, que pueden pactar la demora en los pagos de las facturas, ya que al menos la parte correspondiente al IVA lo
financia la Hacienda, y así repartirse los beneficios que de ello pudieran derivarse. Desconozco también las implicaciones técnicas que tal medida puede suponer a las haciendas, aunque me imagino que si son técnicas serán solventables. Además, tal
medida podría generar déficit de recaudación si a la vez que se permite el no pago del IVA repercutido se permite la deducción del IVA soportado. Desde este punto de vista, podría pensarse en algún límite, como que no se genere el derecho de
devolución de cuotas soportadas por el hecho de no exigir las repercutidas no cobradas. También se puede abordar la cuestión como un aplazamiento automático hasta el cobro real, el tiempo que se convenga, lo que tendría menor impacto en las
finanzas públicas, ya que así sería la Hacienda la que financiase a las pymes o a los autónomos a un tipo establecido.
Quiero manifestar, en definitiva, que el Grupo Vasco, a pesar de ser una medida limitada en la actual coyuntura económica que cuenta con algunas sombras, la votará a favor con el fin de que podamos tratar este y otros matices cuando se
tramite en esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
El tema que se propone es recurrente; ha venido otras veces a la Cámara y siempre cuenta con un apoyo generalizado, pero nunca acaba de materializarse. Es algo tan de sentido común como que las pymes y los autónomos paguen el impuesto de
los bienes y servicios cuando han cobrado esos bienes y servicios, que no se encuentren con el impago y además que tengan que pagar impuestos por algo que no han cobrado. Esto cobra especial importancia en un entorno como el actual, de restricción
de crédito, porque estas empresas están financiando a la Hacienda pública con el pago del IVA e involuntariamente al moroso. Unión Progreso y Democracia en su programa electoral también incluía esta medida que aquí se trae y por tanto,
evidentemente, la vamos a apoyar.
La única objeción que se nos ocurre es que, como el IVA es un impuesto armonizado en la Unión Europea, se puede alegar que la legislación comunitaria no permite esta práctica, pero no es así. La directiva que regula el IVA faculta a los
Estados miembros a que ciertas categorías de sujetos pasivos puedan pagar el IVA en el momento del cobro del precio y esas categorías pueden ser perfectamente las pymes y los autónomos. Por tanto, no hay ningún motivo para no apoyar esta medida y
nosotros así lo haremos.
Al hilo de la propuesta, esta puede ser una buena ocasión para reflexionar sobre algunas cuestiones relacionadas con este asunto como, por ejemplo, la morosidad, tanto privada como pública. En el caso de la morosidad privada, es habitual
que haya subcontrataciones y que una empresa pague a otra que, a su vez, no pague a las empresas que están en esa cadena de subcontrataciones. Sin embargo, estas no pueden hacer nada por la lentitud de la justicia en España. A menudo no somos
conscientes de los devastadores efectos económicos que tiene la lentitud de la justicia y este es un ejemplo claro. Imaginen la frustración de los empresarios que saben que pueden cobrar, pero que se ven incapacitados para hacerlo y para reclamar
sus derechos en
un plazo razonable en los tribunales de justicia. Esa frustración se incrementa exponencialmente cuando el moroso es la Administración pública; una Administración pública que le está exigiendo, entre otras cosas, que pague el IVA y no está
pagando los bienes y servicios que ha contratado. La inseguridad jurídica que esto genera es impropia de un país de la Unión Europea y, para la gravedad del asunto, nos ha preocupado poco que se hubiesen acumulado en España 35.000 millones de euros
de facturas impagadas en los cajones de ayuntamientos y comunidades. Todo se ha resuelto con dinero del Estado y miremos hacia delante. Habría que haber reflexionado más sobre el fallo de los controles que ha llevado a esa acumulación de facturas
impagadas y las responsabilidades en que se ha incurrido. Insisto en la frustración de los empresarios que han quebrado porque sus propias administraciones públicas no les han abonado los bienes y servicios que habían contratado.
Otra cuestión tangencial pero importante tiene que ver con el deterioro de la labor parlamentaria. Disculpen sus señorías porque seguramente esto solo se debe a mi inexperiencia como diputado, pero me resulta muy difícil de asimilar que las
proposiciones no de ley -por mucho que sean no de ley- no tengan ningún efecto práctico. Lo digo porque el 21 de abril del año 2009 -hace más de tres años- se aprobó en esta Cámara una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que
proponía algo similar a lo que hoy estamos debatiendo, y se aprobó por unanimidad. No ha tenido ningún efecto práctico en todos estos años, y es algo generalizado que no solo sucede con este tema; ocurre de manera general. Por ejemplo, UPyD
propuso que el IVA de los libros electrónicos fuese similar al IVA de los libros en papel. Se aprobó por unanimidad, pero en los Presupuestos Generales del Estado no se puso en práctica. Hace casi tres años se nos aprobó una proposición no de ley
para limitar los intereses de demora en las hipotecas y se volvió a aprobar en la Comisión de Economía en el actual periodo de sesiones. No ha tenido ninguna repercusión práctica. ¿Cuál es el sentido entonces de las proposiciones no de ley? ¿Son
simplemente un gesto o una cuestión de imagen de cara a la galería? Aunque sean no de ley, manifiestan la opinión de la Cámara y no se pueden aprobar sin el apoyo del grupo mayoritario. Por tanto, alguna repercusión práctica deberían tener.
Esto se une a otras prácticas nocivas como las que han tenido lugar recientemente durante la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado y su tramitación en el Senado. Nosotros propusimos que la tasa de reposición del
10 % se aplicase en las actividades de I+D como actividades de especial interés. En el Congreso se rechazó por el Grupo Parlamentario Popular y en el Senado se ha introducido como una enmienda suya. Nosotros propusimos que en los casos de
reducción del empleo público los trabajadores que hubiesen entrado con un proceso competitivo tuviesen prioridad a la hora de mantener su puesto de trabajo. Se rechazó en el Congreso y el Grupo Parlamentario Popular lo ha introducido como una
enmienda propia en el Senado. ¿Qué nos indica esto? Seguramente que en algunos partidos políticos tiene más importancia la imagen o ponerse la medalla que resolver los problemas de los ciudadanos, porque otra explicación racional no existe.
Otro deterioro democrático tiene que ver con el incumplimiento de los programas electorales. En el programa electoral del partido gobernante había propuestas como la reducción de impuestos, la garantía del acceso universal a la sanidad, el
impulso de la educación infantil de cero a tres años o la medida que hoy estamos aquí discutiendo. Esa medida no solo está en el programa electoral del Partido Popular, sino que el señor presidente del Gobierno, en el discurso de investidura,
aludió a ella y en el 'Diario de Sesiones' aparece prolongados aplausos. Esperamos que el Partido Popular aproveche la ocasión tan buena que tiene hoy de poner en práctica o de aplicar una de sus propuestas electorales.
En lo que a nosotros se refiere, insisto, aprobaremos esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.
Nos enfrentamos a una proposición de ley que viene a reflejar la naturaleza real de esta Cámara, del funcionamiento de esta Cámara, porque aparentemente todos los partidos y todos los grupos parlamentarios están siempre de acuerdo con la
naturaleza de la proposición que ha planteado Convergència. Sin embargo, nos encontramos ante una característica propia de nuestra Cámara parlamentaria, el bipartidismo que ha estado dominando este país en las últimas décadas, y es que, como bien
citaba el grupo proponente, cuando un partido gobierna se anula la posibilidad de aprobar estas leyes con las que teóricamente estaba de acuerdo en campaña electoral, mientras que la oposición manifiesta una beligerancia por intentar aprobar esta
ley. Cuando se tornan esas circunstancias, cuando la oposición pasa al Gobierno, también cambia la actitud y nos encontramos ante una situación bastante lamentable. ¿Podría cambiar esto en esta ocasión? Pues sería un buen momento para comenzar a
cambiar y que el Partido Popular se posicionara a favor de la tramitación como proyecto de ley de esta proposición que eleva Convergència. Nosotros, como se puede entender, estamos a favor de tramitar como proyecto de ley esta circunstancia porque
manifestamos también -lo incluimos en nuestro programa electoral y lo hemos mantenido en otras ocasiones- nuestra preocupación por la situación de las pequeñas y medianas empresas que tienen que afrontar diferentes problemas estructurales que se
derivan, en primer lugar, de la morosidad, en segundo lugar, de la falta de financiación y, en realidad y en conjunto, de la falta de demanda.
Según la última encuesta publicada del Banco Central Europeo sobre las preocupaciones de las empresas españolas, la principal preocupación para el 30 % de las empresas es encontrar clientes y para el 20 % la falta de financiación. ¿Qué
quiero decir con esto? Que aunque nos parezca una medida apropiada y necesaria, sin embargo se queda al nivel de parche y es claramente insuficiente para poder resolver los problemas de las empresas. Las empresas españolas tienen un problema que
está hundido, está enraizado en la economía real, en que nos estamos empobreciendo los trabajadores y en que el Estado está recortando la inversión pública, ya que eso está disminuyendo la demanda y las empresas están viéndose obligadas a cerrar.
Además se encuentran con los problemas que esta proposición de ley está intentando resolver.
Nosotros muy brevemente decimos lo siguiente: estamos de acuerdo en tramitarla como proyecto de ley, pero creemos que es mejorable, y si finalmente tuviéramos la fortuna de que el Grupo Popular se posicionara a favor de tramitarlo como
proyecto de ley, incluiríamos mejoras, propondríamos la inclusión de nuevas enmiendas, como por ejemplo permitir aplazar el pago del IRPF y del impuesto sobre sociedades con la garantía que se deriva de las deudas no cobradas con respecto a la
contraparte, el Estado y las administraciones públicas. Por lo tanto creemos que es un proyecto de ley que se puede ir mejorando pero que deberíamos poder discutirlo en su marco adecuado, es decir, primero tenemos que aprobar su tramitación para
poder discutirlo.
Dicho esto, estamos de acuerdo con la mayor parte de los grupos que se han posicionado -la mayoría a favor- y esperamos que esta dinámica bipartidista, en la que al partido de la oposición cuando alcanza el Gobierno se le olvida todo su
programa electoral o gran parte del mismo, pueda empezar a cambiar hoy mismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
La propuesta que nos hace Convergència i Unió esta tarde nos permite hablar de la economía real, como ha dicho Sánchez i Llibre, nos permite hablar de impuestos, nos permite hablar de política presupuestaria y, en definitiva, de política
económica. Hay algunas ideas, algunos hechos relevantes en materia de impuestos en este país en estos últimos años. La primera idea es que si hay una política donde el Gobierno actual y el PP han incumplido es en la política impositiva. Esa es la
política en donde más se ha incumplido. El PP nos contó que iba a bajar los impuestos si gobernaba y ha hecho todo lo contrario: ha subido los impuestos. Particularmente ha subido los impuestos a la clase media y a los pensionistas, ha subido el
IRPF, lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. En este caso no cabe herencia recibida. La tesis del PP, el mantra del PP es muy claro. Rajoy y Montoro nos contaron de una manera clara y repetitiva que bajando los impuestos habría más
actividad económica y, por tanto, más recaudación. Aquí no cabe la herencia recibida, es decir, con la tesis del PP, bajando los impuestos hay más actividad económica, pero han hecho todo lo contrario. Esta es una de las ideas centrales, uno de
los hechos relevantes en estos últimos meses en materia de política económica.
Sin embargo, resulta que a la par han planteado una amnistía fiscal que perdona a las grandes fortunas, que perdona a las grandes corporaciones, en torno a 7.000 millones de euros. No solo se baja los impuestos a las grandes fortunas, a los
que más tienen, sino que también suben los impuestos a la clase media y a los pensionistas. Incumplimiento electoral y también ideología pura y dura. Este es el hecho relevante que ha tenido lugar en la política económica española estos últimos
meses.
Además, el PP contó estos últimos años aquí, en sede parlamentaria, y en el programa electoral que si gobernaba iba también a plantear una política en materia de IVA, es decir, que se iba a pasar del criterio de devengo al criterio de caja
en relación con las empresas que tienen que pagar el IVA. Sin embargo, no solo su promesa quedó en el programa electoral, sino que el candidato a presidente de Gobierno, hoy presidente del Gobierno, dijo aquí en sede parlamentaria que muy
próximamente, de manera inmediata, iba a plantear, a traer al Congreso de los Diputados esa medida. Nosotros esperamos que hoy, por coherencia, para cumplir lo que dijo, el Grupo Popular vote a favor de lo que ha planteado Convergència i Unió, a
favor de esa proposición de ley. Esperamos que lo haga así por coherencia en relación con lo dijo en la campaña electoral y aquí el presidente del Gobierno cuando era candidato.
En todo caso, lo que ha demostrado el Partido Popular es incumplimiento electoral y una carga ideológica a la hora de marcar su política impositiva y su política económica, lo que nos lleva a plantear una segunda idea aquí, y es que si en
materia de impuestos cuando estaban en la oposición decían una cosa y ahora dicen otra es que fueron tremendamente irresponsables a la hora de fijar su posición en relación con la economía cuando estaban en la oposición. Muy irresponsables, porque
si ahora hacen una cosa y en aquel momento demandaban otra, quiere decir que no solo han incumplido con los ciudadanos sino que también son o fueron muy irresponsables cuando estuvieron en la oposición. En realidad, ya nos han contado lo que
Montoro dijo en aquel momento. Dijo que les daba igual si España se hundía porque ellos iban a salvar a España. En aquel momento les daba igual que España se hundiera. Esa es la segunda idea esta tarde aquí que tiene que ver con su incoherencia.
Sus incumplimientos en materia impositiva indican que fueron muy irresponsables cuando hicieron oposición en materia económica en uno de los momentos más complicados de este país.
Efectivamente, el Partido Socialista, el Gobierno socialista trató de avanzar en la resolución de este problema, un problema que está ahí, que está en la economía real. En la pasada legislatura a través del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de
abril, se lograron algunos avances. Se ha planteado una reducción a seis meses en el plazo para que un crédito impagado se considere como un crédito que no se va a cobrar y, por tanto, que por la vía del requisito notarial el empresario pueda
cobrarlo. Es un avance, como también lo fue la reducción a un mes de la devolución del IVA por parte de los empresarios. Eso reduce sustancialmente el problema.
También hay que reconocer que lo que plantea Convergència tiene algunos problemas. El primer es el del control tributario. Hay que buscar el mecanismo para controlar en qué momento el empresario cobra. Hay un problema de control
tributario. Hay otro problema que está relacionado con la recaudación. En el primer año la recaudación se puede resentir, puede bajar. El segundo problema está relacionado con el tercero, hay un problema macroeconómico. En este momento el foco
de los acreedores nacionales e internacionales está en las cuentas públicas y en el riesgo soberano de España. Ahí hay también un problema macroeconómico importante. Es decir, hay un problema de gestión, hay un problema de recaudación y hay un
problema macroeconómico que hay que considerar sobre todo si ya es evidente -lo era anteriormente y el presidente del Gobierno lo ha reconocido hoy- que el rescate financiero es también un rescate del conjunto de la economía. Es decir, que tiene
una repercusión en el déficit, en la deuda y en el riesgo soberano. Hace unos días para los españoles no había complicación en relación al riesgo soberano ni a la deuda ni al déficit pero una semana después, fuera de España, reconoce que
efectivamente el rescate financiero tiene repercusiones sobre el riesgo soberano. Quiero decir que todos los agentes económicos y sociales, todos los acreedores nacionales e internacionales están pendientes de los objetivos de déficit y del riesgo
soberano del Reino de España. Por tanto tiene sus problemas.
Nosotros queremos decir que efectivamente el problema de fondo existe. Estamos abiertos a que se avance en la flexibilización siempre y cuando se combine con resolver el problema de avanzar en la flexibilidad, de modo que los pequeños y
medianos empresarios puedan solucionar su falta de liquidez junto con la solidez, con la buena gestión de las cuentas públicas, lo que permitirá que no haya un problema en relación con la recaudación. Siempre y cuando se combinen ambas cosas
nosotros estamos por la labor de avanzar. Queremos escuchar las propuestas de Convergència i Unió y del resto de grupos para poder avanzar en la dirección que decía anteriormente de que los pequeños y medianos empresarios puedan resolver su
problema, pero también que no haya problema económico sobre las cuentas públicas del conjunto del Estado.
En definitiva, estamos abiertos a escuchar pero quiero señalar aquí hoy que el Grupo Popular tiene que votar a favor por coherencia con lo que ha dicho estos últimos años en sede parlamentaria; con lo que ha dicho en su programa electoral;
con lo que dijo Rajoy aquí cuando era candidato y ahora es presidente. Tiene que votar a favor porque de lo contrario será otra milonga más, otra mentira más a los españoles en relación con los impuestos. Dijeron que bajando los impuestos habría
más actividad económica y más recaudación y dijeron que, además, bajarían los impuestos a la clase media. Todo lo contrario: han subido los impuestos, especialmente a los pensionistas y a la clase media. Por tanto, le pido esta tarde al PP
coherencia y que vote a favor de lo que dijo en los últimos cuatro años y que vote a favor de lo que está escrito en su programa electoral.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, escuchando las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos parlamentarios, sinceramente pensaba que estaba en el último debate de una legislatura. A nadie se le ha pedido tanto en tan poco tiempo. A este Gobierno no
se le dio ni un día de gracia y ustedes, a los seis meses justos del debate de investidura, están pretendiendo que este Gobierno resuelva lo que otros no han sido capaces de hacer en ocho o en veintidós años de Gobierno. (Aplausos). Este grupo
parlamentario, señor portavoz socialista, si por algo se caracteriza, es por la coherencia, y a lo largo del debate le demostraré esta coherencia y le demostraré también su incoherencia y sus irresponsabilidades, que han sido muchas y en muy poco
tiempo.
Señorías, nos congratulamos de que todas las formaciones políticas asuman la propuesta reformista del Partido Popular, del presidente Rajoy y de este grupo parlamentario. Hago esta afirmación, señorías, porque el Partido Popular, en el
programa electoral con el que nos presentamos en las últimas elecciones generales, incorporaba la propuesta a los ciudadanos de que el IVA no fuera ingresado en Hacienda hasta el momento en que la factura hubiese sido abonada. Éramos muy
conscientes en ese momento -y somos muy conscientes ahora mismo- de las dificultades que están atravesando nuestras pymes y autónomos, y este adelanto de ingreso del IVA en la Hacienda pública era y es otro elemento más de distorsión en la economía
maltrecha de nuestro tejido productivo. De ahí la propuesta electoral que hicimos a los ciudadanos, que nosotros no calificamos de estrella, la calificamos de justicia para las pymes, para los autónomos y para los trabajadores de esas pymes y que
trabajan con esos autónomos (Aplausos), y que fue ampliamente respaldada en las urnas por los ciudadanos.
He mencionado antes al Partido Popular y al presidente Rajoy. Quiero aprovechar este momento -ya que ha sido citado por algunos portavoces- para recordar
las palabras que el presidente Rajoy dijo en el debate de investidura, hoy hace justo seis meses. Decía el presidente: Definiremos un marco fiscal de apoyo a los emprendedores, pymes y autónomos que les permita hacer frente con mayor
facilidad y holgura a sus obligaciones tributarias y dedicar una mayor parte de sus beneficios a la creación de empleo. En este marco adoptaremos de manera inmediata, entre otras, las siguientes medidas: reforma del impuesto sobre el valor
añadido. Modificaremos el régimen del IVA para que autónomos y pymes no tengan que pagar el impuesto hasta que, efectivamente, se haya efectuado el cobro de las facturas correspondientes. Fin de la cita del presidente Rajoy de 19 de diciembre de
2011. El ministro Montoro, cuando compareció en esta Cámara, reiteró el compromiso del Gobierno y anunció que se iban a iniciar los trabajos por parte de este para cumplir este compromiso electoral de justicia. En ningún momento el presidente
Rajoy habló de que fuera en este periodo de sesiones. Cumpliendo el compromiso, quiero indicarles que el Gobierno ya está trabajando en esta medida. Deseamos que tenga entrada en esta Cámara cuanto antes, una vez superadas las complejidades
técnicas que encierra y de las que todos ustedes son conscientes, aunque ninguno haya sido capaz de reconocer la importancia y la complejidad técnica que conlleva la adopción de esta medida.
Pero este Gobierno no se ha quedado ahí solamente, señorías, y parece que a todos ustedes se les ha olvidado. Ha ido más allá en el asunto del IVA, y en estos primeros seis meses de Gobierno ha manifestado y demostrado su apoyo a las pymes
y a los autónomos. Yo quiero transmitir hoy a las pymes y a los autónomos de toda España un mensaje claro en el sentido de que, lo mismo que con el Gobierno del Partido Popular han cobrado las facturas que Gobierno y administraciones no les habían
pagado durante años -y en cuatro meses las han cobrado-, tengan la tranquilidad y el convencimiento las pymes y autónomos de que la cuestión del IVA, del pago de las facturas y del ingreso en Hacienda será una cuestión resuelta por el Gobierno del
Partido Popular y por el presidente Rajoy (Aplausos), porque ante el discurso de irresponsabilidad que hoy aquí han planteado algunos portavoces políticos, a los cuales tenía en una alta estima política -y creo que hoy han hecho un debate de
absoluta irresponsabilidad política-, quiero transmitir a quienes verdaderamente nos preocupan al Partido Popular, que son las pymes, los autónomos y los trabajadores de esas pymnes y autónomos, que tengan la confianza en el Gobierno de Rajoy, que
lo mismo que han cobrado 27.000 millones de euros en facturas pendientes de pago, van a tener la posibilidad de ingresar el IVA cuando cobren las facturas. (Aplausos).
Señorías, es que en el Plan de pago a proveedores, del que todos ustedes se han olvidado hablar hoy en sus intervenciones, también parte de ese pago era cobro de IVA, cobro de IVA que esas pymes y esos autónomos habían adelantado a la
Hacienda pública, y ustedes no han sido capaces de reconocer hoy aquí la acción del Gobierno. Es muy fácil hablar aquí, cuando se sube a la tribuna, y criticar. Se ha hablado aquí sobre que ese adelanto de IVA -decía el portavoz de CiU- suponía
2.300 millones de euros. Le quiero decir al portavoz de CiU que este Gobierno del Partido Popular en cuatro meses ha hecho que se paguen 2.600 millones de facturas pendientes de pago de la Generalitat de Catalunya. (Aplausos). Por lo tanto, ese
es el apoyo que el Partido Popular y que el Gobierno del Partido Popular presta a las pymes y a los autónomos.
Señorías, el 30 de junio, dentro de unos días, las comunidades autónomas van a pagar 18.000 millones de euros de facturas pendientes de pago y se va a pagar un IVA que ya habían ingresado. Y, claro, aquí aparece un portavoz del Grupo
Socialista hablando de coherencia, de situaciones y de responsabilidades y de que no hay que hablar de herencia, pero le voy a decir algo y le voy a demostrar su incoherencia. Usted hoy ha podido hablar aquí porque el Gobierno del Partido Popular y
este grupo parlamentario han hecho lo contrario de lo que ustedes hicieron cuando eran Gobierno. En la pasada legislatura, el Grupo Popular presentó la proposición de ley 122/172, referida a este tema en concreto. ¿Y sabe usted lo que hizo el
Gobierno socialista? Vetar que se pudiera debatir en esta Cámara (Un señor diputado: ¡Sí, señor!), vetar que los señores portavoces de los distintos grupos parlamentarios pudieran expresar su opinión estando de acuerdo o no. ¿Sabe usted lo que
han hecho el Gobierno del Partido Popular y este grupo parlamentario? Permitirle a usted, como miembro que es de esta Cámara, que pueda intervenir, pueda hablar y pueda expresarse. (Aplausos). Esa es la coherencia y esas son las incoherencias,
señoría. Y, señoría, que usted venga aquí a hacer un discurso mitinero (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben) de incumplimientos del Partido Popular en el tema del IRPF -no, no se pongan nerviosos, que nosotros los hemos
escuchado con mucho respeto-, que venga usted aquí con un discurso mitinero hablando de la subida del IRPF y del incumplimiento del Partido Popular, cuando toda la ciudadanía sabe que se ha hecho una subida temporal del impuesto por el engaño del
Partido Socialista, que dijo que había un déficit del 6 % y que luego ha sido de un 8,51 % (Aplausos), que han sido más de 27.000 millones de engaño y de agujero, y que usted tenga hoy aquí la falta de sentido de responsabilidad y pretenda acusar a
este grupo parlamentario y a este Gobierno de engaño, de irresponsabilidades e incoherencias. Señoría, yo le recomiendo que salga usted a las calles de España, que salga usted a las calles de España porque la mayoría de los ciudadanos le van a
decir que ustedes fueron unos irresponsables por su gestión en los últimos años. No es ya que se lo diga la calle. Es que hasta el propio expresidente del Gobierno señor Rodríguez Zapatero reconocía el otro día públicamente en una cadena
extranjera que había hecho las cosas mal y que se había gastado más de lo que debía haberse gastado. Por lo tanto, señoría, apelo a su mínimo sentido de responsabilidad. Déjense ustedes ya de discursos mitineros, déjense ustedes de pancartas;
pónganse a trabajar por España, pónganse a trabajar por la responsabilidad, pónganse a intentar ayudar a este grupo parlamentario y a este partido a sacar a España de los 6 millones de parados que tenemos, señoría. (Aplausos).
Este no es momento de partidismo, señor portavoz de CiU, este es el momento de la responsabilidad de Estado. Se lo he dicho en privado y se lo quiero ofrecer públicamente, con el permiso de mi portavoz. Le invito a que retire esta
proposición de ley. Es el mejor favor que se le pueden hacer a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores. Le consta que el Gobierno de España está preparando la iniciativa legislativa para traerla próximamente con el fin de resolver esta
situación. Yo le invito a usted y a todas las formaciones políticas a que hagan sus aportaciones cuando el Gobierno traiga este cumplimiento electoral y este cumplimiento de la investidura del presidente Rajoy. Si ustedes no la retiran, si ustedes
no piensan en los españoles, en las pymes y en los autónomos, esa confianza que usted ha pedido en su discurso va a trasladar desconfianza, porque los españoles saben una cosa, señor portavoz de CiU. Los españoles saben que cuando el Partido
Popular dijo que se iban a pagar las facturas, se han pagado las facturas, y los españoles saben que cuando el presidente Rajoy dijo en el debate de investidura que iba a resolver el problema del IVA de las facturas, lo va a resolver. Le pido
sentido de Estado, señor portavoz de CiU. Le pido, en nombre de la confianza que merece España y que debemos generar por España, que retire esta proposición de ley. En todo caso, si no lo hace, tendremos que votar en contra, pero no por
incoherencia y porque no vayamos a hacerlo, sino porque este tema no es un asunto que podamos resolver en una proposición de ley, y usted lo sabe porque es un gran especialista. Este es un tema que merece ser traído a iniciativa del Gobierno y que
todos los grupos hagan las aportaciones. No podríamos resolverlo bien porque sabe las complejidades técnicas que tiene. Por tanto, le pido sentido de responsabilidad, sentido de Estado, apoyo a pymes y autónomos y a trabajadores de esas pymes y
autónomos y vamos de verdad a ponernos a trabajar por el conjunto de la sociedad.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Merino.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, SOBRE REDUCCIÓN DE LA POBREZA INFANTIL. (Número
de expediente 162/000336).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista,
Catalán (Convergència i Unió), La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre reducción de la pobreza infantil. Para la presentación de la iniciativa y para la defensa de las enmiendas, habida cuenta que se ha
presentado una enmienda del señor Bosch, que va a ser defendida por la señora Oramas, tiene la palabra la señora diputada.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para dar por defendida la enmienda de Esquerra Republicana y para decir en primer lugar que esta diputada el día 21 de mayo, muchos días antes de que se planteara esta propuesta, presentó una PNL sobre la pobreza infantil sobre la
base del informe de Unicef, mucho más ambiciosa que la que hoy se trae aquí. Sin embargo, no hemos podido debatir esta PNL por motivos de cupo parlamentario, pero tengo la intención de mantenerla en Comisión. Hoy no he presentado enmienda porque
creo que son importantes la filosofía y el consenso. Eso no quiere decir que no considere que esta propuesta de hoy se queda corta.
El informe sobre la infancia en España elaborado por Unicef y que han ratificado otros organismos y ONG ha puesto cifras a una realidad muy dolorosa. La radiografía de las secuelas de la crisis en la infancia arroja unos datos que han
generado un enorme impacto social: más de 2 millones de niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza en España. Nos cruzamos con ellos a diario y pese a tratarse de una estampa tan cruel, hasta ahora ha permanecido prácticamente invisible en
el discurso político y social.
La pobreza tiene rostro de niño. Lo saben los padres que, afectados por la crisis, son incapaces de atender a sus hijos. Lo conocen quienes trabajan en las organizaciones no gubernamentales, que se esfuerzan a diario en entender y atender
a quienes más lo necesitan, y ahora es una realidad que tras muchos años oculta sale a la luz con unas cifras que nos afligen. Dice el informe que los niños sufren la crisis en los hogares cuando sus progenitores se quedan sin trabajo y sin
ingresos, cuando ellos y sus familias son desahuciados, cuando a consecuencia de los menores ingresos familiares se empobrece la calidad de su alimentación, cuando se deteriora el ambiente familiar o cuando no pueden costearse tratamientos médicos
no incluidos en los sistemas públicos. Pero también repercuten en la pobreza las decisiones políticas de reducción del gasto público en ayudas a la familia, en becas escolares de comedor o libros de texto, y los niños y niñas no son ajenos al
impacto de las decisiones generales en materia de impuestos y deuda pública o a las reducciones de presupuestos destinados a servicios sociales, educativos o de salud.
La proposición no de ley que hoy debatimos cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y nosotros vamos a apoyarla, aunque hubiésemos preferido, como dije antes, que el compromiso que se va a exigir al Gobierno hubiese ido más
allá, es decir, que el Ejecutivo se comprometiera, como plantea la propia Unicef, a elaborar un plan nacional contra la pobreza infantil que permita una acción coordinada, transversal, complementaria y eficaz de las administraciones públicas. El
Gobierno debe proteger de los recortes a aquellas inversiones en los ámbitos que plantean desafíos fundamentales a la infancia, como la lucha contra la pobreza, la salud, la educación y la protección, ámbitos imprescindibles para el ejercicio de
derechos y el bienestar de los niños para evitar la discriminación, para promover la igualdad de oportunidades y para un crecimiento equitativo y sostenible. Todas las iniciativas que impulse el Gobierno deben contar con un informe de impacto sobre
la infancia en toda la legislación y las disposiciones normativas, a semejanza del informe de impacto de género que establece la Ley de Igualdad, un documento que tenga en cuenta los principios del interés superior y de no discriminación reconocidos
en la Convención sobre los Derechos del Niño y la legislación española. Por otra parte, se deben poner en marcha mecanismos formales para evaluar los impactos de la crisis económica y de las políticas de austeridad en los niños y sus familias,
mecanismos que vigilen los efectos en la pobreza en el acceso a los servicios esenciales.
Los ajustes no pueden frenar el avance hacia la universalización de una educación de cero a tres años de calidad, gratuita para las familias con menos recursos y asequible para el resto. Tampoco se pueden mutilar aquellas iniciativas para
favorecer el empleo de las personas con hijos e hijas menores a su cargo. Tampoco podemos ralentizar el esfuerzo de organismos como el Observatorio de la infancia ni la potenciación del Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, tanto en
sus recursos como en su capacidad de consensuar y establecer cauces de coordinación y cooperación entre sus responsables. Marta Arias, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Unicef España, señalaba en un artículo publicado en El
País lo siguiente: No es una cuestión de colores políticos. Ni en los buenos ni en los malos tiempos hemos sido capaces de rebajar los niveles de pobreza infantil ni de generar un sistema suficientemente sólido de protección social para abordarla,
pero esto constituye precisamente una gran fuente de oportunidad. En tiempos difíciles tenemos que ser capaces de alcanzar algunos consensos básicos entre los cuales la infancia tendría que ocupar un lugar preferente. Solo en los dos últimos años
se ha incrementado en 205.000 el número de los niños que viven bajo el umbral de la pobreza en nuestro país, España. Señorías, 205.000 niños más que viven bajo el umbral de la pobreza. El primer ministro de Suecia decía que la calidad de un país
se mide en la forma en que trata a su infancia. La nuestra está muy dañada: más de 2 millones de niños y niñas pobres viven en un presente asfixiante y a nosotros, señores diputados, nos corresponde ofrecerles un futuro.
Termino diciendo que vamos a apoyar esta proposición no de ley, que se mantiene en la enmienda de Esquerra Republicana que doy por defendida, y que desde luego Coalición Canaria-Nueva Canarias va a mantener en la Comisión correspondiente la
PNL que presentamos el 21 de mayo, anterior a esta propuesta, que es mucho más exigente con el Gobierno y mucho más completa, porque creemos que debemos luchar por los derechos de los niños de este país.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré desde el escaño muy rápidamente para señalar nuestro apoyo, como no podía ser de otra manera, ya que somos uno de los firmantes de esta proposición no de ley en la que todos los grupos de la Cámara hemos unido nuestras fuerzas,
hemos comprometido nuestro empeño ante los datos que se nos ofrecen de pobreza infantil en España. En ese sentido, la hoja de ruta podría suponer un plan de acción para la inclusión social en los próximos años; la coordinación con las
instituciones europeas para elaborar el informe social nacional, que se enmarca dentro de la estrategia 2020, y, desde luego, el compromiso de cada uno de los partidos para impulsar en los diferentes niveles territoriales una política coherente en
este sentido.
Estamos convencidos de que más allá de estos grandes principios y de estos informes que entendemos que pueden ser valiosos, en el día a día en el próximo futuro podremos ir avanzando en la propuesta y en la asunción de medidas concretas en
este ámbito, medidas que son necesarias a nivel práctico, desde ya, sin necesidad de esperar a la gran fotografía que nos puedan ofrecer estos grandes planes o estos informes.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Quiero decir muy brevemente que nuestro Grupo Unión Progreso y Democracia, como no puede ser de otra forma, votará también afirmativamente. Nos parece, es cierto, un acuerdo de mínimos, pero creemos que, aunque poco, es necesario avanzar en
algo. Quisiera aprovechar mis primeras palabras para mostrar mi
agradecimiento a todos los grupos. Desde Unión Progreso y Democracia hemos pedido a menudo en esta Cámara un acuerdo de todos los partidos en un momento tan delicado como el que estamos viviendo ahora, así que creo que es justo decir que es
de agradecer que todos nos hayamos puesto de acuerdo en el punto que nos ocupa ahora.
Decía que vivimos un momento difícil, esto es obvio, como también lo es que nuestros ciudadanos esperan de nosotros que trabajemos juntos para salir adelante, para encontrar soluciones y para hacer sacrificios todos nosotros juntos, mirando
por ellos y menos por nosotros. Las dificultades que estamos pasando son reales, las cifras, los análisis no deben distraernos del hecho de que hay muchos ciudadanos que viven una situación dramática. Las desigualdades se acentúan y la pobreza se
extiende, esto es obvio, y cuando eso pasa son los más vulnerables de nuestros ciudadanos los que pagan las peores consecuencias. Estamos asistiendo hoy en día a una serie de recortes muy serios en sanidad y en cultura que acentúan este problema, y
uno de los colectivos que más sufren todo esto es el de nuestros hijos.
El indicador de hogares con hijos de menos de dieciocho años incapaces de afrontar gastos imprevistos pasó del 28 % en el año 2008 al 37 % en el año 2010. La pobreza de menores de dieciocho años llegó en ese mismo periodo al 16,7 %,
creciendo casi 6 puntos porcentuales. Estos son datos de 2010, señorías, todos sabemos que en estos dos años están empeorando y mucho. Los niños de nuestro país son ya el grupo de edad que es más pobre en comparación con el resto de colectivos.
El número de hogares con niños con todos los adultos en paro ha crecido en un 120 %. El número de ejecuciones hipotecarias es más del triple desde 2007. Es necesario que sigamos trabajando juntos para atajar este problema, pero también es
necesario que diagnostiquemos la causa de este drama, porque es justo hacerlo así, porque es ético, pero también porque si no hacemos nada para evitarlo puede tener consecuencias dramáticas para nuestro futuro. Debemos poner a los niños y a las
familias en el centro de las decisiones políticas; evaluar mejor los impactos de la crisis económica y escuchar qué cosas les afectan teniendo en cuenta sus opiniones; revisar el modelo social de apoyo a las familias y niños dando un nuevo enfoque
a los servicios, prestaciones, impuestos y desgravaciones fiscales a las familias; debemos crear un paquete mínimo de beneficios para ellos; universalizar de una vez la educación de cero a tres años; promover el empleo para las personas con hijos
a su cargo; proteger a los colectivos más vulnerables; promover la parentalidad positiva y el buen trato a los niños.
Señorías, según los datos de la Red europea contra la pobreza, el 25 % de nuestra población vive por debajo del umbral de la pobreza. Cuando se habla de pobreza es inevitable hablar de desigualdad, están estrechamente relacionadas, y esta
tiene que ver con la reducción de sueldos, con la congelación de pensiones, con el salario mínimo y con el agotamiento de las prestaciones. En nuestro país, señorías, aumenta el índice de desigualdad. En el índice Gini hemos pasado rápidamente del
puesto 31 al puesto 34; estamos en el mismo nivel de desigualdad que soportan países como Letonia o Rumanía. Todos los indicadores negativos de una sociedad como la obesidad, el alcoholismo, la violencia, las tasas de criminalidad, etcétera,
aumentan con la desigualdad. Señorías, los motivos de esa desigualdad, de esa pobreza y especialmente del desamparo de nuestros hijos también merecen que trabajemos juntos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señora presidenta, intervendré desde el escaño porque seré breve.
Empezaré diciendo que desde estas alturas atruena el silencio del Gobierno ante la difícil situación económica que vivimos, igual que atruenan las reivindicaciones de los mineros. Esta iniciativa, esta proposición no de ley que ahora
debatimos y que hemos firmado todos los grupos de la Cámara, desde La Izquierda Plural esperamos que no sirva para lavar solamente las conciencias. Nos parece interesante que se elabore el plan nacional de acción para la inclusión social, que se
elabore un informe social nacional, nos parecen buenas iniciativas, pero desde luego tenemos claro que no van ser suficientes para luchar contra la pobreza infantil ni contra la pobreza que arrastra a las familias en este país.
Quisiera señalar que el sistema falla, porque cuando en épocas de fuerte crecimiento, cuando este país tenía unos índices de crecimiento económico envidiables, y así se ponía en solfa por parte de un Gobierno y de otro, de los dos Gobiernos
que han cabalgado el dragón de la economía creciente, la pobreza no descendía de unos niveles determinados. La pobreza continuará existiendo en nuestro país. Este sistema no funciona, este sistema, a pesar de crecer y de desarrollarse conforme
dicen los economistas, no es capaz de acabar con la pobreza; el mercado y la caridad no son capaces de solucionar los problemas de las familias con hijos, que son las más afectadas ahora mismo por esta crisis que nos ha llevado a situaciones
límite. Nos parece interesante la iniciativa, pero no nos parece suficiente. Hay que cambiar este sistema para erradicar la pobreza.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Me gustaría empezar esta intervención dando las gracias a las organizaciones que han impulsado de alguna manera esta proposición no de ley conjunta de todos los grupos parlamentarios y muy singularmente a Unicef -veo aquí a sus máximas
dirigentes en España-, porque ha sido precisamente el marco de esta iniciativa de Unicef en el que todos los grupos parlamentarios hemos presentado no sé si la primera proposición no de ley conjunta en esta legislatura -el señor Madina me dice que
sí, pues seguramente sí-, por tanto expresa, más allá de los límites que se derivan del consenso, una vocación de todos los grupos parlamentarios no tanto de ponernos de acuerdo en la ruta precisa para construir esta política, pero sí para
incorporar en la agenda política en el primer nivel la cuestión de la pobreza infantil. Creo que este es el mérito de este debate. Luego el Gobierno, en el marco precisamente del desarrollo de su plan por la inclusión social, deberá concretar esa
problemática.
Afirmaba el portavoz de La Izquierda Plural que este es un problema estructural y que en las etapas de crecimiento económico nuestras tasas de pobreza en general y nuestras tasas de pobreza infantil en concreto no han disminuido, es más, han
tendido a aumentar, y eso pone de manifiesto algunos problemas de fondo que tiene no el sistema de mercado, sino el modelo que en los últimos treinta años hemos desarrollado en el Estado español, por un lado, un mercado de trabajo que ha sido
incapaz, especialmente en determinados sectores de la sociedad, de garantizar, por la vía de sueldos, ingresos dignos en determinados núcleos familiares, y luego un modelo de Estado del bienestar que ha sido también incapaz desde el gasto público de
reducir el riesgo de ser pobre entre los niños. Ese modelo de Estado del bienestar que hemos desarrollado en estos treinta años, a diferencia de otros Estados del bienestar desarrollados en el marco de las economías de mercado, de las economías de
la Unión Europea, ha sido más eficaz, por ejemplo, en la reducción del riesgo de ser pobre entre las personas mayores a través de un buen sistema público de pensiones, pero nuestra política de apoyo a las familias, nuestra política de apoyo a la
infancia más temprana ha estado extremadamente poco desarrollada. Nuestro gasto público en esas materias está dos puntos por debajo de la media de la Unión Europea y no hemos sido capaces de reconvertir todo eso en la etapa de crecimiento
económico.
Decía al principio de mi intervención que el mérito de la iniciativa de hoy es situar esta cuestión en la agenda política y comprometernos a que esta política de lucha contra la pobreza infantil sea una cuestión de Estado. Demasiadas veces
reducimos el debate a las cuestiones de Estado, a las grandes cuestiones de la justicia, de la lucha contra el terrorismo y de la política exterior, y muy pocas veces a otras de este tipo, aunque lo hicimos en pensiones, eso sí, lo hicimos en el
Pacto de Toledo y ha tenido un buen resultado. Ojalá esta proposición no de ley marque una línea para que todos los grupos de verdad nos comprometamos en esta materia. Porque, señorías, si pretendemos resolver una cuestión que es estructural al
funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y a la lógica de nuestro gasto social, las reformas y las políticas que se deben promover son poderosas o deberían ser poderosas. Deberían ser capaces de combatir la precariedad y los salarios bajos en
nuestro mercado de trabajo, en incrementar el gasto en la inversión en jóvenes en edades más tempranas, en revisar a fondo la fiscalidad, especialmente la fiscalidad de aquellas mujeres con hijos que trabajan. Algunos informes elaborados por la
propia Unicef apuntan que las reformas fiscales desde este punto de vista no han favorecido a aquellas mujeres que trabajan con hijos y que seamos capaces también de abordar a fondo los dos grandes instrumentos en mano del Estado en el campo de la
Seguridad Social, como son las pensiones no contributivas y las prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social. Todo eso, señorías, en el contexto de la austeridad del recorte del gasto público, de una depresión de caballo de nuestra economía
y con una tasa de desempleo desenfrenada. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Señorías, el único punto que tiene de extraño este debate es que aquello que en los próximos meses o próximos años vamos a hacer quizá va a tener enormes dificultades para situar de verdad en la agenda esta cuestión de la pobreza infantil.
Por tanto, si no queremos que este sea un debate para quedar bien esta tarde, al Gobierno le va a tocar, porque es su mayoría la que hoy va a permitir aprobar esta proposición no de ley, pasar de las musas al teatro y ser capaces de verdad de
construir una agenda que haga frente al problema de la pobreza infantil y que lo haga en tiempos de crisis y en tiempos de austeridad. El compromiso de Convergència i Unió ha estado en esta materia; lo estuvo en la intervención que hizo el señor
Duran en el debate de investidura mencionando en su intervención la cuestión de la pobreza infantil, lo estuvo mi grupo parlamentario presentando su primera iniciativa en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales sobre la pobreza infantil y lo ha
sido hace pocos días en la Comisión Mixta de la Unión Europea reclamando la constitución de un fondo europeo de lucha contra la pobreza. El compromiso está. Es más fácil hoy formular seguramente esta moción que ser capaces de construir esta
política en unos tiempos tan difíciles. No será por Convergència i Unió que no lo vamos a intentar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, quiero comenzar señalando que es para mí un honor llevar la voz del grupo parlamentario al que pertenezco en una iniciativa como esta, como dice muy bien el señor Campuzano, trasladando
su saludo a los miembros de Unicef que nos acompañan hoy en esta tribuna, porque el impulso es suyo, la idea es suya, el informe es suyo, la denuncia es suya y la pregunta elaborada también es suya. Por tanto, esta iniciativa hoy nace, como
dice mi amigo Carles, como un pacto político y como un anhelo, porque nos junta a todos en una misma respuesta; una respuesta, señoras y señores diputados, a una pregunta que formuló hace más o menos un mes Unicef con la publicación de un informe
sobre pobreza en España que nos heló el corazón a todos y que nos interpela sobre una realidad aparentemente oculta entre las noticias y el ciclo perverso de los medios de comunicación y sus veinticuatro horas, donde todo empieza y termina en el
mismo día, donde las cifras frías de la crisis van ocultándolo todo y dejan un ángulo oscuro por donde se cuela una realidad aparentemente más difícil de ver y es que un 25, casi un 26 % de los niños en nuestro país, según Unicef, algo más de
2.200.000 niñas y niños, viven bajo los umbrales técnicos que delimitan la frontera donde se sitúa la pobreza.
Sabemos bien, señoras y señores diputados, que la tasa de pobreza infantil -lo sabemos desde hace muchos años- se encuentra entre los indicadores centrales de salud y de bienestar de una sociedad. De hecho, casi podríamos afirmar que los
niveles que un país alcanza en cuanto a la protección de los niños y las niñas en el combate contra la pobreza indican bien, hacen una buena fotografía de cuál es el nivel de desarrollo civilizatorio de esa sociedad. Por tanto, los índices de
privación infantil en sociedades desarrolladas, como por ejemplo la nuestra, deberían ser cercanos a cero, con una renta per cápita superior a los 24.000 euros deberían ser cercanos a cero; sin embargo, señorías, estamos muy lejos, estamos por
encima del 25 %. Según Unicef, uno de cada cuatro niños vive por debajo del umbral de la pobreza, así que algo estamos haciendo muy mal en los flujos de transferencia de renta, en la aplicación del principio de solidaridad interna de esta sociedad
consigo misma, que tiene recursos suficientes para distribuir riqueza colectiva hacia las zonas más desfavorecidas de nuestra sociedad y al hacerlo fijarse bien a la hora de la fabricación, de producción de cohesión social en los niños y en las
niñas, la parte más vulnerable de cualquier sociedad. Tan solo Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Países Bajos cuentan con indicadores de privación infantil por debajo del 3 %. No se nos escapa a nadie en esta sala ni tampoco en la tribuna
de invitados que esos son los países que ocupan los primeros puestos del índice de desarrollo humano que elabora año tras año Naciones Unidas. Sabemos también, señorías, que los niveles de riesgo infantil están más bien en función de las políticas
públicas que un país aplica que de las circunstancias particulares de cada niño y de cada niña en su hogar, en su familia, en su lugar de residencia. En ese sentido, sabemos que hay algunos pasos que todo país debe dar si es que no quiere sacar la
bandera blanca de la rendición en el combate contra la pobreza de los niños y las niñas. En primer lugar, proteger las inversiones sociales y hacerlo en los ámbitos que desafían o que plantean desafíos fundamentales para la infancia, como es la
lucha contra la pobreza, las políticas de salud pública, las políticas de educación pública en los ámbitos centrales de eso que denominamos nuestro Estado del bienestar. Mantener, por tanto, una inversión elevada en servicios que dibujan mejor una
dimensión pública con rostro humano de un nosotros mismos que no dé la espalda a quienes en esta crisis económica peor lo están pasando y quienes en esta sociedad son las personas más desfavorecidas: las niñas y los niños. En segundo lugar,
promover la calidad, la coordinación y la coherencia de las políticas aplicadas por las distintas administraciones competentes en materias vinculadas a la protección de la infancia. Y en tercer lugar, poner en marcha mecanismos formales de
evaluación que permitan medir el impacto de esta crisis económica en las zonas sociales más desfavorecidas y en especial en los niños y en las niñas, que son la parte más desfavorecida de esta sociedad.
Señoras y señores diputados, es por ahí por donde se puede dibujar un escenario mejor para esos datos que da Unicef de algo más de 2 millones de niños que viven en nuestro país por debajo del umbral de la pobreza. Es por ahí, señoras y
señores diputados, por donde se pueden alcanzar cotas de desarrollo humano mucho mayores para el presente y para el futuro de nuestra sociedad y de nuestro país. Es por ahí por donde este país avanzará hacia cotas mayores de solidaridad con esa
zona de nuestra sociedad que es precisamente la más vulnerable.
Señoras y señores diputados, no se nos escapa que la inversión en la realidad presente de los niños y las niñas es la inversión en el futuro de todos en este país, que la mejora de las políticas públicas de atención a la infancia y el
combate contra la exclusión y la pobreza infantil es una inversión de futuro que nuestro país debe hacer si quiere aumentar sus propias cotas de dignidad y de desarrollo humano futuro. Hoy, señoras y señores diputados, el Congreso responde a una
pregunta que nos formuló Unicef hace algunas semanas. Nos junta a todos en una misma iniciativa que le da fuerza tanto al organismo y a la agencia como a nosotros mismos para pedirle al Gobierno que priorice la lucha contra la pobreza infantil en
esta legislatura. Mi grupo se compromete hoy en el debate de esta iniciativa y en presencia de los miembros de Unicef y de todos ustedes a mantener el pulso a lo largo de estos años en la defensa de políticas de lucha contra la pobreza infantil y a
favor de la protección jurídica de los niños. En ese sentido, quiero trasladarles que mi grupo tiene ya elaborada e introducirá en el registro en las próximas semanas una proposición de ley de protección de la infancia que actualice la ley en vigor
del año 1996 y que esté orientada a la legislación de todas las mejoras posibles en todos los instrumentos de protección jurídica que inciden en la situación de los menores.
Hoy damos este primer paso juntos. Lo hacemos al servicio de la colocación en la agenda del Gobierno de la lucha contra la pobreza infantil. Mi grupo espera que sean muchos más los pasos que demos todos juntos y que las políticas que
aplique este Gobierno sirvan para que cuando la legislatura termine miremos atrás y sepamos que el camino que iniciamos en un día como hoy con una iniciativa como esta condujo a uno de los objetivos más nobles a los que puede aspirar un país:
reducir la pobreza, la privación y la exclusión de las niñas y de los niños de su sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Madina.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Méndez Monasterio.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señorías, es para celebrar que todos los grupos parlamentarios presentemos esta tarde de manera conjunta esta proposición no de ley a raíz de un informe que ha realizado Unicef, a cuyos miembros saludo desde
esta tribuna. No tuvimos tanta suerte hace un par de años cuando Unicef también hizo otro informe de las mismas características, quizá no tan dramáticas, pero sí importantes. Este grupo presentó entonces una proposición no de ley para hacer un
plan contra la pobreza infantil y no tuvo la suerte de hoy.
Los informes de Unicef, de Cruz Roja y de Cáritas y de las estadísticas que hacen las diversas instituciones desde Europa e incluso desde la ONU explican la alarma generada a nivel internacional. La Comisión Europea califica de alarmante la
situación de pobreza infantil en España y recomienda tomar medidas específicas para combatir la pobreza aumentando la eficacia del apoyo a la infancia. Mientras en otros países el nivel de la infancia que se encuentra bajo el umbral de la pobreza
se ha quedado estancado, en España en tan solo dos años ha subido dos puntos -del 24 al 26 %-, cuando ya era excesivamente alarmante y excesivamente alto. Del año 2008 al año 2010 -el Año Internacional de Lucha contra la Pobreza; es importante
apuntarlo- los menores bajo ese umbral aumentaron de 2 millones a 2.205.000; en tan solo un año aumentaron un 120 % los hogares con todos sus miembros en el paro y la pobreza severa o extrema en los menores, que es lo más importante, subió del 9 a
casi el 14 %. Es la más alta de todos los países de la Unión Europea de los Veintisiete, exceptuando Bulgaria y Rumanía. La pobreza en España es más extensa, más intensa y más crónica que nunca, según afirma Cáritas. Por eso, desde esta tribuna
es de justicia reconocer el esfuerzo que muchas organizaciones -Unicef y muchas otras organizaciones pertenecientes al tercer sector-, muchas personas anónimas y muchas administraciones están realizando para paliar tanto sufrimiento. Evidentemente,
esto no surge de repente. En la legislatura anterior el Gobierno aprobaba en el año 2008 un plan de inclusión, que por cierto ni tan siquiera se llegó a evaluar, y al tiempo aparecía una nueva clase de pobres, las familias de clases medias, jóvenes
matrimonios con hijos menores o mujeres solas con hijos. Porque el incremento de la pobreza en la infancia ha sido significativamente mayor que en el total de la población, es decir, el impacto de la crisis ha sido muchísimo más duro en los hogares
con niños que en el conjunto de los hogares. Lógicamente, a nuestro grupo parlamentario le preocupa, como a todos los grupos de la Cámara, y este panorama exige una respuesta conjunta para solicitar al Gobierno que actúe cuanto antes, exige una
actuación responsable de toda la Cámara.
Uno de los objetivos prioritarios del programa nacional de reforma presentado en el año anterior para la estrategia 2020 era la reducción de la pobreza, y esta reducción estaba ligada a la consecución del objetivo del empleo y de los
objetivos de la educación, que conllevarán -decía el programa- a un incremento de la renta en las personas en edad de trabajar con el consiguiente efecto reductor tanto en la tasa de pobreza en este grupo de la población, como en la pobreza
infantil. Pero les recuerdo que en el año 2007 los parados en España eran 1.856.000 personas y que ahora son 5.639.000 personas, y mucho tiene que ver, lógicamente, el desempleo con el tema de la pobreza infantil. Por tanto, este Gobierno es el
tiene que solucionar ahora todos los desequilibrios acumulados durante los últimos años, además de luchar contra el déficit, de luchar contra la deuda y de luchar contra la falta de competitividad y contra la falta de crédito para que se genere
riqueza y para que se genere empleo. Además de todo esto es preciso -y de ello trata esta proposición no de ley- que el Gobierno, a través del Plan nacional para la inclusión social, articule una estrategia de protección a la familia y a la
infancia que tenga como objetivo reducir la pobreza infantil, al tiempo que también debe coordinar todas las políticas que las diferentes comunidades autónomas estén persiguiendo para lograr este objetivo común de lucha contra la pobreza infantil.
Todo ello continuando con la hoja de ruta ya iniciada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ya que, en primer lugar, hace pocos meses se ha aprobado la estrategia nacional para la inclusión gitana; en segundo lugar, también
tiene que ver el II Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, en el que el Gobierno también se encuentra trabajando; y por último el Plan integral de apoyo a la familia, anunciado por la ministra, ya que es cierto que en estos momentos
se están convirtiendo las familias jóvenes con hijos menores en las más vulnerables y con un riesgo cierto de exclusión.
Algunas de las personas que ha hablado aquí a lo largo de esta tarde cuando se ha planteado esta proposición no de ley han dicho que faltaba una protección hacia la familia y, sobre todo, hacia la familia con hijos. Finalmente, después de
mucho tiempo en que no se ha protegido suficientemente a la familia con hijos ha aflorado esta triste realidad, por tanto, es necesario y es importante esa protección a la infancia y esa protección a la
familia por medio de un plan integral de apoyo a la familia. Es cierto, como decía Unicef en su informe, que no se tiene muchas veces en cuenta en los sueldos, en los salarios, en las prestaciones por desempleo, y muy pocas veces en los
impuestos, el hecho de tener hijos en una familia. Creemos que es necesario e importante que en ese plan integral de apoyo a la familia se tenga en cuenta todo esto, lo que será nuevamente otro instrumento para luchar contra la pobreza infantil.
La proposición que se plantea tiene como otro de sus puntos instar al Gobierno a elaborar el informe social nacional solicitado por la Comisión Europea en el marco de la estrategia 2020, incluyendo en el mismo la reducción de la pobreza
infantil como uno de los objetivos prioritarios. En este sentido, y en el marco de esta recomendación, sabemos que el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad está participando activamente en el grupo de trabajo específico del Comité de
protección social sobre pobreza infantil.
Termino diciendo, señorías, que esta tarde, con esta iniciativa conjunta, todos los grupos parlamentarios ponemos de manifiesto la preocupación que nos lleva a solicitar al Gobierno que actúe de manera urgente en la lucha contra la pobreza
infantil, continuando esa ruta ya iniciada de actuaciones conjuntas para el cumplimiento de este objetivo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Méndez Monasterio.
Procede ahora, señorías, preguntarles si aceptan los grupos la enmienda presentada. (El señor Madina Muñoz pide la palabra).
Señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Señor presidente, digamos que no estaba en los planes que hubiera enmiendas dado que hemos conseguido unanimidad sobre un texto de tres puntos, cerrado, que tiene el consenso de todos. Yo pediría a los proponentes de
las enmiendas que valoren la opción de poder retirarlas.
Gracias. (La señora Méndez Monasterio pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Señora Méndez.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: En el mismo sentido de lo apuntado por el representante del Grupo Parlamentario Socialista, nos parece que hemos llegado suficientemente a un consenso toda la Cámara y que esto puede producir algún tipo de
disensión. Por tanto, sí que solicitamos que se retiraran las enmiendas.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muy bien. Se votará entonces en sus propios términos.
Muchas gracias, señorías.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL APOYO PÚBLICO A LA ACTIVIDAD INNOVADORA. (Número de expediente 162/000133).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo público a la actividad innovadora. Para la presentación de la iniciativa y de la
autoenmienda presentada, tiene la palabra el señor Fernández Álvarez.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Señorías, suele considerarse la entrada en el Senado en 1908, hace ya ciento cuatro años, de don Santiago Ramón y Cajal como el inicio de la política científica en España. Como suele ocurrir en muchos casos, lamentablemente, en la historia
de nuestro país, llegábamos tarde y, además, lo hacíamos a través de un hecho excepcional y de una persona excepcional, algo que un contemporáneo de Ramón y Cajal, Ortega y Gasset, calificaba más que de orgullo, de sonrojo para la clase política
española de la época. Lo cierto es que desde entonces la política científica en España ha ido arrastrando un cierto retraso con respecto a los países más avanzados de Europa. En cualquier caso, en ese periodo de ciento cuatro años también hemos
tenido puntos de inflexión y también momentos en los cuales hemos sido capaces de avanzar extraordinariamente. Con Gobiernos socialistas, con Gobiernos del Partido Popular, se suele considerar la Ley de la Ciencia de 1986 como uno de esos momentos.
Se considera también la década entre los años 1998 y 2008 como un periodo muy positivo al respecto. En ese sentido, y aunque en el año 2011 fuimos capaces de aprobar con un amplio consenso de esta Cámara la Ley de la Ciencia, los recortes
presupuestarios de los años 2009, 2010 y 2011, con Gobiernos del Partido Socialista, y también en 2012, con Gobiernos del Partido Popular, han vuelto a situar en la agenda política la inversión pública en I+D+i. Esos recortes presupuestarios han
afectado a Gobiernos de todo color, de todos los partidos, en todas las comunidades autónomas. Por tanto, no hay ningún partido que haya sido capaz de escapar de los mismos. El Partido Popular ha evitado en todo momento la tentación de pensar que
cualquier problema relacionado con la ciencia tiene que ver exclusivamente con una cuestión de dinero, ni cuando gobernaba el Partido Socialista ni ahora que gobernamos nosotros, y lo hemos demostrado. A falta de recursos hay que ser capaz de hacer
activar la imaginación, hacer más con menos, y el único reproche que saldrá de mis labios a lo largo de esta intervención es que probablemente en los años 2009, 2010 y 2011 no fuimos capaces de acometer las reformas necesarias en nuestro sistema de
innovación, desarrollo e investigación. De eso es de lo que tenemos que ser capaces de hablar de cara al futuro. Tenemos que hablar de
las reformas que se necesitan en el sistema nacional de I+D+i, porque si son necesarias en cualquier ámbito de la economía, también lo son en este.
El Gobierno de España desde hace tiempo está planteando reformas profundas, y lo está haciendo con intensidad; reformas relacionadas con el fomento de la participación privada, la optimización fiscal, el mecenazgo -algunas de las
asignaturas pendientes de nuestro sistema nacional-, el impulso a la transferencia tecnológica -también otra asignatura pendiente-, y estamos aplicando medidas muy interesantes, muy activas para lograrlo. En ese sentido, debo avanzar que no
aceptaremos la enmienda del Partido Nacionalista Vasco, entre otras cosas porque no podemos instar al Gobierno a que haga algo que ya está haciendo y que, de hecho, forma parte de su agenda prioritaria, tal y como trasladó aquí la secretaria de
Estado en su comparecencia ante la Comisión de Economía. Lo que sí vamos a hacer hoy es instar al Gobierno a profundizar en esta línea de rigor en un tema vital, en un tema tan necesario en tiempos de austeridad como optimizar recursos, pasar de
una investigación contemplativa -como la han denominado algunos científicos- a una investigación realmente competitiva. Y lo vamos a hacer con una proposición no de ley que tiene dos puntos fundamentales. En primer lugar, coordinar las políticas
con las comunidades autónomas, evitando duplicidades y por supuesto respetando las competencias de cada comunidad autónoma. En ese sentido, anuncio que hemos llegado a un acuerdo transaccional con Convergència i Unió para añadir un punto al
respecto. Cuando hablamos de coordinar competencias con las comunidades autónomas, de no provocar duplicidades, estamos hablando de aplicar mejor la Ley de la Ciencia. Porque el papel lo aguanta todo, pero luego hemos de ser capaces de ordenar, de
intentar aprovechar al máximo unos recursos que, como decía antes, son escasos. Prepararnos para el horizonte 2020 de la Unión Europea es a lo que nos referimos en el primer punto de la proposición no de ley. Hay un segundo punto fundamental en
tiempos de crisis, que es optimizar las convocatorias de ayudas, combinando aquellas que son cerradas y competitivas y que se ajustan muchísimo mejor a iniciativas estratégicas o de alto riesgo tecnológico con aquellas que son más flexibles y que se
ajustan como un guante a las necesidades de las empresas. Pedimos en ese sentido a todos los grupos parlamentarios, independientemente de que pueda haber alguna discrepancia al respecto, altura de miras y que seamos capaces de entender el momento
histórico que estamos viviendo y la necesidad de impulsar iniciativas como esta.
Señorías, como en cualquier faceta de la vida -y la ciencia no escapa a ello- cuando uno tiene un problema es condición sine qua non para resolverlo aceptar que lo tiene e inmediatamente hacerse las preguntas adecuadas. En la ciencia
también tenemos que ser capaces de plantearnos las preguntas adecuadas. ¿Por qué somos el noveno país del mundo en publicaciones científicas y en cambio pasamos al número veintisiete cuando se habla de transferencia tecnológica o de competitividad?
Esa es la pregunta adecuada que tenemos que hacernos. Y la respuesta a esa pregunta nos conduce a algo muy sencillo. No todo en la I+D+i es cuestión de dinero. Hay que cambiar las cosas, hay que acometer reformas profundas y hay que intentar que
nuestro sistema nacional de I+D+i sea más eficaz y optimice mejor sus recursos.
Estamos convencidos de que estamos haciendo bien las cosas; estamos convencidos de que el Gobierno de España está haciendo las cosas en la buena dirección. En definitiva, esta proposición no de ley significa un paso más en esta línea, la
de intentar que nuestro sistema nacional de I+D+i deje de ser un sistema alejado de la innovación para que el conocimiento pase a ser una piedra angular, una columna salomónica de la competitividad de nuestra economía y a eso vamos a dedicar todos
nuestros esfuerzos. Es lo que toca hacer, es lo que está haciendo el Gobierno en estos tiempos y les pedimos su apoyo para seguir adelante.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Fernández Álvarez.
Defensa de las enmiendas. Grupo Mixto. Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias.
No tengo demasiada experiencia en el Parlamento -seis meses apenas- pero me cuesta entender que se presenten proposiciones como esta del Partido Popular; una proposición llena de buenas intenciones pero absolutamente vacía de contenido. De
verdad, no entiendo qué pretenden ustedes presentando esta propuesta porque, ¿no se presentaron ustedes con un programa? Entonces, ¿por qué pierden el tiempo diciéndose a sí mismos algo que ya decían en su propio programa? ¿Por qué no dejan que
este tiempo lo utilicemos, por ejemplo, los diputados del Grupo Mixto, que apenas podemos hablar, para que escuchen nuevas proposiciones? Porque de eso se trata, de propuestas para los innovadores, y así lo constatamos en los dos acuerdos que nos
presentan para que los votemos. Buenas palabras y nada más. Juegos de salón, retórica vacía porque, si no, no se entiende que presenten esta moción en esta Cámara y lo desmientan con sus obras. En su programa electoral decían: apoyar
decididamente los centros tecnológicos, los centros de apoyo a la innovación tecnológica y los parques científicos y tecnológicos. Hay dos ejemplos que ponen en evidencia que ustedes incumplen su propio programa electoral. Valencia, Centro de
Investigación Príncipe Felipe, cuatro días después de ganar las elecciones despidieron a 114 trabajadores, provocando la desaparición de catorce líneas de investigación, algunas con financiación europea. Eso sí, este fin de semana los valencianos
disfrutaremos de una estupenda carrera de coches que cuesta mucho más que lo que costaba mantener esos 114 puestos de trabajo y abiertas esas catorce líneas de investigación. El
otro ejemplo son los Presupuestos Generales del Estado, un recorte del 25 % en investigación y desarrollo. Cómo vamos a innovar si echan a la calle a los innovadores, cómo vamos a innovar si recortan los presupuestos destinados a la
innovación. Los valencianos decimos amb diners, torrons, con dinero, turrón. Por eso, desde Compromís Equo decimos que con un presupuesto adecuado habrá innovadores, con partidas suficientes habrá innovación, y mientras ustedes apuesten más por la
compra de tanques que por mantener investigadores, mientras apuesten más por tener contenta a la jerarquía de la Iglesia que a los miles de jóvenes investigadores que se están quedando sin futuro con sus políticas de recorte, mientras recorten en
investigación y desarrollo un 25 % y en defensa solo un 8,8 % o nada en la Iglesia, seguirán haciendo buena la frase de Unamuno: que inventen ellos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, presidente.
Señorías, en primer lugar, queremos que vayan a juicio los responsables de Bankia y de la crisis financiera. Lo repetiremos hasta que no haga falta repetirlo. En segundo lugar, sobre esta proposición no de ley del Partido Popular ya se han
dicho algunas cosas por parte de compañeros como el señor Baldoví con las que estamos de acuerdo, por tanto, no vamos a repetir lo que ya se ha dicho. Para promover el apoyo público a la actividad innovadora lo que ustedes proponen es, por un lado,
coordinación para evitar duplicidades y racionalizar el gasto público y, por otro, fomentar proyectos competitivos. Son palabras lindas y suenan bien, lo reconozco con toda franqueza. Pero hay problemas, uno de ellos es cómo se pretende hacer eso
con recursos tan escasos. La secretaria de Estado Carmen Vela ha dicho en la revista Nature algo que repitió hace poco aquí en su comparecencia, que habrá que hacer más con menos. Pues ya nos contarán cómo se hace eso. Y no estamos hablando solo
de infraestructuras, no estamos hablando solo de equipos, estamos hablando de gente, estamos hablando de cerebros, y los cerebros o se pagan o no vienen. Es más, los cerebros o se conservan o se van, produciéndose una fuga de talentos, que es lo
que está pasando. En estos momentos lo que tenemos es una fuga de talentos. Ya me contarán cómo se puede hacer más cuando cada día tenemos menos talento, no menos máquinas, equipos o instalaciones; menos cerebros. Es muy complicado.
En tercer lugar, hay una contradicción de términos porque, por un lado, hablan de competición, de competir, de competitividad y, por otro, hablan de evitar duplicidades. Ya me explicarán cómo se hace eso cuando la competición se da como
mínimo entre dos, ¿o me equivoco? Dos, tres, cuatro o los que sean, pero para competir uno solo no basta. Por tanto, por definición, las líneas paralelas son las que ayudan a competir.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Bosch, debe concluir, por favor.
El señor BOSCH I PASCUAL: ¿Cuál es la solución? Fomentar la I+D ahí donde funciona, en centros que trabajan en paralelo, sea en Cataluña, en Euskadi, en Madrid, en Valencia, donde sea, y después sigan las recomendaciones de la Unión
Europea, si no les sabe mal, porque en buena medida será gracias a sus recursos el que puedan hacer cosas como esta. Y la Unión Europea recomienda que se invierta en I+D, que se invierta en futuro y que se gaste menos en burocracia y en ciencias de
la destrucción como así se aplica desde el Ministerio de Defensa. Hagan eso, recorten en tanques e inviertan en futuro.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad, nuestro grupo está asombrado pero a la vez despistado con esta proposición no de ley porque, tal como nos comentan, nuestra enmienda es lo que ya hace el Gobierno y lo que presentó la secretaria de Estado. Sin embargo, no nos la
aceptan y presentan ustedes esta proposición no de ley, que es totalmente genérica y que no aporta nada. Yo, la verdad, estoy bastante asombrada. Ustedes sabrán por qué lo hacen. Yo no lo entiendo y no sé si en esta Cámara alguien lo entiende,
porque si ya lo hace la secretaria de Estado y el Gobierno, ¿para qué se presenta esta proposición no de ley? En fin...
Creo que estamos de acuerdo en que la I+D+i es uno de los pilares sobre los que se debe sustentar el crecimiento sostenible a largo plazo y el que debe ser puesto en marcha para emprender la necesaria transformación de nuestro sector
productivo. Desde luego, en aquellos países avanzados donde se invierte más de un 2 % del PIB en I+D+i los resultados son realmente distintos de los que tenemos aquí, pero las inversiones hay que aplicarlas adecuadamente. Estoy de acuerdo en que
no solo hay que invertir, no solo hay poner más dinero, hay que saber cómo ponerlo, hay que aplicarlas adecuadamente sobre un modelo con un sector industrial importante, donde hay capacidad para trasladar el desarrollo de investigación a producto, a
economía y a crecimiento. Y este, desde luego, no es el modelo del Estado español. Pero es que con el presupuesto aún más reducido que el de 2011 -que ya se había reducido-, la estructura que se nos ofrece a las empresas, a los jóvenes, a los
científicos, a los centros tecnológicos, a la forma de retener y atraer talento, desde luego no es la más adecuada y no
es que nos acerque a países como Finlandia, Suecia, Alemania o Dinamarca, sino que nos aleja cada vez más. Y no lo digo yo, hace escasamente unos meses, en febrero de 2012, Antonio Tajani, comisario de Industria y Emprendizaje de la Unión
Europea, ha declarado que los resultados del pasado año eran una clara advertencia de que se requieren más esfuerzos para impulsar la innovación, para eliminar el desfase que existe entre nosotros y nuestros socios económicos y superar la crisis
centrándonos en las empresas, que son la clave de la innovación, la clave está allí donde se apliquen los resultados de la innovación.
Desde luego, la tormenta económica -por denominarla de alguna forma- que estamos viviendo ha colocado a los sectores industriales en el centro, y es el momento, un momento crítico pero un momento importante, para tomar decisiones. Hoy más
que nunca, la búsqueda permanente de nuevas vías y comportamientos empresariales competitivos resulta crucial para llevar a nuestra economía a un lugar en el que debería estar y en el que desde luego nunca ha estado. En este nuevo escenario, la
generación de valor y riqueza de empresas nace y se hace sobre todo en el aprovechamiento inteligente del talento, de las personas, del conocimiento, de la creatividad, para que sean los motores de nuestra futura competitividad. No debemos olvidar
que los soportes de una economía orientada al conocimiento y a la innovación son las empresas y los agentes tecnológicos y, en definitiva, las personas que los forman. Vivimos en una economía de las personas, y la actual evolución de las economías
industriales, las más avanzadas, muestra que las industrias son organizaciones basadas en conocimiento y que este tipo de empresas pronto generarán más de la mitad del producto interior bruto y del empleo total, luego, hagámosles un poco de caso.
Por ello, hemos presentado una enmienda que recogía cuatro puntos y que me voy a atrever a leer, que son, en primer lugar, contribuir a la ordenación y coordinación estratégica del sistema de generación de conocimiento y promover su orientación
hacia las áreas científico-tecnológicas identificadas como estratégicas y de futuro, estableciendo prioridades en cuanto a actuaciones a acometer; acelerar la transferencia y aplicación de conocimiento a las empresas, impulsando la obtención de
resultados relacionados con el esfuerzo inversor y favoreciendo la captación de conocimiento y tecnología punteras, también del exterior si fuera necesario; poner en marcha un programa específico para mejorar la competitividad de las pymes,
igualando las inversiones que estas hagan en áreas de internacionalización e innovación; y, por último, establecer un sistema de monitorización y seguimiento de los programas y subvenciones, incorporando criterios de evaluación que permitan después
aplicarlos para las siguientes convocatorias. Estas eran las cuatro líneas principales que estimamos son primordiales para poner en marcha un sistema de I+D+i adecuado.
Por último, me gustaría hacer referencia a un aspecto muy importante porque cuando hablamos de internacionalización a veces se nos escapa y es que en el centro de la estrategia empresarial de muchas empresas como las nuestras, de tamaño
medio y de pymes, uno de los grandes retos actuales, quizá el más importante, es el de mantener el núcleo central de su proyecto en torno a la matriz original de operaciones; es decir, en el territorio, dentro de una gestión global de sus
actividades pero mantenerlo dentro del territorio en el que han crecido y en el que se han generado.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señora Tapia, debe concluir, por favor.
La señora TAPIA OTAEGI: Como decía un amigo socio director de una empresa de consultoría estratégica, nire aitaren etxea defendituko dut, defenderé la casa de mi padre; es decir, utilizaba el título del poema de Gabriel Aresti para decir
que defendamos las empresas que hemos creado, que hemos hecho crecer y que desde luego son la base de nuestro futuro crecimiento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Tapia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señor presidente.
Debatimos esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular de apoyo a la innovación y al respecto queríamos hacer una serie de consideraciones y defender también la enmienda que hemos presentado. En primer lugar, desde nuestro
grupo parlamentario pensamos que es una proposición no de ley de apoyo a la innovación, lo que valoramos positivamente, pero nos sorprende por lo genérica que es y a la vez de su lectura nos preocupan algunos aspectos que incorporan sus dos puntos
en su redacción inicial y a los que haré referencia. Pero antes de entrar en ello, quisiera manifestar y reiterar desde mi grupo nuestro apoyo contundente a las políticas de I+D+i y en concreto a las políticas de innovación, así como a la
priorización de los recursos hacia las mismas. Lamentamos, señorías, señores de Partido Popular, que desde el Gobierno no se haya visto así hasta ahora y aún no se haya presentado un plan y una estrategia de innovación ni se hayan priorizado los
recursos hacia uno de los ejes que entendemos marca y determina la competitividad de nuestro tejido productivo, que es la innovación. Los últimos presupuestos han sido un claro ejemplo, una ocasión a nuestro entender perdida, para impulsar más y
mejor la innovación empresaria, para impulsar nuevos proyectos, para mejorar las infraestructuras del sistema de I+D+i y dar apoyo a aquella parte del tejido productivo más débil y que sufre en mayor medida la crisis y las restricciones al crédito y
que, por tanto, tiene más dificultades de acceso a la innovación, sin la que su competitividad queda claramente afectada.
Nos encontramos en un momento de recursos escasos, es cierto, pero al mismo tiempo, nos encontramos en un momento donde hemos de saber priorizar el destino de los recursos de que disponemos y la priorización tiene nombre de innovación y de
internacionalización como ejes de recuperación de crecimiento y de competitividad. Nuestra posición en el debate de presupuestos fue clara y contundente y la falta de apoyo a las políticas de I+D+i, consideradas prioritarias por parte de nuestro
grupo, fueron determinantes en nuestra posición final.
Yendo ya al contenido de la proposición no de ley, y en relación con los dos puntos de la misma, compartimos algunos de los aspectos, otros, no y, al mismo tiempo, nos preocupaba el sentido que pudiera darse en términos competenciales.
Compartimos, entre otros, el fomento a la innovación, la necesidad de establecer objetivos bien definidos, la promoción de la concurrencia competitiva, etcétera, pero no compartimos las referencias, por ejemplo, a los canales únicos de interlocución
o a la unificación de los criterios, y en este sentido nos preocupa por el riesgo de invasión competencial que pueda darse y que, por tanto, queden afectadas las políticas competenciales de las comunidades autónomas.
También quiero señalar y hacer una breve referencia a un aspecto relacionado con el principio de concurrencia competitiva que menciona el punto 2 de la proposición no de ley. Es un principio que compartimos, en el que creemos, pero al mismo
tiempo también serán necesarias en el futuro algunas actuaciones singulares. Así, compartiendo el planteamiento de concurrencia competitiva, debería haberse mantenido una cierta excepcionalidad para determinadas y muy concretas actuaciones
singulares que en el futuro sean necesarias. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
A fin de reconducir todos estos aspectos comentados que no compartimos, nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución que pretendía reconducir los riesgos intensificados de invasión competencial y concretar y completar al mismo
tiempo la redacción inicial y el espíritu de la proposición no de ley. Nuestra enmienda establece la necesidad de presentar una estrategia de innovación en un plazo determinado, evidencia la necesidad y la prioridad de contar con recursos públicos,
de favorecer también la colaboración público-privada en la que creemos firmemente y de impulsar mecanismos de financiación, así como de tener en cuenta la Ley de la Ciencia, aprobada -recuerdo- por mayoría en este Parlamento. Por último, nuestra
enmienda también recoge, reivindica y reclama el más estricto respeto competencial en esta materia. El Partido Popular ha presentado una transaccional a nuestra enmienda que aceptaremos, entendiendo que en primer lugar recoge los aspectos más
importantes y más significativos de nuestra enmienda, permite al mismo tiempo concretar más y recoge de manera clara e inequívoca el respeto competencial. Hace explícita referencia, repito, a estos aspectos de respeto de las competencias que
detienen las comunidades autónomas eliminándose cualquier riesgo de invasión y subsanándose los aspectos que podrían darse en este sentido en la redacción inicial. El impulso y la optimización del sistema de innovación no pueden ir en contra de las
competencias que detienen las comunidades autónomas en esta materia, pues supondría no solo una invasión competencial sino también una pérdida de eficiencia y eficacia.
No puedo terminar, presidente, sin dejar de decir que necesitamos un mayor impulso a las políticas de innovación. Innovación e internacionalización son los ejes de nuestra reactivación y de nuestra competitividad, y volvemos y volveremos a
insistir en que la crisis obliga a priorizar los escasos recursos de que disponemos, y la Unión Europea en este sentido es un ejemplo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Nos parece sarcástico que el Partido Popular nos traiga una proposición no de ley ni más ni menos que de apoyo público a la actividad innovadora, porque hace pocas semanas discutíamos aquí en el Congreso los Presupuestos Generales del
Estado, donde se aplicó un recorte del 25 % al gasto público en I+D; es decir, se recortó en una cuarta parte. Solo podemos entender esta iniciativa como un uso de las proposiciones no de ley meramente propagandístico, un gesto de lavado de imagen
sin consecuencias prácticas, y mi grupo no está dispuesto a colaborar en ese uso perverso de las proposiciones no de ley.
Señorías, deberían preocuparnos mucho más las realidades que las imágenes, y la realidad es que España tiene una brecha muy importante en el gasto en I+D, que ahora se va a ampliar; tiene una brecha muy importante en los resultados de la
investigación, que ahora se va ampliar; está viviendo un proceso de fuga de cerebros y de desmantelamiento de los equipos investigadores, que ahora se va a ampliar, y su crecimiento a largo plazo se va a ver perjudicado por los recortes en I+D.
Esas son las realidades importantes y no los lavados de imagen que aquí se intentan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, si prestan ustedes atención escucharán cómo mientras en la calle atruena la razón en marcha de los
mineros, en la Cámara atruena el silencio de la ausencia del presidente Rajoy y la impunidad de los banqueros. Dicho eso, que tiene bastante que ver con la proposición no de ley que hoy estamos discutiendo, creo que es oportuno destacar
algo que ya han dicho algunos otros grupos parlamentarios. Estamos ante la evidencia de la razón que tiene la sabiduría popular cuando dice: si no quieres hacer una cosa, habla mucho de ella, que es exactamente lo que hace el Partido Popular con
esta proposición no de ley después de haber sometido a esta Cámara en el debate de presupuestos y haber impuesto con su mayoría absoluta una reducción tan drástica a los presupuestos en materia de investigación. Sin duda, no todo es una cuestión de
recursos, la gestión de los recursos es tremendamente importante. Parece que algunas de las personas conocedoras de esta realidad ya tenían previsto este debate en la Cámara porque hace escasamente unos días un catedrático de la Universidad de
Barcelona reconocido por su conocimiento del mundo de la innovación decía en las páginas de un periódico lo siguiente, y refiriéndose a este debate: Por supuesto que hay defectos e ineficiencia, pero la manera de reparar una máquina con tornillos
oxidados no es escatimarle combustible, como apunta la secretaria de Estado, sino echarle aceite y ajustar las tuercas flojas. Tomen nota, señores del Partido Popular, y no conviertan ustedes el vicio en virtud.
Nos ha formulado el portavoz del Grupo Popular algunas preguntas de carácter interesante sobre las razones por las cuales este país lleva ancestralmente anclado en el furgón de cola en materia de innovación. Sin duda, hay una muy
importante: los recursos, cuando de manera sistemática, eficiente y sin fracturas como consecuencia de los cambios de Gobierno se aplican a materia de innovación, más pronto o más tarde terminan dando resultados. Pero es verdad, no todo depende
del volumen de recursos públicos, ustedes saben que, por ejemplo, el gran diferencial que tenemos en España es fundamentalmente el que provoca la falta de inversión en innovación del sector privado, es ese donde desgraciadamente la diferencia no se
ha producido. ¿Pero por qué no se ha producido esa diferencia? Porque desgraciadamente tenemos un tejido productivo ocioso, vago, como el ojo ciego que no quiere hacer esfuerzo. Y eso tiene algo que ver con el tipo de modelo productivo que
ustedes están incentivando, tiene algo que ver con la reforma laboral que ustedes están a punto de aprobar y tiene algo que ver con el no aprender de los errores. ¿Para qué necesita un país la innovación si se especializa en un tejido productivo de
pelotazo inmobiliario, de grandes parques temáticos como el litoral mediterráneo? Que algo tiene que ver en estos momentos con el agujero en algunas entidades financieras que están dentro de Bankia, que queremos investigar y que desgraciadamente
ustedes no nos dejan. ¿Para qué necesita un país la innovación si su modelo es Eurovegas? ¿Para qué, señores del Partido Popular; para qué, señores de Convergència i Unió, para qué, alcaldes del Baix Llobregat, necesitamos la innovación si
resulta que el modelo es Eurovegas? A menos, claro, que se piense que la innovación puede ir dirigida a investigar cómo se puede crear más adicción en nuestros jóvenes en relación con el juego para hacerlos mejores clientes de Eurovegas y, por lo
tanto, más fácilmente predispuestos a la continuación de ese círculo absolutamente perverso. Ahí es donde, si usted quiere, vamos a poder profundizar, en más recursos públicos, en más gastos eficientes y también en un cambio de modelo productivo
que haga que la innovación tenga incentivos favorables en el tejido productivo y no desincentivos como el que en estos momentos provoca la apuesta por ese modelo ocioso de mal llamada productividad, mal llamada competitividad.
En resumen, todo eso es para decirles que lo siento, lo sentimos mucho, pero precisamente para tener altura de miras, para que no nos sonrojemos y Ortega y Gasset no nos tenga que llamar la atención, para eso lo que hoy corresponde es no
acompañarles a ustedes, a los señores y señoras del Partido Popular, en ese espectacular monumento al fariseísmo político. Desgraciadamente para ustedes nosotros al menos no les vamos a acompañar, no les acompañaremos hasta que ustedes estén
dispuestos de verdad a apostar por la innovación y no a hacer iniciativas de cartón piedra, entonces nos podremos encontrar. Y en general lo digo por todos los miembros de la Cámara, por mí también, si alguien tiene mala conciencia de algo sería
mejor que utilizáramos la institución de la confesión, para el que crea, y el que no, que se busque un placebo, pero venirse a quitar aquí la mala conciencia de las políticas hechas con propuestas como esta es un poco caro para los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cortizo.
El señor CORTIZO NIETO: Señor presidente, señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular nos parece innecesaria, en primer lugar, porque siguiendo la propia filosofía del defensor de la proposición, la parte
dispositiva recoge casi exactamente lo dicho en este Parlamento por el ministro del ramo a la hora de expresar su programa de gobierno, por tanto, es una reiteración que en su propia concepción de lo innecesario nos parece que hace esta proposición
no de ley también innecesaria. Nos parece farragosa en su redacción, incoherente y demagógica. Nos parece demagógica y nos parece un sarcasmo además que se plantee como apoyo público a la innovación cuando se recortan los presupuestos de I+D+i en
un 25 %. Uno podría esperar que cuando habla de apoyo público a la innovación, entiendo que con la I+D incluida, se trataría de buscar de manera complementaria fuentes que permitiesen paliar el daño causado por los recortes, pero no es así. Nos
parece incoherente porque plantea la necesidad
de potenciar la innovación, de potenciar en realidad todo el sistema de I+D, aunque las palabras I+D no aparecen en toda la proposición, cuando eso se conjuga con un recorte drástico que implica el despido de miles de investigadores, el
cierre de líneas de investigación, la finalización abrupta de proyectos de primera línea de alta competencia con otros equipos de investigación en el exterior. Y nos parece un sarcasmo también porque decir que la aplicación del principio de
austeridad pretende evitar el despilfarro significa implícitamente decir que hasta ahora en el sistema de I+D+i en España se estaba despilfarrando, y es una afirmación absolutamente irresponsable, que no se corresponde con la realidad, pero como
además se dice de forma general, habría que entender también que la defensa o la exposición de este principio general significa que los recortes en educación se hacen porque se estaba despilfarrando en educación, los recortes en sanidad se hacen
porque se estaba despilfarrando en sanidad, los recortes en la minería se hacen porque se estaba despilfarrando. Es un sarcasmo no solo la proposición en sí misma en lo que se refiere a la I+D+i sino el texto con el que se pretende justificar el
principio general de austeridad.
Señorías, ustedes en esta proposición no de ley se limitan a hablar de innovación, no integran el sistema de I+D+i. Cuando la leí por primera vez creí que se trataba de una proposición no de ley que abordaba la idea tan encima de la mesa en
los últimos años de que no toda la innovación procede necesariamente de la investigación. Es verdad que hay sobrados estudios que demuestran que existe una parte importante de la innovación aplicada al mundo empresarial que no necesariamente
proviene de la investigación y del desarrollo, si bien es verdad que una parte fundamental y la más sólida proviene de ahí. Pero luego me encuentro con que no es así, que en realidad ustedes se están refiriendo a la I+D+i clásica en su concepción
de modelo más lineal. Y a la hora de la verdad, señorías, señores del Partido Popular, ustedes -y yo coincido con lo dicho en esta tribuna por el señor Anchuelo- no buscan más que cubrir las apariencias, hacer un ejercicio de hipocresía o de
fariseísmo, como han dicho aquí, y la verdad es que desde mi grupo no estamos dispuestos a colaborar en este tipo de montajes, este tipo de operaciones que lo único que hacen es malgastar, despilfarrar el tiempo y los recursos de esta Cámara. Por
eso mi grupo, señorías, se va a pronunciar en contra de esta proposición no de ley.
Acabo ya recordándole lo que un teórico de la innovación decía allá por los años treinta del siglo pasado acerca de la innovación. Introducía el concepto de la destrucción creativa, que significa destruir lo antiguo para sustituirlo por lo
nuevo. Se trataba del economista austriaco Schumpeter. Ustedes, en vez de destrucción creativa, hacen simplemente destrucción, destruyen lo antiguo y no lo sustituyen por nada nuevo, destruyen en un 25 % el sistema de ciencia y tecnología de este
país y lo que te rondaré morena.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que acabar.
El señor CORTIZO NIETO: Su innovación más importante consiste en haber incorporado a la Virgen del Rocío a la resolución de la crisis de la economía española. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortizo.
Señor Fernández Álvarez, a efectos de aceptar o rechazar enmiendas.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: Hemos aceptado una enmienda de nuestro propio grupo, hemos llegado a un acuerdo transaccional con Convergència i Unió y rechazamos el resto de enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Entonces tiene que traer la enmienda transaccional a la Mesa. Gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 162/000115).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural contra la pobreza y la exclusión social, que defiende el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en los últimos tiempos se ha hecho presente en nuestro país, además de la política democrática, la política de los plutócratas, la política de los mercados, que no solamente son capaces de sacar adelante sus prioridades, como está
ocurriendo en estos momentos en el mundo, sino que además son capaces de imponer la agenda a las instituciones democráticas. Así, el problema ya no es tanto el desempleo, la pobreza, la desigualdad, los problemas de la investigación científica,
sino que el problema en los últimos tiempos es la prima de riesgo, la evolución de los intereses de la deuda y la evolución de la bolsa, como si se tratase de la vida real.
Señorías, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, al igual que hoy el resto de los grupos parlamentarios, queremos introducir en esta Cámara el debate sobre la situación de pobreza en nuestro país, una
situación de pobreza, además, señorías, que no es nueva. Nuestro país tiene crónicamente, incluso en el periodo democrático, una situación de pobreza muy por encima de la media de los países de nuestro entorno, algo ocurrirá en nuestro tejido
productivo y en nuestras políticas sociales para que eso sea así. Pero queremos hacer una llamada de atención, en primer lugar, porque nos queremos hacer eco de las organizaciones no gubernamentales, del tercer sector, que han llamado la atención
sobre la situación extrema de la
pobreza en nuestro país, y, en segundo lugar, porque en estos momentos parece que las políticas no van en ese sentido precisamente, sino que corren el peligro de acentuar aún más la situación de pobreza en determinados colectivos, de hacer
crónica esa situación de pobreza, con lo cual podemos estar hablando de exclusión social.
Señorías, ¿por qué nuestro nivel de pobreza no se ha modificado prácticamente durante los años noventa y durante el siglo XXI? Se ha modificado un punto arriba, un punto abajo, pero no ha habido una reducción significativa. ¿Por qué
nuestro nivel de pobreza sigue estando en torno al 20 % a lo largo incluso del periodo de mayor crecimiento? ¿Y por qué, señorías, nuestro grado de desigualdad es también un grado de desigualdad que se mantiene, incluso se incrementa, tanto en los
periodos de crecimiento como en los periodos de crisis? ¿Por qué, señorías? Yo creo que es porque si bien la desigualdad no significa necesariamente pobreza, es la base fundamental de la pobreza. Recientemente Stiglitz escribía un artículo en
relación con la pobreza en el que intentaba demostrar que la teoría de la cascada, la teoría por la cual el incremento de los beneficios de unos pocos se convierte en beneficios para la mayoría, era falsa; era falsa en Estados Unidos y es falso en
nuestro propio país. Hemos visto cómo en un periodo largo de crecimiento aumentaban de forma muy importante las rentas de unos pocos y sin embargo las rentas de aquellos que tienen una situación de pobreza prácticamente no se modificaban o se
modificaban mucho menos. Las causas de esta cuestión están, por ejemplo, en nuestra escasa política fiscal o, podemos decir, en nuestra deconstrucción de la política fiscal. También Stiglitz hacía una referencia a lo ocurrido en Estados Unidos,
donde de una presión fiscal en torno a un tipo máximo de 60 en los años ochenta se habían bajado prácticamente 40 puntos de presión fiscal. Y trataba de explicar por qué esa reducción de la fiscalidad progresiva había incidido de forma negativa
tanto en la disparidad de rentas como en el nivel de pobreza. Pues para nosotros seguramente es esa política de deconstrucción fiscal -algunos han dicho que cuantos menos impuestos mejor, cuanto menos Estado mejor- la que ha provocado mayor
desigualdad y mayor pobreza. Y también podríamos decir que detrás de esa política de desigualdad y de pobreza se encuentra una política de Estado del medioestar, que no de Estado del bienestar. Señorías, a lo largo de los últimos diez años ha
aumentado nuestro producto interior bruto el doble del gasto social, yo creo que es bastante significativo. Es decir, mientras nuestra economía crece, nuestro gasto social se retrasa en relación con la Unión Europea, y eso no siempre fue así. A
finales de los años setenta y en los años ochenta las cosas fueron muy diferentes; la construcción de un sistema fiscal y la puesta en marcha del Estado del bienestar fueron eficaces, redujeron de manera significativa la pobreza y aportaron
también, como he dicho antes, su granito de arena a la convergencia social.
En estos momentos, señorías, en esta crisis económica nos preocupa que las cosas vayan por el mismo camino, es decir, que de nuevo podamos ir -como ha dicho Ulrich Beck recientemente- de un empleo mileurista a un subempleo de pobreza.
Creemos que las reformas laborales van por ese camino del modelo de subempleo alemán del que Ulrich Beck hablaba. Tememos también que las reformas que ha adoptado el Gobierno en política social o en política sanitaria tengan un impacto negativo
sobre la situación de colectivos sociales desfavorecidos. Asimismo, tememos que las políticas de recorte y de ajuste -que alguien ha llamado austericidio- nos lleven finalmente a una situación de depresión económica. Por esa razón, señorías,
proponemos una serie de medidas y entre ellas la fundamental: aprobar un plan nacional de inclusión social. Pero queremos hacer hincapié también en el derecho a la vivienda, en la escolarización obligatoria, en los niveles de cobertura sanitaria,
en el ingreso mínimo garantizado, en los servicios sociales y en los derechos sociales y políticos de los extranjeros. Señorías, estamos convencidos de que si una sociedad no quiere pasar de la cultura del trabajo a la cultura del riesgo
incoercible, como dice Ulrich Beck, debe tomar estas medidas aunque sea en un contexto de crisis o, mejor dicho, precisamente por estar en un contexto de crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Se han presentado varias enmiendas y para su defensa tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer que el señor Llamazares traiga este debate al Pleno. Quizá habiendo debatido hace pocos minutos una proposición no de ley de todos los grupos parlamentarios centrada específicamente en la lucha contra la pobreza infantil,
hubiese sido interesante haber planteado en otro Pleno este debate. Seguro que no era la intención del señor Llamazares contraponer un texto con otro, pero cuando preparaba estos días el debate tenía una sensación un punto extraña. En todo caso,
bienvenida la discusión y el planteamiento de alternativas.
Al texto de la proposición no de ley que nos plantea La Izquierda Plural, Convergència i Unió le ha presentado un texto con vocación alternativa que recoge algunas de las cuestiones que en estos seis meses hemos planteado en esta Cámara de
manera muy concreta para hacer frente a estos problemas que, como muy bien apuntaba el señor Llamazares, derivan de defectos y debilidades de nuestro modelo social y económico. En este contexto tan difícil, y sometidos a la lógica implacable de la
austeridad, tenemos la intención de ser capaces de promover algunas medidas en esta legislatura. Del conjunto de cuestiones que conforman el texto alternativo que plantea
Convergència i Unió quiero poner el acento en el mandato de que el Gobierno finalice el proceso de estudio y consultas en aras a la ratificación de la Carta Social Europea revisada de 1996. No deja de ser curioso que el Estado español sea
de los Estados que aún no han asumido y ratificado esta carta promovida por el Consejo de Europa. En segundo lugar, ponemos el acento en la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que prevén
que el conjunto de los recursos del 0,7 % del IRPF de interés social sea gestionado por las comunidades autónomas. Para un país como Cataluña es fundamental que su tercer sector social tenga la capacidad de construir en colaboración con el Gobierno
nacional de Cataluña una eficaz política de lucha contra la pobreza. Planteamos también la existencia de un fondo financiado por la Administración General del Estado específicamente orientado a hacer frente a la exclusión de las personas sin hogar,
que es una demanda que también ha planteado el tejido asociativo en Cataluña. Asimismo planteamos la necesidad de una modificación de la vigente Ley de incentivos fiscales a actividades de interés general, porque estamos convencidos de que en un
momento en el que el sector público va a tener menos capacidades para hacer frente al riesgo de la fractura social hay que facilitar las actividades de aquellas organizaciones del tercer sector que hacen frente a los problemas de la pobreza. Hace
unos pocos meses presentamos en esta misma Cámara una proposición de ley que fue rechazada por la mayoría, la mayoría anunció un proyecto de ley de reforma de la Ley de Mecenazgo y mi grupo espera que la mayoría cumpla con ese compromiso que se
expresó desde la tribuna. Planteamos la necesidad de incrementar los recursos del denominado Plan concertado, que es el instrumento que ha permitido la financiación de los servicios sociales en la Administración local, que en el presupuesto de 2012
ven reducida de manera sustancial su dotación. Proponemos también que la renta activa de inserción, que es un instrumento de la política de empleo diseñada desde la Administración General del Estado, sea traspasada a las comunidades autónomas para
que las mismas puedan gestionar ese instrumento que constituye la penúltima red de protección social de las personas desempleadas permitiendo vincular esa política pasiva con las políticas activas.
Finalmente -termino, señorías-, ponemos encima de la mesa dos cuestiones. Por un lado, que la Cámara exprese o reitere la necesidad de promover ante las instituciones europeas un fondo de lucha contra la pobreza, propuesta que el señor
Duran formuló en diversos debates en este Pleno y que ha sido aprobada también por la Comisión Mixta de la Unión Europea, y finalmente, tal y como se mandata en la reforma de pensiones aprobada el año pasado con una enmienda pactada entre
Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista, abordar la reforma del sistema de pensiones no contributivas, el principal instrumento en manos de la Seguridad Social para hacer frente a la pobreza. Este es el conjunto de alternativas que
Convergència i Unió plantea a la proposición no de ley que el señor Llamazares ha defendido desde la tribuna.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor presidente.
Señoría, quiero subrayar en nombre de mi grupo parlamentario, en primer lugar, la importancia de que hoy debatamos dos proposiciones no de ley que comparten un espacio común: que ambas ponen su mirada en las personas a las que con mayor
dureza está golpeando la crisis. Lo cierto y verdad es que, señorías, las circunstancias económicas, junto con las medidas fiscales y económicas que están adoptando el Gobierno y algunas comunidades, están llevando cada vez a más personas a
situaciones de pobreza, situación que además se ve agravada con el desmantelamiento del Estado del bienestar que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular, que además está dejando a muchas de ellas fuera del sistema público de protección.
Hoy hay millones de personas que han perdido su empleo o tienen rentas insuficientes y, por tanto, carecen de los recursos mínimos para atender sus necesidades básicas; personas que además van a encontrar dificultades a la hora de acceder al
sistema educativo, al sistema sanitario y a los servicios sociales, o a las que simplemente les va a ser imposible acceder, que muchas han perdido su vivienda y se ven abocadas a la marginación y a la exclusión social. Todo ello sacude con especial
virulencia a los colectivos más vulnerables: la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad, las que se encuentran en situación de dependencia y, hay que decirlo también, los jóvenes y las mujeres.
Señorías, en febrero de este año Cáritas presentó el informe Exclusión y desarrollo social 2012, elaborado por la Fundación Foessa, sobre la situación de la pobreza en España, en el que se advierte que la pobreza hoy es más extensa, más
intensa y más crónica que nunca. También se advierte en ese informe el aumento que ha experimentado la brecha salarial entre ricos y pobres. El informe subraya que la proporción de hogares españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza es
de casi el 22 % y que otro 25 % de los hogares está en situación de riesgo. De hecho, un tercio de los hogares españoles tiene dificultades serias para llegar a fin de mes y ahora hay más pobres y son más pobres que el año pasado.
Con esta realidad de tanta crudeza y de tanta dureza y que a tantas personas afecta, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda con la vocación, con la voluntad de encontrar un espacio de acuerdo para mejorar la respuesta y
abordar las soluciones de la forma más adecuada. Esta enmienda incide en cuatro de los
ocho puntos planteados por el grupo proponente. El primer punto lo hemos enmendado y hemos hecho una traducción literal del primer punto que se ha planteado por parte de todos los grupos parlamentarios en la anterior proposición no de ley
en relación con la pobreza de la infancia. En el segundo punto hemos creído conveniente concretar los instrumentos que permitan conseguir óptimas tasas de cobertura por desempleo, de ahí que hablemos de la prórroga del Plan Prepara y de la
ampliación de la cobertura de la renta activa de inserción. Respecto al tercer apartado, relativo a la vivienda, debemos hacer en estos momentos una referencia expresa al problema de los desahucios y manifestar con claridad que es necesario
articular medidas para pararlo. Por último, en el punto octavo de la proposición no de ley proponemos eliminar una expresión que los autores de la iniciativa estamos convencidos de que han empleado con la intención de enfatizar, pero que desde
nuestro punto de vista no es afortunada, y es que en lugar de hablar de legalizar el papel esencial que juega el tercer sector, la plataforma constituida del tercer sector, creemos mucho más apropiado emplear la expresión de regular ese papel
esencial que juega la plataforma del tercer sector, porque así estaremos abriendo las puertas a una participación eficaz, efectiva y real de una plataforma esencial y fundamental en cuantas cosas quiere y ha de aportar en relación con el ámbito de
lo social y, en concreto, con el ámbito de la pobreza, cómo combatirla y cuáles pueden ser las soluciones necesarias y más apropiadas.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora AGUILAR RIVERO: Concluyo, señor presidente.
Las personas que están en situación de pobreza, en situación de exclusión, merecen, sin lugar a dudas, no solo nuestro debate y nuestra atención sino el esfuerzo, el que quiere hacer el Grupo Parlamentario Socialista para que también en esta
proposición no de ley podamos alcanzar un acuerdo de este Parlamento que exprese la cercanía que tenemos con esas personas que hoy lo están pasando mal y que, además, ponga en el camino soluciones y compromisos políticos. Eso es lo que de nosotros
esperan y a ello quiere contribuir nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto tiene en primer lugar la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy por fin estamos hablando de personas; ya era hora de que se hablara de personas aquí, en esta Cámara. Empezaré reproduciendo unas declaraciones: El nivel de pobreza que vive el país es comprable al que experimentaron nuestros mayores
hace sesenta años, en la posguerra, o Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Son palabras del director de Cáritas de Madrid. Soy concejal del Ayuntamiento de Sueca y he llevado la concejalía de Servicios Sociales. Es justamente allí, en los
ayuntamientos, en las concejalías de Acción Social donde se capta la magnitud del problema, que crece cada día. Muchas veces es un problema silencioso porque la gente tiene vergüenza, tiene dignidad y no quiere que su problema se sepa, no quiere
que sus vecinos conozcan sus penurias. Y cuando ya no encuentra salida, recurre desesperada a la Administración más próxima, recurre a su ayuntamiento, a la gente que conoce. Allí, en mi ayuntamiento, he visto muchas personas con cara y ojos
tristes, cada una con su problema; personas a las que les habían cortado la luz porque necesitaban el dinero del recibo para comer; familias que habían perdido su vivienda por no poder pagar la hipoteca y que regresaban, impotentes, a la casa de
sus padres jubilados; madres que no podían comprar los libros de sus hijos; familias de gente joven con hijos que dependían de la pensión de sus padres para vivir y gente pidiendo algún trabajo, el que fuera. Porque la gente prefiere trabajar
antes que pedir; porque sin trabajo, con tasas cada vez más altas de desempleo, especialmente en los jóvenes que ya superan el 50 %, con sus políticas de ajustes, de recortes -recordemos, 7,4 % en empleo y Seguridad Social, 42 % en familia e
infancia; 38 % en mayores; 13 % en dependencia; 21 % en políticas de empleo- mucha gente lo está pasando mal, principalmente la más vulnerable. Y desde los ayuntamientos hacemos lo que podemos pero nos faltan recursos. Han aumentado las
necesidades y han disminuido los recursos, también los que provienen del Estado. Por eso aprovecho para recordarles, tanto al PP como al PSOE, que la financiación local es una asignatura pendiente; una asignatura que en más de treinta años de
democracia nunca han tenido la voluntad de abordar, más allá de meras declaraciones de intenciones. Pero deberían tomarse en serio una ley que diera recursos a los ayuntamientos porque la vida real, los problemas, los dramas cotidianos, la
pobreza...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le recuerdo que comparte su tiempo.
El señor BALDOVÍ RODA: ...la exclusión social se asoman todos los días a los servicios sociales de los ayuntamientos. Deberían tomarse en serio este plan de inclusión social, como nos lo tomamos en serio Compromís-Equo, porque nosotros sí
que estamos del lado de las personas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, subo a la tribuna para manifestar la posición del Bloque Nacionalista Galego, una posición favorable a esta proposición no de ley del señor Llamazares, de Izquierda Unida. Lo hacemos, señorías, porque somos conscientes de la grave
situación que estamos viviendo en relación con el incremento del número de personas que están en desventaja social. El problema es que, además, todos los indicios que tenemos en relación con el desempleo o con la situación de crisis económica nos
indican en general que efectivamente esta situación va a mayores. Desde nuestro punto de vista, y habida cuenta de que ya hemos tenido una crisis en los años noventa de la que podíamos sacar una conclusión, que es más barato prevenir que curar,
entendemos que estas propuestas que nos hace el señor Llamazares son propuestas de prevención de situaciones de marginación, de situaciones de exclusión. Porque evidentemente para la sociedad en general sería mucho más grave desde todos los puntos
de vista el que se generaran estas situaciones y, por el contrario, se podrían frenar con políticas de apoyo. Por eso nos parecen fundamentales las medidas que se contemplan en esta proposición no de ley, desde aquellas relacionadas con garantizar
los derechos sociales de todas las personas extranjeras a, evidentemente, aquellas dirigidas a los servicios de educación o sanidad pública y, por supuesto, los servicios sociales.
Señorías, nos parece fundamental que desde ya se empiecen a hacer estas políticas de prevención para que no tengamos que vivir situaciones graves de exclusión social y marginación, ya que parece que todo indica que, si no se toman medidas,
va a ser así. Ya está siendo así, pero tal y como está la situación el problema va a ser muchísimo más grave. Por todo ello, entusiastamente vamos a votar a favor de esta propuesta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, hay familias de la llamada clase media haciendo cola en comedores sociales y ancianos, inmigrantes y extranjeros esperando que los supermercados vacíen sus productos caducados en los contenedores para cogerlos. No les hablo de
Entebbe, Uganda, les hablo de imágenes que vemos cotidianamente en ciudades del Estado como Madrid. Ante este momento de urgencia social, desde Amaiur consideramos que la propuesta realizada por los compañeros de La Izquierda Plural es lógica,
justa y muy necesaria. Según el informe Foessa de 2012, este Estado encabeza la tasa de pobreza de la Unión Europea, el 21 % de la población -esto es, más de 11 millones de ciudadanos- es pobre. Son unas cifras que, como recordaba mi compañero el
señor Baldoví, son similares a las de la posguerra; miseria que afecta en especial a los sectores más vulnerables, los pensionistas, mujeres, migrantes y niños. Algunos argumentarán que esta situación responde a la crisis socioeconómica, pero lo
cierto es que esta situación la producen las reaccionarias medidas que se están aplicando contra la misma. Si la crisis está afectando a varios Estados europeos -a algunos en mayor grado que al Estado español-, ¿cuál es el motivo para encabezar el
ranquin de la pobreza y la exclusión social? No hace falta ir lejos para encontrar la razón. El hecho de contar con 6 millones de parados y a esto sumarle los recortes sociales nos da un resultado lógico: miseria con mayúsculas.
Señorías, frente a esta situación existen medidas. En primer lugar, es necesario asegurar a todos los ciudadanos una renta básica de garantía, ligada a un salario mínimo interprofesional digno, que no sea inferior a la mitad del salario
medio de cada Estado. La vecina República Francesa tiene un salario mínimo interprofesional superior a los 1.300 euros. No olvidemos el estudio de Foessa, que remarca el incremento de los trabajadores pobres, cerca de un millón de personas
empleadas, pero con estipendios paupérrimos, que no logran llegar a fin de mes. De igual forma se debe asegurar un ingreso mínimo digno a todas aquellas personas en situaciones de paro o desamparo. En segundo lugar, hay que asegurar y reforzar los
pilares del Estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales de carácter público, gratuito y universal. Es exactamente lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno.
Señorías, son propuestas reales, existen fondos. Se trata solamente de una cuestión de prioridades. Mientras algunos prefieren salvar a los bancos en crisis, otros consideramos que la prioridad es salvar a los ciudadanos víctimas de la
crisis, y a los bancos, investigarlos, procesarlos y juzgarlos. Por ello -insisto-, contra la pobreza, políticas a favor del empleo, renta básica digna e impulso del Estado social.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Acabo, señor presidente.
En definitiva, Amaiur apoyará esta propuesta de medidas globales y reales contra la pobreza y la exclusión social.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, muchas gracias.
El Grupo de La Izquierda Plural nos presenta una iniciativa y, leyendo el preámbulo de la proposición no
de ley, estamos de acuerdo. Muchas, si no todas, de sus afirmaciones, como cuando se dice que no se han abordado muchos problemas estructurales que están en la base de las desigualdades, son bien ciertas; que el incremento desorbitado del
desempleo, junto con políticas muy fuertes de ajuste de gastos se traducen en aumento de situaciones de exclusión social, pobreza y vulnerabilidad de las personas, también es muy cierto, es indudable; y que las políticas sociales y la inclusión han
de estar en el centro de la agenda es algo con lo que nuestro grupo parlamentario también está absolutamente de acuerdo.
Los datos que nos ofrecen los últimos informes y las últimas encuestas evidentemente son preocupantes porque la situación va agravándose poco a poco, aunque también a mí me resulta un poquito exagerado comparar la situación de la posguerra
española con la presente. No había un sistema generalizado de pensiones, ni una renta de desempleo, etcétera, que proporciona, aparte de otras cosas, una red que entonces no existía. Pero, dejadas exageraciones al margen, sí es cierto que todos
los indicadores marcan una tendencia que agrava esas situaciones de desigualdad y de pobreza. Nosotros estamos también de acuerdo con el Grupo de La Izquierda Plural en que quien tiene que enfrentar esas situaciones, quien tiene que intentar buscar
una salida es lo público, es el Gobierno, es la Administración, por una parte, proporcionando recursos que alivien esa situación a las personas afectadas y, por otra, proponiendo e impulsando medidas a futuro que hagan que esa situación económica se
encauce y mejore; y ahí entramos en lo que he mencionado antes de los problemas estructurales del propio país, de la economía y del futuro del propio país.
Sinceramente, nos parece que la proposición no de ley está basada en grandes titulares, ni siquiera en grandes principios, que no fijan tampoco un compromiso concreto, pudiendo algunos de ellos ser interpretados de manera muy diferente. Hay
algunos que sí, que evidentemente lo dicen muy claro: asegurar el derecho a un ingreso mínimo garantizado como derecho subjetivo en el marco de las rentas mínimas. Absolutamente de acuerdo, esto sí que es muy concreto. Pero sacar las
consecuencias de que vivienda y suelo son bienes no sujetos a especulación, sacar las consecuencias en términos de políticas y derecho de vivienda, no sé exactamente lo que están queriendo decir, si se están refiriendo a desahucios, si se están
refiriendo a sacar la vivienda del mercado privado o si se está refiriendo a poner límites al mercado. Esto es bastante libre de interpretación si únicamente queda reflejado en lo que es el texto de la iniciativa.
Por otra parte, estamos absolutamente de acuerdo con que hay que garantizar los niveles de cobertura sanitaria universal, gratuita, y consolidar el sistema de servicios sociales, de protección social. Pero esto dicho así y en el momento en
el que nos encontramos creo que tampoco es suficiente. Creo que habría que ir más allá y habría que definir más: ¿cómo?, ¿a quién?, ¿a todos?, ¿también a las personas que tienen una renta alta en un momento como en el que nos encontramos?, ¿o
debería el sistema también jugar con una cierta discriminación, de manera que se dé protección a aquellas personas que verdaderamente estén desamparadas en el sistema? No se trata únicamente de una cuestión de voluntades, que yo creo que todos los
grupos políticos tenemos, sino también de una cuestión de eficacia y de distribución de los recursos.
Estoy absolutamente de acuerdo en que el sistema educativo y la escolarización son básicos para asegurar un futuro diferente, pero también entiendo que la escolarización efectiva de todos los niños en edad obligatoria en estos momentos puede
decirse que está asegurada. Yo creo que tampoco se puede afirmar que eso esté en peligro hoy por hoy, ni que se produzca alguna situación de estas de manera no voluntaria por parte de algunos padres o de algún colectivo.
Por otra parte, estoy de acuerdo en que el tercer sector tiene que ir tomando su importancia, su papel que ya lo tiene -y muy importante- en las políticas de inclusión y además sé, como usted también lo sabe, que el ministerio de la señora
Mato ya está preparando alguna ley para legalizar este asunto.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, como no ve el tiempo, le tengo que avisar de que se ha pasado ya.
El señor ESTEBAN BRAVO: Estoy acabando, señor presidente, serán diez segundos.
En cualquier caso, esto deberá hacerse atendiendo a las competencias correspondientes. No sé qué va a hacer, señor Llamazares. Si acepta alguna enmienda y esto se concreta algo más, quizás podamos apoyar su iniciativa, si no, nos
abstendremos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Subo a la tribuna para indicar, en primer lugar, que desde el Grupo de Unión Progreso y Democracia valoramos de una manera muy positiva la iniciativa traída esta tarde a la Cámara por Izquierda Unida, defendida por el señor Llamazares. A lo
largo de la tarde hemos debatido una iniciativa conjunta, que tenía que ver con la pobreza infantil, pero a mí me parece que en esta cuestión, como se suele decir, lo que abunda no daña, todo lo contrario. Es buen momento para hacer e insistir en
esta reflexión y ojalá también que esta iniciativa sea un buen momento para conseguir el mismo acuerdo, la misma unanimidad, que hemos conseguido en la iniciativa que hemos visto a primera hora de la tarde. Por tanto, felicito sinceramente en
nombre de mi grupo a Izquierda Unida. Evitaré repetir alguna de las cuestiones que ha planteado el proponente porque estoy sustancialmente de acuerdo con el relato y la defensa que ha hecho el proponente e incluso con la enfatización que ha hecho
sobre alguna de las cuestiones el señor Llamazares.
En España vivimos un drama, que es un drama político, que tiene un rostro humano, que es la pobreza y el riesgo de exclusión; cada vez es mayor el riesgo de exclusión y el riesgo de pobreza. Se han dado ya desde la tribuna muchos datos,
los ha dado el propio proponente, pero también los han dado otros diputados que han hablado antes que yo. Por tanto, no tengo que repetir ninguno, pero quiero llamar su atención sobre alguna de las cuestiones que caracterizan este riesgo de
exclusión y este drama humano, que no se ha citado a mi juicio suficientemente y que tiene que ver, por ejemplo, con un dato, con los imparables desahucios que se están produciendo en España; es otro rostro de la exclusión y otro rostro de la
pobreza y de la desesperación; desahucios imparables que además van creciendo año a año. En el año 2011 hubo 58.241 procesos de desahucios y eso significa -dicho de otra manera, porque a veces los grandes números no te permiten ver la realidad-
160 procesos de desahucios al día y eso son 160 familias ante la desesperación y ante la incapacidad de reaccionar y de encontrar protección. Es un drama que empuja a las personas a engrosar las listas de exclusión y que además, señorías, como ya
se ha dicho, pone en riesgo los logros de décadas en materia de cohesión. Todo lo que hemos recorrido, todos los logros, todos los esfuerzos, todo lo que ya hemos conseguido está poniéndose en riesgo en muy poco tiempo, desde mi punto de vista.
Son datos escalofriantes que, por insistir en lo mismo, para que no sean solo cifras y para contextualizarlo, nos demuestran que los pobres españoles de hoy son más pobres que los de hace unos años. Es decir, hay muchas personas en el umbral de la
pobreza, en el riesgo de exclusión, pero además son más pobres que los pobres de hace muy poquitos años.
Por citar solo uno de los datos del informe Foessa que aquí se ha citado, en un hogar de dos adultos, más dos niños, la renta en 2009 era de 16.000 euros largos y ahora es de 15.000. Por tanto, más personas en riesgo de exclusión, más
pobres, más personas pobres y además más pobres de lo que eran hace unos años. Quisiera terminar con otro dato -el señor Llamazares lo decía en su intervención-, y es que hay una creciente desigualdad; no ya riesgo de desigualdad, sino que hay más
pobreza y más desigualdad incluso entre los pobres. Hay más desigualdad de pobres respecto a personas que no lo son, pero también hay mayor desigualdad entre las personas excluidas y entre los pobres. Yo creo que ahí hay un papel que tiene que
jugar la democracia y que tienen que liderar las instituciones, y para eso están algunos instrumentos.
Lo citaba el señor Llamazares -y lo hace también en la parte propositiva- cuando hablaba del derecho a un ingreso mínimo garantizado como derecho subjetivo; estamos hablando de las rentas mínimas. Me gustaría profundizar en esa reflexión,
porque también tenemos que garantizar a través de la renta mínima, que es el último recurso, un mayor grado de cohesión y de igualdad. Si ahora mismo, con todo el respeto a la autonomía política de cada cual, ves el panorama, ves el mapa, te das
cuenta de que algo hay que hacer para que eso no sea así. Por ejemplo, en el País Vasco la renta media es de 640 euros al mes y afecta a más de 55.000 ciudadanos; en Andalucía, que multiplica por diez el número de parados, la media es de 380 euros
al mes y solo la cobran 27.000; o en Extremadura, con el mismo número de parados sin ninguna otra renta, la cobran 1.475 personas y asciende a trescientos y pico euros. Algo hay que hacer ahí para garantizar que a través de ese último recurso haya
más garantía de cohesión, más garantía de igualdad. Algo tenemos que pensar en esa materia.
Hoy el diputado del Grupo de Unión Progreso y Democracia planteaba este debate en Comisión -no ha sido posible-, y yo les pido a sus señorías que encontremos una fórmula para resolver este drama, esta pobreza y esta desigualdad
complementaria, porque -insisto- esta es una de esas cosas en las que la ideología, el perfil o todo lo demás tiene que estar supeditado a garantizar aquello para lo que están hechas las leyes y aquellos derechos que la Constitución proclama como
fundamentales: la libertad, la igualdad y la justicia.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares, señorías, empiezo compartiendo el espíritu que inspira la iniciativa; compartiendo, como no podía ser de otra manera, el dolor de tantas familias, de tantas personas que están sufriendo tanto especialmente en estos últimos
años de crisis. Yo no voy a perder un minuto en buscar responsables ni culpables que, desde luego, no encontraría en esta bancada, ni siquiera voy a perder un minuto en contestar algunas de las críticas que se han vertido esta tarde; voy a
decirles qué está haciendo este Gobierno, un Gobierno responsable, para combatir la pobreza y la exclusión social, porque esto, al menos, es lo que nos importa al Grupo Parlamentario Popular.
Es una evidencia -y así lo reconocen todos los informes; algunos se han citado ya esta tarde-, que la crisis económica ha provocado que los índices de pobreza y de exclusión social se hayan agudizado. Un escalofriante informe de Cáritas
advierte que hoy en España la pobreza es más intensa, más extensa y más crónica. La tasa de pobreza si situó en el 21,8 % en 2011; uno de cada cinco hogares españoles vive ya por debajo del umbral de la pobreza y uno de cada cuatro se haya en
situación de riesgo. Señorías, hay 11,6 millones de españoles en riesgo de exclusión, sin olvidar que en estos últimos años tenemos una de las tasas de pobreza más altas de la Unión Europea, junto a Rumania o Letonia. Imagínense, señorías, el
nivel al que hemos llegado. Son cifras que sin duda nos deben hacer reflexionar, nos deben hacer actuar porque no podemos conformarnos.
Por ello, señorías, en la agenda de este Gobierno los parados y las personas más vulnerables son la prioridad, por y para ellos se está trabajando. Y se está haciendo desde dos vertientes complementarias entre sí. En primer lugar, con las
reformas emprendidas por este Gobierno, que buscan un crecimiento económico y la creación de empleo, necesarias para salir de esta crisis que hemos heredado y que es el principal factor del aumento del desempleo, de pobreza y de exclusión social de
los últimos años; medidas como la reforma laboral, las orientadas para corregir el déficit, las reformas estructurales en materia educativa o sanitaria, la estabilidad presupuestaria o la reforma financiera. Pero también con medidas de protección
social para reducir la magnitud de la pobreza y la exclusión social: la actualización de las pensiones, la prórroga de los 400 euros a los parados que hayan agotado su prestación, el coste cero de los medicamentos a parados -por primera vez en la
historia de España- o la dación en pago.
Señorías, entramos en el fondo de la proposición no de ley. Quiero decirle, señor Llamazares, que compartimos algunas de las cuestiones planteadas, como la aprobación de un plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2015, un plan
que ya ha sido recogido en la proposición no de ley sobre pobreza infantil debatida hace un momento y presentada por todos los grupos parlamentarios, un plan que es un firme compromiso de este Gobierno. Respecto a la consolidación del sistema de
servicios sociales como cuarto pilar del sistema de protección social, debo decirles que el Gobierno desde el primer día viene trabajando -y ustedes lo saben bien- por un pacto de Estado por la sanidad y los servicios sociales. Así lo ha trasladado
la ministra a todos los grupos parlamentarios reiteradamente. Se trata de un pacto que, además de una sanidad pública, universal, gratuita, sostenible y de máxima calidad, garantizará también unos servicios sociales más eficaces y próximos a los
más necesitados, a las necesidades reales de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables; pacto, señorías, señor Llamazares, en el que esperamos encontrar a todos los grupos de esta Cámara. Y también y en colaboración con las comunidades
autónomas, como no podía ser de otra manera, se está trabajando por un acuerdo de los servicios sociales y atención a la dependencia, que se basará en la definición de un catálogo de servicios sociales, que supondrá sin duda un gran paso en la
consolidación del sistema de servicios sociales.
Acerca del reconocimiento del papel esencial de las organizaciones del tercer sector y el impulso a la corresponsabilidad social que recoge la iniciativa, quiero comentarle que hace solo unos días -y también lo ha dicho algún portavoz- la
ministra Mato anunciaba una ley del tercer sector, una ley que va a dar el marco de estabilidad y confianza a las entidades de acción social y que les permitirá seguir prestando una labor que es fundamental para toda la sociedad, una labor que
cuenta con el reconocimiento, con el apoyo y con la gratitud de este Gobierno, mostrada no solamente en los Presupuestos Generales del Estado con el mantenimiento del 0,7 % del IRPF para fines sociales, en la anunciada ley del tercer sector, en la
potenciación del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, en el apoyo al voluntariado, en la asignación de 203 millones de euros para la realización de programas de acción social y en un largo etcétera.
También podemos hablar de la educación, y qué decirle, señor Llamazares, que el artículo 27 de la constitución europea reconoce el derecho fundamental a la educación básica, obligatoria y gratuita. Pese a ello, las tasas de abandono y de
fracaso escolar en los últimos años son insostenibles, tasas de las que desde luego tampoco tiene la culpa el Grupo Parlamentario Popular de este horroroso drama.
Sinceramente -y haciendo un inciso-, no puedo entender el discurso de la señora Aguilar, de la portavoz del Grupo Socialista. La señora Aguilar ha dicho literalmente que millones de personas han perdido su empleo. Pues sí, señora Aguilar,
más de 5 millones de personas en paro dejó su Gobierno, más de 1,5 millones de familias con todos los miembros en paro dejó su Gobierno, el mayor recorte social de la historia porque no hay política social sin empleo. (Aplausos). No entendemos su
discurso con las políticas que llevaron a cabo desde el Gobierno, un Gobierno del que usted formaba parte de forma destacada. (La señora Hernández Gutiérrez pronuncia palabras que no se perciben). Es un discurso, desde luego, ilógico y cuando
menos incoherente, porque hay dos formas de entender la política social: el Partido Socialista congeló las pensiones, el Partido Popular subió las pensiones; el Partido Socialista dejó una deuda de 16.000 millones en la sanidad, el Partido Popular
ha hecho un plan de pago a proveedores de 35.000 millones de euros; el Partido Socialista eliminó el 55 % de los programas sociales y 80 millones de la dependencia, ustedes pusieron en riesgo la sanidad pública y los servicios sociales; con el
Partido Popular vamos a llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Ustedes supusieron el mayor riesgo para la protección social de este país.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Voy terminando, señor presidente.
El Gobierno del Partido Popular garantizará el mantenimiento de los servicios sociales. Y si quieren, señorías, hablamos de recortes. Mientras el Gobierno del Partido Popular está dedicado a hacer las reformas necesarias para sacar a
España de esta crisis, en Andalucía se ha metido un hachazo brutal a los servicios públicos, y lo ha hecho de nuevo un Gobierno de izquierdas. Así que menos lecciones, más memoria y más coherencia, señores del Partido Socialista. (Aplausos).
Pero, nosotros a lo nuestro. Nosotros
creemos que la mejor forma de evitar los recortes es plantear las reformas. Este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular está desde el primer día...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: ...trabajando para salir de la crisis, para volver a crecer y crear empleo, está haciendo las reformas estructurales necesarias y solo, señorías -termino de verdad, señor presidente-, nos gustaría que en este
momento de dificultad todos remásemos en la misma dirección, nos gustaría más altura de miras. Es hora de unir nuestras fuerzas y pensar en tantas y tantas familias que hoy más que nunca necesitan a políticos comprometidos y responsables. Por eso
le pedimos al señor Llamazares y al resto de los grupos parlamentarios que colaboren con este Gobierno para salir de esta brutal crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Camarero.
Señor Llamazares, ¿qué enmiendas acepta?
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Acepto las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL ESTABLECIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO MODELO PREFERENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO.
(Número de expediente 173/000025).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la discusión de las mociones. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia sobre los propósitos del Gobierno en relación con el establecimiento a nivel nacional de la
custodia compartida como modelo preferente en los procedimientos de separación o divorcio.
Tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, traigo a debate de la Cámara una moción consecuencia de la interpelación que se vio la pasada semana, que tiene como objeto favorecer la custodia compartida revisando las leyes actuales a la luz de sus consecuencias. (Rumores).
Como creo que hay que hacer siempre, cuando el legislador hace las leyes, busca la defensa del interés general, tiene la intención de que la ley sea... (Continúan los rumores). No me oigo presidente, oigo un ruido de fondo.
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio a la Cámara para que se pueda oír a la interviniente.
Continúe, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Se trata en esta ocasión, en este caso, de revisar la ley -insisto- a la luz de las consecuencias, para que la ley provoque una mayor justicia, una mayor igualdad, para que la ley proteja y garantice los derechos de los más débiles, en este
caso los derechos de los menores. Es, a nuestro juicio, una asignatura pendiente de nuestra democracia, una asignatura que les propone remover los obstáculos precisamente para proteger ese derecho fundamental, para atender al interés prioritario
del menor. Ese es el objeto de esta moción que someto a su consideración, a la consideración de todos ustedes y sobre la que espero el máximo consenso si no es posible conseguir la unanimidad. En todo caso, ocurra lo que ocurra a la hora de la
votación, sé que lo que estamos haciendo esta tarde en sin duda ninguna un paso adelante -un paso adelante, insisto- para favorecer la libertad, para favorecer la igualdad y para proteger el bien que tiene que ser protegido prioritariamente, de
manera especial, de manera fundamental: los niños, los menores. Son sus derechos, no los de los hombres ni los de las mujeres, ni los de los padres ni los de las madres, ni los de los abuelos ni los de las abuelas, sino los de los menores, de los
que tenemos que buscar la protección. Hemos de buscar también la conciliación, favoreciéndola, haciendo posible por lo menos desde la ley, favoreciendo desde las leyes, que haya un acuerdo, favoreciendo que haya conciliación, que de la ruptura de
la unidad familiar, que de la ruptura de la convivencia de los adultos, de esa ruptura las consecuencias no las paguen los menores. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Por tanto, que haya una ley, que se revise la
aplicación de la ley a la luz de las consecuencias para esos preceptos constitucionales que son indiscutibles: libertad, igualdad, justicia, que se revise a la luz de esas consecuencias, que se busque proteger el interés del menor y que se
favorezca la conciliación precisamente para eso, para favorecer el interés del menor.
Se denomina custodia compartida, también custodia alternativa, esa situación legal que establece que en cada caso de separación o divorcio, de ruptura de la convivencia, ambos progenitores se alternen en el ejercicio de los derechos y
obligaciones con respecto a sus hijos menores, estableciéndose un régimen de convivencia que les permita relacionarse con ellos, con los niños, por periodos en tiempos igualitarios en la medida de lo
posible, de forma racional y, en todo caso, tomando en consideración el interés superior del menor. Señorías, no me cansaré de repetir esto, de esto se trata, de que legislemos pensando en eso, de que analicemos las consecuencias de las
leyes, las consecuencias desde esta perspectiva de la defensa del interés superior del menor y que aquello que haya que cambiar lo cambiemos porque para eso estamos, para resolver los problemas de la gente, para resolverlos a través de las leyes,
para resolverlos a través de la evaluación.
Quiero recordar, señorías, que hasta la aprobación de la Ley 15/2005, con un Gobierno socialista en España que modificó entre otros el artículo 92 del Código Civil para introducir la guarda y custodia compartida, dicho sistema no estaba si
quiera contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. A partir de ese momento se regula por vez primera en nuestro derecho, pero de una forma, a mi juicio, ciertamente restrictiva, a mi juicio y a juicio de muchas personas que se han acercado a
evaluar las consecuencias, insisto, de tal manera que su aprobación judicial puede darse tan solo en dos supuestos. En primer lugar, que los padres de mutuo acuerdo lo soliciten en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a un
acuerdo en el transcurso del procedimiento -92.5- y, en segundo lugar, que falte el acuerdo de los padres al respecto y en tal caso se dispone en el 92.8 excepcionalmente. Señorías, reflexionar respecto de las consecuencias que ha tenido para los
niños y para los menores la aplicación de esa norma es de lo que estamos hablando. Como puede observarse, y dije antes, el legislador fue ciertamente restrictivo en la introducción en nuestro ordenamiento de la custodia compartida, a la que parecía
mirar con cierta desconfianza. Los datos oficiales disponibles del año 2009 hablan por sí solos. No les citaré las cifras, está en el texto de la moción que hoy estamos discutiendo y, por tanto, no lo citaré, pero demuestran con los datos de 2009,
los últimos de que disponemos, que efectivamente ha sido ciertamente restrictiva.
Frente a tal situación son cada vez más las voces que llaman a impulsar el sistema de la custodia compartida por considerarse que respeta mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombres, elimina las dinámicas de ganadores y perdedores
-que no tienen por qué pagar los niños-, favorece la coparentalidad y la colaboración en los aspectos afectivos, educativos y económicos y puede servir para evitar sentimientos negativos de los menores, entre los que cabe mencionar el de abandono,
el sentimiento de culpa y el de negación entre otros.
La potenciación y el fortalecimiento de los sistemas de custodia compartida entre los progenitores es una tendencia que puede observarse en distintos países de nuestro entorno en línea con lo establecido, y me interesa destacar esta
cuestión, en la Convención Europea sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989. Se trata, señorías, de que firmemos como país las cartas y que a partir de firmarlas procuremos aplicarlas en nuestro propio ordenamiento jurídico. Sin
embargo, no solo nos tenemos que fijar en lo que han hecho los países de nuestro entorno porque nada es aplicable de forma automática ni es aplicable a una sociedad, cada sociedad es distinta, ni dentro de la sociedad es aplicable de forma
automática a cada uno de los supuestos. Hay que favorecer precisamente que no haya automatismo, pero que no haya automatismo negativo tampoco, que la ley permita que se analice cada caso y que en cada caso prime, insisto, el derecho del menor.
En nuestro país distintas comunidades autónomas han sido sensibles a este problema y partiendo de ese interés superior del menor y de la igualdad de ambos progenitores han avanzado en distintas soluciones que buscan conceder un mayor
protagonismo a la custodia compartida. Cada comunidad autónoma ha regulado de una manera distinta. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En algunas se ha establecido la preferencia, en otras no, pero en todas ellas, permítame que les diga,
tal y como yo he analizado los textos legales y la evolución de los textos legales, se haya planteado la custodia compartida preferente o no, ha habido algo preferente en el legislador y en quienes lo han aplicado. Lo preferente es el menor. Eso
es lo que ha buscado el legislador en todo caso. Han modificado las leyes, hay leyes autonómicas, hay centenares de ayuntamientos que han tomado acuerdos al respecto y hay un acuerdo del Senado de la legislatura pasada promovido por un senador del
Partido Popular, pero acordado en el año 2010, que va en esa misma dirección. Todos han buscado, todos han favorecido lo que yo les propongo, la defensa del menor, de sus derechos, de sus intereses por encima de cualquier otra consideración. Como
decía, dichas leyes autonómicas apuntan en nuestra opinión en la dirección correcta.
La necesidad de impulsar la custodia compartida de los menores en los procesos de ruptura de la convivencia ha sido apoyada a todos los niveles o a muchos niveles. Alguien me decía cuando comentábamos la cuestión esta tarde que todavía es
minoritario. Yo no sé cuantificar si la mayoría de la sociedad española está por ello o no porque no hemos hecho esa pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir terminando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.
Lo que sé es que hay una asignatura pendiente, una injusticia que resolver y que tenemos la oportunidad de hacerlo de esa manera.
Quiero agradecer -con esto termino, de verdad, señor presidente- a los grupos parlamentarios, al Grupo Popular, a Convergència i Unió, al Grupo Vasco y al Bloque Nacionalista Galego, que hayan presentado enmiendas al texto de la moción
buscando precisamente un acuerdo más amplio y entendiendo que era un instrumento para favorecer el texto que este grupo parlamentario les había planteado. A todos ellos les agradezco el esfuerzo y que junto con otros seis partidos políticos de
la Cámara hayan firmado una enmienda transaccional que finalmente pasaré a la Mesa. De verdad, hago un llamamiento a quienes no están todavía en el consenso para que intenten entrar en él, pues los únicos que van a ganar van a ser aquellos
a los que están dirigidas estas reformas de las leyes, los únicos que van a ganar y los únicos que tienen que ganar. Hago un llamamiento al Partido Socialista y a Izquierda Unida, que me han manifestado que no están en el consenso, para que revisen
esa posición y para que a ser posible en esto también demos una lección de saber defender lo que nos une a todos por encima de cualquier otra consideración en la que tengamos posiciones distintas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez.
Por el Grupo Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, quisiera empezar agradeciendo la sensibilidad del presidente de la Cámara por permitirme utilizar treinta segundos para recordar a las víctimas del atentado de Hipercor, del que hoy se cumplen veinticinco años, el mayor atentado de
la historia criminal de ETA. (Aplausos). Recordando a los veintiún asesinados y a los cuarenta y cinco heridos, vaya mi reconocimiento y el de mi partido a todas las víctimas del terrorismo de ETA y mi compromiso y el de mi partido en seguir
trabajando para que el objetivo de construir una dictadura nacionalista y marxista, que sigue defendiendo ETA y quienes les apoyan, nunca llegue a imponerse en nuestra nación.
Señorías, señores de UPyD, quisiera agradecerles la oportunidad del debate y decirles que en nuestro caso apoyaremos todo aquel cambio normativo que, en primer lugar, modifique la excepcionalidad del recurso de la custodia compartida; en
segundo lugar, que respete la voluntad libre pactada por los padres; en tercer lugar, que incluya el impulso de un servicio de mediación o de conciliación que coadyuve a buscar ese acuerdo libre y pactado con el que reducir la litigiosidad; en
cuarto lugar, que impida las situaciones de abuso y desde luego se blinde el interés de los menores en la decisión final, sea esta de las partes o del juzgado, es decir, que no se utilicen los hijos como armas arrojadizas; en quinto lugar, que se
respete el principio de corresponsabilidad parental, que es bueno, señorías, que se mantenga a pesar de la ruptura de la convivencia de los padres. Por cierto, nos hubiera gustado que este mismo principio y esta misma concepción de la
responsabilidad parental y de la igualdad entre hombres y mujeres se hubieran recogido en la actual Ley de salud sexual y reproductiva. En sexto y último lugar, sin que sirva de precedente, vamos a agradecer la sensibilidad autonómica de UPyD en el
sentido de haber aclarado en la transacción el término armonizar. Si hubiera significado suprimir o eliminar las particularidades forales, nos hubiera impedido apoyarla, pero han hecho un esfuerzo de consenso para que todos los grupos pudiéramos
entrar en esta moción. Se lo agradezco y, por tanto, mi voto será favorable.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos presentado desde el Bloque Nacionalista Galego una enmienda a esta moción por dos razones fundamentales. La primera es que es necesario salvaguardar y respetar el derecho de las comunidades autónomas que tienen derecho civil
propio a hacer las modificaciones legislativas en este tema que consideren oportunas. La segunda es que entendemos que la modificación del artículo 92 del Código Civil es la vía más adecuada para resolver o afrontar este asunto; entre otras
razones, porque la custodia compartida se incorpora al artículo 92 del Código Civil en el año 2005, en la ley que conocemos como la Ley de separación y divorcio, y a partir de ese momento se empieza a aplicar la custodia compartida en aquellos casos
en que había acuerdo entre los padres y en los casos excepcionales en que lo decidía el juez.
Es necesario seguir profundizando en esa experiencia porque en principio compartir la custodia es lo mejor que se les puede ofrecer por parte de los padres a los hijos, pero es evidente que nadie puede resolver -y menos una ley- los
desacuerdos entre dos personas que tienen que asumir la responsabilidad parental. Entendemos que cualquier modificación del artículo 92 mayor de la que se aprobó en el año 2005 tiene que contemplar una serie de cautelas que tienen que ir en la
dirección de garantizar el interés superior del menor. Eso es lo fundamental. Por tanto, no podemos pensar que se puede hacer una modificación por la que la custodia compartida vaya a ser siempre sí o sí en cualquier caso de divorcio o separación,
pero es necesario procurar medidas para que cada vez más la custodia compartida sea la solución a los problemas de separación de los padres. Los hijos no tienen que separarse de los padres, ni de uno ni de otro, pero evidentemente esto hay que
hacerlo con la suficiente seriedad y responsabilidad, porque el interés del menor es lo que está en juego. Entendemos que es conveniente -y por eso vamos a votar favorablemente esta moción- seguir debatiendo y profundizando para que se normalice la
custodia compartida.
Finalizo, señor presidente. La experiencia desde que en el año 2005 se introdujo la modificación incorporada en el artículo 92 del Código Civil y las posteriores de las diferentes leyes de derecho civil de Aragón, Cataluña o Valencia puede
indicarnos en qué dirección podemos ir. En cualquier caso, nuestra posición es la de seguir profundizando y avanzar en la custodia compartida siempre con las cautelas que garanticen el interés superior del menor sobre todas las cosas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, esta tarde el Grupo Parlamentario de UPyD nos presenta en esta Cámara una moción para la promulgación de una ley nacional sobra la custodia compartida, una iniciativa que busca modificar
el Código Civil y, más concretamente, aquellos preceptos que regulan la guarda y custodia compartida de los progenitores en los procesos de nulidad, separación y divorcio.
La modificación que se pretende por parte del grupo proponente se sustenta en considerar que la actual regulación de la guarda y custodia compartida hace que sea prácticamente inaplicable, y por ello se interesa en que la adopción de la
misma sea siempre preferente. Una excepción de esto es Cataluña. El Código Civil catalán no establece que la guardia y custodia compartida deba ser prioritaria y su adopción siempre viene condicionada a la protección del interés del menor. Se
pretende pues con esta moción reformar el Código Civil para que este sirva para armonizar la legislación estatal en esta materia, pero ustedes, señorías de UPyD, se olvidan -no sabemos si por descuido o por obsesión recentralizadora- de que en este
país existen comunidades autónomas con derecho civil propio, como es el caso de Cataluña, pero también de Aragón, Navarra y otras, y que todos esos territorios tienen capacidad normativa para modificar, para conservar y para desarrollar. Deben
saber ustedes que en las comunidades autónomas con derecho civil foral el Código Civil es derecho supletorio y no es de aplicación preferente. De hecho, la actual redacción del Código Civil, en su artículo 92, y la interpretación que de él hace el
Tribunal Supremo, en nada establecen un régimen restrictivo de guarda y custodia compartida.
Por último, dejen que también discrepemos en parte de su exposición de motivos. Argumentan que la actual regulación implica que de forma automática se conceda la guarda y custodia siempre a uno de los dos progenitores y que casi siempre
esta acaba recayendo en la madre, perjudicando ello el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Esta afirmación, a nuestro entender, es del todo insostenible; baste la lectura del artículo 92 y siguientes del Código Civil para ver que no
existe preferencia alguna a favor de ninguno de los dos progenitores. Así pues, señorías, nuestro grupo votará en contra a no ser que una vez examinada la transaccional observemos que se retira del texto el concepto de ley nacional armonizadora y
quede claro y de alguna manera conciso que se acepta el Código Civil catalán.
Termino como siempre empezamos y acabamos en este hemiciclo, pidiendo ya, de una manera inmediata, el juicio a Bankia y a los culpables de la crisis.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señora Díaz, vamos a apoyar la moción que nos presenta, dimanante de interpelación urgente, por varias razones. La primera hace referencia a una posición conceptual o filosófica -permítaseme la petulancia- que mi grupo mantiene con relación
a estas materias y sobre la que ha solido discrepar con otros grupos que se preconizan como grupos progresistas.
En materia de separación, divorcio, nulidad, en materia matrimonial, en las materias dimanantes de la filiación, es difícil atribuirse etiquetas vinculadas a posiciones políticas concretas o posiciones sociológicas concretas; no deja de ser
una temeridad. Desde esa perspectiva, nosotros siempre hemos pensado que en los hechos dimanantes de la guardia y custodia, cuando se producen separación, divorcio y nulidad matrimonial, existe una metacultura, desarrollada a lo largo de mucho
tiempo, en donde el progenitor varón ha ocupado sistemática o históricamente una cierta posición marginal, accesoria, como si no fuera un progenitor o como si su condición de progenitor le colocara en una posición secundaria por constituir los hijos
una especie de sutil y subliminal -nunca se han afirmado rotundamente estas palabras o se ha comentado así- suerte de propiedad de la progenitora, de la mujer, de la madre, en definitiva, porque la madre era fruto de circunstancias de la metacultura
imperante y, como dedicaba la atención a los hijos de forma más relevante cuantitativa y cualitativamente que los varones, por ello tenía un mejor derecho para el acceso a la guardia y custodia en los casos de separación, divorcio y nulidad.
Tengo dudas, parafraseando a Lucrecio, de que en los tiempos que corren esto esté en la naturaleza de las cosas. No es que tenga yo esas dudas, señor presidente, señorías, señora Montón, si me permite que me dirija a usted porque sé que me
va a replicar después, es que estas dudas también las comparten parlamentos que tienen legitimidad para opinar sobre estas cuestiones, como son los que le voy a citar a continuación: las Cortes de Aragón; las Cortes Valencianas; el Parlamento
catalán; el Parlamento vasco; el Parlamento riojano; el Parlamento de Murcia; las Juntas Generales de Vizcaya; las Juntas Generales de Álava; las Juntas Generales de Guipúzcoa; diputaciones de Almería, Cádiz, Granada; mociones aprobadas en
el Senado, incluso con sus propios votos, por unanimidad; 344 ayuntamientos que se han posicionado formalmente, de forma unívoca, en relación con la custodia compartida y a su preferencia, cuando sea necesario, evidentemente.
La perversión subyacente consiste en que la respuesta jurisdiccional en relación con la custodia compartida, con las relaciones de filiación dimanantes o provocadas
por situaciones de separación, divorcio o nulidad, es una respuesta jurisdiccional basada en automatismos que se basan, a su vez, en esa metacultura que es discutible sociológicamente y jurídicamente mucho más todavía porque contradice el
principio de igualdad ante la ley. No es razonable que los órganos judiciales españoles atribuyan la custodia y la guarda de los menores en casos de separación, nulidad o divorcio en un porcentaje del 85 % de los casos a la madre y solo en un 5 %
de los casos al varón que reivindica, muchas veces con legitimidad y algunas veces incluso con más legitimidad que la madre por su actitud en relación con los menores, la custodia o la guarda. Son automatismos judiciales que no se basan en realidad
social alguna, se basan en automatismos en el sentido etimológico del término, no basados en reflexiones jurídicas, ni siquiera metajurídicas, no basados en realidades sociales dimanantes de una mayor implicación que puede existir de hecho todavía
pero no en una mayor voluntad de corresponsabilizarse en la guardia y custodia de los hijos, lo cual no siempre es bueno para la mujer. La señora Díez comentaba que puede ser en ocasiones un regalo envenenado. Yo invitaría a una reflexión a todos
los componentes de esta Cámara consistente en decir hasta qué punto asumir casi en el cien por cien de los casos, mediante mecanismos jurisdiccionales automáticos, en los casos de divorcios y separaciones no voluntarias sino contenciosas, la guarda
o custodia, con lo que esto puede suponer de quebranto, de detrimento para las posibilidades de formación profesional o de sostenerse en un puesto de trabajo en una situación de grave crisis económica, en donde el empleo o la precariedad en el
empleo afecta de forma muy particular a las mujeres y no es ajeno a esta precariedad del empleo femenino la situación o la vinculación o la reivindicación casi sistemática por las mujeres, por razones a veces inerciales, a veces metaculturales y a
veces vinculadas al carácter contencioso y a la hostilidad entre los cónyuges o progenitores en relación con la custodia compartida.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Estamos hablando de actos propios del partido al que me estoy dirigiendo, del Partido Socialista. Hay una reforma del año 2005 en donde se reforma el artículo 92 del Código Civil y donde, de forma más o menos
deletérea, se opta por la custodia compartida como elemento preferente en materia de determinación de la guarda o custodia. Con excepciones que son de tal naturaleza que parece que la excepción se confirma en regla, pero se opta en los divorcios o
separaciones que se realicen de forma convenida en todos los casos salvo que el ministerio fiscal aprecie circunstancias impedientes. El ministerio fiscal o los propios menores pueden opinar sobre quién ha de guardarles y custodiarles. En los
casos contenciosos también se prevé en la ley de 2005 -por cierto, presentada por el Partido Socialista-, incluso en casos contenciosos donde la madre reivindique la guardia y la custodia puede el órgano judicial optar por la solución contraria oído
el ministerio fiscal y oídas también las partes.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar porque ha pasado su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Por esta razón y por otra razón muy importante -y yo le agradezco a doña Rosa Díez que haya tenido la flexibilidad intelectual de aceptar una enmienda de naturaleza competencial-: hay comunidades autónomas en este
momento que poseen derecho civil foral propio donde puede haber soluciones especiales, alternativas o incluso diferentes a las preconizadas por el Código Civil español. Se trata de la aceptación de algo contrario -y con esto acabo, señor
presidente, de verdad- a lo que parecía constituir una especie de fenotipo intelectual o del acervo ideológico de UPyD, como es la recentralización de competencias y la negación de hechos diferentes a la estatalización, a lo centralista. Por
primera vez nos encontramos con que la señora Díez, y el grupo que ella representa, acepta la existencia de lo que ni siquiera el general Franco negó, la existencia de derechos civiles y forales históricos, de derechos históricos. Desde esa
perspectiva tengo que decirle y agradecerle que la aceptación de esta enmienda nos tranquiliza mucho a la hora de entrar en el fondo del asunto: que la custodia compartida debe ser el instrumento preferente siempre que no haya circunstancias
impedientes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la parte dispositiva de la moción de UPyD nos proponía dos cuestiones. Una, la conveniencia de modificar el Código Civil para avanzar en la regulación de la llamada custodia compartida y, dos, hacerlo a través de un instrumento
que denominaban ley nacional armonizadora que, como sabe muy bien la señora proponente, desde Covergència i Unió rechazamos rotundamente por inconstitucional y vulnerador de las competencias de las comunidades autónomas con derecho civil propio.
Por lo que respecta a la cuestión de la custodia compartida algunas reflexiones. En primer lugar, mostramos nuestro respeto por todas y cada una de las personas -padres y madres- que tras no haber sido capaces de llegar a un acuerdo con
respecto a la custodia de sus hijos tras un proceso de ruptura matrimonial viven en primera persona lacerantes situaciones en que ellos mismos e incluso los abuelos y abuelas se han visto privados u obligados a mantener unas relaciones poco
cordiales,
insuficientes e insatisfactorias con sus hijos. En segundo lugar, ratificamos una vez más que desde Convergència i Unió el único interés que entendemos que se debe atender es el interés del menor con mayúsculas, ante el que deben ceder los
intereses de los padres o de cualquiera de ellos. Y como ni todos los menores ni todos los progenitores son iguales, y además las circunstancias de cada familia son diferentes, no puede ni debe haber una única solución en cuanto al tipo de
custodia. Por ello valoramos muy positivamente el cambio de planteamiento de UPyD, que ha pasado de la reivindicación de la custodia compartida como modelo preferente, tal como se decía en la interpelación, a lo que hoy solicita en esta moción en
la que no aparece la palabra preferente sino que únicamente insta a fomentar la conciliación, el acuerdo entre los progenitores, la corresponsabilidad parental y el fomento de una custodia compartida.
Una tercera reflexión, señorías, sería manifestar que no se ajusta a la verdad el decir que la actual normativa hace que la custodia se otorgue a las madres. Nuestro sistema lo que hace, en primer lugar, es primar los acuerdos a los que
llegan los progenitores, que son los que realmente debieran anteponer a sus disputas por la vivienda, los bienes, los alimentos o las pensiones el bienestar de sus hijos. Aquí hay un dato importante que debe conducirnos a una reflexión y es que
cuando hay mutuo acuerdo, es decir, cuando son los padres los que deciden qué es lo mejor para sus hijos, únicamente en el 10 % de los casos se acuerda la custodia compartida. Señorías, para reflexionar. ¿Qué sucede cuando los progenitores no
llegan a un acuerdo? Que el juez, atendiendo el supremo interés del menor, intenta hacer una foto de la realidad familiar y mover al niño lo menos posible de la situación que tenía antes de la separación. ¿Cuál es esta realidad? Según datos del
Ministerio de Igualdad en un porcentaje de más del 90 %, hasta el 97 % en algunos casos, son las madres quienes solicitan la ocupación a tiempo parcial para el cuidado de los hijos, la excedencia laboral por el mismo motivo, o el permiso de
maternidad en su totalidad. Por tanto no es la normativa quien decanta la custodia, es la adecuación a la realidad.
Ahora bien, la apertura hacia la custodia compartida hecha por el Gobierno socialista en el año 2005, y la legislación que se impulsó en algunas comunidades autónomas -el Gobierno tripartito en Cataluña con el Partido Socialista de Cataluña
en la Presidencia- tienen como imperativa derivada la necesidad de seguir hablando de este asunto. No nos oponemos a hacerlo si se hace desde la manera general en la que se plantea la moción, aunque expresando ciertas reservas hasta que veamos en
qué texto se plasma la modificación. No hay que olvidar que la custodia compartida es una institución relativamente nueva, que no hay perspectiva de tiempo suficiente para que existan estudios rigurosos de análisis de su aplicación, y los estudios
de los países donde lleva tiempo aplicándose -como Australia- son entre escépticos y negativos en cuanto a su aplicación en los casos donde no hay acuerdo. En todo caso, se puso el otro día como ejemplo la legislación catalana. Hay que recordar
que en ella la custodia compartida no solo no es preferente -no se menciona para nada esta palabra-, sino que para dictarse la misma sin acuerdo tienen que cumplirse hasta una decena de requisitos, entre los que están el tiempo que cada uno de los
progenitores había dedicado a la atención de los hijos antes de la ruptura, la capacidad de cooperación entre los padres, la situación de proximidad de los domicilios o la opinión de los propios hijos, por no hablar ya del Plan de parentalidad, que
está siendo un instrumento tremendamente cuestionado por la intromisión que supone en la privacidad de las familias.
Por lo que se refiere al instrumento propuesto, una ley nacional, he anunciado ya nuestra oposición. En nuestra Constitución no hay ninguna categoría de leyes que se denominen nacionales, y no admitimos tampoco una pretendida Loapa
armonizadora sobre los distintos derechos forales o civiles propios. Hemos presentado al respecto una enmienda concurrente con la de otros grupos nacionalistas. Se nos ha ofrecido una enmienda transaccional en la que se corrigen estos términos,
eliminándolos, lo cual agradecemos a la señora proponente en aras de conseguir un acuerdo. Por tanto anuncio el apoyo de Convergència i Unió a esta moción, en el bien entendido de que no es un sí abierto, es un sí a seguir hablando de este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Montserrat.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, anuncio que vamos a apoyar la enmienda transaccional. Antes la familia era un esquema rígido, era un modelo patriarcal. Hoy lo que nos pide la sociedad es hablar de la corresponsabilidad, tanto de las madres como de los padres;
de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y en su educación, y en casos de ruptura familiar debemos proteger el interés superior del menor por encima de cualquier otra prioridad. El menor tiene el derecho de relacionarse con ambos
progenitores, así como los progenitores tienen la obligación de ejercitar la corresponsabilidad parental. En nuestro país se regula por vez primera la custodia compartida con un Gobierno socialista, en el año 2005, pero en contra del objetivo de la
exposición de motivos de esa ley la custodia compartida se reguló como un modelo restrictivo y rígido, convirtiéndola en un modelo de relación excepcional. Los datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2010 indican que los jueces conceden
la custodia monoparental en un 83 % a favor de la madre, en un 5 % a favor del padre, y en un 10 % a favor de la compartida. Por tanto en la realidad práctica el contenido del precepto 92 del Código Civil se ha convertido en residual.
En el Partido Popular defendemos un modelo donde se prime y priorice el interés superior del menor, por encima de todo. Pretendemos eliminar la excepcionalidad de la custodia compartida en dicho artículo y suprimir la atribución automática
a la guarda monoparental, otorgando al juez capacidad para valorar cada caso porque cada familia es un mundo. Defendemos que el informe del fiscal no sea vinculante, así conseguiremos que la madre y el padre que quieran y puedan cuidar de los hijos
partan de una situación de igualdad ante la ruptura de la unidad familiar. Tenemos el compromiso del ministro de que en un plazo de seis meses se elaborará por la comisión codificadora un nuevo proyecto de ley. Dicha ley nos debería permitir
introducir la valiosa interpretación del Tribunal Supremo en esta materia, tener una norma nacional sin menoscabar las competencias de derecho foral de las comunidades autónomas, como dice bien la enmienda transaccional, pero debemos evitar
auténticas aberraciones, pudiendo condenar por ejemplo a un hijo a custodia única, y a otro a compartida, en función de la comunidad autónoma donde nacieron o donde residan sus padres. Y tercero, debemos poner a disposición de las partes la
mediación y la conciliación. El conflicto permanente no beneficia a nadie y perjudica al menor. La semana que viene se aprobará la ley de mediación en esta Cámara, y espero que por unanimidad.
Me sorprende la posición del Grupo Parlamentario Socialista y de La Izquierda Plural al no firmar la enmienda transaccional cuando fueron ellos los pioneros en legislar en Aragón y en Cataluña sobre esta materia; y lo hicieron muy bien,
facilitando la mediación, garantizando el interés superior del menor, y evitando la imposición automática de un modelo monoparental. La imposición automática de un modelo monoparental cuando los hijos tienen madre y padre, que quieren y pueden
ocuparse de ellos, perjudica gravemente el interés general del menor. También digo con la misma vehemencia que debemos excluir a uno de los progenitores o a ambos cuando no quieren ocuparse de los hijos o lo hacen de un modo muy deficiente.
También quiero añadir al debate que debemos encontrar solución a los incumplimientos generalizados en relación con los hijos, y superar los estigmas en cuanto a la ruptura de la unidad familiar. No podemos permitir que los progenitores dejen de
pagar las pensiones de alimentos y el menor deba esperar largos años hasta el embargo. Tampoco podemos permitir que quien tiene atribuida la guarda y custodia evite que sus hijos mantengan la relación de comunicación fijada en la sentencia con el
progenitor no custodio. No podemos convertir a un menor huérfano respecto del otro progenitor vivo ni destruir la relación con la familia amplia.
Lo curioso es que aceptamos sin ningún problema cuando ambos progenitores conviven y trabajan que el bebé de pocos meses se deje en una guardería, canguros, vecinos o amigos, pero no podemos permitir dejarlo con el otro progenitor, y aún
menos cuando el menor tiene corta edad. A algunos les parece gravísimo que el menor reparta su tiempo en el domicilio de cada uno de sus progenitores, pero no encuentran problema en que lo reparta entre el domicilio familiar, el domicilio de fin de
semana, el centro escolar, la casa de familiares, amigos, vecinos, o se le deje solo en casa al cuidado de la televisión. Los hijos tienen el derecho a tener madre y padre y a sus familias extensas. Los hijos no se separan, solo se separan los
progenitores. (Aplausos). Alejemos de la discusión a los hijos y protejámoslos; de lo contrario el mensaje para nuestros hijos y jóvenes es que se impone la ley del más fuerte. El daño social a medio plazo que se está provocando es demasiado
grande. Los perjuicios para los niños y adultos pueden ser de salud, baja estima, frustración, culpabilidad, fracaso escolar, y por supuesto también incremento de los diferentes tipos de violencia. Debemos estimular los comportamientos civilizados
y nuestros jóvenes deben crecer en el respeto y en el cariño.
Y por último -aunque pienso que no debe ser el interés primordial a defender, pero sí quiero dejar constancia en el 'Diario de Sesiones'-, que la atribución automática de la guarda y custodia a las mujeres nos perjudica gravemente a
nosotras. Dedicarnos en solitario a la educación y cuidado de los hijos puede limitar nuestro desarrollo profesional, ya que se traduce en salarios menores, y a la edad de emancipación de los hijos las mujeres se pueden quedar sin profesión porque
no nos hemos dedicado a ella, sin casa porque pertenece al otro progenitor, y sin unos hijos porque pueden culpabilizar a las madres del alejamiento de la familia paterna, lo que supone un empobrecimiento personal y fuente de frustraciones.
Construir es siempre más difícil que la imposición y la destrucción, pero es más rentable, les aseguro, para nuestra sociedad. No existe una solución rápida, limpia y eficaz; no existe una solución mágica, y los conflictos en materia de familia
con hijos exigen un traje a medida, y ello pasa por un modelo donde se prime y priorice el interés superior del menor por encima de todo; un modelo sin automatismos, y un juez con capacidad de valorar cada familia. Hoy tenemos la oportunidad de
aprobar esta moción por unanimidad. Hagámoslo por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra sociedad, siempre nos lo agradecerán. Doy gracias al ministro por escuchar a la sociedad.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Termino. El camino hasta ahora recorrido ha sido largo, pero ha merecido la pena. Continuemos caminando hacia la protección del interés superior y los derechos del menor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montserrat.
Para la fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, señor presidente.
Desde La Izquierda Plural estamos convencidos de que la custodia compartida debe ser el mecanismo preferible tras la ruptura de una pareja. El interés superior del menor es desde luego el objetivo primero y último, para el que necesitamos
de la complicidad de toda la sociedad y el mutuo acuerdo entre hombres y mujeres. Tenemos que posibilitar los cauces necesarios para poder llegar a acuerdos a fin de atender, educar, fomentar las relaciones personales, y preparar para el desarrollo
personal y laboral a los menores, y en definitiva para que se ejerzan con total garantía las obligaciones que como progenitores se tienen con respecto a las hijas y a los hijos. El objetivo último debe ser por tanto la custodia compartida, pero
todavía queda, señoras y señores diputados, un largo camino que recorrer para llegar a conseguirla, por desgracia.
El artículo 39 de nuestra Constitución habla precisamente de la protección a la familia y a la infancia, como principio rector de la política social y económica, y obliga a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para hacerlo
efectivo. Pero no parece que el actual Gobierno del Partido Popular y el anterior del Partido Socialista hayan sido garantes de estas medidas, cuando la propia Constitución ha sido cambiada en su artículo 135 precisamente para anteponer el pago de
la sospechosa deuda al de garantizar los derechos sociales y económicos que protegen a la familia y a la infancia.
Tengo que volver a mencionar hoy aquí el último informe de Unicef que deja de manifiesto este extremo, al corroborar que el índice de la pobreza infantil en España se ha disparado desde que tenemos datos en el año 2004, llegando al 26,2 % y
fundamentalmente por haberse reducido los ingresos de los hogares españoles. Todos hemos coincidido en que estamos por tanto ante un grave problema social, señoras y señores diputados, y en este caso hay que sumarle la falta de implicación de los
hombres en la atención y cuidado de los menores y dependientes, que no es exclusivo de las parejas separadas y divorciadas, sino que se extiende a la gran mayoría de las familias españolas. Valga como dato el publicado por el Ministerio de Empleo
que deja de manifiesto que en el año 2011 solo el 4 % de los hombres solicitaron excedencia para el cuidado de las hijas y de los hijos o dependientes, frente al 96 % de las mujeres. El determinar la custodia no es ni mucho menos una cuestión de
discriminación con respecto a los hombres; esto queremos dejarlo muy claro. Los órganos judiciales dictan la custodia, teniendo siempre en cuenta el dato de quién es más o menos idóneo de entre los progenitores, lo que da como resultado que el 90
% de las custodias sean confiadas a la madre, y no solo por demostrarse su idoneidad, que también, sino además porque solo el 5 % de los padres optan a la custodia compartida y demuestran su interés y entrega con anterioridad en el cuidado y
educación de sus hijas y sus hijos. Esto no es ni mucho menos un hecho deseable pero, señoras y señores diputados, es indiscutible.
De los veintisiete países europeos de la Unión, únicamente seis, con inclusión de España, en Cataluña, Aragón, Navarra y Valencia, tienen establecida la custodia compartida en sus respectivas legislaciones, pero en ninguno de ellos -ya se ha
dicho aquí- es impuesta por decisión judicial cuando existe oposición por alguno de los miembros de la pareja, como con esta moción se pretende; menos aún cuando ninguno de los dos la solicita en el procedimiento. Cuando en la Ley 15/2005, de 8 de
julio, se aprobó la modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los artículos pertinentes ya se tuvo en cuenta que el mayor interés de las hijas e hijos exigía el consenso entre el padre y la madre, y sobre la base de ello
se estableció el mutuo acuerdo, por tanto la posibilidad de consensuar la custodia compartida existe desde entonces, porque cualquier imposición grava la controversia entre la pareja y por tanto aumenta el daño a los menores. En el caso de
imposición cuando alguna de las partes no está de acuerdo no se puede garantizar esa custodia sin que afecte al interés del menor, y sobre todo a su estabilidad emocional, psicológica y social. Demandar hoy una custodia compartida de manera
preferente no va a resolver el problema de la conflictividad...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que terminar; ha pasado su tiempo.
La señora DE LAS HERAS LADERA: No va a resolver el problema de la conflictividad entre los excónyuges ni garantizar el bienestar de los menores. No existe una custodia compartida posible sin acuerdo; dos no comparten si uno no quiere.
Compartir, señoras y señores diputados, no es repartir, y mucho menos cuando hablamos de menores; los niños y las niñas no pueden ser objeto de experimento. Por eso nosotros, desde La Izquierda Plural, entendiendo que en principio esta moción
pudiera parecer una propuesta de avance en derechos civiles y sociales, en definitiva es en realidad la respuesta a una demanda de sectores minoritarios alejados de la realidad social y económica de nuestro país, y ante los que nuestra postura no
puede ser otra que la de conservar el interés superior del menor, por tanto vamos a votar en contra.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Hoy se ha producido un nuevo asesinato por violencia de género. Desde aquí quiero trasladar nuestra condena al asesino y solidaridad a la familia.
Señor presidente, señorías, una de las mayores preocupaciones del Grupo Parlamentario Socialista es todo lo relativo a la custodia de los menores. Nuestra principal preocupación es el interés superior del menor, y es ahí exclusivamente
donde debe centrarse este debate sobre custodia. La interpelación de UPyD al ministro Gallardón, y en consecuencia su moción, se asienta sobre un falso debate. Quien no haya estudiado el tema y la semana pasada escuchara el debate en la calle
puede pensar que la custodia compartida no es posible en nuestro país. Fue el Gobierno socialista en 2005 el que produjo en nuestro sistema jurídico la regulación de la custodia compartida, y desde 2005 nuestra sociedad no ha sufrido
transformaciones que puedan calificar la norma como obsoleta.
La actual regulación del Código Civil permite obtener con total normalidad la custodia compartida basada en el acuerdo, reforzando la libertad de decisión de los progenitores en interés del menor. Un acuerdo que pretende básicamente que los
hijos no se conviertan en víctimas de estos procesos, ni que tampoco sean utilizados como moneda de cambio en las negociaciones. Y cuando no hay acuerdo es posible obtener la petición de uno de los progenitores, escuchando al menor cuando proceda,
actuando el fiscal como garante de sus intereses, y finalmente decidiendo el juez siempre bajo el prisma del interés superior del menor. Es una norma equilibrada que da una respuesta positiva general porque los casos posibles son innumerables. El
hecho de apostar por imponer la custodia compartida suprimiendo los mecanismos de acuerdo, de garantía y de consulta, es abrir la puerta al automatismo, al imperativo legal, a la imposición, lo que puede generar más problemas de los que
supuestamente pretende solucionar. La custodia compartida o monoparental no son buenas o malas per se, sino que las situaciones son muchas y deben evaluarse huyendo de imposiciones o automatismos en cada caso para alcanzar la mejor solución. La
base del éxito de la custodia compartida es sin duda el acuerdo. Difícilmente funcionará bien una custodia compartida sin acuerdo, acuerdo que debe tener como guía el bienestar del menor que es el bien supremo a proteger.
No estamos ante un debate de políticas de igualdad. Se plantea un debate falso, la custodia y los menores no son un instrumento para reivindicar el igualitarismo entre sexos. Bajo la falsa premisa de la igualdad no apoyaremos imponer o
generalizar la custodia compartida anteponiendo los intereses de los mayores al de los menores. Los cuidados deben empezar desde el nacimiento y no a raíz del divorcio; aislar la custodia de la realidad y del debate global de los cuidados es un
debate perverso, es una manipulación con consecuencias no previsibles en la protección de los menores que no estamos dispuestos a asumir. Si queremos hablar de avanzar en igualdad, si queremos hablar y remover obstáculos para la igualdad debemos
traer a este Pleno medidas de conciliación y corresponsabilidad, como la ampliación de los permisos de paternidad, plazas de educación infantil o recuperar los derechos eliminados en la reforma laboral. (Aplausos). Medidas que tanto PP como UPyD
no apoyaron en la última moción la semana pasada.
Este es un debate complejo en el que subyacen otras cuestiones tales como la disolución de bienes gananciales o el ahorro de la pensión de alimentos, cuestiones que nada tienen que ver con el bienestar del menor. Además es un debate
minoritario, si hay pocas custodias compartidas no es por el marco legal del que disponemos, sino porque se solicita poco, tal y como recoge el INE en sus encuestas de 2009 y 2010, donde las peticiones de custodia compartida no alcanzan el 10 %.
Ante una reforma de tal calado, un cambio en el modelo de custodia tan radical que pasa del acuerdo a la imposición, que pasa de valorar cada caso al automatismo lo serio es que se reflexione y se estudie en profundidad. En la pasada legislatura se
acordó realizar un informe aún sin concluir para estudiar la aplicación de la ley de 2005; se trataría ahora de completar esta información incluyendo las leyes autonómicas aprobadas con posterioridad en el ámbito de sus competencias; un informe
que entendemos necesario y previo a cualquier reforma del sistema, que debería ser recabado y analizado por este Parlamento para fundamentar propuestas y recomendaciones que aseguren la mejor tutela de los menores.
Si acudimos al derecho comparado en la Unión Europea únicamente cinco países además de España tienen establecida la custodia compartida. Ninguno de ellos contempla que la custodia sea impuesta si existe oposición de alguno de los
progenitores, y mucho menos cuando ninguno de los dos lo solicita. Una buena ley es aquella que reduce conflictividad, y los estudios temáticos a los que hemos podido tener acceso ponen de manifiesto que recientes leyes que plantean la imposición,
y no el acuerdo, aumentan los conflictos.
Termino, señor presidente, diciendo que nuestra postura es una custodia en positivo, sin imposiciones. Una custodia responsable, una custodia voluntaria basada en la negociación y el acuerdo de los progenitores, que deben desprenderse de
los posibles conflictos derivados de la separación o divorcio en aras del interés de sus hijos. Eso es lo que defendemos, una custodia responsable, por lo que teniendo como máxima preocupación la protección y el interés superior del menor votaremos
en contra de esta moción. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montón.
Señora Díez, por lo que he visto durante el debate va a haber una transaccional que conocerán los grupos, ¿es así?
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Sí, presidente, la pasaré a la Mesa en seguida. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA POSIBLE IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA TAMBIÉN EN CENTROS UNIVERSITARIOS. (Número de expediente 173/000026).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre los planes del Gobierno acerca de la posible implantación de la formación en alternancia también en centros universitarios. Tiene la palabra la señora Tapia.
La señora TAPIA OTAEGI: Gracias, señor presidente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Señorías, hoy en día existe un consenso generalizado cuando hablamos de que un factor clave para asegurar el crecimiento económico de un país, de una región es su capital humano, y por tanto la inversión en educación constituye una de las
vías más eficaces para impulsar el desarrollo económico y mejorar la competitividad. En este caso la educación además ajustada a las necesidades del entorno resulta indispensable para hacer que las condiciones económicas cambien, y se haga frente a
los retos que plantea la globalización económica. Es en este caso la alternancia un modelo que desarrolla una formación ajustada a las necesidades de empresas y colectivos sociales. En el contexto actual caracterizado por las elevadas tasas de
paro, sobre todo juvenil, la formación en alternancia constituye una de las palancas anticrisis que han utilizado países como Alemania, Austria, Holanda o Suiza, que presentan una problemática de paro juvenil mucho menor que la del Estado español.
En el caso de Francia además, tal como comentamos la pasada semana, es paradigmático que se haya utilizado como política anticrisis la formación en alternancia, puesto que resulta la mejor herramienta para favorecer la inserción laboral de los
jóvenes.
Es además la formación en alternancia la que asegura que la educación y la formación sean accesibles para todos, puesto que esta formación implica un contrato laboral, según convenio vigente en cada uno de los casos, y que posibilita el
cumplimiento de una de las grandes orientaciones europeas en relación con la formación: el principio de equidad. Además el valor añadido de este modelo queda demostrado en cuanto que racionaliza y optimiza los tiempos requeridos para integrar a
los jóvenes en las empresas; reduce la distancia entre empresas y universidad, algo que particularmente en el caso de las pymes es importante; responde a las necesidades de los profesionales y de su rápida incorporación sin necesidad de formación
adicional a las empresas, y en definitiva permite obtener una cualificación reconocida, una titulación universitaria al tiempo que se construye un proyecto profesional en una empresa, es decir, es algo más que una práctica en empresa, es un contrato
laboral que liga a las empresas con el alumno y con la universidad.
Es un instrumento particularmente adaptado a la profesionalización, elemento idóneo para una transición a la vida laboral siempre que se respeten una serie de elementos críticos, entre los que cabe destacar evidentemente un adecuado pilotaje
del proceso entre alumno, empresa y formador, es decir, la universidad, el centro universitario; una tutoría competente y bien valorada, con una implicación de la empresa debido a que existe precisamente ese contrato laboral, y requiere de
aprendices en una situación profesional que sean responsables con su actuación, tanto en la empresa como en la universidad. En definitiva un modelo contrastado y ampliamente reconocido en el extranjero, y que en el caso del Estado español tiene
algunas experiencias, como el caso de la Escuela de Ingeniería de Máquina-Herramienta de Elgoibar, que no es la única; existen otras experiencias en el Estado que han funcionado positivamente a pesar de que el marco regulador no sea precisamente el
que más favorece su desarrollo. Es decir, se ha logrado alcanzar una senda firme con resultados satisfactorios, a pesar de que a lo largo de estos dieciséis años en que se ha trabajado en la formación universitaria en alternancia no existía este
modelo en el sistema educativo español. Además, desde la óptica laboral, no se ha desarrollado una legislación específica que regule la figura del aprendiz asociada a esta formación en alternancia, y en nuestro caso fue propiciada por el propio
Gobierno vasco, que permitió a través de una autorización que se impartiera la enseñanza en un nivel universitario conforme con el sistema educativo vigente en otros países, soportado por una titulación oficial en ese país de origen y por parte de
las empresas. Es decir, el marco legislativo y administrativo no ha sido el más adecuado, por lo que uno de los puntos, en concreto el último, de nuestra moción proponía que se trabajara para que este camino sea mucho más fácil en las siguientes
oportunidades. Desde luego, el capital social y la amplia red de empresas involucradas en este modelo en alternancia han sido lo que ha permitido demostrar la idoneidad de este modelo. Los sectores a los que pertenecen las empresas son múltiples y
desde luego relacionados con empresas medianas, pero sobre todo con pequeñas empresas localizadas en el territorio.
La formación en alternancia ha implicado superar una serie de obstáculos muy importantes que están sobre todo ligados a la dificultad de lograr el compromiso de esas empresas, dificultad además agudizada en tiempos de crisis, por lo que
proponíamos también en esta moción que se realizara una experiencia piloto en varios centros del Estado que permita por una parte validar el modelo y por otra que se realice con garantías para que estas empresas se involucren realmente en la
formación de esos alumnos y sobre todo en la contratación de los mismos.
Los resultados en cuanto a empleabilidad y calidad del empleo que se ha generado también han sido contrastados y creemos que son exitosos. Por tanto, me gustaría dar las gracias a todos los grupos que han presentado
enmiendas a esta moción; hemos conseguido una transaccional que ha sido pasada a la Mesa y lo único que no hemos incorporado a esta enmienda transaccional ha sido la propuesta de La Izquierda Plural en cuanto al contrato en prácticas,
porque la propia formación en alternancia lleva un contrato laboral asociado a esta formación.
Muchas gracias a todos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Tapia.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que nos presenta esta tarde el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, devuelve a esta Cámara el debate sobre uno de los asuntos pendientes de nuestro sistema educativo y que necesita quizá de una más rápida respuesta. Volvemos
aquí a hablar sobre la formación profesional, aunque en esta ocasión la señora Tapia concreta su propuesta en la formación en alternancia en el ámbito universitario. Nos plantea su iniciativa en un contexto marcado por la absoluta necesidad de
implantación de un nuevo modelo de formación profesional precisamente cuando aún tenemos pendientes las respuestas a varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con nuestra actual formación profesional? ¿Qué vamos a hacer con la relación del
mundo de la educación y de la empresa en el ámbito del sistema escolar? ¿Cuáles son las causas de que seamos líderes europeos en paro juvenil y ocupemos la cola en porcentajes de graduado en formación profesional? Solo el enunciado de estas
cuestiones demuestra la necesidad de esta reforma.
Somos conscientes de que la FP ha sido por distintos factores muy poco atractiva para los jóvenes. El sistema de alternancia o formación profesional dual que se anuncia garantiza mejor el aprendizaje y el empleo y puede ser la mejor
respuesta a esta situación. Por eso nosotros apoyamos el 12 de abril la PNL del Grupo Popular sobre la formación profesional dual y las intenciones del Ministerio de Educación plasmadas en el borrador de proyecto de real decreto de implantación del
modelo de formación profesional dual. El modelo de formación profesional dual está aplicado con éxito en países de nuestro entorno y tiene evidentes ventajas, en primer lugar, la oportunidad que se le da al alumno de tomar contacto con el mundo
real del trabajo en una empresa a la vez que se forma en un centro docente, con el principio de aprender haciendo; en segundo lugar, combina clases regladas con formación retribuida en distintos centros de trabajo; en tercer lugar, garantiza el
máximo aprovechamiento de la maquinaria y de los equipos en los centros de formación.
Los criterios favorables a las empresas van desde la satisfacción de su solvencia económica a su prestigio nacional o internacional o a contar con una base de formación de aprendices en toda la organización, que es su cantera social. Hoy ya
se aplica el modelo experimentalmente en Madrid en dos centros piloto, en Informática y en Telecos, con más de 500 alumnos que desarrollan dos terceras partes de su currículum en el centro y un tercio en la empresa. En el País Vasco tuvo sus
inicios con el Gobierno de Ibarretxe, allá por el año 2008, con la implantación del programa Ikasi eta Lan, Estudio y Trabajo, con jornadas mixtas de mañana y tarde tanto en centros escolares como en centros de trabajo. Este concluyó en 2011 y
afectaba a cuatro centros del País Vasco. El programa se reedita ahora con el nombre de Hezibi para comenzar en 2013 para un total de en torno a 1.000 alumnos. Estamos, pues, ante algo testimonial.
En mi opinión, se debe ser consciente de la dificultad de que la FP dual pueda extenderse a todos los centros y a todos los ciclos formativos de manera universal. Sería como pretender que todos los centros escolares fueran secciones
bilingües. Además, la formación profesional, dual o no, necesita financiación, y la crisis económica que padecemos es un hándicap añadido tanto para empresas como para la Administración. Implantar en una universidad lo que aún no está implantado
en el resto del sistema educativo exige tiempo, reflexión, prudencia y mucha colaboración. En todo caso, estamos hablando de una experiencia de singularidad educativa, como la correspondiente al IMH, bien conocido por cualquiera que haya estado en
la Administración educativa, una innovadora opción de estudio que relaciona necesidades de formación de la empresa con la generación del proceso formativo flexible, que transforma situaciones de trabajo en situaciones de aprendizaje. Esto, señora
Tapia, no es muy general; es singular y no está muy extendido en el ámbito educativo, que tiene otros entramados más complejos y bastante más difíciles. Los edificios se construyen desde la base y en educación desde la formación inicial, señora
Tapia, y sin duda usted debe saber que el sistema crediticio de Bolonia puede presentar problemas a los centros por el bajo volumen de créditos prácticos.
Termino ya. En todo caso, es elogiable el mecanismo de ensayo-error en todo y mucho más en educación. Por eso mi grupo político no puede decir no a una iniciativa tan singular y ha presentado una enmienda que alude a la aplicabilidad del
sistema en todos los tramos del mundo escolar, incluyendo el universitario, y a la necesidad de colaboración entre el Estado, las comunidades autónomas y las universidades. Sabido es que donde es más necesario el modelo dual o en alternancia, más
allá de...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Álvarez Sostres, tiene que finalizar.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias.
.más allá de denominaciones y más allá de confusiones terminológicas, es en la formación profesional
inicial, bien en grado medio o en grado superior, que no se debe confundir con el universitario, pero participamos de la idea de que es necesario trazar el itinerario de una nueva opción educativa que supere problemas históricos y posibilite
nuevas oportunidades y es una buena ocasión para apoyarlo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Álvarez Sostres.
Por Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo ha suscrito la enmienda transaccional que nos ha ofrecido el Grupo Vasco con muy buena disposición al diálogo y por tanto no tengo mucho más que añadir. Compartimos los términos generales tanto de la intervención de la señora Tapia
como de la interpelación de la semana pasada. Me gustaría señalar que desde el punto de vista de mi grupo la formación en alternancia que abordamos con esta moción representa una solución a un problema muy específico y creemos que es necesaria una
reforma integral del sistema educativo español no solo por los beneficios que tendría en sí misma, sino como parte de la contribución a la salida de la crisis y al cambio de modelo productivo que es necesario. Muy particularmente, dentro de esa
reforma global, integral y en profundidad que es necesaria, sigue haciendo falta una reforma de la formación profesional, particularmente de grado superior. Esto quizá podría convertirse en un sucedáneo, lo cual no creemos que sea conveniente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Por La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señorías, un día más atruena la actualidad económica, atruenan las ausencias del Gobierno y atruena la razón en marcha de las reivindicaciones mineras.
Señora Tapia, decía usted -y lo compartimos- que no teníamos claro qué modelo educativo pretendía el ministerio implantar en nuestro país y que, además, si la tendencia iba por el modelo dual alemán, el éxito en España es más o menos dudoso.
Ustedes en aquel momento le ofertaron al señor ministro un modelo que consideraban más acorde con la estructura empresarial en nuestro país. Lo hicieron en cuanto a formación profesional se refiere y lo amplían ahora a la universidad.
Señora Tapia, mi grupo, La Izquierda Plural, ha presentado una enmienda que concreta aún más su propuesta, porque compartimos la necesidad de generalizar la educación al modelo productivo y porque igualmente compartimos con ustedes que puede
ser una fórmula para sacar a nuestro país de la situación en que se encuentra. Ahora bien, consideramos imprescindible que se incluya lo siguiente: mediante prácticas profesionales retribuidas y controladas por la universidad. Señorías del Grupo
Parlamentario Vasco, no es lo mismo que el currículum incluya de forma complementaria prácticas en empresas, retribuidas y controladas por la universidad, que dar el control a empresas privadas sobre la implantación de asignaturas troncales. Según
me ha dicho usted, puede que ahora eso no sea posible, pero si en la moción queda, además de implícito, explícito, mucho mejor, creemos nosotros, para todos y para todas.
Señora Tapia, le voy a decir una cosa que probablemente usted no sepa y que se relaciona con lo que le voy a decir después. La alcaldesa de Madrid dice que el credo de su partido es Grecia, Roma, cristianismo y Europa. Nosotros, en La
Izquierda Plural, también tenemos un credo y el credo son los derechos de las personas a la salud, al trabajo y a la educación y, por supuesto, también creemos en el sector público. Por eso no podemos ni debemos supeditar a los intereses del
mercado el diseño de los contenidos o titulaciones de nuestros universitarios. Señorías, en mi grupo, La Izquierda Plural, no queremos que quien pague mande. No queremos que la planificación de la oferta formativa suponga la subordinación de los
planes de estudios universitarios a las necesidades de la empresa o, más concretamente, a los intereses de las empresas dominantes o/y de la coyuntura económica, tendiendo a olvidar el carácter formativo e investigador mucho más global de las
universidades. Como ya dijimos con respecto a la formación profesional, las prácticas o la formación de nuestros estudiantes en empresas no los debe convertir en mano de obra barata. La crisis y las reformas laborales pueden fomentar las
tentaciones en empresas en cuanto a los aprendices para que sean ellos los que les solucionen los problemas y algunas tareas, evitando así la contratación de trabajadores y trabajadoras igualmente cualificados.
Por otro lado, nos surge alguna duda al respecto. Si en estos momentos el tejido industrial que tenemos no es capaz de absorber la demanda de prácticas en formación profesional -y eso es una realidad-, ¿podría asumir esta nueva propuesta,
podría asumir este añadido? Incluso en las zonas que ustedes proponen en su moción, ¿podrían asumirlo? Nos surge la duda aunque sepamos de las experiencias en el País Vasco o de las ofertas realizadas por otras universidades: la de Burgos el
pasado año, las de Salamanca y Valladolid en 2010 y las de algunas otras para el próximo ejercicio.
En cualquier caso, concluyo diciendo que no nos parece mal que se extiendan las prácticas en alternancia, pero insistimos en que sean prácticas profesionales retribuidas y controladas por la universidad y por supuesto con las cautelas
debidas para que no se conviertan en una forma de trabajo precario gratis. Ustedes han considerado que no era necesaria la inclusión de la enmienda que hemos presentado, porque usted, como le he dicho antes, nos dice que va inherente en la
alternancia,
pero usted ya sabe que lo que hoy es válido mañana puede dejar de serlo -eso también lo sabe usted-, y nosotros seguimos pensando que garantizar explícitamente ese tema es una garantía de futuro para todos, especialmente para nuestros
estudiantes.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Gracias, señora presidenta.
La moción que trae hoy el Grupo Vasco, como hemos escuchado, está dirigida a promover la educación en alternancia, también en la universidad, porque, como ustedes saben, desde hace mucho tiempo la formación en alternancia está implantada en
la formación profesional. Desde el año 1990 los ciclos formativos están concebidos como una formación basada en competencias -eso también es importante- y en alternancia, es decir, que parte de la formación se realiza en el centro formativo y parte
en el centro de trabajo. En este sentido, ningún alumno obtiene el título de formación profesional si no ha estado al menos durante cuatrocientas horas ocupando un puesto de trabajo o, por lo menos, asistiendo a una empresa en situación de trabajo
real.
En cualquier caso, esta modalidad ha evolucionado en función de los proyectos que llevan a cabo las distintas comunidades autónomas. En el caso del País Vasco, y en concreto en el Instituto de Máquinas y Herramientas, se lleva a cabo una
formación en alternancia cuya especificidad es que cuando el alumno está en la empresa tiene un contrato laboral, pero hay otras especificidades en otras comunidades autónomas. Tengo que decir que esta propuesta tuvo muy buena acogida entre las
empresas del País Vasco, pero ahora, con la crisis que estamos atravesando, hay un déficit de empresas que quieran contratar a los alumnos, y si esto pasa en el País Vasco, donde existe un tejido empresarial muy potente y donde tradicionalmente se
han involucrado con la formación profesional, no va a ser posible trasladarlo al resto de comunidades autónomas. Por eso es importante conocer qué otras modalidades se llevan a cabo en otras comunidades autónomas.
En Andalucía, por ejemplo, hay en marcha proyectos con empresas en las que todo el ciclo formativo se desarrolla dentro de las mismas. Son ciclos que necesitan instalaciones muy especiales o que requieren una maquinaria muy actualizada. Me
referiré por ejemplo a instalaciones térmicas en Ciatesa, a la elaboración de productos farmacéuticos en Deretil, al mantenimiento aeromecánico en Faasa y en el parque aeroespacial -este es un sector muy puntero en Andalucía- existen también
proyectos para trabajar en colaboración con las universidades, asimismo Maderas Polanco, etcétera. También se han creado redes mediante acuerdos entre centros y empresas para que todas las prácticas formativas se lleven a cabo en las empresas con
la participación de los técnicos de las mismas.
En el camino de aumentar este contacto entre empresas y centros han tenido mucho éxito los proyectos de innovación en la formación profesional que puso en marcha el Gobierno socialista en la pasada legislatura, así que entendemos que el
sistema de formación profesional en alternancia puede trasladarse a la universidad, especialmente a las carreras técnicas que están muy ligadas al mundo empresarial. Quiero recordar que estamos de acuerdo con la formación en alternancia pero no con
la formación profesional dual, tal y como está planteada en Alemania, porque en el sistema dual alemán son las empresas y las cámaras de comercio las que seleccionan a los alumnos y las que marcan su perfil de formación, que normalmente está muy
ligado a la empresa donde van a estar formándose. El sistema en alternancia que nosotros proponemos es más transversal para que el trabajo de las personas sea más funcional y por tanto más adaptable a distintas situaciones laborales. El perfil, en
cualquier caso, como también decía la compañera de Izquierda Unida, lo marca el centro, con la colaboración de la empresa, pero lo marca la autoridad educativa.
El sistema en alternancia de formación profesional ha presentado normalmente muy buenos datos de inserción. Ahora el problema no es de formación, el problema de muchos jóvenes ahora es de oportunidades en nuestro país. Por eso el ministro,
tal como le oímos el miércoles pasado, no debe culpar a la formación profesional del paro juvenil, no puede culparlo. Son las oportunidades que ofrece la economía en este momento. Quizás el ministro tendría que plantearse si no es un problema de
que su Gobierno no está poniendo en marcha medidas de estímulo al crecimiento de la economía para solucionar este problema, porque solo con medidas de ajuste, como está haciendo, vamos a llegar adonde la prima de riesgo nos está llevando.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Vázquez, tiene que finalizar.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Por eso el Gobierno tendrá que poner en marcha más actuaciones para hacer crecer la economía y para crear mucha confianza en la economía, que es lo que necesitamos.
Hemos acordado también la transaccional con el Grupo Vasco y otros grupos y estamos de acuerdo en que se pongan en marcha esos proyectos piloto en centros con experiencia y en colaboración con la industria o sectores estratégicos de varias
comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Vázquez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Señorías, señora Tapia, voy a utilizar las palabras del que fuera rector de la Universidad del País Vasco, Pello Salaburu, que en un artículo reciente titulado 'Lo bueno de mirar lo que sucede fuera' dice: En
demasiadas ocasiones nos dejamos llevar por tópicos que funcionan como axiomas y verdades absolutas que nos impiden observar la realidad con un poco de libertad. La iniciativa que se ha traído a esta Cámara por el Grupo Vasco nos ha permitido mirar
no solo lo que hay fuera, sino lo que hay dentro. Nos ha permitido superar ciertos tópicos, superar aquello que nos distingue mínimamente e ir al fondo, a lo común, y por eso hemos llegado a una transaccional. Nos ha permitido valorar que hay
varias experiencias ya, que a lo largo de los últimos veinte o veinticinco años nos han llevado de aquellos programas de prácticas en empresa, de prácticas en alternancia, hacia modelos de formación en alternancia en la universidad. Eso es
positivo, porque solo mirar a un único modelo, solo mirar a una única forma de hacer formación, también formación superior, es reducir las posibilidades, y no nos lo podemos permitir. Además, podemos valorar una buena práctica de formación en
alternancia. Usted nos ha presentado la del País Vasco y aquí han hablado otros portavoces de otras experiencias, de otros modelos, en Cataluña, en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía, y todas ellas nos han permitido caminar con lo que hemos
hecho dentro y mejorar algunas cosas que se hacen fuera y que no se adaptan a nuestro sistema. Por eso creo que la bondad de haber llegado a una transacción permite que se una a esa iniciativa de nuestro Gobierno de seguir acercando más la empresa
a lo formativo, pero dentro de lo formativo. Por eso le diría a la portavoz de La Izquierda Plural que no tenga ningún temor, porque creo que todos estamos de acuerdo en que el modelo de formación en alternancia en la universidad -también en otras
etapas, pero hablamos aquí de la universidad- implica haber llegado a estas fórmulas en las que el proceso es de carácter formativo y en ese proceso formativo huimos de ese temor de las empresas a acercarse a la universidad y de la universidad a
acercarse a las empresas; preservamos el valor formativo en términos universitarios del que no debemos hacer dejación y, al mismo tiempo, ofrecemos un valor añadido para una mejor integración, en este caso, de los estudiantes de las universidades
en la empresa. (Aplausos).
Los resultados lo avalan y nos permiten seguir trabajando juntos. El Gobierno ha puesto encima de la mesa trabajar sobre una formación profesional que permita mejorarla, que permita complementarla, que permita establecer pasarelas y que
esas pasarelas no se agoten y sigan también en la universidad. Creo que por eso establecer esta posibilidad con todos los actores -las universidades, las comunidades autónomas, el Gobierno-, analizar esas buenas prácticas que tenemos dentro y
adaptarlas a nuestro sistema productivo y universitario nos va a permitir avanzar en algo positivo. Si lo hacemos juntos además, eso permitirá que mandemos una señal a la sociedad de qué es lo que queremos, de qué queremos las fuerzas políticas, de
que valoramos la calidad también en la formación universitaria de alternancia y que esa alternancia significa que también la empresa, en momentos como los que estamos viviendo todos, tiene que aprender modelos de compartir, modelos de variación muy
rápida, y la universidad también puede aportar ahí su granito de arena. Creo que esto es lo que nos ha traído esta iniciativa; esto es lo que ha permitido que el Grupo Popular la apoye dentro del conjunto de las variaciones que hemos realizado
sobre la moción y que creamos que sea una buena noticia para avanzar en la reforma, donde proceda, del sistema universitario.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Moro.
En turno de fijación de posición, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde Convergència i Unió valoramos positivamente la iniciativa que hoy nos trae a debate el Grupo Vasco en la que se nos insiste en una muy buena práctica, que es la llamada formación dual o en alternancia, llevándola a un planteamiento
relativamente novedoso porque propone extenderla a la formación universitaria. Se han puesto ya de manifiesto en múltiples foros y por múltiples actores, comenzando por el propio ministro de Educación, las bondades de la llamada formación dual o
formación en alternancia que hasta el momento conocemos -al menos la diputada que les habla- en su aplicación a la formación profesional. De hecho, la formación profesional debiera ocupar un espacio muy importante en los planes de cualquier
gobierno, no en vano hace ya tiempo se viene insistiendo en que esta precisamente es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema educativo. A nadie se le escapa que la formación profesional es un elemento fundamental para la reactivación
económica, al tiempo que para incentivar la ocupabilidad de los jóvenes es necesaria precisamente la participación activa de las empresas en la elaboración de los planes de estudio y también en la posterior valoración de los alumnos.
Pues bien, al reto de mejorar la oferta formativa y consolidar al mismo tiempo la formación profesional como una apuesta de futuro obedece precisamente el modelo de formación dual. Un modelo que implica una mayor vinculación de los alumnos
con el mundo empresarial con el claro objetivo de fomentar la ocupación. Un modelo en el que, sin descuidar la formación teórica -se ha señalado aquí por la portavoz del Grupo Popular y estamos completamente de acuerdo con ello-, no es una
sustitución de la formación teórica, sino que al tiempo de la misma, la empresa asume también un protagonismo formativo, ya que su papel no se limita a la recepción de estudiantes en prácticas, como podíamos
llamar en un modelo tradicional, sino que la empresa se implica en la formación de sus alumnos a través de su participación incluso en las adaptaciones curriculares. Se inspira en modelos existentes en Alemania, Suiza, Austria o Dinamarca
como ha expuesto la señora Tapia. Hay experiencias en formación profesional de modelo dual alternativo en el País Vasco desde hace ya un tiempo y a partir del próximo curso también en Cataluña, donde ya se han firmado los preceptivos convenios con
las empresas en las que se va a prestar este tipo de formación profesional. Es un modelo vital para frenar el paro juvenil. En Alemania, por ejemplo, se ha conseguido que el paro juvenil sea únicamente del 8 %, un porcentaje alejadísimo del
dramático 51 % que hay actualmente en el Estado español. La formación profesional dual tiene como objetivos mejorar la formación, calificación, motivación y desarrollo personal de los jóvenes; que se inicien en la profesionalización, alternando la
formación en un centro formativo y la actividad en una empresa; establecer una vinculación mayor entre los centros y las empresas que lleve a realizar parte del aprendizaje en el propio entorno laboral, participando en las actividades propias de la
empresa con tecnología y procedimientos reales y, al mismo tiempo, la empresa se compromete al abono de unos emolumentos mediante un contrato laboral o una beca de formación.
Hoy el Grupo Vasco nos hace la sugerente propuesta de trasponer la formación en alternancia al modelo universitario. También nos propone instar al Gobierno a poner en marcha y evaluar una experiencia piloto de formación universitaria en
alternancia y, finalmente, nos propone instar al Gobierno a trabajar para mejorar la actual normativa universitaria para facilitar la puesta en práctica de este tipo de formación. Convergència i Unió opina que, efectivamente, la formación en
alternancia es una forma interesante de formación universitaria, especialmente para enseñanzas aplicadas y profesionalizadoras que tengan una relación intensa con el tejido productivo. Aunque no vemos especialmente necesaria una legislación
adicional al respecto porque creemos que la legislación actual ya permite dicha formación y la Aneca debería poder verificar las titulaciones sin necesidad de legislación adicional, no vemos ningún inconveniente en la aprobación de un texto como el
presente que apoya la metodología de formación en alternancia siempre y cuando esto no implique obligaciones ni condicionantes adicionales a los ya existentes.
Se han presentado enmiendas interesantes defendidas aquí por los correspondientes portavoces y estamos seguros que el probado buen hacer de la señora Tapia hará que se nos presente finalmente un texto que, con toda seguridad, vamos a poder
apoyar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pigem.
Señora Tapia, ¿he entendido por su intervención y la de los demás que hay una enmienda transaccional?
La señora TAPIA OTAEGI: Existe una enmienda que hemos hecho llegar a la Mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Tapia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DE INSERCIÓN LABORAL DEL GOBIERNO Y LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA A LOS DESEMPLEADOS QUE HAYAN AGOTADO TODAS SUS PRESTACIONES. (Número de expediente 173/000027).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al último punto del orden del día: moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política de inserción laboral del Gobierno y la extensión de la cobertura a los desempleados que
hayan agotado todas sus prestaciones. Para su defensa, por el grupo proponente, tiene la palabra la señora Gutiérrez del Castillo.
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una moción consecuencia de la interpelación urgente al Gobierno sobre las políticas activas de empleo de inserción laboral y la
extensión de la cobertura a los desempleados.
Señorías, el desempleo es el gran desequilibrio estructural que presenta nuestro país y es al desempleo al que hay que buscar soluciones para evitar la fractura social, la marginación de los que han perdido su empleo como consecuencia de la
crisis. Tenemos la impresión de que el Gobierno no está valorando adecuadamente la situación desesperada en la que viven millones de españoles que han perdido su empleo, ven agotadas las prestaciones por desempleo y no encuentran un nuevo empleo.
Señorías, impulsar el crecimiento y el empleo deben ser los ejes básicos de actuación en el seno de la Unión Europea, puesto que, como se han encargado de recordarnos determinados organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional,
solo con recortes y austeridad no salimos de la crisis. El Gobierno debería aprovechar la reunión del G-20, que se celebra estos días en México, para reorientar sus prioridades y alinearse claramente con quienes, desde Estados Unidos, desde los
llamados países emergentes y parte de importantes miembros de la Unión Europea, entre ellos Francia, reclaman políticas de crecimiento y de creación de empleo.
Señorías, en un momento de especial virulencia en los mercados, con la prima de riesgo en escalada desde que el Gobierno presentó los Presupuestos Generales del Estado para 2012, la situación del empleo se deteriora día a día. Los errores
del Gobierno tienen un efecto demoledor en términos de empleo. A los datos ya alarmantes, según los cuales en el primer trimestre de este año se ha producido una destrucción de más de 374.000 empleos netos, aumentando en mayo el paro registrado
desestacionalizado en más de 80.000 personas, se añaden unas previsiones de futuro cada vez más negro. El Gobierno prevé una destrucción de más de 630.000 empleos netos en 2012 y la Comisión Europea prevé que se alcanzará una tasa de paro
por encima del 25 % en el próximo año. Además, la cobertura de protección por desempleo está bajando de forma alarmante. Frente a una cobertura de desempleo que alcanzó el 80 % en 2010 y que superaba el 70 % en 2011, la cobertura de protección por
desempleo en los primeros meses de 2012 está en caída libre: en enero, 69,1 %; en febrero, 67,9; en marzo, 66,8; en abril, 65,4.
En el pasado debate poníamos de manifiesto cómo están aumentando las solicitudes de prestaciones contributivas, consecuencia de un aumento significativo en los despidos colectivos y objetivos que ha propiciado la reforma laboral. Al mismo
tiempo, se está produciendo un aumento en las solicitudes de renta de inserción porque cada vez hay más parados de larga duración que no tienen empleo, no lo encuentran y además agotan las prestaciones. La situación se hace insostenible para
millones de familias, a las que ni siquiera se les garantiza la prestación, acciones de inserción, de formación y de recualificación profesional. Por ello, nuestra moción contempla las siguientes actuaciones. En primer lugar, planteamos la
necesidad de lograr una ampliación de la cobertura de desempleo a través de los programas de rentas de reinserción que percibe el desempleado -426 euros- más acciones positivas. Para ello proponemos que el Gobierno analice la intensidad y la
extensión de la protección de este programa para que pueda adaptarse a las nuevas necesidades y previsiones que el propio Gobierno hace sobre el crecimiento del desempleo. Asimismo, proponemos que se consideren acreditados como cotizados el número
mínimo de jornales reales necesarios para ser beneficiarios de subsidio por desempleo de renta agraria con el fin de paliar los efectos de la sequía.
Señorías, la acción del Gobierno frente a una situación tan grave como el desempleo debe concretarse no solo en políticas de renta, sino también en potenciar políticas activas de empleo. Por ello proponemos la prórroga del programa Prepara
al menos durante seis meses más, hasta el mes de febrero del próximo año. Como saben, las políticas activas han recibido un gran varapalo por parte del Gobierno, pero también los profesionales que tienen entre sus cometidos trabajar en la
formación, la inserción y la empleabilidad de los parados. El Gobierno ha anunciado la finalización del trabajo de los promotores de empleo el 30 de junio. En nuestra moción proponemos extender la actividad de los promotores de empleo hasta al
menos el 31 de diciembre de 2012. Desde nuestro punto de vista no se justifica la eliminación de estos profesionales de los servicios de empleo. No se justifica porque su labor es reconocida y valorada por todos los desempleados, y no se justifica
porque el desempleo, lejos de disminuir, está aumentando. El Gobierno, al reducir drásticamente las políticas activas de empleo, está eliminando el conjunto de acciones públicas de atención directa a los desempleados para que el tiempo que están en
desempleo sea aprovechado para su formación, su reorientación y por tanto el tiempo que pasen en esta situación sea el mínimo. Señorías, lo hemos planteado así en los distintos debates que se han producido en la Cámara. Todos los grupos, excepto
el Partido Popular, creen que el Gobierno comete un grave error al hacer casi desaparecer las políticas activas de empleo. Por eso pedimos al Partido Popular que rectifique y apoye esta moción.
Señora presidenta, agradecemos las enmiendas que han planteado los distintos grupos pero creemos que es más fácil que tal y como está la moción pueda recibir algún apoyo del Partido Popular. Por eso vamos a facilitar que, si algún grupo lo
desea, puedan votarse por separado los puntos que la componen.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora diputada.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.
Señorías, intervendré brevemente. Quiero señalar que en estos momentos cualquier iniciativa en torno a la creación de empleo es más que positiva y mientras tanto toda iniciativa para la atención a los desempleados es necesaria e incluso
urgente. En ese sentido, estaremos en la moción por más que alguno de los aspectos, cuando se plantearon ya en su día en el anterior Gobierno, nos parecían quizá escasos, pero en estos momentos sí que nos parece de ley que se puedan mantener
algunos de estos programas. Es urgente porque quiero recordar que, según la encuesta de población activa, el paro sigue creciendo a un ritmo inaceptable; en el Estado en el último trimestre el paro crecía un 1,59 %. Tengo que referirme y mirar a
zonas que están sufriendo ese crecimiento en estos momentos de manera vertiginosa, como es el caso de la Comunidad Foral de Navarra, con un crecimiento en el mismo periodo de un punto por encima, un 2,52 % según la encuesta de población activa. Hoy
mismo hemos conocido, por ejemplo, en una jornada plena de expresiones de solidaridad con aquellos que sufren todo tipo de violencia, y por supuesto que sí también aquellos que la sufren en forma de desempleo, que la empresa Inasa Foil ha despedido
hoy en la localidad Navarra de Irurtzun a 168 personas. Por tanto, a pesar de ciertas reservas y cautelas que quedarán bien expresadas en las enmiendas que defenderá en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya mi compañero el señor Tardà,
esperando que se llegue a un acuerdo, votaremos afirmativamente la moción.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente, señorías, para anunciar que en el caso de que pudiéramos votar por separado los puntos, votaríamos a favor de los puntos 2, 3 y 4. Pero a la vez también solicitamos que se nos acepte una enmienda de adición al punto
número 1, que de hecho viene justificado por la posición que tuvo ya nuestro grupo parlamentario en la pasada legislatura cuando debatimos el Prodi y luego el programa Prepara. Nosotros entendemos que es la última red que tienen los trabajadores
antes de caer en la exclusión y por esto pedimos que las personas que actualmente estén en el programa Prepara, así como aquellas otras que hayan percibido ya los beneficios de este programa anteriormente, puedan acogerse de nuevo y renovar los
beneficios que se derivan del citado programa. Entendemos que hay que prolongarlo, pero hay que dar cabida a las personas que aun cuando han estado integradas dentro del programa Prepara no han conseguido lo que se pretendía, y es que a pesar de
estar canalizados dentro de un itinerario no han conseguido trabajar.
Finalmente, en la pasada legislatura y en la anterior, cuando no había crisis económica, reclamamos siempre la necesidad de empezar a trabajar en beneficio de la renta básica universal. Así pues, en consonancia con nuestra trayectoria
pedimos que en el plazo de seis meses el Gobierno presente un estudio sobre la instauración de una renta básica para aquellas personas que cobran alguna prestación inferior a 600 euros o para aquellas personas pertenecientes a unidades familiares
sin ningún tipo de ingresos. Estas son las dos demandas que hemos dirigido al Grupo Socialista, autor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre de Amaiur vamos a votar a favor de esta iniciativa porque consideramos importante hacer todos los esfuerzos posibles para lograr la generación de empleo y acabar con la gran tara que ahora mismo padece la economía del Estado
español especialmente. También queremos decir con total claridad que las medidas que se apuntan tampoco son las más idóneas. Hay un elemento en el debate anterior tanto de la intervención de la portavoz socialista como de la portavoz del Gobierno
en este tema que nos preocupa, y son las políticas activas de empleo, uno de los grandes errores del anterior Gobierno y de este. De este Gobierno por reducir de forma importante en más de un 21 % los fondos destinados a las políticas activas de
empleo, pero también del anterior Gobierno en la utilización de esos fondos.
Hay que decir con total claridad que el problema no ha sido la falta de recursos, sino la falta de voluntad política. El problema fundamental que ha habido con las políticas activas de empleo es que se ha cometido un gran fraude. Es decir,
esos fondos han ido a financiar organizaciones sindicales y patronales, y hoy tengo que decir con total claridad, de acuerdo con la mayoría sindical vasca, que lo que hay que hacer es abandonar esa vía de financiación y destinar los fondos a la
promoción de empleo. Esto nos ratifica en un elemento fundamental, que es la necesidad de tener un marco propio de relaciones laborales y de protección social en Euskal Herria. Solo desde el soberanismo, desde la propia gestión de nuestros
recursos en el ejercicio de nuestra soberanía, podremos dar respuesta a ese problema del desempleo, podremos hacer una serie de políticas eficaces para generar empleo, políticas activas de empleo auténticas. Podremos ir a una mayor cobertura del
desempleo, algo fundamental en épocas de crisis, y al mismo tiempo podremos lograr romper el círculo vicioso de la recesión; una recesión que está motivando una mayor generación de desempleo. Al mismo tiempo, con la austeridad se está impulsando
un recorte de las posibilidades de crecimiento de la economía y se está generando una mayor pobreza en la población. Es fundamental -y vuelvo al principio de mi intervención- hacer todos los esfuerzos posibles para la creación de empleo, pero hay
que impulsar auténticas políticas activas de generación de empleo. No hay que proseguir con el fraude que han supuesto hasta la fecha las políticas de incentivación de empleo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Hace exactamente doce horas manteníamos en la Comisión de Empleo un debate muy parecido a este y sobre temas similares. Ayer recordábamos que la crisis que padece España tiene una doble cara. Es una crisis económica, dramática, todos lo
sabemos, pero es también una crisis social, es una emergencia social. No solo hay 630.000 nuevos parados incorporándose al sistema de protección por desempleo sino que hay ya alrededor de 2 millones que han agotado toda prestación, y si a eso
unimos el dato de que hay 1.700.000 hogares con todos sus miembros en paro es fácil darse cuenta del peligro de que surjan tensiones sociales. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Así que no podemos esperar a ocuparnos de estos problemas
con la recuperación económica, hay que ir a las causas de las crisis y hay que
paliar también sus efectos. ¿Qué pueden esperar estos parados hoy en día? Por un lado, esperarían formación, pero en los presupuestos se han recortado las políticas activas un 21 % y el dinero que queda -más o menos la mitad- se dedica a
bonificaciones a la contratación indefinida, no son realmente formación. Pueden esperar también intermediación, que los servicios públicos de empleo les ayuden a encontrar un trabajo, pero no va a ser con los recursos que tienen, si acaso con la
colaboración privada si es que funciona. Y por último, esperan protección, que es lo que hasta ahora parecía funcionar mejor, presumíamos de unas altas tasas de protección, pero eso está cambiando muy rápidamente. En poco tiempo, la tasa de
cobertura de los parados ha pasado del 80 al 65 % y sigue en descenso; es decir, una tercera parte de los parados -alrededor de 2 millones- no tienen ya ninguna cobertura. La respuesta hoy en día es insuficiente. En los presupuestos se han
recortado un 5,4 % los gastos en prestaciones por desempleo, no sabemos sobre la base de qué previsiones y el único programa extraordinario es el Prepara, que es un programa temporal que acaba en agosto de este mismo año.
Nosotros hemos propuesto en la Comisión de Empleo -con el rechazo de los otros grupos- y reiteramos en nuestras enmiendas a esta moción crear un sistema de protección integrado con dos etapas. Una primera etapa estatal que consistiría en
ampliar la actual renta activa de inserción a los menores de 45 años; la renta activa busca proteger a los parados con especiales dificultades para encontrar un empleo, con especiales dificultades económicas, pero hoy solo se dirige a los mayores
de 45 años. Quitando esa barrera de edad equivaldría a sustituir el programa Prepara por un programa permanente de once meses de duración. Creemos que esto sería una mejora importante en la situación actual. Pero hay un último escalón del que
raramente se habla que está en manos de las comunidades autónomas, es lo que se llama la renta mínima de inserción autonómica, que es el último escalón cuando se agota prestación, subsidio y no queda ninguna otra protección. Como sus señorías
saben, las tasas de paro son muy distintas entre las comunidades españolas; en el País Vasco es del 13,5 %; en Extremadura, Andalucía y Canarias son de más del 30 %. Pues bien, la cobertura que da esta renta mínima de inserción también es muy
distinta entre las comunidades, pero la correlación es la inversa a la que esperaríamos, se da más protección en las comunidades en que el problema es menos grave. Según datos de 2009, que son los últimos oficiales -al menos que yo conozca-, en el
País Vasco había 55.000 beneficiarios de la renta mínima de inserción y en Extremadura, con los mismos parados más o menos que en el País Vasco, había 1.500 beneficiarios; es decir, un parado extremeño tenía el 2,7 % de protección que un parado
vasco. En Andalucía, con diez veces más parados que el País Vasco, los beneficiarios de la renta mínima eran la mitad; es decir, la protección sería la vigésima parte. Lo mismo sucede con las cuantías, 640 euros en el País Vasco; 383, en
Andalucía. Y también sucede con la duración. Nosotros propusimos esta mañana, con el rechazo generalizado, que esas rentas mínimas de inserción sean más similares entre comunidades en cuanto a requisitos de acceso, duración y cuantía. El
argumento principal en contra es un tema de competencias. Es un argumento a tener en cuenta, pero no confundamos los medios y los fines; los fines son las personas y los medios son las administraciones. Las competencias son muy loables pero por
encima de eso, o junto a eso, o compatible con eso está el hecho de que un parado debería tener un tratamiento similar independientemente de la comunidad en que esté sufriendo su problema. Por eso nuestras enmiendas van en esta línea. Proponemos
la ampliación de la renta activa de inserción a los menores de 45 años y que las rentas mínimas de inserción autonómicas sean más similares entre comunidades.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
El Grupo Socialista nos propone una moción con cuatro puntos, tres de los cuales son compartidos por Convergència i Unió. Por un lado, se pretende ampliar la cobertura de nuestro sistema de protección al desempleo ante el riesgo de descenso
de cobertura del mismo; se pretende ayudar a extender la actividad de los promotores de empleo hasta finales del presente año, propuestas que Convergència i Unió comparte. Hemos sido extremadamente críticos con los Presupuestos Generales del
Estado en su recorte de las políticas activas de empleo. No hemos entendido cómo en esta situación nuestro presupuesto es incapaz de utilizar los recursos de las políticas activas de empleo para hacer frente a una situación de una complejidad
social enorme. Las políticas de reciclaje profesional, las políticas de orientación profesional, las políticas de formación de los desempleados deberían ser la prioridad de la política del Gobierno en esta situación. En este sentido, una de las
propuestas concretas que ha defendido la señora Gutiérrez la compartimos, y también esa necesidad de mantener el compromiso en las políticas pasivas de empleo.
El propio Fondo Monetario Internacional en las recomendaciones que acaba de hacer al Gobierno mantiene la necesidad de que aquellas políticas destinadas a proteger a las personas más vulnerables se mantengan. Por tanto, frente a un descenso
de las tasas de cobertura, hemos de mantener ese esfuerzo. Ahí va a encontrar nuestro apoyo. No lo va a encontrar la señora Gutiérrez en un punto concreto de su moción, en el punto número 4, porque usted sabe -lo hemos debatido en diversas
ocasiones, tanto en este hemiciclo como en los medios de
comunicación- que no compartimos su vocación de relajar las condiciones de acceso a la renta agraria que protege a los trabajadores agrarios de Andalucía y Extremadura. No compartimos esa visión, con toda la cordialidad; nos parece que esa
cultura del subsidio que se ha instalado en determinados territorios de España no ha ayudado al progreso de esos territorios (Rumores.-El señor Chaves González: Qué sabrás tú). No entendemos que hoy con esta moción ustedes pretendan de nuevo
relajar ese planteamiento. Discrepamos y sepan -observo a alguna de sus señorías con un punto de excitación que me sorprende- que esa es una visión muy compartida en Cataluña, no tan solo por los diputados de Convergència i Unió sino por amplios
sectores de la opinión pública catalana. Por tanto, ese punto concreto de su moción no lo vamos a apoyar y solicitaremos a la Mesa votación separada de ese punto del resto de ellos. Al mismo tiempo, les hemos planteado una enmienda donde
pretendemos que la renta activa de inserción sea gestionada por las comunidades autónomas. Ese es un instrumento de las denominadas políticas pasivas que desarrolla el Gobierno, que no tiene demasiado sentido que sea gestionado por el Servicio
Público de Empleo Estatal y que tendría todo el sentido que fuese gestionado por aquellos que tienen las competencias de las políticas activas de empleo, precisamente para reforzar las obligaciones que se derivan de la aceptación de los recursos de
la prestación de la renta activa de inserción.
Esta mañana, cuando debatíamos con el portavoz de UPyD, señor Anchuelo, su propuesta de centralizar las rentas mínimas de inserción, lo que pretendíamos demostrarle es que hoy el problema, al menos el que padecemos en Cataluña, es que el
Gobierno de la Generalitat, a través de la renta mínima, se ve obligado a cubrir la insuficiencia de las políticas pasivas del Estado, porque en Cataluña el número de beneficiarios de la renta activa de inserción es extremadamente escaso y son los
presupuestos de la Generalitat los que han hecho frente hasta ahora a ese descenso de la tasa de cobertura del sistema estatal del desempleo. El tema no es tanto armonizar las rentas mínimas de inserción sino permitir que la renta activa juegue ese
papel de última red de protección social y darles a las comunidades autónomas la capacidad de gestión de la misma, de ahí esa enmienda que planteamos a ese punto concreto.
Termino, señorías. A lo largo de la tarde hemos debatido en tres ocasiones sobre la situación de pobreza y exclusión social y he de recordar, con una visión de preocupación que hemos de tener sobre lo que estamos viviendo, que los 112.000
millones de euros de nuestro sistema público de pensiones y los más de 30.000 millones de la prestación por desempleo explican, entre otras cuestiones, que la gravedad de la situación económica y social que estamos viviendo, esa emergencia social de
la que se ha hablado, no tenga repercusiones más duras en la convivencia de nuestra sociedad. Lo digo también para situarnos en la realidad de los hechos, de las cifras y de la situación que vive nuestra sociedad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para fijar posiciones tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Socialista en todos sus términos, no sin antes escuchar qué enmiendas van a ser objeto de aceptación o no. Que me refute la portavoz del Grupo Socialista, pero creo que no estamos
debatiendo sobre las competencias autonómicas en materia de rentas de inserción, que son competencias propias de las comunidades autónomas y las gestionan con las prioridades políticas que consideran sus gobiernos competentes, ni estamos debatiendo
sobre si las rentas básicas deben dedicarse a las personas desempleadas mayores de 45 años o no, que no es un colectivo jurídicamente arbitrario, son los que se consideran personas desempleadas de larga duración, con un desempleo cronificado, y al
que eufemísticamente el derecho califica colectivo de difícil empleabilidad. Esto ya se sabe qué quiere decir.
Dicho esto, tiene una cierta dimensión de política pasiva, defensiva, la propuesta que usted nos presenta, pero nos parece razonable por justa la prolongación del Prepara, la facilitación del acceso al subsidio de desempleo, a la renta
agraria, por qué no, cuando se cumplen antes los requerimientos o los requisitos que ustedes establecen, la renta básica de inserción para los mayores de 45 años. Pero yo puedo comprender su posición porque también estoy muy desalentado con esta
materia. Tenemos todos una posición un tanto fatalista vinculados un poco a un fatum que nos lleva inevitable e inexorablemente a convivir con un porcentaje de desempleados de 6 millones de personas, 6 millones de conciudadanos sin empleo. Desde
esa perspectiva, estando ya vigente la reforma laboral de la que tanta apología realizan algunos portavoces en esta Cámara, desde la vigencia de la reforma laboral se han perdido 360.000 empleos, casi 400.000 empleos. Lo relevante es implementar y
actualizar e intensificar las políticas activas, pero la disminución de las consignaciones presupuestarias en esta materia por 1.500 millones de euros convierte las políticas activas en un optimista desiderátum. Desde esa perspectiva, ¿qué quiere
que le diga? Que la interacción entre políticas activas y políticas pasivas con esta disminución de los presupuestos disponibles se convierte en una pura utopía. Los itinerarios personales de inserción laboral con esta disminución de las
consignaciones presupuestarias se convierten en un optimista desiderátum también. La potenciación de la formación profesional y de los subprogramas de formación profesional se convierten
en un optimista desiderátum. La potenciación de los servicios públicos de empleo y sus actividades sobre todo en materia de mediación, donde es prácticamente irrelevante, solo están mediando en el 4 % de los contratos que se conciertan, se
convierte en un optimista desiderátum. Y una cosa que le digo solo a título de curiosidad intelectual que me perturba desde esta mañana. Ustedes esta mañana han presentado una proposición no de ley en la Comisión de Empleo en donde consideraban
pertinente la creación de un fondo que se nutriría con un tributo al que denominan impuesto sobre la banca y las grandes fortunas. No sé si este tributo existe. Que yo conozca, he leído bien el derecho tributario español y no lo he visto en ningún
sitio. No sé si esto es una propuesta, es un optimista desiderátum también, está en su programa electoral o va a existir algún día este impuesto sobre la banca o las grandes fortunas. En todo caso, en esta materia, señor presidente, si algún día
existe este impuesto sobre la banca y las grandes fortunas, solicitaremos también la cautela de preservación de las competencias o los requerimientos del concierto económico para el País Vasco y el convenio económico para la Comunidad Foral Navarra.
Por lo demás, ¿qué decirle? Con este fatalismo que nos acompaña a todos en materia de creación de empleo, inevitable a corto, medio y seguramente a largo plazo también, le digo que su moción está bien configurada, sin más.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Mi grupo, La Izquierda Plural, va a dar apoyo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista por convencimiento, porque la creemos oportuna y porque coincide con una parte de las iniciativas que hemos planteado.
Creo que es el momento de dejar bien claro que el Gobierno del Partido Popular no puede continuar imponiendo permanentemente sacrificios y sufrimiento diciendo que lo hace para crear empleo y luego que todas las políticas vayan en dirección
contraria. Y algunas de las políticas que van en la dirección contraria son las que sin duda no atienden a la protección de las personas desempleadas. Lo han dicho ya otros portavoces, pero creo que es el momento de recordar que la tasa de
cobertura de las personas desempleadas en este país ha caído al 65 % o, lo que es lo mismo, en estos momentos hay un 35 % de personas desempleadas que no tienen ningún tipo de prestación. Junto con aquellas que no tienen ningún tipo de experiencia
laboral y, por tanto, no tienen los requisitos necesarios para acceder al desempleo, en estos momentos hay 1.821.851 personas que no tienen ningún tipo de prestación económica. Por tanto, señoras y señores del Partido Popular, dejen ustedes de
continuar diciendo que lo que este país necesita es acabar con la cultura del subsidio para entrar en la cultura del esfuerzo, porque estos datos desmienten radicalmente que haya 1.800.000 personas que no tengan suficiente cultura del esfuerzo. No
solo la tienen para buscar trabajo, sino también para sobrevivir sin ningún tipo de prestación. Eso es sin duda lo que nos lleva a apoyar, entre otras razones, la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista. Y al mismo tiempo queremos
recordar y pedir al Gobierno, si es posible, que nos dé algún tipo de explicación de por qué en muy pocos meses el programa Prepara ha terminado siendo cobrado por menos de 2.000 personas. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al orador.
Continúe, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Iba a hacer la broma de mal gusto de decir que es evidente que a nadie le interesa el problema de los desempleados, pero usted me la ha ahorrado. Muchas gracias. (Rumores). Cada uno presta atención a aquello que le preocupa.
Continúo. Les decía que sería bueno que el Gobierno del Partido Popular nos pudiera explicar las razones por las cuales ha llevado a los beneficiarios del programa Prepara de ser unas decenas de miles a menos de 2.000. También nos parece
oportuna la iniciativa de dar continuidad a la función importante que desarrollan en estos momentos los 1.500 promotores de empleo. Como ustedes saben, este es un tema que hemos debatido esta mañana en Comisión y, aunque haya sido por error, hemos
conseguido que esta proposición no de ley se haya aprobado. Por tanto, sin duda, existe un mandato de este Congreso para que el Gobierno lo tenga en cuenta. Aún estoy esperando que alguien me dé explicaciones de por qué se quiere ahorrar 38
millones de euros, que es lo que cuestan seis meses de 1.500 promotores de empleo. Para nosotros este va a ser el ahorro más caro de nuestro país, además, mucho me temo que va a ser un dardo envenenado para las comunidades autónomas, porque quienes
van a tener que despedir a esos 1.500 promotores de empleo van a ser las comunidades autónomas y quienes van a tener que pagar las consecuencias judiciales posiblemente de las sentencias condenatorias por haber incumplido el contrato de trabajo van
a ser las comunidades autónomas, cuando quien toma la decisión es el Gobierno del Estado. Por último, compartimos sin duda una parte importante del resto de propuestas que se nos hacen.
Termino con una consideración a los miembros del Grupo Parlamentario Popular. Hasta ahora estas enmiendas se rechazan argumentando la necesidad de reducir el déficit fiscal y el déficit público. Quiero recordarles
que, sin salir del capítulo de las políticas de empleo, hay margen suficiente para poder abordar este tipo de medidas. Entre otras cosas, puede que haya llegado el momento de plantearse si tiene sentido continuar tirando literalmente 2.500
millones de euros para bonificar la contratación, que no consiguen incrementar ni en una sola más las personas contratadas, cuando todos los expertos nos han recomendado que hagamos desaparecer esas bonificaciones. Por cierto, no es creíble un país
que decide que no hay dinero para las políticas de empleo cuando el Senado está a punto de aprobar algunas enmiendas que otorgan, por ejemplo, beneficios fiscales a la conmemoración del Año Mariano de Almonte, Huelva. Permítanme que haga la broma
de que los beneficios fiscales deben ser por lo de mariano, porque por otra cuestión no creo que se justifique dedicar dinero a eso y no dedicarlo a otras cosas más importantes. (Aplausos).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Susinos.
La señora SUSINOS TARRERO: Muchas gracias, señor presidente.
En estos días, señorías, hemos escuchado noticias buenas, noticias menos buenas y noticias malas. De todas ellas les quiero leer una frase que me ha impactado: Si en España se hubiera ahorrado más en los últimos años, nos hubiera ido
mejor. El autor es el señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos). Aquí tenemos, señorías, la causa de los males de miles y miles de españoles.
Hoy el Grupo Parlamentario Socialista nos trae a debate la moción sobre la política del Gobierno de inserción laboral y la extensión de la cobertura a los desempleados que hayan agotado sus prestaciones. Señorías, todos los que estamos aquí
somos conscientes de la situación tan difícil y verdaderamente complicada por la que está atravesando nuestro país. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos y apoyamos la labor tan importante y el trabajo tan intenso que está desarrollando el
actual Gobierno para intentar dar solución cuanto antes a esta situación y colocar a nuestro país en el lugar que se merece. Señora Gutiérrez, usted habla y habla y habla como si no tuviera nada que ver con esta situación. Yo me pregunto: ¿dónde
estaban ustedes cuando gobernaba el Partido Socialista?, ¿dónde ha estado usted los últimos años? Permítame que le recuerde que, siete años de Gobierno socialista, con sus políticas nos han dejado sumidos en la mayor crisis económica de la
historia, con una situación de déficit en las cuentas públicas como no se ha conocido nunca en la historia de la democracia, con un déficit oculto de 25.000 millones de euros y con 3.600.000 despidos y 195.000 empresas destruidas entre 2007 y 2011.
(Rumores.-Aplausos). ¿Qué ha hecho el actual Gobierno? Lo que ha hecho es ponerse a trabajar desde el primer momento con seriedad, con responsabilidad y con valentía. En cinco meses ha llevado a cabo más reformas que las que ustedes realizaron en
siete años; reformas estructurales fundamentales que el anterior Gobierno fue incapaz de realizar. (Continúan los rumores).
Entrando en el tema de la moción, por lo que se refiere a las políticas activas de empleo, es cierto que en el presupuesto de 2012 se ha producido un ajuste de las partidas destinadas a las políticas activas de empleo; ajuste que ha
obedecido a la ineludible necesidad de la reducción del déficit, como ustedes saben, señorías. Pero esta minoración se ha realizado siguiendo un criterio de eficiencia. Se han reducido muchas partidas de gasto ineficiente, pero se han mantenido
los programas troncales de empleo, como ya manifesté desde esta tribuna ante la moción que presentó el PNV al respecto.
En cuanto a las políticas pasivas de empleo dirigidas a las personas desempleadas que han agotado sus prestaciones, quiero decirle, señora Gutiérrez, que su financiación está completamente garantizada. No se puede alarmar a la gente
diciendo lo que no es, porque mucha gente lo está pasando muy mal, no se puede sembrar la duda en este tema. No hagan demagogia también con este asunto, las prestaciones por desempleo están totalmente garantizadas, hay casi 30.000 millones de euros
dedicados a mantener estas prestaciones. Sean serios, señora Gutiérrez, sean un poco responsables, no creen alarma donde no la hay, porque todos tenemos en nuestro entorno más cercano personas conocidas o algún miembro de nuestra familia que lo
está pasando muy mal.
En cuanto al programa Prepara, dirigido a los desempleados que agotan las prestaciones, quiero decirles, señorías, que el compromiso del Gobierno es mantener el nivel de protección por desempleo sin ningún tipo de restricciones, pero no
incrementarlo, porque no se puede poner en riesgo financiero la sostenibilidad del sistema presupuestario.
En lo que se refiere a los promotores de empleo, quería decirle al señor Coscubiela que esta mañana se produjo un error en la votación en la Comisión de Empleo -ya se manifestó y en el 'Diario de Sesiones' viene recogido-, con lo cual la
famosa proposición no de ley de promotores de empleo no ha sido aprobada esta mañana. (Rumores). Y en cuanto a la posible ampliación de la cobertura de la renta activa de inserción, les digo lo mismo, ahora no es asumible, puesto que generaría un
coste muy elevado y totalmente inasumible en la situación financiera actual.
Señorías, desde nuestro grupo parlamentario no vamos a apoyar su moción, y no lo vamos a hacer por los motivos que le acabo de exponer y porque además tenemos más de 5.300.000 razones para continuar trabajando y apoyando el conjunto de
reformas que ha emprendido el Gobierno actual, porque nuestra máxima preocupación y nuestra prioridad absoluta son los más de... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora diputada. Ruego silencio, por favor, hay una diputada haciendo uso de la palabra.
Puede continuar.
La señora SUSINOS TARRERO: Gracias, señor presidente.
Les decía que nuestra máxima preocupación y nuestra prioridad absoluta son los más de 5.300.000 personas que se encuentran desempleadas. Por ellos, por responsabilidad y por convencimiento de que las reformas que está llevando a cabo el
Gobierno van en la dirección correcta y son las que España necesita para salir de esta situación cuanto antes, no vamos a apoyar su moción.
Señorías, quiero finalizar mi intervención con un mensaje muy claro: en España, con este Gobierno, el del Partido Popular, con políticas de austeridad y de ahorro, tengo el convencimiento de que en los próximos años nos va a ir mucho mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Susinos.
Señora Gutiérrez del Castillo, ¿qué enmiendas acepta?
La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señor presidente, he manifestado que no iba a aceptar enmienda pero sí votación separada, si algún grupo así lo pedía, y creo que ha habido algún grupo que lo ha solicitado.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ocupen sus escaños, vamos a proceder a la votaciones.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE DESTINADOS A LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS. (Número de expediente 122/000009).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se regulan los servicios de atención al cliente destinados a los consumidores y usuarios.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Presentes, 326, más un voto telemático, 327; a favor, 120; en contra, 202, más un voto telemático, 203; abstenciones, 4. No se toma en consideración la proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. (Número de expediente 122/000021).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Presentes, 327, más un voto telemático, 328; a favor, 48; en contra, 276, más un voto telemático, 277; abstenciones, 3. No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, SOBRE REDUCCIÓN DE LA POBREZA INFANTIL. (Número
de expediente 162/000336).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley de los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), La Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, Vasco (PNV) y Mixto, sobre reducción de la pobreza infantil. Se
vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 327.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL APOYO PÚBLICO A LA ACTIVIDAD INNOVADORA. (Número de expediente 162/000133).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo público a la actividad innovadora. Hay una transaccional con una enmienda de CIU y otra del propio grupo. ¿Algún grupo se opone a
que se vote la transaccional? (Pausa). Votamos la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 194; en contra, 122; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. (Número de expediente 162/000115).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, contra la pobreza y la exclusión social. Acepta la enmienda socialista. En esas condiciones, comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 133; en contra, 178; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL ESTABLECIMIENTO A NIVEL NACIONAL DE LA CUSTODIA COMPARTIDA COMO MODELO PREFERENTE EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO.
(Número de expediente 173/000025).
El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación las mociones. Moción del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre los propósitos del Gobierno en relación al establecimiento a nivel nacional de la custodia compartida como
modelo preferente en los procedimientos de separación o divorcio. Hay una transaccional. ¿Algún grupo se opone a la votación? (Pausa). Votamos la transaccional.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 207; en contra, 111; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS PLANES DEL GOBIERNO ACERCA DE LA POSIBLE IMPLANTACIÓN DE LA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA TAMBIÉN EN CENTROS UNIVERSITARIOS. (Número de expediente 173/000026).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre los planes del Gobierno acerca de la posible implantación de la formación en alternancia también en centros universitarios. Hay una enmienda transaccional. ¿Algún grupo
se opone a su votación? (Pausa).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 311; en contra, 11; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DE INSERCIÓN LABORAL DEL GOBIERNO Y LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA A LOS DESEMPLEADOS QUE HAYAN AGOTADO TODAS SUS PRESTACIONES. (Número de expediente 173/000027).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de inserción laboral del Gobierno y la extensión de la cobertura a los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones. Se vota en sus propios
términos. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra).
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, desearíamos votación separada del punto número 4.
El señor PRESIDENTE: Yo propondría al Grupo Socialista votar el punto número 4 y luego el resto. Votamos el punto número 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 130; en contra, 194; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado este punto.
Resto de los puntos de la moción.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 146; en contra, 177; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE.
- ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE. (Número de expediente 276/000001).
El señor PRESIDENTE: Vamos a examinar el último punto del orden del día de esta tarde relativo a la elección de miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión. La elección se hará por el sistema establecido en el artículo 205,
resultando elegidos aquellos candidatos que obtengan en primera votación al menos una mayoría de dos tercios, es decir, 233 votos. La Comisión consultiva de nombramientos, en su reunión del lunes 11 de junio, ha emitido criterio mayoritario
favorable respecto de los tres candidatos, que son: don Óscar Pierre Prats, propuesto por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); don Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao, propuesto por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y doña María Luisa Ciriza Coscolín, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra? (Pausa). Tengo aquí la nota y están apuntados prácticamente todos. Por un tiempo máximo de cinco minutos voy a ir dando la palabra a los grupos, pero no hay obligación de consumir
todo el tiempo. Por el Grupo Mixto hay dos intervinientes pero les ruego que dividan su tiempo, es decir, dos minutos y medio cada uno.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Tranquilos que no voy a agotar el tiempo. Vaya por delante que soy espectador asiduo de muchos programas de Radiotelevisión y de Radio Nacional, especialmente de los informativos, que considero de gran calidad. Desde Compromís-Equo no
vamos a entrar en la valía de las personas propuestas para el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, vamos a entrar en el procedimiento, porque con este procedimiento se está haciendo un flaco favor a palabras tan importantes como
independencia, neutralidad o servicio público. Vengo de una comunidad autónoma, el País Valenciano, con una televisión pública, Canal 9, donde esas palabras son desconocidas, ignoradas y maltratadas, porque el Gobierno del PP, con su injusta
mayoría absoluta, ha convertido un servicio público que debería ser el orgullo de todos los valencianos en un servicio privado al dictado del Partido Popular: PP y fútbol, fiestas y PP, información meteorológica y PP, sensacionalismo amarillo y PP
y, parafraseando al diputado Alfonso Guerra, el que se mueva no sale en la foto. Como Compromís se mueve, nunca salimos en la foto de Canal 9. No es que los valencianos no seamos capaces de hacer una buena televisión, tenemos grandes profesionales
en Canal 9, pero no los dejan trabajar en libertad porque sus puestos han sido ocupados por personas próximas al Partido Popular, enchufados. Por poner un ejemplo, hay una familia próxima a un conseller del expresidente Camps con cinco de sus
miembros empleados en Canal 9.
He hecho esta introducción porque Compromís-Equo no quiere que ese proceso se reproduzca en Radiotelevisión Española; es más, queremos que Canal 9 se parezca a la actual Radiotelevisión y no a la que nos tememos que nos viene. Con este
sistema de elección de consejeros y de presidente vamos directos a un sistema donde primarán más las mayorías absolutas que el consenso. Ustedes, señores del PP, piden ayuda, acuerdos, consenso, pero con sus actos dinamitan todos los puentes de la
concordia, con sus actos están empezando a dinamitar una Radiotelevisión Española independiente, plural y neutral.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, recalco una vez más que nosotros queremos un juicio a Bankia y contra los responsables de la crisis. A ver si lo tenemos algún día.
Respecto al tema que plantean, una vez más estamos ante otra instancia de control gubernamental de los medios de comunicación. Una y otra vez encontramos a las señorías del PP excluyendo a partidos de una comisión parlamentaria, de la
posibilidad de tener grupo parlamentario; nos encontramos ante acciones siempre en pro de la censura y del control de la información.
Aparte del asunto de Radiotelevisión Española que hoy debatimos, quisiera poner en conocimiento del hemiciclo unos hechos graves sobre los cuales hemos protestado. Todos los grupos parlamentarios recibirán información a su debido tiempo de
lo sucedido: la prohibición de usar una sala, la sala Clara Campoamor, para hacer una rueda de prensa que pedimos de la forma reglamentaria y habitual -como siempre- para presentar a unos grupos de discapacitados que venían desde Cataluña. Nos
dijeron que las reglas no lo permitían y no nos dieron permiso. Pedimos saber cuáles eran esas reglas y hoy la respuesta ha sido que no había reglas, que tales reglas no existían. Pedimos que se acabe la censura, que el acceso a las salas sea
libre para todos los diputados de esta sala...
El señor PRESIDENTE: Señor Bosch, escúcheme. Me da un poco de reparo cortarle porque está haciendo una crítica a la Presidencia y parece que es una cuestión personal, pero es que tiene muy poco tiempo y tiene que hablar de esto o de
Radiotelevisión, porque le queda un minuto. (Risas.-Aplausos).
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señorías, por el aplauso. Me lo tomo muy bien y simplemente quiero decirles que en el caso de Radiotelevisión española, en la elección de los miembros del consejo, otra vez nos encontramos ante lo mismo:
la confusión entre lo que es una mayoría absoluta y lo que es una mayoría absolutista. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Oh!). Gracias por dedicarme sus amables signos de admiración. Únicamente quería recalcar que eso nos lo vamos
encontrando una vez tras otra.
Gracias, señor presidente, por su comprensión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señorías, mi grupo ya ha manifestado en numerosas ocasiones que estamos en contra del procedimiento por el que se elige a los miembros del Consejo de Administración y al presidente de Radiotelevisión Española. Estamos también en contra -más
en contra aún- del procedimiento que ha reformado el Gobierno, que le permite con solo una mayoría absoluta imponer a su candidato. Y, pesar de todo eso, dentro del escaso margen que nos deja, creemos que había la pequeña posibilidad de elegir a
alguien que tuviera méritos profesionales para acceder a ese cargo. Por eso mi grupo puso un anuncio para solicitar que se nos enviaran currículums vitae para optar a este puesto. En ese anuncio, entre los méritos que pedía mi grupo figuraba el
que se hubieran desempeñado durante un plazo no inferior a veinte años funciones de administración o de alta dirección en entidades públicas o privadas, o con relevantes méritos en el ámbito de la comunicación; que fuera un candidato que estuviera
habituado a distinguir la información de la opinión y que estuviera comprometido con la información veraz e independiente y con el respeto al pluralismo social e ideológico de nuestra sociedad. Recibimos varios currículums y agradecemos una vez más
la amabilidad de los candidatos que nos los enviaron, pero, por desgracia, ninguno de ellos cumplía los méritos y ese es el motivo por el que no hemos presentado ningún candidato. Pero también tengo que decir que los candidatos que han presentado
tanto el Grupo Popular como el Grupo de Convergència i Unió tampoco cumplen estos méritos que acabo de enumerar. Por lo tanto, dada esa falta de méritos, dado que estamos en contra del procedimiento y dada la filosofía que esconde ese
procedimiento, que es la de convertir la radiotelevisión pública en una televisión particular, en una televisión gubernamental, mi grupo se va a oponer a los tres candidatos que vamos a votar a continuación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Señor presidente, es un auténtico privilegio, un honor, hablar ante la Cámara prácticamente llena y el Gobierno casi en pleno, una lástima que no esté el presidente del Gobierno para dar explicaciones de la
situación que atravesamos. (Protestas.-Aplausos).
Dicho esto, no me voy a extender mucho, solo quiero decir dos cosas. En primer lugar, que hoy asistimos al primer acto de un fracaso, el jueves asistiremos al segundo acto. (Rumores). Y el fracaso es que los dos principales partidos del
sistema no han sido capaces de ponerse de acuerdo en encontrar al menos una persona entre 47 millones de españoles y españolas que demuestre imparcialidad para dirigir la radiotelevisión pública española. Eso sería un bien superior a defender: la
imparcialidad. No se trata de un Salomón que reparta las cadenas o reparta los tiempos, sino de buscar una persona con cabeza, con seny, como decimos en el País Valenciano, para dirigir la televisión pública. La segunda cuestión, y termino ya,
señorías, no me alargo, es que no hemos nombrado candidato porque nuestra candidata termina su mandato el próximo mes de enero. Nombraremos candidatura el próximo mes de enero y lo que esperamos desde lo que representa este grupo parlamentario, que
somos la tercera fuerza política de este país (Rumores.-Un señor diputado: ¡Que te operen!), es que si no se han puesto de acuerdo los dos principales grupos ahora, que tampoco se pongan de acuerdo en enero para hacernos lo que nos hicieron en la
Mesa del Congreso, en la cual con 9 miembros nos dejaron fuera. Así pues, señorías, vamos a votar en blanco y en enero presentaremos nuestro candidato.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, Convergència i Unió procurará mantener el objeto del debate en el que estamos en estos momentos; vamos a ceñirnos a ello como tercera fuerza política que representa a muchos ciudadanos en esta Cámara.
Desde Convergència i Unió es evidente que, como proponente, consideramos que el perfil profesional del señor Pierre, que ya se expuso en la Comisión de Nombramientos y se facilitó el correspondiente currículum, es el idóneo para ocupar el
puesto de consejero en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Creemos que su formación, y especialmente su larga experiencia en dirección de distintas empresas en el
sector privado, puede aportar conocimientos de gran utilidad en el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española en estos momentos, por cierto de cierta complejidad para el ente y que están originados principalmente por la creciente
austeridad presupuestaria, a la que inevitablemente se ha visto sometido en los últimos tiempos. Por otra parte, también queremos poner de manifiesto que la votación que vamos a realizar al final de esta intervención y, en su caso, si no se obtiene
la mayoría suficiente, la que realizaremos el próximo jueves, significa un paso más en la superación de la peculiar situación a la que se ha sometido a la presidencia de Radiotelevisión Española y su dirección en los últimos meses a consecuencia,
como bien saben, de la dimisión del anterior presidente y la finalización del mandato de varios de sus consejeros. ¿Acaso alguno de los que en estos momentos están cuestionando el nuevo modelo de elección pretende que se continuara en esta
situación de bloqueo a que estaba sometido el ente? ¿Qué alternativas ofrecen? Ninguna. Por lo tanto, entendemos que ya tenemos que pasar página de ese debate y que lo que tenemos que hacer en estos momentos es lo que corresponde, hablar de la
candidatura, que es a lo que hemos venido. Tenemos que lamentar que el avance al que me refería no se haya realizado con el máximo consenso posible, como habría sido deseable, sino que ha sido necesario forzar una reforma de la ley para desbloquear
la situación que se venía padeciendo.
Asimismo es importante destacar que esta situación no ha revertido negativamente en el servicio prestado por Radiotelevisión Española gracias al buen hacer de los profesionales que trabajan en estos medios y al esfuerzo que han realizado
para paliar la situación los hasta ahora consejeros. Sin embargo, era imprescindible retornar lo más rápido posible a la normalidad con el nombramiento de los nuevos miembros del consejo y su presidente. Aquí queremos reiterar el agradecimiento a
nuestro anterior candidato, el señor Silva, quien sin duda alguna ha realizado un buen trabajo y en todo momento ha actuado con gran profesionalidad. Decíamos también que a nuestro entender el perfil del señor Pierre es el idóneo para contribuir
con los demás candidatos y con el resto de miembros del consejo a afrontar la situación de la radiotelevisión pública estatal. Creemos e insistimos en que este no es el momento para cuestionar el modelo que se ha elegido para nombrar a los nuevos
miembros del Consejo de Radiotelevisión Española y su presidencia. Ese debate ya lo realizamos en esta Cámara en dos ocasiones, aquí en este Pleno y también en la Comisión de Nombramientos. Por tanto, nosotros insistimos en lo que ya dijimos en
aquel momento: que en estos momentos con ese modelo se superará el bloqueo que venía padeciendo el ente público y que por tanto consideramos que vamos en la buena dirección para conseguir esa radio y televisión públicas que garanticen la pluralidad
que todos deseamos y el servicio público de calidad que siempre hemos defendido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Gordo.
El señor GORDO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, les anuncio que el voto del Grupo Socialista no será favorable. (Varios señores diputados: ¡Oh!). El Partido Popular ha roto el consenso para la designación de los consejeros. (Aplausos). El Partido Popular
con esta decisión hace de la radiotelevisión pública una televisión gubernamental, una televisión de partido y además, lo que es más grave, subordina el mandato marco de este Parlamento a las decisiones del Gobierno. Les recuerdo que los últimos
Gobiernos socialistas abordaron algunas de las asignaturas pendientes de la democracia española en materia audiovisual, entre ellas la renuncia al control político de la radiotelevisión española por el partido del Gobierno para garantizar la
independencia (Protestas.-Aplausos), una decisión pospuesta por los gobiernos de UCD, del PSOE y del señor Aznar que nos permitía converger con el modelo de televisión europea. Señorías, convergíamos con Europa, pero además abordábamos el
saneamiento financiero -en el año 2004 la deuda de la televisión pública ascendía a 7.000 millones de euros- y se elegían los presidentes y los consejeros con una mayoría de dos tercios. Les recuerdo que en esta reforma no se contó nunca con el
respaldo del grupo mayoritario de la oposición, el Partido Popular.
Señorías, el modelo de servicio público de Radiotelevisión Española ha funcionado y lo ha hecho bien, así lo ponen de manifiesto las encuestas, que dan una alta valoración por parte de los españoles a la radiotelevisión pública. La
radiotelevisión española ha sido líder en audiencia y en calidad. Los ciudadanos han valorado la independencia, la neutralidad y la profesionalidad y sus servicios informativos han sido líderes de audiencia y cuentan con grandes premios que así lo
reconocen. Por tanto, nos preguntamos: ¿por qué cambiar entonces el modelo? ¿Qué razones mueven al Partido Popular a hacer de la radiotelevisión pública un modelo de radiotelevisión de partido y retroceder en el proceso de convergencia con
Europa? Solamente hay una razón, y es que el Partido Popular necesita el control de las radios y las televisiones públicas para poder gobernar; el Partido Popular necesita controlar sus informativos para persuadir a los españoles de la
superioridad de su oferta política. Por las razones que les estoy exponiendo el PSOE no va a participar en esta farsa. No queremos ser cómplices de un retroceso democrático en el modelo de servicio público de Radiotelevisión Española (Rumores),
pero les anuncio que no nos vamos a retirar, vamos a ejercer el control democrático de Radiotelevisión Española. El modelo de Radiotelevisión Española del PSOE es un modelo de servicio público plural, independiente, neutral. Y hoy podemos dar un
importante paso atrás. Señores del Partido Popular, ustedes y solamente ustedes
serán los únicos responsables ante los españoles de un modelo de televisión caduco y con olor a rancio.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gordo
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Señores del Partido Socialista, para no querer participar en la farsa, como ustedes advirtieron y así la calificaron, no paran de aprovechar cualquier oportunidad para vender un argumento y una excusa ya vieja y barata (Aplausos), y es que
hoy culmina una gran representación política del Partido Socialista, con todos los ingredientes de ficción, sainete y melodrama puestos en escena y un desenlace más que previsible. Una obra del peor teatro dedicada íntegramente desde hace semanas a
ensalzar la incoherencia y la falta de un argumento válido y consistente para oponerse al Gobierno en esta iniciativa y, si no, pregúntenselo a un ex alto dirigente de su partido que hoy mismo ha llegado a cuestionar sus decisiones para este
trámite. (Rumores). Hoy asistimos al último acto parlamentario de quienes sin explicar realmente por qué han negado su colaboración para superar una situación insostenible en Radiotelevisión Española. Hoy volvemos a escuchar sin razones lemas de
manual, de un manual manoseado y caduco, frases hechas y titulares que no tienen la menor correspondencia con la realidad. (Rumores). Se desmorona más que caer el telón de esta obra porque se carece de alguna argumentación válida y consistente que
haga pensar a alguien que con el Partido Socialista en el Gobierno se apostaba por este servicio público. No es verdad, sencillamente no es verdad. Si la urgencia, señorías, estaba fuera de toda duda, si la colaboración del Partido Socialista para
alcanzar el consenso estaba fuera de toda duda porque nunca existió, si los candidatos propuestos para formar parte del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española son personas idóneas, conocedoras como pocas de este medio y dispuestas,
como se ha comprobado, a brindar toda su experiencia a favor de la Corporación de Radiotelevisión Española, la negativa a apoyarlos solo puede formar parte -y hay que decirlo con todas las letras- de una estrategia político-partidista que desprecia
solemnemente el futuro, la rentabilidad social, la viabilidad y la independencia de este medio público. (El señor Gordo Pérez pronuncia palabras que no se perciben).
En definitiva, llegamos hasta aquí sin su ayuda, sin su colaboración, sin el menor atisbo de intención de que apoyen a Radiotelevisión Española. Espero, al menos, que no tengan la dureza facial de decirles a los trabajadores otra cosa,
aunque ya sabemos que lo están haciendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moreno.
ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE. (VOTACIÓN).
- ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CORPORACIÓN RTVE. (Número de expediente 276/000001).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora a la votación. La votación será por el sistema de papeletas y cada diputado puede escribir hasta un máximo de tres nombres. Serán válidas las papeletas que contengan el nombre de uno, dos o tres
de los candidatos, así como las papeletas en blanco.
Vamos a comenzar. Hay un voto telemático que en este momento introduzco en la urna.
Señor secretario, proceda a leer.
(Por los secretarios de la Mesa se procede a dar lectura de la lista de señoras y señores diputados, quienes van depositando sus papeletas en la urna).
Terminada la votación, se inicia el escrutinio.
Terminado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido: votos emitidos, 319; votos a favor de don Óscar Pierre Prats, 194; votos a favor de don Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao, 194; votos a favor de doña María Luisa
Ciriza Coscolín, 194; votos en blanco, 104; votos nulos, 21. Al no haberse alcanzado la mayoría de dos tercios requerida en esta primera votación, se procederá en la sesión del jueves, transcurridas las veinticuatro horas legalmente previstas, a
una nueva votación en la que bastará la mayoría absoluta de la Cámara.
Se suspende la sesión. (Aplausos).
Eran las doce de la noche.